¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?

Fundación Heberto Castillo Martínez A. C.

Viena No. 34 Col. Del Carmen Coyoacán
Ciudad de México

Presidenta: Profa. Maria Teresa Juárez de Castillo

Título original:¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?

MMI Teresa Juárez de Castillo/
Fundación Heberto Castillo Martínez A. C.

ISBN impreso: 968-5326-02-9

ISBN digital: en trámite

Primera edición: junio de 2001

La transformación a libro electrónico del presente título fue realizada por
Sextil Online, S.A. de C.V./ Editorial Ink ® 2016.
+52 (55) 52 54 38 52
contacto@editorial-ink.com
www.editorial-ink.com.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada o trasmitida, de ninguna forma ni por ningún medio, sea eléctrico, electrónico, químico, mecánico, óptico, magnético, de grabación o fotocopia, sin la autorización previa y por escrito de los propietarios de los derechos de autor.

Índice

¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?

Ciclo de mesas redondas

A manera de prólogo

María Teresa Juárez de Castillo

Mesa 1

Política económica

Clara Juidman

Cristina Laurell

Margarita Velázquez

Mesa 2

Política cultural

Jesusa Rodríguez

Eli Bartra

Marta Torres

Marisa Belausteguigoitia

Mesa 3

Política sexual

Ma. Consuelo Mejía

Graciela Hierro

Patricia Jiménez

Marcela Lagarde

Gloria Careaga

Mesa 4

Política ciudadana

Patricia Mercado

Alicia Martínez

Laura Itzel Castillo Juárez

Reflexión final

Marta Lamas

Notas bibliográficas de los autores

La Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C. (FHCMAC), es una institución que surge con el objeto de salvaguardar la obra científica, social y política del ingeniero que le da el nombre.

Desde su constitución, en junio de 1997, la fundación ha sido encabezada por la viuda del político veracruzano, la profesora María Teresa Juárez Carranza, quien se ha dado a la tarea de organizar diversos encuentros con destacados intelectuales estudiosos de la realidad nacional, cuyo resultado es la compilación de 26 títulos diversos que componen la colección digital de la cual forma parte el presente libro.

La FHCMAC cuenta con el acervo histórico del ingeniero Castillo, que desde el año 2005 forma parte del Archivo General de la Nación (AGN).

La Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C., es una institución sin fines de lucro que se sostiene de aportaciones y donativos. Los recursos recabados por la venta de los libros digitales serán utilizados para continuar con la importante labor de investigación, docencia y publicación de documentos y libros necesarios para promover la reflexión y el conocimiento sobre temas de actualidad que forman parte del debate público nacional.

Agradecemos tu apoyo al adquirir alguno de los títulos de la colección.

Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C.

A manera de prólogo

La presente publicación recopila los trabajos presentados durante el foro del mismo nombre que llevó a cabo en mayo del 2000, la Fundación Heberto Castillo Martínez, A. C., con la asesoría de tres investigadoras sociales, especialistas en la problemática de las mujeres. Ellas, cada una con una visión diferente, armaron lo que definieron como el programa ideal que abarcaría los diferentes tópicos aglutinados en cuatro grandes temas: política económica, política cultural, política sexual y política ciudadana.

Gloria Careaga, Luzelena Gutiérrez de Velasco y Marta Lamas son las autoras intelectuales de esta aventura feminista, enmarcada en la vorágine electoral que se vivió en México antes de las elecciones del 2 de julio del presente año.

El orden de las mesas obedece a una lógica que plantea como prioritarias las necesidades económicas de las mujeres y, de los hombres también, sobre las otras que no son secundarias, pero que una vez satisfechas las primeras se facilita el acceso a ellas.

Para cada uno de los temas fue necesario seleccionar y convocar a mujeres y hombres especialistas en la materia; dato curioso: no hay muchos hombres investigadores interesados en nuestra problemática, somos precisamente las mujeres quienes hemos abierto brecha y ganado espacios, primero en el ámbito privado, después en el público.

Las participantes nos llevan, a través de ese viaje mágico que fue el ciclo, a recorrer los avatares de esta historia “femenina de las mujeres”; nos plantean desde diversos puntos de vista un panorama global y completo de esta lucha sin tregua que hasta el día de hoy hemos librado.

¿Aspiración? ¿Utopía? ¿Sueño? En todo caso, este ciclo de mesas redondas tomó el rumbo esperado: ¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?; ¿Es posible lograr esta equidad en un mundo que etiqueta, aun, lo propio de las mujeres diferenciándolo de lo de los hombres? Es posible —coinciden nuestras ponentes— y afirman que la lucha de las mujeres por la equidad le imprime a la búsqueda de una sociedad justa y democrática, su carácter universal.

Feminizar la vida política, social y cultural de nuestro país —dicen— no sólo representa una transformación, sino que, en su mismo proceso, las esperanzas, tan postergadas, se van materializando, el silencio va quedando atrás, las voces femeninas imaginamos, proponemos, construimos, poco a poco vamos incidiendo y decidiendo. Nos unimos y convocamos. Vendrán, con ello, tiempos mejores.

La Fundación Heberto Castillo Martínez, A. C., se congratula al publicar este pequeño volumen en donde las autoras nos llevan a reflexionar sobre el largo y penoso camino recorrido por las mujeres a través de los siglos, en nuestra lucha contra la opresión. No sólo es un apretado recuento de esfuerzos, sino un conjunto de propuestas que, sin duda, vendrán a plantear nuevas vías a la entrega permanente de las mujeres por alcanzar la equidad.

Mesa 1

Política económica

Clara Jusidman

Cristina Laurell

Margarita Velázquez

Clara Jusidman

El desarrollo social y la mujer

A la luz de la experiencia de diseñar y administrar políticas sociales para la Ciudad de México en los últimos dos años, me gustaría en esta oportunidad compartir con ustedes una reflexión sobre esas políticas en relación con las mujeres y la perspectiva de género en la época actual en nuestro país. Posiblemente esta reflexión tenga una carga fuertemente urbana.

Quisiera primero, establecer algunas bases sobre las cuales intento construir esa reflexión y que se refiere al contexto social general, caracterizado por cuatro problemas: la desigualdad, la pobreza, la inequidad y la exclusión.

La desigualdad es la característica dominante en las relaciones sociales y económicas en nuestro país, la que se ha agudizado en los últimos años y se manifiesta en muy diversas formas. El 20% de la población con los niveles de ingreso más bajos recibe el 4.3% del ingreso total, en tanto que el 20% más rico, acumula el 57.5 de este ingreso. En otros planos, las diferencias muestran tendencias a una polarización social igualmente grave, un hogar en el estrato más pobre de la población destina 54% de su ingreso a alimentos, pero con ese monto adquiere el equivalente a la sexta parte de lo que compra un hogar del estrato más rico, siendo que éste le dedica a tales compras menos del 25% de su ingreso. En vestido y calzado la diferencia entre las adquisiciones de un hogar pobre y uno rico es de diecinueve veces, en salud de quince veces y, en educación y esparcimiento, de ochenta y tres veces.

Varios aspectos influyen en la persistencia de la desigualdad en nuestro país, entre los que se destacan la desigual distribución de activos, entre ellos, la tierra, capital y educación; la desigualdad en los niveles de remuneración y la persistencia de la corrupción y la apropiación ilegal de recursos públicos en manos privadas. También influye la desaparición de políticas redistributivas del Estado Mexicano.

La pobreza también se ha profundizado. De acuerdo con un estudio realizado por Julio Boltvinik recientemente, la incidencia de la pobreza a nivel nacional aumentó al pasar del 69.8% en 1984 al 75.1% en 1992, lo que representa un aumento de 5.3 puntos porcentuales.

Una de las variables que más ha afectado la presencia de hogares pobres es la baja retribución al trabajo formal, es decir, no son solamente los desempleados o subempleados los que registran los mayores niveles de pobreza: uno de los datos más alarmantes es que el 50% de los trabajadores al servicio del estado son pobres, como reflejo del deterioro en los niveles salariales de la burocracia.

La pobreza no es sólo una condición económica expresada por ingresos inferiores a una línea de ingreso definida. Es también la ausencia de oportunidades en la sociedad para cambiar esa condición, la carencia de salud, de adecuada educación, de acceso a recursos productivos como el crédito, la tierra, la maquinaria o al empleo remunerado; de acceso a la justicia, de sometimiento ante la discriminación, el abuso, la violencia, la violación constante de los derechos humanos y en el caso, particularmente de las ciudades, la destrucción de redes de protección, de solidaridades familiares y comunitarias.

A la desigualdad y a la pobreza se suma la inequidad que significa un trato y oportunidades desiguales motivadas por razones de edad, sexo, etnia, raza, religión u orientación sexual. En nuestro país a trabajo igual no corresponde una remuneración igual entre hombres y mujeres; entre la población pobre es más elevada la proporción de población indígena con respecto a la proporción que representan de la población total del país; los niños, las niñas, los adultos mayores, la población con discapacidades y las mujeres representan el mayor número de víctimas de la violencia familiar. La inequidad muestra una sociedad culturalmente poco evolucionada, autoritaria y violadora de los derechos humanos de amplios grupos de la población.

Finalmente, la exclusión es un fenómeno que resume las transformaciones sociales del siglo XX en nuestro país: la acelerada urbanización, la transición demográfica, los cambios en la familia, las modificaciones en los valores y la destrucción de redes sociales de protección. La generalización de la adicción y de la violencia familiar está determinando que en las ciudades aumente el número de niños y jóvenes sin techo. Los indigentes son otro ejemplo de un grupo producto de la exclusión social y plantean un reto a las políticas sociales en la actualidad.

Ahora bien, la condición de la mujer en términos de indicadores de calidad de vida ha mejorado en los últimos cincuenta años. En 1970 la tasa de analfabetismo entre las mujeres mayores de 15 años era de 21.8 %, para 1995 se había reducido a 8.4 %; durante el mismo período, el porcentaje de niñas de entre 6 y 14 años que sabía leer y escribir se incrementó de 66.8% a 86.4%. Para el mismo período, el promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más se incrementó de 3.2 años a 7 años.

Los avances logrados en materia de acceso y calidad de la salud han reducido las tasas de mortalidad; de 1930 a la fecha las mujeres han incrementado su esperanza de vida en casi 40 años; así, para 1998 la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres se estima en 77 años.

Durante los últimos 25 años, la tasa de participación económica femenina se duplicó de 17.6% en 1970 a 35% en 1996.

La participación de las mujeres en los mandos superiores del Poder Ejecutivo también es creciente; hasta finales de 1998 las mujeres habían ocupado: tres gubernaturas, siete Secretarías de Estado y nueve Embajadas.

Aunque las mujeres, en general, tienen escasa presencia en puestos de toma de decisión dentro del ámbito empresarial, cada vez son más las mujeres empresarias; en 1994 las mujeres constituían 16.3% del total de empresarios mexicanos.

Por otra parte, con el cambio de paradigma económico a partir de la década de los ochenta hay una reducción del Estado y consecuentemente un debilitamiento o una desaparición de los instrumentos de política operados por los gobiernos. En los últimos veinte años hemos sido testigos de la sistemática destrucción de instrumentos redistributivos de lo que intentó ser un estado de bienestar en nuestro país, como los apoyos a la producción y el consumo campesino, los sistemas públicos de distribución y los subsidios a productos básicos, el deterioro de la calidad de los servicios públicos de salud y educación y de las protecciones mínimas previstas en la legislación laboral. La estrategia se ha orientado a apoyar el desarrollo de empresas privadas proveedoras de servicios, la individualización de los riesgos, la descentralización de la administración de los recursos públicos y de las responsabilidades, aunque no de las decisiones y la idealización minimalista de los programas sociales. En materia económica, la desregulación, el retiro del Estado, la flexibilización laboral, la inserción a la economía global y el privilegio al sector financiero, al comercial moderno privado y al industrial de exportación, han caracterizado la política postindustrial del país.

Es decir, los instrumentos de política social desarrollados después de la 2a Guerra Mundial se han debilitado y se espera que los individuos a través del mercado sean capaces de resolver sus necesidades básicas y lograr condiciones adecuadas de vida.

En especial, la ilegalidad, la corrupción, la impunidad y la violencia son características de la sociedad mexicana al finalizar el siglo XX. Instituciones que proporcionaron un andamiaje a la vida individual y social en la segunda mitad el siglo XX, que apoyaron la seguridad y el desarrollo de las personas, están sujetas a procesos de transformación profundos como la familia, la escuela, el Estado. Otras están en crisis como las organizaciones obreras, campesinas y empresariales y han surgido nuevos actores como las organizaciones sociales y las civiles. Estos cambios se expresan en una destrucción del tejido social y el surgimiento de nuevas formas de relacionarse y vincularse de acuerdo a intereses y causas.

Dentro de este panorama de fin de siglo, ¿cuáles son los intereses y los problemas de las mujeres en México? Creo que en un país tan desigual, tan inequitativo y con los niveles de pobreza mencionados, difícilmente podemos hablar de prioridades compartidas por todas las mujeres mexicanas, la desigualdad semanifiesta también en la escala de prioridades de las mujeres, sin embargo:

Nos preocupa la situación de inseguridad económica, pues en los últimos veinte años nadie ha estado a salvo del riesgo o de una situación concreta de pérdida de ingreso o pérdida de empleo, por causa de pérdidas financieras, quiebra de empresas o destrucción de actividades agropecuarias.

Nos preocupan los hijos porque no tenemos quien los cuide mientras salimos a trabajar, porque no tenemos suficiente dinero para comprarles alimentos, enviarlos a la escuela o procurarles una buena salud o una vivienda adecuada, o porque tenemos que enviarlos a trabajar a edades tempranas; porque están sujetos a riesgos extremos mayores como las adicciones, las relaciones sexuales tempranas desprotegidas, la violencia y la incertidumbre sobre su futuro.

Nos agobia la violencia social y familiar en particular, porque pone en riesgo la vida y los bienes propios y de nuestra familia.

Nos preocupa el trato inequitativo que recibimos en las oportunidades de trabajo, ingreso y educación superior, la injusta distribución de las responsabilidades domésticas, las limitantes familiares y sociales para acceder a posiciones de toma de decisiones en el trabajo, en la política, en las organizaciones; la carencia de facilidades médicas que atiendan nuestras problemáticas específicas como mujeres jóvenes,como madres y como mujeres adultas mayores.

Ante los riesgos que enfrentamos nos interesan nuestras relaciones de pareja, cómo establecerlas, cómo mantenerlas, cómo llevarlas en términos pacíficos y respetuosos y cómo concluirlas cuando no son satisfactorias.

A título de ejemplo, en Línea Mujer, establecida el año pasado como uno de los servicios que proporciona LOCATEL a la población de la Ciudad de México, por frecuencia de llamadas de población femenina los asuntos planteados fueron: sexualidad y salud reproductiva (31.88%), pensiones alimenticias (16.18%), asesoría jurídica en materia de divorcio (15.69%), asesoría jurídica para tutela de hijos (12.47%), apoyo psicológico en situación de maltrato familiar (8.89%), denuncias de maltrato (4.48%), apoyo legal en situación de maltrato familiar (4.03%), apoyo legal en situación de violencia sexual (3.80%), y apoyo psicológico en situación de violencia sexual (2.52%). Esto arroja casi un 32% de llamadas para solicitar orientación en materia de sexualidad y salud reproductiva, un 44% por rompimiento del matrimonio o vínculo de pareja y 23% por situaciones de violencia.

Ante estas preocupaciones que hacen referencia a la complejidad de la realidad de fin de siglo, la pregunta es: ¿Qué nos corresponde atender a nivel individual?, ¿qué a nivel de la familia?, ¿en qué nos pueden ayudar nuestras redes sociales?, ¿qué le correspondería al Estado y qué podríamos hacer organizándonos o participando en organizaciones?

Quisiera aventurar en esta presentación algunas de las cuestiones que me parece deben ser objeto de políticas, cuya ejecución es responsabilidad del Estado de manera total o parcial, con la colaboración de otros agentes sociales. Me parece un ejercicio útil pues tendemos a atribuirle al Estado la culpa de todos los problemas y el encargado, por lo tanto, de solucionarlos; esto deriva de nuestra experiencia de un estado paternalista, que ha venido dejando de serlo en los últimos años y que, incluso, ha llegado a ser omiso en cuestiones donde debería actuar.

Inseguridad económica

Por cuanto a la inseguridad económica, estoy cierta de que a muchas mujeres nos gustaría participar en la discusión y en la definición del proyecto económico para el país, en general. Creo que nos parece injusto que un pequeño grupo de profesionales formados en Estados Unidos decidan cuál es el modelo de crecimiento económico que le conviene al país, sin importar las generaciones de mexicanos que tengan que seguirse sacrificando para lograr los objetivos que ese grupo definió. Esas generaciones somos nosotros, nosotras y nuestros hijos e hijas y estoy segura que desearíamos que en las más altas decisiones de política económica del país, se escuchara y tomara en cuenta la voz de las mujeres. Debería ser una obligación del Gobierno Federal Mexicano consultar a la población sobre el proyecto económico nacional. Eso significaría hacer realmente política pública. Estoy segura que las prioridades cambiarían si las mujeres participáramos en esas definiciones y si lográramos que se rindieran cuentas transparentes sobre la aplicación de las políticas económicas; se han preguntado ustedes ¿qué proporción de mujeres participa en el gabinete económico? (no como secretarias o analistas).

Desafortunadamente las decisiones en materia económica han condicionado la vida social de nuestro país en forma contundente; por ejemplo, la definición de los sectores y programas a los que se destina el presupuesto público. En este caso se ha optado por cubrir, con los impuestos que pagamos todos, la deuda pública generada por ineficiencia y corrupción, más que mejorar la calidad de los servicios sociales básicos como la salud y la educación o la realización de programas dirigidos a los y las jóvenes, por ejemplo.

Sin embargo, las mujeres no hemos logrado —sé que no es fácil—, construir una agenda económica alternativa que recupere nuestras demandas y nuestros intereses, que incluyen los de nuestras familias. Me parece que es una asignatura pendiente para el movimiento de mujeres y de particular relevancia en este momento político.

Los hijos

Respecto de los hijos considero que, dado el incremento en la carga total de trabajo de las mujeres, muchas desearíamos que hubiera políticas públicas mediante las cuales se asumiera socialmente una parte importante de los costos de la reproducción, de modo que no recayera sólo sobre las espaldas de las mujeres. Por ejemplo, espacios públicos en donde nuestros hijos pudieran ser cuidados, crecer y desarrollarse sanamente y donde tuvieran opciones para hacer un uso positivo de su tiempo libre: guarderías, escuelas de horario prolongado, centros deportivos y culturales, por ejemplo.

Otro asunto de política pública relacionada con nuestros hijos es la mejoría en la calidad y pertinencia de la educación que se ofrece de los servicios de salud disponibles y en muchos casos, de los alimentos que requieren para su sano desarrollo. Desearíamos un país que nos garantizara a todos un piso básico de calidad en materia de alimentación, salud y educación con la libertad para elegir, pero con la seguridad de que, al menos en esos campos, todos los niños y niñas tuvieran igualdad de oportunidades.

Un tercer aspecto se refiere al desarrollo de capacidades en nuestros hijos para enfrentar los riesgos de adicciones, embarazo temprano, enfermedades de transmisión sexual, violencia, depresión, soledad y explotación. Son riesgos que han aumentado con la vida moderna y que muchas veces como madres, no tenemos los instrumentos que nos permitan construir fortalezas en nuestros hijos y desarrollar factores protectores para evitarlos. El Estado Mexicano debería incluir el desarrollo de esas capacidades en los programas de educación tanto formal como no formal y capacitar a los padres en el manejo de esas problemáticas.

Finalmente, quisiéramos que nuestros hijos pudieran construir planes de vida con esperanza y futuro, con oportunidades de empleo, de educación o de generación de ingreso en forma legal. Y contar con los apoyos necesarios para la atención de los adultos mayores que forman parte de nuestras familias y cuya atención ha recaído también sobre nosotras.

Violencia social

La violencia social, incluyendo la familiar, ocupa seguramente el centro de las preocupaciones de muchas mujeres respecto de sí mismas como sector altamente vulnerable a la violencia, así como por su familia.

Si bien en la raíz de la violencia se encuentran la desigualdad y la pobreza, también es cierto que la pérdida de esperanza y los modelos de consumo y riqueza que se imponen por los medios de comunicación masiva, generan resentimiento, agresión, frustración, pérdida de valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.

La violencia es un fenómeno multifactorial y tiene que ser enfrentado por medidas punitivas y de sanción, pero fundamentalmente con acciones de prevención.

En la construcción e instrumentación de acciones de prevención y atención del delito y la violencia, las mujeres tenemos mucho que aportar. Una de las necesidades urgentes es la creación y ampliación de facilidades de gobierno para prevenir y atender la violencia familiar: tribunales administrativos, albergues para la atención de víctimas de la violencia familiar, ministerios públicos especializados, grupos de autoayuda, talleres de solución de conflictos, campañas de sensibilización, etc.

Trato inequitativo

Un campo de muy reciente explotación es el que se refiere al impulso a cambios en el nivel de la cultura en la construcción de lo femenino y lo masculino y en las relaciones de género. Seguramente tomará muchos años para que los modelos de subordinación y subvaloración de lo femenino se modifiquen. La equidad en el desarrollo de capacidades y en la obtención de oportunidades requerirá de un esfuerzo consciente de todos, hombres y mujeres, padres y madres, maestros y maestras.

Si bien es necesario el cambio en materia legislativa e institucional para equiparar las oportunidades en el mercado de trabajo, en la educación, en la vida política, en el acceso a la propiedad, el crédito y los activos productivos, lo más importante es avanzar en la incorporación del trato equitativo entre hombres y mujeres a nivel de la conducta y la acción cotidiana. En esto es necesaria una redistribución de las responsabilidades domésticas y extra- domésticas entre la pareja y al interior de las familias, es decir, modificaciones a nivel del contrato doméstico, además del ya mencionado apoyo social para el cumplimiento de los procesos reproductivos y de crianza. La educación formal y no formal son dos instrumentos muy poderosos en la construcción de una cultura de equidad de género.

Llevamos varios años donde existen vacíos en materia política social en el país. Al contrario, hemos presenciado una sistemática destrucción de los instrumentos de política social que apoyaron la etapa de la industrialización de nuestro país. Estos han sido sustituidos por programas compensatorios para combatir la pobreza como PRONASOL y PROGRESA. El primero de estos intentó atender varias vertientes de la problemática de los grupos pobres del país; sin embargo, no logró llegar efectivamente a la pobreza estructural y no incorporó una perspectiva de género. Incluso, el Programa de Mujeres en Solidaridad, fue uno de los de más baja prioridad.

PROGRESA es un programa minimalista de combate a la pobreza. No sólo limita el problema social al de la pobreza, sino que contempla a la pobreza como una cuestión que se puede superar con “una receta aplicada a los enfermos perfectamente seleccionados con una combinación de alimentos, salud y educación transferidos a través de la mujer”. La mujer es concebida como el vehículo perfecto para sacar a la familia de la pobreza. Se parte de que su mayor educación redunda en una mejoría en la salud de los hijos, en una mayor educación de éstos y en una reducción del tamaño de la familia. Además la pobreza, es en este programa, un problema que deriva de las insuficientes capacidades de los pobres para aprovechar en su beneficio el progreso que deriva de la globalización, más que de la falta de oportunidades en el contexto social que los rodea.

Ante este panorama, las mujeres enfrentamos un enorme reto en el destino inmediato de nuestro país: proponer una agenda social y económica que otorgue prioridad al bienestar de los mexicanos y mexicanas, reconozca nuestros derechos y permita superar la corrupción, la impunidad, la violencia, la ingobernabilidad y la destrucción del tejido social que se han venido agravando en los últimos años.

Cristina Laurell

Para pensar una política social con perspectiva de género

Este texto aborda la posibilidad de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres desde el ángulo de la política social y pretende problematizar qué significa tener una “perspectiva de género” en este ámbito. Pensamos que es una reflexión necesaria porque existe actualmente una confusión ideológica —entendida como de ideas y valores— importante a raíz del enorme peso que ha adquirido el pensamiento neoliberal, tanto respecto a qué es la política social como en lo relativo a la cuestión femenina. La tesis que se sostiene es que la perspectiva de género en la política social no se agota agregando un “componente” de promoción o defensa de la mujer, sino que debe pensarse desde los tipos de política social, ya que éstas en sí mismas pueden ser generofílicas o generofóbicas. El principal propósito de este examen es encontrar maneras diferentes de plantear y pensar problemas antes que dar respuestas precisas a situaciones específicas.

Partimos de la premisa de que las políticas públicas no se restringen a dictar normas y regular conductas de los agentes económicos y los actores sociales, sino que se basan en “visiones del mundo” que emergen de un conjunto de valores y principios. Cada política social, en cuanto ámbito particular de las políticas públicas, se fundamenta de esta manera en una concepción sobre cómo generar bienestar y satisfacer necesidades sociales que, a su vez, se expresa en arreglos institucionales y acciones específicas. De allí se desprende que la política social no es neutra, sino que favorece a los intereses de unos y limita a los de otros. Si esto es así, no se puede “comprobar” en abstracto que una política social es la “correcta” o la “mejor”, sino únicamente en función de los propósitos, valores y principios que persigue.

Un análisis más detenido del contenido de las políticas sociales confirma, en efecto, que las diferencias entre una y otra no son sólo cuantitativas sino ante todo cualitativas. Se constata además, que las políticas sociales de las naciones no han convergido con el tiempo o en función de su grado de desarrollo, ni se han transformado en la misma dirección en todos los países ante el nuevo contexto de globalización. Una primera conclusión de esta observación es que la política social no es un resultado automático del crecimiento económico o de la riqueza o pobreza de una nación, sino que es un ámbito específico de ejercicio de la política. En nuestra región del mundo el mejor ejemplo es la diferencia entre los logros sociales de Cuba en comparación con los del resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, aun dentro del marco capitalista son muy diferentes, por ejemplo, la política social de Costa Rica y la de México.

El Triángulo de Bienestar y los Riesgos Sociales

La noción del "Triángulo de Bienestar" es un punto de partida adecuado para analizar los tipos de política social, ya que resalta que el bienestar se genera en tres ámbitos que son el Estado, el mercado y la familia. La distinta articulación entre estos ámbitos está detrás de las diferencias cualitativas, entre las políticas sociales y origina, por lo menos, tres tipos de "regímenes" de bienestar social como se verá adelante.

Hay que enfatizar que todos los tipos de política social adscriben un papel específico a la familia, y dentro de ella a las mujeres, lo que es un punto clave para pensar esta política con una perspectiva de género. El papel del Estado resulta también de suma relevancia para esta perspectiva porque es parcial, pero no totalmente correlativo al papel de la familia. Es decir, la socialización de las tareas de la familia y de las mujeres involucra necesariamente al ámbito público que, las más de las veces, es el estatal. Se puede argumentar que, de los tres componentes del triángulo de bienestar, sólo el mercado es genéricamente neutral en cuanto no distingue el sexo de los y las que concurren en él. Sin embargo, como se analizará abajo, esta neutralidad es más bien una ceguera ante la iniquidad genérica.

Las distintas articulaciones entre familia-Estado-mercado surgen de distintas concepciones sobre cómo generar bienestar social o cómo proteger a la población y las personas contra los "riesgos sociales" o contra las contingencias de la vida. Se traducen además en distintos arreglos institucionales que crean condiciones específicas para la mujer y que materializan determinados valores, a la vez que generan y transmiten valores. Estos riesgos sociales son de distinto orden y han sido clasificados en función de su origen en tres grandes grupos. Tenemos así los “riesgos de clase”, que atañen a las condiciones colectivas derivadas directamente de las relaciones sociales de producción y de las desigualdades que implican. El segundo grupo corresponde a los “riesgos del ciclo de vida” —de la infancia, de la reproducción y de la vejez— y son tanto colectivos como individuales. Por último, tendríamos los “riesgos intergeneracionales” —los que se “transmiten” entre las generaciones— donde la pobreza sería el ejemplo sobresaliente.

Los riesgos de cada tipo requieren de políticas distintas para su solución, pero no todas las concepciones sobre cómo generar el bienestar les dan el mismo reconocimiento ni el mismo tratamiento.

Cabe en este contexto una primera problematización para una política social con perspectiva de género. ¿Deberíamos formular a los riesgos genéricos como un cuarto grupo o tienen un carácter distinto? La respuesta a esta pregunta tendría que contemplarse a la luz de las implicaciones conceptuales y prácticas que tendría sobre la política social. A primera vista tendría la ventaja de distinguirlos claramente y poderlos atacar como lo que son, o sea riesgos colectivos que no se resuelven individualmente.

Regímenes de Política Social y la Perspectiva de Género

El propósito de la política social es reducir estos riesgos o proteger contra ellos o, incluso, eliminarlos. Sin embargo, la idea sobre qué significa esto es muy diversa ya que se relaciona directamente con distintas “visiones del mundo”. Esto quiere decir que no hay coincidencia ni en cómo plantear los problemas, ni en cómo solucionarlos. La política social no es, por ello, un asunto técnico-pragmático que se puede deducir lógicamente, por ejemplo, a partir de los recursos existentes o en función de criterios de eficiencia como la visión tecnocrática, actualmente dominante, nos trata de convencer. También resulta claro que la política social es mucho más que los programas de combate a la pobreza o asistenciales.

Las “visiones del mundo” se expresan justamente en concepciones distintas sobre cómo satisfacer necesidades y generar bienestar que se cristalizan en distintos "regímenes de política social o de bienestar". Esping-Andersen acuñó el concepto de "régimen de política social" a raíz de su indagación sobre este oscuro sujeto llamado el Estado de Bienestar. A través de su investigación logró demostrar empíricamente, que detrás de esta denominación vaga existen por lo menos "tres mundos distintos del capitalismo de bienestar". Es a éstos, que denomina regímenes de política social. Habla de "régimen" porque no es una combinación singular y pragmática de instituciones y acciones sociales especificas, sino que descansa sobre una matriz coherente y articuladora de éstas. Los diversos regímenes de política social expresan determinadas relaciones de fuerza entre las clases y tienen su origen en distintos proyectos políticos; se constituyen, así, desde el ámbito de lo político y representan diferentes soluciones históricas a la satisfacción de las necesidades sociales. De allí que expresan el distinto peso que adquieren en cada uno valores y principios como libertad, individualismo, equidad, igualdad, solidaridad, justicia, dignidad humana, caridad, democracia, etc. La importancia de este concepto es que permite distinguir un aspecto crucial de la conformación estatal capitalista y evaluar con precisión los cambios en ésta; cuestión que adquiere relevancia para aprehender la dirección y profundidad de las transformaciones de la política social yjuzgar si son suficientemente significativas como para constituir un cambio de régimen.

Esping-Andersen propone que la caracterización de un régimen de política social, debe abarcar tres dimensiones que son el grado de mercantilización, el grado de compromiso estatal con el pleno empleo y el tipo de estratificación social generada. El grado de mercantilización se refiere a dos vertientes distintas pero interrelacionadas: la de las condiciones de acceso a los beneficios-servicios sociales y la de sus formas de financiamiento y producción. La primera vertiente se relaciona directamente con la cuestión de la universalidad versus la selectividad o, lo que es lo mismo, con la noción de los derechos sociales o la ciudadanía social versus la noción de "mérito" como condición de acceso. El reconocimiento de los derechos sociales se basa en la idea de que todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a los satisfactores necesarios para una vida digna conforme las condiciones sociales medias. Esto significa, por un lado, el compromiso solidario de la sociedad de garantizar con medios públicos el acceso universal a estos satisfactores y, por el otro, un elemento de des-mercantilización de la fuerza de trabajo, ya que el derecho al bienestar se desvincula de la venta de ésta. La noción de "mérito", por el contrario, se basa en la idea de que el acceso a los servicios-beneficios sociales debe condicionarse a una contraprestación por parte del individuo, sea ésta la realización de un trabajo o el pago. Esta noción implica, por tanto, selectividad.

Le segunda vertiente de la des-mercantilización se refiere específicamente a las formas de financiar y producir los beneficios-servicios sociales. En principio, los derechos sociales suponen que el financiamiento de los servicios-beneficios sea asumido por la sociedad en su conjunto, mientras que el acceso por mérito supone una contribución monetaria (pagada como parte del contrato laboral o directamente) con un equivalente constituido por un conjunto prefijado de beneficios-servicios. En el primer caso los servicios-beneficios generalmente se producen bajo alguna modalidad pública y su carácter mercantil es poco desarrollado, o sea, se distribuyen con una lógica de necesidad. En el segundo caso, por el contrario, la producción o gestión tiende a ser privada, lo que, junto con el principio de equivalencia entre el pago y el beneficio, les confiere a los beneficios-servicios carácter mercantil, o sea, se distribuyen bajo la lógica de compraventa en el mercado. En la mayoría de los casos concretos se dan formas combinadas, y por ello se refiere el "grado" de des-mercantilización.

El nivel de compromiso con el pleno empleo constituye un aspecto definitorio de la política social, ya que el empleo y el salario son los medios regulares para acceder al consumo en las sociedades capitalistas. También en este aspecto es posible distinguir varias políticas básicas (con formas intermedias). En un extremo tenemos la política de dejar al mercado la generación de empleo y la fijación del salario; en el otro una política estatal activa de intervención en el mercado de trabajo para fomentar y crear empleos, así como para incrementar o proteger el salario. Aunque esta última política generalmente se inscribe en una política social universalista con amplios beneficios, cuya viabilidad práctica depende de una base extensa de contribuyentes, también puede darse como el eje principal de sistemas de bienestar social basados en el principio de acceso por mérito.

Finalmente, es importante subrayar que cada régimen de política social da origen a una estratificación social específica. De esta manera no es sólo un sistema de (re)distribución del ingreso y de los servicios-beneficios sociales, sino que crea además distintos grupos sociales y estructura determinadas relaciones entre ellos, sin cambiar la matriz de clase de la sociedad. Un aspecto básico de esta estratificación es el de género. Visto desde otro ángulo, esto significa que los regímenes de política social crean arreglos o tejidos institucionales “generofílicos” o “generofóbicos”. Aparte de amortiguar o reforzar la iniquidad de género, esta institucionalidad contribuye también a la forja de valores en el ámbito genérico.

Tentativamente se pueden distinguir tres regímenes básicos de política social: el (neo-) liberal o residual, el conservador- corporativo o meritocrática y el universalista o socialdemócrata. El régimen de política social residual o liberal —el antecedente inmediato de la neoliberal— está conceptualmente fundada sobre el pensamiento liberal con sus valores básicos de individualismo y libertad. Sus características son un alto grado de mercantilización de los beneficios-servicios sociales; condicionamientos laborales o económicos de acceso a ellos, incluyendo el requisito de comprobar la indigencia para acceder a los servicios asistenciales proporcionados por el Estado; la regulación del empleo y el salario por el mercado; y, una estratificación social acentuada con escasos vínculos solidarios entre ciudadanos y entre grupos. La política social neoliberal tiene estas características pero es más agudamente individualista, antisolidaria, antiestatista y abiertamente hostil a los derechos sociales. Su premisa es que el mercado asigna óptimamente los recursos para crecer económicamente y generar bienestar social. Otro de sus postulados es que el bienestar social es una responsabilidad individual que pertenece al ámbito de lo privado. La satisfacción de las necesidades sociales debe, por tanto, resolverse en la familia o en el mercado. Bajo esta concepción, el Estado sólo debe ofrecer aquellos servicios o beneficios que los privados no pueden adquirir por carencia de recursos o no quieren producir por falta de rentabilidad. De allí, se desprende una política social que busca transferir la mayor parte de los servicios-beneficios al mercado y reducir la acción estatal a la producción de los bienes "públicos" en sentido restringido y a proporcionar un mínimo de servicios a los comprobadamente pobres.

Esta política genera una marcada desigualdad social ya que tiene pocos efectos redistributivos o, en todo caso, regresivos; hecho que se demuestra por el incremento de la población en condiciones de pobreza en todos los países donde se ha aplicado. En abstracto no discrimina a las mujeres, pero su concepción tampoco contempla las implicaciones de la opresión histórica de ellas. Es, en principio, genéricamente ciega ya que se mantiene en la idea de la igualdad de los individuos agenéricos ante la ley. Esto tiene como resultado práctico una carga grande de tareas para las mujeres, particularmente cuando ellas no puedan acudir a soluciones de mercado por el papel importante asignado a la familia en la satisfacción de las necesidades sociales.

El régimen conservador-corporativo o meritocrático tiene una influencia importante de la doctrina social de la iglesia y de su expresión política, la democracia cristiana. Conceptúa al bienestar social como una responsabilidad familiar y un derecho al cual se accede en función de un mérito, generalmente ligado a la inserción laboral. Es decir, no rechaza por principio la idea de los derechos pero no los considera universales ni iguales para todos, sino concedidos diferencialmente según el lugar ocupado en la jerarquía social. En este sentido no desmercantiliza la fuerza de trabajo porque los derechos dependen en gran medida del contrato laboral, pero a cambio, procura tener un compromiso importante con el pleno empleo. La forma de financiamiento y producción de servicios tiende a la desmercantilización al ser, generalmente, públicas o cuasi-públicas, por ejemplo, manejados por las organizaciones sindicales. Puede tener componentes mercantilizados pero el mercado no es su principio organizador. Los servicios- beneficios otorgados pueden ser amplios, pero excluyen aquello considerado como deberes de la mujer en el seno de la familia. La atención a los pobres es vista como una responsabilidad moral de la sociedad, o sea, como caridad. Esta política social genera una estratificación social pronunciada. Ocurre, por un lado, porque no propicia la redistribución horizontal, (entre las corporaciones), aunque hasta cierto punto vertical, (entre las clases). Por el otro, es altamente discriminatoria contra las mujeres y refuerza su papel tradicional en la familia.

El régimen de política social universalista o socialdemócrata tiene como inspiración ideológica el socialismo reformista. Plantea que la sociedad tiene la responsabilidad de garantizar a toda y todo ciudadano la satisfacción óptima de sus necesidades sociales. Reconoce, de esta manera, explícitamente los derechos sociales, o la ciudadanía social, y se rige por los principios de universalidad, solidaridad e igualdad. La realización de estos derechos, considerado el interés general o colectivo por encima del interés individual, se logra a través de la acción pública o estatal. Su contraparte es la obligación de todos los y las ciudadanas de contribuir, según su capacidad, al cumplimiento de este propósito.

