SINOPSIS

Una propuesta autorizada para acabar con el bucle agotador de tensión y desconfianza mutuas.

Ante quienes solo ven posible el choque o, en el mejor de los casos, el debate destemplado, los cuatro autores de este libro —que han pedido prestado para el título el primer verso de la conocida oda de Joan Maragall— apuestan por hablar e intentar escuchar al adversario, por convencer y no por derrotar, por hallar vías de entendimiento y acuerdo antes que aceptar como inevitable o la secesión o el seguir como estamos, en un bucle agotador de tensión y desconfianza mutuas.

El libro quiere ser una aportación razonada, documentada y tan firme como serena por abrir un cauce fructífero a la voluntad de diálogo y reencuentro de la mayoría de españoles; incluidos muchos catalanes, como lo son los que suscriben el texto. El texto viene firmado por cuatro personalidades de distintos signos políticos y, por tanto, con reflexiones y propuestas también distintas y plurales. Con un mensaje de fondo claro: la secesión no es la única respuesta al desencuentro.

PRÓLOGO: ÚLTIMA LLAMADA

Al cierre de este libro, el Gobierno de la Generalitat ha dado a conocer su intención de convocar a los ciudadanos de Cataluña a un referéndum, el día 1 de octubre, con esta pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?». Lamentamos que esta haya sido la decisión adoptada por el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont, convencidos como estamos los cuatro autores que firmamos los textos que siguen de que no es la solución al contencioso que tenemos planteado.

El debate sobre la organización territorial de España y, en concreto, la relación Cataluña-España viene protagonizando en los últimos años, casi acaparando en muchos momentos, el escenario político en nuestro país. Sobre ello son numerosos los libros publicados¹ y muy diversas las voces que hemos tenido ocasión de escuchar.

Consideramos, a propuesta de los editores, intentar por nuestra parte una aportación a ese debate, justo ahora cuando todo indica que hemos entrado en una fase decisiva, aparentemente sin posibilidad alguna de vuelta atrás de un casi inevitable choque institucional de consecuencias del todo imprevisibles y graves para todos.

Movidos quizá por un exceso de optimismo pero al mismo tiempo convencidos de que había que intentarlo, creemos que una nueva reflexión sobre ese complejo problema sigue siendo tan necesaria como por supuesto lo es la acción o las iniciativas políticas que se emprendan para darle una salida de aceptación mayoritaria y siempre dentro de los cauces democráticos, esto es, dentro de la legalidad constitucional que desde 1978 rige nuestra convivencia en libertad.

Los cuatro firmantes de este libro solo pretendemos aportar algo de luz y algunas propuestas cuando el ruido emocional que envuelve este debate tiende a oscurecer las mentes y a precipitar decisiones que solo llevan a la frustración y al conflicto estéril. Eso sí, nuestra posición compartida está claramente expresada en el título y subtítulo del libro: reclamamos, por unanimidad, que nos escuchemos; proclamamos que la única salida es el entendimiento, y nos manifestamos sin ambages en contra de la secesión.

Este es, por tanto, un libro sin equívocos. Los cuatro autores rechazamos cualquier decisión y procedimiento que no respete la legalidad y se adopte violándola; es decir, no solamente no somos independentistas sino que nos oponemos por ejemplo a un referéndum que no sea legal. En definitiva, ninguno de los cuatro está a favor de saltarse de ningún modo el orden constitucional.

Esperamos que los lectores acojan nuestras reflexiones siquiera como una opinión más que considerar. En las páginas siguientes hallarán cuatro textos distintos pero con un sustrato y objetivo compartidos: aportar serenidad donde demasiadas veces prevalecen las posiciones enconadas y ofrecer argumentos que favorezcan el diálogo y el acuerdo como único marco para resolver las diferencias que han crispado el litigio territorial en España.

A estas alturas, esa apuesta por el entendimiento y por rechazar la secesión tal vez sea un reto que se antoje utópico, pero lo cierto es que incluso los puentes rotos pueden rehacerse con argumentos racionales y, sobre todo, con voluntad.

JOSEP BORRELL

FRANCESC DE CARRERAS

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL

JOSEP PIQUÉ

Barcelona y Madrid, 14 de junio de 2017

CATALÁN, ESPAÑOL, EUROPEO

JOSEP BORRELL

¿UN PROBLEMA ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA

Y/O UN PROBLEMA ENTRE CATALANES?

Acabo de escribir mi contribución a este libro colectivo que llama a la escucha y el diálogo al mismo tiempo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado comparecer en el Congreso si antes el Gobierno español no se compromete a autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Además, para instarle a negociar las condiciones del mismo, ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a la que adjuntaba un acuerdo del Gobierno catalán de JxSí sobre su voluntad de «ejercer el derecho a la autodeterminación». Es un nuevo ejemplo de esa doblez consistente en pedir diálogo al mismo tiempo que se anuncian actuaciones contrarias a la legalidad, como el economista y profesor Antoni Zabalza denunció con gran acierto en uno de sus artículos.¹ Comparto su opinión de que «lo que hoy separa a la Generalitat del Gobierno central es algo tan grave como concepciones incompatibles de lo que es un Estado de derecho». A lo que añade: «Cuando exigen un referéndum de autodeterminación, Puigdemont y [Oriol] Junqueras dejan de hacer política para situarse en el desacato de las leyes. Pueden desafiar al Estado y pueden ganar o perder su desafío. Pero no pueden a la vez desafiar y negociar».

Por ese motivo, la asociación cívica Portes Obertes del Catalanisme presentó el 11 de mayo de 2017, en el Colegio de Abogados de Barcelona, un manifiesto titulado Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco. En él se señalaba que la llamada a «la desobediencia tampoco ayuda a resolver los problemas y además degrada nuestras instituciones de autogobierno [...] y deteriora la convivencia democrática», pues «solo desde el diálogo y la negociación se puede cambiar el actual marco legal para reformarlo y adaptarlo a las necesidades e inquietudes de la sociedad actual». En el acto, destacados juristas subrayaron el callejón sin salida en el que el independentismo ha colocado a Cataluña y rechazaron la absurda comparación entre la democracia española y Turquía que Puigdemont, un personaje inmune al ridículo, había hecho en unas conferencias en el extranjero.

El llamado procés [proceso] hacia la independencia de Cataluña se dirige a marchas forzadas hacia ese callejón sin salida en medio del entusiasmo de muchos, el expreso rechazo de unos pocos, el hastío y el silencio más o menos temeroso de otros, la sorprendente falta de reacción en el resto de España y la impasible actitud de su Gobierno.

Cuando estas páginas lleguen a sus lectores, quizá estemos ante la celebración de ese referéndum para decidir sobre la independencia, con o sin el acuerdo del Gobierno de España, y dentro o fuera de la legalidad constitucional. Para los secesionistas, basta y sobra con las leyes de «desconexión» aprobadas por procedimientos inaceptables en el normal funcionamiento de un parlamento democrático, y sin haber alcanzado ni siquiera la mayoría absoluta de votos en las elecciones autonómicas a las que dieron un carácter refrendario.

Pero no sería la primera vez que esas promesas a fecha fija no se cumplen. Solo sirven para mantener la tensión, movilizar el entusiasmo secesionista y profundizar en la división de la sociedad catalana en dos mitades antagónicas. Este ejercicio de irresponsabilidad colectiva parece en ocasiones una farsa, pero puede acabar en tragedia, como quizá algunos, partidarios de «tensionar al Estado y ponerlo contras las cuerdas» (Carme Forcadell, presidenta del Parlament, dixit), desean.

Por mucho que Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras se empeñen en hablar en nombre de Cataluña, e informarnos de lo que esta «siente» y «desea», la realidad es que la sociedad catalana está dividida en dos mitades respecto a la cuestión de la independencia. Y el antagonismo entre ellas está creciendo, y empieza a poner en peligro la unidad civil.

¿Exagero? Desgraciadamente, no. En Cataluña el ambiente se enrarece por momentos, las familias y los grupos de amigos son ya incapaces de discutir razonablemente sobre las ventajas y los inconvenientes de la independencia. Y aumentan, hasta hacerse inaceptables, las manifestaciones de intolerancia contra cualquiera que demuestre su desacuerdo con el sacrosanto procés independentista.

Los ejemplos abundan y aumentan. El psiquiatra y escritor Adolf Tobeña cita varios en su libro La pasión secesionista, como el intento por parte de la Universidad de Girona de retirar el doctorado honoris causa que esta misma institución había concedido a la jurista Encarna Roca, miembro del Tribunal Constitucional, unos años antes. La razón de tal medida: haber votado a favor de la suspensión de la convocatoria del referéndum convocado por el Gobierno catalán.²

Podría añadir casos de intolerable presión sobre familias que piden que se ejecuten sentencias judiciales sobre la combinación de lenguas vehiculares que desean para la enseñanza de sus hijos. O sobre los que exigen que se retiren de los edificios públicos, que son de todos, las esteladas que solo representan a unos cuantos.

O relatar algunos episodios relacionados con el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, escrito con Joan Llorach, en el que desmontamos el argumento de los famosos 16.000 millones, tan míticos como falsos, que «España roba a Cataluña».³ Aunque ahora, después de haber conseguido el efecto de agravio que buscaban, se lavan las manos y niegan que se haya dicho semejante barbaridad, salvo en algún caso circunstancial y aislado (¡!).

Entre los problemas reales y los falsos agravios hábilmente propagados, la cuestión de la independencia ha dividido a Cataluña y a los catalanes en torno a líneas de fractura identitarias, territoriales, generacionales y etnolingüísticas, que luego analizaré. El problema no es únicamente entre Cataluña y España, como si ambas fueran entes homogéneos portadores de una sola e irreductible identidad, sino entre los propios catalanes.

Para unos la independencia es un bien superior, cualesquiera que sean sus costes porque es la condición indispensable para que Cataluña sea «rica y plena», para garantizar su progreso y para defender su identidad de los ataques de una España que trabaja sistemáticamente en su contra. Los más apasionados lo consideran una «cuestión de dignidad» (Junqueras) o bien la diferencia «entre ser libres o vivir como esclavos» (Forcadell). Movida por su pasión identitaria, la gente como Junqueras vive tan fuera de la realidad que creen que Cataluña se separará con «normalidad» de lo que hoy llamamos España, como en su tiempo los Países Bajos o Nápoles se separaron de la monarquía hispánica.

No tengamos ninguna esperanza de que ese segmento de la población se interese por el contenido de este libro.

Pero otros catalanes, muchos según las encuestas y entre los que me encuentro, sentimos como propia una identidad compuesta, catalana y española a la vez. Y no aceptamos que nuestra catalanidad se ponga en cuestión por no desear que la independencia fraccione políticamente esta doble identidad.

Estamos convencidos de que hay demasiada historia en común entre Cataluña y el resto de España como para establecer una frontera política, física, identitaria entre nosotros. Cataluña es hoy el resultado del trabajo de españoles venidos de todas partes, y no aceptamos la falsificación histórica que asimila España al franquismo, ni compartimos el relato victimista y ahistórico según el cual el desarrollo económico de Cataluña y su bienestar han sido secularmente sacrificados por su pertenencia a España.

Estamos convencidos de que levantar una barrera política entre Cataluña y España sería una especie de automutilación, implicaría una pérdida de oportunidades para los jóvenes profesionales catalanes, tendría costes inmediatos muy grandes y beneficios muy inciertos a largo plazo. Como los que van a sufrir los británicos, que ya empiezan a darse cuenta de ellos, a consecuencia del brexit.

Estamos convencidos de que la intensidad de los lazos personales, afectivos y comerciales que se han tejido entre Cataluña y el resto de España haría que la separación fuese muy traumática para mucha gente y muy perjudicial económicamente para todos.

Esta división de opiniones se encuentra en el interior de muchas familias, en cualquier estrato social y ámbito geográfico. Pero, como antes he indicado, se manifiesta de forma agregada a través de unas líneas de fractura que merecen ser tomadas en consideración.

LAS LÍNEAS DE FRACTURA Y EL FRACASO

DE LA «OPERACIÓN RUFIÁN»

Entre los eslóganes centrales del procés se encuentra el de «un sol poble» —un solo pueblo—, una manera de afirmar un ideal de homogeneidad en torno a la identidad catalana. Pero, en realidad, este «sol poble» está atravesado por múltiples divisiones.

Los secesionistas se han esforzado en presentar el deseo de independencia como un fenómeno social de una gran transversalidad, que afecta a todos los sectores de la sociedad catalana cualquiera que sea su origen: tanto a los «nuevos catalanes» que llegaron en esas oleadas inmigratorias provenientes de otras partes de España, como a los catalanes de siempre de las zonas del interior que recibieron una proporción menor de ellas.

Se han esforzado en hacer creer que los que ayer llamábamos «charnegos» también quieren la independencia, y sus hijos y nietos más todavía porque conseguirla incluye una promesa de mayor bienestar y de no tener, por ejemplo, que pagar para moverse en una Cataluña reticulada por una intensa red de autopistas de peaje a diferencia de lo que ven cuando recorren España para visitar el pueblo de los abuelos.

Es el sentido de la «Operación Rufián», en la que se colocó como representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados a un charnego desclasado como prueba viviente de esa transversalidad. Pero ser capaz de hacerse un hueco en los medios de comunicación mediante la falta de respeto al hemiciclo no cambia la realidad descrita por la distribución territorial del voto o los microdatos que suministra la propia Generalitat, a través del Centre d’Estudis i Opinió (CEO).

Desde el Observatorio Electoral de Cataluña (OEC), los profesores Albert Satorra (UPF), Montserrat Baras (UAB) y Josep M. Oller (UB) han elaborado para Societat Civil Catalana un muy interesante estudio de esos microdatos, titulado La Cataluña inmune al «procés», que muestra una realidad bien diferente de la que pretende simbolizar la «Operación Rufián».⁴

Los resultados de la «consulta ciudadana» celebrada el 9 de noviembre de 2014 ya mostraban claramente la triple fragmentación identitaria, territorial y socioeconómica que la cuestión de la independencia ha producido en Cataluña.

En esa consulta, la participación global fue del 37 % del censo estimado de potenciales participantes, que incluía a los mayores de 16 años de edad y a los extranjeros residentes. Aunque superó el 60 % en algunas comarcas del interior, en cambio no llegó al 20 % en muchos municipios metropolitanos. Y hubo una diferencia de 21 puntos sobre el censo electoral en el porcentaje del voto sí-sí entre la Cataluña interior (48 %) y la demográficamente mayoritaria del litoral (27 %).

En el área metropolitana, solo hubo una participación destacada en los barrios y ciudades de clase media alta. Por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet —un municipio barcelonés de 118.000 habitantes y renta baja donde ni CiU ni ERC obtuvieron representación en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015— la participación en la consulta soberanista fue del 17,6 %. En Sant Cugat del Vallès, con 87.000 habitantes y uno de los mayores niveles de renta de Cataluña, donde CiU revalidó una cómoda mayoría municipal, la participación alcanzó casi el 48 %. Además, el voto a favor del Estado independiente fue 20 puntos superior en Sant Cugat (82 %) que en Santa Coloma (62%).

En la ciudad de Barcelona se observa un comportamiento muy parecido: a favor de la independencia entre las zonas con rentas altas, como Les Corts o Sarrià-Sant Gervasi, en clara diferencia con los distritos populares y de clase trabajadora, como Ciutat Vella, Nou Barris o Sant Martí.

Ha ocurrido lo que el propio Artur Mas decía temer acerca de las consecuencias de un referéndum de autodeterminación cuando, en una entrevista para TV3 a finales de 2011, se manifestaba contrario a su celebración porque «dividiría el país en dos». Ya lo advirtió también Jean Charest, ex primer ministro de Quebec, durante su visita a Barcelona en 2015: «Los referéndums no son la panacea: dan una respuesta pero también dividen, bloquean, crean tensiones, dejan heridas».

Los resultados de las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, presentadas como refrendarias, mostraron la misma división.

La participación aumentó hasta un récord histórico del 77,4 %, una consecuencia obvia de haber planteado las elecciones autonómicas, las grandes olvidadas por una parte de la sociedad catalana de origen y asentamiento geográfico muy precisos, como un referéndum sobre la secesión. El resultado, de sobras conocido, muestra esa división del electorado en dos mitades: 47,6 % a favor de formaciones políticas explícitamente declaradas secesionistas y 51,28 % a favor de formaciones no secesionistas. Tras esa división numérica existe otra étnico-cultural, por mucho que los partidarios del eslogan «un sol poble» se empeñen en negarla.

La línea de fractura que dibuja la distribución geográfica de los resultados electorales muestra que los partidarios de la independencia pertenecen en su mayoría a grupos de población de origen autóctono, mientras que los que quieren permanecer en España se incluyen en estratos de población procedentes de la inmigración. La resistencia al secesionismo se manifestó sobre todo en las zonas periféricas de la Cataluña urbana que se concentra en la costa: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès, Garraf y Camp de Tarragona. Y, además, cabe señalar que esos votantes confiaron más en nuevas formaciones de tendencia liberal-centrista (Ciutadans), que no eran sus representantes tradicionales por razones de interés económico o de pertenencia a una clase social, pero que fueron reconocidas como mejores defensoras de su voluntad de continuar formando parte de España.

Por ejemplo, en el municipio barcelonés de Sant Vicenç dels Horts, la candidatura de Junts x Sant Vicenç liderada por Oriol Junqueras obtuvo el 37,74 % de los votos y CiU el 5,68 % en las elecciones municipales de mayo de 2015. Solo cuatro meses más tarde, en las autonómicas de septiembre de ese mismo año, Junts pel Sí ( JxSí) —la coalición que reunía a ERC y CiU— bajó al 28,37 % mientras Ciutadans subía del 13,3 al 25,44 %, a menos de tres puntos.

En municipios y barrios que agrupan a cientos de miles de personas, con población eminentemente castellanoparlante y rentas medias bajas (L’Hospitalet, Santa Coloma, Sant Boi, Nou Barris), el apoyo a las opciones independentistas fue inferior al 30 %. El voto independentista se concentró en el ámbito rural y los barrios acomodados de ciudades de tamaño medio, donde suele superar el 60 %.

Como explica gráficamente Adolf Tobeña, «sobre un extenso fondo de color secesionista destacan en el mapa electoral las islas rojas o naranjas de los términos municipales unionistas en los extrarradios y en las ciudades metropolitanas, [...] formando una especie de Ciscataluña cuya capital sería L’Hospitalet de Llobregat».⁵

En el conglomerado urbano de esa Ciscataluña vive la mitad de la población catalana, la procedente de los emigrantes de origen hispano, los «nous catalans» del pasado siglo, que ya no son tan nuevos, y la nueva «charneguez» renovada con flujos de más diferente naturaleza. Esa población abandonó su reiterada abstención en las elecciones autonómicas para manifestar un voto de resistencia frente a la propuesta secesionista, aunque para ello cambiara el sentido tradicional de este.

Sé muy bien que en Cataluña no está bien vista esta interpretación en términos étnico-culturales de las preferencias electorales. Pero hace falta ser ciego y sordo para no querer reconocer su existencia.

Cualquiera que se atreva a poner de relieve que hay segmentos sociales definidos por sus orígenes y lengua no catalanes, y además con un estatus socioeconómico más bajo, que tienden a votar de forma distinta a aquellos otros con origen «autóctono» será tachado de «etnicista». Pero, guste o no, los datos demuestran que los catalanes catalanohablantes se han sumado mayoritariamente al proyecto independentista, mientras que los castellanohablantes no lo han hecho. Y que el apoyo a la independencia es minoritario en los grupos económicamente más desfavorecidos, pero está muy extendido en los más acomodados.⁶

El análisis de los microdatos efectuado en La Cataluña inmune al «procés» —el informe del OEC antes citado— muestra claramente que los nuevos apoyos al independentismo proceden de una franja social muy concreta. El historiador y ensayista Joaquim Coll, miembro de Societat Civil Catalana, los recoge en uno de sus artículos, que resumo a continuación.⁷

Entre los que dicen tener el catalán como lengua propia (el 41,3 % de la población actual), el sentimiento de pertenencia ha cambiado en los últimos años. Si bien en 2006 el 30 % de ellos decía sentirse únicamente catalán, ahora lo hace el 48 %. Por otra parte, el porcentaje que se define tan catalán como español ha bajado del 26 al 14%.

Sin embargo, entre quienes afirman tener el castellano como lengua propia (el 41,7 %) el sentimiento prácticamente no ha variado. De estos, el 60 % decía y dice sentirse tan catalán como español, mientras que el 25 % se reconoce más español que catalán o solo español.

Y entre los que consideran ambas lenguas como propias por igual (el 14,5 %), en torno a la mitad sigue sintiéndose tan catalán como español.

También existe una estrecha relación entre grupo etnolingüístico e independencia. No existen datos que permitan hacer comparaciones con la situación en 2006. Pero en la actualidad hay dos Cataluñas antagónicas. El 77,6 % de los que consideran el catalán como su lengua propia apoyaría la secesión, mientras que el 73 % de aquellos que consideran que es el castellano la rechazaría. Y los que se decantan por ambas rechazarían la independencia de forma más moderada (46 % contra 36 %).

A la vista de estos datos, la idea de celebrar un referéndum —que no es posible legalmente, como tampoco lo sería en Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia— acabaría de dividir a la sociedad catalana en dos mitades a partir de unas coordenadas etnolingüísticas.

Todo sería más fácil si una mayoría clara y sistemáticamente manifestada de catalanes pensara, como Junqueras, que la independencia es «una cuestión de dignidad» o se planteara, como Forcadell, «qué clase de pueblo seríamos si pudiendo ser libres quisiéramos seguir siendo esclavos».

Pero las cosas son más complicadas, y la sociedad catalana es más plural de lo que se quiere hacer creer. La fractura existe, es tan profunda como silenciosa y soterrada. No la ensanchemos. Intentemos construir un catalanismo transversal unido en torno a una voluntad de autogobierno. Lo tuvimos y lo hemos perdido. Si lo recuperamos, necesitará un interlocutor en un españolismo dialogante y generoso con el que negociar un nuevo marco de convivencia.

Pero no será fácil, porque si esas son las discrepancias y las líneas de fractura acerca de la independencia en la sociedad catalana, también se está agudizando la confrontación entre la percepción caricaturesca de una Cataluña egoísta e insolidaria desde el resto de España y la que tienen muchos catalanes, convencidos de que soporta un exceso de solidaridad (el «expolio fiscal»).

En España abundan quienes no pueden entender la existencia de una específica identidad catalana y menos aún aceptar su reconocimiento político-jurídico. Y los hay en todas las latitudes políticas, también entre los socialistas.

Mientras escribía estas páginas, la cuestión de si Cataluña es o no una nación ha sido apasionadamente debatida en las elecciones primarias del PSOE. Y la aceptación del carácter plurinacional del Estado le valió al candidato Pedro Sánchez duras críticas por parte de la candidata Susana Díaz, para quien nación solo hay una, la española, y dentro de ella no caben otras. La concepción que predomine dentro del socialismo español será decisiva para la solución o el enconamiento del problema que nos ocupa y para nuestro futuro colectivo. Por ello, a la cuestión del reconocimiento de Cataluña como nación dedicaré un apartado de esta contribución a que España y Cataluña escuchen y se escuchen, pues ese es el objetivo de este libro.

Para encontrar la solución a un problema hay que saber cómo se ha producido, de modo que conviene hacerse una importante pregunta antes de proseguir.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Resulta imprescindible analizar cómo hemos llegado a una situación en la que la ruptura unilateral que promueven unos y el inmovilismo que practican otros amenazan con provocar un «choque de trenes», cuyas consecuencias sufriremos los que no viajamos en ninguno de los dos.

En primer lugar conviene recordar que, el 9 de noviembre de 2014, los catalanes fueron invitados a participar en una «consulta ciudadana» para contestar a una poco clara doble cuestión encadenada acerca de la independencia de Cataluña.

El 80 % de los que participaron —1,86 millones de votantes— se pronunció a favor de que Cataluña fuese «un Estado» y que este fuera independiente. Ciertamente, casi dos millones de ciudadanos son muchos. Pero no constituyen ni siquiera una mayoría simple del cuerpo electoral. Ni las cifras son comparables, porque en la «consulta ciudadana» podían votar los jóvenes mayores de 16 años de edad y los emigrantes residentes que no estaban incluidos en el censo electoral.

Es difícil saber qué hubieran votado los sí-sí en el caso de que la cosa hubiera ido en serio. Pero, en las elecciones autonómicas del 25 de septiembre de 2015, los partidos que apoyaban explícitamente la independencia obtuvieron el 47 % de los votos. No las ganaron desde el punto de vista del carácter refrendario que les atribuyeron, pero estuvieron a punto de hacerlo. Y ahora, según los últimos sondeos del Centre d’Estudis d’Opinió, el 37,3 % estaría a favor. Un porcentaje lejos del obtenido en 2015, pero todavía muy alto.

Y ahora, un Gobierno de la Generalitat en minoría —formado por ERC junto con los restos de CiU, ahora rebautizados como Partit Demòcrata Europeu Català, (PDeCAT)— pero apoyado por una mayoría parlamentaria, pretende convocar un referéndum ilegal de independencia, cuya celebración pondría en un brete al Gobierno español.

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD FAVORABLE A LA INDEPENDENCIA Y A OTRAS OPCIONES

Fuente: Baròmetre d’Opinió Política, 1.ª ola, 2017.

Gráfico 2. EVOLUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA, TOTAL O PARCIALMENTE CATALÁN Y/O ESPAÑOL

Fuente: Baròmetre d’Opinió Política, 1.ª ola, 2017.

De nuevo, ¿cómo hemos llegado hasta esta situación? ¿Cómo y por qué se ha gestado? ¿Desde cuándo iniciamos el análisis del camino recorrido?

Siempre ha habido una parte significativa de la sociedad catalana partidaria de la independencia respecto a lo que hoy llamamos España, aunque en realidad Cataluña como ente político moderno no haya sido nunca independiente. Para no mirar demasiado atrás, tomemos como punto de partida la Constitución de 1978. Entonces se intentó resolver el crónico problema territorial español mediante un delicado equilibrio entre los partidarios de una descentralización regional, los de un Estado federal y los que reclamaban el reconocimiento nacional de Cataluña y Euskadi.

Gracias a esa Constitución, Cataluña ha tenido el período más largo y profundo de autogobierno de los últimos trescientos años. Y la España centralista y autoritaria ha pasado a ser uno de los países más descentralizados de la OCDE,⁸ el primero según el porcentaje de gasto que administran los gobiernos autónomos y, además, el quinto en autonomía impositiva (por detrás de Canadá, Suiza, Estados Unidos y Austria). Lo que no está nada mal.

Pero al mismo tiempo, nuestras comunidades autónomas tienen el nivel de endeudamiento más elevado de la UE y el tercero de la OCDE (por detrás de Canadá y México). Lo que no está demasiado bien.

Como afirma el economista Ramon Marimon, profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, esos datos desmienten la tesis del centralismo español, pero muestran que el proceso de descentralización, tan rápido como intenso, no tiene sólidas bases institucionales.⁹ Según todos los indicadores económicos, España puede ser considerada como un Estado federal descentralizado, pero le faltan varios elementos de tal estructura política, lo que implica un riesgo de inestabilidad.

La Constitución se basó en afirmar la unidad política de la nación española, titular de la soberanía, reconocer la existencia de «nacionalidades» y regiones, y establecer un mecanismo para conceder un alto nivel de autogobierno a unas comunidades autónomas que entonces no se sabía ni cuántas ni cuáles eran, ni por supuesto si se consideraban una nacionalidad o bien una región.

En Cataluña, ese alto nivel de autonomía fue utilizado por los gobiernos nacionalistas, presididos por Jordi Pujol durante casi un cuarto de siglo, para llevar a cabo de forma preconcebida, sistemática e intensa un proceso de construcción identitario, desarrollando lo que ahora se llama un «relato» para afirmar a la sociedad catalana como una realidad distinta de la española, y preparando concienzudamente las bases objetivas —que entonces estaban lejos de darse— para hacer posible la actual «desconexión».

El sistema educativo, los medios de comunicación públicos —especialmente TV3, una televisión verdaderamente al servicio de un régimen político— y la influencia sobre los medios privados han sido los instrumentos fundamentales de ese proceso. Es una evidencia aceptada que la radio, la televisión y la agencia de noticias dependientes de la Generalitat tienen un claro sesgo favorable a la causa independentista. Pero hay datos objetivos, como los derivados de las encuestas del CEO, que muestran una relación del 75 % entre el voto separatista y el consumo de informativos de TV3. En cambio, entre los que se informan por otros medios la relación es del 28 %. La radicalización de una parte de la sociedad catalana no es ajena a la propaganda sistemática durante años. Como asegura Joaquim Coll, «el auge secesionista no ha sido un fenómeno de abajo/arriba sino al revés: el resultado de una estrategia desde el poder autonómico en el marco de una coyuntura muy concreta».¹⁰

Un proceso que, en mi opinión, ha sido de una completa deslealtad hacia el punto de equilibrio que representaba la Constitución de 1978. Durante ese período, los gobiernos de Pujol fueron arrancando competencias y recursos, en una permanente negociación con los gobiernos centrales, tanto los del PP como los del PSOE, sobre todo cuando estos estaban en minoría. Como ministro que fui de los gobiernos encabezados por Felipe González, y después como diputado de la oposición, he sido testigo de este proceso, que obligó, entre otras muchas cosas, a pasar del «Pujol enano, habla castellano» a que José María Aznar hablara catalán en la intimidad.

En 2003, con los gobiernos tripartitos de izquierdas encabezados por Pasqual Maragall y con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, se inició una etapa política diferente, caracterizada por la tramitación del nuevo y polémico Estatuto, cuyas peripecias no voy a relatar porque resultaría demasiado largo y son suficientemente conocidas.

Pero sí quiero señalar que ese proceso fue una suma de despropósitos, aunque estuvieran animados por las mejores intenciones. Desde el electoralista «apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlament» de Zapatero a la más irresponsable y electoralista campaña en contra del PP y su recurso al Tribunal Constitucional, con la traca final de una sentencia —dictada en julio de 2010— que invalidaba parcialmente un texto que había sido aprobado en referéndum, después de cuatro largos años de su entrada en vigor y de polémicas vicisitudes en el funcionamiento del Tribunal.

En realidad, estoy convencido de que no existía una gran demanda social de un nuevo Estatuto, que —como suele ocurrir— respondía más a las ansias de las élites políticas.¹¹

Después de haber mordido el freno durante muchos años en la oposición, Maragall quiso ampliar el autogobierno hasta los máximos límites permitidos por la Constitución. Y le hubiera gustado ir más allá, si hubiera podido modificarla.

Si los unos y los otros quisiéramos hacer autocrítica, reconoceríamos que el Estatuto fue, en la práctica, ese intento de ir más allá de lo que la Carta Magna autorizaba, modificándola de facto. El texto que salió del Parlament catalán, aprobado por dos tercios de sus miembros, estaba plagado de inconstitucionalidades (como varios de los que lo votaron reconocieron en mi presencia entonces). Y su preámbulo era especialmente agresivo y desafortunado, porque no se molestaba en disimularlo sino que lo ponía claramente de manifiesto.

El jurista Víctor Ferreres Comella y el periodista y filósofo Josep Ramoneda retrataron, en un artículo conjunto, el Estatuto enviado a las Cortes Generales:

[...] el nuevo Estatuto incluye preceptos inconstitucionales y es poco razonable en algunos extremos, [...] el Estatuto también se excede cuando regula materias (como, por ejemplo, la estructura del poder judicial, el sistema de recursos, las circunscripciones electorales, etcétera) que están reservadas a las correspondientes leyes orgánicas. A nuestro juicio, no es posible, a través del Estatuto, maniatar de esta manera al futuro legislador estatal. [...] Con esta técnica tan original, no habría habido inconveniente en incluir en el Estatuto una norma que, por ejemplo, castigara con cuarenta años de cárcel los asesinatos cometidos en Tejas, adjuntando luego una cláusula en virtud de la cual esta norma empezaría a ser eficaz el día en que el Parlamento de Tejas decidiera modificar en tal sentido su Derecho penal. [...] Y es que, en algunos momentos, el Estatuto se parece a esas estupendas ofertas de algunas compañías que, tras ponernos la miel en los labios con promesas espléndidas, añaden, en letra pequeña, «de acuerdo con las disponibilidades» o cosas parecidas (fórmulas que, por cierto, a menudo están en el punto de mira de la legislación en defensa de los consumidores).¹²

Pero, con su optimismo antropológico, Zapatero pensó que eso ya lo arreglaría negociando con Artur Mas y adaptando el texto en el debate parlamentario. En efecto, el texto fue modificado, o «cepillado», según la graciosa pero desafortunada expresión de Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional. Pero quedaron disposiciones que el Tribunal enmendó en su sentencia sobre el recurso del PP. Y opino que no hacía falta ser un gran experto para intuir la inconstitucionalidad de algunos artículos, como el de imponer condiciones al Parlamento español en la distribución de la inversión pública.

Coincido con Miquel Iceta, primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), en que nadie anticipó los costes futuros de ese proceso y de hacerlo, como dice en su libro La Tercera Vía, «sin contar ni siquiera con el apoyo tácito de los representantes del 37 % de los españoles».¹³

Algunos de esos problemas de constitucionalidad pudieron haber sido corregidos en el texto que se aprobó en las Cortes; supongo que los equilibrios políticos debieron impedirlo. Y los avatares por los que discurrió la elaboración de la sentencia en el Constitucional acabaron de deslegitimar el proceso.

Fue un enorme error político someter a referéndum un Estatuto, formalmente una Ley Orgánica aprobada en Cortes a propuesta del Parlament de Cataluña, sin haber antes efectuado su test de constitucionalidad. Para acabar luego derogando catorce de sus artículos, estableciendo veintisiete criterios interpretativos y estableciendo jurisprudencia vinculante para ciento treinta y cuatro artículos... cuatro años después de su entrada en vigor. Un proceso legislativo mal organizado, muy mal organizado.

Como Iceta reconoce en su libro, los gobiernos del PP han hecho de pirómanos y ahora no quieren, o no saben, hacer de bomberos. Contra la supuesta insolidaridad y egoísmo de los catalanes, hemos presenciado la recogida de firmas contra determinados artículos del Estatuto de Cataluña que, con la misma redacción exacta, no fueron recurridos para otras autonomías, y preferir públicamente (Esperanza Aguirre) que una empresa española deviniera alemana antes que catalana, aunque al final acabase siendo italiana.

No sé, y nadie puede saberlo, cuán importante fue el impacto real de esa sentencia y de las actitudes que la provocaron y acompañaron. Pero por la forma en la que se produjo y por cómo fue presentada a la opinión pública catalana, generó un sentimiento de humillación que ha reforzado las motivaciones emocionales a favor de la independencia.

Por otra parte, la crisis económica ha aumentado las motivaciones de tipo racional, que reflejan la evaluación que cada cual haga de las ventajas e inconvenientes que para Cataluña, y para sí mismo, tendría la independencia.

Estoy convencido de que la demanda de independencia ha sido para la sociedad catalana una forma de canalizar la frustración social creada por la crisis. Las dramáticas consecuencias tanto de la crisis del euro como de las políticas de austeridad decretadas por Europa han sido aprovechadas hábilmente para canalizar la irritación social de una forma interclasista, convirtiéndola en un conflicto entre Cataluña y el Estado español, sintetizado en ese «España nos roba», al que se puso la cifra mítica de 16.000 millones de euros, con los cuales se hubiesen podido evitar todos los recortes presupuestarios.

Los partidarios de la independencia por motivaciones emocional-identitarias saben que no son suficientes para construir una mayoría social. Por eso han presentado la construcción del Estado catalán como una forma de garantizar más prosperidad y bienestar para todos, y no solo para conseguir la plenitud de su identidad nacional.

Es la llamada de aquellos a los que la ciencia política llama secesionistas oportunistas (entre los que cabe incluir a Artur Mas) —frente a los secesionistas auténticos, como Junqueras y Forcadell—, que convocan a defender la independencia vinculándola con una promesa de mayor bienestar material. De aquellos para los que, como dijo Jordi Sánchez, sucesor de Carme Forcadell al frente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), «hablar de independencia es hablar [...] de cómo dejamos de pagar peajes, de cómo mejoramos las escuelas».

A esto hay que añadir la sensación de injusticia que se tiene en Cataluña sobre la distribución de las inversiones del Estado, la cual el Estatuto trataba de corregir a través de una disposición que fue declarada inconstitucional. La aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica pactado con el Gobierno de Zapatero mejoró la situación relativa de Cataluña, pero no corrigió completamente el problema de la llamada «ordinalidad», al que luego me referiré, y la crisis económica redujo sus potenciales efectos positivos.

La sensación de que el Gobierno de España no cumplía sus promesas se propagó y amplificó a través de una intensa y permanente ofensiva en los medios de comunicación, lo que Adolf Tobeña llama el «Somatén mediático».¹⁴ Y, a decir verdad, el Ejecutivo español no se ha esmerado en ofrecer explicaciones que desmintieran, matizaran o justificaran estos incumplimientos.

Es muy posible que una parte del sentimiento independentista actual provenga de la enseñanza y la propaganda independentista, pero también hay factores objetivos que han ayudado, y siguen ayudando, a crearlo.

Muchos catalanes no solamente creen que se les critica por una supuesta insolidaridad, o por reclamar un tratamiento diferente a otras regiones de España, sino que además se sienten engañados permanentemente por el Gobierno central. En ocasiones no se produce tal engaño, más bien son los independentistas los que han acumulado un increíble repertorio de falsedades para defender su causa, pero no se hace mucho por rebatirlo, ni en Cataluña ni fuera de ella.

Como ha ocurrido en el caso de las balanzas fiscales, que citaré profusamente en este texto, con las que durante muchos años se ha hecho creer a los catalanes que soportaban una solidaridad excesiva, un verdadero «expolio» cifrado en 16.000 millones de euros, el 8 % de su PIB, sin que el Gobierno central se molestara en desmentirlo ni en explicar la realidad de esos datos y de sus agraviantes comparaciones internacionales.

Otros ejemplos recientes ilustran cómo se genera este sentimiento de engaño y maltrato.

Dentro de su nueva estrategia de acercamiento a Cataluña, Mariano Rajoy la visitó en marzo de 2017 para prometer, pública y solemnemente, inversiones importantes del orden de 4.200 millones de euros y la aceleración de las obras del corredor mediterráneo. A las dos semanas de este solemne anuncio, se presentaron los Presupuestos Generales del Estado y no aparecieron por ninguna parte estas inversiones. Y un par de semanas más tarde, como precio del apoyo del PNV a la aprobación de esos Presupuestos, una cantidad de dinero superior a la prometida a Cataluña fue a parar a la autonomía menos solidaria de España. Hasta la fecha, ni el Gobierno ni el PP han dado ninguna explicación sobre este hecho. ¿Sobre qué base se puede creer en sus promesas futuras?

Las inversiones en el corredor mediterráneo se vienen reclamando, con razón, desde hace muchos años en Cataluña, Valencia y Murcia. Pues ahora esto tampoco está muy claro, ya que se habla de un corredor mediterráneo por su «variante central», pasando por Madrid. El origen de esta idea del corredor mediterráneo a través de Madrid y Zaragoza también lo apoyan varios gobiernos regionales del PSOE:

El «protocolo» firmado el pasado viernes entre la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y su homólogo aragonés, Javier Lambán, para reforzar el corredor central Algeciras-Antequera-Madrid-Zaragoza-Tarragona (también considerado corredor mediterráneo a efectos de inversiones financiadas en parte por la UE), tiene una consecuencia política demoledora sobre el trazado por la costa Almería-Valencia-Barcelona hasta Francia.¹⁵

Realmente, resulta fácil considerar que un corredor mediterráneo que atraviesa Madrid, por mucho que parta de Algeciras, es una tomadura de pelo, aunque lo apoye la presidenta de una comunidad autónoma bañada por el Mediterráneo como es Andalucía.

En el Estatuto de Autonomía de Cataluña, modificado después por el Tribunal Constitucional, se aprobaron una serie de inversiones para Cataluña. El Gobierno catalán dice que están lejos de haberse realizado y que esto supone un incumplimiento. No conozco documentos del Gobierno central que expliquen si efectivamente se ha cumplido con esa obligación estatutaria y, de no haber sido así, cuáles son las razones que lo justifican.

Estos hechos, debidamente agitados mediáticamente, explican que muchos ciudadanos de Cataluña crean que el Gobierno central les miente permanentemente. Se sienten frustrados, engañados, discriminados y maltratados. Muchos se han convencido de que el Estado español no defiende sus intereses o, peor aún, les es hostil. Posiblemente muchos de ellos estarían predispuestos a creerlo, tanto como a aceptar acríticamente las falsedades propagadas por Junqueras, Mas y compañía. Pero en política, la percepción es más importante que la realidad.

No es cierto que «España nos roba», ni tampoco que «los catalanes son unos aprovechados, egoístas e insolidarios». Pero, explícita o implícitamente, estas son las percepciones dominantes en ambas partes sobre la relación Cataluña-España. Y por eso también me referiré, de forma necesariamente breve, a los problemas de financiación de Cataluña como comunidad autónoma.

Una conjunción de factores explica que, en septiembre de 2015, la independencia obtuviera el 47 % de apoyo en las urnas. La crisis económica, la desgraciada tramitación del Estatuto, la situación de debilidad —casi de bancarrota— de España en 2012 y la desidia del Gobierno central crearon una situación propicia para que las élites territoriales viesen la posibilidad de conseguir el poder soberano y obtuvieran así el apoyo de una parte muy importante de las clases medias. De nuevo, Adolf Tobeña analiza, como psiquiatra social, las claves etnoculturales de este proceso, que no responde a un ataque de locura pasajero de la sociedad catalana, sino al convencimiento por una parte de ella de que «solos nos lo montamos mejor» y al deseo de sus élites de alcanzar las mayores cotas de poder posibles.¹⁶

La deriva llegó a su punto máximo con ese 47 %, un porcentaje tan alto como insuficiente. Sin embargo, ese virtual empate refleja un equilibrio inestable, de los que la termodinámica enseña que es difícil salir pero en el que no se puede seguir. Por múltiples razones, algunas de las cuales expondré en estas páginas, la ruptura unilateral no es posible ni conduce a ninguna parte. Y los catalanes de buena voluntad y de seny deben comprenderlo y buscar alternativas realistas. Pero el inmovilismo tampoco es una solución. Y los españoles que no quieren que España se rompa también deben entenderlo. Y, en mi opinión, trabajar activamente a favor de una propuesta ambiciosa y sensata de reforma constitucional, que permita completar el diseño de una España unida en su diversidad.

Y una de las más poderosas e importantes razones por las cuales una independencia declarada unilateralmente no conduce a ninguna parte es porque implicaría la salida de Cataluña de la Unión Europea y, en consecuencia, del euro.

LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA ANTE LA UE

Desde una perspectiva europea, el Catalexit —como el brexit— sería una marcha atrás en la historia. Mi experiencia en llegar a acuerdos sobre financiación en el marco europeo y en el español, a través de muchos años de participar en las negociaciones que han permitido avanzar tanto en la descentralización autonómica como en la integración europea, me confirma que, solo por sus consecuencias sobre la relación con la UE, el procés conduce —guste o no— a una situación imposible, un verdadero callejón sin salida en el que no habría que consumir ni más tiempo ni más energías. Y es así porque los independentistas no pueden explicar cómo sería un Catalexit respecto a España que no implique de forma automática y por tiempo indeterminado la salida de Cataluña de la UE.

Aclimatados en su mundo virtual de realismo mágico, los secesionistas lo niegan y aseguran, con total desparpajo, que cuando Cataluña declare su independencia por las bravas al margen del ordenamiento constitucional español, será recibida con los brazos abiertos por los demás Estados europeos.

Nos aseguran que la UE no podría ignorar a la Cataluña independiente, por su acrisolado europeísmo y por el supremo argumento de su condición de contribuyente neto al presupuesto comunitario. Pero esta es una más de las muchas falsedades con las que adornan su relato del camino hacia una Arcadia feliz que gozaría del apoyo de la comunidad internacional en nombre del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Nada de eso es cierto. Los criterios de la ONU para la aplicación de ese derecho no son aplicables a Cataluña, como ha señalado el propio ex secretario general de ese organismo internacional, Ban Ki-moon, porque no es una colonia, ni un territorio ocupado militarmente, ni se persigue ni discrimina a las minorías nacionales. Es bueno recordarlo, aunque no lo quieran escuchar aquellos para los que las emociones son más importantes que las razones y los deseos más fuertes que la realidad.

La cuestión no es solamente un asunto jurídico-legal de interpretación de los Tratados, ni de los intereses estratégicos de los grandes Estados europeos. Es mucho más profunda y tiene que ver con los valores en los que se basa el proyecto europeo, cuyo objetivo fundamental es superar los antagonismos identitarios construyendo identidades complejas, o múltiples, en las que quepan distintos componentes.

Ciertamente, en la sociedad catalana existen distintas identificaciones identitarias, como reflejan las encuestas del CEO antes citadas. La más numerosa de ellas, con el 36,7 %, es la de los que se sienten, como yo, tan españoles como catalanes.

Por eso, al ser elegido presidente del Parlamento Europeo, me presenté como «catalán, español y europeo», tres identidades que conviven en mis sentimientos y emociones y que no son antagónicas sino que se complementan mutuamente. Sentir identidades múltiples es parte de la construcción de un demos europeo que supere nuestro trágico pasado. El objetivo de la UE no es aumentar el número de entes soberanos, sino compartir las soberanías existentes hasta hacerlas converger.

Pocos días después de mi elección, en un viaje a mi Pirineo natal, vi escrito en la pared de una vieja masía: «Aquí només som catalans» («Aquí solo somos catalanes»). Quizá era una respuesta a la proclamación de mi triple identidad en Estrasburgo. Pero tenía una connotación excluyente, parte de ese peligroso y creciente ambiente estigmatizador al que antes me he referido, propagado tanto por portavoces ilustrados como por anónimos grafiteros contra cualquiera que demuestre su desacuerdo con el sacrosanto procés independentista.

Esta anécdota sirve para ilustrar la cuestión de la independencia de Cataluña desde el punto de vista de los valores que animan el proceso de integración europea, y no solo desde la posibilidad jurídica de que siga perteneciendo automáticamente a la UE y a la zona euro.

El reputado politólogo y experto en derecho comunitario Joseph Weiler, catedrático de la Universidad de Nueva York y mi sucesor en la presidencia del Instituto Universitario Europeo de Florencia, defendió en un célebre artículo que las razones aducidas para justificar la demanda de independencia eran diametralmente contrarias al ethos histórico de la integración europea. Y que la visión de sus fundadores —Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Jean Monnet— estaba basada en la superación de identidades antagónicas, de fronteras, de diferencias y de agravios en vez de tener la mirada puesta atrás en la historia. Resulta interesante releer ahora sus palabras, que en su momento le valieron durísimas descalificaciones.¹⁷

No deben ser conscientes de ello, pero los planteamientos independentistas que Mas y Junqueras presentan como la vocación europea de Cataluña son en realidad contrarios al espíritu, a los valores y al derecho de la UE. Esa es la conclusión de Ana Mar Fernández Pasarín, profesora de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB):

Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas.¹⁸

En efecto, para proclamar la natural vocación europea de la Cataluña independiente, Mas y Junqueras utilizan una retórica y unos argumentos esencialmente antieuropeos. La Europa comunitaria se basa en la voluntad de construir una «unión» cada vez más estrecha entre sus pueblos y representa la preferencia de la integración frente a la fragmentación. Aunque tengamos que reconocer que el resurgir de los viejos y nuevos egoísmos nacionales dificulta hoy conseguir esos objetivos.

El problema no es solo de Cataluña, sino que afecta cada vez a más países europeos. La triste realidad es que, desde hace veinte años, las sociedades europeas sufren transformaciones que debilitan la solidaridad si esta no se basa en la identificación nacionalista.

El brexit ha sido la manifestación más flagrante, con esos anuncios en los que se aseguraba que dejando la UE se tendrían muchos más recursos, hasta 350 millones de libras semanales —un cuento equivalente al de los 16.000 millones de euros por los que claman ciertos secesionistas catalanes—, con los que se podría mejorar el NHS, el sistema británico de salud. En realidad, el discurso del político británico Nigel Farage —uno de los principales defensores de que el Reino Unido abandone la UE— y el de Oriol Junqueras son tan idénticos como dos gotas de agua.

La creciente individualización, el rechazo a la inmigración —acentuada por la crisis de los refugiados— y el deseo de autonomía, incluso de secesión en algunos países, hacen que cada vez sea más difícil el «vivir juntos» que sintetiza el ideal europeo y provocan un repliegue hacia las comunidades nacionales. Esa crisis de identidad nacional beneficia a la derecha conservadora, a la extrema derecha y a la izquierda populista, que tienen un discurso más simple y más emocional.

El discurso del «yo solo», del «en mi propia casa me lo puedo montar mejor», es un discurso ganador en muchas clases sociales que buscan de nuevo en la frontera la protección perdida ante el mundo global. El problema ya no consiste en la oposición izquierda-derecha, sino entre «ellos» y «nosotros».

Pero lo que la UE pretende, con mayor o menor éxito, es la transferencia progresiva de los poderes de los Estados a un nivel político de carácter supraestatal y no su descomposición local. El lema europeo es «unidad en la diversidad» y el valor de sus fundadores fue hacer comprender a los europeos que sumando, no restando, es como se puede lograr un bien superior en beneficio de todos.

Como recuerda la profesora Fernández Pasarín, la solidaridad interterritorial es otro de los principios en los que se basa la UE. Y por esa razón, el discurso independentista del «expolio fiscal» no se percibe de forma positiva en Europa. ¿Por qué suponer que quienes no han sido capaces de entenderse para «vivir juntos» con los que han compartido una larga historia podrán entenderse mejor con pueblos que les son naturalmente más lejanos y ajenos?

Asusta oír a Junqueras afirmar que, siendo los catalanes tan diferentes del resto de los españoles, no podemos coexistir en el seno de un mismo Estado aunque este fuese federal. ¿Tan diferentes somos? Es cierto que tenemos algunos elementos diferenciales, como una lengua propia. Pero eso de que no podemos coexistir en el seno de un mismo Estado demuestra una visión trasnochada de la historia y un triste radicalismo identitario impropio de nuestro tiempo.

Con este discurso, ¿cómo se puede garantizar que mañana una Cataluña independiente que fuese contribuyente neta al presupuesto de la Unión no dirigiría el mismo discurso de «nos roban» contra polacos, rumanos o búlgaros? ¿Cómo reaccionaría ante la necesidad de financiar infraestructuras en los países más atrasados de Europa central o oriental?

Hasta el propio Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), creado por la Generalitat en 2013, advierte que Cataluña no debe utilizar exclusivamente la bandera del agravio económico, por el riesgo de «identificar el patriotismo y la voluntad de ser de los catalanes con una forma colectiva y exacerbada de egoísmo».

Sin embargo, es habitual que la prensa internacional se refiera al independentismo catalán como una reivindicación económica. Sería raro que no lo hiciera, dadas las explicaciones de Artur Mas a los medios extranjeros, en las que el «cuento de los 16.000 millones de euros» ha sido su argumento principal.

Y, finalmente, quienes recurren a tales argumentos quizá tampoco se dan cuenta del efecto negativo que sus amenazas de incumplir las normas constitucionales de su propio país tienen sobre los Estados de la UE a la hora de considerar la Cataluña independiente como un socio comunitario fiable y leal.

Todo ello influye en la cuestión fundamental para la viabilidad de una independencia unilateral: si la UE la apoyaría y Cataluña sería de forma automática un nuevo Estado miembro de la Unión.

La realidad es que desde Bruselas nos han dicho, de varias y muy claras maneras, que no será así en ningún caso. No quedará excluida para siempre, pues ciertamente la UE estaría incompleta sin Cataluña, pero su adhesión no sería ni automática ni inmediata.

En marzo de 2014, la Comisión Europea dictaminó que «cuando una parte del territorio de un Estado deje de formar parte de ese Estado, porque se convierta en un Estado independiente, desde el día de su independencia se convertirá en un tercer Estado con relación a la UE y los Tratados ya no serán de aplicación en su territorio». El ex presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, lo reiteró en noviembre de 2016 diciendo que el Tratado de Lisboa no había aportado ninguna novedad al respecto. Y lo ha repetido el actual presidente, Jean-Claude Juncker.

El propio Comité de las Regiones, en su informe del 12 de abril de 2015, afirmó textualmente que «en el caso de que una región europea obtuviese la independencia, tendría que solicitar su adhesión como cualquier nuevo Estado que quisiera ser miembro de la UE y esta requeriría un acuerdo unánime». No pueden decírnoslo más claro.

La UE es una unión de derecho que se rige por sus Tratados. El artículo 52.1 del Tratado de la Unión (TUE) cita nominalmente a cada uno de los Estados miembros. Para incluir a Cataluña, habría que modificarlo por unanimidad del Consejo Europeo y la ratificación de cada Estado. De este modo se ha hecho últimamente con Croacia. Y eso es así, aunque el nuevo Estado resulte de una escisión de un Estado miembro. E incluso aunque la separación se haya producido de acuerdo con sus normas constitucionales. A lo que se suma que una declaración unilateral de independencia no sería aceptada por la UE en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del TUE por el que se respeta la integridad territorial de los Estados miembros.

Pero cuando se vive sumido en el realismo mágico de los Junqueras y Puigdemont, se puede seguir contando que todo eso se arregla políticamente; que la UE no puede prescindir de Cataluña; que Europa no se atreverá a «expulsar» a siete millones de catalanes sin perder con ello sus esencias democráticas; que somos contribuyentes netos; que si la Alemania del Este pasó a formar parte de la UE al unirse por las buenas a la República Federal, por qué Cataluña no podría hacerlo al separarse de España por las bravas; que a fin de cuentas los catalanes ya somos ciudadanos europeos; que podríamos seguir en el euro y en el mercado interior como si tal cosa; que los bancos catalanes no perderían el acceso a la liquidez del BCE, etcétera.

Un ilustre economista ha dicho, sin sonrojarse, que la pertenencia formal a la UE da igual porque en la práctica seguiríamos teniendo las mismas ventajas que si fuésemos miembros. Los bancos catalanes seguirían accediendo sin problemas a la liquidez del BCE, porque «los bancos de un país segregado y externo a la eurozona podrían seguir financiándose en el BCE como en la actualidad».

Causa pavor tanto desconocimiento o tantas ganas de engañar. Tuvieron que desmentirle desde el Banco de España y el propio BCE. El portavoz del Bundesbank, Michael Best, recordó que eso sería así «siempre que los bancos externos a la eurozona tengan filiales en ella». Pero también matizó que la financiación estaría limitada «en función no del volumen de negocio del banco matriz, sino de la filial». La filial de un banco de un país no miembro establecida en la eurozona puede pedir financiación, pero solo en proporción a sus propios activos, que debe aportar como colateral (garantía) en más del total del préstamo. Es bueno recordar que la liquidez suministrada por el BCE ha llegado a representar la quinta parte de los créditos concedidos por las tres grandes instituciones financieras catalanas, incluyendo en ellas a Catalunya Caixa. La consecuencia sería más bien la emigración a España de las residencias fiscales de los dos grandes bancos catalanes, CaixaBank y el Banco Sabadell. Por cierto, resulta difícil llamarlos «bancos catalanes» cuando tienen el 60 y el 70 % de su negocio, respectivamente, fuera de Cataluña.

Salir del euro sería inasumible para la economía catalana. Implicaría una prima de riesgo muy elevada, con el consiguiente aumento de los costes de financiación para el sector público y para las industrias catalanas, los riesgos del tipo de cambio y el quedarnos fuera de la incipiente Unión Bancaria.

Los flujos comerciales también se verían afectados. Cataluña podría negociar un tratado de asociación comercial con la UE, como el que tienen Noruega y Suiza. Para eso no haría falta la unanimidad, bastaría con una mayoría sólida del Consejo. Pero no está nada claro que la tuviésemos, ni cuánto tardarían las negociaciones. Y mientras tanto, muchas empresas catalanas se darían cuenta de que deslocalizar su producción sería el mejor modo de seguir accediendo a la UE.

El superávit comercial de Cataluña con el resto de España disminuiría, porque aparecería el efecto frontera, ya que, aunque se niegue, habría una frontera. No sabemos muy bien cuán grande sería esta disminución ni si se podría compensar con el acceso a otros mercados. Aunque los estudios realizados han alcanzado conclusiones diferentes, lo cierto es que el comercio entre regiones de un mismo país es mucho más intenso que entre aquellas que también puedan ser vecinas pero pertenecen a otro Estado. Por ejemplo, Cataluña exporta más a Aragón que a Alemania. Y todo proceso de separación trae consigo un clima de animosidad, al menos transitoriamente.

A pesar de todo, los independentistas no pierden oportunidad de contar —a modo de mantra— que España es un país de baja calidad democrática porque no permite un referéndum independentista en Cataluña. Pero como Europa sí tiene una alta calidad democrática, sin duda ayudará a Cataluña a ejercer su derecho universal a la autodeterminación.

Pero ni ese derecho universal existe, ni la independencia de Cataluña despierta simpatías entre los más importantes Estados miembros. Y no la apoyarán por varias razones.

Primero, porque va en contra de sus intereses de política interna. Muchos países de la UE tienen regiones ricas con identidades muy marcadas, en ocasiones con lenguas propias, cuya integración histórica es relativamente reciente y que explotan políticamente sus déficits fiscales de forma inmisericorde. En Alemania, por ejemplo, Baviera lo hace con dureza.

Segundo, porque va en contra de sus intereses en política internacional. Europa cree que los Estados fuertes y una progresiva integración entre ellos es la mejor manera de jugar un papel relevante en el mundo.

Tercero, porque sus Constituciones, como la española, establecen que sus países son indivisibles. Los presidentes de los gobiernos de Italia, Francia y Alemania han sido tajantes al respecto de la indivisibilidad de sus Estados. Y nunca darían apoyo a una iniciativa que no respete la legalidad de otro país miembro de la UE.

Cuarto, por la diplomacia de aficionado del independentismo catalán, con sus constantes envíos de cartas y memorándums a gobiernos y embajadas, y el descrédito de los líderes independentistas catalanes. Las embajadas en España son perfectamente conscientes de que los ejemplos que ponen los políticos independentistas catalanes para justificar sus argumentos económicos y políticos son falsos.

Sus convicciones le hacen decir a Junqueras que no, que de ninguna manera Cataluña saldría de la UE. Más realista, el propio Mas reconoce, en declaraciones al periódico italiano La Repubblica, que Cataluña quedaría «transitoriamente» fuera de la UE.

«Transitoriamente», esa es la cuestión. ¿Cuán larga sería esa transición? Siendo honestos, nadie puede garantizar el tiempo que Cataluña tardaría en ser admitida en la UE. Dependería de muchas circunstancias, entre ellas la forma en la que se produjese la separación. Ante una independencia unilateral, habría muy pocas ganas de aceptarla.

Sensatamente, los ex consellers Andreu Mas-Colell y Antoni Castells han dicho que Cataluña no se podría permitir los costes que implicaría salir de la UE y del euro. Por eso el apoyo a la independencia cae drásticamente en las encuestas si va asociada al abandono de la Unión. Y por la misma razón Junqueras se esfuerza en contar que no pasaría nada, porque, según él, se impondrá la lógica de los intereses frente a las normas jurídicas y los países europeos querrán garantizar que sus empresas radicadas en Cataluña no se vean sometidas a aranceles.

Estas advertencias se toman como una intolerable amenaza. Realmente suenan a aquello de «no te puedes ir de casa por muchas ganas que tengas porque fuera hace mucho frío». Pero es lo que es, y si hace mucho frío es bueno saberlo. Querer ignorarlo es como prohibir detallar las contraindicaciones de las medicinas y los efectos secundarios que puede producir su uso.

En resumen, aunque solo fuese por estas razones, la declaración unilateral de independencia no es viable ni conduce a ninguna parte. Esto debería incentivar la búsqueda de otras soluciones, mientras dejamos de perder el tiempo siguiendo a simpáticos y voluntariosos flautistas de Hamelín que nos conducen al precipicio.

LA PLURINACIONALIDAD DEL ESTADO

Y EL RECONOCIMIENTO DE CATALUÑA COMO NACIÓN¹⁹

El reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, o dicho más claramente, de que Cataluña es una nación, plantea reticencias cuando no claros rechazos en España. Y, como antes he apuntado, la familia socialista también está dividida al respecto. En unas ocasiones por sinceras convicciones, porque también hay en el PSOE muchos nacionalistas españoles; en otras, por el temor a las consecuencias de ese reconocimiento, que no sería sino abrir la puerta a la desintegración política del Estado; y en algunas, por puro tacticismo (como hemos visto en los debates de las elecciones primarias a la secretaría general del PSOE).

Durante esos debates, Pedro Sánchez fue muy criticado por haber incorporado en su documento programático la cuestión del reconocimiento del carácter nacional de Cataluña y, en consecuencia, de la plurinacionalidad de España, o del Estado español para aquellos a los que la palabra España les resulta impronunciable. Esta iniciativa le valió ser considerado como una amenaza para la unidad de España y ocasionó la parte más áspera de los debates con los otros dos candidatos, Susana Díaz y Patxi López. Uno de los momentos que más se recordarán fue cuando López se dirigió a Sánchez preguntándole, con el aire de un maestro exasperado ante la confusión del alumno, si sabía lo que era una nación, dando a entender que él lo tenía perfectamente claro.

Mientras la cuestión provoca polémica y desacuerdos en el PSOE, el PSC basa su reforma de la Constitución en un sentido federal en las denominadas «4 R», que identifican otras tantas propuestas: reconocimiento, reglas, recursos y representación. Con reconocimiento se refieren a reconocer la identidad nacional catalana, o dicho de forma más llana y directa, que Cataluña es una nación.

Pero, a pesar de las críticas que ha recibido en este sentido, el documento programático de Pedro Sánchez no iba explícitamente tan lejos. Para nada se citaba a Cataluña y se proponía ese reconocimiento. Se limitaba a proponer «una reforma constitucional federal que, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución».²⁰ Se añadía que solo «una solución federal análoga y homologable con la de otros Estados miembros de la Unión Europea de estructura federal puede dar cabida a la pluralidad española, conferir acomodo a los diversos sentimientos de identidad de los españoles en todos los territorios, y estabilizar la descentralización política, económica y presupuestaria de la que nos hemos dotado».

La propuesta remachaba su oposición a una eventual independencia de Cataluña considerando que «en el actual contexto europeo y mundial resulta inviable, y que se intenta fundamentar en mitos y falacias» y que «no beneficiaría a las clases trabajadoras catalanas y a la mayoría social catalana». Finalmente, insistía en que «la existencia de identidades nacionales diferentes no puede convertirse en un instrumento político de dominación y segregación de unos ciudadanos sobre otros».

A la vista de estos textos, la crítica de que «España se rompería» si se aplicasen las propuestas de Sánchez no tiene ningún fundamento Pero aun no reconociendo expresamente que «Cataluña es una nación» como plantean los socialistas catalanes, esta redacción desató una polémica que muestra la extraordinaria sensibilidad que tal cuestión plantea.

Para resumir las posiciones que hoy existen en el seno de la familia socialista española, aparte de la muy clara del PSC, puede decirse que la representada por Pedro Sánchez sería favorable a dicho reconocimiento y la de Susana Díaz estaría en contra, puesto que considera que en el interior de un Estado solo hay y puede haber una nación y esta es la nación española.

Así se manifestó muy claramente en un debate televisado con representantes de las tres candidaturas, en este caso todos de Valladolid. A la pregunta muy concreta del moderador, «¿Es Cataluña una nación?», el representante de Díaz se opuso tajantemente porque ese reconocimiento conduciría a la desintegración del Estado. Para el representante de Sánchez, Óscar Puente, alcalde de la ciudad, ese reconocimiento no debería ser un problema. No entendí muy bien los circunloquios verbales del representante de la candidatura de Patxi López, pero más bien parecía estar en contra, y la agria interpelación de López a Sánchez a la que antes me he referido lo confirmaría.

