Juan Jesús González Rodríguez (ed.)

Cambio social en la España del siglo XXI

Presentación: la España poscrisis

Juan Jesús González Rodríguez

Desigualdad y fragmentación social

Tras una larga y tortuosa travesía por la Gran Recesión (nada menos que veinte trimestres del sexenio 2008-2013 fueron recesivos), en 2017 la economía española consiguió recuperar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) de 2008, si bien lo hizo con dos millones menos de empleos y con una distribución de la renta menos favorable para los trabajadores 1 . Esta situación tiene, por lo pronto, dos tipos de implicaciones: en primer lugar, la dificultad existente a la hora de recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis; en segundo lugar, la sospecha fundada de que la recuperación va asociada a niveles altos de desigualdad social. Para empezar, hay que tener en cuenta que el PIB de 2017 se consiguió con 18,6 millones de ocupados (media anual aproximada), lo que dejaba un saldo que rondaba los cuatro millones de parados. Por el contrario, el PIB de 2008 (equivalente al de 2017) se consiguió con 20,5 millones de empleos y una tasa de paro del 10%, lo que dejaba un saldo aproximado de dos millones de parados. A la hora de hacer balance de la crisis nos encontramos, de entrada, con dos millones menos de empleos y dos millones más de parados 2 , lo que nos puede dar una primera idea de la magnitud del ajuste registrado en la economía española durante los años de recesión, en la pugna por restablecer el nivel de competitividad que se había perdido durante los años previos a la crisis (los años de la burbuja 3 ).

Un segundo rasgo a tener en cuenta para entender la dinámica de la recuperación es su distribución territorial toda vez que la recomposición de la economía española está siguiendo la lógica típica de las economías globalizadas (Guilluy, 2014), en las que el crecimiento está protagonizado por las grandes áreas metropolitanas, en tanto que la desindustrialización genera una nueva periferia económica. Esto explica que, en el citado año 2017, la Comunidad de Madrid hubiese rebasado ya el PIB de 2008 en un 7%, en tanto que regiones de tradición industrial, como, por ejemplo, Asturias, todavía estuviesen un 6,5% por debajo del PIB correspondiente a 2008. Como consecuencia de esta desigualdad en la velocidad de recuperación, en 2017 la Comunidad de Madrid era la única que había conseguido recuperar los niveles de empleo previos a la crisis. En suma, al aumento de la desigualdad en razón de la categoría social hay que añadir el aumento de la desigualdad entre territorios como características, ambas, del modelo socioeconómico asociado a la crisis.

Ahora bien, los efectos de la crisis no se limitan al terreno laboral, como lo prueba el hecho de que el crecimiento demográfico del país en su conjunto llegase a detenerse en plena crisis, en buena parte como consecuencia del retorno de los inmigrantes llegados durante los años de la burbuja; así, al clima de depresión económica se ha unido el problema del envejecimiento acelerado de la población española en un contexto de estancamiento demográfico. De este modo, la demografía se convierte en parte del problema que tiene España para recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis, toda vez que el retorno de los inmigrantes y el envejecimiento de los nativos son factores coadyuvantes en la caída de la demanda interna, lo que, a su vez, limita la creación de empleo, que ha estado a expensas del aumento de las exportaciones, siendo la variable económica que mejor se comportó durante los primeros años de recuperación (junto con el turismo), al pasar del 17% del PIB, en 2008, al 23%, en 2016.

Sin embargo, la economía española parecía recuperarse poco a poco del efecto combinado, por un lado, del impacto del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria y, por otro, del duro castigo autoinfligido en el marco de la Unión Monetaria Europea (UME, también conocida como Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea [UEM]). En virtud del primero, entre 2007 y 2013 la economía española perdió tres de los cinco millones de empleos que se habían creado entre 2000 y 2007. En virtud del segundo, la sociedad española sufrió recortes drásticos de las prestaciones sociales que fueron desviados al rescate bancario (así ocurrió, al menos, con veinte de los 40.000 millones que se estiman como coste público del rescate). Tras seis años de crisis, con los correspondientes ajustes, la economía española volvió a situarse en el 3% y a crear empleo a un ritmo de 500.000 puestos de trabajo anuales en los primeros años de la recuperación. No obstante, esto no ha sido suficiente para evitar que la tasa de pobreza pasase del 20% al 22% en esos mismos años, según el INE, lo que dejaba a 10 millones de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza (situado en 8.000 euros per cápita, en 2015, cuando la renta media disponible era de 19.000 euros). Por tanto, no solo se trataba de que la desigualdad creciese con la grave recesión del sexenio 2008-2013, debido, sobre todo, al empobrecimiento relativo de los estratos más bajos de renta (Goerlich, 2016), sino de que no parecía reducirse en los años de recuperación, lo que plantea serias dudas de que el crecimiento económico sea suficiente para invertir la tendencia (Ayala, 2018).

Ya tenemos, por tanto, uno de los rasgos que caracterizan la sociedad poscrisis: tanto el empleo como la renta están peor repartidos que antes de la crisis. Pero esto solo es una cara del nuevo orden social; la otra es la fragmentación social y política que se ha producido en paralelo al aumento de la desigualdad. Durante los últimos años se ha hablado con profusión de un nuevo sujeto social que parecía protagonizar el escenario de la crisis: el precariado, un sujeto escurridizo y difícil de cuantificar, pero al que enseguida se le atribuyeron implicaciones de todo tipo en términos de fractura y de dualidad social. Pues bien, una comprensión cabal del fenómeno recomienda colocarlo en el contexto de la evolución de la estructura de clase y, más en concreto, de la recomposición de las clases trabajadoras en función de su cualificación, ya que así es como los trabajadores cualificados han pasado de representar un 25% de la fuerza de trabajo, en 1985, a un 15% en 2013 (con una pérdida de diez puntos porcentuales), mientras que los trabajadores no cualificados han pasado de representar un 15% a un 23,5% en ese mismo período, dando lugar a un intercambio de posiciones en términos de peso relativo de las dos categorías. Este dato ilustra mejor que ningún otro la conocida tesis de la depauperación de las clases trabajadoras del mundo occidental al tiempo que el traslado de la manufactura a la gran fábrica asiática servía de trampolín a las nuevas clases medias de los países emergentes (Milanovic, 2012). Desde esta perspectiva, el precariado no es más que un subproducto de esta recomposición de la fuerza de trabajo en virtud de la cual la vieja clase obrera industrial (cualificada, organizada, etc.) va dando paso a un proletariado difuso y cada vez más inestable que rota de manera más o menos aleatoria, según la coyuntura, entre el empleo descualificado y el paro y que presenta escaso nivel de protección social y de apoyo formativo.

Se trata de un colectivo que, si bien es verdad que no aumentó de manera sustancial durante la crisis (debido a la drástica reducción del empleo temporal), tampoco encontró salida hacia la estabilidad laboral, tal como ocurría en los años de la burbuja. Esta es la característica diferencial de los años de la crisis: en contraste con la etapa anterior, cuando el precariado suponía una posición de paso en la que los jóvenes realizaban su proceso de inserción laboral hasta conseguir la estabilidad, este se convirtió en una trampa vital en la que los jóvenes quedaban atrapados. De hecho, entre 2010 y 2015 la precariedad de las cohortes de jóvenes menores de 30 años se mantuvo estable al pasar de una cohorte a la siguiente 4 ; de ahí que los jóvenes más cualificados se vieran empujados a la emigración en esos años como única posibilidad de escapar de la cronificación de la precariedad.

Pero, tal como adelantábamos, a pesar de que la economía española ha conseguido restablecer el nivel de producción previo a la crisis, todavía encuentra dificultades para restablecer el nivel de ocupación, con lo que el paro sigue siendo la eterna asignatura pendiente de nuestra economía. Hacia 2018 la situación laboral de España se podía resumir diciendo que tres de cada diez asalariados se repartían entre el precariado (2) y el paro de larga duración (1). Si tomamos como referencia los jóvenes de menos de 35 años, el dato fundamental reside en que la mitad de ellos formaba parte del precariado.

En este punto conviene recordar que los intentos por combatir el paro se han resuelto, por lo general, a costa de segmentar el mercado de trabajo y de alimentar una dualidad que ahora ya se nos presenta como consustancial a las sociedades poscrisis del sur de Europa. Dado el papel protagonista de los jóvenes en esta categoría, en los últimos tiempos las mencionadas sociedades tienden a agudizar una de sus características distintivas, como es el contraste entre un núcleo de trabajadores adultos protegidos y un hinterland de trabajadores jóvenes que quedan excluidos del empleo y de la protección social. De ahí que a las desigualdades de clase más o menos características de las sociedades posindustriales los países mediterráneos añadan niveles relativamente altos de desigualdad intergeneracional.

Una manera de ilustrar este problema consiste en calcular el peso del gasto en inversión social, incluyendo en este el destinado a la educación no obligatoria (superior y preescolar), las políticas activas de empleo y las políticas de I+D, en comparación con el gasto social consuntivo (pensiones y subsidio de desempleo), lo que permite ver el papel más bien testimonial que le corresponde al primero en los países mediterráneos (Beramendi et al., 2015). Esto ya era así en la década pasada, pese a los esfuerzos del Gobierno socialista de entonces por reconducir dicho desequilibrio (ibíd.), de tal manera que los recortes en estas materias asociados a la crisis no han hecho más que aumentar la distancia entre ambos tipos de gasto. Desde entonces el peso relativo de las pensiones sobre el PIB se ha disparado (desde el 9,2%, en 2008 al 12,8% en 2014), al tiempo que los demás capítulos del gasto (educación, sanidad, etc.) perdían importancia relativa, por no hablar de los apartados referidos con anterioridad como inversión social , los cuales quedaron sepultados bajo los recortes.

En consecuencia, la relación con la actividad se ha convertido en una variable fundamental para entender los cambios en la manera en que se distribuyen los recursos, tanto más por cuanto la crisis económica no ha hecho sino agudizar esta evolución. Baste decir que si tomamos como referencia la evolución de la renta de los hogares tal como queda estimada en la Encuesta de condiciones de vida (INE), mientras la renta de los hogares con miembros activos registró una caída del 12% entre 2008 y 2014, la correspondiente a los hogares con miembros inactivos aumentó un 11% (Sanzo, 2017: 296-297). En términos relativos podemos decir, por tanto, que mientras los pensionistas no se vieron afectados por la crisis, los jóvenes no encontraron compensación social alguna al deterioro de sus condiciones laborales, con lo que la fractura generacional se ha revelado una variable fundamental a la hora de analizar la fragmentación social y política producida durante la década en curso.

Esta específica configuración del modelo distributivo resulta fundamental para entender la crisis del bipartidismo y la emergencia del nuevo sistema de partidos por cuanto a la consabida contraposición entre la España analógica y la España digital (con todas sus implicaciones en términos culturales y de estilo de vida: Barreiro, 2017) hay que añadir los efectos propios de un pacto intergeneracional que tenía sentido en la década de 1990, cuando se firmó el Pacto de Toledo, pero que, dado su sesgo en favor de los mayores, amenaza con convertirse en una especie de trampa demográfica debido a las dificultades que representa para la formación de nuevos hogares. El mecanismo es bien conocido: como las clases pasivas representan en torno a un tercio de los votantes (tal como veremos en su momento), pueden bloquear cualquier tentativa de redistribución en su contra, con lo que los gobiernos se ven impedidos para tomar medidas que reviertan el estrangulamiento demográfico, tal como demuestra el recurrente debate sobre las pensiones. La resolución del problema queda, una vez más, en manos de las familias, que son las únicas que pueden transferir a los jóvenes rentas y servicios en cantidad suficiente como para afrontar la creación de nuevos hogares. Mientras tanto, la brecha entre el número de hijos deseados (2,1) y la tasa de fecundidad alcanzada de manera efectiva por las mujeres españolas en edad de procrear (1,3) ilustra mejor que nada la frustración de los planes familiares de una nueva generación de mujeres al entrar en colisión con el desempleo, la precariedad y los bajos salarios, planes que no encuentran compensación en políticas públicas de apoyo a las familias y de prestación de cuidados a sus miembros.

Tal como adelantamos, no hay indicios de que la situación de desigualdad haya mejorado en los años posteriores a 2013 (al menos no en lo que se refiere a la tasa de pobreza), así que no tiene nada de particular que ante la cuestión «cuando se supere la actual crisis económica, ¿habrá en general más desigualdad y pobreza?», las respuestas afirmativas oscilen entre un 69% y un 78%, en tanto que las negativas lo hagan entre el 18% y el 26% (pregunta realizada cada mes por Metroscopia a lo largo de 2016). Dicha cuestión tiene especial relevancia si tenemos en cuenta que España es uno de los países más sensibles a la desigualdad y que esta sensibilidad va asociada a una mayor conciencia del papel de los impuestos en la reducción de las desigualdades, tal como lo prueba un estudio comparativo internacional que pone de manifiesto que los españoles son los europeos más conscientes en este sentido, después de los alemanes (citado por Barreiro, 2017: 33).

El aumento de la desigualdad durante la crisis se explica por el incremento del paro, pero también por las políticas de devaluación salarial derivadas de las recomendaciones de austeridad hechas por las instituciones europeas, entre las cuales desempeñó un papel estelar la reforma laboral de 2012, la más drástica de la democracia por cuanto atacaba de raíz algunos de los problemas que anteriores reformas habían soslayado, como es la flexibilización de la negociación colectiva y la reducción del coste de despido, al tiempo que dotaba a las empresas de una mayor capacidad para su reorganización interna. Por lo que se refiere a la devaluación salarial, hay que tener en cuenta que mientras los trabajadores estables consiguieron mantener sus salarios nominales durante el sexenio de la crisis (2008-2013), los salarios del precariado se desplomaron un 17% en el mismo período. Traducido a términos constantes, y una vez descontada la inflación, los primeros perdieron en torno a un 10% de su poder adquisitivo en tanto que los segundos perdieron una cuarta parte 5 . Por otra parte hay que observar que esta evolución de los salarios contrasta con la evolución de las pensiones, el único capítulo del gasto social que ha crecido durante los años de la crisis, todo lo cual (la evolución de los salarios del precariado, por un lado, y la evolución de las pensiones, por otro) explica, a su vez, que mientras la tasa de pobreza de los mayores se ha reducido en la última década, la tasa de pobreza de los jóvenes ha aumentado 6 .

De acuerdo con la «Encuesta sobre la resiliencia de los hogares en España» (FOESSA, 2017), la red de seguridad de las familias se debilitó con la crisis: un 59,5% de las familias ha visto disminuir su capacidad de ahorro; un 52,6% ha visto reducir su capacidad de compra; un 45% tiene menos capacidad de afrontar pagos sanitarios no cubiertos por la Seguridad social; un 40% tiene menos capacidad de afrontar pagos energéticos, etc. De hecho, un 70,7% ha tomado medidas para reducir este tipo de gastos al tiempo que un 40,3% ha debido aceptar un trabajo mal pagado y un 28,8% ha aceptado un trabajo sin contrato. En medio de estas dificultades, la familia sigue siendo el recurso principal a la hora de buscar ayuda, seguido de los amigos y/o vecinos y de los servicios sociales públicos (ibíd.: 3ss).

Poco a poco vamos viendo los contornos de la sociedad poscrisis en la medida en que el envejecimiento demográfico y el aumento de la desigualdad social exacerban las tendencias a la dualidad entre estables y precarios, por un lado, y jóvenes y mayores por otro. Estas tendencias nos indican que el orden socialdemócrata que se instaura en España durante el último cuarto del siglo pasado está dando paso a un nuevo orden social que todavía está por etiquetar, pero que pone en cuestión algunos de los fundamentos del anterior. Así ocurre tanto en el funcionamiento del mercado de trabajo, cada vez más hostil hacia los precarios, como en el rediseño del Estado de bienestar, cada vez más sesgado a favor de los mayores; de ahí que el espacio político propio de la socialdemocracia se estreche más y más.

Podemos identificar, por lo pronto, dos tipos de factores que explican el declive del viejo orden socialdemócrata 7 : por un lado factores de orden estructural, entre los que destaca la reconfiguración de la fuerza de trabajo y, en particular, de las clases trabajadoras, así como las mencionadas tendencias a la dualidad social por cuanto afectan de manera crucial a la base social de implantación preferente de las organizaciones propias de la socialdemocracia, tanto sindicatos como partidos; y por otro, factores de orden institucional, como el diseño de una unión monetaria y el sesgo de las políticas europeas en pro de la consolidación fiscal, a los que podemos añadir las consecuencias de todo ello sobre la política doméstica española, tal como ocurrió con la reforma constitucional de 2011 (Art. 135) en el marco de las exigencias de estabilidad presupuestaria planteadas por las instituciones europeas.

En principio cabe discutir si la estabilidad presupuestaria y la contención del déficit deben formar parte de la normativa constitucional. El problema es que una iniciativa de este tipo, pactada con el PP en vísperas de su llegada al gobierno, se interpretó como un cheque en blanco a favor de los recortes y como una forma de anteponer el servicio de la deuda a las políticas sociales. Interpretación que se vio reforzada por algunas actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy —como la amnistía fiscal de 2012 (realizada en el contexto de una subida generalizada de impuestos y del estallido de repetidos escándalos de corrupción relacionados con la financiación del PP y con el cobro de sobresueldos)— que, a la postre, resultaron inconstitucionales por cuanto quebrantaban reglas básicas de equidad social. Cabría decir, por tanto, que la reforma del artículo 135 de la Constitución española (CE), así como las medidas austericidas que le siguieron, contribuyeron, entre otras cosas, a poner en cuestión el pacto social de la Transición (así, al menos, fue percibido por una buena parte de la opinión pública). Con estas premisas, la crisis del orden socialdemócrata debe entenderse como un proceso que va más allá de las peripecias por las que puede pasar un determinado partido u organización política y que se inscribe en el marco de las tendencias a la dualidad social a las que venimos haciendo referencia.

Polarización política e ideológica

Esta tendencia a la dualidad social es correlativa a otro de los rasgos característicos de la sociedad poscrisis: la polarización política e ideológica. Dicha polarización tiene dos caras: una primera (política), que tiene que ver con la transformación del sistema de partidos, y una segunda (ideológica), relacionada con el sistema mediático. En cuanto a la primera, nos encontramos ante una reconfiguración de las bases sociales del bipartidismo: las nuevas clases medias se apartan de la «vieja política» y sientan los cimientos de los nuevos partidos que irrumpen en 2015 (Ciudadanos [Cs] y Podemos), mientras que, en el otro extremo de la escala, las clases pasivas, constituidas por los jubilados y las amas de casa, se convierten en el principal bastión defensivo del statu quo bipartidista. La razón es sencilla: mientras estas últimas intentaban preservar las únicas políticas de bienestar que habían salido indemnes de la crisis (las pensiones), las nuevas clases medias representaban mejor que nadie a los sectores más jóvenes y dinámicos de la sociedad, así como más afectados por la austeridad (recortes en educación, I+D...), sectores sociales que entonces se enfrentaban a salarios menguantes y a bajas expectativas de consumo agravadas por la incertidumbre sobre el grado de protección social al que podrían aspirar el día de mañana.

En cuanto a la polarización ideológica, basta comparar el sistema mediático anterior y posterior a la crisis y, en particular, la distribución de las audiencias del medio televisivo para caer en la cuenta del nivel de polarización alcanzado. En 2008 la audiencia televisiva estaba liderada por una televisión pública que, además de disponer de la mayor cuota de pantalla, carecía de sesgo político y podía ser vista, indistintamente, por los votantes de los dos principales partidos (TVE tenía una audiencia que se ubicaba en la misma posición ideológica que el votante medio: 4,8 de la Escala de Ideología). Por contraste, la audiencia televisiva de 2015 estaba mucho más fragmentada y, sobre todo, más polarizada entre, por un lado, una televisión pública de nuevo convertida en televisión gubernamental y que se había desplazado hasta la posición 5,5 de la escala ideológica y, por otro, un nuevo canal privado (La Sexta) que actuaba como altavoz ideológico de la nueva izquierda y que se posicionaba en el 3,6 de la escala (algo inédito en el medio televisivo).

Con estas premisas, el reto que se plantea a la sociedad poscrisis consiste en elaborar un nuevo contrato social capaz de restablecer los niveles de cohesión perdidos durante la crisis. En este punto conviene recordar que cualquier avance en esa dirección pasa por resolver los problemas fiscales que se pusieron de manifiesto con el estallido de la burbuja y, en particular, el desplome de los ingresos por importe de seis puntos porcentuales del PIB en los años de la crisis. De ahí que España haya sido un país bajo vigilancia por parte de las instituciones comunitarias encargadas de supervisar las cuentas públicas al tiempo que se planteaba una pregunta inquietante sobre el tipo de Estado de bienestar que podemos sostener de no aumentar nuestra capacidad recaudatoria. Hasta el momento, la estrategia gubernamental que ha prevalecido ha sido la contención del gasto, pero parece difícil mantenerla sin poner en cuestión la arquitectura de nuestro, ya de por sí limitado, Estado de bienestar. En suma, debemos saber si estamos a tiempo de corregir algunos de los sesgos que son característicos del modelo mediterráneo, empezando por el mencionado sesgo a favor de los mayores y en perjuicio de los jóvenes, y, en particular, de la capacidad de estos para formar nuevas familias. Junto a este hay un segundo sesgo que se deriva de la dualidad existente en el mercado de trabajo, la cual da lugar a dos tipos de trayectoria laboral: unas más o menos largas y sostenidas (trabajadores estables y protegidos) y otras más cortas y discontinuas (el precariado). En la medida en que el modelo corporativo de Estado de bienestar se apoya en la capacidad contributiva de los individuos, nos encontramos con dos vías de acceso a la protección social según las trayectorias laborales permitan acceder o no a prestaciones contributivas. Si las reformas siguen reforzando el carácter contributivo del sistema de pensiones, la combinación de altas tasas de paro estructural y de temporalidad laboral dejará a amplios colectivos a merced de prestaciones puramente asistenciales, con lo que el aumento de la dualidad laboral se traducirá en una creciente dualidad frente al Estado de bienestar en función de que la ciudadanía dependa de prestaciones contributivas o asistenciales.

En consecuencia, cualquier tentativa de restablecer el contrato social pasa por recomponer los fundamentos del sistema fiscal que fueron dañados por la frivolidad gestora propia de los años de la burbuja, cuando una combinación de ceguera ideológica y populismo convirtió la política fiscal en una puja por ver quién ofrecía la rebaja fiscal más temeraria. El resultado, a día de hoy, es que España recauda siete puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, lo que explica no solo su propensión al déficit y al descontrol de las cuentas públicas, sino también su bajo nivel de gasto social (cuatro puntos del PIB por debajo del promedio europeo).

Además, el nuevo contrato social pasa por establecer un marco de relaciones laborales más equilibrado, no solo entre las empresas y los trabajadores, sino también entre los propios trabajadores, reduciendo las diferencias que ahora mismo hay entre estables y precarios. En este punto cabe discutir si propuestas como la del contrato único son las más adecuadas a la magnitud del problema, si bien todo parece indicar que una sabia combinación de altos niveles de protección social y altas dosis de flexibilidad laboral en el funcionamiento de las empresas constituye la receta más recomendable para el crecimiento económico.

Por último, el nuevo contrato social requiere que los sectores sociales que por su tamaño o por sus problemas de coordinación encuentran más dificultades para hacerse oír en la esfera pública puedan hacer llegar sus reivindicaciones a los centros de decisión. Dado que la demografía favorece a los mayores, es imprescindible algún tipo de coordinación entre los partidos que tienen a los jóvenes en su área de implantación preferente con el fin de conseguir coaliciones electorales lo más amplias posible: esta es la única manera de que los jóvenes precarios se hagan escuchar frente a otros sectores más numerosos y mejor coordinados que ellos. De lo contrario es probable que las demandas de estos últimos bloqueen cualquier intento de corregir el modelo redistributivo en favor de los jóvenes, con el riesgo de que estos terminen apartándose del juego electoral.

El principal problema con que tropieza hoy esta temática social radica en la dificultad de conseguir prioridad en una agenda nacional obsesivamente concentrada en la cuestión territorial dado el carácter omnipresente que ha adquirido la crisis catalana. Pese a que el paro y los problemas económicos han ocupado un lugar preferente entre las preocupaciones de los españoles durante los años de la crisis, la irrupción, una vez más, de la cuestión territorial ha conseguido desplazar la cuestión social de la agenda política. Lejos de constituir un desplazamiento casual, las pulsiones independentistas suelen hacer acto de presencia aprovechando momentos de crisis social y, en particular, momentos de falta de proyecto nacional. Durante los años de transición y consolidación democrática, el proyecto europeo todavía tenía suficiente glamur como para que las élites políticas canalizasen sus iniciativas y sus energías hacia la integración europea; sin embargo, tras la crisis del euro, que se inicia en 2010, el proyecto europeo entró en crisis y, en consecuencia, España se quedó sin proyecto. Precisamente en momentos como este es cuando las pulsiones independentistas irrumpen en la escena política y monopolizan el debate nacional.

Estamos, por tanto, ante un problema de carácter cíclico que en esta ocasión ha alcanzado una particular virulencia debido a la manera en que se ha gestado, como resultado de estrategias de polarización que se pusieron en marcha a lo largo de la década pasada y cuyos episodios principales podemos resumir de la siguiente manera: todo empezó con una maniobra típica de exclusión que tomó el nombre de «Pacto del Tinell», mediante el cual los componentes del Gobierno tripartito catalán formado en 2003 se conjuraron para excluir al PP del juego político a pesar de que dicho partido detentaba el Gobierno de España con mayoría absoluta. Por si había duda sobre el alcance de la conjura, el presidente de ese tripartito presentó en su discurso de investidura la reivindicación de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña con el argumento de que o se aceptaba la «nueva relación con España» que él proponía o «el drama está servido».

Uno de los problemas de este tipo de iniciativas es que generan respuestas simétricas por parte del adversario; en este caso, el PP no dudó en contestar a la aprobación del nuevo estatuto con una campaña de recogida de firmas por toda España contra el mismo, así como con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Este recurso resultaba particularmente problemático toda vez que el nuevo estatuto había sido aprobado en referéndum, lo que abría la posibilidad de divorcio entre la doctrina del TC y el mandato popular, tal como se había expresado en las urnas, con el agravante de que la sentencia del TC, que corregía y rebajaba dicho mandato, tardó varios años en producirse. Así es como, hacia 2010, el soberanismo catalán puso en marcha el discurso de las dos legitimidades en conflicto, esto es, la doctrina constitucional versus el mandato popular.

Ese mismo año se desencadenó la crisis fiscal en los países de la periferia del euro y se iniciaron las políticas de austeridad, las cuales dieron paso al conflicto social y a la aparición del 15-M (2011), que sería duramente reprimido en Barcelona. Ante el riesgo de que el nuevo movimiento social se extendiese como respuesta a los recortes, el Gobierno catalán puso en marcha un mecanismo de transferencia de responsabilidad hacia el Gobierno español, de nuevo gobernado por una mayoría absoluta del PP, al que plantearía reivindicaciones inasumibles, como un concierto fiscal para Cataluña en el peor momento de la crisis económica (2012). Al mismo tiempo el movimiento social se reconvirtió poco a poco en movimiento nacional en pro de más autogobierno mediante el desarrollo de un tejido asociativo de amplia implantación y de alto nivel de movilización, hasta alcanzar un carácter transversal a nivel social en el que terminaron conviviendo el partido de la burguesía catalana y nuevas formas de libertarismo 8 , la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Como resultado de este proceso, el independentismo registró una escalada sin precedentes: desde el 20%, en 2010, al 40% en 2015 (Bartomeus, 2017: 120), escalada que culminaría con la victoria de Junts pel Sí en las elecciones plebiscitarias de 2015 en las que, junto con la también independentista CUP, consiguió un 48% de los votos y mayoría absoluta en el Parlament, lo que abría el paso a la celebración de un referéndum de autodeterminación y a la consiguiente declaración de independencia.

Tras las elecciones catalanas de 2015 se celebraron elecciones generales en toda España que sirvieron para certificar un cambio drástico del sistema de partidos, con la aparición de Podemos y de Cs, ambos muy implantados en Cataluña. En principio, la pérdida de un tercio de la representación parlamentaria por parte del PP dejaba abierta la posibilidad de que este partido, muy desgastado por la corrupción y la gestión de la crisis, quedase desplazado del gobierno, pero el deseo de Pablo Iglesias de repetir elecciones cerró el paso al eventual gobierno de Pedro Sánchez y, por ende, a la posibilidad de que la cuestión catalana se pudiese reconducir.

Como es bien sabido, el PP fue el principal beneficiario de la repetición de elecciones, y el nuevo gobierno en minoría de Mariano Rajoy mantuvo su actitud de indiferencia ante el problema catalán con la expectativa de que la recuperación económica contribuyese a desactivar la pulsión separatista. Lejos de cumplirse tal expectativa, la dinámica de polarización que se había iniciado en la década anterior prosiguió su escalada, que en esta ocasión culminó con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre de 2017. La aprobación oficial de la convocatoria (Ley del Referéndum) se hizo de manera simultánea a la aprobación de una ley llamada «de desconexión», en virtud de la cual el ordenamiento constitucional y estatutario quedaba suspendido en Cataluña al tiempo que la puesta en marcha de la nueva legalidad republicana quedaba a expensas de que el susodicho referéndum arrojase más síes que noes, sin que se estableciese criterio alguno sobre el nivel de participación exigible en este tipo de votación.

Dado que el referéndum fue declarado ilegal por parte del TC, que la logística del mismo fue desmantelada y que en muchos casos las fuerzas del orden impidieron, incluso de manera violenta, la votación, no había modo de averiguar el resultado de la misma, lo que no impidió que el Gobierno catalán proclamara unos resultados netamente favorables a la independencia. La confusión aumentó cuando el presidente Puigdemont declaró solemnemente que asumía el mandato de las urnas (lo que implicaba la proclamación de la república), al mismo tiempo que suspendía su aplicación.

Puesto que la Unión Europea (UE) había advertido de manera reiterada acerca de la inviabilidad de una república catalana, este tipo de decisiones parecía obedecer a una estrategia que buscaba el aumento de la tensión política tendente a alimentar la escalada del conflicto entre las instituciones autonómicas y el Estado, de tal suerte que el desbordamiento de las instituciones y su sustitución por la movilización permanente y la política de calle colocasen al Estado en la tesitura de descargar toda su violencia sobre Cataluña. Finalmente, bastó el recurso al mecanismo de coerción federal previsto en la CE (Art. 155) para restablecer la legalidad y convocar nuevas elecciones autonómicas.

Así como las elecciones generales de 2015 clausuraron el ciclo político abierto en la Transición y, en concreto, el sistema de partidos que había dominado la vida política de las últimas décadas, la aplicación del principio de coerción federal en la Cataluña de 2017 puso entre paréntesis el Estado de las Autonomías y el pacto territorial que había gobernado la relación entre centro y periferia desde la restauración de la Generalitat en 1977, pues a partir de ese momento las demandas que se venían produciendo en favor de un mayor autogobierno de la periferia se vieron contrarrestadas por las que reclamaban un principio claro de supremacía del Gobierno central a fin de neutralizar las tentaciones separatistas.

Al final de este recorrido temático por la sociedad poscrisis se produce un contraste llamativo entre, por un lado, la proliferación de demandas de muy diverso orden (que van desde las que proclaman más gasto social a la actualización del Estado de las Autonomías) y, por otro, la incapacidad del sistema político para hacerse cargo de dichas demandas. Esto no solo ocurre en los temas sujetos a debate ideológico y en los que es preciso superar las lógicas diferencias entre izquierda y derecha, sino también en los temas que deberían quedar al margen de esta discusión dado su carácter eminentemente transversal, como son la lucha contra la corrupción o la regeneración institucional. En este punto no deja de resultar paradójico que las élites de la denostada Transición fuesen capaces de pactar el paso de la dictadura a la democracia, en tanto que las nuevas élites se muestran incapaces de reformar una democracia en crisis, aquejada de corrupción y de bajos niveles de eficacia institucional que se explican por la propensión a la polarización y al bloqueo del sistema político. A la hora de comprender esta paradoja conviene tener en cuenta la configuración del sistema de partidos, para lo que vamos a hacer una comparación entre el sistema de partidos de la Transición y el surgido de las elecciones de 2015 a fin de mostrar que la polarización no es una característica exclusiva de la política catalana, sino que afecta a toda la política nacional.

En concreto, vamos a comparar la ubicación ideológica de los votantes y de los partidos en 1980, en 2015 y en 2019 con el fin de estimar el alcance de la polarización registrado a consecuencia de la crisis del bipartidismo, así como el contraste entre un sistema de pluralismo limitado (propio de la Transición) y otro de pluralismo polarizado (como el que tenemos en la actualidad) (González, 2017). En este sentido, la tabla adjunta (véase tabla 1) aporta tres tipos de datos: a) la autoubicación ideológica de los votantes; b) la ubicación ideológica de los partidos según los votantes; y c) el porcentaje de voto obtenido por cada uno de los partidos.

Tabla 1. Ubicación ideológica de los votantes y de los partidos (1980-2019)

PCE/PS+IU/UP

PSOE

UCD/Cs

AP/PP

VOX

Votante medio

1980 - Votantes

2,5

3,6

5,6

7,3

4,5

1980 - Partidos

2,3

3,4

5,9

7,9

% de voto 1977

9,3

29,4

34,8

8,4

2015 - Votantes

3,0

3,7

5,5

7,0

4,7

2015 - Partidos

2,2

4,4

6,6

8,3

% de voto 2015

24,3

22,0

13,9

28,7

2019 - Votantes

2,8

3,7

5,8

7,1

7,4

4,8

2019 - Partidos

2,2

4,1

6,8

8,1

9,3

% de voto 2019 (abril)

14,3

28,7

15,9

16,7

10,3

2019 - Votantes

2,7

3,6

5,8

7,1

7,5

4,9

2019 - Partidos

2,2

4,1

6,9

7,8

9,3

% de voto 2019 (noviembre)

12,9

28,0

6,8

20,8

15,1

FUENTE : Maravall, 1984: 45-47, CIS 3126 (poselectoral 2015) y CIS 3242 (preelectoral de marzo 2019) y CIS 3263 (preelectoral de octubre 2019).

Tal como se puede observar en ella, el primer dato que llama la atención es que mientras en 2015 la distancia entre los votantes de los partidos más alejados a nivel ideológico fue inferior de lo que era en 1980 (habiéndose reducido de 4,8 puntos —que era la distancia que había en 1980 entre los votantes del PCE y los de AP— a 4 puntos en 2015 —que es la distancia entre los votantes de Podemos-IU y los del PP—), la distancia entre esos mismos partidos, que constituían los polos ideológicos del sistema, aumentó desde 5,6 puntos, en el caso de la Transición, hasta 5,9 puntos en 2015. Con otras palabras, mientras los votantes de los partidos más polarizados estaban más cerca, esos mismos partidos estaban cada vez más alejados entre sí a juicio de esos mismos votantes. He aquí un primer dato sobre la naturaleza de la polarización, por cuanto parece afectar más a los partidos que a los votantes. Ahora bien, el principal factor de polarización no radica tanto ahí como en la distribución del voto, por cuanto los polos ideológicos del sistema (PCE y AP) representaban el 17,7% del voto en 1977 en tanto que sus equivalentes (Podemos-IU y PP) representaron nada menos que el 53% del voto registrado en las elecciones de 2015 9 .

Con todo, el proceso de polarización no terminó ahí, sino que, después de haber avanzado por el lado izquierdo del espectro ideológico (con la irrupción de Podemos), atacó por el flanco derecho tan pronto como el PP fue desalojado del poder, dando lugar a la irrupción de Vox en las elecciones de 2019 (las primeras celebradas después de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy). De tal suerte que la polarización cambió de signo en las elecciones generales de abril de 2019: si calculamos el índice de polarización como el producto de la distancia entre la ubicación ideológica de los partidos respecto del votante medio multiplicado por la proporción de voto de cada uno de los partidos nos encontramos con que la polarización se duplicó entre 1977 y 2015 y se moderó ligeramente en abril de 2019 como consecuencia de que, en esta ocasión, se redujo por el lado izquierdo del espectro ideológico (toda vez que una parte de los votantes de Podemos de 2015 regresaron al PSOE) al tiempo que aumentaba por el lado derecho del espectro.

Fue el momento en que Albert Rivera lanzó su órdago para conseguir la hegemonía de la derecha, lo que le llevaría a declarar un cinturón sanitario al PSOE (con el que tenía la posibilidad de formar una coalición de 180 diputados), dando lugar a una nueva situación de bloqueo y a la consiguiente repetición de elecciones. Así llegamos a las elecciones de noviembre de 2019, en las que el proceso de polarización se aceleraría de nuevo como consecuencia de que los votantes castigaron el obstruccionismo de Cs al tiempo que se disparaba el voto a Vox, mucho mejor situado para capitalizar la dinámica de polarización que Rivera había puesto en marcha.

En suma, en contraste con el pluralismo limitado de la Transición, cuando los partidos competían por ganar el centro, la competición política en un sistema de pluralismo polarizado se rige por el intento de ganar la hegemonía en cada uno de los polos ideológicos. Esto resulta fundamental para entender la pugna entre el PSOE y Podemos en las elecciones de 2015 y 2016, así como la pugna reciente entre Vox, PP y Cs por conseguir la hegemonía en la parte derecha del espectro ideológico.

Hace tiempo que Sartori (1994) nos advirtió de los riesgos de un escenario de este tipo por cuanto la distancia ideológica entre los polos y la dificultad de encontrar coaliciones viables de gobierno hacen que el sistema propenda a la hipertensión y al bloqueo, con el consiguiente riesgo de comportamientos irresponsables y de estrategias de deslegitimación mutua. Así las cosas, el nuevo ciclo que se abre en 2015 admitía dos posibilidades: una consolidación de la dinámica de polarización y, por ende, de un sistema de partidos configurado en torno a los polos ideológicos (PP y Podemos), o una recomposición del centro de tal manera que los partidos bisagra (Cs y PSOE) fueran ganando protagonismo, con lo que nos acercaríamos, por esta vía, al pluralismo limitado de la Transición. Asimismo, cabía la posibilidad de que esta recomposición del centro fuera acompañada de cambios en la pauta de funcionamiento de los partidos en favor de la colaboración y de una mayor transversalidad ideológica, pero el éxito de la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al gobierno dieron paso a una nueva fase de polarización toda vez que el nuevo Gobierno socialista buscó apoyo en Unidas Podemos y en los partidos independentistas a fin de agotar la legislatura.

El problema es que la estrategia de apaciguamiento del conflicto catalán desplegada por Pedro Sánchez no fue correspondida por unos partidos independentistas embarcados en una escalada de tensión, lo que contribuyó a subrayar el carácter inmanejable del problema catalán y agudizó, de paso, las tensiones en el polo ideológico de la derecha, que, una vez desalojada del poder, se vio dominada por las fuerzas centrífugas, las cuales dieron lugar a un nuevo impulso en el proceso de fragmentación y radicalización de la política poscrisis con la entrada en escena de una extrema derecha sin complejos (Vox).

Podemos observar, por tanto, que el proceso de polarización siempre avanza por el eslabón más débil; así lo hizo cuando el PSOE estaba en la oposición, lo que permitió la aparición de Podemos en pugna con el PSOE por la hegemonía de la izquierda; y así ha vuelto a ocurrir en cuanto el PP pasó a la oposición, posibilitando la aparición de Vox y la consiguiente pugna por la hegemonía de la derecha. Es pronto para saber cuál puede ser el resultado de esta pugna, pero lo cierto es que la irrupción de Vox implica un cambio en la agenda política. Tras un primer momento en el que la cuestión social había recobrado relevancia bajo la influencia del 15-M, luego fue desplazada por la cuestión territorial, dada la virulencia alcanzada por el conflicto catalán. Con la aparición de Vox entramos en la era de las batallas culturales ligadas a la inmigración y al feminismo, de tal manera que a la indignación que llevó a las huestes del 15-M a dar su apoyo a Podemos le sucede ahora el resentimiento de quienes se sienten desplazados por la llegada de extranjeros y por el empoderamiento de las mujeres. En cualquier caso, el efecto combinado del conflicto catalán y de estas nuevas batallas culturales deja poco margen para que los temas asociados a la cuestión social y a la redistribución recuperen su lugar en la agenda.

A diferencia de las elecciones de 2015, cuando la competición partidista en el eje ideológico (I-D) estaba complementada por la contraposición entre «nueva» y «vieja» política, la doble elección de 2019 ha girado en torno al eje ideológico y al eje territorial, si bien ambos han terminado por converger, pues mientras las fuerzas de izquierda poco a poco se decantan por fórmulas federales o netamente secesionistas, las fuerzas de derecha radicalizan su españolismo. Con otras palabras, cuanto más a la izquierda votan Cataluña y el País Vasco, más conservador es el voto en Madrid y en ambas Castillas, con lo que la discusión entre izquierda y derecha corre el riesgo de ser reemplazada y fagocitada por la confrontación entre soberanismo periférico y españolismo.

Con el fin de ilustrar esta dinámica presentamos un gráfico (véase gráfico 1) que recoge la convergencia de ambos ejes en torno a una diagonal que representa el eje de competición dominante en el nuevo sistema de partidos. En él se puede observar que cuanto más a la derecha se ubican los votantes de un partido, más alto puntúan en la escala de españolismo, en tanto que los votantes nacionalistas («Otros») tienden a ubicarse a la izquierda, en línea con los votantes del PSOE y UP. El gráfico también recoge la ubicación de los votantes de aquellas comunidades que tienen una posición más nítida en el conflicto territorial, de manera que los de Madrid y los de Castilla y León son al mismo tiempo los más españolistas y los más conservadores, en tanto que los votantes del País Vasco y de Cataluña son, a su vez, los más nacionalistas y los que votan más a la izquierda.

Con estas premisas, la repetición electoral de noviembre de 2019 ha servido, entre otras cosas, para clausurar el ciclo de la «nueva política» abierto en 2015, al tiempo que establece un sistema de partidos en el que los que han sido partidos de gobierno se erigen como partidos de referencia en su campo ideológico respectivo (el PP en la derecha y el PSOE en la izquierda). A la hora de analizar las razones del fracaso de la «nueva política» hay que tener en cuenta, por lo pronto, que, aunque se haya producido en dos momentos distintos, tanto Podemos en 2016 como Cs en 2019 han incurrido en el mismo error estratégico: aplicar estrategias de polarización en momentos en los que la política española exigía cierta transversalidad ideológica para evitar situaciones de bloqueo. Este es el caso de

Gráfico 1. Autoubicación ideológica de los votantes y escala del españolismo

FUENTE : poselectoral de mayo de 2019 (CIS 3248).

Podemos en 2016, cuando forzó una repetición electoral que acabó beneficiando al PP. Y también ha sido el caso de Cs en 2019, al establecer un cordón sanitario al partido socialista que ha sido una de las causas de esta segunda repetición electoral y que ha vuelto a beneficiar al PP, pero sobre todo a Vox. En ambos casos la repetición electoral se ha vuelto contra sus promotores, castigando su responsabilidad en el bloqueo.

Sobre el contenido del libro

Tras este somero repaso del panorama social que ha dejado la crisis en España, el libro comienza con un capítulo retrospectivo («De la Transición a la austeridad»), que recorre las vicisitudes de la sociedad española desde la crisis de la década de 1970 hasta la Gran Recesión con el fin de hacer un estudio comparado de ambas crisis, al tiempo que pone de relieve los cambios que se registran entre una y otra, de la mano de la integración europea, primero, y de la participación en la UEM, a continuación. En retrospectiva, la Gran Recesión contrasta de manera acusada con la crisis de la década de 1970, pues en menos tiempo que aquella resultó mucho más devastadora. Es verdad que la crisis de los años setenta del siglo pasado tuvo una secuencia distinta (transición política-ajuste económico), de manera que la Transición y el consenso constitucional de 1978 sentaron las bases de un ajuste económico más equilibrado (capaz de conciliar reformas económicas y redistribución) en pro de un modelo social europeo que en la década de 1980 tenía un significado bien distinto de lo que ha representado la eurozona en los años de la Gran Recesión. En consecuencia, el proyecto europeo tenía un efecto mucho más estimulante a la hora de superar los efectos de la crisis de los setenta y, de hecho, la integración europea no solo fue buena para el crecimiento, sino también para reducir la desigualdad social en España.

En el otro polo, la dinámica de devaluación interna que imprimió la eurozona arroja experiencias dolorosas en materia de desigualdad social, dado que las rebajas salariales han recaído sobre los sectores con menos capacidad de negociación al tiempo que los recortes sociales se han aplicado a los colectivos más vulnerables. Se cierra así el círculo de esta crisis en su dimensión económica: al principio los gobiernos acuden al rescate de las finanzas mediante operaciones de socialización de pérdidas, convirtiendo deuda privada en deuda pública, y cuando la crisis financiera se convierte en crisis de deuda soberana esas mismas finanzas presionan a los gobiernos para que reduzcan el gasto público, pasando la factura a quienes no tuvieron ninguna responsabilidad en la crisis.

Desde esta perspectiva, la experiencia de la crisis no puede ser más elocuente: los excesos tecnocráticos de la gobernanza europea, en forma de austeridad fiscal y devaluación salarial, han puesto en apuros las democracias nacionales, reduciendo su margen de maniobra y amenazando su legitimidad. Y ante la reiterada evidencia de que las recetas impuestas carecían de alternativa, el populismo ha venido a ocupar el vacío de las demandas insatisfechas. Esto ha sido particularmente evidente en Italia, donde la escalada del nacionalpopulismo ha llegado al gobierno con planteamientos que ponen en cuestión la arquitectura y la ortodoxia comunitarias. En el caso español, la complicidad de los gobiernos nacionales de uno y otro signo con la austeridad se ha unido a una crisis institucional sin precedentes que ha afectado a la práctica totalidad del establishment político y se ha llevado por delante el bipartidismo, abriendo así una dinámica de polarización y fragmentación que, de momento, solo conduce al vacío de liderazgo y a la ausencia de una estrategia efectiva de participación en Europa. En su fase última, esta dinámica culmina con la llegada de la extrema derecha a las instituciones, completando así el puzle de la política de la poscrisis.

El tercer capítulo («Cuatro décadas de envejecimiento demográfico») hace un balance de los efectos de la revolución reproductiva registrada en las últimas décadas, y, en particular, el más visible de todos, esto es, el envejecimiento de la población española, fenómeno que los autores del capítulo tratan de liberar de sus connotaciones negativas. De ahí la conveniencia de no confundir el envejecimiento localizado en el territorio, asociado a la emigración de los jóvenes, con el envejecimiento sistémico resultante de la revolución reproductiva, toda vez que en este proceso sistémico la vejez no solo aumenta su peso relativo, sino que modifica sus propias características y roles dentro de la sociedad. Para comprender la naturaleza de tal revolución es fundamental pensar en varias generaciones y en el bucle virtuoso por el que cada una ha ido impulsando a su descendencia un poco más allá en la obtención de calidad de vida. Este mecanismo ha cambiado para siempre la demografía humana, liberando a la mujer de la sobredeterminación reproductiva y cambiando la vejez. Hoy en día sus efectos son visibles con cada nueva generación que cumple 65 años, al producirse una mayor proporción de supervivientes con mejor estado de salud, mejor situación económica, mayor nivel de estudios y mayores potencialidades y capacidades para cumplir un papel activo y provechoso para las personas que los rodean y para el conjunto del país.

En conclusión, la estructura piramidal de las poblaciones del pasado no solo no es recuperable, sino que, a juicio de los autores, tampoco sería deseable recuperarla. Lejos de los tópicos en torno al gran dinamismo que esto suponía, reflejaba un equilibrio precario necesitado de altas tasas de fecundidad para mantener poblaciones de escaso volumen en las que se invertía poco. Hemos cambiado eso por poblaciones que alcanzan elevados tamaños con muchos menos nacimientos, por el método de invertir mucho en los que nacen haciendo que vivan muchos más años y estén mejor dotados para su vida adulta. Todo ello produce envejecimiento demográfico, pero sobre todo un aumento extraordinario de la duración y la calidad de la vida.

El capítulo cuarto («Consolidación y rotación de la inmigración en España») está dedicado a un segundo aspecto de la demografía que resulta fundamental para entender los cambios recientes en la sociedad española. Es verdad que el impacto de la Gran Recesión afectó incluso a la evolución demográfica del país hasta el punto de que el sexenio que duró la crisis supuso la caída de los flujos de nuevos residentes, así como el retorno de una parte de los inmigrantes. Sin embargo, la recuperación económica ha traído consigo una revitalización de la llegada de nuevos inmigrantes al tiempo que se consolidaba la presencia de aquellos que habían llegado en los años del boom previos a la crisis. En la actualidad, siete de cada diez inmigrantes llevan viviendo en España más de una década, lo que supone un grado de arraigo muy considerable. En consecuencia, puede decirse que la crisis ha supuesto una pausa en el flujo inmigratorio en España, pero no una transformación sustancial del fenómeno. Por lo que se refiere a la emigración de los españoles, se trata de un proceso que se inicia antes de la crisis, se acelera con ella y pierde intensidad con la recuperación, mostrando indicios de que algunos de los españoles emigrados pueden estar de regreso.

El capítulo quinto («Los cambios familiares desde una perspectiva comparada») parte de la teoría de la segunda transición demográfica para explicar las modificaciones producidas en la institución familiar, poniendo el énfasis en los nuevos equilibrios de género que determinan su dinámica interna. El capítulo comienza señalando que el cambio familiar en España es más tardío, pero también ha sido más veloz, de forma que en la actualidad se cumplen las predicciones de la segunda transición demográfica. Esta alta velocidad del cambio ha tenido como principales protagonistas a las mujeres, al tiempo que los avances hacia la igualdad de género están siendo más lentos. A modo de conclusión, se apela a la complicidad efectiva de los varones a la hora de materializar los objetivos igualitaristas; en principio, ellos tienden a mostrar actitudes igualitarias, pero les cuesta llevarlas a la práctica. El trabajo doméstico solo se comparte de manera equitativa en un cuarto de los hogares, ya que las mujeres realizan el grueso de los cuidados rutinarios y casi todo el trabajo organizativo. De ahí la conveniencia de que la transformación familiar vaya acompañada de medidas legislativas que la faciliten y la hagan irreversible.

El capítulo sexto («La segregación de género en España. Un estudio de la situación laboral en perspectiva comparada [2006-2018]») incide tanto en la temática de la desigualdad de género como en la perspectiva comparada desarrollada en el capítulo anterior a fin de estimar con precisión los cambios producidos por la Gran Recesión en lo relativo a la participación laboral de hombres y mujeres. Dejando aparte las transformaciones derivadas tanto del aumento del desempleo como del crecimiento del empleo a tiempo parcial, se aprecia una reducción significativa de la segregación ocupacional y de la segregación de género.

El capítulo séptimo aborda el tema de la evolución de la estratificación social en las últimas décadas («Mercado de trabajo y clases sociales») y, en concreto, en el período comprendido entre las dos grandes crisis acaecidas en la España democrática: la de la década de 1970 y la Gran Recesión. Esto nos permite analizar el peso relativo de las principales clases sociales al inicio y al final de ese largo ciclo tomando como referencia inicial el año 1985 —cuando la crisis de los años setenta del pasado siglo toca fondo— y el año 2013 —cuando la Gran Recesión hace lo propio—. Si comparamos ambos momentos encontramos, por lo pronto, que la fuerza de trabajo no agraria pasó de 9,3 millones de ocupados, en 1985, a 16,4 millones en 2013, lo que supuso un crecimiento del 76%. Con esta premisa inicial, la estructura de clases dio un vuelco espectacular, de tal forma que, por un lado, la clase de servicio pasó de contar con unos efectivos de 1,3 millones, en 1985, a 4,6 millones en 2013, un aumento de nada menos que el 250%, lo cual le permitió pasar de representar un 13,9% de la fuerza de trabajo a un 28,2%; y, por otro lado, la clase obrera cualificada pasó de 2,7 millones en 1985, a 2,5 millones en 2013, lo que es tanto como reducir la cantidad de la fuerza de trabajo total del 24,5% al 14,7%, un cambio estructural que define mejor que nada el ocaso del orden social fordista. El cuadro se completa con un dato acerca del proletariado —en sentido estricto (trabajadores no cualificados)—, el cual pasó de 1,7 millones en 1985 a 4 millones en 2013, es decir, de representar el 15% de la fuerza de trabajo al 23,3%.

Este aumento del proletariado en sentido estricto está relacionado con la emergencia del precariado como uno de los rasgos distintivos del nuevo orden social, toda vez que estos puestos que no requieren cualificación son los más propicios a la hora de estar ocupados mediante un vínculo contractual de carácter temporal. En consecuencia, los puestos no cualificados son los que registran las tasas de temporalidad más altas, lo que implica que no están ocupados por un solo trabajador, sino que son compartidos por varios trabajadores, los cuales van rotando entre la ocupación y el paro. Por tanto, es así como el proletariado va dejando paso al precariado.

El capítulo octavo («La integración socioeconómica de los inmigrantes») comienza repasando las principales teorías que intentan explicar las desventajas relativas que experimentan los inmigrantes en los países de llegada. Algunas de estas teorías ponen el énfasis en las características individuales de los propios inmigrantes (como su nivel educativo o su capital social), en tanto que otras sitúan el foco en instituciones del país receptor (como la segmentación de su mercado de trabajo) o en las actitudes de los nativos. En efecto, el capítulo constata la existencia de un déficit formativo por parte de los inmigrantes, así como el riesgo de que su inserción precaria en el mercado de trabajo se cronifique, a lo que se añaden actitudes a veces poco facilitadoras por parte de los nativos, si bien dentro de un clima de tolerancia con la inmigración, que ha sido una de las características de la opinión pública española hasta ahora.

Llegamos así al capítulo noveno («El Estado de bienestar»), el cual subraya la tendencia de los regímenes de este tipo (EB) a agudizar sus propias características distintivas, tal como ha ocurrido en los años de la Gran Recesión en España, en los que la austeridad ha servido para subrayar los rasgos genuinos del modelo «mediterráneo», ya sea la dualidad en el tratamiento de los trabajadores centrales y los periféricos, el sesgo redistributivo en favor de los viejos, o el familismo, que redunda en una excesiva carga de tareas que recaen sobre las familias, lo que dificulta la formación de nuevos hogares.

Desde esta perspectiva, la situación del Estado de bienestar español no puede ser más contradictoria, pues la magnitud de la crisis ha puesto límites a la capacidad del EB a la hora de atender los compromisos adquiridos, de tal manera que las políticas de austeridad siguen delimitando el alcance de las políticas sociales, lo cual sigue siendo así tras varios años de recuperación económica; en tanto que, por otro lado, se hace cada vez más necesario un rediseño de las políticas sociales que desplace el énfasis desde aquellas que tienen un carácter meramente consuntivo (pensiones, subsidios, etc.) hacia aquellas otras con carácter de inversión social, ya sea en el campo de la institución familiar (dependencia, conciliación, etc.) o en el de la formación de capital humano (políticas activas de empleo, I+D, etc.). En este sentido parecería deseable un esfuerzo de contención en las primeras al tiempo que un esfuerzo de gasto en las segundas si no fuera porque, tal como vimos en su momento, la resistencia social a la contención es muy firme, como lo prueba no solo la oposición a los recortes, la cual era previsible, sino también la movilización de los pensionistas y el consiguiente abandono del factor de la sostenibilidad como elemento de reforma del sistema de pensiones.

Con estas premisas, cualquier intento de redibujar el EB pasa por un aumento de la presión fiscal, aunque esto, a su vez, choca con la opinión extendida de que en España ya se pagan muchos impuestos. Así, la opinión de los españoles se ve atrapada en una ambivalencia: les gustaría que las políticas de bienestar fueran más generosas (lo que queda particularmente claro en el caso de la sanidad, la educación y la vivienda) y eficientes (lo que resulta particularmente evidente en el caso de la administración de justicia, que sigue siendo uno de los puntos críticos en términos de [in]satisfacción ciudadana con los servicios), siempre y cuando no fuese a costa suya, lo cual desvía el dilema hacia consideraciones sobre el fraude (excesivo) o la (falta de) equidad del sistema impositivo.

El capítulo décimo («Distribución de la renta y desigualdad en España») pone de manifiesto que, en principio, hay pocas dudas de que la economía española se haya ido acercando a los promedios europeos en la mayor parte de los indicadores de renta, si bien esta convergencia no se observa en lo relativo a la desigualdad, tal como nos informan las estadísticas comparadas en esta materia, las cuales siguen caracterizando España como un país con niveles relativamente altos de desigualdad. Esta caracterización se ha agudizado como consecuencia del devastador impacto que la Gran Recesión tuvo en el país a raíz de la explosión del desempleo y de la consiguiente caída de las rentas de los hogares situados en la parte baja de la distribución.

Ahora bien, el diagnóstico de la desigualdad en España resulta particularmente preocupante por cuanto la evolución de este problema a lo largo de las últimas décadas sugiere que no se trata de un fenómeno coyuntural, ligado a la parte recesiva del ciclo económico, sino que incluso en los mejores momentos de bonanza económica los indicadores de desigualdad apenas reflejaron dicha situación, lo que pone el foco en el funcionamiento y en la capacidad de los mecanismos redistributivos. En tales circunstancias, fenómenos como la devaluación salarial, así como la temporalidad y la parcialidad del empleo, están frustrando de nuevo la expectativa de que la recuperación económica vaya acompañada de una reducción de la desigualdad.

El capítulo undécimo («Desigualdad de oportunidades y movilidad social») aborda el intrincado problema de la movilidad social y su evolución a lo largo del último siglo. La autora desgrana las vicisitudes por las que han pasado las sucesivas generaciones de españoles desde el punto de vista de la transmisión de la desigualdad, de unas a otras. En principio, el capítulo se abre con la buena noticia de que el proceso de industrialización promovió el ascenso social de quienes nacieron en la primera mitad del siglo pasado y de que este fenómeno fue prácticamente universal en las sociedades desarrolladas. Dicha tendencia generalizada se fue complicando a medida que los distintos países entraron en un proceso que podríamos llamar de «maduración industrial» o de «terciarización» de la economía, que dio paso a aumentos significativos de la movilidad descendente así como al estancamiento de la fluidez social, si bien las mujeres lograron sortear esta contratendencia en virtud de su particular esfuerzo educativo.

El capítulo duodécimo («Bases sociales de la “nueva” y la “vieja” política») estudia el nuevo sistema de partidos surgido de las elecciones de 2015 a raíz de la crisis del bipartidismo y de la consiguiente contraposición entre la «vieja» y la «nueva» política, estableciendo así un nuevo eje de competición política que vino a sumarse a la tradicional oposición izquierda-derecha. Pues así como esta última estaba asociada a la contraposición entre clases medias y clases trabajadoras, la oposición entre vieja y nueva política va ligada a la contraposición entre las nuevas clases medias y las clases pasivas de jubilados y amas de casa, que se constituyen en un baluarte defensivo del bipartidismo. Esta contraposición puede explicarse en términos de cultura política, toda vez que las generaciones que se socializaron a nivel político en los tiempos de la Transición tienen una fuerte identificación con los partidos tradicionales. Esto explica su preferencia por fórmulas convencionales de hacer política o su mayor tolerancia con la corrupción, pero también se explica por la defensa de un modelo de bienestar que prioriza el gasto consuntivo en pensiones y subsidios frente a las políticas de inversión social (familia, formación, investigación…) que demandan las clases activas y, en particular, los jóvenes.

El penúltimo capítulo («Medios de comunicación y política») presta una particular atención a la evolución del sistema mediático en paralelo con los cambios registrados en el sistema político. Desde esta perspectiva estaríamos asistiendo a una nueva ola de polarización del sistema mediático, un conglomerado que se ha mostrado ya de por sí propenso a los extremos y que, no por casualidad, aparece clasificado en los estudios comparados como de «pluralismo polarizado». Esta tendencia sistémica se ha agudizado en los años de la Gran Recesión como efecto combinado de la radicalización de las demandas sociales y de la consiguiente fragmentación del sistema de partidos, tal como se puede observar en la evolución del medio televisivo entre 2008 y 2015. Con tales antecedentes, la reforma del servicio público de RTVE y su consiguiente despolitización se presentan como asignaturas de imprescindible cumplimiento de cara a neutralizar los efectos perversos de la polarización ideológica y a reconciliar el medio público con los intereses del votante medio en cuanto indicador de la atención prestada a las demandas de la audiencia.

El libro termina con el capítulo «Estratificación social de la práctica deportiva en España», que pone de manifiesto el alcance de dicha práctica en términos de género y clase social, lo que sitúa a España a media tabla entre los países del entorno europeo. Aunque tanto hombres como mujeres practican cada vez más deporte en nuestro país, el aumento se perpetra a un ritmo parecido en ambos casos, por lo que las distancias relativas se mantienen. Otro tanto ocurre con las clases sociales. España estaría, por tanto, situada en una etapa intermedia en la expansión de la práctica deportiva, lo que todavía deja margen para el crecimiento. Por último, el capítulo muestra que también aquí la clase social sigue siendo un claro determinante de la desigualdad observada, sin que el tiempo haya reducido sus efectos.

Referencias

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SARTORI , G. (1994): Partidos y sistemas de partidos (2.ª ed. ampl.), Madrid, Alianza Universidad.

1 La participación de los salarios en la renta nacional, que se situaba cerca del 55% en los años de la burbuja, quedó por debajo del 50% en los años de la crisis.

2 Puestos a localizar esa pérdida de empleo, el dato principal es que 1,5 millones de empleos se perdieron en el sector de la construcción como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.

3 Recordemos que los salarios reales cayeron con la reforma laboral de 2012.

4 Así, por ejemplo, la precariedad de los que tenían entre 20 y 24 años en 2010 era muy parecida a la que tenían los de 25 a 29 años en 2015.

5 «Análisis gráfico de la devaluación salarial en España», Cuadernos de Acción Sindical, CCOO, julio de 2015.

6 Accesible en https://observatoriosociallacaixa.org/-/evolucion-comparada-de-la-pobreza-infantil-juvenil-y-de-los-mayores-en-euro-1

7 Es verdad que se trataba de un orden socialdemócrata que podemos calificar de «baja intensidad» y que no resultaba comparable a lo que se entiende por «socialdemocracia» en otras latitudes, pero no es menos cierto que respondía al pacto social explícito suscrito en los años de la Transición y que podemos identificar en dos momentos: en el primero, los Pactos de La Moncloa representaron el intercambio de moderación salarial por una reforma fiscal que sienta las bases de un orden democrático. Así, la moderación salarial impidió que la economía española entrase en una espiral inflacionista. Por su parte, la reforma fiscal permitió la puesta en marcha de políticas públicas de cierto alcance. En un segundo momento, el consenso constitucional significó la aceptación de una economía de mercado en el marco de un Estado de bienestar homologable en el entorno europeo.

8 No hace falta recordar la tradición anarquista de Cataluña, si bien conviene advertir que, así como el antiguo anarquismo era internacionalista, el nuevo (CUP) es rabiosamente nacionalista, además de anticapitalista.

9 Con el fin de facilitar la comparación entre las elecciones de 2015 y de 2016, hemos agregado el voto de Podemos e IU en 2015, cuando se presentaron por separado (en 2016 se coligaron como Unidas Podemos). Con esta premisa, el nivel de polarización se mantuvo grosso modo en las elecciones de 2016 respecto de las de 2015, pues en 2016 el voto conjunto del PP y Unidas Podemos volvió a representar el 53% del voto total.

De la Transición a la austeridad

Juan Jesús González Rodríguez

El problema de la democracia en la periferia del euro

La democracia es, por lo pronto, un régimen de libertades, pero también un sistema de autogobierno. Este capítulo está dedicado a los problemas que la democracia presenta para trascender una concepción puramente liberal de la misma —en cuanto régimen de libertades— y para mantener la capacidad de autogobierno del sistema político dentro de unos niveles aceptables para los representados. Uno de los factores que más ha complicado esta capacidad de autogobierno en las democracias avanzadas radica en que los gobiernos deben conseguir al mismo tiempo la confianza de los electores y la confianza de los mercados en los que se financian. En comparación con los años setenta del siglo pasado, cuando el proceso de globalización se radicalizó y entró en una nueva fase, las dificultades de los gobiernos para conciliar esas dos tareas han aumentado de manera exponencial en todas partes, aunque ha sido particularmente evidente en aquellos países —como España— que se han comprometido con la globalización por la vía más exigente de todas: la unión monetaria. Y es que no solo se trata de que, por esta vía, los gobiernos hayan renunciado al control de la moneda, sino de que, dadas las diferencias de productividad entre países y la distinta capacidad para efectuar devaluaciones competitivas que no pasen por la devaluación monetaria, se han encontrado también con desequilibrios y asimetrías en su relación de intercambio con el exterior que los gobiernos no pueden compensar con los instrumentos a su alcance.

En los peores momentos de la crisis del euro parecía como si la integración europea, junto con la incapacidad de la clase política para gestionarla, nos hubiera llevado al peor de los escenarios posibles, pues por un lado la unión monetaria impedía tomar medidas de devaluación monetaria, tal como se habían venido practicando de manera secular, en tanto que por otro la forma en que estaba diseñada la unión monetaria impedía el acceso a fórmulas solidarias de financiación, como por ejemplo la mutualización de la deuda, lo que dejaba la deuda soberana sin respaldo institucional.

Desde entonces la unión monetaria aboca a los países que tienen una posición periférica dentro del bloque económico 10 a un ejercicio de disciplina fiscal que choca con las demandas populares y amenaza con el empobrecimiento de amplios sectores sociales, con lo que los gobiernos nacionales se ven enfrentados a un dilema: o bien atienden dichas demandas, con lo que ponen en cuestión el proceso de integración de las economías, o, por el contrario, tratan de responder a las exigencias de las instancias supranacionales que regulan dicho proceso, en cuyo caso se enfrentan a problemas de falta de legitimación democrática. De manera que, o se imponen las demandas populares, con lo que el proceso de integración globalizadora puede peligrar, o se imponen las exigencias supranacionales, en cuyo caso la democracia puede acabar reducida a su mínima expresión, esto es, un régimen de libertades que no garantiza la capacidad de autogobierno y que resulta susceptible de ser gestionado por vía tecnocrática. En otras palabras, una «democracia sin alternativas».

Así las cosas, el comportamiento de las élites nacionales está sujeto a una doble lógica: la lógica de la receptividad, que preside su relación con la opinión pública nacional que pretende representar, y la lógica de la responsabilidad, que es la que garantiza el encuadramiento del país en cuestión en el citado sistema de gobernanza europeo. En la medida en que ambas lógicas entran en conflicto (o en que las élites nacionales no son capaces de conciliarlas), el papel de la democracia queda en entredicho. De ahí el dilema que plantean las políticas de austeridad, pues, por un lado, para ser implantadas necesitan del concurso de las instituciones democráticas a fin de hacerlas legítimas y aceptables, y, por otro, chocan con las demandas populares, lo que en ocasiones lleva a imponerlas por vía tecnocrática, con los consiguientes problemas de legitimidad.

Toda vez que la política europea sigue estando fuertemente condicionada por la existencia de unos sistemas de opinión pública que operan a nivel nacional, los dirigentes de los países centrales prefieren plegarse a la lógica de la receptividad cediendo a las presiones de electores temerosos de que el proyecto europeo recaiga sobre sus bolsillos, en tanto que los dirigentes de los países periféricos se aferran a la lógica de la responsabilidad, lo que los enfrenta a ciudadanos que no están dispuestos a pagar los costes sociales de la austeridad (desempleo, pobreza…). De esta forma, los dirigentes de los países centrales aseguran su reelección, tal como ha ocurrido en Alemania a lo largo de la última década, mientras que los dirigentes de los países periféricos conseguían implantar reformas que no hubieran podido hacer por sí mismos, aunque fuese al precio de arriesgar su continuidad en el gobierno (de hecho, la periferia sigue estando sujeta a una fuerte inestabilidad política). De ahí la insatisfacción de los votantes periféricos con el funcionamiento de la democracia.

Con el fin de situarla en una perspectiva histórica, comenzaremos por comparar la crisis de la eurozona con la crisis de los años setenta del siglo XX antes de entrar a estudiarla de manera más específica. A modo de retrospectiva, sabemos que esta crisis duró una década (la que va de mediados de los setenta a la integración en la Comunidad Económica Europea [CEE], en 1985) y que, entre otras cosas, ello se debió a la superposición de una crisis política y una de índole económica. Algo de eso hemos tenido en la última década, si bien en distinto orden; en aquel caso, la convulsión política precedió a la económica. Recordemos que la crisis del viejo régimen franquista se hizo visible a finales de la década de 1970 y alcanzó su clímax en 1973 con el asesinato del entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero. En 1973 también estalla la crisis económica, de manera que la muerte de Franco se produce en un contexto de crisis generalizada (política y económica).

En este caso, la crisis económica desencadenada por la Gran Recesión ha desembocado en una crisis política que, en ocasiones, se interpreta como una crisis del orden constitucional implantado a finales de los setenta del pasado siglo. En ambos casos la superposición de ambos tipos de crisis ha complicado la salida de la económica y ha contribuido a alargarla. En la década de 1970 la resolución de la crisis política mediante la fórmula constitucional de 1978 sentó las bases de la salida económica de la crisis (si bien fue necesaria la alternancia política, dada la incapacidad de la Unión de Centro Democrático [UCD] —el partido que lideró la Transición— para aplicar las políticas de ajuste que dieron paso a la recuperación). En la década de 2010 la incapacidad de los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis convirtió lo que empezó siendo una de tipo financiero en una crisis fiscal y, a continuación, en una crisis política que puso en cuestión el modelo de bipartidismo que había dominado la escena política desde la década de 1990.

En la crisis que nos ocupa podemos distinguir dos fases. Ya hemos dicho que la crisis económica que se declara en 1973 estuvo precedida por una crisis política y que la transición a la democracia tuvo prioridad absoluta, lo cual no hizo sino posponer el tratamiento de la crisis económica (las políticas de ajuste y saneamiento económico, incluida la reconversión industrial, no llegarían hasta la década de 1980, ya con Gobierno socialista). En nuestro caso, la crisis económica precedió a la política, a la que sirvió de catalizador, razón por la cual se ha dado prioridad a la económica, en tanto que la política ha desembocado en una situación de bloqueo que dura años. Pero no solo hay diferencias en el terreno de la génesis, sino también en el terreno de las estrategias seguidas en cada caso: en los setenta, las élites tenían un proyecto nacional compartido que no era otro que la integración europea, lo que facilitaba el entendimiento y el acuerdo en torno a ciertas fórmulas de compromiso (típicamente, los Pactos de La Moncloa), en tanto que en la actualidad el proyecto europeo ha dejado de ser un aglutinante y las élites se encuentran divididas como efecto de la polarización política y de las tentaciones secesionistas. Asimismo, el tratamiento de la crisis en los ochenta estuvo presidido por una estrategia que intentaba compatibilizar las políticas de ajuste y saneamiento con medidas de redistribución mediante la extensión y universalización de las políticas educativas, sanitarias, etc. En cierto modo, la implantación del Estado de bienestar sirvió de compensación de los costes sociales asociados al ajuste económico. En el segundo caso, la estrategia de salida de la crisis ha sido la inversa, de tal suerte que el ajuste económico se ha hecho a costa de la redistribución, con las consecuencias que cabe esperar en materia de malestar social y de aumento de la desigualdad.

En suma, la crisis de los setenta obligó a la sociedad española a afrontar una doble tarea, transición política y modernización económica, con un resultado bien conocido: una economía integrada en Europa y una democracia liberal que adoptó la forma de una «democracia de partidos» (Manin, 1998), dado el gran protagonismo de los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia española. La razón de este extraordinario protagonismo es fácil de entender: el diseño constitucional de 1978 pretendía atajar de raíz uno de los problemas de la democracia española de los años treinta del siglo pasado (la debilidad y fragmentación de los partidos como una de las características de la malograda Segunda República), razón por la cual puso en sus manos un poder que, a la larga, ha resultado excesivo. De ahí los problemas recurrentes de politización del gobierno de la justicia o de la gestión de las cajas de ahorro, así como los sucesos reiterados de corrupción en el ámbito de la financiación de los partidos (Filesa, Gürtel, etc.) dada la laxitud, cuando no la ausencia, de los controles que se impusieron los partidos.

En cualquier caso, transición política y modernización económica fueron las dos caras de una misma moneda, ya que la crisis de la década de 1970 solo era superable en la medida en que se pudiesen abordar sus dos dimensiones. En los años setenta la democracia era algo más que un requisito funcional de la modernización; se trataba de un imperativo moral, la condición sine qua non de la integración europea. En la actualidad no está claro que la democracia signifique lo mismo, no solo porque países no democráticos como China hayan conseguido un estatus de respetabilidad en la comunidad internacional, como consecuencia de sus logros en materia de globalización económica, sino porque la democracia a menudo se presenta como un obstáculo en ese terreno, tal como argumenta el conocido trilema de Rodrik (2012) 11 .

Muy resumida, la historia de la crisis y de su génesis en el caso español ha seguido la siguiente secuencia. En 1997 España superó el «examen de convergencia» que la habilitaba para incorporarse a la Unión Monetaria Europea (UME). Entre ese año y 2007 los salarios reales crecieron a un ritmo anual del 1% al tiempo que el precio de la vivienda se multiplicaba por dos o por tres, según las estimaciones. A ello contribuyó la bajada de los tipos de interés y la afluencia de crédito desde los países centrales, lo que facilitó un modelo de crecimiento basado en la deuda que, a la larga, resultó insostenible, puesto que se apoyaba en la expectativa de un crecimiento ilimitado del precio de la vivienda y en el consiguiente efecto riqueza. En 2008 se produce el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria que en 2010 se convierte en una crisis fiscal en toda regla: mientras los ingresos fiscales se desploman, las exigencias de gasto público derivadas de la propia crisis se disparan. En términos de riqueza, la renta disponible por hogar retrocedió desde los 27.600 euros (2007) a los 22.100 (2013), de manera que retrocedió «a niveles de finales del siglo XX » (Goerlich, 2016: 19). Con todo, lo más dramático de la crisis no fue la caída de la producción (de hecho, se redujo un 7%), sino la explosión del paro, el cual pasó del 8% al 26% de la población activa, un salto sin precedentes ni paralelismos en ningún otro país. Ahí radicó el principal drama de la crisis.

