Prólogo

Lorenzo Meyer

“Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.” Ese razonamiento —que le hizo Miguel de Unamuno al general José Millán-Astray en octubre de 1936, en la Universidad de Salamanca y en plena Guerra Civil española— bien se puede aplicar a muchas otras circunstancias, entre ellas a los resultados de las elecciones para gobernador del Estado de México realizadas el 4 de junio de 2017, que son precisamente el objeto de análisis de este libro, coordinado por Bernardo Barranco.

Desde su fundación en 1929, aunque con otro nombre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dominado sin interrupción la vida política del Estado de México y, hasta hace poco, del país entero. Todos los gobernadores mexiquenses, desde Carlos Riva Palacio hasta el actual, Alfredo del Mazo, han sido miembros del PRI. Durante la mayor parte de esos 88 años, la preocupación central de los gobernadores de ese estado colindante con la Ciudad de México (sede de los poderes federales) no ha sido cómo hacer frente al embate de los partidos de oposición —hasta hace relativamente poco, la oposición partidista, en la medida en que existió, era cooptable y no representaba un problema significativo para el gobierno de Toluca—, sino cómo negociar las tensiones internas del priismo local, para evitar la injerencia del gran poder presidencial en sus asuntos internos, y mantener así un espacio de libertad dentro de la atmósfera creada por un Poder Ejecutivo federal omnímodo.

El panorama anterior y sus reglas del juego se han ido modificando en los últimos decenios como resultado de cambios en la naturaleza del sistema político nacional. Estas modificaciones, si bien no han llevado al país a la democracia, sí han propiciado un mayor pluralismo, y las elecciones han dejado de ser elecciones sin contenido para tornarse en comicios competidos, aunque llenos de irregularidades y frecuentemente con resultados manchados por violaciones de fondo a las reglas electorales y por fraudes evidentes, hechos a la luz del día, como fue el caso del Estado de México en 2017.

Una consecuencia del cambio social —y en el sistema electoral a escalas nacional y local— es que, en el Estado de México, han surgido opciones al tradicional y aplastante dominio priista. En efecto, en 2005, Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI y sus aliados a la gubernatura, logró la victoria de rutina, que no sorprendió a nadie, pero con resultados que sí asombraron porque no eran los comunes: oficialmente y pese a contar con todo el aparato del Estado, sólo se adjudicó 47.58% de los votos. Fue gobernador por mayoría ya no absoluta, sino relativa. En la siguiente elección, la de 2011, el PRI volvió por sus fueros y la coalición que encabezó obtuvo, oficialmente, 62.96% de los votos; pero en 2017, el PRI mexiquense ya no pudo volver a confeccionar una mayoría absoluta e insistir en su excepcionalidad política. Ese año, los organismos electorales —colonizados desde su origen por el PRI— se vieron obligados a reconocer que la profesora Delfina Gómez, la candidata de Morena, y sin alianza con ningún otro partido, logró obtener 30.78% de los votos. El candidato oficial, el del PRI, la superó por apenas 2.78 puntos porcentuales gracias a la adición de los sufragios de otros tres partidos que conformaron su coalición, pues por sí mismo, el PRI quedó atrás de Morena. El grupo que tradicionalmente ha dominado el Estado de México retuvo el poder, pero en un marco de gran fragilidad y nula credibilidad.

Lo que los autores de este libro muestran y demuestran es que ese pequeño margen por el que finalmente se impuso Alfredo del Mazo Maza —hijo y nieto de gobernadores priistas mexiquenses— se explica porque a lo largo del proceso y como es tradicional en el Estado de México, los dados electorales estuvieron cargados, y bien cargados, a favor del partido que, ahí, llevaba ya 88 años monopolizado el poder.

Lo importante de la obra que el lector tiene en sus manos no es que le vaya a revelar algo que no conociera o sospechara. No, su importancia reside en explicar —con el detalle que sólo puede hacerlo quien vivió desde dentro ese proceso— cómo, en qué medida y con qué propósito específico se cargaron los dados en 2017 para confeccionar la victoria del PRI. Para el ciudadano, conocer los mecanismos del fraude es el primer paso para intentar neutralizarlo y minar lo que aún pueda quedar de la legitimidad del viejo sistema político de elecciones predeterminadas, ésas cuyos cimientos se echaron en el Porfiriato y luego, al concluir la Revolución Mexicana, se modernizaron y consolidaron por la vía de un partido de Estado (el PNR-PRM-PRI) y una Presidencia fuerte pero sin posibilidades de reelección, lo que facilitó lo que nunca pudo hacer el Porfiriato: la renovación de las élites sin cambiar el partido en el poder.

Esta obra estudia el caso del Estado de México, donde, en política, el pasado mantiene una feroz lucha de retaguardia para minimizar las fuerzas del cambio provenientes de su entorno externo y de procesos internos. Y los autores evidencian que ese mecanismo tiene varios niveles. El primero está conformado por el plano federal (también dominado por el PRI): la Presidencia de la República y todo el conjunto de secretarías de Estado y agencias federales con posibilidades de brindar servicios y entregar bienes y ayuda económica a la población. Ahí se coordinan las acciones para apoyar al candidato priista y su maquinaria local. En ese nivel también operan las máximas autoridades electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El primero apoyó al candidato oficial por omisión, en su papel de vigilante imparcial y profesional del proceso: simplemente no interfirió con el apoyo abierto que dio el gobierno federal y local al PRI ni investigó el flujo de fondos ilegales a la campaña provenientes, entre otras fuentes, de contratistas del gobierno. El TEPJF sirvió para desechar los reclamos documentados de la oposición.

El segundo nivel del mecanismo de dados cargados lo formaron los organismos electorales del Estado de México, plenamente capturados desde su creación por las autoridades estatales. Éstos en ningún momento actuaron con imparcialidad ni fueron vigilados por el INE. Es aquí donde se puede ver de manera más evidente el tradicional modus operandi para gestionar elecciones en dicha entidad federativa y en otras donde el poder sigue en manos del viejo partido fundado por Plutarco Elías Calles.

Un tercer nivel del mecanismo electoral montando en el Estado de México lo conforman los cuadros locales del PRI, que conocen al dedillo la naturaleza del poder a ras del suelo social. Ellos son quienes identifican a los posibles vendedores del voto, a los susceptibles de ser influidos o coaccionados. Son los operadores que conocen al detalle las características de su entorno social y van casa por casa, dando o prometiendo recompensas concretas al votante y facilitando su movilización para los mítines y, sobre todo, para el día de la votación.

Se trata, y en esta obra se ilustran los mecanismos específicos, de explotar las oportunidades que se abren en las zonas donde la pobreza es el factor dominante, el que abre las puertas a la maquinaria partidista con recursos para ofrecer dádivas e inducir el voto. Son las áreas de la geografía social donde las carencias hacen muy difícil que tengan sentido conceptos como ciudadanía o democracia. Es aquí donde, como bien lo señala Bernardo Barranco, el concepto de “elección de Estado” adquiere y muestra a plenitud su naturaleza, su esencia.

El que se haya podido llevar a cabo una elección de Estado en 2017 implica, en primer lugar, que en México y hasta la fecha, la llamada “transición democrática” no ha sido tal, que el viejo régimen autoritario sigue dominando buena parte de la vida política del país. Es verdad que el hecho mismo de que un partido recién formado como Morena haya logrado que se le reconocieran más votos que al PRI de 88 años es un indicador de que las antiguas fórmulas políticas del autoritarismo se han debilitado. Por otro lado, el que pese a todo el grupo que ha manejado la política mexiquense —algunos lo llaman el “Grupo Atlacomulco”— se haya impuesto una vez más mediante la confección de unas elecciones particularmente sucias y carentes de credibilidad, demuestra que la democracia política en nuestro país no es una realidad sino apenas un objetivo, cuyo logro no está, ni de lejos, asegurado.

La experiencia electoral de 2017 en el Estado de México revela que el actual sistema político mexicano es, en realidad, un híbrido que mal combina ciertos rasgos democráticos con otros más numerosos del pasado autoritario. Y estos últimos amenazan con ser los factores determinantes del futuro político de México.

Y es que, como se argumenta en esta obra, el conjunto de acciones que se llevaron a cabo en las elecciones mexiquenses de 2017 debe verse como un ensayo de lo que, desde el gobierno, se intenta que ocurra en 2018 a escala nacional. Así pues, y regresando a la cita inicial de Unamuno, pareciera que a los que manejaron la elección mexiquense que aquí se examina realmente ya no les importó convencer sino simplemente vencer. Y cuando en los procesos nacionales relevantes ya no importa convencer, es decir, cuando para los responsables ya es irrelevante la credibilidad, fuente central de la legitimidad, entonces el choque de los intereses políticos se puede llevar del plano de las urnas al plano de la fuerza, es decir, a ese campo donde ha fracasado la política como administración negociada de las inevitables diferencias y contradicciones de una sociedad. Ojalá que la lección que se saque de la experiencia mexiquense lleve a todos los responsables políticos y a los ciudadanos a aceptar que el camino que recorrió el poder en el Estado de México ya es inviable a nivel nacional, y que no reconocer esa advertencia puede terminar en un despeñadero donde muy pocos saldrán indemnes.

Introducción

Bernardo Barranco

De manera especial agradezco a aquellas personas que han dado su apoyo para que este libro sea una realidad

El infierno es un lugar o condición de castigo eterno. Para todas las grandes religiones, de diferentes maneras, la idea de infierno implica el tormento de aquellas personas o pueblos condenados. Infierno deriva del latín infernum o “inferior”, como el lugar del pecado. En diversas mitologías no cristianas, el infierno es el lugar que habitan de manera turbulenta los espíritus de los muertos malditos.

Las elecciones de 2018 empezaron en el Estado de México. En nuestra democracia jaloneada, lo electoral se está convirtiendo en un espacio dominado por la desatada codicia del poder. Ganar a toda costa, sin importar cómo. La zona electoral es de tentación y de tormento: la gehenna en la tradición hebraica, por la desmesura y la simulación. Las formas y los principios se desdibujan para mantener el poder de una camarilla o una persona. La penosa transición a la democracia carga ahora con procesos electorales impregnados por diversas versiones de fraude, en las que participan todos los actores. Lo electoral es un coctel confuso, una zona de pecados sociales que sólo comprenden los doctores de la ley y los fariseos. Los comicios se han convertido en zonas de encono, guerra sucia, campañas de desprestigio y agandalle. El poder sin principios y los principios sin poder. Las elecciones, lejos de ser una fiesta ciudadana, han devenido una conflagración sin escrúpulos: son la antesala del averno.

Usted cuestionará al que esto escribe que es un exceso intercalar la política electoral con teologías escatológicas, entreverar la religión con la política. Y le respondo que dicho desenfreno proviene de la misma clase política en el proceso de las precampañas. Por ejemplo, José Antonio Meade hablando de adviento a mujeres mexiquenses en tono de homilía. O Andrés Manuel López Obrador llamando a un “diálogo ecuménico”, a encuentros entre creyentes y no creyentes. O Eric Flores, dirigente evangélico del partido Encuentro Social, que se define juarista y liberal. En contraparte, Enrique Ochoa, el presidente del PRI, decreta con tono de pastor pentecostal que todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Qué pasa? ¿Dirigentes políticos y candidatos a la Presidencia se convierten en predicadores baratos de la fe? El escándalo e indignación que causó Vicente Fox al ondear el estandarte guadalupano al inicio de su campaña presidencial en 1999 ahora se queda corto ante la subversión de roles: políticos que se sienten pastores y pastores políticos.

¿Los políticos quieren la redención divina y ganarse el reino de los cielos? Por supuesto que no, quieren el poder a toda costa. Con todo, ignorar las consecuencias de nuestras patologías electorales es la verdadera condena al fuego eterno que relatan diversos textos sagrados. Por ello, el título de este libro, El infierno electoral, es una llamada de atención a los excesos y abusos del poder para encauzar a su provecho la voluntad popular. Como bien dice Lorenzo Meyer en su espléndido prólogo, el viejo régimen autoritario sigue dominando buena parte de la vida política del país, y por supuesto es parte de la quintaesencia en el Estado de México.

Este libro es una radiografía crítica del proceso electoral mexiquense y, al mismo tiempo, una alerta: el mismo grupo que operó las elecciones en aquella entidad maniobra rumbo a las presidenciales de 2018. Es una denuncia a las desmesuras de quienes controlan el aparato de gobierno para trampear a la ciudadanía.

Las elecciones en el siglo XXI son cada vez más competidas. Los resultados tienden a ser mucho más estrechos y peleados. Por ello, cualquier irregularidad, por pequeña que sea, resulta determinante en el resultado final. Estamos muy lejos de aquel andamiaje electoral que otorgaba certeza, de aquel Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadano, cuyos consejeros transmitían confianza por su lealtad a los principios de la democracia. Los Woldenberg, Merino y Cantú son ahora objetos de culto. Hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) es una grotesca caricatura, integrado por consejeros de consigna, militantes con mandato partidario o cooptados, cuyos votos y razonamientos son absolutamente predecibles. Gracias a las confabulaciones de los partidos, podemos sostener que vivimos un infierno electoral por las penosas regresiones y degradaciones institucionales. Pese a las reformas hay un efecto tobogán a punto de tocar fondo.

Hemos sido testigos, a lo largo de los últimos lustros, de un creciente desacoplamiento entre la normatividad electoral con la práctica de los operadores políticos. Estamos lejos de los burdos métodos de fraude electoral de antaño. En la actualidad la operación política electoral es integral y, en algunos casos, sofisticada. Utiliza incluso resquicios de la espesa y barroca ley en la materia. Hoy el fraude electoral puede ser colosal y sistémico. El ámbito legal se convierte en un maloliente antro alejado de los principios éticos de la política. Actualmente bien podrían aplicarse las viejas teorías de la dualidad. En el campo electoral coexisten dos mundos: el normativo, por un lado (el del deber ser), y el sucio terreno de los operadores políticos.

Los autores de este libro, en su mayoría, hemos sido consejeros electorales, algunos con veinte años de experiencia. También la mayor parte nos hemos desempeñado en el Estado de México. Por ello, los ensayos reunidos tienen una fuerza que va más allá del análisis, pues los autores han sido testigos, actores y autoridades que, desde adentro, han conocido las reglas no escritas de la cultura política. Ninguno de los autores tiene una filiación partidaria, y todos gozan de la más absoluta credibilidad ética y política, ganada en trayectorias limpias. Poseen un profundo conocimiento del terreno electoral formal, así como de ese oscuro laberinto de acuerdos que a los partidos tanto les gusta transitar. En tanto consejeros, desde adentro sostuvimos luchas desiguales, tendientes a dignificar el papel de los árbitros. Muchos autores, ahí están las actas, resistimos manipulaciones y padecimos presiones políticas, en el mejor de los casos.

¿Por qué el Estado de México? En la elección de 2017 el PRI fue con todo para retener la gubernatura. Ante el desprestigio tanto de la gestión del gobierno federal como el mediocre desempeño local, el PRI y el gobierno mexiquense se aplicaron a fondo para no perder el bastión histórico que representa dicha entidad. Ese partido destinó como nunca cuantiosos recursos económicos, programas sociales, compra y coacción del voto para incidir particularmente en los votantes pobres; dividió a la oposición y utilizó a los candidatos independientes para dispersar el voto; contó con el apoyo del gobierno federal, usó los diferentes medios de comunicación y diseñó campañas de desprestigio tanto contra Delfina Gómez (de Morena) como Josefina Vázquez Mota, del PAN. No conforme con la estrategia sucia, a unos días de la jornada electoral empleó métodos del crimen organizado para intimidar a la oposición y a los votantes, acción calificada como “terrorismo electoral” y que ha sido denunciada en medios. Y ahí están el PRI y sus operadores, gozando de total impunidad. Desde luego, maniobraron los órganos electorales, en especial el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el tribunal electoral local. Más que una elección de Estado fue el laboratorio de una elección sistémica. Fue un operativo político masivo de guerra total. Pese al imponente despliegue de recursos y estrategias, el priismo apenas alcanzó un triunfo justo. Con dificultad ganó por una nariz.

Los autores de El Infierno electoral, más que pretender crear un modelo sobre la elección de Estado, analizamos diferentes aristas de incursiones ilícitas del partido en el poder y de todo el aparato de Estado con la finalidad de modificar e inducir la orientación del voto ciudadano. En otras palabras, estamos ante un fraude sistémico. Acciones y estratagemas dolosas, acompañadas de un doble discurso, tendientes a sujetar el poder mediante incursiones políticas ilícitas. Eso constituye un catálogo amplio de delitos electorales impunes que debilitan la democracia.

Los diversos textos del presente volumen pueden leerse por separado y en conjunto. Documentan un inventario doloso como un elenco de pavor que creíamos haber superado hace tan sólo diez años. Me permito resaltar algunos talantes de los ensayos a fin de poder facilitar la lectura.

Gabriel Corona Armenta, consejero del IEEM en el pasado proceso electoral, académico, doctor en ciencia política, denuncia las ataduras y pertenencias partidistas de los consejeros electorales del instituto mexiquense “subordinados al PRI”. Escribe en primera persona porque se sitúa en el terreno del testimonio vivido. Nos narra las irregularidades del conteo rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo distrital. Sostiene que hubo un encuadre artificioso tendiente a legitimar una supuesta diferencia a favor de Alfredo del Mazo. Sus denuncias ante el consejo no tuvieron eco pese a la gravedad del documento. Incluso, ningún consejero general del INE se interesó en sus imputaciones.

Vanessa González Deister, consejera local entre 2012 y 2017 y actualmente directora del Fondo Cultural Banamex, analiza la operación electoral de los programas sociales que incidieron en la intención del voto de personas de muy escasos recursos, principalmente en zonas rurales. Los diputados locales, dominados por el PRI, indebidamente dieron una cobertura extraordinaria a los programas que impactaron en los resultados electorales. La autora reprueba la fractura ética de la clase política. Dicho quiebre abre las puertas al reino de la opacidad y fomenta la corrupción y la impunidad.

Norberto López Ponce, consejero electoral en los niveles distrital, local y general del IEEM. El maestro López Ponce, en su ensayo “El terror en la elección mexiquense 2017”, nos narra las acciones destinadas a crear pánico entre las autoridades electorales, la oposición y los votantes, sobre todo en las zonas dominadas por el voto no priista. Se trató de imponer un ambiente de temor: que los ciudadanos sintieran que, si salían a votar, corrían el riesgo de ser violentados en la calle o en las casillas. Su texto concluye con datos duros que evidencian que el terrorismo electoral, efectivamente, impactó la participación ciudadana.

Santiago Nieto Castillo, en un brevísimo texto titulado “La elección del nunca”, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) nos introduce a las 387 carpetas de investigación sobre delitos electorales iniciadas entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 que han quedado pendientes. “Nunca me había pasado como autoridad electoral ministerial, que los servidores públicos de primer nivel —secretarios de Estado— de una entidad federativa se negaran a proporcionar información ante investigaciones. Nunca me había tocado presenciar que secretarios de Estado locales se ampararan en contra de los procedimientos ministeriales. Nunca detecté tantas ‘casas amigas’ operando cerca de las casillas en Ecatepec. Nunca había visto un tope de gastos de campaña tan alto aprobado por un OPLE. Nunca había visto que de una secretaría de Estado federal se reenviara un tuit en favor de un candidato de un partido”, dice.

José Núñez Castañeda, quien fuera presidente del IEEM entre 2005 y 2008, nos relata la evolución del sistema electoral. Desde su expertise como abogado, percibe una preocupante pérdida de los principios originarios que construyeron el IFE. Igualmente advierte los riesgos de que en las elecciones de 2018 se repitan los vicios y las maniobras que asomaron en los comicios mexiquenses en 2017. Atisba giros autoritarios como la arbitraria destitución de Santiago Nieto, fiscal electoral, y el adormecimiento de candentes expedientes que involucran responsabilidades de autoridades.

Karina Vaquera Montoya, actual consejera local del INE en el Estado de México, pone en duda la supuesta objetividad en la selección de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Académica y maestra en derecho, parte de su propia experiencia para imputar un proceso amañado. Se decide con criterios de reparto, cuotas y contrapesos quiénes son los consejeros de los OPLE en el país. Es una selección endogámica en la que el ciudadano queda fuera de toda posibilidad. Arriban funcionarios vinculados a lo electoral, la mayoría carreristas que sucumben ante los poderes fácticos. Se han registrado crisis en los consejos de Colima, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Querétaro y, ahora, Tamaulipas. Fracasó la reforma de 2014, los gobernadores ya no son responsables por los sesgos, ahora son los consejeros electorales.

Eduardo R. Huchim, exconsejero local del Distrito Federal, analista y periodista brillante especializado en temas electorales, aborda el delicadísimo problema del dinero en exceso en las campañas en México —en particular, en el Estado de México. Registra el impacto del dinero sucio, triangulaciones, empresas fantasma, lavado y tolerancia extrema de la autoridad de fiscalización electoral. El dinero ilegal, concluye Huchim, fluye principalmente de tres fuentes: los erarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), una parte del sector empresarial y la delincuencia organizada, por conducto de empresas fachada creadas para lavar dinero. El escándalo —en diciembre de 2017— sobre el desvío de recursos de Hacienda hacia el PRI en las campañas electorales, revelado por el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, confirma las tesis de Huchim. Y el anuncio de un nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, exempleado del candidato priista José Antonio Meade Kuribreña, son pésimos augurios para frenar el dinero sucio en las campañas.

Durante casi 90 años, el PRI ha mantenido en el Estado de México un férreo control del aparato estatal, ha creado una cultura política anquilosada, sucia y marcada por la simulación. Paradójicamente, este libro no puede ser estigmatizado como antipriista. Cuestiona, sí, los lastres sistémicos, esas inercias de Estado autoritario que han inhibido experiencias democráticas en la entidad. Técnicamente denunciamos las arbitrariedades del poder y la indolencia ética no sólo de militantes priistas sino de otros partidos que han sido tibios, tolerantes o han sido cooptados por la repugnante lógica de los operadores.

¡Ay, pobre México! No sólo tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos; ahora, además, vive en el mismísimo infierno electoral.

Regresión, corrupción electoral
y desdibujamiento institucional

Bernardo Barranco

INTRODUCCIÓN

Las elecciones celebradas el 4 de junio de 2017 en Cohahuila, Nayarit, Veracruz y especialmente Estado de México marcaron el inicio del proceso de sucesión presidencial hacia 2018. La elección para gobernador en el Estado de México alcanzó niveles épicos equivalentes a unos comicios presidenciales. La gravitación del resultado incidía en el reacomodo político de cara al 2018; por ello se avivó el interés de la clase política y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atrajo el interés de la opinión pública. El PRI llegaba mermado después de las estrepitosas derrotas de 2016. Los niveles de aceptación e imagen de la gestión presidencial comparecían muy deteriorados.

La marca de la corrupción es un estigma fatal y sello vergonzoso de la administración de Enrique Peña Nieto. Por ello, el bastión mexiquense —propiedad del llamado Grupo Atlacomulco desde hace cerca de 90 años— parecía llegar a su fecha de caducidad. La elección de 2017, por tanto, era estratégica, su resultado permitía medir la fuerza real del partido en el poder en su propio bastión histórico. El Estado de México no sólo es el refugio político del priismo mexiquense, sino también el territorio de inmensos negocios que ahí detenta el grupo en el poder. Dicho de otra manera, el llamado Grupo Atlacomulco no sólo es una red de políticos y familias que han reinado en el Estado de México por generaciones, también han construido enclaves económicos y financieros poderosos. Las investigaciones de Francisco Cruz¹ muestran los vínculos y la mimetización entre empresarios políticos y políticos empresariales. Es decir, los usos mercantiles del poder político cuyo pivote ha sido el gobernador en turno al direccionar los enormes presupuestos asignados a la entidad.

Además, el Estado de México representa casi 14% de la lista nominal del país, por lo que es la entidad con el mayor peso electoral. Por ello, las repercusiones inmediatas en la clase política eran palpables. El resultado electoral, cualquiera que fuera, obligaría a reacomodos de cara a las elecciones de 2018. Así pues, el territorio electoral mexiquense se convertía en un espacio político de batalla estratégica que iba más allá de la entidad. Para el grupo en el poder, perder la entidad era el hundimiento político del sexenio. Impensable perderlo; habría que ganarlo a cualquier costo y con todos los medios a su alcance para evitar el cataclismo. Los medios de comunicación, nacionales e internacionales, intuyeron lo que estaba en juego; se instalaron en la entidad para seguir paso a paso las incidencias del proceso como nunca antes lo habían hecho en la historia de la entidad. Pudieron corroborar los excesos de los gobiernos federal y estatal en los comicios mexiquenses. Las amplias coberturas mediáticas demostraron a escala nacional las prácticas fraudulentas de los gobiernos mexiquenses municipales y estatal que recordaron al viejo priismo autoritario del siglo pasado. De costa a costa se puso en evidencia la parcialidad institucional, así como la omisión y la falta de autonomía de las autoridades electorales. Los comicios mexiquenses mostraron claros signos retrógrados: mucho dinero, politización de programas sociales, violencia electoral, intimidaciones policiacas, intervención desmedida de autoridades públicas, pasividad de estructuras electorales, compra y coacción del voto. Incluso la manipulación de la candidatura independiente de María Teresa Castell fue utilizada para golpetear, contener a otros partidos contendientes y dispersar aún más el voto. Paradoja de una nueva figura en las elecciones que reproduce rancios vicios del poder.

La elección en el Estado de México es una muestra emblemática de regresión e impunidad que perfila un preocupante proceso electoral para 2018, el cual se antoja neurálgico y complejo. Las elecciones mexiquenses de 2017 han sido un antecedente de la intención del gobierno de Peña Nieto de ir con todo, utilizando viejas argucias y prácticas atrevidas. Métodos que rayan las fronteras de la transgresión legal y atropellan la ética política. Sin embargo, son toleradas bajo el disimulo de las autoridades electorales tanto del INE y sobre todo del IEEM. Actitud peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados.

ELECCIÓN DE ESTADO

Un video clandestino muestra al presidente municipal de Valle de Chalco y a José Bernardo García Cisneros, entonces presidente de la junta local de conciliación y arbitraje de Toluca, actuando en plena operación electoral ante un auditorio repleto, con al menos 300 operadores electorales.² Estamos en la elección para gobernador de 2011, en la que el PRI se jugaba no sólo la gubernatura para Eruviel Ávila, sino la antesala de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. El funcionario de Toluca es exhibido —se ve en las imágenes— dando instrucciones, articulando a las secciones del partido con los funcionarios del municipio y maestros de la zona. García Cisneros motivaba y explicaba metas, cadenas de mando, enlaces con las dependencias estatales y las estructuras magisteriales a fin de canalizar la asistencia y la entrega de apoyos “cuadra por cuadra” a los beneficiarios de los programas sociales. En suma, comprar voluntades políticas entre la población más necesitada.

¿Quién es José Bernardo García Cisneros? Antes de trabajar en la Secretaría del Trabajo en Toluca, fue un alto funcionario electoral, director del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como consejero general electoral del mismo instituto, cargo al que tuvo que renunciar en 2005 de manera dramática por su involucramiento en el caso de corrupción electoral llamado “cartonera plástica”. Como muchos funcionarios electorales leales al sistema, fue premiado con un nuevo cargo en la administración de la entidad.

Volvamos al polémico video. Ante las denuncias del PRD y PAN, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resuelve que los videos no son pruebas fehacientes, que no se violentó la ley electoral y los agravios fueron infundados. Sectores de la prensa en Toluca defendieron al funcionario de las acusaciones calificadas de calumniosas.³

El episodio nos muestra el indebido involucramiento del gobierno del estado en los procesos electorales, el cual trasgrede la normatividad y los principios electorales. A lo largo de décadas así ha sido, todos lo sabemos. Amparado por los tribunales y las autoridades electorales, así como cobijado por los medios de comunicación, el gobierno mexiquense históricamente ha estado interviniendo y manipulando las elecciones. De manera contrastante, mientras en los años noventa en el país, a nivel federal, se opera un proceso de reingeniería y apertura electoral, en el Estado de México, por el contrario, persisten las viejas prácticas de operación y fraude electoral. Mientras el IFE adquiere una mayor independencia y autonomía, de manera inversa, en la entidad mexiquense la numenklatura política mantiene prácticas alevosas para incidir en los resultados electorales. En la cultura política de la forma, en el Estado de México queda vigente lo que González Casanova llamó la “civilización-salvaje” y los “comportamientos políticos de una occidentalidad tropicalizada”.⁴ Ése es el retrato de la clase política mexiquense.

Después de los comicios de 2017, diversos analistas y partidos de oposición se refieren a una “elección de Estado”, pero la expresión suscita una sensación de insuficiencia. No basta afirmar que la “elección de Estado” es aquella en que varios candidatos y partidos de oposición enfrentan la fuerza del aparato del Estado. Por ello, “elección de Estado” dice mucho y nada. Es un concepto político que, a fuerza de repetirse, se vuelve impreciso y pierde contenidos, tiene una vieja carga histórica del sistema político mexicano del siglo pasado y, por tanto, no expresa con precisión los procesos actuales. El atascamiento electoral y las regresiones nos llevan a reciclar viejos conceptos que se creían perdidos en el panteón de nuestros anacronismos. Una de ellas es la elección de Estado como práctica recurrente del viejo PRI, aunque no exclusiva, bajo el régimen del partido único y de la presidencia imperial.

Elección de Estado es un concepto que se ha desgastado con el tiempo —heurístico, diría la hermenéutica—; por ello debe recrearse. Desde los años cuarenta hasta casi los noventa, la elección de Estado refiere al sistema autoritario de la “familia revolucionaria” del siglo pasado. Se circunscribe al presidencialismo absoluto retratado por Cosío Villegas, en el que el candidato del presidente saliente era el “ungido” como un nuevo mesías al que el sistema le rendía pleitesía y ponía a su alcance todos los recursos del aparato gubernamental. La elección era una metáfora porque era el “bueno”, el elegido. Hasta fines de los años ochenta, la lucha electoral real no se jugaba en las urnas, sino al interior del partido. Las elecciones eran un protocolo de fingimientos, de acarreos y simulaciones; el sistema se reacomodaba no a partir de la voluntad del voto, sino de los acuerdos y pactos políticos del grupo de poder que compartía con el presidente la conducción del país. Sin oposición fuerte y elecciones controladas, había un manto de privilegios que envolvía al candidato todopoderoso.

Cuando hablamos de elección de Estado en el Estado de México, en la actualidad, nos referimos a la transformación o transfiguración de toda la estructura de gobierno en aparato electoral. En la conversión del armazón del gobierno en una poderosa maquinaria electoral perfectamente organizada, coordinada y articulada con el solo fin de favorecer al candidato oficialista. Cada integrante del gabinete se convierte en activista de campaña del partido en el gobierno. Hay una división territorial y temática precisa entre los secretarios y subsecretarios con toda la estructura de las dependencias del gobierno local.⁵ La pirámide burocrática del gobierno se convierte en un gabinete mapache.

Una de las novedades en este proceso electoral 2017 fue el involucramiento de altos funcionarios federales en el proselitismo mexiquense. No era para menos, se jugaba la reconfiguración del partido de cara al 2018. Raymundo Riva Palacio lo describe así:

La elección en el Estado de México fue, para todos los efectos, una elección de Estado. El presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, como el enlace del gobierno con la campaña de Alfredo del Mazo, que tuvo este domingo un despliegue del gabinete legal y ampliado en tierras mexiquenses. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, fue enviado a la zona de Valle de Bravo, donde hay un alto número de programas sociales. El de Salud, José Narro, a Ecatepec. En los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada “ruta de la leche”, bajo el mando del director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien desde las seis de la mañana trabajó con el padrón de los beneficiarios de la leche gubernamental. Margarita González, la operadora electoral de Robles, lo apoyó, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, que se concentró en Neza. El gabinete estuvo trabajando todo el día, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le fue pasando al presidente la información de cómo se iba comportando el electorado. El despliegue federal se encaminaba al objetivo buscado, y coronó la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito de Peña Nieto.⁶

Hay mucho dinero en efectivo cuya procedencia es poco clara. Dinero en abundancia cuyos orígenes son dudosos. Puede venir tanto del erario y de empresas aliadas como ser dinero sucio, presuntamente del crimen organizado. Asimismo, puede tratarse de inconmensurables recursos de los aparatos de gobierno e infraestructura logística de empleados, vehículos, información y equipos humanos y técnicos contratados. La utilización de los programas sociales en la compra y coacción del voto en las zonas y población de mayor pobreza es buen ejemplo de cómo todo el aparato interactúa de manera coordinada. Contraviniendo el espíritu de la Carta Magna —el artículo 134 constitucional—, el congreso local aprueba el 30 de marzo de 2017 que 63 programas sociales y asistenciales —de un total de 90, es decir, 70% de los programas— pudieran desplegarse en el estado aun dentro de los 30 días previos a la jornada electoral. La mayoría priista en la cámara se impone pese a las objeciones de la oposición. Los programas sociales locales y federales se convierten en un instrumento electoral. Esto propicia la presencia masiva de altos funcionarios locales y federales, incluido el presidente, en la entrega de dádivas y beneficios sociales a gran escala que vulnera los principios de toda elección. Dicha operación, en beneficio y promoción del voto en favor de Alfredo del Mazo. Ante los señalamientos críticos de la prensa y de la opinión pública, el consejo del IEEM se hace guaje y actúa con tibieza pasmante, en ese tenor, el consejo general del INE da la impresión de que se desentiende, como Pilatos, se lava las manos. Los tribunales electorales son complacientes ante tan descaro y ahí está el resultado. Las personas en condición de pobreza no sólo votan por el candidato del PRI, sino que el grado de participación electoral, en las zonas rurales más pobres, es tan alto en niveles de asistencia a las urnas que Suiza lo envidiaría. Para la elección de Estado, el ejemplo del uso político de los programas sociales es más que evidente, supone la concurrencia de diversas instancias para arropar acciones que operan con alevosía política.

La elección de Estado supone la confluencia no sólo del aparato de gobierno local y federal, sino municipal; también del congreso, así como la docilidad de los órganos electorales, incluyendo los tribunales. Supone el apoyo de empresas y empresarios que soportan recursos o logísticas; por ejemplo, transporte, bodegas, propaganda, etc. Asimismo, la participación de las policías estatales y municipales. La elección de Estado utilizó en el Estado de México métodos del crimen organizado, como falsos citatorios de la Fiscalía Especializada Para la Atencion de Delitos Electorales (FEPADE), amenazas telefónicas, cabezas de cerdo en sedes partidarias y casillas electorales, coronas funerarias, volantes amenazantes lanzados desde un helicóptero en actos públicos, levantones de activistas de la oposición y la complicidad de muchos medios de comunicación que informaron de manera parcial y sesgada. Todos estos métodos violentos fueron calificados como “terrorismo electoral”.

Frente a un esquema de intervención gubernamental tan apabullante, no hay equidad posible. O resulta muy cuesta arriba cualquier alternativa electoral. Cada una de las estrategias, como la pulverización del voto, los candidatos supuestamente independientes, la compra descarada de actores de oposición o alentar una falsa oposición, entre otras, resultan acciones relevantes, en el cómputo final, sobre todo en una contienda tan competida.

La elección de Estado, en suma, es el desdoblamiento de gobierno en una omnipotente casa de campaña electoral, el término, por tanto, requiere ser resignificado. Porque sus iniciativas burlan, trampean y transgreden las leyes electorales y los principios éticos elementales en la competencia por el poder. Son estrategias temerarias amparadas bajo el cobijo de autoridades sesgadas que provocan encono y múltiples denuncias en las redes sociales. Son una provocación a la paz social y a la democracia de México. La elección de Estado, por tanto, es una regresión política peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados, pues propician crispaciones poselectorales que agravan y vulneran la línea de estabilidad social.

Algunos analistas veteranos dirán que todo esto ya está visto desde hace 30 años, un déjà vu. Entonces, ¿México no ha avanzado en sus procesos electorales? o ¿tenemos claros signos de regresión a viejas prácticas electorales?

DEMASIADO DINERO Y EL LLAMADO GRUPO ATLACOMULCO

Es incontable el dinero del erario y la gran cantidad de dinero sucio que se movió en las elecciones de 2017. Resulta muy difícil mostrar las cantidades que se manejaron en la elección para gobernador porque impera la opacidad del aparato. Ya en las pasadas siete elecciones, sin excepción, el mayor reclamo era el derroche en la utilización de recursos económicos destinados a la compra y coacción del voto. Dichas acciones contravienen lo establecido por la normatividad y los lineamientos electorales. En secrecía y amparado en el cobijo gubernamental, es muy difícil establecer los montos precisos utilizados en las elecciones de 2017.

La maquinaria tiene oficio para disimular y evaporar los movimientos ilícitos no sólo del erario, sino de empresas afines al grupo en el poder y, como han referido varios autores, incluso del crimen organizado. Se manejan miles de millones de pesos. El movimiento político Ahora denunció, a través de redes, supuestos contubernios millonarios entre la empresa OHL, grupo Higa y San Román con los gobiernos mexiquenses para mantener el poder en la entidad. El llamado ciclo consiste en haber usado el poder público desde 2002 para obtener dinero que ha permitido financiar ilegalmente campañas electorales y perpetuarse en el poder. El movimiento Ahora —encabezado por Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa— sostiene que se trata de un desfalco por un monto que ronda los 90 mil millones de pesos en un arco de tiempo de 15 años, cuya finalidad —entre otras— ha sido fondear campañas electorales oficialistas.⁷

Hay muchas historias subterráneas que rayan en la fantasía cuando se refieren a dinero en los procesos electorales. Sin embargo, al conocer el origen y evolución casi dinástica del grupo en el poder mexiquense, las denuncias cobran sentido. Nos referimos al llamado Grupo Atlacomulco, que ha detentado el poder en el Estado de México por casi 90 años, con sucesiones y vínculos de sangre, como es el caso de Alfredo del Mazo Maza, tercera generación de su familia en el poder y del grupo. Como hemos señalado, la política en el Estado de México no sólo es un engranaje político de poder, sino que involucra negocios ventajosos altamente rentables. Si usted piensa que se exagera, sólo le doy un dato revelador: un día después de la elección mexiquense, en la bolsa de valores subió 5.6% la cotización de la acciones de la empresa OHL, que se ha caracterizado por ser aliada histórica de los gobiernos priistas en el Estado de México y ahora a nivel federal con Peña Nieto.⁸

Siguiendo la filosofía del profesor Carlos Hank González (1927-2001), ícono del Grupo Atlacomulco, hay una tenue línea entre la política y los negocios, entre empresarios y actores políticos, entre el poder y el dinero. El Grupo Atlacomulco es una escuela de hacer fortunas con la política, el eje ha sido el uso del poder político para beneficios económicos y del poder económico para fines políticos. Dicho ejercicio sólo es posible desde la complicidad y una férrea disciplina en torno al gobernador en turno. Digámoslo de otra manera, el Grupo Atlacomulco es más que una camarilla de políticos priistas; es una vasta red de intereses económicos, financieros y empresariales. Hay una rotación beneficiosa de roles, las funciones se circulan. Así, la posibilidad de que prevalezca el grupo de poder es la oportunidad de hacer negocios vinculados al erario. El mismo Carlos Hank González es el paradigma del grupo: amasó una descomunal fortuna personal utilizando sus distintos puestos en el gobierno y usó esa riqueza para conseguir espacios de poder político para él, sus incondicionales y sus hijos.

La frontera entre el poder y el dinero es gaseosa. Aunque todos niegan la existencia de dicho grupo, los hechos en la realidad y la historia reciente lo corroboran. Las cabezas han sido los gobernadores, desde Isidro Fabela hasta Peña Nieto, pasando por Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Ignacio Pichardo Pagaza, Mario Ramón Beteta y Jorge Jiménez Cantú, entre otros. Precisamente, César Camacho reconoció que esta forma de hacer política es “buena para todos”, y refutó la expresión, ya que más bien se refiere a un modo particular de hacer política, en el que la regla de oro es que la autoridad del gobernador es incuestionable. Así lo planteó:

A veces la mención del Grupo Atlacomulco trae consigo un dejo de conspiración, de secretismo, de protección de intereses inconfesables o turbios. No hay tal grupo. Lo que hay es un estilo mexiquense de hacer política, no porque no haya conflictos o diferencias, sino porque las dirimimos de una manera diferente. ¿Cómo? Los políticos nos ceñimos a las reglas legales, escritas y no escritas, con el mismo escrúpulo. Los resultados positivos son los que nos dan la razón, son los que nos dicen que haber adoptado este estilo de hacer política es bueno para todos.⁹

Peña Nieto eligió al candidato más aristócrata del Grupo Atlacomulco y de la generación de los golden boys. Alfredo del Mazo Maza proviene de una dinastía política de padre y abuelo gobernadores. Uno de los peores candidatos que arrastró el desprestigio y la erosión de la imagen del gobierno federal.

Cuando el grupo se agrieta y entra en conflicto interno, los ataques se centran en acusaciones de acopio de fortunas mediante peculado. El caso más sonado fue la filtración de Roberto Madrazo contra Arturo Montiel que mostró la “riqueza personal inexplicable” del político. En plena lucha por obtener la candidatura presidencial en 2005, Madrazo dio un golpe mortal que acabó con las aspiraciones de Montiel, a quien balconeó por realizar “depósitos ilegales” de 35 millones de pesos.¹⁰ Por supuesto, la contraloría —bajo la gubernatura de Enrique Peña Nieto— “no encontró” elementos probatorios y Montiel fue exonerado y arropado por su sucesor en la gubernatura mexiquense; sin embargo, su carrera política estaba arruinada.

Otro caso sonado fueron las filtraciones recientes sobre la extraordinaria fortuna de José Manzur Quiroga, el secretario de Gobierno en la administración de Eruviel Ávila. Manzur declaró poseer más de 80 millones de pesos en propiedades; además los ostenta, en particular, un rancho con lago artificial y un pequeño zoológico, propiedades también vinculadas al grupo Higa; en el rancho se encuentra una caprichosa colección de más de 100 vehículos marca Ford Mustang, estacionados en un inmensa bodega construida ex profeso.¹¹

La abundancia de dinero no se da sólo en la operación de la compra e inducción del voto, sino en la asignación presupuestal a las propias instancias electorales. En relación con el financiamiento a las instituciones electorales como el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y el IEEM, las cantidades son excesivas. Tomemos el ejemplo de este último, que en agosto de 2016 presentó un presupuesto a la legislatura local de 2 mil 346 millones de pesos, de los cuales poco menos de mil millones fueron para los partidos. El abultado presupuesto es desproporcionado, como si aun tuviera todas las atribuciones generales antes de la última reforma, es decir, la totalidad de acciones y responsabilidades del conjunto del proceso electoral que ahora ejerce el INE. Recordemos que desde 2014 las funciones del instituto local se redujeron a 70%. Comparando, en 2005 el IEEM gastó en las elecciones para gobernador mil 725 millones de pesos; en 2011, mil 650 millones de pesos, y en 2017 dio un salto sospechoso a 2 mil 71 millones de pesos en presupuesto aprobado por la legislatura.

La mayor parte del presupuesto se va en salarios; sin embargo, hay muchos rincones oscuros en el manejo de los recursos del instituto. A esto hay que sumar el dinero destinado a los tribunales estatal, regional y federal, a la FEPADE y, por supuesto, al INE, que tiene montada en el Estado de México una robusta estructura permanente de 45 juntas locales y una delegación estatal en Toluca. Siendo México un país con tantas carencias y pobreza, ¿vale la pena gastar tanto dinero en los procesos electorales? ¿La democracia electoral tiene que ser costosa ante resultados tan cuestionados?

DE LA EXPLOTACIÓN ELECTORAL DE LA POBREZA
A LA DELINCUENCIA ELECTORAL

Uno de los factores más cuestionables, desde la perspectiva ética, es el lucro electoral de la pobreza. En el Estado de México, 49.6% de la población (8.2 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza y 7.2% (1.2 millones de personas) en pobreza extrema. Sólo entre el año 2010 y 2014, la pobreza en dicha entidad se incrementó en 12.8% según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con un estudio de Incide Social AC, el gobierno del Estado de México devengó en los primeros meses de 2017 casi todo el presupuesto destinado a la entrega de programas sociales, el cual equivale a 157 mil 492 millones de pesos. Según la asociación civil presidida por Clara Jusidman, el presupuesto de la entidad en 2017 fue de 260 mil 318 millones de pesos, de los cuales 60.5%, equivalente a 157 mil 492 millones, fue destinado a programas sociales. El estudio revela que los apoyos sociales en la entidad incidieron en el ánimo del votante en condición de pobreza; además, sostuvo que la mayoría de los programas sociales de la entidad no están blindados, son opacos y se utilizan a discrecionalidad. Incide analizó a fondo 30 programas, de los cuales muchos no cuentan con un padrón de beneficiarios y sólo uno tenía contraloría social.¹² El impacto de la estrategia de lucrar electoralmente con la pobreza tuvo efectos visibles en el comportamiento del voto.

Uno de ellos es la participación ciudadana, que se incrementó en más de 5%. Sin embargo, dicho incremento se percibió notablemente en zonas rurales y pobres. Este contraste ha generado cuestionamientos entre distintos analistas y académicos que estudian estas elecciones: 75% de las 18 mil 605 casillas fueron urbanas, y sólo 25%, no urbanas. En las casillas urbanas se mantuvo el promedio histórico de abstención y sólo votó 51.9% de los ciudadanos del Estado de México. Mientras que en las no urbanas el voto se incrementó en 59.5%. Hay una diferencia de 7.6, en la que el PRI obtuvo 18 puntos con un mayor número de votos que Morena en las casillas no urbanas. Es decir, en las casillas rurales el PRI obtuvo 43.5% de los votos, y Morena sólo 25.6%. En cambio, en las casillas urbanas la diferencia fue ligera: el PRI obtuvo 30.1% y Morena 32.9%. En municipios como Sultepec votó 69% de la lista nominal, en Tlatlaya 67%, y en Luvianos 65%. Niveles envidiables hasta en países altamente democráticos. En contraste, en los municipios urbanos la participación fue pobre; por ejemplo, en Naucalpan y Tlalnepantla sólo votó 47%, y en Ecatepec, 49%.

Por ello, la consejera Ana Vanessa González, de la junta local del INE (2012-2017), quien analiza a profundidad en otro capítulo de este libro el tema, tuvo un fuerte posicionamiento en la última sesión de la junta local del instituto en el Estado de México, advirtiendo:

Lo estuvimos diciendo desde marzo de este año en sesiones sobre la operación del gobierno federal y del gobierno estatal en la entrega de recursos públicos y en la operación de programas sociales. Cuestionamos la decisión del congreso local al definir 65 programas sociales que supuestamente no tendrían incidencias electorales; las más de 150 visitas de los secretarios de Estado federales, las más de 500 visitas de subsecretarios y de directores generales que estuvieron operando directamente programas sociales en zonas pobres de la entidad, justificando que los programas sociales no podrían parar, y menos en el Estado de México, con tantas necesidades. Es evidente que se entregaron recursos de distintos tipos de los diferentes programas sociales en la entidad y ahora constatamos que por supuesto tuvieron influencia en la orientación del voto en todo el sur del estado, y se muestra que tiene una incidencia en los resultados electorales.

Otro dato preocupante, de los 141 mil beneficiarios de programas sociales registrados, 9 mil fungieron como representantes de casillas, de los cuales 6 mil operaron para la coalición de Alfredo del Mazo. Esta línea muestra cómo el sistema condiciona ayudas de los programas sociales y orienta conductas políticas de la población más vulnerable. Santiago Nieto —entonces titular de la FEPADE— declaró que de las 240 investigaciones abiertas, 57% corresponden a mujeres, entre las que destacan beneficiarias de programas sociales como Prospera. El entonces fiscal sostuvo que existe una política de condicionamiento de programas sociales que utiliza a las mujeres. Por ello la feminización de la pobreza tiene como correlato la humillante feminización del delito electoral. Resulta perturbador el uso político contra las mujeres que padecen los mayores índices de exclusión y vejación económica. Las mujeres pobres han sido rehenes de intereses electorales porque es el sector más frágil y susceptible de manipulación política.

En efecto, las denuncias presentadas por los partidos de oposición, la sociedad civil y la opinión pública sobre la utilización abusiva de los programas sociales tuvieron poco eco en el IEEM y de manera más preocupante en el INE, que literalmente se desentendió. El tema rebasa la inducción electoral y política; el uso indebido de los programas sociales con fines electorales se plantea también como un dilema ético porque, ahí, hay niveles de perversidad social y estrategias que degradan aún más la condición de sectores excluidos.

En relación con lo anterior, conforme se acercaba la jornada electoral y las encuestas mostraban un empate técnico, las estrategias por parte del gobierno y del PRI se endurecieron al grado de rebasar el concepto de guerra sucia para recurrir a métodos empleados por los cárteles del crimen organizado. Hubo durante todo el proceso denuncias de Morena por actos de hostigamiento a sus militantes. Al acercarse el día de la votación, hubo acciones de intimidación graves. En sedes partidarias y algunos lugares donde se instalarían las casillas se tiraron cabezas de cerdo; se pegaron pósters grandes, falsamente firmados por el IEEM, en los que se “recomendaban” medidas de seguridad en caso de presentarse una balacera. En aparatosos operativos policías municipales, a bordo de grandes camionetas con torretas encendidas, repartieron citatorios falsos de la FEPADE a ciudadanos funcionarios de casilla y representantes de partidos. El hecho ameritó un desmentido del titular, Santiago Nieto, quien tuiteó: “Son falsos los citatorios que se están distribuyendo a representantes de partido firmados a mi nombre. ¡Denuncien!”.

También hubo cientos de llamadas intimidatorias a funcionarios de casillas. ¿Cómo obtuvieron sus números telefónicos? El terrorismo electoral consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno o un partido para inducir o sembrar terror e inhibir o condicionar el voto entre la ciudadanía. Habría que sumar las campañas públicas para desorientar al electorado, como los supuestos espectaculares del PT y la campaña mañosa para donar sangre a unos días de la elección usando espectaculares tramposos muy parecidos a los del PRI.

Todos estos comportamientos ilícitos fueron documentados y calificados por la asociación Ni un Fraude Más y en su didáctico informe se pueden constatar más de 600 anomalías reportadas.¹³

El texto del exconsejero Norberto López Ponce titulado “El terror electoral en la elección mexiquense 2017” —ensayo contenido en este mismo libro— sostiene que el laboratorio mexiquense de la violencia tuvo un impacto efectivo en el ánimo de la ciudadanía a la hora de emitir su voto o de participar en las casillas en ciertas regiones de la entidad. Los resultados en las casillas y un análisis comparativo permiten sustentar dicha hipótesis. Sobre todo en los distritos donde las encuestas favorecían a la oposición. Sin duda, el terrorismo electoral inhibió la participación de ciudadanos funcionarios de casillas: 20.47% de las casillas, es decir, 3 mil 808, tuvieron al menos un funcionario tomado de la fila. Estamos hablando de que cerca de 5 mil 386 funcionarios fueron tomados de la fila, lo que equivale a 7.23% del total de los funcionarios de casilla. Para algunos consejeros generales del INE, este hecho no fue grave, ya que se redujo la sustitución respecto de la elección anterior.

Bajo este tenor, el consejero Ciro Murayama refutó una declaración que hice a la revista Proceso sobre la preocupante sustitución de funcionarios de casillas.¹⁴ El consejero objetó que en la mayoría de las que registraron sustitución, ganó la candidata Delfina Gómez, por lo que “no dañó de modo alguno” el rumbo de la elección; sin embargo, pasó por alto que la mayoría de las casillas donde se tomó al menos a un ciudadano de la fila se concentraron en zonas donde Morena era fuerte. Por probabilidad, el resultado era obvio. Si el fenómeno de las sustituciones se hubiera presentado en todo el territorio, el argumento de Murayama tendría validez. Pero no fue así, las sustituciones se centralizaron en Tlalnepantla, Ecatepec, Zumpango, Atizapán y Chalco; en los dos últimos hubo una diferencia mínima entre los principales contendientes. Dicho de otra manera, si las sustituciones fueron un accidente disperso en la totalidad de la geografía distrital, el reproche de Murayama sería correcto, pero las sustituciones se concentraron en zonas donde la oposición era robusta. Por tanto, el consejero Murayama peca de inocencia, inadmisible porque no es un fenómeno nuevo ni original, o no le pasaron bien la información.¹⁵ De tal manera que solicité revisar nuevamente la aseveración del consejero. Aquí hubo un operativo montado, como en otros procesos. No se está descubriendo el hilo negro, pero tampoco se puede tapar el sol con candidez.

ACTUACIÓN SESGADA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

Desde que se fundó en 1996, en sustitución de la escabrosa Comisión Estatal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobierno del estado, el IEEM ha estado subordinado a los poderes locales. La integración de su consejo ha estado marcada por cuotas partidarias y pactos en la legislatura local. El IEEM ha padecido una sumisión política crónica al servicio del gobernador en turno. Es botín de los partidos políticos y foco recurrente de escándalos que son espejo del nivel de la cultura política autoritaria mexiquense y sus altos niveles de corrupción.

Los partidos de oposición tienen una cuota de responsabilidad en el desprestigio del sistema electoral mexiquense. Han permitido, validado y se han dejado consentir por un modelo torcido basado en la simulación. En la política de la forma, la corrupción es norma imperante tan subterránea como real. El poder formal es depositado en los consejeros, mientras el poder real descansa en la Secretaría de Gobierno del estado. Los acuerdos que ésta va entablando con los partidos son las definiciones clave que pasan por encima del órgano electoral. La operación y el manejo de los recursos financieros se asientan bajo el control total del sistema. El secretario ejecutivo Javier López Corral, desde hace 10 años, es el hombre de toda la confianza del partido. Este control es efectivo, metaconstitucional y expresa la perversidad política del poder.

La representación de los consejeros ciudadanos es una impostura mediática. Hacia abajo —en la estructura de las juntas distritales, vocales, capacitadores y consejeros ciudadanos—, la lógica es la misma. Ahí es donde la maquinaria del partido se deja sentir con mayor fuerza, pues es la única con presencia real en toda la geografía mexiquense y cuenta con una estructura de cuadros que le da preeminencia territorial tanto en el IEEM como en el INE. Aquellos consejeros que salen del script, como el que esto escribe, son cooptados o, en su caso, acosados; reciben amenazas que pueden tener costos profesionales, así como intimidaciones en la seguridad personal y familiar.

A lo largo de 22 años, el instituto ha experimentado crisis internas que han llegado a cimbrar el sistema político de la entidad. En febrero de 2003, María Luisa Farrera Paniagua —presidenta del consejo— sufrió un atentado violento en las instalaciones del instituto. El entonces procurador Alfonso Navarrete Prida calificó el episodio como “autoatentado”, y la presidenta fue retirada del cargo. En 2004, los consejeros se vieron involucrados en nuevos escándalos por el dispendio económico tanto en el cobro de bonos millonarios como en derroches para la construcción del edificio sede, rebasando el presupuesto original en más de 120 millones de pesos.

Sin embargo, el ejemplo más notable fue la crisis de corrupción del llamado “caso cartonera plástica”. En mayo de 2005 estalló un escándalo mayúsculo a tan sólo siete semanas de la elección de gobernador. El estrépito se desató al descubrirse un sobreprecio de los materiales electorales que involucraba a funcionarios electorales y actores del propio gobierno. La podredumbre de la corrupción alcanzó a los mismos consejeros, quienes fueron obligados a renunciar. Entre ellos, destaca el mencionado Bernardo García Cisneros, quien fue una especie de cacique electoral con gran poder en el instituto. No obstante su descrédito, el sistema recicló a García Cisneros y reapareció como alto funcionario en el video de operación electoral en Chalco que hemos relatado arriba. En dichas crisis vemos constantes: mucho dinero en juego, corrupción y subordinación política.

El IEEM en tanto territorio colonizado posee muy poca credibilidad ciudadana. Sus decisiones han sido siempre cuestionadas y no goza de la confianza ni de los actores políticos ni de la opinión pública. Esta condición determina que su autoridad esté mermada y sea blanco de constantes descalificaciones.

Hay una falla de origen en la conformación de todos los órganos electorales que consiste en que cada uno de los consejeros es parte de una cuota de partidos. El PRI siempre lleva mano durante el proceso electoral; en la actualidad, el consejo del IEEM es dominado abrumadoramente por ese partido. Consejeros leales al sistema, con desmesurada ambición carrerista, se convierten en consejeros de consigna. Uno ya sabe qué van a votar, qué van a vetar y cómo se van a comportar. Asimismo, los directores y la estructura operativa son en su mayoría posiciones leales al partido en el gobierno.

El principal deber de los institutos electorales en los procesos es facilitar la organización y la plena participación ciudadana en la emisión del voto. La democracia supone procesos electorales libres, transparentes y equitativos, todo ello sujeto a las normas electorales establecidas. En unos comicios democráticos, el papel de las estructuras electorales es definitivo. La mayor fortaleza de los institutos electorales son la credibilidad y lo que Francis Fukuyama llama la “confianza social”. Cuando ésta se pierde, se erosiona la autoridad, que es la mayor fortaleza que debe tener todo árbitro electoral.

La jornada del 4 de junio de 2017 deja muchas interrogantes sobre la probidad del consejo del IEEM. Máxime cuando los resultados fueron tan apretados, cualquier irregularidad adquiere relevancia por pequeña que sea. Los sesgos y las omisiones del árbitro irritan especialmente por la forma en que los aparatos de gobierno han intervenido de forma arbitraria en el proceso. Sí, la indebida irrupción, abierta y velada, ha vulnerado el espíritu de competencia electoral ante la negligencia y pasividad de las autoridades. Éste fue el punto de quiebre. Los ánimos se encresparon debido a la parcialidad del árbitro electoral mexiquense. A partir de ahí, diferentes actores y analistas pusimos bajo sospecha su actuar por exhibir en los hechos falta de imparcialidad e independencia frente al poder; su actuación y los hechos concretos pusieron en tela de juicio su autonomía e incluso su honestidad se cuestionó.

