Entrega n.º 160 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado a Cataluña y Felipe V.

AA. VV.

Cataluña y Felipe V

Cuadernos Historia 16 - 160

ePub r1.1

Titivillus 22.12.2019

Título original: Cataluña y Felipe V

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

La Guerra de Sucesión
y sus consecuencias

Joaquín Nadal Farreras

Profesor de Historia Contemporánea

Universidad Autónoma de Barcelona

DSPUES de más de un año de asedio, el 11 de septiembre de 1714, la ciudad de Barcelona caía en poder de las tropas franco-españolas de Felipe V. Se cerraba así prácticamente el último episodio de la Guerra de Sucesión. Sin embargo, la significación histórica de esa jornada y, en definitiva, de toda la guerra ha trascendido los límites de un hecho puntual en el devenir histórico español para adquirir una especial significación política.

Con este objetivo el lector encontrará en este cuaderno elementos suficientes para valorar las repercusiones del desenlace de la guerra sobre los territorios desafectos a la causa borbónica. Repercusiones que perjudicaron duramente al orden institucional, político, económico y social de los países de la antigua Corona de Aragón.

En el caso concreto de Cataluña, el desmantelamiento del orden institucional, cuya continuidad habían acordado los Reyes Católicos en el momento de la unión de sus respectivos reinos, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo una auténtica consideración de cataclismo. De un lado, por la mitificación del pasado medieval, en gran parte por las consecuencias reales de la guerra y en muy buena medida porque la derrota de 1714 fue un punto de referencia fundamental en el campo literario, artístico, histórico y político de la Renaixença catalana en el siglo XIX.

La primera celebración

La voluntad de conmemorar en la fecha del 11 de septiembre una jornada catalanista de carácter reivindicativo empezó a tomar cuerpo en el último tercio del siglo pasado, y la voluntad represora ejercida por las clases dominantes a muy distintos niveles ante el tono reivindicativo que, desde muy pronto, adquirió la jornada, acabaron configurándola como una auténtica jornada de lucha, eje fundamental en la progresiva afirmación del pueblo catalán en su empeño por conseguir unos instrumentos de autogobierno que se expresaba a menudo en la reivindicación de las instituciones anteriores a la Nueva Planta.

Fue exactamente en 1886, después de la realización de la estatua dedicada a Rafael de Casanova, durante una misa en Santa María del Mar, el canónigo Jaume Collell no pudo pronunciar el sermón que se había preparado por expresa prohibición del obispo de la diócesis, Jaume Catalá. Desde aquel momento la estatua de Casanova y la jornada del 11 de septiembre han constituido anualmente, con los altibajos propios de las cambiantes circunstancias políticas, el centro de grandes jornadas de afirmación catalanista.

Pero en la conciencia popular quedó pronto muy claro que, tras el simbolismo de la jornada, más que la evocación idealizada de un momento de la historia de Cataluña, lo que se jugaba a cada instante eran la lucha por la soberanía del pueblo catalán y la libertad para escoger sus propias instituciones de gobierno.

¿Cuáles son, pues, las coordenadas adecuadas para valorar en su circunstancia histórica el 11 de septiembre? ¿Podemos hablar, como hizo, en 1906, Salvador Sanpere i Miquel, de El fin de la nación catalana, o por el contrario, a pesar del desmantelamiento institucional, los efectos de la guerra no calaron tan hondo como para integrar definitivamente a Cataluña en un Estado unitario y centralista?

En el mismo siglo XVIII y no digamos ya en el XIX hay pruebas documentales suficientes, exhumadas por Ernest Lluch, E. Moreu-Rey o Pierre Vilar, para detectar la persistencia de una actitud conscientemente anticentralista en sectores de la sociedad catalana que no habían acabado de encajar la derrota de 1714, a pesar de los supuestos efectos estimulantes del reformismo borbónico para la economía catalana.

Reconocimiento de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V y homenaje por el embajador español en la corte de Francia, marqués de Castelldosrius.

Felipe de Anjou mata simbólicamente el dragón del pasado y se convierte en Felipe V de España (óleo de Felipe de Silva, monasterio de El Escorial).

Si aceptamos, pues, de entrada, que el desenlace de la Guerra de Sucesión tuvo unos efectos claramente represivos, de voluntad desnacionalizadora y, en suma, negativos para Cataluña, pero rechazamos algunos de los planteamientos de la historiografía romántica catalana, ¿qué valores entraron realmente en pugna a principios del siglo XVIII y, por tanto, qué se debatía con la Guerra de Sucesión a nivel estrictamente peninsular, dando ya por descontadas las enormes implicaciones internacionales del conflicto?

Unos sectores historiográficos han insistido en los efectos liquidadores de la Guerra de Sucesión, otros, en cambio, han establecido constantes paralelismos con la rebelión de 1640, con referencias al separatismo insolidario de Cataluña, y han insistido en los efectos beneficiosos de la guerra, al conseguir eliminar unas instituciones arcaicas, medievales y de contenido totalmente oligárquico. Para superar esta ambivalencia en las interpretaciones no se pueden olvidar unos hechos que se dieron en Cataluña a fines del siglo XVII y que dan una dimensión totalmente nueva al problema.

Nuevas interpretaciones

Los resultados de las investigaciones de Josep Fontana sobre el movimiento del puerto de Barcelona a fines del siglo XVII y el estudio admirable que, para el mismo período, ha realizado Pierre Vilar sobre la situación monetaria, el movimiento de los precios y la actividad económica en general nos conducen a considerar la existencia de una recuperación económica importante en Cataluña desde finales del siglo XVII. Resurgir económico que se inicia en el ámbito rural, con una recuperación del comercio marítimo, la exportación de los excedentes de la agricultura e incluso una mejora en los procesos productivos de las manufacturas textiles.

Esta coyuntura ayudó a crear una burguesía mercantil que, consciente de sus posibilidades y al mismo tiempo de sus limitaciones, politizó sus reivindicaciones e intervino en la Guerra de Sucesión, exigiendo un ajuste de la correlación de fuerzas en el poder, adecuándola a la realidad económica de los diferentes grupos interesados en participar en él. Estos grupos catalanes que deseaban incorporarse en la órbita del Estado habían expresado sus reivindicaciones a través del teórico del grupo, Narcís Feliu de la Penya, y se concretaban en la descentralización, la liberalización de los intercambios y la apertura del mercado colonial a los negociantes catalanes.

Así pues, la guerra se planteó entre las clases dominantes en Castilla, que prestaron decididamente su apoyo a Felipe V, y esta nueva preburguesia catalana que, aglutinada tras la candidatura de Carlos de Austria, pretendía imponer su propio modelo de organización estatal. No es, pues, totalmente cierto, como se ha pretendido en alguna ocasión, que los antagonismos quedasen planteados entre las clases dominantes de Castilla y las clases dominantes de Cataluña, la oligarquía del país, en suma, encerrada en la defensa rabiosa de unas instituciones y unos privilegios que servían sus intereses. Porque, por otra parte, también es presumible que si esta nueva burguesía hubiese conseguido sus objetivos en la guerra, habría rápidamente asumido la necesidad no solamente de participar en el control de los mecanismos de poder estatales, sino que también habría impuesto su voluntad de controlar, reformar y adecuar las viejas instituciones, ajustándolas a sus necesidades y controlándolas mediante la progresiva separación de los grupos oligárquicos que las dominaban y en ningún caso se habían planteado la necesidad de eliminarlas y sustituir un orden institucional vigente por otro nuevo.

Por todos estos motivos, el 11 de septiembre de 1714 no significa, como presupone una cierta historiografía, el hundimiento de unos grupos oligárquicos y de unas instituciones anticuadas. Fue realmente la derrota política y momentáneamente económica de unos grupos dinámicos que, a pesar de la derrota política, seguirán al frente del resurgir económico de Cataluña y mantendrán vigentes unos antagonismos con el Estado centralista que adopta un modelo contrario a sus intereses y que, además, rompe violentamente con las instituciones de un país, aprovechando la circunstancia para expropiar sus recursos.

Podría sintetizarse toda esta problemática en el certero análisis que ha realizado Pierre Vilar, para quien:

…contrariamente al movimiento de 1640, campesino, defensivo, separatista y exclusivamente catalán, el movimiento de 1705-1714 ha hecho renacer el recuerdo de la Corona de Aragón y se ha fundado en los temores y las esperanzas de una clase media en proceso de reconstitución en la España mediterránea, menos separatista que partidaria, respecto a España, de intervenir en el destino español.

Aragón frente a los Borbones

Henry Kamen

Profesor de Historia Moderna

Universidad de Warwick

LA revuelta de Aragón durante la Guerra de Sucesión ha sido en ocasiones presentada como un eco de la famosa rebelión de 1591 bajo Felipe II. De hecho no existe paralelo entre ambas. En 1591 hubo una rebelión en Zaragoza, pero sus fueros no resultaron afectados. En 1707 no se produjo una rebelión de carácter general, pero los fueros quedaron abolidos de forma permanente.

Aunque existía un grado notable de simpatía en Aragón por la causa del archiduque, debido sobre todo al celo por los fueros y al odio hacia los franceses, es cierto, sin embargo, que tal como sostuvo el conde de Robres en aquel tiempo, la mayor parte de los prelados y cabildos, de los nobles e hidalgos y muchas universidades, no cooperaron en la proclamación del señor Archiduque. Esta fue sin duda la razón por la que el duque de Orleáns, tras reconquistar Zaragoza el 26 de mayo de 1707, se mostró considerablemente magnánimo. La mayor parte de los principales cargos del reino y de la ciudad de Zaragoza fueron confirmados en sus puestos. Pero algunos ministros de Madrid se enfurecieron por su generosidad. Consejeros franceses, encabezados por el embajador Amelot, aconsejaron la total supresión de la constitución de Aragón, a pesar de la oposición del duque de Orleáns. Sin embargo, los verdaderos instigadores de los cambios eran los propios españoles. Fue el arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, santísimo prelado, pero castellano de corazón (en palabras de Robres), quien escribió en junio de 1707 a Felipe V aconsejándole que hiciera un cambio completo del gobierno político de Aragón, estableciendo allí las leyes de Castilla. El resultado fue el famoso decreto del 29 de junio, declarando que los Reynos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, (habían) perdido todos los fueros y libertades que gozaban.

La acusación de total deslealtad era tan falsa que incluso el arzobispo protestó; siendo cierto, escribió, que casi todos los nobles, caballeros y personas principales de esta ciudad y de las demás de Aragón han sido fidelísimos. En este punto muy importante al que se le ha de dar énfasis, puesto que tan frecuentemente se considera que Aragón se había rebelado contra la Corona. El hecho es que sólo una pequeña minoría en el reino apoyó activamente al archiduque y que esta minoría procedía en su mayor parte de la gente común.

Lo que sucedió en Aragón tras 1707 no puede ser, por tanto, justificado por razones de rebelión, puesto que el reino nunca se rebeló realmente. Tras la supresión de los fueros, tan sólo se introdujeron pequeños cambios. El principal fue la Nueva Planta otorgada al Ayuntamiento de Zaragoza en diciembre de 1707: que cesse en essa ciudad el gobierno, practica y estilos que hasta aquí ha habido, y se establezcan en ella los mismos que se observan y guardan en los demás de estos Reynos de Castilla. Sin embargo, Aragón no estaba todavía bajo el control de los Borbones. En 1710 la ciudad de Zaragoza cayó de nuevo en manos del archiduque, que vivió en ella del 21 al 26 de agosto. El reino no fue recuperado por los Borbones con carácter permanente hasta la victoria de Villaviciosa el 10 de diciembre de 1710.

A partir de esta fecha el decreto que abolía los fueros fue puesto en vigor y la constitución del antiguo reino de Aragón dejó de existir. Don Antonio Gabin, el último justicia de Aragón, dejó, al parecer, su cargo después de noviembre de 1710. En febrero de 1711 Melchor de Macanaz fue nombrado intendente general de Aragón, con amplios poderes para reformar la estructura política y financiera. El principal real decreto de este período, reformando toda la estructura administrativa del reino de arriba abajo, fue promulgado el 3 de abril de 1711. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de todas estas medidas?

Si queremos examinar estos efectos, debemos primero considerar brevemente la posición de Aragón antes de 1707. Por entonces el reino era completamente independiente del gobierno de Castilla. El gobernante inmediato de Aragón, tanto en asuntos políticos como militares, era el virrey, cargo que ocupaba entonces el arzobispo de Zaragoza. El gobierno del reino era ejercido gracias a los fueros tradicionales, principalmente por organismos autónomos, pero el rey tenía una parte muy considerable en su funcionamiento. Las Cortes sólo se podían reunir o disolver con el permiso del rey, quien podía también nombrar a los funcionarios principales del reino.

Directamente subordinada al virrey en la administración judicial del reino venía la Audiencia de Zaragoza, el principal tribunal que dispensaba la justicia real en Aragón. La justicia local era administrada por un juez residencial en cada ciudad importante: en el caso de Zaragoza, éste se llamaba el zalmedina, funcionario nombrado cada año por el virrey. Otra institución judicial era la del Justicia de Aragón. El tribunal del Justicia estaba encabezado por el Justicia y otros cinco jueces, todos nombrados efectivamente de por vida, ofreciendo así un cuerpo completamente independiente del control real. La Diputación de Aragón era el más destacado comité de las Cortes de Aragón, cuyo principal deber era guardar los fueros del reino cuando las Cortes no estaban en sesión. Ocho diputados formaban este cuerpo, dos por cada uno de los brazos de las Cortes.

