Con el ingreso de España y Portugal en el presente mes de enero, el número de países integrantes de las Comunidades Europeas se eleva a doce, y se integra así un compacto bloque territorial que abarca toda la Europa occidental y gran parte de la central.

El presente Cuaderno refleja el proceso de unificación europea, desde sus orígenes a la actualidad. En un primer artículo se revisa la historia de las Comunidades, así como los movimientos europeístas que las precedieron. Se describe luego la composición y el funcionamiento de los organismos comunitarios. Y, finalmente, se estudia el largo proceso político y económico que ha llevado a España a integrarse en la Europa unida.

AA. VV.

El Mercado Común

Cuadernos Historia 16 - 037

ePub r1.0

Titivillus 03.08.2021

Título original: El Mercado Común

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

La unidad europea

Por Julio Gil Pecharromán

Profesor de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid

SIEMPRE han existido apóstoles de la Europa unida. Estadistas y políticos como Napoleón. Metternich o Briand: filósofos y escritores como Leibniz, Montesquieu, Saint-Simón o el abate Saint Pierre, soñaron modelos de integración continental que iban desde la federación igualitaria de Estados hasta la desaparición de éstos, fundidos en una común soberanía europea.

Durante siglos, la historia jugó en contra de este ideal. Inmersos en las querellas nacionalistas, atraídos por la aventura imperialista en otros continentes, afanados en la construcción de Estados fuertes e industrializados, los pueblos europeos descuidaron durante mucho tiempo el cultivo de sus intereses comunes. Mientras, sus sistemas económicos y políticos, sus valores morales y culturales, se extendían a todos los rincones del planeta.

La competencia entre las naciones de Europa originó la Primera Guerra Mundial. De ella salieron todas debilitadas, muchas de ellas humilladas y mutiladas. Y las viejas rencillas, lejos de resolverse, se enconaron.

Para muchos, la Gran Guerra significó el comienzo del fin de la civilización europea. Para ellos, el continente había entrado en un agudo proceso de decadencia frente a los nuevos poderes surgidos en su entorno. Algunos vieron la solución de la crisis en el resurgir de los particularismos nacionales, en la hegemonía de los más fuertes. Y surgieron los regímenes totalitarios, de un nacionalismo xenófobo y excluyente.

Otros, los menos, alcanzaron a comprender que la capacidad de reacción de Europa dependía precisamente de la capacidad de superación de los nacionalismos estrechos y de la adopción del europeismo, como proyecto común. Políticos como Aristide Briand, Gustav Stresseman o Luigi Einaudi creyeron ver en el federalismo la solución a la integración europea. Esta idea había tomado cuerpo en 1923, cuando el austriaco conde Coudenhove-kalergi fundó el movimiento Pan-Europa.

El paneuropeismo vivió su época dorada en la segunda mitad de los años veinte La labor pacificadora de la Sociedad de Naciones y el acercamiento franco-alemán permitieron alentar la esperanza en la construcción de unos Estados Unidos de Europa. Sobre la base de un pacto militar, político, económico y aduanero, el proyecto federalista se proponía garantizar la paz en el continente y el desarrollo de sistemas democráticos en el conjunto de sus países

En 1929, Aristide Briand propuso en Ginebra, sede de la Sociedad de Naciones, la elaboración de un pacto federal entre los Estados europeos. El memorándum Briand. acogido con entusiasmo en ciertos medios intelectuales, sólo encontró incomprensión en los Gobiernos. Poco después, la crisis económica y el auge de los totalitarismos volvieron a situar a las naciones de Europa a las puertas de la guerra civil, la segunda que conocerían en el curso de una generación.

La Segunda Guerra Mundial pareció representar el fracaso de los ideales federalistas y paneuropeos. Pero un escogido grupo de políticos, empresarios y sindicalistas entendió que el desenlace del conflicto significaba en realidad la muerte de los nacionalismos chauvinistas y el inicio de una nueva etapa, más propicia para la unión europea. Sobre la Europa destruida seria fácil levantar un nuevo orden. Quienes habían combatido en la resistencia antifascista compartían, al margen de sus ideologías, la misma voluntad de no recrear los errores del pasado.

El europeísmo resurgió con gran fuerza en una Europa ocupada militarmente por soviéticos y americanos. El 19 de septiembre de 1946, Winston Churchill se pronunció en Zurich a favor de la construcción de los Estados Unidos de Europa, de los que el Consejo de Europa debía constituir el primer paso en el camino de la reconstrucción de la familia europea.

Aristide Briand.

Winston Churchill.

Cartel italiano en favor de la reconstrucción europea, editado en 1947.

La vibrante llamada de Churchill: ¡En pie, Europa! congregó a numerosos seguidores de los ideales europeístas. A partir de 1946 surgieron siete organizaciones que perseguían tales fines: la Liga Europea de Cooperación Económica, formada por empresarios y dirigida por Paul Van Zeeland: el Movimiento para la Europa Unida, agrupado en torno a Churchill: el Consejo Francés para la Europa Unida, de Raoul Dautry: los Nuevos Equipos Internacionales, de orientación demócrata-cristiana, creados por Robert Bichet: el Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Europa, presidido por Bob Edwars: la Unión Europea de Federalistas de Henri Brugmans, y la Unión Parlamentaria Europea, dirigida por Georges Bohy.

Todos estos grupos, menos el último, convergieron en mayo de 1948 en el Comité Internacional de Coordinación para la Europa Unida, presidido por el conservador británico Duncan Sandys. Reunidos en La Haya, sus integrantes dirigieron un llamamiento a los pueblos europeos: Ha llegado la hora para las naciones de Europa de transferir alguno de sus derechos soberanos para ejercerlos, de ahora en adelante, en común, con el objeto de coordinar y desarrollar sus recursos. En octubre de 1948 el Comité daba un paso más hacia su conversión en una poderosa corriente de opinión al transformarse en el Movimiento Europeo.

Sentada la voluntad política de construir una Europa unida, quedaban por realizar dos tareas fundamentales: emprender la recuperación económica del continente y obtener el visto bueno de soviéticos y americanos para la consecución de los proyectos federalistas.

Del «plan Marshall» al «plan Schuman»

Desde los primeros años de la posguerra, una Europa arruinada y ocupada militarmente se vio presa en la dialéctica de la guerra fría. En los países ocupados por el Ejército Rojo, los partidos comunistas se habían ido haciendo con el poder entré 1945 y 1948, estableciendo democracias populares. Al oeste del telón de acero. Estados Unidos ejercía una implacable tutela sobre unos Estados que se vieron impelidos a prescindir de la colaboración comunista en las tareas gubernamentales.

Puesto que la URSS había sufrido enormes pérdidas durante la guerra y las agencias especializadas de la ONU carecían de recursos suficientes para ello, la ayuda para la rápida recuperación económica del continente sólo podía proceder de Norteamérica. Los planificadores estadounidenses concebían un mundo de la posguerra entregado a las prácticas del librecambismo, y miraban con manifiesto recelo la política socializadora de los Gobiernos europeos. En consecuencia, buscaron soluciones para impedir que una Europa empobrecida y desorganizada adoptara modelos económicos próximos al socialismo soviético.

En 1947, la Administración Truman lanzó el plan Marshall —que tomaba su nombre del secretario de Estado norteamericano, George Marshall—, que preveía la concesión de grandes créditos y facilidades económicas a aquellos países que se adhirieran a un proyecto común europeo. Diecisiete Gobiernos europeos contestaron afirmativamente al plan Marshall y crearon la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) para administrar sus fondos. La OECE constituía un principio de coordinación económica, pero vinculaba la reconstrucción de Europa a la liberalización del comercio internacional y al reconocimiento de la hegemonía política y económica de Estados Unidos.

Los países del Este se encontraban ya demasiado vinculados a la Unión Soviética como para alinearse en el campo norteamericano. Aquellos que en principio mostraron interés por el plan Marshall tuvieron que reconsiderar su postura. De modo que hacia 1948 —y especialmente tras el golpe de Praga— el proyecto de unión europea se escindió en dos campos prácticamente irreconciliables: el de los países de la OECE, muchos de los cuales se integrarían en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como aliados militares de Estados Unidos, y el de los países socialistas, vinculados a la Unión Soviética, cuyos procesos de reconstrucción económica y de integración regional a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y del Pacto de Varsovia serían más lentos y mucho menos efectivos.

En la Europa occidental, donde la ayuda norteamericana facilitó una rápida reconstrucción, el camino de la recuperación económica fue señalado por tres pequeños países: Bélgica. Holanda y Luxemburgo. A comienzos de 1948 pusieron en marcha un proceso que habían previsto cuatro años antes sus Gobiernos en el exilio: la creación de una unión aduanera, el Benelux, que iba a servir de ensayo para posteriores iniciativas. En cierto modo, el éxito del Benelux —que en 1958 se convirtió en unión económica— posibilitó la existencia del Mercado Común Europeo.