El efecto acumulado de esta secuencia diabólica (explosión del paro, caída de la producción y la renta, morosidad bancaria, desahucios, etc.) ha colocado a España en una nueva experiencia traumática que, aunque más corta, ha sido más intensa que la de los años setenta. Y es que, por un lado, esta última se prolongó hasta mediados de los ochenta, mientras que la crisis más reciente duró un sexenio (2008-2013), en tanto que, por otro, la primera crisis registró siete trimestres de recesión (provocadas por los sucesivos shocks petrolíferos), mientras que la última registró nada menos que veinte 12 .

A lo largo de esta secuencia se puso de manifiesto una doble evidencia: a) que el diseño institucional de la eurozona no ayudó a superar la crisis, y b) que la integración europea no ayudó a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. Para empezar se hizo evidente que España carecía de un banco central propiamente dicho para enfrentar la crisis, por cuanto el Banco Central Europeo (BCE) no respaldaba la deuda soberana de las economías periféricas. Esto ayudó a entender, retrospectivamente, que lo que el BCE había hecho en la fase expansiva (al bajar los tipos de interés incluso por debajo de la inflación registrada en la periferia) tampoco había sido en beneficio de la periferia, dado que la expansión incontrolada del crédito no hizo otra cosa que alimentar las burbujas. De manera que, cuando se produce la crisis de la deuda soberana (2010) los capitales que habían inundado la periferia europea se replegaron en el centro, disparando los diferenciales de interés entre países y reabriendo una brecha insondable que amenazaba con el estrangulamiento de las economías periféricas, cuya posición subalterna en la división internacional del trabajo quedaba de nuevo de manifiesto. Y es que no solo se trataba de la explosión del paro, sino de la imposibilidad de explorar nuevas actividades productivas que ocupasen el hueco del ladrillo, dando un paso más en el proceso de desindustrialización y en la polarización creciente de la estructura ocupacional. En esta tesitura, las políticas de austeridad dictadas por la eurozona apostaron por una devaluación interna que, en la práctica, se tradujo en una rebaja salarial, al tiempo que los recortes de las políticas sociales comprometían su pretensión de universalidad y suficiencia para refugiarse en una estrategia de carácter asistencial.

Con estas premisas, el viejo sueño orteguiano («España es el problema, Europa la solución») sufrió un severo baño de realidad ante la evidencia de que Europa había dejado de ser el selecto club de democracias consolidadas al que nos habíamos incorporado en la década de 1980 para convertirse en la madrastra que impartía penitencia por nuestros pecados y deficiencias en la era de la austeridad. Ya hemos hecho referencia a lo que implica una posición subalterna en el bloque económico europeo en términos de división internacional del trabajo, dificultad de acceso al mercado de capitales, polarización de la estructura ocupacional, aumento de la desigualdad, etc. Pues bien, esto solo es una cara del problema. La otra es netamente política y consiste en una democracia de baja calidad en la que la función de representación se halla condicionada por el doble papel que desempeñan las élites nacionales, por un lado, como representantes de la opinión pública nacional respectiva, en tanto que, por otro, como correa de transmisión del sistema de gobernanza que se establece a nivel de todo el bloque económico. En la práctica esto hace que el comportamiento de estas élites quede sujeto a una doble lógica: la lógica de la receptividad, que preside su relación con la opinión pública nacional que pretenden representar, y la lógica de la responsabilidad, que es la que garantiza el encuadramiento del país en cuestión en el citado sistema de gobernanza europeo. Y a esta doble lógica le corresponde un doble mecanismo de rendición de cuentas: ante las urnas y ante los organismos supranacionales 13 . En la medida en que ambos mecanismos planteen exigencias incompatibles (o si las élites nacionales no son capaces de conciliarlas), el papel de la democracia quedará en entredicho, poniendo de manifiesto la discrepancia entre las demandas populares domésticas y las exigencias derivadas de la pertenencia europea. De ahí el dilema que suponen las políticas de austeridad, pues por un lado necesitan del concurso de las instituciones democráticas para ser implantadas, a fin de hacerlas legítimas y aceptables, mientras que por otro chocan con las demandas populares, lo que lleva a imponerlas por vía tecnocrática, en cuyo caso nos encontramos con democracias bajo control o «intervenidas» (Fernández, 2012).

Los sobrecostes de la democracia: inflación, déficit público, endeudamiento

La democracia constituye una cuestión de elección, de manera que los gobiernos adaptan sus estrategias a las preferencias de los ciudadanos y, en consecuencia, los cambios en dichas preferencias se traducen en cambios en las políticas públicas. Esto no quiere decir que la causalidad vaya siempre en la misma dirección, desde los ciudadanos a los gobiernos. Es evidente que estos últimos a su vez tienen capacidad de influir sobre las preferencias ciudadanas, de manera que las políticas finalmente resultantes representan el producto de la interacción mutua entre gobierno y opinión pública. Desde esta perspectiva, una de las innovaciones de esta crisis es que democracias que parecían consolidadas y efectivas se han enfrentado de manera súbita a una situación de bloqueo en la que los cambios de gobierno han dejado de tener consecuencias sobre las políticas públicas, que se rigen por el conocido principio de «no hay alternativa» 14 . Es verdad que las políticas de austeridad no eran del todo nuevas y que el discurso acerca de la disciplina y la austeridad fiscal se había puesto en circulación hacía ya varias décadas (como medida de contención del déficit público), pero no lo es menos que el escenario de la crisis carecía de precedentes en las democracias avanzadas: nunca antes una crisis económica había producido tal deterioro en las finanzas públicas hasta el punto de poner en cuestión el propio funcionamiento de la democracia, tal como se viene apreciando en el sur de Europa en los últimos años, pues si los cambios de gobierno dejan de tener consecuencias sobre las políticas públicas, ¿de qué sirve la expresión de las preferencias ciudadanas mediante elecciones?

Básicamente, las democracias que se han desarrollado al amparo del modelo social europeo se han caracterizado por su capacidad para conciliar dos principios en conflicto: el principio de eficacia y competencia, que rige el funcionamiento de las economías capitalistas (medible en términos de productividad), y el principio de satisfacción de las demandas populares, que se expresa en términos de derechos sociales y de la consiguiente legitimación democrática. No se trata de recordar ahora los temores sobre la dificultad intrínseca de semejante conciliación, expresados desde diferentes posiciones ideológicas: los de la izquierda de que la democracia acabase sucumbiendo a las fuerzas ciegas del mercado o los de la derecha, de que la propiedad y la libre competencia acabasen sucumbiendo bajo el peso de un Estado desbordado por las demandas sociales.

En la experiencia europea, la fórmula canónica de dicha conciliación de principios vino dada por el gran pacto social de posguerra bajo los auspicios de las políticas keynesianas desplegadas hasta la crisis de los años setenta. En esencia, la fórmula implicaba una clase obrera organizada que aceptaba el orden capitalista a cambio de derechos sociales y mejoras salariales controladas pero sostenidas, de manera que la política de control de rentas estaba compensada por políticas sociales. En la década de 1970 este tipo de arreglos dejaron de funcionar y la inflación apareció como un claro síntoma de la quiebra de los equilibrios keynesianos, dando lugar a una fase de estancamiento económico (Streeck, 2013).

En el caso español, la inflación de dicha década era más fácil de interpretar, por cuanto ponía de manifiesto la incapacidad de la dictadura franquista para encauzar la economía en un contexto en el que la posibilidad de intercambiar moderación salarial por compensaciones sociales y políticas estaba drásticamente limitada y la propia negociación colectiva estaba fuera de control (recordemos que una de las primeras tareas de la joven democracia española fue la elaboración de un nuevo marco de relaciones laborales). Hubo que esperar a la firma de los Pactos de La Moncloa, tras las primeras elecciones democráticas de 1977, para conseguir que la negociación colectiva acordase las subidas salariales de acuerdo con la inflación prevista (en lugar de repercutir de manera automática la inflación pasada, que ya había rebasado el 25%) y evitar así que la naciente democracia fuese víctima de una espiral inflacionista.

El problema es que las demandas salariales solo eran controlables en la medida en que hubiese compensaciones en políticas sociales, materia en la que los Pactos de La Moncloa trataban de ser generosos. En este sentido cabe interpretar los citados pactos como un primer paso en la construcción de un Estado de bienestar propiamente dicho, si bien sobre una base fiscal todavía endeble (recordemos que la imposición sobre la renta personal era prácticamente inexistente hasta entonces), de tal suerte que los problemas inflacionarios de los años setenta dieron paso a problemas de déficit público en los ochenta del siglo XX .

Con esta premisa, la batalla contra el déficit público marcó la actuación de los gobiernos socialistas en las décadas de 1980 y 1990, que hubieron de combinar la extensión de las políticas sociales (en particular, la universalización de la educación y la sanidad) con otras de ajuste tendentes a recomponer los equilibrios fiscales. La batalla culminó (ya en tiempos del primer Gobierno del PP) con el «examen de convergencia» previo a la UME, en virtud del cual España hizo un importante esfuerzo de contención del déficit que le permitió el ingreso en el euro. A lo largo de este proceso, los distintos gobiernos socialistas y populares fueron poniendo remedio a algunos de los problemas más acuciantes heredados del franquismo, tales como las mencionadas tensiones inflacionarias, la reconversión industrial, los desequilibrios fiscales y comerciales, la liberalización del sistema económico-financiero, etc. Asimismo se consiguieron avances sustantivos en materia de relaciones laborales y de reforma del aparato administrativo, pero esto no quiere decir que los problemas se resolvieran de una vez por todas.

Con el restablecimiento de la disciplina fiscal y el ingreso en el euro, la economía española entra en una fase de abundancia de capitales y de abaratamiento de los tipos de interés que dan paso a la democratización del crédito a unos niveles sin precedentes. Es el momento del «keynesianismo privado» 15 y de la universalización del acceso a la vivienda, que queda al alcance de toda la población, incluida la inmigrante. El problema es que, así como la inflación de la década de 1970 y los problemas posteriores de déficit público habían sido síntomas de disfunciones y desequilibrios que exigían arreglos y soluciones, la entrada en el euro, al coincidir con una larga fase expansiva de la economía, sirvió, entre otras cosas, para amortiguar y disimular los síntomas del mal funcionamiento de la economía.

Conviene, en este punto, hacer una breve recapitulación. El crecimiento de la economía española en democracia se produce a lo largo de dos ondas expansivas, la primera de las cuales es muy breve (1985-1991) y apenas sirve para dar un respiro a la economía española después de la larga crisis de los setenta, en tanto que la segunda es mucho más larga y duradera (1994-2007). En términos de empleo, el contraste resulta muy significativo: mientras en la primera fase (1985-1991) la ocupación no agraria pasó de 9,3 en 1985 a 11,8 millones en 1991 (con un crecimiento del 27%), en la segunda pasó de 11,2 en 1994 a 19,5 en 2007 (74% de crecimiento).

Como consecuencia de la crisis de la década de 1970, la renta española, que representaba en 1975 el 85,6% del promedio de los países que hoy conforman la eurozona, retrocedió y pasó a representar el 73,5% diez años después (en el momento de la adhesión europea, es decir, 1985). Tras la primera onda expansiva y la posterior crisis del comienzo de la década de 1990, la renta española había mejorado algo en términos relativos, alcanzando el 79,4% de ese mismo grupo de países en 1995, aunque hubo que esperar hasta la segunda fase expansiva (1990-2000) para que España diera el gran salto, llegando en 2007 a representar el 96% de dicho promedio. El problema de este salto es que estuvo acompañado de un retroceso no menos significativo en términos de productividad del trabajo, por cuanto la productividad española, que había alcanzado la convergencia en 1995 (99% de ese mismo grupo de países), había retrocedido hasta el 90,6%. Esto sugiere que el aumento de la renta española se había conseguido mediante la incorporación masiva de fuerza de trabajo y el consiguiente aumento de la tasa de ocupación, al tiempo que se perdía productividad relativa. En suma, de haber mantenido el ritmo de crecimiento de la productividad a la vez que se aumentaba la tasa de ocupación, «la convergencia en renta habría sido un hecho» (Serrano, 2011).

En cualquier caso, en los primeros años de la década del año 2000 el euro parecía capaz de conducir a la economía española a un imparable proceso de convergencia con el centro de la economía europea. Tres factores contribuyeron poderosamente a estimular este proceso: a) las transferencias netas procedentes de la UE, las cuales podemos estimar en esos años en torno a un punto porcentual del PIB; b) la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, norte de África y Europa del este; y c) la burbuja inmobiliaria.

De los tres factores, el primero (la entrada de fondos sociales europeos) explica por sí solo el diferencial de crecimiento de España respecto de la media europea durante el período de referencia (1994-2007), de tal suerte que vino a funcionar en la práctica como un Plan Marshall diferido en el tiempo (Maluquer, 2013). El segundo fue una consecuencia directa de la globalización, combinada con una política de puertas abiertas (recordemos que a partir de 2000 el único requisito para acceder a los servicios públicos era estar empadronado), en tanto que el tercero fue una consecuencia no querida de la política monetaria permisiva que adopta el BCE con la expectativa de reactivar la economía alemana, que arrastraba problemas desde los tiempos de la reunificación. Estos problemas llevaron a Alemania a incumplir, en los primeros años de la década de 2000, las condiciones acordadas en el Pacto de Estabilidad de la UE como requisito para la unión monetaria, lo que dio lugar a una serie de reformas (Agenda 2010) que hicieron la economía alemana más competitiva, al tiempo que el BCE inundaba las economías periféricas de crédito barato con el que estos países pudieron acceder a las exportaciones alemanas. El efecto combinado de ambos factores fue devastador para el proceso de convergencia europea, pues así como en la década de 1990 la economía española se había hecho más exportadora, acercándose a la alemana, en la de 2000 la tendencia se invirtió: Alemania siguió aumentando su capacidad exportadora, en tanto que España perdió competitividad al mismo tiempo que la burbuja inmobiliaria financiaba el aumento incontrolado de las importaciones, con lo que la balanza comercial se volvió extraordinariamente negativa para España.

Con todo, la verdadera particularidad del período radicó en que los desequilibrios de la economía (el diferencial de inflación con respecto al promedio europeo, el desequilibrio de la balanza comercial —solo superado por Estados Unidos—, etc.) esta vez pasaron inadvertidos bajo el manto protector de la moneda única, que sirvió de amortiguador y los mantuvo bajo control hasta el punto de que los sucesivos gobiernos (tanto del PP como del PSOE) en ningún momento se sintieron en la necesidad de atajarlos. Así llegamos a uno de los aspectos menos visibles de la burbuja, el cual, más allá de las distorsiones económicas derivadas de un efecto riqueza puramente ilusorio, se convierte en un estado de alucinación colectiva que, a partir de una percepción sesgada de la realidad, bloquea la capacidad de diagnóstico e impide la sola posibilidad de proponer remedios a los problemas en curso. De ahí que nadie tuviera un plan para desactivar la burbuja y, lo que es más llamativo, nadie propusiese reforma alguna para corregir dichos problemas.

Ahora bien, no solo se trata de que los partidos con más responsabilidad no se planteasen en ningún momento la posibilidad de anticipar la crisis con reformas que la hubiesen hecho más soportable, pues a la responsabilidad por omisión se une una responsabilidad mucho más directa que está relacionada con las estrategias de polarización política que se inician con la mayoría absoluta de José María Aznar en su segunda legislatura y culminan en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Pero antes de llegar ahí conviene recordar la crisis de la década de 1970.

La crisis de la década de 1970

El pacto social de posguerra que presidió más de dos décadas de crecimiento económico sostenido y estabilidad social en la Europa occidental entró en crisis en los años sesenta-setenta del pasado siglo con la aparición de tasas crecientes de inflación. En último término, la inflación no era más que el síntoma de que el intercambio que había prevalecido hasta entonces (paz social y legitimidad política a cambio de prosperidad económica) se había interrumpido toda vez que las economías europeas comenzaban a dar señales de fatiga y agotamiento. Puesto que las organizaciones obreras no estaban dispuestas a renunciar al pleno empleo y a elevados estándares de vida, la inflación no hacía más que poner de manifiesto que el conflicto distributivo se estaba haciendo irresoluble y que se imponía un cambio en las reglas del juego. Por si faltaba algo, la subida incontrolable del precio del petróleo y las materias primas en la década de 1970 abocó a dichas economías a una inflación de costes que las dejaba fuera de combate en materia de competencia internacional.

Así fue como esos años apareció un fenómeno desconocido hasta entonces: el estancamiento económico combinado con inflación («estanflación»); la razón del estancamiento ya no era la falta de demanda, tal como ocurría en las crisis susceptibles de un tratamiento keynesiano, sino la caída de beneficios empresariales constreñidos por el efecto combinado de la inflación de costes y las presiones salariales. Un factor adicional de la crisis de estos años fue que el proceso de globalización entró en una nueva fase que daba por superados los acuerdos de Bretton Woods adoptados por los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Estos acuerdos intentaban salvaguardar las economías nacionales poniendo límites a los aspectos más desestabilizadores del proceso globalizador mediante el control de los movimientos de capital o de la liberalización de ciertos sectores.

En los años setenta del siglo pasado la globalización entra en una nueva fase de mayor apertura, facilitando, por un lado, la deslocalización de los procesos productivos, que se desplazan masivamente al continente asiático, en tanto que, por otro, los capitales empiezan a moverse con libertad de un país a otro, inaugurando así una época en la que las economías nacionales quedan bajo la vigilancia y la supervisión de los mercados financieros, los cuales pueden dictar sentencias inapelables sobre las políticas aparentemente soberanas de los gobiernos en materia de inflación, déficit, tipo de cambio de la moneda, etc.

Con estas premisas, los gobiernos europeos de la época pusieron en marcha políticas de ajuste orientadas a mantener las economías nacionales abiertas a la competencia internacional al tiempo que se buscaban todo tipo de arreglos internos para paliar los costes sociales de los ajustes. Ello implicaba, por lo pronto, políticas monetarias más rigurosas con el fin de controlar la inflación, al tiempo que se intentaban revisar las políticas de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX en tres frentes principales: las políticas de rentas, las sociales y las del mercado de trabajo. Lo primero resultó relativamente fácil en países con experiencia en negociaciones corporativas al más alto nivel (gobierno, patronal y sindicatos), en las cuales había tradición de intercambiar contención salarial por políticas sociales. Más complicado resultó el último apartado, dada la resistencia de las organizaciones obreras a flexibilizar el mercado de trabajo, lo que con frecuencia condujo al uso de fórmulas dualistas o a reformas laborales en los márgenes del mercado de trabajo a fin de salvaguardar la estabilidad laboral del segmento primario de dicho mercado, por ser el mejor organizado y el más protegido, con lo que el impacto de las reformas recayó sobre los sectores sociales con menos capacidad de negociación (jóvenes, mujeres, inmigrantes…).

Mientras tanto, en España los primeros gobiernos de la democracia también jugaron con estas posibilidades a fin de superar las dificultades brutales impuestas por la crisis en un país que, al mismo tiempo, debía dar el paso de una dictadura a una democracia, lo que a su vez exigía insuflar incontables dosis de legitimidad al nuevo sistema político. De manera que, al igual que había ocurrido en la década de 1930, cuando el advenimiento de la Segunda República estuvo fatalmente acompañado por la Gran Depresión, la transición democrática estuvo esta vez enmarcada por el doble shock petrolífero de 1973 y 1979, complicando y contrarrestando cada uno de los avances conseguidos. La inercia del desarrollismo franquista hizo que las consecuencias de la crisis pasasen relativamente desapercibidas hasta las primeras elecciones (1977), pero la situación económica se hizo inocultable en los años siguientes. Puesto que la clase política dio prioridad a las reformas de la Transición, la crisis económica quedó relativamente desatendida y no hizo más que agravarse en la segunda mitad de la década de 1970, dándose la circunstancia de que, cuando llegó el momento de capitalizar los éxitos políticos, estos quedaron oscurecidos y orillados por el segundo y definitivo impacto petrolífero (1979) y por la incapacidad de hacerle frente. El efímero mandato y la rápida salida del gobierno de los dos vicepresidentes económicos llamados a encarnar la política económica de la UCD (Fuentes Quintana y Abril Martorell) no hicieron sino poner de manifiesto ante la opinión pública la incapacidad de este partido para establecer una agenda de reformas económicas creíble y duradera.

Esto no quiere decir que no se hiciesen cosas importantes, sino que el trabajo realizado era insuficiente ante la magnitud de los problemas. Inmediatamente después de las elecciones de 1977, el primer vicepresidente económico de la democracia, Fuentes Quintana, convocó a los sindicatos para plantearles la gravedad de la crisis y solicitarles colaboración en la lucha contra la inflación, cuya escalada rozaba ya el 30%. Ante la negativa de UGT y CCOO a colaborar, el Gobierno recurrió a los partidos, que suscribieron los Pactos de La Moncloa como programa de ajuste frente a la crisis. Como resultado de la moderación salarial conseguida (punto nuclear de los Pactos), la inflación se redujo prácticamente a la mitad en dos años, pero no se pudo contener el crecimiento del paro. De los restantes acuerdos adoptados, tan solo la reforma fiscal llegó a buen puerto mediante la implantación del IRPF, con la consiguiente posibilidad de mejorar las prestaciones sociales.

Mientras tanto, los niveles de satisfacción con la democracia se resintieron durante el segundo mandato de la UCD y, a la altura de 1980, afloraba una cierta nostalgia de los tiempos del desarrollismo franquista. A la hora de identificar las causas concretas de este punto de inflexión en los indicadores demoscópicos del desencanto democrático las razones parecían claras: el gobierno de la UCD puntuaba por debajo del gobierno franquista en materia económica y muy por debajo en materia de ley y orden (McDonough, Barnes y López, 1998: 44). Toda la legitimidad que la democracia estaba ganando en el terreno político y, más en concreto, en el proceso de transformación institucional la estaba perdiendo con el aumento de la inseguridad ciudadana y con la incapacidad del gobierno para enmendar el rumbo de la economía. La paciencia de los españoles con el deterioro y la desatención de su situación económica se estaba acabando.

La Transición arroja así un balance agridulce: por un lado, el carácter inicialmente reformista del proceso conduce, paso a paso, a una Constitución que, vista en retrospectiva, representa una ruptura radical con la historia del país, incluidas las anteriores constituciones, ninguna de las cuales había conseguido un nivel de consenso parecido. En otras palabras, la prudencia de la clase política del momento consiguió cuadrar el círculo de la Transición mediante una acumulación de reformas que condujeron a una ruptura institucional sin precedentes (monarquía parlamentaria, Estado de las Autonomías, nuevo sistema de relaciones laborales, Estado de bienestar, etc.). La ironía de ese capítulo de la historia es que los rendimientos de la Constitución fueron de largo plazo, permitiendo el mayor período de paz y prosperidad de la historia de España, en tanto que el momento mismo de su elaboración estuvo marcado por la relativa desatención de la crisis económica y la ausencia de resultados tangibles en esta materia. De ahí el desencanto democrático de esos años.

Pese a todo, los Pactos de La Moncloa consiguieron corregir algunos de los desequilibrios de la economía española y apuntalar de esa manera el proceso de transición. Con ese punto de partida, los Pactos de La Moncloa de 1977 inauguraron una tradición de concertación social mediante el intercambio de contención salarial y de reducción de la conflictividad a cambio de compensaciones sociales y reconocimiento simbólico de los actores implicados, los cuales se fueron integrando poco a poco en las instituciones a medida que se construía un nuevo marco de relaciones laborales. Más tarde, ya con Gobierno socialista, llegó la reforma parcial del mercado de trabajo (1984) mediante la contratación temporal de los jóvenes situados en la periferia del mismo, lo que generó uno de los problemas más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la estratificación social: la división del mercado de trabajo entre un núcleo interno de trabajadores organizados y protegidos, con garantías de estabilidad laboral, y una periferia de trabajadores sujetos a la rotación laboral que daría lugar con el tiempo a la formación del precariado.

Ahora bien, así como el éxito de esta tradición pactista en materia de estabilización y legitimación democrática resulta incuestionable, no puede decirse lo mismo de su contribución al crecimiento económico. Es verdad que la inflación empezó a controlarse a finales de la década de 1970, al tiempo que se reducía la conflictividad, pero fue a costa de un aumento considerable del déficit público, mientras el mercado de trabajo seguía deteriorándose. Y así nos encontramos la aparente paradoja de que cuando llega el crecimiento económico aquella tradición de pacto ya estaba rota. Esto no quiere decir que la paz social esté reñida con el crecimiento, sino que los agentes sociales (los sindicatos, en este caso) suelen esperar a la salida del túnel para exigir compensaciones (la llamada «deuda social») por el esfuerzo de contención realizado durante una década interminable de crisis, desencadenando así una dinámica de fuerte conflictividad y de confrontación abierta con el Gobierno socialista en la segunda mitad de los años ochenta.

De hecho, si se observan las políticas socialistas de entonces no cabe hablar de ruptura con las políticas de la UCD hasta bien avanzada la etapa socialista. Es cierto que las políticas de bienestar conocieron una expansión decisiva en materia de educación y de sanidad desde los primeros años de dicha etapa, pero no lo es menos que la gran operación redistributiva no se produjo hasta finales de la década de 1980. Con frecuencia se presenta tal operación como el producto lógico y natural de una década de socialdemocracia, una vez que la economía española pudo superar los pertinentes ajustes, pero no está de más recordar que para llegar a ella fueron necesarias dos huelgas generales. Hasta ese momento, la política económica socialista había sido de ajuste y estabilización, de saneamiento, en suma, con vistas a la integración europea. Tras ella la economía creció a ritmos comparables al desarrollismo franquista, pero sobre bases más sólidas, impulsando el proceso de modernización con un aumento importante del gasto público. Es el momento en que las clases medias españolas empiezan a pagar impuestos de acuerdo con estándares europeos, lo que convierte las cuestiones fiscales en uno de los terrenos predilectos de la contienda electoral.

Con todo, a mediados de la década de 1980 el Gobierno socialista todavía no tenía una oposición política capaz de poner en cuestión su posición predominante, lo que convirtió a los sindicatos en un actor político de primer orden. Varias fueron las razones de la confrontación entre Gobierno y sindicatos, pero la principal fue la distinta manera de entender la operación redistributiva y las políticas asociadas a ella. Por un lado, el Gobierno pretendía avanzar en el camino de las reformas y, en particular, de la reforma laboral. Por otro, los sindicatos, que habían resistido diez años de crisis económica y moderación reivindicativa y que por fin veían la salida del túnel, reclamaban la «deuda social» en compensación por una década de contención y sacrificios. Las hostilidades se abrieron con la discusión de la reforma del sistema de pensiones (que motivó la primera huelga general, en 1985) y culminaron con la huelga general de 1988, que consiguió la completa paralización del país y un éxito de movilización sin precedentes. Como resultado, los sindicatos consiguieron importantes medidas redistributivas en materia de pensiones, sanidad, protección del desempleo, etc., pero sin que el Gobierno lograra a cambio apoyo alguno en materia de reformas.

La euforia de la unión monetaria

Ya hemos adelantado que en la segunda mitad de la década de 1980 se percibe un aumento significativo de la presión fiscal en España, con lo que la fiscalidad pasa a un primer plano de la contienda política. Desde entonces, una de las vías preferentes del PP para atraerse a las clases medias fue la promesa de rebajas fiscales, reiteradamente cumplida tras su llegada al gobierno en 1996. La primera rebaja, aprobada en 1996, creó un tipo único del 20% para las ganancias de capital, mientras que las rentas de trabajo permanecían sujetas a un impuesto progresivo que llegaba hasta el 56% (tipo máximo heredado de la etapa socialista). En la segunda reforma, implantada en 1999, redujo en ocho puntos —hasta el 48%— el tipo máximo aplicable a las rentas de trabajo, pero también redujo el tipo único para las ganancias de capital del 20% al 18%, medidas todas ellas destinadas a aliviar el estrés fiscal alcanzado por las clases medias durante la etapa socialista. Esta política de rebajas fiscales parecía coincidir, a primera vista, con la tendencia general en los países de nuestro entorno si no fuera porque se apartaba de esta en un punto fundamental, como es la convergencia de los tipos aplicables a las distintas rentas. A diferencia de lo sucedido en otros países europeos, la tercera reforma del PP, ofrecida por Aznar en la campaña electoral de 2000, mantuvo la desigualdad de trato entre las rentas del trabajo y del capital introducida en su primera reforma, pero esto no impidió que los indicadores demoscópicos sobre fiscalidad alcanzasen su mejor momento en ese mismo año 2000 16 .

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el alivio fiscal llegaba en un momento en que el ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo era perfectamente comparable con los mejores momentos de la primera etapa socialista: a) entre 1996 y 2000 se crearon nada menos que 2,5 millones de empleos asalariados no agrarios (entre 1986 y 1990 se habían creado 1,7 millones), y b) en la primera legislatura popular el PIB creció un promedio del 3,5% (solo un punto por debajo del mejor cuatrienio socialista: 1986-1990) al tiempo que el empleo lo hacía a un ritmo próximo del 3%, con una inflación ligeramente por encima de la media europea. Es verdad que la evolución de la productividad estaba perdiendo fuerza, pero ello no fue obstáculo para la creación de empleo, aliviando así el drama secular del mercado de trabajo español. Tanto más si tenemos en cuenta que el Acuerdo por la Reforma del Mercado de Trabajo consiguió frenar el crecimiento exponencial de la tasa de temporalidad laboral, que había pasado del 23% en 1988 al 35% en 1995, para descender al 32% en el año 2000. Con otras palabras, así como las reformas laborales de la etapa socialista habían tenido un efecto flexibilizador, la de 1997 consiguió detener el avance de la temporalidad.

Así las cosas, la legislatura estuvo marcada por el clima de bonanza económica surgido a partir de dos factores: a) el aprobado de España en el «examen de convergencia» previo a la integración en la UME; y b) los frutos del «diálogo social» (reforma laboral, acuerdo sobre pensiones, etc.). Con estas premisas se registró una mejora de la valoración de la situación económica sin precedentes en la historia demoscópica de la democracia, lo que consagró el eslogan de España va bien como el gran éxito de comunicación del Gobierno de Aznar en su primera legislatura.

Esto no quiere decir que se redujese la presión fiscal (de hecho, aumentó dos puntos en la primera legislatura de Aznar), sino que esta aumentaba al tiempo que se reducía la imposición directa, con lo que el sistema fiscal en su conjunto perdía progresividad. Por otro lado, el gasto público descendió cuatro puntos porcentuales en esa misma legislatura, arrastrando en su caída al gasto social, de manera que el gasto social español, que se había acercado a la media europea en la etapa socialista, se alejó de nuevo, es decir, el ciudadano medio pagaba más y recibía menos en relación con el total de la riqueza generada.

En cualquier caso, Aznar consiguió cimentar sus principales éxitos políticos y electorales sobre una hábil combinación de paz social (por contraste con la tortuosa trayectoria de los gobiernos socialistas anteriores, que habían llegado a acumular nada menos que cuatro huelgas generales) y bonanza económica o, en concreto, reformas pactadas con los agentes sociales y rebajas fiscales. En cuanto Aznar intentó apartarse de ese guion, tal como ocurrió con la reforma laboral de 2002 (el famoso «decretazo») y la huelga general consiguiente, volvieron las dificultades de gobernabilidad y el espíritu reformista se debilitó, desencadenando una dinámica de polarización política que culminaría con la controvertida gestión gubernamental de la crisis terrorista de Madrid (11-M) en vísperas de las elecciones de 2004.

Tras el vuelco electoral de 2004 y la vuelta del PSOE al gobierno, Rodríguez Zapatero acordó con los agentes sociales que no haría ninguna reforma que no contase con el consenso de todos ellos, lo que en la práctica significaba que los agentes sociales y, en particular, los sindicatos tenían derecho de veto sobre cualquier reforma a partir de ese momento. Fue así como las reformas desaparecieron de la agenda política del Gobierno, pero no así las rebajas fiscales, justificadas ahora bajo el mantra de que «bajar impuestos es de izquierdas». Esto dio lugar a medidas de corte populista —como el cheque-bebé (2.500 euros) o la devolución de impuestos (400 euros)— que por su carácter universal no hacían sino erosionar la poca progresividad que quedaba en el sistema fiscal. Paso a paso se fueron imponiendo estrategias cortoplacistas en las que la indulgencia de los partidos para con los votantes solo era comparable al enconamiento de la trifulca partidista, de tal forma que la dinámica de polarización política de esos años devino en una puja electoral para ver quién ofrecía las rebajas fiscales más generosas, con el consiguiente debilitamiento del sistema fiscal, que pasó a depender de manera temeraria de los ingresos derivados de la burbuja inmobiliaria. A ello contribuyeron tres rasgos característicos del modelo de crecimiento asociado al ladrillo: la liberalización del mercado del suelo en 1998, las deducciones por compra de vivienda (que en la práctica funcionaron como subvenciones a la promoción inmobiliaria) y la política de grandes infraestructuras con que los gobiernos obsequiaban a las empresas constructoras (las mismas que más tarde aparecerían como donantes irregulares en la financiación de los partidos, tal como quedó reflejado en «los papeles de Bárcenas»).

Como ya apuntamos, al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 le siguió una crisis fiscal que se convertiría en crisis de deuda en 2010. Para hacernos una idea del alcance de la crisis fiscal baste recordar que, durante esos años, la hacienda española pasó de recaudar el 41% del PIB a solo el 35%, de manera que se derrumbaron los ingresos al mismo tiempo que aumentaba el gasto público (debido a la explosión del paro —y con él la de la protección por desempleo— y de las ayudas a la banca). En consecuencia, la capacidad recaudatoria de la hacienda española se situó diez puntos porcentuales por debajo del promedio de la eurozona, mientras que el déficit público llegó a triplicar el promedio de la eurozona, disparando así el crecimiento de la deuda, que hasta ese momento había sido la gran ventaja diferencial de la economía española (recordemos que España llegó a tener superávit en 2007, con lo que la deuda descendió por debajo del 40%). En cinco años de crisis, la deuda pública española pasó del 40% al 90% del PIB, rebasando el promedio de la eurozona y amenazando la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales.

La crisis de la eurozona: depresión y austeridad

Conviene comenzar recordando que la Unión Monetaria Europea fue una iniciativa francesa que el canciller alemán Helmut Kohl aceptó como contrapartida del apoyo europeo a la reunificación alemana. Con el fin de vencer la resistencia que la UME suscitaba en Alemania y, más en concreto, en su banco central (Bundesbank), fue preciso suscribir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el cual ponía condiciones a la política de los países miembros en materia de cuentas públicas. Toda vez que la UME impedía practicar devaluaciones monetarias orientadas a recuperar las pérdidas de competitividad de las economías nacionales, se sobreentendía que la única vía para conseguir el crecimiento económico pasaba por las reformas estructurales. El problema es que no todos los países estaban igual de capacitados para seguir esta vía.

En este punto conviene advertir que, de esta manera, la UME se convertía en un matrimonio político entre dos tipos de economía: las coordinadas del centro y norte de Europa, las cuales, tradicionalmente, eran economías abiertas a la exportación que estaban entrenadas en operaciones de devaluación interna (reducción de costes) mediante acuerdos flexibles entre los agentes sociales 17 , y las economías del sur, que eran mucho más dependientes de la evolución de su demanda interna y, por el contrario, estaban entrenadas en practicar devaluaciones monetarias con el fin de compensar las pérdidas de competitividad derivadas de tasas relativamente altas de inflación (Hall y Soskice, 2001).

Con estas premisas resulta más fácil entender la formación de la burbuja en el caso español. Para ello bastó con que se dieran cita los siguientes ingredientes: 1) un aumento de la formación de hogares, debido a la confluencia de factores demográficos internos y a la llegada de inmigrantes, lo que disparó la demanda de viviendas; 2) crédito fácil y barato procedente de los países centrales de la UE; y 3) una red de cajas de ahorro, tradicionalmente dedicadas a financiar el acceso a la vivienda, que encontraban así una oportunidad irrepetible de expansión y que con frecuencia estuvieron gestionadas por unos criterios más políticos que económicos (Jorge Juan, 2011).

Tras el estallido de la burbuja la economía española registró caídas del PIB equiparables a las del resto de la eurozona. Lo distintivo del caso español residió en el impacto de la crisis sobre el empleo, que enseguida lo elevó a tasas superiores al 25%. Es verdad que este comportamiento estaba muy relacionado con la magnitud de la burbuja, pero también lo estaba con la diferente manera de aplicar los ajustes en la economía española, los cuales recayeron, en su práctica totalidad, sobre el volumen de empleo en lugar de hacerlo sobre los salarios o sobre el tiempo trabajado.

La crisis española plantea, por tanto, dos cuestiones intrigantes: 1) por qué nadie anticipa la crisis y, lo que es peor, por qué el país opta por eludir las reformas. Una vez que Aznar tropieza con la huelga general de 2002 y se pone de manifiesto la resistencia social a las reformas, la clase política en bloque desiste de la tarea reformista. Es verdad que algunas agencias (en particular, la supervisión del Banco de España) emiten señales en relación con el riesgo de la burbuja, pero los partidos prefieren fomentar la tensión política y la puja electoral; y 2) por qué esa actitud se mantiene incluso cuando la crisis ya es inocultable. Con frecuencia se habla de la resistencia de Rodríguez Zapatero a aceptar esta, pero lo verdaderamente sorprendente es que entre su aceptación y la promulgación del primer paquete de reformas transcurren casi dos años, tiempo suficiente para que la crisis financiera inicial se convierta en crisis fiscal.

Merece la pena que nos detengamos en la secuencia de los acontecimientos. Tal como adelantamos, Rodríguez Zapatero comenzó su primera legislatura comprometiéndose con los agentes sociales a no hacer reformas que no contasen con el consenso de todos ellos, con lo que estas desaparecieron de la agenda del Gobierno. Lejos de ser un obstáculo para su reelección en 2008 (ya en plena crisis), la pasividad siguió siendo su bandera durante dos años más. Conviene recordar en este punto que la reforma de las pensiones que Rodríguez Zapatero acordó con los agentes sociales en enero de 2011 se le planteó por primera vez a la opinión pública un año antes, en un momento en que la crisis griega se estaba convirtiendo en una amenaza para la existencia misma del euro. Hasta ese momento la acción del Gobierno había estado presidida por la idea de la salida social de la crisis (dada la voluntad de este de no descargar los costes de la crisis sobre aquellos sectores sociales que no eran responsables de la misma), lo cual dejaba la iniciativa en manos de los agentes sociales, pero sin otro resultado que los reiterados fracasos del diálogo social obtenidos a lo largo de 2009. Así las cosas, la economía española se colocó en el punto de mira de los inversores financieros. Acuciado por los típicos episodios de sequía crediticia y batacazos bursátiles, el Gobierno anunció a principios de 2010 tímidas propuestas de reforma de las pensiones y reforma laboral que fueron rápidamente retiradas ante las amenazas de movilización sindical.

Así llegamos a la primera semana de mayo de 2010, cuando los mercados financieros deciden castigar con severidad las maniobras dilatorias del Gobierno y la eurozona se ve obligada a responder con una operación sin precedentes de apoyo a la moneda única. Rodríguez Zapatero ya no puede soslayar más tiempo las presiones, y por indicación del directorio europeo anuncia un duro plan de ajuste que incluye la reducción del salario de los empleados públicos y la congelación de las pensiones, seguido de una reforma laboral tendente a abaratar el despido y a flexibilizar la negociación colectiva. Los sindicatos responden con una convocatoria de huelga general, cumpliendo así con una ya arraigada tradición. Tras el ritual de la huelga, el Gobierno hizo un último intento de recomponer la paz social y negociar la reforma del sistema de pensiones, alcanzando un acuerdo que contemplaba el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años, así como la ampliación del período de cálculo de las pensiones (25 años en lugar de 15). De esta manera, Rodríguez Zapatero intentaba presentar a España ante la UE como un país capaz de encontrar soluciones por sí mismo, aunque ya quedaba muy debilitado para la batalla electoral. Pese a los desesperados intentos finales por presentarse como adalid de las reformas («me cueste lo que me cueste»), la terapia aplicada por Zapatero llegaba tarde y, a todas luces, resultaba insuficiente ante la inminente recaída de la economía, que de nuevo entró en recesión en el verano de 2011, en vísperas de nuevas elecciones generales.

En esta ocasión la crisis vino de la mano de un crecimiento vertiginoso de la prima de riesgo (el diferencial de interés que el Tesoro español debe pagar por la deuda con respecto al bono alemán), el cual no hacía otra cosa que traducir la desaprobación de los inversores financieros por la doble manera en que, por un lado, el Gobierno español gestionaba la crisis de la economía española y, por otro, el directorio europeo (dominado en ese momento por el eje francoalemán, conocido como «Merkozy») gestionaba la crisis de Grecia, gestión no menos controvertida que la primera, por cuanto dio lugar a problemas de contagio que terminaron por afectar al resto de la periferia.

Dado que en ese crítico momento el BCE no estaba dispuesto a respaldar la deuda soberana de países periféricos como España, el Gobierno español realizó una maniobra de aproximación al BCE que dio lugar a una carta confidencial de su presidente (Trichet), en la que conminaba al Gobierno español a realizar una serie de reformas que iban mucho más allá de las competencias que el BCE tenía asignadas en materia monetaria. Particularmente llamativas eran las exigencias en el terreno laboral, las cuales no hacían sino descalificar las medidas que el propio Gobierno español había adoptado un año antes. La carta (que no sería conocida por la opinión pública hasta dos años después) fue de inmediato respondida por el Gobierno como muestra de su inmejorable disposición para atender los requerimientos. Todo ello con el fin de que el BCE se animara a comprar bonos españoles en el mercado de la deuda.

En definitiva, la integración europea, junto con la incapacidad de la clase política para gestionarla, nos había llevado al peor de los escenarios imaginable, pues por un lado la UME impedía tomar medidas de devaluación monetaria tal como se habían venido practicando de manera secular, en tanto que, por otro lado, la forma en que esta estaba diseñada impedía el acceso a fórmulas solidarias de financiación como podía ser la mutualización de la deuda, lo que dejaba la deuda soberana sin respaldo institucional.

Así es como la democracia española se adentró en una nueva fase que podemos entender como una «democracia vigilada o tutelada». No solo se trata de que el contenido de la carta fuese sustraído a la opinión pública y al Parlamento, empobreciendo la actividad parlamentaria y el debate público, sino de que dejaba sin efecto la campaña electoral que estaba a punto de comenzar en España. Pues ¿qué crédito podían tener las propuestas de los partidos cuando todo hacía sospechar que jugaban con cartas marcadas? A partir de ese momento, a lo más que podían aspirar los electores era a desvelar la agenda oculta de la campaña 18 .

Entretanto, las instituciones europeas se habían decantado por una salida de la crisis mediante un ajuste fiscal de las cuentas nacionales que pasaba por la aplicación de políticas de devaluación interna en aquellos países que habían perdido competitividad. Pasados los primeros momentos de políticas expansivas, tendentes a evitar una segunda gran depresión, y de declaraciones grandilocuentes sobre la necesidad de refundar el capitalismo, era evidente que esta vez no iba a haber reformas sistémicas y que los países acreedores preferían una salida a satisfacción de los mercados financieros al tiempo que los deudores pagaban por sus pecados. De esta manera, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue reforzado por reiterados paquetes normativos que insistían en la necesidad de ajustes presupuestarios, paquetes que estaban diseñados sobre el discutible supuesto de que los problemas de la eurozona se derivaban de un exceso de gasto público, y que arrastraron a la periferia a una recaída en la recesión (Scharpf, 2013). Los detalles de esta opción por la austeridad se irían concretando en cada uno de los llamados memorandos de entendimiento, encargados de regular las sucesivas operaciones de rescate (Grecia, Irlanda, Portugal…), incluido el rescate de la banca española.

Con estos antecedentes, la llegada del PP al gobierno (a finales de 2011) estuvo acompañada de un plan de devaluación interna en línea con las recomendaciones de austeridad hechas por las instituciones europeas, en el que desempeñó un papel estelar la reforma laboral, la más drástica de la democracia por cuanto atacaba de raíz algunos de los problemas que las anteriores reformas habían soslayado, como la flexibilización de la negociación colectiva y la reducción del coste de despido, al tiempo que dotaba a las empresas de una mayor capacidad para su reorganización interna. Ahora bien, esta nueva reforma (respondida una vez más por los sindicatos con la correspondiente convocatoria de huelga general) eludía por su parte uno de los problemas ya crónicos del mercado de trabajo: la dualidad derivada de las distintas modalidades de contratación, algo a lo que el Gobierno ni los sindicatos han prestado atención.

Y así como esta última reforma laboral desempeñó un papel decisivo en la reducción de los costes salariales, los recortes efectuados por el PP en políticas como la educación, la sanidad o la dependencia tuvieron un papel similar en la reducción del Estado de bienestar, acompañados, en este caso, del establecimiento de nuevas tasas y copagos, así como de la exclusión de ciertos colectivos beneficiarios (en particular, inmigrantes irregulares y personas dependientes). Por lo que se refiere a la devaluación salarial, hay que tener en cuenta que mientras los trabajadores estables consiguieron mantener sus salarios nominales durante el sexenio de la crisis (2008-2013), los salarios del precariado se desplomaron un 17% en el mismo período. Traducido a términos constantes y una vez descontada la inflación, los primeros perdieron en torno a un 10% de su poder adquisitivo en tanto que los segundos perdieron una cuarta parte 19 .

Por lo que se refiere a los recortes en bienestar, conviene precisar que de los tres pilares en los que se ha basado el Estado de bienestar en España (educación, sanidad y pensiones), estas últimas son competencia de la Administración General del Estado, en tanto que las partidas de educación y sanidad son competencia autonómica, lo que permitió al Gobierno del PP descargar la mayor parte de los recortes sobre las espaldas de las CC.AA. De ahí que, mientras el gasto en protección social (pensiones principalmente) siguió aumentando en términos de porcentaje sobre el PIB (pasando del 16% al 17,6% entre 2009 y 2013), el gasto en educación y sanidad pasó del 11,4% al 10% en ese mismo período, lo que representa una caída superior al 10% 20 . De esta forma, el Estado de bienestar español agudiza una de sus características más genuinas, como es el sesgo a favor de las generaciones mayores (pensiones) y en contra de los jóvenes (educación).

Como efecto combinado de la devaluación salarial y los recortes sociales 21 , en 2013 la desigualdad prosiguió la escalada que había iniciado en 2008 arrastrada por el aumento del paro. Tanto si la medimos con el índice de Gini como si lo hacemos con la relación entre quintiles de renta podemos observar que la desigualdad: a) se mantuvo estable entre 2004 y 2007; b) dio un salto espectacular en los dos primeros años de la crisis; c) se estabilizó ligeramente en los años siguientes; y d) repuntaría en 2013 (Goerlich, 2016: 24). Hay que tener en cuenta, asimismo, que este aumento de la desigualdad afecta, en particular, a «los estratos más bajos de renta, que han perdido las mejoras que lograron antes de la crisis. Así, mientras los estratos más elevados de renta mantienen en 2013 los mismos niveles que en 2003, los más desfavorecidos se han visto empobrecidos de manera considerable» (ibíd.: 36). Queda claro, por tanto, que los costes de la crisis se han repartido de manera desigual.

En este contexto, una situación fiscal en la que el desplome de los ingresos del Estado conduce a una senda de ajuste larga y tortuosa, aboca a un dilema, pues o bien se acomete una reforma fiscal tendente a restablecer los ingresos hasta un nivel suficiente para afrontar el gasto social o, por el contrario, la erosión continuada del gasto social conlleva un rediseño del Estado de bienestar que pone en cuestión el modelo y los criterios con los que ha funcionado hasta la fecha. Tal como hemos adelantado, la crisis de la hacienda española radica en una caída de ingresos derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria; una caída por importe de seis puntos porcentuales del PIB en los primeros años de la crisis. En este punto se plantean varias preguntas. La primera es cómo es posible una recaudación tan exigua en términos comparados cuando la fiscalidad española presenta al mismo tiempo los tipos marginales más altos de Europa. Pues la respuesta se halla en una combinación de varios factores, como son: a) una economía sumergida mucho más extendida que en los países del entorno europeo (con el consiguiente nivel de fraude fiscal); b) un nivel extraordinariamente bajo de presión fiscal sobre las grandes empresas y las grandes fortunas; y c) un abigarrado sistema de deducciones fiscales que convierte tipos marginales relativamente altos en tipos efectivos más bien bajos (15% en el caso del impuesto sobre la renta y 17% en el caso del impuesto de sociedades). Antes de la crisis esto no planteaba ningún problema, pues los ingresos extraordinarios asociados a la burbuja (transmisiones, plusvalías…) compensaban de sobra este déficit de ingresos en los impuestos mencionados (renta, sociedades…). Sin embargo, la crisis generó un problema de déficit estructural que durante varios años impidió cumplir con las reglas impuestas en el Plan de Estabilidad, el cual exigía reducir el déficit público al 3% del PIB.

La segunda pregunta que se plantea es qué tipo de Estado de bienestar podemos sostener con esta exigua capacidad recaudatoria. Ya con anterioridad a la crisis eran frecuentes los diagnósticos que ponían el énfasis en una serie de características propias del modelo corporativo mediterráneo español: a) sistemas de pensiones generosos pero difíciles de sostener con tasas de ocupación relativamente bajas; y b) bajas tasas de fecundidad que dificultan el reemplazo generacional y, con ello, el sostenimiento del sistema de pensiones en el futuro. En el caso español, las mujeres han hecho un esfuerzo extraordinario de incorporación al mercado de trabajo, mejorando sustancialmente la relación entre cotizantes y beneficiarios en el seno de la Seguridad Social. Ahora bien, esa incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo se ha hecho en un entorno problemático de dificultades para la formación de nuevas familias, lo que ha tenido el efecto no deseado de llevar las tasas de fecundidad hasta niveles muy por debajo de la tasa de reemplazo (1,2 versus 2,1 hijos por mujer).

La cuestión, en suma, es si estamos a tiempo para rediseñar nuestro Estado de bienestar y corregir algunos de los sesgos que son característicos del modelo mediterráneo, empezando por el mencionado sesgo a favor de los mayores y en perjuicio de los jóvenes y, en particular, de la capacidad de estos para formar nuevas familias. Junto a este hay un segundo sesgo que se deriva de la dualidad existente en el mercado de trabajo, la cual da lugar a dos tipos de trayectoria laboral: unas más o menos largas y sostenidas (trabajadores estables y protegidos) y otras más cortas y discontinuas (el precariado). En la medida en que el modelo corporativo de Estado de bienestar se apoya en la capacidad contributiva de los individuos, nos encontramos con dos vías de acceso a la protección social dependiendo de si las trayectorias laborales permiten acceder o no a prestaciones contributivas. Si las reformas siguen reforzando el carácter contributivo del sistema de pensiones, la combinación de altas tasas de paro estructural y de temporalidad laboral dejaría a amplios colectivos a merced de prestaciones puramente asistenciales, con lo que el aumento de la dualidad laboral se traducirá en una creciente dualidad frente al sistema de bienestar, según dependa la ciudadanía de prestaciones contributivas o asistenciales.

El problema es que la Seguridad Social perdió tres millones de cotizantes en los años de la crisis que todavía no se han recuperado, lo que ha dejado al sistema de pensiones en una situación muy comprometida de cara a mantener su capacidad redistributiva, pues o bien se restablece la capacidad fiscal del Estado, y con ella la posibilidad de atender el gasto social o, de lo contrario, las políticas sociales se verán abocadas a una revisión en profundidad, poniendo en cuestión la misma existencia del Estado de bienestar tal como lo hemos conocido.

Los condicionantes políticos de las reformas económicas

La evolución de los indicadores demoscópicos relativos a la calidad de la democracia y al funcionamiento del sistema político nos informa de que los partidos políticos se van a convertir, a partir de 2010, en un factor adicional de la crisis, con lo que esta deviene en una crisis institucional (no solo económica) que afecta a todas las dimensiones del orden social. Si atendemos a la agenda pública, que establece el repertorio de problemas más acuciantes de la ciudadanía, la clase política se convierte ese mismo año en una preocupación fundamental solo por detrás de la crisis económica y el paro, a la que se ha añadido con posterioridad (2012) la preocupación paralela por la corrupción política y el fraude. De manera que, a la preocupación inicial por la incapacidad de los partidos políticos para poner en práctica políticas eficaces ante la crisis se suma la concerniente a las irregularidades detectadas en la financiación de los partidos y en su funcionamiento interno. En términos de opinión pública, este es el caldo de cultivo en el que emergerían los diversos movimientos sociales que protagonizaron la protesta social en los tiempos de la crisis y que dieron voz a la desafección ciudadana («no nos representan», «lo llaman democracia y no lo es»…).

Con esta premisa nada tiene de extraño que la desconfianza en los partidos políticos y en el Gobierno se haya disparado en los años de la crisis, siguiendo una pauta que se ha generalizado en los países periféricos. Ahora bien, lo verdaderamente característico de esta pérdida de confianza en las instituciones políticas es el contraste con lo ocurrido en los países centrales de la eurozona, donde los indicadores de confianza se mantuvieron en niveles muy similares a los de los años previos a la crisis (Alonso, 2013). Parece razonable suponer que si las instituciones políticas de los países centrales siguieron gozando de la confianza de la ciudadanía fue, entre otras cosas, porque tanto sus dirigentes como sus votantes coincidieron en las recetas de austeridad y disciplina fiscal (sobre todo cuando se aplican a los deudores), en tanto que los dirigentes de los países periféricos y sus votantes respectivos discrepaban. Toda vez que la política europea sigue estando fuertemente condicionada por la existencia de sistemas de opinión pública que operan a nivel nacional, los dirigentes de los países centrales prefieren plegarse a la lógica de la receptividad, cediendo a las presiones de electores temerosos de que el proyecto europeo recaiga sobre sus bolsillos; en tanto que los de los países periféricos se aferran a la lógica de la responsabilidad, lo que los enfrenta a ciudadanos que no están dispuestos a pagar los costes sociales de la austeridad (desempleo, pobreza, desigualdad…). De esta forma, los dirigentes de los países centrales aseguraron su reelección (Merkel), en tanto que los de los países periféricos consiguieron implantar reformas que no podrían haber hecho por sí mismos, aunque fuera al precio de arriesgar su continuidad en el gobierno (de hecho, ningún gobierno periférico consiguió revalidar su mayoría en los años de la crisis, salvo Mariano Rajoy, que se benefició de la incapacidad de los demás partidos para encontrar alternativa en 2016). De ahí la insatisfacción de los votantes de los países periféricos con el funcionamiento de la democracia.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las crisis de la deuda suelen venir acompañadas de procesos de deflación y operaciones de consolidación fiscal que aumentan las diferencias entre deudores y acreedores y empeoran la distribución de la renta y la riqueza. Cuando, tal como sucede en la eurozona, la posibilidad de reducir esa distancia mediante quitas de deuda o mediante el recurso a la inflación está prácticamente descartada, el aumento de las distancias, tanto entre países como dentro de cada uno, complica de manera extraordinaria la posibilidad de conseguir consensos tanto a nivel europeo como en cada uno de los parlamentos nacionales. En estas condiciones las reformas necesarias para superar la crisis se han encontrado con una dificultad añadida: el coste político de las reformas.

En nuestro caso, esta dificultad añadida se ha cobrado un precio: la crisis del bipartidismo que ha dominado la política española en los últimos treinta años y el consiguiente riesgo de fragmentación política. En la medida en que los principales partidos han perdido la capacidad que tenían para formar gobiernos monocolor, se introduce un factor adicional de incertidumbre e inestabilidad, como es el recurso a coaliciones de gobierno. En la práctica estos cambios en el sistema de partidos no hacen más que reflejar el proceso subyacente de fragmentación social y de creciente dificultad para formar mayorías sociales capaces de sostener el impulso reformista. En nuestro caso, el aumento del paro y el empobrecimiento de los asalariados han creado un caldo de cultivo propicio para la radicalización de las demandas sociales, tal como puso de manifiesto el 15-M.

Ejemplos de reformas posibles

En el terreno económico, España necesita desarrollar una agenda de reformas con dos objetivos básicos. Por un lado, la economía española requiere un nuevo modelo de crecimiento que sustituya la economía del ladrillo y que sea capaz de reciclar, en la medida de lo posible, el excedente de fuerza de trabajo producido por la explosión de la burbuja inmobiliaria; por otro, la sociedad española necesita una remodelación del Estado de bienestar que permita mantener los niveles de integración y cohesión social conseguidos en los años ochenta y noventa del siglo XX . Lo primero pasa por revertir las tendencias observadas durante la década de la burbuja, la cual bloqueó el crecimiento del capital humano, propiciando el abandono escolar mediante la proliferación de empleos poco cualificados aunque relativamente bien remunerados. En este terreno desempeñan un papel primordial las reformas educativas y las reformas laborales encaminadas a aumentar la productividad del trabajo y hacer más competitiva la economía. Lo segundo pasa, por lo pronto, por recuperar la capacidad recaudatoria del Estado de acuerdo a principios de progresividad y suficiencia, al tiempo que se corrigen algunos de los sesgos característicos del modelo mediterráneo, como promover una redistribución a favor de los viejos y en contra de los jóvenes, y se introducen políticas de nuevo cuño orientadas a estimular la participación laboral, como es el llamado «complemento salarial».

Debido a su impacto directo sobre la estratificación y la desigualdad, la dualidad existente en el mercado de trabajo a raíz de la introducción de la temporalidad en la década de 1980 constituye uno de los temas recurrentes en materia de reformas. Tal como adelantamos, la reforma laboral de 2012 combinaba, en lo fundamental, mecanismos de flexibilización, facilitadores del ajuste interno en las empresas, con una notable reducción de los costes de despido al tiempo que dejaba inalterada la dualidad laboral derivada del tipo de contrato. Esta dualidad no solo plantea un problema de inequidad en el tratamiento de los trabajadores, en especial en los casos en los que esta se cronifica y da lugar a segmentación, sino que constituye un obstáculo en el proceso de cualificación de los mismos. Era de esperar, por tanto, que una reforma que se pretendía tan ambiciosa abordase de alguna manera el problema; sin embargo, aquí nos encontramos ante un caso de colectivo (los trabajadores temporales) desprovisto de voz organizada y, por ende, de capacidad de autodefensa, pues ni el Gobierno ni los sindicatos tienen especial interés en atender esta reivindicación.

Frente a dicho problema, algunos expertos han lanzado la propuesta de un «contrato único» con costes de despido crecientes (hasta parecerse a los de los indefinidos), si bien el punto de partida sería similar al de los actuales temporales, lo que se ve con suspicacia por parte de los sindicatos, que se temen una temporalización generalizada de las relaciones laborales. A fin de hacer más atractiva la propuesta, los expertos han sugerido acompañar el nuevo tipo de contrato de un fondo personal que el trabajador vaya acumulando a lo largo de su trayectoria laboral, destinado a paliar situaciones de desempleo o a completar la pensión, aunque hasta la fecha nada de esto ha sido suficiente como para persuadir al Gobierno de su implantación.

Junto con la dualidad laboral, el otro gran problema del mercado de trabajo se deriva de la devaluación salarial registrada en los últimos años, la cual ha dado lugar a un colectivo cada vez más amplio de trabajadores pobres que no consiguen un nivel suficiente de ingresos por su trabajo. En este punto ya forma parte del debate público una medida emblemática en el marco de las propuestas hechas por la tercera vía en la década de 1990, como es la aplicación de un impuesto negativo a los trabajadores de bajo salario, más conocido en España como «complemento salarial». De hecho, la introducción de esta medida fue utilizada por el expresidente norteamericano Bill Clinton para ilustrar un cambio de paradigma en la manera de entender las políticas de bienestar al sustituir el antiguo sistema asistencial de ayuda a las madres solteras (Aid to Families with Dependent Children) por un sistema de crédito fiscal (Earned Income Tax Credit) tendente a fomentar la participación laboral, en particular la de mujeres y jóvenes, sistema que no tardó en convertirse en la principal política antipobreza estadounidense (Page y Simmons, 2000). Con esta premisa se discute acerca del diseño de un sistema de este tipo destinado a completar los ingresos laborales que no alcancen un determinado umbral de suficiencia económica en los hogares pobres con cargas familiares.

La reforma del Estado de bienestar, a su vez, constituye una variable dependiente del tipo de reforma fiscal que se lleve adelante. Tal como hemos adelantado, las cuentas públicas españolas están marcadas por la propensión al déficit (resultado del desfase entre ingresos y gastos), lo que plantea dos posibilidades: hacer una reforma fiscal capaz de restablecer los ingresos hasta un nivel suficiente como para atender el gasto social o, por el contrario, reducir el gasto social hasta donde el nivel de ingresos lo permita. Sin ir más lejos, esto es lo que sugería la comisión de expertos nombrada por el Gobierno de Rajoy, que apostaba por mantener los niveles de recaudación en el 37-38% frente a un nivel de gasto próximo al 45% del PIB. Para hacernos una idea de lo que significaría un ajuste del gasto de estas dimensiones baste decir que pasar de un gasto público del 45% del PIB a niveles por debajo del 40% sería tanto como pasar de la media europea al nivel de gasto de Estados Unidos. Con otras palabras, sería tanto como pasar de un modelo corporativo de Estado de bienestar a otro de corte liberal.

La alternativa consistiría en una reforma fiscal que restableciera los principios de suficiencia y progresividad, muy dañados en los últimos tiempos por las razones que ya hemos mencionado. Dicha reforma fiscal debería atacar el problema de las deducciones y el de la dualidad en el tratamiento de las rentas (según estas se deriven del trabajo o del capital), todo lo cual puede tener un efecto corrosivo sobre la progresividad. Asimismo, la reforma debería recuperar la tributación sobre el patrimonio y la riqueza, al tiempo que se restablece la equidad en el tratamiento de las empresas en función de su tamaño, evitando que las grandes corporaciones queden casi exentas de tributación 22 .

En cuanto a la reforma del Estado de bienestar propiamente dicha, conviene empezar diciendo que este no tiene ninguna responsabilidad en la crisis. De hecho, el gasto social en España siempre ha ido por detrás de lo que le correspondería en términos de desarrollo económico, y solo en fechas recientes (legislatura de 2004-2008) se abordaron temas más allá del tradicional trípode pensiones-educación-sanidad sobre el que se asienta el Estado de bienestar en España. Esto ha facilitado que la llegada de la crisis y las consiguientes exigencias de austeridad se hayan llevado por delante normativas como la Ley de Dependencia, por cuanto se encontraban todavía en proceso de implantación y no habían generado una coalición de intereses capaz de defenderlas.

En consecuencia, el eventual rediseño del Estado de bienestar en la dirección apuntada con anterioridad (integración de los outsiders a fin de evitar situaciones de exclusión social y una nueva redistribución a fin de reforzar la posición de los jóvenes y su capacidad para la formación de hogares) va a depender de la disponibilidad presupuestaria, como es obvio, pero sobre todo de la eventual formación de coaliciones capaces; por un lado, de evitar la retirada de las clases medias de los servicios públicos y, por otro, de contrarrestar la deriva gerontocrática del juego electoral, cada vez más dominado por los mayores, los cuales, por esta vía, disponen de capacidad de veto para impedir cualquier tentativa de redistribución en contra de sus intereses.

En otro orden de cosas conviene recordar que, tal como adelantamos, la implantación de la democracia en España siguió el modelo de una «democracia de partidos», mediante la cual se pretendía atajar de raíz uno de los problemas sufridos en la década de 1930 (la debilidad y fragmentación de los partidos), pero sin que estos hayan tenido mecanismos institucionales adecuados que pudieran servir de control o contrapeso. De ahí la politización generalizada de las instituciones y, en particular, los problemas recurrentes de la Administración de Justicia o de la gestión de las cajas de ahorro, así como los casos reiterados de corrupción en el ámbito de la financiación de los partidos (Filesa, Gürtel, Bárcenas, etc.), por no hablar de la laxitud de la clase política en materia de rendición de cuentas y depuración de responsabilidades.

No se trata de reseñar aquí el inventario de instituciones de todo tipo que en los últimos tiempos han pasado por problemas de malas prácticas y por el consiguiente descrédito. Baste señalar que una situación tan generalizada de crisis institucional solo puede obedecer a una confluencia de factores, entre los cuales conviene destacar, en primer lugar, la ineficacia de los partidos en la tarea de reclutar y seleccionar a las élites dirigentes, dando paso a mecanismos de selección adversa que a la larga han contribuido a un deterioro imparable de la clase política (al menos, si la comparamos con la que protagonizó la Transición); en segundo lugar, la debilidad del diseño institucional ha hecho imposible la existencia de agencias verdaderamente independientes, permitiendo así la extensión de las redes políticas clientelares a todos los ámbitos; en tercer lugar, la burbuja ha contribuido a apuntalar el funcionamiento ineficiente de instituciones que en su ausencia hubieran entrado en crisis mucho antes, retrasando así el momento de las reformas.

En consecuencia, cualquier tentativa de reforma pasa por reponderar el peso de las instituciones en su conjunto, tratando de alcanzar un nuevo equilibrio entre los partidos y las agencias encargadas de regular los diferentes ámbitos de actividad, a fin de garantizar la autonomía de estas. Esto vale, por lo pronto, para la justicia (Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc.), pero también para el Banco de España, la corporación RTVE, la Comisión de Mercados y de la Competencia, etc. Por otra parte es preciso establecer mecanismos de control operativos de verdad y no meramente retóricos, empezando por el Tribunal de Cuentas, de manera que una nueva agencia dotada de credibilidad sea capaz de fiscalizar las cuentas de los partidos y las de las administraciones públicas. La pregunta que se plantea en este punto es si los partidos y, en particular, los más grandes están dispuestos a la inevitable renuncia de poder que ello comporta.

Epílogo

En retrospectiva, la Gran Recesión contrasta de manera acusada con la crisis de la década de 1970, pues aunque ha sido más corta ha resultado mucho más devastadora si nos atenemos a las convulsiones de todo tipo que ha producido. Es verdad que la crisis de los setenta tuvo una secuencia distinta (transición política-ajuste económico), de manera que la Transición y el consenso constitucional de 1978 sentaron las bases de un ajuste económico más equilibrado (capaz de conciliar reformas económicas y redistribución) en pro de un modelo social europeo que, en los años ochenta, tenía un significado bien distinto de lo que ha supuesto la eurozona en los años de la Gran Recesión. En consecuencia, el proyecto europeo tenía un efecto estimulante a la hora de superar los obstáculos y, de hecho, la integración europea no solo fue buena para el crecimiento, sino también para reducir la desigualdad social en España.

Por contraste, la dinámica de devaluación interna elegida por la eurozona no solo plantea incertidumbre sobre el alcance de la recuperación económica (la tasa de desempleo sigue siendo de dos dígitos), sino que nos enfrenta a nuevos problemas en materia de desigualdad social, dado que las rebajas salariales han recaído sobre los sectores con menos capacidad de negociación al tiempo que los recortes sociales se aplicaban a los colectivos más vulnerables. Se cierra así el círculo de esta crisis en su dimensión económica: al principio los gobiernos acuden a socorrer las finanzas mediante operaciones de socialización de pérdidas (rescate de las cajas, en nuestro caso), convirtiendo deuda privada en deuda pública. Y cuando la crisis financiera se convierte en crisis de deuda soberana, esas mismas finanzas presionan a los gobiernos para que reduzcan el gasto público, pasando la factura a quienes no tuvieron ninguna responsabilidad en la crisis.

A lo largo de este capítulo hemos tratado de esbozar de manera panorámica la trayectoria social y política de España en las últimas décadas a fin de comprender los problemas que ha supuesto la pertenencia a la eurozona en los años de la crisis. Por fortuna, también las instituciones europeas han aprendido de la experiencia de la crisis, como lo prueba el giro dado en 2012 por el Banco Central Europeo, cuando bastó la simple declaración de Mario Draghi de que el BCE estaba dispuesto a intervenir como prestamista en última instancia para que los mercados financieros se aplacaran, con la consiguiente bajada de las primas de riesgo de los países periféricos. En ese momento el BCE puso en marcha una serie de operaciones de compra de deuda pública que más tarde fueron reforzadas con la bajada de los tipos de interés, imprimiendo así una dinámica expansiva que resultó fundamental para la recuperación de la economía española a partir de 2014. Esta inyección extraordinaria de liquidez ha facilitado el control de las cuentas públicas, así como de los hogares y las empresas, permitiendo el relanzamiento de la inversión tanto pública como privada. Es verdad que algunos objetivos se han quedado a medias, como es el caso de la unión bancaria, la cual ha tropezado con la resistencia de países como Alemania, reticentes a mutualizar los fondos de garantía de los depósitos bancarios debido a los temores de insolvencia bancaria en la periferia. Por no hablar de los temas que permanecen inéditos, como la creación de una agencia europea de la deuda o de un superministerio económico de la eurozona. Pero algunos primeros pasos ya se han dado.

Así las cosas, superar los problemas que plantea la pertenencia a la eurozona (a fin de cuentas, la unión monetaria no sería más que un «error inevitable»: Torrero, 2013) pasa por hacer un buen diagnóstico de la situación e identificar las opciones posibles, las cuales se suelen presentar en forma de dilemas o trilemas (Rodrik, 2012). De acuerdo con este autor, los países que afrontan procesos intensos de integración económica global deben elegir entre alguno de estos objetivos estratégicos y sacrificar al menos uno de ellos: preservar el Estado-nación, profundizar la democracia o avanzar en la integración económica supranacional. En países europeístas, como España, la preferencia de la clase política ha sido que, puestos a elegir, es mejor sacrificar el Estado-nación y colaborar en el proceso de construcción europea, aunque implique cesión de soberanía. Esto está claro para los liberales, que ven en la UE una vía para superar los límites de la democracia española, mejorar su gobernanza y preparar así la economía española para el proceso de globalización. Pero no lo es tanto para los partidarios del autogobierno, que prefieren poner límites a esta última. Para estos, las democracias nunca debieron abandonar el régimen monetario de Bretton Woods y las posibilidades que ofrecía de practicar políticas nacionales adaptadas a cada uno de los países. En consecuencia, España no debe descartar ninguna posibilidad, incluida la eventual salida del euro 23 . Para los liberales, salir del euro sería tanto como volver al capitalismo corporativo de la España de la década de 1950 24 . Por el contrario, para los partidarios del autogobierno sería una manera de recuperar el estatus soberano de las democracias europeas de posguerra.

Desde esta perspectiva, la experiencia de la crisis no puede ser más elocuente: los excesos tecnocráticos de la gobernanza europea, en forma de austeridad fiscal y devaluación salarial, han puesto en apuros a las democracias nacionales reduciendo su margen de maniobra y amenazando su legitimidad. Y ante la reiterada evidencia de que las recetas impuestas carecían de alternativa, el populismo ha venido a ocupar el vacío de las demandas insatisfechas. Esto ha sido particularmente evidente en Italia, donde la escalada del nacionalpopulismo ha llegado al gobierno con planteamientos que cuestionan la arquitectura y la ortodoxia comunitarias («Decreto Dignidad»). En el caso español, la complicidad de los gobiernos nacionales de uno y otro signo con la austeridad se ha sumado a una crisis institucional sin precedentes que ha afectado a la práctica totalidad del establishment político y que se ha llevado por delante el bipartidismo, abriendo así una dinámica de polarización y fragmentación que de momento solo conduce al vacío de liderazgo y a la ausencia de una estrategia efectiva de participación en Europa. En su fase última, esta dinámica culmina con la llegada de la extrema derecha a las instituciones, completando así el puzle de la política poscrisis.

Puesto que en la opinión pública europea prevalece una lectura moral de la construcción europea que se afana en contraponer a los países responsables con los oportunistas, la dirigencia europea no ha sabido aprovechar la bonanza ni la crisis para avanzar en el proceso de integración dada la resistencia del centro a asumir los costes de la misma en cualquiera de sus formas (bonos, transferencias, seguros…), amparándose en argumentos de riesgo moral. Así las cosas, la integración europea se enfrenta a un test de alto riesgo: la promesa de los nacionalpopulismos de que ha llegado el momento de recuperar la soberanía de los estados.

Referencias

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TORRERO, A. (2013): España en el laberinto del euro, Madrid, Marcial Pons.

10 «Un país periférico es aquel que tiene una renta por habitante inferior a la media; presenta déficits estructurales de sus cuentas exteriores y, como consecuencia, tiene tendencia a endeudarse con el exterior para mantener su crecimiento; se caracteriza por un menor peso de los sectores manufactureros, de producción de bienes de capital y de los bienes de mayor sofisticación tecnológica […]; y presenta un infradesarrollo del gasto público social…» (Álvarez et al., 2013).

11 Dicho trilema sostiene que, de acuerdo con la experiencia histórica, hay tres objetivos que la mayor parte de los países tiene muy difícil conseguir de manera simultánea: la globalización económica, el funcionamiento democrático y la soberanía del Estado-nación, de modo que en el intento de conciliar objetivos que son potencialmente contradictorios se ven en la necesidad de sacrificar alguno de ellos (Rodrik, 2012).

12 Archivo Histórico del Ciclo Económico Español, Asociación Española de Economía.

13 Recordemos las declaraciones de Rajoy como balance de su primer año de gobierno: «No he cumplido con mis promesas pero he cumplido con mi deber» (El País, 12-02-2013).