Debo confesar que en esta materia soy agnóstico, casi irreverente, y que esa discusión esencialista no me apasiona ni me parece que constituya el núcleo del problema ni de su solución. Cuando tenemos los problemas que nos acucian, desde el cambio climático y las consecuencias de la era digital sobre el empleo hasta las crecientes desigualdades, consumir tanto esfuerzo intelectual y político en discutir sobre un concepto discutido y discutible —como dijo con razón José Luis Rodríguez Zapatero, irritando con ello a mucha gente— me suena a las eternas discusiones sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos escalaban las murallas de Bizancio.

Soy lo menos nacionalista que se fabrica, y eso vale para cualquier nación de referencia. Tan poco nacionalista catalán como nacionalista español, aunque me sienta ambas cosas. Pocos conceptos más asesinos ha habido en la historia de la humanidad que los de nación y religión. En su nombre se han producido los peores crímenes, y las más crueles de las guerras. He sido presidente del Parlamento Europeo y recuerdo cómo resonaron allí las palabras del presidente francés François Mitterrand: «Le nationalisme, c’est la guerre». Y en ninguna otra parte el concepto de nación ha ensangrentado tanto a la humanidad como en Europa.

Pero por mucho que relativicemos y denostemos el término, lo cierto es que el nacionalismo ha sido la más poderosa fuerza movilizadora del mundo en los dos últimos siglos.²¹ Existen el nacionalismo cívico —basado en los valores liberales de la tolerancia y los derechos individuales— y el étnico. Este último, excluyente y vengativo, se basa en mitos —mirando atrás en la historia— y en nombre de sus versiones más extremas se derramó mucha sangre en el siglo XX. Pero, en realidad, todos los nacionalismos son una mezcla de ambos componentes en diferentes proporciones.

Es evidente que para muchos catalanes, y también para muchos españoles, el sentimiento de pertenencia a una colectividad nacional es muy importante, no es algo nuevo. Los dirigentes políticos de las nuevas comunidades autónomas nacidas con la Constitución de 1978 se han apresurado a fomentar ese sentimiento de pertenencia a una realidad diferenciada, como hizo José Bono al propagar el «orgullo de ser castellano-manchego», y nada tengo en contra de que cada cual se sienta respetado en su identidad de origen. En el Estatuto de Andalucía se recuerda que «el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919 describió a Andalucía como realidad nacional, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno». Y el artículo 1 de ese Estatuto reconoce a Andalucía como nacionalidad histórica en el marco del artículo 2 de la Carta Magna. Lo mismo hace el de Valencia, el de Mallorca y el de Aragón. Curiosamente, de la oleada de reformas estatutarias durante los gobiernos de Zapatero, solo las dos Castillas no han incorporado su definición como nacionalidad histórica. En Galicia, cuyo Estatuto no se reformó, existe también una presión para que se le reconozca su carácter de nación.

Por lo visto, el uso de la definición «nacionalidad histórica» no plantea problemas, pero el de nación sí. Convendría explorar e identificar por qué, y por eso es pertinente, aunque la haya expresado de forma impertinente, la pregunta del profesor López acerca de qué es una nación. Pero me temo que es un tema que escapa al razonamiento, porque se sitúa en otro hemisferio cerebral: el de los sentimientos y las emociones.

«¿Tú crees que eres una nación? ¡Pues no lo eres, no lo eres y no lo eres!» Decirle eso a alguien no sé muy bien para qué sirve ni adónde conduce. Aunque tampoco creo que ese reconocimiento nacional sirva para satisfacer las exigencias identitarias de un separatista, más bien al contrario, puede proporcionarle un punto de apoyo para seguir haciendo palanca en la demanda de un Estado propio. Pero sí puede satisfacer a muchos catalanes que, no siendo independentistas, demandan un reconocimiento de la identidad que sienten.

En ese debate, unos y otros deberíamos aceptar que las identidades no nacen, sino que se hacen. No son innatas, sino el producto de una construcción social que las puede potenciar o reprimir.

El franquismo trató de reprimir la identidad catalana, entre otras cosas reduciendo su lengua a la categoría de «dialecto» del castellano, como me enseñaron en la escuela primaria de mi pueblo. Muchas veces he intentado explicar a mis amigos no catalanes lo que siente un niño cuando, en la entrada de la escuela, le recibe un gran retrato de un señor con bigote que le apunta amenazante sobre un letrero que clama: «¡No hables catalán, habla la lengua del Imperio!». Y lo que significó para las generaciones de escolares de la posguerra la «españolización» que tan torpemente pidió en su día el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (por cierto, un perfecto catalanohablante). Por eso lamento que ahora no se dé al aprendizaje del castellano la suficiente importancia, como si de una simple lengua extranjera se tratara, y se limite su uso como lengua vehicular de la enseñanza. Simplemente porque, opino, eso reduce las oportunidades laborales y culturales de los jóvenes catalanes.

Como he expuesto antes, desde la restauración de la democracia y de las autonomías suprimidas por el franquismo, en Cataluña los gobiernos nacionalistas —que han sido la mayoría— y los de unión —formados con fuerzas independentistas a las que se les adjudicaron las competencias en materia de educación (con Pasqual Maragall) o de cultura (con José Montilla)— se han esforzado sistemática y constantemente en crear, a través del sistema educativo y de los medios de comunicación públicos, ese sentimiento de identificación con la Cataluña-nación cuya pertenencia al Estado español era un accidente histórico, decidido por la mala fortuna de las armas, pero que habría que corregir cuando se tuviese el suficiente apoyo social. Y ese sentimiento de que Cataluña es una nación, coreado en las grandes manifestaciones de cada septiembre, es una realidad que no cabe ignorar, aunque se pueda discrepar sobre cuáles son las consecuencias que implica.

En buena lógica, para saber si Cataluña es o no una nación, habría primero que ponerse de acuerdo en qué es una nación, intentando contestar a la pregunta del profesor López al alumno Sánchez. Aunque dudo que quien la formulaba supiera contestarla mejor que los muchos historiadores y politólogos que han intentado hacerlo.

El término nación tiene muchas definiciones y ninguna resulta satisfactoria. Y no es ninguna tontería contestarla basándose en elementos subjetivos de carácter emocional, como hizo Sánchez atrayéndose con ello críticas poco fundadas.

He tenido ocasión de discutir acerca de este tema con el eminente historiador José Álvarez Junco, cuyas obras Mater Dolorosa —dedicada a la historia de España en el siglo XIX— y Dioses útiles son referencias importantes sobre cómo las naciones se fraguan en la Historia y cómo estas no son entes inmutables que han existido siempre y siempre existirán, sino realidades contingentes que la Historia crea y destruye. Así se lo dijo Álvarez Junco a Jordi Pujol cierto día, y parece que a este último no le hizo mucha gracia eso de que la nación catalana no había existido siempre ni existiría para siempre.

En realidad, la nación, como sujeto de soberanía de los ciudadanos de un Estado, es un concepto reciente que nace con la Revolución francesa, de modo que antes existía tan poco como los ordenadores en la Edad de Piedra. Por eso suena ridícula esa competencia entre Rajoy y Mas para saber cuál de las dos naciones, Cataluña o España, es la más antigua. España no existía como nación en tiempos de los Reyes Católicos, y si a Viriato le hubieran dicho que luchaba contra los romanos por la independencia de España, como me enseñaron en el colegio, no hubiera sabido de qué le hablaban.

Igualmente la guerra de Sucesión de 1714, que no de secesión, fue una contienda entre casas dinásticas en la que las clases dirigentes de Cataluña tuvieron la mala ocurrencia de pasarse al lado perdedor, pero como nación, en el sentido moderno que hoy tiene esta palabra, tampoco existía.

Fue precisamente en los tiempos de la Ilustración cuando se definió el concepto de nación. En la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert se la define (la traducción es literal) como «una cantidad considerable de pueblo, que habita una cierta extensión de territorio, con límites bien definidos y que obedece al mismo Gobierno». Esa misma definición, o parecida, es la que ha prevalecido en la primera acepción del término nación en el Diccionario de la Real Academia Española: «Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno». Fijémonos en que en esa definición no aparece ni una sola referencia a la historia, la cultura, la lengua o la religión. Y esa ausencia es lo que crea el concepto de ciudadano.

Sobre esta base fueron liberados los esclavos y, por primera vez en la historia moderna, todos los habitantes de un mismo país que obedecían al mismo Gobierno se convirtieron en ciudadanos sujetos a las mismas leyes, libres e iguales en derechos.

Esta concepción de la nación expresaba el esfuerzo de los pensadores de la Ilustración francesa para superar la resistencia de la historia y la cultura, así como para afirmar la autonomía del individuo.

Pero, como afirma el historiador Zeev Sternhell, toda nueva ideología segrega su antítesis y a la vuelta del siglo apareció el nacionalismo tribal de «la tierra y los muertos», como lo llamó el escritor y político Maurice Barrès.²² Para este nacionalismo, las personas son como las hojas y las ramas de un árbol: solo existen por la existencia del árbol. En otras palabras, la nación es un cuerpo, un organismo vivo con un alma y un espíritu propios. Esta concepción esencialista es la misma que la de Junqueras y Forcadell, y sus raíces teóricas se aproximan a las del nacionalismo soberanista de la derecha europea. Apoyada en esta concepción, Marta Ferrusola —la esposa de Jordi Pujol— pudo lamentar, refiriéndose a Montilla, que un president de la Generalitat se llamase José. Una visión radicalmente diferente de la de nación de ciudadanos sustentada en la idea del contrato social que defiende el PSC.

En 1882, casi un siglo después de la Revolución y en pleno auge de los nacionalismos, el filósofo francés Ernest Renan hizo una aproximación parecida al concepto ilustrado de nación en una célebre conferencia.²³ Renan, tras descartar que la raza, la lengua, la religión o la historia pudieran ser los fundamentos objetivos de una nación, acabó reconociendo que había un elemento subjetivo (Sánchez no andaba tan desencaminado): la «voluntad» de estar juntos de un grupo humano que se reconoce como tal, generalmente agrupado en un territorio, que tiene o cree tener elementos diferenciales, generalmente una lengua, para seguir siendo «lo que son». Renan lo llamó el «plebiscito cotidiano», aunque, como también afirma Álvarez Junco, reconoció que las naciones no son eternas: comenzaron un día y un día terminarán. Con su teoría, Renan contradijo radicalmente la visión anterior de las naciones como una realidad inmutable.

En la línea de Renan, una gran mayoría de catalanes cree que Cataluña es una nación y pide que se la reconozca como tal. Un día, en el apogeo de su influencia y poder —tanto que el diario ABC lo nombró «español del año» y él aceptó sin remilgos—, Pujol me dijo: «Mire, Borrell, Cataluña es una nación, pero España no lo es». Yo le contesté que, al igual que la gran mayoría de los catalanes piensa que es así, España también es una nación porque así lo cree la gran mayoría de los españoles, aunque luego canten Asturias, patria querida o se sientan muy de Tudela. Y además, para ellos, Cataluña es parte de esa nación española.

Así visto, ¿pueden caber varias naciones en un mismo Estado? En la práctica así es: en el mundo hay muchas más naciones, o identidades nacionales, que Estados. ¿Tiene necesariamente una nación que convertirse en un Estado? No. La propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ya aceptaba que una definición de la nación con tal naturaleza no jurídico-política cabría perfectamente en una Constitución que ya distingue entre nacionalidades y regiones. Y según el Consejo de Europa, «la reivindicación como nación de una comunidad humana que se define como tal por razones histórico-culturales-lingüísticas no presupone el derecho político a constituirse en un Estado».

Pero los nacionalistas opinan lo contrario y lo seguirán haciendo, digamos lo que digamos. Parten de la equivocada creencia de que son las naciones las que crean los Estados, cuando es al contrario, son los Estados los que crean las naciones. La nation francesa es obra de la República, antes no existía. Y la nación alemana es obra de la unificación bismarckiana, en torno a la matriz prusiana, de reinos y principados enfrentados.

Y lo mismo pasó con Italia, aunque allí la cosa no salió tan bien porque el Estado italiano era demasiado débil. Y también en España, donde el Estado de los siglos XIX y XX carecía de fortaleza para construir una identidad nacional. La historia no nos ha dado la dolorosa oportunidad de crear una fuerte identidad común porque, a diferencia de nuestros vecinos europeos, hemos tenido más guerras civiles que contra un enemigo exterior. Y la nación española salió mal cocida del horno de la historia.

Para los socialistas catalanes, reconocer que Cataluña es una nación ni rompe la unidad de España ni da a los catalanes derechos diferentes a los del resto de los españoles. Entienden que Cataluña es una nación en el sentido y por las razones antes indicados, pero no son nacionalistas, ni soberanistas, ni independentistas. Y creen que dos o más naciones pueden convivir en un mismo Estado.

España sería así una nación, mal que le pese a Pujol, pero sería una nación de naciones. Un concepto que hace rechinar los dientes a todo nacionalista español tanto como a los nacionalistas catalanes, y que puede no ser ortodoxo para la ciencia política. Pero no estamos haciendo ciencia, sino política. Se trata de saber si el concepto de realidad plurinacional del Estado puede ser una forma de desarrollar el artículo 2 de la Constitución y dar satisfacción a las demandas de reconocimiento de una parte de la sociedad catalana sin que por ello troceemos la soberanía del conjunto del pueblo español.

Fue el propio Felipe González, en un artículo publicado con Carme Chacón tras la sentencia del Tribunal Constitucional, quien afirmó que «la concepción de España como “Nación de naciones” nos fortalece a todos».²⁴ Cuando lo dice uno, se aplaude o se calla; cuando otro proclama lo mismo, estalla el escándalo. Es una muestra del uso tacticista de la cuestión nacional en el debate político, especialmente en el PSOE.

Tal y como están las cosas, habrá que encontrar fórmulas que incorporen ese reconocimiento de la personalidad nacional catalana en la Constitución española, sin que impliquen agravios ni privilegios. Ya lo anticipó el político y jurista Gregorio Peces-Barba —uno de los padres de la Constitución de 1978—, quien, como yo, no era sospechoso de filonacionalismo: «Acepté desde el principio que el termino nacionalidad es sinónimo de nación y que, en este sentido, España es una nación de naciones», a lo que añadió: «No hay más que una nación soberana que es España, que es además el poder constituyente».

Recordemos la posición del PSOE en la Ponencia Constitucional respecto al artículo 2 de la Carta Magna y que fue fijada por Peces-Barba con esta intervención:

La existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa Nación que para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la absorción de todas las demás y que se llama España.

En realidad, la expresión «nación de naciones» no es un invento español. La concibió el poeta Walt Whitman para aplicarla a Estados Unidos y la retomó en 1957 el socialista segoviano Anselmo Carretero: «La nación española, nación de naciones o comunidad de pueblos, es el resultado de un largo y doloroso proceso histórico en el que han tomado parte todos ellos».²⁵ Esa visión fue la que inspiró el Mater Dolorosa del historiador José Álvarez Junco.

El problema son las consecuencias jurídico-políticas que se derivan de la aceptación del término nación. Para los independentistas, es el primer paso para construir un Estado. Pero el planteamiento del PSC no identifica nación con soberanía política.

En La Tercera Vía, Iceta se pregunta si Cataluña es un sujeto político. Sí, concluye. Pero no es un sujeto político soberano. Ni tiene el derecho a la autodeterminación porque no es una colonia, ni está ocupado militarmente, ni se niegan los derechos de las minorías nacionales, que son los únicos casos para los cuales la ONU reconoce esa facultad. A pesar de que los nacional-independentistas no quieran enterarse y sigan diciendo que el derecho internacional y las disposiciones de la ONU amparan el derecho de autodeterminación de Cataluña.

¿Que ese concepto de realidad nacional no va a satisfacer a los independentistas? Por supuesto, ya lo sabemos. Pero, repito, puede servir para responder al deseo de reconocimiento de su identidad que tienen muchos catalanes que no son independentistas o que pueden dejar de serlo.

A la vez, habrá que intentar convencer a muchos españoles, socialistas o no, de que ese reconocimiento no implica la ruptura de la unidad política de España. Y de que afirmar el carácter plurinacional de España puede caber en el desarrollo de la Constitución, tratando de acomodar en su marco las especificidades históricas, lingüísticas y culturales existentes en España.

Son las carpetovetónicas actitudes de la España unitaria de matriz castellana, obcecada en rechazar las consecuencias de su diversidad, lo que realmente está contribuyendo a agravar las grietas que amenazan con fracturar el Estado.

LA NECESARIA REVISIÓN DEL ARGUMENTO

DEL EXPOLIO FISCAL DE LOS INDEPENDENTISTAS

Es necesario que haya diálogo y escucha, pero tiene que ser sobre la base de la realidad de los problemas y no de invenciones creadas de forma intelectualmente deshonesta. Por esa razón, se debe denunciar que hemos llegado a una situación límite, entre otras cosas porque Mas y Junqueras han ofrecido a los catalanes la ficción de una independencia sin costes ni inconvenientes que, además, liberaría a Cataluña del «expolio» de 16.000 millones de euros contantes y sonantes al que España la somete. A eso se suma que la sociedad catalana ha sido engañada con una inventada comparación con Alemania, la de las balanzas fiscales y el límite del 4 % en el déficit fiscal de los länder con la Hacienda federal, que nunca existieron. Pero pocos se esforzaron en desmentirlo.

Ahora que el sentimiento de agravio ya está creado, se recurre menos a esos argumentos. Incluso algunos dicen que nunca fueron utilizados, mientras que otros insisten, erre que erre, en mantenerlos. Por eso es muy importantes analizar los errores y denunciar las falsedades en las que se basan.

Los independentistas han conseguido, con un éxito admirable, establecer la creencia de que la separación de España solo tiene ventajas. Xavier Domènech, el líder de En Comú Podem —el partido asociado con Podemos en Cataluña— y también poco sospechoso de filocentralismo, lo ha descrito así:

Así leemos también, en delirantes editoriales, que de hecho Europa ya nos ha dicho que no hay ningún problema y que, caso de declararse un Estado propio, automáticamente estaremos en la Unión Europea, mucho mejor recibidos como nación «moderna» que somos frente a la España castiza de siempre. Así sabemos, gracias a los telediarios, que tampoco al Barça le afectaría la independencia ya que, al igual que el Mónaco juega en la liga francesa, nosotros seguiríamos en la española o, si queremos, nos iríamos a jugar a Francia. Y, finalmente, nos dicen y nos explican que con la independencia llegaríamos a tener la renta per cápita de Alemania. Seríamos así el único país del sur de Europa que, por arte de magia —por arte de la independencia—, superaríamos la crisis en medio de una riqueza desconocida hasta ahora. Todo ello con un aire naíf que echa para atrás.²⁶

El mensaje que denuncia Domènech se transmite desde hace muchos años. Han conseguido asentarlo en la psicología colectiva y no ha tenido la respuesta contundente y constante que precisaba.

Hace muchos años, el político y economista Ernest Lluch sí se preocupó de hacerlo. Después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Lluch escribió un artículo titulado «¿Cataluña expoliada?» en el que decía:

Hablar de expoliación fiscal [...] es algo bastante difícil si no se quiere andar por el camino de la imprecisión, incluso por los caminos de la demagogia. Por ello lamento mucho que informaciones sesgadas o poco sosegadas puedan ir creando en el interior de Cataluña lo que en mi infancia se llamaba «mala sangre». [...] En consecuencia, todos y cada uno de los que participamos en la formación de la opinión pública tenemos que comprometernos a entrar en estas cuestiones sin ira y con estudio.²⁷

Si se hubiera seguido su consejo, quizá no estaríamos en la situación tan bien caracterizada por Domènech. Un amigo me contó que, recientemente, un líder sindical español de primer nivel —concretamente el actual secretario general de UGT— abogaba por un nuevo sistema de financiación autonómica siguiendo el modelo alemán, en el que, según él, figura un límite constitucional del 4,5 % a las transferencias entre los estados federados y donde se respeta el principio de «ordinalidad». Hay que descubrirse ante el éxito del trabajo de propaganda de los nacionalistas catalanes porque, siendo falsos ambos hechos, han conseguido que los crean importantes personalidades de izquierdas poco proclives a un ideario antisolidario.

Aunque quizá sea tarde para que España y Cataluña no se instalen en un diálogo de sordos, habría que seguir el consejo de Ernest Lluch y entrar en el análisis de los argumentos independentistas que nos han traído hasta aquí. Lluch añadía, en su artículo, que «uno sufre cuando lee que un lector de Valls asegura que Cataluña padece un trato netamente expoliador que viene amparándose en una supuesta solidaridad». Si el lector de esa localidad tarraconense lo cree así, se debe a que alguien se lo ha contado y otros no lo han rebatido. Las emociones no crecen de manera natural y espontánea como los frutos en los árboles.

Por tanto, el riesgo en este momento es centrarse en encontrar una salida al estado de opinión creado y dejar de lado la tarea de desmentir las posverdades —antes se las llamaba mentiras— que lo han creado.

El inexistente límite al déficit fiscal en Alemania

El argumentario económico independentista asegura que Cataluña sufre un déficit fiscal del 8 % de su PIB —los tan traídos y llevados 16.000 millones de euros al año—, el doble del que tendría si fuera un land alemán. Con la independencia, aseguran algunos, ese déficit desaparecería y la Generalitat tendría a su disposición esa bonita suma.

Con el fin de denunciar semejante atropello y pedir la ayuda europea para evitarlo, en 2011 Junqueras envió una carta a todos los eurodiputados en la que se decía:

Como ustedes saben, por decisión del Tribunal Constitucional, en Alemania las transferencias entre regiones están limitadas al 4,5 % del PIB regional. [...] En cambio, a Cataluña, España le deduce anualmente un 10 % de su PIB. Les pedimos que [...] nos ayuden a presionar al Estado español para acabar con el déficit fiscal que sufre Cataluña por el bien de la economía europea [...], ya que la asfixia económica de Cataluña significa, sin ninguna duda, la asfixia económica de Europa.

Años después, el 24 de enero de 2017, Junqueras —junto a Puigdemont y Raül Romeva, presidente de JxSí y conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat— pronunció un discurso en el Parlamento Europeo en el que elogió la excelente evolución de la economía catalana, destacando con satisfacción el crecimiento, el aumento de las exportaciones, el incremento espectacular del turismo y otros aspectos.

Pero ¿no íbamos a asfixiarnos? ¿Cómo es posible que Junqueras presente ahora un expediente que en sus propias palabras contiene «cifras de las que sentirse orgullosos»? ¿Habrá desaparecido ya el déficit fiscal? Pues resulta que no, puesto que Junqueras no dejó de señalar que «esta remarcable evolución se logra bajo un enorme déficit fiscal con la Administración central del Estado español que es superior al 7 % del PIB catalán».

Pero no hizo ni una referencia al supuesto límite establecido en la Constitución alemana, ni comparó el déficit fiscal catalán con el de ninguna otra región europea. ¿No hubiera sido una gran ocasión para hacerlo?

Si existiera ese límite del 4,5 % y hubiera datos oficiales que demostraran que el déficit fiscal catalán no tiene parangón en Europa, el Parlamento Europeo sería la audiencia idónea para difundirlo. En una conferencia dedicada, tal y como dijo el president Puigdemont, a «explicar cómo hemos llegado hasta aquí», ¿por qué no dar los argumentos que más se han repetido para convencer a los catalanes y que los eurodiputados podrían contextualizar de manera inmediata?

Porque ahora, gracias al trabajo de algunos, ya no se sienten tan cómodos al explicar esas milongas. Hace pocos días, acompañando al ex conseller Mas en una conferencia en Madrid, al representante de la Generalitat no le tembló la voz cuando aseguró que nunca, o solo en raras ocasiones, se había utilizado el argumento del expolio fiscal y sus comparaciones alemanas.

¿Ah, no? Pues en 2009 Artur Mas explicaba sus reivindicaciones a María Teresa Campos en Telecinco diciendo que «la proporción de dinero que Cataluña aporta al Estado no tiene precedente en toda Europa; en Alemania el déficit fiscal de los estados federados está limitado por ley al 4 % anual, mientras que en Cataluña es del 8 o el 9 % anual».

Y en 2011, Mas explicó así su propuesta de pacto fiscal a Mònica Terribas durante una entrevista en TV3: «Si en este momento tenemos un déficit fiscal del 8 o el 9 % de nuestra riqueza anual, de lo que se llama el PIB, no debería ir más allá del 4 %, que es lo que tienen más o menos los territorios más ricos, por ejemplo, de Alemania».²⁸

Ahora produce hilaridad oír decir que nunca se ha dicho que «España nos roba», ni hablado de «expolio fiscal», un concepto, el de expoliar, definido por la Real Academia Española como «despojar a alguien con violencia o con iniquidad» —término este último que significa «maldad, injusticia grande»— y por el Diccionari del Institut d’Estudis Catalans como «desposeer a alguien de aquello que le pertenece».²⁹

¿Ah, no? Pues en 2012 Junqueras escribió que «el sistema de financiación que sufrimos (aparte de los flagrantes incumplimientos) es de una magnitud que no resiste comparaciones en Europa. Tanto es así, que las aportaciones del land más rico de Alemania no llegan ni a la mitad del déficit fiscal catalán. Es por esto que hablamos de expolio fiscal, de un maná ingente de recursos que fluye hacia Madrid y que no vuelve nunca más».³⁰

¿Por qué no se lo repitió a los eurodiputados? ¿Por qué callar fuera lo que se explica en casa?

Quizá porque Junqueras ya sepa que no es cierto. En el debate que mantuve con él en el canal privado catalán 8tv en junio de 2016, moderado por el periodista y presentador Josep Cuní, tuve la oportunidad de preguntarle por esta cuestión personalmente:

Usted es un independentista de corazón, de siempre, [...] pero sabe que en Cataluña hay mucha gente que no participa de esta actitud y hace mucho tiempo que ustedes están intentando convencer a los catalanes que no son independentistas de corazón, por emoción o sentimiento, de que la independencia sería muy buena para ellos desde un punto de vista práctico; y han estado haciendo servir un argumento que me parece relevante: usted escribió una carta a los diputados europeos explicando que en Alemania hay una norma constitucional que fija el déficit fiscal de los länder en el 4,5 % y que si Cataluña fuese un land alemán estaría protegida por esta norma constitucional y no sufriría el expolio del 8 %. Esto lo han repetido ustedes todos los días desde hace muchos años: cada año Alemania calcula las balanzas fiscales de los länder y las limita al 4,5 %. Señor Junqueras, yo he estado buscando las balanzas fiscales alemanas y, al no encontrarlas en ningún sitio, pregunté a la embajada alemana y su respuesta fue que el Gobierno alemán no las calcula y que no habían podido encontrar en ninguna parte de la legislación alemana el límite del 4,5 %.³¹

Y por si ese testimonio no fuera suficiente, la propia revista de ERC, Esquerra Nacional, ha publicado artículos que desmienten por completo no solamente la existencia del límite, sino que Alemania calcule las balanzas fiscales. Por lo visto, Junqueras no presta demasiada atención a las publicaciones de su partido.

En su larga respuesta, Junqueras esquivó la cuestión, no se atrevió a repetir su tajante afirmación acerca de la agraviante comparación con Alemania y se escabulló por la tangente. Ajeno al asunto que se debatía, siguió repitiendo su mantra de que «la cuestión básica es ¿tenemos los ciudadanos de Cataluña el derecho a decidir qué hacemos con nuestro esfuerzo fiscal de la misma manera que tenemos derecho a decidir nuestro futuro político?».

El vicepresident Junqueras reiteró una vez más el argumento infalible, muy de moda en los últimos tiempos y que ha triunfado con el brexit: que nuestro dinero, el de los catalanes, se quede en Cataluña y que nosotros, los catalanes, hagamos nuestras leyes sin consideración alguna por los beneficios que comporta formar parte de un proyecto común con los vecinos. Como he dicho antes, Farage y Junqueras tienen el mismo discurso. Aunque uno sea un representante de la derecha neoxenófoba europea y el otro se autocalifique de izquierdas, su pensamiento es el mismo y contrario al que sirve de base para el progreso de la UE.

En todo el debate, Oriol Junqueras no contestó ni uno de los datos que aporté y que contrasté con sus declaraciones, a pesar de que Josep Cuní fue mostrando en pantalla tanto las frases textuales del propio Junqueras como los datos oficiales que las desmienten. La única respuesta de alguien enfrentado a sus propias palabras fue negar que lo hubiese dicho y que todo eran invenciones mías. Pero hoy todo lo que se dice o se escribe queda registrado y se puede comprobar.

El naufragio argumental de Junqueras fue reconocido incluso desde su propio campo, como hizo el diario de línea editorial independentista Ara. Pero dudo que el debate sirviera para cumplir con el consejo de Ernest Lluch.

Estoy sinceramente convencido de que el debate independentista catalán bajaría mucho su nivel de tensión si los políticos independentistas reconocieran de una vez por todas las posverdades (es decir, las falsedades) con que nos han traído hasta aquí.

Pero no solo no lo hacen, sino que se empecinan en el error amparándose en argumentos suministrados por académicos a los que ya no sabes si atribuirles una injustificada ignorancia o una adicción al pesebre de TV3.

El error de siempre de los independentistas

sobre las balanzas fiscales alemanas

Junqueras tuvo bien fácil zanjar el debate sobre esas comparaciones utilizadas de manera constante para justificar el supuesto expolio fiscal. Podría haber dicho que estudiaría la cuestión y publicaría una breve nota con los enlaces correspondientes a las balanzas fiscales alemanas de los últimos cinco años y la legislación constitucional que fija el límite... y que la embajada alemana no ha sido capaz de encontrar. Y aceptar que, si sus argumentos resultaban ser un invento sin base, lo reconocería sin ningún problema.

En su lugar, los economistas independentistas mediáticos se lanzaron una vez más a las redes mostrando unas supuestas balanzas fiscales (y digo «supuestas» porque nada tiene que ver con las balanzas fiscales calculadas por la Generalitat) que cualquiera puede encontrar con una simple búsqueda en Google y que, efectivamente, muestran un déficit fiscal irrisorio. Me produce bochorno ver hasta qué punto algunos catedráticos de universidad que en su día tuvieron algún reconocimiento académico son capaces de actuar con tanta insolvencia intelectual y, además, saltarse las mínimas reglas del respeto entre personas e incitar al odio al discrepante.

Una vez tras otra, todos estos economistas abanderados de la causa independentista cometen el mismo error: confundir el sistema de nivelación horizontal del sistema alemán con las balanzas fiscales. Hacerlo viene a ser como confundir el programa de becas comedor de una comunidad autónoma con su presupuesto de educación.

Para el lector interesado, veamos cómo funciona el sistema alemán.

El artículo 106 de la Constitución alemana determina que los principales impuestos (el de la renta, el de sociedades y el IVA) sean «impuestos compartidos». Así pues, imaginemos una tarta con ese nombre.

La tarta de «impuestos compartidos» se divide en tres partes: una se la queda el Estado; otra, los länder; y otra, mucho más pequeña, los ayuntamientos. Es el llamado «reparto vertical», que se lleva a cabo de la siguiente manera:

• Al Estado le corresponde el 42,5 % del impuesto de la renta, el 50 % del de sociedades y el 52 % del IVA. Además, el Estado se queda con la mayoría de lo que en España llamamos «impuestos especiales», los cuales gravan los combustibles y el tabaco.

• A los länder les corresponde el 42,5 % del impuesto de la renta, el 50 % del impuesto de sociedades y, en 2015, el 45,5 % del IVA.

• Y a los ayuntamientos, el 15 % del impuesto de la renta y, en 2015, aproximadamente un 2,5 % del IVA.

Acto seguido, se divide el trozo de tarta de los länder en dieciséis porciones, una por cada land. Es lo que se denomina «reparto horizontal»:

• A grandes rasgos, el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se reparte proporcionalmente a la aportación de cada land.

• En cambio, el IVA se reparte de una forma muy solidaria: hasta un 25 % se reserva para los länder pobres y el 75 % restante se reparte según el número de habitantes. Este reparto tiene un efecto muy redistributivo e igualador de lo que recibe por habitante cada land. En España el reparto de la recaudación por IVA es menos redistributivo, porque se hace proporcionalmente al consumo, lo que favorece a las regiones más ricas, donde este factor es lógicamente mayor que en las regiones más pobres.

• Una vez que se ha hecho todo este reparto, se lleva a cabo la «nivelación horizontal» entre los länder —que, en alemán, recibe el nombre de Länderfinanzausgleich—, por la que los cuatro estados más ricos (Baviera, Baden-Württemberg, Hesse y Hamburgo) transfieren recursos a los doce länder restantes. Este paso mueve relativamente pocos recursos comparado con el presupuesto público alemán: un total aproximado de 10.000 millones de euros en 2016, de los cuales el principal beneficiario es Berlín, que recibió casi 4.000 millones. Para hacerse una idea, el presupuesto federal de 2017 incluye una partida de 19.000 millones solamente para financiar los gastos de acogida a los refugiados.

Y finalmente, después de los repartos vertical y horizontal, existe un último paso en el que el Estado hace transferencias directas a los länder más pobres para financiar diversas políticas de desarrollo.

Veamos ahora la diferencia entre la nivelación horizontal y la balanza fiscal.

Baviera, por ejemplo, transfiere dinero a Berlín de tres maneras:

a) El Gobierno federal gasta su parte de la tarta, a la que ha contribuido Baviera, por todo el país como considera oportuno; por ejemplo, en el sueldo de la canciller Merkel y en el de muchos otros funcionarios del Gobierno federal con residencia en Berlín.

b) Baviera dedica parte de su trozo a Berlín en la nivelación horizontal.

c) El Gobierno federal gasta otra parte de su porción, a la que ha contribuido Baviera, en las transferencias directas a Berlín.

Teniendo en cuenta toda Alemania y no solamente Berlín, la balanza fiscal de Baviera es la suma de:

a) su contribución al gasto del Gobierno federal, que este gasta fuera de Baviera en su acción ordinaria (pensiones, bases militares, institutos de investigación, acogida de refugiados, contribuciones a la Unión Europea, las embajadas en el extranjero y un largo etcétera);

b) su contribución a la nivelación horizontal;

c) su contribución al gasto del Gobierno federal en las transferencias directas.

Klaus-Jürgen Nagel, profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha escrito un par de artículos en los que, como buen conocedor del sistema alemán y del debate político catalán, explica con precisión el error en que caen los independentistas: simplemente toman una parte, la nivelación horizontal (b), por el todo (a + b + c), cometiendo así el error de no contabilizar la parte de la balanza fiscal que resulta de la acción del Gobierno federal.

El primero, publicado en septiembre de 2012, se centraba en los límites de la solidaridad territorial alemana y su subtítulo ya daba la pista para deshacer el entuerto: «Los mecanismos de la nivelación financiera están lejos del concepto de déficit fiscal». El artículo comenzaba así:

En la discusión sobre el déficit fiscal catalán, muy a menudo se esgrime el ejemplo alemán. Se afirma que incluso en la federal Alemania, la solidaridad tiene límites, y alguien se atreve a fijar este límite en un 4 % del PIB per cápita. [...] Conceptos como «déficit fiscal» sonarían a chino en Alemania; en cambio aquí, en Cataluña, fácilmente se confunde con la nivelación horizontal financiera.³²

El título del segundo, incluido en una revista que publica la Fundació Josep Irla, el think tank de ERC, era «Solidaridad territorial en Alemania: cuando el sur paga al norte (y al este)». En este texto, impreso en el verano de 2013, el profesor Nagel afirma:

Quizá un lector catalán se sorprenda de que en Alemania no se han calculado balanzas fiscales por ningún método [...]. Las balanzas de la nivelación horizontal no son las balanzas fiscales, ya que no incluyen las inversiones del Gobierno federal.

Nagel también proporciona algunas consideraciones interesantes respecto al reparto de la «tarta» fiscal alemana:

La capacidad normativa sobre los impuestos importantes reside en exclusiva en la federación (con las dos cámaras con poderes iguales al respecto). Así, los länder tienen menos capacidad legislativa que las comunidades autónomas españolas, que al menos pueden legislar sobre sus tramos autonómicos. Como en el Estado español y de hecho con cuotas no muy distintas, los ingresos de los impuestos más importantes se comparten entre el Estado y los länder.

[...] Alemania representa un caso de solidaridad interterritorial muy extremo, mucho más que en otras federaciones, con inclusión de las que tienen un Estado del bienestar muy desarrollado.³³

De hecho, Isaac Lluch —el corresponsal del diario Ara en Berlín— ya publicó un artículo en 2011 titulado «El falso espejo de las balanzas fiscales alemanas», con un subtítulo revelador: «CiU y ERC hacen paralelismos entre la financiación de los länder y el autonómico, pero tienen poco que ver».³⁴

Pero a pesar de toda esta avalancha de aclaraciones, cuando en la tertulia del programa El món a RAC1, líder de audiencia de la radio catalana y que dirige Jordi Basté, el periodista y presentador Xavier Sardà afirmó en su día que en «Alemania no se publican las balanzas fiscales», la política y tertuliana Pilar Rahola contestó invariablemente que eso no era así porque «los ciudadanos de Baden-Württemberg saben perfectamente lo que pagan».

Lo que saben los ciudadanos de Baden-Württemberg es su contribución a la nivelación horizontal, cuyos resultados se encuentran rápidamente en Google, pero no tienen ni idea de cuál es su balanza fiscal con la Administración federal de Alemania, sencillamente porque, como explica Nagel, no la calcula nadie.

Y también hay que notar que los temas de financiación necesitan la aprobación del Bundesrat —o Consejo Federal—, que siempre se pone como ejemplo de «Senado» territorial en el que efectivamente están representados los dieciséis länder alemanes. Sin embargo, como explica el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, «al existir una minoría de cuatro länder contribuyentes, la experiencia demuestra que es muy difícil reducir las transferencias contra el voto mayoritario de los doce länder receptores».³⁵ Y por ello, Baviera ha recurrido al Tribunal Constitucional alemán para intentar reducir su solidaridad fiscal.

La comparativa internacional de las balanzas fiscales de Cataluña

Pero Pilar Rahola, cuya especialidad no es precisamente la Hacienda Pública comparada, solamente repite lo que le han dicho y han publicado profesores universitarios que son miembros del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), como ella, y responsables de la elaboración de las balanzas fiscales de la Generalitat.

Para los españoles que no lo sepan, el CATN es el organismo oficial de la Generalitat que ha elaborado diversos informes (diecinueve, en el momento de escribir estas líneas) para informar a la ciudadanía sobre los costes y las ventajas de la independencia.

Su vicepresidenta, la economista Núria Bosch, es la autora de un informe publicado en mayo de 2013, por la Fundació Josep Irla, en el que dice:

La mayoría de los países descentralizados —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y la propia UE— calculan anualmente los saldos fiscales con el Gobierno federal. Estas cifras se publican y están disponibles para el conjunto de la población, lo que se puede interpretar como un síntoma de transparencia y madurez democráticas. La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate; el oscurantismo, por el contrario, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se basen antes en los tópicos, los perjuicios y la explotación del agravio y del resentimiento, que en el conocimiento veraz de la realidad.³⁶

Veamos en qué consiste ese «conocimiento veraz de la realidad» que se reclama y aparentemente se practica.

A pesar de ser un estudio publicado en 2013, las únicas cifras que Bosch aporta en él son muy anteriores: las de Estados Unidos se remontan a 2005; las de Canadá, a 2004; y las de Australia, a 2011.

Por mi parte, también he consultado con las embajadas de esos países si publican sus balanzas fiscales o no. La respuesta ha sido unánime: ninguno lo hace. La embajada estadounidense respondió que el Gobierno federal de Estados Unidos no publica las balanzas fiscales de los estados federados, aunque reconoce que organizaciones privadas como la Tax Foundation y medios de comunicación como The Economist sí han hecho estudios al respecto en alguna ocasión. Los representantes de Canadá afirmaron que en su país no se publican de manera sistemática y oficial las balanzas fiscales de las provincias, aunque se han publicado puntualmente estudios sobre esta cuestión por parte de centros de investigación o gobiernos provinciales. Además, añadieron, este tema fue muy debatido en los años 2005-2006 y la conclusión general de los expertos fue que los cálculos son arbitrarios y se trata más bien de una cuestión política. Y la embajada australiana remitió mi consulta a la Australian High Commission en Londres, que respondió que su Gobierno «no calcula las balanzas fiscales con los Estados».

Demostrando un sorprendente desconocimiento en alguien que pasa por ser experto en la materia, al menos autoproclamado, el economista, profesor y político Germà Bel, también miembro del CATN, no tuvo reparos en declarar en la emisora Catalunya Ràdio que, en Alemania, «el Estado solo interviene en el IVA. Adoptemos el sistema alemán. La agencia tributaria alemana no es consorciada», así como que «Baviera es Estado de Baviera, no es estado de Alemania. A ver si nos aclaramos de una vez. Baviera es Estado de Baviera. República Federal Libre de Baviera. No es estado de Alemania».

A mí, que he sido presidente del Parlamento Europeo, estas declaraciones me producen sonrojo. La realidad es que, como he señalado, el Estado alemán legisla y participa no solamente del IVA, sino también de los otros impuestos. Y que si bien la denominación oficial del land de Baviera es Estado Libre de Baviera, está tan sujeto a la Constitución alemana como los demás länder. Una Constitución que, por cierto, contiene artículos como estos:

• Las leyes federales tendrán precedencia sobre las leyes de los länder.

• Si un land no cumple los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal; para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno federal tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los länder y a las autoridades de los mismos.

• Los partidos [políticos] que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la propia existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales.

Pues menos mal que Baviera es la «República Federal Libre de Baviera» y no un estado de Alemania... Si el desvarío secesionista provoca estas actitudes en gente que tiene la obligación de estar informada, es fácil imaginar el efecto que tales declaraciones producen en personas que no tienen por qué ser expertas en la materia.

Espero que en este punto el lector, sea catalán o español no catalán, sepa ya identificar los errores con los que la propaganda secesionista alimenta su imaginario.

Los déficit fiscales autocalculados

Ninguno de los países que se dan como ejemplos calculan las balanzas fiscales, como ya he mostrado, pero sí acostumbran a hacerlo los gobiernos regionales de las regiones ricas o bien ciertas instituciones académicas radicadas en ellas. Y todos dan unos déficits comparables o más altos que los que la Generalitat calcula para Cataluña: el estado de Australia Occidental, el mayor del país, se autocalcula un déficit fiscal del 7,6 % de su PIB; la región italiana del Véneto estima el suyo en un 12,27 %; la Universidad de Alberta concluye que el déficit de esta provincia canadiense es del 8 %; y la Universidad de Lovaina afirma que en esta región belga alcanza el 7,5 %.

En una entrevista publicada en julio de 2012, el ministro de Finanzas bávaro, Markus Söder, dio una aproximación al déficit fiscal de Baviera: «Al menos el 15 % de los impuestos pagados por Baviera va a los länder más pobres».³⁷ Como Alemania recauda el 40 % de su PIB en impuestos (siendo el porcentaje en Baviera probablemente superior), esto significa que los bávaros transfieren al menos el 6 % de su PIB a los länder más pobres (lo que supone el 15 % del 40 %). Y como el Gobierno federal también gasta e invierte en los otros länder ricos y en el extranjero (embajadas, transferencias a la UE, etcétera), el déficit fiscal de Baviera es necesariamente muy superior al 6 % del PIB (medido de forma equivalente a como la Generalitat mide el 8 % de Cataluña).

Si las balanzas fiscales alemanas hubieran existido, el ministro bávaro las hubiera citado directamente, en vez de hacer tantos cálculos aproximados.

Como ilustración de la relevancia del sistema de financiación, resulta interesante recoger una reflexión hecha por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung y recocida también por Spiegel International en 2012:

El titular «Baviera paga, Berlín recibe» es muy simple, pero las reglas de la nivelación fiscal son muy complejas. Hay razones políticas, económicas y sociales que las justifican. Y cualquier cambio radical en el sistema violaría el imperativo constitucional de hacer las condiciones de vida iguales en toda Alemania.

Por último, cabe señalar que, el 23 de mayo de 2017, el Reino Unido publicó por primera vez sus balanzas fiscales regionales. Será interesante estudiarlas y comparar su metodología con la utilizada por la Generalitat, aunque a primera vista puede comprobarse que se utiliza el método carga-beneficio para distribuir los gastos; que son tres las regiones que contribuyen y nueve las que reciben; y que Escocia es receptora neta, un hecho que Alex Salmond negaba en los debates del referéndum sobre la independencia de este país celebrado en septiembre de 2014, cuyo resultado negativo dio lugar a su dimisión como ministro principal escocés.

La cuestión de la ordinalidad

El sistema alemán también se cita como ejemplo de cumplimiento de la llamada «ordinalidad». De hecho, es el único ejemplo que ponen los independentistas. A grandes rasgos, el principio de ordinalidad consiste en respetar que los territorios —los länder en Alemania o las comunidades autónomas en España— que son contribuyentes netos a la solidaridad interterritorial no acaben quedándose con menos recursos que los territorios receptores de sus transferencias.

Un análisis detallado de la cuestión³⁸ excede de largo el objetivo de este libro, pero sí es oportuno decir que cuando se toma en su conjunto todo el sistema de financiación, la ordinalidad no se cumple en Alemania, como también explica Nagel en sus artículos citados.

Lo cual no quiere decir que la ordinalidad y la financiación autonómica no planteen problemas en España, en particular —pero no solo— para Cataluña. Por supuesto que los hay, aunque es necesario identificarlos bien y en su justa medida. Al igual que conviene revisar los criterios de distribución de la inversión del Estado y el sistema de financiación autonómica para no dar lugar a agravios, que unas veces son ciertos y otras se magnifican de forma interesada.

Como no puedo tratar todas las cuestiones que serían pertinentes, me centraré en la cuestión de la ordinalidad en el sistema de financiación autonómico español. Adelanto que sí hay un problema, pero no es el que se argumenta ni lo sufre solo Cataluña, sino también muchas otras comunidades autónomas.

Defender el principio de ordinalidad tiene mala prensa en España, porque suena a la defensa de posiciones insolidarias. Pero depende de cómo se formule dicho principio. Se debería aceptar que es bastante lógico, y no resulta insolidario, el que las regiones ricas, después de ayudar a las más pobres, no queden en peor posición que estas.

Pero ¿en peor posición respecto a qué? ¿Cuál es la vara de medir que debe utilizarse? En otras palabras, ¿cuál es la variable que establece ese «orden» que altera las transferencias de recursos?

El Estatuto catalán, en su artículo 206.5, se refiere a la ordenación por la renta per cápita antes y después de la aplicación de los mecanismos de nivelación del sistema de financiación autonómico. Pero si la ordenación se efectúa de acuerdo con este criterio, el principio de ordinalidad se cumplía ya antes del Estatuto y se sigue cumpliendo después. Y sin demasiada dificultad, porque el orden de magnitud de las transferencias de nivelación es pequeño comparado con el de los PIB per cápita regionales, de modo que difícilmente se va a modificar una ordenación basada en ese criterio.

Así pues, lo que establece el Estatuto catalán acerca del principio de ordinalidad se cumple perfectamente. Pero no se cumpliría si el criterio ordenador fuese la financiación per cápita (en realidad, per cápita ajustada teniendo en cuenta las características demográficas de la población) que recibe cada comunidad autónoma para financiar sus competencias.

Esto lleva a considerar si Cataluña, como comunidad autónoma, está mal financiada para atender sus competencias. Mi experiencia me dice que ninguna administración se considera «bien» financiada, y la respuesta hay que darla en términos relativos a la media de las comunidades autónomas, aunque también debe tomarse en consideración la hipótesis de que el nivel medio del sistema fuese demasiado bajo, lo que enmascararía un problema diferente: el reparto de los recursos entre la Administración central y las territoriales.

El modelo de financiación del año 2001 proporcionó a Cataluña una financiación por habitante ajustado del 96 % de la media. El modelo de 2009 mejoró esta situación y, hasta el año 2012, Cataluña recibió una cifra por habitante situada justo en la media. Los datos de la última liquidación, correspondiente al año 2014, muestran que el porcentaje ha bajado hasta situarse en el 98 % de la media.

Algo más grave le ocurre a Madrid. Antes de 2009 recibía el 89 % de la media y, desde ese año hasta 2012, recibió el 97 % de la media. En 2014, el porcentaje se situó en el 98 %, exactamente como Cataluña.

Así pues, no es un problema exclusivo de Cataluña. En el resto de España se debería entender que afecta a todas sus comunidades autónomas y que debe ser resuelto para todas a la vez. Que Cataluña esté en la media no quita que la dispersión en torno a esa media no parece responder a criterios explicables. Desde 2009, sin razón aparente, Andalucía obtiene el 94 % de la financiación media per cápita; pero Extremadura, con una renta per cápita parecida, obtiene el 116 %. Murcia obtiene también el 94 %, pero Cantabria, que tiene una renta per cápita superior, obtiene el 123 %.

La ordenación de las comunidades autónomas en términos de recursos por habitante ajustado tras la aplicación del sistema no parece muy lógica. Esta situación genera una comprensible irritación en Cataluña, pero también en otras comunidades. La primera razón es la excepción vasco-navarra. La forma en la que el sistema foral se ha implementado en la práctica permite que dos de las comunidades más ricas del país no contribuyan prácticamente nada a la solidaridad interregional, y que ni siquiera paguen la parte que les toca de los servicios comunes que la Administración central nos presta a todos, lo que les deja con unos niveles de financiación homogeneizada por habitante ajustado que multiplican casi por dos la media del territorio de régimen común.

Aunque haya que recordar que Jordi Pujol no quiso en su día el sistema del País Vasco por la impopularidad que significaba recaudar impuestos y por el riesgo económico del sistema de concierto, eso no quita que esta situación deba resolverse. Pero la solución no es aproximar las comunidades más ricas al sistema foral, sino acercar las consecuencias financieras del sistema foral a las del régimen común.

Desgraciadamente, los últimos acuerdos respecto al cupo vasco a los que ha tenido que llegar Rajoy para que el PNV apruebe los presupuestos de 2017, el llamado «cuponazo», nos alejan de esta dinámica. Y debo reconocer que eso agrava el problema.

El segundo motivo de irritación es el incumplimiento del principio de ordinalidad, entendido como el cambio en la ordenación por la financiación por habitante. Como he mostrado, ese principio no se cumple en el caso de Cataluña y menos aún en el de Madrid.

Aunque la trascendencia cuantitativa de estos cambios de orden no sea muy grande y la falta de cumplimiento de la ordinalidad no implique en absoluto que «los más ricos pasen a ser más pobres», esta cuestión debe resolverse en el marco del nuevo sistema de financiación económica racionalizando los efectos del sistema de redistribución territorial.

EL BENEFICIO FISCAL DE LA INDEPENDENCIA

También es necesario revisar el cálculo del beneficio fiscal que produciría la ruptura de Cataluña con España, asimilado por los independentistas con los famosos 16.000 millones.

Lo normal en los distintos países es que existan varias Administraciones y que cada una lleve su contabilidad. Pero es raro que una Administración territorial elabore la contabilidad global de su territorio. De hecho, no existía en Cataluña hasta que Andreu Mas-Colell, siendo conseller de Economía y Conocimiento, la elaboró e incluyó en los presupuestos de 2015. El 2 de diciembre del año anterior, explicó en una rueda de prensa la esencia de esta nueva contabilidad global:

Para valorar la posición fiscal de Cataluña ante el mundo exterior y los inversores, es realmente necesario observar globalmente y de forma consolidada la acción de las tres Administraciones (Administración central, Generalitat y Administración local). Si se hace así, se obtiene una visión mucho más potente de la realidad fiscal de Cataluña.

Disponer de esa contabilidad global resulta de gran utilidad y permite, entre otros análisis, estimar el beneficio económico de la independencia, tal como hizo Mas-Colell. Lástima que ahora, con Junqueras, ya no se haga ese cálculo.

El 25 de julio de 2015, en una entrevista para el diario Ara, el periodista Antoni Bassas preguntó a Mas-Colell si sería posible resolver el eje social sin la independencia. El fondo de la cuestión era si Cataluña podría atender sus necesidades sociales sin disponer de los recursos que actualmente transfiere al resto de España. La respuesta de Mas-Colell fue:

No creo que el tema de la independencia deba plantearse en función de intereses económicos muy inmediatos. [...] Haciendo una contabilidad global como la hemos hecho en uno de los anexos a los últimos presupuestos, Cataluña estaría en superávit; con los impuestos que actualmente pagamos podemos cubrir el coste de todos los servicios públicos que recibimos y aún quedaría un pequeño excedente.³⁹

Ese pequeño excedente, como se indicó, era el resultado de la contabilidad global: «Un superávit de las Administraciones públicas en Cataluña de 2.405 millones de euros».

Albert Carreras, ex secretario general de Economía y Conocimiento, coincidió en la cifra dos meses más tarde:

El Departamento de Economía hizo el cálculo, el pasado diciembre de 2014, del presupuesto de todas las administraciones públicas en Cataluña (estatal, autonómica y local). Esta agregación se podría considerar el punto de partida del presupuesto de las administraciones de Cataluña independiente. [...] El superávit sería de 2.400 millones, el 1,2 % del PIB.⁴⁰

Así pues, ambos dirigentes, para estimar los recursos adicionales que tendrían las Administraciones públicas catalanas al proclamarse la independencia, aluden inequívocamente al resultado de la nueva contabilidad global: unos 2.400 millones de euros.

Como hemos visto, Mas-Colell opina que, al tratarse de una cantidad pequeña, no constituye una razón para plantear la independencia.

Pero ¿no eran 16.000 millones?

Preguntado por la cuestión en la emisora RAC1, el 2 de diciembre de 2015 Mas-Colell decía:

Con el criterio del flujo de caja [también denominado «del flujo monetario»], el déficit fiscal de Cataluña está alrededor de los 16.000 millones.

¿Hay contradicción en afirmar a la vez que Cataluña tiene un déficit fiscal de 16.000 millones y que el beneficio fiscal de su independencia es de 2.405 millones? No. Ninguna.

Entre otros factores que explican la diferencia entre ambas cifras, los 16.000 millones son el resultado de la balanza fiscal con la Administración central del Estado y están calculados según el método monetario, considerando que todos los servicios públicos que se prestan desde fuera de Cataluña, como las embajadas, la mayor parte de la defensa o los ordenadores centrales de la Agencia Tributaria, salen casi gratis a los catalanes. Obviamente, esto no sería así en una Cataluña independiente.

¿Saben los catalanes cuánto les costaría, según este cálculo, el sistema de representación exterior? Pues la módica cifra de un millón de euros. Sí, no se me ha olvidado ningún cero: un millón de euros. ¿Y la defensa? 350 millones de euros. Como comparación, formar parte de la OTAN, un objetivo declarado de Mas para que la defensa salga «más barata» a Cataluña, costaría unos 3.000 millones de euros. Muy realistas no parecen esas estimaciones.

En cambio, los 2.405 millones están calculados con el criterio carga-beneficio, que incluye todos los servicios públicos, independientemente desde donde se presten. Seguramente por ello, en la misma intervención radiofónica, Mas-Colell afirmó que el criterio carga-beneficio es «más realista» que el monetario.

Además, el propio Carreras reconoció en 2016 que, «comparado con un superávit previsto de 2.405 millones, la ejecución habría comportado, aproximadamente, un superávit de 428 millones de euros». Prudentemente, añadió:

[...] con cautela, la asunción de las nuevas responsabilidades de gasto propias de la Administración de un Estado independiente estarían plenamente cubiertas por los ingresos generados por la capacidad fiscal de Cataluña. Probablemente el balance sería positivo y se generaría un superávit corriente. Pero, ciertamente, las dimensiones del saldo final dependen mucho de la negociación de la distribución de la deuda, del tipo de interés vigente y del ciclo económico.⁴¹

Además, los 428 millones correspondían a 2015, que ya fue un año de clara recuperación, y no incluían los mayores costes causados por la pérdida de economías de escala, ni el pago de las pensiones a quienes han trabajado en Cataluña pero ahora están cobrando la pensión fuera de ella. Y por encima de todo se supone que todo continuaría igual, que no saldríamos de la Unión Europea y que no habría alteración ninguna de las relaciones comerciales con España.

Hay que tener mucho cuidado con cómo se interpretan las cifras y a qué magnitudes se refieren. Para los propagandistas de la fe independentista, como Junqueras, esos detalles carecen de importancia porque seguramente sí les importan. Por eso lo repitió el 30 de octubre de 2012 en una conferencia para empresarios:

Una Cataluña independiente tendría el superávit público en términos absolutos y relativos más importante de las economías occidentales.

E insistió machaconamente, como hizo el 3 de diciembre siguiente en RAC1 contestando a Xavier Sardà:

Hombre, tendríamos 16.000 millones de euros cada año; pero deje de darle vueltas a conceptos que si le parece más o menos; hablemos de números, 16.000 millones de euros más, son más dinero que todos los recortes juntos que hace la Generalitat: cuatro veces más; pues cuatro veces más son cuatro veces más; es que mira que es fácil, matemáticas básicas, esto es aritmética de segundo de primaria, ¡por el amor de Dios!⁴²

El contraste es manifiesto: 428 millones de euros, que además dependen del ciclo económico, contra 16.000 todos los años, incluidos los de la crisis, y un pequeño excedente contra el superávit público más alto del mundo occidental.

Si el ex conseller Mas-Colell creyera que la independencia produciría 16.000 millones listos para gastar, difícilmente habría hablado de un «pequeño excedente» ya que, con tal suma, prácticamente se podría doblar el presupuesto de la Generalitat para 2017 en sanidad (8.750 millones), enseñanza (4.770) y servicios sociales (2.300), que en conjunto suman 15.820 millones de euros. Y difícilmente habría dicho que el beneficio económico no es una razón para desear la independencia.

EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE CATALUÑA

El «derecho a decidir» es un eufemismo para referirse al derecho a la autodeterminación. Así, en la conferencia que pronunció en la Universidad de Columbia en abril de 2015, Artur Mas dijo:

Es un error negarnos el derecho democrático a la autodeterminación. No es justo y no es incluso prudente. El 25 de septiembre de 2012, el presidente Obama habló de autodeterminación diciendo: «Nosotros creemos que la libertad y la autodeterminación son valores universales y no exclusivos de una cultura».

Efectivamente el presidente Obama pronunció esas palabras en un discurso en la ONU. Sin embargo, si se lee el discurso, se comprobará que en todo momento se refiere a Libia, Egipto, Túnez, Yemen, Irán y otros países en los que se dan circunstancias muy diferentes de las de Cataluña.

El argumento político central independentista es que España es una democracia de segundo orden —o de baja intensidad— porque no reconoce el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pero lo cierto es que no lo reconoce nadie, ni los países que no han permitido un referéndum de independencia en regiones de su territorio ni los que sí los han autorizado. Solo lo reconocen algunas Constituciones, como las de Sudán —que ya lo ha aplicado en Sudán del Sur con los resultados que se conocen—, Etiopía, las islas de Saint Kitts, los municipios de Liechtenstein y una república uzbeka de nombre impronunciable.⁴³

El president Puigdemont contó en Londres que «el proyecto independentista de Cataluña es la revolución democrática más potente que hay actualmente en Europa». Lo cual puede ser un poco aventurado, porque hay otros casos con mayor apoyo democrático que el catalán. Por ejemplo, igual que los independentistas crean una Alemania imaginaria para intentar justificar su argumentario económico, ocultan lo que ocurre en la Italia real para que no se les pueda desmentir su argumentario político.

El presidente del Véneto es el extremadamente popular Luca Zaia, del partido político Liga Norte. Zaia arrasó en las elecciones regionales del Véneto de 2010 y obtuvo el 60,16 % de los votos. Piensen que Pujol solo llegó al 46,80 % y que JxSí (la combinación de CiU, ERC y diversos independientes) consiguió el 39,59 %, un apoyo popular muy pequeño comparado con el del amigo Zaia.

Con tan espectacular resultado, el gobernador véneto comenzó a explicar a la comunidad internacional sus planes de emular el proceso independentista catalán. Así, en febrero de 2013, Financial Times explicaba que Zaia quería un acuerdo con el próximo Gobierno italiano para retener el 75 % de sus ingresos fiscales. «El debate catalán es nuestro debate», afirmó. Para Zaia, las elecciones regionales previstas para 2015 eran la oportunidad para pedir a los votantes un mandato que condujera al Véneto a un referéndum de independencia respecto de Italia. Un año más tarde, en marzo de 2014, The Telegraph recogía estas declaraciones de Zaia: «Los catalanes tienen el mismo problema con Madrid que tenemos con Roma, somos tratados como si estuviéramos en las lejanas fronteras del Imperio romano».

Cuando Zaia fue elegido presidente del Véneto en 2010, reconoció que la Constitución italiana no permite que las regiones se independicen, pero dijo que perseguiría la independencia basada en el derecho a la autodeterminación, «aunque la lucha llevará años». Inasequible al desaliento, el 19 de junio de 2014, Zaia aprobó en el Parlamento regional una ley para hacer un referéndum consultivo sobre la independencia del Véneto apelando a su derecho a la autodeterminación.

El 29 de abril del año siguiente, el Tribunal Constitucional italiano falló que dicha ley era inconstitucional y así lo recogió su sentencia:

Contrariamente a las afirmaciones del solicitante, es jurídicamente erróneo afirmar que un referéndum consultivo equivale a cualquier otro ejercicio espontáneo de la libertad de expresión por parte de los ciudadanos de manera coordinada. [...] Los referendos populares a nivel nacional o regional, incluidos los referendos consultivos, deben llevarse a cabo con sujeción a los límites establecidos por la Constitución o estipulados sobre la base de la Constitución. [...] La unidad de la República es un aspecto del derecho constitucional que es tan esencial como para ser protegido incluso contra el poder de la enmienda constitucional.

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, «la República es una e indivisible». En consecuencia, decía el Tribunal, «la Ley Regional de Véneto n.º 16 de 19 de junio de 2014 (Convocatoria del referéndum consultivo sobre la independencia de Véneto) es inconstitucional».

Después de esta sentencia, Luca Zaia desistió de su proyecto independentista.

¿Puede ser que Italia también sea una democracia de segunda? Pues lo mismo pasaría en Francia, y un caso parecido —aunque no planteado por un Gobierno regional— ha sido resuelto de igual manera por el Tribunal Constitucional alemán. Por lo visto, estamos rodeados de democracias de «baja intensidad»...

Estados Unidos es otro de los países que no han permitido la celebración de referéndums de independencia cuando se han solicitado.

La guerra civil americana (1861-1865) estuvo precedida por tres referéndums de independencia con resultado favorable a la secesión, a los que Abraham Lincoln, el presidente estadounidense más admirado, hizo caso omiso. Lincoln manifestó: «Una parte prefirió la guerra a la supervivencia de la nación y la otra aceptó la guerra para evitar su desaparición».

Recuerdo, en la iglesia de la Universidad de Harvard, las lápidas mortuorias de las víctimas de ese conflicto al que llaman «the war to maintain the unity of the nation», una guerra para mantener la unidad de la nación en la que murieron 600.000 americanos. Poco tiempo después del fin de la contienda, el Tribunal Supremo confirmó que «la Constitución, en todas sus provisiones, fija una Unión indestructible de Estados indestructibles».

Ha llovido mucho desde su guerra civil, pero, en cuanto a la unidad, la postura de Estados Unidos no ha cambiado. Veamos dos casos recientes. En 2006, un ciudadano solicitó organizar una consulta sobre la independencia de Alaska. El Tribunal Supremo de Alaska estableció, en su sentencia 137, que «la secesión es claramente inconstitucional y por ello un objeto impropio de una iniciativa de consulta». Seis años después, en 2012, 100.000 personas firmaron una petición online solicitando al presidente Obama la independencia de Texas. El 11 de enero de 2013, la Casa Blanca emitió su respuesta oficial, en la que se decía: «La Constitución de Estados Unidos no proporciona mecanismos para salir de la Unión».