El proceso de integración económica y política de los países de la OECE se reveló, sin embargo, falto de voluntad política por parte de algunos Estados miembros y lleno de dificultades técnicas. Así, un proyecto de unión aduanera entre Italia y Francia, puesto en marcha en 1949, fracasó ante el temor de los empresarios y sindicalistas franceses a una invasión comercial y laboral por el país vecino. Igual suerte corrieron la proyectada Comunidad Europea de los Transportes y la Comunidad Europea de Defensa (CED), propuesta por el primer ministro galo, René Pleven, a finales de 1950 y que encontró la abierta oposición de los partidos comunistas y del gaullismo francés, opuesto a la integración de Alemania en un futuro Ejército europeo.

George G. Marshall (izquierda). Cartel editado por el Partido Comunista francés contra la CED (derecha).

Dresde en 1945, un claro símbolo de la destrucción de Europa en la posguerra.

Pero estos fracasos no desalentaron a los europeístas, que lograron éxitos significativos. En 1950 se constituyó la Unión Europea de Pagos para facilitar las relaciones comerciales entre los miembros de la OECE. Cinco años más tarde nacía la Unión Europea Occidental, organización político-militar que agrupaba a siete Estados miembros de la OTAN.

Pero el primer paso verdaderamente importante para la unidad europea fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951. Su origen se encuentra en una idea del francés Jean Monnet, que pretendía devolver a Europa su carácter de gran potencia industrial. La iniciativa fue recogida por su compatriota Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, quien el 9 de mayo de 1950 expuso las bases del plan que lleva su nombre: El Gobierno francés propone colocar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, en una organización abierta a la participación de los demás países de Europa.

El proyecto, que intentaba entre otras cosas imposibilitar una nueva guerra entre Francia y Alemania, iba más allá de una simple unión aduanera y pretendía sentar las primeras bases concretas de una federación europea, pero sólo afectaba a un sector del comercio continental.

La idea de Monnet y de Schuman encontró una desigual respuesta. Los países socialistas, la Europa nórdica y Gran Bretaña se mantuvieron al margen. Pero políticos como el primer ministro italiano, De Gasperi, y el germano-occidental, Adenauer, se adhirieron rápidamente a la propuesta. Pocas semanas después se reunían en París delegaciones de Alemania Federal, Italia, Francia y los tres países del Benelux, y tras un año de trabajo concluían el acuerdo que daba vida a la CECA. Jean Monnet fue designado para la dirección del nuevo organismo.

La CECA se convirtió pronto en una auténtica institución europea. La gobernaba una Alta Autoridad, asistida por un Comité consultivo profesional. Los países miembros estaban representados por el Consejo de Ministros y el poder judicial lo ejercía un Tribunal de Justicia. Entre sus competencias figuraba la negociación de acuerdos sectoriales con otros países europeos. Desde febrero de 1953 asumió el control de la producción de lo que se llamó Mercado Común del carbón, el hierro y el acero. Por primera vez las potencias industriales de la Europa continental subordinaban parte de su ordenamiento económico a una institución comunitaria y supranacional. La Europa de los Seis acababa de nacer.

El Mercado Común Europeo

Pese a la importancia de este hecho, la unidad europea seguía encontrando serias resistencias. Aunque la creación del Consejo de Europa en 1949 mostró la existencia de una voluntad política común, el veto francés a la CED constituyó un serio golpe para las ilusiones de los europeístas. La negativa del Parlamento de París a ratificar el tratado, en 1954, provocó la dimisión de Monnet al frente de la CECA.

En busca de sucesor, los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad se reunieron en junio de 1955 en la ciudad italiana de Mesina. Pese a ciertas reservas francesas, los presentes adoptaron un memorándum de los ministros del Benelux, que pretendían extender el ámbito del Mercado Común a todos los sectores de la economía de los Seis. Una comisión de expertos, presidida por el belga Paul Henri Spaak, quedó encargada de estudiar las modalidades de la nueva etapa de integración.

El 25 de marzo de 1957 se firmó en Roma el tratado que daba existencia a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA, más conocida como Euratom). Firmaron el tratado Pineau por Francia, Luns por Holanda, Spaak por Bélgica. Bech por Luxemburgo, Segni por Italia y Adenauer por la República Federal Alemana.

El tratado constitutivo de la CEE —que popularmente se conocería como Mercado Común— establecía la prohibición de mantener entre los Estados miembros derechos de aduana para la importación y exportación, así como la adopción de una tarifa aduanera común en sus relaciones con terceros países.

El tratado garantizaba asimismo la libre circulación de personas, servicios y capitales dentro de la Comunidad: prohibía la existencia de monopolios y las ayudas estatales a sectores de la economía: preveía la adopción de una política común en materia agrícola y de transportes, y la creación de un Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, se garantizaba la concesión de privilegios comerciales a los territorios coloniales de los Estados miembros.

Los fines de la Euratom eran fomentar la formación de técnicos e investigadores y la difusión de conocimientos sobre la energía nuclear, vigilando su utilización para usos exclusivamente pacíficos.

Jean Monnet, uno de los padres de la unidad europea (izquierda). Konrad Adenauer en un cartel electoral alemán (derecha).

Cartel italiano contrario a la CED.

A ambos organismos supranacionales se les dotó de instituciones propias, destinadas a ganar una paulatina independencia sobre los Gobiernos. El poder reglamentario residiría en la Comisión, que propondría las directrices comunitarias a los Estados miembros y que seria responsable ante el Parlamento Europeo, institución creada en 1958 en el seno de la CECA y que desde 1962 tuvo carácter común para las Comunidades. El poder ejecutivo se asignó al Consejo de Ministros, constituido por un ministro o embajador de cada país miembro. Comisión y Consejo serian asesorados por un Consejo Económico y Social y por un Comité Consultivo. También se estableció un Tribunal de justicia para determinar la legalidad de las actuaciones de los organismos comunitarios.

El desarrollo del Tratado de Roma, que entró en vigor el 1 de enero de 1958, debía cumplir tres etapas: la unión aduanera, la unión económica y la unión política. Las ventajas de las dos primeras eran evidentes a corto y medio plazo. En 1959, año en que el Acuerdo Monetario Europeo sustituyó a la Unión Europea de Pagos, los intercambios entre los miembros de las Comunidades crecieron un 19 por 100 respecto a los del año anterior.

El tratado de la CEE establecía un periodo transitorio de desarme arancelario dividido en tres etapas de cuatro años cada una. En la primera se rebajarían un 30 por 100 todos los derechos aduaneros: en la segunda, otro 30 por 100, y en la tercera, hasta 1970, el 40 por 100 restante. En el comercio exterior, los países de la Comunidad deberían establecer una tarifa exterior común (TEC), que se fijó con posterioridad al tratado. Al constituir una medida relativamente proteccionista, que mantenía aranceles altos para los productos agrícolas y que reforzaba los lazos económicos entre la Comunidad y sus antiguas colonias, la TEC europea despertó grandes recelos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde se temía una discriminación arancelaria en importantes áreas del comercio mundial.

En el aspecto aduanero, la CEE fue un éxito desde sus comienzos. Arrancando con una rebaja del 10 por 100 de los aranceles intracomunitarios, el formidable aumento de los intercambios movió a promover en 1960 una aceleración del desarme, prevista por el Tratado de Roma. Francia, que temía ver perjudicada su agricultura, puso como condición para ello que se iniciasen los trabajos del Mercado Común agrícola. Esta medida creaba dificultades suplementarias, pero pudo llegarse a un acuerdo y a finales de 1961 se habían cumplido las previsiones arancelarias de la primera etapa y estaba en marcha una compleja legislación agrícola que preveía para julio de 1962 la liberalización del comercio de los primeros artículos alimentarios, así como el establecimiento de una TEC para los productos agrarios.

A estas alturas, la CEE se enfrentaba ya a un problema político de gran envergadura. Gran Bretaña se había negado a entrar en la CECA y se mantenía alejada del Mercado Común. Alegaba sus compromisos económicos con la Commonwealth y la negativa a aceptar el principio de supranacionalidad comunitario, conforme exigía Francia. Su intento de crear una zona de librecambio en Europa, a partir de la OECE, no halló eco en los países comunitarios y especialmente los franceses se negaron a aceptar cualquier acuerdo que vulnerase los limites del Tratado de Roma y que fuera contra sus intereses agrícolas e industriales. En consecuencia, los británicos tuvieron que impulsar la creación, en 1960, de la Federación Europea de Libre Comercio (EFTA), pobre compensación que les hacia socios comerciales de Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca y Portugal.

Pronto se convencieron los británicos de su error. En agosto de 1961, el premier Harold MacMillan solicitó el inicio de negociaciones para el ingreso en la CEE. Pero Londres mantenía una importante reserva: sus especiales lazos con los países de la Commonwealth deberían ser respetados. El entusiasmo con que se iniciaron las conversaciones de Bruselas se apagó pronto. De Gaulle exigía la resolución previa de los asuntos agrícolas y el establecimiento de un calendario para la unidad política. El presidente francés temía que la adhesión de nuevos miembros —también habían solicitado la adhesión Dinamarca, Noruega e Irlanda— alterase el equilibrio de la joven Comunidad y la influencia que Francia ejercía en ella.