Se caracteriza por un alto grado de des-mercantilización de la fuerza de trabajo en cuanto el acceso a los servicios- beneficios; se deriva de la condición de ciudadano y no del contrato laboral. Desarrolla políticas activas de salario y empleo dirigidas, tanto a hombres como a mujeres, y el pleno empleo y salarios remuneradores son condición de su viabilidad. Ofrece servicios y beneficios generosos y abarcativos. Para nuestra discusión es importante subrayar, que proporciona un apoyo amplio a las tareas reproductivas y domésticas dirigidas a ambos sexos, con guarderías, instituciones múltiples de “cuidados”, y otros servicios colectivos. Esto explica que tiene pocos programas de asistencia social sujetos a la comprobación de la necesidad. El financiamiento y producción de los servicios- beneficios son, en general, públicos con grados muy bajos de mercantilización. En cuanto esta política social es altamente redistributiva y colectivista, genera una igualdad importante en las condiciones materiales de vida. Genera, además, una alta participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una una nueva distribución de las tareas tradicionalmente domésticas. Entraña, sin embargo, una nueva contradicción genérica; el crecimiento masivo de los servicios sociales colectivos y la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, tienden a ubicarlas como trabajadoras remuneradas y fuera de la casa en las tareas antaño consideradas domésticas.

Retomando la noción de los riesgos sociales y la manera de abordarlos, podemos constatar que el universalismo es el único que se dirige a disminuir, simultáneamente, los riesgos de clase, los del ciclo de vida y, particularmente a través de la educación, los intergeneracionales. Ha creado, en un inicio tal vez no deliberadamente, condiciones masivas de participación laboral y de mayor independencia económica para las mujeres. Este proceso, a su vez, ha homogeneizado sus intereses y unificado sus luchas a favor de políticas específicas de socialización de las tareas domésticas y en contra de la segregación laboral. En este sentido ha resultado generofílico por doble vía.

El régimen meritocrático se dirige principalmente a amortiguar los riesgos de clase y de la vejez con la jubilación, pero deja a un lado los riesgos reproductivos e intergeneracionales. Es conceptual y prácticamente generofóbico con una idea conservadora de familia. Concibe a ésta como la familia nuclear, encabezada por el hombre económicamente activo y sujeto de la protección social, dentro de la cual le corresponde a la mujer asumir un amplio espectro de tareas domésticas y de cuidado. Produce, de esta manera, claramente una "cuestión genérica" que atraviesa todos los estratos sociales.

El régimen de política social liberal, finalmente, tiene como propósito impulsar la satisfacción privada y de mercado de las necesidades y proporcionar, en caso necesario, una protección mínima estatal contra los riesgos de clase, del ciclo de vida e intergeneracionales. Conceptualmente es género-neutral pero, de hecho, genero fóbico al no crear un entramado institucional a gran escala que procure condiciones más favorables a las mujeres para insertarse de manera distinta en la vida social. Es más, las soluciones mercantiles a las tareas reproductivas, que son las que ofrece, son muy caras por lo que crean opciones individualizadas en función de las posibilidades económicas de cada mujer o cada familia. Es por ello la única política social con un principio estratificador casi singular: el económico. La posibilidad de alcanzar una salida individual a la cuestión genérica pulveriza la comunidad de intereses entre las mujeres. Puede, ciertamente, ser sustituida por la solidaridad ideológica que, sin embargo, carece de un sostén material y colectivo como ocurre con los otros regímenes de política social.

Esta revisión de los regímenes de política social nos lleva a una segunda problematización sobre el tema que nos ocupa. Darle una perspectiva de género a la política social ¿no significa necesariamente un planteamiento universalista? Nos parece que una reflexión sobre los resultados de las acciones afirmativas puede dar luz sobre esta cuestión. El argumento que subyace a éstas es, que el trato igual a los desiguales refuerza las desigualdades. Con el propósito de transitar a condiciones de igualdad de oportunidades, sería entonces necesario dirigir acciones específicas a grupos discriminados u oprimidos a fin de romper el círculo vicioso de la desigualdad.

En los EUA las luchas de las minorías y de las mujeres llevaron a la instrumentación de acciones afirmativas hacía estos grupos en los setentas. Cabe señalar que son compatibles con la ideología liberal de este país, justamente porque se dirigen a los individuos y tienen por finalidad ponerlos en “igualdad de condiciones” para competir exitosamente en la sociedad. O sea, no violan las premisas ni del individualismo ni de la competencia. Esto se da en el contexto de una política social liberal y, esquematizando, genera una reestratificación social que, significativamente, consolida el elemento estratificador dominante, o sea, el económico. Tal vez el caso más nítido es la minoría afro-americana, de cuyo seno emerge una nueva burguesía negra y sectores de profesionales altamente calificados y bien pagados. Sin embargo, en cuanto las acciones afirmativas no se acompañen de políticas que ataquen masivamente los riesgos de clase y los intergeneracionales, éstos refuerzan los riesgos étnicos y, también, los genéricos. La prueba de ello está, por ejemplo, en el hecho de que la pobreza en los EUA es predominantemente negra o hispana y femenina. La pregunta clave no es entonces qué se logró con las acciones afirmativas, sino cuáles hubieran sido los resultados con una política social universalista acompañada de acciones afirmativas.

Libertad, Igualdad y Derechos

Es conveniente precisar algunas nociones presentes en el debate pero que, en mi opinión, resultan ambiguas por la influencia del pensamiento neoliberal. Me refiero a tres de los principios constitutivos de las sociedades modernas, a saber, la libertad, la igualdad y los derechos. No sólo hay interpretaciones distintas sobre estas nociones, sino que existen además tensiones y contradicciones entre ellas-Hoy están en juego dos concepciones de libertad, la "negativa" y la "positiva". Para el neoliberalismo la libertad es el valor supremo y corresponde a la libertad “negativa”, entendida como la libertad del individuo de hacer lo que desea; cuestión que se concretaría en la protección del individuo contra la coerción estatal, o sea, se sostiene que con más Estado hay menos libertad. La libertad “positiva”, por el contrario, consistiría en que toda persona cuente con las condiciones necesarias para poder participar plena y libremente en la vida social; cuestión que requiere de acciones públicas o estatales para garantizar estas condiciones.

Berlín sostiene que la libertad negativa entra, por definición, en contradicción con la igualdad y con los derechos y corresponde a cada sociedad jerarquizarlas como valores. La posición neoliberal es de rechazo a la igualdad, o mejor dicho, el igualitarismo como valor, porque restringiría la libertad individual y la competencia en aras de la justicia o lo justo que, según Hayek, son un sin sentido. Sin embargo, esta corriente de pensamiento incorpora la noción "equidad" pero la define como beneficios equivalentes al esfuerzo individual, sea éste monetario o de mérito. Rechaza los derechos, particularmente los sociales, porque, de un lado, violan el principio del esfuerzo individual y, del otro, incrementan la intervención estatal y disminuyen la libertad de elección. Admite empero, como ya se vio, que el Estado podría, por razones morales y previa comprobación de la necesidad, proporcionar un mínimo de satisfactores sociales si los individuos fracasaran en acceder a éstos. En resumen, en esta concepción se intenta resolver la tensión entre libertad e igualdad suprimiendo uno de los términos —la igualdad y los derechos— preservando un mínimo de moralidad humanitaria. En contraste, la idea de la libertad “positiva” resuelve la tensión entre libertad e igualdad precisamente a través de los derechos, ya que éstos corresponderían a la satisfacción de aquellas necesidades que permitan desarrollar las capacidades y potencialidades, colectivas o individuales, requeridas para una plena participación social.

Aun así, la definición de la igualdad y de los derechos entraña problemas conceptuales y sobre todo prácticos. Esquematizando, se observa que las fuentes de ambigüedad de sus definiciones son, por un lado, la influencia mutua entre el pensamiento liberal y el socialista en sus variadas corrientes y, por el otro, las distintas estrategias concretas para constituir y realizar los derechos. De esta manera, la (des)igualdad puede tener como referente a las clases o a los individuos. Donde históricamente ha prevalecido la tradición socialista reformista, se ha tendido a atacar las desigualdades de clase con políticas redistributivas a gran escala para igualar salarios y condiciones de vida y con el reconocimiento de derechos sociales amplios. En los países con tradición liberal, se han enfatizado las diferencias entre los individuos y aplicado políticas de inversión en, el capital humano o de igualdad de oportunidades con acciones afirmativas o de cuotas para grupos "vulnerables" específicos.

Hoy se observa una tendencia a sustituir la noción de igualdad por la de equidad que puede entenderse como equivalencia entre beneficios y contribuciones o, por el contrario, como trato igual ante necesidades iguales —la equidad horizontal— y trato desigual a los desiguales— la equidad vertical. La sustitución de “igualdad” por “equidad” se explicaría, tentativamente, tanto por el dominio del pensamiento neoliberal como por los cambios en las condiciones sociales en los países desarrollados, particularmente en aquellos donde las políticas del Estado de Bienestar efectivamente atenuaron las diferencias de clase, sin desaparecerlas, y redujeron la pobreza notablemente. Por lo pronto interesa tener presente la ambigüedad de la noción “equidad”, así como el contraste entre los países donde la pobreza ha dejado de ser una característica masiva y de clase, y los nuestros, donde la sigue siendo, incluso crecientemente. Interesa además, subrayar no sólo el carácter masivo de la pobreza y la creciente polarización de nuestras sociedades, sino la coincidencia de esta situación con la toma de conciencia social sobre la iniquidad de género como fenómeno masivo.

Por último, es preciso hacer algunas reflexiones sobre los derechos sociales o la ciudadanía social. Para nuestra discusión son equivalentes al tratarse de derechos que los individuos poseen por el solo hecho de ser ciudadanos y a los cuales corresponde la obligación de la sociedad a garantizarlos con medios colectivos, o sea, a través del Estado. Se han dado enfoques distintos a la cuestión de los derechos: para Marshall corresponden a una etapa evolutiva de la ciudadanía; Bobbio sostiene que las necesidades se convierten en tales cuando se dan las condiciones históricas para satisfacerlos; mientras que Berlinguer los ve ante todo como el resultado de los procesos políticos.

Con todo, persiste un problema. La reivindicación de los derechos sociales no resuelve, en una situación concreta, cuáles considerar como tales, ni qué nivel de satisfacción de necesidades es posible lograr mediante la acción pública en condiciones de escasez relativa de recursos. Estos problemas tampoco quedan del todo salvados sometiéndolos a la decisión democrática que, se quisiera o no, puede significar atropellos a minorías o incluso a mayorías, pero con pocos recursos de poder o dificultades para movilizarlos. Para no ir más lejos, tenemos las minorías étnicas y las mujeres. La democracia no elimina el conflicto de intereses, diversos y opuestos; a lo mucho y, en el mejor de los casos, proporciona las reglas de la confrontación y del eventual acuerdo sobre derechos y obligaciones.

Este hecho releva la exigencia de fundamentar los derechos sociales, en una teoría sobre la necesidad humana que rescate su núcleo irreductible. Doyal y Gough postulan que existe un conjunto de necesidades humanas objetivas que trasciende las particularidades culturales e históricas de las distintas sociedades o grupos; concepción que no excluye que su satisfacción se realice bajo formas sociales específicas. Estos autores definen las necesidades humanas básicas como las condiciones indispensables para participar plenamente en la vida social e identifican a dos: la salud, física y mental, y la autonomía. Esta participación presupone el desarrollo individual y colectivo, de potencialidades y capacidades e incluye en un lugar destacado la posibilidad de crítica y transformación del orden constituido.

Como se puede apreciar, este concepto de necesidad humana tiene coincidencias importantes con la noción de "libertad positiva". En esta perspectiva los derechos sociales corresponderían a aquellas condiciones que permiten realizar la necesidad humana básica. La sociedad tendría la responsabilidad ética de garantizar a todos sus miembros estos derechos, a través del Estado, con medidas universales e igualitarias, de acuerdo al nivel de recursos existentes y a los patrones culturales de cada contexto específico. Y sólo sobre la base de la garantía de estos derechos, la sociedad podría exigir a los ciudadanos la asunción plena de la reciprocidad entre el disfrute de los derechos y la obligación de contribuir a su realización.

México Hoy: la Política Social y la Perspectiva de Género

Espero que este recorrido por nociones y concepciones, ofrezca nuevos elementos para pensar el significado de una perspectiva de género en la política social. Esta cuestión no es un asunto teórico, sino que se refiere a la realidad cambiante y lastimosa que vivimos hoy en México. Recordamos el contexto de la caída salarial incontenible y la falta de creación de empleos, o sea, de abandono de todo compromiso con el empleo y la protección del salario. El resultado es por todos” conocido, el sostenido crecimiento de la pobreza y extrema pobreza desde 1983.

En el campo social presenciamos una gradual, pero inconclusa, reforma social del Estado, cuyo propósito es aumentar una política social neoliberal que indudablemente tendrá implicaciones importantes para las mujeres. Inició en 1983 con el recorte drástico del gasto social que cayó de 9% del PIB a 6%. A partir de 1989 aparecen los programas selectivos, focalizados y discrecionales para los pobres —primero Pronasol, luego Progresa— que están acompañados de la disminución de los subsidios generales al consumo popular y de la liquidación de instituciones como la CONASUPO. Se da además, la descentralización y reforma educativa con recursos federales insuficientes y la reforma al artículo 3o Constitucional, estimulando ambos, el crecimiento de la educación privada.

En 1992 y 1995, se reforma la legislación de seguridad social cambiando su sentido público, integral, solidario y redistributivo hacia un esquema individualizado y privatizado con cancelación de derechos para las y los asegurados. Este hecho se manifiesta claramente en el sistema de pensiones con las Afores privadas y la capitalización individual en las cuentas de pensiones, que llevará a ganancias privadas y pérdidas para los y las trabajadores. Dos de las implicaciones de esta reforma para las mujeres son la disminución del presupuesto para guarderías, al transferirse a este rubro el costo de las actividades culturales y deportivas, así como la dificultad que tendrán las mujeres para alcanzar el número de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión que aumentaron de 500 a 1,250.

La reforma del sector salud que abarca, tanto la SSA como los servicios de la seguridad social, empezó en 1995 pero no se expresa todavía en toda su dimensión. Implica la descentralización de los servicios de salud para la población no-asegurable (sic), a la cual sólo se garantizará el Paquete Básico de Salud de 13 componentes, lo que significa que el resto de los servicios se deben pagar. Los servicios de salud de la seguridad social están en vías de reorganizarse a partir de la separación de la administración del financiamiento y la prestación de los servicios, con el propósito de abrirlos a la iniciativa privada bajo la figura de la “libre elección” del asegurado. Esto pasa por definir un Paquete de Servicios Comprensivos que excluye servicios anteriormente incluidos y que puede ser prestado por aseguradores privados o públicos. La ampliación de la seguridad social a la población informal se dará por vía del Seguro de Salud para la Familia, pero pocas familias pueden pagar su costo que es del orden de 1,200 pesos anuales. En el recuadro se resumen las implicaciones para las mujeres de esta reforma:

Implicaciones para las Mujeres de la Reforma de Salud

Suplir a las instituciones públicas asumiendo más funciones de cuidado de la salud en el hogar:

Mujeres interlocutores preferidas, para aprovechar su papel en la familia;

75% de los cuidadores de enfermos son mujeres y el 53% dedica 10 hrs o más semanalmente a esta actividad.

Pérdida de derechos en el nuevo esquema de seguridad social:

Más difícil que alcance a cotizar 750 semanas para mantener servicios médicos después de los 65 años;

El seguro de Salud para la Familia tiene tiempo de espera para la atención del embarazo y el parto.

Seguros y servicios privados

“Preexistencia”, “tiempo de espera” y exclusión de enfermedades de la mujer en los seguros privados, particularmente lo relacionado con el embarazo;

Atención para la ganancia es más invasiva: el 50% de los partos en el sector privado es con cesárea.

Mayores gasto de atención a la salud

El gasto en salud como porcentaje del presupuesto familiar subió del 2.9 en 1984 a 3.6 en 1996.

Como se puede apreciar, esta nueva política cumple prácticamente todas las características de una política social neoliberal. El Estado ha disminuido sus responsabilidades sociales a los servicios mínimos para los pobres; hay un impulso importante al mercado mediante cambios legales y subsidios y, aún en las instituciones públicas, se ha introducido una lógica mercantil; la familia tiene que asumir las tareas dejadas por el Estado.

Esto nos lleva de regreso al triángulo de bienestar y la nueva articulación Estado-mercado-familia. La pregunta es: en las condiciones actuales de nuestro país ¿qué posibilidades hay de resolver las necesidades sociales a través del mercado y qué significarían estas soluciones para la familia y para el Estado? La ventaja de referirse a estos tres ámbitos es que permite un análisis dinámico y la visualización de que los tres ámbitos no son libremente intercambiables, por ejemplo, el retiro del Estado no necesariamente produce un mercado para proporcionar los bienes y servicios, de la misma manera como la familia no puede, sin más, sustituir al mercado o al Estado o viceversa.

La radical redistribución de la riqueza y del ingreso provocada por el ajuste estructural y expresado en la extensión de la pobreza, la falta de empleo y los bajos ingresos, obliga a plantear la desigualdad de clase como el problema principal de nuestro país. Si esto se acepta, parece ineludible plantear políticas de carácter general y colectivo para corregir una desigualdad que involucra a la absoluta mayoría de la población y no sólo a grupos vulnerables o sectores especiales.

Estas mismas condiciones hacen inviables las alternativas de mercado como solución general, en vista de que las familias carecen de recursos para comprar los satisfactores a sus necesidades. El Estado tampoco puede subsidiar masivamente su adquisición en el mercado, tanto por los altos costos implicados en las soluciones privadas a los problemas públicos-generales como por la ausencia de una base fiscal suficiente; los sub y desempleados no pueden contribuir al financiamiento del bienestar, ni los asalariados en pobreza. Por esta misma razón las soluciones públicas, “no estatales”, no son una alternativa general factible, ya que a menos que cuenten con financiamiento estatal, son incapaces de garantizar establemente la satisfacción de necesidades de una población mayoritariamente empobrecida.

Aunque la prescripción dominante pareciera ser que las familias, o sea principalmente las mujeres, suplan al Estado en retirada y al mercado, esta proposición carece de fundamentos objetivos. Muchas de las actividades abandonadas por las instituciones públicas entrañan una complejidad grande y no pueden ser realizadas por las familias o las mujeres. Tal es el caso, por ejemplo, de la educación escolar o la atención médica. Las mujeres sólo pueden asumir algunas tareas de “cuidado” o de socialización en el seno de la familia, desatendidas por el Estado e incumplidas por el mercado. Aun así se carga sobre ellas una serie de tareas que están obligadas a asumir al tiempo que su participación en el mercado de trabajo es creciente, sea por ser jefa de familia o para completar el ingreso familiar. De allí surge una tensión irresoluble en el corto plazo: o resuelve las crecientes tareas familiares o se hace cargo del trabajo remunerado. Algunas mujeres pueden resolver este dilema por la vía del mercado gracias a los bajos salarios de las trabajadoras domésticas. Se establece, de esta manera, un desafortunado conflicto de intereses entre ambos grupos.

Se puede constatar entonces que asistimos hoy en México a “fallas” coincidentes del mercado, del Estado y de la familia. Sobra decir que estamos ante un problema estructural que además actualiza simultáneamente los tres grandes tipos de riesgos sociales: los de clase; los del ciclo de vida y los intergeneracionales, así como la iniquidad de género. Si esta situación se hace permanente, tendremos un periodo largo de caída masiva en las condiciones de vida y de aumento de la desigualdad y la iniquidad. Las características de la reforma social del Estado revelan, así mismo que sus diseñadores comparten este diagnóstico. De allí la insistencia en redefinir el bienestar en términos de unos mínimos que pueden ser asumidos por la familia y por un Estado en franca retirada de sus responsabilidades sociales.

Este sombrío panorama plantea la necesidad de un cambio estructural de otro signo y la urgencia de repensar las prioridades y cambiar a fondo la política social. Hay varios puntos de reflexión importantes para la formulación de esta política. Uno primero es sobre la familia que hoy está cambiando rápidamente, tanto en su composición como en el reparto de tareas entre sus miembros; la familia nuclear con un jefe de familia que trabaja y una ama de casa que cuida, no puede considerase hoy como un modelo realista. Uno segundo es el surgimiento de nuevos “riesgos del ciclo de vida”; persisten los anteriores de los niños y adultos mayores pero se añaden los de la juventud sin trabajo y con acceso restringido a la educación. Uno tercero, particularmente necesario para el enfoque de género es, qué significan o cómo deben estructurarse las acciones afirmativas en medio de una masiva y creciente desigualdad social. Y por último, si se tiene un compromiso con la lucha contra la iniquidad, ¿no es necesario asumir también la lucha contra la desigualdad con una política social universalista y redistributiva?

Bibliografía

BANCO MUNDIAL 1993. Invertir en Salud. Washington DC: World Bank.

BANCO MUNDIAL 1997. El Estado en un Mundo en Transformación. Washington D.C: Banco Mundial.

BERLIN, I. 1969. Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.

BERLINGUER G. 1996. Ética de la Salud. Buenos Aires: Lugar Editorial.

BOBBIO, N. 1989. Liberalismo v Democracia. México DF: Breviarios Fondo de Cultura Económica.

BODENHEIMER T., 1995. The industrial revolution in Health Core Social Justice 22(4):26-42.

CABRERO MENDOZA, E. 1998. Las Política Descentralizadoras en México (1983- 19931. Loaros v desencantos. México DF: CIDE.

COLLINS, C., GREEN, A. 1994. Decentralization and primary health care: some negative implications in developing countries. Int. J. Health Serv. 24: 459- 475.

DA VITA, A. 1993. O lugar dos dereitos na moralidad política. Lúa Nova 30, 5- 34.

DOYAL, L., GOUGH, I. 1991. A Theory of Human Need. London: MacMillan.

ESPING-ANDERSEN, G. 1985. Politics against Markets. Princeton NJ: Princeton University Press.

ESPING-ANDERSEN, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

ESPING-ANDERSEN, G. 1999. Social Foundations of Postindustrial) economies. Oxford: Oxford University Press.

FALUDI, S. 1992. Bocklosh. New York: Anchor Books.

FISK, M. 1996. Health care as a public good J. Social Philosophv 27:14-40.

GEORGE, V., WILDING, R 1994. Welfare and Ideoloav. London: Harvester Wheatsheaf.

GUILLÉN, H. 1992. El proyecto social de Milton Friedman: el regreso al “laissez- foire”. Investigación Económica 202: 277- 309.

HAYEK, F. 1982. Low. Legislation and Liberty London: Routledge and Kegan Paul.

HOLDEN, B. 1993. Understanding Liberal Democracy. London: Harvester Wheatsheaf.

LAURELL, A.C. 1992. Estado v Políticos Sociales en el Neoliberalismo. México DF: Fundación F. Ebert.

LAURELL, A.C. 1996. La política social del pacto posrevolucionario y el viraje neoliberal en A. C. Laurell (coord.) Hacia una Política Social Alternativa. México DF: lERD-Fundación F. Ebert, pp. 15-32.

LAURELL, A.C. 1997. La Reforma Contra lo Salud v la Seguridad Social. México DF: ERA.

LAURELL, A.C. 1998. El Banco Mundial en la reforma de los servicios médicos del IMSS. Salud Problema 3(4): 57-62

MARSHALL, T.H. 1965. Social Policy London: Hutchinson & Co. Publisher.

NAVARRO, V. 1997. Neoliberalismo y Estado de Bienestar. Barcelona: Ariel.

NAVARRO, V. 1998. Neoliberalism, "globalization", unemployment, inequalities and the welfare State. Int. J. Health Serv. 28:4: 607-682.

OFFE, C. (1991) Contradicciones en el Estado de Bienestar. México DF: CNCA-Alianza.

PIERSON, C. 1991. Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press.

PIERSON, R 1997. Dismantling the Welfare State? Cambridge: Cambridge University Press.

ROTHSTEIN, B. 1994: Vad Bör Staten Göra? (¿Qué debe hacer el Estado?). Estocolmo: SNS F6rlag.

SADER, E., GENTILI, R 1995. Posneoliberalismo. Las políticos Sociales o Estado Democrático. Sao Paulo: Paz e Terra.

SAINSBURY, D. 1994. Gendering Welfare States. London: Sage.

THERBORN, G. 1999. The global future of the European Welfare State en Therborn, G (ed) Globalizations and Modernities. Uppsala: FRN, pp. 242- 262.

VILAS, C. 1995. Estado y Políticas Sociales después del Ajuste. Caracas: Nueva Sociedad.

Margarita Velázquez

Política ambiental con equidad de género: retos y recomendaciones

Desde hace ya casi treinta años, la búsqueda de patrones de desarrollo que efectivamente puedan conciliar las necesidades de sostenimiento de los sistemas naturales del planeta con aquellas de las sociedades humanas, ha permeado muchas de las discusiones sobre el tema de desarrollo tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, hoy, los esfuerzos en materia de diseño de políticas y la puesta en marcha de acciones que buscan incidir efectivamente en la construcción de procesos de desarrollo sustentable han sido vastos y variados. No obstante, como muchas(os) de nosotras(os) lo reconocemos, si bien desde las dimensiones ecológicas y económicas los avances han sido importantes, los aspectos sociales involucrados en la construcción de la sustentabilidad han sido poco trabajados y aun es mucho lo que queda por hacerse.

En esta presentación quiero hacer referencia precisamente a este último aspecto, a las dimensiones sociales de la sustentabilidad, haciendo énfasis en las relaciones de género involucradas en los procesos de acceso, uso y manejo de recursos, tanto naturales como económicos y sociales. Con ello, en esta ponencia presento una serie de indicadores y recomendaciones que me parece pueden servir como guía para el diseño de políticas y la instrumentación de programas y proyectos que quieren incidir en la construcción de procesos de sustentabilidad basadas en principios de equidad de género y justicia social.

En la primera parte de esta ponencia hago una reflexión crítica de los conceptos de desarrollo sustentable y sustentabilidad y propongo una forma diferente de concebirlos.

En la segunda parte reviso cómo el análisis de las relaciones sociales, de las cuales las relaciones de género son un elemento estructurante, nos permite entender y manejar las transformaciones ambientales que hoy atestiguamos. Finalmente, hago una crítica a las formas en las que se ha concebido la participación de las mujeres en las políticas y programas ambientales en el mundo y presento una serie de recomendaciones para el diseño de este tipo de instrumentos bajo el principio de equidad de género.

La dimensiones de la sustentabilidad

En el centro de las discusiones sobre el tema de la sustentabilidad, la necesidad de transformar las relaciones sociedad-naturaleza ha sido repetidamente subrayada. De tal forma, se ha reconocido que muchos de los problemas ambientales que hoy observamos son, en muchos de los casos, problemas del desarrollo y que la mayoría de los cambios ambientales de los que somos testigos son producto de la acción humana. A partir de estos supuestos, bajo perspectivas tecnocéntricas y ecocéntricas, las iniciativas puestas en marcha para lograr, lo que se ha denominado, el desarrollo sustentable, han puesto el énfasis en los medios y las estrategias ecológicas y económicas para alcanzarlo.

De tal forma, existen hoy avances importantes en cuanto a nuestro entendimiento sobre las dimensiones ecológicas de la sustentabilidad. Actualmente conocemos más y mejor el funcionamiento de los sistemas físico-bióticos del planeta. Como resultado, sabemos qué recursos están siendo agotados y a qué ritmo ocurre lo anterior. Paralelamente, en este contexto, el desarrollo de bio-tecnologías y tecnologías apropiadas ha adquirido una importancia singular.

En materia económica, a partir de diversas escuelas y perspectivas teóricas, diferentes propuestas han sido desarrolladas. La mayoría de ellas han tenido como objetivo la instrumentación de estrategias económicas, a través de las cuales sea posible mantener los sistemas naturales del planeta sin amenazar la capacidad de crecimiento económico de las sociedades y el bienestar de la mayoría de la población humana. De tal forma, temas como pobreza, degradación ambiental y cuentas ambientales, entre muchos otros, han estado presentes desde el inicio de las discusiones y en muchos de los esfuerzos realizados. En este contexto, como lo menciona Adams (1990), muchos de los debates sobre sustentabilidad durante los últimos 29 años han estado perneados por la necesidad de encontrar nuevos arreglos económicos, tanto a nivel local, nacional e internacional, que permitan proporcionar a la población los mínimos de bienestar permisibles y bajo el supuesto de que la naturaleza le impone límites al crecimiento económico.

En términos de las dimensiones sociales de la sustentabilidad, sin embargo, las discusiones e iniciativas han sido menores. De tal forma, si bien la necesidad de transformar la relación sociedad-naturaleza ha sido el objetivo de muchos de los debates y las acciones instrumentadas, menor atención se le ha dado a las relaciones sociales en las que el binomio anterior se estructura. Así, en muchos casos, las dimensiones sociales de la sustentabilidad han sido consideradas como el conjunto de medidas prácticas y tecnológicas a ser instrumentadas por modelos desarrollistas con el fin de resolver las transformaciones ambientales que se suceden. Consecuentemente, como lo mencionan Redclift y Benton (1994), menor atención se le ha otorgado al análisis y la transformación de las relaciones sociales y culturales entretejidas en la producción de cambios ambientales. Esto es, mayor hincapié se le ha otorgado al entendimiento y la instrumentación de los medios para alcanzar la sustentabilidad, mientras que, como Arizpe (1991) lo ha subrayado, menor atención se le ha prestado a contestar las preguntas de quién usa qué recursos y por qué dichos recursos son utilizados de una u otra forma.

En este sentido, las dimensiones sociales de la sustentabilidad tienden a ser etiquetadas como “problemas sociales”. Temas como el crecimiento poblacional, la pobreza y la iniquidad de género son concebidos como obstáculos a la sustentabilidad. Consecuentemente, en varias de las propuestas de desarrollo sustentable diseñadas, se considera que la solución a los mismos se funda en la puesta en marcha de estrategias económicas y tecnológicas únicamente. Dichas propuestas consideran que la solución a los problemas sociales y ambientales se encuentran básicamente en la instrumentación de nuevos marcos económicos, el desarrollo de tecnologías verdes, el establecimiento de comunidades de subsistencia, en el diseño de esquemas de manejo conservacionistas, o de políticas de control natal.

Como varias autoras y autores lo han sugerido (Arizpe, Stonc y Major, 1994; Gallopin, Gutman y Malleta, 1989; Daly, 1997), dichas propuestas no han tomado en cuenta la multiplicidad de factores y mediaciones involucradas en la relación sociedad-naturaleza. Así pues, más que problemas sociales, las dimensiones sociales deben concebirse como el conjunto complejo de mediaciones y relaciones económicas, sociales y culturales involucradas en la producción y solución de ambos, los problemas sociales y los cambios ambientales. Por ejemplo, la solución a la conflictiva relación entre población y medio ambiente, se piensa únicamente en términos de la instrumentación de políticas de control natal. Ello, sin embargo, no considera la multiplicidad de relaciones y valores sociales, culturales y económicos que inciden en las decisiones que mujeres y hombres toman con respecto al número de hijos que desean tener. En el caso del tema pobreza y degradación ambiental, las políticas y los programas económicos insisten en encontrar soluciones a dicho binomio en la instrumentación de medidas “sustentables” que aseguren un crecimiento económico estable. Esto último, sin abordar las causas estructurales de la pobreza, que se encuentran, entre otras, en la desigual distribución de la riqueza alrededor del mundo y, sin retar, como lo argumenta Daly (1997), el concepto mismo de crecimiento.

Lo anterior, se debe al hecho de que la sustentabilidad, en la mayoría de los casos, ha sido considerada una meta del desarrollo, del progreso y el crecimiento económico, como este término ha sido tradicionalmente entendido. Esto último, en vez de concebir a la sustentabilidad como un conjunto de estrategias interconectadas que necesitan ser construidas en los niveles micro, meso y macro, con el objeto de poner en marcha procesos de transformación económicos y sociales sustentables; procesos capaces de rehabilitar tanto el deterioro ambiental como el social, así como de mantener los sistemas de vida del planeta y de las personas, ahora y en el futuro, bajo los principios de equidad, redistribución de la riqueza y justicia social.

Consecuentemente, me parece que la sustentabilidad debe ser concebida, más que como una meta, como un conjunto de procesos de cambio. Ello implica pensar en la sustentabilidad en términos de proyectos de futuro que se estructuran a partir de tres dimensiones básicas: la ambiental, la económica y la social.

Bajo la premisa anterior, las dimensiones sociales de la sustentabilidad deben ser entendidas entonces, como un conjunto interconectado de procesos que no son únicamente causas de la transformación ambiental, sino también consecuencias y respuestas a la misma, que pueden contribuir, o no, a la construcción y el manejo sustentable de los cambios ambientales en el futuro. Concebidas como procesos interconectados, más que como metas, las dimensiones sociales del cambio ambiental, entonces, deben ser abordadas a partir de marcos metodológicos que posibiliten el desarrollo de nuevos conceptos e indicadores analíticos que nos permitan una mejor comprensión de los componentes involucrados en dichos procesos.

Relaciones sociales y sustentabilidad social

En este contexto por lo tanto, como se argumenta en lo que sigue, existe la necesidad de construir nuevos indicadores analíticos que nos permitan contribuir al conocimiento del complejo y múltiple conjunto de relaciones sociales que inciden en la producción del cambio ambiental, así como acerca de sus consecuencias sobre las sociedades humanas. Indicadores que, a su vez, contribuirán a la construcción de la sustentabilidad desde una perspectiva más amplia. Para hacerlo, es necesario utilizar un abordaje más holístico como el que el marco analítico de las relaciones sociales nos ofrece. Una metodología que nos permite explicar no solo los niveles meso y macro de las relaciones entre sociedad y naturaleza y entre sociedades, sino también y especialmente las relaciones de la vida cotidiana que dan lugar a complejos sistemas de género y de ínter e intra relaciones y diferenciaciones sociales y culturales que, en el mediano y largo plazo, determina el uso y manejo de los recursos naturales, tal y como diversos autoras (es) lo han subrayado (Agrawal, 1991; Leach, Joekes y Green, 1995; Leach, 1994; Rocheleau, et. al., 1996).

En este sentido, tal y como Young, et. al. (1981) lo sugiere, consideramos que el marco conceptual de las relaciones sociales nos brinda las herramientas analíticas y conceptuales necesarias para comenzar a entender las dimensiones sociales de la sustentabilidad. A partir de este marco podemos analizar no únicamente las relaciones económicas de las sociedades, sino también lo que se ha denominado las relaciones de la cotidianidad (Young, et. al., 1981: VIII). Una aproximación que nos permite develar, como Kabber lo sugiere, las interconexiones entre diferentes esferas y niveles de la sociedad y entre individuos y estructuras sociales (1994:53-54).

De tal manera, como la misma Kabber (1994) lo subraya, al referimos a las relaciones sociales no sólo estamos considerando las relaciones de producción como comúnmente se entienden, sino sobre todo el entretejido de relaciones a través de las cuales las necesidades de las personas se satisfacen. Esto es, el conjunto complejo de relaciones que gobiernan la organización de la producción, distribución y consumo de recursos materiales y sociales, así como al conjunto de actividades necesarias para la (re) producción de los recursos humanos, mismas que son llevadas a cabo a través de una variedad de relaciones sociales y en una variedad de contextos institucionales.

Consideramos entonces, que el marco conceptual de las relaciones sociales nos brinda las herramientas metodológicas y analíticas necesarias, para comenzar a desarrollar nuevos indicadores que nos permitan explorar y entender los elementos sociales contenidos en la noción de sustentabilidad. Al analizar las diferenciaciones internas que ocurren en una comunidad o en un grupo social específico, desde una perspectiva de clase y género, este marco nos ayuda a explicar y analizar las causas y las consecuencias de los actuales cambios ambientales, así como el manejo de los mismos al considerar el complejo conjunto de relaciones sociales cotidianas involucradas en dichos cambios, y en las cuales la relaciones de género son centrales.

Así, a partir de lo anterior y como se comenta más adelante, un análisis desde la perspectiva de género resulta básico para comprender las dimensiones sociales de la sustentabilidad. Esto ya que, como una gran cantidad de estudios lo han señalado, el género, en tanto categoría analítica relacional, está contenida en toda relación social y estructura de la división de recursos y responsabilidades y de derechos y obligaciones entre diferentes grupos de hombres y mujeres en cualquier sociedad, delineando las formas de acceso a los recursos naturales, así como las modalidades a través de las cuales dichos recursos son utilizados y manejados (Jackson, 1993; Kabber, 1992; Leach, 1994). El género entonces, tal y como Leach lo subraya, nos ayuda a entender otras formas de diferenciación social que influencian el manejo ambiental, no sólo como substituto, sino porque otras formas de diferenciación tales como edad, riqueza u origen operan de manera diferenciada desde una perspectiva de género (1994:22).

Los estudios sobre mujer y ambiente: una crítica desde la perspectiva de género

Desde la década de los años ochenta, el estudio de las relaciones entre mujeres y ambiente surgió en muchas de las agendas de investigación a nivel internacional. Preocupadas por el hecho de que, en los estudios sobre sociedad y naturaleza, la participación de las mujeres no estuviera siendo considerada, varias investigadoras e investigadores comenzaron a analizar dicha participación desde diversas perspectivas metodológicas y conceptuales. Bajo esta óptica se han desarrollado tres perspectivas generales.

Una de estas perspectivas corresponde al “ecofeminismo”, del cual existen variantes. Ésta parte del supuesto fundamental de que existen importantes conexiones entre la opresión de la naturaleza y la opresión de las mujeres; hecho que hace que exista una relación “especial” entre mujer y naturaleza (Gaard and Gruen, 1994; Hombergh, 1993; Merchant, 1989; Shiva, 1988; Warren, 1987, entre otras).