De reino a provincia

La total independencia de la Corona de Aragón respecto a la de Castilla era un hecho histórico que apenas sí había sido alterado por dos siglos de dominio de la Casa de Austria. Si el rey, desde Madrid, quería intervenir en los asuntos aragoneses, tenía que aceptar de buen grado las limitaciones que los fueros imponían a su autoridad. La revocación de los fueros cambió esta situación totalmente. A partir del principio establecido en el decreto de 29 de junio de 1707 de que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y mudanza de costumbres, el rey alteró la constitución de Aragón. El tribunal del Justicia fue abolido y todas sus funciones fueron atribuidas a la nueva Audiencia, establecida el 3 de abril de 1711. Esta nueva Audiencia actuaba principalmente según el derecho público de Castilla, y era presidida por el comandante militar de Aragón. Todos los recursos pasaban al Consejo de Castilla; ello era ahora necesario puesto que el Consejo de Aragón, que hasta entonces estaba encargado de los asuntos de Aragón en Madrid, había sido abolido junto con los fueros. Un nuevo organismo, denominado el Tribunal del Real Erario, fue creado para controlar los impuestos. El reino fue dividido en distritos militares, cada uno de los cuales había de pagar un impuesto especial.

El principal agente en la introducción de los distintos elementos de este nuevo régimen en Aragón fue Melchor de Macanaz, un brillante abogado murciano en cuya contribución se fundamentó el poder borbónico en España. Durante la mayor parte de 1711 Macanaz trabajó en Zaragoza, en ocasiones divergiendo de las opiniones de sus colegas, pero siempre con apoyo del propio rey, que le dio, según sus propias palabras, carta blanca para que trabajase como juzgase más conveniente al servicio de S. M.

Torre mudéjar de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza.

Fachada del castillo de la Aljafería de Zaragoza.

¿Qué pensaban los aragoneses del nuevo régimen? El comentario del conde de Robres al revocarse los fueros, fue que llegó el momento tan deseado por el conde duque de Olivares, de que los reyes de España fueran independientes de todas las leyes, salvo las de su propia conciencia. Sin duda, la pérdida más inmediata y más tangible fue la de la exención fiscal. Entre 1709 y el final de la guerra, el pueblo de Aragón se vio obligado a sufrir un pesado invierno de impuestos, dedicados al mantenimiento de las tropas borbónicas. Por primera vez en su historia los aragoneses se veían obligados a pagar las guerras de Castilla. El impuesto militar de 1709 era tan pesado —fue probablemente de unos 12 millones de reales— que el escritor Ignacio de Asso declaró posteriormente que consumió los caudales públicos y particulares y ocasionó la ruina de varios lugares. Se dieron también intentos de introducir impuestos castellanos, tales como la alcabala, pero, finalmente, a partir de 1714, se adoptó un impuesto único —la única contribución— como el mejor modo de consolidar un sistema fiscal sobre base no militar.

La única contribución no fue, por supuesto, un sustituto de todos los tributos existentes en Aragón: en la práctica fue sólo un sustituto de las imposiciones militares, ya que los monopolios reales del tabaco, la sal, el papel sellado y otros apartados continuaron existiendo como impuestos independientes de la llamada única contribución. Como parte integral de la nueva España unificada, Aragón estaba empezando a contribuir sustancialmente a la hacienda de Madrid. El antiguo sistema fiscal de la época foral desapareció y una carga más simple, pero también sin duda más pesada, fue impuesta a los aragoneses. Para completar la unificación económica, fueron reducidas y finalmente suprimidas las barreras comerciales entre Castilla y Aragón. El 19 de noviembre de 1714 el rey decretó que se quiten en él todos los puertos secos de entre Castilla, Aragón y Valencia y Cataluña, y se estimen aquellos dos Reynos y Principado como provincias unidas a Castilla, corriendo el comercio entre todas ellas libre y sin impedimento alguno. No existe evidencia sobre si esta medida favoreció de alguna manera a Aragón. Finalmente, en 1718, fueron acuñadas nuevas monedas para circular igualmente en las coronas de Aragón y Castilla. De esta forma el antiguo reino de Aragón se convirtió simplemente en una provincia dentro de una España unificada.

Balance de la crisis

Aragón probablemente sufrió bastante con la guerra. Los datos de que disponemos para la primera parte de las ciudades estaban en ruinas. La guerra no puede haber sido la única causa de esta situación, pero sin duda contribuyó a ella. Durante cinco años, de 1705 a 1710, el reino había sido un principal campo de batalla. Los efectos sobre la población, sin embargo, no fueron graves. El golpe más grave, tal como se ha visto, fue debido a los impuestos.

Melchor de Macanaz.

Aunque los fueros de Aragón habían desaparecido, no sería acertado argumentar que se produjo una revolución. Parece que en conjunto hubo pocos cambios administrativos e institucionales. Los nuevos funcionarios, incluyendo al Intendente y al personal de la Audiencia, parece que sirvieron más para facilitar el control castellano sobre los asuntos de la provincia, que para reformar y centralizar la administración. Los municipios aragoneses (con la excepción de Zaragoza), la Iglesia, la estructura de la propiedad agraria y de la sociedad, no sufrieron cambios en buena medida. La particular atención prestada a la reforma de la Audiencia muestra que el rey estaba preocupado por consolidar su jurisdicción en estos reinos. Más allá de esto, el único sector que sintió todo el peso de las innovaciones fueron las finanzas públicas. Está claro que cualquier programa para unificar la península estaba destinado a ser denunciado por las regiones periféricas como un programa de castellanización. Sin embargo, los aragoneses hablaban la misma lengua que los castellanos y, por tanto, no sintieron ninguna pérdida cultural por los cambios que fueron introducidos.

Los que sufrieron más por los cambios fueron las privilegiadas clases de Aragón. Con el acabamiento de las Cortes, perdieron el control de sus propios destinos. Era una pérdida importante. A finales del siglo XVII Aragón había sido el único reino en España con unas Cortes libres y activas, en las cuales se discutían muchos asuntos de importancia. Con el triunfo del absolutismo borbónico, el gobierno representativo desapareció en la Corona de Aragón.

En la mayor parte de los demás aspectos, la vida de Aragón continuó tal como había venido siendo en el siglo anterior. La mayor parte del comercio del reino estaba ya en manos francesas, y el advenimiento del control borbónico sólo sirvió para reforzar esa situación. A la mayoría de los rebeldes que huyeron durante la guerra les fue permitido más tarde volver a sus propiedades. No hubo, en suma, rebeliones contra el control de Madrid.

Batalla de Almansa, 1707, que marcó el fin de la autonomía valenciana
(detalle, Museo del Prado, Madrid).

La «Nueva Planta» en Valencia

Ricardo García Cárcel

Catedrático de Historia Moderna

Universidad Autónoma de Barcelona

EL 29 de junio de 1707 Felipe V abolía los fueros de Aragón y Valencia con un propósito cuyo significado explicitaba claramente el propio decreto real: Siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se ha tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada…

El Decreto de Nueva Planta hay que insertarlo en su contexto: estertores finales de la guerra de Sucesión, una guerra en Valencia fue, como ha demostrado C. Pérez Aparicio, esencialmente un intento frustrado de revolución campesina. El punto de partida de la Nueva Planta valenciana fue, en definitiva, la conjugación de una derrota militar y una feroz represión social. La frase del duque de Berwick al entrar en Valencia no tiene desperdicio: Este Reyno ha sido rebelde a Su Magestad y ha sido conquistado, haviendo cometido contra Su Magestad una grande alevosía y assí no tiene más privilegios ni fueros que aquellos que Su Magestad quisiere conceder en adelante.

Este trágala configura toda la remoción de cargos y las innovaciones institucionales del nuevo sistema, que en Valencia tuvo caracteres netamente originales respecto al resto de la Corona de Aragón, tal y como ha destacado el mejor especialista del tema, Mariano Peset.

En primer lugar, la longitud del proceso de mutación institucional (de 1707 a 1720) con una serie de titubeos y ensayos fallidos que, hasta mediados del XVIII, darían al entramado jurídico valenciano una sensación de provisionalidad experimental y subsiguiente fragilidad. La razón de ello hay que verla en la temprana fecha de la abolición de los fueros, tan sólo un mes después de la batalla de Almansa, continuando, pues, todavía la guerra de Sucesión. La Diputación todavía funcionaría unos meses y el Ayuntamiento se restableció, momentáneamente, con sus jurados. Esta condición de experiencia piloto de los decretos de Nueva Planta marcaría una impronta especial en el sistema institucional de la Valencia del siglo XVIII.

Inicialmente, la organización del Reino de Valencia se asentó en el equilibrio de tres poderes: el militar (representado por el capitán general, sustituto del virrey), el gubernativo judicial (representado por la Chancillería, cuyo primer presidente sería don Pedro Colón de Larreátegui, con ocho oidores, de los que cuatro eran castellanos y cuatro alcaldes del crimen, de los que dos eran, asimismo, castellanos) y el financiero (representado por el superintendente de rentas, cargo de nueva creación, tras la primera gestión financiera a cargo del comisario militar, José de Pedrajas).

El equilibrio pronto sería roto. El capitán general asumiría poderes absolutos que, desde luego, fueron ejercidos con notorio despotismo por personajes como D’Asfeld, don Francisco Caetaro de Aragón y el marqués de Villadarias. En julio de 1716 se transformaría la Chancillería en Audiencia, sometiéndola en todo lo gubernativo al capitán general, que, de hecho, presidirá la audiencia. La figura del superintendente oscilará de unas funciones coyunturales de provisión de fondo para la guerra —éste es el papel que jugaron Pérez de la Puente, Pedrajas y don Rodrigo Caballero— hasta su consolidación como responsable de la hacienda pública y con facultades subsidiarias en la Justicia y en la Policía.

En la esfera local, los Ayuntamientos se configuran según el modelo castellano, regidos por los corregidores, delegados gubernativos, acentuándose, desde luego, el carácter aristocrático de la composición de sus dirigentes. La máxima autoridad de Valencia durante los primeros años de la Nueva Planta la tuvo don Felipe Lino de Castellví, conde de Castellar, barón de Quesa y Bicorp.

Pérdida del derecho privado

La segunda nota distintiva de la Nueva Planta valenciana fue su elevado índice represivo, patentizado de manera bien elocuente, en que el rey no devolvió —en contraste con los demás reinos de la Corona de Aragón— el derecho privado, una vez acabada la guerra de Sucesión. Se ha especulado mucho en torno a esta particularidad, que algunos han justificado en base al supuesto temperamento muelle valenciano reflejado en los, tantas veces repetidos, epítetos atribuidos a los valencianos por el dietarista Porcar: mala venturats, i molls i temerosos i amedrentats[1].

Sobre el tema conviene tener bien presente que Valencia solicitó reiteradas veces el restablecimiento del derecho privado: en 1707 —fecha, desde luego, inoportuna, que supuso el encarcelamiento de los redactores del memorial al rey, Blanquer y Ortí, por unos meses—, en 1712 y, por último, en 1719, con motivo de la visita a Valencia del rey Felipe V.

El memorial que los regidores municipales presentaron al rey ese año es bien expresivo: La Ciudad de Valencia, que logra la inapreciable y tan deseada dicha de verse con tanta inmediación bajo los Reales pies de V. M., dice que el día 29 de junio del año pasado 1707, cuando V. M. con Real Decreto que, abolidos y revocadas todas las Leyes Municipales establecidas por más de cuatro siglos en este Reyno, se gobernasen por las Reales de Castilla; obedecieron Ciudad y Reino con la más profunda y ciega resignación esta Real Orden; pero siendo muchos los pleitos que, a tiempo de publicarse aquél esperaban declaración, e innumerables los contratos y últimas voluntades celebradas y ordenadas en todo el tiempo pasado en conformidad de las abolidas leyes, sobre que se han empezado a suscitar pleitos… suplica, por tanto, la Ciudad sea igualmente la Real designación de V. M. consolarla, mandando que en ella y su Reino se observen y mantengan dichas leyes municipales en todo lo civil, como en los Reinos de Cataluña y Aragón…

El rey concedió la gracia, pero pasó el tiempo y la concesión real no se documentó ni se aplicó. En marzo de 1721, se vuelve a escribir un memorial al rey en que suplica la Ciudad se digne V. M. mandar se ponga en ejecución dicha merced de que en todo el Reino de Valencia se observen las leyes Municipales civiles concedidas…

El 8 de mayo de 1721 el rey pedía a la Audiencia que, en el plazo de quince días, informara sobre cuáles de los fueros civiles pudieran ser contrarios a su soberanía y al beneficio público, en general. Se recibió en la Audiencia el 9 de junio y se pasó al informe del fiscal. Y aquí la documentación se interrumpe. La burocracia acabaría por sepultar las propias directrices reales.

Palacio de la Generalitat de Valencia construido por Pere Compte en el siglo XV.

Lo cierto es que el derecho privado no se restauró en Valencia. Un dietarista contemporáneo de los hechos, el padre Güell, señalaba: La dificultad con que el Rey no encontró para concederlo, otros la propusieron para contradecirlo: replicaron a Madrid sobre esto, haciendo siniestros informes atendiendo a sus intereses particulares y dicha gracia no llegó a efecto. Gregorio Mayans, en 1749, acusaba de ello a la malicia del conde de Bicorp, que quería continuar en manipular las cosas de la ciudad y el detestable parecer y perfidia que dio y practicó el pavor de Arbuxech.

Hasta en 1760 se intentó por parte del regidor valenciano Pere Lluis Sánchez realizar gestiones para restituir el Derecho Privado, lo que fue vetado entonces por otro regidor diciendo que ya estaba acostumbrada Valencia a las leyes de Castilla y no era procedente pedir nada.