De manera muy sucinta, enumeramos alguno de los desaciertos del IEEM durante el proceso electoral 2017:

a) Mucho dinero para el árbitro electoral. Con 70% menos de responsabilidades respecto de otros procesos el IEEM solicitó a la legislatura un altísimo presupuesto que rondó los 2 mil 350 millones de pesos.

b) Topes de campaña históricos. El consejo aprobó topes de gastos de campaña millonarios, lo que resultó ser un acto anticonstitucional, pues el congreso local no acató la nueva fórmula de la reforma de 2014; el tope se disparó a 285 millones de pesos, la cifra más alta en la historia de las elecciones locales en todo el país.

c) Desincentivación del voto. Contra el mandato, el IEEM no realizó una estrategia para incentivar la participación ciudadana. A tres semanas de la elección, 70% de los ciudadanos no sabía con precisión el día exacto de la jornada electoral.

d) Dudoso registro de candidatos independientes. Ante los dos candidatos independientes, el IEEM exhibió falta de exhaustividad y certeza en el cotejo de las firmas en las cédulas de respaldo. Miles de dichas cédulas fueron llenadas con la misma tinta y, al parecer, con la misma mano. Sólo el consejero Gabriel Corona votó contra el acuerdo, a contracorriente de sus compañeros, argumentando que revisó 2 mil 387 cédulas de respaldo y encontró graves inconsistencias. Ninguno de los demás consejeros tuvo la iniciativa de revisar las cédulas y no sólo validaron un proceso inadecuado, sino que desdeñaron los requerimientos de omisión que casi todos los representantes políticos reclamaron. Por supuesto, el tribunal rechazó el acuerdo y solicitó reponer el proceso con rigurosidad. Hubo trampa; tan sólo a Isidro Pastor le rebotaron 40 mil firmas de personas que ya no existían. Qué pasó: tomaron una lista nominal en el mercado negro y con ella, a mano, llenaron las cédulas. El episodio costó 25 millones de pesos, porque a pesar de que el tribunal ordenó parar la impresión de boletas, hubo que hacer una nueva impresión de más de 11 millones de boletas sin el nombre de Pastor, en un oscuro proceso de adjudicación directa con la misma empresa que hizo su agosto con dos impresiones. ¿Hubo una consigna de arropar a Isidro Pastor y a la otra candidata independiente, Teresa Castell? ¿Por qué se le retiró el apoyo a su antiguo operador priista?

e) Sospechoso PREP a la antigüita. El PREP es un instrumento para dar a conocer, de manera preliminar, los resultados de las elecciones; no ofrece resultados definitivos ni concluyentes; sin embargo, proporciona información oportuna sobre el sentido del voto y contribuye a estabilizar las expectativas de los actores políticos, los medios y los ciudadanos. Resulta difícil entender la cerrazón del IEEM para operar el PREP-casilla, el cual incorpora los adelantos tecnológicos más avanzados para dar información certera casi en tiempo real. Mediante teléfonos inteligentes y un programa, al tomar una foto al acta de escrutinio de manera automática se carga la información a la gran base de datos dando resultados inmediatos. No entendemos la resistencia para utilizar innovaciones.

f) Aburridos debates. El IEEM no tuvo imaginación política y se sometió a los caprichos de los partidos al haber diseñado acartonados debates políticos que defraudaron a la ciudadanía, la cual siguió con decepción los debates en diversas plataformas. Tuvo la oportunidad de realizar cambios para el segundo debate, pero volvió a ceder y no permitió modificaciones ni mejoras que propusieron tanto el PRD como el PT y el PAN. Ante la negativa del PRI y de Morena, el segundo debate resultó aún peor.

g) Comportamiento errático en el conteo de votos. Fallas documentadas en cada uno de los ensayos del PREP y simulacros del conteo rápido. Se prometió realizar el conteo rápido con el resultado de mil 800 casillas y finalmente no llegó a mil 300. ¿Por qué no se respetó lo anunciado y se adelantó la difusión del resultado del conteo rápido? La fatídica noche del 4 de junio, ante resultados tan apretados, el presidente del consejo del IEEM —Pedro Zamudio— se atrevió a declarar que “la diferencia [era] significativa” a favor de Del Mazo. La prensa gobiernista magnificó la declaración.¹⁶ Los cuestionamientos al encuadre del trinomio conteo-PREP-cómputo vienen de los señalamientos del consejero Gabriel Corona, quien en este libro documenta con detalle las anomalías que buscaron ajustar artificialmente un resultado que favorecería a Alfredo de Mazo.

h) El presidente del IEEM se niega a abrir paquetes electorales. Para el cómputo distrital se anunció la apertura de 5 mil paquetes, y los abiertos no llegaron a 3 mil, pese a que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró que para mayor certeza deberían abrirse los paquetes necesarios. ¿Cuáles fueron las razones para no hacerlo? En declaraciones a la prensa, Pedro Zamudio fue enfático: “No vamos abrir paquetes porque alguien lo haya pedido o porque circulen videos en internet”.¹⁷

El descrédito del IEEM fue generalizado ante un espeso manto de sospechas. Con tantos desaciertos se hizo notar; en Twitter decenas de usuarios convirtieron la etiqueta #FraudeElectoral en trending topic que ocupó el primer lugar nacional y metropolitano al día siguiente de la elección. Frente a las críticas en las redes sociales, la consejera Palmira Tapia las puso en cuestión y reprobó públicamente la “posverdad” y las “verdades alternativas” que circulan en las redes.

En suma, el IEEM es parte de la elección de Estado en el proceso de 2017. Dicho de otra manera, la elección de Estado requiere de un árbitro electoral a modo. La mayor parte de los consejeros fueron la expresión de la regresión electoral, cuya sombra acecha la elección de 2018.

EL INE, EN EL PEOR MOMENTO DE SU HISTORIA

José Woldenberg suele repetir que construir la credibilidad institucional cuesta mucho trabajo y tiempo, es una tarea delicada y constante. Por el contrario, destruirla es sencilla; es cuestión de una mala decisión que desemboca en nocivas percepciones de la sociedad. Eso ha venido sucediendo con el INE a raíz de aquella desafortunada decisión de Luis Carlos Ugalde, la noche de la jornada electoral de 2006, en la que el IFE fue rebasado por una atmósfera de encono político. Lo acontecido después, a lo largo de más de 10 años, ha ido cuesta abajo.

El proceso electoral de 2018 enfrenta el poco reconocimiento de los OPLE y, sobre todo, la credibilidad erosionada del actual consejo general del INE. El país lleva a cuestas el lastre histórico del fraude electoral y la corrupción política como una patología incurable. El fraude es un cáncer que contamina no sólo las instituciones electorales, sino que resta legitimidad a las diversas estructuras del Estado. El fraude es correlato de la corrupción de las élites políticas; es la metástasis que invade los comicios.

Los pasados procesos electorales de Coahuila y Estado de México de 2017 exhibieron ante la opinión pública al consejo general del INE rebasado y desprovisto de voluntad política para salvaguardar la calidad de la democracia electoral. Y aún más, los consejeros generales se evidenciaron al salir a defender de manera rústica, en el espacio público, los procedimientos, las decisiones de las autoridades locales en la materia y los resultados electorales de dichas entidades. El manejo poselectoral del INE fue desastroso, carente de autocrítica, e incluso los consejeros electorales exhibieron soberbia. Tácitamente cuestionaron las opiniones y señalamientos que circularon en las redes sociales, refutaron las “realidades virtuales” o verdades alternativas, así como las críticas. Calificaron como infundados los diversos señalamientos que, desde diferentes sitios, cuestionaban el proceso y a las autoridades. ¿La crítica es un derecho o no? ¿Dónde queda la legitimidad ciudadana de la libre expresión? Los consejeros no supieron leer los humores y la indignación de un importante sector de la población.

El presidente del INE —Lorenzo Córdova— ha declarado que el gran reto para 2018 es recuperar la confianza en la institución. Es cierto, pero se queda muy corto porque el fondo no es un tema de percepción social ni mediática. El gran reto es combatir la corrupción electoral que sigue latente en los OPLE e incluso en el propio INE. La corrupción política como metástasis que contamina toda la atmósfera electoral. Sin demócratas, no hay democracia; sin lealtad de los contendientes y de los árbitros, la calidad de los procesos se convierte en tortuosos caminos donde la ley es violada sistemáticamente. Frente a imposiciones a rajatabla, está en juego la paz y la estabilidad social del México contemporáneo. Ojo, sin dramatismos, el riesgo del México bronco está latente.

La reforma electoral de 2014 ha fracasado; ha creado un llamado “modelo híbrido” entre los OPLE y el INE, lo que también se ha dado en llamar de manera pomposa un “federalismo electoral”. En realidad es un caos, sobre todo cuando se trata de asumir con claridad responsabilidades electorales. Hay una absurda triangulación de tareas, funciones y altos presupuestos entre los consejos locales y distritales del INE con las estructuras análogas de los OPLE. El llamado sistema nacional electoral ha mostrado que si a los OPLE les va mal en una elección, al INE le va peor. La responsabilidad política finalmente recae en el consejo general del INE.

Sin embargo, pese a lo anterior, persiste esa falla de origen, pecado original en la conformación de los consejos en las diversas entidades del país. Es cierto, la tarea ya no la realizan los gobernadores, sino son los consejeros del INE quienes eligen. No obstante, éste no ha sabido seleccionar con pertinencia. En este mismo libro, Karina Vaquera muestra que, a pesar de exámenes, ensayos y entrevistas, se continúa con la lógica política de reparto.¹⁸ Peor aún, se privilegia a una casta electoral que reproduce el mismo método de contrapesos partidarios. Es evidente el empantanamiento y hasta retroceso en materia electoral. Aunque duela, la involución y la regresión están latentes.¹⁹

Ante la intervención del gobierno estatal y federal en el Estado de México, los árbitros fueron omisos y complacientes transgresores del principio electoral de la equidad y del espíritu de la autonomía. Ahora pagan con el descrédito el repliegue electoral que ellos mismos toleraron porque vulneraron el principio de la autoridad electoral, permitiendo el retorno de prácticas despreciables que se creían anacrónicas.

A partir del Estado de México, es el ganar a toda costa, y ganar no importa cómo. Surge como un relato siniestro que ensombrece el proceso electoral de 2018. Por ello, ahora los escenarios son diferentes y reina el imperio del poder cínico, la compra del voto del vulnerable, del pobre, el derroche abierto de recursos públicos, la intervención subterránea del crimen organizado y la desesperante complacencia de las autoridades. Los casos de Coahuila y Estado de México nos han mostrado las miserias políticas y las complicidades del fuerte.

Los miles de millones de pesos que consumen las instancias electorales sirven de bastante poco. Desaniman el humor ciudadano. Estructuras electorales gigantescas se vuelven pesadas maquinarias burocráticas autorreferenciales. El árbitro se convierte en un actor político hasta la estridencia. Se rompe el principio de que el mejor árbitro es aquél que no se ve. Salen a relucir los egos protagónicos de los consejeros que se sienten dioses electorales en la herradura olímpica de Tlalpan.

El expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde —quien sabe bien del descrédito electoral— advirtió que la falta de credibilidad del INE ha propiciado que el órgano electoral pase por su peor momento en el entorno político de nuestro país.²⁰ No sólo es la percepción de la opinión pública que muestra una desconfianza de más de 60% —según Parametría—, sino de importantes actores de la sociedad civil organizada. Distinguidos intelectuales como Sergio Aguayo, Denise Dresser y Javier Sicilia, por ejemplo, pidieron la inmediata destitución de los miembros del actual consejo general. Aguayo sentenció que el INE es un peligro para México.²¹ Exigieron nombrar nuevos consejeros de corte ciudadano, lo que daría una contundente señal de imparcialidad y autonomía a los principales actores en las próximas elecciones.

Ya es muy tarde, queda patente la insatisfacción. Queda ahí una espada de Damocles para la reforma que viene. Las posturas se han polarizado y exconsejeros del IFE como José Woldenberg, María Marván y Leonardo Valdés salieron a defender a los actuales consejeros, sentenciando: “El INE está obligado a escuchar la crítica, sí. Pero demandar la destitución del consejo general y acompañar esa consigna de calumnias envilece el debate público y, sobre todo, evita analizar de modo objetivo los procesos electorales del país”. Nos presentan a los consejeros como víctimas de los partidos políticos y damnificados de una engorrosa legislación. Salieron al paso de los fuertes cuestionamientos que han realizado también Cuauhtémoc Cárdenas, Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza sobre una notoria regresión del órgano electoral.

Frente a la atmósfera de encono, ha sido torpe la autodefensa que ha realizado el propio Lorenzo Córdova. En efecto, al inaugurar el foro Integridad Electoral en América Latina, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el presidente del INE reprochó que “golpear al árbitro electoral como estrategia política debilita la democracia y abona el terreno para que regrese el autoritarismo”. Esta declaración pretendió responder los señalamientos de varios partidos, académicos, activistas y políticos que han acusado al INE de estar subordinado al PRI y de responder a intereses fácticos. Advertir que cuestionar al INE es dañar la democracia y, con ello, abrir el paso al autoritarismo, parece una postura desmedida. Entonces, ¿debemos abstenernos de criticar al INE porque seremos responsable del advenimiento de una dictadura? ¿Los partidos deberán apoyar incondicionalmente al árbitro, de lo contrario la democracia se desmoronará? ¿Por qué sólo desde afuera se quiere socavar la institución electoral? ¿Ha sido impecable la conducta del consejo general en los procesos electorales de 2017? La postura de Lorenzo Córdova se antoja desmedida y anticlimática. Se percibe desasosiego y, sobre todo, nula autocrítica.

Lorenzo Córdova reconoció en entrevista a Proceso que el INE debía “recuperar la credibilidad ciudadana y ganar la confianza de los votantes”.²² Hoy día, la crisis de confianza viene de una esperanza decepcionada. Ha tocado fondo la aceptación de instituciones del Estado, como la presidencial. Es grave el descrédito y la erosión de actores e instituciones de la clase política que acentúan el futuro incierto de un país lastimado, con las expectativas desencantadas en la vida cotidiana de los mexicanos.

Francis Fukuyama —en su libro Trust— la define así:

Confianza es la expectativa que surge en una comunidad de un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación. Dicho comportamiento se basa en normas compartidas por todos los miembros que integran la comunidad. Estas normas pueden referirse a cuestiones de valor profundo, como la naturaleza de Dios o la justicia, pero engloban también las normas deontológicas, como las profesionales y los códigos de comportamiento.²³

El autor reconoce que la confianza se basa en una presunción sobre la conducta futura del otro bajo la responsabilidad y la acción del gobierno. El capital social —que es el tejido del sentido común de una sociedad, nos señala Fukuyama— nace a partir del predominio de la confianza. Esta confianza como lazo tácito facilita una economía fluida, fomenta la creatividad individual y justifica la acción colectiva. La confianza es la base sobre la que se construyen las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía, pero cuando impera la desconfianza social se produce una ruptura entre el poder y los ciudadanos, e inexorablemente la gobernabilidad se atrofia.

Debemos distinguir los niveles cualitativos de las críticas. El segmento más cuestionado ha sido el consejo general. La estructura del INE, con todos sus vicios, ha recibido menos señalamientos. Los consejeros electorales, en cambio, han sido objeto de reproches severos. Mientras en los OPLE la mayor demanda es la despartidización, la exigencia al INE es la reciudadanización. Corre un grave riesgo de caer en la temida autorreferencialidad, la cual es palpable en el perfil de los consejeros ciudadanos en los órganos locales de toda la República. Exámenes muy especializados en la técnica electoral, ensayos y entrevistas sesgadas impiden el acceso a ciudadanos comunes. Se violan sus derechos. En cambio, el perfil que predomina son abogados que pertenecen a las diversas estructuras electorales, incluidos los tribunales. La experiencia tanto en la Iglesia católica como en las fuerzas armadas nos muestra que la autorrefencialidad las aleja del pulso, las necesidades y las expectativas de la sociedad real. Éste es el principal reclamo que hace el Papa Francisco a la propia Iglesia católica. El INE es presidido por Lorenzo Córdova, pero el poder lo detenta Marco Antonio Baños, quien es el principal operador del PRI en el instituto. Lorenzo reina, pero quien gobierna es Baños.

ELECCIONES 2018 Y LAS REFORMAS ELECTORALES QUE VIENEN

Pese al cúmulo de irregularidades electorales y los grandes recursos invertidos en la elección mexiquense, la alternancia estuvo a un paso. Los resultados mostraron las vulnerabilidades de un régimen que recurrió a todo para conservar el poder. La votación porcentual para Alfredo del Mazo retrocedió cerca de 50% respecto de la registrada en 2012 por Eruviel Ávila. Morena fue el partido que mayor votación tuvo. Alfredo del Mazo ganó con los pequeños remanentes que le aportan los partidos aliados de la coalición y el voto campesino, especialmente en las zonas más pobres y deprimidas del Estado de México. Delfina atrajo el voto urbano de las clases medias con mayor nivel de escolaridad. Mientras Del Mazo recibió el voto de personas mayores con baja escolaridad, de mujeres y votantes mayoritariamente campesinos. Con todo, el PRI recibió un tanque de oxígeno de cara al 2018.

La cuantiosa inversión política y económica para obtener un resultado favorable tuvo una costosa relación costo/beneficio sobre todo ante una candidata prácticamente desconocida en la entidad. Pese a sus limitaciones, fue creciendo al enfrentar a una maquinaria electoral robusta. La elección del 4 de junio en el Estado de México mostró la erosión del gobierno y del PRI.

El sistema electoral mexicano ha quedado severamente lesionado, otra gran lección de los comicios del Estado de México para 2018. Las autoridades electorales desdeñaron las señales del conflicto. Resulta exagerado afirmar que la tensión se deba a la alta competitividad y lo apretado de los resultados, los consejeros del INE fueron indolentes al no advertir ni sancionar los excesos, la inequidad, los desacatos, los abusos, las arbitrariedades, los desvíos de recursos y los chantajes de los actores políticos, en especial del gobierno. El sistema electoral se queda corto ante la calificación de la elección. ¿Los ciudadanos debemos pedir cuentas a las autoridades electorales por los gastos cuantiosos e indebidos de los gobiernos? O ¿debemos exigir transparencia a los propios gobiernos? Las fiscalías, auditorías y mediciones no han logrado transparentar el dinero público y de los fondos subterráneos que ingresa en las contiendas. En los últimos procesos electorales, las fiscalizaciones han sido insuficientes.

La primera gran amenaza para los comicios de 2018 es la utilización de los programas sociales. A nadie conviene que el gobierno controle las votaciones por encima de las leyes electorales. Es un maltrato a la democracia. Es reprobable que la maquinaria gubernamental se comprometa con un partido y su candidato; es inaceptable que utilicen recursos públicos y privados para prevalecer en el poder. El gobierno que desacata las reglas electorales cimienta el encono y la antesala del autoritarismo. Es deplorable que las autoridades lleguen a utilizar la coerción de la fuerza policial y la manipulación presupuestal propia de gobiernos tiranos. La sociedad pierde, la libertad se debilita y el sistema social sufre insólitos casos de desviación.

A nivel electoral, más que pensar en nuevas funciones para los órganos responsables, hay que redimensionarlos. Despartidizar y reciudadanizar. Para el ciudadano común es difícil hacer una distinción entre las instituciones electorales: el desprestigio de una afecta a la otra. Por ello, Lorenzo Córdova —en entrevista con Ezra Shabot en Canal Once— decía que “si le va bien a los OPLE, le va mejor al INE”. No es el caso en el Estado de México, porque abundan las sospechas, los reproches y la desconfianza. Si bien para muchos la elección del Estado de México fue el inicio del fin de un largo monopolio político de casi 90 años, para otros —como Mauricio Merino, exconsejero electoral del IFE— el actual modelo electoral se ha agotado, aquel que testificó la alternancia de 2000.

En ese sentido, el politólogo José Merino se pregunta:

La gran lección para 2018 desde la elección del Estado de México es el quiebre del sistema electoral mexicano, incapaz de prevenir, documentar y castigar excesos, irregularidades, desvíos, coerciones, y manipulaciones… antes de llegar a la urna. Y se queda uno con la pregunta atorada en la garganta: ¿habrá un sistema electoral que lo logre? Creo sin duda que hay mejoras urgentes en términos de financiamiento, fiscalización y el proceso de calificación de las elecciones, pero creo también que hemos terminado por pedir a la regulación electoral cosas que corresponden a la regulación del ejercicio de gobierno. No hay sistema electoral que supla las necesidades básicas de transparencia y rendición de cuentas en el dinero público en manos de gobiernos municipales, estatales y federales. No hay sistema electoral que sustituya el mecanismo esencial de rendición de cuentas horizontal (i. e. medios, fiscalías, auditorías, órganos de control, oposición política), que implican saber, sí; pero también castigar. Si la elección del Estado de México se nos presenta como el proceso más burdamente sucio de los últimos años, es porque esos mecanismos simple y llanamente no existen efectivamente. Llevémonos esa lección para 2018.²⁴

¿Hasta dónde conviene que dos instancias —INE/OPLE— organicen y tutelen las elecciones? ¿El entorpecimiento INE/OPLE ha sido el mayor fracaso de la reforma de 2014? En los hechos, no ha habido una correcta coordinación entre el IEEM y el INE. No se trata de tareas, sino de responsabilidades. Por momentos, los consejeros generales del INE se lavan las manos; en otros, se sienten los dueños del balón. La reforma de 2014 ha construido un galimatías que no ha dejado claras las fronteras institucionales de rango, responsabilidad y hasta autoridad. En principio, el INE lleva mano, pero en otras ocasiones y cuando las circunstancias políticas lo ameritan, se reconoce la “autonomía” del OPLE. Por ello, se debe pensar de una vez por todas en una disyuntiva clave, no en un modelo electoral híbrido. O bien desaparecen los OPLE y el INE asume la totalidad de las elecciones, o bien desaparece el INE y se crea una federación de los OPLE autónomos que se coordinen cuando haya elecciones federales.

¿Cabría preguntarse si en términos operativos, políticos y económicos vale la pena tener dos institutos para operar una misma elección? Sobre todo, irritan los altos costos que ambas conllevan. Joaquín Rubio —vocal ejecutivo de la junta local del INE en Toluca—, en pleno desgaste poselectoral declaró: “Quién sabe quién compuso con el INE y el IEEM un Frankenstein electoral. Le dieron vida y lo mandaron a operar la elección de 2017… Hay mucho cuestionamiento sobre este modelo híbrido INE/IEEM. Que para muchos analistas y […] algunos consejeros locales no ha funcionado. Y sirvió para que algunas autoridades se echen la bolita sobre ciertas responsabilidades […] Yo creo que deben tomar una determinación. Dos institutos electorales son muchos para una misma elección”.²⁵

Cada vez las elecciones son más cerradas, por lo que conviene abrirse a una segunda vuelta. Otro reto es el financiamiento, hay que bajar el dinero público y canalizarlo a combatir urgencias como la pobreza. Hay que aligerar la normatividad que se ha convertido en un galimatías, es decir, desregularizar y simplificar las leyes y estructuras electorales. ¿Por qué no considerar el voto obligatorio como medida que contrarreste la compra y coacción del sufragio? Resulta ineludible reciudadanizar los órganos electorales para descolonizar la perversión de cuotas partidarias en cada uno de los consejeros. La llamada “profesionalización” electoral de los consejeros es una apuesta autorreferencial que ha impulsado el consejero presidente Córdova y que está condenada al fracaso. Es necesario repensar lo electoral y evitar la caída drástica, que ahora parece un tobogán, de credibilidad y confianza en la democracia.

Notas

¹ Francisco Cruz es autor, entre otros, de Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, (Planeta, 2009), así como de Tierra narca (Planeta, 2010) y Los golden boys (Planeta, 2012). Por su parte, Jorge Toribio Cruz Montiel es autor de los libros El grupo Atlacomulco, secretos (Ágora, 2000) y El grupo Atlacomulco: Revelaciones 1915-2006 (Ágora, 2006).

² El video puede ser visto en <https://www.youtube.com/watch?v=R3sfM_QF7Sw>.

³ “Perdona Tribunal Electoral federal a Bernardo García Cisneros”, MTV Agencias de Noticias, 14 de septiembre de 2011, disponible en <http://mvt.com.mx/perdona-tribunal-electoral-federal-a-bernardo-garcia-cisneros/>.

⁴ La democracia en México, Era, México, 1965.

⁵ De manera contundente, el académico Rubén Islas, quien fue representante del PRD en el IEEM en varios procesos, expresa: “Dividen al Estado de México en cuarteles o zonas electorales. Esto lo inventaron desde que fue gobernador Ignacio Pichardo. Cada integrante del gabinete del gobierno estatal se vuelve un activista de la campaña del PRI, le encargan una zona que debe ganar. El secretario o titular del gabinete no va solo, sino que lleva consigo toda la estructura de la secretaría a hacer trabajo político. La farsa está en que el secretario de Estado dice que está realizando una gira de trabajo, pero en realidad está viendo cómo está la estructura priista calibrada: la representación en casillas, los activistas del voto, el reparto de despensas, los padrones de programas sociales, y esto les permite saber cuántos votos van a tener”. Jenaro Villamil, “Con tal de ganar, el despilfarro priista”, Proceso, núm. 2106, 11 de marzo de 2017, disponible en <http://www.proceso.com.mx/477723/tal-ganar-despilfarro-priista-en-edomex>.

⁶ Raymundo Riva Palacio, “Elección de Estado”, El Financiero, 5 de junio de 2017, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eleccion-de-estado-1.html>.

⁷ El INE desechó la denuncia, así como el TEPJF. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil siguen investigando esta pista denunciada por el movimiento Ahora. Cf. “‘Ahora’ presenta denuncia formal contra Del Mazo y EPN por desvío de recursos”, Aristegui Noticias, 15 de mayo de 2017, disponible en <https://aristeguinoticias.com/1505/mexico/ahora-presenta-denuncia-formal-contra-del-mazo-y-epn-por-desvio-de-recursos/>, y “Denuncian red de corrupción del PRI y OHL para financiar campañas, ahora la de Del Mazo”, Animal Político, 9 de mayo de 2017, disponible en <http://www.animalpolitico.com/2017/05/pri-ohl-corrupcion-del-mazo/>.

⁸ Francisco Hernández, “OHL gana en Bolsa tras victoria del PRI en Edomex”, El Financiero, 6 de junio de 2017, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ohl-gana-en-bolsa-por-victoria-del-pri-en-edomex.html>.

⁹ Paulina Chávez y Nacho Lozano, “La profecía de Atlacomulco”, Quién, 7 de mayo de 2012, disponible en <https://www.quien.com/espectaculos/2012/05/07/la-profecia-de-atlacomulco-enrique-pena-nieto?internal_source=PLAYLIST>.

¹⁰ Cf. Norma Meraz, Arturo Montiel, Desde Atlacomulco: Testimonio del exgobernador del Estado de México, Planeta, México, 2011.

¹¹ Sanjuana Martínez, “El rancho del hombre fuerte de Eruviel: 136 autos de colección, lago artificial marca Higa, zoo…”, Sinembargo, 6 de marzo de 2017, disponible en <http://www.sinembargo.mx/06-03-2017/3166174>.

¹² Para más información acerca de la investigación realizada por Incide Social, consúltese “Grado de protección de los programas sociales en el proceso electoral 2017 del Estado de México”, disponible en <http://observatoriopoliticasocial.org/grado-de-proteccion-de-los-programas-sociales-en-el-proceso-electoral-2017-del-estado-de-mexico/>.

¹³ Ni un Fraude Más, “Informe final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México de 2017”, disponible en <http://www.niunfraudemas.org/documentos/informe_final.pdf>.

¹⁴ “Sobre ‘Nueva afrenta a la democracia’”, del consejero Ciro Murayama, Proceso núm. 2120, 17 de junio de 2017, disponible en <http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=416830>.

¹⁵ Bernardo Barranco, “Replica al consejero Murayama”, Milenio, 28 de junio de 2017, disponible en <http://www.milenio.com/firmas/bernardo_barranco/replica-consejero-murayama_18_983481648.html>.

¹⁶ “PRI retiene el Estado de México”, El Sol de México, 5 de junio de 2017, p. 3, disponible en <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/PRI-retiene-el-Estado-de-M%C3%A9xico-146504.html>.

¹⁷ “Recuento de votos en 4 mil 19 paquetes en el Estado de México”, El Sol de México, 8 de junio de 2017, disponible en <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/Recuento-de-votos-en-4019-paquetes-en-el-Estado-de-M%C3%A9xico-226954.html>.

¹⁸ “Vicisitudes y candados en el proceso de selección de consejeros: el caso del Estado de México”.

¹⁹ Bernardo Barranco V., “Radiografía crítica del Instituto Electoral del Estado de México”, Proceso, núm. 1802, 14 de mayo de 2011, disponible en <http://www.proceso.com.mx/269730/radiografia-critica-del-instituto-electoral-del-estado-de-mexico>.

²⁰ Luis Alberto López, “INE enfrenta su peor momento: Ugalde”, Milenio, 18 de agosto de 2017, disponible en <http://www.milenio.com/politica/ine-luis_,carlos_ugalde-elecciones_coahuila-desconfianza-topes-milenio_noticias-laguna_0_1013898719.html>.

²¹ Héctor Gutierrez, “Intelectuales y activistas piden renuncia de consejeros del INE”, El Financiero, 18 de julio de 2017, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ahora-exige-renuncia-de-consejeros-electorales-del-ine.html>.

²² José Gil Olmos, “El INE, en busca de la credibilidad perdida”, Proceso, 29 de junio de 2017, disponible en <http://www.proceso.com.mx/492700/ine-en-busca-la-credibilidad-perdida>.

²³ Francis Fukuyama, Trust: The social virtues and the creation of prosperity, Free Press, Nueva York, 1995, pp.

²⁴ “Edomex, el quiebre del sistema electoral mexicano”, El País, 4 de junio de 2017, disponible en <https://elpais.com/internacional/2017/06/03/mexico/1496450006_445693.html>.

²⁵ Luis Contreras, “INE/IEEM caros e ineficientes: Joaquín Rubio”, Milenio, 3 de julio de 2017, disponible en <http://www.milenio.com/politica/ine-ieem-joaquin-rubio-caros-ineficientes-elecciones-milenio-noticias-edomex_0_986301431.html>.

Bernardo Barranco Villafán. Licenciado en economía por la UNAM, la maestría en sociología política del catolicismo contemporáneo en L’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, EHESS. Ha sido consejero de la Junta local IFE del Estado de México 1999-2003; consejero General del IEEM 2005-2009; coordinador de la ONG Dictamen Ciudadano para la observación electoral 2011. Consejero de la Junta Local del IFE/INE 2012-2017. Es articulista en La Jornada, Milenio Estado de México, Proceso. Conduce el programa Sacro y Profano de Canal Once de México. Es autor de varios libros, entre ellos, El evangelio social del obispo Raúl Vera (2014), Las batallas del Estado laico (2016), y el último es la coordinación del Norberto Rivera, el pastor del poder (2017), todos bajo el sello Grijalbo.

Elecciones sin libertad y el triángulo
de las cifras oficiales

Gabriel Corona Armenta

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es recuperar la experiencia del autor como consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) durante el proceso comicial de 2017, cuando se eligió al gobernador del estado. Este proceso por primera ocasión se llevó a cabo de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de este trabajo se busca reflexionar sobre los momentos más relevantes de esos comicios, así como de las dificultades y las presiones a las que se vio sometido el autor en el ejercicio de su encargo. La idea es que a partir de este relato se conozca la dinámica real del IEEM, más allá del discurso oficial, a la hora de organizar comicios y tomar decisiones relevantes para la vida política de la entidad.

Un testimonio como éste es necesario porque ciertos hechos durante el proceso electoral despertaron serias dudas sobre la certeza de la actuación de algunos integrantes del consejo general. Por esta razón, es necesario que se investiguen las causas de los errores detectados y se muestre apertura para que la ciudadanía evalúe el trabajo institucional. Sólo de esta manera los procedimientos electorales aplicados estarán libres de toda sospecha. Ésta es una condición necesaria para generar confianza en las elecciones.

LA INTEGRACIÓN Y DINÁMICA DEL CONSEJO GENERAL

La designación de los integrantes del consejo general del IEEM fue muy compleja. Lo inédito del proceso hizo que algunos aspirantes con una trayectoria independiente, pero desacostumbrados a procesos de evaluación sistemática, renunciaran a la posibilidad de concursar por alguna de las siete consejerías del órgano superior de dirección.

El tipo de concurso hizo que algunos académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil tuvieran pocas posibilidades frente a la burocracia electoral, especializada en ese campo, pero carente de independencia y carácter para tomar decisiones. En el camino quedaron algunos de los mejores prospectos. Al final, la integración fue favorable al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues la mayoría de los consejeros eran cercanos a él.

El INE no hizo una selección por méritos de los aspirantes. Al revisar las evaluaciones de los siete integrantes del consejo general del IEEM, se puede apreciar que no hay correspondencia entre las calificaciones obtenidas y el cargo conseguido. Por lo tanto, queda claro que la integración fue con criterios políticos. Esto se puede apreciar en las calificaciones de cada uno de los designados en el examen y ensayo. (Véase anexo 1.)

La designación fue impugnada por varios partidos. El INE llegó al extremo de designar como consejero a un exrepresentante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el consejo general del IEEM, quien se desempeñó en ese cargo hasta apenas unos años. Sólo la consejera Pamela San Martín votó en contra de la propuesta de integración. Sin embargo, en una lógica garantista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo impugnado, a pesar del riesgo que tiene designar a militantes o exmilitantes, pues choca con el principio de imparcialidad que debe caracterizar a toda autoridad electoral.

Esta composición hizo muy difícil mi actuación. Desde un principio vi que sería complicado que alguna de mis iniciativas prosperara. Así fue. El consejero presidente, Pedro Zamudio Godínez, siempre me vio con desconfianza. Mi trayectoria independiente no era favorable a su postura, muy cercana al gobierno.

Este hecho fue posible apreciarlo desde la reunión del 1º de octubre de 2014, cuando tomamos posesión del cargo. Ya se veían avanzadas las conversaciones entre algunos miembros del consejo sobre temas del proceso electoral por iniciar, de las cuales había sido excluido. Por ejemplo, el asunto de la ratificación del secretario ejecutivo parecía muy consensuado y, junto con él, de toda la estructura directiva, que tan funcional era para el sistema.

Zamudio nos anunció que propondría la ratificación de Francisco Javier López Corral, hombre cercano a Peña Nieto y a Eruviel Ávila. Yo le cuestioné en corto que si ésa era la instrucción que tenía del secretario general de gobierno, José Manzur. Lo negó. Insistí en que cómo podía proponerlo sin conocerlo. Reviró que era su facultad y la ejercería. Me quedó claro que era la instrucción que tenía.

Todos los demás, con excepción de Palmira Tapia, quien para entonces parecía ser una consejera independiente, apoyaron a Zamudio. Lo mismo pasó cuando propuse que comenzáramos a discutir la integración de la junta general. Esa mayoría dijo que eso sería hasta después de la jornada electoral de 2015. Es probable que tuvieran instrucciones de no mover nada, porque casi todas eran posiciones de partidos. Al parecer no fue la única instrucción recibida. Durante esos tres años supe que algunos de ellos asistían al Palacio de Gobierno a recibir indicaciones.

En algún momento pensé que se podía construir una mayoría independiente con algunos de los consejeros. A Saúl Mandujano lo conocía desde sus tiempos de magistrado electoral, en 2006. La relación se había estrechado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ambos éramos profesores de carrera. En lo que se refiere a Guadalupe González Jordán, habíamos sido compañeros en el consejo local del INE, en 2012; a Miguel Ángel García Hernández lo había conocido como representante suplente del PAN, en 2005, ante el consejo general del IEEM. Me pareció un hombre honesto. Después vi que ya era otro.

A Palmira Tapia no la conocía, pero me inspiraba confianza porque era cercana a Benito Nacif, a quien yo respetaba mucho. Tampoco conocía a Pedro Zamudio ni a Natalia Pérez. Después supe que el primero fue recomendado para el cargo por un senador michoacano, Ascención Orihuela, cercano al exgobernador Arturo Montiel, y que la segunda era afín a Luz María Zarza, consejera jurídica de Eruviel Ávila. Me equivoqué completamente con Saúl. Pude coincidir en algunos temas cruciales con Palmira, Miguel y Guadalupe.

LA RELACIÓN CON LOS PARTIDOS

Históricamente, las representaciones de los partidos ante el IEEM han tenido un trato privilegiado. Son muchas las historias que podrían contarse sobre los diversos apoyos económicos y materiales que se les otorgan regularmente, adicionales a las prerrogativas legales de que disponen. Esto ha tenido efectos negativos en su desempeño político.

Algunos representantes llevan muchos años como tales y eso ha provocado que se sientan indispensables y como parte del IEEM: se han acostumbrado a los privilegios. Varias veces los escuché decir que el instituto y nuestros cargos existían gracias a los partidos. Tienen una concepción patrimonialista del IEEM. Por esa razón, cuando llegamos al cargo, algunos nos vieron como una amenaza a su estatus. Decidieron combatirnos para someternos. Con la mayoría lograron su objetivo.¹

La relación con el gobierno del estado y algunos partidos fue cercana desde el principio. Zamudio acordaba directamente con el subsecretario de Gobierno; Mandujano se subordinó a quienes controlaban el IEEM —Eduardo Bernal (PRI) y Horacio Jiménez, Movimiento Ciudadano (MC)—; Miguel Ángel siguió cercano a ese PAN negociador encabezado por Ulises Ramírez; Guadalupe González mantuvo una postura institucional, cercana al INE, de donde provenía, y Natalia permaneció cercana a la estructura de la cual venía en el IEEM. Palmira y yo tratamos de ser independientes, pero ella no aguantó las presiones partidistas y terminó subordinada a las fuerzas políticas.

Al principio, Palmira se mostró independiente, votando incluso por la paridad de género horizontal en las elecciones de 2015; sin embargo, a partir de ahí cambió su postura. Cada vez se fue acercando más a Mandujano y al PRI, a través de los representantes ante el IEEM, primero Bernal y después César Sánchez Millán. En varias ocasiones escuché las instrucciones que ella y Mandujano recibían y acataban dócilmente. Colaboraron abiertamente con esos representantes.

El 7 de abril de 2017 el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue al IEEM. Nos habló sinceramente del tema. Dijo estar preocupado, e incómodo, porque algunos dirigentes nacionales partidistas lo visitaban, para quejarse de que ciertos consejeros colaboraban abiertamente con partidos. No mencionó nombres, pero nadie lo desmintió. Los hechos eran reales.

Quienes no entramos en esa lógica colaboracionista éramos hostigados frecuentemente, ya sea en las mesas políticas, reuniones de trabajo, sesiones de comisiones o del consejo general. Los partidos actuaban como patrones de todos. La mayoría prefirió subordinarse, para no confrontar. Pensaban que era mejor llevar la fiesta en paz y no pelear con quienes tenían el control real. En varias ocasiones pude comprobar este hecho, especialmente cuando propuse cambiar a los directivos y cuando publiqué un libro crítico de los partidos.²

LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

El mejor ejemplo de coincidencia con algunos consejeros fue en la renovación de la junta general del IEEM, pero fue también de enfrentamientos con algunos representantes de partido, especialmente del PRI y sus aliados, MC y Nueva Alianza (NA). La discusión se inició a mediados de 2015 y nos llevó casi seis meses resolverla. Además, de no ser por los plazos fatales impuestos por los lineamientos para la designación de directivos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en todo el país, aprobados por el INE, lo más probable es que no se hubiera concretado.

La actitud de Zamudio fue intransigente. No quería mover la estructura porque eran posiciones de partidos y así le había funcionado bien al sistema. Después de mucho insistir, aceptó relevar a los propuestos por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT): Patricia Sam, Jesús George y Sergio Anguiano. Los dos últimos se negaron a renunciar. Dijeron que hablarían con los partidos que los propusieron. Al final pidieron más dinero del que les correspondía en la indemnización. La respuesta de nosotros fue negativa. Los removimos de sus cargos.

Eso ocurrió en agosto de 2015. Pero después vino un estancamiento. Todos los demás directivos eran cercanos al PRI. Pedro Zamudio ya no quería moverlos, especialmente a Rafael Plutarco Garduño, a quien consideraba su amigo y un hombre indispensable dentro del IEEM. Después de mucho presionar se logró la salida de Gustavo López y Hernán Mejía en octubre de ese mismo año. Sólo quedaban algunas posiciones en manos de priistas, pero entonces vino la cerrazón total de Zamudio. Varias veces dijo que eran suficientes los cambios y que ya no propondría más.

Ante este panorama, algunos colegas buscamos el apoyo de varios consejeros generales del INE para que persuadieran a Zamudio de hacer los cambios. No fue sencillo porque algunos consejeros del INE también querían que el IEEM siguiera como estaba, especialmente Adriana Favela. Así le resultaba funcional al sistema y no querían correr riesgos, por eso dudaban tanto en mover a sus cuadros más probados. Pero nuestras gestiones tuvieron un efecto positivo. Zamudio accedió a realizar una convocatoria para cubrir las vacantes existentes y también someter a concurso las que estaban ocupadas.

El tema dividió al consejo. Pedro, Saúl y Natalia estaban por la inamovilidad de algunos funcionarios. Palmira, Guadalupe, Miguel y yo, por la renovación total, salvo de López Corral, al que ya habíamos ratificado por seis años, en octubre de 2014, forzados por las circunstancias. Al final de 2015 casi se logró la renovación total, salvo de la dirección de administración por la cercanía del titular con el gobierno del estado, quien exigió que alguien de su confianza manejara el presupuesto. (Véase anexo 2.)

LA CREACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA (VC)

La experiencia indica que todos los partidos políticos locales creados en la entidad han estado vinculados al gobierno del estado, que los ha utilizado para dividir a la oposición y dispersar el voto. Las experiencias han sido efímeras. Esos partidos no han sobrevivido más de una elección.

Los nexos del partido Virtud Ciudadana (VC) con la secretaria general de Gobierno eran muy claros desde el principio, sobre todo cuando el PRI fue en su auxilio para que alcanzara el mínimo de asambleas y obtuviera su registro.

Desde que esta organización solicitó su registro, estuvo bajo la sombra de la sospecha. Lo hizo el 5 de marzo de 2014, poco antes de que fuera aprobada la reforma electoral, para que le fuera aplicada la legislación vigente, mucho más laxa para conseguir su objetivo. Hubo una novedad adicional: pidió diferir el inicio de las actividades orientadas a constituirse como un partido político local hasta que pasaran las elecciones locales de 2015.

El VC obtuvo el registro como partido político local el 29 de septiembre de 2016. Extrañamente no pidió participar en la elección de gobernador en 2017, sino hasta las de diputados y ayuntamientos en 2018. Su intención era disfrutar al máximo de las prerrogativas electorales sin arriesgarse a perder el ansiado registro.

Este último fue evidentemente irregular. Les costó mucho trabajo concretar sus primeras asambleas. El PRI y el gobierno estatal tuvieron que apoyarlo enviando gente a sus actos. También sus actividades políticas independientes fueron una farsa. Lo mismo dio cursos sobre Papanicolau que sobre depresión. A pesar de eso, el IEEM aprobó su registro y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) lo confirmó.³

Pero las irregularidades del VC no pararon ahí. Al aprobar su registro, se le dieron 60 días para adecuar sus documentos básicos a la legislación electoral de 2014. No lo hizo. Por esa razón, el 23 de diciembre de 2016 cuatro consejeros votamos en contra del proyecto respectivo y se generó una crisis legal por la indefinición sobre el estatus de ese partido. La tensión creció entre el VC y los consejeros que votamos en contra. Incluso el representante del PRI, Eduardo Bernal, me amenazó por esa razón. Me culpaba de lo que había pasado en la votación respectiva.⁴

La amenaza que me hizo el PRI dejó claro que el VC era vital para su estrategia política. Era obvio que lo necesitaba para hacer parte del trabajo sucio en el proceso electoral, a pesar de que tenía prohibido intervenir. El papel que le tenían asignado no se modificaría por una votación desfavorable a sus documentos básicos. Aplicaron todos sus recursos para revivirlo, con la ayuda de los consejeros Zamudio, Tapia y Mandujano fueron determinantes. Este último era muy dado a cabildear todos los asuntos con los magistrados electorales.

El papel que jugó el VC en la competencia política fue favorable siempre al PRI. A pesar de que no tenía derecho a participar en el proceso electoral, lo hizo de diversas formas; por ejemplo, colocando espectaculares en diversos puntos del estado, llamando a la población a no votar o denigrando a varios candidatos, bajo el argumento de que todos eran iguales. Violó la Constitución federal, que obliga a los partidos a promover la participación del pueblo en la vida democrática.⁵ Hasta el 30 de septiembre de 2014, el VC no había sido sancionado por tal irregularidad.

LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
DE ISIDRO PASTOR Y TERESA CASTELL

La cercanía de estos dos personajes con el PRI y el gobierno del estado fue muy clara desde un principio. La intención de ambas candidaturas era quitar votos a las de los partidos de oposición. Las dos iniciativas eran muy sospechosas. Pastor había sido presidente estatal del PRI con Montiel y hasta poco antes se desempeñaba como secretario de Movilidad, con Eruviel Ávila. Por su parte, Teresa Castell encabezaba una asociación de mujeres empresarias muy cercana al PRI. Eso se podía apreciar hasta en su página de Facebook.

En una acción mal calculada por el sistema, el 2 de abril de 2017 se les concedió el registro como candidatos independientes a los dos, a pesar de que las cédulas de respaldo de ambos eran notoriamente irregulares. Las que revisé con mi equipo de asesores estaban hechas por las mismas manos, con la misma tinta y rubricadas con rasgos similares. Era nítida la intención del sistema por impulsar candidaturas independientes que restaran puntos a los candidatos de partidos mejor posicionados.⁶

Sin embargo, cuando sus promotores vieron que Pastor podría quitarle votos a Del Mazo, revirtieron su registro; no ocurrió lo mismo con Castell. Ella sí sería funcional para restar votos a las candidatas que estuvieran mejor posicionadas: Josefina Vázquez Mota o Delfina Gómez Álvarez.

El retiro del registro de Pastor es uno de los capítulos que mejor muestra la injerencia del gobierno estatal en las decisiones del IEEM. A pesar de que ya se le había concedido, unos días después, con las boletas para votar desde el extranjero a punto de irse a sus destinos y todas las demás impresas, el TEEM ordenó que se revisaran las firmas de respaldo ciudadano, no así las de Castell. Después de un ejercicio superficial, se le quitó el registro a Pastor, a pesar de que todavía contaba con el respaldo suficiente para mantenerlo.⁷

Al parecer algo de lo que estaba haciendo no le gustó al sistema y le retiraron el apoyo. Esto provocó que iniciara una huelga de hambre para que le devolvieran el registro. En esos días pidió hablar conmigo. Lo recibí en mi oficina. Me platicó algo de su historia. Me dijo que sabía de mi voto en contra de su registro y que lo respetaba. También me contó que de las oficinas del PRI estatal le habían hablado para decirle que la instrucción era apoyar a Teresa Castell y no a él; por eso le estaban llenando las cédulas a ella.

Como Pastor insistió en mantener su huelga de hambre, el sistema presionó por otra vía, curiosamente a través de un panista. Francisco Gárate, representante ante el consejo general del INE, presentó una denuncia penal en su contra por la presunción de firmas falsas. Después de esto, Pastor levantó su huelga de hambre y se retiró a la vida privada. No explicó sus razones, pero fue obvio que lo doblaron con presiones hacia él y hacia su hijo, quien había tenido la osadía de increpar a Del Mazo en una visita a la universidad local.⁸

El caso de Castell fue diferente. Ella tenía un papel importante que jugar: restarle votos a las dos candidatas. Para la cantidad de recursos que le dio el IEEM gastó mucho. Aunque no tanto como los candidatos de partido, su propaganda fue cara y abundante. Fue obvio que contó con otras fuentes de ingresos. Quien invirtió en su campaña lo hizo para que enfocara sus baterías en contra de Delfina Gómez y le restara votos. Así fue.

Eso pudo verse especialmente en los debates realizados el 9 y 25 de mayo de 2017. Castell centró sus ataques en Delfina Gómez, retomando el tema de los descuentos indebidos a los empleados de Texcoco, cuando la candidata de Morena fue presidenta municipal, expuesto inicialmente por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Al final, Castell consiguió su objetivo: el número de votos que consiguió (130 100) fue muy cercano a la diferencia entre el PRI y Morena (169 167).⁹ (Véase anexo 3.)

EL PAPEL DEL CONSEJO GENERAL DEL INE

La actuación del INE fue, por lo menos, controvertida. Dejó muchas dudas en cuanto a su compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la equidad. Este sesgo ya se había hecho evidente desde la designación de los integrantes del consejo general del IEEM, cuya mayoría era afín al PRI.

El INE no se comportó como un ente rector del sistema nacional electoral. En el caso del Estado de México sucumbió a las presiones políticas provenientes de la entidad. Esto se reflejó desde un principio. De manera sistemática algunos consejeros del IEEM se apartaron de la ley y nunca hubo siquiera una llamada de atención. El consejero presidente del INE nunca oyó a los consejeros. Sólo escuchaba a Zamudio y a Mandujano, quien presumía mucha cercanía con él, aunque su mayor apoyo siempre fue la consejera Adriana Favela.

El propio consejero presidente del IEEM alentaba constantemente a desacatar al INE, casi siempre apoyado por Mandujano o por Miguel Ángel García. Defendían una malentendida autonomía electoral y eludían cumplir los acuerdos superiores incompatibles con sus objetivos. A pesar de eso, tuvieron una relación privilegiada con Lorenzo Córdova.

Uno de los eventos que mejor mostraron esta actitud fue el momento en que se eligieron los consejos distritales para el proceso electoral de gobernador del estado. Los lineamientos respectivos del INE ponían como requisito una entrevista, que obviamente debía ser presencial, pero la mayoría del consejo, salvo Guadalupe González y yo, ignoró ese hecho. Tapia inventó una modalidad escrita muy sospechosa.

Además, se agregó otro elemento para designarlos: sortear los cargos entre los 36 que llegaran a la etapa final, una medida que claramente favorecía al PRI por el gran número de militantes que inscribe en cada proceso para competir por esos cargos y por todos los de la estructura electoral. No se sancionó esta irregularidad.

Pero el momento de mayor debilidad del INE frente al IEEM fue en el tema del PREP-casilla, una medida tecnológica que se aplicó en otras entidades con elecciones en 2017, pero no en el Estado de México. El INE fue incapaz de imponer siquiera la aplicación de esa medida, a pesar de que el vocal ejecutivo en la entidad, Joaquín Rubio,¹⁰ y el propio Lorenzo Córdova dijeron que se haría, pues era vital conocer su funcionamiento antes de las elecciones de 2018.¹¹

El Estado de México era parte del ensayo general para la aplicación de este dispositivo tecnológico en todo el país, pero el INE se rindió ante las presiones de las fuerzas locales. La mayoría de los consejeros sucumbió a los cabildeos de Pedro Zamudio, Saúl Mandujano y Palmira Tapia, para que no se aplicara el PREP-casilla. Con ello renunciaron a la posibilidad de contar con fotografías confiables de los resultados electorales preliminares. Al final, sólo la consejera Pamela San Martín defendió la aplicación de la medida. Todos los demás, especialmente Ciro Murayama, acordaron con Zamudio y su grupo no aplicarlo. En el IEEM sólo Guadalupe González y yo apoyamos el PREP-casilla.¹²

LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL

Desde el principio del proceso comicial, fue clara la intención de tales gobiernos de influir en el resultado. Las visitas de funcionarios federales y estatales a distintas regiones de la entidad fueron constantes. Pero Enrique Peña y Eruviel Ávila estaban decididos a ganar a como diera lugar. No les importó si para eso se violaba la Constitución o las leyes. Su prioridad era conservar la gubernatura del Estado de México. Sin ella, las posibilidades de retener la Presidencia de la República eran menores.

Fue público y notorio que el proceso electoral 2016-2017 para elegir al gobernador del estado se caracterizó por la promoción velada al candidato de la coalición, con recursos y programas públicos del gobierno federal, estatal y parte de los gobiernos municipales, violando el principio de neutralidad previsto en el artículo 134 constitucional. Éste obliga a todos los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público a que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral. (Véase anexo 4.)

Esta obligación de aplicar con imparcialidad el erario tiene como fin evitar una influencia indebida de los servidores públicos en la competencia entre los candidatos de los partidos políticos y los independientes. Aunque la mera aplicación de los recursos y de los programas públicos del gobierno federal, estatal y parte de los gobiernos municipales no es suficiente para demostrar la existencia de la presión y coacción del voto, tales conductas eran indicios de ello, y así lo establecen diversas disposiciones normativas.¹³

Incluso se reconocieron como un hecho público y notorio las intervenciones de los distintos niveles de gobierno en el proceso electoral. Señaló: “La diversidad de referencias mediáticas que había dado cuenta del despliegue de reparto de apoyos derivados de programas sociales por parte del gobierno federal y por el gobierno estatal, así como del gasto en comunicación social que han desplegado esas instancias de gobierno, temas que incluso habían sido debatidos al seno del propio consejo general”.¹⁴

Este hecho obligó a la aplicación de una campaña de difusión focalizada hacia los beneficiarios de programas de desarrollo social en el estado, que recibieron apoyos durante el proceso, para clarificarles que los apoyos que recibían no pertenecían a ningún partido político, que el voto es libre y secreto y que tenían la libertad de votar por el partido político de su preferencia. Sin embargo, el avance o conclusión de dicho programa nunca fue reportado al consejo general.

Aunado a lo anterior, se dieron diversas irregularidades que también viciaron el proceso. Las autoridades estatales y municipales mantuvieron la operación de programas de apoyo social o comunitario. Continuaron con la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que formaba parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social. (Véanse los anexos 5 y 6.)

Quien mejor refleja los indicios de la compra y la coacción del voto por los gobiernos federal y estatal es la encuesta realizada por BGC-Excélsior la semana previa a la jornada electoral. Según la encuesta, al menos 19% de los entrevistados dijo haber recibido algún regalo de parte de algún partido: 14% del PRI, 3% del PRD, 2% de Morena y 1% del PAN (sic).¹⁵

Los regalos más frecuentes del PRI fueron artículos promocionales: 55% de los entrevistados dijo haber recibido algún regalo de este tipo. Sin embargo, la tarjeta rosa fue el regalo de mayor incidencia: 29% lo recibió, lo que representa 4.1% de la muestra de entrevistados. Además, 24% dijo haber recibido despensas, lo que representa 3.4% de la muestra total.

En otras palabras, si a 4.1% de la muestra total de entrevistados que recibió la tarjeta rosa —469 mil 501 posibles votantes— se añade 3.4% que recibió despensas —384 mil 651 potenciales electores (de una lista nominal de 11 millones 313 mil 282 ciudadanos)—, la cantidad de votantes impactados por estos regalos, que en realidad fueron formas de compra del voto, llegaría a 7.5% del electorado, es decir, a 854 mil 152 posibles electores. Es lógico que este hecho pudo ser determinante en el resultado final, sobre todo si se considera que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de tan sólo 168 mil 994 votos.¹⁶ (Véase anexo 7.)

LA GUERRA SUCIA

El periodo de precampañas y campañas fue particularmente complicado. La oposición, encabezada por el partido Morena, sufrió diversos ataques en algunos actos públicos, sin que el gobierno del estado parara las acciones denunciadas. La prensa registró varios acontecimientos en los que la violencia imperó en actos proselitistas, tal y como se señala en el anexo 4.

La aparición de cruces y cabezas de cerdo afuera de algunas sedes partidistas del estado, a un día de las elecciones, generó temor entre militantes y simpatizantes de Morena, así como entre toda la ciudadanía. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió diversas denuncias por este hecho. Además, hubo llamadas amenazantes a los representantes de ese partido para que no se presentaran a las casillas. También se distribuyeron citatorios falsos de los titulares de las fiscalías federal y local, dirigidos a representantes de partidos y ciudadanía, entre otras acciones que contribuyeron a un clima tenso el 4 de junio.¹⁷

LAS ENCUESTAS DE SALIDA QUE NO SE PUBLICARON

Ese día fue tal como las encuestas previeron: una competencia cerrada entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. Más de 30 empresas pidieron permiso para hacer encuestas de salida, pero al final ninguna publicó sus resultados. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Mi hipótesis es que el gobierno del estado contrató todas esas empresas para hacer las encuestas de salida. Si le beneficiaban, las publicaba; en caso contrario, las ocultaría. Creo que pasó lo segundo, porque por primera vez, desde que recuerdo, no se publicó ninguna. Todo parecía acordado para que sólo se conocieran los resultados del IEEM, a sabiendas de que el priismo controlaba la mayor parte del consejo y de la estructura operativa. Ninguna empresa ha dicho por qué no publicó las encuestas de salida que les habían sido autorizadas. Tampoco enviaron sus encuestas al IEEM. No hay una sola encuesta enviada en junio, el mes de la jornada electoral. El misterio persiste. Ojalá algún día se aclare.¹⁸

La excepción fue, aparentemente, Parámetro Consultores, una de las empresas a las que se le autorizó realizar las encuestas correspondientes. A las 11:23 de la mañana, con un poco más de 25% de participación de votantes, ya estaban circulando en redes sociales supuestas encuestas de salida que anticipaban la victoria del PRI y sus aliados. Aunque la empresa se deslindó de estos presuntos resultados, personal de la FEPADE tomó nota de los hechos para investigar lo denunciado, dado que violó la normatividad y, en su caso, podía ser motivo de un delito electoral. La sanción sigue pendiente.

EL CONTEO RÁPIDO

En las elecciones para gobernador mexiquense nunca se había hecho un conteo rápido. Ésta fue una de las obligaciones impuestas por el nuevo reglamento de elecciones del INE para dotar de mayor certeza a los resultados electorales. Desde un principio se le vio una importancia estratégica. Palmira Tapia propuso que una comisión se encargara del asunto y vigilara lo relativo a los resultados electorales preliminares, tarea que le correspondía a la comisión de organización, la cual yo presidía en ese momento.

La comisión fue creada y se dedicó a integrar un Comité Técnico de los Conteos Rápidos (Cotecora). Fueron seleccionados para formar la comisión Alberto Alonso y Coria y Javier Aparicio, exjefe de Tapia en el Instituto Federal Electoral (IFE) y su exprofesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), respectivamente; Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela y Arturo Erdely Ruiz, docentes de la UNAM, así como Karla Beatriz Valenzuela, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El Cotecora realizó dos simulacros el 14 y el 21 de mayo de 2017, como se marcaba en el procedimiento. Después de analizar la calidad de la información recibida, se hicieron los siguientes señalamientos: Arturo Erdely Ruiz apuntó que la información no llegó como se esperaba y que hubo dos tipos de errores: a) no intencionales, producto de la captura, y b) intencionales, que de forma deliberada buscaron beneficiar a un candidato; por lo que dijo que no había confianza en los capturistas del IEEM, “los cuales tuvieron oportunidad de practicar dos veces el fraude electoral, hubo sesgos, errores que claramente tenían una intencionalidad”. Manifestó que tenía el sustento técnico de su afirmación. Dijo que comparó las diferencias y podía demostrarlo con datos.

Carlos Erwin Rodríguez mencionó que estaba de acuerdo en que hubo sesgos, que beneficiaron a un partido y perjudicaron a otro. Dijo que un partido se benefició con 4 mil 500 votos de más y el otro tuvo mil 500 votos menos.

Aunque más tibiamente, Javier Aparicio se sumó a ellos. Nunca se profundizó en estas denuncias.¹⁹

Le pregunté expresamente a Tapia y al jefe de informática, Juan José Rivaud, qué harían con los autores del sesgo. La respuesta fue que no eran culpables; que eran errores humanos. No castigaron a los responsables. Siguieron trabajando en el IEEM. Incluso los ascendieron a supervisores.

En una reunión posterior, estos miembros del Cotecora confirmaron la versión del sesgo. Alguien propuso, y se aceptó, que se grabaran las llamadas entre los capacitadores del INE y los capturistas del IEEM para que, en caso de ser necesario, se pudiera verificar la calidad de la información. Nunca tuve alguna evidencia de que se haya hecho tal ejercicio.

Pero ahí no acaba la historia. El 28 de mayo se realizó el tercer simulacro. El sesgo se repitió de nuevo. El informe respectivo destacó que las candidaturas B y E fueron la misma en los tres casos, “por lo que puede concluirse que hubo un sesgo en la información recibida”.²⁰ A pesar de la gravedad del hecho, otra vez no hubo sanciones a los responsables, lo cual quiere decir que no actuaban solos. Estaban protegidos.