14 Recordemos las declaraciones de Rajoy en el momento de tomar las medidas de ajuste en julio de 2012: «Los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad».

15 En el «keynesianismo privado» el endeudamiento de las familias viene a sustituir el papel que habían tenido las políticas de gasto público en el keynesianismo clásico (en cuanto mecanismo de estímulo de la demanda).

16 La pregunta del CIS es si «Usted cree que el Gobierno actual administra los impuestos mejor, igual o peor que los anteriores» (González, 2008: 197).

17 Recordemos que Alemania recurrió una vez más a ellas con la Agenda 2010 con el fin de solventar los problemas que había tenido para cumplir el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento en los primeros años de la UME.

18 Recordemos las promesas de campaña: «Rajoy promete defender la sanidad y la educación públicas y las pensiones», El País, 30-10-2011.

19 «Análisis gráfico de la devaluación salarial en España», Cuadernos de Acción Sindical, CC.OO., julio de 2015.

20 «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades», Fundación BBVA-IVIE, 2015.

21 Recordemos, por ejemplo, que la tasa de cobertura del desempleo (la proporción de parados con subsidio) descendió del 65,8% en 2012 al 55,8% en 2015, dato tanto más significativo por cuanto ambos años registraron tasas de paro similares: 24,8% en el primer caso y 22,1% en el segundo.

22 Sobre el papel del impuesto de sociedades en la crisis fiscal véase De la Torre, 2014.

23 Sobre esta perspectiva véanse Sánchez, 2014 y Fernández, 2012.

24 Véanse Molinas, 2013 y Garicano, 2014.

Cuatro décadas de envejecimiento demográfico

Julio Pérez Díaz y Antonio Abellán García 25

Introducción

Hace exactamente cuatro décadas, en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, el baby boom tocaba a su fin y el número anual de nacimientos iniciaba un descenso muy acusado arrastrado por una fecundidad menguante y cada vez más tardía en edad.

Sin embargo, lo que cambió hace cuatro décadas solo fue el ritmo. La vejez crecía desde finales del siglo XIX y el baby boom no la detuvo. El cambio en nuestra pirámide de edades, por tanto, no es un proceso coyuntural ni reciente (tampoco local, como veremos) y solo cobra sentido si se inserta en un proceso demográfico mucho más amplio, tanto en su alcance temporal como territorial, del que solo constituye una expresión más: el cambio en la eficiencia de la reproducción humana. Este cambio, súbito y reciente desde una perspectiva histórica, afecta a todos los componentes de la dinámica y la composición poblacional, pero se desencadena principalmente por la generalización de la supervivencia hasta la vejez. Lo que hoy vivimos, también en la pirámide de población, se sustenta sobre todo en los efectos diferidos de esa revolución reproductiva sin precedentes.

No obstante, el propio cambio de la estructura por edades constituye un motor de transformaciones sociales de gran envergadura, de las que hemos empezado a hablar con mayor atención en las cuatro décadas objeto de este capítulo. Por lo tanto, a continuación se describirá y se analizará la evolución histórica de la pirámide poblacional y sus determinantes, y, en una segunda parte, se trasladará el foco a la propia vejez como protagonista de esas transformaciones sociales.

LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Qué es el envejecimiento demográfico

La expresión «envejecimiento demográfico» es desafortunada. Aunque esté plenamente consolidada, y vaya a usarse aquí sin reparos, tiene su origen en el organicismo decimonónico y su intención siempre fue calificar de manera negativa aquello que denomina. Se acuñó con la irrupción del darwinismo en el pensamiento social y político, muy ligado en Europa a los miedos sobre la decadencia y la degeneración, estableciendo una analogía entre los seres vivos y las naciones. El descenso de la fecundidad, ya entonces visible, junto con el previsible cambio futuro de la pirámide, fueron interpretados como el inicio de la senectud nacional y usados como coartada de unas políticas de población que hoy consideraríamos criminales. Lo cierto es que la metáfora es falaz: las poblaciones no tienen edad, no envejecen; eso lo hacen las personas; las poblaciones cambian la estructura por edades.

Una estructura, en demografía, es simplemente la manera en que la población se distribuye en sus partes, según una categoría clasificatoria, que puede ser cualquiera, como el estado civil o el nivel de estudios; la única condición es que la clasificación sea unívoca (cada persona está en una única parte del todo) y exhaustiva (nadie queda fuera). El otro requisito es que utilice números relativos, de manera que puedan ser comparadas dos poblaciones cualesquiera con independencia de su mayor o menor volumen.

Así pues, la estructura por edades es, básicamente, la distribución porcentual de una población entre las diferentes clases de edad (su representación gráfica más conocida es la pirámide de población, en la que se incluye el sexo junto con la edad). Como cualquier distribución estadística, puede resumirse con indicadores como el promedio, la dispersión, la mediana y la moda o, de forma sencilla, con la relación entre las distintas partes del todo. Llegamos así a una definición del envejecimiento demográfico fácil e inequívoca: es el aumento en la edad media de la población a lo largo del tiempo.

Dicha media de edad se situaba, al empezar el siglo XX , en torno a los 27 años, y ha aumentado de modo gradual a lo largo del siglo. A finales de la década de 1970 alcanzaba los 33 y, en la actualidad, supera ampliamente los 40, sin que el proceso haya terminado aún. Podría superar los 50 años a mediados del siglo XXI (si se mantienen las tendencias actuales), coincidiendo con la vejez de las últimas generaciones nacidas durante el baby boom, y es muy posible que en la segunda mitad de este siglo, con la progresiva extinción de estas generaciones, el envejecimiento demográfico toque techo y después experimente una disminución sensible.

Tabla 1. Diversos indicadores de distribución en grandes grupos de edad (1970-2017)

1970

1977

1981

1991

2001

2011

2017

Número

0-14

9.459.640

9.859.285

9.685.729

7.532.668

5.932.653

7.069.372

7.005.179

15-64

21.290.338

22.645.154

23.760.908

25.969.348

27.956.202

31.630.193

30.700.223

65+

3.290.679

3.824.756

4.236.724

5.370.252

6.958.516

8.116.350

8.822.620

Total

34.040.657

36.329.195

37.683.361

38.872.268

40.847.371

46.815.915

46.528.022

Porcentajes

0-14

28

27

26

19

15

15

15

15-64

63

62

63

67

68

68

66

65+

10

11

11

14

17

17

19

Total

100

100

100

100

100

100

100

Edad media

32,7

33,2

33,9

36,9

40,0

41,5

43,0

FUENTE : INE, censos y cifras de población correspondientes.

La proporción de personas de >64 26 es más fácil de calcular y alude directamente a la vejez; es el indicador más utilizado, pero sintetiza peor la estructura por edades; oculta otros cambios de interés, como la relación entre niños y adultos, y obliga a elegir una edad inicial para la «vejez». A cambio, la convención que consiste en usar un límite fijo para la vida adulta permite comparar poblaciones o momentos diversos y se basa, en especial, en los límites legales habituales de la vida laboral. Pero en otros lugares del mundo, o en nuestro propio pasado, este límite se ha situado en edades diferentes, como los 60 años, y hoy existen propuestas bien fundadas para considerar que dicho límite podría ser móvil (Sanderson y Scherbov, 2010) en función de los cambios en la mortalidad, la salud o las condiciones laborales y socioeconómicas de las sucesivas generaciones (Spijker, 2015), de manera que, en realidad, se es viejo cada vez con mayor edad y lo que denominamos «envejecimiento de la población» consistiría, gran paradoja, en más años de vida juvenil o adulta.

Gráfico 1. Proporción de >64 en los países de la UE (2017)

FUENTE : web de Eurostat (datos consultados el 8/3/2018).

En cualquier caso, dada la amplia extensión de la proporción de mayores de 64 años como indicador de envejecimiento demográfico, también va a ser el más usado aquí. Dicha proporción rondaba el 4% al empezar el siglo XX (probablemente, sin que hubiese mucho margen de variación durante toda la historia anterior de la población española) y ha aumentado con ritmos desiguales a lo largo del mismo hasta rozar el 20% en la actualidad.

¿Dónde sitúa esta proporción a la población española en el contexto internacional? Pese a los abundantes tópicos sobre un envejecimiento anormal en España, lo cierto es que el cambio demográfico se está experimentando en todos los países del planeta, y aunque Europa fue el continente en el que se inició y donde se encuentra en un estadio más avanzado, España no supera el promedio de la Unión Europea (UE).

Gráfico 2. Mapa mundial por países con porcentaje de >64 años, 2016

FUENTE : Banco Mundial (BM), consultado en https://data.worldbank.org el 13/04/2018 .

La proporción de personas >64 años representaba el 5% de la población mundial todavía en 1960, pero desde entonces, sin embargo, ha aumentado cada vez a mayor ritmo, hasta llegar al 8,5% en 2016.

Los factores explicativos: natalidad, migraciones y mortalidad

Al margen de indicadores numéricos, la mejor manera de sintetizar la estructura por edades consiste en el gráfico demográfico por excelencia, la pirámide de población (estructurada por sexo y edad), que además permite intuir también el efecto que han tenido en el pasado los acontecimientos que la conforman en la actualidad.

La forma de la pirámide cambia por el efecto combinado de las alteraciones producidas en los mismos tres fenómenos que condicionan el volumen de la población: la natalidad , la mortalidad y las migraciones , aunque el mayor impacto visual siempre lo tiene la natalidad, pues se concentra en la base de la pirámide, mientras que la mortalidad y las migraciones pueden distribuirse por todas las edades y con diferencias de intensidad en cada una.

Gráfico 3. Pirámide de población de España en el padrón de 1975 y en la estimación a día 1/1/2017

FUENTE : INEbase, Cifras Oficiales de Población (COP), datos definitivos (consultados el 6/4/2018), e INE, Padrón Municipal de 1975.

El cambio es radical e ilustra mejor que cualquier otro indicador la gran transformación experimentada por la demografía española. La pirámide de 1975 tiene una base muy amplia, engañosamente similar a las pirámides históricas tradicionales, mientras que la pirámide actual revela el gran peso alcanzado por la vejez, así como una gran reducción del peso de la infancia, tanta que, por primera vez, los menores de 15 años se han visto rebasados en número por quienes tienen 65 años o más (lo tradicional siempre había sido que los menores supusieran un tercio de la población).

En realidad, la de 1975 es una pirámide extraordinaria e irrepetible, por lo que tenerla como patrón de referencia conduce a conclusiones erróneas: no solo refleja la elevada natalidad durante el baby boom, sino la novedad de la muy elevada supervivencia infantil, factor que no hubiese formado parte de ninguna pirámide histórica de base amplia en nuestro pasado. Añádase que la elevada natalidad no había sido el resultado de un repunte de la fecundidad generacional (en realidad, la descendencia de las mujeres que tuvieron hijos en esos años no fue mayor que la que habían tenido sus madres [Pérez, 2001]), sino de un descenso muy notable de la soltería femenina y de la «concentración de los calendarios» de todas las generaciones que se encontraban en edad fecunda en aquel momento. Unas, las más maduras, recuperaban el tiempo perdido tras la mala coyuntura de las décadas de 1940 y 1950, y otras, las más jóvenes, adelantaban mucho la edad a la que tenían sus hijos (Fernández, 1978).

Gráfico 4. Índice sintético de fecundidad femenina (1975-2016)

FUENTE : INE, Indicadores de Fecundidad. Resultados nacionales.

Gráfico 5. Edad media en la maternidad y el nacimiento del primer hijo (1975-2016)

FUENTE : INE, Indicadores de Fecundidad. Resultados nacionales.

Gráfico 6. Tasas específicas de fecundidad (1975-2014)

FUENTE : INE, Indicadores de Fecundidad. Resultados nacionales.

El posterior descenso de la natalidad al final de la década de 1970, por tanto, se produjo una vez agotado el efecto de la concentración de calendarios y por causas opuestas: los jóvenes ya habían tenido sus hijos, pronto, y las siguientes generaciones no solo disminuyeron de manera notable su descendencia, sino que retrasaron en la misma medida el momento de tenerla. Este período de tiempo hasta la década de 1990 constituyen los años en que la proporción de >64 años creció con más rapidez.

Como puede comprobarse, el «calendario» (la distribución de los hijos a lo largo del período fecundo) es un componente importante del número de nacimientos y del volumen poblacional en cada momento (Bongaarts y Feeney, 1998). Por una parte, el retraso en el nacimiento del primer hijo aumenta la probabilidad de que al final no se tenga ninguno y, en efecto, es previsible un incremento de la infecundidad entre las generaciones que hoy en día están en edad de tener hijos (Esteve, Devolder y Valls, 2016). Pero es que, además, con la misma supervivencia de los que nacen y la misma fecundidad de quienes tienen los hijos, una población ve aumentada su natalidad si los hijos se tienen más temprano y también es mayor su volumen a lo largo del tiempo, pues las diversas generaciones coexisten durante más años.

Así pues, el descenso de la natalidad antes observado durante las últimas cuatro décadas no solo se explica por el descenso de la fecundidad, sino también por el retraso del calendario. Tampoco su renovado descenso tras el baby boom constituye una singularidad española, mientras que los niveles inferiores a dos hijos por mujer se han vuelto mayoritarios en Europa. Si hay algo que distinga a España es la gran importancia que ha adquirido el retraso de la fecundidad, reflejado en el gráfico 6.

A este retraso, localizado en las últimas cuatro décadas, han contribuido factores novedosos de orden diverso que solo cabe apuntar aquí: la crisis industrial de finales de la década de 1970 obligó a una reconversión de los sistemas productivos en el mundo entero y, para la juventud española, se tradujo en un súbito bloqueo del acceso al mercado laboral y, por tanto, de la emancipación y de la formación de familia propia. De manera simultánea, las generaciones de jóvenes de esos años protagonizaron un salto en el nivel de estudios hasta los superiores, algo sin precedentes en un país tradicionalmente poco instruido. Las mujeres de dichas generaciones, además de sumarse a esta eclosión académica, rebasaron por primera vez a los hombres coetáneos en esa dedicación a los estudios, un cambio que resultó aún más trascendental para un país en el que, de manera ancestral, se había dedicado mucha menor instrucción para las niñas que para los niños; también la simple relación de masculinidad de las edades casaderas experimentó un vuelco histórico, ya que las mujeres siempre habían sido «excedentarias» en el mercado matrimonial y ahora ocurría lo contrario (Cabré, 1993).

Gráfico 7. Número de emigrantes e inmigrantes (1950-2016)

FUENTE : Salgado et al. (2009) hasta 1985; los años posteriores se han completado con datos del INE y de Eurostat.

Gráfico 8. Volumen poblacional, saldo vegetativo y saldo migratorio (2000-2014)

FUENTES : saldos vegetativo y migratorio: elaboración propia a partir de los datos del Movimiento Natural de la Población (MNP del INE). Población: Cifras Oficiales de población (COP del INE).

Finalmente, pero con una importancia crucial para el calendario de la vida fecunda femenina, la actividad extradoméstica de las mujeres irrumpió en el mercado laboral español, con unas trayectorias que, a diferencia de las que habían tenido todas las generaciones anteriores, ahora no estaban supeditadas al calendario nupcial y reproductivo y tenían vocación de permanencia, asimilándose por tanto a las masculinas (Garrido, 1992).

En definitiva, el rapidísimo descenso de la natalidad que se produce de manera posterior a 1975 ocurre por el efecto combinado de una fecundidad menguante hasta mínimos insospechados y sin precedentes (en esos años el fenómeno resultó visible en muchos otros países «tardíos», como todos los del sur de Europa, pero también, algo más tarde, los de los países del Este, lo que llevó a los especialistas a acuñar la etiqueta lowest low [Sobotka, 2004]) y un notable retardo del calendario de la fecundidad.

Pese a todo lo anterior, la natalidad experimenta un ligero repunte en la década posterior a 1998, y en ello desempeña un importante papel otra de las radicales novedades que se producen en la demografía española de las últimas cuatro décadas: no solo se rompe la inmemorial tendencia emigratoria del país, sino que de manera repentina la inmigración adquiere una intensidad sin apenas precedentes internacionales que eleva el volumen poblacional más allá de cualquier previsión.

Gráfico 9. Pirámide de la población empadronada en España con fecha 1/1/2017, por nacionalidad

FUENTE : INE, Estadística del Padrón Continuo (EPC) a 1/1/2017.

Es difícil exagerar el carácter de ruptura histórica que supone esta evolución, no solo porque la población española, que al empezar los años ochenta del siglo XX nadie proyectaba más allá de los 40 millones, alcanzase casi 47 en una única década (de los cuales más de cuatro millones y medio eran de nacionalidad extranjera), sino también por los notables efectos en la estructura por edades. Las migraciones no se distribuyen por edad de manera uniforme: suelen concentrarse en las edades jóvenes de la vida laboral y tienen la búsqueda de trabajo como su causa principal. Por eso el efecto del pico inmigratorio en la primera década del nuevo siglo, hasta que se ve frenado por la crisis económica y de empleo, acarrea un efecto que contradice el tópico tan extendido respecto de su supuesta función de «tapar huecos»: lejos de verse «atraídos» por el vacío en las edades infantiles y juveniles, los inmigrantes vinieron a trabajar, sumándose a las edades que ya eran las más voluminosas:

Precisamente por las edades en que se concentran las migraciones (aquellas en las que también concurre la fecundidad), un fenómeno inmigratorio de cierta envergadura por lo general va acompañado de una mayor natalidad en el conjunto de la población, y eso es lo que puede observarse en la base de la pirámide actual. Además, suele ocurrir que los países de origen de esta inmigración cuentan con una fecundidad más alta que la del país de destino. Sin embargo, también aquí la inmigración reciente se ha mostrado extraordinaria, adoptando con mucha rapidez unas pautas de fecundidad similares a las españolas, ya en la primera generación, sin esperar a la segunda (Castro y Rosero, 2011; González et al., 2017).

En definitiva, el factor migratorio ha representado la gran novedad en la demografía española de estas cuatro décadas, aunque exista una especie de obsesión política por la fecundidad ya desde el siglo XIX y pese a que la crisis haya frenado de manera radical el flujo de entradas y de nuevo haya convertido el saldo en negativo. Es de esperar su reactivación con la mejora económica y laboral, pues aunque las proyecciones oficiales actuales se hagan prolongando las tendencias presentes y manejen escenarios migratorios muy parcos (las migraciones son el factor menos previsible porque a diferencia de la natalidad y de la mortalidad es raro que dependan de la dinámica interna de la población española), en 2013 el número de inmigrantes dejó de descender para volver a incrementarse en los años posteriores. De hecho, en 2016 ya superaba el número de salidas, de forma que volvemos a tener un saldo positivo que ya está compensando y superando el saldo vegetativo y vuelve a ser motivo de crecimiento poblacional para el conjunto del país.

La mortalidad

A tenor de lo ya visto, en las últimas cuatro décadas la pirámide parece haberse moldeado principalmente por los cambios de la natalidad y las migraciones. La mortalidad aparece como un factor de fondo sin demasiados efectos visibles, aunque nada podría ser más engañoso; el envejecimiento demográfico tiene, por motivos múltiples que ahora desglosaremos, un papel no solo principal, sino también impulsor del conjunto de cambios experimentados por la demografía en España y en el mundo.

A diferencia de comportamientos como los fecundos o los migratorios, la mortalidad no es opcional. Donde presenta diferencias no es en su intensidad (el 100%), sino en su distribución por edades. Por tanto, se trata del condicionante «duro» e ineludible al que de una u otra manera responden los demás comportamientos (conyugales, familiares o sociales) implicados en la reproducción.

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer (1900-2016)

Años

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

Total

34,8

41,7

41,2

50,0

50,1

62,1

69,9

72,4

75,6

76,9

79,3

82,1

83,1

Hombres

33,9

40,9

40,3

48,4

47,1

59,8

67,4

69,6

72,5

73,4

75,9

79,0

80,3

Mujeres

35,7

42,6

42,1

51,6

53,2

64,3

72,2

75,1

78,6

80,5

82,7

85,0

85,8

FUENTE : años 1900-1998: INE, Anuario Estadístico de España, 2004. Demografía. Años 2000-2016: INE, tablas de mortalidad de la población de España.

Así que no es de extrañar que todos los indicadores sobre volumen, dinámica o composición poblacional, incluyendo la estructura por edades, se vean radicalmente subvertidos ante un cambio como el que refleja la tabla 2. En 1900 la esperanza de vida en España no alcanzaba los 35 años, un nivel que podría caracterizar la historia completa de la humanidad hasta el siglo XIX y que la mayor parte de Europa había superado algunas décadas antes. En nuestro continente, la transformación se había iniciado al espaciarse en el tiempo las grandes crisis (guerras, hambres y epidemias), pero sobre todo al reducirse de manera progresiva la mortalidad infantil, en la que España revelaba un gran atraso. Añádanse dos obstáculos tan notables como la gripe de 1918 y la guerra civil y se comprenderá que el salto a los 83 años de vida media actuales, una de las mayores esperanzas de vida del mundo, es el resultado de un proceso fulgurante de mejoras.

En realidad, las tablas anuales de mortalidad que la esperanza de vida sintetiza ocultan el auténtico carácter de esta revolución, puesto que emulan transcursos de vida generacionales a partir de las mortalidades de cada edad en un período de un año. El auténtico alcance del cambio de la mortalidad sobre la pirámide de población actual se entiende mucho mejor si lo que se manejan son generaciones reales (véase el gráfico 10).

El constante aumento del número de personas mayores en las últimas cuatro décadas se explica, al margen del variable tamaño de sus generaciones, por la creciente proporción de los que llegan vivos a la vejez: de los nacidos entre 1856-1860 solo una cuarta parte llegó con vida a los 65 años (la mitad falleció antes de cumplir 15), pero las generaciones nacidas al acabar la guerra civil han sobrevivido hasta los 65 años, ya empezado el siglo XXI , en más del 80% de su efectivo inicial, y las que nacieron en la década de 1960 (las del baby boom ) lo harán, en el futuro próximo, en más del 90%. Como se verá en la segunda parte del capítulo, a esta supervivencia creciente hasta la vejez hay que añadir el incremento de la supervivencia una vez alcanzada esta edad.

Esto matiza enormemente la impresión que puede causar el impacto visual de la natalidad en la evolución de la pirámide poblacional. Pero es que el descenso de la fecundidad, principal determinante de la natalidad, también tiene como causa principal el aumento de la supervivencia. La justificación teórica de esta afirmación puede encontrarse en la «Teoría de la revolución reproductiva» (MacInnes y Pérez, 2005), aunque basta decir que la fecundidad no nos dice nada sobre el reemplazo si no se la combina con la mortalidad. Lo cierto es que fecundidades muy superiores a cinco hijos por mujer nunca garantizaron dicho reemplazo a ninguna población histórica, y solo eran algo obligado para evitar la extinción. El principal motivo de esta ineficiencia reproductiva descansaba en la enorme merma de cualquier generación antes de alcanzar las edades fecundas: si menos de la mitad de los nacidos muere antes de alcanzarlas, los demás están obligados a descendencias elevadísimas, y esta perversa e ineficiente dinámica poblacional es la que refleja la tradicional pirámide de población, muy ancha en la base y rápidamente menguante al ascender en las edades. Por tanto, el aumento de la supervivencia generacional es el que conduce a un descenso de la fecundidad, que a su vez se convierte en un factor que permite dedicar más recursos y atención a cada hijo, dos tendencias que se refuerzan mutuamente y que han alterado para siempre la demografía humana.

Gráfico 10. Supervivientes por edad. España. Generaciones femeninas (1856-1960)

FUENTE : gráfico de Pérez (2003b), tomando los datos calculados en Cabré (1989).

Aquí debe hacerse un pequeño inciso en relación con las diferencias de mortalidad entre hombres y mujeres. Como se muestra en la tabla 2, la esperanza de vida de estas ha sido mayor durante todo el siglo XX y, de hecho, su ventaja ha aumentado de manera gradual hasta llegar a los más de cinco años actuales. El motivo es que los hombres tienen una ligera sobremortalidad en prácticamente todas las edades, una constante histórica sin apenas excepciones geográficas. El efecto progresivo a lo largo de las sucesivas edades va a tener una especial importancia en la sección que dedicaremos a la población de >64 años. Parte de la explicación reside en las pautas sociales por las que, históricamente, los hombres han estado sometidos a mayores riesgos, entre las que destacan el alcoholismo, el tabaquismo, las guerras o los accidentes laborales. Pero todo indica que hay condicionantes biológicos aún mayores. De hecho, la sobremortalidad masculina ya existe en la gestación, antes del nacimiento, y resulta muy revelador que, al nacer, la relación entre sexos siempre sea algo mayor para el masculino (más de 51 de cada 100).

Esta preponderancia masculina se erosiona de manera gradual con la edad, anulándose en las edades adultas, y en las posteriores conduce a una relación muy desigual, esta vez en favor de las mujeres. Ellas duplican a los hombres hacia los 80 años, y su proporción es aún mayor en la vejez avanzada: la vejez es femenina, y su estado civil mayoritario hasta ahora ha sido la viudedad. Si esto se une al peso creciente de la propia vejez en la población se entenderá que uno de los grandes cambios de las últimas décadas haya sido la irrupción de la mujer mayor en el panorama social del país; al acabar el pasado siglo ya eran una de cada diez personas en la población española.

Gráfico 11. Relación de masculinidad por edades, años 1981, 2017 y proyección a 2066

FUENTES: INE, Censo de 1981, Población actualizada a día 1/1/2017 y Proyecciones de población, 2016-2066.

El gráfico 11 también muestra que, con la mejora de la mortalidad, la preponderancia masculina se mantiene hasta edades más altas, retardando la viudedad y prometiendo modificar las relaciones de género en la vejez y la tradicional viudedad femenina como estado civil más frecuente.

Así se entiende que cada vez sea más importante alguna previsión sobre los límites que puede alcanzar el crecimiento de la esperanza de vida. De hecho, precisamente en la década de 1980 llegó a pensarse que esta ya había tocado techo en los países más avanzados, una vez evitada la mortalidad «precoz», y hasta se cambiaron los objetivos estratégicos internacionales en materia de salud para dejar de perseguir una mayor duración de la vida y buscar, en cambio, una mayor calidad de esta. La realidad ha desmentido tales supuestos, sobre todo porque, como se verá con más detalle a continuación, la novedad imprevista desde entonces ha consistido en un elevadísimo ritmo de mejoras en la supervivencia, también en la vejez. Al empezar el siglo XXI se constató que, contra todo lo esperado, el récord internacional de esperanza de vida, al margen del país que lo representase en cada momento, había continuado creciendo a un ritmo lineal y sostenido (Oeppen y Vaupel, 2002). En el gráfico 12 hemos hecho una adaptación del más famoso de los gráficos de aquel trabajo para ilustrar la rapidez con que España se ha incorporado a este proceso.

Gráfico 12. Esperanza de vida de España y otros países, junto a la tendencia de la esperanza de vida récord (1900-2010)

FUENTE : Human Mortality Database y Oeppen y Vaupel (2002), actualizando sus series.

Gráfico 13. Proyecciones de población por sexo y edad, pirámides 2016-2066

FUENTE : INE, Proyección de la población de España (2016-2066).

NOTA : al aludir al baby boom en este capítulo nos referimos a los nacidos entre 1958 y 1977, que superaron los 650.000 anuales. Puede resultar extraño que en el gráfico sobresalgan edades posteriores, como si formasen parte de ese baby boom, pero en realidad este abultamiento es posterior y lo han ocasionado los altos efectivos migratorios incorporados con posterioridad a la pirámide.

La falta de certidumbre acerca de la evolución futura de la mortalidad se traslada a la pirámide de población y los límites del envejecimiento demográfico. Frente a quienes siguen intentando, hasta ahora sin éxito, encontrar el límite insuperable de la vida humana, en los años recientes proliferan quienes anticipan unos resultados insospechados en los actuales avances médicos y farmacológicos, recientemente revolucionados con hallazgos notables en biología molecular. Sin embargo, en las próximas décadas tanto España como muchos otros países verán cómo sigue aumentando la proporción de mayores de 64 años, simplemente por la llegada a esas edades de las generaciones de gran volumen nacidas durante sus respectivos baby booms (Blanes, 2007). La incertidumbre añadida a este futuro fácilmente previsible reside en saber cuántos años más vivirán después si sigue habiendo avances importantes.

En cualquier caso, el propio envejecimiento demográfico hace descender la Tasa Bruta de Natalidad (TBN), y ello se debe a simples motivos aritméticos: la TBN se calcula dividiendo los nacimientos de un período por la población media de ese período (n/P). Con la creciente proporción de personas mayores, quienes tienen edades fecundas suponen cada vez una menor proporción de la población (P). En las poblaciones modernas, con una vida larga y con alta proporción de personas mayores, resulta cada vez más difícil e improbable que volvamos a experimentar un baby boom .

Sobre las diferencias territoriales en la pirámide de edades

Cuando en los niveles de agregación poblacional se desciende hasta sus unidades más pequeñas (una aldea o la entidad habitacional), se reduce la capacidad explicativa del movimiento vegetativo, y entonces resulta cada vez más determinante el componente migratorio. En otras palabras, cuando descendemos a niveles municipales o inframunicipales, lo que vemos en la pirámide poblacional no es la historia en materia de natalidad o de mortalidad, sino la movilidad residencial experimentada en las últimas décadas.

Esto no es algo nuevo, pues siempre ha habido casos de despoblación y envejecimiento demográfico causados por la marcha de los jóvenes a lugares que les proporcionaran mejores oportunidades. Pero hace siglos que dicha casuística se volvió sistemática en la direccionalidad de los desplazamientos, ya que la población tiende a moverse hacia las ciudades.

Este proceso de urbanización muestra etapas diferenciadas en función de la propia historia económica o política de cada país. En Europa se vio muy acelerado a finales del siglo XIX por la conjunción de una crisis agraria general, muy ligada a la llegada masiva de productos de ultramar obtenidos en grandes y modernas explotaciones y con bajo coste de transporte, gracias a los nuevos medios como el ferrocarril o el barco de vapor. Pero en España se aceleró de nuevo de manera dramática en la década de 1960, cuando el empleo agrario se desplomó a la vez que crecía con rapidez el trabajo industrial en algunas ciudades o en otros países europeos. Nada que ver, por tanto, con la baja o la alta natalidad (Martínez, Gisbert y Martí, 2016).

Pese a ello, todavía hoy muchos analistas cometen el error de unir en un único «reto demográfico» el envejecimiento poblacional español y el de sus zonas rurales, recomendando como remedio indiferenciado el fomento de una mayor fecundidad. Quien cae en esta tentación debería recordar que el mayor éxodo rural español jamás documentado se producía en los años del baby boom.

Otro error frecuente es concluir que la vejez en España es cosa de las zonas rurales. Como se verá en la segunda parte, si bien es cierto que los pequeños municipios están más envejecidos, la gran mayoría de las personas mayores en España vive en ciudades.

LA VEJEZ ESPAÑOLA

El creciente volumen de la vejez y sus factores

El cambio de la pirámide implica a todas las edades, pero también ha ido acompañado de novedades notables en las características y los comportamientos de los propios mayores, empezando por su simple número, que ha crecido desde 3,8 millones en 1977 hasta los 8,8 millones de 2017 (2,3 veces, mientras que el crecimiento del resto de edades fue del 16%). A diferencia del crecimiento relativo comentado en la primera parte, el del volumen nada tiene que ver con el descenso de la natalidad durante este período, y se explica por completo por: a) el volumen inicial de las generaciones que han ido alcanzando los 65 años; b) la criba anterior que en ellas había hecho la mortalidad desde que nacieron; y c) su supervivencia tras cumplir esa edad. Y son estos dos últimos factores, los ligados a la supervivencia, los que más han variado en las últimas cuatro décadas. Solo en la segunda mitad del siglo XXI , cuando lleguen a la vejez las generaciones de escaso volumen posteriores al baby boom, su combinación con la normal extinción de las generaciones previas empezará a reducir el tamaño de la vejez española, en especial el de la llamada «primera vejez» (mientras que el volumen de los mayores de 80 o de 90 años todavía seguirá aumentando algún tiempo cuando la atraviesen las generaciones propias del baby boom).

En las cuatro décadas comprendidas entre 1978 y 2018 han ido cumpliendo 65 años las generaciones nacidas entre 1913 y 1953. Como ya se vio en el gráfico 10, las primeras apenas sobrevivieron en la mitad de su efectivo inicial hasta esa edad, mientras que las nacidas en los años cincuenta la están alcanzando en un 90% inicial. En estas cuatro décadas hemos pasado de la primera vejez mayoritaria a la vejez prácticamente universal. A ello hay que añadir que la supervivencia posterior ha experimentado por igual un cambio notable.

Pero este simple apunte generacional debe prevenirnos sobre las notabilísimas diferencias que vamos a encontrar en muchos otros comportamientos y características de las personas mayores procedentes de estas cuatro décadas y en la actualidad. Quienes hoy cumplen 65 años no podrían ser más diferentes de los que cumplían esa edad hace cuatro décadas simplemente porque sus vidas anteriores fueron así de distintas y esa influencia del transcurso vital supera con creces los innegables cambios históricos de nuestro país en estos últimos años.

A finales de la década de 1970 se jubilaban unas generaciones que habían nacido en un país agrario y de bajísimo nivel educativo, cuya primera ocupación había comenzado a los 14 años y que, durante su juventud, se habían visto implicadas en la guerra civil, no solo por la contienda en sí, sino también por los años posteriores, caracterizados por represalias, depresión, retroceso económico y oscurantismo, que para muchos significó pasar hambre. Las décadas de 1940 y 1950 son las de su difícil vida adulta, para muchas mujeres en estado de viudedad; cuando llegó la de 1960, con la industrialización y la puerta a un empleo lejos de una economía rural en definitivo hundimiento, millones emigraron al extranjero o a las grandes ciudades, a menudo en condiciones de puro chabolismo y ocupando empleos de baja cualificación, precisamente en el último tramo de su vida laboral. Son generaciones que llegan a la vejez en los años en que España empezaba a realizar los primeros trabajos de investigación social sobre esa etapa de la vida (Cáritas, FOESSA, Cruz Roja), unos trabajos que describían una realidad desoladora protagonizada por personas que atravesaban una pésima situación económica, sin apenas cotizaciones previas, patrimonio o ahorros, con una salud precaria, escasa movilidad y bajísimo nivel educativo, rodeadas, además, por unos jóvenes en mucha mejor situación que ellas. El contraste entre los que llegaron a la vejez hace cuarenta años y quienes han cumplido 65 años recientemente es enorme, pues estos últimos, que ya nacieron tras la guerra, se caracterizan por ser urbanos, estar escolarizados, haber sido trabajadores del sector industrial o del de servicios, con derecho a pensión contributiva, una vida completa de trabajo ininterrumpido por catástrofes históricas, los primeros del consumo de masas, poseedores de coche y un piso ya pagado, y cuyo perfil económico, cultural, de salud, está revolucionando lo que entendemos por «vejez» y explica muchos de los indicadores que veremos a continuación.

Gráfico 14. Pirámide de la población residente en municipios de menos de 2.000 habitantes, junto a la del total de población a día 1/1/2016

FUENTE : INE, INEbase, Estadística del Padrón Continuo (EPC) a 1/1/2016. Consultado en enero de 2017.

ESPAÑA RURAL : población que vive en los 5.868 municipios de 2.000 o menos habitantes. Total España: 8.124 municipios, 46.572.132 habitantes.

Gráfico 15. Proporción de >64 años por municipio (2017)

FUENTE : Elaboración propia a partir de INE, INEbase. Estadística del Padrón Continuo (EPC) a 1/1/2017. Consultado en enero de 2018.

Gráfico 16. Evolución del número de personas >64 años (1900-2066)

FUENTE : INE, INEbase, 1900-2011: Censos de población y vivienda; 2016: Estadística del Padrón Continuo (EPC) a 1/1/2017 (consultado en enero de 2018); 2026-2066: Proyecciones de población (consultado en enero de 2018).

Esperanza de vida

Como se mostraba en la tabla 2, el espectacular descenso de la mortalidad española durante el pasado siglo nos sitúa, con 83 años de esperanza de vida en las condiciones actuales de mortalidad, entre los países más avanzados del mundo. Pero en las últimas décadas poco podía mejorarse ya reduciendo la ancestral mortalidad infantil o juvenil. Si las mejoras han continuado ha sido porque, de forma imprevista, el relevo lo ha tomado un notable progreso producido también en la supervivencia entre los más mayores.

España y Francia son los dos países que en la actualidad lideran la esperanza de vida de los que cumplen 65 años en la UE. Quienes lo hicieron en nuestro país en 2016 podían esperar vivir, con las condiciones de mortalidad de ese año, unos 21 años adicionales (19 los hombres, 23 las mujeres). Sin embargo, sabemos que, lejos de mantenerse inalterables tales condiciones, en los próximos años todavía habrá más avances en la supervivencia a partir de esas edades, de modo que el número de años que vivirán en realidad será sensiblemente superior.

Gráfico 17. Esperanza de vida por sexo al cumplir 65 años (1900-2016)

FUENTE : hasta 1998, Anuario Estadístico de España. Años posteriores, INE, tablas de mortalidad de la población de España.

Por este motivo, y también por muchas otras mejoras producidas en la manera de alcanzar los 65 años por las sucesivas oleadas generacionales, es fácil llegar a la conclusión de que, en realidad, la vejez se ha retrasado y hoy en día llega a edades superiores que en el pasado. Esto encajaría con los múltiples retardos que han desplazado otros tránsitos anteriores en el ciclo vital; así, por ejemplo, la duración de la infancia o la juventud ha ido ampliándose, el período de formación dura hoy mucho más tiempo, la vida en pareja o el nacimiento de los hijos se producen más tarde.

Con la mortalidad de 1976, al final del baby boom, quien cumplía 65 años tenía una esperanza de vida de 15,4 años, la misma que las personas que han cumplido 74 en 2016. Resulta tentador concluir que, ahora, la vejez de hace cuatro décadas no se alcanza hasta que se cumplen los 74 años.

De hecho, la evidencia de que cada vez se alcanza la vejez a mayor edad está en la base de cambios legislativos como el retraso de la edad legal de jubilación o la integración de la esperanza de vida restante en el cómputo de la cuantía de la pensión contributiva de los jubilados. Por desgracia, el mercado laboral resulta menos moldeable. En un país que, incluso en los mejores momentos, ha tenido problemas reiterados a nivel histórico por sus elevadas bolsas de paro, y que llegan hasta la actualidad —se contabilizaron unos tres millones y medio de parados al acabar 2017 (una proporción del 16% de activos desempleados)—, no parece realista conseguir en un futuro próximo que la ocupación se mantenga masivamente mucho más allá de los 65 años.

Tabla 3. Número de >64 y distribución en grandes intervalos (1900-2017)

Número

1970

1977

1981

1991

2001

2011

2017

>64

3.290.679

3.824.756

4.236.724

5.370.252

6.958.516

8.116.350

8.822.620

65-74

2.181.546

2.509.324

2.659.413

3.169.681

3.937.433

3.899.962

4.426.460

75-84

921.871

1.101.378

1.314.140

1.750.798

2.316.196

3.083.141

2.983.324

85+

187.262

214.054

263.171

449.773

704.887

1.133.247

1.412.836

Proporción

65-74

66

66

63

59

57

48

50

75-84

28

29

31

33

33

38

34

85+

6

6

6

8

10

14

16

FUENTE : INE, Censos y Cifras Oficiales de Población (COP), 1977 y 2017.

Sobreenvejecimiento

Al analizarse la estructura por edades entre la población mayor, igual que hacíamos con la población total en la primera parte, se observa que también en este intervalo de edades las cosas están cambiando: la vejez envejece. La llegada de nuevas generaciones con alta proporción de supervivientes, así como el notable aumento de su esperanza de vida a partir de ese momento, están teniendo un efecto inusitado sobre las edades más avanzadas: muy minoritarias hasta hace poco, son las que en la actualidad aumentan con más rapidez en volumen y también en proporción.

El paso de la generación del baby boom por las sucesivas edades posteriores a los 65 años va a tener consecuencias poco intuitivas. Así, es de esperar que, una vez sobrepasen los 80, eleven el peso de esa parte de la vejez por encima del que entonces tendrán las edades anteriores, en las que habrán ido ingresando las generaciones posteriores, mucho menos voluminosas.

Gráfico 18. Número de personas centenarias en España (1970-2066)

FUENTE : Human Mortality Database para el período 1970-2010; INE, Proyecciones de población (2017) para 2020-2066.

Y todo lo anterior va a producir un efecto especialmente simbólico, esto es, la eclosión de los centenarios en nuestra pirámide de población. Hasta ahora habían sido una parte mínima de la vejez, por lo escaso de cada generación que sobrevivía a las edades previas y por la altísima probabilidad de morir en las edades inmediatamente posteriores. No obstante, ambos factores están cambiando de nuevo a gran velocidad.

Al empezar la década de 1970 había en España algo menos de ochocientos centenarios, pero a día 1 de enero de 2017 su número había aumentado veinte veces, hasta 15.381, en una evolución que no ha sido lineal porque se acelera en los últimos años. Al margen del ajuste y de las posteriores revisiones de las proyecciones oficiales del INE, reflejadas en el gráfico 18, esta presencia de centenarios no ha hecho más que iniciar su ascenso.

Como se comentó en la primera parte del presente capítulo, la acumulación de las ligeras diferencias de mortalidad, que es superior en los hombres en todas las edades, acaba por traducirse en una relación muy desigual en la vejez, mayor cuanto más avanzada es la edad. El sobreenvejecimiento, por tanto, conlleva la acentuación de la preponderancia femenina en el conjunto de los mayores, pese a que en la actualidad cada vez sea más próxima la proporción de supervivientes de ambos sexos que llegan con vida a los 65 años.

La edad de la muerte

Así las cosas, no es de extrañar que la vejez se considere la etapa previa a la muerte. Y no se trata de una apreciación banal, pues en realidad venimos de un mundo en el que los muy mayores eran vistos como la representación de la vida precisamente por haber resistido tanto ante la muerte. Como ya se vio en la primera parte, la mortalidad se repartía de forma mucho menos previsible en las diferentes edades, siendo altamente probable en las infantiles. El envejecimiento demográfico y los cambios de la mortalidad que lo desencadenan hacen que el final de la vida se haya «ordenado» y que se haya desplazado hacia edades superiores, incrementando la proporción de muertes en torno a la edad modal. La concentración en menos años se observa en que la proporción de fallecidos de >64 años ha aumentado dieciséis puntos en estas cuatro décadas (hasta el 86% de las muertes de todas las edades, cuando a principios del siglo XX solo eran una de cada cuatro). Para eliminar el efecto sobre las defunciones reales por edad que puedan albergar las fluctuaciones de efectivos por generación, basta con tomar las tablas de mortalidad de distintos años y representar la columna de defunciones teóricas por edad. Así puede comprobarse que, en 1970, el llamado «punto de Lexis» (la edad modal de la tabla) se situaba próximo a los 80 años, con un máximo de defunciones en torno a 3.500 (sobre un total de 100.000) en esa edad simple, mientras que respecto de la mortalidad del año 2016 ese punto máximo se ha desplazado hasta los 90 años con casi 1.000 defunciones más.

Gráfico 19. Distribución por edad de las defunciones teóricas en las tablas de mortalidad de 1970 a 2016 (omitiendo la mortalidad infantil)

FUENTE : Human Mortality Database para 1970 hasta 2010; INE, tablas de mortalidad de 2016.

Causas de muerte

Hay una estrecha relación entre la edad y las causas más frecuentes de muerte (Blanes, 2007). Venimos de un mundo muy marcado por la mortalidad infantil, cuyas causas principales eran las infecciones gastrointestinales o pulmonares, también frecuentes entre jóvenes y adultos, a las que se unían otras causas «externas» como los accidentes o la propia mortalidad en las mujeres durante el parto. Las causas propias de la vejez tenían una incidencia escasa en la mortalidad general precisamente por el poco peso de esa parte de la población. El envejecimiento demográfico y el enorme retraso de la muerte han cambiado esta pauta general, de modo que las causas externas han cedido el primer lugar a las propias de la vejez, relacionadas con problemas del sistema circulatorio, tumores o enfermedades degenerativas.

Gráfico 20. Tasas de mortalidad en >65 por grandes tipos de causa de muerte (2006 y 2016)

FUENTE : cálculos propios a partir del INE, Defunciones según la causa de muerte (2006 y 2016) y Cifras Oficiales de Población (COP) correspondientes.

Como se verá después, el cambio, en realidad, no solo afecta a la mortalidad, sino al mapa completo de las dolencias, enfermedades y situación de salud mayoritarias en las sociedades avanzadas.

Pero también las pautas tradicionales por edad en las causas de muerte han cambiado en las últimas décadas a medida que esta se ha ido retrasando cada vez más. Hoy en día, en España, puede confirmarse: a) una reducción considerable de la mortalidad por enfermedades circulatorias, como consecuencia de la prevención y de los avances sanitarios, pero probablemente también de la llegada a la vejez de generaciones con un mejor estado de salud en todas las edades previas; b) la consolidación de los tumores como segunda causa de muerte; y c) una mayor mortalidad por enfermedades del sistema nervioso y mentales que caracterizan a las edades más avanzadas.

Cambios en el estado de salud

Tanto la concentración de la mortalidad en torno a la edad modal, que se desplaza hacia edades cada vez más avanzadas, como los propios cambios en sus causas, producen importantes incógnitas sobre la salud poblacional y su futuro previsible. Durante siglos se pensó que el estado de salud era un correlato directo de la edad, y que, con la vejez, cada año adicional suponía un aumento exponencial y ya conocido de la probabilidad de morir o de padecer problemas crónicos y discapacitantes. Pero ha podido observarse un cambio muy notable en las edades en las que aparecen tales problemas, y acaba de verse que ocurre lo mismo con las causas de muerte.

Finalmente, para sistematizar los cambios en la morbilidad colectiva y en las condiciones generales de salud y en su atención, se ha propuesto la existencia de una transición epidemiológica y otra sanitaria, correlatos de la propia transición demográfica (Omran, 1983). En ellas el envejecimiento demográfico desempeña un papel principal: las sociedades avanzadas a nivel demográfico cuentan hoy en día con una sanidad volcada en los problemas asociados a la vejez; así, la preocupación por sus efectos ha desbordado el estricto ámbito médico para extenderse a su impacto social y convivencial, especialmente condicionado por la discapacidad y la dependencia que pueden generar.

En esta materia las últimas cuatro décadas han sido revolucionarias. Hasta la década de 1970 las previsiones eran catastrofistas; el envejecimiento poblacional conducía a las sociedades, cuya salud general iba supuestamente al declive, por una pandemia de senilidad. Por ello, en la década de 1980 la OMS decidió revisar sus objetivos generales, hasta entonces organizados en torno a la reducción de la mortalidad, y se tomaron dos decisiones de gran relevancia para el tema de este capítulo: por una parte, reorientar los esfuerzos en los países de elevada esperanza de vida para trasladar el énfasis de la cantidad a la calidad de los años vividos («vida a los años» fue su eslogan oficial) (Rojo, Fernández y Rodríguez, 2015); por otra parte, y como correlato de este giro estratégico, debía mejorarse el conocimiento acerca del impacto de la mala salud en los años de vida alcanzados. Esto requería propuestas metodológicas destinadas a cuantificar el estado de salud colectivo en cada edad y en los ciclos de vida completos, así como fuentes estadísticas que proporcionasen los datos necesarios para dicha cuantificación. Lo primero desembocó en diversos proyectos para el cálculo de un indicador de esperanza de vida en salud; lo segundo, en la extensión de las grandes encuestas nacionales sobre salud y discapacidad a la vez que se emprendía un enorme esfuerzo para consensuar una clasificación internacional de discapacidades y problemas de salud.

En España, la primera de tales encuestas se realizó en 1986, y la siguieron otras dos en 1999 y en 2008. Por desgracia, acusan el carácter rápidamente cambiante del concepto de «salud» y de la clasificación de sus problemas, lo que obligó al INE a actualizar los cuestionarios en cada edición, hasta el punto de resultar difícilmente comparables. Hasta el año 2001 no pudo contarse con una referencia definitiva —la publicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 2001)— y, aun así, el debate técnico y conceptual está muy lejos de haber terminado.

En cualquier caso, el panorama estadístico para estudiar la salud ha experimentado un vuelco notable. Hasta los años setenta estaba fundamentado de forma casi absoluta en la diagnosis médica de los pacientes, lo que hacía casi imposible conocer el estado de salud general. Otro tanto ocurre con la discapacidad, principalmente abordada por su efecto en los trabajadores y baremada a nivel médico para determinar los derechos económicos por «invalidez». El envejecimiento de la población ha obligado a un enfoque distinto, más social y basado en fuentes diseñadas para ofrecer un cuadro representativo del conjunto de la población.

Una importante expresión de este cambio de paradigma es la relevancia creciente de la salud percibida . La declaran las propias personas, al margen de diagnosis médicas, y es fácilmente integrable en las grandes encuestas nacionales. Está condicionada por las enfermedades padecidas y el estado físico, pero también por muchas otras características del entorno, como las socioeconómicas o las residenciales, y suele correlacionar fuertemente con otras medidas objetivas de salud, como dolencias crónicas diagnosticadas, consumo de medicamentos o limitaciones funcionales.

El estado de salud subjetivo varía relativamente poco entre unas encuestas y otras, y se declara estar «bien o muy bien» en una proporción que se acerca al 80% de la población total. Las percepciones negativas, como cabe esperar, aumentan con la edad, pero todo apunta a que se ha producido una mejoría entre los mayores. En la primera edición de la Encuesta nacional de salud en España (ENSE), de 1987, el 38,9% de ellos percibía bien o muy bien su estado de salud, proporción que se eleva al 44,2% en la Encuesta europea de salud en España (EESE), de 2014. Y como se observa en muchos otros indicadores subjetivos y objetivos, el sexo resulta un factor diferenciador fundamental; así, el 50,5% de los hombres mayores valora «bien o muy bien» su estado de salud, cosa que solo hace el 39,3% de las mujeres de esas edades.

Como se ha visto, la esperanza de vida femenina es sensiblemente superior a la masculina, de manera que su peor salud, en especial en la vejez, puede parecer contradictoria. Y esto no solo se explica por la diferente composición por edades (la edad media de las mujeres mayores es sensiblemente superior a la de los hombres), porque la desventaja femenina se mantiene si las comparaciones se hacen a edades iguales.

Aquí aparece un problema general; en el estado de salud no se integra la mortalidad generacional previa; solo se compara a los supervivientes, de manera que todas las mejoras de la esperanza de vida en la vejez que se han comentado con anterioridad parecen alimentar la paradoja de producir una peor salud colectiva.

Gráfico 21. Estado de salud percibido según sexo y grandes grupos de edad (2014)

FUENTE : INEbase, Encuesta europea de salud en España (EESE, 2014).

Añádase que existen notables diferencias de género de índole histórica en la relación con el autocuidado, con los servicios médicos y sanitarios y con la percepción del propio cuerpo que tienen fundamentos múltiples, desde el ciclo menstrual femenino hasta el histórico papel mediador de la madre en la atención a la salud de los hijos. De manera tradicional, los hombres han evitado este reconocimiento de su corporeidad y su fragilidad, frecuentando menos los servicios médicos y prestando mucha menor atención a síntomas y dolencias crónicas cuyo diagnóstico y atención temprana probablemente reducirían las diferencias de mortalidad con las mujeres, si bien rebajarían asimismo la percepción de su propio estado.

De este modo se entiende que la percepción subjetiva de la salud, y sus diferencias por sexo y edad, se vean confirmadas por las enfermedades crónicas que declaran los encuestados. En las últimas décadas se retrasa la aparición de estas y la de sus secuelas en forma de discapacidad, alimentando la teoría de que la mala salud se comprime hacia el final de la vida y de que el envejecimiento demográfico no necesariamente conlleva un empeoramiento de la salud general (Fries, 1980). Sin embargo, también puede constatarse una menor letalidad de muchas enfermedades crónicas con las que, por lo tanto, se vive durante más años, lo que alimenta las tesis contrarias (Olshansky, 2018).

Durante la vejez las mujeres declaran mayor prevalencia en la mayoría de enfermedades crónicas o de larga duración diagnosticadas por un médico, como por ejemplo tensión alta, artritis, colesterol, depresión u osteoporosis; los hombres presentan mayor prevalencia en diabetes, bronquitis, infarto y algunas afecciones respiratorias. La prevalencia de diabetes diagnosticada sigue aumentando en los hombres en las diferentes encuestas de salud (2006-2014), y se trata de una enfermedad que repercute en otros problemas importantes de salud (infarto, ictus, ceguera, problemas renales, demencia) y de limitaciones funcionales. La diabetes (que afecta al 18,8% de los >64 según la Encuesta Europea de Salud en España [EESE, 2014]) representa un problema especialmente significativo por su estrecha vinculación con factores como el sobrepeso, el sedentarismo o la inadecuación de la dieta. Estos factores señalan hacia los propios hábitos, entornos y comportamientos a lo largo de todo el ciclo vital como uno de los indicadores de la salud que más peso está ganando en las sociedades avanzadas a medida que los progresos médicos o farmacológicos atenúan el resto de factores.

Así que, de nuevo, los avances en esperanza de vida y el envejecimiento demográfico se hallan detrás de la innovación en las estrategias internacionales. No es casual que la consolidación de los objetivos de envejecimiento activo y saludable por parte de la OMS se produzca en un documento oficial de dicha organización presentado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 2002, en Madrid, bajo el título «Active aging, a policy framework» (Foster y Walker, 2015).

Discapacidad y dependencia

Otra novedad crucial de las últimas cuatro décadas, muy vinculada al envejecimiento demográfico, consiste en la consolidación de la discapacidad y de la dependencia como ejes vertebradores de la política social, hasta el punto de añadirse a la educación, la sanidad y la jubilación como el cuarto «pilar» del Estado de bienestar en España. Como se ha comentado con anterioridad, en las estrategias de salud internacionales también se incorporaron, desde la década de 1980, la capacidad de mantener de forma autónoma las actividades cotidianas y los factores sociales que condicionan dicha capacidad para sumarse al enfoque tradicionalmente médico y a la nuclearidad de la esperanza de vida como indicador colectivo.

Hasta entonces, en España el foco político y estadístico estaba puesto en las causas médicas de los problemas funcionales sin que apenas se atendiese a las actividades que tales problemas dificultaban o impedían (discapacidades), excepto cuando afectaban a la actividad laboral y podían generar una pensión por minusvalía. Con una pirámide joven, tanto las discapacidades como la dependencia que estas pudiesen generar (necesidad de ayuda de otra persona para realizar las tareas básicas impedidas) eran asuntos que se resolvían en los confines del hogar, en su mayoría por la parte familiar femenina y sin apoyo público.

Este panorama cambió en la década de 1980, en buena medida por el creciente peso de la vejez. Fueron años en los que España perseguía el difícil encaje entre, por una parte, la transición política y el acercamiento a un Estado de bienestar homologable al del resto de Europa y, por otra, seguir la corriente internacional de revisión del gasto público y ajuste presupuestario que sucedió a la crisis industrial mundial de los años setenta. La mera respuesta médica al envejecimiento no solo era poco realista, sino muy costosa, de manera que urgía ampliar las políticas de salud más allá de los estrictos ámbitos médicos y hospitalarios. Son los años de irrupción de lo «sociosanitario».

En 1982 se aprobaba la Ley de Integración Social de los Minusválidos y por primera vez el Estado se dotaba de una fuente estadística al respecto: la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías (EDDM, 1986). Este estadio inicial, en el que se trasladaba la atención desde las patologías a las actividades cotidianas que las personas veían dificultadas, debía continuar hasta que de manera progresiva tales dificultades fueran también analizadas a la luz de las facilidades o los problemas impuestos por el entorno (arquitectónico, humano, institucional, económico, residencial). Así, la discapacidad dejaba definitivamente de ser una cuestión del propio sujeto y se resituaba en la relación entre este, su estado funcional y las condiciones de su entorno. Dicho cambio conceptual se pudo percibir en la segunda de las grandes operaciones estadísticas del INE sobre este tema —la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDS, 1999)— y conducía de forma inevitable al siguiente salto conceptual, el de la atención a la dependencia, en el que se profundizaría a través de la tercera gran encuesta nacional específica —la Encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia (EDAD, 2008).

Cuando las discapacidades derivadas de problemas de salud hacen difícil o inviable el desempeño cotidiano en actividades básicas para la propia vida, el factor principal del entorno que permite seguir viviendo es la ayuda de otras personas. Es entonces cuando hablamos de «dependencia».

Y el siglo XXI ha empezado con el creciente reconocimiento internacional de que resulta inaplazable atender dicha relación, incluyendo la ayuda al cuidador como única vía para evitar un colapso de los sistemas tradicionales de bienestar y de atención a la salud. Siguiendo otros modelos europeos, en España se aprueba en 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Con ella se crea el Sistema de Atención a la Dependencia y las personas pasan a tener derechos subjetivos exigibles, que son incorporados a los otros derechos básicos asociados al Estado de bienestar.

La crisis económica iniciada en 2008, junto con la sustitución del Gobierno que la había aprobado por otro que se muestra reacio a dicha ampliación del gasto público, han incidido de manera negativa en el desarrollo de esta ley. Las limitaciones presupuestarias han sido cuantiosas desde 2012 y existen importantes retrasos en el acceso y las limitaciones en el despliegue de ayudas y servicios, que se han concentrado en las económicas directas abriendo el campo al copago y a la prestación de servicios por parte del sector privado (Codorniu, 2014). En un contexto de crisis económica podría estar produciéndose una regresión al cuidado familiar de la dependencia entre las personas con rentas más bajas, es decir, al cuidado femenino, con lo que incluso podría estar lastrándose la definitiva igualación de la mujer en el mercado laboral (Spijker y Pérez, 2010).

Las mujeres aportan dos tercios de todo el volumen de cuidado de cualquier naturaleza prestado a dependientes de cualquier edad. La mayoría de estas cuidadoras tiene edades maduras comprendidas entre 45 y 64 años y vive en el mismo hogar de la persona dependiente (suelen ser sus hijas), y el destinatario de los cuidados también es casi siempre mujer (suelen ser sus hijas).

Este patrón permanece bastante estable en el tiempo. De hecho, la preponderancia femenina en el cuidado familiar podría parecer inalterable pese a todos los esfuerzos hacia la igualdad de género. Sin embargo, el propio envejecimiento demográfico y la creciente supervivencia en la vejez, característica de las cuatro últimas décadas, podrían implicar en sí mismos una modificación estructural de estas pautas tradicionales.

Gráfico 22. Distribución de los >64 receptores de cuidados y de sus cuidadores, por sexo y según la relación cuantitativa entre ambos (2014)

FUENTE : CIS, Encuesta 3009 sobre cuidados (2014). Elaboración propia a partir de los microdatos.

Gráfico 23. Pirámide de cuidadores principales de personas de >64 años (2008)

FUENTE : INE: EDAD, 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

Los cuidadores, al igual que los dependientes, son cada vez más mayores, de manera que, de continuar dicha tendencia, será la vejez (la primera vejez) la que cuidará de la vejez (avanzada). Además, como se verá un poco más adelante, la propia evolución de la supervivencia y del tipo de hogar conduce a un incremento de los hombres cuidadores, ya que crecen los hogares de pareja sin otros convivientes y, en ellos, los hombres son cuidadores de sus parejas con tanta frecuencia como en el sentido contrario.

Grandes cambios del perfil sociodemográfico

Como cierre del capítulo vamos a consignar de manera breve algunos de los cambios en el perfil sociodemográfico de la vejez acaecidos durante las últimas cuatro décadas, unos cambios impulsados, en gran medida, por el propio envejecimiento de la pirámide poblacional así como por las novedosas características de las generaciones que año tras año han ido atravesando el umbral de la vejez.

Uno de ellos es la urbanización de la vejez. En la primera parte se mostró el tradicional mapa del envejecimiento de la España vacía (la proporción de personas de >64 años por municipios, muy relacionado con la emigración de los jóvenes, en especial durante el gran éxodo de la década de 1960) que en las últimas cuatro décadas apenas ha cambiado excepto por la suma a las zonas tradicionales, muy agrarias y de interior, de algunas otras de industrialización arcaica y ahora obsoleta, como ciertas regiones de Asturias o del País Vasco. Añádase que la emigración de retorno tras la jubilación ha contribuido en cierta medida a «consolidar» el mapa tradicional del envejecimiento rural del país.

Por ello puede sorprender que uno de los cambios más evidentes en la vejez española de estas últimas décadas consista en que esta se ha vuelto abrumadoramente urbana, y aún lo será más por el mero transcurso del tiempo sobre las sucesivas generaciones. Mientras los mayores que permanecieron en los pequeños municipios han ido cumpliendo edad y viéndose mermados por la mortalidad, los jóvenes y adultos, que en su día emigraron para rejuvenecer aún más las grandes ciudades, han ido alcanzando la vejez en sus nuevos hábitats urbanos y la emigración de retorno ha sido mucho menor de lo que podía haberse especulado en las etapas previas.

En efecto, aunque en la vejez actual pueden encontrarse las generaciones con mayor intensidad migratoria de nuestra historia, esa fue una característica de su juventud y su vida adulta; hoy solo protagonizan el 9% de todos los movimientos migratorios interiores entre autonomías (2016). Aunque su movilidad temporal haya aumentado de manera notable, no es residencial, excepto cuando junto a la jubilación se suman razones familiares como la reagrupación tras la muerte del cónyuge. Ni siquiera ha llegado a la vejez española la movilidad en busca del confort climático que sí predomina en la inmigración extranjera de edad, proveniente de países europeos, con destino a las costas mediterráneas e insulares y cuya dimensión, pese a adolecer de un elevado subregistro administrativo, ha crecido en estos años (Rodríguez, Casado y Huber, 2005).

De hecho, las grandes áreas metropolitanas ya han pasado por la fase del envejecimiento extremo de sus centros históricos a medida que los jóvenes iban fijando su residencia en las primeras coronas periféricas, y ahora están en la fase siguiente, en la que esos centros históricos vuelven a tener pirámides jóvenes por la extinción de los antiguos residentes y la llegada de jóvenes a las viviendas así liberadas. Son las primeras coronas urbanas las que ahora ven en la vejez a sus originales moradores, a la vez que sus hijos desplazan su residencia a la siguiente corona periurbana.

La mayor parte de la vejez española reside actualmente en tres comunidades: Cataluña, Andalucía y Madrid, con más de un millón de personas mayores cada una. Más aún, solo en las dos mayores ciudades del país, Madrid y Barcelona, los residentes con 65 años o más rebasan en más de 200.000 a los que viven en los 5.686 municipios rurales de todo el país (773.249 personas). La España rural y envejecida se vacía; así, si en 1970 todavía suponía el 11% de la población, hoy esa proporción se ha reducido a cerca del 5%.

La vejez en residencias

Esta es una parte de la vejez acerca de la cual, tradicionalmente, se ha dispuesto de información escasa, porque la mayor parte de las fuentes estadísticas se obtienen sobre personas que residen en hogares y porque los propios registros que genera su gestión no se encuentran centralizados y armonizados. Bajo el nombre de «residencias de mayores» existen diferentes tipos de alojamientos colectivos y diversas formas de gestión y propiedad. Aunque parezca contradictorio con la elevada motivación sociosanitaria que caracteriza a estas residencias, no han sido incluidas en las grandes encuestas de salud hasta la EDAD, 2008, que incluyó un módulo específico.

Los cambios más notables ocurridos en estas últimas cuatro décadas han sido el lógico aumento de plazas, el propio envejecimiento de la población institucionalizada, el cambio hacia los centros de cuidado (a personas con problemas de salud, funcionales o cognitivos) y la irrupción de la iniciativa privada ante la fuerte demanda de alojamiento. A lo largo de estas cuatro décadas la población mayor institucionalizada se ha multiplicado por cuatro aproximadamente. En España hay 4,2 plazas residenciales por cada 100 habitantes de 65 años o más, 366.633 en 2017 (Abellán, Aceituno y Ramiro, 2018). Se desconoce su nivel de ocupación, pero de acuerdo con los datos censales de 2011 (INE) rondaba el 75-80%.

Sabemos que, ante todo, el paisaje humano de las residencias sigue siendo femenino; en ellas vive más del doble de mujeres que de hombres (44 hombres por cada 100 mujeres), y ese rasgo se acentúa según avanza la edad, en un desequilibrio aún mayor que el existente en la población general de esas edades. Igual de sobrerrepresentadas se hallan las personas que provienen de hogares en los que, con el tiempo, se habían quedado sin otros convivientes; casi el 60% de los residentes de ambos sexos son viudos, y el 24% solteros.

La edad media en las residencias es más alta y crece con mayor rapidez que en las viviendas familiares (los datos censales la elevan a 84,7 años en la actualidad, mientras que en 1991 era de 80,8 años). Las provincias más envejecidas, como, por ejemplo, Soria, Palencia, Ávila o Zamora, tienen una mayor ratio de plazas por habitantes de 65 años o más. Esto puede responder a una mayor sensibilidad política hacia el tema del envejecimiento, a una falta de familiares que puedan asumir las tareas de cuidados (por emigración u otros motivos) o a una inadecuación de la oferta y la demanda motivada por un poblamiento de núcleos pequeños y dispersos que obliga a un sobredimensionamiento de la oferta.

De asilos se ha pasado en estas décadas a residencias de personas mayores. Aparte del cambio semántico se ha venido produciendo una transformación en la funcionalidad, pasando cada vez más hacia centros de atención a personas con problemas funcionales o de otro tipo. En 1981 más del 95% de las plazas de residencias del IMSERSO era para válidos, mientras que ahora predominan las plazas asistidas y mixtas. No solo se trata de que la autonomía y la preferencia de las personas mayores por mantenerse en su propia vivienda crezcan, aumentando por tanto la componente de atención sanitaria de los ingresos, sino de que esta tendencia podría haberse visto acentuada por la crisis económica, con una retención en los hogares familiares hasta que el nivel de dependencia resulta inasumible por los convivientes.

Convivencia

En realidad, muchas de las novedades en los modos de convivencia que se han identificado con cambios de valores y modernidad cultural son resultados automáticos del cambio de la estructura por edades. La proporción creciente de quienes viven en hogares solitarios o en los de pareja sin otros convivientes, la correspondiente reducción del tamaño medio de los hogares y también la de su complejidad, en especial la que resulta de distintos núcleos familiares en un mismo hogar, conforman tendencias que en muy buena parte pueden atribuirse al peso creciente de quienes ya han alcanzado, por su edad, los estadios de la vida familiar en los que los hijos ya se han emancipado o la pareja ha fallecido.

Pero también estos efectos del envejecimiento están en proceso de modificarse de manera notable. Hasta ahora la vejez era preponderantemente femenina y en estado de viudedad, y dicha preponderancia se ha acentuado durante décadas a medida que se prolongaba la esperanza de vida, porque esta era más alta y mejoraba con mayor rapidez en las mujeres y porque esa ventaja se veía amplificada por su menor edad respecto de los hombres al formar pareja. A este progreso de la esperanza de vida se ha ido sumando, desde la década de 1970, una notable mejora de la situación socioeconómica en la vejez, aumentando asimismo la capacidad de las personas mayores para mantenerse de forma independiente en su propio hogar, de manera que, durante décadas, se ha apreciado un crecimiento notable de los hogares unipersonales, en su mayor parte constituidos por mujeres viudas. Venimos de un mundo en el que los hombres pasan sus últimos años de vida en pareja, mientras que las mujeres lo hacen en soledad.

Todavía hoy el estado civil masculino mayoritario en la vejez es el de casado (78%), y solo el 12% son viudos, de modo que no hay excesivas modificaciones en lo que respecta a la vejez masculina. Sin embargo, algo está cambiando en la femenina, pues las casadas han ido creciendo en proporción hasta alcanzar el 47%, que todavía es una cifra inferior a la masculina pero que supera el 43% de viudas y se convierte en el estado civil mayoritario por primera vez (Abellán et al., 2017).

Gráfico 24. Edad masculina para la unión y duración potencial de la misma en función de la mortalidad. España, años seleccionados

FUENTE : cálculo propio de las tablas de vida de las uniones conyugales, publicadas en Pérez et al. (2016).

Gráfico 25. Distribución de los >64 años según el tipo de hogar (1991, 2001, 2011 y 2016)

FUENTE : INE, Censos Oficiales de Población (COP), 1991-2001 y Encuesta continua de hogares (ECH, 2016) (consultados en abril de 2017).

Y es que otra de las grandes revoluciones en ciernes consiste en que el tipo de hogar mayoritario en la vejez sea el de la pareja sin otros convivientes (como hace tiempo que ocurre en los países nórdicos), y ello simplemente porque el avance en materia de supervivencia corre en paralelo para ambos sexos y está haciendo que la mayor parte de quienes formaron una pareja en su día lleguen con vida, ambos, a los 65 años y todavía tengan por delante más años hasta el fallecimiento de uno de los dos (Pérez et al., 2017).

Situación económica

De forma tradicional, el gráfico de la probabilidad de pobreza en las sucesivas edades tenía forma de «U», concentrándose en las infantiles y en la vejez. El riesgo de pobreza acompaña a los niños porque su propio nacimiento aumenta de manera notable los gastos de su unidad familiar sin añadir un miembro productivo hasta muchos años después. En cambio, la vejez ha implicado pobreza para la mayor parte de la población porque, sencillamente, acababa por imposibilitar el trabajo y la obtención de ingresos.

En la España de hace cuarenta años esta pauta seguía vigente, pero la peor parte se la llevaba la vejez de forma abrumadora. Los primeros trabajos sobre sociología de la vejez, al empezar la década de 1980, se realizaban con ánimo protector y asistencial, siendo impulsados por entidades como Cáritas o Cruz Roja, y dibujaban un panorama desolador (González, 1982).

Estos resultados contrastaban con lo que se estaba observando en los países más desarrollados. Así, en Estados Unidos se constataba con sorpresa que la vejez estaba mejorando su situación relativa (Preston, 1984), mientras que el Luxembourg Income Study (Smeeding, 1987), primer gran estudio europeo sobre la situación económica de los hogares, descubría la misma y sorprendente tendencia. Desde una visión estatista, que todo lo explica por las políticas públicas, resulta tentador pensar que España aún no mostraba esa tendencia por el retraso en el desarrollo de un Estado de bienestar equiparable al del resto de Europa o por la escasa consolidación de un sistema universal de pensiones para la vejez.

Lo cierto es que la vejez de los años setenta del siglo XX mostraba características socioeconómicas mucho más determinadas por sus transcursos generacionales previos que por la coyuntura o la política del momento. Aunque esta explicación puede encontrarse más desarrollada en Pérez (2003a), baste constatar que todo empezó a cambiar cuando, cumplidos los 65 años, empezaron a llegar las generaciones nacidas una vez acabada la guerra civil, con una historia de vida, familiar, educativa y laboral radicalmente diferente y que, como en tantas otras características tradicionales de la vejez, provocaron un cambio radical durante estas cuatro décadas. A todo ello vino a sumarse el impacto de la crisis económica sobre las personas en edad laboral, y el resultado acaba siendo sorprendente.

El riesgo de pobreza es un nuevo indicador homogéneo para los países de la UE y establece que una persona lo padece cuando sus ingresos disponibles están por debajo de un umbral que se sitúa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo en el hogar (INE, Encuesta de condiciones de vida. Metodología, 2005, revisada en 2013). En la última década, tras la crisis económica, el grupo de población de >64 años ha pasado de tener la peor posición a ser el que menos riesgo de pobreza presenta (véase el gráfico 26). No cabe duda de que, en este caso, la coyuntura ha resultado muy determinante y, en buena parte, ha hecho que la vejez mejore porque las demás edades empeoraban su situación, en especial las comprendidas entre 16-29 años.

Lo habitual es atribuir a la protección estatal en forma de pensiones esta especie de «blindaje» respecto de los efectos de la crisis, pero esto sería engañoso por múltiples motivos, empezando por la confusión entre pensiones asistenciales y pensiones contributivas que, en realidad, son ingresos por trabajo diferidos en el tiempo. Las primeras generaciones que han trabajado su ciclo laboral completo en una España urbana, lejos del sector primario y del trabajo jornalero, sin cotización,

Gráfico 26. Riesgo de pobreza por grupos de edad (2008-2016)

FUENTE : INE, Encuesta de condiciones de vida (ECV), años correspondientes.

sin interrupciones por grandes catástrofes en forma de guerras, epidemias o hambrunas, han llegado a la vejez en una situación radicalmente distinta a la de las personas mayores de hace cuarenta años o de quienes hoy acusan una vejez muy avanzada. Y es que no solo han generado derecho a una pensión contributiva, sino que son las edades con mayor proporción de vivienda en propiedad, sin pagos hipotecarios pendientes e incluso con segundas residencias, y todo ello, simplemente, como resultado del trabajo ininterrumpido durante toda la vida. El papel de apoyo y asistencia que han desempeñado durante la crisis de cara a los miembros más jóvenes de sus familias, así como las restricciones a las que se han sometido para desarrollar esas funciones de ayuda, son cuestiones pendientes de estudiar.

Es probable que la vejez pierda posiciones cuando el resto de la población mejore, y ya se atisba el cambio de tendencia (a partir de 2014), lo que indica que sus condiciones económicas y materiales todavía son frágiles, en especial entre los muy mayores, cuyos ingresos (que pesan mucho en el indicador global), en muchos casos, se hallan cerca del umbral de la pobreza, en área de peligro de descenso.

Educación

Para completar este breve panorama sobre el cambio sociodemográfico en la vejez conviene mencionar la rápida transformación que está experimentando su nivel educativo. Es la mejor ilustración de que las mejoras cada vez más visibles en su situación resultan mucho más de sus propias trayectorias generacionales previas que de las mejoras del país en los últimos años, más allá de la crisis.