A pesar de la nueva frustración, 1760 es el año de la reconciliación de la Corona de Aragón y la monarquía borbónica, cuyos frutos serían el restablecimiento de la libertad de comercio con América y el crecimiento económico catalán y valenciano de la segunda mitad del siglo XVIII.

Los privilegiados siguen

En conclusión, no parece que deba interpretarse como discriminación represiva por parte del rey el affaire de la legislación civil, sino como muestra inequívoca del conservadurismo reaccionario de unas clases sociales que, curiosa y significativamente, conservan su mismo status dominante en el Reino de Valencia que tenían durante los Austrias.

La Iglesia conservó toda su estructura inmóvil. Aun a pesar de los coyunturales apoyos durante la Guerra de Sucesión al archiduque austríaco, no sufrió la menor alteración en sus privilegios. Incluso la pragmática de febrero de 1705, que redujo los créditos anuales de los censales en Valencia para no perjudicar los intereses de monasterios y conventos, grandes acreedores censalistas.

La nobleza fue apoyada y mimada, sin restricciones. Hasta se concedieron moratorias a determinados nobles como el duque de Gandía frente a sus acreedores.

La última nota característica de la Nueva Planta valenciana fue su peculiar actitud ante la Universidad. Aunque en 1707 se suspendió el patronato de la ciudad de Valencia sobre las aulas y cátedras universitarias, desde 1720 la universidad vuelve a experimentar un resurgimiento esplendoroso: el Ayuntamiento recobra el patronato, se nombra rector en la figura del canónigo don Benito Pichón, se proveen las cátedras vacantes y se redactan unas nuevas ordenanzas universitarias, que se publicarían en 1733, ordenanzas que como han demostrado Mariano y José Luis Peset, de nuevas nada tenían (salvo, quizá, en lo relativo al régimen de alumnos y, desde luego, la escritura en castellano que sustituye las anteriores redacciones en valenciano).

Puede decirse, pues, que la Nueva Planta pasó por la Universidad valenciana sin apenas incidencia alguna. ¿Tuvo alguna influencia en ello la eclosión científica renovadora que vive Valencia desde 1687? Parece que no. El prestigio de ese renacimiento científico valenciano es marginal a la Universidad y, por lo tanto, no debió generar protectorados de ningún tipo, en favor de la misma. Quizá haya que atribuirlo más bien a la escasa —por no decir, nula— beligerancia ideológica de la Universidad valenciana en el contexto de la época.

Lo indudable es el dolor con el que la sociedad valenciana asumió los cambios. Si los diputados a las Cortes de 1760 esbozan un tímido reproche a Carlos III: En fin, Señor, el glorioso padre de V. M. puesto con la espada en la mano a la frente de sus exércitos, no pudo examinar por sí mismo el nuevo govierno que mandó establecer en aquellos Reinos. Quedó imperfecta esta gran obra de que depende su verdadera felicidad y Dios ha destinado a V. M. para que con su soberana inteligencia y heroico zelo la perfeccione. Un testigo coetáneo a los hechos, Isidoro Planes, escribía con amargura infinita: Nos motejáis y sois premiados; y nosotros mortificamos con varios gravámenes sin excepción de buenos y malos; y nos echáis las leyes castellanas, en todo destructivas de las conveniencias de los paysanos deste Reyno, y esto por sólo mirar a vuestras propias conveniencias, sin mirar a otro fin que a levantaros con todos los puestos de judicatura, y gobierno político, ajándolo todo con malos y tiránicos modos, sin mirar otro fin que el hazer doblones. Advertid que cuando leíamos las cosas que refieren las historias mexicanas de las tyranías de los ministros castellanos, y las que refieren los portugueses, que las teníamos por imposturas; pero cuando hemos visto vuestro modo de proceder, que hazemos otro juicio. Y dezimos: «tengámonos lástima de ser gobernados por esta nación. Dios le abra los ojos al Rey para conocerla y desviarla del govierno deste Reyno y de todos los dominios españoles»[2].

Adiós a la autonomía mallorquina

Isabel Moll

Profesora de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras de Mallorca

Jaume Suau

Profesor de Historia Contemporánea. Universidad de Barcelona

LAS Baleares no han jugado nunca mas que un papel de segundo orden en el curso de los acontecimientos que nutren la Historia de sus vecinos; y todo cuanto se sabe de la situación política de estos isleños se reduce, poco más o menos, a algunos hechos particulares y a los cambios sucesivos de dominación[1].

El análisis de uno de estos cambios sucesivos de dominación a que alude Grasset de Saint-Sauveur, centrándonos en el significado y trascendencia de la Guerra de Sucesión y la siguiente imposición del Decreto de Nueva Planta en Mallorca, sólo puede alcanzarse situando estos dos hechos, así como sus consecuencias, en la historia de la formación social mallorquina.

La interpretación que generalmente se da a la Guerra de Sucesión en Mallorca adolece, en nuestra opinión, de un punto de partida falso que estriba en enmarcar la isla en un contexto más general: la Corona de Aragón[2], como si hubiese habido una comunidad de intereses que defender, o un proceso histórico común, que hubiera determinado una postura solidaria, aparentemente similar. La deformación o el engaño no estaría tanto en afirmar que los Reinos de la Corona de Aragón actuaron por tal o cual motivo[3], sino en sostener que hay uno, o varios, motivos comunes.

En todo caso se ha prescindido[4] del análisis de la propia formación mallorquina y las continuas y repetidas alusiones al general carolinismo insular[5] esconden, en realidad, la ausencia de investigación sobre las clases sociales involucradas. El único estudio riguroso planteado en este sentido es el de P. Montaner[6], quien, partiendo del análisis de la nobleza mallorquina, ha evidenciado la existencia de dos tipos, claramente diferenciados, de nobles ligados a intereses económicos distintos: la aristocracia mercantil y la nobleza estrictamente terrateniente, que se enfrentaron en el momento de la Guerra de Sucesión.

Vista lateral de la catedral de Palma de Mallorca.

Los primeros, partidarios de Felipe de Borbón, buscaban una mayor protección e impulso al desarrollo de sus actividades comerciales, tomando como ejemplo la expansión mercantil colbertiana, mientras que los segundos buscaban el mantenimiento de sus privilegios jurisdiccionales.

El trabajo de Montaner supone el replanteamiento crítico de la postura imperante hasta ahora: carolinos («buenos»)/felipistas botifleurs («malos»). Habrá que profundizar más en el análisis del comportamiento de los otros grupos sociales, especialmente del campesinado y de la Iglesia mallorquina, a fin de conocer las causas y condicionamientos ideológicos que lo determinaron.

Otro aspecto que interesa tratar se refiere también a condicionamientos ideológicos, pero, en este caso, a los que inciden sobre la investigación histórica.

Es sorprendente el poco espacio que normalmente se concede en los libros de historia a la Guerra de Sucesión y a la implantación de los diferentes Decretos, así como el sentido lógico, no cruento e incluso «positivo» que se da a las «uniones» de los diferentes reinos de la Corona de Aragón bajo la Corona de Castilla (a estilo y leyes de Castilla); pocas veces se menciona que estas «uniones» fueron llevadas a cabo de manera forzada, violenta.

A menudo se hace alusión, con un marcado cariz justificativo, a una pretendida tendencia secular, unilateral, progresiva y centralizadora, que se habría iniciado con los Reyes Católicos (o incluso antes: Estado Visigodo), en la que se insertarían los Decretos de Nueva Planta y la política unificadora borbónica, suponiendo algo así como un corolario lógico a una corriente ahistórica, preestablecida, «corriente histórica» que iría contra lo que luchó la Corona de Aragón: la descentralización, el pluralismo, el federalismo, etcétera.

Creemos que, por debajo de estas aparentemente neutras aseveraciones, se halla implícita la concepción atemporal y, por tanto, ahistórica del Estado español, como condicionamiento ideológico que distorsiona la explicación histórica, hasta el punto de ver en el Decreto de Nueva Planta un jalón más de la tendencia centralizadora a que antes nos referíamos. En este sentido, el capítulo final de la Guerra de Sucesión no merece mayor relevancia: el Estado español amplía sus límites, el presente vuelve a ser la clave de la interpretación del pasado[7].

Nuevas providencias

Para poder juzgar el auténtico significado y trascendencia del Decreto de Nueva Planta y de los cambios introducidos gradualmente por la administración borbónica, creemos necesario considerar qué fue lo que se suprimió y en qué consistían las innovaciones.

En líneas generales puede decirse que quedó abolido el antiguo sistema de gobierno propio de la isla, que descansaba sobre la Universitat, el Gran i General Consell y los Jurats; se suprimió el cargo de virrey y se reestructuró la Audiencia.

El vacío producido por estas supresiones, a nivel de gobierno y administración pública, fue cubierto por:

— Un capitán general, cargo ocupado normalmente por un comandante general, que suplía las funciones del antiguo virrey. Dicho comandante general era el presidente de la Audiencia, donde sólo tenía voto en asuntos de gobierno a través de un mecanismo jurídico de singular importancia: el Real Acuerdo.

— Una Audiencia igual a la de Cataluña. Como se ha mencionado, el Presidente era el Comandante General, pero en lo referente a cuestiones de tipo civil o criminal era el Regente la figura principal, asistiéndole cinco Ministros y un Fiscal, todos ellos castellanos (A. H. N. Consejos, 187848).

— Un Corregidor Intendente que se encargaba de los asuntos de la Hacienda Pública, sobre todo aquellos referentes al cobro de los impuestos, tanto los antiguos como los nuevos. Esta figura se desdobló en 1749 en dos cargos. Las atribuciones del Intendente se referían a cuestiones hacendísticas y financieras (la subsistencia de tropas del acuartelamiento, el reclutamiento), mientras el corregidor quedaba, a partir de 1766, supeditado al Intendente en cuestiones jurídicas y de policía general. Ambos cargos debían ser ocupados por castellanos o bien por personas no pertenecientes al Reino de Mallorca (A. H. N. Consejos, 18740-18741).

— En un plano inmediatamente inferior estaba el Alcalde Mayor, que, a fines del siglo XVIII, pasó a ser ocupado por un militar con cargo de Teniente de Corregidor.

En lo concerniente a la administración municipal, ésta quedaba constituida en la ciudad de Palma por el Alcalde Mayor citado y 20 Regidores (16 del estamento de caballeros y 4 del de ciudadanos); en la Ciudad de Alcudia por 12 Regidores, y en los pueblos y villas restantes por Bayles y Veguers. El nombramiento de los Regidores era de competencia real, previo informe de la Audiencia y el del resto de cargos era propio de esta última institución. Las mejoras en la Administración municipal para ampliar la composición social de los consistorios no se hicieron hasta el reinado de Carlos III, cuando se introdujeron dos cargos de cierta importancia que permitían romper el monolitismo elitista de la Corporación Municipal: los Diputados del Común y el Síndico Personero (1766), provenientes los primeros, en su mayoría, del sector menestral, y los segundos, sobre todo, de los juristas. Sin embargo, estos cargos presentaban una diferencia con los de Regidor, pues mientras éstos tenían carácter vitalicio, aquéllos cambiaban cada cuatro años.

Felipe V (grabado de Antonio Utilla, 1704).

Proceso de desnaturalización

De forma esquemática, el Decreto de Nueva Planta supuso:

— En primer lugar, la consolidación de la dependencia de Mallorca respecto del Estado español[8]. Hay dependencia porque el Estado extrae una parte importante (a través de la apropiación y control de los antiguos impuestos y, en muchos casos, de su agravación, así como de la introducción de otros nuevos) del sobretrabajo generado en la formación mallorquina[9]. No menor importancia reviste el hecho de que Mallorca quedó definitivamente ligada al Estado español, con todas las consecuencias que ello ha supuesto.

— En segundo lugar, la implantación del Decreto de Nueva Planta no significó ningún cambio sustancial en la articulación propia de la formación social mallorquina (ya que conservó el poder económico y las formas de explotación características de la nobleza insular), pero sí agudizó la explotación que recaía sobre la población, al exacerbar el peso de la fiscalidad las levas militares, etcétera[10].

— En tercer lugar, la dependencia afectó a toda la formación social y también, por tanto, a la clase dominante, que se vio privada de gran parte del omnímodo poder detentado hasta entonces para controlar la vida política y económica isleña (aunque se le otorgó el poder municipal de la Ciudad de Palma). La Audiencia y sus miembros (castellanos, después de la supresión del derecho de extranjería) suponían una intromisión tan clara en la vida isleña que inevitablemente debían provocar el enfrentamiento y la enemiga de la clase dominante. Esta oposición, continua y callada, se manifestaba muy pocas veces de forma abierta, pero no por ello era menos evidente.

Finalmente, hay un aspecto que no puede soslayarse y que se refiere a la continua lucha de las autoridades borbónicas contra la cultura mallorquina. En este sentido parecen harto elocuentes las palabras de un Síndico Personero (1789), fiel reflejo del etnocentrismo castellano, quien en un informe remitido al Rey sobre la necesidad de implantar buenas escuelas de primeras letras para enseñar el castellano, dice, entre otras cosas, que mientras no se introduzca en Mallorca un sistema semejante al establecido en el País Vasco que suprimía el euskera, … nada adelantaremos, todo será ignorancia y preocupaciones nocivas al Estado y la causa pública, ni se harán progresos en las Artes y Ciencias ni mejorarán las costumbres (algo góticas y africanas aquí).

En definitiva, los intentos para castellanizar forzosamente a la población se iniciaron ya solapadamente después de la Guerra de Sucesión, pero no afloraron de forma evidente hasta la década de los setenta, al imponerse el castellano como lengua oficial, lo que constituyó una evidente represión cultural y un reflejo más de la dependencia de la población mallorquina.

