Este decimoquinto volumen de la Historia de América Latina nos ofrece una espléndida visión del Cono sur americano desde 1930 hasta nuestros días. Los profesores David Rock, Juan Carlos Torre y Liliana de Riz se ocupan de la historia política, social y económica de Argentina durante las revoluciones de 1930 y 1943, el peronismo, la dictadura militar de 1976-1983 y el gobierno de los radicales. Henry Linch y Paul H. Lewis estudian el Uruguay y el Paraguay, respectivamente, en tanto que Paul Drake y Alan Angelí analizan los cambios económicos, sociales y políticos de Chile bajo los gobiernos de Allesandri, Lrei y Allende, así como el golpe de estado de Augusto Pinochet y su posterior dictadura (1973-1990).

AA. VV.

El Cono sur desde 1930

Historia de América Latina - 15

ePub r1.0

Titivillus 03.03.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America VIII. Latin America since 1930: Spanish South America I. Argentina, Uruguay and Paraguay; II. Chile

AA. VV., 1991

Por

LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia dé América Latina, Universidad de Londres; director del Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford

DAVID ROCK, catedrático de Historia, Universidad de California en Santa Bárbara

JUAN CARLOS TORRE, Instituto Torcuato di Telia de Buenos Aires

LILIANA DE RIZ, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de Buenos Aires

HENRY FINCH, Senior Lecturer en Historia económica y social, Universidad de Liverpool

PAUL H. LEWIS, catedrático de Ciencias Políticas, Newcomb College, Tulane University

PAUL DRAKE, catedrático de Ciencia Política e Historia, Universidad de California en San Diego

ALAN ANGELL, Lecturer en Política Latinoamericana y Fellow de St. Antony’s College (Oxford)

Traducción: Jordi Beltrán

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto de siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico, y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la resolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior, exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y sobre todo política, de los distintos países latinoamericanos desde 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y sendos capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití.

El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Los volúmenes undécimo y duodécimo versan sobre economía, política y sociedad desde 1930. El volumen undécimo, Economía y sociedad desde 1930, comprende seis capítulos. Los tres primeros examinan las economías latinoamericanas durante la década de 1930, tras la depresión de 1929, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y durante la nueva «edad de oro» de crecimiento económico (1950-1980), impulsada esta vez principalmente por la ISI (industrialización de sustitución de importaciones) y a la que, no obstante, siguió la llamada «década perdida» de 1980. El cuarto aborda el cambio demográfico durante el período 1930-1990, en que la población de América Latina se cuadruplicó (de 110 a 450 millones). El quinto capítulo analiza la rápida urbanización de América Latina (menos del 20 por 100 de su población estaba clasificada como urbana en 1930; en 1990, casi el 70 por 100) y el cambio social urbano, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La transformación de las estructuras agrarias es el tema del sexto capítulo.

El volumen duodécimo, Política y sociedad desde 1930, consta de cinco capítulos. El primer capítulo estudia el avance, y también los retrocesos, de la democracia en América Latina, principalmente en Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Venezuela, y, en menor grado, en Argentina, Brasil y Perú. Los éxitos y fracasos de la izquierda latinoamericana, la democrática y la no democrática, son material del segundo capítulo. El tercer capítulo se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero urbano, subrayando su papel en la política. El cuarto capítulo explica la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes. El quinto se ocupa de los militares en la política latinoamericana: sus intervenciones y los golpes de Estado, así como los regímenes militares y los problemas de la transición al gobierno civil.

El volumen decimotercero es el primero de una serie de cuatro volúmenes dedicados a la historia de los países hispanoamericanos desde 1930. La primera parte contiene dos capítulos sobre México: el primero examina el rumbo de la revolución durante los años treinta, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (19341940), el impacto de la segunda guerra mundial en México y el carácter de la subsiguiente coyuntura de posguerra; el segundo analiza el período iniciado en 1946, y destaca en especial el crecimiento económico (hasta la década de 1980), el cambio social y la estabilidad política. La segunda parte, dedicada a los países del Caribe, contiene dos capítulos sobre Cuba: el primero sobre el período que va de la dictadura de Machado a la de Batista, y el segundo sobre la revolución, y capítulos sobre la República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

El decimocuarto volumen se abre con una visión general del desarrollo económico y político de América Central desde los años treinta a los ochenta, a la que siguen capítulos separados sobre la historia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, desde 1930, un capítulo sobre la hazaña de Panamá desde su creación en 1903, y, finalmente, un capítulo sobre la historia de la zona del Canal de Panamá.

El volumen 15 está dedicado a los países del Cono sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La primera parte consiste en dos capítulos sobre la historia política, social y económica de Argentina. El primero abarca el período comprendido entre el principio de la depresión de 1929 y la Revolución de 1930, por un lado, y la segunda guerra mundial, la Revolución de 1943 y el auge de Perón, por otro; el segundo abarca desde el decenio peronista (1946-1955) hasta la dictadura militar de 1976-1983, la transición a la democracia y el gobierno Alfonsín (1983-1989). Otros capítulos se dedican, respectivamente, a Uruguay y Paraguay. La segunda parte trata del cambio económico, social y político en Chile. Un capítulo destaca el funcionamiento de la democracia chilena desde el decenio de 1930 hasta el de 1950, especialmente bajo los gobiernos del frente popular; un segundo capítulo examina Chile bajo los gobiernos democráticos de la derecha (Alessandri), de centro (Freí) y de izquierda (Allende), entre 1958 y 1973, y bajo la dictadura militar del general Pinochet (1973-1990).

En el volumen 16 la primera parte abarca Perú y Bolivia. Hay dos capítulos sobre la economía, la sociedad y la política de Perú, primero en el período de 1930 a 1960, y en segundo lugar en los decenios de 1960 y 1970 (especialmente de 1968 a 1975, cuando Perú estaba en manos de militares reformistas) y en el decenio de 1980 bajo los gobiernos de Belaúnde Terry (1980-1985) y García (1985-1990). Sigue un capítulo sobre la economía, la sociedad y la política —y especialmente los problemas de la construcción de la nación— en Bolivia. La segunda parte empieza con dos capítulos sobre la historia económica, social y política de Colombia, el primero desde el período de 1930 a la violencia del decenio de 1950, el segundo desde el histórico acuerdo de 1958 para compartir el poder entre liberales y conservadores y la convivencia del decenio de 1960 y principios del de 1970, hasta la violencia y el desafío que para las instituciones democráticas plantearon los guerrilleros y, sobre todo, los narcotraficantes, en el decenio de 1980. Siguen a estos capítulos otros que tratan, respectivamente, de Ecuador y de la economía, la sociedad y la política —especialmente la política democrática desde 1958— de Venezuela.

Muchos de los colaboradores de los volúmenes 15 y 16 comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, estoy especialmente agradecido a Christopher Abel, Alan Angelí, Paul Drake y Laurence Whitehead. Malcolm Deas, Peter Klarén, Andrew Nickson y James Painter también aportaron valoraciones críticas de uno o más de estos capítulos. Quisiera dar las gracias a Malcolm Deas en particular por la ayuda y el aliento que ha ofrecido generosamente desde el comienzo de este proyecto. James Dunkerley accedió a servir como ayudante de edición tanto para el volumen VII como para el VIII de la Cambridge History of Latin America (es decir, los volúmenes 13-16 de la Historia de América Latina). Sus consejos y su apoyo, así como sus habilidades como editor, resultaron valiosísimos en la preparación definitiva de estos volúmenes para su publicación.

Una vez más, debo expresar mi gratitud a Josep Fontana y a Gonzalo Pontón por su interés y dedicación en la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Oxford, marzo de 2002

Primera parte
ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

Capítulo 1
ARGENTINA, 1930-1946

El año 1930 abre la puerta que da paso a la Argentina moderna. El golpe militar de septiembre de 1930 provocó el derrumbamiento del gobierno constitucional y dio comienzo a la larga serie de democracias débiles, interrumpidas por golpes de Estado y dictaduras militares, que fue el rasgo cardinal de la política argentina hasta bien entrado el decenio de 1980. La caída en la depresión en 1930 cambió de manera permanente el camino del desarrollo económico. Hasta entonces Argentina había subsistido como dependencia extraoficial de Gran Bretaña, a la que abastecía de carne y cereales a la vez que era el principal mercado del carbón y las manufacturas británicas y, al menos hasta 1914, las exportaciones de capital de la misma procedencia. A partir de 1930 la estructura victoriana, que ya soportaba una presión creciente desde el estallido de la primera guerra mundial, empezó a tambalearse. La depresión causó un descenso de las exportaciones agrarias y una expansión de las manufacturas, lo cual perjudicó la estabilidad de la relación anglo-argentina al transformar los componentes de la economía argentina. De modo paralelo a los cambios económicos tuvo lugar un cambio social de igual magnitud y con las mismas consecuencias duraderas. La población argentina aumentó de 11,8 millones en 1930 a 15,3 millones en 1946, pero la tasa de crecimiento descendió. La disminución de las tasas de crecimiento fue consecuencia de un descenso considerable de la tasa de natalidad, de 31,5 por mil en 1920 a 24,7 por mil en 1935, por culpa, según la gente de la época, de la depresión. (En cambio, las tasas de mortalidad sólo descendieron ligeramente, de 14,7 por mil en 1920 a 12,5 por mil en 1935). La disminución del crecimiento demográfico se debió también al fin de la inmigración en masa de europeos. Los hombres nacidos en el extranjero todavía representaban el 40 por ciento de la población masculina en 1930, pero sólo el 26 por ciento en 1946. Ya no eran inmigrantes españoles e italianos sino inmigrantes internos quienes alimentaban la expansión continua de Buenos Aires al acelerarse en gran medida la migración del campo y las provincias durante los decenios de 1930 y 1940.

En el año 1930 también se registró una aceleración de un profundo cambio ideológico —la decadencia del liberalismo y la ascensión del nacionalismo— que más adelante daría color en la textura de la política argentina. Las primeras señales de una conciencia nacionalista aparecieron antes de 1930 entre algunos sectores de la intelectualidad. Pero después de 1930 el nacionalismo se convirtió en un movimiento político que complementaba e intensificaba los otros cambios que tenían lugar en el gobierno y las instituciones, la economía y la sociedad y formaba parte de un proceso de cambios complejos que se reforzaban mutuamente. En el decenio de 1930 los ecos del pasado se mezclaban con los precursores del futuro. En septiembre de 1930 cayó la «democracia» y volvió la «oligarquía», que al principio se sostuvo por medio del ejército y luego, durante un decenio o más, del fraude electoral. La reaparición de la oligarquía conservadora en el decenio de 1930 significó una regresión al sistema político que había predominado antes de la reforma electoral de 1912 y la victoria de los radicales en 1916, toda vez que los sucesivos gobiernos excluyeron de las actividades políticas a gran parte de la población que tenía derecho a participar en ellas. Pero, como en 1900-1912, en el decenio de 1930 se produjo una lenta liberalización, y a principios de 1940, bajo el presidente Roberto María Ortiz, la política parecía a punto de entrar de nuevo en la fase democrática que empezó en 1912. Otros aspectos del decenio de 1930 también recordaban el pasado. En el centro de la política económica conservadora durante la depresión estuvo el tratado Roca-Runciman de 1933, que fue un intento de proteger los históricos vínculos comerciales y financieros con Gran Bretaña que la oligarquía del siglo XIX había creado. En otros sentidos, sin embargo, las respuestas conservadoras a la depresión pronto se extendieron en direcciones innovadoras. Empezando por el Banco Central en 1935, se fundaron nuevas instituciones cuyo cometido sería dirigir la economía, al tiempo que palabras y expresiones como «devaluación», «control de cambios» y «financiación mediante déficit» entraron en el léxico de los encargados de formular la política económica, donde han permanecido desde entonces.

El régimen conservador hizo frente a la depresión con notable éxito. La recuperación empezó ya en 1934, y a finales del decenio Argentina había recobrado la prosperidad de los años veinte. Sin embargo, el período de dominio de la oligarquía fue más breve que el de los radicales que lo había precedido (1916-1930), puesto que en los primeros años cuarenta aparecieron nuevas fuerzas políticas que lo desbancaron rápidamente. El derrumbamiento del conservadurismo en junio de 1943, a raíz de un segundo golpe militar, fue en parte resultado de la segunda guerra mundial, que después de 1939 provocó una crisis de las relaciones internacionales y la política económica. A mediados de 1940, mientras la Alemania nazi invadía Francia y Bélgica, los intentos conservadores de revitalizar los antiguos vínculos con Europa terminaron en un súbito fracaso. Ante la rápida caída del comercio exterior, los líderes conservadores hicieron esfuerzos vigorosos por crear una relación nueva pero esencialmente parecida con Estados Unidos. Sin embargo, al negociar un tratado con Estados Unidos en 1940-1941 Argentina no logró alcanzar su objetivo principal: la apertura del mercado norteamericano a sus exportaciones de carne y cereales.

Las circunstancias internas también condicionaron fuertemente el cambio político. Después de 1940 el sector rural experimentó un cambio importante al pasar de la agricultura a la ganadería, dado que el ganado bovino y los cerdos ocuparon gran parte de la tierra donde los arrendatarios cultivaban antes sus cosechas y los peones estacionales recolectaban los cereales. La industria, mientras tanto, estaba en expansión y atraía a la población desplazada del campo a las ciudades. Al finalizar la guerra la migración interna ya había empezado a cambiar radicalmente la distribución física y las ocupaciones de una parte importante de la población. Estos cambios contribuyeron a debilitar la base política del conservadurismo porque redujeron la dominación de los productores agrarios al tiempo que intensificaban el peso de sectores que dependían de las manufacturas urbanas o veían éstas con simpatía.

Si la reducción de gastos y la recuperación se convirtieron en la tónica del decenio de 1930, la revolución estuvo a la orden del día en los primeros años cuarenta. En 1942 el régimen conservador de Ramón S. Castillo, que había dado marcha atrás a los intentos de liberalización de Ortiz, se hallaba dividido y a la deriva. En el extranjero se encontraba ante la creciente oposición de Estados Unidos a su política de neutralidad en la guerra y a su resistencia a ingresar en la alianza panamericana, posturas que había adoptado, al menos en parte, en respuesta a la poca disposición norteamericana a cooperar en el comercio. En el interior el gobierno tenía que hacer frente a una oposición parecida por parte de diversos grupos de intereses y organizaciones políticas, algunas de ellas antiguas partidarias de los conservadores. Pero el desafío más serio procedía de los nacionalistas de la ultraderecha, que se hallaban agrupados en diversas facciones y recibían poco apoyo popular pero iban afianzándose cada vez más en el ejército. El golpe militar de junio de 1943 desencadenó la Revolución Nacionalista, que se comprometió a destruir todos los lazos «imperialistas», a llevar a cabo la expansión industrial patrocinada por el estado y encabezada por una nueva industria de armamentos y a instaurar un sistema político autoritario que extirpara el «comunismo» y el «liberalismo». Dirigida por los nacionalistas, Argentina emprendió una reforma radical y un profundo cambio político. Sin embargo, la dictadura militar corporativista que pretendían crear los nacionalistas de 1943 no llegó a materializarse. En cambio, 1943-1946 fue el período del ascenso de Juan Perón, que culminó con su elección como presidente. Con el respaldo de un movimiento de masas obreras recién creado, los peronistas llegaron al poder con un programa de industrialización y reforma social. La victoria de Perón en 1946 y el triunfo del «populismo nacional» se convirtieron así en la principal consecuencia de la guerra, y el propio Perón, paladín de la «soberanía económica» y la «justicia social» y enemigo de la «oligarquía», el «colonialismo» y el «comunismo», encamó la transición ideológica de los primeros años cuarenta.

LA POLÍTICA BAJO URIBURU Y JUSTO, 1930-1938

La revolución de septiembre de 1930 fue fruto de las profundas animosidades personales que Hipólito Yrigoyen, presidente de la república de 1916 a 1922 y de nuevo a partir de 1928, despertaba en los conservadores. En 1930 eran pocos los conservadores que se oponían a la «democracia» como sistema político. Seguía preocupándoles más la forma en que había funcionado la democracia bajo los radicales. Analizaban la política en categorías aristotélicas: bajo Yrigoyen la «democracia» se había deslizado hacia la «demagogia» y la «tiranía»; la venalidad de los caciques y los comités del partido yrigoyenista había asfixiado la misión de la democracia, que era alcanzar la «verdadera representación». Detrás de estas percepciones había mucho esnobismo patricio. «Camarillas obsequiosas» y un «abyecto círculo de aduladores ineptos» habían dominado y finalmente destruido el régimen de Yrigoyen. El propio presidente caído era de «baja estofa», hijo ilegítimo de un «vasco desconocido», que mucho tiempo atrás emprendió su carrera política en los garitos y las galleras del distrito bonaerense de Balvanera, donde en el decenio de 1870 había sido jefe de policía. Los cómplices de Yrigoyen eran hombres como él mismo, una «ralea a la caza de beneficios y de enriquecimiento propio» y responsable del otro gran fallo de la democracia, su «avasallamiento de las jerarquías siguiendo los caprichos de la chusma»[1]. En 1937, durante su campaña para alcanzar la presidencia, Roberto María Ortiz declaró que la revolución de 1930 había «puesto fin a un sistema de desgobierno que substituía el imperio de la ley por el capricho arbitrario de un demagogo que supeditaba el interés general de la nación a apetitos desordenados estimulados por la presión de lo más bajo de las masas»[2].

Los conservadores odiaban a Yrigoyen desde hacía mucho tiempo. Habían hecho todo lo posible por acabar con su reputación antes de las elecciones de 1928, y poco después de éstas empezaron a conspirar para derrocarle. La oportunidad que esperaban llegó con la depresión. El yrigoyenismo estaba edificado sobre el patronazgo y su solidez dependía del flujo de gastos del estado. Controlar a la clase media de esta manera daba buenos resultados durante los períodos de expansión económica, tales como 1928 y la mayor parte de 1929, cuando los ingresos iban en aumento. Pero fracasaba en seguida en tiempos de crisis económica, como la que empezó a finales de 1929. En ese momento Yrigoyen fue víctima de una pugna por los recursos, que disminuían rápidamente, entre los intereses exportadores y poseedores de propiedades, la mayoría de ellos conservadores, y la clase media urbana, que era principalmente radical. Al sobrevenir la depresión, los primeros exigieron que se hiciesen recortes drásticos en los gastos públicos para reducir la presión que soportaban el crédito y los tipos de interés y permitir a los bancos responder con mayor eficacia a los terratenientes y comerciantes en apuros. La clase media reaccionó exigiendo que se aumentara todavía más el gasto público con el fin de proteger el empleo y detener la caída de los ingresos urbanos. En 1930 el gobierno hizo esfuerzos desesperados por superar estas presiones encontradas. Finalmente empezó a reducir el gasto, pero no con la rapidez suficiente según los conservadores y demasiado rápidamente en opinión de los radicales. Así, al tiempo que se intensificaba la oposición de los intereses terratenientes y comerciales también se desintegraba el apoyo popular a Yrigoyen.

Los apologistas del golpe de 1930 solían presentar al ejército como sencillamente el instrumento de la voluntad popular, que actuaba en nombre del pueblo: la revolución, según declaró Carlos Ibarguren, «fue el ejército hecho pueblo, y el pueblo hecho ejército»[3]. Como recordaría Félix Weil:

Nadie… movió un dedo en defensa del gobierno legal. Los trabajadores se mostraron indiferentes, apáticos, no se convocó ninguna huelga, no se organizó ninguna manifestación, no se cerró ninguna fábrica ni taller… Con tantos empleados del gobierno, especialmente policías y militares, sin cobrar desde hacía algún tiempo, a la burocracia militar y civil no le importó que se cambiara el gobierno viciado legal pero insolvente de un reformador senil, fantasioso e insincero por el gobierno de un general del que podía esperarse que contara con el favor de los bancos, pagase los salarios puntualmente y recompensara con generosidad a sus seguidores[4].

En este ambiente fue fácil preparar un golpe con una organización notablemente escasa y con un mínimo de fuerza militar. El golpe del 6 de septiembre de 1930 fue una acción casi exclusivamente militar. El general José Félix Uriburu, su líder, que había participado en la insurrección fracasada contra Juárez Celman en julio de 1890, prohibió explícitamente la participación de civiles alegando que éstos habían sido la causa de la derrota cuarenta años antes. Los líderes de la ultraconservadora Liga Republicana, cuyos miembros habían combatido esporádicamente a los yrigoyenistas en las calles durante el año anterior, instaron a Uriburu a organizar la revolución, pero no desempeñaron ningún papel activo en el levantamiento propiamente dicho. Por tanto, la función de los civiles consistió en preparar el terreno para el golpe por medio de manifestaciones callejeras, discursos incendiarios y un ataque masivo por parte de la prensa de la oposición durante las semanas que lo precedieron.

La revolución propiamente dicha fue poco más que la marcha de unos cuantos centenares de cadetes desde la guarnición militar de Campo de Mayo hasta la Casa Rosada, la sede del gobierno, en el centro de Buenos Aires, de la cual tomaron posesión. Uriburu no había hecho ningún esfuerzo por organizar movimientos en las provincias ni por trazar planes detallados para apoderarse de centros de comunicaciones e instalaciones importantes. Los preparativos complejos resultaron de todo punto innecesarios. El propio Yrigoyen, que se había enterado de la insurrección, huyó a La Plata. Cuando las tropas que se encontraban allí le negaron su apoyo dimitió y fue detenido. Al entrar en el centro de Buenos Aires, los cadetes encontraron resistencia por parte de unos cuantos francotiradores, la mayoría de los cuales disparaban desde la azotea del edificio del Congreso, y los intercambios de disparos causaron algunas bajas en ambos bandos. Pero esta oposición fue dominada rápidamente y los cadetes siguieron bajando por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Allí el vicepresidente, Enrique Martínez, intentó negociar con los rebeldes, pero fracasó y también dimitió.

Después de hacerse con el poder, los revolucionarios proclamaron un gobierno provisional encabezado por Uriburu. El nuevo régimen consistía casi enteramente en civiles, la mayoría de ellos conservadores de cierta edad que habían ocupado cargos gubernamentales por última vez antes de 1916 bajo Roque Sáenz Peña o su sucesor, Victorino de la Plaza. El gobierno provisional empezó inmediatamente a expulsar a los radicales de la administración, los gobiernos provinciales y las universidades, pero pronto resultó obvio que el nuevo régimen estaba claramente dividido en dos facciones y que la oposición a los yrigoyenistas era lo único que lo unía. El propio Uriburu capitaneaba la primera de las facciones, apoyado por Matías Sánchez Sorondo, el ministro del Interior, y por Carlos Ibarguren, que se convirtió en interventor de Córdoba. A ojos de mucha gente, la facción de Uriburu comprendía los «fascistas» de Argentina, es decir, los elementos empeñados en imponer un sistema como el de Mussolini. Uriburu no sólo persiguió a los radicales, sino que también fusiló fríamente a un par de anarquistas declarados culpables de sabotaje. Alentó la formación de la Legión Cívica Argentina, cuyos miembros llevaban uniformes de estilo fascista y adoptaron el saludo de éstos.

Sin embargo, Uriburu rechazó una y otra vez la etiqueta de fascista y el fascismo como «doctrina extranjera» que era «inapropiada» para Argentina. En su lugar, aspiraba a una «democracia verdadera», sin los caciques y los comités yrigoyenistas. De hecho, esta aspiración parecía hacer de Uriburu no un fascista sino un liberal, porque la «democracia», como decía una crítica derechista, le identificaba con «el lenguaje y las ideas de la Revolución Francesa», el fundamento del liberalismo moderno[5]. En realidad, ni el fascismo ni el liberalismo eran la principal inspiración de las ideas políticas de Uriburu, sino que éstas eran fruto del escolasticismo; su concepción de la democracia estaba más cerca de la idea que de ella se tenía en la antigua Grecia que de su versión moderna en Norteamérica o la Europa occidental. Los fundamentos escolásticos de las ideas de Uriburu aparecían con la máxima claridad en un manifiesto que publicó en febrero de 1932 y que, según dijo, era «la doctrina de la Revolución de Septiembre». Este documento —que se prestaba mucho a la ironía en vista de la conducta de Uriburu como presidente— se hacía eco de preceptos de san Agustín, santo Tomás de Aquino y sus sucesores:

La razón de la existencia de la autoridad suprema… es… la consecución del bienestar colectivo… Cualquier gobierno que no acierte a trabajar con este fin, ya sea por abusar de su autoridad o por abdicar de sus responsabilidades, es un gobierno tiránico… El gobierno tiránico es un gobierno sedicioso porque al sacrificar el bien común compromete la unidad y la tranquilidad de la sociedad, que existe por la sencilla razón de asegurar el bienestar de sus miembros… Y todo gobierno sedicioso deja, por definición, de ser un gobierno, de tal modo que una revolución organizada que lo derroque mediante un acto de fuerza es totalmente legítima mientras su objetivo sea restaurar el bienestar colectivo[6].

Para Uriburu el propósito de la revolución era establecer un mejor sistema de representación y evitar así la tiranía de una «minoría mística» como los caciques yrigoyenistas, de manera que «representantes auténticos de intereses sociales reales puedan actuar dentro del estado… e impedir que el profesionalismo electoral monopolice el gobierno y se imponga entre el gobierno y las fuerzas vivas»[7]. Inspirándose en la teoría corporativista de la época, Uriburu, por tanto, sugirió que en el Congreso estuvieran representados los gremios y no los partidos. Él y sus seguidores calificaban esta idea de nacionalismo, ya que, según afirmaban, unificaría y armonizaría las partes constituyentes de la nación. Así pues, los uriburistas hicieron campaña a favor de la reforma constitucional y se concentraron en cambiar el Artículo 37 de la Constitución de 1853: la composición y las funciones de la Cámara de Diputados. Uriburu parecía dispuesto a convocar elecciones y retirarse una vez hubiera llevado a cabo esta reforma. Al menos durante un tiempo albergó la esperanza de transmitir la presidencia no a un fascista sino a Lisandro de la Torre, veterano liberal-conservador que había sido uno de sus camaradas durante la revolución de 1890 y era su amigo desde entonces.

Uriburu no logró poner en práctica la reforma constitucional ni preparar su propia sucesión. Sus partidarios eran principalmente abogados y académicos conservadores. Sin embargo, la mayoría del ejército y las fuerzas vivas, los grandes estancieros y comerciantes que dominaban la economía y constituían la principal base civil para la revolución, apoyaban la segunda facción del gobierno provisional. Acaudillada por el general Agustín Pedro Justo, esta facción pretendía crear un partido conservador popular del tipo que Sáenz Peña había concebido en 1912 y que impediría que los yrigoyenistas recobrasen el poder. Sus miembros querían una política económica conservadora que protegiese la economía basada en la exportación y defendiera los vínculos con Gran Bretaña y la Europa occidental. Así pues, la etiqueta que mejor cuadra a la facción es la de «liberal-conservadora», y la facción difería de los nacionalistas capitaneados por Uriburu en que se oponía a la reforma constitucional y a la representación corporativa, que, al igual que los otros adversarios de Uriburu, veía como potencialmente fascista. En esencia la disputa entre «liberales» y «nacionalistas» tenía que ver con la estructura del estado. Los primeros se oponían al tipo de estado mediador situado por encima de la sociedad que proponían los teóricos corporativistas. Querían el gobierno de una clase, el gobierno controlado por ellos mismos: los principales intereses productores y comerciales.

El momento crítico de la pugna entre las dos facciones llegó en abril de 1931 cuando Sánchez Sorondo, como ministro del Interior, convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires con la intención de utilizarlas para demostrar el apoyo popular a Uriburu y reforzar a éste contra Justo. El plan falló por completo cuando las elecciones dieron una victoria amplia y del todo imprevista a los radicales que los observadores atribuyeron en parte a un reciente y desacertado incremento del precio de los sellos de correos. A partir de este momento, mientras la posición de Uriburu se desmoronaba, el grupo de Justo controló el gobierno provisional, que fijó la fecha de las elecciones presidenciales para noviembre de 1931, y el papel de Uriburu quedó reducido a poco más que a tener a los radicales a raya. Después de derrotar una revuelta radical en julio de 1931, el presidente detuvo a la mayoría de los radicales más destacados y en septiembre prohibió que sus candidatos concurriesen a las elecciones de noviembre.

De esta manera Justo logró abrirse paso hasta la presidencia. En noviembre de 1931, habiendo mantenido cuidadosamente su prestigio en el ejército y entre las fuerzas vivas, encabezó la recién formada «Concordancia», que era una coalición de partidos con tres ramas principales: los antiguos conservadores, que ahora se llamaban Demócratas Nacionales, aunque eran en su mayor parte oligarcas regionales; los Radicales Antipersonalistas, que se habían escindido de Yrigoyen en 1924, y los Socialistas Independientes, que se habían separado del Partido Socialista en 1927. Los únicos adversarios de Justo en noviembre de 1931 eran una coalición del Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre y los socialistas ortodoxos de Nicolás Repetto. De un electorado de 2,1 millones de personas, votaron 1,5 millones. El total de votos que obtuvo la Concordancia fue de un poco más de 900.000, y el de la alianza de los demócratas progresistas y los socialistas de un poco menos de 500.000. Tres meses más tarde, en febrero de 1932, Justo asumía la presidencia y Uriburu partía con destino a Europa, donde murió, víctima del cáncer, al cabo de poco tiempo.

Las elecciones de 1931 devolvieron la presidencia a los mismos intereses, en particular los terratenientes y exportadores de las pampas, que controlaban el gobierno antes de 1916. Justo había adquirido el poder gracias al respaldo del ejército y de las fuerzas vivas y a la proscripción de los radicales. Hubo mucho fraude electoral. Inmediatamente después de los comicios, De la Torre, Repetto y los radicales dieron detalles de casos de fraude descarado en todo el país. En algunos sitios la policía había robado las papeletas a los votantes de la oposición que hacían cola para depositarlas en las urnas; se demostró que las fichas de los que habían votado contenían muchas firmas falsificadas, lo cual significaba que entre los supuestos votantes de la Concordancia había muchas personas que en realidad no habían votado. Los partidarios de la oposición habían visto algunos sellos y precintos falsificados en las urnas, lo cual sugería que o bien dichas urnas eran falsas o las habían abierto antes del recuento oficial, para comprobar y hacer los «ajustes» necesarios para asegurarse de que su contenido diera los resultados deseados. En numerosos casos se habían usado papeletas falsificadas y en todavía más casos habían votado los muertos.

El fraude electoral, que había sido endémico hasta la ley de Sáenz Peña de 1912, no era ninguna novedad en Argentina. El fraude había persistido bajo los radicales, en particular en las zonas rurales, aunque normalmente se había practicado indirectamente, más por medio de la intimidación solapada que de la falsificación directa. Pero en el decenio de 1930, a partir de noviembre de 1931, el fraude volvió a ser común en la política y a veces los conservadores confesaban francamente que recurrían a él: era, según decían, un «fraude patriótico», una necesidad lamentable para tener a los radicales a raya. Ejemplos notorios fueron las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1935, en las cuales los partidarios de Manuel Fresco se aseguraron la victoria utilizando la fuerza para impedir que votasen los radicales, cambiando las urnas y substituyendo el voto verdadero por otro inventado en los clubes conservadores. En unas elecciones que hubo en Corrientes en 1938 votaron más hombres de los que constaban en el censo electoral; en Mendoza, en 1941, conservadores armados con fusiles vigilaban las cabinas de votación y observaban cada una de las papeletas que se depositaban. Entre las numerosas formas de soborno electoral durante este período, una de las más comunes consistía en ofrecer a los votantes sobres cerrados que contenían papeletas marcadas de antemano y que el votante introducía a escondidas en la cabina y utilizaba para votar. Para demostrar que había cumplido la misión, salía con la tarjeta y el sobre que le habían dado dentro; después de entregarlos, se le pagaban sus servicios. En el decenio de 1930 la ciudad de clase obrera de Avellaneda, justo en las afueras de la capital, tenía una de las peores reputaciones en lo que se refería a la corrupción política. Según se decía, allí, en lo que algunos llamaban el «Chicago argentino», los caciques políticos conservadores encabezados por Alberto Barceló estaban muy metidos en el juego, la prostitución y la extorsión, y parte de los beneficios que se obtenían de estos negocios se usaban para controlar las elecciones. Durante todo el decenio de 1920 los conservadores se habían quejado en repetidas ocasiones de los caciques, los comités y las técnicas de patronazgo corruptas que habían empleado los radicales. A pesar de ello, después de recuperar el poder en 1931, los propios conservadores se apresuraron a recurrir a versiones todavía más burdas de los mismos métodos.

Los tres partidos que formaban la Concordancia se fusionaron gradualmente y perdieron por completo su identidad propia. En 1934 el Partido Socialista Independiente y los antipersonalistas ya habían desaparecido; la función principal de ambos partidos había sido permitir que un reducido puñado de líderes políticos se pasara a los conservadores y tomara posesión de cargos bajo el gobierno de Justo. De los socialistas independientes, por ejemplo, procedía Federico Pinedo, dos veces ministro de Hacienda durante este período, que patrocinó varias de las principales reformas económicas de la Concordancia[8]. Otro destacado socialista independiente era Antonio de Tomaso, hábil ministro de Agricultura, cuya carrera terminó al morir en 1934.

Pero la mayoría de los líderes de la Concordancia eran antipersonalistas: el propio Justo; Roberto María Ortiz, que sucedió a Justo en la presidencia, y Leopoldo Meló, a quien Yrigoyen había derrotado en las elecciones de 1928 y que ahora servía en calidad de ministro del Interior en el gobierno de Justo. Durante todo el decenio de 1930 los conservadores de verdad fueron una minoría en el gobierno. El más prominente era Ramón S. Castillo, el último de los ministros de Justicia e Instrucción Pública de Justo. En 1938 Castillo se convirtió en vicepresidente de Ortiz y luego, en 1940, él mismo en presidente.

Así, las figuras más progresistas eran muy superiores en número a los reaccionarios en el gobierno, y aunque durante algún tiempo su preponderancia no contribuyó en nada a disminuir el fraude electoral, dio al régimen de Justo un carácter relativamente benévolo y tolerante que contrastaba mucho con el ambiente político represivo que existiera bajo Uriburu. Justo en persona dedicaba gran parte de su tiempo a mantener su posición en el ejército, procurando aislar a algunos uriburistas intransigentes capitaneados por el coronel Juan Bautista Molina que continuamente tramaban complots para derribar el gobierno. Durante todo el decenio de 1930 el ejército fue una fuerza política de importancia fundamental que Justo mantuvo firmemente controlada y fuera de la política mediante una hábil estrategia de nombramientos y ascensos.

Al tomar posesión de su cargo en 1932, Justo levantó el estado de sitio que estaba en vigor desde la revolución de 1930. Puso en libertad y amnistió a los presos políticos de Uriburu, entre ellos Hipólito Yrigoyen, que hasta su muerte, acaecida en julio de 1933, hizo débiles esfuerzos por reunir a sus partidarios para volver a la política. Justo rehabilitó a los profesores universitarios a los que Uriburu había expulsado porque eran radicales. Reprimió con dureza las actividades de la Legión Cívica, la organización paramilitar patrocinada por Uriburu. La Legión, ahora bajo el liderazgo del general retirado Emilio Kinkelín, tuvo poca importancia después de 1932, aunque se las arregló para sobrevivir hasta los primeros años cuarenta. La suerte de la Legión es un ejemplo de la habilidad con que Justo aisló y debilitó repetidamente a sus adversarios políticos. A medida que desmilitarizaba el régimen, Justo adoptó un nuevo estilo tecnocrático de gobierno que confiaba ciertos aspectos de la política a especialistas. El más famoso de estos especialistas era Raúl Prebisch, que se convirtió en miembro destacado del equipo encabezado por Pinedo que concibió y puso en práctica las importantes reformas económicas del decenio de 1930.

Justo experimentó pocas dificultades con el trabajo organizado, toda vez que, en el apogeo de la depresión, los obreros luchaban principalmente por evitar el paro. El gobierno hizo de mediador en una huelga de los obreros de teléfonos en 1932 y también en posteriores disputas laborales. Esta forma de actuar contrastaba con lo ocurrido bajo Uriburu, cuyo gobierno amenazó en determinado momento con fusilar a tres taxistas declarados culpables a menos que obtuviera una obsequiosa declaración de apoyo por parte de destacados sindicalistas. El régimen de Justo patrocinó una importante serie de leyes laborales que incluían las indemnizaciones por despido y restricciones al trabajo los sábados por la tarde, medida que recibió el nombre de «sábado inglés». Aun así, el gobierno nunca vaciló en utilizar la represión contra los sindicatos y Justo continuó las deportaciones de «agitadores» que habían empezado después de la Ley de Residencia de 1901. El gobierno aumentó los poderes de la policía y creó una sección especial para que se ocupara de los asuntos laborales.

En 1930 el movimiento obrero se había unido oficialmente en la Confederación General del Trabajo (CGT), que fusionó las dos confederaciones principales que existían a finales de los años veinte, la socialista Confederación Obrera Argentina (COA) con la sindicalista revolucionaria Unión Sindical Argentina (USA). Aunque los impresores dominaron durante un tiempo el liderazgo de la CGT, el único sindicato que tenía alguna importancia era el de ferroviarios, la Unión Ferroviaria, que representaba alrededor del 40 por ciento de los afiliados a la CGT. Liberales económicos dirigían la Unión Ferroviaria; apoyaban el libre comercio, la reanudación de las inversiones extranjeras y —su única desviación de los conceptos librecambistas— la protección de los obreros contra el despido y el paro. Durante todo el decenio de 1930 menos de una quinta parte de los trabajadores de Buenos Aires estaba sindicada. La mayoría de los sindicatos de aquel momento conservaban vínculos con el Partido Socialista, al menos extraoficiales, si bien aún existían reducidos grupos anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Un sindicalista revolucionario, Antonio Tramonti, estuvo al frente de la CGT hasta que fue derrocado en la escisión sindical de 1935, que dejó a la mayoría de los sindicatos bajo la dominación de José Domenech, socialista que guió a la CGT hacia una postura más explícitamente política y específicamente antifascista. En las postrimerías del decenio de 1930 la CGT dedicó la mayor parte de sus energías a la defensa de la República española durante la guerra civil. La influencia comunista en los sindicatos siguió siendo insignificante hasta que en 1936 se creó un nuevo sindicato de trabajadores de la construcción, la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), cuando el Komintern ordenó a los comunistas de todo el mundo que formaran un movimiento sindical independiente liderado por los comunistas. En 1939 la FONC ya se había convertido en el segundo sindicato argentino en orden de importancia y daba el ejemplo en lo que se refería a sindicar a los obreros no especializados y mal pagados, la mayoría de los cuales había dejado el campo por la ciudad. A pesar del crecimiento de la FONC durante los últimos años treinta, el Partido Comunista no había avanzado mucho desde su creación en 1920 y aún consistía en poco más que un puñado de intelectuales y líderes obreros cuya influencia política era todavía relativamente pequeña.

La persuasión y la manipulación se convirtieron en los rasgos distintivos del régimen de Justo. Durante un tiempo logró la estabilidad política, pero a costa del aumento de la desilusión y la indiferencia populares. El gobierno nunca consiguió liberarse del estigma de sus orígenes, que radicaban en el fraude electoral. La fuerza aparente de Justo derivaba en gran parte de la debilidad de los adversarios del gobierno, de la inexistencia de una oposición eficaz que presentara alternativas auténticas a su política. Durante el decenio de 1930 el antiguo Partido Socialista tampoco creció mucho más allá de su baluarte tradicional en la capital federal. Los socialistas nunca se recuperaron del todo de la defección de los socialistas independientes en 1927 y la muerte del fundador del partido, Juan Bautista Justo, en 1928. Bajo unos líderes de edad avanzada encabezados por Nicolás Repetto, el Partido Socialista seguía siendo el mayor de la capital, donde el fraude electoral era menos común que en otras partes, pero su programa venía a ser el mismo que veinticinco años antes. Tan entregado como siempre a su electorado de consumidores de clase obrera, el partido funcionaba de acuerdo con más o menos las mismas suposiciones liberales de carácter general que guiaban la actuación del gobierno. El atractivo de los socialistas estribaba en sus evaluaciones seculares y realistas de los asuntos públicos; de lo que ahora carecían era de la energía y el evangelismo que habían mostrado bajo Juan Bautista Justo años antes al desafiar a la vieja oligarquía. A mediados de 1936 recuperaron finalmente un poco de su estilo de antaño cuando, codo a codo con la CGT, emprendieron campañas de apoyo a la atribulada República española, pero cuando ésta acabó sucumbiendo ante las fuerzas de Franco a principios de 1939, el socialismo argentino ya iba camino de convertirse con demasiada rapidez en una fuerza extinguida.

También se encontraba en rápida decadencia el Partido Demócrata Progresista, que a mediados del decenio de 1930 equivalía a poco más que a la persona de su líder, Lisandro de la Torre. En ese momento De la Torre llevaba más de cuarenta años ocupando un lugar destacado en la política desde su base en Rosario, donde durante mucho tiempo había sido portavoz de los agricultores y los pequeños estancieros del litoral. Admirado por su oratoria, su integridad y su personalidad pintoresca y enérgica, De la Torre defendía ideas que en su mayor parte eran conservadoras. Pero durante toda su carrera, que empezó en la rebelión de 1890 contra Juárez Celman, había sido un demócrata firme que detestaba el fraude electoral. Por ser partidario decidido de la democracia, De la Torre nunca encontró mucho apoyo entre los conservadores más tradicionales, aparte de Uriburu en 1930 (cuyo ofrecimiento de la presidencia había rechazado).

En 1935 De la Torre fue miembro de una comisión del Congreso que investigó la industria cárnica y en esa función provocó uno de los mayores escándalos políticos de la presidencia de Justo. Durante los primeros años treinta las empresas de productos cárnicos británicas y norteamericanas reaccionaron a la caída de los precios organizando un consorcio de fijación de precios para salvaguardar los beneficios a expensas de sus proveedores. Así, mientras que los precios que las empresas cárnicas pagaban a los estancieros por el ganado bajaban de una media de treinta y cuatro centavos el kilo en 1929 a sólo diecisiete centavos en 1933, entre 1930 y 1934 los beneficios de las empresas cárnicas oscilaban entre el 11,5 y el 14 por ciento de las inversiones de capital. En 1935 la comisión probó las acusaciones de que se había creado un consorcio ilegal. Pero De la Torre manifestó una opinión discrepante y fue mucho más lejos que las críticas un tanto calladas de sus colegas y acusó a las empresas de numerosos fraudes contables y fiscales. Se había descubierto que una compañía, la Vestey Brothers, trataba de sacar clandestinamente sus cuentas del país en un contenedor cuyo rótulo decía «carne de buey enlatada». Además, según declaró De la Torre, miembros del gobierno encabezados por el ministro de Agricultura, Luis Duhau, habían sido cómplices de estas evasiones y se habían beneficiado personalmente de ellas. El Congreso debatió las alegaciones de De la Torre, mientras cada uno de los bandos insultaba al otro y los miembros del gobierno negaban categóricamente las acusaciones. La tensión fue en aumento y un espectador desconocido trató de matar a tiros a De la Torre, pero sólo consiguió herir mortalmente a Enzo Bordabehere, su joven colega de Santa Fe en el Senado. Después de esto, De la Torre desapareció rápidamente de la política y al cabo de pocos años se quitó la vida.

Durante todo el decenio de 1930, de hecho casi hasta la víspera de las elecciones de 1946, el radicalismo siguió siendo el mayor de los movimientos políticos de Argentina, y sólo la proscripción, el fraude o las discrepancias internas le impidieron llegar a la presidencia. Poco después de la revolución de 1930 los radicales volvieron a dar muestra de gran parte de la energía y el ímpetu que habían desplegado durante los años veinte cuando se embarcaron en un intento, a veces violento, de recuperar la supremacía. En abril de 1931 ya volvían a tener una mayoría popular en la provincia de Buenos Aires; en julio intentaron una rebelión armada, aventura que algunos de ellos repitieron, de nuevo sin éxito, en 1933. Tras el golpe de estado los radicales denunciaron incesantemente el encarcelamiento de Hipólito Yrigoyen, la mayor parte del cual tuvo por marco la isla de Martín García, en medio del Río de la Plata, y cuando Justo finalmente dejó en libertad a Yrigoyen, muchos radicales acudían todos los días a rendirle homenaje en su domicilio de Buenos Aires. La muerte de Yrigoyen en 1933 provocó una de las mayores manifestaciones de la historia de Buenos Aires.

Aunque en el momento de su muerte Yrigoyen hubiese recuperado gran parte de la popularidad de la que gozara al comienzo de su segundo gobierno cinco años antes, después de su derrocamiento, continuamente enfermo, se había convertido en poco más que un símbolo nostálgico. En abril de 1931 el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear volvió a Argentina desde su segundo domicilio en París y se convirtió, con la aprobación de Yrigoyen y a pesar de sus pasadas diferencias, en el líder reconocido del partido, posición que conservó hasta 1942, año de su muerte. De Alvear, vástago de una gran familia patricia que parecía encamar precisamente a la «oligarquía» que el radicalismo se había comprometido a destruir, había carecido hasta entonces de una base de poder personal en el partido. Pero su posición subió de inmediato en 1931 cuando repudió públicamente a Uriburu y luego se sometió alegremente a la detención y el encarcelamiento a manos del gobierno provisional. Con toda probabilidad, de haberse librado los radicales de la proscripción y el fraude durante las elecciones de noviembre de 1931, De Alvear, que era su candidato, hubiera vuelto a ser presidente.

Sin embargo, como líder del partido durante todo el decenio siguiente, De Alvear no mantuvo el impulso y la energía de 1931. Como presidente, continuó sus intentos de hacer entrar en vereda a los comités y los caciques del partido y convertir éste, como intentaran los antipersonalistas, en un movimiento conservador popular en torno a una clara serie de programas en vez de la búsqueda de patronazgo o asuntos individuales como la campaña pro nacionalización del petróleo en 1927-1930. En este empeño De Alvear volvió a fallar, y a medida que pasó el tiempo fue transformándose en una figura cada vez más anticuada cuyos pactos secretos con el gobierno daban pie a muchos rumores y molestaban a gran parte de las bases del partido. Tampoco cambió mucho el radicalismo después de morir De Alvear cuando el liderazgo pasó a Honorio Pueyrredón, hombre de carácter y orígenes parecidos.

Así pues, bajo un liderazgo anodino y nada inspirador los radicales empezaron a navegar a la deriva. Hasta 1935 se negaron invariablemenete a participar en las elecciones y readoptaron la «abstención», una de las tácticas de Yrigoyen en los primeros tiempos del partido cuya finalidad era resaltar el fraude electoral y protestar contra él. Cuando finalmente dejaron de abstenerse en 1935 el fraude y la necesidad de reconstruir la organización del partido hicieron que los radicales fueran electoralmente débiles durante varios años. Los socialistas dominaron la capital hasta los primeros años cuarenta y los conservadores, bajo líderes como Alberto Barceló y Manuel Fresco, controlaban la provincia de Buenos Aires. El gran baluarte del radicalismo se encontraba ahora en Córdoba bajo Amadeo Sabbatini, que durante mucho tiempo había rivalizado con De Alvear por el control del partido nacional. Los radicales, al igual que los socialistas, parecían no tener ninguna idea nueva. Aunque continuaron exigiendo la nacionalización del petróleo (asunto que Uriburu y Justo sencillamente dejaron de lado), también ellos conservaron una perspectiva en su mayor parte liberal, añorando los años veinte y, exceptuando algunos grupos marginales, oponiéndose a toda reforma importante. Los radicales seguían estando cargados de imperativos morales, pero con frecuencia faltos de sustancia, atormentados por incesantes rivalidades internas. En 1944 Félix Weil no pudo discernir ninguna diferencia real entre la perspectiva de los radicales y la de los conservadores:

La disensión predomina aún más entre los Radicales [sic] hoy. Todavía no tienen ningún programa político constructivo y su necesidad de liderazgo autoritario es mayor que nunca desde la muerte de De Alvear. La oposición a los conservadores no es un factor lo bastante fuerte como para unificar a un partido desmoralizado, en particular porque es difícil distinguir entre las deslumbrantes generalidades de los radicales y las de los conservadores. Los conservadores representan «el progreso moderado y el gobierno honrado», y los radicales, un «programa suavizado y un gobierno limpio». Ninguno de los dos habla en serio[9].

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL DECENIO DE 1930

La revolución de 1930 tuvo lugar en el momento en que la economía argentina acusaba los efectos de la depresión mundial. En 1930-1931 las ganancias obtenidas de la exportación cayeron en un tercio, de una media de alrededor de mil millones de pesos durante los últimos años veinte a sólo 600 millones en 1931. El producto interior bruto (PIB) descendió del 14 por ciento entre 1929 y 1932, con la producción de cereales disminuyendo en un 20 por ciento y la manufacturación en un 17 por ciento. Después de la suspensión del patrón oro al cerrarse la Caja de Conversión a finales de 1929, el peso se depreció en alrededor del 25 por ciento antes de finalizar 1931. Argentina se libró de las peores aflicciones de la depresión, tales como los índices de paro de entre el 20 y el 30 por ciento que se registraron entre los obreros industriales en Alemania y Estados Unidos y la catástrofe que cayó sobre Chile cuando los mercados exteriores del cobre desaparecieron casi por completo. Aun así, la crisis afectó seriamente a la agricultura y provocó una oleada de quiebras en las ciudades al descender la manufacturación y el comercio. A principios de 1931 el índice de quiebras ya era el triple del de mediados de 1929 y alcanzó un punto máximo tras la mala cosecha de 1930. De 1929 a 1933 los precios al por mayor de los principales productos de exportación de Argentina —cereales, linaza y carne— descendieron en aproximadamente la mitad. Se calcula que los salarios reales cayeron en un 10 por ciento.

El gobierno provisional de 1930-1931 tomó medidas rápidas y enérgicas en relación con el gasto público y el comercio exterior. En 1930, después de dos años de rápido crecimiento del gasto público bajo Yrigoyen, el déficit presupuestario había subido hasta la elevada tasa del 6,5 por ciento del PIB. En 1931 la deuda pública había alcanzado 1.300 millones de pesos, lo cual representaba un incremento de más del 50 por ciento desde 1929. La rápida caída de los ingresos provocada por la depresión agravó las dificultades que tenía el nuevo gobierno para frenar la subida de la deuda pública. El gobierno respondió con rigurosos recortes del gasto, que cayó de 934 millones de pesos en 1930 a 648 millones en 1932. Los despidos masivos de personal de ta Administración pública —alrededor de 20.000 en total— se convirtieron en el arma principal de la lucha para reducir el gasto, siendo los radicales las víctimas principales. En un intento de contener la caída de los ingresos el gobierno subió los impuestos y en 1931 introdujo un impuesto sobre la renta que pretendía disminuir la dependencia de los derechos arancelarios como fuente de finanzas públicas. El déficit presupuestario había caído hasta el 1,5 por ciento del PIB en 1932.

En 1930 cayeron tanto el valor de las exportaciones como su volumen, esto último debido a las malas cosechas. La contracción de las importaciones, sin embargo, fue más lenta y sus precios cayeron de forma mucho menos vertiginosa que los de las exportaciones: la relación de intercambio, tomando 1937 como base 100, ascendía a 97,6 en 1928, pero sólo a 63,2 en 1931. El resultado fue un grave déficit de la balanza de pagos que vació las reservas de oro del país y amenazó su capacidad de atender al servicio de la deuda exterior. En un esfuerzo por recortar las importaciones el gobierno de Uriburu subió los aranceles, que pasaron a ser más importantes como reguladores del intercambio que como instrumento fiscal. En octubre de 1931, siguiendo el ejemplo de otros muchos países, Argentina impuso controles de cambios. Estas medidas resultaron eficaces al menos temporalmente, toda vez que a mediados de 1932 se había eliminado el déficit de la balanza de pagos. En 1932 las importaciones por volumen alcanzaban apenas un 40 por ciento de la cifra de 1929.

El servicio de la deuda exterior a principios del decenio de 1930 resultó mucho menos difícil que en los primeros años del de 1890. Una de las razones fue que la depreciación del peso provocó la correspondiente contracción de los beneficios en oro o moneda fuerte de las compañías extranjeras, muchas de las cuales, por consiguiente, dejaron de hacer remesas al extranjero con la esperanza de que los tipos de cambio mejorasen con el tiempo. Se calcula que las compañías ferroviarias británicas perdieron así 6 millones de libras esterlinas entre julio de 1930 y julio de 1932. Las remesas aplazadas ayudaron a reducir los déficits de la balanza de pagos y los recursos que se requerían para el servicio de la deuda exterior. Una segunda razón fue que en los primeros años treinta el endeudamiento exterior público siguió siendo ligero en comparación con el de los primeros años del decenio de 1890. Así, de un total de inversiones extranjeras de 4.300 millones de pesos en 1934, sólo 900 millones constituían deudas públicas. Aunque el servicio de la deuda exterior absorbía alrededor de la mitad del total de reservas de oro en 1930-1931, Argentina pudo evitar el incumplimiento del servicio de la deuda exterior.

En Argentina los primeros años de la depresión fueron un período de dislocación más que de derrumbamiento. A pesar de la caída de los precios de las exportaciones, la producción agrícola y los volúmenes de exportación de productos agrícolas no descendieron de forma acusada hasta 1930 y luego se recuperaron hasta alcanzar los niveles de los últimos años veinte. En las ciudades la depresión afectó a los alimentos y las bebidas, las industrias metalúrgicas y las de pequeños enseres domésticos, pero no hizo daño al ramo de la construcción y especialmente a la industria textil. El paro visible siguió siendo notablemente ligero, tal vez entre el 5 y el 6 por ciento. En 1933 el agregado comercial británico en Buenos Aires calculó que el paro alcanzaba sólo el 2,8 por ciento. Un año después su sucesor comentó que «en comparación con el resto del mundo, puede decirse que Argentina no tiene ningún problema grave de paro»[10]. Puede que las estadísticas oficiales subestimaran mucho el paro real, sin embargo. No tuvieron en cuenta a las obreras, que representaban quizá una quinta parte del total, y definían el paro, de manera muy engañosa, como porcentaje de la población total en vez de la población activa total.

Aparte de 1930,1933 resultó el año más riguroso de la depresión, ya que los precios mundiales cayeron en picado hasta sus niveles más bajos desde hacía cuarenta años y ascendían apenas al 50 por ciento de los de 1929. Esto produjo otro grave déficit de la balanza de pagos que obligó al gobierno de Justo a tomar nuevas medidas para hacer frente a la crisis. En 1933 el gobierno se esforzó por fomentar las exportaciones y ayudar a los agricultores y con tal fin estimuló una nueva depreciación del peso, que el año siguiente ya tenía sólo el 60 por ciento de su valor de 1929. Una segunda medida de 1933 amplió el impuesto sobre la renta introducido dos años antes. Como consecuencia de ello, los derechos de importación que habían proporcionado el 54 por ciento de los ingresos en 1930 representaron sólo el 39 por ciento en 1934.

En 1933 el gobierno también modificó el sistema de controles de cambios introducido en 1931. Las disposiciones originales tenían por fin frenar la depreciación del peso y garantizar la disponibilidad de fondos para el servicio de la deuda exterior. En ese momento el gobierno obligó a los exportadores a venderle las divisas extranjeras que obtenían de sus transacciones, que el gobierno luego revendía en subasta pública. Las reformas de noviembre de 1933 establecieron un procedimiento de examen para todas las remesas de divisas extranjeras hechas por particulares y se empezó a clasificar las importaciones de acuerdo con una escala de prioridades. Recurriendo a la introducción de permisos, las medidas limitaron el número de posibles compradores de divisas extranjeras al gobierno. Quienes carecían de permisos tenían que comprar las divisas extranjeras en un mercado libre a precios muy superiores. Con estos cambios el gobierno podía regular no sólo el volumen de las importaciones, sino también su contenido y su origen. Dar a los importadores de artículos británicos muchos más permisos de control de cambios que a quienes deseaban importar artículos norteamericanos, por ejemplo, resultó ser un medio eficaz de encauzar el comercio hacia los artículos británicos.

Después de introducir las reformas del control de cambios el gobierno empezó a obtener grandes beneficios de sus operaciones con divisas extranjeras, que en 1940 ya totalizaban alrededor de mil millones de pesos. Algunos de estos ingresos ayudaron a atender al servicio de la deuda exterior, pero la mayor parte de ellos se empleó para subvencionar a los productores rurales. Se crearon juntas reguladoras para que administrasen las subvenciones. Empezando con la junta de cereales en 1933, pronto se crearon entidades parecidas para la carne, el algodón, la leche y otros productos.

Las reformas económicas de finales de 1933 se llevaron a cabo bajo Federico Pinedo, que se convirtió en ministro de Hacienda como sucesor de Alberto Hueyo, figura ortodoxa que había logrado controlar los déficits de la balanza de pagos, frenar el gasto público y evitar el impago de la deuda exterior. Pinedo, en cambio, demostró ser imaginativo e innovador, gracias en gran parte a su equipo de consejeros técnicos encabezado por Raúl Prebisch. En 1934 Pinedo consolidó la deuda pública, medida que fomentó la bajada de los tipos de interés y desvió las inversiones de los bonos del estado de alto rendimiento. Pero el Banco Central, creado en 1934, se convirtió en el gran monumento del ministerio de Pinedo. Hasta entonces el sistema bancario había adolecido de una rigidez indebida, con el crédito restringido durante los períodos de recolección, los bancos compitiendo por los empréstitos del Banco de la Nación, entidad privada que cumplía algunas funciones primitivas de banco central y cuyos tipos de interés tendían, por tanto, a subir en vez de a bajar durante los períodos de depresión. El Banco Central ofrecía métodos nuevos para regular la economía mediante el control de la oferta monetaria: comprar y vender títulos del estado, redescontar y cambiar las reservas obligatorias. El Banco Central vinculó la oferta crediticia al flujo y reflujo de la actividad económica y dio al gobierno mayor control de los tipos de cambios y el comercio exterior. Aunque acabó siendo un instrumento de la financiación mediante déficit, no se había creado con esta intención. El grupo de Pinedo creía que el gasto deficitario intensificaría las importaciones y, por tanto, los déficits de la balanza de pagos, al tiempo que provocaría inflación.

Las medidas que tomó Pinedo en 1933 y 1934 establecieron muchos de los instrumentos básicos que gobiernos posteriores perfeccionarían y ampliarían al crear una economía centralizada y dirigida. El Tratado Roca-Runciman de 1933 encamaba la otra cara, la cara regresiva, de la política económica conservadora durante la depresión. El tratado se firmó después de que Gran Bretaña adoptase la preferencia imperial en la conferencia de Ottawa un año antes. La preferencia imperial significaba que Gran Bretaña procuraría importar tanto como pudiese del imperio al tiempo que excluiría las importaciones procedentes de otros países a cambio de gozar de acceso privilegiado a los mercados imperiales. La preferencia imperial amenazaba a Argentina, porque en Ottawa los ingleses se encontraron ante enérgicas exigencias australianas y sudafricanas de importar carne de estas procedencias a expensas del suministro argentino. Circularon rumores de que Gran Bretaña se proponía aplicar un 5 por ciento de recortes mensuales a las importaciones de carne argentina, reduciendo las compras hasta en un 65 por ciento durante el primer año.

Desde el principio pareció improbable que los ingleses pensaran poner en práctica la propuesta hasta semejante extremo, toda vez que los proveedores imperiales parecían incapaces de incrementar la producción y las exportaciones con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda británica. Al mismo tiempo, reducir las importaciones de carne de Argentina representaba una amenaza en potencia a las exportaciones británicas a Argentina y el riesgo de represalias contra las inversiones y compañías británicas. En 1933 los ingleses buscaban una capacidad negociadora, un medio de obligar a Argentina a comprar más artículos británicos y menos artículos norteamericanos y de corregir la tendencia comercial que había surgido en los años veinte, durante los cuales Argentina había vendido grandes cantidades de artículos a Gran Bretaña mientras aumentaba continuamente las importaciones de Estados Unidos, dejando a Gran Bretaña con un creciente déficit comercial. Durante los primeros años de la depresión también habían irritado a los ingleses las restricciones que los controles de cambios y la depreciación del peso habían impuesto a las remesas de las compañías británicas en Argentina.

El gobierno argentino respondió a la amenaza que pesaba sobre las exportaciones de carne enviando un equipo de negociadores a Londres encabezado por el vicepresidente, Julio A. Roca hijo. En mayo de 1933 Roca y Walter Runciman, presidente de la British Board of Trade[*], firmaron un tratado comercial al que a finales de septiembre siguieron un protocolo y un acuerdo sobre aranceles. El tratado especificaba que Gran Bretaña continuaría importando la misma cantidad de carne argentina que había importado de julio de 1931 a junio de 1932, amenos que una nueva caída importante de los precios al consumidor hiciera necesario aplicar nuevas restricciones para salvaguardar los beneficios de los minoristas en Gran Bretaña. Los ingleses accedieron a que las empresas cárnicas de propiedad argentina suministraran el 15 por ciento de las exportaciones de carne a Gran Bretaña, concesión con la que querían responder a las quejas argentinas relativas al consorcio de empresas cárnicas extranjeras. Se arguyó que permitir las exportaciones de carne de frigoríficos que eran de propiedad en régimen de cooperativa de los ganaderos ayudaría a mantener los beneficios de éstos. Finalmente, Gran Bretaña se comprometió a no imponer derechos arancelarios a las importaciones de cereales argentinos.

Dado que Gran Bretaña no importaba cereales argentinos en grandes cantidades, el tratado estaba relacionado principalmente con la carne de buey y equivalía a un acuerdo de mantener las importaciones de dicha carne en los niveles relativamente bajos de 1931-1932. A cambio, sin embargo, Argentina accedió a reducir los derechos sobre casi 350 importaciones británicas al nivel que tenían en 1930, antes de los aumentos arancelarios que decretó el gobierno de Uriburu, y abstenerse de imponer derechos a artículos tales como el carbón, que hasta el momento se habían librado de los aumentos arancelarios. Además, Gran Bretaña consiguió que Argentina estuviera de acuerdo con que las remesas de las compañías británicas se pagaran por medio de deducciones de las ganancias de exportación argentinas a Gran Bretaña; a partir de entonces cualquier remesa que permaneciera «bloqueada» en Argentina se trataría como empréstito con intereses. En el Tratado Roca-Runciman Argentina se comprometió a dispensar un «trato benévolo» a las compañías británicas, ofreciéndoles condiciones favorables para adquirir importaciones bajo las disposiciones de control de cambios. El tratado eximía a las compañías ferroviarias británicas de contribuir a los recién creados planes de pensiones para sus trabajadores. El tratado no especificaba nada sobre los transportes marítimos y, por tanto, dejaba la mayor parte del comercio anglo-argentino en manos de los expedidores británicos, dando a los ingleses una parte casi exclusiva de las ganancias invisibles obtenidas del comercio.

El Tratado Roca-Runciman permitió a Argentina mantener las exportaciones de carne en el nivel de 1931-1932, pero poco más. Resultó que las concesiones a las cooperativas cárnicas locales no significaban nada, ya que los expedidores británicos evitaban comerciar con ellas, y como no podían encontrar barcos, las cooperativas sólo podían desarrollar sus actividades en el mercado nacional. Gran Bretaña, en cambio, recuperó las condiciones para el comercio de que gozaba antes de la depresión. Como los ingleses también obtuvieron acceso preferencial a las escasas divisas extranjeras, se hicieron con lo que equivalía al dominio del comercio con Argentina, protegido ahora por un tratado, que tenían antes de 1914. Los ingleses obtuvieron condiciones muy favorables para hacer remesas, incluida la protección contra la futura devaluación del peso. El Tratado Roca-Runciman también representó un duro golpe para Estados Unidos. Los importadores de mercancías norteamericanas estaban obligados ahora a superar el muro de los aranceles creado en 1930 y comprar caras divisas extranjeras en el mercado libre de cambios.

Pensado al principio para que estuviera en vigor durante tres años, el Tratado Roca-Runciman se renovó y prorrogó en 1936. En esta ocasión los ingleses obtuvieron una autorización para cobrar nuevos impuestos sobre la carne importada de Argentina. A cambio de reducir las tarifas de carga, las compañías ferroviarias británicas recibieron condiciones aún más favorables para hacer remesas. Se les prometió que no se concedería a los ferrocarriles estatales tarifas subvencionadas que fuesen más baratas que las británicas, y que se reduciría la construcción de carreteras que quitasen tráfico a los ferrocarriles.

A pesar de todas las concesiones por parte de Argentina en 1933 y 1936, Gran Bretaña hizo poco más que proteger el comercio que ya tenía en el decenio de 1930. Aunque las exportaciones norteamericanas descendieron vertiginosamente, la parte británica, que ascendía a poco menos del 20 por ciento en 1927, siguió siendo inferior al 24 por ciento durante todo el decenio de 1930. Además, aunque Gran Bretaña había conseguido condiciones mejores para las remesas desde Argentina, las ganancias totales de las compañías británicas descendieron de manera acusada durante la depresión, de tal modo que los beneficios siguieron estando muy por debajo de los niveles del decenio de 1920. En 1929-1935 los tonelajes transportados por los ferrocarriles británicos cayeron en un 23 por ciento, pero los ingresos disminuyeron en un 40 por ciento. La mitad de los inversores británicos que tenían acciones en los ferrocarriles argentinos no cobró dividendos durante el decenio de 1930; la cotización media de las acciones de las compañías ferroviarias en 1936, por ejemplo, apenas alcanzaba el 10 por ciento de la de finales de los años veinte. Como ilustración de los apuros financieros de los ferrocarriles británicos, en 1937 la compañía Central Córdoba ofreció voluntariamente su propia expropiación por parte del gobierno y su incorporación a las líneas del estado.

Las dificultades financieras de las compañías ferroviarias británicas fueron resultado no sólo de la depresión sino de la creciente competencia del transporte por carretera. Durante todo el decenio de 1920 Argentina había importado gran número de automóviles, autobuses y camiones, la mayoría de ellos de Estados Unidos. En 1932, a pesar de la encarnizada oposición de los ferrocarriles, el gobierno de Justo puso en marcha un programa de construcción de carreteras. La mayoría de estas carreteras nuevas se construyó en el litoral, donde competían directamente con los ferrocarriles británicos. El crecimiento del nuevo tipo de transporte se hizo todavía más conspicuo en las ciudades, donde los anticuados tranvías británicos hacían frente a un desafío cada vez mayor por parte de los autobuses llamados «colectivos», que resultaban invariablemente más baratos, más rápidos y más flexibles. En 1929 los tranvías ganaron 43 millones de pesos, pero en 1934 sólo 23 millones. En 1935, mientras se empezaban las negociaciones preliminares para renovar el Tratado Roca-Runciman —momento que juzgó propicio para actuar— la mayor de las compañías de tranvías británicas en Buenos Aires, la Anglo-Argentine, presentó un plan al gobierno para poner los servicios de transportes de la ciudad bajo una sola entidad, la Corporación de Transportes.

Crear la Corporación de Transportes equivalió a un complot apenas disimulado cuyo objetivo era someter los colectivos al control de los tranvías, que entonces procederían a destruirlos. Según las disposiciones del plan, todas las partes que prestaran servicios de transporte en la ciudad serían obligadas a formar parte de la Corporación, donde recibirían acciones y derecho a voto de acuerdo con la magnitud de su activo de capital. Los tranvías dominarían el transporte ciudadano, dado que los colectivos eran con frecuencia empresas muy modestas que dependían en gran medida de los créditos. En 1935 la Anglo-Argentine Tramway Company pidió también que se garantizase a la Corporación de Transportes un beneficio mínimo del 7 por ciento, el tipo de subvención que se había utilizado mucho antes de 1890 para atraer inversiones británicas a Argentina. Como temía las represalias contra las exportaciones de carne al acercarse el momento en que había que renovar el Tratado Roca-Runciman, el gobierno de Justo se sintió obligado a mostrarse de acuerdo con que se crease la Corporación, a pesar de la fuerte oposición tanto de los «colectiveros» como de los consumidores capitaneados por el Partido Socialista. Pero después de mostrarse de acuerdo, el gobierno no hizo nada por poner el plan en práctica. Evitó todo intento de obligar a los colectivos a entrar en la Corporación y denegó repetidamente la subida de las tarifas que pedían los tranvías. En este asunto el gobierno de Justo logró vencer a los ingleses, aunque simultáneamente sufría graves daños políticos, a manos de Lisandro de la Torre, a causa del asunto del consorcio de las empresas cárnicas.

En 1934 el crecimiento económico ya se había reanudado en Argentina y la recuperación continuó a ritmo acelerado durante los últimos años treinta, exceptuando la recesión que en 1937-1938 causó la mala cosecha. Los cereales impulsaron la recuperación de mediados del decenio de 1930. En 1936-1937 Argentina registró el mayor volumen de exportación de cereales de su historia, mientras los agricultores obtenían un incremento de más del 20 por ciento de los precios sobre 1933. En 1937 Argentina seguía ocupando el séptimo lugar entre los productores mundiales de trigo y el segundo entre los exportadores; también produjo la mitad de la linaza del mundo. La devaluación del peso en 1933, que impulsó las exportaciones de cereales durante los años siguientes, causó mucha inflación; el coste de la vida en Buenos Aires subió alrededor de un 25 por ciento entre mediados de 1934 y mediados de 1936, momento en que la inflación fue síntoma de la recuperación económica. El alza de los precios contribuyó a fomentar el auge de la construcción en Buenos Aires a finales de los treinta. En 1939, después de varios años de subida del gasto público y un aumento del 20 por ciento sólo en 1939, Argentina tenía un déficit presupuestario que equivalía al 2 por ciento del PIB.

Durante los primeros años treinta la industria manufacturera estuvo deprimida junto con el resto de la economía, aunque la baja había sido menos grave que en otros sectores. Luego la manufacturación se recuperó rápidamente y a partir de mediados del decenio de 1930 empezó a dejar atrás a todos los otros sectores y su tasa de crecimiento fue el doble de la correspondiente a la agricultura. Varias condiciones favorecieron el crecimiento industrial durante los años treinta. Los aranceles, el comercio bilateral, los controles de cambios y las devaluaciones restringieron las importaciones y distorsionaron su composición al hacer que los productores del país fuesen más competitivos en el mercado nacional. Durante todo el decenio de 1930 los fabricantes argentinos pudieron adquirir maquinaria de segunda mano a precios rebajados de empresas industriales extranjeras que habían quebrado. La mano de obra barata era cada vez más abundante como consecuencia de la migración del campo a la ciudad.

El censo de 1914 había contado 383.000 trabajadores «industriales». En 1935 eran 544.000; en 1941 el número había subido hasta 830.000, y en 1946 superaba el millón. En los primeros años cuarenta el sector manufacturero producía diversos artículos, entre los que destacaban los textiles y los alimentos en conserva, seguidos de los productos químicos, los metales y el cemento. La mayoría de las industrias fabricaba productos acabados para el consumo. La inexistencia de industria pesada reflejaba la limitación de las reservas nacionales de materias primas básicas como el carbón y el mineral de hierro y las deficiencias de la red de comunicaciones, que seguía siendo mucho más favorable a las exportaciones agrícolas. Las escaseces crediticias también impidieron un desarrollo industrial más diverso. Aparte de todo esto, los fabricantes argentinos a veces se comportaban más como especuladores que como empresarios e inversores a largo plazo. Con frecuencia parecían creer que la manufacturación podía dar beneficios a corto plazo con una inversión mínima, pero no era posible confiar en ella a un plazo más largo excepto en muy pocos casos. Estas actitudes se derivaban en parte de los recuerdos de los años de la guerra y la posguerra inmediata; la industria había florecido en 1914-1918, pero luego se había derrumbado al reanudarse las importaciones después de la contienda. Durante los años treinta predominaban expectativas parecidas; sólo la depresión impidió que se reanudaran las importaciones, y cuando la depresión pasara, la competencia extranjera volvería a estrangular a los fabricantes locales. Todas estas condiciones ayudaron a preservar la mayoría de las unidades industriales como empresas pequeñas en las que se invertía poco. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las «empresas industriales» tenían diez empleados o menos, y el 75 por ciento menos de cincuenta. En 1935 dos tercios de la industria abarcaban los alimentos y las bebidas y los textiles. Sin embargo, al lado de estas empresas pequeñas, que eran numerosas, había un puñado de empresas muy grandes cuya envergadura se derivaba del monopolio y de la abundancia de materias primas baratas. Entre ellas estaban el gran consorcio Bemberg, que dominaba la industria cervecera; Torcuato di Telia, cuya compañía, Sociedad Industrial Americana de Maquinarias (SIAM), producía diversos aparatos con licencia estadounidense, y Miguel Miranda, que de pobre había pasado a ser el gigante de los alimentos en conserva y a finales del decenio de 1940 se convirtió, bajo Perón, en el principal planificador de la economía argentina. Los extranjeros seguían ocupando una posición prominente en la manufacturación argentina, como antes de 1914. Parte de la súbita aceleración del crecimiento industrial a finales del decenio de 1930, por ejemplo, tenía su origen en la oleada de refugiados judíos que llegaron con el capital que pudieron recuperar cuando los nazis extendieron su dominio sobre la Europa central. Otro rasgo notable del sector manufacturero en Argentina fue su abrumadora concentración en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores más próximos. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las empresas industriales, el 70 por ciento de los trabajadores industriales y alrededor del 75 por ciento de los salarios industriales estaban en Buenos Aires.

Algunas de las industrias que registraron expansión en los años treinta y cuarenta, en particular la textil y la de alimentos elaborados, existían desde hacía una generación o más. Entre las que producían artículos novedosos, como bombillas eléctricas y neumáticos de caucho, había varias que nacieron como filiales, en su mayor parte de compañías norteamericanas. Los exportadores estadounidenses crearon empresas en Buenos Aires debido a los aranceles elevados y al uso discriminatorio de los controles de cambios después de 1933. Aunque las inversiones estadounidenses en su conjunto disminuyeron durante la depresión y la guerra, las inversiones privadas en estas filiales manufactureras aumentaron en 30 millones de dólares norteamericanos entre 1933 y 1940. A finales del decenio de 1930 se fundaron catorce filiales de compañías estadounidenses que daban empleo a un total de catorce mil trabajadores.

Con todo, en los años treinta la industria principal era la textil, que continuó creciendo durante los primeros años del decenio, aunque la manufacturación en conjunto se contrajo. El número de fábricas textiles aumentó de veinticinco a treinta entre 1929 y 1934, y los trabajadores empleados en ellas pasaron de ser ocho mil a doce mil. En 1930 los productores textiles del país satisfacían sólo el 9 por ciento del consumo total. En 1940 la participación de los productores nacionales en el mercado aumentó en casi la mitad, y en 1943, al caer vertiginosamente las importaciones a causa de la guerra, subió hasta más de cuatro quintas partes. A mediados de los treinta Argentina pasó a ser autosuficiente en tejidos de algodón y en los números más bastos de hilo de algodón. Asimismo, se creó una industria sedera. Durante los años treinta y cuarenta los textiles alcanzaron una tasa de crecimiento anual del 11 por ciento, comparada con la de alrededor del 6 por ciento del total de las manufacturas.

Durante todo este período los productores textiles disfrutaron de condiciones excepcionalmente favorables. La primera entre ellas era la abundancia de lana, ya que las exportaciones de este producto se derrumbaron durante la depresión. Los textiles de lana representaron alrededor de tres cuartas partes de la producción total hasta finales del decenio de 1930. Ya en 1934 varios fabricantes de lana bonaerenses trabajaban para servir pedidos recibidos con doce meses de antelación. Simultáneamente, la producción de algodón en rama aumentaba con rapidez, dado que la tierra dedicada a su cultivo pasó de 10.449 hectáreas en 1924 a 28.593 en 1934 y 33.696 en 1940. Los pequeños agricultores de la provincia del Chaco en el lejano norte, la mayoría de ellos cerca de la ciudad de Resistencia, suministraban más de las cuatro quintas partes de algodón en rama. En 1933 el gobierno introdujo una subvención para los cultivadores de algodón que se financiaría con los beneficios obtenidos del control de cambios, y esta «junta de algodón», una de las juntas reguladoras de Pinedo, ayudó a que la producción continuase creciendo. Además de acceso a materias primas baratas, los textiles gozaban de otras ventajas. Las medidas que se tomaron durante la depresión —subida de los aranceles, controles de cambios y devaluaciones— tendían o bien a reducir las importaciones de textiles o a cambiar los precios relativos de los artículos nacionales y las importaciones. El Tratado Roca-Runciman, por ejemplo, ayudó a reducir la afluencia de textiles más baratos procedentes de países como Japón e Italia a favor de mercancías británicas relativamente caras, lo cual incrementó la ventaja competitiva de los productores locales. Mientras que las condiciones de la oferta cambiaron, la demanda de productos textiles siguió siendo relativamente constante y fija, y al caer las importaciones aumentaron los beneficios de los productores locales, lo cual estimuló la producción. Al igual que el resto de las manufacturas, la industria textil se benefició de la creciente abundancia de mano de obra barata y se convirtió en tal vez el mayor patrono de mujeres. También benefició a la industria la práctica de requisar maquinaria barata de segunda mano procedente del extranjero; el número de husos de algodón, por ejemplo, se multiplicó por cinco en 1930-1936. Entre todas estas condiciones favorables, la más importante fue la facilidad de obtener materias primas baratas. Otros sectores de la manufacturación, como la metalurgia, que siguieron dependiendo de materias primas importadas, crecieron a un ritmo más lento durante los años treinta en comparación con los veinte. La nueva industria textil tenía los mismos rasgos generales que la industria en general. En 1936 funcionaban unas 225 empresas, pero las diez principales empleaban a casi la mitad de la población activa total.

La migración en masa del campo a las ciudades acompañó la subida de la manufacturación. La migración interna no empezó durante el decenio de 1930, pero su ritmo se aceleró. Después de aportar una media de alrededor del 5 por ciento al crecimiento de Buenos Aires y sus barrios periféricos entre 1914 y 1935, la parte correspondiente a los inmigrantes aumentó hasta el 37 por ciento en 1937-1947, lo cual reflejaba también el marcado descenso de la tasa de inmigración extranjera durante los años treinta y cuarenta. Entre 1937 y 1943 una media de 70.000 inmigrantes entraron en la ciudad de Buenos Aires y sus barrios periféricos cada año, pero en 1943-1947 la tasa subió hasta 117.000. La migración desempeñó un papel importante en el sostenimiento de la expansión de Buenos Aires, cuya población, 1,5 millones en 1914 y 3,4 millones en 1936, había crecido hasta cifrarse en 4,7 millones en 1947. Estudios recientes de la migración interna han tratado de evaluar el movimiento de salida del campo, en contraposición a los incrementos de la población urbana. Estas cifras sugieren no sólo que la tasa de movilidad fue mucho más alta de lo que habían indicado cálculos anteriores, sino también que la migración empezó a aumentar de forma acentuada durante los primeros años de la depresión en lugar de a finales del decenio de 1930. No obstante, nadie ha discutido la anterior opinión de que la migración se intensificó durante los años cuarenta y después. Los cálculos de Alfredo E. Lattes, por ejemplo, indican que el número de personas que abandonaron las zonas rurales fue de 185.000 durante el quinquenio 1930-1934, 221.000 entre 1935 y 1939 y 446.000 en 1940-1944. Durante la totalidad de los decenios de 1930 y 1940 casi dos tercios de los inmigrantes procedían de la región de las pampas, y principalmente de la provincia de Buenos Aires, en lugar del interior. Lattes calcula que el Gran Buenos Aires atrajo 1,1 millones de inmigrantes entre 1935 y 1947, de los cuales dos tercios procedían de las provincias de las pampas y Mendoza. A comienzos del decenio de 1950 las cosas cambiaron mucho, pero antes de entonces, al parecer, la mayor parte de la migración se producía entre lugares separados por distancias relativamente cortas y era frecuente que consistiera primero en un movimiento del campo a las pequeñas ciudades adyacentes seguido de otro movimiento hacia la zona metropolitana[11].

La manufacturación atraía personas a la ciudad; las condiciones de la agricultura las expulsaban del campo. La depresión afectó a una sociedad agraria cuyos rasgos básicos habían cambiado poco durante la generación anterior. En las pampas la población rural aún la integraban principalmente arrendatarios y jornaleros que se empleaban en grandes estancias en condiciones que con frecuencia hacían que su vida fuese extremadamente insegura. La tenencia de la tierra apenas había cambiado desde 1914. En la provincia de Buenos Aires poco más de 300 familias poseían una quinta parte de la tierra, y sólo 3.500 familias, la mitad de la tierra. Tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, las dos principales provincias de las pampas, grandes estancias de más de 1.000 hectáreas abarcaban dos tercios de la tierra. Un censo agrícola de 1937 reveló que sólo 20.000 terratenientes, en una población rural total de alrededor de 1,5 millones, poseían el 70 por ciento de la tierra pampera. Durante los primeros años treinta los terratenientes que se veían amenazados por la depresión habían constituido sociedades mercantiles para atraer nuevo capital e impedir la enajenación o subdivisión de sus propiedades.

Durante los primeros años de la depresión el gobierno hizo algunos esfuerzos por mejorar las condiciones para la población agrícola, en particular los arrendatarios. En 1932 diversas leyes establecieron contratos mínimos de cinco años para los arrendatarios e insistieron en que se reembolsara a éstos el importe de las mejoras que hicieran en las tierras que labraban. En 1933, al caer en picado los precios agrícolas en los mercados internacionales, el gobierno impuso una moratoria a las deudas de los agricultores. A menos que se encontraran con que sus arrendamientos subían, los agricultores también obtuvieron cierta protección de la depreciación del peso después de 1929 y de las subvenciones que concedía la junta de cereales. Al menos desde el punto de vista de la producción, estas medidas ayudaron a mantener la producción agrícola, que continuó subiendo hasta llegar a la cosecha sin precedentes de 1937.

Sin embargo, había otras señales de que los agricultores seguían descontentos y su posición era incierta. En el decenio de 1930 los arrendatarios agrícolas todavía sufrían a causa de una condición que los observadores no habían dejado de criticar durante los últimos cincuenta años: el crédito seguía siendo insuficiente y aún procedía en gran parte de los tenderos locales (pulperos), que a menudo eran rapaces, en vez de los bancos agrícolas; los agricultores carecían de instalaciones para almacenar sus cereales y, por tanto, tenían que desprenderse de sus cosechas a medida que iban recogiéndolas, lo cual provocaba la caída de los precios; también seguían dependiendo de los ferrocarriles para el transporte y de la buena voluntad de los exportadores de cereales de Buenos Aires, el monopolio de los llamados «Cuatro Grandes». La mayor de las grandes empresas exportadoras de cereales, Bunge y Born, exportaba ahora casi una tercera parte de la cosecha total y hacía de intermediaria en la financiación de la mitad de los cereales del país entre el momento de la recolección y el de la exportación. Sólo dos empresas se encargaban de casi tres cuartas partes de todos los envíos de cereales. En el campo la continuada práctica de arrendamiento temporal y la dependencia de los trabajadores estacionales fomentaban la debilidad de las estructuras familiares, una baja tasa de nupcialidad, una tasa también baja de natalidad y una tasa elevada de ilegitimidad.

Estas adversidades acosaban a los agricultores desde hacía decenios. Pero en los años treinta había indicios de que las condiciones iban a peor. A medida que más y más estancias se constituían en sociedades mercantiles, creció el absentismo de los terratenientes, que era otra queja perenne de los agricultores. Las relaciones entre los terratenientes y los arrendatarios se hizo todavía más impersonal, y los vínculos paternalistas que a veces los habían unido disminuyeron. A pesar de las leyes de 1932, la mayoría de los arrendatarios continuaban trabajando sin contratos por escrito, y, a pesar de las escaseces de importaciones durante la depresión, la agricultura siguió mecanizándose, y el número de cosechadoras aumentó de 28.600 en 1930 a unas 42.000 en 1940. La creciente mecanización disminuyó la necesidad de trabajadores estacionales y tendió a causar la desaparición de los pequeños agricultores marginales. En 1934 el agregado comercial británico hizo referencia al «creciente número de vagabundos [que son] motivo de grave preocupación para los propietarios de campamentos y para las compañías ferroviarias»[12]. Los agricultores sufrieron su mayor golpe después de mediados de 1940 con el derrumbamiento de las exportaciones agrícolas durante la guerra. Pero incluso antes de 1940 indicios al menos fragmentarios sugerían el aumento de las diferencias entre los ingresos del campo y los de la ciudad, posible causa de la migración interna.

EL AUGE DEL NACIONALISMO

Durante el decenio de 1930 la política argentina empezó a experimentar los cambios y realineamientos que culminarían con la subida de Perón al poder. De las nuevas corrientes políticas de este período, el nacionalismo se convirtió en la más central e importante. Las raíces del nacionalismo eran complejas y se remontaban a principios del siglo XIX, pero la súbita proliferación de ideas nacionalistas después de 1930 acompañó la depresión. El nacionalismo surgió como fuerza ideológica importante en 1934 con la publicación de La Argentina y el imperio británico: Los eslabones de una cadena, 1806-1933, de Rodolfo y Julio Irazusta. Este libro atacaba la mentalidad de la clase gobernante liberal-conservadora que tantas concesiones había hecho, según afirmaban los Irazusta, en el Tratado Roca-Runciman, empujada por una gratitud y lealtad inmerecidas a Gran Bretaña por el apoyo británico durante la lucha por la independencia. Los Irazusta rechazaban esta idea por considerarla un mito: si Gran Bretaña había apoyado alguna vez el movimiento independentista, había sido sólo para captar a Argentina como mercado comercial y de inversiones y para establecer una nueva forma de dominación colonial que substituyera la de España.

Dentro del movimiento nacionalista en general aparecieron dos corrientes distintas que Perón uniría más adelante. La primera de ellas era la corriente nacionalista popular que había aflorado a la superficie por primera vez durante las campañas a favor de la nacionalización del petróleo a finales de los años veinte. La campaña aspiraba a extender el control del estado sobre materias primas como el petróleo y excluir a los extranjeros, cortando así la salida de riqueza que el control extranjero supuestamente inducía y potenciando nuevos campos de empleo. En 1935 el tipo de nacionalismo yrigoyenista reapareció en una pequeña organización de radicales jóvenes llamada Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA). La FORJA encamaba sobre todo dos principios: la democracia popular («La historia de Argentina —declaraba su primer manifiesto en junio de 1935— demuestra la existencia de una lucha permanente del pueblo por la soberanía popular») y el antiimperialismo («Somos una colonia; queremos una Argentina libre»)[13].

Durante un decenio, hasta que muchos de sus miembros la abandonaron para unirse a Perón en 1945, la FORJA fue uno de los principales agentes irritantes para Alvear dentro del radicalismo. Los «forjistas» intensificaron la anglofobia que los Irazusta habían contribuido a crear. En su muy leída obra Ferrocarriles Argentinos, publicada en 1940, Raúl Scalabrini Ortiz, miembro marginal de la FORJA, calificaba a las compañías ferroviarias británicas de explotadoras corruptas y agentes de la dominación colonial británica. Durante la segunda guerra mundial el antiimperialismo condujo a la FORJA a una acérrima defensa de la neutralidad contra la postura a favor de los aliados que adoptaron Alvear y la mayoría de los otros radicales. Pero aunque sus campañas fueron poderosas y eficaces, la FORJA tenía sus limitaciones como movimiento antiimperialista con todas las de la ley. Sus preocupaciones y objetivos primordiales eran traspasar las propiedades o los recursos controlados por extranjeros a nativos. Al igual que los radicales en general, la FORJA tendía a pasar por alto los asuntos más de fondo y en última instancia más difíciles como la industria y la reforma social, y su papel principal, totalmente en consonancia con la tradición radical, era promover los intereses de la clase media «estatista» que los radicales representaban.

El nacionalismo, movimiento de la extrema derecha cuyos orígenes y contenido eran más complejos que los de la FORJA, se convirtió en la segunda corriente nacionalista del decenio de 1930. Al principio los nacionalistas comprendían el pequeño grupo de partidarios civiles de Uriburu en 1930-1932 que había apoyado su intento de reformar el sistema de representación en el Congreso y crearon grupos paramilitares como la Legión Cívica. Hasta cierto punto el nacionalismo era un eco del federalismo del siglo XIX. Sus miembros detestaban Buenos Aires como agente de dominación interna sobre las provincias y como símbolo de «materialismo corrupto», al tiempo que idealizaban las provincias, las zonas rurales y sus habitantes porque, a su modo de ver, encamaban las virtudes que los nacionalistas consideraban característicamente hispánicas y argentinas. Durante su período de formación antes de 1930 había sido un movimiento principalmente literario y luego había asimilado varias influencias ultraconservadoras de Europa, las más importantes de las cuales eran el clericalismo español y las doctrinas de Charles Maurras, el monárquico francés. Estas influencias europeas dieron forma a sus ingredientes básicos, el antiliberalismo y el anticomunismo. En el corazón del nacionalismo residía el convencimiento de que el liberalismo y la democracia popular representaban un mero preludio del comunismo. Un sistema político liberal, según declaró Roberto de Laferrère, uno de los principales nacionalistas de los años treinta, «permite toda clase de propaganda sediciosa. Una poderosa organización comunista ha surgido entre nosotros… La democracia nos entrega desarmados a estas fuerzas del socialismo extremo y la anarquía»[14].

Los enemigos de los nacionalistas atacaban las exageraciones infundadas y la paranoia que había debajo de esta clase de declaraciones y tachaban a los nacionalistas de «fascistas criollos». De hecho, en el movimiento había muchos elementos e imitaciones fascistas. Sus miembros veneraban la dictadura en los mismos términos que Mussolini («impulsar acciones… silenciar la disensión… hacer trabajos constructivos») y rendían culto a la voluntad, la intuición y la virilidad, buscando la «grandeza de la vida… mediante un salto a la disciplina esforzada»[15]. Al igual que el fascismo, el nacionalismo se encontraba a gusto llevando a cabo cruzadas contra antitipos míticos. Consideraba que tanto el liberalismo como el comunismo eran de origen judío y sostenía que los judíos controlaban simultáneamente el capitalismo mundial y el proletariado revolucionario del mundo. Típico de lo que escribían los nacionalistas fue el ataque contra el «nihilista judío, el explotador pero también el director secreto del proletariado mundial… el judío sin Dios y sin nación que se está infiltrando en las mentes de nuestros jóvenes proletarios»[16].

Durante todo el decenio de 1930 los nacionalistas encabezaron ataques contra destacadas familias judías, cuyos trapos sucios sacaban al sol. Estos ataques quedaron íntimamente asociados con su creencia dogmática de que en Argentina la ciudad explotaba al campo, toda vez que en la propaganda nacionalista lo urbano era con frecuencia sinónimo del judaísmo. Ejemplos típicos de sus campañas antisemitas fueron las denuncias del monopolio de las casas exportadoras de cereales de Buenos Aires, la mayoría de las cuales eran propiedad de judíos. Los nacionalistas no eran en modo alguno los únicos que atacaban dichas empresas, ya que desde hacía mucho tiempo éstas eran blanco favorito de todos los que apoyaban a los agricultores. Pero los nacionalistas destacaron de los demás por su racismo violento. Los Bemberg, que eran judíos, fueron otro de sus blancos principales: los nacionalistas sostenían que el cabeza de la familia Bemberg, Otto, había maniobrado para hacerse con el monopolio de la industria cervecera y había utilizado los beneficios para acaparar tierras de agricultores y estancieros arruinados cuyas hipotecas habían sido ejecutadas.

Así pues, había en el nacionalismo ecos de la Italia fascista y algunos de la Alemania nazi, unidos a un ruralismo místico y una defensa agresiva de los intereses ganaderos más pequeños y los peones que dependían de ellos. En otros aspectos el nacionalismo apareció como vástago del conservadurismo español y como una versión más débil del movimiento nacionalista español que hizo la guerra civil bajo Franco. En los primeros años treinta Argentina vivió un renacimiento del catolicismo que alcanzó su apogeo durante el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires en 1934. En ese momento sacerdotes radicales y católicos laicos llegaron a ejercer un papel dominante en el movimiento y a dar forma a sus ideas centrales. En el corazón del nacionalismo había un concepto orgánico de la sociedad que tenía sus raíces en la Antigüedad y en el escolasticismo católico. Al igual que el manifiesto que Uriburu había publicado en 1932, los nacionalistas consideraban que la misión del gobierno era servir al «público» o al «bien común» y definían la sociedad humana en los términos espirituales y corporativistas que constituían el núcleo del catolicismo conservador, rechazando el liberalismo porque trataba a la humanidad en términos falsamente individualistas y el comunismo por su ateísmo y su materialismo.

Pero la gran peculiaridad del nacionalismo que explica en gran parte su importancia después de 1940 era que yuxtaponía las actitudes más reaccionarias y un compromiso con la reforma progresista. Entre las principales influencias que recibió el nacionalismo se encontraban las encíclicas pontificias de 1891 y 1931, Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. Ambos documentos contenían ataques encarnizados contra el liberalismo y el socialismo, pero también planteaban el asunto de la «justicia social», esto es, un mejor ordenamiento de las relaciones entre las clases sociales para llevar a buen término la antiquísima búsqueda católica de una «sociedad armoniosa», orgánica. A mediados de los años treinta, mientras despotricaban contra los «liberales» y los «comunistas», los nacionalistas proclamaban su preocupación por la clase obrera y la reforma social. «La falta de equidad —declaró La Voz Nacionalista—, de bienestar, de justicia social, de moralidad, de humanidad, ha convertido el proletariado en un animal de carga… incapaz de disfrutar de la vida o de los avances de la civilización»[17]. En 1937 uno de los grupos antisemitas más estridentes, la Alianza de la Juventud Nacionalista, sumó las exigencias de que se prohibiera la inmigración de judíos y se expulsara a los que ocupaban cargos públicos no sólo a la «justicia social» sino a lo que calificó de reforma agraria «revolucionaria» para acabar con la «oligarquía». Los nacionalistas destacaban entre los primeros en proponer la industrialización y la nacionalización de los servicios públicos de propiedad extranjera. Ya en 1931 propusieron que se creara una industria nacional del acero. En 1932 uno de sus periódicos atacó la Unión Telefónica, que era de propiedad norteamericana, tachándola de «empresa extranjera que monopoliza un servicio público y que debería haberse nacionalizado hace ya algún tiempo»[18].

El nacionalismo no era un «partido» político, designación que sus miembros rechazaban totalmente porque la palabra «partido» implicaba la proposición liberal de que un mero segmento de la comunidad podía mantener una identidad distinta de la sociedad en general; «los partidos», según los nacionalistas, «escinden» una entidad indivisible: la nación. Igualmente, los nacionalistas se negaban a tomar parte en todas las elecciones, toda vez que consideraban que las prácticas electorales eran otro derivado del liberalismo. Durante todo el decenio de 1930 el movimiento consistió en una docena y pico de facciones que a menudo competían y se peleaban unas con otras y al frente de las cuales había miembros de la intelectualidad cuyas principales actividades eran difundir propaganda, celebrar mítines públicos y organizar esporádicas manifestaciones callejeras. Al finalizar el decenio, además de la publicación de numerosos periódicos y revistas, los nacionalistas ya habían recurrido al «revisionismo histórico», la reescritura de la historia argentina para atacar lo que para ellos era la visión histórica tergiversada de los liberales, los héroes de la historiografía liberal, los ingleses, y sobre todo para rehabilitar la figura de Juan Manuel de Rosas como el gran modelo del liderazgo político al que aspiraban. «Es una vil mentira —declaró Marcelo Sánchez Sorondo— que debamos nuestra existencia histórica al liberalismo. Al liberalismo sólo le debemos la entrega de nuestras tierras fronterizas, y el tutelaje de los extranjeros»[19]. Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, en cambio, eran ejemplos de la «colaboración de cada uno de los elementos de la sociedad: el líder, la minoría ilustrada y la masa»[20]. Por tanto, poco después de 1930 los nacionalistas habían renunciado a la aspiración uriburista a la «democracia verdadera» por un compromiso con el corporativismo autocrático bajo un líder militar. A pesar de este cambio, el gobierno seguía teniendo la obligación de promover tanto el «bien común» como la «justicia social».

Durante los años treinta estas sectas derechistas empezaron a tener una influencia muy superior a la que correspondía a su importancia numérica, pues eran sólo varios centenares de activistas. Los nacionalistas interpretaron un papel importante en la formación del incipiente movimiento antiimperialista, que iba encontrando partidarios no sólo en la derecha, sino también en la izquierda y el centro. El antiimperialismo argentino creció sobre una red de teorías relativas a conspiraciones del tipo que era fundamental para las tácticas y técnicas políticas de la ultraderecha. En gran parte de la propaganda antiimperialista, por ejemplo, los ingleses y, más adelante, los norteamericanos eran vistos en términos muy parecidos al concepto que los nacionalistas tenían de los judíos, como fuerzas conspiratorias encubiertas y malévolas. Así, Raúl Scalabrini Ortiz, supuesto izquierdista, criticó a los ingleses empleando los mismos términos y el mismo vocabulario que aparecían en uno de los folletos antisemitas de los nacionalistas: «Tenemos entre nosotros un enemigo que ha alcanzado la dominación mundial por medio de la astucia y la habilidad de sus maniobras indirectas, por medio de sus actos de mala fe, por medio de sus constantes mentiras»[21].

En el decenio de 1930 el movimiento nacionalista siguió siendo principalmente civil y, a pesar de las actividades de Molina, Kinkelín y un puñado de otros correligionarios, aún no había conseguido penetrar mucho en el ejército.

ARGENTINA EN VÍSPERAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Poco antes de la segunda guerra mundial Argentina se encontraba más o menos en la misma posición próspera y prometedora de la que gozara en vísperas de la primera. Sólo la reciente expansión del Buenos Aires industrial y la creciente salida de población de las pampas ofrecían un contraste notable con las circunstancias de treinta años antes. El país mantenía su diversidad regional, junto con la desigualdad estructural que concentraba una parte desproporcionada de la población, la riqueza y los recursos en Buenos Aires y sus alrededores. Desde 1914 habían aparecido nuevos centros de crecimiento en las regiones, tales como el cinturón algodonero del Chaco, más allá de las pampas, pero en otros sentidos el interior permanecía en gran parte igual que antes: la Patagonia era una tierra vacía de inmensas granjas ovinas; el valle del Río Negro, una zona de cultivo de fruta en pequeña escala; Mendoza y San Juan, productores de vino, y Tucumán, fuente del azúcar. En el lejano nordeste y el lejano noroeste persistían las prácticas de trabajo forzado que los reformadores bonaerenses habían denunciado hacía ya mucho tiempo. El interior seguía siendo extremadamente pobre y en gran parte despoblado. En 1941 los ingresos combinados de nueve provincias del interior ascendían a sólo el 1 por ciento del total de ingresos imponibles en toda la nación, y los ingresos per cápita de Catamarca y Santiago del Estero, dos de las provincias más pobres, representaban sólo un 10 por ciento de los de la ciudad de Buenos Aires. Las enfermedades causadas por la nutrición deficiente seguían siendo endémicas en el interior, sobre todo entre los obreros de la industria azucarera de Tucumán, que continuamente eran víctimas de la malaria, el impétigo e incluso la lepra. En Tucumán, como en gran parte del interior, el 50 por ciento de los nacimientos eran ilegítimos.

Pese al reciente desarrollo industrial, la inmensa clase media de Buenos Aires había experimentado pocos cambios durante la última generación y seguía estando muy agrupada en los servicios, las profesiones liberales, el comercio y la Administración pública. En 1944 Félix Weil describió la clase media diciendo que era:

Una masa bastante amorfa de elementos independientes formada por artesanos, mercaderes, propietarios de tiendas, oficinistas y agentes de empresas de exportación e importación, empleados de empresas de servicios públicos e innumerables beneficiarios del sistema de patronazgo político que viven de salarios y estipendios de todo tipo. Dado que no hubo industria en gran escala hasta que la industralización aumentó después de 1930, no había ningún lugar para una clase media independiente. Lo que había eran los restos de una economía colonial unida al sistema que consistía en dar sinecuras como recompensa política. Esta masa es necesariamente amorfa en la política y en las filosofías políticas. Se convierte fácilmente en objeto de manipulación por parte de las maquinarias políticas[22].

Durante todo el decenio de 1930 sucesivos gobiernos conservadores habían cortado deliberadamente el acceso de la clase media al poder y sus prebendas. Aunque las escuelas, academias y universidades administradas por la clase media mantenían la ciudad como centro de alta cultura, con frecuencia eran caldo de cultivo de aspiraciones sociales que luego se veían bloqueadas y de frustraciones cumulativas. Además de Weil, otros observadores hicieron comentarios sobre la congestión de las profesiones liberales, el descenso de las tasas de nupcialidad y natalidad y el aumento de la tasa de suicidios de la clase media en este período. En un artículo titulado «Esplendor y decadencia de la raza blanca», publicado en 1940, el economista Alejandro Ernesto Bunge instó a sus compatriotas, «en particular a los más bienaventurados materialmente», a practicar «matrimonios católicos» y criar familias numerosas. «A partir de ahora —declaró—, con todo nuestro vigor, nuestro patriotismo y con un abnegado espíritu cristiano, deberíamos procurar restaurar la aceptabilidad de las familias numerosas y la idea de que los hijos son una bendición»[23].

A primeros de 1940 muchos observadores empezaban a tomar nota de los cambios económicos y sociales habidos en años recientes. Pero esto se reflejaba poco en la política del gobierno. Durante los años treinta los líderes conservadores reconocían frecuentemente que las restricciones que habían impuesto a las importaciones y sus intentos de reencauzar el comercio exterior fomentarían el crecimiento industrial, pero seguían estando muy lejos de adoptar un compromiso deliberado con el desarrollo industrial. Por regla general, su perspectiva había cambiado poco desde el siglo XIX: argüían que un poco de desarrollo industrial reforzaría la balanza de pagos y contribuiría a evitar el malestar laboral al crear nuevos puestos de trabajo. El economista norteamericano George Wythe exageró al declarar en 1937 que: «El nuevo camino de [industrialización] ha sido aceptado y no es posible volverse atrás»[24]. El Banco Central pintó un cuadro más fiel a la realidad en 1938: «La capacidad del país para la industrialización es limitada… y si incrementamos demasiado el poder adquisitivo, la producción no aumentará y subirán los precios… con todas las consecuencias desafortunadas en el coste de la vida»[25].

Lo que querían los miembros del gobierno y las entidades como el Banco Central no era intensificar el desarrollo industrial, sino tratar de restaurar las condiciones que existían antes de 1930. Así pues, sus medidas favorecieron los intereses exportadores y procuraron reactivar las inversiones extranjeras. Los encargados de formular la política hicieron hincapié repetidas veces en los obstáculos para el desarrollo industrial: el riesgo de inflación, las escasas e inaccesibles reservas de carbón y mineral de hierro, las insuficiencias de la electricidad y el transporte, las escaseces de capital y la pequeñez del mercado nacional, que impedía las economías de escala. Fuera del reducido grupo de nacionalistas económicos, estos puntos de vista predominaban entre otros grupos políticos organizados, entre ellos una gran mayoría de los radicales.

A finales del decenio de 1930 la expansión industrial despertaba mayor interés entre los sindicatos al percibir éstos que la nueva industria significaba nuevos puestos de trabajo. Algunos, al igual que los nacionalistas, argüían que una política de progresiva redistribución de la renta debía acompañar al apoyo a la industria, ya que poner más dinero en manos de los asalariados contribuiría a ampliar los mercados e intensificaría el crecimiento industrial. Con todo, las ideas de esta clase recibían poco apoyo de los propios industriales, que continuaban pensando que los salarios bajos eran la clave de los beneficios elevados. Ejemplo típico de esta perspectiva era la Federación Argentina de Entidades del Comercio y la Industria, que hacía una guerra implacable contra los sindicatos porque «perturbaban» los mercados de trabajo. Algunos industriales, sin embargo, habían empezado a apoyar el proteccionismo. Poco a poco las ideas proteccionistas fueron ganando aceptación después de 1933, cuando la Unión Industrial Argentina, la mayor y la más poderosa de las asociaciones patronales urbanas, dirigió una campaña contra el «dumping» extranjero. Las campañas posteriores de la Unión atacaron las anomalías en los aranceles vigentes, que, según se alegó, con frecuencia imponían derechos más elevados a las materias primas industriales que a los productos acabados. Pero entre todos estos grupos, sindicatos y patronales por igual, no se había hecho ningún esfuerzo concertado o sostenido por promover el desarrollo industrial.

A comienzos de 1938 la presidencia de seis años de Agustín Pedro Justo llegó a su fin. En ese momento, en el epílogo de la prosperidad de antes de la guerra, no sólo crecían las influencias nacionalistas sino que habían aparecido claras diferencias en el seno de la Concordancia gobernante entre reformadores y reaccionarios. Las elecciones presidenciales de 1937, que la Concordancia volvió a ganar fácilmente gracias al fraude extenso, reflejaron esta división: la presidencia pasó a Roberto María Ortiz, que era reformador, pero la vicepresidencia fue para Ramón S. Castillo, líder de los conservadores.

Ortiz, que era hijo de un abacero vasco y hombre que se había hecho una posición por su propio esfuerzo, fue el primer presidente electo que procedía de la clase media urbana descendiente de inmigrantes. Ortiz se había ganado la vida y amasado una fortuna principalmente como abogado de varias compañías ferroviarias británicas y, por tanto, era impopularísimo entre los nacionalistas. Después de ser diputado radical durante el primer mandato de Yrigoyen (1916-1922), Ortiz ingresó en las filas de los antipersonalistas en 1924 y fue ministro de Obras Públicas bajo Alvear y luego ministro de Hacienda bajo Justo. Como sugería su carrera anterior, Ortiz era un demócrata antiyrigoyenista con unas impecables credenciales liberales-conservadoras: «liberal» por sus vínculos con los ingleses y su promesa de poner fin al fraude electoral («Creo sinceramente en los beneficios de la democracia» —dijo al aceptar la candidatura a la presidencia en julio de 1937), y «conservador» por su temor al «gobierno de la chusma» yrigoyenista. Castillo, en cambio, procedía de Catamarca, una de las provincias occidentales más subdesarrolladas, bastión de una oligarquía de hacendados. Durante muchos años había sido decano de la facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires hasta convertirse en ministro de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Justo.

Al acceder Ortiz a la presidencia, creció la tensión entre el gobierno nacional y Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fresco era un ex conservador que, al igual que el propio Ortiz, había tenido vínculos con los ferrocarriles británicos pero ahora se presentaba como nacionalista. Lanzaba ataques continuos contra el «comunismo», perseguía a quienes consideraba partidarios del mismo y buscó la amistad y el patronazgo de Mussolini durante una visita a Roma en 1938. Pero también se presentaba como paladín de la reforma social. Bajo Fresco el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó obras públicas en gran escala entre las que había planes para edificar viviendas públicas y un amplio programa de construcción de carreteras. Patrocinó leyes laborales tanto para los trabajadores urbanos como para los rurales e hizo algunos intentos de crear una red de sindicatos controlados por su administración. En la capital federal le consideraban fascista.

El gobierno de Ortiz empezó a recortar los fondos y las subvenciones federales destinados a la provincia, lo cual obligó a Fresco a incurrir en déficits presupuestarios y más adelante a reducir sus actividades. Finalmente, en marzo de 1940 Ortiz decretó una intervención federal en la provincia de Buenos Aires para derribar a Fresco, al que acusó de tramar un fraude en las próximas elecciones para gobernador. Poco después Ortiz llevó a cabo intervenciones en otras provincias, entre ellas Catamarca, lo que disgustó mucho a su vicepresidente. En las elecciones para el Congreso de mayo de 1940 los radicales obtuvieron su mayor victoria desde hacía más de un decenio y volvieron a estar en mayoría en la Cámara de Diputados. Así pues, a comienzos de 1940 la política argentina parecía seguir el mismo rumbo que después de la elección de Roque Sáenz Peña en 1910. Capitaneada por Ortiz, la Concordancia, al igual que los conservadores de treinta años antes, se había comprometido a restaurar la democracia. Y, como antes, la democratización abrió la puerta a los radicales.

ECONOMÍA Y POLÍTICA, 1940-1943

En el mismo momento en que tan fuerte parecía, la Argentina liberal se encontraba al borde del derrumbamiento. En mayo de 1940 Alemania invadió y ocupó la Europa occidental, y después de evacuar sus maltrechas fuerzas de las playas de Dunkerque, Gran Bretaña impuso un bloqueo naval contra el continente. Las conquistas alemanas y el bloqueo significaron un golpe para la economía argentina que fue aún más grave que el de 1929-1930. El comercio cayó en picado inmediatamente: en 1940 las exportaciones se redujeron en un 20 por ciento. En 1938 el 40 por ciento de las exportaciones de Argentina tuvieron por destino la Europa occidental, pero en 1941 la proporción había quedado reducida a sólo un 6 por ciento, casi toda dirigida a España y Portugal, que eran neutrales. Gran Bretaña importaba la mayor parte de la carne argentina y el mercado británico permaneció abierto, {tero el continente europeo se había hecho inaccesible para la mayor parte de los cereales argentinos, y el resultado fue que los efectos más graves de la guerra fueron para la agricultura y los agricultores, en vez del ganado y los ganaderos. A finales de 1940 el tráfico en los puertos argentinos había quedado reducido a la mitad. Tanto las exportaciones como las importaciones se hundieron hasta niveles inferiores al punto bajo de la depresión.

Las condiciones perjudiciales que surgieron a finales de 1940 persistieron durante los siguientes cuatro años de guerra. En 1937 Argentina había exportado 17 millones de toneladas de cereales, pero en 1942 sólo pudo exportar 6,5 millones de toneladas. Los precios agrícolas alcanzaron una media de sólo dos tercios de los correspondientes a finales del decenio de 1930. Dentro de la agricultura en conjunto la guerra causó los mayores daños al maíz, ya que antes de la contienda alrededor del 90 por ciento del maíz iba a la Europa continental. Durante los últimos años treinta las exportaciones de maíz alcanzaron una media de más de 6 millones de toneladas, pero en 1941-1944 la cifra fue de sólo 400.000 toneladas. En 1941 las importaciones de carbón ya eran sólo un tercio de las de 1939, y en 1943, una sexta parte. En 1942 las importaciones de petróleo representaron la mitad del nivel de 1939 y en 1943, otra vez la mitad.

Inmediatamente antes de la guerra los importadores argentinos habían hecho pocos esfuerzos por formar una reserva de maquinaria, materias primas o piezas de recambio, por lo que ahora fue necesario improvisar con los materiales disponibles. Al verse privados del abastecimiento normal de carbón, los ferrocarriles recurrieron a quemar leños de quebracho, como hicieran en 1914-1918, y luego, al disminuir las reservas de leña, echaron mano del excedente de maíz. En 1944 los cereales satisfacían alrededor de un tercio de las necesidades energéticas del país. Al disminuir las reservas de petróleo importado, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hizo grandes esfuerzos por incrementar la producción y finalmente logró doblar la de los pozos de Comodoro Rivadavia. Aun así, la escasez de petróleo obligó a recurrir al uso generalizado de linaza como sucedáneo. La disminución de las importaciones ofreció grandes y nuevas oportunidades a los fabricantes argentinos y los tumos permanentes no tardaron en ser cosa común en las fábricas de Buenos Aires. Sin embargo, la tasa de crecimiento industrial durante la guerra fue un tanto menor que a finales del decenio de 1930, puesto que los industriales se vieron perjudicados ahora por las repetidas escaseces de electricidad y por la imposibilidad de obtener los suministros que necesitaban en el extranjero. Al mismo tiempo, el paro urbano siguió siendo prácticamente inexistente porque tanto la manufacturación como los servicios absorbieron sin parar a los nuevos trabajadores, entre los que había gran número de mujeres. Las reparaciones se convirtieron en el mayor componente del nuevo sector de servicios y un ejército de mecánicos versátiles se esforzaba por mantener en funcionamiento la maquinaria, los coches y los camiones viejos así como el material rodante que llevaba treinta años circulando.

El derrumbamiento de las exportaciones agrícolas a partir de mediados de 1940 tuvo algunos efectos beneficiosos en la economía urbana, toda vez que hizo que el pan fuese barato y el coste de la vida fuera relativamente estable. Pero la decadencia de la agricultura causó problemas en el campo. Durante la guerra tuvieron lugar dos procesos simultáneos: la agricultura decayó, pero la ganadería registró una expansión porque Gran Bretaña incrementó de manera ininterrumpida sus importaciones de carne. El resultado fue un gran cambio de la agricultura a la ganadería y la extensión de tierra cultivada disminuyó en más de 3 millones de hectáreas durante la contienda. Se calcula que la tierra destinada al cultivo de trigo disminuyó en un 8,4 por ciento, pero la destinada al maíz disminuyó en más de un 40 por ciento. Los excedentes de maíz ayudaron a intensificar el cambio a la ganadería, ya que hicieron crecer la cría de cerdos, actividad cuya importancia se multiplicó por dos durante la guerra. Hasta cierto punto el crecimiento del cultivo de forraje —alfalfa, cebada y avena— para la ganadería y algunos cultivos industriales nuevos encabezados por los girasoles compensó el descenso de los cereales básicos de antes. Pero la tendencia primordial fue abandonar el cultivo de cereales por la ganadería. Entre 1937 y 1947 la cabaña de las pampas aumentó en un 25 por ciento, lo que equivalía a 3,5 millones de cabezas de ganado, mientras la población humana descendía en alrededor de medio millón. Los intentos gubernamentales de detener la salida de población, tales como el control de los arriendos que se introdujo en 1942, resultaron totalmente ineficaces y no consiguieron impedir que la gente abandonara el campo.

En cambio, las condiciones en el interior empezaron a divergir de las que existían en las pampas. Los productores del interior respondieron a la rápida expansión del mercado interno centrado en Buenos Aires incrementando la producción. El crecimiento fue especialmente acentuado en regiones como el Chaco, donde aún había tierra virgen disponible. En otras partes de las regiones campesinas colonizadas del noroeste y el nordeste el incremento de la producción para el mercado aumentó la demanda de mano de obra y, por tanto, contribuyó durante un tiempo a atraer habitantes a la región. Con todo, el crecimiento también aumentó la demanda de una reserva de tierra relativamente fija, y de esta manera, a largo plazo, provocó una expansión de las haciendas que producían para el mercado a expensas de las pequeñas propiedades campesinas orientadas a la subsistencia. El resultado final fue un proceso de cercamiento de los campesinos y el principio de una polarización latifundio-minifundio que con el tiempo se volvería aguda y a partir de los años cincuenta provocaría una segunda oleada de huidas del campo, mayor aún que la primera. De esta Torma el interior acabaría substituyendo a las pampas como origen principal de inmigrantes internos.

A finales de 1940 el gobierno conservador procuró responder a la caída del comercio con un Plan de Reactivación Económica, más conocido con el nombre de Plan Pinedo, pues su autor principal era Federico Pinedo, que cumplía un segundo mandato como ministro de Hacienda. El plan se concibió basándose en la suposición de que durante el año siguiente, 1941, las exportaciones permanecerían en niveles inferiores a los de la depresión. Si así ocurría, el resultado sería «crisis industrial, paro y miseria en las ciudades, un derrumbamiento general de la actividad económica que tendría consecuencias sociales de alcance imprevisible»[26]. Por tanto, Pinedo propuso, al estilo del New Deal, que se usara el gasto público como mecanismo anticíclico para reactivar la demanda, minimizar la inflación y salvaguardar el empleo. Sobre todo, la medida estaba relacionada con las «consecuencias sociales de alcance imprevisible», palabras que era fácil interpretar como referencia a la agitación laboral de la primera guerra mundial, que había culminado con la «huelga revolucionaria» de enero de 1919.

El Plan Pinedo representó la entrada de Argentina en el campo de la planificación económica global. En primer lugar, proponía que se ayudara al sector agrícola ampliando los planes de financiación que administraba la junta que el propio Pinedo había creado siete años antes. El gobierno aumentaría sus compras de cereales a los agricultores y ofrecería precios más altos, al tiempo que instaría a los terratenientes a ser comedidos con los arriendos para que a los arrendatarios les quedasen unos beneficios suficientes. En segundo lugar, el plan procuraba fomentar un crecimiento industrial más rápido y empezar a exportar productos industriales. Proponía que se creara un nuevo fondo crediticio respaldado por el estado para la industria y que se introdujeran reintegros, plan que la Unión Industrial pedía desde hacía mucho tiempo y que disponía que se reembolsaran a los exportadores de manufacturas los derechos arancelarios en que incurrieran al importar materias primas o bienes de capital. Como complemento de estas medidas, el gobierno intentaría firmar tratados de libre comercio con otras naciones de América Latina con el fin de crear mercados nuevos para las manufacturas y ayudar a los productores a beneficiarse de las economías de escala. En tercer lugar, el plan proponía que se financiara la expansión de la industria de la construcción, que el gobierno creía capaz de proporcionar más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Por medio de programas de construcción subvencionados por el gobierno, se ofrecerían casas baratas con hipotecas a largo plazo a los obreros y los empleados.

En 1940 el gobierno todavía era sumamente sensible a la acusación de que se inclinaba hacia la financiación mediante déficit con el consiguiente riesgo de inflación. Pinedo declaró que el plan no se financiaría imprimiendo dinero, sino recurriendo a empréstitos internacionales y que los desembolsos se dirigirían hacia las actividades productivas en vez de emplearlos como meras subvenciones para los parados. El Plan Pinedo manifestaba una preocupación mucho mayor por la agricultura que por la industria, ya que el total de las sumas asignadas para conceder créditos a la industria representaba sólo una sexta parte de las destinadas a los agricultores. Así pues, el cambio a favor de la industria siguió siendo relativamente pequeño. Pinedo declaró que el gobierno apoyaría únicamente a las «industrias naturales». Esta expresión era de uso común entre los liberales desde hacía setenta años y significaba que sólo recibirían apoyo del gobierno las industrias que empleasen una cantidad considerable de materias primas del país y que fueran competitivas. Pinedo contaba con que la industria continuase teniendo un papel secundario en la economía. Al defender la medida ante el Congreso, dijo que las exportaciones agrícolas eran la «rueda principal» de la economía; la manufacturación y la construcción se convertirían en «ruedas menores» al lado de las exportaciones.

El Plan Pinedo ofreció una fórmula para un cambio controlado y cierto grado de diversificación que serviría para contener los efectos de la guerra y minimizaría la agitación y la dislocación. Pero no pasó de ser un plan, toda vez que apareció cuando el país ya había caído en una crisis política. En julio de 1940 el presidente Ortiz, que era diabético y ahora sufría ataques de ceguera, tuvo que abandonar el cargo y traspasar el poder al archiconservador Castillo. Durante un año, hasta que Ortiz finalmente dimitió, Castillo fue sólo presidente en funciones. Pero poco después de asumir la presidencia empezó a dar marcha atrás a la política de liberalización emprendida meses antes. En septiembre de 1940 Castillo ya había reorganizado parcialmente el gabinete y, con creciente enfado de los radicales, empezó a organizar elecciones en las provincias que Ortiz había puesto bajo «intervención». En estas elecciones hubo mucho fraude y los conservadores ganaron en la mayoría de ellas. Hacía muy poco que los radicales habían estado convencidos de que por fin iban camino de recuperar el poder y ahora se encontraron en peligro de ser estafados por Castillo. Empezó entonces una racha de conflictos enconados entre los partidos cuya víctima principal fue el Plan Pinedo. Aunque el Senado, que los conservadores dominaban, aceptó el plan, la mayoría radical en la cámara baja impidió que se debatiera. Los radicales rechazaron un llamamiento de Pinedo a favor de un «acuerdo histórico» para hacer frente a la crisis económica hasta que se les ofreciera una satisfacción por las recientes elecciones.

El Plan Pinedo fracasó debido a las largas peleas entre los radicales y los conservadores que Castillo había vuelto a provocar. Sin embargo, aun en el caso de que la política no hubiese predominado, el plan contenía ciertos supuestos y expectativas que desde el principio hicieron dudar de su éxito. Durante los meses siguientes una serie de decretos ejecutivos puso en práctica muchas de sus propuestas relativas a la agricultura, pero poco hizo por resolver la crisis agrícola o detener la creciente oleada de emigrantes que llegaban a Buenos Aires.

El Plan Pinedo también planteó un asunto que ahora era de la mayor importancia: las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de promover la industria se apoyaba en la suposición de que Argentina podría continuar importando los bienes de capital y las materias primas de los que carecía. Sin embargo, para importar tenía que exportar o, en su defecto, asegurarse de una afluencia importante y continua de empréstitos e inversiones extranjeros. En ese momento, con el cierre de los mercados europeos para sus cereales, el mercado británico era el único importante que le quedaba. Pero al movilizarse para la guerra, Gran Bretaña no pudo seguir exportando a Argentina las mercancías que eran útiles para la industria local. El resultado fue que durante toda la contienda las ganancias de exportación de Argentina se acumularon en Gran Bretaña como «saldos en libras esterlinas». A finales de 1942 dichos saldos ya ascendían a 295 millones de pesos, y un año después, a 714 millones. Se calcula que en diciembre de 1944 los saldos superaban los mil millones de pesos, es decir, unos 80 millones de libras esterlinas. Los ingleses se comprometieron a proteger los saldos en libras esterlinas de cualquier devaluación futura de la libra; pero con la esperanza de cancelar la deuda por medio de exportaciones después de la guerra, mantuvieron los saldos «bloqueados» en Gran Bretaña, completamente fuera del alcance de los argentinos. En varias ocasiones los ingleses respondieron negativamente cuando Argentina pidió que los fondos bloqueados se usaran para liquidar parte de su deuda con Gran Bretaña o se canjearan por los activos de empresas de propiedad británica en Argentina; estas empresas, encabezadas por las ferroviarias, solían comprar la mayor parte de sus suministros en Gran Bretaña y, por tanto, ayudaban a las exportaciones británicas. Además, los ingleses jamás permitirían que los argentinos convirtieran en dólares sus saldos en libras esterlinas, toda vez que esto significaría volver a las prácticas comerciales del decenio de 1920, cuando las ganancias que obtenía Argentina de sus ventas a Gran Bretaña se usaban para incrementar las compras en Estados Unidos. Los ingleses consideraban que dichas prácticas eran sumamente desfavorables. En 1940 Argentina se encontró atrapada en la relación bilateral con Gran Bretaña que tan ansiosamente había buscado en 1933, pero de una manera que no tenía ninguna utilidad para el objetivo de «reactivación económica» de Pinedo.

Al preparar el plan de 1940, tanto Pinedo como Raúl Prebisch, que seguía siendo su principal consejero, previeron que Estados Unidos se convertiría en proveedor substitutivo de las mercancías que necesitaba la industria local y en nuevo mercado para las exportaciones argentinas. «El gran mercado de Estados Unidos —declaraba el plan— ofrece enormes oportunidades. No hay ninguna razón lógica por la cual nuestros productores no deban sacar provecho de él»[27]. Durante un breve período a finales de 1940 Pinedo intentó orquestar una campaña pro Estados Unidos en Argentina y fomentar la idea de que estrechar los vínculos con el citado país daría por resultado una oleada de prosperidad. Los cálculos de Pinedo trascendían los objetivos puramente a corto plazo. A ojos de conservadores como él, Argentina se encontraba ahora en una encrucijada histórica. El antiguo vínculo con Gran Bretaña ya no funcionaba y, de hecho, podía derrumbarse completamente si, como ahora parecía muy probable, Gran Bretaña era invadida y derrotada por los alemanes. Una nueva relación con Estados Unidos no sólo resolvería el asunto del comercio, sino que, además, también salvaguardaría con ello el dominio político de la clase que formaban los rancheros y los comerciantes y que sostenía el conservadurismo liberal. Por estas razones Pinedo abogó ahora por una «cooperación estrecha y total» con Estados Unidos.

Sin embargo, en este momento Argentina tampoco logró salvar las barreras que durante casi un siglo habían obstaculizado de manera persistente todos los esfuerzos por crear lazos estables y duraderos con Estados Unidos. Durante el decenio anterior las relaciones entre los dos países con frecuencia habían sido frías al extender Estados Unidos sus medidas proteccionistas contra las mercancías procedentes de Argentina. En 1930 la Ley Hawley-Smoot reforzó las restricciones que afectaban a la mayor parte de la carne y los cereales argentinos al subir los aranceles sobre la carne y el trigo e imponer nuevos derechos a las pieles. En 1935 todos los artículos agrícolas importados que se vendían más baratos que sus equivalentes norteamericanos fueron prohibidos por completo. En 1936 se impusieron nuevos derechos al sebo argentino. Durante todo el decenio de 1930 Estados Unidos se valió de las normas sanitarias, aparentemente dirigidas contra la propagación de la glosopeda, para excluir otras mercancías procedentes de Argentina. Tanto Uriburu como Justo formularon protestas intermitentes pero inútiles contra estas medidas, mientras Estados Unidos rechazaba la sugerencia que hizo Justo para la firma de un tratado bilateral entre los dos países. A modo de represalia, los conservadores, al igual que los radicales a finales de los años veinte, a veces hostigaban a compañías norteamericanas como la Standard Oil al tiempo que empleaban los controles de cambios para excluir las importaciones estadounidenses. Así pues, durante todo el decenio de 1930 las importaciones procedentes de Estados Unidos fueron una mera fracción de lo que habían sido en los años veinte, a la vez que las exportaciones argentinas a Estados Unidos quedaban reducidas a la mitad.

Los conflictos comerciales de los años treinta agudizaron las corrientes contra Estados Unidos que existían en estado latente en Argentina. Los argentinos empezaron a pasar por alto o atacaban la política «de buena vecindad» del gobierno Roosevelt, que renunciaba a la intervención armada de Estados Unidos en América Latina, y veían el movimiento panamericano patrocinado por Washington como un ejemplo de «maquiavelismo yanqui» cuyo verdadero propósito era controlar todo el continente sudamericano. Después de 1935 Argentina participó, a veces de mala gana, en las sucesivas conferencias panamericanas patrocinadas por Estados Unidos, y cuando, próximo ya el estallido de la guerra, los norteamericanos intentaron crear una alianza defensiva panamericana, el gobierno Ortiz aprobó la idea con poco entusiasmo. El comercio y la diplomacia habían quedado vinculados de forma inextricable. A finales de 1939 como mínimo algunos norteamericanos empezaban a reconocer la causa principal de la poca disposición a cooperar que mostraba Argentina. «Ganarse la amistad de Argentina —declaró John W. White, diplomático norteamericano en Buenos Aires— es en gran parte cuestión de comercio y economía». «Debemos resignarnos —prosiguió— a hacer algunos sacrificios comerciales en aras de nuestra seguridad política y militar, y permitir la importación de productos argentinos»[28].

Pero en 1939-1940 lo único que obtuvo Argentina de Estados Unidos fue un crédito del Export-Import Bank de Nueva York para la compra de mercancías norteamericanas. Después de la Ley de Préstamos y Arriendos de enero de 1941, Washington empezó a proporcionar armas a sus aliados latinoamericanos encabezados por Brasil, pero dio a Argentina la prioridad más baja, negándole casi totalmente los pertrechos militares debido a su postura ante la defensa del hemisferio.

Sobre este trasfondo desalentador, pero como parte de la estrategia del Plan Pinedo, el gobierno Castillo emprendió finalmente negociaciones comerciales oficiales con Estados Unidos y buscó por medio de un tratado comercial —el primero con Estados Unidos desde hacía casi un siglo— las concesiones que se le habían negado durante tanto tiempo. Durante cierto tiempo los miembros del gobierno, los partidos políticos y hasta algunos sindicatos se convirtieron en partidarios entusiasmados del panamericanismo al pensar en la llegada de abundantes fondos y mercancías estadounidenses. Pero cuando se firmó el tratado en octubre de 1941, la decepción fue total, ya que ambas partes hicieron sólo concesiones simbólicas. Estados Unidos ofreció poco más que rebajar los aranceles que gravaban las mercancías que ya importaba de Argentina, tales como linaza y pieles. Las únicas mercancías nuevas que se importarían de Argentina eran algunos minerales raros, como el tungsteno, que necesitaban los fabricantes de armas estadounidenses, y algunos productos lácteos y vinos que Estados Unidos importaba antes de Francia e Italia. Pero la puerta siguió cerrada a los grandes productos básicos de Argentina, la carne y los cereales. Estados Unidos dio así la impresión de que el tratado era simplemente un recurso que la guerra hacía necesario y que no reflejaba ningún cambio importante en su política tradicional.

El fracaso del tratado de octubre de 1941 con Estados Unidos señaló el próximo fin del plan liberal-conservador para lograr la recuperación económica y mantener así el dominio político. Durante más de un año, desde que Ortiz se vio obligado a retirarse en julio de 1940, el equilibrio de poder en la Concordancia y el gobierno había ido cambiando. A principios de 1941 Pinedo había dimitido a raíz de las acusaciones instigadas por los nacionalistas sobre su involucración en tratos corruptos con las compañías ferroviarias británicas. En marzo el ministro de Relaciones Exteriores, José Luis Cantilo, liberal-conservador, también había dimitido, con lo que los ultraconservadores acaudillados por Castillo en persona habían pasado a dominar el gobierno. Pero Castillo se veía cada vez más aislado y respondió introduciendo en el gobierno a hombres que simpatizaban con los nacionalistas. Entre ellos se encontraba el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, cuyas simpatías por la España del general Franco eran muy conocidas.

Así pues, el nacionalismo iba dejando de ser un movimiento situado al margen de la política. A medida que surgían nuevas organizaciones nacionalistas y su propaganda se intensificaba, los nacionalistas empezaron a arrastrar al país en varias direcciones nuevas. La primera era hacia la «soberanía económica», lo cual significa principalmente aumentar la industrialización y nacionalizar las compañías extranjeras en el sector de los servicios públicos. La segunda era lo que dio en llamarse «neutralidad activa», que quena decir, como la definió sucintamente un propagandista en enero de 1941, «no somos neutrales, estamos en contra de todos»[29]. La tercera consistió en dar nuevo énfasis a la «justicia social». A finales de 1939 los nacionalistas se quejaban de que

en Santiago del Estero la gente carece de agua. [En otras partes] no hay pan. En el sur los niños no van a la escuela por falta de ropa. Pero en Buenos Aires un comité formado por dos ex presidentes, un vicepresidente, senadores, etcétera… todos ellos argentinos recauda fondos para los hospitales de guerra en Francia[30].

En 1941 estos sentimientos habían adquirido una forma más agresiva. La Alianza Libertadora Nacionalista declaró que ahora los nacionalistas aspiraban al «liderazgo de las masas proletarias, para ponerlas en armonía con otros elementos de la sociedad hacia la conquista de la justicia y la grandeza de la Nación»[31]. Un típico programa nacionalista de 1941 indicaba las siguientes exigencias: «emancipación económica» para que el país pudiera recuperar «todas sus fuentes de riqueza» controladas por extranjeros; creación de «grandes mercados de consumo interno» por medio de la «industrialización»; redistribución de la «tierra no cultivada “para su trabajo”»; «representación funcional»; «salarios justos»; reintroducción de la educación católica en las escuelas; defensa contra las «amenazas a la unidad nacional» (eufemismo del antisemitismo y el anticomunismo); y medidas para garantizar la «preparación militar» del país[32]. Estas ideas se expresaban comúnmente en las consignas «Soberanía», «Nacionalización», «Justicia Social».

Muchos observadores consideraban que todo esto eran síntomas de la ascensión del nazi-fascismo en Argentina. Años después Raúl Prebisch instó a sus oyentes a no subestimar la influencia nazi en Argentina durante el decenio de 1930. «La he visto; la he experimentado en persona cuando estaba en el Banco Central. La penetración del nazismo en el ejército, en ciertos periódicos, ayudada por los recursos de la embajada alemana era un elemento muy preocupante en Argentina»[33]. En efecto, del mismo modo que los fascistas acechaban entre los nacionalistas en los años treinta, quienes acechaban ahora eran los simpatizantes nazis, entre ellos la redacción de El Pampero, un periódico nuevo de Buenos Aires cuyo director, Enrique Osés, recibía subvenciones de la embajada alemana a cambio de publicar boletines de guerra nazis y un poco de propaganda del mismo signo. En 1940-1941 algunos esperaban que Alemania proporcionase el tipo de relación que el grupo de Pinedo había querido establecer con Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos nacionalistas miraban a Alemania y al nazismo con hostilidad. Para los grupos hispanófilos católicos el nazismo simbolizaba «cuatrocientos años de apostasía» que había empezado con la Reforma, y los pro nazis locales recordaban a un nacionalista (refiriéndose a Carlos de Alvear, uno de los líderes del movimiento independentista argentino) «la postura de algunos de los hombres durante la revolución de mayo [de 1810], que contribuyeron a nuestra independencia de España sólo para hacernos depender de los ingleses»[34]. En septiembre de 1939 un diplomático nazi en Buenos Aires comentó a sus superiores en Berlín: «El sentimiento antibritánico… no debe interpretarse como pro alemán… La nueva Alemania se ve como anticultural [sic]… debido a su supuesta amenaza a la Iglesia católica»[35]. Más que expresar una expansión de la influencia nazi-alemana, el nacionalismo surgió tras el creciente sentimiento antinorteamericano y en el vacío que dejaron los liberales-conservadores al abandonar la Concordancia. A finales de 1941, tras el fracaso de la aproximación a Estados Unidos, Argentina se encontró privada de mercados y pertrechos extranjeros. Además, se hallaba ante lo que percibía como una amenaza militar por parte de Brasil, país al que los norteamericanos estaban armando más rápidamente que a cualquier otro de la región. Impulsada por los nacionalistas, la respuesta de Argentina se volvió cada vez más enérgica y recalcitrante. Mientras reafirmaba su neutralidad y se negaba a doblegarse ante la presión estadounidense para que entrase en la alianza panamericana, empezó a buscar maneras de superar su aislamiento económico y militar.

A finales de 1941 las influencias nacionalistas adquirieron más fuerza y arraigo en el seno del ejército, donde la idea de crear una industria armamentista nacional ejercía una fascinación creciente, lo que a su vez aumentó mucho el apoyo al desarrollo industrial. Los anteriores planes de promoción industrial, como el de Pinedo, hacían hincapié en la industrialización selectiva, es decir, la creación de empresas cuyo objetivo fuera la eficiencia competitiva y que buscasen economías de escala por medio de la exportación. Lo que iba adquiriendo forma ahora era el compromiso con la industrialización total, dirigida por el ejército y el estado. Presionado por el ejército, el gobierno creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se encargaría de proyectar armamentos. Al cabo de un año y pico el coronel Manuel S. Savio trazó los planes para la creación de una industria del acero y propuso que el estado se encargara de financiarla y dirigirla.

Durante 1941 y 1942 Castillo se aferró al poder pese a que su base de apoyo era cada vez más estrecha y al crecimiento ininterrumpido de la oposición encabezada por los radicales. Si bien algunos nacionalistas como Ruiz Guiñazú habían entrado en el gobierno, la mayoría de ellos rechazaban el régimen por considerarlo demasiado «liberal», «oligárquico» o «electoralista». Con el Congreso controlado por los radicales, el presidente empezó a gobernar casi exclusivamente por decreto. El ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue el pretexto primero para la imposición del estado de sitio y luego para usar la policía para impedir las manifestaciones (generalmente a favor de los aliados) y amordazar a la prensa. Pero Castillo no logró contener a la oposición y se vio obligado a cultivar al ejército. Con intervalos regulares ofrecía espléndidos banquetes a los que asistían jefes militares. La crisis y un ambiente de decadencia invadían ahora el país. John W. White, el observador norteamericano, percibió los «problemas de 1942» como

el gobierno reaccionario de la fuerza en manos de un partido minoritario, una economía cerealista excesivamente especializada con una dependencia casi impotente de los mercados extranjeros, una concentración poco saludable de la población en las ciudades, una clase agricultora explotada que no estaba instalada en la tierra que trabajaba, una tasa de natalidad en descenso y una elevada tasa de ilegitimidad y analfabetismo[36].

Las dificultades de Castillo se agravaron cuando las relaciones con Estados Unidos empeoraron de manera acusada al encabezar Ruiz Guiñazú un intento de fomentar el neutralismo, a expensas del panamericanismo, en otras partes de América Latina. En enero de 1942, en la conferencia panamericana de Río de Janeiro, cuyo propósito principal era persuadir a las naciones latinoamericanas a romper las relaciones diplomáticas con el Eje y Japón, Ruiz Guiñazú se opuso constantemente a Estados Unidos y, aunque no logró crear un «bloque meridional» fuera de la alianza panamericana, sí consiguió impedir que se accediera a romper las relaciones. La resolución que salió de Río meramente «recomendaba» la ruptura, pero dejaba que cada país determinara su propia forma de proceder. Bajo la dirección del secretario de Estado, Cordell Hull, Washington tomó represalias e impuso a Argentina un embargo total de armas, detuvo la concesión de créditos del Export-Import Bank y canceló el suministro de petroleros y maquinaria.

Después de la conferencia de Río, Estados Unidos empezó a calificar el gobierno argentino de «fascista» y «pro Eje». En Buenos Aires corrían rumores de una inminente invasión por parte de Brasil y de planes de ocupación de Comodoro Rivadavia, la principal fuente de petróleo, por la infantería de marina norteamericana. Pero mientras esta presión iba en aumento durante todo 1942, Castillo encontró apoyo inesperado por parte de Gran Bretaña. En los primeros años cuarenta Estados Unidos y Gran Bretaña tenían objetivos muy diferentes con respecto a Argentina. Lo que más interesaba a los norteamericanos era forjar un frente militar y político unido en toda América Latina y veía Argentina como un obstáculo para ello. Gran Bretaña, sin embargo, dependía cada vez más de la carne argentina y opuso resistencia a toda forma de proceder que amenazara los envíos de carne. Además, debido a los extensos intereses comerciales y financieros de Gran Bretaña en Argentina, los ingleses eran reacios a permitir que Argentina entrase totalmente en la órbita de Estados Unidos, como parecía probable que sucediera si Argentina se comprometía plenamente con el panamericanismo. Desde 1940 Gran Bretaña había visto con aprensión los intentos estadounidenses de hacerse con el control de las compañías británicas que actuaban en Argentina. Una propuesta norteamericana de dicho año, por ejemplo, sugería que los ingleses pagaran la carne argentina con acciones de las compañías británicas, que luego Argentina utilizaría para pagar las importaciones de Estados Unidos. Debido a ello, en Gran Bretaña la opinión era a menudo favorable a una Argentina neutral. Aunque la neutralidad argentina representaba el riesgo de permitir que espías del Eje transmitieran información sobre los movimientos de los barcos británicos, ayudaría a proteger los barcos que transportaban carne bajo bandera argentina de los ataques de los submarinos alemanes.

A partir de comienzos de 1942 el Departamento de Estado norteamericano buscó pruebas que corroborasen su creencia de que debajo de la neutralidad de Argentina se ocultaba el apoyo al Eje. Sacó a la luz las subvenciones que El Pampero recibía de la embajada alemana; acusó al gobierno argentino de favorecer la propaganda alemana contra los aliados y de tratar de acabar con las organizaciones pro aliados; descubrió que el gobierno de Buenos Aires tenía tratos con empresas alemanas y que se habían concedido visados a personas que eran sospechosas de ser espías alemanes. Pero el ministerio de Asuntos Exteriores británico adoptaba a menudo una postura diferente. A veces reconocía las dificultades prácticas de administrar la neutralidad en un país en el cual la mayoría de las potencias beligerantes poseían considerables intereses comerciales y nutridas colonias de expatriados. Los ingleses parecían reconocer la falta de un compromiso general con la causa aliada en Argentina. En general, la opinión pública estaba a favor de la democracia y temía el totalitarismo, pero estas simpatías se veían empañadas por las animosidades que seguía despertando Gran Bretaña a causa del Tratado Roca-Runciman y por la hostilidad profundamente arraigada contra Estados Unidos. Durante todo 1942 y comienzos de 1943 la opinión británica, aunque se basara en el interés propio, ofrecía una visión más exacta de los asuntos argentinos que la de Estados Unidos: en vez de apoyar secretamente al Eje, en realidad Castillo no apoyaba a nadie. No tenía ninguna política exterior constructiva y su única intención era aguantar hasta que terminase la guerra, con la esperanza, al parecer, de que en tal momento Argentina pudiera restaurar su relación de antes de la contienda con la Europa occidental y de que disminuyera la presión estadounidense.

A mediados de 1943 Castillo tuvo que hacer frente a otra crisis política nacional, y esta vez no logró superarla. En abril se negó a apoyar a Rodolfo Moreno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pretendía sucederle y causó con ello una escisión en la Concordancia. Al cabo de un mes y pico se supo que Castillo quería que Robustiano Patrón Costas, destacado magnate del azúcar de Tucumán y conservador de la vieja guardia procedente del lejano interior como él mismo, fuese el próximo presidente. En cuestión de días la noticia de las intenciones de Castillo provocó un golpe de estado militar que, el 4 de junio de 1943, apartó al régimen con la misma facilidad con que el ejército había despachado a los liberales en 1930. Una vez más las tropas marcharon hasta el centro de Buenos Aires para ocupar la Casa Rosada, mientras durante unas horas Castillo hacía inútiles intentos de resistencia desde un destructor de la armada en el Río de la Plata en el cual se había refugiado.

LA SUBIDA DE PERÓN, 1943-1946

El golpe de junio de 1943 se diferenció del de septiembre de 1930 en que llegó sin anunciarse, sin la visible agitación civil que había presagiado la caída de Yrigoven; pareció pillar por sorpresa a la población en general. Sin embargo, el golpe había estado en el aire desde hacía meses. En el momento de la caída de Castillo la Concordancia no era más que una sombra de lo que había sido, y durante algún tiempo el gobierno había sobrevivido gracias sólo al ejército. En dos aspectos el golpe de 1943 se pareció al de 1930: fue concebido y ejecutado exclusivamente por el ejército y sus líderes se dividían en «liberales» y «nacionalistas». Los primeros, que al principio eran más importantes en número y categoría, pretendían crear de nuevo un gobierno como el de Ortiz, libre del fraude que creían que acompañaría a la elección de Patrón Costas y respaldados por los grandes grupos de intereses liberales o «fuerzas vivas». De los liberales podía esperarse que llegaran rápidamente a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual ahora significaba, ante todo, romper las relaciones con el Eje. Los nacionalistas, en cambio, seguían comprometidos con oponer resistencia a Estados Unidos, con mantener la neutralidad y apoyar la creación de una industria nacional de armamentos.

En el corazón de la facción nacionalista había una asociación secreta de militares, el Grupo Obra de Unificación (GOU), que consistía sólo en una veintena de miembros activos, cerca de la mitad de ellos coroneles u oficiales de graduación inferior. El GOU estaba obsesionado con el comunismo. Antes de la revolución de junio sus miembros parecían menos preocupados por la perspectiva de que otro gobierno conservador fuera elegido mediante el fraude que por la posibilidad de que apareciera un frente popular controlado por los comunistas que concurriese a las elecciones de noviembre. La victoria electoral de un frente popular, según los miembros del GOU, acarrearía un desastre tan grande como la revolución rusa o la guerra civil española. El GOU consideraba que su obligación era hacer que el ejército en general se diera cuenta de este peligro: de ahí su «tarea de unificación». Los miembros del GOU parecían ser nacionalistas de uniforme y no paraban de hablar de «conspiraciones internacionales». El movimiento masónico internacional, por ejemplo, era «creación de los judíos… una temible organización secreta, de carácter internacional… una especie de mafia corregida y aumentada… Entre sus obras se contaban la revolución francesa, la guerra civil española… Es anticatólica y, por tanto, por definición antiargentina». El Club de Rotarios era una «red de espionaje y propaganda del judaísmo internacional al servicio de Estados Unidos». Y el Frente Popular era «una seudodemocracia, una vulgar reunión de compañeros de viaje (comunizantes) que actuaban a instancias del judaísmo… una organización declaradamente revolucionaria que trataba de repetir la pauta de España, donde los moderados cayeron y se convirtieron en marionetas de los comunistas». Los nacionalistas, en cambio, eran «las fuerzas más puras, las que tenían la mayor conciencia espiritual dentro del panorama de la política argentina»[37]. Los vínculos estrechos entre el GOU y los nacionalistas quedan demostrados por una notable afirmación que pretendía justificar la revolución de 1943 y la imposición de la dictadura militar y que cobró la forma de una larga cita de la obra de san Agustín De libero arbitrarle:

Cuando un pueblo es moderado y serio por costumbre… y estima el interés de todos por encima del interés particular, es justa la ley que le permite elegir sus propios magistrados. Pero cuando poco a poco empieza a poner el interés particular por encima del bien común, y si es corrompido por hombres ambiciosos, cae en la costumbre de vender sus votos y entregar el gobierno a los depravados, es justo que el hombre de buena voluntad, aunque sea un solo hombre poseedor de influencia o de la fuerza necesaria, pueda quitar el derecho de escoger gobierno y pueda someter el pueblo a la autoridad de un solo hombre[38].

El líder titular del golpe de estado de junio era el general Arturo Rawson, popular y bien relacionado tanto en el ejército como en la marina y capaz de unir a las dos fuerzas contra Castillo en una promesa de extirpar la corrupción gubernamental. Pero después de asumir la presidencia, Rawson fue depuesto inmediatamente por sus colegas militares tras una serie de disputas relacionadas con la composición del nuevo gabinete. El lugar de Rawson lo ocupó el general Pedro Ramírez, que hasta pocos días antes del golpe había sido ministro de la Guerra en el gobierno de Castillo. La fuerza de la pretensión de Ramírez estaba en sus vínculos secretos con el GOU, cuyos miembros, de hecho, le habían jurado lealtad, pero también en su atractivo para los liberales y los radicales: durante los meses anteriores se había insinuado que los radicales querían que Ramírez fuese su candidato en las elecciones de noviembre.

El gabinete de Ramírez lo formaban casi exclusivamente miembros de las fuerzas armadas cuyas filiaciones políticas exactas aún no eran claras pero que, de hecho, se dividían en partes casi iguales en liberales y nacionalistas. El único miembro civil del gabinete era Jorge Santamarina, el ministro de Hacienda, liberal muy conocido como vástago de las fuerzas vivas o, como lo calificó el GOU, «uno de ellos»[39]. Al menos por fuera el nuevo gobierno parecía controlado por los liberales: el Departamento de Estado norteamericano se apresuró a dar la bienvenida al golpe y a reconocer a Ramírez, mientras la embajada alemana quemaba sus archivos secretos al día siguiente del golpe. Ciertamente en ese momento los liberales controlaban la política exterior por mediación del almirante Segundo Storni, ministro de Relaciones Exteriores. A comienzos de julio Ramírez informó a Estados Unidos de que podía esperar que Argentina rompiera sus relaciones diplomáticas con Alemania en agosto. En ese momento, además, Ramírez, a pesar de sus vínculos con el GOU, parecía dispuesto a convocar elecciones al cabo de poco tiempo porque, al parecer, preveía que iba ser el candidato de una coalición encabezada por los radicales.

Antes de que transcurriera un mes desde el golpe las dos facciones se hallaban enzarzadas en una lucha por el control total del régimen militar. Los liberales querían sacar a los nacionalistas del gobierno y el lema de su campaña era «Poned los generales delante de los coroneles» y los nacionalistas contraatacaban con una campaña cuyo objetivo era impedir que Ramírez fijase una fecha para las elecciones, las cuales, según argüían, significarían la entrada del Frente Popular y, por ende, los comunistas en el poder. Hubo numerosas disputas entre los dos bandos a causa de los nombramientos gubernamentales de nivel inferior, toda vez que los dos trataban de meter a sus propios hombres en el gobierno. Finalmente, a comienzos de septiembre los liberales intentaron salir del punto muerto recabando el apoyo de Estados Unidos. En la célebre «carta de Storni» a Cordell Hull, el ministro de Relaciones Exteriores daba a entender que el régimen ya estaba preparado para romper las relaciones con el Eje, pero pedía a Hull que primero levantara el embargo de armamentos. Storni argüía que levantar el embargo representaría un gesto de buena voluntad por parte de Estados Unidos, que demostraría su disposición a restaurar el equilibrio estratégico en América del Sur, eliminando lo que Argentina percibía como la amenaza militar de Brasil. El propósito obvio de esta petición era provocar en el ejército una oleada de sentimientos a favor de Estados Unidos que los liberales pudieran aprovechar luego para vencer a los nacionalistas y acabar con ellos. Pero Hull hizo caso omiso de esta importantísima oportunidad de intervenir de una manera que favoreciese los intereses de Estados Unidos. En contra de los deseos de sus principales consejeros encabezados por Sumner Welles, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, rechazó de forma tajante la petición de Storni y exigió que Argentina rompiera las relaciones con el Eje sin ningún quid pro quo previo por parte de Estados Unidos. En su respuesta Hull sacaba a colación el comportamiento de Argentina durante la conferencia de Río de Janeiro dieciocho meses antes, cuando había desafiado sistemáticamente las propuestas norteamericanas. Así pues, la carta de Storni no ayudó a los liberales, sino que más bien dio la razón a los nacionalistas y reforzó el argumento que venían presentando de manera persistente desde 1941: Estados Unidos era hostil a Argentina y, por tanto, el único recurso de Argentina era obrar por cuenta propia. Pocos días después de que la respuesta de Hull llegase a Buenos Aires, todos los liberales, incluido Storni, habían dimitido del gobierno de Ramírez y habían sido substituidos por nacionalistas. Entre los nuevos nombramientos los más significativos eran los del general Edelmiro Farrell como vicepresidente y el de Gustavo Martínez Zuviría, el notorio novelista antisemita «Hugo Wast», como ministro de Justicia e Instrucción Pública. El escenario quedó despejado para la revolución nacionalista y la subida de Perón.

Los comentarios de Ysabel Rennie sobre el golpe de estado de junio de 1943, escritos poco después del acontecimiento, eran una visión muy perceptiva del futuro rumbo de la política argentina:

Con la perspectiva del tiempo, este acontecimiento se verá tal como fue: el más importante económica, política y socialmente desde la [revolución de 1890]. Porque este golpe, descargado con rapidez, y sin advertencia previa, señaló el final de una sociedad, una economía y un estilo de vida. Con él se enterró la Argentina que vivía exclusivamente de la carne de buey, la Argentina de la Oligarquía Ilustrada, la Argentina liberal, la partidaria del libre comercio, y las esperanzas, el poder y el predominio de la aristocracia terrateniente[40].

Con todo, el juicio de Rennie era más apropiado para los meses inmediatamente posteriores al golpe de estado que para éste mismo. Fue en octubre y no en junio cuando ocurrió el cambio político más decisivo antes de la culminación de febrero de 1946, cuando Perón ganó las elecciones como presidente.

Una vez los nacionalistas hubieron obtenido el control total de la junta de Ramírez en octubre de 1943, actuaron rápidamente para consolidarse en el país y en el extranjero. Se negaron a seguir hablando con Estados Unidos de romper las relaciones con el Eje y la respuesta norteamericana fue congelar los activos argentinos depositados en bancos en Estados Unidos. Los nacionalistas reiteraron la neutralidad «activa» y reanudaron la búsqueda de aliados en América Latina. A finales de 1943 Argentina había forjado un considerable mercado de exportación de artículos manufacturados en América Latina que Ramírez procuró consolidar firmando tratados comerciales con varios estados latinoamericanos vecinos. El régimen también empezó a meterse en la política de sus vecinos; en un episodio que de nuevo creó fricciones graves entre Argentina y Estados Unidos, un golpe de estado en Bolivia en diciembre de 1943 llevó al poder un régimen neutralista y pro argentino que durante un tiempo sólo tuvo el reconocimiento diplomático de Buenos Aires.

En el plano interior, el régimen dejó de fingir que no tardaría en convocar elecciones. A causa de ello, empezó a encontrar creciente oposición capitaneada por los radicales. El régimen respondió con una mezcla de proclamaciones de estilo nacionalista, represión, populismo incipiente y una creciente oleada de propaganda. Impuso una reducción del 20 por ciento de los arriendos agrícolas y una congelación de los alquileres urbanos. Los tranvías de Buenos Aires, cuya empresa más importante era la Anglo-Argentine Tramway Company, fueron obligados a reducir el precio de los billetes y se abolió la odiada Corporación de Transportes. El régimen nacionalizó la Primitiva Gas Company, que era de propiedad británica. También intensificó la campaña contra la corrupción y llevó a cabo una nueva oleada de purgas. Puso las provincias bajo interventores militares y amplió la censura de prensa. A finales de 1944 abolió todos los partidos políticos porque, según afirmó, no representaban realmente la «auténtica opinión pública». Mientras tanto miembros del gobierno pronunciaron numerosos discursos repletos de consignas nacionalistas como «Honradez, Justicia, Deber»; el propio Ramírez alabó en particular a la población trabajadora rural, que «no estaba contaminada —como dijo— por las ideas exóticas de las ciudades».

Martínez Zuviría comenzó su mandato como ministro de Justicia con un discurso en el que instó a tomar medidas para «cristianizar el país… Deberíamos incrementar la tasa de natalidad y no la inmigración; debemos asegurar que el trabajo reciba la parte justa de las recompensas y poner a todas las familias bajo un techo decente; tenemos que extirpar las doctrinas basadas en los odios de clase y el ateísmo»[41]. Con gran aprobación por parte de la Iglesia, Martínez Zuviría volvió a imponer la enseñanza religiosa en las escuelas por primera vez en sesenta años y luego dirigió una búsqueda de «comunistas» en las universidades, cerrándolas cuando los estudiantes respondían con huelgas. También se adoptaron medidas antisemitas. Aunque los rumores de que el gobierno había creado campos de concentración en la Patagonia resultaron falsos, suprimió varias organizaciones de beneficiencia judías, despidió a algunos maestros judíos y canceló la ciudadanía de algunos judíos naturalizados. La prensa nacionalista llevó a cabo una larga campaña contra Bemberg, el magnate de la cerveza. En abril de 1944 el gobierno se hizo con el control del comercio de exportación de cereales y nacionalizó los elevadores y almacenes de cereales, medidas que algunos consideraron antisemitas porque iban dirigidas contra las casas exportadoras llamadas las Cuatro Grandes. Finalmente, hubo otra racha de ataques contra los comunistas, esta vez entre los sindicatos. Inmediatamente después de hacerse con el poder en junio de 1943, el gobierno había disuelto una facción de la CGT dirigida por los comunistas que había conseguido escindir la federación en marzo de aquel año. En ese momento también acabó con la FONC, los sindicatos de obreros de la construcción, que estaban dominados por los comunistas. A finales de 1943 hubo huelgas de los trabajadores de las empresas cárnicas en Buenos Aires y el gobierno las denunció diciendo que eran instigadas por los comunistas al tiempo que procedía a practicar detenciones en masa. Varios sindicatos, entre ellos las organizaciones de ferroviarios, ya habían sido puestos bajo el control del gobierno por medio del mecanismo de la intervención.

Gran parte de este comportamiento del gobierno manifestaba la cara negativa y puramente reaccionaria del nacionalismo, su exótica mezcla de prejuicios contra el «liberalismo», el «capitalismo» y el «comunismo», su costumbre de romantizar la ruralidad, sus ciegas antipatías contra lo «extranjero» y sus amenazadores impulsos antisemitas. A pesar de ello, el nacionalismo conservaba su compromiso con la «justicia social», cuyo propósito era reconstruir la comunidad nacional orgánica. Esta otra cara del movimiento también se dejó ver cuando aún no había transcurrido un mes desde la revolución de palacio de octubre de 1943 y se procedió al nombramiento, el 28 de octubre, del coronel Juan Domingo Perón como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Los allegados al régimen reconocieron de inmediato la gran importancia de su nombramiento. Perón, según dijo Cabildo, que ahora era el principal diario nacionalista, daría «peso y eficiencia a los problemas laborales», porque conocía las «verdaderas necesidades de las organizaciones obreras», y apoyaría la unidad del movimiento sindical, «tratando siempre de evitar y resolver [sic] los conflictos». La tarea de Perón era la «organización de los sindicatos»[42].