El inferior nivel cultural y de instrucción de las personas mayores respecto del de los jóvenes lleva tanto tiempo siendo parte de nuestro panorama social que llega a parecer un efecto de la edad. Pero el nivel de estudios no decae con los años. La gran revolución educativa española y mundial durante el siglo XX reside en la explicación de que los jóvenes actuales se encuentren muy por encima de sus mayores.

De hecho, España ha experimentado este cambio muy tarde. Las cuatro décadas objeto de este libro empezaron con un país que ni siquiera había conseguido extender la escolarización a todos sus niños, y ello solo a través de los estudios primarios (en Francia esto ya era una realidad antes de que acabase el siglo XIX ). A finales de la década de 1970, los adultos y, sobre todo, los mayores ni siquiera habían sido plenamente alfabetizados, en especial si eran mujeres, a las que siempre se había dotado en España con unos recursos educativos sensiblemente inferiores a los de sus coetáneos varones.

Desde entonces los cambios se han precipitado. No solo la infancia se escolariza plenamente, por fin, sino que justo después empieza a extenderse la prolongación en estudios secundarios y superiores, ampliamente minoritarios antes de los años setenta en un país que siempre los había reservado para los hijos de las élites. En ese proceso también se rompe la relegación femenina a una menor educación; las niñas nacidas a finales de la década de 1960 y primeros años de la de 1970 acabarán por tener más años de estudios y por alcanzar mayores niveles que sus coetáneos masculinos, una auténtica revolución social que se ha consolidado en las generaciones posteriores.

Todo lo anterior podría parecer alejado del perfil sociocultural de la vejez y, de hecho, durante esos años no hizo más que acentuar el contraste con los jóvenes. Sin embargo, cuatro décadas después los jóvenes de los años setenta se aproximan a la vejez y ya se atisba la oleada de nuevas personas mayores con un nivel de estudios radicalmente distinto al que conocíamos hasta ahora.

No se trata de una anécdota, ya que este es un indicador privilegiado a la hora de explicar o predecir multitud de características y comportamientos de las personas, algunas tan importantes en la vejez como el estado de salud o la capacidad de aprovechar la información que proporciona el entorno. Una vez más, los cambios generacionales resultan claves para comprender que el envejecimiento de la población no debe acabar en el cúmulo de catástrofes que suelen predecirse, siempre bajo el erróneo supuesto de que la pirámide de edades de un país puede cambiar sin que así lo hagan las características asociadas a cada edad.

Gráfico 27. Nivel de estudios de los >64 años (1970, 1981 y 2011)

FUENTE : INE, Censo Oficial de Población (COP) correspondiente.

Conclusiones

El cambio demográfico suele verse como algo que ocurrió en el pasado, en especial cuando se interpreta literalmente la teoría de la transición demográfica y se divide el panorama internacional entre países en transición y países, como España, que ya la completaron. Nada más lejos de la realidad, y las últimas cuatro décadas así lo demuestran. El agotamiento del baby boom y el renovado descenso del número de nacimientos han modificado la pirámide de población como nunca antes había ocurrido en nuestra historia (un proceso, por cierto, convergente en todo el planeta). Añádase que los enormes cambios acaecidos en la mortalidad anteriores a este período, sobre todo en la mortalidad infantil, han seguido teniendo repercusiones notables hasta el día de hoy a medida que las generaciones beneficiarias iban cumpliendo años con una proporción de supervivientes cada vez mayor. Si a todo ello le sumamos la gran novedad de estas cuatro décadas en lo que a materia de mortalidad se refiere, su inesperada y notable mejora también para quienes ya han alcanzado la vejez, podrá comprobarse que la demografía sigue embarcada en un proceso de profundas transformaciones que se transmiten a la forma que adopta la pirámide de población.

Conviene no confundir el envejecimiento demográfico a pequeña escala, local, ancestral, causado por la emigración de los jóvenes y la consecuente incapacidad para sostener el poblamiento original, con el envejecimiento demográfico sistémico, nacional y mundial, sin precedentes históricos y resultante de la revolución reproductiva. En ese proceso sistémico la vejez no solo aumenta su peso relativo, sino que mejora sus propias características y roles dentro de la sociedad española.

Para comprender la dirección y los motivos de ese cambio resulta fundamental pensar en las generaciones y en el bucle virtuoso por el que cada una ha ido impulsando a su descendencia, un poco más allá, en supervivencia, salud, educación o cuidados. Este mecanismo, con el que la eficiencia reproductiva ha superado el umbral por el que todos los que nacen pueden llegar a adultos y contribuir a la reproducción, ha cambiado para siempre la demografía humana, provocando una auténtica explosión demográfica, permitiendo las bajas fecundidades actuales, liberando a la mujer de la sobredeterminación reproductiva y cambiando la vejez. Sus efectos diferidos son hoy visibles con cada nueva generación que cumple 65 años, con una mayor proporción de supervivientes con mejor estado de salud, mejor situación económica, mayor nivel de estudios y mayores potencialidades y capacidades para cumplir un papel activo y provechoso para las personas que los rodean y para el conjunto del país.

Si no se entiende esta revolución resulta fácil caer en las alarmas decadentistas y en la melancolía por un pasado que nunca volverá, actitud recurrente desde que empezaron a detectarse los primeros indicios de este cambio; justo ahora se cumple un siglo del famoso libro de Oswald Spengler La decadencia de Occidente (una centuria oyendo hablar de la decadencia demográfica). No se entiende por qué, en contra de todos los agoreros, el envejecimiento demográfico de la humanidad entera no solo no está colapsando la economía, motivando la crisis social o el hundimiento del Estado de bienestar, sino que corre paralelo al crecimiento económico y al progreso.

La pirámide del pasado no solo no es recuperable; tampoco conviene hacerlo. Lejos de los tópicos sobre el gran dinamismo que suponía, lo que reflejaba era un ominoso malbaratamiento de la vida humana, un equilibrio precario necesitado de elevadísimas fecundidades para mantener poblaciones de escaso volumen en las que se invertía poco y a las que se sobreexplotaba desde la infancia. Hemos cambiado eso por unas poblaciones que alcanzan elevados tamaños con muchos menos nacimientos por el método de invertir mucho en los que nacen, haciendo que vivan muchos más años y estén mejor dotados para su vida adulta. Todo ello produce envejecimiento demográfico, es cierto, y algunas ventajas más sobre las pirámides propias de nuestro pasado.

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25 Para este trabajo los autores han contado con la financiación del programa estatal de I+D+i, convocatoria 2018, para el proyecto «Supervivencia y salud a lo largo del ciclo de vida y diferencias generacionales en el envejecimiento» (Ref: RTI2018-097812-B-I00)

26 Los intervalos numéricos deben escribirse anotando los valores exactos iniciales y finales, pero es práctica común que la duración de las personas desde su nacimiento se exprese en edades cumplidas o «aniversarios», no en edades exactas, y en demografía se sigue ese criterio. Esto puede producir confusiones cuando se interpreta que, por ejemplo, 0-14 es un intervalo que acaba justo al cumplir la edad de 14 años, cuando en realidad abarca también los 365 días posteriores. Aquí se aludirá a la clase de las personas mayores como aquellas cuya edad se encuentra en el intervalo «>64», expresión breve e inequívoca, equivalente a la de «65 o más años».

Consolidación y rotación de la inmigración en España

María Miyar Busto

Introducción

La recuperación económica ha implicado para España el inicio de una nueva etapa en su ciclo migratorio, caracterizada por la revitalización de las entradas de población inmigrante a la vez que por la consolidación en el territorio de una parte importante de los inmigrantes que llegaron en años anteriores. Esto ha sucedido tras seis años de caída en los flujos de nuevos residentes y de aumento de la emigración. Durante las dos últimas décadas se había hablado de la inmigración en España como de un fenómeno novedoso que había revolucionado el panorama social a una velocidad inusitada. No cabe duda de que tanto la rapidez como el calado de dicho fenómeno merecieron la atención prestada: entre 2000 y 2012 el porcentaje de población nacida en el extranjero y residente en España sobre la población total pasó del 3,6 al 14,3%.

A las puertas de la tercera década del siglo XXI , sin embargo, ni la inmigración es un fenómeno nuevo para España ni España constituye una novedad para los inmigrantes. En 2018 siete de cada diez llevaban viviendo en España más de diez años, lo que supone un grado de arraigo en la sociedad muy considerable. No obstante, esta consolidación de la residencia no se ha dado para todo el colectivo de inmigrantes por igual. Muchos de ellos decidieron abandonar nuestro país para volver a sus lugares de origen o para emigrar a terceros países, algunos de ellos impulsados por las graves consecuencias que la crisis significó para sus posibilidades de empleo. La crisis supuso un cambio de ciclo migratorio e implicó una disminución notable de los flujos de llegada, así como un gran debate sobre sus efectos en la emigración de los españoles. Ese ciclo migratorio muestra ya signos claros de haber entrado en una nueva fase en la que el aumento de las entradas de población inmigrante vuelve a tomar una relevancia cuantitativa importante.

Este capítulo se propone abordar el análisis de la evolución del ciclo migratorio en España, de las características de los migrantes que en 2019 residían en el país y de los que han decidido emigrar, así como de sus destinos. Uno de los objetivos principales es explorar en qué grado una parte importante de la población inmigrante se ha consolidado en el territorio a la vez que para otros la residencia en España tan solo ha representado un episodio en sus trayectorias vitales. Por último, este capítulo se propone arrojar luz sobre el debate de la emigración de españoles y su relación con la recesión, finalizando con un apartado de conclusiones.

Un apunte sobre los datos de migraciones

Durante las casi dos décadas de inmigración en España las estadísticas con información disponible sobre el fenómeno han crecido en número, periodicidad y detalle. Frente a las parcas fuentes de datos de las que se disponía durante los primeros años del siglo XXI , la atención que generó la inmigración en los años de expansión propició el aumento en las variables que distintas fuentes de datos ofrecían sobre la dinámica migratoria, así como la producción de encuestas específicas. Algunas de estas fuentes de datos se utilizarán en este capítulo.

Pero antes es necesario definir al colectivo inmigrante para concretar el objeto del análisis para el que se usarán estos datos. La definición obvia consiste en que un inmigrante es aquel que ha migrado y, por lo tanto, reside en un país diferente al de su nacimiento. Sin embargo, a menudo se utiliza el criterio de «extranjería» frente al de «país de nacimiento» para hablar de inmigrantes, en algunas ocasiones porque se adopta una perspectiva administrativa y en otras por la ausencia de información más precisa. El criterio de «país de nacimiento» que se utilizará aquí goza de dos ventajas con respecto al de «extranjería». En primer lugar, y como se ha señalado, acota mejor al colectivo que el de «nacionalidad», puesto que excluye a las personas que han nacido en el territorio pero que tienen otra nacionalidad por ser descendientes de extranjeros. Estas personas no serían migrantes, puesto que nunca han migrado. En segundo lugar, el «país de nacimiento» es un criterio inmutable a lo largo del tiempo a diferencia del de «nacionalidad». La naturalización de los inmigrantes los hace desaparecer de las estadísticas de extranjeros precisamente en el momento en que estrechan al máximo el vínculo administrativo con el país de acogida. Para estas personas, sin embargo, los retos específicos de su condición de inmigrante no desaparecen. En este sentido se puede hablar de los siguientes: el aprendizaje de la cultura y el idioma, el conocimiento del funcionamiento de las instituciones (formales e informales), la transferencia de sus recursos educativos a un mercado de trabajo diferente, la formación de redes sociales, el establecimiento domiciliar y familiar, la presencia de alternativas internacionales en el uso de sus recursos financieros (envío de remesas o inversiones en el país de origen) y un planteamiento más abierto a opciones migratorias futuras (en cuanto al retorno o la migración a un tercer país).

En este capítulo se utilizarán varias fuentes de datos para describir estas últimas dos décadas de flujos migratorios en España. La principal fuente española para el análisis estadístico de los flujos migratorios es el Padrón Municipal Continuo (PMC), un registro administrativo gestionado por los ayuntamientos y coordinado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que tienen la obligación de inscribirse todos los residentes en el territorio nacional. De la Estadística del Padrón Continuo (EPC), fuente de datos construida a partir del PMC, proceden la información sobre población residente en un momento dato, su composición por lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad, así como las Cifras Oficiales de Población (COP).

Por otra parte, a partir de la información de altas y bajas exteriores en el PMC (que tienen como origen o destino otro país) se construye la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). Es de esta fuente de la que se obtienen los principales datos sobre flujos de inmigración y de emigración. Aunque la evidencia apunta a que la eficacia en la estimación temporal de la inmigración y de su magnitud es considerablemente alta (Miyar, 2011), las dudas acerca de la calidad en la estimación de la emigración son considerables (González, 2013; Miyar, 2011; Valiente y Capitán, 2014). El INE ha incluido progresivamente distintos mecanismos para detectar las salidas del país que han mejorado el cálculo de los stocks de población, pero han distorsionado las series temporales.

Además se utilizan datos de la Encuesta de población activa (EPA) para describir algunas características de los inmigrantes que no cubren las fuentes estadísticas procedentes de registros administrativos. La EPA es una encuesta a los hogares que contiene una información muy rica sobre su composición y las características sociodemográficas de sus miembros. Gracias a ella se dispone de información acerca del tipo de convivencia de los inmigrantes, su nivel educativo y el tiempo de residencia en España. Entre los inconvenientes de la encuesta es necesario subrayar que en la muestra se ha detectado un cierto grado de sobrerrepresentación de los inmigrantes más antiguos, lo que puede tener algún efecto sobre los datos presentados. Entre sus ventajas destaca el notable tamaño de la muestra (que supera las 160.000 personas en cada cuatrimestre; más de 12.000 de ellas nacidas en el extranjero en los últimos años analizados) que garantiza la notable calidad en la representación de las características de la población; además, su periodicidad (es una encuesta trimestral) permite la construcción de series temporales muy detalladas. En este capítulo se utilizan las medias de los cuatro trimestres para los datos anuales.

También se hará uso, de forma complementaria, de otras fuentes como las estadísticas de personas matriculadas del Ministerio de Educación, los datos de fecundidad de los indicadores demográficos básicos del INE y los datos sobre concesiones de nacionalidad y solicitudes de asilo del Ministerio del Interior.

Casi dos décadas de inmigración en España

El inicio de la expansión de la inmigración en España puede situarse en el año 2000. En ese momento el crecimiento sin precedentes del número de nuevos residentes coincidió con una nueva legislación que concedía los derechos del Estado de bienestar a partir de la inscripción padronal y con la realización de un proceso de regularización extraordinaria entre los meses de marzo y junio. Aunque no se puede afirmar que hasta entonces los flujos de entrada fueran inexistentes, en el año 2000 se triplicaría la cifra de entradas de nacidos en el extranjero correspondiente a 1999, que pasó de algo más de 100.000 a casi 350.000 (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Altas por variación exterior de nacidos en el extranjero y porcentaje de nacidos en el extranjero sobre la población total (1998-2019)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y de la Estadística del Padrón Continuo (EPC).

Desde entonces no ha habido ningún año del período 2000-2017 con un número de entradas inferior a 300.000.

Esta fase inicial estuvo impulsada de manera notable por la llegada de inmigrantes nacidos en países latinoamericanos (sobre todo en Ecuador y en Colombia), y en menor medida de procedentes de países europeos y africanos (como Marruecos) (véanse los gráficos 2 y 3). Los flujos de entrada siguieron creciendo en los primeros años del siglo XXI de una forma tan intensa que en 2007 se superaron las 900.000 nuevas residencias de nacidos en el extranjero y se alcanzó un 11,6% de población inmigrante sobre el total de residentes, cuando solo siete años antes el porcentaje era del 3,6% (véase el gráfico 1). En ese año tuvieron especial relevancia las llegadas de personas procedentes de Rumanía, país que acababa de entrar en la Unión Europea (UE) (véase el gráfico 3).

El inicio de la recesión económica da paso a una nueva etapa en el escenario de los flujos migratorios en España. La pauta de expansión se interrumpe de forma abrupta en 2008, de tal modo que en solo dos años, los transcurridos entre 2007 y 2009, las entradas se reducen a la mitad. A pesar de la contracción en la dinámica de llegadas, el peso de la población inmigrante en la sociedad española aún crecería hasta 2012, cuando alcanza su máximo histórico, 14,3%.

Gráfico 2. Altas por variación exterior de nacidos en el extranjero, por continente de nacimiento (1998-2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Gráfico 3. Altas por variación exterior de nacidos en el extranjero, por país de nacimiento (1998-2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Durante los siguientes años de recesión económica el flujo de entradas sigue disminuyendo, pero ni vuelve a experimentar caídas tan fuertes ni se anula. De hecho, cuando en 2013, el año en que se alcanzaron los peores indicadores económicos y de empleo, se llega al mínimo de entradas de inmigrantes, esta cifra aún es superior a las 300.000. Si bien supone un tercio de la inmigración recibida en 2007, se trata de una magnitud considerablemente elevada teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación laboral de la población inmigrante que en aquel entonces vivía en España. También ha de tenerse en cuenta que el colectivo de inmigrantes que iniciaron su residencia en España durante la recesión mantenía unas características sociodemográficas muy vinculadas a la actividad laboral (Miyar, 2016).

El poder de atracción de población inmigrante que mantuvo España incluso en los peores momentos de la crisis queda plasmado en la escasa reducción del peso de la población inmigrante durante la recesión. A pesar de la caída en las entradas, la población inmigrante solo redujo su peso respecto del total en un punto, pasando del 14,3% en 2012 al 13,2% en 2015.

Esta pausa en la expansión de la población inmigrante finalizaría en 2014 con el inicio de la recuperación económica, que tuvo un efecto muy rápido en la revitalización de los flujos de entrada. Entre 2013 y 2017, de hecho, las entradas anuales casi se han duplicado, pasando de 315.000 a 592.000. Este incremento en el número de nuevos residentes nacidos en el extranjero contribuyó a su vez a la recuperación del peso de la población inmigrante, que según datos de enero de 2019 vuelve a situarse en el máximo del 14,3% que se había alcanzado en 2012. Este nuevo impulso de los flujos migratorios en España ha estado liderado de manera notable por las llegadas de latinoamericanos (sobre todo venezolanos) y, en menor medida, de europeos de las ampliaciones y de marroquíes.

Cabe destacar el novedoso papel que ha tenido el crecimiento de las solicitudes de asilo en el panorama migratorio español entre 2015 y 2017, impulsado sobre todo por las de los venezolanos, flujos que se incrementaron de manera muy significativa desde 2013, coincidiendo con la crisis política y económica que se agudizó en esos años en el país. Hasta ese momento España contaba con muy poca tradición en la recepción de refugiados, en gran parte porque, tal y como está configurado el derecho de asilo, constituye un procedimiento muy restrictivo, sobre todo en cuanto a las dificultades para realizar solicitudes en puestos fronterizos, los largos tiempos de espera y la baja tasa de resoluciones positivas. El aumento de las llegadas de venezolanos ha contribuido de forma importante al incremento de las solicitudes de asilo en España, que pasaron de 6.000 en 2015 a 54.000 en 2018. De estas, un tercio corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, aunque también hay un 15% de nacionalidad colombiana.

Asimismo hay que destacar el peso que en esta revitalización de las entradas tienen las personas con nacionalidad española nacidas fuera, sobre todo en países latinoamericanos y, muy especialmente, en Ecuador. Así, por ejemplo, uno de cada tres nacidos en Ecuador que llegaron a España durante 2016 y 2017 tiene nacionalidad española. Esta pauta sugiere que algunos de los inmigrantes que habían vivido en España en el pasado, y se habían ido, vuelven a establecer su residencia en el país.

De forma general se puede afirmar que el flujo de inmigración llegado a España se ha caracterizado por dos elementos. En primer lugar, la sensibilidad de las llegadas al cambio de ciclo económico ha sido muy alta, aunque desigual según los orígenes. De la información recogida en el gráfico 2 se desprende que mientras latinoamericanos y europeos ajustaron con rapidez su nivel de entradas a los cambios en el ciclo entre 2007 y 2008, los africanos lo hicieron con algo de retraso, lo que se deduce de la continuidad en el aumento de los flujos de ese origen hasta 2008. De igual modo, la inmigración latinoamericana y europea (en especial, la de los países de las ampliaciones) creció a gran velocidad una vez iniciada la recuperación económica en 2014. En segundo lugar, el flujo de nuevos residentes en España se caracteriza asimismo por reacciones muy raudas a los cambios legislativos, como muestra el rápido freno en las llegadas de colombianos, ecuatorianos y bolivianos, coincidiendo con la imposición de visados a sus entradas en enero de 2002, julio de 2003 y enero de 2007 respectivamente (véase el gráfico 3). En sentido inverso operó la entrada de Rumanía en la UE en 2007, año en que casi 200.000 rumanos iniciaron su residencia en España.

Los inmigrantes que se van

Uno de los retos peor resueltos en el análisis de los flujos migratorios es el estudio de la emigración de los inmigrantes, bien de retorno a sus países de origen, bien a terceros países. Las dificultades en su medición se han traducido en una notable escasez de análisis empíricos en la literatura académica debido a la ausencia de herramientas para contestar a cuatro preguntas fundamentales: ¿quiénes se van?, ¿cuántos se van?, ¿cuándo?, ¿adónde?

Resolver estas cuestiones es importante por tres motivos. En primer lugar, porque la magnitud y tipología de la población que abandona el país de acogida determinará a su vez el volumen y las características de la población que permanece. En segundo lugar, porque es necesario conocer la elasticidad del volumen de población activa frente a los cambios que puedan producirse en las dinámicas del mercado de trabajo: ¿se adapta la oferta internacional de mano de obra a su demanda? Por último, conviene tener en cuenta que los horizontes temporales de la migración son fundamentales para determinar las decisiones relacionadas con la inversión (en bienes, pero, sobre todo, en capital humano) y las estrategias de integración laboral de los inmigrantes. Así, por ejemplo, aquellos que tengan proyectos migratorios de corto plazo con unos objetivos de ahorro concretos priorizarán una inserción laboral rápida en lugar de la búsqueda de empleos que se ajusten a su nivel de cualificación. En todo caso, la literatura académica ha dejado constancia de que las expectativas de permanencia no siempre se cumplen. En algunos casos los proyectos migratorios con intención de permanencia fracasan y los inmigrantes se ven obligados a abandonar el país de acogida. En otros, una migración que en principio se planteaba como temporal acaba convirtiéndose en permanente. En definitiva, los proyectos migratorios son flexibles y reaccionan no solo a la confrontación de las expectativas con la realidad y a los cambios imprevistos en el ciclo económico, sino también a la modificación de las propias preferencias.

Si se tienen en cuenta estas consideraciones, no cabe duda de que el caso español resulta de especial interés para el análisis de este fenómeno. Tal y como se expondrá más adelante, la crisis del empleo comenzó en un momento en el que gran parte de la población inmigrante aún no había acumulado largos períodos de residencia, lo que podría hacer al colectivo especialmente sensible a la evolución del mercado laboral.

En este apartado se realizará una aproximación al estudio de la permanencia en el país de las personas que han emigrado a España alguna vez, comparando datos de la EVR y del total de residentes inscritos según la EPC. El procedimiento consistirá en comparar el número potencial de residentes (es decir, el volumen inicial de población nacida en el extranjero que residía en el país en 1998 más la suma de todas las entradas que se produjeron desde entonces hasta 2017) con la población que, en efecto, residía en España a 1 de enero de 2018.

A principios de 1998 vivía en España alrededor de un millón de personas que habían nacido fuera. Si sumamos a la cifra de residentes aquellos que se dieron de alta entre esa fecha y 2017, al final de ese año deberían vivir en el país, asumiendo que nadie hubiera fallecido, más de 11 millones de personas. La cifra de residentes en 2018, algo más de 6 millones, supone el 57% de los potenciales residentes 27 , lo que implica que al menos un 43% de las entradas no se han traducido en una residencia estable (véase la tabla 1). Esta cifra se corresponde, según los datos de la EVR, con la salida de España de un promedio anual de 350.000 personas en el período 2010-2017 (véase el gráfico 4).

Como podía esperarse, el lugar de origen demarca notables diferencias también en esta dimensión. Mientras la permanencia parece mayor en el caso de los procedentes de países menos desarrollados, como la Europa no comunitaria, África, Latinoamérica y Asia (la población residente en 2018 supone más del 60% de la población potencial para estos grupos), esta cifra se reduce para los nacidos en la UE de las ampliaciones y el grupo del resto del mundo (nacidos en Estados Unidos, Canadá y Oceanía), que tienen una tasa de permanencia en el entorno del 50%. El grupo más volátil parece ser el de la UE de los 15, con una permanencia del 41% sobre la población potencial.

Desde la literatura sobre migraciones se ha puesto de relieve la relación negativa entre cercanía y probabilidad de retornar al país de origen. Esta pauta respondería a la asociación entre un menor coste de la emigración y proyectos migratorios menos permanentes o, al menos, más flexibles (Borjas y Bratsberg, 1996). Podría ser este el caso de la aparente menor permanencia de los residentes procedentes de la UE. Por otra parte, también algunos análisis encuentran una mayor volatilidad en los proyectos migratorios de los cualificados (Biavaschi, 2016; Bijwaard y Wahba, 2014; Mayr y Peri, 2009), lo que explicaría asimismo el mayor desgaste en el volumen de los procedentes del resto del mundo que, como se explicará en el siguiente apartado, tienen un nivel educativo muy alto.

Gráfico 4. Bajas por variación exterior de nacidos en el extranjero, por continente de nacimiento (2002-2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Tabla 1. Estimación de la tasa de permanencia respecto de la población potencial

Residentes 1 enero 2018

Población 1998 + Entradas

Permanencia (%)

Total nacidos en el extranjero

6.386.904

11.200.419

57

UE 15

992.092

2.398.438

41

UE Ampliaciones

803.786

1.598.679

50

Europa no comunitaria

343.077

535.754

64

África

1.154.910

1.795.109

64

Latinoamérica

2.566.683

3.987.161

64

Asia

462.197

751.717

61

Resto del mundo

64.159

133.562

48

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y de datos de la Estadística del Padrón Continuo (EPC).

Cabe señalar que los flujos de salida están claramente masculinizados, incluso desde antes del inicio de una recesión que golpeó más duramente los sectores en los que estaban empleados de manera mayoritaria los hombres inmigrantes. La masculinización en la emigración fue algo más intensa entre 2004 y 2013 (entre el 57 y el 60% de las salidas correspondían a hombres) y se suavizó entre 2014 y 2017 (aunque ese porcentaje siempre se mantuvo por encima del 54%).

En cuanto al patrón temporal en el que puede haberse producido la salida de población inmigrante, si bien los datos disponibles (las bajas de la EVR) están mediados por algunos cambios en el funcionamiento del registro, su evolución (solo disponible desde 2002) no deja de aportar información interesante. En primer lugar cabe destacar el gran salto en la magnitud de las bajas que se produjo tras el cambio en la gestión del registro, desde 2006 en adelante, cuando se implementaron mecanismos para detectar las bajas de extranjeros sin autorización de residencia permanente (véase el gráfico 4). En segundo lugar, de los datos se desprende que el inicio de la crisis a partir de 2008 no tiene una respuesta inmediata en la evolución de la magnitud. En todo caso, las bajas de todos los orígenes sí continúan su trayectoria ascendente hasta 2010, en especial las de latinoamericanos y hasta 2013 en el caso de los asiáticos. En cuanto a los nacidos en la UE, se registran dos momentos de incremento importantes: uno coincidiendo con el inicio de la crisis, entre 2008 y 2010, y otro en 2013, cuando se implantó en el PMC un sistema para detectar las bajas de los nacionales de países comunitarios.

De igual modo que 2014 delimita el inicio de una nueva fase en la dinámica de entradas, también lo hace respecto de las salidas. La pérdida de intensidad de la emigración se detecta en esta fuente estadística desde 2014 en adelante de forma muy clara para los nacidos en Latinoamérica, pero también para los originarios de África y Asia.

Si detectar que ya no residen en España es una tarea complicada de la que solo se tienen evidencias parciales, aún es más difícil disponer de información sobre el destino. De hecho, en 2017 solo se conocía el nuevo lugar de residencia del 19% de las emigraciones de residentes nacidos fuera de España, aunque en esto también se constatan diferencias importantes que dependen del país de nacimiento del emigrante. Mientras que se conoce el 44, 40 y 38% de los destinos de los emigrantes nacidos en Ecuador, Venezuela y Colombia, respectivamente, esta cifra se reduce al 7% de las emigraciones de nacidos en China y al 23% de las de los nacidos en Marruecos.

En muchas ocasiones la emigración desde el país de acogida supone la vuelta al país de origen, aunque también existe la alternativa de migrar a un tercer país en busca de nuevas oportunidades laborales. Aunque en diferente grado según el origen, de los datos sobre salidas se desprende que el destino más frecuente siempre es el país de nacimiento (véase el gráfico 5). Esta pauta se cumple en menor medida para los nacidos en Marruecos, donde solo cuatro de cada diez emigraciones son retornos. Los originarios de países latinoamericanos se situarían en un nivel intermedio; el retorno es más habitual entre los argentinos (73%), mientras que entre los nacidos en Ecuador, Colombia y Venezuela se reduce al 68, 63 y 59% respectivamente. Esta cifra es claramente superior en el caso de los nacidos en países europeos como Reino Unido o Rumanía, adonde vuelve más del 90% de los emigrados desde España. También se manifiesta esta preferencia por el retorno entre las opciones de emigración de los nacidos en China (81% de las emigraciones con destino registrado).

Gráfico 5. Porcentaje de emigraciones con destino al país de nacimiento, por país (2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

En cuanto a la alternativa al retorno que supone la emigración a un tercer país, el origen define patrones muy diferenciados en la elección del destino, que podrían deberse al distinto grado de implantación de comunidades de compatriotas en unos países u otros. Mientras entre los latinoamericanos los destinos más frecuentes son Reino Unido y Estados Unidos, casi un tercio de las emigraciones de los marroquíes se realizan a Francia, un 11% a Alemania y un 8% a Bélgica (véase el gráfico 6).

Por último, cabe señalar que entre los emigrados que registran su residencia en el exterior, el porcentaje de los que tienen nacionalidad española es muy alto. Aunque resulta plausible pensar que existe un sesgo según el cual los que se han naturalizado tienen un mayor incentivo para mantener el vínculo administrativo con España, también ha de tenerse en cuenta que, sobre todo en el caso de la emigración a terceros países, la posesión de la nacionalidad española constituye un recurso administrativo que puede contribuir a su integración y, por lo tanto, ha podido favorecer la elección de esos destinos.

Gráfico 6. Destinos alternativos al país de nacimiento, por país de nacimiento (2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Las características de los inmigrantes que viven en España durante la recuperación

En este apartado se describirán las características principales de la población inmigrante residente en España entre 2018 y 2019. En concreto se analizarán cuatro factores fundamentales para explicar los modos de integración laboral, administrativa y social: el país de origen, el grado de feminización, la composición por edad y el nivel educativo.

A principios de 2019 vivían en España más de seis millones y medio de personas que habían nacido fuera. Esta cifra supone el 14,3% de la población del país, es decir, una de cada siete personas. A pesar de que el incremento de la presencia de inmigrantes en la sociedad española fue inusitadamente rápido, el proceso se llevó a cabo con relativos buenos resultados de integración y aceptación social 28 . Este éxito en la acogida de inmigrantes a pesar de la falta de políticas integración (Cebolla et al ., 2008) se obtuvo, en parte, gracias a su integración en el espacio del mercado de trabajo que había quedado libre debido al aumento del nivel educativo de los españoles (Garrido, 2005). Por otra parte, la composición de los flujos recibidos era especialmente favorable, puesto que sobre todo estaban conformados por personas que o bien gozaban de una óptima situación administrativa y recursos educativos altos (europeos de la UE de los 15) o bien disponían de cercanía cultural y recursos lingüísticos (procedentes de países latinoamericanos). En efecto, de los seis millones y medio de inmigrantes, casi tres (un 41%) procedía de países latinoamericanos (véase la tabla 2). Además, otro millón (un 15%) procedía de países de la UE de los 15, y casi 800.000 personas de otros países de la UE. En definitiva, el 68% de los inmigrantes que viven en España parte de una posición de salida propicia para su integración social y administrativa en el país.

En todo caso, el principal país de origen de los inmigrantes en España no es latinoamericano ni europeo, sino que se trata de Marruecos, el país que además cuenta con la trayectoria migratoria más antigua en España. Casi 900.000 personas nacidas en Marruecos vivían en España en 2019. El segundo país en la lista de los diez más importantes numéricamente (véase la tabla 3) es Rumanía, con casi 600.000 personas, seguido por Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países europeos y latinoamericanos, además de China.

Tabla 2. Población nacida en el extranjero residente en España, por continente de nacimiento (2019)

Total residentes

Porcentaje

Porcentaje de mujeres

Total nacidos fuera

6.742.948

100

52

UE 15

1.016.233

15

49

Resto UE

793.422

12

53

Europa no comunitaria

358.894

5

57

África

1.218.691

18

40

Latinoamérica

2.798.034

41

58

Asia

489.455

7

46

Resto del mundo

68.219

1

53

FUENTE : elaboración propia a partir de datos provisionales de la Estadística del Padrón Continuo (EPC), a 1/1/ 2019.

Tabla 3. Población nacida en el extranjero residente en España, 10 principales países de nacimiento (2019)

Residentes

Marruecos

874.032

Rumanía

583.439

Colombia

440.197

Ecuador

408.083

Venezuela

323.575

Argentina

267.994

Reino Unido

255.093

Perú

218.129

Francia

206.680

China

201.987

FUENTE : elaboración propia a partir de datos provisionales de la Estadística del Padrón Continuo (EPC), a 1/1/2019.

Un segundo aspecto muy relevante en la caracterización de la población inmigrante es su grado de feminización. Desde la óptica del país receptor, el peso de las mujeres en el colectivo es importante en la medida en que se relaciona con distintos modos de inserción en el mercado laboral e implica distintas estrategias de formación y reagrupación familiar. Además, desde la perspectiva del país de origen la feminización de los flujos se puede interpretar desde la óptica del funcionamiento de las relaciones de género y las estrategias familiares.

El considerable grado de feminización de la población inmigrante en España (un 52% son mujeres) está en consonancia con el aumento del peso de las mujeres en los flujos migratorios de todo el mundo y su especial protagonismo en el caso europeo. También ha influido en esta feminización la mayor propensión de los hombres inmigrantes a la emigración desde España, tal y como se explicó en el apartado anterior. Se constata, en todo caso, un alto grado de heterogeneidad en función del origen. Mientras este porcentaje es sustancialmente mayor en el caso de los procedentes de Latinoamérica (58%) y la Europa no comunitaria (57%), otros países registran poblaciones mucho más masculinizadas, como es el caso de los países africanos (un 40% de mujeres) y asiáticos (46%). La feminización puede llegar a ser muy alta entre los que proceden de algunos países latinoamericanos (más del 70% entre los hondureños y paraguayos), mientras que entre los paquistaníes o los senegaleses solo un 27 y un 20%, respectivamente, son mujeres.

Otro elemento fundamental para caracterizar a la población en su relación con algunas instituciones sociales, como el mercado laboral o el sistema sanitario, es su composición por edad. La población inmigrante residente en España llegó al país en edades a las que se atribuye una alta intensidad en la actividad laboral, fundamentalmente entre los 20 y los 49 años, con la moda en el tramo 25-29 (Miyar y Garrido, 2010). A la luz de los datos de los residentes en 2019 (véase el gráfico 7), la maduración de este colectivo en el país también se ha trasladado a su composición por edad, aunque se sigue observando una concentración en edades muy activas laboralmente entre los inmigrantes económicos (extracomunitarios y procedentes de los países europeos de las ampliaciones) si se compara con la estructura de edad de los nacidos en España. El 69% de los inmigrantes económicos tiene entre 25 y 54 años. Esta distribución contrasta no solo con la de los españoles, sino también con la de europeos de la UE de los 15, que además de ser algo más dispersa está desplazada unos años respecto de la de los inmigrantes económicos (más concentrada entre 35 y 59 años) y muestra una presencia notable de mayores de 65 años. Este grupo, que en el caso de los inmigrantes económicos es casi residual, denota la presencia de inmigrantes retirados entre los procedentes de los países comunitarios más desarrollados.

Gráfico 7. Estructura de edad por lugar de nacimiento (2018)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de población activa (EPA), a 1/4/2018.

El último de los elementos que caracterizan a la población inmigrante y que se describirá aquí es su dotación en capital humano. En esta dimensión la heterogeneidad del colectivo también es notable, así como sus diferencias respecto de los nacidos en España, sobre todo cuando se considera el tramo de edad de mayor concentración de inmigrantes extracomunitarios (de 25 a 54 años; véase el gráfico 8). Por una parte, hay un grupo de inmigrantes con mayor nivel educativo en relación con la dotación de estudios universitarios: los procedentes de la UE de los 15, la Europa no comunitaria y el grupo de países del resto del mundo presentan un mayor peso de personas con estudios universitarios que los españoles (36, 39 y 64% respectivamente frente al 30% de los españoles). En segundo lugar, entre los procedentes de países europeos de la ampliación y de países latinoamericanos, aunque el peso de las personas con estudios universitarios o Formación Profesional (FP) de grado superior es bajo, sí presentan importantes contingentes de población con estudios medios superiores, lo que los sitúa en una situación ligeramente más favorable que la de los españoles en cuanto al peso de personas con bajo nivel educativo (ESO o menos). Mientras que este porcentaje supone el 34% entre los nacidos en España, es del 31% para los nacidos en los países de la ampliación y del 32% para los latinoamericanos. Por último, los procedentes de África y de Asia muestran un nivel educativo claramente inferior al del resto de inmigrantes. Un 70 y un 63% de ellos, respectivamente, tienen ESO o menos. Entre los africanos esta falta de recursos educativos es aún más acusada: el 50% del total tiene estudios primarios o menos.

Gráfico 8. Composición por nivel educativo por lugar de nacimiento (2019)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de población activa (EPA), a 1/4/2018.

La consolidación de los inmigrantes en España

Tal y como apuntábamos en la introducción, la maduración del ciclo migratorio en España ha supuesto un afianzamiento de una parte sustancial de los inmigrantes en el territorio. La acumulación de tiempo de residencia en España los sitúa en una posición claramente distinta en su relación con el mercado de trabajo, la sociedad y el desarrollo de sus objetivos migratorios a la que tenía la población inmigrante en los primeros años del siglo XXI . En efecto, de los datos de la EPA se desprende que en 2018 casi siete de cada diez nacidos en el extranjero llevaban viviendo en España más de diez años (véase el gráfico 9), tiempo suficiente como para consolidar sus trayectorias laborales y avanzar en sus proyectos de formación y reagrupación familiar.

Gráfico 9. Composición por año de llegada (2001, 2007, 2013 y 2018)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de población activa (EPA), a 1/4/2001, 2007, 2013 y 2018.

En el gráfico 9 se compara la composición por año de llegada de la población nacida en el extranjero en cuatro momentos clave del ciclo migratorio español: en el inicio de la expansión (2001), en uno de los años de llegadas más intensas, previo al inicio de la recesión (2007), en el momento más intenso de la crisis (2013) y en 2018, último dato disponible, tras cuatro años de recuperación. Los datos ponen de relieve la transición entre dos escenarios completamente diferentes en cuanto a la consolidación de los inmigrantes. En el escenario inicial, 2001, casi la mitad de los inmigrantes eran recién llegados (el 46% había vivido en España dos años o menos). Sin embargo, también uno de cada cuatro era un residente estable que llevaba en España más de diez años. Esta cifra, aunque muy lejana de la correspondiente a 2018, no es desdeñable. La considerable presencia que en 2001 tenían los inmigrantes que atesoraban un largo tiempo de residencia en el país revela que el grupo que vivía en España antes de que se desencadenara el ciclo migratorio en 2000 estaba notablemente arraigado en el territorio.

El año 2007 representa el escenario precrisis y uno de los momentos de mayor intensidad en la llegada de inmigrantes, lo que se aprecia en que, a pesar del crecimiento del stock de población inmigrante durante los años anteriores, los recién llegados suponían algo más de uno de cada cinco (22%) de todos los residentes nacidos en el extranjero. También la progresiva maduración del ciclo migratorio se plasma en la presencia de un grupo relativamente importante con estancias intermedias (uno de cada tres llevaba viviendo en España entre 3 y 5 años). La reducción de las llegadas que tiene lugar desde 2008 se traduce en un aumento del peso relativo de los inmigrantes con estancias más prolongadas entre los residentes en 2013, el peor momento de la recesión. Entonces solo un 5% de los nacidos en el extranjero llevaba en España dos años o menos, y más de la mitad del colectivo había vivido en el país durante al menos diez años.

Finalmente, el escenario de 2018 ilustra dos características importantes de la evolución de los flujos migratorios durante la recuperación. Por una parte se constata el notable arraigo de una parte mayoritaria de la población inmigrante (más de siete de cada diez inmigrantes residentes en España lo es desde hace más de diez años); por otra se registra un incremento de la presencia de recién llegados, fruto de la revitalización de los flujos que viene ocurriendo desde 2014. En todo caso, constituyen aún un colectivo muy reducido.

Un síntoma de la profundidad del arraigo de los inmigrantes es su grado de afianzamiento administrativo. En el gráfico 10 se presenta la evolución del porcentaje de residentes nacidos en el extranjero con nacionalidad española a lo largo del período 1998-2018, junto con la evolución de las nacionalizaciones por residencia. Los datos confirman el alto grado de consolidación administrativa que ostentaban los primeros inmigrantes residentes en España (o el alto peso que entre ellos tenían los descendientes de españoles nacidos fuera de España). En 1998 la mitad de los nacidos fuera tenía la nacionalidad española. Esta cifra fue disminuyendo a medida que se incorporaban a la población española inmigrantes recién llegados para alcanzar un mínimo antes del cambio de ciclo. A partir de ese momento la pérdida de intensidad de los flujos de entrada, sumada a la acumulación del tiempo de residencia de los inmigrantes que permanecieron en España, se traduce en un crecimiento del porcentaje de residentes con nacionalidad española que, a principios de 2019, alcanza el 30%. La concesión de nacionalidades por residencia había sido especialmente intensa durante 2013 y 2014 (véase el gráfico 10), cuando se llegó a naturalizar a más de 200.000 personas al año. Desde entonces el número anual de nacionalizaciones ha disminuido de manera considerable y en 2017, último dato disponible, apenas superaba las 66.000.

En todo caso, la heterogeneidad del colectivo de inmigrantes, así como la de la legislación respecto de la concesión de nacionalidad que se aplica en función de su origen, tienen consecuencias muy evidentes sobre el grado de consolidación administrativa de los inmigrantes. Así, por ejemplo, a los nacionales de antiguas colonias españolas, como las latinoamericanas o Guinea Ecuatorial, se les exigen dos años de residencia regular en España para la concesión de la nacionalidad española por residencia, frente a los diez años exigidos al resto de extranjeros. En el gráfico 11 figura el porcentaje de residentes con nacionalidad española por país de nacimiento según la EPC de 2019. Los datos muestran un escenario caracterizado por una gran diversidad de situaciones en función del país de origen. Por ejemplo, el 70% de los nacidos en Ecuador posee la nacionalidad española, y la mayor parte de países latinoamericanos presentan cifras en el entorno del 40 al 60%. No obstante, esta cifra apenas supera el 10% en el caso de los nacidos en China, Pakistán o Senegal y entre los nacidos en Marruecos es del 24%.

Gráfico 10. Porcentaje de residentes nacidos en el extranjero con nacionalidad española y concesiones de nacionalidad española por residencia (1998-2019)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo (EPC) y de los datos de concesiones de nacionalidad española por residencia de la Secretaría de Estado de Inmigración.

Más allá de la consolidación administrativa, los datos sugieren que una gran parte de los inmigrantes que residen en España ha podido desarrollar sus proyectos familiares y domésticos. Muestra de ello es la posición que ocupan en los hogares en los que viven. El 74% de los inmigrantes entre 25 y 54 años reside en un hogar con pareja, hijos o ambos (véase el gráfico 12). A este respecto, no se encuentran grandes diferencias basadas en el país de nacimiento, aunque sí hay algunas en el peso de los que viven en pareja y los que además viven con hijos. Entre los asiáticos y los africanos el porcentaje de los que viven en pareja sin hijos es mucho menor que para el resto de orígenes, de igual modo que es mayor el porcentaje de los que viven en pareja con hijos (véase el gráfico 12). En el conjunto de inmigrantes son muy pocos los que no conviven con familiares, bien porque vivan con otras personas o bien porque vivan en hogares unipersonales. Esta última situación solo es relevante en el caso de los nacidos en la UE de los 15. Entre ellos, el 16% vive en hogares unipersonales frente al 8% de media del conjunto de inmigrantes.

Gráfico 11. Porcentaje de residentes nacidos en el extranjero con nacionalidad española por país de nacimiento (2019)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo (EPC), datos provisionales a 1/1/2019.

Por otra parte, la intensidad de la formación familiar se pone de relieve en la presencia constante de flujos de reagrupación familiar de menores. Las entradas de menores de 16 años se han mantenido entre 2000 y 2014 en el entorno del 14% del total (Miyar, 2016). También ha sido considerable el papel que la reproducción ha tenido en la formación familiar. La fecundidad de las extranjeras se ha mantenido muy por encima de la de las españolas desde 2000. A pesar de la importante caída de esta coincidiendo con la crisis, en 2017 la tasa de fecundidad de las extranjeras ya había recuperado el nivel previo a la crisis y se situaba en el 1,70 frente al 1,24 de las españolas, según datos de los indicadores demográficos básicos del INE. Además, en 2017 los nacimientos de madres extranjeras suponían casi uno de cada cinco de los producidos en España.

También la presencia de hijos de inmigrantes en el sistema educativo se aprecia en las cifras de matriculados extranjeros. En el curso 2017-2018 los extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias suponían el 9% del total. Su presencia en ESO es algo menor (del 7% entre los matriculados en Bachillerato) y muy superior para los ciclos formativos de FP básica (41%) frente a un 7% en Grado Medio y un 1% de los matriculados en Grado Superior, lo que denota distintas pautas de inversión en capital humano de la segunda generación de inmigrantes.

Gráfico 12. Composición del hogar por lugar de nacimiento (2018)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de población activa (EPA), a 1/4/2018.

La emigración de los españoles: ¿nació con la crisis?

Tras la atención mediática que durante los ocho primeros años del siglo XXI se prestó a la inmigración, el cambio de ciclo se acompañó de un boom de noticias acerca de la emigración de jóvenes españoles cualificados y las consecuencias negativas en términos de pérdida de capital humano que implicaba la llamada «fuga de cerebros». La escasez de fuentes empíricas ha dificultado el análisis de este fenómeno, aunque desde la demografía se ha dado buena cuenta del cambio en el ciclo demográfico y del aumento de las salidas de españoles (Domingo y Sabater, 2012; Domingo et al ., 2014; Domingo y Blanes, 2015; González, 2013).

El conocido problema de subrepresentación de la emigración en las fuentes estadísticas disponibles (Miyar, 2011; Valiente y Capitán, 2014) ha generado un debate sobre la magnitud del fenómeno entre los académicos (Bermúdez y Brey, 2017). Por ejemplo, acudiendo a fuentes de los países de destino, González Ferrer (2013) aproxima la cifra de emigrados entre 2008 y 2012 a 700.000, frente a los 225.000 de los registros oficiales. González Enríquez (2013), sin embargo, avala, usando también fuentes de los países de destino, el grado de ajuste de las fuentes españolas. Se trata, sin duda, de un debate aún no resuelto y que solo podrá zanjarse si se solucionan las dudas acerca de la fiabilidad de los registros de emigración españoles, para lo que, indudablemente, es necesario mejorar los incentivos de los emigrantes para registrar el lugar de su nueva residencia.

En todo caso, aunque no aclaren la magnitud precisa de la población española que vive en el exterior, las fuentes estadísticas disponibles sí ofrecen información valiosa sobre el patrón temporal de la migración y las características principales de los que la emprenden. Si bien las personas que registran su salida no constituyen la totalidad del colectivo, es plausible pensar que suponen una muestra notablemente representativa.

En cuanto al patrón temporal de las salidas, de la evolución de las bajas por variación residencial exterior que aparecen reflejadas en la EVR se desprende que la asociación entre emigración de españoles (de nacionalidad y nacimiento español) y cambio de ciclo económico no es tan estrecha ni directa como se ha sugerido en el debate público. Cabe señalar que la tendencia creciente en la emigración de este colectivo se inicia en 2004, en plena expansión económica (véase el gráfico 13). A la luz de los datos agregados, el cambio de ciclo producido entre 2007 y 2008 no implica una aceleración inmediata en las salidas, que se retrasará hasta 2010. Aunque de la evolución se desprenda, en efecto, un mayor ritmo de crecimiento anual de la emigración entre 2010 y 2015, la pauta no supone una ruptura radical con la tendencia previa a la recesión. Desde que en 2015 se alcanzara el máximo de 60.000 salidas de españoles nacidos en España, se ha registrado una clara disminución de la emigración anual (por primera vez en trece años), de modo que en 2017 se situaba en 48.000.

Gráfico 13. Bajas por variación exterior de españoles nacidos en España (2002-2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

El énfasis que algunos trabajos cualitativos ponen en el ciclo económico como desencadenante de esta ola migratoria (Bygnes, 2017; Rodríguez et al., 2015; Jendrissek, 2016) no está suficientemente justificado por los datos, puesto que, aunque se observa una aceleración de la emigración durante la recesión, la pauta creciente se había iniciado durante la expansión económica. Si bien la preocupación sobre la fuga de cerebros era entonces menos acusada y, de hecho, la investigación sobre el tema era aún muy incipiente, ni la atención pública ni el flujo de emigración surgieron con el cambio de ciclo 29 . Supone este un curioso caso de ilusión óptica en el que la omnipresencia de la crisis en el debate público ha cegado toda la discusión previa sobre el fenómeno.

Tener en cuenta la temporalidad del fenómeno es fundamental para su análisis y para realizar un acertado diagnóstico de sus causas. En efecto, la atribución exclusiva de estas últimas a la crisis de empleo puede ocultar la relevancia explicativa de otros factores más vinculados con problemas estructurales de sobrecualificación, bajos salarios y malas condiciones laborales que con problemas coyunturales de empleabilidad. La mayor parte de los trabajos sobre la emigración española reciente han destacado su carácter altamente cualificado (Alaminos et al., 2010; Izquierdo et al ., 2014), a pesar de que son precisamente los universitarios los que han mantenido sus tasas de ocupación durante la recesión con mayor solvencia. Eremenko y Miyar (2019) han puesto de relieve cómo los graduados universitarios españoles que emigran a Europa mejoran su posición relativa respecto de los que se quedan en términos de mejores condiciones laborales, pero no en términos de probabilidad de estar ocupado. Alaminos et al. (2010) también destacan su rendimiento en términos de movilidad social ascendente.

Por otra parte, la composición por edad del colectivo desvela información importante para su caracterización y la de su evolución (véase el gráfico 14). El aumento de la emigración de españoles nacidos en España ha estado liderado por dos grupos de edad: los menores de 15 años y los adultos de mediana edad (de 30 a 44 años). Mientras que en 2002 el grueso de emigrados tenía entre 25 y 29 años y apenas se había registrado la emigración de niños, la de menores de 15 años es apreciable ya en 2007, aunque en 2013 y 2017 es muy superior. Por otra parte, a pesar de que se mantienen los niveles de emigración del grupo situado entre 25 y 29 años, también crece de manera considerable la emigración de los adultos de mediana edad (de 30 a 44 años), que era muy inferior en 2002. En concreto, los de 30 a 34 años superan a los de 24 a 29 tanto en 2013 como en 2017. Esto supone que al perfil de emigrantes jóvenes, que completan sus estudios fuera o que se encuentran en la primera fase de integración en el mercado laboral, se le suman adultos que pueden estar intentando consolidar sus carreras laborales. Además, el incremento conjunto del grupo de adultos y de niños puede sugerir que algunas de estas migraciones se acompañaron de menores. A lo largo de todo el período analizado los principales destinos de las migraciones de adultos jóvenes han sido Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia. Estos destinos, junto con Ecuador, también son los más frecuentes entre los niños, y además, como se ha señalado, entre los nacidos fuera, de lo que se desprende que algunos de estos niños podrían ser hijos de inmigrantes que retornan o que emigran con sus padres inmigrantes a esos otros terceros países.

Gráfico 14. Bajas por variación exterior de nacidos en España con nacionalidad española, por edad (2002, 2007, 2013 y 2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Por último, cabe realizar un apunte sobre las pautas recientes de entrada de los españoles nacidos en España. Aunque solo se dispone de cuatro datos anuales para el período de recuperación (2014-2017), se detectan claros síntomas de aumento de las nuevas residencias de este colectivo desde 2015, el segundo año de la recuperación (véase el gráfico 15). En 2017 se registraron en España como nuevos residentes 35.000 españoles nacidos en este país, 13.000 menos que los que se fueron ese mismo año. Parece que la recuperación puede estar contribuyendo a la vuelta de algunos de los emigrados, aunque en todo caso, y dada la magnitud, su impacto es limitado.

Gráfico 15. Altas por variación exterior de nacidos en España con nacionalidad española (2002-2017)

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR).

Conclusiones

Tras seis años de caída en los flujos de nuevos residentes y del abandono del país de una parte de los inmigrantes, la nueva etapa del ciclo migratorio en la que ha entrado España durante la recuperación económica ha supuesto una revitalización de las entradas de población inmigrante. Igualmente, se detecta un freno en el patrón creciente de salidas que se venía registrando desde antes de la crisis, tanto de población de origen inmigrante como de españoles.

En esta nueva etapa, aunque la presencia de recién llegados ha vuelto a crecer, el grueso de inmigrantes ostenta largas trayectorias de residencia en el país, convive en hogares familiares y disfruta de un grado de integración administrativa muy alto, pero siempre con situaciones muy heterogéneas en función del origen. Representa este un escenario muy distinto al del inicio de la expansión de la inmigración en España.

La crisis ha supuesto una pausa en el desarrollo de la inmigración en el país, pero no una transformación sustancial. Durante la recesión, aunque los flujos de inmigración se redujeron, mantuvieron su carácter eminentemente laboral y contribuyeron a que la salida de inmigrantes, si bien notable, no provocara una reducción significativa del peso de la población inmigrante. La reanudación del dinamismo migratorio que ha acompañado a la recuperación económica ha vuelto a estar liderada por inmigrantes latinoamericanos. Además, parte de estos nuevos residentes parecen ser antiguos inmigrantes que ya habían vivido en España y que han regresado después de un período fuera.

El escenario descrito en este capítulo deja entrever una dinámica migratoria en la que, al tiempo que unos inmigrantes consolidan su residencia en el país, para otros su estancia en España supone tan solo una etapa de su trayectoria, que puede incluir también la emigración a terceros países, el retorno definitivo o la repetición de la migración a España. Se han encontrado evidencias de una mayor emigración de los hombres y de los nacidos en países más desarrollados. Además, entre los que se van, el retorno resulta menos frecuente para los procedentes de países menos desarrollados, como Marruecos, que prefieren instalarse en un tercer país. También se observa que la elección de destinos alternativos podría relacionarse con la existencia de comunidades de compatriotas allí establecidos.

Por último, ante el debate sobre la magnitud de la emigración de españoles y su relación con el ciclo económico, se puede afirmar que el fenómeno, que venía creciendo desde antes del inicio de la recesión, sigue siendo importante durante la recuperación, aunque no solo ha perdido intensidad, sino que también hay síntomas de que algunos de los españoles emigrados pueden estar de regreso. Esto, sumado a su extensión hacia edades más adultas, sugiere que las motivaciones de los emigrantes españoles pueden estar cada vez menos ligadas a la parte inicial de sus carreras y más relacionadas con problemas concretos de consolidación de las carreras profesionales.

Referencias

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27 Este método, en todo caso, tan solo supone una aproximación a las tasas de permanencia. Su exactitud estará mediada por tres factores: 1) la tasa de mortalidad, que se espera baja, dada la juventud del colectivo; 2) la precisión en el cálculo de la población en alta en el PMC (que podría estar sobreestimada, dadas las dudas sobre una posible subestimación de las bajas); y 3) la bondad en el cálculo de las altas desde el exterior, que se considera elevada (Miyar, 2011). Otro elemento a tener en cuenta es que una misma persona puede darse de alta varias veces, como sería el caso de las migraciones circulares o repetidas, en las que se suceden períodos de residencia en el país de origen o destino. De cualquier manera, cada una de esas altas hubiera podido convertirse, potencialmente, en una residencia permanente.

28 La preocupación por la inmigración de la sociedad española se ha mantenido por lo general baja en comparación con otros países europeos, según datos de los eurobarómetros. Solo se han registrado incrementos importantes de la preocupación por la inmigración (como uno de los tres principales problemas del país según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS], por ejemplo) en momentos concretos asociados a llegadas irregulares, como la de la crisis de los cayucos en Canarias en 2006 (D’Ancona, 2016).

29 Sirva como ejemplo de la existencia de atención mediática previa a la crisis y su explosión con el cambio de ciclo las fechas de inicio de los programas de televisión «Madrileños por el mundo», que comenzó en 2005 en Telemadrid, y de su secuela «Españoles por el Mundo», que saltó a Televisión Española en 2009, el segundo año de la crisis.

Los cambios familiares desde una perspectiva comparada

Teresa Jurado Guerrero

Introducción

La familia constituye una parte esencial de la estructura social porque tiene múltiples relaciones con otras instituciones cruciales de dicha estructura, como son el Estado y la economía. La familia cuida y reproduce la fuerza de trabajo de las empresas, demanda bienes de consumo y despliega estrategias de reproducción social. Las desigualdades sociales y la movilidad social están muy marcadas por el origen familiar de las personas. Por un lado, las familias favorecen la continuidad de la estructura social mediante la colocación de sus hijos en posiciones sociales similares o mejores; por otro están siendo protagonistas de profundos cambios, sobre todo porque las mujeres han variado sus pautas educativas, reproductivas y laborales. Las relaciones de género se han transformado y también la legislación familiar, laboral y las políticas públicas que afectan a las familias. El objetivo de este capítulo es analizar el cambio familiar en España desde una perspectiva comparada y teniendo en cuenta las diferencias sociales y de género.

Los cambios familiares acaecidos en los países occidentales en las últimas décadas han sido objeto de varias interpretaciones teóricas que intentan hacer más comprensibles sus diferentes dimensiones. Estas interpretaciones se pueden dividir en dos:

1) Teoría de la Segunda Transición Demográfica (STD) y de la erosión de la familia como institución social (Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 2010).

2) Tesis sobre el avance hacia la equidad de género y un nuevo equilibrio familiar (McDonald, 2000; Esping y Billari, 2015).

Ambas perspectivas asumen que el cambio familiar está relacionado con la expansión del asalariado, la urbanización, la secularización, la expansión educativa, la emancipación femenina, la terciarización y la emergencia de los Estados de bienestar. El relajamiento de las ataduras morales con respecto a la Iglesia, a las comunidades locales y a la familia aumenta las libertades individuales. En este capítulo usaremos las perspectivas de la STD y del nuevo equilibrio familiar como marcos para describir los cambios familiares en España y situarlos en el contexto europeo.

¿Qué se entiende por «segunda transición demográfica»? Dos demógrafos holandeses acuñaron en 1985 este término para describir los cambios demográficos y familiares que observaban desde la década de 1960 en algunas sociedades posindustriales. Estos cambios produjeron novedades en la ocurrencia de importantes acontecimientos demográficos, en su calendario y en la secuencia de sus pautas. Así, muchos acontecimientos propios de la edad juvenil se han pospuesto: el momento de la emancipación familiar, de la entrada en la primera unión, del matrimonio y el primer hijo. Al mismo tiempo, hay acontecimientos que ocurren con menos frecuencia y otros que suceden más a menudo. Por ejemplo, ha aumentado el empleo de las madres y los hogares que no están compuestos por una familia; ha disminuido la propensión al matrimonio, se ha incrementado el número de divorcios, de parejas de hecho y de parejas sin niños. Además, ha crecido el número de niños que se tiene fuera del matrimonio. Por último, se han debilitado las asociaciones entre los diferentes acontecimientos: la emancipación familiar y el emparejamiento están unidas de manera más débil, así como la formación de una unión y la maternidad. Estas variaciones estarían determinadas por los procesos de secularización, individualización, el aumento de valores posmaterialistas y de autorrealización personal (Lesthaeghe, 1995, 2010).

En el sur de Europa los cambios demográficos y sociales no se han dado de la misma forma que en los países septentrionales. En primer lugar, la caída de la fecundidad, el aumento de los divorcios, del empleo de las mujeres y de la fecundidad fuera del matrimonio se iniciaron con unos 10 o 15 años de retraso; en segundo lugar, la solidaridad familiar y el apoyo entre generaciones es más importante que en los países de Centroeuropa (Jurado y Naldini, 1996; 2018). Las últimas dos décadas muestran que en el sur de Europa se han profundizado las tendencias de la STD, aunque persistan ciertas particularidades (Lesthaeghe, 2010).

El mismo autor explica la recuperación de la fecundidad final a niveles de reemplazo generacional en algunos países del centro y norte de Europa, como resultado de una mayor simetría de género y de mayores ayudas públicas que disminuyen los costes de tener hijos. En la misma línea, Esping y Billari (2015) ven este aumento de la fecundidad y cierto incremento de la estabilidad conyugal como un reequilibrio familiar causado por una mayor igualdad de género entre las parejas con mayores niveles educativos y propiciado por una mayor implicación de los hombres en las tareas domésticas y en los cuidados. Poco a poco la igualdad de género se irá difundiendo en las sociedades occidentales desde las parejas más educadas a las menos educadas, y así se alcanzará un nuevo equilibrio familiar. Esta tesis ha recibido críticas por ignorar la creciente polarización social y por centrase en la evolución de los países escandinavos. Se pone en duda que entre las personas más expuestas a condiciones de empleo precarias se pueda alcanzar una mayor igualdad de género y de estabilidad familiar. En Estados Unidos, por ejemplo, se observa un aumento de la desigualdad entre familias y por ello una polarización de las oportunidades educativas de los niños según la clase social (Cherlin, 2016). El objetivo de este capítulo consiste en exponer y probar tres tesis acerca del cambio familiar en España que derivan de las dos perspectivas teóricas:

1. En primer lugar, el cambio familiar en España es más tardío y en muchos aspectos más veloz que en otros países, pero para 2018 se cumplen las predicciones de la STD (tesis de alta velocidad del cambio familiar y de la STD en España).

2. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, se pueden observar dos velocidades en el cambio familiar (tesis del desequilibrio familiar):

a) cambios rápidos, protagonizados sobre todo por las mujeres;

b) cambios lentos en el avance hacia la igualdad de género.

3. En tercer lugar, se puede afirmar que el cambio familiar tiene como principal agente familiar a las mujeres, mientras que los hombres han variado mucho menos (tesis del insuficiente cambio masculino).

A continuación, repasaremos la tesis de la alta velocidad del cambio familiar mediante la comparación del cambio familiar español con dos países europeos con un tipo de Estado de bienestar similar.

El cambio familiar español desde una perspectiva comparada

Aunque los países del sur de Europa mantienen ciertas particularidades familiares, principalmente porque el Estado de bienestar apoya a las familias menos que en otros países europeos, se puede afirmar que, en 2018, España ha realizado la Segunda Transición Demográfica de forma similar a los países pioneros. En la tabla 1 se puede observar la velocidad del cambio familiar en España entre 1980 y 2017 con respecto a diferentes comportamientos familiares y en comparación con dos países europeos con un inicio más temprano. Hasta el año 2000 la mayoría de los indicadores muestran un cambio igual o más veloz en España, comparado con Francia y Alemania, a excepción de la edad del primer matrimonio. Los cambios más veloces se han dado en el retraso de la edad a la que se contrae el primer matrimonio y se tiene el primer hijo, en la disminución del índice de fecundidad y en el aumento de la ocupación femenina, la ruptura familiar, la fecundidad extramarital y la tasa de hogares unipersonales. En el año 2000, en España, las mujeres retrasaban más el momento de tener el primer hijo y había una mayor proporción de mujeres sin hijos al final de su vida fecunda comparado con Alemania y Francia, pero en los demás indicadores de la STD España aún estaba por detrás de sus dos vecinos europeos. La tardía emancipación residencial de los jóvenes es una particularidad del sur de Europa con raíces históricas más profundas que con anterioridad se han compaginado con tasas de fecundidad altas, como muestran los datos de 1980.

Tabla 1. Indicadores de cambio familiar en España, Francia y Alemania (1980-2017)

Años aproximativos

Indicador

País

1980

1990

2000

% cambio 1980-2000 12

2010

2017

% mujeres jóvenes no emancipadas (25-29 años)1

España

35,3

47,6

50,4

42,8

43,6

56,5

Francia

8,4

10,3

7,2

-14,3

14,4

17

Alemania

11

12,7

23,8

116,4

15,6

20

Edad media al primer matrimonio (mujeres)2

España

23,5

25,3

28,1

19,6

30,9

33,2

Francia

23

25,6

28,4

22,2

30,7

32,2

Alemania

22,9

25,3

27,7

18,8

29,8

31,2

Edad media al primer hijo3

España

24,6

26,5

29,1

18,3

29,8

30,9

Francia

24,9

27

27,8

12,0

28,1

28,7

Alemania

25

26,6

28

12,0

28,9

29,6

Índice sintético de fecundidad4

España

2,2

1,36

1,25

-43,2

1,37

1,31

Francia

1,95

1,78

1,89

-3,1

1,39

1,90

Alemania

1,56

1,45

1,31

-16,0

2,03

1,57

% mujeres de diferentes cohortes sin hijos5

España

16

14

15

-6.25

19

24

Francia

12,4

11,3

9,5

-23,4

11,3

-

Alemania

11,6

12,6

14,1

21,6

18,9

-

% de niños nacidos fuera del matrimonio6

España

3,5

9,6

17,7

405,7

35,5

46,8

Francia

11,4

30,1

42,6

273,7

55,0

59,9

Alemania

11,9

15,3

23,4

96,6

33,3

34,7

% uniones consensuales de hogares de pareja7

España

5,7

14,2

-

Francia

-

24,4

-

Alemania

10,3

14,0

-

Tasa de divorcio (divorcios por cada 100 matrimonios)8

España

4,7

10,5

17,4

270

62

56

Francia

-

-

38,2

-

53,2

55

Alemania

32,4

30

46,4

43

49

39,6

% hogares unipersonales9

España

13,5

16,3

24,8

83,7

23,2

25,5

Francia

30

31,6

5,3

33,8

35,3

Alemania

34

36,2

6,5

37,3

41,8

% hogares monoparentales10

España

1

1

0,0

5,9

10,1

Francia

3

3

0,0

7,3

8,9

Alemania

2

2

0,0

5,5

6,3

Tasa de ocupación (mujeres de 25 a 54 años)11

España

28,9

37,2

54,2

87,5

63,9

68,6

Francia

59,5

65,1

71,6

20,3

76,8

76,1

Alemania

53,3

59,6

71,8

34,7

76,4

80,6

NOTA : en gris se ha sombreado la velocidad del cambio 1980-2000.

1. Datos de 1980 y 1990 de Fernández Cordón, 1997. Datos de 2010 y 17 de Eurostat, ilc_lvps08, extracción, abril 2019.

2. Datos de1980 y 1990 de Eurostat, 2001. Datos de 2000, 2010 y 2017 de Eurostat, demo_nind, extracción abril 2019.

3. Datos de 1980 y 1990 de Eurostat, 2001. Datos de 2000, 2010 y 2017 de Eurostat, demo_find, extracción abril 2019.

4. Datos de1980 y 1990 de Eurostat, 2001. Datos de 2000, 2010 y 2017 de Eurostat, demo_nind, extracción abril 2019.

5. Datos de 1980 a 2017 se refieren a la generación de mujeres nacidas respectivamente en 1930-1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969 y 1970-1971 (1937-1946, 1947-1956, 1957-1966, 1967-1971 para Alemania). Fuente: Cohort Fertility and Education Database (http://www.cfe-database.org/ , extracción abril 2019).

6. Datos de1980 y 1990 de Eurostat, 2001 y 2002a, Datos de 2000, 2010 y 2017 de Eurostat, demo_nind, extracción abril 2019.

7. Todos los datos de Eurostat, cens_01nhctzcomp y cens_11htts_r2, extracción, abril 2019.

8. Todos los datos de Eurostat, demo_ndivind, extracción abril 2019.

9. Datos de 1990 de Eurostat 1999. Datos de 2000 de Eurostat 2003 y de 2010 a 2011 de Eurostat, cens_11htts_r2, extracción abril 2019. Los datos españoles provienen de los censos y de la Encuesta continua de hogares. Los datos franceses Insee Références, TEF, édition 2019. Para Alemania, Destatis, Haushalte und Familien, 2017, extracción, abril 2019.

10. Hogares monoparentales incluyen a hijos menores de 16 años o hasta 24 años si son inactivos. Datos de 1990 de Eurostat 1999 y Lehmann y Wirtz 2004. Los datos de 2011 incluyen a hijos menores de 25 años de Eurostat, cens_11htts_r2, extracción abril 2019. Los datos españoles para 2018 son para hijos de todas las edades de INEbase, Encuesta continua de hogares, extracción abril 2019. Los datos franceses de 2017 se refieren a hijos de todas las edades (Insee Références, TEF, édition 2019). Los datos alemanes de 2017 incluyen a hijos de todas las edades, Destatis, Haushalte und Familien, 2017, extracción, abril 2019.

11. Datos de 1980 y de 2000 de OECD 1996 y 2004. Datos de 2017 de OECD, Short-Term Labour Market Statistics, extracción abril 2019.

12. Proporción de la diferencia entre 2000 y 1980.

Si nos fijamos en los cambios posteriores al año 2000 y comparamos España en 2017 con Francia y Alemania, vemos que España ha alcanzado o superado a Alemania (y a Francia) respecto de la fecundidad fuera del matrimonio, las uniones consensuales, la tasa de divorcio y los hogares monoparentales. Solo estamos por debajo de los indicadores alemanes en cuanto a la proporción de hogares unipersonales y a la tasa de ocupación femenina. Sorprendentemente, España ha superado a Francia y a Alemania en cuanto al enorme retraso en la formación familiar y en la muy baja fecundidad. El matrimonio no solo se retrasa, sino que pierde fuerza, como muestra el alto nivel de niños nacidos fuera del matrimonio y la muy elevada tasa de divorcios, lo que guarda relación con nuestra mayor tasa de hogares monoparentales.

Con respecto a los cambios culturales, en España observamos altos niveles de tolerancia hacia formas familiares nuevas que incluso superan los niveles de países del norte de Europa. La vida cotidiana y familiar ya no es juzgada, sobre todo entre las generaciones jóvenes, según normas religiosas y tradicionales, sino que se considera un aspecto privado en el que se aceptan diferentes modelos de organización familiar. Esta tolerancia cultural está ligada a la fuerte secularización de la sociedad española durante las últimas décadas. La proporción de no creyentes se ha disparado entre las personas nacidas después de 1980, que se declaran no creyentes en un 50%, frente al 10% de las cohortes nacidas antes de 1950. Además, ha aumentado el número de creyentes no practicantes, que en 2017 se sitúa en un 60% de los creyentes. Estos cambios permiten entender que la celebración de matrimonios civiles haya pasado de ser minoritaria hasta hace poco a constituir el 80% en la actualidad (Informe Ferrer i Guàrdia, 2018). Seguramente, esta fuerte secularización ayude a entender que en julio de 2005 España se convirtiera en el tercer país del mundo, después de Holanda y de Bélgica, en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

También han cambiado las actitudes con respecto al trabajo remunerado de la mujer, pues se ha generalizado la idea de que ambos cónyuges deben contribuir a los ingresos del hogar, incluso cuando hay menores. A finales de la década de 1990, en España la mayoría de las personas afirmaba estar de acuerdo con el empleo de la mujer cuando había menores, mientras que en países como Austria y Alemania menos de un tercio de la población compartía esa idea. Con datos de la Encuesta de valores de 2011 se confirma que la cultura de género en España es igual o más igualitaria que en Alemania; en concreto, hay más personas que niegan que un niño en edad preescolar sufra cuando su madre está empleada (Grunow y Veltkamp, 2016). Por todo lo expuesto podemos concluir que se confirma la tesis de alta velocidad del cambio familiar y de la aplicación de la STD a España . Profundizamos a continuación en el cambio macrosociológico de la familia, en la estructura por hogares.

Evolución de los tipos de hogares

Las familias españolas constituían hogares con muchos miembros cuando las tasas de fecundidad eran altas y también, tradicionalmente, había un mayor número de hogares extensos (un núcleo familiar 30 más otros parientes) y polinucleares (dos o más núcleos familiares de diferentes generaciones) en comparación con otros países europeos. Esto permitía al padre de familia ejercer un control social importante sobre hijos y mujeres a la vez que fomentaba la solidaridad intergeneracional. Durante la crisis económica de la década de 1980 los hogares extensos conocieron un cierto renacimiento debido a las necesidades de muchas familias de acoger a parejas jóvenes en el hogar paterno de uno de ellos a causa de la carestía de la vivienda, las dificultades para acceder al mercado de trabajo y la extensión del trabajo precario entre los jóvenes (Requena, 1995; Garrido y Requena, 1996; Jurado, 2001). Esta situación cambió a lo largo de la década de 1990 como muestra la disminución de los hogares polinucleares entre 1991 y 2002, en buena medida debido al leve aumento de la proporción de jóvenes emancipados a partir de mediados de dicha década (Requena, 2002). La Gran Recesión retrasó de nuevo la emancipación juvenil, como muestra el 56% de mujeres jóvenes no emancipadas en el año 2017 (véase la tabla 1). Los hogares han ejercido reiteradamente su función de apoyo intergeneracional ante el aumento del desempleo y la precariedad laboral juvenil, que en la última crisis alcanzaron sus valores más altos en el año 2013 y en 2015 respectivamente (Jurado y Echaves, 2017).