En Escocia, donde sí hubo referéndum, tampoco se reconoce el derecho a la autodeterminación. En la ley que articuló la consulta, la Scottish Independence Referendum Act 2013, no hay mención alguna al mismo. En una entrevista en El món a RAC1 realizada por el periodista Jordi Basté el 19 de marzo de 2015, Alex Salmond —ex primer ministro y líder del movimiento independentista escocés— dijo:

La gente que conoce mejor a David Cameron le dirá que la razón por la cual aceptó el referéndum es que creía que el apoyo a la independencia sería de menos del 30 %. No calculó bien. Creyó que tendría una victoria fácil y no fue así. Le dijeron que el «sí» perdería con menos de un 30 %.

En efecto, el entonces primer ministro del Reino Unido, hasta su dimisión en julio de 2016, estaba convencido de ello y así lo contaba en las cumbres internacionales.

Cameron apostó por los referéndums como mecanismos para zanjar disputas políticas. En Escocia lo consiguió, pero con el brexit le salió mal. Y ahora, de la izquierda radical a la derecha conservadora, muchos opinan que ha sido el peor primer ministro de la historia del país por su frivolidad al jugarse el futuro del Reino Unido, y en especial de las venideras generaciones, en un referéndum. Solo los simpatizantes del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés) y el ala antieuropea del Partido Conservador mantienen un cierto respeto por Cameron.

En la entrevista citada, Salmond dejó claro que el referéndum escocés no fue fruto de un derecho que los dirigentes de Escocia habían decidido ejercer cuando lo consideraron oportuno, sino después de un siglo de buscar un acuerdo. Y, además, insistió una y otra vez en que la única solución era persistir hasta la consecución de un acuerdo:

El acuerdo de 2012 [para el referéndum de 2014] estuvo precedido de más de un siglo de no tener acuerdo, y pasaron muchos años, hasta que Londres aceptó un proceso pactado. [...] Yo podría haber hecho un referéndum sin acuerdo en cualquier momento, pero las consecuencias son tan importantes como el proceso.

La sucesora de Salmond, Nicola Sturgeon, quiere organizar un segundo referéndum en Escocia, pero la primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que no piensa autorizarlo por el momento. Utilizando la técnica de Jordi Pujol, su respuesta ha sido «ahora no toca». Si Escocia tuviera derecho a la autodeterminación, no sería la primera ministra británica la que pudiera decidir cuándo toca o no ejercerlo.

La situación es muy parecida en Canadá respecto a la provincia de Quebec. En 1979, un año antes del primer referéndum, la independencia registraba un apoyo de solo el 18 % de la población quebequesa, con lo que Pierre Trudeau, entonces primer ministro de Canadá, pensó que el referéndum no tenía riesgos.

Después del segundo referéndum, celebrado en 1995, el primer ministro Jean Chrétien explicó que

quería hacer desaparecer el mito de los separatistas por el cual Quebec tenía el derecho a la autodeterminación según la ley internacional; de hecho, el derecho a la autodeterminación es reconocido solamente en situaciones donde un pueblo está sufriendo opresión extrema o subyugación colonial, nada de lo cual podía decirse ni por asomo del pueblo de Quebec.

Por esta razón la Corte Suprema elaboró la ley de Claridad, que para nada fue aceptada por los independentistas. Aprobada en 2000, en ella se dice:

La Corte Suprema de Canadá confirma que no hay ningún derecho en el derecho internacional o en la Constitución de Canadá para que la Asamblea Nacional, el Parlamento o el Gobierno de Quebec puedan efectuar la secesión unilateral de Quebec respecto de Canadá.

Esta ley establece que el Gobierno central deberá entrar en negociaciones en el caso de que un referéndum produzca una amplia mayoría, cuya dimensión no fija, sino que deja que la valore el Gobierno central. Justin Trudeau, el actual primer ministro de Canadá, ha dicho que para él sería necesaria una mayoría de dos tercios de los votos. Y Chrétien ha criticado a Cameron por permitir que los referéndums que ha autorizado se pudieran decidir solamente por un voto.

Adicionalmente, la ley de Claridad establece que el Gobierno central evaluará durante las negociaciones eventuales cambios en las fronteras de Quebec según como se haya distribuido territorialmente el voto.

Es fácil observar que lo que existe en Canadá no es el derecho a decidir la secesión, sino a la negociación en determinadas circunstancias. Que es mucho, pero no es lo mismo.

Así pues, hay dos clases de países: los que permiten un referéndum de secesión y los que no (la gran mayoría). Y en ningún caso se reconoce el derecho a la autodeterminación, excepto en algún país como los citados que no constituyen una referencia para el caso español.

LAS VÍAS DE SALIDA

La sociedad catalana vive un empate entre una mitad que se reconoce en una identidad exclusivamente catalana, que reclama la construcción de un Estado propio, y otra mitad que no quiere renunciar a su condición de españoles, y la considera compatible con su identidad catalana, o cree que los costes de una secesión serían demasiado grandes.

¿Cómo salir de esta situación que amenaza con sumir a Cataluña en la frustración y la melancolía?

Desde luego, no pretendiendo proclamar la independencia de manera unilateral. Personajes como Oriol Junqueras y Carme Forcadell han manifestado públicamente desear la independencia a cualquier coste y ejercen de simpáticos flautistas de Hamelín que nos conducen gozosos al precipicio. Pero al menos tienen la sinceridad de sus convicciones. Otros, como Artur Mas, se han comportado de forma oportunista, con una chulesca irresponsabilidad, consiguiendo destruir a su partido y salir del Gobierno.

Pretender conseguir la independencia es una opción política legítima, como ha señalado el Tribunal Constitucional; de lo contrario, no serían legales los partidos políticos que la defienden. Pero pretender hacerlo por una mayoría simple de diputados, cuando hacen falta dos tercios para reformar el Estatuto o para tomar decisiones de importancia infinitamente menor —por ejemplo, suprimir un organismo como TV3—, es un despropósito. Y hacerlo de forma unilateral, rompiendo con la legalidad constitucional, es un viaje a ninguna parte que sitúa a las instituciones catalanas fuera de la ley.

Cataluña no será independiente porque su Parlamento lo proclame. Lo será si los demás Estados, y en particular los que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, reconocen dicha independencia. Y con el derecho internacional en la mano, eso no ocurrirá. Y sin ni siquiera ser reconocidos como un Estado, los catalanes saldríamos de la UE y del euro.

O sea que dejemos de ensoñarnos con proyectos de imposible cumplimiento.

Seguir celebrando «consultas» sin base legal ni efectos prácticos tampoco sirve para nada. Celebrar un referéndum de autodeterminación (en el lenguaje del procés, ejercer el denominado «derecho a decidir») no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional actual. Y no somos un caso muy raro: lo mismo ocurre en países como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, cuyas Constituciones deben ser de tan «baja intensidad democrática» como Artur Mas cree que es la española. No le demos más vueltas, y digamos la verdad: el «derecho a decidir» no existe en el derecho positivo, ni en el nacional, ni en el internacional.

Si se trata de un sucedáneo del derecho a la autodeterminación, hay que decir que el pueblo de Cataluña no es titular de un derecho a la autodeterminación en su aspecto externo, de acuerdo con lo dispuesto en el derecho internacional, y por eso Cataluña no sería reconocida después de una declaración unilateral de independencia. Y tampoco lo es desde el punto de vista de lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico interno. Ningún Gobierno español autorizaría un referéndum de autodeterminación, y si lo hiciera, el Tribunal Constitucional, que ya ha dejado clara su posición al respecto, lo impediría.⁴⁴

Mejor dediquemos nuestros recursos y nuestras energías a algo más constructivo.

Defiendo que ya es hora de hablar con claridad y responsabilidad. Ya está bien de engañar a la gente envolviendo sus propuestas con demenciales referencias a la singularidad de los genes catalanes más parecidos, según Junqueras, a los de franceses y suizos que a los del resto de los españoles, o a la existencia de un superior ADN cultural carolingio en Cataluña, según Mas, derivado de su pertenencia a la Marca Hispánica en el siglo IX.

Que tales soluciones resulten imposibles —por grandes que sean los errores factuales y las falsedades de los independentistas y la pésima gestión de los gobiernos españoles del PP— no quiere decir que no debamos resolver el grave problema en la relación entre Cataluña y España.

Una sociedad no puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si la mitad de sus ciudadanos está convencida de que estaría mejor sin este. Y me temo que la «conllevancia» orteguiana no es ya la solución, si es que alguna vez lo fue. Es cierto que en muchos países, como Canadá, Italia, Bélgica e Italia, incluso en Alemania y ya veremos si en el Reino Unido, el «ir tirando» ha sido la solución práctica a falta de otra. Pero en nuestro caso las cosas han ido demasiado lejos, y la abúlica indiferencia de Rajoy ha agravado el problema hasta requerir soluciones estructurales.

Cualesquiera que sean esas soluciones, que por su carácter estructural llevarán tiempo, tenemos que restablecer urgentemente el diálogo, mejorar la información, estrenar el respeto y tomar las medidas financieras y fiscales necesarias para que la proporción de independentistas disminuya. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer de forma inmediata, y no requieren grandes acuerdos ni reformas constitucionales.

Los secesionistas deberían suspender la celebración de ese referéndum de autodeterminación que tan solo serviría para aumentar la escalada de la tensión. El Gobierno español debería esforzarse en resolver los problemas, grandes o pequeños, que son utilizados para alimentar y amplificar el sentimiento de agravio.

Por ejemplo, y sin ningún ánimo de exhaustividad, podría conseguirlo resolviendo los conflictos competenciales pendientes; procurando recuperar los elementos de autogobierno que la propia sentencia del Tribunal Constitucional indicaba que se podrían aceptar modificando leyes orgánicas; asegurando la presencia de la lengua y la cultura catalana en la Unesco; resolviendo los actuales problemas del sistema de financiación autonómica, evitando que la cuestión de la «ordinalidad» siga siendo un tema tan polémico como hasta ahora; financiando la ley de la Dependencia; revisando la distribución territorial de las inversiones públicas, impulsando de verdad el corredor mediterráneo y el eje pirenaico en su conexión con Aragón, donde no se ha dado un golpe de pala desde que yo dejé el Ministerio de Obras Públicas hace ya veinte años; mejorando los servicios de cercanías; aumentando la cooperación del Gobierno español con la ciudad de Barcelona, y un larguísimo etcétera.

Mientras todo eso se hace, se tiene que elegir una vía de solución. Básicamente hay dos opciones, y ambas requieren un proceso de diálogo, negociación y pacto, que es la única salida al problema: la de una solución singular y específica para Cataluña, la que se ha venido en llamar el «encaje de Cataluña en España» —como han propuesto, entre otros, Miguel Herrero de Miñón—, y la de la reforma del Estado en clave federal para resolver las disfunciones del modelo autonómico, promover el plurilingüismo en España y defender activamente el bilingüismo en Cataluña.

La primera solución tiene la ventaja de ser más sencilla en su redactado y más fácil de implementar, pero seguramente también más difícil de negociar y de aceptar por el conjunto de España.

La segunda puede ser muy laboriosa, pero más resolutiva frente a los problemas pendientes y con mayor potencial de futuro. Porque no solo hay un problema de Cataluña con España, también existe un problema general de diseño del funcionamiento del Estado español en la distribución territorial del poder, de los recursos y de las responsabilidades.

En palabras de Joaquim Coll, la solución no es tanto la de singularizar Cataluña, que podría devenir en una nueva versión de la caduca «conllevancia» orteguiana, sino la de federar España culminando así lo que ya estaba en germen en el debate constitucional de 1978, yendo más allá de lo jurídico, para recuperar emocionalmente a esa parte de la sociedad catalana que ha dejado de sentirse española.⁴⁵

Por eso yo me inclino por esta segunda solución, como ha hecho el PSC y ha teorizado Miquel Iceta en su obra citada. Hace falta contar para ello con el apoyo del socialismo español, mucho más fácil ahora con Pedro Sánchez como secretario general, y la participación del PP. No podemos volver a cometer los errores de tramitación del Estatuto. Y así los catalanes, y todos los españoles, van a poder votar un nuevo marco de relaciones entre sus territorios, y después los catalanes podrán volver a votar un Estatuto acorde con una Constitución reformada.

Pero, y para acabar, cualquiera que sea la solución que se negocie y acuerde, conviene saber que no prosperaría si no se tiene y se aplica una estrategia de comunicación que equilibre y contrarreste la capacidad propagandística del secesionismo sobre la población catalanohablante, desmintiendo su relato de agravios, opresión y toda suerte de males y desgracias que afligen a Cataluña como consecuencia de su pertenencia a un Estado fallido como se dice que es España, del cual conviene separarse cuanto antes.

En el fondo, esta es una lucha por el poder. Y la verdad suele ser la primera víctima de esta clase de conflictos. Los independentistas han faltado gravemente a la verdad al exponer sus argumentos, sin que esto quiera decir que no les asiste la razón en algunos casos. Pero ya se sabe que la peor mentira es la que tiene una parte de verdad, pues resulta simpática a quien la escucha, de modo que está dispuesto a creerla, y se repite machaconamente una y mil veces hasta convertirla en certeza inapelable.

Sin unos medios y una política de comunicación igualmente potente, cualquier solución fracasará, porque siempre será presentada como tardía o insuficiente o será deformada e ignorada. Y esa política de comunicación no hay que hacerla solamente en Cataluña por y para los catalanes, sino también en el resto de España, para deshacer algunos de los estereotipos que dominan el debate de lo español frente a lo catalán.

* *

Llegamos muy tarde para cumplir con esos objetivos. Hemos dejado sin respuesta durante demasiado tiempo los mitos, los errores y las falsedades del relato secesionista, y también las razones objetivas que lo han alimentado.

Pero como dice Antonio Machado en uno de sus más cortos y hermosos poemas, es el momento de hacerlo, porque ayer no lo hicimos y porque mañana será tarde.

LA DENSA ESPIRAL DEL SILENCIO

FRANCESC DE CARRERAS

El sino político de la tierra catalana, desde que España se constituyó en unidad nacional a fines del siglo XV, ha sido constantemente un sino protestatario. Mal avenida con el uniformismo creciente del Estado español, Cataluña ha vivido, políticamente hablando, en un estado de malhumor y enfurruñamiento constantes. Unas veces, la mayor parte del tiempo, dormitando acurrucada al margen de la vida pública, replegada en sí misma [...]; y otras veces, de pronto, dando unos bruscos estallidos anárquicos, que nunca, ni remotamente, le resolvían nada a ella, pero tan fuertes, de una realidad tan brutal, que bastaban para hacer tambalear a España entera. Pasadas estas convulsiones volvía siempre el aparente sopor.

AGUSTÍ CALVET, GAZIEL¹

Este trabajo no pretende dar una solución a la complicada encrucijada actual de Cataluña porque el autor no la sabe. Sí sabe, en cambio, lo que ha sucedido en los últimos años e, incluso, por lecturas, lo que sucedió un poco más atrás.

Empieza, me parece, por donde debe: por la ideología nacionalista, causa causorum de todo. Valentí Almirall, Josep Torras i Bages, Prat de la Riba. Tres nacionalistas de tendencias distintas pero con un sustrato común, muy parecido, si no igual, al del nacionalismo catalán de hoy. Por eso digo que este nacionalismo lo que tiene de malo, de poco respetuoso con la libertad y la democracia, es ese sustrato, esas reglas de juego establecidas previamente sin que nadie las haya votado y que ni siquiera pueden ser debatidas porque son consideradas, por un misterioso y desconocido sanedrín que por lo visto nos gobierna, como dogmas no susceptibles de discusión.

¿Este nacionalismo, catalanismo político si se quiere, se adapta al mundo de hoy? Ciertamente, aquella doctrina que nació como un intento de regenerar una sociedad y un Estado de finales de siglo XIX, hoy se encuentra con una sociedad y un Estado absolutamente transformados. En ocasiones se tiene desde Cataluña una visión de España, o de Madrid, Andalucía o Castilla, completamente irreal. Ha cambiado mucho Cataluña, también ha cambiado el resto de España, afortunadamente para ambos. Por ahí, a menudo, el catalanismo político anda errado y despistado. Es buena compañía el resto de España, en conjunto somos un gran país de la Unión Europea.

Otro problema con el que topa el nacionalismo catalán de hoy es que sus principales reivindicaciones históricas ya se asumieron con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979. Se da la paradoja, tan frecuente, de que no te enteras, o no quieres enterarte, de tu victoria. Naturalmente que no era el techo máximo del nacionalismo —es decir, la independencia, el Estado propio—, pero sí se solucionaron en la Transición sus tres pretensiones básicas: un poder político autónomo con muy amplias funciones, el catalán como lengua oficial y de libre uso, la cultura como competencia exclusiva del poder autónomo. Que se ejerzan mal estas competencias solo es culpa, en todo caso, de los gobernantes catalanes.

Probablemente el gran error, allí donde empezamos a circular por una pendiente cuesta abajo, fue no reconocer que la autonomía propia era muy amplia y lo que debía pedir la Generalitat era participar en las instituciones y en el Gobierno de España. El nuevo Estatuto fue un error, un error capital, que dio lugar a una absurda pugna entre los nacionalistas por cuál era el partido más nacionalista. La batalla acabó donde quizá no hubieran querido llegar algunos: el más nacionalista es el que pide la independencia, algo cuestionable. Quizá si por nacionalista se entiende aquel que profesa amor a su pueblo, la consecuencia es que lo es quien quiere lo mejor para sus ciudadanos. Aunque llegados a este punto, la preservación de la identidad, ese misterio, con frecuencia este atraso y esta cárcel para ciudadanos libres, juega malas pasadas. Cruje a la democracia. Un error el nuevo Estatuto, una espantada partidista, racionalmente injustificada y de graves consecuencias posteriores.

Porque allí empezó la deriva que hoy enfrenta a ciudadanos de un mismo país, de Cataluña, y a la vez con repercusiones en el resto de España. El «España nos roba» hizo mucho daño; aprovechar la grave crisis económica para dar una puñalada por la espalda, también. Se rompieron afectos, se saltaron límites. Y lo peor, hoy de gran actualidad, las autoridades de la Generalitat enseñaron a despreciar el derecho, a saltarse las normas, sin ocultarlo, haciendo ostentación de ello. Quien no respeta el Estado de derecho no es un demócrata: eso, llevados por la pasión, es lo que no han entendido muchos nacionalistas catalanes.

En esas estamos. No parece anunciarse un final feliz; alguien va a perder, quizá un poco todos. Las páginas que siguen tratan de todo esto, intentan informar de lo sucedido, no aventuran lo que va a suceder ni lo que sería aconsejable. El lector debe hacer su propia composición de lugar.

LA TRADICIÓN DEL CATALANISMO POLÍTICO:

UNA IDEOLOGÍA TRANSVERSAL

Lo que hoy suele llamarse «catalanismo político» se inició durante el último tercio del siglo XIX.² Sus precedentes, sin embargo, los hallamos en los decenios anteriores. Primero, en el grupo de conservadores catalanes, liberales moderados, poco democráticos y anticentralistas, representativos de la forma de pensar y de los intereses de la ascendiente burguesía industrial de mediados del siglo XIX, cuyas figuras visibles fueron Joan Mañé i Flaquer, director del Diario de Barcelona, y el jurista Manuel Duran i Bas, el más cualificado discípulo de Friedrich Karl von Savigny en España. Segundo, en el núcleo de federalistas republicanos, con una ideología claramente individualista, liberal y democrática, con fuerte influencia en el naciente movimiento obrero, y cuyo representante intelectual y político más destacado fue Francisco Pi i Margall.

Ambas tendencias tenían raíces ideológicas y defendían intereses sociales muy distintos, aunque coincidían en una idea común: el rechazo a una concepción centralista de España pero también a la ruptura de la unidad española. Todo ello acabó confluyendo en la Renaixença, un amplio y variado movimiento cívico y cultural, de naturaleza romántica, preocupado sobre todo por encontrar en el pasado las raíces históricas de una identidad colectiva catalana diferenciada de la española.

El paso desde este movimiento cívico y cultural a un movimiento político tuvo lugar durante la Restauración. La negativa de los gobiernos españoles, tanto conservadores como liberales, a admitir cualquier forma de descentralización política, ni siquiera la Administración local o regional, así como su intento de fundar el Estado en una visión de España como «nación única, antigua, castellanizada y homogénea»³ impidieron que las ideas de la Restauración española fueran dominantes en Cataluña.

De este rechazo surgió el catalanismo político: un movimiento transversal que supo trazar un terreno común con unas reglas implícitas propias, es decir, un campo de juego que debe ser obligatoriamente compartido tanto por formaciones políticas de derechas como de izquierdas. El catalanismo se convirtió así, hasta la actualidad, en un título de legitimidad imprescindible para actuar en la política catalana: quien no se sitúa dentro de su ámbito es visto como un agente de poderes externos al servicio de intereses foráneos contrarios a los intereses de los catalanes.

¿Cuáles son estas reglas? El pensamiento de tres conocidos ideólogos del catalanismo puede servir para exponerlas: Almirall, Torres i Bages y Prat de la Riba.

Almirall: el catalanismo liberal

Valentí Almirall (1841-1904) fue, en su primera etapa política, uno de los más significados seguidores de Pi i Margall y, por tanto, liberal, demócrata y federalista. Sin embargo, tras la época del sexenio revolucionario, Almirall transformó la idea de federalismo como pacto entre individuos defendido por aquel en una fórmula distinta: el pacto entre naciones. Así lo expone en su obra Lo catalanisme (1886).

Su pensamiento debe situarse, en el contexto español de fin de siglo, dentro de las coordenadas del «regeneracionismo». En efecto, Almirall formulaba dos tipos de críticas a la España de la Restauración: por un lado, una crítica del sistema político, al considerar que los partidos, las elecciones y el funcionamiento del Parlamento eran una mera ficción de un verdadero constitucionalismo liberal; por el otro, una crítica al sistema social, propugnando que debía ser reformado mediante la introducción de un nuevo espíritu que moralizase el funcionamiento de la Administración pública, estableciera un buen sistema educativo que acabase con la ignorancia del pueblo y modernizara el sistema económico con el fin de superar el atraso secular de España.

La clave para realizar este programa de reformas era, según Almirall, llevar a cabo una amplia descentralización política de los poderes del Estado. España, por tanto, debía dejar de ser centralista y reconocer que era una nación compuesta por distintos pueblos y regiones diferenciadas con derecho a compartir la soberanía estatal y a ejercer el autogobierno. Cataluña, por su parte, debía hacer una propuesta al resto de España para que se organizase como una confederación o Estado compuesto por una pluralidad de pueblos. Hasta entonces, sostenía, la dirección de la política española había estado en manos de las regiones centromeridionales (Castilla y Andalucía, básicamente); la descentralización implicaba que esta dirección debía ser compartida por las demás zonas de España, por las regiones que él denominó «pirenaicas» (el País Vasco y el antiguo Reino de Aragón). La finalidad principal, afirmaba, no era la reorganización de los poderes del Estado, sino la configuración de un nuevo concepto de España como nación pluricultural (hoy quizá la llamaría plurinacional).

Para Valentí Almirall, el carácter castellano, reflejo de su propia identidad nacional, había demostrado suficientemente su incapacidad en la dirección del Estado y, en cambio, el carácter catalán había demostrado su habilidad para hacer progresar a la sociedad y modernizar la economía. El catalanismo debía pasar del campo de la economía al de la política para contribuir así, mediante una nueva organización territorial, a la regeneración de España.

Almirall partió de dos ideas básicas: primera, el hombre es un ser social determinado por su entorno, en el cual estructura su identidad; segunda, en la realidad social, estos entornos son diversos y esta diversidad es positiva y debe ser fomentada. El catalanismo es así el producto de una «afición, cariño y preferencia» por su propia tierra,⁴ lo cual no es algo particular de los catalanes sino universal, común a todos los seres humanos, a todas las comunidades. De este modo, sirve tanto para Cataluña como para el resto de los pueblos de España.

En definitiva, el particularismo de Almirall tiene la misma base teórica —cuyo origen está en la idea del «hombre como ser social» de Aristóteles— y la misma pretensión de universalidad que las actuales corrientes comunitaristas representadas por los filósofos políticos Charles Taylor y Will Kymlicka. Esta es su gran diferencia con Pi i Margall, el cual partía de una posición contraria, el individualismo, hoy fundamento de las actuales corrientes liberalistas propugnadas por John Rawls y Jürgen Habermas. En coherencia con este carácter universal, el catalanismo no debía ser —afirmaba Almirall— algo propio de un grupo o partido, sino un factor común a todos los catalanes, es decir, una ideología transversal a todos los partidos e ideologías, dado que respondía a una característica de la misma naturaleza humana.

Con Almirall, algunos de los principios catalanistas ya quedaron formulados: identidad catalana diferenciada de la española, confederación como forma de organización del Estado, regeneración de España mediante la reorganización territorial. Se refería a Cataluña como «pueblo» o «nacionalidad», dejando el vocablo «nación», interpretado en el sentido francés, para referirse a España. No se atrevía todavía, en consecuencia, a utilizar la palabra «nacionalismo» aunque sus ideas fueran en esta dirección. Pero lo más trascendente de su doctrina fue sentar el principio de que el «catalanismo» debía constituir el único sustrato común legítimo de todas las posibles opciones políticas catalanas: no importa que uno sea de derechas o de izquierdas, mientras no se rebase el ámbito de la catalanidad. Esta fue la más perdurable aportación de Valentí Almirall al catalanismo político.

Torras i Bages: el catalanismo integrista

Si Almirall formuló el catalanismo partiendo de postulados liberales, el obispo Josep Torras i Bages (1846-1916) lo planteó desde postulados integristas, es decir, preliberales y tradicionalistas. Su punto de partida consistió en distinguir entre región y Estado. Para Torras i Bages, el Estado es un ente artificial proveniente de la idea liberal individualista de contrato social. Por el contrario, la región es un ente natural e indisoluble, estructurado en torno a la familia, la propiedad y la religión, que debe expresar políticamente su voluntad a través del sufragio orgánico y corporativo. El objetivo del regionalismo debe ser retornar a este orden natural previo al Estado moderno: para ello propugnaba restablecer el «orden jerárquico, autárquico, corporativo y rural de la Edad Media». El Estado es un simple producto de una ideología, del liberalismo y, por tanto, pasará, desaparecerá; la región, en cambio, proviene de la naturaleza misma y, a pesar de los vaivenes de la historia, acaba siempre resurgiendo y, en definitiva, acabará siempre subsistiendo.

Cataluña es una región y está compuesta por dos elementos principales: el pueblo, elemento material constituido por los catalanes, y el ser nacional, elemento espiritual, constituido a su vez sobre tres ejes vertebradores (la patria, la tradición y el espíritu nacional). La patria no es otra cosa que el sentimiento de amor a la tierra; la tradición tiene como elemento central la religión, vínculo común a todos los ciudadanos, y es la encargada de dar forma y delimitar este sentimiento patriótico; el espíritu nacional (el Volksgeist catalán) emana de la vida del pueblo y «su expresión más pura y exacta» son la lengua y el derecho tradicional basado en la costumbre. De este espíritu nace un consenso social básico, alimentado por la religión católica, que es puesto de manifiesto por los poetas, artistas, clérigos, intelectuales y pensadores, los cuales forman la «columna vertebral de la nación».

Para Torres i Bages, el amor a la patria —el patriotismo— es un elemento central que debe cohesionar, establecer los imprescindibles vínculos de solidaridad entre los habitantes de un país, para que este no se disgregue. Este patriotismo solo puede encontrarse en el amor a la región, es decir, a un territorio relativamente pequeño que permite que se establezcan lazos de unión y solidaridad entre sus habitantes:

El verdadero, natural y constante amor de patria nace en la región [...]. El sentimiento de patria que nace en la región tiene verdadero parecido con el amor filiar; la patria es realmente nuestra madre, la causa de lo que somos, [...] somos lo que somos porque ella es lo que es; somos, en realidad, el fruto de ella, y así como el fruto indica la bondad del árbol, así los naturales de la región manifiestan la virtud que esta posee. El gran principio de la solidaridad humana se justifica principalmente en la vida regional [...]. Esta identificación entre el hombre y la patria es el principio y causa de la fortaleza y constancia del amor que a esta se lleva, amor que casi constituye un instinto [...] que se nutre de los sentimientos, de las ideas, de las costumbres, de la vista de las montañas, costas, ciudades, etc. De la región que nos ha engendrado y en que hemos vivido [...]. Es una cosa naturalísima que el hombre muera por la patria.⁵

Esta patria debe buscar sus fuentes espirituales en el pasado, en sus tradiciones, desde la lengua y el derecho a los nombres de las personas (contrapone Marieta y Antonieta a Mariquita y Antoñita) hasta las canciones (rechaza las canciones castellanas), los bailes (proscribe, por foráneo y sensual, el flamenco) y las fiestas y diversiones (contrapone los castells de xiquets a las corridas de toros). Por influencia extranjera se introducen costumbres inmorales:

A todos los pueblos, la desmoralización pública y social que acarrea la degeneración y la muerte del país les llega de fuera; la moda de lo forastero ha introducido los gérmenes de la decadencia; la pérdida de las costumbres indígenas y la adopción de las extranjeras señala las postrimerías de una raza.

Desde sus posiciones conservadoras o, mejor dicho, reaccionarias —ya que critican de forma virulenta el sistema parlamentario y las ideas de libertad e igualdad deseando el retorno al Antiguo Régimen—, Torras i Bages propone el regionalismo como un antídoto del liberalismo, del cual es consecuencia el centralismo:

La Revolución, pues, vino a consecuencia de la aniquilación de la antigua sociedad regionalmente organizada y, por tanto, en virtud de este pecado en que fue concebida y que forma parte de su naturaleza, es necesariamente antirregionalista. [...] El principio sagrado para la Revolución y característico de ella es la igualdad, principio negativo y esencialmente antirregionalista.

Como en el caso del particularismo de Almirall, el regionalismo de Torras i Bages es también aplicable a las demás regiones de España:

Al Estado moderno, el regionalismo le estorba y procura derruirlo en cuanto puede. Dentro de España teníamos las grandes regiones formadas por los que fueron en el pasado gloriosas naciones con vida propia, con lengua peculiar algunas de ellas, todas con historia, tradiciones y leyes en conformidad con su temperamento; parecía lo más natural conservar entidades tan notorias y con tanta razón de ser; pero convenía destruir todo lo antiguo, y Galicia, Cataluña, Aragón, etc., dejaron de existir legalmente. La división de España en cuarenta y nueve provincias fue como una sentencia de muerte civil para esos reinos sacrificados no a la unidad nacional, que existía ya desde hacía siglos, sino al odio sectario contra todo lo antiguo, a la soberanía de una trivial y falsa tradición que quería hacer a la nación a la medida de su gusto.

En definitiva, Cataluña es una región, una nación, una patria y, como tal, no la considera una persona jurídica, sino una persona moral, un «ser vivo», al margen y por encima de los ciudadanos concretos. El elemento central de esta nación no son los catalanes, sino el «ser» de Cataluña, su espíritu nacional constituido básicamente por la lengua, el derecho civil y la tradición católica. La libertad, la igualdad y la democracia son palabras ajenas al mundo de Torras i Bages, que las considera perversas y anticristianas: su regionalismo se configura así como antitético al liberalismo.

Prat de la Riba: el nacionalismo conservador

Enric Prat de la Riba (1870-1917) dio el paso del catalanismo de Almirall y del regionalismo de Torras i Bages al nacionalismo, y sus ideas han sido las más influyentes en el catalanismo dominante actual. Su obra más difundida es un breve librito, La nacionalitat catalana (1906), escrito con el estilo brillante y sencillo de los buenos panfletos. Como veremos a continuación, Prat de la Riba mezcla en sus tesis ideas de Almirall con otras de Torres i Bages, además de influencias extranjeras como los románticos alemanes (J. H. Herder, J. G. Fichte, Savigny) y, contradictoriamente, los positivistas como Hippolyte Taine y Frédéric Le Play.

Prat de la Riba parte de la distinción entre nación y Estado: la nación es, para él, una entidad natural, un ente vivo y real, una «fisonomía moral», un «ser psicológico»; mientras que el Estado es un ente jurídico ficticio y artificial, el conjunto de órganos que configuran las instituciones que deben estar al servicio de una nación.

El concepto de nación —por influencia de su íntimo colaborador Lluís Duran i Ventosa, hijo del político Manuel Duran i Bas— lo toma Prat directamente prestado del Romanticismo alemán y, en consecuencia, se compone de dos factores principales: por un lado, una población que convive en un determinado territorio y pertenece a una misma raza, habla el mismo idioma, posee una determinada cultura, se rige por un derecho propio y actúa con una peculiar manera de ser producto de un pasado histórico; por otro, la conciencia colectiva de considerarse un solo pueblo, determinado por las anteriores características, y distinto a los demás, lo cual provoca un sentimiento natural de mutua solidaridad. Para Prat de la Riba, la nación era, en definitiva, «una unidad de cultura, un alma colectiva con un sentir, un pensar y una voluntad propias».⁶

Desde estos presupuestos, consideraba que Cataluña tenía todos los rasgos propios de una nación. Para Prat de la Riba, todo el movimiento catalanista anterior, al que calificó de regionalista, había sido una mera preparación necesaria para que Cataluña diese el paso definitivo al nacionalismo. Pero el nacionalismo no debía consistir simplemente en organizarse políticamente de forma centralizada ni en recuperar antiguas costumbres, revitalizar el derecho o recuperar el uso de la lengua. Para Prat, el nacionalismo consistía en «ser nosotros [...], en ser catalanes». Si el derecho es producto del espíritu nacional, la lengua pasa a ser una parte esencial de este espíritu y, por tanto, como «alma del pueblo», constituye un elemento muy especial, en cierta forma el elemento más sagrado de los que componen una nacionalidad:

Cada nación piensa como habla y habla como piensa [...]. Quien atenta contra la lengua de un pueblo, atenta contra su alma y la hiere en las fuentes mismas de la vida.

Todo ello constituye la nacionalidad, el pueblo, es decir, crea un organismo superior y distinto a los individuos que lo componen. Así, Prat sostiene que la nacionalidad conforma, y en buena parte determina, a los individuos. Lo expresa de esta forma tan rotunda:

El pueblo es, pues, un principio espiritual, una unidad fundamental de los espíritus, una especie de ambiente moral que se apodera de los hombres y los penetra y los amolda y trabaja desde que nacen hasta que mueren. Poned bajo la acción del espíritu nacional gente extraña, gente de otras naciones y razas, y veréis como suavemente, poco a poco, se la va revistiendo de ligeras pero constantes capas de barniz nacional; va modificando los modos, los instintos, las aficiones, infunde ideas nuevas a su entendimiento y llega, incluso, a forzar poco a poco sus sentimientos. Y si en lugar de personas adultas le dais niños acabados de nacer, la asimilación será radical y perfecta.

El «espíritu nacional» no es, por tanto, una emanación libre de las ideas de los ciudadanos que componen un pueblo, sino una ideología preestablecida y tradicional que debe imponerse al pueblo para que «siga siendo lo que ya es». Las bases para configurar este pueblo, esta nacionalidad, en un Estado según los cánones del nacionalismo político clásico del siglo XIX estaban puestas. Para Prat de la Riba, Cataluña reunía todos los requisitos necesarios de una nacionalidad que tiene derecho a un Estado:

Cada nacionalidad ha de tener un Estado [...]. El Estado viene a ser como un organismo, como una parte viva de la nacionalidad; por ello no puede pertenecer a dos nacionalidades diferentes, como un mismo corazón no puede latir en dos pechos a la vez, como un mismo cerebro no puede servir de instrumento a la vida anímica de dos hombres diferentes. Es más: cada nacionalidad ha de tener un solo Estado [...]. La aspiración de un pueblo a tener política propia, a tener su Estado, es la fórmula política del nacionalismo.

Ahora bien, advierte Prat de la Riba, esta reivindicación «debe ejercerse en unión federativa con los Estados de las demás nacionalidades de España debido al pasado secular que les une». Por ello, propone una forma de Estado compuesto, una federación española, entendiendo por tal una «asociación de naciones», una «asociación de Estados nacionales». No se trata, por tanto, de un federalismo al modo de Pi i Margall,⁷ sino de un confederalismo próximo al de Almirall, nacido a través de vínculos —en definitiva, tratados internacionales— entre Estados independientes que, en un ensueño épico, redentor e irreal, situaba a una Cataluña imperialista como el centro de un territorio ibérico que abarcaba desde Lisboa hasta el Ródano.

Los ejes básicos del catalanismo político

Prat de la Riba supo, pues, sintetizar la historia, la ideología y la teoría política del catalanismo. Siguiendo las directrices, en tantos aspectos diversas, que ya expusieron Almirall y Torres i Bages, las posiciones de Prat, que en parte las sintetizan, se convertirán en los ejes básicos transversales comunes a la mayor parte de las ideologías de los partidos políticos catalanes hasta hoy.

El primer eje básico es la coincidencia en una crítica a la forma centralizada del Estado como una de las principales causas de los problemas españoles. Por tanto, se exige una nueva organización territorial basada en la atribución de poder político, en primer lugar a Cataluña, pero a la vez extensible a las distintas naciones peninsulares. Aunque los términos federación y confederación eran todavía confusos en aquella época (a pesar de que se clarificaron mucho con, y tras, la guerra civil norteamericana), la idea predominante es que Cataluña —en cuanto que nación cultural— tiene derecho a constituirse en Estado aunque, se añade, dado el mutuo pasado común, lo más razonable es confederarse o federarse (ambos términos se aplican de forma confusa) con las otras naciones españolas (País Vasco, Galicia y Castilla, esta última entendida como el «resto de España»).

Por tanto, la semilla del separatismo ya está expresada en las ideas que sintetiza Prat y, como tal semilla al menos, formará parte del nacionalismo catalán hasta hoy. Baste recordar las proclamas, desde el balcón de la Generalitat, de Francesc Macià el 14 de abril de 1931 y de Lluís Companys el 6 de octubre de 1934: en ambas se afirma la independencia de Cataluña pero se añade, a renglón seguido, la invitación a los demás pueblos (concepto indeterminado interpretable como nación identitaria, nacionalidad y región) que conforman España a que imiten este gesto y se unan todos en una confederación para así alcanzar la regeneración que se necesita de forma ineludible.⁸

Ello confirma la idea de que todo nacionalismo identitario contiene en sí mismo, inevitablemente, el embrión del independentismo, la necesidad de que toda nación cultural, para proteger su identidad, precisa constituirse en Estado propio. Una interpretación restrictiva y radical de esta premisa conduce a pasar del centralismo al separatismo sin eslabones intermedios. Esta será la tendencia separatista, siempre existente en el catalanismo aunque pocas veces dominante pero, en todo caso, aspiración máxima y horizonte final de todos los nacionalistas catalanes. Sin embargo, por pragmatismo, posibilismo y prudencia política, el separatismo nacionalista ha cedido el paso la mayoría de las veces al autonomismo, renunciando a la soberanía política pero exigiendo un poder político propio, limitado pero suficiente, que permita la subsistencia y desarrollo de los rasgos identitarios que definen la nación catalana: especialmente, lengua, cultura y derecho civil.

Para algunos, el autonomismo es un paso previo, una palanca necesaria, un eslabón imprescindible, para acceder en un futuro a la separación de España y a la creación de un Estado catalán independiente y soberano. El pujolismo, como veremos, ha sido el caso más notable. Para otros, una Cataluña con poder autónomo suficiente dentro de una España unida y federal es no solo un principio, sino también la meta final. Probablemente esa era la idea de Francesc Cambó y, ya en nuestros tiempos, de políticos como Miquel Roca Junyent y Josep Antoni Duran i Lleida, derrotados ambos, en tiempos distintos, por la vorágine pujolista e independentista. Quizá, como insistiré más adelante, sea un punto clave para poder encontrar soluciones a la presente encrucijada.

El segundo eje básico en el que hay coincidencia general es la consideración de Cataluña como una comunidad dotada de rasgos comunes distintos al resto de España, es decir, constituida como una nacionalidad (nación, región o pueblo) con elementos propios (lengua, derecho privado, historia, carácter). La idea parte de una vieja división en la historia del pensamiento político: ¿el hombre es un ser social o un ser individual? Aristóteles, santo Tomás de Aquino, Marx y la doctrina social de la Iglesia, entre otros, mantienen que el hombre es un ser social determinado por el ámbito en el que vive. Thomas Hobbes, John Locke y la tradición liberal ilustrada —que llega hasta Rawls y Habermas— consideran que el hombre es ya originariamente libre e igual y que el derecho —el Estado, por tanto— debe limitarse a garantizar que lo siga siendo. La disputa actual entre liberalistas y comunitaristas todavía se mantiene hoy en estos términos.

Pues bien, todo el catalanismo es comunitarista bajo la fórmula nacionalista: la nación determina al individuo, el ser determina el existir. Como decía Prat de la Riba: «Ser nosotros, esa es la cuestión: ser catalanes». Pero la nación ya «era», ya «existía»: los nacionalistas la habían descubierto. Faltaba el Estado, cuya misión principal era preservar a la nación, hacer que se respetasen y conservasen sus rasgos básicos, evitando el perverso contagio del exterior que podía desfigurarlos. Cataluña «era» desde siempre... pero necesitaba un Estado para «seguir siendo». Y ahí, de nuevo, las dos alas, la independentista y la autonomista, disienten.

El catalanismo y la autonomía política:

la Mancomunidad y el Estatuto de 1932

Prat de la Riba fue —hasta su muerte en 1917— el dirigente indiscutible de la Lliga Regionalista, el partido que protagonizó la política en Cataluña desde su formación, en 1901, hasta la llegada de la Segunda República en 1931. Si bien adoptaba, como hemos visto, posiciones teóricas claramente radicales respecto al carácter y los derechos de Cataluña como nación, en su actividad política fue un pragmático que, desde una posición conservadora, era partidario del gradualismo en el acceso de Cataluña a su constitución como Estado dentro de la federación ibérica, tal como propugnaba en La nacionalitat catalana. Este pragmatismo, que era partidario de pactos continuos con los partidos dominantes españoles, resultó aún más acentuado en otros dirigentes de la Lliga, como fue el caso notorio de Cambó.

Un primer grado en esta lucha por la autonomía catalana fue la constitución, mediante Real Decreto de 26 de marzo de 1914, de la Mancomunidad de Cataluña, que asumió las competencias de las cuatro Diputaciones provinciales. Aun tratándose de competencias en asuntos de régimen local, la Mancomunidad llevó a cabo una acción política importante en materia cultural, educativa y de obras públicas, realizada desde la perspectiva catalanista. La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) puso fin a esta institución que dejó en los ciudadanos, sin embargo, el recuerdo de una importante obra de gobierno.

Una vez creada la Mancomunidad, los esfuerzos se encaminaron a establecer un régimen autonómico para Cataluña. Fueron importantes diversos proyectos presentados entre 1917 y 1919, pero ninguno de ellos consiguió ser aprobado. Hasta la proclamación de la Segunda República no se presentó una ocasión propicia para conseguir la autonomía. Al estar la Lliga —entonces dirigida por Cambó— comprometida con los últimos intentos de salvar la monarquía de Alfonso XIII, el partido hegemónico durante la República fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que agrupaba a la mayoría de los sectores catalanistas situados a la izquierda de la formación de Cambó. Su máximo dirigente, Francesc Macià, proclamó el 14 de abril de 1931 la «República catalana, como Estado integrante de la Federación Ibérica». Esta declaración, de carácter secesionista, fue negociada con el Gobierno provisional republicano de Madrid y, cuatro días después, el 18 de abril, el término «República catalana» fue sustituido de forma improvisada por el de «Generalitat de Cataluña». Esta antigua institución histórica, sobre todo con fines de carácter tributario, nunca había sido reivindicada hasta aquel momento por el catalanismo, aunque ahora se quiera presentar como el Gobierno de una Cataluña que, en realidad, nunca lo tuvo porque nunca fue un territorio independiente, ni en la época medieval, ni en la de la monarquía de los Austrias o los Borbones.

El Estatuto de 1932, en el marco de la Constitución republicana de 1931, otorgó autonomía a Cataluña y la consagró como «región autónoma» dentro del Estado integral español. Aunque estuvo vigente, formalmente, hasta el 15 de abril de 1938, justo el día en que las tropas de los militares sublevados cruzaron la frontera de Cataluña, muy distintos avatares dificultaron su eficacia. De hecho, la Cataluña estatutaria duró, con intervalos, solo treinta meses. Si a ello le añadimos el período de la Generalitat provisional, el conjunto abarca un período de tiempo que no llega a los cuatro años.

Todo ello lleva a la conclusión de que la autonomía de Cataluña durante la Segunda República fue simplemente un ensayo del que pocas enseñanzas pueden derivarse. Durante el franquismo la Cataluña del Estatuto de 1932 fue mitificada en exceso por razones comprensibles, pero desde la perspectiva actual, con una visión objetiva, es un precedente que poco sirve como ejemplo para la autonomía actual, enmarcada en la Constitución de 1978 y vigente desde que se aprobó el Estatuto de 1979, hace casi cuatro décadas.

El final de la Guerra Civil, la derrota de la República y la implantación de la dictadura franquista borraron todo rastro de la época estatutaria republicana e, incluso, de la etapa anterior. Los demócratas y la mayor parte de los catalanistas que sobrevivieron a esos años pasaron al exilio, exterior o interior, y hasta la década de 1960 no se empezó a recomponer una oposición democrática activa y visible.

CATALUÑA (Y ESPAÑA) SE TRANSFORMAN (1959-1975)

Es frecuente considerar la época franquista (1939-1975) un período uniforme en el cual la sociedad española quedó aislada del mundo exterior e interiormente inmóvil, como estancada ante los cambios que se producían en el mundo. Lo cierto es, sin embargo, que en el franquismo se pueden distinguir diversas etapas diferenciadas y que, si bien las instituciones políticas experimentaron cambios poco significativos —casi todos ellos, por otra parte, intrascendentes desde el punto de vista de la recuperación de las libertades y la democracia—, la economía, la sociedad y la cultura, por el contrario, se transformaron de forma muy notable, especialmente por la influencia exterior, hasta el punto de que la España de 1975, cuando Franco murió, poco se parecía a la de 1936. Estas transformaciones, aceleradas a partir de 1959 con el Plan de Estabilización, afectaron a toda España y, con peculiaridades específicas, a Cataluña. Analicemos algunos de sus rasgos principales.

En primer lugar, una de las características del crecimiento de la economía española en el período franquista fue el claro aumento del peso económico de la industria y los servicios en detrimento de la agricultura. Ello ocasionó la despoblación de las zonas rurales y la migración de sus habitantes a las ciudades industriales. Barcelona y su zona metropolitana —en menor medida, también el eje Tarragona/Reus— fueron, junto con Madrid y algunas otras ciudades industriales, uno de los focos de atracción migratoria más importantes de España en ese tiempo.

Este hecho provocó un brutal crecimiento de la población catalana: de 3.218.593 habitantes en 1950 se pasó a 5.660.393 en 1975, es decir, Cataluña creció durante este período a una tasa anual del 22,8 % mientras que el conjunto de España lo hacía al 9,9 %. En ese último año, un 48 % de la población mayor de veinte años había nacido fuera de Cataluña. Estos porcentajes eran mucho mayores en otras ciudades industriales, especialmente las del cinturón de Barcelona: Cornellà creció un 85 %; Santa Coloma de Gramenet, un 84 %; El Prat de Llobregat, un 84 %; L’Hospitalet de Llobregat, un 77 %; Sabadell, un 75 %; Terrassa, un 67 %; Badalona, un 69 %; Mataró, un 67 %... Pero también en las capitales el porcentaje era alto: Barcelona creció un 66 %; Tarragona, un 62 %; Lleida, un 49 %; y Girona, un 43 %. Y ese gran aumento llegó también a poblaciones situadas en el centro de Cataluña, como Manresa, al pie de Montserrat, donde el porcentaje se elevó hasta el 48 %.⁹

Este dato es relevante desde muchos puntos de vista pero, a nuestros efectos, desde uno en particular: tan enorme crecimiento, debido básicamente a las migraciones procedentes del resto de España —en especial de la España pobre, es decir, de Andalucía, Extremadura, Castilla y Galicia—, produjo un cambio cultural y lingüístico notable en la población catalana. Esto desembocó en una división entre dos Cataluñas cultural y lingüísticamente diferenciadas, ya que esta población migrante vivía, por lo general, concentrada en barrios periféricos de nueva construcción y desarrollaba su trabajo preferentemente en grandes empresas, en escaso contacto, por ambas razones, con la población catalana de origen, en buena parte catalanohablante, durante una época en la que no se enseñaba catalán en la escuela y los medios de comunicación solo podían expresarse en lengua castellana.

Resultado de todo ello es que si bien la correlación entre lengua castellana-clase obrera no es exacta, se aproxima bastante a la realidad. Ciertamente, muchos ciudadanos con antiguo arraigo en Cataluña tenían como primera y casi única lengua el castellano, entre ellas buena parte de las capas sociales medias y altas. Por otro lado, las migraciones españolas son antiguas: ya en 1930 se calculó que un 20 % de la población catalana procedía del resto de España.¹⁰ Sin duda, además, siempre ha existido un sector de la clase trabajadora, comerciantes, artesanos y obreros, cuya lengua materna ha sido el catalán. Ahora bien, el alud migratorio procedente de otras zonas de España tuvo lugar de manera tan intensa y concentrada durante tan breve período de tiempo que la percepción general fue asociar la idea de obrero con una persona no nacida en Cataluña y castellanoparlante.

En segundo lugar, el crecimiento económico durante el franquismo cambió la estructura económica tradicional catalana. Como en toda España, decreció la agricultura, pero también en los sectores industriales decayó la hegemonía del sector textil y aumentó el peso y la autonomía de las industrias química y metalúrgica —antes meramente suministradoras de la textil— y, sobre todo, se desarrolló un importantísimo sector turístico que conllevaba un correlativo crecimiento de otros sectores como la construcción, la alimentación y otras industrias ligadas a los servicios. La inversión extranjera, el turismo y las remesas de divisas que aportaban los trabajadores que habían emigrado a la Europa occidental comunitaria produjeron un aumento de la capacidad adquisitiva del mercado español, lo cual repercutió en una gran transformación de la estructura económica catalana.

Se fraguó así una crisis profunda de la élite burguesa y empresarial consolidada a partir del primer cuarto del siglo XX. Si a este cambio se le añade el enorme aumento —que también se dio en el resto de España— de una amplia clase media con una cierta capacidad de ahorro y gasto, se puede llegar a la conclusión de que, tanto en lo que respecta a los sectores sociales dirigentes como a la clase obrera y la clase media, la estructura social catalana tenía poco, o nada, que ver con la existente antes de la Segunda República.

Pero un tercer cambio fue decisivo en estos años, tan aparentemente estables, del franquismo: el ideológico y cultural. En Cataluña, los sectores franquistas fueron más dúctiles e impusieron una ideología menos dogmática que en otras partes de España. El falangismo catalán existió, pero no llegó nunca, ni en los años cuarenta, a ser dominante. Personajes muy significativos de la antigua Lliga —en concreto, los discípulos más directos de Cambó— colaboraron, considerando eso un mal menor, con el régimen franquista. Algunos sectores ligados a la Iglesia toleraron y ampararon a grupos contrarios al régimen franquista.¹¹ Por tanto, quizá a excepción de los primeros años de la posguerra, nunca se rompió por completo la continuidad con una cierta Cataluña catalanista y conservadora. Por el contrario, en la sociedad catalana se produjo un corte radical con la Cataluña izquierdista y republicana, sumida en la clandestinidad o el exilio interior o exterior.

Ahora bien, el catalanismo como elemento cultural y político, ya hemos visto que transversal a derechas e izquierdas, sirvió para que estos representantes de la Cataluña conservadora, colaboradores expresos o tácitos del franquismo, ampararan o hicieran de puente, en ciertos casos, con los «rojos» (a excepción de que fueran comunistas), es decir, con esta Cataluña republicana e izquierdista —pero no marxista— perseguida y marginada por las autoridades oficiales. Así, una cierta derecha y una cierta izquierda se convertían, a menudo, en cómplices frente al adversario común, el franquismo, siempre asociado con el nacionalismo español. Ello ya fue así, por lo menos, desde 1945.

Pero a partir de 1960 todo se intensificó y adquirió un sesgo ideológico distinto. A pesar de las dificultades que ofrecía la censura y la falta de las mínimas libertades públicas, comenzó a producirse una eclosión cultural, dirigida desde la izquierda y, más en concreto, muy influida por las diversas corrientes del marxismo, dominante entre 1965 y 1980.¹² En estas nuevas circunstancias, también los comunistas —o personas independientes de su órbita, los llamados «compañeros de viaje»— fueron incluidos en este pacto implícito que, al amparo del catalanismo, venía fraguándose desde los años cuarenta.

Sin la comprensión de estos antecedentes, probablemente bastante o muy distintos a los de otras zonas de España, no puede entenderse la unanimidad en priorizar —junto a las libertades y derechos fundamentales— la autonomía de Cataluña como requisito indispensable para acceder a un nuevo sistema político democrático. La transversalidad catalanista, a pesar del franquismo, se había preservado.

Ahora bien, la España de 1975 ya no es, ni mucho menos, aquella sociedad agrícola, escasamente industrial y atrasada respecto de la Cataluña de finales del siglo XIX. La distancia económica y cultural entre Cataluña y el resto de España se ha reducido sensiblemente y esto se acentúa en la etapa democrática hasta el punto de que, en pocos años, ya no queda distancia ninguna: toda España se ha europeizado y en Cataluña se sigue hablando del atraso español, algo sencillamente ridículo. Por tanto, la idea de liderar el desarrollo económico, social y cultural español es cosa de otros tiempos y la posible función regeneradora catalana no tiene ya sentido alguno.

CATALUÑA EN LA TRANSICIÓN (1976-1980)

La mitificación de la historia ejerce una poderosa fascinación en la política catalana. La solemne proclamación efectuada por Francesc Macià el 14 de abril de 1931 —desde el balcón de la entonces Diputación de Barcelona— de la República catalana, separada de la española, era uno de estos mitos entonces de moda entre los políticos catalanes. El peligro de que una acción de similar carácter desestabilizara la todavía frágil «operación reforma» iniciada en 1976 por el presidente Adolfo Suárez, bajo la tutela de Juan Carlos I, era real tras las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. En ellas, las fuerzas políticas de izquierdas —el Partit Socialista de Catalunya (PSC) y, en menor medida, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)— habían resultado mayoritarias y, si se les suman las formaciones nacionalistas, esta victoria hubiera sido apabullante.

En efecto, tras el resultado de las elecciones, se disputaban la hegemonía dos polos políticos: la Asamblea de Cataluña —constituida en 1971, en plena clandestinidad, y en la que tradicionalmente era hegemónico el PSUC— y la Asamblea de Parlamentarios, formada por los nuevos diputados y senadores catalanes, reunidos el 25 de junio, tan solo diez días después de los comicios, y encabezada por el PSC. Ambos polos, como se ve, estaban dominados por la izquierda y tenían un fuerte componente nacionalista.

Ante esta doble opción, las fuerzas políticas parlamentarias catalanas —a excepción del PSUC, que se mostraba reticente— se inclinaron obviamente por la segunda, considerando, con poderosas razones (había votado el 79,3 % del censo electoral), que era la auténtica representación democrática. Ahora bien, esta representación parlamentaria dejaba en minoría a la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que gobernaba en España. Ante esta situación, Adolfo Suárez puso en marcha la «operación Tarradellas». Con la vuelta del anciano presidente exiliado Josep Tarradellas, el Gobierno español intentaba utilizar su supuesta legitimidad histórica, aunque la contribución de este a la lucha antifranquista en el interior había sido nula y su persona, hasta los meses anteriores, era prácticamente desconocida.

Fue Suárez, el osado Suárez de aquellos tiempos, quien tomó la iniciativa de trasladarlo a Madrid para iniciar conversaciones encaminadas a restaurar su extraña condición de presidente de la Generalitat en el exilio. La jugada tenía sus riesgos porque Tarradellas representaba históricamente a la Segunda República en Cataluña, algo difícilmente congruente con una monarquía todavía en fase de incierta legitimación. Ahora bien, los contactos mantenidos los últimos meses habían informado a Suárez de que aquel viejo republicano podría ser útil para los todavía indeterminados planes de la reforma política.

Tras varias conversaciones sucesivas en Madrid, durante el mes de julio de 1977, Suárez y Tarradellas acordaron que este sería nombrado presidente de la Generalitat provisional, por decreto, tras el verano. Los partidos catalanes acogieron con satisfacción moderada la noticia. Con ello, se marginaba como poder fáctico de la Transición a la Asamblea de Cataluña —que se disolvió pocos días después del retorno de Tarradellas—, aunque siguió en activo la Asamblea de Parlamentarios. Si Tarradellas representaba la legitimidad histórica, la Asamblea simbolizaba la legitimidad democrática, expresaba la voluntad de las urnas. Ambas legitimidades, pues, se equilibraban. Suárez tenía garantías suficientes de que no se repetiría un 14 de abril.

El regreso triunfal de Tarradellas a Barcelona tuvo lugar el 23 de octubre de 1977, investido previamente por decreto presidente de la Generalitat provisional. Inmediatamente estableció dos líneas de actuación: formar un Gobierno de unidad compuesto por representantes de los partidos parlamentarios y tranquilizar a los sectores de la sociedad catalana más reticentes al cambio, especialmente los mandos del Ejército y los sectores más conservadores del empresariado. Sus competencias, sin embargo, eran escasas, más simbólicas que efectivas. De entrada, las propias de la Diputación de Barcelona. Más adelante, a lo largo de los años 1978 y 1979, tras las negociaciones con el Estado, fueron traspasadas a la Generalitat algunas competencias en agricultura, industria, urbanismo, comercio, sanidad, cultura y trabajo.

En estos años tuvo un gran significado el Real Decreto 2092/1978, de 23 de junio, por el que se incorporaba la lengua catalana al sistema de enseñanza. La Generalitat provisional realizó, por tanto, una labor de racionalizacion orgánica y de gestión de un primer núcleo embrionario de competencias.¹³ En definitiva, un ensayo de aquello que debía ser la autonomía de verdad.

Sin embargo, de cara al futuro, lo importante de este período fue la elaboración y aprobación de la Constitución y el Estatuto. La Constitución de 1978 estableció el marco en el que podría desarrollarse la autonomía catalana y fue votada positivamente por todos los diputados catalanes, a excepción de Heribert Barrera, único diputado de ERC, que se abstuvo. El texto de la Carta Magna recoge, con carácter general, los principios fundamentales consensuados en Cataluña durante los últimos años del franquismo y en la época de la Transición:

a) Reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España (art. 2), otorgándoles la posibilidad de crear instituciones políticas propias y un amplio marco de competencias, de acuerdo con sus respectivos Estatutos (título VIII).

b) Reconocimiento de la oficialidad y libertad de uso de las lenguas distintas a la castellana en las comunidades autónomas con lengua propia, si así lo establecen sus Estatutos.

c) Competencias exclusivas que permitan desarrollar y proteger las culturas específicas de cada comunidad autónoma.

En definitiva, se reconocía así el derecho a la autonomía de Cataluña mediante sus instituciones de autogobierno, la oficialidad y uso de la lengua catalana y la protección por parte de la Generalitat de su cultura. Con carácter general, este proceso de descentralización política permitía la reforma global del Estado. Es decir, se habían logrado los puntos esenciales reivindicados por el catalanismo político desde finales del siglo XIX.

De forma paralela a la Constitución se elaboró el Estatuto, sin que aquella hubiese sido todavía aprobada, como sucedió también en 1931. El mismo día en que la Constitución Española entró en vigor, el 29 de diciembre de 1978, el proyecto de Estatuto elaborado por la Asamblea de Parlamentarios fue remitido al Congreso de los Diputados para que se iniciara su tramitación, todo ello de acuerdo con las previsiones constitucionales. Tras el proceso de negociación correspondiente, el proyecto fue aprobado en la comisión mixta Congreso-Asamblea de Parlamentarios el 13 de agosto de 1979 y sometido a referéndum en Cataluña el 25 de octubre siguiente.¹⁴ Finalmente, tras la aprobación por el Congreso y el Senado, y la correspondiente sanción del rey Juan Carlos, el texto definitivo fue publicado el 22 de diciembre y entró en vigor el 1 de enero de 1980.

El Estatuto concretaba y desarrollaba los principales ejes del consenso político catalán previo a su redacción, sobre los cuales, como ya he señalado, la Constitución había configurado el marco general:

a) Reconoce a Cataluña como nacionalidad y a la Generalitat como institución en la que se organiza su autogobierno.

b) Establecía la cooficialidad del catalán y el castellano, haciendo mención del catalán como lengua propia, es decir, específica y diferenciadora del territorio de Cataluña.

c) La Generalitat asume las más amplias competencias que permite la Constitución, apurando todas las posibilidades hasta el límite que señala su artículo 149.1, en el que se establecen las materias reservadas en exclusiva al Estado. Entre las asumidas se encuentra la competencia exclusiva en materia de cultura.

El Estatuto fue acogido como un gran triunfo por las fuerzas políticas parlamentarias. Realmente no se había conseguido la independencia, entre otras razones porque casi nadie la reclamaba,¹⁵ pero se había conseguido una muy amplia autonomía. Aunque las comparaciones son difíciles porque el Estado se había transformado profundamente desde los tiempos de la Segunda República (de un Estado liberal se había pasado a un Estado social), puede afirmarse por muchas razones que el grado de autonomía era muy superior al del período republicano.

Sin embargo, para un sector del nacionalismo catalán, desde los inicios mismos del catalanismo político, la autonomía no era un fin sino un medio, un mero instrumento para preparar el terreno que permitiera en un futuro separarse de España y alcanzar la independencia. En Cataluña, y en España, habían desaparecido los partidarios de un Estado centralista, oficialmente todos eran partidarios de la autonomía. Ahora bien, unos creían en la autonomía como solución final, otros como una etapa por superar y que debía dar paso a la fragmentación del Estado y la secesión de Cataluña.¹⁶ Precisamente, fueron estos últimos quienes ganaron las primeras elecciones democráticas al Parlament catalán, convocadas para el 20 de marzo de 1980.

De la búsqueda constante del acuerdo en la elaboración de la Constitución y del Estatuto debía pasarse a la competencia entre partidos, propia de una democracia parlamentaria normalizada. Estas primeras elecciones fueron muy importantes porque comenzaron a diseñar el esquema futuro de las fuerzas políticas y la fuerza del nacionalismo en los siguientes decenios hasta hoy. Detengámonos en el análisis de aquel momento electoral.

El retorno de Tarradellas y su etapa presidencial en la Generalitat provisional habían tranquilizado los ánimos del Gobierno de Madrid y de la derecha catalana. Sin embargo, inquietaba mucho otra cuestión: la mayoría de izquierdas (PSC y PSUC) en Cataluña, que iba aumentando elección tras elección.

Tras los excelentes resultados del 15 de junio de 1977, dos años después la izquierda mejoró sus resultados en las elecciones generales y locales mientras que el centro y la derecha retrocedían.¹⁷ Las cifras electorales de 1979 eran especialmente espectaculares en el llamado «cinturón rojo» de Barcelona, es decir, en las poblaciones industriales de su área metropolitana, donde el porcentaje se situaba en torno al 60 %. La alarma cundió, esta vez no en el Gobierno central, sino entre los empresarios catalanes, y se dispusieron a ponerle remedio. Se emprendió una costosísima campaña centrada en «frenar al marxismo», encabezada por Fomento del Trabajo, la gran patronal histórica catalana, ligada a la naciente Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para tratar de impedir que al frente de la Generalitat se formase un Gobierno de coalición entre el PSC y el PSUC.