En la misma noche de la jornada electoral, después de que Zamudio leyera los resultados del conteo rápido que daba como ganador a Del Mazo, me referí al mencionado informe. Resalté la gravedad de que los tres simulacros se hubieran hecho con información sesgada. Dije que era importante verificar que esa noche no hubiera pasado lo mismo, porque de ser así sería muy grave y habría que tomar las medidas necesarias para que el conteo rápido quedara fuera de toda sospecha. Nadie secundó mi posición, ni siquiera Morena, el partido afectado por el sesgo.²¹

La misma noche de la jornada electoral le escribí a Arturo Erdely. Le pregunté que si el sesgo podía haber ocurrido también en el conteo rápido real y no sólo en los simulacros. Su respuesta fue que la única forma de saberlo era analizando la calidad de la información recibida. Yo esperaba que ese análisis se hiciera y se reflejara en el informe final del comité técnico. No ocurrió tal cosa.

El informe siguiente ni siquiera contiene un apartado sobre la calidad de la información recibida. Omite el tema. Además, no forma parte de los informes que el IEEM tiene sobre este asunto en su página web, con lo cual se incumple el principio de máxima publicidad.²²

Pensé que por el breve tiempo de que habían dispuesto los miembros del comité —entre el 4 y el 5 de junio— no habían podido hacer el ejercicio para verificar la calidad de la información recibida; que lo harían después. No fue así. El informe final también omite el tema. Más me sorprendió que la conclusión sobre el sesgo en los simulacros fuera matizada, al afirmar que las candidaturas B y E fueron la misma en los tres casos, por lo que “se alertó por un posible sesgo en la información recibida”.²³

Como se puede apreciar, lo que había sido una conclusión fue convertida en una mera posibilidad. ¿Por qué se cambió de opinión? Además, en ese mismo informe se agregó que “los simulacros permitieron detectar y corregir o al menos mitigar posibles fuentes de error en la captura y transmisión de la información”. Para minimizar estas fuentes de error, se recomendó solicitar al INE que los capacitadores “grab[aran] las llamadas al centro de captura y resguard[aran] el formato de recopilación de datos utilizados”.²⁴

A pesar de este antecedente, el mencionado informe omite referirse a las medidas tomadas para verificar que la información recibida el 4 de junio carecía de sesgos. No se informó nada sobre las llamadas que se grabarían para evitar la manipulación en los datos. El asunto se ignoró. A pesar de ello, en una sesión de consejo general Palmira aseguró que esa información se había enviado a mi oficina. Nunca llegó. En la página web del IEEM, hasta el 15 de noviembre en que concluí este escrito, tampoco había sido subida.

Tampoco supe si esta recomendación fue atendida por el INE. No se envió algún informe de tal actividad. En conclusión, nunca se dijo si la calidad de la información recibida el día de la jornada electoral fue analizada. Por lo tanto, no puedo afirmar que el conteo rápido del 4 de junio de 2017 se haya efectuado sin sesgo. Esto hace muy probable que la noche de la jornada electoral haya ocurrido lo mismo en el conteo rápido real.²⁵

Tal vez la mejor evaluación del conteo rápido la hizo un asesor del consejero del INE, Marco Baños, de apellido Carriedo, quien afirmó que en las elecciones del 4 de junio fallaron los conteos rápidos del Estado de México y Coahuila, que “necesitaban más solvencia en ese instrumento de información preliminar pero no la encontraron”. Carriedo sostuvo que en el primer estado la falla no tuvo la dimensión de Coahuila, pero también existió. “Desestimarla con la lógica de qué tanto es tantito sería un error grave, porque en entornos crispados una décima o diez pueden ser la diferencia entre confianza y sospecha”.²⁶

El conteo proyectó de 32.75 a 33.59% la votación para Alfredo del Mazo; pero él registró 33.69% en los cómputos. “Se podrá decir que la tendencia de ganador fue correcta, pero el rango no fue preciso, quedó muy lejos del mínimo y rebasó el máximo previsto, otra vez.” Al final afirma que hay “explicaciones técnicas para el desastre, pero el golpe a la confianza está dado, no hubo coincidencia en los dos conteos locales que más la requerían”.²⁷ Sin duda alguna el autor de la cita tiene razón. Los conteos rápidos ya no serán vistos de la misma manera en 2018. Eso lo saben en el INE.

EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

A pesar de lo importante que era adecuar el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) a la normatividad del INE, para ampliarlo de tres a cinco integrantes y hacerlo multidisciplinario, la mayoría de consejeros decidió ratificar a los que habían fungido en 2015: Abelardo López Lagunas, compañero de clases de López Corral en el ITESM; Salvador Andraca Venegas, también del ITESM, y Esteban R. Rodríguez Jiménez, amigo y compañero de Pedro Zamudio en el futbol americano. Como secretario técnico fue designado Juan José Rivaud Gallardo, excolaborador del viejo IFE.

Lo criticable del Cotaprep fue que no buscó innovar. Aceptó la decisión de hacer el PREP como siempre. No apoyaron la aplicación del PREP-casilla, argumentando falta de tiempo. Este hecho, sumado a la falta de voluntad de la mayoría de los consejeros generales del INE y del IEEM, impidió la realización del PREP-casilla en 2017. Con esa innovación tecnológica, los resultados de las actas se hubieran capturado con mayor certeza. Sin embargo, hubo negativa para aplicarlo.

También hubo otra novedad. Por primera vez en la historia, la captura del PREP fue centralizada. El argumento de Zamudio fue que de esa manera se haría más eficiente el trabajo y se evitarían tiempos muertos en las juntas distritales. La verdadera razón es que deseaban tener bajo su control todo el procedimiento en las oficinas centrales y evitar así toda fuga de información en las 45 juntas distritales, en las que no todo el personal les era afín. Los capturistas contratados, incluida una hija de Zamudio, fueron enviados mayoritariamente por el PRI; de esa forma aseguraban su lealtad.

El PREP tuvo problemas con la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo desde la noche de la jornada electoral. Se detectó que en algunos distritos no se estaba recibiendo el acta de escrutinio y cómputo previamente etiquetada. Entonces se tuvo que generar una nueva etiqueta, para ser colocada en las mencionadas actas. Este hecho provocó que muchas casillas tuvieran actas duplicadas, lo cual fue señalado en la sesión de seguimiento a los cómputos distritales y provocó muchas dudas sobre la intenciones políticas de los autores de tales actos.²⁸

Además, un reporte del PREP provocó confusión por la forma de presentar su información. Me refiero al porcentaje de participación ciudadana de 72%, en un corte previo, el cual no se pudo explicar con claridad. Esto fue detectado desde los primeros reportes por los integrantes del consejo general. Otro problema surgió cuando se compararon los dos reportes del PREP: el reporte distrital por candidato y casilla, contra el reporte distrital por partido político, coaliciones y candidato independiente. Ambos reportes eran del mismo sistema, pero con cifras y resultados diferentes.²⁹

El PREP no dio certeza al proceso electoral. Los responsables del proceso nunca explicaron la vulnerabilidad del sistema. Un informe destacó que después de realizar un escaneo de puertos y servicios, se encontró abierto un servicio de administración remota de la Unidad de Informática y Estadística (UIE), el cual se recomendó cerrar antes del día de la jornada electoral. No se informó cuándo se hizo. También señaló que se verificó que los equipos no tuvieran acceso a internet; sin embargo, el acceso estaba permitido. La UIE se comprometió a cerrarlo el día de las elecciones. No se mencionó cuándo se hizo; nunca se informó ni del día ni la hora en que eso ocurrió. La duda persiste.³⁰

Otro dato importante en ese informe es que todas las juntas distritales contaban con acceso libre a internet, lo cual fue considerado inadecuado, porque así no se garantizaba la confidencialidad de las actas que fueran transmitidas al centro de captura. Este problema fue informado en varias ocasiones y se dijo que el acceso sería cerrado el día de la elección, lo cual sería comprobado y reportado en el informe de evaluación.³¹

Cabe aclarar que nunca se presentó ese último informe. Lo único que se hizo al final fue comparar los resultados del PREP contra los del cómputo, incluidos 70 de los 72 pares de actas duplicadas. Nunca se aclaró si las vulnerabilidades del sistema habían sido corregidas.³²

Otra vulnerabilidad que reportó el informe, respecto de los dispositivos de captura, fue que uno de los puertos escaneados se encontraba abierto, además de que existía “la posibilidad de establecer conexiones a través de internet con elementos ajenos al sistema PREP”. La UIE informó que dicho puerto estaría cerrado el día de la elección. Tampoco se informó del día ni la hora en que eso ocurrió.³³

Además, el informe anterior no fue difundido a tiempo. Fue subido a la página web del IEEM hasta el 5 de junio, es decir, un día después de la jornada electoral, cuando el PREP prácticamente había concluido. Si se hubiera conocido antes la historia, podría haber sido diferente.

LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

A causa de las enormes dudas generadas por el conteo rápido y el PREP, los cómputos distritales produjeron una amplia expectativa entre los medios de comunicación y los contendientes políticos. Se esperaba que con los recuentos de votos se esclarecieran los resultados electorales.

El 6 de junio, el día anterior a la sesión, Zamudio nos dio una cifra de los paquetes a recontar: 5 204. Al día siguiente, la cifra inicial reportada en el Sistema de Captura de Resultados de las Actas de Escrutinio y Cómputo (Sicraec) había crecido a 5 959 paquetes. No obstante eso, los consejos distritales, por instrucciones no escritas de alguien, la redujeron injustificadamente.

Ante esa decisión, pedí que el número inicial se mantuviera. Me apoyé en un comunicado en el cual el INE se pronunció “por la mayor apertura de paquetes electorales y recuentos de votos siguiendo las causales establecidas en la ley, a efecto de generar la mayor transparencia y certeza en los resultados finales de las elecciones”.³⁴ Ninguno de los consejeros secundó mi posición.

A pesar de eso, y que incluso el propio Lorenzo Córdova pidió a Zamudio mayor disposición para recontar paquetes, la línea gubernamental estaba dada. Había que recontar sólo los paquetes necesarios para que las cifras fueran similares a las del conteo rápido y del PREP. La cifra de 5 mil 959 casillas a recontar se redujo a 3 421, sin mayor explicación. Por esta razón, ese mismo día solicité un informe de las causas por las que no se recontarían todos los paquetes inicialmente reportados.

Ese día insistí en que, dado el cúmulo de dudas, era importante que todos estos paquetes que ya habían sido incorporados al Sicraec se recontaran. No creí conveniente reducir ese número. Había que mostrar disposición para esclarecer todas las dudas producidas por el conteo rápido y el PREP.³⁵

Era necesario recontar lo inicialmente reportado por el Sicraec, para que los consejos distritales ofrecieran resultados confiables a toda la ciudadanía mexiquense y no hubiera duda de la veracidad de los resultados electorales, condición indispensable para la formación de un gobierno con una amplia legitimidad derivada de las urnas.

Insistí en que por el momento histórico vivido teníamos la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía del Estado de México resultados creíbles, que dejaran fuera de toda sospecha de manipulación al IEEM. Una y otra vez propuse que los consejos distritales recontaran todos los paquetes incluidos en el Sicraec y que, en caso de no ser así, explicaran los motivos y entregara un informe de las razones de reducción de tal número.

Nunca recibí la justificación. El director de organización solo respondió que los consejos distritales determinaron no recontar 2 mil 538 paquetes, sin especificar las razones. Al final sólo se recontó 18.37% de las 18 mil 605 casillas. Quedamos muy lejos de Coahuila, con 96%, y Nayarit, con 100%.

Además, en varias de las 45 actas de cómputo distrital había una cantidad diferente a la informada. Hasta el último día de mi encargo no tuve la certeza de cuántos paquetes electorales se recontaron. Hubo varios distritos donde se reportó una cantidad diferente de paquetes recontados, contra lo informado por la dirección de organización. También aparecieron actas elaboradas y firmadas por personas diversas, con resultados diferentes.³⁶

A diferencia de lo que escribieron dos defensores de los resultados, los números no cuadraron.³⁷ Los votos obtenidos por Del Mazo en los cómputos distritales fueron 10 décimas por arriba del límite superior del conteo rápido. En el caso de los votos nulos, hubo una diferencia de seis décimas por debajo del límite inferior.³⁸

Poco se pudo hacer para transparentar los cómputos distritales. El Sicraec estuvo en manos de Zamudio, López Corral, el director de organización y el jefe de informática. Sólo ellos y los vocales de las juntas distritales tenían acceso. El procedimiento fue totalmente opaco para el resto de los integrantes del consejo general, o al menos para mí. Todo lo descrito hizo que no contara con certeza sobre los resultados obtenidos.

EL ACOMODO DE LAS CIFRAS OFICIALES

La mayoría de los capturistas que el IEEM contrató eran militantes del PRI, los cuales traían la consigna de producir un sesgo en los conteos. Sabían que haciendo eso el conteo tendría un efecto favorable para Del Mazo. Lo demás ya después lo arreglarían. La mayor prueba de que lo manipularon es que el candidato de la coalición superó en 10 décimas el límite superior del conteo rápido. En el caso de los votos nulos, estuvieron seis décimas por debajo. Lo mismo ocurrió con los resultados del PREP.³⁹

Además, como pudieron constatarlo todos los que hicieron la revisión, el 4 de junio no se cargaron los datos de más de 2 mil actas, a pesar de que eran legibles. Uno de los que hizo el ejercicio fue el analista José Antonio Crespo, quien formuló una serie de preguntas de fondo que nunca fueron respondidas. Hasta la fecha persiste la duda de quién ordenó que no se cargaran las cifras y con qué propósito.⁴⁰

Asimismo, en las sesiones de cómputos no se recontaron los 5 mil 959 paquetes que el Sicraec reportó el 7 de junio. Sin mayor explicación, el número se redujo el día del cómputo a tan sólo 3 mil 421 paquetes, es decir, 42.6% menos de lo inicialmente señalado. Esta cifra se modificó varias veces a lo largo del día, sin que se supiera por qué se contaban o dejaban de recontar paquetes electorales en las juntas distritales. Ahí está la explicación a la afirmación de que las cifras de los tres ejercicios —conteo rápido, PREP y cómputos— tuvieron una enorme coincidencia.⁴¹

EL CÓMPUTO ESTATAL Y LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ
Y LEGALIDAD DE LA ELECCIÓN

Cuando llegó el momento de aprobar el proyecto de acuerdo respectivo, decidí exponer mis argumentos en contra de éste. Sostuve que hay principios constitucionales que deben respetarse para que una elección sea considerada democrática, porque son imperativos de orden público, de obediencia obligatoria e irrenunciables.

Dichos imperativos son que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas; que el sufragio sea universal, secreto y directo. Además, que los principios rectores del proceso electoral sean certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, entre otros.

Desde mi punto de vista, algunos de esos principios fueron vulnerados abiertamente. Por lo tanto, había una duda fundada sobre la credibilidad y la legitimidad de los comicios, y de quien resultó electo. Era procedente considerar la elección viciada, sobre todo porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue mínima y las irregularidades ocurridas pudieron ser determinantes para el resultado electoral.

En la elección del 4 de junio hubo violaciones graves porque se conculcaron y vulneraron principios y valores constitucionales, indispensables para considerar que una elección es libre y auténtica, de carácter democrático. Hubo tal cúmulo de violaciones en la elección que se puede pensar que el número de irregularidades definió el resultado de la elección.

Es importante recordar que la validez de una elección deriva no sólo del cumplimiento específico de lo previsto en la legislación electoral, sino particularmente del cumplimiento de los principios y valores previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales coinciden en que la voluntad del pueblo es la base del poder público, que se expresa mediante elecciones auténticas.

Desde mi punto de vista, en los comicios del Estado de México se violaron reiteradamente los principios básicos de la materia electoral: certeza, libertad del sufragio y autenticidad de la elección, los cuales es importante definir.

El principio de certeza en materia electoral significa que la preparación, realización y calificación de las elecciones deben generar una total convicción; una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales a fin de que no queden dudas y los votos emitidos produzcan un resultado convincente, para lo cual es necesario que el sufragio sea auténtico y libre.⁴²

Por su parte, el principio de libertad del sufragio se refiere a que el voto libre se presenta sólo cuando se emite sin que medie violencia, amenazas o presiones. Es la concreción de una decisión libre, ausente de coacción o manipulación indebida, que se traduce en la posibilidad del elector de votar por la opción de su preferencia, y que el sufragio se acompañe de otras libertades como de expresión, asociación, reunión o manifestación.⁴³

Finalmente, el principio de autenticidad de la elección significa que debe haber correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección, lo cual implica “la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos”.⁴⁴

Estos tres principios, pero sobre todo los dos últimos, son particularmente relevantes, porque las elecciones deben ser libres y auténticas. Ambas características están protegidas por ordenamientos internacionales que buscan evitar la compra y la coacción del voto.

Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (artículo 21, numeral 3).

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que “toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres” (artículo 20).

También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa que todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (artículo 25, inciso b).

Como se puede apreciar, hay una enorme coincidencia en todos estos ordenamientos respecto a la autenticidad del voto.

Esta preocupación sobre la libertad y la autenticidad del voto también es recogida en nuestra Constitución federal, la cual señala que “la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas” (artículo 4). A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que “el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores” (artículo 7, numeral 2). Además, la misma ley dispone como uno de los fines del INE “velar por la autenticidad y efectividad del sufragio” (artículo 30, numeral 1, inciso f).

La misma disposición es recuperada por la Constitución mexiquense, la cual señala que “el sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad” (artículo 10).

También el Código Electoral del Estado de México (CEEM) dispone que “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”. Además, dice que “quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. Se consideran actos de presión o de coacción del voto aquellos que limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos constitucionales” (artículo 9).

En cuanto a la compra y la coacción del voto, la LGIPE dice: “La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato” (artículo 449).

Asimismo, el INE dispuso lo siguiente:

Atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.⁴⁵

Además, el CEEM establece:

Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. [Artículo 261.]

El mismo código señala en el artículo 262, fracción IX, párrafo tercero:

La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.

La importancia de evitar estas prácticas es tal que el CEEM establece que el TEEM podría declarar la nulidad de una elección de gobernador por “utilizar recursos públicos o los destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno, en forma determinante para el resultado de la elección” (artículo 403, inciso c).

Por esta razón, el IEEM aprobó que en el calendario del proceso electoral 2016-2017 se prohibiera operar programas de desarrollo social entre el 3 de mayo y el 3 de junio. Esta actividad fue reforzada dirigiendo cartas a los beneficiarios de programas sociales, a fin de comunicarles que los apoyos recibidos no pertenecían a ningún partido político, que el voto es libre y secreto y que tenían la libertad de votar por el partido político de su preferencia.⁴⁶

También el TEPJF señaló:

El voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para influir al elector […] no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes.⁴⁷

A pesar de las claras violaciones a estas disposiciones legales, los tribunales no encontraron elementos para anular la elección del Estado de México, aunque no se votó en libertad. Las elecciones libres eran indispensables. Los ciudadanos tenían que haber votado en paz, sin presión o coacción alguna. Esto era fundamental para que los comicios fueran auténticos; para que no se desvirtuaran por factores ajenos a la voluntad de los electores.

Para las autoridades electorales era fundamental garantizar que la legitimidad del gobernante electo fuera producto de la voluntad popular y no de la compra o la coacción del voto, una práctica que alteró de manera sistemática la decisión de los votantes. Ésta era una obligación constitucional y legal de las autoridades electorales, quienes también debían procurar equidad en la competencia, evitando que se dispusiera ilícitamente de recursos públicos con fines proselitistas.

La presencia del dinero en las elecciones dio lugar a un mercado electoral en el que el voto se convirtió en un recurso intercambiable. El sufragio fue concebido como una mercancía más y los votantes como clientes a los que se les ofrecía algo a cambio de su voto. Aunque el voto no puede ser comprado o coaccionado de manera generalizada, sin mayores consecuencias políticas o jurídicas, hay muchos indicios de que esto ocurrió durante el proceso electoral para elegir al gobernador de nuestro estado.

En mi opinión, no se cumplieron a cabalidad los principios de certeza, libertad del sufragio y autenticidad de la elección. Estuvieron presentes factores de carácter determinante en los resultados y graves violaciones o irregularidades a los largo del proceso comicial.⁴⁸

Fueron graves las irregularidades durante el proceso electoral dada la conducta desplegada por los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios en favor del candidato de la coalición, en franca violación a lo dispuesto por el CEEM (artículo 262, fracción XIX, tercer párrafo).

En este punto, como consta en diversas versiones estenográficas de las sesiones del consejo general, insistí una y otra vez, sin eco alguno, para que dicho máximo órgano de dirección hiciera uso de su atribución prevista en el CEEM, requiriendo a la junta general para que investigara por los medios a su alcance hechos que pudieran afectar de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral (artículo 185, fracción L). No hubo eco a mis propuestas.

Por todo lo anterior, en vista de la poca diferencia en el número de votos obtenidos por los candidatos que ocuparon el primero y el segundo lugar —de tan sólo 169 mil 167 votos—, las violaciones resultaron determinantes en los resultados finales de la elección de gobernador del estado. Por esa razón voté en contra de la legalidad y validez de la elección.

CONCLUSIONES

Las elecciones para gobernador han dejado grandes enseñanzas, sobre las cuales conviene reflexionar. La primera es que el principal objetivo de la reforma electoral de 2014 no se alcanzó en el Estado de México. El IEEM se mantuvo bajo la influencia del Ejecutivo estatal. En este caso, quedó muy claro que la mayoría de los consejeros estuvieron subordinados a las decisiones de los poderes locales y al PRI.

A pesar de que la reforma de 2014 exigía un rediseño institucional para enfrentar los nuevos retos en materia electoral, el principal responsable de su aplicación, el consejero presidente, aliado con otros, ni siquiera lo intentó. Aceptó cambios limitados obligado por las circunstancias. Nunca asumió una actitud proactiva. No quiso ser el líder que las nuevas circunstancias reclamaban. Apostó al mantenimiento del statu quo existente, porque así se lo mandaron o porque le resultó más cómodo.

La independencia de la mayoría de mis homólogos frente al poder fue cuestionable. Rápidamente fueron sometidos por los poderes locales y por los partidos. Algunos ni siquiera intentaron sacudir el control que ejercían sobre los consejeros. Lo aceptaron como algo natural y hasta conveniente. Por su parte, los partidos no sólo mantuvieron su poder, sino que incluso algunos lo acrecentaron.

Los representantes de partido mantuvieron sus privilegios económicos y materiales, incluso mayores que antes de nuestra llegada. Eso explica en parte el comportamiento de la mayoría frente a los resultados electorales. Al ver que no tenían posibilidades de ganar, varios de ellos se hicieron cómplices de la actuación del árbitro electoral. Decidieron mantenerse en su zona de confort.

A esta situación contribuyó la orfandad política en que la mayoría de los consejeros del INE nos dejó. No intentaron empoderarnos frente a los representantes de partido, quienes siempre nos vieron débiles frente a ellos. Eso se puede apreciar en cualquier sesión del consejo general, en las que los virulentos ataques casi nunca eran respondidos por mis homólogos, a pesar de que la mayoría eran injustos.

En los tres años que integré el consejo general del IEEM, no aprecié un cambio institucional sustantivo. Persistieron las mismas formas de hacer política a través del presupuesto, usado para comprar lealtades y doblegar voluntades de los opositores. Ésa ha sido una práctica muy eficaz, desde hace muchos años, en el Estado de México, donde es común que se aplique esa frase de que “en política, todo lo que se pueda comprar resulta barato”.

Las elecciones en las que resultó formalmente electo Alfredo del Mazo como gobernador del estado mostraron todas las debilidades de un órgano colegiado, encargado de conducir el proceso electoral, frente al poder del Ejecutivo estatal y al de algunos partidos. Ese hecho tuvo graves consecuencias a la hora de tomar decisiones clave.

La decisión más importante que se tomó fue la de no actuar frente a la abierta injerencia de los gobiernos federal, estatal y algunos municipales en el proceso electoral. La inacción mostrada fue síntoma del acatamiento a instrucciones gubernamentales o del temor de hacerle frente a esos poderes, por los riesgos para sus carreras políticas.

En cualquiera de los casos, el IEEM no estuvo a la altura de las circunstancias. Si los diversos gobiernos que intervinieron abiertamente en la elección y el PRI pusieron a prueba todos sus recursos, lícitos e ilícitos, era un buen momento para que la autoridad electoral aplicara todas las facultades legales de que dispone para contenerlos. No fue así por decisión de la mayoría del INE y del IEEM. Ojalá este esquema no se repita en los comicios de 2018. Sería una tragedia nacional.

Mientras tanto, la ciudadanía seguirá desconfiando de los órganos electorales y de las autoridades surgidas de los comicios. Por eso es urgente construir instituciones políticas confiables, que generen resultados creíbles para los electores y doten de legitimidad a nuestros gobernantes. Aunque no es lo único necesario, este hecho contribuirá a reducir nuestro déficit democrático.

NOTAS

¹ Véase la versión estenográfica de la sexta sesión extraordinaria del consejo general del IEEM del 1º de octubre de 2014, especialmente las páginas 4 y 5, en la que los representantes más agresivos —Efrén Ortiz, de Nueva Alianza, y Horacio Jiménez, de Movimiento Ciudadano— exigieron modificar el orden del día para incluir un posicionamiento de cada partido político, cuya única intención era intimidarnos.

² El libro en cuestión es Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México: Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, México, UNAM/Gernika, 2014. En muchas ocasiones recibí reclamos por esa publicación, pero fueron más graves cuando insistí en el cambio de directivos. Eduardo Bernal y Horacio Jiménez se opusieron con todo, porque sabían que la mayoría era afín a ellos.

³ Acuerdo IEEM/CG/85/2016, aprobado el 29 de septiembre de 2016 por mayoría de seis votos. Al respecto, véase mi voto razonado en contra del proyecto, pp. 4-5.

⁴ La descripción de estos hechos consta en la versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria del consejo general del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo el 6 de enero de 2017, pp. 12-13.

⁵ Artículo 41, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Constitución federal vigente.

⁶ Para tal fin se verificaron 2 387 cédulas de Isidro Pastor y 2 385 de Teresa Castell. Estas observaciones constan en la versión estenográfica de la décima sexta sesión extraordinaria del consejo general del IEEM, llevada a cabo el 2 de abril de 2017, pp. 39-40.

⁷ Acuerdo IEEM/CG/109/2017, aprobado el 2 de mayo de 2017. Legalmente los aspirantes debían tener el apoyo de por lo menos 328 740 ciudadanos. Pastor tenía 392 308 cédulas de respaldo ciudadano, aunque eran evidentemente irregulares, igual que las de Castell. Reimprimir las boletas le costó al IEEM alrededor de 25 millones de pesos, una cifra superior al presupuesto del OPL de Tlaxcala para ese año.

⁸ “Supuesto hijo de Isidro Pastor increpa a Del Mazo”, El Universal, 18 de abril de 2017.

⁹ Datos tomados de la página web del IEEM: <http://www3.ieem.org.mx/pdf/resultados2017.pdf>.

¹⁰ Versión estenográfica de la quinta sesión extraordinaria del comité asesor del PREP del IEEM, 21 de marzo de 2017, pp. 50-51.

¹¹ Reunión de trabajo del consejero presidente del INE con los consejeros generales del IEEM, sala de comisiones, 7 de abril de 2017.

¹² Versión estenográfica de la vigésima sesión extraordinaria del consejo general del IEEM, 5 de mayo de 2017, pp. 9-44.

¹³ Además de los tratados internaciones, la Constitución federal y local y las leyes federales y locales, se aprobaron específicamente para combatir estas prácticas los acuerdos INE/CG/04/2017, INE/CG/108/2017 e IEEM/CG/106/2017.

¹⁴ Acuerdo IEEM/CG/106/2017, considerando XXXII, p. 14.

¹⁵ Ulises Beltrán y Rodrigo Castro, “Reparto de regalos y compra de votos en la elección del Estado de México”, Nexos, junio de 2017. La suma es mayor a 19% que dice la encuesta.

¹⁶ Antes de los juicios de inconformidad y de revisión constitucional electoral presentados por los partidos políticos PAN, PRD, PT y Morena ante los tribunales local y federal. Después de ellos la cifra aumentó a 169 167 votos.

¹⁷ Para una descripción amplia de las acciones de este tipo, véase el “Informe final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México”, de la iniciativa ciudadana Ni un Fraude Más, Observatorio Ciudadano, septiembre de 2017.

¹⁸ Para más información, consúltese: <http://www3.ieem.org.mx/encuestas/encuestas-se.html>. [Fecha de la consulta: 15-11-2017.]

¹⁹ Versión estenográfica de la sexta sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos del IEEM, 24 de mayo de 2017, pp. 7-12. Aclaro a los lectores que el partido B —al que se benefició— era el PRI y sus aliados; el partido E —al que se afectó— era Morena.

²⁰ Cotecora, “Informe general sobre los simulacros del conteo rápido en el Estado de México”, 31 de mayo de 2017, pp. 14 y 15.

²¹ Versión estenográfica de la sesión ininterrumpida de seguimiento a la jornada electoral del 4 de junio de 2017.

²² Cotecora, “Informe general sobre el conteo rápido de la elección para gobernador del Estado de México”, 5 de junio de 2017.

²³ Cotecora, “Informe final sobre el conteo rápido de la elección para gobernador del Estado de México 2017”, 26 de junio de 2017, p. 42.

²⁴ Ibidem, pp. 42-43.

²⁵ Hasta la fecha, ningún integrante del Cotecora me ha aclarado la duda, a pesar de que todavía en octubre pasado tuve un intercambio de opiniones con dos de ellos, a través de Twitter. Para más información, consúltese la cuenta personal del autor: @gacoar.

²⁶ Luis Miguel Carriedo, “Conteo rápido herido de muerte”, El Heraldo de México, 7 de julio de 2017, p. 4. Cabe agregar que la diferencia con el PREP fue todavía mayor: dio 33.72% para Del Mazo, el único de los candidatos de partido al que ni el conteo rápido ni el PREP le atinaron. (Véase el anexo 7.)

²⁷ Idem.

²⁸ En total se detectaron 72 pares de actas duplicadas y nunca se explicó exactamente por qué ocurrió esto. (Véase el anexo 8.)

²⁹ Versión estenográfica de la sesión ininterrumpida de seguimiento a los cómputos distritales, 7 de junio de 2017.

³⁰ Facultad de Estudios Superiores Aragón, “Auditoría informática al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2017: Informe final de auditoría de software”, Instituto Electoral del Estado de México, 1º de junio de 2017, pp. 7-8.

³¹ Ibidem, p. 12

³² Facultad de Estudios Superiores Aragón, “Auditoría informática al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2017: Análisis comparativo de los resultados del PREP vs. cómputos distritales”, Instituto Electoral del Estado de México, 19 de junio de 2017, disponible en <http://www3.ieem.org.mx/pdf/Informe_Final_Auditoria_PREP17.pdf>.

³³ Facultad de Estudios Superiores Aragón, “Auditoría informática al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2017: Informe final de auditoría de software”, op. cit., p. 15.

³⁴ Comunicado de prensa del INE ante el inicio de los cómputos electorales, 7 de junio de 2017, p. 2.

³⁵ Versión estenográfica de la sesión ininterrumpida de seguimiento a los cómputos distritales, 7 de junio de 2017.

³⁶ Idem. Todas estas irregularidades fueron denunciadas en la mencionada sesión, lo cual me ocasionó fuertes reproches de los representantes de la coalición, pero también de dos de los consejeros que más defendieron los resultados: Palmira y Miguel, quienes parecían tener como consigna descalificar mis afirmaciones, incluso acusándome de actuar como representante de partido.

³⁷ Palmira Tapia y Miguel Ángel García, “Los datos cuadran”, Voz y Voto, núm. 293, julio de 2017.

³⁸ Cotecora, “Informe final sobre el conteo rápido de la elección para gobernador del Estado de México 2017”, 26 de junio de 2017, p. 52, disponible en <http://www3.ieem.org.mx/2017/cotecora_2017/COTECORA_INFORME_FINAL.pdf>. La diferencia en el porcentaje de votos nulos puede ser indicio de una estrategia para anular votos desfavorables al PRI.

³⁹ Además, en el PREP Del Mazo tuvo 13 décimas más que en los cómputos distritales, lo cual no ocurrió con ningún otro candidato de partido.

⁴⁰ José Antonio Crespo, “Inconsistencias en el PREP mexiquense”, El Universal, 7 de junio de 2017.

⁴¹ Un dato adicional, muy importante, es que en algún momento en que pedí la apertura del Sicraec, para verificar unas cifras, el sistema tenía una hora diferente a la real. Hice esta observación, pero nadie la secundó. Esto consta en la versión estenográfica de la sesión ininterrumpida de seguimiento a los cómputos distritales, 7 de junio de 2017.

⁴² Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-REC-145/2003.

⁴³ Idem.

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Acuerdo INE/CG108/2017, 4 de abril de 2017.

⁴⁶ Acuerdo IEEM/CG/77/2016, numeral 68, y acuerdo IEEM/CG/106/2017.

⁴⁷ Tesis V/2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Quinta época, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 108-110.

⁴⁸ Tesis XXXI/2004, Tercera época, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 725-726.

Gabriel Corona Armenta. Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor titular de tiempo completo en la FES Acatlán. Sus libros más recientes son Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México: PAN, PRI y PRD (coordinador y coautor.), Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México: PVM, PT, MC y NA (coordinador y coautor).

Sus artículos más recientes son “Efectos de la alternancia en el poder municipal del Estado de México”, en Multidisciplina, FES Acatlán, núm. 4, tercera época, septiembre-diciembre de 2009; “Las elecciones en el Estado de México: la plataforma política de Enrique Peña Nieto a nivel nacional (2009-2011)”, en El Cotidiano, UAM Azcapotzalco, núm. 171, enero-febrero de 2012; y “Participación y abstencionismo en el Estado de México. Una visión panorámica del periodo 1991-2015”, en Revista Mexicana de Estudios Electorales, SOMEE, núm. 18, julio-diciembre de 2017, pp. 61-90.

Ha sido consejero local del IFE en el Estado de México en tres ocasiones (1999-2000, 2002-2003 y 2011-2012); y consejero general del Instituto Electoral del Estado de México en dos ocasiones (2005-2008 y 2014-2017), la primera por designación de la legislatura y la segunda por el INE.

Pobreza y la compra y coacción del voto

Ana Vanessa González Deister

Hablar de ética de la clase política genera diferentes reacciones y pensamientos. Cada día más, la clase política mexicana es cuestionada en términos de ética, concretamente con la rendición de cuentas y la corrupción. Específicamente, hablar de ética dentro de las campañas y de los candidatos a cargos de elección popular puede ser considerado irrelevante, ya que su objetivo es conseguir el poder. La lógica de la frase atribuida a Maquiavelo, “el fin justifica los medios”,¹ es muy actual dentro de las campañas políticas en México. Basta recordar la famosa frase “haiga sido como haiga sido”, del entonces candidato Felipe Calderón, al ser cuestionado por Denise Maerker sobre las acciones que llevó a cabo en la campaña presidencial de 2006 y que en ese momento lo habían llevado al primer lugar en las encuestas. Esta frase la repitió posteriormente para felicitarse por ser el candidato electo. El comentario puede ser interpretado de la siguiente manera: cualquier práctica llevada a cabo en campaña vale la pena en aras de conseguir el poder, ya sea la Presidencia de la República o cualquier otro cargo de elección popular. Ésta es la lógica que impera entre la clase política mexicana y la que prevaleció en la elección para gobernador del Estado de México en 2017.

Pasada una elección, sin importar lo que sucedió, una vez que los tribunales dictan la última palabra, la clase política se alinea, la ciudadanía se resigna y el pasado queda atrás. Intentar llevar asuntos de falta de ética a tribunales electorales o administrativos para probar acciones realizadas por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos de cualquier ámbito de gobierno resulta prácticamente imposible. Las acciones desplegadas por funcionarios públicos al margen de la ley dentro de los periodos de precampaña y campaña para lograr anular una elección son muy difíciles de probar. Aun con las pruebas suficientes sobre las acciones desplegadas, resulta complicado acreditar la relación causal entre la acción desplegada y el resultado de la elección. ¿Cómo argumentar ante una autoridad judicial que el despliegue masivo de programas sociales y las visitas de funcionarios federales y estatales, así como el uso indiscriminado de recursos públicos o las movilizaciones, tuvieron una consecuencia en las preferencias electorales de la población? La lógica indica que sí existe dicha relación, pero dentro de un proceso judicial, prácticamente, no es posible acreditarla.

En la elección de gobernador del Estado de México en 2017, ciudadanos y autoridades fuimos testigos del despliegue de actos llevados a cabo por funcionarios federales y estatales para que el candidato del PRI-PVEM ganara la gubernatura. El objetivo del PRI y de su líder, el presidente de la República, fue ganar a toda costa el Estado de México en 2017 y, para ello, realizaron una serie de actos y prácticas al margen de la ley.

Para el gobierno federal los comicios mexiquenses representaba, prácticamente, un referéndum sobre la gestión del presidente, y algunos medios señalan que existió una estrategia para lograr el triunfo, como un símbolo de poder hacia la elección presidencial de 2018. La clase política mexiquense aplicó principios maquiavélicos: los actos de ilegalidad debían hacerse todos juntos y dejando poco tiempo para reflexionar en ellos, como si de esa forma “ofendieran menos”; los actos ilegales debían ejercerse de una sola vez, únicamente para lograr el objetivo: el poder, y al mismo tiempo había que dirigirlos hacia la mayor utilidad para los gobernados,² lo que en el caso mexiquense se reflejó en el reparto de bienes y recursos.

A finales de noviembre de 2016, el periódico Reforma documentó más de 20 visitas de nueve funcionarios federales en el periodo de un mes al Estado de México. En dicha nota Reforma advertía: “Lanzan cargada al Estado de México”.³ El PRD y el PAN hicieron declaraciones en contra de estas prácticas, las cuales incluyeron acusaciones de que el presidente de la República había entregado obras en diversos rincones del estado. Además, se documentaron más de 100 visitas de funcionarios federales al Estado de México entre noviembre de 2016 y marzo de 2017.⁴ Encabezó la lista de mayor número de visitas Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en giras en las que se hicieron repartos millonarios en especie con tintes electorales: pinta de fachadas, entrega de viviendas y títulos de propiedad, así como apoyos diversos.

Funcionarios federales, en ocasiones acompañados por el entonces gobernador, Eruviel Ávila, repartieron más de 6 mil tarjetas o monederos electrónicos con 2 mil 700 pesos cada una. Se entregaron despensas, tinacos, costales de cemento, entre otros. Se llevaron a cabo rifas, jornadas de salud, jornadas administrativas, ferias de empleo, inauguración de hospitales, entre otras acciones documentadas.

El diario digital Huffington Post evidenció que entre enero y marzo de 2017, el gobierno del Estado de México entregó a través del DIF estatal más de 9 mil tarjetas “Efectiva” destinadas a jóvenes, cada una cargada con 3 mil pesos; en varios eventos relacionados con la entrega de los apoyos, se contó con la presencia de la hija del gobernador. Además, el mandatario entregó más de 100 mil anteojos de aumento y más de 600 becas para madres adolescentes. El 17 de marzo, el gobernador Ávila entregó 5 mil computadoras a jóvenes de Ecatepec, Tecámac y Coacalco, y aseguró que su gobierno había entregado más de 20 mil computadoras;⁵ durante el acto se los solicitó a los jefes de familia sus credenciales de elector.

Ante las quejas del PAN y el PRD en el Senado de la República, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, respondió que él era un operador político y que los programas sociales desplegados en el Estado de México se llevaban a cabo en el marco de la legalidad sin intenciones electorales.⁶

Esto sucedió antes del inicio formal de las campañas, pero continuó dentro del periodo electoral. Al ser cuestionado por estos actos, el gobernador del Estado de México respondió: “La ley nos lo permite, la veda inicia el 2 de abril, el 3 de abril. Cuando inicien las campañas, aún estamos en nuestro derecho, todos los funcionarios públicos de todos los partidos, de poder dar a conocer los programas que tenemos porque son para ustedes; no son para mí, son para la gente”.⁷

Es así que funcionarios federales y estatales, amparados en la operación de programas sociales necesarios, desplegaron operativos antes de las campañas y también se documentaron actos del gobierno estatal durante el periodo de supuesta veda, con el aval de la legislatura local.

Ante las declaraciones del secretario de Desarrollo Social y del gobernador del Estado de México, se actualiza el cuestionamiento sobre la ética de la clase política dentro de las campañas. ¿Es lícito desplegar programas sociales y acciones asistenciales dirigidas a una población con altos índices de marginación, como la mexiquense? La respuesta resulta obvia, y de ello se aprovecharon los funcionarios públicos que participaron en estos actos. Los ciudadanos del Estado de México necesitan los apoyos, dada la condición de marginación en la que vive un alto porcentaje de la población. ¿Es lícito desplegar dichos apoyos y programas dentro de los tiempos del proceso electoral? Se sabe que el despliegue mayor se llevó a cabo entre octubre de 2016 y marzo de 2017, es decir, antes del periodo legal en que a los funcionarios les está prohibido llevar a cabo programas sociales públicamente. Aun y cuando la Constitución federal y las leyes locales establecen que en ningún momento deben utilizarse los programas y recursos públicos con fines electorales, en el Estado de México sí se utilizaron bajo la argumentación de “necesidad” y de “urgencia”.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus párrafos séptimo, octavo y último establece los principios básicos sobre el uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

De lo anterior se desprende que los servidores públicos federales, estatales o municipales en ningún momento pueden hacer uso de recursos públicos con fines electorales. Tampoco se pueden usar recursos ni programas financiados con recursos públicos para favorecer a partidos políticos ni a sus candidatos. Además, la propaganda pública solamente puede informar a los ciudadanos sobre los programas públicos, pero no puede contener imágenes ni nombres que promocionen a servidores públicos federales, estatales o municipales.

En el mismo sentido, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de México establece:

Los servidores públicos del Estado y municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como las empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos y en cualquier otra entidad pública del Estado de México, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, de cualquiera de los poderes del Estado u órganos de gobierno. Las leyes de la materia regularán estas circunstancias.

De acuerdo con la Constitución local, los servidores públicos estatales y municipales tienen obligación de actuar bajo el principio de imparcialidad y no pueden hacer uso de recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos. La propaganda pública solamente puede informar a los ciudadanos sobre los programas públicos, pero no puede contener imágenes ni nombres que promocionen a servidores públicos estatales o municipales.

No hay duda de que las autoridades estatales están obligadas a acatar las disposiciones de la Constitución federal y el artículo 134 es explícito. De cualquier forma, el 137 de la Constitución local también es claro al establecer lo siguiente: “Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia, acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados internacionales”.

Asimismo, atendiendo al último párrafo del artículo 134 de la Constitución federal, ya citado, el Código Electoral del Estado de México establece en su artículo 261 que durante las campañas se debe suspender toda propaganda electoral; sin embargo, señala como excepción la propaganda para informar sobre programas educativos, de salud y de emergencia.

De igual manera, se establece que 30 días antes de la jornada, los funcionarios públicos se deben abstener de operar programas sociales o asistenciales, con una excepción: los de “extrema urgencia”. La legislatura del estado tiene la facultad de determinar los programas sociales que pueden continuar desplegándose en dichas circunstancias.

Lo que sucedió en los hechos fue que la Legislatura del Estado de México aprobó que 63 programas sociales y asistenciales —de un total de 90, es decir, 70% de los programas— pudieran desplegarse en el estado aun dentro de los 30 días previos a la jornada electoral.

El 30 de marzo de 2017 la legislatura mexiquense determinó los 63 programas sociales que podrían desplegarse durante el proceso electoral local, con el voto en contra de todos los partidos políticos de oposición.⁸ Los diputados locales votaron mayoritariamente y aprobaron que los programas sociales más importantes continuaran operando durante el periodo de campaña sin justificar la “extrema urgencia” de dichos programas. El congreso local avaló las acciones del gobierno estatal para continuar la operación y entrega de apoyos sociales dentro del periodo de campaña, desde el 3 de abril de 2017 e incluso durante los 30 días previos al día de la jornada.

Todos los programas desplegados llevaban la leyenda “En grande” del gobierno del estado, claramente identificada con el gobernador Ávila y con los colores del PRI. Los diputados del PRI, PVEM, Encuentro Social y Nueva Alianza se manifestaron a favor de la continuación de los 63 programas en aras de la protección de los derechos de los mexiquenses. Los diputados del PAN, PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano, en minoría, se manifestaron en contra de tal determinación e hicieron un llamado para cumplir con los principios de la Constitución federal.

La legislatura local le dio permiso oficial al gobierno del estado para continuar el despliegue de programas sociales y el reparto de apoyos, lo que en los hechos violentó la equidad de la contienda, y esto se hizo en contra de las disposiciones de la Constitución federal.

La colusión de la clase política mexiquense fue clarísima. El PRI redactó las reglas locales, el PRI, junto con sus aliados, utilizó las grietas de la ley para violar un principio constitucional y el PRI se benefició de dichos actos y prácticas para ganar los votos de los ciudadanos mexiquenses.

Si bien el despliegue de actos previos al inicio de las campañas ya había prefigurado ciertas preferencias entre la población mexiquense, la continuación de programas sociales dirigidos por funcionarios estatales en tiempos de campaña fue contundente. La estrategia fue clara: actuar con tal fuerza en las áreas rurales y de mayor marginación del estado, para que los ciudadanos mexiquenses favorecieran al candidato de la coalición PRI-PVEM a la gubernatura. El resto de los partidos y candidatos no tuvieron el tiempo ni los recursos suficientes para alcanzar al candidato del PRI-PVEM en las preferencias electorales.

Es claro entonces que no fue ético ni lícito, conforme a un principio constitucional, desplegar apoyos y programas asistenciales en tiempos electorales. Incluso bajo el argumento de que la población mexiquense vive con grandes carencias y en situación de marginación, no se justifica el uso asistencial y clientelar de programas públicos para favorecer los intereses de un grupo político. La Constitución federal y el código electoral local buscan impedir la compra de votos; sin embargo, en los hechos la entrega en especie de tarjetas y bienes de alto valor para la población tuvo un componente de compra de voluntades y de condicionamiento de dichos apoyos y programas a la continuidad de cierto grupo en el gobierno.

El Estado de México es la entidad con la mayor población del país —16.1 millones de personas—⁹ y, por lo tanto, la entidad con el mayor número de pobres en el país: 8.2 millones de personas en situación de pobreza (47.9%), de las cuales 1.05 millones viven en pobreza extrema (6.1%),¹⁰ es decir, viven con menos de dos dólares en promedio al día.¹¹ El Estado de México ocupa el lugar número 12 en porcentaje de pobres (47.9%); pero dada su población, no hay otra entidad que se le acerque en el número absoluto de pobres: 8.2 millones de mexiquenses en situación de pobreza y, es preciso reiterar, un millón de mexiquenses en pobreza extrema, con varias carencias, entre ellas, la alimentaria. Bajo el argumento de que la población del Estado de México necesitaba apoyos especiales durante el primer semestre de 2017 y que en su defecto se generarían grandes daños por la suspensión de dichos programas sociales, la clase política se construyó la justificación para desplegar el potencial de los apoyos clientelares.

Los derechos fundamentales de la población mexiquense ya estaban vulnerados antes del inicio del proceso electoral (basta recordar el caso Tlatlaya); sin embargo, la clase política fue consciente de la situación extrema, de marginación y de vulnerabilidad, justo en el inicio de las campañas. El 7 de marzo de 2017, Proceso publicó una nota sobre las declaraciones del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, quien sostuvo que en 2013 le dijeron (a la administración pública federal) que había siete millones de personas en pobreza extrema en el país, pero nadie les dijo dónde estaban. Curiosamente, en 2017 el secretario se dio cuenta de que solamente en el Estado de México había un millón de esas personas en pobreza extrema y, por ello, la urgencia de apoyarlos.¹² La Sedesol solamente se preocupó por los pobres en las entidades que tuvieron elecciones locales en 2017.

De acuerdo con datos de Coneval, en 2016 el número de personas en pobreza extrema en todo el país ascendía a 9.3 millones, de las cuales 1.05 millones se encontraban en el Estado de México; es decir, 11% de los pobres extremos en México habita esta entidad federativa. La clase política se ha aprovechado de esta triste realidad para obtener beneficios.

Aquí vale la pregunta: ¿la situación de vulnerabilidad permanente y de pobreza extrema permite a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos con libertad y en igualdad?

La clase política aprovecha esta situación de vulnerabilidad para ejercer presión sobre los ciudadanos, y esto restringe sus derechos. La democracia requiere de la libertad y la igualdad de los individuos para subsistir. La libertad política se entiende como la medida en que la libertad individual se encuentra en armonía con la libertad general; es la concordia entre la voluntad individual y la voluntad colectiva, expresada en un orden social. La igualdad, por su parte, implica que todos los individuos de una sociedad tienen un valor político igual; que cada uno posee el mismo grado de libertad que el resto. Adicionalmente, es intrínseco a la democracia que el derecho al voto sea universal y que sea en condiciones de igualdad. El peso del voto de cada individuo debe ser idéntico al del resto de los electores.¹³

Nuestro sistema político está construido bajo el principio de “un ciudadano, un voto”; sin embargo, en los hechos parece estar al servicio de los intereses de un selecto grupo que, a través del uso y abuso de recursos públicos y programas sociales, tiene la posibilidad de manipular las conciencias y, por lo tanto, los resultados. La elección de gobernador del Estado de México cumple con varias de las preocupaciones de Joseph Stiglitz cuando habla de “una democracia en peligro”.¹⁴ La desigualdad y la inequidad son elementos que favorecen la desconfianza en las instituciones, tanto en su eficacia como en su capacidad para generar igualdad. La constatación de que los sistemas político y económico son injustos, la conciencia de que el flujo de información está controlado por unos cuantos medios, que a su vez están controlados por un grupo, el papel del dinero, así como el uso de recursos públicos en la política; todo ello reafirma la desilusión y la desconfianza en las instituciones.¹⁵ Todo ello, según lo que argumenta Stiglitz, puede dar lugar a la agitación fuera del sistema político y a la inestabilidad del mismo régimen; éste es el precio de mantener y de lucrar con la desigualdad.

Si la clase política mexiquense insiste en mantener los niveles de pobreza y marginación de la entidad porque ése es el nicho de población que puede controlar a través del despliegue de programas sociales y del reparto de recursos, deberá ser consciente de que esa misma población será la que termine por derrocarla. A la larga, los altos índices de criminalidad, los problemas de salud, los menores niveles de educación, la consciencia de que no hay mejora en la calidad de vida ni incremento en los ingresos pueden generar un descontento que termine en la búsqueda de soluciones poco convenientes para la clase política actual. Cada vez será más claro que la clase política es la única que se beneficia sexenio tras sexenio y que la brecha de desigualdad se incrementa con el paso de los años.

Parafraseando a Stiglitz, la clase política mexiquense ha detentado durante 88 años los instrumentos, los recursos y los incentivos para condicionar las convicciones de los ciudadanos en un sentido que sólo favorece a sus intereses. El grupo en el poder ha tenido la capacidad de manipular la percepción pública, mientras que los resultados reales solamente benefician al mismo grupo.¹⁶ La pregunta relevante consiste en determinar si las estrategias desplegadas en el Estado de México por un grupo político servirán y serán útiles para la elección presidencial federal de 2018.

Si se analizan las bases de datos con los resultados de la elección a nivel municipal —que ha publicado el IEEM¹⁷ en su página de internet— y respecto de los niveles de pobreza municipal que Coneval tiene actualizados al 2010,¹⁸ se encuentran relaciones desafortunadas para la democracia mexiquense.

El Estado de México cuenta con 125 municipios. Conforme a los datos de Coneval de 2010, el porcentaje de pobreza extrema era de 8.5% de la población: 1.3 millones de personas. Según el dato estatal del mismo Coneval, en 2016 este porcentaje se ha reducido a 6.1%: un millón de personas; sin embargo, a nivel municipal solamente se cuenta con datos de 2010 y sobre ellos se hace el análisis. (Véase el anexo “Porcentaje de pobreza 2010 y resultados electorales 2017 por municipio”).

De los 125 municipios del estado, 31 de ellos mantienen niveles de pobreza extrema de 20.2% o más, es decir, al menos duplican el promedio estatal de pobreza extrema (8.5% en 2010). Dentro de estos 31 municipios más pobres de la entidad, viven 1.07 millones de personas, de las cuales 344 mil viven en pobreza extrema. De estos 31 municipios, en la elección de 2017 la coalición PRI-PVEM ganó 29 de ellos y el PRD resultó ganador en los dos restantes.

Por el contrario, si se analizan los datos de los 10 municipios con menores niveles de pobreza extrema de la entidad, es decir, niveles de pobreza extrema de 4.3% o menos —la mitad del promedio estatal—, encontramos que en ellos viven 4.3 millones de personas, de las cuales 155 mil viven en condiciones de pobreza extrema. En la elección de gobernador de 2017, Morena ganó nueve de esos 10 municipios y la coalición PRI-PVEM solamente uno.

El PRI-PVEM obtuvo triunfos en los municipios donde los niveles de pobreza son mayores, y la oposición ganó en donde los niveles de pobreza eran menores. Una población más educada y menos vulnerable tiene la posibilidad de votar en libertad y en condiciones de igualdad, ejerciendo un voto razonado.

Al analizar los porcentajes de pobreza extrema de los 125 municipios de la entidad con el porcentaje de votos que obtuvo la coalición PRI-PVEM en esas demarcaciones, se encuentra un coeficiente de correlación de 0.72. Esto indica que a mayor pobreza extrema, el porcentaje de votación por el candidato del PRI-PVEM fue mayor, y a menores índices de pobreza extrema, el porcentaje de votación obtenido por el PRI-PVEM fue menor. Es posible confirmar que en los municipios más pobres el PRI tiene mayores posibilidades de ganar.

Por el contrario, al analizar los porcentajes de pobreza extrema en los 125 municipios del estado con el porcentaje de votos obtenido por Morena en la elección para gobernador de 2017, se encuentra un coeficiente de correlación negativo de -0.61. Ello indica que a mayores niveles de pobreza extrema, el voto por Morena fue menor, y que en municipios donde el porcentaje de pobreza extrema es menor, Morena obtuvo mejores resultados.

Los datos no mienten ni están sesgados. Al grupo que ha detentado el poder durante más de 90 años en la entidad le favorece mantener altos niveles de pobreza y no tiene ningún incentivo para cambiar esta situación. A mayor pobreza y desigualdad, el PRI tiene mayores probabilidades de obtener votos favorables. En cambio, donde la población tiene menos carencias y mayores niveles de educación, el voto se ejerce con libertad y se incrementan los votos para otros partidos políticos.

También resulta pertinente analizar los porcentajes de participación a escala municipal. El porcentaje de participación ciudadana en la elección de gobernador del Estado de México fue de 53.7%. Votaron 6.08 millones de personas de un total de 11.3 millones de mexiquenses inscritos en la lista nominal de electores de la entidad.

Dentro de los mismos 31 municipios con mayores porcentajes de pobreza extrema, es decir, de 20.2% o más, se encontró un nivel de participación en torno a 66.2%; 13 puntos porcentuales por encima del promedio de la entidad. En cambio, dentro de los 10 municipios con menores niveles de pobreza extrema (4.3% o menos) se encontró un nivel de participación similar al promedio, de 54%. Es posible afirmar que en los municipios más pobres las personas votan más o, en su caso, son movilizadas o amenazadas para salir a votar.

Al analizar los porcentajes de participación ciudadana en los 125 municipios del estado con los porcentajes de votación obtenidos por el candidato a gobernador del PRI-PVEM, se encontró un coeficiente de correlación de 0.53. Si bien la relación no es tan fuerte, sí es una relación positiva, lo cual indica que donde la participación fue mayor, el candidato del PRI-PVEM obtuvo mayores porcentajes de votación. Por el contrario, al analizar los porcentajes de participación ciudadana por municipio con los porcentajes de votación obtenidos por la candidata de Morena, se encontró un coeficiente de correlación negativo de 0.47, que si bien tampoco es contundente, sí indica que donde la participación ciudadana fue mayor, los porcentajes de Morena fueron menores, y que donde los porcentajes de participación de votantes fueron menores, Morena obtuvo mayores porcentajes de votación.

De lo anterior se desprende que en los municipios más pobres las personas votan más y votan por el PRI. Si esta conclusión se analiza a la luz de las notas publicadas sobre movilizaciones masivas en zonas marginadas, favorece la hipótesis de que la coalición PRI-PVEM desplegó estrategias para llevar a los votantes hasta las casillas. El mismo día de la elección, el titular de la FEPADE interceptó camiones, cuyos choferes manifestaron que tenían instrucciones de llevar a votantes priistas al municipio de Nezahualcóyotl para que ejercieran su voto. Como ciudadanos mexiquenses, fuimos testigos de las movilizaciones de votantes que llevaron a cabo los simpatizantes del candidato del PRI-PVEM dentro de las zonas de mayor marginación en el estado. Existen diversas notas y reportes que documentan las movilizaciones, los pases de lista y las amenazas hacia los votantes.

Los datos analizados muestran cuantitativamente lo evidente. El uso y abuso de programas sociales, la entrega de apoyos en efectivo y en especie por parte de funcionarios del gobierno federal de origen priista, así como el despliegue de programas sociales llevados a cabo por funcionarios estatales hasta unos días previos al día de la elección, fueron parte de una estrategia instaurada y avalada por la legislatura local, desde el poder, para llevar a la gubernatura al candidato del PRI-PVEM. La estrategia se desplegó en los municipios con mayores niveles de marginación del Estado de México y no solamente se echó a andar la maquinaria para comprar y condicionar conciencias, sino que también se encendió para movilizar votantes. ¿Qué votantes? Los pobres de la entidad: aquellos que viven con mayores carencias, incluyendo la alimentaria; aquellos que están dispuestos a vender y a condicionar el voto por una despensa o un costal de cemento; aquéllos con tan bajos niveles de educación que no comprenden el concepto básico de libertad de sufragio. La estrategia política del grupo en el poder se dirigió a aquéllos cuyas condiciones de vulnerabilidad no les permitían votar en igualdad. La condición de vulnerabilidad fue aprovechada por políticos que se beneficiaron de tal situación.

La falta de ética de la clase política no solamente se refleja en la opacidad de su gestión y en los niveles de corrupción que se incrementan día a día; se manifiesta en las prácticas de compra de conciencias y en la explotación de las condiciones de vulnerabilidad para la obtención del poder. Si al menos, pasado el periodo de campaña, al asumir el poder público los políticos retribuyeran a sus bases de apoyo a través de programas para mejorar su calidad de vida, la población tendría alguna esperanza de progreso. En los hechos, al llegar al siguiente ciclo electoral se activan nuevamente los programas asistenciales, las condiciones de pobreza se mantienen y la brecha de desigualdad se incrementa.

Esto también prefigura lo que pueden ser las estrategias del gobierno federal hacia la elección de 2018. Las entidades más pobres del país fueron azotadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: Chiapas y Oaxaca. Según datos de Coneval de 2016,¹⁹ Chiapas ocupa el primer lugar en nivel de pobreza de toda la República Mexicana; 77% de personas en situación de pobreza y 28.1% en pobreza extrema, el equivalente a 1.5 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día. Oaxaca ocupa la triste segunda posición en los índices de pobreza con 70% de población y 26.9% en pobreza extrema, lo que significa que 1.08 millones de oaxaqueños viven con menos de dos dólares diarios. El gobierno federal ha desplegado la entrega de apoyos en estas dos entidades ante la magnitud de las afectaciones por los sismos: entrega de tarjetas con recursos hasta de 120 mil pesos para la reconstrucción de viviendas, materiales de construcción que entregan los gobiernos estatales, despensas, apoyos en refugios, entre otros. Toda la ayuda es totalmente justificada; sin embargo, sería ingenuo pensar que no será utilizada con fines electorales.