A pesar de la tardía emancipación juvenil, el tamaño medio de las familias españolas ha ido disminuyendo. En 1900 alcanzaba 3,9 personas; en 1950 eran 3,7 personas y 2,9 personas en 2002. Se ha reducido su tamaño medio en una persona en tan solo un siglo (Requena, 2004). En 2017 España presentaba una media de 2,5 personas por hogar y se situaba por encima de la media de la UE 28, pero por debajo de algunos países del Este y de Irlanda (Eurostat, 2018). Los hogares son de menor tamaño por varios motivos: porque las parejas tienen menos hijos, porque los hogares son menos complejos y porque aumentan los hogares sin núcleo familiar, las parejas sin hijos y los hogares monoparentales.

El gráfico 1 muestra que en 2018 se produce una gran diversidad familiar. Hay pocas familias extensas y polinucleares. Además, desde 1991 no han cesado de disminuir los hogares con hijos, pasando del 58%, en 1981, al 34% en 2018.

Gráfico 1. Estructura de los hogares en España, 2018

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta continua de hogares (ECH), INEbase, consultado en abril de 2019.

Han cobrado protagonismo los hogares unipersonales y monoparentales, que en el censo de 1970 rondaban ambos el 10%, mientras que en 2018 suman el 36% de los hogares. La cifra de hogares unipersonales disminuyó algo durante la crisis (véase la tabla 1). Antes, los de tipo unipersonal estaban constituidos básicamente por personas mayores. Desde 1987 los hogares compuestos por una persona de entre 30 y 64 años crecen continuamente y, según el censo de 2001, ya eran mayoría (Requena, 2004), aunque no para ambos géneros. Durante la crisis y en la recuperación, los hogares unipersonales masculinos se encontraban formados mayoritariamente por hombres de menos de 65 años, pero entre los femeninos dominaban las mayores de 65 (véase el gráfico 2). La mayor longevidad de las mujeres influye en que en 2018 hubiese 2,5 millones de mujeres viviendo solas, frente a 2,1 millones de hombres. En el caso de los hombres, hay más divorciados/separados (16,6%) que entre las mujeres (9,2%), y entre estas hay más viudas (véase el gráfico 2). Las mujeres divorciadas forman muchas veces un hogar monoparental porque, a pesar del aumento de las custodias compartidas, las madres siguen teniendo en su mayoría la custodia (véase el apartado 7).

Gráfico 2. Tasas de hogares unipersonales por sexo, edad y estado civil, 2013/2018

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta continua de hogares (ECH), INEbase, consultado en abril de 2019.

En España, los hogares monoparentales crecieron de un 5,7% a un 8,1% de los nucleares entre 1981 y 2001, para alcanzar, en 2018, el 10,1%. Estos hogares están en su inmensa mayoría encabezados por madres (82% en 2018). El millón y medio de hogares monomarentales se reparte casi a partes iguales entre madres que no viven con su (ex)pareja (43%) y las que son viudas (42%). Solo un 15% del total son madres solteras que viven solas con su(s) hijo/a(s). Entre los pocos padres que forman un hogar monoparental (300.000 hogares), la estructura por estado civil es similar a la de las madres, aunque hay menos padres solteros y algunos más que no viven con su (ex)pareja. Los hogares monoparentales presentan un mayor riesgo de caer en la pobreza y una mayor tasa de privación en comparación con los compuestos por dos progenitores, un riesgo que se agrava durante la Gran Recesión, aunque ya existía antes (Ayllón, 2015).

En resumen, la reducción del número de miembros que componen los hogares españoles se explica, fundamentalmente, por dos factores. En primer lugar, por la menor presencia de hijos debido a la intensa caída de la fecundidad; en segundo lugar, debido al aumento de las personas solteras, separadas y divorciadas que forman hogares unipersonales y monoparentales. Hasta finales de la década de 1990 los hogares unipersonales habían aumentado debido a las pensiones de vejez que, por primera vez en la historia de España, permitían que los ancianos, y en particular las ancianas, pudiesen vivir solas. En las últimas dos décadas son sobre todo los cambios biográficos de las mujeres los responsables del cambio de la estructura familiar, ya que hay muchas de ellas, con altos niveles educativos, que no se emparejan, retrasan u omiten la maternidad y se separan o se divorcian de tal manera que pasan a vivir en hogares unipersonales o monoparentales. Profundizamos, a continuación, en los cambios biográficos de las mujeres a lo largo del ciclo vital, empezando por la educación.

Expansión educativa y empleo de las mujeres

La creación de un Estado de derecho con igualdad formal para hombres y mujeres, la modernización de la economía española, en particular su terciarización, el control voluntario de la fecundidad y el consumo de masas forman un contexto que promovió el trabajo remunerado de las mujeres desde la transición democrática. También la importación del cambio cultural de Europa occidental, a través del turismo, la emigración y los medios de comunicación, favoreció la creación de nuevos estándares de consumo. Con posterioridad, el desarrollo del Estado de bienestar y la expansión educativa han constituido el mayor motor del empleo femenino y del cambio familiar (Garrido, 1993).

«Sorpasso» educativo y avance ocupacional limitado de las mujeres

En este contexto las mujeres aumentan, asimismo, su participación en el sistema educativo. Por un lado, porque la educación se convierte en el mecanismo dominante de la reproducción social, incluso entre las familias de agricultores con explotaciones familiares (Carabaña, 1993; Gómez y González, 2002), y por otro, porque las recurrentes crisis empleo de las décadas de 1980 y 1990 y de 2008 empujan a muchos jóvenes a continuar la educación ante la falta de posibilidades de inserción laboral (Garrido, 2004; Jurado y Echaves, 2017). La expansión educativa española ha sido muy rápida y ha significado un verdadero vuelco formativo. De las mujeres nacidas entre 1936 y 1940, un 28% no tenía estudios, mientras que de las nacidas entre 1976-1980 solo un 5% estaba en esa situación. Las mujeres nacidas entre 1976 y 1980 fueron las primeras en alcanzar mayores niveles educativos que sus coetáneos masculinos, ya que un 71% de estas tiene al menos una titulación de educación secundaria superior, es decir, bachillerato, formación profesional o universidad, mientras que, de ellos, solo un 61% alcanza estos niveles. Desde la cohorte nacida entre 1955 y 1960, las mujeres incluso superan a los hombres en el acceso a una titulación universitaria. Por lo tanto, han protagonizado un sorpasso formativo, ya que han sabido aprovechar más que ellos la escolarización como vía de adquisición de conocimientos, de ascenso social y de empoderamiento.

Desde una perspectiva comparada, España converge con el resto de la UE en cuanto al porcentaje de personas que tienen un nivel igual o superior a la enseñanza secundaria de segundo nivel (Formación Profesional [FP] o bachillerato), pero no en cuanto a las proporciones de jóvenes que tienen un nivel inferior a este, que sigue siendo de las más altas de la UE (Garrido, 2004; Jurado y Echaves, 2017). Este abandono escolar temprano, es decir, dejar de estudiar al alcanzar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o antes, es un problema que afecta sobre todo a los hombres, aunque también a una alta proporción de mujeres. En el gráfico 3 se pueden ver los niveles educativos alcanzados por las mujeres en España según grupos de edad, de tal forma que a la izquierda tenemos a las cohortes que aún se están formando a partir de los 25 años, a las mujeres ya formadas y en edad fértil, y a la derecha a las que se educaron durante transición democrática o el tardofranquismo. Del 25 al 28% de mujeres en edad fértil no se formaron más allá de la escolarización obligatoria, por lo que les costará más trabajo encontrar un empleo estable y bien remunerado. Esta alta tasa de abandono escolar temprano influye en una mayor persistencia de familias tradicionales en España, en comparación con otros países europeos, ya que el bajo nivel de educación está relacionado con un bajo nivel de hogares de dos sustentadores (Franco y Winqvist, 2002; Sánchez, 2016b). Por otro lado, el impresionante aumento de mujeres con una titulación de educación superior explica el continuo incremento de la tasa de ocupación femenina y de las parejas de dos ingresos.

Gráfico 3. Estructura educativa de las mujeres por grupos de edad, 2018

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA), anual, INEbase, 2018.

Este impresionante aumento del nivel educativo de las mujeres tiene consecuencias muy significativas, ya que las que presentan niveles educativos más altos suelen tener tasas de empleo también más altas y siguen pautas de ocupación más continuas a lo largo del ciclo vital y, por lo tanto, son más similares a las masculinas. En 2018 las mujeres con un nivel de educación superior muestran tasas y pautas de empleo prácticamente igual de continuas que la media de los hombres, como se observa en el gráfico 4. Además, este grupo de mujeres ya representa la mitad de la población femenina en edad fértil y los dos niveles educativos que le siguen también mantienen altas tasas de empleo (alrededor del 70%) durante la etapa central del ciclo vital. Por lo tanto, un 70% de las mujeres mantiene unas tasas de empleo muy elevadas durante su ciclo vital, de tal manera que podemos afirmar que el empleo femenino ha cambiado radicalmente en su conjunto. En comparación, la tasa de empleo global de 1990 por grupos de edad muestra cómo hace tres décadas el nivel de empleo femenino no solo era muy inferior al actual, sino que, además, muchas más mujeres abandonaban tales empleos a medida que avanzaban en el ciclo vital 31 . No obstante, no se debe olvidar la polarización educativa de las mujeres, que repercute en su acceso al empleo y, como consecuencia, en una cierta polarización de la estructura familiar, como se explicará más adelante.

Gráfico 4. Tasas de empleo femeninas por nivel educativo y grupo de edad, 2018

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA), anual, 2018 y segundo trimestre de 1990.

El aumento de la tasa media de empleo de las mujeres en edades centrales desde el 29% en 1980 al 69% en 2018 (véase la tabla 1) se debe sobre todo al vuelco formativo y, mucho menos, al aumento del empleo femenino a tiempo parcial, que en las últimas décadas pasa del 17% al 24%. Esta tasa es comparativamente baja porque el tiempo parcial se concentra en sectores poco cualificados y en gran medida es involuntario. En muchos países de Europa septentrional el trabajo a tiempo parcial representa un alto porcentaje del empleo femenino: un 76% en Países Bajos, un 46% en Alemania, un 34% en Suecia y un 30% en Francia (Eurostat Database, lfsa_eppga, 2019). En España los empleos a tiempo parcial se caracterizan por condiciones laborales y salariales poco atractivas. Por el contrario, en Suecia el tiempo parcial sobre todo se usa para conciliar el empleo con la vida familiar, manteniéndose estándares altos de trabajo; en Francia ocurre algo similar y se combina con trabajos a tiempo parcial poco cualificados y mal remunerados. En Alemania y Holanda, la alta difusión del tiempo parcial femenino obedece en especial a la lógica de la división del trabajo por sexos, en la que las madres reducen su empleo para dedicarse a los cuidados de los menores, pues se externalizan poco (Sánchez, 2016a).

En los países del sur de Europa, cuando llega la primera criatura, las madres tienen que elegir con más frecuencia que en otros países entre una carrera ocupacional continua a tiempo completo o el abandono del trabajo remunerado, ya sea hacia la inactividad económica (ca. 20%) o hacia el desempleo (ca. 10%) (Gutiérrez-Domènech, 2005). Las mujeres españolas de 20 a 49 años con algún hijo entre 0 a 14 años siguen manteniendo tasas de empleo inferiores a sus coetáneas de países de la Europa septentrional como Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido, aunque hay más madres trabajando a tiempo completo en España que en Alemania, Holanda y Reino Unido (OECD, 2019a). La consecuencia de tener que elegir entre trabajo a tiempo completo o abandono del mercado laboral es la relativamente alta difusión de parejas de un único sustentador en España, que en 2014 alcanzaban el 34% de las parejas con menores de 0-14 años (OECD, 2019b). ¿Cómo se refleja la polarización educativa en las pautas de empleo de las mujeres?

Diversidad social de las pautas laborales femeninas

En la década de 1990 se podían distinguir tres pautas laborales femeninas: la pauta tradicional, la secuencial y la simultánea: en el primer caso, se interrumpe el trabajo por motivos familiares; en el segundo caso, también, pero se reanuda con posterioridad; en el tercer caso, se continúa el trabajo remunerado a lo largo del ciclo vital. En las últimas décadas las pautas tradicionales han disminuido, mientras que las pautas secuenciales y simultáneas han aumentado. Las secuenciales se han dado con más frecuencia entre mujeres con niveles educativos altos y entre las que tenían una pareja en la que el hombre solo poseía educación primaria (González, 2001). Durante la Gran Recesión muchas mujeres se han tenido que incorporar al empleo o no se han podido retirar para contrarrestar el desempleo de sus parejas.

El abandono del trabajo remunerado guarda una estrecha relación con la presencia de hijos en el hogar, con su edad y su número 32 . Las mujeres con educación obligatoria y secundaria son justo aquellas cuyas tasas de ocupación están más influidas por el número de hijos, de modo que, a mayor número de hijos, menor tasa de ocupación. La influencia del número de hijos es mucho menor en la ocupación de las mujeres universitarias en esos tramos de edad. El momento crítico de cara al empleo se sitúa en el nacimiento de la primera criatura, aunque la brecha entre el empleo de las mujeres emparejadas sin hijos y aquellas con una criatura menor de cuatro años ha disminuido de forma importante durante los años de la Gran Recesión (González, 2015). Estar ocupada a tiempo completo, tener una cierta antigüedad en el empleo, un contrato indefinido, un empleo público, trabajar en una gran empresa, tener estudios universitarios o de secundaria de segundo nivel refuerza la permanencia en el empleo de las mujeres después del nacimiento del primer y del segundo hijo (Lapuerta, 2012; Gutiérrez, 2005). Estos resultados concuerdan con la idea de la existencia de mayores costes de oportunidad de dejar el empleo para las mujeres con niveles educativos y ocupacionales altos. Asimismo, estas mujeres tienen una mayor capacidad adquisitiva para pagar servicios domésticos y de cuidados infantiles. En las grandes empresas y en el sector público la capacidad de negociación con el empleador de las mujeres trabajadoras también suele ser mayor por estar mejor cubiertas por convenios colectivos y contar con representación sindical.

El derecho a una reducción de jornada o a una excedencia sin remunerar representan formas de conciliar el empleo y los cuidados de menores de particular importancia en España debido al poco atractivo de los empleos a tiempo parcial. Se trata de derechos estatutarios que permiten acogerse a una excedencia no remunerada durante los primeros tres años de vida de la criatura o a una reducción de jornada hasta que la/el menor cumple 12 años 33 . Según Lapuerta (2012), que analiza el uso de estos dos derechos con datos longitudinales para 2005-2008, un 21% de las madres primerizas había hecho uso de alguno de los dos derechos o de ambos de manera sucesiva durante los dos años posteriores al parto, en especial un mayor uso de la reducción de jornada que de la excedencia. Después de tener una segunda criatura, la tasa de uso era similar. De nuevo, esta vía de permanencia en el empleo con breves ausencias la utilizan más las mujeres en grandes empresas con contratos indefinidos y mayor antigüedad en el empleo. Por lo tanto, aunque estos derechos están garantizados por el Estatuto de los Trabajadores a todas las empleadas, solo los usan las que tienen mejores condiciones laborales. Similares resultados respecto del mayor uso de la reducción de jornada por parte de mujeres en empleos con contratos permanentes y en grandes empresas encuentra Fernández Kranz (2018) con datos de 2015. Se puede concluir que las mujeres con buenos empleos no solo tienen mayores costes de oportunidad si los abandonan, sino que, además, encuentran más facilidades para conciliar empleo y cuidados que las mujeres con peores condiciones laborales. Esto profundiza las desigualdades sociales entre las mujeres.

Las pautas de empleo de las mujeres no solo dependen de cómo son ellas, sino también de sus parejas y de la cercanía de las abuelas. En las parejas en las que el hombre tiene mayores recursos de mercado (medido a través del nivel educativo o del estatus ocupacional) que la mujer, esta presenta una mayor propensión a seguir una pauta de división del trabajo tradicional, con independencia de su nivel educativo, de su tipo de contrato laboral previo y del número y edad de los hijos, si bien dicha pauta se acentúa si hay niños menores de tres años (González, 2001). La posición laboral del marido también influye. Ibáñez (1999) encuentra una cierta tendencia de las mujeres dedicadas a las tareas del hogar a estar casadas con trabajadores no cualificados y con los empleados por cuenta propia. Otro estudio muestra la importancia de las abuelas en la continuidad de la carrera laboral de la madre, ya que cuando hay abuelas presentes en el hogar la probabilidad de abandono del empleo es menor (Alba y Álvarez, 2004).

En resumen, los estudios sobre el empleo femenino muestran que la educación de la mujer, el tipo de empleo que ocupa, su itinerario laboral, el tipo de pareja que forma y la presencia de hijos pequeños determinan su permanencia en el mercado laboral o su dedicación al trabajo no remunerado. Las mujeres con mayores costes de oportunidad de abandonar su empleo, porque tienen mejores condiciones laborales, son las que cuentan con mayores probabilidades de seguir empleadas a lo largo del ciclo vital en comparación con las mujeres para las que sale más a cuenta retirarse temporal o indefinidamente del empleo para cuidar de sus hijas o hijos.

Cambios y desequilibrios en la división sexual del trabajo

La división sexual del trabajo ha cambiado bastante en España, tanto a nivel de preferencias como de prácticas. Algunos cambios son nítidos y muestran un corte generacional, mientras que también aparecen ambivalencias, sobre todo en cuanto a los mandatos de género. Un cambio generacional nítido es la devaluación de la familia de proveedor masculino y mujer ama de casa como ideal. Pocas mujeres consideran esta familia como su ideal, aunque haya menores de seis años en el hogar. En 2012 la familia de sustentador masculino se consideraba la más adecuada si había menores en edad preescolar por parte de un 13% de las mujeres por debajo de 50 años, frente al 31% de las mayores de 49 (Moreno et al., 2018). En correspondencia, ha aumentado el apoyo a las familias de doble ingreso y a los arreglos familiares simétricos. El apoyo femenino a la afirmación «Una madre que trabaja puede tener con sus hijos una relación tan cálida y estable como una madre que no trabaja» alcanzaba el 70% en 2012 (Castro et al., 2018). No obstante, sabemos que hay una discrepancia entre ideales y prácticas que se explica por varios motivos: 1) los ideales igualitarios encuentran mayor apoyo entre las mujeres que entre los hombres, por lo que muchas de ellas tienen que convencer a sus parejas para poner en práctica sus ideales; 2) el contexto institucional se ha adaptado solo de manera parcial a esos ideales porque el Estado de bienestar señala a las mujeres como cuidadoras principales al mantener un permiso de maternidad más largo que el de paternidad, no ofrecerse suficientes plazas en los servicios de educación infantil para los menores de tres años, desincentivarse el uso de las excedencias y la reducción de la jornada por guarda legal por no ofrecer una remuneración que reemplace los ingresos y ofrecerse incentivos fiscales para la familia de proveedor masculino (Pazos, 2013) 34 ; 3) el contexto laboral español se caracteriza por horarios largos, un alto porcentaje de ocupaciones con horarios atípicos y una oferta limitada de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación del empleo con la vida personal, en comparación con otros países (European Commission, 2014; Eurostat Database, 2019; lfsa_esegatyp); 4) los mandatos de género y las dificultades de conciliación se refuerzan cuando nace la primera criatura (González y Jurado, 2015).

Por todo esto, en el gráfico 5 se observa una polarización entre los menores según los hogares en los que viven. Por un lado, el 38% de ellos vive en un hogar con dos adultos empleados a tiempo completo. Por otro lado, los hogares de un proveedor (masculino) no solo han dejado de ser el ideal mayoritario, sino que, en 2014, los menores de 15 años en ese tipo de hogar tradicional suponían un 32%, mientras que en 1999 aún representaban la mayoría. Además, en muchos de estos hogares las madres no son amas de casa, sino desempleadas. Durante la Gran Recesión las mujeres en España no pasaron a engrosar las filas de la población económicamente inactiva, sino el grupo de desempleadas, al tiempo que aumentó el empleo a tiempo parcial involuntario (Naldini y Jurado, 2013). Por ello, también vemos que se ha duplicado la proporción de menores que vive en un hogar en el que un adulto trabaja a tiempo completo y el otro (la madre) a tiempo parcial.

Gráfico 5. Proporción de menores según empleo de los adultos en hogar, 1998-2014

FUENTE : elaboración propia con LMF 1.1 HHEmpStatus_Couple, OECD, abril de 2019.

NOTA : Menores de 15 años. No se incluye a los menores que viven en hogares complejos o monoparentales.

Sánchez (2016a) ha estudiado el reparto sexual del empleo desde 2005 hasta 2012 y muestra que España pertenece al grupo de países con una división del empleo polarizada (dual y tradicional) frente a otros países con predominio de arreglos de doble sustentador (muchos del este y Portugal), países con arreglos de doble sustentador y tiempo parcial extenso (mayoría de países nórdicos y Francia), y los países neotradicionales, con predominio de hombre proveedor económico principal y mujer no empleada o empleada a tiempo parcial (Alemania y otros países centroeuropeos). En España, más mujeres consiguen alcanzar el ideal de un reparto igualitario del empleo cuando son jóvenes, cuando no tienen hijos y cuanto mayor es su nivel educativo, y más en Baleares, Cataluña y Madrid (Sánchez, 2016b). La distribución del empleo entre cónyuges influye enormemente en cómo se reparte el trabajo no remunerado, ya que muchas parejas utilizan las horas de trabajo remunerado como criterio para el reparto del trabajo no remunerado.

Hay varias perspectivas teóricas que intentan explicar cuándo consiguen las parejas repartir de forma similar el trabajo no remunerado, esto es, básicamente las tareas domésticas y el cuidado de dependientes. Se suele explicar por separado el reparto de tareas domésticas rutinarias y el cuidado de menores, ya que el primero se refiere a tareas más tediosas y desagradables que el cuidado, sobre todo si se trata de cuidado infantil lúdico y educativo. No obstante, en ambos casos se ha comprobado que los recursos de la mujer (nivel educativo, ingresos, condiciones laborales, ocupación y propiedades), por sí mismos o en relación con los recursos de la pareja, influyen de forma muy importante en cómo se reparte el trabajo no remunerado. El tiempo disponible, las actitudes de género de ambos, la presencia de menores y las condiciones contextuales también se han mostrado como factores que predicen el reparto del trabajo doméstico (González y Jurado, 2009; Sevilla et al., 2010; Ajenjo y García, 2011; Domínguez, 2012; González y Jurado, 2015; Fernández Lozano, 2018). Para analizar el reparto del trabajo no remunerado, las Encuestas de empleo del tiempo (EET) son las más adecuadas porque miden con mayor exactitud cuánto hace cada persona. Una de las limitaciones de estas encuestas es su incapacidad para determinar quién se responsabiliza de la organización y supervisión del trabajo a realizar. Aunque algunos hombres participen bastante en los cuidados, no significa que se responsabilicen de ellos. En muchos casos actúan como «padres ayudantes» y no como «padres corresponsables», por lo que es importante el estudio cualitativo de las parejas de dos sustentadores. La última EET data de 2010 y nos ofrece información para el estudio de cuándo los hombres se implican más en el trabajo no remunerado.

En primer lugar, entre 2003 y 2009 ellos han incrementado su participación en tareas domésticas entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tipo de pareja, pero parece que no ha aumentado el tiempo que dedican a los cuidados de menores y mayores (Ajenjo y García, 2014). Las brechas de género siguen siendo muy importantes, incluso en aquellos hogares en los que ambos miembros de la pareja trabajan y no hay menores, como muestran los últimos datos disponibles. Por supuesto, el trabajo no remunerado se reparte menos en los hogares en los que ella no está empleada (Ajenjo y García, 2011; Castro et al., 2018). En los hogares de dos sustentadores los hombres también dedican menos horas al trabajo no remunerado que las mujeres, aunque cuando no hay menores la suma de trabajo remunerado y no remunerado de ambos es similar (véase el gráfico 6). Esto es un reflejo de que las horas de trabajo fuera de casa son un criterio recurrente para decidir explícita o implícitamente la cantidad de tareas domésticas que hace cada cual (Domínguez et al., 2017). Cuando hay menores en el hogar, ellas dedican 2,3 horas y ellos 2,4 horas más a la semana al trabajo no remunerado, frente a los hogares sin niños, pero como ellas ya hacían más, las madres realizan de media 17 horas más de trabajo no remunerado a la semana que los padres.

Gráfico 6. Horas de trabajo semanales de trabajo remunerado y no remunerado en hogares de dos ingresos, según sexo y presencia de hijos, 2015

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta nacional de condiciones de trabajo , 2015.

¿Cuándo se implican más los hombres en las tareas domésticas? Según un estudio con datos de la EET de 2003, la media de los hombres se encarga del 30% del trabajo doméstico realizado por ambos miembros de la pareja y menos de un cuarto de los hombres (17%) se encarga de la mitad o más de las tareas domésticas. La implicación de ellos depende mucho de cómo sea su pareja. La contribución masculina es mínima cuando la pareja no tiene un trabajo remunerado. Entre las parejas de dos ingresos, los hombres realizan más tareas rutinarias cuanto más cortas son sus jornadas laborales, si son continuas y si los hombres son empleados públicos. Curiosamente, no parece relevante que la mujer tenga mayores ingresos que su pareja, sino que tenga ingresos altos, con independencia de lo que él gane (González y Jurado, 2009). Esto está muy ligado a la capacidad de poder contratar a una persona, casi siempre a una mujer, para que realice una parte del trabajo doméstico rutinario. Así, el aumento del nivel de estudios de las mujeres facilita que ellas realicen menos tareas domésticas, tanto porque incrementan su poder de negociación como porque son las que más contratan a otra mujer para la realización de una parte de las tareas (Ajenjo y García, 2011; Domínguez, 2012). Es decir, la igualdad de género en las parejas de dos ingresos se consigue a costa de aumentar la desigualdad social entre las mujeres, puesto que el trabajo en el servicio doméstico se realiza en condiciones laborales y/o de seguridad social desfavorables. Otro estudio con los mismos datos encuentra evidencias que apoyan la idea de que las mujeres que ganan más que su pareja apenas realizan menos tareas domésticas, quizá porque la identidad masculina tradicional dificulta que un hombre que gana menos que la mujer realice más tareas domésticas. Según la teoría del doing gender, las personas intentan seguir los mandatos de género (Sevilla et al., 2010). Las encuestas de empleo del tiempo no miden las actitudes de género ni permiten analizar el conflicto y la interacción de todos los factores en las parejas, por lo que es necesario estudiar, mediante estudios cualitativos, cómo manejan las cohortes más jóvenes estas ambivalencias.

En una investigación cualitativa longitudinal, parejas de dos ingresos fueron entrevistadas en 2011 cuando esperaban su primera criatura y, de nuevo, en 2013, cuando esta tenía de uno y medio a dos años. En cuanto a las tareas domésticas, se observa que las mujeres que ganaban más que sus parejas podían usar ese poder de negociación cuando él se resistía a realizar su parte del trabajo doméstico, pero solo conseguían equilibrios frágiles, y cuando nació la primera criatura todas estas parejas se tradicionalizaron. En cambio, otras parejas consiguieron un reparto equitativo estable porque no tenían discrepancias sobre los estándares de limpieza; los hombres habían desarrollado rutinas para realizar al menos el 40% del trabajo doméstico rutinario y ambos consideraban que había que repartir este a partes iguales, con independencia de las horas de trabajo de cada cual. En estos casos, los recursos y tiempos relativos desempeñaban un papel secundario para conseguir ese reparto. Casi todas las parejas que seguían este principio de justicia doméstica y que no discrepaban en cómo realizar las tareas, mantuvieron un reparto equitativo cuando se convirtieron en padres y madres. Solo las mujeres que perdieron su empleo no pudieron mantener ese reparto equitativo y lo justificaban con un cambio en su criterio de justicia, pues en su nueva circunstancia de desempleo consideraban justo hacer más trabajo doméstico porque ellas estaban más tiempo en casa (Domínguez et al., 2017; 2018).

El cuidado de las hijas y los hijos es una tarea más agradecida que cada vez más hombres jóvenes desean compartir, como muestran las encuestas de opinión. Sevilla et al. (2010) encuentran que la brecha de género en el cuidado de los hijos es menor que para el trabajo doméstico, y no observan que los ingresos relativos expliquen el hecho de que uno cuide más o menos. Fernández Lozano (2018) estudia a los padres de menores que cuidan solos de su hijo, ya que el cuidado en solitario es el que más se acerca a la idea de corresponsabilidad masculina, más allá de ayudar a la madre, que en tareas de estimulación intelectual se reparte de forma bastante equitativa. Las madres siguen realizando el grueso de los cuidados más básicos y rutinarios. Como puede verse en el gráfico 7, si se toma un día al azar en una pareja de doble ingreso y con un menor de hasta 12 años, en más de dos tercios del tiempo ese menor recibe cuidado por parte de ambos padres y solo en un 20% de ese tiempo el padre lo cuida en solitario, es decir, se (co)responsabiliza de cuidarlo.

Gráfico 7. Distribución del tiempo de cuidado rutinario en un día al azar, 2010

FUENTE : Jurado y Fernández, 2019. Muestra: parejas heterosexuales de doble ingreso con al menos un hijo hasta 12 años. Solo se tiene en cuenta el tiempo de cuidado como actividad principal.

Hay ciertos factores que favorecen que un padre realice cuidado infantil rutinario en solitario. Los padres que no trabajan a partir de las 17 horas, que tienen estatus ocupacionales medios-bajos en profesiones no masculinizadas (como dependientes de comercio) o cuyas parejas ganan más que ellos o trabajan largas jornadas, se implican de forma más equitativa en el cuidado. De nuevo, los datos de las EET no incluyen actitudes ni informan sobre los procesos por los que los hombres aprenden a involucrarse en los cuidados y aprenden a cuidar de un bebé.

El estudio cualitativo mencionado con anterioridad concluyó que los padres que más se implican en los cuidados de un menor de tres años son aquellos que durante el embarazo se preparaban para la llegada de su hijo leyendo, yendo a las clases de preparación al parto y anticipando los cambios que significaría la paternidad. Además, los padres que más se comprometieron con los cuidados tenían condiciones laborales que les permitían pasar al menos dos horas entre semana con su bebé, sus empleos ofrecían flexibilidad horaria, teletrabajo o un horario continuo. Algunos tenían la suerte de tener esas condiciones laborales de manera previa, otros habían realizado cambios anticipando su paternidad y otros pidieron adaptaciones laborales en sus trabajos después del nacimiento. Todos habían tenido un reparto de las tareas domésticas equitativo antes de la paternidad y mostraban actitudes igualitarias frente al ámbito doméstico. Además, sus parejas tenían una fuerte orientación laboral y ellos tenían similares recursos que ellas y el mismo —o más— tiempo disponible. Los más comprometidos lo cuidaban solos algunas horas al día o habían disfrutado de un tiempo de permiso para cuidar del bebé más allá de las dos semanas de paternidad porque habían usado sus vacaciones o porque habían pasado por una fase de desempleo con prestación y la habían aprovechado para cuidar del bebé después de la reincorporación de la madre a su trabajo (Abril et al., 2015).

¿Qué podemos esperar de cara a un futuro reequilibrio del desigual reparto del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres? Como el mercado laboral español está fuertemente segmentado en razón de género y las mujeres, en general, ocupan posiciones de mayor precariedad, menor responsabilidad, trabajan menos horas y perciben menos ingresos que los hombres, se puede afirmar que la asimetría de roles en la división del trabajo doméstico es un efecto de la segmentación del mercado laboral por género. Esto no excluye que, a su vez, la norma cultural dominante que asigna la responsabilidad del trabajo doméstico en primer lugar a la mujer influya en las estrategias ocupacionales de ellas. Además, como hemos señalado, las actitudes de los hombres son más tradicionales que las de las mujeres. Todo ello no auguraría un avance hacia un reparto más equitativo del trabajo no remunerado y, por tanto, hacia un reequilibrio familiar.

Sin embargo, las formas de emparejamiento están cambiando a gran velocidad, lo que favorecerá un reparto más equilibrado del trabajo no remunerado en muchos casos (Ajenjo y García, 2014). Cada vez hay más parejas en las que ella gana igual o más que él, e incluso en las que ella es la única proveedora (sobre todo durante la Gran Recesión), lo que favorece un reparto más equitativo del trabajo no remunerado. En 2010, en el 37% de los hogares de dos sustentadores ella aportaba la mitad o más de la renta familiar (González, 2015). El cambio en los tipos de uniones está siendo muy profundo; así, en la cohorte de hombres nacidos en 1950, un 21% se había emparejado con una mujer con un nivel educativo mayor al suyo (hipogamia educativa) y un 52% con una pareja de su mismo nivel (homogamia educativa). En la cohorte nacida en 1980, estas proporciones habían cambiado al 37% y al 45% respectivamente, y solo un 18% se había casado «hacia abajo» (hipergamia educativa) (Cortina, 2018). Siguiendo las ideas de Esping y Billari (2015), estos cambios familiares podrían generar una masa crítica de parejas de dos sustentadores que lograría instaurar un nuevo equilibrio familiar mediante demandas de políticas públicas promotoras de la igualdad de género y mediante la propagación de pautas familiares más equitativas hacia otros estratos más tradicionales. No obstante, es esencial que los hombres cambien aún más sus actitudes de género y (re)construyan su identidad masculina dando menos importancia al empleo y reforzando más el cuidado de sus seres queridos. De lo contrario será difícil que las mujeres encuentren una forma satisfactoria de conciliar el empleo con el cuidado de más de un hijo sin generar fuertes desigualdades sociales dentro del colectivo femenino. De momento, el déficit entre el número de hijos que se desean tener y los que se tienen sigue siendo de los más elevados del mundo.

Persiste el déficit y la muy baja fecundidad

La vía mayoritaria para tener hijos sigue siendo el emparejamiento en un hogar independiente, pero en España todas las transiciones a la edad adulta son muy tardías, es decir, la consolidación de un empleo, la independencia domiciliar y la formación familiar. En el apartado 3 hemos mencionado la tardía independencia residencial de los jóvenes como elemento estructural en España. Como en casi todos los países europeos ha aumentado también la edad a la que se contrae el primer matrimonio. En 1980, la edad media en España de las mujeres al primer matrimonio se situaba en 23,5 años, y en 2017 pasó a 33,2 años, esto es, de las más tardías de Europa (véase la tabla 1). En todos los países el retraso en la edad a la que se contrae el primer matrimonio tiene como consecuencia el retraso de la edad media al nacimiento del primer hijo, aunque hay países en los que las madres consiguen tenerlos muy seguidos y se consiguen índices de fecundidad cercanos al reemplazo generacional. Además, cada vez se tiene más descendencia fuera del matrimonio, un fenómeno que se ha disparado en España pasando del 3,5% en 1980 al 46,8% en 2017 (véase la tabla 1).

Las pautas de fecundidad de las mujeres españolas muestran cambios radicales en las últimas décadas. Entre 1975 y 1990 se redujo a la mitad el número de hijos por mujer, y desde 1985 no se ha vuelto a conseguir un índice sintético por encima de 1,5 hijos por mujer; es decir, este índice lleva más de tres décadas oscilando entre 1,2 y 1,4 (Castro et al., 2018). El aumento de nacimientos de hijos fuera del matrimonio, lo que incluye a madres solteras que conviven en pareja de hecho y a madres solas por elección, no ha conseguido compensar los bajos niveles de fecundidad. Las mujeres inmigrantes han logrado frenar en alguna medida la caída de la fecundidad, pero como son pocas mujeres en comparación con el total y, además, adoptan con rapidez las pautas de fecundidad de las autóctonas, no se puede esperar que puedan aumentar sustantivamente la fecundidad en España (Castro et al., 2018). ¿A qué se debe esta persistente baja fecundidad que ni siquiera durante el boom económico se acercó a los dos hijos por mujer?

En primer lugar hay que dejar claro que el número de hijos que las mujeres desearían tener apenas ha variado, y desde hace varias décadas se mantiene en dos hijos, por lo que diversos autores hablan de la existencia de un déficit de natalidad para referirse a la brecha entre el número de hijos deseados y el número de hijos que tienen las mujeres al final de su vida fértil (Castro et al., 2018). Además, el ideal de la «parejita» se observa para las mujeres de diferentes niveles educativos, aunque las que presentan un nivel igual o inferior a secundaria obligatoria consiguen tener más hijos que las mujeres con más años de educación (Castro y Martín, 2013). ¿Por qué hay estas diferencias?

Las mujeres con niveles de educación más elevados posponen la emancipación, el matrimonio y la maternidad, sobre todo en los países con un sistema familiar más tradicional y con mayores dificultades para conciliar empleo con cuidados, como es el caso de España (Corijn y Klijzing, 2001). Esto se explica por los mayores costes que puede suponer tener hijos pronto para su carrera profesional. No obstante, si estas mujeres consiguen traducir sus credenciales educativas en unas condiciones laborales relativamente favorables y acumulan más experiencia laboral, entonces muestran mayores probabilidades de emparejarse y de tener un primer hijo (Baizán, Aassve y Billari, 2003; Baizán, 2004). Como ya hemos visto, las biografías de las mujeres se dividen en dos grupos en el momento de tener la primera criatura: las que interrumpen el trabajo remunerado y las que lo continúan. El estudio de Álvarez (2002) muestra que la participación de una mujer con un hijo en el mercado laboral disminuye la probabilidad de que tenga un segundo hijo, lo que refleja las dificultades para conciliar el empleo y la crianza en el contexto español. En la cohorte de mujeres nacidas entre 1958 y 1962, las universitarias, las que tienen carreras laborales más continuas, mostraban una fecundidad final menor que las que tenían niveles educativos medios y bajos (Bernardi y Requena, 2003).

La fecundidad diferencial según el nivel educativo está cambiando en una serie de países. De hecho, es posible que las tímidas mejoras de algunas políticas de conciliación y el leve incremento de la corresponsabilidad masculina en España estén favoreciendo a las mujeres universitarias cuando consiguen empleos con condiciones laborales buenas y logran reequilibrar el trabajo no remunerado en el seno de la pareja. Estas mujeres usan más las excedencias, las reducciones de la jornada laboral y los servicios de educación infantil, aparte de ser las que mejor consiguen reducir el trabajo doméstico porque sus parejas se implican más y/o porque pueden pagar servicios domésticos (véanse apartados 4.2 y 5). El gráfico 8 muestra los datos de fecundidad final de la Encuesta de fecundidad 2018 para dos cohortes diferentes: las mujeres nacidas en 1960, con educación superior, acabaron su período fértil con una infecundidad del 24%, casi el doble que las mujeres con la primera etapa de secundaria, o menos, y además tuvieron en menor proporción tres o más hijos. Las mujeres que en 2018 tenían entre 40 y 44 años (cohorte nacida en 1974 y 1978) y educación superior apenas han cambiado sus pautas de fecundidad en comparación con sus semejantes de 1960; en cambio, se observa que las mujeres con la primera etapa de secundaria o inferior todavía no habían alcanzado las mismas proporciones de segundos, terceros y más hijos que sus semejantes nacidas en 1960. Quizás aún puedan recuperar algo del tiempo perdido, aunque posiblemente esta cohorte afectada por la Gran Recesión ya no recupere los niveles de fecundidad final alcanzados por las mujeres similares a ellas que fueron madres entre los años ochenta y noventa del siglo pasado. En cualquier caso, no parece que las leves mejoras en las políticas de conciliación y en el trabajo no remunerado de los hombres hayan animado a las universitarias a tener una mayor descendencia final. Tampoco se ha podido impedir que las mujeres con menos instrucción disminuyan su fecundidad, pareciéndose cada vez más a las universitarias. De hecho, el retraso de la edad media en que se tiene al primer hijo y al segundo se está igualando por niveles educativos, ya que las mujeres con niveles medios y bajos también tienen sus hijos muy tarde (Castro et al., 2018). No solo hay un acercamiento en las pautas de fecundidad final por niveles educativos, sino también en las pautas de formación familiar.

El aumento de las uniones de hecho es otra de las características de la STD y se asume que responde a un deseo de mayor independencia y autorrealización por parte de las mujeres. Las uniones de hecho son muy comunes, y prácticamente han sustituido al matrimonio en los países escandinavos, mientras que en el resto de Europa se dan dos modelos: en Europa central las parejas se casan después de haber vivido como pareja de hecho, y en el sur de Europa las parejas de hecho aún eran una minoría a finales de la década de 1990 (Corijn y Klijzing, 2001). En España esto ha cambiado de manera radical porque han pasado de una proporción del 5,7% de uniones consensuales en hogares de pareja en el año 2000, al 14,2% en 2010 (véase la tabla 1). La cohorte de mujeres nacidas en la década de 1970 marcó un antes y un después porque a los 35 años un 39% de estas había comenzado su primera unión como pareja de hecho, comparado con el 17% de las nacidas en la de 1960 y con el 6% de las nacidas en la década de 1950. Parece, incluso, que las mujeres de la década de 1980 van a preferir en mayor medida la cohabitación que el matrimonio. Además, la propensión a formar una pareja de hecho ya es similar para mujeres con diferentes niveles educativos. La probabilidad de cohabitar frente a casarse aumenta cuando la mujer es de origen inmigrante, ha vivido la ruptura conyugal de los padres, no es religiosa o es católica no practicante, está empleada y se ubica en la izquierda. Curiosamente, este aumento se ha dado a pesar de que las uniones consensuales aún no gozan de la misma protección legal que los matrimonios, si bien esta ha ido mejorando (Domínguez y Castro, 2013).

La cohabitación no solo representa una forma de constituir una pareja, sino que cada vez hay más nacimientos en el seno de parejas de hecho. En 2016 representaban el 30,5% del total de los nacimientos. La cohabitación en España se está convirtiendo en un contexto cada vez más aceptado para tener y criar hijos. En 2018, entre las madres emparejadas y de 30 a 34 años, el 30% convivía con sus hijos en una pareja de hecho, frente al 70% que lo hacía en un matrimonio (Encuesta de fecundidad , 2018). En la actualidad los menores en estas parejas gozan de los mismos derechos que los de las parejas casadas, aunque la situación legal de sus progenitores sí sea diferente, sobre todo en caso de divorcio y de viudedad, y ello pueda repercutir indirectamente en dichos menores.

Gráfico 8. Fecundidad final de mujeres nacidas en 1960 y 1974-1978

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de fecundidad (2018) y Cohort Fertility and Education Database (http://www.cfe-database.org/ [consultado en abril de 2019]).

El deseo de tener hijos sigue siendo muy fuerte entre algunas mujeres porque también ha aumentado el fenómeno de las madres solas por elección. En 2016 los nacimientos de madres «sin pareja» representaban un 15,3% del total de nacimientos y ya no se trata principalmente de madres adolescentes o del resultado de un embarazo involuntario. Hoy en día casi la mitad de las mujeres que son madres en solitario lo son después de cumplir 30 años, son laboralmente activas y tienen un nivel educativo medio o alto, por lo que muchas se pueden considerar «madres solas por elección». Las mujeres que apuestan por la maternidad en solitario suelen tener suficientes recursos y una implicada red social de apoyo; además, en muchos casos no han encontrado la pareja adecuada para un proyecto familiar a dos (Castro et al., 2018).

Podemos concluir que la muy baja fecundidad no se debe a una falta de deseo de tener hijos, aunque algunas personas no quieran, sino sobre todo a un contexto laboral y residencial que retrasa mucho las condiciones mínimas para formar una familia. Además, la falta de políticas que fomenten la corresponsabilidad en la crianza y la conciliación de empleo y cuidados hace difícil decidirse a tener una segunda —y aún más difícil una tercera— criatura (González y Jurado, 2006; Castro et al., 2018). De hecho, los últimos datos de la Encuesta de fecundidad 2018 muestran que, entre las mujeres de 35 a 39 años, un 18% aduce como motivo más importante para no haber tenido descendencia razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral. También tenemos indicios de las crecientes dificultades de las mujeres para encontrar la pareja adecuada con la que puedan decidirse a ser madres, como muestra el mencionado fenómeno de las madres solas por elección. El principal motivo que expresan las mujeres sin descendencia a la edad de 35 a 39 años es no haber tenido una pareja o que esta no era la adecuada (un 26% en 2018). No sabemos por qué no han encontrado la pareja adecuada, pero es probable que haya un desencuentro entre las aspiraciones de las mujeres y las de los hombres, ya que ellas se han incorporado al ámbito público y no desean abandonarlo con la maternidad, mientras que ellos todavía no se responsabilizan del ámbito doméstico en la justa medida.

Del análisis del reparto sexual del trabajo y de la evolución de las pautas de fecundidad se puede concluir que los hombres y las políticas públicas no ofrecen igualdad de oportunidades a las mujeres ni se corresponsabilizan en la justa medida con las tareas de mantenimiento y reproducción de la vida. Por ello podemos confirmar las tesis del desequilibrio familiar y del insuficiente cambio masculino esbozadas al inicio, que también ayudan a comprender el aumento de las rupturas conyugales.

Cambios en la disolución y recomposición de las familias

La alta velocidad del cambio familiar en España y los desequilibrios entre el avance de las mujeres en el ámbito educativo, por un lado, junto con la sobrecarga de muchas debido al doble turno del trabajo no remunerado sumado al empleo, por otro lado, constituye un caldo de cultivo para conflictos familiares y rupturas conyugales, como muestran diversos estudios nacionales e internacionales (Ruppanner et al., 2018; Ruppanner, 2012; Meil, 2005). Muchas mujeres ponen en duda los antiguos modelos de organización familiar porque ellas aspiran a proyectos personales propios y a relaciones de pareja más igualitarias, pero se encuentran con muchas barreras para su realización. Además, un estudio comparado en Europa encontró que la sobrecarga de trabajo doméstico entre las mujeres empleadas, sobre todo a tiempo completo, reduce sus índices de felicidad, en especial en países con mayor desigualdad de género (Mencarini y Sironi, 2012). Parece que hombres y mujeres tienen que aprender nuevas formas de relacionarse si se quiere llegar a un nuevo equilibrio familiar que contemple las aspiraciones de las mujeres.

En cuanto a las formas de convivencia, ya se ha producido un cambio enorme porque, por un lado, el matrimonio se ha devaluado y, por otro lado, se ha ampliado a las parejas del mismo sexo. Estos matrimonios representan alrededor del 2% de los matrimonios y un pequeño porcentaje de las parejas del mismo sexo conviven con menores (Castro y Seiz, 2014). Aunque para estas personas el matrimonio revaloriza su unión, para la población en su conjunto este se ha devaluado, como muestra su disminución en el grupo de mujeres de edad comprendida entre 30 y 34 años. En 1980 el 81% de las mujeres de esa edad estaba casada, mientras que en 2011 era el 51,1%, y entre sus coetáneos masculinos las cifras han pasado del 85% al 39% (Castro y Seiz, 2014). En cambio, están en auge las uniones consensuales, incluso cuando se tienen hijos, como ya hemos comentado en el apartado 6. También emergen las parejas sentimentales que no conviven, las LAT (Living Apart Together), y al respecto, España se encuentra en un lugar intermedio dentro de Europa (8% de mujeres de 20 a 78 años y 6% de 30 a 39 años). En el caso español se trata sobre todo de una forma de noviazgo de mujeres jóvenes solteras que aún viven con los padres, así como de aquellas que se emancipan del hogar de origen y conviven «a ratos» con la pareja (Ayuso, 2012).

Hasta hace poco la polarización educativa y laboral de las mujeres en España se reflejaba en un comportamiento de emparejamiento diferencial según el nivel educativo porque las mujeres universitarias se casaban menos, permanecían con más frecuencia solteras y eran más propensas a entrar en una unión consensual (Martínez, 2009), pero ahora las uniones consensuales y los matrimonios son elegidos de forma similar por mujeres de diferentes niveles educativos (Domínguez y Castro, 2013; García et al., 2014). Además, las mujeres de la cohorte nacida entre 1965 y 1977-1978 que están empleadas permanecen menos solteras, se casan más que antes, aunque su probabilidad de emparejarse en una unión consensual es mayor que la de casarse (Domínguez y Castro, 2008). Por lo tanto, los efectos negativos de tener estudios superiores sobre el emparejamiento están disminuyendo a lo largo del tiempo porque aumentan las uniones consensuales, y como estos estudios ayudan a encontrar y mantener un empleo, también aumenta la probabilidad de casarse frente a la de permanecer solteras. España podría estar encaminándose hacia una relación positiva entre nivel educativo y emparejamiento, como ya sucede en países con mayor igualdad de género (Kalmijn, 2013), uno de los indicios del reequilibrio familiar que vaticinan algunos científicos sociales. Otro indicio es la disminución de los divorcios entre las mujeres con niveles educativos superiores, lo que se denomina «inversión del gradiente educativo en el divorcio». Veamos la evolución del divorcio.

En España el divorcio se legalizó en 1981 y en 2005 se acortaron los plazos para solicitarlo y se eliminó la necesidad de separación previa. El ritmo de crecimiento del divorcio se aceleró en la década de 1990 cuando quince de cada cien matrimonios se separaban; después de la reforma de 2005 las cifras se dispararon, y durante la Gran Recesión se estancaron a un alto nivel, de tal forma que en 2017 hubo 56 divorcios por cada 100 matrimonios (véase la tabla 1). Podemos afirmar que la mitad de los matrimonios presenta el riesgo de acabar en un divorcio, lo cual es un cambio radical. No debemos olvidar que cada vez hay menos matrimonios, por lo que es importante tener en cuenta las rupturas de las parejas de hecho. Al tratarse en muchos casos de una convivencia de prueba anterior a un matrimonio, su inestabilidad ha sido tradicionalmente mayor que la de estos, y los datos de la Encuesta de fecundidad de 2006 también nos indicaban que su probabilidad de ruptura seguía siendo más elevada que entre las parejas casadas (Domínguez, 2011).

En contextos con facilidades legales para el divorcio y con una alta difusión del mismo —el caso de España desde 2005—, se supone que antes resultaba más fácil para los estratos sociales más instruidos y con mayores ingresos, y después empezaría a difundirse a todos los grupos sociales. Houle et al. (1999), con datos de 1991, observaron que la incidencia del divorcio y de la separación era mayor entre las mujeres empleadas y entre las mujeres que trabajaban en el sector público. También mostraron que una parte de las divorciadas y de las separadas empezaba a trabajar durante el mismo año de la separación o después. En consonancia con estos datos, las mujeres divorciadas tenían niveles educativos superiores a la población femenina en su conjunto. Por ejemplo, en 1991 un 31% de las divorciadas eran universitarias, frente al 18% de la población total. Por lo tanto, el vuelco formativo de las mujeres y su creciente inserción laboral facilitaron el aumento de las rupturas matrimoniales. A su vez, el incremento de estas últimas llevaba a muchas mujeres separadas y divorciadas a buscar un empleo remunerado y a aumentar la tasa de ocupación femenina. Bernardi y Martínez (2011) analizaron la Encuesta de fecundidad de 2006 y encontraron un cambio en el comportamiento de las mujeres con niveles educativos superiores. Estas se divorciaban cada vez menos, en comparación con sus coetáneas de niveles educativos inferiores, a partir de las cohortes que se casaron entre 1981 y 2006. Parece que el divorcio se está democratizando y que su incidencia afecta a todas las mujeres de forma similar, aunque eso no significa que las consecuencias sean similares para las diferentes clases sociales. Ya hemos mencionado la mayor propensión de las mujeres a formar una familia monoparental en comparación con los hombres, y el mayor riesgo de pobreza infantil en esas parejas.

Los divorcios con menores han representado una proporción importante desde la primera Ley de Divorcio de 1981, y desde 2005 estos representan entre el 40 y el 48% de los mismos. Por contra, estos han cambiado de manera significativa según el tipo de custodia otorgada u acordada. En las décadas de 1980 y 1990, en casi todas las rupturas matrimoniales con menores las madres obtenían su custodia (Del Campo y Rodríguez, 2002). La asignación de esta a la madre ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, sobre todo a raíz de la última reforma. En 2007 aún representaba el 86%, y en 2017 había bajado al 65%. Esta disminución no ha sido a favor de la custodia otorgada al padre (5%), sino a favor de un incremento muy notable de la custodia compartida (30%), sobre todo entre los divorcios de mutuo acuerdo (INEbase, 2019). La regulación de la custodia compartida como asignación preferente en todos los casos, o solo en casos sin conflicto de la pareja, es un tema controvertido que se ha plasmado en diferencias regulatorias según las Comunidades Autónomas. Estas diferencias y la desigual presencia de parejas equitativas explicarían por ejemplo que en Cataluña la custodia compartida supere el 40% mientras que en Andalucía esté más cerca del 20%. Las custodias compartidas en los divorcios de mutuo acuerdo podrían constituir un indicio de la mayor implicación de los padres en el cuidado de los menores, aunque al persistir la fuerte división sexual del trabajo no remunerado no siempre son la consecuencia de un reparto equitativo de los cuidados antes de la ruptura (Solsona, 2018).

Las familias monoparentales y los hogares unipersonales de personas divorciadas representan en muchos casos una fase que con posterioridad da lugar a una nueva unión y a una familia recompuesta si hay menores. En España, desde 1984, la mayor parte de los contrayentes de segundas nupcias ya no son viudos, sino divorciados. Las familias recompuestas no son solo el resultado de segundas y posteriores nupcias, sino que también emergen cada vez más en forma de uniones de hecho. Según la Encuesta de fecundidad y familia de 1995, de los hombres y mujeres que habían iniciado una segunda unión, solo el 23% de ellos y el 12% de ellas lo habían hecho mediante el matrimonio; el resto había sido como unión de hecho con independencia de que posteriormente la oficializaran mediante el matrimonio (Meil, 2003). Según el censo de 2011 había casi medio millón de familias reconstituidas, formadas por una pareja con al menos un hijo no común, una cifra que representa el 7,1% del total de parejas con hijos (Castro y Seiz, 2014). De los pocos estudios existentes sobre estas familias se deduce que las madres monomarentales jóvenes, aquellas con menos hijos y aquellas con nacionalidad extranjera tienen una mayor propensión a formar una familia reconstituida. También parece que entre las familias recompuestas están sobrerrepresentadas aquellas cuyos miembros tienen una situación de actividad laboral precaria en comparación con las parejas biparentales (Treviño y Gumà, 2013; Ajenjo y García, 2011). Las familias recompuestas son una vía de reequilibrio familiar, aunque sus características son complejas y requieren de acuerdos difíciles para la convivencia.

Conclusión

Al principio hemos planteado tres tesis: una sobre el alcance de la Segunda Transición Demográfica, otra sobre el desequilibrio familiar y otra acerca del insuficiente cambio masculino. Los datos recopilados han permitido mostrar que España ha pasado de llegar tarde a la STD a adelantar a varios países de nuestro entorno en sus principales rasgos. El equilibrio familiar de la época fordista, cuando había un contrato social basado en la división sexual del trabajo, se ha roto definitivamente en España. Varios mandatos de género se han resquebrajado. Ya no es válida la asunción social y legal de que las madres deben dejar el empleo para ocuparse de las tareas de crianza y cuidado de las personas en el seno de familias heterosexuales, deben tener una amplia descendencia y deben permanecer en relaciones conyugales infelices, aguantar el maltrato e incluso la violencia por parte de sus cónyuges. En la actualidad muchas mujeres combinan empleo y cuidados, algunas forman matrimonios del mismo sexo, pocas tienen una descendencia numerosa y muchas se divorcian. Los proyectos vitales de especialización sexual y de sacrificio de los intereses personales de las mujeres en favor de bienes familiares inciertos han dado paso a la construcción de proyectos vitales femeninos de mayor autonomía. No obstante, no todas consiguen avanzar igual en los ámbitos públicos, y pocos hombres están encargándose de las necesidades del ámbito privado que les corresponden. Esto hace que las mujeres empleadas realicen un doble turno de trabajo y estén sobrecargadas de responsabilidades familiares. Tal desequilibrio familiar tiene altos costes privados y públicos. Muchas mujeres renuncian a la formación familiar y a la descendencia que desean como estrategia para poder preservar su independencia económica, una cierta calidad de vida y no apostar todo a una relación amorosa cada vez más incierta. Muchos hombres observan asombrados los cambios, también sufren las dificultades de emparejamiento, de no poder tener la descendencia deseada y de afrontar rupturas indeseadas, pero en su mayoría siguen centrados en el empleo y desatendiendo las relaciones inmateriales con sus seres queridos. A nivel de la sociedad aumentan los hogares monoparentales, la pobreza infantil y persiste la polarización social en las oportunidades educativas.

¿Qué posibilidades hay de llegar a un nuevo equilibrio familiar en el que la igualdad de género ofrezca mayor justicia, estabilidad emocional y mayor eficiencia para que las mujeres aprovechen todo su potencial económico y los padres todo su potencial cuidador de tal forma que niñas y niños puedan recibir un sustento estable y cuidados de calidad? ¿Cómo se puede avanzar en la igualdad de oportunidades para mujeres, hombres y menores de diferentes procedencias sociales?

Algunas tendencias familiares descritas suman fuerzas para ese cambio, pero otras lo frenan. Cada vez más mujeres se empoderan mediante la formación, el empleo a tiempo completo y un emparejamiento más equitativo, si bien el riesgo de divorcio ha aumentado para todas con independencia de su formación. Asimismo, se han difundido a todos los estratos sociales las dificultades para tener la descendencia deseada. También ha aumentado la polarización social entre mujeres y familias porque hay mujeres que progresan laboralmente y familias que concilian empleo y cuidados gracias al empleo precario de otras mujeres. Algunas medidas de conciliación, como las excedencias o las reducciones de jornada, solo pueden ser aprovechadas por aquellas que presentan buenas condiciones laborales, mientras que las mujeres en el servicio doméstico no disfrutan de los mismos derechos que las empleadas en el régimen general de la Seguridad Social o incluso ni siquiera están afiliadas a esta última. Tampoco hay que olvidar las enormes dificultades que siguen teniendo los jóvenes para encontrar un empleo que les permita vivir de él, consolidarlo y acceder a una vivienda adecuada para la formación de una familia. Las transiciones a la autonomía adulta se retrasan para algunos jóvenes más que para otros, según el origen social y la ayuda familiar que puedan recibir.

Para conseguir un equilibrio igualitario entre las nuevas familias habría que acelerar el cambio masculino. La inmensa mayoría de hombres muestra actitudes igualitarias aunque les cuesta esfuerzo ponerlas en práctica. El trabajo doméstico solo se comparte de forma equitativa en alrededor de un cuarto de los hogares. Los hombres se implican algo más en los cuidados infantiles porque participan de forma similar a las madres en el cuidado infantil más lúdico y de estimulación intelectual. Además, la mayoría apoya a las madres en mayor medida que lo hacían sus padres, aunque ellas aún realizan el grueso de los cuidados rutinarios y casi todo el trabajo organizativo. El lento cambio de los hombres no solo responde a la difusión de nuevas actitudes personales, sino que este se ve reforzado por las demandas de igualdad de las mujeres y por algunos cambios legislativos. Desde 2005 se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, se introdujo en el Código Civil (Art. 68) la obligación de los cónyuges a compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de ascendientes y descendientes, se facilitaron los trámites para el divorcio, y en 2007 se creó un permiso de paternidad intransferible y remunerado al 100% del salario. Desde enero de 2020 los padres afiliados a la Seguridad Social tienen doce semanas de permiso de paternidad a su disposición y previsiblemente dieciséis semanas en 2021. Estos lo están usando en altas proporciones y los padres en ocupaciones de nivel medio y con jornadas laborales no muy largas incluso cuidan cada vez más solos de sus menores. Además, los padres con niveles educativos altos no cuidan más que los que tienen menos formación, sino que en todos los estratos sociales hay padres comprometidos con los cuidados. Aunque el cambio masculino es más lento que el femenino, la tesis del nuevo equilibrio familiar vaticina un proceso de aceleración a partir de un determinado momento. Cuando las parejas igualitarias lleguen a una cierta masa crítica ofrecerán pautas familiares a imitar y entonces estas se difundirán hacia más estratos sociales. No hay que olvidar que estos procesos se basan en el empoderamiento de una parte de las mujeres mediante los procesos descritos, así como en la reivindicación colectiva de la igualdad. Además, el nuevo equilibrio no debería consistir en que los hombres se sobrecarguen como las mujeres, sino en que el Estado de bienestar y las empresas apoyen a las familias con políticas que fomenten la conciliación y la igualdad de género.

Con avances y retrocesos van mejorando algunas políticas públicas para las familias y sus dependientes, como muestra la ampliación de los servicios de educación infantil para menores de tres años en los últimos años, la ampliación del permiso de paternidad y la implantación definitiva de la Ley de Dependencia en 2015. La Gran Recesión ha supuesto recortes o estancamiento en todas estas políticas y las prestaciones públicas no han podido mitigar el aumento de la pobreza infantil. Por lo tanto, para conseguir un nuevo equilibrio familiar las políticas deberán favorecer la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres a la vez que evitar la desigualdad social, porque si no se podría alcanzar una polarización social mayor que la actual con consecuencias negativas para la cohesión social. Por ello, el cómo se diseñen las leyes y políticas a favor de las familias no es indiferente.

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30 Un núcleo familiar puede estar constituido por un matrimonio o una pareja que convive sin hijos, un matrimonio o una pareja que convive con algún hijo, un padre que convive con algún hijo o una madre que convive con algún hijo. Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos no deben estar emparejados ni tener hijos que convivan con ellos.

31 No debemos olvidar que el gráfico 4 no muestra las tasas de empleo de una sola cohorte, sino de varias cohortes diferentes, por lo que se trata de una aproximación al empleo femenino a lo largo del ciclo vital. Cuanto menor sea el cambio social, mejor será la aproximación.

32 A su vez, el número de hijos que tienen las mujeres depende de sus características con respecto a la educación y la ocupación (Álvarez, 2002). Véase el apartado sobre la fecundidad.

33 Hasta el año 2013 la reducción de jornada se podía solicitar hasta el octavo cumpleaños.

34 El 1 de abril de 2019 entró en vigor un permiso de paternidad de ocho semanas, y según el Decreto Ley 6/2019 el objetivo es ampliar este permiso hasta 16 semanas en 2021 para equipararlo al permiso de maternidad.

La segregación de género en España. Un estudio de la situación laboral en perspectiva comparada (2006-2018)

Daniel Guinea Martín y Ricardo Mora Villarrubia

Introducción

Frente a su ausencia de la ciencia social clásica, la cuestión del género —entendida como el estudio de las desigualdades entre hombres y mujeres en diversos ámbitos— ocupa una posición central en la investigación social contemporánea desde los años ochenta del siglo pasado en adelante. Ello ha sucedido a la vez que el progreso político, social y económico de las mujeres.

A nivel político, se ha pasado de menos del 7% de diputadas en las cuatro primeras legislaturas democráticas al 14,5% y al 22% en las legislaturas de 1989 y 1996 respectivamente (García y Frutos, 1999). Los porcentajes han continuado su escalada hasta el 35,7% y el 39,4% en las legislaturas de 2011 y 2016 respectivamente (INE, 2019b). No solo eso. Tras las elecciones de abril de 2019, el Parlamento español se convirtió en el más igualitario de Europa con un 47,4% de diputadas (El País, 2019a). La evolución en el ámbito del poder político local es similar: en 1999 las concejalas representaban un 21,1% del total; en 2007 un 30,5% y en 2015 un 35,56% (Espí, 2017).

A nivel social, las mujeres han acompañado y finalmente superado a los hombres en su presencia en la educación superior. El porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años con educación superior pasó del 7,4%, en 1987 al 12,1% en 1995 y al 17,3% en 2001 (los porcentajes para los hombres son, respectivamente, 9,8%, 12,1% y 16,5%) (INE, 2019a). Con el nuevo siglo su crecimiento se aceleró hasta el 30,4% en 2006 y el 40,4% en 2018 (29,9% y 35,6% para los hombres, respectivamente) (Eurostat, 2019, elaboración propia).

A nivel económico destaca el incremento de la tasa de ocupación entre la población femenina de 16 a 64 años (presentamos los correspondientes porcentajes masculinos entre paréntesis): del 27,8% (67,9%) en 1987 al 32,4% (70,9%) en 1991; del 32,5 (63.5%) en 1995 al 43,5% (73,7%) en 2001 (INE, 2019a), hasta su estancamiento en torno al 55% en el último decenio: 53,6% (76,2%) en 2006 y 56,6% (67,9%) en 2018 (Eurostat, 2019, elaboración propia).

En resumen, a lo largo de cuarenta años de democracia en España las mujeres han sido protagonistas de uno de los mayores procesos de cambio social que conozcamos por su profundidad —afectando relaciones y estructuras sociales así como normas explícitas e implícitas— y amplitud —tocando prácticamente todos los ámbitos de la organización social, desde la familia a las empresas, pasando por la política.

Pero esta gran transformación de las relaciones de género no es el producto sui generis de la historia reciente de España. De manera simultánea, en el resto del mundo occidental la llamada «revolución de género» (Goldin, 2006) avanza con patrones y obstáculos parecidos (England, 2010; Esping, 2009). Para mostrarlo, en este capítulo contrastamos el caso español con la situación de ocho países de la Unión Europea (UE) para los que existen datos comparables en el período 2006-2018: Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal. A ellos, abusando del lenguaje y por brevedad, nos referiremos como «Europa». 35

Los países de nuestra muestra europea contienen el 52% de la población de la UE occidental, menos España. Las ausencias son Alemania, Austria, Finlandia, Reino Unido y Suecia. 36 A pesar de esta carencia, la muestra contiene una variedad de modelos de bienestar y equilibrios de género, comprendiendo desde el modelo liberal, en el que a menudo se sitúa a Irlanda, al conservador-corporativista de Bélgica y Francia, tradicionalmente centrado en el varón sustentador; desde el modelo socialdemócrata y las relaciones de género más igualitarias, propias de Dinamarca, hasta el mediterráneo del sur de Europa, donde el trabajo no remunerado de las mujeres en las familias desempeña un papel principal (Esping, 1990, 2009; Sarasa y Moreno, 1995).

El plan del capítulo: conceptos básicos

En ambos casos, el español y el internacional, la revolución de género, con sus avances y sus parones, se expresa en porcentajes como los citados con anterioridad y otros que veremos a lo largo del capítulo. Una manera de abordar el estudio de decenas de cifras, y de darles significado contextualizándolas en el espacio y el tiempo, es a través del concepto y medida de «segregación». Por ello, el objetivo de este capítulo es mostrar la evolución de la segregación de género desde 2006 hasta 2018, tanto en España como en varios países europeos.

En la bibliografía sobre género, el concepto de «segregación» suele emplearse para referirse a la diferencia que existe entre las distribuciones de hombres y mujeres en una clasificación dada: del total de hombres (mujeres), ¿qué porcentaje se encuentra en una categoría dada de una clasificación? ¿Son muy diferentes estos porcentajes de los de las mujeres (hombres)? Los llamados «índices de segregación» resumen en una sola cifra el grado de diferencia que hay entre las distribuciones de hombres y mujeres.

Ahora bien, ¿a qué clasificación se refiere el concepto de «segregación de género»? Siguiendo a Guinea et al. (2018), este concepto toma la clasificación de ocupaciones combinado con el número de horas que se trabaja en ellas, así como las categorías económicas en las que se clasifica a la población sin empleo remunerado. Por ello, entendemos que es el resumen de las diferencias entre hombres y mujeres en un conjunto de áreas definidas en relación con la actividad económica: ocupaciones, horas de trabajo remunerado, empleo, desempleo y tipos de inactividad como el cuidado del hogar o el estudio. Este conjunto de categorías no es exhaustivo, aunque en él se genera buena parte de las desigualdades de género que existen en la sociedad. Por ejemplo, nuestro esquema no incluye las diferencias salariales ni la distribución de tareas en el hogar. En el futuro, con mejoras en el instrumento de medida y en los datos disponibles, se podrían incluir estos y otros aspectos de la desigualdad de género.

Pero para llegar a la segregación de género tal y como la definimos en este capítulo es necesario que primero pasemos por sus partes constituyentes. Por eso, tras describir la fuente y estructura de los datos que utilizamos, describiremos la evolución de la segregación ocupacional tal y como tradicionalmente se ha entendido. Esta estrategia tiene la ventaja de poder situar nuestros resultados en el contexto de la literatura existente. Sin embargo, tiene una desventaja: el enfoque tradicional del estudio de la segregación ocupacional mide tanto la segregación que proviene exclusivamente de diferencias ocupacionales entre hombres y mujeres como la que surge simultáneamente de diferencias ocupacionales y de diferencias en las horas dedicadas a trabajar en estas ocupaciones.

Pensemos, por ejemplo, en una dinámica muy común entre las mujeres en edad de criar uno o más hijos de edad preescolar. Es común que estas mujeres quieran o se vean en la tesitura de tener que trabajar menos horas en sus ocupaciones remuneradas para poder así atender a sus hijos (sin entrar aquí en por qué los hombres no se enfrentan a la misma restricción). Pero algunas de estas mujeres están empleadas en ocupaciones que no admiten la posibilidad de trabajar a tiempo parcial. Por ejemplo, pocos cargos directivos permiten reducir sus horas de empleo. De entre estas mujeres algunas decidirán mudarse a una ocupación que les permita trabajar menos horas. Este es un cambio ocupacional y de horas. Sin embargo, las medidas tradicionales de segregación ocupacional simplemente registran el cambio como ocupacional.

Para solucionar este problema, proponemos el concepto de «segregación de mercado»: la segregación generada por diferencias en la distribución de hombres y mujeres en ocupaciones combinadas con grados de dedicación en horas al empleo remunerado. Por ejemplo, una ocupación dada, como pueda ser cuidadores de niños, se desdobla en un número de opciones según el grado de dedicación semanal del trabajador. Así, podemos encontrar cuidadores de niños (menos de 30 horas) , Cuidadores de niños (31+ horas), etc. Gracias a este concepto y a un índice de segregación llamado «índice de información mutua», o M, podemos descomponer la segregación de mercado en: a) aquella exclusivamente ocupacional (o segregación ocupacional neta), y b) segregación de tiempo, es decir, la relativa a las diferentes horas que hombres y mujeres dedican al empleo remunerado.

Pero las diferencias entre hombres y mujeres no solo radican en el mercado de trabajo. Al contrario, algunas de las más importantes, por ejemplo, se encuentran en sus distintas tasas de empleo y de cuidado del hogar, que son dos categorías de actividad e inactividad económica. Otras son el desempleo o el estudio. Llamamos «segregación económica» al conjunto de las diferencias entre hombres y mujeres, en estas y otras categorías relativas a la posición económica del individuo.

Una vez contamos con toda la población podemos ponderar la segregación de mercado por la proporción de la población que está empleada en el mercado de trabajo. Al resultado le podemos sumar la segregación económica de toda la población. Concluimos el capítulo con: a) esta suma, que es una medida de la segregación de género global que existe en España y Europa; y b) el cálculo de qué porcentaje de la segregación de género se debe a la segregación ocupacional neta, la segregación de tiempo y la segregación económica.

Instrumentos de medida: de porcentajes a Índices de Segregación

Antes de continuar, conviene dejar claro por qué no nos limitamos a presentar porcentajes y, en cambio, empleamos un concepto tan rimbombante como el de «segregación». También es conveniente explicar qué medidas concretas de segregación mostraremos en el capítulo. Como hemos dicho, por «segregación» entendemos la desigual distribución de cada género en las unidades organizacionales de una clasificación dada. En la bibliografía sobre segregación de género el ejemplo recurrente de clasificación es el de las ocupaciones en el mercado de trabajo. Por cada ocupación de, por ejemplo, la clasificación diseñada por la Organización Internacional del Trabajo (ILO) —conocida como ISCO (ILO, 2019a)— podemos calcular el porcentaje de mujeres sobre todas aquellas que están trabajando, e igualmente para los hombres.

Es bien conocido que cada género tiende a concentrarse en ocupaciones diferentes. Por ejemplo, los hombres en ocupaciones del sector de la agricultura y la construcción y las mujeres en ocupaciones del sector servicios (Iglesias, Llorente y Dueñas, 2009). Por ello, una manera de evaluar las diferencias ocupacionales entre hombres y mujeres consiste en comparar sus distintos patrones de concentración ocupacional. Hacerlo directamente, a simple vista, es complicado por el elevado número de porcentajes a considerar: ISCO, en su versión más reciente (conocida como ISCO-08), y con el nivel de detalle conocido como «tres dígitos» 37 , tiene 128 ocupaciones. Es decir, tendríamos que comparar 128 × 2 = 256 porcentajes.

Los «índices de segregación» son expresiones matemáticas para hacer esta comparación de manera sistemática y resumir el estado de la cuestión en una sola cifra. Con ellos debe entenderse «segregación» como un concepto simétrico: tan segregadas están las mujeres de los hombres, como estos de aquellas (Blackburn, Jarman y Brooks, 2000). Hay numerosos índices de segregación. Como hemos mencionado con anterioridad, nosotros nos centramos en el índice M de información mutua (Frankel y Volij, 2011) porque es descomponible en un sentido fuerte (Mora y Ruiz-Castillo, 2011). Esta propiedad, como veremos, permitirá descomponer varias mediciones de segregación en componentes de un modo que es sustantivamente interesante.

También presentaremos los resultados principales usando otros tres índices comúnmente empleados en la literatura: el índice H de entropía (Reardon y Firebaugh, 2002), que es la versión estandarizada del índice M; el índice de disimilaridad de Duncan y Duncan (1955; ID de aquí en adelante); y el índice de Gini (Flückiger y Silber 1999). El objetivo de presentar esta profusión de índices es mostrar que todos coinciden, grosso modo, en destacar las mismas tendencias en segregación y que estas, por lo tanto, no son un artefacto del instrumento de medida.