Las negociaciones agrícolas concluyeron en enero de 1962 y se acordó el inicio de una nueva etapa en la integración comunitaria para el mes de julio, cuando una nueva aceleración rebajase hasta el 50 por 100 los derechos arancelarios. Pero ello no supuso un giro en la postura francesa. En enero de 1963, De Gaulle denunció el doble juego británico y manifestó su intención de que Londres ingresase en la CEE sólo cuando estuviera dispuesto a hacerlo sin restricciones, sin reservas ni preferencias de ninguna clase. Pocos días después se suspendían las negociaciones de Bruselas.

Las Comunidades Europeas

Pese al veto francés al ingreso británico, la CEE se consolidó en los años sesenta como potencia mundial. Numerosos países africanos se asociaron comercialmente a la Comunidad (convenciones de Yaundé en 1963 y 1969). En 1962, Grecia firmó un acuerdo de asociación, que fue seguido por otro con Turquía dos años más tarde.

En 1964, la Comisión de la CEE fijó nuevos objetivos: supresión del régimen aduanero interior para finales de 1968, establecimiento de unos precios comunes para los cereales y creación de los Fondos Europeos de Orientación y Garantías Agrícolas (FEOGA), nutridos con impuestos sobre las importaciones de alimentos y que debían facilitar la eliminación de los excedentes agrícolas comunitarios y aportar los recursos para la autonomía financiera de la Comisión europea.

Una vez más, Francia mostró su desacuerdo. A finales de junio de 1965, el ministro Couve de Murville anunció la retirada de su país de los organismos comunitarios en tanto no se concluyesen los reglamentos agrícolas, cuyo desarrollo se realizaba entre crecientes dificultades. Los restantes miembros de la Comunidad no sólo aceptaron esta exigencia, sino que convinieron en cambiar, también a petición francesa, el principio del voto mayoritario por el del voto unánime en el Consejo de Ministros.

La crisis, que creó cierta desconfianza entre Francia y sus socios, coincidió con un importante paso hacia la unificación europea: el 8 de abril de 1965 la CECA, la CEE y la Euratom fusionaron sus distintos organismos, aunque cada Comunidad continuó conservando su personalidad jurídica.

La unión aduanera se llevó a feliz término el1 de julio de 1968, tras una tercera aceleración, año y medio antes de lo fijado por el Tratado de Roma. Para entonces se habían reanudado las conversaciones sobre la admisión de nuevos miembros. Hubo que esperar a que De Gaulle abandonase la presidencia para que dejase de funcionar el veto francés al ingreso británico. En diciembre de 1969, en la conferencia comunitaria de La Haya, el presidente Pompidou daba el visto bueno a la ampliación de la CEE. Finalmente, el 1 de enero de 1973 Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca ingresaron como miembros de lo que pasó a denominarse Europa de los Nueve. En Noruega, un referéndum había manifestado la resistencia de la población a semejante paso.

Por lo que se refiere a la TEC, ésta fue negociada por los países comunitarios a lo largo de los años sesenta en el GATT —ronda Dillon, de 1960 a 1962, y ronda Kennedy, de 1964 a 1967—, teniendo a Estados Unidos como principal adversario e interlocutor. Finalmente, se acordó una reducción del 30 por 100 en los aranceles industriales, pero las conversaciones fracasaron en el apartado agrícola ante el proteccionismo de la legislación comunitaria y su asociación con un número creciente de países africanos y caribeños.

La conferencia de La Haya mostró la madurez alcanzada por las Comunidades Europeas y sirvió para iniciar una nueva etapa en busca de la definitiva integración económica de los Estados miembros. El nuevo motor de la unificación fue el plan Barre, que establecía tres etapas de integración gradual, entre 1970 y 1978, basadas en la unión monetaria que se inició en 1979 con la creación de la Unidad de Cuenta Europea (ECU)—, la unidad fiscal —lograda con el establecimiento de un impuesto indirecto sobre el valor añadido (IVA)— y la formulación de una política presupuestaria y social común.

En cuanto a la unidad política, la Comunidad adoptó en 1975 el informe Vedel sobre el Parlamento Europeo. Se estableció un reparto proporcional de escaños para los países miembros y la elección directa por los ciudadanos de los diputados, que no formarían grupos nacionales, sino ideológicos. Con la elección del primer Parlamento en 1979 y el reforzamiento de sus atribuciones y de las de la Comisión en detrimento de las competencias de la Comisión y el Consejo, el proceso hacia la auténtica supranacionalidad de las Comunidades, base de la unificación europea, se ha acelerado notablemente.

No han faltado las crisis en la Comunidad durante la última década. La política agrícola, la cesión de soberanía por parte de los Estados y la armonización interna, respetando el equilibrio entre grandes y pequeños, están lejos de hallar una solución definitiva. Gran Bretaña ha actuado en ocasiones como elemento de discordia, incapaz de hacer frente a los desembolsos que origina su aportación al presupuesto comunitario. El ingreso como miembros de pleno derecho de Grecia (1981) y de España y Portugal (1986) ha ampliado el ámbito territorial de la CEE, pero ha añadido también problemas suplementarios, sobre todo en materia agrícola. La definición de una política exterior común entraña considerables dificultades, como han puesto de manifiesto las diferentes posturas ante la guerra de las galaxias proyectada por Estados Unidos. La resistencia de las monedas nacionales a la unificación, la multiplicidad de reglamentos sobre las más variadas materias, la persistencia del nacionalismo en el interior de los Estados, las dificultades puestas a la libre circulación de personas —caso de la emigración laboral mediterránea— y de capitales…, demuestran que la Comunidad Económica no está concluida y que un difícil futuro le aguarda al proyecto de los Estados Unidos de Europa.

Pero se ha avanzado mucho en los últimos cuarenta años. Hoy, con la incorporación de la Península Ibérica a la CEE, el ideal europeísta está más cerca que nunca de alcanzar la meta de una Europa unida, fuerte y en paz.

Edward Heath, primer ministro británico que incorporó su país a la CEE (izquierda), y Valéry Giscard d'Estaing (derecha), la Europa de las patrias.

Los padres de Europa

JEAN MONNET

Jean Monnet(Cognac, 1888-Montfort-l’Amaury, 1979). Durante la Primera Guerra Mundial formó parte de la Comisión Marítima Interaliada, responsable del control de los suministros. Finalizada la guerra fue secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (1919-1923) y luego se dedicó a los negocios, trabajando para varios bancos norteamericanos. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial fue designado director del comité franco-británico de coordinación económica. Tras la derrota francesa residió en Washington y en Argel, y en 1944 entró en el Gobierno provisional de De Gaulle.

A partir de 1947 se encargó de la elaboración del plan de reconstrucción económica conocido como plan Monnet y presidió, hasta 1953, el comité nacional para su desarrollo. Europeísta convencido, lanzó la idea de crear una Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), que presidió entre 1952 y 1955. Ese último año organizó el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, que presidiría hasta 1975. Fue galardonado con el premio Robert Schuman por sus servicios a la causa de Europa.

WALTER HALLSTEIN

(Maguncia, 1901). Tras estudiar Derecho, enseñó en las universidades de Rostock (1930-41) y Frankfurt del Main (1941-44). Afiliado a la Democracia Cristiana, presidió el comité germano-occidental en la Unesco y fue secretario de Estado para Asuntos Exteriores (1951-58). En tal condición participó en la constitución de la CECA y en el Tratado de Roma, que dio vida a la CEE, En política exterior alemana, impulsó la participación del país en los organismos comunitarios y en la OTAN. Es el autor de la doctrina Hallstein, que establecía la ruptura de relaciones con cualquier país que reconociera a la República Democrática Alemana.

Fue el primer presidente de la Comisión de la CEE (1958-67), cargo desde el que desarrolló una eficaz labor en pro de la unificación política y económica de Europa.

ROBERT SCHUMAN

Robert Schuman(Luxemburgo, 1886-Metz, 1963). Diputado por el grupo demócrata popular desde 1919, fue arrestado por los alemanes en 1940. Dos años después consiguió escapar y se unió a la Resistencia. En la posguerra participó en la fundación del democristiano Movimiento Republicano Popular (MRP). Ministro de Hacienda en 1946 y jefe del Gobierno por dos breves periodos, en 1947 y 1948, se adhirió al plan Marshall y a la OECE.

Siendo ministro de Asuntos Exteriores (1948-52) propuso un plan para el desarrollo de vínculos económicos, políticos y militares entre Francia y la República Federal Alemana. El plan Schuman dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), a la que se adhirieron seis países europeos. Sin embargo, Schuman fracasó en su proyecto de crear una Comunidad Europea de Defensa (CED) ante la resistencia de grandes sectores de la opinión pública y de la política de su país.

Tras su dimisión como ministro de Asuntos Exteriores, volvió al Gobierno para ocupar la cartera de Justicia en 1955-56, y fue elegido presidente de la Asamblea parlamentaria europea (1958-60). Hasta pocos meses antes de su muerte ocupó un escaño en dicha Asamblea.