Por lo expuesto anteriormente, el Decreto de Nueva Planta ha de evaluarse en toda su importancia. Representa un momento cultural de la historia contemporánea de Mallorca y debe ser equiparado a aquellos otros que han configurado la formación social mallorquina actual: 1229 (conquista catalana), 1343 (supresión de la dinastía mallorquina por Pedro IV), 1450-1520 (grandes revueltas de las clases dominantes y subsiguiente sometimiento de éstas) y, ya en pleno siglo XX, última guerra civil y llegada masiva del turismo en la década de los ochenta, con la que se acelera el lento proceso de desnaturalización del pueblo mallorquín.

Cambios institucionales en Cataluña

Pere Molas Ribalta

Catedrático de Historia Moderna. Universidad de Barcelona

LA conquista del Principado de Cataluña por las tropas de Felipe V en el curso de la Guerra de Sucesión representó no sólo la derrota y la persecución de aquellos personajes que habían sostenido la causa del archiduque Carlos de Austria (llamado por sus partidarios Carlos III), sino, especialmente y de una manera muy significativa, la destrucción del ordenamiento político catalán, de carácter autónomo y pactista, consustancial hasta entonces con el desarrollo histórico del país, y su sustitución por un sistema de gobierno absoluto y centralizado. Es cierto que no se trató sin más de la aplicación indiscriminada, pura y simple, de las leyes de Castilla sin la menor diferencia en nada, tal como se había llevado a efecto, con apresuramiento y resultados escasamente positivos, en los reinos de Aragón y Valencia. La Nueva Planta de Cataluña fue, tal como ha definido su mejor conocedor actual, el historiador Joan Mercader Riba, una imposición madura y reflexiva, pero al fin y al cabo violenta, con la cual perdía el Principado sus instituciones autónomas de gobierno, buena parte de su legislación peculiar, y quedaba totalmente sometido a las directrices de una monarquía absoluta.

Conviene que precisemos cronológicamente las etapas de imposición del gobierno borbónico en Cataluña, por cuanto esta perspectiva nos permitirá apreciar mejor la característica principal del nuevo régimen: la ocupación militar. La gran ofensiva borbónica de 1707, iniciada en la victoria de Almansa, no sólo devolvió a Felipe V el control del País Valenciano y de Aragón, sino que permitió a sus ejércitos invadir Cataluña y ocupar las ciudades de Lérida (1707) y Tortosa (1708). Esta última quedó unida, de manera muy peligrosa, a la jurisdicción de la Chancillería establecida en la ciudad de Valencia, medida que de alguna forma amagaba la posible desmembración del Principado. En definitiva, retengamos la idea de que a partir de 1707, algunas comarcas catalanas quedaron sometidas a una administración esencialmente militar. El ámbito geográfico dominado por los borbónicos se amplió en 1711 con la conquista de Gerona. Recordemos que, a diferencia de otros conflictos anteriores y posteriores, Cataluña luchó en esta ocasión teniendo en la frontera francesa un enemigo y no un refugio.

El gobierno puramente militar de los comandantes de los ejércitos felipistas se vio flanqueado, a partir de 1711, por una nueva institución de impronta francesa, que había sido establecida para los distintos territorios peninsulares de la monarquía: los intendentes o superintendentes de Hacienda. Encargados de asegurar el correcto aprovisionamiento de las tropas y, para lograrlo de una manera eficaz, del control de los impuestos, los intendentes españoles constituyeron uno de los ejes de la administración borbónica durante el siglo XVIII. De primer impulso, el titular de la intendencia de Cataluña debería haber sido Melchor de Macanaz, el hombre que, con tanta brutalidad como eficacia, había dirigido la implantación del nuevo régimen, en Valencia primero y en Aragón más tarde. Pero, encumbrado Macanaz hacia más altos destinos en la Corte, el cargo de intendente fue desempeñado por José Patiño, hábil burócrata, más realista y flexible, aunque orientado a la consecución de los mismos fines.

Durante el año 1713 la autoridad del comandante general de las tropas borbónicas y de su intendente general se extendió ya a todo el Principado, salvo las dos plazas fuertes de Barcelona y Cardona, que resistieron tenazmente durante más de un año. Fue durante el prolongado sitio de Barcelona cuando Patiño estableció un impuesto —por primera vez en Cataluña un impuesto no votado— que provocó un inmediato e inútil alzamiento campesino (enero, 1714), rápida y duramente sofocado por los jefes de las tropas felipistas.

El desmantelamiento

Por fin, tras el asalto del 11 de septiembre de 1714, los ejércitos borbónicos vencedores de aquella guerra civil, penetraban en la ciudad de Barcelona. Una de las primeras disposiciones del victorioso general duque de Berwick, cumplimentada por José Patiño, fue la supresión inmediata de aquellas instituciones catalanas que más se habían significado por su defensa de la autonomía del Principado, y que, por tanto, más se habían opuesto al ejercicio de un poder absoluto por parte del monarca: el Consejo de Ciento de la ciudad de Barcelona y la Diputación o Generalidad de Cataluña. Tales medidas representaban la supresión de la autonomía municipal y de las Cortes catalanas, cuya diputación permanente era la institución de la Generalidad. De hecho, ya en todos los municipios ocupados los procedimientos tradicionales autónomos de designación del gobierno local habían sido sustituidos por nombramientos directos, efectuados por las nuevas autoridades de ocupación.

Como hemos indicado, el gobierno borbónico decidió estudiar con detalle las características exactas de la buena administración que debía establecerse en Cataluña. De forma provisional, a partir de 1714, el Principado fue gobernado por una Junta interina de justicia y gobierno, presidida por Patiño, e integrada por catalanes adictos a Felipe V. De todas formas, el verdadero poder era ejercido por el mando militar, tanto a escala global del Principado como a escala local por los diferentes gobernadores militares.

La elaboración del que acostumbramos a llamar decreto de Nueva Planta se realizó en el seno del Consejo de Castilla, durante los últimos meses del año 1715. Simultáneamente se ocupaba el Consejo de la nueva ordenación del reino de Mallorca. En los debates, los informes del intendente Patiño y el parecer del felipista catalán Francisco Ametller, miembro del Consejo, representaron una posición moderada y flexible, frente a actitudes maximalistas de otros consejeros. Debía tenerse en cuenta que la irreflexiva precipitación asimilista de que se había hecho gala en 1707 en Valencia y Aragón había resultado perjudicial, por el caos administrativo y fiscal que provocó, incluso para los propios intereses de la Corona. Que ésta había aprendido la lección lo prueba el nuevo ordenamiento que se concedió en 1711, después de la efímera reconquista austracista de 1710, al reino de Aragón, en cuya remodelación se daban dos elementos importantes que se repitieron en la normativa de los reinos conquistados más adelante: a) el establecimiento de un poder mixto militar-civil con el nombre de Real Acuerdo, y b) la conservación del derecho civil autóctono.

Elementos del nuevo sistema

El decreto, elaborado por el Consejo de Castilla, y promulgado el 15 de enero de 1716, se refería tan sólo a la ordenación o Nueva Planta que debía adoptar la Audiencia del Principado de Cataluña, pero en realidad contenía los elementos básicos de un nuevo sistema administrativo de gobierno y la justificación teórica del mismo. El preámbulo del decreto afirmaba bien a las claras que el nuevo gobierno se fundamentaba en el derecho de conquista. De una forma taxativa declaraba Felipe V que habiendo, con la asistencia divina y justicia de mi causa, pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi soberanía establecer gobierno en él. Toda la legislación, todas las instituciones preexistentes quedaban anuladas y tan sólo la voluntad absoluta del soberano quedaba constituida como fuente de ley y derecho. Con razón podían escribir los borbónicos que estableció su Magestad nuevo gobierno en el Principado de Cataluña.

La institución básica del gobierno del Principado era el llamado Real Acuerdo, el cual consistía en la coordinación de una autoridad militar unipersonal, el capitán general, con una autoridad civil de carácter colegiado: el tribunal de la Real Audiencia, integrado por juristas. Uno y otros, jefe militar y magistrados civiles, debían actuar de consuno en cuanto a la administración del país, mientras que la Audiencia actuaría con independencia en aquellas materias que fueran estrictamente judiciales: en realidad, puede observarse que el Real Decreto prolongaba de algún modo la institución preexistente del virrey de la época austríaca, asesorado en cuestiones de gobierno por la misma Real Audiencia, considerada como un verdadero Consell reial. Así era, en efecto, pero con la importante diferencia de que las nuevas autoridades se encontraban mucho más vinculadas a las directrices emanadas de la Corte, y que ya no se hallaban limitadas en el ejercicio de su autoridad por las abolidas Constitucions de Catalunya, leyes que habían sido votadas durante siglos por las Cortes, con la intención precisa de limitar la autoridad real.

Sitio de Barcelona por las tropas de Felipe V. (foto Instituto Municipal de Historia, Barcelona).

El pendón de Santa Eulalia es enarbolado en el ayuntamiento de Barcelona el 24 de julio de 1713 (foto Instituto Municipal de Historia, Barcelona).

Para mostrar de una manera visible la supresión de las instituciones autónomas tradicionales y exaltar las nuevas, la Audiencia estableció su sede en el propio palacio de la Generalidad. El mismo decreto contenía, en su artículo cuarto, la importante mención de que las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Medidas complementarias dictadas con posterioridad incidían en idéntica preocupación contra la lengua del país conquistado cuando encargaban a las autoridades militares que estimularan la introducción del idioma castellano, pero de forma subrepticia, para que se logre el efecto, sin que se note el cuidado.

El decreto sentaba, asimismo, las bases generales del nuevo orden municipal. Se trataba, en líneas generales, de sustituir el municipio catalán, de raigambre mediterránea, por el modelo de ayuntamiento castellano. El municipio mediterráneo, propio de la Corona de Aragón, se componía de una asamblea o consejo general y de un comité restringido, cuyos titulares se titulaban, según las localidades, consellers, paers, jurados, cónsules, etcétera. Uno y otro organismos se renovaban con gran frecuencia, casi siempre anual. Por el contrario, el orden político de los grandes municipios castellanos se basaba en la existencia de unos regidores que ostentaban el cargo de forma vitalicia y que eran nombrados directamente por el monarca. Este fue el sistema que se impuso a la corona de Aragón. Concretamente decía el monarca en el texto del decreto: En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 regidores, y en las demás ocho, cuya nominación me reservo. Además, el municipio castellano había perdido desde el siglo XV buena parte de su autonomía. A su cabeza figuraba el corregidor nombrado por la Corona, cuyos intereses representaba en la ciudad. En Cataluña se establecieron corregidores en la ciudad de Barcelona y en otras poblaciones de importancia. En todos estos municipios, los regidores ocupaban sus cargos por nombramiento del Consejo de Castilla y por la duración de su vida. En las demás poblaciones los regidores eran nombrados anualmente por el Real Acuerdo.

Cabe señalar una diferencia notable. La administración castellana había alcanzado, ya bajo Felipe II, un grado altamente civilista. La mayoría de los corregidores eran letrados, juristas con formación universitaria. Pero en Cataluña el cargo de corregidor quedaba unido al de comandante o gobernador militar de la plaza, poniendo una vez más de relieve el carácter que revistió la Nueva Planta en el Principado. Sobre la base de los corregimientos se procedió a una reordenación territorial que sustituyó a la tradicional división en veguerías.

Puestos clave para castellanos

El decreto de 1716 contenía otras disposiciones de suma importancia y que, en algún caso, eran confirmación de medidas adoptadas en un primer momento por las nuevas autoridades borbónicas. Entre ellas la prohibición de somatenes ni otras juntas de gente armada, so pena de ser tratados de sediciosos, y la importantísima derogación del llamado privilegio de extranjería, principio que hasta aquel momento había reservado los cargos de gobierno de cada uno de los reinos de la Corona de Aragón a los naturales del mismo. Mi real intención —declaraba Felipe V— es que en mis reinos las dignidades y honores se confieran recíprocamente a mis vasallos. Pero en realidad, como muestran los estudios más recientes, fueron contados los naturales de la Corona de Aragón que obtuvieron cargos de gobierno en la corona de Castilla, mientras que la mayoría de los puestos clave de la administración de Cataluña y de los restantes reinos eran confiados a naturales de la corona castellana, o a servidores italianos, franceses, flamencos, etcétera, de la monarquía borbónica.

Por último, y como rasgo positivo, se hablaba del derecho civil catalán (las constituciones que antes había en Cataluña), pero con la significativa y fundamental advertencia de que obtenían su vigencia en virtud del consentimiento expreso del soberano (entendiéndose que son de nuevo establecidas por este decreto), y no por la legalidad anterior, pues ésta había sido abolida y se construía de nuevo como en una tabla rasa.

Una de las primeras cédulas reales concedida después de la caída de Barcelona.

Portada del edicto de «Nueva Planta», 16 de enero de 1716.

El decreto de enero de 1716 no agotaba toda la proyección institucional del gobierno borbónico en Cataluña. Algunos puntos concretos fueron objeto de un posterior desarrollo legal mas debatido. Tal sucedía con los problemas municipales, que fueron precisados por otra real cédula promulgada de integridad y las autoridades establecidas en 1713. Otra institución que se desarrolló de forma marginal a la normativa del decreto fue la Intendencia. Ni siquiera fue objeto de unas disposiciones especificas, sino que se regía por los decretos generales dados para todas las Intendencias de España, sin atender a peculiaridades. Hay que destacar la función que desempeñaron los intendentes como encargados de las cuestiones de hacienda pública. La nueva institución pasó a controlar: a) los ingresos del real patrimonio que hasta entonces habían sido administrados por la batllia general, también extinguida; b) los derechos y bienes propios de la Generalidad; y sobre todo, c) el nuevo impuesto que con el nombre de catastro iba a ser cobrado regularmente a partir de 1717. Mientras que Real Acuerdo, Audiencia y corregidores recogían elementos de la administración castellana, el intendente era una figura tomada de la administración francesa, y que desempeñó en Cataluña una cierta función de organismo piloto para las ulteriores del Estado borbónico.