Otro tipo de abordaje, influenciado por varios de los postulados ecofeministas es la perspectiva “Mujer, Desarrollo y Ambiente” “(MDA). Dentro del marco del diseño y la planeación de políticas, esta corriente, que aparece a mediados de la década de los años ochenta, pretende incluir en los niveles de toma de decisión e instrumentación de acciones, los intereses de mujeres y ambientalistas. Bajo esta perspectiva, la participación de las mujeres es concebida básicamente en tanto administradoras y usuarias de los recursos; por ello, la participación femenina debe ser incluida en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de desarrollo sustentable, ya que de no hacerse los esfuerzos por alcanzar la sustentabilidad no serán exitosos y en algunos de los casos, las acciones emprendidas llegan a empeorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población femenina rural y urbana marginal, sobre todo, en aquellos países en vías de desarrollo (Dankelman and Davidson, 1988; Rodda, A., 1991).

En términos generales se podría decir, que ambas perspectivas comparten los siguientes supuestos, mismos que han influido en la manera en la que hasta ahora se ha llevado a cabo el diseño y la instrumentación de políticas que suponen incidir en la relación mujer-desarrollo sustentable:

- Están centradas únicamente en las actividades que realizan las mujeres, generalmente con aquellas ligadas a la reproducción biológica y social.

- Se centran en la identificación del papel de las mujeres sin considerar las interacciones dinámicas de éstas con la participación de los hombres.

- Consideran a las mujeres únicamente como administradoras eficientes de recursos y como una fuente inagotable de mano de obra.

- Asumen que la participación de las mujeres en proyectos de manejo de recursos per se beneficiará a las mujeres.

- Consideran que todas las mujeres son iguales, asumiendo una homogeneidad de intereses con base en su sexo biológico.

A partir de los supuestos anteriores, como Leach, et. al. (1995) lo han señalado, se han observado cuatro grandes tendencias negativas en cuanto a los resultados de las intervenciones de política realizadas bajo la influencia de estas dos corrientes, tal y como se enumeran a continuación:

1. El “éxito” de los proyectos se ha dado a expensas de las mujeres, a través de la apropiación del trabajo femenino no remunerado, en actividades que no corresponden a sus necesidades o cuyos beneficios ellas no controlan.

2. Los abordajes de manejo comunitario y el uso de grupos de mujeres dentro de los primeros, pueden actuar en contra de los intereses de las mujeres. Por lo general, las mujeres tienen poca presencia política en los comités o grupos comunitarios. Esto, en efecto puede empeorar, en lugar de mejorar, la posición de las mujeres, cuando los proyectos de uso de recursos son ubicados dentro de los comités de hombres, y cuando dichos comités formalizan los derechos de acceso y uso, marginando, en el proceso, las formas de acceso y uso de recursos tradicionales de las mujeres?

3. Los esfuerzos de los proyectos por incluir a las mujeres no siempre se materializan, ya que las mujeres, por lo general, se resisten a participar en actividades que no son de su interés.

4. Un abordaje centrado únicamente en grupos de mujeres, que no considera las diferencias entre ellas, generalmente deja fuera los intereses y las necesidades de algunos grupos de mujeres (por ejemplo los de las más pobres).

Tomando en cuenta las repercusiones que los enfoques ecofeministas y MDA han tenido y en un esfuerzo por entender más cabalmente no sólo las vinculaciones entre mujeres y ambientes, pero sobre todo las dimensiones sociales del cambio ambiental desde una perspectiva de género, varias (os) autoras (es) han venido desarrollando diferentes abordajes metodológicos para el estudio de esto último. Estas últimas metodologías consideran que, para entender las dimensiones sociales de la sustentabilidad con equidad de género, es necesario analizar y entender las relaciones de género inmersas en el conjunto de relaciones sociales de la vida diaria. Ello nos permitirá mirar y entender los varios y diferenciados niveles y formas de relaciones de género involucradas en la producción, consecuencias y manejo del cambio ambiental.

Género, cambio ambiental y sustentabilidad social: hacia la construcción de marco analítico.

De manera general tres grandes vertientes pueden ser identificadas en el estudio de la problemática ambiental desde una perspectiva de género: 1) el ambientalismo feminista; 2) la ecología política feminista; y, 3) la corriente de género, ambiente y desarrollo.

El ambientalismo feminista enfatiza cómo género y clase estructurar las interacciones de las personas con la naturaleza y cómo a la vez, estructuran intereses de género específicos sobre ciertos recursos y procesos ecológicos y los efectos del cambio ambiental sobre grupos específicos de personas, así como las respuestas de estas últimas a dicho cambio (Agarwal, 1991); por su parte, la ecología política feminista, la cual de acuerdo a Rochelau, et. Al. (1996) incorpora una perspectiva feminista a la ecología política, considerado el género como una variable crítica que determina la forma en que se tiene acceso y control sobre los recursos naturales, interactuando con factores tales como clase, casta, raza, cultura y etnicidad, los cuales determinan las característica de los procesos de cambio ecológico y los esfuerzos de mujeres y hombres para sostener sistemas de vida ecológicamente viables y las posibilidades de cualquier comunidad para desarrollar la sustentabilidad (1996:4). La corriente de género, ambiente y desarrollo, se relaciona más con la integración de las perspectivas de género en la investigación y en el diseño e instrumentación de políticas y programas de desarrollo y ambientalista (Joekes, et. al., 1996). Así, estas tres corrientes, aunque derivadas de diferentes escuelas de pensamiento, han desarrollado varios temas de interés y estudio en común que consideramos pueden ser utilizadas para tener un cabal entendimiento de las dimensiones sociales de la sustentabilidad.

En primer lugar, los estudios de la problemática ambiental desde una perspectiva de género comparten la premisa de que las relaciones de género son un factor importante que debe considerarse en el análisis de la transformación ambiental y la sustentabilidad. En este sentido, se refieren a las relaciones de género como aquellas dimensiones de las relaciones sociales que crean diferencias sistemáticas en la posición de que hombres y mujeres ocupan en diferentes contextos (Kabber, 1992:17). Asimismo, las tres están de acuerdo en que, como Jackson lo subraya, el análisis desde las perspectiva de género ofrece un marco que explica dichas diferencias de acuerdo a las especificidades locales en que las relaciones ambientales de hombres y mujeres se producen, (Jackson, 1993:1947), al tiempo que permiten anticipar los obstáculos y las oportunidades genéricamente determinadas que las actividades ambientales y de desarrollo presentan (Jackson, 1995:111).

Dichas perspectivas consideran entonces, que* las relaciones que mujeres y hombres establecen con la naturaleza están enraizadas en su realidad material; que dichas vinculaciones están socialmente construidas y que varían entre los diferentes grupos de hombres y mujeres en variados escenarios ambientales. Así, la mayoría de estos estudios, informan sobre lo que Leach ha llamado las “microeconomías locales de uso de recursos desde una perspectiva de género”, un abordaje analítico que nos permita develar detalladamente las diferencias y la división de actividades, responsabilidades y derechos de los procesos de manejo y uso de recursos naturales y el examen de sus interacciones con las relaciones de género. Esto a su vez, permite identificar diferencias entre grupos de mujeres, así como entre grupos de hombres, y aplicar nuestro análisis a lo largo del tiempo para identificar las interacciones entre cambios en la división de género del cambio ambiental (Leach, et. al., 1995:4).

Bajo las premisas anteriores, y en un esfuerzo por construir un marco de referencia para el análisis de las dimensiones de género del cambio ambiental, las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren cinco indicadores básicos que han probado ser útiles para el estudio de esto último: 1) la división del trabajo y las responsabilidades por sexo y edad; 2) los derechos de propiedad; 3) las instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales; 4) la economía política global, regional, nacional y local; y, 5) el contexto ecológico y dinámica de los ecosistemas (Leach, et. al., 1995).

El primer indicador, la división del trabajo y las responsabilidades, ha sido identificado por la investigación feminista como un elemento clave del análisis de género. Al observar las formas de asignación de trabajo y los procesos de toma de decisiones a partir de los cuales los primeros tienen lugar, las y los usuarios y controladores de recursos y de procesos ecológicos específicos de acuerdo a su sexo y edad, pueden ser identificados. Conjuntamente, otros factores como clase, posición en los ciclos de vida y familiares, religión, etnicidad y derechos de acceso a la tierra, al empleo y a otros recursos económicos y naturales, deben de ser considerados ya que son elementos que estructuran y caracterizan dicha división.

La división de trabajo por género, también nos permite observar el tipo y la cantidad de trabajo realizado por mujeres y hombres y las consecuentes diferencias que el cambio ambiental puede tener sobre ambos. Asimismo, nos permite entender cómo dichas labores son, al mismo tiempo, fuentes de transformaciones ambientales. Aquí, cabe señalar que, como la investigación desde la perspectiva de género nos lo ha demostrado, la división del trabajo no debe tomarse como dada. Por el contrario, para entender de qué manera hombres y mujeres utilizan y manejan los recursos naturales en diferentes contextos ecológicos y socioeconómicos, es necesario ir más allá de la mera representación o descripción de la distribución de labores. En este sentido, se requiere de un análisis más detallado que dé cuenta de los procesos de toma de decisiones y negociaciones, a través de los cuales dichas tareas son asignadas y distribuidas. Así, como Jackson lo apunta, un enfoque sólo hacia la segregación sexual de la lista de tareas no explica el proceso a través del cual se define la división de derechos y responsabilidades, lo que guía la conducta y el comportamiento de hombres y mujeres (1995:120).

El segundo elemento a tomarse en cuenta, muy ligado al anterior, es el que se refiere a los derechos de propiedad. Concepto que, por definición, es parte del conj unto de relaciones sociales, debido a que representa relaciones entre personas más que entre personas y cosas, ya que denota arreglos y formas de relación sociales que legitiman el reclamo individual a la tierra y a otros recursos materiales y no materiales (Jacson, 1995:122). Relaciones que se norman a través de los marcos legales correspondientes y mediante esquemas sociales y culturales “no formales” (Mackenzie, 1995). Así, tal y como la investigación sobre mujeres rurales en América Latina, Asia y África lo ha demostrado, si el acceso y el control sobre la tierra, y otros recursos económicos y naturales, estructura el conjunto más amplio de relaciones de género, sociales y naturales en el que los sistemas de vida de la población se desarrollan, los derechos de propiedad pueden considerarse como factores mediatizadores en las relaciones ambientales de mujeres y hombres (Jackson, 1993:1959). Estas diferencias por género en el acceso a y el control sobre los recursos, tienen importantes implicaciones en lo que se refiere a los incentivos y las oportunidades para realizar un manejo ambiental sustentable y por ende para la construcción de procesos sociales de sustentabilidad (Joekes, et. al., 1996; Jackson, 1995; Mackenzie, 1995; Rochelau, et. al., 1995).

Un tercer elemento a considerar en el análisis del cambio ambiental desde una perspectiva de género, es el estudio de las instituciones mediante las cuales los derechos de propiedad y los procesos de toma de decisiones y de negociación, que determinan la división del trabajo y las responsabilidades por género, son ejercidos. Esto significa, mirar cómo la posición de hombres y mujeres en las unidades domésticas, en las comunidades y en otras instituciones involucradas en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales, está genéricamente determinada (Leach, et. al., 1995:6). Aquí es importante resaltar la necesidad que existe de analizar la unidad doméstica y el concepto conyugal, a partir del cual la división del trabajo y las responsabilidades por género y los derechos de propiedad se estructuran y caracterizan las relaciones de hombres y mujeres con el medio ambiente. Esto significa analizar las relaciones interdomésticas, a través de las cuales tienen lugar procesos de toma de decisiones ambientales determinadas por género (Jackson, 1993:1959). El análisis de las relaciones interdomésticas y cómo éstas cambian y reaccionan a la transformación ambiental, nos permitirá la construcción de indicadores de vulnerabilidad social al mirar a la unidad doméstica no únicamente en relación con otras unidades e instituciones, sino también al observar sus procesos y dinámicas internas, como se explica más adelante.

El cuarto elemento a ser considerado en un análisis del cambio ambiental desde la perspectiva de género, es el contexto y la dinámica de la economía política, en los cuales los procesos anteriores tienen lugar. Ubicar los microprocesos en los que el acceso, uso y control de los recursos se lleva a cabo, en el marco de la economía y las instituciones regionales, nacionales e internacionales, es cmcial para entender como la dinámica de los primeros (Rochelau, et. al., 1996).

Finalmente, entender el cambio ambiental desde una perspectiva de género necesita tomar en cuenta las características ecológicas en las cuales las relaciones sociales se insertan, dado que las primeras moldean los procesos y los impactos de las transformaciones ambientales. Como Leach et. al., lo subrayan, si bien esta óptica resulta obvia desde la perspectiva de las ciencias naturales, los científicos sociales que se dedican al estudio de la dinámica social y de género y el uso de recursos, frecuentemente caen en generalizaciones y falsas premisas acerca del impacto ambiental de éstas sobre los ecosistemas (1995:7).

Recomendaciones para la construcción de políticas de sustentabilidad con equidad de género.

Considerando estos cinco indicadores, tal y como Joekes, et. al., (1996) lo sugieren, una política de sustentabilidad con equidad de género cuyo objetivo sea la construcción de procesos que permitan la rehabilitación y el mantenimiento de vida en el planeta, así como la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas sociales bajo principios de justicia social y equidad, debe contemplar las siguientes recomendaciones:

1. La meta estratégica de una política ambiental con enfoque de género debe ser proteger o mejorar el acceso y control de mujeres y hombres a los recursos naturales, considerando la necesidad de apoyar y promover la capacidad y posición de negociación de las mujeres dentro de la unidad doméstica y de la comunidad. En tanto un proyecto inyecta mayores recursos a una comunidad, las mujeres deben también tener capacidad de control sobre esos recursos extras.

Es responsabilidad de los hacedores de política y de los diseñadores e instrumentadores de intervenciones para el desarrollo, asegurar que estas últimas no le resten a las mujeres control, absoluto o relativo en relación con los varones, sobre los recursos.

2. La importancia central del concepto de tenencia en el análisis económico de manejo de recursos, ha alertado a los hacedores de política en casos donde los derechos de propiedad han sido mal definidos o en situaciones donde ciertos grupos sociales no gozan de este derecho. Pero, por lo general, la definición de derechos ha ignorado aquellos derechos no formales, comúnmente asociados con las mujeres. Hay la necesidad, entonces, de ampliar los marcos de análisis acerca de lo que se entiende por derechos y de indagar más acerca de lo que los derechos de propiedad son en la práctica. Aún más, los hacedores de política necesitan considerar que las intervenciones ambientales pueden afectar los regímenes de propiedad. Los derechos de propiedad de las mujeres necesitan ser atendidos desde el inicio de una intervención y monitoreados a lo largo de toda la duración el proyecto. Como en el caso anterior, las políticas y los programas no deben discriminar a las mujeres ni en términos de la formalización de nuevos derechos de propiedad, ni en términos de olvidar la preexistencia de derechos “informales”.

3. La política necesita tomar en consideración que los intereses de hombres y mujeres sobre los recursos naturales, así como los incentivos de los mismos para el manejo ambiental, difieren en diferentes situaciones. Los hacedores de política deben conocer las percepciones que hombres y mujeres y subgrupos de cada sexo, tienen con respecto a lo que significa “degradación ambiental”, “desarrollo sustentable”, “conservación” y “manejo”, entre otros conceptos. Estas percepciones, por lo general, serán deficientes entre un grupo y otro y también lo serán sus estimaciones acerca de lo que puede o no hacerse o necesitarse para mejorar. Tratar de entender el por qué de las diferencias puede ser una técnica útil en el contexto del proyecto, para delinear las diferencias de género en cuanto á las formas de acceso y control de recursos naturales, sociales, económicos y políticos y para entender las limitaciones materiales y sociales de las personas para involucrarse en cierto tipo de proyectos.

4. La invisibilidad de los derechos de propiedad de las mujeres sobre recursos ambientales, se localiza en una variedad de instituciones sociales y se mantiene a través de varios mecanismos políticos. Una vez que éstos son identificados en campo, los medios a través de los cuales se pueden fortalecer o ampliar dichos derechos pueden ser más fácilmente ubicados. El énfasis en promover y fortalecer las organizaciones de mujeres es por lo general correcto, pero además los hacedores de política deben examinar, promover y construir sobre las formas institucionales menos visibles y las redes que proveen a las mujeres de los medios más adecuados para canalizar sus preocupaciones y asegurar sus derechos en situaciones de tensión o cambio ambiental. De acuerdo al contexto, el apoyo a organizaciones de base puede ser más apropiado que el apoyo a grupos de mujeres o de hombres únicamente, en especial si ciertos grupos de mujeres quieren ser beneficiados por las intervenciones.

5. Es una falacia asumir que la participación de la mujeres en las actividades de un proyecto es sinónimo de beneficio: no debe estimarse que las mujeres participarán o contribuirán en prácticas de uso de recursos de las cuales ellas no se beneficiarán. Las mujeres deben ser retribuidas económicamente por cualquier trabajo que lleven a cabo en igualdad de condiciones que los hombres. Dadas las tendencias en la distribución intradoméstica del ingreso, no puede suponerse que las mujeres se beneficiarán proporcionalmente, en un efecto “cascada”, al desviar parte de su tiempo a las actividades del proyecto, aun si los ingresos familiares totales se incrementan como resultado del proyecto.

6. Por lo que respecta a la “participación” en la administración de proyectos, es necesario definir los términos de dicha participación. Las hacedoras de política necesitan estar alertas acerca de las relaciones de poder que subyacen en el manejo del proyecto y de la posibilidad de que las formas de manejo participativo exhiban las jerarquías de género y dejen de lado los intereses de las mujeres. Las mujeres pueden ser marginalizadas de cualquier instancia de toma de decisiones con un peor significativo en la distribución del poder. Los procedimientos en la administración local de proyectos deben ser diseñados para dar completa representatividad a los intereses de las mujeres. En ciertas situaciones no será posible retar directamente el poder de decisión de los varones, sin embargo, existe la posibilidad de introducir procedimientos internos en la constitución y funcionamiento de estas instancias, que aseguren a las mujeres un poder de decisión real sobre asuntos que les conciernen.

7. La necesidad de dar a las personas y, a las mujeres en particular, opciones reales para que seleccionen sistemas y formas de vida de acuerdo a sus intereses y necesidades, implica llevar a cabo intervenciones no únicamente centradas en los aspectos ambientales. En algunas ocasiones, el logro de un manejo sustentable de los recursos puede lograrse más fácilmente asegurando formas de empleo y trabajo alternativas, in situ o fuera, para reducir la dependencia de las personas sobre los recursos naturales. Cambios en la condición y posición social de las mujeres pueden, por tanto, implicar una mayor participación en el empleo remunerado o en el comercio, más que en esquemas de conservación de la naturaleza únicamente.

8. Las políticas de precios deben ser reconsideradas y los métodos de estimación de precios revisadas de acuerdo a las inequidades de género que se observan en la distribución inter-doméstica de los ingresos y en la identificación y expresión de prioridades en el consumo de la unidad doméstica. Por ello, las políticas ambientales y de precios necesitan considerar primero, que las mujeres tienen menor control sobre el dinero que los hombres y, segundo, que donde los hombres se hacen cargo de los gastos de la unidad doméstica y de la compra de insumos, por lo general los intereses y prioridades de gasto y consumo de las mujeres no son tomadas en consideración.

Mesa 2

Política cultural

Jesusa Rodríguez

Eli Bartra

Marta Torres

Marisa Belausteguigoitia

Jesusa Rodríguez

La cultura como puente a la Diversidad

El tema de la mesa anterior, política económica, y el que hoy nos reúne nuevamente, política cultural, están muy ligados entre sí. Si hiciéramos un esquema muy simple entre ambas cuestiones encontraríamos que, definitivamente, el mundo del dinero se rige por unos sencillos símbolos: el mundo del dinero resta; resta formas de cultura, como en el caso de la conquista de México, anula partes de otra cultura, va destruyendo partes de otra cultura; el plan económico mundial tiende, definitivamente, a dividir, a separar a las personas, a aislarlas y, finalmente, su objetivo es uniformar.

Es muy simple: el dinero resta, divide e iguala; ésta es una esquematización matemática un tanto simple, que utilizaré para explicar, desde mi punto de vista, la relación que hay entre el mundo del dinero y el mundo cultural.

En cambio, la cultura es la suma de todo, toda la experiencia humana puede sumarse; no tenemos por qué olvidar una piedra aunque tengamos una computadora, ambas cosas son extraordinariamente ricas; la finalidad de la cultura, desde esta perspectiva, es sumar. Es, por supuesto, multiplicar; es decir, la cultura multiplica las posibilidades del universo, y nos conduce a la diversidad, al infinito de la diversidad: la cultura, a diferencia del dinero, suma, multiplica v nos conduce al infinito.

Mientras el mundo del dinero nos plantea un universo que resta y cada vez, resta más; yo, cada día, quiero vivir en el otro, en el que plantea la suma: el que plantea el universo de la cultura.

Sin embargo, este universo cultural está muy ligado, como casi todos los fenómenos, al dinero.

Todos nosotros entendemos el esquema anterior o, al menos, podemos saber a qué me estoy refiriendo porque, extrañamente, los símbolos utilizados pertenecen al mundo del dinero. Este esquema lo podemos hacer con chinos, japoneses, hindúes, noruegos y etíopes y lo van a entender, porque este marco de referencia, el matemático, es común a toda la humanidad; pero, si yo pusiera algún otro símbolo, alguno que no fuera universal, nadie lo entendería.

Extrañamente éste es el marco de referencia que utilizamos, en el mundo entero, para sumar dinero. Son estos símbolos, lo único que en este momento nos une, en esta idea de un mundo global; son los únicos símbolos que se entienden y, curiosamente, son los símbolos del dinero. No son los de la cultura. Difícilmente creo que alguien entendería, por ejemplo, un símbolo maya; solamente los estudiosos de los mayas.

Es muy extraño, en este sentido, cómo es que hemos convertido al mundo en un mundo estigmatizado por el dinero; definitivamente el dinero y su cultura están gobernando por sobre todas nuestras ideas. Esta es la cultura que, realmente, hemos logrado globalizar.

Es muy fácil identificar, en la cultura gringa, esta idea de supremacía; pretenden llegar a un solo esquema uniformando sobre su propio punto de vista, incluso, sobre un modelo de Big Bang del origen del universo. Un modelo que, así sea el propuesto por Einstein, representa sólo a una posibilidad, que no es la única. Cuando visitamos, por ejemplo, el Planetario de Nueva York, nos dicen: “éste es el modelo del Origen del Universo y no hay otro”. Los gringos tienden a pensar en que su modelo es el único que existe y, también, su forma de comer, su forma de vestir, su forma de vivir; al grado que Fox, nos puede decir que lo único que necesita un indio es un bochito, un changarro y una tele. Ésta es sólo “su” visión, pero cree que es todo lo que la gente quiere y, lo más aberrante del caso, es que se cree y se pretende que el mundo llegue a ser esa masa uniforme.

Mientras tanto los antropólogos, como Levi Straus, nos hablan de la grave dificultad que representa encontramos con la diversidad; hay que caminar todavía muchos kilómetros para encontrarla; aún cuando la diversidad sea lo único que somos, porque a fin de cuentas las diferencias entre un ser humano y otro, son abismales.

Este esquema, esbozado rápidamente, pretende explicar desde lo general y desde mi particular punto de vista, lo que representa el plan económico mundial, cómo impacta en nuestra cultura; y, cómo podemos, o no, incluimos en este esquema cultural global.

A quienes lo que más nos importa en la vida es la diversidad; quienes pensamos que todo se puede sumar, que no existe experiencia humana posible de quitar; que no hay ninguna religión ni posición científica que haya que quitarle a la cultura; que todas las formas de pensamiento pueden seguir sumándose, creemos en una política incluyente. Y creemos también que cuando la logremos, será posible multiplicar las posibilidades de incluir a todas las personas sin excluir a nadie.

Creemos en un sistema de la inclusión y, aún cuando hoy haya nacido la persona mil millones de habitantes, creemos que mil millones de habitantes cabemos sobre la tierra y podemos ser incluidas.

Ésta, es la visión general de la que parto para explicar cómo debiéramos estar trabajando los científicos, los que hacemos arte, los que hacemos ladrillos y los vulcanizadores; en función de la inclusión, de un mundo incluyente, diverso y plural que nos permita sumar todas las experiencias humanas; contraponiéndola con lo que están haciendo los grandes proyectos culturales que es, precisamente, todo lo contrario.

En México tenemos el caso concreto de Conaculta, que además considero como un error grave de la administración de Carlos Salinas de Gortari, hoy dirigido por Rafael Tovar y de Teresa. Independientemente de que estos señores sean unos pillos, o no; o de que Rafael Tovar sea un incompetente; no se puede poner en manos de una sola persona la cultura de todo un país; sea quien sea: Lolita de la Vega, que no hizo ni la primaria, o Carlos Monsiváis. No se puede poner en manos de una sola persona el proyecto cultural de una nación.

El caso de Rafael es extraordinario porque, además, es un muchacho con una mentalidad elitista y conservadora. Excluyente. Él dice que la gran cultura sólo es para la gente ilustrada.

Yo creo que no. Justamente estamos viviendo la paradoja de que la cultura, como quiera que la definan después de finalizar esta mesa; eso que llamamos cultura humana, se está dando mucho más intensa, poderosa, vital y con mucha más profundidad, en los extremos de la civilización; fuera de la civilización, en las zonas marginadas de la ciudad. Me interesa mucho más lo que está pasando ahora mismo con los chavos de entre 15 y 25 años, en los barrios marginales de la ciudad, que lo que hacen mis compañeros actores. Los más “profesionales” están haciendo telenovelas; telenovelas que a mí, realmente, me aburren muchísimo. En cambio los chavos que están haciendo teatro callejero, que hacen teatro en el metro, en la calle; o que simplemente se expresan, a través del rock, me parece que aportan mucho más a la cultura.

Y, estos movimientos se están dando, precisamente, fuera de lo que llamamos civilización.

Lo que yo considero como una propuesta real, es: si vamos a seguir con este sistema vergonzoso de becas para los artistas en México, muy al estilo de los gobiernos rusos, cuando atrajeron a los artistas e intelectuales para mantenerlos calladitos, pero con mucho mayor escándalo; que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pida a todos estos becarios una evaluación de resultados de su beca.

Este sistema de becas ha convertido a la gente en una bola de güevones en su casa; gente exquisita haciendo un arte que a nadie importa. Ni a ellos ni a nadie. Eso cuándo hacen algo, si es que no se gastan la beca para irse a viajar. Si continuamos, en México, con este sistema de becas, se debe obligar a estos artistas a que tres meses de su vida vayan a una zona marginal a enseñarle a cien muchachos, lo que sabe; entonces esos cien muchachos van a recibir de un artista preparado, un entrenamiento que van a poder usar toda su vida, y a su vez, ellos enseñarán a otros.

Yo no veo otra forma, para hacer una política cultural, como no sea potenciando; como ese cuento del campesino y el rey que pone un maíz y luego un maíz al cuadrado y, el tablero de ajedrez, termina sin poder ser abastecido por todo el maíz del reino. Yo no veo otra manera de, si somos mil millones de habitantes de la tierra, que podamos hacer ningún proyecto cultural que no sea expansivo, que se potencie en cada una de las gentes que han tenido educación e ilustración, y dé espacios para todos. La única visión que tengo del trabajo cultural, es el del trabajo en expansión, potenciado a miles, y que cada una de las personas que recibe un centavo por su trabajo en la cultura, reditúe ese centavo a la comunidad y lo expanda a miles de personas, a todas las posibles. No hay otra manera de plantearse un proyecto cultural; está bien que haya personas que quieran hacer exquisiteces, que se encierre a hacerlas, pero que estén obligados a, generosamente, mostrar a la comunidad, a un grupo de la comunidad que no ha tenido oportunidades, y brindarles lo que saben.

Sólo así podríamos arribar a la construcción de una política cultural, porque la que existe hoy en México me parece absolutamente vergonzosa. Es necesario desaparecer el Conaculta cuanto antes, y crear un sistema de cultura incluyente.

Eli Bartra

Las mujeres en la historia del arte.
¿Una utopía?

Hoy, teniendo que hablar después de Jesusa Rodríguez tenía varios temores. Nadie habla después de ella y hace un buen papel, pero trataré de hacer lo posible. Coincido con ella en la concepción que tiene sobre el vínculo que existe entre el dinero y la cultura. Y no quiero dejar de mencionar que el orden de estas mesas es exactamente eso; antes que política cultural fue política económica. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué el arte siempre tiene que venir después? ¿Por qué la cultura tiene que venir después?. Lo podemos poner en términos de racionalidad: si no comemos no hacemos arte, bajo esta lógica este orden se justifica; pero, también existe otra explicación, aún más interesante.

Nos reúne hoy aquí, la gran pregunta de si es posible una equidad entre hombres y mujeres, en el campo de la cultura.

El movimiento feminista del mundo durante las últimas tres décadas, por lo menos, ha apostado por esa -primero- igualdad, y hoy equidad. Las mujeres se han movilizado socialmente y han actuado individualmente buscando esa igualdad. Aunque suponemos que existía ya, desde hace varios siglos, este tipo de pensamiento libertario y “feminista”, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, es probable que su búsqueda no haya sido por una igualdad, pero sí, por una equidad, aunque estos conceptos no existieran aun. Yo, junto con el movimiento feminista, sí apuesto por una equidad. Creo que es posible una equidad entre hombres y mujeres, no sólo en la cultura sino en toda la sociedad y creo en la utopía de esa equidad. Es lo que le da sentido a mi vida y le da sentido a muchas vidas de mujeres en lucha.

Para explicar el vínculo que existe entre el movimiento feminista y el arte ha sido necesario, primero, preguntar el por qué de esa gran desigualdad entre hombres y mujeres en el campo del arte. Algunas de las primeras preguntas que se hicieron las feministas, al acercarse al arte, fueron: ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas?, ¿dónde están las Shakespeare femeninas?, ¿dónde están las mujeres?, ¿es que son inferiores, por eso no están?, ¿es que son tontas y no pueden crear, no tienen la capacidad de creación en el arte, por eso no están en ningún lado, o pasa algo más? Ese fue el arranque de la labor de las feministas en la academia, rastrear lo que sucede con el arte, con el gran arte; escarbar, además, en esta división bastante absurda, entre el gran arte y el arte popular.

El arte popular es una de las cuestiones que más me interesan en la actualidad, quizá sea por la veta que hoy representa. Pero, ¿qué es lo que hacen las feministas al acercarse al arte? En primer lugar, la gran labor, es buscar las presencias de las mujeres en la historia del arte. No es posible que no haya habido mujeres. Sin embargo, abrimos los libros de historia de arte, vamos a los museos, y no hay mujeres o son ridículamente escasas. En los grandes museos las obras de arte de las mujeres están en las bodegas. Éste es un fenómeno que ha sido estudiado por las investigadoras de la historia del arte y, en este sentido, existen dos labores paralelas: primero, el rescate, esa gran labor de rescate de la presencia de las mujeres en el arte universal de todos los tiempos. Pero, a pesar de que nos empeñemos en encontrar a las mujeres, las mujeres no siempre están y, mucho menos, en situación de equidad con dos hombres.

Si rastreamos en la historia de la plástica universal, no hay tantas mujeres como hombres. Es imposible. Pero, hay que rastrear, conocer, descubrir, lo que sí existe. Es una primera labor de rescate, sin la pretensión absurda de decir: “las mujeres hemos hecho arte, igual que los hombres, lo que pasa es que la historiografía es machista, es sexista, y no las contempló”.

Existe una parte de verdad en esta última afirmación. Podríamos decir que sí existen mujeres, en la historia del arte, y hay que conocerlas; pero -y este es el segundo elemento de esta explicación- debemos buscar la razón de las ausencias. Por qué no hay mujeres en el campo del gran arte, en proporción igual a la de los hombres..

Es justamente aquí dónde caben las explicaciones de tipo social. Evidentemente, las mujeres han estado en lugares sociales distintos de los hombres; dónde han estado las mujeres mientras los hombres hacen arte, quién ha estado haciendo el trabajo doméstico, quién ha cuidado a los niños y niñas. Esto es un simple bosquejo de algo mucho más complejo.

Existen, por tanto, dos grandes patrones de los cuales parten las feministas para estudiar a las mujeres y el arte. Primero, está el fenómeno de la igualdad o correspondencia entre arte y hombres; las mujeres han hecho arte femenino, arte de mujeres, un arte menor, un arte secundario: lo universal es masculino, lo otro, son las mujeres. El arte de las mujeres siempre está sellado por el sexo y por el género. Siempre. Los hombres no, los hombres hacen arte y se convierte, automáticamente, en el arte universal. Esto nos conduce irremediablemente a una pregunta, mil veces hecha, ¿tiene sexo el arte? Evidentemente esto es un absurdo porque el arte son objetos, no tienen sexo; el sexo, es una cuestión biológica. Pero, el arte sí tiene género; es completamente válido hablar de un arte femenino y un arte masculino.

Me estoy yendo al final de una pregunta y de un debate que ha llevado décadas y que aun no está terminado. Entre entendidos y no entendidos, entre estudiosas y no estudiosas, la gente dice: el arte es ARTE, con mayúsculas, neutro, sin género. Claro, esta neutralidad es masculina, no es una neutralidad englobante, incluyente, como decía Jesusa, es una universalidad excluyente, una universalidad masculina El movimiento feminista debe, en este sentido, acercarse al arte y tratar de etiquetarlo, de diferenciarlo. Y, entenderlo, explicando si existe o no esta diferenciación genérica que, además, es una diferenciación no equitativa, no hay, hoy por hoy, una equidad entre las producciones femeninas y masculinas.

Esta labor, sin embargo, no está concluida, apenas ha iniciado; las mujeres se están acercando poco a poco a ver qué hacen, qué han hecho en la historia otras mujeres; cómo han escrito y qué han escrito; qué han pintado y cómo lo han hecho. Aunque todavía este universo es muy complejo.

Hemos hablado, hasta ahora, de generalidades del arte, pero sabemos que no es lo mismo la escultura que la música; ni la pintura, la danza, el teatro o el arte popular. Cada una de estas esferas es un universo con su propia complejidad donde la participación o ausencia de las mujeres es muy diferenciada. Por ejemplo, en la literatura las mujeres han participado muchísimo, desde siempre; es muy fácil escribir en la mesa de la cocina pero, no es fácil hacer escultura en la mesa de la cocina; no es fácil componer música, en la mesa de la cocina; estas diferenciaciones delinean, justamente, el tipo de arte en el cual las mujeres han destacado, es decir, las mujeres hacen arte desde su propia condición social.

¿Cómo podemos conseguir esa equidad, que desde esta perspectiva sí es posible? Las mujeres debemos seguir avanzando en este terreno; debemos ver, conocer y reconocer el panorama a futuro, saber de qué se trata. Existen muchos estudios interesantísimos al respecto, la mayoría en los países anglosajones; las mujeres mexicanas tenemos el compromiso de profundizar en estas investigaciones, de producir; es en nuestro país, donde tenemos una enorme labor que hacer. Hay que acercarse al arte popular.

En un país como México, que cuenta con una extraordinaria riqueza de arte popular —aun cuando sea considerado un arte pobre; pobre en todos sus sentidos: no sólo porque lo hacen las y los más pobres de la sociedad, sino porque sus elementos de elaboración son generalmente materiales efímeros, pobres, baratos; y así se venden, baratos— y que, precisamente, es en esta inmensa variedad de arte popular donde las mujeres tenemos mayor presencia; el arte popular es un arte femenino por excelencia. Aún aquí, no se tiene todavía la certeza. No sabemos con rigor quién hace el arte popular, a lo ancho y largo de este país.

El arte popular, como el gran arte, también es neutro; es producto del pueblo, de un pueblo neutro, abstracto; de una masa amorfa y, en este sentido, una de las labores importantes que tenemos, al acercamos a este tipo de arte es, justamente, hacer esta diferenciación a lo largo de todo el proceso; saber a ciencia cierta quién lo produce, quién lo consume, quién lo distribuye. Necesitamos ver cómo están representadas y representados iconográficamente las mujeres y los hombres, necesitamos saber qué es lo que se dice sobre los géneros, cómo se habla en los textos, al respecto.

Particularmente, considero fundamental este trabajo de discernimiento, tanto en el llamado gran arte como en el popular, por dos razones: primero, porque nos ayudaría a entender mejor al propio arte; este arte neutro y abstracto que conocemos no nos ayuda en nada a entenderlo. Nunca podremos conocer bien al arte si no sabemos quién lo hace y por qué lo hace. Desde el punto de vista femenino, conocer esta diferenciación, dentro del arte, nos ayudaría a entender a las mujeres; a enriquecer la vida y la historia de las mujeres, el quehacer de las mujeres en el pasado y en el presente. Si sabemos quién hace las cosas, podemos tener modelos a seguir.

Así considero fundamental, para las mujeres, tener modelos en quien vemos; espejos, en quien miramos; y no solamente que nuestros referentes sean siempre Shakespeare, Bach, Mozart o Picasso. ¿Dónde estamos la mujeres?. Las propias mujeres artistas no deben ni pueden verse reflejadas en esos modelos masculinos. Es ésta la importancia del proceso utópico de la búsqueda de la equidad entre los géneros.

Marta Torres Falcón

Equidad y Derechos Humanos

¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres? La preocupación que se plantea en este interrogante, que da título al evento, constituye un aspecto central en el debate de los derechos humanos y en particular de los derechos humanos de las mujeres. Más aun, la movilización que con diversas intensidades se ha generado en muchas partes del mundo, protagonizada por mujeres que luchan por el reconocimiento, el respeto y la garantía de sus derechos, gira en tomo al tema de la equidad.

Esto significa, en primer término, que las relaciones sociales entre los sexos se construyen en un esquema no sólo inequitativo sino francamente desigual. En efecto, si éstas se desarrollaran en la realidad concreta —no en el terreno de las abstracciones— en términos de igualdad, el interrogante anotado al inicio carecería completamente de sentido. Así pues, la desigualdad es el punto de partida, que a su vez conduce a un nuevo cuestionamiento: ¿Cómo pueden edificarse relaciones más equitativas? Este es el desafío fundamental, entre otros campos, en el de los derechos humanos.