Aunque todavía no formaba parte del gabinete, y no era nada conocido del público, Perón apareció así en las primeras filas del régimen nacionalista. Había sido uno de los fundadores y líderes del GOU, participando activamente en la «tarea de unificación» en el ejército, en la conspiración contra Castillo, como partidario de Ramírez contra Rawson en junio y más recientemente como una de las figuras principales en la lucha entre los liberales y los nacionalistas. De la carrera anterior de Perón, que desde la adolescencia había pasado en el ejército, el rasgo más sobresaliente era su larga experiencia en la política militar. Inmediatamente antes de la revolución de 1930 Perón había interpretado un papel secundario como intermediario entre las facciones de Uriburu y Justo, aunque había evitado que se le identificara con una u otra. Inmediatamente antes y después de que estallara la guerra en 1939 había estado en misión oficial en varios países europeos y se había familiarizado con los regímenes de Mussolini y Franco además de ser testigo de la caída de Francia. Perón gozaba de cierto prestigio en el ejército por su talento de organizador y por sus ideas sobre el papel del ejército en la sociedad moderna. Sus opiniones al respecto eran típicas de los nacionalistas. A diferencia de los liberales, que veían al ejército en un papel negativo de vigilante y simple apéndice del estado, Perón y los nacionalistas lo consideraban el epicentro mismo de la comunidad nacional, el encargado de dirigir y movilizar la sociedad. Como miembro del GOU Perón había evitado las toscas diatribas antisemitas y xenófobas de los demás oficiales, pero se había distinguido como anticomunista extremo, temeroso de las intrigas comunistas para formar un frente popular y, sobre todo, temeroso de la influencia comunista en los sindicatos. La intervención de Perón en los asuntos laborales precedió a su nombramiento como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Había buscado activamente contactos en los sindicatos desde el golpe de estado de junio, sobre todo en la «intervenida» Unión Ferroviaria, que ahora era administrada por su íntimo colaborador y amigo personal el coronel Domingo Mercante.

A finales de 1943 los diversos subtemas de la «justicia social» habían pasado a ser objeto de debates casi diarios en los círculos derechistas, católicos y nacionalistas de Argentina. Durante varios años la Alianza Libertadora Argentina había conceptualizado la justicia social como un sistema de sindicatos controlados por el estado. Después del golpe de junio de 1943, al tiempo que de manera típica exigía medidas contra los «comunistas» y los «judíos», la Alianza instaba a formar un «estado protector de la clase obrera argentina»[43]. En 1943 la prestigiosa Revista de Economía Argentina prestó mucha atención al Plan Beveridge que acababa de hacerse público en Gran Bretaña y juzgaba que la formación de un «estado benefactor» era la mejor manera de evitar una revolución comunista. Otros nacionalistas percibían la clase obrera bajo su control y tutelaje como el instrumento que los llevaría al poder: «La conquista del estado empieza por la conquista de la multitud» —había declarado Marcelo Sánchez Sorondo en mayo de 1943[44]. La mayoría de estas ideas sobre la movilización de las masas y el tutelaje de la clase obrera surgieron del fascismo europeo. Pero los nacionalistas que buscaban inspiración externa para crear sus programas y estrategias ya no tenían que concentrarse en el régimen fascista de Italia, que se estaba desmoronando rápidamente, sino que ahora había un modelo mucho más cercano en el Brasil de Getúlio Vargas: «Vargas ha dado un impulso extraordinario a los derechos de los obreros en Brasil. Empezó esta actividad con la creación del ministerio de Trabajo… La manera en que se ocupan de esta cuestión en Brasil… nos invita a considerar esto como base para el estudio y las ideas»[45].

Así pues, la entrada de Perón en el Departamento Nacional del Trabajo en octubre de 1943 podría verse como la ejecución de una estrategia nacionalista que venía de mucho antes y que Perón adoptó con pleno conocimiento y apoyo de sus colegas de la junta militar. Hizo varias declaraciones muy explícitas sobre sus intenciones y objetivos, la primera en una entrevista con un periodista chileno, Abel Valdés, transcurridas apenas dos semanas desde que tomara posesión de su cargo. A lo largo de toda esta entrevista Perón hizo referencias constantes a conceptos nacionalistas relacionados con asuntos obreros y también empleó el fraseo y el vocabulario clásicos de los nacionalistas:

Nuestra revolución es esencialmente espiritualista. En Argentina la riqueza del pueblo [debería permanecer] en nuestras manos, de manera que cada argentino pueda percibir el mejor rendimiento de sus esfuerzos. Yo mismo soy sindicalista y como tal soy anticomunista, pero también creo que el trabajo debería organizarse en forma de sindicatos, para que los propios trabajadores, y no los agitadores que los controlan, sean los que cosechen los beneficios de sus esfuerzos.

Su objetivo, según declaró Perón, era

mejorar el nivel de vida de los trabajadores, pero sin tolerar el conflicto social… No daré carta blanca a los agentes de la destrucción y la agitación, que con frecuencia ni siquiera son argentinos, sino extranjeros. Tengo los asuntos obreros totalmente controlados, y no por la fuerza sino por la conciliación… No crea usted que somos anticapitalistas. Nada de eso. [Pero] el capitalismo internacional está muy equivocado si cree que puede vencer al espíritu nacional de Argentina que este gobierno encarna[46].

Así pues, según Perón, los nacionalistas trataban de llevar a cabo una revolución espiritualista: la palabra, tomada en préstamo del conservadurismo español, era una de las más comunes del léxico del nacionalismo. La revolución nacionalista significaba mantener la riqueza nacional en el país y dar al trabajo la parte que le correspondía; el propósito de la organización sindical era tener a los «agitadores» a raya y mejorar los niveles de vida sin provocar conflictos de clase. Los comentarios de Perón sobre el «capitalismo internacional» también eran ecos de los nacionalistas, y sus insinuaciones en el sentido de que el capitalismo debía hacer concesiones para impedir que el trabajo se volviera revolucionario parafraseaban las grandes encíclicas pontificias Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. De nuevo había evitado Perón comentarios antisemitas explícitos, pero sus críticas simultáneas contra el comunismo y el «capitalismo internacional» adoptaban las suposiciones generales y la perspectiva en que se basaba el antisemitismo en Argentina.

Con la entrevista con Valdés Perón se presentó al público en general por primera vez. Su aire era de confianza en sí mismo; su actuación fue atractiva y empujó al propio Valdés a hacer una predicción memorable: «Mi impresión general es que el actual gobierno argentino está unido, poderoso y fuerte… Otra de mis impresiones es que… el coronel Juan Perón puede convertirse muy pronto en el caudillo máximo de la República Argentina, y quién sabe durante cuánto tiempo»[47]. Poco después, en una carta abierta dirigida a Ramírez, Perón negó modestamente que aspirase a algo más que al puesto que ocupaba en ese momento, pero era claro a ojos de todo el mundo que estaba cobrando rápidamente ímpetu personal y estatura política.

A finales de noviembre, en un decreto que firmó la totalidad de los ocho miembros del gabinete, el gobierno substituyó el Departamento Nacional del Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social, con lo que Perón, su jefe, pasó a formar parte del gabinete. En un largo preámbulo del decreto Perón esbozaba de manera todavía más explícita sus planes relacionados con el trabajo. El preámbulo decía que la Secretaría de Trabajo serviría como «organización que centralice y controle», para producir «mayor armonía entre las fuerzas productivas: reforzar la unidad nacional mediante un grado mayor de justicia social y distributiva… concebida de manera cristiana a la luz de las grandes encíclicas».

Al hablar con un grupo de obreros unos cuantos día después, Perón declaró «Soy un soldado en el gremio más poderoso de todos: el militar. Y, por tanto, os aconsejo que para conseguir la misma cohesión y fuerza que tenemos nosotros, permanezcáis siempre unidos»[48].

Mientras Perón explicaba sus intenciones para con los sindicatos, había algunas señales indudables de que el trabajo estaba dispuesto a colaborar. En diciembre de 1943 la Secretaría de Trabajo llegó a un acuerdo sobre salarios y beneficios marginales con la Unión Ferroviaria que equivalía a conceder al sindicato virtualmente todo lo que había exigido pero se le había negado de manera continua desde 1929. Poco después, los líderes sindicales encabezados por el secretario de la CGT, José Domenech, saludaron a Perón como «Trabajador Número Uno de Argentina». Perón terminó el año haciendo un llamamiento público a los hombres de negocios para que pagasen voluntariamente a sus trabajadores un aguinaldo navideño consistente en una mensualidad extra. La campaña destinada a fomentar la «justicia social» continuó hasta bien entrado el año 1944. Perón destacó aún más al dirigir las operaciones de socorro después de que un terremoto devastador arrasara la ciudad de San Juan. También en este momento empezó Perón lo que pronto sería su notoria relación con la actriz Eva Duarte, que formaba parte de un grupo de artistas populares que participó en la campaña para socorrer San Juan.

Poco después del desastre de San Juan, sin embargo, una nueva crisis en los asuntos exteriores eclipsó de repente las actividades de Perón entre los sindicatos. A raíz del asunto de la carta de Storni Estados Unidos había intensificado su boicot económico y reanudado su campaña propagandística contra Argentina, después de que ambos fueran suspendidos brevemente desde el derrocamiento de Castillo. La campaña alcanzó su apogeo en diciembre de 1943 tras el golpe de estado en Bolivia, en medio de noticias que afirmaban que Argentina estaba envuelta en una conspiración parecida para derribar al gobierno de Uruguay. El régimen nacionalista redobló entonces sus esfuerzos por crear una industria armamentista, pero en un intento desesperado de aliviar sus debilidades militares inmediatas empezó a tramar la compra de armas a la Alemania nazi. Esta medida resultó un error desastroso, toda vez que Osmar Hellmuth, el agente secreto de Ramírez, fue detenido por los ingleses en Trinidad cuando iba camino de España y Alemania y los ingleses pasaron información sobre sus actividades al Departamento de Estado. El caso Hellmuth proporcionó finalmente a Estados Unidos lo que parecía una prueba concreta de la colusión de Argentina con el Eje, y armado con esta prueba, el Departamento de Estado amenazó inmediatamente con hacerla pública, colocando así a Ramírez en una posición insostenible. Ramírez no tardó en rendirse y el 26 de enero decretó la ruptura de relaciones diplomáticas que Estados Unidos venía exigiendo inútilmente desde 1942.

Excepto para el puñado de personas que conocían los detalles del caso Hellmuth y sus consecuencias, la ruptura diplomática carecía de toda explicación racional y parecía una capitulación incomprensible ante las presiones norteamericanas. La ruptura de relaciones, por tanto, precipitó inmediatamente una crisis política que llegó a un punto culminante en la segunda semana de febrero, cuando el gobierno trató de acallar la creciente avalancha de críticas de los nacionalistas disolviendo y prohibiendo de pronto todas las asociaciones nacionalistas. Después de la prohibición hubo una racha de dimisiones en el gabinete, entre ellas la del coronel Alberto Gilbert, que, como ministro de Relaciones Exteriores, se convirtió en el chivo expiatorio directo de la misión de Hellmuth, y la de Martínez Zuviría, que dejó el gobierno en señal de protesta tanto por la ruptura de relaciones diplomáticas como por la proscripción de los nacionalistas. Pero luego los nacionalistas contraatacaron y el propio Ramírez fue depuesto el 25 de febrero por sus críticos, que le obligaron a dejar la presidencia, primero temporalmente y poco después de manera permanente. El caso Hellmuth había provocado así la caída de Ramírez y otros, pero el régimen nacionalista en conjunto no resultó afectado, como demostró el hecho de que Estados Unidos se negara a reconocer diplomáticamente al nuevo gobierno. El episodio fue otra etapa importantísima de la subida de Perón. Al substituir a Ramírez en la presidencia, el vicepresidente Farrell renunció al cargo que había ostentado hasta entonces, el de ministro de la Guerra, que fue para Perón, primero de forma provisional pero poco después permanentemente. Gracias a la caída de Ramírez, Perón controlaba ahora dos puestos del gabinete.

Bajo Farrell, Argentina siguió distanciada de Estados Unidos y, aunque continuaron los envíos de carne a Gran Bretaña, Washington mantuvo un bloqueo virtual de los suministros a Argentina. El régimen replicó a su aislamiento forzoso con una inmensa movilización militar de hombres y recursos. A finales de 1945 había triplicado los efectivos del ejército al tiempo que incrementaba la participación militar en el gasto público del 17 por ciento en 1943 al 43 por ciento en 1945. Al crecer el ejército, se empleó el personal militar en la construcción de carreteras; se formaron nuevas plantas experimentales bajo el control y la supervisión del ejército; el ejército dirigió la búsqueda afanosa de materias primas industriales en la región andina. En abril de 1944 el gobierno creó un Banco Industrial que se encargaría de financiar las industrias que se considerasen de interés nacional, lo cual significaba principalmente las compañías estatales dedicadas a producir armamentos. La rápida militarización en 1944, que empezó sobre todo como respuesta a las presiones norteamericanas, se convirtió así rápidamente en un instrumento de la política económica, un medio de encauzar los recursos hacia la industrialización. La militarización se correspondía con los principios fundamentales del nacionalismo, que consideraba al ejército un instrumento para reestructurar la sociedad. Pero ahora se estaba formando una estructura visiblemente autoritaria. Al ampliar las fuerzas armadas, el gobierno impuso todavía más restricciones a la prensa y en abril de 1944 aplicó una prohibición de cinco días a La Prensa. A finales de julio Farrell ofició en una gran concentración con antorchas en la Avenida Nueve de Julio de Buenos Aires. Ante un público que se calcula en un cuarto de millón de personas dio a conocer una «Declaración de Soberanía»:

Hoy… todo el pueblo de la República… ha comprendido las verdades fundamentales del nacionalismo… [Esta manifestación] revela la existencia de una poderosa fuerza nacional que va en pos de objetivos que son puramente nacionales y que, por tanto, no puede ser un partido político, porque no defiende los intereses de ninguna «parte» contra otra parte cualquiera, sino la grandeza de toda la nación[49].

El gobierno promulgó edictos aún más nacionalistas, entre ellos un «estatuto del peón» que fijaba salarios mínimos para los trabajadores rurales y era así ejemplo de la vieja preocupación de los nacionalistas por la población rural. A mediados de octubre Farrell presidió una ceremonia que «consagró» simbólicamente las fuerzas armadas a «la Virgen», acto cuyo propósito era evocar la «unión de la Cruz y la Espada» que constituía la visión nacionalista de la conquista de América por los españoles.

De este modo, a pesar de la confusión del caso Hellmuth, el régimen nacionalista continuó cobrando ímpetu y adquiriendo un carácter cada vez más agresivo. Tras la caída de Ramírez, Perón reanudó sus actividades en la Secretaría de Trabajo y se ocupó de eliminar a los adversarios en los sindicatos, principalmente socialistas. En junio, después de eliminar a su líder, Francisco Pérez Leiros, se había hecho con el control del gran sindicato de obreros metalúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica. Aparecieron ahora señales inconfundibles de que había empezado a movilizar a una inmensa base popular. En marzo de 1944 gran número de ferroviarios se manifestaron a su favor. Por primera vez en la historia la CGT participó en el desfile anual del 25 de mayo que conmemoraba la revolución de mayo de 1810. Durante todo este período Perón permaneció en constante comunicación con los líderes sindicales, prometiendo, exhortando y si hacía falta amenazándoles. Su mensaje seguía siendo el mismo que a finales de 1943: instaba a la unidad y promulgaba constantemente el clásico precepto católico de la «justicia social»:

… la nueva política social… se basa en la necesidad… de evitar una situación en que algunos hombres sean demasiado ricos y otros demasiado pobres. La sabiduría del «in medio veritas» continúa siendo válida… La verdad se encuentra en el punto medio, en que se mantenga el debido equilibrio en el reparto de la riqueza con el fin de eliminar la absurda polarización… entre la clase de los ricos y poderosos y la clase de los mendigos… un sano equilibrio… comprensión y conciliación entre las clases… En su discurso… Perón mencionó todos los puntos que comprenden el concepto cristiano de la justicia social que contienen las grandes encíclicas pontificias[50].

Desde su otro puesto, el de ministro de la Guerra, Perón supervisó activamente la expansión del ejército al tiempo que incrementaba su poder y su prestigio en el seno del mismo. Como ministro controlaba las comunicaciones entre el gobierno y los militares, y aprovechaba plenamente su poder sobre los suministros, el patronazgo y los ascensos en un momento en que el presupuesto militar crecía a ritmo acelerado. Perón aparecía como el ideólogo más destacado de la proposición nacionalista de que el papel del ejército era dirigir la política pública y construir una sociedad nueva. El 11 de junio de 1944 pronunció su discurso más impresionante hasta la fecha, en el cual presentó su concepto de la «nación en armas». Perón declaró que la guerra era una consecuencia inevitable de la condición humana. Pero el mejor medio de evitarla que tenía cada nación consistía en hacerse militarmente fuerte, y la fuerza militar requería la movilización de todos los recursos disponibles; a su vez, movilización significaba industrialización y «justicia social». «Si vis pacem, para bellum» —proclamó: «Si deseas la paz, prepárate para la guerra»[51].

En Estados Unidos el discurso de Perón fue atacado por «totalitario» y provocó un nuevo enfriamiento de las relaciones. A partir de entonces, el Departamento de Estado utilizaría con frecuencia la palabra «nazi» para referirse al régimen argentino. Pero en Argentina misma el discurso favoreció la posición política de Perón. Miles de sindicalistas respondieron con manifestaciones populares a los ataques norteamericanos contra Perón. Aprovechando su creciente estatura, menos de un mes después del discurso Perón provocó un conflicto sobre las esferas de autoridad con el general Luis Perlinger, que, como ministro del Interior, se había convertido en su rival principal en la junta. En este conflicto Perón demostró ser irresistible y logró que el resto del gobierno secundara su exigencia de que Perlinger dimitiese. Cuando así hizo Perlinger, Perón adquirió un tercer cargo, la vicepresidencia, que había estado vacante desde la caída de Ramírez en febrero.

En apenas un año a partir del golpe de estado de junio de 1943 contra Castillo, Perón se había convertido de manera indiscutible en la figura principal del régimen militar; Farrell se replegó y a partir de entonces su papel fue el de figura decorativa como presidente. A mediados de 1944 a Perón ya sólo le quedaban dos adversarios: el Departamento de Estado norteamericano y una masa amorfa pero numerosa de oponentes en el país, encabezados por los radicales y las fuerzas vivas, beneficiarías de la vieja economía liberal que se veía amenazada por la política de industrialización y reforma social dirigidas por el estado. Durante el resto de 1944 el Departamento de Estado norteamericano mostró poco interés por Argentina. Las sanciones económicas permanecieron vigentes, pero Estados Unidos resultó incapaz de tomar nuevas medidas contra Argentina, principalmente debido a la oposición británica. A finales de 1944 la oposición interior a Perón iba en aumento, pero seguía siendo extremadamente desunida y difusa. La liberación de París en agosto provocó grandes manifestaciones callejeras en Buenos Aires que se convirtieron en estallidos de cólera contra el régimen por sus «simpatías nazis». Los portavoces de los partidos políticos, que seguían prohibidos, exigían de vez en cuando que se convocaran elecciones, y el «estatuto del peón» provocó una oleada de críticas de las asociaciones de estancieros y agricultores capitaneadas por la Sociedad Rural Argentina. A finales de año Perón se vio envuelto en una enconada disputa con la Unión Industrial Argentina, la principal organización de patronos industriales, al instituir una paga extra obligatoria de fin de año para los obreros, el «aguinaldo», que el año anterior había sido puramente voluntaria. Pero la naturaleza de la política argentina se estaba transformando rápidamente: cada vez que los adversarios de Perón, en el país y en el extranjero, arremetían contra él, sus partidarios sindicales y obreros respondían inmediatamente apoyándole.

Al formar su alianza popular, Perón se benefició de varias circunstancias que contribuyeron a que el mundo del trabajo fuese receptivo a su llamada. En primer lugar, era inevitable que una política de industrialización que incrementaba el empleo urbano resultara popular entre una clase obrera que crecía con rapidez. En segundo lugar, aunque entre 1941 y 1944 el número total de obreros afiliados a sindicatos de la CGT aumentó con relativa lentitud de 441.000 a 528.000, es decir, en un 17,7 por ciento, el número de sindicatos afiliados a la CGT durante el mismo período aumentó de 356 a 969, lo que equivale a un 285 por ciento, tendencia que ilustraba la propagación del sindicalismo en los nuevos sectores de manufacturación en pequeña escala. A resultas de ello, al empezar a funcionar, la Secretaría de Trabajo tenía una masa de contactos en potencia a los que podía vincularse en toda la población activa. Sin embargo, a los patronos, ante un mercado de trabajo favorable al vendedor y separados unos de otros por enormes diferencias de escala, les resultaba difícil unirse para oponer resistencia en común a los sindicatos o a Perón. En tercer lugar, a diferencia del período 1914-1919, en el que se registró un descenso vertiginoso de los salarios reales, en los años 1939-1945 hubo un lento incremento de los salarios reales, principalmente debido a la creación de nuevos puestos de trabajo industriales y a la abundancia de cereales baratos. En 1940 los salarios reales medios estaban más o menos en el mismo nivel que en 1929 y crecieron en un 10 por ciento antes de 1944. Las huelgas fueron mucho menos frecuentes durante los primeros años cuarenta en comparación con veinticinco años antes. Entre 1940 y 1944 la incidencia de huelgas, medida por horas-hombre perdidas, fue de sólo un tercio de la de 1915-1919, aunque la población activa más o menos se había doblado entre los dos períodos. Así pues, durante la segunda guerra mundial no sólo se mostró el trabajo menos militante que veinticinco años antes, sino que los sindicatos tendieron a preocuparse menos por los salarios que por beneficios marginales como el subsidio de enfermedad, las pagas extras, las vacaciones pagadas y la compensación por accidente.

Los beneficios marginales eran más fáciles de dar que los incrementos salariales y eran exactamente el tipo de recompensas que la Secretaría de Trabajo podía gestionar. Asimismo, resultaba mucho más fácil tratar con el trabajo cuando el asunto principal se refería a mejoras relativamente superficiales de condiciones que ya eran bastante aceptables, en lugar de la supervivencia de obreros desesperados, a menudo al borde de la rebelión, como sucedía veinticinco años antes. Las técnicas básicas que empleaba Perón eran hacer cumplir la legislación laboral que ya existía, apoyar los aumentos salariales en sectores donde los sindicatos ya estaban organizados y promover sindicatos nuevos donde no existiera ninguno. Perón obtuvo alguna ventaja de la purga de líderes sindicales comunistas poco después del golpe de junio de 1943. Los comunistas eran los líderes sindicales que probablemente se hubieran resistido a él con mayor tenacidad. Sin embargo, su número seguía siendo escaso y el gobierno exageraba constantemente su influencia. Tampoco era muy seguro el prestigio de los comunistas entre los obreros, ya que durante toda la guerra habían evitado las posturas extremistas que pudieran afectar al esfuerzo bélico. Aunque muchos líderes sindicales en 1943-1945 rehusaron tratar con Perón e intentaron guardar las distancias, las presiones de las bases con frecuencia les obligaron a tratar con la Secretaría de Trabajo. A finales de 1944 la Secretaría había empezado a tratar sólo con los sindicatos que poseyeran personería gremial, es decir, personalidad jurídica plena conferida por el gobierno. Pero para adquirir esta personalidad los sindicatos tenían que ser controlados por líderes que Perón considerase aceptables, lo cual quería decir líderes que estuvieran dispuestos a seguir sus órdenes.

En el plano internacional, después de la dimisión de Cordell Hull como secretario de estado en noviembre de 1944, la responsabilidad de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado pasó a Nelson Rockefeller, el nuevo subsecretario. Apoyado por numerosas asociaciones de fabricantes de Estados Unidos que veían Argentina como un gran mercado potencial en la posguerra, Rockefeller trató de obtener mayor cooperación de Argentina haciendo concesiones. Poco después de noviembre Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas, suavizó los embargos comercial y financiero y dio a entender que estaba dispuesto a levantar la prohibición de vender armas a Argentina que había impuesto durante la guerra. Esta diplomacia de nuevo cuño tuvo casi al instante varios resultados positivos. En febrero de 1945 Argentina firmó el Acta de Chapultepec, que prometía la cooperación interamericana en la defensa y el comercio mutuos. Finalmente, a finales de marzo, Argentina declaró la guerra a Alemania y Japón. En ese momento, cuando apenas faltaba un mes para la capitulación de Alemania, la declaración de guerra fue sólo simbólica, pero el gesto sirvió para que Argentina fuera admitida en las Naciones Unidas al tiempo que sugería que estaba dispuesta a que las futuras relaciones con Estados Unidos fuesen muy diferentes. Durante un período fugaz pareció, pues, que las aspiraciones del Plan Pinedo de finales de 1940 acabarían cumpliéndose bajo la junta militar.

Sin embargo, el nuevo trato dispensado a Argentina bajo Rockefeller cesó bruscamente después de mediados de abril, cuando Traman substituyó a Roosevelt en la presidencia y el Departamento de Estado experimentó una reorganización más. Aunque Rockefeller permaneció en su puesto durante un tiempo, el control de la política para con Argentina pasó a Spruille Braden, uno de los principales críticos de la neutralidad argentina durante la contienda así como del gobierno argentino del momento. Al terminar la guerra en Europa, Estados Unidos se libró por fin de las restricciones británicas y, encabezado por Braden, aplicó sus energías a una campaña cuyo objetivo era apartar a Perón y al régimen nacionalista. En mayo Braden fue nombrado embajador en Argentina y en junio ya recorría el país atacando al gobierno y exigiendo elecciones inmediatas; instó a Washington a no prestar más ayuda a Argentina «hasta el momento en que el control militarista nazi de este país haya sido substituido por una democracia constitucional y cooperante [sic]»[52].

Mientras tanto, Perón había seguido ampliando y consolidando su alianza con los sindicatos. En su discurso más destacado de este período definió su objetivo como «la revolución pacífica de las masas»:

Si no llevamos a cabo la Revolución Pacífica, el Pueblo mismo tomará el camino de la Revolución Violenta… Y la solución de todo el problema es la justicia social para con las masas… Naturalmente, esta idea no es popular entre los ricos… Pero ellos son sus propios peores enemigos. Mejor ofrecer el 30 por ciento ahora que dentro de años, o quizá incluso meses, arriesgarse a perder todo lo que tienen, incluidas las orejas[53].

En efecto, el mensaje no era popular entre los «ricos», y a mediados de 1945 las actividades de Spruille Braden reavivaron rápidamente la oposición a Perón que había permanecido dormida en gran parte durante algunos meses. En junio un «Manifiesto de las Fuerzas Vivas» atacó las reformas sociales del gobierno, pero este documento fue seguido al cabo de muy poco por un contramanifiesto de los sindicatos «en defensa de los beneficios conquistados por medio de la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social».

Finalmente, el 19 de septiembre, después de tres meses de creciente tensión, miles y miles de adversarios de Perón se reunieron en las calles de Buenos Aires en una «Marcha de la Constitución y la Libertad». Cinco días después el general Arturo Rawson, que había sido presidente por un día en junio de 1943, capitaneó un golpe de estado fallido desde Córdoba. A finales de septiembre la marina se pronunció a favor de una vuelta al poder civil. Poco después, el gobierno mismo se dividió entre los adversarios de Perón, encabezados por el general Eduardo Ávalos, y sus partidarios. El 9 de octubre Ávalos consiguió obligar a Perón a dimitir de sus múltiples puestos en el gobierno. Tres días después fue encarcelado en la isla de Martín García. Parecía que el «peronismo» se había derrumbado bajo los ataques y que Farrell no tardaría en satisfacer las principales exigencias de los «constitucionalistas» liberales: fijar una fecha para celebrar elecciones al tiempo que cedía el control a un gobierno provisional encabezado por los jueces del Tribunal Supremo.

Tuvo lugar entonces lo que según sir David Kelly, el embajador británico, fue una «comedia increíble». Con la victoria a su alcance, el movimiento que pretendía acabar con Perón flaqueó. En los días que siguieron a su caída, las discusiones en el seno de la coalición liberal retrasaron los esfuerzos de Juan Álvarez, el presidente del Tribunal Supremo, por organizar un gobierno provisional. Surgieron otros conflictos entre los líderes de la coalición y el ejército. Aunque éste, capitaneado por Ávalos, había acabado doblegándose ante la presión y sacrificando a Perón, no quiso tomar más medidas que hubieran significado el derrumbamiento y el fin de la revolución de 1943. En el seno del ejército, en parte debido a la preocupación ante futuras represalias pero también porque no quería renunciar a sus nuevos poderes tanto en el gobierno como en la economía, creció rápidamente la resistencia al plan de entregar el gobierno al Tribunal Supremo. Se llegó a un punto muerto que continuó hasta que los acontecimientos dieron un giro repentino y decisivo cuando el 17 de octubre miles de obreros marcharon hasta el centro de Buenos Aires para exigir la puesta en libertad de Perón. Si el ejército hubiera querido un gobierno nuevo dominado por los liberales, hubiera podido actuar rápidamente para impedir la marcha de los obreros. No sólo permitió la marcha, sino que autorizó a Perón, que dos días antes había regresado a Buenos Aires desde Martín García, después de convencer a sus carceleros de que necesitaba tratamiento médico, a dirigir la palabra desde la Casa Rosada a las inmensas multitudes reunidas en la Plaza de Mayo. Proclamó una «indestructible unión de hermandad entre el pueblo [y] el ejército»[54]. Después del 17 de octubre la facción de Ávalos en el gobierno de Farrell dimitió; Perón y sus partidarios volvieron al poder.

Para todos los observadores contemporáneos la marcha de los obreros ocurrió de forma totalmente espontánea. Sin embargo, era obvio que Perón había planeado un acontecimiento de este tipo como parte de su estrategia para la supervivencia política. Al despedirse de su estado mayor el 10 de octubre, instó a tratar de conseguir el apoyo popular. Después de su caída, sus principales colaboradores encabezados por Domingo Mercante recorrieron los distritos industriales y obreros de la ciudad instando a la acción en su nombre. Muchos obreros ya se habían declarado en huelga el 13 de octubre, después de que numerosos patronos rehusaran cumplir la orden de Perón de que el día 12, el «Día de la Raza», fuera fiesta laboral. Los intentos de los obreros de cruzar el río Riachuelo, que dividía la capital federal de la provincia de Buenos Aires, empezaron el 16 de octubre. La gran marcha del 17 de octubre no debía prácticamente nada a la CGT, cuyos líderes no se reunieron hasta la tarde del día 16 mientras las manifestaciones iban in crescendo. Incluso entonces la CGT votó a favor de apoyar a los obreros por un escaso margen de 21 a 19. Sobre todo el «17 de octubre» pareció ser una demostración de comportamiento arraigado, ya que durante un año y pico los sindicatos y los obreros se habían ido acostumbrando a responder a las amenazas contra Perón con la movilización popular.

Los acontecimientos de septiembre-octubre de 1945 demostraron hasta qué punto, en sólo dos años, Perón había transformado totalmente la política argentina: había hecho que la pelea de cincuenta años entre los radicales y los conservadores resultara un anacronismo; había empujado a la clase obrera a participar en la política, al tiempo que prácticamente eliminaba los tradicionales partidos obreros, en particular el socialista; había dividido el país entre los partidarios «peronistas» de la «independencia económica» y la «justicia social» y los defensores «antiperonistas» del antiguo orden liberal. En noviembre, aunque continuó resistiéndose a dar paso a un gobierno bajo el Tribunal Supremo, la junta anunció que se celebrarían elecciones en febrero de 1946. En diciembre de 1945 los adversarios de Perón habían superado finalmente sus diferencias internas y habían formado una Unión Democrática (UD) para concurrir a las elecciones. Los radicales dominaban esta coalición, pero a su lado había una mezcla dispar que incluía restos del conservador Partido Democrático Nacional, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La UD representaba lo más parecido que surgió en Argentina al Frente Popular contra el que se había movilizado el GOU en 1943. Pero la UD carecía del ingrediente principal del Frente Popular: el apoyo de la clase obrera organizada. Detrás de su fachada reformista la coalición subsistía con poco más que el impulso de oponerse a Perón. No obstante, acaudillada por José Tamborini, ex radical con unos antecedentes políticos parecidos a los de Roberto María Ortiz, la UD seguía confiando en obtener una arrolladora victoria electoral.

Para Perón la crisis de septiembre-octubre de 1945 había terminado en un escape casi milagroso del olvido político y, sin embargo, pese al 17 de octubre, no en una victoria definitiva. Ahora se enfrentaba al reto de presentarse con poca organización propia a unas elecciones contra una coalición que comprendía a casi todos los partidos políticos. Tenía el apoyo de los sindicatos de Buenos Aires, pero casi nada más. En menos de cinco meses tenía que formar una coalición nacional. En primer lugar, Perón se aseguró el apoyo del Partido Laborista, nuevo partido obrero respaldado por los sindicatos cuyo modelo era más o menos el Partido Laborista británico. En segundo lugar, después de numerosos fracasos durante 1944 y 1945, Perón logró finalmente ganarse a una minoría considerable de los radicales. Hortensio Quijano, el líder de la facción radical disidente, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, que ahora apoyaba a Perón, se convirtió en su compañero de candidatura y ayudó a proyectar el movimiento a las provincias. Entre los otros desertores radicales que se unieron a Perón a finales de 1945 había varios miembros destacados de la FORJA, junto con algunos nacionalistas conservadores capitaneados por la Alianza Libertadora Nacionalista. En las provincias Perón aumentó sus partidarios atrayendo a unos cuantos caciques políticos de talante conservador que habían probado por última vez el poder bajo Castillo y seguían oponiéndose a toda costa a los radicales. Finalmente, Perón gozaba del apoyo de la Iglesia, ya que se comprometió a conservar la enseñanza religiosa en las escuelas que Martínez Zuviría había vuelto a introducir en 1943 y recordaba continuamente a la jerarquía eclesiástica que los comunistas formaban parte de la UD. A finales de 1945 el «peronismo» creció así rápidamente más allá de su base en los sindicatos bonaerenses y se convirtió en un movimiento heterogéneo con nuevas fuentes de apoyo en las provincias y la población rural.

A medida que se acercaban las elecciones de febrero, y tras haber empezado muy a la zaga de su adversario Tamborini, Perón iba ganando terreno rápidamente. Entonces, cuando faltaban sólo unos días para los comicios, el Departamento de Estado norteamericano publicó un libro azul titulado «A Blue Book: A Memorándum of the United States Government [a otros gobiernos latinoamericanos] With Respect to the Argentine Situation». Spruille Braden, que ahora era subsecretario de Estado, había instigado la preparación y distribución de este documento, cuyo propósito era demostrar «cómo agentes nazis en Argentina… se habían combinado con grupos totalitarios para crear un estado nazi-fascista»[55]. El informe presentaba materiales recogidos por Estados Unidos durante la guerra que trataban de demostrar que miembros de sucesivos gobiernos argentinos y personal militar de alta graduación, entre ellos el mismísimo Perón, habían actuado en colusión con el Eje. Repetía las acusaciones de que Argentina había tolerado o alentado el espionaje y la propaganda alemanes; citaba los discursos pro Eje de líderes militares, tratos entre los gobiernos y empresas alemanas y empréstitos concedidos por bancos alemanes a políticos argentinos.

El «Libro Azul» fue recibido por casi todos los bandos argentinos como una burda treta extranjera cuya intención era influir en las elecciones. Reavivó instantáneamente las simpatías nacionalistas, inutilizó a la UD y dio a Perón un asunto importante para unir al electorado a su alrededor. En una entrevista que le hizo un periodista brasileño Perón dio sarcásticamente las gracias a Braden «por los votos que me ha dado. Si me llevo dos tercios del electorado, un tercio se lo deberé a Braden»[56]. En la recta final de las elecciones, en la campaña peronista resonaba el grito de «¡Braden o Perón!»: la rendición ante las presiones norteamericanas o un audaz compromiso al lado de Perón con un programa de cambio revolucionario. Al hacerse el recuento de votos, se vio que Perón había ganado el 52,4 por ciento frente al 42,5 por ciento de Tamborini (1,49 millones de votos contra 1,21 millones), con el resto de los votos para los partidos menos importantes. Pero habiendo vencido en once de las quince provincias, incluida la capital federal, Perón obtuvo una mayoría arrolladora en el colegio electoral. Tomaría posesión de la presidencia el 4 de junio de 1946, tercer aniversario del golpe de 1943.

Las elecciones de 1946 demostraron que los bastiones del peronismo estaban en la capital y en dos de las tres provincias principales del litoral, Buenos Aires y Santa Fe. En las tres jurisdicciones sin excepción la alianza peronista obtuvo más del 50 por ciento del voto popular. Dentro del litoral sólo Córdoba cayó en poder de la UD, gracias a una alianza frágil y formada apresuradamente entre los liberales y los conservadores. Los peronistas obtuvieron una mayoría en Mendoza y Tucumán, las principales provincias vinateras y azucareras, en las cuales había gran número de trabajadores rurales y urbanos, y en las provincias más atrasadas del oeste y el norte, donde vivían grandes comunidades de campesinos: Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En las ciudades del este, sobre todo en Buenos Aires, el Partido Laborista obtuvo el voto de casi toda la clase obrera, tanto los trabajadores «nuevos» que se componían de emigrantes empleados en nuevas fábricas y nuevos servicios como el proletariado «viejo» que antes votaba a los socialistas[57]. En la capital y sus principales barrios periféricos empezando por Avellaneda el peronismo apareció así como un movimiento formado en su inmensa mayoría por obreros que obtuvo el apoyo de una pequeña minoría perteneciente a otros sectores. Pero en otras partes el apoyo a Perón fue mucho más heterogéneo e incluía a numerosos grupos rurales que a menudo habían apoyado a candidatos conservadores. La facción disidente radical Junta Renovadora que apoyaba a Perón desempeñó un papel importante en las elecciones al llevarse votos de la facción radical ortodoxa (la Unión Cívica Radical).

En 1946 Argentina se embarcó así en la versión revisada y popular de la revolución nacionalista que proponía Perón. Hasta finales de 1940 pocos habían sido los indicios de la inminencia de esta gran transición. Que el cambio tuviera lugar reflejaba en parte el accidente que representó la retirada y la muerte prematura de Ortiz, ya que, de haber vivido éste, los conflictos entre los radicales y los conservadores que debilitaron a Castillo tal vez hubieran sido mucho menos agudos. Sin embargo, el cambio de presidente no bastó para desatar las fuerzas que acabaron con el conservadurismo liberal. Igual importancia para su caída tuvieron la segunda guerra mundial y el fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual proporcionó a los nacionalistas la oportunidad de difundir su visión alternativa del futuro de Argentina.

Capítulo 2
ARGENTINA, 1946-c. 1990[*]

LA DÉCADA PERONISTA, 1946-1955

El día 24 de febrero de 1946 el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de Argentina en una elección sin fraude. Esta victoria fue la culminación de su vertiginoso ascenso político, que había empezado unos cuantos años antes, cuando la revolución militar de junio de 1943 puso fin a una década de gobiernos conservadores y llevó al poder a un grupo de coroneles del ejército con simpatías filo-fascistas. El naciente régimen militar había avanzado a tientas entre la hostilidad que sus tendencias autoritarias y clericales habían despertado en las clases media y alta y la cuarentena diplomática organizada por Estados Unidos como represalia por la postura neutral de Argentina en la segunda guerra mundial. Por medio de astutas maniobras palaciegas Perón se convirtió en la figura dominante del régimen y puso fin al aislamiento político de la élite militar emprendiendo una serie de reformas laborales que surtieron un gran efecto en la clase obrera, numéricamente incrementada por obra del proceso de industrialización y urbanización acelerado a partir de los años treinta. Desde la perspectiva de Perón, la función de estas reformas era prevenir la radicalización de los conflictos y la propagación del comunismo. Sin embargo, la burguesía argentina no temía una inminente revolución social, temor que, en otras épocas y en otros lugares, había facilitado la aceptación de reformas parecidas. De resultas de ello, se sumó al frente antifascista que organizó la clase media, impregnando las divisiones políticas de un visible sesgo clasista.

En 1945 el nuevo clima creado por el inminente triunfo de las fuerzas aliadas empujó a las autoridades militares a buscar una solución institucional. Luego de intentar con éxito limitado obtener el respaldo de los partidos tradicionales, Perón decidió lanzar su candidatura presidencial apelando al apoyo popular que había cultivado durante su permanencia en el poder. En octubre de 1945, ese apoyo resultó decisivo cuando un complot militar instigado por la oposición estuvo a punto de interrumpir su carrera política, al forzar su renuncia y su posterior detención. Una movilización popular, organizada por los sindicatos y secundada por los partidarios de Perón en el ejército y la policía, logró sacarlo de la cárcel y reinstalarlo en la contienda electoral. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos, que eran la fuerza principal detrás del recién creado Partido Laborista, junto con los disidentes del Partido Radical organizados en la UCR-Junta Renovadora, La oposición se agrupó en torno de la Unión Democrática, coalición de partidos centristas e izquierdistas que recibió el ostensible respaldo del sector empresarial y de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Perón aprovechó plenamente estas circunstancias para presentarse como paladín de la justicia social y los intereses nacionales y ganar las elecciones celebradas en febrero de 1946.

Una vez concluidas las elecciones, la coalición peronista, formada en un plazo relativamente breve, reuniendo sectores de orígenes diferentes, se encontró al borde de la desintegración. En el centro del conflicto se encontraban los líderes sindicales del Partido Laborista y los políticos radicales disidentes de la Junta Renovadora. De acuerdo con las reglas constitucionales, los representantes en el Senado eran elegidos indirectamente por las legislaturas provinciales. Antes de los comicios, los laboristas y la Junta Renovadora habían acordado compartir los escaños del Senado a partes iguales, pero cuando llegó la hora los políticos utilizaron argumentos caprichosos y el soborno para desplazar a los líderes laboristas del Senado y los gabinetes provinciales. En este conflicto Perón decidió apoyar a los elementos más dóciles provenientes de los partidos tradicionales y disminuir la influencia de los laboristas. Unos días antes de asumir la presidencia en junio de 1946, ordenó la disolución de los partidos de la alianza electoral y la creación de un nuevo partido, invocando la necesidad de contar con un movimiento cohesionado con el fin de gobernar con eficacia y unidad. Los líderes del Partido Laborista, que insistía en su propia autonomía más que la Junta Renovadora en la suya, debatieron durante varios días la actitud a adoptar. Finalmente, los argumentos a favor de la unidad se impusieron. A cambio de renunciar a sus antiguas ambiciones políticas se les prometió un lugar representativo en el nuevo partido. Los beneficios potenciales que conllevaba su incorporación en el orden político oficial prometían demasiado para arriesgarlos en la defensa de una independencia que les hubiera colocado en los márgenes de la naciente Argentina peronista.

Así pues, la breve resistencia de los laboristas terminó a mediados de junio de 1946. Perón nombró a los organizadores del nuevo partido entre los legisladores recién elegidos. Aunque había unos cuantos sindicalistas, la mayoría eran políticos de clase media. Esta tendencia se acentuaría con el tiempo. No había lugar en el esquema de la nueva organización para sectores que tenían una base de poder independiente del partido mismo.

En enero de 1947, cuando los organizadores del nuevo partido solicitaron a Perón que aprobase el nombre de «Partido Peronista», sancionaron explícitamente otro rasgo, más decisivo, de la estructura política del movimiento. El personalismo fue una consecuencia casi inevitable de un movimiento formado en un período tan breve y partiendo de la convergencia de fuerzas heterogéneas. Por otro lado, Perón procuró recortar la influencia de las fuerzas que le apoyaban en la nueva organización. El Artículo 31 de los estatutos del Partido Peronista, aprobados en diciembre de 1947, le autorizaba a modificar todas las decisiones que tomara el partido además de revisar todas las candidaturas. Aunque Perón tenía contraída una obvia deuda ideológica con la tradición autoritaria en la cual se había formado, el conflicto en el seno del bloque triunfante de 1946 también gravitó para imponer un liderazgo fuerte y centralizado. La anarquía fue, de hecho, el rasgo distintivo del movimiento peronista durante los primeros años. Sólo el ejercicio constante de la autoridad por parte del propio Perón neutralizó la falta general de disciplina entre sus seguidores.

Poco después de tomar posesión de su cargo Perón resolvió varios conflictos políticos provinciales, empezando en la provincia de Catamarca, substituyendo a las autoridades locales por un interventor nombrado por la Administración central. Este mecanismo de control, previsto en la Constitución, se utilizó abundantemente durante el primer año: en Córdoba en 1947, La Rioja, Santiago del Estero y de nuevo Catamarca en 1948 y Santa Fe en 1949. Incluso Corrientes, la única provincia donde la oposición había triunfado en 1946, fue sometida a la intervención en 1947.

Perón también apuntó hacia el último baluarte de los supervivientes del Partido Laborista. En noviembre de 1946 Luis Gay, ex presidente del partido, fue elegido secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y, desde allí, trató de seguir una línea independiente. La controvertida visita de una delegación de líderes obreros norteamericanos brindó a Perón la oportunidad de acusar a Gay de tramar el retiro del apoyo que la CGT prestaba al gobierno y el ingreso en el movimiento sindical interamericano que promovía Estados Unidos. La acusación desencadenó una campaña violenta de la prensa oficial contra Gay, que tuvo que dimitir en enero de 1947. Unos cuantos de sus colaboradores más allegados dimitieron con él, pero la mayoría optó por adaptarse al nuevo orden. A partir de entonces la CGT, encabezada por figuras de segundo orden, se convirtió en una agencia de las directivas oficiales dentro del movimiento laboral.

Paso a paso, Perón fue recuperando los márgenes de poder independiente que había debido tolerar durante la campaña electoral. Además del Partido Peronista y la CGT, el otro pilar fundamental del régimen eran las fuerzas armadas. La franca ruptura entre los militares y la oposición democrática en 1945 había permitido a Perón lanzarse a la conquista de la presidencia. Después de ser elegido, procuró presentarse como hombre de armas en un esfuerzo por granjearse el apoyo de los militares. Para ello, se esforzó por definir sus relaciones con éstos sobre bases estrictamente institucionales, y aunque muchos oficiales sirvieron en el gobierno, la institución en conjunto no fue involucrada. El objetivo de Perón era la neutralidad del cuerpo de oficiales y, con el fin de alcanzarlo, se abocó ante todo a satisfacer sus exigencias profesionales.

Estos fueron los años de la expansión y la modernización en las fuerzas armadas. Como resultado del auge de las inversiones militares que siguió al golpe de 1943, los gastos militares ya representaban el 38, 4 por ciento del presupuesto nacional en 1945. En los años sucesivos, el porcentaje descendió hasta el 20,6 por ciento en 1951, pero, aún así esta cifra estaba muy por encima del nivel de antes de la guerra, que era del 18,2 por ciento, y Argentina continuó destinando más fondos de su presupuesto a la defensa que cualquier otro país latinoamericano. La ampliación del cuerpo de oficiales a un ritmo más rápido que el incremento del número de soldados rasos (el número de generales se dobló entre 1946 y 1951) y la compra de material moderno permitieron ganar la tolerancia de las fuerzas armadas a las políticas del régimen durante los primeros años.

Este intercambio político no habría sido posible sin algún grado de identificación de los militares con los principios generales del gobierno de Perón. El nacionalismo, la industrialización y la justicia social coincidían con creencias profundamente arraigadas entre los oficiales. Además, una prudente manipulación de las rivalidades internas y el reparto de favores menudos contribuyeron a aislar a los elementos menos confiables y a recompensar la lealtad de los más adictos. Confinadas a un papel profesional que les reportaba beneficios tangibles, las fuerzas armadas se insertaron discretamente en el régimen peronista.

La Iglesia contribuyó, asimismo, a la consolidación del nuevo régimen. Ya durante la campaña de 1946 había desempeñado un papel positivo. Hostigada por el anticlericalismo de las fuerzas políticas tradicionales, imbuida de ideología antiliberal, la jerarquía eclesiástica recibió con agrado el homenaje constante de Perón a la doctrina social de la Iglesia. En vísperas de las elecciones recomendó a sus fieles no votar a los candidatos cuyos programas y actitudes contradijeran el mensaje católico. Fue obvio que esta advertencia apuntaba a la Unión Democrática, que objetaba la decisión del gobierno militar imponiendo por decreto la enseñanza religiosa en las escuelas en 1943. Una vez en el poder, Perón transformó el decreto en ley. Más adelante, la actividad oficial en el campo del bienestar social y la educación habría de enfriar el entusiasmo de los obispos, que no hallaban tampoco fácil conciliar su apoyo a Perón con sus vínculos tradicionales con la clase alta. No obstante ello, se abstuvieron inicialmente de hacer públicas sus reservas, en un esfuerzo por lograr una pacífica coexistencia con el nuevo orden político.

Con el respaldo del ejército y la Iglesia, y la lealtad de una masa popular muy pronto encuadrada bajo un liderazgo centralizado, el nuevo régimen había levantado cimientos seguros para su sustentación. Empero, Perón decidió reforzar igualmente su gobierno por medio de mecanismos burocráticos y represivos. La primera víctima fue la Corte Suprema, que había opuesto resistencia a las reformas sociales de Perón desde el principio. En septiembre de 1946 sus miembros fueron acusados en el Congreso de, entre otras cosas, haber reconocido como legítimos los gobiernos de hecho que surgieron de los golpes militares de 1930 y 1943. Ocho meses más tarde fueron destituidos como parte de una purga general del poder judicial. Otro baluarte de resistencia en 1945, la universidad, pasó por un proceso parecido con la expulsión de miles de profesores. En 1947 fueron cerrados los semanarios políticos de la oposición, y grupos económicos vinculados al régimen empezaron a adueñarse del sistema de radiodifusión nacional. En 1951 la expropiación de uno de los periódicos más tradicionales, La Prensa, y su traspaso a la CGT crearon un virtual monopolio estatal de los medios de comunicación. Los pocos que sobrevivieron con cierto grado de independencia se cuidaron bien de no desafiar francamente el tono uniforme y proselitista utilizado por los medios oficiales para celebrar la política del régimen.

Con esta supresión gradual de las libertades públicas, la oposición política se encontró limitada a la esfera del Congreso. Sin embargo, el estrecho margen de votos que había dado la victoria a la coalición peronista fue transformado por la legislación electoral en una abrumadora mayoría gubernamental. La aplicación de la ley Sáenz Peña, que otorgaba dos tercios de los escaños electorales a la mayoría y el tercio restante al principal partido minoritario, dio a los peronistas el control no sólo del poder ejecutivo, sino también de la cámara baja, con 109 de 158 diputados. Además, los peronistas triunfaron en 1946 en trece de los catorce gobiernos provinciales y esto les dio el control del Senado.

La conmoción psicológica que experimentaron las fuerzas de la oposición a raíz de la derrota en las elecciones se vio magnificada cuando se dieron cuenta de que prácticamente habían desaparecido del mapa político. El Partido Demócrata y la facción antipersonalista Unión Cívica Radical (UCR), que había gobernado entre 1932 y 1943, quedaron reducidos a tres diputados y dos senadores. El Partido Socialista, cuya presencia en el Congreso había sido continua desde 1904, no tenía ni un solo representante; lo mismo ocurría con el Partido Comunista. Sólo los radicales habían logrado sobrevivir al colapso, aunque quedaron reducidos a cuarenta y cuatro diputados.

Las tendencias autoritarias del régimen estuvieron lejos de facilitar un apaciguamiento de los antagonismos políticos. El pequeño y combativo bloque de la oposición no dio tampoco tregua al movimiento oficialista, pero sus críticas no lograron trasponer el recinto del Congreso e incluso allí se veían acalladas por la presión de la gran mayoría peronista. En las elecciones legislativas de 1948, el 52 por ciento que la coalición peronista obtuvo en 1946 aumentó hasta situarse en un 57 por ciento, con lo que el poder político quedó todavía más concentrado.

Garantizada su legitimidad en el plano interno, el nuevo gobierno buscó restablecer sus relaciones con Estados Unidos. Unas semanas después de asumir el poder, Perón envió al Congreso el Acta de Chapultepec (marzo de 1945) para su ratificación y oficializar, así, el reingreso de Argentina en la comunidad interamericana. Simultáneamente, se permitió un gesto de independencia y renovó las relaciones con la Unión Soviética, que habían estado suspendidas desde 1917. A esto le siguió la deportación de un número de espías nazis y la adquisición por el estado de compañías de propiedad alemana y japonesa. En junio de 1947 el presidente Traman declaró su satisfacción con la conducta argentina. En la muy demorada conferencia interamericana convocada en Río de Janeiro en septiembre de 1947 el ministro de Exteriores de Perón, con una actitud muy diferente de la de su predecesor en la anterior conferencia de Río, celebrada en 1942, firmó el Tratado de Seguridad del Hemisferio. La recompensa fue el levantamiento del embargo de armas por parte de Estados Unidos.

Al terminar la segunda guerra mundial, Argentina se encontró libre de deuda externa y en posesión de importantes reservas de divisas extranjeras, al tiempo que se beneficiaba de la gran demanda y los precios elevados de sus exportaciones de alimentos y de una industria en crecimiento. Dentro de este marco, el gobierno peronista puso en práctica una política económica con tres objetivos principales: la expansión del gasto público, reforzando el papel del estado en la producción y la distribución; la alteración de los precios relativos con el fin de fomentar una distribución más igualitaria de la renta nacional; y el progresivo establecimiento de un sistema de incentivos que premió las actividades orientadas al mercado interno y desestimuló la producción destinada a los mercados internacionales.

Esta combinación de intervención estatal, justicia social y economía orientada hacia adentro no fue una experiencia aislada en América Latina en la década de 1940. Es cierto que en el caso argentino, caracterizado por un mercado de trabajo sin grandes bolsas de marginalidad y un movimiento sindical muy activo, el sesgo igualitario fue más acentuado que en otros países de la región. No obstante, el destacado papel del sector público en la acumulación de capital y el énfasis creciente en el mercado interno constituían, casi sin excepción, la contraparte regional del keynesianismo en boga en los países principales de Occidente.

La economía peronista no fue fruto de una estrategia económica deliberada. Las bases sociales del régimen condicionaron sus opciones económicas. Entre el proyecto de la industrialización para la defensa nacional, a partir de la industria pesada, auspiciado por oficiales del ejército durante la guerra, y la continuación de la industrialización liviana, Perón escogió la segunda opción, que era más congruente con una distribución progresiva de la renta. En sólo tres años —entre 1946 y comienzos de 1949— el salario real aumentó más de un 40 por ciento. Esta alteración de los precios relativos, casi sin precedente nacional o incluso internacional, produjo una rápida expansión del consumo y un crecimiento industrial que alcanzó el 10, 3 por ciento en 1946, el 12, 1 por ciento en 1947 y el 6, 9 por ciento en 1948. En este contexto el clima de optimismo prevaleciente en el sector empresarial venció la inquietud causada por la audaz política de ingresos y el poder de los sindicatos, preparando el camino para una euforia prolongada en la Bolsa y una oleada de inversiones por parte de las empresas privadas. La idea de que el beneficio capitalista podría aumentar al mismo tiempo que subían los salarios dejó de ser una paradoja ensalzada por la propaganda oficial y se convirtió en una convicción generalizada.

El rápido crecimiento del aparato económico estatal y las restricciones a los flujos del comercio exterior no fueron tampoco decisiones que se derivaron racionalmente de una estrategia económica original. Es verdad que a partir de 1946 el gobierno peronista llevó a cabo una política de nacionalización de los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, marina mercante, líneas aéreas, gasolina, etcétera). Estas decisiones, junto con los crecientes fondos del presupuesto asignados a la política de bienestar social, condujeron a una ampliación progresiva de la esfera de acción del estado y un salto de alrededor del 30 por ciento del gasto público. También es cierto que a través de la política cambiaría y a la imposición de restricciones cuantitativas a las importaciones —especialmente después de 1948— se fue moldeando una economía volcada hacia adentro de sus propias fronteras con un bajo grado de exposición a la competencia internacional.

Sin embargo, parecía no haber ninguna alternativa a estos fenómenos, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el de la principal oposición. Ambos estaban convencidos del inminente estallido de una tercera guerra mundial y creían que ésta acabaría asestando un fuerte golpe al comercio internacional. También albergaban cierta desconfianza, común en América Latina, ante el liderazgo del capital privado en el proceso de desarrollo. Partiendo de estas premisas, ambos bandos coincidían en pensar que la construcción de un estado fuerte y extenso y la protección de las empresas nacionales —intrínsecamente débiles ante la competencia extranjera— eran necesarias para el crecimiento económico y, sobre todo, para el mantenimiento de un elevado nivel de empleo. Además, el estatismo generalizado en la mayoría de los países occidentales, la calma tensa de la guerra fría y la lenta expansión de las oportunidades comerciales en el mercado mundial para la industria argentina parecían corroborar el diagnóstico dominante.

La política económica del peronismo, con sus rasgos nacionalistas, keynesianos y distribucionistas, fue posible gracias a la combinación de una serie de circunstancias favorables que no se repetirían en la historia de la economía argentina. Después de casi dos décadas de crisis comercial, la abrupta mejora de los precios de las exportaciones agrícolas y, por consiguiente, de los términos de intercambio permitió que la nueva prosperidad se financiara con divisas extranjeras y abriera un cauce a las medidas de redistribución necesarias para consolidar el régimen peronista. Las reservas de fondos extranjeros acumulados durante la guerra —gran proporción de los cuales no era convertible— también permitieron financiar la nacionalización de servicios públicos.

Además, la relativa abundancia de recursos fiscales fáciles de recaudar significó que el nuevo nivel de gasto público pudo alcanzarse y mantenerse sin grandes dificultades. La creación del Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI), entidad que tenía el monopolio virtual del comercio exterior, proporcionó al gobierno acceso indirecto a la principal fuente de acumulación de capital y permitió desviar el alza de los precios de exportación en beneficio del sector público. Con este objeto, el IAPI compraba cereales a los productores locales a un precio que fijaban las autoridades y los vendía en el mercado internacional a precios más altos. Los recursos obtenidos por medio de este mecanismo, junto con los ahorros forzosos procedentes de un sistema de pensiones con importante superávit y una amplia batería de impuestos directos e indirectos que recayeron, en particular, sobre los grupos de renta más elevada, fueron conformando la imagen veraz de un estado rico y generoso.

Finalmente, la nacionalización del sistema financiero y la notable expansión de sus depósitos, resultante en buena medida del ascenso económico de los pequeños ahorradores beneficiados por la redistribución de la renta, permitieron incrementar los créditos subvencionados hacia las empresas públicas y privadas. Esta política crediticia constituyó una parte importante de la economía peronista, ya que estimuló las inversiones en capital y abarató el capital de trabajo, compensando así los efectos del mayor coste de la mano de obra mediante los beneficios financieros.

Así, la economía peronista se vio favorecida por la evolución excepcional del mercado internacional de la posguerra, los crecientes ingresos fiscales y la masificación del ahorro institucionalizado. Esta estrategia de desarrollo, que se basaba en el poder adquisitivo del estado y en los salarios altos, y que, por estar orientada al mercado interno, pudo hacer caso omiso de los inevitables costos en términos de eficacia y competitividad, duró apenas tres años. No obstante, fueron los años que grabaron una imagen duradera de la economía del peronismo en la memoria colectiva.

Entre 1946 y 1948 Argentina debió hacer frente a las trabas a su comercio externo creadas por el boicot impuesto por los Estados Unidos como consecuencia de la neutralidad argentina en la segunda guerra mundial. El boicot había empezado ya en 1942 y hasta finales de la década la política comercial norteamericana trató a Argentina como nación enemiga. Se aplicó un embargo parcial de combustible y se negaron al país otras importaciones fundamentales, por encima de las restricciones que imponía la guerra. De 1946 a 1949 el foco del boicot se desvió desde las trabas al abastecimiento de insumos industriales críticos hacia un esfuerzo por reducir las exportaciones argentinas, con vistas a forzar a un régimen considerado hostil a hacer concesiones políticas. Cuando se normalizaron las relaciones en 1947 el hostigamiento económico por parte del gobierno de Estados Unidos continuó de forma encubierta, a través de la Economic Cooperation Administration (ECA). Este poderoso organismo, encargado de distribuir los fondos del Plan Marshall a sus beneficiarios europeos, desalentó las compras de alimentos argentinos al tiempo que fomentó las de sus competidores, como Canadá y Australia. Esta política estaba, empero en contradicción con las directivas del Departamento de Estado norteamericano. Sus efectos fueron lo bastante perjudiciales como para suscitar el reconocimiento extraoficial por parte de funcionarios norteamericanos de que la discriminación de la ECA había contribuido a la escasez de dólares de Argentina y colocado al país en la ruta de una futura catástrofe económica. Cuando los obstáculos puestos a la principal fuente de divisas externas del país coincidieron con la declaración unilateral de Gran Bretaña de la inconvertibilidad de la esterlina en agosto de 1947, la situación se hizo cada vez más difícil de manejar.

Dirigiendo ahora la atención a las fuerzas económicas hay que destacar que los terratenientes argentinos demostraron una gran flexibilidad ante el nuevo régimen. Perón contribuyó a ello al escoger a un miembro de la Sociedad Rural para el cargo de ministro de Agricultura. Además, les aseguró que las veladas amenazas de expropiación de la tierra hechas durante la campaña electoral serían archivadas. La asociación representativa de los propietarios rurales pronto hizo las paces con el nuevo presidente y mantuvo intacta su estructura institucional. La suerte que corrió la Unión Industrial fue distinta. Los empresarios industriales desafiaron al nuevo gobierno nombrando a líderes anticolaboracionistas al frente de su asociación. El precio que pagaron por su audacia fue una decisión gubernamental poniendo fin a la independencia de la central empresaria. Poco a poco, sin embargo, los empresarios fueron acomodándose a la nueva situación cuando se dieron cuenta de que la política oficial no llegaría al extremo de confiscar los beneficios del auge económico y su franca resistencia inicial se transformó en un forzado conformismo.

Por su parte, los sindicatos continuaron reclutando nuevos afiliados con apoyo oficial. Los 877.300 obreros sindicalizados que había en 1946 se convirtieron en 1.532.900 en 1948. En la mayoría de los sectores de la economía urbana la tasa de sindicalización se situó entre un 50 y un 70 por ciento. El aumento de la influencia sindical corrió paralela con la extensión y la unificación de las instituciones que regulaban las relaciones laborales. Durante los años previos, las normas laborales habían reflejado grandes desequilibrios de fuerza en el seno del movimiento laboral; las condiciones de trabajo de que gozaban, por ejemplo, los empleados de los ferrocarriles eran desconocidas en otros sectores. La política laboral de Perón acabó con este tipo de elitismo sindical. A partir de 1946 las negociaciones colectivas penetraron profundamente en el mercado laboral; el sistema de pensiones se hizo extensivo a los empleados y trabajadores de la industria y el comercio; y se introdujeron las vacaciones pagadas y las indemnizaciones por despido. La tolerancia oficial y una situación próxima al pleno empleo se tradujeron en un aumento del activismo sindical dirigido contra las empresas. En 1945 las huelgas en la ciudad de Buenos Aires afectaron a 50.000 trabajadores; en 1946 el número de huelguistas aumentó hasta situarse en 335.000; y la cifra correspondiente al año siguiente fue de 550.000.

El clima social que acompañó al desarrollo del régimen necesitaba una vigilancia constante, para la cual Perón encontró a la colaboradora ideal en la persona de su propia esposa. Eva Duarte había nacido en el seno de una familia de clase media baja en la provincia de Buenos Aires y era hija ilegítima de un estanciero que se negó a reconocerla a ella y a sus hermanos. A la edad de quince años llegó a Buenos Aires, atraída por el encanto de la ciudad e interpretó pequeños papeles en olvidables obras de teatro y programas de radio hasta que conoció a Perón en 1944. Eva asimiló rápidamente las nociones elementales de una educación política que le impartió el extrovertido oficial del ejército que le profesaba admiración. En 1946 Evita —como pronto fue llamada— tenía veintisiete años de edad y en seguida resultó obvio que no pensaba aceptar un papel decorativo como primera dama del régimen. Mientras Perón se concentraba en las tareas de gobierno, Evita tomó para sí la activación política del movimiento oficial, a cuyo servicio puso una retórica vibrante y deliberadamente brutal que enardecía a sus seguidores y despertaba miedo y odio entre sus enemigos. Tal como escribió en su autobiografía:

Porque conozco las tragedias personales de los pobres, de las víctimas de los ricos y poderosos explotadores del pueblo, debido a esto, mis discursos suelen contener veneno y amargura… Y cuando digo que se hará justicia de manera inexorable, cueste lo que cueste y afecta a quien afecte, estoy segura de que Dios me perdonará por insultar a mis oyentes, ¡porque he insultado empujada por el amor a mi pueblo! Él les hará pagar por todo lo que han sufrido los pobres, ¡hasta la última gota de su sangre![1]

Su injerencia se hizo visible primero desde su despacho del ministerio de Trabajo, donde administraba recompensas y castigos y enseñaba a los líderes sindicales la férrea disciplina del nuevo régimen. Más adelante tendió la mano a los sectores más marginados de la población, el subproletariado urbano y las clases más atrasadas de las provincias, para las cuales los nuevos derechos laborales tenían sólo importancia limitada. Evita creó una red de servicios sociales y hospitalarios para ellos por medio de la Fundación Eva Perón, que substituyó y superó largamente las organizaciones de caridad de inspiración religiosa de las clases altas. La fundación se convirtió en un eficaz instrumento para hacer proselitismo entre los sectores más pobres y sus actividades llegaron hasta todos los rincones del país con envíos de máquinas de coser, bicicletas y pelotas de fútbol. Más tarde, Evita encontró otra cruzada a la que podía dedicar sus energías en la condición política de las mujeres: dirigió la campaña a favor del sufragio femenino y, una vez instaurada por ley en 1949, organizó la rama femenina del partido oficial. Por medio de su intervención, el peronismo continuó la movilización política iniciada en 1945; nuevos sectores se sumaron al vasto séquito popular del régimen, complementando y al tiempo recortando el papel de los sindicatos dentro del mismo.

La prosperidad económica, el apoyo popular y el autoritarismo se combinaron para garantizar el desarrollo del régimen, que trató de afianzarse por medio de la reforma constitucional de 1949. Una asamblea constitucional en la cual los seguidores de Perón tenían una mayoría holgada introdujo modificaciones en la Constitución liberal de 1853. Algunas de estas medidas consolidaron los avances en los derechos civiles y laborales. Un artículo basado en la Constitución mexicana instauró la propiedad estatal de los recursos energéticos, pero la modificación política más significativa consistió en revocar la disposición que prohibía que el presidente fuera reelegido de manera consecutiva.

Una vez aprobada la reforma, se inició una campaña para que Perón fuese reelegido en 1951. Los sindicatos propusieron que Evita también formara parte de la candidatura presidencial, pero la idea no contó con la aprobación de los jefes militares, que aconsejaron a Perón su rechazo. El presidente se inclinó ante el veto militar y Evita anunció luego que retiraba su candidatura. La victoria arrolladora de Perón en las elecciones de noviembre de 1951, con Hortensio Quijano como candidato a la vicepresidencia para un segundo mandato, defraudó todas las esperanzas de vencer al peronismo por la vía electoral. La lista de candidatos oficiales obtuvo 4.580.000 votos, mientras que los candidatos del Partido Radical, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, a quienes se les había negado el acceso a los medios de comunicación, obtuvieron 2.300.000 votos.

Al votar a favor de Perón por un margen de 2 a 1, el electorado le autorizó a seguir avanzando por el camino autoritario. En 1952, el Congreso, en el cual los cuarenta y cuatro diputados de la oposición habían quedado reducidos a catorce, elevó la ideología peronista a la condición de doctrina nacional bajo el nombre de «justicialismo». Esta «nueva filosofía de la vida, sencilla, práctica, popular y fundamentalmente cristiana y humanística», tenía como «supremo objetivo garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación por medio de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad»[2]. Su imposición obligatoria a funcionarios y ciudadanos eliminó todo rastro de pluralismo en la vida política y condenó a los demás partidos a una existencia prácticamente clandestina.

Una vez que el peronismo se consideró a sí mismo el único movimiento nacional, sus relaciones con el resto de la sociedad estaban destinadas a cambiar. Uno de los cambios más importantes después del comienzo del segundo mandato de Perón en junio de 1952 fue la reorganización de los vínculos entre el estado y los intereses sociales. El orden corporativista erigido por Perón fue congruente con su ideología; prometía una sociedad armoniosa libre de luchas de clases. El nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales habría de facilitar la instauración de una «comunidad organizada» cuyos principales componentes rivales se unían para actuar como un conjunto orgánicamente interdependiente bajo la conducción del estado. Después de las elecciones de 1951, el incipiente orden corporativista se amplió de manera sucesiva. Ala CGT se sumaron la Confederación General Económica (CGE), organización que aglutinaba al sector empresario, y, poco después, la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria y la Unión de Estudiantes Secundarios.

Las motivaciones ideológicas no eran el único factor que inspiró la nueva arquitectura del régimen. También gravitó la aspiración a construir un orden político que se centrara menos en los sectores obrero y popular y otorgara claramente al estado el papel de árbitro entre las fuerzas sociales. La creación de esta nueva estructura de poder modificó asimismo la posición que ocupaban las fuerzas armadas, que ya habían empezado a perder la relativa autonomía de que habían gozado entre 1946 y 1949. Perón comenzó a exigir una creciente integración de las instituciones militares en el movimiento político oficial, mientras procuraba ganar a los oficiales de alta graduación por medio de nuevos favores y privilegios. Las reiteradas pruebas de la fuerza electoral del peronismo convencieron, a su vez, a la oposición política de que el camino de las urnas no contenía ningún futuro para ella; apoyada por varios militares retirados que habían sido víctimas de las purgas de 1945, hizo diversos intentos vanos de derrocar al presidente. Sin embargo, su suerte pareció cambiar hacia 1951 debido al descontento existente entre los militares ante las claras señales de que Perón se estaba preparando para ser reelegido y que, más grave aún, Evita le acompañaría en la candidatura presidencial. Esta amenaza ayudó a vencer la resistencia de los altos mandos militares, que empezaron a discutir la destitución de Perón. Pero diferencias tácticas y rivalidades personales primero y luego el retiro de la candidatura de Evita dificultaron la gestación de un levantamiento coordinado; el general retirado Benjamín Menéndez hizo un intento aislado que fue sofocado rápidamente. La reelección de Perón por un 62 por ciento de los votos provocó un repliegue de los conspiradores y despejó la vía para una intensificación del control político de las fuerzas armadas. A partir de 1952 los intentos de substituir la subordinación constitucional al jefe del estado por la lealtad al liderazgo personal de Perón se hicieron más manifiestos. Los militares cedieron ante las nuevas exigencias, pero su descontento permaneció vivo, en particular entre los oficiales de los cuerpos intermedios.

La reorientación de los militares con respecto al peronismo formó parte de un proceso más amplio. Debido a su nivel de vida y a su procedencia social, los miembros del cuerpo de oficiales compartían la preocupación con que las antiguas clases medias seguían la presencia abrumadora de las masas en la vida pública. La rapidez con que se había producido el cambio social hizo flaquear el espíritu tradicionalmente progresista de la clase media urbana. Países más antiguos habían pasado por cambios estructurales parecidos a los de Argentina con la intensificación de la industrialización, pero en ellos las instituciones habían absorbido estos cambios en forma más gradual y lenta, por lo que la transición a la democracia de masas había sido menos brusca. En cambio, en la Argentina de Perón todo parecía suceder a la vez y demasiado rápido: el crecimiento de los sectores obreros, el desarrollo de los sindicatos, la expansión del bienestar social y, en un nivel más profundo, la quiebra de la deferencia que el antiguo orden acostumbraba a esperar de los estratos más bajos de la sociedad.

Esta subversión de las pautas tradicionales de poder y prestigio se vio agravada por una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde llegaría el peronismo? ¿Cuándo consideraría Perón que la reparación histórica a las masas populares había quedado completada? Para que la clase media urbana advirtiera que detrás del lenguaje agresivo de la pareja gobernante existía un respeto no menos sincero por las bases últimas del orden existente, se hubiera necesitado una capacidad de percepción que, en aquellas circunstancias, apenas poseía. Movidas por una profunda aversión al tono plebeyo que teñía los logros del régimen, se convirtieron en la masa de maniobras de la oposición conservadora. Un movimiento de resistencia civil comenzó a tomar forma, al principio de manera subrepticia y consistente en pequeños y simbólicos gestos de rebelión.

El 26 de julio de 1952 murió Evita, víctima del cáncer. Con ella desapareció la figura que mejor representaba al movimiento peronista para las masas populares, pero también cuanto éste tenía de intolerable para sus adversarios. El sentimiento de hondo dolor colectivo que provocó su desaparición inauguró, de forma ominosa, el segundo mandato de Perón. Desaparecido el elemento clave del activismo popular, el gobierno apareció desde entonces como una máquina burocrática que carecía del atractivo político de los primeros años y mostraba los vicios asociados con un poder demasiado seguro de sí mismo; a principios de 1953 el círculo íntimo de Perón se vio envuelto en un escandaloso caso de corrupción que tuvo por protagonista a Juan Duarte, hermano de Evita. La CGT respondió apoyando los esfuerzos del presidente por rectificar las cosas, pero el acto público en solidaridad con Perón terminó de manera dramática, al estallar varias bombas puestas por comandos opositores, que causaron heridos y muertos. La respuesta inmediata de los peronistas fue incendiar el Jockey Club, la sede tradicional de la clase alta, y destruir las oficinas centrales de los partidos de la oposición. Una oleada de detenciones en masa siguió a estos sucesos y descargó un duro golpe sobre el embrionario movimiento de resistencia.

Tras esos incidentes, Perón pareció darse cuenta de la necesidad de disipar la tensión política. Las puertas del palacio presidencial se abrieron a los líderes de la oposición, pero los interlocutores que importaban eran los radicales. Diez años después de la revolución de 1943, el apoyo electoral tanto de los conservadores como de los socialistas prácticamente había desaparecido. Los radicales, que habían ampliado su audiencia al presentarse como la única alternativa al peronismo, se mostraron poco dispuestos a llegar a un entendimiento que, si daba buenos resultados, entrañaría la renuncia a su papel de ferviente oposición. El gobierno tampoco fue muy lejos en la busca de la reconciliación. Hacia finales de 1953 se declaró una amnistía, pero sus beneficiarios descubrieron que estar fuera de la cárcel pocas cosas cambiaba, toda vez que las restricciones a la actividad política se mantuvieron en plena vigencia.

Para entonces la prosperidad económica que había acompañado a la instauración del régimen peronista se estaba disipando. Las primeras señales de deterioro de la economía ya eran evidentes en 1949. Después de cuatro años consecutivos de superávit, el déficit comercial ascendió a 160 millones de dólares, debido en gran parte a un descenso de los términos de intercambio. El índice de los términos de intercambio (1935 = 100) fue de 133 en 1947 y 132 en 1948. En 1949 retrocedió hasta 110, y en 1950, hasta 93. Al mismo tiempo, la inflación, que había sido del 3, 6 por ciento en 1947, aumentó hasta alcanzar un 15,3 por ciento en 1948 y un 23,2 por ciento en 1949. La expansión del gasto público y el consiguiente crecimiento del déficit fiscal completaban un panorama de crecientes dificultades.

Aunque entre los miembros del gobierno crecía la conciencia del comienzo de la crisis, se limitaron a corregir los precios relativos y, careciendo de una política de austeridad fiscal, durante un tiempo titubearon entre la continuidad y el cambio. Para un modelo de crecimiento que desde el principio se había basado en el liderazgo del sector público y en el crédito barato para financiar la expansión del mercado interno y los salarios altos, la estabilización tenía un coste muy elevado en términos del nivel de actividad, el empleo y los niveles salariales.

Por estas razones, las primeras medidas fueron parciales y muy poco eficaces. Miguel Miranda, que había presidido los asuntos económicos durante los años de bonanza, fue substituido por Alfredo Gómez Morales, al que se encargó que tomara una nueva dirección. Sus primeras medidas consistieron en una devaluación moderada de la moneda y un racionamiento del crédito tanto para el sector privado como para el público. No obstante, los tipos de interés que el Banco Central cargaba sobre las líneas de crédito especiales continuaron siendo negativos y se mantuvieron los salarios reales en los elevados niveles de años anteriores. Los resultados de esta primera prueba de estabilización, de 1949 a 1950, fueron, por tanto ambiguos: la prosperidad de los primeros tiempos se interrumpió al entrar la economía en una fase recesiva, pero los precios relativos y el modelo distributivo existente no se modificaron.

La crisis alcanzó su nivel más alto en 1951 y expuso las debilidades de una estrategia económica que había dado buenos resultados gracias a excepcionales circunstancias internas y externas. Durante 1951 y 1952 los términos de intercambio continuaron cayendo y colocaron al país en una situación de estrangulamiento externo que más adelante se repetiría con frecuencia pero que en esta etapa hizo añicos el optimismo oficial sobre la evolución de los mercados internacionales. La balanza comercial tuvo 304 millones de dólares de déficit en 1951 y 455 millones de dólares en 1952. Al mismo tiempo, la inflación volvió a acelerarse y alcanzó un índice de más del 30 por ciento en 1952. Fue entonces que el gobierno decidió efectuar un cambio radical de su política económica y revisar sus prioridades iniciales. La nueva estrategia favoreció entonces la estabilidad a expensas de la expansión económica y el consumo, la agricultura a expensas de la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero a expensas del crecimiento del sector público.

Convencido de que la lucha distribucionista tenía un papel principal en la inflación el Gobierno impuso una tregua social a las empresas y los sindicatos. El instrumento que empleó con tal fin fue una congelación de salarios y precios durante dos años, de mayo de 1952 a mayo de 1954, luego de reajustar los salarios y los precios. Se encomendó a la Comisión de Precios y Salarios, formada por representantes de la CGT, las empresas y el gobierno, la misión de controlar la marcha del acuerdo social y estudiar el otorgamiento de incrementos salariales en función de la productividad del trabajo. La aceptación de las restricciones salariales por parte de los trabajadores se vio facilitada por el control de los precios y por las subvenciones concedidas a los alimentos y a los costes de las empresas de servicio público.

La prioridad que se dio a la política contra la inflación y la conciencia clara del apoyo popular que sostenía al régimen hicieron que Perón prescindiese de la opción de una nueva devaluación, aunque representaba una manera rápida de eliminar el déficit de la balanza de pagos. El tipo de cambio se mantuvo constante en términos reales, debido a que una devaluación desviaría los mayores ingresos hacia los agricultores pero a costa de incrementar los precios de los alimentos en el mercado interno. Con el fin de controlar el desequilibrio exterior, las autoridades recurrieron primero a un mecanismo que se había empleado de forma selectiva desde 1948: las restricciones cuantitativas a la importación. Estas restricciones se habían aplicado en diciembre de 1950, cuando el estallido de la guerra de Corea pareció el preludio de una tercera contienda mundial y llevó a la compra de productos importados que podían escasear en el futuro inmediato. En 1952 estas compras tuvieron que reducirse drásticamente mientras una grave sequía obligaba a Argentina a importar trigo por primera vez en su historia.

Una vez descartada la opción de la devaluación, se estimuló la producción agrícola por medio de una reorientación de las subvenciones. El IAPI, que hasta entonces había servido para transferir recursos del campo a los centros urbanos, subvencionó ahora los precios que cobraban los agricultores por las cosechas que exportaban. Herramientas clave de esta operación fueron asimismo, una política monetaria más restrictiva para con la industria y una caída de las inversiones públicas.

Esta política de ajuste y austeridad tuvo tanto beneficios como costos. La inflación empezó a bajar y alcanzó un mínimo de 3, 8 por ciento en 1954. Los desequilibrios de las finanzas públicas fueron reducidos al 9, 8 por ciento del PIB en 1949 y un poco más del 5 por ciento en 1952. Al mismo tiempo, la producción industrial cayó en un 7 por ciento en 1952 y un 2 por ciento en 1953. Los salarios reales disminuyeron un 25 por ciento en dos años. A pesar de estos costes, se pusieron los cimientos para una rápida y sorprendente reactivación económica. Esta recuperación se apoyó también en una política crediticia más moderada, una mayor ayuda financiera al sector agrícola y una política de ingresos más restrictiva.

La reorientación de la política económica incluyó un papel nuevo para las inversiones extranjeras. Para entonces, Argentina era casi autosuficiente en bienes de consumo final. La demanda de importaciones estaba concentrada en los combustibles y las materias primas y los bienes de capital que requería un sector industrial más diversificado que el que existía antes de la guerra. Los problemas del suministro y los obstáculos a la modernización industrial creados por la escasez de divisas fuertes indujeron a Perón a hacer un llamamiento a las inversiones extranjeras. Este cambio en la ideología estatista y nacionalista del régimen empezó en 1953 con una nueva ley de inversiones extranjeras, más permisiva, a la que siguieron acuerdos con varias compañías, entre ellas Mercedes Benz y Kaiser Motors. La iniciativa más audaz se tomó en el campo de la explotación del petróleo, bastión sagrado del nacionalismo argentino, en el cual se hizo un intento de atraer a una subsidiaria de la Standard Oil Company. Tratando de convencer a un grupo de líderes sindicales de la bondad de su nueva política, Perón dijo:

Y, por tanto, si trabajan para la YPF [la compañía petrolera estatal], no perdemos absolutamente nada, porque incluso les pagamos con el mismo petróleo que ellos extraen. Es bueno, pues, que vengan a darnos todo el petróleo que necesitamos. Antes, ninguna compañía quería venir si no se le daba el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan, ¿por qué no debería ser una transacción comercial, una transacción importante, si todos los años gastamos más de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos cuando lo tenemos bajo tierra y no nos cuesta ni un centavo? ¿Cómo podemos seguir pagando esto? ¿Para que ellos saquen beneficios? Por supuesto, no van a trabajar por amor al arte. Ellos se llevarán sus beneficios y nosotros, los nuestros; eso es justo[3].

La apertura al capital extranjero supuso, si no el abandono, al menos una modificación de muchos aspectos de la política exterior peronista. Esta política se había inspirado en lo que dio en llamarse la Tercera Posición, un esfuerzo por encontrar un lugar entre los dos bloques rivales que nacieron de la segunda guerra mundial. La Tercera Posición, que puso de manifiesto la influencia de la corriente de no alineamiento entre los países que habían alcanzado la independencia en el proceso de descolonización de la posguerra, fue, sobre todo, un instrumento que utilizó Perón para negociar el precio de su apoyo a Estados Unidos en los asuntos internacionales. Después de 1953, esta política fue substituida progresivamente por una franca búsqueda de buenas relaciones con la nueva administración de Eisenhower.

La crisis que habría de provocar la caída del régimen peronista tuvo sus orígenes menos en la situación económica que en los conflictos políticos que el propio Perón desató. De hecho, la economía argentina de 1953 a 1955 gozó de buena salud, comparada con la emergencia de 1952. El índice de inflación anual, después de haber subido hasta superar el 30 por ciento, descendió hasta quedar en un 4 por ciento en 1953 y un 3, 8 por ciento en 1954. Después del brusco descenso de 1952, los salarios reales industriales aumentaron, aunque sin volver a alcanzar el nivel de 1950. Lo mismo ocurrió con las ganancias de las compañías. La actividad económica se recuperó con un crecimiento acumulativo del producto interior bruto del 5 por ciento entre 1953 y 1955. La balanza de comercio exterior fue positiva en 1953 y 1954, aunque fue deficitaria a finales de 1955. Había, por cierto, problemas pendientes de resolución. A pesar de los excelentes resultados de 1953, la producción agrícola no pudo aumentar su volumen de saldos exportables. Al mismo tiempo, la reevaluación de la divisa local y el desfase de los precios de los servicios públicos constituían factores de inflación reprimida. Pero el panorama económico no mostraba señales de crisis inminente. Además, el acercamiento en las relaciones con Estados Unidos y la apertura al capital extranjero habían galvanizado la imagen del régimen peronista en el extranjero.

La causa más directa de la conspiración militar que puso fin al régimen peronista la suministró el enfrentamiento del gobierno con la Iglesia. Para las fuerzas armadas, el apoyo de la jerarquía eclesiástica a la política oficial había sido la confirmación del carácter culturalmente conservador del peronismo. Sin embargo, a finales de 1954 una sucesión de iniciativas del gobierno empezó a debilitar los intereses y la influencia de la Iglesia en la vida nacional. Entre ellas, la eliminación de las subvenciones estatales para las escuelas privadas, la legalización de la prostitución y la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. ¿Qué había detrás de esta súbita ofensiva contra la Iglesia?

Esta cuestión ha dado pie a innumerables interrogantes, toda vez que Perón nunca explicó claramente las causas del conflicto. Se ha sugerido que la razón podría haber estado en el malestar de Perón frente al abandono de la neutralidad política por parte de la jerarquía eclesiástica al decidirse a apoyar la creación de un Partido Cristiano Demócrata; otros han sostenido que el conflicto fue creado deliberadamente en la búsqueda de un nuevo elemento de cohesión del movimiento peronista en unos momentos en que el régimen debía archivar definitivamente su nacionalismo económico. Sea cual fuere la explicación, lo cierto es que Perón desencadenó un conflicto que aumentó hasta escapar a su control y precipitó así el fin de su régimen.

Las reformas legales antes mencionadas fueron secundadas por una masiva campaña anticlerical en la prensa oficial. Perón irritó a los obispos al dedicar mayor atención oficial al clero de otros cultos religiosos, incluso a los adeptos al espiritismo. Durante la primera mitad de 1955 el enfrentamiento revistió un tono más amenazante al anunciarse una nueva reforma constitucional para decidir la separación de la Iglesia y el estado. Ante estos ataques, la jerarquía eclesiástica optó por la prudencia, pero los sectores católicos activistas cerraron filas y convirtieron los templos en tribunas de protesta moral y política. Los más diversos grupos de la oposición antiperonista acudieron en su ayuda al percatarse de que el conflicto brindaba la oportunidad de reactivar el movimiento de resistencia. Bajo una nueva bandera, la alianza de 1945 entre la clase media, los círculos conservadores y los estudiantes volvió a apoderarse de las calles. El 11 de junio de 1955, día del Corpus Christi en el calendario católico, una multitudinaria procesión desfiló por el centro de Buenos Aires desafiando las prohibiciones de la policía.

Los acontecimientos de los tres meses siguientes revelarían un fenómeno novedoso: un Perón desprovisto de la astucia política que en ocasiones anteriores le había permitido hacer frente a las situaciones más difíciles. El día después de la procesión del Corpus Christi, el gobierno acusó a los católicos de haber quemado una bandera nacional y deportó a dos clérigos, a los que acusó de agitación antigubernamental. A la protesta civil le siguió el 16 de junio un intento de golpe de estado. Un sector de la marina de guerra y la fuerza aérea se alzó en rebeldía bombardeando y ametrallando los alrededores del palacio presidencial, causando numerosos muertos y heridos. Esa noche, sofocado el levantamiento, las principales iglesias del centro de la ciudad fueron saqueadas e incendiadas por peronistas.

El estupor causado por estos actos de violencia, sin precedentes en la historia reciente, ensombreció la victoria de Perón. Además, la intervención de la CGT, que proporcionó armas a los obreros, creó una justificada alarma entre los jefes militares que seguían siendo leales al régimen. Unos días después de estos sombríos sucesos, Perón, siguiendo los consejos del alto mando, anunció una política de conciliación. Se levantó el estado de sitio, las figuras más irritantes del gabinete —en particular los ministros de Educación y del Interior, a los que se asociaba abiertamente con la campaña anticlerical— fueron substituidos y se invitó a los líderes de la oposición a discutir una tregua política. Perón declaró a sus seguidores que «la revolución peronista ha terminado» y prometió que a partir de aquel momento sería «el presidente de todos los argentinos».

La llamada a la pacificación, cuyo objetivo era aislar al movimiento de resistencia, no tuvo el eco esperado. De hecho, exacerbó la oposición civil y militar. Los líderes políticos, a los que se dio acceso a la radio por primera vez en doce años, aprovecharon la concesión del gobierno para dejar claro que no estaban dispuestos a transigir. Arturo Frondizi, que hablaba en nombre del Partido Radical, prometió llevar a cabo, en paz y libertad, la revolución económica y social a la que renunciaba el peronismo y, con la confianza propia de un vencedor, prometió un indulto generoso para los colaboradores del régimen.

El fracaso de la tregua hizo que Perón cambiase de táctica. El 31 de agosto, en una carta al Partido Peronista y la CGT, reveló su decisión de dejar el gobierno con el fin de garantizar la paz. Como era de prever, los sindicatos organizaron una gran manifestación de apoyo. La Plaza de Mayo fue testigo de una nueva versión del 17 de octubre de 1945. Siguiendo un texto preparado, Perón dijo a la multitud que retiraba su dimisión y seguidamente pronunció el discurso más violento de su carrera política. Empezó diciendo que había ofrecido la paz a sus adversarios pero que éstos no la querían y terminó autorizando a sus seguidores a tomarse la justicia por su mano:

Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho a reprimirlos violentamente. Y a partir de ahora establecemos una regla permanente para nuestro movimiento: Quienquiera que en cualquier lugar trate de alterar el orden contra las autoridades constituidas, o contra la ley y la constitución, puede ser muerto por cualquier argentino… La consigna para todo peronista, ya sea solo o dentro de una organización, es responder a un acto violento con otro acto violento. Y cuandoquiera que caiga uno de nosotros, caerán cinco de ellos[4].

Esta inesperada declaración de guerra venció la resistencia de muchos militares indecisos. Una iniciativa encabezada por la CGT también contribuyó a precipitar el desenlace. Poco después de la arenga de Perón, la CGT hizo saber a los militares que ponía los obreros a disposición del ejército para custodiar conjuntamente los destinos del régimen. Los jefes militares, inquietos desde hacía tiempo por la perspectiva de la creación de milicias obreras, se apresuraron a rechazar el ofrecimiento. El 16 de septiembre estalló finalmente la decisiva revuelta militar. Tropas rebeldes bajo el mando del general Eduardo Lonardi ocuparon las guarniciones de Córdoba y la rebelión se extendió por el resto del país con mayor o menor fortuna. Las fuerzas leales al gobierno eran superiores en número, pero, en la emergencia, carecieron de la voluntad de luchar. Durante cinco días el resultado del conflicto estuvo en el aire, hasta que los comandantes leales recibieron un mensaje de Perón que decía que estaba dispuesto a facilitar una solución pero se abstenía de dimitir. La confusión se aclaró al día siguiente cuando Perón se refugió en la embajada de Paraguay. El 23 de septiembre, mientras la CGT reclamaba a los obreros que conservaran la tranquilidad, una multitud se congregó en la Plaza de Mayo, esta vez para celebrar el juramento del general Lonardi como presidente provisional de la República Argentina.

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA, 1955-1957

Los integrantes de la coalición política y económica que respaldó el movimiento armado en 1955 tenían un objetivo en común: desmantelar el sistema de controles autoritarios creado por Perón. Pero a la hora de definir el perfil del nuevo orden social y económico que habría de emerger de la urgente tarea de reconstrucción sus coincidencias se revelaron más bien escasas.

Los portavoces de la vieja élite, vinculada al campo y a la economía de exportación, aprovecharon los debates que siguieron a la caída de Perón para transmitir un mensaje brutal y sencillo: el origen de los problemas del país estaba en el equivocado intento del peronismo por subvertir la economía «natural» de Argentina. En consecuencia, propusieron hacer tabla rasa con la estrategia que había llevado a la creación de una infraestructura industrial excesivamente protegida, que imponía una pesada carga a los productores rurales y fomentaba una incorporación prematura y excesiva de los trabajadores en el mercado de consumo. En su lugar, abogaron por un retorno a la estrategia económica basada en el librecambio y sus ventajas relativas, bajo cuyas líneas maestras Argentina había experimentado un formidable crecimiento hasta 1929. En el corto plazo, el objetivo prioritario fue ajustar la economía a los efectos de compensar el creciente déficit de la balanza de pagos, apelando a fuertes devaluaciones para reducir las importaciones y promover las exportaciones agrícolas, a severas restricciones monetarias y crediticias y a una reducción de los salarios de modo tal que el consumo interno estuviera en consonancia con las limitaciones financieras del país. En el largo plazo, el objetivo era recrear la estructura económica y el equilibrio político y social de antes de la segunda guerra mundial.

Después de una década de crecimiento industrial y redistribución de ingresos, de movilidad social y ampliación de la participación política, ésta era una empresa difícilmente factible. Es verdad que la experiencia peronista no había logrado alterar las bases sobre las cuales la clase política conservadora de los años treinta levantó la arquitectura económica del país: una industrialización liviana y complementaria para un país agroexportador. Sin embargo, al convertir lo que fuera una política de emergencia ante la crisis de 1929 en un programa más permanente, reorientando los recursos nacionales a la substitución extensiva de las manufacturas importadas, el peronismo había contribuido a profundizar la diferenciación interna de la estructura económica y social existente. Junto a los sectores terratenientes, los grandes capitalistas extranjeros y agrarios y la vieja clase media comercial y burocrática, se fue consolidando un vasto mundo industrial, débil por su poder económico, dependiente por su conformación productiva, pero dotado de un gravitación social considerable debido a su incidencia en el empleo y las transacciones de la economía urbana.

Cuando en 1955 los portavoces de la vieja élite procuraron poner en marcha su estrategia encontraron frente a sí la resistencia no siempre coordinada pero siempre perturbadora de ese complejo urbano-industrial crecido a sus expensas. Si al principio de los años cincuenta era ya evidente que la industria liviana orientada al mercado interno estaba perdiendo su ímpetu expansivo, en 1955 fue igualmente claro que una regresión a la Argentina de antes de la guerra era insostenible desde el punto de vista político. Las transformaciones en la sociedad y la economía durante el peronismo no habían eliminado el viejo orden jerárquico; más bien superpusieron sobre él un nuevo orden industrial y participativo. Así, los terratenientes, los hombres de negocios, la clase media, la clase obrera —todos estos sectores— dieron lugar a un compacto nudo de intereses, que se atrincheró detrás de sus propias y diferenciadas instituciones. Si bien ninguno de estos sectores pudo por sí solo conducir el proceso de cambio, cada uno de ellos fue, no obstante, lo suficientemente poderoso como para impedir que los demás lo hicieran. Después de 1955 las opciones políticas del país habrían de decidirse en el contexto de este pluralismo negativo.

El derrocamiento de Perón, lejos de responder a un plan político y militar concertado, fue fruto de los esfuerzos aislados de líderes militares y políticos en muchos terrenos opuestos entre sí. Ello condujo a una premonitoria crisis política durante los primeros días de la Revolución Libertadora. La unanimidad con que los revolucionarios celebraron el fin del régimen peronista se evaporó en cuanto fue necesario decidir el rumbo político del período de transición. La etapa posrevolucionaria se vio sacudida así por una sorda lucha dentro del estamento militar. La actitud a adoptar ante el movimiento peronista constituyó la cuestión más difícil.

Un sector, de filiación nacionalista, era partidario de una política de conciliación. Con el lema de «Ni vencedores ni vencidos», formulado por el presidente Lonardi al asumir el gobierno, tenían la esperanza de recoger el legado político del régimen depuesto, negociando con los líderes del sindicalismo peronista. A esta política se opuso desde un principio otro sector que, en nombre de la democracia, se declaró categóricamente contrario a todo trato con los enemigos de la democracia, previsiblemente identificados en los seguidores de Perón. No obstante sus propuestas diferentes, las dos facciones militares tenían una creencia en común, el convencimiento de que el peronismo no sobreviviría como fuerza política después de la caída del régimen que lo había creado. Para los nacionalistas esto significaba encauzar el movimiento y eliminar sus excesos bajo un nuevo liderazgo. Con este propósito, el presidente Lonardi nombró a un abogado sindical peronista al frente del Ministerio de Trabajo. Los destinatarios de estos gestos de conciliación respondieron favorablemente y de esta manera consiguieron poner a salvo sus organizaciones; luego de exhortar a los trabajadores a evitar conflictos acordaron renovar las conducciones de los sindicatos por medio de elecciones supervisadas por el Ministerio de Trabajo.

El proyecto político de los nacionalistas no logró, empero, levantar el vuelo. Todo en él despertaba la desconfianza del núcleo mayoritario de la coalición política y militar de la Revolución Libertadora. Varios de los militares nacionalistas habían sido leales al régimen derrocado hasta el último momento; sus consejeros políticos eran destacados intelectuales católicos de tendencias antiliberales. Algunos de ellos intentaron, a su vez, utilizar en beneficio propio las fuerzas que habían apoyado a Perón suscitando comprensiblemente sospechas muy verosímiles de una vuelta a la situación política que acababa de concluir. Aún no habían transcurrido dos meses desde el levantamiento armado cuando la presión concertada de militares y políticos provocó, el 13 de noviembre, la dimisión del presidente Lonardi y de sus colaboradores nacionalistas. A partir de ahí la revolución habría de seguir su camino bajo el liderazgo del nuevo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, en busca de la «regeneración democrática» del país.

Esta empresa descansaba en la convicción muy difundida según la cual Argentina había transcurrido los últimos diez años bajo una pesadilla totalitaria. Por tanto, la misión del gobierno era convencer a las masas, engañadas por la demagogia de Perón, de la necesidad de abandonar sus viejas lealtades y unirse, en forma individual, a la familia de los partidos democráticos. En la emergencia, la Revolución Libertadora recurrió a la represión y la proscripción para llevar a cabo su tarea de reeducación política. Después de un intento fallido de huelga general, la CGT y los sindicatos quedaron intervenidos por el gobierno, el Partido Peronista fue disuelto oficialmente y se impuso un decreto que prohibía la utilización de símbolos peronistas e incluso mencionar el nombre de quien había sido y seguía siendo desde el exilio su líder indiscutido.

La firme actitud adoptada frente a los peronistas no tuvo su correspondencia en el momento de actuar ante los problemas económicos heredados del régimen anterior. Durante la última parte de su gestión Perón ya había reconocido la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo económico. Las correcciones que introdujo en la política agraria y en el terreno de las inversiones extranjeras señalaron una nueva dirección que sus compromisos políticos le impidieron proseguir. La Revolución Libertadora no tuvo mejor suerte; tropezó con los obstáculos puestos por los conflictos internos del frente antiperonista y también ella dejó las grandes decisiones en manos de las futuras autoridades constitucionales. Una de las primeras iniciativas del presidente Lonardi fue solicitar al doctor Raúl Prebisch —el reputado economista argentino director de la Cepal— que estudiase la situación económica en que se hallaba el país y recomendara una política. El informe de Prebisch soslayó una definición neta al dilema de la nación agraria frente a la nación industrial, disyuntiva que algunos sectores nostálgicos pretendían plantear de nuevo, y abogó por continuar el proceso de industrialización. No obstante y con el fin de resolver el problema del déficit de la balanza de pagos, aconsejó una política de precios favorable a las exportaciones agrícolas.

Las medidas menos controvertidas del programa se adoptaron sin demora. Se devaluó el peso, se privatizaron los depósitos bancarios, el país ingresó en organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y se eliminaron los controles sobre el comercio exterior al tiempo que se disolvía el IAPI. La política relativa al capital extranjero había sido uno de los asuntos más controvertidos en los años de Perón y volvería a serlo nuevamente. La oposición política, habiendo criticado a Perón por la actitud más liberal de su última época, no estaba dispuesta ahora a abandonar sus convicciones nacionalistas e influyó sobre el gobierno militar para que cancelase sus negociaciones en curso con la California Petroleum Company. A resultas de ello cayó la afluencia de inversiones extranjeras.

Las medidas destinadas a estimular la economía agropecuaria fueron en parte neutralizadas por el descenso de los precios internacionales de las exportaciones argentinas. No obstante el mayor volumen de las exportaciones, su valor en dólares aumentó sólo en un 7 por ciento entre 1955 y 1958. Además, la supresión de los controles a la importación provocó una explosión de la demanda de divisas extranjeras, durante mucho tiempo reprimida. Esta presión se observó de forma especial en la demanda de automóviles importados, cuyo volumen se dobló entre 1955 y 1957.

La decisión del régimen militar de convocar elecciones para elegir un nuevo gobierno civil le aconsejó renunciar a cambios bruscos en el equilibrio social, que hubiesen afectado negativamente el proyecto de regeneración democrática de las masas peronistas. Esta preocupación por evitar un fuerte deterioro de los niveles de ingresos limitó el viraje de la economía a favor del sector rural y pospuso el ataque contra los desequilibrios de la estructura productiva. En este marco, los salarios de los trabajadores registraron un aumento y los empresarios respondieron con un alza de los precios. Después de un descenso en los últimos años del régimen de Perón, la inflación volvió a acelerarse y en 1957 el coste de vida subió en un 25 por ciento. En ese año se hizo un intento de estabilización que tuvo un éxito moderado pero la mayor parte del tiempo los responsables de la economía estuvieron a la defensiva, manejando como mejor podían la situación. En fin, la contradicción entre sus objetivos económicos y políticos, la diversidad de intereses de los miembros del gabinete, entre los que había representantes del mundo de los negocios así como miembros del Partido Radical, imprimieron a la Revolución Libertadora un rumbo económico vacilante y dejó pendientes de solución los problemas que había heredado.

A diferencia de lo que harían futuros gobiernos militares, la presidencia del general Aramburu no reprimió la actividad sindical ni interrumpió la negociación colectiva. Su plan laboral puso, más bien, el acento en la eliminación de la influencia peronista en el movimiento obrero. En abril de 1956, fue dado a conocer un decreto inhabilitando para el desempeño de cargos gremiales a todos los dirigentes que hubiesen ocupado esas posiciones entre 1952 y 1955. Por medio de la proscripción y también la cárcel las autoridades procuraron purgar a los sindicatos como paso previo a devolverlos a los trabajadores, junto con el ejercicio de sus derechos. Contradiciendo las expectativas oficiales, las elecciones sindicales celebradas a finales de 1956 y principios de 1957 marcaron el comienzo del retomo del peronismo.

La decisión de participar en esas elecciones fue la ocasión para el estallido de un primer conflicto entre Perón y la nueva generación de dirigentes sindicales peronistas. Desde su exilio, Perón ordenó la abstención y el reconocimiento como autoridades legales las anteriores a 1955, reunidas en una central obrera clandestina. Desoyendo esas instrucciones, la camada de dirigentes surgida después de 1955 eligió participar y logró el control de importantes sindicatos industriales, levantando por toda plataforma electoral su identidad peronista. Durante 1957 acciones más concertadas siguieron a las huelgas sectoriales típicas de 1956 y en los meses de junio y julio dos huelgas generales volvieron a reponer la presencia del sindicalismo peronista en el centro del escenario político.

El debut político de estas nuevas direcciones gremiales tuvo lugar en el congreso convocado por el gobierno en agosto de 1957 para normalizar a la CGT. Una alianza de peronistas y comunistas logró la mayoría de los escaños y ello provocó la suspensión de las deliberaciones. Los delegados peronistas en el fallido congreso se agruparon luego en lo que se llamó las «62 Organizaciones» y bajo este nombre se incorporaron como un actor central a la vida política argentina.

Los avances realizados por el sindicalismo peronista eran, aunque firmes, todavía limitados en comparación con el retroceso sobre las posiciones ocupadas en el pasado inmediato. Si hasta 1955 la incorporación política de la clase obrera organizada había sido continua, ahora entre ella y las instituciones se había abierto un abismo. En estas condiciones, la única opción que parecía viable era replegarse sobre su identidad, sobre la defensa de sus símbolos y creencias y radicalizar sus luchas. Perón compartió en un principio esa actitud, desde el exilio en Paraguay, Panamá y Venezuela. Había, empero, otro camino, que comenzó a delinearse al compás de la crisis del principal partido de la coalición antiperonista, el Partido Radical.

El antiguo partido de Yrigoyen no había salido incólume de la traumática experiencia de 1946. Tras la derrota electoral, una de las facciones internas, el ala intransigente, desplazó progresivamente a los viejos líderes moderados, demasiado asociados al sesgo conservador que tomó la Unión Democrática. En 1954 lograron elegir presidente del Comité Nacional a uno de los suyos, Arturo Frondizi, quien ese mismo año dio a conocer en su libro Petróleo y política un mensaje de fuerte tono nacionalista y antiimperialista. Mientras que la facción moderada rechazaba abiertamente el régimen peronista, los intransigentes trataron de situarse a su izquierda, cuestionando ya no sus objetivos, sino su debilidad para encararlos, en particular, la política hacia el capital extranjero y las relaciones internacionales.

Derrocado Perón, la suerte de la política de desperonización de la Revolución Libertadora dependía de que el frente democrático se mantuviera unido detrás de la condena de Perón y su legado. En esas condiciones cuando se reabriera el juego electoral a los seguidores de Perón no les habría quedado otra opción que sumarse a los partidos políticos tradicionales. Pero ello no fue lo que, en definitiva, ocurrió. Desde los primeros días del gobierno del presidente Aramburu, el Partido Radical se alineó en el campo de la oposición con el fin de presentarse como el nuevo paladín de los intereses nacionales y populares. Así, Frondizi denunció la política económica del régimen, caracterizándola como un plan orquestado por la oligarquía y el imperialismo y, para ganarse las simpatías de los obreros peronistas, exigió el fin de las persecuciones y la preservación de las estructuras sindicales previas. El objetivo de la estrategia de Frondizi pronto resultó obvio a los ojos de todos: convertirse en el heredero de la Revolución Libertadora y ser la alternativa políticamente viable para las masas peronistas proscritas. Para ocupar ese lugar primero debía encontrar apoyos dentro del Partido Radical, en el que sus actitudes despertaban las justificadas suspicacias de los sectores moderados. Al cabo de varios meses dominados por los conflictos internos, en noviembre de 1956 se reunieron los congresistas del partido a fin de escoger candidatos a las próximas elecciones presidenciales. Disconformes con el trámite de la asamblea los sectores moderados y una facción de los intransigentes decidieron abandonarla, pero Frondizi se las arregló para conservar el quorum necesario y ser propuesto candidato a la primera magistratura. Poco después la división adquirió carácter oficial: en enero de 1957 los sectores disidentes se unieron bajo el nombre de Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), mientras el sector victorioso en la convención del partido se encuadró detrás de la sigla Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

La crisis radical tuvo repercusiones en las filas del gobierno, donde las maniobras políticas de Frondizi eran seguidas con preocupación. En un gesto francamente favorable a la UCRP, cuyo líder más importante era Ricardo Balbín, el presidente Aramburu le ofreció tres puestos en el gabinete, entre ellos la cartera clave del Ministerio del Interior. Con esta decisión dejó claro dónde estaba para él el mayor peligro que se cernía sobre el futuro de la Revolución Libertadora, pero, a la vez, fue una la confesión implícita de que no podía afrontarlo con sus propias fuerzas. Quienes mejor expresaban los intereses y aspiraciones del gobierno militar, los sectores políticos conservadores, no contaban mucho desde el punto de vista electoral. Este fenómeno, que sería una de las constantes de la vida política argentina a partir de 1955, indujo a los militares a apoyar al partido de Balbín, con cuya retórica yrigoyenista tenían poco en común. Así pues, el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo se libraría detrás de los hombres y las tradiciones del, ahora fragmentado, Partido Radical.

La primera de las confrontaciones para las cuales se estaban preparando los argentinos tuvo lugar en julio de 1957. En esa fecha, el gobierno militar convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente con el fin de dar carácter oficial a la revocación de la reforma constitucional promulgada por Perón en 1949; el otro objetivo complementario era medir la importancia electoral de las diversas fuerzas políticas antes de llamar a las elecciones presidenciales. Durante la campaña electoral Frondizi hizo lo imposible tanto por atraer al electorado peronista como para neutralizar la campaña en favor del voto en blanco organizada por los partidarios de Perón. Los resultados electorales de 1957 indicaron que el número de votos en blanco era mayor que los recibidos por cualquiera de los demás partidos. Sin embargo, los 2.100.000 votos en blanco eran menos de la mitad del número de sufragios conseguidos por los peronistas tres años antes. Con una pequeña diferencia, la UCRP se situó en segundo lugar mientras el partido de Frondizi recibía 1.800.000 votos; los votos que obtuvieron los partidos Conservador y Socialista apenas pasaban del medio millón. A pesar de haber logrado un considerable apoyo electoral, la UCRI debió admitir el fracaso de su política de cooptación del electorado peronista.

Cuando la Asamblea Constituyente inició sus deliberaciones, los representantes de la UCRI cumplieron su promesa de boicotearla. Muy pronto les siguieron los representantes de otros partidos minoritarios; incluso una facción de la UCRP decidió retirarse. Desde un comienzo las recriminaciones mutuas entre los radicales y los conservadores dominaron las sesiones de la asamblea. En este ambiente, escasamente cooperativo, las reformas a la Constitución de 1853, otra vez en vigencia, fueron pocas y limitadas. La Asamblea Constituyente pronto perdió su importancia y los partidos se entregaron de lleno a hacer campaña para las próximas elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el gobierno militar había ido perdiendo el control de la situación económica. Uno tras otro, sus ministros de Economía —cuatro en el plazo de tres años— se revelaron incapaces de detener el alza de los precios o atraer inversiones extranjeras. Una absorbente obsesión ganó entonces a los líderes del gobierno: entregar cuanto antes el poder a las futuras autoridades constitucionales. Ello no implicó que renunciaran a influir sobre quienes habrían de sucederlos. El apoyo oficial se volcó sin disimulos a favor de la candidatura de Balbín, quien fue convocado a defender las banderas del antiperonismo, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como político progresista.

El futuro político de Frondizi, en cambio, no podía ser más incierto. El electorado peronista no se había mostrado receptivo a sus tentativas de acercamiento, a la vez que los sectores antiperonistas parecían tomarlas demasiado en serio. En un esfuerzo por romper su aislamiento, Frondizi se movió pragmáticamente en varias direcciones. Las elecciones para la Asamblea Constituyente habían puesto claramente de manifiesto la vitalidad que conservaba el movimiento proscrito; de este modo, si las masas peronistas no se mostraban dispuestas a escuchar, entonces era necesario negociar en forma directa con Perón. Envueltos en gran secreto, emisarios de Frondizi viajaron a Caracas, donde el líder exiliado vivía bajo la protección del dictador Marcos Pérez Jiménez, y le prometieron poner fin a las proscripciones políticas y restaurar las leyes sindicales vigentes durante su pasada gestión, a cambio de que apoyase al candidato de la UCRI.

Mientras se producían estas negociaciones, Frondizi entró de llenó en el debate público sosteniendo la tesis de que el dilema argentino no pasaba por escoger entre peronismo y antiperonismo, como afirmaban los líderes de la Revolución Libertadora; la verdadera disyuntiva nacional estaba entre industrialización y subdesarrollo. Levantando esta consigna, llamó a la formación de un frente nacional y popular integrado por los sectores obreros, la burguesía nacional, el ejército y la Iglesia. La ideología de esta nueva alianza de clases, convocada en nombre del desarrollo económico y la integración política, fue la obra de un grupo de intelectuales disidentes de izquierda, liderado por Rogelio Frigerio, que soslayó al candidato de la UCRI y relegó a un segundo plano a los militantes del partido.

Esta convergencia entre intelectuales y dirigentes políticos constituía toda una novedad en la vida política reciente y fue acentuada por la propia personalidad de Frondizi. Más un maestro que un político, el jefe de la UCRI adoptó un lenguaje árido y tecnocrático, sin hacer concesión alguna a la tradicional retórica política que dominaba Balbín, su rival en la carrera hacia la presidencia. Esa imagen de racionalidad, el intento mismo de modificar los términos del conflicto político que dividía al país, tuvo un efecto positivo en las clases medias modernas y cautivó a la nueva generación que había alcanzado la mayoría de edad después de 1955. A estas fuerzas, Frondizi procuró sumar apoyos más decisivos. En un intento de ganar cierta influencia en el ejército, hizo contactos con el sector nacionalista militar desplazado en noviembre de 1955 con la renuncia del general Lonardi; al mismo tiempo se esforzó por apaciguar a la opinión pública conservadora declarándose partidario de la postura de la Iglesia a favor de la libertad de enseñanza y contra el divorcio. La clave fundamental de esta compleja operación política estaba, sin embargo, en manos de Perón, quien a dos años y medio de su derrocamiento continuaba siendo el árbitro del equilibrio político argentino.

Finalmente, desde la República Dominicana, donde el general Trujillo le brindó hospitalidad al caer la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, Perón abandonó su postura abstencionista y se declaró francamente en favor del voto afirmativo por la candidatura de Frondizi. El 23 de febrero de 1958 las masas peronistas acudieron a las urnas siguiendo las instrucciones del caudillo exiliado. Y doce años después de 1946 volvieron a decidir el resultado de los comicios, premiando ahora el virtuosismo político de Frondizi con 4.100.000 votos frente a los 2.550.000 que obtuvo Balbín. En el cómputo electoral se registraron también unos 800.000 votos en blanco, certificando la existencia de un sentimiento de alienación y resistencia política que ni siquiera las órdenes de Perón habían logrado alterar.

LA PRESIDENCIA DE ARTURO FRONDIZI, 1958-1962

Aunque la victoria de Frondizi había sido arrolladora, su significado distaba mucho de ser claro. El júbilo con que los partidarios de Perón celebraron los resultados de los comicios aclaró buena parte de los interrogantes al identificar al verdadero artífice de la victoria. Ello no hizo más que crear un extendido malestar en los círculos militares. Sectores del ejército y de la marina insinuaron la posibilidad de no reconocer las credenciales del candidato elegido con los votos peronistas. Pero el presidente Aramburu se apresuró a felicitar a Frondizi el mismo día de su triunfo y, con su gesto, bloqueó esa alternativa y articuló los apoyos necesarios para hacer honor a la palabra de los revolucionarios de 1955 de encaminar al país hacia la democracia.

Las elecciones de 1958 pusieron fin al optimismo con que las fuerzas armadas habían emprendido la tarea de desmantelar las estructuras del régimen peronista. Frente a una realidad política que se resistía al cambio, optaron por respetarla oficialmente y se replegaron a sus cuarteles para desde allí influir sobre la futura Administración. En estas condiciones, la que habría de emerger sería una democracia tutelada.

Con la resistencia apenas disimulada de los militares y la franca oposición de la UCRP, que había visto desvanecerse una victoria segura, el presidente electo se dispuso a cumplir las numerosas promesas hechas durante la campaña electoral. Si en sus cálculos había contemplado la posibilidad de institucionalizar la coalición victoriosa en un movimiento político que trascendiera sus antiguas diferencias, esa fue una fantasía de corta duración. La naturaleza contradictoria de las aspiraciones de quienes lo habían votado era muy poco apropiada para semejante proyecto. No obstante, lo que lo hizo, en definitiva, imposible fue la desconfianza que rodeaba a la persona de Frondizi, compartida incluso por los aliados que reclutara en su trayectoria al poder. Frondizi justificó con creces esa desconfianza cuando, al asumir la presidencia el 1 de Mayo, reveló a amigos y adversarios las principales líneas de su plan político.

Las medidas iniciales del nuevo presidente estuvieron dirigidas a saldar su deuda con Perón: la revocación del decreto que prohibía las actividades peronistas; la promulgación de una ley de amnistía; la anulación de un decreto, promulgado en los últimos tramos del gobierno militar, que había entregado la CGT a un grupo de sindicalistas no peronistas; la devolución de varios sindicatos importantes intervenidos por el gobierno a dirigentes peronistas; el restablecimiento del sistema de monopolio sindical vigente hasta 1955; y un aumento general de salarios. La revisión de la política antiperonista de la Revolución Libertadora se detuvo antes de llegar a un capítulo crucial: el decreto que disolviera el Partido Peronista no fue anulado, por lo que los peronistas, aunque podían volver a actuar y difundir sus ideas, seguían sin poder concurrir a las elecciones con sus propias banderas y sus candidatos.

Esta política de conciliación con el peronismo suscitó las denuncias y acusaciones de grupos antiperonistas civiles y militares, que vieron en ella la confirmación de sus peores temores. En agosto hubo una reacción igualmente hostil en las filas de la coalición vencedora cuando Frondizi decidió autorizar la concesión de títulos académicos por las universidades privadas. La nueva legislación, concebida por el anterior gobierno militar pero abandonada luego para evitar conflictos, figuraba entre las promesas hechas por Frondizi a la Iglesia. La autorización de la enseñanza religiosa en un campo hasta entonces reservado al estado conmovió creencias muy arraigadas en el movimiento estudiantil y reavivó los sentimientos anticlericales en segmentos importantes de las clases medias. Grandes multitudes ocuparon las calles para defender la tradición laica al tiempo que la opinión católica hacía lo mismo demandando la libertad de enseñanza. Finalmente, el Congreso aprobó la controvertida iniciativa y puso fin al conflicto pero no a la hostilidad que desde entonces el gobierno encontraría en las filas del movimiento estudiantil.

La medida que tuvo las mayores repercusiones se conoció el 25 de julio cuando Frondizi anunció el lanzamiento de la «batalla del petróleo». El ex intelectual nacionalista sorprendió a la opinión pública al comunicar haber firmado varios contratos con compañías extranjeras para la extracción y la explotación de petróleo con estos argumentos:

El principal obstáculo al avance del país es su extrema dependencia de la importación de combustibles y acero. Esta dependencia debilita nuestra capacidad de autodeterminación y pone en peligro nuestra soberanía, especialmente en el caso de una crisis armada a escala mundial. De hecho, Argentina importa alrededor del 65 por ciento del combustible que consume. De los 14 millones de metros cúbicos consumidos en 1957, aproximadamente 10 millones procedían del extranjero. Argentina se ha visto obligada a convertirse sencillamente en exportadora de materias primas, que se intercambian por petróleo y carbón. El país trabaja para pagar el petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros propios pies. Argentina no puede continuar en este camino, que se ha convertido en una peligrosa pendiente hacia la dominación[5].

Con este iniciativa Frondizi retomó el camino que el régimen peronista había intentado explorar, con escasa convicción, en sus últimos días. Ahora, al igual que entonces, el objetivo consistía era deducir la demanda de petróleo, bienes de capital y bienes intermedios que tanto pesaban en el déficit de la balanza de pagos. La «batalla del petróleo» habría de ser el comienzo de un nuevo intento por avanzar en la substitución de importaciones a los efectos de potenciar la industria básica y construir una estructura industrial más integrada El proyecto auspiciado por el principal consejero de Frondizi, Rogelio Frigerio, comportaba una marcha forzada hacia la industrialización, por cualquier medio y a cualquier coste. A pesar del crecimiento registrado en la industria liviana desde mediados de los años treinta, Argentina continuaba siendo un país productor de alimentos e importador de combustible, maquinaria e insumos para las manufacturas locales. Según Frigerio, la causa del subdesarrollo y la dependencia de Argentina estaba en la posición que ocupaba el país dentro de la división internacional del trabajo. En consecuencia, el estímulo a la industrialización, en particular a la producción de acero, complejos petroquímicos y refinerías de petróleo, modificaría el patrón de desarrollo basado en la exportación de materias primas y, por ende, habría de ser el factor clave para el logro de la liberación nacional.

El viejo sueño de la autarquía económica alentado por los militares durante la segunda guerra mundial reaparecía formulado en un nuevo lenguaje. El proceso de acumulación de capital había tropezado entonces con las urgencias políticas del régimen peronista, que optó por una política de industrialización más limitada y compatible con la redistribución de la renta. Colocado ante la misma ecuación, Frondizi decidió financiar el esfuerzo industrializador acudiendo a los capitales extranjeros. Esta propuesta le permitió sacar partido de un fenómeno novedoso en América Latina: el aumento en el flujo de las inversiones de las compañías multinacionales en las industrias locales. Al igual que otros en la región, el gobierno argentino ofreció a los inversores un mercado cerrado por altas barreras proteccionistas, con óptimas posibilidades de expansión, garantizadas por una demanda preexistente y un control oligopólico de sus condiciones de operación.

Para justificar este proyecto heterodoxo sin abandonar su adhesión al nacionalismo, Frondizi sostuvo que el origen del capital no era importante en la medida que éste se invirtiera, con la apropiada dirección del gobierno, en áreas de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Los prejuicios contrarios al capital extranjero —argumentó— sólo servían para consolidar la estructura de subdesarrollo al dejar el petróleo bajo tierra y postergar la integración del aparato industrial.

Mientras maduraban los frutos de la nueva estrategia, y consciente de la fragilidad política del poder que había recibido, otorgó un aumento general de salarios apenas unos días después de tomar posesión del cargo. A esta medida le siguió una mayor flexibilidad de la política monetaria y fiscal, todo lo cual agravó la situación económica y preparó las condiciones para una grave crisis inflacionaria y de balanza de pagos. Las señales premonitorias de una crisis inminente no parecieron alarmar al presidente ni a sus consejeros económicos, ocupados como estaban en ganarse la buena voluntad de los peronistas para su estrategia económica.

Hablar de peronismo era entonces hablar de los dirigentes sindicales. Con Perón en el exilio y con la ausencia de un partido legalizado, las organizaciones sindicales se transformaron en los portavoces naturales de las masas peronistas. Este desplazamiento de la representación del movimiento político hacia los dirigentes sindicales habría de tener importantes consecuencias en la vida institucional del país. A corto plazo, le permitió al gobierno negociar por ejemplo una nueva ley de Asociaciones Profesionales en sintonía con sus intereses a cambio de la neutralidad sindical ante el abandono de aspectos del programa del 23 de febrero que eran, en todo caso, los mismos que el propio régimen peronista había intentado archivar en sus últimos días. El acercamiento del sindicalismo peronista y el gobierno duró muy poco sin embargo.

A pesar de los esfuerzos hechos desde ambas partes por evitarla, a fines de 1958 estalló la crisis. En el mes de septiembre se prorrogaron por un año más los contratos laborales, lo que entrañaba una virtual congelación de salarios, al tiempo que trascendió que estaba en estudio la regulación del derecho a la huelga. Esto era más de lo que las 62 Organizaciones estaban dispuestas a tolerar sin decir nada; y a mediados de octubre decidieron contra su reciente aliado una primera huelga general. En su manejo de la cuestión sindical el gobierno se movió en medio de presiones contrapuestas. Cada medida destinada a apaciguar a los sindicatos peronistas provocaba la alarma de sus adversarios civiles y militares. Frente a este dilema, Frondizi creyó encontrar una salida complementando la búsqueda de una tregua laboral con gestos ejemplares revestidos de firmeza política. La huelga de trabajadores del petróleo en Mendoza fue un primer ensayo de esta compleja estrategia. Argumentando que el conflicto formaba parte de un complot insurreccional, Frondizi impuso la ley marcial durante treinta días y metió en prisión a numerosos militantes obreros. La réplica de las 62 Organizaciones fue la convocatoria a una nueva huelga general de cuarenta y ocho horas. Por un momento pareció que el enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos era inevitable. No obstante, la ruptura no se produjo y a ello contribuyó la voluntad de acuerdo de las 62 Organizaciones, reacias a desestabilizar un orden constitucional en el que esperaban consolidar sus posiciones corporativas.

La audacia de Frondizi no quedó limitada al abandono de las causas ideológicas con las que se había identificado durante tanto tiempo. Trató asimismo de modificar la relación de fuerzas dentro del estamento militar para disminuir la influencia de los sectores que le eran hostiles. Para ese atrevido intento buscó el respaldo de los oficiales nacionalistas y de quienes habían sido excluidos del servicio activo en las recientes purgas internas. A principios de septiembre el presidente y su secretario de la fuerza aérea intentaron reincorporar a un oficial que Aramburu había dado de baja en 1957. La resistencia ofrecida por el grueso de los jefes y oficiales provocó un estado de rebelión en la fuerza aérea que no desapareció hasta que el presidente retiró su controvertida decisión y reemplazó a su secretario. Al precio de un grave debilitamiento de su autoridad, Frondizi debió reconocer que la estabilidad de su gobierno dependía del mantenimiento de la distribución del poder heredada dentro de la corporación militar.

Por su parte, los jefes militares argentinos reaccionaron redoblando su vigilancia sobre las actividades del gobierno. Vocero de sus inquietudes fue el ex presidente general Aramburu, quien, al tiempo que reiteraba el respaldo al orden constitucional, le reclamó a Frondizi la destitución de su eminencia gris, Rogelio Frigerio. En su cargo de Secretario de Relaciones Socioeconómicas, Frigerio despertaba una profunda desconfianza en los círculos militares debido a sus orígenes izquierdistas, a su ascenso político al margen de las estructuras de partido y el papel que desempeñaba en las negociaciones con los peronistas. Inicialmente el presidente pareció acceder a esa demanda y el 10 de noviembre relevó a Frigerio de sus funciones oficiales; sin embargo, exhibiendo esa duplicidad que tanto enfurecía a sus enemigos, poco más tarde lo reincorporó por la puerta de atrás como miembro de su círculo íntimo.

En estas circunstancias, comenzaron a circular rumores insistentes de golpe de estado. La presunta existencia de un pacto secreto entre Frondizi y Perón en 1958, denunciada por los partidos opositores y negada con escaso éxito por el gobierno, agregó una nueva y más profunda duda sobre la estabilidad del gobierno. La incertidumbre reinante acerca de las verdaderas intenciones de Frondizi convirtió la hipótesis de un levantamiento armado en una alternativa plausible. El clima de conspiración que conociera el país en vísperas de la caída de Perón volvió a apoderarse de la vida política. Y, como entonces pudo escucharse a través de la palabra de Balbín, la encendida defensa de la revolución como un derecho natural de toda sociedad ante el peligro de una amenaza totalitaria. La campaña de la oposición civil contra Frondizi tropezó, sin embargo, con los escrúpulos de los militares, todavía indecisos acerca de si debían o no clausurar el incipiente experimento constitucional. A la vista de este estado de cosas, los líderes de las 62 Organizaciones decidieron suspender la huelga general de noviembre. Aunque de Frondizi sólo habían recibido promesas, optaron por frenar la movilización de los trabajadores a fin de no dar a los militares nuevas excusas para tomar el poder. La continuidad de la tregua entre el gobierno y los sindicatos requería, empero, que ambos pudiesen controlar sus propias decisiones. Pronto resultó evidente que ni uno ni otros estaban en condiciones de hacerlo.

El 29 de diciembre fue anunciado el plan de estabilización acordado con el FMI con el propósito de obtener la asistencia financiera necesaria para aliviar la crisis de la balanza de pagos heredada y agudizada aún más por la propia gestión de Frondizi. Sus medidas principales incluyeron una más rígida política monetaria, estímulos a las exportaciones y a las nuevas inversiones y la abolición de los sistemas de controles y subvenciones oficiales. Sus consecuencias inmediatas fueron previsibles. Los salarios cayeron un 25 por ciento y el PBI descendió en un 6,4 por ciento. Después de la unificación de los tipos de cambio hubo una devaluación del 50 por ciento que provocó un incremento de precios de tales proporciones que hacia finales de 1959 la tasa de inflación duplicaba la del año anterior. En términos reales la devaluación terminó siendo del 17 por ciento y contribuyó a transformar el déficit comercial de 1958 en un modesto superávit en 1959.

Las negociaciones con los sindicatos no tenían cabida en la nueva política económica. Pero el enfrentamiento ocurrió mucho antes de que sus efectos se hicieran sentir plenamente. El incidente que lo precipitó fue la decisión de Frondizi de utilizar la fuerza para desalojar a los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, que habían ocupado las instalaciones en protesta contra su próxima privatización. Al ordenar la intervención del ejército Frondizi clausuró su política de acercamiento al sindicalismo y contrajo una deuda con los militares. De ahí en adelante se ocupó de satisfacer las exigencias de los altos mandos. En los meses siguientes fue revisada la política laboral, el ministro de Trabajo (ex líder obrero y colaborador de Frigerio) dimitió, se suspendieron las elecciones sindicales previstas y varios sindicatos importantes de los que poco antes se habían hecho cargo líderes peronistas volvieron a ser intervenidos.

El nuevo rumbo político no se limitó a la política laboral. Adicionalmente, Frondizi hizo otros gestos para aplacar a los militares: en abril prohibió las actividades del Partido Comunista, expulsó a varios diplomáticos soviéticos y despidió del gobierno a estrechos colaboradores de Frigerio, quien otra vez presentó la renuncia. Estos gestos no bastaron para ponerlo a salvo de una nueva crisis política cuando Perón, en junio de 1959, y confirmando las sospechas de muchos, distribuyó a la prensa en Santo Domingo, donde estaba radicado, copias de su pacto con Frondizi en vísperas de las elecciones de 1958. Disgustado con su antiguo aliado, Perón ofrecía así un nuevo pretexto a los sectores antiperonistas y antifrondizistas para poner en cuestión la lealtad de los militares a las autoridades constitucionales. Los desmentidos de Frondizi no convencieron a nadie. En el cuarto aniversario del levantamiento antiperonista del 16 de junio de 1955, un grupo de militares retirados se trasladó en avión a Córdoba para ponerse al frente de una rebelión de las tropas locales. La intentona golpista no tuvo repercusión alguna. A pesar de su postura crítica hacia las actitudes y la política de Frondizi, el alto mando militar prefería aún evitar el recurso a medidas extremas.

El desenlace de la crisis de junio de 1959 fue otro e inesperado viraje de Frondizi. Con el fin de mejorar su deteriorada imagen en los círculos de poder, promovió una vasta reorganización del gabinete. El 24 de junio ofreció a Alvaro Alsogaray, un crítico persistente de su gobierno, las carteras de Economía y Trabajo. Ferviente defensor de la empresa privada y la economía de mercado, Alsogaray parecía un candidato imposible para Frondizi, que con esta decisión dio otra prueba más de la falta de escrúpulos políticos que alarmaba a sus partidarios y sorprendía a sus enemigos. Ciertamente, las credenciales de Alsogaray eran las más apropiadas para llevar tranquilidad a la jerarquía militar y poner en práctica el plan de austeridad acordado con el FMI.

Bajo las directivas de este plan, 1959 fue un año de fuerte recesión económica. Argentina nunca había llevado a cabo una tentativa de tal envergadura por llevar a la práctica las recetas monetaristas. A la drástica disminución de la liquidez general de la economía se sumó el incremento rápido del coste de vida provocado por la eliminación de los controles de precios. Los sindicatos no demoraron su respuesta y lanzaron una ola de movilizaciones a gran escala. La ofensiva sindical se estrelló sin embargo contra la sólida defensa que secundó la política económica de Frondizi. El mundo de los grandes negocios y el estamento militar silenciaron sus reservas ante un gobierno de origen tan espurio y a la hora de la confrontación le dieron todo su apoyo. La mayoría de las huelgas fue derrotada, un gran número de militantes sindicales preso, y los principales gremios intervenidos.

Los salarios experimentaron una caída del 30 por ciento —que tardarían diez años en recuperar— devolviendo a las empresas los incentivos postergados durante la década de distribucionismo peronista. El colapso de las huelgas de 1959 y 1960 cerró el ciclo de movilizaciones obreras iniciado en 1956. Los días-hombre perdidos a causa de las huelgas fueron más de 10 millones en 1959, casi 1,5 millones en 1960 y sólo 268.000 en 1961. Bajo los efectos de la represión y la penuria económica comenzó un proceso de desmovilización y desmoralización de los militantes obreros que habían sido el núcleo del renacimiento del sindicalismo peronista.

La sujeción de su política económica al monetarismo ortodoxo recomendado por Alsogaray no libró al presidente de nuevas presiones militares. Desde mediados de 1959 hasta marzo de 1962 Frondizi debió gobernar bajo la atenta supervisión de los altos mandos, que actuaron convencidos de que bastaba con presionar al presidente para obtener de él las políticas que consideraban adecuadas: no era necesario ni deseable apartarle del poder. La figura más sobresaliente en el ejercicio de esta omnipresente tutela fue el general C. Toranzo Montero, designado comandante en jefe del ejército después de la crisis de junio de 1959. En sus nuevas funciones Toranzo Montero incorporó al alto mando hombres de su confianza que, como él, temían por la suerte de los ideales de la Revolución Libertadora. Con esta preocupación no tardó en enfrentarse con el secretario de Guerra de Frondizi, quien, a su vez, le ordenó abandonar su puesto. Por toda respuesta, Toranzo Montero se declaró en rebeldía. Durante los días 3 y 4 de septiembre el país se mantuvo en vilo, esperando la batalla entre los tanques desplegados por ambos bandos por todo el centro de Buenos Aires. El choque fue evitado al acceder Frondizi a las exigencias del general rebelde y sacrificar a su secretario de Guerra. Con gran consternación del partido gobernante, a partir de aquel momento Frondizi tuvo que convivir con un caudillo militar cuya autoridad provenía precisamente de su exitoso desafío a los poderes del presidente.

Las preocupaciones del ejército liderado por Toranzo Montero reflejaban fielmente el nuevo clima político creado por la influencia de la revolución cubana. En un principio la prensa antiperonista interpretó el triunfo de Fidel Castro en 1959 como otra manifestación de la cruzada democrática que había derrocado a Perón. Luego, tras la rápida radicalización del régimen de La Habana y el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, esa actitud positiva dejó paso a una alarma creciente frente al flamante modelo de revolución latinoamericana. Debido a su reciente estancia en Washington como delegado argentino ante la Junta de Defensa Interamericana, Toranzo Montero se encontraba en una ventajosa posición para encarnar las inquietudes de los círculos militares del continente. En sintonía con ellas encaró una reorganización del ejército con vistas a su participación en una futura guerra antirrevolucionaria.

En marzo de 1960 Frondizi capituló ante las demandas de los militares y puso en marcha el Plan Conintes, que asignaba el control de la lucha antiterrorista a las fuerzas armadas, subordinaba las policías provinciales al control de las mismas y autorizaba el juicio de civiles por los tribunales militares. La intrusión del poder militar en áreas reservadas a la jurisdicción civil fue el origen de previsibles conflictos. Así, el comandante militar de la región de Córdoba acusó al gobernador local de complicidad con el terrorismo y exigió su destitución. Frondizi cedió una vez más y obligó a sus seguidores en el Congreso a decretar la intervención de la provincia de Córdoba.

Esta y otras manifestaciones de la progresiva capitulación del gobierno frente a las presiones militares indujeron a Toranzo Montero a dar un paso más y desafiar de manera abierta la autoridad de Frondizi. En octubre de 1960 el alto mando del ejército dio a conocer un memorándum en el que acusaba a las autoridades de tolerar la presencia comunista en las instituciones culturales y educativas, de manipular el resentimiento de las masas peronistas contra las fuerzas armadas y de administrar las empresas estatales de manera corrupta e ineficiente. Como era de esperar, esta sucesión de planteamientos militares hizo cundir un generalizado temor por el precario equilibrio sobre el que descansaba el gobierno. Fue entonces cuando Frondizi buscó y encontró formas de explotar astutamente ese sentimiento colectivo para reforzar su permanencia en el poder. Con ese objetivo procuró persuadir a la opinión pública de que la alternativa a su gobierno era el inevitable deslizamiento del país hacia la guerra civil. A fin de hacer creíbles sus advertencias, comenzó por levantar las restricciones que pesaban sobre los sindicatos, inició negociaciones para la normalización de la CGT y permitió una mayor libertad a las actividades del movimiento peronista. Frondizi esperaba que la amenaza en ciernes generada por esas medidas volcara en su beneficio a los sectores antiperonistas y le restituyera así a su autoridad la popularidad necesaria para resistir la presión de sus enemigos civiles y militares.

A principios de 1961 el presidente maniobró con éxito en la búsqueda de mayor autonomía cuando consiguió librarse de Toranzo Montero. Después de tres años difíciles en el poder, Frondizi dispuso entonces de un poco más de libertad para escoger los rumbos de su gobierno. Sin dar explicación alguna, destituyó a Alsogaray, quien no obstante haber mostrado un inesperado pragmatismo nunca había sido bien acogido en el gabinete de Frondizi. La decisión constituyó antes que nada una manifestación de autoridad porque el sustituto de Alsogaray, otra figura del mundo financiero local, se abstuvo de hacer grandes cambios en la política económica y mantuvo los acuerdos con el FMI. Al cabo de la aguda depresión de 1959, la tasa de crecimiento de la economía alcanzó un 7 por ciento en 1960 y 1961, impulsada por el flujo de inversiones. Debido a la contención de los salarios y la austera política fiscal, el consumo se mantuvo estable, pero esto fue holgadamente compensado por la movilización de capitales alentada por el nuevo ciclo de sustitución de importaciones. Gracias al incremento de las inversiones en los mercados de automóviles, tractores, productos químicos pesados, acero y petróleo, todos sectores muy protegidos, la expansión de la demanda global hizo posible la reducción del paro generado por la recesión de 1959.

El éxito del programa de reactivación no fue independiente del respaldo de las finanzas internacionales. El financiamiento del boom inversionista provino del ahorro externo, ya fuera por medio de empréstitos a corto o largo plazo o de la inversión directa. El recurso al endeudamiento externo permitió superar las restricciones a la capacidad de importar derivadas del pobre desarrollo de las exportaciones. El flujo de fondos externos facilitó asimismo el otorgamiento de créditos al sector privado sin comprometer los objetivos de la política monetaria acordada con el FMI.

Inicialmente, la recuperación económica vino acompañada de una pronunciada reducción de la inflación. En el momento de la designación de Alsogaray los precios aumentaban a razón de un 127 por ciento anual; en abril de 1961, al dejar Alsogaray su cargo, habían descendido hasta quedar en 9, 5 por ciento. Su sucesor aseguró la continuidad de la política económica en curso. No pudo impedir, sin embargo, que los precios subieran en un 21 por ciento en enero de 1962, cuando, en vísperas de las elecciones, Frondizi decidió flexibilizar el programa de austeridad. Las fluctuaciones experimentadas tanto en el terreno económico como en la vida política tenían por telón de fondo un contexto nacional altamente sensible debido a la mayor gravitación de los capitales extranjeros. El mantenimiento de la confianza de los inversores extranjeros requería de un clima de tranquilidad política que Frondizi no estaba en condiciones de garantizar de forma duradera.

La política exterior fue el segundo frente donde el líder de la UCRI trató de sacar partido de su mayor libertad de acción, adoptando una línea independiente en el tratamiento de la cuestión cubana. En agosto de 1960, en un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos celebrado en Costa Rica, Frondizi definió su postura ante las nuevas circunstancias creadas por la revolución cubana. En aquella ocasión dio expresas instrucciones a la delegación argentina para que, al tiempo que condenaba la amenaza comunista, llamase la atención de los Estados Unidos sobre el estado de subdesarrollo de América Latina. En su visión de los problemas de la región, la pobreza y la subversión iban de la mano, y, por lo tanto, la lucha contra el comunismo debía ser indisociable de la lucha contra el subdesarrollo, como, por otra parte, John F. Kennedy había destacado al lanzar la Alianza para el Progreso. Frondizi utilizó este argumento para solicitar ayuda económica de Estados Unidos y justificar una cierta independencia relativa en el conflicto entre Washington y Fidel Castro. En marzo de 1961 Argentina ofreció sus buenos oficios para facilitar un entendimiento, pero su intervención fue rechazada, mereciendo además la severa condena de los sectores antifrondizistas. Un mes más tarde, Frondizi dio nuevos pretextos a sus críticos al firmar un tratado de amistad con Brasil. La postura francamente neutralista de Jánio Quadros, el presidente brasileño, frente a la rivalidad que Frondizi oponía a norteamericanos y soviéticos y sus simpatías por Cuba sacudieron la relativa calma que reinaba en los cuarteles militares. En estos ambientes la única actitud admisible era la oposición abierta y firme a Fidel Castro, por lo que cada gesto oficial de ambigüedad a ese respecto era recibido con alarma e indignación. Así, después de que Frondizi celebrara una entrevista secreta con Ernesto «Che» Guevara en la residencia presidencial a mediados de agosto, en un nuevo intento de mediación entre Cuba y Estados Unidos, se vio obligado a destituir a su ministro de Relaciones Exteriores y a firmar una declaración conjunta con las fuerzas armadas ratificando la condena del experimento comunista en Cuba.

El segundo y último capítulo del enfrentamiento de los militares y el gobierno a propósito de la cuestión cubana tuvo lugar en la conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en enero de 1962. Patrocinado por Estados Unidos este encuentro se proponía aplicar sanciones contra Cuba y expulsarla del sistema interamericano. Con el mismo propósito y en los días previos a la conferencia, se reunió en Washington la Junta de Defensa Interamericana y en ella el delegado militar argentino votó a favor de la ruptura de relaciones con el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, en la conferencia de la OEA, celebrada en Punta del Este, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, junto con los de Brasil, México, Chile, Bolivia y Ecuador, decidió abstenerse en lugar de aprobar la moción que, con el voto de catorce países, ordenó la expulsión de Cuba de la organización regional. La negativa a secundar a Estados Unidos fue recibida con el rechazo unánime de los militares. Los jefes de las tres armas exigieron al presidente que rompiera de inmediato las relaciones con Cuba y terminara con las ambigüedades de su política exterior. Durante varios días Frondizi y el alto mando deliberaron día y noche mientras crecía el malestar en las guarniciones. Finalmente, agotados sus argumentos, el presidente tuvo que ceder y firmar un decreto que ordenaba el fin de las relaciones con La Habana.

El desenlace de la crisis cubana fue el prólogo de otra y más definitiva crisis. En marzo de 1962 debían celebrarse elecciones en las que estaba en juego el control de la Cámara de Diputados y de varios gobiernos de provincia. En ellas Frondizi esperaba obtener una victoria suficientemente clara para poder quitarse de encima la tutela de los militares. Con ese objetivo tomó la decisión más audaz de sus cuatro años de gobierno: autorizó la participación de los peronistas en los comicios, bajo la fachada de agrupaciones partidarias afines. Los riesgos de esta atrevida maniobra eran evidentes. En las elecciones legislativas de 1960 los peronistas, que estaban proscritos, habían emitido 2.176.864 votos en blanco (24, 6 por ciento), seguidos por la UCRP con 2.109.948 (23, 8 por ciento). Entre tanto, el partido oficial, la UCRI, quedó en tercer lugar con 1.813.455 votos (20, 5 por ciento). Para cambiar este panorama en su beneficio, Frondizi debía ser capaz de superar el voto de la UCRP y convertirse en la verdadera alternativa al temido retorno del peronismo. Sacando partido de la comprensible ansiedad que despertaba la propaganda peronista, Frondizi buscó transformar las elecciones en un plebiscito sobre quién emergería como garante de la paz y el progreso. Una serie de elecciones provinciales en diciembre de 1961 parecieron dar credibilidad a sus expectativas. En ellas el partido oficial recuperó el terreno perdido en 1960 y creció a expensas de la UCRP, mientras que los peronistas, forzados a batirse fuera de sus principales bastiones urbanos, no parecían ser una fuerza electoralmente temible. El 18 de marzo, sin embargo, la victoria que hubiera retrospectivamente justificado tantas humillaciones terminó en una derrota.

Al cabo de siete años de proscripción política, el peronismo retomó como principal fuerza electoral, con el 32 por ciento de los sufragios. Los votos recibidos por las diversas agrupaciones bajo las que participaron los peronistas —toda vez que el Partido Justicialista continuó en la ilegalidad— totalizaron 2.530.238; la UCRI obtuvo 2.422.516 votos y la UCRP, 1.802.483. De las catorce elecciones provinciales, nueve fueron ganadas por los peronistas, incluso el distrito electoral más importante, la provincia de Buenos Aires, donde el dirigente sindical Andrés Framini resultó electo gobernador.

La reacción de los altos mandos militares no se hizo esperar y el 19 de marzo forzaron al presidente a anular por decreto las elecciones en los distritos donde habían triunfado los peronistas. Éste no iba a ser el único precio a pagar por su fallida apuesta electoral. Con independencia de sus motivaciones, al rechazar los resultados de las elecciones Frondizi había violado en la práctica el juramento constitucional de respetar la ley; sus enemigos civiles y militares no necesitaron más razones para provocar su derrocamiento. Comenzó así una vigilia de diez días durante los cuales la opinión pública estuvo pendiente de las negociaciones secretas entabladas entre los militares y los políticos en la búsqueda de una fórmula para resolver la crisis. El tiempo invertido en este esfuerzo puso claramente de manifiesto la resistencia de sectores importantes de las fuerzas armadas a dar por terminada la experiencia democrática iniciada en 1958. Finalmente, el 29 de marzo se llegó a una decisión y Frondizi fue depuesto de la presidencia.

En medio de la indiferencia general, llegó así a su fin el intento más audaz e innovador para hacer frente a los problemas de la Argentina post-Perón. Durante cuatro turbulentos años, Frondizi procuró reincorporar a las masas peronistas a la vida política y poner en marcha una nueva fase de substitución de las importaciones. Sus propuestas no consiguieron suscitar el suficiente consenso como para asegurar al mismo tiempo la consolidación de la democracia.

El programa económico no fue bien recibido, ni siquiera en los medios empresariales. Si bien prometió a la burguesía argentina mucho más de lo que se le había ofrecido en el pasado inmediato, era un experimento demasiado ambiguo para confiar en él. Fueron muy pocos los políticos de derecha que supieron reconocer el proyecto de desarrollo capitalista que estaba encerrado en la retórica de Frondizi. El país nunca estuvo más cerca de crear un partido conservador moderno, pero perdió esa oportunidad. Ciertamente los caminos tortuosos que escogió Frondizi para formular su proyecto tampoco contribuyeron a facilitarlo. De todos modos, las iniciativas promovidas desde la presidencia dieron lugar a un proceso de grandes cambios modernizadores de la economía y de la sociedad.

Parejo al aprovechamiento de las inversiones extranjeras, el gobierno tuvo que generar ahorros adicionales para poder financiar la construcción de infraestructura y los subsidios industriales. La alternativa a la que apelara Perón —extraer ahorros del sector agrícola— ya no era para entonces viable. Por el contrario, este sector debió ser fortalecido por medio de una política de precios altos. En estas condiciones, el gobierno recurrió a la reducción de los salarios para apuntalar el esfuerzo industrializador. Este recurso fue eficaz en dos sentidos: en el sector público, la disminución de los gastos en salarios dejó el espacio para incrementos de las inversiones; en el sector privado, permitió una expansión de los beneficios. El proyecto de Frondizi descansaba en la creencia de que mayores beneficios, mayores inversiones y un crecimiento más rápido de la productividad permitirían más adelante recuperar los niveles salariales. En términos macroeconómicos el objetivo era trasladar recursos del consumo a la inversión; congruentemente, la proporción de las inversiones en el PBI creció del 17, 5 al 21, 7 en 1961.

Las inversiones extranjeras tendieron a concentrarse en nuevas áreas donde tenían garantizada una protección especial, y sólo muy parcialmente promovieron la modernización de los sectores preexistentes. De este modo, se fue creando una economía industrial dualista en la cual un sector moderno intensivo en capital, con una importante presencia de compañías extranjeras, tecnologías avanzadas y salarios altos, comenzó a coexistir con un sector más tradicional, financiado de forma predominante con capitales nacionales, que operaba con equipos obsoletos, era más intensivo en mano de obra y pagaba salarios más bajos.

Vista en perspectiva, la gestión de Frondizi se tradujo efectivamente en estímulos a la expansión de las manufacturas y al desarrollo del mercado interno. Fue, con todo, una paradoja que el proyecto de substitución de importaciones, concebido durante la segunda guerra mundial como expresión de un sentimiento nacionalista, terminara incrementando la influencia del capital extranjero en la economía. Por lo demás, la ampliación de la estructura productiva de la industria se llevó a cabo de forma desequilibrada. Limitada al mercado interno, no permitió a las empresas sacar partido de las economías de escala, como hubiera sido el caso si se hubiese dado una mayor prioridad en la agenda del gobierno al crecimiento de las exportaciones industriales. La nueva estructura continuó dependiendo de los recursos aportados por las exportaciones del agro para financiar la compra de sus bienes intermedios y equipos de capital: precisamente la dependencia tradicional que la estrategia de Frondizi se había propuesto eliminar.

LA PRESIDENCIA DE JOSÉ MARÍA GUIDO, 1961-1963

Los militares que derrocaron a Frondizi se encontraron pronto frente al desafío de cómo llenar el poder vacante. La alternativa de una dictadura militar era una solución favorecida sólo por algunos sectores. Tampoco el contexto internacional era propicio a los experimentos autoritarios, como había demostrado la fallida intervención del embajador del presidente Kennedy a favor de Frondizi. Finalmente se resolvió el dilema nombrando presidente del país al presidente del Senado, el doctor José María Guido, de acuerdo con las previsiones de ley en los casos de acefalia en el cargo de jefe del estado.

Una vez resuelta esta cuestión institucional, el nuevo ministro del Interior, Rodolfo Martínez, figura clave de la facción militar opuesta a una solución dictatorial, comenzó a desplegar el nuevo plan político. En líneas generales, el plan de Martínez retomaba la política de Frondizi consistente en reintegrar muy gradualmente a los peronistas a la vida política. Para llevar a cabo este plan era preciso antes que la facción legalista de las fuerzas armadas se impusiera no sólo en el seno del ejército sino también dentro de la marina y de la fuerza aérea. Tal fue el origen de la primera de una serie de crisis militares que pautaron la administración de Guido. A un mes del derrocamiento de Frondizi, la poderosa base militar de Campo de Mayo se declaró en contra del plan de Martínez.

La marina también ejerció su influencia en defensa de los ideales de 1955. En estas circunstancias, el ministro del Interior dimitió y Guido se vio obligado a firmar decretos que anulaban todas las elecciones celebradas en marzo, disolvían el Congreso y extendían el control federal también sobre las provincias donde los peronistas no habían ganado en las elecciones. Así, se abandonó la búsqueda de una solución política que hubiera incluido a las masas peronistas, aunque fuese en una posición subordinada.

El manejo de la economía no planteó disidencias dentro de la nueva Administración. Guido se hizo cargo de la economía en un clima de extrema incertidumbre. En los meses que precedieron a las elecciones de marzo, las señales de crisis en el programa económico de Frondizi habían provocado una fuga de capitales. Los puntos débiles de la recuperación de 1960-1961 fueron haciéndose evidentes a medida que los incrementos de la actividad económica y las inversiones públicas y privadas y provocaron un déficit comercial a finales de 1961. El aumento de las importaciones estimulada por el gran salto adelante en la industrialización no alcanzó a ser compensado por el magro volumen de exportaciones agrícolas. Adicionalmente, el país tuvo que hacer frente a la cuantiosa deuda externa de largo y corto plazo contraída en los años previos para financiar las nuevas inversiones. El deterioro de las reservas de divisas extranjeras, agravado por maniobras especulativas, complicó todavía más las finanzas públicas. Cuando el gobierno se vio obligado a recurrir a créditos del Banco Central para financiar sus gastos corrientes, superando los límites acordados con el FMI, la institución financiera internacional declaró que Argentina había violado sus compromisos.

Para hacer frente al nada glorioso final de la aventura desarrollista, el presidente Guido nombró ministro de Economía a Federico Pinedo. Al cabo de veintidós años, este padre fundador del conservadurismo liberal tomó las riendas de la economía una vez más, como elocuente recordatorio de la permanencia de aquella Argentina tradicional contra la que Frondizi había lanzado su programa de modernización. Pinedo duró sólo unas cuantas semanas en el cargo, pero fueron suficientes para que hiciese el trabajo para el cual le habían llamado: devaluó el peso de 80 a 120 por dólar. Su sustituto fue Alvaro Alsogaray, que volvió para administrar un nuevo acuerdo con el FMI, con metas fiscales y monetarias sumamente restrictivas. Su objetivo manifiesto fue equilibrar el presupuesto y purgar a la economía del «exceso de demanda» en que se había incurrido durante los últimos años del mandato de Frondizi.

La severa restricción monetaria provocó un marcado descenso del nivel de actividad. El PIB cayó en un 4 por ciento entre 1962 y 1963 a la vez que se multiplicaban los cierres de empresas y crecía el desempleo. La crisis de liquidez hizo que todos los pagos —tanto en el sector privado como en el público— comenzaran a ser postergados y que los cheques de las empresas y los bonos emitidos por el gobierno circularan como substitutos del papel moneda. Durante este período la economía operó bajo las condiciones de mercado libre más amplias conocidas desde 1930. Sin embargo, la terapia de choque, a pesar de la fuerte recesión, no impidió que la inflación se acelerara hasta que alcanzó una tasa anual de entre el 20 y el 30 por ciento. La nota positiva en este sombrío panorama fue la excelente cosecha de 1962, que permitió mejorar la balanza comercial y reponer las reservas de divisas extranjeras. La economía continuó, no obstante, gobernada por la incertidumbre que creaban las abiertas disidencias de los jefes militares sobre el futuro político del país.

El desenlace del conflicto de abril de 1962 no había terminado de zanjar la lucha por el poder dentro de la corporación militar. En agosto, los partidarios de la solución dictatorial hicieron otro intento, bajo el liderazgo del general Federico Toranzo Montero, hermano del más intransigente censor del ex presidente Frondizi. El objeto del levantamiento era la dimisión del secretario de la Guerra con la excusa de que se había infringido el reglamento interno de ascensos del ejército. Con la dimisión del secretario comenzó la búsqueda de un substituto en un contexto que reveló claramente el estado de anarquía existente en las fuerzas armadas. Así se puso en marcha un verdadero proceso electoral, que el país pudo seguir en la prensa y en el cual los generales se comportaban como grandes electores. Cuando se contaron los votos y se evaluó la potencia de fuego que había detrás de cada sufragio, las elecciones favorecieron a la facción legalista del ejército. El presidente Guido nombró secretario de la Guerra a uno de los miembros de dicha facción, pero los oficiales que habían sido derrotados hicieron caso omiso de su autoridad. Estos hombres, que estaban decididos a no retroceder y seguían bajo el liderazgo de Toranzo Montero, propusieron su propio candidato y desplegaron sus tropas en posición de combate en el centro de Buenos Aires. La facción legalista también pasó a la acción y una vez más el país se encontró al borde del enfrentamiento armado. Los recursos militares de los legalistas eran superiores a los que tenían los seguidores de Toranzo Montero, pero el presidente intervino para evitar un conflicto abierto. Al igual que en abril, los sectores más decididamente antiperonistas obtuvieron una victoria política a pesar del relativo equilibrio entre los dos bandos.

Al verse privada de su victoria militar, la facción legalista reaccionó con rapidez: sus portavoces exigieron la vuelta de la Constitución, el repudio a toda dictadura y la convocatoria de elecciones a plazo fijo. En estas circunstancias, de nuevo estalló el conflicto. La guarnición de Campo de Mayo se puso al frente de la rebelión bajo el mando del general Juan Carlos Onganía y montó un operativo dirigido a la oposición pública que fue decisivo para el desenlace: a través de dos emisoras de radio y en un esfuerzo por imponer la imagen de un ejército democrático justificó su actitud afirmando: «Estamos dispuestos a luchar por el derecho del pueblo a votar».