La estrategia de este plan fue en verdad muy inteligente. En cuanto al nivel de peligrosidad, se distinguió entre los dos partidos: los socialistas, aunque peligrosos, eran admisibles en el Gobierno siempre que tuvieran como socios a algunas de las fuerzas de centro (CiU o UCD, preferentemente) y se mantuvieran alejados del PSUC; en cambio, de ninguna manera era admisible que los comunistas entraran en el Gobierno. En definitiva, la finalidad principal de las fuerzas económicas radicaba en dividir a la izquierda; la situación italiana del momento (todavía era una época de guerra fría) tuvo este reflejo en Cataluña. El PSUC, bastante más que el Partido Comunista de España (PCE), era tributario de la tradición de Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti, y el «compromiso histórico» de Enrico Berlinguer formaba parte de su estrategia eurocomunista.

La campaña de Fomento del Trabajo intentó provocar miedo tanto entre los empresarios como en el ciudadano medio e, incluso, en los trabajadores. Mediante reuniones y mítines con empresarios, publicidad en prensa y radio, así como en ayudas directas a los partidos de la derecha y el centro, se formularon claras y contundentes amenazas: si ganan los «marxistas», la crisis económica —muy aguda en aquellos tiempos— se hará más profunda porque los empresarios no invertirán y el paro aumentará.

Naturalmente este mensaje fue bien recibido por los partidos centristas y rechazado por la izquierda, aunque con una diferencia sustancial entre socialistas y comunistas. En efecto, el PSC, al considerarse ganador en cualquiera de los casos que admitían como posibles —en coalición con el PSUC o con el centrismo—, fue ingenuamente ambiguo en su reacción a la campaña de Fomento y no dejó claras cuáles serían sus alianzas poselectorales. Por otro lado, bien para atraerse a la clase media catalana y catalanista, por el ámbito autonómico de la contienda electoral, o por las convicciones ideológicas de sus élites dirigentes, los socialistas acentuaron su mensaje catalanista, suscitando así el rechazo de un porcentaje importante de sus votantes situados en zonas industriales mayoritariamente castellanoparlantes.

Además, dentro de los partidos de centroderecha, quien actuó con mayor habilidad fue CiU, especialmente por tres razones. Primera, porque fue claro en sus propuestas: se mostró abierto a pactar con el PSC, pero hizo constar explícitamente que nunca se aliaría con el PSUC. Segunda, porque extremó su lenguaje nacionalista, recogiendo así el voto de sectores que antes habían votado a la izquierda pero que, en las autonómicas, consideraban más adecuado dar el voto a un partido «no sucursalista», es decir, no dependiente de un partido estatal. Y tercera, porque entre los líderes que se presentaban a las elecciones, sin duda el de más talla política era Jordi Pujol. El futuro president fue el único de los candidatos que demostró capacidad para derrotar a la izquierda o, en caso de no hacerlo y gobernar en coalición con los socialistas, para saber imponer su criterio frente a su socio en el Gobierno.

La «operación antimarxismo», los errores socialistas y la capacidad de Pujol para liderar un frente centrista y catalanista tuvieron unos efectos fulminantes que se reflejaron en unos resultados inesperados en las elecciones autonómicas de 1980. CiU sumó 270.000 sufragios a los votos obtenidos en las legislativas del año anterior (casi un 60 % más), superando en 150.000 a los socialistas, y logró un 27,7 % de los votos; el PSC perdió 268.000 votos, es decir, un tercio de su electorado anterior, y quedó en un 22,3 %; el PSUC, por el contrario, aumentó un punto y medio su porcentaje (18,7 %); UCD pasó a tener un 10,6 %; ERC, un 8,9 %; y el Partido Socialista de Andalucía (PSA, que se presentó por primera y última vez a las elecciones) obtuvo un 2,6 %. Alianza Popular (AP) no obtuvo representación.¹⁸

Si se tiene en cuenta que el Parlament catalán estaba compuesto de 135 diputados, bastaban 68 para obtener la mayoría absoluta y formar gobierno. Dadas la posiciones electorales previas, las posibles combinaciones eran tres: a) una gran coalición de centro-derecha y centro-izquierda: CiU + PSC = 76 escaños; b) una coalición de centro-izquierda: CiU + PSC + ERC = 90 escaños; c) una coalición centrista: CiU + ERC + UCD = 75 escaños. Con notoria torpeza estratégica, el PSC rechazó las dos primeras opciones. Mientras, Pujol pudo optar por la tercera al negociar con gran inteligencia y lograr el apoyo parlamentario de UCD y ERC, pero sin el compromiso de incluir a estos dos partidos en el Gobierno. En definitiva, con solo el 28 % de los sufragios y 43 diputados (en una cámara de 135), el hábil Pujol formó un gobierno monocolor.

Junto a las elecciones, dos acontecimientos posteriores determinaron las claves principales para entender el dominio pujolista durante veintitrés años: la crisis del PSUC y la disolución de la UCD. La división del PSUC en su V Congreso, celebrado en enero de 1981, lo condujo a un súbito declive del que no se repuso a pesar de que, cinco años después, cambió su nombre por el de Iniciativa per Catalunya (IC) e inició un giro hacia el nacionalismo y el ecologismo en detrimento de su identidad eurocomunista. El ocaso de UCD en todo el ámbito español tuvo lugar tras sus pésimos resultados en las elecciones generales de 1982, que el PSOE ganó por una amplísima mayoría absoluta.

El declive del PSUC produjo un muy importante trasvase de votos al PSC en las siguientes elecciones autonómicas de 1984, aunque también unos miles se fugaron a CiU y muchos más a la abstención. La disolución de UCD provocó que CiU acumulara en estas elecciones una gran parte del anterior voto centrista, yendo el restante a AP, cuyos resultados en Cataluña mejoraron a partir de entonces.¹⁹

Así pues, en las elecciones de 1984 CiU ganó por una mayoría aplastante, el mejor resultado hasta hoy de toda su historia. Pero esto no fue lo más importante. Lo importante fue que aglutinó un centro político muy amplio, con alas en la derecha y en la izquierda, integrando en el mismo a sectores nacionalistas radicales, partidarios de la independencia de Cataluña, y a sectores solo moderadamente o nada catalanistas que votaron a CiU por tratarse de un partido centrista y moderado. Allí comenzó la hegemonía política convergente que, desde el punto de vista electoral, sería absoluta hasta 1995²⁰ y relativa en el período 1995-2003.²¹ La supuesta Cataluña de izquierdas de los inicios de la Transición fue controlada primero por Tarradellas y luego entregada a Pujol.

Pero más allá del aspecto electoral, muy importante porque permitió que Pujol gobernara la Generalitat durante veintitrés años seguidos, lo realmente decisivo, lo más influyente, fue el cambio de mentalidad que se produjo en la Cataluña de los años posteriores. Un cambio que se consiguió inoculando en la sociedad catalana una determinada ideología a partir de una muy inteligente estrategia. Para esta tarea, como se sabe, resulta muy útil el nacionalismo, aparentemente suprapartidista, ambiguo y lábil. Es justo que ideología y estrategia lleven el nombre de «pujolismo», ya que Jordi Pujol fue su principal ideólogo y ejerció en su despliegue un incuestionado liderazgo.

LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL(ISTA): EL PUJOLISMO (1980-2003)

Si tuviera que sintetizar en pocas palabras qué es el pujolismo, diría que es el tradicional catalanismo político, el que se fraguó a finales del siglo XIX, del que ya he dado noticia, trasladado al último tercio del siglo XX sin tener en cuenta los cambios demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales transcurridos desde entonces.

Efectivamente, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, el nacionalismo catalán no renovó sus ideas, sino que siguió bebiendo en las antiguas fuentes de la tradición catalanista. El mismo Jordi Pujol, influido por el pensamiento renovador cristiano del siglo XX —posterior a los ideólogos catalanistas—, como es el caso de Charles Péguy, Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, y por los democristianos europeístas de mediados de siglo, como Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer o Robert Schuman, no supo incorporar sus ideas a la nueva Cataluña en la que vivía. El nacionalismo identitario y esencialista, basado en la lengua y en la historia, como base transversal común a todos los partidos catalanes, siguió siendo, por tanto, el mismo de antes.

Así pues, mientras la realidad se había transformado sustancialmente no solo en Cataluña sino también en España y en Europa, e incluso en el mundo, la concepción de la sociedad catalana que seguía teniendo el nacionalismo no había cambiado: los catalanes eran un pueblo netamente diferenciado del resto de España, cuyo origen se remontaba al período que transcurre entre la Marca Hispánica del Imperio carolingio y los primeros condes catalanes, con una historia propia desligada de los demás pueblos de la península, con una lengua propia que era el espíritu de la nación y una percepción de España como un país pobre y atrasado que contrastaba con una Cataluña moderna, europea y avanzada.

Esta seguía siendo la filosofía de fondo del pujolismo que, como tal, nació bastante antes de la Transición democrática. No me extenderé en contar las actividades catalanistas de Pujol en las décadas de 1950 y 1960. Están bastante bien explicadas en algunas de sus biografías y, con la natural parcialidad, en sus memorias. Solo quiero dejar constancia de que, en esos años, Jordi Pujol lideró un compacto grupo de jóvenes católicos que tuvo luego gran influencia en la formación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a finales de 1974, ya que le permitió contar con una red de personas adictas a él y a sus ideas que se extendía por todo el territorio catalán.

A partir de 1958, Jordi Pujol empezó su actividad de banquero al comprar su padre, junto a otro socio, una banca local de Olot, la Banca Dorca, que después se transformaría en Banca Catalana. Su activismo catalanista en ese tiempo se puede condensar en una consigna: fer país, «hacer país». Dado que el franquismo impedía actuar en política de forma abierta y las actividades en la clandestinidad eran de alcance muy limitado, Jordi Pujol, hombre pragmático, consideró que lo más efectivo era, desde el sector privado, sentar las bases sociales, ideológicas e institucionales de lo que probablemente sería el futuro para, de este modo, ir abonando el terreno con el objetivo de dar el salto a la política activa mediante un partido cuando la dictadura fuese derrotada y se instaurara un régimen democrático. Así pues, antes de la caída del régimen franquista había que prepararse para, en su momento, tener a punto una alternativa.

Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, la revista Serra d’Or, la empresa discográfica Edigsa —que dio a conocer la nova cançó como elemento normalizador de la lengua catalana— fueron algunos de los hitos de este fer país que, a la vez, implicaba formar una red de colaboradores con perspectivas de futuro. Todo muy legítimo, incluso meritorio, en una sociedad catalana que, sobre todo en sus élites económicas, con contadas excepciones, se preocupaba únicamente de sus negocios y no de las necesidades sociales ni de la falta de democracia por causa de la dictadura. Pujol, y alguno de sus colaboradores, fueron condenados a penas de cárcel por razones políticas, lo cual revela el grado de compromiso, con el riesgo consiguiente, de sus actuaciones.

Hasta aquí puede decirse que el pujolismo fue un elemento importante de la lucha antifranquista, especialmente activo en el plano cultural, en los quince o veinte años anteriores a la muerte de Franco y la posterior transición a la democracia.

Sin embargo, esta idea de fer país ya no es tan justificable, desde un punto de vista liberal y democrático, cuando se lleva a cabo desde el poder institucional, al pasar Jordi Pujol a ser presidente de la Generalitat durante nada menos que veintitrés años seguidos. Es decir, mientras esta actividad política y cultural se ejercía en el plano de la sociedad, aunque fuera con la ayuda de una institución financiera como Banca Catalana, más todavía cuando los esfuerzos eran para derrotar a una dictadura con el objetivo de instaurar una democracia, fer país no solo era democráticamente válido, sino también encomiable.

Ahora bien, una vez CiU gana las elecciones y ocupa las principales instituciones políticas autonómicas, lo que debe hacer no es fer país... sino gobernar. Como decía Tarradellas, según el testimonio de Bricall: «Hacer país, vaya tontería. El país ya está hecho: ahora lo que hace falta es gobernarlo».²² En efecto, en un sistema democrático el Gobierno debe respetar el pluralismo y la autonomía de la sociedad civil, solo interviniendo en la misma de acuerdo con las leyes que desarrollen los derechos fundamentales, unos derechos que son expresión de los principios de libertad e igualdad, los dos grandes valores en los que se basa un sistema democrático.

Sin embargo, una vez en el gobierno de la Generalitat, Jordi Pujol reconvirtió el anterior fer país de la época del antifranquismo en otra consigna: el procés de construcció nacional. Ya no era el momento de ir preparando el terreno, había llegado la hora de actuar, de edificar, sobre este terreno, una nación. El proceso de construcción nacional fue el empeño más importante de los años del pujolismo, después continuado por los gobiernos de la Generalitat posteriores, tanto de derechas como de izquierdas, y que esperan culmine con la independencia de Cataluña en el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Tal procés se basa en el concepto de national building process, utilizado por los politólogos anglosajones para referirse a la necesidad de los Estados recién descolonizados de convertir una población dividida por una pluralidad de etnias, lenguas, religiones y costumbres en un conjunto estable cuyo futuro pueda tener viabilidad. En tiempos coloniales, a finales del siglo XIX y principios del XX, las fronteras de estos territorios habían sido trazadas por las metrópolis mediante tiralíneas sobre un mapa. Mediante este process, se buscaba convertir lo que era un conjunto tribal en el pueblo de un Estado.

Sin embargo, el caso de Cataluña era muy diferente: no se trataba de un proceso de construcción nacional, sino de un proceso de construcción nacionalista, algo muy distinto a las necesidades de los pueblos descolonizados. En Cataluña existe pluralismo y diversidad cultural, como en toda sociedad desarrollada, moderna y europea, pero, más allá de algunos casos aislados y no significativos, no hay divisiones por razón de etnia, lengua, religiones y costumbres, aunque confluyan en un mismo territorio ciudadanos de etnias, lenguas, religiones y costumbres distintas. Existe diversidad, como es natural, pero la misma no es origen de conflictos.

Pero, como he dicho, la construcción nacionalista va en un sentido muy distinto, mucho más antiguo en las intenciones y mucho más europeo: se trata de ocultar los conflictos económicos y sociales, estos sí realmente existentes, mediante el nacionalismo, una ideología culturalmente uniformizadora y contraria a la pluralidad. Para conseguir este objetivo, el proceso de construcción nacionalista es una inteligente obra de ingeniería social cuyo fin es transformar la mentalidad de la sociedad catalana para que sus ciudadanos se convenzan de que debido a su forma de ser específica (sic) constituyen una nación cultural, con una identidad colectiva muy distinta al resto de España, que solo podrá sobrevivir como tal nación cultural si dispone de un Estado independiente. En definitiva, nada nuevo: se trata de aplicar la clásica fórmula decimonónica del principio de las nacionalidades, enunciado por Pasquale Mancini, según la cual toda nación (cultural) tiene derecho a un Estado propio.

Digo que este proceso ha sido inteligente por diversas razones, entre ellas una que cabe destacar: a pesar de llevarse a cabo de forma premeditada y perseverante, una buena parte de los catalanes no se han dado cuenta de la manipulación, sigilosa y astuta, a la que han sido sometidos. Solo ahora, en estos años en que se ha optado por la independencia, algunos están abriendo los ojos a la realidad, como si despertaran de un mal sueño.

En efecto, desde el primer momento las fuerzas nacionalistas han presionado a personalidades, grupos y asociaciones para conseguir la hegemonía política, social y cultural dentro de la sociedad catalana. Para tal cometido ha resultado decisivo el apoyo activo y pasivo de los partidos de izquierda —tanto el PSC como Iniciativa per Catalunya Verds-Izquierda Unida (ICVIU)—, un apoyo obtenido a muy bajo precio, así como el de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT (Unión General de Trabajadores), las patronales y otros muchos sectores de la llamada «sociedad civil», desde las asociaciones de maestros y de padres en las escuelas hasta los clubs y las federaciones deportivas, pasando por buena parte de los que colaboran en los medios de comunicación, tanto en el articulismo de la prensa escrita como en las tertulias de radio y televisión.

Sin su inapreciable colaboración, en la mayoría de las ocasiones generosamente subvencionada por la Generalitat, el nacionalismo hubiera sido tan solo la ideología de una pequeña parte de la población. Ahora son muchos los que se lamentan, pero cuando hace años algunos discrepantes del régimen catalanista ya lo advertían, tildaban a estos de exagerados y alarmistas, por supuesto de nacionalistas españoles (algo siempre peyorativo en Cataluña) y, presos ya estos aprovechados e ingenuos del síndrome de Estocolmo, tildaban a los discrepantes de ser unos neoliberales y unos fachas (posiciones completamente contradictorias, pero les daba igual, la cuestión era descalificarlos).

En el campo intelectual, experimentaron esta desquiciada animadversión muchos de aquellos que firmaron los dos manifiestos Babel, en 1997 y 1998, respectivamente,²³ y años más tarde los quince firmantes que hicieron una llamada a la creación de un nuevo partido político no nacionalista en Cataluña que dio lugar, un año más tarde, a Ciudadanos. De todo esto habrá que hablar algún día en serio para poner a cada uno en su lugar.

Lo que se pretendía con este tipo de proceso era convertir a Cataluña en un régimen y, para connotar esta idea, en un Régimen con mayúscula. Alguna experiencia reciente teníamos los españoles de este término. Además, esta idea encajaba con la tradición del catalanismo político que antes he expuesto.

Desde este punto de vista, un régimen es aquel sistema político en el cual, además de las normas democráticas aprobadas por los órganos constitucionalmente competentes, existen otras reglas de carácter no jurídico que los ciudadanos deben cumplir si quieren gozar, en la práctica diaria, de los mismos derechos que los demás. Estas reglas no escritas, pero conocidas, lo que pretenden es imponer una mentalidad, un sentido común social, del que nadie pueda discrepar para que la inmensa mayoría de las personas tengan la sensación de que todos piensan lo mismo y no pueden pensar de otra manera. Así, el proceso de construcción nacionalista de un régimen se lleva a cabo mediante lo que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann denominó «la espiral del silencio», expresión que tomo prestada para titular estas páginas.²⁴

¿En qué consiste tal fenómeno? Un determinado punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los que sostienen posturas distintas enmudecen, aunque de partida fueran mayoritarios. En efecto, ganan aquellos que tienen «energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones» y pierden quienes callan. En la naturaleza humana hay una inclinación a formar parte del bando vencedor, nadie quiere quedar aislado. Ya lo observaba Alexis de Tocqueville cuando, al referirse a la Revolución francesa, sostenía: «Temiendo más la soledad que el error, [los contrarios a la Revolución] declaraban compartir las opiniones de la mayoría». Años después, el sociólogo Gabriel Tarde advertía que las personas tienen miedo a quedar aislados de los demás porque desean ser respetados y queridos por quienes les rodean.

«Si lo dice la mayoría... es que es verdad»: esta es la consecuencia de la espiral del silencio. La mayoría, naturalmente, está compuesta por quienes hablan, no por quienes callan. Y, como dice Noelle-Neumann, para que en una sociedad se produzca el fenómeno de la espiral del silencio es preciso que previamente se infunda miedo, que los individuos tengan la percepción de que, si se desvían del clima de opinión que se supone mayoritario, están amenazados con el aislamiento y la exclusión. En semejante clima, las personas cambian imperceptiblemente de opinión. No lo hacen tras un proceso en el que han sido convencidos mediante argumentos racionales y fundamentados, sino por medio de una sutil presión social que sigilosamente amenaza a quien se muestra díscolo con el aislamiento y la expulsión.

En Cataluña, durante más de treinta años, hubo y todavía hay miedo a la soledad y a la exclusión. Miedo en las personas, en los grupos y en los partidos políticos. Miedo en la sociedad. El nacionalismo ha dominado la escena y ha excluido, cuidando de que no se notase, a las voces críticas. Los callados,²⁵ para autojustificarse, se fueron pasando al nacionalismo y, en los últimos años, al independentismo, creyendo que tiene posibilidades de triunfar. Es la espiral del silencio.

¿Cómo se ha construido esta espiral del silencio, este dominio de toda la escena catalana que hace callar a unos y solo escucha a los otros, que llega a confundir a todos hasta el punto de que es habitual, en la prensa escrita, las radios y la televisiones del resto de España o en las conversaciones privadas, referirse a los nacionalistas catalanes como «los catalanes», como si los demás, la mayoría, no existiesen o no contaran, tomando en definitiva la parte por el todo? ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues a través de una estrategia muy bien pensada, una obra de ingeniería social que pretende transformar las mentalidades para que no vulneren los principios de esta ideología común, transversal, que crea normas, no escritas ni jurídicas, sino políticas y culturales, de obligado cumplimiento.

Para profundizar en ellas, conviene separar las principales líneas estratégicas de este proceso de construcción nacionalista.

Catalanistas y españolistas

Esta división es un aspecto central de la estrategia nacionalista. El pluralismo, tanto social como ideológico, social, cultural o de cualquier otro tipo, es un elemento clave de toda sociedad democrática. La diversidad es una característica de las sociedades modernas avanzadas. Pues bien, la estrategia nacionalista se cimentó, desde el primer momento, en una contraposición existencial: o eras catalanista o eras españolista, sin más opciones, lo cual significaba ser nacionalista catalán o bien nacionalista español. La razonable alternativa de ser no nacionalista, algo tan común y civilizado en los países de nuestro entorno, se consideraba un mero subterfugio para esconder que eras nacionalista español.

No se trataba de una cuestión de lengua, o de nacimiento, sino de ideología. No importaba ser de derechas, de izquierdas o de centro para ser considerado catalanista: lo eras mientras no te salieras de los límites fijados por quienes determinaban aquello que se establecía como nacionalmente correcto. En lo demás se podía discrepar, en eso no: un límite claro al pluralismo político y al ejercicio de la libertad ideológica.

Esta división comportaba algunas consecuencias.

a) Toda crítica o discrepancia con el nacionalismo catalán era considerada un ataque a Cataluña, entendida como un todo. De ahí que a los no nacionalistas se les denominara, habitualmente, anticatalanes. Más aún, si eran ciudadanos que vivían en Cataluña pero ellos, o sus ascendientes directos, procedían de otras partes de España —inmigrantes, se les llamaba—, se les perdonaba su actitud porque, no se sabe por qué razón, no podían entender el problema de Cataluña. Ahora bien, si eran de familia catalana y habían nacido en Cataluña, se les tildaba de traidores... a la patria, naturalmente. Por tanto, de la división entre catalanistas y españolistas se pasaba a la de catalanes y anticatalanes.

b) Debido a sus ideas, los considerados españolistas —entre los que estaban comprendidos los nacionalistas españoles y los no nacionalistas— no estaban plenamente legitimados para ejercer cargos públicos, tanto en puestos políticos relevantes como en cargos menores, por ejemplo, directores de escuela y de instituto, decanos de facultades universitarias o de colegios profesionales, u otros de un nivel o rango semejante en cualesquiera materia o profesión. Si no había más remedio, porque no todas las designaciones o elecciones se pueden controlar, se transigía tomando nota para corregirlo en la próxima elección. Por otra parte, dado que sutilmente se hacía saber que para desempeñar dichos cargos era imprescindible hablar correctamente el catalán, acreditándose en el nivel correspondiente —de la A a la D—, muchos de los candidatos posibles ya renunciaban a presentarse, bien por no tener el título que les acreditaba, bien por estar acomplejados al no desenvolverse con soltura en catalán. Mediante estos procedimientos, los incentivos para convertirse al nacionalismo catalán eran muchos y esta ideología transversal se convirtió rápidamente en la única legítima y obligatoria.

Una anécdota ilustra esta situación. En las elecciones de 2003, Jordi Pujol, refiriéndose a la candidata socialista Manuela de Madre, de origen andaluz pero residente en Cataluña desde muy pequeña y que habla perfectamente el catalán, dijo con desprecio en un mitin: «Ella lleva aquí cincuenta años; yo, quinientos». Una frase seguramente improvisada y de la que se arrepintió al día siguiente, pero que era el reflejo espontáneo de una creencia profunda: los catalanes de origen, esos que se llaman «de toda la vida», eran los auténticos propietarios del país y no estaban dispuestos a que esta propiedad les fuera arrebatada.

c) Los partidos políticos fueron divididos enseguida entre catalanistas y sucursalistas, los primeros de ámbito únicamente catalán y los segundos de ámbito español. Con esta división se pretendía transmitir al inconsciente colectivo que los catalanistas defendían solo los intereses de Cataluña, mientras que los sucursalistas no tenían autonomía en el ejercicio de esa defensa, ya que dependían de partidos españoles y, por tanto, estaban subordinados a intereses foráneos. Expresiones que rezuman xenofobia, como contraponer «els nostres» a «els de fora» («los nuestros» frente a «los de fuera»), ha sido una manera habitual de distinguir a unos de otros por parte de políticos y columnistas nacionalistas.

Naturalmente, los partidos catalanistas eran CiU y ERC, mientras que todos los demás, aunque en distintos grados, formaban el pelotón de los sucursalistas. Esta división creó un complejo, ya de entrada, a los socialistas catalanes, que aun hoy se siguen manteniendo en una calculada ambigüedad en las cuestiones nacionalistas. El PSC es una formación jurídicamente separada del PSOE, aunque lo considera «un partido hermano», sea cual sea el significado de este impreciso término, aunque sin duda ambos mantienen una relación especial. En todo caso, el PSOE no tiene implantación en Cataluña, lo cual ha inducido a muchos catalanes a abstenerse (o a votar a otro partido) en las elecciones autonómicas y dar su voto a los socialistas en las generales.

Algo parecido, aunque no idéntico, sucedió con la relación entre el PSUC y el PCE o IC e IU. Jamás dudaron los nacionalistas catalanes en tildar al PP —y, ahora, a Ciutadans (Cs)— de sucursalista y españolista. Y volviendo a las filas socialistas, a pesar de su independencia jurídica y sus ímprobos esfuerzos por demostrar que no se trata de un partido sucursalista y que es distinto al PSOE, cuando a los nacionalistas les ha interesado o creído oportuno, es decir, casi siempre, el PSC ha sido acusado también de ser españolista y sucursalista, e incluso algunos añadían que «tanto o más que el PP».

d) En todas las referencias a España, los políticos, columnistas y periodistas nacionalistas, sobre todo los de los medios públicos dependientes de la Generalitat,²⁶ han empleado siempre la expresión «Estado español», mientras que al referirse a Cataluña han recurrido al término «Cataluña» y no, en justa correspondencia, a «Generalitat de Cataluña». Recordemos aquella vieja distinción de la tradición política catalanista entre nación y Estado a la que ya me he referido: la primera, la nación, es considerada como algo natural, realmente existente desde siempre; el segundo, el Estado, como algo artificial, una simple expresión jurídica de un determinado momento histórico. Pues bien, evidentemente esta distinción va encaminada a considerar España como un ente exterior a Cataluña, algo que es un presupuesto imprescindible para poder presentarlo como un Estado opresor o, en tiempos recientes, como el Estado-ladrón que roba el dinero de los catalanes. Aquí se demuestra —y se encontrarían otros muchos ejemplos en la estrategia nacionalista— la eficacia de utilizar ciertas palabras como instrumento de propaganda política.

Dividir a los ciudadanos de Cataluña en catalanistas y españolistas, con las consecuencias ya vistas, tiene una intención muy clara: imponer la ideología nacionalista, aquella de carácter transversal que estaba presente en los fundadores del catalanismo político, a todos los ciudadanos de Cataluña, bien sea por convencimiento, bien acomplejándoles al crearles sentimiento de culpa por no adaptarse al país, bien infundiéndoles miedo al amenazar con represalias su actitud disidente. En todo caso, dejando claro que la legitimidad política, social y cultural para desarrollar actividades en Cataluña pertenece únicamente a quienes observan las reglas de la catalanidad, aquellas que deben observar todos los «buenos catalanes».

Cultura, lengua, historia

El nacionalismo de raíz romántica, el que tiene como padres fundadores a los filósofos alemanes J. G. Herder y J. G. Fichte, está basado en la unidad cultural, dando preferencia a la lengua como su principal elemento. Esta es la fuente esencial del nacionalismo catalán. Es natural, pues, que se haya prestado especial atención a las políticas culturales y lingüísticas. Lo lamentable y perverso es que la cultura se reduzca a propaganda, la lengua al catalán y, en cuanto a la historia, una vertiente de la cultura, se reinvente y mitifique.

a) Los principales instrumentos de producción cultural han sido los medios de comunicación, en especial los públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, creados en la primera legislatura de Pujol cuando aún no tenía mayoría absoluta en el Parlament. La justificación de tan inmediata puesta en funcionamiento fue la llamada «normalización lingüística». Su programación, sin embargo, fue inmediatamente encaminada a transmitir los valores identitarios catalanes, politizando no solo los informativos y las tertulias políticas, cosa bastante habitual en tantas emisoras, sino también, y muy significativamente, otros programas aparentemente ajenos a la política, con lo cual toda la programación ha estado dedicada a las tareas propias de la construcción nacional.

Es el caso, por ejemplo, de los deportes (sobre todo del fútbol, con el Barça como emblema de la Cataluña nacionalista), de la información del tiempo (delimitando el territorio catalán hasta allí donde se habla la lengua catalana, los llamados «Països Catalans»), de los programas infantiles y de entretenimiento (obsesivamente centrados en la simbología histórica y cultural nacionalista), de los seriales melodramáticos (con un subliminal lenguaje en torno a lo que constituye el «carácter nacional» en una Cataluña donde todos hablan solo catalán, con excepciones intencionadas como los guardias civiles), de los programas de humor político (en especial Polònia, seudocrítico con los políticos pero que hace un constante desprecio a España y continuas burlas a la monarquía).

Es significativa la singular importancia dada a las competiciones de castellers (torres humanas), una especie de nuevo «deporte nacional catalán», abundantemente subvencionado y extendido por todo el territorio (antes solo era practicado en una limitada zona de Tarragona, alrededor de Valls y El Vendrell), que hoy ha sustituido a la muy en decadencia sardana como emblema y signo identitario catalán. Su puesta en escena se ha transformado en el símbolo del enorme esfuerzo que se precisa para edificar una nación.

En todos estos programas emitidos por los medios de comunicación se intenta transmitir la imagen de un determinado modelo de Cataluña —el que está en construcción— y se ocultan sistemáticamente muchas otras realidades. Entre ellas, como mostraré, el bilingüismo catalán-castellano en la sociedad, ciertamente más intenso en unas zonas que en otras, algo tan evidente que basta con salir a la calle para constatarlo.

Hay que reconocer que la audiencia de ambas emisoras, TV3 y Catalunya Ràdio, ha sido muy alta y su calidad técnica excelente. Sin embargo, su público se ha concentrado en determinadas capas sociales. Según ciertos estudios sociológicos realizados en la década de 1990, un 25 % de los catalanes únicamente conectaba las emisoras de la Generalitat, otro 25 % no las conectaba nunca y el 50 % restante las alternaba con las demás emisoras. Estos porcentajes son, quizá, un buen índice de la fragmentación cultural de la sociedad catalana. En cualquier caso, las emisoras de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) —el ente público que gestiona los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat— han sido un éxito, que en los últimos años declina por la competencia de algunas privadas y su demasiado evidente radicalización independentista.

Otros ámbitos culturales utilizados preferentemente para la construcción nacional han sido la escuela y el mundo literario y artístico. La escuela, porque sus enseñanzas, sobre todo en geografía e historia, tal como revela una simple mirada a los libros de texto, se han centrado en estudiar la realidad catalana al margen del conjunto de la realidad española. España y Cataluña son naciones muy distintas: esto, por lo visto, es lo que debe quedar claro en la infancia y adolescencia. Respecto al mundo literario y artístico, las grandes armas de la Generalitat han sido las subvenciones y ayudas a la prensa, editoriales, congresos y jornadas, asociaciones culturales, centros artísticos y de cultura tradicional y popular.

Es natural que la Generalitat desempeñe esta función de ayuda si tiene competencias exclusivas en materia de cultura. Pero es injusto que, en aquellos aspectos de esta materia en que la lengua es un componente básico, patrocine solo a la cultura escrita, hablada o cantada en catalán, mientras que las ayudas se justifican por razones ideológicas nacionalistas en aquellos otros en que no lo es. La red clientelar que la Generalitat ha creado en el ámbito de la cultura, más allá de la lengua, es claramente discriminatoria para aquellos que no son adictos al nacionalismo cultural; con frecuencia, tras tantos años de marginación, estos ya ni se molestan en dirigirse a las autoridades autonómicas. Todo ello, aparte de ser discriminatorio para las personas, provoca que la cultura en Cataluña haya perdido la fuerza y calidad de otros tiempos, incluidos los últimos años del franquismo.

b) Sin embargo, con mucha diferencia, el principal aspecto cultural en que se ha centrado la labor de la Generalitat ha sido la política lingüística. Ya he dicho que una de las reivindicaciones básicas de la Transición, en la que estaban de acuerdo todas las fuerzas políticas, era el reconocimiento del catalán, junto al castellano, como lengua oficial y su protección por parte de los poderes públicos como lengua minoritaria. El artículo 3 de la Constitución daba perfecta cabida a esta reivindicación. Sin embargo, ya el Estatuto de Autonomía de 1979 ofrecía ciertas ambigüedades que inmediatamente fueron aprovechadas para interpretarlo con intenciones muy distintas.

¿Qué es una lengua oficial? Es aquella que están obligados a hablar los poderes públicos. Declarar que un determinado idioma es lengua oficial no es un capricho del legislador, sino que está determinado por la composición sociolingüística de la población y por los deberes democráticos de estos poderes públicos, cuya única razón de su existencia es proteger los derechos de los ciudadanos. La lengua en la que hablan los poderes públicos debe ser, por tanto, la que utilicen y entiendan los ciudadanos, aquellos a los cuales van destinados los mandatos de ese poder.

Así lo entendió la Constitución de 1978 al establecer que el castellano es la lengua oficial en todo el territorio español, y que los Estatutos podían declarar oficiales otras lenguas en sus respectivas comunidades autónomas. La razón de ser de lo primero es que el castellano es el idioma común en el que todos los ciudadanos podemos entendernos, y de lo segundo, que pueden ser también oficiales otras lenguas con un consolidado arraigo en la población de determinados territorios. Por tanto, aplicado a Cataluña, lo más adecuado era la cooficialidad de lenguas.

El Estatuto de Cataluña reconoció, de acuerdo con la Constitución, la oficialidad de catalán y castellano, aunque podía entenderse que daba preferencia al primero debido a su sutil redacción: «El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado». Esto se podía prestar a una interpretación según la cual la razón de la oficialidad del castellano era ser la lengua del Estado, no ser el idioma utilizado habitualmente por una mayoría de los catalanes.

Esta interpretación se reforzaba con otro precepto, aparentemente inocuo, del mismo Estatuto: «La lengua propia de Cataluña es el catalán». El término «lengua propia» parecía declarar, simplemente, que el catalán es la lengua específica y singular de los catalanes, sin consecuencia jurídica alguna. Sin embargo, las leyes catalanas interpretaron que el catalán, al ser lengua propia, debía ser la «realmente» oficial, pasando el castellano —¿lengua impropia por ser la del Estado?— a tener un carácter oficial meramente secundario. Sobre estas bases jurídicas se ha fundamentado la política lingüística de la Generalitat.

El problema, sin embargo, no está en las bases jurídicas, sino en los presupuestos políticos de las mismas. En efecto, la lengua es el elemento nuclear de la construcción nacional de Cataluña. De esta premisa deriva toda la política lingüística desarrollada en estos años hasta hoy. Notoriamente injusta, notoriamente inconstitucional. ¿Cómo debía haberse planteado tal política, de acuerdo con criterios liberales y democráticos, las bases de nuestro Estado de derecho?

Partamos de que la lengua tiene una doble vertiente: por un lado, es el signo de identidad de un territorio determinado, no necesariamente un Estado; por otro, es el medio habitual de comunicación entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones públicas. Ambas vertientes, en proporción razonable, deben configurar la política lingüística, aunque en una sociedad democrática debe prevalecer el segundo aspecto (la lengua como elemento de comunicación) sobre el primero (la lengua como elemento de identidad). La razón es que la comunicación implica derechos fundamentales universales y la identidad no, pues se trata de un simple valor político en el que legítimamente creen algunos, pero sin validez universal. Por tanto, una sabia y justa política lingüística, formulada mediante leyes y otras normas jurídicas, debe combinar ambas vertientes partiendo de estas bases.

Si estamos de acuerdo con estos presupuestos, en una sociedad bilingüe como la catalana, en la que las dos lenguas suelen ser conocidas y usadas indistintamente, la política lingüística debe encaminarse a dos objetivos: primero, las instituciones públicas han de utilizar las dos lenguas para dirigirse a los ciudadanos; segundo, los poderes públicos deben tender a reforzar el bilingüismo de la sociedad, es decir, conseguir que los ciudadanos conozcan suficientemente ambas lenguas y utilicen libremente aquella que deseen, tanto entre sí como al dirigirse a las instituciones públicas. Planteado así, se respetan los valores de libertad e igualdad de los ciudadanos y se protege el catalán como lengua minoritaria, si la comparamos con el castellano, en Cataluña, en España y en el resto del mundo.

Sin embargo, la política de la Generalitat, que se ha desarrollado en diversas fases, ha ido en sentido contrario a este planteamiento.

En primer lugar, las instituciones políticas de la Generalitat no han respetado el bilingüismo desde la promulgación del Decret 107/1987, de 13 de marzo, que regulaba el uso de las lenguas oficiales y establecía de hecho que la lengua única de la Generalitat era el catalán, haciendo caso omiso del principio constitucional y estatutario de cooficialidad y vulnerando, tanto en la letra como en el espíritu, a la buena Llei de Normalització Lingüística 7/1983, de 18 de abril. Solo basta con mirar hoy las webs de los distintos departamentos de la Generalitat para darse cuenta de que su contenido está escrito casi por completo en catalán.

Un caso particularmente importante es el del uso del catalán en la enseñanza primaria y secundaria. Como es sabido, en estos tramos de la enseñanza, la única lengua vehicular es el catalán, entendiéndose como tal aquella en la cual se imparten todas las asignaturas y que se utiliza en las demás actividades de los centros escolares. En los planes de estudio, según la ley, a pesar de diversas sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el castellano queda relegado a la asignatura de Lengua Española, así como el inglés —o la lengua que corresponda— lo es a la de Lengua Extranjera.

En segundo lugar, en cuanto al uso social de la lengua, en nombre de la protección del catalán se han establecido medidas de fomento y de regulación administrativa. En cuanto a las de fomento, aparte de las subvenciones, son discutibles las cuotas de catalán en los medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), las industrias culturales y los espectáculos. Como se sabe, las ayudas de este género son, para unos, perjudiciales por su carácter excesivamente proteccionista; para otros, simplemente inútiles; y, para unos terceros, las únicas medidas que permiten la supervivencia de culturas minoritarias. El debate está abierto en todo el mundo y no voy a entrar en él.

Ilegítimas en cambio me parecen las medidas administrativas respecto a determinadas actividades de empresas y comercios, en los cuales el intervencionismo resulta excesivo. Ocurre así con la obligación de rotular u ofrecer la carta de servicios y precios en catalán en los establecimientos comerciales abiertos al público, así como con la exigencia a las empresas de utilizar el catalán en sus avisos e indicaciones. Todo esto supone una interferencia en las actividades privadas que contraviene el principio de libre opción lingüística, penetra en esferas privadas que deben quedar excluidas de la regulación por parte de los poderes públicos y excede de la legítima protección constitucionalmente establecida.

Dicha regulación se suaviza socialmente porque ambas lenguas son muy parecidas, está generalizada la comprensión del catalán y la misma inspección de la Generalitat es tolerante con la aplicación de la ley, especialmente en las escuelas privadas y concertadas, lo cual, por otra parte, es todavía peor pues fomenta la arbitrariedad y vulnera la igualdad entre ciudadanos.

Ahora bien, cabe destacar que el objetivo de esta política lingüística es simbólica. En el imaginario del nacionalismo catalán, la lengua castellana representa la imagen de España y es esta imagen la que se pretende borrar del mapa mental de Cataluña. Muchos callan en Cataluña, como he dicho, por miedo a ser considerados anticatalanes si expresan en público su sentimiento de estar lingüística y simbólicamente discriminados.

La solución pasa por eliminar todo aquello que es producto de un irracional fanatismo y de situar a la lengua en el lugar del que nunca debió salir, el terreno de la natural convivencia, haciendo que la actuación de los poderes públicos sea el fiel reflejo de lo que ya sucede en la sociedad. En esta, la convivencia lingüística es ejemplar y sin ningún problema porque se da preferencia antes que nada a la libre comunicación entre las personas y se respeta la libre opción lingüística de cada uno. La finalidad de una nueva política lingüística debería ser, simplemente, que los poderes públicos imitaran aquello que ya es real en la vida social de los catalanes.²⁷

c) Finalmente, es notable el esfuerzo realizado desde las instancias oficiales por reescribir la historia de Cataluña hasta alcanzar su modelo de nación soñada. En efecto, todo proceso de construcción nacional necesita una historia oficial única que fije los orígenes y el devenir de la nación, haciendo que esta, aunque cambiante en lo superficial, resulte inalterable en lo esencial, en el proceso de fondo. Ahí deben fundamentarse la legitimidad histórica y el carácter nacional.

Tal actitud ante la historia es habitual en la construcción de las naciones. Ya lo dijo el filósofo y escritor francés Ernest Renan en su célebre opúsculo ¿Qué es una nación? (1887):

El olvido, e incluso diría que el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, y de ahí que el progreso de los estudios históricos sea frecuentemente un peligro para la nacionalidad.²⁸

Desde hace muchos años, la historia desempeña un importante papel ideológico en la construcción nacional. Mediante estos olvidos y errores a los que alude Renan, se ha intentado legitimar recientemente la independencia de Cataluña.

Viejos maestros como Jaime Vicens Vives y Pierre Vilar, aunque su autoridad se invoque continuamente con todo el cinismo, han sido arrinconados, incluso por sus discípulos más directos, para dar paso de nuevo a una historia romántica de Cataluña más basada en el sentimiento nacional que en datos empíricos comprobables. El reciente espectáculo de un 1714 imaginario, considerando esta fecha como el final de un inexistente Estado catalán independiente, es bien revelador. «España contra Cataluña (1714-2014)», título de un congreso de historiadores celebrado ese último año, refleja la intención de mostrar a España, contra toda evidencia histórica, como un Estado opresor.²⁹

Como dice con inteligencia y acierto el analista político y periodista estadounidense David Rieff:

La memoria histórica colectiva, tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan —la cual, para reiterar lo esencial, siempre es selectiva, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico—, ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón.³⁰

Una gran parte de los actuales historiadores catalanes, en sus publicaciones sobre Cataluña, no han escrito sobre historia, sino sobre la memoria histórica colectiva en el sentido al que se refiere Rieff.³¹

El Estatuto como instrumento y el rechazo al federalismo

Todo partido nacionalista, por definición, aspira a la plena soberanía de aquel territorio al que considera «su» nación. Para alcanzar esta aspiración, tiene trazada una ruta en la cual la autonomía es un mero instrumento, solo útil en la medida en que permite ir creando «conciencia nacional», es decir, extendiendo la ideología nacionalista entre la población como preparación para dar el paso siguiente hacia su deseada meta final.

Para los nacionalistas, el gobierno de una comunidad autónoma es importante sobre todo desde esta perspectiva, quedando subordinados a ella todos los demás fines, aquellos que son los propios de cualquier poder público democrático: ampliar las libertades civiles, promover una sociedad más equitativa, mejorar el funcionamiento de sus instituciones, impulsar el bienestar social, hacer más eficiente la Administración, etcétera. Por tanto, desacreditar el Estado de las autonomías como un sistema insuficiente para sus aspiraciones forma parte de un guion previamente trazado inherente a su ideología.

Los partidos nacionalistas, por su misma naturaleza, nunca pueden estar conformes con lo obtenido a no ser que se alcance la meta final de la plena soberanía. En ese camino, todo punto de llegada es, inmediatamente, un nuevo punto de partida, para lo cual es necesario deslegitimar lo alcanzado por ser insuficiente. Esta ha sido una constante en todo el proceso de construcción nacional de Cataluña.

Muy pronto, por tanto, la España de las autonomías comenzó a ser objeto de jocosas críticas y esto comportaba denigrar a la Constitución y a los Estatutos, elementos que habían pasado a ser un estorbo en el proceso de construcción nacional. El victimismo en cuanto al trato recibido, el agravio comparativo con las demás comunidades autónomas y la queja continua forman parte de esta estrategia mientras se alcanza a conseguir el objetivo final. Siempre, como demuestra la historia, una vez conseguido este objetivo, el partido nacionalista se convierte en centralista.

Así pues, desde sus inicios la autonomía era manifiestamente escasa para las aspiraciones catalanas. Una muestra es que, en el discurso de su primera investidura en 1980, una de las propuestas del programa político de Jordi Pujol fue ¡la reforma del Estatuto de Autonomía en virtud del cual era elegido presidente! A pesar de que la Generalitat ha dispuesto siempre de un gran poder político, como han reconocido todos los especialistas en sistemas federales, las muestras de insatisfacción han sido constantes.

Curiosamente, que las competencias catalanas, así como las del Estado, se transfirieran a la Unión Europea nunca ha suscitado queja alguna. En cambio, han sido numerosos los conflictos competenciales internos. La razón de fondo está en que así se alimentaba la sensación de que la Generalitat, además de tener poco poder, veía cómo se le escatimaba el que tenía. De esta manera se pretendía demostrar la necesidad de superar el Estado de las autonomías por ineficiente para el progreso de la sociedad catalana. En ese marco, el Estatuto siempre ha sido considerado como un instrumento para alcanzar mayores cotas de poder, nunca como un instrumento para ejercer lo mejor posible el que ya posee.

Por este motivo la Generalitat se dotó desde el primer momento de instituciones más propias de un Estado que de una comunidad autónoma. Lo que se ha pretendido en estos años de autonomía es ir preparando el Estado del futuro mientras se desarrollaban las competencias del presente. De ahí han resultado duplicidades y disfunciones que, a la postre, han acabado siendo financieramente insostenibles. Un problema acentuado por el hecho de que muchas de las demás comunidades han imitado el ejemplo catalán tras igualarse las competencias en sentido federal durante la década de 1990.

La ideología nacionalista tiene, en el caso español y en el contexto del Estado de las autonomías, otra consecuencia importante para entender la presente situación. Se trata de su natural rechazo a la política del «café para todos», es decir, a la igualdad competencial. Es comprensible desde la propia lógica nacionalista: su nación es única, distinta a las demás y, por tanto, debe ser objeto de un trato especial y diferenciado.

En la medida en que el Estado de las autonomías evolucionó decididamente hacia una igualación básica de competencias, los nacionalistas no estuvieron de acuerdo porque, en base a sus principios, no podían estarlo. Por esta razón, ni CiU ni PNV firmaron el Pacto Autonómico de 1992, tal como hubieran deseado el PSOE y el PP, que sí lo suscribieron.

También esta es la razón por la cual, de forma explícita, los nacionalistas rechazan el federalismo. Los nacionalistas quieren la diferencia; los federalistas, la igualdad. No hay entendimiento posible entre ellos. En la tradición nacionalista catalana, como hemos visto, está muy claro y explícitamente dicho desde Prat de la Riba a Jordi Pujol.³² Los nacionalistas dan por supuesto que sus propias comunidades, consideradas naturalmente como naciones, no solo deben optar a la autonomía como las demás, así lo reconoce el artículo 2 de la Constitución, sino también a la autodeterminación, una posibilidad de naturaleza muy distinta porque supone el derecho a separarse de España y a convertirse en un Estado independiente. En el entretanto, mientras el ejercicio de este derecho no llega a alcanzarse, deben tener un derecho a la autonomía especial, distinto y superior a las demás comunidades.

En consecuencia, rechazan la generalización de las autonomías, el desarrollo autonómico en la dirección federalista —el «café para todos»—, aunque en el fondo sea una paradoja por injustamente igualitario. Los meros «hechos diferenciales» que la Constitución contempla y que en el momento constituyente parecían suficientes signos distintivos de la identidad diferenciada de Cataluña ya no bastan, ya no son tomados siquiera en consideración, ya son un derecho adquirido. Hay que dar un paso más: el único «hecho diferencial» consiste ahora en que Cataluña es una nación distinta de España y, por tratarse de dos naciones separadas, ambas deben tener su propio Estado.

EL NUEVO ESTATUTO COMO PRETEXTO (2003-2010)

En noviembre de 1999 CiU ganó una vez más las elecciones autonómicas, aunque por un margen muy estrecho. Jordi Pujol pudo seguir así, durante cuatro años más, como presidente de la Generalitat. La diferencia, en relación a otras elecciones, era que los socialistas catalanes tenían grandes esperanzas en ganar esta vez, ya que presentaban a su candidato más conocido, Pasqual Maragall, el mítico y popular alcalde de Barcelona. El fracaso socialista fue, por tanto, más inesperado que en las anteriores ocasiones. Tras el revés sufrido, el PSC inició un período de reflexión que lo condujo a una conclusión: para alcanzar el gobierno de la Generalitat y derrotar a CiU debía buscar aliados más allá de IC.

Efectivamente, en febrero de 2000, el PSC pactó con ERC e IC un frente de partidos de izquierda para coordinar la oposición parlamentaria al partido de Pujol. La intención de los socialistas era consolidar este pacto como alternativa de gobierno tras las siguientes elecciones. Con efectos inmediatos, el pacto constaba de dos acuerdos: primero, los senadores de estos tres partidos formarían grupo parlamentario en la Cámara Alta —esto implicaba que los parlamentarios del PSC debían dejar de pertenecer al grupo socialista, es decir, separarse del PSOE—; y, segundo, los tres partidos estaban dispuestos a realizar los estudios previos necesarios para proceder a una propuesta de reforma del Estatuto. A partir de ahí y hasta noviembre de 2002, diversos grupos de expertos elaboraron documentos de distinto carácter encaminados a fijar las bases de dicha reforma.

Significativamente, la reforma estatutaria catalana no fue auspiciada desde el gobierno de CiU, es decir, desde el nacionalismo oficial, sino desde la oposición mediante un acuerdo entre el PSC, ERC e IC, tal era la penetración del pujolismo en la sociedad catalana y el acomplejamiento de los líderes de los partidos de la oposición, en especial de los socialistas catalanes, siempre obsesionados por dejar claro que nadie les ganaba ninguna partida en cuanto a catalanismo se refiere.

CiU, en cambio, no era partidaria de una reforma, sino de una relectura, legislativa y jurisprudencial, del Estatuto. Sin embargo, modificó su posición al comprobar que estaba perdiendo apoyo electoral en beneficio de ERC. Este cambio de posición de CiU culminó a finales de 2002 cuando su nuevo líder, Artur Mas, candidato a presidente por la renuncia de Jordi Pujol, anunció que él sería todavía más radical que los partidos de la oposición: no solo apoyaba la reforma estatutaria, sino que propondría su revisión total, es decir, un nuevo Estatuto que sustituyera al vigente desde 1979. La pugna por el voto nacionalista entre CiU y ERC fue la causa de esta súbita decisión de Mas. Los restantes partidos se vieron arrastrados por esta propuesta de reforma total.

En las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, todas las formaciones políticas catalanas representadas en el Parlament —a excepción del PP— se mostraron partidarias de un nuevo Estatuto aunque las propuestas formuladas en sus respectivos programas fuesen muy distintas. Los resultados de las elecciones confirmaron de nuevo que, por escasa mayoría, el grupo parlamentario con más escaños era CiU. Sin embargo, la coalición entre el PSC, ERC e IC que se venía incubando desde febrero de 2000 le arrebató la victoria y formó un gobierno tripartito presidido por Maragall. Inmediatamente, declaró que su principal objetivo era elaborar el proyecto de un nuevo Estatuto. En enero de 2004 se nombró una ponencia parlamentaria, que trabajó con enorme lentitud y en medio de un gran secretismo, asesorada por el Institut d’Estudis Autonòmics (hoy Institut d’Estudis de l’Autogovern) que dirigía el jurista y profesor Carles Viver Pi-Sunyer. Durante meses se elaboraron algunos borradores de las diversas partes del nuevo Estatuto, pero el primer proyecto no se hizo público hasta un año y medio después, en julio de 2005, para que fuese debatido en el seno del Parlament.

Este proceso estatutario en Cataluña no podría entenderse sin tener en cuenta lo que, paralelamente, sucedía en la política española. Hasta marzo de 2004 el PP gobernaba en España por mayoría absoluta y era conocida su oposición a cualquier reforma estatutaria. Por tanto, si tras las elecciones de marzo de 2004 el Partido Popular hubiera seguido en el poder, la reforma catalana no hubiera franqueado el trámite de admisión en el Congreso de los Diputados, tal como sucedió con el Plan Ibarretxe. En consecuencia, la propuesta de reforma estatutaria catalana no parecía tener muchas posibilidades de salir adelante, ya que todo parecía indicar que el PP continuaría en el Gobierno. Al proyecto catalán se le auguraba un corto recorrido. Lo más probable era que solo sirviese para enfrentar al Parlament con las Cortes Generales y estimular así, una vez más, los sentimientos de agravio y victimismo de los nacionalistas catalanes que ayudaban a crear «conciencia nacional».

Ahora bien, por sorpresa, tras el trágico atentado de Madrid tres días antes de la cita electoral, el ganador de los comicios celebrados el 14 de marzo de 2004 no fue el PP, sino el PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero pasó a ocupar la presidencia del Gobierno español. Las posibilidades de que el proyecto de reforma catalana prosperara aumentaron, sobre todo si se reparaba en la más que estrecha relación entre el PSC y el PSOE. Además, Zapatero fue investido presidente gracias a los votos de IU y ERC, los otros dos partidos aliados del PSC en el Gobierno catalán. Por último, durante un mitin en Barcelona con motivo de las elecciones autonómicas catalanas, Zapatero se comprometió, con cierta ligereza, a apoyar en las Cortes Generales el proyecto de Estatuto que propusiera el Parlament. Naturalmente, como luego explicó, siempre que este proyecto respetara la Constitución. Pero no contaba con su difícil posición parlamentaria, ni con la deslealtad del PSC.

El panorama político había cambiado sustancialmente. En los dos años siguientes, entre abril de 2004 y junio de 2006, se fue resolviendo la incógnita sobre si el proyecto catalán sería aprobado definitivamente. Una vez expuestos los datos del contexto político, detengámonos ahora en algunos aspectos de interés respecto a esta fase del proceso estatutario.

El proyecto catalán apenas fue sometido a discusión en el Parlament. El debate parlamentario propiamente dicho tuvo lugar en época de vacaciones, durante el mes de julio de 2005, y en menos de tres semanas, con pasmosa rapidez, se aprobó el proyecto en Comisión el día 29 de ese mismo mes. Inmediatamente fue sometido al Consejo Consultivo, que emitió dictamen el 6 de septiembre, considerando que veinte preceptos eran inconstitucionales y 39 más solo resultarían conformes a la Constitución si se interpretaban en el sentido que el dictamen exponía en sus fundamentos. Incorporadas en parte las objeciones del Consejo, un texto muy levemente modificado fue sometido al pleno del Parlament, que lo aprobó —tras dos sesiones— el 30 de septiembre. Un procedimiento realmente extraño, poco transparente, sin apenas debate, tramitado con extraordinaria rapidez y en época de vacaciones parlamentarias.

Sin embargo, el elemento clave para entender su aprobación no se encuentra en estas sesiones del Parlament, sino en una entrevista en la Moncloa entre el presidente Zapatero y Artur Mas, líder de la oposición al Gobierno catalán y secretario general de CiU. Para entender la escena, conviene aludir a la necesidad de apoyos parlamentarios que requería Zapatero para mantenerse como presidente del Gobierno. Ya adelanté que fue investido únicamente con los votos a favor de IU (5 diputados) y ERC (8 diputados). Se abstuvieron otros grupos parlamentarios que hubieran podido ser claves para el mantenimiento de la mayoría gubernamental, en concreto el grupo vasco (PNV y EA, 8 diputados) y CiU (10 diputados).

Las relaciones de Zapatero con ERC habían ido, desde sus inicios, de mal en peor. A pesar de que el Gobierno español había realizado esfuerzos para atender las exigencias de los republicanos catalanes (romper el pacto antiterrorista con el PP, dar apoyo a la presencia del catalán en las instituciones de la UE y denominar «catalán» a la lengua que el Estatuto de la Comunidad Valenciana llama «valenciano», entre otros), estos nunca se daban por satisfechos. Constantemente, además, los líderes de esta formación hacían declaraciones públicas incómodas para el Gobierno que molestaban a dirigentes del propio PSOE y eran aprovechadas por el PP para desgastar a Zapatero. ERC estaba resultando para el presidente del Gobierno un aliado muy molesto. A los pocos meses de comenzar la legislatura, hacia enero de 2005, su intención fue buscar apoyos en otros grupos parlamentarios.

La mirada se dirigió hacia el PNV, cuyo grupo parlamentario tenía los mismos diputados que ERC. El problema para lograr su apoyo era la otra reforma estatutaria, el Plan Ibarretxe, que el Congreso decidió no admitir a trámite precisamente en esta época. Ahora bien, en junio se celebraban elecciones autonómicas en el País Vasco y era probable que el PNV, para seguir en el gobierno, necesitara los votos del Partido Socialista de Euskadi (PSE). Sin embargo, las esperanzas se frustraron: por muy escaso margen de escaños, el PNV pudo mantenerse en el poder con el soporte de Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU), los mismos aliados de las anteriores legislaturas.

Por tanto, a comienzos del verano de 2005, Zapatero seguía dependiendo parlamentariamente de ERC, con el incómodo proyecto del Estatuto como perspectiva inmediata. Según los sondeos, su desgaste ante la opinión pública era creciente debido a este motivo. Tampoco ayudaba nada, en ese contexto, su temeraria apuesta por entablar conversaciones con ETA que, desde el principio, muchos consideraron un ingenuo error, como luego bien se demostró. Zapatero, tras un comienzo brillante, empezaba a estar apurado y daba señales de creciente debilidad: necesitaba urgentemente encontrar refuerzos para hacer frente a las críticas.

Apenas le quedaba un último recurso: tantear el apoyo de CiU. Hacerlo tenía una dificultad obvia: en Cataluña los socialistas encabezaban un Gobierno que tenía a CiU como principal partido de la oposición. Cualquier acercamiento irritaría al PSC. Ahora bien, Zapatero también se sentía incómodo con Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat y líder de los socialistas catalanes. Las intemperancias, cambios de criterio y declaraciones inoportunas de Maragall también contribuían a desgastar a Zapatero y a su Gobierno. Además, en el interior del propio PSOE, Maragall tenía acérrimos adversarios que no comprendían sus propuestas y se sentían ofendidos por sus despectivas opiniones.

En este contexto, Zapatero empezó a considerar que un entendimiento con CiU le podía aportar dos ventajas: primera, desembarazarse de Maragall y sustituirlo por José Montilla, entonces ministro de Industria y persona de su confianza, con un carácter y una forma de hacer política totalmente opuestos a Maragall; segunda, encontrar en CiU un aliado fiable, moderado y que, si el entendimiento era bueno —como lo había sido en ciertas etapas de los gobiernos de Felipe González—, podía prolongar su apoyo más allá de la presente legislatura, pues era un partido al cual —tras su derrota en Cataluña— le convenía volver a influir en el Gobierno central. En septiembre de 2005, Zapatero se entrevistó en la Moncloa con Artur Mas en el más absoluto de los secretos.

El entendimiento con Mas fue, por lo visto, inmediato, lo cual tiene su lógica. Mas es persona racional y moderada, está técnicamente preparado y sabe explicar sus posiciones con orden y claridad. Frente a la confusión y el caos del errático Maragall, Mas despertó en Zapatero la esperanza de tener un interlocutor serio en Cataluña que le ayudaría a mantener su mayoría parlamentaria en Madrid. Por su parte, Mas vio que Zapatero era la única persona que podía ayudarle a desbaratar la coalición entre el PSC y ERC, abriendo así la posibilidad de recuperar la presidencia de la Generalitat. Ambos, pues, podían salir ganando si lograban entenderse.

El acuerdo al que llegaron Zapatero y Mas contenía tres aspectos: primero, aprobar el proyecto de Estatuto en el Parlament a condición de que fuera modificado en el trámite legislativo del Congreso de modo que se ajustara a lo establecido en la Constitución; segundo, una vez aprobado definitivamente el Estatuto, tras el referéndum en Cataluña, se procedería a la disolución del Parlament y se convocarían nuevas elecciones, garantizando Zapatero que Pasqual Maragall no se volvería a presentar y que tras las mismas se formaría un gobierno PSC-CiU, ocupando la presidencia el candidato del partido que obtuviera más escaños; tercero, CiU apoyaría en el Congreso y en el Senado al gobierno del PSOE, tanto en aquella legislatura como en la siguiente, y con una estrategia de futura colaboración que podía tener un largo recorrido.

El acuerdo era muy comprensible desde el punto de vista de los estrictos intereses partidistas. Ahora bien, no resulta muy justificado que su objetivo fuese garantizar la estabilidad del PSOE en el Gobierno de Madrid para posibilitar el acceso de CiU al de la Generalitat, en lugar de ser una reforma que respondiera a las necesidades de reforma del modelo de organización territorial. Constituía una irresponsabilidad arriesgar algo de tanta envergadura como era la reforma del Estatuto por meros intereses partidistas. En definitiva, el modelo de organización territorial, uno de los más importantes ejes vertebradores del Estado, no podía ser objeto de negociación por razones de mera táctica política. Además, no se podía garantizar el cumplimiento de algunos de los pactos. Efectivamente, de los tres aspectos del acuerdo, ni posteriormente se ha respetado que el presidente de la Generalitat sería el candidato del partido que obtuviera mayor número de escaños, ni CiU ha dado respaldo parlamentario al PSOE en el Congreso y el Senado. En todo caso, antes de tales incumplimientos, el PSOE y CiU lograron aprobar el nuevo Estatuto.

Si he profundizado en las condiciones políticas que rodearon la elaboración y aprobación del Estatuto catalán, ha sido para argumentar cómo las razones de la reforma no se correspondían con las necesidades del Estado de las autonomías, sino que tenían, simplemente, motivaciones partidistas, tanto de los partidos catalanes como del mismo PSOE. Quienes sacaron beneficios de este asunto fueron, sin embargo, los nacionalistas catalanes: CiU y ERC.

En efecto, ambos partidos sabían que en cualquier caso, tanto si se aprobaba el Estatuto como si no, sacarían importantes réditos políticos. Si se aprobaba, porque alcanzaban un nuevo peldaño en sus aspiraciones finales y se obstaculizaba la igualación competencial, es decir, se impedía el proceso de reformas autonómicas que conducían a culminar el Estado de las autonomías como Estado federal. Si no se aprobaba, porque podían seguir con su política victimista invocando el agravio permanente, el leitmotiv de que España no les comprende.

Quien salió perdiendo en toda esta batalla fue el PSOE. El Estatuto catalán fue un factor que contribuyó a la pérdida de peso electoral por parte de los socialistas en toda España, generó un creciente malestar interno, tanto en su dirección como en sus bases, y complicó su estrategia en política territorial al quedar obligados a aprobar otros Estatutos para emular al catalán. Hay que recordar que la aprobación del Estatuto de Cataluña no respondía a los principios de su propuesta más inmediata —la llamada Declaración de Santillana, de septiembre de 2003— ni al desarrollo autonómico que se venía manteniendo desde los pactos de 1992 con el PP. Al contrario, suponía un giro imprevisto e improvisado, un instrumento táctico, partidista, no una reforma que se llevara a cabo con la finalidad de mejorar el Estado de las autonomías.

Desde un punto de vista jurídico, el proyecto que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 rebasaba con mucho, ya a primera vista, los límites constitucionales, además de resultar disfuncional para el conjunto de España por transformar sin justificación razonable el modelo sobre el cual se había construido el Estado de las autonomías.³³ A pesar de ello, fue considerado plenamente constitucional por todos los partidos catalanes, a excepción del PP, y acogido con entusiasmo por una gran mayoría de los comentaristas políticos de Cataluña.