Represión y marginación

Hay otros aspectos del régimen felipista que no se pueden encerrar en los estrechos esquemas de las instituciones de gobierno. Así tenemos la construcción de la Ciudadela de Barcelona, efectuada a costa de la destrucción de barrios densamente poblados, y cuya primordial función no consistía en la defensa de la ciudad contra un enemigo exterior, sino la posible represión de alzamientos populares. Así lo entendió la encarnizada enemiga que los liberales del siglo XIX expresaron contra el citado núcleo de fortificación. Debe considerarse como un elemento más del nuevo orden borbónico la centralización de las cinco universidades catalanas existentes, en la ciudad de Cervera, distinguida precisamente por su fidelidad a la causa felipista. La única Universidad de Cataluña permaneció en la citada población de la comarca interior de la Segarra, desligada de las inquietudes culturales de la burguesía de Barcelona, hasta el triunfo de los políticos liberales, de una manera definitiva a partir de 1837.

Para concluir con esta breve panorámica institucional añadiremos que la Nueva Planta se caracterizó, en relación con los distintos grupos sociales, por una fuerte aristocratización. Este proceso es perceptible, cuando menos, en dos niveles. A escala municipal, sobre todo en los principales municipios, se produjo un notable retroceso de la burguesía mercantil y del artesanado frente a los diferentes grados de nobleza. Concretamente en el caso de Barcelona, la burguesía mercantil e industrial se vio marginada de una manera casi total de su participación en el gobierno de la ciudad, lo cual constituía una ruptura evidente con toda su historia anterior. En otro plano, la Nueva Planta contribuyó a reforzar el régimen señorial en el campo.

La aplicación de la Nueva Planta no se realizó sin dificultades. Estas dimanaron en buena parte de la evolución política internacional. A favor de la situación exterior provocada por la intervención de Felipe V en Italia, a partir de 1717, los guerrilleros austracistas, los llamados aligots o carrasclets (éste era el apodo de uno de sus principales jefes), mantuvieron una actividad importante hasta 1720, obligando a los felipistas catalanes, los llamados despectivamente botiflers, a organizar milicias armadas, como fueron las escuadras del Valls, organizadas por la familia Veneciana. Más adelante, la evolución internacional favoreció la consolidación de la monarquía de Felipe V en España. En 1725 se firmaba la paz de Viena, por la cual el antiguo archiduque renunciaba a sus pretensiones a la Corona de España. Por su parte, Felipe V reconocía los títulos nobiliarios concedidos por Carlos de Austria y accedía a liberar a los dirigentes militares austracistas encarcelados desde 1714. Lentamente comenzaban a superarse las heridas de la guerra.

El catastro

Joaquín Nadal Farreras

Profesor de Historia Contemporánea

Universidad Autónoma de Barcelona

AUNQUE el año crucial para la nueva ordenación político-administrativa de Cataluña fue 1716, que se abre con el Decreto de Nueva Planta (16 enero 1716) y se cierra con el texto de las normas generales para la aplicación del Catastro (15 de octubre 1716), en realidad con estos decretos se llegaba a la culminación de un largo proceso de uniformización, paralelo a la evolución y progresos borbónicos en la guerra. A medida que los ejércitos de Felipe V iban conquistando territorio catalán, los consejeros políticos y militares del rey analizaban detenidamente la realidad catalana y sobre ella aplicaban sin contemplaciones todas aquellas medidas que consideraban necesarias para conseguir y asegurar el mantenimiento de un ejército de ocupación a cargo de los habitantes del territorio.

Así pues, el nuevo régimen implantado en el antiguo Principado no es el resultado de la improvisación, sino que surge de un proceso de experiencias acumuladas en el propio reino de Castilla y en las reformas que también se estaban intentando en aquellos momentos en Aragón y Valencia. A partir de la ocupación militar y de la consideración de país sometido, los impedimentos que habían frenado los propósitos centralizadores, por ejemplo del Conde-Duque en el siglo XVII, habían desaparecido ahora totalmente por la fuerza de las armas. Un eslabón fundamental de los cambios emprendidos fue la reorganización de la Hacienda, a partir de una reforma fiscal que se concretó principalmente en la creación de un nuevo impuesto: el Real Catastro.

Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada.
José Patiño, uno de los más firmes impulsores del catastro.

Vista del valle de Valldigna en la provincia de Valencia
(grabado del siglo XVIII para una obra del botánico Cavanilles).

Desde su llegada a España, los consejeros de Felipe V (Orry, Bergeyck, Macanaz, Patiño) habían soñado, forzados por las necesidades de la guerra, con un sistema de centralización administrativa —de cuño francés, claro está— que aumentase sobre todo la eficacia en el cobro de los impuestos. En definitiva, ante la penuria de la Hacienda Real, agotada por dos siglos de Imperio, y la triste realidad de un país empobrecido, se planteaba la ineludible necesidad de eliminar todas las posibles fugas creadas por los intermediarios y los arrendamientos con el fin de apurar al máximo la menguada capacidad contributiva del país. Pero la penuria económica, heredada de los estragos de la gran crisis del siglo XVII que había sancionado la llamada decadencia castellana, y la opción borbónica realizada por la antigua Corona de Castilla impidieron la aplicación de estas soñadas reformas en ella. Tan sólo el territorio de los perdedores se mostraría inevitablemente propicio a todo tipo de experimentos. Porque además los territorios desafectos coincidían con los que mayores obstáculos, básicamente institucionales, ofrecían a la regular contribución a la Hacienda Real. Una vez conquistados, ningún impedimento legal se opondría a nuevas formas de tasación más favorables a la Corona, que era de lo que en definitiva se trataba desde la óptica borbónica. Por este camino los reinos que integraban la Corona de Aragón se vieron muy pronto sometidos a unos impuestos extraordinarios de guerra que, al convertirse en el sostén principal de los ejércitos de ocupación, serían imprescindibles aun en tiempos de paz y, en consecuencia, tenderían a regularizarse. Esta fue la brecha que, a partir de un impuesto de origen militar, introdujo una reforma fiscal y un nuevo impuesto civil.

Intento de equiparación

No era, sin embargo, ésta la única razón que impelía a Felipe V a una nueva ordenación fiscal. En la Corona de Aragón las instituciones particulares tenían con frecuencia unos ingresos superiores a los de la Monarquía, hecho que siempre había constituido argumento socorrido para recordar y combatir la desigualdad contributiva de la Corona de Aragón en relación a la de Castilla; lo cual tampoco indica que los habitantes de Cataluña tuviesen un sistema fiscal más llevadero sino que, en última instancia, el destinatario de los impuestos existentes no era la Corona y, por tanto, no se concurría a los gastos generales, exteriores claro, de la Monarquía.

Sobre estas bases y con el propósito de equiparar la tributación de Aragón, Valencia y Cataluña a las caóticas y ruinosas «rentas provinciales» castellanas, se empezó a arbitrar la reforma fiscal de estos territorios que culminaría con la introducción del equivalente en Valencia (4 marzo, 1715), la única contribución para Aragón (1714). En todos los casos con una penalización inicial evidente: las antiguas rentas particulares no se suprimían: se incorporaban a la Corona.

De los tres intentos, el más sistemático, el menos improvisado y el que recogió la experiencia de los pasos tímidos y diversos que se habían realizado en Aragón y Valencia, fue el de Cataluña. De la mano principalmente de José Patiño, intendente del antiguo Principado desde el 21 de marzo de 1713, al mismo tiempo que se intentaba la sistematización de las contribuciones de carácter militar, se elaboraban los estudios que habían de conducir a la recopilación de material necesario para la introducción del Real Catastro, impuesto que fue creado por un Real Decreto de 9 de diciembre de 1715.

Pero una cosa era la voluntad del legislador al decidir la creación de un nuevo impuesto y otra las posibilidades reales de su implantación. Para que el Catastro empezara a funcionar realmente seguían pendientes dos cuestiones fundamentales. En primer lugar una enorme tarea de inventario de todo lo que fuese susceptible de tasación; en suma, la realización de un Catastro de un detallado inventario de la riqueza de Cataluña. No se conserva la documentación general de este Catastro, pero las copias que han subsistido en algunos archivos municipales, a pesar de tratarse de documentación de carácter fiscal, contienen tal cantidad de detalles que la riqueza de su contenido los convierte en fuente de primera magnitud para la Historia Económica del Antiguo Régimen de Cataluña. Además de esta gran labor de inventario, al cual no podían escapar teóricamente ni las más insignificantes cabezas de ganado y no digamos ya los bienes inmuebles, las fábricas, los molinos, los puentes, etc., seguía pendiente la elaboración de unas normas generales que especificasen el tipo de gravamen que pesaría sobre la riqueza inventariada. Patiño no tuvo listas estas normas hasta un año después del Decreto de creación del Catastro y se publicaron con fecha de 15 de octubre de 1716.

De estas mismas normas generales se desprende que el Catastro había de ser un impuesto en el que la forma en que… se debe repartir entre los pueblos e individuos, para que sea con proporción y equidad, consista en dos especies de servicio, el uno real y el otro personal.

El real, del cual estaban exentos los eclesiásticos, cargaba un 10 por 100 sobre el valor acatastrado de todos los bienes inmuebles (casas, tierras…) y de todos los préstamos hipotecarios (censos, censales…). Por su parte el personal, del cual estaban exentos todas las clases privilegiadas (nobleza y clero), tenía una variante de gran importancia, el industrial o ganancial que repercutía en un 10 por 100 sobre el valor estimado de las actividades productivas (comercio, industria…), y otra, más estrictamente vinculada a las personas, que gravaba lo que en terminología actual denominaríamos el «rendimiento del trabajo personal». El sistema de cálculo de esta parte era relativamente complejo: a los jornaleros se les calculaba su sueldo anual contabilizando 100 días hábiles, y de la cantidad resultante se descontaba un 8 ⅓ por 100; por su parte a los individuos de arte mecánica se les hacía la misma deducción, pero contando como promedio anual de días hábiles, 180.

Plano de Barcelona a comienzos del siglo XVIII.
Recibo pagado del catastro.

Grabado del monasterio de Benefizá.

Con estas normas generales quedaban perfiladas las principales características del nuevo impuesto, y aunque la consolidación definitiva de la casuística en torno al Catastro no llegaría hasta la Instrucción General del Catastro, dictada en Barcelona el 20 de diciembre de 1735 por el intendente Antonio de Sartine, lo cierto fue que las normas de 1716 fueron el punto de referencia básico y obligado durante todo el siglo XVIII e incluso, aunque en menor medida, hasta la reforma fiscal de 1845 con la que el Catastro desapareció definitivamente.

La realidad y el mito

Las consecuencias que sobre la realidad catalana y sobre la Hacienda Real tuvo el Catastro se pueden sintetizar en tres aspectos básicos.

En primer lugar el nuevo impuesto, calculado sobre una base sumamente optimista que recordaba la prosperidad de Cataluña en los últimos decenios del siglo XVII, chocó con un país empobrecido, incapaz de hacer frente a los pagos que se le exigían, a causa de los estragos de la guerra. Si en los primeros momentos se calculaba obtener 1.500.000 pesos anuales, esta expectativa había bajado dos años después, en 1718, a 900.000 pesos, lo que significaba una reducción de casi la mitad. A corto plazo, pues, el Catastro fue un tremendo factor de distorsión, casi diríamos una extorsión, de la economía catalana; con efectos, en suma, más negativos que positivos.

A largo plazo, en cambio, al mantenerse inalterable la base sobre la que se hacía el cálculo anual del reparto, al no actualizarse con diligencia la descripción catastral, el Catastro se fue convirtiendo poco a poco en un factor de una cierta desgravación fiscal. Aparte de que, ante la gravosidad de las cargas, las ocultaciones y el traspaso ficticio de bienes a eclesiásticos para eludir el pago estuvieron pronto a la orden del día.

Finalmente, la desgravación fiscal citada, junto con la aparente modernidad el Catastro, configuran la tercera de las consecuencias indicadas: la creencias en sus efectos beneficiosos y estimuladores para la economía catalana y, en definitiva, el establecimiento de una falsa relación de causa-efecto entre algunos aspectos del reformismo borbónico de la Nueva Planta y el extraordinario resurgir catalán del setecientos, tan magistralmente estudiado en sus líneas generales por Pierre Vilar. Esta creencia, que a largo plazo ha hecho mella en algunos sectores de la historiografía, fue difundida por los propios contemporáneos quienes, sin profundizar demasiado, llegaron a la mitificación del impuesto único hasta considerarlo la piedra filosofal que había de llevar la solución a la maltrecha economía castellana. De ahí que los intentos por aplicar, en el conjunto de la monarquía española, el impuesto único como panacea universal fuesen frecuentes en el siglo XVIII, siendo la expresión más conspicua de los mismos el realizado a mediados del siglo por el marqués de la Ensenada[1].

Frente a las opiniones optimistas del Catastro, habría que matizar muchísimo y desarrollar unos puntos de interpretación que concordaran mejor con la realidad que se desprende de la documentación de la época.

Digamos de entrada que, frente a la aparente modernidad del nuevo impuesto, que se deriva sobre todo de una mayor racionalidad frente a las variopintas «rentas provinciales», el Catastro conserva a pesar de todo las contradicciones propias de un mundo dominado por una organización social feudal-señorial, con las exenciones de todo tipo que la caracterizan en lo que concierne a las clases dominantes.