Esta vez, las facciones militares en pugna entraron en combate. Los legalistas adoptaron el nombre de «los azules», mientras que sus adversarios eran conocidos por el de «los colorados». En el enfrentamiento, los «colorados» se mantuvieron siempre a la defensiva y no representaron ningún desafío real para los «azules». Éstos no sólo tenían mayor potencia de fuego sino que, además, contaban con el apoyo de la fuerza aérea, que amenazó con bombardear las concentraciones de tropas «coloradas», minando su voluntad de combate. La marina, aunque simpatizaba con los «colorados», se mantuvo al margen de la lucha. El 23 de septiembre de 1962 las tropas del general Onganía obtuvieron la rendición de sus adversarios y procedieron a imponerles la paz del vencedor. Las principales jerarquías del ejército quedaron en sus manos y llevaron a cabo una verdadera purga que puso fin a la carrera de ciento cuarenta oficiales de alta graduación.

La victoria de la facción «azul» del ejército llevó nuevamente al doctor Martínez al frente del Ministerio del Interior, desde donde reanudó la búsqueda de una fórmula política que permitiera a las fuerzas armadas volver a los cuarteles. La decisión original de facilitar la incorporación de las masas peronistas a la vida institucional se mantuvo, y lo mismo se hizo con la negativa a permitir que líderes peronistas llegaran a ocupar posiciones de poder. Para resolver el dilema implícito en este doble objetivo se propuso alentar la formación de un amplio frente político al que las masas peronistas aportarían su caudal electoral pero cuya conducción permanecería en manos de otras fuerzas. Esta repetición de la experiencia de 1958 pareció encontrar en Perón una respuesta favorable: frente a la alternativa de una dictadura militar, el peronismo se avenía a aceptar un retomo lento y gradual al sistema institucional mientras daba su apoyo a la fórmula política patrocinada por el sector dominante de las fuerzas armadas. El líder exiliado aceptó esta solución de compromiso y confió al político moderado doctor Raúl Matera la conducción local de su movimiento a la vez que destituía a Andrés Framini, el líder sindical que, después de su fallido intento de convertirse en gobernador de Buenos Aires en 1962, venía adoptando posturas cada vez más intransigentes, acercándose más a las fuerzas de la izquierda.

Bajo estos auspicios, el ministro del Interior comenzó a reunir las piezas dispersas del complejo rompecabezas político. Varios partidos pequeños entraron en la pugna por la codiciada candidatura presidencial del futuro frente electoral. Pero Perón y Frondizi no renunciaron a sus esfuerzos por controlar el resultado político y maniobrando entre bastidores se ocuparon de frustrar las aspiraciones de los que pretendían convertirse en los salvadores y herederos de las fuerzas proscritas. Por su parte, el ministro del Interior reconoció oficialmente a un partido neoperonista, la Unión Popular, que se ofreció a encauzar los votos de los seguidores de Perón.

Esta jugada audaz del ministro del Interior provocó, previsiblemente, inquietud y malestar en el bando antiperonista, que trató de presionar al presidente Guido para que revocase la decisión. Para desmontar esas prevenciones, los inspiradores del frente político anunciaron públicamente su condena del régimen depuesto en 1955. De manera simultánea, prepararon otra iniciativa igualmente atrevida que, al final, sería la ruina de sus planes. En marzo de 1963 el doctor Miguel Angel Zavala Ortiz, líder fervientemente antiperonista de la UCRP, denunció con indignación un ofrecimiento del ministro del Interior para que ocupase el segundo lugar en una candidatura presidencial que encabezaría el general Onganía y tendría el respaldo de todos los partidos. La denuncia y el clamor que se levantó dentro del bando antiperonista obligaron a Martínez a dimitir. Presionado por sus camaradas, entre los que había numerosos partidarios del general Aramburu, Onganía debió desmentir que fuese candidato para la alianza propuesta.

Las divisiones internas en los altos mandos del ejército alentaron una nueva rebelión militar, esta vez centrada en la marina, que tuvo lugar el 2 de abril y se organizó contra la política electoral del gobierno. Tras varios días de lucha sangrienta, los «azules» del ejército, con el auxilio de la fuerza aérea, lograron la rendición de las fuerzas rebeldes. La derrota de la marina, donde los simpatizantes de los «colorados» estaban en mayoría, inició su ocaso político; pasarían trece años antes de que recuperara su posición dentro de la corporación militar. En la coyuntura y frente al agudo peligro de desintegración institucional, los jefes militares optaron por abandonar sus planes políticos.

El viraje del gobierno sorprendió a Perón, quien, otra vez aliado con Frondizi, parecía dispuesto a acatar las reglas del juego establecidas para las próximas elecciones del 7 de julio. El gobierno se mostró insensible a estas manifestaciones de buena voluntad. Después de un año de marchas y contramarchas, durante el cual había habido cinco ministros del Interior, el nuevo ministro encargado de la conducción política del gobierno puso fin a las ambigüedades. Nombrado en mayo de 1963, el general Osiris Villegas empezó por excluir a la Unión Popular de la competencia electoral por cargos ejecutivos y luego proscribió paulatinamente a todas las agrupaciones sospechosas de representar al peronismo ortodoxo o de estar aliadas con él.

El sinnúmero de obstáculos e impedimentos jurídicos que se alzaron sobre el frente peronista intensificó el conflicto en sus filas, ya debilitadas como resultado de las dificultades encontradas para coincidir en un candidato común a la presidencia. Cuando Perón y Frondizi acordaron apoyar a Vicente Solano Lima, un conservador populista, la coalición se rompió. Un sector importante de la UCRI dio su apoyo a la candidatura de Oscar Alende pese a que Frondizi se esforzó por impedirlo. Tampoco Perón pudo impedir que los democratacristianos respaldaran a Raúl Matera, quien fuera su representante en el país, como candidato presidencial. A la confusión provocada por estas discrepancias se agregaron nuevos obstáculos jurídicos; entonces Perón y Frondizi pidieron a sus partidarios que votaran en blanco. En este escenario cambiante, quedaban en carrera por la primera magistratura, el doctor Arturo Illía, político provincial poco conocido pero respetado, por la UCRP; Oscar Alende por la facción disidente de la UCRI; y el general Aramburu, quien fuera jefe de la Revolución Libertadora, respaldado por un nuevo partido político, la Unión del Pueblo Argentino, con la esperanza de atraer al voto antiperonista. Los efectos de la orden de Perón y Frondizi fueron contraproducentes. Sectores importantes del electorado peronista prefirieron no expresar su protesta votando en blanco y en vez de ello decidieron fortificar las alternativas al temido triunfo de Aramburu. Realizado el cómputo electoral, los votos en blanco representaron el 19, 2 por ciento del total de votos, lo que significó un retroceso del 24, 3 por ciento de los emitidos en 1957, en ocasión de las elecciones para constituyentes. Ambos sectores del radicalismo se beneficiaron del apoyo peronista, pero el vencedor, inesperadamente, fue Illía, con 2.500.000 votos, luego Alende, con 1.500.000, a su vez seguido de cerca por los votos en blanco, que superaron los 1.350.000 votos que obtuvo el general Aramburu.

LA PRESIDENCIA DE ARTURO ILLÍA, 1963-1966

En 1963 Argentina se embarcó en una nueva experiencia constitucional en un clima de relativa tranquilidad política cuyo epítome era la personalidad del presidente electo. Su estilo parsimonioso y provinciano, parecía apropiado al estado anímico de la sociedad argentina, que, harta de tantos conflictos, lo recibió sin ilusiones, en marcado contraste con el fervor que había acompañado la victoria de Frondizi en 1958. Illía comprendió que la primera tarea del gobierno era ofrecer a los ciudadanos argentinos una política moderada que les permitiese ir resolviendo sus diferencias. Mientras que Frondizi había intentado innovar, Illía optó por la seguridad de lo probado y conocido: el respeto a la ley y elecciones periódicas.

Illía y su partido habían atravesado el paisaje cambiante de la Argentina de posguerra sin experimentar ellos mismos grandes cambios. Quizás el mayor cambio se produjo en su actitud frente al peronismo. Desde 1946, el Partido Radical había encauzado los sentimientos de rechazo que el movimiento acaudillado por Perón había despertado en las clases media y alta. La reacción antiperonista no sólo expresaba la resistencia a la tendencia autoritaria del régimen de Perón, sino también a las transformaciones sociales operadas bajo sus auspicios. El antiperonismo se confundía, así, con un espíritu de restauración social. Sin embargo, las transformaciones que habían tenido lugar en el país eran profundas e irreversibles; Argentina no podía volver sencillamente al pasado. El peronismo había, en efecto, modificado el viejo orden con sus políticas, pero ese orden también había sido corroído por el desarrollo industrial, la modernización de las relaciones laborales y la expansión de la cultura de masas. Que esta nueva realidad estaba destinada a durar fue un descubrimiento que penosamente hicieron quienes alentaban una vuelta hacia atrás. La actitud de Frondizi primero y, más adelante, la de los militares del ejército «azul» pusieron de manifiesto este forzado reconocimiento del peronismo. El nuevo gobierno Illía, elegido gracias a la proscripción de los peronistas, también prometió que pronto los devolvería a la legalidad.

En donde el Partido Radical se mantuvo fiel a sus tradiciones fue en su concepción de la política económica. Las banderas exhibidas en el programa del partido desde mediados de la década del 1940 —nacionalismo, distribución de la renta, intervencionismo del estado— dictaron algunas de las primeras medidas del gobierno. Durante la campaña electoral, los candidatos del radicalismo habían prometido revisar la política petrolera de Frondizi porque obraba en detrimento de la soberanía del país. Una vez en la presidencia, Illía anuló los contratos firmados por las compañías petroleras internacionales. La medida implicó el pago de importantes indemnizaciones, interrumpió el crecimiento de la industria del petróleo y le ganó al gobierno la temprana antipatía del mundo empresarial y los inversores extranjeros.

La fuerte recesión de 1962-1963 había hecho descender el producto nacional a los niveles más bajos de los últimos diez años. La capacidad instalada de la industria manufacturera —fuertemente incrementada por la oleada previa de inversiones— operaba en alrededor del 50 por ciento, al tiempo que el desempleo alcanzaba un 9 por ciento de la población activa en el Gran Buenos Aires y era aún mayor en el interior del país. La Administración radical consideró que su primer objetivo era reactivar la producción. La estrategia escogida fue estimular el consumo por medio de políticas expansionistas de carácter monetario, fiscal y salarial. También aquí el contraste con la política de Frondizi fue evidente. En 1963 la economía se encontraba en un punto bajo del ciclo económico, comparable con el de 1959. Mientras que en 1960-1961 fueron las inversiones, financiadas con recursos extranjeros, las que impulsaron la recuperación, en 1964-1965 la expansión se basó, por el contrario, en el estímulo del consumo privado. Bajo el gobierno radical se incrementó el crédito bancario al sector privado, lo cual permitió mejorar la financiación de la venta de bienes de consumo duraderos; el tesoro procedió a disminuir el monto de deudas pendientes con empleados públicos y proveedores del estado y poner al día las transferencias federales a las provincias; también fueron aumentados los salarios y se aprobó una ley que establecía el salario mínimo y móvil.

El PIB creció en un 8 por ciento en 1964 y 1965 —con incrementos anuales en la industria del 15 por ciento y el desempleo se redujo a la mitad—, aunque el crecimiento importante de la economía sólo recuperó los niveles de antes de la recesión. La rápida expansión hizo temer que surgieran problemas en la balanza de pagos no sólo debido a la mayor demanda de importaciones, sino también por la necesidad de hacer frente a las obligaciones de la deuda externa contraída durante los años de Frondizi. A finales de 1963 se calculó que el servicio de la deuda exterior pública y privada supondría pagos de 1.000 millones de dólares durante 1964 y 1965.

Los temores iniciales sobre la balanza de pagos disminuyeron luego, gracias a los buenos resultados de las exportaciones. Los años de la Administración de Illía señalaron un punto de inflexión en el comportamiento del sector exterior. Las exportaciones crecieron del nivel de 1.100 millones de dólares que había prevalecido desde el decenio de 1950 a cerca de 1.600 millones de dólares, el nivel alcanzado casi dieciocho años antes. Contribuyó a esto el continuo ascenso de los precios (y llevó a una mejora del 12 por ciento en el tipo de cambio entre 1963 y 1966), pero, sobre todo, influyó en el incremento del volumen físico de la producción. Después de permanecer estancada de 1953 a 1963, la producción agrícola comenzó a crecer y aumentó en más de un 50 por ciento entre 1963 y 1966. El estrangulamiento tradicional en la economía argentina, el estancamiento de las exportaciones agrícolas, fue, de esta forma, aflojado.

Los primeros logros económicos del gobierno no le valieron mayor consenso por parte de la población. Elegidos por menos de un tercio de los votantes, y carentes de raíces en el movimiento laboral y en las organizaciones empresariales, los radicales necesitaban la colaboración de otras fuerzas para ampliar sus bases de apoyo. Sin embargo, pronto dejaron claro que no tenían ninguna intención de compartir el gobierno. Su rechazo a una estrategia de alianzas fue una preparación deficiente para el momento en que la tregua provisional que había acompañado su ascenso al poder diera paso a un nivel de conflictos más en consonancia con el pasado reciente del país.

En cuanto a las relaciones de los radicales con los militares, la situación no hubiera podido ser más paradójica. La derrota de la facción militar «colorada», con la cual los radicales estaban asociados, había despejado el camino para las elecciones y posibilitado la inesperada victoria de Illía. El matrimonio de conveniencia forjado entre el nuevo gobierno y los líderes del ejército «azul» estuvo, pues, cargado de tensiones. Los radicales eran demasiado débiles para imponer un retomo de sus propios aliados militares y provocar un cambio en la cadena de mando de las fuerzas armadas. Así pues, tuvieron que resignarse a aceptar el statu quo, en el cual la figura del general Onganía, comandante en jefe del ejército, era una pieza clave. Por su parte, los comandantes militares tuvieron que adaptarse a la existencia de un gobierno civil por el que no sentían ninguna simpatía en absoluto. Y vieron la prudente respuesta de Illía a la reaparición de la oposición sindical como prueba clara de la falta de autoridad política.

La oposición sindical a Illía se remontaba al período anterior a su elección para la presidencia. En enero de 1963 los sindicatos consiguieron reorganizar la CGT y aprobaron una campaña cuyo objetivo era forzar la vuelta al orden constitucional por medio de una serie de huelgas. Cuando en el último momento los militares que rodeaban al presidente Guido decidieron vetar la participación de la Unión Popular, la CGT suspendió la movilización prevista e instó a sus afiliados a boicotear las elecciones y condenar por ilegítimos sus resultados. Los gestos positivos del gobierno de Illía en cuestiones económicas y sociales no lo redimieron a ojos de los sindicatos. A pesar de la aprobación de una ley sobre el salario mínimo —en contra de los deseos de las organizaciones empresariales—, la CGT decidió poner en práctica su plan de acción original en mayo de 1964, alegando condiciones de pobreza que estaban lejos de ser reflejadas por la evolución de la economía.

Durante varias semanas el país asistió a una escalada de ocupaciones de fábricas que, por su escrupulosa planificación, parecían operaciones militares. Esta formidable demostración de poder sindical provocó la alarma en los círculos empresariales, pero la naturaleza pacífica de las ocupaciones reveló que su objetivo no era enfrentarse a las empresas, sino más bien debilitar al gobierno. Illía optó por hacer caso omiso del desafío y no ordenó la intervención del ejército. No pudo, empero, evitar que su aislamiento quedara a la vista de todos, mientras crecían las demandas por una política de ley y orden.

La movilización de mediados de 1964 señaló la entrada en el escenario político de un nuevo estilo de acción obrera. Los sindicatos eran simultáneamente agencias para la negociación salarial y empresas que proporcionaban a sus miembros una amplia red de servicios sociales; el resultado había sido la formación de vastos aparatos burocráticos. Al mismo tiempo, los líderes sindicales habían terminado siendo aceptados como elementos de poder en la Argentina posperonista. Entre 1956 y 1959, cuando el sindicalismo era débil y marginal, había lanzado una protesta activa de las masas obreras contra el estado. Ahora, con más intereses creados y una mayor legitimidad política, comenzó a adoptar una estrategia diferente. En vez de estimular la acción de masas, prefería recurrir a las huelgas generales, en las cuales la intervención de las masas estaba descartada de antemano y lo que importaba era la eficacia de la organización. Esta estrategia de golpear y negociar iba acompañada de la búsqueda de aliados entre los descontentos con el gobierno. Quien mejor encamaba este nuevo estilo era Augusto Vandor, jefe del sindicato de metalúrgicos, frecuente interlocutor de los empresarios, los militares y los políticos, verdadero líder de las 62 Organizaciones.

Una evolución no menos importante se estaba produciendo también en el seno de las fuerzas armadas. Frente a los riesgos de dividir al estamento militar a causa de su involucración en los conflictos políticos, los jefes del ejército «azul» decidieron inclinarse ante la autoridad constitucional y regresar a los cuarteles. El consecuente repliegue a su función institucional tenía por objeto permitir a las fuerzas armadas restablecer las pautas de autoridad y mejorar la profesionalidad de sus oficiales. En agosto de 1964, en un discurso que pronunció en West Point, el general Onganía dio a conocer un proyecto cuya finalidad era situar a los militares por encima de la política[6]. Dijo que las fuerzas armadas, «el brazo armado de la Constitución», no podían substituir a la voluntad popular. Sin embargo, también señaló que sus funciones eran «garantizar la soberanía y la integridad territorial de la nación, preservar la moral y los valores espirituales de la civilización occidental y cristiana, [y] garantizar el orden público y la paz interior». Y añadió que, con el fin de cumplir estas funciones era necesario reforzar a los militares como corporación, así como el desarrollo económico y social del país.

En esta visión ampliada del papel de las fuerzas armadas, su lealtad a los poderes civiles seguía siendo muy condicional. En el mismo discurso, Onganía recalcó que «la conformidad [militar] se refiere esencialmente a la Constitución y sus leyes, nunca a los hombres o los partidos políticos que puedan ejercer temporalmente el poder público». De ahí que la obediencia debida podía caducar «si, al amparo de ideologías exóticas, [se] producía un exceso de autoridad» o si el ejercicio de la vastas funciones atribuidas a las fuerzas armadas se veía obstaculizado. En la nueva doctrina, la prevención y la eliminación de la subversión interna ocupaban un lugar central. Al transformar el desarrollo económico y la eficiente gestión gubernamental en condiciones necesarias para la seguridad nacional, Onganía colocaba tales objetivos dentro de la esfera legítima de la jurisdicción militar, desdibujando por completo la línea de demarcación entre lo militar y lo civil. Este esquema destinado a situar a las fuerzas armadas por encima de la política concluía eliminando, en realidad, a la política misma.

La elección de West Point para presentar al general Onganía como el nuevo cruzado de la doctrina de seguridad nacional no fue ninguna coincidencia. Estados Unidos llevaba a cabo en aquel momento una campaña activa con el fin de convertir los ejércitos de América Latina en sus aliados en la lucha contra el enemigo interno: la subversión comunista. La movilización popular y la crisis de autoridad en el gobierno de Goulart llevaron a las fuerzas armadas al poder en Brasil en 1964 en nombre de la seguridad nacional. En Argentina el presidente Illía continuaba administrando una legalidad constitucional que era muy consciente de estar sometida a una estrecha vigilancia militar. A principios de 1965 la intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana puso a prueba la «entente» entre el gobierno radical y las fuerzas armadas. Illía se encontró atrapado entre la presión de la opinión pública, que era hostil a Estados Unidos, y las exigencias de las fuerzas armadas, que estaban a favor de la intervención. Su respuesta fue ambigua: propuso la creación de una fuerza militar interamericana que restableciera el orden en Santo Domingo, pero se negó a permitir que tropas argentinas formaran parte de ella. La negativa del presidente a seguir el consejo de los jefes militares alimentó en ellos un rencor duradero.

Tampoco se ganó Illía la buena voluntad de los militares restableciendo la legalidad del movimiento peronista, que gozó de una libertad de acción desconocida hasta entonces. Esta mayor tolerancia del presidente radical apuntaba a sacar partido de las contradicciones que Perón estaba creando dentro de su propio movimiento desde su exilio en España. Luego del derrumbe de 1955, dentro del peronismo coexistían fuerzas claramente distintas. En las provincias menos afectadas por la modernización, el peronismo logró conservar su perfil multiclasista bajo líderes procedentes de la tradición conservadora que cultivaban la retórica peronista con el objeto de conservar la clientela política de Perón al tiempo que se sometían prudentemente al orden posperonista. Obligados a actuar en circunstancias nuevas, estos líderes locales optaron por distanciarse de las cambiantes tácticas de Perón a fin de no perder las posiciones que habían reconstruido laboriosamente.

En las zonas más modernas y urbanas del país, el peronismo había perdido sus apoyos fuera de la clase obrera y los sectores populares; aquí el movimiento sindical tenía un peso indiscutible, ya que era la única estructura que había sobrevivido al colapso político de 1955. En una primera etapa, el sindicalismo peronista siguió las instrucciones del líder exiliado con más disciplina que las fuerzas neoperonistas del interior. Con el tiempo, sin embargo, los líderes obreros fueron haciendo suya la lógica conservadora de unas instituciones sindicales que sólo podían prosperar si contaban con la buena voluntad de los centros del poder nacional. Así, cada vez fue más difícil seguir las estrategias de Perón, quien, proscrito de la vida política, tenía por principal objetivo la desestabilización de las fórmulas de gobierno que esforzadamente concebían sus adversarios. Al final, pues, el ex presidente se encontró enfrentado a las aspiraciones más conformistas de los líderes sindicales. Mientras que éstos buscaban un orden político en el que hubiera espacio para ellos y les permitiera consolidarse, Perón libraba desde el exilio una incansable guerra de desgaste.

Al cabo de diez años de existencia precaria en las fronteras de la legalidad, el movimiento peronista empezó a considerar la idea de emanciparse de la tutela política de Perón. Numerosos líderes sindicales concluyeron que la obediencia disciplinada a Perón les impedía la incorporación plena en el sistema de poder prevaleciente. Esta ruptura no estaba exenta de dificultades. La fidelidad de las masas peronistas a su líder ausente era tan vigorosa como siempre; más aún, muchos albergaban la secreta ilusión de un inminente retorno de Perón al país, ilusión que éste alimentaba con repetidos mensajes desde el exilio. El mito del retorno de Perón tornaba precaria la autoridad de los líderes locales y conspiraba contra sus esfuerzos por institucionalizar el movimiento dentro de las reglas de juego existentes. Para eliminar este obstáculo era preciso demostrar que el regreso de Perón era imposible.

A finales de 1964 los sindicatos peronistas liderados por Vandor organizaron la llamada Operación Retorno. Perón salió de Madrid por vía aérea el 2 de diciembre, pero cuando aterrizó en Río de Janeiro el gobierno brasileño, siguiendo instrucciones de las autoridades argentinas, le obligó volver a España. Las razones de la participación de Perón en esta aventura, de tan dudoso desenlace, nunca fueron claras. Lo cierto es que su prestigio a ojos de sus leales seguidores no se vio afectado; la responsabilidad del fracaso recayó de lleno en los líderes sindicales y el gobierno radical.

La convocatoria de elecciones legislativas para marzo de 1965 aplazó la resolución de la disputa por el poder entre los peronistas, que decidieron cerrar filas detrás de sus candidatos. Los resultados fueron 3.400.000 votos para los diferentes grupos peronistas y 2.600.000 para el partido del gobierno. Dado que sólo estaba en juego la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados, los efectos de la derrota electoral se vieron atenuados; aun así, el gobierno perdió su mayoría absoluta y a partir de aquel momento tuvo que buscar el apoyo de otros partidos menores. Más grave todavía fue el hecho de que los radicales se vieron inapelablemente debilitados ante la opinión de los conservadores y de los militares. Este último fracaso en la tarea de contener la fuerza electoral de los peronistas, más el pobre desempeño del gobierno en otros campos hicieron muy poco por reducir el aislamiento social y político de la presidencia de Illía.

A mediados de 1965, el gobierno se vio obligado a reconocer que la inflación, ya próxima al 30 por ciento, era una vez más un problema urgente. Las medidas expansionistas de los primeros días dieron paso ahora a un programa anti-inflacionario que empezó por reducir la ayuda del Banco Central al sistema bancario, en especial los créditos para el sector público. Estos esfuerzos por reducir el déficit fiscal chocaron con dificultades. Los reveses electorales del gobierno hicieron sentir sus efectos cuando el gobierno no consiguió que el Congreso aprobara una serie de leyes impositivas dirigidas a mejorar las finanzas públicas. En la política de ingresos los resultados fueron todavía peores: la presión de los asalariados públicos y privados produjo aumentos superiores a las pautas oficiales. Por último, a finales de 1965 la actividad económica empezó a decaer.

La política económica del gobierno radical se desarrolló, además, en medio de la hostilidad de los centros del poder económico, especialmente porque dicha política descansaba sobre una serie de controles y formas de intervención estatal que buscaban limitar la especulación y las presiones sectoriales. Las acusaciones de «dirigismo económico», «ineficiencia administrativa» y «demagogia fiscal» unificaron a las principales corporaciones industriales, agrícolas y financieras en su ataque contra el gobierno, ataque que se agudizó aún más a causa del trato preferente que el presidente dispensaba a las pequeñas y medianas empresas.

En noviembre de 1965 un enfrentamiento incidental entre Onganía y el secretario de la Guerra hizo que el primero presentara su dimisión. El gobierno, sin embargo, no estaba en condiciones de alterar el equilibrio de poder militar: el nuevo comandante en jefe, el general Pascual Pistarini, surgió del sector que consideraba a Onganía su líder político natural. Además, la estrella de Onganía empezó a brillar con más fuerza al dejar el ejército, atrayendo las simpatías de la franja cada vez más amplia de los descontentos con el gobierno radical.

No obstante, donde el equilibrio político parecía ser más inestable era en el seno del movimiento peronista. Meses después del fallido retomo de Perón a Argentina, Vandor y sus amigos creyeron que había llegado el momento de poner fin a la obediencia a quien se interponía entre ellos y el orden político en el cual buscaban ser aceptados. Un congreso del partido orquestado por los sindicatos aprobó un plan cuyo objetivo era substituir la voluble voluntad política del líder exiliado por una estructura que representara mejor los intereses de los dirigentes locales. Al ver desafiado su liderazgo, Perón envió a su tercera esposa, María Estela Martínez, a Argentina con la misión de frustrar la rebelión en ciernes. Isabel (tal era el apodo por el que se la conocía) comenzó por reunir adhesiones entre los rivales de Vandor. La propia CGT experimentó un conflicto de lealtades y se escindió en dos. Sin embargo, Vandor logró conservar el control del grueso del aparato sindical así como el apoyo de los políticos neoperonistas del interior.

A principios de 1966 debía elegirse un nuevo gobernador de la provincia de Mendoza, lo cual brindó una ocasión para medir fuerzas entre el líder supremo y los caudillos peronistas locales ya que Perón y sus rivales postularon a distintos candidatos. Al final, una alianza radical-conservadora ganó las elecciones, pero mayor interés revistió el hecho de que el oscuro candidato respaldado por Perón obtuvo más votos que el candidato al que respaldaban Vandor y los otros rebeldes. Este resultado fue un duro golpe para los que, dentro y fuera del peronismo, confiaban en la decadencia política del líder exiliado. La facción disidente comenzó a perder partidarios rápidamente. Todo hacía prever que el peronismo, unido ahora tras su líder, iba camino de una victoria segura en los próximos comicios a celebrarse en marzo de 1967. En estas circunstancias, sectores clave de la opinión fueron ganados por la convicción de que el orden político surgido del derrocamiento de Perón sólo podía sobrevivir si eran suprimidas las periódicas consultas electorales. La posibilidad de un golpe de estado comenzó a ser abiertamente debatida por la opinión pública.

Entretanto, la modernización cultural y técnica del país iniciada por Frondizi, en paralelo con los cambios económicos producidos por la inversión de capital extranjero en la industria, había empezado a modificar el panorama social argentino. Un estrato nuevo formado por profesionales, directores de empresas y universitarios fue adquiriendo mayor visibilidad. En este sector incipiente los valores de la democracia liberal que habían galvanizado la resistencia al régimen peronista despertaban poca adhesión. Los mitos movilizadores eran, ahora, la eficiencia y el dinamismo económico. Esta nueva sensibilidad se expresaba por medio de una consigna vaga pero llena de promesas: «el cambio de estructuras». Bajo sus auspicios se crearon institutos que difundían los métodos de las «business schools» norteamericanas entre los cuadros de ejecutivos de empresas; se inició la publicación de semanarios que reproducían el formato de Time y Newsweek, sostenidos por el generoso apoyo de la publicidad de grandes empresas nacionales y extranjeras; una profusa propaganda entronizó en los hábitos de los argentinos nuevas aspiraciones y pautas de consumo.

No obstante su vaguedad, la consigna del «cambio de estructuras» era clara en un aspecto: el mayor obstáculo a la integración de Argentina en el mundo moderno era el arcaísmo de sus partidos políticos. Los caricaturistas dibujaban a Illía, con su estilo moderado, como una figura inmóvil y tranquila, con una paloma de la paz posada en su cabeza, convirtiéndola en el símbolo de la decadencia. La tarea de descrédito del gobierno fue tan intensa y real que la opinión pública acogió sin sobresaltos las llamadas cada vez más explícitas a un golpe de estado. Al tiempo que el gobierno radical era objeto de una crítica mordaz, esta campaña de acción psicológica apuntaba a crear una nueva legitimidad por medio de la exaltación de las fuerzas armadas, en las que se descubrían las virtudes de eficiencia y profesionalidad, que se reputaban ausentes en la clase política. Onganía fue convertido en el líder natural de esta ideología de modernización autoritaria, que también encontró adeptos en el movimiento obrero. Muchos líderes sindicales contemplaron con optimismo el ascenso de una élite militar que compartía su descontento con la llamada «partidocracia». Además, la supresión del sistema electoral, en el que Perón siempre estaba en condiciones de influir, cancelaba un ámbito que no facilitaba sus intentos de emanciparse de la tutela política del caudillo exiliado.

La suerte del gobierno radical quedó sellada mucho antes del levantamiento militar del 26 de junio de 1966. El 29 de mayo, el general Pistarini, en una ceremonia oficial a la que asistía el presidente, pronunció un discurso desafiante en el cual expresó los temas dominantes de la propaganda antigubernamental. En contra de las expectativas de los conspiradores, que esperaban un acto de autoridad presidencial que les diera motivo para declarar su rebelión, Illía no hizo nada. Valiéndose de un pretexto fútil, Pistarini arrestó entonces a uno de los pocos oficiales constitucionalistas e hizo caso omiso de las órdenes de ponerle en libertad que le dio el secretario de la Guerra. La respuesta del presidente fue destituir al comandante en jefe, con lo que finalmente provocó una crisis decisiva. El 26 de junio, el ejército se apoderó de los sistemas de radio, televisión y teléfonos y dio a Illía un plazo de seis horas para dimitir. Transcurrido este tiempo, un destacamento de la policía lo expulsó del palacio presidencial y lo envió a su casa. De esta manera, concluyó la búsqueda de un orden constitucional iniciada en 1955, sin que nadie se atreviera a defenderla.

El 28 de junio, los comandantes de los tres ejércitos formaron una junta revolucionaria cuyas primeras decisiones fueron destituir al presidente y al vicepresidente, a los miembros de la Corte Suprema, a los gobernadores y a los intendentes electos. El Congreso y las legislaturas provinciales fueron disueltos, se prohibieron todos los partidos políticos y sus activos se traspasaron al estado. Una proclama, la llamada Acta de la Revolución, informó al pueblo de que volvería a tener un gobierno representativo sólo después que la iluminada gestión de las fuerzas armadas —tan larga como fuese necesaria— hubiese desmantelado las estructuras y los valores anacrónicos que obstaculizaban el camino de la grandeza nacional. La Junta retuvo el poder durante veinticuatro horas y después, como era de prever, nombró a Onganía presidente del nuevo régimen autoritario.

LA REVOLUCIÓN ARGENTINA, 1966-1973

Onganía asumió la presidencia con plenos poderes en 1966. El golpe de estado ya había sacado a los partidos políticos del escenario. El denominado Estatuto de la Revolución Argentina dio un paso más allá y excluyó a las fuerzas armadas de las responsabilidades de gobierno. Esta concentración de poder fue el corolario natural del consenso que rodeó el derrocamiento de Illía: desmantelar el sistema de la «partidocracia» y preservar la unidad de la corporación militar desvinculándola de la gestión gubernamental.

La dirección del nuevo régimen autoritario quedó, así, dependiendo de los gustos ideológicos de Onganía. Careciendo de atractivo personal o de talento para la retórica, éste se apresuró a rodearse de la pompa propia de un poder lejano y autosuficiente. Desde las alturas de esta inesperada monarquía, informó al país las primeras claves de sus preferencias. Éstas se correspondían poco con la imagen de paladín de la modernidad que habían cultivado cuidadosamente sus agentes de publicidad. Eran, en esencia, las de un soldado devoto, prisionero de las más estrechas fobias católicas en materia de sexualidad, comunismo y arte. Admirador de la España de Franco, Onganía veía en ella un ejemplo a ser imitado a fin de devolver la moral y el orden a un pueblo al que consideraba licencioso e indisciplinado.

Como había ocurrido antes, con el ascenso al poder del general Uriburu en 1930, los coroneles nacionalistas en 1943 y, de manera menos enfática, con el general Lonardi en 1955, reaparecieron en la escena pública las expresiones más puras del pensamiento antiliberal. El país asistió nuevamente a la exaltación de los esquemas corporativistas de gobierno, y el estado adoptó un estilo paternalista, pródigo en prohibiciones y buenos consejos como parte de una febril campaña de vigilancia moral e ideológica.

El primer blanco de esta cruzada regeneradora fue la universidad. En julio las universidades públicas fueron privadas de su autonomía y puestas bajo el control del Ministerio del Interior alegando la necesidad de acabar con la infiltración marxista y la agitación estudiantil. En 1946, un mes después de la victoria electoral de Perón, se había infligido una medida similar a las universidades argentinas. Como sucediera veinte años antes, gran número de profesores dimitió para evitar ser víctimas de la purga, y muchos de ellos optaron por exiliarse en Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina.

La búsqueda de un nuevo orden apuntó luego a los servicios públicos. El primero fue el puerto de Buenos Aires. En octubre se abolieron las prerrogativas de que gozaba el sindicato con el fin de que el puerto pudiera competir con el resto del mundo. En diciembre les llegó el tumo a los ferrocarriles, que Frondizi ya había intentado modernizar al precio de huelgas prolongadas. Al igual que en el puerto, también aquí los métodos de racionalización se toparon con las protestas de los trabajadores; en ambos casos, sin embargo, una imponente presencia militar fue minando la resistencia sindical. En la provincia norteña de Tucumán existía un foco permanente de conflictos y agitación a causa de la bancarrota de los ingenios de azúcar; hacia allí se extendió la acción disciplinadora del gobierno: varios ingenios fueron cerrados y se puso en marcha un programa bastante improvisado para terminar con el monocultivo azucarero de la región.

Con esta serie de medidas contundentes el nuevo gobierno pareció agotar su repertorio de respuestas. Era opinión generalizada que Onganía había asumido el cargo con un amplio plan de acción preparado de antemano. No obstante, durante los seis meses siguientes, fuera de blandir una y otra vez la mano de un estado fuerte, no hizo más que anunciar grandes objetivos de los cuales era imposible deducir un programa económico definido e innovador. Había confiado el Ministerio de Economía a un empresario de reciente fortuna y ultracatólico que no logró avanzar lo más mínimo hacia el objetivo declarado, poner fin a las políticas inflacionarias, nacionalistas y expansivas del pasado inmediato. Las dificultades que habían debilitado al gobierno de Illía se intensificaron. El año 1966 terminó sin ningún crecimiento del producto nacional, un descenso del nivel de inversión, una disminución de la balanza de pagos y una tasa de inflación que se resistía a disminuir. El gobierno fue desacreditándose poco a poco entre las grandes empresas nacionales y extranjeras que habían aplaudido su ascenso al poder. A su vez, los principales sindicatos que habían apoyado al nuevo régimen militar se encontraron pronto ante la realidad de una situación muy diferente de la que habían imaginado. El 1 de diciembre de 1966 la CGT inició un plan de agitación que culminaría con una huelga a escala nacional.

Acosada por las ilusiones que despertó y no satisfizo, al finalizar 1966, la Revolución Argentina se encontraba a la defensiva. Onganía se había enemistado con los que le habían apoyado y estaba bajo presiones en el frente. En diciembre llegó un momento decisivo para el destino del régimen. El nombramiento del general Julio Alsogaray como comandante en jefe del ejército señaló el fin de los días en que los puestos de poder eran ocupados por personas allegadas al presidente. Alsogaray era uno de los líderes visibles del sector militar, crítico de la corriente católica nacionalista encabezada por Onganía y, por intermedio de su hermano, el ex ministro de Economía, Alvaro Alsogaray, estaba estrechamente vinculado a las altas esferas del mundo de los negocios. Ese mismo mes de diciembre, Onganía tuvo que designar a Adalbert Krieger Vasena al frente del Ministerio de Economía. Ministro durante la presidencia de Aramburu y miembro del consejo de administración de importantes compañías nacionales y extranjeras muy relacionadas con las instituciones financieras internacionales, Krieger Vasena gozaba de gran prestigio y tenía fama de ser un economista liberal de tendencias pragmáticas.

En las cuestiones políticas, sin embargo, Onganía no estaba dispuesto a transigir. Su nuevo ministro del Interior compartía la opinión de su predecesor en el sentido de que la reconstrucción política de Argentina debía buscarse por cauces ajenos al constitucionalismo democrático y liberal. El intento de substituir el pluralismo político por una comunidad organizada en torno a un estado fuerte continuó irritando a los círculos liberales de la derecha. Estos sabían que el juego electoral las condenaba a escoger entre opciones políticas que en todos los casos eran insatisfactorias; careciendo de suficiente poder electoral, aplaudieron la decisión de substituir la política por la administración pero desconfiaban de los devaneos corporativistas de Onganía. El presidente anunció que la Revolución Argentina se desarrollaría en tres etapas: la fase económica, destinada a alcanzar la estabilidad y la modernización del país; la fase social, que permitiría la distribución de los beneficios cosechados durante la etapa inicial; y, finalmente, la fase política, con la que culminaría la revolución y que consistiría en transferir el poder a organizaciones auténticamente representativas. Este ambicioso plan, cuya puesta en práctica requeriría como mínimo diez años, clarificó el papel que Onganía tenía reservado para Krieger Vasena y su equipo de economistas liberales: llevar a cabo la reorganización económica del país para poder luego deshacerse de ellos cuando empezara la fase social. El nuevo orden que perseguía Onganía era tan ajeno a la política democrática de masas como a las grandes empresas. Crítico de la partidocracia, el presidente también criticaba el capitalismo, que, a su modo de ver, era culpable de un egoísmo social igualmente perjudicial para la integración espiritual de la nación.

Mientras Onganía actuaba en los planos político y cultural de acuerdo con esquemas caducos hacia ya treinta años, Krieger Vasena puso en marcha un programa que difería de manera significativa de las anteriores políticas de estabilización. Comenzó por abandonar el tipo de cambio «crawlingpeg», devaluando el peso en un 40 por ciento, con el propósito de acabar de una vez con las especulaciones sobre futuras devaluaciones. Pero la verdadera innovación fue que se trató del primer intento de devaluación totalmente compensada. Así, se implementaron impuestos sobre las exportaciones tradicionales al tiempo que se reducían los derechos de importación. Esto significó que los precios netos de las exportaciones y las importaciones variaran muy poco. De este modo, las repercusiones inflacionarias de la devaluación se vieron minimizadas y, en el caso de los impuestos sobre la exportación, el gobierno aprovechó esos recursos para dar un muy necesitado desahogo a las cuentas públicas.

Otro componente central del programa de estabilización fue el diseño de una política de ingresos obligatoria. Los salarios, después de ser reajustados de acuerdo con niveles promedio de 1966, fueron congelados por dos años. Se firmaron acuerdos con las quinientas empresas más importantes para asegurarse de que los precios reflejaran sólo los incrementos de los costes básicos. A cambio de la suspensión de las negociación colectiva los sindicatos sólo recibieron la promesa de que los salarios reales permanecerían constantes, mientras que los incentivos para que las compañías aceptasen los controles de precios fueron el acceso preferente a los créditos bancarios y a los contratos de compra del gobierno. Viniendo de un ministro con unos antecedentes como los de Krieger Vasena, la política de ingresos constituyó toda una innovación total; reflejó la creencia de que los mercados de bienes y salarios en una economía cerrada como la Argentina distaban mucho de ser competitivos, lo cual constituía una visión más realista que la de otros programas tradicionales con raíces liberales.

El ataque contra el déficit fiscal se llevó a cabo mejorando la recaudación de impuestos, subiendo los precios de los servicios públicos y reduciendo el empleo público y las pérdidas de las empresas estatales. Esto ayudó al sector público a jugar un papel importante en la rápida expansión de las inversiones, que casi alcanzaron los niveles del auge de 1960-1961, esta vez financiadas sobre todo por los ahorros internos. Krieger Vasena rechazó la opinión de los monetaristas ortodoxos y optó por una política monetaria expansiva para evitar los riesgos de recesión. Los créditos bancarios para el sector privado crecieron significativamente, en parte porque la severa política fiscal permitió una reducción de los préstamos del Banco Central a la Administración estatal.

Además, Krieger Vasena procuró ganarse la confianza de los círculos económicos al eliminar los controles de cambios, renovar los contratos con las compañías petroleras extranjeras y firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Concebido como un ajuste económico global para satisfacer las necesidades de los grupos más dinámicos y concentrados, el programa impuso a los demás intereses sectoriales su contribución. Los productores rurales cedieron parte de los beneficios extraordinarios derivados de la devaluación bajo la forma de impuestos sobre las exportaciones; la industria tuvo que competir con artículos de importación más baratos; los sindicatos fueron privados de la negociación colectiva; las empresas estatales y la Administración pública tuvieron que pasar por un proceso de racionalización.

La puesta en marcha de este programa en marzo de 1967 coincidió con una gran derrota para los sindicatos. El Plan de Acción que anunciaron provocó una respuesta severa del gobierno. Para que sirviese de advertencia, se congelaron las cuentas bancarias de varios sindicatos; a otros se les retiró el reconocimiento jurídico que les era indispensable para funcionar, y el régimen amenazó con disolver la CGT. El 6 de marzo la confederación obrera decidió cancelar su protesta. Al cabo de unos días recibió el golpe de gracia cuando Krieger Vasena suspendió las negociaciones colectivas y reservó al Estado la capacidad de fijar los salarios durante los próximos dos años.

El colapso de la táctica consistente en golpear primero y negociar luego que los sindicatos habían empleado hasta entonces provocó una grave crisis de liderazgo. La mayoría de los dirigentes sindicales optó por dar un paso atrás y se refugiaron en una prudente pasividad. Un grupo más pequeño pero todavía importante se dirigió al gobierno con la esperanza de recibir los pequeños favores que Onganía otorgaba de vez en cuando para compensar el sometimiento a sus políticas. La ambigua relación del presidente con los economistas liberales que rodeaban a Krieger Vasena despertó en otros líderes obreros la esperanza de crear en un futuro cercano la antigua alianza nacionalista entre las fuerzas armadas y los sindicatos. En definitiva, el movimiento obrero entró en un prolongado receso político. Así, el gobierno pudo jactarse de que en 1967 los días-hombre perdidos a causa de las huelgas fueron sólo 242.953 en comparación con los 1.664.800 de 1966.

Mientras tanto, el programa económico de Krieger Vasena iba dando frutos. Hacia finales de 1968 la tasa de inflación anual había caído del 30 por ciento a menos del 10 por ciento y la economía empezaba a registrar un crecimiento sostenido. Aunque la reactivación económica de 1967 y 1968 fue alimentada principalmente por las inversiones del estado, en especial en obras públicas, la entrada de capital extranjero a corto plazo fortaleció las reservas netas de divisas extranjeras y compensó los resultados insatisfactorios de la balanza comercial. Tanto en 1967 como en 1968 el crecimiento de la producción agrícola no impidió que el valor neto de las exportaciones cayera por debajo del nivel de 1963 debido al deterioro de los términos de intercambio que había empezado en 1964 y continuaría hasta 1972. Otros problemas que se agudizarían con el tiempo empezaron, poco a poco, a salir a la luz porque la estrategia de substitución de las importaciones, basada en un mercado interno protegido por barreras arancelarias, estaba llegando a su límite.

Los éxitos económicos cosechados en estos dos años, sin embargo, no aumentaron la popularidad del régimen militar. La política de Krieger Vasena, respaldada por las facciones más poderosas del mundo de los negocios, entrañaba fuertes costes para muchos sectores. Las quejas con que los productores rurales habían recibido los impuestos a la exportación se hicieron más estridentes cuando se intentó implantar un impuesto sobre la tierra con el fin de estimular la productividad y combatir la evasión fiscal. Las empresas pequeñas y medianas vieron cerrado su acceso a los créditos baratos al tiempo que se eliminaba la protección arancelaria de que habían gozado en el pasado más reciente y acusaron al ministro de intentar debilitarlas con el objeto de concentrar y privatizar la economía. Aunque las pérdidas salariales no fueron muy grandes, los sindicatos recibieron mal la congelación de su capacidad de ejercer presión. Esta acumulación de tensión en ámbitos tan diversos fue gestando un larvado descontento.

La supresión del sistema político había permitido a Onganía proteger al estado del efecto de las presiones cruzadas que en anteriores ocasiones habían paralizado a más de un gobierno. Pero, inevitablemente, comenzó a abrirse una grieta peligrosa entre las fuerzas de la sociedad civil y un poder estatal que devenía cada vez más remoto y autoritario. En su intento de aislarse de las exigencias de las fuerzas sociales, Onganía no innovaba demasiado: otros presidentes habían tratado también de salvaguardar así sus políticas. Pero él convirtió en una filosofía de gobierno lo que para otros había sido sólo una actitud defensiva. Así, su desdén y su arrogancia dieron a los grupos de interés la sensación de que lo único que esperaba de ellos era la adhesión incondicional a los designios oficiales.

El estilo autocrático de Onganía afectó también sus relaciones con el estamento militar. Aprovechando todas las ocasiones que se le presentaban para repetir que «las fuerzas armadas ni gobiernan ni cogobiernan», hacía oídos sordos a las preocupaciones de la jerarquía militar sobre el rumbo que seguía la revolución. En agosto de 1968 esta coexistencia conflictiva entró finalmente en crisis y Onganía destituyó a los comandantes en jefe de las tres armas. Al dejar su puesto, el general Alsogaray criticó explícitamente la «concepción absolutista y personal de la autoridad» que tenía el presidente al tiempo que denunciaba la «orientación poco clara del gobierno en las cuestiones políticas». Su sucesor como jefe del ejército, el general Alejandro Lanusse, compartía estos puntos de vista, por lo que Onganía fue quedando progresivamente aislado de sus camaradas de armas.

El fatídico año de 1969 empezó con señales prometedoras para la economía. El nivel de actividad continuó subiendo y el año se cerró con un incremento excepcional del 8, 9 por ciento en el PIB; la tasa anual de inflación era de alrededor del 7 por ciento en mayo; mientras que en el mes anterior a la puesta en práctica del programa de Krieger Vasena las reservas netas de divisas extranjeras eran de 176 millones de dólares, en abril la cifra era de 694 millones. Estos éxitos eran fruto de la tregua social y política impuesta por el gobierno. Lo que estaba por verse era si estos logros podían hacerse permanentes, a la vista de las tensiones que se habían ido acumulando.

A pesar del éxito de la política contra la inflación, el tipo de cambio habían caído hasta niveles inferiores a la devaluación de marzo de 1967. Para compensar la inflación, Krieger Vasena fue reduciendo una y otra vez los impuestos sobre la exportación, pero sin poder evitar el empeoramiento de los precios relativos de los productos agrícolas. Los ingresos reales, congelados en los niveles de 1966, también declinaron. Estas dificultades incipientes, sin embargo, no alteraron la complaciente autosatisfacción petulante del régimen ante los buenos resultados de la economía y el sólido orden impuesto a la sociedad. Los conflictos que estallaban de vez en cuando tendían a apagarse rápidamente y parecía que la vida política hubiera quedado reducida a las guerrillas domésticas que oponían a Onganía y sus críticos liberales de la derecha con respecto al futuro de la revolución. Sin embargo, había evidencias del elevado potencial de protesta que se escondía debajo de la superficie de esta «pax» autoritaria.

En marzo de 1968 fue convocado un congreso para elegir responsables de la CGT, que carecía de líderes desde la dimisión de los dirigentes de la gran derrota de marzo de 1967. De ahí, surgió un grupo de líderes nuevos y muy radicalizados que contaban con el respaldo de los sindicatos más afectados por las medidas del gobierno. El ala tradicional y más moderada del movimiento sindical, cuyo representante era Augusto Vandor, decidió entonces convocar otro congreso y crear una central sindical alternativa. La CGT rebelde hizo llamadas a la lucha que al principio encontraron cierta respuesta pero luego perdieron fuerza, en parte debido a la represión pero, sobre todo, debido a las defecciones al bando de Vandor. Más importantes fueron a largo plazo la serie de conflictos en las fábricas que empezaron en las zonas industriales del interior, donde hizo su aparición una nueva generación de dirigentes sindicales a la cabeza de comisiones obreras imbuidas de ideología izquierdista.

En marzo de 1969, la efervescencia social hizo eclosión en señal de protesta contra las autoridades universitarias. Los estudiantes de la ciudad de Corrientes ocuparon la calle y el día 15 uno de ellos fue muerto por la policía. La protesta se extendió a las demás universidades, en particular la de Rosario, donde murió otro estudiante y la ciudad fue escenario de un vasto levantamiento popular. El gobernador de Córdoba añadió un nuevo estímulo a la protesta al suprimir algunos beneficios de que gozaban los obreros de su provincia, la segunda entre las más industrializadas del país. El 15 de mayo hubo fuertes enfrentamientos con la policía y al día siguiente se declaró una huelga general. Pocos días después tuvo lugar el acontecimiento que se llamaría «el cordobazo»: el 29 y el 30 de mayo, los obreros y los estudiantes ocuparon el centro de la ciudad. Desbordada por una multitud enardecida y atacada por francotiradores, la policía se retiró. Con la ciudad en su poder durante varias horas, la muchedumbre se entregó al incendio y el saqueo de oficinas del gobierno y propiedades de empresas extranjeras. La rebelión no quedó sofocada hasta que las tropas del ejército ocuparon la ciudad.

Los sucesos de mayo provocaron estupor y alarma. La violencia en las calles, los motines populares, eran expresiones de protesta que tenía pocos antecedentes en la historia reciente. Es verdad que desde 1955 la lucha política no había tenido lugar exclusivamente dentro del marco legal, pero los líderes políticos y obreros siempre procuraron evitar ser arrastrados por sus bases. En rigor, recurrían a la movilización de masas sólo como táctica para alcanzar soluciones conciliatorias. En 1966 Onganía cerró los mecanismos jurídicos y extrajurídicos dentro de los cuales se había desarrollado ese juego político. El resultado fue la rápida pérdida de autoridad de los líderes de masa. Los partidos cayeron en un estado de parálisis, los dirigentes obreros debieron batirse en retirada y el propio Perón se convirtió en poco más que un cadáver político cuando perdió el escenario electoral desde el que se las había arreglado para debilitar tanto a los gobiernos civiles como a los militares. De esta manera Onganía allanó el camino para los actos de rebelión espontánea que vendrían más adelante. A pesar de las medidas represivas, los acontecimientos de mayo habían dado un ejemplo. Desde entonces, proliferaron los levantamientos populares en las ciudades del interior, cundieron las huelgas no autorizadas desafiando abiertamente a los líderes nacionales de los sindicatos y la agitación estudiantil se apoderó de las universidades. Finalmente, hizo su aparición la guerrilla urbana.

El alcance y la naturaleza de esta oposición incipiente alarmó a las filas de la Revolución Argentina y abrió un debate sobre qué camino seguir. El general Aramburu, que se había mantenido al margen del gobierno, comenzó a abogar por una retirada negociada sobre la base de la rehabilitación de los partidos políticos. A ellos correspondería llevar a cabo la doble tarea de encauzar la protesta popular y poner sus votos al servicio de un candidato a la presidencia acordado con las fuerzas armadas. La propuesta no encontró aceptación: el retomo de una clase política que tan recientemente había sido encontrada culpable de la crisis de gobierno era una opción escasamente atractiva. Harían falta nuevos reveses para que los militares acabaran aprobando la idea.

Bajo los efectos psicológicos de la oleada de protestas, al principio la solidaridad prevaleció dentro de las fuerzas armadas y los oficiales cerraron filas detrás de Onganía. El presidente aprovechó esta situación para destituir a Krieger Vasena, nombró ministro de Economía a un técnico sin antecedentes políticos e insufló nueva vida a su proyecto corporativista. En este contexto se produjo un repentino empeoramiento de la situación económica. La incertidumbre sobre la estabilidad del peso que siguió a la destitución de Krieger Vasena dio paso a una masiva huida de capitales. Tanto la expansión económica en curso como el clima especulativo predominante provocaron un fuerte incremento de las importaciones. En suma, la reducción de las reservas de divisas extranjeras fue tan súbita que las nuevas autoridades se vieron obligadas a imponer una política monetaria más restrictiva. A finales de 1969, las favorables expectativas, de poco tiempo atrás, habían dado paso a un escepticismo generalizado. Los precios empezaron a subir otra vez y afectaron al tipo de cambio fijo que, como símbolo de continuidad, el Ministerio de Economía insistió obstinadamente en mantener. La debilidad de la balanza de pagos y las tensiones inflacionarias crearon una presión irresistible a favor de una nueva devaluación.

La actitud optimista del mundo de los negocios también desapareció con la destitución de Krieger Vasena. El descontento de dichos círculos aumentó a medida que Onganía empezó a proclamar la inminente llegada de la fase social de la revolución, en un esfuerzo por contener la proliferación de conflictos. Una promesa de restaurar la negociación colectiva y una ley que otorgaba a los dirigentes obreros el control de los inmensos recursos de los fondos sociales de los sindicatos fueron gestos en esta dirección. Pero los dirigentes obreros no estaban en condiciones de frenar el activismo popular. Tampoco la policía bastaba para asegurar el tambaleante orden autoritario. Las fuerzas armadas debieron intervenir de forma creciente en la represión, y esto las empujó a reclamar que se les diera más voz y voto en las políticas del gobierno. Pero Onganía defendió tercamente sus prerrogativas autocráticas y cuando en junio de 1970 se negó a compartir las responsabilidades de la dirección estatal, la junta de comandantes decidió deponerle.

La Argentina que dejó Onganía al abandonar el cargo no era la misma que había encontrado. Desde el poder se había propuesto eliminar para siempre los conflictos políticos, pero al final los exacerbó y de manera profunda. En su búsqueda de un nuevo orden Onganía había erosionado las bases mismas del modus vivendi dentro del cual, a costa de un elevado nivel de inestabilidad institucional, los argentinos habían resuelto anteriormente sus diferencias. La destrucción de este sistema frágil y casi subterráneo de convivencia pacífica liberó fuerzas animadas por una ira y una violencia hasta entonces desconocidas. Nacido en el corazón de las clases medias, el movimiento de resistencia armada planteó un desafío formidable a los militares y a los políticos. El intento de exorcizar esta presencia a la vez desconcertante y amenazadora infligiría a la Argentina contemporánea sus heridas más profundas y duraderas.

Los grupos guerrilleros se formaron, al principio, de acuerdo con el modelo clásico de militantes clandestinos con dedicación plena que a la sazón eran comunes en América Latina y que el país conociera en 1959 y 1964. Con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta crear verdaderas organizaciones de masas cuyos miembros participaban en grados diferentes en la violencia armada. Fue la amplia aceptación de la guerrilla entre la juventud de clase media, lo que dio a la experiencia argentina su rasgo más distintivo. Los dos grupos de guerrilleros más importantes eran el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyas tendencias eran trotskistas, y los Montoneros, que eran peronistas y se llamaban así en recuerdo de los ejércitos irregulares de gauchos que lucharon en el norte contra las tropas españolas durante las guerras de independencia. Mientras que la guerrilla trotskista concebía su acción como una extensión de la lucha social, el brazo armado de la juventud peronista procuraba, además, intervenir en los conflictos políticos, incluidos los del propio movimiento peronista. Su objetivo era neutralizar cualquier probabilidad de resolución política de la crisis militar, castigar toda manifestación de colaboración; así, los Montoneros se adjudicaron la responsabilidad de secuestrar y luego asesinar al general Aramburu y la eliminación física de destacados dirigentes sindicales, entre ellos Vandor.

Después de la destitución de Onganía, lo primero que hizo la junta de comandantes fue reorganizar la estructura del poder militar. Para evitar una repetición de la experiencia reciente, los jefes de las tres armas exigieron al presidente que consultara con ellos siempre que tuviera que tomar una decisión importante. El general Roberto Levingston, oficial casi desconocido que los comandantes creían que estaba por encima de todas las facciones, fue nombrado jefe del estado y encargado de la tarea de construir «un sistema político eficiente, estable y democrático».

Al menos esto era lo que creía el general Lanusse, el comandante del ejército, que era el verdadero arquitecto del cambio de rumbo y que influyó decisivamente en la composición del nuevo gabinete, la mayoría del cual estaba asociada con la llamada corriente liberal dentro de las fuerzas armadas. El Ministerio de Economía se asignó a un ex colega de Krieger Vasena, Carlos Moyano Llerena. En la emergencia, Moyano recurrió a medidas parecidas a las que se habían tomado en marzo de 1967: devaluó el peso de 350 a 400 por dólar, lo cual permitió al gobierno recaudar fondos imponiendo nuevos impuestos a las exportaciones; bajó los aranceles de importación y llamó a acuerdos voluntarios sobre precios. Sin embargo, esta fórmula no logró repetir su éxito anterior, toda vez que el contexto político había cambiado radicalmente. La devaluación se interpretó como señal de futuros cambios en la paridad de la divisa, y la aceleración de la tasa de inflación hasta sobrepasar el 20 por ciento en 1970 generó una fuerte presión sobre los salarios. El gobierno ya no estaba en condiciones de hacer oídos sordos a las exigencias de los sindicatos; en septiembre tuvo que conceder un aumento general del 7 por ciento y prometer otro 6 por ciento a principios de 1971. La política de contracción monetaria se hizo insostenible ante el alza de precios y salarios, de tal manera que la oferta monetaria tuvo que ampliarse al mismo ritmo que la subida de los precios en la segunda mitad de 1970. A partir de enero de 1971 el dólar se ajustó también en pequeños incrementos mensuales. A esta altura, el eclipse de la política de estabilización era total.

El riesgo era que el nuevo rumbo del régimen militar también estuviera en peligro. El presidente Levingston parecía reacio a conformarse con la misión que le habían confiado y se asignó un papel más elevado: preparar el advenimiento de un «nuevo modelo para Argentina» basado en una democracia más «jerárquica y ordenada» que la asociada con el retomo de los viejos partidos. Para ello sería necesario «profundizar la revolución», enigmática consigna cuyo alcance se reveló cuando en octubre de 1970 Levingston reorganizó el gabinete y se dispuso a dejar su huella en la ya convulsionada historia de la Revolución Argentina.

Nombró ministro de Economía a Aldo Ferrer, economista de ideas diametralmente opuestas a las de sus predecesores, vinculado a la ideología de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y favorable al fortalecimiento de la industria estatal y nacional. La retórica nacionalista que coloreó el mandato de Ferrer estaba en sintonía con los sentimientos de los sectores medios de la burguesía argentina y de la oficialidad de las fuerzas armadas, que habían recibido mal la política de Krieger Vasena favorable a las grandes empresas y el capital extranjero. La nueva dirección se tradujo en una vuelta al proteccionismo con un aumento de los derechos de importación, restricciones a las inversiones extranjeras y la promulgación de una ley que obligaba a las empresas estatales a dar prioridad en sus compras a los proveedores locales. A corto plazo, Ferrer, acosado por una oleada de exigencias sectoriales, se limitó prudentemente a administrar las presiones inflacionarias por medio de la indexación gradual de la economía.

La prudencia no fue, empero, una característica de la conducta política de Levingston. Después de librarse de los ministros que le había impuesto la junta, buscó el apoyo de figuras políticas que los avatares de los últimos tiempos habían privado de casi todo séquito popular. Con su auxilio y el uso de consignas nacionalistas y populistas, intentó un nuevo comienzo para la Revolución Argentina y esto sacó a los partidos tradicionales de su letargo. En noviembre de 1970, peronistas, radicales y otros grupos minoritarios dieron a luz «La Hora del Pueblo», una coalición creada para forzar la convocatoria a elecciones. Los años pasados bajo dominación militar habían unido a los antiguos rivales en la exigencia común de un retomo a la democracia. Esta era una actitud nueva porque desde 1955 uno u otro de los bandos había participado en golpes militares con la esperanza de adquirir influencia en el gobierno (los peronistas en 1966) o de ser sus herederos electorales (los radicales en la Revolución Libertadora).

La reaparición de los partidos asestó un duro golpe para las ambiciones de Levingston. Al tiempo que lo enemistaba con los círculos conservadores, su prédica nacionalista y populista mostró tener escaso eco en aquellos a quienes iba dirigida. Tanto los sindicatos como la burguesía prefirieron alinearse con el nuevo polo opositor a asociarse con un presidente cada vez más aislado. Por su parte, la estructura de poder montada por los comandantes militares se les había escapado de las manos, pero éstos vacilaban frente a la confesión de su fracaso. Finalmente, la audaz imprudencia de Levingston les facilitó las cosas. En febrero de 1971 nombró para la agitada provincia de Córdoba a un gobernador con una mentalidad próxima al conservadurismo fascista de los años treinta, quien empezó su mandato con un discurso desafiante en el cual anunció terribles e inminentes castigos. La respuesta fue un nuevo levantamiento popular, no menos violento y extendido que el de 1969. Este segundo «cordobazo» precipitó una crisis nacional, y el 22 de marzo la junta de comandantes destituyó a Levingston y volvió a tomar las riendas del poder.

Comenzó, así, el último tramo del régimen militar, dirigido ahora «al restablecimiento de las instituciones democráticas». Careciendo de la cohesión y la capacidad de represión necesarias para restaurar los objetivos originales de 1966, las fuerzas armadas salieron a la búsqueda de una solución política que les permitiera encapsular institucionalmente la oleada de protestas populares y volver a sus cuarteles. El general Lanusse fue nombrado presidente y desplegó inmediatamente la nueva estrategia, legalizando los partidos y llamando a un acuerdo amplio entre los militares y las fuerzas políticas para elaborar las reglas de la transición institucional.

La novedad de esta convocatoria era que incluía al peronismo. Por primera vez desde 1955, las fuerzas armadas estaban dispuestas a aceptar al peronismo, reconociendo que cualquier solución política que excluyese a Perón era ilusoria y de corto alcance. «Perón es una realidad, nos guste o no», reconoció públicamente Lanusse,[7] poniendo fin así a uno de los más caros tabúes de los militares argentinos. Acaso ningún otro oficial podría haberse atrevido a tanto. Siendo un joven teniente, Lanusse había estado en la cárcel bajo la primera presidencia de Perón. Además, sus credenciales como representante del ala liberal del ejército eran impecables y sus lazos familiares le vinculaban al mundo económico. Estos antecedentes y el prestigio de que gozaba entre sus colegas, gracias a un estilo muy distinto de la brusca arrogancia de Onganía y Levingston, hacían de él un líder digno de confianza para la osada maniobra política que debía llevar a cabo.

Lo que empujó a los militares a negociar con Perón no fue su tradicional resistencia a aceptar el papel de la clase obrera en la política nacional; más bien fue la amenaza que planteaba el movimiento juvenil de clase media. En la lucha contra el régimen militar, la juventud radicalizada a finales del decenio de 1960 había adoptado el peronismo como medio de identificarse con el pueblo. En un giro histórico, los hijos de quienes con mayor firmeza se habían opuesto a Perón dieron la espalda a sus padres para abrazar justamente la causa que estos habían combatido. Bajo el influjo de las ideas de Che Guevara y Frantz Fanón y la teología de la liberación, los protagonistas de este parricidio político transformaron a Perón y el peronismo en la encarnación militante de un socialismo nacional. La hipótesis de Lanusse era que, una vez incluido en el sistema político, Perón retiraría el apoyo ideológico al movimiento revolucionario que invocaba su nombre. Una curiosa paradoja histórica se hizo evidente: aquel a quien en otro tiempo se había identificado con una mitad del país pasó a serlo todo para todos. Ahora se pedía a Perón que aplicara sus notables habilidades al salvamento de un sistema institucional que navegaba a la deriva; en 1972 lo que estaba en juego era la gobernabilidad misma del país.

La estrategia de Lanusse se aproximaba bastante a la que inspiró a la élite conservadora durante el primer decenio del siglo, cuando decidió garantizar las elecciones libres y secretas con el fin de permitir la participación del Partido Radical. También entonces se juzgó menos peligroso incorporar a los radicales en el sistema que dejarlos fuera y expuestos a tentaciones revolucionarias. Sin embargo, la élite conservadora perdió el control del proceso que puso en marcha y los radicales, liderados por Hipólito Yrigoyen, en vez de ocupar la posición subordinada que les habían reservado triunfaron en las elecciones y acabaron apoderándose del gobierno. A medida que pasara el tiempo, este paralelismo histórico se volvería mucho más directo de lo que Lanusse estaba dispuesto a reconocer al principio.

La propuesta de Lanusse pretendía asegurar la participación del peronismo en el futuro desenlace en condiciones controladas. Los peronistas podrían presentarse a las elecciones para cualquier cargo excepto la presidencia. Además, Perón debía desautorizar públicamente a la guerrilla peronista. Esta propuesta, que negociaron en secreto agentes que Lanusse envió a hablar con Perón en su exilio de Madrid, formaba parte de un acuerdo más amplio en el cual todas las principales fuerzas políticas eran invitadas a dar su apoyo a un candidato presidencial común que las fuerzas armadas consideraran aceptable. Lanusse contaba con la predisposición favorable de los políticos peronistas e incluso de los líderes sindicales, para quienes un retorno a la democracia prometía posiciones de mayor influencia. El factor desconocido era la actitud que el propio Perón adoptaría después de años de sabotear los acuerdos políticos creados con gran esfuerzo por los que le habían derrocado y proscrito.

Más allá de la reparación histórica que entrañaba la negociación misma, se ofreció a Perón la cancelación de todas las penas contra él, pendientes desde 1955, y algo que era especialmente simbólico: en septiembre de 1971 los militares le entregaron el cadáver embalsamado de Evita, que quince años antes había sido transportado secretamente a Europa y enterrado bajo un nombre falso en un cementerio italiano. Sin embargo, Perón eludió las definiciones que se le pedían. Decidido a explotar la iniciativa que le brindaba la crisis militar, siguió un rumbo ambiguo y dejó abiertas todas las posibilidades que ofrecía la situación. Además, ni siquiera él, como tantos otros, podía estar absolutamente seguro del desenlace final.

En octubre de 1971 se produjo un levantamiento militar acaudillado por oficiales que simpatizaban con Onganía y Levingston, que acusaban a Lanusse de traicionar los objetivos de la revolución y de entregar el país a los viejos políticos. La rebelión fue sofocada con facilidad, pero cambió las condiciones de negociación. Lanusse estaba tan identificado con la salida electoral que si ésta fracasaba no era seguro que pudiese conservar el liderazgo de las fuerzas armadas. Consecuentemente, su posición en el juego político se debilitó. Perón aprovechó esto para continuar alentando a la guerrilla y reducir sus concesiones a un mínimo, en fin, procuró aumentar las tensiones para obligar a que las elecciones se celebraran de acuerdo con sus propios términos en vez de los que pretendían imponerle. Al hacerlo, también tuvo en cuenta el repudio generalizado que rodeaba al régimen militar y que hacía que las acciones cada vez más osadas de los jóvenes violentos se vieran con cierta benevolencia. Las medidas represivas, a la vez brutales e ineficaces, que se descargaban sobre la resistencia armada contribuían, asimismo, al desprestigio de los militares, tanto en el país como en el extranjero.

El gobierno militar se vio obligado a limitarse a seguir la dinámica del proceso que él mismo había desencadenado. Circunstancias menos dramáticas habían causado el golpe de estado de 1966. Esta vez, sin embargo, no se hizo nada para interrumpir las elecciones que debían celebrarse en marzo de 1973. El temor a una fusión explosiva entre el descontento popular y el movimiento guerrillero reforzó la decisión de institucionalizar el país. Como todas las veces que se reabría la perspectiva electoral, Perón se convirtió en un polo de atracción y utilizó su renovada popularidad para tejer una red de alianzas. Así, sin dejar de alabar a los guerrilleros, empezó a moverse en otras dos direcciones. En primer lugar, hacia los radicales, con los que acordó un pacto de garantías mutuas en el cual declaró que respetaba los derechos de las minorías al tiempo que exigía a sus antiguos adversarios el compromiso a favor de elecciones sin vetos ni proscripciones. En segundo lugar, comenzó a acercarse a los grupos de interés a través de Frondizi, al que incluyó en una alianza político-electoral que no proponía nada que pudiese alarmar a los terratenientes y a los empresarios.

El tiempo jugaba en contra de Lanusse, que no podrá mostrar los frutos prometidos de su estrategia ante sus camaradas. El Partido Radical tampoco estaba dispuesto a interpretar el papel que se le había asignado. Si bien no se oponía a la política oficial para dar pretextos a un golpe de estado, tampoco quería secundar los planes de quienes le habían derrocado en 1966. La situación de Lanusse se volvió aún más complicada a mediados de 1972 cuando Perón reveló en Madrid los contactos hasta entonces secretos con sus emisarios. El malestar que ello provocó en los cuadros de oficiales sólo se calmó cuando Lanusse anunció públicamente que iba a retirar su candidatura a la presidencia. A esta decisión le siguió otra, obviamente dirigida a Perón, que señalaba una fecha límite para que todos los candidatos fijaran residencia en el país. Aunque protestó, el caudillo exiliado evitó cuidadosamente desafiar los límites últimos de la tolerancia del gobierno militar, que ahora daba muestras de inquietud. Al acercarse el plazo en noviembre de 1972, Perón regresó a Argentina después de una ausencia de diecisiete años, y se quedó varias semanas. «No siento odio ni rencor. No es momento para venganzas. Regreso como pacificador de espíritus»[8] fueron las palabras que dirigió al pueblo argentino, que le recibió con una mezcla de asombro e incredulidad.

Durante su visita Perón se reconcilió con el líder de los radicales, Ricardo Balbín, y puso la piedra angular del frente electoral que uniría a los peronistas, el Partido Conservador Popular, los seguidores de Frondizi, el Partido Popular Cristiano y algunos socialistas. Al volver a Madrid, nombró candidato presidencial del frente a Héctor Cámpora, político menor que era conocido por su fidelidad canina al líder populista y por sus recientes y estrechos vínculos con la combativa juventud peronista. Esta decisión provocó resentimiento visible entre los líderes sindicales y los políticos moderados del movimiento, que se sintieron postergados injustamente. Cámpora, además, podía ser alcanzado por las restricciones electorales impuestas por el gobierno, y muchos sospecharon que Perón quería que se descalificara a su candidato, en una nueva vuelta de su cambiante táctica política. Lanusse decidió no responder a este desafío que Perón le lanzaba en el último momento. El 11 de marzo de 1973 la coalición peronista obtuvo el 49 por ciento de los votos, los radicales el 21 por ciento, los partidos de la derecha el 15 por ciento y un frente de izquierda el 7 por ciento. Luego del estrepitoso fracaso de la estrategia de Lanusse, los militares abandonaron el gobierno, llevándose como consuelo la visión del anciano caudillo haciendo frente a la titánica tarea que ellos no habían podido llevar a cabo: la de construir un orden político capaz de poner bajo control las expectativas y las pasiones desencadenadas por casi dos décadas de frustración y discordia.

EL RETORNO Y CAÍDA DEL PERONISMO, 1973-1976

Una vez se hubo efectuado el recuento de los votos y el gobierno de Cámpora tomó posesión, la situación política evolucionó rápidamente hacia una crisis institucional. Alentados por el respaldo de Perón, los sectores radicalizados rodearon al nuevo presidente para proseguir, ahora desde el poder, la política de movilización de masas. Bajo la mirada complaciente de Cámpora, se producían revueltas cotidianas de las bases obreras contra los líderes sindicales, y las ocupaciones de numerosos edificios públicos por brigadas de la Juventud Peronista. El objetivo que unificaba esta militante ofensiva era recuperar tanto el gobierno como el movimiento para las nuevas generaciones de un también nuevo peronismo socialista. En estas condiciones, los conflictos que hasta entonces habían permanecido latentes dentro del conglomerado de fuerzas que habían apoyado la vuelta del peronismo al poder salieron a la superficie.

Los jefes sindicales —los grandes postergados en la operación política que condujo a la derrota de los militares— manifestaron su alarma ante un proceso político que escapaba a los valores tradicionales de la ortodoxia peronista. Esta preocupación era compartida por Perón y los miembros de su círculo íntimo que le acompañaban en el exilio, en especial José López Rega, su secretario, ex cabo de policía, aficionado a las ciencias ocultas. Transcurridos apenas cuarenta y nueve días desde que prestara juramento como presidente, Cámpora fue forzado a dimitir y nuevas elecciones llevaron al propio Perón a la presidencia, con su esposa, Isabel, como vicepresidenta. Los comicios, celebrados en septiembre de 1973, dieron la victoria a la candidatura Perón-Perón con un 62 por ciento de los votos emitidos. La magnitud del triunfo electoral fue una indicación clara de que muchos de sus antiguos enemigos habían decidido votar al anciano caudillo con la esperanza de que pusiera bajo control a sus seguidores juveniles. Dos días después de las elecciones, antes incluso de que terminaran las celebraciones de la victoria, Perón recibió una advertencia ominosa al caer asesinado por la guerrilla el secretario general de la CGT, José Rucci, uno de sus partidarios más leales.

El viraje táctico que alejaría a Perón de sus jóvenes admiradores de la izquierda había sido anunciado el 20 de junio, el día que regresó para residir de forma permanente en Argentina. Casi dos millones de personas lo esperaron en el aeropuerto de Ezeiza, la mayoría de ellas bajo las pancartas de las tendencias revolucionarias del peronismo. Lo que debería haber sido una gran celebración popular se convirtió en una batalla campal, con muchos muertos y heridos, al enfrentarse bandas armadas de la derecha y la izquierda. El avión en que viajaba Perón fue desviado a otro aeropuerto.

Por la noche Perón pronunció un discurso en el que reveló el proyecto político con que volvía al país, después de tan larga ausencia[9]. Comenzó con un llamamiento a la desmovilización: «Tenemos una revolución que realizar, pero para que sea válida debe ser una reconstrucción pacífica. No estamos en condiciones de seguir destruyendo frente a un destino preñado de acechanzas y peligros. Es preciso volver a lo que en su hora fue nuestra máxima: del trabajo a casa y de casa al trabajo». Su nueva visión de la comunidad política se reflejó en esta declaración: «El justicialismo jamás fue sectario ni excluyente y hoy llama a todos los argentinos sin distinciones para que todos, solidariamente, nos unamos a la tarea de reconstrucción nacional». Más adelante, esta convocatoria fue más explícita cuando substituyó la antigua consigna «Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista», que había dividido al país durante sus dos primeras presidencias, por otra nueva, «Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino». Sus palabras finales estuvieron dirigidas a suprimir de cuajo las esperanzas de una renovación doctrinaria que él mismo había estimulado durante sus últimos años en el exilio. «Somos justicialistas. Levantemos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes… No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina. Los que ingenuamente piensan que pueden copar a nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan».

Con este mensaje Perón validó la audaz decisión tomada por Lanusse dos años antes. De ahí en adelante y ante el desconcierto de la juventud peronista, se ocupó de revertir el giro a la izquierda que imprimieron a la lucha contra el régimen militar y que Cámpora erróneamente convirtiera en política de gobierno. Después del triunfo electoral, el ERP ratificó su estrategia subversiva, mientras que los Montoneros suspendieron sus actividades, señalando que su futura conducta dependería del cumplimiento de sus promesas revolucionarias por el nuevo gobierno. Así, el jefe de los Montoneros, Mario Firmenich, al preguntársele si abandonaban el uso de la fuerza, respondió:

En modo alguno, el poder político sale de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí es porque teníamos fusiles y los usábamos. Si los abandonáramos, sufriríamos un revés en nuestra posición política. En la guerra hay momentos de enfrentamiento, tales como aquellos por los que hemos pasado, y hay momentos de tregua, en los cuales se hacen los preparativos para el próximo enfrentamiento[10].

El cambio experimentado en el discurso y la conducta de Perón colocó a los jóvenes peronistas ante la opción de romper con él y ser marginados de la coalición popular unida en torno a su liderazgo. Grave como era, la disidencia de los jóvenes no agotó todos los interrogantes que planteaba el retomo del peronismo al poder. Si bien Perón parecía capaz de cambiar desde el gobierno las políticas que alentara desde la oposición, ¿cabía esperar la misma flexibilidad de un movimiento que había crecido en los últimos dieciocho años con una fuerza contestataria y que se sentía escasamente comprometido con un sistema institucional en el cual su participación había estado siempre recortada? ¿Cómo podría Perón inculcar la necesidad de la coexistencia política a quienes las constantes proscripciones habían llevado a un sectarismo larvado? ¿Cómo convencer a aquellos que habían visto retroceder su participación en el progreso de que era prudente compatibilizar las exigencias del trabajo con la estabilidad de la economía? Finalmente, ¿cómo obtener la paz de aquellos cuya violencia Perón había previamente exaltado?

De hecho, el llamamiento del anciano caudillo a la reconciliación encontró mejor acogida entre sus adversarios que entre sus seguidores. Los primeros vieron en el mensaje de Perón una promesa de orden político en una Argentina sacudida por los conflictos y la violencia; los segundos, en cambio, prefirieron ver en el triunfo electoral el esperado momento de su vindicación histórica. Al arribar al poder en 1946, Perón enfrentó un desafío parecido. Pero, mientras que entonces había un caudillo enérgico y ambicioso en el centro de la coalición populista, este Perón que ahora regresaba para disciplinar las esperanzas y las pasiones desatadas por su retorno era un hombre de setenta y ocho años, con su salud quebrantada y la hipoteca de un largo exilio.

Durante los diez meses que le restaban de vida, Perón invirtió los poderes todavía vigorosos de su carisma en canalizar las aspiraciones difusas y virulentas de sus seguidores, por un lado y por otro reconstruir el maltrecho sistema político heredado. Los dos instrumentos de su proyecto institucional fueron el acuerdo político entre los principales partidos con representación en el Congreso (el peronista y el radical) y el Pacto Social entre las empresas y los sindicatos. Su nuevo objetivo era una «democracia integrada» en la cual el antiguo modelo orgánico de la comunidad organizada se dilataba para colocar a los grupos de intereses y los partidos políticos en igualdad de condiciones. La actitud ante las fuerzas armadas fue, a su vez, otra expresión de los nuevos tiempos. Durante el breve gobierno de Cámpora el mando del ejército fue ejercido por el general Jorge Carcagno, que abogó enérgicamente por la unidad de las fuerzas armadas con el pueblo en un patético intento por acomodarse a la compleja situación creada por la victoria peronista. Al asumir la presidencia, Perón promovió un cambio en la jerarquía militar. Nombró a un comandante en jefe apolítico para que substituyese a Carcagno, cuyos intentos por acercarse al gobierno le habían distanciado de los sentimientos que prevalecían entre sus camaradas. Con este gesto Pelón quiso subrayar el papel profesional y políticamente prescindible que tenía reservado para las fuerzas armadas durante su tercera presidencia.

El gabinete original de Cámpora fue purgado de sus elementos izquierdistas, que fueron substituidos por viejos y confiables políticos. Las dos figuras más importantes que sobrevivieron a la purga fueron López Rega, en el Ministerio de Bienestar Social, y José Gelbard, en el Ministerio de Economía. Presidente de la Confederación General Económica (CGE), la asociación representativa de la burguesía media nacional, Gelbard estaba vinculado a Perón desde los años de su segunda presidencia. Las líneas centrales de su programa procuraron compatibilizar los objetivos re-distribucionistas de la nueva Administración con la situación de coyuntura legada por el régimen militar. El último tramo de la Revolución Argentina estuvo marcado por el relajamiento de los controles estatales sobre la economía. La reanudación de la puja distributiva y el incierto futuro político condujeron a un agravamiento de las presiones inflacionarias.

Los años 1971 y 1972 se caracterizaron por una alta y creciente inflación, que subió desde 39,2 por ciento en 1971 a 64, 2 por ciento en 1972, moviéndose hacia una tasa anual del 101 por ciento en los primeros cinco meses de 1973. El déficit fiscal se incrementó desde los bajos niveles de 1968-1970 de menos del 1 por ciento del PIB a algo más del 2 por ciento en 1971 y 1972, con una tasa proyectada del 6 por ciento para 1973. Por su parte, la onda de crecimiento dentro de la que se había desenvuelto la economía nacional desde 1964 parecía a punto de terminar. En los diez años transcurridos desde entonces la actividad económica había crecido a un promedio anual del 4 por ciento, sostenida por el aumento de las exportaciones y la maduración de las inversiones realizadas en el mandato de Frondizi. Los datos más recientes indicaban, sin embargo, el progresivo eclipse de esos impulsos. El pico de crecimiento alcanzado en 1969 con un 8, 5 por ciento fue disminuyendo al 5, 4 por ciento en 1970, 4, 8 por ciento en 1971 para caer al 3,2 por ciento en 1972. Con este inquietante panorama, la nueva conducción económica se hizo cargo. Contaba a su favor con una situación externa favorable, debido al extraordinario crecimiento de las exportaciones, que prácticamente se duplicaron entre 1971 y 1972, excediendo el aumento también experimentado por los precios de los productos importados en un 50 por ciento.

La primera prioridad del ministro Gelbard fue contener las expectativas inflacionarias colocando bajo control las pujas intersectoriales. Para lo cual aumentó los salarios un 20 por ciento, muy por debajo de las demandas sindicales, suspendió las negociaciones colectivas por dos años, congeló el valor de todos los bienes y creó un rígido sistema de fiscalización de precios. Todas estas medidas fueron implementadas mediante la forma de un Pacto Social entre el Gobierno, la CGT y la CGE. El acuerdo de precios y salarios no encontró gran resistencia en el empresariado, muchos de cuyos miembros lo habían previsto y ya habían aumentado preventivamente sus precios. Distinta fue la situación con respecto al movimiento obrero. Después de la victoria electoral del 11 de marzo, el recuerdo de una de las primeras decisiones de Frondizi al ser elegido con los votos peronistas —un aumento general de los salarios del 60 por ciento— había alentado el optimismo de los dirigentes sindicales, entre ellos, Ricardo Otero, el flamante ministro de Trabajo. El aumento finalmente obtenido fue claramente inferior y Perón debió aplicar toda su autoridad política para conseguir el consentimiento sindical.

Por otro lado, para una CGT que había reclamado insistentemente durante los gobiernos militares la libertad de negociar los salarios, la firma del Pacto Social a las pocas semanas de la instalación de la Administración peronista fue una decisión difícil. Para la cúpula sindical el esquema ideal hubiera sido el mantenimiento de las negociaciones colectivas. De ese modo, hubieran contado con mejores condiciones para recuperar el prestigio perdido durante las forzadas treguas salariales impuestas por los gobiernos militares. Pero en la situación de debilidad política en la que se encontraba dentro del movimiento peronista obstaculizó cualquier tipo de resistencia y debió correr con los costes políticos de su obligada solidaridad con las medidas de Perón. No obstante, al firmar el Pacto Social, los dirigentes sindicales lograron volver de nuevo a los dominios de la ortodoxia peronista, de los que tantas veces se habían alejado en el pasado. Ello les permitió recuperar la aprobación de Perón y, con su respaldo, consiguieron del Congreso una ley que suprimía aún más la democracia interna de los sindicatos y protegía sus posiciones de la rebelión antiburocrática en curso desde los tiempos del «cordobazo».

El cambio en las expectativas provocado por el Pacto Social fue impresionante. Mientras que en los cinco primeros meses de 1973 el coste de vida había aumentado alrededor de un 37 por ciento, de julio a diciembre subió sólo en un 4 por ciento. Con estas cifras en la mano, el entusiasmo cundió en las esferas oficiales hasta el punto de que el ministro de Economía proclamó «la inflación cero» como meta de su gestión. Con las exportaciones un 65 por ciento superiores a las del año anterior e importaciones cuyo valor había aumentado alrededor de un 36 por ciento, la balanza comercial a finales de 1973 fue un 30 por ciento superior a la de 1972, galvanizando el optimismo gubernamental. Fue, empero, en el sector exterior donde surgieron las primeras señales negativas que ensombrecieron este panorama optimista. En el mes de diciembre los efectos de la crisis mundial del petróleo alcanzaron a la economía argentina y condujeron a un marcado incremento del precio de los bienes importados. Debido a la congelación de precios, el mayor coste de los bienes importados comenzó a erosionar los márgenes de beneficios de las empresas; algunas compañías interrumpieron o redujeron la producción y todas unieron sus voces en el clamor contra la rígida política de precios. Gelbard trató de sancionar una resolución que autorizaba a las compañías el traslado de los mayores costes a los precios, pero Perón ordenó dar marcha atrás bajo el apremio de los sindicatos, que amenazaron con retirarse del Pacto Social.

La negativa de los sindicatos a convalidar un aumento de los precios sin un aumento simultáneo de los salarios era comprensible. Mientras que la firma del Pacto Social había congelado su poder institucional, el triunfo electoral había dado un renovado vigor a la movilización de las bases obreras. A partir de la asunción del gobierno peronista, los conflictos en las fábricas se multiplicaron, por las disputas en torno a las condiciones de trabajo, las regulaciones disciplinarias, los despidos, etcétera. De hecho, las bases obreras se encontraban en un estado general de rebelión. Hostigados por las corrientes de izquierda en auge, para las que el Pacto Social era una traición, los jefes sindicales bloquearon la propuesta de Gelbard, que sólo favorecía a las empresas. La solución de emergencia consistió en recurrir a las reservas de divisas externas acumuladas por la excelente balanza de comercio exterior para subsidiar, con un tipo de cambio preferencial, la compra de insumos importados.

No obstante, a esta altura, la confianza en la política de ingresos comenzó a flaquear, como lo demostró la proliferación del mercado negro. A la presión que ejercían las empresas para que se diese mayor flexibilidad a los precios, se sumó la actividad de los delegados de los obreros en las fábricas que obtenían aumentos salariales encubiertos por medio de la reclasificación de los puestos de trabajo o el incremento de las primas de productividad. Mientras tanto, se hizo visible la incongruencia entre la rígida política de precios y la indulgente política monetaria adoptada para asistir a un déficit fiscal que superaba el 6 por ciento del PIB.

A comienzos de 1974 la necesidad de revisar los acuerdos sobre precios y salarios se volvió imperativa, y en febrero Gelbard convocó a la CGE y la CGT. Después de varias semanas, las partes tuvieron que reconocer que era imposible llegar a un acuerdo y Perón se vio obligado a mediar entre ellas. El arbitraje que se dio a conocer el 28 de marzo establecía un aumento salarial que era entre un 5 y un 6 por ciento superior a la disminución de los salarios reales y autorizaba a las compañías a subir los precios en un monto a decidir por el gobierno. Aunque los líderes de la CGT albergaban la esperanza de un aumento mayor, la decisión fue interpretada como una medida favorable a los obreros. Cuando en abril, fueron anunciados los nuevos niveles de precios, fijando un margen de beneficios inferior al que exigían las empresas, ésta fue la señal para el lanzamiento de una sistemática transgresión del Pacto Social. Entre abril y mayo el coste de vida aumentó un 7,7 por ciento, cuando en junio había subido sólo un 2, 8 por ciento. La reanudación de la lucha por los ingresos muy pronto hizo que la inflación cero pasara a la historia.

La última aparición pública de Perón, un mes antes de su muerte, fue también la más dramática. El 12 de junio salió al escenario de sus pasados triunfos, el balcón de la Casa Rosada, y amenazó a la multitud apresuradamente reunida con abandonar la presidencia si persistía el sabotaje y el cuestionamiento a su gobierno.

Poco menos de un mes antes, en las celebraciones tradicionales del Día del Trabajo, el 1 de mayo, había culminado de forma espectacular el enfrentamiento entre la juventud radicalizada y Perón. Hostigado por las críticas y los gritos que interrumpían su discurso, Perón acusó a los jóvenes de ser «mercenarios pagados por extranjeros» y pidió la expulsión de los «infiltrados» en el movimiento peronista. Esta ruptura venía preparándose desde principios de año, cuando las exhortaciones iniciales a la moderación fueron seguidas de una drástica ofensiva contra las posiciones oficiales aún en poder del ala radical del peronismo. El relevo del gobernador de la provincia de Buenos Aires después de un acción armada del ERP en una base militar, la destitución por la fuerza del gobernador de Córdoba, el allanamiento de las oficinas de la Juventud Peronista y la prohibición de sus publicaciones formaron parte de una campaña que no dejó duda alguna sobre la incompatibilidad de las dos vertientes que habían convergido en la vuelta del peronismo al poder: la que encabezaba la ola de movilizaciones populares y apuntaba a la ruptura del orden político en nombre del populismo revolucionario y la que, centrada en el partido y los sindicatos, respondía a los ideales tradicionales de Perón.

Sobre el fondo de este enfrentamiento, los conflictos laborales continuaban con redoblada intensidad. Entre marzo y junio se registró el promedio de huelgas por mes más alto en los tres años que duraría el gobierno peronista. Lanzadas en abierta rebeldía contra los acuerdos del Pacto Social, las luchas salariales demandaban y obtenían de las empresas aumentos sustancialmente superiores a los conseguidos por la CGT. El éxito de los conflictos estuvo en gran medida asegurado por el cambio de actitud por parte del mundo de los negocios. El laudo del 28 de marzo debilitó su ya escasa disposición a llegar a un acuerdo sobre la política de ingresos. En lugar de resistir las demandas salariales, los empresarios optaron por acceder a ellas sólo para trasladarlas inmediatamente a los precios sin esperar la autorización del gobierno. Alarmados por la situación, los dirigentes de la CGT acudieron a Perón a principios de junio para pedirle alguna reacción oficial que aliviara la presión a la que estaban sometidos. En su último discurso del 12 de junio éste procuró, con su propia autoridad política, llenar el vacío que rodeaba su proyecto de gobierno. Perón no tuvo tiempo de recoger los frutos de este esfuerzo final pues moriría poco después, el 1 de julio.

Al iniciar su tercera presidencia, Perón fue consciente de que la formidable mayoría electoral del 62 por ciento obtenida en 1973 era insuficiente para mantenerle en el poder. Un gobierno peronista apoyado exclusivamente en sus propias bases podía ser, muy pronto, un gobierno vulnerable a las presiones de la oposición que, aunque derrotada políticamente, contaba con el poderoso respaldo de las grandes empresas y la jerarquía militar. Con el fin de evitar los previsibles riesgos de aislamiento político, Perón había procurado tejer una red de acuerdos como los que animaban al Pacto Social y a la convergencia con el Partido Radical en el Congreso. Una vez que hubo muerto, sus sucesores abandonaron sus objetivos de reconciliación política y colaboración social, que, para entonces, habían sufrido un retroceso apreciable. Más inspirados por el sectarismo al que los habían acostumbrado los dieciocho años de semi-legalidad política que por las lecciones sobre el arte de conquistar y conservar el poder que les impartiera Perón, sus sucesores —Isabel Perón, sus colaboradores y los dirigentes sindicales— se dedicaron a desmantelar los acuerdos heredados y a proclamar que había llegado la hora de la reparación histórica.

El primer paso en esa dirección apuntó contra Gelbard, quien, terminado el breve armisticio que siguió a la muerte de Perón, presentó su dimisión en octubre. Con su alejamiento, se aflojaron los vínculos que unían a la CGE y al gobierno. Una suerte similar corrieron los acuerdos interpartidarios. Después de hacerse cargo de la presidencia, la esposa de Perón reorganizó el gabinete y substituyó a los representantes de los partidos que habían formado el frente electoral por miembros de su círculo íntimo. También puso fin a las relaciones especiales con el Partido Radical, que ya no sería consultado en las decisiones importantes de gobierno. Mientras tenía lugar esta operación de homogeneización política, la violencia entró en una nueva fase. A finales de 1974 los Montoneros anunciaron que pasaban a la clandestinidad para continuar la lucha, ahora contra el gobierno de Isabel Perón. Por esa misma fecha, entró en la escena un grupo terrorista de derecha, bajo el nombre de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), armado y dirigido por López Rega, el ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidenta.

En el plazo de pocos meses el panorama político quedó reducido a las arcanas maniobras palaciegas del séquito presidencial y a la rutina macabra de los partidarios de la violencia. Por su lado, las protestas obreras tendieron a disminuir debido en parte al clima de inseguridad y en parte, también, porque la represión iba eliminando, uno tras otro, los bastiones de la oposición sindical de izquierda. Finalmente, el grupo que rodeaba a Isabel Perón y los dirigentes sindicales quedaron frente a frente. En tomo de las aspiraciones rivales de ambos sectores habría de librarse la última contienda que precipitó la caída del peronismo.

A pesar del cuadro alentador esbozado por Gelbard al dejar el cargo —un crecimiento del 7 por ciento del PIB en 1974 y un descenso del desempleo del 6 por ciento en abril de 1973 al 2, 5 por ciento en noviembre de 1974—, las perspectivas económicas inmediatas eran preocupantes. En julio la Comunidad Económica Europea había prohibido la importación de carne argentina, afectando fuertemente al volumen y el valor de las exportaciones. Mientras tanto, los precios de las importaciones continuaron en ascenso. Temiendo los efectos que pudiera tener en los salarios reales y las tendencias inflacionarias, Gelbard no había reajustado el tipo de cambio y con ello fomentó una corriente de importaciones especulativas. El superávit de 704 millones de dólares acumulado en 1973 se convirtió en un déficit de 216 millones en la segunda mitad de 1974, haciendo aparecer en el horizonte el perfil familiar de la crisis externa. La primera tarea del nuevo ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, fue ajustar una economía «recalentada» por el casi pleno empleo, la creciente oferta de dinero y la tasa de inflación en alza, a la crítica situación del sector externo.

Figura central en la adopción del exitoso programa de estabilización de 1952, Gómez Morales había sido presidente del Banco Central durante la Administración de Gelbard, cargo que abandonó en disidencia con la permisiva política fiscal. Con sus primeras medidas intentó cambiar el rumbo, aumentando el control del gasto público, reduciendo la expansión monetaria y subiendo los precios de manera selectiva. Si bien necesarios, los ajustes fueron demasiado moderados y no incluyeron el tipo de cambio, que continuó apreciándose en términos reales, con la consiguiente pérdida de divisas. En marzo de 1975 dispuso una devaluación, que redujo pero no eliminó la sobrevaluación de la moneda. En consonancia con el enfoque gradualista de Gómez Morales, también se aumentaron los salarios. Este hesitante cambio de la política económica tropezó, además, con un obstáculo inesperado: el nuevo ministro no formaba parte del círculo íntimo de la presidenta. Así, durante los 241 días que permaneció en el puesto esperó en vano la aprobación oficial de la adopción de medidas más firmes, mientras contemplaba, impotente, el deterioro de la situación económica.

En este clima de indefiniciones se produjo la convocatoria a negociaciones colectivas en febrero, tal como estaba previsto. Bien pronto, la discusión de los nuevos contratos salariales llegó a un punto muerto por falta de directivas gubernamentales para la negociación, Los sindicatos habían esperado ansiosamente la apertura de las negociaciones directas con las empresas para poder rehabilitar su maltrecho liderazgo después de casi dos años de política de ingresos. Pero la presidenta, bajo la poderosa influencia de López Rega, no prestó atención a sus preocupaciones, ocupada como estaba preparando un drástico realineamiento de las bases políticas y sociales del gobierno.

En esencia, el plan de Isabel Perón apuntaba a ganarse la confianza de las fuerzas armadas y del mundo económico suprimiendo la subversión por medio de las bandas terroristas de la Triple A, lo cual evitaría la intervención directa de los militares; la erradicación de la izquierda en su último refugio, la universidad; el vuelco hacia el capital extranjero y la economía de mercado, con una reducción de los salarios y la restauración de la disciplina laboral; y, finalmente, la expulsión del movimiento sindical de la estructura de poder. En nombre de estos ambiciosos objetivos reclamó a los militares que abandonaran la neutralidad política que habían mantenido desde la dimisión del general Carcagno. Este objetivo pareció haberse alcanzado cuando, en mayo, el nuevo comandante en jefe del ejército, el general Alberto Numa Laplane, abogó por el apoyo táctico al gobierno. Isabel y López Rega creyeron entonces que había llegado el momento de efectuar su audaz giro hacia la derecha.

Cuando llegó el día previsto para la finalización de las negociaciones salariales, el 31 de mayo, sin que una definición oficial destrabara los nuevos contratos, la protesta obrera desbordó del control de los sindicatos y se sucedieron las manifestaciones callejeras y las ocupaciones de fábricas. Ese mismo día se aceptó la dimisión de Gómez Morales y en su lugar fue designado Celestino Rodrigo, miembro conspicuo del séquito presidencial. Rodrigo anunció un programa de medidas consistente en un aumento del orden del 100 por ciento en el tipo de cambio y el precio de los servicios públicos, al tiempo que recomendaba un incremento del 40 por ciento como guía en las negociaciones salariales.

Un reajuste de los precios relativos era previsible, después de un período de inflación reprimida y sobrevaluación de la moneda. Sin embargo, tanto la magnitud del reajuste como el momento elegido para anunciarlo parecieron indicar que la presidenta pretendía crear una situación insostenible para los líderes sindicales en su relación con las bases, y recortar, así, su influencia política. De pronto, éstos se encontraron luchando ya no sólo por un incremento salarial, sino también por su propia supervivencia política. En las dos semanas siguientes presionaron hasta obtener la anulación de las restricciones que pesaban sobre la libre negociación salarial. De este modo, al cabo de una serie de agitadas sesiones, frente a unos empresarios que depusieron toda resistencia, lograron aumentos salariales que llegaron a un promedio del 160 por ciento.

La respuesta de Isabel Perón fue igualmente contundente. El 24 de junio anuló los acuerdos entre empresarios y sindicatos y ofreció un aumento salarial del 50 por ciento al que seguirían otros dos del 15 por ciento en agosto y octubre. El anuncio presidencial provocó la inmediata paralización del trabajo en los principales centros del país, colocando a los líderes sindicales ante una encrucijada que habían procurado tenazmente evitar: o bien continuar con la confrontación y correr el riesgo de precipitar la caída del gobierno o aceptar la propuesta oficial y resignarse a la derrota política y a la pulverización de su prestigio ante las bases obreras. El impasse se prolongó durante una semana en la que en el país nadie trabajó. La CGT no tuvo más remedio que ratificar el hecho consumado y convocar una huelga general de cuarenta y ocho horas para el 7 de julio. Esta decisión, que no tenía precedentes en la historia del peronismo, reunió frente a la Casa Rosada a una airada multitud, que reclamó la renuncia de los colaboradores de Isabel Perón y la aprobación de los acuerdos salariales. En contra de las expectativas de los círculos oficiales, los militares se mantuvieron al margen del conflicto. Abandonados a su propia suerte, López Rega y Rodrigo dimitieron y el Gobierno tuvo que volver sobre sus pasos y acceder a las exigencias de los trabajadores. La crisis política concluyó con la victoria de los líderes sindicales, que, mientras renovaban su apoyo a la esposa de Perón, se habían ocupado de hacer fracasar la operación política que pretendía desalojarlos del poder.

Después de este dramático episodio, el gobierno peronista ya no volvería a recuperar su credibilidad. Duró otros ocho meses más, en el curso de los cuales la amenaza de un golpe militar acompañó cada uno de sus pasos y profundizó la crisis política. Tras la dimisión de López Rega, la presidenta solicitó autorización para abandonar temporalmente, sus obligaciones y una coalición de sindicalistas y viejos políticos peronistas se hizo cargo del gobierno bajo la dirección del presidente del Senado, Italo Luder. El general Numa Laplane también fue obligado a renunciar por el alto mando militar; el nuevo comandante en jefe, el general Jorge Videla, colocó nuevamente al ejército a una prudente distancia del gobierno, al tiempo que su participación en la lucha antisubversiva pasó a ser más directa, al recibir del presidente interino la autorización para dirigir las operaciones contra la guerrilla.

La consecuencia inmediata de las medidas que tomó Rodrigo y de la contraofensiva sindical fue una violenta aceleración de la tasa de inflación. En los meses de junio, julio y agosto los precios al consumo subieron un 102 por ciento, más próximos a una tasa mensual del 7 al 10 por ciento que a la de 2 al 3 por ciento que había sido el promedio de los últimos treinta años. Para ocupar la cartera de Economía los sindicatos propusieron a Antonio Cafíero, cuya política consistió en una indexación gradual de los precios, los salarios y el tipo de cambio. Esta táctica tuvo el mérito de evitar graves distorsiones de los precios relativos, pero también comportó el reconocimiento de que era imposible reducir las presiones inflacionarias. De todos modos, permitió revertir la tendencia desfavorable al sector exterior, con la ayuda de la moneda devaluada que había heredado y un poco de financiación a corto plazo que obtuvo del FMI y otros organismos públicos y privados. Los efectos se sentirían sobre todo durante el primer trimestre de 1976, cuando la balanza comercial mostraría su primer superávit en quince meses.

Incapaz de frenar la elevada y fluctuante tasa de inflación, Cañero tuvo que aceptar una de sus consecuencias previsibles, la vertiginosa expansión de la especulación financiera. Ante la depreciación del valor de los bienes y los salarios, los agentes económicos encontraron más provechoso entregarse a la febril manipulación de las diferencias entre el dólar oficial y el dólar del mercado negro, entre el interés que reportaban los títulos públicos y la tasa de inflación. La vorágine especulativa atrajo a capitales de toda la economía y de ella participaron tanto las grandes compañías como los pequeños ahorradores. Bajo el efecto de la aceleración de los precios, la economía empezó a deslizarse desde la situación de «recalentamiento» en abril, con fuertes presiones sobre la demanda y un bajo índice de desempleo, hacia una situación cercana a la recesión en julio y agosto. En Buenos Aires el desempleo subió del 2, 3 por ciento al 6 por ciento y en Córdoba alcanzó el 7 por ciento. La reducción de la producción industrial fue del 5, 6 por ciento en el tercer trimestre del año y del 8, 9 por ciento en el último. El empeoramiento de la situación económica no atenuó el nivel de conflictos laborales, pero en el nuevo escenario éstos fueron más prolongados y de más difícil solución.

En este contexto, aumentó la actividad de la guerrilla, que secuestraba y asesinaba a gerentes de empresas con el fin de obligarlos a aceptar las exigencias de los obreros. Estas acciones desencadenaban represalias igualmente violentas de grupos paramilitares contra activistas sindicales. Las fábricas se convirtieron así en un escenario más de la ola de violencia que servía de trágico telón de fondo a la crítica situación económica. En la segunda mitad de 1975 la guerrilla decidió intensificar sus operaciones; además de secuestros, asesinatos y atentados con bombas, los Montoneros y el ERP llevaron a cabo acciones más ambiciosas contra objetivos militares. La presión de las fuerzas de seguridad, sin embargo, les obligó a volver a un terrorismo más rudimentario que hizo evidente su ya irreversible aislamiento de los movimientos de protesta popular. Bajo el efecto de los actos de violencia cotidianos, vastos sectores de la población comenzaron a contemplar la posibilidad de una intervención militar. Pero los comandantes militares no parecían ansiosos por actuar, y, al parecer, preferían que la crisis se agudizara con el fin de encontrar un apoyo más amplio cuando finalmente decidieran intervenir.

La coalición de sindicalistas y políticos que sostenía a Luder en la presidencia defraudó las expectativas de estabilidad que había suscitado. Las demandas exageradas de los sindicatos hicieron difícil la coexistencia con los políticos moderados al tiempo que sembraban la alarma entre los círculos de poder tradicionales. Una nueva organización empresarial, la Asamblea Permanente de Asociaciones Gremiales (APEGE), encabezada por el gran capital agrario e industrial, ocupó el lugar que había dejado vacante la CGE para asumir una postura de abierta rebeldía contra el gobierno. En enero de 1976 Isabel volvió al palacio presidencial y reorganizó el gabinete, desprendiéndose de los ministros vinculados a la alianza de líderes sindicales y políticos y rodeándose de figuras ajenas al movimiento peronista. Algunas de ellas eran supervivientes de la camarilla de López Rega, otras eran funcionarios desconocidos, pero todas estaban dispuestas a seguir a esta mujer solitaria, heredera de los ideales de un movimiento en cuya historia no había participado, a cuyos líderes naturales detestaba y cuyos seguidores no le inspiraban más que desconfianza. La reacción inicial de quienes habían sido separados de sus cargos fue de indignación; se llegó incluso a discutir la posibilidad de entablar un juicio político a la presidenta bajo la acusación de uso indebido de fondos públicos. Muy pronto, sin embargo, se inclinaron ante lo inevitable, conscientes de que la caída del gobierno era inminente, como lo presagiaba un fallido levantamiento militar en diciembre de 1975.

Durante estas tensas jornadas, el Partido Radical intentó recuperar el papel de principal partido de la oposición que se le había negado en los últimos tres años, durante los cuales el propio peronismo jugó el papel de oficialismo y de oposición al mismo tiempo. Confinados a la periferia de los conflictos que estaban desgarrando al movimiento creado por Perón, hasta entonces los radicales habían centrado su discurso en la defensa del orden institucional, actitud que llevó a extremos inusitados su tolerancia hacia la conducta del veterano líder populista y sus sucesores. En un postrer esfuerzo, propusieron la formulación de un gobierno sin Isabel Perón, pero dentro del peronismo nadie hizo caso a su llamamiento. Con la mirada puesta ya en el período que se abriría después del inevitable golpe de estado, los sindicalistas y los políticos peronistas prefirieron cerrar filas detrás de la esposa de Perón. Esta, por su parte, dedicó sus últimos días a lanzar una serie de medidas económicas que imaginaba afines a las necesidades de la jerarquía militar y las grandes empresas.

Durante los primeros días de marzo un nuevo ministro de Economía trató de hacer frente al descalabro económico con otro cambio brusco de los precios relativos. El tipo de cambio y los precios de los servicios públicos fueron aumentando entre un 90 y un 100 por ciento al tiempo que se incrementaban los salarios en un 20 por ciento. Al igual que la medida anterior de Rodrigo, este nuevo reajuste incluía explícitamente un descenso de los salarios reales. Una ola de huelgas empezó a paralizar los principales centros fabriles en repudio a las medidas económicas. Cuando todo parecía conducir a un enfrentamiento similar al de junio de 1975, los militares salieron de los cuarteles y derrocaron el gobierno, sin encontrar oposición alguna.

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, 1976-1983

Para un país con un larga historia de intervenciones militares, el golpe de estado de 1976 no tuvo sorpresas. Acostumbrados a leer los signos premonitorios, la mayoría de los argentinos vio en el golpe un desenlace inevitable. Las fuerzas armadas habían asistido a la agonía del gobierno de Isabel Perón, esperando pacientemente que la profundización de la crisis política legitimara una nueva intervención militar. Cuando decidieron actuar, encontraron amplio eco en la opinión pública. Como en 1955 y 1966, el golpe de Estado de 1976 fue un evento popular, pero mientras que en 1955 y 1966 el clima era de optimismo y esperanza, la angustia y el miedo acompañaron a la nueva solución autoritaria. Muchos fueron los que compartieron la sombría evaluación de los militares del estado del país:

Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía; a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional…, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político enfrentara a la subversión; a la carencia de soluciones para problemas básicos de la nación cuyo resultado ha sido el incremento permanente de todos los extremismos; a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo… las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de sus obligaciones permanentes, han asumido la conducción del Estado[11].

Los comandantes en jefe de las tres armas se erigieron en poder supremo y nombraron al general Jorge Videla para ocupar la presidencia del país. Las ventajas otorgadas al ejército por ser el arma más antigua terminaron allí. La administración gubernamental fue luego dividida en partes equivalentes puestas respectivamente bajo jurisdicción del ejército, la marina y la fuerza aérea. Esta novedad institucional, que recortaba la preeminencia tradicional del ejército, debía mucho al fuerte liderazgo del almirante Emilio Massera, que logró recuperar para la marina las posiciones perdidas durante los enfrentamientos intra-militares de 1962. Bajo la conducción de la Junta Militar se inició así lo que se llamó «el proceso de reorganización nacional». Las consignas eran simples: eliminar la amenaza subversiva, suprimir la corrupción y superar el caos económico. Detrás de estas consignas había una intención ambiciosa: transformar las bases mismas de la sociedad argentina, que ajuicio de los militares, habían engendrado los males que se disponían a combatir. En 1976 reapareció el ideal militar de la revolución regeneradora, listo para hacerse cargo de las tareas incumplidas y para devolver al país una solución política y económica definitiva.

Era previsible que el régimen militar pusiera en práctica una dura política de represión, pero la escala y la naturaleza de la violencia a la que apeló fueron inéditas. Las medidas iniciales se ajustaron a un repertorio conocido: la prohibición de la actividad política, la censura de prensa, la detención de dirigentes obreros y la intervención en los sindicatos. A ellas se agregó la pena de muerte, administrada de una forma que se apartó de todo lo conocido.

En primer lugar, las víctimas. Aunque el objetivo de los militares era acabar con la subversión, su acción represiva estuvo lejos de limitarse a los guerrilleros. El propio Videla dijo que «un terrorista no es sólo el portador de una bomba o una pistola, sino también el que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana». Así, el enemigo incluyó a cualquier clase de disidentes; junto con los guerrilleros y el entorno que los apoyaba dándoles refugio y alimentación, también cayeron bajo la mira de la represión, políticos, sindicalistas, intelectuales. Para los militares, esa amenaza comunista que habían denunciado en los últimos veinte años, esta vez se había corporeizado y atrevido, además, a desafiarlos con las armas.

En segundo lugar, la metodología de la violencia. Fueron creados consejos de guerra a los que se facultó para dictar sentencias de muerte por una gran variedad de delitos. Pero no fue a través de ellos como se aplicó fundamentalmente la justicia sumaria de los militares. La infraestructura represiva se basó, más bien, en centros de detención oficialmente autorizados pero clandestinos, y en unidades especiales de las tres fuerzas militares y la policía, cuya misión era secuestrar, interrogar, torturar y, en la mayoría de los casos, matar. Esta infraestructura era altamente descentralizada; la autoridad real era conferida a los comandante regionales, que en sus propios feudos eran el poder supremo y sólo informaban a sus respectivos superiores. Este mecanismo tenía varias ventajas: era una red difícil de infiltrar, era inmune a la influencia de parientes bien relacionados de las víctimas y permitía al gobierno negar toda responsabilidad en la violación de los derechos humanos.

Entre 1976 y 1979 una ola de terror se abatió sobre el país. Las actividades de la maquinaria represiva fueron fundamentalmente secretas, por lo que resultaba difícil establecer el número de víctimas. Éstas pasaron a formar parte de una categoría por la que la Argentina se hizo tristemente famosa: «los desaparecidos», aquellos de los que nunca se volvió a saber nada. Al principio, la violencia no fue exclusivamente unilateral. En los nueve meses que siguieron al golpe de estado, la guerrilla llevó a cabo espectaculares actos de terrorismo contra blancos militares. La respuesta de las fuerzas armadas fue fulminante y abrumadora. Centenares de guerrilleros fueron muertos en las calles mientras oponían una resistencia desesperada. Pero la causa principal del derrumbe de la guerrilla fueron los secuestros y sus consecuencias. Al cabo de un tiempo, la mayoría de los secuestrados caían con la moral quebrantada. Acuciados por el dolor físico de las torturas, sin esperanza en el porvenir de una lucha que sólo cosechaba derrotas, terminaban delatando a sus compañeros y engrosando así, el caudal de víctimas. Muchos fueron así los inocentes que corrieron igual suerte al quedar atrapados en la vasta red de operaciones de contrainsurgencia.

La política de exterminio que emprendieron las fuerzas armadas llevó al paroxismo a la cultura de violencia que floreció en Argentina después del «cordobazo» de 1969. La opinión pública se vio sometida a una intensa propaganda dirigida a hacer aceptable el uso de las armas. Pensaren términos bélicos fue una operación ideológica que precedió a los hechos, prefigurándolos antes de que se convirtieran en realidad. Primero fue la rebelión de los jóvenes, que en nombre de la revolución postularon la necesidad de recurrir a la violencia. Luego, las bandas terroristas de la derecha que crecieron al amparo del gobierno de Isabel Perón, enarbolaron las mismas consignas. La represión del régimen militar se instaló en un país donde el culto de la violencia se había desarrollado hasta límites desconocidos. Todos los frenos morales estaban rotos cuando, en una nueva vuelta de tuerca, la Argentina fue sumergida en lo que los propios militares llamaron la «guerra sucia».

El trágico desenlace contó al principio con cierta tolerancia por parte de los políticos y los intelectuales. Cuando despuntó la utopía armada de los jóvenes, a principios de la década de 1970, muchos vieron en ella una comprensible reacción frente al autoritarismo militar. Más tarde, durante los dramáticos años del retomo del peronismo al poder, la violencia se convirtió en un fenómeno cotidiano al que la opinión pública se resignó impotente. El colapso moral de una sociedad indefensa abrió luego las puertas a una represión implacable, clandestina e indiferente a los derechos humanos fundamentales. El pánico de quienes habían alentado la aventura guerrillera fue silenciando la actitud de una mayoría de los argentinos, que, cansados y atemorizados, optaron ciegamente por ignorar la cruenta experiencia que tenía lugar a sus espaldas.

En este clima de atonía colectiva, el régimen militar montó su cruzada ideológica, reiterando los temas consabidos de la mentalidad autoritaria. Había, empero, novedades en este lenguaje. Los ideólogos de la derecha católica, que diez años antes habían acompañado al general Onganía abogando por un sistema corporativista, en 1976 no tuvieron influencia alguna. En esta oportunidad, fueron las ideas del liberalismo conservador las que conquistaron un lugar predominante en el seno del régimen militar.

Tradicionalmente, los militares argentinos habían mantenido una relación conflictiva con esta corriente de ideas dominante en el establishment económico. Aunque las fuerzas armadas compartían su desdén por los partidos políticos y el sufragio universal, nunca habían aceptado del todo la crítica de los círculos liberales a las políticas de signo nacionalista e intervencionista del estado, al modelo de industrialización hacia adentro, a los excesos de la legislación laboral. Como resultado de las lecciones sacadas de la reciente experiencia peronista, los liberales lograron mostrar que la política y las prácticas que criticaban eran las que habían creado las condiciones propicias a la subversión social. Preservar la seguridad nacional significaba no sólo destruir el movimiento guerrillero, sino también erradicar un modelo de desarrollo que era su caldo de cultivo. Así, los liberales lograron imponer su impronta ideológica, aunque los jefes militares no renunciaron a sus propias obsesiones y fijaron límites y las condiciones. El hombre que encamó los ideales del liberalismo conservador fue el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, descendiente de una familia terrateniente tradicional, presidente de la mayor compañía siderúrgica privada y quien había desempeñado el mismo cargo durante la accidentada presidencia de Guido en 1962.

La crítica situación por la que atravesaba el sector externo a comienzos de 1976 tuvo prioridad en la agenda del nuevo ministro. Las reservas disponibles de divisas estaban prácticamente agotadas, pero gracias a su fluido acceso a fuentes financieras internacionales, Martínez de Hoz logró conjurar el riesgo de la cesación de pagos. En agosto se firmó un acuerdo stand-by con el FMI, que permitió contar con los fondos necesarios; 300 millones de dólares fueron aportados por ese organismo y 1.000 millones por un conjunto de bancos liderados por el Chase Manhattan. Una vez ordenado el sector externo, la atención de las autoridades económicas se concentró en la política antiinflacionaria. Dicha política, de inspiración ortodoxa, se vio facilitada por algunas decisiones tomadas por el gobierno anterior. Poco antes del golpe de estado, la administración peronista alteró drásticamente los precios relativos, a través del ajuste de las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio en una proporción superior al crecimiento de los salarios. Martínez de Hoz aprovechó para congelar los salarios, al tiempo que eliminó los controles a los precios existentes. Como consecuencia, los salarios reales cayeron en forma abrupta. Cinco meses después, cuando el poder adquisitivo de los salarios eran inferior en un 40 por ciento respecto de 1972, las remuneraciones nominales fueron ajustadas periódicamente según la inflación. El déficit fiscal, a su vez, fue reducido a la mitad, hasta situarlo en alrededor del 8, 4 por ciento del PIB durante el último tramo de 1976, por medio de un incremento real de la recaudación y una caída de los salarios de los empleados públicos. La fuerte contracción salarial permitió reducir los gastos sin tener que apelar a despidos masivos, alternativa que había desaconsejado la Junta Militar.

Luego de un rebrote inicial de los precios por la supresión de los controles, la tasa de inflación se situó en un 4, 3 por ciento en julio. Este éxito se vio contrarrestado por un descenso de la actividad económica debido a la disminución de la demanda producida por la caída de los salarios reales. La reducción de los costes laborales alentó, a su vez, la expansión de las inversiones y las exportaciones. La mejora de la situación externa completó este auspicioso panorama y el gobierno confió en haber encontrado una salida rápida a la crisis. La caída de los salarios reales no se consideró un factor negativo sino el precio inevitable a ser pagado para reorganizar la economía.

Esta fórmula, que combinaba el crecimiento con una redistribución regresiva de ingresos, ya se había utilizado a comienzos de la década de 1960. Martínez de Hoz creyó que había llegado el momento de poner en marcha un proyecto más ambicioso: la nueva estrategia de crecimiento hacia fuera. Esta estrategia pretendía corregir casi cincuenta años de historia económica, durante los cuales la industria argentina había estado protegida por altas barreras arancelarias. La visión oficial entendía que este modelo de desarrollo semiautárquico había creado las condiciones para la intervención discrecional del estado y, al frenar la competencia, era la causa de la falta de eficiencia de los empresarios locales. La primera medida en la nueva dirección fue un plan cuyo objetivo era reducir los derechos ad valorem sobre las importaciones a lo largo de un período de cinco años.

Sin embargo, el optimismo de las autoridades económicas no duró mucho porque la inflación se mostró renuente a bajar. A principios de 1977 los precios aumentaban entre un 7 y un 10 por ciento mensual. Detrás de la evolución del índice de precios estaban operando los nuevos comportamientos inducidos por la aceleración inflacionaria de 1975. Desde entonces era una práctica general entre los empresarios hacer ajustes rápidos de sus precios para responder a los cambios de la coyuntura. Los contratos eran de corto plazo, los salarios se revisaban cada tres meses y la libertad de precios permitía a las compañías reaccionar rápidamente frente a las variaciones de las tarifas del sector público, la tasa de cambio o los salarios. La economía entró en un creciente proceso de indexación, fortaleciendo así la extraordinaria resistencia mostrada por la tasa de inflación.

La persistente alza de los precios comenzó a inquietar a la Junta Militar, que había hecho de la lucha contra la inflación uno de sus objetivos inmediatos. En abril de 1977 Martínez de Hoz pidió al sector empresarial una tregua de precios de 120 días, pero ésta se llevó a cabo con tan poca convicción que sus efectos fueron insignificantes. A mediados de año, el equipo económico hizo su propio diagnóstico: la inflación era un fenómeno monetario y la incapacidad de frenarla se debía al hecho de que la oferta monetaria no había sido estrictamente controlada. Por consiguiente, el nuevo intento de controlar la inflación consistió en una política monetaria restrictiva que se puso en práctica dentro del marco de otra ambiciosa reforma: la reforma financiera.

Esta reforma modificó el sistema impuesto por el anterior gobierno peronista y estableció que la capacidad de los bancos para conceder empréstitos estaba en relación directa con los depósitos que pudieran captar del público. Esto condujo a la liberación de las tasas de interés para facilitar la competencia. Sin embargo, los militares se opusieron a eliminar la garantía del Banco Central sobre los depósitos. Así, se desarrolló un peligroso sistema híbrido en el cual coexistían tasas de interés libres y depósitos garantizados, que hizo que la competencia por fondos entre las entidades financieras fuese muy fácil y sin riesgos. Esto condujo a una expansión excesiva del sistema financiero, que se pobló de aventureros y especuladores.

Los tasas de interés aumentaron considerablemente en términos reales y perjudicaron la reactivación económica iniciada a fines de 1976. No obstante, después de dos años de recesión, 1977 terminó con una tasa positiva de crecimiento del 4,9 por ciento. Hubo también un superávit en la balanza comercial de 1.500 millones de dólares, y el déficit fiscal continuó siendo reducido (3, 3 por ciento del PIB). Sin embargo, el aumento anual de los precios al consumidor se mantuvo en la alta tasa de un 180 por ciento.

Los éxitos prometidos por la política monetaria restrictiva tardaban en materializarse, y las fuerzas armadas no estaban dispuestas a enfrentar las consecuencias sociales y políticas de una recesión prolongada. A diferencia de lo que ocurriera en Chile, la Junta Militar había vetado el recurso al desempleo. En marzo de 1978, sobre el trasfondo de una tasa mensual de inflación del 11,1 por ciento y del nivel más bajo de actividad desde 1973, Martínez de Hoz volvió a cambiar su política. La inflación se concebía ahora como expresión de las expectativas de agentes económicos que, en un clima de incertidumbre, adoptan medidas defensivas. En vista de ello, decidió retrasar los incrementos de las tarifas públicas y el tipo de cambio con relación a la inflación anterior. En diciembre de 1978 esta decisión se convirtió en política oficial por medio de un programa que determinaba los incrementos futuros de la tasa de cambio y de las tarifas públicas, y fijaba pautas para el aumento del volumen del crédito interno. En enero de 1979, los incrementos previstos en estas variables económicas se establecieron en niveles muy inferiores a los índices de inflación registrados a fines de 1978.

Mientras se ponía en marcha este temerario experimento económico, Argentina fue llevada a un grave conflicto con Chile. Un año antes, la Junta Militar había rechazado el fallo del arbitraje confiado a Gran Bretaña sobre la larga disputa con Chile relativa al control del Canal de Beagle, situado en el extremo más meridional de Argentina, que beneficiaba al país transandino. En diciembre de 1978 las conversaciones bilaterales con el gobierno de Pinochet se encontraban en un punto muerto. Las fuerzas armadas argentinas estaban listas para entrar en acción, cuando una intervención a última hora del Vaticano evitó la guerra en ciernes. La principal consecuencia económica de este incidente fue el reequipamiento de las fuerzas armadas. En 1979,1980 y 1981, el gasto militar alcanzó niveles sin precedentes y fue responsable en gran parte de la reversión en la tendencia del déficit fiscal y el aumento de la deuda exterior debido a la compra de armas en el extranjero.

En 1979 la política represiva del régimen militar se atenuó; de hecho, sus objetivos se habían alcanzado. El movimiento guerrillero había sido destruido y quienes escaparon con vida dejaron de forma clandestina el país. La mayoría de los intelectuales de izquierda también se vio forzada al exilio. El general Roberto Viola, que sustituyó a Videla como comandante en jefe del ejército después de que éste fuera confirmado como presidente por otros tres años a mediados de 1978, presentaba un estilo menos sombrío y autoritario que su predecesor. Aunque eran débiles, las primeras señales de una liberalización del régimen pusieron en guardia a los sectores del ejército partidarios de la línea dura. A finales de 1979 el general Luciano Menéndez intentó desde Córdoba organizar una rebelión llamando a restaurar la prohibición total de la actividad política y a acallar las voces cada vez más fuertes que exigían una explicación oficial de lo ocurrido con las personas desaparecidas. La intentona fracasó, pero fue un síntoma revelador de los conflictos que se estaban incubando en la corporación militar. En contraste con la actitud de Menéndez, el almirante Massera, que fuera responsable de uno de los capítulos más sangrientos de la represión antes de dejar la jefatura de la marina en 1978, empezó a desvincularse públicamente de la guerra sucia.

Las clases alta y el establishment económico que habían respaldado a Videla no ocultaban su malestar frente al aislamiento internacional de la Argentina. A pesar de la misión que la Junta Militar se había autoasignado —la defensa de los valores occidentales en los albores de una tercera guerra mundial—, había cosechado pocas simpatías. Las relaciones con Estados Unidos eran sumamente tensas debido al conflicto entre la metodología utilizada por la Junta Militar para cumplir su misión y la política favorable a los derechos humanos del presidente Cárter. Las buenas relaciones con el mundo financiero internacional eran, tal vez, el único aspecto positivo en un clima poco amistoso. La hostilidad que despertaba el régimen militar se manifestó de manera simbólica cuando un activista de los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1980.

El programa de desindexación que Martínez de Hoz puso en marcha en diciembre de 1978 se basaba en una apuesta audaz. Dado el descenso de la tasa de devaluación, las autoridades económicas tenían la esperanza de que la tasa de crecimiento de los precios internos acabara coincidiendo con la suma de la tasa predeterminada de devaluación y la tasa de inflación internacional. Esta política cambiaría se apoyaba en el gran aumento de las exportaciones resultante de un fuerte incremento de la producción agrícola. Los ingresos obtenidos de las exportaciones pasaron de 3.000-4.000 millones de dólares en 1976 a 6.000-8.000 millones en 1979-1980. Estos incrementos reflejaban cierto retraso del tipo de cambio, que era el instrumento inicial del programa. La consecuencia inmediata de esta política fue el descontento de los productores rurales y la renuncia de algunos miembros del equipo económico que estaban vinculados a este sector.

En un esfuerzo por acelerar la convergencia de la tasa de inflación con la política cambiaría oficial, se aumentó el nivel de exposición de la economía a la competencia internacional. Convencido de que si no se disciplinaba a los empresarios industriales la lucha contra la inflación no tendría éxito, Martínez de Hoz intensificó la reducción de los aranceles. Esta medida de apertura permitiría limitar los aumentos de precios a los márgenes fijados por la competencia de bienes importados, al tiempo que ayudaría a eliminar a las empresas ineficientes. Este desafío a una estructura sumamente protegida abrió un nuevo foco de conflictos, esta vez con el sector industrial.

La viabilidad del programa antiinflacionario resultó más problemática de lo que se esperaba. Durante los ocho primeros meses del régimen, la tasa de crecimiento de los precios domésticos fue del doble de la tasa de devaluación pautada. Luego se fue produciendo una desaceleración de la inflación, que pasó 175 por ciento en 1978 a 160 por ciento en 1979 y el 100 por ciento en 1980. Sin embargo, la lógica del proceso puesto en marcha se reveló explosiva. El atraso cambiarlo requerido para desacelerar la inflación generaba un creciente déficit en la cuenta corriente; a su vez, era necesaria una más alta tasa de interés para cerrar la brecha con el exterior. En un contexto de inflación reprimida, las tasas de interés reales se hicieron insoportables para los sectores productivos, y las deudas morosas de las empresas empujaban al sistema financiero hacia una crisis.

Al examinar la secuencia que siguió el experimento de Martínez de Hoz, vemos que el precio del descenso de la inflación fue una espectacular revaluación del peso: entre un 40 y un 50 por ciento más que el promedio de los treinta años previos. El superávit comercial de 2.000 millones de dólares registrado en 1978 se convirtió en un déficit que fue modesto en 1979 y no tan modesto en 1980: 2.500 millones de dólares. En la década de los setenta, la balanza comercial había presentado un superávit, con excepción de 1975. Pero mientras que el déficit de 1975 lo causaron fuertes incrementos de la actividad doméstica, los déficits de 1979 y 1980 ocurrieron en un contexto de recesión, donde el incremento de los gastos en importaciones —fruto del retraso cambiarlo y la rebaja de los aranceles— estuvo orientado a bienes competitivos con la producción local.

Martínez de Hoz se esforzó por cubrir los desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza de pagos y con ese fin alentó el ingreso de capitales externos. El resultado fue que la desregulación del sistema financiero emprendida en 1977, el levantamiento progresivo de las trabas a la obtención de créditos en el exterior y la política doméstica de dinero caro, condujeron a un proceso creciente de endeudamiento externo. Este proceso adquirió un nuevo impulso después de diciembre de 1978, cuando la progresiva revaluación del peso, al hacer negativa la tasa de interés real en moneda local, estimuló una intensa demanda de capital externo. La deuda externa neta pasó de 6.459 millones de dólares a fines de 1978 a 19.478 millones en 1980, es decir, se triplicó en sólo dos años.

A medida que el sector externo comenzó a deteriorarse y el Banco Central perdía las reservas que había acumulado, también surgieron dudas sobre el compromiso de las autoridades económicas de mantener la tasa predeterminada de devaluación. A su vez, esta incertidumbre hizo subir el coste del dinero y a fines de 1979 las tasas de interés pasaron a ser fuertemente positivas. Las empresas entraron en una crisis de liquidez, amenazadas por el encarecimiento del crédito y el descenso de las ventas. Muchas de ellas quebraron y con ello inmovilizaron las carteras de valores de los bancos. En marzo de 1980 se desató un pánico financiero cuando el Banco de Intercambio Regional, el más importante de los bancos privados, no pudo afrontar sus obligaciones y fue cerrado por el Banco Central, junto con otros veintisiete que sucesivamente se declararon en bancarrota. El Banco Central se vio obligado a inyectar enormes cantidades de fondos líquidos con el fin de pagar los depósitos de los bancos cerrados.

Así, la confianza pública en la política cambiaría oficial se vio seriamente afectada. Muchos aprovecharon los que parecían ser los últimos meses de un mercado financiero libre para sacar su capital del país. Para entonces, la sangría de reservas ya era imparable. Las autoridades económicas trataron de compensar la salida de capitales obligando a las empresas públicas a contraer deudas en el exterior. La presión sobre el mercado cambiario continuó aumentando; en febrero de 1981 Martínez de Hoz abandonó la política de pautas y decidió llevar a cabo una devaluación del 10 por ciento que, sin embargo, fue insignificante ante un retraso cambiario de alrededor del 50 por ciento. El experimento económico iniciado en diciembre de 1978 había llegado a su fin.

Este panorama desalentador fue el telón de fondo de la sucesión presidencial. De acuerdo con el cronograma político que había fijado la Junta Militar, el nuevo presidente debía asumir el poder en marzo de 1981. El candidato natural era el general Roberto Viola, comandante en jefe del ejército, pero su candidatura encontró no pocas resistencias en la marina y en sectores importantes del ejército, que temían que intentase poner en marcha un proceso de liberalización política. Después de varios meses de negociaciones intra-militares, el nombramiento de Viola se hizo oficial en octubre de 1980. Los seis meses que debieron transcurrir hasta que Viola se hiciera cargo de la presidencia agregaron perturbaciones a la ya incierta marcha de la economía. La devaluación del 10 por ciento decretada por Martínez de Hoz no fue suficiente para poner fin a las especulaciones sobre futuras devaluaciones, en particular porque era sabido que los consejeros económicos de Viola eran críticos de la política vigente. Además, los partidarios de la línea dura en las fuerzas armadas, acaudillados por el general Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya, comandantes en jefe del ejército y la marina, respectivamente, desconfiaban de la apertura política que el nuevo presidente intentaba llevar a cabo.

El proyecto del sucesor de Videla recordaba el intento que el general Lanusse hiciera en 1971, pero las circunstancias no le eran igualmente favorables. Diez años antes, el general Lanusse pudo justificar un retomo al juego político ante sus camaradas invocando la necesidad de frenar una fuerte oposición social. Ahora, la protesta contra el régimen militar carecía del potencial desestabilizador de entonces. Para los críticos de Viola dentro de la corporación militar el paso que éste se disponía a dar era precipitado. El recuerdo ominoso del desenlace final del intento de Lanusse condenaba toda pretensión de repetir un proyecto semejante. Fuera de los grupos conservadores, los militares de 1976 no habían suscitado adhesiones políticas significativas. El peronismo y el radicalismo continuaban siendo las fuerzas políticas más importantes. Un acercamiento a ellas concluiría en elecciones libres y en un retomo al estado de derecho. Desde la perspectiva de los militares partidarios de la línea dura, esto significaba archivar los objetivos del golpe de 1976 en favor de los mismos políticos a quienes habían desalojado del poder con el fin de crear una nueva élite dirigente.

El general Viola asumió el cargo en marzo de 1981 como expresión de un sector de las fuerzas armadas y bajo la estrecha vigilancia del otro. Nueve meses después fue destituido y se clausuró su política de apertura. Durante este breve interregno, los críticos de la política de Martínez de Hoz entraron a formar parte del gabinete y establecieron contactos oficiales con los sindicatos y los partidos políticos. En julio de 1981 se creó la llamada Multipartidaria, que, como la Hora del Pueblo en 1971, era una coalición de partidos cuyos socios mayoritarios eran peronistas y radicales. Sus objetivos eran los mismos de siempre: negociar la transición política e impedir el crecimiento sin control de una oposición radicalizada. La cautelosa apertura del general Viola y los planteamientos moderados de la Multipartidaria se encaminaron en la misma dirección. Ambos procuraron no antagonizar a los sectores duros de la Junta Militar, que hacía continuas advertencias contra una eventual desviación populista y desalentaba toda esperanza de que se llevara a cabo una rápida institucionalización. Tanta prudencia fue en vano.

La crisis de credibilidad que acompañó a la breve presidencia de Viola no ayudó a la gestión de la crítica situación económica heredada. En abril, el ministro de Economía de Viola empezó con una devaluación del 30 por ciento para conjurar el colapso de la política cambiaría de Martínez de Hoz. Pero no logró calmar los mercados, y en julio tuvo que anunciar otra devaluación del 30 por ciento. Se reforzó el tipo de cambio real, pero a costa de acentuar la recesión y el descenso de los salarios reales. Más tarde, Viola tuvo que introducir restricciones en los mercados cambiarlos con el fin de bloquear la huida de capitales. A su vez, las devaluaciones complicaron más la situación de las empresas que habían obtenido créditos de corto plazo en el exterior. Entonces el gobierno les ofreció garantías y subsidios que tendieron a estimular la renovación de las deudas, con el objetivo de desviar la presión sobre las exangües reservas de divisas. A costa de un importante quebranto fiscal, comenzó así la transferencia de la deuda privada al sector público.

En diciembre de 1981 el liderazgo del régimen militar le fue confiado al general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien concentró en su persona tres cargos: presidente, miembro de la Junta y comandante en jefe del ejército. Bajo su dirección, los militares argentinos volvieron a los orígenes, restableciendo el control autoritario sobre la vida política. La ascensión del nuevo hombre fuerte se debió en gran parte al cambio en el contexto internacional. La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca puso fin al aislamiento del régimen. Galtieri había viajado dos veces a Estados Unidos en 1981 y se había ganado las simpatías del gobierno republicano, pronto ahora a archivar la política de derechos humanos de Cárter. El futuro presidente argentino correspondió a las atenciones ofreciendo apoyo militar a las operaciones de contrainsurgencia de los Estados Unidos en América Central. Expertos argentinos en inteligencia y lucha antisubversiva fueron enviados a El Salvador, Guatemala y Honduras. Las enseñanzas recogidas durante los años de la guerra sucia fueron, también, usadas para entrenar a los antiguos partidarios de Somoza en acciones contra el gobierno de Nicaragua.

Con el respaldo de sus anfitriones de Washington, a quienes aquel hombre alto, tosco y mal hablado había divertido con sus imitaciones del general Patton, Galtieri tomó el poder y reintrodujo a los economistas liberales en el Ministerio de Economía. Los encabezaba Roberto Alemán, que había sido ministro en 1961 y era muy respetado en los círculos financieros por su ortodoxia. Alemán intentó reproducir, en un escenario diferente, la economía política liberal de los primeros años del régimen. En su esfuerzo por controlar la inflación se propuso reducir el tamaño del estado. Aunque es cierto que el gasto público descendió, este descenso no obedeció a una reforma del estado —que nunca se emprendió—, sino al congelamiento de los salarios de los empleados públicos y de las tarifas de los servicios públicos. Ambas medidas ayudaron a desacelerar la inflación a corto plazo. Alemán también suprimió los controles en el mercado de cambio que había impuesto su predecesor y permitió que el peso flotara libremente. Esto implicó otra devaluación de alrededor del 30 por ciento, que sumada a las sucesivas devaluaciones efectuadas desde abril de 1981, mejoró el balance comercial. El objetivo era generar un fuerte superávit que permitiese hacer frente a los pagos al exterior, dado que el acceso a los mercados financieros internacionales estaba cerrado.

El ministro de Economía del general Galtieri intentó calmar la preocupación que la creciente crisis de pagos de Argentina despertaba en los medios financieros. Pero la incertidumbre no desapareció. La tasa de cambio comenzó a moverse de manera errática y Alemán tuvo que abandonar su política de flotación libre. Este retroceso no era independiente de lo que sucedía en la escena política. El retorno de la ortodoxia económica había hecho aflorar un amplio descontento que se manifestó de manera más militante que en el pasado reciente. Esta protesta creciente parecía conspirar contra la idea que compartían muchos jefes militares de salir de su aislamiento y preparar la sucesión política del régimen. Aunque no todos los militares lo confesaran abiertamente, eran conscientes de estar atravesando por uno de esos momentos ya conocidos en la historia de Argentina en que la presión favorable a una solución institucional era irreversible. El almirante Massera ya había creado su propio partido y había establecido sugestivos contactos con algunos sectores peronistas. Sobre este trasfondo, Galtieri emprendió una audaz operación con miras a apuntalar la maltrecha legitimidad del régimen y retener el poder: la ocupación de las Islas Malvinas (Falklands), que eran una posesión británica desde 1833.

El tema de las Malvinas siempre había estado presente en la agenda de política internacional de los militares. En diciembre de 1976 Argentina había persuadido a la Asamblea de la ONU a instar a Gran Bretaña, por tercera vez, a iniciar conversaciones sobre la descolonización de las islas. Los británicos optaron por continuar sus tácticas dilatorias durante los cuatro años siguientes mientras la frustración y la irritación iban en aumento en Buenos Aires. En este marco, la marina argentina empezó a preparar un plan de invasión. A fines de 1981 Gran Bretaña decidió reducir su presencia en el Atlántico Sur y el gobierno argentino hizo un nuevo esfuerzo por desbloquear las negociaciones. Cuando el general Galtieri asumió la presidencia, tras el fracaso de las gestiones diplomáticas, dio su consentimiento al almirante Anaya, jefe de la marina y pieza clave de su ascenso al poder, para que iniciara las operaciones. El 2 de abril de 1982 los primeros infantes de marina argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas.

Las expectativas políticas depositadas por el general Galtieri en el operativo militar se vieron satisfechas de inmediato. El fervor nacionalista cundió en todo el país y el régimen recibió el respaldo popular que tanto necesitaba. La plaza de Mayo, que cuatro días antes había sido el escenario de una movilización sindical contra la política económica, violentamente reprimida por la policía, se pobló de una multitud entusiasmada que vitoreaba a los militares. También los partidos políticos dieron su apoyo, pues confiaban en que una vez recuperado su prestigio los militares serían menos reacios a dejar el gobierno. Sin embargo, esta oleada patriótica terminó llevando a las fuerzas armadas más allá de sus planes originales. La invasión se había concebido para presionar a Gran Bretaña. Se esperaba que, frente a la decisión del gobierno argentino, las comunidad internacional obligara a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, a entablar negociaciones firmes; en cuanto éstas empezaran, las tropas argentinas regresarían a sus bases después de una breve estancia en las islas. Pero el tono triunfalista de la propaganda oficial hizo que a la Junta Militar perdiera el control sobre los acontecimientos. Además, la señora Thatcher no estaba dispuesta a transigir. Estados Unidos, con cuya neutralidad habían contado los militares argentinos, se mantuvo leal a su aliado tradicional y Argentina se encontró en guerra con una gran potencia, que perdió con una derrota sin atenuantes. El 4 de junio de 1982 las Malvinas volvían a estar en poder de los ingleses.

Las secuelas políticas de la derrota en el Atlántico Sur precipitaron la descomposición del régimen militar argentino, del mismo modo que la derrota a manos de los turcos en la guerra por Chipre había puesto fin al gobierno de los coroneles griegos en 1974. Los militares lograron mantenerse en el poder durante otro largo año, en el transcurso del cual los conflictos que los dividían afloraron sin pudor a la superficie. La Junta Militar se disolvió a la práctica con el retiro de la marina y la fuerza aérea. El ejército quedó a cargo del gobierno y designó presidente al general Reynaldo Bignone, al que encomendó la misión de transferir el poder tan rápidamente como fuera posible. Mientras las tres armas ajustaban cuentas en público, acusándose mutuamente de ser responsables de la derrota militar, el gobierno tuvo que hacer frente a los problemas económicos inmediatos.

Con las reservas del Banco Central prácticamente agotadas, se impusieron controles de cambios y se suspendieron los pagos exteriores. La deuda exterior superaba ahora los 35.000 millones de dólares, la mitad de los cuales vencían a fines de 1982. Hasta 1981 había sido posible efectuar los pagos previstos tomando nuevos préstamos a corto plazo. Ahora, en cambio, la credibilidad de Argentina en los círculos financieros internacionales había desaparecido. Bignone también se encontró con que no podía negociar libremente con los acreedores, dado que algunos sectores intentaban mantener un estado de belicosidad financiera. La línea moderada logró imponerse y se entablaron negociaciones con el FMI y los bancos comerciales en un intento de pagar las cantidades cuyo plazo ya había vencido y aplazar los restantes pagos.

En enero de 1983 se aprobó un nuevo stand-by con el FMI en virtud del cual el gobierno prometió corregir una crisis económica caracterizada por un déficit fiscal del 14 por ciento del PIB, una tasa de inflación anual del 310 por ciento y un déficit de la balanza de pagos de 6.700 millones de dólares. El programa económico que se acordó reflejaba la visión tradicional del FMI, según la cual el déficit externo era atribuible al excesivo gasto interno. Sin embargo, mientras que anteriores desequilibrios externos de Argentina se habían expresado por medio de un déficit de la balanza comercial, ahora la cuenta comercial presentaba superávit y las causas del desequilibrio eran el pago de intereses de la deuda externa y el alza de las tasas de interés internacionales. El acuerdo de disponibilidad inmediata con el FMI y la subsiguiente negociación de la deuda con bancos comerciales permitieron reunir los 3.700 millones de dólares que hacían falta para hacer frente a la situación externa a corto plazo.

Mientras tanto, el gobierno emprendió una reforma financiera cuyo objetivo era auxiliar al sector privado. La deuda interna existente en aquel momento fue prorrogada obligatoriamente cinco años a tasas de interés bajas determinadas por el Banco Central, que también proporcionó los fondos. La idea básica en este sentido era reactivar la economía estancada por medio de una licuación de la deuda del sector privado, que había alcanzado niveles peligrosos debido a las elevadas tasas de interés y a la enorme devaluación del peso: un 800 por ciento por encima de los incrementos de los precios durante los dieciocho meses anteriores. Igualmente grave era la deuda contraída por el gobierno en los mercados locales. La intención de las autoridades económicas era desencadenar una fuerte y única subida de precios que redujera la deuda pública y privada en términos reales mediante una transferencia permanente de recursos de depositantes a deudores; por consiguiente, los precios subieron a un nuevo nivel mensual de entre el 15 y el 20 por ciento. El gobierno también continuó siendo generoso con la deuda externa del sector privado y tomó nuevas medidas para traspasar la mayoría de los compromisos externos al sector público. Camuflada por la caída del régimen militar, esta racha de medidas heterodoxas en beneficio de la comunidad de negocios provocó gran descontento en la opinión pública. Bignone tuvo que reorganizar el Ministerio de Economía y puso al frente del mismo a Jorge Whebe, quien ya había ocupado el puesto durante el último tramo de la presidencia de Lanusse en 1973. Esta simbólica designación fue una señal clara de que los militares se disponían a retirarse.

La situación económica que dejaban atrás estaba lejos de ser saludable. Entre 1976 y 1982 el PIB global mostró una tasa anual acumulativa y negativa del 0,2 por ciento. Durante cuatro de los siete años de gobierno militar, el PIB disminuyó en términos absolutos (1976, 1978, 1981, 1982). El nivel de actividad global en 1982 fue inferior en un 1, 3 por ciento al de 1975, momento en que se había interrumpido el largo período de crecimiento que comenzara en 1964. La caída fue aún más marcada en la industria y el comercio: el producto manufacturero fue un 20 por ciento inferior al de 1975, a la vez que la actividad comercial era inferior en un 16,4 por ciento. El crecimiento negativo de la economía estuvo asociado a un descenso de la demanda interna, así como a la substitución de la producción doméstica por importaciones. Esto fue acompañado de un descenso de la industria, que declinó hasta representar un 22, 3 por ciento del PIB en 1982, mientras que la cifra había sido de un 27,8 por ciento en 1975. Durante el mismo período el número de obreros industriales disminuyó en un 35 por ciento.

La única evolución positiva se había registrado en las exportaciones, aunque un incremento del 8, 1 por ciento entre 1976 y 1982 no compensó la inundación de los mercados locales por las importaciones. Un efecto paradójico de las medidas liberales fue el crecimiento de la inversión pública por encima de la inversión total. La incertidumbre dominante durante estos años convirtió los proyectos de inversión estatales en un reaseguro contra el estancamiento y atrajo hacia los contratos públicos a los empresarios privados.

Un resultado previsible de estas políticas fue la contracción en el nivel de ingreso real de los asalariados. Este deterioro puede estimarse entre el 30 y el 50 por ciento en el período que va de 1976 a 1982. A ello se sumó una redistribución regresiva del ingreso. Así, el 5 por ciento de la población que percibe los ingresos más elevados pasó de concentrar el 17,2 por ciento del ingreso total en 1974, al 22, 2 por ciento en 1982. A esta concentración del ingreso hay que agregar la fuga de capitales, que convirtió a sectores importantes de la clase media alta en tenedores de activos financieros por miles de millones de dólares en centros financieros del exterior. A fines de 1982 la deuda exterior era de 43.600 millones de dólares. A diferencia de la situación que existía en otras naciones endeudadas, el crecimiento de la deuda externa no fue acompañado por el crecimiento del PIB sino que se generó para sostener una política que condujo a la desindustrialización y el estancamiento.

El otro legado de los militares fueron las secuelas de la política de represión. Durante la fase final de su período en el poder, los militares intentaron infructuosamente que los partidos les garantizaran que no se les castigaría por la violación de los derechos humanos. Convocadas las elecciones para octubre de 1983, los partidos salieron a competir tomando distancia del régimen militar. De las dos fuerzas más importantes —peronistas y radicales— fueron estos últimos quienes, contradiciendo los pronósticos iniciales mejor supieron hacerlo.

Desde 1946 los peronistas mantenían la primacía electoral cada vez que los argentinos pudieron expresar libremente sus preferencias políticas. El Partido Radical enfrentó este desafío a través de una reorganización interna, de la cual emergió el nuevo liderazgo de Raúl Alfonsín. Con el fin de hacer frente al renacimiento de la vieja retórica populista de los peronistas, Alfonsín formuló un programa original. Definió la pugna electoral en términos de democracia contra autoritarismo y anunció que su partido era el que estaba mejor preparado para reconstruir un sistema democrático en Argentina. De esta manera capturó el humor del electorado que deseaba dejar atrás una larga década de horror. El peronismo no logró presentarse como representante creíble de esta aspiración colectiva, que era mucho más moderada que la que le había dado la victoria en 1973. Además, durante la campaña Alfonsín hizo una conexión explícita y convincente entre los peronistas y los militares al advertir sobre la existencia de un «pacto sindical-militar» y alegar que el alto mando de las fuerzas armadas había decidido apoyar a un futuro gobierno peronista, a cambio de lo cual los líderes de los sindicatos peronistas promoverían el perdón de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares.

Los resultados de las elecciones del 30 de octubre de 1983 dieron a los radicales 7.725.873 votos (el 50 por ciento) y a los peronistas, 5.994.406 (el 39 por ciento). El contraste con los porcentajes de 1973, el 26 por ciento para los radicales y el 65 por ciento para los peronistas, no hubiera podido ser mayor. Además del voto de los argentinos que eran tradicionalmente leales al radicalismo, la coalición triunfante se ganó el apoyo del electorado de centroderecha, los votos de pequeñas agrupaciones de izquierda y un porcentaje significativo de adhesiones peronistas; también recibió una mayoría del voto de las mujeres y los jóvenes. En el contexto de una grave crisis económica y bajo el impacto de las heridas de la represión todavía abiertas, comenzó en Argentina una nueva experiencia democrática.

LA PRESIDENCIA DE ALFONSÍN Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA, 1983-1989

Una vez disipada la sorpresa producida por el resultado de las elecciones, la toma de posesión de la presidencia por parte de Raúl Alfonsín fue recibida con alivio y esperanza tanto en Argentina como en el extranjero. El nuevo gobierno surgía de la ruina de dos experiencias que, con su carga de violencia y crisis, habían afectado profundamente la conciencia colectiva: el retomo y la caída del gobierno peronista y el posterior derrumbe de la dictadura militar. El experimento democrático que se iniciaba a fines de 1983 estuvo investido así de la expectativa de un nuevo comienzo, después de largos años de inestabilidad política y fracaso económico.

Sin embargo, las mismas condiciones que lo habían hecho posible le plantearon complejos desafíos. En primer lugar, el régimen autoritario dejó el poder sin haber establecido un pacto político. Mientras que en Brasil y Uruguay los militares llegaron explícita o implícitamente a un acuerdo con los civiles sobre el retomo al orden constitucional, en Argentina la rapidez con que perdieron el poder impidió a las fuerzas armadas fijar las condiciones bajo las que abandonaban el control del estado. De resultas de ello, los líderes democráticos se encontraron libres de gravosos compromisos pero, a la vez, confrontados a la grave responsabilidad de decidir cómo resolver la cuestión militar. La fresca memoria de las recientes violaciones de los derechos humanos complicaba todavía más el futuro.

En segundo lugar, la primera derrota de los peronistas en elecciones libres trajo aparejadas inesperadas consecuencias. El desenlace de los comicios podía interpretarse como el final de una era política y el principio de otra; y ésta fue la percepción dominante entre los radicales, no obstante el importante número de votos obtenidos por el Partido Justicialista. Los radicales creyeron que la derrota del peronismo y la crisis que estalló en sus filas, anticipaba la próxima desintegración de esa fuerza política otrora poderosa. Confiados en esa interpretación, se dispusieron a formar un nuevo movimiento político articulado en tomo al liderazgo de Alfonsín y pronto a absorber los despojos liberados por la disgregación de sus tradicionales rivales políticos. Esta visión les dictó actitudes que hicieron más difícil llegar a acuerdos con los peronistas sobre cuestiones cruciales de la transición democrática. La derrota electoral fue en verdad un golpe inesperado y fulminante para los peronistas, acostumbrados a considerarse a sí mismos como el partido natural del gobierno, e hizo más intensa la crisis interna que atravesaban desde la muerte de Perón. Temerosos de perder su identidad en la ofensiva política lanzada por el nuevo gobierno, los peronistas acentuaron su papel. Ello les permitió mantenerse unidos, en medio de sus disidencias, pero al precio de actuar con una lógica política que condenaba de antemano las iniciativas del radicalismo y cancelaba el espacio de los acuerdos. En estas circunstancias, las dos principales fuerzas políticas entraron en el período posautoritario en franca competencia entre sí.

Las consecuencias de la polarización política entre radicales y peronistas fueron potenciadas por la distribución del poder institucional que emergió de las elecciones de 1983. El Partido Radical ganó la presidencia, pero se vio privado de una mayoría clara en el Congreso, obteniendo 129 escaños en la Cámara de Diputados sobre un total de 254. El partido Justicialista alcanzó los 111 escaños, con lo que mantuvo una posición importante desde la cual podía ejercer una presión complementada por su fuerza en el Senado; allí los peronistas consiguieron 21 escaños, los radicales 18, mientras que los 7 restantes quedaron distribuidos entre partidos provinciales.

Galvanizado por el éxito, nacional e internacional, de su cruzada democratizadora, Alfonsín abordó sus tareas de gobierno de una forma audaz y decisiva, a pesar de la magnitud de los problemas heredados. Sus primeras medidas estuvieron inspiradas por el mensaje de justicia que cautivara a tantos argentinos durante la campaña electoral. Tres días después de asumir la presidencia dictó dos decretos. El primero ordenaba la detención y el enjuiciamiento de los miembros de las tres juntas militares que habían gobernado el país entre 1976 y 1983; el segundo dispuso hacer lo mismo con los líderes guerrilleros que habían sobrevivido a la represión.

Con relación a las instituciones militares, la estrategia de Alfonsín perseguía un doble objetivo: el castigo de los oficiales que habían cometido violaciones de los derechos humanos y la incorporación de las fuerzas armadas al nuevo orden democrático. Por esta razón, el proceso judicial promovido por el gobierno apuntó inicialmente a que los militares se juzgaran a sí mismos; Alfonsín estaba convencido de que una exitosa autodepuración permitiría castigar a los principales responsables de la «guerra sucia» sin antagonizar a las instituciones militares en conjunto. Por tanto, envió al Congreso un proyecto de enmienda del Código de Justicia Militar que otorgaba jurisdicción inicial sobre el personal uniformado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Para forzar un juicio rápido, el proyecto establecía que si después de seis meses de comenzado el trámite jurídico, el tribunal militar no había dado su veredicto, el tratamiento de los casos sería transferido a la justicia civil. La enmienda también limitaba el número de militares a ser incriminados. Durante la campaña electoral Alfonsín había formulado una importante distinción entre tres grupos de personal militar con diferentes niveles de responsabilidad: los que habían dado órdenes de represión, los que habían cometido excesos al cumplir órdenes y los que no habían hecho más que cumplir órdenes. El peso del castigo recaería sobre los dos primeros, en tanto que el tercer grupo sería perdonado por haber actuado de acuerdo con las normas de disciplina militar.

Mientras Alfonsín desplegaba esta estrategia, las organizaciones defensoras de los derechos humanos se movilizaron rápidamente reclamando la formación de una comisión especial del Congreso para la investigación de la desaparición de personas. Esta era una iniciativa llena de riesgos para los objetivos del gobierno, y para bloquearla fue creada desde la presidencia la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), compuesta por figuras independientes con la única tarea de recibir y verificar acusaciones dentro de un período de seis meses. No obstante esta limitada función, durante el lapso de tiempo que estuvo en actividad la CONADEP contribuyó a sensibilizar a la opinión pública, que, al cabo de un período de forzada o voluntaria ignorancia, fue tomando conciencia de la magnitud de la represión militar, gracias a los testimonios de los parientes de las víctimas, al descubrimiento de centros clandestinos de tortura y de cementerios donde habían sido enterradas personas no identificadas.

La consideración por parte del Congreso de la enmienda al Código de Justicia Militar alteró el delicado equilibrio que sostenía la estrategia de Alfonsín. A raíz de la propuesta de un senador peronista, el Congreso modificó el concepto de obediencia debida y excluyó de sus beneficios a quienes hubieran cometido actos aberrantes o atroces. Esta nueva versión de la enmienda frustró la intención del gobierno de limitar el número de acusados, dado que una mayoría de los casos a ser juzgados podría estar dentro de esa imprecisa y vaga categoría. La suerte de la iniciativa oficial pasó entonces a depender más que nunca de la colaboración de los tribunales militares: si éstos no cumplían la misión que les encomendaba Alfonsín, toda su estrategia corría peligro porque los casos terminarían siendo juzgados por tribunales civiles y era poco probable que éstos colaborasen con su objetivo, celosos de la independencia que habían recuperado en el nuevo clima democrático.