La equidad no solamente es un principio nutriente de tales derechos, sino una premisa básica. El término mismo implica el reconocimiento de múltiples diferencias, que son precisamente las que le da sentido. La equidad sólo se plantea como relación posible entre diferentes. De esta manera, lo que subyace a la definición de los derechos humanos es el reconocimiento de que toda persona, más allá de cualquier distinción derivada de características corporales como la raza, el sexo, la etnia —económicas —como la pertenencia de clase— o sociales —como la filiación religiosa— goza de una serie de prerrogativas que se definen como inherentes a la persona humana y, por lo tanto, merece el mismo trato.

Este planteamiento tan general, formulado en términos tan incluyentes y que en la actualidad suscriben la totalidad de los países pertenecientes a las Naciones Unidas —lo que, por otra parte, no deja de resultar paradójico, como veremos más adelante—, ha consumido muchos años de debate y luchas denodadas de los grupos excluidos, de manera destacada las mujeres.

Desde las primeras Declaraciones llamadas universales, se han develado múltiples exclusiones, de tal forma que la noción de sujeto, es decir, el sujeto de la modernidad (sujeto moral autónomo y sujeto de derecho), basada en la capacidad racional que igualaba a todos los hombres, (varones), configuraba como paradigma de tales derechos al varón blanco, adulto, heterosexual, propietario, cristiano y preferentemente ilustrado. Todas estas características no sólo derriban la pretendida universalidad de las prerrogativas contenidas en las Declaraciones, sino que dan por resultado un sujeto que, en la teoría y en la práctica, sigue resultando muy acotado.

Sin embargo, el reconocimiento de la iniquidad de los instrumentos internacionales y la conciencia de que se trata de una situación que reclama ser corregida, es muy reciente. Por ejemplo, cuando en 1918 la delegación japonesa presentó, ante la Conferencia que daría lugar a la formación de la Liga de Naciones, la propuesta de que se estableciera la igualdad de todas las razas, ésta fue rechazada de manera tajante. En el continente americano, Brasil tenía escasos 20 años de haber abolido la esclavitud.

Otro ejemplo es la situación de las mujeres de Kuwait, que en mayo de 2000 seguían peleando, infructuosamente, el derecho al sufragio.

Este último es un dato, entre muchos, que confirma que de todas las situaciones que entraña la noción de sujeto, la de género constituye una alteridad radical. Ya hace más de medio siglo que Simone de Beauvoir escribía sobre la “otredad”, la “inesencialidad”, la “alteridad” de las mujeres y sostenía que sólo su “afirmación como sujetos” podría conducir a un terreno más equitativo en las relaciones entre los sexos.1

La teoría feminista ha formulado críticas contundentes al discurso jurídico-filosófico de la modernidad que da origen a la noción del sujeto que hemos comentado y que ha producido nocivas consecuencias políticas para las mujeres. Carole Patema2 ha señalado la existencia de un contrato sexual previo al pacto fundacional de la soberanía, en el que no participan las mujeres, al ser ellas mismas el objeto del intercambio.

Estela Serret3 analiza cómo el acotado sujeto de la modernidad es resultado también de las inconsecuencias y contradicciones presentes en las tesis de los contractualistas Hobbes, Locke y Rosseau.

Denise Riley4 analiza el trayecto que deben recorrer las mujeres —desde la alteridad— para transitar a la condición de seres humanos.

Celia Amorós5 define el espacio privado como el lugar de las idénticas, más aún, indiscernibles, lo que a su vez constituye una precondición para que los hombres puedan erigirse, en el espacio público, como iguales, en tanto que todos son ciudadanos equipotentes. Así, el espacio privado es esencialmente igual para todos los hombres, independientemente de su pertenencia de clase, raza, etnia o cualquier característica individual; el más vapuleado de los campesinos, lo mismo que el empresario más prominente encuentra, en el ámbito privado, un sitio en el que es amo indiscutible, en donde puede mandar y hacerse obedecer.

La pregunta sigue siendo cómo incorporar una visión de género en la formulación, ejercicio y garantía de los derechos humanos. De manera inmediata tendríamos que preguntamos qué entendemos por visión de género, aspecto que no es precisamente trivial. En el siguiente apartado comentaremos algunas dificultades para incorporar esta nueva perspectiva en el campo de los derechos humanos y más específicamente en la definición de los derechos culturales.

Indivisibilidad e interdependencia

Un primer desafío, al abordar el tema de los derechos humanos de las mujeres, es el que plantea la dicotomía público-privado, que también constituye una preocupación de vieja data del feminismo. Sin profundizar en este debate, puede señalarse que en el caso de las mujeres operan dos mecanismos correlativos; por una parte se recluye a las mujeres en el ámbito arbitrariamente definido como privado y paralelamente se excluye ese espacio de la regulación jurídica.

De esta manera, la visión tradicional de los derechos humanos, que los concibe como oponibles únicamente al Estado, ignora las transgresiones que se producen en la esfera doméstica, por lo regular entre particulares. Esa misma visión divide y jerarquiza los derechos humanos en varias generaciones: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y, finalmente, los llamados derechos de solidaridad.

Ciertamente, entre estas tres generaciones hay diferencias claras de contenido, pero sobre todo, en los aspectos relativos a la aplicación y los mecanismos de exigibilidad. Parafraseando una vieja consigna del movimiento feminista, en el sentido de que la diferencia sexual no justifica la desigualdad, diríamos que la diferencia de contenidos no justifica la jerarquización.

Aunque en el terreno teórico se aceptan de manera generalizada los principios de indivisibilidad e interdependencia, siguen debatiéndose estrategias para proteger los derechos culturales de manera eficaz, ya que no son de aplicación inmediata y, además, reclaman de los Estados obligaciones de hacer. Además, los derechos culturales no son exigibles en el plano judicial y por ello es más difícil diseñar un sistema de control. En esta discusión se advierte que la dicotomía derechos civiles y políticos contra derechos económicos, sociales y culturales, que se pensaba superada, reapareció con más fuerza y planteó una nueva: exigibilidad inmediata contra realización progresiva.

Esta nueva división, relacionada con la aplicación y los mecanismos de control, deja abierto el tema de la exigibilidad. En otras palabras, ¿quiénes son los sujetos de tales derechos y cómo pueden reclamarlos? El Comité de los derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de los informes periódicos de la Comisión Interamericana y ha decidido ampliar el examen de medios de garantía con fuentes alternativas, como los datos suministrados por agencias especializadas de Naciones Unidas y por organizaciones no gubernamentales.

En síntesis, si bien en los instrumentos de derecho internacional invocan la “estrecha relación” entre derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos, que forman un “todo indiviso”, al llegar al tema de la exigibilidad se plantean mecanismos diferenciados y se desechan, en algunos casos, las peticiones individuales.

Todo ello muestra que aunque hay avances que no deben pasar inadvertidos, la disolución de la barrera público-privado sigue siendo una tarea pendiente. Lo mismo puede decirse de la identificación plena de las mujeres como sujetos y el reconocimiento de que los individuos autónomos están conectados por familias, redes, comunidades y Estados.6

En el caso de las mujeres el tema reviste particular importancia porque la incorporación de (algunas de) sus necesidades a la legislación y al debate mismo sobre la naturaleza, alcances y exigibilidad de los derechos humanos, es muy reciente. De hecho, la movilización mundial por los derechos de las „ mujeres como derechos humanos, promovida y realizada por las organizaciones feministas de diversas partes del mundo, se inició a principios de los 90, como una actividad previa a la Conferencia sobre Derechos Humanos de Viena (1993).7 Esa movilización ha servido, entre otras cosas, para denunciar la ceguera que, respecto a las cuestiones de género y en particular las transgresiones a los derechos de las mujeres, es común a los instrumentos de derechos internacionales y a las instancias de su vigilancia y aplicación.

En la actualidad, los gobiernos de los países pertenecientes a Naciones Unidas condenan de manera unánime y sin cortapisas, la discriminación en contra de las mujeres. Sin embargo, no han logrado ponerse de acuerdo sobre lo que significa la discriminación. Todos están en contra, pero la definen de distinta manera. O lo que es igual, estas definiciones variables esconden diversos grados de aceptación y condonación de prácticas discriminatorias.

Uno de los problemas que aparece reiteradamente en los debates en tomo a la situación de las mujeres, es el de los llamados derechos culturales.

Derechos culturales individuales

En una primera acepción, los derechos culturales son individuales e incluyen el trabajo, (condiciones laborales, justas, equitativas y satisfactorias, derechos sindicales, seguridad social), la educación, (que en el nivel elemental debe ser laica, obligatoria y gratuita) y, “los beneficios de la cultura”.8

Algunas cifras bastan para comprobar que el ejercicio de los derechos culturales se redefine por género. Si bien la participación de las mujeres en la población económicamente activa ha aumentado considerablemente en los últimos años, (13.6% en 1950,917.6% en 197010 y 35% en 199611), sigue concentrándose en los servicios; las ocupaciones principales son de vendedoras (20.2%), oficinistas (12%) y empleadas domésticas (11.4%).12

Por otra parte, hay que enfatizar las diferencias salariales. En 1991, las mujeres mexicanas obtenían el 81 % del salario promedio de los hombres. Este dato abarca tanto áreas urbanas como rurales y por lo tanto, incluye actividades que no siempre son comparables; por ejemplo, el trabajo productivo que realizan muchas campesinas, al no estar claramente diferenciado el trabajo doméstico, no sólo no se remunera sino que ni siquiera se registra como tal.

Al considerar únicamente las ciudades, la diferencia es mucho mayor: las mujeres reciben sólo el 49.6% del ingreso masculino. Entre empresarios el porcentaje es de 74.6; en trabajadores por cuenta propia es de 52.8 y entre asalariados es de 76.6%.13

En países como Brasil, donde se entrecruzan dos formas de discriminación, por raza y género, puede advertirse con claridad que el ingreso promedio del hombre blanco es entre cuatro y seis veces mayor que el de la mujer negra. Los salarios de las mujeres blancas y los hombres negros registran una diferencia —muy pequeña por cierto— a favor de estos últimos.

En síntesis, las “condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias” que postula el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, siguen siendo una meta por alcanzar. El problema no se resuelve, como es obvio, con una declaración de igualdad de acceso al trabajo; hay que señalar también quién determina, en qué consiste el trabajo igual y con base en qué criterios. Los informes periódicos sólo nos permiten ver cómo van modificándose las condiciones de vida y para hacer análisis comparativos de países; en el mejor de los casos es posible comprobar la “realización progresiva” de estos derechos, pero siguen faltando mecanismos de exigibilidad.

Paralelamente, hay que señalar que las necesidades específicas de las mujeres no se registran en los documentos intencionales y sólo a veces aparecen, de manera ambigua además en la legislación. De esta manera, se establecen obligaciones para los empleadores, tales como proporcionar servicio de guarderías, (directamente o a través de las instituciones de seguridad social), conceder licencias por maternidad y permisos para la lactancia. Independientemente de la aplicación de estos preceptos, hay que decir que contienen una definición de las mujeres como madres trabajadoras, en ese orden, y fortalecen la idea de que el cuidado de los hijos es responsabilidad exclusiva de ellas.

Por otra parte, temas como el hostigamiento sexual no han ocupado un lugar privilegiado en la discusión sobre los derechos laborales.14 En una encuesta realizada por la Red Nacional de Mujeres Periodistas, resultó que más del 90% de ellas había sufrido, por lo menos una vez, hostigamiento sexual en el trabajo lo que consideraban un riesgo laboral. Estos datos no aparecen en los informes periódicos que recibe la Comisión Interamericana, ya que el derecho a un espacio laboral libre de violencia no forma parte del Pacto mencionado en párrafos anteriores. Además, como el hostigador es un individuo —el jefe, un compañero de trabajo, un profesor—, estas agresiones no encuentran lugar en la definición tradicional de los derechos humanos, según la cual la responsabilidad sólo puede imputarse al estado y sus agentes.

En el terreno de la educación los datos no son más halagadores. En 1991 el 60% de las mujeres mayores de 12 años no habían superado la primaria; 26% tenía secundaria y sólo el 14% lograba llegar a la educación media superior y superior. En las zonas rurales los porcentajes son 75,19 y 6.2.15

Entre las docentes se nota la misma tendencia. Las mujeres son el 100% en preescolar, 62% en primaria y 33% en secundaria.16 En el Sistema Nacional de Investigadores la presencia de mujeres también disminuye por niveles; en el más alto son menos del 6%.

Finalmente, el derecho a disfrutar “los beneficios de la cultura” es muy difícil de evaluar fuera de los cauces institucionales de escolaridad.

Es cierto que en los últimos años se han registrado cambios notables en el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo, en ejercicio de sus derechos fundamentales, pero si el eje del análisis es la equidad, tenemos que concluir que ésta no existe en el terreno de lo abstracto de los ordenamientos legales ni en la realidad concreta, cotidiana de las mujeres.

Derechos culturales colectivos

La segunda acepción del término “derechos culturales” se refiere a la prerrogativa de pueblos y comunidades para preservar sus costumbres, tradiciones, creencias, valores e incluso normas. El llamado relativismo cultural plantea serios problemas para las mujeres y un debate que hasta el momento sigue siendo irresoluble. El conflicto aparece cuando el ejercicio de derechos colectivos, cuya titularidad corresponde a la comunidad, implica una transgresión a los derechos individuales de cada persona, integrante de esa comunidad. Se trata de un debate sobre el que existen posturas diversas, pero cuya solución de fondo es muy difícil. Los principios de interdependencia e indivisibilidad del discurso jurídico-político de los derechos humanos, se ven contrariados en la práctica, frente al llamado “relativismo cultural”.

En efecto, existe una gran diversidad de culturas cuya existencia y legitimidad sólo recientemente se ha reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en los mecanismos de su ejecución. La relatividad es un hecho indiscutible. El problema surge cuando algunas de las prácticas, tradiciones, costumbres o creencias vulneran o transgreden los postulados que —ciertamente desde las sociedades occidentales— se han erigido como principios universales, como prerrogativas inherentes a toda persona.

En un extremo, quienes defienden a ultranza el relativismo cultural, sostienen que cada cultura es la única que puede legitimar un derecho determinado o una norma moral; en consecuencia, carece de validez cualquier crítica que se formule desde fuera. El peligro que implica aceptar esta postura se refiere a quiénes, dentro de cada comunidad, deciden qué derechos avalan y cuáles rechazan. En otras palabras, los derechos de las minorías siguen careciendo de reconocimiento y, por lo tanto, son ignorados cotidianamente. La falta de acuerdo sobre lo que se considera discriminación mencionada en páginas anteriores, ilustra con claridad este punto. Así, por ejemplo, el hecho de que en Afganistán un hombre cualquiera golpee a una mujer hasta matarla por el solo hecho de que exhibió el codo y el antebrazo, al traer abierta la ventanilla del automóvil, no se considera una práctica violenta, ni siquiera discriminatoria, en una sociedad que, dentro de sus costumbres y tradiciones, condena a las mujeres a cubrir el cuerpo en su totalidad.

En el otro extremo, el universalismo radical no le confiere importancia alguna a la cultura e insiste en la validez generalizada y sin cortapisas, de los derechos humanos.

Entre ambas posturas hay posiciones intermedias, que sostienen que hay una suerte de núcleo duro, conformado por algunos derechos humanos, (entre ellos la vida), en tanto que otros tienen que ser avalados por la cultura. El desafío que plantea discernir cuáles derechos se integran al núcleo duro, no es sólo de índole cuantitativa en la medida en que van sumándose nuevos derechos a la lista, sino también de estatus y jerarquía. Lo que en el fondo implican estas posiciones moderadas, es que los derechos reconocidos como universales son superiores a los que están sujetos a la aprobación de cada cultura.

Paralelamente, ese núcleo duro constituye una limitación a los derechos colectivos, que hasta muy avanzado el siglo XX no habían aparecido en escena. Como tercera generación de derechos, empiezan a abrirse paso en un esquema que, como ya dijimos, está jerarquizado. La posición de los comunitaristas, defensores de la multiculturalidad, contiene una apología de las tradiciones y una concepción integralista de la sociedad. Sin embargo, una comunidad homogénea, con iguales valores, no ha existido jamás; al definir como sujeto de los derechos culturales a la comunidad, se pone en jaque la libertad individual.

En el terreno del debate teórico, el reconocimiento del derecho que tiene un pueblo o comunidad a conservar sus costumbres, valores, creencias, etc., significa un avance incuestionable, pero deja varias preguntas sin respuesta. ¿Quiénes conforman el colectivo que puede ejercer (y cómo) los derechos culturales?, ¿en relación con quién?, ¿quién debe tutelar y garantizar estos derechos?, ¿cuáles serían los mecanismos idóneos de exigibilidad?

Aún con las dificultades que entrañan las interrogantes anteriores, el conflicto más serio se produce en contraposición a los derechos individuales. ¿A cuáles se les debe dar primacía?, ¿tiene un individuo el derecho de identificarse (o no) con una comunidad distinta a donde nació?, ¿cuáles son los criterios de pertenencia?, ¿quién tutelaría el derecho de una persona a salir de la comunidad?, ¿cómo evitar que el derecho a conservar la lengua, las costumbres, los valores, etc., se traduzca en deberes individuales?

Éstos son sólo algunos aspectos problemáticos de un debate que sigue ofreciendo múltiples interrogantes y escasas respuestas. Hay más preguntas que aseveraciones. Aquí sólo me interesa destacar dos cosas. La primera de ellas es que los derechos colectivos —y la consecuente alusión a costumbres y tradiciones determinadas— han sido invocadas como justificación cuando se transgreden los derechos individuales de las mujeres. Un ejemplo muy claro es la clitoridectomía o infibulación, a la que han sido sometidas más de noventa millones de mujeres en 22 países africanos, pero también pueden citarse los matrimonios forzados de adolescentes, la impunidad de los asesinatos por honor y muy variadas formas de violencia contra las mujeres.

El otro punto se refiere a la posición de Naciones Unidas, en el sentido de que los derechos humanos de las mujeres constituyen un patrimonio del que nada ni nadie puede despojarlas, ni siquiera invocando costumbres o tradiciones determinadas; de hecho, el movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres ha expresado la necesidad de enfrentar los riesgos del relativismo cultural.

En el Tribunal Mundial de Viena (1993) se presentaron testimonios sobre transgresiones a los derechos humanos de las mujeres derivadas, entre otros aspectos, de los programas de ajuste estructural, recortes al presupuesto de programas sociales y sanciones económicas; historias de prostitución forzada, violaciones a trabajadoras migrantes, destrucción ecológica, son algunos ejemplos.17

En el caso de los derechos culturales, hay que insistir en que el “respeto” a la diversidad y multiplicidad de comunidades implica que a las mujeres no se les considera tan humanas como a los hombres. Por ello se condona su discriminación invocando las tradiciones, se trivializa la violencia contra ellas y se acepta la impunidad de los responsables.

A modo de conclusión

Cuando se aborda el tema de los derechos de las mujeres — su reconocimiento, ejercicio, exigibilidad— un primer paso es la denuncia de preceptos discriminatorios que subsisten en las diversas normas jurídicas. En este terreno se han dado avances notables y se ha logrado, en México, la homologación de leyes y códigos que consagran la igualdad entre los sexos.

Un segundo momento es identificar la distancia entre la ley y la práctica social, o lo que es igual, insistir en que la ley no se cumple. Además de ello hay que analizar las reglas no escritas que rigen las relaciones sociales (y genéricas) y que determinado orden material y simbólico.

La persistencia de las transgresiones a los derechos humanos de las mujeres es inseparable de su falta de poder y estatus socioeconómico.

Para concluir, creo que vale la pena señalar algunos aspectos que reclaman un análisis a profundidad. En primer lugar los instrumentos intencionales. Si tomamos como ejemplo las Conferencias realizadas en Río de Janeiro (1992), Viena (1993), El Cairo (1994), Copenhague (1995) y Beijín (1995), podemos advertir que salvo en la última, en donde se abordó precisamente la problemática de la mujer, en todas las demás la subordinación de género aparece como un “tema” aparte, a veces secundario. Además en ningún caso se incorpora la diversidad.

Respecto al lenguaje, llama la atención que la Declaración de Viena, en donde se reconoció que la violencia contra las mujeres es una transgresión a los derechos humanos, esté escrita en masculino. Solamente la de Beijín tiene un lenguaje no sexista; las demás intentan una redacción neutral, pero con algunos errores y omisiones.

Hay también algunos debates inconclusos. De manera destacada puede citarse el de la universalidad contra el relativismo cultural.

Únicamente en la medida en que se profundice la discusión de las relaciones de desigualdad entre los sexos, se incorpore la visión del carácter sistémico de la subordinación de las mujeres como un problema que reclama atención, podrá avanzarse en la constitución de una ciudadanía plena..., y tal vez podamos incluso aventurar una respuesta afirmativa al interrogante que da título a este evento.

Simone de Beauvior (1949), El segundo sexo. México, Alianza Editorial Siglo Veinte, 1993.

Carole Patentan, The Sexual Contract. Stanford, Stanford University Press, 1992.

Estela Serret (1998), Identidad femenina y provecto ético, en prensa.

Denise Riley, Am Y that name? Feminism and the category of Women in History. Minneapolis University of Minessota press, 1988.

Celia Amorós, Feminismo, igualdad v diferencia. México, UNAM, Colección Libros del PUEG, 1994.

Rhonda Copelon y Rosalind Petchcsky, “Toward an Interdependent Approach to Reproductive and Sexual Rights as Human Rights: Reflections on the International Conference on population and Developmet and Beyond”, en Margaret A. Schuler (de). From Basic Needs to Basic Rights. Women Claim to Human Rights, Women, Law Development Intentional, Washington, 1995, pp 343-368.

La petición inicial se lanzó en 1991 y aspiraba a reunir cien mil firmas, para que en Viena se “discutieran de manera integral los derechos humanos de las mujeres a todos los niveles de su procedimiento”. Para Beijín (1995) había ya más de un millón de firmas, había circulado por 198 países, estaba traducida a 27 idiomas y suscrita por más de mil organizaciones. Charlotte Bunch, Claudia Hinojosa & Niamh Reilly (eds), Los derechos de las mujerson derechos humanos Crónica de una movilización mundial. México, EDAMEX, 2000.

Protocolo definitivo sobre derechos económicos, sociales y culturales, formado en San Salvador en la XVIII Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 1988.

INEGI, VIII Censo General de Población 1960 (Resumen General). México, 1962.

INEGI, IX Censo General de Población 1970 (Resumen General). México, 1972.

INEGI, Estadísticas demográficas y socioeconómicas de México. México, 1998.

CONAPO, Informe sobre la situación demográfica en México 1990. México, 1991

Enrique Gomariz Moraya y Alicia Inés Martínez Fernández (coords), México.Mujeres Latinoamericanas en cifras. Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio deAsuntos Sociales, 1993.

En México, en 1991 se tipificó el hostigamiento sexual como delito, lo que ha resultado incluso contraproducente, ya que las exigencias de prueba y la rigidez de las normas penales dificultan la demostración de que se cometió el ilícito y de que como consecuencia las mujeres sufrieron daños cuantificables. En materia laboral no hay regulación alguna sobre el acoso sexual.

Enrique Gomáriz Moray a y Alicia Martínez Fernández, Op. cit

Ibidem

Charlotte Bunch, et al., Op. cit.

Marisa Belausti

La Equidad entre los Géneros:
Deslenguados y Descaradas

Quiero agradecer dos cosas: la organización de un evento que nos traiga aquí al señor Heberto Castillo. Y digo aquí a esta sala porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo para traerlo a nuestra memoria: está en sus salas anteriores, Heberto está en nuestro pensamiento. La segunda es que me hayan invitado a celebrarlo.

Heberto Castillo colaboró incisivamente en la proposición de nuevos proyectos de nación, si podemos resonar con sus formas de incorporar de los excluidos de Neza, con sus formas de llegar a los presos, de educarlos y educarse con ellos, con su capacidad de ofrecer no sólo esperanza, sino foros y mediaciones de palabra a los “otros” de México, vamos por buenos caminos. Quiero resonar, hacer equitativa, una de las acciones centrales más conmovedoras de Heberto Castillo: su capacidad para comunicarse integralmente con científicos, profesionistas, léperos y presos, pero sobre todo para potenciar las voces, las lenguas de los excluidos de los proyectos de ciudadanía completa y sin parches.

Mi pregunta enfoca diferente la temática del coloquio sobre la posibilidad de la existencia de equidad entre hombres y mujeres, aunque parte de ella. Yo me pregunto no sólo si es posible la equidad entre hombres y mujeres (¿quién es más sujeto de equivalencias equitativas una mujer educada y con propiedades como la lengua adecuada y bienes materiales o un hombre deslenguado y con el color y la cara equivocada?). Me preguntaré aquí, si es posible la equidad entre las deslenguadas y los descarados y entre los sujetos con propiedades de lengua y bienes.

Hablaré de los límites de la promesa de la modernidad en sus bordes, encamados, hechos carne, en las fronteras de nuestra nación, en sus límites, esas zonas que marcan la salida o la permanencia frágil en un terreno. En este caso del terreno que promete ciudadanía. Hablaré entonces aquí de lo que se desborda, lo que excede a cualquier promesa de reparación de un daño, de educación, de derechos: los descarados del norte y las deslenguadas del sur. Curiosamente estas zonas francas a la ciudadanía, el norte y el sur, son con frecuencia las zonas donde se producen nuevas formas de representación cultural.

Antes de la pregunta sobre la equidad se planteó la pregunta sobre los nuevos proyectos de nación (el primer ciclo de mesas redondas de agosto a octubre de 1999). Yo quisiera relacionar ambas. Los que están invertidos en el diseño de nuevos proyectos de nación cada vez más, aunque no suficientemente, incluyen como fundaciones de sus ideas el problema de la diversidad y el género.

La cultura se produce desde muchos lugares geográficos y subjetivos. Nuestra cultura es producto precisamente de nuestra diversidad, diversidad que es contenida en una nación. Vamos a ver cómo la nación es continente de aquellos grupos diversos y, que además, producen cultura y cómo se enfoca el problema de la equidad frente al de la diversidad en desigualdad.

El primer paso para enfocar los nuevos proyectos de nación a la par de las preguntas sobre equidad, es analizar las formas y los razonamientos a partir de los cuales los excluidos, los diferentes del proyecto nacional, han sido expulsados en ocasiones o ni siquiera han sido incluidos a los proyectos de modernización. Lo segundo es un cuidadoso diseño geopolítico, atento a la diversidad en desigualdad, que permita una inclusión estratégica, una entrada por los umbrales de las leyes y las promesas y garantías que la nación ofrece. ¿De qué forma son incorporados los “otros” los “subalternos” los excluidos a las promesas de equidad, libertad, comunidad o fraternidad enarboladas por esta modernidad?, ¿cómo puede la promesa de igualdad o equidad ser sostenida si su condición fundamental ha sido solamente la igualdad entre iguales? ¿Cómo incluir en un proyecto de nación a aquellos que están en su límite, en sus filos, si desde la ilustración la libertad nació en un mal lugar, es decir, compatible con la desigualdad política y jurídica de los antes llamados súbditos y hoy “otros” subalternos, excluidos?

El proyecto modernizador que nace a partir de la revolución francesa, nace como consecuencia de luchas legítimas y se traduce, al paso del tiempo, como un antídoto contra el miedo. La modernización incorpora al otro para mitigar el miedo a lo diferente. Lo que queda fuera de los núcleos modernos inspira miedo, se constituye como un exceso peligroso. Veamos. Los principios de lo que hoy llamamos modernidad se enunciaron como libertad, fraternidad, igualdad. Estos principios que prometen libertad se basan, a su vez, en implícitas equivalencias y ecuaciones. La primera, la libertad, se basó en una ecuación primordial, la del hombre con el ciudadano. Esta ecuación está mediada por otra, la de la fraternidad que representa los lazos entre individuos, es decir, la comunidad. La comunidad se legitima a partir de la propiedad. Empezamos con libertad y terminamos con propiedad. La comunidad y el hombre son libres si poseen propiedad. En este caso hablamos de propiedad con sus dos significados, la propiedad como el poseer un bien, y la propiedad que finca poseer como bien el lenguaje, hablar propiamente. La libertad se basa en la ecuación hombre=ciudadano, mediada por la comunidad que posee bienes, la lengua adecuada y el gesto apropiado, la cara, la identidad que refleje al final este conjunto de ecuaciones. Los de la lengua, el contenido no apropiado y la cara, el cuerpo, el continente inapropiado, no son sujetos fáciles de la promesa de igualdad y libertad, quedan fuera de la comunidad, de los lazos de fraternidad que unen e igualan a los de la lengua y el cuerpo apropiado. Deslenguados y descaradas no son sujetos de las promesas de la modernidad. Hay que establecer geométricos procesos de mediación, de traducción, geniales imposturas, cambio de lenguas, de caras, para procesar apropiadamente sus daños y demandas de reparación.

El Norte

El lunes 5 de mayo anunciaron en la televisión la inminente muerte de trece mexicanos en Texas. Les aplicarán la pena capital. La pena del capital, la pena que se ejerce contra aquellos que no tienen, en ese país y en éste, capital económico y capital verbal para pasar por individuos factibles de equi-valer a ciudadanos, (no dieron el ancho para ser hombres).

El mismo lunes nos enteramos de nuevas atrocidades en Chenalhó, tres indígenas asesinados y más diásporas, más indígenas hombres muertos y más mujeres en el monte, más lloronas, más indias fotografiadas ya no dobladas frente al telar, sino vencidas frente a sus muertos.

Los bordes de la nación, los filos de la modernidad recortan a los inmigrantes, a sus expulsados, exiliados, fugados a sus extremos el norte y al sur, los mojados y las indias son los de la pena capital, los inapropiados en la envoltura, el cuerpo, el color, y los desprovistos del contenido, la lengua, el habla apropiados. Son además los productores de varios de los sellos culturales que nos otorgan las señas de lo mexicano, las señas de nuestra identidad.

El camino a la justicia social es el del regreso, el retomo de lo reprimido nacional. El retomo de los desbordados a las zonas simbólicas nacionales donde no pueden ser tratados dignamente. Heberto fue experto en ponemos en las narices lo que la nación había dejado fuera o en sus límites: presos, chavos Neza, obreros.

La fórmula que constituye a las naciones es la expulsión o fuga de los sin capital a los extremos de la nación (no sólo geográficos) y, acto seguido, la homologación de lo que quedó dentro, en una conexión directa entre las nociones de libertad, comunidad-racionalidad y propiedad. En el marco de las naciones y sus constituciones, umbrales legales, formas de representación, podemos decir que si se deja sin palabra a lo excluido, sin formas ni discursos legales, políticos que lo representen, que hablen a su favor, se le borra y no existe. Si la víctima no reporta el daño con propiedad, con un discurso autorizado, el daño no existe.1 Es aquí donde las mediaciones de lo reprimido, de lo excluido nacional, tienen importancia. Lyotard habla del diferendo para mostrar lo que no puede ser dicho ni ejecutado por la ley puesto que no hay sujeto que reporte el daño, ya sea que no existe la mediación apropiada o la propiedad lingüística al reportar. Cuando no hay sujeto que reporte y demande reparación o mediaciones que traduzcan, es como si no hubiera daño. En este sentido el silencio del otro, es más un no caber en las voces19 de la ley que un silencio en el que no se dice nada. Si la víctima reporta el daño con el lenguaje inapropiado y la ley no establece mecanismos de traducción, es decir, no juega equitativamente al hacer visible la diferencia y el suplemento verbal que la ley debe producir, tampoco se reconoce ni a la víctima ni al daño. Si no se puede suplementar esta ley con nuevas ecuaciones, la demanda o el daño pasa inadvertido.

En nuestro norte y en nuestro sur no caben en las voces. No caben en las voces de la ley de las promesas de la modernidad y sus envolturas, las naciones y sus derechos ciudadanos, son el producto de la ciudadanía y el derecho basados en la propiedad.

¿Quién puede ser ciudadano?, ¿quién puede hablar con propiedad, propiedad del discurso y propiedad material?

Vamos del norte al centro, a las fundaciones de los discursos sobre equidad. Rubio Llorente habla sobre los principios jurídico-políticos de la ilustración y su relación original con la propiedad. Vamos a analizar algunos de los principios decimonónicos sobre los cuales se finca la ciudadanía. Según Rubio Llorente la fundación de la noción sobre ciudadanía parte de la propiedad:

La propiedad es el derecho por antonomasia, porque es resultado del distinto uso que los ciudadanos, plenamente iguales sólo en el origen, han hecho de su libertad y su razón y, en consecuencia, salvado un último núcleo duro de la igualdad originaria, (el derecho a la vida, la inalienabilidad de la persona), nada más conforme a la idea del pacto social que la diferente participación de los ciudadanos en el poder (Rubio Llorente 1994,651).

El estado decimonónico, seguimos con Rubio Llorente, se basa en una concepción precisa de la ley:

La ley es igual para todos porque es general y abstracta, pero el legislador, al establecerla, no tiene otros límites que los que derivan de esta estructura necesariamente respetada, la cual puede dotar de relevancia jurídica a cualquier diferencia fáctica que la realidad ofrezca (Rubio 1993,653).

Es el legislador, en consecuencia, quien discierne lo que cabe o no en las voces, lo que es o no evidencia de un daño. El estado democrático nace cuando se cuestiona justamente este origen igualitario de “todos” frente a la ley. Así tenemos que:

Las nociones sobre justicia cambian cuando se generaliza el sentimiento o la creencia de que la igualdad no es un punto de partida, sino una finalidad, o dicho de otro modo, que la sociedad no es un “hecho natural,” y, que por lo tanto no son naturales las diferencias que de ella resultan, de manera que el principio de igualdad, se convierte en el fin de la igualdad. Es así como los partidos de clase (y aquí el marxismo) se convierten en una alternativa real de poder (656).

Igualdad y justicia, como formas políticas, se convierten en dos maneras de designar una misma cosa, y se constituyen una a la otra en una dinámica puramente relacional. La igualdad resulta ser “el resultado de un juicio trimembre que tiene tiene que la comparación se establece y, sobre todo, un tercer término que es aquel que determina el punto de vista, la perspectiva, el criterio en función del cual se establece la comparación” (670- 671).

La igualdad es el predicado, el resto que se desprende de la comparación de dos situaciones en referencia a una tercera. Esta tercera es la que establece el juicio. Lo que tenemos que preguntamos es que mundo simbólico, lingüístico, que tipo de propiedades habitan en este tercer zona, la jurisdiccional. ¿Con qué tipo de tercer elemento, de reservorio simbólico, con qué propiedad se emitió el juicio alrededor de las niñas desaparecidas y destazadas en Ciudad Juárez?, ¿qué tipo de reservorio, de capital simbólico emitió los juicios alrededor de la matanza de Acteal?

Norte y sur, los dos límites, los dos filos que cortan los cuerpos de las mujeres (como si la nación tuviera dos cuchillas en sus límites y ella misma cercenara los cuerpos que no caben en sus voces). Los cuerpos de las niñas de Ciudad Juárez y las mujeres de Acteal están cortados con la misma medida: la de una modernidad, una ciudadanía y un capital del juicio profundamente sesgado por mundos simbólicos que niegan reparación a los cuerpos de mujeres que su modernidad cercena.

Si el lenguaje universal es masculino, es decir que los mundos simbólicos giran alrededor de una subjetividad, la masculina, las traducciones para suplementar leyes y hacerlas equitativas no solo se hacen necesarias, sino que pueden seguir refiriéndose a las formas de significación hegemónica de forma tal que esos suplementos de la ley sigan siendo insuficientes por el “pecado de origen” de referirse a un mundo simbólico, experencial y lingüístico propio de lo masculino: machista, caciquil, de compadrazgos que diseñan lo propio e impropio sobre las mujeres.

Las feministas han dado diferentes respuestas al problema de la equidad: La primera vía fue la de las políticas antisexistas y emancipadoras “asumiendo el paradigma y unidad de medida del sujeto masculino que interpreta el ser mujer como una desventaja social,” (Belausteguigoitia y Mingo 1999, 275). Esta desventaja se elimina o se supera adaptando a las mujeres a lo masculino y persiguiendo a través de la educación la igualdad y la intercambiabilidad de los sexos. La segunda vía ha sido nombrada separatista, pues su objetivo es abandonar el mundo simbólico masculino, sustrayéndose de sus lógica homologadora. Se expresa en la concreción de espacios separados y autónomos de y para mujeres: bares, bibliotecas, escuelas, centros culturales y librerías. Las dos formas han producido cultura.

Ambas vías han tenido problemas, la primera la emancipadora o la de la igualdad ha obligado a la renuncia a la diferencia y ha asumido como propias las formas de poder y no poder masculinas. La segunda, la separatista, aun habiendo develado, reforzado la identidad femenina desde su propio lugar simbólico y experencial no logró con la necesaria contundencia la traducción, la mediación y circulación de sus mundos a los campos donde se negocia la realidad social (leyes, salud, trabajo). Veamos, si se trata de librerías, claustros, bares, y espacios de convergencia y conversación las identidades fluyen y se condensan, pero los espacios legales quedaban impermeables, a no ser que de estos espacios salgan, como lo han hecho, medidas para modificar políticas públicas. Los hombres, tradicionalmente, desde cafés, bares y hoteles han cambiado y diseñado mundos. Sin embargo para las mujeres estos espacios son insuficientes para lograr las propiedades requeridas para reportar daños en los lenguajes requeridos.

Ana María Piussi propone como alternativa la constitución de mundos simbólicos femeninos paralelos, no suplementarios, ni secundarios. En su artículo “La Pedagogía de la diferencia sexual” escribe:

Vuelvo ahora a la independencia simbólica. ¿Qué ventajas nos ha permitido la toma de distancia y el retraemos respecto del orden masculino, y asumir las relaciones entre mujeres, la fuerza y el saber que se generan en su interior, como fundamento de la libertad femenina? En líneas generales, nos ha permitido convertir la diferencia sexual, de mera constatación factual, (estar sexuadas así y no de otro modo), históricamente mal valorada, en una realidad generadora de sentido y de valor. Y el sentido y el valor de ser mujer se pueden articular y diversificar libremente, en función de lo que circula en el seno de sus relaciones concretas (280).