Todos estos índices y muchos otros han sido usados para medir la segregación que se genera en las ocupaciones del mercado de trabajo. Ya hemos señalado que nosotros también comenzamos la presentación de resultados con la segregación ocupacional. Pero, con posterioridad, ampliamos el espacio generador de segregación. Una primera razón para hacerlo es que, como se sabe, hombres y mujeres divergen en el mercado de trabajo no solo en las ocupaciones que desempeñan, sino también en el número de horas que dedican a trabajar en ellas. Como explicamos en el siguiente apartado («Datos»), agrupamos en cuatro categorías la información que nuestros datos contienen acerca de las horas de trabajo remunerado. Multiplicando las ocupaciones por las cuatro categorías de dedicación ampliamos el espacio de unidades organizacionales sobre el que hombres y mujeres se distribuyen. La medición de esta diferencia se denomina «segregación de mercado».

Podemos continuar la ampliación del espacio que genera segregación entre hombres y mujeres teniendo en cuenta sus diferentes tasas de participación en el empleo remunerado, en el desempleo o en la dedicación exclusiva a los cuidados. En definitiva, podemos contemplar las diferentes tasas de cada género en cualquiera de los conceptos de estatus económico, es decir, de actividad e inactividad económica que registran las Encuestas de población activa. La segregación que surge de estas diferencias se denomina «segregación económica». Reservamos el nombre de «segregación de género» para la suma de la segregación económica y la segregación de mercado.

Este proceso de ampliación del espacio de segregación se asemeja a un juego de muñecas rusas. Cualquier índice puede lidiar con cualquier muñeca del conjunto por separado. Pero mostraremos que solo el índice M, que es descomponible en lo que Mora y Ruiz (2011) denominan «un sentido fuerte», puede agregar los conceptos de un modo matemáticamente correcto. Además, gracias a su descomponibilidad fuerte, el índice M permite descomponer la segregación de mercado entre segregación exclusivamente ocupacional o neta y segregación de tiempo, es decir, la que está relacionada con los diferentes grados de dedicación al empleo remunerado de hombres y mujeres.

Datos

En nuestro análisis utilizamos la Encuesta de población activa de la Unión Europa, generalmente conocida por el acrónimo EU-LFS derivado de su nombre en inglés, European Union Labour Force Survey . La EU-LFS es la encuesta de referencia para los estudios comparativos del mercado laboral. Sus datos provienen de las encuestas de población activa que realiza cada Instituto Nacional de Estadística. Posteriormente, Eurostat hace comparables estos datos nacionales.

Como se mencionó con anterioridad, gracias al EU-LFS contextualizamos la situación española con los resultados provenientes de un conjunto de ocho países europeos con datos armonizados para el período 2006-2018: Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda Italia y Portugal. Este grupo de países servirá como una suerte de «tabla de medir» con la que valorar la posición relativa de España 38 .

El universo de referencia en todos los análisis son los individuos con edades comprendidas entre 15 y 64 años. Esta es la franja de edad que incluye la edad mínima exigible a nivel legal para trabajar en la economía formal y el último año de edad antes de la jubilación, que, en la mayoría de profesiones y países europeos, corresponde con los 65 años 39 . El número total de observaciones en nuestra muestra se divide entre 426.234 hombres y 440.334 mujeres en España y 6.733.339 hombres y 6.997.234 mujeres en Europa.

Resultados

Los resultados se presentan en el siguiente orden. En primer lugar nos centramos en el alrededor de 66% de hombres y 53% de mujeres entre 15 y 64 años con un trabajo remunerado en el período 2006-2018. En esta población medimos su segregación ocupacional en un sentido tradicional, es decir, mezclando la segregación exclusivamente ocupacional con la segregación que a la vez es ocupacional y relativa a las horas de trabajo. A continuación, presentamos las mediciones de segregación de mercado que permiten identificar la segregación (a) exclusivamente ocupacional y (b) la relativa a las diferentes horas de tiempo de trabajo (que, recordemos, denominamos «segregación de tiempo»). Con posterioridad, presentamos los resultados relativos a la segregación económica de toda la población. Con todo ello podemos mostrar ya la suma de la segregación de mercado, ponderada por la proporción de la población empleada, y la segregación económica. Como explicamos en la introducción, a esta suma la denominamos «segregación de género». Concluimos los resultados con la contribución a esta segregación global de género de cada una de sus fuentes: la segregación exclusivamente ocupacional, la segregación de tiempo y la segregación económica.

Ocupaciones

Comenzaremos este apartado estudiando el grado de concentración de cada uno de los sexos en las ocupaciones más frecuentes. Las mujeres están relativamente más concentradas en las 15 ocupaciones más comunes para su género que los hombres; y lo están aún más con la ISCO-08, cuando la distinción de ocupaciones femeninas es más fina, que con la ISCO-88 (la clasificación empleada hasta 2010) 40 . Por ejemplo, en Europa la brecha se halla en su mínimo de 11,7 puntos porcentuales (p.p. de aquí en adelante) en 2008. En España, el mínimo de 14,4 p.p. se localiza en 2006. La brecha alcanza su máximo precisamente el primer año en que se utiliza la ISCO-08 (2011), con 16,6 y 20,8 p.p. en Europa y España, respectivamente.

Figura 1. Porcentaje de hombres (mujeres) en las 15 Ocupaciones más comunes sobre el total de los hombres (mujeres) trabajando (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

En los años siguientes la figura 1 muestra una ligera tendencia al estrechamiento de la brecha, en especial en España. Aquí, sin embargo, los trabajadores siempre están más concentrados en unas pocas ocupaciones que en Europa: con la ISCO-08 en España, en torno a dos tercios de las mujeres trabajan en solo 15 ocupaciones, mientras que en Europa son alrededor de la mitad. Por otro lado, cerca de la mitad de los hombres en España están concentrados en solo 15 ocupaciones, frente a los menos de dos quintos en Europa.

Otro modo de describir las diferencias de género en la distribución ocupacional consiste en calcular el porcentaje de hombres y mujeres que están empleados en ocupaciones en las que una proporción relativamente grande de trabajadores es del mismo sexo. En la literatura se aplican diversos criterios para determinar cuánto es «relativamente grande» y así clasificar una ocupación como masculina o como femenina.

La regla que hemos usado en este capítulo se basa en la desviación típica que existe alrededor del porcentaje de mujeres medio que hay en las ocupaciones cada año 41 . Las ocupaciones femeninas (masculinas) tienen un porcentaje de mujeres superior (inferior) en una desviación típica que la que hay en las ocupaciones masculinas (femeninas). Para ello, hemos seguido los siguientes pasos:

1. Calculamos la ratio femenina en el mercado de trabajo cada año y su desviación típica.

2. Calculamos el valor de la ratio femenina más/menos media desviación típica cada año.

3. Definimos una ocupación como «femenina» (o «masculina») si su porcentaje de trabajadores es igual o superior (inferior en el otro caso) a la ratio femenina en el mercado de trabajo más (menos) media desviación típica. Esta operación se hace año tras año.

Se constata que tanto en Europa (véase la figura 2) como en España (véase la figura 3) las mujeres están más concentradas en ocupaciones femeninas que los hombres en ocupaciones masculinas. En Europa, con la ISCO-88 más de dos tercios de las mujeres trabajaban en ocupaciones femeninas. Con la ISCO-08 su concentración sube hasta acercarse a los tres cuartos. En España (véase la figura 3) la concentración de las mujeres en las ocupaciones femeninas es algo mayor, ya que se hallaba un poco por encima de los tres cuartos antes del cambio de clasificación, y un poco por debajo después.

Además, tanto en Europa como en España solo una minoría de las mujeres, entre el 4 y el 8%, trabaja en ocupaciones masculinas. Por el contrario, los hombres están repartidos de manera más homogénea. En primer lugar, su concentración en las ocupaciones típicas de su género es menor —en torno a la mitad en Europa hasta 2010 con la ISCO-88 (véase la figura 2)—. En España, hombres y mujeres están más concentrados en este aspecto; en el inicio del período considerado, en torno al 55% trabajaba en ocupaciones masculinas. Con el inicio de la crisis esta concentración se atenúa algo —en parte, como consecuencia de la destrucción de empleo que se produce en el sector de la construcción—. (El cambio en la clasificación trae una variabilidad de difícil explicación en torno al valor del 50%; véase la figura 3). En segundo lugar, los hombres rompen la barrera del género con más facilidad: entre un cuarto y un quinto de los hombres en Europa y España trabaja en ocupaciones femeninas 42 .

Figura 2. Porcentaje de personas en ocupaciones femeninas y masculinas sobre el total de la población empleada (Europa, 2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Figura 3. Porcentaje de personas en ocupaciones femeninas y masculinas sobre el total de la población empleada (España, 2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

En resumen, los gráficos de esta sección muestran que el conjunto de ocupaciones en el que trabajan las mujeres es más restringido que el de los hombres, tanto en España como en Europa. Una manera sistemática de medir su distinto grado de concentración a lo largo de toda la clasificación ocupacional sería utilizar los índices de concentración propuestos por Alonso y Del Río (2010). Con ellos, estas autoras confirman la mayor concentración de las mujeres en unas pocas ocupaciones 43 . En buena medida, la segregación ocupacional observada recoge esta divergencia en grados de concentración entre hombres y mujeres (véase el siguiente apartado, «Segregación ocupacional»).

En este punto, es relevante señalar que la interpretación de estos resultados abre un debate académico. Por un lado, algunos autores interpretan el diferente grado de concentración de hombres y mujeres como el resultado de las restricciones impuestas que discriminan a estas. Así, Cáceres et al. (2004: 6) apuntan que el diferente grado de concentración de hombres y mujeres en ocupaciones «implica una situación injusta para las mujeres, ya que no existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de elegir la ocupación a desempeñar: el espacio de elección de los hombres es (prácticamente) toda la gama de ocupaciones existentes en la economía, mientras que el espacio de elección de las mujeres es (de hecho) bastante más reducido».

Pero para otros autores las diferencias en las ocupaciones desempeñadas por hombres y mujeres obedecen a sus distintos gustos y preferencias (Becker, 1991; Hakim, 2003). Finalmente, es plausible que tanto en el origen de la desigualdad de oportunidades como en el de las distintas preferencias se hallen los estereotipos con los que nos socializamos en una «ideología de género» dada (Grunow, Begall y Buchler, 2018).

Segregación ocupacional

Las ocupaciones de la economía formal son el terreno de estudio clásico de la literatura sobre la segregación de género. En España, por cuanto nosotros sabemos, el primer trabajo al respecto fue el de Sánchez (1991). Este autor registra un aumento entre 1964 y 1988 de 40.5 a 48.0 puntos en el ID y de 14.6 a 20.4 puntos en el índice de Karmel y MacLachlan.

Mora y Ruiz (2003) obtienen valores de 30,0 y 29,3 para el índice M de segregación ocupacional en 1977 y 1992, respectivamente. Pero concluyen que este descenso del 2,4% en el índice no es estadísticamente significativo. Saber si un dato es o no estadísticamente significativo es importante. En este caso, quiere decir que aunque el descenso registrado existe en nuestros datos muestrales, no podemos asegurar con un grado de certidumbre aceptable que el descenso se haya producido realmente en el conjunto de la economía. En resumen, de acuerdo a los análisis de Mora y Ruiz (2003), la segregación ocupacional en España entre 1977 y 1992 fue estable, a pesar del fuerte incremento que se estaba produciendo en el porcentaje de mujeres empleadas en el mercado de trabajo. En otro artículo, centrado esta vez en la segregación de género en ocupaciones e industrias, Herranz, Mora y Ruiz (2005) obtienen los valores siguientes: 27.0 para 1977 y 27,4 para 1992 —confirmando la estabilidad presentada anteriormente—, 30,7 para 1994 y 32,4 para 2000.

El siguiente trabajo de referencia es el de Maté, Nava y Rodríguez (2002). Estos autores confirman la tendencia al alza de la segregación ocupacional que registraron Mora y Ruiz para la década de 1990: entre 1994 y 1999, el índice de Karmel y MacLachlan aumenta de 21,0 a 22,6 puntos. Igualmente, y usando el ID, Cáceres et al. (2004) registran un aumento desde 49,9 puntos, en 1994, a 52,0 puntos en 2001.

El incremento en la segregación ocupacional continúa hasta bien entrado el nuevo siglo. García y García (2009) muestran en un gráfico que el ID pasa de poco más de 35 puntos en 1999 a 40,4 puntos en 2007; en la misma línea, Iglesias, Llorente y Dueñas (2009) publican un valor para el ID de 40,8 puntos en 1996 y de 42,8 puntos en 2007.

Más allá de las cifras concretas —que dependen, por ejemplo, de la edad de la población de referencia y del detalle empleado en la clasificación de ocupaciones—, todas estas mediciones coinciden en señalar la tendencia de la segregación ocupacional a aumentar junto con la tasa de participación femenina a partir de la década de 1990. Sin embargo, para el período más reciente las mediciones recogen una caída notable por primera vez en medio siglo. En un gráfico, Dueñas, Iglesias y Llorente (2014: 350) representan el aumento del ID desde unos 34 puntos, en 1995, hasta poco menos de 40 puntos en 2008, antes de su caída a cerca de 38 puntos en 2009. (Su gráfico, igual que la figura 4, muestra un mayor nivel de segregación en España que en el resto de Europa). Con el índice de Karmel y MacLachlan, Aldaz y Eguía (2016) publican valores de 23,6 para 1999, de 26,0 para 2005 y de 24,9 para 2011. Usando el índice M , Del Río y Alonso (2014) recogen valores por encima de 20 a partir de 2007, aunque con una tendencia descendente que solo parece estabilizarse entre 2012 y 2013.

Nuestras mediciones, presentadas en la figura 4, coinciden con Del Río y Alonso (2014) en mostrar un descenso de la segregación ocupacional desde 2007 hasta 2013, cuando se estabiliza. Nuestros resultados, además, muestran un repunte de la segregación ocupacional en 2017, aunque vuelve a descender en 2018. Por el contrario, en Europa la segregación ocupacional es muy estable antes y durante la Gran Recesión, y solo cae ligeramente a partir de 2013-2014 hasta 2017, creciendo levemente en 2018. Medida en el sentido tradicional, pues, las tendencias de segregación ocupacional en España y en el resto de Europa son contrarias.

Segregación de mercado: ocupaciones y tiempo dedicado al empleo remunerado

Las ocupaciones no son la única fuente de segregación entre los hombres y mujeres empleados en el mercado de trabajo. En él, en promedio, los hombres trabajan más horas que las mujeres. Para comprobar el estado de la cuestión agrupamos la información sobre el número de horas trabajadas de manera habitual por semana. La agrupación presentada en la figura 5 refleja solo dos categorías para facilitar la discusión: trabajo a tiempo parcial (menos de 30 horas semanales) vs. trabajo a tiempo completo 44 . Esa figura muestra que casi un 30% de las mujeres trabaja a tiempo parcial en Europa, mientras que, de los hombres, lo hace menos de un 10%.

Figura 4. Segregación ocupacional en el sentido tradicional (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Figura 5. Porcentaje de personas con empleo a tiempo parcial sobre el total de la población empleada (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

En España, los porcentajes de partida de ambos géneros son menores: entre un quinto y un cuarto de las mujeres trabaja a tiempo parcial, frente a menos del 8% de los hombres. Sin embargo, en España se produce un cambio en la última fase de la Gran Recesión, es decir, entre 2010 y 2013. Entonces, el empleo a tiempo parcial entre los hombres crece un 60,2%. Esto quiere decir que la tasa media anual de aumento del trabajo a tiempo parcial entre los hombres es del 17% anual.

En estos años también aumenta el trabajo a tiempo parcial en España entre las mujeres, pero de modo más atenuado. Para ellas, en el mismo período, el empleo a tiempo parcial crece un 11%, es decir, su tasa media anual de crecimiento es del 3,5% anual.

El incremento relativo del tiempo parcial entre los hombres resulta en la reducción de la brecha de género en este tipo de empleo, desde un máximo de 17,7 p.p. en 2009, a su mínimo de 14,7 p.p. en 2017.

En Europa, desde 2006 a 2017, el trabajo a tiempo parcial entre los hombres crece un 31,6%, es decir, un 2,5% anual. En 2018 este tipo de empleo cae entre los hombres 0,5 p.p. Para las mujeres europeas el crecimiento de 2006 a 2013 es del 6,5%, es decir, un 0,9% anual. La tendencia se estabiliza entre 2014 y 2016 y después desciende. En Europa, la brecha de género en la prevalencia del tiempo parcial oscila entre un máximo de 22,3 p.p. en 2009 y un mínimo de 19,6 p.p. en 2018.

En resumen: las diferencias en horas de trabajo remunerado abren una brecha de género que contribuye a la segregación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, aunque varía en el tiempo. Para medir su contribución a la segregación de mercado seguimos la propuesta de Hakim (2004) de ampliar la agrupación de las horas de trabajo de la distinción binaria descrita en la figura 5 a las siguientes cuatro categorías: de 1 a 10, de 11 a 29, de 30 a 34 (una categoría a veces denominada «trabajo a tiempo completo reducido») y más de 34 horas.

Combinando cada ocupación con las cuatro categorías de dedicación temporal al empleo remunerado, expandimos el espacio sobre el que medimos la segregación dentro del mercado laboral. El índice que se aplica a este nuevo espacio expandido mide la noción de segregación que denominamos «de mercado», es decir, la segregación que se genera conjuntamente por las diferencias de género en: (a) las ocupaciones, y (b) el tiempo dedicado a ellas. Empleamos el índice M porque es el único que permite descomponer la segregación de mercado en: (a) segregación ocupacional neta del efecto del tiempo, y (b) la segregación de tiempo.

En la figura 6 se aprecia que, en 2006, la segregación de mercado en España era más alta que en Europa. En concreto, un 16,9% más. Al final del período observado, el diferencial es del 11,6%. Esta disminución de la diferencia se debe a que en Europa la tendencia es muy estable hasta 2013. Después hay un ligero descenso. Por el contrario, en España la tendencia es claramente descendente desde el inicio de la Gran Recesión, en 2008 (salvo un repunte en 2017 que refleja el aumento de la segregación ocupacional neta). Por tanto, durante dicho período observamos una convergencia muy ligera en la segregación de mercado entre Europa y España.

Figura 6. Segregación de mercado, exclusivamente ocupacional y de tiempo medidas con el índice M (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Segregación ocupacional neta del tiempo

La segregación de mercado se genera simultáneamente por diferencias de género en las ocupaciones del mercado de trabajo y en el número de horas dedicadas a trabajar en estas ocupaciones. En consecuencia, la llamada «segregación ocupacional» de la figura 4, en realidad, recoge tanto la segregación que resulta de las diferencias ocupacionales entre hombres y mujeres, es decir, segregación ocupacional sensu stricto o neta de tiempo, como la segregación que no puede adscribirse a ninguna de las dos fuentes (ocupaciones y tiempo) en exclusividad. Una ventaja de la propiedad descomponible fuerte del índice M es que, como muestran Guinea, Mora y Ruiz (2018), permite identificar estos dos componentes.

La figura 6 muestra la descomposición del índice M de segregación de mercado entre: (a) la segregación ocupacional neta, y (b) la segregación relacionada con el tiempo que, en este capítulo, llamamos «segregación de tiempo» 45 . Es posible realizar otras descomposiciones (véase Guinea, Mora y Ruiz, 2018), pero en este capítulo, por brevedad y por el interés que tiene en este ámbito la segregación ocupacional, nos centramos solo en esta.

Además, en la figura 6 se muestra que en Europa la segregación ocupacional neta es notablemente inferior a la española. La mayor segregación de mercado que existe en España frente a Europa es resultado de su mayor segregación ocupacional neta.

En España, la descomposición permite observar que, entre 2015 y 2017, el repunte de la segregación ocupacional neta (véase la figura 6) es casi el doble que el repunte cuando se considera la segregación ocupacional de la figura 4, esto es, 4% vs. 2,1%. Y la caída entre 2017 y 2018 es algo más acusada: del -5,7% vs . -4,1%.

Figura 7. Segregación de tiempo (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Segregación de tiempo

En ambas geografías la segregación de tiempo tiene una importancia menor en comparación con la ocupacional neta. Además, la tendencia es decreciente hasta 2017 en España, y hasta 2018 en Europa. Este descenso refleja la tendencia decreciente (creciente) en el porcentaje de mujeres (hombres) en el empleo a tiempo parcial, y viceversa en 2018 en España. El último dato para 2018 en España invita a pensar que, a medida que nos alejamos de la Gran Recesión, las dinámicas relativas al tiempo parcial revierten a su tendencia secular (aumento entre las mujeres, descenso entre los hombres).

Segregación económica

El siguiente paso es incorporar a la medición la diferencia que existe entre hombres y mujeres en sus tasas de participación en el mercado de trabajo. Esta es una brecha de género que genera segregación, pero que es obviada si nos centramos solo en la población empleada.

Además, los institutos de estadística registran otros tipos de actividad e inactividad económica en la que también se espera que haya diferencias de género. En la base de datos EU-LFS el estatus económico de cada individuo se distingue gracias a las variables «ilostat» y «mainstat». La primera identifica si un individuo es económicamente activo —empleado o desempleado— o inactivo. La segunda permite al entrevistado, en situación de inactividad económica, identificar su situación: estudiando, retirado/a, al cuidado del hogar/otras personas, con enfermedad o discapacidad permanente, en otro tipo de situación de inactividad económica. Nótese que los inactivos económicamente ni tienen empleo remunerado ni lo buscan de manera activa (si lo hicieran serían desempleados).

Pasamos ahora a describir la evolución temporal de las tasas de representación de cada género en las principales categorías de estatus económico: empleo, desempleo, educación y cuidados. Por brevedad no incluimos la descripción del resto de categorías incluidas en «mainstat».

Empleo

Los institutos de estadística nacionales consideran una persona como empleada, ocupada o que está trabajando si en la semana de referencia trabajó al menos una hora a cambio de una paga, beneficio o ganancia familiar 46 . La conocida como «tasa de empleo» representa el porcentaje de ocupados sobre el total de la población. También es habitual referirse a esta tasa como «la participación» en la oferta laboral.

En la figura 8 se observa que la brecha de género en el empleo es sustancial, en particular antes de la Gran Recesión: en el período considerado, la brecha alcanzó su máximo en 2006, tanto en Europa, con 17,1 p.p. a favor de los hombres, como en España, donde la cifra llegó a los 22,6 p.p. Por otro lado, la brecha se estrecha a su mínimo de 11,5 p.p. en 2018 en Europa, y de 9,5 p.p. en 2013 en el caso español. Nótese que, puesto que la población en edad de trabajar no varía excesivamente de un año a otro, las fluctuaciones mostradas en la figura 8 reflejan fundamentalmente los cambios en la tasa de empleo.

La figura 8 también revela que la reducción de la brecha está asociada al efecto que la crisis tuvo sobre el empleo de los hombres, cuyo descenso fue más acusado que el de las mujeres. Tras 2013 la participación de ambos sexos aumenta y, con ella, levemente, la brecha de género.

Figura 8. Tasa de empleo o porcentaje de ocupados sobre el total de la población entre 15 y 64 años (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Desempleo

Las personas desempleadas se definen como aquellas sin empleo remunerado, pero que lo buscan activamente 47 . La figura 9 revela que la brecha de género en el desempleo de corta duración (inferior a un año) es menor que en el empleo. Además, cambia de signo en 2008, cuando la incidencia de este tipo de desempleo para los hombres pasa a ser mayor que para las mujeres. En España resulta particularmente notable en los peores momentos de la Gran Recesión, entre 2009 y 2013. Por último, esta figura también muestra que existen grandes diferencias en la magnitud del desempleo de corta duración entre España y Europa.

Figura 9. Porcentaje de desempleados de corta duración (menos de un año) sobre el total de la población entre 15 y 64 años (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Por otro lado, la figura 10 pone de relieve que también hay una gran divergencia entre España y Europa en los niveles de desempleo de larga duración (superior a un año) tras la Gran Recesión. Aunque en ambas geografías el inicio de esta coincide con un cambio de signo en la brecha de desempleo de larga duración, en Europa el mayor porcentaje de hombres en esta situación se mantiene hasta 2018. En España los hombres sobrepasan las tasas de desempleo de larga duración de las mujeres solo en los períodos de crisis.

Figura 10. Porcentaje de desempleados de larga duración (más de un año) sobre el total de la población entre 15 y 64 años (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Estudiantes

La figura 11 muestra que, en el caso de los estudiantes, la brecha de género es pequeña pero, por lo general, favorable a las mujeres. Mientras en Europa permanece estable en el período observado, a partir de 2008, en España, el diferencial se reduce hasta desaparecer en 2016.

Cuidados

La categoría de «cuidados» comprende a todas las personas que se ocupan de tareas relacionadas con el hogar y sus miembros. Por tanto, incluye a las personas empleadas en el mercado de trabajo con permiso de maternidad o paternidad en la semana de referencia 48 .

Junto con la participación en el empleo remunerado, esta categoría de estatus económico abre la mayor brecha de género tanto en España como en Europa, como muestra la figura 12. La brecha oscila entre un máximo de 20,7 p.p. (en 2006) y un mínimo de 9,9 p.p. (en 2018) mayor para las mujeres en España, y entre un máximo de 15,7 (en 2008) y un mínimo de 11,8 p.p. (en 2018) en Europa. En resumen, al inicio del período considerado, la brecha es mayor en España, pero desciende más acusadamente que en Europa y acaba siendo inferior. En los años 2017 y 2018 el descenso es especialmente acusado entre hombres y mujeres. Trabajos futuros deberán determinar en qué medida esta tendencia refleja cambios reales en estatus económico o también, tal vez, cambios en el proceso estadístico de registro y codificación de las respuestas en la encuesta.

Figura 11. Porcentaje de estudiantes sobre el total de la población entre 15 y 64 años (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Figura 12. Proporción de personas en cuidados (del hogar u otras personas) sobre el total de la población entre 15 y 64 años (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

Segregación económica

¿Cuál es la valoración de conjunto de las diferencias de género en las ocho categorías económicas de la variable «mainstat»? ¿Cómo resumir las brechas de género encontradas que a veces son favorables a los hombres —en el empleo, por ejemplo—, a veces a las mujeres —véase el caso de la educación— y a veces alternan su valencia entre géneros —como en el desempleo—? La respuesta la ofrecen los índices de segregación económica, que resumen las diferencias en los porcentajes de hombres y mujeres en todos los conceptos revisados en esta sección.

La figura 13 muestra la tendencia de los índices de Gini, Disimilaridad, H y M de segregación económica. Todos ellos registran unos niveles iniciales de la segregación económica superiores en España frente a Europa, una tendencia descendente tanto en Europa como en España hasta 2017, con un descenso más acusado en este país: sus índices basados en la medición de la entropía (H y M) se reducen algo más de la mitad del valor original. Los otros dos, el ID y Gini, se acercan a esta división por dos. Además, la pendiente del descenso de todos los índices resulta particularmente acusada en el período 2006-2012 en España, es decir, coincide en gran medida con los años de la Gran Recesión.

Figura 13. Segregación económica (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba a abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Gracias al análisis detallado que hemos realizado con anterioridad, sabemos que los dos grandes responsables del descenso de la segregación económica en España son: (a) la caída de la tasa de ocupación masculina, que toca suelo en 2013, y (b) la caída del porcentaje de mujeres en cuidados, que ocurre de modo acusado hasta 2013. Estas son las fuentes de las que se nutre el aumento de las tasas de paro entre hombres y mujeres, donde ambos géneros están relativamente igualados.

Después de 2013, el descenso es más suave tanto en Europa como en España. Por último, en España hay un pequeño repunte en 2018, a pesar del estrechamiento de la brecha de género en cuidados. Esto es así porque este estrechamiento no compensa el ensanchamiento de la brecha en la participación en el mercado de trabajo, en las tasas de desempleo de larga duración y en las tasas de estudiantes. En el futuro, cuando contemos con más años en la serie temporal, podremos saber si el relativamente bajo nivel de segregación económica alcanzado en España se sostiene en el tiempo y con la economía en crecimiento o si, por el contrario, el repunte de 2018 marca el inicio de una nueva tendencia creciente.

Segregación de género

Tras medir la segregación de mercado, que solo compete a las personas empleadas, y la económica, que concierne a toda la población, resulta natural sumarlas para conocer el grado medio de separación entre hombres y mujeres en un momento y en un país dado. Ponderando la segregación de mercado por la proporción de la población empleada, el índice M permite realizar esta suma.

Es cierto que cualquier índice puede aplicarse al conjunto de unidades organizacionales que contiene un espacio de segregación ampliado. En nuestro caso, este espacio ampliado incluye ocupaciones, grados de dedicación al empleo remunerado y estatus económico. Por ejemplo, Cohen (2004) mide con el ID la segregación que resulta de añadir los cuidados del hogar no remunerados a la clasificación ocupacional. Sin embargo, ningún índice salvo M cumple las condiciones de una descomposición fuerte. Por ello puede mostrarse que la suma de los valores de M para la segregación ocupacional neta en la figura 4, la segregación de tiempo en la figura 7, ambos ponderados por la tasa de empleo, y la segregación económica en la figura 13 es igual al valor de la segregación de género en la figura 14. La igualdad no se verifica en el caso de ningún otro índice.

La figura 14 muestra que todos los índices registran una caída en la segregación de género, que, para España es notable: se inicia tras 2007, con la Gran Recesión, y toca fondo siete años más tarde en 2014. Entre este último año y 2018 la segregación de género repunta ligeramente. En el resto de Europa la caída se inicia algo más tarde, tras 2008, es mucho más suave y toca fondo en 2016. Resulta llamativa la similitud final en los índices de segregación de género entre España y Europa en el último año analizado: 60 frente a 59, respectivamente.

Figura 14. Segregación de género (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba a abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Contribución de cada fuente de segregación a la segregación de género

Una pregunta que permite plantear la descomposición fuerte del índice M es ¿cuál es la importancia relativa de cada fuente de segregación —las ocupaciones, el tiempo y los estatus económicos— en la segregación de género total? Para valorarlo podemos dividir la magnitud que corresponde a cada fuente entre el valor de la segregación total. Multiplicando el resultado por cien obtenemos qué porcentaje de la segregación de género proviene de cada fuente.

Así, por ejemplo, en la figura 15 se aprecia que, en 2006, en Europa más de la mitad de la segregación de género no se generaba exclusivamente en las ocupaciones del mercado de trabajo: un 31,2% surgía de la segregación económica entre hombres y mujeres en tipos de actividad e inactividad económica, y un 19,8% provenía de las diferencias en horas de trabajo remunerado.

En la figura 15 se aprecia que, si bien el peso relativo de la segregación de tiempo es, en buena medida, estable tanto en Europa como en España, las otras dos fuentes tienen tendencias opuestas: el descenso en el peso relativo de la segregación económica —motivado por el descenso en la proporción de mujeres a cargo del hogar a tiempo completo y el aumento de los porcentajes de desempleadas y empleadas— se refleja en el incremento del peso relativo de la segregación ocupacional, que, recordemos, en términos absolutos es mayor en España que en Europa (véase la figura 4). Esto ocurre así en todo el período considerado en Europa, y hasta 2017 en España. Hemos visto que en 2018, en España, la segregación ocupacional neta desciende y la segregación económica y de tiempo aumentan. Por ello, sus contribuciones a la segregación de género siguen estas mismas pautas.

Figura 15. Contribución de cada fuente de segregación a la segregación de género (2006-2018)

FUENTE : UE-LFS. Elaboración propia.

NOTA : los índices aparecen en el gráfico de arriba a abajo como están ordenados (de izquierda a derecha) en la leyenda.

Conclusiones

Este capítulo se ha centrado en resumir empíricamente la evolución de la segregación de género y sus componentes en España —comparándola con Europa— en un período de tiempo que incluye la Gran Recesión (2008-2013). Teniendo en cuenta que los índices de segregación se caracterizan por variar poco en el tiempo, los cambios observados en solo 13 años, esto es, entre 2006 y 2018 incluidos, son relevantes. En España destacan cuatro tendencias. En primer lugar, el incremento del desempleo a costa de: (a) el empleo remunerado masculino, y (b) el empleo no remunerado de las mujeres en el hogar. En segundo lugar, el aumento del número de hombres con contrato a tiempo parcial. En tercer lugar, la reducción de la segregación ocupacional, y, en cuarto, el resultado agregado de todo ello es un descenso de la segregación de género que, aunque leve en Europa, en España se asemeja a un escalón, con la parte más vertical situada en los años centrales de la crisis (2010-2011), y que resulta en una convergencia notable con Europa: en 2018 el índice M se sitúa en 16,9 puntos en España y en 16,4 puntos en Europa.

Los cambios en España son tan espectaculares que, salvando las distancias, recuerdan a la transformación que sufrió el empleo femenino en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo un incremento del trabajo remunerado en ocupaciones masculinas entre las mujeres. Sin embargo, este cambio ocurrió antes de que: (a) el sector servicios —la principal fuente de empleo para las mujeres en las economías modernas— se expandiera, y (b) la segunda ola del movimiento feminista pusiera en cuestión las relaciones de género en la década de 1960. Por estas dos razones, en parte, la movilización económica de las mujeres cesó en buena medida tras la reincorporación de los hombres al trabajo civil (Goldin, 1990; Hakim, 2000; Kessler, 1982; Milkman, 1987).

En la actualidad, sin embargo, la importancia del sector servicios y la pujanza del feminismo y del igualitarismo de género (Charles y Grusky, 2004) en España (Grunow, Begall y Buchler, 2018) invitan a pensar que la actividad económica de la población femenina perdurará en el tiempo.

Sin embargo, una tendencia tal no implica que la «revolución de género» esté avanzando en todos sus frentes como se suele presuponer. Por ejemplo, conviene tener presente que la segregación ocupacional, frente a lo que a veces se espera (García y García, 2009), tiende a reproducirse, e incluso a crecer, a la par que la tasa de participación aumenta (véase Mora y Ruiz, 2003). Una de las causas de esta dinámica es que, con la ampliación del grupo de mujeres con empleo remunerado, este grupo se hace más diferente de los hombres en relación con las ocupaciones en las que tiende a emplearse. En efecto, las nuevas mujeres que se introducen en el mercado de trabajo tienden a hacerlo en ocupaciones con un alto porcentaje de mujeres que, además, aumenta con su entrada (Jacobs, 1989; Padavic y Reskin, 1992).

Para referirse a este fenómeno a veces se habla de la «selectividad» de las mujeres empleadas (Winship y Mare, 1992). Cuando las mujeres en el mercado de trabajo son pocas, estas son «especiales» con respecto al conjunto de la población femenina. Sin embargo, al aumentar el empleo femenino, las mujeres en el mercado de trabajo se seleccionan menos a partir de las dimensiones que no suelen observarse en los encuestas, pero que afectan al comportamiento laboral. Ejemplos de estas dimensiones no observadas pueden ser la fuerza de los estereotipos de género en su socialización temprana, su inclinación por el riesgo y la autonomía económica, características socioeconómicas e ideología de género de sus parejas, etc. Análogamente, se puede decir que el empleo femenino incluye de manera progresiva a más mujeres cuyas restricciones personales, sociales y económicas, así como sus preferencias y capital humano, difieren más de las de los hombres empleados y, por lo tanto, también difieren más en sus ocupaciones.

Pero, tal vez, el fenómeno de mayor calado para el equilibrio de género que la Gran Recesión ha propiciado no sean estos cambios en la actividad económica de las mujeres, sino el incremento del porcentaje de hombres en empleos a tiempo parcial. Si este fenómeno modifica las expectativas vitales de un número suficiente de hombres —alterando sus decisiones de inversión en capital humano, por ejemplo—, las relaciones de género podrían verse profundamente afectadas. En tal situación, sería plausible que una menor dedicación de los hombres al empleo remunerado se tradujera en más tiempo de trabajo no remunerado dentro de los hogares. Esta evolución sería congruente con los postulados de la tesis del nuevo equilibrio familiar (Esping y Billari, 2015).

Una tendencia tal podría afectar a varias de las múltiples aristas que el fenómeno de la desigualdad de género tiene. Por ejemplo, la menor dedicación de los hombres al empleo remunerado disminuiría la segregación de tiempo en el mercado laboral. Además, esta reducción posiblemente conduciría a un estrechamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, tal y como ha sugerido la economista estadounidense Claudia Goldin (2019) en su visita a España para recoger el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA: «si además de las mujeres, los hombres exigen un aumento salarial por la disponibilidad laboral y son los primeros que dicen a sus jefes que no están dispuestos a trabajar horas extra el domingo y perderse el partido de fútbol de su hija, las empresas reaccionarán».

En unos pocos años podremos verificar si el incremento del trabajo a tiempo parcial entre los hombres es una nueva característica del mercado de trabajo español, así como cuáles son sus efectos sobre el equilibrio de género. Alternativamente, si la aparente reversión de esta tendencia en 2018 se consolida, conduciría a pensar que el incremento del trabajo a tiempo parcial entre los hombres fue una pequeña consecuencia de la Gran Recesión, sin mayor alcance para el equilibrio de género. 49

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35 «Armonizar» significa homogeneizar o traducir distintas clasificaciones a una común, como pueden ser las clasificaciones nacionales de ocupaciones que se traducen a una común como ISCO, acrónimo de International Standard Classification of Occupations , la clasificación que presentamos más adelante.

36http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/ (datos de 2017, consultados el 2 de abril de 2019).

37 Es decir, la clasificación que emplea un detalle tal que necesita de tres dígitos para identificar cada ocupación.

38 Los países europeos incluidos en EU-LFS, pero ausentes de nuestro grupo, no incluyen información en alguna de las variables de interés que describimos a continuación. Alemania, Noruega, Reino Unido y República Checa no tienen información sobre tipos de inactividad económica en ningún año. Esta variable también falla para Bulgaria antes de 2018, Islandia entre 2012 y 2014, Rumanía y Suiza antes de 2010 y Suecia en 2006. Finalmente, Luxemburgo no tiene información ocupacional en 2006.

39 Entre los países incluidos en este análisis la edad mínima para trabajar a tiempo completo varía entre los 15 años de Dinamarca y Grecia y los 18 años de Bélgica, siendo esta edad los 16 años en el resto (European Union Agency For Fundamental Rights, 2019). La edad de jubilación oficial varía entre países y, en ocasiones, entre hombres y mujeres dentro de un mismo país. En cualquier caso, en 2018 la edad media efectiva de jubilación oscilaba entre los 60 y los 65 años para hombres y mujeres en la mayoría de los países considerados (OCDE, 2019).

40 Los institutos de estadística actualizan sus clasificaciones ocupacionales cada decenio. ILO no lo hace con esa periodicidad. La ISCO-88 se adoptó en 1988 y solo fue sustituida veinte años después, en 2008, por la ISCO-08 (ILO, 2019b). La nueva ISCO busca reflejar los cambios tecnológicos que han ocurrido en este período, principalmente los ligados a las tecnologías de la información y computación. Pero la ISCO-88 también tiene en consideración la transformación del mercado de trabajo que conlleva el aumento de la participación femenina (Eurostat, 2019). Tradicionalmente, las clasificaciones ocupacionales han diferenciado con detalle las ocupaciones masculinas. Por ejemplo, la ISCO-88 y la ISCO-08 distinguen entre dos ocupaciones masculinizadas muy relacionadas: Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines (712 en ISCO-88 y 711 en ISCO-08) y Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines (713 en ISCO-88 y 712 en ISCO-08). Sin embargo, en ISCO-88 todas las ocupaciones de cuidados aparecen codificadas bajo el título Trabajadores de los cuidados y afines (513). La ISCO-08 trata de diferenciar entre distintas ocupaciones de servicios mayoritariamente desempeñadas por mujeres. Así, por ejemplo, desdobla la ocupación original (513) y ahora distingue entre Cuidadores de niños y auxiliares de maestros (531) y Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud (532). Dado este aumento de detalle, en nuestra base de datos pasamos de 111 ocupaciones con la ISCO-88 a 128 con la ISCO-08. Eurostat armoniza todas las clasificaciones nacionales con la ISCO-88 hasta 2010 y, posteriormente, con la ISCO-08. Tras este año pueden producirse saltos de nivel en parte causados por el cambio en la clasificación ocupacional.

41 La desviación típica es la desviación media que existe en torno a un estadístico que, en nuestro caso, es una ratio o proporción. En una distribución normal, aproximadamente un 68% de las observaciones tiene valores situados a una desviación típica de distancia del estadístico de referencia.

42 Es importante observar que, aunque no hubiese segregación alguna, sino solo asignaciones aleatorias de hombres y mujeres en las ocupaciones, de media más hombres que mujeres «romperían la barrera del género» puesto que en el mercado de trabajo hay más hombres que mujeres.

43 Índices a los que estas autoras llaman «índices locales de segregación».

44 Véase Van Bastelaer, Lemaître y Marianna (1997) para una justificación de esta distinción en las comparaciones internacionales.

45 Es decir, la suma de la segregación neta de tiempo y la segregación que no puede adscribirse a ninguna de las dos fuentes en exclusividad.

46https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Employed_person . Consultado el 2 de mayo de 2019.

47 La definición técnica es que el individuo: (a) no tenía empleo durante la semana de referencia, (b) ha buscado activamente empleo en algún momento en las últimas cuatro semanas, y (c) está disponible para empezar a trabajar en las dos siguientes semanas (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Unemployment. Consultado el 2 de mayo de 2019). Por otro lado, nótese que no hablamos de «tasa de paro», porque, con esta expresión, se conoce de manera habitual el porcentaje de parados sobre el total de la población activa y no sobre el total de la población. Este último es el denominador en los porcentajes que citamos aquí.

48 Nótese que las estadísticas oficiales incluyen a estas personas entre los empleados.

49 Nótese que análisis no publicados en este capítulo revelan que el incremento del tiempo parcial se produce acusadamente entre los hombres más jóvenes y su incidencia disminuye progresiva y rápidamente con la edad. Este hecho no contradice nuestro argumento. Más bien rema a su favor: si hay un cambio en las normas de los hombres jóvenes, habrá un cambio en el equilibrio de género porque «de ellos es el futuro». Por el contrario, si el aumento del trabajo a tiempo parcial entre los hombres que hubo durante la crisis se circunscribe a los hombres jóvenes (perdiéndose cuando estos envejecen), el incremento habrá sido una consecuencia de la crisis sin consecuencias para el equilibrio de género.

Mercado de trabajo y clases sociales

Luis Garrido Medina, Juan Jesús González Rodríguez y Jacobo Muñoz Comet

Conceptos básicos

En este capítulo vamos a presentar los dos principios básicos de estratificación en las sociedades industrializadas: el mercado de trabajo y la estructura ocupacional, haciendo referencia al caso español y a su evolución a lo largo de las cuatro últimas décadas. Dedicaremos este primer apartado a exponer, de manera sencilla, cómo el estudio del mercado de trabajo y de la estructura ocupacional nos puede proporcionar criterios de estratificación claros, desde un punto de vista analítico, y fáciles de operacionalizar, desde un punto de vista empírico. En el próximo apartado presentaremos la evolución del mercado de trabajo en España durante el período de referencia, así como los principales rasgos de la estructura ocupacional. Más adelante mostraremos un modelo de estructura de clase que contempla dichos criterios de estratificación y que es sensible a los cambios estructurales observados durante ese tiempo. Nuestro objetivo, por tanto, es realizar una descripción de los cambios estructurales observados en España que sea lo más informativa posible y que esté teóricamente fundada.

Esta primera descripción de la evolución de la estructura de clase en España nos permitirá estudiar los principales factores de transformación estructural: la desagrarización, la asalarización, el aumento de la cualificación de la fuerza de trabajo y el aumento de la temporalidad contractual, con particular atención al aspecto más visible del cambio estructural: la emergencia y expansión de las nuevas clases medias asalariadas.

De los tres elementos estructurales mencionados (mercado de trabajo, ocupación y clase), la ocupación tiene un lugar central. Como punto de partida podemos empezar diciendo que las ocupaciones son paquetes estandarizados de trabajo o conjuntos de habilidades y cualificaciones definidos en el marco de una determinada división técnica del trabajo que están sometidos a un proceso creciente de mercantilización al hilo del cual se configura el mercado de trabajo. Pero la estructura ocupacional es algo más que el mercado de trabajo resultante de este proceso, así como el mercado de trabajo es algo más que un mercado. Si fuera un mercado en sentido estricto las posibilidades de moverse con éxito en él vendrían dadas por el esfuerzo y la competencia, y la teoría del capital humano sería suficiente para explicar su funcionamiento (el esfuerzo y las titulaciones obtenidas serían el mejor predictor de la posición social finalmente alcanzada). El problema se complica, al menos, por dos vías: por un lado, junto con los criterios relacionados con el mérito que rigen el acceso a ciertas posiciones siguen funcionando criterios de herencia. Por otro, junto con la tendencia de todo mercado al abaratamiento de los productos que circulan por él (y a los consiguientes mecanismos de proletarización de la fuerza de trabajo), el mercado de trabajo también promueve mecanismos que no son propiamente de mercado 50 , como la segmentación y la compartimentación de la fuerza de trabajo en nichos laborales cerrados y estancos, a los que se accede o de los que se excluye no por criterios de mérito o competencia, sino por criterios adscriptivos: etnia, sexo, edad, etc.

Dejando a un lado, por el momento, el problema de la segmentación, el mercado de trabajo nos proporciona algunos criterios básicos para la definición de las clases según si los individuos que acuden a él lo hacen para comprar o para vender fuerza de trabajo (FT a partir de ahora). De hecho, esta ha sido la estrategia preferida por los marxistas a la hora de establecer las clases tradicionales: la burguesía (entendiendo por tal a quienes, disponiendo de capital, compran FT) y el proletariado (que se ve abocado a vender su FT). Durante mucho tiempo esta estrategia de definición de las clases no fue más allá de dicha dicotomía, pero no porque la estrategia no lo permitiera, pues si de lo que se trata es de definir las clases a partir de una serie de recursos productivos considerados básicos (capital y trabajo, en el caso de los marxistas), dicha estrategia podría distinguir no solo entre los que compran y venden fuerza de trabajo, sino entre quienes, pudiendo vender la suya, optan, en cambio, por comprar capital, acudiendo al mercado de crédito (Roemer, 1989). Este es, por cierto, uno de los aspectos curiosos del debate sobre las clases, pues pese a tanta y tan intensa discusión nunca ha quedado del todo clara la posición de clase de los empresarios —que se caracterizan, a menudo, por hacer eso.

Por otro lado, el estudio del mercado de trabajo nos puede facilitar una segunda línea de aproximación a la estratificación social a través del fenómeno conocido como «segmentación». Desde la crisis económica de los años setenta del siglo XX , la economía española ha estado sometida a procesos continuos de reestructuración productiva y de reorganización del trabajo con las consiguientes exigencias de flexibilización laboral, lo que ha traído como consecuencia una apertura del abanico salarial y un aumento de las desigualdades de cualificación. Sin embargo, tal como vienen defendiendo algunos analistas del mercado de trabajo, lo realmente novedoso no habría sido tanto esa mayor desigualdad entre los trabajadores como la formación de una divisoria interna al mercado de trabajo en virtud de la cual las diferencias entre ellos dejaran de ser una cuestión de grado (más o menos cualificación y/o salario) para convertirse en una barrera infranqueable entre dos ámbitos compartimentados del mercado de trabajo: un segmento del mismo llamado mercado primario, donde se desenvuelven los trabajadores más cualificados y mejor organizados, con mejores salarios y expectativas de promoción, y un mercado secundario que solo proporciona empleo inestable y mal pagado, y en el que quedan atrapados los trabajadores peor cualificados, los más jóvenes o las mujeres. De ser esto así, nos encontraríamos, como ya adelantamos, con que los criterios de mercado o de mérito son sustituidos por criterios adscriptivos en virtud de los cuales el acceso a determinados puestos, o su exclusión de ellos, pasa a depender de factores tales como la etnia, el sexo o la edad, lo que tendría consecuencias ineludibles para el estudio de la estratificación y la movilidad. Está por dilucidar, en cualquier caso, en qué medida esta visión dualista del mercado de trabajo se corresponde con lo ocurrido en España. A ello nos referiremos más adelante.

Empero, tal como decíamos, el estudio de la estructura ocupacional no se agota en el mercado de trabajo, sino que lo transciende al tiempo que nos permite enlazar con el estudio de la estratificación en su sentido más imponente: la estructura de clase. El problema es que la relación entre una estructura y otra depende de la perspectiva teórica que se adopte. Simplificando, cabría decir que, mientras la perspectiva marxista tradicional tendía a privilegiar la estructura de clase, dejando la ocupación en una posición subordinada, el funcionalismo, por el contrario, ha tendido a subsumir la primera en esta última limitándose, con frecuencia, a considerar las ocupaciones de profesionales y técnicos como clase alta, a los empleados de cuello blanco como clase media y a las ocupaciones manuales como clase baja, donde las clases terminan por convertirse en estratos ocupacionales ordenados en vertical en función de su cualificación y/o, las más de las veces, su prestigio.

Quizá convenga recordar que el funcionalismo emergente a mediados del siglo pasado representó un duro ataque a la noción de «clase social» y, en particular, al papel de las relaciones de propiedad como soporte de dicha noción, dando lugar a la proliferación de esquemas multidimensionales y a ejercicios empiristas mediante escalas de estatus carentes, con frecuencia, de fundamentación teórica (Kerbo, 2003: 114ss). A ello contribuyó, en buena medida, la incapacidad del marxismo de dar cuenta de la reorganización de las relaciones de producción capitalistas, de la progresiva diferenciación entre propiedad y control, del impacto de los cambios técnicos y, en definitiva, de la emergencia imparable de las llamadas «nuevas clases medias» (directivos, supervisores, profesionales y técnicos).

Los intentos del marxismo estructuralista de la década de 1970 por responder a la nueva situación fueron, por lo general, insatisfactorios, de manera que la primera respuesta seria procedió de sociólogos ingleses adscritos a la tradición weberiana, como Frank Parkin y John Goldthorpe. A efectos de esta exposición conviene recordar la contribución de este último, autor de numerosos y bien conocidos estudios de estratificación y movilidad en las sociedades de capitalismo avanzado. Continuando con la preocupación típicamente weberiana por las pautas de movilidad y cierre social, la investigación de Goldthorpe ha estado orientada a evaluar la medida en la que las sociedades modernas se han hecho más o menos abiertas e igualitarias a lo largo del siglo pasado. Desde un punto de vista empírico, la categorización de su modelo de clase parte de la escala de deseabilidad social de las ocupaciones planteada por él mismo en la década de 1970 (Goldthorpe y Hope, 1974). Dada la dificultad de establecer una fundamentación teórica de las incontables escalas de estatus y prestigio que se habían elaborado hasta entonces, Goldthorpe llegó a la conclusión de que lo máximo que podíamos afirmar del ordenamiento que la gente hace de las ocupaciones era que unas son más deseables que otras, aunque el contenido de tales preferencias escapa a cualquier criterio único de interpretación, ya sea en términos económicos (expectativas de renta), políticos (poder e influencia) o de prestigio (consideración social y respeto).

Desde un punto de vista teórico, Goldthorpe parte de la distinción entre situación de mercado y situación de trabajo, en cuanto «componentes principales» de la posición de clase (Goldthorpe, 1980: 40). Mientras la primera hace referencia a la posesión de los diferentes recursos productivos con que los individuos se acercan al mercado (ya sean medios de producción o cualificaciones), la segunda se refiere al grado de control de los individuos sobre el puesto y su entorno laboral. Según este autor, su modelo de clase pretende combinar categorías ocupacionales «comparables, por un lado, en términos de sus fuentes y niveles de renta y otras condiciones de empleo, en su grado de seguridad económica y en sus posibilidades de mejora; y por otro, en su localización en los sistemas de autoridad y control que rigen los procesos de producción en que se encuentran involucrados» (ibíd.: 40). De este modo, Goldthorpe se alinea así con otros autores neoweberianos como Parkin, que tienden a relativizar las relaciones de propiedad y a enfatizar la estructura ocupacional con el argumento de que «la pared maestra» de la jerarquía de clases y de todo el sistema de remuneraciones de la sociedad moderna es la estructura ocupacional (Parkin, 1978: 25).

Aunque estos conceptos de situación de mercado y situación de trabajo no siempre queden claros y de que, en la práctica, presenten problemas de operacionalización, no hay que olvidar que el interés estratégico de Goldthorpe no es otro que contrastar diversas hipótesis acerca de la movilidad social, por lo que, ante todo, las categorías resultantes deben ser sensibles a los fenómenos de cierre social. De ahí, por ejemplo, el énfasis puesto en la distinción entre ocupaciones manuales y no manuales (algo que los marxistas siempre han negado como diferencia de clase), en cuanto umbral socialmente visible de jerarquía ocupacional asociado a diferencias de consideración y prestigio que pueden afectar a las condiciones de trabajo, aunque no a la renta ni a la cualificación, al tiempo que frontera relativamente permeable a la movilidad intergeneracional (Goldthorpe, 1980: 47ss).

Más importante aún en el esquema de Goldthorpe es la idea de clase de servicio, que constituye el verdadero principio estructurante de su clasificación. Según el propio autor, esta clase incluye «posiciones que implican típicamente el ejercicio de la autoridad y/o de la cualificación […] y supone considerable autonomía y libertad respecto del control de otros» (ibíd.: 41). En principio, esta clase parece corresponderse con lo que Ralf Dahrendorf ha denominado «la clase de servicio del capitalismo moderno», es decir, el grupo directivo que se pone al servicio de la propiedad del capital tras la separación entre propiedad y control, si bien Goldthorpe también incluye en ella a los empresarios y las profesiones liberales, pese a que todavía no hayan sido asimilados en el proceso de formación de esta nueva clase. Al hacer este añadido Goldthorpe no es del todo consecuente con la idea original de «clase de servicio», toda vez que la regla de inclusión, finalmente, no es otra que la pertenencia a ciertas categorías ocupacionales, aunque sin que ello garantice las condiciones de autoridad y autonomía contenidas en su propia definición.

Desde una perspectiva neomarxista, la ocupación pertenece al orden de las «relaciones técnicas de producción», pudiéndose definir como un conjunto de tareas o actividades que se inserta en la división técnica del trabajo. La clase, en cambio, se define por la posición en las relaciones sociales de producción, de manera que, desde esta perspectiva, «es imposible definir las clases como conglomerados de ocupaciones: clase y ocupación se sitúan en órdenes teóricos básicamente diferentes» (Wright, 1980: 177-178). En consecuencia, «cualquier intento serio de entender la dinámica del cambio social debe intentar teorizar las relaciones entre estas dimensiones, más que reducir la una a la otra» (ibíd.: 201).

El problema es que de los tres criterios de estratificación clasista que propone Wright, según haya o no propiedad o posesión de bienes de capital, bienes de organización y/o bienes de cualificación (Wright, 1985), es difícil establecer una definición operativa de estos últimos que no pase por la referencia a ciertas categorías ocupacionales. Tal como han señalado autores de corte weberiano, esta dificultad tropieza con la pretensión típica de los marxistas de circunscribir la clase al ámbito de la producción, en lugar de plantearla en términos de situación de mercado, como suelen hacer los weberianos. En consecuencia, aquellas categorías de clase que implican «bienes de cualificación» resultan difícilmente operacionalizables si no es con el concurso de categorías ocupacionales que suelen ir estrechamente asociadas a la posesión de titulaciones profesionales 51 .

La distinción de Wright entre bienes de capital, de organización y de cualificación da lugar a una matriz compleja de estructura de clase (Wright, 1985, 1993 52 ) y a una variedad de posiciones (hasta doce) que al final pueden reducirse a un modelo tricotómico: «propietarios de los medios de producción», «clase media» y «clase trabajadora», en el que la segunda incluye a todos los asalariados que poseen bienes de organización (es decir, ocupan posiciones de autoridad o control) y/o bienes de cualificación (desempeñan tareas de profesionales o técnicas). También el modelo de clase de Goldthorpe, que en su versión más detallada puede llegar hasta once categorías, puede reducirse, a su vez, a un modelo tricotómico, pero la significación de las categorías resultantes es distinta de la de Wright.

Así, podemos agrupar el modelo de Goldthorpe en tres categorías principales: la mencionada «clase de servicio», las «clases intermedias» y la «clase obrera», que incluye a los trabajadores manuales en sentido estricto. Para empezar conviene no confundir las «clases intermedias» de Goldthorpe con la clase media de Wright, para quien esta se distingue, por así decirlo, por realizar tareas de mediación entre el trabajo y el capital, ya sea mediante labores directivas o de supervisión (bienes de organización), ya sea mediante su competencia técnica (cualificaciones). Por contraste, las «clases intermedias» de Goldthorpe (que incluyen trabajadores no manuales y autónomos) no tienen otra característica que la de situarse en esa zona de la estructura social que registra la mayor permeabilidad y movilidad social.

En consecuencia, el equivalente teórico de la clase media de Wright sería la «clase de servicio» de Goldthorpe si no fuera por sus discrepancias a la hora de considerar la propiedad de los medios de producción. Es decir, mientras los neomarxistas intentan preservarla como un factor crucial de diferenciación clasista, los neoweberianos tienden a relativizarla o a establecer fronteras en su interior, pero sin reconocerla como una frontera de clase (que, en último término, depende del tipo de ocupación, del tamaño de la plantilla empleada, etc.). De ahí que, mientras el modelo de Wright establece una jerarquía de bienes productivos que privilegia los medios de producción frente a la posición en la organización y las cualificaciones, el modelo de Goldthorpe parece invertir dicha jerarquía o, al menos, subvertirla. Como consecuencia, en tanto que el modelo de Wright coloca en primer lugar a una clase explotadora que ocupa una posición de privilegio, el de Goldthorpe coloca en su lugar a una clase de servicio que, acaso, podríamos calificar de clase excluyente , pero que, como su propio nombre indica, también está en posición de subordinación (al servicio de). Ahora bien, quienquiera que sea el beneficiario de tal servicio parece situarse fuera del modelo 53 .

Para resolver el problema Goldthorpe ha optado por incluir a los grandes empleadores en la misma categoría que, presumiblemente, se encuentra a su servicio, con la consiguiente heterogeneidad de esta categoría. Por su parte, Wright incluye en una misma categoría a los propietarios de los medios de producción sin atender a su cualificación. Por último, tampoco hay correspondencia entre la «clase obrera» de Goldthorpe y la «clase trabajadora» de Wright, dada la costumbre de los weberianos de distinguir en el seno de esta última entre trabajadores manuales (clase obrera) y no manuales (los cuales forman parte de las clases intermedias) 54 .

La evolución del mercado de trabajo

El desarrollo de la economía española no se ajusta con facilidad a los modelos típicos de desarrollo. En términos muy generales podríamos decir que se trata de un caso híbrido que refleja las contradicciones de un país situado en la periferia del centro y que, por tanto, combina rasgos heterogéneos procedentes de diferentes modelos. A primera vista cabría pensar que su evolución sectorial sigue una pauta convencional, en virtud de la cual la industria y los servicios crecen a expensas de la agricultura, hasta que la primera se estabiliza y cede todo el protagonismo de la expansión a los servicios. Alcanzado un cierto umbral de desarrollo industrial, los servicios siguen creciendo no solo a costa de la agricultura, sino también de la pérdida de participación de la industria en la economía nacional.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la desindustrialización se inició en España antes incluso de alcanzar el umbral de maduración industrial que hubiera sido deseable de acuerdo a los estándares europeos, dado el carácter tardío de la industrialización española. En consecuencia, la economía española pasó de la industrialización (que comprende desde la segunda mitad de los años cincuenta del pasado siglo a la primera de los setenta) a la desindustrialización, debido a la irrupción de la crisis económica a mediados de la década de 1970 y a la particular gravedad de la misma en el caso español. Tras diez largos años de crisis, la recuperación económica de la segunda mitad de la década de 1980 fue vigorosa, pero no lo suficientemente larga (1985-1991) para la adecuada resolución de los problemas heredados del franquismo. Por fortuna, la recesión que vino a continuación fue corta (1992-1993) y estuvo seguida de una nueva fase expansiva más larga y sostenida que la anterior, de tal manera que, mientras en la primera fase (1985-1991) la ocupación no agraria creció un 27%, en la segunda (1994-2007) lo hizo un 74%, contribuyendo a la estabilización del empleo en España pese a que la temporalidad se mantuvo muy alta.

En consecuencia, la trayectoria seguida por la economía española desde el franquismo recomienda cierta precaución a la hora de caracterizar sus rasgos principales, toda vez que rasgos convencionalmente asociados a la modernización, como la expansión de los servicios, la reducción del trabajo autónomo, etc., pueden tener significados distintos según el contexto económico e institucional que se contemple. No conviene olvidar que la crisis económica de los setenta adquirió particular dramatismo por coincidir con la transición política, lo que condicionó y limitó sensiblemente la capacidad de la sociedad española para responder y adaptarse a las nuevas circunstancias de la globalización (y, en concreto, al traslado de una parte de la producción manufacturera desde Occidente al Oriente asiático), de tal forma que la dificultad y el retraso a la hora de salir de la crisis, en comparación con los países del entorno europeo, se debieron, por un lado, a esa coincidencia temporal y, por otro, a la peor situación de partida.

La recuperación económica de la segunda mitad de la década de 1980 estuvo condicionada y estimulada por la integración europea, lo que contribuyó a que la reestructuración técnico-productiva y la internacionalización económico-financiera características de la poscrisis fueran de extraordinario alcance en España. El problema, como hemos visto, es que la fase expansiva de la segunda mitad de los ochenta resultó insuficiente para resolver los problemas heredados del régimen anterior, además de que la recesión de 1992-1993 fue breve pero contundente.

Cualquier reflexión sobre la evolución del mercado de trabajo en España debe tomar como punto de partida el problema de la escasez de empleo que, con carácter crónico, ha padecido la economía española. Esto es particularmente evidente a la salida del franquismo, dado el recurso preferente de este a la exportación de fuerza de trabajo (el franquismo incentivó cuanto pudo la emigración como mecanismo de obtención de divisas), lo que limitó, las ya de por sí escasas posibilidades de crecimiento del empleo en los años del desarrollismo franquista por el carácter proteccionista (y, por tanto, falto de competitividad) de la política industrial de entonces. Conviene recordar en este punto que a la altura de 1985, cuando la crisis de la década de 1970 llegaba a su fin, la tasa de paro rebasaba con creces el 20%, al tiempo que la tasa de actividad no llegaba al 50%.

La citada recuperación de los años ochenta del siglo XX , como hemos visto, fue demasiado corta como para resolver los problemas heredados: a mediados de los ochenta, el sector agrario seguía embolsando cuantiosos excedentes de mano de obra a la espera de empleos más atractivos (González y Gómez, 2002), al tiempo que las nuevas generaciones de mujeres irrumpían masivamente en el mercado de trabajo, apoyadas en un nivel de formación educativa y laboral sin precedentes (Garrido, 1992). Si a ello añadimos que, por entonces, hacían su entrada en el mercado de trabajo las cohortes más numerosas de españoles (los nacidos durante el baby boom de la década de 1960), se comprende con facilidad que el efecto combinado de todo ello impidiera una reducción significativa de la tasa de paro, que no bajó del 15% durante toda la fase de recuperación.

En líneas generales podemos caracterizar aquella fase de recuperación mediante los siguientes rasgos:

• Un intenso proceso de desagrarización, con un descenso continuado del trabajo en régimen de ayuda familiar asociado al declive de la forma de producción familiar característica de sectores tradicionales como la agricultura y el comercio (Garrido, 1991: 180-198).

• La expansión de los servicios y, en particular, de los servicios públicos como consecuencia de dos factores principales: a) la reforma y descentralización de la Administración Pública asociada al Estado de las Autonomías, y b) la expansión del Estado de bienestar, con la universalización de la educación y la sanidad.

• La incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo como efecto combinado de lo anterior y de su extraordinario esfuerzo educativo.

• El autoempleo no agrario, que había crecido tanto en términos absolutos como relativos durante la fase de crisis económica, siguió creciendo en términos absolutos aunque manteniendo su peso relativo en la fase de recuperación y, con ello, la tasa de asalarización, lo que sugiere que su evolución no solo respondía a estrategias defensivas en momentos de crisis, sino también a procesos de externalización por parte de las empresas.

• La tasa de temporalidad del empleo asalariado se disparó, pasando del 23% en 1988 al 33% en 1992, lo que es tanto como decir que casi todo el crecimiento del empleo asalariado de ese período fue eventual. Esto dio lugar a numerosos análisis del mercado de trabajo en clave dualista, que interpretaban su evolución como un proceso de segmentación e incluso de polarización.

En comparación con la fase expansiva de la segunda mitad de la década de 1980, la nueva fase expansiva que se inicia a mitad de la de 1990 fue, aparte de más duradera, distinta en su dinámica interna, pues a diferencia de aquella, que era muy dependiente de la expansión del empleo público, la nueva fase (1994-2007) dependía casi de manera exclusiva del sector privado, concediendo un protagonismo inusitado a sectores como la construcción. Por su parte, la integración laboral de las mujeres continuó a buen ritmo, con la salvedad que comentaremos más adelante. Pero el rasgo distintivo más relevante ha sido, sin duda, la combinación de una auténtica explosión de empleo con una inversión de la tendencia al aumento de la temporalidad de la fase anterior, probablemente como consecuencia de la reforma laboral de 1997 que, a diferencia de la de 1984 (que había sido una reforma flexibilizadora), fue estabilizadora. Para hacernos una idea basten dos datos: en los seis mejores años de la etapa socialista (entre 1985 y 1991) se crearon algo más de dos millones de empleos asalariados no agrarios, en tanto que en los seis años siguientes a la reforma de 1997 se crearon cerca de tres millones y medio. Pero no es eso lo más importante, sino que mientras la práctica totalidad del saldo de crecimiento del empleo en el primer caso era eventual, el balance resultaba mucho más favorable en el segundo: tres de cada cuatro empleos de dicho saldo eran indefinidos.

El problema es que, tal como hemos descrito en el apartado introductorio, el modelo productivo sobre el que se asentó la segunda fase expansiva mencionada (1994-2007) era insostenible, lo que provocó una burbuja de grandes proporciones en torno al sector inmobiliario, cuyo estallido dio paso a la Gran Recesión (2008-2013), larga y devastadora para el empleo, llegándose a alcanzar tasas de paro nunca vistas hasta entonces (del 27%). En consecuencia, aunque el empleo no agrario pasó de 14,6 millones en el año 2000 a 19,7 millones en 2007, de esos casi cinco millones de empleos nuevos que se crearon en siete años se perdieron 3,3 millones en el sexenio siguiente (2007-2013), con lo que la renta de los hogares retrocedió en 2013 a niveles de finales del siglo XX , perdiéndose todas las ganancias conseguidas desde entonces. A partir de 2014 se inicia una lenta recuperación que resulta especialmente llamativa en términos de aumento de la productividad, por cuanto ya estamos cerca de alcanzar el nivel de PIB de 2008, con una tasa de paro mucho mayor (en torno al 20%) y con casi dos millones de empleos menos.

En líneas generales podemos hacer el siguiente balance de esta segunda fase del ciclo económico:

• En primer lugar, el proceso de desagrarización llega a su fin coincidiendo con el momento álgido del ciclo económico, a partir del cual la ocupación agraria se estabiliza en torno a los 750.000 empleos, lo que viene a representar un 4% de la población ocupada total (así ocurre a lo largo del período 2009-2016).

• El crecimiento de la ocupación en la fase alcista del ciclo se explica en buena medida por el boom de la construcción, que llega a suponer un aumento de 800.000 empleos entre el año 2000 y el año 2007, pero que supuso una pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo tras el estallido de la burbuja (entre 2007 y 2014).

• El autoempleo no agrario, que había crecido a buen ritmo en la fase expansiva del ciclo (aunque algo por detrás del resto de la ocupación), descendió bruscamente en la primera fase de la crisis (más rápido que el resto de la ocupación), aunque se estabilizó antes que la ocupación asalariada, representando en torno al 16% del total de la ocupación no agraria desde 2012. En consecuencia, la tasa de salarización nunca ha llegado al 85% (su valor máximo alcanzó el 84,8% en 2011).

• La tasa de temporalidad alcanzó su valor máximo en 2006 (un 34%), para caer en picado con el brutal ajuste que las empresas aplicaron a sus plantillas durante la crisis (toda vez que el recorte de plantillas empezó, como es lógico, por los temporales, cuyo coste de despido es menor) llegando a alcanzar un suelo del 23% en 2013. Con la recuperación, la tasa de temporalidad ha vuelto a crecer al ritmo de un punto porcentual por año.

La evolución de la estructura de clase

Dedicaremos este apartado a exponer la evolución de la estructura de clase durante las últimas cuatro décadas. Comenzaremos presentando el modelo de clase que vamos a emplear para la descripción de los principales cambios estructurales registrados durante este tiempo. A continuación, haremos una breve referencia a la periodización y a las fechas que vamos a tomar como referencia para evaluar dichos cambios. Por último comentaremos los principales resultados que se desprenden del estudio en relación con los procesos más importantes: la desagrarización, la asalarización y el aumento de la cualificación de la fuerza de trabajo.

Nuestro modelo de análisis atiende a los criterios básicos de estratificación mencionados con anterioridad: para empezar, el modelo distingue entre propietarios (trabajadores por cuenta propia) y asalariados, cuya relación entre ambos (para ser exactos, la proporción de los últimos respecto del total) nos da la tasa de asalarización . Los primeros se dividen entre empleadores y autónomos en tanto que los asalariados se dividen entre nuevas clases medias (entendidas a la manera de Wright, esto es, directivos, supervisores, profesionales y técnicos) y trabajadores. Estos últimos se distinguen, a su vez, entre manuales y no manuales, tal como hacen los weberianos. Por otro lado, y dado que una parte del cambio estructural tiene un componente sectorial relacionado con la desagrarización, el modelo hace un tratamiento separado del sector agrario.

Como la fuente más importante para el estudio del mercado de trabajo y la evolución de la estructura ocupacional es la Encuesta de población activa (EPA, realizada por el Instituto Nacional de Estadística [INE] y con carácter trimestral, de manera ininterrumpida, desde 1976), merece la pena que nos detengamos un momento en la «Categoría Socioeconómica» (CSE, a partir de ahora), que es el nombre que recibe la variable a partir de la cual se hacen este tipo de análisis. Esta variable se elabora a partir de la denominada Situación Profesional (que es como el INE designa la relación con los medios de producción), la Ocupación y el Sector de Actividad (esta última solo sirve para distinguir el sector agrario del resto).

La CSE se compone de 18 categorías (más las no clasificables), que nosotros vamos a reducir a 10, según la siguiente lista:

1. Agricultura por cuenta propia , que incluye las CSE 1 (empleadores agrarios), 2 (autónomos agrarios) y 3 (cooperativistas agrarios).

2. Agricultura por cuenta ajena , que incluye la CSE 5 (trabajadores agrarios).

3. Empleadores no agrarios (CSE 7).

4. Profesionales por cuenta propia (CSE 6).

5. Autónomos no agrarios , que incluye las CSE 8 (autónomos no agrarios) y 9 (cooperativistas no agrarios).

6. Directivos y supervisores , que incluye las CSE 4 (directivos y gerentes de empresas agrarias), 10 (ídem no agrarios y altos funcionarios) y 12 (profesionales de la Administración Pública).

7. Profesionales por cuenta ajena , que incluye las CSE 11 (profesionales y técnicos) y 18 (profesionales de las Fuerzas Armadas [FFAA]).

8. Trabajadores no manuales (CSE 13, personal administrativo y comercial).

9. Trabajadores manuales cualificados , que incluye las CSE 15 (capataces y encargados) y 16 (obreros cualificados).

10. Trabajadores no cualificados , que incluye las CSE 14 (resto de personal de los servicios) y 17 (peones).

11. No clasificables.

La Categoría Socioeconómica no está exenta de problemas (González, 1992b), por lo que, aunque la agregación que presentamos no es el modelo ideal, nos permite aproximarnos a cualquiera de los modelos de clase a los que hemos hecho referencia con anterioridad. Así, por ejemplo, podemos hacer las siguientes agregaciones:

• La agregación de las categorías 1, 3, 4 y 5 nos da, por relación con las demás, la tasa de asalarización, de interés sobre todo para los marxistas. Si de aquellas quitamos la 3 (que sería la burguesía), tenemos lo que los marxistas llaman las «viejas clases medias» o pequeña burguesía.

• La agregación de las categorías 6 y 7 nos daría las nuevas clases medias asalariadas (directivos, supervisores, profesionales y técnicos que trabajan como asalariados).

• Las categorías 9 y 10 (que incluyen tanto el peonaje industrial como el proletariado de los servicios) constituyen el proletariado tal como lo entendían los marxistas estructuralistas de los años setenta del pasado siglo, al que autores neomarxistas como Wright añaden también la categoría 8 (trabajadores no manuales).

• Como ya adelantamos, la perspectiva neoweberiana da prioridad a la cualificación de las ocupaciones sobre la relación con los medios de producción. Así, por ejemplo, podemos aproximarnos a la «clase de servicio» agregando las categorías 4, 6 y 7, al tiempo que las categorías 5 y 8 coincidirían, grosso modo, con las clases intermedias del modelo de Goldthorpe.

• Por último, las categorías 9 y 10 constituirían la clase obrera de dicho modelo.