Por otra parte, el Catastro, calculado sobre una base optimista, duplica, no suprime, la estructura fiscal preexistente. Además no cabe ninguna duda de que en todos los casos (Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca), la reforma fiscal nace más que de una auténtica voluntad reformadora, de la voluntad por hacer patente el dominio de los territorios rebeldes mediante la sistematización de impuestos de guerra que han de servir para sufragar a los ejércitos de ocupación.

Finalmente, en la medida que los ingresos por el Catastro empezaron a ser superiores a las necesidades militares, el nuevo impuesto se convirtió en un eficaz instrumento para deducir y desviar —transferir— unos recursos hacia la nueva —para Cataluña— estructura político-social dominante, introduciendo por tanto un factor de expropiación externo a la peculiar formación social catalana.

Se podría afirmar que el Catastro, al igual que los otros tipos de única contribución introducidos en los otros países de la Corona de Aragón, si bien es cierto que de la mano de funcionarios ilustrados repercutió en una racionalización y sistematización del sistema fiscal, en el fondo fue —como resume Fontana— más que obra clarividente de una política ilustrada, resultado de la voluntad de recaudar más en los países sometidos…[2].

Retrato de Felipe V
(anónimo. Biblioteca Nacional, Madrid).

Consecuencias culturales

Modest Prats

Universidad Autónoma de Barcelona y Colegio Universitario de Gerona

INMEDIATAMENTE después de la ocupación de Barcelona por las tropas del duque de Berwick, empezó la elaboración del nuevo ordenamiento jurídico por el que debería regirse Cataluña. En las deliberaciones que precedieron a la redacción del Decreto de Nueva Planta la cuestión de la lengua ya ocupó la atención del Consejo de Castilla que fue encargado de elaborarlo. Se refería a ella la misma Memoria de Jose Patiño que advertía: Los catalanes son apasionados de su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablan en su lengua nativa. Aunque no faltaron voces que defendieran el uso del catalán, predominó la opinión que se refleja en el informe que el Consejo dirigió al rey. Así se inicia, de alguna manera, la larga historia de textos legales contra la lengua catalana, que llegan prácticamente a nuestros días.

Y son del mismo sentir por lo que mira a la práctica y forma de procesos civiles y criminales, con que en la Real Audiencia y ante los corregidores se sigan los pleitos en lengua castellana, y ante los demás tribunales inferiores se permita ahora el uso de la catalana, hasta que los escribanos se vayan instruyendo en el uso de la castellana, como también aquellas primeras personas que en los pueblos cortos suelen tener los mismos ministerios de justicia y otros que conducen a la formación de los autos y procesos; mandando V. M. al mismo tiempo que en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas, y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano.

El Decreto de Nueva Planta no recoge todos estos extremos y solamente el artículo 4.º se refiere explícitamente a la cuestión que nos ocupa: Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. A pesar de esta discreción legislativa, siguiendo los pasos que pocos años antes había dado Luis XIV en su política de incorporación a Francia del Rosellón[1].

En la labor de castellanización del país hay dos frentes a los que se presta una atención particular: el de la administración —civil y eclesiástica— y el de la enseñanza.

Hoy conocemos bien las relaciones entre prestigio social y lengua, y su importancia para estudiar el inicio y consolidación de un proceso diglósico. Por eso no podemos ignorar el papel que juegan en la castellanización de Cataluña esas élites funcionariales que aparecen a partir de la segunda década del siglo XVIII, continuando, con más fuerza y amplitud una política que, sobre todo en el campo eclesiástico, comenzó ya Felipe II. La lengua castellana será un signo decisivo en el establecimiento de unas categorías sociales, y su adaptación será un paso obligado para todos aquellos catalanes que quieran marcar su distancia de las clases populares.

Pero no se trata solamente de un proceso de castellanización por vías indirectas. Con toda habilidad, constancia y premeditación se llevará a cabo una política explícita de imposición de la lengua castellana. En el año 1717 se advertía a los corregidores de Cataluña, en una instrucción secreta:

Pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado.

Podríamos multiplicar los ejemplos de disposiciones oficiales de este tipo que afectaron en igual o superior medida al País Valenciano y les Illes, con excepción de Menorca, sujeta a jurisdicción inglesa. Todas ellas culminan, de alguna manera, en la Real Cédula de Carlos III (23-IV-1768):

VI. En la Audiencia de Cataluña quiero cese el estilo de poner en latín las Sentencias, y lo mismo en qualesquiera Tribunales Seculares donde se observe tal práctica…; desde el Santo Rey Don Fernando Tercero cesó en Castilla de actuar en latín, y en Aragón se fue desterrando el lemosino desde Fernando el primero, contribuyendo esta uniformidad de lenguas a que los Procesos guarden más uniformidad en todo el Reyno; y a este efecto derogó y anuló todas qualesquiera resoluciones, o estilos, que haya en contrario, y esto mismo recomendará el mi Consejo a los Ordinarios diocesanos, para que en sus Curias se actúe en lengua castellana.

VII. Finalmente mando que en la enseñanza de primeras letras, Latinidad y Retórica, se hagan en lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por el mi Consejo a los Diocesanos, Universidades y Superiores regulares para su exacta observación, y diligencia en extender el idioma general de la Nación para su mayor armonía y enlace recíproco.

Más de una vez insistió Carlos III en estos extremos señalando incluso los textos de gramática para las escuelas y para la enseñanza del catecismo. En este sentido podríamos señalar la contribución de las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, y de Universidad de Cervera en este proceso de castellanización, pero esto escapa a los límites del trabajo que nos hemos propuesto.

La resistencia

La historia de la lengua catalana, a partir del Decreto de Nueva Planta, ha de estudiarse teniendo muy presente esta larga sucesión de textos legales que la proscriben e intentan reducirla a un vulgar patois. Pero queda incompleta si no se registraran los episodios, a lo menos los más sobresalientes, de resistencia a este premeditado plan de castellanización. En este orden de cosas me permito indicar algunos datos, referidos a Cataluña, que son especialmente significativos. Centrada la atención de los estudiosos en los textos que llamamos literarios, el siglo XVIII pasaba prácticamente inadvertido. Hoy, no obstante, sobre todo gracias a los estudios de Rubió y Balaguer y de Antoni Comas, estamos en condiciones de valorar con mayor objetividad su interés e importancia. Podemos decir que, mientras avanza al socaire de la legislación y de las instituciones oficiales el proceso de castellanización del pueblo, se alzan voces en defensa de la lengua catalana, se inician estudios gramaticales y lexicográficos y se dibujan líneas muy precisas de resistencia. (No podemos ahora hacer referencia a lo que sucede, en este mismo sentido, en Valencia, pero no puedo olvidar los notables trabajos, por ejemplo, de Carles Ros).

Un estudio completo de este período no podría olvidar toda la interesante labor, en su ambigüedad ideológica, de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, ni tampoco sería justo pasar por alto el trabajo del filólogo Antoni de Bastero que, durante la Guerra de Sucesión, descubrió a los catalanes la hermandad catalano-provenzal y las obras de los trovadores. De todas maneras, voy a ceñirme a unos testimonios que considero suficientemente reveladores.

Es en el campo eclesiástico donde encontraremos los ejemplos más notables. A pesar de las disposiciones reales, por ejemplo, los curas se resistieron a inscribir la documentación oficial en castellano y hasta el siglo XIX encontramos en los despachos parroquiales las partidas de bautismo, matrimonio y óbitos registradas en catalán a pesar de los repetidos edictos que disponían lo contrario[2].

Mn. Baldiri Reixac, párroco de un insignificante pueblecito de la diócesis de Gerona, es un importante pedagogo abierto a las tendencias de la escuela de Port-Royal, buen conocedor de Feijóo y de Rollin. En su obra Instruccions per l’ensenyança de minyons (1749) defiende la necesidad de enseñar a los niños en la llengua pròpia de sa pàtria y defiende la capacidad expresiva del catalán y aboga por su cultivo en todos los campos de la cultura. También se movió en esta dirección su compañero Mn. Josep Ullastre, que se considera autor de la primera Gramática catalana, escrita a mediados de siglo. De hecho, los dos se inscriben, de alguna forma, en una amplia corriente de reivindicación y apología de la lengua que tendrá abundantes ejemplos a lo largo de estos años y forman una cadena de vibración patriótica. Se trata de un auténtico movimiento en defensa de la lengua catalana que la política centralista intentaba arrinconar y menospreciar. Las más de las veces —a diferencia de lo que sucede en Valencia— no va más allá de la apología sentimental, pero es altamente revelador de una actitud de protesta. Agustí Eura, que fue más tarde obispo de Orense, denunciaba vigorosamente la situación en que se troben les escoles on els mateixos catalans multen i castiguen els joves que parlen per descuit la Llengua Catalana. Ignasi Ferreres hacía ver la castellanización como consecuencia del mecanismo de prestigio social a que nos hemos referido: Es la llengua castellana nostra llengua de cort, i per ço abandonem el català.

Paseo de la Explanada de Barcelona en el siglo XVIII.

Sería con todo equivocado creer que sólo se alzaron voces aisladas contra la situación creada por la legislación borbónica. Hay un documento muy importante que hasta poco había sido ignorado. Se trata de un auténtico Memorial que los representantes de la antigua Corona de Aragón presentaron en las Cortes celebradas en Madrid en 1760. Por lo que se refiere a la lengua hay unas palabras que no podemos dejar de transcribir:

Hay otras leyes que obligan a que en Cataluña, Valencia y Mallorca sean obispos y clérigos de sus iglesias los que nacieron y se criaron en aquellos reynos. Porque en ellos se habla una lengua particular y aunque en las ciudades y villas principales muchos entienden y hablan la castellana, con todo los labradores ni saben hablarla ni la entienden. En las Indias, cuyos naturales, según se dize, no son capaces del ministerio eclesiástico, los párrocos deben entender y hablar la lengua de sus feligreses. ¿Y van a ser los labradores catalanes, valencianos y mallorquines de peor condición que los indios, haviéndose dado en aquellos reynos hasta los curatos a los que no entienden su lengua? Quanto convendría que los obispos así en las Indias como en España, no teniendo el don de lenguas que tuvieron los apóstoles, hablaran la lengua de sus feleigreses… Y siendo los labradores los que con el sudor de su rostro principalmente mantienen los obispos y demás clérigos, y por consiguiente los que más derechos tienen a ser instruidos, ¿han de ser privados de la instrucción…?

Pierre Vilar ha definido, con precisión de aforismo, el significado en la historia de Cataluña de la Guerra de Sucesión. Fue una derrota política, dice, pero el Principado adquirió, en el terreno de la economía, las garantías de su futuro desquite. De alguna forma podríamos aplicar este esquema a la historia de la lengua. El Decreto de Nueva Planta significa el inicio de una persecución contra el catalán, pero se producen unos movimientos de resistencia que propiciarán también una supervivencia, no por dolorosa y difícil, menos notable.

Cronología

La muerte de Carlos II sin sucesión directa y su testamento en favor de Felipe de Borbón, duque de Anjou y nieto de Luis XIV de Francia, iba a generar una de las primeras conflagraciones europeas de la Edad Moderna: la Guerra de Sucesión (1701-1714). En ella se enfrentaron Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, Hannover y el Imperio, partidarias de los derechos del archiduque Carlos de Austria, con las potencias borbónicas —España y Francia— en un intento de mantener el equilibrio europeo pensado por Inglaterra. Por otra parte, la guerra significó un grave enfrentamiento entre la Corona de Castilla, que había aceptado sin reticencias a Felipe V, y la Corona de Aragón, cuyos reinos hicieron suya la defensa de los derechos del archiduque Carlos.

1700 Carlos II muere en noviembre. Luis XIV acepta el testamento para su nieto Felipe de Anjou.

1701 Felipe V entra en Madrid y es proclamado rey por las Cortes. Alianza de Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, Hannover y el Imperio contra los Borbones.

1702 Felipe V marcha a Italia para una campaña militar. Su esposa, María Luisa de Saboya, gobierna como regente, aconsejada por la princesa de los Ursinos. Ataque de los aliados a Cádiz, derrota de la flota felipista en Vigo.

1703 Felipe V regresa a Madrid. El archiduque Carlos es reconocido por Viena como rey de España. Portugal y Saboya entran en la alianza contra España.

1704 El archiduque Carlos desembarca en Lisboa. Campaña de Extremadura. Conquista anglo-holandesa de Gibraltar en nombre del archiduque. Victoria aliada en Bienheim.

1705 Valencia apoya la causa del archiduque. Carlos toma Barcelona y es proclamado rey —Carlos III— e instala allí su corte, prometiendo respetar los fueros aragoneses y catalanes.

1706 Victorias aliadas en Ramilles y Turín. Felipe V abandona el cerco de Barcelona para atender a la defensa de Madrid.

1707 Victoria de Felipe V en Almansa. Supresión de los fueros valencianos. Nace el futuro Luis I.

1708 Victorias aliadas en Lille y Oudenarde.

1709 Felipe V rompe sus relaciones con Roma tras el reconocimiento del archiduque Carlos por parte del papa Clemente XI. Nueva derrota de los borbónicos en Malplaquet. Luis XIV inicia negociaciones de paz.

1710 Don Carlos conquista Madrid, que durante dos meses mantiene en su poder hasta que es recuperada por Felipe V. Decisivas victorias borbónicas en Brihuega y Villaviciosa.

1711 La muerte del emperador José I de Austria hace recaer la corona en su hermano el archiduque Carlos, lo que motiva un cambio de actitud de las potencias marítimas que se alían con Francia.