Estas tres formas de entender la convivencia emocional, legal y simbólica entre hombres y mujeres intenta, de formas diversas, debilitar o eliminar el “entendido” de la mujer como la costilla de Adán, su suplemento, la porción significante que le da unidad y sentido, o un complemento. Y es que sucede casi siempre que lo que tiene que ver con minorías aunque sean mayorías, como las mujeres, tiende a discutirse por separado y en espacios donde su lógica propia puede abordarse por aparte de los grandes proyectos nacionales.

Necesitamos encuentros paralelos de mundos simbólicos diferentes y desiguales, los de los nuevos proyectos de nación y las alternativas para la equidad. Los discursos sobre la diversidad cultural en México han sido precursores de lo que podemos llamar nuevas izquierdas o democracias radicales: a veces como movimientos sociales, (Zapatistas), a veces como los mártires que exhiben las formas brutales de represión, (como los estudiarles chinos masacrados en la Plaza Tiananmen o el genocidio de Rwanda), las madres en búsqueda de los cuerpos de sus hijos, los gays y lesbianas atendiendo problemas como el Sida, y los derechos reproductivos. Son los primeros que se han planteado a la identidad nacional, de género, racial y sexual como algo en constante proceso de negociación, de construcción, algo que no es universal y han colocado al poder emparejador y excluyente de las ideologías más allá del capital económico y de las demarcaciones de un marxismo enfocado a las desigualdades de clase. Un marxismo que ofrecía como corolario el proletariado: una “unidad perfecta y voluntad colectiva homogénea.” (Smith 1998,2).

Si la autoridad de las metanarrativas, (aquellos discursos que prometen la liberación a un colectivo homogéneo: como los obreros, los campesinos, las mujeres o los indígenas), ha declinado, ha sido por la demanda de minorías, (y a veces mayorías que son tratadas como minorías como las mujeres).

Lo interesante y a tomar muy en cuenta es que estos discursos, sus formas de resistencia y de representación se discuten aparte como algo “anexo” y dependiente de los grandes proyectos transformativos de la nación. Y es que en México la reflexión sobre la diversidad y las formas en que sus discursos y sus luchas han impactado los grandes proyectos fracasados de la izquierda y los exitosos de la derecha, no forman parte como debiera de los grandes, aureáticos discursos de nuestra nueva nación. A partir del Movimiento Zapatista, lo indio ha circulado como marca de identidad con derecho a la igualdad. No ha habido soluciones, pero la discusión está dándose. Hay otras marcas de la diferencia, como la preferencia sexual, que están aun en las antesalas de la equidad.

Los saberes sobre la diversidad y la exclusión, la reflexión sobre el capital como pena capital a los inapropiados, han sido inspirados por narrativas postestructurales, por socialismos gramscianos, el psicoanálisis lacaniano, la filosofía postanalítica y la autoría anónima de autor, y pública de colectivo. Esta argamasa que ha puesto en crisis los modelos de liberación basados en una variable de la desigualdad, ha venido de la resistencia de mujeres migrantes y de color básicamente y muchas de ellas con preferencias sexuales “inapropiadas”. Feministas lesbianas norteamericanas como Judith Butler y postcoloniales como Gayatri Spivak, parten de este nuevo canon y campo discursivo, localizan a la diferencia de los sexos como una poderosa ficción que permite la extensión e intensificación de la misoginia y la homofobia. La división entre hombres y mujeres, el sexismo y heterosexismo es producto de operaciones ideológicas y autoritarias. La equidad no sólo es indispensable entre los géneros, sino entre las sexualidades, las razas y las clases. Hay problemas en considerar a las mujeres en bloque como lo excluido de la nación. El género, en este caso lo femenino y masculino, no es siempre condición suficiente y necesaria para la iniquidad. La iniquidad se da recosida a otros componentes de la diferencia como la clase, la sexualidad, la raza, la edad, la educación. Anna Smith plantea el problema de la reducción de la categoría de mujeres:

Es inadecuado usar la categoría de género para aislar a un grupo de individuos para acto seguido ofrecer un razonamiento universal sobre su condición sin prestar atención a su contexto específico, su clase, su región, su cultura, su educación. El sexo y el género pueden estar sobredeterminados, rebasados por otras estructuras como la raza, la preferencia sexual, de tal manera que podemos encontrar mujeres que son opresoras y explotadoras de otras mujeres (Smith 1998,136).

La iniquidad y de allí la reflexión sobre la posibilidad de la equidad se da negociada, dividida, desperdigada en varios registros. Existen marcas que condicionan el acceso al umbral de la ley y sus formas de equidad. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de equidad, de una respuesta de la ley nacional correspondiente a los mundos simbólicos de las minorías, no sujetas a poderes centrales como lo masculino y el capital y propiedades como la lengua y los bienes? Yo preguntaría si esto es posible en un marco dado por las naciones y sus formas de constituir a los ciudadanos.

La magnitud de este reto, el de constituir ciudadanos, se da a partir del análisis de dos conceptos que dan forma al sujeto: la lengua y la cara. Hablo de la materialidad del cuerpo y las formas en que esta materia es hecha discurso y de la voz, la lengua, los lenguajes en los que el sujeto puede dar cuenta legal y discursiva de lo que la ley le debe, de lo que la ley y sus constituciones le ha prometido, (sujeto como acreedor de la ley), y la vez de lo que ésta debe a la ley, (sujeto en deuda).

Es entre esta constitución del sujeto como acreedor y deudor donde se juega la propiedad de la ley. Si la ley no puede corresponder a las identidades y mundos simbólicos de la otredad, ni responder a lógicas alternativas de diferencia y equidad no es ley, es ventaja para unos y opresión para otros. La ley se constituye así como una de las formas discrecionales del no poder de muchos y del poder de los que entran en el umbral de las ecuaciones de lo equitativo. La componente equitativa y diferencial de una ley significa que una norma, un deber o derecho puede ser traducida, que no todo opera por igual para todos, para deslizarse en momentos estratégicos y congregar en unidad frente a un poder mayor.

Hay cuerpos y voces, caras y lenguas que no pueden entrar en las ecuaciones equitativas y diferenciales de la ley. Hay descarados y deslenguadas que no pueden acceder a los umbrales de la ley y sus formas de traducción, mediación y ficciones de unidad.

Las lógicas de equidad y diferencia de mundos simbólicos diferentes y sobrelapados y la capacidad de mediar y traducir, constituyen acciones simbólicas y discursivas que permiten a una ley que es inadecuada para cierto grupo o individuo, el serlo. Si pensamos que nuestra constitución fue creada aún cuando las naciones no comprometían sus principios, ni sus finales, con minorías, podemos pensar que nuestra constitución requiere eso: constituir equitativamente en ocasiones y diferencialmente en otras a los cada vez más diversos grupos de mexicanos.

La propuesta de la equidad versus la igualdad, quiere decir que la ley necesita de suplementos. ¿Cuándo puede la ley negociar, incorporar al suplemento y dictaminar con justeza a lo diverso, a lo no universal ni igualitario? ¿Cuándo puede la ley homologar luchas y demandas y construir un frente común? ¿Cuándo el sujeto posee un cuerpo sin marcas y una lengua apropiada? Deslenguados y descaradas no son fácilmente sujetos de la equidad, lo son de diferencia, para la exclusión.

Pero desde el norte y desde el sur los descarados y las deslenguadas, aquellas que nos ofrecen señas de identidad, pero cuyos cuerpos no pueden ser reparados, nos sacan la lengua.

En el sur, nuevamente en Chenalhó aparecieron mujeres en duelo. Esas mujeres que no vamos a olvidar nunca rodeando los 47 ataúdes, con aquellas mantillas blancas con flores. Nuevamente lloronas en los montes y vencidas sobre los cuerpos de sus muertos. Así entre llanto y flores sacan la lengua, la sacan para proclamar los resultados de la consulta por los derechos en Chiapas20 llevada a cabo el pasado mes de marzo. Sacan la lengua para añadir cinco preguntas, a las diez nacionales. Las cinco preguntas tienen que ver con las situaciones, (así se les dice a las atrocidades), particulares de guerra, a las costumbres tradicionales de sus comunidades que las afectan y denigran y a la necesidad de contar con centros de derechos humanos. Estas mujeres chiapanecas reconocen en un 98.8% que el trabajo de la casa debe ser de todos, (a nivel nacional alcanzó el 92% entre los hombres y el 96% entre las mujeres), nos sacan la lengua para decir en la pregunta cinco, que es necesario resolver los problemas de la pobreza para alcanzar la paz, que es necesario tomar en cuenta a las mujeres en las leyes, los programas y las políticas de gobierno, que es necesario que se retire el ejército de sus comunidades y que se cumplan los Acuerdos de San Andrés. En las ciudades y entre los ladinos la misma pregunta sobre la paz y su relación con la pobreza alcanzó un 25% de los que contestaron lo contrario o que no sabían si era necesario resolver los problemas de la pobreza para alcanzar la paz. Las mujeres indias sacan la lengua para repelar su “derecho a descansar,” y para negarse a la preservación de tradiciones que las humillan y denigran.

Frente a este capital lingüístico, a esta forma de sacar la lengua, ¿cómo se comportarán las instancias nacionales constituidas para garantizar la ciudadanía a todos por igual?

En el norte de nuestra nación trece mexicanos esperan la pena capital, la pena del capital y sus propiedades este año, la mayoría en el estado fronterizo de Texas. Uno de ellos fue entrevistado para la televisión nacional, (el pasado lunes 5 de mayo, fecha nacional que celebra el triunfo de batallas). En un cuarto blanco, el condenado sentado de perfil habla por teléfono desde el reclusorio en Texas con un periodista. “Me agarraron el 6 de febrero, no el siete, de 1993. Yo ya les dije que no fui yo, también les dije que sé quién fue, pero que no lo voy a decir.” Un hombre de unos 30 años, peinado para atrás con mucha goma, con unas gafas negras pesadas de las que se usaban en los sesenta. “Aquí como no tenemos dinero... Pero tengo una ventaja sobre ustedes, (y en ese momento mira directamente a la cámara, nos mira), yo sé cuando me voy a morir y no le tengo miedo a la muerte.” Nuestro mexicano nos saca la lengua, esa lengua que no le sirvió para convencer, en el lenguaje del capital, sobre su inocencia, para burlarse de nuestra incertidumbre.

¿Qué hace la ley cuando el otro, el fronterizo, el sujeto al filo nos saca la lengua? ¿Nos colocamos automáticamente en el lugar del médico quien ante el paciente con la lengua sacada diagnostica la enfermedad y receta? ¿O nos deslizamos al lugar que nos marca su lengua, el de la incertidumbre, la sorpresa, el asombro?

Es desde este lugar incierto, asombroso, innombrable, desde donde se produce la cultura, esa cultura nuestra que viene del lado de la impropiedad, del lado de donde el capital marca sus máximas penas.

Bibliografía

Belausteguigoitia, Marisa y Mingo, Araceli. Géneros Prófugos. Feminismo y Educación. México: Paidós, 1999.

Lyotard, Jean Francois. The Differend. Phrases In Dispute. Minneapolis: University of Minnesota, 1988.

Rubio Uorente, Francisco. La Forma del Poder. Estudios sobre la Constitución, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993).

Smith, Anne Marie. Laclau and Mouffe. The radical democratic imaginary, Londres: Routledge, 1998.

Para el tema de la inexistencia del daño si no hay victima que lo reporte ver la noción de diferendo de Lyotard en Jean Francois Lyotard, The Differend. Phrases in Dispute, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.

Tomé esta expresión del conocido texto “Respuesta a Sor Filotea,” de Sor Juana Inés de la Cruz.

La organización de esta consulta corrió a cargo de Las Feministas Independientes de San Cristóbal. Este evento nacional en pro de los derechos de la mujer formó veintiséis comités estatales integrados con el fin de difundir los objetivos de la consulta, la cual forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres del 2000, Pan y Rosas (movilización política de mujeres de mis de 146 países en contra del neoliberlismo). En la consulta participaron casi medio millón de personas. Chiapas alcanzó 85 mil 739 participantes, el segundo lugar en números absolutos, después del D.F. y el primero en relación con la población mayor de 18 años. En SO de los 11 municipios de Chiapas con una mayoría de población indígena, se realizaron e instalaron un total de mil 99 asambleas y mesas de consulta y emitieron su voto 85 mil 739 personas: 54 mil 965 mujeres y 30 mil 774 hombres que representan cerca del 4.5% de la población mayor de 12 años del estado, sobresalió la participación de muncipios de Chilón, Ocosingo, Altamirano, Palenque y Tuxtla, donde la población tiene una enorme experiencia organizativa. Ver la Triple Jomada, número 21, lunes 8 de mayo del 2000.

Mesa 3

Política sexual

Ma. Consuelo Mejía

Graciela Hierro

Patria Jiménez

Marcela Lagarde

Gloria Careaga

María Consuelo Mejía

Política sexual católica: obstáculo para la autonomía de las mujeres

“Asegurar un grado de virtud femenina sin el cual lo familia patriarcal se vuelve imposible porque la paternidad serla dudoso, ha sido el motivo primario de las éticas sexuales como han existido en la civilización occidental desde los tiemposprecristianos”

(Bertrand Russell, Matrimonio y moral, p. 7)

Quiero agradecer a las organizadoras de este evento por la invitación a participar en él. Me parece muy importante que estos temas sean parte de las actividades de organizaciones como la Fundación Heberto Castillo, pues contribuyen a abrir el debate sobre temas cruciales para la convivencia armónica y la defensa de los derechos individuales, específicamente los de las mujeres.

Nos preguntamos si es posible la equidad entre mujeres y hombres. Nosotras pensamos que sí. Para eso estamos trabajando. Y aunque la realización de este justo anhelo todavía está en el terreno de la utopía, creemos que ha habido logros importantes. Podemos afirmar que hoy existe un consenso universal sobre el respeto que merecen los derechos humanos de las mujeres, una demanda generalizada para que cese la violencia en contra de las mujeres, un reconocimiento —todavía magro es cierto— a la contribución que el trabajo doméstico de las mujeres hace el desarrollo social, y a la participación de las mujeres en ámbitos hasta hace pocos años reservados a los hombres. Claro está que esta situación varía de acuerdo con la cultura, el país o la región de la que estemos hablando. Lo que me interesa señalar es, que en algunas áreas de esta justa lucha ha habido avances importantes y en otras no.

Y este es el caso de la sexualidad. Es cierto que hablar de sexualidad en ámbitos académicos o políticos adquiere cada vez mayor legitimidad. Y sin embargo, en un reciente seminario le escuche a Patricia Uribe, directora de CONASIDA, que el problema más grave que ha tenido que enfrentar en su combate contra esta mortal enfermedad es que no se habla de sexualidad en el ámbito institucional. Esta afirmación confirma lo que hemos presenciado en el escenario internacional: se habla de sexualidad siempre y cuando esté relacionada con la enfermedad o con la reproducción. Además, a pesar del impulso que las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de especialistas y algunas instituciones académicas han dado a la sexualidad como una dimensión positiva del desarrollo humano e incluso de crecimiento espiritual, todavía resta mucho por hacer para que el tema se pueda abordar sin risitas, alusiones de doble sentido y moralismos atávicos.

Por otra parte hasta muy recientemente, unos pocos partidos políticos empiezan a tomar en cuenta, con muchas dificultades, los temas de la sexualidad, del respeto a sus expresiones diversas y de la necesidad de erradicar la discriminación derivada de estas expresiones.

Esta situación es paradójica, si pensamos que una de las políticas más congruentes que ha pretendido controlar las vidas de las personas de la gran mayoría de las culturas es la política sexual. Política que se ha manifestado de diversas formas a través de los tiempos y que se ha dirigido a normar la conducta sexual de las personas de acuerdo con las ideologías, creencias religiosas y concepciones éticas y morales que rigen en cada sociedad.

En los albores del Siglo XXI, las expresiones de la sexualidad y específicamente de la genitalidad en la mayoría de las culturas siguen siendo un enigma, un misterio, un tabú, un pecado, una fuente de poder, de discriminación, de control y de enfermedad. Esta situación, en el caso de las mujeres, adquiere dimensiones trágicas.

No es necesario recurrir a las estadísticas, ni limitarse a quienes no tienen acceso a la educación y a la información adecuada, para darse cuenta de la miseria sexual en que sigue viviendo la mayoría de las mujeres latinoamericanas, que es el caso que tenemos más cerca. Con solo mirar a nuestro alrededor, podemos constatar cómo, a pesar del nivel económico y del nivel educativo alcanzado, muchas mujeres siguen viviendo cautiverios e insatisfacciones en lo que a las expresiones de su sexualidad se refiere.

En el caso de América Latina, la negación de la sexualidad se deriva directamente de la influencia de las enseñanzas de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, mismas que está de tal manera imbricada en la cultura, que aparece como lo “natural” lo “dado”, la “única opción moral”, la “única verdad”. Y ha sido precisamente la Iglesia Católica, una de las instituciones que mayor énfasis ha puesto en su política sexual, política que parte de una concepción negativa de la sexualidad: el sexo- pecado, el sexo-reproducción, la negación del placer, la culpa asociada a la sexualidad, han signado las conciencias y las vidas de millones de personas, sobre todo de las mujeres.

Más importante aún: estas enseñanzas han jugado un papel esencial en la posición de subordinación que se ha asignado a las mujeres en la sociedad, con las consecuentes limitaciones a su libertad de elección, y en la violación a los derechos humanos y la discriminación de las personas con una orientación sexual que se aparta de la norma heterosexual. En este sentido, consideramos que la vigencia de estas enseñanzas es el obstáculo más importante para la autonomía de las mujeres, el respeto a la diversidad y la promulgación de políticas sexuales humanistas y libertadoras.

Cuando volvemos a documentos antiguos, observamos el hecho de que dirigentes de la Iglesia han culpado a las mujeres de los errores cometidos por los hombres, de su “caída” en el pecado. Eva madre y leyenda nuestra- seducida y seductora; inclinada a la tentación y al pecado, es símbolo de desobediencia, de voluntad insistente, de sexualidad abierta. Es el emblema de la mujer que tienta al hombre, y la Iglesia, como institución masculina, ha buscado prohibir la autonomía de las “Evas” que podemos ser todas, por miedo atávico a nuestra independencia y al aterrador presentimiento de perder el poder en nuestras manos. Miedo funcionalmente protector: oculta la callada convicción de que los hombres no tienen la fortaleza suficiente para ser buenos y deben contar con un chivo expiatorio perpetuo en el cual desangrar su flaqueza.

Desde los primeros siglos del cristianismo,1 la Iglesia aceptó la idea del estoicismo en el placer sexual y lo vio solamente bajo juicio de la procreación. Esto se reforzaba con el gnosticismo que insistía en lo bueno del alma y lo diabólico del mundo, especialmente del cuerpo. Clemente de Alejandría, obispo del siglo n, afirmaba que el deseo sexual y la pasión en el sexo eran animales y pecaminosos y, que al mismo tiempo, la procreación y el nacimiento eran sagrados. En el siglo IV, la idea de que el matrimonio era una forma sagrada de servir a Dios, fue reemplazada por el entendimiento del matrimonio como un compromiso permitido entre el pecado y la virtud.

Posteriormente, la Iglesia empezó a considerar a la procreación como el bien primario del matrimonio; el placer sexual y el deseo eran serios problemas morales del matrimonio. Esto se dio a conocer a través de la interpretación de la “ley natural”. La interpretación católica tradicional de la ley natural de la sexualidad dice que Dios diseñó la biología humana de tal manera que la cópula sexual dé como resultado la procreación y el nacimiento de hijos, los cuales deben ser criados por uniones estables para satisfacerles todas sus necesidades materiales, espirituales y colectivas. De esto, la Iglesia concluyó: el sexo en el matrimonio está diseñado para la procreación y fuera de él es tanto pecaminoso como moralmente irresponsable.

La condena a las relaciones sexuales ha estado permanentemente detrás de todas las enseñanzas morales de la Iglesia: matrimonio, anticoncepción y aborto. Podemos afirmar, que la oposición de la Iglesia al aborto no está basada en su ética del hecho de matar, sino más bien en su ética de la sexualidad y las mujeres. Esta ética se caracteriza por su hostilidad histórica y contemporánea, por su rechazo a las mujeres, al cuerpo, a la sexualidad y al placer.

El sexo era considerado tan deplorable por algunos pastores cristianos, que San Agustín llegó a decir que si se pudiera encontrar otro camino para propagar la especie, el sexo sería ilícito. San Agustín, cuyo pensamiento determinó por un milenio la posición de la Iglesia en materia de sexualidad, entendió el acto sexual como la forma de transmitir el pecado original de generación en generación y extrañamente, condenó a quienes practicaban la abstinencia periódica, considerándolos egoístas, y lascivos.2

La profunda desaprobación de la Iglesia a la actividad sexual es evidente en las reglas establecidas por diversos obispos y papas —expresión clara de la política sexual en la Edad Media —sobre los momentos en los que era prohibido para las parejas casadas tener relaciones sexuales. La Iglesia enseñó que el matrimonio era apropiado para los incapaces de seguir el camino superior de la virginidad, y ese camino inferior se justificaba por el bien de la procreación, por lo que se pretendió forzar a las parejas casadas a la abstinencia total.

En el siglo VI, bajo el reinado del emperador estoico- cristiano Justiniano, (527-565), se inventa el sacramento de la confesión privada y surgen los Confesionales, libros donde aparecían todos los pecados sexuales que un cristiano pudiera cometer con su equivalente en penitencia. El mismo emperador Justiniano promulga una legislación sumamente rígida contra todo tipo de sexualidad no reproductiva:

Se proscribe el acto sexual en la vigilia de las fiestas de guardar, los jueves en memoria de la Última Cena, los viernes en recuerdo de la Crucifixión, los sábados en honor a la Santísima Virgen y los domingos en memoria de la resurrección de Cristo. Sólo se podía copular los lunes, martes y miércoles que no cayeran en Cuaresma. Dos siglos después el emperador Cario Magno prohibió los lunes, en honor a los Santos Difuntos y extendió dicha prohibición a 50 días después de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés y 40 días antes de la Navidad.3

Así mismo, el sexo estaba prohibido tres días antes de la recepción de los sacramentos, durante la menstruación, el embarazo y la crianza, después de la menopausia, durante la Cuaresma y el Adviento, y en los días festivos. Para cuando una pareja casada encontrara un martes que no cayera en estas prohibiciones, probablemente ya estaría sexualmente paralizada.

También la Iglesia enseñó que había serios castigos por faltar a la abstinencia sexual durante los períodos señalados. Del siglo V al XII, la Iglesia consideró el placer sexual como pecaminoso y ordenó a los fieles hacer todo lo posible por evitarlo. Desde el siglo XII hasta la actualidad, el placer sexual se considera pecaminoso cuando es el motivo del sexo marital, pero no como resultado directo del sexo ejercido correctamente, es decir, para la procreación.

Es necesario señalar, que estas enseñanzas no han sido uniformes a través de la historia, ni son en la actualidad las únicas que se defienden en el seno de la Iglesia Católica. Las distintas tendencias demográficas, las rivalidades religiosas, las diferentes personalidades de teólogos y teólogas, las interpretaciones tergiversadas del papel de las mujeres y de los avances científicos, han llevado a la jerarquía a variar con el tiempo las normas en cuanto a la sexualidad, el matrimonio, la anticoncepción y el aborto. Siempre han existido diferentes creencias y siempre han sido factores humanos los que han determinado cuál de ellas acabaría por prevalecer. Fue apenas a finales del siglo XIX cuando se entronizaron en el Vaticano las posiciones que hoy defiende y divulga la jerarquía de la Iglesia sobre sexualidad y reproducción, como si fueran únicas y homogéneas en la comunidad católica.

Por otra parte es importante aclarar que las enseñanzas oficiales sobre temas relacionados con la sexualidad y la reproducción humana, aunque serias, nunca han sido declaradas infalibles ex cátedra, es decir, no son dogmas. Católicas y católicos tenemos el derecho a disentir de esas enseñanzas, como agentes morales que somos, de acuerdo con los dictados de nuestras conciencias, haciendo uso del libre albedrío y del principio de la doctrina católica de la primacía de la conciencia bien formada. Las decisiones que tomemos a conciencia son válidas moralmente aunque vayan en contra de las enseñanzas de la Iglesia institucional.

A partir del Concilio Vaticano II y con el impulso del feminismo en la Iglesia Católica, teólogas feministas y teólogos comprometidos con la justicia y la causa de las mujeres han hecho importantes contribuciones alternativas al pensamiento y las enseñanzas de la Iglesia que ha sido el germen de movimientos críticos, movimientos que cuestionan el papel de subordinación asignado a las mujeres, nuestra participación en los niveles de toma de decisión en la Iglesia y en el ejercicio sacerdotal, y las interpretaciones tradicionales de la sexualidad y la reproducción.

Los trabajos de la teóloga feminista Christine Gudorf, constituyen un aporte muy importante en este sentido. La Dra. Gudorf recoge el sentir de las feministas católicas cuando sugiere “la necesidad de un claro repudio de la concepción de las personas como si estuvieran divididas en un alma hermosa, eterna y espiritual, y en un cuerpo corrupto, pecaminoso y temporal.” Las personas no son un alma que tiene cuerpo, son un espíritu encamado, un cuerpo espiritual”. Y continúa: “Nuestros cuerpos somos nosotras y nosotros mismos, ellos son llamados al bien en todo lo que son y hacen, incluyendo el sexo que puede ser una forma de adorar a Dios, una forma de rezar, de escuchar la palabra de Dios en nosotras.”4

La posición teológica de la Dra. Gudorf la lleva a criticar al Magisterio de la Iglesia porque ha seguido enseñando nociones de la ley natural que se basaron en razonamiento inexactos sobre la reproducción humana, y en la ignorancia de la biología y la sexualidad femeninas. Además, dice Gudorf, si Dios quisiera que cada acto de coito diera como resultado la procreación, la evolución humana no se hubiera alejado del estro femenino y las hembras humanas, como las de otros mamíferos, serían receptivas al sexo únicamente durante su periodo de fertilidad. Más aún, si Dios no deseara que el sexo fuera placentero, no hubiera diseñado a la mujer con clítoris, un órgano que no tiene propósitos reproductivos ni urológicos.

Sin lugar a dudas, la ética relacionada con la reproducción y la sexualidad y la posición de las mujeres, ha sido la principal área de controversia en la era post Vaticano II de la Iglesia. Durante los más de veinte años del actual pontificado, la oposición a la anticoncepción, al uso de condones para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, a la educación sexual y a la despenalización del aborto, han dominado la agenda de la jerarquía de la Iglesia hasta límites no conocidos anteriormente en su historia. En la medida en que entramos en el nuevo milenio y las disidencias de las enseñanzas de la Iglesia en sexualidad y reproducción aumentan, la cruzada de la jerarquía para restaurar lo que considera el orden moral tradicional, se ha intensificado.

En un marcado contraste con la Iglesia Católica que siguió al Concilio Vaticano II —cuando se dieron importantes pasos para modernizar a la Iglesia, la preocupación por la justicia social y los pobres se incrementó y la teología de la liberación y el ecumenismo dominaron la agenda de la Iglesia— el momento actual se caracteriza por serios intentos por controlar el pueblo católico y regular su conducta en asuntos relacionados con la sexualidad, la reproducción y las relaciones entre los géneros.

Las normas de la política sexual actual de la Iglesia Católica están contenidas en el documento “verdad y significado de la sexualidad humana. Guías para la educación en la familia", emitido por el Consejo Pontificio para la Familia, institución del Vaticano encargada de las normas morales, en octubre de 1995, a escasos dos meses de celebrada la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing. El documento, firmado por el cardenal Alfonso López Trujillo, reconocido colaborador de las organizaciones de Próvida presidente del Consejo, establece las normas católicas actuales relacionadas con la sexualidad, la educación sexual y los deberes de los padres en esta materia. El documento consta de 150 párrafos en los que se reiteran punto por punto las concepciones tradicionales de la jerarquía sobre la moral sexual y se descalifica totalmente la educación sexual para niños y jóvenes en otro contexto que no sea el ámbito familiar.

Pero, ¿cuáles son los fundamentos de la moral cristiana que hoy defiende la jerarquía de la Iglesia Católica? Dice el documento que los padres deben estar en capacidad de dar a sus hijos una positiva y serena explicación de los puntos más sólidos de la moral cristiana, tales como la indisolubilidad del matrimonio y la relación entre el amor y la procreación, así como la inmoralidad de las relaciones premaritales, el aborto, la anticoncepción y la masturbación. Con relación a estas situaciones inmorales que contradicen el significado de la entrega en el matrimonio, siempre será bueno recalcar: “ Que las dos dimensiones de la unión conyugal, la unitiva y la procreativa, no pueden separarse artificialmente sin dañar la verdad más profunda, el acto conyugal mismo” (102).5 Y sostiene, a renglón seguido, que una educación cristiana para la castidad en la familia no puede permanecer silenciosa acerca de la gravedad moral involucrada en separar las dimensiones unitivas y procreativa en la vida matrimonial. Esto sucede, sobre todo, en la anticoncepción y la procreación artificial; en el primer caso, se busca el placer sexual, interviniendo en el acto conyugal para evitar la concepción; en el segundo caso, se busca la concepción substituyendo el acto conyugal con una técnica. Estas son acciones contrarias a la verdad del amor marital y contrarias a la plena comunión entre esposo y esposa (32).6

El padre y la madre, dice el documento, son los únicos que pueden conocer las singularidades de cada niño o niña, los únicos que les profesan el amor necesario para educar a sus hijos gradualmente —sin brincar etapas— en todos los asuntos relacionados con la sexualidad, y específicamente en la educación para la castidad, máxima virtud destacada por el documento. El documento llama a los padres y madres a que rechacen la educación sexual que se imparte en las escuelas, si no está totalmente de acuerdo con sus principios religiosos. Ésta es la única manera, afirma, de evitar que los jóvenes se vean influidos por concepciones individualistas y distorsionadas de la libertad, pues da por supuesto que la educación sexual escolar es positivista y hedonista e imparte la información sexual disociada de los principios morales.

Estos planteamientos han servido de base para una agresiva campaña de parte de la jerarquía conservadora con el propósito de influir en los programas educativos escolares para que sigan estos preceptos. Más delicado aun, es el hecho de que ante el fracaso evidente de sus enseñanzas morales —pues serios estudios y estadísticas oficiales muestran que la población católica del mundo entero ejerce su sexualidad fuera del matrimonio reivindicando el placer, usa anticonceptivos modernos para controlar su capacidad reproductiva, se divorcia y recurre al aborto ante un embarazo indeseado en medio de sentimientos ambiguos de culpa y temor—, el Vaticano y las jerarquías locales conservadoras están recurriendo a los gobiernos civiles. A través de serios intentos para influir en las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la educación, la salud y la sexualidad de toda la población, la jerarquía busca que los gobiernos aseguren el cumplimiento de sus designios morales, de su política sexual, como una alternativa a la ineficacia de sus propias normas.

Considero que lo sucedido en las últimas conferencias convocadas por Naciones Unidas es una muestra fehaciente y de candente actualidad sobre el papel que ha jugado la Iglesia Católica, no solamente en la discusión, sino en la promoción de una política sexual basada en las concepciones del sector más conservador de una de las iglesias del mundo. Papel que apenas empieza a recibir la debida atención de las ciencias sociales y que merece serias reflexiones de parte de los especialistas en la medida en que ha contribuido a la discriminación hacia las mujeres, obstaculizando el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

La reivindicación del derecho que tenemos católicas y católicos de disfrutar de una vida sexual satisfactoria que no tenga como fin la procreación, sin quedar por ello fuera de la Iglesia, está a la orden del día. Y para ello se requieren programas de educación sexual serios y objetivos que tomen en cuenta los avances científicos que ha habido en el tema, y la libertad para conocerlos. Se requieren campañas informativas que hablen de la sexualidad positivamente y que promuevan el respeto a la diversidad sexual y al ejercicio de los derechos sexuales. De programas y servicios de salud sexual y reproductiva que provean los medios para poder disfrutar de la sexualidad placentera y responsablemente.

Se requiere desacralizar las opiniones terrenales de la jerarquía conservadora, entender que somos agentes morales capaces de tomar decisiones, de construir el mensaje simbólico que niega la autonomía de las mujeres y reivindicar el valor del cuerpo y el placer sexual. Más concretamente, se requiere advertir sobre las falacias que están detrás.

Los datos sobre la historia de las ideas de la sexualidad en la Iglesia, así como las citas provienen de la ponencia de Christine Gudort. “Etice Sexual Feministe”, ponencia presentada en el Ciclo Feminismo Ética e Iglesia, PUEG-UNAM/CDD, multicopiado.

Ver por ejemplo, San Agustín, De Nuptiis et Concupiscentia, 1.15.17 (CSEL 42.229.-230)

Ibidem

lbid, p.3

Ibid, p. 545

Ibid, p. 536

Graciela Hierro

Hacia la equidad entre hombres y mujeres

Muchas gracias a la Fundación por invitarme a hablar hoy de estas cosas tan interesantes como es la política sexual; hablaré sólo de algunas ideas sobre la “posibilidad” de la equidad entre hombres y mujeres.

Si nos preguntamos por los cambios ocurridos en las relaciones sexuales entre las mujeres y los hombres en este nuevo milenio en México, tratando de hablar de mayor equidad en éstas, a mi juicio, se registran cambios importantes:

Resulta evidente que las prioridades de muchas mujeres, especialmente en el campo académico, el de la política oficial y el de la iniciativa privada, han cambiado. No puedo ni quiero hablar de los cambios en la conducta sexual de los hombres hacia las mujeres, porque tengo la sospecha de que ésta ha cambiado muy poco.

La finalidad central de la vida de muchas mujeres parece que ya no es el matrimonio, y lo digo por la cantidad de mujeres solteras que se dedican a distintos campos del conocimiento, la política y los negocios; aparentemente la mujeres jóvenes ya no desean casarse. Tampoco su prioridad es la maternidad; muchas de ellas, aunque tengan relación de pareja, no tienen hijas o hijos y, de tenerles, su número es reducido. Además una gran mayoría de mujeres se manifiesta en favor de la despenalización del aborto voluntario. No tengo conocimiento de que se realicen más o menos abortos que antes, sólo que ahora son más abiertamente aceptados.

En México, con algunas excepciones, la prohibición del aborto es una ley muerta. El problema es más bien de tipo económico, en el sentido de que si se paga lo suficiente, se puede realizar un aborto en el hospital que se elija.

Las mujeres mexicanas han formado familias no tradicionales, no digo de “madres solteras” porque todas las madres somos, en más de un sentido, madres solteras. En los arreglos sociales presentes, no importa si se es casada, separada, divorciada o se está en unión libre, siempre somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de la “prole”. Me refiero a familias sostenidas por una o varias mujeres, con hijos o hijas, o sin ellas.

En cuanto a las relaciones sexuales, es evidente que cada vez hay mayor libertad para la unión sexual entre mujeres, Hoy existen un número cada vez más grande de parejas lesbianas.

Sin embargo, en las relaciones heterosexuales siguen los mismos avatares que cuando yo era joven: es decir, una mujer busca en una pareja masculina, además de la sexualidad, el erotismo y el amor —que ninguno es sinónimo—, la necesidad de existir, la garantía de sobrevivir, la compañía y el reconocimiento social que, al parecer, sólo alcanza con un hombre a su lado. Existe un ejemplo que ilustra perfectamente esta última parte de la afirmación: asiste un grupo de diez mujeres a un restorán y no falta quien pase y les pregunte “¿porqué tan sólitas?”; la sociedad considera que una mujer, sólo, está acompañada cuando el acompañante es hombre. La compañía femenina equivale a nada o a casi nada. O bien, cuando una mujer tiene un problema legal le piden que llame a su esposo, como si ella no tuviera figura legal.

El “techo de cristal”, aquel que bloquea el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, se da en todas las instancias de poder, en la academia, la política, los negocios y las iglesias. En este rubro tampoco aparecen cambios importantes.

En la familia “tradicional” se siguen, todavía, los rasgos patriarcales que todas conocemos y sufrimos.

La tesis que quiero plantear es: la equidad, entre hombres y mujeres, será aquella que las mujeres podamos reclamar, es decir, para que exista mayor equidad entre hombres y mujeres se requiere fomentar la educación de las mujeres, para la diferencia sexual.

No se trata de que las mujeres, como los indígenas, traten de ser hombres, sino que los indígenas sean indígenas y las mujeres seamos mujeres. La finalidad de esta educación feminista es alcanzar la libertad como trascendencia y como independencia simbólica del mundo masculino. Las mujeres debemos ir más allá de una misma, desde la intimidad propia hasta nuestra existencia en el mundo, debemos contribuir al nacimiento del sujeto femenino, debemos traer lo femenino al mundo. Crear lo simbólico femenino al mundo, de manera que este mundo también esté escrito en lenguaje femenino, porque sabemos que está escrito en lenguaje masculino.

Sin embargo, hemos de dotar de reglas lo simbólico femenino y crear criterios de juicio desde lo femenino.

El feminismo

La revolución feminista, del pasado siglo, ha dejado más huellas en el nuevo milenio que la revolución marxista. El capitalismo sigue triunfante y, sin embaigo, el patriarcado casi está derrotado, —y lo hemos hecho sin muertes ni guerras—; las mujeres lo hemos debilitado utilizando sutiles metamorfosis, sobre todo, en el campo de las relaciones sexuales entre los géneros.

Por ejemplo, ahora se dan relaciones entre mujeres, sin el aval masculino y existe la serena afirmación de que las mujeres que ostentan su placer y su deseo, son feministas; aunque todavía sea un feminismo innombrado. Las mujeres hemos ganado mucho individualmente y en conjunto, por ejemplo: la autonomía del mundo masculino, hemos forjado nuevas redes de relaciones entre mujeres; hoy, somos más conscientes e inteligentes con relación a nosotras mismas y el mundo.

Sin embargo, el feminismo todavía no ha sido traducido desde nuestra experiencia personal al lenguaje común. Nuestra principal asignatura pendiente es, feminizar al mundo, al imaginario del ser humano en el abanico de culturas.