El Estado de México es una de las entidades más rezagadas del país en asuntos políticos. No sirven ni servirán leyes federales ni estatales si los partidos políticos y la clase política en su conjunto buscan permanentemente la forma de burlarlas o de actuar justo en el margen o límite de éstas. La emisión de leyes y la creación de instituciones no son suficientes si no existe la convicción de gobernantes y gobernados de respetarlas. Si bien el país entero vive un problema relacionado con el respeto al Estado de derecho, en el Estado de México el problema se potencializa. La entidad ha sido gobernada y controlada por la misma clase política por 88 años e, incluso durante los dos sexenios de alternancia federal y de presidencias del PAN, el Estado de México se mantuvo como bastión, rincón y refugio del PRI. Este partido controla al estado en su conjunto: la gubernatura, la legislatura, e impone integrantes de consejos y de tribunales electorales, administrativos y de impartición de justicia. El PRI compra las voluntades, incluso, de algunos legisladores de otros partidos. Tanto dentro del consejo local del INE en el Estado de México como dentro del consejo general del Instituto Electoral del Estado de México, los más rabiosos defensores de los intereses del PRI y del gobernador del estado no son los representantes de ese partido, sino los representantes de otros partidos políticos que se encuentran al servicio del PRI. Basta analizar unas cuantas actas de sesiones de dichos consejos para constatar esta afirmación. El sistema político mexiquense debe transformarse para que el país entero pueda avanzar y mejorar en sus prácticas democráticas.

Para avanzar hacia una sociedad más justa son necesarias ciertas características básicas, que hoy no se encuentran en diversas regiones del país. De acuerdo con John Rawls,²⁰ una sociedad justa es posible solamente si gobernantes y gobernados comparten ciertas bases éticas y construyen juntos las instituciones democráticas que aseguren la convivencia y la toma de decisiones en condiciones de libertad y de igualdad. Esto implica que todos los ciudadanos vivan en condiciones mínimas de bienestar y que tengan un entendimiento similar sobre las bases y los principios necesarios para consolidar una sociedad justa. En principio, se requiere que todos los integrantes conozcan el significado del concepto de “ciudadanía”, así como los derechos que tienen en calidad de ciudadanos. Además, es necesario que todos compartan la noción de que es posible vivir en una sociedad efectivamente regulada por una concepción pública de justicia.²¹

El dilema se centra en cómo avanzar hacia la construcción de un sistema político y una sociedad más justos cuando pareciera que no existen los incentivos adecuados para ello. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la del Estado de México establecen principios básicos: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como de las garantías para su protección; todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; queda prohibido todo tipo de acto que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

Las reglas están muy claras; lo que falta es respetarlas. Todos los mexiquenses tenemos responsabilidad en la construcción de una sociedad en la que impere la ética de la clase política; en la que los integrantes de toda la sociedad cooperen bajo el imperio de reglas públicamente reconocidas; en la que dicha cooperación se lleve a cabo bajo los principios de equidad y de justicia; en la que todos tengan las mismas oportunidades, y en la que los participantes compartan las ventajas de conseguir el bien común. No es sencillo, pero es posible.

Porcentaje de pobreza 2010 y resultados electorales 2017 por municipio

Municipio

Población 2010

% Pobreza extrema 2010

Pobreza extrema 2010

% Carencia alimentaria 2010

% Pobreza extrema + alimentaria 2010

Partido ganador 2017

% Votos PRI-PVEM 2017

% Votos Morena 2017

% Participación 2017

Sultepec

19 577

48.7

9 528

59.1

40.1

PRI-PVEM

66.1

14.3

68.6

San José del Rincón

69 761

47.3

33 014

57.0

38.4

PRI-PVEM

68.8

9.3

58.0

Luvisnos

18 992

44.7

8 482

55.9

37.8

PRI-PVEM

54.0

10.3

64.1

Zumpahuacán

11 252

43.8

4 926

58.4

37.0

PRI-PVEM

56.8

19.6

65.1

San Felipe del Progreso

101 257

43.4

43 958

61.4

37.6

PRI-PVEM

62.6

18.0

66.2

Donato Guerra

23 978

41.5

9 945

49.0

32.5

PRI-PVEM

57.0

10.2

67.2

Ixtapan del Oro

5 050

37.9

1 916

51.6

31.4

PRI-PVEM

50.6

9.7

71.3

Zacualpan

12 603

36.6

4 618

45.8

29.5

PRI-PVEM

58.9

29.6

66.1

Tlatlaya

26 762

34.9

9 327

44.5

26.9

PRD

41.5

8.3

72.1

Tejupilco

58 734

33.8

19 861

46.9

29.1

PRI-PVEM

46.2

25.2

63.4

Villa de Allende

40 351

33.5

13 512

55.7

29.0

PRI-PVEM

52.0

8.5

63.6

Temascalcingo

52 074

31.1

16 206

49.3

26.1

PRI-PVEM

53.6

28.1

64.6

Ecatzingo

6 187

30.2

1 867

36.9

22.7

PRI-PVEM

50.1

23.4

60.9

Acambay

51 631

29.2

15 074

51.3

26.3

PRI-PVEM

48.9

26.5

64.6

Villa Victoria

84 798

29.0

24 551

52.4

25.2

PRI-PVEM

74.1

10.0

70.2

San Simón de Guerrero

4 916

28.5

1 401

38.5

23.8

PRD

41.9

12.6

77.0

Almoloya de Alquisiras

10 151

28.3

2 871

35.7

20.9

PRI-PVEM

55.0

29.7

70.7

Ixtlahuaca

121 464

28.2

34 250

43.9

22.7

PRI-PVEM

51.0

26.2

64.1

Morelos

22 386

28.0

6 257

49.3

24.9

PRI-PVEM

60.0

21.8

67.6

Texcaltitlán

12 574

27.8

3 493

39.9

23.2

PRI-PVEM

46.9

29.3

70.4

Amatepec

20 063

27.4

5 505

39.3

20.8

PRI-PVEM

51.9

15.8

68.1

Atlautla

19 134

27.3

5 225

35.3

20.7

PRI-PVEM

43.7

29.8

56.5

Temascaltepec

24 517

27.0

6 622

42.5

22.2

PRI-PVEM

54.7

13.7

63.8

Otzoloapan

3 920

26.6

1 044

43.5

22.1

PRI-PVEM

61.0

25.9

77.3

Jiquipilco

56 997

26.5

15 122

49.2

22.1

PRI-PVEM

54.3

27.3

62.1

El Oro

29 472

26.3

7 760

45.0

22.4

PRI-PVEM

52.8

25.7

64.3

Temoaya

69 224

25.4

17 581

38.0

20.4

PRI-PVEM

42.4

29.8

56.4

0cuilan

26 270

25.1

6 583

47.8

21.9

PRI-PVEM

40.1

16.3

67.9

Amanaleo

17 108

23.9

4 097

44.1

20.5

PRI-PVEM

49.8

30.5

66.2

Chapa de Mota

23 955

20.6

4 941

37.4

17.3

PRI-PVEM

41.5

19.5

69.4

Malinalco

25 622

20.2

5 176

44.5

18.4

PRI-PVEM

47.8

18.5

65.3

Villa del Carbón

36 925

18.4

6 811

42.2

16.6

PRI-PVEM

59.5

20.5

66.2

Villa Guerrero

52 776

18.3

9 635

40.3

15.3

PRI-PVEM

43.7

14.4

57.1

Atizapán

8 748

17.6

1 539

41.6

16.4

PRI-PVEM

36.8

32.6

64.6

Nextlalpan

31 885

17.2

5 495

49.9

16.4

PRD

31.7

24.5

54.8

Coatepec Harinas

33 941

17.2

5 824

35.5

14.5

PRI-PVEM

54.0

24.4

58.2

Hueypoxtla

28 985

17.1

4 960

37.4

14.2

PRI-PVEM

46.9

24.0

58.5

Tenancingo

81 770

17.1

13 964

42.1

15.5

PRI-PVEM

34.3

33.9

59.0

Ixtapan de la Sal

29 157

16.7

4 883

30.6

14.0

PRI-PVEM

47.1

25.0

65.3

Zinacantepec

156 024

16.7

26 114

42.3

15.1

PRI-PVEM

38.7

23.4

61.2

Xalatlaco

23 267

16.6

3 861

41.6

15.1

PRI-PVEM

45.5

31.5

52.7

Valle de Bravo

56 425

16.6

9 347

36.6

14.9

PRI-PVEM

40.3

30.5

61.9

Otzolotepec

69 968

16.5

11 536

41.0

14.8

PRI-PVEM

40.2

29.6

60.0

Jilotepec

85 923

16.2

13 950

39.8

14.3

PRI-PVEM

35.8

33.0

63.0

Zacazonapan

3 627

15.4

558

37.5

14.1

PRD

38.5

11.0

72.9

Tepetlixpa

14 065

14.9

2 097

33.1

12.6

PRI-PVEM

41.6

36.9

56.8

Santo T ornas

11 786

14.5

1 715

37.0

12.8

PRI-PVEM

43.6

29.8

67.2

Aculco

53 562

14.3

7 680

45.9

13.6

PRI-PVEM

57.3

14.8

66.7

Juchitepec

19 071

14.3

2 730

32.6

12.1

PRI-PVEM

38.3

33.5

59.4

Ozumba

23 456

14.1

3 302

40.7

12.2

PRI-PVEM

42.6

31.6

58.4

Soyaniquilpan de Juárez

12 774

14.0

1 790

35.8

12.5

PAN

38.8

14.8

71.1

Timilpan

16 814

14.0

2 346

40.5

12.3

PRI-PVEM

52.8

27.4

76.3

Chimalhuacán

417 074

13.7

57 149

40.7

12.0

PRI-PVEM

36.7

30.4

40.7

Joquicingo

10 174

13.6

1 382

42.4

12.2

PRI-PVEM

51.8

23.8

68.7

Tianguistenco

55 180

13.5

7 436

33.9

11.6

PRI-PVEM

36.4

28.4

59.0

0tumba

29 327

13.3

3 891

31.8

11.6

PRI-PVEM

43.5

37.0

57.4

Axapusco

22 299

13.1

2 931

37.6

11.1

PRI-PVEM

50.2

29.2

69.8

Atlacomulco

87 025

13.0

11 293

30.1

11.6

PRI-PVEM

44.0

32.5

65.4

TOTAL

15 220 850

8.6

1 304 362

31.6

7.6

53.7

Porcentaje de pobreza 2010 y resultados electorales 2017 por municipio
(Cont.)

Municipio

Población 2010

% Pobreza extrema 2010

Pobreza extrema 2010

% Carencia alimentaria 2010

% Pobreza extrema + alimentaria 2010

Partido ganador 2017

% Votos PRI-PVEM 2017

% Votos Morena 2017

% Participación 2017

Temascalapa

26,688

12.9

3,453

33.0

10.9

PRI-PVEM

40.2

27.9

64.4

Apaxco

23,879

12.4

2,961

34.3

10.4

Morena

35.3

42.7

57.2

Atenco

45,394

12.3

5,602

41.2

11.4

Morena

42.2

44.0

59.6

Valle de Chalco Solidaridad

230,056

12.1

27,942

32.2

10.3

Morena

28.0

32.6

46.7

Almoloya de Juárez

141,927

12.1

17,187

34.9

10.8

PRI-PVEM

45.2

21.4

62.1

Jocotitlán

55,657

12.0

6,658

30.5

10.2

PRI-PVEM

45.2

27.3

69.3

Chalco

220,065

11.9

26,168

32.5

10.4

PRI-PVEM

36.3

35.7

45.7

Tenango del Valle

67,974

11.4

7,736

37.0

9.9

PRI-PVEM

38.1

29.3

57.0

San Mateo Atenco

79,739

11.3

9,049

42.0

10.4

PRI-PVEM

33.6

28.0

62.6

Lerma

118,378

11.2

13,283

41.0

10.3

PRI-PVEM

39.2

28.9

63.7

Tonatico

11,101

11.2

1,240

24.7

8.8

PRI-PVEM

50.3

22.0

64.8

Coyotepec

42,990

11.1

4,751

42.1

10.3

Morena

31.6

45.7

48.6

Tequixquiac

25,416

11.0

2,802

27.0

8.7

Morena

36.0

47.1

57.1

Calimaya

52,504

10.8

5,645

42.4

10.1

PRI-PVEM

36.4

25.8

60.7

Capulhuac

23,579

10.2

2,414

31.6

8.9

PRI-PVEM

39.7

28.7

48.4

Teotihuacán

43,090

10.1

4,372

30.0

8.7

PRI-PVEM

40.4

40.1

58.5

Tezoyuca

26,787

9.9

2,640

31.0

7.6

PRI-PVEM

40.0

39.1

49.9

Zumpango

130,982

9.6

12,534

29.8

8.4

Morena

36.9

39.3

46.3

Xonacatlán

41,397

9.5

3,916

38.5

8.8

PRI-PVEM

35.9

30.5

58.3

Jilotzingo

17,489

9.2

1,609

23.5

7.6

PRI-PVEM

53.3

20.2

58.3

Tultepec

88,740

9.1

8,051

34.4

8.3

PRD

24.0

29.7

52.0

Polotitlán

13,955

9.0

1,263

34.1

8.1

PRI-PVEM

58.2

17.8

63.0

San Antonio la Isla

19,005

8.8

1,669

27.2

8.0

PRI-PVEM

34.9

28.4

58.4

Tepetlaoxtoc

22,901

8.8

2,007

27.7

7.4

Morena

36.5

49.4

59.0

Texcalyacac

3,638

8.7

317

19.9

7.6

PRI-PVEM

47.5

27.2

70.7

Nopaltepec

7,744

8.6

669

33.1

7.6

PRI-PVEM

45.9

29.9

63.9

Chiautla

22,432

8.6

1,926

33.1

7.6

Morena

38.8

48.7

66.8

Ayapango

9,753

8.4

819

28.2

7.1

PRD

35.8

15.5

67.9

Melchor Ocampo

53,103

8.1

4,315

36.5

7.6

Morena

30.1

37.4

50.8

Amecameca

40,875

8.1

3,310

31.5

7.4

PRI-PVEM

36.8

29.2

59.7

La Paz

211,718

8.1

17,062

34.6

7.0

PRI-PVEM

41.0

30.9

50.4

San Martín de las Pirámides

25,427

8.0

2,034

36.7

7.2

PRI-PVEM

40.5

36.7

60.7

Isidro Fabela

11,791

8.0

942

29.5

7.1

PRI-PVEM

51.9

26.7

61.3

Texcoco

266,273

8.0

21,223

32.0

7.2

Morena

31.1

52.5

56.6

Chiconcuac

19,944

7.9

1,580

29.6

7.0

Morena

28.9

59.0

57.9

Tenango del Aire

9,942

7.9

785

37.0

6.9

PRI-PVEM

39.5

25.3

63.1

Papalotla

2,760

7.9

218

24.9

6.9

Morena

42.1

43.9

74.6

Tonanitla

12,180

7.5

914

34.2

6.7

Morena

31.9

42.0

56.8

Ocoyoacac

72,347

7.5

5,416

36.1

6.9

PRI-PVEM

32.8

30.3

61.6

Temamatla

11,242

7.4

835

31.0

6.7

PRI-PVEM

44.9

28.2

53.2

Mexicaltzingo

7,273

7.2

522

25.1

6.1

PRI-PVEM

37.8

30.9

53.8

Tlalmanalco

46,104

6.9

3,184

26.5

6.0

PRI-PVEM

39.1

35.1

52.3

Teoloyucan

70,101

6.9

4,810

34.8

6.2

Morena

34.7

40.8

52.7

Toluca

976,245

6.9

66,938

33.7

6.5

PRI-PVEM

31.3

26.3

62.6

Chicoloapan

189,804

6.8

12,881

36.4

6.5

PRI-PVEM

36.5

33.5

48.7

Nicolás Romero

407,150

6.6

26,945

35.1

6.1

PRI-PVEM

40.5

33.7

51.2

Rayón

15,207

6.5

988

37.2

6.1

PRI-PVEM

41.6

30.7

69.0

Ecatepec de Morelos

1,773,155

6.0

107,023

31.1

5.6

Morena

32.3

39.2

49.4

Tepotzotlán

92,521

5.8

5,361

32.0

5.3

Morena

30.9

41.7

52.6

Huehuetoca

114,339

5.7

6,510

32.2

5.5

PRI-PVEM

40.7

29.5

39.2

Acolman

158,905

5.3

8,453

30.4

4.8

PRI-PVEM

40.5

37.6

58.3

Ixtapaluca

571,928

5.0

28,660

32.2

4.7

Morena

34.4

36.2

45.9

Jaltenco

26,602

5.0

1,330

24.8

4.7

PRI-PVEM

36.0

31.5

57.1

Almoloya del Río

8,502

5.0

424

18.4

4.1

PRI-PVEM

35.9

32.8

67.4

Chapultepec

13,054

4.8

629

31.4

4.4

PRI-PVEM

36.8

29.7

60.0

Nezahualcóyotl

1,192,730

4.7

56,653

26.1

4.4

PRD

20.3

24.6

50.7

Huixquilucan

263,749

4.4

11,498

24.6

4.0

PRI-PVEM

37.9

20.7

56.5

Cocotitlán

15,086

4.3

649

27.6

3.9

Morena

29.4

38.1

63.3

Naucalpan de Juárez

824,781

4.3

35,251

29.2

3.9

Morena

31.3

34.1

47.8

Tultitlán

591,603

4.0

23,824

25.4

3.7

Morena

31.8

40.0

49.8

Tecámac

417,675

4.0

16,648

28.1

3.8

Morena

33.7

40.5

56.2

Tlalnepantla de Baz

694,838

4.0

27,619

22.6

3.7

Morena

29.4

37.8

49.1

Atizapán de Zaragoza

536,894

3.3

17,599

27.7

3.1

Morena

26.9

35.0

48.9

Metepec

258,589

3.2

8,210

22.3

3.1

PRI-PVEM

29.1

28.8

67.0

Cuautitlán Izcalli

571,923

2.7

15,371

20.0

2.5

Morena

27.4

41.7

54.8

Cuautitlán

164,175

2.3

3,783

22.3

2.1

Morena

31.1

38.7

56.4

Coacalco de Berriozábal

324,247

2.0

6,350

16.8

1.7

Morena

26.9

40.4

54.0

TOTAL

15,220,850

8.6

1,304,362

31.6

7.6

53.7

NOTAS

¹ Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Época, México, 1997.

² Ibidem, p. 56.

³ Reforma, 27 de noviembre de 2016, disponible para suscriptores en <http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=993110>.

⁴ “La disputa electoral para gobernar el Estado de México y sus implicaciones presidenciales”, The New York Times (edición en español), 6 de mayo de 2017, disponible en <https://www.nytimes.com/es/2017/05/06/la-disputa-electoral-para-gobernar-el-estado-de-mexico-y-sus-implicaciones-presidenciales/>.

⁵ “En el Estado de México, el gobierno reparte dinero por más de 100 mdp en año electoral”, Huffington Post, 20 de marzo de 2017, disponible en <http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/03/20/en-el-estado-de-mexico-el-gobierno-reparte-dineros-por-mas-de-1_a_21901865/>

⁶ Idem.

⁷ Idem.

⁸ LIX Legislatura del Estado de México, comunicado de prensa núm. 0910, 30 de marzo 30 de 2017. Disponible en <http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2017/1703/bols_pdf/0910.pdf>.

⁹ De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), disponible en <http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#tabMCcollapse-Indicadores>.

¹⁰ De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), disponible en <http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx>.

¹¹ Según la Coneval, la línea mínima de bienestar es de $56 pesos al día en zonas rurales y $78 pesos en zonas urbanas.

¹² Mathieu Tourliere, “Hambre no se ha erradicado ‘porque no sabíamos dónde estaban los pobres’: Miranda”, Proceso, 7 de marzo de 2017, disponible en <http://www.proceso.com.mx/477174/hambre-se-ha-erradicado-sabiamos-donde-estaban-los-pobres-mir>.

¹³ Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, México, 1988, pp. 337-355.

¹⁴ Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, Santillana, México, 2012, pp. 173-201.

¹⁵ Ibidem, p. 189.

¹⁶ Ibidem, pp. 189-193.

¹⁷ Instituto Electoral del Estado de México, “Información de los procesos electorales de junio de 2017”, disponible en <http://www3.ieem.org.mx/2014/maxp/maxima_publicidad/maxima16_17/index.html>.

¹⁸ Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Pobreza a nivel municipio 2010”, disponible en <http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-pobreza-municipal-2010.aspx>.

¹⁹ Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Pobreza en México”, disponible en <http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx>.

²⁰ John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, Cambridge, 2001, pp. 5-8.

²¹ Idem.

Ana Vanessa González Deister. Licenciada en derecho por la UNAM y también estudió ciencia política en el ITAM. En 2013 concluyó un curso de Responsabilidad Social Corporativa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

Entre 1999 y 2008 trabajó como asesora en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora INE. Participó dentro del Comité Conciudadano de Observación Electoral durante el proceso electoral de 2009. Fue nombrada Consejera Electoral del Consejo Local del INE en el Estado de México para los procesos electorales federales 2012 y 2015, así como para el proceso electoral local 2017.

A partir de diciembre de 2009 labora en Banco Nacional de México y desde 2013 es directora de Fomento Social y Ecológico donde gestiona proyectos relacionados con la atención a familias afectadas por desastres naturales; fomento a la productividad en zonas marginadas; el apoyo al emprendimiento social; así como la educación ambiental, conservación, reforestación y cuidado del agua.

El terror en la elección mexiquense 2017

Norberto López Ponce

Las alarmas empezaron a sonar en el PRI al conocerse los resultados de la encuesta nacional trimestral realizada por El Universal y Buendía & Laredo sobre la aprobación del trabajo del presidente Enrique Peña Nieto en junio de 2016, esto es, un año antes de la elección del gobernador del Estado de México. De 56% de reprobación de marzo, el indicador subió a 63% en el sexto mes.¹ El dato mostraba una peligrosa tendencia ascendente que arrancaba desde febrero de 2014 cuando la reprobación alcanzaba 46%.

La encuesta publicada por el diario Reforma en agosto de 2016 fue más contundente: la gestión del mandatario tenía una aprobación de 23% de la ciudadanía y 74% de desaprobación;² Peña Nieto iba en picada. Los datos de enero de 2017, tras el aumento de la gasolina, fueron aterradores. De acuerdo con la encuesta de Reforma de ese mes, 86% de ciudadanos desaprobaba el trabajo de Peña Nieto, y sólo 12% lo aprobaba.³ Bajo ese fondo reprobatorio estaba el repudio nacional hacia el PRI, derivado de la repulsa a las llamadas reformas estructurales neoliberales, el aumento de las gasolinas, el saqueo de las arcas estatales por los gobernadores priistas, la impunidad de los políticos infractores, el incremento de la inseguridad, la falta de empleo, los salarios precarios, el aumento de la pobreza y, en fin, una serie de variables que daban cuenta del estado de degradación del país y del Estado de México.

Bajo esta circunstancia, el presidente de la República y exgobernador del Estado de México se convertía en un lastre para el proceso electoral ya en marcha, más que en un activo electoral.

Las expresiones desaprobatorias o insultantes hacia Peña Nieto en las redes sociales se generalizaron. En las marchas de protesta el presidente era una figura central para el denuesto. Los analistas críticos destacaban los actos de corrupción de funcionarios, los errores de la gestión federal o las decisiones que golpeaban los derechos humanos y los bolsillos de los mexicanos. No obstante, al interior del PRI Peña Nieto mantenía el control de la estructura política y tenía la fuerza suficiente para imponer a su primo Alfredo del Mazo Maza como candidato de su partido.

Los resultados de las encuestas, sumados a las diversas expresiones de crítica, rechazo, chunga y ofensa en redes sociales hacia el presidente de la República mostraron a una sociedad encabronada con el jefe del Ejecutivo federal y con el partido tricolor, y consecuentemente, la posibilidad aterradora de que el PRI fuera derrotado en la elección de gobernador del Estado de México, lo que habría significado para el priismo perder uno de sus bastiones históricos desde hacía 88 años. Frente a ese escenario apocalíptico, el presidente y la dirigencia del PRI decidieron agregar a la campaña de guerra sucia contra la candidata de Morena, la profesora de Delfina Gómez, una campaña de terror orientada a paralizar a los ciudadanos y potenciales electores a fin de que no saliesen a votar en contra de Del Mazo el 4 de junio de 2017. La ecuación priista para ganar la elección apostaba al voto duro del PRI mexiquense de 2.3 millones, más una abstención de 60%.⁴

“FUERTE Y CON TODO”

“Fuerte y con todo”, en cuanto lema de Del Mazo, no solamente hizo alusión a la mano dura y fuerza de su oferta electoral frente a los problemas de inseguridad pública que resentía la entidad mexiquense o a su propuesta de mejorar lo que se tenía u otorgar mayores beneficios sociales a los mexiquenses, sino también a la disposición de recurrir a lo que fuera necesario, ilegal o violento, para asegurar la victoria priista. Tal pretensión, sin embargo, constituía un delito electoral, establecido claramente en el artículo 7, fracción XVI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, según el cual se impondría una sanción a quien “realice por cualquier medio alguno acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio…”.

En los hechos, una campaña de miedo y de odio exitosa ya había tenido lugar en la elección presidencial de 2006, sin que hubiese consecuencias graves. En esa ocasión el PAN, el Consejo Coordinador Empresarial, particulares y empresas como Jumex y Sabritas financiaron la campaña de linchamiento, descalificación y mentira contra Andrés Manuel López Obrador, la cual debió haber sido investigada y castigada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y declarada nula la elección.

En la campaña, el candidato de la Coalición por el Bien de Todos —López Obrador— fue presentado en los spots de televisión y radio como “un peligro para México”. En un spot del PAN, por ejemplo, se ve cómo una mano va colocando ladrillos —algunos con palabras grabadas como “desempleo”, “devaluación”, “crisis”— sobre una construcción endeble —el Segundo Piso del Periférico—, mientras una voz en off advierte: “Éste es el Segundo Piso de la Ciudad de México, ¿cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones?, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más, y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Éstos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México”.⁵ Al final, la débil construcción se desploma.

El efecto de estos spots se tradujo en la reactivación de las ansiedades públicas, esto es, las zozobras, preocupaciones, angustias que anidaron en el individuo y en la conciencia colectiva de los mexicanos ante lo que parecía una crisis inevitable con el triunfo de López Obrador.

Según Javier Treviño Rangel, “los pánicos morales emergen en las sociedades cuando un episodio, persona o grupo son definidos como una amenaza a ciertos valores o intereses sociales. Supone un miedo irracional o un fenómeno fuera de control”,⁶ que fue sobredimensionado por los medios de comunicación, principalmente las televisoras, en un contexto donde éstas se han constituido en el medio privilegiado por los mexicanos para mantenerse informado sobre las cuestiones políticas y electorales.

Lo que vio la sociedad en mayo de 2017, antes de la jornada electoral, sobrepasó la idea de imponer un miedo moral. No se trató de una estrategia orientada a promover una amenaza a los valores o a los intereses sociales, sino de amedrentar a los electores en general y a los promotores de campaña de la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sobre todo del motor de este partido —López Obrador—, con la posibilidad de perder la vida. En ese sentido, la pérdida ya no era un bien, un estatus o un valor, sino la vida. Se trató entonces de imponer en la sociedad un clima electoral de terror, es decir, un ambiente en donde los electores, si salían a votar e insistían en apoyar las actividades de Morena, corrían el riesgo de ser violentados en la calle o en las casillas.

Ciertamente, el miedo es un temor a algo imaginario o real, diríase natural en el hombre, capaz de generar mecanismos de defensa, valentía y creatividad; pero el terror básicamente está orientado a paralizar a la persona, en ese caso poniendo en riesgo mayor la vida. Y esto era precisamente lo que se deseaba. Era necesario desalentar la participación electoral, sobre todo, por el crecimiento extraordinario de Morena en la entidad, y sustancialmente en los distritos del Valle de México.

El crecimiento se daba con la incorporación de ciudadanos jóvenes ilustrados clasemedieros que vieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto la declinación de sus sueños de bienestar. El desempleo se manifestaba en toda su crudeza, y cuando había trabajo, resultaba insuficiente el salario para una vida digna. Las aspiraciones de movilidad social tenían que cancelarse dada la incapacidad económica para adquirir una casa, formar una familia o estudiar en la universidad. El gobierno peñanietista simplemente no los veía ni los escuchaba.

Cabe advertir que hasta la fecha las denuncias presentadas por Morena en la FEPADE o en los ministerios públicos no han tenido respuesta. Los autores intelectuales y materiales siguen sin conocerse y, al parecer, las quejas finalizarán como terminan miles de denuncias ciudadanas: el carpetazo o la basura. La impunidad parece imponerse en lo electoral como un anticipo de lo que serán los futuros procesos electorales, en los que cualquier partido, candidato o agrupación violenta podrá cometer actos de terror electoral y no pasará nada.

Los responsables de los actos que provocaban temor e intimidación en el electorado fueron identificados por la FEPADE con grupos de presión y la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Informe mensual de actividades de junio de 2017 de la FEPADE, la fiscalía tenía 33 carpetas de investigación iniciadas, correspondientes al periodo de enero a mayo de ese año, las cuales estaban relacionadas con la provocación de temor e intimidación en la ciudadanía, lo que resultaba atentatorio a la libertad del sufragio. De ese total, 20 correspondían al Estado de México y cinco a Coahuila.⁷

En el caso del Estado de México, entraban dentro de esa categoría las cabezas de cerdo chorreantes de pintura roja, las mantas con mensajes amenazantes, las coronas mortuorias, la quema de automóviles, el secuestro de dirigentes de Morena, el allanamiento a las casas de los promotores de Morena por parte de la policía, los telefonemas nocturnas, los citatorios apócrifos a funcionarios de casilla —supuestamente firmados por el fiscal titular de la FEPADE—, los volantes aparentemente emitidos por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) —con instrucciones para actuar en caso de posibles balaceras en las casillas— y las llamadas telefónicas con amagos de agresión.

LAS CORONAS FÚNEBRES

Los actos de terror iniciaron en abril durante la campaña de la profesora Delfina Gómez, quien acompañada del dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, llenaba las plazas municipales del Valle de México con ciudadanos efusivos. La percepción mediática era que Morena iba creciendo extraordinariamente en número de simpatizantes.

En efecto, El Economista publicó una encuesta el 5 de abril de 2017 en la que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, encabezaba las preferencias de voto con 24.5%, seguido de Delfina Gómez con 21.3% y de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), con 18.4%. Dos semanas después, el 25 de abril, este mismo diario refirió que de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky sobre las preferencias para la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez encabezaba las preferencias de voto con 24.4%, Alfredo del Mazo se encontraba en el segundo lugar con 23.6% y en tercer lugar, Josefina Vázquez Mota, con 14.9%. Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocupaba la cuarta posición con 13.6%.

En 15 días la candidata de Morena había ascendido en las preferencias de voto, mientras Del Mazo Maza y Vázquez Mota habían perdido terreno. Adicionalmente, la encuesta reveló que 46.4% de los mexiquenses aseguraron que “nunca votarían por el candidato del PRI”, amén de que 57% de los encuestados tenían “una mala opinión del PRI”. El escenario que se esbozaba para los 35 días siguientes era complicadísimo para Alfredo del Mazo.

El diario Reforma, por su parte, publicó el martes 25 de abril los resultados de su encuesta. Para este medio, la candidata de Morena, Delfina Gómez (29%), y el del PRI, Alfredo del Mazo (28%), encabezaban las preferencias, en tanto que Vázquez Mota (22%) retrocedía en la contienda.⁸

En esta circunstancia extraordinaria para Morena, la madrugada del sábado 29 de abril los vecinos de Acolman informaron del incendio de un Ford Topaz, con placas de circulación 354-PNN del Estado de México, y a unos metros de ese sitio una corona de flores fúnebre con el nombre de Andrés Manuel López Obrador escrito en un listón morado, así como una manta firmada por la “La Familia Unida” donde se leía: “AMLO en el estado ya te cargo la verga porque ni tu ni el puto de tu compadre Felipe el Ojos de tlauac (sic) no entran a la Vega. La Familia Unida”.⁹

El acto amenazante iba dirigido a López Obrador porque aparecía como el principal promotor de la candidatura de Delfina Gómez para posicionarla en el primer lugar de las preferencias de voto. Pero Acolman había sido escogido por La Familia Unida porque en la tarde de ese día, López Obrador estaría en un acto de campaña de Morena. ¿Qué era La Familia Unida? ¿Por qué la expresión de estos actos, equiparables a los del crimen organizado?

Por la tarde, en Acolman, López Obrador hizo una lectura de los acontecimientos:

¿Saben quiénes son los de La Familia Unida? Los de la mafia del poder. Desde Acolman les decimos que nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a seguir adelante. Sus videos, todas esas porquerías que hacen y que fraguan, se traman desde Los Pinos porque el jefe de la mafia del poder es Peña Nieto y el operador de la Familia Unida, el fontanero, el que hace el trabajo sucio es Osorio Chong, el secretario de Gobernación.¹⁰

Curiosamente, desde Los Pinos no hubo ninguna reacción a ese gravísimo señalamiento.

Acusar al presidente Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong y a la mafia del poder de fraguar el terror electoral no detuvo a las fuerzas que iban “duro y con todo” agregando un ingrediente de terror a la campaña electoral mexiquense. El domingo 30 de abril se repitió la escena fúnebre en el cruce de las calles de 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, a un costado del palacio municipal de Chimalhuacán. Junto a un automóvil Buick quemado, apareció otra corona fúnebre con el nombre de Andrés Manuel López Obrador y una manta con un nuevo mensaje: “AMLO ya mamaste junto con la maestra no cumpliste en Texcoco si se hace el desmadre es tu culpa culero a la verga junto con tu compañero Felipe. La Familia Unida” (sic).¹¹ En la concentración en Chimalhuacán, López Obrador reiteró su acusación: “Lamento de Peña Nieto su poco nivel político y moral, con la intención de dañarme, lo cual me da pena. Es una vergüenza que quien se ostenta como presidente de nuestro gran país, México, no actúe como hombre de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla”.¹²

Según el texto mafioso de La Familia Unida, López Obrador era el responsable del “desmadre” que pudiera hacerse. En tal sentido, le insinuaban que se retirara de la campaña y dejara de ir al Estado de México dado que él ya había “mamado”. La sociedad, sin embargo, advertía que los autores intelectuales buscaban la desmovilización social, es decir, generar un ambiente de terror que hiciera que los ciudadanos no salieran a votar el día de la jornada electoral, beneficiando con ello al candidato del PRI.

López Obrador concluyó el acto de Chimalhuacán con un pasaje literario: “Y como decía el Quijote, cuando está por medio la libertad o la honra, se puede y se debe arriesgar hasta la vida”.¹³

A medida que las encuestas de finales de mayo continuaban mostrando un empate técnico entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo —con una tendencia a seguir creciendo por parte de Delfina—, la estrategia de imponer terror fue convirtiéndose en algo imprescindible para el priismo con la finalidad de desalentar al elector de Morena a ir a las urnas. Justo en esas fechas, se hizo público el video de una reunión de 14 operadores priistas —encabezada por la entonces presidenta del PRI mexiquense Alejandra del Moral Vela y el coordinador de la campaña de Del Mazo Maza, Ernesto Némer Monroy— en el que discutían los avances de la campaña. En una escena, Némer excitaba a los asistentes: “¡Pero con mucho ánimo, eh! ¡Fuerte y con todo, eh! ¡Sigan aplaudiéndole! ¡Fueeerte y con tooodo!”, esto último lo repetían de manera vehemente los concurrentes. Luego, a la pregunta de Némer sobre cómo le van a responder a los que cuestionan los avances en el Estado, un operador contesta: “¡Que le vamos a romper la madre a cualquiera que se oponga al régimen priista!”. La bravata fue festejada efusivamente por todos.

El video no fue tomado de manera encubierta. Némer mira la cámara; incluso al finalizar, dice: “A todos los que nos están viendo y escuchando, les mandamos un saludo”, y entonces se escucha una rechifla con mentadas de madre.¹⁴ “Romper la madre” es una expresión popular que alude a golpear a alguien —generalmente en la cara o en la boca— que se opone a los deseos o decisiones de otro, hasta someterlo. En ese contexto, se refiere al uso de la violencia física contra los militantes de Morena para sojuzgarlos, lo que constituía una directriz política sintetizada en el lema de Del Mazo: “Fuerte y con todo”.

Los actos de terror continuaron. Justo, la jornada electoral, en la comunidad de Chipiltepec, del municipio de Acolman, a las 5:20 horas, los vecinos de esa población salieron a sofocar el incendio de un automóvil Seat con placas MZF-6437. Y junto al vehículo incendiado, la policía encontró una hoja con un mensaje que aseguraba que la candidata Delfina Gómez había pactado “dar tierras a los huachicoleros de Puebla”.

Más tarde en ese mismo municipio, a las 6:00 horas, en el domicilio de Iván Santos, presidente del comité municipal de Morena y representante distrital ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de ese mismo partido, fue dejada una cabeza de cerdo con una hoja firmada por La Familia Unida, en la que se amenazaba a Delfina Gómez. Seguidamente, los autores desconocidos le dieron cuatro balazos a la puerta de su casa ubicada en la colonia Real del Valle. Este caso, al igual que en todos los demás, la policía municipal tuvo conocimiento de los hechos, y el Ministerio Público levantó el acta correspondiente, pero no se sabe del autor material y mucho menos del intelectual responsable de los ilícitos.

LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS AMENAZANTES

En la estrategia para imponer el terror, las llamadas telefónicas amenazantes a militantes de Morena empezaron a realizarse en vísperas de la jornada electoral. La voz anónima que hacía la llamada preguntaba a modo de encuesta: “¿Apoyas a Morena?”; si la respuesta era “sí”, entonces el tono amigable cambiaba. El sujeto con el lenguaje vulgar típico de un extorsionador o secuestrador daba santo y seña del receptor y su familia: “Te tenemos ubicada, sabemos lo que haces y te estamos vigilando. Más te vale que no te presentes porque te vamos a matar a ti y a toda tu puta familia: a Fernando, Héctor, Deyanira, Iván. ¿Los conoces?”. Luego de insistir atropelladamente en su propósito, terminaba diciendo a gritos: “¡Te vamos a matar, hija de tu puta madre, ya te pasaste de verga!, ¿oíste? ¡Te vamos a matar y a tu puta familia se la va a cargar la verga también!”.¹⁵

¿Cuántas llamadas se hicieron en los días previos a la jornada electoral? ¿Cuántos optaron por no ir a votar por Morena en razón de la posibilidad de perder la vida? ¿Cuántos recomendaron a sus familiares y amigos morenistas abstenerse de votar bajo esa amenaza? No se tiene un dato cierto de ello. Lo probable es que la intimidación haya tenido un efecto disuasivo en miles de ciudadanos que despliegan su vida cotidiana en espacios donde la inseguridad se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

LAS CABEZAS DE CERDO

Conforme se acercaba la fecha de elección, los bárbaros mensajes crecieron. El sábado 3 de junio, en la madrugada, sujetos desconocidos dejaron en la escuela primaria José Vasconcelos de la colonia Bosques del Alba, municipio de Cuautitlán Izcalli, cabezas de cerdo llenas de pintura, simulando sangre. Junto a ellas, hojas con nombres y direcciones de vecinos, además de una cruz negra. Curiosamente, en esa escuela primaria se instalarían las casillas electorales para la elección de gobernador.

En ese mismo municipio, otras bolsas con cabezas de cerdo fueron puestas frente a la secundaria número 105 Héroes de la Revolución Mexicana, en la colonia La Piedad. Este mismo hecho espeluznante se repitió en el jardín de niños Plan Alemán, situado en la avenida San Rafael, en la colonia Ferrocarrilera, municipio de Tlalnepantla, y en las oficinas de Morena ubicadas en el centro de Tlalnepantla, calle Ayuntamiento 80, casi esquina con Mariano Escobedo. Allí fueron arrojadas unas 20 cabezas de cerdo. De igual manera, cerca de la terminal del Mexibus, en la estación Ojo de Agua del municipio de Tecámac, tuvo lugar otra escena semejante.¹⁶ También se observó este hecho frente a la sede de Morena en Ixtapaluca y en Valle de Chalco Solidaridad. Así mismo, un morral con una cabeza de cerdo fue dejado en la colonia San Miguel Xico, frente al domicilio del expriista Luis Enrique Martínez Ventura y actual simpatizante de Morena, a la que acompañaba una cartulina con advertencias contra el político.¹⁷

La escena sangrienta con cabezas de cerdo resultaba aterradora y remitía a la memoria los salvajes procedimientos de los cárteles del crimen organizado contra sus competidores territoriales: el mensaje era de muerte. Asimismo, los brutales sucesos cobraban una dimensión espeluznante no sólo para los vecinos electores que aparecían en la lista ensangrentada, como sentencia de muerte en razón de su activismo en favor de Morena, sino también para los dirigentes municipales morenistas que se multiplicaban formando brigadas que recorrían casa por casa promoviendo el voto en favor de la candidata Delfina Gómez.

Magnificado por el rumor social y la exposición machacona en los medios y redes sociales, la nota roja sin duda alguna impactó emocionalmente a los ciudadanos que se habían propuesto votar el domingo de elección, pero que dada esa circunstancia, más valía quedarse encerrado en casa.

VOLANTES FALSOS DEL IEEM ALERTANDO BALACERAS

Junto a las cabezas intimidantes de cochino, se arrojaron a las calles del territorio mexiquense, pero sobre todo en la zona oriente y Ecatepec, volantes con el formato y el logotipo del IEEM en los que se daban instrucciones a los electores para “actuar en caso de ataques” cuando acudieran a su casilla el 4 de junio a emitir su sufragio:

Número uno: ante todo guarde la calma; dos, si escucha disparos, tírese al suelo, es lo más seguro; tres, si lleva niños, cúbralos con su cuerpo; cuatro, evite usar el teléfono, puesto que está a la vista de los delincuentes; cinco, siga las instrucciones que le den; seis, evite mirar de frente a los delincuentes; siete, cuando se retiren, espere unos minutos para asegurarse que se fueron; ocho, revise su cuerpo y el de las personas con quienes esté acompañado; nueve, regrese a su casa, y diez, llame a la policía.

El panfleto sentenciaba: “Más vale estar preparado”.

El mensaje era terrible porque anunciaba, casi con seguridad, ataques de grupos de presión o del crimen organizado y balaceras en las casillas electorales. Para hacer más dramática la escena, se hablaba de que los niños, hijos de los sufragantes, estaban en riesgo de resultar heridos o muertos de bala. En el imaginario del electorado quedaba la idea de que votar equivalía a arriesgar la vida de los hijos a las balas de los criminales y, posiblemente, resultar herido o muerto. Puestos en una balanza, la vida personal y la de los hijos y, en el otro extremo, la emisión del voto, resultaba muy caro cumplir con esto último. Más valía quedarse en casa y no votar.

EL ALLANAMIENTO DE HOTEL EN TEJUPILCO

La noche del sábado 3 de junio, un equipo de militantes de Morena, encabezado por Clara Marina Brugada Molina, estaba hospedado en el Hotel Juárez de la ciudad de Tejupilco. El objeto de su estancia en ese distrito sureño tenía que ver con la coordinación de actividades de Morena para la jornada electoral del domingo 4.

Sorpresivamente y sin mediar ninguna orden judicial, irrumpió en el hotel un contingente de aproximadamente 50 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes con pistola en mano y armas largas, anunciaron a Brugada la realización de un operativo de registro de las habitaciones donde se alojaban los morenistas. Al decir de los policías, el comandante Alejandro Alba Bustos —responsable del operativo— los envió a cumplir esa diligencia en atención a una llamada anónima denunciando la existencia de armas en las habitaciones ocupadas por los fuereños.

Brugada y sus acompañantes se opusieron al registro de sus habitaciones dado que los policías no mostraron ninguna orden de cateo; les dijeron que podían revisar los pasillos porque se trataba de un área común, pero que las habitaciones tenían un carácter privado. “Nosotros sólo estamos haciendo nuestro trabajo… recibimos una denuncia”, decían los policías estatales mientras abrían puertas para inspeccionar los cuartos. Por su parte, Brugada les respondió lo siguiente: “Los estamos grabando ‘Los vamos a denunciar’. Mañana va a haber una elección y están violando nuestras garantías individuales, y a ver, deme su nombre”. Frente al requerimiento de mostrar la orden de cateo y dar sus nombres, los policías, pistola en mano, optaron por abandonar el hotel y subir a las camionetas de la policía estatal.¹⁸

Clara Brugada, en un video publicado en Facebook,¹⁹ denunció el allanamiento y señaló que no era justo que el gobierno estatal usara la fuerza pública para “intimidar a la gente” y que éste tenía una responsabilidad política en la elección y con la población que pacíficamente quiere participar en la elección. En la lectura del hecho, destacaba la intención del gobierno estatal de frenar el avance de Morena.

LOS CITATORIOS APÓCRIFOS DE LA FEPADE

Justo en la víspera de la elección de gobernador del Estado de México, decenas de funcionarios de casilla y representantes de Morena recibieron citatorios falsos para que se presentaran en la FEPADE. Curiosamente, la notificación había sido cumplida en un santiamén por la policía municipal, dado que cada nombre contenía la dirección exacta y la actuación policiaca se efectuaba con la aquiescencia de los presidentes municipales; pero, además, ¿cómo se había apropiado la entidad obscura, emisora del documento falso, del listado de nombres y direcciones de los representantes de casilla de Morena si esta información sólo la tenía el Instituto Nacional Electoral a través de sus juntas distritales? Bajo esta consideración, todo indica que se trató de una filtración perversa desde la instancia electoral.

El mencionado citatorio —con logotipos oficiales, número de carpeta de investigación y fechado el 1º de junio— contenía, en esencia, una ostensible amenaza de privación de la libertad al ciudadano mexiquense por la comisión de un supuesto delito electoral. Así, luego de enunciar cierta fundamentación legal, decía en tono intimidatorio y tajante: “Solicito a usted su comparecencia ante esta representación social en un término no mayor de 48 horas; toda vez que es necesaria su presencia para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial, debiendo comparecer con una persona de su confianza y/o abogado en las oficinas de esta fiscalía. Apercibiéndolo que en caso de no asistir se hará acreedor a las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales” [sic].

La acusación resultaba aterradora para el ciudadano sencillo que tenía la convicción de no haber hecho algo ilícito. No obstante, se le comunicaba que se le investigaba “por actos constitutivos de delitos electorales” y, específicamente, por “actos de presión o coacción del voto en el Estado de México”. Y la notificación remataba con un anuncio demoledor: “[a quien] organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto, se le impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años”. Al final, aparecía la firma del doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal de la FEPADE.

Frente a la posibilidad de ser multado y enviado a prisión por la autoridad correspondiente, sin haber cometido tal ilícito, los indiciados eran colocados ante una embarazosa, sorpresiva e injusta circunstancia. Por sus escasas posibilidades de genuina defensa, lo más recomendable para el ciudadano era cortar cualquier relación con Morena.

Ante el escándalo que produjo el apócrifo, el doctor Santiago Nieto Castillo se deslindó del mencionado citatorio e intentó paliar los posibles efectos inhibitorios en el electorado. A las 18:27 horas del 3 de junio, tuiteó: “Mensaje a la ciudadanía: son falsos los citatorios que se están distribuyendo a representantes de partido firmados a mi nombre. Denuncien”.²⁰

¿Quién estaba atrás de esta absurda conducta? En el imaginario de la ciudadanía, todo apuntaba al PRI.

EL LEVANTÓN A MORENISTAS

El mismo día de la jornada electoral, los actos de terror contra Morena continuaron. En Atlacomulco, por ejemplo, Óscar Juárez Cárdenas, coordinador de ese partido en la tierra de Isidro Fabela, fue levantado por un grupo criminal.

Su esposa refiere que en la madrugada observó dos camionetas desconocidas afuera de su casa. Juárez Cárdenas fue interceptado frente a su domicilio y sometido por personas desconocidas. Una vez que se rindió, fue subido a su propio auto. El vehículo posteriormente fue hallado por la policía a un costado de un hotel en Atlacomulco. La esposa narró que delante de las camionetas encontró dos lapiceros de su esposo destrozados y su camisa con manchas de sangre. El Ministerio Público que tomó el asunto en sus manos aseveró que el último reporte del teléfono celular de Juárez Cárdenas fue entre los municipios de Aculco y Polotitlán.²¹

Como podía esperarse, el levantón pronto se difundió en las redes sociales. El secretario de Gobierno, José Manzur Quiroga, quiso entonces reducir el costo de los daños sobre su partido, asegurando al representante de Morena en el IEEM, Ricardo Moreno, que ya se iniciaban las investigaciones pertinentes para dar con los autores del ilícito. Tampoco en esta ocasión, como ocurrió con todas las demás fechorías, se logró esclarecer el asunto. Como en otras oportunidades, se le dio carpetazo a la queja.

Juárez Cárdenas finalmente fue localizado con vida el 6 de junio; pero, temiendo por su vida, se negó a hacer alguna declaración.

El mismo día de la elección estatal, Pablo Nava, morenista de Metepec, fue levantado por una camioneta tipo van blanca. Horas más tarde, Nava fue localizado en el Ministerio Público de Metepec, acusado de estar relacionado con un accidente de tránsito, del que no había denuncia ni lesionados, como reconoció Manzur Quiroga.

Un tercer militante de Morena, Luis Antonio Pacheco —representante suplente en el consejo distrital de Cuautitlán Izcalli—, fue levantado alrededor de las seis de la mañana afuera de su domicilio y subido a un automóvil Platina color blanco. A esa hora, Pacheco se dirigía al consejo distrital para acudir a la instalación de la sesión permanente de la jornada electoral, pero no llegó. Luego de las 9:00 horas, su familia informó y denunció los graves hechos.²²

Los casos de Óscar Juárez Cárdenas, Pablo Nava y Luis Antonio Pacheco parecían hechos aislados; no obstante, coincidían en que se trataba de activistas que fueron levantados por sujetos desconocidos. El levantón tenía por objeto intimidar a representantes de Morena, inhibir el activismo en ese día electoral y, colateralmente, desalentar a los ciudadanos para ir a votar con actos propios del crimen organizado.

ASALTO A CASILLA DE ECATEPEC

La ola de violencia todavía se manifestó el mismo día de la jornada electoral. Al mediodía, cuatro sujetos con cubrebocas y capuchas, que viajaban en dos motocicletas, entraron con violencia a la casilla básica número mil 619,²³ ubicada en la calle de Moctezuma, distrito electoral 42, colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec. Portando armas en la mano, en el interior los sujetos vociferaron órdenes amenazantes: “Ya valió madres esto, no se muevan”, gritaron a las personas que se encontraban en fila o votando en la casilla.

La conmoción de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y de los electores presentes fue mayúscula. Lo que se había anunciado en la víspera en los volantes anónimos con el logotipo de IEEM se hacía realidad.

Los encapuchados operaban como si se tratara del modus operandi de los sicarios de un cártel. Blandiendo y amagando con las armas a los presentes, ordenaban a gritos que todos se tiraran al suelo boca abajo, no levantaran el rostro ni los miraran a la cara. Quien lo hiciera recibiría un disparo. Entre gritos de espanto y manifestaciones de aflicción, los ciudadanos acataron la orden. Una joven del INE que apoyaba el funcionamiento de la casilla afirmó: “Se bajaron, entraron con armas, tiraron las mesas y la urna electoral, la vaciaron, se llevaron los votos y rompieron la mampara”. Un testigo resumió atinadamente el asalto de la casilla: “vinieron a intimidar a la gente de la casilla”.²⁴

En efecto, lo que las fuerzas obscuras pretendían era aterrorizar y persuadir a los electores que simpatizaban con Morena para que no acudieran a votar. Luego de los hechos, la PGR y la FEPADE se apersonaron en la casilla y tomaron nota del acontecimiento. Además, fue enviada una patrulla cerca de la casilla para dar seguridad a los electores.

Más tarde, la casilla continuó funcionando con normalidad, pero la historia no solamente había dado la vuelta al barrio, sino al mundo mediante las redes sociales. Llama la atención que frente al despliegue de la policía estatal para garantizar la seguridad de la elección no haya existido una acción rápida para detener a los perpetradores del ilícito. Todo indica que actuaron con entera impunidad.

EL FOCO DEL TERROR EN EL VALLE DE MÉXICO

Concentrar los actos de terror en el Valle de México tenía dos vertientes: por un lado, en esta región se tienen los municipios donde los niveles de inseguridad pública altísimos; tan sólo Ecatepec ostenta el número 1 en toda la entidad y el 5º a nivel nacional.²⁵ Por otro lado, se trata de la región donde se congrega 74.2% de la lista nominal de electores, es decir, 8 millones 384 mil 889 ciudadanos con credencial de elector respecto de los 11 millones 312 mil 917 de la lista nominal estatal para la elección del 4 de junio de 2017 (de acuerdo con el consejo local del INE en el Estado de México); en ese orden, ganar el Valle de México equivalía a ganar la elección estatal. Frente a este desequilibrio electoral geográfico, para el PRI fue fundamental desalentar la participación de los electores de esta región, en donde Morena iba llenando plazas.

En efecto, la inseguridad pública constituye un problema grave en la Cuenca de México, tanto que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, La Paz, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca como municipios peligrosos y, consecuentemente, alertó a sus ciudadanos para que no los visitasen.²⁶ Estos municipios también estaban en la lista del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre las 20 alcaldías más inseguras de la entidad respecto de los delitos de alto impacto: secuestro, extorsión, homicidio, robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocio, robo a transeúntes, robo a casa habitación y violaciones.

Así, por ejemplo, el informe del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), titulado Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, mostró que en materia de averiguaciones previas y carpetas de investigación de secuestro en el fuero común, de los 20 municipios más preocupantes en el país, seis pertenecían al Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz.²⁷ Asimismo, este organismo destacó que el Estado de México ocupa en el ranking nacional el 2º lugar en robo de vehículos, 6º en secuestros, 6º en robos con violencia y 8º en extorsiones.

A tres meses de la elección del 4 de junio, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, correspondiente a marzo de 2017, reportó las ciudades más inseguras de acuerdo con la percepción de sus habitantes. La ciudad que ocupa el primer lugar nacional era Ecatepec de Morelos (93.6%), seguida de Villahermosa (93.4%) y Chilpancingo de los Bravo (93.3%).²⁸ Se le preguntó a los encuestados acerca de lo siguiente: sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre la tendencia del delito, atestiguación de conductas delictivas o antisociales, cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública (policías preventiva municipal, estatal, federal, gendarmería nacional, Ejército y Marina), conflictos y conductas antisociales, desempeño gubernamental y fuentes de consulta de información sobre seguridad pública.²⁹

Los datos, aunque subjetivos, reflejaban el miedo que generaba el entorno cotidiano inseguro al ciudadano. Así, por ejemplo, la sensación de inseguridad por temor al delito se expresaba al momento de ir a un cajero automático localizado en la vía pública, viajar en el transporte público, acudir al banco, caminar por las calles que habitualmente usaba, ir al mercado, transitar en carretera, asistir a un parque recreativo, frecuentar centros comerciales, usar el automóvil, ir al trabajo, estar en la escuela y en la casa.

Vivir ordinariamente en esas condiciones demandaba de los ciudadanos una actitud de alerta permanente ante la posibilidad de ser víctima del crimen; lo más recomendable, en consecuencia, era llevar cosas de poco valor, no visitar a los amigos y familiares, no salir tarde y mantenerse encerrado en casa, sobre todo porque consideraban que el desempeño de las diversas corporaciones policiales era poco efectivo.³⁰

Frente al crecimiento de la inseguridad pública, el gobierno de Eruviel Ávila promovió entre los municipios el convenio de mando único policial bajo el control directo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), a fin de disminuir los delitos en la entidad. Sólo 118 municipios firmaron el acuerdo; entre los que no lo suscribieron se encuentran Nezahualcóyotl, Texcoco, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Huixquilucan, Valle de Chalco y Amanalco.³¹

En aras de combatir la inseguridad en la entidad, el 3 de junio de 2016 el presidente Peña Nieto y el gobernador Eruviel Ávila inauguraron el Centro de Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Calidad (C5) en Toluca. El centro, según Ávila Villegas, incorporaba tecnologías e inteligencia similares a las empleadas en países como Estados Unidos, Alemania, Israel e Inglaterra.

El C5 es el cerebro de la seguridad estatal. Cuenta con la sala de monitoreo más grande de América Latina. Ahí llega la señal de 10 mil cámaras de videovigilancia, las correspondientes de los arcos carreteros con lectores de placas, los GPS de 3 mil patrullas y la red de comunicación al 911.³² Más tarde, el 27 de septiembre de ese mismo año, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Ávila Villegas pusieron en marcha el C5 en Ecatepec, con las mismas características que el de Toluca.³³

La misma autoridad municipal, estatal y federal consideraban que la inseguridad pública iba en aumento y requería medidas extraordinarias para reducir los hechos delictivos de alto impacto. En septiembre de 2016, el gobierno de Ávila Villegas —en el marco federal de la estrategia para reforzar la seguridad en 50 municipios del país acordada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública— instaló, por un lado, ocho bases de operaciones mixtas y, por otro, creó los grupos tácticos operativos (GTO), en tanto grupos especializados formados por fuerzas federales, estatales y municipales, en ocho municipios de la entidad: Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco Solidaridad, identificados como los más violentos en la entidad.³⁴

Las medidas resultaron insuficientes. Frente a ello, el gobierno federal y estatal aplicaron una estrategia especial contra el crimen organizado en ocho municipios con apoyo de 3 mil elementos del Ejército, la Armada y la gendarmería federal. Los patrullajes en las calles, de este modo, se convirtieron en operaciones cotidianas en los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Tecámac, Tlalnepantla y Atizapán.³⁵ Los patrullajes, además, incluyeron a Amecameca, Chalco, Cuautitlán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Texcoco, Tultitlán y Zumpango. Y en el valle de Toluca los municipios de Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Lerma, Metepec, Santiago Tianguistenco, Toluca y Valle de Bravo. En total, 25 municipios en donde la inseguridad se había manifestado amplia y agudamente.³⁶

Las acciones para disminuir la delincuencia aterrizaron a fin de año a escala municipal. En Tlalnepantla, Eruviel Ávila inauguró las instalaciones del Centro de Mando Municipal, el cual iba a estar conectado con el C5 de Toluca y Ecatepec, amén de entregar 80 patrullas, uniformes para la policía local y luminarias en las zonas de mayor índice delictivo.³⁷

Toda esta parafernalia sirvió de poco para llevar sosiego a los hogares mexiquenses del Valle de México. Tampoco garantizó un clima electoral tranquilo a los electores, en unos comicios que resultaban muy competidos entre el PRI y Morena.

LOS EFECTOS DEL TERROR

Los datos gruesos de los que se disponen de la elección estatal permiten advertir que el clima de terror que se esparció en el Valle de México inhibió la asistencia de electores a las urnas de la región. Las tablas que siguen sobre la participación en la emisión del voto son ilustrativas.

Primero, de los 45 distritos electorales del Estado de México, 25 registraron una participación por debajo del promedio estatal, situado en 53.74%. En la parte más baja de participación, el distrito 3 de Chimalhuacán tuvo apenas 42.07% y escasamente rozando el promedio estatal, el distrito 38 de Coacalco, con 53.34%. Curiosamente, todos son distritos del Valle de México.