1712 Felipe V hace solemne renuncia de sus derechos a la corona de Francia. Reconquista de Gerona por los felipistas.

1713 Paz de Utrecht entre Francia, España y las potencias aliadas. Felipe es reconocido rey de España y sus posesiones americanas. Los territorios europeos de España pasan a pertenecer a Austria, Sicilia a los Saboya y algunas plazas fuertes de Bélgica, a los Países Bajos. Inglaterra obtiene Gibraltar y Menorca y el monopolio del comercio de esclavos con América. Cataluña, pese al abandono del archiduque, decide continuar la lucha contra Felipe hasta el final.

1714 Toma de Barcelona por las tropas felipistas del duque de Berwick. El archiduque Carlos, ahora ya Carlos VI de Austria, reconoce las consecuencias de Utrecht en la paz de Rastadt.

Bibliografía

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Sobrequés Callicó, Jaume, L’onze de Setembre i Catalunya. Edició i pròlog a cura de Sobrequés Callicó. Barcelona, Ed. Undàrius, 1976.

Felipe V.

Cataluña y Felipe V

Textos

Propuesta del Consejo de Aragón antes de la abolición de los fueros, 1706
PONER dos ministros castellanos… causaría esta novedad perniciosísimas consecuencias en deservicio de S. M. por que entenderían aquellos naturales que quiere V. M. quitarles sus fueros y gobernarlos con una misma ley que a los demás reinos, lo que les pondría en estado de desesperación, y les haría más obstinados en perder sus vidas para conservar sus fueros y libertades, con que sería tocarles la más fuerte alarma para irritarles contra V. M. y cerrar las puertas a todo género de negociación.

No dice Señor el Consejo que después de haber recobrado V. M. los Reynos no quite los privilegios, fueros y libertades que se oponen a la Real Soberanía y erija los tribunales componiéndolos de las personas y en el modo y forma que fuera más conveniente, y que anule y revoque todo lo que ha sido la causa de la facilidad que tienen para rebelarse, en todo esto el consejo será el primero… para que sea V. M. tan Rey y Señor de aquellos reinos como es razón.

Pero no es tiempo de executarlo ahora ni dar señales de quererlo hacer… importará mucho tenerlos confiados y aún pendientes de la esperanza de poder conseguir premios los que se declarasen por Su Magestad. (Archivo Histórico Nacional. Sección de Consejos Suprimidos, leg. 18.190).

Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia, 1707
CONSIDERANDO haber perdido los Reynos de Aragon y de Valencia, y a todos sus habitadores por el rebelion que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como á su legítimo Rey y Señor, todos lo fueros, privilegios, exênciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demas Reynos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos Reynos de Aragon y de Valencia, pues á la circunstancia de ser comprehendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelion: y considerando tambien, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogacion de leyes, las quales con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante á los de Aragon y Valencia; he juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis Reynos de España á la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y pausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos Reynos de Aragon y Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan á las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razon mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragon y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distincion; facilitando yo por este medio á los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada fidelidad, y dando á los Aragoneses y Valencianos recíproca é igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros que gozaban ántes, y ahora quedan abolidos: en cuya conseqüencia he resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha formado para Valencia, y la que he mandado se forme para Aragon, se gobiernen y manejen en todo y por todo como las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, ordenanzas y costumbres que se guardan en estas, sin la menor distinción y diferencia en nada, excepto en las controversias y puntos de Jurisdiccion eclesiástica, y modo de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí, en conseqüencia de las concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debe variar: de cuya resolucion he querido participar al Consejo, para que lo tenga entendido. («Novísima Recopilación de leyes de España», Madrid, 1805).

NO hubo pueblo que no se tomase á fuerza de armas; y estaban tan obstinados, que Xátiva después de un largo sitio, fué menester reducirla á cenizas; Orihuela, Elche, Alicante y Alcoy, costaron sitios en forma y mucha sangre; Denia fué dos veces sitiada; Tortosa largo tiempo bloqueada, y después sitiada, y para todo esto se sacó de aquel reino cuanto los vasallos y comunes tenían, y todo se empleó con mucha cuenta y razón, y algunos de estos sitios no se hubieran hecho si Pedrajas no los hubiera facilitado.

Luego que la capital fué ocupada, pasé yo en posta á reconocer el fondo de las finanzas de aquel reino, y en breve tiempo remití relaciones de todo ello; número de pueblos, tanto del Rey como de señorío; los vecinos de que se componían, sustancia y especies de Comercio que tenían; lo que todo producía y usos en que se convertía, y los bienes que habían dejado los que seguían el partido enemigo.

Examinadas estas relaciones por una junta que para ello se hizo en esta Corte, viendo Monsieur Amelot que la junta después de largo tiempo no acababa de reconocerlas y formar el plano que se debía seguir, rendido á las instancias de otros Ministros dispuso que S. M. nombrase un Superintendente que lo fué D. Juan Perez de la Puente, que hoy está en Guadalajara.

Llegó este Superintendente á Valencia tres meses después de ocupada la capital; llevaba órden de reglarse en todo á la práctica de las rentas de Castilla por lo tocante á alcabalas y cientos, y que en lo demás viese mis papeles y oyese mi dictamen, y á mí se me dió orden para que le entregase los papeles y le instruyese de todo, y que hecho, me restituiría á esta Corte por parecer preciso que yo asistiese aquí, y haber concluido este encargo á que fui.

Después de esto se me mandó que reglase la ciudad al pié de Castilla, y que enviase plano de ella y proposicion de los sujetos de que se habia de componer, y lo ejecuté y quedó la ciudad formada al pié de la de Sevilla.

En tanto que esto pasaba, se formó de aquí Audiencia para aquel reino y viendo que antes de ir á él los Ministros, experimentaron grande oposicion del Consejo de Aragon, fui consultado por Monsieur Amelot, y le envié un papel algo dilatado haciéndole ver que convenía quitar enteramente el Consejo de Aragon, y que la Audiencia que había de ir á aquel reino, no debía ser ni con la autoridad que antiguamente tenía, ni con la que acá practicaban las Audiencias en Castilla.

Y que sólo convenía enviar de aquí un Jefe y un Fiscal con cuatro Ministros los más doctos, prácticos y experimentados en las leyes de Castilla, y que de los que había en aquel reino, se podían nombrar otros cuatro que fuesen igualmente experimentados en sus fueros, por haber en ellos algunas cosas más bien arregladas que en Castilla.

Y que á todos estos Ministros se les diese por órden preciso que sólo cuidasen de determinar si había algunos pleitos, que por entonces eran muy pocos; y que todos los demás del tiempo lo ocupasen en recopilar los fueros, sacando de ellos todo lo que miraba á lo eclesiástico, por estar allá más bien ordenado que en Castilla y con más autoridad del Rey; y así mismo muchas otras cosas de la Policía, y otras materias que estaban sin duda mejor regladas que en Castilla; y que de todo esto se hiciese un libro con título de Ordenanzas de Valencia, y que fuera de estas Ordenanzas, todo lo demás se gobernase por las leyes de Castilla.

Y con efecto, se extinguió el Consejo de Aragon y se enviaron los Ministros aunque ya con título de Chancillería y en mucho mayor número, y el Presidente de ella, que era D. Pedro Colón, llevaba órden del Gobernador del Consejo para instruirse por medio mio de todo cuanto debia obrar; y a mí se me escribió me detuviese allí hasta que llegase y le instruyese de todo cuanto debía hacer, y así lo ejecuté. («Regalía de los señores reyes de Aragón…», por D. Melchor de Macanaz, Madrid, 1879).

Informes de Melchor de Macanaz

Informe del catalán Francisco Ameller, consejero de Castilla, 1715
«Don Francisco Ameller, haciéndose cargo del contexto del Decreto, dize que, haviendo el Principado de Cataluña, por su obstinada reveldia y resistencia, perdido sus leyes, constituciones, privilegios y prerrogatibas, cesó y quedó abolida la planta de govierno antiguo, político, económico y militar.

»Que, por consiguiente, quedaron suprimidos el Consejo criminal y Audiencia de Cataluña; Consejo de la Baylía general y Real Patrimonio; Tribunales de Maestro Razional; del derecho ó Vectigal nombrado de Guerra de la Capitanía General, que formaban los Virreyes, nombrando Asesores, Abogados fiscales y demás oficiales para las presas, contrabandos y demás dependencias; el de la Governación del Governador de Cataluña y Vicerregia que éste ejercía con los Ministros en falta de Virrey; el tribunal de Contrafueros introducido por las Cortes del año de mil setecientos dos; el de la Visita Real de los Ministros y demás oficiales reales, introducido por las mismas cortes; la Curia de Bayle de Barcelona, que ejercía jurisdición en cierto género de personas y gremios; la de Alcaldes de la Seca para fabricar moneda, que la ejercían en todos sus oficiales y dependencias de ella; la de los Juezes de Tabla, que se sorteaban para visitar á los oficiales reales temporales, fenecidos el trienio de sus oficios; y demás jurisdiciones que ejercían, y la forma, reglas y prerrogatibas de que usaban y con que se governaban, en fuerza de sus constituciones, fueros y privilegios.

»Que por el Mariscal de Bervik (usando de su plenipotenciage) ha formado en ínterin una Junta de Ministros Superiores de Govierno y de Justicia para Barzelona y todo el Principado, dejando correr la Curia ordinaria del Beguer de Barzelona, con tres Asesores, fiscal y demás oficiales que nombró; y también las demás Curias de las ciudades, villas y lugares que eran precisas para la administración de justicia en primera instancia, haviendo nombrado Begueres de toda confianza; haviendo dejado correr también la Curia del Consulado de la Lonja de Mar y Tierra, como tan necesaria para la conservación del comercio, poniendo para su ejercicio Cónsules de toda satisfacción.

»Que asimismo an quedado abolidos el Gobierno antiguo de Barzelona, el de la Deputación del General de Cataluña, y el del Brazo Militar de Nobles y Cavalleros, Concelleres, Deputados y oidores de qüentas, Protector y oficiales mayores del Brazo Militar, que eran los Comunes Ruidosos, los que sustentaron las turbaciones, y por quienes se dirijió la revelión y resistencia.

»Que cesaron las prerrogativas que tenían en la celebración de cortes generales, combocación de Parlamentos, el Concejo de Ciento, el de treinta y seis de la ciudad, y veinte y quatrenas de Guerra, el tratamiento de Grande que tenía la ciudad, su jurisdición ó Juicio de Proómenes en la Curia de Beguer, y todas las demás dependencias, jurisdiciones, Authoridades y preheminencias que ejercían, que eran innumerables, con total independencia de la jurisdición y authoridad real.

»Que para el Govierno político y económico de la ciudad, su provisión y abasto, nombró por entonces el Duque de Bervik diecisiete personas de calificada fidelidad, que con títulos de Administradores, y según las Instrucciones que se les dieron, y sin usar de las insignias y ropajes consulares que usaban los Concelleres, administrasen todas las rentas, imposiciones, Vectigales, derechos de Puertas y otros, que cobraba la Deputación, y se aplicaron á la Real hazienda, vajo el Govierno y cuidado de Don Joseph Patiño, y que en algunas ciudades, villas y lugares se ha practicado reducirlas á este Govierno, quitándoles lo que de particular tenían, esto es, sus antiguos privilegios, en perjuicio de la authoridad y Soberanía Real…» (SANPERE I MIGUEL, «Fin de la nación catalana», Barcelona, 1905).

HAVIENDO acordado la Cámara en dos de este se vea si hay alguna orden sobre que las Plazas que vacaren en las Chancillerías de Zaragoza y Valencia se provean precisamente en sugetos Castellanos y no en naturales de aquellos Reynos se han reconocido todos los Papeles de la Secretaria, y no se encuentra haya bajado tal orden.

En quanto a Corregimientos se halla que en tres consultas de 12 de noviembre de 1707 en que expresó la Cámara a S. M. convendría se diese la propiedad del Corregimiento de Valencia al Conde del Castellar y el de Zaragoza a D. Gerónymo de Blancas (quienes los servían en ínterin) y proponiendo sugetos para Regidores de Zaragoza. Se sirvió S. M. responder a dichas consultas. Que su Real Animo era fuesen Castellanos estos Corregidores, y más la primera vez, y que la Cámara propusiese a S. M. las personas que tuviesen tal calidad y todas las demás, que en aquella coyuntura se devian considerar necesarias. Y por lo tocante a Regidores de Zaragoza Que sería bien se compusiese el número de ellos de algunos Castellanos. Y antes de publicar dichas consultas en la Cámara escrivió el Señor Governador del Consejo un Papel al sr. D. Joseph de Grimaldo el 22 de noviembre, que se le ofrecían para que se dejasen continuar por algún tiempo a dichos dos Corregidores de Zaragoza y Valencia, y que por lo que mirava a los demás Corregimientos de Aragón se consultarían luego en sugetos castellanos, y que ponerse Regidores Castellanos era materia impracticable y contra las Leyes. A cuyo Papel respondió dicho sr. D. Joseph de Grimaldo Que S. M. se conformava con lo propuesto por S. E. en quanto a los Corregidores y que los Regidores fuesen por aora todos Aragoneses, y que se executase assi no obstante lo que havia resuelto en cumplimiento de cuya Real Resolución. Para todos los Corregimientos de Aragón que ha consultado la Cámara ha propuesto siempre sugetos castellanos. (Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos, leg. 13.955).

Corregidores y regidores: una muestra de la dureza centralista

Real Decreto de la Nueva Planta de Gobierno del Principado de Cataluña, 15 enero 1716
HABIENDO, con la asistencia divina y justicia de mi causa, pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi soberanía establecer gobierno en él… por cuyo bien, habiendo procedido madura deliberación y consulta de ministros de mi mayor confianza, he resuelto que en el referido Principado se forme una Audiencia, en la cual presida el Capitán General de mis armas… el cual Capitán General o Comandante ha de tener voto solamente en las cosas del Gobierno.