Pero el intento de los reformadores catalanes de considerar el Estatuto como una «pequeña Constitución» invulnerable a cualquier otra norma del bloque de la constitucionalidad no estaba jurídicamente bien fundamentado. De hecho, el proyecto fue modificado a fondo a su paso por el Congreso. Sin embargo, estos cambios no clarificaron suficientemente el documento, lo mantuvieron en la ambigüedad y generaron un texto confuso, técnicamente inservible y, en determinados preceptos, claramente inconstitucional, como reconoció la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2010, de 17 de mayo.

Aunque quizá lo más grave de este nuevo Estatuto catalán no fuese su inconstitucionalidad —con serlo, y mucho—, sino su disfuncionalidad. El Estado de las autonomías había tenido hasta entonces una navegación difícil que se salvó siempre por la prudencia y el acuerdo, en los momentos claves, de los dos grandes partidos nacionales: el PSOE y la UCD en 1981, el PSOE y el PP en 1992.

Fue un error interrumpir este acuerdo en un tema que afecta a la estabilidad y la organización básica del Estado. Y fue imprudente y arriesgado pactar un nuevo Estatuto con los partidos nacionalistas que no están interesados en el buen funcionamiento del conjunto, sino únicamente en su propio beneficio. Como dice el jurista y profesor Roberto Blanco, «cuanto más se ha descentralizado nuestro Estado, más insatisfechos —y más intransigentes— se han mostrado aquellos que han terminado por ser los beneficiarios principales de esa descentralización: los nacionalismos periféricos».³⁴

En conclusión, no había motivos para una reforma del Estatuto ni para las demás reformas de ninguno de los que lo acompañaron en aquellos tiempos. Una reforma territorial debe responder a necesidades reales y a una estrategia largamente meditada. No parece que este haya sido el caso del nuevo Estatuto catalán, improvisado por meras razones tácticas, tanto en Cataluña como Madrid. El Estado de las autonomías estaba razonablemente asentado y simplemente le faltaban, para llegar a ser un modelo federal completo, algunos elementos de integración. Añadirle elementos disgregadores, como hizo el texto estatutario catalán, fue ir en la dirección contraria a la recomendada por el puro y simple sentido común.

LA OPCIÓN NACIONALISTA POR LA INDEPENDENCIA (2010-2017)

Nada sustancial cambió en los años de los gobiernos tripartitos de Maragall y Montilla, sostenidos en el Parlament desde los días finales de 2003 hasta noviembre de 2010 gracias a una coalición entre PSC, ERC e IC. La nacionalización de la política, la sociedad y la cultura catalanas siguió teniendo idéntica orientación que en el pujolismo, es decir, continuó el proceso de construcción nacional. La siembra había dado sus frutos: los socialistas eran prisioneros del pasado, y algunos incluso eran arrastrados por el torbellino nacionalista. Con todo ello, la presión nacionalista aumentó. Solo el PP, siempre con escasa fuerza en Cataluña, podía hacer oposición a la marea parlamentaria nacionalista, a la que se habían incorporado ciegamente los socialistas.

Sin embargo, en esos años se detectan algunas transformaciones que afectarán a los cambios que están por venir.

En primer lugar, a los elementos de construcción nacional de carácter identitario se añadieron entonces reivindicaciones de otro tipo, en especial económicas, alegando que tanto el sistema de financiación de la Generalitat como las inversiones directas estatales discriminaban a Cataluña respecto a las demás comunidades. Con la introducción de este nuevo argumento, ya no se trataba solo de afirmar que Cataluña era una nación debido a que determinados elementos identitarios la distinguían de España (lengua, cultura, historia, derecho privado, carácter nacional, etcétera), sino que se añadía que el modelo de financiación perjudicaba a Cataluña y las inversiones públicas estatales no se correspondían con su «esfuerzo fiscal».

El instrumento que se utilizó para demostrarlo fueron las famosas balanzas fiscales. Se empezó a hablar de una situación de «expolio fiscal» y el eslogan que se popularizó fue el de «España nos roba». A la nación identitaria se le sumaba así la nación discriminada por el Estado español, convertido este en el gran culpable de todos los problemas sociales, económicos y culturales de Cataluña. Mediante estos nuevos argumentos, a los nacionalistas tradicionales se agregaron los nuevos conversos, los que se creyeron que las balanzas fiscales reflejaban una realidad discriminatoria y estaban indignados ante tan grande injusticia. La lógica de todo el proceso iba conduciendo paulatinamente a demostrar que la salida independentista era tan necesaria como inevitable.

En segundo lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto (STC 31/2010, de 28 de junio) no constituyó ninguna sorpresa para los juristas que habían estudiado la materia, ya que las líneas generales del fallo eran previsibles. Lo sorprendente fueron sus repercusiones políticas. En efecto, uno de los motivos alegados por algunos nacionalistas que han hecho público su paso del autonomismo al independentismo ha sido que esta sentencia implicaba la ruptura con un supuesto «pacto constitucional» entre Cataluña y España que, según dicen, tuvo lugar al aprobarse la Carta Magna y que el Tribunal Constitucional —no quienes fueron responsables de la elaboración del Estatuto— decidió no respetar. Consecuencia: si ellos rompen el pacto, nosotros también, y por tanto queremos la independencia, no tenemos otra salida.

Ante tal argumento, solo cabe contraopinar que el único pacto de la Transición al aprobarse la Constitución está en la Constitución misma, en su texto, una norma jurídica que establece que su máximo intérprete es el Tribunal Constitucional, precisamente el órgano que dictó la sentencia del Estatuto. Y añadir que, en cualquier caso, quien elabora y aprueba la Constitución son las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, donde los catalanes han enviado representantes elegidos, siendo ratificado el texto por el pueblo español en referéndum. No hay, por tanto, en todo el proceso constitucional, ni en toda la época de la Transición, ningún pacto (¿oculto?) entre Cataluña y España, dos entes jurídicos de distinta naturaleza (con carácter previo a la Constitución, sin estar constituida como comunidad autónoma, es dudoso que Cataluña tuviera existencia jurídica, más allá de la preautonómica a partir de la llegada de Tarradellas en octubre de 1977) que no pueden pactar entre sí porque ninguna norma lo autoriza.

En tercer lugar, otro factor de cambio es la decidida deriva independentista de CiU. Aunque buena parte de la dirección y de los afiliados a CiU eran independentistas desde siempre, la posición de la coalición que dirigía Jordi Pujol fue la de llevar la autonomía al límite que permitía el sistema autonómico, sin dejar de reivindicar un cambio de ese sistema que, en especial, diferenciara a Cataluña de las demás comunidades debido, según Convergència, a su condición de nación. Sin embargo, a partir del año 2000, una nueva generación de políticos había llegado a la dirección de CiU y tenía prisa en empujar hacia una transformación del sistema. La elaboración y aprobación del Estatuto de 2006 se logró tras una dura rivalidad entre ERC y CiU para alcanzar la hegemonía dentro del nacionalismo, y la posición de ambas formaciones elevó el listón notablemente. Ya en esa época hubo voces dentro de CiU que se manifestaban decididamente partidarias de la independencia.

En cuarto lugar, a partir de 2008 una oleada de pesimismo se apoderó de España debido a la profunda crisis económica del mundo occidental que puso de relieve las debilidades de nuestra economía, la irresponsabilidad de muchas de las inversiones públicas y la imprevisión de los poderes políticos al no estar preparados para afrontarla. A esto se sumaron llamativos casos de corrupción que afectaron a la mayoría de los partidos, en especial a los dos mayoritarios. La conciencia de que España estaba en una crisis política y económica muy grave se generalizó. Al eslogan «España nos roba» le siguió el «España no nos sirve», más concretamente, «esa España no nos sirve». El argumento convenció a muchos catalanes, para los cuales el causante de todos los males se identificaba por fin. Cada vez más, la independencia, la separación de España, se perfilaba como la mejor solución y también como la única posible.

En el fondo esta situación suponía el triunfo de las antiguas ideas de ERC, a las que ahora se estaba sumando CiU. Tras ganar las elecciones de 2010 y formar gobierno, Artur Mas dio un último paso antes de declararse partidario del derecho a decidir de los catalanes, consciente de que si fallaba se entraba en una fase cuya única opción sería la independencia. Este último paso fue la propuesta de «pacto fiscal», que en el lenguaje político catalán significaba un sistema de financiación de la Generalitat semejante al concierto vasco o al convenio navarro. Con esa propuesta, y sabiendo que sería rechazada por inconstitucional y económicamente inviable, Mas pensaba que —practicando el acostumbrado victimismo frente a Madrid— podría agotar sus cuatro años de legislatura y llegar hasta finales de 2014 en el Gobierno.

Pero muy pronto quedó desbordado por ERC y por los sectores más independentistas de su propio partido que, en aquellos momentos, ya formaban parte de la dirección (Oriol Pujol, Francesc Homs, Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Corominas). Durante el verano de 2012, con la inestimable ayuda de la recién creada Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de la veterana asociación Òmnium Cultural, cuya capacidad movilizadora ha quedado después más que demostrada, tuvo lugar la primera gran manifestación del 11 de septiembre.

Hasta entonces, el día nacional de Cataluña se celebraba oficialmente con un acto institucional a primera hora de la mañana; por la tarde, sin reconocimiento oficial alguno, los partidos y entidades independentistas, con ERC a la cabeza, se manifestaban reclamando la independencia. Nunca CiU había participado en esta manifestación de la tarde y el éxito de las mismas era perfectamente descriptible: únicamente solían asistir entre dos o tres mil personas, solo a partir de 2010 se acercaron a las ocho o diez mil. En 2012 fue distinto: el Gobierno de la Generalitat y CiU decidieron participar en la manifestación de la tarde para reivindicar en principio el concierto económico (Artur Mas tenía concertada una entrevista con Mariano Rajoy para tratar del tema diez días después). Se pusieron a disposición de los organizadores de la manifestación (ANC y Òmnium) todos los medios de comunicación catalanes, por supuesto los públicos pero también buena parte de los privados, bien subvencionados, tanto de prensa como de radio y televisión.

La manifestación fue un gran éxito, de tal magnitud que desbordó al propio Gobierno de Artur Mas. Lo que debía ser, en principio, una manifestación en demanda del pacto fiscal, es decir, del concierto, se convirtió en una manifestación por el derecho a decidir y la soberanía de Cataluña. El listón no se podía situar más alto.

Al día siguiente, el presidente catalán no sabía qué orientación tomar: si seguir apostando por el imposible pacto fiscal o hacer suyo el éxito de la manifestación y ponerse al frente de la misma. Optó por esto último, lo cual comportaba una doble decisión: primera, dar por concluida la negociación con el Gobierno central al exigir el concierto de inmediato, lo cual resultaba inaceptable para Rajoy y Mas lo sabía; segunda, disolver el Parlament y convocar elecciones. La primera decisión era necesaria para demostrar que su súbita conversión al independentismo era creíble e iba en serio; la segunda también lo era para asegurar que él podría dirigir el proceso, ya que estaba convencido de que unas nuevas elecciones darían la mayoría absoluta a CiU.

Pero calculó mal. La gran manifestación de septiembre había sido un éxito porque desde la Generalitat se habían volcado todos los medios para alcanzar este fin. Pero, puestos a ser independentistas, ERC era más fiable que CiU por aquello tan manido de que es preferible el original a la copia. Las elecciones de noviembre de 2012, pese a las predicciones de los sondeos, fueron un fiasco para Mas. Hasta entonces disponía de 62 diputados y le parecían pocos, estaba convencido de que alcanzaría más de 68, la mayoría absoluta. Sin embargo, perdió 12, pasó a tener 50 diputados: un gran fracaso. Encima, ERC consiguió 11 escaños más, casi los mismos que perdió CiU, y pasó de 10 a 21, a los que se añadieron 3 diputados de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), un partido independentista antiglobalizador y antisistema que por primera vez se presentaba a unas elecciones autonómicas.

Artur Mas solo tenía dos salidas: asumir los malos resultados dimitiendo de su cargo o tirar hacia delante en alianza con ERC, precisamente lo que quería evitar al convocar las elecciones. Optó por lo segundo y emprendió una ruta muy complicada en la que empezó a perder uno de sus principales apoyos: la clase empresarial catalana. Debido a su compromiso en dar prioridad a la cuestión de la independencia, Mas siguió un objetivo contrario a los intereses económicos empresariales, tanto porque en muchos de ellos el mercado español es muy importante como porque situaría a Cataluña fuera de la Unión Europea. Desde entonces, enero de 2013, hasta ahora, esta inquietud empresarial —expresada de forma muy prudente pero inequívoca— no ha dejado de aumentar.

Efectivamente, tras las elecciones, el movimiento independentista pasó a ser dirigido, de hecho, por ERC con el apoyo, todavía muy minoritario, de los tres diputados de la CUP. La primera decisión importante fue la Declaración del Parlament, del 23 de enero de 2013, según la cual «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Tal Declaración era un desafío inequívoco a la Constitución en uno de sus fundamentos clave: según el artículo 2 de la Carta Magna, la soberanía reside en el pueblo español. Era evidente que el acto parlamentario catalán, si era impugnado ante el Tribunal Constitucional, como así fue, sería declarado contrario a la Constitución. Este fue el inicio de una deriva clara del movimiento independentista: la desobediencia a las leyes y la deslealtad constitucional.

A la vez que perdía el apoyo de sus sectores moderados, una de las principales bases electorales de CiU, el movimiento independentista fue pasando a estar dirigido, además de por los convergentes independentistas, cada vez más por sectores del entorno de ERC, entre ellos las influyentes entidades sociales ANC y Ómnium, así como por la Associació de Municipis per la Independència (AMI), de reciente creación. Estas nuevas incorporaciones cobraban cada vez más protagonismo y daban al conjunto del movimiento un tono populista y acéfalo que condicionaba todas las decisiones del Gobierno de Artur Mas.

La consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, denominada «proceso participativo», no reflejó la gran fuerza que aparentaban tener los separatistas,³⁵ aumentando las divisiones y la confusión. Poco después, en los comicios locales de mayo de 2015, emergió con una cierta fuerza la figura de Ada Colau, que, en un Ayuntamiento de Barcelona muy fragmentado, arrebató la alcaldía al veterano convergente Xavier Trias. Todos los factores tendían a mostrar que el epicentro del movimiento independentista viraba cada vez más hacia una izquierda populista y había dejado de estar controlado por CiU.

En tal situación, Mas se vio obligado a disolver una vez más el Parlament y convocar nuevas elecciones para el 27 de septiembre de 2015, a las que les confirió el carácter de «plebiscitarias». Aunque el epíteto no tenía valor jurídico, quería indicar que, dado que no podía celebrarse un referéndum sobre la independencia, la suma de los votos de las fuerzas partidarias de la misma serían los que deberían computarse para saber si esta opción independentista era o no mayoritaria en Cataluña. A estos efectos, y de forma excepcional, CDC³⁶ y ERC, más algún otro pequeño partido y personalidades independientes, optaron por presentarse unidos a estas elecciones «plebiscitarias» formando la coalición Junts pel Sí (JxSí).

A pesar de estos esfuerzos en favor de la unidad de las fuerzas independentistas, los resultados electorales no les fueron favorables. Como plebiscito, JxSí y la CUP —las dos fuerzas partidarias de la independencia— solo alcanzaron el 47,8 %. Ahora bien, desde el punto de vista parlamentario, JxSí fue, con diferencia, el grupo político mayoritario aun sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla, precisaba como única fuerza posible a la CUP, con ocho diputados. Tras largas negociaciones e imponiendo la condición de que Mas no fuera presidente, la CUP accedió —en el límite del tiempo disponible, cuando ya parecía que se iba a disolver el Parlament para proceder a una nueva convocatoria electoral— a votar en favor de un político convergente muy poco conocido, Carles Puigdemont, de trayectoria nítidamente independentista.³⁷

Una vez constituido el Parlament, el acontecimiento más importante se desarrolló en su primera sesión, todavía sin elegir al presidente de la Generalitat. Dado que entre JxSí y la CUP habían obtenido una mayoría de escaños, se aprobó el 9 de noviembre de 2015 una resolución por la cual, entre otras cuestiones, se declaraba el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, se proclamaba la apertura de un proceso constituyente no subordinado, se consideraba al Parlament como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, se instaba a desobedecer a las instituciones españolas, se conminaba a la Generalitat a desconectar del Estado español y a cumplir únicamente las leyes emanadas del Parlament.

Esta resolución —obviamente anulada por el Tribunal Constitucional, a instancia del Gobierno central— es la fuente de otros numerosos actos y normas antijurídicas que están dando lugar a procesos en los que se piden responsabilidades penales a las autoridades catalanas. A partir de ahí, el proceso independentista entra por la vía de la desobediencia sistemática al derecho y de la deslealtad al orden constitucional, siendo el último acto del proceso, en el momento de escribir estas líneas, el solemne anuncio de la convocatoria de un referéndum —el 1 de octubre de 2017— en el que la pregunta que hipotéticamente se formulará a los ciudadanos catalanes será la siguiente: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

Puigdemont dijo en este acto que el referéndum se hará al amparo de la ley. Entendiendo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este referéndum no puede celebrarse por ser ilegal, imagino que el presidente de la Generalitat se está refiriendo a una norma catalana al amparo de la nueva legalidad que pretende implantar la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, por la cual se quiere llevar a cabo la «desconexión» mencionada en la Resolución del Parlament de 9 de noviembre de 2015.

Como esta desconexión —de hecho, una declaración unilateral de independencia— es imposible que se consiga, tanto jurídica como fácticamente, solo me atrevo a aventurar que, con toda probabilidad, antes de ese día sucederán acontecimientos que hoy no podemos prever con exactitud. Todo indica que es muy posible que el Gobierno del Estado, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, se vea obligado, al final, a tomar medidas extraordinarias, aunque no excepcionales, para poner fin al continuo incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y otras leyes imponen a la Generalitat y a ciertas actuaciones de la misma que atenten gravemente contra el interés general de España.

DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE

La principal finalidad de las consideraciones anteriores no ha sido solo recordar ciertos aspectos del pasado inmediato sino, sobre todo, encontrar algunos elementos que nos ayuden a buscar una salida a la crisis actual. Y no me refiero a la crisis coyuntural de estos próximos meses, hasta el 1 de octubre de 2017, en que está anunciado un referéndum que todos, partidarios y adversarios, saben que no tendrá lugar porque no hay posibilidades legales para ello, sino que me refiero a dos consecuencias tan previsibles como indeseables.

En primer lugar, debe encontrarse una salida que evite la frustración sentimental de aquellos que se han dejado convencer por quienes les aseguraban que la independencia de Cataluña, además de ser muy conveniente, era sencilla de conseguir y estaba ya al alcance la mano. En segundo lugar, debe tranquilizarse a quienes son contrarios a separarse de España pero albergan el temor de tropezar otra vez en los errores del pasado y no confían en que se produzca un cambio que los impida.

Antes de abordar estas dos facetas, recordemos aquello que es substancial en los argumentos desarrollados en las páginas anteriores: la raíz del problema que tratamos está en la pervivencia de la doctrina del catalanismo político tradicional, ideado a fines de siglo XIX y basado en una ideología periclitada (o de extrema derecha) como es el nacionalismo identitario, una creencia contraria a los principios liberales, según la cual los individuos estamos determinados por el lugar de nacimiento, o el país de adopción, y ello comporta que debamos estar condicionados por reglas no escritas, no por leyes democráticas, basadas en la historia y la tradición cultural.

Este catalanismo político, impuesto como ideología transversal obligatoria durante los años del pujolismo, es el causante de las tensiones actuales porque consiguió dividir a la sociedad en dos bandos, desaprovechando el espíritu de concordia que propició la transición política en toda España. Esta concordia, expresada jurídicamente en la Constitución, resolvió en Cataluña tres cuestiones que la dictadura franquista negó y que tras ser derrocada generaron un vínculo sustancial de unión entre todos los catalanes: la voluntad de autonomía política mediante instituciones públicas propias dentro del Estado de las autonomías, la consideración de la lengua catalana como lengua oficial en el marco del principio de libre opción lingüística y la protección de la cultura en catalán por ser, obviamente, una cultura minoritaria.

Todo este caudal de energía positiva, adquirido en aquellos años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco, fue echado por la borda en los años del pujolismo al intentar una «construcción nacional» de Cataluña encaminada a transformarla en un futuro no lejano, de acuerdo con el obsoleto principio de las nacionalidades, en un Estado independiente separado de España, sin tener en cuenta que las transformaciones operadas en Cataluña, España, Europa y el resto del mundo habían convertido este objetivo en algo perjudicial y perturbador.

El catalanismo político, como hemos visto, es una forma de nacionalismo, ideología quizá conveniente en épocas pasadas para romper las estructuras feudales o coloniales que oprimían a un pueblo, pero no en nuestro tiempo, sobre todo en espacios de paz, libertad e igualdad, como es Europa, así como tampoco lo es en un mundo cada vez más cosmopolita e intercomunicado por efectos de la actual y acelerada etapa de la globalización.

Todas estas consideraciones nos conducen a encontrar los principios para resolver los estados de frustración sentimental o desconfianza en el futuro a los que nos referíamos antes, en que pueden caer muchos catalanes tras el 1 de octubre próximo.

Respecto a los primeros, debemos distinguir dos grupos. Aquellos que están convencidos de que Cataluña y España son dos naciones distintas que nada tienen que ver entre sí, que sus relaciones son de colonia y metrópoli al menos desde 1714 y que su ilusión máxima es que Cataluña sea un Estado independiente porque solo así será libre. Estos ciudadanos son irrecuperables, su nacionalismo es solo emocional y ninguna razón les hará cambiar.

Otros, en cambio, no son nacionalistas identitarios sino unos pragmáticos que piensan que los catalanes saldrán ganando económicamente con la independencia y que seguir en España los perjudica. A estos, confundidos por la propaganda y la presión social producto de la espiral del silencio, se les debe explicar, con razones y argumentos, que el separarse de España comporta la autoexclusión de Cataluña de la UE, lo cual supondrá cuantiosos daños a nuestra economía, y que el nacionalismo identitario es escasamente democrático. Este grupo es hoy muy numeroso, pero recuperable si se le explican bien estas razones.

Pero más importante es dar un mensaje positivo y realista, a todos en general, sobre los beneficios que supone la permanencia de Cataluña en España. Este mensaje, a mi modo de ver, debe centrarse, fundamentalmente, en los siguientes puntos:

1) La Cataluña autónoma de estos años ha sido un éxito indiscutible: nunca el bienestar económico y social había sido tan grande ni las transformaciones tan aceleradas. Igual ha sucedido en España: también debe considerarse un éxito la España de las autonomías.

2) Como es natural, no puede decirse que todo funciona bien, nunca ello es así, siempre se puede mejorar. En estos momentos hay un amplio acuerdo en que se debe proceder a reajustar ciertos aspectos del Estado de las autonomías que en algunos casos comportan reformas de la Constitución, especialmente las necesarias para clarificar la distribución de competencias y la integración de las comunidades en el Estado, lo cual significa culminar su federalización.

3) Contrariamente a lo que sostiene la propaganda nacionalista, en los últimos años España se ha ido convirtiendo en una importante potencia económica —la cuarta de la UE tras el brexit— y una democracia que figura entre las 20 mejores del mundo en los rankings internacionales. Por tanto, formar parte de España es una gran ventaja en el actual mundo globalizado.

4) Dado el peso económico y demográfico de Cataluña en España (el 19 % del PIB y el 16% de la población) lo más inteligente que pueden hacer los catalanes es participar en las instituciones españolas para defender allí sus intereses propios con el límite constitucional de la solidaridad interterritorial. Asimismo, solo es desde España que se puede intervenir en la política de la UE, dado que esta es una unión de Estados. Participar, y no separarse, es el mejor camino.

Con todo ello quizá podría finalizar diciendo que hay que reinventar el catalanismo político, pero creo que ello sería introducir confusión. El catalanismo es un término que debe reservarse a quien se lo ha apropiado, el nacionalismo identitario, que siempre cometerá el error, entre otros, de pretender crear un Estado nuevo en la Europa del siglo XXI. Probablemente, lo mejor es que Cataluña sea simplemente una comunidad autónoma de España que, a su vez, debe transformarse en un Estado integrado de una Europa federal.

EL PROBLEMA ESPAÑOL

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL

Las sociedades modernas que en cierto momento de su historia han reclamado instituciones políticas propias lo han hecho porque sus problemas cotidianos no se habían visto resueltos por la situación existente. [...] Si España hubiese sabido satisfacer las necesidades de los catalanes, no existiría el catalanismo político. [...] El hecho diferencial identitario no es ni tan importante ni tan marcado. La mayoría de nuestras sociedades son fruto de sucesivas amalgamas, del melting pot. Y ciertamente Cataluña lo es y lleva camino de seguir siéndolo. No es con definiciones de identidad como garantizaremos su futuro.

JOSEP MARIA BRICALL,

Memòria d’un silenci¹

DESCARGO DE CONCIENCIA

Escribir para un lector español sobre el problema catalán entraña un riesgo mayor. Implica cansar y aburrir, al volver sobre lo mil veces hablado, sobre un problema que se ha enquistado en el tiempo y que parece perseguir sin remisión a todos los españoles, catalanes y no catalanes, desde ya no se sabe cuándo. ¿Qué sentido tiene volver una vez más sobre él, repetir argumentos conocidos, datos reiterados y argumentaciones sobadas? Ninguno. Pero también es cierto que el cansancio no es el preludio de la solución. Hay que hacerse a la idea de que, mal que pese, el problema está ahí y seguirá indefinidamente si no lo afrontamos en sus justos términos, lo planteamos con realismo e intentamos resolverlo con talento, con generosidad y, sobre todo, con coraje, la virtud de la que —aunque no se reconozca nunca— más escasos andamos. Por todo lo cual, si estas páginas pueden servir para algo y tener algún sentido es solo para recordar unas ideas que, de no ser tenidas en cuenta, dificultarán el correcto planteamiento del tema e impedirán ya no su solución, sino incluso su tratamiento lenitivo. Estas ideas son —a mi juicio— las siguientes:

1) Origen

El problema no ha surgido ahora. Afirmar que se trata de una manifestación del populismo engendrado por la última crisis es un dislate, más producto de la mala fe que de la ignorancia. Las causas del problema son remotas y su planteamiento en sus actuales términos tiene más de un siglo de vigencia. Todo ello sin perjuicio de que el populismo se haya refugiado en parte, por lo que a Cataluña se refiere, en el movimiento independentista.

2) Naturaleza

Es un problema político, no una maldición histórica o un sino fatal. Y no es el «problema catalán», sino el «problema español» de la estructura territorial del Estado, es decir, de la distribución del poder, del reparto del poder. Se trata de resolver de qué manera se organiza y reparte el poder en España: si se concentra en la capital del Estado, en manos de un núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático consolidado y renovado a través de los siglos, o bien se organiza en red, distribuyéndolo entre las distintas comunidades —naciones culturales— que integran el Estado, utilizando los instrumentos técnico-jurídicos adecuados, que no pueden ser otros que los que brinda el federalismo.

3) Planteamiento

Por tratarse precisamente de un problema español —del problema político español por antonomasia—, se plantea de una manera acuciante cada vez que España recupera la libertad. Así ocurrió al proclamarse la Segunda República (no resulta extraño, por tanto, que el gran debate de las Cortes republicanas fuera el sostenido por Ortega y Azaña sobre el Estatuto de Cataluña) y cuando se inició la Transición (tampoco es raro que el Título más debatido de la actual Constitución fuese el VIII, dedicado a la organización territorial de España y que implanta el Estado autonómico).

4) Persistencia

Este problema se ha perpetuado por una triple razón.

La primera es que ambas partes han pretendido engañarse, ocultándose desde Cataluña la apuesta por la independencia bajo la forma de una reivindicación autonómica y de una relación bilateral, y limitando desde el resto de España el alcance de la autonomía a una mera descentralización administrativa.

La segunda, la ausencia de federalistas a un lado y el otro del Ebro. No los hay en el resto de España, y no hace falta insistir sobre ello. Pero tampoco existen apenas en Cataluña, pues la mayor parte de quienes se dicen tales son, en el mejor de los casos, partidarios de una relación bilateral —de tú a tú— con España, es decir, de una relación confederal, lo que nada tiene que ver con el federalismo.

Y la tercera, la negación recíproca. Así, desde el resto de España se niega la personalidad diferenciada de Cataluña, esto es, que se trata de una nación, entendida esta como una comunidad con conciencia clara de poseer una identidad histórica diferenciada y la voluntad firme de proyectarla hacia el futuro mediante su autogobierno, es decir, mediante la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos. Pero también, desde Cataluña, se suele negar que España es una nación. Se ha repetido tanto la idea de que España es solo un Estado —«el Estado español»— que muchos catalanes han terminado creyéndoselo, olvidando que España es una nación de tomo y lomo con una mala salud de hierro.

5) La Península irrenunciable

Sean cuales sean las actitudes de sus habitantes, sean cuales sean los problemas que tengan y que les enfrenten, sean cuales sean sus esperanzas, odios, amores, encuentros y desencuentros, ahí se extiende, mineral y silente, inevitable e irrenunciable, permanente e impávida, la península ibérica. La tierra sobre la que todos sus habitantes han de convivir, organizando su convivencia de un modo racional. También han de hacerlo los que hoy se integran en esta realidad conformada históricamente y organizada jurídica y políticamente que denominamos España.

6) «Cuatro caminos»

El trozo de la Península que hoy es España puede organizarse teóricamente de cuatro maneras: a) como un Estado unitario y centralista; b) como un Estado federal; c) como una confederación de Estados; y d) como diversos Estados independientes. Ahora bien, en realidad, de estas cuatro posibilidades solo son viables dos: en forma del Estado federal o como varios Estados independientes. Un Estado unitario y centralista no pudo ser, por diversas causas, cuando era tiempo, es decir, a mediados del siglo XIX (así, en España nunca ha habido unidad de caja ni de Derecho civil), y hoy es ya impensable. Y, por otra parte, una confederación de Estados carece hoy absolutamente de sentido y resulta inviable en el marco de la Unión Europea.

7) Actitud

El problema español del reparto del poder ha cristalizado, en lo concerniente a Cataluña, en la disyuntiva entre un Estado federal o la independencia catalana. Este problema de naturaleza política solo puede ser afrontado con una actitud y con una herramienta. La actitud ha de venir determinada por el espíritu de concordia, la voluntad de pacto y la predisposición transaccional. Y la única herramienta que puede utilizarse es la palabra, es decir, el diálogo. Pero no se trata de cualquier diálogo. De nada sirve un diálogo informativo, pues ya está todo dicho recíprocamente. Tampoco vale un diálogo dialéctico, pues las respectivas posiciones han cristalizado y son poco menos que inamovibles. Solo cabe un diálogo transaccional, que venga marcado por recíprocas concesiones sensibles, que duelen y dejan inicialmente insatisfechas a ambas partes, pero que luego dan como resultado la base sobre la que puede llegar a asentarse una convivencia en paz y recíprocamente potenciadora.

8) Diálogo transaccional

Esta herramienta debe iniciarse observando una regla no escrita, pero que se desprende de la misma naturaleza de las cosas: la iniciativa debe partir siempre de quien tiene más fuerza. Lo que significa que, para resolver el «problema español», la iniciativa habría de partir del Gobierno central con una propuesta. La propuesta debería concretarse sobre estos puntos: a) reconocimiento de la singularidad de Cataluña (de sus derechos históricos como nación, como hace respecto al País Vasco la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978); b) competencias identitarias exclusivas (en lengua, enseñanza y cultura); c) fijación de un tope a la aportación al fondo de solidaridad (bien sea implantando el principio de ordinalidad, bien sea estableciendo un tope) y Agencia Tributaria compartida, y d) consulta a los catalanes sobre si aceptan o no estas reformas. Queda fuera de esta relación la imprescindible reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial, que complete el desarrollo del Estado autonómico en sentido federal, porque esto exige una reforma constitucional de calado.

9) Alternativa

No todos los problemas se resuelven solos. Ni todos los resuelve el tiempo. El atolladero español del reparto del poder —el mal llamado «problema catalán»— no es de los que se desvanecen. Al contrario, se agrava con el paso de los años. De nada sirve ampararse en la ley, escondiéndose tras ella como si de un burladero se tratase. De nada sirve dejar la resolución del conflicto al arbitrio de jueces y tribunales. Hay que afrontarlo políticamente, exigiendo a todos —como presupuesto irrenunciable— el cumplimiento de la ley, pero sabiendo que la solución no se halla en la letra de la ley interpretada rígidamente. Ni sin la ley ni solo la ley. La pauta de acción tendría que ser esta: la ley como marco, la política como tarea y la palabra como instrumento.

* *

Con este casi decálogo introductorio he intentado sistematizar y sintetizar, a modo de conclusiones, las reflexiones y sugerencias que vengo postulando desde hace una década. Un material que, en cuanto a los antecedentes históricos del tema y a su planteamiento general, he reescrito y actualizado a partir, en muy buena parte, de textos aparecidos en mi libro España desde una esquina,² así como, por lo que se refiere al previsible desenlace del contencioso, de diversos artículos míos publicados en La Vanguardia durante los primeros meses de 2017. Hace, por tanto, mucho tiempo que sostengo sobre esta cuestión una misma postura, si bien con las inevitables matizaciones que provoca el paso inexorable del tiempo. Lo que no obsta para que termine diciendo, como se decía antes en los dictámenes jurídicos, que «someto mi opinión a otra mejor fundada».

EL PROBLEMA ESPAÑOL

En algunos libros que sintetizan la historia de España se puede leer que, a comienzos del siglo XX, el país tenía planteados cuatro problemas: el militar, el religioso, el agrario y el catalán. Si bien se presentan como asuntos diferentes son, en realidad, cuatro manifestaciones de la nula o tardía implantación en España de las conquistas del liberalismo europeo durante la centuria anterior.

Casi un siglo después de la proclamación de la Primera República (1873-1874), en España tan solo se había puesto en práctica el liberalismo económico, aunque lastrado, cuando no impedido, por la pervivencia de la oligarquía heredada del Antiguo Régimen. Pero las conquistas de la revolución liberal no llegaron a los ámbitos político y cultural. Gracias a su inquebrantable dominio sobre la educación y la familia, la Iglesia católica mantuvo su hegemonía e impidió la secularización del derecho que regía el matrimonio, con lo cual frenó tanto el reconocimiento de las uniones civiles como la aceptación de la separación y el divorcio, que llegó a España en 1981, es decir, con dos siglos de retraso respecto a la Revolución francesa.

Hoy, ya entrado el siglo XXI, nada queda del problema militar. Tras el desvarío golpista del 23 de febrero de 1981, las fuerzas armadas emprendieron un camino de rigurosa observancia constitucional y de discreta eficacia sobre las que se asienta el amplio y merecido reconocimiento social de que son objeto en la actualidad. También ha dejado de existir el problema religioso, por la sencilla razón de que ahora sí que es cierto lo que Manuel Azaña proclamó cuando aún no era tiempo: «España ha dejado de ser católica». El problema agrario, por su parte, se ha desvanecido. Únicamente resta, no solo incólume sino agravado hasta el paroxismo, el mal llamado «problema catalán», que no es tal, sino el enfrentamiento de las posturas sobre la estructura territorial del Estado. En otras palabras, todo se relaciona con el reparto del poder y con quién lo detenta. Hay que dilucidar si el poder del Estado español debe concentrarse en un vértice piramidal —Madrid— y en manos de un solo núcleo político-financiero-funcionarial-mediático o, en cambio, conviene que se distribuya por todo el territorio español en forma de red. Este dilema quedó abierto en el siglo XIX, al fracasar el intento unificador y asimilista del Estado liberal-burgués. Se trata, por tanto, de un contencioso que, por afectar al Estado en su conjunto, merece ser reconocido como un problema español. El problema español por antonomasia.

Por otra parte, esas posturas enfrentadas vienen de lejos y sus orígenes podrían enmarcarse en la lucha por la hegemonía peninsular iniciada en la Edad Media. En el momento germinal del Estado que sería España, los castellanos eran los más numerosos y ricos de los habitantes que poblaban los territorios cristianos de la Península. Sus esfuerzos se encaminaron desde entonces a establecer las bases de una organización política unitaria y centralista que les permitiera preservar su predominancia. A finales de 1624, en un memorial secreto que dirigió al rey Felipe IV de España (1605-1665), el conde-duque de Olivares insistía en la necesidad de asimilar los restantes territorios peninsulares a la órbita castellana:

Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla.

La política asimilacionista que Olivares planteó a Felipe IV no logró los resultados esperados. Juan de Palafox y Mendoza, contemporáneo de ambos, ya alertó que las leyes y formas de gobierno de los reinos eran diversas, de modo que los intentos para castellanizarlos solo podían tener consecuencias negativas porque «se ha de gobernar en castellano a los castellanos, en aragonés a los aragoneses, y en catalán a los catalanes», como afirmó en su obra Juicio interior y secreto de la Monarquía para mí solo.

Aunque Palafox y Mendoza no se refería únicamente a la lengua, los defensores de la política de subordinación política ignoraron sus consejos y porfiaron en sus planteamientos. A principios del siglo XIX, el 11 de marzo de 1801, las Instrucciones para el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la Corte ordenaban que «en ningún Teatro de España se podrán representar, cantar, ni baylar piezas en idioma que no sea castellano». Aparte de que debe resultar difícil bailar en cualquier lengua, sea catalán, gallego o euskera, esta orden demostraba la existencia de un programa de subordinación lingüística.

El Estado liberal también fracasó en sus intentos de construir una España unitaria y centralizada. La unidad de caja se demostró imposible tras el Abrazo de Vergara, con el que los generales Espartero y Maroto sellaron el fin de la primera guerra carlista el 31 de agosto de 1839. Gracias a este convenio, tanto Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —las tres provincias que forman el País Vasco— como Navarra conservaron un sistema fiscal propio. Por su parte, la permanente oposición catalana a la unificación del derecho civil, que hubiese acabado con el corpus propio y tradicional de los territorios catalanes, impidió que el Estado liberal español consiguiese la unidad legal. La trascendencia uniformadora del derecho privado había quedado demostrada ya en 1804, cuando Napoleón promulgó el Código Civil francés. Pero en España la primera tentativa para implantar un Código Civil único fracasó en 1856, mientras que la segunda lo logró, en 1889, gracias a respetar los derechos forales de Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Nueve años después, en 1898, Alemania elaboró también un código único a pesar de las grandes diferencias existentes entre las normativas de los distintos territorios que formaban el joven Imperio surgido tras la guerra franco-prusiana.

La unidad de España, ensalzada por unos y negada por otros, es tan relativa que ni siquiera ha dado lugar a la impresión de papel sellado común para los actos legales. Esta afirmación se basa en mi propia experiencia profesional desde que, en 1971, comencé mi carrera de notario. En mi primer destino, la localidad alavesa de Valdegovía, autorizaba las escrituras sobre papel de la Diputación Foral, cuyo sello incluía la figura de una pastora y un rebaño. Poco después me trasladé a Navarra, concretamente a Tudela, donde el papel de la Diputación Foral lucía las cadenas de su escudo heráldico, que aún conservaban la Laureada que el general Franco concedió al Viejo Reino por su decisiva participación en la Guerra Civil. Por fin, el 1 de marzo de 1977 y ya como notario en Barcelona, autoricé mi primera escritura extendida sobre papel del Estado.

Heredero de los esfuerzos para pergeñar una España unitaria y centralista, el Estado liberal español tampoco consiguió este objetivo. Conviene recordar que la incompleta unidad española se asentaba sobre un territorio marcado por la orografía, en el que coexistían varias áreas comerciales claramente separadas: la mediterránea, el norte, la central y dos en el sur. Esta desigual realidad económica favoreció que la pluralidad hispánica perviviera y también hizo posible que en Cataluña y el País Vasco emergiera una burguesía relativamente más potente que en el resto del territorio español. El Desastre de 1898, con la pérdida de las colonias de ultramar, en las que se sustentaban los intereses de la burguesía industrial y comercial, principalmente de la de Cataluña, contribuyó a la eclosión de la Renaixença catalana, la manifestación cultural de un marco político, el nacionalismo, que sacaba a la luz las graves carencias, tanto políticas como económicas, del Estado español.

Esta cuestión capital fue sistematizada en los siguientes términos por el historiador Juan Pablo Fusi, para quien la necesidad de articular un verdadero Estado nacional moderno, como pensaba Azaña, constituyó el primer problema de la España de los siglos XIX y XX:

Problema de enorme complejidad en sí mismo, que en España se iba a complicar por los siguientes factores y circunstancias: 1) por la simultaneidad desde principios del siglo XIX de dos procesos: el desarrollo de una conciencia española verdaderamente nacional (un nacionalismo español sentimental y emocional) y la aparición de los prenacionalismos y luego de los nacionalismos catalán, vasco y gallego; 2) por la debilidad del nacionalismo sentimental español [...] como fuerza de cohesión social y de vertebración territorial del Estado español; 3) por el desarrollo comparativamente tardío de una maquinaria moderna de gobierno y administración; 4) por los fuertes desequilibrios regionales que definieron la evolución de la economía española a lo largo de los siglos XIX y XX (sobre todo, por la industrialización de Cataluña y, desde la década de 1880, de Vizcaya y Guipúzcoa en el País Vasco).³

No es de extrañar que Cataluña entrase en el siglo XX convencida de su identidad propia y exponiendo su inquebrantable voluntad de autogobierno, multiplicada tras el Desastre de 1898. A esto se sumó que la defensa de esa relativa unidad de España, plasmada con una retórica tan altisonante como vacua, se confiase prioritariamente al ejército y se vertebrase en torno a la Iglesia católica, cuyo férreo control del sistema educativo había llevado a la ausencia de una escuela pública laica semejante a la francesa.

El Estado liberal burgués que cuajó en España no se forjó sobre fundamentos sólidos, sino que era el resultado de la supervivencia, tan inestable como debilitada, de un régimen oligárquico de ideología católica y estructura caciquil engarzado por la institución monárquica. Incapaz de conseguir el necesario apoyo social para sustentarse y consolidarse, agotó sus posibilidades cuando el rey Alfonso XIII suspendió la Constitución de 1876 y apostó por una dictadura encabezada por el general Miguel Primo de Rivera, tras haber acabado con cualquier posibilidad de que los reformistas de Melquíades Álvarez llegasen al poder. Esta crisis de la primera Restauración eliminó, como dijo el historiador Santos Juliá, la posibilidad de que España alcanzase la unidad nacional:

España no llega a ser una nación porque no hay un pueblo, y ni nación ni pueblo existen porque no hay Estado. Será preciso crear, por tanto, un Estado que no sea ya el de las familias acampadas sobre el país, como lo definía Azaña, el gerente de una sociedad de socorros mutuos que decía Ortega, o la finca privada que veía Araquistain; un Estado que no sea oligárquico sino nacional, y que no podrá ya ser monárquico sino republicano, confundida como estaba la monarquía con la oligarquía que había construido su Estado como instrumento para la defensa de sus inmediatos intereses.⁴

De lo hasta aquí dicho pueden extraerse dos conclusiones interrelacionadas. La primera, la relativa debilidad del Estado español, que ha necesitado la ortopedia de dos dictaduras para sostenerse a lo largo del siglo XX: la del general Primo de Rivera (1923-1930) y la del general Franco (1936-1975), que juntas suman casi medio siglo. Y la segunda es que, cada vez que España recupera la libertad —así, al proclamarse la Segunda República y al iniciarse la Transición—, el problema fundamental que se ve obligada a abordar y que suscita el debate más duro y agrio es la estructura territorial del Estado, cómo se reparte el poder.

ESPAÑA SECUESTRADA

El fracaso de un proceso nacionalizador, asimilador, del Estado español y la consecuente debilidad o inexistencia de una identidad española desembocó en la profunda crisis vivida en la etapa decimonónica y en el posterior desarrollo de los nacionalismos, como el catalán. En su obra Mater Dolorosa, dedicada a la idea de España en el siglo XIX, el escritor e historiador José Álvarez Junco resumía esa incapacidad para construir una estructura colectiva que pudiera ser la España común que muchos ansiaban:

Juan Linz, pionero y lúcido estudioso del nacionalismo español, diagnosticó en 1973 el problema del siglo XIX (español) como una «crisis de penetración» del Estado, incapaz de influir política y culturalmente en la sociedad por medio de instituciones educativas o de valores y símbolos aceptables para el conjunto de los ciudadanos. Entre los historiadores, defendió de nuevo una tesis semejante José María Jover, a comienzos de los ochenta, y más recientemente ha sido expuesta, de manera quizá más contundente, por Borja de Riquer, para quien el desarrollo de nacionalismos alternativos al español en el siglo XX no se habría debido tanto a la fuerza e insoportable presión centralizadora del españolismo como a lo contrario, es decir, a su debilidad, a la «escasa eficacia del proceso nacionalizador estatal» del siglo anterior, cuyo resultado fue «una débil identidad española».⁵

Fuera como fuese, el poder económico es hoy en día fundamentalmente financiero y se concentra en Madrid. Y como base del poder político, ha hecho que la ciudad esté más cerca de París, centro político, económico y cultural de Francia, que de ser un enclave administrativo como lo fue Viena hasta su eclosión cultural finisecular. Como núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático, la capital de España siempre está atenta a la consolidación de su plena hegemonía peninsular. «Madrid se ha ido», olvidándose de España y en su propio vuelo hacia la globalización, escribió en su día Pasqual Maragall, llevado por su singular clarividencia.⁶

El poder ejecutivo puede expandirse notablemente en este marco, como apuntó el notario Josep Maria Puig Salellas,⁷ y extender su influencia política a todas las actividades estratégicas y, en concreto, a dos que resultan indudablemente decisivas: los medios de comunicación, tanto los públicos como los que no lo son, y la actividad económica, inmersa en un intenso proceso de privatización basado, a grandes rasgos, en la colocación de las personas más convenientes en los lugares decisorios de las grandes empresas españolas. Las cúpulas de entidades estratégicas como Telefónica, Endesa y Repsol, tres nombres fundamentales en la economía del país, están encabezadas por personas de confianza que han llegado hasta allí mediante el uso de unos mecanismos de control tan precisos como eficaces para este fin. En el caso del grupo BBVA, un símbolo del capitalismo vasco, el proceso que trasladó su pleno control a la capital del Estado estaba meticulosamente preparado y, aunque se alargó en el tiempo, logró su objetivo. Esta centralización acaba generando una élite, que se extiende más allá de la política, alrededor del partido político gobernante. Este grupo social relativamente reducido, como lo son todas las élites, controla las riendas del poder real y efectivo —por lo general, desde la capital del Estado, es decir, Madrid—, de manera que sus decisiones y exigencias afectan a todos los ciudadanos, a todos nosotros. Como cabría esperar, quienes componen esta élite suelen estar plenamente identificados, y no siempre por sus intereses corporativos, con la ideología que les ha permitido escalar a tan altos puestos. Esta realidad compleja podría relacionarse con la espiral de corrupción que asola la España actual, aunque conviene recordar que las capitales autonómicas han generado también, en sus ámbitos, élites propias que han aprovechado el poder recibido para, con las mismas aviesas intenciones, instrumentalizarlo en su beneficio y no en el de sus conciudadanos.

Las diferencias entre la estructura económica regida por la capital del Estado y la presente en Cataluña son evidentes, como ha mostrado el economista y político catalán Ramon Tremosa:

El crecimiento madrileño gira alrededor de cinco grandes empresas multinacionales de servicios (algunas, antiguos monopolios públicos) y de la capitalidad del Estado (400.000 funcionarios), su elevado intervencionismo y su creciente capacidad reguladora. La estructura económica de Cataluña, en cambio, la definen las empresas multinacionales presentes en nuestro país, unas 400 medianas compañías industriales de capital catalán con gran capacidad exportadora (con ventas superiores a 100 millones de euros al año cada una) y miles de pequeñas empresas manufactureras.⁸

Sin embargo, la derecha española encarnada en el Partido Popular —en su afán por consolidar su posición hegemónica— se esconde tras la Constitución para evitar que el Estado de las autonomías alcance su madurez, pues su desarrollo completo amenazaría las inmensas cuotas de poder de las que ahora disfrutan esas élites. Hace ya años, me hice un puñado de preguntas sobre por qué José María Aznar, a la sazón presidente del Gobierno, era refractario al diálogo; qué había detrás de su dogmática defensa de una Constitución en la que no creía; por qué metía en el mismo saco el contencioso vasco, mancillado por ETA, y la reivindicación catalana, ajena a toda violencia; cuál era la causa de la cruzada antinacionalista que proclamaba; a qué se debía su empeño en centrar las siguientes campañas en la unidad de España. La razón, concluí en un artículo, estaba en

la sesgada utilización del sentimiento nacionalista español efectuada por el núcleo dirigente del Partido Popular, que es refractario a la redistribución del poder político que una interpretación abierta del Estado de las autonomías comporta. El nacionalismo español no es una excepción, y puede también convertirse en una herramienta de dominación. Esto explica el neoespañolismo: la voluntad de preservar en Madrid —esto es, en manos del grupo político-financiero-funcionarial-mediático radicado en la capital del Estado— la hegemonía peninsular.⁹

Este es el secuestro de España. Esta es la cuestión de fondo. Ahí era donde la propuesta catalana de reforma del Estatuto adquiría su pleno sentido, no como un empeño en romper el modelo existente, sino como un intento de proceder a una redistribución del poder político que respondiese a la naturaleza plurinacional del Estado español.

Pero en las épocas en que el Partido Popular gobernó amparado en la mayoría absoluta, el proyecto de dominación hegemónica peninsular desarrollado por el «núcleo madrileño» ha auspiciado una reconversión del Estado autonómico. De manera progresiva, y evidentemente deliberada, se pretendió transformarlo en una simple estructura administrativa descentralizada, en la que la auténtica autonomía política fuera casi anecdótica. Con su actuación al recurrir a arbitrios jurídicos de diversa calidad técnica e idéntica voluntad restrictiva, el Tribunal Constitucional reafirmó la erosión de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, por tanto, del propio modelo diseñado por la Constitución de 1978. Como lógica respuesta a esta ruptura del consenso constitucional, las voces contrarias al proyecto de dominación animado desde la derecha se elevaron para reclamar la evolución hacia un Estado federal y, así, surgió un movimiento favorable a la reforma del Estado de las autonomías.

Los grupos a la derecha del espectro político olvidaron, al insistir en la concepción de una España centralista donde el grupo dirigente tradicional siguiera detentando la hegemonía peninsular, que nuestro país es y quiere ser plural. Después de tantos siglos sin haber logrado una unidad artificial y sin matices, España debe actuar en consecuencia: aceptarse como es y centrarse únicamente en lo que puede ser.

LAS VERSIONES DEL CATALANISMO

En el tránsito del siglo XIX al XX, el nacionalismo catalán contribuyó a la modernización efectiva del conjunto de España. Así lo sostuvo el profesor Vicente Cacho Viu (a quien sigo en este apartado) en su obra El nacionalismo catalán como factor de modernización. Aunque no es extraño encontrarse con quienes consideran los movimientos nacionalistas como un fenómeno regresivo y desestabilizador del statu quo territorial entre los Estados, desde la Barcelona finisecular irradió una influencia positiva, en el plano del pensamiento, hacia el resto de la Península. Este hecho tuvo lugar en un proceso de polarización entre «soluciones racionalistas y tendencias nacionales» que

[...] tuvo, en el caso español un correlato geográfico preciso, puesto que la moral de la ciencia se centró, en un principio, en torno a Madrid y la Institución Libre de Enseñanza; mientras que, hasta bien entrado el nuevo siglo, no hubo más nacionalismo periférico consistente que el formulado en Barcelona, con la consiguiente asimetría entre Cataluña y el resto del país, que todavía hoy resulta claramente perceptible. El coprotagonismo ejercido por Madrid y Barcelona en las tareas conducentes a una modernización colectiva parece, en principio, razonable, si se tiene en cuenta el desarrollo urbano casi a la par de ambas ciudades y la conversión de Barcelona en capital autónoma de cultura, precisamente durante la etapa intersecular.¹⁰

Conviene recordar que el modernismo catalán, que eclosionó antes que el del resto del país, marcó el fin de siglo español y fue un factor estratégico primordial para la afirmación de un nacionalismo cultural catalán. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento, la independización intelectual de Cataluña hizo que la cultura del momento se repartiera entre dos grandes centros, Madrid y Barcelona, dentro de un universo latino cuya capital indiscutible era París.

El germen del modernismo catalán surgió en las filas del equipo de la revista L’Avenç, fundada en 1881, en la que colaboraban los escritores catalanes más prestigiosos. Desde un principio, muchos de ellos manifestaron las actitudes vitales que hoy juzgamos características de la mentalidad modernista: el rechazo de la razón —cansados de las posturas tradicionales y de una realidad socioeconómica que desdeñaban—; una sensibilidad centrada en la percepción íntima, desde la que juzgaban el mundo que los rodeaba; y la incesante llamada al pueblo, que unos identificaban con la nueva clase surgida tras la Revolución industrial y otros con la nación entendida como comunidad que trasciende en el tiempo al individuo integrado en ella. La normalización de la lengua catalana, objetivo primordial de L’Avenç, fue el elemento en que el modernismo catalán se apoyó para independizarse intelectualmente.

En esta línea de pensamiento, debe hacerse referencia al excelente y extenso libro que el historiador y crítico literario Joan-Lluís Marfany ha dedicado a la relación entre nacionalismo español y catalanidad, un texto que mantiene constante el interés a lo largo de sus casi mil páginas.¹¹ Destaca Marfany, en contra de la tesis dominante en la historiografía catalana, «el surgimiento y consolidación del nacionalismo español en Cataluña», así como «el proceso de expansión de la diglosia» —la preferencia por el catalán o el castellano en determinados contextos y circunstancias— en el seno de la misma burguesía que impulsó la Renaixença (1833-1892), el movimiento nacido de la defensa del catalán como lengua literaria. Lo que se explica, como también pone de relieve Marfany, por un hecho determinante:

[...] la interpretación que ligaba estrechamente el arranque de la economía catalana a la liberalización del tráfico colonial parece haber sido decididamente sustituida por otra nueva que da la primacía, en esta materia, al mercado interior.

Ergo, la burguesía catalana tuvo claro que había que acotar y consolidar este mercado interior español mediante el proteccionismo arancelario, tarea para la que, paradójicamente, la conformación y asunción del nacionalismo español resultaba ser una herramienta tan útil como imprescindible.

La falta de consolidación de un nacionalismo modernizador de alcance español hizo que, en Cataluña, las experiencias adversas se sucedieran. En efecto, el paleonacionalismo español seguía anclado en la defensa a ultranza de un triple unitarismo: la unidad de creencias, plasmada en el vínculo inseparable entre la Iglesia y el trono; la unidad territorial de España y sus habitantes, percibida como una relación casi mística centralista y uniformizante; y la unidad de lengua, con el castellano como símbolo de la hegemonía absoluta y único idioma español. Tal situación agostó cualquier esperanza de una transformación generalizada de las estructuras territoriales del poder, lo que contribuyó a reforzar la afirmación privativa de la identidad catalana.

El político, abogado, periodista y ensayista Valentí Almirall fue la figura que encarnó el paso desde un proyecto federal español hacia fórmulas privativamente catalanas. Ya en la década de 1880, Almirall se replegó sobre Cataluña aunque sin renegar del federalismo, pese a su desprestigio tras la triste experiencia de la Primera República. La misma dedicación a las aspiraciones exclusivamente catalanas predicada por Almirall, considerado el padre del catalanismo político en el marco de la reconstrucción del Estado español, encontró eco en los poetas y clérigos inspiradores de los catalanismos romántico y católico. Las publicaciones periódicas de unos y otros, como La Renaixença, La Veu del Montserrat y la primera Veu de Catalunya, se aplicaron a difundir la idea de la singularidad catalana entre la minoría ilustrada.

En esos años ochenta del siglo XIX, los catalanistas defendían que las raíces históricas de Cataluña se hundían en la Edad Media, al tiempo que denunciaban que un Estado débil y corrupto como el español seguía absolutamente ajeno a las aspiraciones de una comunidad histórica como la catalana, oprimida durante siglos pero ya dispuesta a recuperar su personalidad y voz propias. Poco después, en la década de 1890, un grupo de jovencísimos profesionales —la mayoría de ellos abogados— dieron un paso adelante y comenzaron a hablar abiertamente de nacionalismo. Su salto a la arena política en 1901, con la creación de la Lliga Regionalista —partido fundado en abril de ese mismo año—, se saldó con la primera victoria electoral nacionalista en los comicios generales celebrados el 19 de mayo.¹²

En el camino, la unidad del catalanismo se fracturó en dos corrientes difícilmente reconciliables. Por un lado, la federalista que defendía la línea parlamentaria y tenía como modelo lo conseguido por los irlandeses, presentes en el Parlamento de Westminster. Frente a aquella, la de raíz romántica y católica, representada primero por la Lliga y, más tarde, por CiU hasta su reciente autodestrucción. Esta segunda corriente aspiraba inicialmente, siguiendo el ejemplo húngaro, a mantener una relación directa con la Corona por encima de los partidos políticos, aunque más tarde se decantó por el modelo checo, inclinado a concurrir a las elecciones.

Fuera como fuere, las dos corrientes del catalanismo estaban separadas por grandes diferencias. Aunque algunos historiadores, como Fernando García de Cortázar, opinen que el catalanismo de raíz federal surgió para «satisfacer aspiraciones parecidas a las que tenían los carlistas hace siglo y medio», el propio Almirall expresó de manera rotunda su alejamiento del carlismo y de la que él llamaba, sin ambages ni titubeos, «aristocracia de alpargata»:

Muere el marido y por regla general si el hijo es heredero, la viuda es usufructuaria. En casi todos los testamentos se impone al heredero la condición de morir con hijos perdiendo la herencia caso de no tenerlos, de manera que la mayor parte de los jefes de familia catalanes si por un lado son poco menos que señores absolutos, por otro se encuentran con tales frenos y ligaduras, que les imposibilitan de hacer todo lo que no sea [...] seguir el sistema de vida que ya es tradicional en su casa. [...] Esos jefes de familia que en la alta Cataluña viven como vivían sus abuelos, que como padres dominan a sus hijos, como «herederos» a sus hermanos, y como «amos» a sus mozos, aparceros y colonos, esos pequeños aristócratas en su casa, que no han tenido necesidad de separarse de ella ni diez leguas, que por lo mismo nada han visto [y que] no respetan más autoridad que la de una religión que practican automáticamente, [esos son] la principal fuerza del carlismo.¹³

El catalanismo romántico de raíz católica, en cambio, apelaba a la nación entendida como una comunidad de individuos que hunde sus raíces en la historia y que trasciende en el tiempo a quienes la forman. Enric Prat de la Riba, nuevo presidente del Centre Escolar Catalanista de Barcelona, la defendió en la sesión inaugural del curso 1890-1891, cuando dijo: «Señores: Vengo a hablarles de la patria catalana que, pequeña o grande, es nuestra única patria». Una concepción que encontró su lema en La tradició catalana (1892), obra del obispo y escritor Josep Torras i Bages, principal impulsor del regionalismo catalanista católico y tradicionalista: «A Cataluña la hizo Dios, no la han hecho los hombres; los hombres solo pueden deshacerla; si el espíritu de la patria vive, tendremos patria; si muere, morirá ella misma».¹⁴

El catalanismo romántico

Aunque ambas coincidían en su defensa a ultranza de la nación catalana, la segunda corriente, la romántica de inspiración católica, sería la encargada de establecer sus características. En su análisis del nacionalismo español y los nacionalismos periféricos, Carlos Seco Serrano afirma:

En este sentido sería Cataluña la que elaborase no solo una teoría en torno a la propia personalidad histórica, sino un concepto nuevo respecto a la imagen, el ser y el proyecto de España: y en su estela irían tomando cuerpo los regionalismos —los nacionalismos luego— que han llegado hasta hoy. Pero también es cierto que estas manifestaciones «centrífugas» tienen un carácter que se aproxima mucho más al retroceso —en lo que afecta a derechos y libertades ciudadanas— que al constitucionalismo democratizado precisamente en 1890.

Las Bases de Manresa, redactadas en 1892 como proyecto para una futura Constitución Regional Catalana, articularon las aspiraciones maximalistas de esa corriente del catalanismo, pero también, como recoge Seco Serrano, las limitaciones ideológicas y clasistas del modelo eminentemente conservador al que se atenía Enric Prat de la Riba.

El maximalismo nacionalista se afirma, por ejemplo, en la Base 4.ª: «solamente los catalanes, ya lo sean por nacimiento, ya en virtud de nacionalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, aun tratándose de los gubernativos y administrativos dependientes del poder central. También deberán ser desempeñados por catalanes los cargos militares que lleven aneja jurisdicción». [...] Ahora bien, en lo que afecta a la organización del Gobierno regional y a las llamadas libertades ciudadanas, se hace evidente una veta claramente reaccionaria, sin punto de comparación con el texto constitucional de 1876. Véase, por ejemplo, lo que dice la Base 7.ª; la cual, al definir el «poder legislativo regional», advierte que estará integrado por unas Cortes «formadas por todos los cabezas de familia agrupados en clases fundadas en el trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y la propiedad, en la industria y en el comercio, mediante la organización gremial correspondiente, en cuanto sea posible». Es evidente que las Bases preconizan, en todo caso, una «democracia orgánica», ya fuera de tiempo.¹⁵

Como apunta Santos Juliá, había llegado la hora de la Renaixença, del renacimiento de Cataluña: la recuperación del catalán como vehículo de creación literaria en todos los frentes daría lugar al uso público de esta lengua y, finalmente, se alcanzaría un nuevo esplendor político y social del catalanismo regionalista.¹⁶ Un discurso ciertamente optimista y regenerador, pero que se autojustificaba con una premisa basada en que, para recuperar todas sus virtudes, Cataluña debía superar su pertenencia a un Estado decadente y debilitado como era España. Una relación perversa en la que Cataluña se había contagiado, a despecho suyo, de los vicios que dificultaban su regeneración. Dentro del catalanismo, se afianzó un sentimiento patriótico que veía en España y en todo lo español su principal enemigo. Para los defensores del nacionalismo catalán no había más que una patria, Cataluña, que entendían como una comunidad de gentes que hablaban una misma lengua, tenían una historia común y vivían hermanadas por un mismo espíritu, que impregnaba con su halo característico todas las manifestaciones de esa sociedad. Y, desde esa perspectiva, consideraban a España tan solo un Estado formado por varias agrupaciones que, ellas sí, eran verdaderas patrias.

Esta afirmación de la identidad nacional llevó a la identificación del Estado español como la gran amenaza de la patria catalana. En el pensamiento de Prat de la Riba, España era el elemento que desnaturalizaba el carácter propio e intrínseco de Cataluña. Pero la causa no se encontraba en la debilidad de la raza o en la degeneración que afectaba a naciones como Francia o España, antaño grandes y enfrentadas entonces a su propia descomposición, sino en que, durante siglos, Cataluña había vivido «en una atmósfera contraria a su manera de ser». Era, por tanto, el ambiente que la rodeaba lo que se había corrompido, no la esencia íntima de la patria. La propia lógica de este relato maniqueo exigía que el Estado español apareciese como un criminal desalmado que imponía su decadente tiranía sobre una Cataluña, casi virginal y cargada de esperanza, que se defendía apoyada en la razón y la justicia de sus reivindicaciones.

Los jóvenes nacionalistas aglutinados en torno a la figura de Prat de la Riba se unieron con sectores escasamente progresistas de la burguesía catalana para fundar la Lliga Regionalista. Y con su victoria en las elecciones de mayo de 1901 —como recuerda Vicente Cacho—,¹⁷ este partido político hizo saltar por los aires el artificial turno de partidos en que se había sostenido el centralismo de la Restauración. Pero nada habría sido igual para la Lliga sin la figura capital de Francesc Cambó, dotado de una aguda percepción del devenir histórico que le permitió desarrollar una acción política sin parangón tanto dentro de Cataluña como fuera de ella. Consciente de la importancia de la economía y del contexto internacional, Cambó fue un hombre de Estado que dedicó toda su energía a «hacer cosas», a desarrollar una política de gobierno que llevara a un Estado en el que su país viviese en plenitud. No lo consiguió, pero su vocación por la política, como voluntad de mejorar el mundo que le rodeaba, alcanzó un valor ejemplar que aún hoy tiene vigencia.