Participación de ciudadanos en la emisión del voto.
Elección del 4 de junio de 2017

Distrito

Cabecera

Lista nominal

Votación

Porcentaje de participación

3

Chimalhuacán

241 066

101 411

42.07

5

Chicoloapan

249 813

107 274

42.94

30

Naucalpan

257 598

113 314

43.99

37

Tlalnepantla

244 139

108 076

44.27

40

Ixtapaluca

246 248

112 750

45.79

27

Valle de Chalco Solidaridad

251 454

117 402

46.69

1

Chalco

245 295

114 602

46.72

32

Naucalpan

263 363

123 741

46.98

16

Atizapán de Zaragoza

251 088

118 224

47.08

20

Zumpango

291 938

137 460

47.09

22

Ecatepec

220 256

105 839

48.05

6

Ecatepec

213 716

102 834

48.12

31

Los Reyes

246 782

119 398

48.38

24

Nezahualcóyotl

271 108

134 711

49.69

42

Ecatepec

211 926

106 099

50.06

11

Tultitlán sur

236 537

118 561

50.12

21

Ecatepec

236 380

118 949

50.32

41

Nezahualcóyotl

282 493

143 444

50.78

26

Cuautitlán Izcalli

256 333

130 979

51.10

44

Nicolás Romero

269 486

138 033

51.22

25

Nezahualcóyotl

289 109

148 930

51.51

8

Ecatepec

225 127

117 315

52.11

12

Teoloyucan

245 386

128,650

52.43

18

Tlalnepantla de Baz poniente

285 900

151 339

52.93

38

Coacalco

260 304

138 843

53.34

Total

11 312 917

6 079,513

53.74

Fuente: Consejo local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México.

Segundo, otros ocho distritos tuvieron una participación que osciló por arriba del promedio estatal, pero menos de 60%. El distrito 28 de Amecameca observó 53.89% y el distrito 19 de Almoloya de Juárez, 59.98%. Como se aprecia en la siguiente tabla, siete de ellos corresponden al Valle de México y sólo uno al Valle de Toluca.

Participación de ciudadanos en la emisión del voto.
Elección del 4 de junio de 2017

Distrito

Cabecera

Lista nominal

Votación

Porcentaje de participación

28

Amecameca

242 018

130 412

53.89

29

Naucalpan

270 936

147 692

54.51

43

Cuautitlán Izcalli

252 537

139 398

55.20

33

Tecámac

304 726

171 214

56.19

23

Texcoco

271 806

153 498

56.47

17

Huixquilucan

237 368

135 402

57.04

19

Tultepec

254 349

151 339

59.50

45

Almoloya de Juárez

224 105

134 420

59.98

Total

11 312 917

6 079 513

53.74

Fuente: Elaboración con base en los datos del consejo local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México.

Finalmente, 12 distritos electorales registraron una participación por arriba de 60%. Todos, a excepción del distrito 39 de Acolman, corresponden al Valle de Toluca.

Participación de ciudadanos en la emisión del voto.
Elección del 4 de junio de 2017

Distrito

Cabecera

Lista nominal

Votación

Porcentaje
de participación

4

Lerma

246 484

148 510

60.25

2

Toluca

228 852

139 178

60.82

39

Acolman

258 304

157 358

60.92

36

Zinacantepec

239 715

146 268

61.02

7

Tenancingo

248 510

152 065

61.19

13

Atlacomulco

248 809

159 317

64.03

9

Tejupilco

261 131

167 640

64.20

15

Ixtlahuaca

238 904

154 066

64.49

34

Toluca

262 679

170 542

64.92

35

Metepec

249 302

162 710

65.27

14

Jilotepec

241 414

159 580

66.10

10

Valle de Bravo

238 123

158 836

66.70

Total

11 312 917

6 079 513

53.74

Fuente: Elaboración con base en los datos del consejo local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México.

Derivado de los datos anteriores, varias preguntas se formulan: ¿cómo explicar que 25 distritos del Valle de México y ninguno del Valle de Toluca hayan registrado un porcentaje de participación por debajo del promedio estatal? ¿Cómo interpretar que sólo un distrito del Valle de México y 11 del Valle de Toluca obtuvieran porcentajes de participación por arriba de 60%?

Participación distrital. Elección 4 de junio 2017

Porcentaje de participación

Valle de México

Valle de Toluca

De 42.07 a 53.34

25

0

De 53.89 a 59.98

7

1

De 60.25 a 66.70

1

11

Total

33

12

Fuente: Elaboración con base en los datos del consejo local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México.

CONCLUSIONES

A reserva de una investigación con un enfoque cualitativo que analice con más puntualidad sobre la relación causal entre el clima de terror electoral y el porcentaje de participación ciudadana sufragante, una hipótesis tentativa señalaría que las acciones de terror que desplegaron los personajes oscuros, asociados al PRI, en el Valle de México, donde la sociedad ya vivía cotidianamente aterrorizada por el crimen —organizado o no—, tuvo el objetivo de inhibir en ese territorio el ánimo de los electores para presentarse en la urna y sufragar por un candidato. Esta circunstancia de terror, en general, pegó sobre los electores favorables a Morena y en los indecisos que no quisieron enfrentarse a una situación crítica de violencia.

Este contexto —el terror electoral—, inédito en los procesos recientes del Estado de México, golpea secamente a la ya de por sí maltrecha democracia del siglo XXI, retrasando el arribo a un país apegado al Estado de derecho y a una democracia plena, amén de restar cuantiosa confianza al INE como árbitro imparcial de los procesos que permiten la trasferencia pacífica del poder público estatal.

La estrategia de liberación del ánimo violento desde las oficinas del mando político contra el adversario que desafió seriamente con arrebatar el poder desde las urnas no hubiera sido posible si las autoridades electorales la hubieran detenido desde sus primeras manifestaciones; la omisión, incluso, permitió que la escalada de provocaciones y agresiones subieran de tono y se efectuara en la misma víspera de la jornada electoral, sin que nadie fuera responsabilizado. Así las cosas, se ha prohijado un sistema electoral incapaz de prevenir, documentar y castigar la intimidación a los votantes para que no vayan a las urnas. Sus autores, identificados con los poderes dominantes priistas, actuaron como vulgares pandillas o verdaderos cárteles políticos, que vieron en la candidata de Morena un objetivo de odio y obsesión buscaron desbarrancarla de su derrotero ascendente.

Asimismo, en el proceso fue permitida la actuación de estructuras electorales subterráneas ilegales, que de mantenerse impunes, o de aceptarse que no tuvieron un efecto decisivo en el resultado electoral, se corre el riesgo no sólo de contaminar el proceso electoral federal de 2018 con un nuevo agregado al inventario histórico de la mapachería mexiquense, sino de pervertir y quebrar la vapuleada democracia mexicana.

Además, un gobierno mexiquense asentado en una victoria de “haiga sido como haiga sido” carece de la legitimidad necesaria para realizar un buen gobierno. ¿Dónde queda la ética política de quienes ahora detentan una dignidad y representan un poder público, y que han protestado guardar y hacer guardar la ley? ¿Cómo invocar el Estado de derecho si la autoridad que ostentan deviene justamente del grosero atropello a la norma electoral? La legalidad no es suficiente cuando ésta deriva de instancias que, debiendo ser auténticas garantes de autoridad electoral, asumieron actitudes parciales para beneficiar a un proyecto particular.

Aunque las reformas electorales van y vienen al final de cada elección, en un intento por consolidar la vida democrática en el país, lo cierto es que los partidos políticos buscan persistentemente los vacíos de la ley, y en casos extremos, el retorcimiento de ésta a fin de cumplir sus objetivos.

Tal como está el estado de cosas en el país, cada vez más críticas, no puede esperarse que el mando político nacional rectifique y recule en su estrategia de imponer terror y odio contra su principal adversario: Morena; antes bien, es de esperarse que nuevas operaciones de ese tipo, más crudas y directas, se desplieguen. No sería raro entonces que la barbarie en el proceso electoral de 2018 se manifieste con el uso de armas, violencia, sangre y muerte.

Paris vaut bien une messe podrá decir el mando político peñanietista, si ello significa conservar la Presidencia de la República en 2018, a fin de continuar imponiendo a la nación el proyecto neoliberal que durante más de tres décadas ha beneficiado a la oligarquía nacional. En ese sentido, usar un terror electoral más criminal que el aplicado en la elección del Estado de México para disuadir a los electores de acudir a las urnas a votar por un candidato puntero, diferente al del PRI, puede estar en el cajón de las grandes sorpresas que tiene preparado el mando tricolor.

Frente a esa posibilidad, los ciudadanos conscientes tienen que organizarse para impedir que la elección federal de 2018 se convierta en una parodia y los mexicanos pierdan otra vez la oportunidad de tener un país democrático y un gobierno que privilegie el bienestar de la nación. Permitir un fracaso de la democracia de este calibre sólo puede llevar al regreso del autoritarismo o al convencimiento de que la vía electoral no funciona.

BIBLIOGRAFÍA

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Observatorio ciudadano #NiUnFraudeMas (2017), Informe final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México de 2017, México, #NiUnFraudeMas.

Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia, Legalidad (2016), Incidencia de los delitos de alto impacto en México, 2016, México.

PGR (2017), Informe mensual de actividades de la FEPADE, junio 2017, México.

Treviño Rangel, Javier, “Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la elaboración del 'peligro para México'”, en Foro Internacional, vol. XLIX, núm. 3, julio-septiembre, 2009, pp. 638-689, El Colegio de México, A.C., México.

HEMEROGRAFÍA

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Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo 2017

Edomex Informa, 30 de noviembre de 2016

El Economista, 5 de abril de 2017

El Economista, 25 de abril de 2017

El Financiero, 3 de diciembre de 2016

El Universal, 25 de mayo de 2016)

El Universal, 4 de julio de 2016

Enfoque Noticias, 3 de junio de 2016

Excélsior, 26 de febrero de 2017

Hoy Estado de México, 27 de septiembre de 2016

La Jornada, 30 de abril de 2017

La Jornada, 3 de junio de 2017

Milenio, 3 de junio de 2017

Plana Mayor, 11 de septiembre de 2016)

Prensa Latina, 6 de octubre de 2016

Proceso, 29 de abril de 2017

Reforma, 18 de enero de 2016

Reforma, 11 de agosto de 2016

Reforma, 25 de abril de 2017

Reforma NTR Zacatecas.com, 4 de junio de 2017

Sin Embargo, 30 de abril de 2017

Sin Embargo, 4 de junio de 2017

Sin Embargo, 4 de junio de 2017

sdpnoticias.com, 20 de mayo de 2017

Texcoco en la noticia, 30 de abril de 2017

Tres PM, 13 de marzo de 2017

INTERNET

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http://www.ordenadorpolitico.com/balean-domicilio-e-incendio-automovil-de-dirigentes-de-morena-en-edomex/, 25 de octubre de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=inc9GR8WTeo, 25 de octubre de 2017.

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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Delfina-Gomez-le-saca-ventaja-a-Del-Mazo-y-a-Vazquez-Mota-Mitofsky-20170425-0158.html, 25 de octubre de 2017.

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http://www.sinembargo.mx/30-04-2017/3205047, 25 de octubre de 2017.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/4/desciende-aval-gestion-del-presidente-pena-nieto, 25 de octubre de 2017.

http://expansion.mx/politica/2016/08/11/la-aprobacion-al-presidente-enrique-pena-nieto-sigue-en-picada-encuesta, 25 de octubre de 2017.

http://www.animalpolitico.com/2017/01/gasolinazo-encuesta-pena-popularidad/, 25 de octubre de 2017.

NOTAS

¹ “Crece la desaprobación de Peña Nieto y Mancera”, El Universal, 4 de julio de 2016.

² Encuesta publicada por el diario Reforma el 11 de agosto de 2016.

³ Encuesta publicada el 18 de enero 2017.

⁴ “Abstencionismo en 60% y voto duro, la ecuación del PRI”, Tres PM, 13 de marzo de 2017.

⁵ “Andrés Manuel López Obrador… ¡un peligro para México!”, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=izIQYvUPbg4>.

⁶ Javier Treviño Rangel, “Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la elaboración del ‘peligro para México’”, Foro Internacional, vol. XLIX, núm. 3, julio-septiembre de 2009, p. 644.

⁷ Para más información, consúltese: <http://www.fepade.gob.mx/INFORMES/2017/JUNIO2017.pdf>.

⁸ Para más información, véase “Delfina y del Mazo lideran preferencias en el Edomex: encuesta Reforma”, Animal Político, 25 de abril de 2017, disponible en <http://www.animalpolitico.com/2017/04/delfina-del-mazo-empate-edomex-encuesta/>.

⁹ “Aparece manta con amenazas contra López Obrador en Acolman”, Proceso, 29 de abril de 2017, disponible en <http://www.proceso.com.mx/484424/aparece-manta-amenazas-contra-amlo-en-acolman-en-donde-esta-tarde-tendra-mitin>.

¹⁰ “Colocan mantas con amenazas a AMLO en el Estado de México”, La Jornada, 30 de abril de 2017, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2017/04/30/politica/003n1pol>, y “Analistas creen que amenazas en Edomex buscan inhibir el voto, y que adelantan cómo será 2018”, Sin embargo, 30 de abril de 2017, disponible en <http://www.sinembargo.mx/30-04-2017/3205047>.

¹¹ “Aparacen mantas con Mensajes hacia López Obrador firmados por la “Familia Unida” en Acolman y Chimalhuacán”, Texcoco en la Noticia, 30 de abril de 2017, disponible en <http://www.texcocoenlanoticia.com/aparacen-mantas-mensajes-hacia-lopez-obrador-firmados-la-familia-unidaen-acolman-chimalhuacan/>.

¹² “Colocan mantas con amenazas a AMLO en el Estado de México”, La Jornada, 30 de abril de 2017, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2017/04/30/politica/003n1pol>.

¹³ Idem.

¹⁴ El video está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=djVglqAlkKw>.

¹⁵ Procuraduría General de la República, Informe mensual de actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), junio 2017.

¹⁶ “Abandonan cabezas de cerdo cerca de casillas en Edomex”, Milenio, 3 de junio 2017, disponible en <http://www.milenio.com/politica/elecciones-estado-mexico/ixtapaluca-tlalnepantla-valle_de_chalco-eleciones-amenazas-milenio-noticias-edomex_0_968303332.html>.

¹⁷ “Intimidación, sello de comicios locales”, La Jornada, 4 de junio 2017, disponible en < http://www.jornada.unam.mx/2017/06/04/politica/003n1pol>.

¹⁸ El video del hecho está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Lp8a-3baAbM>.

¹⁹ Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=inc9GR8Wteo>.

²⁰ “Denuncia Nieto Castillo falsos citatorios a nombre de FEPADE”, El Universal, 3 de junio 2017, disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/3/denuncia-nieto-castillo-falsos-citatorios-nombre-de-fepade>.

²¹ “‘Desaparecen’ a representantes de Morena en Atlacomulco y Metepec; hallan auto y sangre”, Sin Embargo, 4 de junio 2017, disponible en <http://www.sinembargo.mx/04-06-2017/3232598>.

²² “Denuncia Morena tercer desaparecido”, Reforma / NTR Zacatecas, 4 de junio de 2017, disponible en <http://ntrzacatecas.com/2017/06/04/denuncia-morena-tercer-desaparecido/>.

²³ Casilla básica: es la que se instala como mínimo en cada sección, a la cual podrán asignarse para votar hasta un máximo de 750 electores.

²⁴ El video está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=m9hR8UO-KjE>.

²⁵ “Ecatepec, el quinto municipio más violento del país”, Excélsior, 26 de febrero 2017, disponible en <http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/26/1148826>.

²⁶ “Ocho municipios de Edomex, donde más extorsionan, matan, plagian…”, El Financiero, 3 de diciembre de 2015, disponible en < http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-edomex-donde-mas-extorsionan-matan-plagian.html>.

²⁷ Observatorio Nacional Ciudadano, Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, p. 172.

²⁸ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, marzo de 2017.

²⁹ Idem.

³⁰ Idem.

³¹ “Siete de 125 municipios no firman el Mando único en Edomex”, El Universal, 25 de mayo 2016, disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/05/23/siete-de-125-municipios-no-firman-el-mando-unico-en-edomex>.

³² “Ponen en marcha C5, Red de Mando de Vigilancia Metropolitana del Edomex”, Enfoque noticias, 3 de junio 2016, disponible en <http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/ponen-en-marcha-c5-red-de-mando-de-vigilancia-metropolitana-del-edomex>.

³³ “Inauguran centro de videovigilancia en Ecatepec”, Hoy Estado de México, 27 de septiembre de 2016, disponible en <https://www.hoyestado.com/2016/09/inauguran-centro-de-videovigilancia-en-ecatepec/>.

³⁴ “Instala PGJEM Grupos Tácticos Operativos en los 8 municipios más violentos del Edomex”, Plana Mayor, 11 de septiembre de 2016, disponible en <http://planamayor.com.mx/instala-pgjem-grupos-tacticos-operativos-en-los-8-municipios-mas-violentos-del-edomex/>.

³⁵ “Envían militares a 25 municipios del Estado de México”, Prensa Latina, 6 de octubre de 2016.

³⁶ “Envían a militares y policías federales a 25 municipios conflictivos del Edomex”, La Jornada, 6 de octubre 2016, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2016/10/06/estados/028n2est>.

³⁷ “Entrega Eruviel Ávila comisaría, Centro de Mando Municipal y equipamiento de seguridad pública en Tlalnepantla”, El Edoméx Informa, 30 de noviembre 2016, disponible en <http://edomexinforma.com/2016/11/entrega-eruviel-avila-centro-de-mando-municipal-en-tlalnepantla/>.

La elección del nunca

Santiago Nieto Castillo

He participado en forma activa en procesos electorales desde 1988, aun siendo menor de edad. Nunca había visto elecciones como las de Chiapas de 2015 y las de Coahuila y el Estado de México en 2017. Tal vez, la elección del Estado de México la recuerde como la elección del nunca.

Nunca me había pasado como autoridad electoral ministerial que los servidores públicos de primer nivel —secretarios de estado— de una entidad federativa se negaran a proporcionar información ante investigaciones. Nunca me había tocado presenciar que secretarios de estado locales se ampararan en contra de los procedimientos ministeriales. Nunca había visto que, en los días previos a la elección, se multiplicaran las llamadas telefónicas nocturnas supuestamente para promover a dos candidatas opositoras. Nunca detecté tantas “casas amigas” operando cerca de las casillas, como en Ecatepec. Simplemente fuimos avasallados. Nunca había vivido la triste experiencia de ver a una pareja de adultos mayores llorando por no querer ir a la cárcel el resto de sus días ante un citatorio apócrifo de la FEPADE. Nunca un juez federal me había negado una orden de cateo bajo el argumento de que no le había proporcionado el dictamen arquitectónico de la bodega donde sabíamos que había bienes que se estaban entregando con fines electorales. Nunca había vivido tan cerca el relato de una persona que recibió la tarjeta rosa con 2 mil pesos y la promesa de que habría más si conseguía más electores. Nunca había visto un tope de gastos de campaña tan alto aprobado por un OPLE. Nunca había visto que de una secretaría de estado federal se reenviara un tweet y a favor de un candidato de un partido.

Nunca había visto que las respuestas a requerimientos ministeriales por parte de autoridades federales y locales tardaran tanto. Nunca, nunca, nunca supe de otro estado en donde se dejaran 51 cabezas de cerdo en casas de funcionarios de casilla, en lugares donde se instalarían éstas o en las de representantes de partidos de oposición. Nunca habría pensado que la autoridad federal responsable a nivel nacional de perseguir delitos como el condicionamiento de programas sociales tuviera menos personal que una delegación federal encargada de otorgarlos, como en el Estado de México. Nunca me había dado cuenta de que había un mayor número y porcentaje de beneficiarios del programa Prospera en la zona sur del Estado de México que en la zona oriente del mismo estado, la cual tiene mucho mayor concentración poblacional y mucho más altos niveles de marginalidad.

A continuación, se desglosan los datos de las 387 carpetas de investigación iniciadas desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2017 relacionadas con las elecciones en el Estado de México. En ese periodo se consignaron más de 100 averiguaciones previas y se judicializaron 22 carpetas de investigación. En total, la FEPADE cuenta con 196 órdenes de aprehensión por delitos electorales en el Estado de México, correspondientes al periodo de febrero de 2015 a octubre de 2017.

Tabla 1

Carpetas de investigación iniciadas

Mes

Carpetas

Septiembre de 16

5

Octubre de 16

8

Noviembre de 16

6

Diciembre de 16

7

Enero de 17

44

Febrero de 17

4

Marzo de 17

57

Abril de 17

48

Mayo de 17

95

Junio de 17

71

Julio de 17

28

Agosto de 17

3

Septiembre de17

11

Total

387

De las carpetas de investigación iniciadas en el mencionado periodo, 48.06% se relacionan con la alteración al Registro Federal de Electores; es decir, temas vinculados con el domicilio irregular. Sin embargo, también se presentaron otras conductas delictivas que impactaban directamente en lo electoral, como la compra de votos (57 carpetas), el peculado electoral —esto es, el desvío de fondos, bienes o servicios gubernamentales con fines electorales— (40 carpetas) y los actos de temor o intimidación a los electores (24 carpetas). Lo anterior, de conformidad con la información contenida en la tabla siguiente:

Tabla 2

Delito¹

Conducta

CI

Artículo 7, fracción II

Votar más de una vez.

1

Artículo 7, fracción III

Hacer proselitismo o presión a los electores el día de la jornada electoral (en donde estén formados).

1

Artículo 7, fracción IV

Obstaculizar el desarrollo de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Introducir o sustraer de las urnas boletas electorales, o bien, introducir boletas falsas. Solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.

1

Artículo 7, fracción V

Recoger credenciales para votar de los ciudadanos.

9

Artículo 7, fracción VII

Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación; o bien mediante violencia o amenaza, presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar.

57

Artículo 7, fracción X

Organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto.

2

Artículo 7, fracción XI

Apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal materiales o documentos públicos electorales.

7

Artículo 7, fracción XIV

Impedir la instalación o clausura de una casilla.

1

Artículo 7, fracción XV

Publicar o difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión fuera de los tiempos establecidos.

1

Artículo 7, fracción XVI

Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado.

24

Artículo 7, fracción XXI

Proporcionar bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado.

7

Artículo 8,² fracción I

Alterar, sustituir, destruir, comercializar o hacer un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.

1

Artículo 8, fracción II

Abstenerse de cumplir con las obligaciones propias de su cargo.

8

Artículo 8, fracción IV

Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales.

4

Artículo 8, fracción V

No entregar o impedir la entrega de documentos o materiales electorales.

2

Artículo 9,³ fracción I

Ejercer presión o inducir a los electores a votar por un candidato o coalición o a que se abstengan de hacerlo (el día de la elección o tres días antes de la jornada electoral).

3

Artículo 9, fracción VII

Abstenerse de justificar los gastos ordinarios o de eventos proselitistas de campaña, una vez que hubiese sido legalmente requerido.

1

Artículo 9, fracción VIII

Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicitar votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación.

1

Artículo 11,⁴ fracción I

Coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas o para que voten o se abstengan de hacerlo.

2

Artículo 11, fracción II

Condicionar la prestación de un servicio público a la emisión o a la abstención del ejercicio del derecho de voto.

3

Artículo 11, fracción III

Destinar bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

40

Artículo 11, fracción IV

Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.

4

Artículo 11, fracción V

Solicitar a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

5

Artículo 13, fracción I

Alterar el Registro Federal de Electores.

186

Artículo 15

Realizar, destinar, utilizar o recibir aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

5

Artículo 16

Siendo ministro de culto religioso —en el desarrollo de actos propios de su ministerio— o en el ejercicio del culto religioso, presionar el sentido del voto o inducir expresamente al electorado a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición.

2

Artículo 18

Habiendo sido magistrados electorales —federales o locales—, consejeros electorales —nacionales o locales—, secretario ejecutivo del INE o al haber tenido un cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñar o ser designado en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo —en elecciones que hayan calificado o participado—, asumir cargos de dirigencia partidista o ser postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

1

Otro delito no electoral

8

Total

387

¹ Con base en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

² El artículo 8 se refiere a los funcionarios electorales.

³ El artículo 9 se refiere a los funcionarios partidistas o candidatos.

⁴ El artículo 11 se refiere a los servidores públicos.

INCIDENCIA DELICTIVA

Por los datos anteriores, en el proceso de 2017 el Estado de México ocupó la segunda posición a nivel nacional en incidencia delictiva electoral, lo que significa que se iniciaron 2.66 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.

Tabla 3

Corresponderá a la administración siguiente continuar con las judicializaciones de estos asuntos.

Santiago Nieto Castillo. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, 2015-2017). Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor en derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en el primer proceso electoral de Jefe de Gobierno y en el Consejo General del IFE de 1998 al año 2000. Magistrado presidente de la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de las obras: La interpretación de los órganos electorales. Interpretación del Derecho y criterios de interpretación en materia electoral e Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una propuesta garantista. Además, ha participado como coautor en más de 20 libros colectivos.

Elección de Alfredo del Mazo Maza

José Núñez Castañeda

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN

52% de los ciudadanos del Estado de México acudió a emitir su voto el domingo 4 de junio de 2017, para elegir al gobernador de la entidad. Los resultados oficiales favorecieron a Alfredo del Mazo Maza con 2 millones 40 mil 709 votos, que representan 33.56% de la votación emitida. El segundo lugar correspondió a Delfina Gómez Álvarez —candidata de Morena— con un millón 871 mil 542, que es 30.78% del total. La diferencia fue de 169 mil 167 sufragios, cifra inferior a los 175 mil 228 votos nulos. En votación por partidos, el mayor porcentaje lo obtuvo Morena, pero el PRI sumó el voto de sus tres aliados, los cuales lograron poco más de 3%.

Si los resultados anteriores los comparamos con la elección de 2011 —en la que triunfó Eruviel Ávila Villegas—, encontramos que la participación ciudadana fue seis puntos menos (46%) respecto de la de 2017. El triunfador logró 62.96% de los sufragios emitidos, que ascendió a 3 millones 258 mil 988 sufragios. El segundo lugar lo obtuvo Alejandro Encinas Villegas con 720 mil 857 votos, y los votos nulos fueron 178 mil 813. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 2 millones 538 mil 131.

La elocuencia de los números permite apreciar que el triunfo del candidato del PRI —con la marginal pero necesaria votación obtenida por sus aliados— fue logrado a pesar de existir una pérdida de un millón 218 mil 279 sufragios y con el voto adverso de 66.44% de quienes acudieron a las urnas, es decir, de 4 millones 39 mil 505 ciudadanos. Es una paradoja, pero Alfredo del Mazo ganó perdiendo, gracias a que en México no existe la segunda vuelta y también a la dispersión del voto que ha permitido ganar, cada vez en mayor número de ocasiones, con porcentajes inferiores a 51% y cercanos a 30%. Los estrategas del PRI supieron aprovechar y fomentar la dispersión del voto con una serie de maniobras propias de toda contienda electoral y otras al margen de un mínimo de ética política y que ya parecían erradicadas, como la intervención abierta de autoridades federales y locales, la compra y presión del voto o el empleo desmedido de dinero en efectivo y de origen ilícito o, al menos, dudoso. De tal manera que en el primer minuto del 16 de septiembre de 2017, Alfredo del Mazo asumió el cargo de gobernador del Estado de México, una vez cumplidos los requisitos formales de ley, pero sin legitimación.

Antes de que fueran convocadas las elecciones por el IEEM —el órgano público electoral en la entidad mexiquense—, el gabinete federal visitó diferentes localidades en eventos organizados para repartir dádivas diversas; mientras el gobierno estatal incrementaba las acciones de sus programas asistenciales y todo ello con amplio despliegue de publicidad. Durante la campaña de Del Mazo, fueron visibles los repartos de despensas, varillas, costales de cemento, sobres con dinero en efectivo, entre otros artículos, incluyendo el anuncio de unas tarjetas rosas para las amas de casa en caso de triunfar.

El sol no se tapa con un dedo y no puede ocultarse que el dinero en efectivo fluyó en la campaña, que cientos de operadores electorales salieron a las calles y que hubo decenas de maniobras encaminadas a la compra del voto, aprovechándose de la pobreza de la gente. La calidad del proceso electoral fue lamentable y quedó rota la equidad de la contienda. Los resultados difundidos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no tuvieron la misma claridad y transparencia que procesos anteriores. Quedó la impresión de que la actitud de los órganos electorales, tanto el federal como el local, fue pasiva y tolerante. Los árbitros dejaron de marcar faltas y fuera de lugar; toleraron patadas y jugadas peligrosas.

Lo sucedido en el Estado de México es un aviso de lo que puede ocurrir en el proceso electoral de 2018. Es el riesgo de retroceder en lo que ya se había logrado a partir de la reforma constitucional de 1996, cuando el IFE adquirió autonomía constitucional y fue aprobado un sistema electoral federal integrado por un órgano encargado de las elecciones federales y 32 institutos locales —también con autonomía constitucional— para las elecciones en las entidades federativas. El fantasma de la desconfianza ronda entre partidos y árbitros electorales, acompañado del fantasma de las “elecciones de Estado”.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Para ponderar lo sucedido en la elección de gobernador del Estado de México y en otros procesos electorales es preciso tener presente que la democracia representativa tiene como fundamento la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; además de la equidad en el reparto de prerrogativas y en el proceso electoral. Para lograr este objetivo, se tomó la decisión de que la organización de las elecciones quedara a cargo de órganos con autonomía constitucional, cuya actuación debe regirse por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Los principios, según Robert Alexy, son “mandatos de optimización” que derivan de la Constitución. La autonomía constitucional se refiere a la independencia de los tres poderes tradicionales y de cualquier otro poder, institucional o de facto, con la capacidad de presionar en la toma de decisiones, como son los partidos políticos, los grupos empresariales, los grandes sindicatos e, incluso, el crimen organizado.

La democracia representativa requiere un sistema sólido de partidos políticos, del que aún permanecemos distantes. Al iniciarse el proceso gradual hacia la democracia, después de que José López Portillo asumió la Presidencia de la República, en la reforma constitucional de 1977 los partidos políticos fueron considerados entidades de interés público, ya “que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, según lo dispone el artículo 41 constitucional.

Sin embargo, los partidos han estado lejos de su función de crear ciudadanía y han sucumbido a la ley de hierro —formulada por Robert Michels para explicar por qué los partidos políticos no son democráticos—, pues sus directivos se han convertido en oligarquías o en un “círculo interior de difícil acceso”, como lo expresa Maurice Duverger. Las diferentes oligarquías intercambian intereses y reparten privilegios, se alejan de la vida democrática y optan por la partidocracia que propicia corrupción e impunidad. Es una paradoja que la democracia dependa de organizaciones oligarcas.

Un déficit de la incipiente democracia mexicana es la falta de una cultura democrática y de una formación de la ciudadanía que la fortalezca. Son temas que no han interesado a los políticos profesionales ni a las cúpulas partidarias. El esfuerzo de las ONG ha sido relevante —aunque insuficiente— por los triunfos alcanzados frente al poder público, en aspectos de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción o en el caso de la designación del fiscal general de la nación.

La alternancia alcanzada ha generado nuevas y alentadoras expectativas, pero ha despertado antiguos vicios, como el renacer del feudalismo en varias entidades federativas, con la presencia de nuevos caciques que amenazan el débil y descafeinado federalismo mexicano y han propiciado un endeudamiento que afecta la viabilidad financiera de las entidades, así como una vergonzosa y descarada corrupción multimillonaria que acumula varios exgobernadores sujetos a procesos o investigaciones penales y administrativas, o próximos a estarlo, salvo que logren obtener el manto protector de la impunidad.

No se debe perder de vista que la democracia es un proceso inacabado, siempre en el filo de la navaja y en riesgo permanente, con avances y retrocesos, con logros y fracasos. Churchill la consideraba “el peor de los gobiernos conocidos, con excepción de todos los demás”. Aristóteles le tenía desconfianza y la veía como una “forma impura de gobierno”. Rousseau sostuvo que “si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente”, y agregaba que “un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”. Aharon Barak advirtió que “si la democracia se pervirtió en la Alemania de Kant, Beethoven y Goethe, puede suceder en cualquier parte”. Mantener la democracia es una tarea compartida que requiere confianza ciudadana y certeza electoral.

CERTEZA ELECTORAL Y CONFIANZA CIUDADANA

Para dar certeza a las elecciones, que son la antesala inicial e indispensable en una democracia representativa, es fundamental que el ciudadano tenga confianza en la institución encargada de su organización y que desempeña el complicado y riesgoso papel de árbitro en contiendas electorales, cuya actividad se da en medio de enfrentamientos para conquistar el poder o retenerlo. Son batallas intensas para proponer y descalificar al adversario, en las que se utiliza toda clase de armas y artimañas, sin miramiento alguno, y dejando a un lado los principios y valores éticos que debieran regir la vida política.

Desde el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ésta quedó impedida para intervenir en temas electorales. Jorge Carpizo justificaba la medida porque “intervenir en la contienda política es por antonomasia vulnerar su calidad moral. Las pasiones políticas pueden envolver de tal forma al ombudsman que lo debiliten para cumplir las funciones por las que fue primordialmente creado”.¹

Este mismo criterio mantuvo al juicio de amparo fuera del ámbito electoral. Desde finales del siglo XIX, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la tesis Vallarta, de acuerdo con la cual los derechos políticos no se consideran garantías individuales, sino prerrogativas de los ciudadanos, según el texto —en aquel entonces vigente— del artículo 35 constitucional Ignacio L. Vallarta sostuvo: “El acto de analizar cuestiones políticas a través del juicio de amparo politizaría el mismo amparo, desnaturalizando al Poder Judicial, que debe moverse dentro del orden jurídico”.

En el caso del INE y los 32 institutos locales, la organización de las elecciones es la función estatal que tienen encomendada. La contienda política es su razón de ser y no la pueden evitar; están colocados en el ojo del huracán, en la cuerda del equilibrista, al filo del precipicio. No pueden eludir el riesgo de quedar debilitados y con su calidad moral vulnerada. Quienes integran el órgano de dirección deben tener clara conciencia de sus circunstancias y actuar en consecuencia, con valor y con ética, lejos de recibir instrucciones o ser simples correas de trasmisión de algún partido o candidato. Cualquier debilidad en su acción será percibida con lente de aumento. No pueden olvidar que una elección dudosa no da legitimidad a quienes obtienen la victoria; afecta la gobernabilidad, la calidad de la democracia; alienta al populismo, y favorece la arbitrariedad, el despotismo, la debilidad institucional, las violaciones a los derechos humanos, el incremento de la pobreza, la inseguridad pública, el endeudamiento irracional y el creciente costo de las obras públicas, de lo que hay ejemplos evidentes.

Es cierto que la apreciación de la confianza es subjetiva, depende de múltiples factores y puede ser manipulada, pero ello no exime la responsabilidad de quienes están al frente de la dirección de las instituciones electorales y tienen la obligación de actuar con independencia de partidos, autoridades y cualquier poder, institucional o de hecho. Basta recordar la frase atribuida a Julio César cuando repudió a Pompeya: “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”. La sociedad juzga por lo que percibe, por lo que aparenta el organismo público, por lo que proyecta cada uno de los integrantes del órgano colegiado, no por lo que afirman de sí mismos. Debieran de ser celosos guardianes de la credibilidad que dicen poseer, por ser ingrediente insustituible en su legitimación y en la de la institución que dirigen, sobre todo ahora que su credibilidad está en descenso.

EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

En la segunda mitad del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Alemania se creó un tribunal constitucional con el mismo rango que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y con la función de preservar la Constitución, para lograr que los poderes tradicionales ajustaran su conducta a la ley fundamental, con respeto irrestricto a los derechos humanos. De esta manera, nace el primer órgano constitucional autónomo, que inspira el nacimiento de otros, sobre todo en América Latina, para dar respuesta a la ineficiencia de los poderes tradicionales y a la desconfianza ciudadana.

Bajo este criterio de desconfianza en las instituciones, la función de “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”,² fue sustraída del Poder Ejecutivo y quedó confiada al Banco de México, como la vía para restaurar y evitar que pudiera repetirse la historia de la “docena trágica”. Nace así el primer órgano constitucional mexicano en la reforma publicada el 20 de agosto de 1993 en el Diario oficial.

En materia electoral sucedió lo mismo que en política monetaria. El sistema político mexicano se caracterizaba por tener “elecciones de Estado” y contar con un partido hegemónico —fundado en 1929— que operaba bajo las órdenes del presidente de la República. Daniel Cosío Villegas calificó al régimen como una “monarquía sexenal con sucesión transversal” y Mario Vargas Llosa lo llamó la “dictadura perfecta”. Las elecciones no eran transparentes ni creíbles, pues su organización estaba a cargo de un fraudulento ejército de operadores electorales —conocidos como “mapaches”— que actuaban bajo un sistema de autocalificación antidemocrático.

El sistema empezó a tener fisuras y en 1968 fue visible el descontento ciudadano. Veinte años después, la elección presidencial de 1988 pasó a la historia como la elección en la que “se cayó y se calló el sistema”, al enmudecer el programa de resultados electorales cuando los números favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas. Carlos Salinas de Gortari fue declarado ganador y asumió la Presidencia sin legitimidad. La entonces Comisión Federal Electoral quedó sumida en el desprestigio, sin credibilidad y sin legitimación para la función estatal de organizar las elecciones.

Hubo un primer paso en la reforma constitucional aprobada en 1990, que creó el IFE como un organismo descentralizado, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. El proceso electoral de 1994 encendió una luz de alerta, en un ambiente enrarecido por el alzamiento zapatista del 1º de enero —fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá— y por el asesinato el 23 de marzo de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Ernesto Zedillo Ponce de León lo sustituyó, ganó la elección, asumió el Poder Ejecutivo e impulsó una nueva reforma constitucional —aprobada en 1996— que fue calificada como definitiva al dotar de autonomía constitucional al IFE, como titular de la función pública de organizar las elecciones, la cual ya no le correspondería al Poder Ejecutivo. El consejo general del IFE quedó compuesto por ciudadanos, aunque permanecieron los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo con voz pero sin voto.

Así surgió un sistema federal electoral integrado por un organismo encargado de las elecciones federales y 32 institutos locales responsables de las elecciones en cada una de las entidades federativas, con autonomía constitucional y con independencia del organismo federal.

Para el control de la legalidad y la constitucionalidad de los procesos electorales, así como la calificación de la elección presidencial, fue creado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para fortalecer el sistema de partidos políticos, éstos cuentan con un privilegiado financiamiento público; el objetivo es evitar que reciban dinero proveniente de fuentes, incluso del crimen organizando, que puedan comprometer a quienes resulten electos; se busca desincentivar prácticas como el otorgamiento de comisiones en contratos, la utilización de empresas fantasmas, entre otras formas malversación de fondos públicos.

PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA FEDERAL ELECTORAL

El primer consejo general del Instituto Federal Electoral fue designado sin convocatoria previa, sin exámenes de conocimientos, sin presentación de ensayos escritos. Lejos se estaba de la actual tendencia de crear una tecnocracia electoral y alimentarla de crecientes burocracias en los organismos administrativos y en los tribunales electorales. Los partidos propusieron posibles integrantes y llegaron al consenso.

El IFE —bajo la presidencia de José Woldenberg— debutó en las elecciones intermedias de 1997, en las que el partido hegemónico perdió la mayoría en la cámara de diputados. Tres años después, organizó las elecciones federales del año 2000, en las que el PRI perdió la Presidencia de la República, retenida por poco más de 70 años. Vicente Fox Quesada —postulado por el PAN— ganó la elección sin lograr mayoría en las cámaras de diputados y senadores. De esta manera, aparecieron la alternancia en el poder y los gobiernos divididos, reflejo de la pluralidad existente en la sociedad.

En 2003, el primer consejo general terminó su periodo de siete años. Dejó al IFE con alta credibilidad y fortaleció la institución con diversas medidas. El instituto había heredado al personal de la Comisión Federal Electoral, contratado con el sistema de recomendaciones que garantiza lealtad, y cambió la situación con un sólido servicio profesional electoral, para que permanencia, contratación y ascenso se deban a méritos y no a recomendaciones.

Este primer consejo general estableció un procedimiento de doble insaculación para integrar las mesas de casilla y evitar su composición sectaria, impidió la tradicional expulsión de representantes de oposición en las casillas, consolidó el padrón electoral, estableció el PREP, dio amplia publicidad a las reuniones de consejo y comisiones; lo que permitió, con otras medidas, dar certeza a la jornada electoral y al recuento de votos. Su actuación quedó fortalecida por un tribunal electoral adscrito al Poder Judicial federal, que rompió el secreto bancario para los casos de Pemexgate y Amigos de Fox; además, abrió las puertas al control difuso de la Constitución al dejar de aplicar las normas que consideró inconstitucionales.

La legislación electoral permaneció estable a nivel federal durante 12 años y fue en las entidades federativas donde se incluyeron disposiciones legales novedosas. En estas entidades entraron en función los órganos constitucionales autónomos locales y se inició la alternancia en el poder a nivel de gobernador y ayuntamientos, así como en la integración del Poder Legislativo local, lo que generó gobiernos divididos en varias entidades.

Entre los consejeros presidentes de los órganos locales se generó una relación constructiva y respetuosa que permitió reuniones periódicas, sin mesa directiva, con intercambio de experiencias, colaboración y vigilancia recíproca.

Podría pensarse que el federalismo electoral iba camino a consolidarse, aunque no sin tropiezos en algunas entidades, donde las fuerzas locales asumieron el control del órgano electoral de la misma manera que lo hicieron con el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos o la Procuraduría de Justicia a nivel estatal.

SEGUNA ETAPA DEL IFE

La aparente calma electoral fue interrumpida con la elección presidencial de 2006, envuelta por el escándalo y las protestas a raíz del desconocimiento del resultado por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien perdió las elecciones con una escasa diferencia de 0.56%, porcentaje que genera dudas en cualquier nación. En la campaña electoral, López Obrador fue acusado, desde el gobierno federal y por grupos de poder, de ser “un peligro para México”. Hubo manifestaciones para reclamar el resultado, exigiendo el recuento total de la votación emitida con el grito de “voto por voto, casilla por casilla”, y se exigió la destitución de los consejeros del IFE.

El TEPJF declaró válida la elección de presidente de la República, en su sentencia consideró irrelevante la intervención del presidente Vicente Fox en el proceso. Con presencia y apoyo de legisladores del PRI, Felipe Calderón tomó posesión en la Cámara de Diputados el 1º de diciembre de 2006, en una breve y accidentada ceremonia.

El ambiente político enrarecido fue aprovechado por diversas fuerzas políticas que impulsaron una reforma constitucional en materia electoral, la cual entró en vigor a finales de 2007 y dio un primer golpe a la autonomía del IFE al violentar la permanencia de quienes integraban el órgano de dirección, lo que es una garantía institucional imprescindible para la independencia constitucional y para evitar la actuación arbitraria de los poderes constituidos.

El consejo general del IFE asumió el cargo en 2003. Sin embargo, tras la reforma constitucional de 2007 fue desmantelado. En un artículo transitorio de la Constitución se dispuso que tres de sus consejeros y el consejero presidente serían destituidos; asimismo, que la permanencia de otros tres consejos se reduciría y sólo los tres restantes tuvieron el privilegio de desempañar el cargo por el tiempo para el que fueron nombrados.

En esta misma reforma, el IFE fue transformado en la mayor agencia de medios al quedar como único responsable de administrar los tiempos del Estado destinados a los procesos electorales.

El IFE, desprovisto de garantías institucionales, sufrió un nuevo golpe cuando la Cámara de Diputados no fue capaz de designar en tiempo a los consejeros que ocuparían las primeras tres vacantes en el consejo general. Los legisladores desacataron las resoluciones de la sala superior del tribunal electoral y al final repartieron los nombramientos entre los tres partidos principales, designando a dos personas que no se habían inscrito en el proceso convocado y a otra que había sido descalificada. Uno de los tres nuevos consejeros renunció y nunca fue designado su sustituto. Cuando el consejero presidente y tres consejeros concluyeron su encomienda, los diputados —en un nuevo golpe a la autonomía— incumplieron con la designación, en espera de dar el tiro de gracia al IFE y al sistema federal electoral. El consejo quedó reducido a cuatro personas que se alternaron la presidencia, los cuales criticaron la reforma constitucional de 2007.

LA RÉPLICA EN ENTIDADES FEDERATIVAS

Lo aprobado en la reforma federal de 2007 fue aprovechado en algunas entidades federativas que optaron por destituir consejeros incómodos, como aconteció en Aguascalientes, Jalisco y el Distrito Federal.

En 2008, tres consejeros fueron destituidos en el Estado de México tras la reforma constitucional y con el consenso de todos los partidos. El consejo general había sido designado ese año, en situación de emergencia, cuando el anterior tuvo que renunciar como consecuencia de una denuncia de corrupción en la adquisición de los materiales electorales. A las seis de la mañana, la legislatura local, en maratónica sesión extraordinaria y sin tiempo para procesar nombramientos, designó a los siete integrantes del consejo general, quienes tomaron posesión 40 días antes de la elección de gobernador del Estado y actuaron con una mayoría independiente, que ningún partido pudo manipular.

Para restar posibilidad de independencia en el consejo general, lo despojaron de la facultad de designar al secretario ejecutivo y la propia legislatura local asumió el nombramiento. El secretario general quedó como una autoridad administrativa con poder para proponer designaciones a puestos directivos, contratar personas, adquisiciones o servicios, manejar el presupuesto y sin responsabilidad directa ante el consejo general.

Después de la reforma constitucional de 2007 fueron seleccionados los tres consejeros que dejarían su cargo: Ruth Carrillo, Norberto López y Gabriel Corona. En su lugar fueron nombrados dos candidatos propuestos por el PRD y uno del PRI, entre los que se encontraba la esposa de un diputado.

Destruida la autonomía del instituto, renuncié al cargo de presidente del consejo, para el que acababa de ser reelecto. Los consejeros defenestrados acudieron al amparo, pero no lograron la suspensión del acto. Sin embargo, aunque uno de los amparos fue desechado, los otros dos fueron ganados en 2014. Con el que se obtuvo, Gabriel Corona y Norberto López lograron una indemnización en cumplimiento sustituto, una disculpa pública y la publicación de la resolución por parte del IEEM y la legislatura local, como testimonio de lo arbitrario de su destitución.

MUERTE DEL IFE Y NACIMIENTO DEL INE

El Pacto por México, suscrito por el presidente Enrique Peña Nieto y los tres partidos principales, planteó una serie de reformas estructurales, entre las que se encontraba la creación de un órgano encargado de todas las elecciones. En las entidades federativas hubo oposición a que desparecieran los órganos electorales locales y que fuera una sola institución la que organizara las elecciones federales y locales.

En la reforma constitucional se siguió el procedimiento típico de las “leyes salchicha” —término atribuido a Von Bismarck, quien consideraba que “las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”—. Hubo un acuerdo cupular y se tomó la decisión de desmantelar el sistema federal electoral creado en 1996 y sustituirlo por un sistema nacional electoral presidido por el INE, que cuenta con facultades para intervenir en las elecciones locales; mientras que los 32 organismos locales subsistían “con autonomía constitucional, pero subordinados al nuevo órgano nacional”. El sistema electoral federal quedó enterrado sin pompa ni funeral.

Durante 18 años, los órganos locales electorales existieron con independencia del IFE, que sólo era el proveedor del padrón electoral. En las elecciones concurrentes tenían acuerdos para la instalación de las casillas en un mismo lugar. En caso de solicitarlo, se acordaba abrir módulos para el registro de ciudadanos, con el objetivo de incrementar el padrón antes de las elecciones y realizar el sorteo para la integración de las mesas de casilla, aprovechando los programas del registro nacional de electores. A partir de la reforma de 2007, las instancias locales fueron intermediarios ante el IFE para el espacio en radio y televisión durante las elecciones locales, y para romper el secreto bancario, fiduciario o fiscal, tenían que acudir al órgano de fiscalización del IFE.

A partir de la reforma constitucional de 2014, nace un híbrido, integrado por el INE y 32 organismos públicos locales electorales (OPL). Mientras el organismo nacional incrementó sus atribuciones y quedó convertido en una institución obesa, las facultades de los OPL quedaron disminuidas, con remota posibilidad de que el INE les delegara algunas de las funciones que tuvieron antes, lo que hasta las elecciones de 2017 no ha sucedido. Los OPL están en una posición incómoda, dotados de autonomía constitucional en la letra de la ley, pero subordinados al INE, lo que encierra un contrasentido, ya que autonomía es no dependencia. Por otro lado, tienen sujeción presupuestal de las entidades federativas al ser las legislaturas locales quienes lo aprueban, situación riesgosa, ya que con gestos de generosidad los poderes locales pueden pretender influir en las decisiones de la instancia local. “El que paga manda”, dice el refrán, pero también manda quien designa y puede despedir al designado. Conforme a la reforma constitucional, el INE es quien designa a los consejos generales de los OPL, facultad con la que no cuentan las legislaturas locales. Además, los puede remover en procedimiento fast track, como ya ha sucedido, lo que debilita la garantía institucional de permanencia.

Es complicado que 11 personas, desde sus oficinas en la Ciudad de México, tengan el pulso y el conocimiento de la realidad en las 32 entidades federativas. Son 11 notables que, con la linterna de Diógenes, buscan los mejores perfiles en 32 realidades diferentes. En la práctica decidieron convocar, examinar y designar a partir de un grupo de personas consideradas aceptables en el mundillo tecnocrático. Tengo claro que bajo este método no hubiera llegado a presidente del IEEM. Privilegiaron al personal de carrera del INE en las entidades federativas o a quienes habían laborado en tribunales electorales. Hicieron a un lado la prohibición expresa de designar consejeros a quienes son parte del servicio profesional del INE, recurriendo a una dudosa interpretación. Además, la facultad de asumir o intervenir en elecciones locales ha logrado que los partidos amenacen con dejar sin chamba a los consejeros locales o pedir su destitución. El resultado está a la vista.

En poco tiempo, el INE perdió el prestigio logrado por el IFE, y junto con los OPL, está sumido en una crisis de credibilidad, lo que genera preocupación ante la cercanía de los procesos electorales de 2018, entre los que destaca la elección federal del presidente de la República y de los senadores y diputados que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión. Habrá elecciones locales en 30 entidades federativas y en nueve de ellas se elegirá al titular del Poder Ejecutivo. Sólo en Baja California y Nayarit no habrá elecciones locales. En el Estado de México habrá elección de diputados locales y de ayuntamientos en los 125 municipios. El proceso será el más complejo de los organizados desde que a partir de 1996 las elecciones quedaron encomendadas a órganos constitucionales autónomos. Las campañas serán reñidas, con todo tipo de pronunciamientos y declaraciones, acusaciones, descalificaciones. Será escenario de una guerra campal, con abundante dinero en efectivo de origen ilícito, compra de votos y otras artimañas o mapacherías que ya se asomaron en el proceso mexiquense de 2017.

La meta de los partidos y los candidatos es alcanzar poco más de 30% de la votación, porcentaje que parece suficiente para ganar las elecciones, lo que ha obligado a formar coaliciones electorales, muchas veces exitosas, pero, hasta ahora, incapaces de formar un gobierno de coalición. Buscan ganar, no desarrollar un programa de gobierno.

En el caso del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza fue postulado por cuatro partidos, mientras que los otros cuatro no hicieron ninguna alianza política, cada uno con su propio candidato. Al final, uno de los candidatos se retiró en apoyo de otra candidatura, lo que tuvo efectos simbólicos, ya que los votos emitidos al partido que lo postuló fueron votos desperdiciados.

LA PÉRDIDA DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA ELECTORAL

Alfredo del Mazo Maza ya asumió el gobierno del Estado de México, su elección fue declarada válida por el IEEM y la sala superior del TEPJF lo confirmó. Las impugnaciones que se hicieron valer fueron desechadas. Quedó consolidada una elección de Estado que violó los principios constitucionales en materia electoral. Prevaleció la fría letra de la ley, aplicada sin tomar en cuenta los principios constitucionales que deben operar como mandatos de optimización. La equidad electoral quedó maltrecha y el artículo 134 constitucional siguió guardado como flor exótica del invernadero jurídico nacional. En relación con este punto, a toro pasado, el INE —preocupado por los reclamos y el declive de su credibilidad— propuso “reglas para una cancha pareja” con el objetivo de hacer efectiva la equidad que exige la disposición constitucional. La sala superior del tribunal electoral anuló las reglas al considerar que el INE carece de facultades para reglamentar el artículo 134 constitucional, cuyos últimos tres párrafos establecen lo siguiente:

Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La publicidad, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Estos párrafos fueron objeto de reforma constitucional, publicada el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y no obstante que el artículo 3º transitorio estableció un término de 30 días naturales para aprobar las adecuaciones a las leyes federales, aún es fecha que el Congreso de la Unión no reglamenta la disposición transcrita ni establece las sanciones correspondientes.

Desgraciadamente, esta inactividad legislativa no es novedosa. La Constitución de 1917 dispuso, en su artículo 6º transitorio, que todas las leyes orgánicas fueran aprobadas en el periodo de sesiones que iniciaría el 1º de septiembre de ese año y, a pesar de ello, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123, fue aprobada hasta 1931 (14 años después). En 1977 el derecho a la información fue incluido en el artículo 6º constitucional, pero fue hasta 2002 cuando se publicó su ley reglamentaria (25 años después). ¿Cuánto tiempo tomará la ley reglamentaria de los tres párrafos transcritos del artículo 134? ¿La falta de ordenación convierte en letra muerta una reforma constitucional? ¿Se puede violar impunemente la equidad, como lo hicieron en el Estado de México los gobiernos federal y local?

En sesión del pleno de la Suprema Corte, celebrada el 22 de febrero del año 2000, fue leída una opinión del exministro Guillermo Guzmán Orozco en torno al caso Aguas Blancas y en relación con el derecho a la información, aún no reglamentado en aquel entonces. En uno de los párrafos se dice:

Es vicio constitucional, muy nuestro, pensar que los derechos constitucionales no existen mientras no se reglamenten, en virtud de que esto sería una manera en que el legislador secundario derogase de facto los derechos constitucionales mediante el simple expediente de no reglamentarlos. Curiosamente en otros tiempos, la Suprema Corte pudo precisar, poco a poco, jurisprudencialmente, los alcances de la garantía de audiencia, sin ley reglamentaria al respecto.

En la elección de gobernador del Estado de México en 2017, ni el INE ni el IEEM marcaron una tarjeta, al menos amarilla, como simple amonestación al gabinete presidencial por su clara participación a favor del PRI. Quedó al margen y olvidada “la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad”,³ en detrimento de la equidad en la competencia electoral.

Es cierto que cuando esto aconteció todavía no se iniciaba formalmente el proceso electoral y no había registro oficial de candidatos a gobernador de la entidad; pero esta circunstancia es irrelevante si se toma en cuenta que el constituyente prohibió este tipo de acciones “en todo tiempo” y no solamente durante los procesos electorales; se ignoró que las decisiones del constituyente no pueden derogarse de facto por la omisión del legislador secundario, en este caso el Congreso de la Unión.

Tampoco amonestaron las maniobras para comprar o presionar el voto o la conducta del gobierno del estado que incrementó los programas asistenciales, antes y en el mismo proceso electoral. No hubo alguna advertencia por la promesa de tarjetas, entre otras irregularidades que constituyeron un hecho notorio. Esta pasividad abonó al descrédito de los órganos electorales.

Después de su fracaso en la constitución de una “cancha pareja” para la contienda electoral del Estado de México, el INE aplicó la disposición constitucional y dictaminó que los medios de comunicación dejaran de circular dos mensajes de Miguel Ángel Mancera en su carrera para ser candidato presidencial, dentro del periodo de su informe de gobierno. Reaccionó y, al hacerlo, realizó lo que no hizo durante la elección del gobernador del Estado de México. Actuó sin necesidad de la ley reglamentaria, ya que el texto constitucional no pierde su fuerza porque el congreso no cumpla sus funciones.

Detrás de la pasividad del INE está su costosa obesidad burocrática que le ha restado eficacia, mientras el creciente presupuesto de las elecciones indigna al ciudadano. Los partidos son generosos consigo mismos y en el texto constitucional garantizaron prerrogativas, como la cláusula de indexación que no tiene ningún otro órgano del Estado.

El proceso electoral federal inició formalmente el 8 de septiembre de 2017, y culminará con la jornada electoral del domingo 1º de julio de 2018. Ese día el consejero presidente Lorenzo Córdova, frente a las críticas sobre la tolerancia del árbitro, expresó un propósito de enmienda: “La sociedad mexicana exige legalidad para estas elecciones y el INE y los organismos públicos locales estaremos a la altura de las exigencias que se nos plantean ejerciendo puntualmente nuestras atribuciones, sacando las tarjetas que sean necesarias, para garantizar en nuestro rol arbitral la equidad de las contiendas”.

SISMOS DE SEPTIEMBRE Y TERREMOTO POLÍTICO

Dos días antes del arranque del proceso electoral federal, el 7 de septiembre de 2017 un sismo asoló los estados de mayor pobreza, Oaxaca y Chiapas, y unos días más tarde, el 19 de septiembre, hubo otro sismo que afectó, sobre todo, los estados de Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, justo 32 años después del terremoto de 1985. Los movimientos telúricos provocaron muerte y daños materiales; asimismo, mostraron la solidaridad de muchos y dejaron al descubierto las miserias de la corrupción.

La sacudida de los sismos fue causa de duelo e indignación por la corrupción y los excesos, y el enojo ciudadano dio paso a un movimiento telúrico en contra de los partidos políticos y los organismos electorales por el costo de las elecciones federales, para las que el INE ha solicitado un presupuesto que supera los 25 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil 788 millones corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos. Los restantes miles de millones son para la operación del INE. Es “el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política”, comentó el consejero presidente del INE.

Los medios de comunicación hicieron eco de la exigencia ciudadana para que el dinero de los partidos fuera destinado, en todo o en parte, a la reconstrucción y que también disminuyera el costo por la organización de las elecciones. La indignación ya estaba presente con anterioridad y no sólo por el dinero federal destinado a esto, sino también por el que gastarán los 32 OPL y los partidos políticos en las entidades federativas.

Construir una democracia no es barato, no es una ganga. No lo es en México con el antecedente de elecciones de Estado, organizadas y financiadas —durante 70 años— por un gobierno convencido de ser el heredero universal de la Revolución mexicana en 1910. Es cara por la gran desconfianza en los procesos electorales, que obliga a un procedimiento barroco que se ha ido complicando en reformas constitucionales posteriores a la de 1996, cuando se tomaron decisiones que rompieron la hegemonía y dieron paso al pluralismo de la sociedad mexicana, lo que permitió pasar de elecciones manipuladas y opacas a elecciones creíbles. Entre las decisiones que se tomaron resaltan:

1. Encargar la función estatal de organizar las elecciones a órganos dotados de autonomía constitucional, para lo que optaron por un sistema federal electoral.

2. Crear tribunales especializados encargados del control de la legalidad y la constitucionalidad de las elecciones.

3. Establecer principios constitucionales para los procesos electorales.

4. Aceptar el pluralismo en la ciudadanía y reconocer el derecho de las minorías a participar, con un sistema mixto de legisladores de mayoría y plurinominales que evita la sobrerrepresentación.