Tenemos, además, un problema latente: ¿cómo hacer que se institucionalicen las relaciones entre mujeres? Necesitamos fortalecer estas relaciones y crear reglas que las sostengan, de manera que sea posible consolidar las genealogías femeninas, siguiendo la enseñanza de las feministas italianas. De acuerdo con Murara, la laguna que lo impide es el vacío de lo femenino en el espacio simbólico, para lograr que las mujeres sean personas, con derechos civiles.

Una vez advertidas de lo anterior, podemos retomar la cuestión planteada al inicio acerca de cómo educamos en la diferencia. Para lograrlo, debemos adquirir y transmitir el conocimiento científico y humanístico, haciendo evidentes los criterios sexistas; adquirir y transmitir el juego de habilidades sin distribuirlas por género; formar actitudes morales que favorezcan, hacia las mujeres, la asertividad, la autoestima y el deseo de bastarse a sí mismas, incluso, en el plano económico y fomentar en los hombres, el desarrollo del afecto y la preocupación por las demás personas, independientemente de su sexo.

La lucha feminista busca la equidad entre los géneros; entendiendo por equidad, tratar al otro y/o a la otra como si fuera nosotras mismas, independientemente de sus diferencias; porque la diferencia produce horror y, parece, que la sexual es la peor.

Se intenta considerar la diferencia como lo nocivo, lo malo, una forma de justificar lo valioso de nuestra propia identidad y la posibilidad de aceptar la diferencia se logra por medio de la equidad.

La equidad es un tipo de igualdad para repartir un valor; se relaciona con la imparcialidad, con la ecuanimidad, es decir, imparcialidad en el trato. Todas las personas merecen la misma atención, en la apreciación. Tanto vale el punto de vista de la una como la del otro, equidad en la aplicación de una regla, todas y todos están sujetos a la misma medida. Puede haber equidad entre las partes aunque entre ellas no exista desigualdad sustancial. La justicia es la equidad referida a las conductas y relaciones morales. Villoro dice que la equidad es la imparcialidad en la impartición de la justicia, sin tomar en cuenta las diferencias que puedan considerarse justificadoras de disparidad y exclusión, ¿será posible la equidad entre los sexos?

Recordemos que la diferencia sexual es la más difícil de las diferencias para alcanzar la equidad en las sociedades, aunque el patriarcado esté ya derrotado; ésta es la diferencia que produce mayor inquietud y por eso se utiliza como justificación para violar la justicia.

A manera de conclusión, podría adelantar, que la cuestión central para lograr la equidad entre hombres y mujeres, es que las mujeres nos apoderemos de nuestro cuerpo, que nosotras determinemos nuestro propio placer, también la procreación y el tipo de relación sexual que deseemos entablar con nuestras parejas. En cuanto a nuestro ser en el mundo debemos lograr la asertividad suficiente que nos permita pensar, actuar y crear sin la necesidad del aval masculino; para traer al mundo, el mundo de lo femenino.

La política de la diferencia sexual no viene después de alcanzar la igualdad entre los sexos, sino más bien la sustituye.

Para terminar reitero con Rosario Castellanos, mi maestra: la mujer que sabe latín tiene buen fin. Pero, respecto del “marido” leeré un breve texto de Rosario: “…Y en cuanto a los maridos, no son ni el milagro de san Antonio ni el monstruo de la laguna negra. Son seres humanos, lo cual es mucho más difícil de admitir, de reconocer y de soportar que esos otros fantasmas que nos hacen caer de rodillas por la gratitud o que nos echan a temblar por el miedo. Seres humanos a quienes nuestra inferioridad les perjudica tanto o más que a nosotras para quienes nuestra ignorancia o irresponsabilidad es un lastre que los hunde. Y que para escapar de una condición que no aguantan y que no modifican porque no la entienden se dan, como lo proclaman nuestras más populares canciones, a la bebida y a la perdición... cuando no desaparecen del mapa”.

BIBLIOGRAFÍA.

Castellanos. Rosario. Mujer que sabe latín...., México. Fondo de Cultura Económica, Colección Letras Mexicanas, 1997.

Hierro, Graciela, La educación para la diferencia sexual. Investigación en proceso.

Villoro, Luis. El poder y el valor. Fondo de Cultura Económica, 1997.

DIOTIMA. Traer al mundo el mundo. Icaria, lo Tartaruga. Ediciones Barcelona. 1996.

Sottosopra Rosso, El final del patriarcado. Librería les Dones. Barcelona. 1966.

Patria Jiménez

Las políticas en torno a la diversidad sexual

El sistema de los derechos humanos modernos está inspirado en la idea de autonomía de los seres humanos, considerando a éstos como sujetos que actúan libremente no obedeciendo sino a las leyes que ellos mismos se han dado. Sin embargo, para arribar al logro de la expresión humana de la libertad en la diversidad han sido necesarias largas luchas en la gran batalla del respeto por los derechos humanos. Sobre todo, lo concerniente a la diversidad sexual.

No se puede medir la ética de una legislación y su legitimidad por el cumplimiento, si no existe relación directa entre institucionalidad y protección, ya que el derecho no logra resolver el significado de la igualdad para aquellos que la sociedad define como diferentes. Por eso la demanda de igualdad desde la diferencia se traduce al acceso a derechos y posiciones antes vetadas, y al no ser accesibles estas demandas es que se denuncia la discriminación y la desigualdad en el marco jurídico.

El ejercicio de la libertad sexual ha sido una realidad que se ha anticipado, como suele suceder en el derecho, a las normas jurídicas, la movilidad de la vida social y el empuje de los movimientos han llevado a la legislación a “ceder” algunos logros en ocasiones pequeños, otras veces mayores, pero para estos casos ha sido necesaria la participación de diversos grupos de la sociedad dispuestos a arrancar los velos de las repulsas morales, y dispuestos también a recrear la libertad de la diversidad. Tales son los casos de las modificaciones al artículo 201 del código penal que elimina la discriminación por orientación sexual. La aprobación de un paquete de reformas a los códigos civil y penal en la Asamblea Legislativa en donde se destaca el Artículo 181 que habla de sancionar todo tipo de discriminación incluyendo el que se basa en la orientación sexual de las personas. Sin embargo, aun quedan pendientes todas las que se refieren a la seguridad social en relación a la diversidad sexual.

En México, por más de veinte años, diferentes organizaciones de feministas y del movimiento lésbico-gay, trabajamos para lograr el reconocimiento de los derechos, tanto de las mujeres como de las minorías sexuales. La discriminación por género, como por preferencia sexual, si bien tiene muchas coincidencias llama la atención la que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, en la que al acuñar el término diversidad sexual, amplió el campo de análisis y nos posicionó de mejor manera. Sin duda, tenemos más y mejores herramientas. Esta nueva categoría permite ubicar la discusión en los espacios de la investigación, desde su significado y nuevas perspectivas que se desarrollan desde disciplinas múltiples y construyen nuevas concepciones que nos ofrecen los marcos teóricos, para que podamos arribar con bases científicas a las transformaciones culturales.

En primer lugar, cuando cuestionábamos la heterosexualidad la definíamos como aquella que se consideraba hegemónica, a la que todos y todas estábamos obligadas a sujetamos, y era la que se desenvolvía en un discurso del sexo dirigido a expulsar de la realidad a las formas de sexualidad no sometidas a la economía de la reproducción. Este discurso excluyente negaba incluso las heterosexualidades que se desenvolvían en prácticas sexuales fuera de la norma como sería la poligamia, el amor libre, y todas aquellas prácticas y expresiones sexuales que se dirigían principalmente o exclusivamente al placer. Este heterosexismo es una de las formas de control social que facilita el mantenimiento de un orden que privilegia a un sexo sobre otro hasta violentar su derecho a la integridad.

Además, hay cierta tendencia a delegar a los grupos de las minorías sexuales la defensa de estos derechos, por considerar erróneamente que las prácticas heterosexuales no sufren de discriminación, de represión. Se considera que solamente es el ejercicio de una sexualidad disidente a la heterosexual lo que se estigmatiza y reprime, ya que se identifica a ésta como una práctica, la cual, no solamente no tiene como objeto a la reproducción sino, incluso, atenta contra la preservación de la especie al focalizarse sólo al placer en el que puede derivar.

Lo que se puede considerar como la economía de la reproducción encierra grandes obstáculos para el ejercicio de una sexualidad gratificante y placentera, plena.

Separar y diferenciar los derechos reproductivos de los sexuales, tiene un objetivo claro. Sabemos que en nuestra cultura, el ejercicio de la sexualidad es controlada y reprimida a partir de la negación del placer, y que su concepción como algo malo le remite al lenguaje de lo oculto.

El derecho al ejercicio de una sexualidad plena es obstaculizada claramente por el estado, la cultura y la iglesia patriarcales: el control de la sexualidad es para estas instituciones un asunto de lo más importante, pues en él se fincan, en buena medida, el control que sobre la ciudadanía pueden ejercer.

Sujetarla a estrictos controles e imponer roles sexuales estereotipados, que someten a las personas a relaciones de poder y dominio e impidiendo que se rompan estos controles, es como aseguran la supremacía patriarcal.

A través de la historia podemos ver que la iglesia ha ido modificando sus criterios para acomodarse a los tiempos y manifestaciones que van surgiendo en la población. Sin embargo, sus cambios no han sido lineales, dependen en mucho del juego del poder. Así, en ocasiones se flexibiliza para posteriormente radicalizar sus posturas. Por ejemplo, actualmente desarrolla una estrategia hacia las personas homosexuales —movimiento que por cierto ha ido cobrando fuerza—, les condiciona la aceptación siempre y cuando no ejerciten su sexualidad (es como pedirle a un ave que no vuele), y al igual que las heterosexualidades, mantenemos en la posibilidad de la corrección con una constante presión para volver a la normalidad (casándonos teniendo hijos, o al menos aparentar relaciones monógamas estables).

Los diferentes movimientos sociales feministas y Lesbianas Gays Bisexuales y Transgenéricos, (LGBT), hemos dado una intensa lucha en contra de estas imposiciones. Desde el campo del feminismo se destaca el desarrollo teórico, para desde una visión de género, desestructurar los roles sexuales estereotipados, ubicándolos primero en su justo valor en cuanto fenómeno social controlador de las relaciones de poder que someten tanto a hombres como a mujeres, a estilos de vida que perpetúan los desequilibrios que imposibilitan la equidad entre los géneros, para finalmente darnos las herramientas conceptuales que nos permitirán acceder a nuevos estilos de vida más justos y equitativos.

El conjunto LGBT, ha sufrido a través de los siglos una fuerte estigmatización que se ha traducido en inmensas cargas de discriminación. Surgen en los 70 los primeros grupos de liberación lésbico-gay. Las resistencias a las que se enfrentaron en todos los aspectos de la vida, si bien empiezan a ceder espacios, éstos se consideraban inaccesibles; por el miedo a despertar reacciones violentas o de rechazo, se encontraban bajo una estrecha normatividad socio religiosa y condenas judiciales, que las denominaba perversiones y faltas a la moral y las buenas costumbres. Incluso, la medicina que las definía como irregularidades sexuales y enfermedad mental, las ubicó en el discurso del control, como perversiones condenadas. Cuando los grupos de liberación lésbico-homosexual ocuparon estos espacios y los defendieron, se dieron a la tarea de fortalecerlos a través de la movilización y la protesta. Una vez alcanzado un cierto reconocimiento social, iniciaron un proceso de cuestionamiento sobre aquellos aspectos que limitaban su derecho a tener derechos y ejercerlos.

Cuando el movimiento LGBT cuestionó las propias formas de ejercicio de su sexualidad, se dieron cuenta que la referencia a los roles sexuales estereotipadas también impactaba negativamente en el desarrollo pleno que pretendían alcanzar. El silenciamiento, la invisibilidad ocultaba otros parámetros de referencia y se tendía a imitar lo existente en el entorno social. Iniciaron la ardua búsqueda de formas de convivencia desde la perspectiva de las diferencias sexuales.

En lo íntimo se descubrieron diversos, y desde tal intimidad se apropiaron de identidades integradas en una ciudadanía capaz de tener derechos, y de apropiarse de nuevos estilos de vida, los buscaron en base a relaciones más justas y equitativas, abriendo la posibilidad de que fueran más gratificantes y placenteros.

En el transcurrir de la historia se han elaborado aportes por ambos movimientos para la implementación de estrategias, impacto en la políticas públicas y desarrollo de programas de impacto social en las diferentes ramas de los derechos humanos, sociales, políticos, religiosos, entre otros. De tal suerte que han logrado, finalmente, el debate sobre la sexualidad colocar en el centro de las discusiones internacionales, ello como resultado de la intención de la mujeres organizadas del mundo de defender sus derechos a la integridad y sobre el cuerpo. Y es precisamente que enfrentando la correlación de fuerzas en que se desarrollan las conferencias internacionales que se han logrado los mejores efectos; tal es el caso del avance significativo en la conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, la de Población y Desarrollo en El Cairo, la Mundial de la Mujer en Beijing y, finalmente, las Enmiendas de la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología a la Declaración de Derechos Sexuales de Valencia, 1997 (XV Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, China, 1999).

Es precisamente esta declaración de derechos sexuales, la que, para quienes hemos estado en esta lucha, actualmente represente el principal reto a alcanzar. Un reto que significa, no ya sólo la puesta en común entre los movimientos, sino alcanzar el reconocimiento internacional que alcanzó la perspectiva de género. Que los derechos sexuales sean una preocupación social y se desarrollen acciones que los traduzcan en programas y políticas públicas.

Sin embargo, la historia tiene un rumbo y la situación de la política mexicana en tomo a la sexualidad tiene el propio. Actualmente ni los partidos políticos, ni los gobiernos pueden hablar de democracia mientras no reconozcan la discriminación de que son objeto las comunidades de la diversidad sexual; mientras no se asuma un marco ético y legal para ejercer con libertad las decisiones sobre la sexualidad; mientras no se comprenda que la violencia golpea doble ahí donde el Estado se niega a mirar.

No podemos consideramos democráticos cuando se impulsa una política de exclusión. No podemos ser un país de hoy, cuando la modernidad está al alcance de unos cuantos. Que el Estado reconozca a las comunidades de la diversidad sexual no es un lujo de la democracia liberal, es una necesidad de una sociedad que aspira al desarrollo y la democracia más allá del pragmatismo político.

Que si ¿es posible la equidad entre hombres y mujeres? Sí, cuando construyamos un marco de libertad y de respeto en el que la ciudadanía, toda, tenga acceso a los recursos de la modernidad.

Marcela Lagarde

¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?

Ser la última tiene sus ventajas pero también tiene sus bemoles, porque quienes me han precedido han tocado muchos temas que yo también voy a tocar; quiero partir de esta pregunta que nos convoca no sólo esta tarde, sino en este ciclo organizado por la Fundación Heberto Castillo, ¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres?. Hacer esta pregunta en pleno umbral del milenio es recolocar en el territorio de la duda lo que ha sido un supuesto utópico del feminismo en la modernidad. Y hacerlo, es de enorme utilidad.

Sin embargo, preguntar con ese orden de los sujetos en el enunciado, (entre hombres y mujeres), me parece un paso atrás. Es común, en los discursos, la inclusión a veces forzosa o forzada de las mujeres a través de las arrobas que secuestran un sujeto, pero también el acto impensado que asegura la prioridad a los hombres, muestra que debemos desmontar un orden jerárquico anclado aún en mentalidades revolucionadas.

Si el primer sujeto del enunciado lo constituyen los hombres, me pregunto desde una visión moderna y crítica, si la equidad genérica es de interés del sujeto. ¿Interesa a los hombres la equidad en cuanto a política sexual, en el ámbito de la sexualidad? ¿Interesa a los hombres redefinir los poderes implícitos en la sexualidad a partir de principios equitativos? Y, en esa lógica me pregunto, si interesa a los hombres modificar su condición sexual y su posición política sexual. Me parece que no. Considerando a los hombres como categoría social y política no les interesa modificar su condición, su posición y su influencia sexual. No encuentro organizaciones, movimientos, análisis académicos, críticas ensayísticas o discursos políticos significativos; propuestas, anhelos, convocatorias o exigencias que configuren la agenda política de la transformación de las sexualidades masculinas como una prioridad de género de los hombres.

En cambio, los hombres como categoría social, son los sujetos de sexualidades de dominio y obtiene poderes sexuales de la compleja expropiación sexual de las mujeres. Ellos son protagonistas de la custodia, preservación, normativización de la sexualidad de las mujeres y ejercen controles, supervisiones, usos y abusos sexuales sobre las mujeres. Infinidad de funciones, actividades y profesiones masculinas han cincelado la sexualidad de la mujeres: filósofos, maestros, periodistas, comunicadores, cineastas, videastas, músicos, compositores, médicos, ginecólogos, genetistas, investigadores del genoma humano, modistos, escultores, pintores, literatos, poetas, ensayistas, juristas, abogados, ministerios públicos, defensores de los derechos humanos, notarios, antropólogos, sociólogos, demógrafos, pedagogos, psicólogos, psicoanalistas y chamanes, sacerdotes, pastores, caballeros de algo y legionarios de otra cosa, obispos y papas, diputados, asambleístas, delegados, senadores, gobernantes, presidentes y, hasta los militantes políticos, sociales o religiosos.

Todos ellos y los hombres de a pie en sus posiciones políticas de padres, hermanos, cónyuges, novios, esposos, amantes, hijos, vecinos, colegas, compañeros, amigos y desconocidos, son legítimos propietarios estatales, institucionales, sociales y personales de las mujeres y normadores de la política sexual. Como la ha indicado tan bien, Kate Millett, en su obra clásica Política sexual, “el coito no sucede en el vacío”, cada quien llega a él, posicionado con toda su historia.

Incluso entre hombres de avanzada, hay quienes proponen y experimentan sexualidades que eliminan mecanismos de contención, límites y normas que coartan su beneficio, sus búsquedas, su experimentación sexual como sujetos de sexualidades enajenadas y opresivas. La moral sexual de los hombres está definida por la ganancia y su beneficio en cuya realización no hay trato paritario, no hay igualdad ni equidad. No importan los daños, las carencias o las desventajas de las mujeres, es decir, los principios de la condición masculina no incluyen la equidad sexual. Por el contrario, una fuente fundamental de la supremacía masculina es el dominio sexual de las mujeres. La previa superioridad masculina inherente a la condición del sujeto es activa en la sexualidad y, a la vez, los hombres adquieren poderes universales de su sexualidad.

Frente al conservadurismo y la mojigatería, lo avanzado en ideologías y prácticas contemporáneas en expansión es convocar a las mujeres al riesgo, confundir su adelanto con el seguimiento a las temeridades de los hombres, exponer, visibilizar y hurgar más a las mujeres, violentar más a las mujeres y lograr que las mujeres sientan que progresan al transponer todos los límites, aun aquellos de protección, cuidado o independencia. La convocatoria moderna es que las mujeres nos comportemos sexualmente en imitación del machismo de los hombres, versión light, es decir, sometidas a sexualidades voraces, depredadoras o cosificadoras. La pornografía es la oferta y su objeto son las mujeres.

Hombres comprometidos con la causa de la equidad, que aún son muy poquitos en nuestro país, al analizar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres no realizan una crítica política de esa violencia; abordan la paternidad pero no las relaciones conyugales o erótico afectivas con las mujeres. Si lo hicieran se plantearían, por lo menos, la transformación de la condición y de las identidades masculinas desde una perspectiva con política de género.

Se escucha un inmenso silencio que crece cada vez más. El silencio en tomo a la urgencia de cambios en las sexualidades de los hombres y de la condición patriarcal de los hombres.

Aún hombres sujetos a opresión sexual no renuncian a la misoginia, al machismo ni a la homofobia. Y, algunos defensores de una cultura pacífica y de convivencia, reivindican desde un folklorismo aberrante, las tradiciones culturales mexicanas: la cultura del rompe y rasga, la vedetización de las mujeres y, ahora también, de algunos hombres. Nudismo, cuerpos abiertos y apropiables, mujeres enamoradas y dependientes, temerarias, retadoras, pero en servidumbre, enganchadas sexualmente como deseantes del sexo del otro, como seres para el otro, como cuerpos para el otro —en categorías de Franca Basaglia o como seres para los hombres, en voz de Simone de Beauvoir— son consustanciales a la dominación.

En este sentido, la equidad no está en el equipaje de la condición política masculina de la mayoría de los hombres.

¿Qué significa tratar a las mujeres como pares?

¿Qué significa desde el valor de la equivalencia aventurarse en nuevas sexualidades cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad, persona a persona, diría María Zambrano? ¿Y, qué es preciso modificar en las parejas, las familias, la sociedad y las instituciones, en la cultura y las tradiciones, en el arte y en todos los lenguajes para establecer la paridad genérica? en el reconocimiento de la diferencia.

Pero volvamos al título de nuestras mesas redondas. Si se hace la pregunta reordenando los sujetos. ¿Es posible la equidad entre mujeres y hombres? Se posiciona a las mujeres en el discurso en primer término: Mínimo acto de equidad discursiva, compensatorio de la inferiorización, la subsunción y la postergación de las mujeres. Conduce también, a reflexionar la pregunta desde el primer sujeto, desde las mujeres.

Hemos sido las mujeres quienes nos hemos planteado la urgencia de la equidad sexual como vía de realización de la igualdad. Desde luego, no todas la mujeres, pero sí lo hemos planteado quienes habitamos la geografía del feminismo y de la causa de las mujeres.

El siglo XX ha sido el horizonte en que la sexualidad ha sido priorizada en la definición de la política de género y en la política de las mujeres. Es posible hacer una arqueología de este siglo y observar cómo la redefinición de la sexualidad de las mujeres ha sido la columna vertebral de cambios de género impulsados por las mujeres, por primera vez en la historia, las mujeres hemos mirado el cuerpo de las mujeres, hemos experimentado nuestros cuerpos y nuestras vidas y los hemos resignificado como los cuerpos y las vidas de seres-humanas, alternativos al cuerpo-objeto (erótico, estético, demográfico, maternal, laboral) a la vida satelital.

La humanización feminista de las mujeres es el hecho político más relevante de la historia moderna. Y, en esos afanes, hemos recorrido los estereotipos para reconstruimos y miramos, hemos nombrado y enunciado la maternidad, el aborto, la lactancia, el desarrollo corporal, la vejez, las enfermedades; los malestares y la salud. Hemos planteado la salud, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y la salud integral, para las mujeres. Hemos nombrado al deseo y desnombrado al deseo. La mirada de las mujeres sobre la propia condición sexual y erótica ha sido clave en la crítica y la imaginación de alternativas. Las búsquedas innovadoras y la experimentación personal y colectiva son un aporte a la fluidez de las mentalidades, de la cultura y la política desde una ética feminista.

En la actualidad, millones de mujeres están cautivas en sexualidades enajenantes. Victimizadas y culpabilizadas padecen formas de enajenación sexual: abuso, hostigamiento, violencia, desamor y abandono erótico y sexual. Sabemos que muchas se movilizarán pero muchas otras son objeto y soporte de las políticas sexuales patriarcales.

Paulina es emblemática de la expropiación de género producida por la concentración de poderes patriarcales vigentes en muchos círculos que hoy amenazan convertirse en hegemónicos, a través de procesos electorales y de la insuficiencia política de quienes defendemos la humanidad de cada mujer. Cuando millones de mujeres apoyan a quienes las expropian es evidente la colonización sexual y la enorme dificultad para construir la democracia genérica.

En este cuadro, están presentes también hechos que no debemos minimizar, el creciente número de mujeres que rechaza de manera práctica la heterosexualidad e incluso a los hombres como compañía sexual y opta por otras mujeres para quienes la afinidad sexual se convierte en esperanza de equidad. La legitimidad de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, así como de las viejas y nuevas formas de celibato, emergen en espacios reducidos. La mayoría de las personas reacciona con sexismo ante las mínimas alternativas de las mujeres en cuanto a opciones sexo-afectivas, eróticas y de identidad sexual.

El cuerpo y la subjetividad de las mujeres han sido el territorio político en el que se ha librado la gran batalla contra las mujeres. Por eso, en este siglo, el cuerpo, la subjetividad de las mujeres, es el gran territorio en la construcción de alternativas vitales para nosotras.

Sin embargo, que las mujeres avancemos en derechos, oportunidades, capacidad real de decidir y de optar, no implica, mecánicamente, que los hombres se modifiquen en correlato con nosotras. Las contradicciones en que vivimos muestran que avanzamos en acciones alternativas de política sexual pública en ciertos ámbitos, y que podemos construir algunos derechos, pero no otros, al mismo tiempo que la cultura hegemónica recrudece la misoginia.

Es posible que logremos establecer más, y más, instituciones encargadas de enmendar la plana al patriarcado y que eso nos beneficie a cada vez más mujeres, pero es posible que la mayoría de los hombres mantenga sus reductos feudales en las casas, las familias y las parejas. Que la apropiación amorosa o violenta de las mujeres en el espacio total del cuerpo a cuerpo no cambie sustancialmente y que las mujeres seamos llamadas a creer que avanzamos si nos adecuamos a las sexualidades truncadas, riesgosas y violentas de la posmodernidad.

La única posibilidad que miro para avanzar en la equidad entre mujeres y hombres es, que cada mujer participe en la definición de los hitos de su propia vida, que cada mujer tenga conciencia de sí y decida sobre sus intereses vitales; y, que cada mujer acceda a recursos y oportunidades abiertas no encasillantes.

La única posibilidad de avanzar hacia la equidad la veo en que haya, cada vez, más filósofas, maestras, periodistas, comunicadoras, cineastas, videastas, músicas, compositoras, coreógrafas, médicas, ginecólogas, genetistas, investigadoras del genoma humano, modistas, escultoras, pintoras, literatas, poetas, ensayistas, abogadas, juezas, defensoras de los derechos de las humanas, notarías, antropólogas, sociólogas, demógrafas, pedagogas, sexólogas, psicólogas, psicoanalistas y chamanas, sacerdotisas, pastoras, obispas y papisas, (si fuera imprescindible), diputadas, asambleístas, delegadas, senadoras, gobernantas, presidentas, liderezas, y hasta las militantes políticas, sociales o religiosas. Es decir: las ciudadanas.

Pero tampoco es suficiente. La única posibilidad que veo de avanzar hacia la equidad es la formación feminista de las mujeres y no sólo la formación, sino la educación feminista de las mujeres. Porque es imprescindible que estemos en todos los espacios, pero no es suficiente. Nos urge una conciencia positiva de género; la construcción política de una autoidentidad de género y la autonomía personal, el orgullo genealógico femenino y la identificación positiva con las otras mujeres.

La única posibilidad que atisbo hacia la equidad, es lograr que cada vez más mujeres se sumen a la causa de las mujeres y la hagan suya en la vida cotidiana. Que ingresen al territorio que ha sido un aporte del feminismo a la historia: a la conciencia política de que el bienestar de cada una depende del autosustento y del soporte social y político de las otras, es decir, la sustentabilidad política entre las mujeres.

La única posibilidad de caminar hacia la equidad consiste en que las mujeres nos convirtamos, como género, como categoría social, en sujetas políticas, como prerrequisito simultáneo, si se quiere. Porque la equidad implica que aún en la desigualdad haya incorporación, interlocución, diálogo y pacto entre quienes se reconocen como pactantes.

Los poderes y las libertades sexuales de las mujeres son un requisito para un diálogo de equidad con los hombres concretos y con los hombres como categoría social, con las instituciones, etc. Y, al mismo tiempo, sin las libertades y los poderes sexuales no podremos planteamos la ciudadanía de las mujeres.

Una nueva ética sexual es fundamento de una nueva estética y, desde luego, de una nueva erótica y, en la mejor tradición libertaria, de un nuevo mundo amoroso.

La política sexual feminista requiere ser asumida desde una posición de protagonismo, de racionalidad y de derecho en la vida cotidiana y en los círculos institucionales, de tal manera que auto constituirnos en sujetas políticas es una vía ineludible para concretar este gran cambio en nuestra condición de género, en las relaciones con los hombres y en la cascada de cambios que supone la modificación de lo establecido. Desde luego, ellos no cambiarán si no son exigidos de hacerlo personal, social, jurídica, cultural y políticamente.

No hay poderes sociales de género si no están fincados en poderes sexuales; no hay libertades, si no se enraíza en las libertades sexuales; y, no hay desarrollo y porvenir de las mujeres, si la sexualidad no se convierte en espacio de bienestar, de la buena vida, el goce y la trascendencia para las mujeres.

Gloria Careaga Pérez

Nuevas formas de mirar la sexualidad. Un reto para el nuevo milenio.

“Sólo espero que este amor no sea tomado como un acto de rebeldía, espero que se tome en cuento que me rompí la moral para entenderme yo misma y quiero que se comprenda que no es fácil sostener el dolor cuando te golpea el rostro. Y este amor no es un acto de rebeldía, es solo que me rehusé o las miradas de los otros e imaginó que tenía derecho, amé”

Shiríey Campbell Barr.

Abrir un espacio para reflexionar en tomo a la sexualidad en un foro que pretende analizar la situación de las mujeres frente a un nuevo milenio, es reconocer el lugar que las feministas habían dado ya a la sexualidad en la determinación de las relaciones sociales. Nos da la oportunidad de volver a revisar, aunque sea de manera somera, algunos elementos que en este plano mantienen la subordinación de las mujeres y las implicaciones sociales de la imposición de límites a la expresión sexual de la población toda.

Buscar plantear los retos en la sexualidad para el nuevo milenio entonces, en espacio, la Fundación Heberto Castillo, donde se busca impulsar los procesos democráticos en nuestra sociedad, nos exige revisar la situación actual. ¿Cómo se vive la sexualidad? ¿Cuáles son las políticas públicas en tomo a la sexualidad?

Podríamos pensar que el gobierno no ha tenido una política en tomo a la sexualidad. Nada más distante que eso. No solamente existen políticas que pretenden regular la expresión de la sexualidad de las personas, sino que incluso, están presentes en algunos programas. ¿Acaso no existen programas de educación sexual en los contenidos curriculares de la educación pública, o aquellas medidas que establece la Secretaría de Salud para la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual, no contienen acciones que pretenden orientar y regular el comportamiento y la expresión sexual?

Pero además, las políticas públicas no siempre están explícitas en las agendas programáticas que publicita el gobierno, sino que forman parte del discurso político, de la normatividad social institucional que, a través de una amplia difusión en la que participan un sinfín de actores, va construyendo e impulsando la difusión y el establecimiento de la significación social.

La sexualidad en este final de milenio se expresa de muy diversas maneras. Sin embargo, podríamos identificar posturas antagónicas, irreconciliables, en una misma persona, producto de una doble moral que exige ocultar su verdadera expresión y mostrar solamente aquella que es socialmente aceptada, legitimada. Ese posicionamiento es precisamente el reflejo de la política sexual de este Estado: “puedes ser y expresar tu sexualidad mientras no te muestres, mientras mantengas una cara pública que refuerce la idea de que la sexualidad se ejerce en el plano conyugal y con fines reproductivos”, de otra manera será sancionada, (Careaga, 2000). Es decir, la sexualidad aceptada es la práctica heterosexual que se ejerce con una pareja legitimada y para el “bien” de la sociedad; no para nuestra satisfacción, que incluso, orientada en este sentido, se puede considerar una perversión.

Además, la posibilidad de expresión de la sexualidad no está regulada de la misma manera para mujeres y para hombres, aún cuando las nuevas generaciones de jóvenes empiezan a experimentar una apertura que hasta hace pocos años no se daba. No obstante, esta apertura está aun en ese marco de contradicciones. Es decir, a pesar de que los medios de comunicación fomentan abiertamente expresiones y comportamientos eróticos múltiples, no existe un marco social que le dé sustento.

Tradicionalmente se concebía que los hombres habrían de buscar su iniciación sexual a una edad temprana y afirmar su masculinidad, su virilidad, a través de la vivencia de experiencias múltiples que le permitieran llegar al matrimonio con la sabiduría suficiente para conducir a su mujer en este plano. Sin embargo, la iniciación sexual misma, al convertirse en la prueba de virilidad de muchos hombres, resulta un reto a enfrentar, muchas veces antes de que estén deseosos de vivir la situación; además, la necesidad de comprobar su virilidad les lleva, por un lado, a involucrarse en relaciones que no siempre tienen un sentido más allá que la simple descarga biológica de la eyaculación -que probablemente en nada involucra búsquedas, aprendizajes-, y por otro, a necesariamente estar en una posición de disponibilidad, no importando quién los seduzca, lo que muchas veces les lleva a estar sin estar. Así aunque aparentemente - porque no todas las que cuentan son ciertas- un hombre haya tenido muchas experiencias, no necesariamente sabe, ni está preparado para establecer una relación. Es más, ni siquiera las ha vivido a plena satisfacción.

Las mujeres desde esta perspectiva, habrían de “guardarse” hasta el matrimonio, evitando cualquier contacto, e incluso juegos “peligrosos” que atentaran contra la “sagrada” virginidad. Es decir, a las mujeres no solamente se les ha negado la posibilidad de ejercer físicamente su sexualidad, sino que se les niega la posibilidad misma de fantasear, de imaginar e, incluso, de sentir. Su tarea principal está orientada al control, de una manera bastante compleja. Son responsables de despertar la atracción de los hombres, pero también del establecimiento claro de sus límites-para ellas y el del otro-, por ejemplo: “un hombre llega hasta donde una mujer quiere”.

Sin embargo, podríamos pensar que las cosas han cambiado. Y tal vez sí. Cada día más se equipara la edad del inicio del establecimiento de la primera relación coital entre hombres y mujeres, —porque es aquí, en el coito, donde se ubica el inicio de la vida sexual—. Hoy la mayor parte de los programas de estudio de las y los jóvenes contemplan algunos aspectos de “educación sexual”. Sin embargo, la mayor parte de esta educación está orientada a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y al conocimiento de los óiganos reproductivos y de algunos recursos para la anticoncepción. Es decir, ni siquiera en este plano reproductivo, se aboca a considerarlo como un amplio proceso, sino que se restringe a las consecuencias del coito.

Y de pronto una se sorprende ¿cómo si ahora hay tanta información, si los métodos anticonceptivos tienen tanta aceptación y accesibilidad, estas chicas se embarazan? ¿Si la educación sexual se orienta principalmente a ofrecer recursos para prevenir la concepción, cómo es que no funciona?

¿Existe realmente una apertura hacia la sexualidad de esta nueva generación? ¿El inicio temprano de relaciones coitales implica una apertura? ¿Cómo podemos hablar de una apertura en tomo a la sexualidad, si ésta aun no se habla, se encuentra aun condenada al silencio, al ocultamiento? ¿Cómo pueden las y los jóvenes ejercer su sexualidad de manera responsable, si no saben qué pasa en su cuerpo con la alteración hormonal, con sus deseos e inquietudes, hasta que enfrentan el embarazo? ¿Cómo pueden ejercer y disfrutar la sexualidad, si la educación sexual que reciben confunde la sexualidad con la reproducción? La educación sobre sexualidad no puede tener un buen fin, si ésta misma, de entrada, se niega. Aquí hay claramente una política

Además, a pesar de que se equipare la edad en que mujeres y hombres inician su intercambio genital, no podemos afirmar que existe una igualdad en la oportunidad del ejercicio de la sexualidad entre mujeres y hombres, cuando en todas las otras esferas de la vida, las relaciones son inequitativas. Y aquí hay otra política. ¿Será posible que en la sexualidad, que es uno de los principales nudos que enfrentamos en la intimidad si se da? Qué raro. ¿O será que... no conocemos aun las implicaciones que para mujeres y hombres tiene esta equiparación y cómo vamos llegando a ella, para qué?

Estas políticas de circunscribir la sexualidad a la reproducción, exclusivamente durante esta etapa de la vida y en relaciones de iniquidad, son además, desde diferentes lugares, sostenidas por la población toda. A pesar de que la gran mayoría —si no es que la totalidad— ejerce de diferentes formas su sexualidad, más allá de la reproducción, con diferentes personas, a diferentes edades, —las mujeres desde el deseo y los hombres desde la angustia—, existe una gran tensión y presión para quienes la ejercen, a través de la sanción social, (Careaga, 2000). Esta condición de señalamiento, de condenación se constituye en un factor de suma importancia para el no reconocimiento de las diversas formas de expresión que tiene la sexualidad, pero no sólo eso, sino que las mantiene en el silencio castigante e incluso, en la exigencia a mostrar rechazo e intolerancia hacia lo diferente, hacia cualquier expresión que salga de la normatividad legitimada Así, se garantiza el mantenimiento de una moral sexual, que aunque pocas y pocos asumen, les condena la libre expresión.

Asimismo, la inaccesibilidad aúna relación equitativa en la expresión de la sexualidad está sostenida porque significaría para las mujeres “hacerse poseedoras de sus cuerpos. Negar el mandato divino de ser para otros y decidir vivir una vida en que una como mujer tiene las riendas de su vida” (Campbell, 2000), y para los hombres, involucrarse desde la intimidad, estar para el otro, la otra.

En México, a pesar de ser un país laico, la influencia de la Iglesia Católica en las políticas hacia la sexualidad, es preocupante. Ni el desarrollo del conocimiento en esta área, ni el impulso de la cultura de los derechos humanos, ni los movimientos en pro de la democracia, han logrado impulsar cambios significativos en el plano de la sexualidad.

En los últimos años, aun cuando prestigiadas instituciones de educación superior y de investigación —por ejemplo la UNAM y el Colegio de México— han impulsado la reflexión en torno al tema, abriendo incluso programas y espacios formalmente reconocidos e institucionalizados, sus iniciativas son aún incipientes y mucho más precarias aun las posibilidades de influencia en la vida pública.

A pesar de que el gobierno ha buscado cumplir con los compromisos firmados en los acuerdos internacionales hacia la equidad de género y en tomo a la salud sexual y reproductiva, aunque sea de manera tentativa, el reconocimiento al derecho de las mujeres para ejercer su sexualidad libre de coerción, discriminación y violencia, (ONU, 1995), es aun letra muerta. No se han buscado las medidas para colocamos en el plano de las discusiones y la comprensión de la sexualidad que dieron origen a estos acuerdos y, por lo tanto, no se están instrumentando programas o políticas públicas que busquen garantizar este derecho, y que abran la posibilidad de, a través de la propia sexualidad, configurar y desarrollar un estilo de vida, (Focault 1981), que posibilite una vivencia congruente en las diferentes esferas donde nos desarrollamos.