La Lliga, con su posibilismo gradualista, ofrecía a Cambó un proyecto de futuro cuyo principal objetivo era conseguir la autonomía, que conduciría a la recuperación nacional de Cataluña y otorgaría a esta el protagonismo en la España renovada que, ineludiblemente, tendría que asumir. Aunque el horizonte federal no se precisaba en esta doctrina catalanista, Vicente Cacho confirma una realidad evidente:

[...] las diversas tácticas preconizadas por la Lliga en su afán por cambiar la política española —influenciar a los partidos turnantes, pretender sustituirlos, ofrecerse para coaliciones de gobierno— a nada habían llevado. En vísperas de la guerra del 14, los escasos éxitos conseguidos eran colaterales a ese empeño: la Mancomunidad de Cataluña, para cuya presidencia fue elegido Prat de la Riba; y el halago del Rey a Cambó, en quien posiblemente veía una pieza de recambio para la jefatura conservadora.

Ya en nuestros días, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) —el partido hecho por Jordi Pujol a su medida y que ha protagonizado, junto con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), la vida política catalana desde la Transición— ha recogido, hasta su reciente autodestrucción, buena parte del voto catalanista no independentista, si bien con una diferencia sustancial respecto a la Lliga. Mientras que esta se involucró en el gobierno de España, no solo a través de su participación en la política parlamentaria sino también integrándose en el Gobierno central, Pujol jamás quiso hacerlo, posiblemente por una poderosa razón de fondo que va mucho más allá de las consideraciones meramente personalistas que suelen aducirse. Pujol nunca consideró España como algo propio, sino como un marco inevitable, un barco ajeno en el que hay que navegar forzosamente pero en cuya gobernanza no conviene involucrarse directamente. Lo que constituye sin duda un error radical. Aun admitiendo que, desde su perspectiva, lo mejor hubiese sido contar con una embarcación propia, siempre resulta mejor estar en el puente de mando del navío ajeno en el que se navega, para poder así influir cuanto se pueda en la fijación de su rumbo, que permanecer a merced de una tripulación extraña.

El catalanismo integrador

Dentro de las posturas federalistas, el catalanismo integrador parte de dos hechos básicos cuya pervivencia a lo largo de los siglos interpreta como una realidad vigente que se muestra plenamente operativa: Cataluña es, ante todo, una nación y, en segundo lugar, está integrada histórica, política y jurídicamente dentro del Estado español.

La definición de Cataluña como una nación, como una comunidad con la clara conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y con una voluntad firme de proyectarla hacia el futuro a través de su autogobierno (es decir, la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos). Ese es el punto de partida del constructo nacionalista. La autorregulación de los propios intereses comprende sanidad, enseñanza, pensiones, infraestructuras, ordenación territorial, seguridad y, en resumen, todas aquellas materias que determinan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos. Y sin el autocontrol suficiente de los propios recursos económicos resulta ilusoria cualquier pretensión realista y seria de conseguir la autorregulación de tales intereses. Pero, en definitiva, no se trata —como adujo Josep Maria Bricall— de recrear el pasado, sino de administrar el futuro.

Uno de los rasgos diferenciales del catalanismo de izquierda es la concepción abierta de la catalanidad, entendida como un río —la metáfora es del historiador Josep Termes— que recibe, a lo largo de su recorrido, afluentes de las más diversas procedencias. La nación es, para este catalanismo integrador, el resultado de la voluntad y del esfuerzo de los hombres y mujeres que la integran, más allá de su origen y de su cultura. Este concepto tiene un extraordinario potencial de futuro pues, como instrumento de integración efectiva de todos los catalanes, asegura la subsistencia y la continuidad del hecho nacional.

He hablado en el párrafo anterior de la voluntad. El filósofo francés Ernest Renan, una de las grandes figuras intelectuales del siglo XIX, definió cuál es la esencia de una nación en una definición tan concisa como reveladora: un pacto renovado día a día. La renovación cotidiana y continua de este pacto no puede sostenerse en aspectos concretos del pasado colectivo, ya sean históricos, culturales o identitarios, aunque estos hayan desempeñado un papel protagonista en la formación y conformación de la conciencia histórica nacional. Este pacto siempre inestable, por su propia naturaleza, se sustenta en los términos acordados para afrontar las realidades concretas de la vida colectiva. Estos acuerdos se proyectan obviamente hacia el futuro y generan un debate político —una de las herramientas que contribuyen a la fortaleza y supervivencia de ese pacto— sobre materias que inciden directa e inmediatamente en los ciudadanos. Por ello, no hay que caer en el error de tomar ese pasado colectivo como objetivo, pues, como ya advertía Renan en 1882, «interpretar mal la propia historia forma parte del ser de una nación» y conviene abandonar la introspección excesiva, ya que el olvido y el error histórico son «un factor esencial de la formación de una nación y, por ello, el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad».¹⁸

Ese catalanismo integrador se recoge en unas bellas palabras de Antoni Puigverd: «Cataluña como lugar de diálogo y no de oración, como ágora y no como templo, como punto de partida y no de llegada», en las que se condensa la visión abierta de una sociedad plural, compleja y dinámica, y no como una realidad histórica monolítica, cristalizada y, por ende, sin matices. En ese impulso expansivo del catalanismo político, capaz de integrar a las sucesivas oleadas de inmigrantes, radica la fuente profunda de su fortaleza, de la energía que le ha permitido contribuir e incidir decisivamente hasta ahora en su propio destino pero también en el del conjunto de España.

El catalanismo federal, reconocida ya la incontrovertible realidad nacional catalana, acepta que Cataluña está integrada histórica, política y jurídicamente en el Estado español como consecuencia de un proceso histórico multisecular e irreversible, aunque no estático ni inmejorable. La Historia con mayúsculas, empecinada en demostrar que las cosas son como son, no puede olvidar nunca que podrían haber sido de otra manera. En un artículo que el periodista Ramón Pi publicó hace muchos años en La Vanguardia, expresaba una idea —algunos la tildarían de historia ficción— que aún me sigue pareciendo brillante: si en el siglo XVII, Portugal hubiese perdido la guerra contra España y Cataluña hubiese ganado la suya, hoy en día Portugal sería la región separatista y Cataluña el país hermano.

La integración hispánica de Cataluña —evito el término «pertenencia» por su matiz de subordinación— trae emparejadas dos consecuencias que no pueden obviarse. En primer lugar, España debe permitir que Cataluña intervenga activamente en la conformación de la estructura y las instituciones del Estado. Conviene recordar que la España de las autonomías fue la respuesta que se encontró, al elaborar la Constitución de 1978, para dar respuesta al llamado, en términos decimonónicos, «problema catalán». Las expectativas del País Vasco y Navarra, en cambio, quedaron allanadas con la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna, que definía su encaje constitucional:

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

La segunda consecuencia es la importancia de que los partidos catalanes estén presentes en todos los centros de poder del Estado a su alcance. Puesto que España es para Cataluña la realidad inmediata, y a través de la cual se proyecta institucionalmente a Europa, nada español le puede ser ajeno. Y esto implica participar activa y directamente en su gestión, asumiendo sin reticencias las responsabilidades que le corresponden y que se le deben reconocer, incluida su intervención en el Gobierno.

La reivindicación del autogobierno, un aspecto esencial del catalanismo federal e integrador, debe ser asumida por todos —insisto, todos— los ciudadanos de Cataluña. No solo por aquellos que hunden sus raíces en el suelo catalán desde hace siglos, sino también por els altres catalans —«los otros catalanes», en afortunada expresión del periodista Francesc Candel—, por las sucesivas oleadas de inmigrantes que han convertido Cataluña en su hogar. Para que esa reivindicación prospere, todos han de hacerla suya, más allá de cualquier vibración identitaria, no por imposición, sino por considerarla la manera más idónea de defender honestamente sus intereses individuales y comunes.

Para la corriente federal del catalanismo político era prioritario conformar un movimiento integrador que asegurara su porvenir y no obstaculizara sus objetivos. Como doctrina política el nacionalismo es neutro en sí mismo, de modo que todo depende del uso que se le dé. El carácter integrador o excluyente de cualquier nacionalismo es lo que decide su futuro y establece la validez de sus propuestas. Puede ser integrador y convertirse en una excelente herramienta para construir un entorno de cohesión social y solidaridad interterritorial, así como para conducir al colectivo que forma esa sociedad a un futuro común pleno. Pero también puede transformarse en un factor excluyente que altere y divida a la sociedad en la que se apoya. De ser así, este nacionalismo demostrará no ser más que un mero instrumento para la perpetuación del control político, social y económico de un grupo social, definido identitariamente, sobre el ámbito geográfico sometido a él.

Los derechos históricos

La dicotomía entre nacionalismo integrador y nacionalismo excluyente sigue viva. Ambas corrientes, que no han perdido su fuerza, coexistieron en el pasado y continúan haciéndolo en la Cataluña del presente. El catalanismo conservador, de raíz romántica y católica, ha usufructuado el poder autonómico durante largo tiempo, mientras que su némesis, con vocación integradora, ha monopolizado, en buena parte, la política municipal en las zonas más pobladas del territorio, comenzando por su capital, Barcelona.

Este binomio, insisto, no es un fruto nuevo. Refiriéndose a un artículo que el político, periodista y poeta mallorquín Gabriel Alomar —uno de los baluartes del modernismo— publicó en el periódico El Poble Català el 9 de julio de 1907, Vicente Cacho comenta:

En el cambio de siglo (XIX al XX) cabe hablar, siempre que no se dramaticen en exceso las cosas, de dos Cataluñas enfrentadas, porque el papel que en ellas se atribuía al pasado resultaba diametralmente opuesto, y porque eran distintas sus respectivas visiones de la Cataluña del futuro, «mare nostra» [madre nuestra], desde el ángulo tradicional, «obra nostra» [obra nuestra], desde el punto de vista innovador, si damos por buena la dicotomía, un tanto unamuniana, propuesta por Gabriel Alomar.¹⁹

Esta idea está presente también en la biografía que el periodista y escritor Pere Meroño dedicó a Josep Pallach (1920-1977), una figura destacada del socialismo reformista, catalanista y partidario de un Estado español federal. Nacido en Figueres en 1920, Pallach pertenecía a una humilde familia de estirpe payesa, unas circunstancias —el lugar de nacimiento y la extracción social familiar— que, según Meroño, constituían una singularidad de este dirigente político y pedagogo:

Y esto es así a causa de la tradicional existencia de una clase política a la que es muy difícil acceder si uno no ha nacido en Barcelona. Y es aún más difícil hacerlo si uno no pertenece a las grandes familias, fundamentalmente vinculadas a la pequeña burguesía, que de forma casi endogámica, socialmente hablando, usufructúan el poder. Fenómeno que sorprende particularmente por su extensión incluso a los partidos de izquierda. No me refiero a la sobrerrepresentación de determinados sectores, hecho lógico y comprensible, sino a algo más preocupante: la ausencia de un vínculo sólido, fluido y eficiente, entre la dirección de algunas formaciones políticas y segmentos muy y muy significativos de su base social. Este hecho podría explicar, entre otras cosas, la profundidad y la solidez de algunos fenómenos políticos, como la abstención.²⁰

Hace años, el resultado del pacto tripartito —el acuerdo alcanzado por el PSC-Ciutadans pel Canvi, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa que sostuvo entre diciembre de 2003 y mayo de 2006 el Gobierno del socialista Pasqual Maragall— pareció llevar al catalanismo popular, progresista, de izquierdas (o como se le quiera llamar) a la primera fila en todos los niveles de la política catalana. Se convertía así en una alternativa desacomplejada al catalanismo conservador ejercido por CiU, al que ha apoyado, cuando alguno de los dos lo han necesitado, el Partido Popular.

Parecía que este hecho, tan positivo como trascendental, normalizaba la política catalana y daba visibilidad pública a esa otra Cataluña. Sin embargo, todo se torció. La postura insolidaria de ERC, enrocada en una sucesión de gestos y exigencias maximalistas, resultó evidente de inmediato. El día 29 de julio de 2005, en el marco del debate estatutario, CiU y ERC recurrieron a la obsoleta —aunque efectiva— táctica de invocar los derechos históricos para imponer a los socialistas la competencia exclusiva de la Generalitat sobre ocho materias: financiación, organización de las administraciones públicas catalanas, organización territorial y régimen local, derecho civil, régimen lingüístico, educación, cultura y seguridad pública. Mientras CiU, la derecha nacionalista, se vanagloriaba de haber roto el tripartito de la izquierda en un aspecto capital de la reforma, el PSC clamaba que CiU únicamente perseguía un Estatuto por y para nacionalistas.

Llegados a este punto, debo confesar que me equivoqué en mis predicciones. Ocurrió todo lo contrario de lo que yo esperaba: el alineamiento nacionalistas-no nacionalistas prevaleció sobre la contraposición derecha-izquierda. Confiaba en que la política catalana había recuperado ya la bipolarización normal entre conservadores y progresistas, pero la dura realidad demostró que no era así: en el siglo XXI aún basculaba —y bascula— entre nacionalistas de raíz romántica y catalanistas integradores. Vaya por delante que no rechazo de raíz la apelación a los derechos históricos, sino la actitud que denotó el lanzamiento por sorpresa, después de dieciocho meses de ardua negociación, de un torpedo potencialmente conflictivo como ese y que impactó directamente en la línea de flotación del debate sobre el Estatuto. Esta anécdota, aunque sin gran relevancia, fue un anticipo revelador de lo que ahora sucede elevado a su máxima expresión: el alineamiento independentista de ERC y lo que queda de CDC.

La actitud de ERC se ajustaba —y, de hecho, sigue siendo así— al sentido trágico de la historia que caracteriza al nacionalismo romántico. Esta corriente, que prima la razón histórica por encima de la razón política, se decanta por la concepción de Cataluña como madre en lugar de hacerlo, con más acierto, por verla y sentirla como obra colectiva de todos los catalanes.

Retomando el hilo del relato, afirmo que Cataluña ostenta y es titular de unos derechos históricos similares a aquellos a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Así lo sostuve en 1998, durante un curso sobre derechos históricos y constitucionalismo dirigido por Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch en la Universidad del País Vasco, y aún hoy lo sigo sosteniendo. Siempre he entendido que cabe extender el ámbito de esa Disposición Adicional más allá de «una peculiar forma de organización de los poderes públicos», como en los casos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, hasta cubrir también «un régimen jurídico propio en otras materias», como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, de 26 de abril, fundamento jurídico 2.º.

Pero, en cambio, jamás he defendido que los derechos históricos sean un título competencial autónomo de la Constitución, ni que puedan aprovecharse para reclamar y amparar competencias concretas que rebasen el marco acordado por todos. Ahora bien, los derechos históricos son, indudablemente, los cimientos que sostienen la personalidad diferenciada de la comunidad nacional catalana, que se manifiesta en derechos colectivos —como el de considerar que el catalán es su lengua propia—, cuya titularidad corresponde al conjunto de los ciudadanos catalanes y cuyo contenido integra el autogobierno, siempre dentro del marco constitucional, fruto del consenso de la sociedad española. La conclusión es clara: la Constitución de 1978, y así lo establece, debe ser interpretada sin obviar la existencia de esos derechos históricos, pero estos nunca podrán rebasar los límites establecidos en ella.

LA APUESTA SOCIALISTA Y SU FRACASO

La llegada de José Montilla a la presidencia de la Generalitat en noviembre de 2006 visualizó, de modo concluyente, la ampliación del ámbito personal del catalanismo político mediante la integración efectiva de «los otros catalanes» en todos los niveles de la política del país. Para la corriente catalanista, el de Montilla —cuya familia abandonó el municipio cordobés de Iznájar para establecerse en Cataluña a principios de la década de 1970— fue un triunfo trascendental. La incorporación de sangre nueva a las estructuras políticas del catalanismo garantizaba la continuidad del hecho nacional y, al mismo tiempo, por adaptarse a la realidad cotidiana de la propia población impedía la quiebra de la cohesión social.

El mérito de esta victoria, ligada indisolublemente a la inmigración, es compartido. Arrancó de la labor realizada por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), de ideología comunista, durante el tardofranquismo y se consumó en el seno del PSC desde la fundación de este. De hecho, la mayoría del PSC asumió, por la vía de los intereses, los postulados básicos del catalanismo político, un hecho que a los políticos españoles, incluidos los del PSOE, les cuesta comprender. En cambio, así lo comprendió Josep Maria Puig Salellas:

El PSC no es, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi, porque en Euskadi no han existido, y sí aquí, els nois de Sant Gervasi, un curioso grupo social, formado en la Universidad de Barcelona de los años 60 y 70 del siglo pasado, que, de repente, con todos los gastos pagados, había descubierto a un señor que se llamaba Karl Marx. [...] Pero pocas bromas, porque estos chicos, hijos de buena casa, se han salido con la suya. Porque, conscientes o no, desde un gran empirismo, han acabado imponiendo su catalanismo, un catalanismo que necesariamente había de ser contenido, porque era una ideología que no compartía el otro sector del partido; en definitiva, la gente que, elección tras elección, fielmente les daba los votos. Este es, sin duda, uno de los grandes misterios de la política catalana de estos últimos años, porque, al hacerse mayores, las élites de aquellos votantes —en definitiva, las élites de la inmigración, desde Montilla hasta Manuela de Madre [...]— han entendido que [...] necesitan más poder y más recursos para satisfacer las demandas de sus electores, y resulta que todo esto se ha de ir a buscar a Madrid, y entonces [la] excusa solo puede ser el catalanismo [...].²¹

Dadas estas características del PSC, es decir, su compleja y sincrética composición, no es de extrañar la apuesta socialista por la reforma del Estatuto, una iniciativa de Pasqual Maragall que el partido siguió disciplinadamente. Ahora bien, la falta de liderazgo en el debate estatutario y el comportamiento maximalista de Convergència, que continuamente intentaba desbordar a Esquerra, convirtió este proceso en una competición por la primogenitura nacionalista, por ver quién se imponía al rival, lo colocaba contra las cuerdas con una propuesta insuperable o daba el titular más deslumbrante. El PSC, atrapado en esta loca carrera a ninguna parte, hizo lo que Francisco de Quevedo recomendaba a todo aquel que desee que las mujeres le sigan por la calle: ponerse a andar delante de ellas. Por otra parte, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desconcertó a propios y extraños tanto con sus palabras como con sus actos. Comenzó diciendo que aceptaría lo que aprobase el Parlamento de Cataluña y, con su mejor sonrisa, se puso al frente del cortejo. Pero, como siempre sucede, llegó inexorable la hora de la verdad. Y sin más, Zapatero cerró un pacto con quienes él consideraba los auténticos representantes de Cataluña, es decir, los líderes de Convergència, que se mostraron dispuestos a suscribirlo a cambio de ciertas concesiones respecto al Gobierno de la Generalitat.

La posición de la cúpula del PSC, habida cuenta de todo cuanto queda apuntado, no era precisamente fácil. Hicieron lo que pudieron y demasiado bien librados salieron del envite. Al final, cuando llegó el momento decisivo —el de acariciar finalmente el poder— plantaron cara a Zapatero y renovaron el Gobierno tripartito burlando así la expectativa de Artur Mas.

El final de la peripecia estatutaria es bien conocido y no vale la pena insistir en él. A los errores graves cometidos durante su gestación se sumaron los descomunales desatinos acumulados después de su parto, en especial, la recogida de firmas en su contra propiciada —en uno de los más lamentables episodios de su historia— por el Partido Popular, el recurso ante el Tribunal Constitucional después de «haberle pasado el cepillo» y haber sido aprobado por los ciudadanos catalanes mediante referéndum y la dilación enorme de este Tribunal en dictar sentencia, por citar solo algunos de ellos. Quede, como enseñanza, una sola idea: jamás una cuestión política de este calado puede dejarse en manos de un tribunal. Este hecho supone, por parte de la clase política, una dejación incomprensible de sus responsabilidades y una insólita manifestación de su cortedad de miras y de su falta de coraje.

VOLVER A EMPEZAR: LA PENÍNSULA IRRENUNCIABLE

Hay una porción de tierra que va desde los Pirineos a la punta de Tarifa, y desde el Finisterre al cabo de Creus. La península ibérica. Un territorio que se ha organizado históricamente en dos Estados: España y Portugal. Podría haber sido de otra manera, pero ha sucedido así. Nada hay que sea para siempre, pero hoy las cosas son de este modo. Y, en consecuencia, todos debemos esforzarnos para que la convivencia en el seno de nuestro Estado —España— se articule de tal modo que sea, para todos los pueblos y naciones que coexisten en su seno, una casa común compartida cuyos habitantes gozan de la voluntad de permanecer en ella, no un lugar en el que hay que resignarse a permanecer. Pero nadie pretende que sea para siempre, pues como dejó escrito Azaña, la palabra «siempre» no existe en política.

Hecha esta salvedad, me reafirmo en que Cataluña, al igual que España, tiene que reconocerse tal y como es, no como podría haber sido. Sin menoscabo de admitir la realidad nacional catalana, es indiscutible que Cataluña está integrada, histórica, política y jurídicamente, en el Estado español. Y como parte de él, debe aplicar todo su innegable potencial y sus sobresalientes capacidades a la gobernación de ese Estado, su Estado, aspirando incluso a ser determinante en el rumbo que conviene seguir. Pero España, como apuntó en su día Josep Maria Bricall, también está obligada a mirarse al espejo y aceptar que su realidad no es única, invariable y monolítica:

No es la acumulación de competencias y facultades, la disponibilidad de medios o el número de funcionarios lo que da la talla de un gobierno, sino su capacidad y competencia para resolver los problemas importantes de los ciudadanos que gobierna. [...] El prestigio de una sociedad y el orgullo de formar parte de ella dependen mucho de su capacidad para abordar la solución de los problemas cotidianos, de la eficiencia de su administración pública en la puesta en marcha de los servicios colectivos, de su honestidad en el uso de los caudales públicos, del consumo de la cultura que se produce en el propio territorio. [...] Las sociedades modernas que en cierto momento de su historia han reclamado instituciones políticas propias lo han hecho porque sus problemas cotidianos no se habían visto resueltos por la situación existente. [...] Si España hubiese sabido satisfacer las necesidades de los catalanes, no existiría el catalanismo político.

Hay catalanes que han visto claro que ha llegado el tiempo de abandonar las frases altisonantes y los propósitos abstractos en pro de las cuestiones concretas y los resultados tangibles. Interdependencia, no independencia. Cogobierno, no soberanía. Cataluña como parte del Estado llamado España. El camino viable, concluía Bricall, solo puede ser ese:

Desde el siglo XIX, Cataluña no ha enfocado su nacionalismo como una reclamación de independencia de España. No entro a juzgar si ha sido un error o no. Me parece más importante pararme a entender lo que ha comportado y aún comporta. Si la limitación de la dependencia se produce y todos somos conscientes de ello, entonces es preciso no ser hipócritas. La parcela de poder que falta a la autonomía para ser un Estado plenamente independiente no se obtiene a fuerza de cantarlo, razonarlo, justificarlo, alabarlo o soñarlo, y menos aún a fuerza de aparentar que se tiene. No se puede caer en la hipocresía de pretender actuar como si fuésemos independientes sin ni tan siquiera plantearnos seriamente serlo, como si nos contentásemos con la simple apariencia de serlo o con el hecho de reivindicarlo. Me parece más conveniente tener presente que los catalanes formamos parte de España, porque esta es la realidad que nadie quiere ni puede cambiar.²²

Con su legítima voluntad de singularizarse, Cataluña ha sido y es un referente de prestigio indudable para toda la sociedad española. Su fuerza ha sido siempre tranquila, y no por ello más débil o menos valiosa. Se basaba en su sólida economía, en el alto nivel de vida de su sociedad, en el prestigio de Barcelona como centro autónomo de cultura, en la modernidad de su clase dirigente, y en la anticipación con que llegaban las nuevas corrientes culturales. Esa fuerza no se materializaba en armas, dinero o conquistas territoriales, sino en su influencia sobre el conjunto del Estado.

Cataluña ha demostrado en todo momento que es una sociedad abierta e integradora, paradigma de acogimiento a todos aquellos que han llegado a ella. Y dispuesta a conservar su auténtica personalidad, está destinada a seguir siéndolo. Pero si quiere confirmar su identidad, tendrá que aceptarse tal cual es, plural e hispánica, como también tendrán que reconocerse España y el resto de los españoles.

¿Qué impide que estas ideas sean operativas?

LA MEMORIA BELIGERANTE

¿Qué se rompe cuando una comunidad humana que ha subsistido durante largos años decide poner fin a su existencia? Lo decisivo no son las razones económicas, ni tan siquiera los brotes esporádicos de violencia, sino la ausencia evidente de un proyecto compartido. Cuando este falta, ¿qué sentido tiene prolongar la palinodia de una vida en común sin un objetivo claro?

Esta es también —a mi juicio— la razón profunda de que España y Cataluña estén cada día que pasa más distanciadas: carecen de un proyecto compartido. Así, cada vez que cualquiera de los políticos catalanes, de la formación política que sea, afirma —con toda solemnidad y haciendo alarde de ello ante su gente— que solo piensa en los intereses de Cataluña, está afirmando de manera tan implícita como clara que solo le preocupa un proyecto exclusivamente catalán, con el corolario obligado de que España nada le importa. Pero idéntica ausencia de un auténtico proyecto compartido muestran aquellos políticos españoles que se revelan incapaces de captar las demandas de quienes se sienten perjudicados por un reparto injusto del poder, al tiempo que se empecinan en un silencio absurdo, se refugian en el burladero de la ley y se amparan en las resoluciones de jueces y tribunales. De la ausencia de este proyecto compartido surgen más tarde, y por este orden, la falta de sentido de pertenencia, el desafecto y, por último pero no menos importante, la malevolencia. Conviene añadir que este proyecto compartido no se expresa en grandes palabras, sino en proyectos específicos sobre cosas concretas, comenzando —a modo de ejemplo— por las infraestructuras, que el Gobierno del Estado no puede planificar desde una perspectiva centralizadora que penaliza las necesidades e intereses de las zonas periféricas de España, en las que, para mayor agravio, se asienta una parte determinante de la economía productiva de todo el país.

¿De quién es la culpa? Aquí ocurre también como en las separaciones y los divorcios de las parejas: resulta imposible dilucidar quién tiró la primera piedra y en quién anidó primero el desamor. Ya se sabe que hay razones del corazón que la razón no comprende. Porque es cierto —de entrada— que, del mismo modo que las personas no tienen naturaleza sino historia, los pueblos y naciones son fruto de un devenir histórico secular, por lo que la memoria histórica tiene una importancia decisiva para su conformación como tales. Pero también es verdad que, cuando esta memoria se instrumentaliza al servicio de una posición política coyuntural (normalmente en aras de un proyecto de hegemonía social al servicio del grupo dominante), siempre puede ser contrarrestada por otra memoria histórica de signo contrario. De ahí que de nada sirva la memoria cuando se convierte en una herramienta beligerante. Por ello, cuando se plantea el dilema entre dos memorias contrapuestas utilizadas como armas arrojadizas, no queda más remedio que seguir el consejo del filósofo e «ir directo a las cosas», y estas nos dicen —en el presente caso— que el procedimiento más lógico y fructífero es que ambas partes se planteen de raíz si quieren seguir compartiendo proyecto e historia. Pero para responder a esta cuestión, resultan ineludibles dos requisitos: uno es la elaboración de este proyecto compartido, que debe incluir un reparto del poder aceptado por todas las partes implicadas; el otro, su sometimiento a la decisión democrática de los votos, que establecerá la aceptación o el rechazo de ese proyecto común. En resumen, la historia existe y nos ha hecho como somos, pero no nos da soluciones predeterminadas para afrontar con éxito el futuro. Este tenemos que construirlo entre todos.

En conclusión: existe hoy una innegable ruptura sentimental entre Cataluña y el resto de España, manifiesta en la falta de un proyecto compartido y en la ausencia de aquella affectio societatis —la voluntad de asociarse, de colaborar para una causa común— sin la que toda comunidad resulta imposible. Y no se trata, por lo que a Cataluña se refiere y tantas veces se repite en el resto de España, de un achaque exclusivo de políticos alicortos, intelectuales desnortados, periodistas enredones y opinadores bocazas, sino que es, bien al contrario, cosa del «macizo de la raza», por utilizar palabras de Antonio Machado con el sentido que les dio Dionisio Ridruejo, que aludía con esas palabras del poeta sevillano a la mayoría silenciosa. En la actualidad, por tanto, muchos catalanes se consideran agraviados y, también con toda certeza, muchos españoles se sienten hastiados. Agravio y hastío son malos cimientos sobre los que asentar nada. Hará falta enfriar los ánimos de unos y otros, si se quiere buscar una salida transaccional —aún la hay— que, sin excluir nada, reconduzca los deseos al camino de las realidades. Y será preciso hacerlo, por ambas partes, sin una mala palabra, sin un mal gesto y sin una mala actitud.

SINO FATAL O PROBLEMA POLÍTICO

A comienzos de la Segunda República y durante el intenso debate sobre el Estatuto de Cataluña, José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, pronunciaron sendos discursos en las Cortes Constituyentes. En esos días de mayo de 1932, Ortega había asumido el papel de educador nacional y, como filósofo, las cuestiones de procedimiento carecían de relevancia para él, por lo que la auténtica cuestión de fondo en esos momentos radicaba en la conformación de unas «minorías selectas» formada por los mejores. Por su parte, Azaña era jurista y sabía, aunque no siempre actuase en consecuencia, que un Estado se define, en sustancia, como un sistema jurídico y que la esencia de lo jurídico es, a su vez, la forma. Años después, el escritor y diplomático José María Ridao publicó dichos discursos, precedidos por un inteligente prólogo donde asegura que en ellos se traslucen «dos visiones opuestas de la sociedad y la política, dos maneras de entender la naturaleza de la historia y del gobierno».²³

El sentido trágico de la historia

Para Ortega, el llamado «problema catalán» había sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular, y seguiría siendo mientras España subsistiese. Así lo planteó ante las Cortes, atribuyéndole el carácter fatal de irresoluble y comparándolo con la resolución de la cuadratura del círculo:

Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no solo que los demás españoles debemos conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles. [...] ¿Por qué? [Porque] el problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. [...] ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. [...] Pues bien; en el pueblo particularista [...] se dan, perpetuamente en disociación, [...] dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con otros en unidad nacional.

Una vez fijados los términos del problema, se esforzó en establecer la razón profunda —trágica— de esta realidad lacerante, del caso doloroso de Cataluña:

[...] es algo de que nadie es responsable; es el carácter mismo de este pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia. Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante; porque la evolución universal, salvo breves períodos de dispersión, consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores.

A continuación, Ortega proclamó que era el momento de abandonar la retórica y concretar el asunto que los había llevado hasta allí:

Pero ahora, señores, es ineludible que precisemos un poco. [...] Afirmar que hay en Cataluña una tendencia sentimental a vivir aparte, ¿qué quiere decir, traducido prácticamente al orden concretísimo de la política? ¿Quiere decir, por lo pronto, que todos los catalanes sienten esta tendencia? De ninguna manera. Muchos catalanes sienten y han sentido siempre la tendencia opuesta; de ahí esta disociación perdurable de la vida catalana [...]. Muchos, muchos catalanes quieren vivir con España. [...] Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos, ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir este sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, un grupo de exaltados, les parecen mejores. Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está, a la veracidad, que estos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes.

Una vez sustanciado el núcleo del discurso, el orador se extendió en la defensa de una «España organizada en nerviosas autonomías regionales», enmarcada con una advertencia premonitoria:

No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía.

En resumen, Ortega reducía toda la cuestión al fatal atavismo histórico que persigue a Cataluña desde sus orígenes y que hace de los catalanes una pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma, proclive al quejido sempiterno y siempre enzarzada con alguien, y si no consigo misma, sobre cuestiones de soberanía. Un problema irresoluble que únicamente se puede conllevar creando un alvéolo autonómico donde alojarlo.

La apelación a la razón política

Mientras se incorporaba para intervenir en la sesión de las Cortes celebrada el 27 de mayo de 1932, Manuel Azaña ignoraba que estaba a punto de pronunciar el discurso con más enjundia de toda su carrera parlamentaria. Comenzó con una advertencia rigurosa e imprescindible, dirigida a toda la cámara:

Una gran parte de la protesta contra el Estatuto de Cataluña se ha hecho en nombre del patriotismo, y esto, señores diputados, no puede pasar sin una ligera rectificación. El patriotismo no es un código de doctrina; el patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común, pero ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. [...] Quiere esto decir, señores diputados, que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada. [...] Por primera vez en el Parlamento español se plantea en toda su amplitud, en toda su profundidad, el problema de los particularismos locales de España, el problema de las aspiraciones autonomistas regionales españolas.

En respuesta a Ortega y a su convencimiento de que España solo podía aspirar a conllevar el «problema catalán», negó el carácter irresoluble de este y, con una percepción muy distinta de la misma realidad, definió su naturaleza política. Ajeno, por tanto, al sentimiento trágico de la historia defendido por el filósofo, Azaña afirmó:

Lo que sí digo es que el problema que vamos a discutir aquí, y que pretendemos resolver, no es ese drama histórico, profundo, perenne, a que se refería el señor Ortega y Gasset [...]. A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde. [...] Cataluña dice, los catalanes dicen: «Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español». [...] La pretensión es legítima [...]. Este es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil. ¡Ah!, yo no sé si el problema es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil. [...] La solución que encontremos, ¿va a ser para siempre? Pues, ¡quién lo sabe! Siempre es una palabra que no tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en la política.

Teniendo en cuenta este revelador debate, ¿cómo podría articularse esta realidad histórica, política y jurídica compleja? Antes de entrar en el examen del problema concreto, es precisa una breve digresión teórica.

LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES

El federalismo, según el catedrático de Ciencia Política Ferran Requejo, ha sido considerado «tradicionalmente como uno de los marcos institucionales más idóneos para organizar territorialmente sociedades con un alto grado de complejidad social».²⁴ La idea básica de este concepto normativo, referido a la organización territorial de una colectividad política en la que dos esferas de gobierno combinan los principios de autogobierno y gobierno compartido, es que diferentes entidades políticas deciden unirse y colaborar a través del establecimiento de un pacto. De hecho, conviene saber que el término «federalismo» deriva de la palabra latina foedus, «pacto», referida a un acuerdo voluntario de asistencia mutua.

Existen, de acuerdo con Requejo, cuatro tipos básicos de acuerdos federales:

a) Estados regionales

En ellos, el doble nivel de organización territorial es el resultado de un proceso de descentralización, garantizado constitucionalmente, de un Estado previamente unitario.

b) Federaciones simétricas

Suelen tener cinco características básicas: 1) un doble nivel de gobierno, en el que cada uno de sus poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— posee sus propias competencias y autonomía fiscal para poder ejercerlas; 2) disponen de mecanismos para canalizar la participación de las partes federadas en los procesos de decisión de ámbito federal, que suelen concretarse en el Senado; 3) un Tribunal Constitucional o Supremo resuelve, como árbitro institucional, los inevitables conflictos de competencia entre ambos niveles de gobierno; 4) el pacto en que se basa la federación —formalizado en la Constitución— no puede ser reformado unilateralmente, sino que precisa el consentimiento tanto de las instituciones federales como de las de la mayoría de las entidades federadas; 5) suelen contar con mecanismos que facilitan y promueven la colaboración entre el poder central —el nivel federal de gobierno— y las entidades federadas (cooperación vertical), así como entre estas (cooperación horizontal).

c) Acuerdos federales asimétricos

Un primer tipo son las federaciones asimétricas, que se diferencian de las anteriores por las relaciones existentes entre el Gobierno federal y las entidades federadas. Mientras que en las simétricas estas relaciones son uniformes, en las federaciones asimétricas tienen un carácter heterogéneo. Las razones de estas asimetrías se basan en sustanciales diferencias de hecho, es decir, los distintos presupuestos de los que se parte. En cuanto al segundo tipo, los acuerdos asimétricos específicos ( federacies y Estados asociados), estos vinculan normalmente un pequeño territorio con otro mucho mayor, que reconoce un alto grado de autogobierno al primero a cambio de que este tenga una influencia muy restringida en los asuntos del segundo. Entre los ejemplos más conocidos están Puerto Rico y Estados Unidos, en América, y Mónaco y Francia, en Europa.

d) Confederaciones

Mientras que las federaciones son el resultado de un pacto que se traduce en una Constitución interna, las confederaciones se establecen a través de un pacto internacional entre Estados independientes que acuerdan llevar a término algunos objetivos de manera común. En este caso, si un Estado miembro desea abandonar el pacto confederal, puede hacerlo según los procedimientos estipulados en este.

Sobre esta base teórica, resultan útiles algunas reflexiones referidas directamente al caso español y catalán.

Una federación asimétrica y otra simétrica se diferencian exclusivamente por la existencia o no de una relación diferenciada —bilateral— entre el poder central y alguna entidad federada respecto a las demás. Es lo que se conoce como asimetría funcional, y no tengo ningún argumento conceptual en contra de ella. Es más, reconozco que puede ser una herramienta muy útil para resolver situaciones de plurinacionalidad en el seno de un Estado. Y, de hecho, admito que esta fórmula podría ser adecuada, al menos teóricamente, para dilucidar el encaje de Cataluña en España. Pero como ocurre siempre en Derecho, las reglas generales no pueden aplicarse automáticamente, ignorando las circunstancias particulares que concurren en el caso concreto que se intenta resolver.

Por ello, en la cuestión que nos ocupa, sostengo que el federalismo asimétrico funcional no es la respuesta a cómo encaja Cataluña en España, pues resulta innegable que, dado el extraordinario efecto mimético que la primera ejerce sobre el resto del Estado, la especial relación que se establezca entre ambas (cabe suponer que de bilateralidad, es decir, de tú a tú) será reclamada inmediatamente por otras comunidades autónomas, comenzando por los antiguos reinos confederados de la Corona de Aragón y siguiendo inmediatamente después por Andalucía. Tal solución del «problema catalán» acarrearía inevitablemente la quiebra del Estado, pues resulta evidente para cualquiera que la multiplicación de relaciones bilaterales al mismo nivel entre el poder central y numerosas comunidades autónomas es insostenible. No hay Estado, por sólido que sea, que pueda soportar media docena de relaciones bilaterales sin desmoronarse.

En un Estado federal es necesario que el poder central ostente de forma exclusiva la función ejecutiva correspondiente a sus competencias, lo que le permitirá ejercerlas directamente en todo el territorio reconocido en su pacto constitucional. La completa autonomía interna de los estados federados que lo integran —que implicaría que la función ejecutiva que recae en el poder central es ejercida por cada uno de aquellos dentro de su respectivo territorio— es inadmisible, pues no sería más que un intento de consumar, de forma encubierta y subrepticia, una independencia de hecho.

Ante la imposibilidad real de que España acepte una asimetría funcional en su relación con Cataluña, resulta patente que la salida viable es la federación simétrica con asimetría material, referida únicamente a la extensión de las competencias de las distintas comunidades autónomas. Esta solución exige la eliminación de cualquier vestigio de bilateralidad funcional para, en su lugar, potenciar el papel del Senado. Con mayores competencias que las actuales, la Cámara Alta podría convertirse en un órgano de representación territorial absolutamente determinante, donde se resuelvan con carácter vinculante todos los asuntos y materias objeto de decisión multilateral, se fijen las grandes políticas de la federación y se nombre a los miembros de los altos tribunales y organismos. Quizá sea esta la respuesta más acertada. Sin embargo, puesto que esta vía federal asimétrica no puede ser impuesta a una comunidad nacional que no la acepte voluntariamente, el camino pasa por reconocer el ejercicio del derecho a decidir sobre el contenido de tal propuesta.

«CUATRO CAMINOS HAY EN MI VIDA»

Visto este mínimo esquema doctrinal, procede ahora ensayar algunas conclusiones referidas al problema español. Una premisa básica para resolver correctamente un problema es plantearlo bien, lo que exige precisar con exactitud los hechos. Así sucede con el problema de la estructura territorial del Estado en España, que no puede afrontarse debidamente si no se parte de la constatación de que el factor desencadenante se halla en Cataluña por dos razones: 1) por la propia dimensión de Cataluña en relación con España, que hace que la posición de aquella en esta sea determinante del estatus del conjunto; 2) porque Cataluña ha tenido históricamente un modelo alternativo de España —vista como una red con distintos nudos—, muy distinto del modelo unitario y centralista, que podría compararse a una pirámide en cuyo vértice se encuentra Madrid.

También dos motivos explican por qué el «problema vasco», pese al fenómeno terrorista, nunca ha sido equiparable al catalán. El primero es la menor dimensión del País Vasco —y de Navarra—, en comparación con la catalana, que hace posible que el Estado español pueda soportar sin desestructurarse una auténtica relación confederal como la que mantiene actualmente España con ambas comunidades. Una relación confederal que, en el caso del País Vasco, se manifiesta en el concierto económico, el blindaje de las normas fiscales y el traspaso de las bonificaciones a las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social, la gestión de los recursos de formación profesional —con el consecuente mayor control de los sindicatos—, la inspección de trabajo y el fondo de garantía salarial. El segundo motivo es que el País Vasco y Navarra no tienen, ni han tenido jamás, un proyecto alternativo de España: todos los vascos y navarros defienden, sin distinción de partidos —incluido el PP—, su posición singular dentro de España, que tiene su encaje en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. Además, disponen de los servicios del Estado español al módico precio de un cupo que negocian de manera bilateral y que, de ser transparente, posiblemente mostraría como las regiones forales le cuestan dinero al resto de España. Dicho con otras palabras: el Estado de las autonomías no se hizo para ellas. El País Vasco y Navarra caminan por libre. Y les va muy bien.

Una vez localizado el problema, el siguiente paso consiste en captar la naturaleza de la reivindicación de autogobierno catalana, que es hoy la demanda con mayor poder político por parte de una nación que se ha refaccionado en los últimos ciento cincuenta años. En efecto, Cataluña se jugó, en el siglo XX, su destino como país: ser o no reconocida como nación. Libró esta batalla esencial de refacción nacional —larga y dura— en el ámbito de las ideas, y la ha ganado de forma plena, dando pruebas de una tenacidad, una habilidad y una fe en sí misma extraordinarias. Tal ha sido su victoria, que así se le reconoce. Ha sido el período de reconocimiento de la nación catalana y de consolidación de sus instituciones más decisivo desde la Edad Media. Si un catalán que murió el 1 de enero de 1900 resucitase mañana, no podría creer lo que vería. Incluso un nacionalista tan exigente como el escritor y pedagogo Joan Triadú se refiere al siglo XX de Cataluña como «su mejor siglo de los tiempos modernos».²⁵

No obstante, hoy —cuando existen tantos motivos de confianza en el futuro y para asumir con empuje una posición de liderazgo—, Cataluña está desconcertada: cree percibir que su vieja preeminencia se erosiona y que es vista con crecientes reservas por el resto de España, por lo que se replantea de raíz su futuro. ¿Cuál es el motivo? Porque ha cambiado la naturaleza del desafío que la propia Cataluña se ha lanzado. Ya no se plantea cuestiones esencialistas —ser o no ser—, sino un reto más prosaico pero no por ello menos importante: decidir dónde quiere estar y, en su caso, cómo quiere estar. Es decir, ganada la batalla del «ser», Cataluña se enfrenta ahora a la del «estar». Tiene que decidir si quiere o no preservar su vínculo con España y, de mantenerlo, cómo quiere que se articule esa relación, teniendo además muy en cuenta —no hay que olvidar nunca este punto— que el tipo de vínculo que Cataluña desea no tiene por qué ser aceptado por el resto de España. Esta decisión —dónde y cómo estar— es la cuestión previa a todas las demás y, hasta que no se resuelva convenientemente, Cataluña no podrá afrontar con naturalidad y convicción su futuro.

Cualquier camino propuesto debe partir de la idea, ya expuesta, de que el territorio que conocemos como España solo puede articularse política y jurídicamente de cuatro formas:

1) Un Estado unitario y centralista

Esta opción no llegó a cuajar en España aunque se intentó —no se alcanzó en su día, cuando sí era posible, la unidad de caja ni la de derecho civil— y ahora, una vez iniciado el reflujo de los Estados-nación, ya es absolutamente inviable.

2) Un Estado federal

Solo es viable en el bien entendido de que el único Estado federal viable es el simétrico, basado en una relación idéntica de todos los Estados federados con el poder central, razón por la cual se excluyen las relaciones bilaterales que otorgan una posición singular a alguno de los Estados federados y, en consecuencia, se rechaza la asimetría funcional. La única asimetría admisible es la material, referida a la extensión de las competencias de cada Estado federado, pues distintos son los presupuestos de los que parten en materia de lengua propia, derecho civil o concierto fiscal, ya que unos los tendrán y otros no.

3) Una confederación de Estados

Surge de un pacto internacional entre Estados independientes que quieren perseguir algunos objetivos de forma concertada, como pueden ser un mayor desarrollo económico o el reforzamiento de la seguridad exterior. El federalismo asimétrico funcional se aproxima mucho a la unión confederal, tanto que puede decirse de él que genera una confederación vergonzante.

4) Como diversos Estados independientes

En la práctica, las opciones reales se reducen a dos: un Estado federal simétrico con asimetría material —más o menos competencias según los presupuestos de que se parte, pero nunca con asimetría funcional— o bien varios Estados independientes, surgidos tras la secesión de alguna comunidad autónoma. Porque, del mismo modo que hoy es imposible un Estado unitario y centralista, resulta también inviable la idea de una relación confederal —bilateral— entre Cataluña y España. Por su indiscutible peso específico, Cataluña puede lograr una clara bilateralidad económica y cultural, pero jamás asumirá la jurídica. Y no porque ello repugne a la realidad de los hechos, sino porque —como ya he dicho— esta relación bilateral sería reivindicada en el acto por otras comunidades, desde Aragón y Valencia a Mallorca, Andalucía o Galicia, por ejemplo, con la consecuente quiebra del Estado. Por ello, y aunque a muchos catalanes ¡y a muchos españoles! les cueste creerlo, a España le interesa más una Cataluña independiente que una Cataluña ligada a ella por una relación bilateral, que, al extenderse inevitablemente a otras comunidades, provocaría el colapso del Estado.

Rechacé en su momento la deriva confederal del proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña; consideré luego como un fracaso político de primera magnitud que este mismo Estatuto, aprobado en 2006 en referéndum tras su criba por el Parlamento español, fuese impugnado ante el Tribunal Constitucional; y afirmo ahora que, dada la naturaleza política del gravísimo contencioso que subyace bajo estos hechos, el problema español ha subsistido agravado tras la sentencia hecha pública en 2010, alcanzando su clímax a partir de 2012. Se ha sobrepasado ya el punto de no retorno: la desafección de unos, el hastío de otros y la falta de un proyecto compartido por parte de todos hacen que la cuestión deba asumirse —antes o después— en toda su radicalidad, de un modo semejante a como se hizo en Canadá. Los que ofician de realistas dirán que esto es un dislate. Yerran: Dios ciega a los que quiere perder. Con razón escribe Claudio Magris:

La locura de Don Quijote es, de alguna manera, realista y vidente; mucho más desde luego que la utopía de quien ve solo la fachada de las cosas y la toma por la única e inmutable realidad. Son los Don Quijotes quienes se percatan de que la realidad se cuartea y puede cambiar; los presuntos hombres prácticos, orgullosamente inmunes a los sueños, siempre creen, hasta el día anterior a su caída, que el Muro de Berlín está destinado a durar.²⁶

LA HORA DE LA VERDAD

Después de cinco años de impotencia y barullo, desde que en septiembre de 2012 el Parlamento catalán aprobase la resolución para un referéndum sobre la autodeterminación, ha llegado, inexorable, la hora de la verdad para afrontar el tema de la relación entre España y Cataluña.²⁷ Hoy, más que nunca, es necesario concretar los términos en que se plantea actualmente este problema y los límites existentes para su solución.

Planteamiento: Cataluña, 2017

La política catalana estará definida durante 2017 por tres hechos: a) no se celebrará ningún referéndum, ni pactado ni unilateral; b) no habrá independencia; c) no habrá choque de trenes, es decir, no tendrá lugar un enfrentamiento balcánico. Las manifestaciones y movilizaciones se sucederán, con posibles y esporádicos episodios de confrontación de gravedad imprevisible. Los juicios contra varios líderes secesionistas serán su caldo de cultivo. Las causas de la triple negación anterior son la división de la sociedad catalana, respecto a la independencia, en dos grandes bloques de fuerzas igualadas y la falta de respaldo internacional a una hipotética secesión catalana.

En la actualidad, esta división política de la sociedad de Cataluña, evidente, sostenida e indiscutible, hace imposible forzar una negociación para la independencia y, menos aún, para una proclamación unilateral de esta. Conviene destacar que, frente a la opinión que muchas voces interesadas intentan crear, se trata de una mera división política que no implica una fractura social perturbadora de la convivencia. Es cierto que las instituciones autonómicas y buena parte de los medios catalanes están en manos de independentistas, no puede negarse, pero lo mismo ocurre con los medios del resto de España, controlados o dirigidos desde las instituciones del Estado.

La falta de respaldo internacional a los intentos secesionistas, incluido el catalán, fue confirmada a comienzos de 2017 por una sentencia del Tribunal Constitucional alemán contraria a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Baviera. En esta línea, es prudente pensar que, en contra de la creencia-deseo de los independentistas catalanes acerca de que los Estados son estructuras obsoletas próximas a desplomarse, esta forma de organización política tiene aún cuerda para rato. La razón estriba en que los Estados son en esencia un sistema jurídico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia y en la seguridad. Puesto que el espacio global carece hoy en día de una mínima regulación que garantice tanto la una como la otra, los pueblos —y en especial sus miembros más débiles— vuelven sus ojos hacia los Estados en busca de protección. Unos Estados que, además, solo negocian con otros Estados.

Pero los noes que marcarán la política catalana en 2017 no han de llevar al Gobierno central a pensar que ha ganado la partida y que el movimiento secesionista se diluirá sin más. En absoluto será así. El independentismo ha venido para quedarse. Es la cara visible de una fuerte convicción sentida por muchos catalanes —no solo por aquellos que son o se consideran independentistas— de que Cataluña es una comunidad humana con la conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y la voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno, entendido este como la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos. Es más, la pasividad del Gobierno español sustentado por el Partido Popular agrava el problema y propicia que el equilibrio entre independentistas y unionistas se erosione a favor de aquellos. La gestión gubernamental del problema catalán —que, como ya advertí al principio de estas páginas, es en realidad el problema español de la estructura territorial del Estado— ha sido, hasta hoy, pasiva y errada. No es, por tanto, tiempo de dogmáticos y escépticos, ni de bizarros defensores de la patria con pecho de hojalata.

Los independentistas sienten tal desdén por todo lo hispánico, por España y por el Estado que la articula jurídicamente, que muchos de ellos están convencidos o creen que lograr la independencia será cosa de nada, y que conseguirla y sostenerla depende tan solo del hecho de quererla. Olvidan que, pese a sus defectos, España es una vieja nación con una mala salud de hierro, ni mejor ni peor que otras, cuya inercia —la voluntad de seguir siendo— no puede minusvalorarse. Hay que contar con ella, sea cual sea el panorama resultante. Sobran, por tanto, los tenores, los jabalíes, las vestales y los zascandiles.

Solo hay una salida lógica, que pasa por la convocatoria de unas elecciones autonómicas cuyo resultado es previsible: la victoria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Para formar gobierno, este partido se coaligará con otros dos: uno será, tal vez, el de los «comuns» —la traducción catalana del fenómeno podemita—; el otro, quizá, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). En cualquier caso, este resultado supondrá la victoria de uno de los dos grupos sociales —del menestral sobre el burgués— que, parapetados bajo el debate independentista, luchan por el poder, por conseguir la hegemonía, en Cataluña. Oriol Junqueras será el próximo presidente de la Generalitat, me atrevo a aventurar. Siendo un político reservón —en la jerga taurina, se dice del toro tardo en arrancarse pero que, cuando lo hace, embiste con peligro—, Junqueras quizá sea propicio a un pacto con el Gobierno central, siempre que este abandone sus posturas negacionistas y vaya más allá de una oferta de diálogo incolora, inodora e insípida. Pero para que este entendimiento pueda ser posible, el Ejecutivo español debe fajarse con una realidad que no puede eludir más y que cabe concretar en esta quíntuple demanda catalana:

1. Reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña.

2. Competencias identitarias (lengua, enseñanza y cultura) exclusivas.

3. Tope a la aportación al fondo de solidaridad (mediante la adopción del principio de ordinalidad o por la fijación de un porcentaje) y Agencia Tributaria compartida.

4. Participación en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general a través del Senado.

5. Consulta a los catalanes sobre la aceptación de estas reformas.

Todo ello no exige una reforma constitucional de cuajo. Buena parte de estas aspiraciones puede lograrse —como bien dice Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la actual Constitución— mediante una disposición adicional. El problema es querer, estar dispuesto a enfrentarse a la realidad española y catalana para dar respuesta a esas demandas, aunque eso suponga un descalabro electoral. Aunque es cierto que otro de los cambios reivindicados por el nacionalismo catalán, la transformación del Senado en una cámara territorial decisoria, sí exige una reforma constitucional.

Actitud: diálogo transaccional

Las posiciones de ambas partes están consolidadas y, por tanto, remontarse de nuevo al pasado para hallar las causas de este desencuentro no solo es innecesario, sino completamente estéril. Quizá solo quepa añadir que la actual eclosión independentista no es la última etapa inexorable de un proceso de refacción de la identidad catalana, que ha de culminar en la realización efectiva del principio de que a toda nación le corresponde un Estado. Por el contrario, el nacionalismo radical que aspira a la independencia completa de Cataluña es la respuesta al fracaso de los reiterados intentos de conformar España como un Estado en el que convivan en paz y concordia los distintos pueblos hispánicos, con sus distintas lenguas, tradiciones y culturas. Puesto que siempre queda, por pequeña que sea, una esperanza para el encuentro, la pregunta que debemos hacernos es si aún queda algo por hacer, si existe una posibilidad de acercar posturas y encontrar una respuesta sensata que evite una ruptura que no todos desean. Esa esperanza, para hacerse efectiva, solo cuenta con una herramienta: el diálogo.

Ahora bien, a estas alturas y después de tantos años, ya no sirve cualquier diálogo. No basta un diálogo informativo en el cual cada parte manifieste por enésima vez su posición, ni un diálogo dialéctico que pretenda convencer al contrario sin comprender su postura. Es preciso, ineludible, un diálogo transaccional, en el que ambas partes acepten hacer concesiones recíprocas para alcanzar un pacto viable, aunque este no satisfaga plenamente a ninguno de los interlocutores. Un diálogo de estas características solo es posible si ambas partes se conducen sin una mala palabra, ni un mal gesto, ni una mala actitud. No se trata de derrotar a un enemigo, pues ninguna de las dos partes lo es de la otra, por mucho que desde algunas instancias se insista en presentarlos así, sino de pactar con un adversario político al que no se puede despreciar.

¿Quién debe iniciar este diálogo? En la resolución de todo conflicto suele tener mayor responsabilidad quien goza de más fuerza, quien dispone de mayores recursos. Por consiguiente, en un diálogo de este alcance, la iniciativa ha de partir del Gobierno central, que debe ofrecer este diálogo presentando a tal efecto una propuesta concreta sobre la que debatir, y en torno a la cual unos y otros tendrán que acercar posturas y transigir. Esta propuesta, insisto, tiene que centrarse en el reconocimiento nacional de Cataluña y de sus competencias, desde las identitarias a las financieras, y en la consulta sobre esta propuesta a los ciudadanos catalanes. Y, a su vez, la contraoferta catalana debería consistir en la aceptación de una estructura federal —no confederal (bilateral)— del Estado.

¿Se está aún a tiempo de hallar una solución basada en el diálogo? Estoy convencido de que sí, aunque no puede desdeñarse el riesgo de un enfrentamiento buscado deliberadamente por los antisistema y por una facción residual de la vieja nomenclatura nacionalista, que jugaría esta última carta para recuperar un poder que considera suyo. Para esquivar esta posibilidad, al Gobierno central le bastaría con impulsar una política transaccional, sobre la que dispone de detallados informes y sólidos estudios en los que inspirarse. Sin embargo, me temo que no sucederá así y que, más pronto que tarde, una parte de esa mitad de la población catalana que hoy no apuesta por la secesión se acabará decantando por la opción independentista. Y conviene tener muy presente que, cuando el número de los independentistas alcance los dos tercios de la población catalana, difícilmente nada podrá ya detener el divorcio entre Cataluña y España. A estas alturas de la historia es imposible preservar, en nuestro ámbito cultural, cualquier forma de convivencia que no se base en la libertad. Quien quiere irse se va. Tendrá que pechar con las consecuencias, pero se marchará.

Muchos de mis compatriotas españoles que lean estas líneas pensarán que no son más que la cobarde palinodia de un triste compañero de viaje, carente de firmeza, ajeno a las exigencias del cumplimiento de la ley y que, por debilidad, adopta una postura abyecta. Lo sé. Pero les respondo que son ellos los errados, ya que, si no aciertan a impulsar ese diálogo transaccional al que me he referido, no tardarán demasiado tiempo en asistir consternados a las consecuencias de su pasividad suicida y de su desprecio por la determinación de los catalanes. Lo que tiene una especial relevancia para todos aquellos que, por ostentar responsabilidades de gobierno, asuman la máxima responsabilidad sobre el destino de España. Si por su dejación y pasividad permiten que el desencuentro entre Cataluña y España alcance el punto de no retorno, todos ellos han de ser conscientes de dos consecuencias tremendas: los efectos del desgarro serán infinitamente más graves que los del Desastre de 1898 y, sin duda alguna, el juicio que de este episodio y de la actuación de sus responsables hará la historia será de una dureza extrema.

Límites: ni sin la ley ni solo la ley

¿Se puede dialogar cuando una parte infringe frontal y deliberadamente, si bien de forma solapada e insidiosa, las normas esenciales de la convivencia democrática? Esta pregunta es obligada porque eso es lo que han hecho los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hoy —escribo a mediados de mayo de 2017— pretenden aprobar una ley de desconexión que ampararía la convocatoria del referéndum por el procedimiento de lectura única, que excluye el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y prescinde de hecho de la oposición parlamentaria, al tramitarse la ley sin enmiendas ni debates en comisión y con el solo trámite del debate de totalidad en el pleno. Es evidente que con esta tramitación parlamentaria de lectura única se recortan sustancialmente las posibilidades de debate a los parlamentarios opuestos a la secesión unilateral, ya que estos conocerán el texto sobre el que han de pronunciarse prácticamente en el momento de votarlo. No es extraño que el reglamento del Parlament reserve el trámite de lectura única a los proyectos de ley presentados por el Gobierno catalán y a las proposiciones de ley presentadas por todos —repito, todos— los grupos parlamentarios.

Así las cosas, lo que pretenden ahora Junts pel Sí (JxSí) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa para su tramitación en lectura única. Y, para más inri, el texto de la futura Ley de Transitoriedad Jurídica aprobado por JxSí y la CUP el 29 de diciembre de 2016 sigue siendo hoy prácticamente desconocido. A continuación, resumo algunos de los artículos más destacados de esa «ley de ruptura» —con un preámbulo y nueve epígrafes— redactada por el bloque soberanista, según un presunto borrador al que el diario El País tuvo acceso y que publicó el 22 de mayo de 2017:

a) La Cataluña independiente se constituirá en un Estado de derecho, democrático y social. El sistema institucional en que se organizará el nuevo Estado será la república parlamentaria.

b) Mientras no sea aprobada la Constitución de Cataluña, se acatará la Ley de Transitoriedad como norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.

c) Cataluña, que ejercerá su plena soberanía sobre el territorio del Estado catalán, disfrutará de los derechos de soberanía reconocidos por el derecho internacional respecto a su plataforma continental y su zona económica exclusiva.

d) Los decretos de adaptación que se aprueben a partir de esta nueva ley también podrán servir para regular la recuperación de la validez y la eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional.

e) El derecho de la Unión Europea mantendrá su naturaleza y posición respecto del derecho interno.

f) La Administración General de Cataluña sucederá a la Administración del Estado español en el territorio de Cataluña.

g) La incorporación del personal del Estado español a la Administración General de Cataluña requerirá la posesión de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder o autoridad pública.

h) El Estado catalán se subrogará en la posición del Estado español en los contratos formalizados por este que afecten a Cataluña. El Gobierno de Cataluña acordará un régimen de colaboración con el Estado español para asegurar la transferencia de los medios financieros destinados a la ejecución de tales contratos.

i) El Estado catalán sucederá al español en la titularidad de cualquier derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña.

j) El catalán, como lengua propia de Cataluña, será la lengua de uso normal de sus instituciones y administraciones públicas, aunque se garantizará el mantenimiento de los usos vigentes del catalán y del castellano, así como el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razones lingüísticas.

k) La atribución de la nacionalidad catalana no exige ni implica la renuncia de la nacionalidad española.

l) La potestad para exigir tributos y otras contribuciones públicas obligatorias o bien para sancionar su incumplimiento corresponde a la Generalitat, sin perjuicio de la atribuida por ley a las administraciones públicas locales.

m) Los puestos de presidente del Tribunal Supremo y fiscal general de Cataluña serán nombrados por el presidente de la Generalitat. Asimismo, los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia continuarán en sus plazas tras la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad, manteniendo todos sus derechos económicos y profesionales.

n) Los casos asumidos por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o cualquier otro órgano judicial español fuera del territorio de Cataluña, incluido el Tribunal Constitucional en los recursos de amparo, serán asumidos por los órganos judiciales catalanes competentes.

o) Los juzgados y tribunales catalanes sobreseerán o anularán los procesos penales contra investigados o condenados por participar en un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta.

p) En el referéndum sobre la independencia, la papeleta —redactada en catalán y castellano— contendrá esta pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?».

En su disposición final, se advierte que dicha ley debería entrar en vigor en el momento en que la mayoría de los catalanes ratificase la independencia por vía del referéndum. Y se añade que, en el caso de que el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración de tal referéndum, la Ley de Transitoriedad entrará en vigor «de manera completa e inmediata» en el momento en que el Parlamento catalán constate este impedimento.

La ocultación de tan importante documento supone una maniobra más para evitar la tramitación habitual y el debate parlamentario. La conclusión es clara y evidente: quienes así actúan saben perfectamente que su designio no prosperará y que, por mucho que lo anuncien, no habrá referéndum. Solo buscan la confrontación, cuanto más dura mejor, para así asentar un victimismo de posible repercusión internacional e hipotético rédito electoral. En esta situación, no hay negociación que valga. Solo resta hacer cumplir la ley. Y, tan solo después de restablecida la legalidad vulnerada, cuando llegue el inevitable día después, será el momento de retomar el diálogo con espíritu de concordia, voluntad de pacto y predisposición transaccional. Solo entonces. Hasta ahí, la ley y solo la ley. Este día después será el día en que, dicho en catalán, s’hauran de recollir els plats trencats. Esto es: se deberán recoger los platos rotos.

CODA PARA PENSAR

Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su tiempo. Hoy, en toda España y muy especialmente en Cataluña, es tiempo de pensar. De pensar en la situación en que nos hallamos, en los recursos y posibilidades que malbaratamos, y en las opciones de las que aún disponemos para resolver racionalmente nuestras diferencias. Puede ser útil, para ello, volver los ojos al pasado, no para hallar en él unas rígidas pautas de actuación que no puede brindarnos, sino para ponderar con tino las consecuencias fatales de ciertas decisiones erróneas. Para unos y otros ha llegado, por tanto, el tiempo de reflexionar.