5. Asumir el costo de la operación y de las campañas de los partidos políticos, reduciendo al mínimo el financiamiento privado. Con esta medida, el legislador constitucional pretendía evitar el desvío de fondos de los presupuestos federal y de las entidades federativas, así como la inveterada costumbre de los moches en los contratos y la participación de hombres de dinero, o incluso de la delincuencia organizada, que asuman costos a cambio de negocios o de impunidad. El caso de Odebrecht es muestra indubitable y emblemática.

Ante el reclamo ciudadano, en la reacción de los partidos hubo actitudes y propuestas que son un monumento a la estulticia, una competencia de demagogia y populismo con afán de llevar agua a su molino. Hay propuestas que llevan a un terremoto destructor de lo alcanzado, en franco olvido de los principios constitucionales. Desaparecer el financiamiento público es volver al pasado, lleno de compromisos y pactos en detrimento de la sociedad; es legalizar lo ocurrido en las elecciones del Estado de México, en las que fluyó dinero de origen ilícito, más allá de las prerrogativas. Acabar con todos los plurinominales es cancelar el pluralismo y permitir la sobrerrepresentación de quienes, sin lograr 51% de la votación, obtienen la mayoría con 30 o 35%. Lo anterior no quiere decir que el monto de prerrogativas deba continuar con las cifras actuales, ni que debe haber el número de legisladores que hay ahora, ni que el INE debe ser obeso, ineficiente y oneroso.

DOS EJEMPLOS DE LO ALCANZADO CON LA REFORMA DE 1996

En la primera etapa del IFE, su consejo general puso en descubierto los casos emblemáticos del Pemexgate y los Amigos de Fox, sin contar con el aparato administrativo del INE ni con los programas informáticos. El consejo general pudo revelar el secreto bancario sin que la ley lo autorizara expresamente, ya que consideraron que estaba implícito en sus facultades de fiscalización, lo que fue respaldo por el tribunal electoral. No les tembló la mano a pesar de que pusieron en la picota la campaña de Vicente Fox, quien ganó la elección presidencial, y al poderoso sindicato petrolero.

Actualmente el INE tiene una legislación que le otorga más facultades —algunas todavía no estrenadas—, como ocurrió frente a la cancelación del registro al Partido Verde, cuyas irregularidades sólo llevaron a una multa, pagadera en cómodos abonos. Es cierto que fiscalizar las elecciones en tiempo real es tarea compleja y difícil, pero lo reprobable es la tolerancia o la simulación. Así las cosas, en el Estado de México no hubo temor al dispendio, circunstancia altamente peligrosa porque el poder corrompe y el dinero también.

El otro caso es la memorable resolución del entonces recién creado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por José Luis de la Peza, al acuñar la causal abstracta y aplicarla en la elección de gobernador del Estado de Tabasco del año 2000. Para anular la elección, el tribunal ponderó los hechos sucedidos en el proceso electoral y del cúmulo de irregularidades encontradas, sin encerrarse en actitudes meramente legalistas, concluyó que había presunción de graves violaciones a los principios constitucionales. Los magistrados consideraron como absurdo que una elección deba prevalecer a pesar de la evidencia de irregularidades inadmisibles que afecten elementos esenciales exigidos por la Constitución.

En un artículo, Manuel González Oropeza, quien en otra etapa fue magistrado del tribunal electoral, se pregunta al respecto: “¿Qué pasa cuando el legislador omite incorporar a la ley una causal que torne plenamente efectivo o vigente algún principio rector de la materia electoral? ¿Ante tal ausencia legislativa el principio constitucional rector de la materia electoral se torna una mera ‘recomendación’, ‘un buen deseo’?”.⁴

Para responder a estas preguntas, acude a Gustavo Zagrebelsky, quien fuera magistrado del tribunal constitucional italiano: “En dichos casos, no obstante la omisión del legislador, el defensor de la Constitución estaría obligado a superar los obstáculos que impidieran la plena eficacia, aplicación y vigencia de los principios constitucionales”.⁵

La causal abstracta causó escándalo a las oligarquías de los partidos políticos, quienes se abocaron a impedir este tipo de causales, a las que calificaron como subjetivas. Este tipo de presunciones no son ajenas al Estado de derecho. El enriquecimiento inexplicable o el nivel de vida aparente permiten considerar la existencia de ingresos ocultos, sin tener prueba directa.

Arnaldo Córdova —padre del actual presidente del INE— recordó el 7 de octubre de 2006, en relación con los resultados de la elección presidencial de ese año: “Comprobar al ciento por ciento lo del fraude es imposible, porque si uno se atiene a la definición de la palabra, fraude es ‘robo’. Y como dijo Luis Cabrera allá en los años veinte: ‘Los acusé de rateros no de pendejos’ ”.

Con coraza de impunidad protectora, sin temor alguno, la campaña de Alfredo del Mazo Maza violó el principio de equidad y destruyó lo ya avanzado. Contó con la tolerancia de los organismos electorales que se negaron a superar los obstáculos y se escudaron en la omisión legislativa de reglamentar el artículo 134 constitucional. Olvidaron que el principio constitucional de equidad electoral es un mandato y no sólo un buen propósito. Si está vigente, no puede eludirse su aplicación, y quien lo hace actúa inconstitucionalmente.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Existe el riesgo de que en las elecciones de 2018 se repitan los vicios y las maniobras que asomaron en las elecciones de gobernador del Estado de México de 2017. Nuevos acontecimientos agravan la situación. Hay una tendencia hacia el pasado autoritario para poner fin al pluralismo y construir mayorías artificiales, cerrar el paso a la libertad de expresión y controlar las noticias con el uso de presupuestos millonarios, así como para preservar la impunidad y permitir la corrupción. Algunos acontecimientos son inquietantes, y sólo para citar algunos ejemplos está el caso de la salida del aire del noticiario conducido por Leonardo Curzio, las sentencias erráticas del tribunal electoral, los atrasos deliberados en la conformación del sistema anticorrupción, para hacerlo ineficaz y complicar el nacimiento de la Fiscalía General de la Nación; asimismo, la impunidad ante hechos evidentes, el desprecio de la responsabilidad política, las renuncias sorpresivas, las destituciones arbitrarias —como la de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)—, entre otros hechos que afloran cotidianamente y que presumiblemente seguirán surgiendo.

No hay tiempo para cambios y el proceso electoral ya está en marcha. Con la legislación vigente, habrán de celebrarse las elecciones de 2018 y el 1º de julio la ciudadanía tendrá su cita en las casillas electorales. Ante el riesgo existente, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, encargadas de organizar las elecciones y velar por su desarrollo legal y constitucional, deben asumir el compromiso de cumplir con su razón de ser, con firmeza y con respeto irrestricto a los principios constitucionales, sin tolerancia, simulaciones ni pretextos.

De la conducta que proyecten los consejeros y los magistrados de los tribunales electorales dependerá recuperar la confianza perdida y retomar la ruta hacia una mejor democracia. Las elecciones serán el tiempo de reconstrucción, tiempo de estar alerta y no aceptar ningún desvío, ninguna impunidad, ninguna omisión; de presionar a los partidos para que dejen de abusar o de buscar veredas y atajos para eludir las obligaciones de ley, en especial para que dejen de obtener dinero más allá de lo autorizado en aras de conseguir privilegios y no desvíen recursos públicos, y para que no ofendan la pobreza con maniobras para comprar votos. Si esto no sucede, quedarán abonadas las lacras que corroen las instituciones: corrupción e impunidad.

Pasadas las elecciones, habrá tiempo para una reforma electoral, así como para fortalecer lo alcanzado y salvar los obstáculos que ha generado la actual legislación.

NOTAS

¹ Jorge Carpizo, Derechos humanos y Ombudsman, CNDH/Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1993, p. 23.

² Artículo 28 constitucional.

³ Artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución.

⁴ Manuel González Oropeza y Carlos Báez Silva, “La muerte de la causal abstracta y la sobrevivencia de los principios constitucionales rectores de la función electoral”, Andamios, vol. 7, núm. 13, mayo.agosto de 2010, p. 305.

⁵ Idem.

José Núñez Castañeda. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro en ciencias jurídicas y doctor en derecho por la Universidad Panamericana. A nivel superior ha impartido clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la FES Acatlán de la UNAM y en la Universidad Panamericana, donde actualmente imparte cursos en el doctorado.

Entre los cargos desempeñados en la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido director de la entonces FES Acatlán, presidente del Consejo Universitario e integrante de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

En el Estado de México fue consejero ciudadano del Consejo Local del IFE, consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos, comisionado de Derechos Humanos del Municipio de Naucalpan y consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México.

Vicisitudes y candados en el proceso
de selección de consejeros
El caso del Estado de México

Karina Ivonne Vaquera Montoya

La ciudadanización de los órganos electorales fue una batalla ganada por la sociedad civil en los años noventa. El poder y la política entraron en una zona de vulnerabilidad que condujo a restructurar instituciones como las electorales. Es de todos conocido que la autoridad moral que en su momento tuvo el IFE fue adquirida gracias a la presencia de ciudadanos con una trayectoria sólida en el plano profesional, académico y mediático. Los consejeros electorales del IFE aseguraron la independencia e imparcialidad en el actuar de la institución electoral, la cual ganó autoridad.

Sin embargo, en el ámbito de la mayoría de las entidades estatales el panorama estaba ensombrecido por el control que los gobernadores ejercían en la designación de los consejeros electorales. Y, por tanto, el actuar de los institutos electorales estuvo acotado a los intereses de los poderes fácticos locales y regionales.

La reforma electoral de 2014 prometía la llegada de autonomía e imparcialidad con la modificación radical del proceso de integración y funcionamiento de los OPLE.

Las legislaturas locales ya no tendrán la responsabilidad de elegir a los consejeros electorales. Ahora, la tarea recae en el consejo general del INE. Se pensó que con la emisión de una convocatoria, un procedimiento con etapas y el cambio de autoridad encargada de la designación de los consejeros, se daba un gran paso en la rústica y cuestionada democracia del ámbito local.

Sin embargo, con más de tres (o cuatro) procesos generales que han incluido designaciones de consejeros en diferentes estados en 2014, 2015, 2016 y el último de ellos en septiembre de 2017, no se ha revertido el control ni la credibilidad de los OPLE. Diversos estudios han hecho evidente que el rumbo sigue equivocado y que la estafeta sólo pasó de gobernadores a las sesgadas decisiones de los consejeros electorales nacionales del INE.

Es lamentable observar que la ciudadanización de los órganos electorales locales quede capturada por funcionarios de las mismas instituciones: INE, OPLE, tribunales electorales e instancias de fiscalización. La ciudadanización de los institutos electorales ha sido raptada; se ha confundido la naturaleza ciudadana de un órgano colegiado con la parte técnica y operativa de organizar elecciones.

Los resultados saltan a la vista, los comportamientos de los institutos electorales siguen siendo cuestionados y hay una debacle absoluta en materia de credibilidad, autonomía e independencia de éstos. Son tan débiles que es imperativo reflexionar el proceso de selección y designación.

El presente trabajo tiene, justamente, la intención de describir el proceso que la autoridad ha diseñado e identificar en qué etapas se encuentra veladamente el sesgo político disfrazado de una legalidad que cercena la posibilidad de los ciudadanos para formar parte de estos órganos colegiados.

Parto de la primera designación que hizo el consejo general ya como INE en 2014, particularmente en el Estado de México.

En la parte final comparto la experiencia personal de una ciudadana —académica— que aspiró a formar parte del consejo general de un instituto electoral local y las peripecias infranqueables que encontró en el camino.

LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE LOS OPLE

La reforma político-electoral de 2014, producto del Pacto por México en 2012, demandó el reconocimiento entre sí de las principales fuerzas políticas del país.

La arquitectura institucional del andamiaje electoral se modificó. De tal suerte que se creó una autoridad de carácter nacional que conservó las atribuciones que ya tenía cuando era IFE, pero a la que le fueron encomendadas muchas más.

Así, por ejemplo, una de las 74 nuevas competencias que hoy en día tiene el INE es designar a las y los consejeros electorales de los institutos locales: OPLE.

Antes de la reforma, esta designación correspondía a las legislaturas de las entidades. Se operaba con acuerdos políticos y el reparto de cuotas. Actualmente es atribución exclusiva del consejo general del INE. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo y la selección es ampliamente cuestionada. Esto propicia que los consejeros elegidos sean cuestionados y padezcan los mismos estigmas que cuando eran nombrados por los diputados locales. Los intereses de los consejeros electorales nacionales juegan un papel decisivo. Aquí muchos nos preguntamos si la nueva forma de escoger a los consejeros locales representa un avance o retroceso. En lo personal, me inclino por lo segundo.

Varios factores influyeron en el cambio de autoridad encargada de designarlos, el de mayor peso sin duda consistía en eliminar el coto de poder que los gobernadores ejercían al interior de los institutos electorales locales. Los gobernadores metían las manos en todo el proceso electoral sin que nadie se los impidiera. Operando con cinismo, incluso actuando como verdaderos mapaches electorales, elegían a consejeros electorales nombrados a modo.

Lamentablemente, lo que tenía como objetivo desaparecer las presiones y complicidades que impedían la equidad e imparcialidad a fin de ganar mayor espacio y legitimidad democrática tuvo los efectos contrarios. Ahora son los propios consejeros del INE —la máxima autoridad electoral— quienes son cuestionados por decisiones taimadas. Se ha convertido la designación de los consejeros en un proceso discrecional en el que se privilegia a miembros del servicio profesional electoral, funcionarios electorales de los propios OPLE y de los tribunales electorales de cada entidad.

Se ha decantado por un proceso encaminado a diluir la naturaleza de los órganos superiores de dirección de los institutos electorales locales al sustituir a los consejeros ciudadanos por técnicos electorales. Los funcionarios que ascienden a consejeros no garantizan ni autonomía ni independencia institucional. Hacen carrera y fácilmente sucumben ante las presiones de los partidos; pronto se ponen al servicio de los jefes políticos que los colocaron en el lugar que ocupan.

Sin menospreciar a estos funcionarios, son poco sensibles a las demandas de la sociedad. Su aporte se centra en el trabajo operativo necesario para la organización de una elección, pero la lógica de sus decisiones se contamina con los requerimientos del poder. La experiencia de estos funcionarios, con años de servicio en un órgano administrativo, nunca será la misma que la de un ciudadano independiente y autónomo, cuyo acercamiento a la realidad es más crítico. El aporte ciudadano será más definido si éste cuenta con el reconocimiento de la sociedad; los consejeros ciudadanos tienen que defender su trayectoria, la cual ponen a prueba con la asertividad de sus decisiones.

Privilegiar los perfiles técnico-operativos ha derivado en falta de atención a las labores cardinales de los órganos electorales, en todos los niveles. Es el caso de los directores de área de los institutos electorales locales, los asesores de consejeros de todos los niveles, los magistrados de los tribunales, todos ellos dejan de hacer las tareas que tienen encomendadas aún y en proceso por tratar de conseguir la joya de la corona: ser designados consejeros electorales del instituto de su entidad.

El arribismo crea entre los operadores una atmósfera trepadora; incluso entre los consejeros de los OPLE, como fue el caso de Natalia Pérez Hernández y Palmira Tapia Palacios, quienes como consejeras del IEEM, en pleno proceso electoral para gobernador en junio de 2017, ambicionaron ocupar un espacio en las oficinas del consejo general del INE, en Tlalpan. Distrajeron su desempeño al preparar y presentar examen; a entrevista en la Cámara de Diputados, desatendiendo de manera irresponsable las funciones que tres años atrás protestaron cumplir.

Todo parece estar diseñado para crear un falso proceso de selección y cerrar el paso a la ciudadanía. Pese a los obstáculos, algunos han demostrado obtener incluso mejores resultados que muchos funcionarios “de alto nivel” en la primera criba del proceso, que es el examen general de conocimientos técnico-electorales.

Podemos afirmar que la ciudadanización de las instituciones electorales está en peligro, los mecanismos para excluir a ciudadanos con verdadero compromiso democrático se han ido perfeccionando con el proceso de filtros en la designación trazado por el consejo general del INE.

LA PRIMERA INTEGRACIÓN DE LOS OPLE
EN 17 ENTIDADES FEDERATIVAS

En 2014, con la recién publicada reforma, el órgano electoral nacional tuvo la encomienda de designar consejeros electorales en 18 entidades del país en las que habría elecciones en 2015: Estado de México, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México (antes Distrito Federal), Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Entre los cargos designados se encontraban el de consejero presidente (para un periodo de siete años), tres consejeros electorales (para seis años) y tres consejeros electorales (para tres años); en total, 126 cargos para 3 mil 212 aspirantes que atendieron la convocatoria en esas 18 entidades.

Ciudadanos, académicos, activistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos vislumbraron la posibilidad real de ser parte del órgano electoral de su estado. ¡Qué equivocados estaban!

Para ello, la autoridad electoral se inventó un procedimiento que intenta hacer creer a la opinión pública que el proceso es incluyente y transparente, nada más falso.

En la primera convocatoria, el proceso de selección se basó en siete etapas. Las más importantes: un examen estandarizado de conocimientos especializados, la elaboración de un ensayo, también especializado, y la etapa de valoración curricular y entrevista.

Al ser la primera designación, la convocatoria estableció que los 50 candidatos con mejor puntuación (25 hombres y 25 mujeres) pasarían a la siguiente etapa, consistente en la elaboración del ensayo. La aplicación de los ensayos y su dictamen se encomendaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que, por cierto, es la sede de adscripción del consejero presidente Lorenzo Córdova. Así, las y los aspirantes que obtuvieran resultados idóneos pasaban a la etapa de valoración y entrevista.

Resalta que ni la convocatoria ni los lineamientos emitidos para la designación de los consejeros establecían parámetros o metodología alguna sobre la forma en la que el Instituto de Investigaciones Jurídicas calificaría el ensayo. Éste es un primer indicio de la discrecionalidad con la que dicho órgano hizo las designaciones de consejeros electorales de los OPLE en septiembre de 2014.

En este primer proceso, al igual que en los que le prosiguieron, es visible la intervención de los partidos políticos en la selección y designación de consejeros.

Al hacer un análisis de los aspirantes en cada convocatoria, resulta evidente que los nombrados nuevos consejeros no fueron quienes obtuvieron mayor puntuación en el examen de conocimientos. Por el contrario, los excluidos del proceso se presentan en la etapa del ensayo, cuya valoración fue discrecional y, por tanto, fue la etapa más turbia, incluso después del remiendo impuesto por los consejeros nacionales al generar una cédula de evaluación, como consecuencia de diversas sentencias emitidas por el TEPJF.

Esta “fachada” de proceso democrático en la selección y designación de los consejeros electorales de los OPLE debe ser puesta en evidencia ante la opinión pública. Existe una manipulación política en la integración de la autoridad administrativa electoral local que imposibilita una real ciudadanización de los consejos electorales y genera déficit en el proceso de democratización que tanto le ha costado al país.

Es evidente que la exclusión de los congresos locales en la designación de los consejeros electorales no eliminó los sesgos partidistas de sus integrantes. Ahora la responsabilidad recae en el consejo general del INE. Un claro ejemplo es el Estado de México, en donde el PRI logró colocar a la mayoría de los consejeros “a modo” en 2014 y 2017, justificando tales designaciones con un proceso legal pero sin transparencia.

EL CASO DEL ESTADO DE MÉXICO

En 2014, la convocatoria para la designación de consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales decía estar dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como en la recién publicada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Un total de 344 solicitudes fueron registradas. En la lista se podía observar un gran número de funcionarios del IEEM, asesores vinculados a magistrados electorales, inclusive miembros del servicio profesional electoral. Pese a ello, un gran número de ciudadanos que atendieron la convocatoria tenían la esperanza de ser considerados en razón de sus capacidades y trayectorias sociales y académicas, nunca en función del reparto de cuotas.

El examen de conocimientos arrojo 50 nombres que accederían a la etapa de ensayo presencial, de los cuales, 27 eran hombres: 15 de ellos servidores electorales del IEEM, seis provenían de las estructuras del INE y tres del tribunal electoral local. En el caso de las mujeres: 14 eran servidoras electorales del IEEM, seis del INE y 3 del tribunal. Sólo fueron seleccionados tres académicos y ningún actor reconocido de la sociedad civil.¹

La sesión del consejo general del INE del 30 de septiembre de 2014, en la que se designó a los consejeros del OPLE, estuvo plagada de reclamos para los consejeros electorales. Hubo reproches acalorados de los representantes del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT.

Los reclamos a los integrantes del consejo ponían en evidencia las graves deficiencias del procedimiento, su falta de transparencia y el sesgo discrecional al elegir perfiles afines y ligados al PRI. Causó suspicacia la presentación de un proyecto de acuerdo único que contenía sólo los nombres de los 126 consejeros para las 18 entidades, sin el acompañamiento de un dictamen particular. Un momento anticlimático de la sesión fueron los cuestionamientos directos que el senador panista Javier Corral hizo contra el entonces consejero electoral Javier Santiago Castillo.

El señalamiento crítico versó sobre el caso de Mario Vázquez Miranda, quien figuraba en la lista como presidente del OPLE en el entonces Distrito Federal y que años atrás fungió como coordinador de asesores en la secretaría ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), donde coincidió con el consejero electoral Javier Santiago Castillo, quien en ese momento presidía dicho instituto. ¿Casualidad?, ¿coincidencia? o ¿cuatismo?

Así las cosas, se hizo pública la denuncia de un bloque de cuatro consejeros electorales que votaron exactamente igual por 354 aspirantes y de otro consejero que lo hizo por 344, de un universo de 628 idóneos —sin contar los que habían sido eliminados en la etapa de ensayo, etapa completamente nebulosa.

Varios fueron los casos ventilados; por ejemplo, el de David Cuba Herrera, quien figuraba en la lista de consejeros propuestos a ser designados en el órgano electoral de Tabasco a pesar de haber sido director jurídico de la contraloría de su estado en el sexenio de Andrés Granier Melo. También fue denunciado el caso de José Óscar Guzmán García, quien había sido destituido del cargo de vocal ejecutivo del Distrito 4 de Tabasco y se le premiaba nombrándolo consejero electoral del OPLE.

En esta sesión se ponía en evidencia la conformación del bloque de consejeros integrado por Marco Baños, Adriana Favela, Enrique Andrade, Beatriz Galindo y Javier Santiago, quienes emitieron su voto, al parecer, desde la computadora de un asesor del consejero Baños, todos en el mismo sentido.

Los reclamos eran legítimos. El actuar de los consejeros del INE desfiguraba la esencia de la reforma de 2014 de limitar el poder de los gobernadores, poder que ahora ejercían de manera incorrecta y discrecional los consejeros electorales nacionales.

La discusión fue bastante nutrida; el senador Javier Corral y Francisco Gárate Chapa, del PAN; el diputado Marcos Rosendo Medina y Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD; Pedro Vázquez González, del PT, y Horacio Duarte, de Morena, presentaron cuestionamientos severos sobre el procedimiento y las propuestas.

Por su parte, los consejeros Arturo Sánchez Cordero, Javier Santiago Castillo, Enrique Andrade y Benito Nacif hicieron uso de la voz para dar cifras con diversas variables a fin de justificar la propuesta que se hacía al seno del consejo en la integración de los OPLE. La consejera Beatriz Galindo sólo hacía uso de la voz para que el consejero Baños continuara con la justificación del procedimiento.

El consejero Ciro Murayama —el más “purista” de los consejeros, como los medios de comunicación lo calificaban— se sumó a la discusión en defensa de la legalidad del proceso. Qué podía decir si incluso era miembro de la comisión de vinculación con los organismos públicos locales, encargada de instrumentar el proceso para la selección y designación de los consejeros.

En la discusión, el consejero presidente Lorenzo Córdova expresó en su intervención: “Si uno observa quiénes pasaron ese examen, encontrará que hay muchas autoridades, actualmente en funciones, que no calificaron y que no aprobaron el mismo, pero también encontrará que hay muchos ciudadanos, incluso muchos de ellos que sin haberse dedicado a lo electoral pudieron, supongo que luego de estudiar las características de la reforma, aprobar a las etapas posteriores”.²

Fueron casos muy aislados. Por ello, se trató de un comentario muy desacertado y con poca sensibilidad para la ciudadanía que participaba ante una convocatoria que decía estar dirigida a ciudadanos, no a técnicos electorales. Ésa no es la naturaleza de los órganos colegiados.

Sólo la consejera Pamela San Martín fue congruente con la naturaleza de lo que se sometía a votación; su participación hizo énfasis en la diferencia entre un cuerpo técnico, profesional y especializado en las distintas materias que comprenden la función electoral, y un órgano de decisión. Los consejeros forman parte de un órgano colegiado, como expresó la consejera; deben estar conformados por ciudadanas y ciudadanos con una visión imparcial e independiente para que —a partir de una pluralidad de trayectorias y perfiles— supervisen y vigilen la actuación de los profesionales y garanticen la autonomía en la función electoral, desde la perspectiva de la tutela de los derechos humanos prevista en el artículo 1º constitucional.³

La consejera Pamela San Martín fue clara y contundente al expresar su disenso con varias propuestas y explicar que a su juicio éstas no reflejaban esa pluralidad de trayectorias o el compromiso democrático necesario para ser consejero electoral.

Varias de las votaciones fueron 10 a favor, 1 en contra. Ese voto en contra era el de la consejera San Martín.

La integración del OPLE en el Estado de México también fue cuestionada en la sesión, pero más aún por líderes de opinión y miembros de la sociedad civil. En un acto público días antes de la sesión, Bernardo Barranco, Silvia Alonso, Clara Jusidman, Miguel Concha y Enriqueta Cepeda presentaron ante los medios de comunicación una carta dirigida a Lorenzo Córdova.

En ella manifestaban su preocupación y extrañeza por el proceso de selección de los futuros consejeros de los OPLE en las 18 entidades del país. La carta estaba firmada por un centenar de académicos, intelectuales y miembros de la sociedad civil, como Sergio Aguayo, Benito Nacif, Raúl Vera, entre otros.

En el proceso de designación se cancelaron espacios para la ciudadanía y, por el contrario, se privilegió a servidores electorales, abogados —como perfil profesional— y allegados al PRI. Pese a los cuestionamientos, el consejo general votó el proyecto de acuerdo de las designaciones.

Finalmente, el OPLE quedó conformado de la siguiente manera: como presidente del consejo, Pedro Zamudio Godínez, un psicólogo educativo que se desempeñaba como vocal ejecutivo en la 34 junta distrital con sede en Toluca, Estado de México; Natalia Pérez Hernández, quien se desempeñaba como coordinadora de asesores de la secretaría general ejecutiva del IEEM; María Guadalupe González Jordán, asesora jurídica de Educación en el Estado de México; y Saúl Mandujano, quien fungía como secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado de México, fueron designados consejeros.

Ellos tenían fuertes vínculos con el PRI, sus áreas de adscripción lo confirman, y en el caso de Saúl Mandujano, es conocida su cercana amistad con la consejera del INE Adriana Favela.

Los otros tres consejeros designados fueron Miguel Ángel García Hernández, quien se desempeñaba como coordinador de asesores del consejero Juan Salvador Hernández en el IEEM y a quien se le atribuía el apoyo del PAN; Palmira Tapia Palacios, exasesora del consejero del INE Benito Nacif y quien al final de su encargo en el IEEM estrechó lazos con el PRI, lo que finalmente le valió ser nombrada parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y el consejero Gabriel Corona Armenta, el único académico en la conformación del OPLE, sin ninguna liga partidista.

Como parte de la discusión, en su intervención la consejera San Martín expresó que el resultado real de las designaciones se vería reflejado “en el actuar de esos órganos colegiados, en el nivel de reflexión en que se sustentarán sus decisiones, en la capacidad que tendrán para entender la realidad de su entidad; identificar en qué momento se ha de tomar una decisión, actuar con autonomía y particularmente para asumir con responsabilidad sus decisiones”.⁴

¡Y vaya que lo veríamos más adelante! En sesiones del consejo general del IEEM, en las que se abordaron temas como el tope de gastos de campaña, las denuncias por el uso de los programas sociales o la violencia en diferentes lugares del estado, siempre reinó el silencio de la mayoría de los consejeros.

En esta designación, el sesgo partidista era claro; la convocatoria y sus deficiencias lo permitían: la carencia de bases claras para la elaboración y dictaminación del ensayo sellaban la opacidad que consentía el subir y bajar nombres en las listas o apuntalar a los “buenos”.

La presentación del proyecto de acuerdo que contenía sólo nombres de los consejeros designados —sin el acompañamiento de un dictamen particular y sin tiempo para debatir cada entidad— poco ayudó, aunado a la conformación de la comisión de vinculación de los OPLE en el INE presidida por el consejero Baños. Estos elementos hacían evidente la dirección del proceso en beneficio de un partido.

Es de todos conocida la cercanía que el maestro Marco A. Baños tiene con Manlio Fabio Beltrones, más aún su incidencia en el Estado de México en todos los procesos de selección y designación no sólo de los consejeros del OPLE, sino de funcionarios operativos.

LA INTERVENCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

La primera designación de consejeros de los OPLE dejó un muy mal sabor; la mayor parte de los actores políticos, con excepción de los del PRI, externaron que lamentaban dejar atrás el vasallaje de los gobernadores para arribar al corporativismo de los consejeros electorales.

Se presentaron violaciones en el procedimiento, y el juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC, como se conoce comúnmente) era la única vía para impugnar, dado que la convocatoria no establecía mecanismos de revisión en ninguna fase del procedimiento; lo cual es violatorio de derechos.

Se presentaron diversos juicios ante la sala del tribunal electoral. Las sentencias emitidas corrigieron la plana a los consejeros del INE en algunos puntos, lo que dio posibilidad para que algunos inconformes accedieran a la siguiente etapa: ensayo o entrevista. Los pronunciamientos de la sala ordenaban:

∙ La aplicación y la emisión de un dictamen del ensayo a cargo de una institución de educación superior o de investigación.

∙ La implementación del método de doble ciego para garantizar los principios de imparcialidad y objetividad.

∙ La existencia de un recurso de revisión de la evaluación de los ensayos, la cual tendría que llevarse a cabo por una comisión u órgano colegiado integrado por especialistas en la materia.

∙ Dicha comisión revisora tendría que tener al menos tres dictaminadores especialistas.

Sin embargo, estas resoluciones no modificaron la designación de los consejeros propuestos en aquella sesión del 30 de septiembre de 2014. Es claro que el procedimiento dejaba abierta la posibilidad para el cabildeo político entre los consejeros y los partidos políticos, dadas las debilidades y deficiencias en todo el proceso.

La procedencia de los consejeros del OPLE designados hizo evidente quién y qué partido les palmeó la espalda; asimismo, se le recordó a la mayoría de los integrantes del consejo general del INE el apoyo obtenido en sus propias designaciones en la Cámara de Diputados.

Ahora bien, varios cuestionamientos surgen a raíz del procedimiento de selección: ¿En dónde está la discrecionalidad del proceso? ¿Este nuevo procedimiento de selección realmente ha logrado órganos electorales autónomos, independientes, imparciales? ¿La ciudadanía ha sido incluida en la integración de éstos? La respuesta es un rotundo no.

¿Cuál es el sentir de aquellos ciudadanos que participaron en las convocatorias? ¿Cuál es el objetivo que persigue esta autorreferencialidad en la integración de órganos que son ciudadanos?

2017, RENOVACIÓN DE TRES CONSEJEROS DEL OPLE
EN EL ESTADO DE MÉXICO

Llegó 2017, los consejeros nombrados por un periodo de tres años debían ser sustituidos a través del procedimiento que en 2014 creó el INE. Los consejeros Natalia Pérez, Gabriel Corona y la transparente Palmira Tapia concluían su encargo.

La primera pasó sin pena ni gloria; era una consejera sumamente gris, que cuando solicitaba el uso de la voz, lo hacía sólo para leer artículos de diversas normas en materia electoral.

Por su parte, el consejero Corona fue atacado en exceso por los partidos políticos PRI, Nueva Alianza, Encuentro Social, Verde y por sus propios compañeros consejeros, como consta en las versiones estenográficas. Sobre todo, después de romper la unanimidad en la sesión en la que el IEEM declaró ganador al priista Alfredo del Mazo. El consejero Corona afirmó que la elección estuvo viciada, sin equidad, libertad e imparcialidad.

Y la última, la consejera Tapia Palacios, quien durante el proceso se opuso rotundamente a operar el PREP-casilla con argumentos dudosos y encaminó todo para manufacturar un PREP sin tecnología, poco transparente y cargado de sospechas y de sesgos. Palmira Tapia continuaría cobrando del erario al ser designada en noviembre de 2017 como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Estado de México. ¿Premio? ¿Compensación?, júzguelo usted mismo.

En marzo de 2017, el INE publicó la convocatoria: los próximos consejeros debían de ser designados a más tardar el 30 de septiembre del mismo año. Nuevamente personajes afines al PRI formaban parte de los aspirantes. Al respecto, señala Bernardo Barranco:

Encontré peculiaridades en la lista preliminar sobre aspirantes a consejeros del IEEM 2017 que sustituirán a Palmira Tapia, Natalia Pérez y Gabriel Corona. Son 131 en total y si deciden mantener la misma paridad de género habría 79 solicitantes varones par un puesto y 52 mujeres para dos escaños en el Consejo General. Más de un tercio de candidatos son funcionarios actuales del IEEM.

La mayoría abogados y viven en Toluca. Muchos de ellos aromatizados con perfumes tricolores. Siete son asesores de los actuales consejeros, tres proceden de presidencia, en especial destaca su particular. En las áreas operativas, 4 candidatos provienen de la Secretaría Ejecutiva, otros tantos de participación ciudadana y jurídica. Y también, como dato curioso, tres exdirectores, algunos de ellos con sentimientos de revancha, también contienden. Hay varios servidores electorales de juntas distritales, funcionarios del INE y tribunales electorales, tanto regionales como del Estado de México, en especial tres vinculados al magistrado y exconsejero Jorge Muciño. Hay un asesor del consejero general del INE, Javier Santiago.⁵

Con este escenario, lo que se observó de nueva cuenta es la falta de transparencia, el reparto de cuotas y el cabildeo entre consejeros y partidos políticos.

SE PERFECCIONA LA OPACIDAD A TRAVÉS DE LA “LEGALIDAD”

Los pronunciamientos emitidos por la sala superior del tribunal electoral fueron integrados en la convocatoria de 2017, la cual fue aún más severa que la anterior.

Esta vez los criterios y características eran tan específicos como ambiguos. Había requerimientos de forma y fondo —hasta una penalización por rebasar el número de palabras—, y los rangos de porcentajes en la evaluación eran subjetivos.

El ensayo tenía que ser elaborado por los aspirantes de forma presencial con un tiempo límite de tres horas. Consistía en el análisis de una cuestión problemática del ámbito electoral, relacionada con las responsabilidades, atribuciones legales, facultades y funciones operativas de las y los consejeros electorales de los OPLE.

Al azar el aspirante tomaba dos pelotitas de un total de tres, los números obtenidos representaban un tema, así el sustentante decidía cuál de las dos desarrollaría. Todo estaba perfilado para dotar de credibilidad el proceso, pero olvidando la transparencia.

Es razonable afirmar que el diseño de esta etapa vino a perfeccionar la opacidad y formalizar la velada intervención de los partidos en el procedimiento, en el que se vulneraban los principios de legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad, además de limitar al máximo la participación ciudadana. Los líderes sociales, académicos, defensores de derechos humanos y todo aquel ciudadano con verdadero compromiso democrático que quiera ser partícipe de los órganos electorales no sólo se enfrenta a un examen general de conocimientos técnico, sino a un ensayo más que especializado que exige además estar debidamente actualizado en la ley electoral vigente.

Si la primera convocatoria mostraba opacidad, la de 2017 la reafirmaba. La etapa de ensayo en ambas convocatorias no sólo es oblicua, sino que vulnera los principios de máxima publicidad, certeza y objetividad. Cabe hacer mención que para la evaluación del ensayo se implementó el método de doble ciego, con el que se intenta dar certeza a los resultados de dicha evaluación, pero es justo en esta parte del procedimiento en donde está el dolo.

El método de doble ciego es utilizado en las ciencias sociales con el fin de evitar que el resultado de una investigación o proceso pueda estar influido o exista sesgo de una parte; en este caso, la convocatoria establecía que “cada ensayo sería dictaminado anónimamente por tres especialistas asignados de forma aleatoria por El Colegio de México, quienes calificarían cada uno de los criterios específicos en forma separada e independiente”. De tal suerte que “[un] ensayo sería considerado como idóneo si contaba con al menos dos dictámenes aprobatorios (con calificaciones iguales o mayores a 70)”.⁶

Sin embargo, la aplicación de este método resulta poco confiable en el procedimiento de selección y designación de consejeros, ya que no existe forma de acreditar de manera fehaciente que no se haya filtrado a los evaluadores los folios de quienes obtuvieron un ensayo idóneo o de quienes no fue así.

Es completamente legítimo pensar y externar lo anterior ante un procedimiento obscuro que sólo parcialmente transparenta el proceso, que hace uso de la legalidad para limitar el derecho de máxima publicidad. Las calificaciones otorgadas a los dictámenes —no sólo de quienes obtuvieron un buen resultado, sino de aquellos que no lo lograron— son muy discordantes entre sí.

Es evidente la discrecionalidad y parcialidad, pues no hay forma de saber quiénes ni cuántos académicos expertos formaron parte del grupo de evaluadores de El Colegio de México.

Ante tantas dudas, ¿por qué no publicar los ensayos de todos los aspirantes que accedieron a esta etapa? No debemos olvidar que la designación de los consejeros es un acto preparativo de la elección, así lo establece la Constitución; por lo tanto, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad son principios rectores de tal acto.

LA SUPUESTA “GARANTÍA DE AUDIENCIA”

El procedimiento de selección instaurado por el INE lo único que ha logrado es burocratizar los espacios por los que la sociedad luchó para dotar de legitimidad los procesos electorales.

Los recursos de revisión —que la sala superior del tribunal exigió que fueran incorporados en las convocatorias— son “supuestas” garantías de audiencia en las cuales se cita a los aspirantes inconformes a cierta hora y son atendidos cuatro o hasta seis horas después, como fue mi caso. En la convocatoria de 2017 testifiqué lo anterior. Me encontraba en el quinto lugar de la lista, con 79 aciertos, una calificación de 92.94 y mi ensayo había sido calificado como no idóneo.

En la relación de mujeres cuyo resultado del ensayo presencial fue calificado idóneo se podían observar los siguientes nombres: Lilibeth Álvarez Rodríguez, quien fungía como asesora de Pedro Zamudio —actual presidente del consejo del IEEM—; Laura Daniella Durán Ceja, del Tribunal Electoral del Poder Judicial; Sandra López Bringas, de las oficinas centrales del INE, y Bertha Karina Terrón Arochi, quien labora en el IEEM y está vinculada al PRI.

Después de ver publicado sólo el resultado y no los ensayos de las 12 aspirantes con mejor puntuación en examen de conocimientos, consideré necesario ejercer mi derecho de revisión. Más aún al ver los puntajes tan dispares que aparecían publicados en la página del instituto para ambos casos: ensayos idóneos y no idóneos; algo no me convencía, algo tenía que evidenciar aquel procedimiento.

Así, el 12 de junio de 2017 acudí a la junta local en Toluca, Estado de México, para ingresar la solicitud de revisión. Al día siguiente, me notificaron que la revisión se llevaría a cabo el 14 de junio a las 16:00 horas en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) —ubicada en el 15º piso de la Torre Pedregal 1, en Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México—. Era necesario acudir, de lo contrario la diligencia se llevaría a cabo aún y sin la presencia del agraviado, aquí la convocatoria era clara y en beneficio de la autoridad.

Llegué a la cita a las 15:45 horas del 14 de junio, quería ser puntual para mi revisión. En la diminuta sala de espera vi desfilar durante más de cuatro horas a numerosos aspirantes de los estados de Guerrero, Morelos, Guanajuato, Estado de México y otros más. La mayoría eran académicos y miembros de organizaciones civiles; su enojo estaba justificado, habían participado en una convocatoria que decía estar dirigida a ciudadanos; muchos de ellos, al igual que yo, habían dedicado tiempo de estudio para lograr pasar con éxito el examen de conocimientos y formar parte de la lista de los 12 con mejor puntuación en el examen de conocimientos. ¡Qué decepción! En la etapa de ensayo habían sido descalificados, a lo que no daban crédito, ya que muchos de ellos escribían en revistas especializadas o en diarios de sus estados.

El enojo era mayor al observar que quienes habían aprobado la prueba del ensayo estaban ligados al partido en el gobierno de su estado, a los funcionarios de los OPLE, al tribunal electoral local o eran parte de órganos centrales del INE.

Cuando tocó mi turno —a las 20:04 horas, cuatro horas después de la hora en la que fui citada—, cansada de la larga espera, vi que todo estaba dispuesto para ejercer mi derecho de audiencia: una gran mesa, equipo de grabación, un funcionario de la UTVOPL y tres académicos, de quienes no supe el nombre ni siquiera su procedencia académica hasta que firmé y me entregaron copias del acta circunstanciada levantada a las 21:37 horas.

La sala superior, en diversas resoluciones, ordenó que en la etapa de revisión el dictamen que se hiciera por parte de los especialistas debería justificar en qué medida el ensayo cumplía o no con los parámetros de evaluación establecidos en los lineamientos, de tal manera que el aspirante fuera informado de cuáles habían sido sus errores o las deficiencias de su ensayo.

Lo anterior no ocurrió en mi revisión. Tal y como se observa en el acta circunstanciada de la diligencia de revisión, se aprecia que la comisión dictaminadora sólo dio lectura a los resultados de cada rubro de los tres dictámenes, vulnerando con ello lo ordenado por la sala superior al no justificar de manera exhaustiva las calificaciones otorgadas en la primera evaluación. Además, en el momento de la diligencia se notaba que los académicos no conocían mi ensayo, y después de una larga jornada con tantas solicitudes de revisión, se veían sumamente cansados, fastidiados con el proceso y con poca actitud para atender mis reticencias.

Es evidente que no publicar todos los ensayos y no ser exhaustivos en la revisión forma parte de la manipulación y discrecionalidad que hay en el proceso de selección y designación.

La primera parte de la diligencia duró 40 minutos aproximadamente; al igual que muchos aspirantes inconformes, los utilicé para defender mi ensayo y demostrar su idoneidad. Sin embargo, mientras pasaban los minutos y observaba los rostros de los integrantes de la comisión, comenzaba a comprender que todo aquello era un trámite, una forma legal de disimular la manipulación del proceso de designación.

Me pidieron que saliera de la sala y esperara su deliberación. Cuando salí, comprendí que la revisión era sólo una impostura; con sentimientos encontrados, esperé para entrar de nuevo a la sala.

Al entrar de nuevo a la sala, me confirmaron la no idoneidad de mi ensayo y no pude evitar externar que lamentaba la fachada del proceso instaurado y la complicidad de El Colegio de México y sus académicos. Acto seguido, me pidieron que abandonara la sala.

Los sentimientos afloraron, igual que con muchos otros aspirantes. Trataba de ser optimista y animarme con la manera en la que había hecho la defensa de mi ensayo en la sala de revisión. Debo decir que la mayoría de los inconformes salían al igual que yo: con rostros desencajados, molestia e indignación; les parecía una burla de los consejeros generales del INE.

En mi caso, promoví el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Mis agravios se centraron en hacer notar la vulneración del principio de máxima publicidad al no darse a conocer los ensayos de todos los participantes. La sala declaró los agravios parcialmente fundados, pero no quiso pronunciarse de fondo respecto de la violación al principio de máxima publicidad.⁷ El argumento que utilizó fue que la redacción de la convocatoria sólo decía que serían publicados los resultados, no los ensayos, lo que era un asunto de legalidad.

También usó como argumento que la etapa de ensayo se trataba de una cuestión de naturaleza técnica y que, ante ello, el tribunal no se encontraba en aptitud legal de emprender el estudio por no tener implicación en la vulneración del derecho político de integrar un órgano electoral.

Es claro que la sala no quiso entrar al estudio de fondo, ya que pronunciarse sobre la vulneración del principio de máxima publicidad podía generar inestabilidad en el conjunto de los resultados.

Al final, los consejeros designados fueron Laura Daniella Durán Ceja, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta en la sala especializada del TEPJF, además de que había sido secretaria técnica en el Tribunal Electoral del Estado de México y asesora de un consejero del IEEM; Francisco Bello Corona, un exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Sandra López Bringas, quien fungía como subdirectora de digitalización y resguardo documental en la dirección ejecutiva de registro en los órganos centrales del INE.

La pregunta obligada: ¿Y los perfiles ciudadanos en dónde quedaron? ¿Cómo personajes ligados al Tribunal Electoral del Estado de México, controlado por el partido en el poder (PRI), serían capaces de tomar decisiones sin sesgo político?

Los ciudadanos somos quienes emitimos la votación y contamos los votos el día de la elección; es a través de nuestro sufragio que los diversos actores políticos pueden acceder al poder y resulta que no tenemos un solo espacio en las propias instancias electorales que nos represente.

La figura de los consejeros ciudadanos nació como una exigencia de la sociedad para vigilar la imparcialidad de los procesos electorales, así como para otorgar fuerza y credibilidad a las instituciones electorales. También fue concebido como un espacio abierto a la sociedad para que los ciudadanos externaran su aprobación o descontento.

Los resultados y el comportamiento de los órganos electorales en el Estado de México son negativos y visibles. Una vasta evidencia pública y diversos estudios académicos muestran que numerosas designaciones de consejeros en 2015, 2016 y 2017 sólo han logrado robustecer el descrédito de las instituciones electorales con su actuar u omisión al seno del cuerpo colegiado para el que fueron designados, lo que ha provocado un gran déficit de integridad electoral.

LA FALTA DE INTEGRIDAD ELECTORAL:
UN INFIERNO PARA LA SOCIEDAD

La integridad electoral es un concepto que ha surgido de manera reciente; se refiere a la correspondencia entre valores y normas. La integridad electoral asume una visión de todas las dimensiones del ciclo electoral, incluyendo el diseño de la legislación y de los organismos, así como la selección de las autoridades electorales. Es un postulado ético dirigido especialmente a los individuos involucrados en el proceso electoral, de quienes se espera se comporten de forma íntegra, honesta y conforme a los valores y las normas que sustentan las elecciones democráticas.⁸

En el Estado de México —cuyo contexto político, social y económico está ligado a un partido hegemónico en el poder: el PRI—, el avance democrático se ha tornado muy complicado. En esta entidad la falta de integridad electoral es incuestionable. Las elecciones manipuladas y ampliamente cuestionadas, como la del 4 de junio de 2017 para elegir gobernador —en la que muchos factores hacían creer que por fin habría alternancia—, son un reflejo del poder de coacción y la violencia que el PRI ejerce aprovechándose de la extrema pobreza de sus ciudadanos.

El sesgo político en la designación de los consejeros es un daño inconmensurable en la democracia electoral. Basta ver la forma en la que los consejeros del OPLE designados en 2014 se condujeron en sesiones en las que se abordaron temas importantes para la sociedad, como lo es la aprobación del tope de gastos de campaña, el uso de programas sociales en beneficio del PRI o la persecución y violencia en contra de los no afines al partido en el poder.

En el caso de la sesión en la que se solicitó la disminución del tope de gastos de campaña aprobado por el consejo general del IEMM el 6 de marzo de 2017, los consejeros Palmira Tapia, Miguel Ángel García, Natalia Pérez, Guadalupe Jordán, Pedro Zamudio y Saúl Mandujano se limitaron a excusarse del debate tomando como pretexto la ley, para ellos la aplicación de la fórmula era lo que la Constitución y el código electoral locales mandataban, aun cuando la reforma de 2014 proporcionaba a nivel federal una nueva fórmula de cálculo para determinar los topes de gastos de campaña. Pero los consejeros mexiquenses se apegaron al librito local, lo que se convirtió en un mayúsculo escándalo nacional al aprobar una estratosférica cifra. La pregunta queda en el aire: ¿dónde queda su responsabilidad como consejeros electorales ciudadanos?

Tal vez los consejeros residían en otra entidad distinta al Estado de México y no se percataron del enojo de los mexiquenses al saber que 285 millones 566 mil 771.27 pesos era el tope de gastos de campaña que tenían los partidos políticos. Sólo un consejero hizo una reflexión sobre la democracia y el dinero: el consejero Corona.

Es claro que los consejeros no pueden modificar la ley, pero sí ser un instrumento que incida en los legisladores para que, a través de un proyecto de ley, modifiquen la fórmula, máxime cuando ésta transgrede la Constitución federal.

¿Con qué honestidad actuaron estos consejeros designados? ¿Sus actuaciones reflejan los valores democráticos? ¿Han sido imparciales? Es evidente que no.

En otra sesión en la que los representantes del PAN, PT y Morena denunciaron actos de violencia por parte de Antorcha Campesina (organización ligada al PRI), el consejero presidente Pedro Zamudio se limitó a proponer que se agendaran reuniones con el secretario de gobierno.

¿Reuniones? ¿Cuántos simpatizantes y afiliados de partidos de oposición ejercían su derecho y eran perseguidos, acosados y violentados física y psicológicamente? Las cabezas de cerdo que aparecieron en distintos lugares del estado son un ejemplo del tipo de violencia que en la entidad se vivía, al igual que las llamadas telefónicas en horarios inusuales; ¿y los consejeros? ¿Cómo enfrentaron estos desafíos sobre temas que en la sociedad generaron polémica y malestar? Silencios, omisiones, simulaciones y justificaciones absurdas en defensa de una legalidad simulada.

El sesgo político en la designación de los consejeros y la opacidad en el procedimiento son una mezcla corrosiva que daña nuestra incipiente democracia. El déficit de integridad electoral no es privativo de la entidad mexiquense; las conductas de fraude, nepotismo, conflicto de interés, falta de honestidad y parcialidad de los consejeros electorales de los OPLE en las 32 entidades del país han ido en aumento. Por ejemplo, el caso de Chiapas en 2016, en el que los consejeros chiapanecos aprobaron las listas de candidaturas presentadas por los partidos políticos a pesar de que éstas incumplían con los principios de paridad vertical y horizontal que mandata la Constitución, vulnerando el principio de paridad de género. Asimismo, se alteró de manera dolosa el listado nominal de votantes en el extranjero para la elección del diputado migrante en Chiapas. Se trata de conductas que marcan un retroceso al autoritarismo, viejas prácticas priistas que continúan arraigadas.

Ante estas conductas, el consejo general del INE se vio obligado a destituir la totalidad del consejo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), en acatamiento a la resolución de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que los consejeros chiapanecos habían incurrido en faltas graves al vulnerar el orden jurídico.

En Colima se presentó otro caso: la entonces consejera presidenta del instituto electoral, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, fue destituida al dar a conocer como virtual ganador de los comicios al panista Jorge Luis Preciado antes de los tiempos marcados por la ley, en detrimento de los principios rectores de la función electoral.

Otros consejeros electorales removidos de su cargo por faltas graves son Jorge Alberto Hernández y Hernández del OPLE de Veracruz, quien participó, y no se excusó, en la evaluación y designación de su cuñada Nancy Popo Pale como secretaria del consejo distrital número 18 del OPLE, y Jesús Uribe Cabrera del OPLE de Querétaro, quien realizó actividades docentes remuneradas pese a tener conocimiento de la prohibición constitucional y legal; el entonces consejero recibió remuneraciones adicionales a su cargo de consejero electoral durante dos años y hasta que el INE lo emplazó por el procedimiento instaurado en su contra, promovido por el partido Movimiento Ciudadano, fue que solicitó la suspensión del pago.

La falta de honestidad, de compromiso democrático y el fraude se hacen presentes en el actuar de los consejeros designados, lo que constata que el procedimiento para la designación está viciado al ser nombradas personas que reproducen prácticas partidistas en órganos ciudadanos, en ello existe corresponsabilidad del consejo general del INE al subyugarse a presiones políticas.

Esta falta de integridad electoral está respaldada por investigaciones académicas serias. Actualmente se lleva a cabo a nivel mundial un proyecto denominado Electoral Integrity Project (EIP), de la Universidad de Harvard, que mide, a través de diversas variables y estudios, la calidad de la democracia en más de 180 países.

México es uno de ellos. En 2015 dos académicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) coordinaron la aplicación de la encuesta que se realizó a expertos, denominada Perceptions of Electoral Integrity Mexico Subnational Study 2015. La encuesta se aplicó en diversos estados en donde hubo elecciones locales, de gobernador o diputados. Los resultados confirmaron el magro desempeño en imparcialidad y los débiles resultados positivos en independencia y profesionalismo de los órganos públicos locales electorales en las elecciones de 2015 en México.⁹

Las conclusiones son varias, entre las que destacan:

∙ El cambio del órgano que selecciona a los miembros de los institutos electorales locales no alteró su naturaleza política.

∙ Tanto a nivel federal como local, el carácter meritocrático y técnico de las primeras fases del proceso de selección no anula la esencia política de las fases finales, lo que implica que la relación entre consejeros electorales y partidos no se trastorna del todo, pues estos últimos retienen el control del proceso de selección al ser actores con poder de veto en el consejo.¹⁰

∙ Existe un avance en cuanto a la profesionalización en la integración de los órganos, el cual se logra al incluir estándares a nivel nacional. Sin embargo, ello no muestra resultados alentadores en términos de imparcialidad de los OPLE encargados de las elecciones en 2015; el estudio arroja un partidismo que se percibe como alto.

∙ No existe una medición aceptable en cuanto a la independencia en la toma de decisiones de estos órganos debido a las consideraciones político-partidarias que influyeron en la designación de consejeros.

Al ser órganos híbridos, los consejeros son seleccionados por un órgano político, que es el INE, lo que impacta de manera negativa en las designaciones realizadas, pues está comprobado que la intervención de un órgano político en el proceso de selección (como es la Cámara de Diputados) impacta en alguna medida en el carácter político de los órganos electorales.¹¹

En cuanto a la transparencia, los resultados también son negativos, ya que los órganos electorales no brindan información a los ciudadanos; esto significa que no hay una verdadera rendición de cuentas ni transparencia. En consecuencia, las autoridades electorales fueron evaluadas como órganos con un mal desempeño en sus funciones, al ser parciales y poco transparentes en su actuar.

Los resultados de la encuesta concluyen que en el proceso de designación existe un sesgo político introducido al final del proceso —en la etapa del ensayo—, lo que genera resultados no deseados en la calidad e integridad electoral.

Como se constata, la ciudadanización que se logró en los noventa se ha venido diluyendo. Antes, llegar a ser consejero electoral era complicado si no se era parte de un grupo político; ahora parece imposible ante un procedimiento amañado, nebuloso y direccionado.

Mientras que la designación de los consejeros electorales nacionales siga estando en manos de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, se observa poco probable que deje de existir el sesgo en la designación de los consejeros electorales de los OPLE, cuya permanencia será sometida a revisión después de 2018; los resultados de la elección marcarán la postura de cada fuerza política.

De subsistir, la autoridad electoral nacional está obligada a considerar los errores y modificar el procedimiento de designación. Es claro que la autorreferencialidad que ha tomado como criterio para la designación sólo ha provocado mayor parcialidad y poca certeza jurídica.

El principio de transparencia debe ser materializado en todas las etapas del procedimiento. La publicación de los ensayos puede ser un avance; sin embargo, lo prioritario es recobrar los perfiles ciudadanos, independientes, autónomos, con capacidad de entender la realidad política y social de su entidad.

Ante el hartazgo social y el fango en el que se encuentra nuestra democracia, es momento de reciudadanizar los órganos electorales en todos los niveles, de empoderarnos como ciudadanos y alzar la voz.

La posdemocracia nos exige imaginar nuevas formas de organización, de participación ciudadana, de revolucionar nuestra forma de percibir el poder y organizarlo.

NOTAS

¹ Bernardo Barranco, “La casta electoral en los Oples”, La Jornada, 27 agosto 2014, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2014/08/27/opinion/023a2pol> .

² Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del consejo general del INE, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

³ Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del consejo general del INE, 30 de septiembre 2014. Intervención de la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles .

⁴ Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del consejo general del INE, 30 de septiembre 2014.

⁵ Bernardo Barranco, “Autorreferencialidad en las instituciones electorales”, Milenio, 22 de marzo de 2017, disponible en <http://www.milenio.com/firmas/bernardo_barranco/autorreferencialidad-instituciones-electorales_18_924687528.html>.

⁶ De acuerdo con los criterios para la evaluación del ensayo de El Colegio de México, publicados en la convocatoria de 2017.

⁷ Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, núm. de expediente SUP-JDC-0487-2017.

⁸ Dieter Nholen, Principio mayoritario, jurisdicción constitucional e integridad electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2016, pp. 73-75.

⁹ Irma Méndez y Nicolás Loza, “Integración y desempeño de los órganos públicos locales electorales en las elecciones subnacionales de 2015 en México”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 10, julio-diciembre de 2016, pp.143-174.

¹⁰ Al respecto, consúltese Gary Cox, La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Hacer que los votos cuenten, Gedisa, Barcelona, 2004.

¹¹ Irma Méndez de Hoyos, Política electoral e independencia en la organización de las elecciones: El Instituto Federal Electoral en las políticas públicas en México, El Colegio de México/Porrúa, México, 2010.

Karina Ivonne Vaquera Montoya. Maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora definitiva en la FES Acatlán, UNAM. Participó como tutora en el diplomado “Democracia y Elecciones” organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) y la Universidad de Quintana Roo de los Módulos: “Actores Políticos”, “Campañas, información y propaganda”, “Dinero en la Política” y “Contencioso electoral”. Miembro activo de la Somee. Ponente en el congreso de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) en Montevideo del 26 al 28 de julio de 2017. Consultora independiente en litigio estratégico para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Ha sido consejera electoral distrital del IFE y del INE. Actualmente es consejera electoral local del INE en el Estado de México. Correo electrónico: karina_ivonne23@yahoo.com.mx.

Dinero en campañas, Estado de México y 2018

Eduardo R. Huchim

El principal problema de la democracia en el mundo es el dinero, en específico el financiamiento a los partidos y a las campañas.

Siguiendo a Daniel Zovatto, la historia y la experiencia comparada demuestran que la relación entre dinero y política ha sido, es y seguirá siendo compleja, además de ser también “una cuestión clave para la calidad y el buen funcionamiento de la democracia… De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que controle al dinero y no a la inversa.”¹

Y en México justamente es a la inversa. El dinero ilegal está controlando las elecciones. Ocurrió en la elección de Enrique Peña Nieto como presidente de México y, con impulso presidencial y complicidad de los órganos electorales mexiquenses y federales, volvió a ocurrir de nuevo en 2017, ahora en el Estado de México.

El dinero que corrió caudaloso en la campaña mexiquense tiene diversos orígenes, pero el principal de ellos es el presupuesto federal, de donde fluyeron miles de millones de pesos hacia el Estado de México de cuatro formas:

a) El “volcamiento” desenfadado de recursos humanos y materiales, bajo el cobijo de programas sociales y con fines proselitistas, a la campaña del candidato priista Alfredo del Mazo Maza. La equidad fue rota estrepitosamente en los comicios mexiquenses.

b) El subsidio federal inequitativo pero legal. El dinero que recibió el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, fueron los más cuantiosos entre las entidades federativas, y como no hubo avances y logros proporcionales a tales fondos, es razonable pensar que una parte de ellos se destinaron a la campaña priista de 2017 para gobernador.

c) Cuantiosas transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses, una de las cuales fue denunciada por múltiples vías, con la precisión de que la campaña priista pudo ser el destino al menos de una parte de esas transferencias.

d) Fondos municipales desviados de sus fines legales y probablemente destinados a la campaña priista de 2017 en el Estado de México.