Para empezar, conviene prestar atención a la evolución de los ciclos económicos: como se recordará, la larga crisis económica de la década de 1970 se extiende, en términos de empleo, hasta 1985, en tanto que la fase expansiva de la de 1980 es muy corta y alcanza su punto álgido en 1991. Tras la crisis económica de 1992-1993 se inicia un largo proceso de crecimiento del empleo que se prolonga hasta la Gran Recesión (2008-2013). El primer dato a examinar, por tanto, es la evolución del volumen total de empleo y, en particular, de empleo no agrario. Entre 1976 y 1985 el empleo total se reduce de 12.650.000 a 10.945.000, con lo que se pierden 1,7 millones de empleos a consecuencia de la crisis económica 55 . A primera vista parecería que el volumen de empleo de 1976 no se recupera hasta finales de los años ochenta (en 1989 había 12.639.000 empleos), pero este dato es engañoso toda vez que los puestos de trabajo que se crean son distintos de los que se pierden debido al cambio estructural registrado entretanto. Hay que tener en cuenta que el que tuvo lugar entre 1985 y 1991 resultó espectacular y que, así como entre 1976 y 1985 se habían perdido más de un millón de empleos no agrarios, entre 1985 y 1991 se crearon más de dos millones de empleos no agrarios, de los cuales casi la mitad eran de la nueva clase media, es decir, buenos puestos de trabajo. De hecho, lo que más crece son los empleos de clase media asociados a la expansión del Estado de bienestar (profesionales de la educación y la sanidad que trabajan, preferentemente, en el sector público).

Estas series de datos nos permiten, por lo pronto, comparar el sexenio expansivo de la segunda mitad de la década de 1980 (mencionado en el párrafo anterior) con los dos sexenios posteriores: así como en el primero (1985-1991) se crearon más de dos millones de empleos no agrarios, en el segundo (1995-2001) se pasó de 11,5 millones a 15 millones de empleos no agrarios, con 3,5 millones netos creados en seis años, lo que desbordó todas las previsiones. Pues bien, por increíble que pueda parecer, el segundo sexenio (2001-2007) de esta larga fase expansiva arrojó un saldo todavía más impresionante de 4,5 millones de puestos de trabajo adicionales (recordemos que 2001 fue el año de entrada en el euro). El problema, como ya adelantamos, es que la Gran Recesión del sexenio siguiente (2007-2013) devolvió el empleo no agrario a niveles de 2003 (17,1 millones). Con otras palabras, el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria se llevó por delante el equivalente de todo el empleo creado en el cuatrienio 2003-2007.

Llegados a este punto, es el momento de calibrar el cambio estructural ocurrido durante este tiempo, tal como se desprende del estudio de las clases sociales que componen la fuerza de trabajo. Para ello vamos a tomar como referencia principal el período 2000-2013, el cual engloba dos subperíodos: uno expansivo (2000-2007) y otro recesivo (2007-2013), de tal manera que podamos contrastar algunas hipótesis sobre la evolución del nivel de cualificación de la fuerza de trabajo en dos coyunturas económicas distintas, lo que nos permitiría clasificar las distintas categorías de clase social en tres apartados: a) categorías que crecen con independencia de la fase del ciclo económico; b) categorías que crecen en la fase alcista y decrecen en la fase recesiva; y c) categorías que se reducen con independencia de la fase del ciclo.

Una primera interpretación de la evolución de la estructura de clases se sostiene en el crecimiento imparable de las nuevas clases medias como vector principal del cambio estructural y, por tanto, tiende a hacer una lectura optimista de la evolución de la fuerza de trabajo. El mejor indicador para observar esta tendencia al aumento continuado del nivel de cualificación es la categoría que los neoweberianos designan como «clase de servicio». A fin de hacernos una idea, baste estimar la evolución del peso relativo de las categorías de profesionales y técnicos, así como de directivos y supervisores no manuales (dejando fuera los capataces y encargados). En concreto, agregaremos las categorías 4 (CSE 6), 6 (CSE 4 y 10) y 7 (CSE 11 y 18), que como ya adelantamos se corresponden bastante bien con la clase de servicio neoweberiana. Estas categorías representaban el 11% del empleo no agrario en 1977, proporción que casi se había duplicado al final del siglo (un 21% en 2000), lo que da una idea bastante clara de la radicalidad de la tendencia. Desde el año 2000 podemos observar la continuidad de esta tendencia con relativa independencia del ciclo económico, si bien con distinta intensidad, pues así como la clase de servicio gana tres puntos porcentuales de peso relativo en la fase expansiva (2000-2007, pasando del 21 al 24%), aumenta cuatro en la fase recesiva (2007-2013, cuando pasa del 24 al 28%), lo cual tiene una doble explicación: por un lado, la clase de servicio siguió creciendo durante los primeros años de la crisis hasta tocar techo en 2010 (con la crisis fiscal llegan los primeros recortes a la función pública), en tanto que, por otro, el resto de las categorías pierden más de tres millones de empleos. En otras palabras, para la clase de servicio la crisis llegó más tarde y terminó antes, de tal suerte que en 2016 esta categoría ya había recuperado el nivel de empleo del año 2010 (véase la tabla 4.3 del anexo). En consecuencia, la expansión de la clase de servicio constituye un proceso estructural de carácter cuasi lineal, relativamente independiente de los ciclos económicos: en coyunturas expansivas crece más rápido que otros sectores, mientras que en coyunturas críticas gana peso relativo porque los otros sectores son más vulnerables a la crisis.

Pero no todas las tendencias relativas a la cualificación de la fuerza de trabajo son tan positivas como esta. Otras tendencias parecen dar la razón (al menos, en parte) a las teorías pesimistas acerca de la proletarización y la descualificación de la fuerza de trabajo. A tal fin conviene observar con detalle la evolución de las dos últimas categorías de nuestro modelo: los trabajadores manuales cualificados (capataces y obreros cualificados) y los trabajadores no cualificados (peones industriales y proletariado de los servicios).

El comportamiento de la primera categoría se ajusta a la evolución del ciclo económico dentro de una pauta secular de pérdida de peso relativo; así, entre 1977 y 1985 se perdió un millón de empleos industriales cualificados, con lo que el peso de la categoría descendió del 29,6% al 24,5%. Durante la fase expansiva de la década de 1980, el peso de la categoría se estabilizó en torno al 25%, para descender después hasta el 21% durante la crisis de la de 1990. Finalmente, tras una ligera recuperación a finales de dicha década, la categoría se estabilizó durante la fase expansiva de los primeros años de la de 2000, para caer en picado con la recesión, pasando del 21,2% en 2007 al 14,7% en 2013 (véase el gráfico 1). Es el momento en que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provoca el derrumbe de la construcción, sector que, como ya hemos adelantado, pierde casi dos tercios de su empleo.

Ocurre lo contrario con la categoría en la que se localizan los peores empleos, esto es, trabajadores no cualificados, que incluye, como hemos visto, el proletariado de los servicios. Esta categoría representaba el 13,5% del empleo en 1976 y se estabilizó en los años ochenta en torno al 15%, pero se disparó después de la crisis de los primeros noventa hasta igualar el peso de los manuales cualificados a mediados de la década de 2000 (véase el gráfico 1). Lo característico de esta categoría es que, a diferencia de la anterior (que sucumbió a la crisis), mantuvo, e incluso aumentó, su peso relativo durante la crisis hasta convertirse en la más numerosa de todas las categorías que aparecen en el gráfico citado, en dura pugna con los profesionales por cuenta ajena.

Gráfico 1. Evolución de la estructura de clase

El efecto combinado de un mayor crecimiento de los mejores empleos (profesionales por cuenta ajena) y los peores (no cualificados), al tiempo que los niveles medios de cualificación (manuales cualificados) se hunden no hace más que alimentar interpretaciones pesimistas de la evolución de la estructura ocupacional en términos de polarización . En cualquier caso, parece que queda claro que la combinación de desindustrialización, derrumbe de la construcción y expansión de los servicios propicia una recomposición de la fuerza de trabajo y, en particular, de las clases trabajadoras en las que el obrero tradicional de cuello azul, localizado en la mediana y gran empresa industrial en condiciones de relativa estabilidad, está siendo sustituido por un nuevo trabajador menos cualificado y en condiciones más precarias, con todas las consecuencias que ello tiene en términos de flexibilización e individualización de las relaciones laborales, así como de pérdida de protagonismo de la clase obrera organizada.

La evolución de la temporalidad

Dedicaremos este apartado a una de las tendencias estructurales más características de las últimas décadas: el aumento de la temporalidad de la relación salarial. Ya hemos visto que unas categorías crecen más que otras, pero no solo se trata de registrar los cambios cuantitativos relativos al número de empleos, sino también de atender a la estabilidad del empleo creado en cada momento. Como es bien sabido, la primera reforma flexibilizadora del mercado de trabajo (1984) estuvo estrechamente asociada a la evolución del empleo en la segunda mitad de la década de 1980: puede que la reforma no incidiera sensiblemente en el volumen de puestos de trabajo generados en la fase expansiva del ciclo, pero resulta, en cualquier caso, indisociable del tipo de empleo (en cuanto a su forma de contratación) creado por entonces. El mismo argumento vale para la reforma de 1997: puede que no haya influido de manera decisiva en el volumen de empleo generado desde esa fecha, pero sí en el tipo de empleo (de hecho, la reforma se llamó «Acuerdo para la Estabilidad del Empleo»).

Para empezar, conviene distinguir dos componentes de la temporalidad:

a) Un componente estructural, relacionado con la naturaleza de ciertas actividades y, en particular, la estacionalidad y la pauta de contrato por obra: lo primero es típico de la agricultura y el turismo; lo segundo, de la construcción. En ambos casos nos encontramos ante requerimientos del mercado de trabajo que plantean un problema de temporalidad estructural o técnica que pueden formar parte de las relaciones de clase y, en ocasiones, dar lugar a segmentación.

b) Un componente estratégico, relacionado con ciertas prácticas de contratación, que se hace especialmente visible, y dramático, durante los procesos de integración laboral. En la medida en que dichas prácticas impliquen una sustitución de criterios de capacidad o esfuerzo (mérito, en suma) por criterios adscriptivos, en virtud de los cuales se dificulta la integración laboral por razón de sexo, edad o etnia, conducirían a segmentar el mercado de trabajo.

Por lo que se refiere a la evolución del empleo según el tipo de contrato, la EPA proporciona información desde el año 1988, cuando los temporales representaban un 23% del empleo asalariado total, proporción que se dispararía durante los años siguientes como consecuencia de los efectos de la reforma de 1984. Obsérvese que, pese a ser años de fuerte creación de empleo, el indefinido permanece prácticamente estancado en términos agregados, lo que quiere decir que la gran mayoría del creado en esos años es eventual y que, muy probablemente, se produjo una sustitución del empleo indefinido por empleo eventual. Solo así se explica que la tasa de temporalidad aumentase del 23% al 33,5% en cuatro años. Este problema se agravó en la primera mitad de la década de 1990, por cuanto la recesión de 1992-1993 se cebó, en particular, sobre el empleo indefinido (debido al cierre de empresas), y esto llevó la tasa de temporalidad hasta la cota del 35% en 1995. A continuación, los efectos estabilizadores de la reforma de 1997 harían bajar la tasa al 32% en los primeros años de este siglo, los cuales fueron seguidos de un ligero repunte a mediados de la década pasada (llegando de nuevo al 34% en 2006). Son años de llegadas masivas de trabajadores inmigrantes, lo que aumenta los problemas de inserción laboral (además de la inserción de los jóvenes y las mujeres, el mercado de trabajo también debe atender la inserción de estos trabajadores inmigrantes).

Este efecto composición provocado por la entrada de inmigrantes recomienda estudiar por separado la situación de los españoles nativos y la de aquellos. A partir de dicha distinción podemos observar que, en realidad, la tasa de temporalidad de los primeros (incluyendo aquí a los naturalizados) se mantuvo estable en torno al 30% durante la fase expansiva (hasta 2006) para caer hasta el 22% en 2009 y estabilizarse de nuevo en torno a ese porcentaje hasta 2014, momento en el que la tasa de temporalidad vuelve a remontar con la recuperación (en 2016 se situaba ya en el 24%). Esto quiere decir que el impacto inicial de la crisis (entre 2006 y 2009) fue en buena parte absorbido por las empresas mediante el despido de trabajadores temporales, lo que explica la caída en picado de la tasa, que se puede observar en el gráfico 2.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de temporalidad

FUENTE : Encuesta de población activa o EPA (INE).

Por lo que se refiere a la situación de los inmigrantes hay que tener en cuenta, por lo pronto, que se trata de una situación muy dispar debido a la heterogeneidad de sus procedencias. En este sentido, podemos distinguir entre países de procedencia con renta similar o superior a la española y países con niveles de renta inferior. Tal como se puede observar en el gráfico adjunto, esta distinción es tan importante o más que la realizada entre nativos e inmigrantes, hasta el punto de que hemos tenido que crear una doble escala de medida, de tal suerte que, mientras los inmigrantes procedentes de países con renta similar o superior a la nuestra toman como referencia la escala de la izquierda, los países con renta inferior toman como referencia la escala de la derecha del gráfico. En el primer caso, la tasa de temporalidad llegó a rebasar el 40% en el momento álgido del ciclo (2006), en tanto que descendió al 28% en 2009, momento a partir del cual la tasa se estabiliza. En el segundo caso, la tasa se mantuvo estable en torno al 64% durante la fase expansiva, para caer al 44% en la primera fase de la crisis y otra vez a partir de 2012 (un 40% entre 2013 y 2016).

El precariado: una aproximación empírica

Una de las consecuencias de la temporalidad, y de su consolidación a lo largo del tiempo como un rasgo intrínseco de la estructura social, es la emergencia de un nuevo sujeto social que se ha convertido en uno de los protagonistas destacados de la crisis económica: el precariado, un sujeto escurridizo difícil de cuantificar, pero del que se suponen todo tipo de implicaciones en términos de dualidad y fractura social. Una cabal comprensión de este fenómeno recomienda situarlo en el contexto del intercambio de papeles que analizamos en un apartado anterior, entre las categorías de trabajadores cualificados y no cualificados a lo largo de las últimas décadas. Como se recordará, mientras los primeros pasaron de representar un 25% de la fuerza de trabajo en 1985 a un 15% en 2013, los trabajadores no cualificados han pasado de representar un 15% a un 23,5% en ese mismo período. Desde esta perspectiva, el precariado no es más que un subproducto de esta recomposición de la fuerza de trabajo en virtud de la cual la vieja clase obrera industrial cualificada y estabilizada en términos laborales va dando paso a un proletariado descualificado e inestable que rota de manera más o menos aleatoria entre el empleo y el paro, con escaso nivel de protección y de apoyo formativo.

Con el fin de precisar la magnitud del fenómeno vamos a hacer una aproximación empírica al mismo a partir de una operacionalización muy sencilla, consistente en distinguir dos tipos de parados: los que han perdido el empleo en el último año, y que hipotéticamente todavía tienen posibilidades de entrar en la rotación laboral (y, por ende, volver al empleo temporal), y los parados de larga duración (los cuales, como es bien sabido, tienen una probabilidad mucho menor de volver a encontrar empleo). La idea es que los primeros pertenecen al mismo colectivo que los empleados con contrato temporal, dado que todos ellos entran en la rotación, y que lo que los distingue no es otra cosa que su situación en el momento de la encuesta, según se encuentren trabajando o parados. Consideramos, por tanto, que ambas categorías forman parte del precariado, el cual se distingue del paro de larga duración por cuanto este se encuentra excluido de su acceso al empleo.

Sabemos, por otra parte, que la temporalidad ha disminuido con la crisis, tal como hemos visto en el apartado anterior, con lo que también lo hizo el volumen de empleos a disposición del precariado. Lo que no sabemos es qué pasó con la rotación laboral (la velocidad a la que los temporales pierden su empleo), pero cabe suponer que aumentara en los años de la crisis como consecuencia de que los contratos fueran cada vez más cortos. Por tanto, existe la posibilidad de que ambas tendencias se contrarresten, con lo que el precariado se habría mantenido más o menos estable (dado que los contratos son cada vez más cortos, harían falta más temporales para cubrir los puestos). Pero también existe la posibilidad de que aumente el paro de larga duración una vez que el crecimiento de la rotación ya no alcance a compensar la caída del empleo. Tal como podemos ver en el en el gráfico 3, esto es lo que ocurrió a partir de 2008.

Ahora bien, el dato a tener en cuenta es que el precariado, tal como lo hemos definido, siempre ha estado por encima del 30% de los asalariados. En 2007, cuando la tasa de paro descendió a su nivel mínimo histórico del 8%, el precariado representaba el 35%, como podemos observar en el en el gráfico 3. Si lo comparamos con el año 2013, cuando, por el contrario, el paro llegó a su máximo histórico, el precariado había descendido como consecuencia de la caída de la temporalidad, pero se mantenía en el 30%. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por contraste con los años previos a la crisis, cuando el precariado era una posición de paso en la que los jóvenes realizaban su proceso de inserción laboral hasta conseguir la estabilidad, en los años de la crisis este se convirtió en una trampa vital en la que los jóvenes quedaban atrapados, sin otra salida que engrosar las filas del paro de larga duración. De ahí que aquellos más cualificados se vieran empujados a la emigración en esos años como única posibilidad de escapar de la cronificación de la precariedad.

Gráfico 3. Evolución del precariado y del paro de larga duración (porcentajes)

FUENTE : elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Gráfico 4. Evolución del paro por edad (porcentajes)

FUENTE : elaboración propia a partir de la EPA.

Con el fin de ver este contraste con cierto detalle, a continuación procederemos a analizar la evolución del paro y la temporalidad por cohortes de edad, de tal manera que podamos comparar la situación de dichas cohortes a lo largo del tiempo. En concreto, el procedimiento consiste en comparar los perfiles de edad a lo largo de los tres cuatrienios que constituyen nuestro período de referencia (2006-2018). Comenzaremos por presentar los perfiles del paro entre los asalariados y después presentaremos la evolución del precariado, entendiendo por tal los temporales y los que han perdido el empleo en el último año —teóricos candidatos a la rotación.

Por lo que se refiere a la evolución del paro entre los asalariados, el gráfico 4 nos informa de la explosión de este entre 2006 y 2010, que dispara las tasas en todos los tramos de edad, tendencia que continúa en el cuatrienio siguiente (entre 2010 y 2014). Con la recuperación económica que se inicia en 2014, el paro se reduce en todos los tramos de edad, pero al término de ese primer cuatrienio de recuperación (2014-2018) sus niveles todavía quedan lejos de los alcanzados en los años de la burbuja.

Pues bien, ¿qué pasó con el precariado mientras tanto? Cuando se observa el gráfico 5 llama la atención la estabilidad del fenómeno a lo largo del tiempo; así, los perfiles de los distintos años tienden a solaparse, si bien se observa un empeoramiento en 2014 que no ha conseguido corregirse en 2018. En efecto, entre 2010 y 2014 podemos ver en los tramos juveniles (que es donde hay mayor presencia del precariado) que las tasas de precariedad se mantenían cuatro años más tarde en la cohorte siguiente, lo que nos indica que esta se cronificó durante ese tiempo.

En resumen, podemos concluir que el precariado, tal como lo hemos operacionalizado en esta aproximación empírica, no ha crecido con la crisis, sino que se ha mantenido relativamente estable durante el ciclo económico. Lo que ocurrió con la crisis fue, por un lado, que disminuyó el volumen de empleo temporal y, por otro, que aumentó el paro de larga duración, es decir, el de quienes quedan excluidos del mercado de trabajo. Esto modificó la probabilidad del precariado de encontrarse en situación de empleo, pues al disminuir la duración de los contratos y aumentar la rotación los precarios han estado más expuestos al paro, y esto ha disminuido su tasa de ocupación al tiempo que ha aumentado la probabilidad de engrosar las filas del paro de larga duración.

Esta evolución del precariado es coherente con la observación de que los contratos temporales son cada vez más cortos, lo que facilita el encadenamiento de minicontratos de menos de una semana de duración dada la permisividad con que las empresas recurren a este tipo de soluciones (Felgueroso et al., 2018). Con todo, existe la sospecha de que la EPA no capta bien la verdadera extensión del fenómeno, lo que estaría contribuyendo a subestimar la tasa de temporalidad (ibíd.: 51). Así las cosas, estos autores concluyen que «la mayoría de los episodios nuevos de empleo que se producen desde el año 2011 tienen aparejados al menos cuatro contratos previos con la misma empresa» (ibíd.: 55), sin que las reformas laborales hayan servido para atenuar el riesgo de que los jóvenes queden atrapados en la precariedad, para lo que sería imprescindible perseguir el uso fraudulento de este tipo de contratos.

Gráfico 5. Evolución del precariado por edad (porcentajes)

FUENTE : elaboración propia a partir de la EPA.

Para terminar este apartado conviene puntualizar que la precariedad que aquí hemos estudiado es la que está asociada a la temporalidad y, por lo tanto, no es la única fuente de precariedad, pudiendo existir otras como la derivada de los bajos ingresos (aproximadamente el 15% de los hogares con algún ocupado están por debajo del umbral de pobreza) o la que va asociada al trabajo a tiempo parcial. Una estimación realizada con datos de 2017 nos informa de que en España habría 5,5 millones de personas en situación de precariedad laboral, incluyendo en la definición a los trabajadores pobres, los temporales y los empleados a tiempo parcial (Felgueroso, 2018).

Conclusiones

En el estudio de la estratificación, el caso español representa una peculiaridad mediterránea de industrialización tardía que la crisis económica de los años setenta del siglo XX impidió madurar con arreglo a estándares europeos. De ahí el déficit de empleo que la economía española arrastra desde entonces. Tras la crisis de los setenta, que en el caso español se prolongaría hasta mediados de los ochenta, el crecimiento de la economía española se produce a lo largo de dos ondas expansivas, la primera de las cuales fue muy breve (de 1985 a 1991), en tanto que la segunda fue mucho más larga y duradera (de 1994 a 2007). En términos de empleo, el contraste resulta muy significativo: mientras en la primera fase la ocupación no agraria pasó de 9,3 millones en 1985 a 11,8 millones en 1991 (con un crecimiento del 27%), en la segunda se pasó de 11,2 millones en 1994 a 19,7 millones en 2007 (el 74% de crecimiento). Tomando ambos ciclos económicos en conjunto (es decir, incluyendo la Gran Recesión), el empleo no agrario pasó de 9,3 millones en 1985 a 16,4 millones en 2013, lo que supuso un crecimiento del 76%. La cara más amable de esta transformación es que la clase de servicio pasó de contar con unos efectivos de 1,3 millones en 1985 a 4,6 millones en 2013, un aumento espectacular del 250% que le permitió pasar de representar un 13,9% de la fuerza de trabajo a un 28,2%. Por el contrario, la cara más dramática de dicha transformación es que resultaba compatible con una tasa de paro del 27% en ese mismo año 2013 (cuando la crisis económica tocó fondo). Sin olvidar, asimismo, que el crecimiento exponencial de la clase de servicio era compatible con un aumento del proletariado (tomado en su sentido estricto, es decir, trabajadores no cualificados), desde 1,7 millones en 1985 hasta los 4 millones en 2013, un crecimiento no menos impresionante del 135% que le permitió pasar de representar el 15% de la fuerza de trabajo en 1985 al 23,3% en 2013. A primera vista es difícil sustraerse, por tanto, a la impresión de que el mercado de trabajo español está dominado por una cierta dinámica de polarización dado el extraordinario crecimiento simultáneo de los mejores empleos (representados por la clase de servicio) y los peores (el proletariado, en su sentido estricto). Entre medias, la clase obrera cualificada se ha mantenido entre los 2,7 millones en 1985 y los 2,5 millones en 2013, lo que es tanto como pasar del 24,5% al 14,7% de la fuerza de trabajo total, un cambio estructural que define mejor que ningún otro el ocaso del orden social fordista.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que este aumento del proletariado en sentido estricto se halla relacionado con la emergencia del precariado como uno de los rasgos distintivos del nuevo orden social. Para hacernos una idea cabal de esta relación, conviene hacer la distinción entre el estudio de los puestos de trabajo (la oferta de empleo) y el de los trabajadores (la demanda). Tal como hemos planteado aquí, lo que estamos observando es un aumento de los puestos que no requieren cualificación. Obviamente, estos puestos son los que tienen más probabilidad de estar ocupados mediante un vínculo contractual de carácter temporal. En consecuencia, los puestos no cualificados son los que registran las tasas de temporalidad más altas, lo que implica que no están ocupados por un solo trabajador, sino que son compartidos entre varios trabajadores, que van rotando entre la ocupación y el paro. Por tanto, es así como el proletariado va dejando paso al precariado y, cuando la crisis arrecia, al paro de larga duración.

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PARKIN, F. (1978): Orden político y desigualdades de clase, Madrid, Debate.

— (1984): Marxismo y teoría de clases. Una crítica burguesa, Madrid, Espasa-Calpe.

ROEMER, J. 1989): «Nuevas direcciones en la teoría marxista de la explotación y de las clases sociales», en íd., El marxismo: una perspectiva analítica, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 97-132.

WRIGHT , E. O. (1980): «Class and Occupation», Theory and Society, 9, pp. 177-214.

— (1985): Classes, Londres, Verso [trad. cast.: Clases, Madrid, Siglo XXI, 1994].

— (1993): «Reflexionando, una vez más, sobre el concepto de “estructura de clases”», en Carabaña, J. y De Francisco, A. (eds.), Teorías contemporáneas de las clases sociales, Madrid, Pablo Iglesias, pp. 17-125.

Anexo

Tabla 1. Evolución del empleo agrario y no agrario, 2000-20016

Agricultura y ganadería

Resto

Total

Agricultura y ganadería

Resto

Total

No agrarios / agrarios

2000

930.548

14.603.919

15.534.467

6,0

94,0

100

15,7

2001

952.497

15.209.930

16.162.427

5,9

94,1

100

16,0

2002

908.266

15.881.827

16.790.093

5,4

94,6

100

17,5

2003

913.522

16.562.085

17.475.607

5,2

94,8

100

18,1

2004

914.216

17.228.037

18.142.253

5,0

95,0

100

18,8

2005

919.506

18.287.480

19.206.986

4,8

95,2

100

19,9

2006

860.681

19.078.415

19.939.096

4,32

95,7

100

22,2

2007

840.039

19.739.899

20.579.938

4,08

95,9

100

23,5

2008

807.266

19.662.391

20.469.657

3,94

96,1

100

24,4

2009

777.727

18.329.162

19.106.889

4,07

95,9

100

23,6

2010

780.569

17.943.903

18.724.472

4,17

95,8

100

23,0

2011

754.326

17.667.080

18.421.406

4,09

95,9

100

23,4

2012

740.487

16.892.177

17.632.664

4,20

95,8

100

22,8

2013

736.504

16.402.503

17.139.007

4,30

95,7

100

22,3

2014

735.840

16.608.335

17.344.175

4,24

95,8

100

22,6

2015

740.943

17.125.105

17.866.048

4,15

95,9

100

23,1

2016

765.712

17.520.324

18.286.036

4,19

95,8

100

22,9

FUENTE : Encuesta de población activa.

Tabla 2. Evolución de la asalarización no agraria, 2000-2016

No asalariados

Asalariados

Total

No asalariados

Asalariados

Total

Asalariados/ No asalariados

2000

2.551.497

12.052.422

14.603.919

17,5

82,5

100

4,7

2001

2.630.720

12.579.210

15.209.930

17,3

82,7

100

4,8

2002

2.619.904

13.261.923

15.881.827

16,5

83,5

100

5,1

2003

2.659.883

13.902.202

16.562.085

16,1

83,9

100

5,2

2004

2.764.143

14.463.894

17.228.037

16,0

84,0

100

5,2

2005

2.985.161

15.302.319

18.287.480

16,3

83,7

100

5,1

2006

3.090.481

15.987.934

19.078.415

16,2

83,8

100

5,2

2007

3.202.328

16.537.571

19.739.899

16,2

83,8

100

5,2

2008

3.211.659

16.450.732

19.662.391

16,3

83,7

100

5,1

2009

2.858.336

15.470.826

18.329.162

15,6

84,4

100

5,4

2010

2.781.466

15.162.437

17.943.903

15,5

84,5

100

5,5

2011

2.693.756

14.973.324

17.667.080

15,2

84,8

100

5,6

2012

2.725.027

14.167.150

16.892.177

16,1

83,9

100

5,2

2013

2.727.088

13.675.415

16.402.503

16,6

83,4

100

5,0

2014

2.741.255

13.867.080

16.608.335

16,5

83,5

100

5,1

2015

2.795.154

14.329.951

17.125.105

16,3

83,7

100

5,1

2016

2.811.283

14.709.041

17.520.324

16,0

84,0

100

5,2

FUENTE : Encuesta de población activa.

Tabla 3. Evolución de la clase de servicio en relación a la FT no agraria, 2000-2016

Cl. Servicio

Resto

Total

Resto/ Clase de Servicio

2000

3.070.495

11.533.424

14.603.919

21,0

3,8

2001

3.295.144

11.914.786

15.209.930

21,7

3,6

2002

3.509.457

12.372.370

15.881.827

22,1

3,5

2003

3.684.197

12.877.888

16.562.085

22,2

3,5

2004

3.928.437

13.299.600

17.228.037

22,8

3,4

2005

4.328.730

13.958.750

18.287.480

23,7

3,2

2006

4.455.721

14.622.694

19.078.415

23,4

3,3

2007

4.739.596

15.000.303

19.739.899

24,0

3,2

2008

4.819.548

14.842.843

19.662.391

24,5

3,1

2009

4.751.010

13.578.152

18.329.162

25,9

2,9

2010

4.856.625

13.087.278

17.943.903

27,1

2,7

2011

4.744.071

12.923.009

17.667.080

26,9

2,7

2012

4.686.689

12.205.488

16.892.177

27,7

2,6

2013

4.625.020

11.777.483

16.402.503

28,2

2,5

2014

4.665.037

11.943.298

16.608.335

28,1

2,6

2015

4.732.689

12.392.416

17.125.105

27,6

2,6

2016

4.901.293

12.619.031

17.520.324

28,0

2,6

FUENTE : Encuesta de población activa.

Tabla 4. Evolución de la estructura de clase, 2000-2016

Tabla 4.a. Números absolutos

Agr.CP.

Agr.CA.

Empr.NA

Prof.CP.

Auto.NA.

Dir./Sup.

Prof.CA.

Trab.NM.

Trab.MC.

Trab.NC.

No Clasf.

TOTAL

2000

557701

392976

727798

386662

1353834

298046

2385786

2713000

3463393

3130705

96011

15505912

2001

541722

430313

767338

417275

1369069

301793

2576075

2804306

3618376

3222559

97459

16146285

2002

509194

410376

780331

436079

1330344

342492

2730885

2877206

3726814

3548070

98303

16790094

2003

485303

428867

825600

440167

1327307

353770

2890261

3007012

3829620

3793769

93931

17475607

2004

477020

443697

855246

477143

1359896

351699

3099596

3078153

3972844

3935941

91015

18142250

2005

451260

451285

866701

545781

1431647

419402

3363548

3239581

4105441

4154762

177580

19206988

2006

417640

438054

931919

595495

1442982

437807

3422419

3395506

4229816

4471567

155892

19939097

2007

390626

443814

950820

647044

1495593

477784

3614768

3507470

4352648

4574118

125253

20579938

2008

369403

380510

1010405

633485

1475301

508586

3677477

3541556

4179682

4575345

117907

20469657

2009

338717

383239

916851

574188

1297604

511631

3665190

3393463

3511347

4417558

97100

19106888

2010

323736

395477

876680

572509

1275941

498161

3785955

3331357

3247297

4335986

81373

18724472

2011

306885

384371

812067

474662

1353871

533762

3735647

3335509

3098773

4308926

76932

18421405

2012

307489

380888

775288

494989

1412758

531493

3660206

3193305

2729788

4079703

66758

17632665

2013

310866

369410

716662

522348

1457977

506081

3596590

3076753

2526617

3995430

60273

17139007

2014

293116

390198

716030

562721

1435897

509642

3592675

3191145

2556787

4046274

49689

17344174

2015

273539

411140

732970

563450

1474556

491695

3677542

3321894

2678073

4194305

46883

17866047

2016

275999

430438

743566

589786

1457175

465620

3845887

3308840

2794429

4331933

42362

18286035

Tabla 4.b. Porcentajes

Agr.CP.

Agr.CA.

Empr.NA

Prof.CP.

Auto.NA.

Dir./Sup.

Prof.CA.

Trab.NM.

Trab.MC.

Trab.NC.

No Clasf.

TOTAL

2000

3,60

2,53

4,69

2,49

8,73

1,92

15,39

17,50

22,34

20,19

0,6

100,0

2001

3,36

2,67

4,75

2,58

8,48

1,87

15,95

17,37

22,41

19,96

0,6

100,0

2002

3,03

2,44

4,65

2,60

7,92

2,04

16,26

17,14

22,20

21,13

0,6

100,0

2003

2,78

2,45

4,72

2,52

7,60

2,02

16,54

17,21

21,91

21,71

0,5

100,0

2004

2,63

2,45

4,71

2,63

7,50

1,94

17,08

16,97

21,90

21,69

0,5

100,0

2005

2,35

2,35

4,51

2,84

7,45

2,18

17,51

16,87

21,37

21,63

0,9

100,0

2006

2,09

2,20

4,67

2,99

7,24

2,20

17,16

17,03

21,21

22,43

0,8

100,0

2007

1,90

2,16

4,62

3,14

7,27

2,32

17,56

17,04

21,15

22,23

0,6

100,0

2008

1,80

1,86

4,94

3,09

7,21

2,48

17,97

17,30

20,42

22,35

0,6

100,0

2009

1,77

2,01

4,80

3,01

6,79

2,68

19,18

17,76

18,38

23,12

0,5

100,0

2010

1,73

2,11

4,68

3,06

6,81

2,66

20,22

17,79

17,34

23,16

0,4

100,0

2011

1,67

2,09

4,41

2,58

7,35

2,90

20,28

18,11

16,82

23,39

0,4

100,0

2012

1,74

2,16

4,40

2,81

8,01

3,01

20,76

18,11

15,48

23,14

0,4

100,0

2013

1,81

2,16

4,18

3,05

8,51

2,95

20,98

17,95

14,74

23,31

0,4

100,0

2014

1,69

2,25

4,13

3,24

8,28

2,94

20,71

18,40

14,74

23,33

0,3

100,0

2015

1,53

2,30

4,10

3,15

8,25

2,75

20,58

18,59

14,99

23,48

0,3

100,0

2016

1,51

2,35

4,07

3,23

7,97

2,55

21,03

18,09

15,28

23,69

0,2

100,0

FUENTE : Encuesta de población activa.

50 No entramos aquí en consideraciones, obviamente imprescindibles para entender la verdadera naturaleza de este mercado, sobre las regulaciones que, con categoría de derecho laboral, se encargan de poner límites a la mercantilización de la FT, fijando criterios de justicia distributiva respecto de la remuneración y estableciendo las condiciones y los límites de la contratación y el despido.

51 Esto no quiere decir que debamos confundir «ocupación» y «profesión», sino todo lo contrario: una de las primeras cosas que conviene precisar es la distinción entre profesión u oficio en cuanto característica de los individuos que se refiere a la posesión de titulaciones o credenciales de habilidad y competencia, y la ocupación , que designa un conjunto de tareas relativas a los puestos de trabajo y a los requerimientos de su desempeño. De tal suerte que, mientras la profesión define laboralmente e incluso proporciona identidad social a los individuos, la ocupación define los puestos y las tareas que en ellos se realizan a partir de una determinada división social y técnica del trabajo. Cabría decir, en suma, que los individuos desempeñan su profesión en tareas propias de una ocupación, pero por más específica y coincidente que sea, la titulación no debe confundirse con la ocupación ni con el desempeño de unas determinadas tareas.

52 Para una discusión crítica del modelo de Wright, véase González, 1992a.

53 Esto queda claro cuando se trata del Estado (que no tiene titular como persona física), pero no lo es tanto si se trata de la propiedad del capital, salvo que se interprete que los empleadores se ponen también al servicio de su propio proyecto empresarial.

54 Para un estudio comparado de los modelos de Wright y de Goldthorpe, véase González, 1992b.

55 Todas las series de datos que presentamos a lo largo de este capítulo son medias anuales estimadas a partir de la Encuesta de población activa (INE), que como es sabido es de periodicidad trimestral.

La integración socioeconómica de los inmigrantes

Jacobo Muñoz Comet

Introducción

La formidable llegada de inmigrantes a España a finales del pasado siglo y, en especial, a comienzos de este ha provocado una profunda transformación en nuestra sociedad. Tras dos décadas de intensos flujos migratorios, con nuestro país como polo de destino destacable en el contexto internacional, podemos afirmar que España se encuentra en un ciclo de consolidación de la inmigración (Miyar, 2020). Desde el inicio de este fenómeno demográfico, numerosos trabajos académicos se han preocupado por estudiar el comportamiento de este colectivo en diversos ámbitos de la vida, al igual que por explicar los motivos por los cuales, la mayoría de las veces, se enfrenta a diferentes obstáculos en su integración. Asimismo podemos decir que este interés se intensificó desde 2008 con el inicio de la crisis económica, cuyo impacto en los procesos de inserción económica y laboral de la población inmigrante ha sido notable, aunque no tanto, como veremos más adelante, en lo que respecta a sus relaciones con la sociedad de acogida y otros aspectos vinculados a su situación administrativa (Rinken et al., 2018).

Los factores que influyen en la integración socioeconómica de los inmigrantes son múltiples y no siempre resulta fácil encontrar un patrón común, pudiendo variar según las circunstancias personales, el entorno y las características del país de destino (Heath y Cheung, 2007). Pese a ello, la literatura especializada que ha estudiado la desigualdad entre inmigrantes y autóctonos incide en algunas causas que nos permiten comprender por qué los nacidos en el extranjero experimentan desventajas de partida al comienzo de su proyecto migratorio. Sin excluir otras posibles explicaciones, podemos destacar cinco grandes argumentos teóricos ampliamente utilizados en las ciencias sociales (véase el cuadro 1). Algunos de ellos se distinguen por ubicar el origen de la desigualdad en aspectos individuales . Por ejemplo, el hecho de que los inmigrantes suelan presentar unos niveles formativos más bajos que la media, o de que disfruten de unas redes sociales más limitadas en la sociedad de acogida, haría que su capacidad para acceder a determinados recursos fuera más reducida. Otros enfoques teóricos, en cambio, ponen el foco en aspectos que no atañen directamente a las características del propio individuo, sino a elementos externos , ya sean de tipo estructural o relacionados con determinadas actitudes por parte de la población autóctona. En este grupo podríamos incluir aquellos argumentos que se centran en el funcionamiento de instituciones claves del país de destino —como los mercados de trabajo o el Estado de bienestar—, así como en las actitudes y las percepciones sobre la inmigración por parte de la sociedad de acogida.

Cuadro 1. Explicaciones teóricas sobre la desventaja de los inmigrantes

FUENTE : elaboración propia.

A su vez, las anteriores perspectivas teóricas podríamos clasificarlas en función de si la explicación nace para comprender la desventaja que afecta de manera específica a la población inmigrante o si, por el contrario, el planteamiento original surge para explicar una desigualdad de carácter general que también se puede dar entre otros grupos sociales. Las teorías del capital humano, del capital social, de la segmentación y de la discriminación encajarían en esta última clasificación al haber sido utilizadas tradicionalmente para explicar las desventajas en los mercados laborales de manera global (como la desigualdad entre hombres y mujeres o entre jóvenes y mayores). Es decir, estos enfoques, en su forma primigenia, ni se centran en grupos concretos ni el lugar de nacimiento de las personas ocupa un lugar central, sino que ofrecen claves para comprender la desigualdad que se produce entre individuos, la mayoría de las veces, dentro de los mercados de trabajo. Hay que aclarar, no obstante, que todas las teorías tienen algo de general y de específico, y que si abordamos el caso concreto de los nacidos en el extranjero desde cada perspectiva encontraremos mecanismos ad hoc que afectan de manera singular a este colectivo. Frente a esos cuatro enfoques, las teorías de la asimilación constituyen una aportación teórica desarrollada desde el principio para explicar la penalización que afecta de manera específica a la población inmigrante. Esta perspectiva destaca la importancia del paso del tiempo y de las generaciones sobre la evolución de la brecha que separa a los nacidos en el extranjero del resto de la población. De algún modo, las teorías de la asimilación operan de manera transversal al resto de perspectivas que hemos denominado «generales».

Este capítulo se estructura en seis apartados y unas conclusiones. Comenzaremos revisando una serie de indicadores relacionados con la integración socioeconómica de la población inmigrante en nuestro país. A continuación trataremos las primeras cuatro explicaciones teóricas de carácter general, prestando atención tanto a los argumentos en los que se basan —en concreto, aquellos que afectan a la población de origen extranjero— como a la evidencia empírica existente, en especial en España. Una vez hayamos revisado esos cuatro enfoques expondremos con detalle las teorías de la asimilación y mostraremos empíricamente el peso que tiene el efecto del transcurso del tiempo sobre los procesos de inserción de la población inmigrante en nuestro país. Finalmente, a modo de conclusión, se resumirán las principales ideas extraídas del capítulo.

Desigualdad socioeconómica entre inmigrantes y autóctonos en España

La desigualdad entre inmigrantes y autóctonos es un fenómeno ampliamente documentado en el conjunto de las sociedades avanzadas a nivel económico. Por lo general, aquellos que han nacido en el extranjero experimentan situaciones de mayor precariedad que el resto de la población. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el riesgo de sufrir pobreza. El gráfico 1 muestra la ratio entre el riesgo de pobreza relativa de inmigrantes y de autóctonos en diferentes países. A excepción de algunos casos, la tendencia general que encontramos es que el porcentaje es siempre superior para los nacidos en el extranjero. En los países que conforman la OCDE, la población expatriada tiene de media un riesgo del 50% más alto que los nativos, y del 80% si nos centramos en los 28 países de la Unión Europea (UE). Si nos fijamos en España, la ratio supera incluso el doble. Este patrón por el cual la exposición a la pobreza es más alta para aquellos que proceden de un país distinto al de residencia lo podemos encontrar, en mayor o menor medida, en las principales democracias de nuestro entorno. En este sentido, no deja de sorprender que los niveles de desigualdad sean particularmente grandes en países con fuertes Estados de bienestar, como son los casos de Suecia y de Países Bajos.

Gráfico 1. Ratio entre el riesgo de pobreza relativa de inmigrantes y de autóctonos

FUENTE : elaboración propia a partir de datos de OCDE (2015): www.oecd.org.

En los últimos veinte años la población inmigrante se ha incorporado de manera progresiva a la sociedad española. A pesar de la limitada capacidad de reacción desde las esferas políticas para afrontar el reto que suponía el boom migratorio al inicio del siglo XXI , en términos generales la integración social de este colectivo se ha producido con unos resultados más que aceptables (Cebolla y González, 2013). Sin negar este éxito, todavía hay barreras que impiden que su inserción social y económica sea la misma que la de los autóctonos. Aunque a lo largo del capítulo trataremos al colectivo inmigrante como un grupo homogéneo, es importante comenzar aclarando que se trata de una población heterogénea en diversos sentidos y que, por esta razón, los grados de integración pueden variar según el caso. Dentro del propio colectivo expatriado existen diferencias importantes, comenzando por la región de la que proceden. De acuerdo con datos del Padrón Continuo, en 2019 el 14,3% de los 47 millones de personas que formaban parte de la población española había nacido en el extranjero. El origen de estos 6,7 millones de inmigrantes se distribuía de la siguiente manera: el 41,5% procedía de países de Latinoamérica, el 32,2% de Europa (83,5% de países de la Unión Europea), el 18,1% de África (72% originarios de Marruecos), el 7,0% de Asia, y el 1,2% restante de otras regiones como Norteamérica u Oceanía.

En la tabla 1 podemos ver algunos indicadores relacionados con la participación de la población inmigrante y autóctona en el sistema educativo y en el mercado laboral español, dos instituciones sociales decisivas en los procesos de integración socioeconómica de las personas. La información de la tabla, extraída para personas entre 16 y 64 años, está desagregada y se distinguen tres categorías: autóctonos, inmigrantes y extranjeros. La diferencia entre los dos últimos términos es importante, ya que en muchas ocasiones tienden a utilizarse de manera errónea como sinónimos. La condición de inmigrante, al igual que la de autóctono o nativo, depende exclusivamente del lugar en el que uno ha nacido en relación con el lugar de residencia. Se consideran «inmigrantes» aquellas personas que viven en un país distinto a aquel en el que nacieron. Por el contrario, ser «extranjero» depende básicamente de la situación legal del individuo y, en concreto, de su nacionalidad. Las personas que poseen una nacionalidad distinta a la del país en el que residen figuran en las estadísticas oficiales como extranjeros. Lo fundamental de esta distinción es que, mientras el estatus de inmigrante es permanente y nunca cambia, el de extranjero puede ser temporal: en el momento en el que el individuo adquiere la nacionalidad del país en el que reside, en los registros pasa automáticamente de ser un extranjero a figurar como español.

Tabla 1. Participación en el sistema educativo y en el mercado laboral según el país de nacimiento y la nacionalidad (porcentajes). Personas residentes en España (16-64 años)

Autóctonos

Inmigrantes

Extranjeros

Acceso al sistema educativo

Cursando estudios reglados

12,6

9,1

8,6

Cursando estudios no reglados

6,8

5,2

4,8

Acceso al mercado laboral

Tasa de actividad

74,2

78,2

76,7

Tasa de paro

14,2

20,7

21,9

Características del empleo

Directores, técnicos y profesionales

24,0

17,5

15,5

En ocupaciones elementales

9,9

27,9

30,3

Sobrecualificación

37,0

41,6

40,2

Salario bruto mensual (euros)*

1.977,6

1.380,6

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA) (I/2018-IV/2018).

*Salarios medios para el año 2017, solo disponible según la nacionalidad.

¿Qué diferencias hallamos entre la población autóctona, inmigrante y extranjera en el acceso a la educación y al empleo en España? Como veremos en todos los indicadores seleccionados, las cifras difieren según nos fijemos en el colectivo inmigrante o en el extranjero. Por lo general, este último presenta unos niveles de integración más bajos que el primero. A diferencia de algunos inmigrantes que pueden poseer la nacionalidad española 56 , los extranjeros están expuestos a todas las barreras legales que supone carecer del pasaporte español, en especial aquellos procedentes de fuera de la UE. La tabla 2 nos muestra que, entre la población autóctona, el porcentaje de personas que continúa vinculada al sistema educativo tras haber superado la edad obligatoria es más alto que entre los inmigrantes. Las diferencias entre ambos grupos son algo más pequeñas cuando se trata de cursar estudios no reglados. Esto tendría sentido en la medida en que la educación no formal es más flexible y plantea menos requerimientos administrativos para acceder a ella (Romi y Schmida, 2009).

En lo que respecta al acceso al mercado laboral, en la tabla 1 también vemos que los niveles de participación son más altos para los inmigrantes que para los nativos. Esto guarda relación con lo comentado con anterioridad: los nacidos en el extranjero transitan antes que los autóctonos del sistema educativo al mercado de trabajo. Sin embargo, la participación en el mercado laboral no significa estar trabajando. La tasa de paro es claramente más alta entre los inmigrantes, con algo más de seis puntos porcentuales de distancia con respecto a los autóctonos. Esta brecha siempre ha existido, pero la brecha llegó alcanzar su máximo en 2011, cuando las diferencias suponían 11,8 puntos porcentuales. Sin embargo, la desventaja socioeconómica de los nacidos en el extranjero no solo afecta en términos de acceso al empleo, sino también en la calidad de este una vez que se consigue. Por un lado, los inmigrantes encuentran más dificultades para ocupar los mejores puestos de trabajo, mientras que su presencia en los peores está sobrerrepresentada. Estas diferencias se pueden deber, como veremos más adelante, a que este grupo presenta unos niveles de formación más bajos que la autóctona, lo cual los lleva a desempeñar trabajos que requieren una menor cualificación. Si bien esto es cierto, en la tabla 1 vemos que la exposición a la sobrecualificación, es decir, a ocupar empleos que requieren una formación inferior a la acreditada por el individuo, es más alta entre los nacidos en el extranjero. En coherencia con todo lo anterior, no es de extrañar que la desigualdad económica entre inmigrantes y autóctonos también se plasme en los salarios brutos mensuales, siendo claramente más elevados para los nativos.

La teoría del capital humano: menos formados, peor posicionados

¿Por qué algunos individuos disfrutan de una situación económica más favorable que otros? Desde la economía se ha tratado de explicar esta cuestión a partir de las diferentes capacidades que acumulan las personas a la hora de integrarse en el mercado laboral. La teoría del capital humano señala que el acceso a determinadas posiciones depende de los conocimientos y las habilidades que el individuo posee (Becker, 1975). Aquellos que están más cualificados pueden acceder a empleos más estables, mejor remunerados y con una mayor proyección profesional. Desde esta perspectiva, la clave para escalar posiciones no será otra que incrementar el capital humano por medio de diferentes vías. Esta teoría distingue al menos dos tipos de capital humano, uno general y otro específico. El primero sería aquel que es fácil de exportar y que ofrece al individuo el mismo rendimiento en cualquier tipo de trabajo; un ejemplo sería la educación formal. El segundo, por el contrario, es un tipo de formación que solo sirve para determinados puestos de trabajo y que, la mayoría de las veces, se ha adquirido directamente en la empresa en la que se trabaja. Lo interesante del capital humano específico es que, debido a su especificidad y, por tanto, a su difícil aprovechamiento en otros trabajos, la permanencia del trabajador en la empresa la hace valiosa tanto para el empleador como para empleado: para el primero, porque ha realizado una inversión en la formación de un trabajador cuyo rendimiento solo lo puede obtener a través de él; para el segundo, porque los conocimientos obtenidos a través de esta formación en el puesto de trabajo difícilmente los podrá utilizar en otros empleos.

La desventaja que muchos inmigrantes experimentan en el mercado laboral del país de destino puede entenderse en parte a partir de la lógica de la teoría del capital humano. El menor acceso de este colectivo a recursos económicos a través de su posición en el mercado de trabajo se explica porque, con frecuencia, la población expatriada acumula unos niveles educativos y de experiencia laboral más bajos que la autóctona. Según datos de la OCDE, en 2017 estas diferencias eran notables en el conjunto de la UE mientras que entre los nativos el porcentaje de personas con estudios de educación secundaria básica o inferiores era del 23%, entre los inmigrantes nacidos fuera de la UE de los 28 ascendía al 39%. El mayor impacto de la crisis económica de 2008 sobre el empleo de los inmigrantes se debió precisamente, y entre otras razones fundamentales, a los menores niveles educativos de los nacidos en el extranjero (Papademetriou et al., 2010). Asimismo, el hecho de que la población inmigrante presente una estructura de edad más joven que la autóctona implica que las posibilidades de haber acumulado experiencia en el puesto de trabajo sean menores. Mención aparte merece el dominio del idioma del país de residencia, recurso indispensable para acceder a determinados puestos de trabajo y, en definitiva, para establecer relaciones sociales más allá de la propia comunidad de origen. En la UE, alrededor de un tercio de la población inmigrante declara tener unos niveles por debajo del competente.

En la tabla 2 podemos ver algunas de estas diferencias para España y, en concreto, las que afectan al nivel educativo alcanzado, los años trabajando en la misma empresa y el grado de dominio del español —este último solo para los inmigrantes—. En lo que respecta a la educación, podríamos destacar al menos tres hechos relevantes: en primer lugar, que entre los españoles hay un porcentaje superior de personas con estudios universitarios que entre los inmigrantes; en segundo lugar, que en este último grupo la estructura por nivel educativo varía según la región de procedencia. A un extremo se encuentran los nacidos en países de la UE 15 57 , con niveles de formación incluso más altos que los de los propios autóctonos. En efecto, este grupo supera en casi 10 puntos porcentuales a los españoles en el porcentaje de personas con estudios más altos. El extremo opuesto lo representan los inmigrantes procedentes de países del continente africano, quienes no solo aglutinan un porcentaje menor de personas con educación universitaria, sino que casi la mitad de ellos acredita únicamente estudios de primaria o menos. En tercer lugar, que algo menos de un tercio de los nacidos en el extranjero han obtenido su máximo nivel de estudios en nuestro país. Esto es importante porque para muchos inmigrantes el capital humano que adquirieron en origen se deprecia al llegar al país de destino (Friedberg, 2000). Las barreras para activar las credenciales educativas obtenidas en el extranjero pueden ser diversas, como, por ejemplo, dificultades en el reconocimiento oficial de los títulos, falta de dominio del idioma oficial o baja calidad de los sistemas educativos en los que se consiguieron. Sea cual sea la razón, el resultado es que el rendimiento que ofrece la educación en el mercado laboral tiende a ser más bajo para los inmigrantes que para los nativos, en especial a la hora de evitar el desempleo en fases de recesión económica (Cebolla et al., 2015).

Tabla 2. Nivel de cualificación según la región de nacimiento (porcentajes). Personas residentes en España (16-64 años)

Autóctonos

Inmigrantes

Todos

UE 15

América Latina

Europa del Este

África

Asia

Nivel educativo

Universidad

21,7

16,6

31,1

17,5

15,0

6,6

12,4

Secundaria superior

37,8

40,9

38,8

47,1

51,9

22,6

21,5

Secundaria básica

32,7

26,2

23,6

26,2

25,3

26,6

34,8

Primaria o menos

7,8

16,3

6,5

9,2

7,8

44,2

31,3

100

100

100

100

100

100

100

Estudios en España

31,3

47,2

32,3

25,6

26,0

22,6

Años en la empresa (media)

11,5

5,4

8,4

4,9

4,7

5,2

5,1

Dominio del idioma*

Lengua materna

49,5

Competente

25,5

Moderado

16,2

Básico

7,4

No responde

1,4

100

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA) (I/2018-IV/2018).

*Información disponible para el año 2014, calculada para toda la población inmigrante.

Si la educación nos sirve como un indicador de lo que llamaríamos «capital humano general», los años acumulados trabajando en la misma empresa nos darían información sobre las diferencias en el capital humano específico. Los resultados de la tabla 2 también muestran que, de media, los autóctonos doblan en tiempo a los inmigrantes trabajando para el mismo empleador. Las ventajas de tener un vínculo más fuerte y duradero con el puesto de trabajo son varias, pero, entre otras, destacan unos incrementos más grandes en los salarios a lo largo de la vida laboral y una mayor protección contra la pérdida del empleo (McDonald y Worswick, 1998; Dieckhoff, 2007). Por último, el dominio de la lengua oficial del país de destino constituye uno de los recursos más valiosos para acceder a determinados puestos de trabajo. El escenario en España no es muy distinto al descrito con anterioridad para el conjunto de la UE: el 75% de los inmigrantes tiene el español como lengua materna o lo domina con un nivel muy alto. El conocimiento del idioma se ha comprobado en numerosos estudios como un factor decisivo para alcanzar una mayor integración en la sociedad de acogida y disfrutar de una mejor posición en el mercado laboral a través de mejores empleos y salarios más altos (Alonso y Gutiérrez, 2010). Evidentemente, la barrera del idioma no supone un problema para los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos, los cuales representan cerca del 40% de los nacidos en el extranjero residentes en nuestro país. En cualquier caso, lo más destacable es que uno de cada cuatro inmigrantes en España no tiene un nivel de dominio del castellano al menos competente. Para este grupo, el acceso a empleos cualificados en los que el manejo del español sea indispensable estará restringido, con independencia de la formación educativa que acrediten.

La teoría del capital social: la importancia de las redes sociales

Las redes sociales constituyen un tipo de recurso fundamental para las personas, a través de las cuales podemos alcanzar objetivos y, en última instancia, lograr niveles de bienestar más altos. Uno de los primeros sociólogos en acuñar el término capital social fue Pierre Bourdieu (1986), quien lo definió como «la suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo más o menos institucionalizada que le ofrece a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido» (Bourdieu, 1986: 248).

El concepto de capital social es amplio y permite matices. Uno de ellos es la distinción entre sus componentes estructural y cognitivo (Van Deth, 2008). El primero de ellos se refiere a la magnitud y la intensidad de los vínculos. La estructura del capital social está compuesta por el conjunto de lazos que dan lugar a la conexión entre individuos, pero también por la integración en diferentes instituciones como resultado de esos lazos. El segundo, en cambio, estaría más relacionado con las actitudes y valores asociados a esas redes, como, por ejemplo, la percepción de apoyo, confianza y solidaridad. El componente cognitivo del capital social conecta con el nivel de seguridad que esas redes proporcionan al individuo. Un aspecto clave del capital social es el grado de cierre de las redes sociales, es decir, en qué medida el acceso a un colectivo por medio de individuos externos a él es fácil o, por el contrario, está fuertemente restringido. Un ejemplo clásico de grupo con un fuerte cierre es la familia, en la que todos los miembros guardan una relación más o menos estrecha con el resto de integrantes (Coleman, 1988). La combinación de cierre y confianza es importante porque da lugar a un incremento en la probabilidad de intercambio de recursos entre los miembros del grupo.

Los proyectos migratorios van acompañados de pérdidas en el momento en que algunos recursos son imposibles de transportar del país de origen al de destino, entre los cuales se encontraría el capital social. Para el colectivo inmigrante, la familia ya establecida en la sociedad de acogida ocupa un lugar fundamental en los procesos de integración social, al representar la principal base de confianza y acción colectiva (Nee y Sanders, 2001). Si bien los primeros inmigrantes en llegar al país de destino carecen de estas redes, los siguientes en llegar se pueden beneficiar del conocimiento adquirido por los pioneros. Los lazos familiares constituyen un recurso especialmente importante porque, a diferencia de los nativos, la dependencia y el acceso a otras instituciones del país de destino son más limitadas para los inmigrantes. Al mismo tiempo, aunque con un vínculo menos fuerte que la familia, los originarios del mismo país de nacimiento también conforman otra de las redes sociales fundamentales del colectivo expatriado, ya sea por una unión basada en la solidaridad, al enfrentarse a las mismas adversidades, o por una confianza que capacita a esa comunidad con medidas implícitas de control y sanción (Portes y Sensenbrenner, 1993).

La familia y el grupo de procedencia son, por tanto, imprescindibles en los procesos de integración, ya que garantizan una base social y económica sobre la que apoyarse a la llegada al país de destino (Portes, 1998). Esta dependencia, sin embargo, puede producir en ocasiones efectos negativos. Por ejemplo, se sabe que haber crecido en barrios con alta concentración de inmigrantes del mismo país de origen garantiza recursos que facilitan una buena inserción en el mercado de trabajo, pero dependiendo del grupo étnico este apoyo va acompañado de fuertes normas culturales que pueden lastrar la participación laboral de la mujer (Zuccotti y Platt, 2017). Por ello, para los inmigrantes también resulta valioso traspasar estas redes y conectarse con la población autóctona, en la medida en que, a través de ella, es posible acceder a recursos específicos de la sociedad de acogida, sin la cual difícilmente los conseguirían por medio de la comunidad de origen.

Si nos centramos en el caso concreto de la población inmigrante en España, en la tabla 3 podemos ver algunos elementos reveladores sobre el capital social que posee este colectivo. En la Encuesta social general española (ESGE), realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2013, a los entrevistados se les preguntaba por las personas con las que, en los últimos seis meses, habían hablado de temas importantes para el entrevistado. A continuación, se les pedía que indicaran con cuáles de esos individuos se sentían especialmente cercanos . Entre la población inmigrante, cerca del 40% de las personas que identificaron como cercanos habían nacido en España. Asimismo, en la encuesta un 21% de los inmigrantes declaraba tener como pareja a un nativo. Estos resultados muestran que una parte considerable de los nacidos en el extranjero posee vínculos estrechos con la población autóctona, pero también que, posiblemente, más de la mitad de los inmigrantes en España reducen sus relaciones sociales más próximas a la comunidad del país en el que nacieron.

En la ESGE también se preguntaba a los entrevistados por las personas a las que podrían recurrir en caso de que se produjeran diferentes situaciones en las que se requiriese ayuda. Los resultados hallados arrojan al menos dos elementos interesantes (véase la tabla 3). En primer lugar, que los inmigrantes cuentan, de media, con unas redes de apoyo algo menores que los autóctonos. Si bien las diferencias en este punto son pequeñas, de apenas una persona de media, en lo que respecta a la composición de esas ayudas las divergencias son más claras. En comparación con los autóctonos, los nacidos en el extranjero recurren en menor medida a familiares para resolver situaciones de dificultad. Y dentro de la propia familia, el respaldo recae en menor medida en miembros del núcleo familiar (padres, hijos y hermanos). Como se ha explicado anteriormente, el componente cognitivo del capital social es importante, ya que establece conexiones de confianza y solidaridad entre los miembros de un mismo grupo. En este sentido, la seguridad que proporciona buscar protección en amigos o conocidos para afrontar distintos tipos de adversidades es menor que la que puede ofrecer la familia.

Tabla 3. Número y grado de redes sociales desagregado por país de nacimiento (porcentajes). Personas residentes en España (mayores de 17 años)

Autóctonos

Inmigrantes

Relación estrecha con nativos

39,1

Tipo de pareja

Con pareja nacida en España

21,0

Con pareja nacida en el extranjero

47,0

Sin pareja

32,0

100

N.º personas ayuda enfermedad (media)

6,5

5,4

1.ª persona – núcleo familiar

92,8

85,0

1.ª persona – familia extensa

2,5

3,7

1.ª persona – otros (amigos, vecinos…)

4,7

11,3

100

100

N.º personas ayuda hijos (media)

4,9

3,7

1.ª persona – núcleo familiar

85,8

76,5

1.ª persona – familia extensa

7,3

9,0

1.ª persona – otros (amigos, vecinos…)

6,9

14,5

100

100

N.º personas ayuda económica (media)

3,8

3,1

1.ª persona – núcleo familiar

84,0

66,6

1.ª persona – familia extensa

7,3

7,6

1.ª persona – otros (amigos, vecinos…)

8,7

25,8

100

100

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta social general española (ESGE) (2013).

Como se comentaba anteriormente, la familia y los miembros de una misma comunidad desempeñan un papel central en los procesos migratorios al garantizar un mínimo de recursos al llegar al país de destino (información, ayuda económica, contactos…). En el caso concreto de la búsqueda de empleo, el uso de ese tipo de redes informales ayuda a encontrar trabajo con cierta rapidez, lo que se traduce en la disposición de ingresos al poco tiempo de emigrar (Espinosa y Massey, 1999). Lo que inicialmente puede ser una ventaja, a largo plazo corre el riesgo de convertirse en una trampa (Sanders et al., 2002). Por un lado, las oportunidades laborales a través de los enclaves étnicos suelen estar restringidas a empleos con unas condiciones de trabajo más precarias. Por otro, el uso de redes informales en la propia comunidad de origen acaba por reducir la oferta de empleo al disponer de una información más pobre. Paradójicamente, los inmigrantes cuyos vínculos con el grupo étnico son más débiles pueden terminar por encontrar oportunidades laborales más estables. Esto sucedería al verse empujados a utilizar estrategias de búsqueda de empleo formales, las cuales conducen a ofertas de trabajo con condiciones laborales reguladas (Nee et al., 1994).

Junto con las ventajas que supone el uso de redes formales, establecer relaciones con la población nativa también permite la obtención de mejores trabajos. Habría al menos tres mecanismos que facilitarían esta relación (Lancee, 2012). En primer lugar, el contacto con nativos puede servir de ayuda a la hora de superar trabas relacionadas con los procedimientos típicos en la búsqueda de empleo (aplicaciones, cartas de motivación, preparación de entrevistas…) y, en última instancia, a la hora de conocer mejor todas las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo. En segundo lugar, un vínculo estrecho con la población nativa ofrecería la posibilidad de encontrar oportunidades de trabajo que quedan fuera del alcance cuando las estrategias de búsqueda se restringen a las redes familiares y de otros miembros de la comunidad de origen. El acceso al empleo a través de contactos nativos amplía la oferta, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, por el simple hecho de que la mayoría de los empleadores son originarios del país de destino. Finalmente, mantener relaciones estrechas con la población autóctona ayudaría a aplacar los prejuicios existentes entre ambos colectivos, así como a debilitar el peso de ciertas actitudes discriminatorias de los nativos hacia los inmigrantes.

En la tabla 4 podemos ver cómo las estrategias de búsqueda de empleo difieren entre inmigrantes y autóctonos. En la ESGE realizada por el CIS en el año 2015 se preguntaba por la manera en la que los entrevistados obtuvieron su primer trabajo de una duración de, al menos, seis meses seguidos. Entre los nativos, un 55,3% respondía que había encontrado este trabajo a través de redes informales. En el caso de los nacidos en el extranjero, esta manera de acceder al primer empleo representaba un 63,2%. Como hemos visto con anterioridad, las redes informales constituyen una vía fundamental a la hora de acceder al mercado laboral. Sin embargo, el hecho de que estos contactos se limiten en muchos casos a familiares y amigos de la propia comunidad del país de nacimiento puede derivar en el acceso a una oferta de trabajo más pobre y limitada.

Tabla 4. Forma en la que se consiguió el primer empleo remunerado (porcentajes). Personas residentes en España (mayores de 17 años)

Autóctonos

Inmigrantes

Búsqueda informal

Familiar directo, otros parientes

26,6

22,5

Amigos, conocidos

28,7

40,7

[Suma]

[55,3]

[63,2]

Búsqueda formal

Oficina de empleo pública/privada

3,0

2,4

Por oposición

5,0

2,3

Envío de CV a empresas

13,4

13,3

Creando una empresa

4,3

2,6

Otras formas

19,0

16,2

[Suma]

[44,7]

[36,8]

100

100

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta social general española (ESGE) (2015).

La teoría de la segmentación: la entrada por la puerta de atrás

En las últimas décadas han surgido nuevas formas de trabajo no tradicional que permiten una mayor flexibilidad tanto para los trabajadores como para los empleadores, en especial durante épocas con un nivel de paro elevado (Kalleberg, 2000). Los estudios que han analizado este tipo de empleo no llegan a un claro consenso sobre las consecuencias para aquellas personas que pasan por él. Por un lado, podemos encontrar autores que definen este tipo de trabajos como puentes hacia empleos más estables, especialmente idóneos en casos en los que, de manera más o menos transitoria, se combina el trabajo remunerado con otro tipo de actividades (De Graaf et al., 2011). Casos típicos los podemos encontrar en jóvenes que trabajan mientras continúan estudiando, en mujeres que tienen a cargo el cuidado de hijos pequeños o en inmigrantes recién llegados al país de destino. Otros investigadores, en cambio, cuestionan esa naturaleza temporal de los trabajos no tradicionales. Más bien apuntarían en el sentido contrario: en última instancia se tratarían de escollos que abocan a una precariedad crónica para quienes ocupan esos puestos (Wielers et al., 2013). La evidencia empírica sobre esta cuestión es abundante y, según el contexto en el que se ha estudiado, con resultados tanto en una dirección como en otra.

La integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida está asimismo condicionada por el funcionamiento de las principales instituciones del país de destino (Cebolla y Finotelli, 2015). En este sentido, las causas de la desigualdad podrían explicarse no solo por las diferencias en las capacidades y credenciales individuales, sino también por la estructura de los mercados de trabajo. La teoría de la segmentación pone el foco en las características de estos mercados y, en particular, en la coexistencia de diferentes segmentos cuyas reglas difieren entre sí (Piore, 1975). El segmento primario se distingue por ofrecer empleos de calidad, bien remunerados, con posibilidades de promoción y estables. El segmento secundario, en cambio, alberga los puestos de trabajo más precarios, inseguros y peor remunerados. Desde este enfoque, un elemento decisivo de los mercados fragmentados es la dificultad que los trabajadores experimentan para moverse entre segmentos. Aquellos que comienzan su actividad laboral en el segmento secundario afrontan serias dificultades para abandonarlo y competir por puestos de trabajo más estables y cualificados (Muñoz, 2016).

En el caso de España, los trabajos con contrato temporal representan la principal forma de empleo no tradicional utilizado desde la década de 1980. Desde entonces, la temporalidad ha rondado niveles en torno al 30%, colocándose como una de las más altas de todos los países de la OCDE. Una de las claves de la temporalidad en nuestro país es que su uso se expande a diversos trabajos, y no solo a aquellos con los que, por el tipo de actividad, no es posible establecer una relación indefinida (como es aquella asociada a la estacionalidad o los contratos por obra y servicio). Tal y como señalan Garrido y González (2008), la temporalidad vinculada a estas últimas actividades sería, por su naturaleza, de tipo estructural; las demás, en cambio, implicarían, en la mayoría de los casos, un período transitorio de temporalidad típico en procesos de inserción laboral entre los trabajadores más jóvenes. Mientras que para los que experimentan temporalidad en la primera forma resulta más probable que la situación se cronifique, para los segundos tendería a desaparecer. La evidencia empírica existente para España parece inclinarse más por la idea de que la temporalidad, para quienes la sufren, se acaba convirtiendo en una suerte de trampa con trayectorias laborales definidas por períodos de empleo y paro de forma recurrente (Amuedo, 2000; García y Muñoz, 2011).

Otra fórmula de trabajo no estándar, aunque menos utilizada en nuestro país, es el empleo a tiempo parcial. Esta forma de relación laboral ha sido tradicionalmente utilizada por las mujeres para compatibilizar la vida privada con su actividad en el mercado laboral, en especial durante la crianza de los hijos (Kyyrä et al., 2017). Asimismo, parece que el trabajo a tiempo parcial funciona sobre todo como una alternativa al paro en tiempos de crisis económica, si bien a costa de correr el riesgo de quedar atrapado en este tipo de empleo si no se logra más estabilidad en el corto plazo. En el caso concreto de España, el trabajo a tiempo parcial representa más una alternativa ante la escasez de empleo con jornada completa que una elección voluntaria (Blázquez y Ramos, 2009). En buena parte porque estos trabajos proporcionan salarios más bajos y una protección social más limitada. Además, se ha comprobado que las perspectivas laborales de las mujeres en empleos a tiempo parcial son escasas, especialmente en el caso de las trabajadoras inmigrantes (Muñoz y Steinmetz, 2020).

En comparación con el empleo tradicional, el trabajo flexible presenta unos riesgos de estancamiento y precariedad más elevados, sobre todo, porque el no tradicional suele estar más presente en el segmento secundario del mercado laboral (Kalleberg et al., 2000). ¿En qué medida los inmigrantes están más expuestos a este tipo de trabajo con una regulación más laxa? En la tabla 5 podemos ver, por un lado, que la contratación temporal les afecta bastante más que a los autóctonos, con una brecha más grande en el caso de los varones (hasta 16,1 puntos porcentuales de diferencia). Además, se sabe que la probabilidad de tener un contrato temporal en España continúa siendo mayor para algunos inmigrantes, incluso después de tener en cuenta factores fundamentales como el nivel educativo, la clase social o el sector de actividad (Martínez, 2014). Si bien esto ya supone una desventaja, no lo es menos que en la temporalidad que experimenta la población inmigrante pesa más, en comparación con los autóctonos, su forma estructural y que, por tanto, resulta más improbable que con el tiempo la relación contractual se convierta en indefinida. En efecto, si sumamos los contratos que son por temporada o estacional a los que son por obra o servicio, un 43,1% de las mujeres y un 58,2% de los hombres nacidos en el extranjero mantienen una relación contractual de este tipo, frente al 38,3% de las mujeres y al 52,6% de los hombres autóctonos.

Las diferencias entre estos colectivos en lo que respecta al tipo de jornada laboral también son destacables. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo a tiempo parcial es aquel con una duración que no supera las 34 horas semanales. El porcentaje de inmigrantes que posee un empleo con estas características es superior al de autóctonos, con una brecha más grande entre las mujeres (8,2 puntos porcentuales), colectivo para el que esta forma de empleo está claramente más extendida. No todos los que trabajan a tiempo parcial lo hacen de manera voluntaria, más bien al contrario: más de la mitad de este tipo de trabajadores desearía tener un contrato a tiempo completo. Sin embargo, el porcentaje de individuos en esta situación de no deseabilidad es, de nuevo, más alta entre la población inmigrante que entre la autóctona. Los nacidos en el extranjero no solo trabajan más, en términos relativos, en empleos a tiempo parcial, sino que lo hacen con jornadas más cortas. Dentro del colectivo femenino, la diferencia entre inmigrantes y nativas que trabajan entre 21 y 34 horas semanales (trabajo a tiempo parcial sustancial) es de 8,1 puntos porcentuales a favor de las últimas.

Tabla 5. Características del puesto de trabajo según el sexo y el país de nacimiento (porcentajes). Personas residentes en España (16-64 años)

Hombres

Mujeres

Autóctonos

Inmigrantes

Autóctonas

Inmigrantes

Contrato temporal

23,5

39,6

26,1

35,9

Motivo contrato temporal

Por prácticas o prueba

6,3

3,3

5,2

4,3

Por temporada o estacional

8,0

12,3

6,4

9,8

Por obra o servicio

44,6

45,9

31,9

33,3

Por circunstancias de producción

20,4

21,7

20,8

24,8

Por sustitución de otro trabajador

9,1

2,8

22,2

8,2

Por otras razones

11,6

14,0

13,5

19,6

100

100

100

100

Jornada a tiempo parcial (<35 h)

5,8

8,4

21,7

29,9

A tiempo parcial involuntario

58,7

72,8

49,7

61,7

Tipo jornada a tiempo parcial

Parcial sustancial (21-34 horas)

31,1

29,9

36,6

28,5

Parcial corta (15-20 horas)

47,2

49,8

42,1

48,2

Parcial marginal (<15 horas)

21,7

20,3

21,3

23,3

100

100

100

100

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA) (I/2018-IV/2018).