Unos: memoria de Cuba

La Paz de Zanjón, firmada el 10 de febrero de 1878, puso fin a la guerra de los Diez Años —el primer enfrentamiento bélico por la independencia cubana— atribuyendo a Cuba «las mismas condiciones políticas orgánicas y administrativas de que disfruta la isla de Puerto Rico». Esto generó una oleada de optimismo que propició la aparición del Partido Liberal cubano, cuyo programa no exigía la independencia de la isla caribeña, sino que se ceñía a una reivindicación autonómica y reclamaba la vigencia efectiva de los derechos individuales reconocidos por la Constitución española de 1876. Pero esta esperanza no cristalizó. Los conservadores españoles agrupados en el otro partido cubano que también surgió entonces, la Unión Constitucional, impusieron una interpretación restrictiva de la Paz de Zanjón, basándose en que el régimen especial otorgado a Puerto Rico en 1868 había sido suspendido, salvo la abolición de la esclavitud y la representación en Cortes, seis años después de su concesión. Llegado aquí, cabe preguntarse a qué régimen se refería la Paz de Zanjón: ¿al de 1868 o bien al resultante tras su suspensión parcial manu militari? Resulta fácil imaginar la interpretación que prevaleció. Pero la auténtica cuestión era otra: ¿qué estaba pasando en Cuba?

La respuesta que dio el político, diplomático e historiador Pablo de Azcárate es clara. La oligarquía que mediante el comodín del turno pacífico —la alternancia de conservadores y liberales en el Gobierno durante la Restauración— se había asegurado en Madrid la dirección del Estado, unas veces bajo la etiqueta conservadora con Antonio Cánovas del Castillo, y otras bajo la etiqueta liberal con Práxedes Mateo Sagasta, agotó todos los recursos imaginables para ir dando largas a la cuestión cubana. Estas dilaciones y demoras, mezcladas con alternativas unas veces de rigor y otras de blandura, se extendieron a lo largo de muchos años con el resultado esperable: el partido españolista acentuó su intransigencia y el partido liberal hizo lo mismo con sus reivindicaciones. Además, en el Parlamento español dominaba la postura centralizadora, esencial para el mantenimiento de los privilegios ultramarinos de los industriales de la metrópoli, incluidos también los catalanes, y de los comerciantes y funcionarios españoles establecidos en Cuba.

Ante este panorama, Antonio Maura —un mallorquín inteligente y expeditivo— accedió en 1892 al Ministerio de Ultramar, en las filas de un ejecutivo liberal presidido por Sagasta. Lo primero que hizo Maura fue modificar la ley electoral mediante un Real Decreto, ampliando el número de electores hasta doblarlo. Y, acto seguido, redactó un proyecto de ley para reformar el Gobierno colonial de las Antillas, que presentó al gabinete en junio de 1893. Este modelo conservaba íntegra la soberanía española, pero ampliaba la intervención de los pueblos antillanos en el gobierno de sus asuntos, además de abrir la posibilidad de modificar las leyes contrarias a sus intereses. En Cuba quedaba, según el proyecto de Maura, «el ordinario término y definitivo despacho de todos los negocios administrativos», de manera que los gestores quedarían sometidos a la crítica directa de los cubanos. El proyecto creaba una Diputación Provincial, que escogería a su propio presidente, estaría dotada de presupuesto e incluso podría proponer modificaciones legislativas.

Recibido con creciente aceptación por amplios sectores cubanos, el proyecto de Maura se topó con un sólido y manifiesto rechazo por parte tanto de los españolistas acérrimos como de los independentistas radicales. En España, en cambio, cualquier opción reformista sobre Cuba era interpretada como el comienzo del desmantelamiento del imperio colonial. La batalla se libró en el Congreso español. Los argumentos contrarios consistían en la exhibición de lo que el político e historiador Gabriel Maura, hijo mayor del entonces presidente del Gobierno, denominó años después «alarmas patrióticas». En esta línea, Cánovas y Raimundo Fernández Villaverde —ministro en diferentes gobiernos durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII— negaron que los separatistas pudieran tener la misma libertad de expresión que los españolistas. Maura, por su parte, denunció que sus adversarios cometían el error de pensar que en Cuba tan solo era posible una fuerza política defensora de la unidad —y de la uniformidad— con España, cuando, en realidad, lo que defendía esta fuerza política eran intereses económicos envueltos con la bandera del patriotismo más ajado. Ocurrió lo que era de esperar. El presidente del Gobierno no veía con buenos ojos el proyecto, por la oposición que despertaba en su partido, y paralizó su tramitación. Maura, jamás dispuesto a recular, dimitió a comienzos de 1894. Poco después, en 1898, Cuba era independiente.

Años más tarde, en su España invertebrada (1922), José Ortega y Gasset escribió estas palabras premonitorias:

De 1580 hasta el día, cuanto en España acaece es decadencia y desintegración. [...] El proceso de desintegración avanza en riguroso orden de la periferia al centro. Primero se desprendieron los Países Bajos y el Milanesado; luego, Nápoles. A principios del siglo XIX se separan las grandes provincias ultramarinas, y a finales de él las colonias menores de América y Extremo Oriente. En 1900 el cuerpo español ha vuelto a su nativa desnudez peninsular. ¿Terminó con esto la desintegración? Será casualidad, pero el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular.²⁸

Otros: un precedente, el 6 de octubre

La memoria colectiva conserva un precedente que ayuda a entender lo que ocurre en la actualidad y que, además, sugiere valiosas pautas de acción.

Corría el 4 de octubre de 1934. Una moción de censura presentada por la Coalición Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido democratacristiano con un fuerte componente reaccionario que aglutinaba a formaciones católicas y ultraconservadoras, derribó al Gobierno presidido por el abogado y político republicano Ricardo Samper. La principal razón de esta medida fue, entre otras, su política conciliadora con Cataluña. Le sucedió un Gobierno radical encabezado por Alejandro Lerroux y en el que se incluyeron —esta fue la gran noticia— tres ministros de la CEDA. Este hecho bastó para que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —autoerigido entonces como depositario del tarro de las esencias republicanas y con una fuerte deriva revolucionaria— declarase la huelga general. El día 5, la huelga paralizó Barcelona, aunque la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), una unión confederal de sindicatos autónomos con filiación anarcosindicalista, decidió no secundarla. La tarde del 6 de octubre, el abogado y político Joan Lluhí i Vallescà, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), visitó a Manuel Azaña —de paso por Barcelona para asistir al entierro del también abogado y político Jaume Carner, ministro de Hacienda hasta junio del año anterior— para comunicarle que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, se disponía a proclamar el Estado catalán a causa de las insostenibles presiones que recibía. Azaña respondió que siempre se había opuesto a una República federal, de modo que no pensaba adherirse, y añadió que un acto así sería percibido como separatista en el resto de España.

Al caer la tarde del mismo día 6 de octubre, el presidente Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española y ofreció Barcelona como sede de un Gobierno republicano alternativo. Acto seguido, tuvo lugar una manifestación en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento barcelonés, pero en esta ocasión las calles quedaron desiertas, a diferencia del 14 de abril de 1931, cuando la multitud las llenó, alegre y confiada, tras la proclama republicana de Francesc Macià. Debe además destacarse que el presidente Companys ordenó al conseller Josep Dencàs arriar la bandera estelada del Palacio de Gobernación e izar la cuatribarrada, para dejar claro que no se trataba de una revuelta separatista. Hecho lo cual, instó al general Domingo Batet, jefe de la división militar de Cataluña, a ponerse inmediatamente a sus órdenes. La respuesta de Batet fue enviar a la plaza de Sant Jaume una batería de montaña y una compañía de ametralladoras. Horas después, el Gobierno de la Generalitat al completo —excepto Dencàs, que logró huir— fue detenido, al igual que el alcalde de la ciudad, Carles Pi i Sunyer, y los concejales de izquierdas. La única resistencia en Barcelona, aparte de la ofrecida por la Generalitat, fue la del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (CADCI), situado en la rambla de Santa Mónica, donde los combatientes —que tuvieron varias bajas— tampoco recibieron ayuda.

Los hechos del 6 de octubre de 1934 se han interpretado desde dos perspectivas diferentes. Según la primera, que sería la tesis defendida por ERC, la sublevación de la Generalitat fue una decisión inevitable, pues el Gobierno catalán estaba a punto de ser desbordado por las masas y no hizo más que ponerse al frente de las protestas. Según la visión apoyada por la Lliga Regionalista, que concentraba la responsabilidad en los dirigentes para preservar las instituciones, el Gobierno catalán cometió un error de apreciación de la situación al concebir el acto de rebeldía como la expresión de una rebelión popular que, de hecho, nunca existió, ya que la mayoría de la población no se identificaba con la sublevación. Esta tesis parece ser la más realista, sobre todo si se tiene en cuenta la ausencia de manifestantes en las calles y la facilidad con la que la rebelión fue sofocada.

Hasta aquí la sucinta relación de los hechos. Pero ¿qué semejanzas y diferencias se advierten respecto a la situación actual?, ¿qué enseñanzas del pasado pueden facilitar la reflexión sobre el presente y sobre el futuro? En ambos casos existe una rebelión contra un poder legítimo, democráticamente constituido. Hoy en día, como ocurrió hace ya casi un siglo, se dan también por ciertos tres hechos discutibles: a) que el pueblo catalán apoyará mayoritariamente la rebelión y saldrá en su apoyo; b) que el Estado español carece de fuerza moral y de recursos para someter a los rebeldes; c) que la opinión pública internacional considerará justificada la rebelión y que los demás Estados reconocerán de inmediato al nuevo Estado catalán. Además, los rebeldes vuelven a encontrar hoy la justificación última de sus acciones en el injusto trato que Cataluña recibe del Estado español —el mismo argumento que amparó los hechos del 6 de octubre—, unido a los vicios de origen, el defectuoso funcionamiento y la incapacidad de cambio que atribuyen a este mismo Estado. Por su parte, las diferencias con lo ocurrido en 1934 también son evidentes. Cuando se proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, se hizo bajo la bandera cuatribarrada; hoy se apuesta sin más por la independencia bajo la estelada. Entonces, el sustrato social era el de un país subdesarrollado, ideologizado, polarizado y con una fuerte pulsión violenta; mientras que, en la actualidad, es un país desarrollado, con la conciencia clara de que tiene mucho que perder y una escasa vocación de asumir riesgos. En aquellos años previos a la Guerra Civil la Lliga regulaba la presión política en Cataluña, mientras que hoy en día no existe un partido moderado equivalente que atempere el proceso. La derecha catalanista, a la que la coalición Convergència i Unió (CiU) encuadró hasta su autodestrucción, carece de un partido que la represente, por lo que las instituciones políticas catalanas quedarán pronto en manos de Esquerra y de la izquierda populista. Este cambio de protagonista político será el gran legado del procés.

La historia no se repite. Es un error, insisto, buscar en el pasado la respuesta a los problemas presentes. Pero, pese a ello, la memoria colectiva puede contribuir a encontrar precedentes que nos ayuden a comprender lo que hoy ocurre y nos sugieran pautas de acción.

EN BUSCA

DE LA POLÍTICA PERDIDA

JOSEP PIQUÉ

¿QUÉ SE HA HECHO, MAL O BIEN, DESDE ALLÍ O DESDE AQUÍ?

La propia verbalización del título refleja la profunda dualidad de quien esto suscribe. Porque «aquí» significa para mí tanto Madrid como Barcelona. Lo mismo me pasa con «allí». Depende de dónde esté en cada momento. Me siento de «aquí» y de «allí». Y viceversa.

Es algo que me complace. Y, por consiguiente, lo que más me incomoda, me molesta y, a menudo, me enoja es que se intente contraponer e incluso enfrentar ambos sentimientos. Pero, lamentablemente, en eso estamos hoy. Y para alguien que ha tenido la bendita oportunidad de conocer muchos países y de recorrer de cabo a rabo nuestra España plural, resulta difícilmente comprensible.

Porque me considero un patriota, es decir, alguien que valora lo propio y lo ama, desde la cultura en sus diferentes manifestaciones a la lengua o, en mi caso, las lenguas, y que no lo contrapone a lo que se pretende «ajeno», actitud propia de los nacionalismos.

Desde hace años, vivo en Madrid, mi ciudad, como he vivido en Barcelona, mi ciudad, mucho tiempo. He vivido y trabajado en los dos lugares en diferentes circunstancias de mi vida personal y profesional. Y tengo íntimos y muy profundos vínculos afectivos en ambos sitios.

Sin embargo, debo decir que en estos momentos no percibo lo mismo en un lado que en el otro. Veo muchísimo más sectarismo y cerrazón en Barcelona —para ser precisos, en el mundo nacionalista— que en Madrid. No ha sido siempre así: hubo un tiempo en el que Barcelona fue paradigma de ciudad abierta, tolerante, cosmopolita e integradora. Sigue siéndolo, pero cada vez está más ahogada por todos aquellos que quieren circunscribirla a ser la capital de una quimérica Cataluña independiente. Es decir, que quieren «empequeñecerla» y que deje de trascender a la propia Cataluña para seguir siendo lo que ha sido siempre: una gran capital española, mediterránea y europea, con proyección mundial. Salvando las distancias y con todos los respetos, pasa lo mismo con el F. C. Barcelona, un gran club deportivo universal, testimonio de catalanidad incluyente en un mundo global, al que se intenta jibarizar, reduciéndolo a club «nacional» de Cataluña. Una auténtica pena.

En cualquier caso, esta deriva reduccionista y limitativa, encerrada en sí misma bajo el argumento, por desgracia convertido en pretexto, de proteger y defender lo propio, nos lleva a la esencia de todo nacionalismo, que se basa no en actitudes y sentimientos positivos de autoafirmación —si la palabra no estuviera adulterada, volvería a insistir en el concepto de patriotismo, sentimiento profundamente noble y que permite sentirse orgulloso de las raíces propias—, sino de afirmación en contraposición con «los otros», a los que se presenta como enemigos cuyo objetivo es la agresión y el afán hegemónico. El nacionalismo se define en relación con los «otros», no en relación con uno mismo, en defensa de la lengua o de la cultura, sino como algo no solo «defensivo» sino de afirmación agresiva de sentimientos de pretendida superioridad. Algo a menudo profundamente irritante.

Hay muchos ejemplos de este tipo de actitud enormemente detestable, tanto en el plano sentimental como intelectual. Y que llega a argumentar algo tan burdo y simplista como que sin ese «otro» viviríamos en una Arcadia feliz, lo que lleva a afirmaciones tan absurdas —pero que la propaganda masiva ha llevado a que muchos ciudadanos de buena fe se lo crean— como que la hipotética independencia de Cataluña permitiría, sin más, superávits presupuestarios, un Estado de bienestar envidiable, impuestos bajos, pensiones altas y pleno empleo. Algo que solo la perfidia de «Madrid» (ente jurídico indeterminado, incardinado en el imaginario nacionalista, como el infierno en las religiones monoteístas) impide.

Es cierto que el nacionalismo español no democrático (y lo hemos sufrido el conjunto de los españoles de manera particularmente trágica) ha visto siempre nuestra historia común desde una perspectiva castellana, uniformadora y centralista que contemplaba lo peculiar como algo anómalo que convenía ir eliminando. Nada distinto, por cierto, de lo que pensaban los revolucionarios jacobinos en Francia… Y ahí puede estar buena parte del origen de muchos de nuestros males pasados y presentes. Ya decía Antonio Machado que si Castilla ha hecho España, Castilla la ha deshecho. No comparto la segunda parte del aserto, pero puedo comprender sin ningún problema su sentido.

De esa constatación nació el catalanismo político en la segunda parte del siglo XIX. Era una manera distinta de concebir la idea de España. Más girondina que jacobina. Más cerca, si se me permite la licencia histórica, de una concepción más austracista que borbónica… Aun así, en cualquier caso se hablaba de España, de una determinada manera de entenderla y de entendernos. Perfectamente defendible y perfectamente legítima. Y que la Restauración borbónica, a partir de la Constitución de 1876, no supo o no quiso o no pudo ni interpretar ni canalizar. A menudo se dice que la existencia de los nacionalismos periféricos está en correlación con la debilidad congénita del Estado central. Opinión discutible, pero que nos lleva a hacer un pequeño y breve repaso por la historia, aunque sea a grandes trazos y sin ánimo de ser exhaustivos. Solo para ayudar a entender un poco el presente.

UN POCO DE HISTORIA (Y ALGO DE GEOGRAFÍA)

En cualquier desencuentro, ya sea personal —afectivo o de amistad—, de naturaleza económica —empresarial o comercial— o de carácter colectivo, las responsabilidades no suelen ser privativas de una sola de las partes. Y su atribución acostumbra a estar sesgada por posiciones apriorísticas, ya sea por posicionamientos previos de carácter histórico o por actitudes determinadas o muy condicionadas por acontecimientos recientes. Nihil novum sub sole.

Se puede adoptar ese enfoque, metodológico si se quiere, para abordar la actual situación en Cataluña, desde la clara voluntad de contribuir a resolver el problema planteado por el nacionalismo catalán (no por Cataluña o por los catalanes, generalización abusiva por claramente inexacta), y también de impulsar hacia el futuro el proyecto colectivo que constituye España y, de manera indefectible y esperemos que irreversible, el proyecto político europeo. Todo ello debe ser el resultado no solo de una articulación política y de una arquitectura jurídica, sino de una clara asunción por parte de la ciudadanía de que se trata de proyectos sugestivos de vida en común. De todo ello hablaremos en este corto ensayo que, junto con otros testimonios, pretende aportar elementos para una reflexión sosegada y constructiva, pero que no esconde su propósito: el deseo de que Cataluña sea parte intrínseca y plena de la España libre y democrática, plenamente integrada en una Unión Europea, de naturaleza política y con un horizonte federal, aunque sea muy a largo plazo, y convertida en uno de los grandes actores protagonistas y relevantes del nuevo escenario geopolítico mundial del presente siglo XXI. Un siglo que está viendo como el centro de gravedad del planeta se ha desplazado del Atlántico al Pacífico, en un punto no muy lejano al famoso estrecho de Malaca, nexo natural de unión entre el Pacífico y el Índico.

Suele decirse que para entender la naturaleza y las características de la proyección exterior de cualquier sujeto político (particularmente, pero no solo, de los Estados) es imprescindible analizar su posición geográfica —que siempre está ahí, inamovible, y que determina las actitudes colectivas— y estudiar su historia, que, como decía Mark Twain, si no se repite, suele rimar, y que, como decía Marx, siempre vuelve, aunque a veces las tragedias se mudan en farsas.

Empecemos, como suele ser aconsejable, por el principio. Y lo haré con algunas afirmaciones que ni tan siquiera pueden ser contestadas por las interpretaciones más sesgadamente partidistas, salvo que aceptemos que los objetivos políticos están por encima de la verdad objetiva. Como bien sabemos y sufrimos, esas interpretaciones existen, aunque no merecen más que desprecio moral e intelectual. Nos enfrentamos al mundo de la posverdad, que ha existido siempre, pero que crearon y practicaron, avant la lettre, nazis y estalinistas, y que hoy constituye terreno abonado de todo tipo de populismos, a la derecha y a la izquierda del espectro político de los países occidentales, precisamente aquellos en los que se cree en la democracia representativa, que les acoge y a la que combaten, en una de esas paradojas que suelen ir asociadas a la defensa de la libertad. La libertad que les permite ir, en muchas ocasiones, en contra de la misma, pero que es irrenunciable para los que creemos en ella. Hacerlo comporta asumir esos riesgos, y hacerlo desde la profunda convicción en los principios del Estado de derecho, y por lo tanto, en la firmeza, también, en la aplicación de los mismos, cuando están en peligro o se los cuestiona gravemente.

Volveremos, más adelante, sobre ese cínico ejercicio de la posverdad, aplicado desde el poder político y, demasiado a menudo, con el apoyo de potentes arietes mediáticos, en una obscena complicidad. Y que explica buena parte de lo que está ocurriendo en Cataluña.

Empecemos por el principio, como hemos dicho que haríamos. Primera afirmación: Cataluña, como sujeto político, lleva siglos existiendo. No mil años, como el nacionalismo catalán afirma, para contraponerlo a los quinientos años de la unión dinástica entre Castilla y Aragón, punto de partida de lo que llamamos España. Sí es cierto que su existencia es previa (como parte sustancial de la Corona de Aragón, aunque fue a partir del Condado de Barcelona, y de otros condados de orden menor) a la idea de la España moderna. Pero, en cualquier caso, es posterior a la Hispania romana o a la visigoda. Nada que añadir a lo que los buenos historiadores (no los espadachines a sueldo de los que hablaba Karl Marx) saben de sobra. Las Cortes medievales atestiguan esa realidad, paralela, por cierto, a la de tantos otros sujetos políticos en toda la Europa medieval, y, por supuesto, en territorio peninsular, a la de leoneses, castellanos, aragoneses, mallorquines o valencianos. Cortes todas ellas, por cierto, suprimidas durante la Edad Moderna por parte de las monarquías absolutas, y que no fueron recuperadas, por otra parte, por el nuevo orden liberal nacido de las revoluciones burguesas. De hecho, las últimas fueron las instituciones y fueros medievales catalanes, en 1714, fecha simbólica y absolutamente adulterada —me atrevería a decir que prostituida— por el nacionalismo catalán, tanto en su versión romántica y decimonónica, con fuertes raíces tradicionalistas y antiliberales (y con clara connivencia con el carlismo), como en su versión neocarlista actual, también profundamente antiliberal.

Sin embargo, es una evidencia incontestable que Cataluña ha sido, históricamente y con fuertes fluctuaciones en cuanto a la intensidad de su defensa, un sujeto político, con voluntad de seguir siéndolo. Volveremos, de nuevo, sobre este punto, muy relevante, ya que explica la perdurabilidad del fenómeno, y que llevó a un lúcido José Ortega y Gasset a hablar, resignadamente, de un problema que, ya que no se podía resolver, no teníamos más remedio que «conllevar».

Sigamos con la segunda afirmación: Cataluña, como sujeto político, jamás ha sido independiente, excepto cuando, para debilitar a la monarquía española, le convino a Francia (¡ah, de nuevo, la geografía!). Y, por ello, su pretendida independencia nunca fue tal. Fue una clara subordinación a Francia, tanto durante el Imperio carolingio (fatal paradoja para el nacionalismo antiespañol que su dominio sobre lo que se llama la «Catalunya Vella», lo delimitara la Marca Hispánica), como cuando ese poder se difumina y los sucesores de Guifré el Pilós buscan su legitimidad acogiéndose, vía política matrimonial, a otra corona, es decir, la Corona de Aragón. Pero cabe decir lo mismo del breve período que sucedió a la revuelta de los Segadors en 1640 y de la invasión napoleónica. La hipotética independencia de Cataluña nunca fue tal, sino mera supeditación a los intereses hegemónicos o imperialistas de Francia, cosa que nunca aceptó Portugal, garantizándose así, legítimamente, su derecho a la independencia de la Corona española. Y por cierto: Cataluña, sus ciudadanos, tomaron partido contra Francia durante la guerra de la Independencia, más conocida en Cataluña como la «guerra del francés».

Desde luego, nada que ver con la tergiversación y manipulación obscena de la guerra de Sucesión, presentada a menudo por parte de la historiografía y la propaganda nacionalista como guerra de Secesión, en lo que constituye uno de los máximos y primeros exponentes de la posverdad. Cualquier historiador solvente lo sabe muy bien: el triunfo de los Borbones sobre los Austrias, guerra dinástica, y que tuvo partidarios de uno y otro bando en todos los territorios españoles, incluido Cataluña, supuso acabar con las instituciones medievales preliberales y posibilitó, de manera incontestable, un progreso económico y social sin precedentes en el territorio catalán, al acabar con trabas y privilegios del Antiguo Régimen. El Decreto de Nueva Planta posibilitó la puesta en marcha de energías y potencialidades que sentaron las bases de la Cataluña que realizó la Revolución industrial y burguesa mucho antes que buena parte del resto de España.

Fue justo ese desarrollo diferenciado lo que está en la base, por una parte, del denominado «catalanismo político» que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Pero, por otra parte, hay una realidad catalana que se expresa a través de una clase política burguesa y revolucionaria, que piensa fundamentalmente en la modernización de España, y que nutre buena parte del acervo ideológico de la Revolución de 1868 y los hechos posteriores. Hablamos del general Prim (si no hubiera sido asesinado quizá ahora hablaríamos de otras cosas) o de Laureano Figuerola, gran librecambista, introductor de la peseta, y opuesto a lo que después fue el muy mayoritario proteccionismo de la burguesía textil. Una burguesía que creó, por cierto, en Barcelona, el histórico Fomento del Trabajo Nacional —entiéndase español— y que defendía nítidamente, en nombre del «industrialismo», altísimos aranceles que perjudicaron a buena parte del tejido productivo del conjunto de España. Sin embargo, conviene resaltar también el fundamental protagonismo de varios políticos catalanes durante la efímera y malhadada experiencia de la Primera República, cuyos dos primeros presidentes fueron Estanislao Figueras y Francisco Pi y Margall, de fuerte talante federalista y descentralizador. Su fracaso fue clamoroso (conviene recordar la malsonante pero lúcida expresión de Figueras cuando en el Parlamento dijo: «Estoy hasta los cojones de todos nosotros») y dio lugar a la Restauración borbónica y a una Constitución, la de 1876, que perduró hasta el pronunciamiento, en 1923, del general Primo de Rivera —que recibió, por cierto, un respaldo entusiasta de la burguesía catalana— y fue liquidada de forma definitiva con el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931.

Es decir, que el protagonismo político de destacados ciudadanos catalanes en el devenir de la España de la segunda mitad del siglo XIX fue incontestable. Y lo cierto es que, mayoritariamente, fracasaron por su ineptitud o, en el caso de Prim, por su desgraciada desaparición prematura, lo que impidió que culminaran sus aspiraciones. Si lo hubiera hecho, la historia de España (y de Cataluña) sería hoy muy diferente. Me atrevo a decir que no necesariamente peor. Pero los futuribles pasados no valen de gran cosa. Es mejor intentar hallar hilos conductores que nos ayuden a comprender lo sucedido.

UN HILO CONDUCTOR QUE PARECE PERDIDO

Hecho este paréntesis sobre esas personalidades políticas, esos catalanes ejerciendo de forma desacomplejada de españoles sin renunciar a su origen, volvamos a una de las consecuencias de la Revolución industrial acaecida en Cataluña con anterioridad al conjunto de España: lo que denominamos «catalanismo político», es decir, catalanes ejerciendo de catalanes, sin renunciar, por lo común, a su españolidad.

En términos generales, aunque con significativas excepciones, el catalanismo político tuvo dos vectores que han perdurado hasta prácticamente nuestros días y que han constituido su hilo conductor: la reivindicación política, cultural y lingüística de Cataluña —también económica y fiscal, pero a diferencia de otros nacionalismos, como el vasco, mucho menos determinante—, y la voluntad explícita de regeneración y modernización de España, lo que vino a expresarse en «catalanizar España», esto es, extender la Revolución industrial y el protagonismo de la burguesía como clase social superadora del atraso y la decadencia de una España, en parámetros objetivos, rural y atrasada.

Estos dos vectores, convertidos en tópicos, se han mantenido, como proyecto político, hasta hace pocos años, incluso en un momento en el que esa voluntad modernizadora ya no podía sostenerse intelectualmente ante el desarrollo del conjunto de España y, en particular, de algunas de sus regiones, que han superado en renta y en producción per cápita la generada en la propia Cataluña. Pero ese es otro tema, del que hablaremos más adelante, y que lleva a preguntarse si sigue existiendo una burguesía catalana como tal, es decir, consciente de su papel histórico como clase social, usando la terminología de la historiografía marxista.

Lo que nos interesa, ahora, es la vigencia, durante siglo y medio, de un relato racionalizador y legitimador del nacionalismo catalán que nos permite explicar por qué, hasta nuestros días, las izquierdas catalana y española han visto en el nacionalismo (en contra de toda evidencia y en contra de su propio credo internacionalista y de defensa de la solidaridad) un componente de progreso frente a la derecha política y sociológica. Algo que la identificación, abusiva e interesada, de esa derecha con el franquismo ha contribuido mucho a consolidar, en la medida en que el régimen franquista, profundamente centralista y autoritario, reprimió de forma especial cualquier reconocimiento político de lo que se llamaban los «hechos diferenciales» y, en particular, del uso público de la lengua catalana y de muchas de sus expresiones culturales.

Sin embargo, para evitar malentendidos, es de honestidad intelectual y política reconocer que determinadas posiciones políticas del nacionalismo catalán han contribuido a fomentar y solidificar esa aproximación. Desde la positiva, aunque sobrevalorada, experiencia de la Mancomunitat, con las figuras señeras de Enric Prat de la Riba o de Josep Puig i Cadafalch, a la clara y determinante actitud política de un añorado Josep Tarradellas durante la Transición, pasando por el intento fallido de coparticipar en la gobernación de España por parte de Francesc Cambó, quién publicó un libro cuyo título hoy nos mueve a la sonrisa: Ocho meses en el Ministerio de Fomento. O los años del llamado «pujolismo»: con independencia de lo que eso ha posibilitado y precipitado con posterioridad y que merecerá un análisis pormenorizado más adelante, ese es un período que se ha interpretado hasta muy recientemente como un ejercicio de responsabilidad política; Pujol, mientras «hacía país», apoyaba la gobernabilidad de España, desde un pretendido sentido de Estado.

En cualquier caso, una compleja mezcla de actuaciones coherentes con una responsabilidad «de clase», en el sentido marxista del término, es decir, de asunción de responsabilidades por parte de la burguesía (lo que resulta particularmente cierto en el caso de Cambó), y de personalidades peculiares y un tanto desclasadas.

El ejemplo de Jordi Pujol podría ser paradigmático en este sentido. Desde luego con claras contradicciones íntimas y de lucha interna entre dos almas: la nacionalista (que, en última instancia, siempre aspira a la independencia) y la regeneradora y modernizadora de una España, que se desea más «catalana», pero que en cualquier caso es marco indiscutible del propio y específico desarrollo de Cataluña en su plenitud. El propio Pujol, antes de caer en el abismo del descrédito moral y el desprestigio político, manifestaba, con angustia, no saber cómo pasaría a la historia: si como un buen político catalán o como un buen político español. Dicho esto, el ex presidente se mantuvo pública y formalmente antiindependentista hasta poco antes de que salieran a la luz todos los episodios que a él, a su familia y a su construcción política (Convergència i Unió) los han arrastrado ya al basurero de la historia, obviando sus, por otra parte, innegables logros como gobernante de la Cataluña autónoma. Unos logros conseguidos en virtud de una Constitución ahora denostada pero que ha permitido unas cotas de autogobierno como nunca habían sido posibles con anterioridad y, desde luego, superiores a cualquier otra región de Europa o de cualquier Estado federal moderno. Es un caso trágicamente psiquiátrico de enmienda a la totalidad de sí mismo.

Otro tema es que, sobre todo en los últimos quince años, esa capacidad de autogobierno haya sido pésimamente administrada. Y que lo sigue siendo, habida cuenta de que se ha subordinado aún más —empezó en realidad con el primer Gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall— la gestión de los intereses de los ciudadanos a un objetivo político unidimensional y reduccionista, al que se supedita todo lo demás como accesorio. Para sus propulsores, la gestión democrática de los escasos recursos frente a las necesidades de todos se convierte en aburrida. Nada más peligroso que los amantes de las emociones fuertes, proclives a las piscinas vacías y a los saltos mortales sin red. La democracia bien entendida consiste en encauzar convenientemente la política y dirimir los conflictos en el marco de las instituciones, de forma particular en los Parlamentos, y así la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, pueden orientar sus esfuerzos y sus energías a mejorar la creación de riqueza, de empleo y, por ende, de prosperidad, libertad e igualdad. Valga como ejemplo la fijación de los principales objetivos del primer Gobierno tripartito: un nuevo Estatuto de Autonomía, que nadie pedía, una nueva división territorial interna y una nueva ley electoral. Es decir, objetivos de la clase política gobernante, muy alejados de las auténticas demandas y necesidades de los ciudadanos. La pequeña política se puso en el centro del debate. Y además, se hizo con carácter profundamente divisivo. Buena parte de lo que nos sucede hoy empezó ahí. Incluyendo la decisión, avalada de forma irresponsable por el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, de reformar sustancialmente, sin consenso, nuestra arquitectura constitucional e institucional, y que asumía que la soberanía depositada por la Constitución en las Cortes Generales debía supeditarse a la voluntad de un Parlamento autonómico.

Conviene recordar en este punto que tanto el impulso de un nuevo Estatut como la promesa del entonces candidato Rodríguez Zapatero formaron parte de un juego de tramposos. Y de frívolos. Porque ni el Tripartito ni el PSOE pensaban que las elecciones generales de 2004 fueran a darle el triunfo a Rodríguez Zapatero y, por lo tanto, creyeron que la reivindicación iba a quedar en un mero elemento de confrontación política contra el futuro gobierno del PP que les serviría para presentarlo como insensible a las demandas catalanas. Un déjà vu que se anticipó con el Pacto del Tinell, que, con un carácter tremendamente sectario, excluyó del diálogo político cualquier posibilidad de acuerdo con el PP y, por lo tanto, con una parte muy significativa de la sociedad española y una parte relevante de la propia sociedad catalana. Por cierto, esa dinámica excluyente acabó contaminando a CiU, que pasó del Pacto del Majestic (quizá el más productivo para Cataluña y para España, como muchos nacionalistas reconocen en privado) al tristemente célebre «episodio del notario» que protagonizó Artur Mas.

Por supuesto, cuando la pequeña política domina el debate y centra las energías de la sociedad, el resultado es la debilidad de la propia sociedad y la excesiva preponderancia del poder político. Y la democracia nació, entre otros motivos, para limitar los eventuales excesos de ese poder.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, y aunque parezca contradictorio, la política es más necesaria que nunca, expresada en el sentido más noble del término. La política, en democracia, es palabra, argumentos, debate libre de ideas y conceptos, y, por consiguiente, seducción, a través de la convicción, de comportamientos electorales y sociales, aunque se basen tanto en sentimientos como en intereses legítimos. Cabe avanzar que ha faltado política, entendida en esos términos, sobre todo en el lado de los que creemos en la idea de una Cataluña feliz y plenamente integrada en una España unida y plural, consciente de su proyecto común de convivencia y, al mismo tiempo, de la enorme riqueza que supone su propia y rica diversidad. Ello ha posibilitado un rápido avance, aunque a todas luces no suficiente y aún menos definitivo, de los partidarios de la independencia, que han gozado de un terreno de juego a menudo libre de contrincantes. Y las batallas que no se dan, suelen perderse indefectiblemente. Entremos a analizar estos extremos.

¿POR QUÉ NOS ENCONTRAMOS EN ESTA SITUACIÓN?

¿Qué ha sucedido para que nos tengamos que enfrentar al denominado «desafío secesionista» en estos momentos? Muchas cosas, está claro, que sin duda merecen muchas interpretaciones, a menudo contradictorias entre sí. Pero podemos intentar arrojar algo de luz, diseccionando algunos elementos, y extraer conclusiones objetivas en cuanto a los resultados, aunque probablemente, y lógicamente, no en relación a las causas.

En primer lugar, se ha producido un viraje estratégico radical en la estrategia del nacionalismo catalán mayoritario desde principios de la autonomía política, y representado de forma tradicional por Convergència i Unió. La nueva generación dirigente, desde la retirada de la política activa de Jordi Pujol, es explícitamente independentista, abomina de la participación activa en la gobernabilidad de España (e, incluso, de su influencia parlamentaria en las Cortes españolas, a pesar de que el peso de Unió permitió enmascarar durante un tiempo ese fenómeno) y ha establecido alianzas políticas basadas solo en la reivindicación soberanista. Lo ha hecho incluso obviando evidentes contradicciones programáticas por ejemplo en cuanto al modelo de sociedad, lo cual incluye no ya solo a Esquerra Republicana, su contrincante natural en el campo del nacionalismo, sino a grupos claramente antisistema como la CUP, genuina heredera de la tradición de la FAI en la época republicana. Nada que ver, por tanto, con la política de alianzas tradicional de CiU en los anteriores treinta años. Ese es un hecho incontrovertible. Otra cosa es que nos preguntemos por las causas.

En todo caso, una de ellas es la transformación de su liderazgo, personificado en la figura de Artur Mas, del que podemos decir que encarna el fenómeno conocido como «la fe del converso». No así buena parte de sus colaboradores más cercanos, que nunca han ocultado su independentismo, más o menos maquillado por diversas dosis de pragmatismo.

No me resisto, en este punto, a recordar la famosa —y triste, además de tragicómica— anécdota que se le atribuye a Lluís Companys tras proclamar la República catalana el 6 de octubre de 1934. Companys, que merece respeto y homenaje por la gran dignidad con la que afrontó su detención y posterior fusilamiento por el franquismo —algo que no impide una valoración profundamente negativa de su labor política—, llegó a la presidencia de la Generalitat tras la muerte de Francesc Macià el día de Navidad de 1933. Fue el candidato elegido por las fuerzas parlamentarias catalanas, básicamente por su pertenencia a Esquerra Republicana de Catalunya, partido creado en marzo de 1931 como resultado de la confluencia del Partit Republicà Català, del propio Lluís Companys —más izquierdista que separatista—, del grupo L’Opinió, nucleado en torno a la publicación del mismo nombre, y de Estat Català, encabezado por el ex coronel del Ejército español Francesc Macià. Este movimiento, surgido tras la desaparición de la dictadura de Primo de Rivera y con la mirada puesta en las elecciones municipales de 1931, recibió la mayoría de los votos en las principales capitales catalanas, a lo que siguió la proclamación por parte de Macià de la República catalana en el marco de la Federación ibérica (sin que conste que lo supieran los portugueses), ante el estupor y espanto de los propios republicanos españoles, que acababan también de ganar las elecciones y con los que los republicanos catalanes habían firmado el conocido como Pacto de San Sebastián. Aquella fue la primera traición.

Los republicanos españoles se apresuraron a mandar una delegación, en nombre del Gobierno provisional, formada entre otros por dos ministros catalanes, republicanos y de izquierdas, Marcelino Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer, además del socialista Fernando de los Ríos, para reconducir la situación y ofrecer a Macià, a cambio de la retirada de su proclama, un Estatuto de Autonomía para Cataluña —dentro de lo que la Constitución Republicana calificaría, a los pocos meses, de Estado «integral»— y la recuperación del nombre histórico de la institución catalana de autogobierno en la Edad Media: la Generalitat.

Cabe recordar aquí que Esquerra Republicana de Catalunya era un movimiento político más o menos coyuntural, producto de la agrupación de partidos y entidades de carácter diverso, unidos por el republicanismo, el catalanismo y una cierta orientación izquierdista, a menudo cuestionada por algunos de los propios integrantes de la coalición, claramente profascistas. Me refiero a Estat Català —dirigido, tras la desaparición de Macià, por Josep Dencàs—, que adoptó incluso signos y vestimenta cuasi militares, asimilables al fascismo mussoliniano. En ese contexto, la figura de Companys era, pues, cuestionada por muchos integrantes de ERC, por su origen sindicalista, más bien izquierdista, y no suficientemente comprometido con la idea de la independencia. De hecho, Companys llegó a ser ministro, ¡y de Marina!, en uno de los primeros gobiernos republicanos.

La anécdota a la que nos referimos es ilustrativa del complejo que arrastraba Companys después de su chusca proclamación de la República catalana dentro de la República Federal Española el 6 de octubre de 1934, lo que entraba de forma manifiesta en contradicción con la Constitución de la República, aunque no fuera estrictamente una proclamación independentista. En cualquier caso, segunda traición a la República. Luego, durante la Guerra Civil, vendrían más, como nos recuerda con amargura Manuel Azaña en La velada en Benicarló.

Así, tras la proclamación de la República desde el balcón del Palau de la Generalitat, Companys se dirige a su Gobierno con una frase: «¡Ahora ya no diréis que no soy suficientemente catalanista!». Ejemplo académico y canónico de complejo de inferioridad.

El resultado de la asonada fue la rendición casi inmediata: bastaron unos pocos cañonazos de las tropas encabezadas por el general Batet (con Dencàs y los suyos huyendo, literalmente, por las alcantarillas) y la detención, encarcelamiento y condena de inhabilitación (¿suena familiar?) de todo el Gobierno de la Generalitat, con Companys al frente, por orden del Gobierno de la República. Fueron liberados y exonerados, eso sí, después de la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, lo que permitió la restitución de la Generalitat, que había sido suspendida por el Gobierno republicano español.

Los hechos, que años más tarde estuvieron detrás de una famosa frase de Josep Tarradellas («En política se puede hacer todo menos el ridículo»), vienen a colación, anécdota incluida, porque permiten interpretar qué papel juegan ciertos complejos y la voluntad de redimirse del propio pasado. Es el caso de Artur(o) Mas, cuyo independentismo sobrevenido ha llevado a su partido (Convergència Democràtica) a la desaparición, y a su socio histórico (Unió Democràtica) a la disolución. Ambos, por cierto, acosados por la corrupción y/o las deudas. De las que no están al margen el propio Mas y antiguos dirigentes de CDC y de UDC.

Lo que es más grave: el desmoronamiento de un amplio espacio político, el propio del catalanismo moderado no independentista y con voluntad de influir en la gobernación de España, hoy por hoy huérfano de representación política, determinará el mapa político catalán del futuro, hoy destruido por el llamado procés. Es un espacio político que podría concretarse en una nueva fuerza política, trasladarse a partidos constitucionalistas —con la irrupción de Ciutadans como segunda fuerza en el Parlament— o asentarse en partidos nítida e históricamente soberanistas, como ERC. A todo ello hay que añadir la crisis del PSC y la definitiva configuración que adopte el espacio que queda a su izquierda, hoy en proceso de recomposición, no sin múltiples contradicciones internas, por su pluralidad y por afán de protagonismo de algunos de sus actores. Se trata de un escenario inestable que contrasta con la enorme estabilidad, durante décadas, del escenario político en Cataluña, con una CiU hegemónica en el ámbito autonómico y un PSC que lo era en el ámbito municipal y en los resultados de las elecciones generales.

La súbita conversión al independentismo de Mas, fruto de unos complejos personales evidentes y, sobre todo, de una profundamente errónea lectura de la realidad —que conviene siempre no identificar con movilizaciones más o menos masivas y más o menos espectaculares: en la democracia representativa, al final, los votos cuentan más que los manifestantes—, lleva a cambiar una reivindicación contenida en el programa electoral, el llamado «pacto fiscal» (eufemismo para solicitar un concierto económico similar al vasco), por un planteamiento radical que, con el argumento de que es rechazado por el Gobierno español (tampoco hubo demasiada insistencia…), desemboca en una convocatoria anticipada de elecciones plebiscitarias en torno a la figura cuasi mesiánica de Artur Mas, demandando una clara mayoría absoluta. Que no llegó.

A continuación, para «ganar legitimidad», se convoca de manera ilegal y torticera (en su acepción de «astuta») un seudoreferéndum el 9 de noviembre de 2014, que sirvió para aglutinar el soberanismo. Pese a su claro éxito de participación y también de civismo, la convocatoria pone de relieve, sin embargo, que el independentismo es muy amplio en la sociedad catalana, pero que no llega a ser mayoritario.

En una clara huida hacia delante, se intenta recomponer el espacio soberanista aglutinando a CiU, ERC y entidades soberanistas como la Assemblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural en una coalición forzada, Junts pel Sí (JxSí). Gana las siguientes elecciones, pero no por mayoría absoluta, y necesita, para sus propósitos independentistas, del apoyo de la fuerza antisistema de la CUP, que se permite, además, «cobrarse» la pieza del propio Artur Mas, lo que impulsa la elección de un nuevo presidente que no había sido candidato: Carles Puigdemont. El nuevo presidente ha manifestado ya su deseo de no volver a presentarse: su único objetivo confeso ha sido el de convocar un eventual referéndum de autodeterminación, para el 1 de octubre de este año, a sabiendas de que no se va a celebrar. Nos detendremos más adelante en ello, en esa pretensión repetida, pero este pequeño repaso de sucesos, por otra parte archisabidos, viene a cuento para ilustrar el cambio profundísimo de la hasta hace poco fuerza nacionalista hegemónica y ayuda a entender cómo ha llegado a esta situación.

Está claro que ha habido otros elementos que han influido en ese cambio. Unos de carácter general, entre los que podríamos mencionar los efectos devastadores sobre los mecanismos de representatividad política y las instituciones democráticas de, por una parte, la corrupción, y, por otra, la profundísima crisis económica, y otros de naturaleza más específicamente catalana.

Empecemos por estos últimos. En primer lugar, está el hecho de que las instituciones de autogobierno han asumido como propio el objetivo secesionista, cosa que, como hemos visto, no sucedía desde octubre de 1934. En Cataluña, legítimamente, siempre ha habido, hay y habrá ciudadanos y fuerzas políticas independentistas, con más o menos fuerza social o electoral. Pero las instituciones, en democracia, deben responder al conjunto de los ciudadanos y no ponerse al servicio de un proyecto político de solo una parte, por significativa que sea, del conjunto de la sociedad, y con ello, contribuir a dividirla. Eso corresponde, y con muchos matices (hay que gobernar para todos y no solo para tus votantes), al poder ejecutivo, en cumplimiento de un programa electoral, si dispone de mayoría parlamentaria, que debería ejecutarse sin sectarismos excluyentes, sin alterar de forma sustancial las reglas del juego y sin dejar de atender a los procedimientos legalmente establecidos. El Parlamento, como institución, y en particular quien lo preside, debe representar al conjunto de la cámara. Y de un modo lamentable y clamoroso, en este caso no ha sido así, lo que traiciona tanto su naturaleza como su función.

En segundo lugar, y en paralelo, se ha aceptado como un coste «inevitable» la propia división interna de la sociedad catalana (sin querer dramatizar, puede hablarse de desgarro), hasta hace poco especialmente modélica en cuanto a su convivencia, y tolerante con la diferencia y la discrepancia. De hecho, el fomento de la convivencia fue un objetivo explícito de Jordi Pujol durante los veintitrés años de su presidencia, más allá de poner en marcha un proceso de «construcción nacional», al que me referiré después. Recordemos algunas frases y algunos hechos. Desde el ya lejano «es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña», al reconocimiento explícito de la labor integradora, sobre todo de la población inmigrada en los años sesenta y setenta, del PSUC, los lemas del tipo «som sis milions» [somos seis millones], o incluso la negativa a instaurar sistemas educativos segmentados por la lengua (al margen de otras muy relevantes consideraciones), todo se encaminaba a evitar la división interna entre catalanes «de verdad» y catalanes venidos «de fuera». Todos ellos cómodamente instalados en una Cataluña autogobernada gracias a las amplias competencias garantizadas por una Constitución elaborada desde el consenso y con un amplísimo apoyo de la sociedad catalana en su conjunto, que la aprobó por una abrumadora mayoría, con porcentajes superiores a los del conjunto de España. Incluso podríamos recordar lo que ocurrió después de las elecciones autonómicas de 2003 —las primeras a las que no se presentaba Jordi Pujol—, cuando muchos propugnaban un pacto entre CiU y Esquerra Republicana. CiU + ERC = CAT, decían las pintadas de las paredes. Pese al clamor popular, Esquerra dijo que su apuesta estratégica era una coalición de izquierdas con diferentes grados de nacionalismo, lo que luego se llamó el Tripartito. Su argumento: no iban a entrar en una dinámica de división de la sociedad catalana como la que se derivaba de aliarse con CiU. Otra cosa es lo que sucedió luego.

Está claro que esa realidad y esa política han sido sometidas a una profunda revisión. La cohesión interna de la sociedad catalana ya no es un objetivo, sino que se ha convertido en un obstáculo a superar. Y el precio es muy alto: una mayoría de catalanes, contrarios a la independencia, son considerados, desde el poder político catalán, como ciudadanos que deben someterse a las decisiones adoptadas por los poderes públicos. Los cuales, disponiendo de una mayoría parlamentaria exigua y contradictoria, pero que no refleja una mínima mayoría social, quieren imponer sus dictados, en un claro desprecio a sus sentimientos y a sus intereses. Se practica una política que pretende dividir a los ciudadanos entre «buenos» y «malos» catalanes. Y eso se refleja en el seno de las familias, en los grupos de amigos y en los centros de trabajo. Es un coste de enorme magnitud que, afortunadamente y por el momento, está siendo gestionado de forma mucho más razonable por parte de la propia sociedad que por parte de los políticos nacionalistas y sus terminales mediáticas, que hablan y se comportan como si los ciudadanos no independentistas no fueran más que un engorroso estorbo que hubiera que marginar. O, en cualquier caso, convertir en «ciudadanos de segunda» por no ser «verdaderos» catalanes. Es difícil encontrar mayores dosis de comportamiento excluyente…

Aquí conviene añadir otro punto, para mí crucial: todos esos ciudadanos (que son más que los independentistas) necesitan que se los arrope. Se ven sometidos a un clima ambiental y una presión mediática y social muy fuerte, lo que explica su poca movilización pública. Sin duda están surgiendo todo tipo de iniciativas desde la propia sociedad, encaminadas a hacer oír su voz, a pesar de las dificultades. Pero necesitan el apoyo no solo de los partidos políticos constitucionalistas, sino, sobre todo, de los poderes públicos españoles. Y, en particular, del Gobierno y las instituciones. Así lo ha hecho, con gran acierto, la monarquía. Es menester, además, que el Gobierno sea mucho más proactivo.

En tercer lugar, se defiende que, si para llevar adelante el procés, hace falta deslegitimar la ley (empezando por la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía) y los tribunales (empezando por el Tribunal Constitucional), debe hacerse. Y si es necesario saltarse los más elementales procedimientos parlamentarios (intentando aprobar «leyes de desconexión» en secreto y sin debate ni trámite de enmiendas, o mediante una declaración unilateral de independencia, que no cubre ni tan siquiera los mínimos que requiere una modificación del propio Estatuto de Autonomía), se hace. Y si hay que presionar y coaccionar a los tribunales con manifestaciones más o menos concurridas a sus puertas, se hace, porque todo vale en aras del procés. En resumen, es un ataque en toda regla al Estado de derecho y al parlamentarismo, cuyo poder descansa en el cumplimiento de las leyes y en el respeto a las formas. Un proceso «revolucionario» que cuestiona de raíz las bases del sistema democrático y de la división de poderes. Propio de organizaciones como la CUP, pero total y escandalosamente impropio de fuerzas políticas que han sido básicas para la estabilidad, la convivencia y el acuerdo sobre el respeto a las reglas del juego.

Quizá nos encontramos ante otro fenómeno bastante usual en buena parte de la historia de la política catalana: el de confundir los deseos con la realidad. Tarradellas solía decir, en una crítica entre irónica y mordaz, que los políticos catalanes (entiéndase los nacionalistas) suelen estar convencidos de tener siempre la razón y que, por lo tanto, resultaría inevitable tener que dársela. Suele suceder con los convencidos de ser los poseedores de la verdad. Pese a que la historia nos dice que esa actitud lleva de forma indefectible al fracaso y a la frustración.

Existe una incapacidad casi congénita para entender la naturaleza del poder político que lleva a minusvalorar gravemente las consecuencias del incumplimiento de la legalidad o del respeto a la ley. Y de no comprender principios tan elementales para un estudiante de primero de Derecho como que los Estados son sujetos de derecho internacional y que están obligados, particularmente de los democráticos, a respetar las normas constitucionales internas de cada país, las cuales han merecido, por otra parte, el apoyo explícito de nuestros socios europeos y de las instituciones comunitarias, así como de nuestros principales aliados, empezando por Estados Unidos. A pesar de todo ello, estamos donde estamos, en una absurda negación de la realidad.

EL PROCESO CONSTITUYENTE

Y EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL

Hay una pregunta recurrente que nos hacemos todos ante la situación actual: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y cómo ha sucedido todo de forma tan rápida y abrupta? La eventual respuesta a esas preguntas requiere de un análisis que debe partir de un hecho incontrovertible: después de décadas de proceso de «construcción nacional», los actuales dirigentes políticos nacionalistas han decidido que ya ha llegado el momento de plantear la independencia, porque dicho proceso está lo bastante concluido. Y que hay que sustituirlo por otro (el procés) que lleve directamente a la independencia. Eso les ha llevado a profundísimos errores de cálculo, que conducen de forma indefectible al fracaso. Pero vayamos por partes.

Primero, veamos cómo se ha ido desarrollando ese proceso, que empezó de forma consistente a partir de la elaboración, discusión y aprobación, en primer lugar de la Constitución española de 1978, y a continuación del Estatuto de 1979, y que se va implementando, sin prisas pero sin pausas, a partir del Gobierno de la Generalitat que surge de las elecciones autonómicas de 1980. Cabe decir que ha sido un proceso que, desarrollado inteligentemente, ha ido contando con la aquiescencia implícita o resignada de buena parte de los dirigentes y fuerzas políticas no nacionalistas, que lo consideraban un coste necesario para la estabilidad. Y en eso, desde luego, Jordi Pujol ha sido un auténtico maestro.

Las palancas básicas, entre otras de orden menor, de ese proceso de construcción nacional han sido la política en educación, la política de medios de comunicación, la política de símbolos y una expresión difusa de agravio permanente, concretado en supuestas «agresiones» neocentralistas en el tema de la lengua, y en un tratamiento económico-financiero «discriminatorio», tanto en cuanto a la financiación autonómica como en lo que se refiere a las inversiones estatales.

El proceso constituyente

Antes de entrar al detalle en el análisis de esas palancas, conviene recordar el espíritu con el que se abordó la Constitución, y luego el Estatut, para calibrar el esfuerzo histórico realizado para encajar y canalizar adecuadamente la cuestión territorial.

La historia constitucional de España es larga, prolija y, con matices significativos, es también la historia de sucesivos fracasos. En concreto, desde las Cortes de Cádiz y la (magnífica) Constitución liberal de 1812, conocida como «la Pepa», e incluyendo el llamado Estatuto Real de 1834, hemos tenido una docena de Constituciones. Y jamás ninguna de ellas ha sido reformada para asegurar su persistencia. Ello ha sido así porque todas (con la excepción parcial de la de la Restauración, en 1876, que concitó a su alrededor a los partidos llamados «dinásticos», aunque no a los nacientes y crecientes movimientos políticos y sociales que surgieron a su izquierda, o desde la periferia peninsular) eran Constituciones impulsadas por una parte del espectro político y social. No partían de un consenso mínimo de las principales fuerzas. De manera que cuando se producía un cambio político —normalmente por la vía revolucionaria o mediante pronunciamientos militares— se derogaban y eran sustituidas por otras que adolecían del mismo pecado de origen.

No fue así en el caso de la Constitución vigente, aprobada en 1978, y que partía de un amplísimo consenso a derecha y a izquierda. También incorporaba a buena parte de los por aquel entonces denominados «nacionalismos moderados» (sobre todo el catalán). Es una Constitución que, gracias al ahora denostado por algunos espíritu de la Transición, hay que reivindicar con orgullo y sin complejos, puesto que ha permitido encauzar muy razonablemente la resolución de muchos de nuestros conflictos seculares, desde el militar al religioso, pasando por el agrario o, incluso, el social y, de forma singular, el relativo a la naturaleza de la jefatura del Estado. Conflictos, todos ellos, presentes, de manera trágica, en nuestra historia contemporánea y particularmente en nuestra terrible Guerra Civil.

Por cierto, otra de las posverdades —como la relativa a 1714— a las que nos han querido acostumbrar es que la Guerra Civil no fue tal, sino que fue una guerra de España contra Cataluña, de la que Cataluña salió derrotada. Y es una verdad incontestable que la victoria franquista supuso la supresión de las instituciones de autogobierno y la represión de las manifestaciones culturales y lingüísticas de Cataluña. Sin embargo, no es menos cierto que hubo muchos catalanes favorables al levantamiento militar y al nuevo régimen, y que, durante la guerra, hubo otra guerra civil interna, y muy sanguinaria, en el seno de la propia Cataluña, en la retaguardia del frente bélico (los conocidos como Fets de Maig, o Sucesos de Mayo, del año 1937), que, según reconocen los historiadores más solventes, contribuyó significativamente a la derrota final de la República. Pero sigamos con nuestro relato.

La Constitución actual no solo contribuyó de forma decisiva a la superación de nuestros conflictos atávicos; también tuvo la clara voluntad de encauzar uno de los más importantes: el llamado «conflicto territorial».

A la muerte de Franco, se van explicitando dos demandas territoriales distintas, pero que acabarían por converger y plasmarse en el título VIII de nuestra Constitución. Por un lado, la demanda de autogobierno de algunos territorios (sobre todo, País Vasco y Cataluña y, en menor medida, Galicia, aunque acabaron solicitándolo también buena parte de los demás territorios) y una demanda general de descentralización administrativa, después de cuatro décadas de profundo centralismo (la Administración central suponía más del 90 % del gasto público, correspondiendo el resto a las corporaciones locales, es decir, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales). Y la Constitución dio respuesta a ambas demandas, gracias a una determinada interpretación de la misma que ha desembocado en lo que hoy todos conocemos como «Estado autonómico» o «Estado de las autonomías».

Sin embargo, la Constitución no preestablecía ese resultado. Simplemente, lo posibilitaba, entre otros escenarios. En realidad, prescribía la aceptación por la misma de unos denominados «derechos históricos» preexistentes, que eran la base para la implementación (y, en algún sentido, la continuidad) de sistemas económico-fiscales (es decir, tributarios) en los territorios forales: las tres provincias vascas o territorios históricos y, por ende, el País Vasco en su conjunto como «confederación» de esos territorios; y Navarra. De hecho, Navarra y Álava —no Guipúzcoa y Vizcaya, consideradas provincias «traidoras»— habían gozado de ese tratamiento diferenciado durante el franquismo, en una llamativa excepción en su profundo centralismo, como reconocimiento a la aportación a la sublevación por parte del carlismo tradicional (el Requeté).

Al mismo tiempo, la Constitución prescribía, de forma bastante detallada y precisa, las competencias estatales que podían transferirse a las comunidades autónomas, dándoles el tratamiento de exclusivas, de desarrollo legislativo (de la legislación básica del Estado) y de mera ejecución.

Sin presuponer ningún mapa territorial al respecto, sí que establecía que aquellos territorios que hubieran aprobado, aunque no hubieran podido entrar realmente en vigor, sus Estatutos de Autonomía durante el período republicano, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, podían acceder a su autonomía por la llamada «vía rápida», recogida en el artículo 151. Y para el resto, el artículo 143 abría una «vía lenta» que podía ser, en su caso, aplicada. O no.

Con ello, la Constitución (y de ahí, algunas disfunciones que tenemos), para dar solución a algunos de los problemas territoriales enquistados desde hacía muchas décadas, introduce elementos propios de un Estado confederal (ámbitos de soberanía fiscal y tributaria preexistentes a la propia Constitución que, sin embargo, explicita claramente que la soberanía tiene un único sujeto, que es el conjunto de los ciudadanos españoles, iguales en derechos y deberes) y otros propios de un Estado federal (en cuanto a la extensión y amplitud de las competencias transferibles a entidades subestatales), pero lo hace sin mecanismos propios y característicos de los Estados federales, tales como una auténtica cámara territorial —el Senado, en su actual estructura, no lo es— o mecanismos institucionalizados de cooperación (sustituidos en la práctica por iniciativas «aconstitucionales» como las Conferencias de Presidentes). Lo cual permitía asimetrías entre los diferentes territorios (algunos lo llaman «federalismo asimétrico», una clara contradicción en los términos), aunque, en todo caso, salvaguardando siempre, como en los Estados federales, unas competencias exclusivas del Estado que, por otra parte, están también perfectamente delimitadas en la Constitución.

La resultante, a pesar de todo, ha sido buena. Y durante casi cuarenta años ha dado buenos resultados. Pero es un resultado híbrido, original y sin ejemplos claros de derecho comparado. España no es una confederación (aunque tiene algunos elementos de tal), ni un Estado federal en sentido estricto (aunque se le acerca y, desde el punto de vista competencial, en muchos casos, va más allá de muchos de los Estados federales que conocemos). Es un invento (feliz, si se quiere) que llamamos, de forma singular, Estado autonómico.

De hecho, toda Constitución es resultado de la historia precedente. Y se nutre de la necesaria acomodación a lo real y a lo posible en cada momento. Por lo tanto, no es una construcción jurídica, como todas las humanas, que aspire a la perfección y a la inmutabilidad. La nuestra, perfectible como todas, ha dado un muy buen resultado, máxime habiéndose discutido y aprobado después de una larga dictadura divisiva (España, durante mucho tiempo, solo perteneció a los que habían ganado la Guerra Civil, y fue así hasta la muerte del dictador) y del enorme trauma histórico de la propia guerra y de sus trágicas consecuencias.

Para ello, hubo que extremar algunas de las cualidades que se dan en los grandes y trascendentales momentos políticos de una nación, como se dieron en la Transición. Generosidad y renuncia, altura de miras, sentido de Estado, visión de futuro y voluntad de reconciliación son algunas de esas cualidades, que hoy echamos muy en falta, y que triste y paradójicamente muchos entienden como casi una traición a los ideales de siempre. Los mismos ideales que, por otra parte, cuando a la intransigencia se unió la incompatibilidad nos llevaron a la tragedia y al desastre.

Todo ello implicaba osadía política y asunción de riesgos. Empezando por la Ley de Reforma Política que posibilitó las primeras elecciones generales libres y siguiendo por la legalización del Partido Comunista. O, en el ámbito que nos ocupa ahora, la restauración de la Generalitat republicana, justo después de las elecciones generales de las que este mes de junio se han cumplido ya ¡cuarenta años! Vamos a desarrollar algo más este punto, porque me parece muy relevante, centrándolo fundamentalmente en Cataluña.

Es casi ya un tópico afirmar que la transición desde un sistema dictatorial autoritario a un sistema democrático del todo homologable y que, más tarde (¡hace ya treinta y dos años!), nos permitió nuestra integración en las instituciones de la construcción política europea se hizo «de la ley a la ley», expresión que ahora tiene diversos «padres», pero que describe muy bien lo que se hizo para salir del dilema que se planteó entonces entre reforma y ruptura. En realidad, la expresión más aproximadamente acertada sería que se llevó a cabo una «ruptura pactada», desde las propias leyes vigentes. Y con un excelente resultado.

En ese dificilísimo equilibrio (el refranero español hablaría de un «encaje de bolillos»), cabe recordar lo que se hizo para dar respuesta adecuada a lo que fue una victoria abrumadora de los partidos políticos autonomistas en Cataluña en esas primeras elecciones generales y que reclamaban, antes de que existiera una Constitución democrática, un Estatuto de Autonomía (después de haber conseguido ya la libertad y la amnistía, aspiración generalizada de todos los demócratas en toda España). Esas ansias de autonomía (difíciles de encajar sin una Constitución que les diera cobertura legal) se canalizaron a través de una operación política absolutamente audaz que dio lugar a lo que después conocimos como «preautonomías» y que partían, en general, de las asambleas de parlamentarios elegidos en las elecciones generales de 1977, unas asambleas que, con competencias reales mínimas pero con reconocimiento institucional y con claras funciones representativas, fueron conformando lo que después de la Constitución acabó siendo el Estado autonómico. La operación política a la que me refiero consistió en un reconocimiento implícito (no podía ser de otra forma) de la preexistente legalidad republicana. Y se hizo, «sí, pero no», a través del retorno del presidente de la Generalitat en el exilio en Francia, Josep Tarradellas.

Tarradellas, político clave en los años de la Generalitat republicana (fue conseller de Gobernación, conseller en cap y artífice, por ejemplo, del decreto de Colectivizaciones que «nacionalizó» las fábricas al inicio de la Guerra Civil), tuvo la enorme inteligencia política, primero, de renunciar a un fantasmagórico Gobierno de la Generalitat en el exilio (está claro que sin funciones ni competencias) y de sostener exclusivamente el carácter representativo de la institución, y luego, de saber interpretar (lo que lo diferencia de forma clamorosa de los políticos nacionalistas actuales) la realidad a la que se enfrentaba. Había aprendido muchísimo de su experiencia, y de los inmensos errores cometidos, algunos de los cuales ya han sido mencionados más arriba.