De los dos primeros incisos hay evidencias documentales y públicas. De los dos últimos incisos hay denuncias documentadas, pero que no han prosperado. No abundaré en el inciso a porque en otros capítulos se explica el “volcamiento” sin recato del gobierno federal, incluso mediante la participación de secretarios de Estado y otros miembros del gabinete presidencial, en una acción concertada que violó el artículo 134 de la Constitución e hizo añicos la equidad en la competencia. Ello porque el mencionado artículo establece textualmente que:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La prohibición es clara. Este párrafo no sólo ordena aplicar imparcialmente los fondos públicos, sino también dispone expresamente que se haga sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. Cuando el gobierno federal envió a los secretarios del gabinete a hacer proselitismo encubierto y empleó profusamente programas sociales con tales fines, la equidad sencillamente desapareció.

ESTADO DE MÉXICO, ESTADO CONSENTIDO DE PEÑA NIETO

Hablemos del inciso b, relacionado con los recursos federales vertidos en el Estado de México.

A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, su estado natal fue el consentido del gobierno federal. Ninguna otra entidad recibió más dinero que el Estado de México y, en el colmo del absurdo, Pemex le otorgó recursos del fondo para mitigar impactos ambientales, a pesar de que la entidad no produce petróleo ni tiene grandes instalaciones petroleras.

Escribió la periodista Jesusa Cervantes en mayo de 2017:

Alejada de actos de fiscalización administrativa y asumiendo un papel de benefactora, la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una caja chica mediante la cual distribuye de manera discrecional recursos a los 32 gobiernos estatales, el más afortunado de los cuales es, curiosamente, el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio.

Aun cuando esa entidad no alberga instalaciones petroleras, ha recibido de la paraestatal 521 millones 144 mil 507 pesos en los últimos cuatro años bajo el rubro “Donativos y donaciones”.

La mayor entrega la recibió durante el primer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, originario de ese estado y donde el PRI y los gobiernos federal y estatal, preocupados por la debilidad de su candidato, han echado mano de todas las estratagemas a su alcance para ganar la elección y apuntalarse así en la carrera por la Presidencia de la República para 2018.²

A pesar de que recibió recursos extraordinarios en el sexenio de Peña Nieto, el Estado de México es la entidad que más pobres aporta a la estadística nacional, donde más feminicidios se cometen y posee el primer lugar en delitos como homicidio culposo y secuestro.

En seis años el Estado de México fue el más beneficiado con recursos de la Federación, con más de 357 mil millones de pesos. En 2017 recibió más de 67 mil 646 millones. En contraste, Veracruz tuvo 48 mil 165 millones, Chiapas 38 mil 975, Oaxaca 36 mil 612 y Jalisco 31 mil 143 millones.

Escribió la periodista Martha Martínez en abril de 2017:

Pobreza, inseguridad, desempleo y feminicidios son los saldos de los que no informa el gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila.

En 2011, cuando aspiraba a suceder a Enrique Peña Nieto en el gobierno estatal, el actual mandatario firmó ante notario público 6 mil compromisos de campaña para “mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses”, a través de la ampliación de la infraestructura local, la implementación de programas sociales y la inversión pública.

Seis años después, las cifras indican que, a pesar de que el Estado de México ha recibido recursos extraordinarios en esos años, es la entidad que más pobres aporta a la estadística nacional, donde más feminicidios se cometen y el primer lugar en delitos como homicidio culposo y secuestro.

Al finalizar su sexenio, Eruviel Ávila se convertirá en el gobernador que más recursos públicos tuvo a su disposición. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, los recursos etiquetados entre 2012 y 2017 para el estado natal del presidente suman más de 1.3 billones de pesos.³

Si los caudalosos recursos que recibió el Estado de México no se reflejaron en beneficios sustantivos acordes con lo cuantioso de las cantidades otorgadas del presupuesto federal, ¿a dónde se fue el dinero?

DE CÓMO 50 MILLONES DE PESOS SE CONVIRTIERON
EN 3 MIL 600 MILLONES

Me referiré ahora al inciso c, relacionado con las cuantiosas transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses, una de las cuales fue denunciada por múltiples vías, con la precisión de que la campaña priista pudo ser el destino al menos de una parte de esas transferencias.

En el apartado anterior, vimos el flujo inequitativo pero legal del dinero federal al mexiquense. Ahora veamos otro, desmesurado e ilegal. Contaré una historia de birlibirloque. Una historia que muestra cómo el dinero corre impetuoso para comprar votos y voluntades, envilece las elecciones y engaña a las autoridades, que frecuentemente prefieren mirar a otro lado.

Es decir, ante la árida tarea de buscar la trampa, las violaciones a la constitución y la ley, nuestros órganos electorales optan por dejarse engañar. Se saben timados, pero no hacen lo suficiente para evitarlo. Situados en una esfera de confort en unos casos y en una esfera de complicidad en otros, lo soslayan y cumplen con formalismos mientras los actores políticos —partidos y candidatos— se ríen de ellos en privado, aunque en público a veces incluso los elogian. Actúan como el zorro que se roba y devora a las gallinas y luego elogia agradecido al granjero porque éste no los persigue ni frena la rapiña avícola.

En esta historia truculenta, 50 millones de pesos de 1992 se convirtieron en 3 mil 600 millones de pesos de 2009 y hay indicios de que una parte de ellos sirvió para financiar la campaña electoral de Alfredo del Mazo, hoy gobernador mexiquense.

Ésta es una historia de cómo quienes desde el gobierno del Estado de México reclamaron infructuosamente un pago federal que legalmente no les correspondía, y cuando llegaron a importantes posiciones en el gobierno federal, incluida la Presidencia de la República, autorizaron lo que otras administraciones federales les negaron.

Un día de 2017, el abogado Paulo Díez Gargari, director jurídico de Infraiber, empresa mexicana de tecnología aplicada que tiene varios litigios con la española Obrascón Huarte Lain, S. A., más conocido por sus siglas OHL, descubrió que en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), aparecieron y desaparecieron misteriosamente mil 600 millones de pesos.

En una carta con fecha del 3 de abril de 2017, cuya copia fue difundida en el portal Aristegui Noticias, el abogado Díez Gargari le pidió explicaciones al entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y éste respondió, por conducto de su director de Comunicación Social, Alejandro Echegaray Suárez, que esos recursos “provienen del pago que el gobierno de la República hizo al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México de la Autopista Chamapa-Lechería”. “El pago se hizo —dijo el gobierno mexiquense el 11 de mayo siguiente— con base en un convenio de transacción judicial registrado y ‘apegado totalmente a la norma legal’.”

Añadió que “los recursos forman parte del pago que el gobierno de la República hizo al Estado de México por esa autopista, cuyo monto total es por 3 mil 500 millones de pesos, los cuales están siendo cubiertos en ministraciones”.

LA AUTOPISTA CHAMAPA-LECHERÍA, EL PRETEXTO

Indagaciones posteriores de Díez Gargari permitieron desenredar la madeja y reconstruir la historia, que resumo a continuación:

En 1991 el gobierno federal otorgó a un particular la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Chamapa-Lechería. Al amparo de un convenio celebrado en 1992 con el Ejecutivo Federal, el gobierno del Estado de México se obligó a aportar 50 millones de pesos (50 mil millones en viejos pesos, 334 millones de 2017) para cubrir el costo de liberación del derecho de vía de la mencionada autopista. Por su parte, el gobierno federal se obligó a otorgar al Gobierno del Estado, una vez concluido el plazo de la concesión referida, una nueva concesión sobre la autopista.

Durante la vigencia de esta nueva concesión y con cargo exclusivamente a los ingresos por cuotas de peaje cobrados en la autopista, el gobierno del Estado podría recuperar sus 50 millones de pesos, con un rendimiento no especificado en el Convenio de Concertación de Acciones. Pero no asumió la obligación de pagar los 50 millones ni sus rendimientos. Actualizados por inflación al 30 de abril de 2017, 50 millones de pesos de 1992 serían 334 millones de pesos.

El 1º de septiembre de 1997, el gobierno se vio obligado a rescatar diversas concesiones carreteras, incluyendo la de la autopista Chamapa-Lechería, cuyo plazo de vigencia terminó el 31 de agosto de 1997.

Para efectos del Rescate Carretero, las aportaciones de los gobiernos estatales fueron expresamente consideradas como parte del “capital de riesgo”, específicamente como “capital subordinado” y, por lo mismo, como aportaciones que no daban a quien las hubiera realizado el derecho a ser indemnizado.

El gobierno del Estado de México no tuvo nunca, ni tiene ahora, el derecho a ser indemnizado por el Gobierno Federal por los 50 millones de pesos que dice haber aportado (sin acreditarlo) para cubrir el costo del derecho de vía en la autopista.

A partir de 2007, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, con el conocimiento y el consentimiento del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, empieza a formular reclamaciones fraudulentas al Gobierno Federal para que lo indemnizara por los 50 millones de pesos supuestamente aportados al cubrir el costo de liberación del derecho de vía. El monto reclamado por Ruiz Esparza, en abril de 2009, era de aproximadamente 3 mil 600 millones de pesos.

Una y otra vez el Ejecutivo Federal se negó a pagar lo que no debía, pero cuando Peña Nieto llega a la Presidencia, los mismos que habían formulado las reclamaciones fraudulentas (el gobernador Peña Nieto y Ruiz Esparza, ya para entonces secretario de Comunicaciones federal) autorizaron el pago y el 12 de diciembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró con el gobierno mexiquense un ilegal convenio de transacción, para pagarle a éste 3 mil 566 millones de pesos. Y esto se hizo sin que existiera un dictamen de suficiencia presupuestal, como lo ha confirmado la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con los datos de Díez Gargari, los pagos realizados al amparo del mencionado convenio de transacción, hasta diciembre de 2017, eran al menos los siguientes:

∙ 500 millones el 23 de diciembre de 2014;

∙ Mil millones en 2015; y

∙ Mil 600 millones en 2016.

Importa recordar que a Díez Gargari le fue “sembrada” un arma para justificar una arbitraria detención temporal, en 2015. Incansablemente este abogado, representante jurídico de la empresa Infraiber, ha denunciado el escándalo financiero ante la PGR, ha continuado su investigación documental y así detectó la misteriosa aparición y desaparición de los mencionados mil 600 millones de pesos en las cuentas del SAASCAEM, cantidad que presumiblemente fue a la campaña de Alfredo del Mazo.

Complementaria y coincidente en parte con las investigaciones de Díez Gargari, la iniciativa Ahora denunció infructuosamente ante el INE un mecanismo de corrupción transexenal implementado por los gobernadores Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila. Este mecanismo es cíclico, señaló en su queja ante el INE, y “sus repeticiones están asociadas a los periodos de competencia político-electoral”. De ese modo, añadió, al gobierno mexiquense y a la campaña de Alfredo del Mazo se han desviado más de 4 mil millones de pesos del erario federal.

Desde 2002, tal mecanismo ha permitido la generación y flujo de más de 100 mil millones de pesos —en efectivo y en activos en Bolsa— entre los gobiernos del Estado de México y la empresa española OHL México, esto mediante el otorgamiento de concesiones de construcción, explotación, operación y mantenimiento de autopistas, entre ellas el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.

La Iniciativa Ahora, que también llevó su denuncia a la Procuraduría General de la República, es encabezada por Emilio Álvarez Icaza, exombudsman de la Ciudad de México y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por Alfredo Figueroa Fernández, académico y exconsejero electoral del INE.

En tanto, pese al gran despliegue de recursos volcados en la campaña priista, los candorosos consejeros y fiscalizadores del INE determinaron que el gasto respectivo ascendió a ¡168.2 millones de pesos!, lejos del límite fijado por las autoridades electorales locales en 285.5 millones. Sencillamente inverosímil.

DESVIACIONES MUNICIPALES A CAMPAÑAS

Hemos visto los casos de mayúsculas transferencias legales e ilegales al gobierno mexiquense por parte del gobierno federal, parte de las cuales sirvieron muy probablemente a la campaña priista mexiquense. Pero hay más casos, o indicios firmes de más casos, si bien las cantidades involucradas no son tan cuantiosas como las ya descritas.

Es fama que, en tiempos de elecciones, los gobiernos priistas en estados y municipios reciben solicitudes de dinero por parte de los coordinadores de campaña, e incluso se habla de cuotas que se fijan de acuerdo con sus presupuestos.

En el INE se recibió en 2017 una denuncia que apuntaba a esa situación, pero el Consejo General la desechó por votación dividida.

Esencialmente, un ciudadano denunciaba una serie de transferencias del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a empresas fantasmas, entre abril de 2016 y marzo de 2017, lo cual constituía un supuesto entramado para hacer llegar a campañas políticas financiamiento ilegal por al menos 50 millones de pesos.

La denuncia fue enviada al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, por un ciudadano que aportaba datos bancarios, razones sociales y direcciones de empresas, así como nombres de beneficiarios, y le pedía al INE que, por la naturaleza de las pruebas, las recabara de la Comisión Nacional Bancaria, del Sistema de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de diversas instancias del propio órgano electoral.

También se solicitaba realizar revisiones muestrales a todos los municipios del Estado de México, sin distingo de partidos políticos, “a fin de detectar operaciones similares a las aquí descritas que puedan constituir una red de financiamiento paralelo de carácter ilícito para partidos y candidatos”.

El denunciante, Juan María Guerra Iure, resumió de esta manera los hechos:

A través de diversas dependencias y acciones del Municipio de Cuautitlán Izcalli se transfirieron recursos públicos a dos empresas AHMSA de México International S. A. de C. V. y Grupo Javomex International S. A. de C. V. que son presuntamente empresas fantasma, esto es, sociedades que realizan operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales. El dinero de estas empresas llega principalmente a Arturo Arredondo Díaz que podría estar utilizando alrededor de 50 millones de pesos para la estructura electoral o para compra de votos. Asimismo una empresa que se dedica al comercio al por menor de abarrotes y ultramarinos, recibió aproximadamente 3.6 millones de pesos que podrían estar posiblemente destinados a la compra de despensas para ser entregadas en las campañas electorales.

HECHOS Y EMPRESAS FANTASMA

La denuncia, fechada el 10 de mayo de 2017, expone los siguientes hechos:

I. Existen al menos tres dependencias del municipio de Cuatitlán Izcalli que, entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, depositaron poco más de 67 millones de pesos en la cuenta de una empresa de nombre AHMSA de México International S. A. de C. V., que tiene características de empresa fantasma.

1. El ayuntamiento, cuyo presidente es el priista Víctor Manuel Estrada Garibay, directamente depositó a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer a la cuenta del AHMSA de México International 61 millones 967 mil 716 pesos.

2. El organismo operador de agua potable en el municipio, OPERAGUA Izcalli O.P.D.M, cuyo director general es Marck Oblio Rivera Aguilar, depositó a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer 4 millones 500 mil pesos a la cuenta de AHMSA de México International.

3. El Sistema Municipal DIF Izcalli, a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer, depositó a AHMSA de México Internacional un millón 336 mil 177.90 pesos.

La empresa AHMSA de México International tiene un nombre similar a la de la mayor siderúrgica del país Altos Hornos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, conocida por sus siglas AHMSA, pero la empresa que nos ocupa fue creada en 2014 y su RFC es AMI140228LH6. Su giro son las actividades relacionadas con servicios de contaduría y auditoría. Su domicilio es Calzada Tomatla, manzana 18, lote 26 en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, Ciudad de México.

Se presume que la empresa AHMSA de México International puede ser una empresa fantasma, entre otros aspectos, por sus socios y por el manejo de su capital:

a) Los dos socios que la componen tienen apellidos similares y el mismo domicilio, que por sus características socioeconómicas no corresponde al capital que mueve la empresa, ni tienen relación con los servicios que presta. Los socios de la empresa son:

∙ Margarita Mendoza Romero (RFC MERM741125), administrador único de la sociedad con 60% de las acciones que corresponden a un capital de 60 mil pesos. Domicilio: calle Chabacano 36, colonia las Peritas, Delegación Xochimilco.

∙ Federico Mendoza Celis (RFC MECF470427) con 40% de las acciones correspondientes a 40 mil pesos. Domicilio: el mismo que el anterior.

b) En el periodo de un año, objeto de esta denuncia, tuvo ingresos por poco más de 82 millones de pesos, de los cuales 82% provienen de las tres dependencias del municipio de Cuautitlán Izcalli. A su vez, AHMSA de México International, realizó de una cuenta en HSBC transferencias por un monto equivalente a 68% a favor de una sola persona física: Arturo Arredondo Díaz.

II. La empresa Grupo Javomex International, S. A., con características de empresa fantasma, recibió del municipio de Cuautitlán Izcalli casi 10 millones de pesos, de manera indirecta de la siguiente forma:

1. La Dirección de Obras Públicas, cuyo titular es Sergio Lemus Almazán, adjudicó contratos por poco más de 38 millones de pesos a Serrano & HR Arquitectos, S. A. de C. V. Esta empresa a su vez transfirió de su cuenta en Banorte la cantidad de 4 millones 256 mil 125 pesos a Grupo Javomex International.

2. Serrano & HR Arquitectos transfirió a la cuenta de Felipe Cristóbal Hernández recursos de los que sólo se tienen identificados los 4 millones 163 mil 332.59 pesos que este último transfirió desde su cuenta de Banco Santander a Grupo Javomex International.

3. Serrano & HR Arquitectos transfirió a la cuenta de Egomar Construcciones, S. A. de C. V., diversos recursos de los que se tiene identificado que esta última transfirió un millón 380 mil 87.72 pesos desde su cuenta de BanBajío a la cuenta de Grupo Javomex International, empresa constituida en 2013. Su RFC es GRU130819JX2 y aparentemente se dedica al comercio de equipo de cómputo y sus accesorios.

Se presume que Grupo Javomex International puede ser una empresa fantasma, por las siguientes razones:

a) Su domicilio es el mismo de la empresa AHMSA de México International, Calzada Tomatla, manzana 18, lote 26 en la Colonia Pedregal de Santo Domingo, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.

b) Tiene como socios a dos hermanos de nombre Juan Antonio y Héctor de apellidos Velasco Olvera, quienes a su vez ponen como domicilio el mismo de la empresa (calzada Tomatla, manzana 18). En esta Juan Antonio posee 80% de las acciones, con un valor de 80 mil pesos, y Héctor posee 20%, con un valor de 20 mil pesos.

c) Juan Antonio Olvera es apoderado de la empresa AHMSA de México International, que al parecer es una empresa fantasma o fachada y socio principal de Grupo Javomex.

III. Arturo Arredondo Díaz concentra al menos 55 millones de todos los recursos a los que se refiere la denuncia. Estos recursos los recibió entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 de dos empresas con características de empresas fantasma.

Arturo Arredondo Díaz es un comerciante que tiene su domicilio en Boulevard de las Flores 320, Villa de las Flores, primera sección en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Se sabe que tiene cuentas en HSBC, en Citibanamex y en BBVA Bancomer.

A esas cuentas en cinco meses llegaron recursos de AHMSA de México International, Grupo Javomex International y de Juan Antonio Velasco Olvera, apoderado de AHMSA de México International y socio mayoritario de Grupo Javomex International.

AHMSA de México International le transfirió de su cuenta a Arturo Arredondo un primer depósito por 22 millones 459 mil 830 pesos en HSBC. Posteriormente, hubo otra transferencia por 26 millones 526 mil 541.28 pesos.

Grupo Javomex International le transfirió a Arturo Arredondo Díaz 6 millones 717 mil 900 pesos.

Como antes se señaló, esta persona tiene diversas cuentas bancarias que deben ser investigadas, ya que el destino de los recursos tiene un posible uso electoral. Por ejemplo, se tiene conocimiento que de los 55 millones de los que se da cuenta:

∙ 19% se transfiere a José Raúl Forjas Otero. Se trata de aproximadamente 10 millones y medio de pesos que pueden ser destinados al pago de estructura electoral.

∙ 3.5% al Grupo Zorro Abarrotero. Poco más de millón y medio de pesos que pueden tener como destino despensas para ser entregadas en campañas electorales.

∙ El resto lo sacó él directamente en efectivo y mediante cobro de cheques por diversas personas físicas. Se tiene identificado que en sucursales de Citibanamex en Ecatepec se retiraron aproximadamente 11 millones 735 mil pesos. Estos recursos pueden ser destinados al pago de estructura electoral.

La investigación de las operaciones de Arturo Arredondo Díaz es fundamental porque él es quien concentra los recursos, es el eje de la triangulación, pero es además quien los dispersa.

IV. José Raúl Forjas Otero recibió entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 la cantidad de 10 millones 437 mil 800 pesos. La investigación del destino de estos recursos es importante, pues se trata de un prestanombres que probablemente se encarga de alguna zona electoral específica.

V. Grupo Zorro Abarrotero, con domicilio social en Ecatepec de Morelos, Estado de México, tiene una cuenta en el banco HSBC en la cual recibió aproximadamente un millón 736 mil pesos de la empresa AHMSA de México International, y un millón 869 mil 500 pesos de Arturo Arredondo Díaz. Por su giro comercial, se presume que el dinero recibido podría tener como destino la elaboración de despensas que pudieran ser distribuidas durante las campañas electorales.

He querido hacer esta prolija referencia a la denuncia presentada ante el INE, con la intención de evidenciar que había suficiente información, datos, cuentas y domicilios para investigar. La Unidad de Fiscalización realizó algunas diligencias, pero concluyó que no había elementos suficientes para proceder y propuso desechar la denuncia, lo cual fue acordado así en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 14 de julio de 2017.

En su resolución INE/CG287/2017, el Consejo General estimó que la denuncia se refiere al presunto mal manejo de recursos públicos o privados que podrían estar siendo utilizados para la compra de votos, así como para estructuras electorales indeterminadas. Pero “como se desprende de la lectura del escrito de queja, no se advierte una narración de hechos expresa y clara que permita a esta autoridad tener un conocimiento cierto e indiscutible por el que se concluya de manera válida del mal manejo de los recursos públicos en favor de campaña electoral alguna. Asimismo, el quejoso omite presentar elementos que, al menos con carácter indiciario, permitan a esta autoridad presumir la configuración de un ilícito en materia de fiscalización”.

Al argumentar en contra del proyecto de acuerdo sobre esa queja, la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles aduce escuetamente (debido a que la sesión se había prolongado hasta muy entrada la noche) que el quejoso denunciaba un fondeo de recursos públicos hacia un partido político y se aportaban un conjunto de elementos, de cuentas bancarias de las que hay transferencias, pero “no se está entrando a la investigación correspondiente”.

La consejera explicó que, previamente a su presentación ante el Consejo General, la Comisión de Fiscalización devolvió el proyecto a la Unidad Técnica, para verificar si las personas físicas señaladas en la queja estaban en los padrones de militantes de los partidos, “pero me parece que al haber cuentas bancarias, ya habíamos requerido [información] a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que deberíamos de mantenerla para nuevamente identificar si estamos en presencia de recursos públicos”.

San Martín concluyó que se trata de una queja en la que se da “una precisión brutal de datos respecto de las transferencias que se estuvieron realizando presuntamente para fondear a un partido político”.

La votación fue contundente: nueve contra dos, a favor de declarar improcedente la queja de Juan María Guerra Iure.

Sufragaron en contra de acordar la improcedencia, y consecuentemente continuar la investigación, la consejera Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Por declarar improcedente la queja se manifestaron los consejeros Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

La verdad legal, hasta inicios de 2018, es que no se acreditó la desviación de fondos públicos de las arcas del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli hacia alguna campaña electoral. Sin embargo, el quejoso envió también su documento a la FEPADE, pero la destitución del fiscal Santiago Nieto Castillo, en octubre de 2017, cuando estaba investigando el escándalo Odebrecht —al que me referiré en el siguiente apartado—, arroja dudas sobre alguna investigación seria del affaire Cuautitlán Izcalli por parte de la FEPADE.

En diciembre fue nombrado nuevo titular de la fiscalía Héctor Díaz Santana, quien tiene el desafío de investigar la vertiente electoral del caso Odebrecht y, además, el financiamiento ilegal del PRI de Chihuahua por el gobierno federal, que cobró actualidad días después de que tomó posesión.

El 19 de diciembre de 2017, el diario Reforma dio a conocer una declaración ministerial de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda de Chihuahua en la gestión de Duarte, quien reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tiempos de Luis Videgaray, avaló la triangulación de 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI.

Al día siguiente de la revelación del diario, la Fiscalía General de Chihuahua capturó al presunto responsable de los desvíos: Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones. Gutiérrez, exsecretario ejecutivo nacional del PRI, fue detenido en su natal Saltillo y trasladado en un avión para ser ingresado en el Cereso Estatal 1º de Chihuahua, en Aquiles Serdán.

¿Investigará el nuevo titular de la FEPADE asuntos que involucran al presidente Peña Nieto y al segundo hombre más importante de su gobierno, Luis Videgaray Caso?

Lo dudo, pero hay que concederle el beneficio de la duda a Héctor Díaz Santana.

ODEBRECHT, CORRUPCIÓN MULTINACIONAL

En Salvador, Bahía, Brasil, el joven ingeniero Norberto Odebrecht, nieto de inmigrantes alemanes a Brasil, creó la empresa que le dio origen a la Organización Odebrecht. Esto fue en 1944 y con el transcurso de los años se convirtió en un gigante de la construcción y, también, de la corrupción.

Durante décadas, la constructora brasileña entregó ilegalmente dinero para campañas electorales y sobornos a funcionarios públicos y políticos de al menos 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Obviamente, en el momento oportuno, la constructora obtenía generosos contratos de los gobiernos nacionales y locales de esos países.

El presidente del gigante de la construcción, con negocios en decenas de países, Marcelo Odebrecht, fue detenido el 19 de junio de 2015, en el marco de la operación Lava Jato (lavadero de autos, en portugués), que involucró a varios expresidentes de Brasil y de otros países. Durante un año, Marcelo Odebrecht se resistió a suscribir un acuerdo que le ofrecía la fiscalía brasileña, de modo que fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal.

Finalmente aceptó un acuerdo para obtener la reclusión domiciliaria, a cambio de dar información a las autoridades de Brasil. El acuerdo le permitió salir de la cárcel el 19 de septiembre, tras dos años de reclusión, y cumplir su sentencia en su mansión de Sao Paulo.

Regiane Oliveira y Heloísa Mendonça describieron así su liberación:

El hombre que confesó haber sobornado a buena parte de la élite política de América Latina ya no está en prisión. Marcelo Odebrecht, el expresidente de la constructora brasileña protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia del continente, abandonó este martes la cárcel tras cumplir solo dos años y medio de una condena que ascendía a 19. El acuerdo que el constructor logró con la justicia para obtener beneficios a cambio de [que] su confesión le permitirá continuar cumpliendo la pena en arresto domiciliario.

La generosidad de los acuerdos llamados en Brasil de “delación premiada” no ha dejado en ningún momento de alimentar la polémica en el país. Los jueces y fiscales de la llamada Operación Lava Jato, la gigantesca trama de corrupción descubierta a partir de los contratos de la petrolera pública Petrobras, los defienden como el único medio de llevar sus investigaciones hasta el final. Pero no faltan detractores que alegan que los beneficios son desproporcionados… A partir de ahora continuará cumpliendo su pena en la lujosa mansión de São Paulo, de 3 mil metros cuadrados, donde viven también su esposa y sus tres hijas. Será controlado por una tobillera electrónica y no podrá poner un pie fuera de su propiedad en los próximos 912 días. Hace meses, ya pagó una multa de 73 millones de reales (18.6 millones de euros). El reo tampoco podrá ejercer cargos directivos en el grupo Odebrecht, aunque la propiedad seguirá en manos de la familia descendiente de emigrantes alemanes instalados en el nordeste de Brasil que en 1944 fundó la constructora bajo el mando de Norberto Odebrecht, abuelo de Marcelo.

A cambio de esos beneficios, Marcelo Odebrecht ha entregado una mina inagotable para las investigaciones judiciales. En Brasil, sus confesiones comprometen al actual presidente, Michel Temer, y a sus antecesores Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor de Mello, además de a las cúpulas de las principales fuerzas políticas. Pero la mecha encendida por la confesión de Odebrecht se ha extendido por casi toda América Latina y hasta ha alcanzado un país africano, Angola.

Las periodistas también recordaron que ejecutivos de la compañía han admitido prácticas ilícitas en Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Panamá y Perú. “Es este último país —añadieron— donde las investigaciones están más avanzadas y las consecuencias políticas han sido más devastadoras. Con menos de un año y medio en el poder, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, corre el riesgo de convertirse en el primer jefe de Estado destituido por el escándalo de Odebrecht.”⁴

En efecto, el presidente Kuczynski estuvo a punto de ser destituido, pero tras una sesión de 13 horas en la que el mandatario compareció y ofreció disculpas, el congreso peruano no reunió los votos necesarios para la destitución. “Confieso que no he sido suficientemente prolijo, pero no soy corrupto”, dijo en su defensa la noche del jueves 21 de diciembre de 2017.

EL ESCÁNDALO ODEBRECHT EN MÉXICO

México está entre los países donde Odebrecht entregó sobornos y sobre las investigaciones del escandaloso asunto, la PGR emitió el 13 de agosto de 2017 un comunicado que incluyó los siguientes seis puntos:

1. La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), ha estado en constante comunicación con las autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht.

2. La Fiscalía brasileña no ha ofrecido una nueva fecha a México para la entrega de la información correspondiente. El caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil.

3. En diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos de América por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países. Respecto al caso de México, la empresa Odebrecht se declaró culpable por el pago 10 millones 500 mil dólares de sobornos a posibles funcionarios de Pemex, en un periodo comprendido entre 2010-2014.

4. Dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño (Odebrecht). También se han tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre.

5. Representantes de la empresa brasileña Odebrecht han ofrecido un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados.

6. PGR-SEIDF ha realizado las diligencias en torno a esta investigación, así como las solicitudes de asistencia jurídica internacional, especialmente a Brasil, Panamá, República Dominicana, Chile, entre otros. La investigación continúa.

El titular de la PGR era entonces Raúl Cervantes, quien renunció a su cargo a mediados de octubre de 2017 y al hacerlo informó, en una comparecencia ante el Senado de la República, que las investigaciones habían concluido y estaban listas para presentar ante el Poder Judicial de la Federación, pero no reveló el resultado de las indagaciones que hasta diciembre del mismo año no había sido dado a conocer. La impresión es que el subprocurador encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, tiene congelado el asunto.

ODEBRECHT, LOZOYA Y PEÑA NIETO

En agosto de 2017, fueron divulgadas investigaciones periodísticas que arrojaron luces sobre una parte de los sobornos entregados por Odebrecht en México. La principal conclusión de ellas es que esa empresa brasileña pagó 10.5 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Pemex, en el periodo 2010-2014, y así lo ha admitido Odebrecht, como lo señaló la PGR en su mencionado boletín de prensa.

La información periodística, basada en las investigaciones de las autoridades brasileñas, precisaron que Emilio Lozoya Austin, entonces integrante del equipo del candidato Enrique Peña Nieto y luego director de Petróleos Mexicanos, recibió al menos 3.1 millones de dólares en abril-junio de 2012, es decir, justo en el periodo de la campaña presidencial mexicana.

¿Puede haber dudas de que ese dinero entró a la campaña peñista, caracterizada por el excesivo y fastuoso gasto que vimos en su momento todos los interesados en estos temas, con excepción del IFE encabezado por Leonardo Valdés Zurita y el TEPJF, presidido por Alejandro Luna Ramos?

Como escribí en el diario Reforma el 23 de agosto de 2017, es pertinente preguntarse cuál fue la posible responsabilidad del actual jefe de Estado en el escándalo Odebrecht. ¿Puede un candidato presidencial no enterarse de una aportación de entre 3 y 4 millones de dólares a su campaña por parte de una empresa de origen extranjero?

La información es sólida y fundamentada. Las pruebas de las aportaciones a Lozoya han sido difundidas y documentadas por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, de Quinto Elemento Lab, y por Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción, cuyos reportajes fueron publicados por Aristegui Noticias, Reforma, Proceso y otros medios. Ahí están las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en su “delación premiada”. Ahí están las copias de las transacciones del Meinl Bank de Antigua a favor de Latin American Asia Capital Holding, empresa mediante la cual presuntamente se pagaban los sobornos a Lozoya.

En otros países, Lozoya estaría ya detenido, y el presidente, tambaleante. No ocurre así en México, donde reina la impunidad y el mandatario es casi inimputable. Habrá quien opine que el gasto de la campaña presidencial priista de 2012 es cosa juzgada, pero no debe soslayarse la existencia de hechos supervenientes que hasta ahora son conocidos.

Si no fueron destinados a la campaña presidencial, ¿cuál fue la razón para entregarle millones de dólares a un miembro del equipo del entonces candidato Peña Nieto? Suponiendo que el dinero de Odebrecht no hubiera tenido un destino proselitista en medio de un proceso electoral presidencial, ¿a dónde fueron los millones de dólares entregados en abril-junio de 2012? Otro ángulo es a dónde fueron los otros millones suministrados presuntamente a Lozoya. ¿Fueron todos para él, los compartió con alguien? ¿Es posible el otorgamiento de contratos a la empresa benefactora con la sola voluntad del director de Pemex y sin conocimiento de su jefe, el presidente?

Las planteadas aquí son preguntas cuyas respuestas corresponden a los involucrados en ese escándalo, que debe ser esclarecido de forma integral y convincente, es decir no sólo en el ámbito electoral ni sólo en el actual sexenio, habida cuenta de que el periodo admitido por Odebrecht sobre sus sobornos en México empieza en 2010, cuando el presidente se llamaba Felipe Calderón.

Para bien de la nación y de los involucrados en el escándalo Odebrecht-Lozoya, sería bueno que el esclarecimiento se diera en el sexenio de Peña Nieto. Si no es así y se materializa lo que el abogado Paulo Díez ha llamado “crónica de un acto de escapismo anunciado”, las consecuencias no serán buenas para nadie.

Si la inacción gubernamental persiste, la sombra de la impunidad probablemente será temporal porque, cuando este sexenio concluya, la verdad puede terminar por imponerse, quienquiera que sea el ganador de los comicios presidenciales de 2018. Esto porque el triunfador de esa elección, sea del PRI o de la oposición, tendrá que impulsar una investigación genuina, si quiere ganar legitimidad.

CONCLUSIONES

No hay duda de que el principal problema de la democracia en México es el dinero. El dinero ilegal que fluye sin control a las campañas políticas procedentes principalmente de tres fuentes: los erarios de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, una parte del sector empresarial y la delincuencia organizada por conducto de empresas fachada creadas por los delincuentes con el fin de lavar el dinero producido por sus actividades ilícitas.

Una gran prueba de la presencia del dinero descontrolado en las campañas fue lo ocurrido en el Estado de México, como se demuestra a lo largo de este libro, sin que las autoridades electorales fueran capaces de frenarlo y ni siquiera de sancionarlo mediante una eficaz fiscalización.

El control del financiamiento a las campañas políticas debiera darse por conducto de tales instituciones, cuya ineficacia en este rubro es patente. No sólo se acredita con la conducta omisa del INE y el TEPJF en el Estado de México, sino también en el caso de los polémicos comicios en el estado de Coahuila.

Ahí el INE probó dos veces que el candidato priista a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña por más de cinco puntos porcentuales, lo cual —unido a la escasa diferencia entre Riquelme y el candidato panista Guillermo Anaya— actualizaba los requisitos constitucionales para anular la elección, pero dos veces la Sala Superior del TEPJF revocó las resoluciones del INE y, con una manifiesta parcialidad, protegió el “triunfo” de Riquelme, hoy gobernador de Coahuila.

En esas condiciones, la equidad fue expulsada de la competencia electoral en esos dos estados y esta circunstancia prefigura lo que puede ocurrir en las elecciones mexicanas de 2018, incluida la presidencial.

Es muy probable que, como sucedió en el caso mexiquense, la oposición no competirá sólo con el PRI y sus aliados, sino tendrá que hacerlo frente al poderoso aparato del Estado mexicano que, bajo la jefatura de Enrique Peña Nieto, parece decidido a violar la Constitución y la ley para conservar el poder, no sólo por la pérdida en sí del poder, sino por el riesgo que implica la llegada de un presidente que podría llamar a cuentas a quienes han sido señalados de diversas maneras como depredadores de presupuestos y derechos ciudadanos.

En este contexto, sonó a broma la declaración de José Antonio Meade, cuando siendo aún precandidato de la coalición encabezada por el PRI, declaró el 21 de diciembre de 2017: “A ver, que no quepa la menor duda de que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y del cual no se puedan rendir cuentas”. Meade formuló esta declaración al reconocer que le tiene afecto personal al exsecretario ejecutivo nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido por presuntamente desviar 250 millones de pesos para financiar campañas priistas en 2016.

Por todo lo expuesto en este libro, las elecciones de 2017 en el Estado de México constituyen un espejo anticipado de lo que puede ocurrir electoralmente en 2018. Un espejo ominoso que augura muy malos tiempos para la democracia mexicana.

Si los partidos de oposición cobran conciencia de ello, sería deseable una gran alianza opositora para defender el voto ciudadano y la equidad en la competencia. Esa sería una manera inteligente y robusta de hacer frente a la poderosa maquinaria del Estado mexicano, alimentada con el presupuesto federal.

NOTAS

¹ Daniel Zovatto, Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, UNAM-IDEA, 2006).

² Jesusa Cervantes, “El estado consentido de Pemex”, Proceso 2115, 14/05/17.

³ Marta Martínez, “El lado oscuro de Eruviel”, Revista R del periódico Reforma, 02/04/17.

⁴ Regiane Oliveira y Heloísa Mendonca, El País, 20 de diciembre de 2017.

Eduardo R. Huchim May. Mérida, Yucatán, 1945, es escritor, periodista. En la actualidad escribe regularmente en el diario Reforma, Diario de Yucatán y la Revista Emeequis. Colaborador del programa Aristegui en Vivo. Fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (1999-2016), donde presidió la Comisión de Fiscalización.

Fue reportero y jefe de redacción del Diario de Yucatán en los setenta, y entre 1981 y 1989 fue asesor de la dirección del diario Unomásuno, dirigido por Manuel Becerra Acosta. En 1985 fundó y dirigió la revista Omnia y en 1989 se incorporó a La Jornada, del cual fue coordinador de edición hasta junio de 1996.

Autor de México 1994: la rebelión y el magnicidio (1994), Las nuevas elecciones (Plaza & Janés, 1997), Medios de comunicación (2002), Qué pex con el voto: El largo camino de México a la democracia (2006). Entre sus libros publicados en Grijalbo están Las conjuras (1997) y El sistema se cae (1996).

Anexos relativos al proceso electoral 2016-2017
en el Estado de México

Anexo 1
Integrantes del consejo general del IEEM (2014-2017)

Nombre

Cargo

Estudios realizados

Calificaciones

Promedio

Puntaje

Periodo

Pedro Zamudio Godínez

Consejero presidente

Licenciatura en psicología, maestría en pedagogía y maestría en procesos institucionales y electorales

Examen: 93.33

Ensayo: 8.73

9.03

2° lugar

7 años

María Guadalupe González Jordán

Consejera electoral

Licenciatura en derecho, maestría en derecho procesal, especialidad en justicia electoral y doctorado en derecho

Examen: 81.11

Ensayo: 8.55

8.33

6° lugar

6 años

Saúl Mandujano Rubio

Consejero electoral

Licenciatura en derecho y maestría en derecho electoral

Examen: 93.33

Ensayo: 8.55

8.94

3° lugar

6 años

Miguel Ángel García Hernández

Consejero electoral

Licenciatura en derecho y maestría en derecho electoral, especialidad en procedimientos jurídicos electorales

Examen: 87.78

Ensayo: 8.28

8.52

5° lugar

6 años

Gabriel Corona Armenta

Consejero electoral

Licenciatura en ciencias políticas y administración pública, maestría en ciencia política y doctorado en ciencia política

Examen: 87.78

Ensayo: 10

9.38

1° lugar

3 años

Natalia Pérez Hernández

Consejera electoral

Licenciatura en derecho, especialidad en justicia electoral y maestría en derecho electoral

Examen: 84.44

Ensayo: 8

8.22

7° lugar

3 años

Palmira Tapia Palacios

Consejera electoral

Licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales y maestría en políticas públicas

Examen: 86.67

Ensayo: 9

8.83

4° lugar

3 años

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo INE/CG165/2014, anexo Estado de México. Archivo: “Análisis de la Integración del Consejo General del Organismo Público Local de México”, pp. 15-16.

Las calificaciones de la evaluación curricular y la entrevista no fueron publicadas por el INE.

Anexo 2
Relación de directivos sustituidos y relevos nombrados

Nombre

Cargo

Nombre del relevo

Fecha

Francisco Javier López Corral

Secretaría ejecutiva

Ratificado

05-10-2014

Jesús George Zamora

Dirección de organización

Víctor Hugo Cíntora Vilchis*

11-12-2015

Rafael Plutarco Garduño García

Dirección de capacitación

Liliana Martínez Garnica

11-12-2015

Sergio Anguiano Meléndez

Dirección de partidos políticos

Francisco Javier Jiménez Jurado**

11-12-2015

José Mondragón Pedrero

Dirección de administración

Ratificado

11-12-2015

Alma Patricia Sam Carbajal

Dirección jurídica consultiva

Rocío Martínez Bastida**

11-12-2015

Hernán Mejía López

Unidad técnica de fiscalización

Luis Samuel Camacho

11-12-2015

Juan Carlos Muciño González

Unidad de comunicación social

María Verónica Veloz Valencia

11-12-2015

Pablo Carmona Villena

Unidad de informática y estadística

Juan José Rivaud Gallardo

11-12-2015

Humberto Infante Ojeda

Unidad técnica para la administración del personal electoral

Mariana Macedo Macedo

11-12-2015

Gustavo López Montiel

Centro de formación y documentación electoral

Ranulfo Igor Vivero Ávila

11-12-2015

Fuente: elaboración propia con base en los acuerdos IEEM/CG/242 al 251/2015 del consejo general del IEEM, 11 de diciembre de 2015.

* También fue encargado de despacho del 1º de septiembre al 10 de diciembre de 2015.

**Hubo un encargado de despacho del 1º de septiembre al 10 de diciembre de 2015.

Anexo 3
Votación final por candidata/o en el cómputo final de la elección de gobernador/a

Nombre

Partidos

Número de votos

Porcentaje

PREP

Josefina Eugenia Vázquez Mota

PAN

682 520

11.28

11.29

Alfredo del Mazo Maza

PRI-PVEM-NA-PES

2 040 709

33.69

33.72

Juan Manuel Zepeda Hernández

PRD

1 084 571

17.89

17.79

Óscar González Yáñez

PT

65 471

1.08

1.08

Delfina Gómez Álvarez

Morena

1 871 542

30.91

30.82

María Teresa Castell de Oro Palacios

Independiente

130 100

2.14

2.13

Candidatos/as no registrados/as

6 396

0.11

0.13

Votos nulos

175 228

2.89

3.03

Votos anulados por el tribunal electoral

23 677

ND

ND

Votación total

6 080 214

53.71

52.5

Fuente: elaboración propia con base en datos de la página web del IEEM. Consultar: <http://www3.ieem.org.mx/pdf/resultados2017.pdf>. [Fecha de consulta: 9-11-2017.]

Anexo 4
Hechos que pudieron afectar de manera relevante el proceso electoral

Fecha

Nota informativa

Tema central

Hechos relevantes

20-5-2017

“Planeó la Presidencia estrategia en Estado de México” (Reforma)

Desde la jefatura de la Oficina de la Presidencia, se planeó la participación de diversas dependencias en eventos de reparto de apoyos.

1. Se acordó otorgar consultas, asesorías y servicios públicos de calidad, más reparto de despensas de Diconsa y tarjetas para disposición de dinero, como La Efectiva.

2. Se estableció que en las ferias se retomara el mensaje del cuarto informe de Enrique Peña: “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”.

23-5-2017

“Van a IEEM por anuncios de Gobierno” (Reforma)

Morena, PRD, PT y PAN pidieron al IEEM solicitar el retiro de espectaculares de una campaña de donación del gobierno, que parecían de apoyo al PRI

1. Los espectaculares desplegados son rojos y tienen la leyenda en letras blancas: “En el Estado de México somos fuertes”, y después sigue la liga <www.hazlocorrecto.mx> y el escudo del estado.

2. En ninguno de esos espectaculares se exhorta a la donación de sangre.

24-5-2017

“Consiente Edomex a estructura priista” (Reforma)

En plena veda electoral, Eruviel Ávila ha regalado al menos 13 conciertos en el auditorio de Tecámac a promotoras del voto de Del Mazo.

1. Las autoridades mexiquenses han organizado al menos 13 conciertos masivos en dicho inmueble, que tiene una capacidad para 12 mil personas.

2. El público, mayoritariamente mujeres, son promotoras del voto a favor del candidato priista Alfredo del Mazo.

26-5-2017

“Ordena IEEM quitar anuncios de Gobierno” (Reforma)

En máximo 48 horas, anuncios del Estado de México que promueven donación de sangre deberán ser retirados por contenido ligado a Del Mazo: IEEM.

El gobierno del Estado de México deberá retirar espectaculares que promocionan una campaña de donación de sangre.

27-5-2017

“Avalan entrega de 49 programas en Edomex” (Reforma)

Congreso del Estado de México ratificó que 49 de los 59 programas sociales autorizados para operar en veda electoral podrán entregarse.

Los programas corresponden a apoyos agropecuarios, becas, despensas para personas discapacitadas y diversas dádivas por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México (DIFEM).

31-5-2017

“Señalan operación electoral de diputados” (Reforma)

Diputados del PRI en el Estado de México fueron operadores electorales en favor de campaña de Alfredo del Mazo.

1. Integrantes del congreso local quedaron al frente de estructuras de entre 800 y
mil activistas por cada uno de los 45 distritos electorales de la entidad.

2. Legisladores repartieron, con cargo al erario público, tinacos, sillas de ruedas, andaderas, estufas y materiales de construcción, entre otras dádivas.

3. Participaron en actos públicos funcionarios estatales y municipales, incluido Eruviel Ávila, para poner en marcha acciones y programas gubernamentales.

3-6-2017

“Alerta IEEM por instructivo falso” (Reforma)

El IEEM alertó sobre difusión de volantes falsos con medidas a realizar en caso de ataques en comicios del domingo 4 de junio.

La propaganda ha sido distribuida en redes sociales. Los volantes cuentan con 10 medidas aparentes de seguridad, que rezan: “Si escuchas disparos, tírate al suelo, es más seguro”, “Evite mirar de frente a los delincuentes” o “Regrese a su casa”.

3-6-2017

“Acusan amenazas a Morena en Edomex” (Reforma)

En redes sociales se denunció que dejaron cruces y cabezas de cerdo afuera de la sede de Morena en Tlalnepantla.

En Cuautitlán Izcalli hallaron también restos de cerdos afuera de escuelas de nivel básico. También en la terminal del Mexibús Ojo de Agua.

3-6-2017

“Exhibe FEPADE citatorios falsos” (Reforma)

Santiago Nieto –titular de la FEPADE– denunció la distribución de citatorios falsos firmados a su nombre, dirigidos a representantes partidistas en el Estado de México.

De acuerdo con una foto, el documento tiene su nombre y firma, además del logo de la FEPADE, y solicita la comparecencia del destinatario en las oficinas de la Fiscalía.

4-6-2017

“Catea Policía habitaciones de morenistas” (Reforma)

Policía estatal irrumpió en hotel Villa Centro de Tejupilco, en donde habían miembros de Morena, por reporte de portación de armas.

Alrededor de las 23:45 h, antes de la elección, los policías llegaron a las instalaciones a realizar un operativo debido a una denuncia anónima de que en un cuarto de hotel se estaban almacenando armas.

4-6-2017

“Suma FEPADE 35 denuncias en Edomex” (Reforma)

La FEPADE recibió 10 denuncias por las cabezas de puerco halladas afuera de oficinas de Morena y 25 por presunta coacción del voto.

También recibieron 25 denuncias a través de llamadas telefónicas por presunta coacción del voto y presión de representantes de partidos políticos, en particular en las zonas oriente y norte de la entidad.

4-6-2017

“Suma FEPADE 919 denuncias de 4 estados” (Reforma)

El Estado de México encabeza denuncias ante la FEPADE con 312 de las 919 presentadas en los cuatro estados con elecciones.

1. Las denuncias derivan de mil 715 llamadas telefónicas, 519 correos y mensajes por internet y 323 casos que los ciudadanos hicieron del conocimiento de las células móviles de la fiscalía.

2. Durante los comicios, la fiscalía reportó 12 detenidos, ocho de ellos en Veracruz, tres en Coahuila, uno en Nayarit y otro en el Estado de México.

Fuente: elaboración propia con base en los periódicos citados.

Anexo 5
Lista de visitas de funcionarios del gobierno federal y estatal a diversos municipios del Estado de México (septiembre de 2016 a junio de 2017)

Día

Titular de la noticia y fuente

Nombre del servidor público y cargo

Municipio

Actividad o programa social

3/9/2016

“Tiene Naucalpan Feria de Salud” (Reforma)

Sin datos.

Naucalpan

Caravana en Parque Naucalli ofreció atención y orientación médica.

7/9/2016

“Entrega GEM becas, mobiliario, equipo educativo a planteles del norte del Edomex” (El Informante, pp. 4-5)

Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación del Estado de México (SEEM).

Atlacomulco

Entrega de estímulos y becas a alumnos con alguna discapacidad.

12/9/2016

“Dona DIFEM equipo de colposcopia a Naucalpan” (El Valle, p. 4)

Isis Ávila, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), y Arturo Osornio, secretario de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem).

Naucalpan

Entrega de equipo de colposcopía a mujeres en condición de vulnerabilidad.

12/9/2016

“Da Ana Lilia Herrera 237 tarjetas ‘La Efectiva’” (Diario de México, p. 6)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Cuautitlán Izcalli

Entrega de tarjetas “La Efectiva” a mujeres del Programa Mujeres que Logran en Grande.

12/9/2016

“Lleva Omar Velázquez Jornadas de Salud a vecinos de Toluca” (El Heraldo, p. 24)

Jorge Omar Velázquez (diputado local)

Toluca

Programa de Oftalmología Comunitaria (jornadas de salud y paquetes alimentarios).

12/9/2016

“Trabajando juntos lograremos muchas cosas más para nuestros vecinos: Carolina Monroy” (Al Día, p. 26)

Carolina Monroy (diputada federal), Laura Barrera Fortoul (diputada local) y César Gómez Monge, secretario de Salud del Estado de México (SSEM).

Calimaya

Entrega de ambulancias y diversos aditamentos funcionales en el marco de las jornadas de salud.

13/9/2016

“Encabeza EAV encuentro en pro de la discapacidad” (El Heraldo de Toluca, p. 2)

Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Eruviel Ávila (gobernador), así como autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Toluca

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión

13/9/2016

“Esfuerzo coordinado a favor de población vulnerable: Laura Barrera” (Capital, p. 8)

Laura Barrera Fortoul (diputada local).

Chapultepec y
Tenancingo

Entrega de apoyos asistenciales y educativos

13/9/2016

“Gestiona Leticia Mejía mayor infraestructura pública” (Puntual, p. 9)

Leticia Mejía García (diputada local).

Ixtlahuaca

Entrega de guarniciones, banquetas y centros sociales.

14/9/2016

“Reconoce DIFEM a promotoras de valores y labores comunitarios” (Portal, p. 7)

Isis Ávila (DIFEM), Arturo Osornio (Sedesem) y Ana Lilia Herrera (SEEM).

Cuautitlán Izcalli

Programa Mujeres que Logran en Grande.

14/9/2016

“Entrega Laura Barrera apoyos e incentivos” (Capital, p. 21)

Laura Barrera Fortoul (diputada local).

Metepec

Entrega de apoyos para cabalgata y apoyos educativos: “Trabajar en equipo”.

15/9/2016

“Entrega Edo. de México una unidad médica cada semana, Eruviel Ávila” (El Economista, p. 27)

Eruviel Ávila (gobernador).

Xalatlaco

Entrega de unidades médicas.

15/9/2016

“Entregó José Manzur patrullas y armamento en Lerma” (Capital, p. 3)

José S. Manzur (secretario general de gobierno).

Lerma

Entrega de patrullas, provisiones y armamento a elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

20/9/2016

“Entregó GEM apoyos a mas de mil 400 catequistas en Neza”
(Portal, p. 5)

Francisco Javier García, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Nezahualcóyotl

Entrega de estímulos económicos a catequistas.

23/9/2016

“Dará útiles escolares y lentes gratuitos a alumnos del INEA” (La Calle, p. 3)

Enrique Peña Nieto (presidente) y Eruviel Ávila (gobernador).

Tlalnepantla

Entrega del certificado “Un millón y medio” del Programa Especial de Certificación del INEA.

26/9/2016

“Entrega de apoyos sociales van en tiempo y forma : AOS” (El Sol de Toluca, p. 7)

Arturo Osornio (Sedesem).

No dice.

Entrega de apoyos alimentarios del Programa Gente en Grande y Por una Infancia en Grande.

27/9/2016

“Recupera Edo. de México 50 mil hectáreas de bosques” (Milenio, p. 3)

Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Eruviel Ávila (gobernador) y Carolina Monroy (diputada federal).

Metepec, Temoaya y Zinacantepec

Programa Empleo Temporal.

4/10/2016

“Arranca teleférico de Ecatepec” (Reforma)

Enrique Peña Nieto (presidente).

Ecatepec

Inauguró el Mexicable de Ecatepec, que conecta San Andrés de la Cañada con la Vía Morelos.

5/10/2016

“Entrega SEDUC mobiliario y equipo de cómputo” (El Valle, p.12)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Toluca

Entrega de equipo de cómputo y mobiliario escolar.

8/10/2016

“Reparten despensas y tarjetas en Edomex” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador) y Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR).

Huixquilucan

Reparto de tarjetas electrónicas y despensas en un evento masivo.

10/10/2016

“Apoyo a mujeres mexiquenses para detectar cáncer de mama”
(El Valle, p.3)

Eruviel Ávila (gobernador), Francisco Guzmán (OPR) y Alfredo del Mazo (diputado federal).

Huixquilucan

Entrega de vales para detección de cáncer, canastas alimentarias, tarjetas La Efectiva, afiliaciones a diversos programas, orientación médica y entrega de lap tops.

10/10/2016

“Más de 200 mdp para becar jóvenes al extranjero: ALPHA” (Capital, p. 6)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Coacalco

Entrega de becas al extranjero.

11/10/2016

“Llegan a Edomex Fuerzas Federales” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador) y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (Segob).

Tlalnepantla

Anuncio del arribo de fuerzas federales al Estado de México, para reforzar la seguridad en los municipios con los mayores índices delictivos.

13/10/2016

“Justifica Peña obras en Edomex” (Reforma)

Enrique Peña Nieto (presidente).

Chalco

Inauguración, en el tramo de Chalco, de la ampliación de la autopista México-Puebla.

15/10/2016

“Repiten entrega de despensas en Edomex” (Reforma)

Francisco Guzmán (OPR) y José S. Manzur (secretario general de gobierno del Estado de México).

Zinacantepec

Reparto de tarjetas Efectiva y cerca de 6 mil despensas de Diconsa (Distribuidora Conasupo).

15/10/2016

“Iniciaron entrega de apoyo de acciones por la educación” (El Sol de Toluca, p. 2)

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Teoloyucan

Entrega de apoyos de las Acciones por la Educación (programas de becas al extranjero, entrega de estímulos económicos a escoltas escolares, lap tops, equipamiento a bandas de guerra, etcétera).

15/10/2016

“Educación sin barreras”
(8 columnas, p. 4)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Teoloyucan

Entrega de apoyos de las Acciones por la Educación (programas de becas al extranjero, entrega de estímulos económicos a escoltas escolares, lap tops, equipamiento a bandas de guerra, etcétera).

17/10/2016

“En Zinacantepec, Feria Integral de servicios” (Amanecer, p. 4)

Eruviel Ávila (gobernador), Francisco Guzmán (OPR) y Manuel Castrejón (alcalde de Zinacantepec).

Almoloya de Juárez, Toluca y Zinacantepec

Entrega de apoyos para comités comunitarios y la Feria Integral de Servicios.

19/10/2016

“Continuarán apoyos en Edomex” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador), Aurelio Nuño (SEP) y Ana Lilia Herrera (SEEM)

Acambay

Entrega de tarjetas La Efectiva a estudiantes de excelencia.

21/10/2016

“Entrega Eruviel Avila y Nuño nueve bibliotecas digitales” (24 horas, p. 2)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Acambay, Aculco, Coyotepec, Otzolotepec, Santo Tomás, Temoaya, Tenancingo, Teoloyucan y Xonacatlán

Entrega de bibliotecas digitales.

22/10/2016

“Quitan despensas y otorgan créditos” (Reforma)

Enrique González, subsecretario de la Sedatu; Jesús Alcántara, director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett); Denisse Ugalde (alcaldesa), y delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Sedesol.

Tlalnepantla

Caravana de Seguridad Social (Fonacot regaló a los beneficiarios tabletas, bocinas, baterías portátiles, audífonos, calculadoras y calendarios, entre otros objetos)

24/10/2016

“Entrega Ávila apoyos hasta en EU” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador).

Fuera del estado (Nueva York).

Entrega de apoyos educativos y de salud a mexiquenses radicados en Estados Unidos.

24/10/2016

“Inicia la entrega de lentes para 100 mil niños” (Capital, p. 3)

Isis Ávila (DIFEM) e Indalecio Ríos (Alcalde).

Ecatepec

Entrega de lentes oftalmológicos.

26/10/2016

“Edomex invierte en apoyos funcionales” (Capital, p. 3)

Isis Ávila (DIFEM), Arturo Osornio (Sedesem) y Eduardo Gasca, secretario de Cultura del Estado de México (SCEM).

Jilotepec

Entrega de sillas de rueda, bastones y andaderas y de tarjetas “Mujeres que Logran en Grande”.

4/11/2016

“Otorga Isis Ávila becas para alumnos con autismo” (Capital, p. 4)

Isis Ávila (DIFEM) y Ana Lilia Herrera (SEEM).

Ecatepec

Entrega de becas a estudiantes de Centros de Atención Múltiple.

8/11/2016

“Combatir la violencia intrafamiliar: Monroy” (El Valle, p. 21)

Carolina Monroy (diputada federal).

San Mateo Atenco

Programa Somos Emprendedores (otorgamiento de microcréditos).

9/11/2016

“Entregan tinacos a habitantes de Tultitlán” (Diario de México, p. 25)

Jorge Adán Barrón (representante del presidente honorario del DIFEM).

Tultitlán

Entrega de tinacos cisterna.

10/11/2016

“Entregan más de 120 toneladas de cemento y otros materiales de construcción” (El Heraldo, p. 21)

José Francisco Garduño (alcalde).

Tenango del Valle

Entrega de materiales para la construcción de obras.

14/11/2016

“Entrega Eruviel Ávila donativo de 14.5. mdp a la Cruz Roja en nombre de la comunidad académica” (La Prensa, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Entrega de donativo para la colecta anual de la Cruz Roja.

14/11/2016

“Entrega Edo. de México escritura y mejora las viviendas de más de 2 mil familias mexiquenses” (El Informante, p. 3)

Carolina Alanís Morena (dirección general del DIFEM).

Toluca, San Mateo y Ocoyoacac

Programa de Mejoramiento a la Vivienda.