¿Cómo impulsar el diseño de políticas públicas que fomenten y faciliten una nueva expresión de la sexualidad?

Desde un plano general, habría que establecer una clara distancia entre la moral religiosa y las políticas públicas, donde se dejen de lado los estereotipos y estigmas sociales que ha marcado la jerarquía eclesiástica y se impulse un desarrollo pleno de las personas a partir de su libre expresión.

Para alcanzar esto, se requiere de una clara reconceptualización de la sexualidad como una expresión diversa que se desarrolla mediante de múltiples manifestaciones, a través de todo el ciclo vital. Es decir, que en cada una de las etapas de la vida está contenida y expresada de diferentes maneras, y afecta casi todos los planos de la vida social. Una reconceptualización de la sexualidad donde el erotismo y el placer tengan cabida, donde mujeres y hombres, desde la infancia hasta la vejez, se expresen libremente y tengan la posibilidad de experimentar su plena satisfacción.

Implica necesariamente impulsar la reflexión y la investigación que nos permita comprender mejor esta multiplicidad de expresiones en cada etapa, a través del análisis de su expresión en cada una de las instituciones, de su papel en la construcción y determinación de la estructura de las relaciones sociales, así como de los recursos inexplorados para el pleno desarrollo.

No se trata de inventar e impulsar nuevas expresiones de la sexualidad, es simplemente reconocer las existentes, darles su lugar. Reconocer que la sexualidad se expresa cotidianamente en las diferentes etapas de la vida y que esas expresiones contemplan una gama infinitamente diversa. Reconocer la legitimidad de las luchas por el respeto a la libertad sexual que a lo largo de la historia se han dado y buscar comprender sus demandas y la vigencia que hoy guardan. Mirar a nuestro alrededor, a nosotras y nosotros mismos, reconocemos en nuestros deseos e inquietudes y su reflejo en los otros.

Esta comprensión nos permitiría abrir las posibilidades para la construcción de nuevas formas de relación, basadas en la libertad, el respeto y la justicia social que habrían de ser difundidas ampliamente en pos de dar sustento social a una nueva cultura en la que las diferentes expresiones de la sexualidad abiertamente formen parte de nuestra cotidianidad. Es decir, sacarla del clóset, romper el silencio que la oprime. Una cultura entonces, donde las manifestaciones de la sexualidad sean no sólo reconocidas en las diferentes etapas y esferas de la vida, sino que impulse y fomente la expresión de su diversidad en cada una, en un marco de respeto y equidad, como la manifestación humana que es y nos posibilita ser.

REFERENCIAS

Campbell, Epsy (2000), Un grito para vivir una sexualidad libre, ponencia presentada en el panel Sexualities and Human Rights, durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junio, Nueva York.

Careaga, Gloria (2000), Is sexual orientation in the UN Agenda Impossible? A Latin American perspective, ponencia presentada en el panel Sexualities and Human Rights, durante la Prepcom de la evaluación quinquenal de los compromisos de Beijing, marzo, Nueva York.

Focault, Michael 1981, Historia de la Sexualidad. Tomo I. Fondo de Cultura Económica. México.

ONU (1995) Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China.

Mesa 4

Política ciudadana

Patricia Mercado

Alicia Martínez

Laura Itzel Castillo Juárez

Patricia Mercado

La reivindicación de la diferencia reproductiva en el campo del trabajo

Con el objetivo de encarar la pregunta que da nombre a esta mesa, quisiera contestar primero otra: ¿cuál es la relación de DIVERSA con la lucha de las mujeres? ¿Qué tiene que ver nuestra agrupación política con la lucha de este movimiento amplio, desde el cual siempre hemos pugnado por lograr la equidad —posible desde todos los puntos de vista— entre las mujeres y los hombres?

Vale la pena recordar que cuando hablamos de equidad, inevitablemente entra en juego la cuestión de la diferencia. Y entonces se complican tanto el significado como el planteamiento de los medios que ayudarían a hacer realidad esta equidad entre los géneros.

Así, por ejemplo, me he encontrado en ocasiones ante auditorios compuestos por mujeres trabajadoras que aplauden entusiastamente al abogado laboral que las exhorta a demandar prestaciones como la jubilación después de sólo 20 años de servicio; un año de licencia con goce de salario cuando tengan un hijo; el pago triple o cuádruple de las horas extras puesto que ellas ya realizan una doble jomada, y cuestiones por el estilo. Yo he creído necesario explicarles que este tipo de perspectivas tienen como fin sacamos del mercado de trabajo. Que, por supuesto, debemos reivindicar la diferencia; que es cierto que parimos, cuidamos hijos y tenemos una doble jornada, pero que las políticas sociales que requerimos no pueden reducirse sólo a medidas protectoras. El problema es pensar de qué manera reivindicamos esta diferencia reproductiva dentro del mundo del trabajo, sin que al hacerlo, nos veamos expulsadas de él.

Todo ello es muy complejo, porque a veces las propias mujeres piensan que las feministas venimos a complicar más las cosas. Pero si nos detenemos un momento a sopesar las cosas, nos daremos cuenta de que no es así, la lucha por la igualdad es, en sí misma, compleja La lucha de las feministas se mueve entre dos ámbitos que de inicio pueden parecer contradictorios: entre lo que ha sido la lucha por la igualdad y lo que puede ser la lucha por la diferencia.

Sin embargo, la reivindicación de la diferencia en los terrenos económico, social, político y laboral no debe generar medidas protectoras que privilegien el solo hecho de la reproducción como eje conceptual, pues el mundo de las mujeres abarca diversos espacios y un sinnúmero de relaciones diferentes. Trasladar conceptos, como el de la reproducción, que pertenecen al ámbito privado, al público, resulta contraproducente a la larga.

A partir del año 2000, por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, en materia familiar, establece que las mujeres pueden registrar ya sea a sus maridos o a sus concubinos en el Seguro Social o en el ISSSTE; situación que, sin lugar a dudas, es muy positiva, porque el trato que se le dará a una mujer trabajadora, en esta materia, será igual al que se le da a un hombre trabajador. Esta modificación implica, además, que finalmente se reconoce que las mujeres nos movemos muchísimo más que antes en el terreno del trabajo formal.

Existen, sin embargo, resistencias naturales. Algunas mujeres perciben este hecho como un paso hacia atrás: lo que puede pasar ahora —dicen— es que los maridos o los concubinos aflojen; es decir que este tipo de cambios impliquen mayor trabajo para las mujeres. Y éste es el gran reto. Aquí está la complej idad de esta lucha por la equidad, por la igualdad de oportunidades y de trato: ganamos espacios en el ámbito de lo público; pero, ¿cómo se reflejan estos logros en el ámbito de lo privado?

El ritmo de entrada de las mujeres al ámbito público no es el mismo ritmo con el que los hombres están entrando en el privado. Existe, entonces, un gran desequilibrio que obedece, no a que los hombres sean malos o buenos, sino simplemente a una educación deficiente de éstos, como género y en lo que se refiere a las cuestiones de género.

En este contexto, ¿cuál sería la diferencia que existe entre las medidas protectoras y las medidas de acción afirmativa? Un ejemplo de una acción afirmativa sería el siguiente: en una empresa que requiere de un químico o química y que tiene dos candidatos, una mujer y un hombre con la misma capacidad, se decide emplear a la mujer. Esta es una acción afirmativa; puede considerarse una medida discriminatoria para ese varón que tenía la misma capacidad y de hecho, lo es, pero, positiva El objetivo de estas acciones es romper con las inercias de la propia discriminación. Necesitamos, pues, implementar no medidas protectoras, sino acciones afirmativas para, en la práctica, lograr políticas que contribuyan a que las mujeres ejerzan sus derechos ciudadanos.

Las feministas hemos trabajado a lo largo de estos últimos veinte años justamente para lograr este tipo de medidas, y, hasta hace dos o tres, pensábamos que el espacio desde donde debería surgir la fuerza de negociación e interlocución con aquellos que toman las decisiones tanto en los partidos políticos como en las instancias gubernamentales, era el espacio de las organizaciones civiles. Hoy en día hemos visto que las mujeres debemos buscar mayor representatividad en los ámbitos de toma de decisiones; esto es algo que cada vez cobra mayor importancia. Hubo un momento en el cual fue urgente buscar una mayor representatividad. Y, cuando se empezó a hablar de la necesidad de la reforma del estado y se establecieron las diez mesas de discusión sobe esto mismo, a las mujeres nos interesaba participar en ellas, sobre todo en aquella que reformularía la relación entre el estado, la sociedad civil y los partidos políticos.

Surgió entonces la discusión sobre quién era la sociedad civil, si todas las ONGs participarían. Éramos demasiadas y los partidos políticos argumentaban que para eso estaban ellos, pero, en realidad, los partidos políticos no son representativos de las organizaciones civiles. Fue en ese momento que empezamos a reivindicar en muchas de las organizaciones el movimiento propio de las mujeres. Hubo la necesidad de hacer estas agrupaciones políticas, no partidos políticos, que nos dieran cierto estatus y nos permitieran tener algún tipo de representatividad para sentamos a la mesa con los partidos políticos en esta discusión sobre la reforma del estado.

Así nació DIVERSA, una agrupación política nacional feminista, que no femenina, en donde participan tanto mujeres como hombres. De hecho, actualmente el 20% de nuestros afiliados son hombres, la mayoría de ellos jóvenes. Formamos esta agrupación para poder acceder a este otro tipo de representación ciudadana, y porque nos une una causa, un interés: no solamente lograr la equidad entre los hombres y las mujeres, sino lograr la reivindicación de la diferencia y con ésta, lanzar todo un programa político que genere la igualdad de oportunidades y de trato a partir, precisamente, de esa diferencia Una reivindicación que no incluye solamente a las mujeres y a hombres, sino también a los indígenas, a los homosexuales y lesbianas y a todos los grupos sociales que no estamos representados en los espacios en los que se toman las decisiones públicas.

En DIVERSA no tiene importancia la filiación política Lo que resulta definitivo son nuestros principios, los que se hallan en el centro de nuestro programa. Son los principios que, en términos de participación electoral, nos planteamos para el año 2000, y que son la base y el impulso para que cada una de nuestras compañeras y compañeros, militantes o no, puedan negociar espacios.

Existe una ley electoral que no permite candidaturas independientes, a pesar de que el artículo 39 de la Constitución establece que todos los mexicanos y mexicanas podemos votar y ser votados. Aquí los partidos políticos cumplen la función de embudo: ellos fueron quienes formularon dicha ley y han sido ellos los que han tenido el control de la participación política. En este contexto, DIVERSA planteó “Ustedes, los partidos políticos, hicieron esta ley, por lo tanto la única manera para que una organización como la nuestra pueda llevar este tipo de causas a las cámaras y a los congresos locales y municipales, a los cabildos, etcétera, es a través de ustedes mismos”. Es decir, los partidos políticos deben abrimos los espacios necesarios para que desde allí comencemos a negociar.

La apertura de estos espacios con cada uno de los partidos políticos que, desde luego, aceptara nuestra participación, nos garantiza, de alguna manera, poder incidir en los lugares donde se toman las decisiones que nos conciernen como ciudadanas y ciudadanos. Esta es la política que hemos seguido desde 1991, cuando formamos la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia, y que, en ese momento, fue acusada de oportunismo político sin medida Ahora la cuestión de los candidatos externos es mucho más clara. El movimiento ciudadano ha logrado participar sin pertenecer directamente a ningún partido. Esta política ha resultado fructífera; hemos logrado la organización entre gente muy diversa.

El debate que se dio, por ejemplo, para decidir si aceptábamos o no la candidatura a la Presidencia de la República formulada por el Partido Democracia Social, fue muy intenso. Incluso, mi decisión personal tuvo mucho que ver con esta discusión. Participamos casi 50 compañeras, además de las miembras del Comité Ejecutivo Nacional y entre ellas se contaban varias perredistas, para quienes fue muy doloroso decidir, porque mi aceptación pudo haber representado algunos votos menos para Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente, la decisión fue unánime: aceptamos porque eso significaba visibilizar a nuestra organización, obtener recursos, recorrer todo el país, presentamos en los medios de comunicación con nuestra agenda sobre la equidad. Podíamos dar un salto muy importante, si aprovechábamos esta oportunidad.

El fundamento que da unidad a nuestra organización son los intereses comunes, y es por ello que las diferencias son superadas en pro de la misma causa. Es así que la decisión de aceptar la candidatura representó un acto muy significativo, en términos de lo que puede unimos como mujeres y hombres distintos, tanto política como ideológicamente.

Otra cuestión importante cuando hablamos de equidad, es la de la participación política. ¿Cómo quedamos las mujeres en las listas de los partidos políticos? A DIVERSA le fue bien; logramos buenas negociaciones con el PDS, con el PRI, con el PRD, con el PCD. Pero insisto, ¿cómo quedaron las mujeres en las listas de los partidos?

Los partidos políticos han utilizado el asunto de las cuotas entre los géneros siempre de acuerdo con sus propios intereses. Tal vez el PRD, y hay que señalarlo, sea el que menos lo ha hecho, porque tiene más reglamentada la cuestión de sus cuotas. Pero la mayoría de ellos llenó su 30% con suplencias, con los últimos lugares de las listas, que sólo dejan, aproximadamente, al 18% de mujeres en la Cámara y, puede ser que mucho menos después del 2 julio, ya que los lugares de las mujeres, en estas condiciones, no llegan. De este modo, aunque tenemos un mayor número de organizaciones civiles y las mujeres están en la vida pública rompiendo récords en las universidades y en el trabajo, en la política estamos a punto de perder muchos espacios.

Lo que planteamos, en este sentido, es que para el año 2003, las mujeres de los partidos y de las organizaciones civiles aliadas a la causa de la equidad, discutamos la forma de cerrar filas. El asunto de las cuotas en los partidos representa para nosotras una trampa. Puede ser producto de buenas o malas intenciones, eso ya no importa, lo que es definitivo es que no está permitiendo la equidad en la participación política. No estamos logrando igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito político. Este es el reto para el 2003. Pensemos que cada mujer que acepta una suplencia, le quita la posibilidad a otra de ser propietaria.

Pensemos en que la capacidad que hemos tenido muchas mujeres, no digo todas las mujeres porque eso sería demasiado decir, de hacer pactos entre nosotras para lograr avances en determinado momento, puede ser un elemento de unificación en el próximo periodo legislativo. Esto no significa necesariamente que todas las mujeres vayamos a luchar juntas hombro con hombro; pero sí creemos que la posibilidad de hacer pactos y la institucionalidad pueden llevamos a avanzar con mayor solidez. Reconocemos, por supuesto, también, que el solo hecho de que lleguen más mujeres al Congreso no garantiza la equidad, y que ello puede ser, incluso, contrario a las políticas que la promueven. ******OJO*******

Esta posibilidad, por pequeña que sea, que nos hemos dado para hacer pactos entre nosotras, sea mediante DIVERSA o mediante cualquier otra alianza, representa una oportunidad de trabajo colectivo para lograr la equidad en la participación política. Un caso que ilustra lo que podemos lograr a través de estos pactos, es el de la Ley de Violencia Intrafamiliar, una ley que entró a la cámara impulsada por las diputadas, que no se votó en la fecha convenida y que cada día que pasaba sufría nuevas mutilaciones.

Finalmente las propias diputadas lograron meterla a la discusión plenaria en el Congreso. En el momento en que debía ser votada, el PRD estaba en alianza con el PAN —era la primera vez que existía en la Cámara tal oposición—, y estaba a punto de votarse el paquete económico. El PAN estaba en contra de la Ley de Violencia Intrafamiliar y si el PRD rompía el pacto con ese partido, votando a favor de la ley, ponía en riesgo el acuerdo sobre el paquete económico. Algunas compañeras diputadas, incluso, nos llegaron a decir que en ese momento el programa económico era más importante. Más importante, claro, que la violación que pudiera sufrir cualquier mujer.

La situación, entonces, era extremadamente complicada. Políticamente era complicada para el PRD; el PRI, por diversas cuestiones políticas, iba a votar a favor de la ley. Cuando comenzó la discusión, varios oradores del PAN expresaron posturas realmente escandalosas, como que era preferible que el marido violara a su mujer a que se fuera con una prostituta y se contagiara de SIDA, y un sinnúmero de cuestiones por el estilo. Mientras tanto, el PRD no se pronunciaba; Laura Itzel Castillo fue la primera que se paró y planteó oposición. A partir de su intervención el PRD comenzó a moverse, pero el tema, por lo visto, no era muy importante: los jefes parlamentarios, Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Medina y Arturo Núñez se retiraron del salón de sesiones. Pensamos, entonces, que la mujeres del PAN nos traicionarían, pero de repente las ocho diputadas empezaron a levantarse de sus sillas y a hacer un corrillo, y pidieron la palabra, marcaron posición y les dijeron a sus compañeros que estaban equivocados. Plantearon una serie de argumentos a favor de la ley, se realizó la votación y ganamos.

Creo que este tipo de pactos, cuya finalidad es sacar adelante políticas y leyes que responden a intereses comunes, van a irse afianzando cada vez más. De esta manera, la pregunta que se nos lanza en este ciclo, quizá tenga una respuesta cada vez más entusiasta y mayores posibilidades de ser respondida con un “sí” asentado firmemente en la realidad.

Alicia Inés Martínez F.

Hacia la equidad entre hombres y mujeres

Introducción

La promoción de equidad entre los géneros aparece como un anhelo compartido por gobiernos, partidos políticos y ciudadanía organizada en el mundo actual. Sin embargo, si bien la equidad como valor orientador de las relaciones sociales pareciera ser objeto de un consenso universal, cuando se trata de implementar acciones que la promuevan la sinceridad de los portavoces resulta, a veces, incierta.

El movimiento amplio de mujeres y sus organizaciones han advertido, recurrentemente, sobre la dificultad que enfrentan —principalmente ante funcionarios y líderes políticos— en tomo a la comprensión y relevancia social de las relaciones inequitativas entre los géneros. Generalmente y más allá del discurso público, los actores oficiales tienden a concebirla como asunto propio de resolverse en lo privado, más que por una intervención política decidida Sólo algunos han llegado a interiorizar la idea de que las relaciones inequitativas entre los géneros no son un problema menor, sino por el contrario un problema que apunta a una condición fundante de sociedades igualitarias, solidarias, plurales e inclusivas.

Me explico: la manera en que una sociedad significa las diferencias sexual interviene en la modelación del conjunto de relaciones sociales, pues el vínculo entre hombre y mujer constituye el modo primario de establecer sociabilidad. En el formato del vínculo hombre/mujer se contiene de modo radical (desde sus raíces) la dinámica de exclusión-inclusión que anida en toda y cualquiera relación social.

Las ficciones imaginarias en tomo a la masculinidad y feminidad actúan desde el primer momento que los individuos se hacen presentes en una sociedad. Mujeres y hombres son socializados mediante la atribución de tales o cuales características según la definición emergente del sistema de género dominante. Cuando la forma en que se elabora la diferencia entre los géneros se resuelve desde un patrón patriarcal, se activan procedimientos lógico-simbólicos que imputan, a partir de distinciones biológicas corporales, connotaciones de sentido que abarcan la identidad total de los individuos. De esa forma, las propiedades que definen lo masculino y femenino aparecen como si fueran emergentes de sus respectivas condiciones naturales, como esencias inmutables. En todo caso, se piensa que estos atributos necesitarían ser reforzados en la socialización para que así de cada cuerpo surja la implícita identidad de género contenida en ellos, y el correspondiente posicionamiento social que le es propio.

La relación entre los géneros es imaginada como cuerpos diferentes complementándose en sus distinciones naturales a través de un vínculo jerarquizado en cuya cúspide se ubica el varón. Esta posición dominante otorgado a lo masculino sobre lo femenino, impregna y delinea la relación de inequidad entre los géneros, en cualquiera de los planos en que ellas se desarrollen.

Actualmente, estamos atravesando una etapa en que el patrón patriarcal que ha constituido un sistema estable por muchísimos años, comienza a desdibujarse. Pero donde todavía no queda claro el futuro. Se avizoran algunas tendencias que insinúan un cambio profundo en el sistema de género, una veloz erosión de la dominación patriarcal, pero cuya convergencia en un nuevo sistema de género ha de probarse.

La subversión del sistema de género, como sabemos, tiene que ver con una serie de procesos económicos, culturales y políticos que se han estado desarrollando, cada vez con mayor rapidez, desde la mitad del siglo pasado. Tres hitos de ese transcurrir hacia el cambio son importantes de recordar: la incorporación de la mujer al trabajo productivo, la apropiación del cuerpo femenino a través de la regulación autónoma de su potencial reproductivo, y la conformación del actor femenino portador de deseos, intereses y expresiones de las voces femeninas en el ámbito sociopolítico.

Como condición de estos cambios, no menos importante ha sido la extensión del sistema y cultura democrática, que va subvirtiendo las jerarquías "naturales" al promover la nivelación de las desigualdades que no se justifican en el mérito y esfuerzo. En tal contexto se advierte cada vez más, que la extensión del principio de equidad en el conjunto de los vínculos sociales es parte primordial de la completud de la racionalidad democrática

Construir una sociabilidad con equidad

Aunque las tendencias presentes en el panorama actual de nuestra sociedad auguran la posibilidad de buenos desenlaces para superar la inequidad entre los géneros; señalan, al mismo tiempo, la necesidad de poner mayor empeño e imaginación para concretarlas en el rumbo deseable. Pues como bien sabemos: del dicho al hecho... está de por medio un esfuerzo laborioso para lograr la concertación de voluntades de un conjunto de actores públicos y privados. Un papel primordial para tal propósito, corresponde a la ciudadanía activa y organizada en tomo a la movilización feminista. Tanto a través de su colaboración en el sostenimiento y ampliación de consensos que legitiman, además del principio ético democrático de equidad, la necesidad de acciones conducentes a la transformación de relaciones genéricas. Como por medio de la recuperación de la experiencia acumulada en los últimos veinte años y que se expresa hoy en la capacidad propositiva contenida en este tipo de redes ciudadanas. Ambas disposiciones ubican, sin lugar a dudas, a las organizaciones de mujeres como copartícipes en la solución de estos problemas.

Esto conlleva a desplegar simultáneamente el arte de hacer lo posible desde una perspectiva de lograr lo deseable.

Desde lo posible avanzar hacia la equidad

Es conveniente no olvidar, lo complejo y difícil que es transitar desde la aceptación de la equidad como principio ético, hacia su traducción en políticas públicas. En el plano de la ejecución la problemática adquiere dimensiones que rebasan cualquier consenso de valor, para enfrentarse de lleno con constricciones sistémicas que acotan y condicionan -desde el terreno de la economía y la política- lo posible de hacer.

En este sentido, resultaría apropiado repensar el concepto de equidad (sin desmedro del sentido igualitario que conlleva) a partir de una mirada sociopolítica que ayude a comprender posibilidades reales para la efectivización de una socialidad genérica equitativa

Al respecto y sabiendo los límites de cualquier definición, retomaría siguiendo a CEPAL, la idea de equidad que refiere a la construcción de relaciones sociales de equidad a partir de considerar: tanto las posibilidades de desarrollo económico contenidos en una sociedad; como los mecanismos políticos que regulan, más allá del automatismo del mercado, la distribución de bienes.

En otros términos, cuando pensamos en el propósito de equidad entre los géneros, no podemos ignorar que el concepto de equidad no es ajeno ni al problema de la generación de una masa de recursos suficientes (productivos, culturales, sociales), ni al problema de su adecuada asignación. La consideración de ambos asuntos resulta central cuando se trata de proponer, acciones ciudadanas y políticas públicas dirigidas al rediseño de vínculos de género.

Las organizaciones ciudadanas de mujeres han aprendido a tratar las cuestiones de equidad entre los géneros, combinando la importancia de extender el aprecio hacia el valor equidad, afianzándolo a través de su traducción en derechos humanos; y avanzando, simultáneamente, sobre la idea de que estos intentos por sí mismos, no permiten crear riqueza, es decir el cúmulo de bienes públicos y sociales que se necesitan para garantizar una condición de equidad. Así, hay en el hacer de estas organizaciones un claro sentido de que las relaciones de equidad no pueden realizarse a partir de repartir lo inexistente.

Las consideraciones hechas hasta el momento nos permiten entrar a profundizar en tomo al contenido del concepto de equidad, junto con la cuestión de si son posibles las relaciones equitativas entre los géneros. Nuestro propósito es contextualizar y ubicar en su propia dimensión, los retos y problemas de las relaciones entre hombres y mujeres en el plano de realidad de una sociedad determinada: el México en que hoy vivimos. Un México en el cual las fuentes de desigualdades no sólo se han extendido al conjunto de ámbitos que integran la vida social, desde el económico hasta el cultural, sino que se han agudizado en dirección al agrandamiento del trecho que separa socialmente a los incluidos de los excluidos.

El tratamiento de las relaciones de equidad entre géneros, remite actualmente a problemas de rango sistémico relacionados con la dinámica de la exclusión y el debilitamiento de la cohesión social.

El procesamiento de los problemas de género requieren hoy, más que nunca, resolver una relación virtuosa entre el plano sociopolítico del fenómeno y su dimensión ética Esto conlleva a desarrollar una perspectiva de la acción en la cual la disposición a impulsar lo deseable (la fuerza utópica del movimiento) sea parte del arte de hacer lo posible. Es en este medio de equilibrio complejo que deberíamos movemos, cuando nos impulsa una intención de cambio hacia la equidad, que avance más allá de los discursos que lo pregonan.

En este sentido, parece pertinente allegarse la argumentación que sobre la equidad ha desarrollado CEPAL en sus últimas apreciaciones publicadas. Allí la definición de equidad remite a un contenido concreto pero abarcante, es una definición minimalista pero potencialmente productiva Refiere, centralmente a la idea de equidad como: reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Consecuentemente, incorpora un sentido específico a las políticas que propenden a su realización. Al respecto se sostiene que las intervenciones en pro de la equidad deben contemplar la variedad de ámbitos en que se produce, la interdependencia entre los mismos, así como y prioritariamente “el establecimiento de metas, orientadas a la disminución de las desigualdades, que la sociedad sea efectivamente capaz de alcanzar considerando su nivel de desarrollo”. Es decir el punto de referencia de la acción hacia la equidad es hacer lo más de lo deseable dentro de lo posible de realizarse.

En tal contexto semántico, la equidad se expresa, por una parte, como clave de sentido del que hoy conforma el repertorio de derechos humanos. Estos son los que configuran el marco ético normativo de las intervenciones políticas para la producción de sociedades equitativas. Por otra parte, en tanto orientación valórica que se traduce en acción política, moviliza y reúne a los actores involucrados en el cambio hacia la transformación de condiciones reales que hagan posible la concreción de los derechos. Identificar y ponderar las posibilidades reales para empujar la transformación de relaciones de desigualdad hacia otras más equitativas, es calibraren cada caso las constricciones que la limitan, como los facilitadores presentes en el entramado social que la potencian. Esta es la tarea que, perseverantemente, debemos seguir para construir relaciones con mayor equidad, sea esta entre los géneros, como frente a cualquier relación desigual.

Es importante, incorporar como parte de la noción de equidad, distintos aspectos que tienen que ver con la igualdad de oportunidades al inicio y en las trayectorias en que se despliega la realización de las oportunidades. Es decir no basta con generar condiciones equitativas al inicio (del aprendizaje, de la carrera productiva, de la participación pública, etcétera) porque la dinámica de generación de desigualdades emerge en algunos eslabones del ciclo, que si no son cuidados por una intervención oportuna y atenta, puede reproducir la desigualdad de oportunidades al cabo del tiempo. Esto es pensar políticas que corrijan las desigualdades de trayectorias. Así mismo, y dado que en nuestras sociedades se presenta una acumulación de desigualdades heredadas: la idea de igualdad de oportunidades al inicio debe combinarse con políticas que compensen la falta de background de los sectores menos favorecidos históricamente.

Finalmente, no se trata sólo de equidad a través del acceso a oportunidades que proveen la apropiación de bienes materiales o culturales. Existe un terreno intermedio que incide sustancialmente en los niveles de equidad, y que tiene estrecha relación con los reclamos de la ciudadanía, es especial de las mujeres y los indígenas. Nos referimos a la necesidad de atender a la inequidad que resulta por adscripción.

Se ha considerado que el principal factor de adscripción es el sexo, entendido como el significado y valoración sociocultural que resulta del sistema de género prevaleciente en la atribución de rasgos, comportamientos y valoraciones que se imputan a los cuerpos marcados por lo femenino y lo masculino. La identidad por adscripción es aquélla que surge por el peso de factores inmodificables (anatomía y fisiología de cuerpo mujer, define identidad de persona femenina; una piel cobriza, define identidad de persona indígena). El factor de adscripción, determina posicionamientos sociales como si estos dependieran de situaciones naturales. Así delimita estatus, roles, comportamientos, expectativas y valoraciones. Todo ello interviene en el acceso a posibilidades de progreso y bienestar de los sujetos así definidos. Las desventajas adscriptivas, van produciendo un cada vez más sólido trasfondo de un background negativo que cancela toda nueva posibilidad de apropiación de oportunidades sociales.

Los mecanismos de discriminación son parte constitutiva de la dinámica de adscripción y un factor que mediatiza el acceso de las mujeres a situaciones de igualdad en todos los ámbitos.

La realización de relaciones de equidad entre los géneros, comprende a las consideraciones anteriores, pero apunta —como hemos sostenido en los párrafos iniciales— a una problemática específica en la que se incorpora como eje problemático la respuesta a la pregunta de: ¿cómo se elabora la diferencia sexual en una sociedad y cultura determinada y qué consecuencias produce en el modo de relación que se establece entre hombres y mujeres?

La realización de relaciones de equidad entre los géneros, comprende a las consideraciones anteriores, pero apunta como hemos sostenido en los párrafos iniciales- a una problemática específica en la que se incorpora como eje problemático la respuesta a la pregunta de: ¿cómo se elabora la diferencia sexual en una sociedad y cultura determinada y qué consecuencias produce en el modo de relación que se establece entre hombres y mujeres?

Recordemos que habíamos señalado que en nuestro país aun tenía vigencia un modelo patriarcal de solución de la diferencia entre los géneros. También que se observaban tendencias de cambio que ponían en cuestión la validez de este modelo y presentaban alternativas que iban cobrando cada vez mayor fuerza La emergencia de una multiplicidad de experiencias protagonizadas por mujeres, han abierto la posibilidad de nuevos modelos biográficos femeninos que comienzan a adquirir legitimidad como figuras nuevas de representación de la feminidad.

Como contrapartida, y lamentablemente, la masculinidad es aún una condición cuya reflexión ha comenzado recientemente. Este desfase entre el avance de un nuevo sentido de la feminidad y la permanencia de un viejo modelo de masculinidad, provoca dificultades para la promoción de relaciones genéricas equitativas.

Lo que obstaculiza la concreción de un tipo de relación equitativa entre los géneros, no es sólo un problema de desentendimiento y falta de comunicabilidad entre hombres y mujeres, sino que el bajo nivel de problematización de la masculinidad, genera una dinámica, las más de las veces silenciosa, de retroalimentación de modelos tradicionales de femineidad. Las mujeres que comienzan a cambiar viven una continua condición de inestabilidad identitaria Al resquebrajarse el equilibrio de poder entre los géneros propios de un sistema patriarcal, y en el proceso de instaurar otro modo de relación que posicione a hombres y mujeres en un vinculo tendiente a la equidad, los sentimientos y comportamientos ambivalentes constituyen la regularidad. El lugar de la mujer queda relativamente indefinido entre lo doméstico y lo público; su identidad se desplaza entre la de individuo autónomo y una persona sujeta al poder del varón.

Como bien sabemos, la realización de equidad entre los géneros, no es un problema de resolución individual, sino que es medularmente un asunto público, una tarea de actores colectivos, de movimientos sociales y en síntesis de la presencia de una ciudadanía activa

Esto nos da entrada al siguiente punto que desarrollaremos, referido a que la clave del cambio hacia la equidad, se ubica principalmente en crear más sociedad. Es decir, extender la ciudadanía, en el plano de la generación y efectivización de Derechos, pero, más aún, en promover una ciudadanía activa y organizada, sobre la base de la responsabilidad, el desarrollo de redes vinculantes y el propósito común del bien público.

Veremos porqué afirmamos tal proposición:

Crear más sociedad

Hoy los problemas de desigualdad que nos aquejan, han debilitado la cohesión social. Las redes de protección social del estado tiende a desaparecer, los lazos de solidaridad tradicional basados en la familia, la comunidad, las iglesias están perdiendo la densidad de unión e identidad que tuvieron en otros tiempos. Frente a ello, la dinámica del mercado, que favorece la competencia y el esfuerzo individual, resquebraja los vínculos societarios, y por el momento produce más efectos de exclusión que de inclusión. Finalmente la política que cumplía el papel de otorgador de sentido a la colectividad hacia metas integrativas, parece hoy dirigirse primordialmente a afianzar institucionalidad democrática en el plano más formal, con desmedro muchas veces de los aspectos sustantivos que ella representa.

Evidentemente los esfuerzos por asegurar un estado de derecho y asentar reglas del juego político claras y pluralistas son tan necesarios como meritorios. Pero hay un algo más, la la integración de una comunidad sociopolítica, que se ha quedado sin sujeto que la emprenda.

En este contexto, el deterioro de la cohesión social no es un problema menor. Llevado a su extremo es: desintegración social y exclusión irreversible. Síntomas avanzados de tal situación se expresan tanto en la exclusión que se produce desde abajo por la economía; como desde arriba por la autoexclusión de las élites que se atrincheran en el mundo de los privilegiados (barrios cerrados, pago de seguridad propia, escuelas privadas, relaciones con actores productivos de otros países, referencias de solidaridad intragrupales.)

Tanto el poder público como la sociedad son agentes primordiales en el rearme del tejido social. Dada la situación que vivimos cada vez resulta más urgente incorporar las nuevas prácticas de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales para combinar la hechura de las políticas públicas, como para procesar la pluralidad manifiesta en la sociedad, a nivel de la representación política de los nuevos actores que han surgido.

La ciudadanía activa ha ido forjando un capital social que constituye junto con los recursos públicos un acervo bienes para el cambio. En el razonamiento de la propuesta de CEPAL, este capital social se vuelve productivo para todos: cuando se extiende la gama de agentes de la sociedad que participen en los procesos deliberativos y decisorios. Cuando se promueve la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales teniendo en cuenta los límites de las posibilidades de recursos de cada sociedad. Cuando se difunde una conciencia de ciudadanía activa, responsable y articulada con el conjunto del sistema Cuando se crean y reproducen espacios de deliberación y formación de acuerdos entre ciudadanos. Cuando se involucran todos los actores públicos, políticos y ciudadanos en la generación de bienes públicos y bienes de interés social. Cuando en su hacer este conjunto de actores, afianzan una cultura de la convivencia y del desarrollo colectivo, basada en la tolerancia hacia las diferencias. Tolerancia que no puede ser limitada a el respeto a las diferencias, sino que debe comprender también un intento sostenido de hacerlas conversables estas diferencias. Cuando se privilegia la elección de soluciones negociadas para los conflictos, por sobre enfrentamientos estériles y juegos de poder suma cero.

Frente a una ciudadanía activa cercana a las características que venimos reseñando en los párrafos anteriores, correspondería como contrapartida un poder público que no solo respete la condición autónoma de la ciudadanía organizada sino, que también y especialmente propicie la participación social y política de todo ciudadano. El poder público tiene una responsabilidad fundamental de la cual no puede evadirse. Es parte de su responsabilidad la generación —en la medida que el desarrollo lo permita— de posibilidades de vida digna para todos, de asegurar oportunidades productivas y condiciones generales de bienestar.

Avances y desafíos hacia la equidad de género

Durante los años noventa se crearon mecanismos gubernamentales dirigidos específicamente a mejorar la situación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social.

Se profundizaron los diagnósticos que trataban de identificar con mayor finura la dinámica de reproducción y quiebre de relaciones inequitativas entre los géneros. Los problemas identificados se procesaron en leyes, servicios apropiados para solucionarlos, y en propuestas de políticas públicas de amplio alcance. Se iniciaron planes de igualdad de oportunidades que en algunos aspectos fueron retomados por los gobiernos.

Sin embargo la fragilidad nueva institucionalidad para abordar el cambio de la situación de la mujer era alta. Generalmente tuvieron que actuar sin presupuesto propio, con indefinición de sus campos de competencia. Dependientes de instancias y autoridades del gobierno quienes conservaban el poder de decisión. Ubicadas en el aparato estatal de manera marginal. Sin disponer de la posibilidad de dar continuidad a los equipos técnicos. Enfrentando la resistencia al cambio de funcionarios y políticos y los conflictos propios de la gestión pública Sin embargo en ese entorno fueron generando avances en el terreno legislativo, e interesantes aunque acotadas transformaciones en el tratamiento de los asuntos de varias secretarías de estado: trabajo, salud, educación entre otras.

El déficit más pronunciado sigue siendo el limitado acceso de las mujeres a las instancias de representación popular y a las agencias públicas en lugares de toma de decisión. Y la cultura de discriminación hacia la mujer, que permea el conjunto de vínculos sociales.

Pero sin embargo se mueve

Se ha fortalecido el actor feminista, con el avance de alianzas entre mujeres de partidos y de organizaciones ciudadanas. Se ha consensuado y definido una agenda común que involucra a actores parlamentarios, políticas, funcionarías públicas, académicas y agrupamientos diversos de mujeres de la sociedad. Se ha dado un crecimiento notable, en número, densidad organizativa y capacidad de gestión eficiente, de las organizaciones sociales feministas. Se han creado Asociaciones Políticas para representar los intereses de género de las mujeres en el campo estrictamente político.

Todos estos logros muestran indicios de un avance considerable en corto tiempo.