A fines de septiembre de 1984, y terminando el período que le fuera asignado para su definición, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dio a conocer una declaración que refrendaba los procedimientos utilizados en la lucha contra la subversión. Así las cosas, el 22 de abril de 1985 comenzó el juicio público de las ex juntas militares por un tribunal civil. Después de tres meses y medio de tensas deliberaciones, el general Jorge R. Videla y el almirante Emilio Massera fueron condenados por decisión unánime a cadena perpetua, y se sentenció al general Roberto Viola a diecisiete años de cárcel, al almirante Armando Lambruschini a nueve años y al brigadier Osvaldo Agosti a cuatro años y medio. Los miembros de la tercera junta militar quedaron en libertad por falta de pruebas suficientes, pero el general Leopoldo F. Galtieri, así como el almirante Jorge I. Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, fueron sometidos a consejos de guerra por la derrota en la guerra de las Malvinas. Los sectores democráticos recibieron con satisfacción las sentencias contra Videla y Massera, aunque hubieran preferido penas más duras para los otros jefes militares. En cambio, en los círculos ligados a la corporación militar, las sentencias fueron vistas como una maniobra política montada para erosionar el prestigio de las fuerzas armadas. De esta forma, para algunos, la violación de los derechos humanos no había sido suficientemente castigada; para otros, los oficiales condenados eran hombres que habían salvado a la nación derrotando a la subversión.

La política de Alfonsín hacia los sindicatos se enfrentó a dificultades parecidas. Junto a la condena del autoritarismo militar, la crítica a los líderes sindicales ocupó un lugar sobresaliente en la propaganda electoral del Partido Radical. Los viejos radicales de nuevo en el gobierno no olvidaban la hostilidad sin concesiones de los gremios peronistas hacia el presidente Illía entre 1964 y 1966. Este recuerdo, sumado a la sospecha más reciente de un pacto entre los sindicatos y los militares en la víspera de las elecciones de 1983, llevó al gobierno a otorgar alta prioridad a la renovación de las direcciones sindicales. Los portavoces oficiales sostuvieron que así como los dirigentes políticos habían revalidado sus títulos a través de las urnas, ahora había llegado el momento para que los dirigentes sindicales hicieran lo mismo, sometiéndose a la opinión de sus bases. A principios de 1984 Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para organizar a partir de nuevas reglas elecciones dentro de los sindicatos. Para ello proponía una estructura más abierta para la selección de candidatos y el ejercicio del voto. Asimismo confiaba al Ministerio de Trabajo la tarea de supervisar las elecciones y de garantizar la competencia entre los candidatos. La iniciativa oficial puso en pie de guerra a los dirigentes sindicales, acostumbrados a un control sin restricciones sobre sus aparatos, y unificó al movimiento peronista en su contra. Así, los legisladores peronistas, que poco antes habían responsabilizado al sindicalismo por la reciente derrota electoral, se movilizaron en defensa de sus prerrogativas tradicionales. El proyecto final fue finalmente derrotado en el Senado, a pesar de contar con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Fracasada la iniciativa, el ministro de Trabajo tuvo que dimitir; su sucesor retomó el objetivo de la democratización sindical, pero ahora en el marco de un entendimiento con los dirigentes obreros. El Congreso aprobó luego una nueva ley, estableciendo condiciones menos restrictivas y una más acotada intervención de las agencias gubernamentales. Celebradas a fines de 1984, las elecciones sindicales no aportaron mayores sorpresas, y en los hechos las expectativas cifradas en una renovación de las direcciones no se materializaron. Este nuevo fracaso del plan político de Alfonsín fue otro de los indicios de las limitaciones que la distribución del poder institucional resultante de los comicios de 1983 imponía a las aspiraciones del nuevo gobierno.

La resolución del litigio con Chile en torno a las islas del Canal de Beagle fue en cambio más afortunada. Después de casi llegar a un enfrentamiento armado en 1978, ambos países habían acordado someter sus diferencias al arbitraje del Vaticano. En enero de 1984 Argentina y Chile firmaron en Roma una Declaración de Paz y Amistad que según estipulara el laudo papal adjudicaba a Chile la posesión de las islas en disputa. A pesar de la airada reacción de los sectores nacionalistas, Alfonsín hizo suya con firmeza la resolución y fijó el 25 de noviembre de 1984 como fecha para la celebración de un referéndum nacional para decidir la cuestión. Esta consulta popular, la primera en Argentina, tenía por finalidad ejercer presión sobre el Congreso, donde la oposición peronista amenazaba con utilizar su poder de veto para rechazar la ratificación del tratado. Con una alta participación popular, más del 80 por ciento votó a favor de aceptar el laudo papal, que fue luego avalado por el Congreso, si bien por un estrecho margen de votos. Donde no se hicieron progresos apreciables fue en otro capítulo central de la agenda de política exterior, las negociaciones con Gran Bretaña sobre las islas Malvinas. La señora Thatcher no estaba dispuesta a hablar de la soberanía sobre las islas ni a desmantelar las nuevas instalaciones de defensa. No obstante las intensas gestiones de la cancillería argentina en el seno de las Naciones Unidas, Alfonsín tampoco pudo avanzar demasiado debido a la intransigencia militante de los peronistas y de los militares.

En cuanto a la gestión de la economía, Alfonsín subestimó al principio la magnitud de la crisis. En primer lugar, el nuevo gobierno recibió una economía que en 1983 tenía un PIB similar al de 1974. En segundo lugar, el país ostentaba el récord de la inflación más alta del mundo; índice de precios al consumidor ya venía registrando incrementos anuales de tres dígitos durante nueve años consecutivos. En tercer lugar, Alfonsín heredó un sector público con un déficit del orden del 14 por ciento del PIB en 1983. Finalmente, el nuevo gobierno se hizo cargo de una economía fuertemente endeudada. Los pagos del servicio de la deuda externa aumentaron de un 2,2 por ciento del PIB en 1980 a un 9,9 por ciento en el primer año del gobierno constitucional. La deuda externa total de 45.000 millones de dólares generó por el pago de intereses en 1984 un monto de 5.400 millones de dólares.

La flamante Administración careció de un diagnóstico apropiado del estado de la economía. A la hora de actuar, sólo contaba con los instrumentos analíticos y el repertorio de políticas que los radicales habían puesto en práctica con buenos resultados veinte años antes. Por un lado, estaba convencida de que era posible atacar el estancamiento económico por medio de una estrategia redistribucionista de corte keynesiano, al tiempo que mantenía un alto nivel de gasto público; por otro lado, confiaba en vencer la inflación poniendo en práctica una política gradualista de ingresos sin reducir sustancialmente el déficit fiscal. Por último, daba por sentado que sus credenciales democráticas serían suficientes para despejar el camino hacia una renegociación favorable de la deuda externa. El programa económico inicial apenas duró ocho meses, y sus resultados fueron claramente desalentadores para un gobierno que esperaba simultáneamente reactivar la economía, incrementar los salarios reales y frenar la inflación. En realidad, los salarios reales crecieron más de un 35 por ciento con relación al año anterior, principalmente debido a la acelerada revalorización de la moneda nacional. Otros indicadores mostraron pronto el perfil de una situación preocupante: la tasa de crecimiento del PIB disminuyó y el promedio anual de inflación pasó del 626 por ciento durante el último trimestre de 1983 al 1.080 por ciento durante el tercer trimestre de 1984. En este marco, Alfonsín designó nuevos responsables en la gestión de la economía y en junio de 1985, puso en práctica un plan anti-inflacionario heterodoxo, conocido como el Plan Austral.

El nuevo programa contenía los requisitos básicos para una estabilización de shock: un drástico ajuste fiscal, una rígida política de ingresos por medio del congelamiento de los salarios, los precios, el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos, y una reforma monetaria. Combinando elementos de estabilización ortodoxos y heterodoxos, el Plan Austral tuvo un mérito inicial: permitir al gobierno democrático hacer frente al descontrol inflacionario sin recurrir a las resistidas recetas monetaristas del pasado. Un plan que se proponía doblegar la inflación contemplando asimismo un aumento de la actividad económica y una reducción de los costes distributivos era, además, la hoja de ruta adecuada para las urgencias de un gobierno forzado a conducir la transición democrática a través de una grave situación económica.

El equilibro fiscal debía alcanzarse por un importante aumento de los recursos del sector público mediante el incremento de los impuestos sobre el comercio exterior, una reforma tributaria y, en particular, el aumento en el valor real de la recaudación de impuestos debido al efecto del descenso de la inflación. El nuevo déficit fiscal calculado para el segundo semestre de 1985 no pasaría del 2,5 por ciento del PIB (incluido el servicio de la deuda externa) y se financiaría con créditos internacionales. El congelamiento —decidido después de un cuidadoso ajuste del tipo de cambio y las tarifas públicas que aceleró la inflación en las semanas previas al shock— tenía un objetivo esencial: interrumpir las prácticas indexatorias en función de la inflación pasada y establecer un mecanismo de coordinación de las decisiones microeconómicas que, a falta de él, hubieran tendido a reproducir la inflación. Finalmente, la reforma monetaria estuvo dirigida a evitar las grandes transferencias de riqueza de los deudores a los acreedores que podrían producirse a consecuencia del rápido descenso de la tasa de inflación. La reforma monetaria incluyó un cambio de moneda (del peso argentino al austral) y una tabla de conversión de la vieja a la nueva moneda para facilitar la transición, preservando la neutralidad distributiva.

Si bien algunos sectores rechazaron el plan desde un inicio —en particular los sindicatos, que organizaron una huelga general—, el público en general mostró expectativas favorables y su confianza. Los certificados de depósitos del sistema financiero fueron renovados, el dólar en los mercados negros cayó, el congelamiento de precios fue respetado sin que se requiriese una acción coercitiva por parte del gobierno. A los noventa días de la puesta en marcha del Plan Austral, los resultados alcanzados llevaron a la mayor parte de la población a la creencia de que la inflación había sido derrotada y que por fin se abría para el país un período de estabilidad económica. Los precios al consumidor, que habían aumentado un 30,5 por ciento en junio, subieron sólo un 6,2 por ciento en julio, un 3,1 por ciento en agosto y un 2 por ciento en septiembre. La demanda de dinero, tras llegar a un mínimo histórico en los días previos al lanzamiento del plan comenzó a subir; la producción y las inversiones privadas se reanimaron, el poder adquisitivo de los salarios mejoró por el súbito descenso de la inflación y, finalmente, el desequilibrio de las cuentas públicas disminuyó sustancialmente.

A fines de 1985 el gobierno del presidente Alfonsín parecía haber retomado el control sobre la situación económica. Con este crédito en su haber, el Partido Radical estuvo en condiciones de superar su primera prueba electoral. En noviembre de 1985, las elecciones destinadas a renovar parcialmente la Cámara de Diputados, le dieron al partido de Alfonsín el 43 por ciento de los votos, mientras que los peronistas, divididos por conflictos internos, sólo alcanzaron el 34 por ciento. Galvanizado por sus éxitos en el país y por el reconocimiento que recibían sus viajes al extranjero, donde se le recibía como la encarnación de la nueva democracia argentina, Alfonsín abrió paso a un estilo de gestión centrado en el «gobierno del presidente». Ello implicó el marginamiento relativo del Partido Radical que, aunque había probado ser una eficiente máquina electoral, no ofrecía a Alfonsín los equipos de personas calificadas para administrar el aparato de gobierno. Para subsanar esa carencia, el presidente introdujo progresivamente en el gabinete a profesionales e intelectuales independientes que sintonizaban mejor con el espíritu modernizador que buscaba imprimir a su gobierno. En su doble condición de jefe del partido y del ejecutivo, Alfonsín podía permitirse esas libertades. Gracias a su discurso de gran poder convicción, había logrado en 1983 sacar a la UCR de la condición casi permanente de segunda fuerza, doblando el número histórico de sus votantes. El cambio fue tan vertiginoso e inesperado que sacudió las estructuras partidarias. Muchos eran los radicales que sabían de dónde venían, pero pocos estaban seguros de hacia donde iban. De hecho, el alfonsinismo, como teoría y práctica de un nuevo radicalismo, con su énfasis en la modernización institucional y el recurso a la movilización, se desarrolló desde el ejercicio del poder, por medio de iniciativas del presidente, sin llegar a impregnar del todo a los cuadros de los partidos. Confinado a un papel secundario, el radicalismo acompañó las iniciativas de Alfonsín, a veces con poca convicción, otras después de manifestar resistencia.

La inclinación de Alfonsín a gobernar según sus propias creencias y convicciones no podía menos que afectar la sensibilidad de sectores e instituciones habituados a ejercer una influencia extraoficial sobre las políticas públicas. La Iglesia, por ejemplo, reaccionó con indisimulado desagrado a las iniciativas de un presidente que, seguro de su legitimidad democrática, alentaba las expresiones más diversas de pluralismo y modernización cultural sin consultar su opinión. La jerarquía eclesiástica, tal vez la más conservadora de América del Sur, reaccionó inquieta frente a las consecuencias del restablecimiento de la libertad de expresión y las innovaciones proyectadas en el terreno de la enseñanza. Cuando en 1986 el gobierno propuso legalizar el divorcio, la Iglesia llamó a una movilización para bloquear la aprobación legislativa. La respuesta popular fue sugestivamente escasa. La cuestión del divorcio no dividió al país ni despertó grandes pasiones. En rigor, la sanción de la ley por parte del Congreso consagró legalmente una reforma que la opinión pública había aceptado mucho tiempo antes. De ahí en adelante el alto clero no habría de abandonar su actitud de desconfianza ante el nuevo gobierno.

El Plan Austral proporcionó a Alfonsín un puente para reducir las distancias con los empresarios. Por primera vez el gobierno de un partido que se distinguía por sus recelos hacia el mundo de los negocios logró establecer un modus vivendi con este sector corporativo que tradicionalmente lo había hecho también objeto de sus propios prejuicios. Este fue un fenómeno cargado de consecuencias. Durante muchos años predominó en las grandes empresas la creencia en que el logro de la estabilidad y la previsibilidad necesarias para el funcionamiento de la economía imponía la conveniencia de suprimir el juego político democrático. El fracaso manifiesto del reciente gobierno militar comportó un severo golpe para esa creencia y predispuso a los empresarios a aceptar las reglas del nuevo orden democrático. La adopción por Alfonsín de una política económica más austera y rigurosa facilitó este cambio, que, aunque nunca se tradujo en una simpatía declarada por su gobierno, al menos contribuyó a neutralizar la tradicional animosidad de los círculos económicos. A ello contribuyó, asimismo, la actitud favorable de Estados Unidos hacia la transición democrática argentina.

Hacia 1986 eran sólo tres los sectores explícitamente excluidos del consenso que rodeaba a Alfonsín. El primero de ellos estaba conformado por grupos importantes de las fuerzas armadas resentidos por lo que interpretaban como una campaña de difamación contra los militares orquestada desde el gobierno. Luego estaban los dirigentes sindicales, en particular la cúpula de la CGT, que desde un principio habían escogido la vía del enfrentamiento abierto por medio de huelgas generales. Finalmente, el partido peronista que, envuelto en una crisis interna que parecía no poder superar, respondía a la política de Alfonsín apelando a sus consignas populistas y nacionalistas del pasado.

El papel central ocupado por el presidente en una situación de crisis económica como la que atravesaba el país podría decirse que era un fenómeno normal y previsible. Los miembros del círculo íntimo de Alfonsín fueron, empero, más allá y sucumbieron a la tentación, siempre presente en la cultura política nacional, de reivindicar una posición hegemónica. Llegaron a proyectar la creación de un «Tercer Movimiento Histórico», que resucitaría las amplias coaliciones populares formadas primero alrededor de Yrigoyen y luego de Perón. Con esa ambición concibieron grandiosos planes para fundar una «Segunda República», tales como trasladar la capital del país al sur y reformar la Constitución, para habilitar a Alfonsín un segundo mandato presidencial.

Ganados por la visión de una hegemonía radical en la vida política argentina y convencidos de que el peronismo no sobreviviría a su crisis interna, los allegados a Alfonsín no evaluaron correctamente el cambio gradual que estaba produciéndose en el movimiento creado por Perón. En las elecciones de 1985 entró en escena una nueva corriente autodenominada «Renovación Peronista». En provincias como Buenos Aires y Córdoba sus integrantes rompieron con los líderes oficiales del partido y presentaron con éxito sus propias candidaturas. La consigna de esta nueva corriente era la construcción de un peronismo democrático. En contraste con el tono peyorativo que usara Perón al hablar de la política y la «partidocracia», los animadores de la Renovación Peronista —Antonio Cafiero, José Manuel de la Sota y Carlos Grosso— preferían hablar de la democracia y los partidos políticos en términos positivos. Este mensaje institucionalista, en el que era visible la eficacia del discurso político inaugurado por Alfonsín, apuntaba de todos modos a disputar al radicalismo el monopolio del ideario democrático y ofrecerse como una alternativa igualmente creíble.

El Plan Austral no pudo ser el comienzo de la nueva era económica que el gobierno prometiera en 1985. Había evitado la hiperinflación, un logro entonces decisivo, pero una serie de factores estructurales e institucionales —la escasez estacional de alimentos, la continuación de la práctica de indexar los contratos laborales y el incremento en el precio de los servicios personales privados, que quedaron fuera del congelamiento— se combinaron para dificultar un descenso sostenido de la inflación. Los precios al consumo subieron en un 3,8 por ciento mensual en el tercer trimestre de 1985, en un 2,5 por ciento en el último trimestre del mismo año y en un 3,1 por ciento en el primer trimestre de 1986. Estos niveles de inflación crearon obvias complicaciones a las políticas de precios y salarios y a principios de 1986 fue necesario poner fin al congelamiento. El paso hacia un esquema de negociaciones paritarias, acotado por límites fijados oficialmente, alivió las tensiones acumuladas a lo largo de nueve meses de controles administrativos. Pero la decisión de abrir el juego a las fuerzas económicas se dio en un contexto donde la idea de estabilidad iba perdiendo terreno frente a las consignas más atractivas de la reactivación y el crecimiento. Más concretamente, el partido de gobierno se encontró bajo el acoso de una visión levantada desde la oposición política, los sindicatos, sectores de la industria que presentaba a la economía inmersa en una profunda recesión. Esta visión de las cosas, que los datos de la realidad estaban lejos de confirmar, de todos modos hizo impacto sobre las convicciones de un radicalismo que siempre había hablado ese mismo lenguaje y carecía, en consecuencia, de argumentos que hicieran de la estabilidad económica una meta prioritaria. El peronismo supo aprovechar esa debilidad y, utilizando una retórica eficaz sobre el ánimo de sus adversarios, convirtió los llamamientos a favor de la disciplina que partían desde el gobierno en la expresión de una capitulación ante la filosofía de la tecnocracia económica o las exigencias de los acreedores externos. En estas circunstancias el esfuerzo por la estabilidad fue crecientemente una batalla a la defensiva.

En busca de un respiro a las múltiples presiones, el gobierno flexibilizó las pautas orientadoras para los acuerdos entre las empresas y los sindicatos. El paso de la cooperación forzada a la cooperación voluntaria mostró día tras día un alejamiento del programa de estabilidad y la progresiva reactivación de las tradicionales pujas distributivas de la economía argentina.

Durante 1986 los salarios subieron en un 5 por ciento mensual, mientras los precios de los servicios públicos sólo aumentaban en un 3,9 por ciento y el tipo de cambio oficial lo hacía en un 3,5 por ciento. Esta evolución desigual de las principales variables desequilibró el programa económico. El mismo efecto tuvo el rumbo expansionista que siguió la política monetaria, con vistas a paliar, por medio del crédito, las demandas constantes de mayor apoyo a la producción y el empleo.

El éxito inicial del Plan Austral en el plano instrumental no tuvo paralelo en un nivel político y esta debilidad se reflejó en el carácter inestable de los ajustes fiscales. El déficit fiscal, que era del 14 por ciento del PIB en 1983, cayó en 1984, en el primer año del gobierno de Alfonsín, hasta el 12 por ciento. Con la implementación del Plan Austral el desequilibrio de las cuentas públicas se redujo hasta un 6 por ciento en 1985 y un 4,3 por ciento en 1986. Este positivo logro se obtuvo avanzando sobre las líneas de menor resistencia. El ajuste en el gasto se concentró en las partidas más susceptibles a las manipulaciones administrativas, como las jubilaciones, los salarios del sector público y las inversiones en mantenimiento. En cambio, fueron menos afectados los subsidios a las empresas privadas y las grandes obras públicas. Protegidos por una legislación difícil de remover, sectores de proveedores del estado también sufrieron en menor grado la crisis fiscal.

A su vez, ni las provincias ni las empresas públicas apoyaron el esfuerzo económico del gobierno. Los gobiernos de provincia, en su mayoría en manos de la oposición, procuraron sustraerse a los rigores de la austeridad; explotando su representación en el Senado hicieron una presión constante en demanda de grandes transferencias desde la Administración central para financiar sus programas de gastos y empleo. Las empresas públicas debieron, en verdad, reducir sus inversiones, pero durante bastante tiempo consiguieron preservar sus privilegios en la estructura salarial del sector público.

El ajuste fue más equitativo por el lado de los ingresos. Los impuestos legislados aumentaron en más del 6 por ciento del PIB, substituyendo la carga indiscriminada que comportaba el impuesto inflacionario. Su eficacia decreció, empero, con el tiempo ya que descansaban sobre instrumentos de emergencia, como los mecanismos de «ahorro obligatorio», que no pudieron ser reemplazados por formas más permanentes de financiamiento debido al bloqueo legislativo. Las ganancias en materia de recursos derivadas del descenso de la inflación —debido a la disminución de las pérdidas que sufría la Administración tributaria entre la fecha de pago de los impuestos y la fecha de su ingreso en las arcas fiscales— también se redujeron con la mayor estabilidad. No sorprende que los avances iniciales perdiesen fuerza a medida que se desarrollaba la lucha contra la inflación.

La fragilidad e inestabilidad del ajuste fiscal demostró claramente la dificultad de imponer un plan de estabilización cuando sólo unas cuantas personas, incluso dentro del partido gobernante, daban prioridad a la lucha contra la inflación. Con la mayoría de las provincias en manos de la oposición, con sólo el control parcial de la legislatura, con una Administración pública en la cual predominaba la indiferencia y el apoyo reticente de los legisladores oficialistas el esfuerzo estabilizador se fue eclipsando en medio de los compromisos y las tácticas obstruccionistas.

La evolución del contexto externo, asimismo, se tomó desfavorable. Durante 1985, 1986 y 1987 los precios internacionales de los cereales disminuyeron sostenidamente. En 1987 eran un 35 por ciento inferiores a los de 1984, lo cual provocó una grave pérdida de los ingresos procedentes de la exportación. Además, mientras el gobierno mantenía fijo el tipo de cambio para controlar la inflación en 1985 y 1986, la caída de los precios en dólares se tradujo en una reducción de los ingresos obtenidos de la producción agrícola en el mercado interno. Para compensar estas pérdidas se redujeron los impuestos a la exportación y, como era de prever, ello tuvo un efecto adverso en las finanzas públicas.

El descenso de los precios internacionales de los productos agrícolas —que durante los cuatro primeros años del gobierno de Alfonsín se tradujo en una caída del 40 por ciento en los términos de intercambio— sobredimensionó los efectos de la otra pesada hipoteca que soportaba el programa de estabilización: la deuda externa. En 1983 la deuda externa representaba el 77,3 por ciento del PIB y permaneció aproximadamente en este nivel durante los años siguientes. Si se hubieran pagado todos los intereses vencidos, las transferencias de recursos al extranjero hubieran representado, en promedio, el 6,5 por ciento del PIB. Por medio de negociaciones con los acreedores, el gobierno pudo reducir esas transferencias a la mitad, pero los intereses no pagados incrementaron la deuda total de 45.900 millones de dólares en 1983 a 56.800 millones en 1987. La deuda externa no sólo comportaba un freno al crecimiento; también tenía una dimensión interna. Debido a que había sido nacionalizada durante el período 1981-1983, la mayor parte de la deuda externa correspondía al sector público. Consecuentemente, la responsabilidad de su servicio recayó principalmente en el gobierno, que tuvo que comprar el superávit comercial privado para atender a estas obligaciones. Los pagos por intereses sumaron un 5,1 por ciento del PIB al déficit fiscal entre 1984 y 1987, haciendo más difícil el esfuerzo estabilizador.

El Plan Austral ya era una estrella en extinción cuando, a principios de 1987, el país entró en un año electoral de crucial importancia, ya que en septiembre debía renovarse la mitad de la Cámara baja así como todos los gobiernos provinciales. En febrero el gobierno introdujo un nuevo congelamiento de salarios y precios. Este fue un desesperado intento por quebrar una posible espiral inflacionaria en momentos en que arreciaban las demandas de los grupos de interés y el gobierno se mostraba sensible a ellas, inquieto como estaba por el resultado de los próximos comicios. El congelamiento se propuso ganar tiempo hasta las elecciones de septiembre, para después lanzar un nuevo programa más consistente. Ocurrió que apenas pudo sostenerse tres meses, durante los cuales la inflación, aunque más moderada, de todos modos no cedió.

En julio fue el propio gobierno el que debió anularlo, al acordar con el FMI la corrección de los desequilibrios acumulados durante su breve vigencia. Ello hizo que los precios se dispararan hasta alcanzar el 13,7 por ciento, la tasa mensual más elevada desde 1985, justo un mes antes de las elecciones de septiembre.

La proximidad de las elecciones aconsejó otra iniciativa oficial que añadió una nueva fuente de incertidumbre a la gestión de la economía: la designación en el cargo de ministro de Trabajo del dirigente sindical Carlos Alderete, en marzo de 1987. Esta fue la culminación de negociaciones iniciadas entre funcionarios del ala política del gobierno y un importante grupo de sindicatos. A corto plazo, los primeros buscaban debilitar a la CGT, obtener una tregua laboral y privar al Partido Justicialista de apoyo sindical en las elecciones. Por su parte, los dirigente sindicales entraron en las negociaciones a causa de su descontento con la política de enfrentamiento que seguía la CGT y que había obstaculizado la reforma del sistema de relaciones laborales. Después de tres años de democracia, las leyes laborales eran las mismas vigentes durante el régimen militar y ponían trabas a la negociación colectiva, a la reelección de líderes sindicales por parte de sus organizaciones y a la administración independiente de los considerables recursos de las obras sociales. Agregando otra fuente de malestar, los políticos de la Renovación Peronista, con el propósito de captar a los votantes independientes, habían optado por hacer campaña electoral sin la presencia irritante de los sindicalistas. Resentidos por su exclusión, éstos procuraron un mayor acercamiento al gobierno a efectos de obtener más recursos para disputar el poder dentro del movimiento peronista.

El objetivo de disminuir los conflictos laborales fue alcanzado, pero a un alto precio, ya que las discrepancias se trasladaron al seno del propio gobierno. El enfrentamiento diario entre el ministro de Economía y el ministro de Trabajo complicó la adopción de medidas y obligó a Alfonsín a ejercer un arbitraje permanente. Forzado por sus nuevos compromisos, el gobierno terminó por abandonar sus proyectos de descentralizar las negociaciones colectivas y de regular el derecho de huelga. En su lugar, el nuevo ministro de Trabajo logró que el Congreso aprobara el retomo a la negociación colectiva sin restricciones y un marco jurídico para las organizaciones gremiales similar al introducido bajo el último gobierno peronista en 1974 bajo la inspiración directa de los sindicatos. En síntesis, el coste de esta experiencia de cohabitación entre el gobierno radical y el grupo de «los 15» sindicatos fue un déficit acumulado de eficacia y credibilidad.

A comienzos de 1987 los militares reaparecieron de forma dramática en el escenario político. Tras condenar a los jefes máximos de las juntas militares en 1985, los tribunales civiles habían proseguido con los juicios por violación de los derechos humanos. Toda vez que un miembro de la oficialidad era llamado a comparecer ante los tribunales, se multiplicaban las expresiones de malestar en las guarniciones militares. A pesar de la creciente preocupación oficial, en un principio Alfonsín no hizo nada ante este estado de cosas, ya que contaba con escaso apoyo en la oposición peronista y encontraba resistencias dentro de su propio partido. Finalmente, el 5 de diciembre de 1986 Alfonsín presentó al Congreso un proyecto de ley llamado «de Punto Final», fijando un plazo de sesenta días para presentar denuncias; transcurrido dicho plazo quedaba cerrada la posibilidad de iniciar nuevas acciones penales contra los militares. El Congreso se apresuró a aprobar el proyecto de ley, aunque no le resultó fácil hacerlo: los peronistas optaron por no acudir a las sesiones de la Cámara de Diputados y Alfonsín tuvo que echar mano a toda su influencia para persuadir a sus propios legisladores de votar en favor del proyecto. La ley entró en vigor el 24 de diciembre, pero sus efectos fueron contraproducentes. Los jueces decidieron interrumpir su período anual de vacaciones, que normalmente tenía lugar en el mes de enero, y se abocaron en esos sesenta días al tratamiento de las causas pendientes. El 23 de febrero de 1987, fecha en que vencía el plazo previsto por la ley, habían sido procesados más de trescientos oficiales de alta graduación.

Comenzó entonces un período de gran tensión. El 16 de abril, como consecuencia de la negativa de un oficial a presentarse en la Cámara Federal de Córdoba, estalló la primera crisis militar abierta del gobierno democrático. En la guarnición de Campo de Mayo, Buenos Aires, el teniente coronel Aldo Rico se declaró en rebeldía junto a un centenar de oficiales, en demanda de una «solución política» al problema de los juicios (en otras palabras, una amnistía) y de la destitución del alto mando del ejército por haber subordinado los intereses de la institución a la conveniencia política de Alfonsín. El presidente ordenó poner fin a la revuelta; ninguna unidad militar obedeció la orden. Una multitud calculada en 400.000 personas se congregó en la plaza de Mayo en solidaridad con el gobierno. Alfonsín se trasladó entonces al escenario del amotinamiento y persuadió a los rebeldes para que depusieran las armas. Los costes del desenlace pacífico del conflicto pronto salieron a la luz. El 13 de mayo, inclinándose ante las exigencias de los rebeldes y después de sustituir al comandante en jefe del ejército, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que especificaba claramente el alcance de la obediencia debida con el fin de proteger a los niveles intermedios de las fuerzas armadas de futuros juicios. El 4 de junio, una vez más el partido gobernante tuvo que movilizar a sus legisladores para sancionar la ley, contra la fuerte oposición de los diputados peronistas.

La Ley de Obediencia Debida cumplía uno de los objetivos que había estipulado el gobierno desde un principio: limitar las sentencias por violaciones de los derechos humanos a un reducido número de oficiales de alta graduación. Sin embargo, en virtud de las circunstancias que rodearon su aprobación, el gobierno no pudo impedir que las políticas implementadas fuesen percibidas como una capitulación. Su sanción mostró que no todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y que la fuerza continuaba siendo un instrumento eficaz para el logro de fines políticos. Todo ello debilitó la credibilidad de Alfonsín cuando sólo faltaban unas semanas para las elecciones.

El gobierno y la oposición convirtieron los comicios de septiembre en un verdadero referéndum. Los peronistas obtuvieron el 41 por ciento de los sufragios contra un 34 por ciento en 1985, mientras que los votos radicales descendieron del 43 al 37 por ciento. El resultado fue todavía más adverso para el Partido Radical en las elecciones provinciales. En ellas, el Partido Justicialista no sólo retuvo las provincias que había ganado en 1985, sino que, además, añadió cinco de las siete provincias hasta entonces en manos radicales, pasando a controlar diecisiete de las veintidós jurisdicciones. Dentro de este panorama general, la derrota del candidato radical en la provincia de Buenos Aires fue particularmente significativa, ya que los dos candidatos, Antonio Cafiero y Juan Manuel Casella, eran posibles candidatos a la presidencia en 1989. Los resultados electorales tuvieron una importancia especial para la corriente de la Renovación Peronista, que logró reconstruir su mayoría electoral prescindiendo del apoyo de los aparatos sindicales y colocar a Antonio Cañero en la presidencia del partido.

El clima plebiscitario que rodeó las elecciones convirtió la derrota radical en un severo golpe a la legitimidad del gobierno. En un sistema parlamentario, Alfonsín hubiera debido dimitir, pero de acuerdo con la Constitución aún tenía que cumplir dos años de su mandato. Esta desventajosa posición del líder radical fue atenuada en parte gracias al clima de entendimiento que logró establecer con Cafiero. Por otro lado, reforzada su representación en las urnas, la oposición abandonó su actitud de enfrentamiento por otra de negociación. El Congreso recuperó así su importancia como ámbito de acuerdos. Varias leyes pendientes lograron ser aprobadas, como la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Coparticipación Federal. También se reanudaron las conversaciones sobre la reforma de la Constitución con miras al establecimiento de un sistema semiparlamentario. Este período de mayor colaboración tuvo, empero, una duración efímera. En la segunda mitad de 1988 los radicales y los peronistas comenzaron con la selección de sus candidatos presidenciales para las elecciones de 1989 y la lógica de la competencia política reabrió las hostilidades entre los dos partidos.

El fin de ese breve ejercicio de cooperación dejó al descubierto los problemas a los que se enfrentaba el gobierno para dar una respuesta eficaz a la emergencia económica. Una clara evidencia de ello fueron las vicisitudes del programa de reformas estructurales que anunciara hacia 1988. Partiendo de un diagnóstico distinto al que prevaleciera en 1984 y 1985, en cuanto comportaba un giro moderado hacia las tesis del liberalismo económico, la Administración de Alfonsín esbozó entonces un conjunto de medidas que entrañaban un cambio en las reglas de juego y en las instituciones económicas. Las medidas incluían la privatización parcial de Aerolíneas Argentinas y ENTEL —las empresas estatales de aeronavegación y de telecomunicaciones—, la desregulación en la provisión de servicios públicos, para dar cabida a la inversión privada, la reducción de los subsidios a la industria, la apertura gradual de la economía al comercio internacional. La envergadura del nuevo programa, que revisaba los ejes tradicionales del modelo de desarrollo del país, fundado en la centralidad del estado, el capitalismo asistido, el proteccionismo, no estaba ciertamente en sintonía con los recursos políticos con los que contaba el gobierno. El Plan Austral había sido lanzado por una autoridad política aún intacta, pero ésta que promovía el paquete de reformas estaba ya seriamente debilitada.

Como era esperable, la puesta en marcha del programa de reformas se enfrentó a numerosos obstáculos. La privatización de ENTEL y de Aerolíneas Argentinas requería la modificación del marco normativo de las empresas públicas por parte del Congreso y allí tropezó con la resistencia de la oposición peronista; incluso una buena parte de los legisladores del partido de gobierno le negaron su apoyo viendo en ella una suerte de defección programática. Las medidas de desregulación comercial de la industria y la disminución de los subsidios encontraron, a su vez, la resistencia de los industriales, temerosos de las consecuencias de un cambio en las reglas de juego del capitalismo asistido, y debieron transigir con ella para poder implementarse; en fin, otras iniciativas no pasaron de los anuncios, bloqueadas por la burocracia gubernamental.

Por su parte, aquellas medidas que estaban en la jurisdicción del Ministerio de Economía y que podían ser más fácilmente adoptadas plantearon un complejo desafío al tardío impulso reformista del gobierno. Durante la primera parte de 1988 pudo asistirse a una prueba de laboratorio del desajuste existente entre la política de reformas y el objetivo de la estabilización. Con el argumento de que era preciso terminar con la transferencia de fondos desde el Tesoro a las empresas estatales y propender a su autofinanciamiento, el gobierno comenzó a incrementar de forma importante las tarifas de los servicios públicos. En un contexto donde al mismo tiempo se liberalizaba la negociación salarial y se aflojaban los controles sobre los precios, esto dio lugar a un pronunciado aumento de la inflación, que en el mes de julio llegó al 25 por ciento, un nivel similar al que precediera al lanzamiento del Plan Austral.

La última parte de 1988 transcurrió en medio de un clima enrarecido por los altibajos de la situación económica y el surgimiento de otro foco de conflicto. En el mes de diciembre se produjo un nuevo alzamiento militar encabezado por el coronel Mohamed Seneildín, de regreso al país tras una estancia en Panamá adiestrando a las fuerzas del general Noriega. Los rebeldes reclamaron a Alfonsín decisiones que legitimaran política y moralmente la lucha contra la subversión. El levantamiento fue de corta duración, pero sirvió para poner de manifiesto las tensiones existentes dentro de la corporación militar. Los oficiales amotinados, en su mayoría tropas de élite, cuestionaban igualmente a los altos mandos del ejército, a quienes acusaban de falta de espíritu militar y de la responsabilidad en la fallida aventura de la guerra de Malvinas. Un mes más tarde un inesperado y prontamente reprimido ataque a un cuartel militar por un pequeño grupo de izquierda llevó a primer plano el ominoso recuerdo de tiempos no muy lejanos. Las fuerzas armadas supieron explotar el incidente para reivindicar su presencia política y criticar implícitamente el pacifismo de Alfonsín.

Estos acontecimientos dramatizaron las dificultades crecientes de un gobierno que tenía los días contados. En mayo de 1989 debían celebrarse las elecciones presidenciales. Para ellas, el Partido Radical, por indicación directa de Alfonsín, había nominado candidato a Eduardo Angeloz, gobernador de la provincia de Córdoba, donde una administración competente le había permitido sobrevivir al revés electoral sufrido por el oficialismo en 1987. La decisión de Alfonsín interrumpió el debate interno que siguió a la derrota y fue recibida con reservas por muchos militantes radicales que hubiesen preferido a alguien ideológicamente menos moderado que Angeloz. No obstante, el más elemental cálculo político aconsejaba al radicalismo buscar los votos hacia el centro del mapa electoral, sobre todo después de que el peronismo eligiera a su candidato a la presidencia.

En julio de 1988 los afiliados peronistas pudieron elegir, por primera vez en su historia, sus candidatos a la presidencia por medio de elecciones internas. Abierta la competencia, las diferencias latentes dentro de la Renovación Peronista salieron a la luz. El triunfo de Carlos Menem sobre Antonio Cafiero en los comicios internos del Partido Justicialista enfrentó dos visiones contrapuestas. Gobernador de La Rioja, una pequeña y subdesarrollada provincia del norte del país, a la que administraba como un feudo propio, Menem encamaba las tradiciones antipolíticas del peronismo, mientras que Cafiero estaba más asociado con las prácticas republicanas y el sistema de partidos. Esta distinta identificación gravitó, sin duda, en la fortuna desigual de sus candidaturas entre la masa peronista. El juicio negativo de amplios sectores de la opinión pública sobre la gestión de la Administración de Alfonsín no sólo afectó al partido de gobierno, asimismo, hizo impacto sobre la clase política en general, a la que Cafiero, por su trayectoria y estilo político, se hallaba asociado.

Para la ocasión, Menem contó además con el respaldo de los aparatos sindicales luego de que, una vez más, Cafiero se negara a negociar con ellos su futuro político. La aportación sindical no solamente proveyó capacidad de movilización durante la campaña electoral: fue parte de la definición simbólica del candidato. A la imagen de racionalidad política desplegada por Cafiero, Menem contrapuso los rituales y las consignas tradicionales del peronismo junto a la presencia de los dirigentes obreros. Así, la identidad peronista que la derrota de 1983 había hecho entrar en crisis resurgió intacta y otorgó a Menem los títulos de legitimidad apropiados para ser designado candidato del movimiento creado por Perón.

La confrontación entre Menem y Angeloz, a su vez, colocó al electorado también ante dos perspectivas opuestas sobre los problemas del país y cómo resolverlos. El candidato justicialista recorrió las ciudades y los barrios populares del país prometiendo aumentos de salarios, la moratoria de la deuda externa, pero, sobre todo, llamando a tener confianza y fe en su liderazgo personal con un discurso de gran contenido emocional. El mensaje de Angeloz, en cambio, puso el acento en un estado más austero y eficiente, en la apertura de la economía argentina al mundo, en las tareas que había dejado pendientes la frustración del Plan Austral. Uno y otro buscaron igualmente tomar distancia frente a la gestión de Alfonsín: Menem, de manera directa, responsabilizándolo de la crisis económica; Angeloz, más oblicuamente, reprochándole falta de firmeza y de convicción para superarla.

El desarrollo de la campaña electoral tuvo, empero, la virtud de permitir a Alfonsín extraer fuerzas de su propia debilidad y encontrar los recursos políticos necesarios para intentar un postrer esfuerzo estabilizador con el fin de arribar a los comicios con la situación económica bajo control. El tono populista de la prédica de Menem llevó una comprensible alarma a los sectores empresariales, generando entre ellos una corriente de opinión dispuesta a archivar por el momento sus reservas frente al gobierno y a concertar con éste un acuerdo de política para detener la inflación. Bajo los auspicios de la Unión Industrial y de la Cámara de Comercio, en agosto de 1988 se conoció el llamado Plan Primavera.

El nuevo programa anti-inflacionario intentó recuperar la estrategia estabilizadora del Plan Austral pero con instrumentos mucho más frágiles. El congelamiento de precios y salarios ya no estaba disponible tras la reimplantación de la libre negociación colectiva y fue reemplazado por un acuerdo desindexatorio con las grandes empresas, las cuales cobraron su colaboración bajo la forma de concesiones tributarias. El ajuste fiscal no pudo basarse en nuevos impuestos explícitos, porque era difícil que fueran aprobados por un Congreso adverso y aceptados por los empresarios; tampoco se podía apelar a los impuestos extraordinarios sobre las exportaciones luego de que Alfonsín prometiera a las asociaciones rurales no aplicarlos como se hiciera en el Plan Austral. La búsqueda de mayores recursos fiscales de todos modos apuntó hacia el campo y se realizó mediante un conjunto de medidas administrativas en el régimen cambiario que permitieron al gobierno apropiarse de los mayores precios internacionales que disfrutaban los productos agrícolas debido a la sequía en los Estados Unidos. Por fin, la recuperación de las reservas internacionales, cuyo agotamiento había forzado a interrumpir cinco meses antes el pago de los intereses de la deuda se operó a través de medidas destinadas a alentar el ingreso transitorio de capitales de corto plazo para colocarse en depósitos a interés y en títulos públicos.

A pesar de sus debilidades, el Plan Primavera consiguió romper el aislamiento del gobierno. Los empresarios industriales le prestaron su cauteloso respaldo y se aseguraron la supervisión de los compromisos asumidos colocando un representante en la Secretaría de Industria. Con ello, Alfonsín logró neutralizar en parte la rebelión de las asociaciones rurales y de las empresas exportadoras ligadas a ellas, que cuestionaron abiertamente el nuevo régimen cambiario y su mayor aportación relativa al programa anti-inflacionario. También el frente externo se dividió en cuanto al apoyo a esta agónica iniciativa de la Administración de Alfonsín. El Banco Mundial, operando de acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comprometió créditos para las reformas estructurales en curso, mientras que el FMI negó su respaldo en oposición a la moratoria externa silenciosamente declarada por el gobierno argentino.

Sostenida por esta combinación de apoyos internos y externos, la operación de rescate del gobierno radical se desarrolló inicialmente con más éxito de lo esperado: la inflación se redujo del 27,6 por ciento en agosto al 6,8 por ciento en diciembre y en ese mismo período las reservas internacionales se duplicaron. Detrás de este alentador panorama había, empero, desequilibrios que se estaban acumulando, algunos de los cuales eran provocados por la propia dinámica del programa económico: para inducir un descenso de la inflación, los ajustes periódicos de los principales precios, en particular el tipo de cambio, no contemplaban toda la inflación pasada, generando un paulatino retraso de los mismos; con el mismo objetivo, las autoridades económicas tampoco trataron de revertir el precario estado de las cuentas públicas.

Pero la amenaza mayor que pendía sobre el Plan Primavera era la que originaba la incertidumbre sobre el desenlace de la competencia electoral, la cual mantenía latente el peligro de un ataque contra la moneda local y la búsqueda de protección en activos externos por parte de los agentes económicos. Para sortear este riesgo o, al menos, dilatarlo en el tiempo, Alfonsín sólo contaba con la esperanza de que los pronósticos electorales favorecieran al candidato de su partido o que, en todo caso, mostraran una paridad con relación al candidato del Partido Justicialista, que no cesaba de llevar inquietud a la comunidad de negocios con sus propuestas. Sin embargo los acontecimientos se desarrollaron en una dirección opuesta a las expectativas gubernamentales. La delicada operación del Plan Primavera se derrumbó en el frente externo hacia mediados de enero, cuando el Banco Mundial comunicó informalmente que no habría de desembolsar los créditos prometidos. La decisión fue en parte provocada por la instalación de la nueva Administración del presidente Bush y la salida del Departamento del Tesoro de los funcionarios que habían respaldado esta postrer tentativa estabilizadora de Alfonsín.

Las noticias se filtraron en la prensa, aumentando el grado de incertidumbre de los mercados financieros. Comenzó entonces el temido ataque contra el austral: un grupo de importantes operadores financieros, entre ellos agencias de los bancos acreedores, empezaron a desprenderse de sus tenencias en moneda local y a comprar dólares al Banco Central. Con las reservas casi exhaustas, el 6 de febrero las autoridades económicas interrumpieron la venta de divisas. El resultado fue un fuerte incremento del valor del dólar en el mercado libre, que en seis días aumentó un 45 por ciento. Mientras tanto el Banco Central se revelaba impotente para detener la pérdida de reservas puesto que los exportadores agrícolas se negaban a liquidar divisas a la espera de la devaluación. Esta impotencia fue manifiesta cuando, a pesar de las devaluaciones que comenzaron a realizarse a partir del 6 de febrero, los exportadores continuaron en su negativa. Una generalizada convicción de que se estaba frente a un grave estrangulamiento externo comenzó a propagarse entre los ahorradores, llevando a un retiro masivo de los depósitos bancarios en dólares.

En tales circunstancias, los empresarios tomaron distancia frente al gobierno, buscando situarse en una posición favorable frente al inevitable triunfo peronista y lo hicieron tras protestar airadamente por las fuertes pérdidas especulativas que habían experimentado luego del súbito cambio de las reglas de juego del 6 de febrero.

También el propio candidato a la presidencia por el radicalismo procuró desmarcarse, reclamando la renuncia del ministro de Economía, quien dejó su puesto a fines de marzo. Así, la Administración de Alfonsín se deslizó desde la impotencia a la indefensión, mientras la economía entraba de lleno en la hiperinflación.

La crisis cambiaría, que entre febrero y abril incrementó en un 400 por ciento el valor del dólar, se trasladó a los precios y no hubo manera de impedir la multiplicación de reacciones defensivas en la población. Los empresarios, ante el riesgo de la licuación de su capital, recurrieron a aumentos preventivos de precios y la retracción de la oferta; los trabajadores demandaron pagos anticipados de sus salarios dos y hasta tres veces por mes; los exportadores siguieron reteniendo sus mercancías pese a que el tipo de cambio alcanzaba niveles récord; la especulación en general tendió a financiarse con la postergación del pago de los impuestos y los servicios públicos. Este fue el clima en que tuvieron lugar las elecciones del 14 de mayo, que dieron la victoria a Menem con el 49 por ciento de los votos contra el 37 por ciento de Angeloz.

Pero esos no eran tiempos de celebraciones. A fines de mayo la creciente tensión social desembocó en saqueos de comercios en los barrios populares. A mediados de junio, después de una infructuosa tentativa por comprometer al presidente electo en una acción conjunta frente a la circunstancia hiperinflacionaria, Alfonsín anunció que abandonaba el gobierno antes de la finalización de su mandato en diciembre de 1989. Ello ocurrió el 8 de julio. Ese día, mientras los argentinos se enteraban de que la tasa de inflación del mes anterior había sido del 114 por ciento, Alfonsín transfirió el poder a Menem. Por primera vez en sesenta años un presidente elegido por el voto popular sucedía a otro que también había sido electo democráticamente. Sin embargo, este notable logro de la transición democrática se vio empañado por el ambiente general de crisis.

Colocada en perspectiva, la experiencia institucional que acababa de concluir no se distinguía de experiencias similares en otros países. Los gobiernos surgidos de las primeras elecciones libres después del fin de los regímenes autoritarios no lograron salir airosos cuando debieron enfrentar el doble desafío de la gestión de la transición democrática y de los problemas de la crisis económica. En los hechos, tendieron generalmente a concentrar sus energías en llevar a buen puerto la primera de las tareas, dejando las más de las veces pendiente o incompleta la segunda de ellas.

Volviendo sobre las elecciones de 1989, hay que destacar que la distribución de poder institucional que resultó de ellas le dio a Menem una ventaja mayor que la que había obtenido Alfonsín en 1983; los peronistas tenían mayoría en la Cámara Baja, controlaban totalmente el Senado y diecisiete de los veintidós gobernadores eran peronistas. Sin embargo, ante el potencial de aniquilamiento que exhibía la crisis, el nuevo presidente peronista una vez instalado en el gobierno tomó una decisión que sorprendió por igual a amigos y adversarios: dejó de lado su programa electoral populista y adoptó una estrategia de austeridad fiscal, privatizaciones y apertura económica, en un esfuerzo por lograr la aquiescencia de los principales agentes económicos internos y externos. Más adelante, cediendo a las exigencias de los militares, concedió el perdón presidencial a oficiales de alta graduación acusados de violar los derechos humanos y a los que habían estado envueltos en las rebeliones contra Alfonsín. Con sus nuevos aliados en el mundo de los negocios, con el respaldo de las fuerzas armadas y confiando en la eficacia de su propio carisma, Menem condujo de nuevo el peronismo, aún no repuesto del viraje ideológico en curso, al gobierno de una sociedad envuelta en los conflictos de la transición política y económica.

Completada la primera etapa del proceso de democratización iniciado en 1983, su desenlace parecía todavía incierto. En el haber de esta experiencia estaba el hecho de que las instituciones políticas habían sobrevivido a los desafíos de la grave situación. La hiperinflación no impidió la transferencia del poder democrático. En 1989 pudo observarse la afortunada disociación entre la legitimidad de la política democrática y la valoración negativa de su gestión económica y social. El descontento económico y social de amplios sectores de la población se resolvió con un cambio en el rumbo del gobierno y no con la caída del gobierno mismo.

Si bien pudo evitarse un resultado catastrófico, una buena parte de las expectativas despertadas por el nuevo ciclo político habían sido defraudadas. Durante los años posteriores a 1983 persistió el estancamiento de la economía: entre 1984 y 1988 la tasa anual de aumento del PIB fue de sólo un 0,3 por ciento. A su vez, la tasa de desempleo, que en octubre de 1983 era de un 3,9 por ciento, alcanzó un 6,2 por ciento a fines de 1988. Tampoco se detuvo el proceso de desindustrialización que comenzara durante el régimen militar. La proporción del empleo industrial sobre el total del empleo, que en 1983 representaba el 69 por ciento del registrado en 1970, había descendido al 59 por ciento a fines de 1988. En cuanto a los salarios industriales, el último trimestre de 1988 los encontró en el mismo nivel en que estaban en 1983. Todos estos indicadores empeoraron drásticamente cuando estalló la hiperinflación en 1989.

Los partidos políticos y sus dirigentes pagaron un alto coste en términos de popularidad y credibilidad por la declinación de la economía y del bienestar. De hecho, el ascenso de Menem al poder se debió en una medida apreciable a que lograra presentarse como un líder popular ajeno a la desacreditada clase política. La indisimulada participación de las grandes corporaciones económicas en las decisiones públicas fue una señal más de la debilidad política de los ámbitos naturales del sistema representativo: el Congreso, los partidos y la presidencia. Además, las sucesivas amnistías concedidas bajo presión militar a los responsables de la violación de derechos humanos revelaron que la fuerza seguía siendo un instrumento para alcanzar objetivos políticos.

Ni la decadencia económica del país ni sus tendencias al pretorianismo político parecían haber cambiado durante los años de restauración de la democracia. Al comenzar la década de 1990, la búsqueda de alternativas al orden económico y político nacido en 1946 continuaba ocupando un lugar central en la agenda de los argentinos.

Capítulo 3
URUGUAY, 1930-c. 1990

«Puedo asegurarles que no hay país en el que se viva como vivimos nosotros… conquistas como las nuestras, no las vive, en estos momentos, ningún pueblo de la tierra»[1]. De esta manera, en un discurso pronunciado en 1949, expresó el presidente Luis Batlle Berres sentimientos eufóricos de satisfacción con el estado de la nación uruguaya. No eran compartidos necesariamente por todos sus oyentes, pero durante el decenio siguiente la idea de que «como el Uruguay no hay» fue absorbida rápidamente en la mitología nacional. A mediados del decenio de 1960 aún había uruguayos que estaban convencidos de ser ciudadanos de un país excepcional que (a diferencia de sus vecinos) disfrutaba de la bendición de ser capaz de alcanzar la estabilidad política, así como la prosperidad y la justicia social. En general, los observadores externos compartían esta visión optimista, llena de autosatisfacción. Pero en realidad la afirmación de Batlle Berres había perdido todo su significado, excepto, quizá, si la empleó en sentido irónico. A mediados de siglo Uruguay se había recuperado plenamente del autoritarismo de Gabriel Terra en el decenio de 1930 y se hallaba embarcado, en la nueva era de industrialización substitutiva de las importaciones, en un intento de reinstaurar y ampliar las instituciones políticas y sociales del sistema batllista del período anterior a 1930. La nación se volvió hacia adentro, como si prefiriese vivir fundándose en una leyenda, optando por disfrutar de un presente cómodo en vez de pensar en un futuro incierto. La consolidación de la nueva ideología, el neobatllismo, se vio facilitada por cambios internacionales de los cuales Uruguay fue beneficiario pasivo y, a corto plazo, favorecido. Pero a mediados de los años cincuenta el sistema neobatllista ya se había convertido en una versión degradada de su predecesor, y al cabo de un decenio su base económica se había derrumbado. Los acontecimientos y la política que se siguió después de 1968 perjudicaron al «Uruguay feliz» de la tradición y prepararon el camino para los doce amargos años de gobierno militar (1973-1985). En 1985 Uruguay volvió a la democracia con una sensación de profundo alivio, pero también con un espíritu de ansiedad que los acontecimientos de los años sucesivos no disiparon del todo.

Los factores que habían hecho que Uruguay fuese un caso especial en 1930 eran sus favorables recursos naturales y su estructura social, así como las conquistas políticas y legislativas de los dos primeros decenios del siglo. De hecho, puede ser que estas conquistas no sólo fueran posibles gracias a las condiciones económicas y sociales subyacentes, sino que estas condiciones las propiciaran. Debido a la escasa población del país —alrededor de 1,2 millones de habitantes en 1920— en relación con la inmensa extensión de pastos naturales, Uruguay tenía niveles elevados de exportaciones y de renta per cápita. Sin embargo, la oleada de inmigrantes que atrajo el país, especialmente en el decenio que precedió a la primera guerra mundial, no encontró empleo en el sector rural, que, de hecho, había soltado un excedente de mano de obra en los decenios anteriores, sino que se quedó en la ciudad de Montevideo. Esta afluencia de personas no sólo aceleró el desarrollo de la economía urbana, sino que también acentuó las tensiones políticas de una sociedad orientada a la exportación pero a la vez muy urbanizada.

El manejo de estas tensiones fue el gran logro de las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903-1907,1911-1915). El comienzo de su mandato coincidió con la fallida rebelión de Aparicio Saravia en 1904, eco final de las guerras civiles del siglo XIX y prueba de la profunda división que había en el seno de la clase terrateniente, entre los estancieros modernizadores y los caudillos tradicionales. La imposición por parte de Batlle de la autoridad del gobierno central terminó de forma concluyente la era del caudillismo regional, y el éxito de esta empresa, junto con la escasa representación de la clase terrateniente en el Partido Colorado, que era el que gobernaba, incrementó la capacidad de Batlle en lo que se refiere a mediar entre las demandas de la clase terrateniente, por un lado, y las cada vez más fuertes clases trabajadora y media de las ciudades, por el otro. Así, medidas de protección industrial, expansión del sector público y educación fomentaron el espíritu emprendedor y la movilidad social. Al mismo tiempo, el proceso político respondió a los requisitos de la clase trabajadora urbana, en el seno de la cual los sindicatos y los grupos políticos de izquierdas estaban edificando una base entre la población inmigrante. La conservación de un sistema político dominado por los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Blanco (o Nacional), donde estaban representadas múltiples clases sociales, hizo necesario dictar leyes que apoyaran al trabajo y a los que padecían de desventajas sociales, lo cual permitió a los colorados hacer suyo el apoyo potencial de las masas encuadradas en organizaciones de clase.

Batlle fomentó así el papel del estado como mediador entre clases sociales antagónicas y consiguió una relativa estabilidad social gracias a medidas cuya finalidad era redistribuir la renta durante un período de prosperidad económica. La utilización de técnicas como carrera con plena dedicación y el elevado valor social que se concedía a la conciliación como medio apropiado de resolver los conflictos pasaron a formar parte del significado del batllismo. En este sentido general, el batllismo se refiere a un estilo nacional o ideología, más que a las conquistas reales de Batlle y Ordóñez o al programa político del ala batllista del Partido Colorado. Pero aunque las conquistas de Batlle tuvieron lugar en el contexto de una economía boyante, quedaba por ver cómo se adaptaría a las condiciones de un declive económico. Durante el decenio de 1920, que en general fue próspero, Batlle estuvo alejado del poder, pero continuó siendo una figura de enorme influencia, aunque cada vez más entre las filas de los colorados batllistas en lugar de a escala nacional. Batlle murió en octubre de 1929 y durante el año siguiente empezaron a llegar a Uruguay los efectos de la depresión mundial.

DEPRESIÓN Y TERRISMO, 1930-1942

En Uruguay, como en otras partes de América Latina, la depresión significó el fin de la era del crecimiento inducido por las exportaciones, aun cuando sus secuelas políticas hicieron que el poder estuviera en manos de intereses muy estrechamente vinculados al sector de la exportación. Las repercusiones de la depresión fueron ciertamente severas. En comparación con el año 1930, en el que se alcanzó un punto máximo, el valor de las exportaciones disminuyó en un 22 por ciento en 1931 y en un 20 por ciento en 1932. Entre los productos principales, la carne resultó afectada más severamente que la lana, lo cual reflejaba en parte la dependencia de las exportaciones de carne vacuna del mercado británico. A decir verdad, la carne vacuna enfriada, que era el más importante producto cárnico uruguayo destinado a la exportación, se consignaba exclusivamente a Gran Bretaña, aunque la posición de Uruguay en el mercado británico era la de productor marginal. La crisis en el sector de exportación tuvo consecuencias en toda la economía y hubo un descenso del 30 por ciento en el suministro de importaciones entre 1930 y 1932 y un claro incremento del nivel de desocupación. Los efectos desestabilizadores de la depresión se vieron aumentados a su vez por la reducción de los ingresos públicos, que dependían mucho de los impuestos que pagaban los exportadores y los importadores.

Según la constitución de 1919, la responsabilidad de la gestión de la economía (y, por ende, la obligación de hacer frente a la crisis) correspondía a los nueve miembros del Consejo Nacional de Administración (CNA), a la vez que la participación del presidente en la autoridad ejecutiva estaba limitada a la seguridad interna y los asuntos exteriores. En 1930 Gabriel Terra fue elegido presidente como candidato batllista, pero, a pesar de ello, empezó casi inmediatamente una campaña de críticas dirigidas contra el CNA (y, por consiguiente, sus principales partidarios, los batllistas) que culminó con su abolición en el golpe que dio Terra el 31 de marzo de 1933. La campaña se basaba en exigencias de reforma del supuestamente ineficiente e ineficaz CNA, cuyos intentos de afrontar una crisis económica sin precedentes y cada vez más profunda proporcionaron obvios argumentos para el ataque. Un aspecto paradójico de este episodio es el grado en que el CNA, dirigido por los batllistas, tomó medidas muy severas a la vez que ortodoxas y conservadoras desde el punto de vista fiscal, mientras que a partir de 1933 se permitió que el gasto público subiera y, de hecho, las medidas intervencionistas del CNA en el sector externo se mantuvieron, aunque modificándolas. A decir verdad, el golpe tuvo poco que ver con los defectos del CNA como institución y se explica mejor diciendo que fue motivado por la ambición personal de Terra y por la reacción de la clase poseedora de propiedades contra las medidas batllistas en un momento de crisis grave.

No cabe duda de que incluso en el momento de su elección Terra aparecía como un hombre peligrosamente ambicioso a ojos de gran parte de la facción batllista. También era propenso a actuar de forma inconsecuente e impulsiva. Pero la ruptura con sus antiguos colegas la precipitó a finales de 1931 un acuerdo entre los colorados batllistas y la facción mayoritaria del Partido Nacional (Blanco), al que pronto se dio el nombre de Pacto del Chinchulín. El acuerdo garantizó el apoyo nacionalista a un antiguo objetivo batllista, a saber: la creación de una nueva empresa pública, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), que fabricaría o distribuiría productos del petróleo, alcohol y cemento. El precio de este apoyo fue una concesión al principio de la coparticipación de un partido minoritario en el gobierno, toda vez que se acordó que los consejos de administración de las empresas públicas debían reflejar la composición política del CNA. Es innegable que el pacto representaba un paso importante hacia la politización de la Administración pública y el consiguiente crecimiento del patronazgo, aunque no hubo ningún incremento importante e inmediato del nivel del empleo público antes de 1933, como se alega a veces. Pero el pacto no dejó de encontrar oposición dentro del Partido Nacional, y Terra pudo estimular un valioso aliado en el líder de su facción no participante, Luis Alberto de Herrera.

Debajo de las divisiones en el seno de los partidos y el ejecutivo estaba el antiguo y creciente descontento de la clase propietaria, así como de las compañías de servicios públicos que eran de propiedad británica, con la actitud poco dada a ayudar u hostil de los colorados batllistas. Los sectores terrateniente y comercial recibieron un duro golpe cuando se produjo el derrumbamiento de los mercados mundiales, y su inmediato motivo de queja fue la política de control del comercio y los cambios que introdujo el CNA en 1931-1932 y que limitó la tasa de depreciación del peso. Un temor mayor, sin embargo, era que en las negociaciones comerciales anglo-uruguayas que debían celebrarse después de los acuerdos de Ottawa de 1932, los antiguos antagonismos entre el Foreign Office y los batllistas, así como entre éstos y los terratenientes, se unieran para arruinar el principal mercado de exportación del país. Si se querían preservar los interesantes de las clases conservadoras en las nuevas circunstancias del decenio de 1930, era indispensable substituir a los batllista.

El golpe de 1933 casi no provocó resistencia activa. La necesaria demostración de fuerza corrió a cargo de la policía y las fuerzas armadas permanecieron en actitud pasiva. Tuvo el apoyo de los blancos de Herrera, así como de los colorados antibatllistas y los grandes terratenientes. El Foreign Office se mostró encantado y Terra recibió inmediatamente la felicitación del embajador en Montevideo. Las compañías británicas concedieron préstamos al nuevo régimen, convencidas de que la antipatía con que los batllistas veían el capital británico sería substituida por una actitud más agradable. Hasta cierto punto, un punto limitado, así fue, pero, a pesar de ello, un aspecto importante del régimen de 1933 fue la medida en que se parecía a su predecesor, tanto en su modo de gobierno como en su política económica.

La naturaleza autoritaria y poco liberal del gobierno de Terra (1933-1938) no puede ponerse en duda: se introdujo la censura de prensa, los grupos políticos de oposición se vieron perseguidos y los líderes políticos fueron desterrados. Pero la represión fue en general moderada, como callada había sido la oposición al golpe. Decían que el régimen era una «dictablanda» en vez de una dictadura. El elemento de continuidad política entre los dos regímenes se hallaba en que después de 1933 la coparticipación continuó siendo la base del apoyo político al gobierno, aunque su aplicación quedó restringida a los partidarios de Terra y Herrera. El crecimiento del empleo público durante los años treinta atestiguó la forma tradicional en que se consolidó el apoyo político. En el plano de la política económica, la expulsión de los batllistas fue la causa de que se interrumpiera el programa de legislación social y laboral, y la «firmeza» del régimen en las cuestiones laborales provocó la depresión de los niveles de salarios reales. Pero, si bien la representación de la clase capitalista en conjunto se vio reforzada, a la vez que se prometió al sector rural el principio de una era histórica en la cual se repararían los agravios impuestos por los batllistas, la realidad fue decepcionante. Al nuevo régimen le resultó imposible anular los cambios provocados por la depresión. A corto plazo hubo un trato más favorable para las exportaciones en lo que se refiere al tipo de cambio, se alivió la carga de los pagos de las hipotecas sobre la tierra y también se aligeró un poco la carga fiscal. Se llegó a un acuerdo con el gobierno británico en 1935, en virtud del cual el acceso al mercado británico de carne vacuna quedó asegurado, aunque muy reducido. Pero en contraste con esto, persistió la nueva era de dirigismo en la política económica. La estructura de los controles comerciales y de cambios, que habían sido introducidos como medidas de emergencia en 1931, fue institucionalizada por el régimen de 1933, y, en efecto, como las exportaciones empezaron a recuperarse después de 1935, se siguió la norma de resistirse a una revaluación ascendente demasiado rápida del peso. El hecho era que los anteriores decenios de crecimiento urbano habían creado una economía que en 1930 se contaba entre las más industrializadas de América Latina en proporción con su tamaño. Al nuevo gobierno no le fue posible hacer caso omiso de las peticiones de la industria manufacturera, que deseaba mayor protección y mayor acceso a las importaciones de bienes de producción necesarios. A pesar de su compromiso público con el sector rural, fue el sector urbano el que a finales del decenio de 1930 mostraba mayor dinamismo, especialmente después de que la refinería de petróleo de la ANCAP empezó a funcionar en 1937.

El régimen que se instaló en el poder por medio del golpe de 1933 se legitimó a sí mismo mediante una nueva Constitución en 1934. El régimen se construyó sobre una alianza de las facciones partidarias de Terra y Herrera en los dos partidos, y esto se reflejó en la composición del nuevo Senado, que fue reservado para las dos facciones mayoritarias de los partidos. En efecto, cambios efectuados en las leyes electorales en 1934 les dieron el uso exclusivo de los lemas «colorado» y «blanco». La nueva Constitución fue aprobada por poco más de la mitad del electorado, pues las facciones de ambos partidos que se oponían a ella se abstuvieron. Durante el período 1935-1936 algunas de estas facciones colaboraron con los partidos de la izquierda en varios intentos de formar un frente popular, pero la iniciativa no prosperó. No obstante, ambos partidos tradicionales sufrieron una profunda división en grupos pro régimen y grupos de oposición, y, para evitar que en el futuro se produjera un cisma de esta clase, se volvió a modificar la ley de denominaciones y se le dio la base de su forma moderna en 1939, según la cual las facciones de oposición podían tener acceso a la denominación y acumular sus votos dentro de ella. Así pues, las alianzas (y la división en facciones) debían fomentarse dentro de los partidos y no entre ellos.

La presidencia de Terra terminó en 1938, momento en que la influencia de los herreristas ya iba disminuyendo. Los colorados obtuvieron una gran victoria y Alfredo Baldomir, que era una figura relativamente liberal, fue elegido para suceder a Terra. Pronto empezaron las especulaciones sobre la reforma constitucional, y la caída de la alianza terrista-herrerista en 1941 preparó el camino para derogar la Constitución de 1934, cosa que se hizo el año siguiente. Aunque los factores nacionales (en particular la dinámica de la economía urbana) contribuyeron a producir esta transformación, también tuvieron mucha importancia los cambios que el contexto internacional experimentó después de 1933. La subida del fascismo italiano sin duda había impresionado a Terra. No obstante, la fuerza de la tradición de dos partidos (o dos facciones) en el gobierno uruguayo limitó su influencia a aspectos superficiales del régimen, y los intentos de construir un estado corporativo no se hicieron con mucha convicción. La influencia alemana creció de forma clara con el bilateralismo comercial y la concesión de contratos a un consorcio alemán para una serie de proyectos hidroeléctricos a orillas del río Negro. Por otra parte, las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética se rompieron en 1935, y lo mismo ocurrió con el gobierno republicano de España el año siguiente. Con todo, la causa republicana en la guerra civil española recibió mucho apoyo popular y ello demostró la fuerza de la oposición a Terra.

El estallido de la segunda guerra mundial debilitó todavía más la alianza de las facciones colorada y blanca en el gobierno y puso de relieve el aislamiento de los herreristas. Aunque Uruguay se declaró oficialmente neutral, el sentimiento público contra las potencias del Eje era muy fuerte, especialmente después de que se hicieran públicas las pruebas de la actividad nazi en el país, y el gobierno de Alfredo Baldomir prestó toda la ayuda posible a los aliados. Mientras que Gran Bretaña tenía todos los motivos para sentirse satisfecha de esta actitud, las relaciones con los Estados Unidos se hicieron especialmente estrechas. En 1940 se propuso permitir a los norteamericanos instalar una base aeronaval en territorio uruguayo, plan que se activó de nuevo en etapas posteriores de la guerra, aunque, de hecho, nunca llegó a aprobarse. En la conferencia celebrada en Río de Janeiro en enero de 1942 Uruguay apoyó decididamente la postura de Brasil a favor de los Estados Unidos, dejando a Argentina y Chile como los únicos países que continuaron manteniendo relaciones diplomáticas con las potencias del Eje. En el caso de los herreristas, la simpatía que el fascismo les inspirara durante los años treinta fue modificada y quedó en estricta neutralidad durante la guerra; además de por el comunismo internacional, Uruguay se veía amenazado por los designios hegemónicos de los Estados Unidos que se ocultaban bajo la capa del panamericanismo.

Así pues, la base política del régimen de 1933 resultó erosionada por su incapacidad de reflejar el consenso popular en el país y mantener su coherencia ante una situación internacional que cambiaba rápidamente. Este hecho y las condiciones más favorables para el crecimiento de la industria manufacturera, bajo la cual el batllismo había florecido tradicionalmente, hicieron que el cambio fuese inevitable. En 1940 ya se estaba hablando de la reforma constitucional, al año siguiente los herreristas se retiraron del gabinete y en febrero de 1942 se disolvió la legislatura y se formó un Consejo de Estado. Fue una ironía que el presidente Baldomir, que era cuñado de Gabriel Terra, además de su jefe de policía en 1933, instigase el llamado «golpe bueno».

RESTAURACIÓN DE LOS BATLLISTAS, 1942-1951

La necesidad urgente de substituir la Constitución de 1934 nació de la capacidad de los blancos herreristas, que tenían un número igual de escaños que los colorados de Baldomir en el Senado de los «15 + 15», de obstruir las propuestas de reforma. Este control del Senado por dos facciones fue eliminado bajo la nueva Constitución. Entre otros cambios complejos, se frenó la politización de las empresas públicas y se consolidaron las leyes que regían el uso de las denominaciones de los partidos. La nueva constitución fue aprobada en plebiscito en noviembre de 1942, y los colorados obtuvieron una gran victoria en las elecciones celebradas simultáneamente. El régimen de facto instaurado en febrero de 1942, necesario para permitir la reincorporación de todos los grupos políticos, fue, pues, breve.

La presidencia del colorado neutral Juan José Amézaga (1943-1947) representó en general un intervalo tranquilizador que no amenazó ninguna expectativa, ni puso en peligro ningún interés establecido. En el campo de las relaciones internacionales el período se caracterizó por una creciente frialdad en el trato con Argentina, tendencia que no desapareció hasta el derrocamiento de Perón; pero hubo también una asociación más estrecha con los Estados Unidos, que habían sido un contrapeso tradicional de los colorados para hacer frente a la influencia británica, pero que ahora estaba más en función de la dominación económica, política y militar de los Estados Unidos en la región y de la ambición que durante un breve período albergó Uruguay de interpretar un papel destacado en el sistema interamericano. La importancia de los Estados Unidos como socio comercial aumentó en gran medida durante el decenio de 1940. En 1942 se recibieron empréstitos del Export-Import Bank para que pudieran terminarse las obras hidroeléctricas de río Negro y en 1943 para obras públicas, entre las cuales se contaba el aeropuerto de Carrasco, aunque, de hecho, se utilizó una pequeña parte de este crédito solamente. El Partido Blanco consiguió bloquear la instalación de una base militar de los Estados Unidos, aun cuando los planos de la misma ya estaban muy avanzados en 1944, pero no logró anular la decisión de declarar la guerra al Eje en febrero de 1945, con lo cual Uruguay se ganó un lugar en la conferencia que las Naciones Unidas celebraron en San Francisco en abril de aquel mismo año. Tampoco pudo anular el apoyo del gobierno a los acuerdos multilaterales relativos a la defensa del hemisferio que los Estados Unidos patrocinaron en el Acta de Chapultepec en 1945 y en Río de Janeiro de 1947. De hecho, a finales de 1945, Eduardo Rodríguez Larreta, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, propuso una política de intervención colectiva en los asuntos de las naciones americanas que se descarriasen, política que sería la base de la seguridad en el hemisferio, pero la respuesta del resto de América Latina a esta doctrina fue tan fría como entusiástica fue la de Washington.

A escala nacional, los cambios más amplios habidos en la economía y la sociedad contribuyeron al renacer de los batllistas. Los citados cambios fueron en parte una reacción al nuevo ambiente económico internacional y en parte un intento de volver a los temas principales del desarrollo uruguayo después de la interrupción causada por Terra. Durante los últimos años treinta el proceso de industrialización se reanudó después de que la depresión lo interrumpiera. El efecto de las restricciones comerciales impuestas durante la segunda guerra mundial fue reducir la tasa de crecimiento y diversificación del sector industrial, aunque algunas industrias, tales como la textil, continuaron su expansión. Con todo, en 1945 la aportación de la industria manufacturera al producto interior bruto (PIB)[*] ya había aumentado hasta situarse en un 19 por ciento, en comparación con el 15 por ciento de un decenio antes, a la vez que el empleo industrial en el mismo período había subido de unos 60.000 puestos de trabajo a casi 100.000.[2]. El crecimiento continuado de la economía urbana y el cambio del clima político nacional e internacional fomentaron el resurgir del movimiento sindical después de su eclipse casi total bajo el régimen de 1933. La preocupación por los niveles de vida de la clase trabajadora también se expresó en el informe que en 1941 presentó una comisión de la Cámara de Representantes y que revelaba que la pobreza y la inseguridad económica estaban muy extendidas.

El resultado a corto plazo de estos cambios fue un renacimiento de la actividad legislativa en los campos del trabajo y de la seguridad social. La medida más importante que se tomó fue la creación del régimen de consejos de salarios, que fue introducido en 1943 y representaba la intervención del estado en el proceso de negociación salarial al lado del trabajo y del capital. Otras leyes tenían que ver con la compensación por accidentes de trabajo, por despido, la reglamentación del trabajo rural y subsidios limitados de paro para los trabajadores de la industria de exportación. En el apartado de la seguridad social, la provisión para asignaciones familiares en 1943 fue una innovación, pero la tarea principal consistió en hacer extensivos a otros trabajadores, de forma gradual y poco sistemática, los beneficios de planes de pensiones parecidos a los que se habían creado en el período anterior a 1930 para grupos profesionales importantes. En 1954 todos los trabajadores ya tenían derecho a pensiones de jubilación a cargo de uno de las diversas cajas de jubilaciones. La proporción de la población que dependía del estado aumentó al ampliarse el sector público, ya fuese por medio de la creación de nuevas empresas públicas (PLUNA, las líneas aéreas nacionales, en 1944) o de la adquisición de activos de propiedad británica (ferrocarriles, tranvías, abastecimiento de agua en 1948-1949).

Es obvio que todo esto concordaba con la tradicional ideología batllista, pero no fue fruto meramente de una creciente influencia de los batllistas. Los consejos de salarios, por ejemplo, recibían el apoyo de todos los partidos políticos y de las asociaciones patronales además de los sindicatos, aun cuando la intención declarada de los mismos era fomentar la subida de los salarios reales. La importancia a largo plazo de las nuevas leyes laborales y sociales consistía esencialmente en que ponían la base para una alianza implícita entre el capital industrial y la clase trabajadora urbana que dominaría la política uruguaya hasta finales de los años cincuenta y que siguió existiendo, aunque sometida a tensiones crecientes, hasta las postrimerías del decenio de 1960. La industria manufacturera dependía por completo del mercado nacional, que estaba muy protegido, y una vuelta a la política de redistribución del anterior período batllista le había proporcionado una demanda en expansión. La competencia del sector no estructurado se vio mermada por los aumentos salariales que afectan a toda la industria, a la vez que el activismo de los sindicatos se veía absorbido por la nueva estructura institucional y se confirmaba la lealtad de la clase trabajadora a los dos partidos tradicionales. El movimiento sindical mismo no se libró fácilmente de los cismas ideológicos que lo habían tenido dividido. Pero tales cismas empezaron a perder importancia con la afiliación masiva a los sindicatos y al mostrar éstos mayor preocupación por las negociaciones salariales, así como al ocupar la economía el lugar de la ideología política. Los partidos políticos de izquierdas continuaron recibiendo sólo un pequeño porcentaje del voto popular. El principal beneficiario político de la nueva alineación de fuerzas, y a su vez principal proponedor en la posguerra de la industrialización substitutiva de las importaciones, fue Luis Batlle Berres, sobrino de Batlle y Ordóñez.

Luis Batlle accedió a la presidencia en 1947, a raíz de la muerte de Tomás Berreta, elegido sucesor de Amézaga en 1946, poco después de ocupar el cargo. Con una breve interrupción a principios del decenio de 1950 Batlle fue la figura dominante en el Partido Colorado, el partido gobernante, hasta la derrota electoral de 1958. Su subida al poder completó la restauración del batllismo; pero la nueva versión se diferenciaba mucho de la antigua en algunos aspectos importantes. En primer lugar, mientras que Batlle y Ordóñez había procurado establecer un equilibrio entre fuerzas sociales opuestas, un equilibrio basado en la diversificación de la economía y en concesiones a las clases media y baja que eran una mezcla de igualitarismo y un elevado nivel de movilidad social, el neobatllismo se basaba en la promoción agresiva de determinados sectores, en especial de la industria manufacturera y la agricultura de labranza. No era ninguna coincidencia, sin embargo, que una de las condiciones básicas para el éxito obtenido por el modelo más antiguo hubiese sido el crecimiento del sector ganadero antes de la primera guerra mundial y durante ella, y que las mismas condiciones de elevados valores de las exportaciones y prosperidad rural existieran durante la segunda contienda mundial y después de ella. De esta manera se ampliaron las posibilidades de seguir una política redistributiva al tiempo que quedaba reducida la oposición de la clase terrateniente.

En segundo lugar, el nuevo batllismo se diferenciaba del antiguo en sus bases políticas. Es indudable que Batlle y Ordóñez fue la figura política dominante en sus tiempos, y con el fin de ganarse el apoyo de las clases trabajadoras en detrimento de los partidos izquierdistas, a veces su estilo se acercaba al de un líder populista. Pero por reconocer la legitimidad de las exigencias de la clase trabajadora, aunque no la existencia separada de dicha clase, Batlle y Ordóñez era más paternalista que populista. Luis Batlle también dominaba la escena política y construyó a su alrededor un poderoso aparato político. El neobatllismo pretendía integrar lo que se había convertido en una clase trabajadora organizada y activa y para ello empleaba elementos del corporativismo y el populismo. El estilo demagógico de Batlle mostraba pocas señales de la visión social que había informado al antiguo partido batllista. A decir verdad, cuando se celebraron las elecciones de 1950 la facción del Partido Colorado que seguía a Batlle, la facción llamada «Lista 15», se había separado de los batllistas tradicionales y cada vez más conservadores, la «Lista 14», encabezados por los dos hijos de Batlle y Ordóñez, que seguían controlando el periódico El Día, que Batlle y Ordóñez había dirigido.

La adopción de una estrategia de substitución de las importaciones después de la guerra no dejó de encontrar oposición. Las relaciones más estrechas con los Estados Unidos desde los primeros años cuarenta brindaban a algunos la promesa (que para otros era temor) de reducciones considerables en la estructura de los controles de cambios y protección de la cual dependía la industria, de acuerdo con los intereses comerciales y financieros de los Estados Unidos. A pesar de ello, al finalizar la guerra se reinstauró la tradicional dependencia de los mercados europeos, a la vez que la prosperidad del sector de la exportación y la avalancha de importaciones acallaba la oposición a un incremento del intervencionismo. El índice de precios de las exportaciones subió de 36 en 1938-1940 a 119 en 1948-1950 (1961 = 100), al tiempo que la parte correspondiente a los bienes duraderos de consumo en las importaciones durante el periodo 1948-1950 alcanzaba su nivel más alto desde el decenio de 1920[3]. Mayor fue la importancia del descenso acelerado de las importaciones de bienes de consumo perecederos, la categoría que competía de forma más directa con la producción nacional, y del incremento de las importaciones de bienes de equipo. Esta reestructuración de las importaciones se consiguió a partir de 1947 por medio de la asignación discriminatoria de divisas y, a partir de 1949, mediante un sistema de tipos de cambio múltiples orientado principalmente hacia los requisitos de la industria manufacturera.

El rápido crecimiento de las exportaciones, la industria y la agricultura de labranza que se beneficiaba de los grandes subsidios engendró una nueva oleada de euforia en el país a finales de los años cuarenta. La euforia no disminuyó al comprar el estado varias compañías de servicios públicos que eran de propiedad británica, en especial el Central Uruguay Railway, aunque por motivos económicos la venta de los mismos por sus antiguos propietarios era más aconsejable que su adquisición por los nuevos. La prosperidad del período era en gran medida fortuita, ya que se derivaba de una coyuntura internacional favorable pero temporal, pero esta fue la base sobre la que Luis Batlle apoyó su ambición política. El decenio siguiente revelaría que tanto los cimientos de la prosperidad como los del nuevo caudillo de la nación eran poco profundos.

EL SEGUNDO COLEGIADO Y LA CRISIS ECONÓMICA, 1951-1959

Aunque según las normas constitucionales Luis Batlle no podía concurrir a las elecciones presidenciales de 1950, el resultado, a pesar de ello, pareció muy satisfactorio para su causa. Herrera era el candidato con más votos, pero el total de votos obtenidos por el lema colorado superó al del blanco y, por consiguiente, la victoria fue para el sub-lema de colorados que más votos recibieron, es decir, el del candidato de la Lista 15, Andrés Martínez Trueba. La victoria frente a los batllistas de la Lista 14 y frente a la lista de colorados independientes, que unía a los colorados que se habían opuesto a Batlle y Ordóñez en los años veinte y a los que habían seguido a Terra, fue pequeña pero decisiva. Era obvio que Luis Batlle seguiría siendo una figura influyente y que volvería a aspirar a la presidencia en 1954. La decisión que tomó Martínez Trueba de reformar la constitución substituyendo el cargo de presidente por un ejecutivo colegiado, reforma que fue aprobada sin entusiasmo por un plebiscito en 1951 y que entró en vigor en 1952, fue, por ende, una gran sorpresa.

El cambio constitucional de 1952 no sólo redujo directamente el poder de la facción Lista 15, sino que también requirió un cambio de sentimientos por parte de quienes en el pasado se habían opuesto al colegiado. Para todos los batllistas el colegiado había sido un artículo de fe desde la época de Batlle y Ordóñez, pero la decisión de Martínez Trueba causó consternación mal disimulada entre los seguidores de Luis Batlle. A los batllistas de la Lista 14 también les encantó la perspectiva de recortar la influencia personal de Luis Batlle. El apoyo de Herrera a la reforma fue crucial y su cambio de actitud fue el más notable. Tras haber participado en el régimen que puso fin al primer ejecutivo colegiado y expulsó a los batllistas, ahora hizo un pacto con éstos para introducir el segundo colegiado. Sin duda los fracasos electorales de Herrera eran parte de la explicación, pero aún más tentadora era la perspectiva de coparticipación en el gobierno. La doctrina de coparticipación, que entrañaba la representación del partido minoritario en el gobierno y una parte del patronazgo, era tan básica en la filosofía de los blancos como la creencia en el gobierno de un partido único lo era en la de los colorados. Los que criticaban la reforma, especialmente los colorados independientes y los pequeños partidos no tradicionales, observaron la conveniencia que para los principales grupos políticos tenía una medida que iba a consolidar su poder político. En términos de sus resultados en las elecciones del año anterior, los partidarios de la reforma deberían haber producido una mayoría masiva en el plebiscito. En realidad, la mayoría favorable a la reforma fue minúscula, pues sólo el 20 por ciento de los votos hábiles expresaron su apoyo, a la vez que el 17 por ciento se mostraba contrario.

El Consejo Nacional de Gobierno (CNG) fue, por ende, recibido con escepticismo y contemplado por lo general con cinismo hasta su desaparición en 1966. Seis de sus miembros debían salir del partido mayoritario y los restantes tres, de la minoría. Los consejos de administración de las compañías públicas se componían de personas nombradas por los partidos mayoritarios y minoritario, en proporción de tres más dos. Era como si se hubiesen incorporado en la Constitución los rasgos más perjudiciales del Pacto del Chinchulín de 1931. Precisamente porque el modo de funcionamiento de la nueva Constitución tenía antecedentes obvios en decenios anteriores y porque la situación económica empeoró a los pocos días de su iniciación, sería un grave error asociar las formas características de la actividad política en los años cincuenta y sesenta de una manera sencilla con las evidentes deficiencias del ejecutivo colegiado. Los mecanismos por medio de los cuales los dos partidos tradicionales se mantuvieron en el poder resultaron fortalecidos por el nuevo sistema, pero sus raíces eran más profundas. Una era electoral, el sistema de lemas, que permitía a colorados y nacionalistas escindirse en múltiples facciones sin poner en peligro la fuerza electoral de los dos lemas y que hacía que la formación de gobiernos fuese fruto de alianzas entre los partidos. Otra era la base clientelista del apoyo político que prosperaba con la intervención política en la Administración y el sector público. El crecimiento de la burocracia, la disminución de la eficiencia administrativa y la conversión de excedentes de las empresas públicas en déficits inmensos fueron especialmente acentuados en el decenio de 1950 y comienzos del de 1960. La aportación particular del CNG a este proceso consistió en negar al país un liderazgo político unificado y eficaz. El CNG estaba sobrecargado de asuntos de detalle administrativo y tendía a convertirse en una tercera cámara de debates en la que el sentido de apremio y de responsabilidad final se hallaba en gran parte ausente.

A mediados de los años cincuenta la fase positiva de industrialización substitutiva de las importaciones había terminado, y la economía entró entonces en un largo período de estancamiento. En el decenio comprendido entre 1945 y 1955 el crecimiento industrial alcanzó una media de casi el 9 por ciento anual, y, aunque las actividades manufactureras tradicionales continuaron dominando el sector, hubo también cierta diversificación industrial. Sin embargo, los factores favorables que fueron la base de este período de crecimiento relativamente dinámico duraron poco, y su eliminación reveló las limitaciones del proceso de industrialización de la posguerra en Uruguay. El revés más importante se produjo con la baja de los precios de la lana después de los niveles excepcionalmente altos de 1951. Esto, junto con el creciente consumo doméstico de carne vacuna exportable y la disminución de las reservas de divisas extranjeras acumuladas durante la segunda guerra mundial, impuso una seria restricción de divisas extranjeras a un sector industrial que dependía en gran medida de las importaciones de energía y materias primas, a la vez que su dependencia era total en lo tocante al equipamiento. Estos rasgos adversos de los años cincuenta se superpusieron a una oferta estancada de productos exportables de la ganadería, tendencia que tenía sus raíces principalmente en el hecho de no haber pasado de una pauta extensiva de explotación de la tierra con el empleo de pastos naturales incultos a un sistema intensivo que permitiera incrementar el número total de cabezas de ganado. Este defecto, que tanto daño hizo a los resultados a largo plazo de la economía, estuvo relacionado con los riesgos mayores y la gestión más especializada que entrañaban las tecnologías de los pastos artificiales y su defectuosa adaptación a las condiciones locales, lo cual dio por resultado una baja tasa de rentabilidad financiera para la mayoría de los productos. La continuación del crecimiento industrial se vio frenada en el lado de la oferta por la insuficiencia de divisas extranjeras. Por el lado de la demanda —a pesar de una distribución de la renta que era relativamente equitativa para tratarse de América Latina y de una renta per cápita de aproximadamente 900 dólares (poder adquisitivo de 1960)—, una población total de sólo 2,25 millones de personas imponía evidentes limitaciones a un sector manufacturero que producía exclusivamente para el mercado nacional. A pesar de la caída de los precios de la lana que puso fin a la fase eufórica de la historia de Uruguay en la posguerra, pocas señales había de que los miembros del primer gobierno colegiado, que procedían de los principales grupos políticos participantes en las elecciones de 1950, fueran conscientes de los problemas económicos que estaban a punto de caerles encima.

Las elecciones de 1954 fueron un triunfo para la Lista 15 de Luis Batlle. A pesar de que la nueva constitución le había negado una segunda presidencia, era la figura sobresaliente del nuevo gobierno. Pero el empeoramiento de la economía, y más concretamente el agotamiento de la estrategia industrial, planteó problemas que las estructuras institucionales de gobierno y los partidos políticos no estaban en condiciones de resolver. La naturaleza personalista del liderazgo político y el ejecutivo dividido obstaculizaron el proceso de formulación de una política, a la vez que el control que los grupos políticos ejercían sobre el acceso a la burocracia, las empresas públicas y las cajas de jubilaciones permitió a los partidos defender a su clientela política. Durante las postrimerías del decenio de 1950 se intensificó el intervencionismo, más con la esperanza de mitigar los efectos del estancamiento económico que con la expectativa de resolver sus causas. El sistema de tipos de cambio múltiples se volvió enormemente complejo. Se reforzaron los controles comerciales. Se incrementaron los subsidios correspondientes a diversos artículos de consumo y a algunas exportaciones tradicionales. La consecuencia fue el aceleramiento de la inflación y un empeoramiento de la balanza de pagos cuando los productores retiraron las exportaciones del mercado como reacción a la sobrevaloración de los tipos de cambio de las exportaciones o éstas se efectuaron ilícitamente cruzando la frontera con Brasil. Las huelgas se hicieron más frecuentes y más perjudiciales. Los intentos de obtener ayuda financiera externa no dieron buenos resultados. Fue en este contexto de decadencia económica y de incapacidad gubernamental para detenerla que en 1958 los nacionalistas infligieron al partido Colorado su primera derrota electoral.

LOS NACIONALISTAS EN EL PODER, 1959-1967

Es cierto que la llegada al poder de la primera Administración de los blancos desde hacía noventa años fue en parte resultado de un intenso descontento rural con las contradicciones y los fracasos del intervencionismo económico bajo los colorados. Sin embargo, los blancos habían compartido el poder con los colorados por medio de la coparticipación, y su victoria de 1958 poco debió a la calidad de sus propuestas políticas. Se basó principalmente en una realineación de las lealtades de las facciones del partido. El hecho crucial fue la formación de una alianza insegura, en 1956, entre Herrera y Benito Nardone, líder de la Liga Federal de Acción Ruralista. El fenómeno del ruralismo databa del decenio de 1940, pero no adquirió importancia política hasta el de 1950, momento en que se liberó de sus vínculos con el sector terrateniente conservador y creó una base política en la clase media rural a la vez que Nardone ejercía un atractivo demagógico. En 1954 había apoyado a Luis Batlle, pero luego encontró suficientes cosas en común con Herrera como para encabezar una lista herrerista en las elecciones de 1958, al lado de Eduardo Víctor Haedo. El oportunismo político de la alianza y los antecedentes fascistas de sus líderes despertaron la desconfianza de los nacionalistas urbanos y moderados, y apareció una nueva facción del Partido Nacional, la Unión Blanca Democrática. Ambas facciones obtuvieron más votos que los colorados de la Lista 15, pero la victoria fue para la alianza herrerista-ruralista.

A las deficiencias inherentes del CNG como órgano directivo se sumaron ahora nuevas complicaciones, ya que el grupo gobernante que se hallaba dentro de él estaba profundamente dividido; de todos modos, este grupo podía ofrecer pocas medidas políticas coherentes, pues no había esperado ganar las elecciones. En tales circunstancias, y con el fuerte respaldo del sector de los exportadores rurales, era casi inevitable que se tomara la decisión de desmantelar la estructura heredada de controles comerciales y de cambios y buscar el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). A los pocos meses de tomar posesión del cargo, el nuevo gobierno recibió a una misión del FMI, y a finales de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Monetaria y Cambiaría.

El contexto económico en el cual se introdujo la Reforma era muy severo. Las rentas per cápita quedaron estancadas en 1954-1957, pero a partir de entonces comenzaron un largo período de descenso casi ininterrumpido. La contracción fue especialmente severa en los sectores primario y secundario de la economía. La crisis se vio acentuada en 1959 por grandes inundaciones, de tal modo que el volumen contabilizado de exportaciones de aquel año fue probablemente el más bajo de los registrados en tiempo de paz durante el siglo XX. Mientras el déficit de la balanza comercial iba en aumento, la inflación subió hasta alcanzar el 40 por ciento en 1959 y las inversiones descendieron. La Reforma puede verse como una clásica medida de estabilización del FMI, que identificó la demanda excesiva como origen de los desequilibrios de la economía y abogó por la eliminación de las distorsiones de los precios como medio apropiado de fomentar el desarrollo. Así, el tipo de cambio fue unificado en un nivel considerablemente devaluado, se levantaron los controles comerciales y se restringió la oferta crediticia. Sin embargo, se tomó una medida que se quería que fuera de transición y consistía en introducir impuestos diferenciales a la exportación, sobre tasas variables a la importación y depósitos previos, de tal modo que un rasgo esencial del sistema antiguo, el trato discriminatorio de las mercancías destinadas a la exportación y de las categorías de importación, se conservó en el nuevo.

Aunque la Reforma tuvo poca pertinencia a largo plazo para los problemas de la economía uruguaya, que radicaban fundamentalmente en el atraso técnico del sector ganadero y el agotamiento del proceso de substitución de las importaciones, en otros aspectos resultó sumamente significativa. La recuperación de los pastos inundados permitió alcanzar tasas modestas de crecimiento económico en 1960-1961, y la liberalización del comercio incrementó la oferta de bienes de inversión y bienes duraderos de consumo para satisfacer la demanda de los grupos de renta alta. Pero, a pesar del hecho de que la Reforma no produjo la recesión con la que generalmente se asociaban las medidas del FMI en América Latina, sí fue la causa de una intensificación del descontento popular con la política del gobierno y contribuyó a radicalizar a los que se oponían a las formas tradicionales de autoridad política. Sería un error suponer que tal oposición era totalmente nueva en el decenio de 1960, que tuvo repercusiones inmediatas o que la Reforma fue la única responsable. En vez de ello, la posición destacada de la clase terrateniente en la nueva estrategia económica, tras largos períodos en los cuales su existencia había quedado disfrazada por la búsqueda de objetivos batllistas, empujó a los intelectuales en particular a examinar la alternativa política cuyo ejemplo era en aquel momento la revolución cubana. La divergencia se hizo más aguda a causa de las visitas que a Uruguay hicieron Nixon y Eisenhower (1958 y 1960), por un lado, y Castro y Guevara (1959 y 1961), por el otro. La radicalización del semanario Marcha a partir de 1960 y la creciente disposición de la izquierda a identificar el imperialismo como la raíz de los problemas de la nación fueron características del período.

Si bien los conflictos industriales se habían intensificado durante los años cincuenta —ya en 1952 el CNG había adoptado medidas prontas de seguridad para sofocar la agitación en la industria—, las huelgas con gran participación se hicieron todavía más frecuentes durante los sesenta como respuesta a la retirada de las subvenciones a los productos alimenticios, los incrementos de precios en el sector público y la escasez de carne. La subida del economismo en el movimiento sindical se reflejó en el crecimiento de las afiliaciones en masa y la aparición de fuertes sindicatos de empleados. Al mismo tiempo, el antiimperialismo y las exigencias de reformas estructurales ante el estancamiento económico hicieron posible un grado de unidad ideológica mucho mayor que en decenios anteriores, y esto, junto con el mayor activismo del movimiento estudiantil, contribuyó a la formación de la primera central sindical unificada, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), en 1964.

Aunque los primeros años sesenta fueron testigos de una creciente movilización sindical y de la desafección de los intelectuales, pocas eran aún las señales de descontento generalizado con un sistema político dominado por blancos y colorados. El voto conjunto de los partidos Socialista, Comunista y Democristiano fue todavía de sólo el 9 por ciento en las elecciones de 1962, que volvieron a ganar los blancos (aunque por un margen escaso). El prestigio de los partidos tradicionales disminuía de acuerdo con su tendencia a legislar en beneficio propio: especialmente notorios fueron los privilegios que en el apartado de pensiones se concedieron a sí mismos en el Artículo 383 del presupuesto de 1961. Pero continuó la manipulación de los recursos del estado en beneficio de las clientelas electorales, de tal manera que cuanto mayor era el nivel de paro y más larga era la lista de espera para recibir la autorización de una pensión, más importante era conseguir la protección de algún líder político. El tamaño de la burocracia a principios de los años sesenta aumentó con rapidez no menor que a finales de los cincuenta, lo cual indicaba que el sector rural sólo podía ejercer un control limitado sobre la Administración nacionalista. La supervivencia del sistema político mediante el aumento del gasto público fue forzosamente a costa de la estabilidad a corto plazo y la estrategia a largo plazo basada en el aumento de la rentabilidad de las exportaciones. En especial durante el período 1963-1965, resultó imposible cumplir las normas del FMI relativas al comercio y los cambios.

El intento de estabilizar la economía fue el compromiso político más importante del gobierno blanco, pero no fue menor la importancia de los esfuerzos por introducir la planificación de la economía. La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) se creó en 1960 para que coordinase las propuestas de inversión del sector público, pero luego sus funciones se ampliaron y fue la encargada de la preparación de un plan nacional. En 1963 se publicó una diagnosis exhaustiva de los problemas de la economía uruguaya, y en 1965 se produjo un plan económico que abarcaba los años 1965-1974. Sin quitarle importancia a la gravedad de los problemas de Uruguay, el tono de los informes de la CIDE era optimista. La diagnosis que se hizo era fundamentalmente «desarrollista», y se basaba en la creencia de que por medio de reformas agrarias, fiscales y administrativas sería posible reanudar el interrumpido proceso de crecimiento económico. Por otra parte, estas reformas y el plan mismo fueron presentados como instrumentos técnicos para conseguir el desarrollo. En el campo de las decisiones políticas lo único necesario fue adoptar la planificación y obtener la colaboración del sector privado. Este ejercicio tuvo dos resultados significativos. En primer lugar, se vio claramente que no había ninguna intención seria, dentro del sistema político o del sector privado, de llevar a cabo ninguna clase de planificación o programa de reformas. La apariencia de un compromiso con la planificación era necesaria en parte para obtener ayuda externa al amparo de las condiciones de la Alianza para el Progreso y en parte para ocultar las limitaciones de la estrategia económica a largo plazo del gobierno. En segundo lugar, aunque el «desarrollismo» fue un fracaso, la preparación del plan tuvo un profundo valor educativo, no sólo para los que tenían que ver directamente con la CIDE, sino también porque difundió una comprensión más amplia, mejor informada y más fundamental de los problemas de la nación. El primer censo de la población efectuado desde 1908 y la introducción de la contabilidad de la renta nacional son ejemplos de un aspecto del cambio; otro fue el acentuado incremento, en los años sesenta, del volumen de publicaciones que se ocupaban de aspectos de la crisis nacional.

Los últimos años del segundo colegiado se caracterizaron por la muerte de destacadas figuras políticas: Herrera (1959), Nardone (1963), Luis Batlle (1964) y Daniel Fernández Crespo (1964), líder de la victoriosa facción nacionalista en las elecciones de 1962. Su desaparición y la falta de nuevos líderes de estatura comparable pusieron todavía más de relieve las limitaciones del ejecutivo colegiado. Las elecciones de 1966 giraron principalmente en torno a la reforma constitucional, ya que la mayoría de los grupos consideraban que el colegiado era la causa de todos los problemas. Aunque la nueva Constitución presidencial basada en un solo hombre que entró en vigor en 1967 daba cuerpo a algunas de las reformas constitucionales que indicara la CIDE —la creación de un Banco Central que substituyera al departamento de emisión del Banco de la República, de un Banco de la Seguridad Social que reglamentase las operaciones de los fondos de pensiones y de una Oficina de Planificación y Presupuesto—, su objetivo fundamental (que contaba con la aprobación del Departamento de Estado norteamericano) era restaurar un ejecutivo fuerte. El nuevo caudillo, que trajo tendencias conservadoras y una cara reputación de administrador honrado a la presidencia reformada, era el general retirado Oscar Gestido, uno de los tres candidatos colorados. Gestido capitaneaba la facción llamada Unión Colorada y Batllista (UCB), que se había formado en 1959. Su vicepresidente, el tercer candidato al cargo, era Jorge Pacheco Areco, entusiasta del boxeo, periodista de El Día durante un breve período, y casi completamente desconocido para el pueblo uruguayo.

EL PACHEQUISMO, 1967-1972

Al principio, la Administración Gestido se mostró indecisa a la hora de elegir una estrategia económica. Hubo señales de continuación del intervencionismo, especialmente en un intento de mantener un tipo de cambio oficial que estaba considerablemente sobrevalorado y de seguir siendo independientes del FMI. Pero al producirse la súbita muerte de Gestido en diciembre de 1967, había ya indicios de la política que seguiría su sucesor. En octubre surgió una desavenencia entre Gestido y los ministros que a la sazón se encargaban en los asuntos económicos, y en noviembre, después de que se nombrara ministro de Hacienda a César Charlone, que había ocupado el mismo puesto bajo Gabriel Terra en los años treinta, el peso fue devaluado en el mercado oficial en un 100 por ciento. Los cuatro años siguientes bajo la presidencia de Pacheco fueron un período de intensos conflictos sociales y de encono sin precedentes, un período que cabe considerar como la señal de que el tradicional Uruguay batllista tocaba a su fin.

El trasfondo económico de los años 1967-1968, durante los cuales cobró forma la nueva orientación, fue cada vez más desfavorable. El estancamiento económico a largo plazo volvió después de 1961 con un descenso ininterrumpido de la renta media per cápita. La tasa de inflación, que había descendido hasta quedar en un 10 por ciento en 1961, aumentó en un 90 por ciento en 1967. A pesar de que los precios mundiales en general eran favorables, las exportaciones no mostraron ninguna tendencia sostenida a aumentar, y en 1967 un movimiento adverso de los precios coincidió con lluvias excesivas y deprimió el valor y el volumen de las exportaciones. Esto acentuó las dificultades relativas al servicio de la deuda exterior, que había aumentado mucho durante la administración blanca. El FMI puso como condición de su ayuda que se siguiera una política económica más ortodoxa, y la mayor sorpresa fue que se hubiera tardado tanto en adoptarla bajo Gestido.

La inestabilidad de la economía tuvo consecuencias importantes para el sistema político tradicional, que durante la crisis económica se había sostenido fundamentalmente porque su control de los recursos del estado le permitiría reducir los conflictos sociales inherentes a una economía inflacionaria y estancada, y, por medio de ello, consolidar su apoyo electoral. Este papel atrajo cierto respaldo por parte del capital urbano-industrial, que era el que más tenía que perder a causa de la intensificación de los conflictos. Asimismo, la inestabilidad económica no significaba necesariamente que las tasas de rentabilidad financiera fuesen bajas. A comienzos de los años sesenta se crearon diversas formas nuevas de emplear el capital, la más notable de las cuales fue el crecimiento del sistema bancario, proceso que se caracterizó por una serie de graves quiebras bancarias en 1965 y en 1971. Las divisas, la tierra y la especulación en el ramo de la construcción también atrajeron fondos. No obstante, a finales de los años sesenta estos métodos a corto plazo de reducir los efectos de las crisis ya no daban buenos resultados. En primer lugar, el desequilibrio económico y el fortalecimiento de los movimientos políticos radicales y revolucionarios amenazaban la estabilidad del sistema capitalista, de tal manera que el proceso político tradicional ya no podía contar con el apoyo del conjunto de la clase capitalista. En segundo lugar, la capacidad de los partidos tradicionales de obtener un grado suficiente de consenso social se veía limitada por la medida en que el estado podía disponer de una parte de los recursos de la nación. La creciente tensión social de las postrimerías del decenio de 1960 no estimulaba a la clase capitalista a acceder a más imposiciones fiscales ni a las consecuencias inflacionarias de un aumento del déficit del sector público. Al principio el resultado fue la reducción del poder de los grupos políticos tradicionales, proceso que luego condujo al derrumbamiento de la estructura institucional dentro de la cual actuaban.

Así pues, la Administración de Pacheco (1967-1972) se caracterizó, en medida mucho mayor que gobiernos anteriores, por haber en ella representantes del sector privado e individuos dotados de preparación técnica. No se hizo ningún esfuerzo sostenido por edificar una alianza con elementos mayoritarios de la legislatura. Aparte de la lealtad política de algunos miembros de su propia facción, la UCB, el apoyo más significativo que recibió Pacheco procedía de otro grupo colorado, el llamado Unidad y Reforma, cuyo líder era Jorge Batlle (hijo de Luis Batlle). Pero la hostilidad que la legislatura expresaba con frecuencia contra los ministros de Pacheco raras veces llegaba al extremo de dar lugar a un voto de censura, pues existía el temor a la disolución y la celebración de nuevas elecciones.

El recurso institucional que permitió a Pacheco gobernar de modo tan implacable fue la imposición casi continua de medidas prontas de seguridad a partir de junio de 1968. El derecho del ejecutivo a asumir poderes de excepción no era una novedad de la Constitución de 1966, y tales poderes se habían invocado de vez en cuando. Lo que era excepcional bajo Pacheco fue que se utilizaran como modo normal de gobierno. Después de cerrar dos periódicos y de suprimir ciertos grupos políticos de izquierdas (pero no el Partido Comunista) pocos días después de tomar posesión de su cargo, a partir de mediados de 1968 Pacheco recurrió a medidas de emergencia para detener a líderes sindicales, prohibir las asambleas y censurar la prensa. En 1970 y 1971 el Congreso votó a favor de levantar tales medidas, pero la reacción inmediata de Pacheco fue imponerlas de nuevo. Las medidas duras iban dirigidas del modo más intensivo contra los disidentes estudiantiles y obreros. En julio de 1968 los trabajadores de los servicios esenciales fueron militarizados. Se prohibieron las manifestaciones callejeras y se recurrió a la violencia para sofocar las que se producían a pesar de la prohibición. Se infringió la independencia de la judicatura por el medio de volver a detener a los acusados después de que los tribunales decretasen su libertad provisional.

La estrategia económica que había bajo el régimen político arbitrario y represivo empezó a cobrar forma a finales de 1967 cuando se reanudaron las negociaciones con el FMI. En febrero de 1968 se aprobó un crédito contingente y se firmó una carta de intención. La política de estabilización se expresó de forma plena en el decreto de congelación de salarios y precios que se dictó en junio de 1968 y la relajación sumamente controlada de la congelación, que fue administrada por la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN). El efecto de la congelación así como de las medidas monetarias y fiscales que la acompañaron, fue reducir de forma notable la tasa anual de inflación, que del 125 por ciento en 1968 pasó al 21 por ciento en 1969. El efecto en los asalariados, que correspondió al ataque contra el movimiento sindical, fue una caída media del 10 por ciento de los salarios reales entre 1967 y 1968. Sin embargo, el compromiso del régimen con las propuestas liberalizadoras del FMI fue ambivalente. Aunque saludables como medida a corto plazo, los controles de precios no podían justificarse como instrumento político normal, pero en la práctica se convertirían en un recurso para contener las presiones inflacionarias. Aún más sorprendente, por apartarse de la ortodoxia, fue la decisión de Pacheco de mantener el valor externo del peso en su nivel de abril de 1968 pese a que el FMI presionaba a favor de su devaluación. La razón de ello fue quizá tanto un intento de legitimar la política del régimen mostrando su independencia de los acreedores internacionales como una parte integrante del proyecto económico. No cabe duda de que se vio facilitado por una mejora del comportamiento de las exportaciones y por términos de intercambio favorables a partir de 1968. Aunque las restricciones crediticias de 19681970 produjeron gran número de quiebras de empresas, la estabilización no provocó más recesión en una economía que ya estaba deprimida. Al contrario, en 1969-1970 la producción alcanzó las tasas de crecimiento más altas registradas desde principios del decenio de 1950, al tiempo que los salarios reales recuperaban la pérdida sufrida en 1968 pese a continuar el ataque contra el trabajo organizado. Durante 1971 era evidente que Pacheco se proponía buscar una enmienda constitucional, en las elecciones que se celebrarían al finalizar el año, que le permitiera conservar la presidencia durante un segundo mandato y que utilizaría el incremento de los gastos públicos como base de una campaña electoral. La economía reaccionó mal durante 1971. Ante unos niveles inusitadamente altos de la relación gasto público-PIB, así como un tipo oficial de cambio poco realista, el sector privado perdió confianza en la gestión económica del gobierno. De importancia más duradera, sin embargo, fue su pérdida de confianza en la capacidad del sistema político en lo que se refería a resistir los desafíos radicales de los tupamaros y el Frente Amplio.

Los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) se remontan a los intentos de su líder reconocido, Raúl Sendic, de organizar a los trabajadores de la industria de la caña de azúcar del noroeste de Uruguay a principios de los años sesenta. Desilusionado por los limitados resultados que obtuvo y por la inefectividad del proceso electoral como vehículo de la política radical, Sendic había iniciado en 1963 un movimiento que al finalizar el decenio era en el momento probablemente la fuerza guerrillera mejor organizada y más victoriosa de América Latina. El MLN-T transformó la naturaleza de la guerra de guerrillas al demostrar las potencialidades de las operaciones urbanas. A mediados de los años sesenta la actividad de los tupamaros fue esporádica más que sostenida, pero a partir de agosto de 1968, durante el período de reacción popular (y especialmente estudiantil) contra las medidas económicas y políticas de Pacheco, dicha actividad se intensificó. Los tupamaros continuaron obteniendo armas y dinero para reforzar el movimiento; pero obtuvieron más publicidad (a pesar de que la prensa tenía prohibido hablar de ellos) mediante la revelación de escándalos financieros, la ocupación de emisoras de radio y el secuestro de figuras públicas asociadas con Pacheco. En este período es probable que el arma subversiva más potente de que disponía el movimiento fuera el ridículo que hacían las autoridades a causa de su incompetencia, así como las revelaciones de corrupción entre los intereses que las autoridades en vano trataban de defender.

La amenaza de los tupamaros fue la justificación que usó Pacheco para recurrir a los poderes de excepción, aunque el blanco original de los mismos fuera el trabajo organizado. Las medidas antisubversivas no tardaron en apoyarse en las técnicas violentas que se empleaban en los interrogatorios. En 1970 una comisión del Senado que investigaba las denuncias comprobó que el uso de la tortura era «normal, frecuente y habitual», y la campaña de los tupamaros entró en una etapa nueva con operaciones contra los responsables de utilizar la tortura, incluida la ejecución de un agente estadounidense. El secuestro y la retención prolongada de funcionarios extranjeros por parte de los guerrilleros pusieron de relieve la ineficiencia de la policía y la obstinación de Pacheco, que se resistía a las presiones externas para negociar con aquéllos. Los éxitos de los tupamaros contra la policía —especialmente las fugas en masa de tupamaros encarcelados— hicieron que las fuerzas armadas la sustituyeran en las cuestiones de seguridad interna y coincidieron con el cese de las operaciones guerrilleras para permitir que el Frente Amplio concurriera a las elecciones de noviembre de 1971. Al reanudarse las operaciones en 1972, los tupamaros sufrieron una derrota aplastante.

En 1971 el Frente Amplio representó la organización y el despliegue máximos de grupos políticos de izquierdas conseguidos en unas elecciones. Una y otra vez, partidos con base ideológica habían fracasado en sus intentos de erigirse en una fuerza electoral de importancia ante el monopolio del patronazgo estatal que ejercían los partidos tradicionales y también ante las leyes electorales que les permitían dividirse en sub-lemas al mismo tiempo que agregaban los votos del conjunto del lema. La suma de los votos de los partidos Socialista y Comunista no había alcanzado el 7 por ciento del total de votos desde 1946. El Frente Amplio era una coalición de grupos marxistas y no marxistas (que fue posible gracias a las leyes referentes a los lemas) basados en los partidos Socialista, Comunista y Democristiano con el apoyo de disidentes que habían sido miembros de ambos partidos tradicionales. A la cabeza de la coalición se hallaba un general retirado, Líber Seregni, que en 1966 había renunciado a su puesto en el ejército en señal de protesta contra las medidas represivas del gobierno. La campaña electoral produjo impresionantes demostraciones de apoyo, pero, si bien el total de votos a favor del Frente Amplio —el 18 por ciento del recuento oficial— representó una movilización sin precedentes de la izquierda, fue insuficiente para amenazar el dominio de los partidos tradicionales. Las alegaciones de fraude electoral fueron numerosas, pero la víctima principal no fue el Frente Amplio, sino uno de los candidatos de los blancos, Wilson Ferreira Aldunate. Ferreira era el candidato a la presidencia que obtuvo más votos, pero, como de acuerdo con la ley electoral la victoria era para el candidato del lema que más votos cosechase, la presidencia fue otorgada a Juan María Bordaberry, cuyo lema Colorado recibió trece mil votos más, votos muy disputados, que los blancos. La reelección de Pacheco requería una mayoría de los votos emitidos y, por consiguiente, fue derrotada. Bordaberry, cuyos orígenes políticos estaban con los ruralistas más que con los colorados, era, a pesar de ello, el candidato de Pacheco a la vicepresidencia, y su subida al poder pareció significar un grado de continuidad del régimen anterior. Andando el tiempo, el empeoramiento de la crisis política arrancó la iniciativa de las manos de Bordaberry. A partir de 1972, fue de las fuerzas armadas.

EL RÉGIMEN MILITAR, 1972-1985

Entre las características que en períodos anteriores parecían diferenciar Uruguay de otras repúblicas latinoamericanas, una de las que más llamaban la atención era la ausencia de una élite militar intervencionista y políticamente activa. Incluso en los dos golpes de Estado de la primera mitad del siglo XX el papel de los militares fue pasivo. Las explicaciones fundamentales de la pasividad política de las fuerzas armadas se encuentran probablemente en su tradicional lealtad a los colorados y en el largo período de dominación del Partido Colorado y la consecución de la paz entre los partidos a comienzos del siglo, lo cual permitió que los militares evolucionasen siguiendo líneas profesionales y burocráticas en lugar de políticas. Los factores que alteraron progresivamente el carácter de las fuerzas armadas fueron los resultados de las elecciones de 1958 y la consiguiente promoción de oficiales blancos, la creciente importancia que en la política norteamericana se daba a las técnicas antisubversivas en América Latina y el gran incremento del empleo de las fuerzas armadas para sofocar la agitación social y laboral durante el período de crisis económica, en especial, por supuesto, a finales de los años sesenta. El papel de las fuerzas armadas como guardianes «neutrales» de un sistema político abierto fue sin embargo un fenómeno efímero, dada la fragilidad del sistema mismo al finalizar el decenio de 1960.

A finales de 1971 los tupamaros habían decretado una tregua durante el período electoral, intervalo que las fuerzas armadas dedicaron a prepararse para una campaña antisubversiva más eficaz. En abril de 1972, cuando los guerrilleros reanudaron sus operaciones, se encontraron con un feroz contraataque por parte de los militares, cuyos poderes se vieron reforzados por la declaración del estado de guerra interna. Los interrogatorios con aplicación de torturas, las traiciones y la superioridad de recursos de los militares habían debilitado irreparablemente a los tupamaros antes de que finalizara el año 1972. No obstante, los contactos del movimiento con el sistema político y cierta simpatía que algunos de sus objetivos despertaban entre los oficiales le dieron importancia incluso en la derrota. Las pruebas de corrupción de destacadas figuras políticas que los tupamaros pasaron a los militares sirvieron para desacreditar el proceso político y reforzaron la posición de los oficiales que querían desplazar a los políticos. El golpe propiamente dicho se produjo en 1973, pero por etapas. En febrero fue negado el poder del presidente para nombrar ministros sin la aprobación de los militares; se creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que estaba controlado por los militares y cuyo objeto era aconsejar al presidente, y Bordaberry perdió apoyo político a causa de su aquiescencia a esta infracción de la autoridad civil. En abril ciertas empresas públicas pasaron a estar administradas por militares. Luego las fuerzas armadas actuaron contra la legislatura exigiendo el derecho a presentar cargos contra uno de sus miembros. Temiendo el precedente que ello sentaría, la legislatura negó el citado derecho y fue disuelta en junio, tras lo cual la substituyó un consejo de estado.

Se desató entonces una represión generalizada, con la detención de destacadas figuras políticas de todos los partidos, sindicalistas y miembros de la universidad, que en octubre fue ocupada por los militares. La pauta de detenciones, cierres de periódicos y la prohibición del Partido Comunista en diciembre de 1973 reveló que la base ideológica de los militares en esa etapa era antimarxista y la doctrina de la seguridad nacional. Se investigó la posible corrupción de figuras políticas individuales, pero se consideró que el marxismo había comprometido la totalidad del sistema político. Las prisiones se llenaron y se prepararon otras nuevas para alojar a tupamaros, disidentes políticos de signo radical y militantes sindicales. En el apogeo de la represión, a mediados de los años setenta, el régimen tenía en su poder a más de siete mil presos políticos, y se decía que Uruguay tenía la relación entre presos de conciencia y población total más alta del mundo. Además, las personas que eran sospechosas de simpatizar con la izquierda perdían su empleo en el sector público, la burocracia estatal y el sistema educativo. Las brutales prácticas del régimen y su contravención de los derechos humanos pasaron a ser un factor importante en las relaciones con los Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de Cárter, y la ayuda militar norteamericana fue suspendida temporalmente. Puede que la severidad de la represión se explique en parte por el aislamiento de las fuerzas armadas dentro del sistema social antes del golpe y el escaso prestigio social que daba la carrera de las armas. No obstante, principalmente porque el régimen logró extinguir la actividad política, la escala de su violencia fue menor que la que se experimentó en Argentina y en Chile en el decenio de 1970; a mediados de 1985 se habían denunciado unos doscientos casos de «desaparición» (la mayoría de ellos de exiliados uruguayos en Argentina) a una comisión investigadora.

El régimen se calificaba oficialmente a sí mismo de «cívico-militar». El presidente Bordaberry permaneció en su puesto hasta 1976 y sus sucesores fueron igualmente civiles hasta 1981. También se nombraron civiles para encabezar los ministerios y para formar parte del Consejo de Estado. En la práctica, la aportación clave que hicieron los miembros no militares del gobierno consistió en formular y poner en práctica la política económica en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el Banco Central. También se nombró a oficiales de graduación media para ocupar puestos en los ministerios y las empresas públicas, y el COSENA funcionó en calidad de principal órgano decisorio de las fuerzas armadas. Pero era indiscutible que la autoridad en el régimen la tenían los comandantes en jefe, entre los cuales el primer lugar correspondía al del ejército, aunque el sistema de nombramientos anuales logró impedir la aparición de un solo hombre fuerte o de una junta que se perpetuara a sí misma. La serie de presidentes civiles que hacían de figura decorativa (Bordaberry, Alberto Demichelli, Aparicio Méndez) no se interrumpió hasta que en 1981 el general Gregorio Álvarez fue nombrado para los tres últimos años del régimen. Pero para entonces la transición hacia un gobierno civil ya estaba en marcha y, a pesar de las ambiciones políticas de Álvarez, su nombramiento no significó ninguna concentración de autoridad personal o militar.

La orientación económica del nuevo régimen no estuvo clara hasta agosto de 1973. En febrero los militares habían dado a conocer dos comunicados en los que se afirmaba la necesidad de la reforma agraria, la reducción de la deuda exterior, el pleno empleo y el mantenimiento de los niveles de vida. Durante un breve período dio la impresión de que los reformistas, influenciados por el ejemplo de los militares peruanos, llevaban la voz cantante, pero no habría más indicios de celo reformista. La estrategia económica del gobierno Bordaberry se hizo pública en abril de 1973 bajo la forma de un nuevo plan quinquenal, y el nuevo régimen adoptó este documento en un cónclave cívico-militar que durante una semana del mes de agosto se celebró en San Miguel. El eclipse de los reformistas tuvo mucho que ver con el hecho de que sus propuestas se parecían a las ideas de los radicales políticos y de los marxistas y no eran el fundamento coherente de una detallada estrategia económica. El plan de abril, en cambio, era de inspiración declaradamente neoliberal. Se proponía revitalizar las fuerzas del mercado y los incentivos al espíritu emprendedor, además de reducir el papel del estado en la economía y la antigua práctica de la política económica de carácter intervencionista. En su lugar, una estructura de precios determinada por el mercado guiaría la asignación de recursos, y la economía se abriría más por medio de la reducción de las barreras al comercio internacional, con un desempeño mejorado de las exportaciones inducida por las de tipo agroindustrial. Se diagnosticó la inflación como un obstáculo transitorio a la mejora del desempeño económico y se atribuyó a la presión salarial y a una expansión monetaria excesiva. La estrategia bosquejada en el plan concordaba de forma general con la tendencia central de la política económica después de 1968; a pesar de los cambios radicales habidos en el contexto económico y político del decenio de 1970, había mucha continuidad entre los programas del régimen militar y los de su predecesor.

Uno de tales cambios era el acentuado empeoramiento de la situación económica ya adversa que había sido resultado de la subida de los precios del petróleo a finales de 1973. Aunque los precios de las exportaciones fueron altos durante 19721973, el breve renacer de la economía en 1969-1970 no fue sostenido y la inflación se aceleró hasta alcanzar el 77 por ciento en 1972 y el 100 por ciento en 1973. Para controlar esta crisis y vigilar la puesta en práctica de la estrategia del plan, a mediados de 1974 Alejandro Végh Villegas fue nombrado ministro de Economía. Végh estaba muy relacionado con el sistema bancario y había adquirido una breve experiencia ministerial en la Administración Pacheco. Aunque renunció a su cargo de ministro en 1976, al parecer porque no estaba de acuerdo con las propuestas políticas del régimen, y en particular con la extensión del control ejecutivo sobre la judicatura, la influencia de Végh dominó la primera fase de la política económica del régimen.

Durante este período, de 1974 a finales de 1978, el objetivo de la política era reestructurar la economía al tiempo que se buscaba la estabilización económica por medio de la eliminación de los desequilibrios internos y externos. La estabilización resultó difícil de alcanzar y la tasa de inflación descendió sólo hasta el 46 por ciento en 1978, pero en otros aspectos la estrategia se apuntó un éxito considerable, aunque su costo social fue severo. Entre 1973 y 1980 el PIB creció sin interrupción, después de cerca de dos decenios de estancamiento económico casi total. Tras las distorsiones de la era de substitución de las importaciones, la reestructuración a largo plazo entrañaba hacer que los precios interiores se ajustasen más a los precios mundiales, al tiempo que se deprimía el consumo privado con el fin de estimular las actividades de exportación e incrementar la tasa de acumulación. Sin embargo, a pesar de la inspiración liberal del programa, que beneficiaba principalmente al sector financiero, los principales resultados se alcanzaron, irónicamente, gracias a medidas iliberales o intervencionistas. La rápida expansión de las exportaciones no tradicionales, que venció el «pesimismo de exportación», se fomentó mediante subvenciones y controles selectivos de precios. Los productores ganaderos y los exportadores de productos tradicionales se vieron obligados a subvencionar diversas actividades de elaboración y manufacturación, especialmente en los ramos textiles y del cuero. La abolición de las negociaciones salariales libres y colectivas redujo los costos de mano de obra y dio por resultado un descenso del 50 por ciento de los salarios reales durante el período del régimen. La inversión aumentó en gran parte de resultas de la expansión del programa de gastos en infraestructura del sector público. La inversión en el sector privado creció sólo muy modestamente. Aunque se les ofrecieron privilegios especiales, las empresas extranjeras mostraron tan poco interés por invertir en Uruguay como en el período de crecimiento industrial de los años cincuenta. El apoyo externo quedó limitado en gran parte a los empréstitos. La industria manufacturera que producía para el mercado interior resultó muy afectada por la disminución del consumo y la reducción de las barreras proteccionistas al amparo de las cuales había crecido.

Un rasgo central de esta primera fase de la política económica del nuevo régimen fue, pues, una combinación de ideología liberal e intervencionismo pragmático. En la segunda fase, que duró de finales de 1978 a finales de 1982, cambiaron los principales objetivos y técnicas de la política, y se perdió lo que se había ganado en los años anteriores. La importancia que se daba antes a una economía reestructurada y dinámica fomentada por los incentivos a los exportadores cedió ante un esfuerzo en pos de la estabilización económica que debía lograrse principalmente mediante la manipulación del tipo de cambio. En lugar de la secuencia de minidevaluaciones, el tipo de cambio que se aplicaría en los meses futuros se anunciaba previamente en una tabla (la llamada «tablita»), lo cual entrañaba una sobre valoración progresivamente mayor del peso. Al mismo tiempo, la liberalización de los mercados financieros y de productos básicos fue ampliada. Con la disponibilidad de préstamos exteriores, se dejó que el ajuste de la balanza de pagos se produjese automáticamente. Los resultados de este experimento con una doctrina importada fueron desastrosos, si bien al principio quedaron disimulados por un auge de la construcción financiado por capital que buscaba refugiarse de Argentina y por una caída de la tasa de inflación, que quedó situada en el 21 por ciento en 1982. Pero al finalizar dicho año se abandonó la tablita y se devaluó el peso, lo cual dejó un legado de endeudamiento externo e interno que expresaba la dominación del sector financiero sobre el sector productivo de la economía. El crecimiento económico sostenido del período 19731980 cedió ante el estancamiento en 1981 y una caída del 14 por ciento del PIB en 1982-1983. Los años de dólares baratos causaron una enorme subida del nivel de importaciones, mientras que el crecimiento de la exportación se tambaleó ante la política de tipos de cambio adversa, la insuficiencia del abastecimiento de materias primas nacionales, los derechos compensatorios introducidos en el mercado estadounidense y, andando el tiempo, la recesión internacional.

Entre el abandono de la tablita en noviembre de 1982 y la subida al poder de un gobierno democrático en marzo de 1985, la crisis económica se intensificó sin que el régimen hiciera ningún intento coherente de alcanzar objetivos definidos que fueran más allá de reducir al mínimo los desequilibrios económicos. A finales de 1983 Végh volvió al Ministerio de Economía, pero su nombramiento fue principalmente una operación de contención, y las expectativas de que una nueva iniciativa revitalizase la economía se vieron defraudadas. Durante 1984 el PIB descendió en un 2 por ciento más a la vez que la inflación alcanzaba el 66 por ciento. Los salarios reales continuaron cayendo, y el desempleo manifiesto en Montevideo superaba el 13 por ciento. La rentabilidad del capital, tanto en el sector urbano como en el rural, se vio deprimida por la carga de la deuda bancaria. La deuda exterior se cifraba en un total de 4,6 mil millones de dólares a finales de 1984, cifra que equivalía a tres cuartas partes del PIB, es decir, más de cuatro veces el valor anual de las exportaciones. La carga del servicio de esta deuda se ajustó reduciendo a la mitad el nivel de las importaciones entre 1981 y 1983-1984; las exportaciones permanecieron deprimidas. Así pues, el nuevo gobierno civil heredó una economía aquejada de parálisis y de una abrumadora frustración popular. Después de alcanzar sus objetivos reales de crecimiento de la exportación y diversificación en los años setenta, aunque fuera dolorosamente, el modelo neoliberal terminó su carrera totalmente desacreditado.

El proyecto político de las fuerzas armadas era todavía menos claro que su estrategia económica en los primeros años del nuevo régimen. Al principio la amenaza de la subversión le confirió legitimidad, pero dado que los tupamaros ya habían sido derrotados cuando tuvo lugar el golpe de estado y los sindicatos fueron suprimidos inmediatamente después del mismo, la insistencia en la seguridad nacional y la disciplina social iba a ser difícil de sostener a menos que se ampliara la supuesta amenaza que se cernía sobre el orden social. La revista del Centro Militar publicó material que identificaba el liberalismo, en no menor grado que el marxismo, como el enemigo de la sociedad, y también aparecieron algunos indicios de antisemitismo. Sin embargo, el problema central para el régimen se refería al papel que debía permitirse que los partidos políticos tradicionales interpretaran en el futuro orden institucional, en vista de su presunta complicidad en el fracaso de la democracia.

El problema no se resolvió hasta 1976-1977, momento en que la definición del proyecto político del régimen se precipitó al hacer el presidente Bordaberry sus propias proposiciones. Éstas preveían la abolición de los partidos Blanco y Colorado, su substitución por «corrientes de opinión» y la celebración ocasional de referéndums en lugar de elecciones regulares. Los militares rechazaron estas proposiciones, calificándolas de «bonapartistas», y obligaron a Bordaberry a dejar la presidencia en junio de 1976. La oposición se basaba en el papel reducido que los militares interpretarían en el gobierno de acuerdo con el plan de Bordaberry, pero principalmente en un desacuerdo fundamental relativo al futuro papel de los partidos políticos. Bordaberry preveía una estructura institucional dominada por un ejecutivo civil fuerte, sin lugar para los partidos como instrumentos para la formulación de la política que debía seguirse ni como focos para la adhesión popular. Las fuerzas armadas, en cambio, defendían el papel institucional de los partidos en términos de la tradición nacional e implícitamente porque, siendo como eran agrupaciones multiclasistas, funcionaban como defensa eficaz contra la política de clase. En consecuencia, quien debía cargar con la culpa de permitir que floreciesen la subversión, la corrupción y el caos eran los líderes y las jerarquías de los partidos del período anterior al golpe y no los partidos mismos. En septiembre de 1976 un decreto militar despojó a todas las figuras políticas que en calidad de candidatos o encuadrados en las estructuras de los partidos participaron en las elecciones de 1966, así como en las de 1971, de sus derechos políticos, incluido, en el caso de los partidos de izquierda, el derecho al voto, durante un período de quince años. El decreto afectó a miles de uruguayos, entre ellos a los ex presidentes Pacheco y (brevemente) Bordaberry. Además de la purificación de los partidos, se decretaron una «reforma» de la judicatura y la eliminación de la Administración pública de las personas a las que se considerase peligrosas desde el punto de vista político. El plan de reconstrucción política quedó terminado en agosto de 1977 al anunciarse el retomo gradual al sistema de gobiernos elegidos. Se prepararía una nueva Constitución, sin que en ello participasen los partidos, que se sometería a la nación, para que la aprobase, en un referéndum que se celebraría en 1980. Los dos partidos tradicionales presentarían entonces un candidato convenido al cargo de presidente, que debía contar con la aprobación de los militares, en unas elecciones no disputadas que tendrían lugar en 1981. Finalmente, se permitiría la celebración de elecciones disputadas, pero todavía controladas, en 1986. Así pues, la legitimación del régimen se efectuaría mediante un período de transición en el cual se sanearían y reformarían las estructuras políticas e institucionales, tras lo cual se restauraría una forma de gobierno representativo mientras poco a poco se permitía la reanudación de la actividad política.

Sin embargo, esta estrategia política fracasó la primera vez que fue puesta a prueba, y de una manera notable. Cuando la nueva Constitución, que institucionalizaba el papel de las fuerzas armadas en el gobierno fue sometida a plebiscito en 1980, el profundo desagrado popular que despertaban los militares hizo que fuese rechazada por el 57 por ciento del electorado. Esta derrota fue el principal punto decisivo de la historia del régimen. A partir de 1980 la oposición popular al gobierno de facto fue manifiesta e incontrovertible. Lo fue todavía más después de 1982, cuando en unas elecciones internas de los partidos el 77 por ciento de los votos fue para las facciones de los partidos que se oponían al régimen. En lo sucesivo las pretensiones de legitimidad sólo serían válidas si se ponía en práctica un programa revisado para la democratización. En ese sentido, la razón fundamental de la retirada de los militares del poder fue el hecho de que la tradición democrática de Uruguay continuase siendo fuerte y también el hecho de que los militares mismos se mostraran conformes con la autoridad de las urnas. Pero había también otras razones. El cambio político de 1980 fue acompañado de un rápido empeoramiento de la situación económica, algunos aspectos del cual, tales como el aumento de la deuda exterior y la ampliación de la propiedad extranjera del sistema bancario, no armonizaban con la retórica nacionalista de las fuerzas armadas. Así, las tensiones de los años setenta entre los componentes militares y civiles del régimen por cuestiones tales como el nivel de los gastos militares y los efectos de la política neoliberal en sectores de la economía nacional, se vieron intensificadas ahora por el fracaso del programa neoliberal mismo y por la falta de una nueva iniciativa política. Al mismo tiempo, los acontecimientos políticos habidos en Brasil y Argentina amenazaban con dejar al régimen militar uruguayo solo en la región, y la experiencia argentina en particular mostraba los peligros de regresar a los cuarteles derrotados y en desorden. En vista de ello, los militares empezaron a buscar una fórmula que les permitiese abdicar en unas condiciones que salvaguardasen los intereses de las fuerzas armadas bajo un gobierno civil elegido.

Las negociaciones sobre el traspaso del poder entre al alto mando militar y los líderes de los dos partidos tradicionales (y el minúsculo partido de la Unión Cívica) empezaron en 1983, pero fueron abandonadas al cabo de tres meses sin haber llegado a ningún acuerdo. Cuando se reanudaron en mayo de 1984 —con elecciones previstas para noviembre, aunque su celebración distaba mucho de ser segura— las fuerzas armadas cambiaron de táctica. Rebajaron algunas de sus exigencias sobre la participación en el gobierno y la jurisdicción sobre los civiles, pero, a cambio, pretendían influir en el sistema electoral con el fin de promover el resultado más favorable (o menos perjudicial) para ellas. Una victoria de la facción mayoritaria centrista de los colorados, a cuya cabeza se hallaba Julio María Sanguinetti, era el resultado preferido por ser el menos radical de los participantes serios (juicio que el Departamento de Estado norteamericano sancionaba). La principal amenaza que se cernía sobre una victoria de los colorados era el gran número de partidarios que tenía Wilson Ferreira Aldunate, temible crítico del régimen durante su exilio, cuya facción Por la Patria, que era de signo radical, dominaba ahora el Partido Blanco. En junio de 1984 Ferreira regresó del exilio y fue detenido inmediatamente. Los blancos, al verse privados de su principal ventaja electoral, protestaron retirándose de las negociaciones. En julio la coalición izquierdista Frente Amplio fue rehabilitada (aunque no lo fue su líder, Líber Seregni) y empezó a tomar parte en las negociaciones. El Pacto del Club Naval firmado en agosto entre los militares y los partidos (menos los blancos) fijó las condiciones del traspaso del poder, restauró la Constitución de 1967 y reservó un papel puramente asesor para el COSENA. Así pues, el régimen logró romper el frente común de los partidos políticos en las negociaciones y reducir el apoyo electoral al Partido Blanco encarcelando a su líder y restaurando el Frente Amplio.

A pesar de esta injerencia, el resultado de las elecciones de noviembre de 1984 fue aceptado por todos los participantes. El Partido Colorado obtuvo una clara victoria con el 41 por ciento del total de votos (la misma proporción que en 1971), y dentro del lema colorado el voto favorable a Sanguinetti arrolló a la UCB, el sub-lema derechista del ex presidente Pacheco Areco. Sin Ferreira, y quizá también por la desconfianza que despertaba el nuevo radicalismo del tradicionalmente más conservador de los dos partidos principales, la proporción de votos obtenidos por los blancos descendió hasta quedar en un 35 por ciento, lo cual equivalía a un 5 por ciento menos que en 1971. El Frente Amplio se apuntó una ganancia modesta con el 22 por ciento, pero su atractivo electoral permaneció restringido en gran parte a Montevideo. Las elecciones se celebraron dentro del sistema complejo y muy criticado del doble voto simultáneo, que permitía a los partidos fragmentarse en sub-lemas sin debilitar la fuerza electoral del lema. Sin embargo, un rasgo notable de los comicios de 1984 fue la medida en que las fracciones más grandes de los partidos tradicionales dominaban el lema: el 75 por ciento de los colorados votaron a Sanguinetti, en comparación con el 56 por ciento que votó a Bordaberry en 1971, a la vez que el sub-lema Por la Patria vio incrementada su parte del voto blanco del 66 al 83 por ciento. Era poco probable que semejante grado de unanimidad dentro de los partidos principales fuera a resultar permanente. Pero como el sistema de votación era fundamental para la fuerza electoral de los tres partidos principales, la reforma de las tradicionales leyes sobre los lemas no parecía probable. De hecho, a pesar de la larga interrupción sufrida por la democracia uruguaya, durante la cual se produjeron cambios importantes en la estructura de la economía y la distribución de las rentas, así como la represión de la actividad política oficial y la emigración de alrededor del 10 por ciento de la población total, un aspecto digno de atención de las elecciones de 1984 fue la medida en que representaron continuidad con el período de antes de 1973. No sólo no se había cambiado el sistema electoral, sino que, además, las jerarquías de los partidos también presentaban pocos cambios, excepto por efecto del paso del tiempo y los residuos de injerencia militar.

El proceso electoral, por lo tanto, cobró la forma de una reanudación en lugar de una renovación, quizá porque los argumentos favorables a la reconstrucción del sistema político hubiesen entrañado deslealtad a la tradición democrática. No cabe duda de que había cierto elemento de conservadurismo en los resultados de las elecciones. De hecho, dado que el rechazo total del régimen militar era un sentimiento compartido universalmente, podría parecer perverso que el electorado diese la victoria al partido que gozaba del evidente favor de las fuerzas armadas, cuyo programa de gobierno era mucho más ortodoxo que las propuestas radicales sobre los bienes raíces y los activos bancarios de los otros partidos y cuya filosofía económica tenía elementos en común con la fase constructiva del neoliberalismo antes de 1978. Es probable que para muchos el aspecto atractivo de la facción colorada de Sanguinetti radicase en que, precisamente por ser la opción más conservadora que se les ofrecía en serio, fuera el partido con menos probabilidades de incitar a los militares a volver al poder. Al final, el margen de la victoria fue más definido de lo que predijeran los sondeos de la opinión, lo cual inducía a pensar que los votantes indecisos buscaron estabilidad y tranquilidad en vez de los programas de reforma menos previsibles que ofrecían los otros partidos.

Por consiguiente, Sanguinetti tomó posesión de la presidencia el 1 de marzo de 1985 con el 31 por ciento del total de votos, cifra que, no obstante, representaba una autoridad personal y un apoyo electoral mayores que los de cualquiera de quienes le habían precedido bajo la Constitución de 1967. Aun así, dado que su facción tenía únicamente una representación minoritaria en la legislatura, la formación y dirección de gobierno hacían necesario el acuerdo entre los partidos. Antes de los comicios, habían empezado a celebrarse negociaciones entre los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones patronales y otras organizaciones, en un intento de llegar a un acuerdo sobre la política que debería seguir el nuevo gobierno. Se albergaba la esperanza de que esto limitase los conflictos políticos y sociales durante el período de transición que podían desestabilizar la nueva democracia y animar a los militares a planear una vuelta al poder. En febrero de 1985 este proceso de Concertación Nacional Programática (CONAPRO) ya había llegado a un acuerdo satisfactorio en varios aspectos, pero no en aspectos centrales de la política económica ni en los términos de la amnistía que se concedería a los tupamaros que seguían en la cárcel. Inmediatamente después de su victoria electoral, Sanguinetti anunció que se proponía formar un gobierno de unidad nacional mediante la inclusión en su gabinete de miembros destacados de los demás partidos. Sin embargo, ni la facción blanca de Ferreira ni el Frente Amplio estaban dispuestos a aceptar nombramientos ministeriales (aunque se hallaban representados en la administración del sector público), y, por consiguiente, Sanguinetti acudió a facciones o partidos minoritarios o a figuras distinguidas que tuvieran vínculos tenues con algún partido con el objeto de que encabezasen los ministerios clave, entre ellos los de Defensa y Relaciones Exteriores. En general, estos nombramientos fueron bien recibidos, y el nuevo gobierno subió al poder con el apoyo general, aunque condicional, de todos los partidos.

RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Durante los cinco años que siguieron a la elección de Sanguinetti en 1984 pudieron verse muchos de los puntos fuertes y débiles del sistema uruguayo. Ni la euforia que experimentaron muchos en el momento de la redemocratización ni los presagios de los que temían por la estabilidad de la democracia resultaron justificados. En vez de ello, Uruguay experimentó un modesto renacimiento económico con estabilidad relativa, el cual fue fomentado por condiciones externas y fortuitas más que por la reconstrucción económica nacional. La amenaza de nuevas intervenciones militares en política retrocedió al resolverse el asunto de los derechos humanos, aunque de un modo que satisfizo a pocas personas fuera de las fuerzas armadas. Al acercarse las elecciones de 1989, la impresión más fuerte era que, a pesar de algunas realineaciones modestas, ni la dictadura militar ni la transición a la democracia habían afectado de modo fundamental al funcionamiento del sistema político uruguayo ni al personal del mismo. Y debajo de la habitual actividad política frenética había un intenso sentimiento de frustración al ver que el sistema era incapaz de expresar las exigencias de cambio y reforma.

La posición política del propio Sanguinetti reflejaba la ambigüedad de lo que se había logrado. Aclamada por las personas ajenas al asunto (especialmente en los países vecinos) por su moderación en beneficio de la estabilidad y la consolidación, la Administración Sanguinetti experimentó una disminución ininterrumpida de su prestigio en el propio país. Los primeros años de la presidencia de Sanguinetti demostraron que, a pesar del anterior intento de llegar al consenso sobre cuestiones políticas críticas, así como de formar una Administración con una base política amplia, el apoyo que logró obtener se basaba más en el temor común de que el precio del fracaso pudiera ser otro golpe militar que en una percepción positiva compartida de cómo podían resolverse los problemas de la nación. Primero hubo que encontrar un equilibrio entre la amenaza procedente de los militares, por un lado, y las exigencias de los partidos políticos y otras fuerzas sociales, por el otro. Pero cuando empezó a retroceder la perspectiva a corto plazo de una nueva intervención militar, las divisiones y los conflictos se hicieron más claros. La restauración de la democracia, que pareció ser un fin en sí misma mientras duró la dictadura, empezó a verse como algo que aportaba el marco dentro del cual podían expresarse ahora los intereses de grupo que el régimen había suprimido. Esto sucedió de forma especial en los casos de la clase trabajadora y de la población marginada, para las cuales el valor abstracto de la democracia poco podía significar en comparación con la oportunidad de recuperar una parte de la devastadora caída de los niveles de vida experimentada durante el decenio anterior. El peligro que para la estabilidad económica y política representaba la fuerte presión salarial puso de relieve que la amenaza que pesaba sobre la democracia no procedía solamente de la presencia militar, sino también del legado de una economía profundamente deprimida. Antes incluso de que el nuevo gobierno tomara posesión, hubo un incremento significativo de los conflictos laborales y las huelgas, que se intensificó durante el período 1985-1986.

No obstante, la gestión de la economía representó un logro considerable para la Administración, hasta que la recesión ensució la imagen después de 1988. A pesar de las presiones dentro del proceso de la CONAPRO para que se revitalizara la economía basándose en el incremento de la demanda interior, la estrategia económica dio prioridad al crecimiento inducido por las exportaciones. Después de la caída acumulada del 17 por ciento del PIB en los últimos tres años de la dictadura, el crecimiento en 1986-1987 alcanzó un total de más del 13 por ciento. Las exportaciones visibles experimentaron un crecimiento sostenido a razón de casi el 20 por ciento anual después de 1985, lo cual contribuyó a que la balanza comercial fuera positiva. Los salarios reales mejoraron mucho en 1985-1986 al tiempo que el desempleo abierto caía en Montevideo, aunque el progreso en estos indicadores sociales básicos fue mucho menos seguro en lo sucesivo. La tasa anual de inflación, el 77 por ciento en abril de 1985, subió unos cuantos puntos porcentuales al finalizar el año, pero descendió hasta quedar en el 54 por ciento, a principios de 1988. Este logro, aunque no satisfizo las aspiraciones del momento y dejó abierto el asunto de su continuación, debió mucho, en momentos diversos, a la buena fortuna de que hubiera condiciones dinámicas en el mercado brasileño, a la caída de los precios del petróleo y a la reducción de los tipos de interés. El gobierno llevó a la práctica su política salarial por medio de una resurrección de los consejos de salarios introducidos en 1943, procurando contener las presiones de los que querían salarios más altos al tiempo que reducía al mínimo los conflictos sociales y se apoyaba en el excedente de capacidad de la industria manufacturera para satisfacer la creciente demanda de artículos de consumo. Un indicador significativo de la falta de confianza por parte del sector privado, a pesar de la espectacular recuperación económica después del derrumbamiento ocurrido a principios del decenio de 1980, fue el bajísimo nivel de inversiones, que continuaron la tendencia descendente que había empezado a mediados de los años cincuenta.

Aunque el Pacto del Club Naval dictó las condiciones de la transición del gobierno militar al civil, dejó abierta —a menos que contuviera cláusulas secretas, como dijeron algunos— la cuestión de la responsabilidad penal de los militares por las violaciones de los derechos humánanos cometidas durante la dictadura. El asunto se agudizó en 1985 al decidir la Administración poner en libertad a 250 ex guerrilleros tupamaros que seguían en la cárcel. Su liberación y la rehabilitación del MLNT (que en 1989 ingresó en el Frente Amplio) como movimiento político tras su derrota como fuerza militar fueron hechos notables que inevitablemente inquietaron a la jerarquía militar. Las condiciones de la amnistía de 1985 excluían específicamente a los miembros de las fuerzas armadas que habían participado en violaciones de los derechos humanos; y, si bien se prepararon sumarios contra individuos nombrados a los que se acusaba de los peores abusos, el estamento militar siguió mostrándose decidido a negar la jurisdicción de los tribunales civiles sobre el personal militar. En diciembre de 1986, al verse ante una crisis constitucional provocada por este asunto, la Administración logró que se aprobase una ley que exoneraba a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura. Como los colorados no tenían mayoría en el Congreso, fue posible que se aprobara la ley únicamente con el apoyo del líder blanco (y principal crítico de los militares desde el exilio), Wilson Ferreira Aldunate, que invocó la necesidad de asegurar la gobernabilidad del país para explicar su cambio de actitud. La respuesta popular a la amnistía fue una campaña que reunió la firma del 25 por ciento del electorado que se necesitaba para invocar el derecho constitucional a celebrar un referéndum sobre la ley. Sin embargo, en el referéndum, que tuvo lugar en abril de 1989, el 57,5 por ciento de los votantes aprobaron la amnistía.

La realineación de las fuerzas políticas después de 1985 no fue dramática y tendió a confirmar, en vez de matizar, la opinión de que la democracia uruguaya simplemente fue restaurada, y no renovada. El Partido Blanco vio reforzado su apoyo popular, hasta el punto de que derrotó a los colorados en las elecciones de 1989. Más significativos, sin embargo, fueron hechos que tuvieron lugar en el seno de cada partido. Los colorados continuaron ocupando un espacio político situado a la derecha del centro, con Jorge Pacheco Areco (partidario de la Constitución militar en el referéndum de 1980) y Jorge Batlle (candidato presidencial derrotado en 1966 y en 1971 y neoliberal en su ideario económico) como los dos principales candidatos de los colorados para la presidencia en 1989. En el Partido Blanco, la facción Por la Patria se vio debilitada tanto por el asunto de la amnistía concedida a los militares como por la muerte de Ferreira Aldunate en 1988. Beneficiarios de este declive fueron en parte el reformista Movimiento Nacional de Rocha, pero principalmente la facción herrerista conservadora capitaneada por Luis Alberto Lacalle, nieto de Luis Alberto de Herrera. Dentro del Frente Amplio las tensiones entre la izquierda marxista y la no marxista dieron por resultado el abandono del Partido Democristiano y del Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), que habían obtenido un apoyo considerable en 1984. Así pues, parecía haber fracasado el objetivo tradicional de la izquierda: unificar sus fuerzas electorales y lanzar un ataque contra la dominación de los partidos tradicionales.

La consecuencia de estos cambios, revelada por los resultados de las elecciones de 1989, indicaba la evolución continua de la estructura política de Uruguay. La victoria del Partido Blanco, la primera que obtenía desde 1962 y, con la elección de Lacalle, su primer presidente no colegiado en el siglo XX, fue clara. Sin embargo, la importancia de este cambio de la lealtad de los votantes se vio oscurecida por el declive del voto conjunto de los dos partidos tradicionales, que se redujo al 67 por ciento del total de votos emitidos, en comparación con el 76 por ciento obtenido en 1984, mientras que el voto del Frente Amplio (a pesar del abandono del PGP y de los democristianos) se mantuvo firme en un 21 por ciento. Hasta este punto el carácter bipartidista del sistema político, que apenas se había visto amenazado antes de 1971, había tocado a su fin. En otros dos aspectos la vida política del país mostraba síntomas de que su naturaleza se estaba volviendo dual. En primer lugar, aunque los resultados de los partidos tradicionales siguieron siendo buenos en el interior, con el 81 por ciento del total de votos emitidos, el hecho de que no obtuviesen siquiera la mitad de los votos en Montevideo inducía a pensar que los votantes urbanos estaban creando bases nuevas para su lealtad partidista. Sin duda alguna, la composición socioeconómica de los electorados rural y urbano era muy diferente y, después de verse ocultada durante tanto tiempo por el carácter particular de los partidos tradicionales, recibió una expresión más directa en 1989 que en elecciones anteriores. En segundo lugar, la convergencia hacia una política conservadora, orientada al mercado, en las facciones dominantes de ambos partidos tradicionales durante la campaña electoral, unida a la victoria del Frente Amplio en Montevideo, que dio a la izquierda autoridad ejecutiva (en el gobierno municipal) por primera vez, hacía pensar que una oposición entre fuerzas conservadoras y de izquierdas podía ser más importante que antes como principio organizador de la política uruguaya. Esta opinión se vio reforzada por la naturaleza y la composición de la Administración Lacalle en 1990, que era un gobierno de «acuerdo nacional» en lugar de una coalición, pero contenía ministros del gabinete sacados del Partido Colorado. Su programa de gobierno, que obtuvo un acuerdo sin precedentes de todas las facciones de los partidos tradicionales, preveía leyes relativas a los sindicatos, la reforma del sistema de seguridad social, la privatización de gran parte del sector público y la desindexación de los salarios. A la primera decisión importante de la nueva legislatura, que fue un presupuesto de urgencia cuyo fin era frenar la aceleración de la inflación reduciendo el déficit del sector público, se opusieron solamente los representantes de los partidos no tradicionales.

Seria imprudente insistir en que estos acontecimientos políticos probablemente continuarían en años futuros o en que la modernización de la estructura institucional de Uruguay se conseguiría con facilidad. A pesar del trauma de la dictadura militar, eran las fuerzas de la tradición y la continuidad las que mejor caracterizaban el sistema político. La constancia de los liderazgos políticos y de las familias políticas de Uruguay no era casual. Reflejaba un sistema en el cual los esquemas políticos no eran determinados esencialmente por el programa, sino por la relación familiar y por lo que se creía que los políticos representaban dentro de las tradiciones infinitamente flexibles y divisibles de los dos partidos principales. A comienzos del decenio de 1990 Uruguay quizá continuaba mereciendo su antigua reputación de ser el más democrático de los países de América Latina, basándose para ello en su elevado nivel de participación política y en la habilidad de sus líderes para llegar a un acuerdo empleando la negociación y la transición. Sin embargo, era imposible sustentar la opinión de que el derrumbamiento de las instituciones democráticas en 1973 había sido simplemente fruto de la intervención externa de los guerrilleros tupamaros y de generales con ambiciones políticas, y que el sistema político no tuvo la culpa de lo ocurrido y se limitó a desempeñar el papel de víctima indefensa. La tradición política de Uruguay no iba dirigida a resolver problemas, sino a dividir y subdividir el botín del patronazgo, y en el decenio de 1960 esto ya no era apropiado. La prosperidad relativa que creó la expansión de la producción ganadera durante el primer período batllista hasta 1929, así como la industrialización substitutiva de las importaciones durante los años de neobatllismo después de la segunda guerra mundial, dio origen luego, en períodos menos favorables, al mito de una antigua «edad de oro». Pero antes de 1960 el crecimiento económico se conseguía de forma relativamente fácil, basándose en la adaptación pasiva en lugar del cambio activo y sin gran sacrificio del consumo presente para financiar la formación de capital. Por lo tanto, el conservadurismo y la nostalgia característicos de los uruguayos eran comprensibles, pero, al igual que el funcionamiento del sistema político, no daban motivo para sentirse optimista y creer que los problemas económicos y sociales del país —en particular su estancamiento económico a largo plazo— se resolverían con facilidad.

Capítulo 4
PARAGUAY, 1930-c. 1990

En 1930, a pesar de la aparente tranquilidad, Paraguay se hallaba al borde de un gran cataclismo. En 1928 el partido en el poder, el Liberal, había ganado el derecho a gobernar en las primeras elecciones libres que se celebraban en la historia del país, y después de años de hosco abstencionismo, el partido de la oposición, el Colorado, se había visto empujado a aceptar el papel de minoría en el Congreso. Por otra parte, los progresos políticos iban acompañados de una relativa estabilidad económica. Fuera de Asunción, la capital del país y única ciudad real, los efectos de la depresión mundial apenas se notaban entre los 750.000 habitantes, que eran predominantemente agrarios y autosuficientes. Debajo de la superficie, sin embargo, había tensiones explosivas.

El descontento popular con el presidente José Patricio Guggiari nacía de la creciente impaciencia provocada por el hecho de no adoptar una actitud firme contra Bolivia en relación con el conflicto de intereses en el Chaco, extenso erial de desiertos y junglas situado entre la cordillera de los Andes y el río Paraguay. A pesar de sus esfuerzos por dirigir una Administración honrada y progresista, al abandonar el cargo en 1932, Guggiari era un hombre muy impopular. Su gobierno se vio gravísimamente perjudicado por un triste suceso acaecido el 23 de octubre de 1931, fecha en que los guardias del presidente atacaron una concentración de estudiantes que protestaban por la aparente debilidad de Guggiari ante las agresiones bolivianas. Once personas resultaron muertas y muchas más, heridas. Aunque más adelante una investigación del Congreso exculpó a Guggiari, los colorados renunciaron a sus escaños legislativos y los intelectuales jóvenes de Paraguay se apartaron del liberalismo para abrazar movimientos nuevos tales como la Liga Nacional Independiente, que pedía que se llevaran a cabo grandes preparativos para la guerra. La elección en 1932 de un nuevo presidente liberal, Eusebio Ayala, único candidato al cargo, poco hizo por poner fin al creciente aislamiento político del partido.