14/11/2016

“SEDESOL entrega dos millones de alimentos” (Impulso, p. 4)

Edmundo Ranero Barrera (delegado de la Sedesem).

Ecatepec

Entrega de raciones alimentarias y apoyos al comité comunitario.

14/11/2016

“Reciben jóvenes de Atenco tarjeta ‘Ármala en Grande’” (Heraldo, p. 6)

Andrés Ruíz Méndez (alcalde).

San Salvador Atenco

Entrega de tarjeta Ármala en Grande.

16/11/2016

“Gobernador Eruviel Ávila entrega apoyos para comedores comunitarios” (Milenio, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Luvianos

Entrega de equipamiento a cocineras de comedores comunitarios.

17/11/2016

“Reparten otra vez dádivas en Edomex” (Reforma)

Luis Miranda (Sedesol) y Eruviel Ávila (gobernador).

San Felipe del Progreso

Entrega de despensas La Efectiva, vales para medicinas y afiliaciones a becas para madres de familia.

17/11/2016

“Entrega EAV apoyos de la educación” (El Sol de Toluca, p. 2)

Ana Lilia Herrera (SEEM) y Eruviel Ávila (gobernador).

Lerma

Entrega de apoyos del programa Acciones por la Educación.

17/11/2016

“Apoyan a niños invidentes”
(Impulso, p. 4)

Isis Ávila (DIFEM) y Fernando Zamora (alcalde).

Toluca

Entrega de becas a niños, computadoras de escritorio y teclado braille.

17/11/2016

“Entrega Carolina Monroy apoyo a mujeres artesanas” (Milenio, p. 8)

Carolina Monroy (diputado federal).

Calimaya y San Mateo Atenco

Entrega de apoyos económicos, maquinaria y materias primas

22/11/2016

“Seguirán apoyos en Edomex hasta veda” (Reforma)

Eviel Pérez Magaña (subsecretario de la Sedesol).

No dice.

Reparto de apoyos de la Sedesol en ferias integrales de servicios.

22/11/2016

“Promueve Robles programas en el Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu) y Miguel Ángel Osorio (Segob)

Chalco y Ecatepec

Promoción de programas sociales federales e inauguración de la Plaza Centenario de la Industria Militar.

23/11/2016

“Entrega Angélica Rivera y Eruviel Ávila unidades de traslado a personas con discapacidades” (Al día, p. 2)

Angélica Rivera de Peña (presidenta nacional del DIF) y Eruviel Ávila (gobernador).

San Martín de las Pirámides

Entrega de unidades médicas adaptadas para el traslado de personas con discapacidad

23/11/2016

“Inicia entrega de paquetes invernales” (Impulso, p. 8)

Arturo Osornio (Sedesem) y Eruviel Ávila (gobernador).

Atlautla

Entrega de paquetes con cobijas, gorras, guantes, bufandas.

23/11/2016

“Respaldo a alumnos discapacitados: Ana Lilia” (Capital, p.9)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Huixquilucan

Entrega de apoyos del programa Acciones por la Educación.

26/11/2016

“Aplaude Robles a Peña en el Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu).

Los Reyes La Paz

Entrega de escrituras y llamado a “cerrar filas” con Peña Nieto.

28/11/2016

“Entregó en Metepec becas por casi 6.5 mdp a 4 mil estudiantes” (El Sol de Toluca, p. 13)

David López Cárdenas (alcalde).

Metepec

Entrega de becas.

29/11/2016

“Edomex da becas a alumnos en riesgo de abandonar estudios”
(El Economista, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Tlalnepantla

Programas: El Valor de Permanecer Estudiando y Permanencia en Nivel Medio Superior.

30/11/2016

“Entregan títulos de propiedad y apoyos para mejoramiento de vivienda en el sur de la entidad” (Al día, p. 4)

Alfredo Torres Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México (Sedurmem).

No dice

Entrega de títulos de propiedad.

30/11/2016

“Alumnos con discapacidades reciben becas” (El Valle, p. 5)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Toluca

Entrega de apoyos del programa Acciones por la Educación.

1/12/2016

“Inaugura Isis Ávila Feria de la Familia y Valores en Ecatepec” (Al día, p. 3)

Isis Ávila Muñoz (DIFEM).

Ecatepec

Programas de asistencia social.

3/12/2016

“Llama EAV cerrar filas en torno a Enrique Peña” (El Sol de Toluca, p. 3)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Teotihuacán

Entrega de becas a ganadores del Concurso Olimpiada Infantil.

3/12/2016

“Estrena Sedesol estrategia en Edomex” (Reforma)

y Luis Miranda (Sedesol) y Javier García (subsecretario de la Sedesol)

Cuautitlán Izcalli

Lanzamiento de la estrategia nacional Leer-Te Incluye.

17/12/2016

“Visita Rosario Robles, otra vez, Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu).

Metepec

Inauguración del parque Rancho San
Lucas y entrega de escrituras del programa Papelito Habla.

23/12/2016

“Aún no termina tragedia y anuncian otro mercado” (Reforma)

Enrique Peña Nieto (presidente).

Zumpango

Entrega de apoyos a los artesanos de pirotecnia y reconstrucción del mercado de San Pablito.

9/1/2017

“Edomex entrega apoyos económicos a las familias que perdieron ventas en Tultepec” (El Economista, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Tultepec

Apoyos económicos a comerciantes.

9/1/2017

“Gobierno federal y estatal unen esfuerzos para mejorar infraestructura educativa” (La Crónica, p. 12)

Ana Lilia Herrera (SEEM); Héctor Gutiérrez, director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), y David López (alcalde).

Metepec

Programa Escuelas al Cien (entrega de trabajos de intervención y renovación de mobiliario).

11/1/2017

“Repite Sedesol visita al Edomex” (Reforma)

Javier García (subsecretario de la Sedesol) y Carolina Guevara (diputada).

Tultitlán

Encuentro con las vocales beneficiarias de Prospera y entrega de pólizas del Seguro de Vida para Jefas de Familia.

12/1/2017

“El apoyo a la educación es una causa de vida” (Al Día, p. 2)

Ana Lilia Herrera (SEEM), Olegario Romero (alcalde) y diputado local.

San Felipe del Progreso

Apoyo a la educación (rehabilitación de espacios escolares).

14/1/2017

“Reactivan ‘cargada’ federal en Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu), Javier García (subsecretario de la Sedesol) y Mely Romero, subsecretaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Zumpango

Entrega de escrituras y obras de mejoramiento de vivienda, así como títulos de solares urbanos, sentencias de juicios agrarios y cartas de autorización de motocultores.

19/1/2017

“Apoyará GEM a 25 mil estudiantes con transpote, uniformes y materiales escolares” (Portal, p. 2)

Isis Ávila (DIFEM), Arturo Osornio (Sedesem), Mariano Camacho, director general del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imjuve), Anna María Chimal (presidenta municipal de Atlacomulco) y Laura Patricia Chimal Velasco (DIF de Atlacomulco).

Atlacomulco

Programa Jóvenes que Logran en Grande (entrega de estímulos económicos, lap tops y becas económicas) y programa Futuro en Grande a madres adolescentes.

21/1/2017

“Llama EAV a favorecer valores y comunicación en escuelas” (El Sol de Toluca, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Tecámac

Programa Convivencia Escolar Armónica.

21/1/2017

“Pide estar alertas y comprometerse con la educación” (Milenio, pp. 3-4)

Ana Lilia Herrera (SEEM).

Coacalco

Entrega de tabletas electrónicas y paquetes didácticos

22/1/2017

“Plan de estudios en Edomex con jornadas oftalmológicas” (Ovaciones, p. 2)

César Gómez (SSEM) y Gabriel O’ Shea, comisionado nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

No dice

Entrega de consultas médicas, cirugías, estudios de gabinete y rehabilitación visual a pacientes.

25/1/2017

“Apoyará GEM a 25 mil jóvenes con tarjetas” (Milenio, p. 2)

Isis Ávila (DIFEM) y Arturo Osornio (Sedesem)

Ecatepec

Programa Jóvenes que Logran en Grande (entrega de tarjetas de apoyo a jóvenes).

26/1/2017

“Brindará Edomex 200 mil becas educativas” (El Valle, p. 5)

Isis Ávila (DIFEM), Ana Lilia Herrera (SEEM) y Arturo Osornio (Sedesem).

Tultitlán

Programa Jóvenes que Logran en Grande (entrega de tarjetas Ármala en Grande) y programa Futuro en Grande (entrega de de apoyos a madres mexiquenses).

29/1/2017

“Asignan créditos para casas en Edomex” (Excélsior, p. 2)

Luis A. Godina, vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto para la Seguridad y Solidaridad Social de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Tecámac

Entrega de escriturasa derechohabientes del Fovissste.

30/1/2017

“Entregan títulos de propiedad y vivienda” (Capital, p. 5)

Rosario Robles (Sedatu), Jesús Alcántara (Corett); Jorge Wolpert, director general del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), y Luis A. Godina (Fovissste).

Tecámac

Programa Papelito Habla (entrega de escrituras, títulos de propiedad y viviendas a familias).

31/1/2017

“Entregan apoyos a productores para compra de semillas y fertilizantes” (El Valle, p. 7)

Heriberto Ortega Ramírez (Sedagro estatal).

Juchitepec

Programa Insumos Agrícolas y programa Alta Productividad de Maíz.

2/2/2017

“Amplía Edomex cobertura médica los fines de semana” (Ovaciones, p. 4)

Eruviel Ávila (gobernador) y Cesar Gómez (SSEM)

Almoloya de Juárez

Entrega de centro de salud.

3/2/2017

“Continúa intensa entrega de apoyos educativos en Tenancingo” (Milenio, p. 16)

Roberto Sánchez (alcalde de Tenancingo)

Tenancingo

Entrega de apoyos educativos.

4/2/2017

“Ana Lilia Anzaldo entrega títulos en UMB” (Milenio, p. 6)

Ana Lilia Herrera (SEEM)

Tultepec

Entrega de cómputo y equipamiento de laboratorios de nutrición.

6/2/2017

“Llama Carolina hacer bien lo que a cada quien corresponde” (Capital, p. 10)

Carolina Monroy (diputada federal).

Metepec

Programa Estatal de Acciones Prioritarias Hidroagrícolas (entrega de apoyos a pequeños productores).

8/2/2017

“Entregan tinacos y cubetas a familias coacalquenses” (Diario de México, p. 14)

Erwin Castelar (presidente municipal) y María Luisa Cienfuegos (subsecretaria de la Sedurm).

Coacalco

Programas de apoyo a la comunidad.

8/2/2017

“Reaparece ‘La Efectiva’” (Reforma)

Javier García (subsecretario de la Sedesol), Isis Ávila (DIFEM)

San Martín de las Pirámides

Reparto de tarjetas La Efectiva a vocales del programa Prospera

9/2/2017

“Apoyar a las mujeres es garantía de prosperidad familiar y social: Isis Ávila” (Al día, p. 2; Milenio, p. 3)

Isis Ávila (DIFEM), Arturo Osornio (Sedesem) y Paula Hernández Olmos (coordinadora nacional de Prospera).

Toluca

Entrega de efectivo a través de la tarjeta La Efectiva y programa Mujeres en la Construccióny Adultos en Grande (entrega de herramientas).

9/2/2017

“Refuerza GEM compromiso en la educación en Ixtlahuaca” (Portal, p. 4)

Ana Lilia Herrera (SEEM), Eduardo Gasca Pliego (SCEM) y Juan Carlos Bautista Santos (presidente municipal).

Ixtlahuaca

Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de escuelas.

10/2/2017

“Entrega Isis Ávila más de 3 mil ‘Efectivas’ en Ecatepec” (Al Día, p. 3)

Isis Ávila (DIFEM), Arturo Osornio (Sedesem) y César Gómez Monge (SSEM).

Ecatepec y Tlalnepantla

Entrega de apoyos económicos a familias de trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

12/2/2017

“Acelera Rosario Robles sus visitas al Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu Federal) y José Reyes Baeza (director del ISSSTE).

Tonatico

Entrega de títulos de propiedad y feria de servicios del ISSSTE para exámenes de diabetes, hipertensión y próstata.

14/2/2017

“Computadoras a 5 milescuelas mexiquenses” (Ovaciones, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Entrega de lap tops a directoras y directores de nivel preescolar.

15/2/2017

“En California, más de mil migrantes beneficiados en ferias de servicio Edomex” (Portal, p. 5)

No dice.

Fuera del estado

Programas: Hazte Ciudadano, Mexiquenses más Protegidos, Construye en tu tierra y Becas Económicas Educativas.

16/2/2017

“Mujeres mazahuas reciben tarjetas ‘La Efectiva’” (Capital, p. 3)

Isis Ávila (DIFEM),Arturo Osornio (Sedesem) y Eduardo Gasca (SCEM).

Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Soyaniquilpan, Jilotepec, Morelos, Jocotitlán

Entrega de estímulos económicos.

21/2/2017

“Vocales reciben ‘La Efectiva’” (8 Columnas, p. 3)

Javier García (Subsecretario de la Sedesol) e Isis Ávila (DIFEM).

Metepec

Entrega de apoyos a promotoras del programa social Prospera.

22/2/2017

“Equipos de cómputo para alumnos de excelencia” (Capital, p. 4)

Eruviel Ávila (gobernador).

Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan y Ecatepec

Acciones por la educación (Entrega de lap tops, paquetes escolares, estímulos a escoltas y becas para alumnos de educación especial).

22/2/2017

“Zinacantepec sede de la entrega de tarjetas jóvenes que logran en grande” (El Informante, p. 6)

Isis Ávila (DIFEM) y Manuel Castrejón (presidente municipal).

Zinacantepec

Entrega de tarjetas Ármala en Grande, programa Futuro en Grande y programa Trenzatón

23/2/2017

“Inician GEM y Segob Programa de Vocales por la Igualdad” (La Razón, p. 4)

Eruviel Ávila (gobernador) y Miguel Ángel Osorio (Segob).

Tultitlán

Programa de Vocales por la Igualdad (capacitación contra la violencia y desigualdad de género). Asistencia de 4 mil beneficiarias del programa Prospera.

23/2/2017

“Atendió el IMSS a 170 pacientes en
la zona rural del estado de México” (La Jornada, p. 7)

Mikel Arriola (director general del IMSS).

Tejupilco

Programa IMSS Prospera (Encuentros médicos quirúrgicos)

23/2/2017

Se reconoce a jefas de familia mazahua (8 Columnas, p.10)

Olegario Romero (presidente municipal) y Nuvia Mayorga, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CNDPI)

San Felipe del Progreso

Entrega de los apoyos del Programa Prospera y Tarjetas Mujeres que logran en Grande

25/2/2017

Aseguran cultivos en el Estado de México (Excélsior, p. 5)

Eruviel Ávila (gobernador), José Calzada (Sagarpa) y Gustavo Cárdenas (subsecretario de Sagarpa).

Jocotitlán

Programa Trabajadores Agrícolas Temporales México- Canadá (apoyo en proyectos productivos e instalación de invernaderos)

26/2/2017

Registro Civil gratuito llega a delegaciones de Toluca (El Sol de Toluca, p. 4)

Delegados y subdelegados.

Toluca

Jornada Una oficialía cerca de ti, Unidad Móvil (copias certificadas, registros de nacimiento y asesorías jurídicas)

27/2/2017

Impulsa Cruz Roa el progreso de San Simón de Guerrero (El Sol de Toluca, p. 16)

Juvenal Cruz Roa Sánchez (duputado local).

San Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Temascaltepec, Texcaltitlán y Zacualpan

Entrega de recursos para el encementado de caminos, entrega de paquetes alimentarios y apoyos diversos.

28/2/2017

Aseguran presente de la niñez mexiquense (Impulso, p. 9)

Ana Lilia Herrera (SEE)

Ecatepec

Programa Escuelas al Cien (renovación de mobiliario)

28/2/2017

Apoyan con tarjetas a jovenes de Tultitlán (Diario de México, p. 18)

Jorge A.Barrón (coordinador del Imjuve) y Aline Pérez, del Instituto Tultitlense de la Juventud (Intujuve).

Tultitlán

Entrega de tarjetas del Programa Jóvenes que logran en Grande

1/3/2017

“Sedatu entrega títulos de propiedad en Edomex” (El Financiero, p. 3)

Rosario Robles (Sedatu).

Naucalpan

Prospera, Papelito Habla y Seguro Popular.

1/3/2017

“Garantizar derechos fundamentales: Codhem” (El Sol de Toluca, p. 5)

Guadalupe Pozo, secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).

Ocuilan

Jornada Promotora de Derechos Humanos y Mexiquenses a favor de un medio ambiente. Reciclando con causa.

1/3/2017

“Suspenden programas por elecciones” (Basta!, p. 57)

Arturo Osornio (Sedesem).

Toluca

Programas de la Sedesem.

2/3/2017

“Abrirá IMSS plazas” (8 Columnas, p. 5)

Enrique Gómez Bravo (titular de la Delegación Regional Estado de México Poniente).

Toluca

Programa IMSS Digital.

2/3/2017

“Edomex avanza en disminución de carencias sociales” (Heraldo, p. 6)

Javier García (subsecretario de la Sedesol).

Tlalnepantla de Baz

Encuentro con voluntarias de distintos programas sociales.

6/3/2017

“Lleva EAV atención médica a vecinos de Ecatepec” (Heraldo, p. 2; Impulso, p. 45)

José Narro Robles, secretario de Salud (SS) y Eruviel Ávila (gobernador).

Ecatepec

Caravanas de salud.

7/3/2017

“Rivera exalta valía de adultos mayores” (La Razón, p. 2; Excélsior, p. 3, y Milenio, p. 5)

Angélica Rivera (presidenta nacional del DIF), Eruviel Ávila (gobernador) y Laura Barrera (directora nacional del DIF).

Cuautitlán Izcalli y Metepec

Encuentros deportivos y culturales para adultos mayores y acciones por la educación (entrega de reconocimientos, actas de nacimiento y becas).

8/3/2017

“Rivera reconoce labor de la mujer” (Excélsior, p. 4)

Angélica Rivera (presidenta nacional del DIF).

Metepec

Día Internacional de la Mujer (entrega de apoyos y becas).

8/3/2017

“Más de 30 mil han donado cabello al Trenzatón” (Milenio, p. 5)

Isis Ávila Muñoz (presidenta honoraria del DIFEM).

Toluca

Trenzatón 2017.

9/3/2017

“La veda empieza en abril: Eruviel Ávila” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador).

Atlacomulco

Entrega de becas a estudiantes indígenas destacados, computadoras portátiles y tarjetas La Efectiva.

9/3/2017

“Entrega Liconsa monederos en Edomex” (Reforma)

Arturo Osornio Sánchez (Sedesem) y Eruviel Ávila (gobernador).

Chalco

Encuentro con beneficiarios y concesionarios de Liconsa (reparto de tajetas de débito Banorte).

9/3/2017

“Eruviel Ávila: UNICEF debe intervenir ante las políticas migratorias de EU” (El Economista, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Nicolás Romero

Programa Acciones por la Educación (entrega de lap tops, becas a escoltas escolares y para estudiar en el extranjero, apoyos económicos a madres jefas de familia, paquetes alimenticios y vales para exámenes médicos).

9/3/2017

“Impulsa Ugalde el empoderamiento femenino” (Heraldo, p. 7)

Denisse Ugalde García (alcaldesa).

Tlalnepantla

Taller iniciativa personal y desarrollo de habilidades empresariales.

9/3/2017

“Opera DIF-Edomex los apoyos sociales” (Reforma, pp. 30-31)

Isis Ávila (DIFEM) y Arturo Osornio (Sedesem)

Tlalnepantla

Entrega de certificados por adopciones, supervisión de albergues, reparto de juguetes y entrega de tarjetas La Efectiva. Programas de Liconsa y la Sedesol.

10/3/2017

“Reclama Peña amnesia sobre logros” (Reforma)

Enrique Peña Nieto (presidente) y Eruviel Ávila (gobernador).

Tecámac

Inauguración del Auditorio Metropolitano.

10/3/2017

“Listos, vales del Programa Útiles Escolares Gratuitos” (Diario de
México, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Atlacomulco

Programa de Compra Solidaria y programa Apadrina a un Niño Indígena (entrega de útiles escolares).

10/3/2017

“No se detendrán programas sociales hasta la veda electoral” (Reforma, pp. 46-48)

Eruviel Ávila (gobernador).

San Felipe del Progreso, El Oro, Acambay y Atlacomulco

Programa Acciones por la Educación.

Programas sociales de salud, combate a la pobreza y carencia alimentaria.

10/3/2017

“… Y Liconsa otorga monederos” (Reforma, p. 52)

Héctor Ramírez (director de Liconsa) y Tomás Cortés (representante del gobierno en la región de Chalco).

Valle de Chalco

Programa estatal Mujeres que Logran en Grande (reparto de 186 tarjetas de débito Banorte).

11/3/2017

“Abren a beneficiarios de Prospera Infonavit” (Reforma, pp. 26-27)

Enrique Peña Nieto (presidente), Eruviel Ávila (gobernador) y Rosario Robles (Sedatu).

Tecámac

Prospera (acceso a créditos de vivienda).

11/3/2017

“Casi 11 mdp para empleo temporal en Metepec” (El Sol de Toluca, p. 16)

Gabriel Mena Rojas (coordinador de delegaciones de la Semarnat), David López Cárdenas (alcalde), Máximo Quintana (delegado de la Semarnat) y Susana Libién (representante del gobernador).

Metepec

Programa de Empleo Temporal.

13/3/2017

“Apoya Ecatepec a 19 repatriados” (El Sol, p. 6)

Sin nombre (Ayuntamiento de Ecatepec).

Ecatepec

Programa Microcréditos para Emprendedores (equipamiento para establecimientos comerciales y licencias de
funcionamiento).

13/3/2017

“Reciben también familias migrantes apoyos educativos” (Al Día, p. 7)

Alfredo Torres Martínez (Sedurm).

Malinalco

Entrega de proyectos productivos.

14/3/2017

“Entrega Edomex más de 900 mil computadoras para impulsar uso de nuevas tecnologías entre alumnos: Eruviel Ávila” (El Financiero, p. 2; Milenio, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Jilotepec

Entrega de apoyos para las Acciones por la Educación (equipamiento de escuelas con laboratorios de cómputo).

15/3/2017

“Lleva dos días gira de Sedesol en Edomex” (Reforma)

Isis Ávila (DIFEM) y Javier García (subsecretario de la Sedesol).

Metepec y San Mateo Atenco

Reconocimientos y herramientas a voluntarias de los programas Comedores Comunitarios, Estancias Infantiles y Adultos Mayores.

15/3/2017

“Gobernador entrega kínder y estímulos educativos” (El Heraldo, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador), Enrique Mazutti (presidente municipal) y Ana Lilia Herrera (SEEM).

Zumpango

Entrega de apoyos Acciones por la Educación (becas a escoltas, vales de laboratorio para detectar cáncer).

15/3/2017

“Entrega Osorio apoyos a policías en Edomex” (Reforma, p. 3)

Miguel Ángel Osorio (secreatrio de Gobernación), Eruviel Ávila (gobernador) y José Reyes Baeza (director del ISSSTE).

Coacalco

Entrega de apoyos a policías federales (créditos hipotecarios y préstamos personales).

15/3/2017

“Cinco de los diez mejores docentes en la Evaluación del Desempeño son mexiquenses” (Puntual, p. 6)

Ana Lilia Herrera (SEEM) y Abraham Saroné, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

Naucalpan

Programas del SMSEM (entrega de oficios de asignación de funciones para laborar en el nivel medio superior como pedagogo A y orientador técnico A).

15/3/2017

“Llegan los tarjetazos de Eruviel” (Basta, p. 45)

Eruviel Ávila (gobernador).

Valle de Chalco

Programa Mujeres que Logran en Grande (reparto de tarjetas bancarias).

16/3/2017

“Entrega Nuño apoyos en Edomex” (Reforma)

Aurelio Nuño (SEP), Eruviel Ávila (gobernador) y Ana Lilia Herrera (SEEM).

Zinacantepec

Entrega del dinero para infraestructura en escuelas o para capacitación.

Entrega de becas, monederos electrónicos y computadoras a integrantes de escoltas.

16/3/2017

“Entrega lap tops y reconoce labor de profesores” (Milenio, p. 2;
El Economista, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Ecatepec, Coacalco y Tecámac

Programa Escoltas (becas).

Entrega de apoyos para las Acciones por la Educación (equipos de cómputo).

16/3/2017

“5 mil cuartos rosas en desarrollo para el Estado de México” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu).

Toluca

Programa federal Cuartos Rosas.

16/3/2017

“Otorga IMSS medicamentos genéricos contra la Influenza” (El Sol de Toluca, p. 5; Milenio, p. 6; Diario de México, p. 9)

Mikel Arriola (IMSS) y César Gómez (SSEM).

Naucalpan

Programa Ginecólogos IMSS-Prospera (encuentros médicos y realización de cirugías, cuidado de niños prematuros y acciones para detectar cáncer).

17/3/2017

“Entrega Aurelio Nuño y Eruviel Ávila recursos para mejorar condicionesde las escuelas en zonas marginadas de Edomex” (La Prensa, p. 2; El
Universal, pp. 2-3; El Heraldo, p. 5)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Entrega de recursos del Programa de la Reforma Educativa.

17/3/2017

“Reparte Edomex lap tops a alumnos” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador) y otros funcionarios educativos (no se mencionaron nombres).

Chicoloapan, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes, La Paz

Entrega de computadoras en un centro deportivo.

17/3/2017

“IMSS anuncia la construcción de un hospital con 90 camas”
(8 Columnas, p. 6)

Mikel Arriola (IMSS), Francisco Guzmán Ortiz (OPR) y Nuvia Mayorga (CBPDI).

Atlacomulco

Programa IMSS-Prospera (entrega de paquete de infraestructura de hospitales y unidades médicas móviles).

17/3/2017

“Carencia de Salud disminuyó 11% en Edomex: Eruviel Ávila” (Portal,
p. 7; Milenio, pp. 8-9)

Eruviel Ávila (gobernador), Mikel Arriola (IMSS) y Francisco Guzmán (OPR).

Atlacomulco

Programa de compras consolidadas de insumos hospitalarios y medicamentos.

17/3/2017

“Beneficia gobierno a familias con entrega de paquetes avícolas”
(El Informante, p. 10)

Diana Pérez (presidenta municipal), Irma Pliego (voluntariado de la Secretaría de Infraestructura) y Silvino Pérez (presidente del DIF municipal).

Ocoyoacac

Programa Avícola Familiar.

18/3/2017

“Ofrece Eruviel Ávila apoyos en Edomex” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador) y Rosario Robles (Sedatu).

Huehuetoca

Entrega de medicamentos, escrituras, pintura, computadoras y un parque.

18/3/2017

“Van 20 mil lap tops” (Milenio, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Chicoloapan

Programa Acciones por la Educación.

18/3/2017

“… Y entrega obras la Conagua” (Reforma)

Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

San Felipe del Progreso

Inauguración de obras de agua potable y alcantarillado en la comunidad mazahua.

19/3/2017

“Sorprende EAV a los pobladoresde San Pedro Xalpa” (Milenio, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador) y Rosario Robles (Sedatu).

Huehuetoca

Programa federal Papelito Habla y Rescate de Espacios Públicos.

20/3/2017

“Entrega Edomex apoyos a mujeres” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador).

Jiquipilco

Entrega de apoyos del Programa Mujeres en Construcción.

21/3/2017

“Los programas sociales para los más necesitados” (El Heraldo, p. 2)

Francisco Osorno, secretario del Trabajo del Estado de México (STEM).

Nezahualcóyotl

Entrega de Canastas Mexiquenses (Camex).

21/3/2017

“Reciben escrituras y apoyos de vivienda familias del sur” (Al Día, p. 3)

Alfredo Torres Martínez (Sedurme).

Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Luvianos Amatepec y Tlatlaya

Entrega de escrituras y apoyos de vivienda.

23/3/2017

“Apoyará estudios de jóvenes
deportados” (Milenio, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Ixtapan de la Sal

Programa Acciones por la Educación (estímulos económicos, equipo de cómputo y material para escuelas).

23/3/2017

“Fortalece Edomex cultura con más apoyo a músicos” (Ovaciones, p. 5)

Eruviel Ávila (gobernador) y Carlos Aguilar Retes (arzobispo de Tlalnepantla).

Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza

Programa Cultural y Artístico (entrega de instrumentos musicales) y programa La Calle es Tuya.

24/3/2017

“Dan en Edomex, ahora, USB’s a alumnos” (Reforma)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Ecatepec

Entrega de artículos electrónicos a alumnos por asistir a un evento oficial del gobernador del estado.

24/3/2017

“No hacemos proselitismo en
Edomex: Narro” (Reforma)

José Narro Robles (SS).

Texcoco, Teoloyucan, Tultepec y Cuautitlán

En evento multitudinario se realizó reafiliación al Seguro Popular.

24/3/2017

“Entrega Robles casas en Atlacomulco” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu) y Nuvia Mayorga (CNDPI).

Atlacomulco

Entrega de casas como parte del programa Vivienda Indígena Digna.

24/3/2017

“Da priista tinacos y estufas en Edomex” (Reforma)

Carolina Monroy, diputada federal, y Raúl Vargas, secretario de Medio Ambiente del Estado de México (SMAEM).

Metepec

Entrega de tinacos, estufas, tanques de gas, bastones y sillas de ruedas.

25/3/2017

“Reta Eruviel a autoridades por programas” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Incorporación de 2 mil familias al programa Prospera.

24/3/2017

“Reconoce Aurelio Nuño a Eruviel Ávila por ampliar cobertura de preparatoria y bachillerato” (El
Universal, p. 6)

Aurelio Nuño (SEP) y Eruviel Ávila (gobernador).

Ecatepec

Programa de Videovigilancia Escolar (entrega de cámaras, telefonía e interne.

Obras de infraestructura (inauguración del Centro Bachillerato Tecnológico· 2).

24/3/2017

“Va Rosario Robles oootra vez al Edomex” (Reforma)

Rosario Robles (Sedatu) y Ana Lilia Herrera (SEEM).

Cuautitlán Izcalli

Inauguración de cuatro parques.

Entrega de escrituras y cartas de cancelación de hipotecas deInfonavit y Fovissste

24/3/2017

“Inicia Re-afiliación” (8 Columnas, p. 7)

José Narro (SS) y César Gómez (SSEM).

Cuautitlán

Programa de Reafiliación Nacional al Seguro Popular.

26/3/2017

“Incorpora EAV dos mil familias más a Prospera” (El Economista, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador) y Javier García (subsecretario de la Sedesol).

No se menciona

Incorporación al programa Prospera.

27/3/2017

“Va ahora Secretario de Marina a Edomex” (Reforma)

Eruviel Ávila (gobernador) y almirante Vidal Francisco Soberón (secretario de Marina).

Donato Guerra

Entrega de las instalaciones del Centro de Adiestramiento de la Armada de México.

28/3/2017

“Estrena Centro de Justicia para la Mujer, en Amecameca” (Diario de México, p. 6)

Ana Lilia Herrera (SEEM) y Alejandro Gómez Sánchez (fiscal general del estado).

Amecameca

Programa Acciones por la Educación (inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres).

28/3/2017

“Corresponde a todos el combate a la pobreza” (El Sol de Toluca, p. 8)

Javier García, subsecretario de de la Sedesol; Heriberto Ortega, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SDAEM), y Julio César Serrano, presidente municipal.

San Mateo Atenco

Segunda Feria de Programas Sociales.

28/3/2017

No dice (Reforma)

José Antonio Meade (SHCP) y Mikel Arriola (IMSS).

Ecatepec

Entrega de cartas para que adultos de más de 65 años retiren dinero de su Afore.

29/3/2017

“Las acciones por la educación permiten tener mexiquenses más exitosos: Eruviel Ávila” (El Informante, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán, Villa del Carbón y Cuautitlán Izcalli

Programa Acciones por la Educación (entrega de equipos de cómputo, becas a escoltas escolares y para estudiar en el extranjero).

29/3/2017

“Recobrarán adultos mayores sus ahorros” (Capital, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador) y José Antonio Meade (SHCP).

Ecatepec

Programa Recuperación de Ahorro para el Retiro (ahorros en Afores).

29/3/2017

“Ediles apresuran reparto de estímulos antes de veda electoral” (El Sol de México, p. 9)

Víctor Estrada Garibay (alcalde de Cuautitlán Izcalli), Adán Barrón (alcalde de Tultitlán) y Édgar Olvera (alcalde de Naucalpan).

Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Naucalpan

Entrega masiva de canastas alimenticias, despensas, techos en escuelas, apoyos educativos en efectivo y helicóptero para vigilancia.

29/3/2017

“Inauguró David López obras por 10.8 mdp” (El Sol, p. 12)

David López Cárdenas (alcalde).

Metepec

Rehabilitación de edificios, mejora de vivienda, espacios públicos y comedores.

29/3/2017

“Presume Eruviel visitas de secretarios” (Reforma)

Rafael Pacchiano (Semarnat) y Eruviel Ávila Villegas (gobernador).

Metepec, Toluca, Rayón, San Antonio La Isla y Calimaya

Apoyos para trabajadores del programa Empleo Temporal del gobierno federal, y beneficios para los transportistas

30/3/2017

“Instruyó EAV supervisar abasto y atención médica en hospitales”
(La Crónica, p. 5)

Eruviel Ávila (gobernador), Ana Lilia Herrera (SEEM) y César Gómez (SSEM).

Tejupilco, Amatepec, Luviano y Tlatlaya

Programa Acciones por la Educación (recuperación de espacios públicos) y entrega de ambulancias a hospitales.

30/3/2017

“Reparte Primera Dama apoyos en Edomex” (Reforma)

Angélica Rivera (presidenta nacional del DIF) y Eruviel Ávila (gobernador).

Ecatepec, Tecámac, La Paz, Tultitlán, Chicoloapan y Coacalco

Inauguración de la Universidad de la Experiencia.

Becas para hijos de migrantes, computadoras para discapacitados, lentes para adultos y afiliación a Prospera.

Entrega de seguros a madres solteras y zapatos nuevos.

30/3/2017

“Eruviel Ávila: hoy estudian 662 niños que antes no iban a la escuela; el Edoméx ha logrado importantes avances en educación” (La Prensa, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Amanalco, Ixtapan del Oro, Donato Guerra, Santo Tomás, Valle de Bravo, Otzoloapan, Zacazonapan y Villa Victoria

Programa Acciones por la Educación.

31/3/2017

“Angélica Rivera llama a ayudar a adultos mayores” (El Universal,
pp. 2-3)

Angélica Rivera (presidenta nacional del DIF) y Eruviel Ávila (gobernador).

Tecámac

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (zapatos ortopédicos, pelucas oncológicas, becas para niños, lap tops, sillas de rueda, bastones, andaderas para discapacitados).

1/4/2017

No dice (Reforma)

Carolina Monroy del Mazo (diputada federal) y David López Cárdenas (alcalde de Metepec).

Metepec, Calimaya y San Antonio La Isla

Reparto de apoyos y entrega de guitarras, lap tops, estufas, aparatos auditivos, láminas y cemento.

1/4/2017

Especialistas del IMSS rompen récord: 488 cirugías en una semana a niños y adultos del Edomex (El Sol de México, p. 2)

Mikel Arriola (IMSS).

San José del Rincón

Encuentros Médicos Quirúrgicos (Jornadas Médicas).

2/4/2017

Apoya crecimiento del sector turismo: De la Madrid (El Sol de Toluca, p. 2)

Enrique de la Madrid (secretario de Turismo).

Toluca

Programa de Nacional Financiera (Nafin) Conéctate al Turismo (financiamiento para la modernización y equipamiento de restaurantes).

2/4/2017

“Iniciaron caravanas Fonacot 2017” (El Sol de Toluca, p. 6)

César A. Martínez (director del Infonacot), Álvaro López (director de Desarrollo Económico de Toluca) y Juan M. Martínez (delegado de la Secretaría del Trabajo).

Toluca

Solicitud de créditos y afiliación.

2/4/2017

“Entregan obras de mejoramiento urbano” (Milenio, p. 12)

Dennise Ugalde (alcaldesa).

Tlalnepantla

Programa Ciudad Amable y Respuesta en 24 horas (mejoramiento urbano y entrega de servicios públicos).

3/4/2017

“Eruviel lleva apoyos educativos al sur” (Impulso, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec y Luvianos

Entrega de ambulancias, becas, lap tops, mobiliario para escuelas, libros, instrumentos musicales, útiles escolares y apoyos para alumnos discapacitados.

3/4/2017

“Entregan apoyo a vecinos de Acolman” (8 Columnas, pp. 11-12)

Roberto Sánchez (diputado local), Misael Carreño (presidente del PRI municipal) y Érick Martínez (secretario del Ayuntamiento).

Acolman

Entrega de recursos materiales.

24/4/2017

“Discutirán legisladores federales desafuero de Tarek Abdalá Saad” (El Sol de Toluca, p. 11)

Carolina Monroy (diputada federal del Estado de México).

Metepec

En el mercado de la Colonia Jiménez Gallardo, la diputada federal Carolina Monroy replicó el mensaje del “Salario Rosa”, entre locatarios y compradores.

6/5/2017

“Agilizan Edomex trámites y tiempo de adopciones” (La Prensa, p. 6)

Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Entrega de actas de guarda y cuidado definitivas de menores.

6/6/2017

“Inició EAV entrega de 3 millones de vales La Efectiva” (El Sol de Toluca, p. 2; El Economista, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador), Ana Lilia Herrera (SEEM) y Laura Hernández, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (SDEEM).

Toluca

Entrega de vales La Efectiva para canje de útiles escolares.

14/6/2017

“Inicia EAV entrega de prótesis dentales” (El Heraldo, p. 2)

Eruviel Ávila (gobernador).

No dice

Programa Para Comer Mejor (Prótesis dentales para adultos mayores).

16/6/2017

“Eruviel Ávila entrega becas para estudiar en el extranjero” (El Economista, p. 3)

Eruviel Ávila (gobernador).

Toluca

Programas Proyecta 10 mil y Proyecta 100 mil (entrega de becas a alumnos).

18/6/2017

“Reinician reparto” (Reforma, p. 4)

Eruviel Ávila (gobernador) y Francisco Guzmán (jefe de la Oficina de la Presidencia).

Toluca

Entrega de kits de trabajo a mujeres capacitadas para la construcción.

Total de visitas: 183

Fuente: elaboración propia con base en los periódicos citados.

Anexo 6
Número de visitas de funcionarios del gobierno federal y estatal a municipios del Estado de México (septiembre de 2016 a junio de 2017)

Nombre

Cargo

Total

Nombre

Cargo

Total

Eruviel Ávila

Gobernador

85

Carolina Guevara

Diputado local

1

Ana Lilia Herrera

Secretaria de Educación del Estado de México

24

César Alberto Martínez

Titular del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot)

1

Isis Ávila Muñoz

Presidenta honoraria del DIFEM

23

Delegados federales del IMSS y de la Sedesol

Rosario Robles

Secretaria (Sedatu)

14

Diana Pérez Barragán

Alcalde de Ocoyoacac

1

Arturo Osornio Sánchez

Titular de Sedesem

11

Diputado local del distrito XII, San Felipe del Progreso

1

Carolina Monroy

Diputada federal

11

Edmundo Ranero Barrera

Delegado de la Sedesol estatal

1

Javier García Bejos

Subsecretario de la Sedesol

11

Enrique de la Madrid

Secretario de Turismo

1

Aurelio Nuño

Secretario de Educación Pública

8

Enrique Gómez Bravo

Titular de la Delegación Regional Estado de México Poniente (IMSS)

1

Enrique Peña Nieto

Presidente de la República

7

Enrique González Tiburcio

Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu

1

Francisco Guzmán Ortiz

Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

7

Enrique Mazutti Delgado

Alcalde de Zumpango

1

David López Cárdenas

Alcalde de Metepec

6

Erick Saúl Martínez Olvera

Secretario del Ayuntamiento

1

Mikel Arriola

Titular del IMSS

6

Erwin Castelar

Alcalde de Coacalco

1

Angélica Rivera de Peña

Presidenta nacional del DIF

5

Fernando Zamora Morales

Alcalde de Toluca

1

César Gómez Monge

Titular de la SSEM

5

Francisco Osorno Soberón

Titular de la STEM

1

Laura Barrera Fortoul

Diputada local

5

Gabriel Mena Rojas

Coordinador de delegaciones Semarnat

1

Miguel Ángel Osorio

Secretario de de Gobernación

4

Gabriel O’Shea Cuevas

Titular de la CNPSS

1

Alfredo Torres Martínez

Titular de Sedurm

3

Guadalupe Pozo Colón

Secretaria ejecutiva de la CDHEM

1

Eduardo Gasca Pliego

Titular de SCEM

3

Héctor Gutiérrrez

Director general de Inifed

1

Jorge Adán Barrón Elizalde

Representante del presidente honorario del DIFEM

3

Indalecio Ríos Velázquez

Alcalde de Ecatepec

1

José Narro Robles

Secretario de Salud

3

Irma Pliego Román

Representante del Voluntariado de la Secretaría de Infraestructura.

1

Nuvia Mayorga Delgado

Directora general de la CNDPI

3

Jorge Omar Velázquez Ruiz

Diputado local

1

Juvenal Cruz Roa Sánchez

Diputado local

2

Jorge Wolpert

Director general de la Conavi

1

Denisse Ugalde

Alcaldesa de Tlalnepantla

2

José Francisco Garduño Flores

Alcalde de Tenango del Valle

1

Gustavo Cárdenas Monroy

Subsecretario de la Sedagro

2

Juan Carlos Bautista Santos

Alcalde de Ixtlahuaca

1

Heriberto Ortega Ramírez

Titular de la Sedagro estatal

2

Juan Manuel Martínez Nava

Delegado de la Secretaría del Trabajo

Jesús Alcántara

Director general de la Corett

2

Laura Hernández

SEDEM

José Antonio Meade

Secretario de Hacienda y Crédito Público

2

Laura Patricia Chimal Velasco

Presidenta del DIF de Atlacomulco

1

José Calzada Rovirosa

Titular de la Sagarpa

2

Leticia Mejía García

Diputada local

1

José S. Manzur

Secretario general de Gobierno

2

Luis A. Godina Herrera

Vocal ejecutivo del Fovissste

1

José Reyes Baeza

Director del ISSSTE

2

Maria Luisa Cienfuegos

Subsecretaria de Desarrollo Regional Valle de México

1

Luis Miranda

Titular de la Sedesol

2

Mariano Camacho San Martín

Director general del Imjuve

1

Manuel Castrejón Morales

Alcalde de Zinacantepec

2

Máximo Quintana Haddad

Delegado de la Semarnat

1

Olegario Romero López

Alcalde de San Felpe del Progreso

2

Mely Romero Celis

Subsecretaria de la Sagarpa

1

Rafael Pacchiano Alemán

Titular de la Semarnat

2

Misael Carreño

Líder municipal del PRI.

1

Abraham Saroné Campos

Secretario general del SMSEM

1

Paula Hernández Olmos

Coordinadora nacional de Prospera

1

Adán Barrón

Alcalde de Tultitlán

1

Raúl Vargas

Secretario de Medio Ambiente en el Estado de México (SMAEM)

1

Alejandro Gómez Sánchez

Fiscal general del estado

1

Roberto Ramírez de la Parra

Director de la Conagua

1

Alfredo del Mazo Maza

Diputado federal

1

Roberto Sánchez Campos

Diputado local

1

Aline Pérez

Director del Instituto Tultitlense de la Juventud (Intujuve)

1

Roberto Sánchez Pompa

Alcalde de Tenancingo

1

Álvaro López

Director de Desarrollo Económico de Toluca

1

Rosalba Martínez Millán

Directora del Sistema Municipal DIF

1

Andrés Ruiz Méndez

Alcalde de San Salvador Atenco

1

Silvino Pérez Barragán

Presidente del Sistema Municipal DIF

1

Anna María Chimal Velasco

Alcalde de Atlacomulco

1

Susana Libien Díaz González

Representante del gobierno del Estado de México

1

Autoridades de la Conadis

1

Víctor Estrada Garibay

Alcalde de Cuautitlán Izcalli

1

Carolina Alanís Morena

Director general del DIFEM

1

Vidal Francisco Soberón

Secretario de Marina

1

Número de funcionarios: 94

Fuente: elaboración propia con base en los siguientes periódicos locales: Al Día, Amanecer, Basta!, Capital, El Informante, El Sol de Toluca, El Valle, El Heraldo de Toluca, Impulso, La Calle, La Tribuna, Milenio Estado de México, Portal, Puntual, 24 horas y 8 columnas, todos editados en Toluca; y los siguientes periódicos nacionales: Diario de México, El Economista, El Financiero, El Universal, Excélsior, La Crónica, La Jornada, La Prensa, La Razón, Ovaciones y Reforma, todos editados en la Ciudad de México. La consulta de todos se hizo del 1º de septiembre de 2016 al 18 de junio de 2017.

Anexo 7
Porcentaje de votos en favor de cada candidato a gobernador (comparativo)

Candidaturas

Límite inferior

Límite superior

PREP

Cómputos distritales

Conteo vs. cómputos

Josefina Eugenia Vázquez Mota

10.99

11.57

11.29

11.28

Dentro del rango

Alfredo del Mazo Maza

32.75

33.59

33.72

33.69

10 décimas más

Juan Manuel Zepeda Hernández

17.6

18.28

17.79

17.89

Dentro del rango

Óscar González Yáñez

1.03

1.13

1.08

1.08

Dentro del rango

Delfina Gómez Álvarez

30.73

31.53

30.82

30.91

Dentro del rango

María Teresa Castell de Oro Palacios

2.15

2.27

2.13

2.14

Dentro del rango

Candidatos no registrados

0.08

0.11

0.13

0.11

Dentro del rango

Votos nulos

2.95

3.29

3.03

2.89

6 décimas menos

Participación

53.31

54.15

52.5

53.71

Dentro del rango

Fuente: Cotecora, “Informe final sobre el conteo rápido de la elección para gobernador del Estado de México”, IEEM, 26 de junio de 2017, disponible en <http://www3.ieem.org.mx/2017/cotecora_2017/COTECORA_INFORME_FINAL.pdf>.

Anexo 8
Relación de actas digitalizadas duplicadas en el PREP 2017

Núm. de distrito

Distrito local

Casilla

Núm. de distrito

Distrito local

Casilla

1

Chalco de Díaz Covarrubias

1056B

27

Valle de Chalco

981C1

1

Chalco de Díaz Covarrubias

1056C2

27

Valle de Chalco

982C1

2

Toluca de Lerdo

5280C1

27

Valle de Chalco

981C3

2

Toluca de Lerdo

5280C3

27

Valle de Chalco

982C3

4

Lerma de Villada

247E1

27

Valle de Chalco

1001C1

4

Lerma de Villada

512C2

27

Valle de Chalco

1061C4

4

Lerma de Villada

2387C6

27

Valle de Chalco

1001C3

4

Lerma de Villada

2387C7

27

Valle de Chalco

1061C3

4

Lerma de Villada

2393B

27

Valle de Chalco

2083C1

4

Lerma de Villada

2393C1

27

Valle de Chalco

2083C2

5

Chicoloapan de Juárez

1115B

30

Naucalpan de Juárez

2643C1

5

Chicoloapan de Juárez

1115C1

30

Naucalpan de Juárez

2643C2

5

Chicoloapan de Juárez

1192C4

30

Naucalpan de Juárez

2679C1

5

Chicoloapan de Juárez

1192C5

30

Naucalpan de Juárez

2679C2

6

Ecatepec de Morelos

1772C4

30

Naucalpan de Juárez

2880B

6

Ecatepec de Morelos

1772C9

30

Naucalpan de Juárez

2880C1

6

Ecatepec de Morelos

6045B

31

Los Reyes Acaquilpan

1247B

6

Ecatepec de Morelos

6045C1

31

Los Reyes Acaquilpan

1247C1

7

Tenancingo de Degollado

154B

31

Los Reyes Acaquilpan

1251B

7

Tenancingo de Degollado

154C1

31

Los Reyes Acaquilpan

1251C4

7

Tenancingo de Degollado

3852B

31

Los Reyes Acaquilpan

3951B

7

Tenancingo de Degollado

3853B

31

Los Reyes Acaquilpan

3951C4

7

Tenancingo de Degollado

4471B

32

Naucalpan de Juárez

2966C2

7

Tenancingo de Degollado

4471C2

32

Naucalpan de Juárez

3033C2

8

Ecatepec de Morelos

1530B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4207C2

8

Ecatepec de Morelos

1530C1

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4207C3

8

Ecatepec de Morelos

1905B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4213E1

8

Ecatepec de Morelos

1905C2

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4213E1C1

10

Valle de Bravo

5671B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4226C4

10

Valle de Bravo

5671C1

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4226C6

11

Tultitlán de Mariano

5554B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4227C1

11

Tultitlán de Mariano

5554C1

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4227C2

11

Tultitlán de Mariano

5561B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4233B

11

Tultitlán de Mariano

5651B

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4233C3

12

Teoloyucan

654C5

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4245B

12

Teoloyucan

664C5

33

Tecámac de Felipe Villanueva

4245C1

12

Teoloyucan

664B

34

Toluca de Lerdo

5189C1

12

Teoloyucan

664C1

34

Toluca de Lerdo

5189C2

12

Teoloyucan

2463C3

34

Toluca de Lerdo

5273C2

12

Teoloyucan

3036C3

34

Toluca de Lerdo

5373C2

13

Atlacomulco de Fabela

2357B

34

Toluca de Lerdo

5303C8

13

Atlacomulco de Fabela

2357C2

34

Toluca de Lerdo

5303C9

14

Jilotepec de Andrés Molina

4727B

35

Metepec

2534C1

14

Jilotepec de Andrés Molina

4727C1

35

Metepec

2534C2

15

Ixtlahuaca de Rayón

2204B

35

Metepec

2543B

15

Ixtlahuaca de Rayón

2204C2

35

Metepec

2543C3

16

Ciudad Adolfo López Mateos

271C1

37

Tlalnepantla de Baz

1383C1

16

Ciudad Adolfo López Mateos

371C1

37

Tlalnepantla de Baz

1383C2

16

Ciudad Adolfo López Mateos

299C1

39

Acolman de Nezahualcóyotl

54B

16

Ciudad Adolfo López Mateos

299C3

39

Acolman de Nezahualcóyotl

55B

18

Tlalnepantla de Baz

4981C1

40

Ixtapaluca

6103B

18

Tlalnepantla de Baz

4989C1

40

Ixtapaluca

6104B

19

Santa María Tultepec

683B

41

Nezahualcóyotl

1265C4

19

Santa María Tultepec

683C7

41

Nezahualcóyotl

1265C7

20

Zumpango de Ocampo

5912C3

41

Nezahualcóyotl

3515C1

20

Zumpango de Ocampo

5912C4

41

Nezahualcóyotl

3528C1

20

Zumpango de Ocampo

5912C11

42

Ecatepec de Morelos

1565B

20

Zumpango de Ocampo

5921C2

42

Ecatepec de Morelos

1565C1

20

Zumpango de Ocampo

5922B

43

Cuautitlán Izcalli

760B

20

Zumpango de Ocampo

5923C1

43

Cuautitlán Izcalli

760C1

22

Ecatepec de Morelos

1398C1

43

Cuautitlán Izcalli

829B

22

Ecatepec de Morelos

1398C2

43

Cuautitlán Izcalli

829C1

24

Nezahualcóyotl

3215B

43

Cuautitlán Izcalli

910C4

24

Nezahualcóyotl

3215C1

43

Cuautitlán Izcalli

910C5

24

Nezahualcóyotl

3278B

44

Nicolás Romero

3731B

24

Nezahualcóyotl

3278C1

44

Nicolás Romero

3731C3

25

Nezahualcóyotl

3305C1

44

Nicolás Romero

3757C2

25

Nezahualcóyotl

3319B

44

Nicolás Romero

3757C3

26

Cuautitlán Izcalli

845C1

44

Nicolás Romero

3760C1

26

Cuautitlán Izcalli

845C2

44

Nicolás Romero

3760C2

27

Valle de Chalco

974B

44

Nicolás Romero

3780C1

27

Valle de Chalco

974C2

44

Nicolás Romero

3808C1

Fuente: Elaboración propia con base en las actas digitalizadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares del IEEM, 4-5 de junio de 2017. Versión final: 3 de julio de 2017.

Anexo 9
Actas certificadas por la secretaría ejecutiva que tienen inconsistencias
entre el PREP y los resultados en el Sicraec

N. C.

Distrito

Sección

Casilla

Votos X Morena (PREP)*

Votos X Morena (Sicraec)

Inconsistencia detectada

Votos quitados a Morena

1

4

513

C2

69

9

Disminuyen la votación del acta

60

2

5

1158

C2

55

5

Disminuyen la votación del acta

50

3

5

5974

C1

58

8

Disminuyen la votación del acta

50

4

5

6384

C3

83

3

Disminuyen la votación del acta

80

5

7

4442

Básica

166

6

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

160

6

7

4473

Básica

144

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

144

7

7

4474

C3

90

2

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

88

8

10

5676

Básica

100

0

Disminuyen la votación del acta

100

9

11

5548

C2

127

2

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

125

10

11

5549

Básica

80

3

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

77

11

11

5652

C7

182

0

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

182

12

12

6256

C2

108

8

Disminuyen la votación del acta

100

13

15

2196

E01C02

107

7

Disminuyen la votación del acta

100

14

15

4026

C2

135

5

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

130

15

15

4089

Básica

100

1

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

99

16

16

316

C4

99

9

Disminuyen la votación del acta

90

17

17

2005

Básica

35

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

35

18

17

2034

C2

75

3

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

72

19

17

2036

C9

30

1

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

29

21

18

4858

Básica

106

3

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

103

22

18

5058

C1

63

2

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

61

23

18

5070

Básica

111

11

Disminuyen la votación del acta

100

24

19

691

C5

136

1

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

135

25

19

5479

Básica

93

4

Disminuyen la votación del acta

89

26

19

5589

C1

144

1

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

143

27

20

1962

C9

78

0

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

78

28

20

1968

C2

89

5

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

84

29

20

5905

Básica

85

5

Disminuyen la votación del acta

80

30

21

1321

C6

140

3

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

137

31

21

5992

C1

105

6

Disminuyen la votación del acta

99

32

22

1400

C1

147

5

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

142

33

22

1435

C1

96

1

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

95

34

22

1448

Básica

136

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

136

35

22

1607

C1

120

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

120

36

24

3245

C1

45

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

45

37

25

3584

C1

87

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

87

38

25

3621

Básica

124

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

124

39

26

4879

Básica

57

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

57

40

26

5107

Básica

107

5

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

102

41

27

913

Básica

122

6

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

116

42

27

947

C3

97

7

Disminuyen la votación del acta

90

43

27

949

C1

94

5

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

89

44

27

960

Básica

69

5

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

64

45

27

972

C1

105

5

Disminuyen la votación del acta

100

46

27

975

C1

103

3

Disminuyen la votación del acta

100

47

27

984

C3

90

0

Disminuyen la votación del acta

90

49

27

999

Básica

83

3

Disminuyen la votación del acta

80

50

27

1008

Básica

96

6

Disminuyen la votación del acta

90

51

27

1061

C4

90

0

Disminuyen la votación del acta

90

52

27

2120

Básica

97

7

Disminuyen la votación del acta

90

53

29

2742

Básica

96

1

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

95

54

29

2770

Básica

107

7

Disminuyen la votación del acta

100

55

29

2777

C1

99

85

Disminuyen la votación del acta

14

57

31

3971

C2

82

2

Disminuyen la votación del acta

80

58

33

6268

Básica

115

5

Disminuyen la votación del acta

110

59

33

6292

C1

92

2

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

90

60

40

2144

Básica

92

1

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

91

61

40

6100

Básica

52

1

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

51

62

40

6246

Básica

98

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

98

63

41

3093

Básica

50

3

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

47

64

41

3511

C2

47

0

Le pasan votos de Morena a Nueva Alianza

47

65

41

3699

C2

73

3

Disminuyen la votación del acta

70

66

44

3776

C1

104

5

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

99

67

45

100

C2

80

4

Le pasan votos de Morena a Encuentro Social

76

Fuente: elaboración propia con base en las actas certificadas proporcionadas por la secretaría ejecutiva del IEEM.

* Actas certificadas por la secretaría ejecutiva.

BERNARDO BARRANCO VILLAFÁN · GABRIEL CORONA ARMENTA ANA VANESSA GONZÁLEZ DEISTER · EDUARDO R. HUCHIM MAY NORBERTO LÓPEZ PONCE · SANTIAGO NIETO CASTILLO JOSÉ NÚÑEZ CASTAÑEDA · KARINA VAQUERA MONTOYA

PRÓLOGO DE LORENZO MEYER

coversin En los comicios de 2017 en el Estado de México se perpetraron las mayores transas imaginables. Fue un fraude sistémico más allá de nuestra idea de elección de Estado. Y esta compleja operación es un adelanto de lo que todo el país padecerá en 2018.

No es una simple hipótesis: en esta obra, seis exconsejeros electorales, una consejera en funciones y un extitular de la FEPADE documentan —por primera vez en la historia, a ese nivel— la montaña de irregularidades que se vivieron en el proceso electoral mexiquense. Y explican por qué el fenómeno puede repetirse el próximo 1° de julio, ahora a escala presidencial.

Ya no se trata sólo de un multimillonario desvío de recursos, sino de la plena utilización de las instituciones para perpetuar al PRI en el poder. Ya no es únicamente el robo de urnas o la compra de votos, sino la manipulación de leyes, estructuras y nombramientos. Ya no se trata, «nada más», de ganar una gubernatura a la mala, sino de perder todo un proyecto de nación merced a la impunidad y la corrupción sistemática.

Bernardo Barranco. Economista por la UNAM y maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas (MEP) de la Acción Católica Mexicana (ACM) de 1975 a 1978. Secretario latinoamericano del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC) con sede en Lima, Perú, de 1978 a 1981. Secretario general de Pax Romana, con sede en París, de 1982 a 1986. Ha sido consejero electoral tanto en el IEEM como en el IFE/INE en el Estado de México. Director general de la Fundación Vamos FDS; director de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, A. C. Durante 18 años condujo el programa Religiones del Mundo, en Radio Red, y actualmente conduce el programa de televisión Sacro y Profano de Canal Once. Es colaborador de La Jornada, Milenio y de la revista Proceso. Nombrado en 2015 por la revista Quién uno de los personajes que transforma México. Es autor de Más allá del carisma, análisis de la segunda visita de Juan Pablo II a México (Jus), El evangelio social del obispo Raúl Vera (Grijalbo, 2014), Las batallas del Estado laico (Grijalbo, 2016) y Norberto Rivera. El pastor del poder (coord., Grijalbo, 2017).

El infierno electoral
El fraude en el Estado de México y las próximas elecciones de 2018

Primera edición: febrero, 2018

D. R. © 2017, Bernardo Barranco

D. R. © 2017, Gabriel Corona Armenta

D. R. © 2017, Ana Vanessa González Deister

D. R. © 2017, Norberto López Ponce

D. R. © 2017, Santiago Nieto Castillo

D. R. © 2017, José Núñez Castañeda

D. R. © 2017, Karina Ivonne Vaquera Montoya

D. R. © 2017, Eduardo R. Huchim

D. R. © 2017, Lorenzo Meyer, por el prólogo

D. R. © 2018, derechos de edición mundiales en lengua castellana:
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D. R. © Bruno Valasse, por ilustración de portada
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