Conclusión

Hemos intentado mostrar que el problema de la inequidad entre los géneros, está enraizada en el modelo primario de vínculo social, y que se extiende al conjunto las relaciones sociales. Expresa, en sí mismo, una dinámica de exclusión social o de integración deficitaria de amplios segmentos de la población femenina

Que tanto la conceptualización de la equidad como su realización, exige una apreciación amplia de las fuentes de desigualdad, y una concentración en el esfuerzo por disminuir los tipos de desigualdades sociales que en la realidad se entrelazan.

Que impulsar metas dirigidas a superar la inequidad entre los géneros, supone procesar la fuerza utópica del ideario feminista, la fuerza práctica de una ciudadanía propositiva y la coparticipación responsable de gobiernos, ciudadanos y sistema político.

Que un enfoque que privilegie lo realizable, lo posible de hacer, ha resultado altamente productivo para avanzar en el camino de la construcción de construcción de relaciones equitativas entre los géneros.

Finalmente, solo resta recordarme, recordamos a todas y todos los que compartimos el anhelo de una sociedad con equidad entre los géneros que: como ya hicimos, transformamos lo posible en realidad. Como seguiremos haciendo, transformaremos, poco apoco, todos los otros posibles que esperan hacerse realidad.

Laura Itzel Castillo Juárez

Luchas Feministas y Derechos Ciudadanos en México

Este trabajo aborda las luchas femeninas en el marco ideológico liberal. Intenta explicar porqué se ha negado el ejercicio de nuestros derechos a lo largo de la historia, del mismo modo que analiza las transformaciones en el quehacer político de las mujeres, la evolución de los movimientos feministas y su incorporación a los procesos políticos y sociales del país. Es decir, se trata de analizar uno de los ejercicios ciudadanos por excelencia: el acceso al poder, pero en este caso, de las mujeres.

A la mujer ni los mitos, ni la historia le han ayudado en su larga lucha por asumir lo que como género le corresponde. Las leyendas y creencias religiosas le otorgan cédula de nacimiento en la costilla de Adán a la seductora Eva y en el cerebro de Zeus a la hermosa Atenea, más no dan como un hecho indudable y científicamente irrebatible que todo ser humano se gesta en el vientre de alguna de las millones de mujeres que transitan a diario por la opresión y discriminación en casi todos los rincones del planeta, donde somos un poco más de la mitad de la población y también las madres de la otra mitad.

Las mujeres, en el duro pero fructífero paso por la historia, no se notan pero hacen la talacha; en las elecciones cuidan las casillas y en las revoluciones hacen la comida No obstante todas las condiciones en contra, de soldaderas hemos pasado a dirigentes, de colaboradoras a responsables directas en tareas de primer orden, de fieles compañeras a conductoras de destinos compartidos. Esto fue posible porque adquirimos plena conciencia y responsabilidad de nuestros caminos y metas.

Consideré necesario presentar como antecedentes al caso mexicano, dos momentos que plantean cambios fundamentales en el imaginario social de las mujeres en la historia:

Primero, el antecedente indispensable de La Revolución Francesa, donde la lucha de las mujeres muestra avances significativos, pues adquieren conciencia de la desigualdad que enfrentan y luchan por sus derechos, en especial los políticos, base para el logro de las prerrogativas económicas y sociales.

A pesar del hito histórico que significa para el mundo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos civiles y políticos de las mujeres no fueron reconocidos por la Constitución Francesa y el Código Civil Napoleónico, pues el sistema liberal instituido estableció prácticas sociales, políticas y jurídicas bajo una estructura patriarcal que sustenta la división sexual del trabajo, con formas de opresión y subordinación de las mujeres, basadas en la distinción del ámbito privado como espacio femenino y del ámbito público como espacio masculino.

En este sentido, se presentaba una paradoja entre las obligaciones y sanciones impuestas por las leyes a las mujeres y la negativa a reconocer sus derechos. Olimpia de Gouge enfatizó lo anterior en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, publicada en 1791 que en su artículo décimo establecía la frase célebre: "Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna".

Este mismo contundente razonamiento podemos seguirlo esgrimiendo en nuestro país, pues aún persiste una marcada desigualdad en la impartición de justicia. Las mujeres como víctimas no logran el castigo de sus agresores, pero como delincuentes las penas que reciben superan a las de los varones. Algunos datos revelan lo anterior: en 1996 sólo se castigó al 2.5% de los agresores de mujeres lesionadas, en tanto que, de acuerdo a un estudio de la criminalista Elena Azaola, considerando delitos graves, en 1994 la pena promedio para los varones fue 223.2 meses, mientras que las mujeres recibieron 276.

El segundo momento histórico indispensable para observar las luchas femeninas es el acelerado desarrollo industrial del siglo XIX, donde las luchas obreras son el espacio de acción del movimiento de las mujeres. En un comienzo, las obreras no lograron articular en un frente común las demandas sociales y políticas con las demandas de género, pero atinadamente, en 1843, Flora Tristán, francesa de ascendencia peruana, escritora libertaria, madre del feminismo y curiosamente futura abuela de Paul Gaughin, reconoce la alianza entre feminismo y socialismo, y plantea que para lograr una clase obrera sólida se tiene que reconocer la igualdad entre hombres y mujeres.

Las marxistas-feministas ponen de manifiesto que tras el mito de oportunidades iguales que proclamaba el liberalismo, se ocultan la discriminación sexual, los estereotipos culturales, los roles de género y la subordinación que enfrentan las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Durante este periodo las mujeres continuaron reclamando sus derechos bajo el postulado de que serían obtenidos mediante la lucha socialista de los trabajadores; un ejemplo ilustrativo lo constituye Rosa Luxemburgo destacada teórica marxista del imperialismo y líder del Partido Social Demócrata que encabezó importantes luchas revolucionarias obreras de la época tanto en su natal Polonia como en Alemania, sin importar que esto le causara estar en prisión. No obstante, la feroz oposición de sus compañeros les hizo comprender que la emancipación de las mujeres sólo podía provenir de las propias mujeres.

En México no encontramos reivindicaciones tales como en esa época en Europa, a pesar de la importante participación de la mujer durante la Independencia y las intervenciones extranjeras. La explicación quizás la encontremos en una rígida estructura social caracterizada por un fuerte control religioso que promovía la sumisión de las mujeres bajo una cultura dominada por los hombres.

En este contexto, los derechos políticos de las mujeres ni siquiera se discutieron en los Constituyentes de 1824 y 1857. En la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857 se especificaba que los estafadores y los ebrios no tenían derecho al voto, en tanto que se obviaba mencionar a las mujeres.

En este constituyente tenemos que reconocer que Ignacio Ramírez planteaba la necesidad de que se contemplaran los derechos sociales de las mujeres y que éstos estuvieran reflejados en la Constitución Política, sin embargo precisó que tenía que explicar específicamente de qué se trataba su propuesta, ya que la ignorancia abusaría de sus palabras dándoles un sentido exagerado.

No solamente no estuvimos contempladas como sujetos políticos, sino que la subordinación de género se profundizó por medio de una serie de reordenamientos de los derechos femeninos, como las reformas al Código Civil llevadas a cabo en 1870 y ampliadas en 1884, donde quedaba asentado que las mujeres al casarse perdían la capacidad para litigar, contratar y enajenar sus propiedades.

Los límites impuestos en sus derechos civiles y la negativa a otorgarles sus derechos políticos, evidenciaron una paradoja más, las mujeres se encontraban fuera de la política formal, pero no fuera del poder estatal que ejercía formas de control al limitar o negar sus derechos de género.

Es en el siglo XX cuando en México comienza la lucha de las mujeres por sus derechos ciudadanos. Las demandas en un principio se centraron en el derecho al sufragio, pero en las últimas décadas las mujeres reconocen que es necesario para lograr cambios trascendentales acceder al poder y no sólo ejercer el derecho al voto. En las primeras décadas del siglo destacó la participación femenina en dos momentos.

Uno, durante la Revolución al irrumpir en el ámbito público participando en los grupos opositores y en el proceso armado. Ambos factores les proporcionaron experiencia y conciencia política para formar las primeras sociedades feministas como Las Hijas de Cuauhtémoc, que se unieron a Madero, llevando a cabo acciones como la obtención de mil fumas demandando la renuncia de Porfirio Díaz y, junto con otras agrupaciones, participaron en el Primer Congreso Feminista de 1916, donde se pronunciaron por la necesidad de otorgar el voto a la mujer.

El proceso revolucionario logra cambios en las costumbres, hábitos e ideas de la sociedad tradicional para iniciar la emancipación no sólo de las clases sociales más desprotegidas sino también el reconocimiento de los derechos de las mujeres en materia social y civil, consagrados de manera parcial en la Constitución de 1917 y el Código Civil de 1928, respectivamente.

Sin embargo, los obstáculos serán enormes: se rechaza la propuesta llevada al Congreso Constituyente por Hermila Galindo, secretaria de Carranza, cuando solicitó el voto para la mujer en las elecciones a diputados, argumentando que como sus actividades estaban sujetas al hogar y a la familia, todavía no habían desarrollado su conciencia política, planteamientos que de forma paradójica no se utilizaron cuando se discutió limitar el derecho de voto a los hombres analfabetas, pues se consideró que esto contravenía los ideales que dieron origen al movimiento armado.

En el ámbito internacional tenemos que las mujeres de Canadá, EU, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre otros países, al finalizar la Primera Guerra Mundial, lograron el derecho al voto, como producto de la lucha de los movimientos feministas y en respuesta a las transformaciones económicas, sociales y culturales generadas por la industrialización.

El segundo momento donde emerge la mujer en México, corresponde a las décadas de los veinte y los treinta, con la participación en las contiendas electorales a nivel municipal y la consolidación del movimiento organizado de mujeres demandando el sufragio.

A partir de las reformas que otorgaron el voto a las mujeres en los estados de Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, se vislumbró por primera vez la oportunidad de acceder al poder, sin embargo, en los hechos esta aspiración resultó efímera y por demás difícil pues en la mayoría de los casos no se validaron sus registros ni se les reconocieron sus triunfos.

La etapa más importante del movimiento organizado de mujeres fue la creación en 1935 del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización plural que aglutinó a más de 50 mil frentistas pertenecientes a 80 agrupaciones, quienes pugnaron por el reconocimiento de sus derechos políticos, en particular, el sufragio.

La composición plural de esta organización permitió la participación de afiliadas al PNR como Matilde Rodríguez (esposa del general Francisco J. Mújica, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gabinete cardenista), así como de militantes comunistas entre las que podemos recordar a Refugio García, Adelina Zendejas y la pintora Frida Kahlo, quien plasmó en su arte la cultura autóctona y popular del México Revolucionario y formó parte activa de los acontecimientos políticos de su tiempo como la lucha contra el franquismo, fascismo e imperialismo.

No obstante, quedó pendiente en esta época la iniciativa promovida por Cárdenas de reformar el Artículo 34 Constitucional para otorgar los derechos ciudadanos a las mujeres, que, a pesar de ser aprobada por el Congreso, no se publicó en el Diario Oficial, pues parte del grupo consideraba a las mujeres un sector no susceptible de ser controlado corporativamente como los campesinos y los obreros.

En las dos décadas subsecuentes el movimiento de mujeres entró en crisis, pierde visibilidad política y sus demandas se enfocan a reivindicaciones de corte asistencial. Acorde con la lógica de que los derechos políticos de las mujeres se introducirían paulatinamente, además de buscar legitimar a los regímenes locales ante la salida masiva de trabajadores migrantes, se otorga la ciudadanía a las mujeres a nivel municipal en 1946 con la reforma al Artículo 115 Constitucional y, finalmente, a nivel federal en 1953 con la reforma al Artículo 34 Constitucional.

El ejercicio del sufragio se da en el marco de un sistema monopartidista, y la incorporación en los cargos públicos y de bajo nivel, se presenta de manera limitada e inequitativa.

El avance de las mujeres en los cargos públicos se da muy lentamente. Aún en el Poder Legislativo que presenta mayor dinamismo en la representación femenina de distinta filiación partidista, encontramos que desde 1954, año en que Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal, hasta 1976, momento en el que esta representación alcanza un nivel considerable, la proporción asciende sólo al 9.7% del total de diputados.

En lo que respecta a la Cámara de Senadores desde 1964 —año en que fueron electas las primeras senadoras—, hasta 1976, el avance de las mujeres es limitado también, pues equivale sólo al 6.3%.

Estos avances mínimos, sin embargo simbólicos, surgieron bajo la articulación del movimiento feminista en el contexto de una serie de cambios culturales que ponen en el centro del debate los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. En este marco, y adelantándose a la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México programada para 1975, se reforma el Artículo 4o Constitucional que otorga la igualdad jurídica de hombres y mujeres en 1974.

En la década siguiente el movimiento feminista sale de su aislamiento y logra vincularse con otros grupos sociales debido, sobre todo, a dos factores. Por un lado, al diseño de nuevos estilos de participación social y política que convierten a algunas agrupaciones feministas en Organismos No Gubernamentales, vinculando su trabajo con otras organizaciones sociales como el movimiento urbano popular y el movimiento amplio de mujeres.

Por otro lado, la incorporación al proceso de transición a la democracia que tiene como uno de sus momentos más importantes la elección presidencial de 1988, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal se requiere acabar con el sistema antidemocrático y autoritario que nos gobierna.

Este paso resulta un avance fundamental, ya que implica un cambio en la concepción de identidad excluyente que prevalecía en los grupos feministas, hacia una concepción de identidad política común basada en el pluralismo y los valores democráticos.

A partir de entonces se vislumbra que es esencial para arribar a una igualdad real, que se articulen las demandas de los grupos que luchan por la democracia, sin que esto implique eliminar sus diferencias étnicas, generacionales o de género.

La lucha de la mujer comienza a darse más abiertamente en el terreno social y señala el comienzo de una verdadera lucha por el poder político, esto como una condición necesaria para detener y revertir los procesos de exclusión social y política profundizados por la implantación del modelo neoliberal, los cuales se expresan en fenómenos como la feminización de la pobreza.

En los noventa emprendimos una lucha decidida por ganar más espacios en el ámbito político a través de dos mecanismos:

a) La conformación de organizaciones plurales como la Convención Nacional de Mujeres (1991), con el fin de promover más candidaturas de mujeres en los partidos políticos, y

b) El establecimiento de cuotas mínimas de representación al interior de los partidos políticos. En 1990, las mujeres del PRD logramos incorporar en nuestros estatutos el porcentaje de representación para los puestos de dirección: un mismo género no podía contar con más del 80%, cuota que se modificó en 1993 quedando en un 70%, y que logró extenderse a los cargos de representación popular.

En estos años, el contexto internacional también fue decisivo: la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, propuso acciones en tomo a la participación política de la mujer, entre las que destacan, el compromiso de los Estados para equilibrar el número de hombres y mujeres en los órganos gubernamentales y en los partidos políticos; y la adopción de medidas para garantizar a la mujer la plena participación en las estructuras de poder y en la toma de decisiones.

En materia electoral tenemos como resultados que, en 1993 el Congreso aprobó incorporar en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la recomendación a los partidos políticos para promover, en los términos que determinaran sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres, sin fijarse porcentaje alguno ni tener el carácter de ordenamiento. En 1996 se dio la recomendación a los partidos políticos para que incluyeran en sus estatutos la disposición de que las candidaturas a cargos de elección popular no excedieran el 70% para un mismo género; pero las iniciativas presentadas en 1998, tendientes a que esta recomendación se convirtiera en un ordenamiento, no fueron aprobadas.

El balance de todos estos esfuerzos en las últimas décadas nos muestra que no ha sido suficiente: las mujeres continuamos siendo subrepresentadas en el Congreso, la evaluación estadística de las tres últimas legislaturas nos lo dice claramente. En 1991 la representación femenina no sólo no creció, sino que sufrió una caída al pasar del 12% registrado en 1988 al 8.4%. En el Senado ocurrió el mismo fenómeno al pasar del 15.5 al 4.7 por ciento.

Una hipótesis que me atrevo a formular, a reserva de continuar las investigaciones al respecto, es que en 1988 la oposición aportó una mayor participación femenina pues al comienzo de la campaña no se habían generado grandes expectativas de triunfo, mientras que en 1991 las mujeres habían demostrado posibilidades reales de competencia, y la lucha por los puestos de elección popular se volvió más intensa al interior de los partidos. Ello aunado a que las mujeres se hacen más visibles en el Congreso. Un ejemplo: en 1990 se aprobaron las Reformas al Código Penal Federal en Materia de delitos sexuales, lo que constituyó uno de los mayores logros de esta década.

Encontramos, entonces que, a partir de 1991, los partidos políticos tienden a otorgar exclusivamente espacios en las suplencias, con lo cual disminuye el porcentaje de representantes femeninas y se cancela la posibilidad de lograr más avances en la agenda legislativa

Este declive de la participación femenina en el Congreso, se modificó en la Legislatura siguiente, presentándose un 14.4% de representantes femeninas en la Cámara de Diputados y un 12.5% en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, estas cifras son muy inferiores al compararlas con países europeos como Noruega, Finlandia y Suecia donde en 1994 las mujeres representan entre un 40 y 33.5% en los parlamentos o, incluso, con países latinoamericanos como Argentina y Guyana donde representan 21.8 y 20%, respectivamente.

El trabajo político y social de las mujeres, su participación activa en los procesos se vio reflejada en la presente Legislatura, donde creció la representación femenina tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, alcanzando el 17.4 y el 14.8%, respectivamente.

Sin embargo, observamos que la recomendación del COFIPE arriba mencionada no se cumple, pues los partidos presentan una proporción menor a la estipulada. Además, otro fenómeno recurrente es que candidaturas otorgadas a las mujeres, son en su mayoría como suplentes.

Al respecto observamos que en el proceso electoral de este año, a nivel global las tres principales fuerzas políticas cumplieron con el código electoral en las candidaturas femeninas al Congreso, la Alianza por el Cambio registró 35%, la Alianza por México 33% y el PRI 31%.

Sin embargo, estos porcentajes son ilusorios, ya que las candidatas registradas, con excepción de la Alianza por México, corresponden en más de dos terceras partes a suplencias. Por ello, si consideramos sólo a las candidatas propietarias, ya que son la que tienen una posibilidad real de acceder al poder, encontramos que la Alianza por el Cambio registró 18.3%, el PRI 20.1 % y la Alianza por México 29%, siendo esta última agrupación política la que más responde a la recomendación del COFIPE.

Las candidaturas uninominales presentan menores postulaciones femeninas; en el caso específico de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa estos tres institutos políticos nominan a mujeres en un porcentaje menor al recomendado: Alianza por el Cambio el 27.8%, el PRI el 26.3% y la Alianza por México el 19.3%.

Además, otra vez, estas candidaturas corresponden en su mayor proporción a suplencias, —en la Alianza por el Cambio el 77.8%, en el PRI el 74.1 % y la Alianza por México el 65%—, en números absolutos la Alianza por el Cambio nomina a 36 mujeres, el PRI a 41 y la Alianza por el Cambio también a 41.

El mismo fenómeno se reporta en las candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa; la Alianza por el Cambio postula un 20.3% de mujeres, el PRI 37.5% y la Alianza por México 19.5%. La realidad es que otra vez, la mayoría de las candidaturas para las mujeres son como suplentes; así tenemos que de las 48 candidatas que postula el PRI, 38 son suplentes y sólo 10 propietarias; en cambio, de las 25 candidatas que postula la Alianza por México, 14 son suplentes y 11 son propietarias.

Resulta lamentable lo anterior, pues se requieren más mujeres en los ámbitos de poder para que continúen y amplíen los esfuerzos ya iniciados por la actual legislatura que gracias a su carácter plural logró algunos avances entre los que destacan: la constitución de la Comisión de Equidad y Género en ambas Cámaras Legislativas, la aprobación de las modificaciones penales y civiles en materia de violencia intrafamiliar, la constitucionalización de los Derechos de la Infancia y la organización del Parlamento de Mujeres.

Además, la feminización de la Cámara de Diputados provocó una serie de cambios de carácter subjetivo y que por ello implican transformaciones culturales, entre los que destacan el nuevo colorido no sólo en la vestimenta, que de acuerdo al Artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se sugiere que sea en los periodos constitucionales y en la Protesta del Presidente de la República, de traje de calle color negro; sino en las formas de relación entre legisladores, sin olvidar los cambios en el lenguaje patriarcal que históricamente se ha utilizado como forma para instituir el poder. Factores todos que implican una forma de hacer política más humana, diversa e incluyente.

No obstante, también encontramos muchos retos y aspectos que quedaron pendientes en esta legislatura pues de las 27 iniciativas de Ley con perspectiva de género presentadas, sólo tres fueron aprobadas. Entre las causas de esto se encuentran, la carencia de una conciencia de género entre los legisladores y legisladoras, la existencia de una presidencia rotativa en la Comisión de Equidad y Género, la dificultad para establecer consensos, y la falta de articulación con las organizaciones sociales para sacar adelante estas iniciativas.

Desde esta perspectiva, requerimos consolidar nuestra lucha de manera articulada con el resto de los actores sociales que buscan la democracia, y atraer a grandes sectores femeninos que se mantienen al margen de la participación política a pesar de los enormes rezagos que enfrentan, con el fin de que las mujeres en este país adquieran fuerza no sólo simbólicamente.

Es una tarea por demás difícil dada la tendencia promovida por las élites políticas y que desafortunadamente siguen los movimientos sociales en el sentido de aislar sus luchas; así como por el auge que pueden adquirir las fuerzas conservadoras, opuestas a reconocer los derechos de la mujer y, en general, los derechos ciudadanos.

No debemos olvidar, asimismo, que el reto consiste en afrontar un sistema de dominación basado en la explotación de los seres humanos, del medio ambiente y de las mujeres. Se requiere, por tanto, de una nueva ética política fincada en lazos de solidaridad, donde podamos responder afirmativamente a la posibilidad de equidad entre los géneros, sin la cual no es posible pensar un proyecto de democracia, justicia y libertad.

Es posible entonces la equidad entre hombres y mujeres.

Bibliografía consultada:

Cano, Gabriela, “Las feministas en campaña: la primera mitad del siglo XX”, en Debate Feminista. Año II, Vol. IV, septiembre de 1991.

Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Iniciativas con perspectiva de Género, presentadas ante el pleno de la Lll Legislatura de lo Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 1 7 de abril del 2000.

Castillo, Laura Itzel, Versión Estenográfica de la intervención de la diputada en sesión plenaria de la Cámara de Diputados LVII Legislatura, el día 30 de abril de 1998.

Dietz, Mary, “El contexto es lo que cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía, en Debate Feminista. Año I, Vol. I, marzo de 1990.

Diarios Oficiales de la Federación. 14 de abril, 3, 8 y 15 de mayo del 2000.

Espinosa, Patricia, “Violación de los Derechos Políticos de la Mujer, Violación de sus Derechos Humanos”, en Bien Común y Gobierno, mayo de 1997.

Estadísticas Históricas. INEGI, Aguascalientes, 1994.

Fernández Poncela, Anna (Compiladora), Participación de las mujeres en México al final del milenio. El Colegio de México, México, 1995.

Fraisse, Genevieve, Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferenciación de sexos. Ediciones Cátedra, Madrid, 1989.

Hernández Lazo, Begoña, Las mujeres en la Revolución Mexicana. INEHRM-H. Cámara de Diputados LV Legislatura, México, 1992.

Irízar, Guadalupe, “Van como suplentes la mayoría de mujeres. Aprueba el IFE registro de candidatos del PRI, PCD y las dos alianzas”, en Reforma. 3 de abril del 2000, p. 5 A.

Lamas, Matha, “Transformaciones en el imaginario político feminista, en La Jornada, Suplemento Masiosare, 2 de enero del 2000

Lau, Ana y Ramos, Carmen (Compiladoras) Mujeres v la Revolución 1910-1917. INAH-INEHRM-Secretaría de Gobernación, México, 1993.

Michel, Andreé, El Feminismo. FCE, México, 1980.

Mouffe, Chantal, “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, en Debate Feminista. Año IV, Vol. Vil, Marzo de 1993.

Pérez, Eugenia y Romero, Fidel, “Lecciones aprendidas para nuevas legisladoras, en Excélsior. Suplemento, Equis-Equis, 4 de mayo del 2000.

Programa Nacional de la Mujer. Alianza para la Igualdad. Informe de Ejecución, 8 de marzo de 1998.

Programa Nacional de la Mujer. Alianza para la Igualdad. Informe de Ejecución, 8 de marzo de 1999

Ramos Escandón, Carmén, “Demandas de Género y Crisis Política en el México de Hoy”, en Luna G. Lola, y Villalona, Mercedes (Compiladoras), Desde las orillas de la politica , Seminario Interdisciplinario Mujeres y Sociedad, Barcelona, 1996.

Rocha, Eva Martha, El albúm de la muier. Vol. IV, Porfiriato y Revolución, INAH, México, 1991.

Ruiz Harrell, Rafael, Foro sobre Justicia v Equidad de Género. Día Internacional contra la violencia hacia los mujeres. Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, 23 de noviembre de 1998.

Tapia Fonllem, Elena (Coordinadora), La utilidad de los pactos para legislar a favor de las mujeres. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia A. C., México, 1999.

Tuñón, Esperanza, Mujeres que se organizan: el Ferente Único Pro Derechos de la Mujer. 1935-1938. Miguel Ángel Porrúa-Coordinación de Humanidades (UNAM), México, 1992.

Tuñon, Esperanza, Mujeres en escena de la tramoya la protagonismo. PUEG (UNAM)-Miguel Angel Porrúa-ECOSUR, México, 1997.

Tuñon, Julia, Mujeres en México. Recordando una historia. CONACULTA, México, 1998.

Unión Interparlamentaria, “Cuarta Parte: las mujeres en el parlamento”, en Quorúm. Segunda Época, Año V, No. 42, mayo de 1996.

Reflexión final

Marta Lamas

Marta Lamas

Reflexión final

Hay que agradecer, sin duda, a la Fundación Heberto Castillo Martínez, A. C., la posibilidad de armar este ciclo y, en particular, que me haya invitado a coordinarlo. ¿Cuál fue la finalidad al armar un ciclo como éste? Se podría decir que actualmente existe una gran preocupación por saber ¿qué es el ejercicio ciudadano?, ¿qué es esto de ser ciudadana?, ¿qué es la ciudadanía? y, a partir de ahí nos dimos cuenta que cada momento de nuestras vidas, cada uno de nuestros pensamientos, valores y acciones adquiere una significación distinta que responde principalmente a una realidad política y social más amplia; realidad que nos constituye y nos condiciona.

En ese sentido, caímos en la cuenta de que esa realidad o contexto es el espacio de ejercicio de la ciudadanía. La pregunta que ha sido el hilo conductor de este foro plantea si ese espacio ciudadano es igual para todas las personas; si existe la equidad entre hombres y mujeres y, más concretamente, si ésta es posible o no.

Esencialmente considero que no existe. Lo que hay es una concepción clásica de ciudadanía, instaurada hace muchísimos años y que se sigue transmitiendo; esta concepción establece una división tajante entre lo público y lo privado. En ella lo público pertenece, casi por naturaleza, a los hombres y lo privado a las mujeres.

Y es desde esta concepción clásica que se lanza la pregunta sobre si es posible la equidad entre hombres y mujeres.

¿Cómo se da el ejercicio de la ciudadanía en México?

A pesar de todos los espacios ganados por las mujeres, de los cambios y de la apertura que estamos viviendo en nuestro país, la estructura del poder patriarcal todavía no se modifica de raíz y sigue vigente el modelo sexista de la división del trabajo, el de la doble moral sexual y el de las cosas “propias” para los hombres y para las mujeres. El mundo de los hombres y el mundo de las mujeres aún son como dos paralelas, cada uno va en su propio carril. La política sigue siendo básicamente una cosa de hombres, y la casa y los hijos una cuestión de las mujeres. La integración femenina al mundo masculino, es decir, al trabajo asalariado y a la vida pública, funciona como concesión y, además, esto no genera un movimiento relativo: si las mujeres estamos entrando al ámbito público, los hombres deberían entrar al ámbito doméstico.

Así como cada vez existen más mujeres políticas y funcionarías; que además lo están haciendo muy bien —como es el caso de Rosario Robles—, requeriríamos ver el correlato de los hombres que están en lo público introduciéndose en el mundo de lo privado y asumiendo sus funciones de padre, de compañero en la casa, en fin, ocupándose de esas cosas consideradas domésticas.

En México, cuando se habla de ciudadanía, las preocupaciones se centran en la democracia, en el respeto a la pluralidad o en la libertad política, pero nadie menciona los otros problemas que se derivan de la diferencia sexual y de la diferencia de género.

El reduccionismo electoral cancela cualquier otro tipo de debate y olvida hechos fundamentales: que el cuerpo, por ejemplo, es uno de los sitios privilegiados donde se encama la libertad de las personas y que en él se problematizan los significados de pluralismo y democracia. Por ello, reconocer la diferencia sexual y las consecuencias que ésta implica, sobre todo en el mundo reproductivo, es una de las preocupaciones de muchísimas ciudadanas y ciudadanos.

La diferencia entre mujeres y hombres nos obliga a repensar los derechos democráticos y a repensar qué es una ciudadanía democrática hoy en México, Este es el sentido que quisimos dar al foro. Ojalá y esta publicación nos dé más elementos para responder a la interrogante que nos formuló la Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C. ¿Es posible la equidad entre mujeres y hombres?

Notas biográficas de las autoras

Eli Bartra

Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Estética por la Universidad de París I Sorbona. Asistente editorial y colaboradora de la revista Artes Visuales, del Museo de Arte Moderno. Coautora de la selección de artículos publicados en el periódico UnomásUno, La Revuelta. Reflexiones, testimonios v reportajes de mujeres en México. 1975-1983. Autora de: Mujer ideología y arte, y En busca de las diablas. Sobre arte popular y género. Colaboradora de la Edición de la Memoria del IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y compiladora de Debates en tomo a una metodología feminista. Directora de la revista Política y Cultura, e integrante del Comité Editorial de ésta y de Casa del Tiempo.

Marisa Belausteguigoitia

Licenciada en Pedagogía por la UNAM, Maestra en Teoría Psicoanalítica y pasante de Literatura Iberoamericana, en la misma. Estudió el Doctorado en Estudios Étnicos con énfasis en los temas de género raza y sexualidad en la Universidad de Berkeley. Publicaciones: Géneros Prófugos. Feminismo y Educación. Máscaras y postdatas estrategias feministas en la rebelión indígena en Chiapas, entre otros.

Gloria Careaea

Maestra en Psicología Social, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaria Académica del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Feminista. Participó en la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo de 1994 y, en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijín, en 1995. Es responsable del Área de Capacitación en Género en la UNAM donde ha coordinado varios proyectos. Participa en el Grupo Internacional HERA y es parte del Consejo Asesor Internacional de la Comisión de Derechos Humanos de Lesbianas y homosexuales. Asesora y consultora de la Red por la Salud de la Mujeres de América Latina y el Caribe y del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Laura Itzel Castillo

Arquitecta, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Promotora integrante de diversas organizaciones políticas sociales, ambientalista y de mujeres. Fundadora del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y del Partido Mexicano Socialista (PMS). Formó parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, donde se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente, Política Urbana y Comunicación y Propaganda. Como Diputada Federal participó en la creación de la Comisión de Equidad y Género. Impartió “La potencialidad y posibilidades de la acción afirmativa en México”, en la “Conferencia Binacional Mujeres Políticas Mexicanas Contemporáneas //” en la Universidad de Texas, Austin.

Luzelena Gutiérrez de Velasco

Doctora por el Colegio de México en Literatura Hispánica con la tesis y Maestra en Letras por la Universidad de Guadalajara, Colaboró en el Seminario de Narrativa Mexicana Contemporánea de El Colegio de México, participa en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México, en los Talleres de Narrativa Mexicana Femenina y fue coordinadora del Seminario de Crítica Literaria Feminista. Entre sus publicaciones se encuentran: "Laura Méndez de Cuenca: Espíritu positivista y sensibilidad romántica", en Las voces olvidadas. Antología crítica de narradoras mexicanas nacidas en el siglo XX. La nada como herencia en Sin imágenes falsas, sin falsos espejos. Narradoras Mexicanas del siglo XX. Compiladora, junto con Nora Pastenac y Ana Rosa Domenella, del libro “Escribir la infancia, Narradoras mexicanas contemporáneas”.

Graciela Hierro

Doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, introdujo el feminismo a la filosofía en México, En 1978 fundó la “Asociación Filosófica Feminista” y abrió la cátedra de Estudios de Género en el posgrado de la misma Facultad. Con un grupo de académicas solicitó la formación del Programa de Estudios de Género (PUEG) para la UNAM, inaugurado en 1992, donde es nombrada Directora. Responsable del Seminario Interdisciplinario, Filosofía de la educación y Género. Participa en el Grupo Reinas, interdisciplinario de reflexión e investigación sobre el envejecer de las mujeres.

Patria Jiménez

Realizó estudios de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, activista desde hace veinte años en la lucha de las mujeres y por el reconocimiento de la diversidad sexual. Promotora y fundadora de los primeros grupos del movimiento lésbico-gay de los años ochenta, ha colaborado en la fundación de organizaciones civiles por la defensa de los Derechos Humanos de los mismos. Su trabajo en el campo de los Derechos Humanos ha abarcado, también, la defensa de los pueblos indígenas. Como Diputada Federal por el PRD participó en la creación de la Comisión de Equidad y Género. Recibió El Premio Internacional “100 Heroínas” en 1998, que se otorga en reconocimiento a la lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Clara Jusidman

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue investigadora de El Colegio de México y del Banco Mundial. Directora General de Asesores en Desarrollo Social A.C. y Coordinadora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. Coordinadora de los grupos técnicos del Comité Nacional Preparatorio de México para la IV Conferencia Mundial de la Mujer y formó parte de la Delegación Mexicana a la Conferencia. Fue Presidenta del Acuerdo Nacional por la Democracia (ACUDE), miembro de la coordinación de Alianza Cívica, participo en el Grupo San Ángel y fue Presidenta del Consejo de Administración de la Revista “Este país”. Fue integrante del Consejo Asesor sobre Mujeres en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Marcela Lagarde

Etnóloga, Maestra y Doctora en Antropología, profesora del Posgrado de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y del Diplomado de Estudios de Género de la Universidad Landivar y Funda, Guatemala. Colabora con agencias de las Naciones Unidas como la UNESCO, UNIFEM y OMS, así como en institutos y oficinas nacionales y locales de la Mujer de México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá. Coordina los talleres Casandra de Antropología Feminista. Autora de Los cautiverios de las mujeres madresposas, monjas, putas, presas y locas. Género y Feminismo y Desarrollo Humano y Democracia.

Marta Lamas

Antropóloga y Periodista, directora de la Revista, Debate Feminista y del Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE.

Asa Cristina Laurell

Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Salud Pública por la Universidad de Berkeley, California y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesora Investigadora titular “C”, de la UAM Xochimilco; invitada a universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Asesora de las Comisiones de Salud y Seguridad Social del Congreso de la Unión. Autora de diez libros y aproximadamente 50 artículos para diversas revistas. Publicaciones sobresalientes: “El desgaste obrero en México”. ERA, 1983. “La salud en la fábrica”. ERA, 1989. “Estado y políticas sociales en el neoliberalismo”, “Nuevas tendencias” y “Alternativas en el sector salud”. Miembro de la Organización Revolucionaria, Punto Crítico y asesora del Grupo Parlamentario del PRD sobre Salud y Seguridad Social.

Alicia Martínez

Antropóloga social con estudios de posgrado (Maestría y Doctorado) en ciencias sociales, con especialidad en sociología en El Colegio de México. Desde 1988 profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en México; coordina el área de Teoría Social en la Maestría de Ciencias Sociales de esta institución. Ha asesorado a centros de estudios de género, ONGs de mujeres y programas de organismos internacionales sobre temas de mujer. Entre sus publicaciones se encuentran: “Cultura política en cuerpo de mujer”, “Culturas políticas a fin de siglo”, “Política social y cambios de finales de siglo: contexto y valores en la relación con los nuevos actores”, entre otros. Actualmente dirige una investigación sobre las trayectorias personales y carreras políticas de mujeres del PAN, PRD y PRI.

María Consuelo Mejía

Antropóloga, con Maestría en Estudios Latinoamericanos, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha colaborado con el Dr. Pablo González Casanova en diversos proyectos de investigación. Entre sus actividades docentes, destacan el Seminario, “Sexualidad y Salud reproductiva: Una Mirada desde la Cultura” y su participación en el equipo académico que organizó el seminario “Ética y Salud Reproductiva”.

Directora de Católicas por el Derecho a Decidir, desde 1994, ha destacado en la construcción de redes del movimiento feminista y de especialistas en educación sexual.

Patricia Mercado

Presidenta de DIVERSA, Agrupación Política Feminista, Directora Ejecutiva de Equidad y Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. Integrante como Representante de ONGs en la Contraloría Social del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM). Integrante del Comité de Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. Integrante de Red de Mujeres Líderes de las Américas.

Jesusa Rodríguez

Actriz y Directora de Teatro. Fundadora de la Compañía Divas A. C. De profesión, la verdadera, conductora de eventos de solidaridad; y de vocación, la verdadera, jugadora de Póker.

Marta Torres Falcón

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de Maestría en Política y Gobierno en la Universidad de Kent, Gran Bretaña. Especialista en Estudios de la Mujer egresada de El Colegio de México. Actualmente es candidata a Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha sido subdirectora socio jurídica del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Procuraduría capitalina y consultora de diversos organismos de Naciones Unidas sobre asuntos jurídicos y de la Mujer. Ha publicado diversos artículos sobre Derechos Humanos y Violencia de Género.

Margarita Velázquez Gutiérrez

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Londres, y psicóloga Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, donde es responsable del Grupo de Interés de Estudios de Género e integrante del Programa de Investigación La Perspectiva Social del Medio Ambiente. Responsable del área de Género y Sustentabilidad en el Programa Universitario de Estudios de Género. Ha sido coordinadora y docente del Diplomado La Problemática Ambiental desde una perspectiva de Género. Coordinadora del Seminario de Investigación Género, Desarrollo y Sustentabilidad, organizado por el CRIM y el PUEG. Fue investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer, ha sido co-organizadora de seminarios académicos sobre mujer, auspiciados por la UNESCO, UNICEF, La Fundación FORD y el Colegio de México.