2. La Audiencia se ha de juntar en las casas que antes estaban destinadas para la Diputación.

4. Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana.

31. En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 Regidores y en las demas ocho, cuya nominación me reservo.

37. Todos los demas oficios (cargos) que antes había en el Principado… no expresados en este mi Real Decreto, quedan suprimidos y extintos.

39. Mando que no haya somatenes ni otras juntas de gente armada, so pena de ser tratados como sediciosos.

40. Han de cesar las prohibiciones de extrangería, porque mi Real Intención es que en mis reinos las dignidades y honores se confieran recíprocamente a mis vasallos.

42. En todo lo demas que no está prevenido en los capítulos antecedentes de este Decreto, mando que se observen las Constituciones que antes había en Cataluña, entendiéndose que son de nuevo establecidas por este Decreto. («Novísima Recopilación», Libro V Título IX, Ley I).

La nueva Planta en Mallorca, 1716
DON Felipe V en Buen Retiro por Real Decreto de 28 de noviembre de 1715. Establecimiento y planta de la Real Audiencia de Mallorca.

Aunque por diferentes pragmáticas de los Reyes mis predecesores se halla reglado el gobierno de la isla y Reyno de Mallorca, he considerado, que las turbaciones de la última guerra le han dexado en estado que necesita de algunas nuevas providencias para su mayor seguridad, paz y quietud de sus naturales; por lo qual he resuelto, que en la Audiencia, compuesta de un Regente, cinco Ministros y un Fiscal, presida el Comandante General de mis Armas que hubiere en aquel Reyno, sin voto en las cosas de Justicia, aunque le tendrá en las de Gobierno; y se le deberá avisar en las graves, antes de tratarse, por medio del Escribano mayor de la Audiencia o con papel del Regente, por si quiere concurrir (…)

4. En el modo de proceder en las causas civiles y criminales, número de Escribanos y ministros inferiores, arancel de derechos, y lo demas, se observarán las pragmáticas y estilos antiguos; teniendo entendido, que las apelaciones, que antes se interponían al Consejo de Aragón, se interpondrán y admitirán en adelante para el Consejo de Castilla; y si sobre estas cosas antiguas hubiere alguna que necesite de reformación, me la consultará la Audiencia.

5. Necesitándose en el presente estado de la isla y Reyno de Mallorca atender con el mayor cuidado y vigilancia á su mejor gobierno; y siendo, para lograrle, de la mayor importancia elegir las personas más hábiles, y no exponerle á la contingencia del sorteo; he resuelto, que por ahora, y durante mi voluntad, se nombren veinte Jurados, que rijan y gobiernen lo económico y político de la ciudad de Palma, y doce para que gobiernen la de Alcudia también en lo económico y político, y en los demas lugares del Reyno los que fueren necesarios según el número de la población de cada uno; reservándome yo la nominación de los que hubieren de elegirse para las dos ciudades de Palma y Alcudia, y haciéndola la Audiencia por lo que mira á los otros lugares, de que me dará cuenta (…)

7. Siendo mi intención honrar y premiar indistintamente todos mis vasallos según el mérito de cada uno, y emplearlos como juzgare más conveniente; declaro y mando, que en adelante cesen en Mallorca las costumbres y leyes que hablan de extrangería. («Novísima Recopilación», libro V, Título X, Ley 1).

INSTRUCCION que se ha de observar en las ciudades, villas y lugares de este Reyno de Valencia para el repartimiento y cobranza del Equivalente de Alcabalas Cientos y Millones, y sus nuevos impuestos en este presente año de 1718.

Los Justicias y Ayuntamientos de cada Villa o Ciudades, luego que se les haga notorio el despacho por donde conste la cantidad que se les ha repartido por el referido equivalente han de ejecutar puntual y rigurosamente, vezindario de todos los vezinos y terrateniente y han de nombrar dos personas o más que no sean de los que componen el Ayuntamiento por repartidores del referido equivalente que han de ser de las mas inteligentes y de toda integridad y justificacion para que ejecuten el referido repartimiento, a los cuales se les ha de tomar juramento por los justicias en debida forma para hacer el expresado repartimiento entre los vezinos y terratenientes de dicha villa con toda igualdad y justificación y en Ayuntamiento de cada pueblo podra nombrar los Comisarios para que con las Justicias puedan asistir a ver hacer el referido repartimiento para que este respeto facilite el mayor acierto. Con la advertencia que en nada han de perjudicar a los repartidores para que libremente puedan cumplir con su cargo… (JORDI ROMEU, «El sistema fiscal valenciano [1715-1823]», Vinaroz, 1981).

El nuevo sistema fiscal: el equivalente en Valencia, 1718

EL Superintendente de Mallorca deberá conocer privativamente de todas las causas en que tiene interes la Real Hacienda, como las de diezmos Reales de frutos, tascas, derechos, laudemios y amortizaciones, así en lo respectivo á la cobranza, como por el título y derecho de propiedad, con todas sus incidencias, anexidades y conexidades; y por consiguiente se deberá abstener la Audiencia de su conocimiento.

Asimismo deberá ser Juez privativo de la cabrevación (que consiste en los censos enfitéuticos y feudos, ú otros de Realengo, cuyo dominio directo, alodial ó feudal pertenece á la Real Hacienda), acudiendo los poseedores ante el referido Superintendente á cabrevar ó reconocer la superioridad del dominio directo, y paguen lo que debieren á S. M. por esta razon; cuya revocación y demas incidentes es propia y privativa del Superintendente: pero todos los juicios é instancias que entre partes se substanciaren sobre la pertenencia de posesión de estos derechos, ó sobre particion, ú otras de las quales no tiene interes la Real Hacienda, deberá conocer la Audiencia ó Justicia ordinaria; con la prevención de que, luego que por cualquiera de las partes se haya obtenido, ántes de darles la executoria, se pase aviso por la Audiencia al Superintendente, á fin de que note y sepa de quien ha de recaudar la pension de estos derechos.

En las confiscaciones se deberá expresar, que cuando es solo mero seqüestro ó embargo de bienes, deberá conocer la Audiencia; como también en los autos de confiscacion hasta pronunciar la sentencia, cuya execucion en la percepcion y cobro de los bienes confiscados deberá ser privativa del Superintendente, como tambien todos los pleytos é instancias que sobre los referidos bienes, rentas y derechos confiscados se ofrecieren; en lo que no se haya de entrometer la Audiencia, la qual remita copia auténtica de los embargos que precedieron á la confiscación.

Por lo respectivo á naufragios y bienes vacantes conocerá privativamente el Superintendente en el cobro, averiguacion y aplicación de ellos á la Real Hacienda, precediendo para ello las diligencias en Derecho necesarias.

El conocimiento de las aguas en las causas sobre el cobro de sus pensiones, cargas, laudemios pertenecientes á la Red Hacienda, ha de ser privativo del Superintendente; pero las que ocurran sobre el curso de aguas públicas, daños y perjuicios en caminos y parages públicos, ó en haciendas particulares en que no tiene interes la Real Hacienda, como tambien en causas de posesion, particion y otros derechos, en que no tenga el Fisco alguno, conozca la Audiencia privativamente: y el dar facultades para enagenar las aguas públicas, respeto de ser peculiar de S. M., deberán avisar precisamente ante su Real Persona, concedidas con alguna carga ó pension, como siempre ha executado, de estas y sus laudemios deberá conocer el Superintendente.

El conocimiento de los pleytos é instancias sobre caminos públicos, así en la ciudad de Palma como en lo demas de la isla, no obstante de ser todos del Real dominio, deberá tocar á la Audiencia, quando fuesen sobre derecho de las partes, en que no tenga interes conocido la Real Hacienda (con la prevencion que en esta razon se hace en el capítulo de Juez de la cabrevacion): pero en lo que tenga y sea perteneciente á su cobro y recaudacion, con todo lo á ello incidente, como en la percepcion de censos, reconocimiento de ellos, y otras cargas, con que por esta razon contribuyen á S. M., debe privativamente conocer el Superintendente, como tambien en las demas causas que de lo referido dependan, sin que se pueda entrometer la Audiencia… («Novísima Recopilación», Libro V, Título X, Ley III).

La institución del Intendente: el caso de Mallorca, 1717

Magistrados castellanos en la Corona de Aragón, 1730
Hize presente a la Cámara lo expuesto y asentado por la Secretaría. De que resulta que ni por los Decretos de la planta y formación de las Audiencias de la Corona de Aragón, ni por otra particular posterior orden ni resolución del Rey, está prevenido ni mandado que sea de número fijo el de los Ministros que se habían de consultar para las Audiencias, naturales de aquella Corona, ni de la de Castilla; que en las Consultas de estas Plazas desde su creación; la Camara ha procedido con reflexión a que siempre sea el número de Castellanos maior en cada Sala que el de naturales, los fiscales siempre Castellanos. Y que (aunque extrajudicialmente) se tiene en la Secretaría por fijo que el Rey tiene encargado al Secretario y Secretaria del Despacho el cuidado de prevenir a Su Magestad quando alguna consulta fuere en sugetos naturales, con que se haga superior el número a los Castellanos, para excusar este inconveniente con la elección un Castellano. Con que es arbitrario y sin sugeción a precepto; consultar o no, natural o Castellano. De que quedó enterada la Camara. (Archivo Histórico Nacional. Consejos suprimidos. Legajo 17.955).

Notas

[1] Fuster, J.: Nosotros, los valencianos. Barcelona, 1967, página 82. <<

[2] Este texto lo he extraído del artículo de M. C. Pérez Aparicio: «La guerra de succesió: una revolució camperola». Actas del I Congreso de Historia del País Valenciano. Vol. III. Valencia, 1976, 521. Para la redacción de este trabajo me ha sido, asimismo, fundamental la comunicación de Mariano Peset: «Apuntes sobre la abolición de los fueros». Actas del I Congreso de Historia del País Valenciano Vol. III. Valencia, 1976, páginas 525-35. <<

[1] A. Grasset de Saint-Sauveur, Viaje a las islas Baleares y Pitiusas, Palma de Mallorca, Roda 1952, pág. 12 (el libro se escribió a principios del siglo XIX). <<

[2] En las primeras décadas del 700, esta expresión carecía de sentido, pues los ligámenes institucionales, establecidos en el siglo XII y XIV entre los reinos de Valencia-Cataluña-Mallorca, habían desaparecido totalmente, persistiendo (por lo que se refiere a Mallorca-Cataluña) unas relaciones muy precisas de dependencia, que empiezan a mitigarse a finales del siglo XVI, para desaparecer a mediados del siglo XIX (hecho perfectamente constatado y descrito por los «clásicos» de la historia de Mallorca: J. Binimelis, J. Dameto, V. Mut y J. M. Cuadrado). <<

[3] Y aquí la imaginación aparece frecuentemente desbordada: se aducen desde motivaciones sentimentales e ideologías ligadas con una pretendida defensa de principios federales y pluralistas de la monarquía española, el espíritu pacifista, que caracterizaría a la confederación catalano-aragonesa, el temor a la escuadra anglo-holandesa, etcétera. <<

[4] Hay que exceptuar la valiosa aportación de P. Montaner, «La conspiración felipista de 1711», Palma de Mallorca, memoria inédita de licenciatura, junio de 1976, Facultad de Filosofía y Letras. <<

[5] Que, como ha señalado el autor antes citado, se ha identificado con la defensa de los fueros. <<

[6] Op. cit. <<

[7] Idénticos condicionamientos ideológicos, con similares deformaciones históricas, pueden descubrirse en las afirmaciones que califican de «reconquista» a la conquista catalana de Mallorca (1229), conquista que habría reintegrado a Mallorca a la «civilización occidental» o «cristiana», y, en definitiva, a la Monarquía española (recientemente se ha calificado a Jaume I el Conquistador de primer Rey español). <<

[8] Decimos consolidación por cuanto la dependencia se habría ya iniciado con Fernando el Católico, si bien es con Carlos V cuando las relaciones quedarán firmemente establecidas, al ser el ejército imperial el que manipulará la gran revuelta agermanada (1522), que había desbordado a la clase dominante mallorquina. <<

[9] La Hacienda real pasa a apropiarse de los impuestos más sustanciosos de la universal consignación: sal, estanco, tabaco y aduana de la mar; se introduce una talla anual de 32.000 pesos y el utensilio, justificados ambos para mantener el ejército de ocupación de la isla; un arbitrio sobre la fabricación de aguardiente en la isla. <<

[10] Ruiz de la Torre, A. H. M. 1789, en Isabel Moll Blanes, «La economía y la sociedad en la isla de Mallorca durante la segunda mitad del siglo XVIII: La Sociedad Económica de Amigos del País», tesis de Doctorado inédita, noviembre de 1975, Universidad Complutense. Apéndice documental, pág. 195. <<

[1] Un interesante repaso a estas cuestiones puede hallarse en Gonzalo Anes Alvarez, «La Contribución de frutos civiles entre los proyectos de reforma tributaria en la España del siglo XVIII», en Hacienda Pública Española, n.º 27, 1974, pp 21-45. <<

[2] Cfr. Josep Fontana, Hacienda y Estado, 1823-1833. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973, p. 15. <<

[1] Josep Sanabre, Resistència del Rosselló a incorporar-se a França, Barcelona, 1970, pp. 169-185. <<

[2] Joan Busquets, Joaquim Nadal, Les possibilitats de la demografia histórica a les comarques gironines: inventari dels arxius parroquials de la diócesi. Girona, CSIC-IEG. 1976. Introducción. <<