PAUL HENRI SPAAK

P. H. Spaak(Schaerbeek, 1899-Bruselas, 1972). Tras licenciarse en Derecho, trabajó como abogado laboralista desde 1921. Elegido diputado por el partido socialista en 1932, tres años después fue nombrado ministro de Transportes. En 1938 fue el primer socialista belga que ocupó la Jefatura del Gobierno y formó parte del Gabinete en el exilio como ministro de Asuntos Exteriores.

Vuelto a Bélgica al terminar la guerra, fue vice-primer ministro (1945-46) y dos veces jefe del Gobierno entre 1946 y 1949. Durante toda esta etapa negoció con Holanda y Luxemburgo la creación de la unión económica del Benelux, apoyó el ingreso de su país en la OTAN y la integración europea a través de la OECE. En 1950 fue elegido presidente de la OECE y del Consejo de Europa, y dos años después, de la Asamblea parlamentaria de la CECA. Nuevamente ministro de Asuntos Exteriores entre 1954 y 1957, dirigió la comisión de expertos que estudió la unificación económica de Europa y firmó el Tratado de Roma.

Partidario de una estrecha colaboración con Estados Unidos, Spaak fue secretario general de la OTAN (1957-61) y nuevamente viceprimer ministro y ministre de Asuntos Exteriores de Bélgica (1962-66). Luego abandonó la política y se dedicó a los negocios.

Las instituciones comunitarias

Por Luis Díaz Güell

Periodista

NINGUNA decisión comunitaria será tomada sin que España deje oír su voz. Noventa españoles privilegiados, con diferentes grados de responsabilidad, serán copartícipes en regir los destinos de 350 millones de personas que son los habitantes que pueblan los 2.258.000 kilómetros cuadrados de extensión de los doce países de la Comunidad Económica Europea (CEE). Esta extensión equivale al 24 por 100 de la de Estados Unidos (EE. UU.), al 10 por 100 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y al 1,6 por 100 de la del mundo.

Estos noventa privilegiados serán los representantes españoles de más alto nivel en las distintas instituciones comunitarias encargadas de dar vida a un club de países que funciona como tal desde que en 1957 se firmara el Tratado de Roma. Son los eurócratas españoles más cualificados. Desde el presidente del Gobierno español, que junto a los otros once puede contribuir a variar el rumbo de la Comunidad, hasta el último elegido del Comité Económico y Social, con voz pero sin voto, todos ellos aportarán nuevas ideas a la Europa comunitaria. Con el español serán nueve los idiomas de la CEE.

Las instituciones europeas en las que aterrizarán este casi centenar de personas son fundamentalmente siete: el Consejo: la Comisión: la Asamblea o Parlamento Europeo: el Tribunal de Justicia: el Banco Europeo de Inversiones: el Comité Económico y Social, y el Consejo Europeo, institución no contemplada en los tratados constitutivos pero de vital importancia en los momentos actuales. El Consejo Europeo lo integran los presidentes de Gobierno de los países miembros.

En el seno de estas instituciones, España está considerada como nación intermedia, es decir, numéricamente por debajo de las consideradas grandes (República Federal de Alemania. Francia, Italia y Reino Unido) y por encima del resto de los países comunitarios (Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal).

Básicamente, las instituciones decisorias de la Comunidad Económica Europea son cuatro: el Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia. El Consejo representa el interés de los Gobiernos respectivos: la Comisión, el interés comunitario; el Parlamento, el interés de los pueblos, y el Tribunal de Justicia, el interés del Derecho.

En el Consejo de la Comunidad, España tiene un representante gubernamental que casi siempre será el ministro de Asuntos Exteriores de turno. En función del asunto a abordar, el delegado del Gobierno español puede ser cualquier otro ministro, rango generalmente imprescindible para formar parte de la composición de esta institución. El peso de España en el Consejo vendrá determinado cuando las decisiones de este organismo se hayan de tomar por mayoría cualificada. Para estos casos, España contará con ocho votos, dos menos que Alemania. Francia, Italia y Reino Unido, y tres más que Bélgica, Grecia, Países Bajos y Portugal, cinco más que Dinamarca e Irlanda y seis más que Luxemburgo.

En la Comisión, los representantes españoles son el anterior secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad, Manuel Marín, y el hasta ahora portavoz de Asuntos Económicos de Alianza Popular, Abel Matutes. Marín será nombrado vicepresidente de la Comisión que, en la actualidad y durante dos años, preside el ex ministro francés de Finanzas, Jacques Delors.

Sesenta diputados de las Cortes españolas serán los parlamentarios europeos. Hasta que se celebren las nuevas elecciones a dicha Asamblea en 1989, por medio de las cuales los españoles con derecho a voto elegirán a sus representantes en Estrasburgo, es el Parlamento español, el que en proporción a la representación parlamentaria de sus grupos, ha elegido a los sesenta componentes.

El Consejo

España contará también con un Magistrado Permanente en el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, y participará con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en el sistema rotatorio para la designación de un decimotercer Magistrado que añadir a los doce que representan a los países integrantes.

Esta posibilidad que se le da a España de adherirse a los cuatro grandes fue pactada, en su día, por los negociadores españoles sin que haya sido recogida en el articulado del acta de adhesión, que tan sólo indica el número de jueces que componen el alto tribunal.

Firma del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957. De izquierda a derecha: Spaak y Snoy (Bélgica), Pineau y Faure (Francia), Adenauer y Hallsteih (Alemania), Segni y Martino (Italia), Bech y Schaus (Luxemburgo), Luns y Linthorst (Holanda).

El Consejo, también llamado Consejo de ministros, es el principal órgano ejecutivo de la CEE, que con frecuencia actúa en conexión con la Comisión. Esta, a su vez, es un órgano que tiene asimismo facultades ejecutivas y de preparación de trabajos. Por su parte, el Parlamento actúa como organismo de consulta y vigilancia, mientras que el Tribunal de justicia asegura el respeto del derecho en todo lo referente a interpretación y aplicación de los tratados comunitarios.

Sede de la CEE en Bruselas.

El Consejo de ministros tiene como misión fundamental asegurar la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y disponer de un poder de decisión. Toda disposición comunitaria importante o de alcance general necesita el visto bueno de este organismo. En definitiva, el consejo de ministros decide lo que la Comisión propone y el Parlamento delibera.

Tiene su sede en Bruselas. Cuenta con una Secretaria General que da trabajo a más de tres mil funcionarios y se compone de siete direcciones generales. El Consejo se ayuda de un Comité de Representantes Permanentes (COREPER), del que dependen más de 140 grupos de trabajo, cuya misión consiste en preparar y coordinar todo el trabajo que se acumula en el Consejo de ministros.

Estos grupos de trabajo se reúnen siempre que es necesario para el buen funcionamiento del Consejo. Este se reúne aproximadamente un centenar de veces al año y, generalmente, decide sobre todas aquellas acciones promovidas por la Comisión.

Sus decisiones versan sobre materias muy distintas, como pueden ser ayudas a Estados miembros, armonizar los regímenes de apoyo a la exportación hacia terceros países con problemas de balanza de pagos o fijar normas de coordinación en materia de cambios y movimientos de capitales. Las acciones del Consejo se encuentran controladas por el Tribunal de Justicia.

El Consejo, como máximo órgano decisorio, puede ejecutar esta facultad por tres sistemas: unanimidad, mayoría simple o mayoría cualificada. La unanimidad se alcanza aun cuando un Estado se abstenga en el momento de la decisión. No ocurre así, si ese mismo Estado se ausenta en el instante de la toma de la decisión.

Se entiende que una decisión se ha tomado por mayoría simple cuando la mitad más uno de los Estados representados ha votado a favor de una propuesta Por lo que respecta a la mayoría cualificada, la importancia del voto estriba no en el número de asistentes, sino en el peso que tienen los votos de cada país representado. De esta forma, no tienen la misma valía los votos de Luxemburgo que los de Francia, o los de España que los del Reino Unido.

La Comisión recomienda con insistencia que todas las decisiones se tomen por mayoría cualificada, que hoy, con la presencia de España y Portugal, precisa de 54 votos sobre un total de 76. España (ocho votos), Italia (diez votos), Portugal (cinco votos) o Grecia (cinco votos), aliados en defensa de los intereses mediterráneos, pueden ejercer una alianza y paralizar cualquier decisión comunitaria, ya que los votos de España e Italia, en compañía de Grecia y Portugal, suman los veintitrés necesarios para ejercitar lo que se ha dado en denominar minoría de bloqueo.

En la Comisión, por su parte, prima el interés comunitario, a la vez que se ejerce un poder de vigilancia: es la guardiana de los tratados. Para muchos tratadistas es el gran organismo de la CEE. Tiene este organismo el monopolio de la iniciativa comunitaria, es el motor de la Comunidad. Asegura la gestión de los fondos comunitarios: Fondo Social Europeo, Fondo europeo de Desarrollo Regional, Fondo europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Créditos CECA, Fondo europeo de Desarrollo y demás, Dispone de un poder delegado del Consejo de gestión o ejecución y se ocupa de las relaciones exteriores de la CEE.

Los diecisiete miembros de la Comisión adoptan sus decisiones por mayoría o por unanimidad. Los integrantes son elegidos de común acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembros y suele ser habitual en los países con dos comisarios, caso de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España, que uno de ellos sea pactado con el principal partido de la oposición. El país galo es la excepción que rompe la regla, ya que sus dos representantes pertenecen a las filas del partido socialista francés.