LA GUERRA DEL CHACO Y SUS REPERCUSIONES POLÍTICAS

Paraguay y Bolivia entraron en guerra en julio de 1932, un mes antes de que Ayala tomara posesión de la presidencia. El conflicto duró hasta junio de 1935 y en él murieron más de 56.000 bolivianos y 36.000 paraguayos. La guerra del Chaco fue la más sangrienta de la historia moderna de América Latina. Asimismo, dejó a ambos bandos con las finanzas agotadas. Bolivia acabó siendo derrotada, a pesar de que opuso más de 250.000 hombres a los 140.000 de Paraguay y empezó la guerra con las ventajas que suponía tener un material superior, un cuerpo de oficiales preparado por alemanes y posiciones fortificadas en puntos muy adentrados del territorio en disputa. Tras empezar con la batalla de Boquerón en septiembre de 1932, los paraguayos pasaron a la ofensiva e infligieron una derrota sorprendente tras otra a los desmoralizados bolivianos. El general José Félix Estigarribia demostró ser mejor estratega que el general Hans Kundt, el militar prusiano al que habían contratado los bolivianos. Asimismo, los soldados paraguayos tenían más espíritu combativo y se adaptaban al tórrido clima del Chaco mejor que los infortunados indios bolivianos que habían sido reclutados obligatoriamente en sus poblados del frío altiplano y enviados a combatir por una causa que apenas comprendían. Así pues, a mediados de 1935 los paraguayos ya habían expulsado a las fuerzas bolivianas de la mayor parte del Chaco y controlaban casi todo el territorio en litigio.

Cabría suponer que el victorioso gobierno del presidente Ayala gozaría de gran popularidad, pero no era así. Siete meses después del armisticio, Ayala fue derribado por una revuelta militar. El presidente y el general Estigarribia fueron encarcelados, tachados de traidores y desterrados. Hasta cierto punto, todo ello fue fruto de las pasiones propias de la guerra, de las cuales Ayala hizo caso omiso al ofrecer a Bolivia condiciones de paz moderadas. Pero la ira de los militares, así como la de sus numerosos partidarios civiles, iba más allá de esto. Tres decenios de gobierno del Partido Liberal habían creado muchos enemigos y la guerra había sido el catalizador que los había unido. Los nacionalistas encuadrados en el ejército acusaban a los liberales de debilidad diplomática y de no haber preparado el país para la guerra. Políticos populistas e intelectuales reformistas acusaban al partido de descuidar la reforma social. Alegaban que los extranjeros eran dueños del país y que la lealtad del liberalismo a la doctrina de laissez faire no había sabido proteger al pueblo de la explotación. Para los colorados, así como para las facciones disidentes del Partido Liberal, el gobierno era una oligarquía autoritaria que se escondía detrás de la retórica democrática y las elecciones fraudulentas.

Aunque muchas de estas críticas eran exageradas, algo de verdad había en ellas. Incluso un hombre políticamente cauto como el general Estigarribia se había quejado en el sentido de que los liberales descuidaban las defensas del país y había comentado en sus memorias la «lamentable negligencia» que encontró durante una gira de inspección por el Chaco en 1931[1]. Parte de la culpa correspondía a Ayala, pues, siendo representante diplomático de Paraguay durante las negociaciones relativas a un tratado de límites en 1913 había pasado por alto deliberadamente algunas de las violaciones de un acuerdo anterior cometidas por Bolivia. Aunque más adelante afirmaría que sólo había tratado de ganar tiempo para Paraguay, adquirió la reputación de ser hombre que quería la paz a cualquier precio. Las suspicacias que su patriotismo poco entusiasta despertaba en los nacionalistas se vieron confirmadas en apariencia cuando Ayala, inmediatamente después de asumir la presidencia, propuso el cese de las hostilidades y la creación de una zona desmilitarizada cuya vigilancia correría a cargo de una comisión internacional. En efecto, Paraguay no declaró la guerra a Bolivia hasta mayo de 1933, once meses después de que empezaran los combates y diez meses después de que Ayala tomara posesión de su cargo. «Si me opusiera más al ejército», dijo Ayala al embajador de los Estados Unidos, «me quedaría sin ejército»[2]. Tras la firma del armisticio de junio de 1935, Ayala fue objeto de más críticas al acceder a canjear todos los prisioneros aun cuando había 17.000 bolivianos en comparación con sólo 2.500 paraguayos. Al no proceder al canje de un hombre por un hombre, como deseaba el ejército, precipitó su propia caída.

El descontento con el gobierno giraba en tomo al coronel Rafael Franco, que era popular pero tenía el genio vivo y ya había estado a punto de empezar la guerra en 1928 cuando, actuando sin haber recibido órdenes, había destruido un fortín que los bolivianos acababan de construir muy en el interior del territorio que Paraguay reclamaba. Aunque había sido relevado del mando, se convirtió inmediatamente en un héroe nacional, condición que aprovechó para atacar el gobierno. Más adelante Franco se vería envuelto en un intento de golpe de estado y sería desterrado, pero le hicieron volver al estallar la guerra y le encomendaron el mando del segundo ejército. La bizarría de sus tácticas y la preocupación por los hombres que servían bajo su mando contribuyeron en gran medida a su popularidad. Si bien le hicieron volver rápidamente del frente tras firmarse el armisticio y le encomendaron la inocua tarea de dirigir el colegio militar, Franco continuó teniendo muchos seguidores políticos en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra.

Entre los veteranos había mucho descontento porque el Congreso, que se hallaba dominado por los liberales, había alegado que la tesorería estaba agotada para votar contra la concesión de pensiones a los inválidos. Al mismo tiempo, sin embargo, votó a favor de conceder al general Estigarribia una pensión vitalicia de 1.500 pesos de oro al año. Empezó a correr el rumor de que Ayala tramaba permanecer en el cargo y quería comprar el apoyo de Estigarribia. La asociación de ex combatientes también exigió una reforma agraria para recompensar a los victoriosos soldados-campesinos. Franco y sus seguidores señalaron que sólo el 5 por ciento de la población paraguaya, que era predominantemente agrícola, poseía una granja, mientras que el resto de la tierra formaba grandes latifundios, generalmente propiedad de extranjeros. ¿Era justo obligar a los veteranos de la nación a volver a la pobreza y la servidumbre de antes?

Al principio, Ayala y Estigarribia trataron de no hacer caso de Franco, pero los rumores de conspiración acabaron conduciendo a su arresto y destierro en Argentina el 6 de febrero de 1936. Sin embargo, sólo sirvió para espolear a los demás conspiradores, que lograron atraer a su bando un elemento clave como era la base de caballería de Campo Grande, en las afueras de Asunción. Durante la noche del 16 de febrero las tropas empezaron a trasladarse en tren a la capital, y por la mañana, al despertar, Ayala se encontró con que los rebeldes controlaban la ciudad. Aunque consiguió librarse de ser detenido y se refugió a bordo de un cañonero anclado en el puerto, pronto se rindió. Estigarribia, que había vuelto en avión de su cuartel general en el Chaco con el propósito de tratar de salvar la situación, fue arrestado en cuanto desembarcó. Mientras tanto, los revolucionarios triunfantes mandaron un telegrama al coronel Franco, que estaba en Buenos Aires, pidiéndole que volviera y encabezase el nuevo gobierno. Llegó el 19 de febrero y ocupó la presidencia al amparo de un «decreto plebiscitario» promulgado en nombre de las fuerzas armadas.

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO, 1936-1937

Franco prometió que su gobierno haría grandes cambios a favor de las clases populares, durante tanto tiempo dejadas de lado por los gobiernos liberales. La revolución no sería comunista… ni fascista, a pesar de los orígenes militares del régimen. Franco insistió en que Paraguay era una «democracia natural» en el sentido de que todos los segmentos de la sociedad albergaban un fuerte sentimiento de solidaridad nacional. Las nuevas leyes e instituciones reflejarían esta unidad. Sin embargo, dichas leyes e instituciones nunca llegaron a entrar en vigor ni a ponerse a prueba porque el gobierno de la revolución de febrero fue derrocado por una contrarrevolución liberal antes de que transcurriesen dieciocho meses. Por otra parte, durante su breve existencia el gobierno revolucionario se vio dividido por facciones cuyas rencillas le impidieron seguir un rumbo bien definido. No obstante, los febreristas —como más adelante se llamarían a sí mismos los revolucionarios— podían afirmar que habían roto con el pasado en, como mínimo, tres campos importantes. En primer lugar, substituyeron las ideas liberales que dominaban antes por el culto al nacionalismo, al cual deberían expresar su adhesión, aunque fuera fingidamente, todos los gobiernos posteriores. En segundo lugar, pusieron en marcha la primera reforma agraria en serio del país. En tercer lugar, reconocieron oficialmente los derechos del trabajo.

El nuevo nacionalismo giraba en torno a un símbolo: el mariscal Francisco Solano López, presidente y comandante en jefe de Paraguay cuando la guerra de la Triple Alianza o guerra del Paraguay (1865-1870). Durante la era liberal todos los libros de texto que se usaban en las escuelas calificaban a Solano López de déspota brutal cuya megalomanía había llevado el país al desastre. Ahondando más, los liberales argüían que semejante poder sin freno alguno era el resultado inevitable del socialismo de estado del régimen de Solano López y que los antídotos apropiados eran el individualismo y la libre empresa. Franco cambió todo eso. «El Mariscal» fue ahora proclamado patriota, y se envió una comisión al escenario de su última batalla con el encargo de localizar su tumba, donde no había ninguna indicación. Sus restos fueron exhumados y trasladados a Asunción, donde fueron depositados en una capilla reconvertida y bautizada con el nombre de «Panteón de los Héroes», junto con el cadáver de su padre, Carlos Antonio López, y recuerdos del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el primer dictador de Paraguay. El nacionalismo popular tenía ahora su santuario.

De consecuencias menos duraderas, pero de contenido más práctico fue la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1936. La ley disponía la expropiación de unos 2.000.000 de hectáreas, con indemnizaciones para sus propietarios, y la creación de granjas pequeñas y medianas de entre unas 10 y unas 100 hectáreas. Los arrendatarios y los intrusos que ya ocupaban la tierra tendrían la primera opción para la compra de propiedades que el gobierno vendería con facilidades de pago. La ley procuraba frenar la especulación exigiendo que los nuevos dueños cultivasen personalmente la tierra y prohibiéndoles vender, arrendar o subdividir sus propiedades. Al caer Franco en agosto de 1937, se habían redistribuido más de 200.000 hectáreas entre unas diez mil familias. Los sucesores de Franco redujeron drásticamente el ritmo de la reforma agraria. Aunque de vez en cuando se daba un poco de tierra de dominio público a los campesinos, no se hizo ningún otro intento de abordar el problema de los latifundios.

Las actitudes de Franco ante el movimiento laboral, que era pequeño pero crecía, reflejaban una mezcla de simpatía, suspicacia y paternalismo. En junio de 1936 un decreto presidencial creó el primer Departamento de Trabajo del país, así como su primer código laboral. Se concedieron muchas de las reformas que los trabajadores venían reclamando desde hacía tiempo: la jornada de ocho horas, vacaciones pagadas todos los años, un día de descanso a la semana y el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos. El Departamento de Trabajo declaró su intención de hacer cumplir el código y asegurarse de que todos los lugares de trabajo reunieran las debidas condiciones sanitarias y de seguridad. Se dio reconocimiento oficial y protección a los sindicatos que ya existían a la vez que se fomentaba la sindicación entre los trabajadores de otros campos; se creó la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) con el fin de consolidar el movimiento laboral. Sin embargo, estos avances tuvieron su precio, que consistió en un aumento del control oficial. Preocupaba a los febreristas la influencia comunista, que venía creciendo en los sindicatos desde 1928, y con el objeto de combatirla exigieron que todas las organizaciones laborales obtuviesen el reconocimiento oficial del Departamento de Trabajo. El incumplimiento de tal requisito significaba que un sindicato no podía celebrar mítines, divulgar sus puntos de vista, poseer propiedades, firmar contratos laborales, cobrar cuotas, acudir a los tribunales o representar a sus afiliados ante los patronos o el gobierno. Un sindicato legal podía hacer todas estas cosas. De hecho, el gobierno podía cobrar las cuotas para dicho sindicato mediante deducciones automáticas en las nóminas. Sin embargo, si un sindicato legal discutía la política del gobierno, podía verse «intervenido». Si así ocurría, el sindicato podía perder su condición de oficial, ver congelados sus activos o sufrir la substitución de sus dirigentes por interventores del gobierno. Así pues, las reformas laborales del gobierno revolucionario fueron un arma de dos filos. Los sindicatos podían florecer bajo un régimen benigno como el de Franco, pero por depender del gobierno quedaron reducidos a la impotencia bajo los sucesores conservadores de Franco.

La revolución de febrero podría haber logrado más cosas de no haberse visto debilitada por el faccionalismo. El gabinete de Franco era un batiburrillo de intereses e ideologías políticos que se mantenían unidos sólo por el odio común al Partido Liberal. El ministro de Justicia y Educación, Anselmo Jover Peralta, era socialista y pacifista; los hermanos Gómez y Luis Freire Esteves, ministros del Interior y de Hacienda, respectivamente, admiraban el estado corporativo de Mussolini; Bemardino Caballero, el ministro de Agricultura, era nieto del fundador del Partido Colorado y contemplaba la revolución con perspectiva partidista; el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Stefanich, capitaneaba la Liga Nacional Independiente y albergaba la esperanza de convertirla en el núcleo de un nuevo partido oficial de la revolución.

Los conflictos en el seno del gobierno corrían parejos con el caos que reinaba fuera de él. En el período inmediatamente posterior a la revolución, estudiantes, líderes laborales y populistas radicales de toda clase se exaltaron a causa del ambiente revolucionario y se mostraron impacientes con la lentitud con que el gobierno enfocaba la reforma. Mientras huelgas y manifestaciones callejeras perturbaban la vida de la capital, los agitadores recorrían el país instando a los campesinos a apoderarse de la tierra. El espíritu de rebelión afectó incluso a los soldados del ejército. El 10 de marzo de 1936, con el fin de imponer el orden, Gómez Freire Esteves había persuadido a Franco de que firmara un decreto que abolía todos los partidos políticos y todas las asociaciones públicas. Este infame Decreto-Ley 152 identificaba la revolución de febrero como perteneciente al mismo «tipo que las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea» y autorizaba al ministro del Interior a formar un «comité de movilización civil» cuyos poderes serían ilimitados[3]. Dado que esto habría puesto en peligro la existencia del Partido Colorado, la Liga Nacional Independiente, la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra, la CPT y varios clubes de estudiantes que apoyaban la revolución, los otros ministros del gabinete amenazaron con dimitir a menos que Franco revocara el decreto y destituyera a los hermanos Freire Esteves. Ante semejante revuelta, Franco cedió. Pero esto no puso fin a las luchas intestinas entre ministros.

Al caer los ministros originales del gabinete, Stefanich, que entonces era la nueva eminencia gris del partido, manipuló a Franco, que desde el punto de vista político era ingenuo, con el fin de que nombrase a miembros de la Liga Nacional Independiente para que ocupasen sus puestos. A tal efecto contaba con el apoyo de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra, cuyo presidente en funciones, Elpidio Yegros, era ex alumno suyo. En noviembre de 1936 Stefanich y Yegros formaron la Unión Nacional Revolucionaria (UNR) como vehículo oficial de la revolución. Aunque la Liga Nacional Independiente se disolvió después, la mayor parte de los directivos de la UNR eran hombres de la Liga. El resultado fue que Bernardino Caballero dejó el gobierno y el Partido Colorado retiró su apoyo a la revolución.

El dominio de Stefanich fue efímero. A pesar de la campaña de Yegro, sólo una minoría de los ex combatientes se afilió a la UNR, y a finales de 1936 el gobierno Franco ya había perdido casi todos sus partidarios originales. La Liga resultó una base demasiado estrecha, y la posición de Stefanich pronto se vio puesta en duda. Después de meses de tensas negociaciones diplomáticas en la conferencia de paz del Chaco, finalmente había accedido a efectuar algunas concesiones de poca importancia, lo cual proporcionó a los críticos del gobierno el asunto que necesitaban. El principal de tales críticos era el coronel Ramón Paredes, jefe de las tropas del Chaco, que debía su posición en gran parte al hecho de ser el padrino de uno de los hijos de Franco. Por medio de su hermano, destacado liberal, Paredes había estado en comunicación con líderes de los partidos en el exilio y ahora vio la oportunidad de desempeñar el papel de «creador de reyes»[*]. El 13 de agosto de 1937 Paredes ordenó a sus soldados que ocupasen Asunción y exigió la dimisión del gabinete. Era necesario, según dijo, salvar a Franco de los malos consejeros que le rodeaban.

El gobierno no tuvo tiempo de defenderse. Franco se había negado a dar crédito a los rumores de un golpe inminente, y había dicho que Paredes era un compadre y nunca le traicionaría. Al darse cuenta demasiado tarde de que le habían engañado, Franco se negó a ver a Paredes o a aceptar sus condiciones. Por lo tanto, Paredes hizo que le detuvieran y desterraran junto con los demás febreristas. La revolución había terminado.

LA CONTRARREVOLUCIÓN

Al igual que el régimen revolucionario al que reemplazó, el gobierno provisional era una coalición de elementos antagónicos. Había políticos del antiguo Partido Liberal, los cuales esperaban dar marcha atrás al reloj. Había también muchos oficiales del ejército que eran nacionalistas y que, si bien se sentían desilusionados con Franco, todavía querían reformas. Entre estos dos grupos había un tercero, los llamados Nuevos Liberales, hombres más jóvenes que querían que el partido abandonase su tradicional postura favorable al laissez faire y se colocara a la cabeza del cambio social. Los Nuevos Liberales tendían a buscar el apoyo de los militares en su lucha por arrebatar el control del partido de las manos de los «Viejos Liberales». Los puestos en el nuevo gobierno tuvieron que asignarse con cuidado a fin de conservar el equilibrio. Los dos principales manipuladores del poder eran el coronel Paredes y el mayor Dámaso Sosa Valdés, que mandaba la caballería de Campo Grande. Para complacer a los Viejos Liberales eligieron a Félix Paiva, anciano juez del Tribunal Superior de Justicia, para la presidencia. El nuevo jefe de policía, el coronel Arturo Bray, pertenecía al ejército, pero era también militante de los Viejos Liberales. El representante del ala nacionalista era el coronel Higinio Moríñigo, jefe del estado mayor del ejército, que fue nombrado ministro del Interior. Los otros ministros del gabinete eran hombres poco conocidos y no estaban muy identificados con ninguna facción en particular. Los Nuevos Liberales no tenían ninguna representación en los niveles más altos del gobierno, y depositaron sus esperanzas en el general Estigarribia, que seguía gozando de mucha popularidad como líder militar. Los Viejos Liberales, que desconfiaban de Estigarribia, le hicieron salir del país nombrándole embajador en los Estados Unidos. Más adelante, cuando las negociaciones del Chaco alcanzaron su fase crucial, le harían volver para que encabezase la delegación paraguaya.

Durante dos años el gobierno Paiva se esforzó por mantener el orden, pero era cada vez más claro que la revolución de febrero, a pesar de sus errores, había despertado unas expectativas que no podían pasarse por alto. Huelgas, disturbios estudiantiles e intentos de golpe de estado por parte de militares febreristas hicieron que la situación fuese volátil en todo momento. El único logro del gobierno fue la firma de un tratado de paz definitivo con Bolivia, e incluso esto fue muy controvertido. Aunque Paraguay recibió la mayor parte del territorio del Chaco en disputa, los críticos señalaron que los límites se habían trazado un poco por detrás de las líneas de batalla definitivas del ejército paraguayo, lo cual significaba renunciar a unos 110.000 kilómetros cuadrados del territorio que en un principio reclamara el gobierno Franco. Tanto los febreristas como los colorados repudiaron el tratado y cuando el gobierno convocó un plebiscito para su aprobación, prohibió que el asunto se debatiera en público. La oposición, convencida de que el recuento de votos no sería limpio, boicoteó el plebiscito. El tratado se aprobó oficialmente por 135.385 votos contra 13.204.

Resuelto este importante asunto, el gobierno Paiva convocó elecciones para la presidencia y el Congreso. La convocatoria hizo que la lucha que se desarrollaba dentro del Partido Liberal saliera al exterior, toda vez que los Viejos Liberales querían que Gerónimo Zubizarreta encabezase la lista de candidatos, mientras que los Nuevos Liberales querían que la encabezara el general Estigarribia. En una campaña apasionada que estuvo a punto de escindir la convención del partido los Nuevos Liberales consiguieron que los militares presionaran lo suficiente como para obligar a sus rivales a ceder[4]. Estigarribia recibió el apoyo de todos los Viejos Liberales excepto unos cuantos intransigentes. Concurrió a las elecciones sin oposición y asumió el cargo en agosto de 1939.

A pesar de su gran prestigio, el nuevo presidente no fue más capaz de pacificar el país que Paiva. El ejército era un nido de conspiradores, incluso después de la expulsión de Paredes, Bray y Moríñigo. Los Viejos Liberales se alarmaron al saber que Estigarribia pensaba dar escaños en el Congreso a los colorados para que volvieran a participar públicamente en la vida política, a la vez que los febreristas, que todavía estaban fuera de la ley, continuaban su agitación contra el régimen. Asimismo, las rivalidades internacionales entre las grandes potenciales influyeron de modo significativo en la política interior de Paraguay. La estrategia de Alemania en el país, al igual que en otras partes de la región, consistía en aprovechar la animosidad —que era especialmente fuerte en el ejército— contra el imperialismo norteamericano. Muchos oficiales admiraban también a Alemania por su destreza militar. Además, la influencia y la propaganda nazis estaban diseminadas entre los numerosos inmigrantes alemanes que había en el país, así como entre los de la vecina Argentina, donde existía un fuerte elemento pro alemán en el gobierno.

A pesar de que los nacionalistas militares sentían preferencia por Alemania, Estigarribia se mostraba amistoso con los Estados Unidos y albergaba la esperanza de utilizar la ayuda norteamericana como contrapeso de la potencia económica argentina. En vista de ello, los argentinos decidieron financiar a los que se oponían a él. Con su aliento, en 1939 se formó una alianza entre los febreristas y un nuevo movimiento de intelectuales católicos conservadores, los llamados «tiempistas» porque su periódico llevaba el nombre de El Tiempo. Estigarribia se vio atacado como agente del imperialismo yanqui, y varios miembros de su gabinete fueron acusados de corrupción. La Juventud Febrerista, que era entonces el grupo más numeroso en la universidad, organizó manifestaciones contra el gobierno que al final obligaron a enviar tropas para que restaurasen el orden. Líderes estudiantiles y tiempistas fueron encarcelados. Esta invasión del recinto universitario levantó protestas de los colorados, que interrumpieron sus negociaciones con Estigarribia. El 14 de febrero de 1940 hubo un intento de golpe de estado en Campo Grande por parte de oficiales que simpatizaban con la oposición.

Ante una situación que empeoraba rápidamente, Estigarribia declaró el estado de excepción. El mismo día en que se sofocó la intentona de Campo Grande hizo que Gustavo Riart, el presidente del Partido Liberal, compareciese en su despacho para decirle que sólo una dictadura temporal podía salvar al país evitando que cayera en la anarquía. Riart puso reparos, pero pidió tiempo para sondear al partido y ver qué pensaba de tal propuesta. Dos días después Estigarribia volvió a plantear el asunto en una reunión matutina de su gabinete. Aquella misma tarde el comité ejecutivo del Partido Liberal debatió la cuestión, y los Nuevos Liberales, capitaneados por Justo Pastor Benítez pidieron la disolución del Congreso y el traspaso de todo el poder al presidente. Riart y los Viejos Liberales insistieron en que el partido permaneciera fiel a sus principios políticos liberales, pero se encontraron con que eran una minoría de 3 contra 13 y dimitieron inmediatamente. Con esta aprobación de los liberales, Estigarribia se proclamó dictador el 18 de febrero de 1940. Justificó su acción insistiendo en que las instituciones políticas instauradas por la Constitución de 1870 ya no podían funcionar, pero prometió restaurar el buen gobierno nombrando un grupo de juristas para que redactaran una Constitución más realista[5].

La nueva Constitución se publicó el 10 de julio de 1940 y fue ratificada por un plebiscito el 4 de agosto. A diferencia de su predecesora, rechazaba conceptos tales como el gobierno limitado, los derechos absolutos de propiedad y el individualismo. En vez de ello, concedía al estado nuevos e importantes poderes que le permitirían reglamentar el comportamiento económico y político. «En ningún caso», proclamaba, «prevalecerán los intereses privados sobre los intereses generales de la nación». La propiedad privada sería respetada únicamente si cumplía una función social útil. El Congreso pasó a ser unicameral y fue despojado de la mayoría de sus anteriores poderes, al tiempo que se ampliaba mucho el papel del presidente. Tratando de emular el «estado corporativo» de la Italia fascista, se creó un Consejo de Estado, que representaba a los agricultores, los ganaderos, los hombres de negocios, las fuerzas armadas, la universidad y la Iglesia católica, con el fin de que aconsejara sobre la política que debía seguirse.

Aún no había transcurrido un mes desde que se promulgara la Constitución de 1940 cuando Estigarribia murió en un accidente aéreo. Los máximos oficiales militares se reunieron inmediatamente para elegir sucesor, sin tener en cuenta para nada a los Viejos y Nuevos liberales. El coronel Paredes, que era el director de la escuela militar, y el coronel Sosa Valdés, que todavía era el comandante de Campo Grande, volvieron a encontrarse en el centro de los acontecimientos. Esta vez eligieron para la presidencia al general Higinio Moríñigo, oficial aparentemente afable y sin ambiciones que era popular entre la facción nacionalista. Estigarribia no se fiaba de Moríñigo y le había enviado al Chaco después de tomar posesión de su cargo, pero, al encontrarse en apuros, le había hecho volver para que formase parte del gabinete en calidad de ministro de Guerra y Marina con el fin de ganarse el apoyo de los oficiales pro alemanes. Paredes y Sosa Valdés creían que sería fácil controlar a Moríñigo y éste, durante un tiempo, procuró que siguieran creyéndolo. Nombró a Paredes ministro del Interior y le permitió que desterrase a los Nuevos Liberales. Durante los meses siguientes, sin embargo, Moríñigo alineó cuidadosamente su propio apoyo en los cuarteles. El 4 de febrero de 1941 Paredes fue destituido de pronto y reemplazado por el coronel Vicente Machuca, popular oficial de la facción nacionalista. Unos cuantos días después una revuelta en Campo Grande quitó a Sosa Valdés y puso en su lugar un comandante regimental, el mayor Victoriano Benítez Vera, también nacionalista. Estos cambios hicieron que la posición de Moríñigo fuese mucho más segura. En relación con los Viejos Liberales no se hizo nada hasta el año siguiente, momento en que Moríñigo, valiéndose de una crónica publicada de la conferencia de paz del Chaco, acusó a los liberales de conspirar con los bolivianos en el exilio para derrocar al gobierno Franco. El 25 de abril de 1942 los calificó de traidores, puso el partido fuera de la ley y expulsó a sus líderes del país.

LA ERA DE MORÍÑIGO

Con los liberales y los febreristas en el exilio, y los colorados replegados una vez más en una hosca no participación, Moríñigo se vio obligado a apoyarse principalmente en los militares. Los febreristas rechazaron sus propuestas: Franco no quería tener nada que ver con ningún gobierno paraguayo a cuya cabeza no estuviese él mismo. De hecho, los febreristas crearon muchos problemas tales como huelgas laborales, protestas estudiantiles e incluso un breve levantamiento de la guarnición de la ciudad meridional de Pilar, el 16 de abril de 1941. Los colorados mostraron la misma intransigencia. Aunque estaban dispuestos a hablar con el gobierno, siempre subían el precio de su colaboración. En junio de 1941 Moríñigo decidió prescindir de ellos, lo cual convirtió a los tiempistas en el único grupo civil deseoso de trabajar con el régimen. Aunque eran sólo un puñado, Moríñigo los usó como cebo para atraer a otros grupos y los trató pródigamente, concediéndoles varios ministerios y la presidencia del Banco Central. Durante los tres años siguientes el tiempismo ejerció mucha influencia, aunque nunca llegó a ser un movimiento popular. El poder real estaba en manos de los militares, y especialmente de una facción pro nazi que llevaba el nombre de Frente de Guerra y estaba encabezada por el coronel Victoriano Benítez Vera, el comandante de Campo Grande; el coronel Bernardo Aranda, jefe del estado mayor del ejército; y el mayor Pablo Stagni, jefe de la fuerza aérea.

La falta de apoyo civil organizado y un acentuado sesgo hacia la extrema derecha no fueron, al principio, desventajas serias para Moríñigo. Hijo de campesinos, poseía un toque populista que gustaba a la población rural de Paraguay. Por otra parte, los años de la guerra fueron una época de prosperidad sin precedentes. A pesar de los refunfuños de los oficiales nacionalistas de signo extremista y de la embajada argentina, Moríñigo se mostró dispuesto a aceptar la generosa ayuda norteamericana, la mayor parte de la cual fue administrada con honradez y utilizada acertadamente. Se construyeron nuevas carreteras, los agricultores pudieron obtener créditos con facilidad, se estimuló la creación de pequeñas industrias, se dotó a los militares de material nuevo y se construyó un aeropuerto moderno. Aunque no deseaba tocar el asunto de la reforma agraria, Moríñigo experimentó con la creación de cooperativas campesinas en tierras propiedad del estado. No obstante, al no conseguir granjearse el apoyo de ningún líder de los principales partidos, el gobierno no pudo aflojar los controles políticos. Aunque Moríñigo ganó las elecciones para un segundo mandato, sin oposición, en febrero de 1943, las cárceles siguieron estando llenas de adversarios políticos. A los más peligrosos los tenían en puestos militares avanzados en el Chaco o en campos de concentración situados en las junglas de la parte septentrional del río Paraguay. En la capital abundaban los espías de la policía y la prensa era objeto de una severa censura.

Las tensiones fueron en aumento en el seno del gabinete de Moríñigo cuando la guerra en Europa empezó a ir mal para el Eje. Aunque difícilmente puede decirse que fueran pro aliados, los tiempistas más pragmáticos estaban a favor de una ruptura con Alemania al objeto de congraciarse con los Estados Unidos. Esta actitud hizo que chocasen con el Frente de Guerra, el cual, apremiado por la embajada argentina, estaba decidido a no permitir ninguna influencia liberalizadora norteamericana en Paraguay. Al hacerse más acalorada la disputa, Moríñigo se doblegó ante sus oficiales clave y expulsó a los tiempistas en marzo de 1944. Con todo, la victoria del Frente fue efímera, puesto que en agosto llegó a Asunción un nuevo embajador de los Estados Unidos que dijo con toda franqueza a Moríñigo que la futura ayuda norteamericana dependería de que restaurase la libertad de prensa, levantara la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos y celebrara elecciones limpias. Para entonces ya era obvio que el Eje iba a perder la guerra y muchos oficiales ansiaban que Paraguay estuviese en el bando vencedor. Su principal portavoz, el ministro de Defensa, Vicente Machuca, exigió que Paraguay declarase la guerra al Eje, y se vio apoyado en esta exigencia por el mayor Enrique Giménez, comandante regimental en Campo de Mayo, de quien se creía que expresaba los puntos de vista del propio Moríñigo[6]. Era sabido que Machuca tenía contactos febreristas, a la vez que Giménez había sido el hombre que utilizaba Moríñigo para comunicarse con los colorados. Ambos hombres se hallaban ahora ocupados tratando de sondear a los partidos citados para ver si estaban dispuestos a participar en el gobierno. Parece ser que el Frente no se dio cuenta de que iba a producirse un cambio decisivo de la política oficial hasta el momento en que recibió el golpe en junio de 1946. Entonces, aprovechando que el coronel Benítez Vera se hallaba temporalmente ausente del país, Moríñigo puso a Giménez al mando de Campo Grande y arrestó a los otros oficiales del Frente. Durante las semanas siguientes el gobierno puso fin a la censura de prensa y aflojó las prohibiciones que afectaban las actividades de los partidos políticos. Finalmente, el 23 de julio, Moríñigo anunció que estaba formando un gobierno de coalición en el que febreristas y colorados estarían representados a partes iguales. Su propósito, según dijo, sería preparar el país para una vuelta a la democracia, primero organizando elecciones para una convención constitucional, ya que casi todo el mundo estaba de acuerdo en que la Constitución de 1940 era un documento autoritario y difícilmente podía servir al futuro sistema democrático. Después de cambiar la Constitución, se celebrarían elecciones generales en las que podrían participar todos los partidos, incluso los liberales y los comunistas. Una vez elegido nuevo gobierno, Moríñigo dejaría el poder, quizá para retirarse a su estancia, o incluso se iría al extranjero para eliminar toda duda acerca de sus intenciones.

GOBIERNO DE COALICIÓN Y GUERRA CIVIL, 1946-1947

Durante la segunda mitad de 1946 bajo el gobierno de coalición, la política paraguaya fue embriagadora. Los exiliados volvieron a reunirse con sus amigos y familiares. La prensa era libre. Había mítines públicos, marchas y concentraciones. Sin embargo, detrás de todo lo que se decía acerca de la democracia había señales de que las principales fuerzas políticas no estaban dispuestas a tolerar un régimen auténticamente democrático. El clero católico exigía que el gobierno suprimiera el Partido Comunista. Los febreristas, a sabiendas de que Franco aún tenía muchos admiradores que ocupaban altos puestos militares, tramaban un golpe de estado en el caso de que perdieran las elecciones. Los periódicos del Partido Liberal desollaban a Moríñigo y pedían su derrocamiento inmediato por el ejército. Los colorados estaban escindidos entre la facción «democrática», que estaba capitaneada por Federico Chaves y trataba de sostener el gobierno de coalición, y un violento grupo de oposición conocido por el nombre de Guión Rojo. Encabezados por Juan Natalicio González, partidario extremista del nacionalismo y enemigo de los liberales, los guionistas tacharon a los democráticos de traidores por haber aceptado la paridad con los febreristas en el gabinete. Se organizaron en tropas de choque para ahuyentar a sus adversarios de las calles. Matones del Guión Rojo disolvían los mítines de otros partidos, de grupos estudiantiles y de sindicatos de trabajadores. Atacaron la redacción del periódico liberal El País y volaron sus rotativas. Mientras tanto, González iba acercándose a un acuerdo con Moríñigo en virtud del cual el primero sucedería a la presidencia y el segundo retendría su poder en calidad de comandante en jefe del ejército.

En semejantes circunstancias no era raro que la policía no hiciese nada por poner fin a la violencia del Guión Rojo. Tampoco había señales de que fueran a celebrarse elecciones, a pesar de las exigencias de los febreristas, que querían que se fijara una fecha para ellas. Moríñigo creó un nuevo Ministerio de Trabajo y lo entregó a los guionistas, con lo cual hizo que la fuerte base que los febreristas tenían en los sindicatos pasara a ser vulnerable a las intervenciones hostiles. El 11 de enero de 1947 los febreristas dimitieron de sus puestos en el gabinete y pidieron al ejército que se hiciera cargo del poder. Moríñigo respondió declarando el estado de sitio, acorralando a todos los líderes febreristas, liberales y comunistas a los que pudo encontrar y obligándoles a cruzar la frontera. Para cubrir las vacantes en el gabinete nombró a colorados guionistas.

La oposición quedó confundida y pareció que Moríñigo volvía a dominar la situación. Pero el día 7 de marzo una pandilla de jóvenes febreristas atacaron la jefatura de policía de Asunción. Después de un feroz tiroteo tomaron posesión de ella, pero a las pocas horas fueron desalojados por los cadetes trasladados apresuradamente al lugar desde la cercana escuela militar. Al día siguiente se rebeló la guarnición militar de Concepción, ciudad situada junto a un río unos doscientos kilómetros y pico al norte de Asunción. En pocos días la mayoría de las unidades militares del Chaco y el Paraguay oriental se unieron a la rebelión. Al correr la noticia, liberales, febreristas y comunistas se apoderaron de las armas que pudieron encontrar. Algunos se dirigieron a Concepción con el propósito de luchar por el derrocamiento de Moríñigo, mientras que otros formaron un movimiento clandestino en la capital para sabotear las defensas del gobierno. La esperanza se remontó todavía más cuando se supo que el coronel Franco había vuelto en avión desde Argentina para asumir el mando de las fuerzas rebeldes.

Si los sublevados hubieran marchado directamente sobre Asunción, tal vez habrían vencido con facilidad, pues el gobierno sufrió una fuerte sacudida a causa de la deserción de una parte tan grande del ejército. En vez de ello, esperaron que las importantes bases de caballería, infantería y artillería situadas en la capital o cerca de ella se pronunciaran, con la esperanza de que pudiera evitarse una lucha. El resultado fue que Moríñigo tuvo tiempo para organizar sus defensas. En esto desempeñó un papel fundamental el Partido Colorado, pues tenía muchos seguidores campesinos —los py nandí o «descalzos»— con los que podía formarse una milicia irregular. Al mismo tiempo, se permitió a los del Guión Rojo que entrasen en cualquier domicilio sin ninguna orden judicial y detuvieran a las personas sospechosas con el fin de eliminar a los «quintacolumnistas». Más de mil personas fueron detenidas en las primeras semanas de la revuelta, a la vez que muchos miles más huían del país. Finalmente, Moríñigo pudo obtener el apoyo del presidente argentino, Juan Perón.

Deseando vivamente reducir la influencia norteamericana y atraer de nuevo a Paraguay hacia la órbita de Argentina, Perón proporcionó a Moríñigo suficientes armas, municiones, camiones y suministros médicos como para que la balanza militar se inclinara a su favor.

Así pues, los rebeldes perdieron la ventaja a causa de sus propias tácticas dilatorias. Las copiosas lluvias que cayeron en abril inundaron las carreteras y las regiones bajas situadas entre Concepción y Asunción, e hicieron que el ataque fuera imposible. Sin embargo, simpatizantes de los rebeldes en la marina eligieron este momento para sublevarse contra Moríñigo. Dado que el arsenal de la marina se encontraba cerca del centro de Asunción, probablemente la revuelta hubiera sido fatal para el gobierno de haber ido acompañada de un ataque por tierra. Sin embargo, las tropas de Concepción no podían moverse, así que los marineros rebeldes sólo consiguieron ocupar varios bloques de un distrito obrero que quedaba cerca de los astilleros antes de que unidades de caballería, policía y py nandí los contuviesen. Durante los tres días siguientes se libraron combates encarnizados en la capital, hasta que finalmente Moríñigo llamó a la artillería y destruyó la base naval con un fuerte bombardeo. No hubo compasión para los escasos supervivientes.

Cuando el tiempo se despejó en junio, las fuerzas del gobierno ya estaban preparadas para pasar a la ofensiva. El ejército rebelde se vio obligado a retirarse poco a poco hasta que el 31 de julio, después de un implacable asedio, Concepción cayó. Al recibir la noticia, Moríñigo, lleno de júbilo, ordenó que todas las iglesias de la capital hicieran sonar sus campanas para celebrar el triunfo. Su alegría duró poco, sin embargo, pues entonces llegó la noticia de que los rebeldes habían abandonado Concepción durante la noche anterior, dejando en la ciudad sólo una fuerza mínima integrada por enfermos y heridos, y en aquellos momentos bajaban por el río en una flota de embarcaciones con el propósito de atacar Asunción. El ejército de Moríñigo se encontraba atascado a doscientos kilómetros y pico de la capital. Al mismo tiempo, otra amenaza se acercaba desde el sur. Dos de las cañoneras de Paraguay estaban ahora en poder de sus tripulaciones, que se habían amotinado cuando se encontraban cargando pertrechos en Buenos Aires. Y estaban navegando río arriba para unirse a la revolución.

Mientras el pánico empezaba a adueñarse de Asunción, Moríñigo y los líderes colorados formaron otro abigarrado ejército de voluntarios y comenzaron a levantar obras de defensa alrededor de toda la ciudad. Con el fin de que parase a las cañoneras, Moríñigo envió al teniente coronel Alfredo Stroessner con algunas piezas de artillería y órdenes de tomar posesión del fortín de Humaitá, desde cuyas alturas se dominaba el río. La guerra civil había alcanzado su apogeo. Los combates fueron feroces cuando los hombres de Franco rodearon la capital ante una defensa sorprendentemente tenaz de los colorados. Entretanto, corrió el rumor de que las cañoneras habían logrado cruzar el bloqueo y se acercaban a la ciudad. Temiendo la venganza de los rebeldes, los funcionarios y los partidarios del gobierno requisaron todas las embarcaciones que encontraron a mano con la intención de cruzar el río y refugiarse en Argentina. Sin embargo, Moríñigo, en vez de huir, visitó personalmente las primeras líneas y exhortó a los py nandí a permanecer firmes. Declaró que los rumores eran falsos. Era necesario resistir y dar al ejército regular tiempo suficiente para volver sobre sus pasos desde Concepción y levantar el sitio.

Moríñigo tenía razón. Después de dos días y dos noches de duelo artillero, las cañoneras rebeldes quedaron fuera de combate. Al mismo tiempo, los py nandí, con la ayuda de nuevos envíos de armas que Perón mandó en avión, detuvieron a las fuerzas de Franco en la periferia de la ciudad. El 14 de agosto les tocó a los rebeldes el tumo de verse rodeados por las fuerzas regulares del gobierno. No queriendo rendirse tan cerca de su objetivo, los rebeldes continuaron luchando durante cinco días antes de que los que podían huir se encaminaran hacia la frontera argentina mientras los demás se rendían.

LOS COLORADOS EN EL PODER, 1947-1954

Dado que Moríñigo se había salvado gracias al apoyo de los colorados, éstos se convirtieron ahora en los dueños de la situación. Procedieron inmediatamente a llevar a cabo la búsqueda calle por calle, casa por casa, de los adversarios que pudieran haberse escondido. Cientos de ellos fueron apresados y enviados a reunirse con sus camaradas en los estadios de fútbol transformados en improvisados campos de concentración. Algunos fueron ejecutados; a la mayoría de ellos los mandaron a campamentos situados en la jungla. Miles de paraguayos huyeron a Argentina o a Brasil durante los meses siguientes.

Era obvio que los colorados se harían cargo del gobierno después de pasar por el trámite de unas elecciones. Pero ¿qué facción dominaría el nuevo régimen: los democráticos de Chaves o el Guión Rojo de González? La duda se resolvería en la convención del partido celebrada en noviembre de 1947. Las elecciones de partido que precedieron a la convención dieron pie a muchas acusaciones de fraude debido a que cada uno de los bandos hizo cuanto pudo por obtener la mayoría. Aunque Chaves recibió el apoyo de la mayor parte de los delegados, los guionistas pusieron en tela de juicio las credenciales de los mismos, y Moríñigo y González continuaron trabajando en estrecha colaboración. La convención dio comienzo el 17 de noviembre y pronto degeneró en alboroto. Inmediatamente después de que los democráticos ganaran la votación para elegir presidente de la convención, los guionistas empezaron a arrojarles piedras desde las galerías; al huir de la sala, los democráticos cayeron en los brazos de la policía de Moríñigo. Después de este golpe de estado, las elecciones del 15 de febrero de 1948 resultaron decepcionantes, toda vez que no se permitió que nadie se presentara contra González.

No obstante, se estaban tramando nuevas conspiraciones, esta vez dentro del propio Guión Rojo. El confiado González tenía un rival, Felipe Molas López, su ministro de Educación. Dado que el hermano de Molas López era un oficial de caballería de alta graduación, tenía buenas relaciones con el estamento militar. También gozaba de seguidores personales entre los guionistas, pues mientras González había cultivado el apoyo de los Estados Unidos y Brasil, Molas López había pasado muchos años exiliado en Argentina y admiraba a Perón. Hombre ambicioso y proclive a conspirar, Molas López vio el camino que podía llevarle a la presidencia bloqueado por la alianza entre González y Moríñigo. Su primer paso fue eliminar a este último despertando las sospechas de los colorados en el sentido de que no podían confiar en que el dictador entregara el poder a González. El cuñado de Molas López era jefe de policía y empezó a reunir «pruebas» de conspiraciones en el palacio presidencial. De resultas de ello, Moríñigo fue desposeído del cargo mediante un golpe incruento el 3 de junio, con lo cual se puso fin a una de las Administraciones más turbulentas de la historia de Paraguay.

González no había sido informado de ninguna de estas jugadas hasta que Molas pudo presentarle un hecho consumado. La caída de Moríñigo le pilló por sorpresa y se formó un gobierno provisional, integrado principalmente por partidarios de Molas, para que gobernase el país hasta su toma de posesión. Así, cuando González subió al poder, el día 15 de agosto, se vio obligado a aceptar a la mayoría de los ministros que ya ocupaban sus cargos en el nuevo gabinete. El 25 de octubre de 1948 tuvo lugar el esperado golpe bajo el liderazgo del coronel Alfredo Stroessner y su regimiento de artillería. La intentona salió mal, sin embargo, debido a que el comandante de la caballería, el coronel Adalberto Canata, cambió de bando en el último momento. Gran parte del mérito de este cambio corresponde al presidente González, que se trasladó en su propio coche a Campo Grande y exigió la lealtad de los oficiales. La valentía de su gesto hizo que los oficiales que titubeaban acabaran de decidirse. Al optar la caballería por unirse al bando leal al presidente, Stroessner se vio obligado a abandonar el ataque y huir a la embajada brasileña escondido en el portaequipajes de un automóvil para no ser detenido. Aunque muchos oficiales fueron encarcelados, Molas López contaba con la protección de amigos poderosos y no fue posible acusarle de haber participado directamente en el intento de golpe. El hecho de que González tuviera que conservarle en el gabinete reflejaba la debilidad de su posición.

Molas no se desanimó a causa del revés que acababa de sufrir. Al cabo de unos meses volvía a estar preparado para otro intento cuando los rumores de que González estaba intrigando para hacer que Moríñigo volviese del exilio hicieron que el coronel Canata cambiase de bando otra vez. El 29 de enero de 1949 un golpe ejecutado sin contratiempos quitó a González del poder y le envió a un exilio permanente, pero en lugar de substituirle por Molas López, el ejército recurrió al ministro de Defensa, el general Raimundo Rolón. Este anunció que trataría de traer la paz a Paraguay mediante una amnistía general y la convocatoria de elecciones. El ejército, cansado de las rencillas de los políticos civiles, empezó a presentar a Rolón como ideal de presidente no partidista.

La perspectiva de perder el dominio del poder unió a las facciones coloradas. Mientras que los guionistas y los democráticos acordaron olvidar sus diferencias, el coronel Emilio Díaz de Vivar, comandante regimental en Campo Grande, prometió respaldar una revuelta. Al mismo tiempo, el coronel Stroessner cruzaría furtivamente la frontera y reuniría su antiguo regimiento de artillería. El plan dio buenos resultados. El 26 de febrero de 1949, mientras altos cargos del gobierno se encontraban en casa de Molas López asistiendo al velatorio del muy venerado arzobispo de Paraguay, tropas rebeldes ocuparon la capital. Hasta el último momento, cuando la casa se hallaba rodeada, no informó Molas López a sus invitados de que se encontraban detenidos.

Molas era presidente por fin, pero, al igual que González, accedió al cargo sin tener verdadero poder. Para asegurarse el apoyo de los democráticos se avino a darles puestos clave, así militares como gubernamentales. El coronel Díaz de Vivar tenía el mando en Campo Grande, Federico Chaves presidía el Congreso y la policía pasó a estar a las órdenes de un democrático joven y prometedor que se llamaba Epifanio Méndez Fleitas. En vez de esperar el inevitable golpe, Molas decidió adelantarse y actuar. Un grupo de seguidores suyos se harían con el control de Campo Grande y luego atacarían a otras unidades del ejército con la ayuda de la artillería de Stroessner. Pero en lugar de unirse al complot, Stroessner informó a Díaz de Vivar y a Méndez Fleitas. El 10 de septiembre de 1949 los principales conspiradores fueron detenidos y el comité ejecutivo del Partido Colorado exigió y obtuvo la dimisión de Molas. Mientras Molas era conducido a la frontera, Federico Chaves prestó juramento en calidad de presidente.

Aunque tenía reputación de demócrata, no tardó Chaves en adoptar el mismo estilo autoritario de sus predecesores. Apenas podía hacer otra cosa, pues se veía acosado por complots desde todos los lados: los liberales, los febreristas, facciones coloradas rivales y el ex presidente Rolón. Además, había heredado una economía muy dañada por la guerra civil. Las exportaciones disminuían, y los envíos de algodón, el principal cultivo comercial de Paraguay, habían descendido una cuarta parte en comparación con su nivel de 1946. Los rebaños de ganado bovino también habían disminuido, y la producción de arroz, una de las principales del país, también había caído. Cerca de un tercio de la población, sobre todo trabajadores especializados, profesionales y empresarios, había emigrado. La inflación subía a un ritmo alarmante, el capital había huido del país, la moneda (el guaraní) prácticamente carecía de valor y la producción estaba estancada en la mayoría de las regiones. Sólo un gobierno firme podía proporcionar el orden necesario para que las inversiones volvieran a Paraguay.

Sin embargo, aunque fuese dictador, Chaves no era reaccionario. Levantó la mayoría de las restricciones que pesaban sobre los sindicatos laborales y trató de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores por medio de incrementos salariales generosos y periódicos. Se aplicaron controles de precios a una gran variedad de artículos de consumo a la vez que el gobierno compraba artículos de primera necesidad para revenderlos a precio de coste al público.

Estas medidas sirvieron de poco; de hecho, es probable que dificultasen la recuperación económica. El producto interior bruto (PIB) per cápita cayó de 203 dólares norteamericanos en 1949 a 201 en 1954 (calculado en precios constantes de 1970), al tiempo que el coste de la vida subía de un incremento anual del 35 por ciento a más de 117 por ciento en 1952, antes de ir disminuyendo hasta quedar en alrededor del 71 por ciento. El intento de contener la inflación por medio de controles de precios no hizo más que fomentar la evasión. El contrabando y el mercado negro recibieron un estímulo más cuando el gobierno quiso ahorrar divisas extranjeras e impuso aranceles elevados a las importaciones de artículos de lujo. El descenso del valor del guaraní, de 8,9 a 50 por dólar, reflejó la pérdida de confianza en el gobierno por parte del público. Cuando Chaves intentó fijar el tipo de cambio en 15 guaraníes por dólar, lo único que consiguió fue fomentar las operaciones del mercado negro de dólares. Mientras tanto, la producción estancada, la elevada inflación, los controles económicos y la dudosa estabilidad política hicieron que los inversionistas y prestamistas internacionales considerasen que Paraguay era un mal riesgo. A partir de 1951, año en que Chaves declaró una moratoria del pago de las deudas de su país, Paraguay no pudo obtener empréstitos a largo plazo. Sin unos 5,8 millones de dólares norteamericanos en subvenciones directas concedidas por los Estados Unidos entre 1951 y 1955, hubiera sido imposible importar materias básicas.

Si bien Chaves había presidido un insólito período de estabilidad política y manipulado su reelección, sin que nadie se opusiera, en 1953, resultaba obvio que el gobierno iba a la deriva. Los que lo respaldaban se dividían entre los que juzgaban necesario levantar la mayoría de los controles económicos y los que querían tomar medidas de un populismo todavía más radical. Entre estos últimos destacaba Epifanio Méndez Fleitas, que ahora dirigía el Banco Central y ejercía mucha influencia en el presidente. Admirador de Perón, Méndez abogaba por el establecimiento de lazos económicos más estrechos con Argentina y, aunque poderosos grupos de presión económicos le obligaron a quitar a Méndez del gobierno, en 1953 Chaves firmó un tratado en virtud del cual se creaba una unión aduanera con Argentina. Esto le costó mucho apoyo, pero tal vez habría sobrevivido de no haber cometido el error de tratar de potenciar el cuerpo de policía como contrapeso del ejército. El general Stroessner, que entonces era el comandante en jefe, contempló con recelo cómo las unidades de policía eran ampliadas y dotadas de armas pesadas. Pronto empezó a conspirar con Méndez Fleitas, que contaba con gran número de partidarios personales y codiciaba la presidencia.

El 3 de mayo de 1954 una «crisis de mando» en Campo Grande provocó un choque directo de Chaves con Stroessner. Algunos de los partidarios del segundo trataron de hacerse con el control de la base y fueron arrestados por el comandante de la misma, que era leal al presidente. Cuando Chaves aprobó las órdenes de arresto, Stroessner afirmó que la injerencia civil había insultado el «honor» de los militares y se declaró en rebelión. Hubo combates encarnizados en el centro de Asunción durante toda la noche del 4 de mayo y la mayor parte del día siguiente antes de que Stroessner se impusiera y desposeyese a Chaves de su cargo.

Un presidente interino procedente del Partido Colorado, Tomás Romero Pereira, asumió el cargo hasta que los vencedores llegasen a un acuerdo sobre quién ocuparía el palacio presidencial, si Stroessner o Méndez Fleitas. Al final se optó por una fórmula conciliatoria al amparo de la cual los colorados nombrarían a Stroessner para la presidencia y Méndez recuperaría el control de la distribución de favores como director del Banco Central. Así empezó el gobierno de Alfredo Stroessner, que los paraguayos darían en llamar el «stronato».

EL ESTADO Y EL PARTIDO BAJO EL STRONATO

Alfredo Stroessner tomó posesión del cargo de presidente el 15 de agosto de 1954 y retendría el poder en sus manos durante más de treinta y cuatro años, lo cual le convirtió en el dictador más duradero de la historia de Paraguay. Su éxito se debió al control de dos instituciones clave, el ejército y el Partido Colorado. El primero le dio el poder bruto que necesitan los dictadores, mientras el segundo le proporcionó la base masiva de que gozan pocos gobiernos militares. Para hacerse con el control de ambas cosas, tuvo que dividir y eliminar a sus adversarios por etapas.

El Partido Colorado era el principal problema de Stroessner, porque ni los partidarios del ex presidente Chaves ni los de Méndez Fleitas, los llamados «epifanistas», querían aceptar su presidencia como algo más que una fórmula conciliatoria de carácter temporal. De haberse unido contra él, quizá Stroessner no hubiera durado, pero los democráticos no estaban dispuestos a perdonar a Méndez Fleitas el haber traicionado a su jefe. Así, cuando Stroessner actuó contra Méndez a finales de diciembre de 1955, los democráticos no intervinieron. En primer lugar, los oficiales epifanistas de caballería y artillería fueron desposeídos de su mando, tras lo cual se quitó a Méndez de la presidencia del Banco Central. Durante las semanas siguientes cualquier oficial que fuera sospechoso de simpatizar con los epifanistas fue apartado de sus tropas, a veces concediéndole un ascenso nominal, sólo para arrestarlo al cabo de pocos días. En la primera semana de febrero de 1956 Stroessner ya era lo bastante fuerte como para desterrar a Méndez y a los principales miembros de su camarilla. Las figuras de menor importancia fueron enviadas a campos de detención.

Los democráticos de Chaves fueron el grupo que recibió la purga siguiente. Una vez eliminado Méndez, se volvieron contra Stroessner y le criticaron por adoptar un programa de austeridad patrocinado por el FMI que, con sus controles salariales y crediticios, resultaba muy duro para los hombres de negocios, los agricultores y los trabajadores. En agosto de 1958 la CPT convocó la huelga general, pero Stroessner respondió alegando que los comunistas se habían infiltrado en la CPT y mandando la policía a romperla.

Así pues, el ambiente era tenso cuando Stroessner se presentó (sin oposición) para un segundo mandato en 1958. Aunque recibió el nombramiento de candidato del Partido Colorado, los democráticos sólo esperaban su oportunidad. Su oposición pareció reforzada por acontecimientos que acaecieron fuera del país, especialmente el derrocamiento de las dictaduras venezolana y cubana. La primera significó la subida al poder de un régimen democrático que se dedicaba a apoyar a otros movimientos antidictatoriales de América Latina, entre ellos la oposición a Stroessner. La segunda condujo a la financiación de grupos guerrilleros cuyas bases estaban al otro lado de la frontera de Paraguay con Argentina, bajo la mirada tolerante del gobierno civil de Arturo Frondizi. Durante los dos años siguientes hubo varias invasiones protagonizadas por jóvenes exiliados que esperaban provocar una revuelta del campesinado paraguayo.

Para contrarrestar tales ataques Stroessner ordenó que se encarcelara a los parientes y amigos de guerrilleros conocidos, a la vez que los invasores que tenían la mala suerte de caer prisioneros solían ser torturados y ejecutados en el acto. La estrategia de los guerrilleros fracasó porque los campesinos se negaron a cooperar y también porque el ejército —bien preparado, bien pertrechado y convencido de estar salvando Paraguay del comunismo— reprimió todas las incursiones con siniestra eficiencia.

No obstante, muchos oficiales, así como civiles, empezaban a preguntarse si no era necesario efectuar reformas sociales con el fin de evitar una revolución como la cubana. Finalmente, el 1 de abril de 1959 Stroessner se inclinó ante las presiones, proclamó que iba a levantar el estado de sitio y ofreció una amnistía a todos los exiliados políticos. La euforia imperó durante casi dos meses mientras se hablaba de celebrar elecciones libres y de redactar de nuevo la Constitución. Sin embargo, los adversarios de Stroessner se creyeron más fuertes de lo que en realidad eran. La impaciencia con los intentos del gobierno de mantener el orden en las concentraciones públicas hizo que el 28 de mayo una manifestación estudiantil se transformara en motín. Intervino la policía y fueron detenidos varios manifestantes, entre ellos dos congresistas democráticos. Los democráticos, que estaban en mayoría en el Congreso, presentaron una moción de censura contra Stroessner y su jefe de policía, lo cual equivalía a pedir al ejército que los apartase del poder. Stroessner respondió disolviendo el Congreso, imponiendo nuevamente el estado de sitio, ordenando la detención de todos los líderes democráticos y purgando a sus partidarios en las fuerzas armadas.

En 1960, por lo tanto, Stroessner ya había eliminado a dos de las tres facciones más importantes de los colorados. Sólo los restos del Guión Rojo, capitaneados por Edgar Ynsfrán, el ministro del Interior, eran todavía más o menos autónomos. Existía la opinión general de que Ynsfrán era el hombre más poderoso del país después de Stroessner, así como su sucesor más probable. Aunque era un ayudante leal y eficiente, la creciente influencia de Ynsfrán acabó siendo la causa de su ruina, pues Stroessner no estaba dispuesto a tolerar a posibles rivales. Aprovechando un escándalo policial en mayo de 1966, el presidente sacó a todos los colaboradores íntimos de Ynsfrán del cuerpo de policía, base principal de su poder, y seis meses después el propio Ynsfrán se vio obligado a dimitir.

Stroessner tenía ahora las manos libres para emprender una reorganización total del Partido Colorado. Decidió imponer al mismo una disciplina de tipo militar, centralizando toda la autoridad y creando una clara cadena de mando que salía de él mismo, pasaba por un comité ejecutivo escogido con sumo cuidado y llegaba hasta las más pequeñas organizaciones de poblados y vecindarios. Todo villorrio rural y todo bloque de casas tenía su comité del partido, y cada uno de estos comités estaba vinculado a la organización central mediante un consejero nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional. Además de estas unidades geográficas, los órganos auxiliares del partido alcanzaban a las mujeres, los ex combatientes, los estudiantes de la universidad y de los institutos, los campesinos, los trabajadores, los abogados, los médicos y los periodistas. También ellos eran supervisados por consejeros procedentes de la ejecutiva del partido[7].

El resultado fue un partido monolítico que mostraba un gran parecido con los que se encontraban en los regímenes totalitarios. Y, al igual que ellos, sus funciones estaban muy entrelazadas con las del gobierno. Los ministros del gobierno, los embajadores, los senadores, los diputados y los principales administradores solían formar parte del comité ejecutivo colorado también. Incluso en los niveles inferiores a menudo era necesario pertenecer a alguna de las organizaciones del partido para ser nombrado maestro, juez, doctor en un hospital público o modesto funcionario de la burocracia. A cambio de semejante patronazgo se esperaba de los fieles colorados que devolvieran parte de su salario a la tesorería del partido, que asistiesen a las concentraciones públicas y que ayudaran al gobierno a eliminar a sus enemigos. De esta manera Stroessner podía llenar las calles de manifestantes entusiasmados, complementar la vigilancia de la política con una inmensa red de espías voluntarios y obtener enormes mayorías en épocas de elecciones.

Los militares representaban la otra columna principal del régimen. En 1967 los amigos de Stroessner ya controlaban firmemente la situación, después de sucesivas purgas. Por otra parte, a diferencia de los presidentes civiles, Stroessner mandaba directamente sus propias fuerzas armadas y dedicaba gran parte de todas las semanas a inspeccionar instalaciones militares, revisar las compras de material y decidir ascensos y destinos. En el transcurso de un año visitaba todas las guarniciones como mínimo una vez, y terminaba todos los días yendo a todas las bases próximas a la capital con el fin de asegurarse de que no estuviera pasando nada raro. Y para hacer más difícil una posible intentona golpista creó un batallón de escolta presidencial, formado por hombres escogidos con el máximo cuidado y fuertemente armados.

Stroessner también se aseguró el apoyo de los militares mejorando su paga y modernizando su material. Se permitió que los oficiales importasen automóviles o electrodomésticos sin pagar derechos, que hicieran sus compras en comercios subvencionados y que tuvieran derecho a recibir préstamos bancarios con intereses bajos.

Los favoritos encargados de las compras militares podían ganarse unos ingresos importantes por medio de la corrupción. Oficiales retirados dirigían varias empresas públicas y cobraban tanto su pensión como un salario de ejecutivo. Otros eran contratados por empresas privadas debido a sus conocidos políticos. Más allá de esta corrupción normal y de este tráfico de influencias había un submundo de contrabando, juego, prostitución y tráfico de drogas, todo lo cual era posible debido a la situación de Paraguay en el corazón del continente, sus fronteras mal vigiladas y un gobierno aquiescente. Este comercio estaba organizado en un sistema de tinglados y al frente de cada uno de ellos había un militar poderoso que repartía franquicias. Como era de prever, tentados por los grandes beneficios y ante los enormes riesgos que conspirar llevaba aparejados, la inmensa mayoría de los militares optaba por el conformismo. Así, las fuerzas armadas y el Partido Colorado, vinculados por un sistema de frenos y equilibrios, proporcionaban al régimen de Stroessner un grado excepcional de estabilidad.

LA OPOSICIÓN BAJO EL STRONATO

Durante el primer decenio de su gobierno, cuando su dominio del poder aún no era firme, Stroessner no dio cuartel a sus enemigos. A instancias suyas, el Congreso, en octubre de 1955, aprobó la Ley para la Defensa de la Democracia, que permitía a la policía efectuar registros domiciliarios y detener a «comunistas» sin tener una orden judicial, a la vez que reservaba para el gobierno la decisión de quién era «comunista». El Congreso también amplió indefinidamente el estado de sitio, lo cual permitió al ejecutivo suspender el hábeas Corpus, impedir que se celebraran mítines políticos y censurar la prensa.

La supervivencia de Stroessner dependía directamente de su dureza. Los exiliados que huyeron de Paraguay después de la guerra civil se habían recuperado gradualmente de su derrota y trataban de reagruparse. Los liberales y febreristas moderados habían formado la Unión Nacional Paraguaya (UNP), que pretendía ejercer presión internacional sobre el régimen. Los exiliados más jóvenes eran partidarios de la acción directa. A comienzos de 1958 activistas liberales formaron el movimiento guerrillero «14 de mayo», al que no tardaría en seguir la «Vanguardia Febrerista». Ambos movimientos llevaron a cabo invasiones con el discreto respaldo de Argentina y Venezuela, pero todas ellas fracasaron. Luego se vieron substituidos por el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), que era respaldado por Cuba y que tanto Stroessner como la UNP denunciaron diciendo que estaba dominado por los comunistas. La FULNA no tuvo más éxito que sus predecesores. Las tres invasiones que llevó a cabo en la segunda mitad de 1960 fueron aplastadas rápidamente cuando los campesinos, en vez de acoger con los brazos abiertos a sus «liberadores», los entregaron a las autoridades.

Las tácticas de la guerrilla perdieron su atractivo cuando se hizo evidente que Paraguay no iba a convertirse en otra Cuba, y los portavoces de una actitud más conciliatoria empezaron a adquirir popularidad. En 1963 dos jóvenes liberales, Carlos y Fernando Levi Ruffinelli, se separaron del partido para formar el Movimiento Renovacionista. Tras romper con los líderes del partido, que eran más intransigentes, solicitaron el reconocimiento legal por parte de Stroessner. Tomaron esta iniciativa en un momento en que Stroessner consideraba un posible cambio de estrategia para con la oposición debido a que los Estados Unidos le estaban presionando para que liberalizase el régimen y la Administración Kennedy le había advertido que, en caso de no acceder a los deseos norteamericanos, quizá tendría que renunciar a la ayuda que prestaba la Alianza para el Progreso. Por consiguiente, Stroessner aceptó la propuesta de los Levi Ruffinelli porque de este modo tendría una oposición dócil a la que podría enfrentarse en las próximas elecciones presidenciales. Los renovacionistas fueron reconocidos oficialmente con el nombre de Partido Liberal y recibieron un tercio de los escaños del Congreso, lo cual permitió a Stroessner demostrar a sus críticos norteamericanos que ahora tenía un sistema bipartidista.

Al principio los llamados «Leviliberales» fueron muy criticados por los otros exiliados, que los tenían por simples renegados, además de ser expulsados del Partido Liberal por su comité ejecutivo en el exilio. Pero cuando se vio claramente que Stroessner estaba dispuesto a permitirles celebrar mítines, publicar su periódico y criticar la política del gobierno (aunque no al propio Stroessner, ni a ninguno de los altos cargos del régimen), en el seno de los otros grupos de la oposición aumentó la presión de quienes querían que se siguiera el ejemplo de los Levi Ruffinelli. Los febreristas solicitaron la amnistía en 1964. Atormentado por las disputas internas y aislado de sus antiguas bases de apoyo entre los trabajadores y los campesinos tras largos años de exilio, este movimiento otrora poderoso había quedado reducido a un simple esqueleto. Dado que ya no representaba una amenaza seria, Stroessner le concedió el reconocimiento legal también. Tras ello quedaron en el exilio el Partido Comunista, una coalición de colorados epifanistas y democráticos conocida por el nombre de Movimiento Popular Colorado (MOPOCO) y la organización madre del Partido Liberal. Stroessner se negó a tratar con los dos primeros grupos, pero se mostró dispuesto a negociar una amnistía para los liberales. En 1967 llegaron a un acuerdo: a cambio del reconocimiento legal, los liberales accedieron a repudiar al ala izquierda de su partido y a aceptar la legitimidad del régimen. Como los renovacionistas ya tenían el título de Partido Liberal, los liberales de la corriente principal se rebautizaron con el nombre de Partido Liberal Radical.

Así pues, a partir de 1963 el stronato pasó por una fase de relativa «liberalización» que duró más o menos un decenio. Aunque no se permitió que los partidos de la oposición ganaran jamás unas elecciones y también se restringió su capacidad de criticar al régimen, podían captar afiliados, celebrar mítines, hacer campañas y divulgar sus opiniones. Sus seguidores pudieron volver del exilio, encontrar trabajo, abrir negocios y fundar familias. Aunque, a pesar de todo ello, Paraguay todavía distaba mucho de ser una democracia, semejantes avances no fueron considerados insignificantes por la mayoría de los activistas de más edad, los que habían pasado casi una generación en el exilio. Sin embargo, los liberales y los febreristas jóvenes pensaban de modo diferente. Se sentían irritados por culpa de los estrechos límites impuestos a la oposición y frustrados ante el gobierno aparentemente interminable de Stroessner.

Pronto apareció un ala izquierda dentro del partido febrerista, un ala que en 1969 ya controlaba una mayoría del comité ejecutivo, aunque a costa de empujar a muchos moderados a abandonar el partido. Una escisión parecida se produjo entre los liberales radicales en su convención de 1972. Capitaneada por el vehemente Domingo Laíno, el ala izquierda acabó haciéndose con el control en 1975. La estrategia de Laíno consistía en crear una oposición unida. En 1977 consiguió unir de nuevo a los Leviliberales con el partido madre para formar el Partido Liberal Unido, y en 1979 contribuyó a forjar el Acuerdo Nacional, amplia coalición compuesta por el Partido Liberal Unido, los febreristas, los del MOPOCO y el Partido Democrático Cristiano, pequeño partido reformista de centroizquierda que carecía de reconocimiento oficial. Antes de que transcurriese mucho tiempo, sin embargo, los militantes jóvenes se dieron cuenta de que era cierto lo que sus colegas moderados venían diciendo desde hacía tiempo: que Stroessner nunca permitiría que la oposición fuese más allá de ciertos límites y que estaba dispuesto a imponer una represión total con el fin de conservar el poder. Los líderes más destacados del Acuerdo Nacional fueron exiliados; el Partido Liberal Unido fue declarado ilegal y, dado que carecía de reconocimiento oficial, el gobierno se incautó de todos sus bienes, incluido su periódico.

Mientras tanto, Stroessner tuvo que hacer frente a una amenaza procedente de otra parte: el clero católico. Durante el decenio de 1960 había aparecido una generación nueva de sacerdotes con conciencia social. La apertura de la Universidad Católica en 1960 fue la causa de que se contrataran numerosos jesuitas educados en Europa, los cuales trajeron consigo ideas reformistas que atacaban las desigualdades sociales, el capitalismo y las prácticas políticas tradicionales. Estas ideas pronto ejercieron influencia en el Movimiento de la Juventud Católica y, a través de él, en los campesinos y los sindicatos. Se formó una federación católica del trabajo que rivalizaría con la CPT controlada por el gobierno, mientras en las zonas rurales los sacerdotes radicales intentaban organizar a los campesinos en Ligas Agrarias Cristianas cuyo propósito era conseguir la reforma agraria. Las tácticas que empleaban —espectáculos patrocinados por la Iglesia, campañas de alfabetización, instituciones de beneficencia y un semanario titulado Comunidad— iban dirigidas a la concienciación, es decir, a la creación de una conciencia contra el régimen y el capitalismo entre las clases bajas. El clero abogaba por una sociedad comunal cristiana en la cual toda la tierra y demás formas de capital se compartirían con igualdad, se abolirían las jerarquías de autoridad y desaparecería el «egoísmo personal».

A finales del decenio de 1960 estas opiniones ya habían llegado hasta la Conferencia Episcopal paraguaya, aunque no contaban con la aprobación del anciano arzobispo Aníbal Mena Porta, cabeza de la Iglesia de Paraguay. Las fricciones entre el clero y el gobierno fueron en aumento cuando aquél protestó contra la nueva Constitución que permitiría a Stroessner presentarse nuevamente a las elecciones, exigió la puesta en libertad de todos los presos políticos, acusó al gobierno de practicar la tortura y pidió reformas sociales de gran alcance. En 1970 el arzobispo Mena Porta dejó finalmente su cargo y fue substituido por otro de mentalidad más reformista, monseñor Ismael Blas Rolón, a pesar de que Stroessner intentó impedir su nombramiento.

El ascenso de Rolón fue seguido de nuevos esfuerzos del clero activista por organizar a los campesinos y los trabajadores, lo que a su vez provocó una resistencia igualmente decidida por parte del gobierno. Las manifestaciones de protesta de los católicos fueron disueltas, los sacerdotes extranjeros se vieron expulsados del país, otros fueron detenidos o tuvieron que huir a lugares más seguros y se decretó el cierre de Comunidad. En 1972 policías de paisano y matones colorados atacaron el recinto de la Universidad Católica durante una concentración contra el gobierno, golpearon a los participantes y destruyeron los edificios. En el campo, los py nandí colorados atacaron los mítines de las Ligas Agrarias Cristianas, a la vez que el gobierno enviaba soldados con la orden de dispersar dos colonias experimentales fundadas por las Ligas. La violencia oficial no perdonó siquiera las oficinas de la Conferencia Episcopal, donde entró la policía con la excusa de que buscaban pruebas de que los obispos apoyaban a los grupos de guerrilleros.

En las postrimerías de los años setenta Stroessner ya había logrado desacreditar la concienciación diciendo que estaba inspirada por extranjeros y era «comunista». La Iglesia abandonó las tácticas de enfrentamiento cuando clérigos de talante más moderado se impusieron en la Conferencia Episcopal. En parte la victoria del gobierno se debió a la lealtad de los py nandí al Partido Colorado; en parte a que la Iglesia nunca había sido muy fuerte en el Paraguay moderno. Sobre todo, sin embargo, lo que tendió a marginar a toda la oposición fue el progreso material conseguido por el stronato en los años setenta.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE STROESSNER

El largo gobierno de Stroessner no se basó sólo en la fuerza, sino que el régimen también buscó la legitimidad por medio del progreso económico. Convendría recordar que en 1954 Stroessner heredó una economía en desorden. Años de gobierno inestable habían impedido cualquier intento real de reparar el daño causado por la guerra civil de 1947. Y hasta la caída de Méndez Fleitas, a principios de 1956, no fue posible lanzar un ataque concertado contra la inflación aceptando un plan de estabilización del FMI al amparo del cual Stroessner restringió el crédito, alineó los salarios con la productividad, eliminó las subvenciones y los controles de precios y devaluó el guaraní. Estas medidas eran impopulares y llevaban aparejados grandes riesgos políticos. Agricultores y hombres de negocios, e incluso colorados leales, no lograban obtener créditos. Solamente un dictador decidido como Stroessner podía llevar el plan hasta el final, especialmente en vista de que sus beneficios no se hicieron visibles de forma inmediata. Aunque la tasa de inflación descendió mucho, del 71 por ciento a sólo el 6 por ciento en 1958, la producción tardó en recuperarse, en gran parte debido a la escasez de créditos. La subida del PIB fue inferior al 2 por ciento durante los primeros cinco años del régimen. Las exportaciones se movían con lentitud, lo cual obligó a restringir las importaciones, y las reservas de divisas descendieron hasta alcanzar su punto más bajo en 1960. El único punto positivo, aparte de la gran disminución de la tasa de inflación, fue la gradual restauración del crédito internacional de Paraguay. Hubo una acentuada subida de los empréstitos a largo plazo y de las concesiones directas de procedencia extranjera, lo cual ayudó a Stroessner a superar este período de austeridad.

El plan de estabilización también incluía un programa de mejoras internas cuya finalidad era estimular la inversión. Durante los años sesenta el gobierno gastó grandes sumas en transporte, escuelas, instalaciones portuarias, barcos mercantes y proyectos de energía. Stroessner se apresuró de modo especial a alardear de su ampliación de la red de carreteras del país, que de sólo 1.166 kilómetros, de los cuales únicamente 95 estaban asfaltados cuando él subió al poder por primera vez, pasó a 1.814 kilómetros —261 de ellos asfaltados— en 1968. Lo más importante fue que una nueva carretera comunicaba Asunción con Brasil, lo que proporcionaba a Paraguay otra ruta comercial hacia el Atlántico y lo liberaba de su anterior dependencia de Argentina. En el campo de la energía eléctrica Paraguay puso en marcha un proyecto conjunto con Argentina para la construcción de una presa en el Alto Paraná. Se inauguró en 1969 y fue el primero de una serie de proyectos parecidos y mayores.

Tales proyectos requerían grandes préstamos del exterior porque los ingresos públicos eran siempre insuficientes. Ni siquiera Stroessner se atrevió a obligar a los ricos a pagar elevados impuestos sobre la renta o el patrimonio, ni a aumentar los impuestos sobre las ventas que pagaban los pobres. Evitar el pago de derechos de importación y exportación era fácil gracias al contrabando, por lo que en la tesorería nunca había dinero suficiente para sufragar todos los proyectos del estado. El ahorro interior privado, aunque iba en aumento con una tasa anual del 12 por ciento, también era insuficiente. Así pues, el capital extranjero adquirió muchísima importancia. Por medio de leyes nuevas que garantizaban impuestos bajos y fácil repatriación de los beneficios se atrajeron inversiones directas de los Estados Unidos, que alcanzaron niveles sin precedentes en 1966 y 1967. La mayoría de ellas se emplearon en la construcción y en fábricas que trataban productos primarios del país. Más importantes, sin embargo, fueron los empréstitos extranjeros al gobierno. Durante el decenio de 1960 el capital fijo total se dobló, principalmente debido a los proyectos estatales de desarrollo, a la vez que la deuda exterior subía de 22 millones de dólares norteamericanos a 81,7 millones. Al mismo tiempo subió el PIB en un promedio del 4,6 por ciento para el decenio[8].

La tasa de crecimiento se aceleró durante el decenio siguiente. En el transcurso de los años setenta Paraguay registró algunos de los incrementos anuales más altos de América Latina y alcanzó un promedio de casi el 11 por ciento entre 1977 y 1980 (con el crecimiento per cápita alrededor del 8 por ciento). No obstante, esto fomentó la inflación, que, a pesar de las medidas de austeridad que tomó el gobierno, ya alcanzaba el 28 por ciento en 1979[9].

Un factor clave de las elevadas tasas tanto de crecimiento como de inflación fue la construcción en Itaipú de la mayor presa hidroeléctrica del mundo, en cooperación con Brasil. Este proyecto levantó muchas críticas en Paraguay porque, según la oposición, los contratos estipulaban la venta a Brasil de gran parte de la energía que le correspondía a Paraguay, venta que se efectuaría a precio fijo a lo largo de cincuenta años. Suponiendo que la inflación continuara, ello quería decir que Brasil iba a comprar una energía cada vez más barata y que los beneficios de Paraguay disminuirían. Para defenderse, el gobierno arguyó que la abundancia de energía barata producida por Itaipú satisfaría sobradamente las necesidades del propio Paraguay y proporcionaría la base para un crecimiento económico sin precedentes. En todo caso, las oportunidades de empleo creadas por la presa de Itaipú y los consiguientes contratos de construcción inyectaron grandes sumas en la modesta economía paraguaya. Esto coincidió con un aumento de las exportaciones y un auge de la industria turística, lo cual condujo a un decenio de prosperidad. Asunción, otrora soñolienta ciudad colonial, se transformó en una capital activa y repleta de rascacielos, nuevos hoteles y restaurantes. Su puerto registraba un volumen de tráfico cada vez mayor, al tiempo que las reservas de divisas del país subían de sólo 18 millones de dólares norteamericanos en 1970 a 462 millones en 1980[10].

Fue una época optimista y Stroessner se apresuró a reclamar el mérito de la misma. En el centro de Asunción un anuncio luminoso proclamaba con orgullo: «Paz, Trabajo, y Bienestar con Stroessner». Algunos discutían lo del bienestar; los dueños de propiedades, los inversionistas y los altos cargos del gobierno se estaban enriqueciendo, pero la clase trabajadora sufría una seria erosión de sus niveles de vida. Como parte de su estrategia contra la inflación el gobierno se encargó de que en todo momento los incrementos salariales estuvieran por debajo de la subida de los precios.

Al mismo tiempo, los ingresos públicos iban cada vez más rezagados en relación con el gasto público. Aunque Stroessner finalmente hizo que el Congreso aprobara una ley del impuesto sobre la renta en 1971, después de una rara demostración de resistencia legislativa, las tasas eran tan modestas y había tantas lagunas en la ley, que no se recaudaron muchos ingresos. Los inversionistas extranjeros también continuaron gozando de una generosa desgravación fiscal. Mientras tanto, el gobierno gastaba en abundancia y, a causa de ello, tuvo que recurrir de modo creciente a los empréstitos exteriores. La deuda exterior, que en 1970 se cifraba en 144 millones de dólares norteamericanos, ya había superado los mil millones en 1980, momento en que representaba casi una cuarta parte del PNB. Además, a la vez que inyectaba dinero en la economía, el gobierno aflojaba sus controles sobre la concesión de préstamos privados, con lo cual capitulaba ante el clamor de las clases alta y media de Paraguay, que querían formar parte de la nueva sociedad de consumo. Con tanto dinero en circulación, junto con la subida de los precios del petróleo y del coste de los artículos extranjeros de importación, la inflación aumentó rápidamente.

La actuación económica del stronato obtuvo resultados diversos: consiguió promover el crecimiento, pero no logró distribuir los beneficios de forma equitativa ni resolver los problemas que creó el crecimiento. Por supuesto, el gobierno se defendió arguyendo que había que aplazar la «justicia social» con el fin de estimular la formación de capital. Por otra parte, Stroessner podía señalar el gran número de escuelas que se construyeron bajo su gobierno; los notables avances de la tasa de alfabetización; la mejora ininterrumpida de la proporción entre el número de médicos y el de habitantes; un descenso significativo de la mortalidad infantil; la red de clínicas rurales administradas por el ejército; y proyectos destinados a impresionar, tales como la purificación del suministro de agua de la capital. Pero aunque no se descuidaron del todo la educación y la sanidad, el gasto en estos apartados estaba entre los más bajos de los países latinoamericanos.

Mientras la economía paraguaya estuvo en expansión y las mejoras materiales fueron claramente visibles, Stroessner pudo aprovecharse del orgullo nacional y aparecer ante el público como el hombre indispensable que traía el progreso al país. Todo esto cambió en el decenio de 1980. El «auge» económico fue seguido de una depresión desastrosa. La popularidad del presidente menguó, creció la oposición y finalmente, en 1989, Stroessner fue derrocado.

EL FINAL DEL STRONATO

Durante las primeras horas del 3 de febrero de 1989, cuando faltaban sólo tres meses para el trigésimo quinto aniversario del stronato, Stroessner (que había sido elegido para un séptimo mandato presidencial en 1983, y para un octavo en 1988, a la edad de setenta y cinco años) fue derribado mediante un golpe sangriento capitaneado por su segundo en el mando, el general Andrés Rodríguez, jefe del primer cuerpo de ejército. Al día siguiente Stroessner firmó su renuncia y se trasladó con su familia a Brasil. En el aeropuerto fue abucheado por multitudes que gritaban «¡Muera el tirano! ¡Muera el asesino!». Fue un cambio humillante en relación con el decenio anterior, cuando incluso algunos de los enemigos de Stroessner se veían obligados a reconocer su popularidad. ¿Qué había sucedido para que de forma tan súbita e inesperada cayera aquel régimen que parecía indestructible?

El éxito de Stroessner al presidir más de dos decenios de crecimiento económico había dado por resultado una sociedad mucho más compleja que aquella de la que procedía. Era también una sociedad más difícil de gobernar. De 1,3 millones de habitantes en 1950, la población de Paraguay había crecido hasta sobrepasar los 4 millones a finales de los años ochenta. El sector urbano, que era sólo un tercio del total en 1950, representaba más del 40 por ciento en 1980. Asunción se había transformado en una ciudad animada que contaba más de 600.000 habitantes, a la vez que poblaciones otrora soñolientas y apartadas como Encarnación, Concepción, Villarica, Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero eran ahora activos centros regionales con decenas de miles de habitantes. Puerto Presidente Stroessner, cerca de Itaipú, había crecido prácticamente de la noche a la mañana y en vez de un poblado lleno de barro era ahora una ciudad de más de 100.000 habitantes.

La urbanización trajo consigo un incremento de la actividad comercial e industrial. La agricultura, que daba empleo a alrededor del 55 por ciento de la población económicamente activa en 1962, representaba sólo poco más del 40 por ciento en 1988. La mayor expansión se registró en los sectores comercial y de servicios, pero la industria también creció. La gran oleada económica de los años setenta incrementó el número de industrias de alrededor de 5.800 a más de 18.000, y, aunque la escala de la mayoría de ellas era pequeña, daban empleo a unos 130.000 trabajadores, en comparación con sólo 35.000 dos decenios antes. En resumen, Paraguay había adquirido una clase trabajadora urbana, tanto industrial como administrativa, bastante grande, así como una clase media urbana mucho mayor. Esto significaba que Stroessner tenía ante sí un pueblo más culto y menos dócil: un pueblo que ya no vivía de la agricultura de subsistencia, sino que dependía de lo que hiciera el gobierno para proteger los puestos de trabajo y satisfacer las crecientes expectativas. En 1954, cuando el grueso de la población lo formaban pequeños campesinos, poca importancia tenía que los precios subieran o que las balanzas comerciales fuesen desfavorables. Ahora todo esto importaba mucho y, por otra parte, era más probable que las personas a las que importaba diesen a conocer sus puntos de vista.

Así pues, el problema fue serio cuando el auge económico de los años setenta terminó junto con la construcción de la presa de Itaipú. Al no llegar nuevas inversiones, en 1982 Paraguay ya era víctima de una seria recesión económica, a la que había que sumar una tasa de inflación anual del 30 por ciento aproximadamente. Esto coincidió con fuertes descensos de las economías argentina y brasileña, de las cuales tanto dependía Paraguay para obtener ingresos con sus exportaciones. La recesión se hizo sentir de forma especial en el sector urbano, pues los hoteles turísticos estaban vacíos, el comercio se estancó y gran parte de la industria se hallaba parada.

Agricultores y hombres de negocios, en otro tiempo partidarios decididos de Stroessner, se enfadaron cuando éste se negó a devaluar el guaraní y a dar facilidades de crédito con el fin de estimular la producción y las exportaciones del país.

Tampoco prestó el presidente atención a quienes pedían que se pusiera fin al floreciente mercado negro de importaciones baratas de contrabando. Poner coto al contrabando mermaría el apoyo que recibía de los militares, y la devaluación haría subir los precios que pagaban los consumidores urbanos. Stroessner deseaba vivamente evitar la restricción de los niveles de vida de los trabajadores, dado que cada vez le costaba más seguir dominando a los sindicatos. Los esbirros que había colocado en la directiva de la CPT tuvieron que amañar las elecciones para permanecer en sus cargos en 1982 y posteriormente la CPT había sufrido una escisión. Aunque se le negara el reconocimiento legal, el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) de los sindicatos rebeldes vio crecer su fuerza y disfrutaba del respaldo del movimiento sindical democrático internacional. A medida que avanzaba el decenio y la depresión económica se hacía más honda, aumentó el número de huelgas, que con frecuencia recibían el apoyo de los estudiantes y de los trabajadores administrativos.

También en el campo resultó desestabilizadora la modernización económica. Aunque a principios de los años sesenta el gobierno había empezado a instalar campesinos en tierras públicas como medio de reducir la tensión social, durante el decenio siguiente abandonó este procedimiento y en su lugar comenzó a vender parcelas extensas a oficiales del ejército y líderes del Partido Colorado, que a su vez los vendían a colonos brasileños hambrientos de tierra y a empresas agrícolas multinacionales. El resultado fue introducir la agricultura capitalista moderna en una sociedad que antes se caracterizaba por la agricultura de subsistencia. Esto ocurrió especialmente en las regiones que lindaban con Brasil, donde de pronto se procedió a expulsar a los ocupantes ilegales y a las comunidades indias que en otro tiempo habían ocupado la tierra vacía sin que nadie los molestase. También se disolvieron algunas de las colonias de campesinos. Desanimados ante la falta de ayuda del gobierno, vendieron sus tierras a los brasileños o a las multinacionales, o fueron víctimas de colonos usurpadores. Donde se ofreció resistencia a los extranjeros se ordenó al ejército que la sofocase. En diciembre de 1980 se fundó el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) para que defendiera a los pequeños propietarios y a los campesinos sin tierra. En 1987 el MCP afirmaba contar con el apoyo de diez mil familias, lo que hacía de él la mayor organización de masas de Paraguay[11].

A medida que el entorno social se volvía más hostil y la economía empeoraba, el régimen empezó a actuar con torpeza. Inevitablemente, las altas esferas comenzaron a preocuparse acerca de lo que sucedería tras la desaparición de Stroessner, que tenía setenta y cinco años en el momento de su reelección en 1988. Ya en agosto de 1984, en la convención de su partido, los colorados, que continuaban controlando dos tercios de los escaños de ambas cámaras del Congreso, habían empezado a tomar posiciones con vistas a la inevitable lucha por la sucesión del general. Una facción, la de los «tradicionalistas», opinaba que el partido tenía que prepararse para el futuro mejorando la imagen pública del régimen, eliminando la corrupción y expulsando a los elementos más brutales. Una facción más radical, basada en la organización juvenil del partido, a la que se dio en llamar los «éticos», hasta osó denunciar al gobierno en público. Los éticos, sin embargo, llegaron más allá de lo que Stroessner estaba dispuesto a tolerar y fueron objeto de una purga. A los tradicionalistas y los éticos se oponían los «militantes». Extraídos de la camarilla de palacio liderada por Mario Abdo Benítez, el secretario de Stroessner, y Sabino Montanaro, su ministro del Interior, esta facción anteponía la lealtad personal a Stroessner a la lealtad al partido. Los militantes estaban dispuestos, en el caso de que Stroessner muriera, a apoyar a su hijo mayor, Gustavo, con el fin de mantener la continuidad del stronato.

Temiendo perder el dominio del poder, este círculo íntimo de militantes empezó a mostrarse cada vez más arbitrario. El principal periódico del país, el ABC Color, fue suprimido en 1984 después de que publicara artículos denunciando la corrupción en el gobierno y atacando la excesiva influencia brasileña en los asuntos de Paraguay. En 1987 la emisora independiente Radio Ñandutí fue cerrada, suerte que también corrió el periódico febrerista El Pueblo. El apogeo se alcanzó en la convención colorada de mayo de 1987 al impedirse que los tradicionalistas entraran en la sala, tras lo cual se les privó de toda representación en el comité ejecutivo del partido. Aunque apelaron a Stroessner, éste se declaró incapaz de intervenir en los asuntos internos del partido.

Este ejemplo de hipocresía fue un error serio que debilitó uno de los dos pilares básicos de su régimen, toda vez que los militantes contaban con escaso apoyo fuera del palacio presidencial. Indisponerse con los tradicionalistas le costó al régimen buena parte de su anterior base de masas. Quizá esto no hubiera resultado fatal de no haber sido porque entonces Stroessner procedió a debilitar también el apoyo que tenía entre los militares. También en este caso la sucesión resultó ser un asunto volátil. Desde hacía algún tiempo el general Andrés Rodríguez, que en la jerarquía del ejército sólo tenía un superior, el propio Stroessner, codiciaba la presidencia. Stroessner le había tenido controlado, primeramente movilizando manifestaciones de masas de colorados cada vez que Rodríguez expresaba alguna duda sobre la política pública, y, en segundo lugar, haciendo que su hijo menor, Hugo, se casara con la hija de Rodríguez. También permitió que éste se enriqueciera mucho por medio del ilegal tráfico de drogas. Rodríguez, que no se daba por satisfecho, vio de pronto su oportunidad cuando Stroessner y los militantes empezaron a tramar que Gustavo sucediera al presidente en 1993.

Cabria suponer que, siendo coronel de la fuerza aérea, Gustavo Stroessner poseería las credenciales apropiadas para recabar el importantísimo apoyo de los militares; pero tenía un defecto fatal: era homosexual. La elección de La Coronela, como le llamaban en los cuarteles, era inaceptable[12]. Al intentar el general Stroessner, con su habitual torpeza, imponer su decisión a los militares, precipitó su propia caída. Enterado de que Rodríguez estaba organizando la resistencia a Gustavo, Stroessner trató de quitarle del mando del fundamental primer ejército obligándole a retirarse. Sin embargo, los soldados se unieron detrás de Rodríguez y pusieron ignominioso fin al stronato el 3 de febrero de 1989.

En calidad de presidente provisional, el general Rodríguez hizo detener a los líderes militantes, devolvió a los tradicionalistas sus antiguos puestos en el partido y el gobierno y convocó elecciones, las cuales se celebrarían el 1 de mayo. Aunque la oposición, es decir, los liberales radicales auténticos, los febreristas y los democristianos, se quejó porque la fecha fijada para los comicios no les dejaba suficiente tiempo para prepararse, accedió a participar cuando le garantizaron que el recuento se haría limpiamente. Los colorados, mientras tanto, nombraron a Rodríguez como candidato a la presidencia a cambio de su promesa de no buscar la reelección. También emprendieron la tarea de reincorporar al partido elementos que se habían separado de él, tales como el MOPOCO, los éticos y el Movimiento de Integración Colorado (MIC) de Edgar Ynsfrán, que era de signo derechista.

Aunque difícilmente puede decirse que fueran un modelo de democracia, en especial en los distritos rurales, las elecciones fueron mejores que las que se celebraran bajo Stroessner. Asimismo, tuvieron lugar en un clima de relativa imparcialidad. Se permitió que la prensa de la oposición actuara con libertad, la radio y la televisión dieron cabida a puntos de vista diferentes y se autorizó el regreso de los exiliados políticos. Vencieron Rodríguez y los colorados, como era de esperar, por lo que en modo alguno hubo una gran ruptura con el pasado. Quedaba por ver si el proceso de liberalización continuaría y con el tiempo ciaría paso a una democracia auténtica, o si el antiguo sistema trataría ahora de mantenerse en su sitio bajo un nuevo disfraz.

Segunda parte
CHILE

Capítulo 5
CHILE, 1930-1958

Durante tres decenios a partir de 1930 —y, de hecho, hasta el golpe de estado que derribó al gobierno de Salvador Allende en 1973— la política chilena fue un caso único en América Latina. En dicho período sólo Chile sostuvo una democracia electoral de la que formaban parte partidos marxistas de importancia. Y durante casi quince años, entre 1938 y 1952, presidentes radicales estuvieron en el poder con el apoyo, variable pero persistente, tanto de socialistas como de comunistas, lo cual tuvo consecuencias duraderas para el desarrollo político de la nación. Estos gobiernos multipartidistas basados en alianzas multiclasistas buscaron simultáneamente el crecimiento industrial y la reforma social. Sin embargo, no atacaron las raíces del subdesarrollo chileno ni en el sector rural, donde dominaban los latifundios, ni en el sector externo, dominado por los Estados Unidos.

A partir del decenio de 1930 los reformadores chilenos criticaron la excesiva dependencia nacional del sector exterior que la depresión mundial había puesto de relieve. Después de aquella crisis, Chile alcanzó gradualmente mayor autosuficiencia: entre los años veinte y los cuarenta la parte estimada del producto interior bruto (PIB) que se vendía en el extranjero descendió de aproximadamente el 40 al 20 por ciento, y también descendió el capital extranjero como proporción del capital total que había en Chile[1]. En cambio, las inversiones directas estadounidenses crecieron en un 80 por ciento de 1940 a 1960, y la inmensa mayoría de este capital extranjero fue a parar al sector de la minería. Bajo el control abrumador de compañías norteamericanas, del decenio de 1920 al de 1960 el cobre llegó a representar alrededor del 50 por ciento de las exportaciones chilenas; el cobre y los nitratos, casi el 80 por ciento. Los Estados Unidos no sólo eran el principal inversionista extranjero en Chile, sino que también recuperaron su posición de principal socio comercial de Chile después de un aumento de la competencia alemana en los años treinta. Chile dependió constantemente de los Estados Unidos en lo que se refería a manufacturas para el consumo y, de modo creciente después de la segunda guerra mundial, artículos alimenticios y bienes de capital.

El sector exterior se contrajo como proporción del PIB al producirse una expansión de la industria nacional. La población económicamente activa que trabajaba en la industria aumentó del 15 por ciento en 1930 al 20 por ciento en 1952, a la vez que la proporción de la que se dedicaba a la agricultura y la pesca, que constituían conjuntamente el mayor sector de empleo, descendió del 39 al 31 por ciento. Entre 1940 y 1954 la producción industrial aumentó en un 246 por ciento y la agricultura sólo en un 35 por ciento. Esta tendencia continuó hasta los primeros años sesenta, momento en que la industria urbana, la construcción y los servicios llegaron a representar el 78 por ciento del PIB, en comparación con el 12 por ciento correspondiente a la agricultura, la pesca y la silvicultura. A causa de ello, las manufacturas disminuyeron del 50 por ciento del valor de las importaciones en 1925 al 16 por ciento en 1969. La mayor parte de esta industrialización destinada a substituir las importaciones correspondió a los artículos de consumo, que representaron el 95 por ciento de la producción manufacturera chilena a finales del decenio de 1940. Con todo, aunque los productos manufacturados para el consumo descendieron como porcentaje de las importaciones, la industria chilena siguió dependiendo mucho del extranjero en lo que se refería a materias primas, artículos semielaborados, piezas, capital y tecnología; más de una cuarta parte de los productos primarios que usaba la industria nacional procedía del extranjero.

El sector de servicios registró una expansión mayor que la de cualquier otro sector de la economía: del 36 por ciento de la población activa en 1940 al 41 por ciento en 1960, principalmente gracias a un incremento de las personas que trabajaban en los servicios del gobierno, que pasaron del 5 al 8 por ciento. El crecimiento de la burocracia se hizo más lento en el decenio de 1950, pero no ocurrió lo mismo con las inversiones públicas. En efecto, el sector público ya representaba más de la mitad del capital de inversión nacional en el decenio de 1940. Medido en pesos de 1950, el gasto público total casi se multiplicó por dos entre 1940 y 1954 y continuó subiendo en espiral después de esta última fecha. Las asignaciones para el desarrollo económico aumentaron de menos de una cuarta parte del presupuesto total del gobierno en 1940 a más de un tercio en 1954. Aunque ya hubo un anticipo del fenómeno en los años veinte, fue durante la depresión y después de ella cuando los chilenos empezaron a acudir de forma creciente al estado en busca de soluciones para los problemas del subdesarrollo.

El crecimiento demográfico y la expansión de las manufacturas y los servicios provocaron un gran aumento de las zonas urbanas (lo cual, entre otras consecuencias, incrementó el electorado potencial de la izquierda). La población total subió de 4,3 millones en 1930 a 5,9 millones en 1950 y 7,4 millones en 1960. El promedio de crecimiento demográfico anual de Chile era bajo si se juzga según criterios latinoamericanos, pues se cifraba en el 1,5 por ciento durante el período 1925-1952, y no creó problemas de difícil solución a los ampliados servicios del gobierno. Sin embargo, la tasa aumentó del 1,3 por ciento en los años treinta a cerca del 1,8 por ciento en los cuarenta, a la vez que la renta per cápita crecía en un promedio anual de sólo el 2 por ciento. Gracias al descenso de la mortalidad, la tasa de crecimiento demográfico de Chile ya había alcanzado el 2,5 por ciento en los años sesenta y se acercaba al promedio latinoamericano. De 1940 a 1952 la población urbana se incrementó en un 42 por ciento; la rural, apenas en un 3 por ciento. Según los censos nacionales, la población urbana total pasó del 49 por ciento en 1930 al 53 por ciento en 1940, al 60 por ciento en 1952, al 68 por ciento en 1960 (y a más del 70 por ciento al empezar el decenio de 1970).

La urbanización acentuó la dominación tradicional del Chile central sobre las regiones periféricas. La proporción de la población nacional correspondiente a la provincia de Santiago creció del 16 por ciento en 1930 al 30 por ciento en 1952, después de lo cual continuó representando alrededor de un tercio. En los mismos años su proporción de la industria nacional subió del 37 al 65 por ciento. Las regiones alejadas del centro se quejaban de colonialismo interno y decían que sus minas y su agricultura pagaban el crecimiento de las manufacturas, la burocracia y la riqueza en la capital y sus alrededores. Mientras que el norte y el sur producían más del 80 por ciento de todas las exportaciones, Santiago y su puerto, Valparaíso, consumían más del 50 por ciento de todas las importaciones. Beneficiándose del descontento popular con la explotación por parte de las élites urbanas y rurales de la región central, los candidatos presidenciales de la izquierda —Pedro Aguirre Cerda en 1938, Gabriel González Videla en 1946 y Salvador Allende Gossens en 1958— obtuvieron sus mayores porcentajes de votos en las lejanas provincias septentrionales y meridionales. Una vez en el poder, sin embargo, tendieron a no hacer caso de los agravios regionales y, al promover la expansión de la industria y del aparato del estado en las ciudades del centro, concentraron todavía más el poder y la prosperidad en el núcleo histórico del país.

La entrelazada clase alta de Chile, que poseía las grandes fincas (fundos), las fábricas, las minas y los bancos, probablemente representaba menos del 10 por ciento de la población. La clase media formada por empleados, pequeños propietarios y comerciantes, intelectuales y profesionales representaba probablemente más o menos el 15 por ciento, y la clase baja, cada vez más urbana, comprendía alrededor del 75 por ciento. Huelga decir que la mayor parte de la población clasificada como analfabeta —cerca del 25 por ciento— pertenecía a los estratos inferiores.

La clase alta rural y urbana —a menudo relacionada entre sí mediante los vínculos familiares y las carteras de valores— dominaba los medios monopolísticos de producción en todos los sectores económicos. Según el censo de 1930, el 7 por ciento de todas las explotaciones agrícolas inspeccionadas representaba el 81 por ciento del valor de la propiedad rural. Menos de seiscientas familias poseían el 1 por ciento de todas las explotaciones agrícolas, pero el 62 por ciento de toda la tierra agrícola, mientras que el 82 por ciento de los propietarios poseía sólo el 5 por ciento de toda la tierra de labrantío. Los gobiernos radicales, que solían estar respaldados por los dos partidos marxistas, hacían caso omiso de esta distribución desigual de la propiedad rural con el fin de no enemistarse con los latifundistas y provocar una subida del precio de los alimentos. Una estimación correspondiente a los años cincuenta reveló que el 10 por ciento de los terratenientes aún poseía el 86 por ciento de la tierra cultivable, mientras que el 75 por ciento de los agricultores del país tenía únicamente el 5 por ciento del suelo. Aunque siguió controlando la tierra y la mano de obra, la élite rural soportó un cambio del favoritismo del gobierno en beneficio de los sectores urbanos cuando el comercio, el crédito, la divisa y la política de precios fomentaron la industria y la construcción.

Estas élites rurales y urbanas ejercían influencia política por medio de instituciones tales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabrie (SFF). De las dos, la segunda era la menos hostil al frente popular. También ejercían influencia por medio de la Iglesia católica y las fuerzas armadas. En política actuaban principalmente por medio de los partidos Conservador y Liberal, cuyos líderes tenían unos orígenes igualmente aristocráticos, hacendados y, por lo tanto, dejaron a un lado las rencillas decimonónicas sobre el papel de la Iglesia para unirse contra las amenazas del populismo y el socialismo; ambos partidos dependían en gran medida del apoyo de los campesinos intimidados, especialmente en las provincias centrales.

La clase alta y la derecha chilenas se mostraban con frecuencia intratables y represivas, pero en esta época se distinguieron por hacer frente a nuevos aspirantes al poder recurriendo principalmente a concesiones mínimas y a la cooptación. Al menos en comparación con sus equivalentes en la mayoría de los demás países latinoamericanos, raramente utilizaban la violencia declarada para ejercer el control social. Poco a poco y de mala gana cedieron la dominación política directa a los aspirantes que representaban a las clases media y baja. Sin embargo, la clase alta retuvo un significativo poder de veto, impuso límites firmes a la reforma y conservó privilegios económicos y categoría social. En los años treinta y cuarenta su adaptación a la política frentepopulista no le costó cara; al contrario, muchos elementos de la élite obtuvieron sustanciosas ganancias económicas. A finales del decenio de 1950 el 9 por ciento de la población activa aún recibía, como mínimo, el 43 por ciento de la renta nacional.

Los grupos medios, que hacían de intermediarios entre los estratos superior e inferior, se vieron políticamente reforzados durante los años de entreguerras. La clase media urbana, que nunca fue un sector social muy compacto, hizo valer sus derechos mediante organizaciones profesionales, asociaciones estudiantiles, sociedades intelectuales, la orden masónica con su tendencia a actuar en secreto, los militares, la burocracia, los sindicatos y, sobre todo, los partidos reformistas. Se identificaba al máximo con el Partido Radical, en el que militaban profesionales, comerciantes, maestros, empleados, burócratas, propietarios de minas pequeñas e incluso miembros disidentes de la élite, especialmente en las provincias más alejadas del centro. Aunque muchos líderes radicales procedían de los mismos círculos sociales exclusivos que los conservadores y los liberales, tenían tenues vínculos con la izquierda debido a su compromiso con la industrialización y el intervencionismo del estado como medios de diluir el descontento de las clases media y trabajadora. Al mismo tiempo, los sectores medios interpretaban un papel destacado en los nuevos partidos, especialmente en el partido Socialista (PS) y la Falange. Durante los años treinta y cuarenta estos grupos medios, que buscaban simultáneamente el apoyo de los de abajo y la aceptación de los de arriba, solían reunir a los trabajadores como aliados con el objeto de ganar terreno dentro del sistema. Mediante la política frentepopulista, las llamadas «capas medias» se beneficiaron más que las clases bajas. Al igual que en otros movimientos populistas de la región, empezaron a mostrarse cada vez más defensivas en lo que se refería a las ganancias obtenidas del crecimiento del estado, la educación y la industria y cada vez menos entusiasmadas en lo que tocaba a formar coaliciones con el trabajo. Siempre divididos —normalmente entre la alta clase media, que sintonizaba más con la derecha, y la baja clase media, cuyas simpatías eran para la izquierda—, algunos chilenos del sector medio, especialmente profesionales y pequeños hombres de negocios, aplaudieron al gobierno radical cuando adoptó una política conservadora que lo alineó con los Estados Unidos al finalizar el decenio de 1940.

La mayoría de los trabajadores hacían su labor en el campo. El término «campesinos» abarcaba tres grupos principales de trabajadores agrícolas: los inquilinos, que eran más o menos la mitad de la fuerza laboral agraria y estaban atados a las grandes estancias; los afuerinos, que eran trabajadores migratorios que padecían una pobreza todavía peor que la de los inquilinos; y los minifundistas, que eran pequeños propietarios. Los trabajadores rurales, que se independizaron más de los terratenientes conservadores durante estos años y a veces protestaban contra sus sórdidas condiciones de vida, todavía andaban muy rezagados de los trabajadores urbanos como fuerza electoral favorable a la izquierda. Los gobiernos radicales del decenio de 1940 prestaron escasa atención a los apuros de estos trabajadores y obstaculizaron su sindicación; los mineros y los trabajadores industriales venían a cobrar cuatro y tres veces más, respectivamente, que los trabajadores agrícolas, que vieron como sus salarios reales disminuían en casi un 20 por ciento. Parecido a las pautas existentes en otras partes del hemisferio, este convenio entre los reformistas urbanos y los oligarcas rurales aceptaba la pobreza y la subordinación de los campesinos a cambio de que las clases altas tolerasen la participación populista en la política nacional.

Durante los años del frente popular, la minoría trabajadora que se mostraba activa en política vivía sobre todo en las ciudades y en las poblaciones mineras, y expresaba sus agravios principalmente por medio de los sindicatos y los partidos Socialista y Comunista. Una de las razones de su vigoroso historial de movilización y activismo era el hecho de que una tasa de crecimiento demográfico relativamente baja hacía que el excedente de mano de obra fuese menor que en gran parte de América Latina. Asimismo, las concentraciones proletarias más fuertes aparecieron en las zonas mineras, poco pobladas y aisladas, donde adquirieron una excepcional importancia estratégica y nacional las luchas del trabajo contra las compañías extranjeras que controlaban un enclave crucial. La entrega y la habilidad políticas de los partidos marxistas encauzaron tales protestas hacia el movimiento electoral de signo radical más dinámico del hemisferio.

A pesar de los avances impresionantes que consiguió, el trabajo seguía siendo débil, en parte debido al pequeño tamaño del proletariado industrial. El sector artesano —las empresas de cuatro o menos trabajadores— aún representaba aproximadamente el 60 por ciento de la fuerza laboral industrial en el decenio de 1930, al menos el 50 por ciento en el de 1940 y el 46 por ciento en 1960. El código laboral permitía la existencia de sindicatos industriales sólo en las fábricas donde hubiera un mínimo de veinticinco trabajadores y prohibía las federaciones nacionales del trabajo, las cuales, por lo tanto, surgieron fuera del marco legal. Por otra parte, los sindicatos agrícolas siguieron estando virtualmente fuera de la ley hasta los años sesenta. Dadas semejantes restricciones de sus actividades, los trabajadores tenían que recurrir al estado intervencionista y, por ende, a los partidos políticos en busca de ayuda relacionada con la seguridad del empleo, los salarios, las condiciones de trabajo y los beneficios sociales. Al mismo tiempo, las coaliciones del frente popular fomentaban la sindicación. El número de sindicatos legales se multiplicó por más de cuatro entre los primeros años treinta y los primeros cuarenta, pero todavía representaban solamente una fracción minúscula de la fuerza laboral, que subió del 8 por ciento en 1932 a cerca del 13 por ciento en 1952, y luego volvió a descender hasta el 10 por ciento en 1959 bajo administraciones y condiciones económicas menos favorables. Este lento crecimiento de la sindicación —y del electorado— hizo que la institucionalización política estable llevara mucha delantera a la movilización subversiva.

Desde 1932 hasta 1958 el sistema político de Chile fue adaptable y flexible a pesar de los conflictos fundamentales entre los partidos tradicionales y los grupos declaradamente revolucionarios. Al igual que sus adversarios, la izquierda aceptaba las leyes del juego heredadas en virtud de las cuales todas las fuerzas políticas ingresaban en coaliciones heterogéneas con el fin de ganar elecciones y funcionar de forma eficaz en el Congreso. Entre los partidos de la izquierda —los socialistas y los comunistas—, así como dentro de ellos, se libraban furiosas batallas por asuntos tácticos de liderazgo, compañeros de coalición y detalles programáticos, pero hasta la revolución cubana de 1959 estos grupos raramente pusieron en duda la necesidad estratégica y la conveniencia de la inmersión en el sistema electoral y de pactos multipartidistas y policlasistas. En particular, ambas agrupaciones marxistas amortiguaron sus objetivos ideológicos para facilitar las alianzas con el moderado Partido Radical.

El limitado ámbito del electorado también redujo la influencia de los trabajadores y sus partidos, toda vez que sólo los varones alfabetizados y mayores de veintiún años pudieron votar en la mayoría de las elecciones celebradas durante este período. Las mujeres tuvieron el derecho de voto por primera vez en las elecciones municipales de 1935, luego en las elecciones para el Congreso de 1949 y finalmente en las presidenciales de 1952. A pesar del apoyo de la izquierda a sus derechos de sufragio, las mujeres votaron de forma desproporcionada contra los marxistas; junto con el faccionalismo y la represión, esto contribuyó al declive de la izquierda a finales del decenio de 1940 y comienzos del de 1950. La exclusión de las mujeres y de los hombres analfabetos de la mayoría de las elecciones hasta los años cincuenta redujo los votantes potenciales a alrededor del 20 por ciento de la población. Entre las personas con derecho a votar, normalmente eran menos de la mitad las que se inscribían en el registro de votantes. De las inscritas en las listas electorales, cerca del 80 por ciento normalmente emitía su voto en las elecciones presidenciales. Dicho de otro modo, entre el 7 y el 9 por ciento de la población total votó a los candidatos presidenciales desde 1932 hasta el principio de la rápida expansión del electorado en 1952. Por ejemplo, menos del 5 por ciento de la población nacional dio al frente popular de Aguirre Cerda su victoria de 1938. Hasta el decenio de 1950 la política populista en Chile, a diferencia de en algunos otros países latinoamericanos, no supuso ningún aumento importante de la participación electoral. A pesar de la insuficiente representación de los trabajadores en las urnas, la izquierda, consciente de los límites de la tolerancia derechista en lo referente al cambio político, no hizo ningún esfuerzo significativo por conceder el derecho de sufragio a los analfabetos ni por emplear métodos no electorales para alcanzar el poder. La durabilidad del circunscrito sistema político de Chile exigió una moderación extraordinaria por parte tanto de los reformistas como de los conservadores.

DEPRESIÓN Y CRISIS, 1929-1932

La depresión mundial afectó a Chile más profundamente que a cualquier otro país del mundo occidental. El comercio exterior se derrumbó: en 1932 las exportaciones habían caído hasta quedar en menos del 12 por ciento y las importaciones, en menos del 20 por ciento de su valor de 1929. (El valor en dólares de las exportaciones en 1929 no volvió a alcanzarse hasta 1955). Los empréstitos de los Estados Unidos, que habían creado una apariencia de prosperidad a finales del decenio de 1929, cayeron a plomo de 682 millones de pesos en 1930 a 54 millones en 1931 y luego a cero en 1933. El presupuesto del endeudadísimo gobierno sufrió la correspondiente contracción y disminuyó aproximadamente en un 50 por ciento de 1929 a 1932, año en que registró un clamoroso déficit de 189 millones de pesos.

De todos los sectores económicos de Chile, la depresión afectó a la minería antes y con más dureza que a los demás. El valor de las exportaciones de cobre y nitrato descendió en un 89 por ciento entre 1927-1929 y 1932. Al caer los precios mundiales de los productos agrícolas y disminuir el consumo de alimentos del Chile central en las provincias mineras del norte, la depresión rebotó del sector minero al agrícola. De 1929 a 1931 los precios de los productos agrícolas cayeron en cerca del 50 por ciento. La depresión afectó sólo tarde y brevemente a las manufacturas: el índice de producción industrial (1927-1929 = 100) cayó de 117 en 1930 a 87 en 1931, pero luego rebotó hasta quedar en 99 en 1932, 109 en 1933 y 119 en 1934. Sólo se hundieron un banco mercantil extranjero y dos nacionales, pero las reservas, los depósitos y los empréstitos bancarios sufrieron mermas hasta mediados de 1931. En 1932 al paro había subido hasta más de 200.000 personas y casi la mitad de los puestos de trabajo perdidos correspondían a la minería, donde la producción disminuyó en más del 50 por ciento. En todo Chile los salarios reales descendieron alrededor del 40 por ciento de 1929 a 1932. Las clases alta y media se asustaban al ver como los trabajadores parados, hambrientos y encolerizados se manifestaban, pedían limosna y formaban colas para recibir alimentos gratuitos.

Al evaporarse las divisas extranjeras, los ahorros y las inversiones, los terratenientes y los industriales lamentaron la inacción del gobierno, aunque unos y otros abogaban por soluciones diferentes de la crisis. El dictador de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, que desde su subida al poder en 1927 había medrado gracias a la mística de su eficaz gestión de la economía, al principio se aferró a las medidas ortodoxas del laissez faire y mantuvo el patrón oro, aspiró a equilibrar el presupuesto, incrementó los impuestos y recortó los gastos, lo cual le indispuso con los burócratas, las fuerzas armadas y los empleados en el sector público. Luego, a mediados de 1931, se suspendió el servicio de la deuda exterior y se impusieron controles de cambios. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para detener el derrumbamiento económico. En julio los universitarios de clase media (así católicos como marxistas), los profesionales y los empleados públicos sacaron su protesta a la calle. Ante tal oposición, que sólo podía silenciarse recurriendo a la fuerza armada en masa, Ibáñez optó por dimitir. Mientras que en la mayor parte de América Latina la depresión destruyó gobiernos de carácter civil, en Chile desacreditó al régimen militar.

Una oleada de antimilitarismo barrió el país mientras el gobierno provisional hacía los preparativos para las elecciones presidenciales. En septiembre de 1931 un motín de marineros radicalizados de la escuadra del norte agudizó los temores de que se produjera un cataclismo revolucionario e hizo que las élites chilenas se sintiesen aún más convencidas de que una Administración civil que actuara con firmeza sería más eficaz que las fuerzas armadas en lo tocante a mantener el orden. El efímero levantamiento naval también persuadió a muchos oficiales de que los militares debían abstenerse de intervenir en política.

La caída de Ibáñez había dejado un vacío en el cual se produjo la escisión de los partidos políticos tradicionales y surgieron docenas de nuevos aspirantes al poder. Nacieron minúsculos movimientos corporativos, pero fue la izquierda la que más activa se mostró y los comunistas se escindieron de modo decisivo en estalinistas y trotskistas, a la vez que se fundaba gran número de diminutos partidos socialistas. Hablando en términos generales, el espectro político multipartidista se rehízo en el período 1931-1932 y a partir de entonces quedó integrado por la izquierda (socialistas y comunistas), el centro (radicales y falangistas/democristianos) y la derecha (liberales y conservadores). Para demostrar solidaridad contra las amenazas tanto del militarismo como del socialismo, la derecha y el centro —que representaban la mayor parte de las clases alta y media— se fundieron detrás de Juan Esteban Montero Rodríguez, cauto abogado radical que se hallaba estrechamente relacionado con intereses terratenientes y bancarios. Las convulsiones de la depresión empujaron a conservadores y liberales a preferir a sus antiguos enemigos políticos para aislarse de alternativas de peor agüero. En una convención de la izquierda, liberales y radicales desafectos, los demócratas, cuya base eran los artesanos, y un puñado de nuevos grupos socialistas nombraron candidato al paladín populista de 1920, y presidente de la república de 1920 a 1925, Arturo Alessandri Palma, que una vez más hizo campaña presentándose como defensor de las clases media y trabajadora. Los partidos comunistas, tanto el estalinista como el trotskista, también presentaron candidatos —Elías Lafertte Gaviño y Manuel Hidalgo Plaza, respectivamente— y trataron de ganarse a los trabajadores. Sin embargo, a pesar de la depresión, no se vieron indicios de una clara radicalización de los votantes en las elecciones de 1931. Incluso después de cinco años de hibernación bajo Ibáñez, los partidos tradicionales dominaron fácilmente los comicios. Montero obtuvo una victoria arrolladora con el 64 por ciento de los votos, el primer miembro del Partido Radical que era elegido presidente. El treinta y cinco por ciento fue para Alessandri y sólo el 1 por ciento para los dos candidatos comunistas juntos.

Sin embargo, la vuelta al poder de los grupos dirigentes establecidos no sirvió para poner remedio al desastre económico, calmar la agitación que se advertía entre los izquierdistas o disipar el clima general de temor. Durante la trágica Navidad de 1931 los choques entre trabajadores amotinados y policías y soldados asustados en dos poblaciones del norte terminaron con la matanza de los que protestaban. Esta violencia incrementó los temores de la élite a una insurrección de la clase trabajadora y Confirmó la creencia de los izquierdistas de que el gobierno Montero sólo representaba a la oligarquía dorada. Mientras el laborioso presidente (apodado «Don One-Step») se dedicaba a respetar la Constitución y a predicar austeridad, la producción y el empleo se hundieron todavía más.

En junio de 1932 el comandante de la fuerza aérea Marmaduke Grove Vallejo derribó a Montero e instauró una supuesta república socialista que el resto de las fuerzas armadas derrocó al cabo de sólo doce días. Aunque de ideología confusa e ineficaz en el plano administrativo, la efímera república dio origen al Partido Socialista de Chile y ungió al animoso Grove como «el caudillo socialista» para el decenio siguiente. Durante cien días después del desposeimiento de Grove, el ex embajador de Ibáñez en los Estados Unidos, Carlos Dávila Espinosa, que era periodista, presidió una segunda versión de la república socialista, que estaba más cerca del corporativismo y del capitalismo de estado. Luego, en septiembre, las fuerzas armadas derribaron a Dávila y convocaron nuevas elecciones para la presidencia y el Congreso, las cuales se celebrarían en octubre.

Mientras el presidente del Tribunal Supremo presidía un gobierno interino, Alessandri apareció como el principal candidato de la campaña de 1932. Al igual que en elecciones anteriores, los radicales y los demócratas le proporcionaron el apoyo oficial, pero muchos liberales y socialistas neófitos también formaron detrás de su bandera. Alessandri atraía ahora a todos los estratos sociales como hombre fuerte y reformista que era capaz de restaurar el orden tras el agotamiento de otras opciones, aunque atrajo a más elementos de la élite y a menos trabajadores que en elecciones anteriores. Se presentó como la encarnación de la unidad nacional con el lema «El triunfo de Alessandri es el triunfo del gobierno civil».

La recuperación de la economía y la reconstitución de la autoridad civil eran las cuestiones dominantes a finales de 1932. La respuesta de la mayoría de los chilenos a la depresión fue depositar las esperanzas en la intervención del estado, la industrialización y un moderado nacionalismo económico. Gran parte de la derecha abogó por una regulación estatal de signo corporativo que controlara a los trabajadores descontentos, mientras que buena parte de la izquierda presionaba para que el estado tomase medidas socialistas que aliviasen el sufrimiento de las masas. La industrialización substitutiva de las importaciones protegida por el arancel y acompañada de modestas medidas de asistencia social mezcló superficialmente estos deseos sin poner en peligro a los capitalistas nacionales o extranjeros. Preocupados porque la ruptura del orden constitucional por parte de los militares daba paso a los levantamientos izquierdistas, la derecha creó las milicias republicanas, cuerpo paramilitar cuya misión era defender al gobierno civil. La mayoría de los líderes de las fuerzas armadas, molestos ante semejante hostilidad y temerosos de que se produjeran divisiones entre la base, repudiaron entonces la participación manifiesta en política. Para evitar nuevos castigos por la izquierda, muchos derechistas estaban dispuestos, en 1932, a apoyar a su antiguo adversario Alessandri. El «León de Tarapacá» salió victorioso con el 55 por ciento del voto. Demostrando que el socialismo era en ese momento una opción para el futuro, Grove salió de la oscuridad y quedó en segundo lugar con el 18 por ciento. En abril de 1933 fundó el Partido Socialista de Chile, inestable agrupamiento populista de marxistas, trotskistas, socialdemócratas y anarquistas/anarcosindicalistas que era como un puente entre las clases media y trabajadora. Rezagados en los comicios quedaron el presidente del Partido Conservador, Héctor Rodríguez de la Sotta con un 14 por ciento, el liberal Enrique Zañartu Prieto con un 12 por ciento y el comunista Elías Lafertte con un mero 1 por ciento. El presidente electo había cambiado poco desde sus tiempos de reformador liberal después de la primera guerra mundial. Pero el desplazamiento del electorado hacia la izquierda le encontró situado en el centro y, por consiguiente, ello le hizo aceptable a ojos de la derecha. Una vez en el poder, Alessandri gobernó con los conservadores, los liberales y el ala derecha del Partido Radical.

Las elecciones de 1932 para el Congreso reflejaron la nueva alineación tripolar del electorado, la cual persistió durante cuatro decenios a partir de entonces. El voto favorable a la derecha —principalmente a los conservadores y los liberales—, que había sido el 76 por ciento en 1912 y el 52 por ciento en 1925, había quedado reducido al 37 por ciento en 1932. Mientras tanto, los radicales y grupos centristas de la misma mentalidad obtuvieron un poco más del 20 por ciento de los votos de 1932, y los demócratas, socialistas, comunistas y otros izquierdistas consiguieron alrededor del 33 por ciento. El principal periódico de Chile, El Mercurio, examinó con la siguiente perspectiva el nuevo paisaje político transformado:

Los socialistas de hoy son los radicales de ayer y los liberales de anteayer. La vanguardia ha cambiado de nombre, pero su naturaleza es la misma. Lo mismo cabe decir de los que hoy son tachados de oligarcas; son los mismos que ayer eran conservadores y anteayer, ultramontanos. Entre ambos se halla el centro, que hoy es radical y ayer era liberal. Los nombres cambian: la humanidad, no[2].

Desde el decenio de 1930 hasta el de 1950 el factor variable crítico de la política chilena lo aportaría la cuestión de qué fuerzas aceptarían como aliados los radicales intermedios.

LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE ARTURO ALESSANDRI, 1932-1938

La autoridad personal, el mandato electoral y el éxito económico del presidente Alessandri infundieron nuevo vigor a la legitimidad constitucional en Chile a partir de 1932. Al tomar posesión de su cargo, se negó intencionadamente a pasar revista a las tropas, aunque hizo hincapié en que la mayoría de los oficiales eran honorables y merecedores de elogios. Controló a los militares utilizando la rotación de los mandos, retirando a los conspiradores y premiando a los leales. Heridas por la condena pública del papel que habían desempeñado durante la dictadura y la depresión, las fuerzas armadas en su mayor parte prefirieron abstenerse de participar abiertamente en política. Sofocaron un intento de golpe de estado en 1933 y permanecieron fieles a la Constitución durante los siguientes cuatro decenios. Alessandri también restableció el orden ejerciendo poderes ejecutivos extraordinarios contra los agitadores de derechas y de izquierdas. Encarceló brevemente a Grove, y entre 1933 y 1936 utilizó a la milicia republicana, que estaba fuertemente armada, como baluarte contra los aventureros militares o socialistas. A medida que el decenio fue avanzando, se apoyó de modo creciente en los partidos de la derecha y en la élite económica como soportes principales de su gobierno.

La reconstrucción económica se benefició de la reanimación gradual del mercado internacional, especialmente de la demanda de cobre y, en menor medida, de nitratos. El keynesianismo inconsciente de los efímeros gobiernos que hubo entre Ibáñez y Alessandri, que habían abandonado el patrón oro y avivado la inflación, también facilitó la recuperación. En 1932 el peso ya había caído hasta quedar en una quinta parte de su valor de 1929. Aunque la depreciación de la moneda perdió velocidad bajo Alessandri, la cantidad de dinero en circulación aumentó en más del doble de 1933 a 1940. El gobierno Alessandri intentó alcanzar el equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad. Los controles de cambios, los aranceles proteccionistas, los incentivos fiscales y la expansión crediticia por parte del Banco Central alentaron a las empresas urbanas a sacar a Chile de la depresión. A pesar de las creencias y medidas generalmente ortodoxas de Gustavo Ross Santa María, el ministro de Hacienda, la Administración Alessandri favoreció las manufacturas, la construcción y la minería, lo cual hizo descender el número de parados de 300.000 en 1932 a menos de 15.000 en 1935. Después de reducir radicalmente los gastos en concepto de obras públicas durante el período 1932-1934, el gobierno puso en marcha nuevos programas de construcción durante los años 1936-1938. En 1939 las fábricas chilenas ya producían casi el 60 por ciento de artículos más que en 1930.

A pesar del renovado crecimiento, las cuestiones relativas al nacionalismo económico y a la justicia social continuaron dando pábulo a la oposición izquierdista a la Administración Alessandri. Aunque el presidente disolvió el polémico cartel del nitrato que creara Ibáñez, dejó el control mayoritario de la industria en manos de los Guggenheim. También decepcionó a los nacionalistas al utilizar las ganancias que el gobierno obtenía de los nitratos para reanudar el servicio parcial de la onerosa deuda exterior (suspendido de 1932 a 1935) y al negarse a hacerse cargo de la Chilean Electric Company, que era de propiedad norteamericana y estaba mal administrada. Los nacionalistas de izquierdas —entre ellos muchos radicales izquierdistas— instaron al gobierno a no cejar hasta conseguir nuevas reducciones de las tasas de reembolso en sus largas negociaciones con obligacionistas norteamericanos acerca de la deuda del decenio de 1920, a quejarse más enérgicamente de las elevadas barreras arancelarias de los Estados Unidos y a defender la discriminación cambiarla a favor de las industrias nacionales substitutivas de las importaciones y contra los intereses norteamericanos que ansiaban extraer dólares de Chile. A pesar de algunos desacuerdos y de que el naciente frente popular presionó para que se tomaran medidas antiimperialistas más enérgicas, Alessandri mantuvo las buenas relaciones con los Estados Unidos, al mismo tiempo que Gran Bretaña y Europa (especialmente Alemania) volvían a captar una porción mayor del comercio chileno. Tanto la izquierda como la derecha compartían su deseo de ampliar el comercio con el Coloso del Norte, y la política de buena vecindad de Roosevelt mejoró las actitudes del espectro político ante los Estados Unidos. En el caso del otro asunto polémico de la política exterior en los años treinta —la guerra civil española y el aumento de los conflictos en Europa—, los radicales, los socialistas y los comunistas criticaron severamente a la Administración por adoptar una postura de neutralidad ante el conflicto español que mostraba un sesgo favorable a Franco. Aunque es probable que la mayoría de los chilenos compartieran la simpatía de la izquierda para con los republicanos españoles, también aprobaban el deseo de Alessandri de evitar la intervención en los conflictos europeos, de conformidad con los principios que desde antiguo guiaban la política exterior.

Los críticos también atacaron los programas conservadores de Alessandri y los tacharon de perjudiciales para los trabajadores, cuyos sueldos y salarios iban a la zaga del coste de la vida. La política de seguridad social daba a los empleados beneficios muy superiores a los que recibían los trabajadores manuales. Es cierto que Alessandri institucionalizó las relaciones laborales-industriales mediante el cumplimiento del código de leyes de 1924, pero aceptó las exigencias de los terratenientes en el sentido de que los derechos sindicales se restringieran a las ciudades. Al mismo tiempo que impedía que subiera el precio de los artículos alimenticios básicos, con lo que sofocaba el descontento laboral en las ciudades, el gobierno compensaba a las élites hacendadas permitiendo que continuasen dominando a la fuerza laboral rural.

A pesar del descontento que despertaban las restricciones de los precios de los alimentos y las exportaciones, muchos latifundistas toleraban el apoyo de Alessandri a la industria urbana porque también ellos poseían intereses económicos en las ciudades. Los agricultores más inteligentes se dieron cuenta de que la expansión urbana incrementaría paulatinamente el consumo de alimentos, materias primas y el excedente de mano de obra en el campo, y concibieron la esperanza de que ello redujera las presiones favorables a la reforma agraria. Al mismo tiempo, las élites agrarias conservaron el acceso especial a los créditos y ferrocarriles públicos, impuestos bajísimos (siempre por debajo del 2 por ciento del total de los ingresos públicos), la influencia sobre los organismos gubernamentales relacionados con la agricultura y numerosos escaños en el Congreso gracias al sumiso electorado campesino. Naturalmente, los industriales y financieros urbanos rezumaban un entusiasmo todavía mayor por la Administración Alessandri, lo cual presagiaba muchas de las preferencias sectoriales de los futuros gobiernos frentepopulistas. La clase alta chilena reconoció la erosión de los partidos de derechas y se apoyó de forma creciente en sus organizaciones corporativas y los vínculos de éstas con el estado. Si bien la SNA y la SFF se mostraron más activas, la fundación en 1933 de la Confederación de la Producción y del Comercio fue el epítome de esta agresividad capitalista. Coordinaba todos los grupos de intereses económicos de la élite en oposición a la nueva izquierda y a favor de los impuestos bajos y los créditos abundantes concedidos por el gobierno.

Los partidos políticos que representaban a la clase alta trataron de aferrarse al poder recurriendo principalmente a la liberalización y la aprobación graduales de medidas cada vez más estatistas. Los conservadores se unieron ahora a los liberales contra el nuevo espectro del populismo y el socialismo con la esperanza de que el mayor paternalismo de la patronal y del gobierno protegiera la paz social y, por ende, socavara la posición de la izquierda. En el seno del Partido Conservador una serie de reformadores jóvenes —en especial Manuel Garretón Walker, Bernardo Leighton Guzmán y Eduardo Frei Montalva— querían ir aún más lejos con programas semi-corporativos para el bienestar social con los que se ganaría la lealtad de las masas en detrimento de los marxistas. Inspirados por el pensamiento católico reformista procedente de Europa, crearon la Falange, que se convirtió en partido centrista independiente en el decenio de 1940 y en el de 1950 se transformó en el Partido Cristiano-Demócrata. En los años treinta y cuarenta muchos liberales también dejaron atrás el individualismo de Manchester para acercarse a posiciones más reformistas en consonancia con el capitalismo de estado.

Una proliferación de pequeños partidos de derechas también buscó una senda entre el deslucido pasado del laissez faire y un temido futuro socialista. Entre estos movimientos corporativos y regionalistas se hallaban el Partido Agrario, el Partido Corporativo Popular, la Unión Republicana, la Acción Nacional y, lo más significativo de todo, el Movimiento Nacional Socialista (MNS) encabezado por Jorge González von Marées. El MNS juntó ideas reformistas —tales como la descentralización administrativa y la redistribución de la tierra— sacadas de los fascistas europeos y los populistas latinoamericanos, en especial los apristas de Perú. Estos «nazis criollos» chocaron con los marxistas en las calles y compitieron infructuosamente con los socialistas por la lealtad de la clase media. Ni el MNS ni la Falange, más democrática y reformista, obtuvieron alguna vez más del 4 por ciento de los votos en las elecciones nacionales para el Congreso.

Tanto la derecha como la izquierda cortejaron a la clase media. Los sectores medios, que dependían mucho de los programas y los empleos gubernamentales, apoyaban la expansión estatal. En una economía oligopólica con pocas oportunidades de encontrar empleo en la industria y muchos puestos ejecutivos cubiertos por extranjeros, los grupos medios buscaban movilidad y seguridad encargándose de la burocracia y de los partidos políticos.

En el decenio de 1930 el Partido Radical, al igual que el conjunto de la clase media, debatió la conveniencia de transformarse en el ala progresista de la derecha o en el ala moderada de la izquierda. Mucho más que los partidos derechistas, los radicales, aunque siempre divididos y oportunistas, dejaron el liberalismo clásico y adoptaron el intervencionismo del estado de bienestar, reconociendo oficialmente la lucha de clases que el capitalismo generaba y prometiendo mejorar las cosas. Después de apoyar inicialmente a Alessandri, gravitaron hacia el frente popular, lo cual les permitió convertirse en socios principales, en vez de socios menores, de una coalición de múltiples partidos. Su inclusión también sirvió para empañar la polarización y proporcionó una válvula de escape para los conflictos sociales.

La depresión y sus consecuencias hicieron que las coaliciones multiclasistas resultaran más atractivas a ojos de los trabajadores de las ciudades y las minas. A principios del decenio de 1930, los pocos sindicatos que existían eran débiles y llenos de luchas internas. De tener más de 100.000 afiliados (al menos eso decían) en los primeros años veinte, la Federación Obrera de Chile (FOCh), capitaneada por los comunistas, se había encogido en cerca del 90 por ciento, dejando un residuo principalmente entre los mineros del nitrato y del carbón. Al reanimarse las minas, lo mismo le sucedió al Partido Comunista Chileno (PCCh), al que se sumaron sindicatos de trabajadores del transporte y de los muelles, así como unos cuantos obreros industriales. La anarcosindicalista Confederación General de Trabajadores (CGT) sufrió una devastación todavía mayor que la FOCh, no se reanimó y a comienzos de los años treinta tenía menos de seis mil afiliados. En su mayor parte, los antiguos partidarios de la CGT en la construcción, la imprenta, el cuero, el ramo marítimo y unos cuantos oficios industriales pasaron al Partido Socialista, cosa que hicieron también los sindicatos legales que sobrevivieron al régimen de Ibáñez y algunas asociaciones nuevas, que se agruparon en la ascendente Confederación Nacional Sindical (CNS). Dominada por los socialistas, la CNS atrajo principalmente a trabajadores industriales y empleados. Importantes sindicatos no alineados, tales como el de trabajadores del ferrocarril y el de panaderos, también se recuperaron del daño infligido primero por Ibáñez y luego por la depresión. Sin embargo, los nuevos sindicatos católicos tuvieron poco éxito.

En el decenio de 1930 este fragmentario movimiento laboral urbano cobró fuerza y unidad. Gracias a la falta de oposición de Alessandri y al aliento del frente popular, el número de sindicatos y de afiliados a los mismos se triplicó sobradamente de 1930 a 1940. Aunque el gobierno lo supervisó, este crecimiento tuvo lugar de forma independiente al adquirir los sindicatos una posición legal más firme colaborando de forma más íntima con organismos del estado y partidos políticos de izquierdas. El antiguo Partido Demócrata, que había formado a muchos de los líderes comunistas y socialistas, perdió poco a poco su clientela de trabajadores y artesanos ante el avance de los marxistas, que se quedaron con ella. Cada vez más oportunistas, los demócratas se escindieron entre la derecha y el frente popular. Su parte de los votos en las elecciones para el Congreso disminuyó del 14 por ciento en 1932 al 6 por ciento en 1941 y luego se esfumó.

El PS, que unía las consignas combativas del marxismo al populismo carismático de Grove, se convirtió en el principal partido del trabajo en los años treinta. También se ganó muchos seguidores en las ciudades entre los profesionales, los intelectuales y los estudiantes, los cuales llegaron a dominar una organización que se basaba en la clase trabajadora. Los socialistas atraían a los trabajadores con imágenes revolucionarias y a los estratos medios con un planteamiento evolutivo. Aunque en teoría estaba comprometido con la lucha de clases, en la práctica el partido acentuaba cada vez más la política nacionalista, reformista, electoral y de coalición. Los comunistas, a quienes los socialistas habían dejado atrás en el movimiento laboral y en las elecciones, empezaron a cambiar su estrategia y ampliar su base. Poco a poco fueron alejándose de los fanáticos que exigían una revolución proletaria inmediata, postura combativa dictada por el Komintern entre 1928 y 1935. El PCCh también aceptó más miembros procedentes de la clase media, simbolizados por Carlos Contreras Labarca, que era abogado y sirvió en calidad de secretario general del partido de 1931 a 1946. Mientras tanto, la mayoría de los rebeldes trotskistas ya se habían afiliado al Partido Socialista en 1937.

A pesar de las esporádicas campañas de captación de seguidores, de la sindicación incipiente y de algún que otro estallido de descontento, los trabajadores rurales siguieron en gran parte aislados del fermento de la izquierda. El ejemplo más violento de agitación agraria ocurrió en 1934 en Ránquil, donde la policía nacional (los carabineros) defendió a los terratenientes tradicionales dando muerte a docenas de campesinos que protestaban. Los marxistas no supieron sacar provecho de la opresión en el campo para galvanizar a los trabajadores rurales y ello obligó a la izquierda a depender de las coaliciones con grupos centristas. La derecha conservó su dominio sobre el electorado rural.

En 1934-1935 los socialistas se habían adelantado a lo que luego seria el frente popular al formar en el Congreso un bloque de la izquierda en el que se hallaban encuadrados demócratas de izquierdas, trotskistas y un puñado de radicales disidentes. Los comunistas, por su parte, ya habían empezado a suavizar el tono de sus posturas revolucionarias de signo proletario y doctrinario cuando a finales de 1935 el Komintern aprobó la estrategia frentepopulista. El PCCh pasó entonces a hacer hincapié en las tácticas electorales en lugar de las insurreccionales, las coaliciones de clase (incluso con «la pequeña burguesía y la burguesía nacional progresista») en lugar de los conflictos, la industrialización en lugar de la socialización, el nacionalismo en lugar del internacionalismo. A consecuencia de ello, la base electoral del partido creció de apenas 2 mil votantes en 1913 a más de 53.000 en 1941. A medida que Alessandri fue inclinándose más y más hacia la derecha, el PCCh empezó a ganar partidarios de la idea de crear un frente popular. En 1935-1936 los comunistas se concentraron en cortejar al Partido Radical, y convencieron a muchos de sus titubeantes líderes cuando en unas elecciones parciales celebradas de 1936 obtuvieron votos suficientes y ganaron un escaño en el Senado para un terrateniente millonario radical. Proporcionando una respetabilidad crucial, organización, votos y dinero al frente popular, los radicales arguyeron que su partido, «dentro de la izquierda, está llamado a desempeñar el papel de fuerza reguladora, una fuerza que haga posible la deseada transformación empleando medios que respeten los derechos democráticos y eviten una explosión social»[3]. El éxito de los comunistas con los radicales dejó pocas opciones a los socialistas. Los socialistas de izquierdas temían que el frente popular engañara a los trabajadores con su demagogia burguesa, pero los líderes del partido llegaron a la conclusión de que el pacto era necesario tanto para evitar el fascismo como para adquirir poder. Inspirados por experimentos parecidos en España y Francia, los socialistas, al igual que los comunistas, ampliaron el número de sus seguidores diluyendo su celo ideológico.

La nueva Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) también entró a formar parte del frente popular. Fundada en 1936 como fruto de la nueva unidad de las izquierdas, la CTCh, juntaba a sindicatos de clase media y de clase trabajadora, y se hallaban incorporadas a ella la FOCh, la CNS, la Asociación de Empleados Chilenos, así como la mayoría de los independientes e incluso unos cuantos campesinos, aunque la disminuida CGT se negó a afiliarse a ella. Al igual que los partidos marxistas, la CTCh mejoró la solidaridad laboral, pero refrenó la militancia. Limitó las exigencias de los trabajadores con el fin de facilitar las victorias electorales del frente popular, ya que los políticos que eran leales ante todo a su partido llegaron a dominar la confederación. Entre los miembros de la misma, los socialistas tenían una ligera mayoría y la secretaría general. Por medio de la CTCh los trabajadores ayudaron a poner en marcha y sostener el frente popular, empezando con una importante huelga en 1936 a cargo de los trabajadores de los ferrocarriles que provocó represalias del gobierno contra la prensa y los partidos de izquierdas, así como los trabajadores, con lo cual reforzó la coalición.

Las logias masónicas, que en gran parte representaban a la case media, también contribuyeron a soldar el frente popular. Líderes eminentes de los radicales, los socialistas y los comunistas tenían en común la pertenencia a la masonería, cuyo Gran Maestre fomentaba las coaliciones reformistas prudentes a modo de antídoto contra los peligros revolucionarios o reaccionarios. Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Estudiantes y muchos intelectuales prestaron apoyo al frente popular. Entre los escritores sobresalientes que intervinieron activamente en la campaña cabe citar a Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Volodia Teitelboim, Ricardo Latcham, Luis Galdames y Ricardo Donoso.

Por ser el mayor de los partidos afiliados al frente popular, los radicales asumieron el liderazgo del mismo. Dominaron su comité ejecutivo nacional y su programa, que ostentaba el lema populista y redistributivo de «Pan, techo y abrigo», ideado por la república socialista de 1932. El programa del frente popular prometía aumentar las libertades democráticas, generar la modernización económica bajo la tutela del estado, fomentar el nacionalismo económico y cultural y asegurar el bienestar social para las clases media y trabajadora. También prometió respetar y mejorar los derechos electorales y las libertades civiles. Abogó por la protección de la industrialización y por la redistribución de las tierras agrícolas que se utilizaban de forma insuficiente. Exigiendo «Chile para los chilenos», la coalición sugería que se redujesen los pagos a cuenta de la deuda exterior y se nacionalizaran algunas minas, industrias y empresas de servicio público, todas ellas propiedad de extranjeros. Redactado con términos imprecisos, el programa político ofrecía mejorar las rentas, la vivienda, la salud, la educación y la representación de los grupos menos favorecidos. Dado que este programa socialdemócrata difería más en el tono que en la sustancia de las declaraciones públicas de la derecha, era obvio que la política real del frente popular se vería determinada por los miembros de la coalición que se encargasen de llevarla a cabo. La mayoría de los observadores estaba de acuerdo con la evaluación de la embajada de los Estados Unidos, según la cual «el programa político del frente popular es lo suficientemente impreciso como para que el propio Partido Conservador pueda actuar al amparo del mismo y señalar luego con orgullo sus promesas cumplidas»[4].

En las elecciones de 1937 para el Congreso, los extremos políticos avanzaron de forma impresionante. Los conservadores y los liberales obtuvieron conjuntamente el 42 por ciento de los votos; junto con colaboradores de partidos de menor importancia y unos cuantos radicales renegados, esto dio a la derecha una pequeña mayoría en las elecciones y en el Congreso. Al mismo tiempo, tanto los socialistas (11 por ciento) como los comunistas (4 por ciento) aproximadamente doblaron el número de votos que obtuvieran en 1932, a la par que los radicales recibieron una vez más alrededor del 18 por ciento. En lo sucesivo, el decepcionado frente popular redobló sus esfuerzos por formar una mayoría electoral.

Después de una dura batalla con los socialistas, los radicales colocaron a su candidato para la presidencia del frente popular. Pedro Aguirre Cerda, maestro, abogado, rico vinicultor y masón, procedía del ala derecha del Partido Radical, que se había resistido a la formación del frente popular. Su defensa de la industrialización era uno de los pocos objetivos políticos que compartía con la izquierda del partido. Su atractivo moderado suavizaba el contenido reformista de la coalición al tiempo que mejoraba sus perspectivas electorales y era un ejemplo de los dilemas ineludibles que semejantes coaliciones evolutivas tenían para los marxistas revolucionarios.

Aguirre Cerda triunfó en su campaña atrayendo a las clases media y trabajadora sin asustar indebidamente a los ricos. Su carácter blando y transigente también sirvió para impedir la disgregación del pendenciero frente popular. La tez oscura del diminuto candidato hizo que la derecha se burlara de él llamándole «El Negro» y que la izquierda le abrazase y le diera el nombre de «Don Tinto». Sin embargo, la clave de su victoria sería la capacidad de los marxistas en lo referente a movilizar a los trabajadores contra los tradicionales partidos gobernantes, despertar la conciencia de los trabajadores y convencerles de que no vendiesen sus votos a la derecha. Aunque los radicales proporcionaron el mayor bloque de votos al frente popular, lo que transformó el escenario político de Chile fue la creciente identificación de los trabajadores con los socialistas y los comunistas.

La derecha contribuyó al ímpetu del frente popular nombrando candidato suyo a Gustavo Ross, el severo ministro de Hacienda de Alessandri, lo cual disgustó a los liberales moderados y a la Falange. Mientras que Aguirre Cerda representaba el rostro moderado del frente popular, Ross era ejemplo de la imagen rapaz de la clase propietaria. El frente popular le puso el apodo de «ministro del Hambre» y también el de «el último Pirata del Pacífico». Además de los conservadores y los liberales, la SNA, la SFF, la Cámara de Comercio, los principales bancos y sociedades anónimas y muchos clérigos trabajaron sin disimulo para él y rezaron por su elección. Los hombres de negocios norteamericanos en Chile también preferían a Ross, el lema de cuya campaña era «orden y trabajo». Si bien no presentó ningún programa electoral oficial, la derecha difería del frente popular principalmente en la importancia que daba a la producción en vez de la redistribución, la eficiencia en vez de la substitución de las importaciones y el control de los inversionistas extranjeros en vez de la nacionalización. Las fuerzas conservadoras intentaron apartar a la clase media y los radicales timoratos del frente popular advirtiendo que los marxistas destruirían la religión, la familia, la propiedad y la armonía social. Mientras la derecha hablaba una y otra vez de las atrocidades del comunismo, la izquierda recalcaba los horrores del fascismo. Ross prometió salvar la democracia chilena de Aguirre Cerda y viceversa.

En vez de confiar en programas o en la oratoria, la derecha esperaba triunfar gracias al funcionamiento de la maquinaria del partido. Uno de los directores de la campaña de Ross aseguró al embajador norteamericano que los partidos comprarían suficientes votos de la clase trabajadora como para vencer al frente popular, aunque reconoció que Aguirre Cerda hubiese ganado fácilmente en unas elecciones limpias. Sin embargo, al menos en las ciudades, la vigilancia del frente popular y la creciente conciencia política de la clase trabajadora complicaron la puesta en práctica de la habitual táctica del soborno.

Más todavía que las tácticas de la derecha, la existencia de una tercera opción obstruía el camino del frente popular a la presidencia. La campaña personalista del ex dictador Ibáñez no tenía ninguna probabilidad de éxito, pero obtuvo votos —especialmente de la clase media— que tal vez hubieran sido para Aguirre Cerda. El programa electoral de Ibáñez se hacía eco del frente popular porque también pregonaba la planificación estatal, el nacionalismo económico y el bienestar social, pero su ambición y el apoyo que recibía el MNS de González von Marées hacían que los dos movimientos reformistas fuesen irreconciliables. Sin embargo, unas cuantas semanas antes de las elecciones, jóvenes nazis organizaron un golpe temerario contra el gobierno Alessandri. La chapucera intentona escandalizó a la opinión pública menos que la matanza de quienes la perpetraron por parte de la Administración. Desacreditados por el incidente y enemistados con la derecha, los ibañistas desviaron su apoyo hacia Aguirre Cerda. La incongruente alineación de nazis detrás del antifascista frente popular demostró otra vez que los políticos chilenos, al igual que los de otras partes, necesitaban subordinar las consideraciones ideológicas a las electorales.

El frente popular obtuvo una victoria ajustada frente a la derecha en 1938 con el 50,3 por ciento del voto. Cuando Aguirre Cerda venció a Ross en las lejanas provincias del norte y del sur y en las ciudades, las fuerzas conservadoras aprendieron que los votos de las zonas latifundistas del centro ya no podían garantizar la supremacía. Como en todas las otras victorias electorales que obtuvieron en Chile aspirantes reformistas o izquierdistas a la presidencia —Alessandri en 1920, González Videla en 1946, Allende en 1970—, pasaron días de tensión entre el recuento de las papeletas y la ratificación de los resultados por el Congreso. Muchos líderes derechistas aceptaron a regañadientes la derrota debido a las garantías de moderación que dieran los vencedores, pero otros advirtieron de que Aguirre Cerda sería el «Kerenski de Chile» y conspiraron para anular el resultado por medio de acusaciones de fraude electoral e incitando a las fuerzas armadas a hacerse con el poder.

El frente popular legitimó su derecho a la presidencia frenando a sus jubilosos seguidores y desacreditando los rumores derechistas en el sentido de que la anarquía era inminente. Fomentó al mismo tiempo la idea de que se limitaría a introducir una versión chilena del «New Deal» si se le permitía subir al poder, pero que podía desatar una eficaz resistencia de las masas si se lo negaban: «Chile no será una segunda España. Aquí suprimiremos el fascismo antes de que pueda levantar la cabeza»[5]. Tal como Aguirre Cerda advirtió a la oposición, «Soy el segundo presidente chileno del Partido Radical… Seré el segundo y el último si los del otro bando no saben atender a razones y hacer concesiones, como han aconsejado los grandes líderes de su propio grupo… O bien abro un cauce regulador para los deseos del pueblo o detrás de mí viene el diluvio»[6]. Los argumentos de Aguirre Cerda convencieron a una minoría de líderes de los conservadores, la Falange y los radicales, los cuales reconocieron su derecho a la presidencia. Estos derechistas calcularon que los costes sociales y políticos de dar marcha atrás a la suerte del frente popular tal vez superarían el precio de inclinarse ante su victoria: «Dado que no podemos contar ni con las masas ni con las fuerzas armadas», argüían, «nos conviene [a los conservadores], aún más que a nuestros adversarios, mantener la democracia constitucional»[7].

Tres declaraciones públicas efectuadas por grupos pertenecientes a las clases dirigentes tuvieron una importancia crítica en esta coyuntura. En primer lugar, si bien el gobierno Alessandri se abstuvo de hacer el reconocimiento oficial hasta que pudieran juzgarse las acusaciones de irregularidades electorales lanzadas por la derecha, el ministro del Interior, que era el padrino de Aguirre Cerda, reconoció la victoria del frente popular cuando se recibieron los resultados, y el ministro de Asuntos Exteriores comunicó esta declaración a las legaciones chilenas en el extranjero. En segundo lugar, un obispo del norte mandó a Aguirre Cerda un telegrama de felicitación y más adelante, al convertirse en arzobispo, mejoró las relaciones entre la Iglesia y el Frente Popular. En tercer lugar, y esto fue lo más importante, los comandantes en jefe del ejército y de la policía nacional proclamaron que la elección del frente popular ya la habían aceptado los militares y la opinión pública y que negarle el poder a la coalición provocaría más violencia civil de lo que ellos estaban dispuestos a afrontar. Dando a entender que se oponían al comunismo pero no al reformismo, las fuerzas armadas convencieron así a la mayoría de los derechistas recalcitrantes de que combatieran al Frente Popular por los cauces regulares —el Congreso y la burocracia—, que ellos seguían dominando. Así, a finales de 1938 Arturo Alessandri traspasó pacíficamente el fajín presidencial a Pedro Aguirre Cerda, del frente popular.

EL FRENTE POPULAR, 1938-1941

Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1938, los radicales vieron por fin cómo se hacía realidad su viejo sueño de quitarle a la derecha todos los puestos clave del gobierno. Al mismo tiempo la dominación por parte de los centristas de la Administración entrante tranquilizó a las clases alta y media. La izquierda obtuvo sólo una representación mínima: los socialistas recibieron unos cuantos puestos de poca importancia en el gabinete —Sanidad, Desarrollo, y Tierras y Colonización—, y, para proteger al gobierno de las acusaciones derechistas de estar bajo el control de los marxistas, los comunistas no recibieron ninguno. Aunque cosecharon pocos éxitos, los comunistas, los socialistas y la CTCh vieron crecer el número de sus afiliados durante el período frentepopulista. En un sistema político clientelista muchos chilenos de clase media y trabajadora se arrimaron ansiosamente al sol que más calentaba; según se dice, la CTCh multiplicó por dos su número de afiliados en el año que siguió a la victoria de Aguirre Cerda.

Por medio del frente popular las fuerzas marxistas obtuvieron un puesto reconocido en el sistema político. Los socialistas y los comunistas habían progresado de la participación en las elecciones en 1932 a la participación en el gobierno seis años después. Con todo, un decenio de intensa movilización izquierdista de las clases media y trabajadora había producido una Administración mucho menos avanzada y osada de lo que inducían a pensar su composición y su retórica. La misma política de coalición que había permitido que los marxistas ganasen influencia en los altos cargos de la nación también impedía poner en práctica los programas que les habían impulsado a buscar tales cargos. Como era previsible, la toma de posesión de un presidente frentepopulista no fue el preludio de grandes transformaciones estructurales. En vez de ello, significó el comienzo de una nueva era con las fuerzas socialistas y, en menor medida, comunistas institucionalizadas como parte del sistema de negociación establecido, con la legitimidad del gobierno basada en el apoyo de las masas urbanas por mediación de los grupos centristas y el capitalismo de estado acelerado en nombre de la industrialización.

Al igual que Alessandri —de hecho, al igual que todos los presidentes chilenos en los decenios de 1930 y 1940— Aguirre Cerda aspiraba en esencia a un modelo de capitalismo estatal paternalista en el cual el gobierno colaborase con la empresa privada en la construcción de una economía mixta. Con el objetivo de ponerse a la altura de Occidente, que estaba más industrializado, el frente popular de Chile movilizó al movimiento laboral detrás del desarrollo económico de la nación más que de las conquistas sociales de la clase trabajadora. Sin embargo, en comparación con la derecha, dio mayor importancia a la intervención del estado, a la industrialización y a las necesidades del trabajo. En todo caso, en la política económica influyeron factores internacionales más que internos. Al igual que en otras parte de América Latina, el comienzo de la segunda guerra mundial aceleró la producción nacional de manufacturas destinadas al consumo, amplió la esfera de acción del estado central e hizo que Chile pasara a depender más de los Estados Unidos que de Europa. Todas estas tendencias amortiguaron las campañas marxistas que pedían audaces medidas de redistribución a expensas de los capitalistas nacionales y extranjeros.

El principal instrumento económico del frente popular pasó a ser la nueva Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que en un principio se creó con el fin de que fomentase la recuperación después del terremoto de 1939. La CORFO asignó créditos públicos a todos los sectores de la economía, pero especialmente a la industria y a la construcción. Entre las postrimerías del decenio de 1930 y los comienzos del de 1950 este organismo casi autónomo efectuó cerca de un tercio de la inversión total en bienes de capital y cerca de una cuarta parte del total de inversiones nacionales. Aunque las principales fuentes de fondos de inversión eran nacionales, casi un tercio de los mismos procedía del extranjero, principalmente del Export-Import Bank, que era norteamericano. Cuando estos empréstitos, que tenían que gastarse en importaciones de los Estados Unidos, se ampliaron en 1940, Chile renunció a cobrar los impuestos retroactivos que debían las compañías de teléfonos y del cobre norteamericanas.

Si bien el frente popular la saludó como un paso importante hacia el socialismo de estado y el nacionalismo económico, la CORFO evolucionó hasta convertirse en un vehículo para el capitalismo de estado vinculado a intereses creados, así privados como extranjeros. Ante la necesidad de escoger entre dos objetivos, la industrialización y la reforma social, el frente popular optó por la primera. Al principio las élites vieron con suspicacia este avance del activismo del estado, pero pronto se convirtieron en sus principales beneficiarios. Al mismo tiempo, aumentó la dependencia chilena del capital estadounidense. Bajo el gobierno del frente popular, los Estados Unidos casi doblaron sus ventas en Chile y triplicaron sus compras al disminuir el comercio con Gran Bretaña y Alemania; sin embargo, se hicieron pocos progresos en las conversaciones entre Chile y los Estados Unidos en torno a la reducción de las barreras comerciales.