Por todo ello, sabía perfectamente cuáles eran sus posibilidades, pero también sus límites. Y encontró la horma de su zapato en otro político audaz: Adolfo Suárez. No voy a extenderme en una historia ya de sobras conocida. Pero el resultado fue la recuperación, como organismo preautonómico y avalado por las fuerzas políticas catalanas (que entraron a formar parte de su Gobierno provisional), de la Generalitat, presidida por una persona que, siendo presidente en el exilio, se incorporaba a un nuevo corpus legal, pendiente todavía de definir en sus aspectos concretos, pero con una carga simbólica indiscutible. Además, para dotarle de los mínimos medios necesarios para su función, se le nombra, de forma simultánea, presidente de la Diputación de Barcelona. Sencillamente brillante. De la ley a la ley, pero con una imaginación desbordante. Y compaginando lo que, a priori, parecía imposible: conectar la legalidad vigente, aún preconstitucional, con una cierta aceptación de la legitimidad republicana. Lo que, además, le dio a Cataluña una evidente singularidad. Sobre este punto volveremos luego porque es muy relevante a los efectos de nuestro análisis. Porque el nacionalismo, por definición, nunca es federal (y, por lo tanto, igualitario). Lo que desea es un tratamiento diferenciado que, en última instancia, pueda justificar la independencia.

Sigamos, no obstante, con el relato del proceso constituyente y de la configuración posterior del Estado autonómico. Porque si bien es cierto que el ansia de descentralización (y también de un cierto autogobierno) generalizó la concreción de los llamados «entes preautonómicos», la Constitución se aprobó con un esquema en la cabeza de los constituyentes: la puesta en marcha rápida de los Estatutos vasco y catalán (y, a continuación, del gallego), y luego el arranque, con menores competencias, de otras comunidades autónomas, de acuerdo con la segunda vía (la «lenta») prevista por la propia Constitución. Sin que fuera imprescindible ni inevitable que todo el territorio nacional estuviera cubierto por el mismo esquema de redistribución del poder político y administrativo.

Así se hizo con la rápida aprobación, un año después de la ratificación de la Constitución, de los Estatutos vasco y catalán, a los que seguiría el gallego. Pero hubo un elemento de ruptura en ese esquema inicial: Andalucía. Y ese fue un punto de inflexión muy importante en todo el proceso posterior, e imprescindible para entender mucho de lo que tenemos planteado ahora. Porque se pasó de la «tabla de quesos», todos distintos, a lo que se ha dado en llamar, en expresión ya muy consolidada y casi peyorativa, el «café para todos».

Era una de las maneras de desarrollar la Constitución, que no la única, y aunque no estuvo explicitada por los constituyentes, que quizá pensaban más en una descentralización política asimétrica y a la carta, probablemente era la salida inevitable, para evitar agravios comparativos y cumplir con la exigencia de igualdad en los derechos y deberes de los ciudadanos. Y el detonante, como se ha dicho, fue Andalucía. Fundamentalmente, el partido político hegemónico desde entonces en esa comunidad: el PSOE.

Así, se propició un referéndum para equiparar los deseos de autonomía de los andaluces con los de las denominadas (no explícita, pero sí implícitamente) «nacionalidades» o «comunidades históricas». Era una forma de distinguirlas de las regiones, que demandaban descentralización y autogobierno, pero no con las raíces históricas y sociales existentes en Cataluña, el País Vasco y, también, en Galicia. El referéndum arrojó un claro resultado favorable en todas las provincias (con la excepción de Almería) y, con la oposición de la UCD gobernante («andaluz, este no es tu referéndum», fue su desafortunado lema), se procedió a la aplicación del artículo 151 (la vía rápida) también para el acceso a la autonomía por parte de Andalucía.

A partir de ese momento, con diferentes articulaciones jurídicas (por ejemplo, para Valencia o para Canarias, que además dispone de un régimen especial, amparado a su vez por su carácter de región ultraperiférica, reconocido y amparado por la propia Unión Europea), se origina un proceso de generalización (aunque con aspectos asimétricos como los ya mencionados) del Estado autonómico, de manera que la Administración General del Estado acaba transfiriendo, en un proceso que ha durado unos veinte años, la totalidad de competencias tan básicas como la educación, la sanidad o los principales servicios sociales, con la clara excepción de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, para asegurar su igualdad en todo el territorio.

De este modo, hemos creado uno de los Estados más descentralizados del mundo. Menos que una confederación entre sujetos soberanos iguales (con Suiza casi como único ejemplo homologable), pero, como ya hemos dicho, mucho más que muchos Estados federales contemporáneos. Y cabe decir que el resultado de ese proceso, como el conjunto global de la Transición, ha sido la historia de un indudable éxito. Porque, con muchas dificultades y obstáculos, ha permitido canalizar adecuadamente y durante tres décadas ese doble desafío histórico: la demanda de autonomía política y la demanda de descentralización y de acercamiento de la Administración al ciudadano.

Sin embargo, hoy es difícil asegurar la continuidad de ese éxito, por una serie de factores. Por un lado, ha emergido estrepitosamente y de manera muy explícita una reivindicación no ya de mayor autonomía, sino de no reconocimiento de la soberanía nacional establecida en la Constitución. Que va acompañada de la reclamación de un pretendido «derecho a decidir», sucedáneo eufemístico del derecho de autodeterminación reconocido en el derecho internacional para casos coloniales y de opresión política, y a todas luces absolutamente inaplicable para casos como el de Cataluña o el País Vasco.

La actual situación en Cataluña tuvo, de hecho, un inmediato antecedente en el País Vasco: el conocido como «Plan Ibarretxe», que pretendía crear un Estado Libre Asociado. Un poco al estilo de Estados Unidos y Puerto Rico, que, por cierto, ha tenido que ser «rescatado» hace poco por los estadounidenses. Dicho proyecto, a diferencia del planteamiento actual desde Cataluña, aceptó las reglas del juego y pasó el trámite de las Cortes Generales, donde fue rotundamente rechazado. Nunca más se supo. O, mejor dicho, el Partido Nacionalista Vasco sí supo leer lo ocurrido: perdió a continuación el Gobierno Vasco, y, una vez recuperado, desde la moderación política y reivindicativa, está más fuerte que nunca, a pesar de no disponer de mayoría absoluta en el Parlamento.

En Cataluña, esa reivindicación, como bien sabemos y ya se ha expuesto, se está planteando desde la radicalidad y con escaso respeto a las reglas del juego. Y los resultados van a ser —lo están siendo ya— devastadores para buena parte de sus impulsores y, lo que es mucho peor, para la cohesión de la propia sociedad catalana.

Por otro lado, crece en el conjunto de España un sentimiento contrario a un Estado de las autonomías, al que se le atribuye, justa o injustamente, el despilfarro público y, por lo tanto, una de las principales causas de la profundísima crisis económica de la última década. Es evidente que eso, en principio, no es así, como demuestra el hecho de que los países rescatados —Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre— son países de estructura administrativa y política muy centralizada. Pero también es evidente que en nuestro Estado autonómico pueden constatarse enormes ineficiencias, duplicidades, derroches y desarrollo de políticas que, más allá de los problemas de financiación a los que inevitablemente nos vamos a tener que referir, han generado rupturas de la unidad de mercado, y déficit y deuda públicos que, es ineludible, hay que ir corrigiendo, salvo que aceptemos lastrar de forma muy pesada a las generaciones futuras en un ejercicio de clara irresponsabilidad y de impresentable egoísmo generacional.

Es decir, para unos, el Estado de las autonomías se ha quedado definitivamente corto y se plantea una especie de enmienda a la totalidad del mismo y, para otros, ha ido demasiado lejos y conviene poner en marcha una política de «recentralización».

Puede que la respuesta al segundo aspecto sea más sencilla. Porque parece indiscutible que hay que racionalizar gasto y competencias. Y que, para ello, es necesario un sistema de financiación que, desde una perspectiva federal, distribuya el conjunto de los ingresos públicos de las diferentes administraciones, entre los gastos, atribuidos legalmente, de todas ellas, y que lo haga de forma eficiente. No se trata tanto de priorizar el reparto del poder político —que ha contaminado sin parar el debate sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas—, sino de ser eficientes desde la lealtad mutua y pensando en los intereses y necesidades de los ciudadanos. Durante demasiados años, el debate ha sido estrictamente político, en función de la correlación de fuerzas en cada momento. Lo que se necesita es lealtad, transparencia y sentido común. Llegar a acuerdos y no cuestionarlos al día siguiente. Porque eso es lo que ha sucedido demasiado a menudo. Ha habido demasiado tacticismo —también desde los dos principales partidos españoles— y se ha criticado, desde la oposición, sistemas de financiación que después, desde el Gobierno, se han llevado más allá todavía. Llevamos siete sistemas, y vamos a ver muchos más. Aunque no es nada distinto de lo que ocurre de forma recurrente en los Estados federales. Pura normalidad, más allá de las coyunturas.

En cambio, para el primer desafío —el independentismo o, en su versión terminológicamente light, el soberanismo— la respuesta es mucho más compleja, porque es mucho más difícil de racionalizar. Su punto de partida es anterior, y ha utilizado hasta la saciedad episodios concretos (por ejemplo, todo lo acaecido en torno al nuevo Estatut, de lo que hablaremos luego) para alimentarlo. Pero sigamos el hilo para poder interpretar mejor dónde estamos.

El proceso de construcción nacional

Volvamos de nuevo, pues, a las causas próximas y remotas que permiten explicar lo que está sucediendo, más allá de las enseñanzas que nos depara la historia y que someramente hemos repasado. Hay algo que conviene resaltar, porque es esencial: me refiero al proceso de construcción nacional, emprendido por los gobiernos de la Generalitat, desde sus inicios. Después nos referiremos a otras causas —más bien pretextos— que permiten entender lo sucedido.

En cualquier caso, de lo que hablaremos a continuación, a la luz de lo expuesto en el apartado anterior, es de lo que sucedió inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y que vamos a referir como un proceso de construcción nacional, instrumentado a través de diferentes palancas. Y de quizá la más importante de ellas, por sus consecuencias a medio y largo plazo: la de la educación. Conviene recordar que la Constitución no incluye la educación entre las competencias, descritas en el título VIII, como transferibles a las comunidades autónomas, ya sea como exclusivas, de desarrollo legislativo según la legislación básica del Estado o las de mera ejecución. Sin embargo, a raíz del debate estatutario de 1979, se llega al acuerdo de transferir las competencias educativas, definiéndolas como «plenas», aunque sometidas a la Alta Inspección del Estado. Y ello implica la transferencia de la Administración educativa (que después se generalizó, como la sanidad, o la mayor parte de los servicios sociales, a todas las comunidades autónomas) y la capacidad de estructurar los contenidos educativos, adecuándolos a la «realidad» de cada comunidad, aunque sometidos a los criterios generales emanados de las leyes de educación aprobadas por el Parlamento español. En la práctica, y a pesar de algunos intentos de darle forma a esa Alta Inspección y de garantizar unos contenidos básicos que dieran coherencia al sistema educativo en su conjunto, en particular en lo que se refiere a lo que conocemos como la enseñanza de las humanidades (historia, literatura, geografía, arte, etcétera), la realidad es que se han creado diecisiete modelos educativos bastante estancos y que no han contribuido adecuadamente a la conformación de una conciencia nacional de España en el conjunto del territorio. A ello, desde luego, ha contribuido la permanente y triste ausencia de consenso básico entre las dos principales fuerzas políticas que se han alternado en el Gobierno de España.

Ese fenómeno ha sido sobre todo relevante en las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas y, en especial, en Cataluña. Durante más de tres décadas, dos generaciones de jóvenes catalanes han recibido una educación orientada a promover los aspectos «diferenciales» y la contraposición de identidades, otorgando un determinado sesgo a la enseñanza de la historia o a la de la geografía, la literatura o las ciencias sociales, en un claro ejercicio de adoctrinamiento insuficientemente atendido por los diferentes gobiernos españoles, con independencia de su color político. Por ello, y por poner un ejemplo muy concreto, ha cuajado una falsedad histórica de la magnitud a la que nos hemos referido más arriba, cuando se explica la guerra de Sucesión, y el 11 de septiembre de 1714. Y, demasiado a menudo, el debate se ha centrado en la lengua vehicular, cuando lo más relevante no es la lengua, ya que tanto el catalán como el castellano son lenguas españolas, aunque solo el castellano sea oficial y común en todo el territorio (por ello se le denomina «español» en cualquier lugar del mundo). Sin la menor intención de minimizar la plena legitimidad del debate sobre el derecho de los ciudadanos a que sus hijos reciban su enseñanza en la lengua oficial que elijan los padres, lo cierto es que ese debate ha permitido, por un lado, alimentar agravios y, por otro, camuflar el otro gran tema de fondo: los contenidos educativos. Por ello, tan importante como la consideración de la lengua es hacerlo en relación a unos contenidos mínimos que contribuyan a la conformación de una conciencia nacional plural, pero no divisiva ni excluyente. Cualquier acuerdo razonable para reencauzar la situación actual debe incluir qué hacer en esos terrenos.

La segunda palanca a considerar es la de la política de medios de comunicación, tanto de los de titularidad pública como los de titularidad privada pero copiosamente subvencionados a cambio de apoyo decidido, comprensión o aquiescencia (según las circunstancias concretas de cada uno de ellos) en relación con el procés. En cuanto a los de titularidad pública, más allá del debate generalizado sobre su papel en sociedades libres y democráticas, la política de los sucesivos gobiernos de la Generalitat en el campo audiovisual (también, en muchos casos, en el ámbito comarcal y local) ha sido claramente beligerante. Con el argumento (del todo legítimo) de defender la lengua y la cultura, los contenidos (no solo los estrictamente informativos, sino los de carácter en teoría más lúdico) se han ido orientando de forma progresiva a la penetración de la idea de diferencia, como paso previo e imprescindible a afirmar que, como somos «distintos», debemos separarnos. No voy a abundar en los innumerables ejemplos de burda y obscena manipulación informativa de los diferentes medios integrados en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 con todos sus canales, y Catalunya Ràdio y sus diferentes emisoras), porque muchas veces es mucho más importante la labor sutil y camuflada, pero muy eficaz, que se transmite a través de programas de entretenimiento.

En cualquier caso, este tema nos lleva de nuevo a la instrumentación de instituciones que deben estar al servicio de todos los ciudadanos, como lo son los medios de comunicación de titularidad pública, que deben ser garantía de neutralidad política y de plasmación de la pluralidad de la sociedad a la que teóricamente sirven. Es evidente que no ha sido ni es así, y que los medios de comunicación pública siguen siendo oscuro objeto de deseo de las diferentes facciones del mundo nacionalista, al margen incluso del más mínimo decoro parlamentario. Que una parte mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña no pueda sentirse identificada con los medios pagados (y muy generosamente, por cierto) con los impuestos de todos tiene que ser motivo de escándalo en cualquier democracia mínimamente sana. Y como puede decirse, con razón, que en este tema nadie es libre de tirar la primera piedra, me apresuro a decir que si es criticable el sesgo partidista de muchos medios públicos, más lo es cuando el sesgo va más allá de las legítimas opciones políticas y se orienta a la ruptura de la arquitectura institucional que nos hemos otorgado todos.

Conviene incorporar a nuestro análisis la política que se sigue hacia los medios de titularidad privada, que, a menudo, se expresa a través de presiones desde los poderes públicos (nada novedoso, por otra parte), pero sobre todo mediante la compra de voluntades de editores y periodistas vía subvenciones explícita o implícitamente condicionadas a seguir una determinada línea editorial. Todos los gobiernos intentan influir de este modo, pero la determinación y énfasis de los gobiernos catalanes —sin necesidad de referirme a casos concretos, que son conocidos por todos— ha sido, de largo, paradigmática. Con un añadido: no estamos hablando solo de los medios denominados «convencionales», sino de una política muy activa en los canales digitales y en las redes sociales, donde, por otra parte, se libra cada vez más la batalla de la opinión pública. Y, obviamente, sin falsas ingenuidades, este tema debe ser objeto de especial consideración.

La tercera palanca ha sido menos obvia, pero no menos eficaz. Ha consistido en una acción política encaminada al progresivo «oscurecimiento» de la presencia de instituciones y símbolos que nos identifican a todos los españoles, en detrimento de aquellos que permiten una identificación «distinta» como catalanes, desde las banderas (hasta la tradicional cuatribarrada, bandera de todos, se ha visto oscurecida por el invento reciente y partidista de la estelada) a las fuerzas y cuerpos de seguridad o los órganos de la Administración periférica del Estado. No habría nada que objetar si esa evolución se hubiera desarrollado con lealtad institucional y política. Pero no ha sido así en términos generales, aunque ello requiere de muchos matices. En cualquier caso, ha ido siendo asumido por los sucesivos gobiernos españoles como algo inevitable y consecuente con el objetivo de la estabilidad institucional y política.

Y ese es, precisamente, un punto clave: tanto por la contribución a la gobernabilidad de España cuando no se contaba con mayorías absolutas —siempre con contrapartidas concretas, aunque se «vendía» como un ejercicio de responsabilidad y de sentido de Estado— como por la convicción de que lo «natural» es que comunidades como Cataluña o el País Vasco sean gobernadas por partidos nacionalistas que aseguren la estabilidad y la moderación, ante el riesgo de que surjan posiciones más radicales, lo cierto es que las fuerzas políticas de ámbito español casi nunca se han planteado sustituir a los partidos nacionalistas en la asunción de responsabilidades de gobierno en dichas comunidades. Con alguna excepción, como el frente común de fuerzas no nacionalistas que se presentó a las elecciones del País Vasco del año 2001, y que terminó en fracaso, o el Gobierno del PSE en minoría con apoyo externo del PP en 2009. Cabe recordar también la renuncia, a mediados de los ochenta, del propio PSE a presidir el Gobierno Vasco a pesar de haber ganado las elecciones.

Dicho de otro modo: se permitían «virreinatos» sin demasiadas intromisiones por parte del Gobierno central, a cambio de una garantía más o menos implícita de mantener la «finca» en orden y contener los posibles riesgos de radicalización. Y mientras tanto, como en la famosa película de Fellini, e la nave va. El proceso más o menos velado de construcción nacional seguía imperturbablemente. Otra cosa es que sea ya imparable. Que no lo es.

Más allá de esas palancas, utilizadas de forma consciente y concienzuda, se ha usado también el debate político cotidiano para ir subrayando la «diferencia» y el supuesto agravio comparativo, con innegables aportaciones de torpeza política por parte de los gobiernos españoles y las fuerzas que les han dado sustento (PP y PSOE). Hay múltiples ejemplos, pero me centraré en tres: los debates sobre la financiación autonómica, los referidos a las infraestructuras y el debate y evolución del malhadado proceso en torno al nuevo Estatuto.

LOS DEBATES MAL PLANTEADOS Y PEOR RESUELTOS

El debate sobre la financiación, recurrente e inevitable en la medida que ha habido que ir adaptándola a las circunstancias de cada momento, ha venido contaminado ab initio por las excepciones vasca y navarra. Pero no tanto por sus sistemas de recaudación (el concierto y el convenio, respectivamente), sino por la ausencia de solidaridad en el cálculo de los cupos que deben cubrir el coste del ejercicio de las competencias del Estado en el territorio respectivo o aquellas de carácter no territorializable (como la defensa o la política exterior, o la propia solidaridad). Y cabe decir que el PNV ha sabido explotar muy eficazmente su eventual contribución a la estabilidad política del Gobierno de España. Antes y también ahora. Pero se mire como se mire, se trata de un claro agravio comparativo que contradice el artículo 138.2 de la Constitución.

Sin embargo, al margen de este crucial punto, las discusiones sobre el sistema de financiación han estado mucho más marcadas por la confrontación entre territorios (contaminándolo con las balanzas fiscales, en un ejercicio clamoroso de acumulación de posverdades) que por un debate serio y riguroso sobre cómo garantizar el correcto ejercicio de las competencias atribuidas legalmente a cada nivel de Administración, en beneficio de los ciudadanos de cada territorio.

Porque, es inevitable, si restablecemos un mínimo de lealtad política e institucional, que la salida correcta al debate debe ser el cambio de énfasis en la discusión en el sentido apuntado. Me explico brevemente. Al principio del proceso, los primeros Estatutos fijaban unos tributos que serían cedidos a las comunidades autónomas (sobre todo para tener caja), pero el grueso de sus ingresos venían de una participación en los ingresos del Estado, para cubrir el coste efectivo de los servicios traspasados (directos, indirectos y de inversión) y que se acordaba en el marco de una serie de comisiones bilaterales de valoraciones. Y no había el menor interés por gestionar y recaudar ninguno de los grandes impuestos, ya que, en un cálculo político interesado, los políticos autonómicos consideraban que gestionar el gasto les reportaba réditos electorales y recaudar impuestos suponía un coste que preferían que fuera asumido por la Administración central. Así fue durante bastante tiempo, a pesar de los límites que se fueron imponiendo a raíz de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), una ley luego prácticamente invalidada por el Tribunal Constitucional —con el aplauso, entonces, de los nacionalistas—, en base a que quien debía aplicar los criterios no era el poder legislativo y, mucho menos, el ejecutivo, sino el poder judicial.

El punto de inflexión se produce a raíz de la precaria mayoría parlamentaria del PSOE a partir de 1993, que le obliga a depender de los votos del grupo parlamentario de CiU en el Congreso. Como consecuencia, por primera vez, se acepta la cesión de un porcentaje (el 15 %) de la recaudación de uno de los grandes impuestos (el IRPF), aunque sin capacidad normativa, una concesión que fue agriamente criticada por la oposición, que la calificó de excesiva y la acusó de poner en riesgo la cohesión. Por parte de CiU, una de las contrapartidas políticas fue proporcionar el apoyo necesario para ejercer la presidencia de la Unión Europea, en el último semestre del año 1995, con un Gobierno en pleno ejercicio de sus competencias. Aunque a continuación CiU no permitió que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado de 1996, lo que provocó las elecciones anticipadas que dieron lugar al primer Gobierno del PP.

Desde luego, la crítica del PSOE fue también muy contundente cuando, un tiempo después, el PP, en virtud del Pacto del Majestic, además de suprimir el servicio militar obligatorio y los gobernadores civiles, aceptar que los presidentes de los Puertos del Estado lo fueran a propuesta de las comunidades autónomas y aprobar el despliegue de la policía autonómica, con carácter integral, en Cataluña, va más allá y cede el 30 % de dicha recaudación, con una cierta capacidad normativa sobre ese tramo.

Por no hacer larga la historia, concluiremos diciendo que hoy tenemos un sistema a todas luces ineficaz —entre otras cosas, y a pesar de querer satisfacer especialmente a Andalucía y Cataluña, se basa en un contexto económico previo a la crisis y muy centrado en la capacidad recaudatoria relacionada con el boom de la construcción residencial—, pero que supone la cesión de la recaudación del 50 % del IRPF (con amplia capacidad normativa) y del IVA, además del 57 % de los impuestos especiales más relevantes. Y no se ha roto nada, excepto que, por la mala gestión y por la crisis económica, hay varias comunidades autónomas (todas las del arco mediterráneo, incluyendo Cataluña) que están en una situación financiera absolutamente dependiente de las aportaciones del Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que muestran una incapacidad manifiesta de atender a sus obligaciones.

Es por ello por lo que hay que negociar lo antes posible un nuevo sistema que garantice la suficiencia financiera (y la responsabilidad fiscal, tanto en los ingresos como en los gastos) de las comunidades autónomas, para que puedan atender sus obligaciones en lo que se refiere a servicios sociales básicos, como educación, sanidad o dependencia, y garantizar, además, una igualdad de dotaciones per cápita antes de atender a los requerimientos de solidaridad. Y distribuir los impuestos con esa lógica, en un debate propio y característico de los Estados federales, desde la lealtad institucional.

También es necesario desligar del todo ese tema del debate estéril sobre las llamadas «balanzas fiscales», objeto de tantas posverdades que se han demostrado puras mentiras, como la que argumenta que en la Constitución alemana existen unos topes a la solidaridad, o que el déficit fiscal catalán asciende a unas cifras astronómicas, en contra de toda evidencia mínimamente rigurosa y seria. Se ha llegado a preguntar a los ciudadanos en qué querrían gastarse tamaña cantidad, a su disposición al día siguiente de la eventual independencia, en lo que supone un engaño despreciable. Solo Goebbels se habría atrevido a tanto.

Nadie paga más o menos impuestos por el hecho de ser catalán o extremeño. Es puro sentido común. Se pagan impuestos directos en función de la renta, se esté donde se esté, e impuestos indirectos en función de las transacciones, se hagan donde se hagan, o aportan las mismas contribuciones sociales, se trabaje donde se trabaje, en tanto que persona física o jurídica. Otra cosa son los recargos o el resultado de decisiones políticas de las comunidades autónomas. Los madrileños pagan menos impuestos que los catalanes o los andaluces, pero es el resultado de posiciones políticas favorables a menores impuestos o, por el contrario, de posiciones intervencionistas y que pretenden resolver los problemas sobre la base de meter la mano directamente en el bolsillo de los contribuyentes. Nada tiene que ver la Administración central en ello. El debate, pues, no puede centrarse en el lado de los ingresos, ya que si algunos territorios aportan más que otros no es por criterios territoriales, sino porque simplemente sus ciudadanos o sus empresas generan mayores rentas o porque generan más transacciones en virtud de su mayor dinamismo económico.

Vayamos, entonces, al lado de los gastos, en sus diferentes capítulos. Tanto las retribuciones de los empleados públicos como los gastos corrientes, así como las grandes partidas del gasto como las pensiones o la prestación de desempleo, son homogéneas para el conjunto de España. El debate, pues, debe situarse en las transferencias, corrientes y de capital, y en las inversiones, fundamentalmente en infraestructuras, por parte del Estado. Y ese es otro punto fundamental: cuando se habla de la financiación de Cataluña, se confunde todo lo que ingresan y gastan todas y cada una de las administraciones con la financiación de una de esas Administraciones (la de la Generalitat). Se confunde la parte con el todo. La discusión sobre la inversión del Estado en infraestructuras nada tiene que ver con el sistema de financiación de la administración de la Generalitat. Pero para algunos, cuanta más confusión y frivolidad se aporte al debate, mejor para sus intereses, respondan o no a la verdad.

Pasemos, ahora, a las infraestructuras. Es verdad que siempre es deseable tener cuantas más y mejores. Y que temas como el corredor mediterráneo o la red de trenes de cercanías o la conexión ferroviaria con Valencia han tardado más de la cuenta, al margen de la dificilísima situación presupuestaria de los últimos años. Pero no es menos cierto que Galicia o Murcia aún no tienen AVE o que, muchas veces, la responsabilidad de retrasos (como el del llamado Cuarto Cinturón) no corresponde de manera especial al Gobierno español. Bien está, en todo caso, reclamar esas infraestructuras, con argumentos serios y que pueden ser perfectamente coherentes con las necesidades del conjunto de España, como el corredor mediterráneo de Algeciras a la frontera francesa. Sin embargo, de ahí a afirmar, como se hace a menudo, que la dotación de infraestructuras de transporte (terrestre, por carretera o por ferrocarril, marítimo o aéreo) en Cataluña es altamente deficitaria por una voluntad premeditada, solo puede responder a la ignorancia supina, a la manifiesta mala fe o, lo que es más probable, a ambas cosas. Cataluña dispone de una red envidiable de alta velocidad ferroviaria que conecta las cuatro capitales, de una red de autopistas y autovías que resiste cualquier comparación internacional, de dos puertos de titularidad estatal en proceso de crecimiento continuo y de un aeropuerto que está entre los mejores de Europa y que goza de la mayor conectividad en todo el continente. Otra cosa es la mejora, que ya se está produciendo, en la conectividad intercontinental. Pero ese es otro debate contaminado por otra posverdad: esa mejora no depende básicamente de ninguna voluntad política. De ahí el error descomunal y costosísimo de la experiencia fallida de Spanair, en la que, por cierto, participó de manera entusiástica —aunque arriesgando poco dinero— la llamada «sociedad civil», que, como se vio, tampoco es garantía de acierto en los diagnósticos y, mucho menos, en la terapéutica a aplicar. En cualquier caso, los vuelos intercontinentales se están implementando en virtud de las estrategias de las compañías aéreas, una vez analizada su rentabilidad y en el marco de la competencia absolutamente abierta en el sector. No hay mucho espacio para las teorías conspirativas, aunque, en Cataluña, existe todavía gente que cree que, todas las mañanas, hay una reunión en «Madrid», para ver qué puede hacerse para «fastidiar» a Cataluña. Es más, que casi no piensan en otra cosa. La frustración sería enorme si supieran la verdad, que es que la atención se centra en otros asuntos de mucha mayor envergadura.

Terminemos con un repaso del proceso de elaboración y aprobación del nuevo Estatut. Ya nos hemos referido a sus inicios y (¡otra vez!) al complejo de Pasqual Maragall, al frente del Tripartito, de aparecer como más catalanista que el propio Jordi Pujol, planteando una reforma del Estatut de 1979 que nadie pedía, ni el propio Pujol, en sus veintitrés años de gobierno. Se partía de la base de que aquello no iba a salir adelante, dada la oposición del PP, entonces en el Gobierno, donde previsiblemente iba a seguir estando los siguientes años.

El resultado imprevisto de las elecciones generales de 2004 cambia del todo el escenario previsto y acelera el debate en el Parlament para elaborar no ya una reforma sino un nuevo Estatut que, claramente, desde el principio, vulnera el espíritu y la letra de la Constitución. Su desarrollo se deja en manos de Iniciativa per Catalunya, con la complicidad rupturista de ERC, y la increíble aquiescencia de un acomplejado PSC, incapaz de fijar límites y de expresar en público lo que defendía en privado. Algo que suele dar muy malos resultados en política, como luego se vio.

Pero lo peor estaba por venir.

Porque esa dinámica solo podía avanzar si se producían dos hechos en apariencia casi imposibles. Uno, que CiU, desde la oposición, posibilitara un nuevo Estatuto bajo la presidencia de Maragall y con el Tripartito; y otro, que el Gobierno español aceptara esa dinámica, marginando al PP, y, por lo tanto, rompiendo el principio de consenso sobre las instituciones, establecido a partir de la Transición.

Sin embargo, lo que parecía tan improbable sucedió, porque se produce un pacto, en dos fases, entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, literalmente con nocturnidad y alevosía, al margen de las instituciones y las fuerzas políticas catalanas. Un caso clamoroso de traición, que, como hemos visto luego, algunos califican de «astucia». Y de ese pacto surge, primero, un Estatut delirante aprobado por el Parlament (ahí algunos deberían haber aprendido que lo que empieza mal suele acabar mal) y, luego, la aprobación, sin consenso, de un nuevo Estatuto que, como luego demostró el Tribunal Constitucional en una sentencia muy respetable por su rigor y por su sensibilidad, era en muchos puntos muy dudosamente constitucional.

El daño ya estaba hecho y era enorme. Porque no resolvió nada en absoluto (me pregunto si algún ciudadano catalán ha notado en su vida cotidiana algún cambio relevante), pero sí alimentó el discurso victimista, el «España ni nos acepta ni nos comprende», y, en lugar de superar el «conflicto» (como creía Zapatero), ha contribuido a situarlo en el peor de los escenarios. Cabe decir en este punto que la actitud absolutamente beligerante del PP ayudó a alimentar la tragedia, al permitir, en la práctica, que se identificara una posición política contra un Estatuto elaborado sin consenso y con grandes dosis de dudosa constitucionalidad con una actitud directamente anticatalana. De todos esos polvos, estos lodos…

La conjunción de todo lo expuesto ha llevado a la convicción de los políticos nacionalistas de que había llegado ya el momento… Vamos, pues, a ello.

UN GRAVÍSIMO ERROR DE CÁLCULO

En general, la precipitación y el mal cálculo de los tiempos suele comportar el más rotundo de los fracasos. Calibrar mal las fuerzas reales de las que uno dispone, con independencia del grado de osadía que se pueda ejercitar, salvo en casos excepcionales, lleva indefectiblemente al sufrimiento y a la derrota.

En el caso que nos ocupa, la pretendida osadía nacionalista —ejecutada sin ningún rigor y con escaso coraje, revestido de una ridícula pretensión de astucia— ha ido acompañada de una pésima valoración de la correlación de fuerzas en presencia y de un exceso culpable de voluntarismo. Atribuible, como se mencionó con anterioridad, a la creencia de que basta con sostener unas razones para pensar que sin duda te van a dar la razón. Pero, como suele decirse, la vida es muy dura. Y la diferencia entre la adolescencia y la madurez pasa, precisamente, por esa constatación y por la adaptación de los comportamientos a la realidad de las cosas.

Está claro que el independentismo catalán no ha pasado aún de su fase adolescente. Y, por ello, va a fracasar en su visión de la vida. Eso sí, tras una grave crisis de frustración, que afectará al conjunto de la sociedad catalana y, en particular, a los que se han creído e ilusionado con determinadas quimeras.

El resultado de esos errores de cálculo se refleja en unas cuantas realidades. La primera es que, a pesar de la intensísima campaña de agitación y movilización, el movimiento independentista no ha conseguido una mínima mayoría social, y sin ella su pretensión resulta del todo inconsistente. Ya no basta con la posverdad de afirmar que sus acciones responden a un mandato del pueblo catalán expresado democráticamente. Es demasiado evidente que eso no es así. Y por ello insisten en el referéndum, con la esperanza de que esa demanda sí pueda ser asumida por una clara mayoría de la sociedad catalana. Sin embargo, para esa mayoría necesitan incorporar a la izquierda, más allá del PSC. Y la insistencia de esta por que sea un referéndum legal, acordado y reconocido internacionalmente lo hace, en la práctica, inviable. Porque un referéndum sin esos requisitos lo hace (sí o sí) tan políticamente inútil como lo fue el simulacro del 9N, hecho, de nuevo, con engaño, revestido de astucia.

La segunda realidad es que el independentismo catalán no solo no ha recabado ningún apoyo internacional, a pesar de los patéticos y esperpénticos intentos en ese sentido, sino que, en general, ha suscitado una clara animadversión en un mundo inestable e incierto y ocupado en las consecuencias mucho más serias de los profundos cambios en el escenario geoestratégico global, difíciles de entender para los que no ven más allá de sus propios ombligos y que creen que los demás «no hablan de otra cosa».

La tercera realidad es la ausencia de liderazgo. Lo intentó Artur Mas y su fracaso ha sido clamoroso. Nadie, hoy, le pone la cara al procés. Y quién más y quién menos, quiere sacudirse de encima las posibles consecuencias legales de su eventual protagonismo o asume con resignación ser objeto de su particular martirologio. Porque no hablamos tampoco de un movimiento mínimamente homogéneo y coherente. CiU o lo que queda de ella, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), es adversario natural de ERC. El resto de los integrantes de Junts pel Sí lo son de aluvión, y cualquier coincidencia con lo que representa la CUP, más allá del objetivo rupturista de la independencia, no existe. Es más, para la CUP, la independencia no es un objetivo en sí mismo, sino solo un paso necesario para acelerar la destrucción del sistema a través de su desestabilización profunda. Y eso, sin duda, no puede más que restar apoyo social al movimiento, que acoge amplios sectores de la pequeña burguesía rural, el mundo menestral, buena parte del pequeño empresariado centrado en el mercado local, profesionales liberales más o menos diletantes y sectores irritados con las consecuencias devastadoras de la crisis económica. Son los mismos, en este último caso, que, en otras partes, nutren todo tipo de movimientos populistas. De hecho, todos los populismos coinciden en ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, centrándolas en la identificación de un enemigo externo. Como los nacionalismos.

Tampoco cabe utilizar la corrupción para desprestigiar y deslegitimar a las instituciones. Porque los episodios de corrupción manifiesta son transversales y también particularmente escandalosos en el entorno inmediato del nacionalismo catalán. En cualquier caso, no existe una clase dirigente capaz de liderar el movimiento. La llamada «burguesía catalana» ya no existe como clase social, porque nadie quiere asumir ningún protagonismo ni el más mínimo riesgo que ponga en peligro su nivel y calidad de vida. Es otro de los mitos caídos.

Está claro que con esos mimbres, poco o nada se puede construir. El independentismo, hoy, en su particular concreción política, está condenado al fracaso. Y muy pronto. Ellos lo saben.

Otra cosa es, parafraseando a Lenin, qué hacer ante esta situación para que ese fracaso sirva para reconducir todo lo que se ha roto y recuperar todo lo positivo que se había conseguido. En mi opinión, aún estamos a tiempo, si hacemos las cosas bien tanto a corto como a medio y largo plazo.

¿QUÉ HACER?

Hay que hacer muchas cosas, pero las podemos resumir en una sola: POLÍTICA. Así, con mayúsculas.

La política, en democracia y en el sentido más noble del término, se basa en el diálogo y en la defensa de las convicciones debidamente confrontadas en el marco de las instituciones. Con un límite infranqueable: el respeto a la ley y las reglas del juego de las que nos hemos dotado entre todos. Y poco hay que dialogar con aquellos que no las respetan, porque ese es un requisito previo y una condición necesaria. Ningún Gobierno legítimo puede, ni debe, hacer otra cosa. Si además no hay con QUIÉN dialogar, tampoco hay de QUÉ dialogar. Sin embargo, a partir de ahí, hay un amplísimo terreno de juego.

A corto plazo, el objetivo debe ser decantar hacia la idea de España a ese porcentaje (que está en torno a un 20 o 25 %) que ha engrosado el independentismo «sobrevenido», lo que permitiría ensanchar suficientemente la base social de apoyo a la idea de que España es un buen negocio para los catalanes. Pero, a medio y largo plazo, ese porcentaje de apoyo (en torno al 70 o 75 %) debería consolidarse y permitir encauzar el problema, por lo menos, para una próxima generación.

Intentando ser consistente con todo lo dicho, la política democrática debe además entenderse como pedagogía y como batalla en el terreno de las ideas. Debe contraponer argumentos, rebatir los de los contrarios y no dar por innecesaria la lucha ideológica, ante el mero argumento de que te ampara la legalidad. En ese terreno he intentado situar el presente pequeño ensayo, aportando hechos y argumentos que voy a intentar sintetizar en las líneas siguientes. Ojalá puedan ser de utilidad.

A TÍTULO DE RECOPILACIÓN

1. Cataluña es un sujeto político que indiscutiblemente merece reconocimiento como tal, aunque no quepa reconocerle capacidad soberana porque no la ha tenido, en la práctica, nunca (nunca ha sido de verdad independiente), como hemos visto a través del repaso por su propia historia. Y tal reconocimiento no encaja ni en la Constitución (más allá de la posibilidad de ser reformada de acuerdo con sus propias normas, como así lo ha explicitado el Tribunal Constitucional) ni en el derecho internacional, que se basa en el respeto a las normas constitucionales de cada Estado.

2. Por lo tanto, su encaje político adecuado debe canalizarse, como se ha hecho exitosamente en las últimas décadas, a través de su incardinación constitucional en la España plural, reconocida en la Constitución de 1978.

3. Esa incardinación debe incorporar, como así ha sido en buena medida, singularidades evidentes, relacionadas con una lengua muy extendida y propia de buena parte de los ciudadanos y asumida también como propia por una gran mayoría. Y debe tener su reflejo en la protección y fomento de las actividades culturales y en el reconocimiento y apoyo, como una lengua española, por los poderes públicos estatales.

4. Además, existen otras singularidades, derivadas de una aplicación concreta de la Constitución, tales como las competencias sobre las instituciones penitenciarias o sobre la policía, además de las preexistentes, preservadas y reconocidas, como las que se derivan de un derecho civil y de familia propios.

5. La Constitución y los Estatutos permiten un amplísimo margen para el ejercicio pleno de competencias tan importantes como la sanidad, los servicios sociales o, singularmente, la educación.

6. Sin embargo, es imprescindible que el ejercicio de las mismas se haga desde la lealtad institucional y política, y que no sirvan, como así ha ocurrido en ocasiones, para erosionar la conciencia nacional de España e ir construyendo una nueva conciencia nacional catalana, contrapuesta a la anterior.

7. Es también necesario garantizar la presencia de los símbolos propios de España y del Estado, en plena armonía con los propios de Cataluña. Me refiero a los inclusivos, como la senyera, y no los divisivos, como la estelada.

8. Asimismo, debe garantizarse la neutralidad institucional y política de los medios de comunicación de titularidad pública y evitar sesgos excesivos, comprados con subvenciones, de los medios de titularidad privada.

9. Todo ello debe ir acompañado de una política activa de fomento y promoción de la pluralidad de España en el conjunto del territorio, para que se interprete que la diversidad no es nunca un obstáculo sino un bien a preservar y proteger.

10. Es absolutamente urgente poner en marcha un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que se centre en la igualdad de prestaciones sociales, en la solidaridad y en la suficiencia, pensando en los ciudadanos y no en la redistribución del poder político.

11. Es también imprescindible una política transparente y pedagógica sobre las inversiones en infraestructuras, para evitar fáciles discursos victimistas.

12. Sobre todo, hay que establecer un canal directo de comunicación con la sociedad catalana, mientras no exista lealtad institucional por parte de las instituciones catalanas, para hablar con claridad y transparencia de sus problemas, necesidades y anhelos, sin intermediarios que adulteren y distorsionen cualquier aproximación en ese sentido, y «arropando» a los ciudadanos que, mayoritariamente, quieren ser catalanes y españoles, en un marco de libertad y convivencia que hay que recuperar lo antes posible.

13. Y hacer política constantemente. Hasta ahora, ha estado en manos de los independentistas casi de forma exclusiva. Hay que hablar mucho, presentar propuestas, abrir debates y contraponer argumentos. Es necesario ganar o recuperar a los indecisos y a los «sobrevenidos».

14. Para ello, es imprescindible construir un relato atractivo de España. Existe una correlación negativa entre el prestigio y la imagen de España y la emergencia de los nacionalismos disgregadores. Un relato que permita seducir a una mayoría de ciudadanos, y no solo en Cataluña, por cierto.

15. Ahora nos encontramos en un momento clave. Para muchísimos de nosotros, la idea de España solo cobrará pleno sentido en este siglo XXI, en el marco de la construcción política de una Europa cada vez más unida. En el convulso momento geopolítico que vivimos, si Europa (y España dentro de ella) no profundiza en su unidad (y en la percepción externa de la misma) se irá haciendo cada vez más irrelevante. Y los Estados europeos también. Suele decirse, y es cierto, que estos se dividen entre los pequeños y los que aún no saben que lo son. El futuro de España pasa por ahí. Y el futuro de Cataluña, más que nunca, también.

16. Aunque no sea objeto de este pequeño ensayo, el mundo, gracias a la vertiginosa e imparable revolución digital, va a estar cada vez más conectado (de ahí, lo absurdo y reaccionario que es, históricamente, buscar la «desconexión») y, a pesar de todo tipo de resistencias, más globalizado. Ir en la dirección contraria es ir en contra de los vientos de la historia.

17. Por ello, la labor pedagógica (la política es, en buena medida, pedagogía) por parte de todos los involucrados en nuestro destino común es imprescindible y, si se quiere, exigible. Hay que insistir permanentemente en los grandes desafíos que tenemos por delante. Siempre es mejor sumar que restar.

18. Eso es algo que los catalanes que nos sentimos españoles, que somos muchos, deseamos que suceda. Y lo que esperamos de las instituciones, del Gobierno, de los principales partidos políticos y, también, de la sociedad civil.

19. Los grandes avances históricos se producen siempre a través de la confluencia de aspiraciones y objetivos en una perspectiva inclusiva. No podemos permitirnos errar el tiro una vez más.

20. El objetivo común debe ser, parafraseando a Cambó, una Cataluña libre (que ya lo es) en una España grande. Hoy debemos añadir que para que esa España, también libre y democrática, sea grande, debe contribuir de forma activa a una Europa fuerte y que sea claro estandarte de la defensa de los valores de la democracia representativa, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y de la solidaridad. Un ámbito que, a pesar de todo, hace del proyecto político europeo el más atractivo del mundo para sus miles de millones de habitantes. Ese es el mejor y más potente de los componentes de nuestro soft power. Y solo será así si lo empujamos juntos.

Notas

1. Entre las obras aparecidas en los últimos años, anotamos, de nuestros autores, las siguientes: Las cuentas y los cuentos de la independencia, de Josep Borrell y Joan Llorach (La Catarata, 2015); Paciencia e independencia, de Francesc de Carreras (Ariel, 2014); España desde una esquina, de Juan-José López Burniol (La Esfera de los Libros, 2007), así como las referencias sobre el tema en Què pensa Josep Piqué, de Cristina Sen (Edicions Proa, 2003). En este mismo sello editorial se han publicado algunos ensayos, como, por ejemplo, ¿Adónde vas, Cataluña?, del profesor Ramón Tamames, o textos con una orientación periodística, como ¿España sin Cataluña?, de Joan Tàpia, y Cuando se jodió lo nuestro, de Arturo San Agustín. (N. del e.)

1. Antoni Zabalza, «El poder imaginado del secesionismo». El País, 28 de abril de 2017.

2. Adolf Tobeña, La pasión secesionista. Psicobiología del independentismo, ED Libros, Barcelona, 2017.

3. Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2015. El autor actualiza y reelabora algunos fragmentos en distintos apartados de esta obra.

4. Albert Satorra, Montserrat Baras, Josep M. Oller, La Cataluña inmune al «procés», SCC, Barcelona, 20 de abril de 2017. En <https://www.societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/docs/La-Cataluna-inmune-vf.pdf>.

5. Tobeña, ob. cit.

6. Véanse al respecto los trabajos de Pau Marí-Klose, profesor de sociología en la Universidad de Zaragoza.

7. Joaquín Coll, «Una nueva propuesta para Cataluña», El País, 15 de mayo de 2017.

8. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Report on Fiscal Federalism, 2016.

9. Ramon Marimon, «Por una descentralización creíble», El País, 23 de marzo de 2017.

10. Joaquim Coll, «Una respuesta diferente al secesionismo», El País, 15 de mayo de 2017.

11. Tobeña, ob. cit.

12. Víctor Ferreres Comella y Josep Ramoneda, «Discutamos el Estatuto», El País, 7 de octubre de 2005.

13. Miquel Iceta, La Tercera Vía. Puentes para el acuerdo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017.

14. Tobeña, ob. cit.

15. Salvador Enguix, «Susana Díaz, dudosa aliada de Ximo Puig por el corredor mediterráneo», La Vanguardia, 22 de marzo de 2017.

16. Tobeña, ob. cit.

17. Joseph Weiler, «Catalonian Independence and the European Union», European Journal of International Law, 23 (4), 2012, pp. 909-913.

18. Ana Mar Fernández Pasarín, «Quo vadis, Artur Mas?», El País, 31 de octubre de 2012.

19. A lo largo de estas páginas, especialmente en este apartado, el autor retoma y reelabora partes de un texto anterior incluido en su libro Los idus de octubre. Reflexiones sobre la crisis de la socialdemocracia y el futuro del PSOE (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017), así como de sus artículos publicados en el diario digital Nueva Tribuna.

20. El artículo 2 dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

21. Fredy Perlman, El persistente atractivo del nacionalismo y otros escritos, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013.

22. Zeev Sternhell, «Le Front national est la seule grande constante de la vie politique française», Le Monde, 29 de abril de 2017.

23. Ernest Renan, «Qu’est-ce qu’une nation?», en Discours et conférences, Calmann Lévy Éditeur, París, 1887.

24. Carme Chacón y Felipe González, «Apuntes sobre Cataluña y España», El País, 26 de julio de 2010.

25. Anselmo Carretero, La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos, Fomento de Cultura Ediciones, Valencia, 1968.

26. Xavier Domènech, Hegemonías. Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013), Akal, Madrid, 2014.

27. Ernest Lluch, «¿Cataluña expoliada?», La Vanguardia, 13 de agosto de 1992.

28. La traducción es mía.

29. Ídem.

30. Oriol Junqueras, «Un pas endavant del sindicalisme nacional», in.directe!cat, 31 de enero de 2012.

31. La traducción es mía.

32. Klaus-Jürgen Nagel, «Els límits de la solidaritat territorial alemanya. Els mecanismes de l’anivellament financer són lluny del concepte de dèficit fiscal», L’Avenç, 382, septiembre de 2012. En ambos casos, la traducción es mía.

33. Ídem, «Solidaritat territorial a Alemanya: quan el sud paga el nord (i l’est)», Eines, 18, verano de 2013.

34. Isaac Lluch, «El fals mirall de la balança fiscal alemanya», Ara, 9 de abril de 2011.

35. Spiegel International, 18 de julio de 2012. En el artículo aparecían resumidos varios textos publicados en la prensa alemana sobre solidaridad fiscal.

36. Núria Bosch, Anàlisi econòmica del procés d’independència de Catalunya, Fundació Josep Irla, Barcelona, 2013.

37. Quentin Peel, «Bavaria challenges subsidies to poorer states», Financial Times, 17 de julio de 2012.

38. Véase Borrell y Llorach, Las cuentas..., ob. cit.

39. La traducción de estas y otras palabras de Andreu Mas-Colell es mía.

40. Albert Carreras, Volem la independència?, Base, Barcelona, 2015. La traducción es mía.

41. En «Impacte econòmic de la independència», número extraordinario 1 de la Revista de Catalunya, 2016. La traducción es mía.

42. La traducción es mía.

43. Iceta, ob. cit.

44. Para más detalles hay muchas referencias solventes, como la del jurista y diputado Ferran Pedret, en «Salir del bloqueo. Reflexiones desde el socialismo», Papers de la Fundació Rafael Campalans, 166, junio de 2016.

45. Joaquim Coll, «Una respuesta diferente para Cataluña», El País, 15 de mayo de 2017.

1. Gaziel, «¿Una nueva Cataluña?», La Vanguardia, 28 de noviembre de 1930.

2. En estas páginas el autor retoma y sintetiza parcialmente un artículo anterior. Véase Francesc de Carreras, «La tradición histórica y el catalanismo actual», Cuadernos de Alzate, 42, 2010, pp. 20-34.

3. Borja de Riquer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 27.

4. Valentí Almirall, Lo catalanisme, Edicions 62, Barcelona, 1979, p. 102. La traducción es mía.

5. Torras i Bages, Maragall, Cambó, La actitud tradicional en Cataluña, Rialp, Madrid, 1961, pp. 67-68. Compilado por J. B. Solervicens y con prólogo de L. Durán i Ventosa. Las citas de este apartado corresponden a la obra.

6. Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, Edicions 62, Barcelona, 1978. Todas las citas proceden de esta edición. La traducción es mía.

7. Precisamente contra el federalismo de Pi i Margall iba dirigido el importante libro de Lluís Duran i Ventosa titulado Regionalismo y federalismo (1905), con un largo prólogo de Prat de la Riba, que hacía suyas las opiniones del autor. Probablemente, la tesis más significativa de la obra es la de señalar no ya las diferencias, sino el antagonismo entre el nacionalismo de la Lliga y el federalismo de Pi i Margall. Siguiendo esta línea, casi un siglo después, Jordi Pujol afirmó en diversas ocasiones que él no era federalista.

8. Una interpretación muy sugestiva de este catalanismo inicial es aquella que lo asemeja al regeneracionismo español, el de Joaquín Costa, Lucas Mallada, los escritores de la generación del 98, los krausistas discípulos de Julián Sanz del Río —Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, Adolfo Posada— hasta llegar a la generación de 1914, la de José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. Si bien las diferencias ideológicas eran notables, el regeneracionismo y el catalanismo compartían una misma preocupación: la reforma del Estado de la Restauración y el cambio político, económico, social y moral, de España. En este sentido, el catalanismo político sería la forma que adoptó en Cataluña el regeneracionismo español. Un campo por explorar es la similitud entre las políticas que desarrolló Prat de la Riba en los fructíferos años de su presidencia de la Mancomunidad (1914-1917) con las que había desarrollado ya Giner de los Ríos al frente de la Institución Libre de Enseñanza.

9. Antonio Santamaría, Foro Babel. El nacionalismo y las lenguas de Cataluña, Áltera, Barcelona, 1999, pp. 14-15.

10. Según los cálculos de la demógrafa Anna Cabré, sin la inmigración que comenzó a producirse a principios del siglo XX, Cataluña solo habría tenido 2,4 millones de habitantes en la década de 1980 y no los seis millones que tenía entonces.

11. El monasterio de Montserrat, los boy scouts (o escoltes), sacerdotes de parroquia y algunas órdenes religiosas adoptaron una actitud ambigua pero de una cierta continuidad cultural con la Cataluña conservadora y catalanista anterior a la Guerra Civil. Revistas liberales como Destino o católicas progresistas como El Ciervo, editoriales como Selecta —que editaba las obras clásicas y actuales de la literatura catalana desde mediados de la década de 1940— y, a partir de los últimos años cincuenta, la revista Serra d’Or son fenómenos singulares en la España de la época. En este sentido, Cataluña fue, dentro de la España franquista, un caso aparte.

12. Editoriales como Edicions 62; el fenómeno de la nova cançó; la formación de compañías de teatro independiente; una nueva generación de periodistas tras la supresión de la censura previa en 1966 —que permitió también el comienzo de una opinión pública catalana—; una nueva generación de novelistas, ensayistas y poetas; el empuje de un núcleo impulsor de nueva creatividad en materia de arquitectura, urbanismo, diseño y fotografía; el espíritu cosmopolita de la gauche divine, y los cambios en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, además de un amplio movimiento de estudiantes y profesores en la universidad, e incluso el simbolismo catalanista que se quiso atribuir al Barça, son algunos ejemplos de un nuevo clima de cierta libertad ideológica controlada que no hubiera sido posible sin la complicidad entre derechas e izquierdas que generaba el sustrato común cultural catalanista.

13 Para el conocimiento de este período, son imprescindibles las memorias de Josep M. Bricall, íntimo colaborador de Tarradellas. Véase J. M. Bricall, Memòria d’un silenci. El govern Tarradellas (1977-1980): una certa manera de fer política, Rosa dels Vents, Barcelona, 2003.

14. La citada comisión mixta aprobó el texto del proyecto con el voto en contra del ultraderechista Blas Piñar y las abstenciones de Alejandro Rojas-Marcos (Partido Andalucista) y Heribert Barrera (ERC). El Estatuto fue aprobado en referéndum por el 88,1 % de los votos a favor y solo un 7,8 % en contra, con una participación, sin embargo, del 59,6 % del censo electoral. Es significativo que el porcentaje de participación en el referéndum de la Constitución fuese más elevado, el 68 %.

15. Entre los diputados catalanes en el Congreso, solo Heribert Barrera, único parlamentario de ERC, propuso que España se organizara como una confederación, alegando que la soberanía residía en el pueblo de Cataluña.

16. Francesc de Carreras, Paciencia e independencia. La agenda oculta del nacionalismo, Ariel, Barcelona, 2014.

17. En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, el PSC y el PSUC sumaron el 46,3 % del voto; en las municipales del mismo año, el 46,9 %. Además, los comunistas iban en ascenso. Mientras, el centrismo —representado por UCD, Convergència i Unió (CiU) y ERC— retrocedía: conseguían un 39,4 % en las generales y un 35,7 % en las locales del mismo año. El voto de Alianza Popular (AP), por su parte, seguía siendo residual (3,6 y 1,3 %, respectivamente, en ambas elecciones).

18. De los votos que perdió el PSC, un tercio fueron a ERC (que dobló su porcentaje), otro tercio al PSA; y el resto, especialmente de antiguos votantes socialistas en el área metropolitana de Barcelona, fue a la abstención. Ahí comenzó la llamada «abstención diferencial»: numerosos socialistas no se reconocieron en una línea política y unos candidatos del PSC empeñados en mostrar actitudes y posiciones simplemente catalanistas. Estos socialistas votaban al PSOE en las generales y se abstenían en las autonómicas. Es más que significativo que la participación en las elecciones generales de 1977 y 1979 fuera del 79,3 y el 68,3 %, respectivamente, mientras que en 1980 solo participó el 61,4 %, siendo diez puntos más baja en las zonas obreras del área metropolitana barcelonesa.

19. Los resultados de las autonómicas de 1984 (en porcentaje de votantes y número de escaños) fueron: CiU (46,6 % y 72), PSC (30 % y 41), AP (7,7 % y 11), PSUC (5,6 % y 6) y ERC (4,4 % y 5).

20. Efectivamente, en las tres elecciones del período (1984, 1988 y 1992), CiU obtuvo un promedio de 46,16 % de los votos y 72, 69 y 70 diputados, respectivamente, cuando la mayoría absoluta requiere 68 escaños. El PSC, por su parte, obtuvo un promedio de 29,13 % de los votos y 41, 42 y 40 diputados. Los demás partidos obtuvieron siempre un 8 % de los votos como máximo y no más de 11 diputados por partido, es decir, muy por debajo de los dos primeros.

21. En efecto, en las elecciones de 1995 y de 1999, CiU pasó a tener el 41 y el 37,6 % de los votos, con 60 y 56 diputados (es decir, perdió casi diez puntos y 14 diputados). Curiosamente, el beneficiado en las elecciones de 1995 no fue el PSC, sino el Partit Popular de Catalunya (PPC) —dirigido entonces por Alejo Vidal-Quadras—, que obtuvo más del doble de su porcentaje anterior (13,1 %) y siete diputados más que en las anteriores elecciones (17), exactamente los que perdió CiU. Los resultados del PPC, no obstante, decayeron en las elecciones de 1999, ya sin Vidal-Quadras como líder: 9,5 % y 12 diputados. El PSC vio disminuir considerablemente sus votos en 1995 (24,8 % y 34 diputados) y remontó en 1999, con Maragall al frente, sobrepasando en votos a CiU pero sin alcanzarle en diputados: 37,8 % y 52 diputados. ERC aumentó su representación en ambas elecciones (13 y 12 diputados) e IC, que había mejorado en 1995, sufrió un considerable descenso por dificultades internas en 1999.

22. Bricall, ob. cit. La traducción es mía.

23. Santamaría, ob. cit.

24. Elisabeth Noelle-Neumann, La espiral del silencio, Paidós, Barcelona, 1995.

25. La idea de «los callados» aparece en la novela El sanatorio, de Nuria Amat, ED Libros, Barcelona, 2016.

26. En realidad, las emisoras públicas catalanas (Catalunya Ràdio y TV3), asesoradas por sociolingüistas nacionalistas, comenzaron a transmitir su ideología mediante el lenguaje. Sin embargo, con el paso de los años, todas las demás emisoras privadas —incluso las de ámbito nacional— han pasado a utilizar este tipo de lenguaje en sus desconexiones para el territorio de Cataluña. Radio Nacional de España y Televisión Española también lo hacen. Como se sabe, utilizar el lenguaje como instrumento poco visible de penetración ideológica y de propaganda política es muy propio de regímenes políticos iliberales y escasamente democráticos con tendencias totalitarias.

27. Para una explicación más amplia sobre esta materia, véase Francesc de Carreras, «Fundamentos de la política lingüística del nacionalismo catalán», Cuadernos de Alzate, 20, 1999, pp. 85-113.

28. Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, pp. 14-15.

29. Véase Francesc de Carreras, «1714 desde la perspectiva política actual», en Antonio Morales Moya (ed.), 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII, Cátedra, Madrid, 2014, pp. 449-466.

30. David Rieff, Contra la memoria, Debate, Barcelona, 2012, p. 37.

31. Es de justicia excluir de esta lista, entre otros historiadores, a Ricardo García Cárcel, Enric Ucelay-Da Cal, Josep Maria Fradera y Jordi Canal.

32. Así lo explicó Pujol en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid: «Rechazamos la homogeneidad porque no responde a la realidad y rechazamos la homogeneización porque representa siempre una pérdida de identidad y/o un límite a nuestro techo de autogobierno».

33. Véase una crítica en Francesc de Carreras, «Reflexiones sobre la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña», Teoría y Realidad Constitucional, 16, 2005, pp. 43-82.

34. Roberto L. Blanco Valdés, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza, Madrid, 2005, p. 17.

35. Participaron 2,3 millones de ciudadanos, un tercio de los que podían hacerlo, de los cuales un 80 % votó sí a la independencia. El independentismo, en un momento álgido, no alcanzaba realmente los dos millones de partidarios, contando entre estos a quienes, sabiendo que su voto no tenía validez, acudieron a las urnas en señal de protesta. Fue el caso de Ada Colau, después alcaldesa de Barcelona, y de Lluís Rabell —cabeza de lista de Catalunya Sí que es Pot (alianza de IC y Barcelona en Comú) en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015—, que confesaron que habían votado afirmativamente, pero que no lo hubieran hecho si el referéndum hubiera sido válido.

36. Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el histórico partido democristiano cuyo líder era Josep Antoni Duran i Lleida, se había separado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por discrepar de su coalición con ERC. Por tanto, había dejado de existir la federación de partidos coaligados bajo las siglas CiU. UDC se presentó por separado, pero no obtuvo ningún escaño.

37. Desde que fue investido presidente en enero de 2016, Puigdemont ha dedicado la mayor parte de sus tareas a conducir a Cataluña a un referéndum por la independencia y, según él mismo ha declarado, este es el único compromiso adquirido tras el cual dejará el cargo.

1. Josep Maria Bricall, Memòria d’un silenci, Rosa dels Vents, Barcelona, 2003. La traducción es mía.

2. Juan-José López Burniol, España desde una esquina. Federalismo o autodeterminación, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008.

3. Juan Pablo Fusi, La evolución de la identidad nacional, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

4. Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2004.

5. José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 2001.

6. Pasqual Maragall, «Madrid se ha ido», La Vanguardia, 7 de julio de 2003.

7. Josep Maria Puig Salellas, Catalunya: la penúltima cruïlla, Edicions 62, Barcelona, 2003.

8. Ramon Tremosa, Les noves condicions de l’entorn empresarial, en Quaderns de Competitivat, 1, Institut Català de Tecnologia, Barcelona, 2004. La traducción es mía.

9. Juan-José López Burniol, «Desde Cataluña», El País, 19 de mayo de 2005.

10. Vicente Cacho Viu, El nacionalismo catalán como factor de modernización, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes-Quaderns Crema, Madrid-Barcelona, 1998.

11. Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat, Edicions 62, Barcelona, 2017. La traducción es mía.

12. Juliá, ob. cit.

13. Valentí Almirall, Escritos catalanistas: el Renacimiento catalán, las leyes forales y el carlismo en Cataluña, Imprenta de Pedro Casanovas, Barcelona, 1868.

14. En ambos casos, la traducción es mía.

15. Carlos Seco Serrano, «Nacionalismo español y nacionalismos periféricos en la Edad Contemporánea», en Real Academia de la Historia, España como nación, Planeta, Madrid, 2000.

16. Juliá, ob. cit.

17. Cacho, ob. cit.

18. Ernest Renan, «Qu’est-ce qu’une nation?», en Discours et conférences, Calmann Lévy Éditeur, París, 1887. La traducción es mía.

19. Cacho, ob. cit.

20. Pere Meroño, Josep Pallach (1920-1977). Història d’un líder, Edicions 62, Barcelona, 1997. La traducción es mía.

21. Puig Salellas, ob. cit. La traducción es mía.

22. Bricall, ob cit.

23. José María Ridao, Dos visiones de España, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2005. Las citas que figuran en el presente apartado proceden de esta obra.

24. Ferran Requejo, Federalisme plurinacional i Estat de les autonomies. Aspectes teòrics i aplicats, Proa, Barcelona, 2003. La traducción es mía.

25. Joan Triadú, Memòries d’un segle d’or, Proa, Barcelona, 2008. La traducción es mía.

26. Magris, Claudio, El infinito viajar, Anagrama, Barcelona, 2008.

27. A partir de aquí, el autor extracta y retoma contenidos de artículos que publicó en La Vanguardia los días 28 de enero, 4 y 11 de febrero, y 4, 8 y 15 de marzo de 2017.

28. José Ortega y Gasset, La España invertebrada, Calpe, Madrid, 1922.

Escucha, Cataluña. Escucha, España

Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol y Josep Piqué

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