Los comisarios europeos actúan a título personal e independientemente, anteponiendo los intereses supranacionales de la Comunidad a los de sus países de origen. En teoría deberían actuar al margen de cualquier recomendación de sus gobiernos respectivos, lo que no siempre se consigue.

La Comisión tiene su sede en Bruselas. Cada comisario tiene una remuneración neta anual de aproximadamente veinte millones de pesetas, y de ellos dependen más de catorce mil funcionarios en la misma capital belga, integrados todos ellos en una veintena de direcciones generales.

Sesión en el Consejo de Europa.

Las banderas de los países comunitarios.

Sede de las comisiones de la CEE en Bruselas.

Parlamento

Es posible que muchos de los actuales sesenta parlamentarios españoles, que al mismo tiempo pertenecen a la tercera gran institución comunitaria: el Parlamento europeo, dejen de serlo en 1989. Todo depende de si la legislación electoral española para acceder a la Asamblea comunitaria, al igual que ocurre en otros muchos países europeos, prohíbe el doble mandato. Por medio de esta cláusula, los representantes del Parlamento nacional y del comunitario no pueden ser nunca los mismos.

Los diputados europeos no se distribuyen en razón a los países de procedencia, sino por afinidades políticas. La justificación de esta distribución se encuentra en que la Asamblea no pretende ser un foro donde dialoguen los países, sino que allí se defienda Europa desde la óptica política particular.

En la actualidad, el grupo más numeroso de diputados es el socialista, seguido del popular (cristiano demócrata). A estos dos grandes bloques les siguen en orden de importancia, por número de asambleístas, los grupos de demócratas europeos, comunistas y asimilados, grupo liberal y democrático, grupo de los demócratas europeos de progreso, grupo de coordinación técnica y defensa de grupos y parlamentarios independientes y los inscritos bajo ninguna etiqueta.

Este Parlamento tiene 518 representantes que se reparten como sigue: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, 81 parlamentarios cada uno. España, 60; Países Bajos, 25; Bélgica, Grecia y Portugal, 24; Dinamarca, 16; Irlanda, 15, y Luxemburgo, 6. Todos ellos se reúnen en sesiones plenarias, en Estrasburgo, y sus comisiones (diecisiete, de carácter permanente), en Bruselas, aunque la sede principal del Parlamento europeo está en Luxemburgo.

El Parlamento no dispone de poderes legislativos similares a los parlamentos nacionales. Esta iniciativa queda reservada a la Comisión, con el visto bueno final del Consejo. Tampoco puede aprobar un Gobierno o derribarlo. Los poderes del Parlamento europeo son fundamentalmente de control y de deliberación comunitarias. Expresa su parecer, orienta, impulsa o entorpece determinadas cuestiones. Si en el Parlamento, a propuesta de un grupo o de un décimo de sus miembros, se presenta una moción de censura contra la Comisión, ésta puede ser derribada y sus componentes obligados a dimitir de inmediato si lo aprueba una mayoría de dos tercios de asambleístas.

Ortoll, presidente de la CEE, y López Bravo, ministro español de Exteriores, en enero de 1973.

En el ámbito presupuestario, el Parlamento ha visto incrementado su poder, ya que dispone de unas atribuciones hasta tal punto significativas que puede rechazar el conjunto del presupuesto anual comunitario, y exigir las modificaciones correspondientes. Asimismo, participa en las decisiones que suponen grandes gastos para la CEE y controla la ejecución y destino de los mismos.

Otros organismos

La última gran institución comunitaria que forma parte del grupo de las cuatro grandes es el Tribunal de Justicia, que constituye la institución que garantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados de la Comunidad.

Esto es así porque la creación de la CEE dio lugar al nacimiento de un derecho nuevo, encargado de regir las relaciones entre países miembros, personas e instituciones comunitarias.

El Tribunal de Justicia está compuesto por trece Magistrados y seis Abogados Generales. Para garantizar cierta estabilidad en este organismo, los cargos son elegidos cada seis años y se renuevan parcialmente cada tres, pudiéndose presentar a la reelección. Sus miembros suelen ser personas independientes y relevantes en la vida del derecho de cada país. Las nombra el Consejo, a sugerencia de los Estados miembros.

El Tribunal de justicia es de instancia única, y sus sentencias son ejecutivas. Decide por mayoría simple y los votos disidentes no se publican. Los Estados miembros, las instituciones comunitarias, las organizaciones sociales, las personas jurídicas y las personas físicas están obligados a cumplir las decisiones de este alto Tribunal.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Este organismo anula actos de cualquier instancia nacional o supranacional que sean incompatibles con los tratados de la Comunidad. Las jurisdicciones de los Estados miembros pueden pedir al Tribunal de Justicia que emita un dictamen prejudicial sobre dictámenes comunitarios, cuya validez se plantea a escala nacional.

Por lo que al Banco Europeo de Inversiones (BEI) respecta, España estará representada en el Consejo de Gobernadores del mismo por el ministro del Gobierno que decida el Ejecutivo.

El BEI nació como consecuencia de la creación de la CEE, para facilitar la expansión económica de la Comunidad mediante la generación de nuevos recursos. No hay que olvidar que la Comunidad Económica Europea surgió bajo el principio de acercar las políticas económicas de los Estados miembros, a la vez que se intentaba establecer un Mercado Común Europeo.

El BEI se financia con recursos propios y ajenos. Los primeros los conforman el capital social aportado por los países miembros y las cuotas que éstos están obligados a pagar en proporción a sus respectivos productos nacionales. La captación de recursos ajenos se realiza en inmejorables condiciones, al estar considerado el BEI como un prestatario de máxima solvencia. Actúa de forma similar a cualquier entidad privada de crédito.

Su misión consiste en financiar el 50 por 100, como máximo, de proyectos que contribuyan a consolidar las decisiones de política europea, propuestas por la Comisión y decididas por el Consejo.

Por último, el Comité Económico y Social, en el que España dispondrá de veintiún representantes, es el organismo consultivo más importante de la CEE. Tiene voz, pero no voto. Sus informes, por tanto, no son vinculantes y sirve de auxilio tanto a la Comisión como al Consejo. Emite dictámenes cada vez que es requerido para ello.

Los diferentes Estados miembros proponen al Consejo la elección de sus representantes, elegidos para un período de cuatro años. Los electos pertenecen casi siempre a sectores que participan activamente en la vida económica de cada país. Normalmente integran este órgano representantes de aquellos grupos con mayor actividad en la CEE. Al igual que los miembros de la Comisión, en teoría deben permanecer al margen de cualquier intento de presión por parte de los intereses regionales y sectoriales de cada Estado.

España y la CEE

Por Ángel Viñas

Catedrático de Estructura Económica. Universidad Complutense de Madrid

EL 9 de febrero de 1962, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando María Castiella, se dirigió a Maurice Couve de Murville, presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, para solicitar la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación (…) en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses. Castiella planteaba tales negociaciones con el fin de alcanzar una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración, después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común.

Cerca de tres años antes, en julio de 1959, el franquismo había dado comienzo a su primera y única gran operación estratégica en el campo económico: la adopción de una serie de medidas, alargadas en el tiempo, que suelen subsumirse bajo la denominación de plan de estabilización y al que habría que añadir en propiedad la apostilla de liberalizador.

Fue, sin duda, un éxito completo: la bancarrota de pagos internacionales del régimen fue detenida, la economía quedó estabilizada y se abrieron las fronteras a la competencia internacional. Muy pronto, al coste de una importante recesión económica, prolongada más de lo debido, y de un brusco aumento del paro, que no tardó en exportarse a diversos países de la Europa occidental, la correlación de fuerzas en el franquismo apuntó decisivamente hacia un crecimiento más abierto que en los años cincuenta.

Ciertamente, el ambiente externo no era propicio a repliegues económicos: el Mercado Común había arrancado el 1 de enero de 1958, y en junio y julio de 1959 Grecia y Turquía habían solicitado, respectivamente, la asociación a la CEE. El 3 de mayo de este último año había entrado en vigor la convención de Estocolmo que instituía la Asociación Europea de Libre Cambio —EFTA, según sus siglas inglesas—, tímido contrapeso británico a la integración prevista en los Tratados de Roma. En julio de 1961 se firmaba el acuerdo de asociación CEE-Grecia y en agosto del mismo año el propio Reino Unido presentaba su demanda de adhesión, que la oposición del general De Gaulle demoraría hasta 1972. En septiembre de 1963, la CEE firmó el acuerdo de asociación con Turquía.

Franco visita unas obras de irrigación de Almería en los años cincuenta.

La dictadura española no había permanecido inmóvil del todo ante los cambios que se producían en la configuración económica de la Europa occidental. Tampoco se había apresurado En la reclusión de los gabinetes ministeriales se filtraron los pros y los contras de la incorporación al Mercado Común o a la EFTA. Incluso hubo voces que preconizaban un acercamiento económico hacia América Latina. Eran movidas significativas en un régimen que hasta hacia poco tiempo preconizaba la autarquía, con amplia relegación de los intercambios e inversiones exteriores.