Bajo Alessandri, el gobierno había contado con la inflación crediticia del Banco Central para fomentar la recuperación económica y el pleno empleo. Bajo Aguirre Cerda, la expansión del crédito con el fin de proporcionar fondos para la industrialización substitutiva de las importaciones fomentó todavía más la inflación, efecto que también surtió la guerra. Durante el período 1939-1942 el coste de la vida aumentó en un 83 por ciento y superó la totalidad del alza de precios registrada de 1931 a 1939. Imponiendo límites máximos a los precios de los productos agrícolas, el gobierno transfirió efectivamente rentas al sector urbano. El índice de producción industrial aumentó en más del 25 por ciento a la vez que la producción agrícola quedaba virtualmente estancada, pauta que persistió durante todo el decenio de 1940.

Mientras que los partidos de derechas luchaban con tenacidad contra el frente popular principalmente porque ponía en peligro su subsistencia política, otros grupos de la élite trataron de propiciar, cooptar o neutralizar a los gobiernos radicales de los años cuarenta. Una institución tradicional que llegó a un modus vivendi con el frente popular fue la Iglesia católica. El Vaticano substituyó al reaccionario arzobispo de Santiago por José María Caro, el obispo del norte que había felicitado a Aguirre Cerda con motivo de su elección. En su nuevo cargo, Caro defendió un reformismo que estaba cerca del de la Falange autóctona, e hizo que la Iglesia chilena adquiriese la reputación de ser la más progresista de América Latina. El arzobispo incluso dejó atónita a la élite hacendada abogando por la sindicación, la subida de los salarios, la participación en los beneficios y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores rurales. Esta postura progresista tenía por objeto reavivar la influencia clerical entre las clases trabajadoras y contrarrestar la propagación del marxismo. Al finalizar el decenio de 1930, alrededor del 98 por ciento de los chilenos todavía bautizaban a sus hijos, pero apenas el 10 por ciento iba a misa los domingos y sólo alrededor del 50 por ciento se casaba por la Iglesia.

Los terratenientes de la SNA también buscaron una tregua con los elementos más conservadores del frente popular. El presidente de la SNA y de la Confederación de la Producción y el Comercio, Jaime Larraín García Moreno, animó a las élites rurales a tratar mejor a sus trabajadores con el fin de adelantarse a las propuestas de reforma agraria de los marxistas: Es imposible detener la evolución de la sociedad. Debemos colocamos al lado de la evolución social con el objeto de encauzarla[8]. Muchos radicales hacendados ingresaron ahora en la SNA por primera vez, lo cual facilitó la cooperación con el gobierno frentepopulista. Cristóbal Sáenz Cerda, el terrateniente radical que había ganado las primeras elecciones parciales para el frente popular en 1936, se convirtió en vicepresidente de la SNA y portavoz de los enemigos de la reforma agraria en el gabinete Aguirre Cerda. Dada su condición de gran terrateniente, el presidente también ayudó a enterrar las reformas para los campesinos por medio de sus propias relaciones cordiales con la clase alta rural.

Durante el primer año de la Administración Aguirre Cerda la sindicación marxista de los trabajadores agrícolas amenazó con romper el acuerdo tácito que existía entre los terratenientes y el frente popular. Si bien no disponemos de estadísticas exactas y dignas de confianza sobre los sindicatos, ya sean rurales o urbanos, a finales de 1939 los comunistas se jactaban de tener cerca de cuatrocientas asociaciones rurales que contaban casi sesenta mil afiliados y crecían diariamente. La CTCh dio a la organización de los campesinos mucha prioridad y miles de ellos se afiliaron, y la Federación Nacional del Campesinado, encabezada por el socialista Emilio Zapata, substituyó a la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres (1935), que era más pequeña, e intensificó la movilización y las huelgas rurales. En baluartes que otrora fuesen de los conservadores el frente popular empezó a ganar elecciones parciales rurales, tanto porque los marxistas atraían a los trabajadores agrícolas como porque los radicales compraban estancias.

Aguirre Cerda hizo concesiones críticas a los terratenientes decretando que se suspendieran la sindicación y las huelgas campesinas, aun cuando alrededor del 35 por ciento de la población activa trabajaba en el campo, frente a la que trabajaba en la industria urbana, que no llegaba el 20 por ciento. En términos de economía política, el gobierno, a pesar de sus afinidades ideológicas, optó por favorecer menos al grupo que menos podía ejercer presión en él. Marginar a los trabajadores rurales con el fin de reducir las demandas que debían soportar los recursos limitados parecía especialmente necesario a los políticos cuando las escaseces derivadas de la guerra restringieron la campaña del gobierno a favor de la industrialización y los beneficios para las clases media y trabajadora de las ciudades. La represión del activismo campesino también evitó la interrupción del abastecimiento de alimentos a las minas y las ciudades, lo cual hubiera acelerado todavía más la importación de productos agrícolas. La contención del coste de los alimentos básicos y de las exigencias de los campesinos frenó la inflación y apaciguó a los electores urbanos, mientras que la subida de los precios de los alimentos hubiera engendrado más huelgas urbanas con el consiguiente perjuicio para la industrialización.

A pesar de las protestas de la izquierda, todos los partidos del frente popular y la CTCh consintieron que el gobierno suspendiera la sindicación agrícola. Los comunistas y los socialistas deploraron semejante capitulación ante la SNA, pero se doblegaron a los deseos de la Administración con el fin de enfriar los conflictos con la derecha. Al cooperar con los radicales y dejar a los trabajadores en gran parte sin organizar, los marxistas siguieron dependiendo de segmentos de los grupos medios. Por consiguiente, persistieron las concesiones mutuas y los dilemas inherentes a las coaliciones y las políticas populistas y multiclasistas.

Los industriales y la SFF acogieron con agrado la CORFO y el apoyo que Aguirre Cerda prestaba a su tibia versión del nacionalismo económico. Aunque seguían temiendo la intervención del estado, la mayoría de los manufactureros se dieron cuenta de que el activismo del frente popular impulsaba la empresa privada. Tal como se jactaba el Partido Radical, «La industria y el comercio nunca han obtenido beneficios mayores que los que obtienen bajo el gobierno de la izquierda»[9]. Los industriales más perspicaces vieron que los conflictos sociales perdían fuerza si se mejoraban la organización, la representación, la salud, la vivienda y la educación de los trabajadores. Las reformas moderadas para los trabajadores hacían que aumentaran su productividad y su capacidad de consumo por encima de lo que costaban a los patronos, a la vez que la política crediticia inflacionaria también impedía que los salarios aumentaran con proporción a la productividad. Dado que Chile disponía de mano de obra relativamente barata pero no ineficiente de modo proporcionado con tal baratura, la garantía de paz social que daba el frente popular hacía que la política de bienestar y el industrialismo fuesen compatibles.

La clase media fue otro de los principales beneficiarios de los gobiernos radicales de los años cuarenta. La distancia que separaba a los empleados de los trabajadores manuales aumentó porque los sectores medios recibieron más puestos de trabajo, más renta, más salud, más viviendas, más educación, más seguridad social y otros beneficios que los estratos inferiores. También acumularon gran número de nuevos cargos políticos, en parte gracias al declive de los sobornos en las urnas. La expansión burocrática benefició principalmente a los seguidores del Partido Radical, que llegaron a representar una mayoría de los empleados públicos. Aunque las élites lo criticaron, este crecimiento del gobierno central satisfizo las aspiraciones de la clase media sin chocar con los privilegios fundamentales de la clase alta.

Que el apoyo de la clase trabajadora al frente popular y sus sucesores de los años cuarenta continuara no se explicaba con facilidad atendiendo a las ganancias materiales ni a la conciencia de clase. Por medio de la inflación de impuestos cada vez más indirectos, las clases subordinadas pagaban el incremento de la burocracia y la industria por parte del gobierno. Los pocos trabajadores que tuvieron verdaderas ganancias salariales se hallaban concentrados en ocupaciones urbanas, especializadas y sindicadas; la mayoría de los trabajadores vieron cómo su nivel de vida se estancaba o empeoraba en el decenio de 1940, al hacerse más regresiva la distribución de la renta.

Los avances de la organización de los trabajadores superaron el progreso material, toda vez que el número de sindicatos legales casi se triplicó durante la Administración de Aguirre Cerda. De 1941 a 1949 el número total de afiliados a los sindicatos aumentó en más del 40 por ciento. No obstante, la mayoría de los partidarios fieles de los sindicatos eran aún mineros, artesanos o empleados de clase media, dado que el crecimiento de las manufacturas no fomentó la aparición de un proletariado industrial tan grande como habían esperado los partidos marxistas. De 1940 a 1954 el porcentaje de la población económicamente activa creció dos veces más en los servicios que en la industria. La CTCh frenó el activismo de los trabajadores con el fin de proporcionar apoyo y tranquilidad a Aguirre Cerda, y el gobierno, a su vez, se encargó de que un número creciente de disputas entre trabajadores y patronos se resolvieran a favor de los primeros (de 184 en 1938 a 266 en 1939). El frente popular arguyó de modo convincente que respaldar a la Administración era, como mínimo, preferible a un gobierno de derechas y, a la larga, más conveniente para el trabajo que las desestabilizadoras exigencias de retribuciones inmediatas.

Contrastando con la actitud generalmente acomodaticia de los grupos de intereses pertenecientes a la clase alta, los partidos de derechas se opusieron implacablemente al frente popular y, en el Congreso, erigieron una barricada contra casi todas las iniciativas de Aguirre Cerda. Legisladores y periódicos derechistas acusaban constantemente al régimen de incompetencia, corrupción, extremismo, ilegalidad e ilegitimidad. En medio de semejante polarización política, sólo la minúscula Falange sostenía una posición centrista, transigente. En agosto de 1939 extremistas de derechas e ibañistas persuadieron al general Ariosto Herrera Ramírez, anticomunista y admirador de Mussolini, a pronunciarse contra el frente popular, pero militares leales, respaldados por las milicias de los partidos frentepopulistas y por jefes sindicales, sofocaron el levantamiento. El fracaso de la intentona hizo que muchos elementos de la derecha y de la izquierda se convencieran de que debían moderar su retórica y apartarse del borde del conflicto armado.

Aguirre Cerda se esforzó constantemente por conservar la unidad de la coalición a pesar de las disputas entre sus componentes. En la pugna por colocarse en una posición ventajosa, los radicales se atrincheraron en el aparato del estado y pusieron los cimientos de un decenio de dominación. Hasta el ala izquierda de su propio partido se quejó del festín burocrático de los radicales, del favoritismo para con los ricos afiliados al partido (especialmente los que eran de derechas y de la capital del país) y de su falta de interés por las reformas sociales.

Todos los partidos del frente popular crecieron, pero el Partido Comunista creció de forma sumamente espectacular gracias a que siguió una política moderada y puso una mordaza al descontento de los trabajadores. Reavivó temporalmente el radicalismo retórico de los primeros años de la depresión durante el período del pacto nazi-soviético, momento en que se hizo menos hincapié en la cooperación del frente popular en la causa del antifascismo. Sin embargo, el ataque alemán contra la Unión Soviética hizo que el PCCh reanudara con rapidez la plena colaboración con sus socios de coalición que se oponían al Eje. A pesar de semejantes desviaciones, la participación comunista en el gobierno de coalición generalmente tuvo por objeto utilizar a la izquierda y al trabajo como participantes no revolucionarios y subordinados en la política electoral, del Congreso y burocrática.

Los socialistas adquirieron sinecuras en la jerarquía del gobierno y el precio que pagaron por ello fue el aplazamiento de la movilización de los trabajadores y de las reformas estructurales. Por ejemplo, disolvieron su milicia y restaron importancia a la sindicación de los campesinos. Los disidentes, que pronto se separaron del partido, se quejaron de que el PS se estaba convirtiendo en una agencia de colocación para la cual el progreso electoral y burocrático era un fin en sí mismo. A los socialistas se les planteaba un dilema más difícil que a sus aliados. Los radicales podían concentrarse en la administración pragmática con menos escrúpulos ideológicos y menos erosión de su base social, embotando las iniciativas de los socialistas en el brazo ejecutivo y ofreciendo más que ellos en la búsqueda de la lealtad de la clase media. A la inversa, los comunistas podían dedicarse a captar a la clase trabajadora con menos responsabilidad por una mediocre ejecutoria administrativa. No es extraño, pues, que el PS nunca resolviera la paradoja que representaba conducir a las masas hacia el socialismo por medio del estado democrático burgués sin sucumbir ante la resistencia de los reaccionarios ni encallarse en el punto intermedio del reformismo incremental.

A principios de 1941 los socialistas se retiraron de la coalición de partidos que formaban el frente popular, aunque permanecieron en el gabinete de Aguirre Cerda. Destruyeron la coalición original no tanto porque estuvieran descontentos con la escasez de reformas sociales introducidas por los radicales, sino, en gran parte, a causa de la discordia con los comunistas. A los socialistas les molestaba la competencia que les hacían los comunistas en relación con los sindicatos y se oponían al pacto entre Stalin y Hitler. En su postura cada vez más negativa ante el PCCh se reflejaba una actitud correspondientemente positiva ante los Estados Unidos. Este acercamiento era fruto de la animosidad que el fascismo despertaba en los socialistas, de su participación en el gobierno nacional, del deseo de industrialización y de la búsqueda de mejores relaciones económicas con los Estados Unidos bajo los rigores propios de una época de guerra. Muchos líderes socialistas se percataron de las pocas opciones que se ofrecían a los dirigentes en una economía muy dependiente y su deseo de obtener créditos del Export-Import Bank fue mayor que el de nacionalizar empresas extranjeras o insistir en las exigencias de los trabajadores. Cuando regañaron a los comunistas por obstruir la cooperación con los Estados Unidos, asociarse con los fascistas en el exterior y fomentar la agitación laboral en el interior, el PCCh respondió acusándoles de venderse al imperialismo norteamericano. Al verse incapaces de convencer a los radicales para que rompieran con los comunistas, el PS y una mayoría de la CTCh abandonaron el frente popular y se presentaron en calidad de independientes en la carrera de 1941 hacia el Congreso.

Aunque Aguirre Cerda reunió un loable historial de reformas en comparación con Administraciones anteriores, sus logros no llegaron, ni mucho menos, a cumplir las promesas que hiciera en campaña. El frente popular —especialmente los marxistas— decidió al fin llevar a cabo su programa rompiendo el control de los conservadores en el Congreso en las elecciones de 1941, en la mitad del mandato. Temiendo grandes pérdidas y con la esperanza de restringir la movilización izquierdista por otros medios, los conservadores y los liberales amenazaron con abstenerse y perjudicar así la legitimidad de los comicios. Para garantizar la participación de las derechas, el gobierno Aguirre Cerda limitó temporalmente las actividades políticas y las huelgas de los sindicatos, tapó la boca a la prensa izquierdista, prohibió las milicias marxistas y sacó las fuerzas armadas a la calle para que impidiesen la intimidación, la violencia o la corrupción en las elecciones. Mientras los partidos originales del frente popular se hacían con el control de ambas cámaras del Congreso con el 59 por ciento de los votos, tanto los radicales como los socialistas obtenían más del 20 por ciento mientras los comunistas veían crecer significativamente sus votos del 4 por ciento en 1937 a casi el 12 por ciento. Los conservadores y los liberales juntos representaban ahora sólo el 31 por ciento. Lo más espectacular fueron los avances del frente popular en las zonas rurales, lo cual demostraba que los temores de la derecha ante el activismo marxista en dichas zonas, así como al desplazamiento del electorado hacia la izquierda, habían estado bien fundados.

Incluso después de las victorias del frente popular en las elecciones para el Congreso, las restricciones económicas propias de la guerra siguieron desaconsejando que se llevaran a cabo reformas importantes. Los deseos marxistas de un amplio consenso contra el fascismo también favorecieron las fórmulas conciliatorias en lugar de las conquistas. Más importante fue que Aguirre Cerda murió de tuberculosis en noviembre de 1941, nueve meses después de las elecciones, tras comentar en una de sus últimas reuniones del gabinete:

Prometimos al pueblo que lo sacaríamos de la miseria, que elevaríamos su nivel social, económico y moral. Aparte de la actuación inteligente y constructiva de algunos de mis ministros, hemos perdido el tiempo aquí con largos debates y discusiones, sin llegar jamás a soluciones prácticas y efectivas para los grandes problemas. Siento en el alma un profundo pesar, porque imagino que el pueblo, al que tanto amo, podría pensar que le he engañado[10].

LA CONTINUACIÓN DEL GOBIERNO RADICAL, 1942-1952

Aunque en ese momento no se basaba en una alianza oficial entre los partidos reformistas, la política del frente popular duró un decenio más, de modo oficioso, después de la muerte de Aguirre Cerda. El Partido Radical propuso a Juan Antonio Ríos Morales, hombre de negocios identificado con la derecha anticomunista del partido, como sucesor de Aguirre Cerda sin construir ni consultar con ninguna coalición de múltiples partidos. No obstante, para evitar la vuelta de la derecha detrás del irreprimible Ibáñez, los comunistas, los socialistas, miembros de la CTCh, los demócratas, los falangistas y hasta algunos liberales renegados, entre ellos Alessandri, dieron su apoyo a Ríos, cuya Alianza Democrática (AD) obtuvo el 56 por ciento de los votos en las elecciones extraordinarias de 1942.

Ríos dedicó su gobierno a la unidad nacional, la estabilidad social y el crecimiento económico. Al igual que el difunto presidente, concedió gran importancia a la industrialización, pero se mostró menos preocupado por el bienestar social y las reformas para los trabajadores urbanos. Mientras que el lema de su predecesor había sido «Gobernar es educar», Ríos proclamaba que «Gobernar es producir».

Respondiendo a las escaseces ocasionadas por la guerra, especialmente la de bienes de capital (las importaciones totales disminuyeron hasta quedar en el 13 por ciento de la renta nacional), Ríos dio prioridad al mantenimiento de la productividad económica. El índice general de producción subió de una base de 100 en 1938 a 108 en 1942 y 112 en 1945, a la vez que la industria pasaba de un índice de 112 en 1942 a 130 en 1945. De 1940 a 1945 la producción industrial aumentó en más del 9 por ciento anual. Las clases alta y media constituían los principales beneficiarios de la política de Ríos, ya que el coste de la vida galopaba muy por delante de los salarios de los trabajadores. Entre 1942 y 1945 el índice general de precios subió aproximadamente tres veces lo que había subido entre 1938 y 1941. Durante el período 19401945 la renta nacional monetaria subió en un 120 por ciento mientras que la renta nacional real sólo aumentaba en un 8 por ciento.

Tal como habían exigido los socialistas y los comunistas, Chile rompió finalmente las relaciones con las potencias del Eje en enero de 1943. Después del ataque contra Pearl Harbor, Chile había titubeado en respaldar decididamente a los aliados porque los Estados Unidos no podían garantizarle la seguridad contra un ataque japonés. Al mismo tiempo, Alessandri y muchos otros derechistas habían conseguido que Chile mantuviera su postura neutral. Sin embargo, las presiones y los incentivos de los Estados Unidos, así como el mar de fondo de la opinión pública nacional contra el Eje, vencieron finalmente la tradicional resistencia de Chile a verse envuelto en conflictos fuera de América del Sur. Incluso después de la ruptura de relaciones, Chile nunca se dio por satisfecho con la cantidad de ayuda y de material militar que recibía al amparo de la ley de préstamos y arriendos, y tampoco satisficieron a los Estados Unidos las medidas que tomó Chile contra los agentes y las empresas del Eje que actuaban en el país. No obstante, Chile subvencionó la causa aliada al aceptar un precio artificialmente bajo para sus exportaciones de cobre a los Estados Unidos al tiempo que pagaba precios cada vez más altos por lo que importaba. La guerra hizo subir gradualmente las exportaciones de minerales chilenos y la acumulación de divisas, mientras el comercio, los créditos y los asesores norteamericanos facilitaban el apoyo del estado a las empresas capitalistas. Por ejemplo, los Estados Unidos concedieron empréstitos para proyectos de la CORFO relacionados con el acero, el petróleo y la pesca. De modo parecido a la que siguiera Ibáñez en los años veinte, la política básica de Ríos consistía en desarrollar la economía chilena mediante la alineación externa con los Estados Unidos.

En los gabinetes de Ríos durante la guerra había socialistas, demócratas, radicales y liberales (incluso el presidente de la SNA). El desánimo que causaba el hecho de compartir la responsabilidad de una Administración cada vez más conservadora incrementó la ruptura interna del PS, a la vez que el PCCh volvía a abstenerse de ocupar puestos en el gabinete y continuaba su expansión en los sindicatos. Sin embargo, bajo la bandera de la unidad antifascista ambos partidos marxistas renunciaron a las huelgas y refrenaron las exigencias de los trabajadores. Incluso teniendo una mayoría en el Congreso de 1941 a 1945, los partidos originales del frente popular aprobaron una parte muy pequeña de la legislación social que desde hacía tiempo venían prometiendo a los trabajadores urbanos y rurales.

La disminución del entusiasmo reformista de la coalición gobernante coincidió con el descenso de su apoyo electoral. Entre las elecciones para el Congreso de 1941 y 1945 los votos favorables a los radicales disminuyeron del 21 al 20 por ciento mientras los socialistas, cada vez más desanimados y divididos, veían como su parte quedaba reducida del 21 al 13 por ciento, al tiempo que la de los comunistas descendía del 12 al 10 por ciento. Mientras tanto los votos conjuntos obtenidos por los conservadores y los liberales aumentaban del 31 al 44 por ciento, lo cual demostraba la capacidad de resistencia de los partidos tradicionales.

Debido a la mala salud de Ríos, otro radical de derechas, Alfredo Duhalde Vázquez, se hizo cargo provisionalmente de la jefatura del ejecutivo a finales de 1945. Duhalde reaccionó de forma exagerada a las huelgas fomentadas por los comunistas en las minas de nitrato y de carbón, apoyadas por concentraciones de solidaridad en Santiago. El empleo de tropas contra los huelguistas y los manifestantes causó derramamiento de sangre, oposición general a su vacilante gobierno y batallas insólitamente encarnizadas entre los sindicatos socialistas y comunistas.

Los mismos partidos marxistas que habían forjado la unidad de los trabajadores en 1936 la demolieron en 1946, cuando el fin de la segunda guerra mundial y el comienzo de la guerra fría desataron las hostilidades que hasta entonces habían permanecido reprimidas. Los comunistas se hallaban ahora en mayoría en la CTCh y ya no estaban dispuestos a obedecer a un secretario general socialista. Al apoderarse el PCCh del control de la mayor parte de la confederación, el PS se separó con sus seguidores, por lo que el trabajo organizado, que seguía dependiendo del liderazgo de los partidos, era más fácil al final que al principio del decenio de 1940.

Tanto Moscú como Washington contribuyeron a esta división. De conformidad con una política más dura dictada por la Unión Soviética, los comunistas trataron de intensificar su dominio de los sindicatos aunque ello escindiera la federación nacional. Pretendieron aplastar a los socialistas y éstos, en justa correspondencia, decidieron expulsar al PCCh del movimiento laboral chileno y latinoamericano. Después de acercarse más a los Estados Unidos durante la guerra, el PS se alineó ahora con la AFL-CIO[*] y su cruzada internacional contra el comunismo. Incluso con el apoyo del gobierno norteamericano y de funcionarios laborales de la misma nacionalidad, durante el resto de los años cuarenta, la rama socialista de la CTCh, que era más pequeña, perdió terreno ante los comunistas. El PS retuvo la mayor fuerza entre los trabajadores del cobre, los transportes públicos, los ferrocarriles, los textiles y la industria química, a la vez que el PCCh dominaba los sindicatos del nitrato, el carbón, la construcción, los trabajadores portuarios, las panaderías y otras industrias.

Las elecciones extraordinarias que se celebraron en 1946 para substituir a Ríos en la presidencia demostraron la metamorfosis política que se había producido entre los años treinta y los cuarenta, pues las luchas ideológicas y sociales se habían visto substituidas por las maniobras oportunistas en busca de ventajas para los partidos. Un radical de izquierdas al que desde hacía tiempo se consideraba un agitador y amigo del PCCh, Gabriel González Videla, resucitó, es cierto, en el ambiente optimista de la posguerra, las promesas y las expectativas reformistas de 1938. Los comunistas se unieron con entusiasmo a su campaña, y la mayoría de los socialistas, aunque apoyaban oficialmente a su secretario general, Bernardo Ibáñez Aguila, que quería impedir una alianza oficial con su rival, el PCCh, también acabaron votando a González Videla. Los conservadores contestaron con el representante socialcristiano Eduardo Cruz-Coke, respaldado por la reformista Falange, a la vez que los liberales trataron de sacar provecho del apellido de la familia política más duradera de Chile y presentaron a Femando Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo.

Sin embargo, el malestar político no se reflejaba sólo en la fragmentación de los partidos y la escasez de nuevas opciones, sino también en la reducida participación en los comicios. Mientras que el 88 por ciento de los votantes inscritos acudieron a las urnas en 1938 y el 80 por ciento en 1942, sólo el 76 por ciento se tomó la molestia de hacer lo propio en 1946. La pérdida de atractivo de la política del frente popular también quedó en evidencia cuando González Videla a duras penas consiguió una mayoría del 40 por ciento sobre Cruz-Coke (30 por ciento), Alessandri (27 por ciento) e Ibáñez (3 por ciento). Si los conservadores, los liberales y la Falange hubieran presentado un único candidato, probablemente la derecha hubiese ganado. Al igual que en 1938, el candidato de la izquierda tuvo que andar en la cuerda floja durante los días que mediaron entre las votaciones y la toma de posesión. González Videla se aseguró la certificación del Congreso otorgando a los liberales, que probablemente eran grandes terratenientes, igual que los conservadores, nuevas restricciones legales relativas a la sindicación de campesinos, las cuales duraron hasta 1967. También formó la Administración más rara de la historia de Chile, colocando a liberales al lado de comunistas y radicales en el gabinete.

Debido a estas combinaciones políticas, González Videla archivó la promesa que hiciera durante la campaña, la de transformar Chile de «democracia política» en «democracia económica». En vez de ello, fomentó la industrialización, la modernización tecnológica en la agricultura y mejoró los transportes, todo ello por medio de una mayor intervención del estado y la expansión del sector público. La parte correspondiente al gobierno de la renta y los gastos nacionales creció todavía más bajo González Videla de lo que había crecido bajo Aguirre Cerda y bajo Ríos, y subió del 16 por ciento del PIB en 1945 al 18 por ciento en 1950. No obstante, el ritmo de la expansión industrial se hizo más lento, y las tasas de crecimiento general de la producción real y de la renta per cápita real se situaron a niveles inferiores a los existentes durante la guerra. De una base de 100 en 1938, el índice general de precios ascendió hasta 238 en 1946 y luego se aceleró hasta alcanzar 417 en 1949, lo cual intensificó el alejamiento de la renta nacional real respecto de los asalariados. Esta inflación se vio alimentada por una producción agrícola insuficiente, así como por el gasto deficitario del gobierno para los manufactureros y la clase media.

Los lazos económicos con los Estados Unidos se hicieron más fuertes cuando la productividad en el sector minero y los precios de los minerales, especialmente el cuprífero, alcanzaban nuevas alturas. Los ingresos totales obtenidos de la exportación subieron de 329 millones de dólares norteamericanos en 1938 a 406 millones en 1945 y 547 millones en 1952, a la vez que el total de gastos de importación pasaba de 240 millones de dólares norteamericanos a 187 millones y 430 millones. El comercio exterior de Chile casi se había recuperado de los efectos de la depresión a finales de la era radical. Las inversiones extranjeras —cerca del 70 por ciento procedentes de los Estados Unidos— también se incrementaron durante el período de posguerra, subiendo de 847 millones de dólares norteamericanos en 1945 a 1.025 millones en 1952; los empréstitos extranjeros a la CORFO continuaron fomentando la industrialización.

La creciente dependencia chilena de los Estados Unidos —que ahora presionaban a América Latina para que tomara parte en una guerra fría a escala planetaria— contribuyó a que González Videla se volviese contra sus aliados comunistas y del mundo laboral. Este alejamiento respecto de la izquierda también reflejó el creciente conservadurismo de la clase media y el Partido Radical. Los sectores medios mostraban una preferencia creciente por utilizar el estado burocrático en vez de las coaliciones multiclasistas y la cooperación con el trabajo para velar por sus intereses y protegerse de la inflación. Muchos miembros de los estratos medios —especialmente en los niveles más ricos y profesionales— llegaron a considerar más favorablemente la cooperación con las élites tradicionales, la derecha y los Estados Unidos.

Los gobiernos radicales del decenio de 1940, en especial la Administración González Videla, continuaron beneficiando a la clase media mucho más que a los trabajadores. Aunque las cifras exactas varían, las mejores estimaciones correspondientes a la era radical están de acuerdo en que la distribución de la renta fue cada vez más regresiva. Según una de ellas, la renta nacional real aumentó alrededor del 40 por ciento de 1940 a 1953, mientras la renta real de la clase alta subía un 60 por ciento; la de la clase media, un 46 por ciento; y la de los trabajadores, sólo un 7 por ciento. Otra estimación correspondiente al período comprendido entre 1940 y 1957 llegaba a la conclusión de que la renta per cápita de la clase alta aumentó entre doce y catorce veces más que la de los trabajadores, y que la renta per cápita de la clase media subió de cuatro a cinco veces más que la de los trabajadores. El propio Partido Radical calculó que el jornal medio de un trabajador de fábrica daba para comprar 9 kilos de pan en 1938 y 11 kilos en 1950, mientras que el sueldo mensual medio de un empleado permitía comprar 292 kilos en 1938 y 633 en 1950. En efecto, los salarios reales medios de los trabajadores industriales, medidos en pesos de 1950, sólo mejoraron ligeramente entre la primera guerra mundial y el decenio de 1960: 30,4 escudos en 1914-1916; 26,9 en 1938-1940; 32,3 en 1951-1953; y 34,0 en 19601961. A pesar de unos avances mínimos, a los trabajadores de las fábricas y las minas les iba mucho mejor que a sus colegas de los servicios o la agricultura, cuyos salarios descendieron mucho después de la segunda guerra mundial. Los salarios reales medios por año en pesos de 1940 subieron de 4.451 pesos en 1940 a 6.304 en 1952 en la industria, y de 9.024 a 10.499 en la minería, mientras que los correspondientes a los servicios bajaban de 3.489 a 2.613 y los de la agricultura, de 3.422 a 2.824, lo cual significaba que la media total de incremento salarial por trabajador era una triste subida de 4.353 pesos en 1940 a 4.361 en 1952. Durante el mismo período el salario medio para los empleados aumentó de 1 LO 11 pesos a 16.811. A finales del decenio de 1940 aproximadamente el 70 por ciento de la población activa aún cobraba menos de la renta mínima que el gobierno consideraba necesaria para sobrevivir[11].

Con el fin de continuar subvencionando a la clase media y a la muy costosa industria, González Videla apretó los tomillos a las crecientes protestas de los partidos marxistas y el trabajo organizado en la posguerra. Durante sus primeros meses en la Administración los comunistas hicieron rápidos progresos en el campo laboral, se pusieron a la vanguardia de las exigencias de los sindicatos y reanudaron la organización de los campesinos. También obtuvieron el 17 por ciento de los votos en las elecciones municipales de 1947, en comparación con el 10 por ciento en las elecciones para el Congreso de 1945. También cabe señalar que la cifra de 1947 representó el triple del número de votos conseguido en las elecciones municipales de 1944. Los grupos políticos y económicos de signo conservador llegaron entonces a la culminación de su incesante campaña destinada a persuadir a los radicales de librarse de sus socios marxistas. Cada uno de los gobiernos de los años cuarenta se había inclinado más hacia la derecha que el anterior. Finalmente los radicales cedieron por completo ante las presiones derechistas porque estaban perdiendo votos mientras el PCCh los ganaba y porque querían adelantarse a cualquier complot militar contra el gobierno expulsando a los comunistas. Por otra parte, años de participación del estado en el crecimiento del sector moderno habían tejido una red de intereses comunes entre propietarios ricos y líderes radicales, muchos de los cuales siempre habían visto con inquietud la colaboración con los comunistas. Se tomó la decisión de declara al PCCh fuera de la ley y sofocar las exigencias de los trabajadores urbanos y rurales en un período de incertidumbre económica. En particular durante la recesión de 1947, el gobierno encontró atractiva la idea de frenar las injerencias de los trabajadores en una política de industrialización que dependía de la cooperación norteamericana. También permitía al gobierno controlar las presiones inflacionarias a expensas de los trabajadores.

En abril de 1947 los comunistas fueron expulsados del gabinete y la ruptura definitiva entre González Videla y los comunistas se produjo en agosto. Los comunistas se desquitaron organizaron protestas y huelgas, especialmente en las minas de carbón, a lo cual respondió el gobierno con despliegues de tropas. Cuando grupos derechistas, en especial la paramilitar Acción Chilena Anticomunista, pidieron que se tomaran medidas más severas, González Videla, en abril de 1948, prohibió el PCCh al amparo de la Ley para la Defensa de la Democracia, que acababa de promulgarse, luego cortó las relaciones con la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Si bien González Videla se volvió contra el Partido Comunista debido principalmente a consideraciones políticas y económicas de carácter nacional, las presiones ideológicas propias de la guerra fría y los incentivos económicos de los Estados Unidos contribuyeron significativamente a que tomara tal decisión. Después de que el Partido Comunista fuera declarado ilegal, el gobierno norteamericano, agradecido, aumentó sus empréstitos, sus inversiones y sus misiones técnicas y firmó también un pacto de ayuda militar con Chile.

Mientras los comunistas se refugiaban en la clandestinidad —donde actuarían durante un decenio— los escindidos socialistas continuaban experimentando dificultades, tratando de encontrar nuevos líderes, estrategias y popularidad bajo la dirección del nuevo secretario general, Raúl Ampuero Díaz, que reavivó el compromiso ideológico del partido con el marxismo revolucionario. Sin embargo, en las elecciones para el Congreso celebradas en 1949, en las cuales las mujeres votaron por primera vez, la combinación de fracciones del PS obtuvo sólo el 9 por ciento de los votos; los radicales cosecharon el 28 por ciento y la derecha, el 42 por ciento. Los restantes votos fueron a parar a multitud de partidos de menor importancia.

Al finalizar la era radical, la mayoría de los chilenos estaban desencantados con la política del frente popular. Las contradicciones de los años cuarenta habían alcanzado el punto máximo con la Administración González Videla, en la que un presidente que prometía elevar a los trabajadores y alcanzar la «independencia económica» había terminado reprimiendo a los trabajadores y abrazando a los Estados Unidos. Desilusionados con los gastados programas y consignas de los partidos, los chilenos andaban buscando a tientas nuevas opciones políticas en los comienzos del decenio de 1950.

Las estrategias de desarrollo populistas habían resultado sostenibles durante los años treinta y cuarenta. La industrialización destinada a substituir las importaciones satisfacía a los industriales con medidas proteccionistas y créditos. Aun resultando perjudicados, los agricultores vieron con buenos ojos la expansión de los mercados urbanos, los impuestos bajos y el control de la mano de obra rural. La clase media y las fuerzas armadas apreciaron el crecimiento del estado y el nacionalismo moderado, a la vez que los trabajadores urbanos especializados y organizados recibieron beneficios de consumo, bienestar y sindicación superiores a los que se daban a otros grupos de clase baja. Estas asignaciones aplazaron las disputas por los recursos limitados e hicieron que durante un tiempo la derecha y la izquierda estuvieran dispuestas a buscar fórmulas conciliatorias. La institucionalización y el acomodamiento políticos continuaron aventajando a la movilización y la polarización debido a que los pobres no organizados de las ciudades y especialmente del campo permanecieron excluidos de forma efectiva. Ninguno de los gobiernos reformistas de coalición lanzó jamás un ataque contra los privilegios fundamentales de los oligopolistas nacionales o extranjeros, al tiempo que se dejaron intactos serios obstáculos para el desarrollo posterior. Aunque funcionara por medio de distintivos mecanismos de partido, la política chilena produjo pocos cambios económicos o sociales que se apartaran de las pautas generales de América Latina. Sin embargo, en el crepúsculo de la era radical las estrategias de desarrollo populistas y la política del frente popular perdieron su dinamismo. La derecha llegó a verlas como algo que obstaculizaba el crecimiento económico no inflacionario, y la izquierda, como algo que se desviaba de cambios estructurales esenciales.

EL RETORNO DE IBÁÑEZ, 1952-1958

En el decenio de 1950 se estaban trazando nuevas líneas para el combate entre opciones ideológicas y sociales aparentemente incompatibles. En la izquierda, los resurgentes marxistas presentaban proyectos más radicales para la construcción del socialismo y desdeñaban las alianzas con partidos centristas. Democristianos igualmente entusiastas desplazaban a los radicales en el centro y ofrecían propuestas de reformas «comunitarias» que bisecaban los polos del comunismo y el capitalismo. Y la derecha cerraba poco a poco filas en defensa de visiones neocapitalistas y semi-corporativas de la reconstrucción. Las tres opciones utilizaron el paréntesis de la presidencia personalista de Carlos Ibáñez (1952-1958) para delimitar en firme posiciones nuevas para los futuros combates electorales, los cuales darían la victoria a la derecha en 1958, al centro en 1964 y a la izquierda en 1970, tras lo cual los militares echarían a un lado toda competición democrática. Así pues, la segunda presidencia de Ibáñez fue la última boqueada de la política del pasado y el semillero de la política del futuro.

Las nuevas direcciones que tomaron los partidos en el decenio de 1950 correspondían a cambios significativos en el terreno económico, social y político. Bajo Ibáñez se hizo evidente que la industrialización substitutiva de las importaciones tenía dificultades para ir más allá de la etapa de substituir artículos de consumo ligeros procedentes del extranjero o para proporcionar el empleo, la productividad y la independencia nacional que se esperaban de ella. Al aumentar el crecimiento de la población y de las ciudades, los chilenos que emigraban del campo a la ciudad, los trabajadores agrícolas y las mujeres pasaron a ser fuerzas sociales y políticas de mayor importancia. El electorado que hasta entonces era reducido experimentó una expansión enorme, principalmente porque la concesión del derecho de votar a las mujeres insufló nueva vida en los partidos derechistas y centristas. El porcentaje de la población inscrita para votar en las elecciones presidenciales aumentó de aproximadamente el 10 por ciento en los años treinta y cuarenta al 18 por ciento en 1952 y al 21 por ciento en 1958. Este incremento fue también fruto de la mejora de la alfabetización y de las reformas electorales de 1958, que introdujeron el voto secreto oficial además de fuertes multas para la abstención o el fraude. Al igual que en otras partes de América Latina, la creciente e intensamente politizada competencia por recursos insuficientes redujo la probabilidad de que se formaran amplias coaliciones populistas, sobrecargó las delicadas instituciones políticas y, al parecer, empujó a Chile hacia un «juego de pérdidas más ganancias igual a cero». Como hicieran antes los radicales, Ibáñez tomó posesión del cargo como reformador que gobernaba con partidos de izquierdas y lo dejó como conservador rodeado de grupos de derechas, después de abandonar su programa destinado a alcanzar el nacionalismo económico y la justicia social. Aunque las crisis que hubo a partir de 1958 fueron inevitables, la falta de atención del presidente Ibáñez a una serie de problemas enconados hizo más difícil atender luego a los que pedían cambios que ya deberían haberse hecho.

En la campaña presidencial de 1952 el veterano Ibáñez se presentó como opción personalista frente a la política de reparto de sinecuras que seguían los partidos existentes. Esgrimiendo el símbolo de una escoba, prometió barrer a los granujas, representar a todos los chilenos por encima de mezquinos partidismos, detener la inflación y defender la soberanía económica. Así, el «General de la Victoria» atrajo a los descontentos de las clases media y trabajadora. Sin embargo, los únicos partidos que le apoyaron con firmeza fueron el minúsculo Partido del Trabajo Agrario y la fracción de los socialistas capitaneada por Ampuero, a la que atraía el modelo peronista de Argentina y albergaba la esperanza de utilizar el atractivo místico y nacionalista de Ibáñez para recuperar las masas para la izquierda. Por impulso propio, el ex dictador recibió apoyo de todos los puntos del espectro político y terminó en el primer puesto con el 47 por ciento de los votos. Su fuente más sorprendente de apoyo electoral fueron los trabajadores rurales y los marxistas, ya que la izquierda ganó adeptos en el campo con sus llamamientos a favor de la reforma agraria.

Detrás de Ibáñez en los comicios quedaron el candidato conservador-liberal Arturo Matte Larraín (28 por ciento), Pedro Enrique Alfonso Barrios por los radicales (20 por ciento) y el socialista disidente Salvador Allende Gossens (5 por ciento), ex ministro de Sanidad bajo Aguirre Cerda. El intento simbólico de Allende desplegó la bandera de la unidad socialista y comunista contra los reformadores centristas que pasaría a ser la estrategia de la izquierda después de que se esfumara el entusiasmo por Ibáñez y se dejara sin efecto la prohibición del Partido Comunista. En vez de coaliciones heterogéneas de las clases media y trabajadora detrás de programas de industrialización, los marxistas empezaron a hacer hincapié en la movilización de los trabajadores urbanos y rurales a favor de exigencias concertadas de cambios sociales y económicos de tipo colectivista.

Impulsó el rejuvenecimiento de la izquierda el hecho de que el presidente Ibáñez no pusiera remedio a la dependencia económica, al estancamiento, a la inflación y a la pobreza de la clase trabajadora. Aunque se las daba de nacionalista económico para no desentonar de la creciente hostilidad pública contra la influencia norteamericana, los principales intentos de Ibáñez fueron dirigidos a liberalizar el comercio y detener la inflación. Ante el descenso de los ingresos producidos por las exportaciones y la subida de los precios interiores, empezó el retomo a la ortodoxia económica que se aceleraría bajo su sucesor, Jorge Alessandri. Intentó reducir la importancia que se concedía a la industria y volver a dar algunos incentivos a la minería y la agricultura. Si bien los precios del cobre subieron brevemente durante la guerra de Corea, después de 1946 la tendencia general de la producción minera y el empleo en la minería fue descendente; la proporción de la fuerza laboral que se dedicaba a la minería bajó del 6 por ciento en 1940 al 4 por ciento en 1960. En el decenio de 1950 las importaciones crecieron más rápidamente que las exportaciones, lo cual preparó el camino para futuros déficits y endeudamientos. Ibáñez trató de resucitar las minas anulando las medidas discriminatorias que el gobierno había impuesto durante los quince años anteriores y haciendo un «nuevo pacto» con las compañías del cobre en 1955 que rebajó las tasas impositivas que se aplicaban a las empresas estadounidenses, con lo cual pretendía estimular las inversiones y las ventas. Sin embargo, durante el resto del decenio las exportaciones de cobre sólo aumentaron ligeramente, hubo pocas inversiones nuevas y el principal resultado fue el aumento de los beneficios de la Anaconda y la Kennecott, compañías del cobre norteamericanas. Ibáñez hizo intentos parecidos de revitalizar la industria del nitrato. La continuación de la severa dependencia del sector minero también se vio subrayada por la fricción con los Estados Unidos a causa de posibles aranceles aplicables al cobre y por el hecho de que en 1958 cada descenso de un centavo en el precio mundial del cobre reducía en unos 7 millones de dólares norteamericanos las ganancias que Chile obtenía en el exterior.

La agricultura también permanecía estancada. La productividad por trabajador disminuyó un 20 por ciento bajo Ibáñez y la agricultura llegó a representar apenas el 12 por ciento del PIB. La diferencia consiguiente entre la oferta y la demanda hizo subir las importaciones de alimentos y sus precios. La proporción de la población activa que se dedicaba a la agricultura descendió del 37 por ciento en 1940 al 31 por ciento en 1960, año en que los trabajadores agrícolas percibían sólo el 11 por ciento de los salarios totales que se pagaban en Chile. Después de disminuir en un 18 por ciento entre 1940 y 1952, los salarios reales de los trabajadores agrícolas bajaron otro 38 por ciento entre 1953 y 1960. Muchos de los trabajadores que se habían librado finalmente del dominio de los terratenientes y habían votado a Ibáñez en 1952 en lo sucesivo votarían a los marxistas o a los democristianos, que prometían reformar la propiedad rural y las relaciones de poder.

La mezcla de estancamiento e inflación también afligió a la industria. Mientras que la producción industrial por habitante había aumentado un 6 por ciento anual durante el período 1946-1952, subió en menos del 1 por ciento anual durante 19531959. La industrialización substitutiva de las importaciones se estancó al ofrecer Ibáñez menos apoyo a los manufactureros en sus esfuerzos por ir más allá de la substitución de artículos ligeros para el consumo. Cuando este sector dinámico de la economía perdió ímpetu, los chilenos se dieron cuenta de que no les había traído ni la prometida prosperidad ni la independencia económica, especialmente si se tenía en cuenta que los manufactureros dependían en gran medida de la importación de materias primas, maquinaria, tecnología y capital. La substitución de las importaciones tampoco había servido para absorber la creciente fuerza laboral: el empleo industrial sólo ascendió del 17 por ciento de la población activa en 1940 al 18 por ciento en 1960. Por consiguiente, muchos intelectuales chilenos empezaron a abogar por la nacionalización y la redistribución —para transformar las pautas de propiedad y renta—, en vez de abogar meramente por la subvención de las manufacturas nacionales. Estos críticos señalaron que la renta per cápita había crecido sólo en un 1,4 por ciento anual durante el período 1940-1960 y que la diferencia que separaba a Chile de las potencias industriales no se estaba reduciendo. La renta per cápita chilena en 1954 seguía siendo de menos de 150 dólares norteamericanos en comparación con los casi 2.000 que dicha renta alcanzaba en los Estados Unidos. También criticaron el apoyo que se prestaba a la industria de elevado coste donde predominaba el oligopolio, puesto que, según decían, contribuía a la inflación.

Una razón clave de la desaceleración industrial que se produjo bajo Ibáñez fue, de hecho, el ataque contra la inflación. Basándose en las recomendaciones de la misión norteamericana Klein-Saks, la Administración restringió el gasto público, el crédito y las emisiones de dinero e impuso límites superiores a los precios, los sueldos y los salarios. También levantó algunos de los controles relativos a las divisas extranjeras y el comercio exterior. Estas medidas drásticas redujeron el incremento del coste de la vida del 88 por ciento en 1955 al 38 por ciento en 1956. También provocaron la peor recesión habida desde la depresión y convencieron a muchos economistas chilenos de que la inflación era una concomitante necesaria del crecimiento y de que las medidas de estabilización ortodoxas eran perjudiciales para el desarrollo nacional. Esta polémica recalentó el debate entre los «estructuralistas», que decían que la culpa de la inflación endémica se debía principalmente a la dependencia del comercio exterior, a los arcaicos modos de producción (especialmente en la agricultura) y a las luchas políticas en torno a la largueza del gobierno entre intereses creados «atrincherados», y los «monetaristas» que atribuían la subida de los precios principalmente a causas financieras clásicas tales como la expansión monetaria y el gasto deficitario. Mientras que los primeros, que ejercían mayor influencia entre los democristianos y los marxistas, abogaban por la transformación de las estructuras económicas atrasadas con preferencia a apretarse el cinturón, los segundos, que tenían más influencia en Ibáñez y la derecha, sostenían el argumento de que sería necesario retrasar y distorsionar el desarrollo hasta que quedasen saneadas las prácticas financieras y se detuvieran los incrementos monetario y de salarios y precios. Si bien la tasa de inflación bajó hasta el 17 por ciento en 1957, volvió a subir hasta situarse en el 33 por ciento en 1958, al tiempo que el crecimiento económico y la renta per cápita continuaban flojeando. Mientras se debatía si la estabilidad y el crecimiento eran compatibles o no, Chile no disfrutaba de ninguna de las dos cosas.

El fracaso clamoroso de las medidas económicas de Ibáñez hizo que el descontento y las fricciones sociales fuesen en aumento. Según una estimación relativa a los años comprendidos entre 1953 y 1959, la desaceleración del crecimiento económico hizo que la parte de la renta nacional correspondiente a los trabajadores bajase del 30 al 26 por ciento y la de los estratos medios, del 26 al 25 por ciento, mientras que la de los dueños de propiedades, los financieros y los altos ejecutivos subía del 44 al 49 por ciento. Respondiendo a la contracción de su poder adquisitivo y al aumento del paro (que saltó del 4 al 10 por ciento en Santiago durante el período 1952-1958), los trabajadores expresaron su descontento por medio de las urnas, manifestaciones y agitación. Protestando principalmente por el creciente abismo que separaba las rentas de los trabajadores y el coste de la vida, las huelgas aumentaron de una media de 85 por año en el período 1939-1946 a 136 por año en 1946-1952 y 205 por año en tiempos de Ibáñez. Si bien todavía estaba concentrado en las ciudades y las minas este activismo laboral penetró de forma creciente en el campo. Al mismo tiempo proliferaron los barrios pobres de ocupantes ilegales a medida que mucha gente emigraba del campo a la ciudad y llegaba a las zonas metropolitanas, en especial a Santiago, donde presionaba cada vez más pidiendo representación política, empleo y vivienda. La demanda insatisfecha de viviendas, tanto de la clase trabajadora como de la media, empujó a Ibáñez a crear una corporación gubernamental de la vivienda, pero una estimación de 1960 seguía cifrando el déficit de la vivienda en más de 500.000 unidades. Una encuesta razonablemente científica que se hizo entre los habitantes de Santiago en 1957 reveló que la escasez de viviendas y la de dinero eran las principales preocupaciones de dichos habitantes, una mayoría de los cuales tenía la sensación de que su nivel de vida empeoraba y probablemente no mejoraría[12]. Así pues, al dejar Ibáñez la presidencia, se habían acumulado y agravado los males sociales, las desigualdades y las quejas no atendidas que reclamaban la atención de los nuevos participantes en el juego político.

Por supuesto, también se habían registrado grandes progresos en los decenios transcurridos desde la depresión. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer había aumentado de cuarenta y un años en 1932 a cincuenta y siete en 1960, a la vez que el consumo diario per cápita de proteína había subido de sesenta y nueve gramos antes de la segunda guerra mundial a ochenta gramos a finales de los años cincuenta. La alfabetización entre los chilenos de quince o más años de edad había aumentado del 75 por ciento en 1930 al 80 por ciento en 1952 y el 84 por ciento en 1960, y la matriculación escolar, desde los primeros cursos hasta las universidades, había subido de 743.125 en 1940 a 958.958 en 1950 y 1.506.287 en 1960. En el decenio de 1950 los chilenos se enorgullecían con motivo de tener una de las poblaciones mejor educadas y más sanas en uno de los países más democráticos del hemisferio. Sin embargo, también miraban con aprensión a los millones de trabajadores y campesinos a quienes decenios de promesas incumplidas habían dejado atascados en la pobreza. De los arrabales urbanos y de las chabolas rurales salían renovadas e intensificadas presiones que afectaban el orden político heredado. Las decepciones de los años radicales y del retomo de Ibáñez convencieron a muchos chilenos de que se necesitarían remedios más exhaustivos y dramáticos. De resultas de ello, el apoyo electoral se alejó de Ibáñez para acercarse a los democristianos que avanzaban y a los revitalizados marxistas, los cuales ofrecían a las masas conceptos rivales de la reforma.

Dos grupos escindidos del Partido Conservador, la Falange y los socialcristianos, se fundieron para crear el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en 1957. Rezumando juventud y dinamismo, atrajeron a nuevos seguidores con su forma innovadora de unir elementos del catolicismo a elementos reformistas. Vigorizados por el magnetismo personal de Eduardo Frei, los democristianos empezaron a desplazar a los radicales como partido centrista dominante. Su ascensión reflejó el cambio de los contornos de la sociedad chilena a medida que fueron conquistando más clientela significativa entre la clase media, los ocupantes ilegales de las ciudades, los trabajadores rurales y las mujeres.

Los marxistas tuvieron más éxito, al igual que en los años treinta, con un movimiento sindical nacional unificado. Inspirados por los estragos de la inflación, los principales sindicatos de trabajadores substituyeron a la difunta CTCh por la Central Única de Trabajadores Chilenos (CUTCh) en 1953. Dentro de este conglomerado de sindicatos de empleados y de trabajadores, marxistas y no marxistas, los socialistas y especialmente los comunistas se hicieron rápidamente con el mando, apoyándose sobre todo en el respaldo duradero que tenían de los antiguos sindicatos de la minería, la construcción y las manufacturas. En el período 1956-1957 los socialistas y los comunistas formaron una alianza electoral conocida por el nombre de Frente de Acción Popular (FRAP). Esta táctica nueva nació de la campaña experimental de Allende para la presidencia en 1952 y de la posterior llamada que hicieron los socialistas pidiendo un frente de trabajadores. El FRAP rechazaba las coaliciones dominadas por la clase alta o la clase media, la derecha o el centro, y, en vez de ello, hacía hincapié en una dedicación más intensa a los trabajadores urbanos y rurales y a programas socialistas para la nacionalización y la redistribución radicales.

Las elecciones para el Congreso celebradas en 1957 prepararon el escenario para las presidenciales de 1958. Las diversas facciones socialistas obtuvieron un incremento de sus votos del 10 por ciento en 1953 al 11 por ciento, a la vez que los votos correspondientes a los democristianos saltaban del 3 al 9 por ciento. Con la disminución de la popularidad de Ibáñez, los radicales vieron como su parte de los votos aumentaba del 14 al 22 por ciento; los conservadores, del 10 al 18 por ciento; y los liberales, del 10 al 15 por ciento. Tras la reunificación de los socialistas y la nueva legalización de los comunistas inmediatamente después de las elecciones de 1957, la izquierda, al igual que el centro y la derecha, albergaba grandes expectativas para 1958. Los conservadores y los liberales contaban con la reputación familiar del austero hombre de negocios Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del fallecido Arturo. En el centro, los radicales propusieron a Luis Bossay Leyva, y los democristianos, a Eduardo Frei. El FRAP, apoyado por algunos partidos más pequeños y por ibañistas, hizo campaña a favor de Allende.

Alessandri ganó las elecciones presidenciales de 1958 con el 31,2 por ciento de los votos. Abogando por una intervención del estado más draconiana para reestructurar la economía y la sociedad nacional que cualquier otro candidato importante anterior en la historia de Chile, Allende, que obtuvo el 28,5 por ciento, estuvo en un tris de alcanzar la victoria. Si Antonio Zamorano, ex sacerdote y diputado del FRAP con muchos seguidores entre los pobres, no hubiese obtenido el 3,3 por ciento de los votos, y si no sólo el 22 por ciento de las mujeres, en comparación con el 32 por ciento de los hombres, hubieran votado al FRAP, Allende habría podido ganar con facilidad. Los impresionantes resultados obtenidos por la izquierda, entre los que había importantes incursiones en los distritos rurales, les convencieron de que debían mantener su independencia, a la vez que hicieron que los Estados Unidos se dieran cuenta de la posibilidad de que en América hubiese un presidente marxista elegido democráticamente. Las elecciones de 1958 también establecieron pautas para el futuro al definir más claramente las opciones electorales en tres campos ideológicos principales, al revelar un marcado sesgo clasista detrás de esas tres posiciones y al establecer a los democristianos, cuyo candidato, Frei, cosechó el 20,5 por ciento de los votos, como sucesores de los centristas radicales, que obtuvieron sólo el 15,4 por ciento. Por primera vez desde 1932 fueron los partidos históricos de la derecha los que ocuparon la presidencia. Había terminado la era de la política del frente popular y del populismo. A partir de 1958 Chile fue un laboratorio para los modelos de desarrollo contemporáneos, y a cada uno de los tres campos políticos —la derecha, el centro y la izquierda— le tocó su tumo en el poder hasta que, en 1973, las fuerzas armadas impusieron su propia solución a los problemas económicos, sociales y políticos del país.

Capítulo 6
CHILE, 1958-c. 1990

Desde 1958 han gobernado Chile cuatro Administraciones (tres elegidas, la cuarta y a la vez más larga impuesta por un golpe militar), profundamente distintas en sus ideologías y sus objetivos políticos, su base social y su política económica. El gobierno de Jorge Alessandri, elegido en 1958, era conservador y siguió una política favorable a la clase empresarial. Recibía su apoyo del sector privado de la economía, de los terratenientes (y del considerable número de votos campesinos que éstos seguían controlando), de sectores urbanos pobres a los que todavía no hacían caso los partidos marxistas (socialistas y comunistas) y los democristianos, y de la clase media urbana, desilusionada con los radicales, que habían dominado la vida política desde el frente popular de 1938 hasta la elección de Ibáñez en 1952, y no atraída todavía por los democristianos. Alessandri resultó incapaz de resolver los persistentes y cada vez mayores problemas económicos y sociales de Chile, y en 1964 fue elegido presidente el democristiano Eduardo Frei.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) prometía una «revolución en libertad» y ofrecía la modernización económica unida a la justicia y la reforma sociales y la búsqueda de la armonía entre las clases. Aun cuando el PDC gozaba de un apoyo casi sin precedentes entre el electorado y en el Congreso (aunque sin una mayoría en el Senado), las contradicciones producidas por los intentos de alcanzar todos los objetivos citados, unidas al aumento de los conflictos ideológicos y de las luchas políticas, resultaron demasiado grandes y ni siquiera pudieron resolverlas los tecnócratas capacitados que el gobierno introdujo en el aparato del estado. La amenaza de más reformas y el derrumbamiento electoral de la derecha en 1965 empujaron a los divididos partidos de derechas, los liberales y los conservadores, hacia el nuevo e influyente Partido Nacional. Al mismo tiempo, el aumento de los conflictos sociales y el desafío que representaba el PDC hicieron que los partidos Socialista y Comunista, que con frecuencia discordaban, reforzasen —y ampliasen— su frágil alianza; el Frente de Acción Popular (FRAP) formaba el eje de una nueva coalición de seis partidos de la izquierda, la Unidad Popular (UP). El PDC, atrapado entre la derecha y la izquierda, que ahora eran más fuertes, y debilitado por pequeñas pero perjudiciales deserciones de sus propias filas, ofreció una profunda autocrítica en su programa electoral de 1970 y eligió por candidato al radical Radomiro Tomic, que prometió acelerar las reformas que la saliente Administración del PDC había puesto parcialmente en práctica. El Partido Nacional presentó la candidatura del ex presidente Alessandri con un programa electoral que hacía hincapié en la autoridad, la ley y el orden. Aunque no supo evitar algunas indecorosas disputas en público, la coalición UP escogió al senador Salvador Allende para que hiciera frente a su cuarta campaña presidencial con un programa de profundos cambios económicos, políticos y sociales. Allende fue elegido con un margen de diferencia muy pequeño respecto de Alessandri. Las tareas que aguardaban a Allende eran más formidables que las que habían tenido que afrontar sus predecesores, a la vez que el apoyo con que contaba era mucho menos firme. El gobierno Allende no fue en modo alguno único en lo que se refiere a la incapacidad de resolver los problemas económicos de Chile, especialmente la inflación. Sin embargo, la polarización y los conflictos políticos e ideológicos alcanzaron niveles de intensidad que ningún sistema político constitucional podía superar con fortuna. Las injerencias de los Estados Unidos agravaron los problemas de Allende, y sin duda se cometieron graves errores de liderazgo político. La caída de la democracia tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 con un brutal golpe militar.

Una junta militar en la que pronto asumió el liderazgo el general Augusto Pinochet, el último comandante en jefe de las fuerzas armadas en el gobierno de la UP, combinaba el autoritarismo político con una economía guiada por los preceptos de la escuela monetarista, una vuelta al gobierno de las fuerzas del mercado después de un largo período de dirección estatal de la economía. Al igual que los experimentos anteriores, el de ahora se encontró con los obstáculos que habían atormentado a los gobiernos precedentes: dependencia excesiva de las ganancias obtenidas de las exportaciones de cobre, un nivel demasiado alto de endeudamiento exterior, un nivel excesivamente bajo de inversiones nuevas en actividades productivas y un nivel demasiado bajo de productividad en la agricultura. Es cierto que la economía se recuperó a finales de los años ochenta, gracias a la cuidadosa gestión macroeconómica y a que los precios internacionales eran favorables. Sin embargo, esta recuperación debe verse a la luz de dos severas recesiones, y el coste social fue grande. Ni siquiera la recuperación económica pudo contrarrestar la pérdida de apoyo popular y una oposición cada vez más movilizada y activa. En un plebiscito celebrado en octubre de 1988 solamente el 43 por ciento del electorado votó a favor de que el presidente Pinochet continuase en el cargo durante otros ocho años, mientras que el 55 por ciento votó contra él.

CAMBIO SOCIAL E INESTABILIDAD ECONÓMICA

En 1960 Chile tenía una población de 7,6 millones de personas; en 1983 la cifra había subido hasta 11,7 millones y en 1987, hasta 12,5 millones. La mayor parte de este incremento demográfico la absorbieron las ciudades y la población urbana aumentó del 68 al 82 por ciento. La población de Santiago se dobló entre 1952 y 1970, año en que alcanzó los 2,8 millones de habitantes; en 1983 superaba ya los 4 millones.

La agricultura aportaba el 13,2 por ciento al producto interior bruto (PIB) en 1950; el 10,1 por ciento en 1960; sólo el 7,1 por ciento en 1981; y el 8,6 por ciento en 1986. Mientras que el 25,7 por ciento de la población económicamente activa estaba empleada en la agricultura en 1967, en 1980 esta cifra había descendido hasta quedar en un 16,3 por ciento, aunque subió hasta un 20,6 por ciento en 1987 cuando la expansión de la agricultura de exportación generó más empleo rural[1]. El poder político de los terratenientes tradicionales descendió notablemente cuando el proceso de reforma agraria, empezado con mucha moderación bajo Alessandri, se aceleró con una nueva ley y la legalización de los sindicatos rurales bajo Frei. Se expropiaron virtualmente todas las grandes haciendas bajo el gobierno de la UP. La lucha de los terratenientes por bloquear la reforma y las crecientes exigencias campesinas de redistribución de la tierra transformaron un mundo rural generalmente pacífico en un mundo de agudos conflictos de clase y políticos entre 1967 y 1973.

Aunque la estructura social de Chile se volvió cada vez más urbana, el empleo en las modernas empresas manufactureras generó sólo una proporción relativamente pequeña del empleo total. Las manufacturas, que aportaban el 21,9 por ciento del PIB en 1950, aumentaron su parte hasta el 24,7 por ciento en 1970, pero bajaron hasta el 20,6 por ciento en 1986; y la proporción de la población económicamente activa dedicada a la manufacturación descendió del 18,0 por ciento a mediados de los años sesenta al 16 por ciento en 1980 y al 13,6 por ciento en 1987. Asimismo, la mayoría de los trabajadores no estaban empleados en fábricas grandes. Excluyendo el nutrido sector artesanal, en 1978 el 21,2 por ciento de la fuerza laboral del sector manufacturero estaba empleado en industrias pequeñas (de 10 a 49 trabajadores); el 30,2 por ciento, en industrias medianas (de 50 a 99 trabajadores); y sólo el 48 por ciento en industrias grandes (más de 100 trabajadores)[2]. En 1950 la minería daba empleo al 5,1 por ciento de la fuerza laboral y en 1980, al 3 por ciento; el sector de servicios (incluidos los servicios del gobierno), al 23,8 por ciento en 1960 y al 28,1 por ciento en 1980; y el comercio, al 10,5 por ciento en 1960 y al 14,9 por ciento en 1980[3].

Se ha señalado con frecuencia el tamaño relativamente grande de la clase media chilena; y aunque la expresión «clase media» es muy imprecisa, no carece de sentido. Los empleados, por ejemplo, se consideraban a sí mismos miembros de la clase media y se distinguían de los trabajadores por sus diferentes códigos jurídicos, privilegios especiales y ganancias más elevadas. Este era un grupo numeroso en 1970; representaba el 24 por ciento de la fuerza laboral empleada en la manufacturación, el 49 por ciento del sector de servicios y el 29 por ciento del sector comercial. Sin embargo, una serie mucho más amplia de ocupaciones entraba en la categoría de la clase media: pequeños empresarios, grupos profesionales, maestros, tenderos, administradores, etcétera. Algunos grupos eran poderosos y otros, no; algunos formaban parte del sector estatal y otros trabajaban en empresas privadas. Estos sectores de clase media constituían un segmento muy influyente de la sociedad; la lealtad política de los sectores más católicos se inclinaba hacia el PDC y la derecha, mientras que los elementos más seculares aportaban la base del Partido Radical y eran una importante fuente de apoyo para el Partido Socialista. Otros se sintieron atraídos por la imagen independiente de Alessandri en dos elecciones presidenciales (1958 y 1970). En muchos sentidos, la lucha política clave en Chile era en pos del apoyo de este sector de la sociedad.

Una de las razones de que los partidos políticos proliferasen en Chile era la fragmentación del electorado en diversos grupos sociales. Su percepción de intereses distintos y su creciente capacidad de presentar exigencias organizadas al sistema económico contribuyen a explicar la gran politización de los asuntos económicos y la sensación general de que la economía se hallaba en serios apuros. Sin embargo, no hay que exagerar el deficiente rendimiento de la economía. La tasa general de crecimiento anual per cápita de 1960 a 1970 fue del 2,6 por ciento, y hubo períodos de crecimiento elevado después de entonces a pesar de un descenso de la tasa general. En 1983 el PIB per cápita fue inferior al de 1970. Sólo en 1988 fue superior (en un 10 por ciento).

Las cuatro Administraciones del período posterior a 1958 siguieron una política económica muy distinta para hacer frente a los problemas que volvían a aparecer con monótona regularidad. Cada gobierno trató de poner en práctica un modelo de crecimiento que evitaba el exceso de inflación o de endeudamiento exterior. Nada nuevo había en ello. Chile tiene un largo historial de lo que Aníbal Pinto ha denominado «desarrollo frustrado»[4]. Todos estos gobiernos albergaban la esperanza de aumentar al máximo las ganancias obtenidas de las exportaciones del sector minero básico, pero fueron víctimas de las fluctuaciones de los precios internacionales. Cada gobierno intentó atraer inversiones nuevas hacia el sector manufacturero e incrementar la productividad del descuidado sector agrícola. Cada gobierno tuvo cierto éxito en sus esfuerzos por estabilizar la economía, pero el éxito fue sólo temporal y se obtuvo pagando un elevado precio. La estabilización de los precios que Alessandri logró en 1960-1961 se financió de forma temeraria solicitando empréstitos en el extranjero. El PDC se encontró con que sus reformas sociales intensificaban las demandas y tenían un coste demasiado alto para mantener los primeros logros económicos. El gobierno Allende alcanzó la estabilización y el crecimiento sólo durante un breve período. El éxito limitado del gobierno militar antes de la recuperación sostenida que se registró a partir de 1985, éxito que se reflejó en las altas tasas de crecimiento que hubo entre 1977 y 1980, se basó en empréstitos exteriores en gran escala y en la utilización de la recesión de 1975 como año base para los cálculos.

Nada indica de forma más clara la inestabilidad de la economía chilena que la fluctuante tasa de inflación. En el primer año de Alessandri la tasa fue del 33,1 por ciento; esta cifra quedó reducida al 5,4 y al 9,4 por ciento en los dos años siguientes, pero volvió a acelerarse hasta alcanzar el 45,9 por ciento en 1963. El gobierno Frei la hizo bajar gradualmente hasta sólo el 17,9 por ciento en 1966, pero subió de nuevo hasta el 34,9 por ciento en 1970. Aunque la tasa descendió hasta el 22,1 por ciento en 1971, bajo Allende, en lo sucesivo se aceleró de modo muy acusado y alcanzó el 605,9 por ciento en 1973. Hasta 1977 no alcanzó un porcentaje de menos de tres cifras, el 84,2, y en 1978 fue del 37,2 por ciento[5]. La inflación llegó a un punto bajo del 9,5 por ciento en 1981, subió otra vez hasta el 20,7 por ciento en 1982 y luego descendió hasta el 12,7 por ciento en 1988.

Está claro que la persistencia de la inflación en Chile era mucho más que un fenómeno económico. En 1950 una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló las causas no monetarias de la inflación: «Idealmente podría ponerse fin a la inflación chilena cortando sus fuentes de una en una. Podrían investigarse las inversiones individuales, el presupuesto del gobierno, las transacciones exteriores, las propuestas de incrementos salariales y los aumentos de precios y cortar de raíz todos los planes que no concordasen con un nivel de precios estable. Pero esto es un ideal imposible»[6]. Las razones por las cuales no se tomaron estas decisiones dolorosas en el competitivo mundo político de Chile se analizaron, a la vez que se describía en líneas generales la gravedad del problema, en el discurso de despedida que el presidente Frei pronunció en 1970:

El país está destinado a hacer frente a la inflación, ya sea por consenso, que es el procedimiento democrático, o por coerción: pero un proceso inflacionario como el que Chile ha experimentado en decenios recientes conducirá inevitablemente a una grave crisis social y económica. El problema es más que simplemente técnico. Desde el punto de vista técnico son bien conocidos los procedimientos para contener la inflación. Pero lo que ocurre aquí es que el paciente llama al médico y luego no quiere tomar la medicina. El problema es principalmente político… Todo el mundo quiere que los sacrificios los hagan los demás. Todos los años presenté leyes que nos hubieran permitido controlar la inflación y todos los años fueron rechazadas. Luego las mismas personas que habían rechazado estas leyes y fomentado los conflictos eran las que decían que el gobierno era culpable de la inflación. Es un juego con notas siniestras[7].

Una de las razones de la importancia política de la inflación era el papel central del estado en casi todos los aspectos de la actividad económica. El estado llegó a controlar una parte creciente del PIB en este período, una parte que subió del 38 por ciento bajo Alessandri al 43 por ciento bajo Frei y el 53 por ciento bajo Allende. La parte de las inversiones correspondiente al estado era mayor todavía. Por supuesto, hubo diferencias de intención. Bajo Alessandri la actividad del estado fue dirigida en gran parte a apoyar a las empresas; bajo Frei, se ocupó más activamente de la modernización de la economía; bajo Allende, se dio importancia a la redistribución y la nacionalización; y bajo Pinochet su papel en teoría era el de ser subsidiaria de una economía determinada por las fuerzas del mercado. No obstante, incluso bajo el gobierno militar, una parte considerable de la actividad económica siguió estando controlada por el estado; las ocho empresas principales de Chile en 1980 seguían en manos del estado, aunque se esperaba de ellas que actuaran como empresas privadas, y el gobierno se hizo cargo de gran parte del sistema financiero durante la recesión de 1982-1983.

Sin embargo, la capacidad del estado para controlar la economía tenía sus limitaciones. Un factor obvio que complicaba la planificación económica en Chile era la vulnerabilidad exterior de la economía. Cualquier economía en la cual las importaciones fuesen tan cruciales, y las exportaciones tan inestables, tendería a la inestabilidad a menos que los cambios de los precios internacionales pudieran absorberse en la estructura de precios interiores, pero la falta de recursos suficientes para subvenciones (a la agricultura, por ejemplo) y el carácter oligopólico de gran parte de la economía no permitían semejante flexibilidad en los precios relativos. Entre una cuarta parte y un tercio del total de la recaudación impositiva procedía del sector del cobre y de las importaciones. Después de ser muy inestables en los años cincuenta, los precios del cobre subieron durante todo el decenio de 1960, pero descendieron mucho en 1971-1972. Volvieron a subir brevemente en 19731974, pero luego descendieron mucho hasta que sus valores reales quedaron muy por debajo de los del decenio de 1950. Sólo en los últimos años ochenta subieron considerablemente los precios… que incluso alcanzaron alturas sin precedentes en 1988.

El problema de las fluctuaciones de los ingresos derivados de las exportaciones se resolvió contrayendo una gran deuda exterior, que a su vez pasaría a ser una carga importante para la economía chilena. La deuda exterior creció rápidamente a partir del período Alessandri, sobre todo a causa de los empréstitos exteriores que se pidieron para cubrir el déficit fiscal. La proporción de los ingresos de exportación dedicada al servicio de la deuda exterior ya variaba entre el 40 y el 60 por ciento de dichos ingresos en las postrimerías del decenio de 1960. El nivel de deuda exterior pública y privada subió de 598 millones de dólares norteamericanos en 1960 a 3 mil millones en 1970 y se cree que a 20 mil millones de dólares norteamericanos en 1986. A comienzos del decenio de 1970 se calculaba que el endeudamiento per cápita de Chile era uno de los más altos del mundo. Una serie de canjes de deudas contribuyó a reducir la deuda chilena —lo cual contrastaba claramente con el resto de América Latina—, pero seguía siendo de alrededor de 18,5 mil millones de dólares en 1988.

Chile dependía económicamente de los Estados Unidos y este factor causaría serias dificultades al gobierno Allende. Casi el 40 por ciento de las importaciones chilenas procedían de los Estados Unidos (incluido el 90 por ciento de los pertrechos para la minería del cobre). La mayoría de los créditos exteriores que obtenía Chile eran norteamericanos. Y los Estados Unidos eran el principal acreedor público internacional de Chile, y representaban el 50 por ciento de la deuda chilena en 1970. Los Estados Unidos eran, con mucho, la mayor fuente de inversiones extranjeras en la economía chilena, en gran parte en la minería hasta la «chilenización» de Frei y la nacionalización de Allende y luego, de forma creciente, en otros sectores, aunque no en la escala de México o Brasil. Los Estados Unidos también proporcionaban grandes empréstitos de la AID[*] y abundante ayuda militar.

Aunque la relación económica de Chile con el mundo exterior creó problemas para los dirigentes, otros países tenían parecidas relaciones económicas sin sufrir el mismo grado de inflación persistente y de inestabilidad. Los factores que propagaban la inflación —los desequilibrios de las finanzas públicas, la expansión del crédito bancario, excesivos incrementos salariales, etcétera— reflejaban la economía política de Chile, tanto la nacional como la internacional. Se han utilizado las palabras «anarquía fiscal»[8] para hacer referencia al estado de las finanzas públicas en Chile. Durante todo el período de gobierno civil existió la costumbre generalizada de aprobar presupuestos que pasaban por alto costes importantes previstos al principio del año fiscal. Estos costes, que a menudo eran fruto de la presión ejercida por algún grupo poderoso, se transferían luego mediante la emisión de más dinero y un aumento de la tasa de inflación. Asimismo, el presupuesto fiscal no incluía los organismos autónomos y semiautónomos que enviaban sus presupuestos al Ministerio de Hacienda, que los aprobaba y modificaba sin someterlos a debate en el Congreso. En efecto, estos organismos, que representaban la mitad del total del gasto público, gozaban de libertad para determinar el volumen del déficit que el estado tendría que financiar.

Uno de los principales obstáculos con que chocaba la economía chilena era la insuficiencia de la tasa de formación de capital. La decepcionante tasa de crecimiento de Chile se debía en gran medida a la baja tasa de ahorro, que normalmente era de alrededor del 12 por ciento del PIB cuando otros países latinoamericanos alcanzaban tasas de más del 20 por ciento. Incluso después de la recuperación económica de finales de los años ochenta, los ahorros subieron sólo hasta representar el 17 por ciento del PIB. La mayoría de las inversiones en Chile eran públicas, incluso durante los años de Pinochet. La parte del total de inversiones públicas en la formación de capital interior bruto subió de 46,6 por ciento en 1961 a 74,8 por ciento en 1969, mientras que las inversiones privadas directas crecieron a razón de una tasa acumulativa anual de sólo el 3,2 por ciento. Los tres gobiernos civiles probaron diferentes métodos para estimular las inversiones privadas. Alessandri ofreció beneficios considerables al sector privado, pero la respuesta fue tibia; Frei lo intentó con un plan de ahorro forzoso a partir de las aportaciones de los trabajadores, pero fracasó a causa de la resistencia de los sindicatos, con la ayuda de la oposición de los patronos, de quienes también se esperaba que contribuyeran; y Allende se encontró ante un virtual boicot de las inversiones privadas.

Varios factores explican por qué el sector privado era reacio a invertir. El pequeño volumen del mercado ponía límites a las posibilidades de industrialización en una economía como la de Chile. Los industriales importaban una gran proporción de sus inputs y tenían que hacer frente a problemas relacionados con las variaciones de precios y las dificultades de suministro. A menudo se señala que en la mayoría de los sectores industriales la concentración permitía obtener grandes beneficios con sólo una nueva inversión limitada. Otra explicación hace hincapié en que los empresarios no tenían expectativas de crecimiento estable: los beneficios rápidos obtenidos de la especulación parecían más seguros que la inversión en crecimiento a largo plazo o la reinversión en tierra. La falta de un mercado de capital bien organizado y unos tipos de interés que solían ser irregulares frenaban el deseo de inversiones a largo plazo y alentaban a buscar empréstitos en el extranjero. El crédito bancario estaba muy concentrado y los que tenía acceso a él recibían, de hecho, una subvención importante. Un nivel tan alto de concentración hacía que los recursos se usaran de modo ineficiente, permitía enormes ganancias especulativas y discriminaba en contra de las pequeñas empresas, a la vez que el bajo coste real de crédito bajo gobiernos civiles generaba presiones inflacionarias.

Como el desarrollo agrícola iba rezagado con respecto al crecimiento demográfico, Chile se vio obligado a importar cada vez más artículos alimenticios. El coste de esta clase de importaciones subió de un equivalente del 9 por ciento del valor de las exportaciones no agrícolas en 1956 al 22,2 por ciento en 1965 y a más del 30 por ciento en 1972. Muchas son las razones de este catastrófico rendimiento de la agricultura, alguna de ellas contradictorias. Según un argumento, los precios urbanos de los artículos alimenticios se mantenían bajos mediante controles que suprimían los ingresos y los beneficios para los agricultores y reducían el incentivo y la posibilidad de invertir. Otro argumento sugiere que los precios de los artículos alimenticios subieron más aprisa que los costes de los inputs agrícolas y que la verdadera causa del catastrófico rendimiento de la agricultura fue la distribución excesivamente desigual de la tenencia de la tierra[9]. En general, los tipos de cambio estaban sobrevalorados y hacían que las importaciones de artículos alimenticios fuesen relativamente baratas y que las exportaciones de artículos alimenticios chilenos fueran relativamente caras. La política agrícola del gobierno estaba dividida entre varios organismos que competían entre sí. Al igual que el sector industrial, el crédito se hallaba concentrado en muy pocas manos y los medios de comercialización eran insuficientes. Hasta que el gobierno del PDC aprobó la Ley de Reforma Agraria, el sistema de tenencia concentró las mejores tierras agrícolas en haciendas grandes e ineficientes. Pero la simple redistribución de la tierra no bastaba para incrementar la productividad, que dependía de una serie de medidas que los gobiernos civiles no podían tomar por motivos políticos o financieros. En todo caso, el proceso de reforma duró sólo un período relativamente breve antes de que el golpe militar pusiera fin al mismo. Aunque al principio la agricultura sufrió bajo el régimen militar, el incremento de las inversiones, un tipo de cambio más realista a partir de 1983, la ayuda y la protección del gobierno y los bajos salarios agrícolas fomentaron el crecimiento, especialmente en el sector de exportación.

La economía mostraba rasgos de concentración, aparte de la renta y el crédito, incluso antes de que el proceso se intensificara después de 1973. Los sectores industrial y de la construcción estaban muy concentrados y las coincidencias de afiliación y propiedad hacían que el poder económico no saliera de un círculo relativamente pequeño. Esta pauta consistente en un número reducido de empresas grandes y un número enorme de empresas pequeñas y talleres artesanales (en 1963 casi la mitad del empleo industrial se encontraba todavía en unas setenta mil empresas artesanales) no era eficiente. La industria necesitaba un alto nivel de protección, cobraba precios elevados y dependía mucho de las importaciones a la vez que su actividad exportadora era deficiente. El gobierno Pinochet suprimió la protección, pero esta medida no creó una estructura industrial mucho más eficaz, aunque sí fue la causa de un número de quiebras sin precedentes.

Si bien no era excesivamente desigual en comparación con las pautas internacionales, la distribución de la renta chilena era todavía lo bastante desequilibrada como para proporcionar munición abundante a los reformadores. Los diferenciales de la renta se hicieron más pequeños en los años de la posguerra: entre 1954 y 1968 la parte del 20 por ciento más pobre subió de 1,5 a 4,9 por ciento de las rentas totales y la del 10 por ciento más rico descendió del 49 al 35 por ciento. Aunque esta tendencia se aceleró al principio bajo el gobierno Allende, las ganancias se perdieron primero por culpa de la inflación y después a causa de la política del gobierno de los militares. El paro bajó del 7,3 por ciento en 1960 al 3 por ciento en 1972. Pero su porcentaje fue siempre de dos cifras durante el gobierno militar y alcanzó un máximo de alrededor del 30 por ciento en 1983. El paro descendió notablemente a finales del decenio de 1980, pero los salarios bajos y una disminución de los servicios básicos estatales significaron que entre tres y cuatro millones de chilenos vivían por debajo del mínimo indispensable.

La economía chilena era un campo de batalla donde se enfrentaban los economistas de las escuelas estructuralista y monetarista, las cuales tuvieron oportunidad de aplicar sus teorías. Los monetaristas empezaron experimentando con moderación en 1956-1957 y luego de forma muy extrema entre 1975 y 1983. Las ideas estructuralistas informaban el gobierno Frei en 1965-1967 e influyeron en el análisis de los dirigentes de la UP también. Los costes del experimento monetarista se reflejaron en un descenso de la actividad económica, la recesión y el paro. Los costes económicos y sociales de las reformas estructuralistas resultaron incompatibles con la necesidad de estabilización a corto y medio plazo. Ni siquiera con un fuerte gobierno autoritario los que soportaban el coste social del experimento monetarista se mostraron pasivos de modo permanente, y el gobierno Pinochet fue incapaz de reprimir el descontento de forma también permanente.

LA CRISIS DE LA POLÍTICA CONSTITUCIONAL

Desde la elección de Arturo Alessandri en 1932, Chile había vivido un largo período de gobierno constitucional. Sin embargo, eran frecuentes los conflictos políticos en el campo institucional bajo la forma de choques entre el presidente y el Congreso. Estos choques no eran sencillamente fruto del hecho de que un presidente reformador se encontrara ante un Congreso hostil: la Administración conservadora de Jorge Alessandri (1958-1964) tuvo que recurrir a medidas que le permitiesen dejar a un lado el Congreso. Debido al sistema de representación proporcional utilizado para las elecciones, era virtualmente imposible que un presidente tuviera una mayoría en ambas cámaras del Congreso; el hecho de que las elecciones fuesen escalonadas en lugar de simultáneas agravaba el problema; y como los presidentes no podían presentarse para una reelección inmediata, hacia finales de un mandato presidencial existía inevitablemente un período durante el cual el presidente seguía en el cargo después de que su sucesor ya hubiese sido elegido.

Aunque el problema principal de gestión política para el ejecutivo residía en el sistema de partidos, el mismo sistema administrativo era un obstáculo para el buen gobierno: estaba fragmentado; mostraba claras señales de independencia, especialmente en los organismos descentralizados; y a menudo tenía vínculos estrechos con el sector al que debía vigilar, lo cual obraba en detrimento de la planificación general. Los más o menos cincuenta organismos descentralizados o autónomos daban trabajo a casi el 40 por ciento de los empleados públicos de Chile, y en muchos aspectos obraban por cuenta propia. El PDC, por ejemplo, se encontraba constantemente con que las actividades de estos organismos obstaculizaban su política de vivienda.

El sistema de partidos penetraba en todos los estratos de la vida política, desde el remoto municipio hasta el Congreso nacional. Sindicatos de toda clase disfrutaban de vínculos estrechos y a menudo tradicionales con los partidos políticos: con el Socialista y el Comunista en el caso de los trabajadores industriales; con los radicales y el PDC en el de los empleados. Las asociaciones patronales, las asociaciones de vecinos e incluso los clubes de fútbol veían cómo los partidos políticos trataban de ganarse su apoyo. En una zona remota como Lota, dedicada a la minería del carbón, por ejemplo, el municipio y los sindicatos parecían prolongaciones del Partido Comunista, y las únicas formas de organización social que había allí, aparte de las citadas, eran las capillas evangélicas[10]. Este sistema de partidos podía funcionar sólo mientras el compromiso ideológico estuviera matizado por el equilibrio. Necesitaba un consenso político básico… o que los que no aceptaran el consenso fuesen incapaces de trastornar el sistema político. Durante el período comprendido entre 1958 y 1973 el consenso se debilitó a la par que crecía la capacidad de trastornar el sistema.

CUADRO 6.1

Porcentaje de votos obtenidos por los principales partidos en las elecciones
para el Congreso (diputados), 1957-1973

Partido | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973
Conservador | 17,6 | 14,3 | 5,2 | 20,0 | 21,3
Liberal | 15,4 | 16,1 | 7,3 | 20,0 | 21,3
Radical | 22,1 | 21,4 | 13,3 | 13,0 | 3,7
PDC | 9,4 | 15,4 | 42,3 | 29,8 | 29,1
Socialista | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 12,2 | 18,7
Comunista | — | 11,4 | 12,4 | 15,9 | 16,2
Otros | 24,8 | 10,7 | 9,2 | 9,1 | 11,0

FUENTE: Adaptado de Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, p. 35. Los conservadores y los liberales formaron el Partido Nacional en 1966. El Partido Comunista fue ilegal hasta 1958

El sistema de partidos chileno presentaba diversos rasgos poco frecuentes. La competencia electoral era intensa, y aparte del 42,3 y el 35,6 por ciento que obtuvo el PDC en las elecciones para el Congreso celebradas en 1965 y en las elecciones municipales de 1967, respectivamente ningún partido consiguió más del 30 por ciento de los votos populares en las elecciones celebradas al amparo de la Constitución de 1925. Asimismo, pese al gran incremento del número de votantes, el electorado se dividía en tres bloques relativamente estables —derecha, centro e izquierda— como indica la distribución del apoyo a los principales partidos en cinco elecciones para el Congreso celebradas a lo largo de veinte años (cuadro 6.1). Desde luego, esto no nos dice nada acerca de las relaciones de los partidos y los movimientos dentro de tales bloques, ni acerca de la naturaleza de la competencia entre ellos. Y hace una petición de principio en lo que se refiere a la definición del «centro». Pero demuestra lo difícil que era crear un gobierno mayoritario.

No es posible establecer una correlación sencilla entre la clase social y el apoyo a determinado partido. En primer lugar, la existencia de tantos partidos hacía que ninguno de ellos pudiese pretender con razón que representaba a una clase determinada. La clase trabajadora organizada, por ejemplo, se hallaba dividida entre socialistas y comunistas, pero un número nada insignificante de sus miembros apoyaba al PDC. Los pobres de las ciudades, que no estaban sujetos a la influencia politizadora de la afiliación sindical, extendían sus votos (o su abstención) de forma muy amplia, incluido el apoyo a partidos de la derecha. Asimismo, el Partido Socialista recibía considerable apoyo de grupos de clase media, especialmente de miembros de las profesiones liberales con formación universitaria. Los grupos de clase media se encontraban a gusto en el PDC, el Partido Radical o el Partido Nacional. Esta distribución de la clase social entre los partidos políticos no era en modo alguno un fenómeno exclusivamente chileno. Y tampoco fue raro que la inflexibilidad ideológica de los militantes y las élites de los partidos aumentase de forma muy acentuada a partir de 1964. Después de todo, había en Chile profundas diferencias sociales, las suficientes para que fuera posible la política de enfrentamiento entre clases.

Un cambio que sí tuvo lugar durante este período fue la reducción del número y la importancia de los partidos menores. El porcentaje de votos obtenidos por los cinco partidos más grandes aumentó de 52,5 por ciento en 1957 al 78,6 por ciento en 1961, el 85,6 por ciento en 1965 y el 90,9 por ciento en 1969, aunque en 1973 hubo un pequeño descenso y la cifra quedó en un 87,8 por ciento.[11] Sin embargo, sería exagerado atribuir este proceso de concentración exclusivamente a un incremento de la hostilidad ideológica entre los partidos; hubo también cambios en las leyes electorales que hicieron virtualmente imposible que los partidos pequeños obtuvieran escaños en el Congreso.

También sería exagerado ver en el Chile de este período una sencilla evolución desde la política del equilibrio y el clientelismo hacia la política de la exclusión y la polarización. Sin embargo, es innegable que a partir de mediados del decenio de 1960 los partidos políticos de Chile se volvieron más dogmáticos e intransigentes en el plano ideológico y que las relaciones entre los partidos empeoraron. Un elemento de este proceso fue la substitución de un partido pragmático, el Radical, que ocupaba un lugar central en la política chilena, por un partido ideológico, el PDC. Éste tenía un proyecto de transformación nacional mucho más coherente que el del Partido Radical y trataba de excluir a los otros partidos del poder en vez de formar alianzas. En la izquierda, el Partido Socialista adoptó una postura mucho más intransigente en su congreso de 1967 y expresó preferencia, si no por la vía armada, al menos por la vía insurreccional. Esta postura no fue nunca la predilecta de Allende, sino que representaba la victoria de grupos pro cubanos en aquel partido político dividido en facciones. Al mismo tiempo, con todo, el partido eligió a un moderado, Aniceto Rodríguez, para el cargo de secretario general. Aunque el Partido Comunista era menos intransigente que el Socialista, por su misma naturaleza no podía por menos de oponerse al PDC y a la derecha. Aún no habían amanecido los días del eurocomunismo. En la derecha, la ascensión de los tecnócratas de la Escuela de Chicago vio la creciente influencia en un dogma político que era más doctrinario que el del PDC. Los políticos tradicionales de la derecha vieron cómo disminuía su influencia con el crecimiento tanto de los tecnócratas como de los grupos neofascistas organizados en movimientos como el llamado Patria y Libertad.

La evolución del sistema político chileno hasta el golpe de 1973 abona la proposición de Linz en el sentido de que «las condiciones que llevan a la semilealtad o incluso a la sospecha de semilealtad por parte de destacados participantes en el juego político, así los partidos de la oposición como los del gobierno, explican el proceso de ruptura casi tanto como el papel de las oposiciones desleales»[12]. El crecimiento del extremismo combinado con la «semilealtad» de los principales partidos fue lo que crearía las condiciones para la ruptura del sistema democrático en 1973.

EL CONSERVADOR COMO TECNÓCRATA:
LA PRESIDENCIA DE JORGE ALESSANDRI, 1958-1964

Aunque su candidatura contó con el respaldo de los partidos de la derecha (el Conservador y el Liberal), Jorge Alessandri fue elegido presidente en 1958 como independiente. Una de las razones de ello fue táctica. Era poco probable que los votos liberales combinados con los conservadores obtuvieran una mayoría. Presentándose como independiente, Alessandri recibiría el apoyo multiclasista de quienes consideraban que la política de partidos era corrupta y sectorial. La derecha tradicional de Chile se encontraría ante este dilema en posteriores elecciones presidenciales: por sí sola no podía albergar la esperanza de vencer, y, pese a ello, la alianza con el centro (representado ahora más por el PDC que por los radicales) era muy incómoda. Sin embargo, la postura de Alessandri como independiente también representaba su sincera creencia en las virtudes de la tecnocracia por encima de la política partidista. Esperaba que, una vez en el gobierno, podría evitar las transigencias y concesiones políticas de Administraciones anteriores.

Alessandri era un destacado hombre de negocios que ocupaba puestos importantes en varias empresas, entre ellas un monopolio de fabricación de papel, y estaba estrechamente vinculado a tres grandes bancos privados por medio del conglomerado económico Alessandri-Matte. Antes de ser senador en 1957 fue presidente durante quince años de la principal asociación empresarial de Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio. Su padre había sido presidente de la república dos veces. Sus dos hermanos eran senadores (ambos liberales), y uno de ellos había sido candidato a la presidencia en 1946. Alessandri había prestado servicios en calidad de ministro de Hacienda en la última Administración radical y se había visto obligado a dimitir en 1950 cuando los sindicatos de empleados se opusieron a su propuesta de congelación de salarios.

Las propuestas de Alessandri en la campaña de 1958 fueron mucho menos concretas que las de sus principales rivales —Allende (FRAP, socialista-comunista), Frei (PDC, democristiano), Bossary (radical)—, pero su postura general era favorable al liberalismo económico. Su programa electoral abogaba por la reducción del control gubernamental de la economía, con la supresión de los controles de los precios, los créditos y las divisas extranjeras, y por una política de estabilización de precios. Parte esencial de esta estrategia era la apertura de la economía a los intereses extranjeros haciendo que las condiciones para la inversión por parte de extranjeros fuesen más atractivas. Sin embargo, Alessandri y su equipo económico no eran monetaristas. Alessandri rechazaba la política de restricción de créditos y no veía necesidad alguna de reducir la actividad económica o incrementar el paro con el fin de combatir la inflación. Su política consistía en crear las condiciones apropiadas para que el sector privado desarrollase la economía. Como este objetivo no podía alcanzarse de la noche a la mañana, al principio el gobierno estaba dispuesto a incrementar las inversiones del estado e intentar atraer capital y empréstitos extranjeros tanto para financiar el gasto público como para ayudar al proceso de formación de capital nacional. En efecto, la política económica a corto plazo de Alessandri era una mezcla de liberalización y reflación de la economía en la que la inversión pública interpretaba un papel importante. Se frenarían los aumentos salariales para impedir la inflación (redistribuir la renta a los beneficios). Los incrementos de los impuestos podrían evitarse por medio de los empréstitos exteriores.

A pesar del apoyo que al principio recibió Alessandri de los sectores económicos dominantes, su posición no era cómoda. La economía que heredó de la Administración anterior era débil: la balanza de pagos era deficitaria, el paro había subido hasta alcanzar el 9 por ciento en las ciudades, el déficit fiscal era grande a pesar del bajo nivel de inversiones y la economía había sufrido un largo período de estancamiento. Tampoco su posición política era muy fuerte. Había obtenido menos de un tercio de los votos populares (véase el cuadro 6.2), y sus partidarios controlaban sólo alrededor de un tercio de los escaños del Congreso. Así que al final no tuvo más remedio que buscar aliados para formar una coalición, especialmente porque algunas de sus medidas sentaron muy mal al FRAP y al PDC.

Los intentos de reactivar la economía que hizo Alessandri tuvieron éxito al principio, pero pronto tropezaron con dificultades. Las tasas de crecimiento absoluto eran muy positivas. De hecho, el incremento anual del PIB per cápita del 2,7 por ciento durante el período de 1959 a 1964 fue mucho mejor que el 0,3 por ciento del período anterior, o incluso que el 2,0 por ciento de los cinco años siguientes[13]. Pero la inflación, que descendió del 33,3 por ciento en 1958 al 7,7 por ciento en 1961, subió mucho hasta quedar en el 44,3 por ciento en 1963. No obstante, el paro bajó del 9,0 por ciento en 1959 al 5,5 por ciento en 1963, y la producción industrial subió sin interrupción durante todo el período. También se hicieron muchas inversiones en la red de carreteras y en la construcción de viviendas para las clases trabajadora y media.

CUADRO 6.2

Las elecciones presidenciales de 1958

Candidato | Votos | Porcentaje
Alessandri (conservador-liberal) | 389.909 | 31,2
Allende (socialista-comunista) | 356.493 | 28,5
Frei (demócrata-cristiano) | 255.769 | 20,5
Bossay (radical) | 192.077 | 15,4
Zamorano (independiente) | 41.304 | 3,3
En blanco/nulos | 14.798 | 1,1
Total | 1.250.350 | 100

FUENTE: Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, p. 40. La tasa de abstención fue del 16,5 por ciento.

La ruptura de la política económica se produjo en el frente exterior. En 1961 el déficit fiscal ya había subido hasta cifrarse en el 5 por ciento del PIB, y este déficit creciente se financió por medio de empréstitos exteriores. Las exportaciones no aumentaron como se preveía, y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió hasta representar el 55 por ciento del valor de las exportaciones en 1961. La mayoría de los empréstitos exteriores eran empréstitos financieros a corto plazo, y fue imposible sostener la política de congelación del tipo de cambio. El resultado fue una masiva devaluación del 33 por ciento en 1962. El período de estabilización había terminado y uno de los principales legados de la Administración Alessandri fue un paralizante nivel de deuda. En 1960 el total de la deuda pública era de 589 millones de dólares norteamericanos, el equivalente del 20 por ciento del PIB. Durante los cinco años siguientes el nivel subió hasta sobrepasar los mil millones de dólares norteamericanos, es decir, el 26 por ciento del PIB, aunque sólo una cantidad modesta se destinó a inversiones a largo plazo. De haberse pagado, el servicio total del capital exterior (incluidas las remesas de beneficios) hubiera ascendido al 70 por ciento de las exportaciones en 1965. La financiación exterior de las actividades del sector privado con vistas a la expansión del capital circulante también creció rápidamente durante este período: de 63 millones de dólares norteamericanos en 1960 a 219 millones a finales de 1965.

Las medidas de Alessandri pronto tropezaron con dificultades políticas. El intento de contener los salarios provocó protestas de los sindicatos que culminaron con una serie de huelgas en 1960. En noviembre hubo una huelga nacional y una serie de manifestaciones en todo el país en las cuales fueron muertos dos trabajadores. Muchos de los huelguistas eran empleados del sector privado y del gobierno, y este descontento se tradujo en resultados adversos en las elecciones para el Congreso que se celebraron en marzo de 1961, aunque Alessandri suavizó su política de moderación salarial.

Las elecciones de 1961 fueron las primeras que se celebraron después de hacer cambios significativos en las leyes electorales. Por primera vez hubo una sola votación oficial y se incrementaron las penas por fraude y soborno electorales. Los terratenientes ya no podían manipular a los votantes campesinos asegurándose de que se llevaran la lista de partido correcta al acudir a las urnas, aunque, por supuesto, la influencia política que los terratenientes ejercían en los campesinos no desapareció de la noche a la mañana. También se decretó que votar era obligatorio. Los resultados fueron un revés para la derecha: por primera vez el PDC cosechó más votos que los conservadores y los liberales juntos y —hecho igualmente molesto— el FRAP obtuvo cerca de un tercio de los escaños en la Cámara Baja y eligió trece de cuarenta y cinco senadores.

La ilusión de Administración tecnócrata fue substituida por las realidades de la política de partidos al entrar los radicales en el gabinete. Asimismo, bajo la influencia de la recién formada Alianza para el Progreso, el gobierno tomó varias medidas reformistas que, aunque eran modestas en sí mismas, prepararon el camino para remedios más drásticos. La reforma de sus relaciones con las compañías del cobre (la mayoría de ellas de propiedad norteamericana) se incluyó con firmeza entre los asuntos políticos que había que tratar, aunque en parte era un ardid de los terratenientes para desviar la atención del asunto de la reforma agraria. Los impuestos que debía pagar la industria del cobre subieron entre un 10 y un 15 por ciento, y se tomaron medidas con el fin de que la cantidad de cobre refinado en Chile se incrementara de forma importante hasta alcanzar el 90 por ciento, y también para aumentar la producción global. Aunque Alessandri substituyó al ministro de Minas, que hizo estas propuestas y era conservador, resultaba obvio que las presiones favorables a la nacionalización irían en aumento. También se dieron los primeros pasos hacia las reformas agrarias, a consecuencia de las presiones ejercidas por los Estados Unidos, que deseaban vivamente evitar otra Cuba en América Latina. La ley 15020 fue una medida modesta y se expropió muy poca tierra. Pero creó dos organismos que desempeñarían un papel crucial en la transformación del campo: la Corporación de Reforma Agrícola (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

No cabe duda de que la política económica de Alessandri velaba por los intereses a largo plazo de la élite económica, que, desde luego, se benefició de ella. Pero la élite, por su parte, no se transformó en un sector autónomo modernizador: prefirió el proteccionismo y los beneficios de monopolio a los efectos vigorizantes de la competencia. La consecuencia política de esto fue que el conservadurismo tradicional continuó dominando y la derecha se mantuvo en una postura esencialmente defensiva. Esto despejó el camino para que el PDC hiciera suya la tarea de modernizar el capitalismo y reformar la tradicional estructura agraria, medida a la que se opuso encarnizadamente la derecha. Asimismo, la derecha no se había liberado de la dependencia de un candidato que ponía el atractivo personal por encima de los partidos, y en 1970 volvería a recurrir a Alessandri.

Aunque Alessandri conservó su popularidad personal entre los sectores empresariales, el apoyo de éstos al gobierno disminuyó. Y cuando la inflación empezó a acelerarse después de la devaluación de 1962, la oposición popular fue en aumento. Las huelgas que aquel año convocó la Central Única de Trabajadores (CUT) fueron muy secundadas, especialmente en los barrios de chabolas de los alrededores de Santiago. En las manifestaciones contra el gobierno murieron seis personas y hubo numerosos heridos y detenciones. El gobierno cedió una vez más ante las exigencias de los huelguistas y con ello aceleró la inflación y reafirmó la fuerza y la confianza en sí misma que la izquierda acababa de encontrar. En las elecciones municipales de 1963 los verdaderos vencedores fueron el PDC, cuyos votos ascendieron del 15,4 por ciento de los comicios para el Congreso celebrados en 1961 al 22 por ciento en 1963; tanto los comunistas como los socialistas obtuvieron pequeños avances.

El escenario quedó preparado para las elecciones presidenciales de 1964. La derecha no podía albergar la esperanza de hacer un buen papel. La inflación se cifraba en casi el 50 por ciento; el estado de la balanza de pagos seguía siendo crítico; los sueldos y salarios reales habían descendido, en especial los de los empleados del gobierno y los trabajadores más pobres, que cobraban poco más del salario mínimo decretado por el gobierno, salario que descendió en un 14,2 por ciento en 1963. El candidato presidencial de la derecha, Julio Durán, vio cómo su alianza (radicales, liberales y conservadores) quedaba en un triste tercer lugar en unas elecciones parciales que se celebraron en la provincia de Curicó, que era rural y normalmente conservadora. Las elecciones las ganó inesperadamente el candidato del FRAP, con un 40 por ciento de los votos frente al 27 por ciento obtenido por el PDC. Las próximas elecciones presidenciales empezaron a parecer una lucha entre esas dos fuerzas. En tales circunstancias los liberales y los conservadores apoyaron de mala gana al candidato menos indeseable, Eduardo Frei, que ganó con el 56 por ciento de los votos (cuadro 6.3). La sombra de Cuba se cernió sobre la subsiguiente campaña electoral, y los Estados Unidos proporcionaron abundante apoyo económico y técnico al PDC[14].

CUADRO 6.3

Las elecciones presidenciales de 1964

Candidato | Votos | Porcentaje
Frei | 1.409.012 | 55,7
Allende | 977.902 | 38,6
Durán | 125.233 | 5,0
En blanco/nulos | 18.550 | 0,7
Total | 2.530.697 | 100

FUENTE: Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, p. 40. La abstención fue del 13 por ciento.

LA REVOLUCIÓN EN LIBERTAD:
LA PRESIDENCIA DE EDUARDO FREI, 1964-1970

Estoy convencido de que el fracaso de la «revolución en libertad» era inevitable, en esencia debido a la contradicción entre su programa para el desarrollo económico basado en la estructura capitalista, a la cual reforzaba, de la economía chilena y su programa para el desarrollo social. Este último, que movilizaba al pueblo en defensa de sus intereses, incrementó las numerosas contradicciones de la sociedad chilena, en particular las relaciones con el funcionamiento de la economía capitalista en un país subdesarrollado. (Radomiro Tomic, candidato presidencial del PDC en 1960).[15]

La afirmación de Tomic refleja el juicio formado con la perspectiva del tiempo transcurrido desde entonces. Queda muy lejos de la excitación que se apoderó del PDC al anunciarse su triunfo en las elecciones presidenciales de 1964. La euforia electoral de 1964 se vio reforzada por los resultados de las elecciones para el Congreso de marzo de 1965, cuando aún no había pasado la luna de miel con la nueva Administración. El PDC recibió el 42,3 por ciento de los votos, lo cual representaba un enorme incremento en comparación con los resultados obtenidos en las últimas elecciones para el Congreso, en 1961, en las que consiguió sólo el 15,4 por ciento. El PDC ganó 82 de los 147 escaños de la Cámara Baja; y en el Senado (donde sólo se reelegía la mitad de los escaños) aumentó su número de 12 a 21, aunque no obtuvo una mayoría absoluta.

Las raíces históricas del PDC estaban en la ruptura de la Falange y el Partido Conservador en el decenio de 1930. Al principio fue un partido de estudiantes socialmente comprometidos de la Universidad Católica de Chile, y siguió siendo un partido pequeño, aunque a veces influyente, hasta el decenio de 1950, momento en que empezó a recibir apoyo popular. Era de estructura jerárquica y lo capitaneaban hombres procedentes de las clases alta y media, pero, ello no obstante, empezó a encontrar mucho apoyo entre los pobres de las ciudades, los que tenían olvidados los partidos Socialista y Comunista, que se concentraban en los sindicatos, así como el respaldo de grandes sectores de la clase media que se sentían desencantados con los radicales.

Naturalmente, un partido que gozaba de un apoyo tan extendido por todo el espectro social, y cuyo crecimiento había sido tan rápido y tan reciente, contenía varios grupos divergentes. Antes incluso de que las divisiones asumieran una forma más sólida en las escisiones entre oficialistas, terceristas y rebeldes, había diferencias en el ritmo y la dirección de los cambios sociales y económicos. El grupo más conservador quería modernizar el sistema capitalista e intensificar el proceso de industrialización. Un segundo grupo ponía el acento en la redistribución y en la organización de los pobres. El grupo más radical, el de los rebeldes, mostraba mayor interés por la transformación profunda de cosas tales como el sistema agrario de tenencia de la tierra y la concentración de poder económico, especialmente en el sistema banquero y financiero, y por la creación de formas comunitarias de propiedad. La presidencia de Frei fue una lucha constante entre estos sectores.

Aun así, para ser un partido multiclasista y con muchas divisiones en cuestión de política, el grado de unidad era sorprendentemente elevado, mucho más que en el Partido Socialista o en el Radical. Esto se debía en parte al hecho de tener un propósito ideológico común, lo cual no era muy diferente de lo que ocurría en la otra fuerza ideológica relativamente unida que actuaba en la política chilena, el Partido Comunista. Quizá tenía algo que ver con las costumbres de obediencia y jerarquía que nacían de su identificación con la Iglesia católica. Quizá también se derivaba de la sensación de que el electorado había confiado al partido una misión que no debía diluirse con alianzas con otros partidos. Poca duda cabe de que muchos miembros tenían la sensación de haberse convertido en el partido gobernante natural de Chile, lo cual daba pie a cierto grado de sectarismo que muchos democristianos lamentarían más adelante[16].

El gobierno de los Estados Unidos, que también esperaba que el PDC se convirtiera en el partido gobernante natural, apoyó constantemente al gobierno Frei. No hay que suponer que los Estados Unidos ejercieran una influencia indebida. Frei siguió una política exterior independiente, caracterizada por varias iniciativas importantes en pos de la unidad de América Latina, y fue uno de los pocos políticos chilenos que llegaron a ser estadistas de reputación mundial. Sin embargo, entre 1962 y 1969, Chile recibió más de mil millones de dólares de ayuda norteamericana directa y no disimulada, más ayuda per cápita que la prestada a cualquier otro país del hemisferio. Esta ayuda reforzó la dependencia económica respecto de los Estados Unidos y explica en parte las condiciones favorables que se ofrecieron a las multinacionales norteamericanas, entre ellas, al menos al principio, las compañías del cobre. Pero también sería la causa de disputas internas dentro del PDC.

A diferencia de las dos Administraciones anteriores, el PDC no propuso como prioridad máxima una política de estabilización de precios. En vez de ello, hizo hincapié en la estabilización por medio de la reforma estructural con el fin de alentar tanto el crecimiento económico como la redistribución de la renta. Esto acabaría llevando a la creación de una sociedad comunitaria en la cual se eliminarían los conflictos de clase. Tres reformas se consideraban de la mayor prioridad. La primera era la «chilenización» del sector del cobre, un proyecto de asociación entre el estado y las compañías estadounidenses. Hacían faltas inversiones masivas en el cobre que proporcionaran los ingresos para las importaciones. La segunda era una reforma agraria combinada con la sindicación y la organización de los medios rurales. Al principio los antiguos latifundios se substituirían por granjas explotadas de forma comunitaria que incrementarían la producción y darían al PDC una base segura en el campo. La tercera era un programa de organización de los sectores populares, especialmente los habitantes de los barrios de chabolas, y de las mujeres. Este programa de promoción popular pondría fin a la marginación de estos sectores. De menor urgencia, pero no menos importantes, eran las medidas encaminadas a «democratizar» el movimiento sindical y romper el dominio de los partidos marxistas, una extensa reforma de la educación y una reforma constitucional que daría fuerza al brazo ejecutivo.

El gobierno Frei se benefició de los elevados precios del cobre, aunque esto se debió en parte a un cambio de la política de precios efectuado por el propio gobierno. Los impuestos recaudados de las grandes compañías extranjeras representaron una media anual de 195 millones de dólares norteamericanos entre 1966 y 1970, lo cual constituía un incremento muy grande respecto del nivel de 80 millones de dólares recaudados bajo la Administración Alessandri. Las exportaciones subieron de 676 millones de dólares en 1964 a 1.139 millones en 1969, y aunque las importaciones también subieron rápidamente, un déficit de más de 4 millones de dólares en 1964 se convirtió en un superávit de 183 millones en 1969. Sin embargo, el crecimiento del PIB fue ligeramente más bajo que en el período Alessandri, con un incremento per cápita del 2 por ciento anual. La deuda exterior se multiplicó por dos durante el gobierno del PDC y alcanzó un poco más de 2.000 millones de dólares en 1969. Quizá la mayor decepción la causó el hecho de que no se consiguiera frenar la inflación. La tasa descendió del 40,4 por ciento en 1964 al 17,9 por ciento en 1966, pero después subió gradualmente hasta alcanzar el 34,9 por ciento en 1970.

Se hicieron verdaderos progresos en la resolución de los problemas de la pobreza. En comparación con el final del período Alessandri, momento en que la cifra era de alrededor del 42 por ciento del PIB, el sector asalariado recibió una cifra más próxima al 51 por ciento en las postrimerías de la presidencia de Frei. La política del gobierno fomentó este traspaso, especialmente en el sector rural, donde los salarios reales aumentaron en un 40 por ciento. La matriculación total en la enseñanza aumentó en un 45 por ciento a partir de 1964. Se construyó un cuarto de millón de casas, la mayoría de ellas para los sectores más pobres de la sociedad. La Administración PDC también incrementó la eficiencia del aparato estatal. Los impuestos como porcentaje del PIB subieron del 12,8 por ciento en 1964 al 21,2 por ciento en 1970. El gobierno introdujo un impuesto sobre la riqueza y llevó a cabo una nueva tasación del impuesto sobre la propiedad.

El período del PDC es notable por el impresionante crecimiento de la participación del estado en la economía. El gasto público como proporción del PIB subió del 35,7 por ciento en 1965 al 46,9 por ciento en 1970. La participación del estado en la inversión pública y en el sector bancario también creció rápidamente. Sin embargo, al igual que en el período de Alessandri, este incremento de la inversión pública reflejaba la debilidad de la inversión del sector privado y el hecho de que no se mejoró el nivel de nuevas inversiones en sectores productivos de la economía. El PDC gastó más en reformas sociales de lo que justificaban los incrementos de los ingresos estatales. La recaudación impositiva continuó financiando sólo alrededor de tres cuartas partes del total de gastos públicos en 1965. Los gastos en vivienda, agricultura y educación aumentaron de forma acentuada: sólo en vivienda subieron en un 70 por ciento en términos reales en 1965. Una vez hubo empezado el proceso de expansión, resultó difícil frenarlo, especialmente porque los gastos iniciales despertaron el entusiasmo del pueblo, que pidió más. También causaron problemas fiscales los grandes aumentos de salarios y sueldos, especialmente para funcionarios públicos. Pero este entusiasmo no lo compartió el sector privado. Las inversiones del sector privado disminuyeron, pues los inversionistas temían la ampliación de las reformas redistributivas del PDC. Los dos obstáculos mayores para lograr la estabilización fueron el que no se consiguiera elevar el nivel de los ahorros nacionales y los incrementos de remuneraciones por encima del nivel previsto. La antigua aspiración del movimiento sindical —los reajustes en armonía con la inflación— se convirtió ahora en el punto de partida para las negociaciones.

La «chilenización» del cobre se consideraba la piedra angular de la política del gobierno. Los objetivos eran doblar la producción de cobre en la Gran Minería antes de 1972, crear una serie de empresas conjuntas entre el gobierno chileno y las compañías norteamericanas, incrementar la cantidad de cobre que se refinaba en Chile, integrar la industria del cobre en la economía chilena y dar al gobierno chileno un papel más activo en la comercialización internacional. La Kennecott Company, cuyas posesiones en Chile representaban sólo una pequeña parte de sus operaciones internacionales, tomó la iniciativa con el fin de empujar al gobierno a llegar rápidamente a un acuerdo; y el gobierno, que tenía grandes deseos de mostrar una iniciativa afortunada, respondió con rapidez. El acuerdo resultó un triunfo para una empresa que tenía un deficiente historial de inversión en Chile. La compañía obtuvo una estimación del valor de la participación del 51 por ciento en la mina El Teniente comprada por el gobierno que era mucho más alta que el valor en los libros (el valor real se tasó en 160 millones de dólares norteamericanos, en comparación con el valor en los libros, que era de 66 millones de dólares). Asimismo, se redujo el impuesto sobre las ventas, lo cual aumentó de forma considerable los beneficios de la compañía. Esto, unido a una subestimación del precio del cobre, significó que los beneficios del 49 por ciento de las acciones propiedad de la compañía fueron más altos en 1967 y 1968 de lo que habían sido para toda la cartera en los seis años anteriores. Se acordó que el gobierno chileno invertiría 110 millones de dólares obtenidos del Export-Import Bank norteamericano; la CODELCO, la corporación chilena del cobre, invertiría 27 millones de dólares; y la compañía invertiría 92 millones de dólares, sólo 12 millones de dólares más de lo que recibió a modo de compensación. Asimismo, la Kennecott conservó el control de gestión como condición del empréstito del Export-Import Bank a Chile.

El escándalo político que causó la suavidad del acuerdo con Kennecott y la renuencia de la Anaconda Corporation, cuyas minas de Chuquicamata y otros lugares eran una parte importante de sus operaciones generales, dieron origen a una negociación más prolongada y difícil: la «nacionalización pactada». La Anaconda, que también había obtenido beneficios sin precedentes de sus acuerdos limitados con el gobierno, accedió en 1969 a transferir el 51 por ciento de su activo al gobierno en seguida y el resto a lo largo de tres años; y un nuevo acuerdo sobre precios aumentó los ingresos del gobierno. La compensación inicial se basó en el valor en los libros, pero los acuerdos bastante menos favorables para la transferencia del resto se vieron atrapados por la nacionalización de la Gran Minería bajo el gobierno Allende. El trato con la Anaconda se consideraba todavía demasiado favorable para la compañía, y no en menor medida por sectores importantes del propio PDC.

El principal beneficio de estos acuerdos con las compañías mineras norteamericanas fue un incremento considerable de la capacidad productiva. El proceso no fue tan rápido como se había previsto, pero a finales del decenio de 1970 la producción de cobre ya se había doblado, gracias en parte a las inversiones efectuadas durante este período. Asimismo, el gobierno chileno adquirió gran experiencia en la comercialización, la fijación de precios y el control del producto. La economía local se benefició porque el valor retenido en Chile subió de una media anual (en precios constantes de 1979) de 513 millones de dólares en 1960-1964 a 953 millones de dólares en 1965-1969 y porque las compañías hicieron más compras locales en Chile. Los ingresos fiscales subieron de una media anual de 225 millones de dólares en el período anterior a 511 millones de dólares.

Muchos factores hacían que la reforma agraria fuese una prioridad urgente, aunque propuestas en ese sentido existían desde los años cuarenta. La Iglesia católica se convirtió en partidaria de la distribución de tierras. El gobierno estadounidense, por medio de la Alianza para el Progreso, abogaba por la reforma como medio de contrarrestar el posible crecimiento de los movimientos de guerrilleros rurales. El poder político de los terratenientes se había visto erosionado por los cambios sociales, demográficos y económicos. El nivel de importación de artículos alimenticios era demasiado alto para un país con el potencial agrícola de Chile. La tradicional estructura agraria era vista como un obstáculo para la producción industrial.

El PDC concedió mucha importancia a la reforma agraria. Como dijo un destacado teórico del PDC, tenía que ser «drástica, masiva y rápida». Se consideraba que el principal problema era la distribución sumamente desigual de la tierra. En las provincias agrícolas de Chile situadas entre Coquimbo y Llanquihue, donde se encontraba el 92 por ciento de las granjas del país, los latifundios ocupaban más de la mitad (el 55,3 por ciento) de la tierra en 1965; los minifundios, que constituían un total del 82 por ciento de las granjas, ocupaban solamente el 9,7 por ciento de la tierra cultivable. La concentración del crédito y los recursos eran parecidamente inequitativa. Pero el Congreso diluyó las propuestas originales de expropiación. Los terratenientes, que estaban organizados en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ya no eran un grupo político tan poderoso como en otro tiempo, pero todavía ejercían influencia y podían contar con el apoyo de otros sectores de las clases propietarias. La unidad básica que se garantizaba a los terratenientes eficientes tenía que ser de ochenta hectáreas de regadío y, según las condiciones locales, podrían poseer hasta cuatro veces esta cantidad. Había varias condiciones favorables relativas a la retención de animales y maquinaria, así como compensación por las mejoras, todo lo cual era excesivamente generoso a juicio de la izquierda. Aunque la ley permitía crear asentamientos colectivos en fincas expropiadas, se consideraba que ésta era una forma de pasar a la solución del PDC, que era la preferida: gran número de granjas familiares medianas y pequeñas. Poco iba a hacerse, al amparo de estas propuestas, por los minifundistas o los peones sin tierra, que eran los grupos más numerosos en el campo.

La reforma avanzó más lentamente de lo que el gobierno esperaba, pero, a pesar de ello, en 1969 ya se había progresado mucho. Se habían expropiado más de 1.300 granjas, con una extensión de más de 3 millones de hectáreas, lo cual representaba alrededor del 6 por ciento de toda la tierra cultivable de Chile e incluía alrededor del 12 por ciento de toda la tierra de regadío. Se crearon unos 650 asentamientos para dar cabida a unas veinte mil familias, y a otras dos mil familias se les dio tierra directamente. El problema no consistió en que los resultados fuesen malos, sino más bien en que al principio se fijó un objetivo demasiado alto. Quizá ello reflejaba el exceso de entusiasmo de un equipo sin experiencia.

Tal vez tuvo la misma importancia política el aliento que el gobierno dio a los sindicatos rurales con la ley de 1967. En 1964 apenas existían sindicatos de este tipo. En 1969 ya eran más de 400 y contaban 100.000 afiliados. Además, había 22 cooperativas rurales con 30.000 afiliados y 59 comités de pequeños productores con 37.000 afiliados. Sin embargo, los pobres de las zonas rurales no fueron los únicos en organizarse. La ley de 1967 autorizó los sindicatos de patronos y en 1970, con la ayuda de la SNA, había ya 10.000 afiliados organizados en grupos locales y provinciales; a nivel nacional, la Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas de Chile (CONSEMACH) unió a una tercera parte de los terratenientes grandes y medianos del país. El escenario estaba preparado para el conflicto organizado.

La producción agrícola creció a un ritmo razonable durante los años del PDC, aunque la fuerte sequía de 1968 afectó gravemente a los cultivos. La producción de cultivos de campo aumentó en una media anual del 5 por ciento de 1965 a 1970 (en comparación con el 2,3 por ciento del período precedente). La producción de ganado alcanzó una media anual de crecimiento del 5,5 por ciento en comparación con una tasa histórica de menos del 2 por ciento. Pero los alimentos importados seguían siendo una pesada carga para la balanza de pagos (representaban poco menos del 20 por ciento del valor de las exportaciones correspondientes al período 1965-1970), a pesar de un incremento del 40 por ciento en las exportaciones agrícolas. Haría falta más de una presidencia para poner remedio al olvido histórico de la agricultura chilena, especialmente cuando la sequía afectó gravemente a dos cosechas.

El gobierno Frei no pudo mantener el ritmo inicial de la reforma y empezó a perder la iniciativa política. En un intento de frenar la inflación, quiso recuperar parte de lo que, a su modo de ver, eran unos pagos salariales excesivos y con tal fin creó un plan de ahorro forzoso al cual contribuirían tanto los patronos como los trabajadores. Los fondos obtenidos de esta manera se emplearían en fundar industrias administradas por los trabajadores, incrementar los ahorros y frentar la demanda de los consumidores. Sin embargo, al efectuar la propuesta en 1967, el gobierno chocó de frente tanto con los sindicatos como con la derecha y tuvo que retirar el plan. El PDC se desanimó al ver que a pesar de las subidas de los beneficios y los salarios industriales, ni los patronos ni los trabajadores daban apoyo institucional al gobierno (aunque como votantes, algunas secciones de la clase trabajadora dieron considerable respaldo al partido). Los industriales, que siempre desconfiaron de la retórica del PDC sobre la sociedad comunitaria, se sintieron cada vez más alarmados después de que los oficialistas perdieran el control del aparato del partido en 1967. También les preocupaban las posibles alteraciones de la condición jurídica de la propiedad después de que se redefiniera en 1967 con el fin de permitir la puesta en práctica de la Ley de Reforma Agraria: temían que una vez se hubiesen expropiado las grandes haciendas, lo mismo pudiera ocurrirles a las grandes empresas. Además, les preocupaba que en la competencia por los escasos recursos disponibles para la inversión una parte creciente de ellos fuese para el estado en detrimento del sector privado.

Las relaciones entre el PDC y los sindicatos nunca fueron buenas. El movimiento sindical, dominado en su mayor parte por los partidos del FRAP (aunque el PDC había encontrado afiliados en el sector de los empleados a expensas del Partido Radical), veía con malos ojos las propuestas encaminadas a poner fin a la sindicación obligatoria y al sistema sindical de fábrica única, y, andando el tiempo, a la CUT. Consideraban los sindicatos estas propuestas —no sin razón— como un intento de dividir el movimiento sindical. El gobierno del PDC aumentó el número y la importancia de los sindicatos de forma considerable, pero luego intentó controlarlos, lo cual no gustó nada al ala más radical del partido. El grupo radical se había hecho con el control del aparato del partido en julio de 1967 y pedía que se intensificara el proceso de reforma, pues veía con alarma el descenso de los votos obtenidos por el PDC en los comicios municipales de aquel año hasta el 35,6 por ciento (comparado con el 42,3 por ciento en las elecciones para el Congreso celebradas en 1965).

El número de trabajadores urbanos sindicados se multiplicó por dos en los seis años de gobierno del PDC. Los sindicatos de campesinos crecieron rápidamente y contaban ya 120.000 afiliados en 1970. Los barrios de chabolas se organizaron y empezaron a mostrarse cada vez más radicales durante este período. El número de huelgas aumentó de 564 en 1964 a 977 en 1969 (y a 2.474 en 1972). En el campo se habían declarado sólo 3 huelgas en 1960 y 39 en 1964, pero hubo 648 en 1968 y 1.580 en 1970. También aumentaron las apropiaciones ilegales de granjas, terrenos urbanos para construir viviendas y fábricas. En 1968 16 granjas fueron invadidas por sus trabajadores; en 1970 hubo 368 invasiones. En el mismo período el número de apropiaciones ilegales en las ciudades subió de 15 a 352, y el número de apropiaciones ilegales de fábricas, de 5 a 133.

Ex conservadores y radicales, y algunos miembros decididamente antidemocráticos de la derecha nacionalista, se unieron en el Partido Nacional y empezaron a tomar la ofensiva. En las elecciones municipales de 1967 el Partido Nacional obtuvo un impresionante 14,3 por ciento de los votos, y la cifra subió hasta el 20 por ciento en las elecciones para el Congreso de 1969. Sin embargo, en 1969 los partidos marxistas se hicieron con el 28,1 por ciento de los votos, y el Partido Radical, que ahora estaba aliado políticamente con ellos, con otro 13 por ciento. Dentro del PDC propiamente dicho la derrota de la izquierda en 1968, después de una campaña activa por parte del presidente, hizo que volviera una ejecutiva del partido que era leal a Frei. Pero, a ojos de la derecha, ni siquiera esto era garantía suficiente de que el PDC, ahora dividido e indeciso, lograría parar a los marxistas.

La actividad política se hizo cada vez más acerba a medida que el gobierno del PDC se acercaba a su fin. La derecha estaba furiosa a causa de las reformas de la Administración, especialmente la reforma agraria, y, como escasa política positiva propia podía ofrecer, cada vez hacía más hincapié en las soluciones autoritarias y antidemocráticas para salir del estancamiento político. La izquierda se había visto profundamente afectada por la revolución cubana y, en el caso de algunos sectores del Partido Socialista, expresaba su apego al marxismo empleando de forma creciente el lenguaje propio de la lucha guerrillera y de la insurrección popular.

La victoria de los partidarios del presidente Freí en las elecciones internas del partido en 1968 también puede verse como un momento crítico. Aunque el margen de la victoria en modo alguno fue grande, una sección de la juventud del partido, un grupo pequeño pero influyente de congresistas y Jacques Conchol, el teórico de la reforma agraria del partido, abandonaron éste para crear el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Era obvio que un acuerdo entre el PDC y el FRAP con vistas a las próximas elecciones presidenciales ya no era posible. Quizá nunca lo había sido, dada la oposición del PDC a las coaliciones y la hostilidad de la izquierda marxista a la democracia cristiana. De hecho, se ha argüido que al presentarse como el partido natural de gobierno, al evitar la habitual política negociadora de los partidos centristas y al debilitar el poder del Congreso (en la reforma de 1970), el PDC contribuyó a minar el consenso que hacía posible el acuerdo entre partidos en un sistema multipartidista.

El período que precedió a las elecciones de 1970 se vio estropeado por una polarización y una violencia crecientes, el peor ejemplo de las cuales ocurrió al disparar la policía contra un grupo de ocupantes ilegales en la población meridional de Puerto Montt, matando a nueve personas. Aumentaron las apropiaciones ilegales de terrenos urbanos y granjas. Un grupo revolucionario escindido del Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), pasó a la clandestinidad y empezó a incitar a la subversión. Hasta el estamento militar comenzó a reflejar el ambiente de agitación y se produjo una sublevación en el regimiento de Tacna, el llamado «tacnazo». El objeto del levantamiento no estaba claro, pero parecía ser una mezcla de agravios económicos de los militares y una advertencia al gobierno en el sentido de que no permitiera que el proceso de «subversión» continuara.

La campaña presidencial de 1970 la hicieron tres movimientos equilibrados. El ex presidente Alessandri fue el primero en anunciar su candidatura, respaldado por el Partido Nacional y un grupo de radicales disidentes. Al principio pareció tomar la iniciativa política y ocupar un buen lugar en los sondeos, factor que disuadió a la derecha de repetir su táctica de 1964. Pero la edad de Alessandri (setenta y cuatro años) se le notó en la campaña, especialmente en la televisión, y, además, pocas cosas nuevas podía ofrecer en términos de política o programa. La principal de sus virtudes era el hecho de estar por encima de la política de partidos, aunque nadie dudaba de su compromiso con las ideas económicas de los grupos poderosos asociados con el Partido Nacional.

Radomiro Tomic, el candidato del PDC, había sido embajador en Washington y se le identificaba con el segmento izquierdista del partido. El programa de Tomic no era perceptiblemente menos radical que el de Allende. Prometía, por ejemplo, terminar la reforma agraria expropiando todos los latifundios «desde los Andes hasta el mar». Sus ataques iban dirigidos contra el Partido Nacional y la derecha, en vez de contra los partidos de la izquierdas unidos en la UP.

Salvador Allende, senador y, a sus sesenta y dos años de edad, candidato presidencial de la izquierda por cuarta vez, obtuvo sólo por un escaso margen el nombramiento de candidato del Partido Socialista —anticipo de las dificultades que tendría con su partido en el gobierno—, toda vez que el partido había cambiado a lo largo del decenio. Era más hostil a las alianzas y los pactos políticos y mostraba mayor preocupación por la pureza doctrinal. Era más leninista en su concepción del papel del partido, menos comprometido con un proceso gradual de construcción del socialismo y más con una visión de una revolución popular permanente. Pero seguía dividido internamente en relación con numerosas cuestiones y tenía que actuar dentro de una coalición política que abarcaba un amplio espectro de posturas políticas.

La victoria de Allende con el 36 por ciento de los votos (cuadro 6.4) no representó un gran desplazamiento hacia la izquierda ni una radicalización del electorado. Fue fruto de relaciones y hostilidades de partido más que de un cambio de la opinión. Sin embargo, el gobierno de la UP se asignó a sí mismo la tarea de producir el cambio de la opinión pública necesario para transformar su programa en práctica.

CUADRO 6.4

Las elecciones presidenciales de 1970

Candidato | Votos | Porcentaje
Allende | 1.070.334 | 36,2
Alessandri | 1.031.159 | 34,9
Tomic | 821.801 | 27,8
En blanco/nulos | 31.505 | 1,1
Total | 2.954.799 | 100

Fuente: Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, p. 40. La abstención fue del 16,5 por ciento.

El ritmo que llevaría la política durante los tres años siguientes tuvo un anticipo en la actividad frenética que se observó antes de que Allende pudiera asumir la presidencia. Con el fin de obtener la ratificación del Congreso que necesitaba un candidato que no había cosechado una mayoría de los votos, Allende accedió a firmar un estatuto de garantías democráticas propuesto por el PDC[17]. Como mínimo una importante compañía norteamericana, la International Telegraph and Telephone Company (ITT), trató de «desestabilizar» la Administración entrante y persuadir al PDC de no apoyar la ratificación de Allende. Alentada por la CIA, la extrema derecha intentó secuestrar al comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general René Schneider, con el fin de sembrar el pánico. El plan salió mal y acabó trágicamente porque Schneider murió al ofrecer resistencia. La fuga de capitales fue un anuncio de las dificultades que el gobierno entrante tendría con el sector empresarial.

LA «VÍA CHILENA AL SOCIALISMO»:
LA PRESIDENCIA DE SALVADOR ALLENDE, 1970-1973

No seré un presidente más. Seré el primer presidente del primer gobierno realmente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. (Del discurso de la victoria de Salvador Allende).

El objetivo político central de las fuerzas de la Unidad Popular será la búsqueda de algo que substituya la actual estructura económica, que acabe con el poder del capital monopolista extranjero y nacional y del latifundio con el fin de iniciar la construcción del socialismo. (Del programa de la Unidad Popular).

El gobierno de la UP capitaneado por Salvador Allende transformó el clima de la vida pública en Chile. Viejos conceptos tales como la afiliación a un partido cambiaron y en lugar de verse como simple expresión de la preferencia por un partido pasaron a considerarse como una posición en la lucha de clases. Se rompió el consenso general acerca de la validez del sistema constitucional. La violencia política, que hasta entonces había sido rara en Chile, creció en intensidad y en frecuencia. Movimientos nuevos a los que se identificaba de forma imprecisa como el «poder popular» expresaban una intensificación de las exigencias populares que no sólo alarmaba a la oposición, sino que, además, debilitaba la autoridad política del gobierno. Se politizaron todos los aspectos de la vida y la política se polarizó: era imposible no estar ni a favor ni en contra del gobierno. La terrible brutalidad con que el gobierno fue derribado el 11 de septiembre de 1973 es un triste testimonio del nivel a que había llegado la pasión política.

El gobierno de la UP prometió nacionalizar la economía, poner en práctica un amplio programa de redistribución de la renta, terminar con la dominación de los latifundios, transformar el sistema político mediante la creación de una legislatura unicameral, potenciar la participación popular en la dirección de la economía, en la toma de decisiones políticas y en la administración de justicia y seguir una política exterior auténticamente independiente. Aunque a este programa le faltaba poco para ser revolucionario, el gobierno se proponía ponerlo en práctica sin salirse de los límites del sistema constitucional que ya existía. Ese sistema se modificaría, por supuesto, pero la mayoría de la coalición UP no pretendía nada que pudiera calificarse de ilegalidad revolucionaria o insurrección. El gobierno argüía que la puesta en práctica del programa afectaría adversamente a sólo una diminuta minoría de terratenientes y a sólo una pequeña fracción de la élite económica, que estaba muy concentrada. En el sector industrial, por ejemplo, al principio el gobierno pensaba nacionalizar 76 compañías. Estas empresas eran importantísimas y representaban alrededor del 44 por ciento del total de las ventas de manufacturas, pero incluso sumadas a las que el estado ya poseía o controlaba, el sector nacionalizado consistiría en sólo alrededor de 130 empresas industriales de las 30.500 que había en el país.

Había mucha vaguedad en lo que se refería a los métodos que se utilizarían para poner en práctica unas medidas tan amplias dentro del marco institucional existente. ¿Cómo se pondrían en práctica y durante cuánto tiempo, y de qué manera estarían relacionadas las medidas a corto, medio y largo plazo?[18] La puesta en práctica de las medidas de la UP dependía de una serie de supuestos interrelacionados sobre el éxito de su política económica, sobre la firmeza del apoyo político que recibiría el gobierno y sobre el comportamiento de la oposición. Los supuestos resultaron carecer de realismo.

El gobierno de la UP era una coalición de seis partidos, y el programa en sí mismo era un documento redactado de forma que diese cabida a las distintas tendencias que había dentro de la coalición, desde la moderación socialdemócrata del Partido Radical hasta el leninismo del segmento izquierdista del Partido Socialista. Lo más importante eran las diferencias entre los socialistas y los comunistas sobre la rapidez con que el programa debía ponerse en práctica y sobre el equilibrio político entre, por un lado, la movilización popular y, por el otro, la necesidad de infundir confianza a los sectores de la clase media[19]. El interminable debate en torno a la manera de crear la vía chilena al socialismo produjo incertidumbre acerca de la política que había que seguir y dio pábulo a las sospechas de la derecha de que la vía al socialismo resultaría ser un callejón sin salida marxista del cual no se podría volver.

Las dificultades con que tropezó Allende como presidente se vieron agravadas por la falta de disciplina y el faccionalismo de su propio Partido Socialista. Desde que en su congreso de 1967 el partido declarase que «la violencia revolucionaria es inevitable y necesaria», había sectores importantes del partido que apoyaban, al menos en teoría, la «vía insurreccional» en lugar de la «vía pacífica». Y había grupos fuera del Partido Socialista, en especial el MIR, que practicaban lo que predicaban algunos de los socialistas de izquierdas. La actitud ambivalente de algunos destacados políticos socialistas ante las actividades del MIR y ante la legitimidad de la violencia revolucionaria ponía al gobierno Allende en una situación embarazosa y daba a la derecha la oportunidad de crear temores acerca de las intenciones del conjunto de la UP. No aquietaba tales temores el tono de la propaganda de la izquierda ni de la derecha. El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, destacado político democristiano, por un grupo de la extrema izquierda en junio de 1971 intensificó agudamente el clima de miedo y hostilidad políticos.

El Partido Socialista nunca dejó de sospechar del Partido Comunista Chileno (PCCh). El PCCh existía desde hacía mucho tiempo, estaba firmemente arraigado en el movimiento laboral, era muy disciplinado y apoyaba decididamente a Moscú en los asuntos internacionales, pero no por ello carecía de flexibilidad en los asuntos nacionales. Su moderación y su cautela no eran aceptables a ojos de algunos sectores del Partido Socialista. Parecía haber un liderazgo dual en el centro de la UP. El Partido Radical tendía a secundar la cautela de los comunistas, pero se escindió en tres direcciones y perdió su importancia política. Los otros dos partidos ideológicos de la UP, el MAPU y la Izquierda Cristiana (IC), también sufrieron pérdidas y el MAPU se escindió en dos partidos distintos. La Acción Popular Independiente (API) del senador Rafael Tarud era un partido personalista de poca importancia política.

Un problema serio que causó la existencia de tantos partidos fue la imposición de un sistema de cupos para el reparto de puestos en el gobierno. Los puestos debían distribuirse de acuerdo con un plan más o menos fijo y favoreciendo a los partidos pequeños; pero los subordinados debían pertenecer a partidos diferentes del de su superior directo. El propósito de este sistema era impedir que un partido determinado colonizase un ministerio. En la práctica los resultados fueron perjudiciales. La autoridad del partido suplantó la autoridad administrativa; el control de la maquinaria gubernamental por parte del ejecutivo se debilitó; y el efecto en el funcionariado profesional, cuya cooperación era esencial para llevar a buen término un programa de reformas tan ambicioso, fue muy adverso.

Estas divisiones ya habrían sido perjudiciales de haber disfrutado la UP de una mayoría en el Congreso, pero se encontraba allí en minoría. A consecuencia de las elecciones de 1969, la UP tenía dieciocho escaños en el Senado; la oposición, treinta y dos. Y PAC tenía veinte senadores; el mayor de los partidos de la UP, el de los comunistas, sólo seis. En la Cámara Baja el gobierno tenía cincuenta y siete escaños; la oposición, noventa y tres. El PDC tenía cuarenta y siete escaños y el Partido Nacional, treinta y tres, mientras que los comunistas tenían veintidós y los socialistas, catorce. Los escaños que la UP ganó en las elecciones de 1973 sólo redujeron ligeramente la mayoría de la oposición. Así, el gobierno de la UP se encontró ante un Congreso que cada vez era más hostil. A menos que pudiera llegarse a un acuerdo con el PDC, la única esperanza para la UP era que su política económica diese tan buenos resultados, que se produjera un desplazamiento masivo a su favor. Pero después de un año de buenos resultados iniciales, la economía empezó a ir mal.

Lo primero que hizo el gobierno en el campo económico fue decretar un masivo aumento de sueldos y salarios. Aunque la tasa de inflación en 1970 era del 35 por ciento, el aumento salarial fue de una media del 55 por ciento. Hubo aumentos diferenciales para los sectores más pobres pero, de hecho, se produjo una explosión salarial más que una redistribución de la renta de los ricos a los pobres. En términos relativos, a los pobres les fue mejor que a los ricos; pero los que percibían las máximas rentas no sufrieron. Se instauraron controles de precios y el gobierno creó un sistema complicado de redes de distribución por medio de diversos organismos, entre ellos unos comités locales sobre la oferta y los precios (las llamadas Juntas de Abastecimientos y Precios o JAPs) para tener la seguridad de que los tenderos siguieran las reglas.

Las minas de cobre fueron nacionalizadas, con el apoyo de la oposición, antes de julio de 1971; y durante el primer año el gobierno se hizo cargo de más de ochenta empresas de importantes sectores comerciales e industriales. También se aceleró la reforma agraria, pero el gobierno tenía que trabajar dentro de los límites de la ley aprobada por el gobierno anterior. Durante el primer año se expropiaron casi tantas granjas como durante todo el período de gobierno del PDC, muchas de ellas de resultas de apropiaciones de tierras. En las postrimerías de 1971 virtualmente todo el sector financiero estaba bajo el control del gobierno, traspasado al Área de Propiedad Social (APS).

La expansión inducida por el gobierno dio por fruto una elevada tasa de crecimiento económico en 1971. Debido a la capacidad no utilizada en la industria, la acumulación de existencias, el rápido crecimiento de las importaciones y un nivel alto de reservas internacionales, el gobierno logró que la tasa de inflación fuera inferior a la del año anterior. En 1971 el PIB creció en un 7,7 por ciento en conjunto, la producción industrial bruta subió un 11 por ciento y una buena cosecha incrementó en un 7 por ciento la parte del PIB correspondiente a la agricultura. El paro descendió del 8,3 por ciento en 1970 al 3,8 por ciento a finales de 1971. Los sueldos y salarios subieron hasta situarse en un 61,7 por ciento de la renta de 1971, en comparación con el 52,2 por ciento en 1970 y una media del 48,4 por ciento para el decenio de 1960.

En el campo exterior el gobierno anunció su intención de mantener un tipo fijo de cambio. La izquierda había criticado ferozmente el sistema de devaluación basado en el ajuste mensual de la paridad del cambio que utilizara el gobierno Frei, arguyendo que incrementaba los costes y alimentaba la inflación. Pero el resultado fue que el escudo empezó a estar cada vez más sobrevalorado. Otras señales de advertencia comenzaban a aparecer antes de que concluyera el primer año de Allende en el poder. Los gastos del gobierno central subieron acentuadamente, más del 66 por ciento en términos nominales en 1971 en comparación con el año anterior, del 21 al 27 por ciento del PIB, pero el ingreso corriente del gobierno descendió del 20 al 18,5 por ciento del PIB. El déficit fiscal subió hasta quedar en el 8 por ciento del PIB en comparación con el 4 por ciento del año anterior. La oferta monetaria se multiplicó por más de dos y la enorme expansión del crédito fue en su mayor parte para el sector público. Durante 1971 el precio medio del cobre descendió en un 27 por ciento, y como la producción también disminuyó ligeramente en las tres minas principales, el valor de las exportaciones de cobre descendió en un 16,5 por ciento. Aunque las reservas internacionales eran altas, lo mismo cabía decir de la deuda pendiente de pago. La balanza comercial pasó de un superávit de 95 millones de dólares norteamericanos en 1970 a un déficit de 90 millones en 1971. Las tradicionales fuentes de financiación externa en los Estados Unidos virtualmente se secaron, y el gobierno se vio obligado a recurrir a otras fuentes: Europa, América Latina y la URSS. Las reservas de Chile disminuyeron en tres cuartas partes en 1971, y en noviembre el gobierno se vio obligado a anunciar la suspensión del servicio de la deuda, en espera de la renegociación.

Todos los problemas que ya eran visibles en 1971 —límites de la capacidad en el sector industrial y en otros, rupturas en el sistema de distribución, conflictos industriales, el crecimiento de un mercado negro, el declive de la inversión privada, la expansión monetaria incontrolada, el agotamiento de las reservas internacionales— se acumularon y multiplicaron con terrible fuerza en 1972 y 1973. Cuando el gobierno de la UP tocó a su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales ya iban en descenso, la producción agrícola había disminuido mucho (quizá hasta el nivel de los primeros años sesenta, aunque el funcionamiento del mercado negro hacía que los cálculos fuesen difíciles), la inflación estaba descontrolada, hubo que reprogramar varios años del servicio de la deuda, las reservas internacionales netas presentaban un déficit de más de 200 millones de dólares norteamericanos y el déficit de la balanza de pagos también era elevado. Los ingresos públicos bajaron mucho mientras los gastos crecían. Con el aumento del mercado negro y los obstáculos que puso el Congreso a los cambios impositivos, el déficit del gobierno central alcanzó alturas sin precedentes: el 22 por ciento del PIB en 1973. La masa monetaria creció en un 576 por ciento entre finales de 1971 y agosto de 1973; la expansión total de la masa monetaria bajo el gobierno de la UP fue del 1.345 por ciento.

Aunque el gobierno devaluó la moneda en diciembre de 1971, y en intervalos a partir de entonces, una tasa de inflación tan elevada hizo que el escudo estuviera en todo momento seriamente sobrevalorado. Después de una caída de los ingresos producidos por las exportaciones al descender los precios del cobre en 1972, en 1973 hubo una recuperación. Pero las importaciones continuaron creciendo más aprisa; los costes totales de las importaciones de alimentos fueron casi el cuádruple de los correspondientes a 1970 (y representaron más de un tercio del total de importaciones en comparación con sólo el 14 por ciento de tres años antes). Esto refleja la subida de los precios internacionales así como el resultado de la subida de las rentas de los pobres y el descenso de la producción.

La reforma agraria se aceleró durante 1972. El estado se había hecho cargo de más del 60 por ciento de la tierra de regadío para redistribuirla. Pese a la envergadura del proceso, hubo muy poca violencia y muy poca destrucción de propiedades. Pero hubo también un gigantesco desincentivo a la inversión y una grave descapitalización, con el consiguiente descenso de la producción en 1972 y 1973. En el sector industrial continuaron las absorciones por parte del estado y la amenaza de expropiación además de la invasión espontánea por parte de los trabajadores provocó la virtual interrupción de las inversiones por parte del sector privado.

El análisis de la política económica del gobierno de la UP tiende a ocuparse de lo que salió mal, de por qué las cosas salieron tan mal. Sin embargo, uno de los logros más importantes y duraderos del gobierno de la UP fue la nacionalización de las grandes minas de cobre. La decisión de traspasar estos activos a la nación hizo necesario enmendar la Constitución, y la enmienda fue aprobada con el apoyo en el Congreso de todos los partidos. El gobierno de la UP prometió compensar a las compañías según el valor de sus activos en los libros, pero les advirtió que serían sancionadas por obtener beneficios excesivos en el pasado. Después de complicadas disputas jurídicas, el gobierno decidió que la cantidad que debían varias compañías sobrepasaba los valores según los libros. Se ofreció pagar en el caso de ciertas minas, pero las compañías se opusieron ferozmente a la nacionalización y ello creó dificultades para el comercio internacional de Chile. Aunque hubo problemas en el comienzo de la transición, y aunque los costes unitarios subieron de forma apreciable, la producción total se incrementó; la combinación de las medidas que tomaron los gobiernos del PDC y de la UP ayudó a asegurar tanto una expansión considerable de la producción de cobre en los años setenta como el que las ganancias producidas por el cobre se quedaran en Chile en vez de ser exportadas.

Otras reformas del período UP, tales como la distribución de leche gratuita entre los niños de las escuelas, fueron admirables por muchas razones. Se hizo un intento decidido de reformar el sistema fiscal, aunque se dejó para bastante tarde y tropezó con demasiada hostilidad en el Congreso. Los planes para la participación de los trabajadores en la industria y para la creación de cooperativas agrícolas fueron imaginativos y en tiempos menos revueltos quizá habrían contribuido de manera positiva tanto a la producción como a una auténtica ampliación de la participación. Pero corrían tiempos revueltos y las reformas se vieron atascadas en una polémica política que las destruyó.

La fuerza de la oposición no bastaba por sí sola para explicar el retroceso económico. Hubo falta de coordinación entre el equipo económico y los políticos, entre la estrategia política de cambio y consenso graduales y la estrategia económica radical de redistribución. La aparente falta de preocupación del gobierno ante la tormenta económica que se estaba preparando denotaba un optimismo injustificado acerca de las perspectivas a largo plazo y una despreocupación igualmente injustificada acerca de la gestión a corto plazo.

La estrategia de Pedro Vuskovic, el ministro de Economía, se basaba en los efectos reflacionarios de una masiva redistribución de la renta. Vuskovic era el principal estratega económico y ejercía mucha influencia en Allende. La intención de su estrategia era principalmente ampliar la base política de la UP y los votos en las elecciones de 1973 demostraron que la base política era en verdad notablemente firme, si bien la estrategia no había incrementado el apoyo de forma espectacular (y había intensificado la oposición al gobierno). Sin embargo, no se logró contener la demanda de los consumidores en un nivel que estuviera de acuerdo con las ganancias en divisas extranjeras o con el nivel de inversiones deseado. El enorme incremento del poder adquisitivo pronto tropezó con las limitaciones de la oferta y el resultado fueron el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento y la inflación. La redistribución no afectó a los que percibían ingresos altos —excepto reduciendo las proporciones relativas— y todo el mundo se benefició en términos de un incremento del poder adquisitivo. Se ha argüido que la explosión de la renta fue el factor principal que había detrás de la crisis económica.[20]

La política del gobierno hubiera tenido más probabilidades de dar buenos resultados de haber sido posible aplicar una moderación salarial, pero en la práctica era muy difícil: en 1971 los salarios y los sueldos ya representaban la parte del PIB que supuestamente tenían que alcanzar en 1976. En general, la actitud del gobierno ante las demandas salariales fue de apoyo. Después de todo, se trataba de un gobierno al que respaldaba la clase trabajadora y que actuaba en beneficio de ésta. En su búsqueda de influencia, los partidos que integraban la UP fomentaban en algunos casos las demandas salariales para ganar seguidores; y los partidos de la oposición también alentaban las demandas salariales excesivas con el fin de aumentar las dificultades económicas del gobierno. ¿Cómo podía el gobierno contener estas presiones? Las medidas represivas que se habían utilizado en tiempos pasados eran completamente inadmisibles por motivos políticos. Pero el resultado fue desastroso. El importante déficit imprevisto tanto de las tradicionales empresas del estado como de las recién nacionalizadas se debió principalmente a la combinación de incrementos salariales y controles de precios. En 1972 el gobierno propuso un incremento de salarios y sueldos del 22 por ciento para el sector público; la media de los incrementos reales obtenidos fue del 47,7 por ciento (y el nivel del sector privado no quedaba lejos).

CUADRO 6.5

Huelgas en 1971 y 1972

Número de
huelgas
Días de huelga
en total
Total
participantes
Días-hombre
perdidos en total

Sector privado

1964
564
—
138.476
—

1969
977
– 275.405
972.382
—

1971
2.377
18.153
251.966
1.281.834

1972
2.474
11.097
262.105
1.177.186

Sector público

1971
322
1.088
50.431
132.479

1972
815
2.881
135.037
476.965

FUENTE: H. Landsberger y T. McDanield, «Hypermobilisation in Chile», World Politics 28 (julio de 1976), p. 520, utilizando las cifras oficiales de la alocución anual del presidente al Congreso.

Los incrementos de salarios y sueldos no se obtuvieron sin luchar en el sector privado o incluso en el público, y durante el período se produjo un notable aumento del número de huelgas (cuadro 6.5). Muchas de estas huelgas de 1971 y 1972 fueron el preludio de la apropiación de fábricas o granjas por parte de los trabajadores y gozaron del apoyo de los funcionarios de los gobiernos locales aun cuando el gobierno central se mostrase cada vez más preocupado.

La incorporación de empresas en el APS, el sector estatal de la economía (cuadro 6.6), creó muchos problemas. Se absorbieron muchas más empresas de las que se preveían (aunque unas veinticinco que estaba previsto nacionalizar se libraron de ello). En 1973 las empresas manufactureras del APS representaban más del 40 por ciento de la producción industrial total y daban empleo al 30 por ciento de la fuerza laboral industrial. Además, el sector estatal representaba el 93 por ciento del crédito bancario total, el 90 por ciento de la producción minera y el 28 por ciento de la distribución de alimentos. Estas empresas debían administrarlas conjuntamente representantes de los trabajadores y de la dirección y no debían constituir una amenaza para las empresas pequeñas y medianas, aunque, de hecho, como tal aparecían.

Aparte del asunto de la participación de los trabajadores, cuyos resultados fueron diversos, la principal función del APS, según Vuskovic, era generar un superávit e incrementar la acumulación de capital. Pero la acción independiente de los trabajadores, a raíz de la apropiación por parte de los obreros de la importante planta textil de Yarur en abril de 1971, significó que el proceso de nacionalización estuvo dominado por criterios políticos en lugar de económicos. Muchas de las empresas absorbidas eran pequeñas o medianas y a menudo estas nacionalizaciones tenían lugar en contra de los deseos de Allende.

A pesar de llamamientos del gobierno pidiendo moderación, los trabajadores del APS empezaron a exigir beneficios especiales, tales como descuentos en los productos agrícolas e incrementos salariales muy por encima de la tasa de inflación. La dirección del APS se hallaba dividida de acuerdo con su afiliación a tal o cual partido y las consideraciones partidistas a menudo se imponían a las de eficiencia económica. Diferentes partidos tenían estrategias distintas y utilizaban el control que ejercían sobre ciertas empresas para poner en práctica las estrategias en que creían. En vez de proporcionar un superávit para la economía, el conjunto del sector estatal fue responsable de gran parte del enorme déficit fiscal, aunque éste fue fruto de la administración de las tradicionales empresas estatales más que de las recién nacionalizadas.

CUADRO 6.6

Sector estatal, 1970-1973

Número de empresas

Nov. 1970
Dic. 1971
Dic. 1972
Mayo 1973

Propiedad estatal[*]
31
62
103
165

Bajo intervención
o requisamiento
—
39
99
120

Total
31
101
202
285

FUENTE: Stefan de Vylder, Allende’s Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Popular Unity, Cambridge, 1976, p. 149.

El gobierno de la UP abandonó la estrategia de Vuskovic en julio de 1972, momento en que éste fue substituido como ministro de Economía por Carlos Matus, un socialista de Allende, a la vez que el comunista Orlando Millas pasaba a desempeñar el cargo de ministro de Hacienda. Matus y Millas trataron de seguir una estrategia más coherente con el fin de reducir la diferencia que había entre la oferta y la demanda. Pero la relajación de los controles de precios y la devaluación hicieron que la inflación se disparara. El gobierno perdió por completo la capacidad de planificar a largo plazo: sobrevivir de día en día era lo único que podía conseguir.

La oposición hizo cuanto pudo por sabotear los planes económicos de la UP y no cabe duda de que contribuyó de forma decisiva a sus dificultades económicas. La oposición en el Congreso se negó a aceptar reformas y reajustes de los impuestos, y en 1972 aumentó considerablemente el déficit fiscal al negarse a financiar el presupuesto. Y la oposición no se limitó a las actividades en el Congreso. Hubo sabotaje de la producción, huelgas masivas tales como las llamadas huelgas de patronos de octubre de 1972 y junio de 1973, que causaron graves daños a la economía.

El asunto de la injerencia norteamericana es motivo de discusión. La CIA fue autorizada a gastar 8 millones de dólares para conseguir el derrocamiento de Allende y, dado el precio de los dólares en el mercado negro, es probable que la cifra estuviese más cerca de los 40 millones de dólares. Además, los empréstitos norteamericanos quedaron interrumpidos; los Estados Unidos utilizaron su influencia para bloquear los empréstitos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; trataron de obstruir la renegociación de la deuda chilena; se agotaron los créditos a corto plazo procedentes de bancos estadounidenses; y las compañías del cobre norteamericanas procedieron judicialmente contra Chile para bloquear las exportaciones de cobre a Europa. Por supuesto, Chile pidió muchos empréstitos, especialmente a otros países latinoamericanos y recibió ayuda económica importante de la URSS y de otros países comunistas en 1972 y a comienzos de 1973. Pero en el momento de producirse el golpe de estado casi todos los créditos para el desarrollo a largo plazo, entre ellos un total de 500 millones de dólares procedentes del bloque soviético, aún no se habían gastado. Puede que no hubiese un bloqueo por parte de los Estados Unidos, pero hubo un boicot virtual y el efecto en una economía tan vinculada al sistema económico estadounidense no podía por menos de producir una seria dislocación.

El centro político desapareció en el Chile de Allende. El Partido Radical se desintegró en tres facciones. Bajo la presión electoral, empujado por su propia ala derecha y tras la deserción de varios congresistas progresistas que fundaron la IC, en 1972 el PDC entabló una relación de trabajo con el Partido Nacional. Debido a su propia moderación, Allende se vio cada vez más aislado mientras sus partidarios creaban nuevas formas de organización política, ajenas al control del ejecutivo, en el llamado «poder popular».

¿Por qué no pudo contenerse el conflicto dentro del sistema institucional? Probablemente porque ninguno de los bandos estaba lo bastante comprometido con tal sistema y porque las expectativas de todos los partidos eran demasiado altas. La oposición se permitió tomar una serie de medidas cuya finalidad era obstruir al ejecutivo, lo cual, aunque no fuese ilegal, sin duda infringía los convencionalismos del sistema propio del Congreso. El gobierno, por su parte, tomó medidas de dudosa legalidad. Se usaron intensivamente las censuras Constitucionales de los ministros en un intento de crear confusión y conflictos administrativos entre los distintos brazos del gobierno. Se evitaron las restricciones a las iniciativas legislativas convirtiendo las propuestas de ley en proyectos de enmienda de la constitución. El principal conflicto en este sentido fue a causa de la propuesta de dos senadores del PDC, Juan Hamilton y Renán Fuentealba, de que se restringieran los poderes del ejecutivo para incorporar empresas en el APS más allá de los acuerdos entre el ejecutivo y el Congreso. La oposición trató de idear medidas que mitigaran los antiguos poderes de veto del ejecutivo en lo que se refería a las propuestas hechas en el Congreso. La culminación de esto fue el famoso debate del 22 de agosto de 1973, en el cual la Cámara de Diputados declaró que la política del presidente era anticonstitucional e ilegal y, por 81 contra 47 votos, invitó a los militares a defender la Constitución.