A pesar de que la comunidad económica internacional había dado la bienvenida a la entrada de España en las redes de cooperación montadas al amparo de la ola de solidaridad de la posguerra, como, por ejemplo, las agencias especializadas de las Naciones Unidas y, singularmente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Europea de Cooperación Económica, que el régimen entrase en el Mercado Común era otra cosa. En plena euforia del plan de estabilización y liberalización, el caudillo había declarado en 1961 que toda posibilidad de integración debía evitar que los sectores básicos de la economía sufrieran perjuicios. Franco, además, deseaba salvaguardar en todo caso la continuidad de las peculiares instituciones de la dictadura, lo que equivalía a querer cuadrar el círculo.

Además, en junio del mismo año de la carta de Castiella, el franquismo se lanzó a la denuncia del famoso contubernio de Munich y arremetió contra numerosos participantes en aquella reunión, que, de alguna manera, había simbolizado el reencuentro público deja oposición, interior y exterior.

Acuerdo preferencial

La carta de Castiella recibió, pues, un mero acuse de recibo. En enero de 1964, el embajador español en Bélgica, y ante la CEE, insistió en la misma linea, y sólo en junio de este año el presidente en ejercicio del Consejo de Ministros comunitario, el destacado socialista belga Paul Henri Spaak, respondió que se autorizaba a la Comisión a abrir conversaciones cuyo objeto sería examinar los problemas económicos que plantea a España el desarrollo de la Comunidad Económica Europea y buscar las soluciones apropiadas.

Esta comunicación apuntaba hacia un recorte sustancial frente a los deseos del régimen español, lo que se materializó poco más tarde cuando dieron comienzo, en diciembre de 1964, las primeras conversaciones exploratorias hispano-comunitarias.

La crisis de la Comunidad, provocada por la política de silla vacía de Francia, alargó más aún el proceso, que en los casos griego y turco se había cerrado, con la asociación, en el lapso de dos y cuatro años, respectivamente.

En el caso español pesaban otras consideraciones esencialmente políticas. El informe Birkelbach, de enero de 1962, había establecido que la asociación a la CEE serla sólo posible para los países europeos que reuniesen las condiciones políticas necesarias de cara a la adhesión. La falta de comparabilidad de las instituciones franquistas con las del resto de los países de la Europa occidental hacia, a priori, imposible la asociación.

El Ministro de Asuntos Exteriores español, Fernando Morán, anuncia en Bruselas el acuerdo por la adhesión de España a la CEE.

Foto oficial de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la CEE, Madrid, 12 de junio de 1985.

Por lo demás, italianos, belgas, holandeses y luxemburgueses se mostraban dispuestos a concluir con España sólo un acuerdo comercial no preferencial, idea de la que el régimen podía extraer escaso solaz.

El nuevo embajador español ante la CEE. desligado ya de toda representación ante el Reino de Bélgica. Alberto Ullastres, uno de los artífices del plan de estabilización y liberalización, logró convencer a su ex compañero Castiella de que la idea de la asociación no tenía futuro. Una negociación centrada en la consecución de un acuerdo comercial preferencial podía, por el contrario, favorecer la propaganda de la dictadura, así como la impresión de que al régimen franquista no se le daba con la puerta en las narices.

Lograda la aceptación de Madrid, la cuestión estribaba en pasar de un mero acuerdo no preferencial a otro que fuese preferencial. La tarea se vio facilitada cuando, tras muchos tanteos y negociaciones exploratorias, se lanzó la noción de que el acuerdo en gestación fuese bifásico, sin que la conclusión de la primera fase significara automáticamente el inicio de la segunda. Esto era aceptable para los comunitarios, daba satisfacción a las necesidades políticas, de prestigio y económicas españolas, y no violaba los arreglos internacionales existentes.

Aun así, no debe entenderse que la innovación fuese fácil, a pesar de que los años eran de bonanza económica tanto en la CEE como en España. Hasta julio de 1967 el Consejo no aprobó el mandato para la negociación, que concluyó el 29 de junio de 1970. El acuerdo preferencial entró en vigor el 1 de octubre de 1970, después de comenzar las negociaciones formales para la segunda ampliación comunitaria con el Reino Unido. Irlanda, Dinamarca y Noruega.

El acuerdo estableció una zona de libre cambio debilitada, centrada en los productos industriales, y detallaba un conjunto de preferencias mutuas, con vistas a la supresión progresiva de los obstáculos en lo esencial de los intercambios durante dos etapas, la primera de las cuales se extendería, al menos, a seis años

El acuerdo sólo se refería a la primera y el paso a la segunda no era mecánico. Debería efectuarse por común acuerdo de las partes, en la medida en que se reúnan las condiciones. Estas no se identificaban, ya que afectaban implícitamente a la falta de homologación política e institucional del régimen con la Europa dccidental.

Se ha discutido bastante acerca de la relevancia de las preferencias comunitarias para los productos industriales. La opinión más generalizada mantenía que, al ser ya de por sí bajos los derechos de la tarifa común, aquéllas no serían excesivamente importantes. El posterior ministro de UCD Luis Gámir fue el primero en argumentar, por el contrario, que tales reducciones, aun siendo pequeñas en términos nominales, encerraban un estimulo efectivo notable para ciertos sectores de la exportación industrial española.

Firma del Acuerdo Preferencial entre España y el Mercado Común, en el centro de la foto, José Luis Cerón y Alberto Ullastres.

Negociaciones España-CEE. El ministro López Bravo, segundo por la izquierda, junto con sus colaboradores Ullastres y Cerón, tercero y cuarto, respectivamente (abajo).

La experiencia del acuerdo durante sus seis años de vida en el franquismo declinante muestra que, si se analizan por sectores productivos las corrientes comerciales mutuas, el Índice de cobertura (de las exportaciones sobre las importaciones españolas) aumentaría entre 1970 y 1976 a un ritmo menor que en el periodo 1966-1970.

Comparando los ritmos de crecimiento anuales acumulativos de las exportaciones españolas se advierte que fueron prácticamente idénticos, con la salvedad de que los niveles que aquéllas tenían en 1966 eran muy bajos. Al descender al detalle de la evolución de las exportaciones se observa que crecieron más durante el acuerdo que en la etapa previa precisamente en los sectores tradicionales, a pesar de que en ellos el convenio había puesto más obstáculos. En los sectores de exportación más modernos, el ritmo fue inferior al registrado anteriormente, aunque el crecimiento resultó bastante notable.

Por el lado de la importación, las compras españolas a la CEE crecieron a un ritmo muy superior. Sin embargo, el porcentaje que la importación española procedente de la CEE representaba en el total de la exportación de dicha zona descendió considerablemente entre 1966 y 1970 y se estabilizó durante el acuerdo.

En el análisis de Julio Viñuela tres hechos aparecen claros: a) hubo una creación de comercio importante entre las dos zonas: b) España aumentó su cuota de mercado en la CEE, en tanto que ésta estabilizó la suya en el español, y c) España vio elevarse el grado de cobertura de su comercio en la CEE durante el acuerdo, aunque a un ritmo menor que en los cuatro años precedentes.

Vacío jurídico

El acuerdo de 1970 atravesó por diversas vicisitudes. Había que adaptarle a la incorporación a la CEE el 1 de enero de 1973 del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, clientes españoles y en cuyos mercados nuestros productos eran altamente competitivos. Planteada la cuestión de cómo reequilibrar las concesiones mutuas, afectadas por la ampliación, la CEE propuso un protocolo adicional que se firmó en enero del mismo año, por el cual las concesiones del acuerdo de 1970 no serían aplicadas, durante 1973, a los intercambios entre España y los tres nuevos miembros de la Comunidad. Se preveía la negociación de un nuevo convenio a lo largo del año para que entrase en vigor el 1 de enero de 1974.

La sugerencia comunitaria final no fue aceptable por razones económicas para la parte española, y los acontecimientos ligados al estallido de la crisis económica internacional hicieron que las relaciones con España pasaran a un penúltimo plano.

La crispación política española (recuérdese el famoso sumario 1.001) tal vez influyó también en una nueva retracción comunitaria, de tal suerte que el declive del franquismo tras el asesinato del almirante Carrero Blanco discurrió manteniendo el acuerdo preferencial de 1970 con los Seis y regímenes particulares con los tres miembros restantes.

El vacío jurídico creado no era del gusto comunitario, si bien la elaboración de un nuevo mandato para la negociación con España tropezó con numerosas dificultades internas. De hecho, no se aprobó hasta septiembre de 1974, cuando la preocupación por la situación política en España se había agudizado enormemente. Las posiciones negociadoras españolas, configuradas en un clima bastante enrarecido y de fuertes choques entre los Ministerios que respondían con mayor o menor intensidad a las presiones de sus clientelas, fueron rechazadas en noviembre.

Para salvar la situación, el embajador Ullastres sugirió aceptar un desarme arancelario español total, aunque con la posibilidad de aplicar ciertos aplazamientos. Se propuso un calendario que para la industria finalizaría el 1 de enero de 1983. Para la agricultura se estableció que a partir del 1 de enero de 1979 no debería existir en el mercado comunitario diversidad de trato entre los productos españoles, por un lado, y los israelíes y norteafricanos, por otro.