El gobierno, por su parte, usó algunas medidas poco ortodoxas para poner en práctica su política, tales como la aplicación de un decreto de 1932 para facilitar la absorción de empresas. Dejando aparte el asunto de si estas interpretaciones de la Constitución eran correctas o no, el efecto fue politizar el sistema judicial al llevar a los tribunales disputas que antes se resolvían mediante acuerdos entre los políticos. Esta costumbre no contribuyó a que se solucionaran las cuestiones de principio ni a asegurar la imparcialidad de los procedimientos administrativos.

Si el proyecto de transformación social de la UP era posible sólo con el apoyo de la mayoría del pueblo, hubiera podido realizarse mediante elecciones, un plebiscito sobre la reforma constitucional o un acuerdo con el PDC. Las elecciones municipales de abril de 1971 dieron un total del 48,6 por ciento de los votos a la UP, un 48,2 por ciento a la oposición y el resto fueron votos en blanco o anulados. Sin embargo, las elecciones municipales no alteraron el equilibrio de poder político. En ciertos aspectos fue un mal resultado para la UP. No dio al gobierno nuevo poder, pero contribuyó a crear una sensación de falsa confianza, y reforzó los argumentos contra hacer un trato con el PDC. Las elecciones para el Congreso de marzo de 1973 también fueron inconcluyentes hasta cierto punto. La UP obtuvo el 44,2 por ciento de los votos (los socialistas, el 18,4 por ciento, y los comunistas, el 16,2 por ciento) y los partidos de la oposición, el 54,2 por ciento (el PDC, el 28,5, y el Partido Nacional, el 21,1 por ciento), con el 1,6 por ciento en blanco o anulados. Semejante resultado no podía resolver el atolladero político en ningún sentido. Pero sirvió para demostrar que la oposición no podía obtener la mayoría de dos tercios del Congreso que necesitaba para denunciar a Allende, conclusión que no pasó inadvertida por los que eran partidarios de un golpe.

En varias ocasiones se debatió en la coalición de la UP celebrar un plebiscito sobre la Constitución, disolver las cámaras existentes en aquel momento y reelegir una asamblea popular unicameral. Se pensó en ello inmediatamente después de las elecciones municipales de 1971, pero Allende y los comunistas rechazaron la idea alegando que obligaría a la oposición a unirse. Volvió a someterse a consideración en los últimos meses del gobierno, pero, aunque ahora Allende se mostró favorable, la rechazaron los partidos, algunos de los cuales buscaban la cooperación con el PDC, mientras que otros preveían que iba a haber un conflicto y querían tiempo para prepararse.

Siempre hubo miembros tanto del PDC, entre ellos Tomic, como de la UP que arguyeron a favor de la cooperación. Se intentó con frecuencia llegar a un acuerdo sobre un programa común hasta mediados de agosto de 1973, momento en que el cardenal arzobispo de Santiago se ofreció como mediador. Pero los intentos de cooperación siempre fracasaron. El Partido Socialista se oponía a tales acuerdos alegando que sería traicionar los objetivos centrales de la UP y molestaría a sus seguidores. Patricio Aylwin, destacado senador del PDC, también opinaba que cooperar con la UP sería una traición, a menos que se hiciesen concesiones concretas al PDC[21]. De hecho, la hostilidad que en algunos líderes del PDC inspiraba la cooperación con la UP les llevó a dar la bienvenida a un golpe militar. La tragedia es que en ciertas etapas, cuando, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en junio y julio de 1973, se aceptaron tantas cosas importantes que antes se discutían, que poco quedó salvo un acto de voluntad política por ambas partes de poner los acuerdos en práctica. Un elemento continuo que actuó contra la cooperación fue la prensa, tanto la de izquierdas como la de derechas. Ataques violentos contra políticos de ambos bandos e informes exagerados y descabellados sobre conspiraciones de tal o cual signo contribuyeron a crear una mentalidad de sitio. Un acuerdo entre el PDC y la UP se hizo cada vez menos probable a medida que los acontecimientos sociales y políticos empujaban a las dos partes hacia posiciones antagónicas. A la UP le resultó más fácil aceptar una presencia militar en el gabinete, con el fin de resolver la crisis de octubre de 1972, que reanudar las conversaciones con el PDC.

Aunque los teóricos de la UP especulaban sobre los problemas de ganarse a la clase media, parecía que se daba por sentado que la lealtad de la clase trabajadora estaba asegurada. No era así. Había numerosos elementos de la clase trabajadora cuya lealtad política se hallaba en otra parte; y los sectores de dicha clase que eran leales a los fines del gobierno de la UP no por ello dejaron de crear organizaciones y de hacer cosas que redujeron todavía más la posibilidad de una resolución institucional y constitucional de la crisis política.

Las dificultades con que tropezó el gobierno al tratar de poner coto a los incrementos salariales demuestran la medida en que la CUT no podía frenar a los sindicatos que la constituían. Mucho más que antes, la CUT se convirtió en parte del sistema de gobierno, pero sus debilidades continuaron siendo un impedimento para el ejercicio del control central. El movimiento sindical chileno siempre había sido muy descentralizado; las federaciones e incluso los sindicatos de fábrica tenían una tradición de gran independencia a la que no estaban dispuestos a renunciar. Y una proporción importante de los afiliados a los sindicatos pertenecía a partidos de la oposición, como indican los resultados de las elecciones de 1972 para el ejecutivo de la CUT (cuadro 6.7).

Aunque los partidos de la UP recibieron alrededor del 70 por ciento del total de votos, el PDC tenía una mayoría en el Santiago central con 35.000 votos contra unos 30.000 para los comunistas y 25.000 para los socialistas, y el PDC controlaba la rama regional de la CUT para la provincia de Santiago. Muchos sindicalistas del PDC estaban situados a la izquierda de los líderes de su partido, y algunos colaboraban con los sindicalistas de la UP en los planes de participación. Pero era obvio que no iban a ser más modestos que los sindicalistas de la UP a la hora de exigir aumentos salariales y otros beneficios para los trabajadores, y esto dio origen a huelgas perjudiciales como, por ejemplo, el conflicto en la mina de cobre de El Teniente en abril de 1973, que no sólo significó una inoportuna pérdida de ganancias de exportación, sino que fue un golpe para la autoridad del gobierno.

CUADRO 6.7

Las elecciones nacionales de la CUT, 1972

| Votos | Porcentaje
Trabajadores manuales |  |
Comunistas | 113.000 | 38
Socialistas | 95.900 | 32
Demócratas cristianos | 47.400 | 16
Miembros del MAPU | 22.000 | 7
Miembros del FTR[*] | 5.800 | 1
Radicales | 5.600 | 1
Total | 291.400[**] |
Administrativos |  |
Demócratas cristianos | 61.000 | 41
Comunistas | 33.000 | 22
Socialistas | 29.000 | 19
Radicales | 11.000 | 7
Total | 146.000[***] |

FUENTE: Cifras oficiales de la CUT. Aparecen cifras ligeramente distintas en Manuel Castells, La lucha de clases en Chile, Buenos Aires, 1974, p. 427. Pero, dado que el recuento duró unas seis semanas y fue discutido, no es extraño que existan semejantes discrepancias.

Aun en el supuesto de que los sindicatos hubiesen estado unánimemente a favor de la UP, hubieran seguido siendo sólo una minoría del total de la fuerza laboral. Las trabajadoras, por ejemplo, en gran parte no estaban organizadas, y su comportamiento electoral indicaba que se oponían a la UP más que los hombres. La presencia de las mujeres en el electorado había crecido más rápidamente que la de los hombres, y en 1970 constituían la mitad del electorado. Si bien es claro que la UP estaba acortando la diferencia entre el comportamiento electoral de los hombres y el de las mujeres en las zonas urbanas de clase trabajadora, en las elecciones de 1973 el 61 por ciento de los votos de las mujeres fueron para la oposición mientras que la cifra correspondiente a los hombres fue del 51 por ciento.

La lealtad política de los habitantes de los barrios de chabolas siempre fue un problema para la UP. Sólo una pequeña proporción estaba organizada en sindicatos; los extremistas de izquierdas del MIR tenían entre estas gentes más apoyo que entre otros sectores de la sociedad; el PDC también tenía un fuerte respaldo; y los mecanismos normales de control del gobierno eran mucho más débiles en estas zonas. A mediados de 1973 había 275 «campamentos» en Santiago, en los cuales vivía alrededor de una sexta parte de la población de la capital. Muchos de los campamentos se habían creado mediante la apropiación ilegal de tierras; de los pobres urbanos se esperaban tales actividades en un clima político que por una vez se mostraba comprensivo con sus aspiraciones, pero las «tomas» contribuían a la pérdida de autoridad por parte del gobierno. Muy pocos de los habitantes de las chabolas se beneficiarían, por ejemplo, de la participación en la fuerza laboral del APS: según cifras del gobierno, sólo alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral económicamente activa estaba empleada en el sector estatal. El gobierno, por lo tanto, tenía que hacer frente de otras maneras a los agravios de los que se encontraban fuera del sector estatal: controles de precios y organismos de distribución del estado, por ejemplo, y transporte subvencionado. El problema era que la UP no tenía recursos suficientes para ocuparse de todas las demandas apremiantes al mismo tiempo.

El campo planteaba una serie de problemas diferentes al gobierno. La Ley de Reforma, tal como estaba, poco podía hacer por numerosos sectores de los pobres: los peones sin tierra y los minifundistas. A finales del decenio de 1960 los minifundistas tenían el 80 por ciento de todas las propiedades de tierras, pero éstas constituían solamente el 10 por ciento del total de tierra rural cultivable, aun cuando empleaban al 40 por ciento de la fuerza laboral. Los principales beneficiarios del proceso de reforma fueron los peones residentes en haciendas expropiadas. Los problemas que tenía ante sí el gobierno eran inmensos. En primer lugar, hubo gran número de las llamadas «tomas de tierna», quizá 1.700 durante el primer año y medio del gobierno de la UP. El objetivo de muchas de ellas eran las propiedades de extensión mediana que el gobierno se había comprometido a defender, y mientras que el MIR intervino en las tomas, los partidos de la UP no las fomentaron. La proporción de la fuerza laboral rural que participó en ellas fue relativamente pequeña —tal vez el 20 por ciento—, pero la prensa de la oposición aprovechó las tomas para hacer una guerra de propaganda contra el gobierno. En segundo lugar, muchos de los beneficiarios de la reforma, los llamados «asentados», no tenían ningún deseo de ver sus beneficios diluidos y se convirtieron en acérrimos partidarios del PDC. En tercer lugar, las otras organizaciones del gobierno, los Centros de Reforma Agraria (CERAS) y los consejos campesinos, no arraigaron realmente entre el campesinado. Eran en esencia organismos promovidos por el estado y, de hecho, la oposición se hizo cargo de muchos de ellos. En el campo los conflictos sociales eran complejos. El proceso de reforma agraria y de sindicación de los campesinos no había eliminado los conflictos, sino que más bien los había trasladado a un nivel diferente del sencillo conflicto entre hacendado y peón. En todo caso, el periodo fue demasiado corto, y las presiones demasiado grandes, para que las reformas incrementasen la productividad o resolvieran las desigualdades que persistían en el campo.

Así pues, la oposición contaba con el apoyo de muchos trabajadores urbanos y rurales, entre los cuales eran los más obvios los empleados y los beneficiarios del proceso de reforma en el campo. Cada vez era más frecuente que los partidarios del gobierno en la clase trabajadora tomaran la iniciativa, cada vez menos controlados por los burócratas del partido central o de los sindicatos, que por su parte daban crecientes muestras de movilización y radicalismo. Las actividades tales como las tomas de granjas y fábricas creaban problemas a un gobierno que deseaba vivamente conservar su imagen de gobierno constitucional y albergaba la esperanza de obtener el apoyo de la mayoría a su política.

El poder y la participación populares eran objetivos fundamentales de la UP, pero la forma exacta que debía adquirir esa participación nunca quedó clara del todo, y había diferencias entre los socialistas y los comunistas en lo que se refería a dar importancia a una cosa o a otra. Los comités locales de la UP, por ejemplo, nunca prosperaron de verdad. Una Asamblea del Pueblo celebrada en Concepción en julio de 1972 chocó con la oposición del Partido Comunista y no recibió la aprobación de Allende. Las formas de participación que dieron mejores resultados fueron las que respondían a presiones locales y atraían a la comunidad y a la fuerza laboral. La expresión más radical del poder popular apareció en los cordones industriales que se extendieron de forma espectacular respondiendo a la «huelga de patronos» de octubre de 1972.

«Poder popular» fue el nombre que se dio a las numerosas organizaciones —comandos comunales, comandos campesinos, cordones industriales— que nacieron y crecieron para defender a las comunidades, las granjas y las fábricas locales. Organizaron la defensa de sus comunidades y se encargaron de mantener la producción y los suministros. Pero «poder popular» era un nombre que inducía a error, toda vez que en el movimiento se encontraba sólo una minoría de la fuerza laboral, era de carácter defensivo y no estaba coordinado por encima del nivel local. Con todo, fue una manifestación impresionante del firme propósito de defender lo que los trabajadores habían ganado bajo el gobierno de la UP.

Las máximas expresiones del poder popular fueron los cordones que se formaron en el cinturón obrero que rodeaba Santiago y en los cuales los habitantes de las localidades y los obreros se juntaban en un esfuerzo por dirigir las empresas y administrar los servicios en la zona. Cuando la parálisis económica amenazó a Chile debido a la huelga de camioneros de octubre de 1972, surgieron estas organizaciones, que se basaban en otras ya existentes, para defender al gobierno. En octubre de 1972 había quizá 100.000 personas en los cordones de Santiago. Rechazaban las afiliaciones partidistas; al principio no contaban con el apoyo de la CUT ni respondían ante ella; y no alarmaron sólo a la oposición, sino también al Partido Comunista y al gobierno. Fueron organizaciones de corta duración, basadas en la crisis, y su decadencia después de octubre de 1972 sólo se interrumpió cuando respondieron a otra huelga de la oposición en junio de 1973 y en un solo día se hicieron cargo de 250 fábricas. Esta vez las tomas recibieron el apoyo del gobierno y de la CUT. Pero sólo sirvió para intensificar las acusaciones de la oposición en el sentido de que el gobierno actuaba ilegalmente; y las acusaciones de que se estaban repartiendo armas entre los trabajadores (aunque no hay prueba de ello) provocaron choques entre éstos y los soldados y los policías encargados de los registros en busca de armas. Era ya demasiado tarde para construir un movimiento paralelo de poder popular que se hiciera cargo del poder del estado, aun cuando el gobierno considerase esa posibilidad. Continuó el deslizamiento general hacia la anarquía.

En ciertos aspectos tan impresionante como el crecimiento de los sectores populares y sus organizaciones fue la expansión paralela de los llamados «gremios». Se trataba de asociaciones de empleados no manuales y grupos de profesionales liberales, desde médicos, abogados y arquitectos hasta propietarios de camiones, pequeños tenderos y taxistas. Los pequeños tenderos organizaron un gremio de unos 160.000 afiliados (del que se decía que estaba cerca del 90 por ciento del total nacional). Los propietarios de camiones, muchos de los cuales tenían uno solo, podían convocar a 25.000 afiliados. La veintena y pico de asociaciones de profesionales liberales o «colegios», entre las que había organizaciones tan numerosas como la de 20.000 contables o la de 7.000 médicos, formaron una confederación durante el período de la UP. Estos grupos estaban capitaneados por hombres asociados con partidos derechistas o con el PDC (o miembros de los mismos), y algunos de ellos, tales como León Villarín de los camioneros, se convirtieron en destacados adversarios del gobierno Allende. Estos grupos no eran instrumentos pasivos de los círculos industriales y empresariales dominantes. Gozaban de una vigorosa independencia y promovían activamente los intereses de sus miembros ejerciendo presión sobre el gobierno. El Frente Nacional del Area Privada (FRENAP) pasó a ser una importante organización coordinadora de empresas grandes y pequeñas. Algunos sindicatos antimarxistas, como la Confederación Marítima, respaldaban a los gremialistas. En 1973 se formó el Comando Nacional de Defensa Gremial para que coordinara las actividades de varios grupos. Más de mil gremios se oponían activamente a la UP en 1973, y algunos de ellos podían contar con fondos generosos procedentes de los Estados Unidos.

La UP albergaba la esperanza de conquistar el apoyo de por lo menos algunos de estos grupos. El propio Allende, en un discurso tras otro, hacía hincapié en que los empresarios y los agricultores pequeños y medianos no tenían nada que temer de la UP. Pero estos grupos nunca habían dado mucho apoyo electoral a los partidos que constituían la UP, aparte del Radical, ya en decadencia. Aunque muchos de ellos se beneficiaron materialmente durante los primeros dos años de la UP, el temor a perder los privilegios, a la falta de disciplina de los trabajadores, a una toma del poder por los comunistas y a una situación como la de Cuba (la prolongada visita que Castro hizo a Chile en 1971 no contribuyó a tranquilizarlos) era más real que cualquiera de los atractivos que ofreciese la UP. Y dejando aparte lo que dijese Allende, los discursos y los escritos de otros políticos de la UP resultaban poco tranquilizadores. La retórica de la UP subrayaba su carácter socialista y popular; pocos intentos se hacían de formular propuestas que atrajesen a estos sectores. La prensa y la radio, controladas en gran parte por la oposición, desempeñaron un papel activo, a veces histérico, en la propagación del temor a los objetivos a largo plazo de la UP.

El principal enfrentamiento con el gobierno tuvo lugar en octubre de 1972 después de la propuesta de incrementar el control estatal de los suministros a las compañías de transporte por carretera. La importancia de este sector es obvia en un país con una geografía como la de Chile. El vital sector del transporte estuvo virtualmente paralizado durante un mes, y hubo grandes huelgas de solidaridad por parte de otros sectores profesionales y de la pequeña burguesía. Más de cien gremios se declararon en huelga, en un movimiento que sacudió al gobierno y que recibió el apoyo del PDC y del Partido Nacional. A consecuencia de la huelga, las fuerzas armadas fueron incorporadas al gabinete, pero era demasiado tarde para detener el proceso de polarización.

Con el gobierno y la oposición alineados el uno contra el otro en enconado enfrentamiento, con la economía descontrolada, con el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general Carlos Prats, renunciando a su mando por no haber conseguido mediar en la crisis y controlar a la oficialidad, con la Iglesia incapaz de reconciliar a los bandos enfrentados y con una violencia creciente y un número cada vez mayor de asesinatos, pocas perspectivas había de que se encontrara una solución pacífica. El final llegó bajo la forma de un violento golpe militar el 11 de septiembre de 1973, en el cual fue bombardeada La Moneda, el palacio presidencial, el presidente Allende resultó muerto y miles de chilenos fueron asesinados.

Antes de 1973 los militares chilenos sólo habían intervenido de forma intermitente en el proceso político, y generalmente los oficiales no expresaban en público sus opiniones políticas. Los políticos civiles tendían a hacer caso omiso de los militares, aunque había indicios de que esta desatención podía resultar peligrosa, como en el pequeño levantamiento que se produjo en 1969. Pero existía la creencia general de que los militares no se apartarían demasiado de su acostumbrada neutralidad política. El general Prats, que había sucedido al asesinado general Schneider en el cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas, era fiel a la misma interpretación constitucional estricta del papel de las fuerzas armadas. Allende también fue fiel en todo momento a su política de no interferir en los asuntos institucionales de los militares. Se mejoraron los salarios de los oficiales. Se incrementaron los desembolsos en armas. Algunos oficiales participaron en la administración de servicios públicos, pero eran muy pocos, no mandaban tropas y, obviamente, entre ellos no estaban aquellos cuyas simpatías eran ajenas a la UP. Allende se abstuvo de inmiscuirse en la jerarquía del ejército, y los pocos miembros de la UP que se dirigieron a los soldados directamente, prescindiendo de los oficiales, no fueron animados a ello.

Sin embargo, los militares difícilmente podían permanecer apartados de la polarización cada vez más intensa y de la violencia que estropearon el último año del gobierno Allende. Los políticos de la derecha pedían un golpe y trataban constantemente de instigar conspiraciones militares[22]. Hasta el PDC, con su apoyo a la huelga de octubre de 1972, con su respaldo a la declaración de ilegalidad que hizo el Congreso en 1973 y por medio de la creciente violencia de sus ataques contra el gobierno, parecía señalar que un golpe militar era la única manera de resolver el conflicto[23]. A decir verdad, varios destacados líderes del PDC recibieron con franco beneplácito el golpe militar, aunque muchos no actuaron del mismo modo.

Varios incidentes contribuyeron al empeoramiento de las relaciones entre el gobierno y los militares. Éstos mostraron una notable falta de entusiasmo por la larga visita de Castro a Chile en 1971. El ejército y la policía veían con malos ojos la existencia de la guardia personal de Allende, el Grupo de Amigos del Presidente, cuyos miembros procedían de las filas de la extrema izquierda de la UP. Les intranquilizaban los rumores de que se estaba armando a los trabajadores y de la presencia en Chile de numerosos revolucionarios de otros países latinoamericanos, especialmente de Cuba. Hubo expresión pública de contrariedad cuando se propuso crear una Escuela Nacional Unida (ENU). Aunque la reforma de la enseñanza debería haberse efectuado mucho antes, y la reforma que se proponía era progresista en muchos aspectos, el borrador de la misma empleaba un vocabulario marxista que alarmó a muchos sectores, y la Iglesia vio en ella una amenaza a sus propias escuelas privadas y a la enseñanza de la religión en las del estado. La Iglesia católica en conjunto se había mostrado relativamente neutral en las batallas políticas del período, aunque hubo sacerdotes que actuaron a título individual en los dos bandos. Pero los obispos condenaron la propuesta de la ENU y el ejército también dio a conocer su oposición.

Resultó imposible que las fuerzas armadas mantuvieran una neutralidad unida ante el proceso político después de que entraran en el gabinete en noviembre de 1972, en un esfuerzo por restaurar cierto grado de serenidad política. Pero, aunque su participación en el gabinete produjo soluciones políticas temporales, también incrementó las tensiones dentro del ejército entre los que apoyaban la postura constitucionalista de Prats y los que llegaron a odiar a la UP y a todo lo que representaba. Los militares que formaban parte del gabinete se negaron a firmar decretos de urgencia que hubieran autorizado la toma de más fábricas, y con ello hicieron que aumentase el resentimiento que los militares en general despertaban en el ala izquierda de la UP. Los militares pasaron a participar directamente en la política.

Los militares permanecieron en el gabinete para supervisar las elecciones de marzo de 1973, pero los resultados no concluyentes de las mismas convencieron a los oficiales que ya tramaban un golpe de que éste era la única solución. Una prematura intentona de golpe que tuvo lugar el 29 de junio, el llamado «tancazo», contó con el apoyo de un regimiento blindado, pero el general Prats logró contener la amenaza. Aunque el apoyo manifiesto que recibieron los rebeldes fue limitado, el tancazo tuvo consecuencias serias. El llamamiento del gobierno a los trabajadores instándoles a tomar posesión de las fábricas empeoró las relaciones con los militares, que vieron en ello un preludio de la resistencia de los trabajadores a las fuerzas armadas e incluso de la formación de milicias obreras. Cuando Allende se reunió con los generales del ejército para pedirles su respaldo, sólo cuatro de catorce le ofrecieron apoyo pleno. Los militares a quienes preocupaba la respuesta de los trabajadores tuvieron ocasión de ver que ésta era muy limitada: no hubo ninguna marcha sobre el centro de Santiago. Los conspiradores militares sacaron la conclusión de que un golpe sólo encontraría resistencia limitada.

El preludio del golpe propiamente dicho fue un confuso período de creciente violencia, rumores y contrarrumores. Un último intento del cardenal arzobispo no consiguió que el PDC y la UP se unieran en busca de una solución. Las suspicacias mutuas eran demasiado grandes. Cuando tres jefes de las fuerzas armadas fueron apartados de sus puestos en la fuerza aérea, el ejército y la marina, el complot pudo consolidarse. La retirada más crucial fue la de Prats. Aunque había vuelto a entrar en el gabinete en agosto, se veía cada vez más aislado dentro del ejército. Dimitió después de un grotesco incidente en el cual esposas de oficiales organizaron una manifestación hostil enfrente de su domicilio.

El deslizamiento hacia la anarquía ya era irreversible. Los militares llevaron a cabo registros forzosos de fábricas en busca de armas y ello provocó fuertes choques con los trabajadores. Las protestas contra las supuesta brutalidad de los oficiales de la marina en el trato de los reclutas que se negaban a que los utilizaran en actividades contra la UP culminaron con un llamamiento del senador socialista Carlos Altamirano y de Miguel Enríquez, el líder del MIR, instando a los reclutas a sublevarse contra los oficiales. Éstos se enfurecieron ante semejante injerencia y su decisión de seguir adelante con el golpe y librarse del jefe de la marina, el almirante Montero, se hizo más firme. El último obstáculo para el golpe desapareció al retirarse al citado almirante el 7 de septiembre. Al parecer, el general Augusto Pinochet tardó mucho en unirse a los conspiradores, pero cuando secundó el complot empezaron los preparativos finales. El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas se sublevaron y derrocaron el gobierno de Salvador Allende, el sistema democrático y el imperio de la ley.

EL CHILE DE PINOCHET:
ECONOMÍA DE LAISSEZ FAIRE Y ESTADO AUTORITARIO

La unidad de las fuerzas armadas en la unidad de Chile. (Declaración oficial, 11 de septiembre de 1973)[24].

Aunque en la vida política de Chile se habían producido estallidos de violencia, nada de lo ocurrido podía compararse con la represión intensa que tuvo lugar después del golpe de septiembre de 1973. Miles de chilenos fueron muertos. El número exacto nunca se sabrá, pero se calcula que fueron entre tres mil y treinta mil. En los primeros seis meses que siguieron al golpe hubo hasta ochenta mil detenciones por motivos políticos. Esta escala de represión no continuó, pero la tortura de los sospechosos políticos, el encarcelamiento, el exilio e incluso el asesinato siguieron siendo parte del sistema de control político, centralizado en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

¿Por qué fue tan brutal el golpe? Nada había en Chile que pudiera compararse con, por ejemplo, los poderosos movimientos de guerrilla urbana que existían en Argentina o en Uruguay. Se hablaba de armar a los trabajadores, pero en su mayor parte era pura palabrería, y, si bien es indudable que algunos militantes políticos poseían armas, eran muy pocos. Sin embargo, la escala de desintegración y polarización de la sociedad era muy grande. La sensación de guerra civil estaba en el aire. En tales circunstancias, los miembros de la UP eran definidos como el enemigo y no como simples adversarios políticos.

Los militares chilenos habían retrasado la intervención. Un estamento militar más intervencionista, como en Argentina o en Brasil, probablemente hubiera entrado en acción mucho antes, cuando la temperatura política era más baja. La brutalidad del golpe debe algo a la impresión de que el ejército había cometido un grave error participando en la política bajo el gobierno de la UP. Las soluciones tenían que ser militares y no políticas, al menos al principio; el golpe fue una maniobra contra todos los políticos y no sólo contra los de la izquierda. El objetivo de los conspiradores era abolir los partidos políticos y no hacer un trato con los partidos de derechas, por más que éstos los apoyasen. Finalmente, la intención de los militares era eliminar por completo movimientos políticos y sociales de la vida chilena. Los militares no suponían que los partidos de la izquierda fueran las criaturas de una clase política pequeña.

Sean cuales sean las explicaciones que se propongan para una violencia tan terrible, parece inconcebible que semejantes barbaridades pudieran cometerse en un país como Chile. A pesar de ello, poco se sabe de cómo veían los militares la vida política o de por qué unos hombres que no eran psicópatas consintieron que el gobierno empleara la tortura. Aunque muchos políticos previeron el golpe de 1973, sólo los extremistas de la derecha y los de la izquierda esperaban un nivel de represión tan elevado y un período tan largo de gobierno militar.

Es un error atribuir a los militares un grado demasiado uniforme de convicción ideológica o una visión muy clara de sus objetivos a largo plazo una vez terminada la destrucción inicial del antiguo régimen, tarea ésta que se creía que iba a durar mucho. Era obvia la necesidad de medidas urgentes de estabilización económica y también era obvio que el golpe sólo podría legitimarse mediante la adopción de un modelo económico y político radicalmente nuevo. La falta de consenso sobre un programa básico contribuye a explicar por qué el poder se personalizó tanto. La cohesión de las fuerzas armadas nacía de la estructura de mando más que de un acuerdo sobre la política que debía seguirse.

Las doctrinas con las cuales estaban más familiarizados los militares eran las de la «seguridad nacional». Se las ha definido como la creencia en el concepto de la nación como una «esencia», «tradición» o «espíritu» que ha sido dañado por la demagogia política y se ve amenazado por la agresión antinacional; en la aceptación de las desigualdades sociales como orden natural de las cosas, en la idea del gobierno como sistema autoritario; y en la definición del marxismo como principal enemigo de la sociedad[25]. A pesar de su vaguedad, estas ideas autoritarias contribuyen a explicar por qué los militares no aceptaron simplemente la tarea de derrocar a Allende, sino también la de construir una sociedad nueva en la cual las divisiones políticas serían substituidas por la acción común en pos de la grandeza nacional. El general Pinochet, que contaba cincuenta y ocho años en el momento del golpe y tenía un historial de cuarenta años de servicio en el ejército, era especialista en geopolítica[26].

Después de rechazar su tradición constitucional, los militares chilenos recurrieron a trasladar directamente al ruedo político los valores castrenses: jerarquía, disciplina y respeto al orden. Este factor, al igual que la falta de acuerdo sobre la política que había que seguir, contribuye a explicar la personalización de la autoridad del régimen bajo Pinochet, lo cual contrasta con el gobierno corporativo de los militares brasileños a partir de 1964, o la hostilidad al personalismo que se manifestó en Argentina, Uruguay y Perú en el decenio de 1970. Pinochet mostró gran habilidad política venciendo por medio de maniobras a sus posibles adversarios entre la oficialidad (tales como el general Gustavo Leigh) y nombrando a subordinados leales para que ocupasen todos los puestos de mando de las fuerzas armadas. En su calidad de jefe del estado y comandante en jefe de las fuerzas armadas, Pinochet tenía un poder inmenso. Después de ratificarse la nueva Constitución, se apropió de gran parte de la autoridad simbólica de la presidencia[27].

La creencia en doctrinas autoritarias tales como la seguridad nacional normalmente va asociada con un incremento de las actividades económicas y el papel del estado, mientras que el Chile de Pinochet siguió el rumbo contrario. Sin embargo, la adopción de las doctrinas económicas de la Escuela monetarista de Chicago no se produjo inmediatamente. Al principio muchos oficiales se sintieron atraídos hacia una especie de integrismo católico o ideología estatal corporativa. Su rechazo de los valores del socialismo y su admiración por el papel de los gremios fueron el origen de una fuerte vena de corporativismo nacionalista, expresado por la influencia de teóricos reaccionarios como Jaime Guzmán. Tales ideas recibieron expresión política en instituciones como el Consejo de Estado, que fue creado en diciembre de 1975 tomando por modelo una organización parecida que existía en la España de Franco y del cual formaban parte políticos destacados y representantes de los gremios.

Sin embargo, estas ideas no eran una base apropiada para legitimar el régimen. El primer lugar, la Iglesia no simpatizaba con tales doctrinas reaccionarias (aunque no se mostró como franca adversaria del régimen hasta 1975). En segundo lugar, estas ideas no serían acogidas favorablemente por los actores exteriores con los cuales quería aliarse el régimen, esto es, los Estados Unidos y los bancos internacionales. El régimen quería recibir aprobación, apoyo económico e inversiones internacionales. Era poco probable que el flirteo con ideas fascistas —a diferencia del anticomunismo militante— fuera a proporcionarle apoyo. En tercer lugar, el corporativismo podían utilizarlo los grupos políticos que ya existían antes para maniobrar con el fin de volver al poder y diluir el monopolio que del mismo tenían los militares. Pero lo más importante de todo era que estas doctrinas ofrecían pocos consejos concretos sobre cómo había que hacer frente a los problemas económicos. Las primeras medidas del gobierno —eliminación de los controles de precios y las subvenciones, reducción de los salarios reales y reducción del déficit fiscal— no habían convencido al país de que la inflación podía controlarse. En 1974 la inflación era del 376 por ciento y en 1975, del 341 por ciento.

Un grupo de economistas formados en la Universidad Católica y en Chicago, con mucha experiencia en el mundo de las empresas, el comercio y la política de Chile (varios de ellos habían sido asesores de Alessandri en 1970), venían reuniéndose desde 1972 con el fin de preparar una política para un nuevo gobierno de derechas. Sin embargo, hasta julio de 1974 no empezaron a influir en la política por medio del nombramiento, para el cargo de ministro de Hacienda, de Jorge Cauas, aunque éste era consejero del PDC más que «Chicago boy», como se les llamaba. En el Ministerio de Economía Femando Léniz (que era hombre de negocios) fue recomendado primero y luego, en abril de 1975, substituido por Sergio de Castro, monetarista convencido. La dominación de la escuela neoliberal de economistas ya era completa.

El proyecto que los economistas de Chicago ofrecieron a los militares llevaba aparejada una reestructuración total de la economía, de la sociedad y del sistema político. Se cambiaría todo el legado de la política chilena desde los años treinta, y no sólo el del período de la UP. Semejante transformación sólo podría lograrse por medio de estrictos controles autoritarios que eliminaran la distorsión producida por el populismo y creasen las condiciones apropiadas para el funcionamiento de las fuerzas del mercado. La reducción del tamaño del sector público eliminaría la base de las presiones populares o sectoriales en demanda de concesiones del gobierno; desviar el superávit hacia el mercado de capital privado reforzaría a las fuerzas que apoyaban la política de los militares y castigaría a las que probablemente se opondrían a ella; abrir la economía al librecambio proporcionaría los medios para el crecimiento sin que el estado tuviera que prestar apoyo a los sectores que no fuesen competitivos; permitir que las fuerzas del mercado regulasen las tasas salariales mermaría la fuerza de negociación política del movimiento laboral. Todas estas cosas se combinarían para eliminar el mayor propagador de la agitación social: la inflación. Y lo bonito de la solución era que el mecanismo regulador sería el más liberal de los conceptos: el funcionamiento de las fuerzas del mercado libre[28]. Al mismo tiempo se erosionarían las viejas formas de lealtad política y se crearían formas nuevas, nacionales y ajenas a las clases.

El monetarismo ofrecía una utopía nueva que contrastaba con los fracasos del pasado, y el ofrecimiento de una utopía podría «justificar» la represión brutal que siguió al golpe militar. La nueva ortodoxia económica resultaba atractiva a ojos de los militares porque brindaba coherencia y disciplina, y era percibida como técnica y científica y, por consiguiente, neutral desde el punto de vista ideológico. Una vez en marcha, el proceso sería irreversible y, por tratarse de un medio necesario para la salvación nacional, sus premisas no debían ponerse en duda.

Muchos sectores encontrarían las nuevas medidas desagradables. Pero los grupos empresariales aceptaron la austeridad y la competencia como el precio que había que pagar para evitar una repetición del pasado. Muchos sectores intermedios dieron la bienvenida a las medidas que restaurarían la disciplina y el orden. Y las promesas a largo plazo de los chicos de Chicago eran atractivas. El gobierno del general Pinochet no se basó únicamente en el ejército y la represión, sino también en el apoyo de grupos influyentes de la sociedad civil.

Las primeras decisiones económicas tomadas por el gobierno ya habían cambiado la dirección de la política económica de decenios anteriores. Se redujeron los aranceles y se descongelaron los precios. Empezó el proceso de «privatización» del estado. Se devaluó y unificó el tipo de cambio. Se promulgó un nuevo código de inversiones con el fin de atraer capital extranjero. Pero estas medidas no detuvieron el empeoramiento de la economía. Los precios del cobre bajaron de 93,4 centavos norteamericanos por libra (0,454 kilos) en 1974 a 56,1 centavos por libra en 1975, y las ganancias de las exportaciones quedaron reducidas a la mitad. Asimismo, la subida de los precios del petróleo fue muy perjudicial para la economía. El empeoramiento en términos del comercio equivalió a una pérdida del 5,6 por ciento del PIB en 1975.

Un problema grave que tuvieron los dirigentes chilenos en este período inicial fue la dificultad de obtener fondos extranjeros que respaldasen un esfuerzo de estabilización. Chile era hasta cierto punto un paria internacional, aunque recibió mucha ayuda de los Estados Unidos. En 1975 Chile recibió 93 millones de dólares de la AID y del programa «Alimentos para la Paz», en comparación con 6,9 millones de dólares en 1973. En los primeros tres años del gobierno Pinochet, Chile obtuvo empréstitos de 141,8 millones de dólares del Export-Import Bank y otros organismos norteamericanos (Allende sólo había recibido 4,7 millones de dólares) y 304,3 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (en comparación con los 11,6 millones de dólares que recibiera Allende). Pero el volumen de los empréstitos concedidos por los bancos privados descendió de forma muy acusada (no alcanzó niveles significativos hasta 1976) y hubo que pagar deudas enormes.

Fue en estas circunstancias en las que los monetarístas doctrinarios de hicieron cargo de la economía y en abril de 1975, con pleno apoyo de Pinochet, aplicaron un tratamiento «de choque». En realidad, esto quería decir que el presidente daría su apoyo a largo plazo a los chicos de Chicago; cualquier retirada de las medidas puestas en práctica en 1975 hubiera equivalido implícitamente a confesar que la severidad de dichas medidas era un error. Y en verdad que las medidas que se tomaron eran severas. Los gastos reales del gobierno fueron reducidos en un 27 por ciento en 1975, y el déficit fiscal, del 8,9 por ciento del PIB al 2,9 por ciento. Los derechos que pagaban las importaciones descendieron de un promedio del 70 por ciento a mediados de 1974 al 33 por ciento a mediados de 1976. Se restringió severamente el crédito y los tipos de interés reales anuales subieron del 49,9 por ciento, que ya era una cifra alta, al 178 por ciento a finales de 1975. La inversión pública se redujo a la mitad. El PIB bajó en casi un 15 por ciento en comparación con el valor de 1974. La producción industrial disminuyó en un 25 por ciento. Los salarios reales volvieron a bajar; en 1975 alcanzaron su punto más bajo, el 62,9 por ciento de su valor en 1970. El paro subió del 9,7 por ciento de la fuerza laboral en diciembre de 1974 al 18,7 en diciembre de 1975. Sin embargo, la inflación tardó en responder y siguió siendo del 341 por ciento en 1975. A pesar de la peor recesión habida en más de cuarenta años, la recuperación fue lenta. El tratamiento de choque necesitaba más tiempo para dar resultados y había que aplicarlo con rigor inflexible.

Los chicos de Chicago dominaron totalmente la escena hasta que Sergio de Castro salió del Ministerio de Hacienda en abril de 1982, e incluso entonces continuaron influyendo y ocupando destacados puestos en la economía. Los tecnócratas encargados de la economía estaban convencidos de que el estado ocupaba un papel demasiado importante. Su intención era reducir en la medida de lo posible la intervención estatal mediante la venta de empresas públicas. Aparte de las compañías en las cuales había intervenido el gobierno de la UP, el estado poseía, por medio de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), unas trescientas empresas en 1973. En 1980 el número había descendido hasta 24, y la mitad de esas compañías se encontraba en proceso de traspaso. Había otra docena y pico de empresas estatales que dependían de organismos del gobierno aparte de la CORFO, entre ellas las corporaciones del cobre y del petróleo. La venta de activos tuvo lugar en condiciones sumamente favorables para los nuevos propietarios. Dadas la recesión y las elevadas tasas interiores, los que pudieron comprar activos del estado fueron los grandes conglomerados (los grupos) del sector privado que tenían acceso a fondos extranjeros con tipos de interés significativamente inferiores a los nacionales. En efecto, el estado pagó una subvención considerable a los ricos y poderosos para que se hicieran cargo de activos estatales, subvención que se había calculado como equivalente a hasta el 40 o el 50 por ciento del precio de compra. Pero los militares se resistieron a vender activos del estado que ellos consideraban estratégicos. Incluida la CODELCO, es decir, la corporación del cobre, los ingresos de las compañías estatales en 1982 aún ascendían a alrededor del 25 por ciento del PIB. Los chicos de Chicago toparon con la oposición de un sector del estamento militar que seguía considerando que el control por parte del gobierno de ciertos servicios y sectores vitales era necesario para el mantenimiento de la seguridad nacional.

Los partidarios de las economías de mercado libre fomentaron la intensificación de la concentración económica en Chile. Un puñado de grupos multisectoriales dominaban los sectores bancario, financiero, industrial y de las exportaciones agrícolas. Dos conglomerados, los grupos Cruzat-Larrain y Javier Vial, revestían especial importancia y dominaron el sistema bancario privado hasta el hundimiento económico de 1982-1983. Tenían acceso a las finanzas internacionales y ello les daba ventajas y beneficios inmensos. Se calcula que los grupos principales obtuvieron beneficios de 800 millones de dólares entre 1977 y 1980 por el simple procedimiento de pedir empréstitos en el exterior y prestar de nuevo el dinero en el país con unos tipos de interés que variaron del 100 por ciento en 1976 al 30 por ciento en 1978 por encima de los tipos internacionales. Estos beneficios eran bastante más elevados que el coste de las empresas y bancos estatales que volvieron a venderse al sector privado entre 1973 y 1978.

Se ha calculado que a finales de 1978 cinco conglomerados económicos controlaban el 53 por ciento de los activos totales de las 250 mayores empresas privadas de Chile. Estos cinco conglomerados, más otros cuatro, controlaban el 82 por ciento de los activos del sistema bancario chileno, el 60 por ciento del total de créditos bancarios y el 64 por ciento de los empréstitos efectuados por instituciones financieras[29]. Los conglomerados crecieron a un ritmo vertiginoso y obtuvieron beneficios inesperados, toda vez que los bancos extranjeros atraídos por los elevados tipos de interés de Chile estaban dispuestos a conceder empréstitos a corto plazo, a sabiendas de que el destino económico del gobierno estaba tan ligado al modelo de Chicago, que atender a los compromisos internacionales seria la prioridad máxima aun cuando hubiera una recesión. La abolición del control riguroso de la banca y de las divisas extranjeras fue el origen de un proceso de concentración y de endeudamiento que destruiría los cimientos del «milagro» económico inspirado por Chicago.

Un proceso similar de privatización tuvo lugar en el sector agrario. Alrededor de un tercio de la tierra fue devuelto a sus antiguos propietarios. Aunque aproximadamente un 40 por ciento de la tierra fue asignado a los campesinos que la trabajaban, la falta de acceso a créditos y asistencia técnica obligó a alrededor del 60 por ciento de ellos a venderla toda. El paro en la agricultura fue significativamente mayor que en decenios anteriores, y en 1980 las tasas salariales habían descendido hasta más o menos su nivel de 1965. El apoyo estatal a la agricultura fue reducido drásticamente, aparte del lucrativo sector de la exportación.

El estado se retiró de numerosos campos donde antes había interpretado un papel importante. El gasto fiscal como porcentaje del PIB bajó del 29,1 por ciento en 1972 al 19,7 por ciento en 1978. Hubo reducciones significativas de los gastos sociales per cápita en educación, sanidad, seguridad social y vivienda. Las inversiones del gobierno disminuyeron drásticamente, en casi la mitad entre 1970 y 1978. Los fondos de pensiones se traspasaron al sector privado en una masiva afluencia de liquidez que fue a parar a manos de compañías que en gran parte eran propiedad de los conglomerados. La intención política de esta propuesta, desde luego, era que el destino de los trabajadores estuviese ligado al del sector privado: el «socialismo» se convertiría en una amenaza para los derechos de jubilación. Al mismo tiempo, leyes laborales introducidas en 1979 limitaban estrictamente la efectividad de las negociaciones colectivas de los sindicatos, que perdieron gran parte de su antiguo poder.

Las estadísticas del gobierno tendían a utilizar la recesión de 1975 como año base y, por ende, daban una imagen un poco tergiversada del progreso de la economía, después del «choque» que administraran los chicos de Chicago. Pero el gobierno podía señalar varios logros. Se registraron altas tasas de crecimiento en el período comprendido entre 1977 y 1980, aunque la tasa total de crecimiento anual del PIB entre 1974 y 1980 fue sólo del 4 por ciento; la cifra per cápita era del 2 por ciento, inferior a la tasa del decenio de 1960[30]. La tasa de inflación por fin empezó a descender y en 1981 era del 9,5 por ciento. El déficit fiscal ya había sido eliminado en 1979. Las exportaciones no tradicionales se triplicaron entre 1974 y 1980. Hubo un superávit de la balanza de pagos en el período que va de 1978 a 1980 a consecuencia de la acumulación de reservas internacionales, basadas en una enorme afluencia de capital extranjero que alcanzó más de 16 mil millones de dólares anuales en el período 1978-1980.

Pero también hubo rasgos negativos. La tasa de inflación se redujo por medio de la aplicación de un tipo fijo de cambio en 1979. Esto causó un serio problema en la balanza de pagos debido a que las importaciones baratas inundaron el mercado chileno al tiempo que las exportaciones se volvían caras. El déficit de la balanza comercial se cubrió por medio de niveles más altos de empréstitos extranjeros, pero éstos eran a corto plazo e iban destinados al sector financiero. El gobierno se vio obligado a llevar a cabo una serie de devaluaciones apresuradas en inoportunas que ascendieron a más del 70 por ciento entre junio y octubre de 1982. La tasa de inversiones, ya fueran privadas, estatales o extranjeras, permaneció muy por debajo de niveles anteriores. Debido a los altos niveles que imperaban en el Chile de Pinochet, los tipos de interés real frenaban la inversión y fomentaban la especulación. Hasta el importantísimo sector del cobre se vio privado de nuevas inversiones para la expansión por encima de los niveles de producción existentes. La rebaja de los aranceles fue un golpe duro para la industria nacional y las quiebras alcanzaron cotas sin precedentes. La mayoría de las nuevas importaciones eran artículos de lujo para el consumo en vez de los bienes de capital y la maquinaria que se necesitaban para mantener el nivel de producción industrial. Aunque las exportaciones no tradicionales aumentaron, la tasa de crecimiento no fue lo bastante rápida como para igualar el aumento de las importaciones.

Los costes sociales del experimento fueron también muy altos. Los salarios reales en el período 1974-1981 apenas alcanzaron las tres cuartas partes de su nivel de 1970. Incluso en 1982 el nivel fue inferior al de 1970. El paro subió hasta alcanzar cotas insólitas: su tasa anual nunca fue inferior al 16,5 por ciento después del choque de 1975 y subió hasta superar el 30 por ciento en 1982-1983 (en comparación con el 5,7 por ciento de 1970). La distribución de la renta empeoró de forma perceptible. La media de consumo mensual del 20 por ciento más pobre de unidades domésticas descendió en un 31,1 por ciento entre 1969 y 1978, al tiempo que la correspondiente al 20 por ciento más elevado subía en un 15,6 por ciento. La estructura del empleo también cambió. El número de trabajadores industriales disminuyó en un 22 por ciento entre 1970 y 1980, fenómeno que no fue mal recibido por un gobierno que se oponía a un movimiento sindical fuerte. El sector «no estructurado» del empleo creció en un 13,3 por ciento en el mismo período.

Aunque las señales de aviso ya eran visibles en 1980 para quienes quisieran leerlas, el régimen siguió confiando y se habló de milagro económico. El aislamiento internacional de Chile iba a menos a medida que se desvanecía el recuerdo del golpe. Por otra parte, la escena política interior estaba tranquila. Una nueva Constitución y un plebiscito en 1980 expresaron la decisión del gobierno de seguir durante todo el tiempo que hiciese falta para asegurarse del buen resultado de sus reformas.

Varios factores ayudan a explicar la consolidación del poder del régimen de Pinochet. En primer lugar, el golpe fue apoyado por amplios sectores de la sociedad, y el miedo a que volviese el desorden de los años de la UP hizo que muchas personas continuaran siendo leales al nuevo gobierno aunque los beneficios prometidos no se hicieran realidad. En segundo lugar, el gobierno era excepcionalmente despiadado. Debido a la creación de una poderosa policía secreta, la DINA, oponerse al gobierno era un delito cuyas consecuencias fácilmente podían ser la tortura, el exilio o la muerte. Como mínimo tres destacados chilenos fueron víctimas de intentos de asesinato perpetrados en el extranjero por agentes de la DINA. Dos lograron su propósito: el del general Prats en Buenos Aires en 1974, y el de Orlando Letelier, eficaz y respetado líder de la oposición en el exilio, en Washington en 1976; uno fracasó, el que iba dirigido contra el respetado y moderado líder del PDC Bernardo Leighton. En tercer lugar, el proceso de concentración económica dio al gobierno poderosos patrocinadores. En cuarto lugar, aunque muchos gobiernos extranjeros esquivaban a Chile, los bancos internacionales no siguieron su ejemplo y, a partir de mediados del decenio de 1970, el régimen de Pinochet dispuso siempre de las finanzas exteriores que necesitaba para administrar la economía. En quinto lugar, la forma en que Pinochet personalizó el poder y concentró la autoridad en sus propias manos dio solidez dictatorial al régimen. Pinochet manipuló a los militares y a los grupos civiles de un modo que revelaba gran astucia política. Los posibles rivales militares no duraban mucho. El estamento militar como tal no cumplía ninguna función directiva, pero era bien recompensado en el plano material. Los civiles participaban en el gobierno a título individual y no como representantes de grupos poderosos. Pinochet practicaba la máxima de «divide y vencerás».

En el otro bando, la oposición se veía dividida y acosada. Muchos de los principales líderes de los partidos y sindicatos de la UP fueron muertos o se exiliaron después del golpe. Aunque el PDC sufrió menos, pronto fue suspendido y algunos de sus líderes tuvieron que exiliarse. Las leyes hacían que la actividad política fuese virtualmente imposible. La oposición empleaba mucho tiempo en tratar de analizar lo que salió mal en 1973, pero el proceso de atribuir culpas no contribuía a unirla. Hasta 1975 no se pronunció la Iglesia en contra del gobierno. La prensa y los demás medios de comunicación no estaban sólo estrictamente controlados, sino que también se usaban para transmitir la propaganda gubernamental. Las universidades fueron puestas bajo control militar, se prohibieron ciertas disciplinas y muchos catedráticos y estudiantes fueron expulsados. Los sindicatos fueron «intervenidos», divididos y controlados de forma parecida.

Se utilizaron dos plebiscitos para dar la impresión de que se consultaba al país. En 1978 se preguntó a los chilenos si apoyaban al general Pinochet ante la agresión internacional. Según fuentes oficiales, el 75 por ciento de ellos respondió que sí. En 1980 se pidió al país que aprobara una Constitución nueva cuya forma era decididamente autoritaria, con un período de transición de ocho años en el cual Pinochet ejercería un poder ejecutivo sin restricciones y con la posibilidad de que fuera reelegido para otros ocho años al concluir el plazo. La constitución de 1980 creó un sistema de gobierno presidencial con pocas limitaciones. Una parte importante del Senado sería nombrada en lugar de elegida. La Cámara de Diputados perdió todo poder real para vigilar al ejecutivo. La Constitución institucionalizó el poder de las fuerzas armadas en un Consejo de Seguridad Nacional, al que se dio una función en casi todas las cuestiones importantes y un papel decisivo en los asuntos constitucionales. El principio del control civil sobre el estamento militar fue abolido a todos los efectos. El gobierno afirmó que los resultados del plebiscito sobre la Constitución, en el cual participó el 93,1 por ciento del total del electorado, fueron del 67 por ciento a favor, el 30 por ciento en contra y el resto anulado o en blanco. Sin embargo, la falta de registros, el control total del proceso electoral por parte del gobierno, la masiva propaganda oficial, las insignificantes protestas de la oposición y, sin duda alguna, el fraude, la intimidación y el miedo a expresar oposición en una votación que quizá no sería secreta hacen que estas cifras sean muy dudosas.

La centralización del poder del general Pinochet debía mucho al control de la DINA (que más adelante sería rebautizada con el nombre de Central Nacional de Informaciones [CNI] en un intento de introducir algunos cambios que quedaran bien). Pinochet había creado un sistema de policía secreta bajo su propio control personal, independiente de cualquier estructura militar. Se convirtió en un sistema para vigilar, no sólo a la población civil, sino también a los demás servicios de información y a los militares mismos. En el momento culminante de su poder en 1977, el jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, mandaba un pequeño ejército de más de nueve mil agentes y una red de informadores voluntarios pagados que era varias veces esa cifra y abarcaba toda las esferas de la vida. La DINA obtenía fondos del control ilícito de varias empresas nacionalizadas bajo el gobierno de la UP, y de vez en cuando había indicios de corrupción y extorsión por parte de funcionarios de la DINA. La organización sufrió un revés a causa del escándalo internacional que se produjo después del asesinato de Letelier en Washington en 1976; al final Pinochet se vio obligado a destituir a Contreras y acceder a la extradición del ciudadano estadounidense Michael Townley, que había llevado a cabo el asesinato mientras trabajaba para la DINA. La recién bautizada CNI cumplía en esencia las mismas funciones que la DINA de antaño e intervino activamente en la represión de los movimientos populares de oposición al gobierno que surgieron en 1983.

Pinochet tuvo astucia política y edificó sobre la sólida tradición de lealtad y jerarquía en las fuerzas armadas chilenas. Ni el ejército como institución ni sus oficiales como individuos jamás habían sido objeto de desembolsos tan pródigos: el presupuesto militar casi se multiplicó por dos en términos reales entre 1973 y 1981. Una cantidad desproporcionada fue para el ejército, la policía y los servicios de seguridad, es decir, los sectores que intervenían directamente en la represión interna. Chile se encontraba entre los países latinoamericanos que más gastaban en las fuerzas armadas, y no menos del 6 por ciento del PIB fue para los militares en 1980. El personal de las fuerzas armadas tenía todas las razones materiales para pensar que su futuro iba unido al de Pinochet. Sin embargo, Pinochet fue prudente y evitó dar a las fuerzas armadas algún papel institucional en el proceso político. Los generales que entraban a formar parte del gabinete eran ministros a título personal y respondían estrictamente ante Pinochet. El número de generales aumentó de veinticinco en 1973 a cuarenta y dos en 1980 y cincuenta y cuatro en 1984; todos fueron nombrados por Pinochet y manipulados para que en todo momento le fuesen leales, no sólo como presidente de la república, sino también como capitán general de las fuerzas armadas.

La oposición más significativa a Pinochet salió de la Iglesia católica y de su cardenal en Santiago. La Iglesia católica y otras confesiones no tardaron en colaborar con los servicios de socorro y en ayudar a quienes sufrieron la represión generalizada de 1973. Pero la Iglesia tardó más en adoptar una postura contraria a la política del gobierno que en criticar sus abusos. De hecho, el tenor general de las declaraciones estadísticas era de alabanzas a los generales por haber salvado al país del marxismo. Pasaron tres años y medio antes de que la jerarquía pusiera en duda la legitimidad del gobierno. Una de las razones de este cambio de actitud fue la supresión del PDC y la creciente represión dirigida contra los miembros del partido y los católicos radicales, tanto sacerdotes como seglares. Una vez hubo empezado a criticar al gobierno, la Iglesia fue adquiriendo más y más importancia. Este hecho llenaba de turbación a un gobierno que se veía a sí mismo como el salvador de la civilización cristiana. La Iglesia dedicó una atención constante a las continuas violaciones de los derechos humanos. Proporcionó un foro dentro del cual los sindicatos y las organizaciones populares podían llevar una existencia precaria. Y dio refugio a los que querían criticar al régimen.

La evolución de los sindicatos en este período indica qué difícil es, incluso para un régimen autoritario, controlar a los sindicatos si se les conceden siquiera unos derechos mínimos. La conciencia de clase y la conciencia política no podían abolirse por decreto. Los trabajadores del cobre, por ejemplo, rechazaron a los líderes impuestos por el gobierno e interpretaron un papel crucial en la superación del punto muerto en que se encontraba la política en 1982-1983. Y hubo muchos ejemplos anteriores de sindicalistas que se enfrentaron al régimen, especialmente en la Coordinadora Nacional Sindical. Pero el movimiento sindical se vio seriamente debilitado por los años de gobierno militar. Los líderes sindicales a los que se consideraba una amenaza para el régimen fueron perseguidos, exiliados e incluso muertos. El asesinato del destacado líder de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, radical y en otro tiempo feroz adversario de la UP, demostró que hasta los líderes sindicales con opiniones políticas moderadas corrían graves peligros. Sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral estaba sindicada en 1983, en comparación con más del 30 por ciento en tiempos del gobierno Allende. Los líderes sindicales, la mayoría de los cuales estaban en el paro, se dieron cuenta de lo difícil que era lograr que las personas que tenían empleo se declarasen en huelga, especialmente en el sector público, donde la respuesta del gobierno era el despido inmediato. Las huelgas eran, en la práctica, manifestaciones de parados que albergaban la esperanza de paralizar la actividad económica impidiendo el funcionamiento de los transportes públicos y obligando a los comercios a cerrar. Aunque el Comando Nacional de Trabajadores, formado en junio de 1983, fue el movimiento nacional más representativo que surgió desde el golpe, lo único que podía hacer era exhortar y persuadir. En vista de la represión a que era sometido el movimiento laboral y del elevado nivel de paro, los conflictos industriales de tipo tradicional cedieron su puesto a las protestas callejeras, los disturbios y las manifestaciones protagonizadas por los pobres y los parados.

La crisis financiera que amenazaba Chile en 1981 estalló con severidad en 1982 y 1983. Chile no fue el único país que tuvo que hacer frente a enormes problemas relacionados con el pago de sus deudas; Argentina, Brasil, México, Venezuela e incluso Cuba se encontraban con problemas parecidos. De hecho, no dejaba de tener fuerza la explicación que daban los militares en el sentido de que la crisis era la consecuencia de la recesión internacional. Los precios del cobre eran bajos, los del petróleo seguían siendo elevados y los tipos de interés subieron mucho en los mercados internacionales. Aunque otros países sufrieron los efectos de la recesión, ésta afectó a Chile de modo especial.

La crisis evolucionó con rapidez. En 1981 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos superaba en un 20 por ciento al total de las exportaciones y representaba casi el 15 por ciento del PIB. Los banqueros internacionales se pusieron nerviosos, las enormes sumas de dinero que Chile necesitaba ya no se obtenían con tanta facilidad y los tipos de interés eran más altos. La restricción del crédito interior y la negativa a cambiar el tipo de cambio sobrevalorado provocaron una serie de quiebras. De las 431 empresas —cifra sin precedentes— que liquidaron en 1981, la más importante era la refinería de azúcar Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), una de las mayores empresas de Chile. En noviembre de 1981 el estado se vio obligado a intervenir en cuatro bancos y cuatro financieras. El gobierno no había regulado el sistema bancario y ello iba a tener consecuencias desastrosas, en especial después de que salvara al Banco Osomo en 1977 porque temía que su quiebra perjudicase la confianza tanto en el interior como en el extranjero. A causa de ello, los depositantes, así nacionales como extranjeros, creyeron que sus empréstitos al sector privado se hallaban garantizados efectivamente por el estado. Esto, junto con el no haber mantenido un tipo de cambio estable y la recesión internacional, dio origen a enormes incrementos de los activos fallidos en el sistema bancario, que pasaron del 11 por ciento del capital y las reservas de dicho sistema en 1980 al 47 por ciento en 1982 y al 113 por ciento a mediados de 1983.

En 1982 el PIB descendió en un 14,1 por ciento y la inversión, en cerca de un 40 por ciento. El peso fue devaluado, en contra de las promesas del gobierno, y a finales de 1982 había bajado hasta quedar en el 40 por ciento de su paridad anterior; las reservas de divisas disminuyeron en un 40 por ciento. El equipo económico empezó a cambiar tan rápidamente como había cambiado bajo los anteriores gobiernos civiles. En 1983 el gobierno se hizo cargo de la mayor parte del sistema financiero privado y de esta manera adquirió gran número de empresas cuyos activos habían pasado a los bancos. El déficit fiscal reapareció y la tasa de inflación subió hasta quedar en un 20 por ciento en 1982. Se disolvieron los principales grupos y la hostilidad entre sus antiguos propietarios y el gobierno substituyó la estrecha relación de trabajo que existía antes. Quedó demostrado que las medidas monetaristas del tipo que se aplicó en Chile no podían aplicarse en una economía con una estructura tan heterogénea, unos mercados divididos en segmentos y una serie de diferencias sectoriales y regionales. Los costes del ajuste económico no sólo fueron demasiado altos en términos sociales, sino que también resultaron sumamente perjudiciales para la economía misma a la que tenían que beneficiar. El coste más oneroso recayó sobre los pobres. A mediados de 1983 el 10,9 por ciento de la población económicamente activa (380.529 hombres y mujeres) trabajaba para el Programa de Empleo Mínimo (PEM) del gobierno, y percibía unos ingresos mensuales de dos mil pesos, lo cual representaba el precio de 1,3 kilos de pan por día. El gobierno también puso fin a la vinculación de los incrementos salariales con el aumento del coste de la vida.

La apertura de la economía a las fuerzas internacionales vino a significar, en la práctica, la acumulación de una enorme deuda a corto plazo, en su mayor parte en manos privadas, así como un proceso de desindustrialización. Entre 1973 y 1979 la tradicional deuda exterior (la deuda del sector público más la del sector privado garantizada por el gobierno) descendió en un 35 por ciento, pero la deuda del sector privado subió en un 91,3 por ciento. Incluso en 1978 el ratio del servicio de la deuda de Chile fue del 45,3 por ciento, uno de los más altos del mundo, y subiría de forma acentuada. La deuda constituía una carga inmensa sobre la economía chilena.

Después de diez años de gobierno militar, Chile no podía utilizarse como ejemplo de las virtudes del monetarismo. La renta per cápita era un 3,5 por ciento más baja que en 1970, y el crecimiento de la desigualdad y del paro significaba que los pobres estaban peor que veinte años antes. La producción industrial era inferior en un 25 por ciento a la de 1970. La deuda exterior equivalía al 80 por ciento del PNB, en comparación con el 8,2 por ciento de 1970. Y el estado era dueño de la mayor parte del sector financiero y, por ende, de gran parte de la industria nacional, lo cual resultaba irónico en vista de sus objetivos. Los bancos internacionales obligaron al gobierno, en contra de su voluntad, a incluir la deuda del sector privado en su renegociación.

A partir de mayo de 1983 una serie de manifestaciones mensuales hicieron que el régimen se tambaleara. Fue en los barrios de chabolas, sobre todo en los de Santiago, donde la protesta popular adquirió su expresión más potente. Como mínimo un tercio de la población de la capital vivía en tales barrios, o en arrabales urbanos que no eran perceptiblemente mejores. Había mucho paro —un nivel del 80 por ciento no era raro— y muchos de los jóvenes de los barrios de chabolas no sabían lo que era un empleo estable. Las protestas y luchas con el ejército y la policía convirtieron los barrios de chabolas en verdaderos campos de batalla. No todos estos barrios expresaron su oposición de forma tan radical como el de La Victoria, donde el sacerdote francés André Jarland fue muerto a principios de septiembre de 1984, pero las privaciones sociales y la hostilidad contra el régimen estaban tan extendidas, que constituían el principal problema político del gobierno. Debido a ello, a finales de octubre y en noviembre de 1984 la policía y el ejército organizaron una brutal operación represiva en los barrios de chabolas.

Los partidos de la oposición reanudaron sus actividades de forma más abierta en 1983. Los partidos de oposición del centro, capitaneados por los democristianos y una facción del Partido Socialista, formaron la Alianza Democrática (AD). Hicieron un llamamiento pidiendo la dimisión de Pinochet, una asamblea constituyente elegida de forma apropiada y un amplio pacto social que supervisara la vuelta a la democracia. Pero cuando se vio claramente que el gobierno se limitaría a hacer gestos simbólicos y que no quería ni hablar de la dimisión de Pinochet, los partidos izquierdistas de la oposición, con el Partido Comunista a la cabeza y otra ala de los socialistas, formaron el Movimiento Democrático Popular (MDP) y ejercieron presiones a favor de una política de movilización de masas y de enfrentamiento. Con gran inquietud de la centrista AD, el Partido Comunista se negó a renunciar al derecho a usar la violencia como método para librar al país de la dictadura.

Dada la impopularidad del régimen, puede que parezca paradójico que la oposición estuviera tan dividida, pero organizaría resultaba dificilísimo en Chile. Durante más de once años a los partidos y movimientos de la oposición les habían negado los medios de comunicarse con sus partidarios. No tenían acceso regular a la radio, la televisión o la prensa popular, no habían podido organizar elecciones internas y disfrutaron sólo de un breve período de actividad relativamente abierta después de que empezaran las protestas en mayo de 1983. La política se hacía en un vacío. Nadie sabía realmente de cuánto apoyo gozaba tal o cual partido o facción interna de un partido, y si no había ninguna prueba del apoyo, cualquier grupo podía pretender que era representativo. Durante el primer decenio de dictadura los partidos tuvieron que concentrarse en sobrevivir y mantener cierto grado de organización interna. Inevitablemente, esto les llevó a dar la mayor importancia a las tareas inmediatas en lugar de a las iniciativas de oposición al régimen, pero también hizo que los partidos tardasen en percatarse de cuántos cambios habían tenido lugar en Chile y cuántas ideas y medidas políticas había que formular.

Un ciclo de violencia, protesta y represión caracterizó los años posteriores a 1983. La supervivencia del gobierno dependía de la unidad de las fuerzas armadas. Las perspectivas de la oposición dependían de la medida en que pudiera crear un acuerdo amplio sobre la transición a la democracia. En unos momentos en que la mayoría de los otros regímenes militares —los de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador— habían devuelto el poder a los civiles, el general Pinochet demostró de manera muy efectiva cómo la autoridad dictatorial podía establecerse incluso en una sociedad con una tradición de gobierno democrático tan larga como la de Chile. La clave del poder de Pinochet residía en el control que ejercía sobre un ejército que era disciplinado, leal a su comandante en jefe y que despreciaba a los políticos civiles. Otro elemento que contribuía a su supervivencia era la incapacidad de la oposición para unirse y ofrecer una opción digna de crédito. Pareció que la oposición iba a elaborar esa opción cuando la Iglesia inspiró el Acuerdo Nacional para la Transición hacia la Plena Democracia en 1985, pero la exclusión del Partido Comunista creó un grave problema fuera del Acuerdo Nacional y el sectarismo de los partidos creó otro dentro de él.

Si los políticos del país parecían no saber con seguridad cómo debían enfrentarse a su presidente, lo mismo les ocurría a los políticos internacionales. El presidente Pinochet se mostró impávido, incluso desafiante, ante la hostilidad internacional. El presidente Cárter evitó al régimen y Chile tenía poca prioridad para los Estados Unidos, y a menos que la oposición pudiera producir alguna opción efectiva, existía siempre el temor de que los marxistas pudieran volver si el general era derribado. Al presidente Reagan le preocupaba mucho más la América Central que Chile, y, aunque los Estados Unidos se mostraron perceptiblemente más fríos con el régimen de Pinochet a partir de 1985, esa actitud no fue más eficaz en lo que se refiere a influir en el gobierno, aunque ayudó a Ja oposición.

Con la recuperación económica el gobierno pudo recompensar a algunos de sus seguidores y restaurar la confianza de las empresas. Como mínimo algunos grupos de la derecha querían que el propio Pinochet permaneciese en el poder hasta 1997, y la mayoría apoyaba una continuidad del sistema político autoritario y de la economía de mercado libre, aunque no fuese bajo el mismo líder.

Después de la recesión de 1982-1983 la recuperación fue firme y sostenida. El crecimiento aumentó hasta cifrarse en alrededor del 5 por ciento anual de 1986 a 1988, la inflación siguió contenida, el paro descendió hasta quedar en aproximadamente el 12 por ciento y la subida de los precios del cobre y las buenas ganancias producidas por exportaciones no tradicionales proporcionaron una posición financiera favorable en el exterior. Aunque las protestas políticas continuaron con la creación de la Asamblea de la Civilidad, la oposición no parecía avanzar mucho en sus enfrentamientos con la autoridad del gobierno. En septiembre de 1986 un fallido intento de asesinato reforzó el prestigio del general Pinochet y vino a dar la razón a sus afirmaciones en el sentido de que la oposición no podía controlar a quienes estaban dispuestos a usar la violencia. Aunque los detalles del intento de asesinato no están claros, parece casi seguro que fue obra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un grupo creado con la aprobación y el apoyo del Partido Comunista. La oposición había dicho que 1986 sena el «año decisivo», pero, en todo caso, pareció demostrar que Pinochet podía vencer a una oposición que todavía estaba dividida y era relativamente débil.

Desde luego, el presidente y sus consejeros más allegados daban por sentado que disfrutaban del apoyo de la mayoría de la población, y esperaban con confianza el resultado de un plebiscito que debía celebrarse en enero de 1989 a más tardar para decidir el primer presidente elegido que asumiría el poder al amparo de la Constitución de 1980. Personalmente, Pinochet hubiere preferido una presidencia de dieciséis años a partir de 1980, pero le persuadieron de que su gobierno sería más legítimo si se presentaba al electorado para ver su mandato renovado en 1988 o 1989. Se daba por seguro que la junta militar propondría a Pinochet como candidato único en el plebiscito, y aunque los representantes de la fuerza aérea, la policía y la marina dijeron claramente en varias ocasiones que hubieran preferido un candidato civil y más joven, al final se doblegaron ante la presión del ejército y Pinochet recibió su nombramiento como candidato a finales de agosto de 1988. Las protestas que levantó en seguida esta decisión deberían haber sido un aviso de que la victoria electoral en modo alguno era segura, pero los consejeros del presidente, sobre todo Sergio Fernández, ministro del Interior y arquitecto de la Constitución, confiaban en la victoria el 5 de octubre de 1988.

Esta confianza en el triunfo de Pinochet no pecaba de falta de realismo. Chile era a la sazón un estado policíaco muy eficiente en el que el gobierno ejercía un poder enorme. Era posible utilizar toda una serie de tácticas, desde la intimidación hasta la persuasión, para obtener votos favorables al «sí». Pinochet continuaba disfrutando del apoyo indudable del ejército, y el ejército gobernaba Chile, especialmente en el nivel regional. De los gobernadores regionales, las autoridades provinciales y los alcaldes de las ciudades se esperaba que hiciesen cuanto estuviera en su mano para que el gobierno obtuviera una mayoría. Asimismo, el gobierno contaba con el control virtualmente total de la televisión, de la mayoría de las emisoras de radio y de los periódicos. Se concedió a la oposición un espacio diario de quince minutos en la televisión durante las tres semanas anteriores a la votación, aunque difícilmente podía considerarse que compensaba quince años de propaganda gubernamental sostenida. Chile también estaba gozando de una recuperación económica, y se hacían alusiones intencionadas a la incertidumbre política y las crisis económicas de los estados vecinos.

Pinochet despreciaba a los políticos y creía firmemente que eran incapaces de lanzar un ataque unido y eficaz contra su autoridad. Había indicios de lo contrario, los hubo especialmente en febrero de 1988, momento en que la oposición firmó un pacto para organizar el voto a favor del «no» en el plebiscito. Pero hay tendencia a decirles a los dictadores lo que se espera que quieran oír y Pinochet no era ninguna excepción. Los políticos de la derecha fueron excluidos de la campaña, que se hallaba firmemente en manos de unos cuantos consejeros militares máximos y de Sergio Fernández. Antes incluso de que se conocieran los resultados, políticos de partidos tales como Renovación Nacional, el mayor de la derecha, indicaban de forma obvia que, a su modo de ver, la campaña oficial estaba mal organizada. El plebiscito era una oportunidad limpia y libre de elegir, y la participación fue masiva. Del electorado en potencia, alrededor del 93 por ciento estaba inscrito en los registros electorales; y del electorado inscrito en los registros, que ascendía a 7,4 millones de personas, el 97 por ciento acudió a las urnas. El resultado fue el 55 por ciento a favor del «no» y el 43 por ciento a favor del «sí», y el 2 por ciento de votos anulados o en blanco.

Muchos chilenos aún se sentían excluidos de los beneficios de la recuperación económica. La distribución de la renta seguía siendo excesivamente desigual, y las afirmaciones de la oposición en el sentido de que 5 millones de chilenos (el 40 por ciento de la población) vivían en la pobreza no fueron refutadas de forma convincente por el gobierno. En 1987 los salarios medios eran inferiores en un 13 por ciento a los de 1981 y todavía más bajos que los de 1970. La reducción de los gastos en sanidad y educación eran agravios muy serios para muchos chilenos. El privatizado sistema de seguridad social proporcionaba grandes beneficios a quienes podían permitirse estar inscritos en él. Pero más del 50 por ciento de la población se veía excluido y tenía que soportar un sistema estatal cada vez más deficiente. Estos agravios contribuyen a explicar el apoyo que obtuvo la oposición. El gobierno también se resintió de su historial en materia de derechos humanos. En contra de las expectativas de que esto preocuparía sólo a una minoría, la votación demostró que la mayoría de la población estaba muy al corriente de los abusos generalizados que se cometían contra los derechos humanos y los condenaba con firmeza. Sin embargo, quizá el factor más fuerte a largo plazo en contra del gobierno fue el deseo de reanudar la política democrática, basada en la competición. Esto no representaba forzosamente el rechazo del modelo económico del mercado libre, ni siquiera de los rasgos principales de la Constitución de 1980. Sin embargo, sí reflejaba el apoyo popular a la vuelta al modo de actividad política que había predominado en Chile durante los cien años anteriores. Al final, el plebiscito no fue sobre la economía, sino sobre la política… la libertad de escoger y el derecho a votar. Hasta algunos admiradores del general Pinochet opinaban que quince años habían sido suficientes y había llegado el momento de que el general se retirara.

El efecto de la campaña propiamente dicha fue enorme, como demostró el altísimo nivel de participación. Después de todo, era la primera campaña política de esta clase que tenía lugar desde 1973. Poca duda cabe de que la campaña negativa y retrógrada del gobierno fue inferior a la que llevó a cabo la oposición. Pinochet no hizo un papel muy brillante como político democrático en busca de votos, y los esfuerzos de sus consejeros por crear esa imagen se vieron malogrados con frecuencia cuando el general echaba a un lado los discursos que le habían preparado, volvía a sacar a colación los más crudos ataques contra el comunismo y lanzaba acerbas críticas contra antiguos colaboradores. Los amplios gestos económicos destinados a ganar apoyo quedaban anulados por la naturaleza misma del modelo económico que él había construido. Una economía que recalca la moderación fiscal y la buena gestión no puede hacer de pronto grandes gestos populistas sin correr el riesgo de poner en peligro la confianza que se ha depositado en ella.

En cambio, la campaña de la oposición fue profesional y miraba hacia el futuro, iba dirigida a la juventud y ponía el acento en la reconciliación y la moderación política. En febrero de 1988 la oposición había alcanzado por fin un acuerdo con el objeto de unirse contra la candidatura de Pinochet, y, aunque al principio el Partido Comunista se mostró muy contrario a jugar de acuerdo con las reglas de Pinochet y nunca formó parte oficialmente de la coalición de dieciséis partidos, el apoyo que prestó fue importante. La campaña de la oposición no habría surtido tanto efecto de no haber ido precedida de meses de cuidadosa labor política destinada a persuadir al electorado de que la votación se haría en secreto y de que votar «no» no tendría consecuencias adversas. La Iglesia interpretó un papel importante en este proceso con su Cruzada Cívica. Fondos procedentes de los Estados Unidos y de Europa permitieron que los partidos de la oposición se organizaran en todo el país y efectuaran el recuento de votos con sus propios sistemas de ordenadores, minimizando así la posibilidad de un fraude electoral por parte del gobierno. Un nuevo partido «instrumental» creado por el líder socialista Ricardo Lagos desempeñó un cometido importante pues hizo participar en la actividad política a ciudadanos que antes se mostraban pasivos o independientes y centró la atención en un solo objetivo, a saber: derrotar al general. La presencia de más de mil observadores internacionales fue un apoyo para la oposición y una indicación al gobierno de que el plebiscito era algo que preocupaba a la comunidad internacional y no sólo a Chile.

Los políticos de la oposición se llevaron una sorpresa al ver la rapidez con que sectores poderosos de la derecha aceptaban el veredicto de las urnas. Existía el temor a un golpe o alguna clase de injerencia en la votación o en sus resultados. Sin embargo, las fuerzas armadas chilenas no vieron en el rechazo de Pinochet un rechazo del estamento militar como institución, ni de la Constitución de 1980, y tampoco del modelo económico basado en el mercado libre. Ni las fuerzas armadas ni la derecha política, y no hablemos de los sectores empresariales, hubieran recibido con agrado la violencia política que hubiese seguido inevitablemente a cualquier intento de manipular los resultados del plebiscito. Por otra parte, faltaba más de un año para las elecciones presidenciales y para el Congreso que debían celebrarse después del rechazo de Pinochet, y la derecha esperaba que durante dicho período podría ampliar el 43 por ciento de los votos obtenidos por el presidente Pinochet. Por su parte, el general estaba decidido a promulgar una serie de leyes que harían que cualquier futuro cambio de su Constitución y su modelo económico resultara tan difícil como fuera posible.

Desde octubre de 1988 hasta diciembre de 1989 Chile vivió en un estado de campaña electoral permanente. La oposición cometió pocos errores políticos. El hombre que la había capitaneado en el plebiscito, el ex senador y político del PDC Patricio Aylwin, fue elegido candidato presidencial. Una vez escogido, Aylwin se comportó con la confianza de un presidente electo y reunió un equipo político de experiencia y autoridad considerables. Incluso la difícil tarea de seleccionar a los candidatos que representarían a la coalición de diecisiete partidos, la Concertación de los Partidos por la Democracia, en la campaña electoral para el Congreso, se resolvió sin perjudiciales disputas públicas. La Concertación rechazó con firmeza al Partido Comunista, el cual, si bien presentó unos cuantos candidatos en otra coalición, en realidad apoyó a Aylwin. La oposición también arrancó dos concesiones importantes a Pinochet. En julio de 1990 un plebiscito aprobó importantes reformas constitucionales que facilitaron un poco la tarea de efectuar nuevas reformas y también redujo el poder de los militares en el nuevo sistema posterior a Pinochet. Justo antes de las elecciones de diciembre Pinochet aceptó una fórmula en virtud de la cual el ejecutivo del poderoso Banco Central estaría compuesto a partes iguales por representantes del gobierno y de la oposición, y no, como en un principio quería Pinochet, por miembros exclusivamente leales a él.

En cambio, la campaña de la derecha fue desorganizada y poco convincente. El candidato seleccionado, Hernán Buchi, que había sido ministro de Hacienda desde 1985, demostró que como candidato presidencial estaba mucho menos capacitado que como tecnócrata de la economía. Los dos principales partidos de la derecha, Renovación Nacional (RN), partido moderado en el que militaban hombres que habían intervenido activamente en la política de la derecha antes del golpe, y la Unión Democrática Independiente (UDI), combinación de tecnócratas partidarios del mercado libre y seguidores incondicionales de Pinochet, demostró mucha menos unidad que la alianza de la oposición, y a menudo sus componentes parecían más interesados en pelearse unos con otros que en oponerse a la coalición encabezada por Aylwin.

El presidente Pinochet se mantuvo apartado de la campaña electoral. En vez de participar en ella, lo que más le preocupaba era tomar una serie de medidas que redujeran el poder del gobierno entrante. Se aceleró el proceso de privatización de la economía, que ya estaba muy avanzado. Se ideó una ley electoral que daría una representación excesiva a la derecha en el Congreso. Se promulgó una ley referente a las fuerzas armadas que haría que el control presidencial sobre los militares fuese muy difícil: el presidente, por ejemplo, no tendría la facultad de destituir a los comandantes en jefe de las diversas armas. Se alteró la composición del Tribunal Supremo. Se impuso una serie de restricciones al futuro Congreso que haría casi imposible investigar las actividades del gobierno Pinochet. La oposición protestó contra estas medidas, a veces con éxito, como en los casos del plebiscito sobre la reforma constitucional y la composición del ejecutivo del Banco Central. Pero poca duda cabía de que el programa político del futuro gobierno se dedicaría en gran parte a tratar de enmendar las restricciones a sus actividades impuestas por el gobierno Pinochet.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 1989 se parecen a los del plebiscito de octubre. Aylwin obtuvo el 55 por ciento de los votos. Los votos de la derecha se dividieron entre Buchi, que se llevó el 30 por ciento, y un hombre de negocios populista, Francisco Javier Errázuriz, que cosechó el 15 por ciento. Los resultados de las elecciones para el Congreso dieron una mayoría a la alianza de la oposición. Sin embargo, aunque la Concertación ganó veintidós escaños en el Senado en comparación con los dieciséis de la derecha, la presencia de nueve senadores designados por el saliente gobierno Pinochet significaba que el gobierno Aylwin carecería de la mayoría necesaria para tomar las medidas importantes de reforma constitucional y política. En las elecciones para la Cámara Baja la Concertación obtuvo setenta y dos escaños frente a los cuarenta y ocho de la derecha. Resultó claro que el partido político más popular era el PDC, que vio elegidos trece senadores y treinta y ocho diputados suyos, seguido dentro de la alianza de la oposición por el PPD, con cuatro senadores y diecisiete diputados. En la derecha, la RN obtuvo resultados mucho mejores que la UDI: seis senadores en comparación con los dos de ésta; y la mayoría de los ocho senadores independientes eran próximos a la RN.

El gobierno de Patricio Aylwin, que subió al poder en marzo de 1990, se encontró con un Chile que en muchos aspectos había cambiado desde el golpe de 1973. Existía ahora un acuerdo mucho mayor sobre la política económica: casi todos los partidos aceptaban que el mercado y el sector privado tenían un papel fundamental en el desarrollo económico. El antiguo proyecto izquierdista de nacionalizar las alturas dominantes de la economía se veía ahora tan inoperante como la antigua pretensión del PDC de establecer una sociedad comunitaria. El gobierno Aylwin prometió mejorar la distribución de la renta y gastar más en los servicios sociales, pero no a expensas de una cuidadosa gestión macroeconómica. Las implacables medidas del gobierno Pinochet habían creado un aparato estatal más pequeño y más eficiente, y había poco deseo de hinchar el papel del estado y hasta que recuperase su antiguo dominio de la economía. El gobierno entrante quería mantener la próspera economía basada en la exportación y acogió con los brazos abiertos la cooperación de las inversiones extranjeras, aun cuando también se propusiera incrementar los ingresos impositivos.

Este consenso en el campo de la política económica se reflejó de forma más general en las actitudes ante el sistema político. Muchos estaban de acuerdo en que era necesario hacer concesiones con el fin de sostener un sistema democrático. En la izquierda, la popularidad y la influencia del Partido Comunista se habían visto reducidas a causa de sus errores políticos, de haber tolerado la violencia política durante los años de Pinochet y de la crisis del comunismo internacional. El Partido Socialista, unido de nuevo, era más moderado que antes: habían desaparecido el sectarismo y la admiración por la revolución cubana. El PDC había dejado de creer que era el partido natural del gobierno sin aliados y se mostraba más abierto al diálogo y a la negociación que antes. La derecha política de Chile no se inquietó a causa de los resultados de los comicios. Tenía la facultad de bloquear las reformas en el Congreso y disponía de respaldo electoral suficiente para albergar la esperanza de alcanzar la victoria en elecciones venideras. La política económica del gobierno no la alarmaba.

El legado de los años de Pinochet tuvo su vertiente áspera también. El problema de la pobreza era agudo y difícil de resolver. La distribución de la renta había empeorado de modo perceptible y entre 3 y 4 millones de chilenos vivían en la pobreza. Asimismo, muchos de los servicios que eran necesarios para aliviar la pobreza —sanidad, educación, seguridad social— habían sido descuidados por el gobierno Pinochet y andaban muy escasos de fondos. Sostener el crecimiento económico y hacer frente a la desigualdad social sería una difícil tarea que deberían resolver los gobiernos en años sucesivos.

Otro legado del gobierno Pinochet fue dejar pendiente la justicia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Poca duda cabe de que los derechos humanos habían sido violados de un modo masivo y sin precedentes en el Chile de Pinochet. Los futuros gobiernos tendrían que intentar complacer a quienes pedían una satisfacción y, al mismo tiempo, no provocar a los militares hasta el punto de que retirasen su apoyo al orden democrático. El hecho de que el comandante en jefe del ejército bajo el gobierno Aylwin siguiera siendo el general Pinochet indicaba la naturaleza del problema que se les planteaba a los nuevos gobernantes al tratar de consolidar un sistema político plenamente democrático.

De todos modos, el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989 fueron notables afirmaciones del deseo popular de reinstaurar la democracia en Chile. En ambos casos la participación fue masiva: más del 90 por ciento del electorado inscrito. Ambas elecciones fueron libres y limpias, ninguna de ellas provocó violencia o conflictos políticos dignos de mencionarse, y en los comicios de 1989 los votos para los partidos de la izquierda y de la derecha a los que cabía considerar extremistas o antidemocráticos fueron insignificantes. Esta afirmación popular de la democracia dio una base firme para que futuros gobiernos consolidaran un orden constitucional estable. La responsabilidad de los partidos políticos era idear un sistema político de tipo democrático que no repitiera los errores que llevaron al derrocamiento del orden constitucional en 1973.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

1. Argentina, 1930-1946

Entre las mejores y más vivas introducciones a la Argentina de la época entre la revolución de 1930 y la de Perón (1943-1946) hay tres libros en inglés publicados a principios de los 40: John W. White, Argentina, the Life Story of a Nation, Nueva York, 1942, que capta acertadamente la reacción confundida de los norteamericanos a la actitud aparentemente hostil de los argentinos desde final de los años 30 hasta 1942; Ysabel Rennie, The Argentine Republic, Nueva York, 1945, es todavía una de las mejores introducciones generales a la historia de Argentina y ofrece un excelente análisis de los años 1943-1945; y Félix Weil, Argentine Riddle, Nueva York, 1944. Weil, miembro de una de las «Cuatro Grandes» familias exportadoras de cereales, abogaba por el tipo de asociación futura entre Argentina y Estados Unidos a la que Pinedo y los liberales habían aspirado en 1940, en la que Estados Unidos se encargaría de industrializar Argentina. Si el libro contiene este hilo de ilusionismo, muestra también un conocimiento extremadamente bien documentado de la sociedad argentina y de los problemas con los que se enfrentaba el país en esta crítica coyuntura. Una introducción general más reciente que contiene diversos ensayos excelentes es la de Mark Falcoff y Ronald H. Dolkart eds., Prologue to Perón: Argentina in Depression and War, Berkeley, Calif., 1975. Ver también David Rock, Argentina, 15161987, Berkeley, Calif., 1987, capítulo 6, y para una reinterpretación de los años 40, Carlos H. Waisman, The Reversal of Development in Argentina, Princeton, N. J., 1987.

Ningún libro se ocupa exclusivamente o casi por completo de las cuestiones económicas de esta época. Las mejores introducciones son las de Aldo Ferrer, La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales, Buenos Aires, 1963; Guido Di Telia y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967; Carlos F. Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Heaven, Conn., 1970, y Laura Randall, An Economic History of Argentina in the Twentieth Century, Nueva York, 1978. Para datos estadísticos, ver El desarrollo económico de la Argentina, 4 vols., México City, 1959, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Sobre la agricultura, ver Cari C. Taylor, Rural Life in Argentina, Baton Rouge, La., 1948; Darrell F. Fienup, Russell H. Brannon y Frank A. Fender, The Agricultural Development of Argentina: A Policy and a Development Perspective, Nueva York, 1969, y Jaime Fuchs, Argentina: su desarrollo capitalista, Buenos Aires, 1965. Sobre la industria, ver George Wythe, Industry in Latin America, Nueva York, 1945; Adolfo Dorfman, Historia de la industria argentina, Buenos Aires, 1970; Thomas C. Cochran y Rubén Reina, Espíritu de empresa en la Argentina, Buenos Aires, 1965, que examina la carrera profesional del industrial Torcuato Di Telia, y, finalmente, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, «Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940)», en Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, 1971, de los mismos autores. Una reciente e importante adición a esta literatura es la obra de Paul H. Lewis, The Crisis of Argentine Capitalism, Chapel Hill, 1990. Los mejores estudios disponibles sobre la población y la migración proceden del Centro de Estudios de Población en Buenos Aires dirigido por Alfredo E. Lattes; para una introducción, ver La población de Argentina, Buenos Aires, 1975, de Zulama Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes. Las inversiones extranjeras, la deuda externa y algunas otras cuestiones comerciales se estudian en The Foreign Debí of the Argentine Republic, Baltimore, 1943, de Harold J. Peters; Vemon L. Phelps, The International Economic Position of Argentina, Philadelphia, 1938, y en Roger Gravil The Anglo-Argentine Connection, 1900-1939, Boulder, Colo., 1985.

Las dos mejores introducciones generales a la política argentina posterior a 1930 son las de Robert A. Potash, The Army and Politics in Argentina, 1928-1945: Yrigoyen to Perón, Stanford, Calif., 1969, y la obra de Alain Rouquié, Poder Militar y sociedad política en la Argentina, 2 vols., Buenos Aires, 1982. Ver también Alberto Ciria, Parties and Power in Modern Argentina, Albany, N. Y., 1974; Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955; Richard J. Walter, The Province of Buenos Aires and Argentine Politics, 1912-1943, Cambridge, 1984. Para información adicional sobre la revolución de 1930 véase Politics in Argentina, 1890-1930: The Rise and Fall of Radicalism, Cambridge, 1975, de David Rock, y Peter H. Smith, «The Breakdown of Democracy in Argentina, 1916-1930», en la obra de Juan J. Linz y Alfred Stepan eds., The Breakdown of Democratic Regimes in Latin America, Baltimore, 1978, pp. 3-25. Para los asuntos de política económica bajo Justo, ver Peter H. Smith, Politics and Beefin Argentina: Patterns of Conflicts and Change, Nueva York, 1969; Daniel Drosdoff, El gobierno de las vacas, 1933-1956: Tratado Roca-Runciman, Buenos Aires, 1972; Pedro Scupch, «El deterioro y fin de la hegemonía británica sobre la economía argentina, 1914-1947», en la obra de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero eds., Estudios sobre los orígenes del peronismo, vol. 2, Buenos Aires, 1973, y The Anglo-Argentine Connection de Gravil.

Casi no existen estudios de los partidos políticos de esta época, pero véase la obra de Ciria, Parties and Power y la de Peter G. Snow, El radicalismo argentino, Buenos Aires, 1972. Sobre los sindicatos, ver Hiroschi Matsushita, Movimiento obrero argentino: sus proyecciones en la historia del peronismo, Buenos Aires, 1983; Louise Doyon, «Organized Labor and Perón: A Study in the Conflictual Dynamics of the Peronist Movement», tesis doctoral, Universidad de Toronto, 1978, y David Tamarin, The Argentine Labor Movement, 1930-1945, Albuquerque, N. M., 1985. La obra de Tamarin no sólo trata de los sindicatos sino que ofrece un excelente informe del papel de los trabajadores en los hechos de octubre de 1945. Otra obra destacable sería la de Daniel James, «October 17th and 18th, 1945: Mass Protest, Peronism and the Argentine Working Class», Journal of Social History, 2 (primavera 1988), pp. 441-461. Sobre la Fuerza de Orientación Radical de la Juventud (FORJA), véase Mark Falcoff, «Argentine Nationalism on the Eve of Perón: The Forcé of Radical Orientation of Young Argentina and its Rivals, 1933-45», tesis doctoral, Universidad de Princeton, 1970; Arturo Jauretche, FORJA y la década infame, Buenos Aires, 1962. Acerca de los nacionalistas, véase la obra de Marysa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Buenos Aires, 1969; Enrique Zuleta Alvarez, El nacionalismo argentino, 2 vols., Buenos Aires, 1975, y Los nacionalistas 1910-1932, Buenos Aires, 1983, de María Inés Barbero y Femando Devoto. Los orígenes del nacionalismo argentino, 1927-1937, Buenos Aires, 1969, de Federico Ibarguren ofrece un panorama fascinante de la mentalidad nacionalista. Sobre el nacionalismo en el ejército ver Perón y el G. O. U.: los documentos de una logia secreta, Buenos Aires, 1984, de Robert A. Potash (comp.). Un trabajo que contiene vasto material sobre este período es el de David Rock, Authoritarian Argentina: A History of the Nationalist Movement (Austin, de próxima aparición). Para una introducción al revisionismo histórico, véase la obra de Rodolfo Irazusta y Julio Irazusta, La Argentina y el imperialismo británico: los eslabones de una cadena, 1806-1933, Buenos Aires, 1934.

Recientemente han aparecido algunos trabajos de alta calidad sobre el triángulo Gran Bretaña-Argentina-Estados Unidos, tanto por lo que se refiere a aspectos políticos como económicos. Véase George Fodor y Arthur O’Connell, «La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo veinte», Desarrollo económico, 13, n.º 49 (1973), pp. 1-67; Michael J. Francis, The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and Chile During World War II, Notre Dame, Ind., 1977; Mario Rapoport, Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas, Buenos Aires, 1981; Carlos Escudé, Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina, 1942-1949, Buenos Aires, 1982; R. A. Humphreys, Latin America and the Second World War, 2 vols., Londres, 1981-1982, y C. A. MacDonald, «The Politics of Intervention: the United States and Argentina, 1941-1946», Journal of Latin America Studies, 12, punto 2 (noviembre 1980), pp. 365-396. Sobre lapos-tura de los británicos en relación con Argentina durante la guerra, ver Sir David Kelley, The Ruling Few, or the Human Background to Diplomacy, Londres, 1953, y sobre la línea oficial desde los Estados Unidos, Cordell Hull, The Memoirs, 2 vols., Nueva York, 1948. La obra de David Green, The Containment of Latin America: A History of the Myths and Realities of the Good Neighbor Policy, Chicago, 1971, da luz a la posición y al comportamiento de los organizadores de la política americana. Ver también Bryce Wood, The Dismantling of the Good Neighbor Policy, Austin, Tex., 1985. En Desarrollo Económico, 19, n.º 75 (1979) pp. 403-426, aparece un facsímil del Plan Pinedo.

Sobre la ascensión de Perón, los trabajos más relevantes son el de Potash, Army and Politics, y el de Samuel L. Baily, Labor, Nationalism and Politics in Argentina, New Brunswick, N. J., 1967. Ver también Doyon, «Organized Labour»; Matsushita, Movimiento obrero, Tamarin, Argentine Labor Movement, Eldon Kenworthy, «The Formation of the Peronist Coalition», tesis doctoral, Universidad de Yale, 1970, y Enrique Díaz Araujo, La conspiración del 43, 1971. Sobre los detalles personales de Perón, ver la obra de Joseph A. Page, Perón, a Biography, Nueva York, 1983. Los mejores informes del papel de Braden en 1945-1946 son «The Politics of Intervention» de MacDonald, y Containment of Latin America de Green, mientras que las elecciones de 1946 han sido estudiadas detenidamente en la obra de Manuel Mora y Araujo e Ignacio Lorente eds., El voto peronista: ensayos de sociología electoral argentina, Buenos Aires, 1980. Los ensayos de Peter H. Smith y de Gino Germani merecen una mención especial. Acerca de las estadísticas de las elecciones, véase la obra de Darío Cantón, Materiales para el estudio de la sociología política de la Argentina, 2 vols., Buenos Aires, 1969.

2. Argentina, 1946-c. 1990

Economía

Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967, de G. Di Telia y M. Zymelman es una obra general inspirada en la teoría de las etapas del crecimiento de W. W. Rostow. La obra de Aldo Ferrer, The Argentine Economy, Berkeley, Calif., 1967, publicada primero en español en 1964, es un informe menos objetivo y mucho más interpretativo que refleja las típicas visiones de la dependencia y del desarrollo de finales de los años 50 y principios de los 60. En Crisis y alternativas de la política económica, Buenos Aires, 1977, Ferrer lleva su análisis hasta finales de los 70. La obra de Carlos Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Heaven, Conn., 1970, es una excelente colección de análisis económicos de diferentes aspectos de la historia de Argentina que ha sido muy influyente. An Economic History of Argentina in the Twentieth Century, Nueva York, 1978, de Laura Randall, trata de interpretar el desarrollo de Argentina como una sucesión de unos modelos económicos muy bien definidos, pero algunos historiadores han encontrado esta obra poco convincente. En Economic Policy in a Conflict Society: The Argentine Case, Cambridge, Mass., 1975, R. Mallon y J. V. Sourrouille exploran los problemas económicos, particularmente los de mediados de los años 60, sin excluir las variables políticas. La obra de D. Rock, Argentina 15161987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley, Calif., 1987, exhaustiva historia que despliega una gran perspicacia económica, es la mejor introducción a la Argentina de esta época. En Argentina in the Post-War Era: Politics and Economic Policy Making in a Divided Society, Albuquerque, N. M., 1978, Gary Wynia se concentra en la toma de decisiones de la etapa comprendida entre 1946 y 1976. Dos ensayos generales hablan de los temas principales de la historia económica del período: G. Di Telia, «Controversias económicas en la Argentina, 1930-1970» en J. Fogarty, E. Gallo y H. Dieguez eds., Argentina y Australia, Buenos Aires, 1979, pp. 165-184; y C. Díaz Alejandro, «No Less than One Hundred Years of Argentine Economic History Plus Some Comparisons», en G. Ranis, R. L. West, M. W. Leiserson y C. Taft Morris eds., Comparative Development Perspectives: Essays in Honor of Lloyd G. Reynolds, Boulder, Colo., 1984, pp. 328-358. Una de las mejores y más completas colecciones de ensayos de la historia económica de la Argentina de posguerra es la de G. Di Telia y R. Dombusch eds., The Political Economy of Argentina, 1946-1983, Londres, 1989, que analiza la política económica de cada gobierno desde la primera presidencia de Perón hasta la más reciente Administración militar. En La economía que yo hice, Buenos Aires, 1980, J. C. de Pablo presenta una serie de entrevistas con personas a cargo de los asuntos económicos desde los años 40 y contiene abundante información histórica de gran utilidad.

Desde 1949, la influencia de la UN Comisión Económica para América Latina (CEPAL) bajo el liderazgo intelectual de R. Prebisch se hizo notar, tanto en el campo político como en el profesional. El informe CEPAL de 1949 reflejaba el espíritu de posguerra en su profundo escepticismo en relación con el comercio extranjero y su insistencia en la sustitución e industrialización de las importaciones en el mercado interior. Ver CEPAL, Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, Nueva York, 1949. En Estrategias de industrialización para América Latina, Buenos Aires, 1967, de Mario Brodershon ed., se refleja un modelo de cuestionario de los años 60 de la CEPAL; la contribución de David Félix, «Más allá de la sustitución de importaciones, un dilema latinoamericano», es un buen ejemplo de la nueva perspectiva. Del mismo autor, ver también «The Dilemma of Import Substitution: Argentina», en G. Papanek ed., Development Policy: Theory and Practice, Cambridge, Mass., 1968, pp. 55-91. En Doctrinas económicas, desarrollo e independencia económica, Buenos Aires 1973, M. Diamand presenta un original análisis del desequilibrio estructural que había en los sectores productivos. Entre 1970 y 1980 el foco de interés se desplazó a las causas del estancamiento y de la decadencia de Argentina. Un buen ejemplo de este cambio de énfasis es el trabajo de J. J. Llach y P. Gerchunoff sobre la experiencia del crecimiento entre 1964-1974: «Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre los dos gobiernos peronistas», Desarrollo Económico, 15, n.º 57 (1975), pp. 3-54, y el subsiguiente debate en Desarrollo Económico, 15, n.º 60 (1976), pp. 612-639. El débil rendimiento económico de Argentina y la necesidad de reformas institucionales se examinan en D. Carvallo e Y. Mundlak, «Agriculture and Economic Growth: The Case of Argentina», Research Report 36, Washington, D. C., 1982; D. Carvallo, Volver a crecer, Buenos Aires, 1984; J. J. Llach, Reconstrucción o estancamiento, Buenos Aires, 1987; Secretaría de Planificación, Lincamientos para una estrategia de crecimiento, Buenos Aires, 1985, y C. A. Rodríguez, «Estabilización versus cambio estructural: la experiencia argentina», Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, Documento de Trabajo 62 (1988).

Acerca de la política de inflación y de estabilización, véase A. Ferrer ed., Los planes de estabilización en Argentina, Buenos Aires, 1967, con aportaciones del editor, M. Brodershon, y E. Eshag y R. Thorp; el artículo de Eshag y de Thorp, «Economic and Social Consequences of Orthodox Policies in Argentina in the Post-War Years», fue publicado originalmente en el Bulletin of the Oxford Institute of Economías and Statistics (febrero 1965), pp. 3-44. Ver también la obra de C. Díaz Alejandro, Exchange Rafe Devaluation in a Semiindustrialized Country: The Experience of Argentina, 1955-1961, Cambridge, Mass., 1965. En contra del saber convencional de la época, Díaz Alejandro demostró que el cambio de devaluaciones pudo tener consecuencias recesivas en un país con una agricultura orientada al exterior y una industria orientada al interior. Esta idea tuvo un gran impacto. Para el período entre 1966 y 1973, un artículo importante es el de J. C. de Pablo, «Relatives Prices, Bicorne Distribution and Stabilization Plans, 1967-1970», Journal of Development Economics, 1 (1974), pp. 50-78; Política anti-inflacionaria en Argentina, 1967-1970, Buenos Aires, 1972, es una versión más extensa. Sobre el mismo período, ver la obra de G. Maynard y W. Van Ryckeshen, «Stabilization Policy in an Inflationary Economy», en Papanek ed., Development Policy, pp. 207-235; en Argentina under Perón, 1973-1976, Londres, 1983, G. Di Telia estudia los problemas de estabilización de la economía bajo un gobierno basado en la mano de obra; ver también A. Conitrot, «La experiencia populista de redistribución de ingresos», Desarrollo Económico, 15, n.º 59 (1975), pp. 331-351, que subraya las dificultades intrínsecas del modelo populista. Los esfuerzos de estabilización del régimen militar entre 1976 y 1982 produjeron análisis muy interesantes desde diferentes perspectivas: A. Canitrot, «Teoría y práctica del liberalismo: política anti-inflacionaria y apertura económica en la Argentina», Desarrollo Económico, 21, n.º 82 (1981), pp. 131-189; J. L. Machinea, «The Use of Exchange Rates as an Antiinflationary Instrument in a Stabilization-Liberalization Attempt», tesis doctoral, Universidad de Minnesota, 1983; R. B. Fernández y C. A. Rodríguez eds., Inflación y estabilidad, Buenos Aires, 1982, y J. Schvarser, Martínez de la Hoz, la lógica política de la política económica, Buenos Aires, 1983. Para un enfoque conceptual de la teoría de la inflación, ver la obra de J. Olivera, «On Structural Inflation and Latin America Structuralism», Oxford Economic Papers, 16 (noviembre 1964), pp. 321-332; ídem, «On Structural Stagflation», Journal of Development Economics, 6, n.º 4 (1979), pp. 549-555, y A. Canavese «The Structuralist Explanation in the Theory of Inflation», Worlds Development, 10 (julio 1982), pp. 523-9. La óptica monetaria está bien enfocada en Inflación y estabilidad, de Fernández y Rodríguez eds., «La megainflación argentina», de J. J. Llach, en N. Botana y P. Waldman eds., El impacto de la inflación, Buenos Aires, 1988, pp. 75-98, ofrece una perspectiva más institucional. El papel de los factores inerciales en la inflación se subraya en R. Frenkel, «Salarios e inflación: resultados de investigaciones recientes en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile», Desarrollo Económico, 25, n.º 100 (1986), pp. 387-414, cuyo enfoque inspiró el Plan Austral que la Administración de Alfonsín lanzó en 1985. Sobre la experiencia posterior, véanse los ensayos de M. Bruno, G. Di Telia y R. Dombusch eds., Inflation Stabilization: The Experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia and México, Cambridge, Mass., 1988; D. Heyman, Tres ensayos sobre inflación y políticas de estabilización, Buenos Aires, 1986; P. Gerchunoff y C. Bozzalla, «Posibilidades y límites de un programa de estabilización heterodoxo», en la obra de J. Villanueva ed., Empleo, inflación y comercio internacional, Buenos Aires, 1988, pp. 61-105; R. Dombusch y M. Simonsen, Inflation Stabilization with Income Policy Support, Cambridge, Mass., 1986, y R. Frenkel y J. M. Fanelli, Políticas de estabilización hiperinflación en Argentina, Buenos Aires, 1990. Deben consultarse las cuentas de J. L. Machinea (el entonces presidente del Banco Central), «Stabilization under Alfonsín’s Government», Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Documento de Trabajo 42 (1990).

Sobre la evolución de la industria argentina véase A. Dorfman, Cincuenta años de industrialización argentina, 1930-1950, Buenos Aires, 1983; J. Katz y B. Kosakoff, El factor manufacturero argentino: maduración, retroceso y prospectiva, Buenos Aires, 1989, y B. Kosakoff y D. Aspiazu, La industria argentina, desarrollo y cambios estructurales, Buenos Aires, 1989. Acerca del controvertido tema de las políticas industriales hay algunos trabajos dignos de mención: el de H. H. Schwartz, «The Argentine Experience with Industrial Credit and Protection Incentives, 1943-1958», tesis doctoral, Universidad de Yale, 1967, es un estudio pionero. Véase también la obra de O. Altimir, H. Santamaría y J. V. Sourrouille, «Los instrumentos de la promoción industrial en la posguerra», Desarrollo Económico, 6, n.º 24 (1967), pp. 709-734; J. Berlinski y D. Schydlowsky, «Incentives for Industrialization in Argentina», en B. Balassa ed., Development Strategies in Semiindustrialized Countries, Baltimore, 1982, pp. 83121; J. Berlinski, «La protección efectiva de actividades seleccionadas de la industria argentina», Instituto Di Telia, CIE, Documento de Trabajo 119(1985); D. Artana, «Incentivos fiscales a la inversión industrial», Instituto Di Telia, Documento de Trabajo 151 (1987); J. Schvarser, «Promoción Industrial Argentina», Centro de Investigaciones Sociales de Estado y Administración (CISEA), Documento de Trabajo 90 (1987). S. Teitel y F. Thomi, «From Import Substitution to Exports: The Recent Experience of Argentina and Brasil», Econotnic Development and Cultural Change (abril 1986), y J. Nogues, «Economía política del proteccionismo y la liberalización en Argentina», Desarrollo Económico, 28, n.º 110 (1988), pp. 159-182.

Referente a la agricultura, la obra de C. Díaz Alejandro, «An Interpretation of Argentine Economic Growth since 1930», Journal of Development Studies, punto 1 (1966), pp. 14-41, punto 2 (1967), pp. 155-157, es un buen ejemplo de la visión negativa de las políticas de agricultura de Perón; J. Fodor justifica la conducta de un modo diferente en «Perón’s Policies for Agricultural Exports, 1946-1948: Dogmatism or Common Sense?» en D. Rock ed., Argentina in the Twentieth Century, Pittsburg, Pa., 1975, pp. 135-161. Durante muchos años los trabajos en este campo se centraban en la presunta falta de elasticidad en los precios de la producción agrícola. L. Reca hizo una importante contribución enfatizando el papel de los precios, que habían sido siempre infravalorados, en «The Price and Production Duality within Argentine Agriculture», tesis doctoral, Universidad de Chicago, 1967, y algún otro trabajo complementario como «Determinantes de la oferta agropecuaria en la Argentina», Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE, Estudios sobre la economía argentina, 5 (1969), pp. 57-65. Más adelante, E. S. de Obschatko y M. Piñeiro, Agricultura pampeana: cambio tecnológico y sector privado, Buenos Aires, 1986, llamó la atención sobre la gran transformación tecnológica que tuvo lugar en la agricultura desde 1970, que llevó la producción y la productividad a un gran crecimiento.

Acerca del mercado laboral y de los salarios se recomiendan los siguientes estudios: J. J. Llach y C. Sánchez, «Los determinantes del salario en Argentina», Estudios, 7, n.º 29 (1984), pp. 1-47; H. Dieguez y P. Gerchunoff, «Dinámica del mercado laboral urbano en Argentina, 1976-1982», Desarrollo Económico, 24, n.º 93 (1984), pp. 3-40; A. Marshall, El mercado del trabajo en el capitalismo periférico, Santiago de Chile, 1978; L. Beccaria y G. Yoggel, «Apuntes sobre la evolución del empleo industrial en 1973-1984», Desarrollo Económico, 27, n.º 1 (1988), pp. 589-606; R. Frenkel, «Salarios industriales e inflación, 1976-1982», Desarrollo Económico, 24, n.º 95 (1984), pp. 387-414; y J. J. Llach, Política de ingresos en la década del noventa: un retorno a la economía política, Buenos Aires, 1990. Son indispensables los informes producidos por el Proyecto Argentina PNUD y la Organización Internacional del Trabajo titulados Employment, Human Resources and Wages y publicados por el Ministerio del Trabajo entre 1984 y 1989.

Hasta mediados de los años 80 se prestó poca atención al sector público; Secretaría de Hacienda, Política para el cambio estructural en el sector público (1989), ofrece los mensajes presidenciales al Congreso de cuando el episodio de las leyes presupuestarias de 1986-1989; particularmente útil es el mensaje de 1989, que sigue la evolución del papel del sector público en Argentina desde 1930. Sobre la crisis fiscal hay tres trabajos que merecen ser mencionados: P. Gerchunoff y M. Vicens, Gasto público, recursos públicos y financiamiento de una economía en crisis: el caso de Argentina, Buenos Aires, 1989; R. Carciofi, La desarticulación del pacto fiscal: una interpretación sobre la evolución del sector público argentino en las dos últimas décadas, Buenos Aires, 1989, y A. Porto, Federalismo fiscal, Buenos Aires, 1990. Para un punto de vista diferente, véase la obra de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), El fracaso del estatismo: una propuesta para la reforma del sector público argentino, Buenos Aires, 1987.

Para la deuda externa y sus repercusiones, véase E. A. Zalduendo, La deuda externa, Buenos Aires, 1988; E. Feldman y J. Sommer, Crisis financiera y endeudamiento externo en la Argentina, Buenos Aires, 1986; R. Frenkel, J. M. Fanelli y J. Sommer, «El proceso de endeudamiento externo argentino», CEDES, Documento de Trabajo 2 (1988); R. Bouzas y S. Keifman, «Las negociaciones financieras externas de Argentina en el período 1982-1987», en R. Bouzas ed., Entre la heterodoxia y el ajuste, Buenos Aires, 1988, pp. 27-84; A. García y S. Junco, «Historia de la renegociación de la deuda externa argentina», Boletín Informativo Techint, 245 (1987), pp. 29-58, y J. C. de Pablo y R. Dombusch, Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en Argentina, Buenos Aires, 1988.

Política y sociedad

Hay pocas obras generales sobre el desarrollo político y social de la etapa comprendida entre 1946 y 1989. El mejor informe disponible en inglés es el de D. Rock, Argentina, 1516-1987, Berkeley, Calif., 1987. Véase también C. Floria y C. García Belsunce, Historia política de la Argentina contemporánea, 1880-1983, Madrid, 1988; J. E. Corradi, The Fitful Republic: Economy, Society and Politics in Argentina, Boulder, Colo., 1985; G. Wynia, Argentina: Illusions and Reality, Nueva York, 1986, y una crónica bien documentada es la de E. Crawley, A House Divided: Argentina, 1880-1980, Londres, 1985. Las obras de R. Potash, The Army and Politics in Argentina, 1945-1962, Stanford, Calif., 1980, y de A. Rouquié, Pouvoir militaire et société politique en Republique Argentine, París, 1978, ofrecen un panorama general hasta los años 70, aunque su tema principal es el papel de los militares. Otra contribución valiosa es la de T. Halperín Donghi, Argentina, la democracia de masas, Buenos Aires, 1983. Véase también M. Peralta Ramos, Acumulación de capital y crisis políticas en Argentina, 1930-1974, México, 1978. Otros ensayos, de carácter más interpretativo, merecen ser mencionados; G. O’Donnell, «State and Alliances in Argentina, 1956-1976», Journal of Development Studies, 15, n.º 1, (1978), pp. 3-33; ídem, «El juego imposible: competición y coaliciones entre partidos políticos en la Argentina, 1955-1966», en Modernization and Bureaucratic Authoritarism: Studies in South American Politics, Berkeley, Calif., 1973, pp. 180-213; M. Mora y Araujo «El ciclo político argentino», Desarrollo Económico, 22, n.º 86 (1982), pp. 201-230; ídem, «El estatismo y los problemas políticos del desarrollo argentino», en Floria ed., Argentina política, Buenos Aires, 1983, pp. 31-64, y J. C. Portantiero, «La crisis de un régimen: una visión retrospectiva», en J. Nun y J. C. Portanteiro eds., Ensayos sobre la transición democrática argentina, Buenos Aires, 1987, pp. 57-80.

Sobre la estructura social de Argentina, los trabajos de G. Germani, Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, 1897, y Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, 1965, son de importancia fundamental. Ver también CEPAL, Economic Development and Income Distribution in Argentina, Nueva York, 1969; J.

L. Imaz, Those Who Rule, Albany, N. Y., 1970; O. Altimir, «Estimaciones de la distribución del ingreso en Argentina, 1953-1980», Desarrollo Económico, 25, n.º 100 (1986), pp. 521-566; H. Palomino, «Cambios ocupacionales y sociales en Argentina, 1947-1985», CISEA, Documento de Trabajo 88 (1987), p. 213; J. Nun, «Cambios en la estructura social de la Argentina», en Nun y Portanteiro eds., La transición democrática en Argentina, pp. 117-137; S. Torrado, «La estructura social de la Argentina, 1945-1983», Centro de Estudios Urbanos, Documento de Trabajo 14 y 15 (1988); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, La pobreza en Argentina, Buenos Aires, 1984; ídem, La pobreza en el conurbano bonaerense, Buenos Aires, 1989. En S. Bagu, Argentina, 1875-1975: población, economía y sociedad - Estudio temático y bibliográfico, México, 1978, se puede encontrar una buena bibliografía.

Acerca de los militares, además de los libros de Potash y Rouquié que ya se han mencionado, véase G. O’Donnell, «Modernization and Military Coups: Theory, Practice and the Argentina Case», en A. Lowenthal ed., Armies and Politics in Latin America, Nueva York, 1976, pp. 197-243; A. Rouquié, «Hegemonía militar, estado y dominación social», en A. Rouquié ed., Argentina hoy, México, 1982, y D. Cantón, La política de los militares argentinos, 1900-1971, Buenos Aires, 1971.

Referente a los partidos políticos y el Congreso, ver la obra de D. Cantón, Elecciones y partidos en la Argentina, Buenos Aires, 1973; P. Snow, Political Forces in Argentina, Boston, 1971; D. James, «The Peronist Left», Journal of Latin America Studies, 8, n.º 2 (1976), pp. 273-296; M. Acuña, De Frondizi a Alfonsín: la tradición política del radicalismo, 2 vols., Buenos Aires, 1984; M. Cavarossi, Peronismo y radicalismo, transiciones y perspectivas, Buenos Aires, 1988; D. Cantón, El Parlamento argentino en épocas de cambio, Buenos Aires, 1966; M. Goretti y M. Panosyan, «El personal parlamentario frente a un contexto político cambiante», en Dos ensayos de ciencia política, Buenos Aires, 1986; L. de Riz et al., El parlamento hoy, Buenos Aires, 1986; e ídem, «Régimen de gobierno y gobernabilidad: parlamentarismo en Argentina», en D. Nohlen y A. Solari eds., Reforma política y consolidación democrática: Europa y América Latina, Caracas, 1988, pp. 273-85.

Acerca de los sindicatos, ver S. Baily, Labor, Nationalism and Politics in Argentina, New Brunswick, N. J., 1967; R. Carri, Sindicatos y poder en Argentina, Buenos Aires, 1967; M. Cavarozzi, «Peronismo, sindicatos y política en la Argentina, 19431981», en P. González Casanova ed., Historia del movimiento obrero en América Latina, México, 1984, pp. 146-199; D. James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976, Cambridge, 1988; G. Ducatenzeiler, Syndicats et politique en Argentine, 1955-1973, Montreal, 1981; R. Rotondaro, Realidad y dinámica del sindicalismo, Buenos Aires, 1974; T. Di Telia, El sistema político argentino y la clase obrera, Buenos Aires, 1964; R. Zorrilla, Estructura y dinámica del sindicalismo argentino, Buenos Aires, 1974; S. Senen González, Diez, años de sindicalismo, de Perón al proceso, Buenos Aires, 1984, y E. C. Epstein, «Labor Populism and Hegemonic Crisis in Argentina», en Epstein ed., Labor Autonomy and the State in Latin America, Boston, 1989, pp. 13-37.

Sobre los empresarios, ver J. Freels, El sector industrial en la política nacional, Buenos Aires, 1970; J. Niosi, Los empresarios y el estado argentino, Buenos Aires, 1974; D. Cúneo, Crisis y comportamiento de la clase empresario, Buenos Aires, 1967; M. L. de Palomino, Tradición y poder: la sociedad rural argentina, 19551983, Buenos Aires, 1988; D. Azpiazu, E. Basualdo y M. Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80, Buenos Aires, 1986; R. Sidicaro, «Poder y crisis de la gran burguesía agraria argentina», en A. Rouquié ed., Argentina hoy, pp. 51-104, y P. Ostiguy, Los capitanes de la industria, Buenos Aires, 1990.

Relativo a las relaciones extranjeras de Argentina ver, en particular, J. A. Lanus, De Chapultepec al Beagle, Buenos Aires, 1984; J. S. Tulchin, Argentina and the United States: A Conflicted Relationship, Boston, 1990, y C. Escudé, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Declinación Argentina, 1942-1949, Buenos Aires, 1983.

Sobre los dos primeros mandatos de Perón, entre 1946 y 1955, ver la viva y perspicaz reconstrucción histórica realizada por F. Luna en Perón y su tiempo, 3 vols., Buenos Aires, 1984-1986. Pueden encontrarse perfiles de los dos personajes principales de esos años en J. Page, Perón: A Biography, Nueva York, 1983, y en Nicholas Fraser y Marysa Navarro, Eva Perón, Nueva York, 1980. La aproximación sociológica está representada por la obra de J. Kirkpatrick, Leader and Vanguard in Mass Society: A Study of Peronist Argentina, Cambridge, Mass., 1971, y la de P. Waldman, El peronismo, Buenos Aires, 1981. En Política y cultura popular, la Argentina peronista, 19461955, Buenos Aires, 1983, A. Ciria se ocupa de los trabajos de la ideología peronista en la práctica. W. Little nos ofrece un útil tratamiento introductorio sobre un tema que ha sido descuidado, en «Party and State in Peronist Argentina», Hispanic American Historical Review, 53 (1973), pp. 628-656. De L. Doyon, es indispensable su «Organized Labor and Perón, 1945-1955», tesis doctoral, Universidad de Toronto, 1978. Algunos capítulos de la tesis de Doyon y otras contribuciones de valor se recogen en J. C. Torres ed., La formación del sindicalismo peronista, Buenos Aires, 1988; véase también La vieja guardia sindical y Perón, Buenos Aires, 1990, del mismo autor. Las relaciones entre Perón y los militares se examinan en las obras ya mencionadas de R. Potash y A. Rouquié. Una informativa consideración de la caída de Perón la encontramos en J. Godio, La caída de Perón, Buenos Aires, 1973.

Acerca del gobierno de Frondizi, ver la obra de Celia Szusterman, «Developmentalism and Political Change in Argentina, 1958-1962», tesis doctoral, Universidad de Oxford, 1986; M. Barrera, Information and Ideology: A Case Study of Arturo Frondizi, Beverly Hills, Calif., 1973; D. Rodríguez Lamas, La presidencia de Frondizi, Buenos Aires, 1984; las memorias de N. Babini, Frondizi: de la oposición al gobierno, Buenos Aires, 1984, y E. Kvatemik, Crisis sin salvataje, Buenos Aires, 1987. Sobre la presidencia de Illia ver El péndulo cívico militar, la caída de Illia, Buenos Aires, 1990, de E. Kvatemik, y sobre las dos presidencias, C. Smulovitz, «Opposition and Government in Argentina: The Frondizi and Illia Years», tesis doctoral, Universidad del Estado Pennsylvania, 1990, es digna de mención. El período de gobierno militar entre 1966 y 1972 es el tema de la obra principal de G. O’Donnell, El estado burocrático autoritario, Buenos Aires, 1981. Véase también W. C. Smith, Authoritarianism and the Crisis of the Argentine Political Economy, Stanford, Calif., 1989; N. Bontana, R. Braun y C. Floria, El régimen militar, 1966-1972, Buenos Aires, 1973; F. Delich, Crisis y protesta social: Córdoba, mayo de 1969, Buenos Aires, 1970, y R. Perina, Onganía, Levingston, Lanusse: los militares en la política argentina, Buenos Aires, 1983. Las memorias del secretario del General Onganía, Roberto Roth, Los años de Onganía, Buenos Aires, 1980, y las del general Agustín Lanusse, Mi testimonio, Buenos Aires, 1977, merecen una atenta lectura.

Sobre el regreso de Perón al poder, véase la obra de Di Telia, Argentina under Perón y la de L. de Riz, Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista, México, 1981. La colección de ensayos compilados por F. Turner y por J. E. Minguez en Juan Perón and the Reshaping of Argentina, Pittsburgh, Pa., 1983, contiene un buen análisis del período. Véase también M. Mora y Araujo, «Las bases estructurales del peronismo» en M. Mora y Araujo e I. Lorente eds., El voto peronista, Buenos Aires, 1980, pp. 397-440. El papel de los sindicatos se estudia en J. C. Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, Buenos Aires, 1983. Un estudio muy aclaratorio del discurso político de Perón y su relación con el movimiento juvenil es el de S. Signal y E. Veron, Perón o muerte, Buenos Aires, 1986.

Para un panorama general del régimen militar de 1976-1983 véase P. Waldman y E. Garzón Valdez (eds.), El poder militar en Argentina, 1976-1983, Frankfurt, 1982;

M. Peralta Ramos y C. Waisman (eds.), Ero ni Military Rule to Liberal Democracy in Argentina, Boulder, Colo., 1987, y Smith, Authoritarianism, pp. 224-266. Mencionar también a A. Fontana, «Policy Making by a Military Corporation: Argentina, 1976-1983», tesis doctoral, Universidad de Texas, 1987. El mejor estudio disponible sobre el movimiento de guerrilla es el de R. Gillespie, Soldiers of Perón: Argentina’s Montoneros, Oxford, 1982. Para documentación e informes sobre el asunto de los derechos humanos véase, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca más, Buenos Aires, 1984; traducción inglesa, 1986, y de la Organización de los Estados Americanos, Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos, Report on the Situation of Human Rights in Argentina, Washington, D. C., 1980; el estudio de C. Escude, «Argentina: The Costs of Contradiction: 1943-1955 y 19761983», en A. F. Lowenthal (ed.), Exporting Democracy: The United States and Latin America, Baltimore, 1991, se centra en las contradicciones de la política de derechos humanos del Presidente Cárter. La Guerra de las Malvinas ha sido muy documentada; O. Cardozo, R. Kirshbaum y E. Van de Kooy, Malvinas: la trama secreta, Buenos Aires, 1983, y la obra de M. Hastings y S. Jenkins, The Battle for the Falklands, Nueva York, 1983, presentan las dos partes del conflicto.

Aunque aún falta una valoración global de la presidencia de Alfonsín, hay algunos trabajos que deben ser mencionados: M. Mora y Araujo, «The Nature of the Alfonsín Coalition», y M. Cavarozzi, «Peronism and Radicalism: Argentina’s Transition in Perspective», en la obra de P. Drake y E. Silva (eds.), Elections and Democratization in Latin America, San Diego, Calif., 1986, pp. 143-188; E. Catterberg, Los argentinos frente a la política, Buenos Aires, 1989; N. Botana et al., La Argentina electoral, Buenos Aires, 1985; Nun y Portantiero (eds.), La transición democrática argentina, N. Botana y A. M. Mustapic, «La reforma constitucional frente al régimen político argentino», Instituto Di Telia, Documento de Trabajo 101 (1988); M. Cavarossi y M. Grossi, «De la reinvención democrática al reflujo político y la hiperinflación», Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, GTPP 12 (1989); J. C. Torre, «Economia ed política nella transizione argentina: Da Alfonsín a Menem», en G. Urbani (ed.), Le prospettive della democrazia in América Latina, Bolonia, 1990; L. de Riz, M. Cavarossi y J. Feldman, «El contexto y los dilemas de la concentración en la Argentina actual», en M. dos Santos (ed.), Concertación político-social y democratización, Buenos Aires, 1987, pp. 189-224; C. H. Acuña y L. Golbert, «Empresarios y política», Boletín Informativo Techint, 263 (1990), pp. 33-52; R. Gaudio y A. Thompson, Sindicalismo peronista y gobierno radical, Buenos Aires, 1990; A. Fontana, «La política militar en un contexto de transición: Argentina, 19871989», CEDES, Documento de trabajo 34 (1989) y R. Fraga, La cuestión militar argentina, 1987-1989, Buenos Aires, 1989.

3. Uruguay, 1930-c. 1990

Lo que se ha escrito sobre Uruguay desde 1930 es muy irregular en su amplitud. Los decenios de 1930 y 1940 en particular no han recibido la atención que merecían y hasta los años de crisis del decenio de 1960 no empezaron a escribirse numerosos libros sobre la situación contemporánea y el pasado reciente de Uruguay. Durante el régimen militar (1973-1985), fue imposible publicar trabajos serios sobre la historia reciente y los problemas del momento, pero las cosas mejoraron hasta cierto punto después de 1983. Henry Finch, Uruguay, World Bibliographical Series, vol. 102, Oxford, 1989, es una bibliografía con notas de libros y artículos que tratan todos los aspectos de los asuntos uruguayos, la mayoría de ellos en inglés. Entre los materiales básicos, los periódicos son una fuente significativa de información sobre los acontecimientos políticos, pero es tradicional que cada periódico represente una facción política y ninguno de ellos puede considerarse como autoridad. El número de diarios publicados después de 1985 se redujo en gran medida y el proceso de democratización fue acompañado de la proliferación de revistas políticas. El semanario Búsqueda, que se publica desde 1981, se acerca más que otros periódicos a ser una crónica de los acontecimientos. El semanario radical Marcha, fundado en 1939, es una fuente indispensable de análisis perceptivos y comentarios de todos los aspectos del periodo hasta su cierre en 1974. Para datos básicos de índole social y económica, el Anuario estadístico de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) es muy importante. La DGEC también publica datos sobre el censo de población, vivienda y economía, además de datos sobre el empleo y la distribución de la renta. Desde 1967 la publicación del mensual Boletín estadístico del Banco Central del Uruguay (BCU) ha sido una fuente principal de datos económicos y financieros; antes de 1967, el Suplemento estadístico del Banco de la República (BROU) publicaba información menos completa. Tres compilaciones de datos son Instituto de Economía, Uruguay: Estadísticas básicas (1969); Aldo Solari, Néstor Campiglia y Germán Wettstein, Uruguay en cifras (1966); y Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Uruguay, indicadores básicos (1983). (A menos que se indique lo contrario, todas las obras que se citan en el presente ensayo bibliográfico se publicaron en Montevideo).

Entre las obras generales que abarcan la mayor parte del período transcurrido desde 1930 cabe mencionar Roque Faraone, El Uruguay en que vivimos (19001968), 1968², y De la prosperidad a la ruina, 1987; Martin Weinstein, Uruguay: The Politics of Failure, Westport, Conn., 1975, y Uruguay: Democracy at the Crossroads, Boulder, Colo., 1988; F. E. Panizza «Accumulation and consensus in post-war Uruguay», en Christian Anglade y Carlos Fortín eds., The State and Capital Accumulation in Latin America, 2.º vol., Londres, 1990; y M. H. J. Finch, A Political Economy of Uruguay since 1870, Londres, 1981. Crónicas importantes de los primeros años son Juan A. Oddone, Uruguay entre la depresión y la guerra, 19291945, Montevideo, 1990; Gerardo Caetano y Raúl Jacob, El nacimiento del terrismo 1930-33, Raúl Jacob, El Uruguay de Terra, 1931-1938, 1984; Ana Frega, Mónica Maronna e Yvette Trochon, Baldomir y la restauración democrática (1938-1946), 1987; y Germán d’Elía, El Uruguay neo-batllista, 1946-1958, 1983. El período de la Administración del Partido Blanco se repasa en Rosa Alonso Eloy y Carlos Demasi, Uruguay, 1958-1968, 1986. El desarrollo económico del período se analiza en Instituto de Economía, El proceso económico del Uruguay, 1969, y Luis A. Faroppa, El desarrollo económico del Uruguay, 1965. Russell H. Fitzgibbon, Uruguay: Portrait of a Democracy, New Brunswick, N. J., 1954, puede calificarse acertadamente de estudio afectuoso del país. Marvin Alisky, Uruguay: A Contemporary Survey, Nueva York, 1969, no es digna de confianza. Una introducción informativa a Uruguay en el decenio de 1960 es Instituto de Estudios Políticos para América Latina (IEPAL), Uruguay: Un país sin problemas en crisis, 1967. Luis Benvenuto y otros, Uruguay hoy, 1971, contiene cinco ensayos sobre la situación contemporánea.

La crónica más detallada del funcionamiento del sistema político es Philip B. Taylor, Government and Politics of Uruguay, Nueva Orleans, La., 1960. Obras de Aldo Solari, especialmente Estudios sobre la sociedad uruguaya, 2 vols., 1965, y El desarrollo social del Uruguay en la postguerra, 1967, contienen material relativo al sistema político, así como a aspectos de la estructura y el desarrollo de la sociedad. «Bibliografía sobre estratificación y estructura de clases en el Uruguay» en Instituto de Ciencias Sociales, Uruguay: Poder, ideología y clases sociales, 1970, es exhaustiva. Sobre la naturaleza de la democracia uruguaya se pueden encontrar análisis sutiles en Francisco E. Panizza, Uruguay: Batllismo y después, Montevideo, 1990; y Germán W. Rama, La democracia en Uruguay, Montevideo, 1987. Carlos Real de Azúa, «Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy», pp. 145-321, y Carlos Martínez Moreno, «Crepúsculo en Arcadia: La institucionalidad y su derrumbe a la uruguaya», pp. 405-455, en Uruguay hoy son crónicas perceptivas de la situación política en vísperas del golpe militar. Véase también Howard Handelman, «Labor-Industrial Conflict and the Collapse of Uruguayan Democracy», Journal of Interamerican Studies 23, n.º 4 (1981), pp. 371-394. Carlos Real de Azúa, El impulso y su freno: Tres décadas de batllismo, 1964, es un estudio clásico de la decadencia del batllismo, y hay reflexiones estimulantes en Alberto Methol Ferré, El Uruguay como problema, 1971², y Oscar Bruschera, Los partidos tradicionales y la evolución institucional del Uruguay, 1962. Se encuentra material referente a la aparición del Frente Amplio en Cuadernos de Marcha, 46, 47 y 53 (1971), y Miguel Aguirre Bayley, El Frente Amplio: Historia y documentos, Montevideo, 1985. El movimiento guerrillero se examina en Antonio Mercader y Jorge de Vera, Tupamaros: Estrategia y acción, 1969; Alain Labrousse, The Tupamaros, Londres, 1973; y Arturo C. Porzecanski, Uruguay’s Tupamaros: The Urban Guerrilla, Nueva York, 1973. Se encuentran documentos relativos a la intervención de las fuerzas armadas en política en Amilcar Vasconcellos, Febrero amargo, 1973, y Cuadernos de Marcha, 68-69 (1973), a la vez que el trasfondo histórico de los militares es el tema de Liliana de Riz, «Ejército y política en Uruguay», en Instituto de Ciencias Sociales, Uruguay: Poder, ideología y clases sociales. Sobre los militares durante la dictadura y después de ella, véase Juan Rial, Las fuerzas armadas, 1986. Una crónica notable de las operaciones de la CIA en Uruguay durante el período 1964-1966 se da en Philip Agee, Inside the Company: CIA Diary, Londres, 1975. La estructura y el desarrollo del movimiento sindical son el tema de Alfredo Errandonea y Daniel Costabile, Sindicato y sociedad en el Uruguay, 1969; Héctor Rodríguez, Nuestros sindicatos, 1965; Lucía Sala de Touron y Jorge E. Landinelli, «50 años del movimiento obrero uruguayo», en Pablo González Casanova ed., Historia del movimiento obrero en América Latina, México, D. F., 1984; y Germán d’Elía, El movimiento sindical, Nuestra Tierra 4, 1969.

Son aportaciones importantes a la historia del proceso de industrialización Julio Millot, Carlos Silva y Lindor Silva, El desarrollo industrial del Uruguay: De la crisis de 1929 a la postguerra, 1973, y Luis Bértola, The Manufacturing Industry of Uruguay, 1913-61, Gotemburgo-Estocolmo, 1990. La evolución del sector público se discute en Aldo Solari y Rolando Franco, Las empresas públicas en el Uruguay: ideología y política, Montevideo, 1983. El sector rural se analiza exhaustivamente en CLAEH-Cinam, Situación económica y social del Uruguay rural, 1964; Ministerio de Ganadería y Agricultura (MGA)-Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), Estudio económico y social de la agricultura en el Uruguay, 2 vols., 1967; Aldo Solari, Sociología rural nacional, 1958²; y Russell H. Brannon, The Agricultural Development of Uruguay, Nueva York, 1967; Danilo Astori, La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya, 1930-1977, 1979, aborda un asunto de importancia crítica. Raúl Jacob, Uruguay, 1929-1938: Depresión ganadera y desarrollo fabril, 1981, es una fuente importante. Se presentan datos sobre la migración interna en Néstor Campiglia, Migración interna en el Uruguay, 1968. La emigración internacional reciente se trata en Israel Wonsewer y Ana María Teja, La emigración uruguaya, 1963-1975, 1985, y César Aguiar, Uruguay: país de emigración.

Tres crónicas de la influencia del Fondo Monetario Internacional son Alberto Couriel y Samuel Lichtensztejn, El FMI y la crisis económica nacional, 1967; Juan Eduardo Azzini, La reforma cambiaría: ¿Monstruo o mártir?, 1970; y Danilo Astori, Mario Bucheli, Walter Cancela y Luis Faroppa, El FMI y nosotros, 1983. El diagnóstico del plan prenacional de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) se hace en Estudio económico del Uruguay: Evolución y perspectiva, 2 vols., 1963. Los dos planes nacionales se publicaron bajo la forma de CIDE, Plan nacional de desarrollo económico y social, 1965-1974, 5 vols., 1965, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Plan nacional de desarrollo, 1973-1977, 2 vols., 1977². Se encuentra un análisis de la economía a finales del decenio de 1960 y comienzos del de 1970 en Instituto de Economía, Estudios y coyuntura, 1-3, 3 vols., 1970-1973.

La crónica y la documentación relativa a la campaña contra los Tupamaros y los primeros años del régimen posterior a 1973 las dan los propios militares en Junta de Comandantes en Jefe, Las fuerzas armadas al pueblo oriental, vol. 1: La subversión, 1976, y vol. 2; El proceso político, 1978. Alejandro Végh Villegas, Economía política: Teoría y acción, 1977, es una fuente importante de información sobre la política económica del régimen. Hay informes extensos sobre la marcha reciente de la economía en Luis Macadar, Uruguay, 1974-1980: ¿Un nuevo ensayo de reajuste económico?, 1982; Jorge Notara, La política económica en el Uruguay, 1968-1984, 1984; Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), La crisis uruguaya y el problema nacional, 1984; Luis A. Faroppa, Políticas para una economía desequilibrada: Uruguay, 1958-1981, 1984; y James Hansen y Jaime de Meló, «The Uruguayan Experience with Liberalization and Stabilization, 1974-81», Journal of Interamerican Studies, 25, n.º 4 (1983), pp. 477-508. Las repercusiones de la política del régimen en la manufacturación se analizan en Instituto Alemán de Desarrollo, Monetarismo en Uruguay: Efectos sobre el sector industrial, Berlín, 1983, y la posición del sector rural se comenta en M. H. J. Finch, «The Military Regime and Dominant Class Interests in Uruguay, 1973-82», en P. Cammack y P. O’Brien, eds., Generáis in Retreat, Manchester, 1985, pp. 89-114. Los costes sociales del régimen militar se indican claramente en Juan Pablo Terra y Mabel Hopenhaym, La infancia en el Uruguay, 1973-1984, 1986, y Rosario Aguirre y otros, El trabajo informal en Montevideo, 1986. Sobre el desarrollo de las ciencias sociales y naturales, hay estudios iluminadores en CINVE, Ciencia y tecnología en el Uruguay, Montevideo, 1986. La transición al gobierno democrático se analiza en Charles Guy Gillespie, Negotiating Democracy: Politicians and Generáis in Uruguay, Cambridge, G. B., 1991. Algunas crónicas sobre los primeros pasos del proceso están en Luis Eduardo González, «Uruguay 1980-1981: An unexpected onening», Latin American Research Review, 18, n.º 3,1983, pp. 63-76; Charles Gillespie, Louis Goodman, Juan Rial y Peter Winn, eds., Uruguay y la democracia, 1985; Carlos Filgueira, El dilema de la democratización, 1984; Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), 7 enfoques sobre la concertacián, 1984; y Juan Rial, Partidos políticos, democracia, y autoritarismo, 1984. Véase también Charles Guy Gillespie y Luis Eduardo González, «Uruguay: The survival of oíd and autonomous institutions», en Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, Democracy in Developing Countries, vol. 4., Latin America, Boulder, Colo., 1989, pp. 207-245. La revista trimestral Cuadernos del Centro Latinoamericano de Economía Humana, n.os 31 y 32, 1984, contiene varios artículos útiles. Sobre la reforma electoral, véanse Dieter Nohlen y Juan Rial, Reforma electoral, 1986, y Angel Cocchi, Reforma electoral y voluntad política, 1988. Varios aspectos de la situación política y económica en Uruguay durante el final de los años ochenta, se pueden encontrar en Henry Finch ed., Contermporary Uruguay: Problemas and Prospects, documentos de trabajo n.º 9, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool, 1989. Los cuatro institutos de estudios independientes fundados en años recientes, CINVE, CIESU, CLAEH y Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), han publicado mucho material, gran parte del cual consiste en documentos de trabajo.

4. Paraguay, 1930-c. 1990

El Paraguay moderno empieza con la guerra del Chaco, que ha sido estudiada por muchos historiadores paraguayos y bolivianos, generalmente de forma polémica. Un estudio objetivo, en inglés, es David Zook, The Conduct of the Chaco War, New Haven, Conn., 1960. También son interesantes desde la perspectiva paraguaya las memorias del victorioso comandante en jefe José Félix Estigarribia, The Epic of the Chaco: Marshal Estigarribia’s Memoirs of the Chaco War, en traducción y edición de Pablo Max Ynsfrán, Austin, Tex., 1950. Sobre las negociaciones de paz de la posguerra con Bolivia, véase Leslie B. Rout, Jr., Politics of the Chaco Peace Conference, 1935-1939, Austin, Tex., 1970. Véase también Gustavo A. Riart, El Dr. Luis A. Riart y la defensa del Chaco, Asunción, 1987; Agustín Blujaki, «Presencia de la iglesia católica durante la Guerra del Chaco», Estudios Paraguayos, diciembre, 1984; Leandro Aponte Benítez, La aviación paraguaya en la Guerra del Chaco, Asunción, 1985; Ramiro Escobar, Ráfagas de metralletas, sangre en los pajonales: Guerra del Chaco, Asunción, 1982; Lorenzo Livieres Guggiari, El financiamiento de la Guerra del Chaco, 1924-1935: Un desafío al liberalismo económico, Asunción, 1983.

La revolución de febrero de 1936 también generó muchas obras polémicas. La obra esencial en lengua inglesa sobre la revolución, así como sobre el partido febrerista que nació de ella, es Paul H. Lewis, The Politics of Exile, Chapel Hill, N. C., 1968. La defensa más completa del gobierno del coronel Franco la hace su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Stefanich, cuya obra en cuatro volúmenes Capítulos de la Revolución paraguaya se publicó mientras el autor se hallaba exiliado en Buenos Aires durante 1945 y 1946. Ruperto Resquín, La generación paraguaya (1928-1932), Buenos Aires, 1978, también es útil para comprender la perspectiva de los antiliberales jóvenes que, después de combatir en la guerra del Chaco, ayudaron a efectuar la revolución de febrero. Quizá el mejor estudio crítico del gobierno Franco sea Policarpo Arraza, Ayala, Estigarribia, y el Partido Liberal, Buenos Aires, 1936.

Para el decenio 1937-1947, que abarca los años de Paiva, Estigarribia y Moríñigo, la obra indispensable es Michael Grow, The Good Neighbor Policy and Authoritarianism in Paraguay, Lawrence, Kan., 1981. El estudio de Grow no sólo arroja una luz interesante sobre la política interior de Paraguay, sino que también relaciona esta política con la rivalidad entre los Estados Unidos y Alemania por la supremacía en la región. Véase también general Amando Pampliega, Misión cumplida, Asunción, 1984. Pampliega era ayudante personal de Estigarribia y sirvió a Moríñigo en calidad tanto de ministro de Defensa como de ministro del Interior. Otra crónica hecha por un miembro del gobierno de Estigarribia está en Carlos Pastor, Capítulos de la historia política paraguaya, 1935-1940, Asunción, 1986. Sobre la penetración del Eje en Paraguay, véase Alfredo M. Seiferheld, Nazismo y fascismo en el Paraguay, Asunción, 1985. Seiferheld, cuya trágica muerte en 1988 privó a Paraguay del que quizá era el más prolífico y prometedor de sus historiadores modernos, también escribió una biografía del mariscal Estigarribia: Estigarribia: Veinte años de política paraguaya, Asunción, 1982. Este período se trata de manera más polémica, pero, pese a ello, digna de consideración en Arturo Bray, Armas y letras, 3 vols., Asunción, 1981, que critica a Estigarribia desde el punto de vista de los liberales viejos, y en Leandro Prieto, El proceso de la dictadura liberal de 1940 (versión documental), que ataca al gobierno Estigarribia desde el bando colorado. Absolutamente esenciales para todo el panorama de la política paraguaya desde la guerra del Chaco hasta la guerra civil de 1947 son la obra de Seiferheld en tres volúmenes Conversaciones político-militares, Asunción, 1984-1986, que consiste en transcripciones de entrevistas con destacados políticos, soldados e intelectuales del período; y los tres volúmenes de Saturnino Ferreira, Proceso político del Paraguay: Una visión desde la prensa, Asunción, 1986-1987, que se compone de extractos de la prensa de los años 19361947. El muy calumniado general Moríñigo tiene la oportunidad de explicarse en Augusto Ocampos Caballero, Testimonios de un presidente, Asunción, 1983, que se basa en entrevistas con el ex presidente.

La guerra civil de 1947 continúa llamando la atención de los autores paraguayos toda vez que la consideran una línea divisoria de la historia reciente. Obras antiguas tales como la del mayor Antonio E. González, La rebelión de Concepción, Buenos Aires, 1947, y la de O. Barcena Echeveste, Concepción 1947, Asunción, 1948, son versiones francamente pro colorados. La más reciente La revolución de 1947 y otros recuerdos, Asunción, 1987, del coronel Sixto Duré Franco es también obra de un soldado leal y colaborador íntimo de Stroessner, pero su punto de vista es más desapasionado, gracias a que han transcurrido cuarenta años. Véase, también Gustavo Prieto Bustos, Apuntes para la historia: Datos para una reseña del 9 de junio de 1946 al 20 de agosto de 1947, Asunción, 1987, que incluye documentos militares. Para la versión rebelde, véase coronel Alfredo Ramos, Concepción 1947, la revolución derrotada, Asunción, 1985.

Todavía no se ha escrito ninguna obra seria que se ocupe exclusivamente del período turbulento que va desde el final de la guerra civil hasta la toma del poder por parte de Stroessner. Una recopilación de la correspondencia entre la Embajada de los Estados Unidos en Asunción y el Departamento de Estado durante los años 1953 y 1954, se encuentra en Alfredo M. Sieferheld ed., La caída de Federico Chaves: una visión documental norteamericana, Asunción, 1987. En La celda del miedo, Asunción, 1986, Carlos Caballero Ferreira, fundador del movimiento 14 de Mayo, describe las razones por las que fracasó la revolución de 1959. Sobre el «stronato», la obra clásica es Paul H. Lewis, Paraguay under Stroessner, Chapel Hill, N. C., 1980, pero se basa en investigaciones que se terminaron en las postrimerías de los años setenta. Este defecto lo remedia en parte un segundo estudio de Lewis, Socialism, Liberalism, and Dictatorship in Paraguay, Nueva York, 1982. Algunos trabajos más recientes sobre el «stronato» son Carlos R. Miranda, The Stroessner Era: Authoritarian Rule in Paraguay, Boulder, Colo., y Oxford, 1990; y Carlos María Lezcano, El régimen militar de Alfredo Stroessner, Asunción, 1989. Un ensayo comparativo bastante interesante es Paul C. Sondrol, «Totalitarian and authoritarian dictators: A comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner», Journal of Latin American Studies, 23, n.º 3, 1991, pp. 599-620. Una nueva generación de jóvenes economistas y sociólogos paraguayos ha empezado a producir estudios excelentes del panorama contemporáneo. Véanse, por ejemplo, los dos volúmenes de Economía del Paraguay contemporáneo, de Carlos Fletschner y otros, Asunción, 1984; Pablo A. Herken Krauer, Vía crucis económico, 1982-86, Asunción, 1986; y Roberto Luis Céspedes y otros, Paraguay, sociedad, economía, y política, Asunción, 1988. Para un estudio sobre los esquemas de colonización puestos en práctica durante el período 1965-1985, véase E. B. Zoomers, Rural Development and Survival Strategies in Central Paraguay, Amsterdam, 1988; y J. M. G. Kleinpenning, Man and Land in Paraguay, Amsterdam, 1987. La influencia de Brasil durante el «stronato» se explora minuciosamente en dos artículos excelentes de R. Andrew Nickson: «The Brazilian Colonization of the Easter Border Región of Paraguay», Journal of Latin American Studies, 13, n.º 1 (1981), pp. 111-131, y «The Itaipú Hydroelectric Project: The Paraguayan Perspective», Bulletin of Latin American Research, 2, n.º 2, (1982), pp. 120. El desafío de la Iglesia católica al régimen se resume en Kenneth Westhues, «Curses versus Blows: Tactics in Church-State Conflict», Sociological Analysis, 36 (1975), pp. 1-16. Véase también Frederick Hicks, «Politics, Power, and the Role of the Village Priest», Journal of Inter-American Studies, 9, n.º 2 (1967), pp. 273-282. Hicks también proporciona un análisis muy bueno de la influencia que los líderes del partido tradicional ejercían sobre el campesino en «Interpersonal Relationships and Caudillismo in Paraguay», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 13, n.º 1 (1971), pp. 89-111. Se puede encontrar una breve descripción de los acontecimientos políticos previos a la caída de Stroessner, en Andrew Nickson, «Tyranny and ogevity: Stroessner’s Paraguay», Third World Quarterly, 10, n.º 1, 1988, pp. 237-259; y John H. Wiliams, «Paraguay’s Stroessner: Losing control?», Current History, 86, enero de 1987, pp. 25-28. La caída de Stroessner ha motivado varios estudios sobre el problema de la transición y los planes de democratización en Paraguay. Véase, por ejemplo, Thomas Sanders, The Fall of Stroessner, Indianápolis, Ind., 1989; Diego Abente, Stronismo, Post-Stronismo and the Prospects for Democratization in Paraguay, Notre Dame, Ind., 1989; Andrew Nickson, «The overthrow of the Stroessner regime: Reestablishing the status quo», Bulletin of Latin American Research, 8, n.º 2, 1989, pp. 185-210; Marcial Antonio Riquelme, Hacia la transición a la democracia en Paraguay, Asunción, 1989; Diego Abente, «Constraints and opportunities: Prospects of democratization in Paraguay», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 30, n.º 1. 1989, pp. 73-104; y Riordan Roett y Richard Scott Sacks, Paraguay: The Personalist legacy, Boulder, Colo., 1991.

5. Chile, 1930-1958

Las más importantes fuentes primarias correspondientes a este período son los periódicos, especialmente El Mercurio y El Diario Ilustrado de la derecha, el gubernamental La Nación, y La Opinión y El Siglo de la izquierda. Publicaciones tales como Ercilla y Zig-Zag también son útiles; véase en particular la serie de entrevistas sinceras con antiguos actores de la política que organizó Wilfredo Mayorga en Ercilla durante 1965-1968. Los cuadros que compiló Markos Mamalakis, Historical Statistics of Chile, 2 vols., Westport, Conn., 1979, 1980, son una fuente indispensable de información.

Entre los libros de memorias más valiosos se cuentan Arturo Alessandri Palma, Recuerdos de gobierno, 3 vols., Santiago, 1952; Claude G. Bowers [Embajador norteamericano], Chile through Embassy Windows, Nueva York, 1958; Gabriel González Videla (presidente), Memorias, 2 vols., Santiago 1975; Elias Lafertte, Vida de un comunista, Santiago, 1961; Arturo Olavarría Bravo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols., Santiago, 1962-1965; Eudocio Ravines [el desilusionado agente del Komintem], La gran estafa, Santiago, 1954; y general Carlos Sáez Morales, Recuerdos de un soldado, 3 vols., Santiago, 1934.

La mejor historia general de Chile es Brian Loveman, Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism, Nueva York, 1979. La historia más completa del período 19321952 es Paul W. Drake, Socialism and Populism in Chile, 1932-52, Urbana, 111., 1978, donde se encuentra una bibliografía mucho más extensa. Otras obras básicas son la colección de artículos en Universidad de Chile, Desarrollo de Chile en la primera mitad del siglo XX, 2 vols., Santiago, 1953; la obra revisionista de Julio César Jobet Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, 1955; y Frederick B. Pike, Chile and the United States, 1880-1962, Notre Dame, Ind., 1963. Véase, también, Mariana Aywin y otros, Chile en el siglo XX, Santiago, 1983.

Sobre la historia política del período las siguientes obras de chilenos son importantes: Ricardo Boizard, Historia de una derrota, Santiago, 1941; Femando Casanueva Valencia y Manuel Fernández Canque, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, 1973; César Caviedes, The Politics of Chile: A Sociogeographical Assessment, Boulder, Colo., 1979; Caros Charlín O., Del avión rojo a la república socialista, Santiago, 1972; Luis Correa, El presidente Ibáñez, Santiago, 1962; Ricardo Cruz-Coke, Geografía electoral de Chile, Santiago, 1952, e Historia electoral de Chile, 1925-1973, Santiago, 1984; Luis Cruz Salas, «Flistoria social de Chile, 19311945», disertación doctoral, Universidad de Chile, 1969; Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, 2 vols., México, 1952, 1954; Florencio Durán, El Partido Radical, Santiago, 1958; Alberto Edwards Vives y Eduardo Frei Montalva, Historia de los partidos políticos chilenos, Santiago, 1949; Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende, New Haven, Conn., 1988; Juan F. Fernández C., Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular Chileno, Santiago, 1938; Marta Infante Barros, Testigos del treinta y ocho, Santiago, 1972; Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile, 2 vols., Santiago, 1971; Norbert Lechner, La democracia en Chile, Buenos Aires, 1970; Tomás Moulian e Isabel Torres Dujisin, Discusiones entre honorables: las candidaturas presidenciales de la derecha, 1938-1946, Santiago, 1988; Alfonso Steohens Freire, El irracionalismo político en Chile, Santiago, 1957; Germán Urzúa Valenzuela, Historia política electoral de Chile, 1931-1973, Santiago, 1986; Carlos Vicuña Fuentes, La tiranía de Chile, 2 vols., Santiago, 1938; e Ignacio Walker, Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada, Santiago, 1990. Véase también Jordi Fuentes y Lia Cortes, Diccionario político de Chile, Santiago, 1967. Las crónicas políticas más útiles escritas por autores no chilenos son Robert J. Alexander, Arturo Alessandri, 2 vols., Ann Arbor, Mich., 1977, que es una biografía política; Frank Bonilla y Myron Glazer, Student Politics in Chile, Nueva York, 1970; Michael J. Francis, The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and Chile during World War II, Notre Dame, Ind., 1977; Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism, Londres, 1984; Federico G. Gil, The Political System of Chile, Boston, 1966; George Grayson, El Partido Demócrata Cristiano Chileno, Buenos Aires, 1968; Emst Halperín, Nationalism and Communism in Chile, Cambridge, 1965; Kalman Silvert, The Conflict Society, Nueva Orleans, 1961; Brian Smith, The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism, Princeton, Nueva York, 1982; John Reese Stevenson, The Chilean Popular Front, Filadelfia, 1942; y Donald W. Bray, «Chilean Politics during the Second Ibáñez Government, 1952-8», tesis de doctorado, Universidad de Stanford, 1961.

Sobre la historia económica del período, el punto de partida es Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy, New Haven, Conn., 1976. Entre otras obras importantes cabe señalar Jorge Ahumada, En vez de la miseria, Santiago, 1965; Óscar Alvarez Andrews, Historia del desarrollo industrial de Chile, Santiago, 1936; P. T. Ellsworth, Chile, an Economy in Transition, Nueva York, 1945; Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile, 1952-1970, Santiago, 1973; Albert O. Hirschman, Journeys toward Progress, Garden City, N. Y., 1965; Francisco Illanes Benítez, La economía chilena y el comercio exterior, Santiago, 1944; Ricardo Lagos Escobar, La concentración del poder económico, Santiago, 1961; Rolf Luders, «A monetary history of Chile, 1925-1958», disertación doctoral, Universidad de Chicago, 1968; Markos Mamalakis y Clark Reynolds, Essays on the Chilean Economy, Nueva York, 1965; Óscar Muñoz, Crecimiento industrial de Chile, 191465, Santiago, 1968; Luis Ortega Martínez y otros, Corporación de Fomento de la Producción: 50 años de realizaciones, 1939-1989, Santiago, 1989; Aníbal Pinto Santa Cruz, Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952, Santiago, 1954; ídem, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, 1962; Enrique Sierra, Tres ensayos de estabilización en Chile, Santiago, 1970; Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952, Santiago, 1954; Universidad de Chile, Instituto de Economía, Desarrollo económico de Chile, 1940-1956, Santiago, 1956; y Enrique Zañartu Prieto, Hambre, miseria e ignorancia, Santiago, 1938.

Se consideran asuntos agrícolas y laborales en diversas monografías. Sobre el sector rural, véanse George M. McBride, Chile: Land and Society, Nueva York, 1936; Erico Hott Kinderman, «Las sociedades agrícolas nacionales y su influencia en la agricultura de Chile», tesis, Universidad de Chile, 1944; Gene Ellis Martin, La división de la tierra en Chile central, Santiago, 1960; Brian Loveman, Struggle in the Countryside, Bloomington, Ind., 1976; Erico Hott Kinderman, «Las sociedades agrícolas nacionales y su influencia en la agricultura de Chile», disertación doctoral, Universidad de Chile, Santiago, 1944; Jean Carrière, Landowners and Politics in Chile, Amsterdam, 1981; y Thomas C. Wright, Landowners and Reform in Chile: The Sociedad Nacional de Agricultura, 1919-40, Urbana, 111., 1982. Los libros más informativos sobre los sindicatos son Jorge Barría, El movimiento obrero en Chile, Santiago, 1971; Alan Angelí, Politics and the Labour Movement in Chile, Londres, 1972; J. Samuel Valenzuela, «Labor movement formation and politics: The Chilean and French cases in comparative perspective, 1850-1950», disertación doctoral, Universidad de Columbia, 1979; y Crisóstomo Pizarro, La huelga obrera en Chile, Santiago, 1986.