La fórmula Ullastres-Kergolay, del nombre del director en la Comisión Europea encargado de las relaciones con España, no encontró el respaldo inmediato de los países comunitarios, aunque sí del Gobierno español. En julio de 1975, los Nueve se limitaron a dar una simple orientación favorable al compromiso alcanzado. Pocas semanas antes, la Grecia salida de la dictadura de los coroneles había presentado su demanda de adhesión.

Quizá la dinámica de la relación hispano-comunitaria hubiese llevado, en la segunda mitad de 1975, a la negociación de un nuevo acuerdo sustitutivo del de 1970, pero la indignación generada en Europa —y en el mundo— por las sentencias de los consejos de guerra del mes de septiembre contra activistas del FRAP y ETA, que llevaron a las ejecuciones del 27, imposibilitaron todo avance.

El franquismo enfilaba su fin como había nacido: en la represión y en la sangre. En el Consejo de Ministros comunitario se levantaron voces que pedían la denuncia del acuerdo de 1970. El comunicado de la tensa reunión del 1 de octubre se hizo eco del deseo de que una España democrática encuentre su lugar en el seno de los países europeos y constataba que no podían ser reanudadas las negociaciones. Poco más tarde se iniciaba la lenta agonía del general Franco.

La desaparición del hombre que había simbolizado toda una época inició el deshielo político. En el proceso de la transición española confluyeron entonces los intereses gubernamentales para obtener algún tipo de respaldo de la Comunidad y las aspiraciones de todas las fuerzas de la oposición democrática, emergentes a la luz de la legalidad, que durante tantos años habían divisado en los países comunitarios la cristalización de aquellas libertades públicas que también deseaban para España.

Correspondió al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, explicar en las capitales comunitarias que no tenía demasiado sentido, en vista del previsible proceso de democratización español, continuar la negociación sobre la zona de libre cambio a que apuntaban los previos contactos hispano-comunitarios.

Parecía más lógico, afirmó, readaptar el acuerdo de 1970, si bien esto no prosperó ante la decisión de los últimos tres llegados a las Comunidades de continuar aplicando el régimen vigente, que chocaba —cierto es— con la lógica jurídica.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, entre Jenkins y Haferkamp, 28 de junio de 1977, en Bruselas. España solicitaba oficialmente la apertura de negociaciones a la CEE para integrarse en la Comunidad.

Leopoldo Calvo-Sotelo, ministro para las relaciones con las Comunidades Europeas, negocia en Bruselas. A su derecha, Lorenzo Natali.

Afortunadamente, la evolución democratizadora española progresó rápidamente. Tras las cruciales elecciones del 15 de junio de 1977, en las que por primera vez en cuarenta años el pueblo español pudo expresar libremente sus preferencias políticas, que abrumadoramente se pronunciaron en contra del continuismo, el nuevo Gobierno divisó la posibilidad de propinar un giro completa las relaciones con la Comunidad.

El 26 de julio, el ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, se dirigió a Henri Simonet, presidente del Consejo de Ministros comunitario: el Gobierno de Madrid. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 del Tratado de Roma, había decidido solicitar oficialmente la apertura de negociaciones con vistas a la integración de España (…) como miembro de pleno derecho. Ya podía afirmarse, sin mentir, que el Gobierno español se identificaba con los ideales que inspiraron los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

Hacia la integración

Poco más tarde, en febrero de 1978, se creó en Madrid el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, del que se hizo cargo el prohombre de UCD y ex ministro por partida doble Leopoldo Calvo-Sotelo. El 20 de abril, la Comisión presentó al Consejo un informe sobre la ampliación de la Comunidad, más conocido como el fresco, ya que contenía una reflexión de conjunto impresionista, aunque apoyada por un excelente trabajo analítico, sobre los problemas que crearía la incorporación de los tres países mediterráneos salidos de las dictaduras.

En aquellos momentos, las negociaciones con Grecia estaban ya muy avanzadas. Tampoco Portugal iba muy por detrás, y el 17 de octubre inició oficialmente las suyas.

Para España se constató un cambio de perspectiva entre el fresco y el preceptivo dictamen que la Comisión aprobaría en noviembre, mucho más restringido, si bien reconocía que la negociación debía abrirse lo antes posible. Esto era agua de rosas para un Gobierno como el de Suárez, que continuaba su curso reformista y al que un espaldarazo exterior venía como anillo al dedo.

Tras la celebración del referéndum del 6 de diciembre por el que el pueblo español aprobó la primera Constitución democrática en más de cuarenta años de vacío constitucional, el Consejo de Ministros comunitario dio luz verde al inicio del proceso negociador, que se abrió formalmente en febrero de 1979.

Sin embargo, a finales de mayo, y una vez que Francia echara toda la carne en el asador, Grecia firmó su tratado de adhesión. La tercera ampliación comunitaria, y primera hacia el sur, se disgregaba.

Pronto se advirtió que el proceso sería lento en el caso de España. Las posturas estaban muy separadas y la Comunidad empezaba a verse enzarzada en una de sus periódicas crisis estructurales, en este caso motivada por las discusiones sobre la política agrícola común, la financiación del presupuesto y la disparidad entre las contribuciones del Reino Unido y los retornos que los ingleses recibían y consideraban escasos. De hecho, estos tres graves problemas —amén de algún otro— lastraron la negociación hasta el punto de que ésta llegó a no progresar más en ciertos momentos.

En cualquier caso, en junio de 1980 el presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing pronunció un famoso discurso en el que antepuso la resolución de los problemas presupuestarios de la Comunidad y, por ende, la reforma de la política agrícola del futuro a la adhesión española.

Sin duda, le alentaban también motivos electores muy coyunturales: Giscard d’Estaing deseaba atraerse los votos de los agricultores franceses del Midi, a los que perjudicaría la entrada de España. Como en tantas otras ocasiones, conveniencias internas muy de corto plazo cortocircuitaban una visión más amplia de lo que debía ser la Europa comunitaria del porvenir.

El parón derivado del golpe de timón giscardiano no pudo ser superado fácilmente. Eduardo Punset sucedió a Calvo-Sotelo, ascendiendo a la Vicepresidencia para Asuntos Económicos. A pesar de la imaginativa actividad del nuevo ministro, las negociaciones no prosperaron.

El Gobierno de UCD, ansioso por lograr el triunfo histórico que suponía el ingreso en la Comunidad, cometió errores de bulto. Uno de los más graves fue lanzar el tema OTAN en la discusión, creyendo quizá que la adhesión al Tratado de Washington podría ser la loción con que lubrificar las resistencias de algunos de los miembros comunitarios y espolear la buena voluntad de otros.

No se conoce fehacientemente de quién partió la idea, que revelaba una ignorancia profunda de la realidad política europea. Esta ignorancia hubiese sido quizá disculpable en otra época, pero no cuando se tenían varios años de rodaje democrático. El tema OTAN se paró, no obstante, por el momento. Volvería a florecer con fuerza una vez que Calvo-Sotelo fuese designado candidato a ocupar la Presidencia del Gobierno.

No es suficientemente sabido que en la parte dedicada a los temas internacionales del borrador de discurso de investidura, que apenas SÍ rozaba el tema OTAN, Calvo-Sotelo exigió que figurase el compromiso de adhesión al que se atendería su futuro Gobierno. Tras el fracasado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, no se divisó razón alguna para variar este planteamiento.

En qué medida la negociación hispano-comunitaria pesó en la decisión sobre la OTAN, que dividió profundamente a las fuerzas políticas españolas, es difícil de precisar documentalmente Es un hecho comprobable que no sirvió para impulsar decisivamente la lenta marcha de España hacia la Comunidad, en la que pesaban otros factores. No obstante, en el primer semestre de 1982 se alcanzaron algunos avances significativos.

En cualquier caso, la adhesión española al Tratado del Atlántico Norte supuso jugar la baza negociadora más importante con que contaba en política internacional el Estado español. Tiene un cierto sentido de congruencia histórica que el partido que poco más tarde se autodescuartizaría en luchas intestinas utilizase tal baza poco menos que en salvas de pólvora.

El rey Don Juan Carlos con algunos representantes de la CEE el 12 de junio de 1985, día de la firma de adhesión española a la Comunidad. Arriba: Leo Tindemans, Manuel Marín y Fernando Morán.

Bettino Craxi, Don Juan Carlos y Felipe González. España en la CEE. El 29 de junio de 1985 se celebró una cumbre de la CEE en Milán y los españoles estuvieron en las clásicas fotos cuajadas de sonrisas.

Por lo demás, los estrategas gubernamentales si es que los había— que conectaron el proceso CEE con el tema OTAN no debieron tardar mucho en salir de su engaño. A las pocas semanas de producirse la adhesión española al Tratado de Washington, el nuevo presidente francés, el socialista François Mitterrand, logró que el Consejo de Ministros comunitario recogiera en junio de 1982 su petición de que se elaborase un detallado inventario de los problemas que suscitaba el ingreso español en la Comunidad. Esto implicaba una nueva detención.