La historia social y cultural-intelectual de los decenios intermedios del siglo XX no ha sido bien estudiada. Una excepción es Felicitas Klimpel, La mujer chilena: El aporte femenino al progreso de Chile, 1910-1960, Santiago, 1962. Un aporte reciente es el de Iván Jaksic, Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics, Nueva York, 1989. Otros trabajos son, Luis Cruz Salas, «Historia social de Chile: 1931-1945», tesis, Universidad de Chile, 1969; Arturo Torres Ríoseco, Breve historia de la literatura chilena, México, 1956; y Raúl Silva Castro, Historia crítica de la novela chilena, 1843-1956, Madrid, 1960. Véase también Femando Alegría, Literatura chilena del siglo XX, 2.ª ed., Santiago, 1962; Julio Durán Cerda, Panorama del teatro chileno, 1842-1959, Santiago, 1959; y David Foster, Chilean Literature: A Working Bibliography o/Secondary Sources, Boston, 1978.

6. Chile, 1958-c. 1990

Para la historia de Chile desde finales del decenio de 1950, las revistas y publicaciones aparecidas son importantes fuentes de información: por ejemplo, la valiosísima Mensaje; Panorama Económico, sobre la economía; Qué Pasa, para la política de la derecha; el semanario de noticias esencial Ercilla para todo el período; Hoy, para la época de Pinochet. Entre las publicaciones académicas, Estudios CIEPLAN proporciona excelentes análisis críticos de la economía; y Estudios Públicos, mezcla de análisis económicos, políticos y filosóficos de la derecha necolásica. Para el período de Pinochet es indispensable la revista de los exiliados Chile-América, publicada en Roma.

Hay pocas crónicas generales buenas del período entero, pero en lo que se refiere a los años hasta 1970, es valioso el libro de Mariana Aylwin y otros Chile en el siglo XX, Santiago, 1985. Para datos electorales, véase Germán Urzúa, Historia política electoral de Chile, 1931-1973, Santiago, 1986. Una guía útil de partidos y movimientos es Reinhard Friedman, 1964-1988: La política chilena de la A a la Z, Santiago, 1988. Una interpretación excelente de la política de la izquierda es Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende, New Haven, Conn., 1988. Dentro de las numerosas publicaciones que aparecieron durante el gobierno de Allende, tienen gran importancia los Cuadernos de la Realidad Nacional, Chile Hoy y Revista EURE.

Hay varios estudios bibliográficos de gran utilidad, entre ellos, Arturo Valenzuela, «Visions of Chile», Latin American Research Review 10, n.º 3, 1975; William Sater, «A survey of recent Chilean historiography, 1965-1976», Latin American Research Review 14, n.º 2, 1979; Paul Drake, «El impacto académico de los terremotos políticos: investigaciones de la historia chilena en inglés, 1977-1983», Alternativas, Santiago, enero-abril, 1984; Benny Pollack y Jean Grugel, «Chile before and after monetarism», Bulletin of Latin American Research 3, n.º 2, 1984; Lois Hecht Oppenheim, «The Chilean road to Socialism revisited», Latin American Research Review 24, n.º 1, 1989.

Sobre la economía en este período, véase Robert Zahler y otros, Chile, 19401975: Treinta y cinco años de discontinuidad económica, Santiago, 1985. Hay una excelente crónica técnica de Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile, 1952-1970, Santiago, 1973. Una obra polémica y estimulante es Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy from Independence to Allende, Washington, D. C., 1976. Se encuentran muchos datos útiles en Informe del Banco Mundial, Chile: An Economy in Transition, Washington, D. C., 1980, Markos Mamalakis ha publicado cinco volúmenes de la indispensable Histórical Statistics of Chile, Londres, 1979-1986. Un interesante estudio comparado es Barbara Stallings, Class Conflict and Economic Development in Chile, Stanford, Calif., 1978. Markos Mamalakis y Clark Reynolds, Essays on the Chilean Economy, Nueva York, 1965, es excelente cuando habla del cobre y de la política pública. Aparece una útil colección de datos en ODEPLAN, Antecedentes del desarrollo económico, 1960-1970, Santiago, 1971. La tesis de doctorado de Oscar Landerretche, «Inflation and Socio-Political Conflicts in Chile, 1955-1970», Universidad de Oxford, 1983, es muy perceptiva. La industrialización se examina en Oscar Muñoz, Chile y su industrialización: Pasado, crisis y opciones, Santiago, 1986; la política social, en José Pablo Arellano, Políticas sociales y desarrollo: Chile, 1924-1984, Santiago, 1985. De la política económica de las Administraciones Alessandri y Frei se ocupa Enrique Sierra, Tres ensayos de estabilización en Chile, Santiago, 1969. Una colección muy útil en el campo de la economía política es Aníbal Pinto y otros, Chile hoy, México, 1970. Del sector del cobre en este período se ocupan dos estudios excelentes: Theodore Moran, Multinational Corporations and the Politics of Dependence: Copper in Chile, Princeton, N. J., 1974; y Ricardo Ffrench-Davis y Ernesto Tironi, eds., El cobre en el desarrollo nacional, Santiago, 1974. Véanse también los estudios anteriores pero útiles de Mario Vera, La política económica del cobre, Santiago, 1961, y Una política definitiva para nuestras riquezas básicas, Santiago, 1969.

Sobre la política de este período, Federico Gil, The Political System of Chile, Boston, 1966, ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo una valiosísima obra de consulta. Menos valiosa es James Petras, Politics and Social Forces in Chilean Development, Berkeley, Calif., 1969. Paul Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976, Pittsburgh, Pa., 1978, es útil cuando habla de los demócratas cristianos, pero un tanto polémica después. Aunque concentra la atención en el gobierno Allende, Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, permite ver por dentro la estructura de la política chilena. Otro libro de Valenzuela tiene un interés más general de lo que sugiere su título: Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Policy, Chapel Hill, N. C., 1977. El cambio social se examina en Javier Martínez y Eugenio Tironi, Las clases sociales en Chile: Cambios y estratificación, 1970-1980, Santiago, 1986. Un excelente estudio sobre los orígenes de los pobres en las ciudades es Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad, Santiago, 1988.

Se ha escrito mucho sobre la Administración Frei. Un estudio excelente de la dirección de la política es Peter Cleaves, Bureaucratic Politics and Administraron in Chile, Berkeley, Calif., 1974. Una crónica desde dentro apoyada por el análisis académico se da en Sergio Molina, El proceso de cambio en Chile, Santiago, 1911. Arturo Olavarría Bravo, ha escrito varios volúmenes de narrativa de opinión con el título de Chile bajo la Democracia Cristiana, Santiago, 1966-1969. La mejor crónica global es Ricardo Yocelevsky, La Democracia Cristiana chilena y el gobierno de Eduardo Freí, México, 1987. Véase también Patricio Dooner, Cambios sociales y conflicto político: El conflicto político nacional durante el gobierno de Eduardo Freí, Santiago, 1984.

Sobre el período de Allende se ha escrito muchísimo. Para una crónica fascinante de los orígenes del gobierno de la Unidad Popular, véase Eduardo Labarca, Chile al rojo, Santiago, 1971. Contiene muchos datos sociológicos correspondientes a este período Manuel Castells, La lucha de clases en Chile, Buenos Aires, 1974. Son excelentes colecciones de ensayos S. Sideri, ed., Chile, 1970-1973: Economic Development and its International Setting, La Haya, 1979; Arturo Valenzuela y Samuel Valenzuela, eds., Chile: Politics and Society, New Brunswick, N. J., 1976; y Federico Gil, Ricardo Lagos y Henry Landsberger, eds., Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, Filadelfia, 1979. Una crónica valiosa, compilada en aquella época, es Ann Zammit, ed., The Chilean Way to Socialism, Brighton, 1973; una compilada inmediatamente después del golpe es Philip O’Brien, ed., Allende’s Chile, Londres, 1976. Hay algunos ensayos interesantes en la colección Ken Medhurst, ed., Allende’s Chile, Londres, 1972. Un estudio reciente y útil del período es Edy Kaufman, Crisis in Chile: New Perspectives, Nueva York, 1988. Una crítica inteligente desde un punto de vista conservador es Mark Falcoff, Modern Chile, 1970-1988: A Critical History, New Brunswick, N. J., 1989.

Una colección de los discursos de Allende, Chile’s Road to Socialism, Londres, 1973, da cierta idea de la política y los objetivos de Allende. Estos objetivos se exploran de forma más interesante en Regis Debray, Conversations with Allende, Londres, 1971. Bastante pretenciosa a veces, pero otras veces fuente indispensable es la crónica del ayudante de Allende Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, Barcelona, 1976. Muy utilizada, aunque escrita demasiado cerca del acontecimiento, es Ian Roxborough, Philip O’Brien y Jackie Roddick, Chile: the State and Revolution, Londres, 1977. Reflexiones perceptivas de un periodista-político se encuentran en Luis Maira, Dos años de Unidad Popular, Santiago, 1973. Dos destacados sociólogos chilenos proporcionan una interpretación interesante en Manuel A. Garretón y Tomás Moulián, Análisis coyuntural y proceso político, Costa Rica, 1978. Véase también Eduardo Novoa, ¿Vía legal hacia el socialismo? El caso de Chile, 19701973, Caracas, 1978. Varios líderes políticos del período han escrito sus memorias, pero en Patricia Politzer, Atamirano, Buenos Aires, 1989, un líder socialista radical justifica su papel.

Sobre la política económica de Allende, posiblemente la obra mejor argumentada y más informativa es la de un ex ministro, Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia: La experiencia chilena, México, 1979; y Chile: experiment in Democracy, Philadelphia, 1986. Otro sobresaliente economista, Gonzalo Martner, hace su crónica en El gobierno de Salvador Allende, 1970-1973: Una evaluación, Santiago, 1988. Una autopsia influyente escrita poco después de los acontecimientos se encuentra en Stefan de Vylder, Allende’s Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Popular Unity, Cambridge, 1976. No muy accesible, pero importante es José Serra y Arturo León, La redistribución del ingreso en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, Documento de Trabajo n.º 70, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago, 1978. Véase también Edward Boorstein, Allende’s Chile: An Inside View, Nueva York, 1977. Dos informes del Instituto de Economía de la Universidad de Chile merecen consultarse. La economía chilena en 1971, 1972, y La economía chilena en 1972, 1972.

Interesante estudio de un caso del sector estatal de la economía es Samuel Cogan, «The Nationalization of Manufacturing Firms in Chile, 1970-1973: A Case Study of the Building Materials Sector», tesis, Universidad de Oxford, 1981. Una crónica bastante optimista de la estrategia económica de la Unidad Popular escrita antes del golpe es Sergio Ramos, Chile: Una economía de transición, Cuba, 1972. Una obra que hace hincapié en la importancia de la gestión financiera a corto plazo es Stephany Griffith-Jones, The Role of Finance in the Transition to Socialism, Londres, 1981.

La frenética política del período no se ha tratado tan bien como la economía. Un artículo importante es Atilio Borón, «La movilización política en Chile», Foro Internacional 61 (julio-septiembre de 1972), pp. 75-121. Veáse también Alan Angelí, Political Mobilization and Class Alliances in Chile, 1970-1973, Institute for the New Chile, Rotterdam 1978, que contiene referencias extensas a debates sobre el poder popular. Un estudio de caso de una importante huelga se encuentra en Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarra, La caída de Allende y la huelga de El Teniente, Santiago, 1987. Una crónica más bien poco convincente la ofrece el socialista de izquierdas Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota, México, 1977. La obra del sociólogo francés Alain Touraine, Vida y muerte del gobierno popular, Buenos Aires, 1974, es muy conmovedora. Se comentan problemas de ideología y de política cultural en Manuel Antonio Garretón y otros, Cultura y comunicaciones de masas, Barcelona, 1975. Las relaciones con la Unión Soviética son el tema de Isabel Turrent, La Unión Soviética en América Latina: El caso de la Unidad Popular Chilena, México, 1984. El importante episodio de la propuesta de reforma de la educación se trata bien en Joseph Farrell, The National Unified School in Allende’s Chile, Vancouver, 1986; y los cambios judiciales se discuten en Jack Spence, Search for Justice: Neighborhood Courts in Allende’s Chile, Boulder, Colo., 1979.

El asunto de la participación norteamericana en el golpe salió por primera vez a la superficie en el Informe de la Comisión Especial para el Estudio de las Actividades de Espionaje del Gobierno, Covert Action in Chile, 1963-1973, Senado de los EE. UU., Washington, D. C., 1975, aunque un embajador chileno, Armando Uribe, ya había documentado algunas injerencias ocultas en Le livre noir de l’intervention américaine au Chile, París, 1974. Véase también James Petras y Morris Morley, The United States and Chile: Imperialism and the Allende Government, Nueva York, 1975. La crónica del embajador estadounidense Nathaniel Davis, The Last Two Years of Allende, Cornell, N. Y., 1985, es fascinante. Contiene un furioso ataque contra la política norteamericana por parte de un destacado periodista Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the White House Years, Boston, 1980.

Hay relativamente poco escrito sobre la oposición a Allende. Aparecen algunas ideas sugestivas en Paul Drake, «Corporatism and Functionalism in Modera Chilean Politics», Journal of Latin American Studies 10 (mayo de 1978), pp. 83-116; y en el último capítulo de la obra del mismo autor Socialism and Populism in Chile, 19321952, Chicago, 1978. Pablo Baraona y otros, Chile: A Critical Survey, Santiago, 1972, contiene algunos ensayos interesantes procedentes de la derecha. Los acontecimientos del golpe están narrados de manera brillante en Ignacio González Camus, El día en que murió Allende, Santiago, 1988.

Sobre el período de Pinochet, hay varios estudios excelentes de la economía. Véanse en particular Alejandro Foxley, Latin American Experiments in Neo-Conservative Economics, Berkeley, Calif., 1983; la obra colectiva de los economistas de CIE PLAN, Modelo económico chileno: trayectoria de una crítica, Santiago, 1982, Ricardo Ffrench-Davis, «The Monetarist Experiment in Chile», World Development 11 (noviembre de 1983), pp. 905-926; y los capítulos sobre Chile de Fortín en Carlos Fortín y Christian Anglade, The State and Capital Accumulation in Latin America, Londres, 1985. Planes para escapar del derrumbamiento del auge de los «chicos de Chicago» se encuentran en CIEPLAN, Reconstrucción económica para la democracia, Santiago, 1983.

El capítulo de Laurence Whitehead sobre Chile en Rosemary Thorp y Laurence Whitehead, eds., Inflation and Stabilisation in Latin America, Londres, 1979, pp. 117-161, es una crónica perceptiva de los problemas de la estabilización económica en este período. Véase también una crónica posterior del mismo autor en Rosemary Thorp y Laurence Whitehead, Latin American Debí and the Adjustment Crisis, Londres, 1987. Es un estudio del proceso de concentración económica Femando Dahse, El mapa de la extrema izquierda, Santiago, 1979. Se encuentran una crítica excelente de la política del gobierno y otras recomendaciones en Alejandro Foxley, Para una democracia estable, Santiago, 1985. Alvaro Bardón, Camilo Carrasco y Alvaro Vial, Una década de cambios económicos: La experiencia chilena, 1973-1983, Santiago, 1985, es una defensa de la política de libre mercado. Véase también Sebastián Edwards y A. C. Edwards, Monetarism and Liberalism: The Chilean Experiment, Cambridge, Mass., 1986. Una crónica fascinante del papel de los «chicos de Chicago» se hace en Arturo Fontaine, Los economistas y el presidente Pinochet, Santiago, 1988. Los orígenes de la escuela del libre mercado en Chile están analizados con profundidad en Juan Gabriel Valdés, La Escuela de Chicago: Operación Chile, Buenos Aires, 1989. Joaquín Lavin, La revolución silenciosa, Santiago, 1987, es un elogio muy divulgado del experimento del libre mercado. Una crítica perjudicial que pone de relieve los costes sociales del experimento se presenta en Eugenio Tironi, Los silencios de la revolución, Santiago, 1988. La magnitud de la pobreza se documenta en Eugenio Ortega, y Ernesto Tironi, Pobreza en Chile, Santiago, 1988. Dos periodistas proporcionan una actualización de todo el período de Pinochet en M. Délano y H. Traslaviña, La herencia de los Chicago Boys, Santiago, 1989.

La política de la época de Pinochet se comenta brevemente en P. O’Brien y J. Roddick, Chile: The Pinochet Decade, Londres, 1983. Un libro indispensable y extraordinariamente minucioso que cubre todo el período es el de los tres periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar, Santiago, 1988. Una interpretación global de la política económica durante el período de Pinochet es Karen Remmer, Military Rule in Latin America, Londres, 1989. La constitución de 1980 se examina detalladamente en Luz Bulnes Aldunate, Constitución política de la República de Chile, Santiago, 1982. Una serie de ensayos que se ocupan de acontecimientos hasta 1980 es J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela, eds., Military Rule in Chile: Dictatorship and Opposition, Baltimore, 1986. Una excelente colección de ensayos que cubren la década de los ochenta es Paul Drake e Iván Jaksic eds., The struggle for Democracy in Chile, 1982-1990, Lincoln, Nebr., y Londres, 1992. El papel de la prensa se explora en Femando Reyes Marta, Carlos Ruiz y Guillermo Sunkel, Investigaciones sobre la prensa en Chile (1974-1984), Santiago, 1986. La política cultural se analiza lúcidamente en José Joaquín Brunner, La cultura autoritaria en Chile, Santiago, 1981. Carlos Huneeus, Los chilenos y la política: Cambio y continuidad en el autoritarismo, Santiago, 1987, es un interesante estudio sobre la opinión pública.

La irrupción de los militares en la vida política sorprendió a los catedráticos así como a los políticos. Había muy pocos estudios útiles del estamento militar, aparte de Alain Joxe, Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile, Santiago, 1970, y Frederick Nunn, The Military in Chilean History: Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973, Albuquerque, N. M., 1976. Un estudio más reciente es Hugo Fruling, Carlos Portales y Augusto Varas, Estado y fuerzas armadas, Santiago, 1982. Uno de los primeros conspiradores militares cuenta su historia en Florencia Varas, Conversaciones con Viaux, Santiago, 1972. Carlos Prats cuenta su propia historia en Memorias: Testimonio de un soldado, Santiago, 1985. Un destacado militar que apoyó a Pinochet ha escrito sus memorias: Ismael Huerta Díaz, Volvería a ser marinero, 2 vols., Santiago, 1988. La crónica de Pinochet de su participación en el golpe se encuentra en Augusto Pinochet, El día decisivo, Santiago, 1977. Un estudio en el que se muestra más al hombre y sus ideas es Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego Sum Pinochet, Santiago, 1989. Otro militar —ahora desilusionado— da su parecer en Florencia Varas, Gustavo Leigh: EJ general disidente, Santiago, 1979. Las mejores crónicas recientes son Genaro Amagada, La política militar de Pinochet, Santiago, 1985, y Augusto Varas, Los militares en el poder: Régimen y gobierno militar en Chile, 1973-1986, Santiago, 1987.

Un intento impresionante de evaluar la política de Chile desde 1970 es Manuel Antonio Garretón, El proceso político chileno, Santiago, 1983. Las numerosas publicaciones de Garretón y Tomás Moulián para la FLACSO son un comentario continuo sobre la política y la sociedad desde 1973. Las ideas siempre estimulantes de Moulián aparecen reunidas en su libro Democracia y socialismo en Chile, Santiago, 1983. Una útil colección de escritos de investigadores de la FLACSO se encuentra en Manuel Antonio Garretón y otros, Chile 1973-198?, Santiago, 1983. Un periodista influyente reúne sus artículos en Genaro Arriagada, 10 años: Visión crítica, Santiago, 1983. Sobre la primera fase del régimen militar, véase Tomás Moulián y Pilar Vergara, «Estado, ideología y política económica en Chile, 1973-1978», en Estudios CIEPLAN, n.º 3 (1980), pp. 65-120. Una crónica exhaustiva de la ideología del régimen de Pinochet es Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile, Santiago, 1985. Dos artículos lúcidos e informativos son Carlos Huneeus, «La política de la apertura y sus implicancias para la inauguración de la democracia en Chile» e «Inauguración de la democracia en Chile», en Revista de Ciencia Política 7, n.º 1 (1985), pp. 25-64, y 8, n.os 1-2 (1986), pp. 22-87. El tema de la transición a la democracia se explora con gran percepción en Manuel Antonio Garretón, Reconstruir la política: Transición y consolidación democrática en Chile, Santiago, 1987. El plebiscito de octubre de 1988 es analizado en «Report by the International Commission of the Latin American Studies Association to observe the Chilean Plebiscite», Bulletin of Latin American Research, 8, n.º 2., 1989; y en el informe del National Democratic Institute for International Affairs, Chile’s Transition to Democracy: The 1988 Presidential Plebiscite, Washington, D. C., 1988. Una revisión del papel que desempeñó el apoyo internacional en la oposición a Pinochet antes y durante el plebiscito, se encuentra en Alan Angelí, «La cooperación internacional en el apoyo de la democracia en América Latina: el caso de Chile», Foro Internacional, 30, n.º 118,1989, pp. 215-245. Esteban Tomic, 1988 y el general bajó al llano, Santiago, 1989, es una crónica gráfica de todo el año. La elección de diciembre de 1989 se analiza en Alan Angelí y Benny Pollack, «The Chilean elections of December 1989 and the politics of the transition to democracy», Bulletin of Latin American Research, 9, n.º 1, 1990. Véase también César Caviedes, Elections in Chile: The Road toward Redemocratization, Bouder, Colo., y Londres, 1991.

El turbio mundo del terrorismo de estado es, por definición, difícil de examinar, pero el libro de Thomas Hauser, Missing, Londres, 1982, hace algunas preguntas embarazosas y más adelante recibió mucha publicidad al dar origen a una película impresionante con el mismo título. Sobre el asesinato de Orlando Letelier, véanse John Dinges y Saúl Landau, Assassination on Embassy Row, Nueva York, 1980, y Taylor Branch y Eugene Propper, Labyrinth, Nueva York, 1982. Contiene una crónica de la brutalidad en el interior Máximo Pacheco, Lonquén, Santiago, 1980. El asunto del exilio lo examinan Alan Angelí y Susan Carstairs, «The Exile Question in Chilean Politis», Third World Quarterly 9 (enero de 1987) pp. 148-167. Tres destacados políticos hablan de forma conmovedora de su experiencia del exilio, de la cárcel y de sus creencias: Erich Shnacke, De improviso la nada, Santiago, 1988; Clodomiro Almeyda, Reencuentro con mi vida, Santiago, 1988; y Jorge Arrate, Exilio: textos de denuncia y esperanza, Santiago, 1987. La violación de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet es un tema que ha sido ampliamente documentado. Véase, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional, Chile, Londres, 1974; los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Report on the Status of Human Rights in Chile, Washington, D. C., 1974; y los informes de la misma organización correspondientes a los años 1976, 1977 y 1985. Eugenio Ahumada y otros, Chile: la memoria prohibida, Santiago, 1989, es un trabajo en tres volúmenes hecho por integrantes de Vicaria de la Solidaridad en el que se proporciona una crónica gráfica de la violación de los derechos humanos. Véase también Hugo Frühling ed., Represión política y defensa de los derechos humanos, Santiago, 1986. Una emotiva crónica sobre las masacres al norte de Chile después del golpe de Estado se encuentra en Patricia Verdugo, Caso Arellano: Los Zarpazos del Puma, Santiago, 1989. La Comisión de Verdad y Reconciliación creada por el gobierno Aylwin, publicó sus conclusiones en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 3 vols., Santiago, 1991. Varios libros han retomado los largos años de sufrimiento bajo la dictadura de Pinochet. Hay dos extraordinarios. Sergio Bitar describe su experiencia en los campos de concentración creados durante el régimen por miembros del gobierno de la UP, en Isla 10, Santiago, 1988. Una crónica de la experiencia de varios individuos —algunos de ellos sobrellevaron este período, otros sufrieron enormemente— se encuentra en Patricia Politzer, Miedo en Chile, Santiago, 1985.

Una crónica interesante del conflicto rural, que tal vez exagera su magnitud, se encuentra en Brian Loveman, Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labour in Chile, 1919-1973, Bloomington, Ind., 1976. La fuente básica de datos es el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), informe, Chile: Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola, Washington, D. C., 1966. Véase también Luz Eugenia Cereceda y Femando Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Santiago, 1980. Para las reformas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Unidad Popular, véanse Solon Barraclough y Juan Fernández, Diagnóstico de la reforma agraria chilena, Buenos Aires, 1974; Kyle Steenland, Agrarian Reform under Allende: Peasant Revolt in the South, Albuquerque, N. M., 1978; y Robert Kaufman, The Politics of Land Reform in Chile, 1950-1970, Cambridge, Mass., 1973. Para aspectos más recientes, ver Sergio Gómez, Instituciones y procesos agrarios en Chile, Santiago, 1982. La obra de Jacques Chonchol es importante; véanse, por ejemplo, el capítulo en Pinto, ed., Chile hoy; y «La reforma agraria en Chile, 1970-1973», en El trimestre económico, n.º 53 (1976). La política posterior al golpe se examina en Lovell Jarvis, Chilean Agriculture under Military Rule, Berkeley, Calif., 1985; Patricio Silva, Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1981, Holanda, 1987; y José Garrido, ed., Historia de la reforma agraria en Chile, Santiago, 1988. Un reciente conjunto de ensayos se encuentra en David Hojman ed., Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile, Londres, 1990.

El trabajo urbano y en las minas se examina en Alan Angelí, Politics and the Labour Movement in Chile, Oxford, 1972, para el período hasta 1970. Para el movimiento sindical campesino antes de 1970, véase Almino Alfonso, Sergio Gómez y Emilio Klein, Movimiento campesino obrero, 2 vols., Santiago, 1970. Un estudio excelente del trabajo bajo Pinochet es Guillermo Campero y José Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario, Santiago, 1981. Un estudio fascinante en el nivel local —ejemplo demasiado raro— es Penélope Pollitt, «Religión and Politics in a Coal Mining Community in Southern Chile», tesis, Universidad de Cambridge, 1981. El precursor de los estudios laborales en Chile, Jorge Barría, ha escrito extensamente sobre el tema; véanse en especial Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, Santiago, 1963, e Historia de la CUT, Santiago, 1971. Un estudio fascinante de la participación de los trabajadores bajo Allende es Manuel Barrera, Gustavo Aranda y Jorge Díaz, El cambio social en una empresa del APS, Santiago, 1973. Un estudio anterior de las actitudes de los trabajadores es Torcuato di Telia, Lucien Brahms, Jean-Daniel Reynaud y Alain Touraine, Huachipato et Iota: Etude sur la conscience ouvriére dans deux entreprises chilennes, París, 1966.

El papel de los trabajadores bajo la Unidad Popular se examina en Juan Espinosa y Andy Zimbalist, Economic Democracy: Workers’Participation in Chilean Industry, 1970-1973, Nueva York, 1978, y en dos monografías cortas de Francisco Zapata, Los mineros de Chuquicamata: Productores o proletarios, Ciudad de México, 1975, y Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Allende, México, 1974. Crónica brillante de un caso en que los trabajadores se hicieron cargo de la empresa es Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism, Nueva York, 1986.

Crónicas útiles del mundo obrero bajo Pinochet son Gonzalo Falabella, Labour in Chile under the Junta, Working Papers n.º 4, Universidad de Londres, Institute of Latin American Studies, 1981; la publicación colectiva de Vector, El movimiento sindical (Revista de talleres), n.º 2 (1981), pp. 49-66; J. Roddick y N. Haworth, «Labour and Monetarism in Chile», Bulletin of Latin American Research, 1, n.º 1 (1981), pp. 49-62; y Manuel Barrera, Helia Henríquez y Teresita Selame, Sindicatos y estado en el Chile actual, Ginebra, 1885. Se ha escrito relativamente poco sobre los barrios de chabolas bajo Pinochet, pero véanse los impresionantes estudios de Rodrigo Baño, Lo social y lo político, Santiago, 1985, y Guillermo Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política, Santiago, 1987. Una serie de entrevistas, Patricia Politzer, La ira de Pedro y los otros, Santiago, 1988, explica la desesperación de la juventud de los barrios de chabolas. El Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) ha documentado el trabajo y la vida del pobre en Chile en un conjunto de trabajos académicos: Sobrevivir en la calle: el comercio ambulante en Santiago, Santiago, 1988; David Benavente, A medio morir cantando: 13 testimonios de cesantes, Santiago, 1985; y Jorge Alvarez, Los hijos de la erradicación, Santiago, 1988. Hay varios estudios sobre las condiciones sociales de los pobladores. Entre ellos se encuentran Clarisa Hardy, Organizarse para vivir: Pobreza urbana y organización popular, Santiago, 1987; y Dagmar Raczynsky y Claudia Serrano, Vivir la pobreza: Testimonios de mujeres, Santiago, 1985.

Sobre el sector empresarial, hay un análisis detallado de la estructura de las organizaciones en Genaro Amagada, La oligarquía patronal chilena, Santiago, 1970. Una tesis de doctorado de Marcelo Cavarozzi, «The Government and the Industrial Bourgeoisie in Chile, 1938-1964», Universidad de California, Berkeley, 1975, contiene mucha información útil. Un estudio excelente del comportamiento empresarial reciente es Guillermo Campero, Los genios empresariales en el período 1970-1983, Santiago, 1984. Estudio de la ideología de una voz importante del sector empresarial es Guillermo Sunkel, «El Mercurio»: 10 años de educación político-ideológica, Santiago, 1983.

Tres libros empiezan la tarea de escribir la historia de la participación de las mujeres en la vida política de Chile: Julietta Kirkwood, Ser política en Chile: las feministas y los partidos, Santiago, 1985; María Angélica Maza, La otra mitad de Chile, Santiago, 1986; y María Elena Valenzuela, La mujer en el Chile militar, Santiago, 1987. Véase también el capítulo sobre las políticas feministas en Chile escrito por Patricia M. Chuchryk, en Jane Jaquette ed., The Women’s Movements in Latin America, Londres, 1989.

Brian Smith, The Church and Politics, Princeton, N. J., 1982, es un estudio impresionante de la Iglesia católica. Sobre el papel de la Iglesia durante los años de Pinochet, véase Enrique Correa y José Antonio Viera Gallo, Iglesia y dictadura, Santiago, 1986; y Patricio Dooner ed., La iglesia católica y el futuro político de Chile, santiago, 1988. Sobre el protestantismo, véase Humbero Lagos, Los evangélicos en Chile: Una lectura sociológica, Santiago, 1988. Véase también María Antonieta Huerta y Luis Pacheco Pastene, La iglesia chilena y los cambios sociopolíticos, Santiago, 1988. La educación se examina en Kathleen Fischer, Political Ideology and Educational Reform in Chile, 1964-1976, Los Angeles, 1979, y en Guillermo Labarca, Educación y sociedad: Chile, 1969-1984, Amsterdam, 1985. Una interesante crónica sobre el desarrollo de la filosofía en Chile, incluido el período de Pinochet, es Iván Jaksic, Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics, Nueva York, 1989.

Los partidos políticos han despertado mucha menos atención de la que merecen por su importante papel representado. Una excelente serie de ensayos, sin embargo, es Adolfo Aldunate y otros, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile, Santiago, 1985. Para una crónica general, véase Bemadino Bravo Lira, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973, Santiago, 1978. Un conjunto de ensayos que incluyen artículos sobre Chile, especialmente los de Tomas Moulián e Isabel Torres sobre la derecha chilena, se encuentra en Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón, Muerte y resurrección; los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur, Santiago, 1989. Sobre el PDC, véanse George Grayson, El Partido Demócrata Cristiano Chileno, Buenos Aires, 1968, y Michael Fleet, The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy, Princeton, N. J., 1985. Sobre los socialistas, véanse Femando Casanueva y Manuel Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, 1973; y Benny Pollack, Hernán Rosenkranz y Waldino Suárez, Mobilization and Socialism in Chile, Liverpool, 1981. Emst Halperín, Nationalism and Communism in Chile, Cambridge, Mass., 1965, sigue siendo útil. Más reciente es Benny Pollack y Hernán Rosenkranz, Revolutionary Social Democracy: The Chilean Socialist Party, Londres, 1986, y Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada, Santiago, 1990. Véase también Ignacio Walker, Del populismo al Leninismo y la «inevitabilidad del conflicto»: El Partido Socialista de Chile (1933-1973), CIEPLAN, Santiago, 1986, y Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada, Santiago, 1990. Tres libros reconsideran las estrategias socialistas: Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista, Santiago, 1985; Jorge Arrate, ed., La renovación socialista, Santiago, 1987; y Ricardo Lagos, Democracia para Chile: Proposiciones de un Socialista, Santiago, 1986. Sobre los comunistas, véanse Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism, Londres, 1984; Eduardo Gobard Labarca, Corvalán, 27 horas, Santiago, 1973; y Augusto Varas, ed., El Partido Comunista en Chile, Santiago, 1988.

Un estudio precursor de la política exterior que alude a las postrimerías del decenio de 1950 y los comienzos del de 1960 es Frederick Pike, Chile and the United States, 1880-1962, Notre Dame, Ind., 1963. La visión chilena de un período más largo se encuentra en Walter Sánchez y Teresa Pereira, Ciento cincuenta años de política exterior chilena, Santiago, 1979. Francisco Orrego Vicuña, La participación de Chile en el sistema internacional, Santiago, 1974, es útil. La revista Estudios Internacionales, Santiago, lleva artículos interesantes y bien documentados sobre la política exterior chilena. Manfred Wilhelmy, «Hacia un análisis de la política exterior Chilena contemporánea», Estudios Internacionales, n.º 48 (octubre-diciembre de 1979), pp. 440-491, reviste interés especial. Una crónica detallada y bien argumentada sobre la política exterior durante el gobierno de Allende se encuentra en Joaquín Fermandois, Chile y el mundo: 1970-1973, Santiago, 1985. El tratamiento más completo de la política exterior reciente es Heraldo Muñoz, Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno, Santiago, 1986. Sobre las relaciones con los Estados Unidos, véase Heraldo Muñoz y Carlos Portales, Una amistad esquiva: Las relaciones de EE.UU. y Chile, Santiago, 1987, y William F. Sater, Chile and the United States, Athens, Ga., 1991.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ABC Color, periódico paraguayo, 214

Acción Chilena Anticomunista, 247

Acción Nacional (Chile), 230

Acción Popular Independiente (API), de Chile, 280

acero, industria del: Argentina, 41

activismo político: Argentina, 74-75, 109-110, 111; Chile, 263, 269, 286-287, 306-308

Acuerdo Nacional (Paraguay), 208

Acuerdo Nacional para la Transición hacia la Plena Democracia (Chile), 307

Administración Nacional de Combustibles,

Alcohol y Portland (ANCAP), de Uruguay, 158

administración pública: Argentina, 15; Chile, 263; Uruguay, 179

AFL-CIO (Federación Norteamericana de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales), 244

Agencia Central de Inteligencia (CÍA), 278, 286

Agencia Internacional de Desarrollo (AID), 260, 298

Agosti, Osvaldo, brigadier argentino, 140

agricultura: Argentina, 15, 24-25, 33-34, 35; Chile, 225, 245, 246, 250-251, 256-257, 258, 262, 300; Paraguay, 212, 213; Uruguay, 164, 165; véase también exportaciones agrícolas; producción agrícola; trabajadores agrícolas

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de Chile, 304

Aguirre Cerda, Pedro, 221, 224, 234-236, 237, 238-242, 245, 250

Agustín, san: De libero arbitrarte, 44

ahorros: Argentina, 92; Chile, 225, 261, 273, 275

AID, véase Agencia Internacional de Desarrollo

Alderete, Carlos, dirigente sindical argentino, 148

Alemán, Roberto, ministro de Economía argentino, 134-135

Alemania, 15; comercio con Chile, 229, 237; embajada en Argentina, 40, 45; en la segunda guerra mundial, 4, 33, 38, 55; y

Argentina, 40, 42, 45, 50; y Paraguay, 194, 196-197; y Uruguay, 161

Alende, Óscar, 96

Alessandri Palma, Arturo, presidente chileno, 226, 227, 237, 242, 243, 253, 263; segunda presidencia de, 228-236

Alessandri Rodríguez, Fernando, 245

Alessandri Rodríguez, Jorge, presidente chileno, 253, 255, 256, 257, 258, 263, 277, 278; estabilización de los precios, 258; política económica, 259, 260, 261; presidencia, 266-270, 272, 273, 297

Alessandri-Matte, conglomerado económico, 266

alfabetización: Chile, 249, 252; Paraguay, 211

Alfonsín, Raúl, presidente argentino, 138-155

algodón, sector del: Argentina, 23; Paraguay, 202

Alianza de la Juventud Nacionalista (Argentina), 28-29

Alianza Democrática (AD), de Chile, 243, 306

Alianza Libertadora Argentina, 48

Alianza Libertadora Nacionalista, de Argentina, 48, 58

Alianza para el Progreso, 90, 170, 207, 268, 274

alimentos, importaciones de: Chile, 274, 275

alimentos, precios de los: Chile, 229, 239, 250, 262

«Alimentos para la Paz», programa, 298

Allende Gossens, Salvador, 221, 235, 250, 253, 256, 258, 259, 265, 266, 274, 277-278, 296; Estados Unidos y la caída de, 286; golpe de estado contra, 219, 295; muerte de, 292; política económica, 260, 261, 263; presidencia de, 278-295

Almeyda, Clodomiro, ministro de Asuntos

Exteriores chileno, 293 n.

Alsogaray, Alvaro, ministro argentino, 87-88, 89, 105

Alsogaray, Julio, general argentino, 105, 108

Altamirano, Carlos, senador chileno, 279 n., 294

Alvarez, Gregorio, general uruguayo, 176

Álvarez, Juan, presidente del Tribunal Supremo argentino, 56

Alvear, Carlos de, líder independentista argentino, 40

Alvear, Marcelo Torcuato de, presidente argentino, 14, 26, 32

América Latina, 246, 271, 282; deuda exterior de, 260; efectos de la depresión en, 225; exportaciones argentinas en, 46; movimientos antidictatoriales de, 204; tasas de ahorro en, 261; y la seguridad en el hemisferio, 162

Amézaga, Juan José, presidente uruguayo, 162, 163

Ampuero Díaz, Raúl, líder socialista chileno, 248, 249

Anaconda Corporation, 250, 273-274

anarquía: Argentina, 62; Chile, 291, 294

anarquistas/anarcosindicalistas, 227

Anaya, Jorge I., almirante argentino, 133, 135, 141

Angeloz, Eduardo, gobernador de la provincia de Córdoba, 151, 152, 154

Anglo-Argentine Tramway Company, 20, 46

anticlericalismo: en Argentina, 63, 83

anticomunismo, 244; Argentina, 48; Chile, 240; Estados Unidos, 100

antifascismo: Chile, 241, 242, 243

antiimperialismo: Argentina, 26, 29; Uruguay, 169

antimarxismo: Uruguay, 175

antiperonismo, 88, 94, 95, 96, 97

antisemitismo: Argentina, 27-28, 29, 47, 48, 49; Uruguay, 179

apristas, de Perú, 230

Aramburu, Pedro Eugenio, general argentino, 77, 79, 80, 82, 86, 95, 96, 110; asesinato de, 111

aranceles: Argentina, 16, 21, 23, 32, 132; Chile, 228, 298, 301

Aranda, Bernardo, coronel paraguayo, 196

Área de Propiedad Social (APS), 281, 285, 287, 290

Argentina, 90, 161, 176, 203, 204, 206, 212, 249, 296, 307; auge del nacionalismo, 26-30; de 1930-1946, 3-59; década peronista (1946-1955), 60-75; desde 1946, 60-155; economía y política (1940-1943), 33-43; economía y sociedad en el decenio de 1930, 15-25; en vísperas de la segunda guerra mundial, 30-33; guerra

de las Malvinas, 141; política bajo Uriburu y Justo (1930-1938), 5-15; presidencia de Alfonsín y la transición a la democracia, 138 155; presidencia de Frondizi, 82-92; presidencia de José María Guido, 92-96; presidencia de Arturo

Illía, 96-104; proceso de reorganización

nacional (1976-1983), 126-138; relaciones con Paraguay, 194, 203, 209; retorno

y caída del peronismo, 115-126; revolución argentina (1966-1973), 104-115; revolución libertadora (1955-1957), 76-82; subida de Perón (1943-1946), 43-59

armamento, industria de, en Argentina, 5, 41, 43, 50

arrendatarios: Argentina, 24-25

arriendos, control de los: Argentina, 35

arroz, producción de: Paraguay, 202

artesano, sector: Chile, 223, 257

Asamblea Constituyente (Argentina), 80, 81

Asamblea de la Civilidad (Chile), 308

Asamblea Permanente de Asociaciones Gremiales (APEGE), 125

Asociación de Empleados Chilenos, 232

Asociación Nacional de Veteranos de Guerra (Paraguay), 189, 192

asociaciones rurales: Chile, 238

Asunción (Paraguay), 187, 189, 192, 197, 203, 209, 212; en la guerra civil, 198, 199; población de, 212

autoritarismo, 296; Argentina, 63, 64, 68, 76, 108; Chile, 296, 297, 302-303, 307; Uruguay, 156

Ávalos, Eduardo, general argentino, 56

Avellaneda (Argentina), 10, 59

Ayala, Eusebio, presidente paraguayo, 187-189

Aylwin, Patricio, 288, 310-312

azules, en Argentina, 94-95, 96, 97, 99

balanza comercial: Argentina, 107, 119, 124, 132, 135, 136; Chile, 282; Uruguay, 183; véase también comercio exterior

balanza de pagos: Argentina, 16, 17, 18, 31, 72, 76, 78, 84, 86, 98, 105, 110, 136; Chile, 267, 268, 269, 275, 301; Uruguay, 167, 178

Balbín, Ricardo, líder de los radicales, 68, 80, 81, 82, 86, 115

Baldomir, Alfredo, presidente uruguayo, 160, 161

Banco Central (Argentina), 4, 18, 31, 40, 71, 93, 101, 106, 122, 130, 132, 136, 153

Banco Central (Chile), 228, 237, 310, 311

Banco Central (Paraguay), 203

Banco Central (Uruguay), 170, 176

Banco de Intercambio Regional (Argentina), 133

Banco de la Nación (Argentina), 17-18

Banco de la República (Uruguay), 170

Banco de la Seguridad Social (Uruguay), 170

Banco Industrial (Argentina), 51

Banco Interamericano de Desarrollo, 286, 299

Banco Mundial, 78; y Argentina, 153; y Chile, 286, 299

Banco Osorno (Chile), 305

bancos: Argentina, 17-18, 101, 130, 153; Chile, 225, 261, 271, 273, 300, 305; Uruguay, 171, 180

Barceló, Alberto, cacique conservador argentino, 10, 14

barrios de chabolas: Chile, 252, 276, 289-290, 306

Barrios, Pedro Enrique Alfonso, líder radical chileno, 250

Batlle Berres, Luis, presidente uruguayo, 156, 163, 165, 167, 168, 170, 172

Batlle y Ordóñez, José, presidente uruguayo, 157, 163, 164, 165

Batlle, Jorge, líder de Unidad y Reforma, 172, 184

batllismo, batllistas, 156, 157, 158, 159; restauración del (1942-1951), 161 -165

Beagle, canal de, 130, 141

Bemberg, consorcio, 22

Bemberg, familia argentina, 28

Bemberg, Otto, 28, 47

Benítez, Mario Abdo, secretario de Stroessner, 214

Benítez Vera, Victoriano, coronel paraguayo, 195, 196, 197

Berreta, Tomás, presidente uruguayo, 163

bienestar social: Argentina, 65; Chile, 230, 243

Bignone, Reynaldo, general y presidente argentino, 136, 137

Blas Rolón, Ismael, monseñor, 208

Bolivia, 90; golpe de estado en, 46, 50; relaciones con Paraguay, 187; tratado de paz

con Paraguay, 193; y la guerra del Chaco, 187-189

Boquerón, batalla (1932) de, 188

Bordabehere, Enzo, senador argentino, 13

Bordaberry, Juan María, presidente uruguayo, 174, 175, 176, 179, 181

Bossay Leyva, Luis, radical chileno, 253, 267

Braden, Spruille, 55, 56, 58

Brasil, 90, 161, 167, 209, 210, 213, 307; acontecimientos políticos, 180; cooperación con Paraguay, 209-210; deuda exterior, 305; economía de, 212; fascismo en, 48-49; papel de los militares en, 100, 296; poder militar en, 137-138, 139; relaciones con Argentina, 41, 42, 45; relaciones con Paraguay, 200, 214; tratado

de amistad con Argentina, 90; y Estados Unidos, 39

Bray, Arturo, coronel paraguayo, 193, 194

Buchi, Hernán, 311

Buenos Aires, 3, 7, 20, 27, 35, 42, 43, 52, 94; auge de la construcción en, 21; clase media de, 30; clase obrera de, 59; desempleo en, 97, 124; distrito de Balvanera, 5; expansión industrial en, 30; frustación e

irritación en, 135; huelgas en, 47, 67; industria manufacturera en, 22; manifestaciones callejeras en, 53, 74; Marcha de la Constitución y la Libertad, 56; marcha

de obreros hacia, 56; migración en, 23; oleada de emigrantes a, 37; población de, 24; puerto de, 104; sindicatos de, 57; tranvías de, 46

Bunge, Alejandro Ernesto, economista, 31

Bunge y Born, empresa exportadora de cereales, 25

burguesía: Argentina, 60, 81, 112, 118

burocracia: Chile, 220, 222, 236, 239, 240, 280-281; Uruguay, 166, 167, 169

Bush, administración, 153

Caballero, Bernardino, ministro paraguayo, 191, 192

Cabildo, periódico argentino, 47

Cafiero, Antonio, ministro de Economía argentino, 124, 145, 149, 150

Caja de Conversión (Argentina), 15

California Petroleum Company, 78

Cámara Argentina de Comercio, 152

Cámara de Comercio (Chile), 234

Cámara de Diputados (Argentina), 8, 33, 90, 101, 139, 141, 143, 148

Cámara de Diputados (Chile), 287, 303

cambiaría, política: Argentina, 132-133, 134; Uruguay, 167

cambio, véase cambiaría, política; cambios, control de; tipos de cambio

cambio económico: Argentina, 3, 31, 92, 103; Chile, 249, 250, 271; Uruguay, 162, 181

cambio social: Argentina, 3, 70, 92, 97, 103; Chile, 249, 250, 256-263, 271, 287; Paraguay, 193, 211-215; Uruguay, 163

cambios, control de: Argentina, 4, 16, 17, 19, 21, 23, 38, 107, 135, 136; Chile, 225, 228, 229, 251; Uruguay, 159, 160, 164, 168

campesinado de Chile, 221-222, 223, 229, 232, 255, 268; sindicación del, 239, 245, 247, 276, 290

campesinado de Paraguay, 204, 206, 208, 213

Campo de Mayo (Argentina), guarnición militar de, 7, 93, 94, 149

Campo Grande (Paraguay), base militar, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 203

Cámpora, Héctor, presidente argentino, 115-116, 117, 118

Canata, Adalberto, coronel paraguayo, 201

Cantilo, José Luis, ministro argentino, 39

capital: Argentina, 64, 66, 84; Chile, 261, 285; Uruguay, 163, 171, 178; véase también capital exterior; capitales, fuga de; inversión

capital extranjero: Argentina, 16, 103, 107, 133; Chile, 219, 301; Paraguay, 210

capitalismo, capitalistas, 106; Argentina, 76-77; Chile, 230, 271; Uruguay, 159, 171-172

capitalismo de estado: Chile, 226, 230, 237

Carcagno, Jorge, general argentino, 118, 123

carne, exportaciones de: Argentina, 18-19, 20, 42, 51 ¡Uruguay, 158, 160

Caro, José María, obispo chileno, 238

carreteras, construcción de: Argentina, 20; Paraguay, 209

Cárter, Jimmy, presidente estadounidense, 131, 134, 175, 307

Casa Rosada (Argentina), 7, 43

Casella, Juan Manuel, 149

Castillo, Ramón S., presidente argentino, 5, 11, 32, 36, 39, 41, 48, 50, 58, 59; falta de política exterior, 42, 43; y el golpe de estado, 43, 44, 53

Castro, Fidel, 88, 90, 169, 292, 293

Castro, Sergio de, ministro de Economía chileno, 297, 299

Catamarca (Argentina), 30, 32, 33, 59, 62

catolicismo: en Argentina, 28, 40; en Chile, 257; pensamiento reformista del, 230

«14 de mayo», movimiento guerrillero (Paraguay), 206

Cauas, Jorge, ministro de Hacienda chileno, 297

caudillismo, 157

Celman, Juárez, 7, 13

cemento, industria del, en Argentina, 21

censura: Argentina, 46, 127; Paraguay, 196, 197, 206; Uruguay, 159, 172

Central Córdoba, compañía ferroviaria, 20

Central Nacional de Informaciones (CNI), 303

Central Única de Trabajadores (CUT), de Chile, 269, 276, 288, 289

Central Única de Trabajadores Chilenos (CUTCh), 253

Central Uruguay Railway, 165

Centro Militar (Uruguay), 179

centro, partidos de, en Chile, 225, 227, 230, 236, 240, 248, 249, 253, 264, 266, 286, 306

Centros de Reforma Agraria (CERAS), de Chile, 290

cereales: exportaciones de, 15, 21, 33-34; exportadores argentinos de, 25, 28, 47

Chaco (Argentina), 23, 30, 35

Chaco (Bolivia / Paraguay), 187, 196, 198

Chaco, conferencia de paz del, 192, 195

Chaco, guerra del, 187-190; negociaciones

de paz, 193

Charlone, César, ministro de Hacienda uruguayo, 171

Chase Manhattan Bank, 129

Chaves, Federico, presidente paraguayo, 197, 200, 201-203, 204

Checoslovaquia, 247

Chicago, escuela de, 265, 297-300, 301

«Chicago boy», en Chile, 297-301

Chile, 90, 161, 176; administraciones, 255, 258; bajo el Frente Popular, 236-242; bajo Pinochet, 295-312; cambio social e

inestabilidad económica, 256-263; conflicto con Argentina, 141; continuación

del gobierno radical, 242-248; crisis de la política constitucional, 263-266; de 1930-1958, 219-254; depresión y crisis, 15, 224-228, 298-299, 307; desde 1958, 255-312; presidencia de Allende, 278-295; presidencia de Arturo Alessandri, 228-236; presidencia de lbáñez, 248-254; presidencia de Eduardo Frei, 270-278; presidencia de Jorge Alessandri, 266-270; relaciones con Argentina, 130-131

Chilean Electric Company, 228-229

«chilenización»: de Frei, 260; del sector del cobre, 272, 273

Chuquicamata, minas de, 273

CIEPLAN, economistas del, en Chile, 298 n.

ciudades, de Chile, 249, 256

clase alta: Argentina, 97; Chile, 221, 226, 230, 236, 240-243, 246; Paraguay, 211

clase baja: Chile, 221, 222

clase media en Argentina, 30, 31, 60, 61, 74, 76, 82, 84, 97, 112; control gubernamental de la, 6; «estatista», 27; y los grupos guerrilleros, 110-111; y Perón, 69, 70

clase media en Chile, 221, 222, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 243, 248, 280, 288; apoyo a la PDC, 270-271; en el sistema político, 226, 265; gobierno radical y, 239; influencia de la, 257; subvención de la, 246, 247; urbana, 255; y el papel de los militares, 298

clase media: Paraguay, 211, 212; Uruguay, 157, 168

clase trabajadora de Argentina: Perón y, 5, 52, 57, 59, 60; y el estado, 49-50

clase trabajadora de Chile, 223, 227, 236, 238, 239, 252, 257, 263, 302; conciencia política de, 235; en la UP, 284; lealtad política de, 235; movilización de, 290; y el Frente Popular, 240; y los partidos políticos, 264

clase trabajadora: Paraguay, 210, 213; Uruguay, 157, 162, 164, 183

clase, véase conciencia de clase; lucha de clases

clericalismo, en Argentina, 27

clero: Paraguay, 197, 208-209; véase también Iglesia católica

clientelismo, en Chile, 236, 265

coaliciones: Argentina, 145; Chile, 223-224, 236

coaliciones multiclasistas, en Chile, 219, 224, 231, 239, 246, 250

cobre, compañías del, 286; en Chile, 250, 268, 272, 273-274

cobre, industria del, en Chile, 15, 219, 228, 301, 304; «chilenización», 272-273; exportaciones de, 225, 243, 256; nacionalización de las minas, 281, 283

cobre, precios del, 245, 250, 260, 272, 282, 298, 305, 308

CODELCO, corporación chilena del cobre, 273, 299

Código de Justicia Militar (Argentina), 140

código de leyes de 1924 (Chile), 229

código laboral: Chile, 223; Paraguay, 191

colegiado (Uruguay), 165, 170

colegiado, segundo (Uruguay), 165-167

colorados (Argentina), 94-95, 96, 98

colorados independientes (Uruguay), 165

Comando Nacional de Defensa Gremial (Chile), 292

Comando Nacional de Trabajadores (Chile), 304

comercial, sector: Chile, 257, 281; Paraguay, 212; Uruguay, 159

comercio exterior: Argentina, 15, 18, 31, 37-39, 65, 66, 78; Chile, 219-220, 224, 229, 245, 251, 298

comercio, véase balanza comercial; controles comerciales; déficit comercial; política de control del comercio

Comintern, 231-232

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), de Uruguay, 170

Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), de Uruguay, 172

Comisión de Precios y Salarios (Argentina), 72

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, 112

Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), 140

Comodoro Rivadavia (Argentina), 34, 42

Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), 305

compañías extranjeras, en Argentina: de propiedad británica, 32, 33, 37; nacionalización de, 29

Comunidad Económica Europea, 122

Comunidad, semanario paraguayo, 208

comunismo, 27, 28, 33; América Latina, 90; Argentina, 12, 43, 48, 54, 60, 127; Chile, 161; crisis internacional del, 312; Paraguay, 191, 204, 206

concentración económica: Chile, 262, 300, 302

Concepción (Chile), 291

Concepción (Paraguay), 198-199, 212

Concertación de los Partidos por la Democracia (Chile), 310, 311

Concertación Nacional Programática (CONAPRO), de Uruguay, 182, 183

Conchol, Jacques, 277

conciencia de clase, en Chile, 304

conciencia política: Chile, 304

Concordancia (Argentina), 9-10, 11, 32, 33, 39, 41; escisión en la, 43

Confederación de la Producción y el Comercio (Chile), 230, 238, 266

Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), 232-233, 236, 238, 239, 240, 242, 253; abandono del Frente Popular, 241; comunistas en la, 244

Confederación General de Profesionales (Argentina), 69

Confederación General de Trabajadores (CGT), de Chile, 231, 232

Confederación General del Trabajo (CGT), de Argentina, 12, 13, 47, 50, 52, 54, 57, 69, 72, 120, 121; amenaza con disolver

la, 107; convocatorias de huelgas, 123, 145; escisión en, 102; expropiación de La Prensa, 63; intervenidos por el gobierno, 78, 83; líderes de la, 109; normalización de la, 79, 89; relación con el gobierno, 148; reorganización de la, 98-99; y Perón, 62, 74, 75, 121

Confederación General Económica (CGE), de Argentina, 69, 118, 120, 121, 125

Confederación General Universitaria (Argentina), 69

Confederación Marítima (Chile), 292

Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas de Chile (CONSEMACH), 275

Confederación Nacional Sindical (CNS), de Chile, 231, 232

Confederación Obrera Argentina (COA), 12

Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), 191, 192, 204, 208, 213

conflicto social: Argentina, 154; Chile, 239, 252, 290; Uruguay, 171, 175, 183

conflictos laborales: Argentina, 35, 99, 120, 121, 124, 148; Chile, 240, 252; Uruguay, 175, 183

Congreso (Argentina), 61, 93, 103, 118, 142, 150; control peronista del, 63-64, 68; controlado por los radicales, 41, 139

Congreso (Chile), 236, 263, 287, 311

Congreso (Paraguay), 194, 195, 201, 204, 206-207, 213

Congreso (Uruguay), 162, 172

Congreso Eucarístico Internacional (1934), en Buenos Aires, 28

Consejo de Estado (Chile), 297

Consejo de Estado (Uruguay), 161, 176

Consejo de Seguridad Nacional (Chile), 303

Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), de Uruguay, 175, 176, 180

Consejo Nacional de Administración (CNA), de Uruguay, 158-159

Consejo Nacional de Gobierno (CNG), de Uruguay, ¡66, 169

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Argentina), 140

consejos de guerra, en Argentina, 127

consejos de salarios (Uruguay), 163, 183

conservadores de Argentina, 6, 7, 8, 9, 13, 38, 58, 59, 70, 81, 82, 113; de la Iglesia, 144; derrumbamiento de los, 4; fraude electoral y los, 9, 10, 11; victorias políticas, 15, 36

conservadores de Uruguay, 181, 186

constitucionalismo, en Argentina, 56, 105

constituciones: Argentina, 8; Chile, 296, 302, 303, 308, 310; Paraguay, 195, 197; Uruguay, 158, 160, 162, 179, 180

construcción, industria de la: Argentina, 36; Chile, 220, 228, 262

consumo: Argentina, 65, 76, 89, 92, 97, 103; Chile, 284, 302; Uruguay, 177, 186

contrabando: Paraguay, 202, 206, 210

contrarrevolución: Paraguay, 190, 193-195

Contreras Labarca, Carlos, secretario general del PCCh, 231-232

Contreras, Manuel, general chileno, 303

controles comerciales: Uruguay, 168

Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay, 169

cooptación: Chile, 222; Uruguay, 159, 165, 166, 167

Coordinadora Nacional Sindical (Chile), 304

Córdoba (Argentina), 7, 14, 59, 62, 75, 87, 88, 109, 112, 120, 131, 145, 149, 151; desempleo en, 124

«cordobazo», 109, 112, 119, 128

Corea, guerra de, 72, 250

Coronel Oviedo (Paraguay), 212

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de Chile, 237, 239, 243, 246, 299

Corporación de Reforma Agrícola (CORA), de Chile, 269

Corporación de Transportes (Argentina), 20-21, 46

corporación gubernamental de la vivienda (Chile), 252

corporativismo: Argentina, 29, 69, 104, 105, 110; Chile, 225, 226, 230, 297; Uruguay, 160, 164

Corrientes, provincia de (Argentina), 10, 62

corrupción gubernamental: Argentina, 70; Paraguay, 205-206, 214; Uruguay, 173

costes sociales de la reforma económica:

Chile, 256, 263, 301-302, 305-306

costo de la vida: Argentina, 79, 87, 120; Chile, 237, 243, 251; Paraguay, 202; véase también alimentos, precios de los; precios

crecimiento económico: Argentina, 21-25, 89; Chile, 252, 258, 267, 272, 281, 301, 307; Paraguay, 209-212; Uruguay, 168, 170, 173, 178, 186

crecimiento inducido por las exportaciones, en Uruguay, 183

crediticia, política: Argentina, 66, 71, 72

crédito bancario: Argentina, 17-18, 21-22, 25, 93, 97, 101, 106, 130, 146; Chile, 228, 237, 261, 274, 282, 299, 305; Paraguay, 204, 209, 212

créditos, controles de los: Chile, 251; Uruguay, 172, 173

crisis económica: Argentina, 71-73, 85-86, 138; Chile, 224-228, 305; Uruguay, 158, 168, 175, 178

crisis política: Argentina, 36, 43, 125-127

Cruzada Cívica (Chile), 310

Cruzat-Larrain, grupo, 300

Cruz-Coke, Eduardo, 245

Cuba, 90, 204, 270, 292, 293; deuda exterior, 305; véase también revolución cubana

Curicó (Chile), provincia de, 269

Dávila Espinoza, Carlos, embajador chileno

en Estados Unidos, 226

Declaración de Paz y Amistad, entre Argentina y Chile, 141

Declaración de Soberanía (Argentina), 52

defensa del hemisferio, 162

déficit comercial: Argentina, 71, 93

déficit fiscal en Argentina, 129, 130, 131, 136; administración Alfonsín, 143, 146, 147, 152, 154; administración Onganía, 106

déficit fiscal en Chile, 268, 282, 284, 286, 297, 299, 301, 305

déficit presupuestario: Argentina, 16, 21

Demichelli, Alberto, presidente uruguayo, 176

democracia cristiana, 277; véase también Partido Demócrata Cristiano (PDC)

democracia, en Argentina, 3, 5, 33, 77, 82, 103, 106, 112; Frondizi y la, 91; integrada, 118; régimen de Uriburu y la, 7-8; transición a la, 138-155

democracia, en Chile, 219, 312; ruptura de la, 256, 266

democracia, en Paraguay, 190, 197-198, 215

democracia, en Uruguay, 157, 180, 181, 182; restauración de la, 182-186

demócratas progresistas (Argentina), 9

democráticos, facción de los, en Paraguay, 197-198, 200, 201, 203-204, 207

Departamento Nacional del Trabajo (Argentina), 47-50

dependencia económica: Argentina, 84; Chile, 242, 243, 245-246, 250, 260, 271

depresión, en el decenio de 1930, 3; efectos en Argentina, 4, 6, 11, 15-17, 22, 23, 24; efectos en Chile, 219, 220, 224-228, 231; efectos en Paraguay, 187; efectos en Uruguay, 158-161

derechos civiles: Argentina, 68

derechos humanos, violación de los: Argentina, 127-128, 131, 138, 139, 140-141, 149, 155; Chile, 304, 309, 312

derechos humanos: Uruguay, 175, 182, 184

derechos laborales: Argentina, 68

desarrollismo, en Uruguay, 170

desarrollo industrial: Argentina, 32, 34, 35-36, 65, 97; Chile, 219, 220; Uruguay, 165, 167

desarrollo, estrategias de: Chile, 248

descapitalización, en Chile, 283

desempleo: Argentina, 16, 34, 94, 97, 122, 124, 155; Chile, 255, 228, 252, 263, 267, 281, 299, 300, 301, 304, 306, 307; Uruguay, 158, 178, 183

desindexación, programa de: Argentina, 131

desindustrialización: Argentina, 155; Chile, 306

desmovilización: Argentina, 116

deuda exterior, servicio de la: Argentina, 16, 17, 98, 147; Chile, 225, 228, 260, 268, 282, 305, 306; Uruguay, 171, 178

deuda externa: Argentina, 93, 131, 132, 133, 142, 143, 147, 305; Chile, 228, 260, 282, 286, 306; Paraguay, 210, 211; Uruguay, 176, 178, 180

deuda pública, 15, 17, 136, 137

devaluación de la moneda: Argentina, 4, 71, 72, 124, 134; Chile, 268, 281, 282, 286, 301, 305

Día, El, periódico de Uruguay, 164

Díaz de Vivar, Emilio, coronel paraguayo, 201-202

dictadura, 307; Paraguay, 194, 203-206

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, 295, 302, 303

Dirección General de Fabricaciones Militares (Argentina), 41

dirigentes sindicales (Argentina), 79, 116, 121, 123; conflicto con Isabel Perón, 122; de ideología izquierdista, 109; poder de los, 123-124; y el peronismo, 85, 119; y la administración Alfonsín, 141, 145; y la élite militar, 103; y Perón, 50, 55, 61

divisas extranjeras, reservas de, en Argentina, 93, 94, 108, 110, 120, 128-129, 153

Domenech, José, secretario de la CGT argentina, 12, 50

Dominicana, República, 82, 100

Donoso, Ricardo, 233

drogas, tráfico de: Paraguay, 206

Duarte, Eva, véase Perón, Eva

Duhalde Vázquez, Alfredo, presidente chileno, 244

Duhau, Luis, ministro de Agricultura argentino, 13

Duran, Julio, 269

economía de mercado: Argentina, 123

economía política: Chile, 239, 260-261

economía urbana: Argentina, 34, 67; Uruguay, 157, 162

Economic Cooperation Administration (ECA), 66

económica, actividad: Argentina, 72, 73, 89, 93, 102, 108, 129-130; véase también cambio económico; concentración económica; crecimiento económico; crisis

económica; dependencia económica; estabilización económica; independencia

económica; inestabilidad económica; liberalismo económico; nacionalismo económico; planificación económica; poder económico; política económica; problemas

económicos; recuperación económica; reforma económica; soberanía económica

Ecuador, 90

educación: Chile, 252, 272, 293; Paraguay, 211; Uruguay, 157; véase también universidades

Eisenhower, administración, 73

Eisenhower, Dwight D., 169

Eje, países del, en la segunda guerra mundial, 196-197, 241, 243; Argentina y, 42-43, 45, 46, 51, 58; Uruguay y, 162

ejército argentino, 82, 88-89, 126, 133; compromiso político del, 4, 11, 57, 135-136; incremento del, 51, 53; nacionalismo y, 41; papel del, 6-7, 48, 51, 52-53; y el gobierno, 43; y la administración Guido, 92-93, 94, 95; y Perón, 61, 63

ejército chileno, 236

ejército paraguayo, 188, 189, 194, 198-199, 213; controlado por Stroessner, 203, 204

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Argentina, 111, 117, 120, 125

elecciones: Chile, 268; Paraguay, 187, 196, 197, 198, 200, 214-215; véase también fraudes electorales; ley electoral; sistema electoral

elecciones legislativas: Argentina, 33, 91, 101; Chile, 224, 227, 230, 233, 244, 247, 253, 264, 270, 280, 311

elecciones municipales: Chile, 224, 247, 264, 269, 276, 287

electorado chileno, 224, 227, 249, 258, 264-265, 289

eléctrica, energía: Paraguay, 209-210

élites de Chile, 221, 225, 237, 238, 246; agraria, 229; económica, 228, 269, 270

emigración: Paraguay, 202; Uruguay, 181

emigración del campo a la ciudad: Chile, 249, 252

empleados: Chile, 229, 231, 239, 246, 256, 257, 264, 290; Uruguay, 169

empleo: Argentina, 122; Chile, 251, 256-257

empleo público: Chile, 240; Uruguay, 159; véase también burocracia

empleo, pleno: Argentina, 67, 122; Chile, 237; Uruguay, 176

empresas, empresarios: Perón y, 61, 65, 67, 72; relaciones con el gobierno, 155; y la administración Alfonsín, 144; y la administración Onganía, 108; y los conflictos laborales, 121; y los sindicatos, 118, 119

empresas públicas: Argentina, 146; Uruguay, 161, 167, 175

empréstitos exteriores: Chile, 258, 267, 282, 286, 299, 301, 302

empréstitos: Chile, 224, 237, 243, 246, 247, 260, 268, 286; Paraguay, 209, 210, 211; Uruguay, 177

Encarnación (Paraguay), 212

Enríquez, Miguel, líder del MIR chileno, 294

epifanistas (Paraguay), 203, 204, 207

Errázuriz, Francisco Javier, 311

escándalos financieros, en Uruguay, 173

escolta presidencial, batallón de (Paraguay), 205

Escuela Nacional Unida (ENU), de Chile, 293-294

España, 104, 232, 297; relaciones con Uruguay, 161

esperanza de vida, 252

estabilidad política: Argentina, 12; Paraguay, 202-203

estabilización económica: Chile, 258, 296; Paraguay, 187

estabilización política: Argentina, 142-143, 146, 147; Chile, 271-272; Paraguay, 209; Uruguay, 169, 172, 173, 177, 178

estado corporativo, de la Italia fascista, 191, 195

Estados Unidos, 15, 100, 219, 244; «A Blue Book», 58; ayuda a Chile, 224, 260, 270, 271, 286, 298; ayuda a Paraguay, 196-197, 202; barreras arancelarias de, 229; comercio con Argentina, 18, 20; compañías en Argentina, 22; injerencias en los asuntos internos de Chile, 256, 286, 292, 293 n., 310; inversiones directas en Chile, 219; inversiones directas en Paraguay, 210; misión Klein-Saks en Chile, 251; operaciones de contrainsurgencia en América Latina, 134, 175; relaciones con Argentina, 4, 5, 37-39, 41, 42-43, 45, 46, 50-51, 52-53, 55, 58, 60, 66, 73, 131, 144; relaciones con Chile, 219, 229, 237, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 260, 270, 274, 282, 297, 307; relaciones con Paraguay, 194, 199, 200, 207; relaciones con Uruguay, 161, 162, 164, 170, 175; y Cuba, 90; y la guerra de las Malvinas, 136

estagnación: Chile, 251-252

estancamiento: Chile, 250, 267

estatal, sector: Chile, 285, 299-300; Uruguay, 157, 163; véase también público, sector

Estatuto de garantías democráticas (Chile), 278

Estatuto de la Revolución Argentina, 104

Estigarribia, José Félix, general paraguayo, 188-189, 193-194

estructura económica: Argentina, 76-77, 135

estructura social: Argentina, 69; Chile, 256; Uruguay, 157

estructuralistas, de Chile, 251, 263

estudiantes, movimientos de: Argentina, 74, 83, 104, 109; Chile, 222, 231; Paraguay, 187, 191, 192, 193, 194, 196, 204; Uruguay, 169, 172

éticos (Paraguay), 213, 215

eurocomunismo, 265

Europa: comercio con Chile, 229; inmigración hacia Argentina, 3

exclusión, política de: Chile, 265

exportación, economía de: Argentina, 15, 76

exportaciones agrícolas: Argentina, 3, 25, 33-34, 36, 66, 76, 78, 92, 98; Chile, 300

exportaciones de Argentina, 3, 78, 96, 98, 129, 131; administración Perón, 118; bajo la junta militar, 137; en América Latina, 46; hacia Europa, 122; y la segunda guerra mundial, 33-34, 35, 37

exportaciones de Chile, 219, 221, 224, 229, 250, 260, 263, 268, 301, 307; agricultura, 275; cobre, 282, 286

exportaciones: Chile, 246, 260; Paraguay, 209, 211; Uruguay, 157, 158, 160, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 178, 183

exportaciones, precios de: Uruguay, 164, 177

Export-lmport Bank, 42, 237; y Chile, 241, 273, 299; y Uruguay, 162

Export-lmport Bank de Nueva York, 39

extremismo: en Chile, 266, 268

Falange (Chile), 222, 230, 234, 235, 238, 240, 245, 253, 271

falangistas (Chile), 225, 242

Fanón, Frantz, 113

Farrell, Edelmiro, general y presidente argentino, 45, 51-52, 53, 56

fascismo: argentino, 7, 27, 28, 40, 48; italiano, 160, 195

febreristas (Paraguay), 190-192, 193, 194, 195, 197, 202, 214; actividad política de los, 197; ala izquierda de los, 207-208

Federación Argentina de Entidades del Comercio y la Industria, 32

Federación Nacional de Estudiantes (Chile), 233

Federación Nacional del Campesinado (Chile), 238

Federación Obrera de Chile (FOCh), 231, 232

Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), de Argentina, 12, 47

Fernández, Sergio, ministro del Interior chileno, 308

Fernández Crespo, Daniel, 170

Ferreira Aldunte, Wilson, 174, 180, 181, 182, 184

Ferrer, Aldo, ministro de Economía argentino, 112

ferrocarriles: Argentina, 104

financiación mediante déficit: Argentina, 4, 18, 36; Chile, 251

financiero, sector: Argentina, 66, 132, 133; Chile, 259, 271, 281-282, 299, 305, 306; Uruguay, 177, 178

Firmenich, Mario, jefe de los Montoneros, 117

fiscalidad, véase déficit fiscal; política fiscal

Fondo Monetario Internacional (FMI), 78; Argentina y el, 86, 87, 89, 93, 107, 124, 129, 136, 153; misión en Chile del, 259; Paraguay y el, 204, 209; Uruguay y el, 168, 169, 171, 172-173

Framini, Andrés, dirigente sindical argentino, 91, 95

Francia, 232

Franco, Francisco, general, 13, 28, 39, 48, 104, 229, 297

Franco, Rafael, coronel paraguayo, 189-190, 191-192, 193, 196, 197, 198, 200

fraudes electorales: Argentina, 4, 10, 12, 14, 32, 36; Chile, 268, 310; Paraguay, 200; Uruguay, 174

Frei Montalva, Eduardo, presidente chileno, 230, 253, 254, 255, 267, 270, 281; «chilenización» de, 260; política económica, 257, 258, 259, 261, 263; presidencia de, 270-278

Freiré Esteves, Gómez, ministro del Interior paraguayo, 191, 192

Freiré Esteves, Luís, ministro de Hacienda paraguayo, 191, 192

Frente Amplio (Uruguay), 173, 174, 180, 181, 182, 184, 185

Frente de Acción Popular (FRAP), de Chile, 253-254, 255, 267, 268, 269, 276, 277

Frente de Guerra (Paraguay), 196-197

Frente Nacional del Área Privada (FRENAP), de Chile, 292

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Chile), 308

Frente Popular (Argentina), 44, 45, 57, 81

Frente Popular (Chile), 223, 224, 229, 232-242, 243, 255; coaliciones del, 223; fin de la era del, 254; legitimidad de derecho a la presidencia, 235; programa del, 233; y el movimiento laboral, 231; y la clase media, 231

Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), de Paraguay, 206

Fresco, Manuel, 10, 14, 32-33

Frigerio, Rogelio, 82, 84, 86, 87

Frondizi, Arturo, 68, 75, 79-80, 81-82, 93, 94, 96, 204; derrocamiento de, 92-93; presidencia de, 82-92, 97, 102, 104, 115; y Perón, 115

Fuentealba, Renán, senador del PDCS chileno, 287

fuerza aérea: Argentina, 85, 93, 95, 96, 126, 136

Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA), 26-27, 58

fuerza laboral: Chile, 223

fuerzas del mercado: en la economía chilena, 256, 259, 297-298, 311

fuerzas vivas (Argentina), 43, 45, 53, 56

Galdames, Luis, 233

Galtieri, Leopoldo R, general argentino, 133, 134-135, 141

ganadería: Argentina, 34-35; Paraguay, 202; Uruguay, 164, 166, 168, 177, 186

Garcés, Joan, 280 n.

Garretón Walker, Manuel, 230

gasto público: Argentina, 6, 15-16, 21, 64, 65, 71, 72, 92, 122, 134-135, 142; Chile, 220, 225, 228, 251, 261, 273, 281, 282, 299, 300-301, 309; Paraguay, 210; Uruguay, 158-159, 170, 173

gastos militares: Argentina, 62-63, 131; Chile, 303; Uruguay, 180

gastos sociales: Chile, 300

Gay, Luis, secretario general de la CGT argentina, 62

Gelbard, José, ministro de Economía, 118, 120, 121-122

Gestido, Oscar, presidente uruguayo, 170-171

Gilbert, Alberto, coronel argentino, 51

Giménez, Enrique, mayor paraguayo, 197

gobierno militar de Argentina, 3, 5, 44, 60-75, 93, 94, 95, 111-114, 115, 126-138, 144, 145; detención y enjuiciamiento de, 139-140, 148, 155; derrumbe del, 138-139

gobierno militar de Chile, 225, 254, 256, 258, 262, 263, 296-312

gobierno militar de Uruguay, 157, 182, 183-184, 185-186; de 1972-1985, 174-182; legitimidad de, 180

gobiernos multipartidistas, en Chile, 219, 224, 225, 277, 280

golpes de estado, intento de: Argentina, 56, 69, 74, 86, 123-124; Chile, 228, 235, 241, 293-294; Paraguay, 189, 193, 194, 198

golpes de estado: Argentina, 3, 5, 6-7, 9, 13-14, 15, 43-46, 63, 75, 102, 103, 112, 114, 126, 127, 133; Bolivia, 50; Chile, 219, 255, 256, 262, 266, 279, 292, 294, 295-296, 302; Paraguay, 188, 201, 211-212; Uruguay, 159, 160, 174, 175

Gómez Morales, Alfredo, ministro de Economía argentino, 71, 122

González, Juan Natalicio, 198, 200-201

González Videla, Gabriel, presidente chileno, 221, 235, 244-246, 247, 248

González von Marees, Jorge, líder del MNS chileno, 230, 235

Goulart, administración de (Brasil), 100

Gran Bretaña, 130; adquisición de activos en, 163, 165; comercio con Chile, 237; compañías en Argentina, 18, 37, 42; compañías ferroviarias en Argentina, 16, 20, 26, 32, 37, 39; en la segunda guerra mundial, 33; mercado para la carne uruguaya, 158; mercado para las exportaciones argentinas, 19, 33, 34, 37; preferencia imperial, 18; relaciones con Argentina, 3, 4, 26, 30, 42-43, 53, 66; relaciones con Chile, 229; relaciones con Uruguay, 159, 160, 161, 162; y el tratado Roca-Runciman, 18-19; y las islas Malvinas, 135-136, 142

gremios (Chile), 291-292, 297

Grosso, Carlos, 145

Grove Vallejo, Marmaduke, comandante chileno, 226-227, 228, 231

Grupo de Amigos del Presidente (Chile), 293

Grupo Obra de Unificación (GOU), de Argentina, 43-44, 45, 48, 57

grupos políticos: Uruguay, 172, 174

grupos sociales: Argentina, 69; Chile, 257

guaraní, moneda de Paraguay, 202, 209, 212

Guatemala, 134

guerra civil: Paraguay, 197-200, 202, 206, 209; Uruguay, 157; véase también revoluciones

guerra civil española, 12, 28, 161, 229

guerra fría, 65, 244, 247

guerra mundial, primera, 35

guerra mundial, segunda, 4, 26, 37, 41, 55, 59, 66, 72, 84, 92, 237; Argentina y, 5, 42-43, 60, 64; Chile y, 243, 244; efectos en Uruguay, 161, 162, 164, 167; Paraguay y, 196-197

guerrillas: Argentina, 109, 114, 116, 124-125, 128, 131, 139, 295; Chile, 274; Paraguay, 204; Uruguay, 173-174, 175

Guevara, Ernesto «Che», 90, 113, 169

Guggenheim, familia, 228

Guggiari, José Patricio, presidente paraguayo, 187

Guido, José María, presidente argentino, 92-96, 98, 128

Guión Rojo, grupo de oposición (Paraguay), 198, 200, 204

guionistas (Paraguay), 198, 200, 201

Guzmán, Jaime, 297

hacendados: Argentina, 32

Haedo, Eduardo Víctor, 168

Hamilton, Juan, senador del PDCS, 287

Hellmuth, Osmar, agente secreto, 50-51, 52

Herrera, Luis Alberto de, 159, 160, 165, 168, 170, 184

Herrera Ramírez, Ariosto, general chileno, 240

herreristas, 161

Hidalgo Plaza, Manuel, 226

hidroeléctrica, energía: Paraguay, 210

hiperinflación: Argentina, 145, 154, 155

Honduras, 134

Hora del Pueblo, coalición argentina, 112, 134

huelga, derecho de: Argentina, 148

huelgas: Argentina, 11, 47, 67, 79, 85, 86, 87, 98, 99, 107, 109, 121, 123, 126, 145; Chile, 238, 239, 243, 244, 247, 252, 269, 276, 284, 286, 290, 291, 292, 304; Paraguay, 191, 193, 195, 213; Uruguay, 169, 183

huelgas de patronos (Chile), 286, 291

Hueyo, Alberto, ministro de Hacienda argentino, 17

Huidobro, Vicente, 233

Hull, Cordell, secretario de Estado, 42, 45, 55

Humaitá, fortín de (Paraguay), 199

Ibáñez Águila, Bernardo, secretario general socialista chileno, 245

Ibáñez del Campo, Carlos, dictador chileno, 225, 226, 228, 231, 242; campaña personalista de, 235; retorno de, 248-254, 255

Ibañistas, 235, 240

Ibarguren, Carlos, 6, 7

ideología: Argentina, 4, 5; Chile (PDC), 265, 271-272

Iglesia católica en Argentina, 47, 82, 83, 128; y la administración Alfonsín, 144; y Perón, 58, 63, 74

Iglesia católica en Chile, 221, 271, 292; neutralidad política de, 294; y el Frente Popular, 236, 238; y el gobierno de Pinochet, 303, 304, 310; y la reforma agraria, 274; y los militares, 297

Iglesia católica en Paraguay, 209; clero de, 197, 208

Illía, Arturo, presidente argentino, 96-104, 141

importación, controles y restricciones a la Argentina, 17, 31, 65, 72

importaciones de Argentina, 38, 72, 76, 93, 110, 119, 132; en el decenio de 1930, 15-16, 22, 23; en la segunda guerra mundial, 33, 34; precio de las, 122

importaciones de Chile, 220, 221, 245, 250, 260, 262, 272, 282, 301; de alimentos, 262, 274, 275

importaciones: de Paraguay, 202, 209; de Uruguay, 158, 164, 166, 178

impuesto sobre la renta: Argentina, 16, 17

impuestos: Argentina, 16, 106, 108, 111, 143, 146, 152; Chile, 225, 229, 230, 240, 272, 312; Paraguay, 210, 211

independencia económica: Chile, 248, 251

indexación de la economía, en Argentina, 112, 124, 130, 145

índice de los términos de intercambio, 71

índice de producción industrial: Chile, 225, 238, 243

índice general de precios: Chile, 243, 245

industria: Argentina, 3, 4, 21-23, 84, 97, 137; Chile, 219-220, 228, 247, 250, 251-252, 257, 258, 262; Paraguay, 212; Uruguay, 160, 161, 162, 163, 166, 177, 183

industrial, sector: Chile, 262, 279, 281, 283, 285, 299; Uruguay, 162, 166

industriales, empresarios: Argentina, 67; Chile, 239, 248, 261, 275

industrialización de Argentina, 29, 39, 51, 60, 62, 78, 81, 93, 128; administración Frondizi, 84, 92; bajo Perón, 5, 53, 54, 65, 76; selectiva, 41

industrialización de Chile, 222, 227, 234, 237, 239, 243, 245, 246, 247, 261, 271; Uruguay, 160, 162, 166

industrialización subtitutiva de las importaciones: Argentina, 84, 89, 91, 92, 107; Chile, 220, 227, 229, 237, 248, 249, 251; Uruguay, 156, 164, 166, 168, 177, 186

inestabilidad económica: Chile, 256-263

inflación en Argentina, 18, 35, 71, 79, 89, 94, 129-130; administración Alfonsín, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 152; administración Frondizi, 84; administración Illía, 101; administración Perón, 71, 118; cero, 120; control de la, 134; en el decenio de 1930, 21

inflación en Chile, 228, 237, 239, 240, 245, 248, 250, 253, 256, 262, 263, 267, 269, 272, 282, 285, 297, 298, 299, 307; ataque contra la, 251-252, 266, 275; importancia política de la, 259; persistencia de la, 259, 260

inflación, tasa anual de: Argentina, 73, 94, 107, 108, 111, 122, 124, 130, 136, 143; Chile, 258, 281, 301, 305; Paraguay, 209, 210, 212; Uruguay, 171, 183

inflación: Paraguay, 202, 209, 210; Uruguay, 167, 168, 172, 176, 177, 178, 185

ingresos reales: Argentina, 108, 137; Chile, 225, 246, 247, 269

inmigración: Argentina, 23-24, 29; Uruguay, 157; véase también migración interna

inmigración interna: Argentina, 3, 4, 21, 23-25, 30, 35, 36

institucionalización política: Chile, 248; Uruguay, 156

Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI), 66, 72, 78

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de Chile, 269

insurrecciones: Argentina, 109-110; véase también manifestaciones

intelectuales: Argentina, 77, 82, 127, 131; Chile, 222, 232, 251; Paraguay, 194; Uruguay, 169

intercambio, términos de: Argentina, 16, 107, 147; Uruguay, 173

interés, tipos de: Argentina, 71, 130, 132; Chile, 261, 299, 301, 305; internacionales, 136; Uruguay, 183

International Telegraph and Telephone Company (ITT), 278

inversión: Argentina, 92, 93, 97, 105, 106-107, 129, 137, 144; Chile, 225, 237, 250, 256, 258, 260, 261, 267, 273, 282, 299, 300, 301, 312; Paraguay, 210; Uruguay, 168, 177-178, 183-184

inversión pública: Chile, 220, 261, 267

inversiones extranjeras: Argentina, 37, 72-73, 78, 81, 84, 85, 89, 92, 112, 123; Chile, 219, 245, 312; Paraguay, 202, 210; Uruguay, 177

Irazusta, Rodolfo y Julio: La Argentina y el imperio británico: Los eslabones de una cadena, 1806-1933, 26

Itaipú, presa hidroeléctrica de, 210, 212

Italia fascista, 48; estado corporativo, 191, 195

Izquierda Cristiana (IC), de Chile, 280, 286

izquierda, véase comunismo; marxismo; Partido Comunista; Partido Socialista; socialistas

Japón, 42

Jarland, André, sacerdote francés, 306

Javier Vial, conglomerado, 300

jesuitas, 208

Jiménez, Tucapel, líder del ANEF, 304

Jover Peralta, Anselmo, ministro paraguayo, 191

judicatura: Uruguay, 172, 179

judíos, en Argentina, 22, 27-28, 29, 47

Junta de Defensa Interamericana, 90

Junta Renovadora (Argentina), 61

Juntas de Abastecimientos y Precios (JAPs), de Chile, 281

justicia, concepto de: Argentina, 139; véase también justicia social

justicia social, 28, 29, 57; Argentina, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 61, 62, 64; Chile, 228, 249, 255; Paraguay, 211

justicialismo, justicialistas, 68, 116-117

Justo, Agustín Pedro, general y presidente argentino, 8-9, 10-11, 14, 32, 38, 48; política bajo, 5-15; política económica, 17, 20

Justo, Juan Bautista, 12

juventud peronista, 111, 116, 117, 120

Kaiser Motors, 72

Kelly, sir David, embajador británico en Argentina, 56

Kennecott Company, 250, 273

Kennedy, administración, 207

Kennedy, John F., 90, 93

keynesianismo, 64, 65, 142, 228

Kinkelín, Emilio, general argentino, 11, 30

Krieger Vasena, Adalbert, ministro de Economía argentino, 105, 106-107, 108, 110, 111

Kundt, Hans, general paraguayo, 188

laboral, véase código laboral; conflictos laborales; fuerza laboral; legislación laboral; política laboral; reformas laborales; relaciones laborales

Lacalle, Luis Alberto, presidente uruguayo, 184-185

Laferrère, Roberto de, 27

Lafertte Gaviño, Elías, 226, 227

Lagos, Ricardo, líder socialista chileno, 310

Laíno, Domingo, 207-208

Lambruschini, Armando, almirante argentino, 140

Lami Doza, Basilio, brigadier argentino, 141

lana: industria de la, 158; precios de la, en Uruguay, 166

Lanusse, Alejandro, general argentino, 108, 111, 117, 133; presidencia de, 113-115, 137

Larraín García Moreno, Jaime, 238

Latcham, Ricardo, 233

latifundios: Chile, 274, 279; Paraguay, 189, 191

latifundistas: Chile, 221, 229

Lattes, Alfredo E., 24

Legión Cívica Argentina, 7, 11, 27

legislación laboral: Argentina, 11, 67, 148; Chile, 301; Uruguay, 159, 163

legislación social: Chile, 243; Uruguay, 159, 163, 164

Leigh, Gustavo, general chileno, 296

Leighton, Guzmán, Bernardo, 230, 302

lemas, sistema de (Chile), 166, 181

leninismo, 280

Léniz, Fernando, ministro de Economía chileno, 297

Letelier, Orlando, 302, 303

Levi Ruffinelli, Carlos, liberal paraguayo, 206, 207

Levi Ruffinelli, Fernando, liberal paraguayo, 206, 207

Levingston, Roberto, general y presidente argentino, 111-112, 113, 114

Ley de Defensa Nacional (Argentina), 150

ley de lemas (Uruguay), 160

Ley de Obediencia Debida, de Argentina, 149

Ley de Préstamos y Arriendos (Estados Unidos), 39

Ley de «Punto Final» (Argentina), 148

Ley de Reforma Monetaria y de Cambios (Uruguay), 168

Ley de Residencia de 1901 (Argentina), 11

ley de Sáenz Peña (1912), de Argentina, 10, 63

ley electoral: Chile, 265, 268

Ley Hawley-Smoot (Estados Unidos), 38

Ley para la Defensa de la Democracia (Chile), 247

Ley para la Defensa de la Democracia (Paraguay), 206

ley sobre el salario mínimo: Argentina, 98, 99

liberales: Argentina, 9, 43, 44-45, 48

liberales radicales auténticos, de Paraguay, 214

liberales-conservadores: Argentina, 9, 26, 32, 38, 39, 41, 59, 93, 128

liberalismo, 27, 28; Argentina, 7-8, 29; Paraguay, 187, 188; Uruguay, 177, 178; véase también liberalismo económico; neoliberalismo

liberalismo económico: Argentina, 152, 155; Chile, 266

liberalización: Argentina, 4, 5, 36; Chile, 230, 267; Paraguay, 207, 215

librecambio: Argentina, 76; Chile, 298

líderes sindicales: Argentina, 54

Liga Federal de Acción Ruralista (Uruguay), 168

Liga Nacional de Defensa de los Campesinos

Pobres (Chile), 238

Liga Nacional Independiente (Paraguay), 187, 191, 192

Liga Nacional Revolucionaria (Paraguay), 192

Liga Republicana (Argentina), 7

Ligas Agrarias Cristianas (Paraguay), 208

Linz, Juan, 266

Lisandro de la Torre, frigorífico (Argentina), 86

Lonardi, Eduardo, general y presidente argentino, 75, 77, 78, 104

López Rega, José, 116, 118, 122, 123, 124, 125

López, Carlos Antonio, 190

Lota (Chile), 264

lucha de clases, en Chile, 230, 231, 255, 257, 265, 272

Luder, Ítalo, presidente del Senado argentino, 124, 125

Machuca, Vicente, coronel paraguayo, 195, 197

Malvinas, islas, 135, 142; guerra de las, 141

manifestaciones: Chile, 225, 228, 260, 268, 304, 305; Paraguay, 191

mano de obra excedente: Uruguay, 157

Marcha, semanario uruguayo, 169

marina: Argentina, 56, 82, 93, 95, 96, 126, 133, 136; Chile, 225

Martín García, isla de (Argentina), 56

Martínez, Enrique, vicepresidente argentino, 7

Martínez, Rodolfo, ministro del Interior argentino, 93, 95

Martínez de Hoz, José, ministro de Economía argentino, 128-130, 131-134

Martínez Trueba, Andrés, 165

Martínez Zuviría, Gustavo, ministro argentino, 45-47, 51, 58

marxismo, marxistas, 248, 296; Uruguay, 174, 179

marxistas, partidos: Chile, 219, 221, 223, 224, 230, 231, 232, 234, 238, 239, 240, 242, 248, 251, 255, 276-277, 304; movilización de los trabajadores, 250; protestas de los, 247; y el Frente Popular, 236, 241-242; y el papel de los radicales, 243, 244; y el trabajo agrícola, 250-251

masas, movilización de: Argentina, 111, 116, 120

masónica, orden: Chile, 222, 233

Massera, Emilio, almirante argentino, 126, 131, 135, 140

Matera, Raúl, doctor argentino, 95, 96

materias primas: Argentina, 21, 22, 23, 26, 34, 37, 51, 72, 84; Chile, 220

Matte Larraín, Arturo, 250

Matus, Carlos, ministro de Economía chileno, 286

Maurras, Charles, 27

medios de comunicación: Argentina, 63; Chile, 302, 305

Meló, Leopoldo, 11

Mena Porta, Aníbal, arzobispo paraguayo, 208

Méndez, Aparicio, presidente uruguayo, 176

Méndez Fleitas, Epifanio, 201, 203, 204, 209

Mendoza (Argentina), 10, 24, 30, 59, 85, 102

Mendoza, César, general chileno, 296 n.

Menem, Carlos, 151-152, 154-155

Menéndez, Benjamín, general argentino, 69

Menéndez, Luciano, general argentino, 131

mercado interior: Argentina, 35, 65, 71, 76, 92, 147

mercado internacional, 159; Argentina y el, 38, 66; Chile y el, 228

mercado libre, economía de: Argentina, 94; Chile, 298, 307, 309

mercado negro: Argentina, 120; Chile, 282, 284, 286; Paraguay, 202, 213

Mercante, Domingo, coronel argentino, 48, 57

Mercedes Benz, compañía, 72

Mercurio, El, periódico de Chile, 227

metalurgia: Argentina, 23

México, 90; deuda externa, 305

milicias obreras, en Chile, 294

milicias republicanas (Chile), 227, 228

militares de Argentina, 7, 112; papel en el gobierno, 124; papel político de los, 123, 134, 135; Perón y los, 60, 62, 63, 69, 73-75, 77, 78, 117-118; relaciones con los radicales, 98, 102, 103; y Frondizi, 82, 83, 84, 85-86, 87-89, 90, 91; y la actividad terrorista, 125; y la administración Alfonsín, 139-141, 144-145, 149; y la administración Guido, 92-96; y la administración Illía, 99-100; y la administración Menem, 154; y la administración Onganía, 108, 110; y la guerra de las

Malvinas, 135-136; y las protestas populares, 113

militares de Chile, 221-222, 247, 249, 307, 310, 311; participación política de los, 227, 228, 293-295; levantamientos, 277

militares de Paraguay, 200, 203-204; poder

de los, 195, 196, 198; en el stronato, 205-206

militares de Uruguay, 174-175; participación en política, 182-183

Millas, Orlando, 286

minas, propietarios de: Chile, 222

minerales, precios de los, 245

minerales: Chile, 243

minería, industria de la: Chile, 219, 223, 228, 245, 250, 258; efectos de la depresión sobre, 225; salarios reales, 246

minifundios: Chile, 274, 275

minifundistas: Chile, 222, 275, 290

Miranda, Miguel, 22, 71

modernización: Argentina, 92, 93, 102-103, 105; Chile, 245, 255, 259

Molas López, Felipe, ministro de Educación paraguayo, 200, 201

Molina, Juan Bautista, coronel argentino, 11, 30

monetaria, política: Argentina, 72, 84, 86, 87-88, 93-94, 97, 106, 110, 120, 130, 146

monetaria, reforma: Argentina, 142, 143; Paraguay, 202

monetarismo: Argentina, 87; de la Escuela de Chicago aplicada en Chile, 251-252, 256, 263, 297-300, 301, 305

Montanaro, Sabino, ministro del Interior paraguayo, 214

Montero Rodríguez, Juan Esteban, presidente chileno, 226, 294

Montevideo (Uruguay), 157, 181, 185; desempleo en, 178, 183

montoneros, 111, 117, 121-122, 125

Moreno, Rodolfo, 43

Moríñigo, Higinio, general y presidente paraguayo, 193, 194, 195, 196-197, 200, 201; y la guerra civil, 198-199

mortalidad infantil: Paraguay, 211

movilidad social: Uruguay, 157, 164

movilización política: Uruguay, 171

Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), de Paraguay, 213

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), de Chile, 277, 280

Movimiento de Integración Colorado (MIC), de Paraguay, 215

Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Chile, 277, 280, 289, 290

Movimiento de la Juventud Católica (Paraguay), 208

Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), de Uruguay, 173-174, 175, 179, 182, 184, 185-186

Movimiento Democrático Popular (MDP), de Chile, 306

Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), de Paraguay, 213

Movimiento Nacional de Rocha (Uruguay), 184

Movimiento Nacional Socialista (MNS), de Chile, 230, 235

movimiento obrero: Argentina, 11-12, 103, 107; Chile, 231, 237, 250, 298; Paraguay, 191; véase también sindicatos

Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), de Paraguay, 207, 208, 215

Movimiento Renovacionista (Paraguay), 206

Moyano Llerena, Carlos, 111

mujeres: como fuerza social, en Chile, 249; organización de, en Chile, 272

mujeres en la clase trabajadora: Argentina, 23; Chile, 289

multinacionales, compañías: América Latina, 84; Chile, 271; Paraguay, 213

Multipartidaria, coalición argentina de partidos, 134

Mussolini, Benito, 27, 33, 48, 191

nacionalismo, nacionalistas de Argentina, 4, 5, 8, 26-30, 31-32, 39-41, 51, 52, 58, 62, 72-73, 77, 78, 82, 97, 135; administración Levingston, 112; de Frondizi, 83-84; Perón y, 47-56, 57-58; y el golpe de 1943, 43-44, 45-46, 47-48

nacionalismo: Chile, 248; Paraguay, 188, 189, 190, 193

nacionalismo económico: Chile, 227, 228-229, 237, 239, 249, 250

nacionalización, en Argentina: de industrias, 47; de la deuda externa, 147; de las compañías de propiedad extranjera, 29, 39, 46; del petróleo, 14; del sistema financiero, 66

nacionalización, en Chile, 251, 253, 259, 260, 269, 279, 285, 311; de las minas de cobre, 273-274, 281, 283

Naciones Unidas, 55, 162

Nardone, Benito, 168, 170

nazis, nazismo: Argentina, 40-41, 58, 64; Chile, 235; Paraguay, 194, 196; Uruguay, 161

negociaciones colectivas, en Argentina, 67, 110, 122-123; durante el gobierno Alfonsín, 148; suspensión de las, 106, 119

Negro, río, obras hidroeléctricas de (Uruguay), 161, 162

neoliberalismo: Chile, 298; Uruguay, 176, 179, 180, 181

Neruda, Pablo, 233

neutralidad: Argentina, 26, 39, 41, 42, 43, 46, 55, 60, 66; Uruguay, 161

Nicaragua, 134

nitrato, industria del: Chile, 225, 228, 250

nivel de vida: Argentina, 118-119; Uruguay, 162, 176, 183

Nixon, Richard, 169

Nuevos Liberales (Paraguay), 193, 194, 195

Numa Laplane, Alberto, general argentino, 123, 124

obras públicas: Argentina, 33; Uruguay, 162

oferta monetaria: Argentina, 18, 122; Chile, 282

oficialistas (Chile), 271, 276

oligarquía: Argentina, 4; véase también clase alta; élites

oligopolistas chilenos, 248

Onganía, Juan Carlos, general argentino, 94, 95, 98, 99-100, 102, 103, 113, 128; deposición de, 110-111; presidencia, 104-110

Operación Retorno (Argentina), 101

orden político de Argentina, 79, 105-106; bajo Perón, 117-118, 120; peronista, 69, 70; y los militares, 115

orden público: Chile, 279

orden social: Argentina, 76, 78, 108

Organización de Estados Americanos (OEA), 90

organizaciones profesionales (Chile), 222, 292

oro, patrón: Argentina, 15; Chile, 225, 228

Ortiz, Roberto María, presidente argentino, 4, 5, 6, 11, 32-33, 36, 38, 39, 43, 57; retirada y muerte de, 59

Oses, Enrique, 40

Otero, Ricardo, ministro de Trabajo argentino, 119

Ottawa, acuerdos de, 159

Ottawa, conferencia (1932) de, 18

Pacheco Areco, Jorge, presidente uruguayo, 170-174, 177, 179, 181, 184

pachequismo (Uruguay), 171-174

Pacto del Chinchulín (Chile), 158, 166

Pacto del Club Naval (Uruguay), 180, 184

pacto nazi-soviético, 241

Pacto Social (Argentina), 118, 119-120, 121

País, El, periódico de Paraguay, 198

Paiva, Félix, presidente paraguayo, 193, 194

pampas (Argentina), 24

Pampero, El, periódico de Argentina, 40, 42

panamericanismo, 161; Argentina, 38, 39, 41-42

Paraguay: contrarrevolución, 190, 193-195; desde 1930, 187-215; era de Moríñigo, 196-197; gobierno de coalición y guerra civil, 197-200; guerra del Chaco, 187-190; stronato, 203-209

paramilitares, grupos: Argentina, 125

Paraná, Alto, 210

Paredes, Ramón, coronel paraguayo, 192, 194, 195

participación política: Chile, 279, 291; Uruguay, 185

Partido Agrario (Chile), 230

Partido Blanco (o Nacional), de Uruguay, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 179, 184; batallas electorales, 165, 174, 181, 184, 185; cisma en el, 160; en el poder, 167-170, 172; facción herrerista, 160, 161; facción por la Patria, 180, 181, 182, 184; y los militares, 175

Partido Colorado (Paraguay), 187, 188, 191, 192, 193, 197, 203, 213, 214; control de Stroessner del, 203-205; en el poder, 200-203; escisición en, 197-198; facciones en, 213; y el clero católico, 208-209

Partido Colorado (Uruguay), 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 179, 184, 185; ala batllista del, 157, 158, 159; apoyo a la administración de Pacheco, 172; elecciones, 165, 181; escisión en, 160; facción centrista del, 180; facción «Lista 15», 164, 165; y los militares, 174, 175

Partido Comunista (Argentina), 12, 47, 57, 58, 64; en los sindicatos, 79; prohibición del, 87

Partido Comunista (Paraguay), 197, 207; y la guerra civil, 198, 199

Partido Comunista (Uruguay), 169, 172, 174; prohibición del, 175

Partido Comunista Chileno (PCCh), 219, 223, 224, 227, 231-233, 239, 241, 243, 267, 269, 280, 287, 291, 306, 307, 308, 312; alianzas electorales, 253, 255; en oposición a Pinochet, 310; escisión en, 225; ideología en, 271; prohibición del, 247, 250; y el Frente Popular, 236, 241-242; y el gobierno radical, 242, 243, 244, 245, 246, 247, y la política exterior, 229; y las elecciones al Congreso, 233; y los sindicatos, 263-264; y los trabajadores, 234

Partido Conservador (Argentina), 81

Partido Conservador (Chile), 221, 222, 226, 227, 230, 235, 242, 245, 246, 254, 255, 266, 269, 271; grupos escindidos del, 253; y el gobierno radical, 244; y las elecciones al Congreso, 233

Partido Conservador Popular (Argentina), 115

Partido Corporativo Popular (Chile), 230

Partido Cristiano Demócrata (Argentina), 74, 96

Partido del Trabajo Agrario (Chile), 249

Partido Demócrata (Argentina), 63-64

Partido Demócrata Cristiano (Paraguay), 208, 214

Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Chile, 225, 230, 248, 251, 253, 255, 257, 262, 263-264, 265, 266, 267, 269, 270, 278, 281, 287, 290, 292, 294, 311; apoyo al, 270; apoyo de la clase media para, 265; apoyo electoral para, 249, 268, 270-271; como partido centrista dominante, 253; como partido gobernante, 271-275, 276, 312; oposición al gobierno de Pinochet, 306; reformas sociales del, 258; relación con el Partido Nacional, 286; supresión del, 304; violencia en el, 293; y el gobierno de Pinochet, 302; y la UP, 288-289

Partido Demócrata, de Chile, 226, 227, 231, 242, 243

Partido Demócrata Progresista (Argentina), 13

Partido Democrático Nacional (Argentina), 9, 57

Partido Democristiano (Uruguay), 169, 174, 184

Partido Justicialista (Argentina), 91, 139, 148, 149, 153

Partido Laborista (Argentina), 57, 59, 61

Partido Liberal, liberales (Chile), 221, 222, 226, 227, 230, 234, 236, 242, 245, 253, 255, 266; y las elecciones al Congreso, 233; y los radicales, 243, 244

Partido Liberal, liberales (Paraguay), 187, 188-189, 191, 193, 194, 197, 198, 207

Partido Liberal Radical (Paraguay), 207

Partido Liberal Unido (Paraguay), 208

Partido Nacional (Chile), 255, 256, 276, 277, 281, 287, 292; apoyo de la clase media al, 265; y el PDC, 286

Partido Nacional (Uruguay), véase Partido Blanco (Nacional)

Partido Peronista, 61, 62, 75, 145; disolución del, 78, 83

Partido Popular Cristiano (Argentina), 115

Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), de Uruguay, 184

Partido por la Democracia (PPD), de Chile, 311

Partido Radical, radicales (Argentina), 4, 14, 15, 26, 41, 61, 79, 100, 112, 134; como partido de oposición, 125; democracia del, 5, 6, 7; en el Congreso, 118, 121; marginación del, 143; participación política del, 113; pelea con los conservadores, 57, 59; política económica del, 97-98, 102; reorganización interna del, 138; y el golpe de 1943, 44-45, 46; y el peronismo, 80, 96; y el Plan Pinedo, 36; y la industrialización, 31-32; y la polarización, 139; y las elecciones, 9-10, 11, 33, 149, 150; y los sindicatos, 141; y Perón, 53, 57-58, 64, 68, 70, 75, 114, 115

Partido Radical, radicales (Chile), 224, 225, 226, 227, 238, 250, 254, 255, 267, 276, 280; base del, 257; comunistas y, 232; continuación del gobierno, 242-248; desintegración del, 286, 292; en el gabinete, 268; gobiernos del, 219, 221, 223; y el Frente Popular, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 241; y la clase media, 222, 265; y la política exterior, 229; y los sindicatos, 264

Partido Socialista (Argentina), 9, 12, 14, 21, 52, 57, 64, 70, 115; en la Asamblea Constituyente, 81

Partido Socialista (PS), d Chile, 219, 222, 223, 225, 227, 231, 232, 239, 241, 242, 243, 244, 250, 267, 269, 287; alianza electoral con los comunistas, 253, 255; apoyo de la clase media, 265; base del, 258; cambio en, 277; en las elecciones para el Congreso, 233-234; marxismo del, 277; moderación del, 312; oposición al gobierno de Pinochet, 306; sectores del, 280; y el Frente Popular, 236, 241; y I gobierno radical, 242, 243, 247, 248; y el trabajo, 231, 234; y la política exterior, 229; y la UP, 288; y los sindicatos, 264

Partido Socialista (Uruguay), 169, 174

partidocracia (Argentina), 103, 104, 105

Pastor Benítez, Justo, 194

Patagonia, 30

paternalismo: Chile, 230, 237

Patria y Libertad (Chile), movimiento, 265

Patrón Costas, Robustiano, 43

patronazgo: Argentina, 6, 10; Paraguay, 205; Uruguay, 159, 166, 174, 186

PDC, véase Partido Demócrata Cristiano (Chile)

Pedro Juan Caballero (Paraguay), 212

Pérez Esquivel, Adolfo, 131

Pérez Jiménez, Marcos, presidente venezolano, 81, 82

Pérez Leiros, Francisco, 52

Pérez Zujovic, Edmundo, 280

Perlinger, Luis, general argentino, 53

Perón, Eva (Duarte), Evita, 50, 67-68, 69, 114; muerte de, 70

Perón, Juan Domingo, 22, 47-48, 92, 97, 145, 200, 202; apoyo popular para, 54, 60, 63, 68; en el exilio, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 95, 96, 100-101, 103, 109; muerte de, 121; negociaciones de los militares con, 113, 114, 115; Operación Retorno, 101; oposición a, 53, 56, 57, 64; presidencia de, 5, 60-75, 104; reelección de, 68; retorno y caída de, 115-126, 138; subida de, 26, 43-59; y la guerra civil de Paraguay, 199-200

Perón, María Estela Martínez (Isabel), 102, 116, 121-124, 126, 126

peronismo, 56, 58, 59, 65, 68, 70, 85, 96, 133, 249; caída del, 83, 138, 139; carácter conservador del, 74; como movimiento obrero, 59; democrático, 145; después del derrocamiento de Perón, 77; efectos del, 97; equilibrio político inestable en, 102-103; incluido en el sistema

político, 113-114; liderazgo de Menem, 154; política de conciliación con el, 83, 85, 95, 97, 101; política económica del, 64-66, 76; recuperación de la legitimidad, 149, 150; retorno al poder, 79, 91, 117, 121, 125; socialista, 116

peronistas, 59, 60-75, 112, 115, 141; en el Congreso, 142; en la Cámara de Diputados, 143; idea de emanciparse de Perón, 101; resultados electorales, 138, 139, 154; y Frondizi, 91; y la administración Alfonsín, 148, 149, 150

peronistas, masas, 70, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 91; reintegración a la vida política, 93, 95

personalismo: Argentina, 61; Chile, 296, 302; Uruguay, 167

pesca, industria de la: Chile, 220

peso de Argentina, 110; depreciación del, 15, 16, 17, 18, 25; devaluación del, 21, 93, 106, 111, 137; flotación del, 135

peso: devaluación en Chile del, 228, 305; revaluación en Uruguay del, 159, 160, 171, 176

petróleo, crisis mundial del, 119

petróleo, industria del: Argentina, 26, 73, 84-85

petróleo, precios del, 177, 183, 298, 305

Pinedo, Federico, ministro de Hacienda argentino, 10, 11, 17, 35-38, 39, 41, 93

Pinochet, Augusto, general, 131, 256, 259, 262, 312; Chile de, 295-312

Pinto, Aníbal, 258

Pistarini, Pascual, general argentino, 102, 103

Plan Austral, 142-143, 144, 145-146, 147, 152

Plan Conintes (Argentina), 88

Plan Marshall, 66

Plan Pinedo (Argentina), 35-37, 39, 40, 55

Plan Primavera (Argentina), 152-153

Plan Zeta (Chile), 295 n.

planificación económica: Argentina, 35-37; Chile, 259-260; Uruguay, 170

Plaza de Mayo, de Buanos Aires, 135, 149

Plaza, Victorino de la, 7

PLUNA, líneas aéreas de Uruguay, 163

población: Argentina, 3; Chile, 220-221, 223, 249, 256, 262; Paraguay, 187, 212; Uruguay, 157, 167

población rural: Argentina, 24, 52, 58; Chile, 221, 248

pobres urbanos: Chile, 255, 265, 271

pobreza: Chile, 250, 252, 262, 272, 305, 312; Uruguay, 163

poder económico: Chile, 262-263, 271

poder político: Argentina, 9, 10; Chile, 287

poder popular (Chile), 279, 286, 291

policía: Argentina, 127; Uruguay, 159, 174

policía nacional de Chile, 232, 236

policía secreta: Chile, 302, 303-304

política: Paraguay, 197-200; Uruguay, 163, 169, 184

política de Argentina, 33-43; cambios en, 3, 5, 26, 53, 57; bajo Uriburu y Justo, 5-15

política de buena vecindad, de Estados Unidos, 38, 229

política de Chile, 248-249, 278; crisis de la constitucional, 263-266

política de control del comercio: Uruguay, 159, 168

política económica de Argentina, 4, 9, 51, 136-137; administración Alfonsín, 142-144, 145-146, 152-155; administración Frondizi, 84-85, 87-90, 91-92; administración Onganía, 104-105, 106-108; administración Perón, 118; administración peronista, 64-67, 71-73, 76; bajo Isabel Perón, 123; de la década de 1930, 17-20; Partido Radical, 96-98, 102; post-Perón, 78-79, 81

política económica de Chile, 258-259; bajo el gobierno militar, 298-300; de Ibáñez, 252; de Pinochet, 256, 262-263; del Frente Popular, 237; del gobierno de la UP, 280-282, 283-286; gobierno Alessandri, 266-269; gobierno Allende, 280, 280; gobierno Aylwin, 311-312

política económica de Paraguay, 209-210

política económica de Uruguay: administración Gestido, 171; administración Pacheco, 172-174; administración Terra, 159-160; bajo el régimen militar, 176-178

política exterior de Argentina, 43, 45, 50-51; administración Alfonsín, 141-142; administración Frondizi, 90; peronista, 73

política exterior de Chile, 229, 279; administración Frei, 271-272

política fiscal en Argentina, 84, 89, 93, 97, 102, 146, 155

política laboral: Argentina, 67, 68, 79, 86-87

política salarial: Argentina, 97; Uruguay, 183

populismo: Argentina, 112, 121; Chile, 221, 224, 240, 248, 298; Uruguay, 164

Prats, Carlos, general chileno, 292, 293, 294, 302

Prebisch, Raúl, 11, 17, 37, 40, 78

precios: Argentina, 64, 65, 71, 109, 120, 123, 124, 125-126, 129, 130, 145, 153; Chile, 258, 260, 272; internacionales, 256, 258, 260; Uruguay, 177; véase también índice general de precios

precios al consumidor, índice de: Argentina, 142, 154

Prensa, La, periódico argentino, 52, 63

prensa: Chile, 288, 290, 292, 302; Paraguay, 215

presupuesto del gobierno de Chile, 224, 225, 261

Primitiva Gas Company, 46

privado, sector, en Argentina, 92; ayuda gubernamental, 136; crédito bancario para el, 98

privado, sector, en Chile, 255, 267, 301, 311; deuda del, 306; financiación exterior del, 268; inversión en, 261, 273

privado, sector, en Uruguay, 170, 172, 173

privatización: Argentina, 154; Chile, 298, 300, 311

problemas económicos: Chile, 255, 256

problemas sociales: Chile, 255

producción agrícola: Argentina, 72, 73, 98, 107, 131, 147; Chile, 238, 275, 282

producción industrial: Argentina, 72, 124; Chile, 251, 299, 306

producto interior bruto (PIB): Argentina, 15, 16, 73, 98, 108, 122, 136, 137, 142, 143, 155; Chile, 219-220, 256, 259, 267, 272-273, 281-282, 299, 301, 305; Paraguay, 202, 209, 210; Uruguay, 162, 177, 178, 183

Programa de Empleo Mínimo (PEM), de Chile, 305-306

propiedad, derechos de: Chile, 276; Paraguay, 195

proteccionismo: Argentina, 32, 65, 112, 129; Chile, 262; Uruguay, 160, 165, 178

público, sector: Argentina, 65, 101, 106, 134, 142, 143, 148; Chile, 220, 245, 282, 285, 298; Uruguay, 163, 166, 176

Pueblo, El, periódico de Paraguay, 214

Puerto Montt (Chile), 277

Puerto Presidente Stroessner (Paraguay), 212

Pueyrredón, Honorio, 14

Punta del Este, 90

py nandí o «descalzos», campesinos (Paraguay), 198, 199, 208-209

Quadragesimo Anno, encíclica, 28, 49

Quadros, Jánio, presidente brasileño, 90

Quijano, Hortensio, líder radical argentino, 57, 68

química, industria: Argentina, 21

radicales antipersonalistas (Argentina), 9, 11, 13, 14, 32

Radio Nandutí (Paraguay), 214

Ramírez, Pedro, general argentino, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53

Ránquil (Chile), 232

Rawson, Arturo, general argentino, 44, 48, 56

Reagan, Ronald, presidente estadounidense, 134, 307

recesiones: Argentina, 21, 87, 89, 94, 97; Chile, 247, 251, 256, 259, 263, 299, 301; internacionales, 178, 305; Paraguay, 212; Uruguay, 183

recuperación económica: Chile, 227, 228, 237, 256, 261, 299, 307, 308, 309; Paraguay, 202

redistribución: Chile, 251, 253, 259, 382; Uruguay, 158, 163, 164

reforma agraria: Chile, 229, 249, 269, 274-275, 281, 300; Paraguay, 190, 196; Uruguay, 176

reforma económica: Argentina, 11, 17-18

reforma estructural: Argentina, 103; Chile, 272; Uruguay, 169

reforma financiera: Argentina, 130, 136-137

reforma monetaria: Argentina, 142; Uruguay, 168

reforma social: Argentina, 5, 33, 63; Chile, 219, 237, 258, 273; Paraguay, 204

reformas constitucionales: Argentina, 8-9, 68, 74, 80; Chile, 272, 287, 310, 311; Uruguay, 161, 165, 170

reformas de los impuestos, 286

reformas laborales: Argentina, 60

reformas, reformismo: Chile, 223, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 248, 253, 255, 268, 283

regionalismo: Chile, 230

relaciones laborales: Argentina, 67, 97; Chile, 229

Rennie, Ysabel, 46

Renovación Nacional (RN), de Chile, 309, 311

Renovación Peronista, 145, 148, 149

renta nacional, contabilidad de la: Uruguay, 170

renta nacional: Chile, 243, 245, 246, 252

renta per cápita: Chile, 220, 245, 251, 252; Uruguay, 157, 167, 168, 171

renta, distribución de la: Argentina, 32, 64, 65, 66, 71, 72, 84, 87, 97, 106, 129, 137; Chile, 237, 262, 271, 272, 279, 283, 284, 301, 309, 311, 312; Uruguay, 158, 167, 181; véase también riqueza, distribución de la rentas, política de (Argentina), 72, 101, 142, 143; administración Perón, 120, 121

Repetto, Nicolás, 9, 12

represión en Argentina, 41, 46-47, 77, 87, 109-110, 122; bajo Perón, 63-64; de sindicatos, 11-12; régimen militar, 127-129, 131; secuelas de la política de, 138

represión: Chile, 242, 284, 295-296, 298, 302, 304, 307; Paraguay, 196, 206; Uruguay, 159, 172, 174-175

república española, 12, 13

Rerum Novarum, encíclica, 49

Resistencia (Argentina), 23

resistencia civil, movimiento de, en Argentina, 70

Revista de Economía Argentina, 48

Revolución Argentina (1966-1973), 104-115; fases de la, 105-106, 110; Levingston y, 112; y los levantamientos populares, 109-110

revolución cubana, 90, 169, 276, 312; influencia en Argentina, 88

revolución de febrero (Paraguay), 190-192; Decreto-Ley 152 sobre la, 192

Revolución Libertadora (Argentina), 76-82, 83, 88, 96, 112

Riachuelo, río, 57

Riart, Gustavo, 194

Rico, Aldo, teniente coronel argentino, 149

Río de Janeiro, conferencia interamericana (1942), 41-42, 45, 64

Río Negro, valle del, 30

Rioja, La (Argentina), 59, 62, 151

Ríos Morales, Juan Antonio, presidente chileno, 242-244, 245

Roca hijo, Julio A., vicepresidente argentino, 18

Roca Runciman, tratado (1933) de, 4, 18-19, 20, 23, 26, 42

Rockefeller, Nelson, 55

Rodrigo, Celestino, 123, 124, 126

Rodríguez, Andrés, general paraguayo, 211, 214

Rodríguez, Aniceto, 265

Rodríguez de Francia, José Gaspar, presidente paraguayo, 190

Rodríguez de la Sotta, Héctor, conservador chileno, 227

Rodríguez Larreta, Eduardo, ministro de Exteriores uruguayo, 162

Rolón, Raimundo, general paraguayo, 201

Romero Pereira, Tomás, presidente interino paraguayo, 203

Roosevelt, administración, 38

Roosevelt, Franklin D., 55, 229

Rosario (Argentina), 109

Rosas, Juan Manuel de, 29

Ross Santa María, Gustavo, ministro de Hacienda chileno, 228, 234, 235

Rucci, José, secretario general de la CGT argentino, 116

Ruiz Guiñazú, Enrique, ministro de Relaciones Exteriores argentino, 39, 41, 42

Runciman, Walter, 18

rural, sector: Argentina, 5, 78; Chile, 219, 273; Paraguay, 213; Uruguay, 157, 159, 169; véase también agricultura

ruralismo: Argentina, 27, 30, 47; Uruguay, 168

Sabbatini, Amadeo, radical argentino, 14

Sáenz Cerda, Cristóbal, terrateniente radical argentino, 238

Sáenz Peña, Roque, presidente argentino, 7, 9, 10, 33

salario mínimo: Chile, 269; véase también ley sobre el salario mínimo

salarios: Argentina, 87, 92, 111, 146; Chile, 229, 262, 268, 281, 284-285, 288, 298, 300, 309; Paraguay, 202, 209, 211

salarios reales: Argentina, 15, 54, 71, 72, 73, 87, 119, 126, 129, 142; Chile, 222, 246, 250, 269, 272, 282, 297, 299, 301; Uruguay, 172, 173, 177, 178, 183

salarios y precios, control de, 72, 85, 87, 16, 119-120, 129, 143, 145, 152; Chile, 237, 251, 281, 284, 298; Paraguay, 202, 204, 209; Uruguay, 172, 177

salarios, negociaciones de: Uruguay, 163, 177

Salvador, El, 134

San Juan (Argentina), 30, 50

Sánchez Sorondo, Marcelo, 29, 48

Sánchez Sorondo, Matías, ministro del Interior argentino, 7, 9

Sanguinetti, Julio María, presidente uruguayo, 180, 181, 182, 183

sanidad, en el Paraguay, 211

Santa Fe (Argentina), 24, 58-59, 62

Santamarina, Jorge, ministro de Hacienda argentino, 44

Santiago (Chile), 244, 252, 269, 288; barrios de chabolas de, 289-290, 306; cinturón obrero de, 291; población de, 256

Santiago del Estero (Argentina), 30, 59, 62

Santiago, provincia de (Chile), 221, 288

Saravia, Aparicio, 157

Savio, Manuel S., coronel argentino, 41

Scalabrini Ortiz, Raúl, 26, 29; Ferrocarriles Argentinos, 26

Schneider, Rene, general chileno, 278, 293

Secretaría de Trabajo y Bienestar Social (Argentina), 50, 52, 54

Seguridad del Hemisferio, tratado (1942) de, 64

seguridad nacional, doctrina de la: Argentina, 100, 128; Chile, 296, 297, 300; Uruguay, 175, 179

seguridad social: Chile, 229, 309; Uruguay, 163

Sendic, Raúl, líder tupamaro, 173

Seneildin, Mohamed, coronel argentino, 151

Seregni, Líber, general uruguayo, 174, 180

servicios, sector: Argentina, 34; Chile, 220, 246, 257; Paraguay, 212

servicios públicos: Argentina, 104, 125-126, 128, 135, 152; Chile, 220

servicios sociales: Chile, 312

«62 Organizaciones» (Argentina), 79, 85, 86, 99

sindicalismo: Argentina, 79, 86-87, 101; Chile, 223, 238, 245, 247, 253, 272, 276, 288; Uruguay, 162, 163, 169

sindicalistas: Argentina, 11, 12

sindicatos: Paraguay, 191, 198, 202, 208, 213; Uruguay, 157, 178-179

sindicatos de Argentina, 12, 99, 125, 141; ataques a los comunistas de los, 47, 48; bajo el control del gobierno, 47-48, 50, 52, 54-55, 78, 79, 83; y el gobierno de Frondizi, 87; y la administración Alfonsín, 141, 143, 146, 148; y la administración Levingston, 112; y la administración Onganía, 105, 107; y Perón, 54-55, 56, 57, 61, 67, 68, 75, 77

sindicatos de Chile, 163, 182, 223, 229, 231, 232, 253; afiliados de, 275; agrícolas, 223; bajo Pinochet, 302, 304; católicos, 231; de campesinos, 238-239, 245, 247, 276, 290; de patronos, 275; negociaciones colectivas, 301; número de, 240; rurales, 257, 272, 275; y el PDC, 275-276; y los partidos políticos, 263

sindicatos de empleados: Chile, 263, 275; Uruguay, 163, 182

sindicatos rurales, 272, 275

sistema electoral: Argentina, 103, 105; Uruguay, 181, 249

sistema financiero internacional: Argentina en el, 71, 135, 136

soberanía económica: Argentina, 39

socialismo: Chile, 221, 226, 230, 248, 280, 297

socialistas independientes (Argentina), 9, 10, 12

Sociedad de Fomento Fabrie (SFF), de Chile, 221, 230, 234, 239

Sociedad Industrial Americana de Maquinarias (SIAM), 22

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), de Chile, 221, 230, 234, 238, 239, 243, 274, 275

Sociedad Rural Argentina, 53, 67

Solano Lima, Vicente, 96

Solano López, Francisco, mariscal y presidente de Paraguay, 190

Somoza, Anastasio, 134

Sosa Valdés, Dámaso, coronel paraguayo, 193, 195

Sota, José Manuel de la, 145

Stagni, Pablo, mayor paraguayo, 196

Standard Oil Company, 38, 73

Stefanich, Juan, ministro de Asuntos Exteriores paraguayo, 191, 192

Storni, carta de, 45, 50

Storni, Segundo, ministro de Asuntos Exteriores argentino, 45

Stroessner, Alfredo, presidente paraguayo, 199, 201, 202, 213-214, 215

Stroessner, Gustavo, coronel, 214

Stroessner, Hugo, 214

stronato (Paraguay), 203-215; estado y partido bajo el, 203-206; final del, 211-215; oposición bajo el, 206-209; políticas económicas, 209-211

subdesarrollo: América Latina, 81, 84; Argentina, 81, 84; Chile, 219, 220

sufragio femenino: Argentina, 68, 138; Chile, 224, 248, 249, 254, 289

sufragio universal: Argentina, 128

tacnazo (Chile), regimiento, 277

Tamborini, José, 57, 58

tancazo, intentona de golpe, 294

Tarud, Rafael, senador chileno, 280

tecnócratas: Chile, 266-270, 299

Teitelboim, Volocia, 233

Telia, Torcuato di, 22

Teniente, El, mina de cobre de, 273, 289

teología de la liberación, 113

Tercer Movimiento Histórico (Argentina), 145

Terra, Gabriel, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 171

terratenientes: Argentina, 66-67, 76; Chile, 238, 239, 255, 257, 263, 268, 274, 275, 279; Uruguay, 157, 164, 169; véase también hacendados; latifundistas

terrismo (Uruguay), 158-161

terrorismo: Argentina, 87, 122, 123, 125, 127-128; véase también guerrillas; violencia

textil, industria: Argentina, 21, 22-23

Thatcher, Margaret, 136, 142

tiempismo, tiempistas (Paraguay), 194, 196

Tiempo, El, periódico de Paraguay, 194

tierra, expropiación de: Chile, 257, 276, 277, 281, 290

tierra, tenencia de la: Argentina, 24, 35; Chile, 221, 262, 269, 271, 290; Paraguay, 189; véase también hacienda, sistema de; latifundios

tierras, apropiaciones de, 276, 277, 281, 290

tipos de cambio de Argentina, 72, 108, 110, 119, 122, 123, 126, 129, 130, 135, 143, 144; administración Alfonsín, 146, 147; administración Illía, 98; control gubernamental de, 17-18; crisis en, 154

tipos de cambio de Chile, 261, 268, 298, 305; fijo, 281, 301

tipos de cambio: Paraguay, 202; Uruguay

Tomaso, Antonio de, ministro de Agricultura argentino, 10

Tomic, Radomiro, radical chileno, 255, 270, 277, 288

Toranzo Montero, C., general argentino, 88-89

Toranzo Montero, Federico, general argentino, 94

Toribio Merino, José, almirante chileno, 296 n.

Torre, Lisandro de la, 8, 9, 13, 21

tortura: Chile, 296, 302; Uruguay, 173, 175

Townley, Michael, asesino de Letelier, 303

trabajadores agrícolas: Argentina, 24-25; Chile, 222, 238-239, 249

trabajadores en la industria, participación de los: Chile, 283, 285

trabajadores rurales: Chile, 223, 232, 290

trabajadores urbanos: Chile, 223, 276; Uruguay, 163

trabajo: Argentina, 22, 23, 30, 53-54, 61, 98-99; Chile, 234, 244, 246, 247, 248, 301; Paraguay, 191; Uruguay, 173

tradicionalistas (Paraguay), 213, 214

Tramonti, Antonio, líder de la CGT argentina, 12

transporte, sector del: Chile, 292

transporte, sistema de: Chile, 245

Tribunal Supremo (Argentina), 56, 57, 63, 103

Tribunal Supremo (Chile), 311

Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), 122, 123

Triple Alianza o guerra del Paraguay, guerra (1865-1870) de la, 190

trotskistas (Chile), 225-226, 227, 232

Trujillo, Rafael, general y presidente dominicano, 82

Truman, Harry S., presidente estadounidense, 55, 64

Tucumán (Argentina), 30, 59, 105

tupamaros, véase Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)

Unidad Popular (UP), de Chile, 255-256, 263; como partido de gobierno, 277-278, 279-280, 281, 282, 283-286, 287, 288-291, 292, 293, 294, 299, 302; y el golpe militar, 295

Unidad y Reforma (Uruguay), 172

Unión Blanca Democrática (Uruguay), 168

Unión Cívica (Uruguay), 180

Unión Cívica Radical (UCR), de Argentina, 59, 64, 144

Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), de Argentina, 80-81, 91, 96

Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), d Argentina, 80-81, 91, 96

Unión Cívica Radical-Junta Renovadora (Argentina), 57, 59

Unión Colorada y Batllista (UCB), de Uruguay, 170, 181

Unión de Estudiantes Secundarios (Argentina), 69

Unión del Pueblo Argentino, 96

Unión Democrática (UD), de Argentina, 57, 58, 59, 61, 63, 79

Unión Democrática Independiente (UDI), de Chile, 311

Unión Ferroviaria (Argentina), 12, 48, 50

Unión Industrial Argentina, 32, 35, 53, 67

Unión Nacional Paraguaya (UNP), 206

Unión Nacional Revolucionaria (UNR), de Paraguay, 192

Unión Obrera Metalúrgica (Argentina), 52

Unión Popular (Argentina), 95, 96, 98

Unión Republicana (Chile), 230

Unión Sindical Argentina (USA), 12

Unión Soviética: y Chile, 241, 244, 247, 282, 286; relaciones con Argentina, 64; relaciones con Uruguay, 161

Unión Telefónica (Argentina), 29

Universidad Católica de Chile, 271, 297

Universidad Católica de Paraguay, 208

universidades: Argentina, 63, 104, 123; Uruguay, 175

urbanización: Argentina, 60; Chile, 220-221; Paraguay, 212; Uruguay, 157, 160

Uriburu, José Félix, general y presidente argentino, 7-11, 13, 14, 27, 38, 48, 104; manifiesto de, 28; política bajo, 5-15; política económica de, 16, 19

Uruguay, 50, 295, 296, 307; depresión y terrismo, 157, 158-161; gobierno militar, 174-182; nacionalistas en el poder, 167-170; Oficina de Planificación y Presupuesto, 170; pachequismo, 171-174; poder militar en, 138, 139; restauración de la democracia, 182-186; restauración de los batllistas, 161-165; segundo colegiado y la crisis económica, 165-167

Valdés, Abel, periodista chileno, 49

Valparaíso (Chile), 221

Vandor, Augusto, sindicalista argentino, 99, 101, 102, 109, 111

Vanguardia Febrerista (Paraguay), 206

Vargas, Getúlio, presidente brasileño, 48

Vaticano, 131, 238

Végh Villegas, Alejandro, ministro de Economía uruguayo, 177, 178

Venezuela, 206

Vestey Brothers, compañía, 13

Victoria, La, barrio de Santiago, 306

Videla, Jorge R., general argentino, 124, 126, 127, 131, 133, 140, 141

Villarica (Paraguay), 212

Villarín, León, 292

Villegas, Osiris, general argentino, 96

Viola, Roberto, general argentino, 131, 133-134, 140

violencia: Argentina, 111, 124-125, 127-128, 138; Chile, 277, 279, 280, 293, 294, 296; Uruguay, 176

vivienda; Chile, 252, 273

voto en blanco, campaña a favor del, en Argentina, 81, 82, 91, 96

Voz Nacionalista, La (Argentina), 28

Vuskovic, Pedro, ministro de Economía chileno, 283, 285, 286

Weil, Félix, 6, 15, 30

Welles, Sumner, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, 45

West Point, 99, 100

Whebe, Jorge, ministro de Economía argentino, 137

White, John W., 38, 41

Wythe, George, economista, 31

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de Argentina, 34

Yarur, planta textil (Chile), 285

Yegros, Elpidio, 192

Ynsfrán, Edgar, ministro del Interior paraguayo, 205, 215

Yrigoyen, Hipólito, presidente argentino, 5-6, 7, 9, 11, 14, 15, 32, 43, 79, 113, 145

yrigoyenismo, en Argentina, 5-6, 7-8, 9, 26, 32

Yugoslavia 247

Zaldívar, Andrés, ministro de Hacienda chileno, 271 n.

Zamorano, Antonio, diputado del FRAP chileno, 253

Zañartu Prieto, Enrique, liberal chileno, 277

Zapata, Emilio, socialista chileno, 238

Zavala Ortiz, Miguel Ángel, líder de la UCRP, 95

Zubizarreta, Gerónimo, 193

ÍNDICE DE CUADROS

6.1. Porcentaje de votos obtenidos por los principales partidos en las elecciones para el Congreso (diputados), 1957-1973

6.2. Las elecciones presidenciales de 1958

6.3. Las elecciones presidenciales de 1964

6.4. Las elecciones presidenciales de 1970

6.5. Huelgas en 1971 y 1972

6.6. Sector estatal, 1970-1973

6.7. Las elecciones nacionales de la CUT, 1972

ÍNDICE DE MAPAS

Argentina, Uruguay y Paraguay

Chile

Notas

[1] Véase Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, pp. 318, 368,400, 428. <<

[2] Citado en Félix Weil, Argentine Riddle, Nueva York, 1944, p. 63. <<

[3] Ibarguren, op. cit, p. 380. <<

[4] Weil, op. cit., p. 39. <<

[5] Véase Comisión de Estudios de la Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, El nacionalismo: Una incógnita en constante evolución, Buenos Aires, 1970, p. 29. <<

[6] Crisol, 14 de febrero de 1932. <<

[7] Citado en Carlos Ibarguren hijo, Roberto de Laferrère (periodismo-política-historia), Buenos Aires, 1970, p. 32. <<

[8] Véase abajo, pp. 17-18, 35-38. <<

[9] Weil, Argentine Riddle, p. 6. <<

[10] H. O. Chalkley, en Department of Overseas Trade, Great Britain, Economic Conditions in the Argentine Republic, Londres, 1933, p. 146; Stanley G. Irving, en Department of Overseas Trade, Great Britain, Economic Conditions in the Argentine Republic, Londres, 1935, p. 174. <<

[*] Ministerio de Comercio británico. (N. del t.). <<

[11] Alfredo E. Lattes, «La dinámica de la población rural en la Argentina», Cuadernos del CENEP, n.º 9, (1979). <<

[12] Véase Chalkley, Economic Conditions in the Argentine Republic, 1935, p. 174. <<

[13] Citado en Arturo Jauretche, «De FORJA y la década infame», en Alberto Ciria, ed., La década infame, Buenos Aires, 1969, p. 91. <<

[14] Ibarguren hijo, Laferrère, pp. 69-70. <<

[15] Véase Comisión de Estudios, El nacionalismo, pp. 110-111. <<

[16] Federico Ibarguren, Orígenes del nacionalismo argentino, 1927-1937, Buenos Aires, 1969, p. 398. <<

[17] La Voz Nacionalista, «El nacionalismo argentino», Buenos Aires, 1935, p. 5. <<

[18] Crisol, 21 de febrero de 1932. <<

[19] Marcelo Sánchez Sorondo, La revolución que anunciamos, Buenos Aires, 1945, p. 35. <<

[20] Véase Tulio Halperín Donghi, El revisionismo histórico argentino, Buenos Aires, 1971, p. 14. <<

[21] Raúl Scalabrini Ortiz, «De: Política británica en el Río de la Plata», en Ciria, ed., La década infame, p. 198. <<

[22] Weil, Argentine Riddle, p. 4. <<

[23] Alejandro E. Bunge, «Esplendor y decadencia de la raza blanca», Revista de Economía Argentina, n.º 259 (enero de 1940), pp. 9-23. <<

[24] Citado en Vernon L. Phelps, The International Economic Position of Argentina, Filadelfia, 1938, p. 7. <<

[25] Citado en Eduardo F. Jorge, Industria y concentración económica, Buenos Aires, 1971, p. 172. <<

[26] Véase «El plan de reactivación económica ante el Honorable Senado», Desarrollo Económico, 19. n.º 75 (1979), p. 404. <<

[27] «El plan de reactivación económica», p. 423. <<

[28] John W. White, The Life Story of a Nation, Nueva York, 1942, pp. 21, 311. <<

[29] El Fortín, enero de 1941. <<

[30] La Maroma, octubre de 1939. <<

[31] Citado en Comisión de Estudios, El nacionalismo, p. 50. <<

[32] Estatutos del Consejo Superior del Nacionalismo, Buenos Aires, 1941. <<

[33] Raúl Prebisch, «Argentine Economic Policies since the 1930s - Recollections», en Guido Di Telia y D. C. M. Platt, eds., The Political Economy of Argentina, 1880-1946, Londres, 1986, p. 146. <<

[34] Ibarguren hijo, Laferrère, p. 94. <<

[35] Citado en Stewart Edward Sutin, «The Impact of Nazism on Germans in Argentina», tesis doctoral, Universidad de Texas, 1975, p. 68. <<

[36] White, Argentina, p. 292. <<

[37] Citas de Robert A. Potash (comp.), Perón y el G. O. U.: Los documentos de una logia secreta, Buenos Aires, 1984, pp. 101-102, 103, 199,200. <<

[38] Citado en ibíd., p. 235. <<

[39] Ibid., p. 220. <<

[40] Ysabel Rennie, The Argentine Republic, Nueva York, 1945, p. 344. <<

[41] Cabildo, 15 de noviembre de 1943, 1 de enero de 1944, 2 de noviembre de 1943. <<

[42] Ibid., 28 de octubre de 1943, 30 de octubre de 1943. <<

[43] La Razón, 8 de junio de 1943. <<

[44] Sánchez Sorondo, La revolución que anunciamos, p. 246. <<

[45] La Razón, 8 de junio de 1943. <<

[46] Cabildo, 11 de noviembre de 1943. <<

[47] Ibid., 11 de noviembre de 1943. <<

[48] Ibid., 30 de noviembre de 1943; La Razón, 10 de diciembre de 1943. <<

[49] Cabildo, 12 de enero de 1944. <<

[50] Ibid., 25 de junio de 1944. <<

[51] La Prensa, 11 de junio de 1944. <<

[52] Cable del 11 de julio de 1945. Citado en Bryce Wood, The Dismantling of the Good Neighbor Policy, Austin, Texas, 1985, p. 96. <<

[53] Citado en Darío Cantón, «El ejército en 1930: El antes y el después», en Haydée Gorostegui de Torres, ed., Historia integral Argentina, vol. 7, Buenos Aires, 1970, p. 11. <<

[54] La traducción literal de esta expresión dice «hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía». Véase Félix Luna, El 45, Buenos Aires, 1971, p. 295. <<

[55] Citado en Wood, Dismantling of the Good Neighbor Policy, p. 113. <<

[56] Citado en Enrique Díaz Araujo, La conspiración del ’43, Buenos Aires, 1971, p. 95. <<

[57] La distinción entre las clases obreras «vieja» y «nueva» y su contribución al apoyo electoral a Perón en 1946 se documenta y debate en Peter H. Smith, «La base social del peronismo», y Gino Germani, «El surgimiento del peronismo: El rol de los obreros y de los migrantes internos», en Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente, eds., El voto personista: Ensayos de sociología electoral argentina, Buenos Aires, 1980, pp. 39-164. <<

[*] Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a Guido Di Tella, cuyo manuscrito sobre la historia económica de este periodo nos fue de suma utilidad, si bien la responsabilidad final de este capítulo es exclusivamente nuestra. <<

[1] Eva Perón, La razón de mi vida, Peuser, Buenos Aires, 1951, p. 122. <<

[2] Véase Alberto Ciria, Política y cultura popular. La Argentina peronista, De la Flor, Buenos Aires, 1984, p. 62. <<

[3] La Nación, 17 de septiembre de 1953; citado en Robert Potash, El ejército y la política en la Argentina, 1945-1962, Sudamericana, Buenos Aires, 1981, p. 225. <<

[4] La Nación, 1 de septiembre de 1955; citado en Potash, op. cit., p. 268. <<

[5] Arturo Frondizi, Mensajes presidenciales, Buenos Aires, 1978, p. 133. <<

[6] La Nación, 7 de agosto de 1964; citado en Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y democracia, 19551983, CEDEAL, Buenos Aires, 1983, p. 100. <<

[7] Clarín, 28 de julio de 1972; citado en Liliana de Riz, Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista, Hispamérica, Buenos Aires, 1987, p. 46. <<

[8] Citado en Liliana de Riz, op. cit., p. 63. <<

[9] La Nación, 21 de junio de 1974; citado en Liliana de Riz, op. cit, p. 90. <<

[10] El Descamisado, 11 de septiembre de 1973; citado en Guido Di Telia, Perón-Perón, 1973-1976, Sudamericana, Buenos Aires, 1983, p. 55. <<

[11] Citado en Carlos Floria y César García Belsunce, Historia política de la Argentina contemporánea, Hachette, Buenos Aires, 1988, p. 238. <<

[1] «Puedo asegurarles que no hay país en el que se viva como vivimos nosotros… conquistas como las nuestras, no las vive, en estos momentos, ningún pueblo de la tierra». Luis Batlle, Pensamiento y acción, vol. 2, Montevideo, 1966, p. 72. <<

[*] O PBI, producto bruto interno. <<

[2] Julio Millot, Carlos Silva y Lindor Silva, El desarrollo industrial del Uruguay, Montevideo, 1973, Cuadros 7, 23. <<

[3] Instituto de Economía, Uruguay: Estadísticas básicas, Montevideo, 1969, Cuadro 64; M. H. J. Finch, A Political Economy o} Uruguay since 1870, Londres, 1871, Cuadro 6.3. <<

[1] En un artículo para El Liberal (6 de diciembre de 1934), p. 1, Estigarribia afirmó que en Boquerón, la primera batalla importante de la guerra, sus hombres lucharon sin elementos apropiados en lo que se refería a armas, municiones, medicamentos y provisiones. Para el transporte se utilizaban bueyes en vez de camiones, y sus hombres combatieron con el estómago vacío. Citado en Alfredo M. Seiferheld, Estigarribia: Veinte años de política paraguaya, Asunción, 1982. <<

[2] David H. Zook, Jr., The Conduct of the Chaco War, Nueva York, 1960, p. 79. <<

[3] El texto de esta ley se reimprime en Policarpo Arraza, Ayala, Estigarribia, y el Partido Liberal, Buenos Aires, 1946, pp. 155-157. <<

[*] Dícese de las personas que tienen poder e influencia suficientes para escoger a un gobernante o a un candidato a ocupar un cargo público (N. del T.). <<

[4] Sobre las facciones del Partido Liberal y la controvertida candidatura de Estigarribia, véase Seiferheld, Estigarribia, pp. 343-376. <<

[5] La justificación de Estigarribia se encuentra en un ensayo que sigue el texto de la Constitución de 1940 en Amos J. Peasler, Constitutions of Nations, vol. 2, La Haya, 1956. <<

[6] Sin embargo, Paraguay no declaró la guerra a Alemania hasta el 9 de febrero de 1945, unos seis meses más tarde. <<

[7] Sobre la reorganización del Partido Colorado, véase César R. Gagliardone, Plan de organización política del Partido Colorado, Buenos Aires, 1968. <<

[8] James Wilkie, ed., Statistical Abstract of Latin America, UCLA Latin American Center Publications, vol. 17, Los Ángeles, 1976, p. 333; e ibíd., vol. 27, 1989, p. 961. <<

[9] Sobre el auge económico del decenio de 1970, véase Carlos Fletschner y otros, Economía del Paraguay contemporáneo, 2 vols., Asunción, 1984. <<

[10] Statistical Abstract of Latin America, vol. 27, Los Ángeles, 1989, p. 273. <<

[11] R. Andrew Nickson, «Tyranny and Longevity: Stroessner’s Paraguay», Third World Quarterly, 10, n.º 1 (1988), p. 256. <<

[12] «El futuro colorado», Somos, 8 de febrero de 1989, p. 52. <<

[1] Aníbal Pinto Santa Cruz, ed., Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 19251952, Santiago, 1954, pp. 78-82. <<

[2] El Mercurio, 9 de junio de 1932. <<

[3] Hoy, n.º 1 278 (18 de marzo de 1937), p. 10. <<

[4] U. S. Department of State Archives, Record Group 59 (USDOS en lo sucesivo), Santiago, 29 de octubre de 1938, 825.00/1085. <<

[5] Ibid. <<

[6] USDOS, Santiago, 9 de noviembre de 1938, 825.00/1093. <<

[7] Rafael Luis Gumucio, Me defiendo, Santiago, 1939, p. 65. <<

[8] Erico Hott Kinderman, Las sociedades agrícolas nacionales y su influencia en la agricultura de Chile, Santiago, 1944, pp. 21-22. <<

[9] Isauro Torres y Pedro Opitz, Defensa de los gobiernos de izquierda, Santiago, 1942, p. 3. <<

[10] Arturo Olavarría Bravo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols., Santiago, 1962, 1965, vol. 1, p. 555. <<

[*] Siglas de la Federación Norteamericana de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales. (N. del T). <<

[11] La mayoría de estas cifras se han sacado de Héctor Várela Carmona, «Distribución del ingreso nacional en Chile a través de las diversas clases sociales», Panorama Económico, 12, n.º 199 (1959), pp. 61-70; ídem, «Distribución del ingreso nacional», Panorama Económico, 13, n.º 207 (1959), p. 405; Flavián Levine B. y Juan Crocco Ferrari, «La población chilena», Economía, 5 n.os 10-11 (1944), pp. 31-68; Partido Radical, 14 años de progreso, 1938-1952, Santiago, 1952, esp. pp. 37-47; Corporación de Fomento de la Producción, Geografía económica de Chile, 4 vols., Santiago, 1950, 1962, vol. 2, pp. 224-324; ídem, Cuentas nacionales de Chile: 1940-1954, Santiago, 1957; Markos J. Mamalakis, Historical Statistics of Chile, 2 vols., Westport, Conn., 1979, 1980, vol. 2, p. 315; Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, 1962, pp. 136-139, 185-198. <<

[12] Puede encontrarse información sobre el estudio de muestra así como otros aspectos del segundo período de Ibáñez en Federico G. Gil, The Political System of Chile, Boston, 1966, pp. 28-31. <<

[1] Las estadísticas chilenas son un campo de minas político. El presente capítulo se atiene en gran medida al Informe del Banco Mundial, Chile: An Economy in Transition, Washington, D. C., 1980; Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy, New Haven, Conn., 1980; y, especialmente, Estudios CIEPLAN. Es difícil construir series debido a los cambios habidos en los métodos de cálculo oficiales y no en menor medida para los incrementos de precios. Asimismo, el organismo de planificación oficial, ODEPLAN, revisa de vez en cuando sus cálculos anteriores. <<

[2] Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario, Santiago, 1981, p. 44. <<

[3] Véase Ricardo Lagos y Víctor Tokman, «Global Monetarism, Employment, and Social Stratification», World Development 12, n.º 1 (1984), pp. 43-66. <<

[4] Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, 1962. <<

[5] Calcular la subida real del índice de precios al consumo es muy difícil cuando los movimientos de los precios son tan irregulares. Sin embargo, la cuestión es importante, toda vez que afecta a aspectos políticamente delicados tales como el nivel de los salarios reales. Los cálculos más cuidadosos y exactos son los de René Cortázar y Jorge Marshall, Índice de precios al consumidor, en Estudios CIEPLAN, n.º 4 (1980), pp. 159-201. <<

[6] Citado en Oscar Landerretche, «Inflation and Sociopolitical Conflicts in Chile, 1955-1970», tesis, Universidad de Oxford, 1983, pp. 33-34. <<

[7] Citado por Laurence Whitehead en Rosemary Thorp y Laurence Whitehead, eds., Inflation and Stabilisation in Latin America, Londres, 1979, p. 68. Whitehead añade: «Ni que decir tiene, entre 1970 y 1973 el partido de Frei adoptó exactamente la estrategia que criticaba en sus adversarios». <<

[*] Siglas de la Agencia Internacional de Desarrollo. (N. del T.). <<

[8] Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile, 1952-1970, Santiago, 1973, p. 199. <<

[9] Este es el argumento del artículo clásico de Osvaldo Sunkel, «La inflación chilena: Un enfoque heterodoxo», El Trimestre Económico, México, (octubre de 1958). <<

[10] Véase Penelope Pollitt, «Religión and Politics in a Coal Mining Community in Southern Chile», tesis, Universidad de Cambridge, 1981. <<

[11] Arturo Valenzuela, «Origins and Characteristics of the Chilean Party System: A Proposal for a Parliamentary Form of Government», mimeografiado (1984), cuadro 3. Esta sección sobre los partidos debe mucho a las percepciones de Valenzuela. <<

[12] Juan Linz y Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration, Baltimore, 1978, p. 38. <<

[13] Informe del Banco Mundial, Chile, p. 11. Parece que el gobierno absorbió los efectos de los terremotos de 1960 aun cuando destruyeron, según se calcula, el 9 por ciento del PIB, principalmente edificios. <<

[14] Según el informe del Congreso norteamericano, «La CIA gastó más de 2,6 millones de dólares para apoyar al candidato del PDC… Más de la mitad de la campaña del candidato del PDC la financiaron los Estados Unidos, aunque a él no se le informó de esta ayuda». Informe de la Comisión Especial para el Estudio de las Operaciones del Gobierno en relación con Actividades de Espionaje, Covert Action in Chile, 1963-1973, Senado de los EE. UU., Washington, D. C., 1975, p. 9. <<

[15] Radomiro Tomic, «Christian Democracy and the Government of the Unidad Popular», en Federico Gil, Ricardo Lagos y Henry Landsberger, eds., Chile at the Turning Point: Lessons on the Socialist Years, 1970-1973, Filadelfia, 1979, p. 214. <<

[16] Así, según Andrés Zaldívar, destacado miembro del PDC y ex ministro de Hacienda, «Somos culpables de mucho sectarismo… cometimos un error fundamental al no aliamos con los radicales y otros grupos de tendencias socialdemócratas». Florencia Varas, Exilio en Madrid, Santiago, 1983, p. 56. <<

[17] El estatuto instaba a Allende a respetar las libertades políticas y civiles y a garantizar la existencia de partidos políticos, libertad de prensa, libertad de educación, libertad de los sindicatos respecto del control del estado y libertad de las fuerzas armadas respecto de la injerencia política. Como señala Arturo Valenzuela, la necesidad misma de pedir al presidente electo que garantizase que, efectivamente, respetaría la Constitución indicaba hasta qué punto estaba erosionada la confianza política. Valenzuela: The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978, p. 49. <<

[18] La cuestión que derrotó a la UP, según el senador socialista de izquierdas Carlos Altamirano, no fue la duda sobre lo que había que hacer, sino cómo hacerlo. Esto no difiere mucho de la afirmación de Sergio Bitar, ministro de Minas en el gobierno de la UP, en el sentido de que uno de los principales defectos del gobierno fue su incapacidad para poner en práctica una estrategia clara. Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota, México, 1977, p. 44, y Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia: La experiencia chilena, México, 1979, p. 15. <<

[19] José Garcés, uno de los consejeros políticos de Allende, criticó mucho la falta de «confianza, respeto y disciplina» de los partidos en sus relaciones mutuas, en sus relaciones con el gobierno y en sus relaciones con el propio Allende. Garcés, Allende y la experiencia chilena, Barcelona, 1976, pp. 228, 455-5. <<

[20] José Serra y Arturo León, La redistribución del ingreso en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, documento de Trabajo n.º 70, FLACSO, Santiago, julio de 1978, p. 61. También criticaban la confianza injustificada en el exterior que demoró en un año la búsqueda de la renegociación de la deuda; la política errónea consistente en mantener un tipo de cambio fijo; y la tolerancia excesiva en relación con los gastos sociales. La medida en que la redistribución de la renta basada en los incrementos salariales realmente beneficia a los muy pobres (muchos de los cuales no perciben salarios) es discutible. Véase el perceptivo estudio de Alejandro Foxley y Óscar Muñoz, «Income Redistribution, Economic Growth and Social Structure», Oxford Bulletin of Economics and Statistics 36, n.º 1 (1974), pp, 21-24. <<

[*] Incluye tanto el campo social como el mixto (es decir, administradas conjuntamente por el estado y los sectores privados) y seis industrias nuevas que se cerraron después de 1970. <<

[21] Según Tomic, «La estrategia de la UP nunca fue colaborador con los demócratas cristianos, sino dividirlos y destruirlos». Según Altamirano, el PDC sólo parecía querer negociar con el fin de confundir a la UP y hacer callar a los senadores democráticos de la UP. Tomic, «Christian Democracy», p. 190. Altamirano, Dialéctica, p. 98. Véase también Garcés, Allende, p. 213. <<

[*] Grupo del MIR. <<

[**] Incluye los votos datos a otros partidos pequeños y los votos nulos. <<

[***] Incluye los votos de partidos pequeños y los votos nulos. <<

[22] La intervención directa de los Estados Unidos en el golpe sigue dando origen a discusiones. Lo que es seguro, sin embargo, es la larga y estrecha relación entre los Estados Unidos y los militares chilenos. Entre 1950 y 1972 Chile recibió 43 millones de dólares en armas y pertrechos militares norteamericanos; entre 1973 y 1976 recibió 143 millones de dólares. El ministro de Asuntos Exteriores de Allende, Clodomiro Almeyda, alega que las fuerzas armadas estadounidenses, especialmente el servicio de información de la marina, participaron en la planificación técnica del golpe. Almeyda, «The Foreign Policy of the UP Government», en S. Sideri, ed., Chile, 1970-1973: Economic Development and its International Setting, La Haya, 1979, p. 116. Sin embargo, esta alegación se niega en la crónica del embajador norteamericano Nathaniel Davis, The Last Two Years of Salvador Allende. <<

[23] Estas afirmaciones las hace Radomiro Tomic. Citado de un artículo de Tomic en Gil y otros, eds., Chile at the Turning Point, p. 273. <<

[24] Sacada del folleto que publicó el Departamento de Prensa del Gobierno con el título de September 11th, 1973: The Day of National Liberation. Los medios propagandísticos del gobierno militar produjeron numerosos documentos cuya finalidad era probar las siniestras intenciones del gobierno de la UP, entre ellas el «Plan Zeta», cuyo objetivo era asesinar a destacadas figuras políticas y militares. Este «plan» y otros inventos imaginativos se encuentran en el «White Book» del gobierno publicado poco después del golpe. Otros documentos hacen hincapié en el carácter nacional y patriótico de las fuerzas armadas; véase, por ejemplo, la Declaración de principios del gobierno de Chile, Santiago, marzo de 1974. <<

[25] Manuel Antonio Garretón, El proceso político chileno, Santiago, 1983. <<

[26] Los otros miembros de la junta militar de gobierno eran el almirante José Toribio Merino, de 57 años, otro especialista en geopolítica; el general Gustavo Leigh, jefe de la fuerza aérea, que al principio fue identificado con los elementos neofascistas del gobierno pero más adelante fue destituido por Pinochet por sus críticas en cuestiones de política; y el general César Mendoza, jefe de los carabineros. <<

[27] La función legislativa la ejercía la junta, asistida por una serie de comisiones. Estas comisiones estaban formadas por civiles que desempeñaron un papel importantísimo en lo que se refiere a dar forma y determinar la política que debía seguirse. Pero Pinochet mantuvo su propia banda de asesores civiles, que llevaban sus asuntos con gran secreto. <<

[28] La crítica más sostenida e informada de la política económica del gobierno procede de los economistas del CIEPLAN. Esta sección se atiene mucho a Ricardo French-Davis, «El experimento monetarista en Chile», Estudios CIEPLAN n.º 9 (1982); y Alejandro Foxley, Latin American Experiments in Neo-Conservative Economics, Berkeley, Calif. 1983. <<

[29] Femando Dahse, El mapa de la extrema riqueza, Santiago, 1979. La parte de los recursos financieros depositada en instituciones privadas subió del 11 por ciento en 1970 al 64,7 por ciento en 1979. <<

[30] Estas cifras han sido objeto de una revisión minuciosa que induce a pesar que la tasa de crecimiento fue un 20 por ciento más baja para 1976-1981 de lo que afirmaba el gobierno. Patricio Meller y otros, «¿Milagro económico o milagro estadístico?», Mensaje (mayo de 1985), pp. 145-149. <<