Las elecciones del 28 de octubre dieron una resonante victoria al partido socialista. Ello planteó una nueva dinámica política interna y, ¿por qué no decirlo? externa.

Un nuevo secretario de Estado, Manuel Marin, sustituyó a Raimundo Bassols, ex embajador de España ante la CEE. Un nuevo ministro, Fernando Morán, pasó a hacerse cargo del palacio de Santa Cruz.

Quizá por primera vez desde la guerra civil, la acción exterior española se enmarcó en una estrategia rigurosa en la que, abierta y subterráricamente, empezaron a moverse todos los teclados.

A pesar de las criticas de la oposición de derechas sobre el tercermundismo de la política socialista, es lo cierto que conseguir la adhesión a la Comunidad en el curso de la legislatura 1982-1986 se convirtió rápidamente en el objetivo primordial y básico de la misma, el que con mayor claridad que ningún otro definía el carácter auténtico de la acción exterior del nuevo Gobierno.

Y la situación no era buena. Como ha recordado un diplomático no precisamente socialista, Antonio Alonso, aunque se habían mantenido ya, hasta el 31 de diciembre de 1982, nada menos que 36 sesiones de negociación, 13 ministeriales y 23 de suplentes, la última de cada una de ellas bajo gobierno PSOE, sólo se hablan cerrado seis capítulos. Eran los menos conflictivos. Los importantes estaban prácticamente por abordar. En otros siete se habían conseguido avances, pero en los temas problemáticos no se había madurado lo suficiente. Eso sí, ya habían transcurrido casi cuatro años de interminable proceso negociador.

El Gobierno socialista jugó todos los teclados, multilaterales y bilaterales, y en pocos meses despejó el panorama. Se hicieron avances hacia Estados Unidos, hacia Francia, hacia Alemania. En la reunión del Consejo comunitario de Stuttgart, en junio de 1983, los alemanes lograron vincular la ampliación de la Comunidad y la resolución de los problemas financieros y presupuestarios. Esto creó una nueva dinámica.

El compromiso electoral socialista de someter a referéndum la pertenencia a la Alianza había empezado a surtir efectos: difícilmente, en efecto, podría el pueblo español aceptarla si los mismos países miembros de la Alianza (salvados los casos de Irlanda y Noruega) se negaban a admitir a España en la Comunidad.

Existían numerosos problemas. Uno de ellos era fundamental: si el tratado de adhesión a la Comunidad no se ratificaba antes de que tuvieran lugar las futuras elecciones legislativas francesas y si —como se esperaba— el Partido Socialista francés no volvía a asumir la responsabilidad gubernamental, era previsible que los partidos de la derecha en Francia obstaculizasen la negociación. Conseguir la irreversibilidad del proceso, y con ello la entrada en la Comunidad, para el 1 de enero de 1986 no respondía a cálculos electorales del Gobierno socialista español, sino a un interés supremo del Estado.

Son conocidos muchos problemas de la reciente negociación. Morán y Marín habían apostado por Francia y Alemania. Mitterrand, Cheysson, Dumas, Kohl, Genscher, Craxi, Andreotti y Natali, entre muchos otros, empujaron un proceso que en momentos resultó extraordinariamente tenso. El frente de los agricultores francés fue roto. La conexión con la Alianza Atlántica —siempre negada oficialmente— funcionó como estaba previsto.

El 12 de junio de 1985, Portugal y España firmaban, en Lisboa y Madrid, el tratado de adhesión. Detrás quedaban innumerables noches de insomnio, de negociaciones, de durezas y de un poquito de solidaridad.

Cronología
Relaciones España-CEE

9-2-1962
El Gobierno español solicita la apertura de negociaciones
con la Comunidad Económica Europea con la finalidad de
obtener la integración en la misma.

10-3-1962
El Presidente del Consejo de Ministros de la CEE acusa recibo
de la solicitud española.

14-2-1964
El Gobierno español insiste en su petición
de ingreso en la Comunidad.

11-7-1967
El Consejo de Ministros de la CEE
aprueba el primer mandato de negociaciones
con el Gobierno español.

21-9-1967
Celebración de la primera sesión
de negociaciones entre España y la CEE en Bruselas.

29-6-1970
Firma de un acuerdo preferencial
entre España y la CEE, que entra en vigor el día 1 de octubre.

9-10-1975
La Comunidad Económica Europea suspende
la continuación de las negociaciones con el
Gobierno español, debido a las penas de muerte
llevadas a efecto en el mes de septiembre.

28-7-1977
El primer Gobierno democrático español
presenta una solicitud formal de adhesión
al Mercado Común.

20-9-1977
El Consejo de Ministros de la CEE muestra
su favorable actitud con respecto a las
negociaciones con España. En función de ello encarga
a la Comisión Europea la elaboración de un dictamen
sobre la cuestión.

19-12-1978
El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea
toma la decisión de abrir negociaciones para
el ingreso de España en la misma.

5-2-1979
Comienzan en Bruselas las negociaciones
entre España y la CEE, dirigidas a la obtención de un
acuerdo que con-temple la plena integración.

7-12-1982
El triunfo electoral del PSOE impulsa
las negociaciones, que mantienen un ritmo acelerado
a partir de este momento.

19-11-1983
Felipe González, Presidente del Gobierno español,
se din ge a sus homólogos comunitarios en demanda
de una respuesta concreta con respecto a la voluntad
integradora de España.

19-12-1984
La negociación hispano-comunitaria concluye
los capítulos referidos al desarme arancelario,
a la siderurgia y a las instituciones.

25-2-1985
Comienza en Bruselas la fase final de
las conversaciones entre España y la Comunidad
con vistas a la plena integración.

29-3-1985
España y la CEE llegan a un acuerdo final
sobre la integración. El día siguiente, los Jefes de Estado
y de Gobierno de los diez, ratifican esta decisión.

7-6-1985
Conclusión de la redacción del texto
definitivo del Tratado de Adhesión de España a la CEE.

12-6-1985
Firma en Madrid del Tratado de Adhesión.

1-1-1986
España entra a integrar como miembro de pleno
derecho, el conjunto de las instituciones
de las Comunidades europeas.

Las Comunidades Europeas

Objetivos básicos

Establecer una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos.

Garantizar, mediante el ejercicio de una acción común, el progreso económico y social a través de la supresión de las barreras que hoy dividen a Europa.

Favorecer una mejoría general en las condiciones de vida y empleo de los europeos.

Salvaguardar la paz y la libertad en el continente.

Miembros integrantes

Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y República Federal de Alemania.

Estructura jurídica

CECA = Comunidad Europea del Carbón y el Acero.

CEE = Comunidad Económica Europea.

CEEA = Comunidad Económica de la Energía Atómica (Euratom).

Instituciones y organismos

PARLAMENTO EUROPEO

Composición: 518 diputados, elegidos por todos los países miembros en razón de su respectiva población.

Funciones: Garantía de la participación de los ciudadanos y Ejercicio del control democrático.

Esquema de la actual composición del Parlamento Europeo. Las siglas y cifras que figuran en el exterior corresponden a los partidos políticos españoles que tienen lugar en el mismo.

Partido Socialista Obrero Español | 36
Alianza Popular | 13
Partido Demócrata Popular | 3
Convergencia y Unió | 2
Partido Nacionalista Vasco | 2
Unión de Centro Democrático | 2
Euskadiko Eskerra | 1
Unión Liberal | 1
TOTAL | 60

Dado que el número de europarlamentarios viene determinado por la población de cada uno de los países integrantes, España se sitúa con sus 60 representantes en un lugar intermedio, entre el grupo de los países más poblados — Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia — y el conjunto formado por aquellos menos extensos y de población más reducida. Como puede verse, la inclusión de los diputados europeos en cada uno de los grupos ideológicos existentes es libre, permitiendo un margen de libertad a la actuación de aquéllos. Este hecho se comprueba observando la presencia de representantes de Convérgencia y Unió y de la Unión de Centro Democrático en dos diferentes espacios, el liberal y el democristiano.

CONSEJO

Composición: 12 miembros, uno por país.

Funciones: Toma de decisiones y Adopción de «leyes comunitarias».

CONSEJO EUROPEO

Composición: Reunión periódica de Jefes de Estado y Gobierno.

Funciones: Impulso de las políticas comunitarias.

COMISION

Composición: 14 miembros independientes.

Funciones: Proposición de las «leyes comunitarias», Vigilancia sobre el respeto a los tratados y Administración de las políticas comunes.

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Funciones: Garantía de la interpretación del derecho comunitario. Resolución de conflictos planteados por la aplicación de este derecho.

COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL

Funciones: Vinculación —de carácter consultivo— de los interlocutores sociales de cada Estado con la empresa común.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funciones: Control de la gestión de las fianzas comunitarias.

Medios de actuación

A. La legislación comunitaria, aplicable a todos los países.

B. El presupuesto común, financiado por los «recursos propios»: derechos de aduana, derecho sobre las importaciones de productos agrícolas, una proporción del IVA.

C. Los servicios administrativos y técnicos propios.

Bibliografía

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