Las teorías de la discriminación: penalizados por gusto o estadística

¿Qué podríamos concluir si, una vez aisladas las diferencias en términos de capital humano, capital social y posición en el mercado laboral, la desventaja de los inmigrantes persiste? Esta es una pregunta recurrente en la investigación social y, en muchas ocasiones, difícil de responder de manera rotunda a partir de la evidencia empírica existente. El término ethnic penalties ha sido utilizado precisamente para definir esa desventaja que sufren los procedentes del extranjero y que no se puede explicar por causas relacionadas con las características del individuo o del contexto (Heath y Cheung, 2007). Aquí podrían entrar diversos argumentos no contemplados, como, por ejemplo, el tipo de proyecto migratorio planificado (Dustmann, 1999). Dependiendo de si la residencia en el país de destino se prevé permanente o, por el contrario, se ha planificado como temporal, las estrategias de integración socioeconómica de los expatriados pueden diferir y dar lugar a resultados laborales diferentes. Sin embargo, la explicación más frecuentemente empleada para esclarecer esa desventaja residual es aquella que apunta a ciertas actitudes discriminatorias por parte de la población nativa. En efecto, la inserción de los inmigrantes en la sociedad de acogida también puede estar condicionada por causas ajenas a los propios implicados. En este sentido, la imagen con la que la población autóctona percibe a aquellos que proceden del extranjero y sus actitudes hacia ellos pueden tener un papel determinante en los procesos de integración social de estos últimos (Arrow, 1998).

En los últimos años, el debate en torno a los flujos migratorios se ha incrementado como consecuencia de la llamada «crisis de los refugiados», cuyo momento álgido tuvo lugar en 2015 (Arango, 2016). El éxodo de ciudadanos procedentes de países del norte de África y de Asia en dirección a Europa ha sido de una magnitud solo comparable a lo vivido en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis humanitaria ha generado una profunda discusión sobre la manera de gestionar la llegada de más de un millón de inmigrantes solicitantes de asilo, así como sobre los efectos que puede tener la presencia de este gran colectivo en el conjunto de la población. La llegada de refugiados dentro de las fronteras de la UE ha estado acompañada por la percepción de un incremento del peligro de terrorismo, un empeoramiento de la vida a causa de la mayor diversidad y una visión negativa de la población musulmana (Pew Research Center, 2016).

En el caso concreto de España, la recepción de refugiados y asilados ha sido, históricamente, muy reducida. Aunque el número ha aumentado en los últimos años, el grueso de los nacidos en el extranjero continúa compuesto en su mayoría por individuos que emigraron por razones económicas. Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio, de las 16.544 personas que solicitaron protección internacional en 2016, a un 60% les fue concedida. En España, la evidencia disponible hasta el momento revela la excepcionalidad en lo que se refiere al incremento de las actitudes hostiles hacia la inmigración en tiempos de crisis económica (Rinken, 2015). Nuestra sociedad avanza hacia una mayor tolerancia o aceptación de la inmigración en buena medida debido a la menor percepción de la presencia migratoria y del mayor control de los flujos migratorios, a lo que también se sumaría el efecto de la empatía y del conocimiento mutuo tras años de convivencia con la población inmigrante (Cea D’Ancona, 2016). A pesar de que el debate mediático se ha centrado en la llegada de refugiados a Europa, parece que la opinión pública de los españoles aún se basa en su experiencia personal de convivencia con los inmigrantes económicos.

En la tabla 6 podemos comparar las actitudes hacia la inmigración existente en España con las de la UE 15 y las del total de países que participaron en la octava edición de la Encuesta social europea (ESE) en 2016 58 . Ante la pregunta sobre si se debería permitir la entrada de inmigrantes en el país del entrevistado, en las tres situaciones planteadas las respuestas medias son más altas en España, lo que significa una mayor aceptación hacia cada uno de esos escenarios. Para los tres grupos, no obstante, el apoyo decae cuando la entrada se refiere a expatriados de un grupo étnico/racial diferente al del entrevistado o de países pobres de fuera de Europa. En estos casos, el porcentaje de respuestas completamente en contra de la llegada de inmigrantes se incrementa de manera generalizada, pero de manera más contundente para el conjunto de países participantes en la ESE. Cuando las preguntas giran en torno a los efectos de la inmigración en los países de acogida, las diferencias entre España y los dos conglomerados de países se repiten. De media, la percepción que se tiene del impacto que supone la llegada de población inmigrante resulta más favorable en nuestro país que en la UE 15 y en el resto de países participantes en la encuesta. Sin embargo, hay que advertir que los valores oscilan prácticamente en todos los casos entre el 5 y el 6, con lo cual podemos interpretar que la opinión no es excesivamente negativa, aunque tampoco se puede afirmar todo lo contrario.

Tabla 6. Actitudes hacia la inmigración. Valoración entre 0 (muy en contra) y 10 (muy a favor)* (medias y porcentajes). Personas mayores de 17 años

España

UE 15**

Países ESE

Permitir la llegada de inmigrantes…

… del mismo grupo étnico/racial (x)

6,7

6,3

6,3

A ninguno (%)

5,5

5,4

8,1

… de diferente grupo étnico/racial (x)

6,3

5,7

5,0

A ninguno (%)

7,2

9,4

15,6

… de países pobres de fuera de Europa (x)

6,3

5,7

5,0

A ninguno (%)

6,9

10,5

17,7

La inmigración es buena para…

… la economía del país de acogida (x)

5,4

5,3

5,0

Nada de acuerdo (%)

4,3

6,0

7,2

… la cultura del país de acogida (x)

6,4

5,8

5,3

Nada de acuerdo (%)

2,0

4,9

6,4

… hacer un lugar mejor para vivir (x)

5,5

5,2

4,9

Nada de acuerdo (%)

2,9

5,8

6,6

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta social europea (ESE) en su octava edición (2016).

* En el primer bloque de preguntas, la escala original contiene cuatro valores. Para facilitar la lectura del cuadro, estos valores se han calculado para una escala de 0-10.

** En la octava edición de la Encuesta social europea no han participado los estados miembros de la UE: Luxemburgo, Dinamarca y Grecia.

Como se ha explicado, resulta excepcional que la preocupación de los españoles por la inmigración no haya crecido en la fase recesiva del ciclo económico, sino más bien al contrario. En septiembre de 2006, dos años antes del comienzo de la crisis, un 59,2% de los entrevistados del barómetro del CIS consideraba la inmigración como uno de los tres principales problemas de nuestro país, la cifra más alta alcanzada por este ítem en toda la serie histórica de la pregunta. Al inicio del siglo XXI , los niveles habían oscilado entre el 10 y el 20%. Es a partir de 2005 cuando el porcentaje comienza a crecer hasta alcanzar ese máximo de casi el 60%. Desde entonces, la cifra se fue desplomando de manera progresiva a lo largo de los seis años de la crisis económica, hasta marcar niveles por debajo del 5%. Superada la recesión, la cifra se mantuvo estable en números próximos al cero, hasta llegar a julio de 2018, momento en el que esta tendencia sufre una ruptura, volviendo a ascender a porcentajes en torno al 10% hasta mediados de 2019. Aunque los niveles continúan estando muy lejos de ese máximo alcanzado en 2006, la irrupción de partidos con un discurso ideológico de extrema derecha en el sistema político español podría representar un punto de inflexión en el cambio de las actitudes xenófobas en nuestro país (Rinken, 2019).

En España, la aceptación de la llegada de inmigrantes es mayor que en otros países de nuestro entorno, sin embargo esto no significa que no se produzcan situaciones de confrontación. A partir de la Encuesta sobre la percepción de la discriminación en España , realizada por el CIS en 2016, podemos ver en qué medida la población inmigrante sufre actitudes de rechazo por razones derivadas de su origen étnico/racial o de su nacionalidad (véase la tabla 7). Si un 29,8% de los autóctonos declaraba haberse sentido discriminado alguna vez 59 , entre los que han nacido en el extranjero la cifra se sitúa en un 53,6%. Para estos últimos, la mayoría de los casos de discriminación se debe al origen étnico/racial o a la nacionalidad (un 48,1% de los entrevistados de origen extranjero declara haberla sufrido). Entre los propios inmigrantes existen diferencias según su lugar de procedencia. Así, los nacidos en algún país de la UE15 se han sentido discriminados en menor medida que los procedentes de Latinoamérica o de otras regiones del mundo. La brecha entre los nacidos en la UE 15 y el resto de inmigrantes se acentúa aún más cuando la causa de la discriminación se debe al origen étnico/racial del individuo o a la nacionalidad. Por otra parte, resulta destacable que los inmigrantes son testigos, en mayor medida que los autóctonos, de discriminaciones sufridas por personas cercanas al entrevistado, y que, dentro del colectivo nacido en el extranjero, los procedentes de la UE 15 y de países latinoamericanos lo son más que el resto de inmigrantes.

Tradicionalmente, las teorías de la discriminación centradas en los procesos dentro de los mercados de trabajo han contemplado dos posibles causas de exclusión. Por un lado se habla del gusto por la discriminación para definir aquellos casos en los que el empleador selecciona antes a un trabajador autóctono que a uno inmigrante con las mismas capacidades basándose en prejuicios por los cuales la contratación de este último llevaría implícitos unos costes subjetivos (Becker, 1957). Esto, sin embargo, tendría un coste alto en términos de eficiencia económica, ya que se estaría renunciando a la contratación de individuos potencialmente más productivos que los propios autóctonos. Por otro lado, la discriminación estadística hace referencia a los casos en los que el empleador se decanta por un trabajador nativo y no inmigrante por la falta de información sobre la productividad de los candidatos (Phelps, 1972). Como la búsqueda de información complementaria sobre los aspirantes implica gastos, el empleador opta por juzgar a las personas sobre la base de las características medias del grupo de pertenencia. A diferencia de la discriminación por gusto, en este caso las valoraciones sobre el grupo se aproximan a la realidad, pero se corre el riesgo de que el candidato en particular no encaje en el perfil del grupo del que forma parte.

En la tabla 7 también podemos ver en qué medida estas situaciones de discriminación difieren entre inmigrantes y nativos en el ámbito laboral. Ante la pregunta de si alguna vez el entrevistado se ha sentido perjudicado laboralmente 60 , de nuevo se abre una brecha entre los nacidos en España y en el extranjero (11,2 puntos porcentuales), aunque esta vez algo más pequeña o incluso inexistente en el caso de los procedentes de la UE 15. Igualmente, podemos ver que para este último grupo los casos de discriminación que han vivido apenas tienen que ver con el origen étnico/racial o la nacionalidad del individuo, algo muy distinto que para el resto de inmigrantes. Esto se aprecia con la misma claridad si nos fijamos en las situaciones en las que no se ha sido contratado.

Tabla 7. Situaciones de discriminación experimentadas como víctima y como testigo (porcentajes). Personas residentes en España (mayores de 17 años)

Inmigrantes

Autóctonos

UE 15

América Latina

Resto

Todos

Víctima de alguna discriminación

Por cualquier tipo de discriminación

44,1

55,2

54,3

53,6

29,8

Por el origen étnico/racial o por la nacionalidad

29,4

49,7

51,9

48,1

Testigo de alguna discriminación

Por cualquier tipo de discriminación

54,6

56,6

43,0

51,2

40,2

Por el origen étnico/racial o por la nacionalidad

33,3

45,5

33,6

39,6

22,5

Perjudicado laboralmente

Por cualquier tipo de discriminación

30,3

39,9

47,5

41,6

30,4

Por el origen étnico/racial o por la nacionalidad

3,0

21,8

28,7

22,1

No ser contratado en un trabajo

Por cualquier tipo de discriminación

17,7

28,9

32,4

28,8

13,0

Por el origen étnico/racial o por la nacionalidad

0,0

16,2

23,8

17,1

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta sobre percepción de la discriminación en España en su tercera edición (2016).

Las teorías de la asimilación: el efecto del tiempo en la integración

Como se ha explicado anteriormente, los procesos migratorios van a acompañados de un coste inicial por el cual parte de los recursos que se han acumulado en el país de origen se pierde o devalúa al llegar al de destino (Friedberg, 2000). El capital social, por ejemplo, se ve mermado al reducirse el número de redes sociales a las que recurrir. Igualmente, el capital humano de los inmigrantes, normalmente con niveles de partida más bajos, también puede depreciarse al desplazarse de un país a otro por diferentes motivos, ya sean problemas en el reconocimiento de las credenciales educativas o el insuficiente dominio del idioma. ¿En qué medida estas pérdidas son irrecuperables? Las teorías de la asimilación , desarrolladas de manera específica para el estudio de la población inmigrante, han puesto el foco en el efecto que tiene el paso del tiempo en la sociedad de acogida (Alba y Nee, 1997). Según estas tesis, el transcurso de los años suele ir acompañado de la adquisición de nuevos recursos claves para converger con la población autóctona en términos de resultados laborales (Chiswick, 2005). Por lo tanto, la desventaja socioeconómica de este colectivo debería ser solo temporal y desaparecer pasados algunos años en el país de destino.

A lo largo de este capítulo hemos comprobado que los inmigrantes se enfrentan a diversas barreras a la hora de lograr una plena integración en la sociedad de acogida. Si bien superar algunos de estos obstáculos no depende exclusivamente de ellos (causas externas de la desventaja), otros relacionados con factores individuales de la desigualdad se pueden desbloquear. De acuerdo con las tesis de la asimilación, lo que cabría esperar es que la brecha socioeconómica entre nativos e inmigrantes sea especialmente grande en los primeros años de residencia de estos últimos, pero que, conforme pase el tiempo, las distancias se vayan reduciendo. ¿Por qué deberíamos esperar este escenario? Porque las cohortes más antiguas de inmigrantes, a diferencia de las más recientes, han tenido el tiempo necesario para compensar las pérdidas derivadas del proyecto migratorio. Las formas de lograrlo serían diversas: con el aprendizaje del idioma, la homologación de los estudios finalizados en origen, la obtención de otros títulos educativos específicos del país de destino, la acumulación de experiencia profesional, así como con la ampliación de redes sociales más allá de las de la propia comunidad de origen.

Para comprobar en qué medida esto es lo que está sucediendo en España, se ha calculado la probabilidad que tienen los inmigrantes y los nativos de pertenecer al segmento más precario dentro de la clase trabajadora (Erikson y Goldthorpe, 1992): los trabajadores manuales semicualificados/no cualificados (véase el gráfico 2) 61 . El uso de la clase social para analizar la integración de los inmigrantes resulta de gran utilidad porque nos ofrece una perspectiva más completa de la seguridad y capacidad económica de los individuos, no solo en la actualidad, sino también a lo largo de su ciclo vital (Goldthorpe, 2012). Lo que se ha hecho es calcular la probabilidad según los años acumulados en el mercado de trabajo, lo cual nos da una idea bastante aproximada del efecto que tiene el paso del tiempo en nuestro país para los que nacieron en el extranjero en relación con los oriundos. Además, para comparar grupos más homogéneos, en los modelos estimados se ha tenido en cuenta el nivel educativo de los individuos. Por tanto, podemos descartar que las diferencias que hallemos entre ambos grupos se deban a razones relacionadas con la formación académica.

En la parte superior del gráfico 2 observamos cuál es el riesgo de pertenecer a la clase más baja de la estructura social en el año 2018. Para la población autóctona ronda el 30%, con una trayectoria a lo largo del tiempo prácticamente estable en esta cifra. En el caso de los inmigrantes, sin embargo, la imagen es diferente por dos razones: en primer lugar porque cuando acceden por primera vez al mercado de trabajo español (es decir, año cero) este colectivo se sitúa cerca de 10 puntos porcentuales por encima de los autóctonos en ese mismo momento de la vida laboral; en segundo lugar porque la evolución traza una línea curva por la que los ocho primeros años experimenta un ligero incremento, se estabiliza durante los seis siguientes y finaliza con una caída a partir del decimocuarto año. El resultado es que los inmigrantes que en el año 2018 llevaban 20 años residiendo en España tenían la misma probabilidad de formar parte de la clase obrera que los inmigrantes recién llegados. La imagen descrita es muy parecida en el caso de las mujeres, con la principal diferencia de que la distancia entre autóctonas e inmigrantes arranca con más de 20 puntos porcentuales de diferencia.

Estos resultados nos empujan a cuestionarnos la tesis de la asimilación, la cual, como se ha explicado, asume que el transcurso del tiempo mejora la situación de los inmigrantes hasta igualarlos con los nativos. Sin embargo, para poder ser concluyentes es necesario tener en cuenta más elementos que hasta ahora no hemos considerado. Por ejemplo, podríamos contemplar en qué medida el contexto económico, en particular la reciente crisis, ha podido incidir en la integración de los nacidos en el extranjero. Para responder a esta pregunta se han repetido los mismos análisis pero utilizando 2008 como año de observación, es decir, justo cuando arranca la fase recesiva del ciclo económico. Como podemos ver en la parte inferior del gráfico 2, el escenario en aquel momento era radicalmente diferente al descrito en 2018. En primer lugar porque diez años antes el colectivo inmigrante accedía por primera vez al mercado laboral español, con un porcentaje de personas mucho más alto en la parte más baja de la estructura social: cerca del 60% para ellos y del 70% para ellas. A su vez, la población autóctona partía de niveles algo inferiores que en 2018, en especial las mujeres, de tal manera que la brecha inicial entre los nacidos en España y los nacidos en el extranjero era mucho mayor en 2008 que en 2018. Sin embargo, la evolución de la desigualdad según el tiempo de residencia también era muy distinta diez años atrás: conforme se afianzaban en nuestro país, los inmigrantes veían caer con fuerza y de manera ininterrumpida su riesgo de pertenecer a la clase obrera, mientras que los autóctonos experimentaban una evolución moderadamente ascendente, sobre todo entre las mujeres. El resultado final es que en 2008 aquellos inmigrantes que llevaban residiendo en España 20 años apenas tenían un mayor riesgo que la población nativa de pertenecer al grupo de trabajadores manuales semicualificados/no cualificados (unos cinco puntos porcentuales de diferencia).

Gráfico 2. Efecto marginal del tiempo en el mercado laboral sobre la probabilidad de ser trabajador manual semicualificado/no cualificado, desagregado por país de nacimiento. Inmigrantes y nativos residentes en España (16-64 años)*

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA).

*Modelos controlados por nivel educativo.

Consideraciones sobre la interpretación del efecto del tiempo

A partir de los dos escenarios descritos en el gráfico 2, podríamos concluir que, si bien antes de la crisis económica la desigualdad entre los nacidos en el extranjero y los autóctonos prácticamente desaparecía con el paso del tiempo —es decir, veíamos cumplirse las tesis de la asimilación—, la fase recesiva del ciclo económico ha revertido esta tendencia hasta el punto de que, cinco años después del final de la Gran Recesión, los inmigrantes más antiguos son igual de vulnerables que los más recientes. Esta lectura, sin embargo, debemos hacerla con cautela y tener en cuenta algunas consideraciones importantes. En primer lugar, y como comentábamos al principio del capítulo, el colectivo expatriado es muy heterogéneo en términos de lugar de procedencia, edad y otras características que pueden ser decisivas en los procesos de integración socioeconómica. Los resultados obtenidos en el gráfico 2 nos ofrecen unos valores medios, lo cual es perfectamente compatible con que determinados grupos de inmigrantes experimenten una evolución distinta a la observada.

En segundo lugar, resulta igualmente necesario advertir de la posible presencia de dos sesgos que nos obligan a interpretar estos resultados con cierta prudencia. El primero de ellos tiene que ver con la composición de las diferentes cohortes de llegada a nuestro país (Borjas, 1989). Si los inmigrantes que llegaron a España hace más tiempo estuvieran mejor cualificados que los que lo han hecho más recientemente, una mejoría con el paso de los años podría deberse no tanto a que se esté produciendo un proceso de integración favorable, sino, simplemente, a que los inmigrantes más antiguos (y que, por tanto, acumulan más tiempo en nuestro país) están mejor formados que los recién llegados. En los resultados observados en el gráfico 2 este sesgo se tiene en cuenta al estimar los modelos controlando el nivel educativo de los individuos. El segundo sesgo, sin embargo, es más difícil de controlar y, en nuestro caso, seguro que está influyendo. Este tiene que ver con la evolución de los flujos migratorios (entradas y salidas) y, en particular, del abandono de nuestro país por parte de la población inmigrante (Borjas y Bratsberg, 1996). ¿Qué se sabe sobre la permanencia en el país de acogida? La literatura académica ha adoptado dos visiones opuestas. Desde la perspectiva de la economía clásica , los inmigrantes que deciden marcharse son aquellos cuyo proyecto migratorio ha fracasado (Sjaastad, 1962). Es decir, abandonan el país los que experimentan una peor integración socioeconómica. Para la nueva economía de las migraciones laborales , en cambio, los que retornan son precisamente aquellos que han logrado sus objetivos de partida y, por ello, han conseguido una inserción más favorable (Massey et al., 1999).

Si se diera el escenario esperado por la economía clásica, entonces los inmigrantes con mayor antigüedad en nuestro país serían aquellos que habrían logrado una integración más exitosa. Si ocurriera lo contrario, el tiempo de residencia estaría reflejando únicamente los resultados de los peor integrados. Si bien no siempre es fácil aclarar cuál de estos dos procesos está sucediendo (Miyar y Muñoz, 2015), es obvio que debemos tener cuidado a la hora de interpretar los resultados del gráfico, en especial aquellos referidos a 2018, ya que casi todas las cohortes analizadas en ese año han vivido el impacto de la crisis económica, hecho que, seguramente, los ha empujado a replantearse su proyecto migratorio y, en algunos casos, a abandonar el país ante la falta de oportunidades laborales. Los que hayan optado por esto último habrían quedado fuera del análisis y, por ello, estarían sesgando nuestra muestra.

Por último, no hay que olvidar que en el gráfico 2 no estamos haciendo distinción alguna sobre la edad a la que los inmigrantes llegaron a nuestro país. Las teorías de la asimilación no solo prestan atención al paso del tiempo en la sociedad de acogida, sino también a la llegada de las nuevas generaciones de inmigrantes (Alba y Nee, 1997). Aunque todavía representan una minoría, en los últimos años se han ido incorporando al mercado laboral inmigrantes que llegaron a una temprana edad (generación 1.5) o que directamente nacieron en España (segunda generación). El caso de las nuevas generaciones es especial porque, si no toda, buena parte de su socialización temprana se produce en el país de destino (Rumbaut, 2012). Las ventajas que se desprenden de estos aprendizajes, ya sea teniendo un mejor conocimiento del contexto social y cultural, alargando la vida en el sistema educativo, ampliando las redes sociales más allá de las del propio grupo étnico o logrando una mejor posición en el mercado laboral, son más que evidentes. Los resultados socioeconómicos para este grupo, por tanto, no deberían ser muy diferentes de los de la población autóctona, aunque esto podría variar según el grupo de origen, en cuyo caso hablaríamos de una asimilación segmentada (Portes y Zhou, 1993).

Algunos estudios recientes que se han centrado en los hijos de los inmigrantes en España señalan que, una vez aisladas las diferencias por el origen socioeconómico, su integración está siendo similar a la nativa en términos tanto de permanencia en el sistema educativo como de los resultados académicos obtenidos (Miyar, 2017; Cebolla y González, 2018; Portes et al., 2018). En lo que respecta al mercado laboral, otras investigaciones también apuntan hacia una convergencia con la población autóctona para distintos indicadores, como, por ejemplo, el riesgo de experimentar sobrecualificación (Fernández et al., 2018). En el caso concreto de la generación 1.5 de inmigrantes, se ha comprobado que, a igualdad de condiciones, su exposición al desempleo es significativamente alta al comienzo de su carrera laboral, pero que, conforme transcurren los años de residencia en España, la probabilidad de perder el puesto de trabajo se reduce hasta superar a la primera generación y alcanzar niveles similares a los de los autóctonos (Arcarons y Muñoz, 2018a). Ese peor arranque al comienzo de la carrera laboral de los de la generación 1.5 se compensa con un mejor ajuste inicial entre la cualificación del individuo y el tipo de empleo. A diferencia de la primera generación, estos cuentan con recursos familiares y económicos que les permiten una entrada más lenta, pero a través de mejores trabajos que, en última instancia, resultan en una mayor protección contra la pérdida de empleo (Arcarons y Muñoz, 2018b).

Conclusiones

La población inmigrante en nuestro país, en comparación con la autóctona, presenta unos niveles de integración socioeconómica más bajos. Lejos de ser algo excepcional, en la gran mayoría de las democracias avanzadas los nacidos en el extranjero constituyen un grupo más expuesto a situaciones de vulnerabilidad como la pobreza o el desempleo. En este capítulo hemos revisado algunas de las explicaciones teóricas que con más frecuencia se utilizan en las ciencias sociales para entender por qué el colectivo inmigrante está más penalizado que el nativo. Si tuviéramos que construir un relato de todo lo descrito en las páginas anteriores, podríamos decir que los inmigrantes en España parten de una desventaja generada por diversas causas que, en última instancia, acaban por interrelacionarse entre sí.

En primer lugar, los inmigrantes presentan de media niveles educativos más bajos, acumulan una menor experiencia laboral en nuestro país y el conocimiento que tienen de la lengua española está, al menos para la cuarta parte de ellos, por debajo de un nivel competente. A esto habría que añadir, además, la devaluación que sufren los recursos formativos adquiridos en los países de origen. En segundo lugar, las redes sociales de los nacidos en el extranjero son reducidas y poco diversas. Si bien al emprender el proyecto migratorio esas conexiones con familiares y miembros de la comunidad de nacimiento son fundamentales al llegar a España, con el tiempo les pueden acabar penalizando al verse privados de recursos que solo pueden conseguir a través de sus relaciones con los nativos. En tercer lugar, los costes económicos que afrontan a su llegada los empujan a integrarse de manera precipitada en el mercado laboral, con el fin de obtener una fuente inmediata de ingresos. La entrada por el segmento secundario de nuestro mercado de trabajo conduce a trabajos precarios y, sobre todo, hace peligrar las posibilidades de alcanzar una mayor estabilidad laboral a largo plazo. Por último, junto a estas explicaciones, las actitudes xenófobas también pueden desempeñar un papel importante en las dificultades de integración del colectivo inmigrante. Aunque hemos visto que España se distingue por ser más tolerante con la población procedente del extranjero que otros países de nuestro entorno más próximo, eso no excluye que el colectivo inmigrante sea objeto de situaciones de discriminación por parte de la población autóctona en diferentes ámbitos de la sociedad, entre otros, el laboral.

Como complemento a todo lo anterior, las teorías de la asimilación apuntan a que muchas de las desventajas descritas acaban por desaparecer conforme transcurre el tiempo de residencia en la sociedad de acogida. En el caso español hemos encontrado dos escenarios opuestos dependiendo del año de observación: justo al comienzo de la crisis económica de 2008, aquellos inmigrantes que acumulaban más tiempo de residencia en nuestro país tenían prácticamente la misma probabilidad que la población autóctona de formar parte de la clase más baja de la estructura social. Diez años más tarde, en cambio, la brecha que separa a los inmigrantes recién llegados a España de los nativos se mantiene prácticamente igual que la que hay entre estos últimos y los inmigrantes de las cohortes más antiguas. Si bien la lectura rápida que extraemos de estos resultados es que la crisis económica ha impactado de manera negativa en la integración de los nacidos en el extranjero, principalmente impidiendo que, con el tiempo, converjan con el resto de la sociedad, debemos tener en cuenta al menos dos posibles sesgos: primero, que la cualificación de los inmigrantes según la cohorte de entrada a nuestro país puede ser distinta; segundo, y aún más importante, que muchos inmigrantes han podido abandonar nuestro país, en especial durante los años de recesión económica, al mismo tiempo que llegaban otros. En otras palabras, los flujos migratorios han cambiado como consecuencia del cambio de la fase del ciclo económico.

Finalmente, una mención aparte merece el caso de las nuevas generaciones de inmigrantes en España. Aunque su incorporación a la vida laboral todavía es modesta a nivel cuantitativo, los escasos estudios existentes apuntan hacia unos niveles de integración similares a los de la población nativa, una vez controlados distintos aspectos sociodemográficos fundamentales. La evidencia empírica que apoya una integración positiva también se extiende al sistema educativo. Esto respaldaría la idea de que buena parte de las desventajas que afrontan los nacidos en el extranjero es debida a la pérdida de recursos inherentes a cualquier proyecto migratorio. Por tanto, parece que las penalizaciones que experimentan los inmigrantes de primera generación, y que casi nunca logran superar del todo, acaban por desaparecer con los hijos de estos.

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Apéndice

Tabla A1. Modelo de probabilidad lineal sobre la probabilidad de ser trabajador manual semicualificado/no cualificado. Inmigrantes y nativos residentes en España de 16 a 64 años

2018

2008

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Autóctono (ref.)

Inmigrante

0,101***

0,215***

0,278***

0,452***

(0,011)

(0,011)

(0,009)

(0,009)

Años en el mercado laboral (ML)

0,001*

-0,001*

0,004***

0,006***

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

Inmigrante*Años ML

0,007***

0,010***

-0,017***

-0,030***

(0,001)

(0,001)

(0,002)

(0,002)

Años ML*Años ML

-0,000***

0,000***

-0,000***

-0,000***

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

Inmigrante*Años ML*Años ML

-0,000***

-0,000***

0,000***

0,000***

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

Nivel educativo

-0,193***

-0,219***

-0,168***

-0,184***

(0,001)

(0,002)

(0,001)

(0,001)

Constante

0,848***

0,935***

0,726***

0,742***

(0,006)

(0,006)

(0,005)

(0,006)

Observaciones

132.808

115.480

156.762

117.783

R2

0,137

0,214

0,128

0,196

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa . Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56 Según datos del Padrón Continuo, a 1 de enero de 2019 un 32,9% de los inmigrantes en España posee la nacionalidad española. Entre 2005 y 2015 se naturalizaron en nuestro país un millón de extranjeros, con buena parte de esas concesiones realizadas en los años de la crisis económica (Finotelli y La Barbera, 2017).

57 La UE 15 hace referencia al conjunto de estados miembros que conformaba la Unión Europea hasta la ampliación de países en 2004.

58 Aunque la 9.ª edición de la Encuesta social europea está disponible desde 2019, los datos de España están previstos para mediados de 2020.

59 El cuestionario distingue hasta doce causas diferentes, entre las cuales se encuentran el sexo del individuo, la orientación sexual, el aspecto físico o las ideas políticas.

60 El cuestionario contempla las siguientes situaciones: ser despedido, realizar tareas que no le corresponden, cobrar menos, tener peores horarios, habérsele negado un ascenso o promoción.

61 Los modelos estadísticos estimados están disponibles en la tabla A1 del apéndice.

El Estado de bienestar

Juan Jesús González Rodríguez y Obdulia Taboadela Álvarez

España en perspectiva europea

Puestos a identificar los factores que condujeron a la crisis que asoló la economía española entre 2008 y 2013, parece claro que el Estado de bienestar no tuvo responsabilidad alguna en la génesis de la misma, lo cual no ha impedido que la salida de la crisis haya tenido notorias consecuencias para el Estado de bienestar (EB). Esto resulta particularmente evidente cuando analizamos la evolución del llamado modelo social europeo, el cual había conseguido entrar en una fase de relativa convergencia entre países durante la fase expansiva del ciclo económico. Dicha tendencia se rompió a raíz de la crisis, como consecuencia de las severas políticas de ajuste aplicadas en la periferia del euro y de los consiguientes recortes en las políticas sociales de aquellos países que más dificultades habían tenido para converger.

Cabe discutir si, más que una nueva divergencia, no estaríamos asistiendo a una convergencia a la baja, pero resulta evidente que, de nuevo, el coste de la crisis ha recaído sobre los sectores sociales más vulnerables, dando lugar a otras desigualdades y a una revitalización de la diversidad institucional de las políticas sociales en Europa, ya de por sí muy diversificadas como consecuencia de la convivencia de distintos regímenes de bienestar (nórdico, liberal, corporativo, mediterráneo…) dentro de un mismo continente. Esto ha llevado a algunos especialistas a concluir que «la brecha social entre los países del norte y del sur no solo no se ha cerrado como se esperaba […], sino que se ha incrementado» (Del Pino y Gago, 2017).

Un hito reseñable en el proceso de europeización de las políticas sociales fue la puesta en marcha en la década de 1990 de las llamadas políticas de inversión social, caracterizadas por su pretensión de trascender el carácter consuntivo de las políticas tradicionales (pensiones, cobertura de desempleo, etc.), referidas a la educación infantil, la conciliación, las políticas activas de empleo, etc. En el caso español, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprovechó la bonanza económica para lanzar un ambicioso programa de inversión social basado en dos pilares: la Ley de Dependencia y una serie de medidas orientadas a facilitar la conciliación entre trabajo y familia (Ley de Igualdad). El objetivo último era corregir el carácter eminentemente familiar del régimen de bienestar mediterráneo en favor de empleos más acordes con una economía de servicios, pero los recortes derivados de la crisis se llevaron por delante políticas que aún estaban en fase de implantación (el caso de la dependencia es paradigmático) y que no habían generado una coalición de intereses capaz de defenderlas, con lo que el EB español ha vuelto a centrarse en el tradicional trípode pensiones-educación-sanidad.

Con anterioridad a la crisis, los Estados de bienestar habían estado sujetos a un proceso de renegociación, reestructuración y actualización de sus políticas sociales, dentro del cual podemos distinguir la preferencia del modelo liberal por la mercantilización y la desregulación, en tanto que el modelo nórdico, de corte socialdemócrata, optaba por la contención de costes y la recalibración (Pierson, 2006). En contraste con la pulsión mercantilizadora de los países de tradición liberal, los países de tradición socialdemócrata respondieron a los desafíos y, en particular, a los vaivenes del ciclo económico con reformas que hacían su modelo de EB más contributivo y menos universalista.

Así, en el caso británico la fiebre mercantilizadora de los gobiernos conservadores encabezados por Thatcher fue sustituida por las políticas de tercera vía propias del nuevo laborismo de Tony Blair, todas ellas orientadas a conseguir un nuevo equilibrio entre el sector público y el privado, así como un mayor protagonismo de los usuarios en el diseño de las políticas públicas. Todo empezó con la idea de que el gasto social incentiva una «cultura de dependencia» que pone en cuestión la competitividad de la economía, lo que recomienda limitar las prestaciones por desempleo, tanto en cuantía como en duración, a fin de que el mercado de trabajo se mantenga lo más dinámico posible. De ahí los requisitos de «activación» característicos de la tercera vía y toda su retórica acerca de la responsabilidad individual de los trabajadores. En compensación, los nuevos laboristas trataron de parecer sensibles a los problemas de exclusión social, pobreza infantil, derechos laborales, etc. Ahora bien, tras la vuelta de los conservadores al gobierno, en 2010, la práctica totalidad de los avances conseguidos en materia social por la tercera vía han sido revertidos: además del regreso de la pulsión privatizadora, se han vuelto a endurecer los requisitos de acceso a prestaciones de desempleo y similares.

Mientras tanto los países de régimen socialdemócrata afrontaron reformas de calado orientadas a rebajar el coste de sus ingentes EB, además de incorporar los programas de «activación», hasta el punto de que uno de estos países (Dinamarca) se ha consagrado como el campeón de la «flexiguridad», entendiendo por tal una combinación de máxima flexibilidad laboral, por el lado de las empresas, y de máxima protección, por el lado de los trabajadores, que pierden su empleo como consecuencia de cambios económicos o tecnológicos. Otro de estos países (Suecia), por su parte, acometió una valiente reforma del sistema de pensiones que afectaba al cálculo de la prestación, en virtud del cual la pensión se calcula en función, por un lado, de las cotizaciones realizadas y, por otro, de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

En estos países el universalismo que rige la provisión de servicios públicos sigue siendo incuestionable, si bien su capacidad para reducir la pobreza se ha deteriorado como consecuencia de un aumento de los requisitos de cobertura, de la focalización de algunos programas, así como de la reducción de la cuantía y el alcance de las prestaciones. Con todo, el modelo nórdico ha sabido sortear los efectos de la crisis y evitar los recortes, hasta el punto de que el Gobierno sueco acometió una rebaja de impuestos a las rentas bajas y mejoró la situación de los adultos con hijos a su cargo. En suma, «el sistema sueco ha respondido bien, logrando que los costes (de la crisis) se distribuyeran entre todos los grupos sociales y no solo entre los más desfavorecidos, como ha pasado en la mayoría de los países del sur de Europa» (Del Pino y Gago, 2017).

Entre medias del modelo liberal y el modelo socialdemócrata se encuentra la mayoría de los países europeos, si bien con distinta suerte, toda vez que, así como el modelo corporativo del centro de Europa se corresponde, grosso modo, con el centro estructural de la eurozona, lo que los coloca del lado de los países acreedores, los países de régimen mediterráneo, por su parte, se corresponden con la periferia del euro, lo que los constituye a todos los efectos como los parientes pobres de la familia europea, agobiados por las deudas y por el régimen de austeridad que aquellos países impusieron a estos últimos.

Entre los primeros, el más activo a la hora de las reformas ha sido Alemania, el cual tuvo, además, la prudencia de implementarlas con anterioridad a la Gran Recesión, lo que ha minimizado su impacto y ha contribuido a facilitar su recuperación. Puede decirse, sin riesgo de exagerar, que, durante la crisis, Alemania ha estado más pendiente de supervisar la gestión de los demás países que de resolver sus propios problemas. Como se recordará, la economía alemana arrastró durante la década de 1990 una serie de problemas derivados de la reunificación del país, los cuales llevaron a la economía, al principio de la de 2000, al incumplimiento del Pacto de Estabilidad que la propia Alemania había impuesto como requisito para la unión monetaria a los países integrados en el euro. Esta situación dio lugar a una serie de reformas (Agenda 2010) que hicieron a la economía alemana más competitiva, lo que permitió recuperar la tradicional capacidad exportadora de la industria alemana, hasta el punto de revertir el proceso de convergencia europeo. Desde esta perspectiva, la crisis no ha hecho más que exacerbar el proceso de divergencia que se había iniciado en los años de la burbuja, cuando el crédito barato procedente del centro inundó las economías periféricas facilitando el boom de las exportaciones alemanas. Y es que, a la divergencia registrada en términos de competitividad durante los años de bonanza, se ha añadido la divergencia en materia social registrada durante los años de la crisis, como consecuencia de que los países que no supieron anticipar sus reformas han debido hacerlas en los momentos más duros. Este dato es fundamental para entender la dialéctica centro-periferia en la economía del euro.

Por lo que se refiere a las políticas sociales, nada quedó fuera del radar de los reformadores alemanes antes de la crisis: desde el endurecimiento de los requisitos de acceso a la prestación por desempleo hasta la desregulación del mercado de trabajo (minijobs), pasando por la reforma de las pensiones, con la introducción del factor de sostenibilidad y la consiguiente reducción de la tasa de sustitución que mide la relación entre la cuantía de la pensión y el último salario percibido. Esto ha permitido que mientras los países periféricos aplicaban dolorosas terapias para salir de la crisis, el partido socialdemócrata alemán pudiese condicionar su participación en el gobierno de coalición que se formó en 2013 a la introducción de un salario mínimo nacional que comenzó a aplicarse en 2015. En otras palabras, mientras los países periféricos sufrían recortes impuestos desde instancias supranacionales, Alemania relajaba su propia disciplina en materia social.

En nuestro somero repaso por los distintos regímenes de bienestar que conviven en Europa, llegamos así al modelo mediterráneo, dentro del cual se encuadra el caso español. Es verdad, como ya adelantábamos, que, con frecuencia, España trató de incorporarse a las tendencias más genuinas del Modelo Social Europeo, tal como hizo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en los años de bonanza económica, cuando el país hizo su particular apuesta por las políticas de inversión social, tratando de aliviar a las familias de la sobrecarga característica que soportan en el modelo mediterráneo. Pero no es menos cierto que España rara vez ha sabido anticiparse a las exigencias de reforma, de manera que temas como el sistema de pensiones se han hecho problemáticos y recurrentes, tanto más cuanto la combinación de alto grado de envejecimiento y baja tasa de fecundidad impone unos plazos de actuación improrrogables.

En principio, las líneas de actuación durante los años de la crisis han sido similares a las de los países periféricos y han estado presididas por la necesidad perentoria de atajar la crisis de deuda que se desató en 2010, si bien la magnitud de los recortes ha estado en función del tipo de rescate que aplicado en cada país, dentro de los cuales podemos distinguir entre rescates severos (Portugal) e incluso dramáticos (como ha sido el caso de Grecia, donde han llevado a ajustes durísimos) y rescates parciales (como en España, donde la austeridad ha sido más soportable). En nuestro caso, la austeridad llegó de la mano del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, el cual se vio emplazado por las instancias supranacionales a aplicar los primeros recortes, que afectaron, por un lado, al salario de los empleados públicos (reducción media del 5%) y, por otro, a la congelación de las pensiones. Estas medidas estuvieron acompañadas de otras de carácter más simbólico, pero no menos importantes, como la reforma exprés del artículo 135 de la CE, a instancias de Alemania —con el que se pretendía asegurar la estabilidad presupuestaria y la contención del déficit, pero que fue interpretado por la opinión pública como una forma de anteponer el servicio de la deuda a las políticas sociales—. En suma, el efecto combinado de unas medidas y otras puso en tela de juicio la apuesta de Rodríguez Zapatero por una «salida social de la crisis», tal como el Gobierno socialista había venido defendiendo hasta ese momento.

Con el fin de atajar la contestación social, el Gobierno socialista hizo un último intento de recomponer la paz social en el que consiguió acordar con los agentes sociales una reforma del sistema de pensiones que retrasaba la edad de jubilación, de manera progresiva, hasta los 67 años, al tiempo que ampliaba el período de cálculo de la pensión de los 15 a los 25 años. Esta primera reforma del sistema de pensiones fue seguida de una segunda, ya en tiempos de Mariano Rajoy, que introdujo el factor de sostenibilidad, un mecanismo corrector del cálculo de la pensión que pretendía atajar la crisis del sistema de la Seguridad Social en un momento en que este había entrado en déficit y se mantenía a costa del Fondo de Reserva. El problema de esta segunda reforma es que carecía de consenso y que, cuando el Fondo de Reserva estaba ya a punto de vaciarse, el PP había perdido su mayoría absoluta en el Congreso, con lo que ya no pudo implementar el factor de sostenibilidad en la negociación de los presupuestos de 2018. A partir de ese momento, el sistema de pensiones volvió a ser rehén de la puja política y electoral, en virtud de la cual siempre se termina imponiendo el criterio más generoso: la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, lo que cronifica la crisis del sistema.

Esta laxitud y la relativa generosidad con que se ha manejado el tema de las pensiones contrastan con la severidad con que el Gobierno del PP ha actuado en materia de educación, sanidad y dependencia, donde los recortes aplicados en el bienio 2012-2013 fueron drásticos, y ello condujo a subrayar la debilidad del gasto social en España, al tiempo que ha reforzaba el protagonismo del mercado, por un lado, y de las familias, por otro, en la provisión de bienestar. Dado el consenso social existente en España acerca de la necesidad de la acción protectora del Estado, era poco probable que un partido político se atreviese a imponer por sí solo una austeridad tan severa, si no hubiera sido porque el PP contó con la colaboración entusiasta de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI). Y si bien es verdad que no podemos hablar de un desmantelamiento propiamente dicho del EB español, no es menos cierto que, con todo ello, se exacerbaron algunos de los desequilibrios característicos del modelo mediterráneo y, en particular, los relativos a las desigualdades intergeneracionales y a la dualidad derivada del mercado de trabajo, con todas sus consecuencias en términos de aumento de las tasas de pobreza y desigualdad.

Esta operación de ajuste económico realizado durante los años de la crisis ha servido para contener el déficit público, pero no así para impedir el crecimiento de la deuda, por cuanto la apuesta por la devaluación salarial ha conllevado una reducción de las cotizaciones sociales y de los ingresos por IRPF, al tiempo que la apuesta por un nivel de impuestos relativamente bajo ha generado un déficit estructural y, por ende, un crecimiento de la deuda que la hacienda española parece incapaz de reducir. Hay que tener en cuenta, en este punto, que la presión fiscal en España se sitúa unos 7 puntos porcentuales por debajo del promedio europeo, lo que limita la capacidad de la hacienda pública para atender el gasto social, como no sea mediante el recurso a la deuda, la cual se ha triplicado en proporción al PIB durante los años de la crisis (en los que pasó de representar el 35%, en 2007, al 100% en 2014).

España como caso típico del modelo mediterráneo

Tradicionalmente, el caso español se ha caracterizado por combinar una amplia cobertura en materia de sanidad y pensiones (de la que se benefician principalmente los mayores) con una limitada capacidad para satisfacer los apartados de inversión social que más podían interesar a los jóvenes, empezando por la formación de nuevas familias y continuando por la educación, el I+D y las políticas activas de empleo. Asimismo, el caso español se caracteriza por reproducir la dualidad derivada del mercado de trabajo en el ámbito de las prestaciones sociales, de tal forma que la segmentación de este se reproduce en función de la capacidad contributiva de los trabajadores, dando lugar a un núcleo de trabajadores primarios bien protegidos y una periferia de trabajadores secundarios dependientes de políticas de carácter asistencial. Este desigual nivel de protección, unido a la devaluación salarial, puede ayudar a explicar la aparente paradoja de que la tasa de pobreza haya aumentado en los años de la recuperación económica (pasando del 20% al 22%), cuando todo hacía esperar que la reducción de la tasa de paro iba a traer consigo la reducción en paralelo de la tasa de pobreza.

Durante los años previos a la crisis, las políticas sociales en España oscilaron entre la racionalización y la privatización, según la ideología del gobierno de turno, con algún episodio de ajuste en momentos de crisis (tal como ocurrió en los primeros años de la década de 1990), pero dentro de una dinámica expansiva y universalizadora, que se rompería de manera abrupta con la irrupción de las políticas de austeridad en 2010. En ese momento, la crisis financiera de 2008 se ha convertido ya en una crisis económica en toda regla, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, y amenaza con convertirse en una crisis de deuda, una vez que los capitales que habían acudido a financiar la periferia del euro comienzan a replegarse de nuevo al centro, con el consiguiente aumento de las primas de riesgo de los países periféricos. Es el momento en que la troika pone en marcha operaciones de rescate cuyo principal objetivo era salvar a los bancos de las economías centrales, pero que incluyen duros ajustes para las economías periféricas. Y también es el momento en que los gobiernos de los países periféricos aprovechan para aplicar medidas que, de otra manera, nunca hubieran podido imponer por sí solos, si bien el BCE las respalda como condición sine qua non para la obtención de financiación (recordemos que los Estados nacionales habían perdido esa capacidad).

El calvario que se inicia entonces arranca de la mano del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, con medidas a las que ya hemos hecho referencia y con las que Zapatero inicia una senda de reformas dolorosas («cueste lo que me cueste»), que incluían una reforma laboral y una reforma de las pensiones, las cuales, a la postre, solo sirvieron para cimentar la derrota socialista en las elecciones generales de 2011, toda vez que ponían en cuestión la «salida social» de la crisis que el Gobierno socialista había defendido hasta ese momento.

Con todo, lo peor estaba por llegar. Tras la victoria por mayoría absoluta del PP en dichas elecciones, el nuevo Gobierno puso en marcha una operación de largo alcance que combinaba una reforma laboral, mucho más dura que la anterior, con recortes drásticos del gasto social en materia de sanidad, educación y dependencia. Si exceptuamos las pensiones, nada escapó de la tijera del Gobierno, con el dato añadido de que, por lo general, su ejecución recayó sobre las Comunidades Autónomas, por ser las titulares de dichas competencias. Ni qué decir tiene que el diálogo social, que había sido una bandera del Gobierno socialista, incluso en los peores momentos (recordemos que el Acuerdo Social y Económico sobre la reforma de las pensiones se firmó a principios de 2011), desapareció por completo del horizonte político.

La reforma laboral de 2012 contribuyó de manera decisiva a reforzar el poder de las empresas en la negociación colectiva, al flexibilizar esta y abaratar el despido, con la consiguiente erosión de los derechos laborales de los trabajadores en un contexto de paro masivo y precarización. Al mismo tiempo, el Gobierno aprobó una serie de decretos que impusieron no solo recortes drásticos en la sanidad, la educación y la dependencia, sino que intentaban modificar la lógica de funcionamiento de estos servicios, mediante la introducción de mecanismos de seguro y de copago, junto con un refuerzo de la lógica mercantil en el ámbito de la sanidad y la dependencia. De ahí que, mientras el gasto en protección social (pensiones principalmente) ha seguido aumentando en términos de porcentaje sobre el PIB (pasando del 16% al 17,6% entre 2009 y 2013), el gasto en educación y sanidad ha pasado del 11,4% al 10% en ese mismo período, lo que representa una caída superior al 10% 62 . Y aún mayor fue la caída registrada por las prestaciones en concepto de dependencia, que superó el 20% durante el período citado. Por último, la tasa de cobertura de desempleo, que mide la proporción de parados con subsidio, cayó del 78% en 2010 al 56% en 2015.

En suma, la austeridad contribuyó a la reconfiguración del modelo de bienestar español en la dirección de un adelgazamiento drástico de las políticas sociales, a excepción de las pensiones. Esto explica, por un lado, que las tasas de pobreza aumentasen para todos los grupos de edad excepto para los mayores, y, por otro, que las rentas de los inactivos creciesen con respecto a la media, mientras las de los activos descendían en los años de la crisis. De ahí que la conflictividad social y la protesta se incrementasen de manera exponencial, con particular intensidad en lo referente a los profesionales y usuarios del sector público, donde las distintas «mareas» pusieron de manifiesto el descontento social ante los recortes. En último término, la austeridad sirvió para agudizar los rasgos característicos del modelo mediterráneo de bienestar: a) un sesgo cada vez más acentuado a favor de los mayores y en perjuicio de los jóvenes; y b) una radicalización de la dualidad social derivada del mercado de trabajo, que tiende a agravar la fractura entre un núcleo de trabajadores estables y protegidos y una periferia de trabajadores precarios, cada vez más dependientes de políticas asistenciales.

Antecedentes del EB en España

Los antecedentes del EB en España se encuentran en el tardofranquismo, cuando el proceso de industrialización conllevó un relativo aumento de los gastos sociales, en especial en materia de pensiones y sanidad. Hasta ese momento, la principal concesión del régimen a los trabajadores era la estabilidad en el empleo, en el marco de una concepción paternalista y autoritaria de las relaciones laborales que fue característica del franquismo desde sus orígenes. Con la industrialización, este argumento resultó insuficiente para contener las demandas de los trabajadores, que asumieron poco a poco las reivindicaciones de los trabajadores de otros países. Durante la última década del franquismo, los gastos sociales se duplicaron como proporción del PIB, pasando del 6% al 12% (Bandrés, 1999: 637), pero sin que todavía se pudiera hablar de un EB propiamente dicho, por cuanto carecía de los elementos constitutivos del Estado de bienestar tal como se conoce en Europa: una filosofía de pacto social y una arquitectura institucional integradora de los distintos sectores sociales, si no universalista. El autoritarismo del régimen y el carácter fragmentado e incompleto del sistema de Seguridad Social impedían el cumplimiento de dichas condiciones.

En 1959, coincidiendo con el Plan de Estabilización, el Instituto Nacional de Previsión elaboró un plan nacional de Seguridad Social con la pretensión de dar cobertura a todos los españoles, pero tales pretensiones fueron arrumbadas por la expansión del mutualismo laboral de corte corporativo. En 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que no comenzó a materializarse hasta 1967 y que distinguía entre un régimen general y más de cincuenta regímenes especiales. Asimismo, asumía competencias que iban desde la enseñanza profesional hasta la promoción de viviendas protegidas. El esquema propuesto apuntaba una transición desde un régimen bismarckiano a un modelo Beveridge, pero el proyecto encalló en la maraña legislativa y burocrática (Comín, 1996: 282ss). Tras la firma de los Pactos de La Moncloa, se procedió a un rediseño del sistema de Seguridad Social, desapareciendo las mutualidades laborales e iniciándose un proceso de integración de los regímenes especiales en el Régimen General, en el marco más amplio de un sistema que fuese un instrumento de la política de rentas, aumentase la cobertura y revalorizase las prestaciones (ibíd.: 286ss).

Desde el inicio mismo de la Transición, los economistas más influyentes se pronunciaron a favor de una política económica rigurosa (en contraste con la relajación inflacionista del tardofranquismo), acompañada por un gran pacto social, en virtud del cual el gobierno ofreciera a los sindicatos un conjunto de reformas estructurales a cambio de moderación salarial. Ante la dificultad de los agentes sociales para asumir un pacto de esta naturaleza (González, 2008), el compromiso fue asumido por los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, en los Pactos de La Moncloa (otoño de 1977), dando lugar a una política de rentas capaz de generar efectos redistributivos, al tiempo que de controlar la inflación (la moderación salarial empezó a tener efectos positivos en 1978; Pan, 2002: 236ss).

En suma, la idea de pacto social como elemento constitutivo del Estado de bienestar se materializa, por un lado, con los Pactos de La Moncloa, que dan lugar, por primera vez, a un sistema de Seguridad Social integrador y redistributivo, y, por otro, con la reforma fiscal del primer Gobierno democrático (UCD), en el marco del consenso constitucional de 1978. Esto segunda da como resultado inmediato que la imposición sobre la renta personal alcance por primera vez un peso relevante entre los ingresos del Estado, creciendo desde una cifra insignificante (en torno al 1%) hasta el 18%, en 1979, y logrando un primer máximo en 1980, cuando llega al 30%, a partir del cual se estabiliza durante unos años (Comín, 1988: 894). Hay que tener en cuenta que, al final del franquismo, la suma conjunta de los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios representaba tan solo un 4% del PIB, un tercio de lo que entonces suponía en los países de la UE. Diez años más tarde, esos mismos impuestos representaban el 7,5%, es decir, algo más de la mitad de lo que suponían en dichos países. Y veinte años más tarde, llegaban casi al 10%, lo que representaba ya dos tercios, en un proceso de convergencia sumamente rápido (González y Melguizo, 2000: 586). En paralelo, los presupuestos dedicados a las políticas de bienestar genuinas, como educación y sanidad, casi se duplicaron en porcentaje del PIB durante esos veinte años (ibíd.: 584).

A lo largo de ese tiempo, se diferencian cuatro etapas (la Transición, la década de 1980, la segunda mitad de la etapa socialista: 1989-1996 y la etapa del Gobierno del PP), que podemos caracterizar de la siguiente manera: en la primera fase, que coincide, grosso modo, con la transición democrática, se registra un auge inusitado de la política social al hilo de las reivindicaciones populares características de los procesos de transición política. Es el momento del consenso democrático, ilustrado por los Pactos de La Moncloa, así como de los primeros intentos de pacto social entre patronal y sindicatos, en virtud de los cuales estos últimos renunciaron parcialmente a su capacidad de presión salarial sobre las empresas, a cambio del reconocimiento a su capacidad de representación y de mejores prestaciones sociales (González, 2008).

Por lo que se refiere a la evolución del gasto social en su conjunto (tanto el que se financia vía impuestos como vía cotizaciones sociales), podemos observar que, entre 1976 y 1981, la participación del gasto social en el PIB asciende desde un 12,5% hasta un 19,6%. Este aumento coincide con la crisis económica de la década de 1970 y la transición política, por lo que se puede interpretar no solo como respuesta a las demandas sociales de seguridad económica ante la crisis, sino también como una forma de legitimación del nuevo sistema político, a fin de ampliar la base social del consenso democrático (Bandrés, 1999: 637).

La década de 1980 (segunda fase), en cambio, fue un período de estabilización del gasto social en términos relativos, como resultado de las políticas de ajuste económico practicadas por el primer Gobierno socialista. Hay que tener en cuenta que el citado rediseño del sistema de Seguridad Social derivado de los Pactos de La Moncloa, combinado con la crisis económica de la década de 1970, puso en cuestión la viabilidad económica del sistema y abocó a la llamada «ley de pensiones» de 1985, que reforzó el carácter contributivo del sistema y aumentó la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. Pero, tal como hemos adelantado, la conflictividad social, que se había contenido durante la Transición, resurgió a mediados de los ochenta del siglo pasado en forma de demandas redistributivas (recordemos que dicha ley motivó la primera convocatoria de huelga general de la etapa socialista), expresados de manera contundente en la huelga general de diciembre de 1988, cuyo éxito sin precedentes llevó a los sindicatos a plantear cuantiosas exigencias en materia de desempleo, pensiones y cobertura sanitaria. «En consecuencia, se establece una dinámica de gasto que recuerda por su intensidad a la de la segunda mitad de los años setenta», pasando el gasto social desde el 20,8% del PIB, en 1989, al 26% en 1993 (ibíd.: 638).

Conviene, por tanto, distinguir dos fases dentro de la etapa socialista, la primera de las cuales puede caracterizarse por una consolidación de las políticas de bienestar, con una combinación de expansión de los servicios públicos y una relativa contención del gasto social en términos de su participación en el PIB. Es el momento, como ya indicamos, de la aplicación de políticas de ajuste económico, al tiempo que de la quiebra de la concertación social que se había iniciado durante la Transición. Cabía esperar que el boom económico de la segunda mitad de la década de 1980 sirviera para aliviar las demandas sociales, pero ocurrió más bien lo contrario, es decir, sirvió para estimularlas, haciendo cada vez más incontenible la presión de los sindicatos, que, finalmente, impusieron sus reclamaciones en torno a la llamada «deuda social» (González, 2008).

Como consecuencia de esta presión social, la tercera fase de nuestro período de referencia (que coincide, grosso modo, con la segunda mitad de la etapa socialista: 1989-1996) puede caracterizarse por una universalización del Estado de bienestar, que había sido perfilado durante la década anterior (así ocurrió, por ejemplo, con la atención sanitaria, la extensión del sistema de pensiones con la aparición de las pensiones no contributivas, etc.). El problema es que la fase expansiva del ciclo económico fue muy corta (apenas cinco años, 1985-1991) y la recesión de 1992-1993 se llevó por delante algunos de los logros anteriores, empezando por la cobertura de desempleo acordada en 1989 —en pleno boom —, que fue objeto de revisión (en 1992) ante el aumento súbito de un millón de parados (además de los dos millones que ya había). En definitiva, una vez más, la crisis económica puso al descubierto los límites de las políticas sociales (al aumentar el paro, la tasa de cobertura del desempleo descendió de dos tercios a la mitad). Pero no todas las políticas se mostraron igual de vulnerables. Hay políticas que afectan a sectores muy sensibles o lo suficientemente grandes como para que sus intereses permanezcan a salvaguarda de las coyunturas económicas y políticas, tal como ocurre con el sistema de pensiones, al que dedicaremos especial atención más adelante.

Con la llegada del PP al gobierno, en 1996, se inicia un nuevo período de estabilización del gasto social que se traduce en un alejamiento de los parámetros europeos, después de un período de convergencia. En concreto, el gasto social, que se había acercado a la media europea durante la etapa socialista, se alejó de nuevo en la primera legislatura popular. Según algunas estimaciones, el gasto social español, medido en términos de paridad adquisitiva, pasó de un 55% del promedio europeo, en 1980, a un 63% en 1990, para descender al 60% en 2000 (Rodríguez, 2004: 107). Esta última (1996-2004) fue una fase contradictoria en la que se mezcló la recuperación del diálogo social, que tan difícil había resultado durante la etapa socialista, con la aparición de pulsiones privatizadoras en el terreno de los servicios públicos, pero sin que se pueda hablar de una tendencia general a la privatización.

El gasto social recobró impulso en la segunda mitad de la etapa de Rodríguez Zapatero y, en particular, con la llegada de la crisis, de tal manera que así como el gasto social en proporción del PIB se había mantenido estable desde mediados de la década de 1990, a mediados de la primera década del siglo, pasó del 20% del PIB en 2006 al 26% en 2011, nivel que se mantuvo durante los peores años de la crisis, para descender ligeramente con la recuperación, a partir de 2014. En ese aumento del gasto influyó la puesta en funcionamiento de los estabilizadores automáticos de la crisis (las prestaciones por desempleo se disparan con el aumento del paro), así como el crecimiento sostenido del gasto en pensiones, todo lo cual fue compatible con los recortes. Algunos de estos empezaron con Rodríguez Zapatero en 2010, como la supresión del «cheque bebé», pero se generalizaron con la llegada de Mariano Rajoy al gobierno, que en apenas dos años (2012-2013) consiguió una reducción del gasto social (exceptuando pensiones y desempleo) del 14%, cuando en la UE fue suficiente con un ajuste del 3%. Puesto que la mayor parte del gasto social se refiere a políticas transferidas a las CC.AA., el impacto real de estos recortes terminó dependiendo de la orientación ideológica de los gobiernos autonómicos, razón por la cual la reducción del gasto en las comunidades de gobierno conservador, como Cataluña o Castilla-La Mancha, estuvo claramente por encima de la media nacional.

El sistema de pensiones

Como ya adelantamos, no todas las políticas sociales son igual de vulnerables a las coyunturas económicas o a los cambios políticos. En particular, el sistema de pensiones parece haberse situado relativamente al margen de todo ello, convirtiéndose en la piedra angular del Estado de bienestar en España. Disputas doctrinarias al margen, el sistema de pensiones fue motivo de preocupación más o menos generalizada en los primeros años de la década de 1990, cuando la crisis económica de 1992-1993 puso en tela de juicio la viabilidad del sistema de pensiones. Hay que tener en cuenta que la pérdida de empleo de esos años llevó al sistema de pensiones a un punto crítico, en el que la relación entre cotizantes y beneficiarios rebasó el umbral de dos por uno, por debajo del cual el sistema se considera insostenible. Fue el momento en el que el ministro de Economía del Gobierno socialista de entonces, Pedro Solbes, invitó públicamente a los españoles a suscribir planes privados de pensiones, lo que parecía confirmar los malos augurios.

Conviene comenzar aclarando que se trata de un sistema de reparto, que es la manera en que se designa a un sistema de transferencia entre trabajadores en activo y trabajadores jubilados, y que solo es viable, por tanto, mediante alguna forma, más o menos implícita, de pacto intergeneracional en virtud del cual los trabajadores activos de hoy costean las pensiones de los jubilados, con la expectativa de que los del futuro hagan lo mismo con ellos. Además, se trata de un sistema general que integra ya la mayoría de los sectores sociales activos y un funcionamiento maduro, donde todos esos sectores tienen derechos adquiridos desde hace tiempo. Es, por último, un sistema relativamente generoso, rasgo típico del llamado modelo mediterráneo de EB, por cuanto ha sido diseñado para cabezas de familia 63 .

Dadas, por un lado, las pautas demográficas de la sociedad española (véase el capítulo 3) y, por otro, las dificultades seculares del mercado de trabajo español para crear empleo (véase el capítulo 5), no son de extrañar las preocupaciones a las que hemos hecho referencia, las cuales condujeron a un pacto de Estado por la defensa del sistema de pensiones, al final de la etapa socialista (1995), suscrito por la casi totalidad de los partidos políticos. Este pacto, más conocido como Pacto de Toledo, tenía como primera finalidad evitar la alarma social en un momento en que ciertos agentes económicos podían aprovechar una crisis de confianza en el sistema público de pensiones, a fin de propiciar una retirada de las clases medias, las cuales podían refugiarse en planes privados de jubilación. Asimismo, pretendía cerrarse el paso al uso irresponsable del tema en la contienda política y a la consiguiente demagogia electoralista, si bien esto nunca se ha conseguido del todo.

Tras la firma del citado pacto, España entró en una larga fase de expansión económica que contribuyó a dulcificar el debate sobre las pensiones, al permitir el aumento espectacular de la afiliación a la Seguridad Social, alimentado por la entrada de inmigrantes y por el crecimiento sostenido de la participación laboral de las mujeres. Por otro lado, se tomaron algunas medidas racionalizadoras del sistema, como la separación de las fuentes de financiación de las pensiones contributivas y de las no contributivas (que, en adelante, serían financiadas vía impuestos) y la dotación de un fondo de reserva. Todo esto permitió aliviar la situación del sistema de tal manera que no se volvió a plantear medida alguna de reforma hasta que la Gran Recesión y la consiguiente intervención de los organismos internacionales representados por la troika precipitaron una nueva ola de reformas. Por orden de aparición, la primera fue la reforma laboral del verano de 2010, precedida por las medidas de ajuste del mes de mayo, a las que ya hemos hecho referencia, la cual rebajaba las indemnizaciones por despido y facilitaba la negociación colectiva a las empresas en dificultades. Como era de esperar, estas medidas fueron respondidas por los sindicatos con la correspondiente convocatoria de huelga general, que no tuvo otra consecuencia que romper el clima de paz social que había caracterizado todo el mandato de Rodríguez Zapatero.

Con el fin de restablecer la paz social, el Gobierno abrió una negociación con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones, en un momento en que la afiliación descendía de manera drástica y el sistema empezaba a arrojar un balance deficitario, si bien el Fondo de Reserva acumulado alcanzaba el 6% del PIB, lo que dejaba un cierto margen de maniobra hasta que las medidas acordadas empezasen a producir efectos. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la demografía metía presión añadida a la negociación, por cuanto a partir de 2020 comenzarían a jubilarse las generaciones más numerosas, los baby boomers nacidos en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. El acuerdo conseguido, más conocido como Acuerdo Social y Económico de 2011, logró el beneplácito de los agentes sociales, pero no así el acuerdo de la oposición, representada por el PP, el cual se desmarcó rompiendo la tradición de consenso que se había iniciado con el Pacto de Toledo.

En resumen, se trató de una reforma que modificaba dos parámetros cruciales del sistema: el período de cómputo de la pensión, que se ampliaba de 15 a 25 años, y el retraso paulatino de la edad de jubilación, desde los 65 a los 67 años, que se implantaría a lo largo de un período de transición hasta 2027. En conjunto, la reforma significaba el cambio de mayor calado realizado en el sistema desde mediados de la década de 1980 (de hecho, sus efectos ya han empezado a notarse), pero lo peor de la crisis estaba por llegar, de manera que una de las primeras tareas del PP en el gobierno fue la formación de una comisión de expertos encargada de diseñar una nueva reforma, al margen, por segunda vez, del Pacto de Toledo.

Valiéndose de su mayoría absoluta parlamentaria, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo dos mecanismos clave en la reforma del sistema: el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. El primero entró en vigor en 2014, estableciendo una fórmula de revalorización que garantizase el equilibrio presupuestario del sistema una vez descontado el efecto del ciclo económico, lo que dejaba entre paréntesis la revalorización de acuerdo con el IPC, tal como venía siendo la tradición. En la práctica, esto significaba que la revalorización de las pensiones podía oscilar entre un suelo (0,25%) y un techo (la inflación más medio punto porcentual), en función del momento del ciclo.

Por su parte, el factor de sostenibilidad estaba llamado a moderar el aumento del gasto en pensiones que obedece al aumento de la esperanza de vida a los 65 años, el cual viene siendo de 16 meses cada 10 años. Este aumento continuado de la esperanza de vida es uno de los factores clave del desequilibrio del sistema, que entró en déficit creciente a principios de la presente década. En 2017, el déficit del sistema representaba ya el 15% del gasto en pensiones, lo que suponía un 1,6% del PIB (García, 2019: 9).

La esperanza de vida a partir de los 65 años era de 15 años en 1975 y ha aumentado hasta los 21 en 2017, sin que haya habido cambios en la edad de jubilación hasta fechas muy recientes. El problema es que, en las actuales condiciones de la economía española, las cotizaciones sociales efectivamente abonadas por los trabajadores solo darían para cubrir 16 años de pensión, pudiendo considerarse la diferencia hasta los 21 como cinco años de prima a cuenta del sistema de reparto, y esto plantea dudas sobre la equidad intergeneracional del sistema (ibíd.: 27-28). En los años de la burbuja, este diferencial se podía financiar mediante el crecimiento continuado del empleo, pero con la crisis se ha hecho insostenible.

Así las cosas, bastó un repunte de la inflación en 2017 y una desafortunada carta de la ministra de Trabajo y Seguridad Social notificando a los pensionistas el aumento del 0,25% para que el colectivo pensionista saliera a la calle a recordar sus derechos, todo ello seguido de una rectificación del Gobierno del PP en busca de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos de 2018. Según el acuerdo obtenido por Rajoy con el PNV, se trataba de fijar una revalorización de las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación (1,6%), previsión que quedó desbordada y que, tras la moción de censura que desplazó al PP del gobierno, dio lugar a un pacto del nuevo Gobierno socialista con Unidas Podemos para que la revalorización se ajustase al IPC «real». Y esta vez sí contó con las bendiciones del Pacto de Toledo. Con lo que la reforma de 2013 pasó así a la historia de las propuestas bienintencionadas, cumpliéndose una vez más la tesis de que la voluntad reformista de los gobiernos españoles se desvanece en cuanto dejan de estar bajo la presión de las autoridades europeas o de las emergencias económicas.

De lo que se deduce que, en el horizonte de las próximas décadas, el problema no es solo económico ni demográfico, sino principalmente político, y esto implica dos cosas: a) que el futuro del sistema de pensiones sigue estando en manos de la ciudadanía y depende, en primera instancia, del designio de los votantes. Puesto que la tercera edad tiene una influencia cada vez mayor sobre los destinos electorales del país, no cabe esperar de ahí demandas en la línea de las reformas necesarias, sino más bien lo contrario (véase el capítulo 12); y b) esto coloca a los partidos políticos en la disyuntiva de acometer con responsabilidad las reformas necesarias o dejarse llevar por la puja electoral.

Conviene recordar, en este punto, que el sistema de pensiones español es de los más generosos de Europa, como lo prueba el hecho de que la tasa de sustitución, que mide la relación entre la pensión y el salario medio de los cotizantes, no haya hecho más que crecer en las últimas décadas, hasta alcanzar la cuarta posición en el ranking de los países europeos (situándose 13,6 puntos por encima de la media: 57,7 vs . 44,1). Asimismo, si tomamos como referencia la tasa de reposición (relación entre la pensión inicial y el último salario), la posición relativa de España es más ventajosa todavía, ocupando el primer lugar del ranking, con 28,8 puntos por encima de la media (78,7% vs. 49,9%; ibíd.: 21).

Es evidente, por otra parte, que esta situación de divergencia con Europa no ha hecho más que agudizarse con la crisis, toda vez que los recortes afectaron a diversas partidas del gasto social, pero no a las pensiones, en tanto que los salarios se vieron sujetos a una fuerte devaluación, de tal suerte que el efecto combinado de ambas cosas produjo una divergencia en las rentas de los activos y los inactivos: mientras las primeras bajaban, las segundas subieron (Sanzo, 2017). En consecuencia, a la vez que las tasas de pobreza de los grupos de edad por debajo de los 65 aumentaban durante los años de la crisis, la de los mayores de 65 años disminuía (véase el capítulo sobre envejecimiento).

Con estas premisas, el envejecimiento de la sociedad española y las carencias del mercado de trabajo se confabulan para mantener el problema de las pensiones y de las desigualdades intergeneracionales en unos parámetros que lo hacían irreversible. Por un lado, la demografía sigue aumentando el número de perceptores y el período de su percepción, con el consiguiente aumento del gasto en pensiones. Por el otro, el mercado de trabajo sigue sin conseguir niveles de ocupación suficientes para alimentar el sistema, como lo prueba el hecho de que la recuperación del empleo registrada a partir de 2014 (que representó un aumento de tres millones de afiliados en cinco años) no ha sido suficiente para restablecer el equilibrio financiero del sistema, que se mantuvo durante ese tiempo a costa del Fondo de Reserva, el cual ha quedado prácticamente liquidado (Chuliá, 2018: 194). Resulta difícil imaginar, con estas restricciones, un escenario capaz de revertir esta dinámica de desequilibrio intergeneracional.

En principio, el aumento de la esperanza de vida es un éxito del propio Estado de bienestar que lo sustenta, por cuanto expresa una mejora incontestable de la calidad de vida, pero también es uno de los límites con los que tropieza el sistema de pensiones, sin que de momento se hayan agotado sus posibilidades de crecimiento. A su vez, el aumento de la esperanza de vida influye sobre el descenso de la natalidad, pues los recursos de las familias se orientan cada vez más a preservar la calidad de la reproducción y no tanto la cantidad (número de hijos). Esto, a su vez, desplaza la discusión sobre la inmigración como tabla de salvación y la consiguiente capacidad del sistema social para integrar la diversidad étnica, pero también aquí la posibilidad de compensar por esta vía los desequilibrios demográficos se torna incierta (de hecho, la amenaza populista está cada vez más presente).

Por su parte, el mercado de trabajo tampoco está libre de restricciones: el cambio tecnológico limita el potencial de crecimiento del empleo y plantea dudas sobre el tipo de empleo que vaya a crecer en el futuro, razón por la que no se pueden descartar tendencias a la polarización ocupacional ni existen certezas sobre la evolución futura de la productividad. Al igual que ocurre con el recurso a la inmigración (el cual depende de la capacidad integradora del sistema social), confiar en un eventual aumento de la productividad solo sería efectivo si se tradujera en subidas salariales reales.

Dos apuntes sobre sanidad y educación

Junto con el sistema de pensiones, los otros dos pilares del EB en España son el sistema sanitario y el educativo. En cuanto al primero, conviene empezar recordando que, aunque los antecedentes históricos se remontan al desarrollismo franquista, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se establece, tal como hoy lo conocemos, con la Ley General de Sanidad de 1986, que es cuando adquiere carácter público, universal y gratuito, carácter que perdió momentáneamente con la reforma de 2012, que excluía a inmigrantes irregulares y a jóvenes desempleados mayores de 26 años, pero que fue recuperado por el Real Decreto de julio de 2018.

La Ley General de Sanidad de 1986 se sustentaba en tres pilares: a) la universalidad del servicio, en virtud de la cual todos los ciudadanos tienen derecho a recibir tratamiento y no solo los cotizantes a la Seguridad Social; b) la cohesión estructural y la conexión de las distintas redes asistenciales que venían operando hasta entonces; y c) la descentralización que permitió a las CC.AA. organizar y desarrollar sus propios servicios. Asimismo, a partir de ese momento el SNS se financiaría vía impuestos y no mediante cotizaciones (Velasco, 2019: 145).

La reforma llevada a cabo por el PP en 2012 tenía tres objetivos básicos: aumentar los recursos financieros, controlar el gasto y aumentar la eficiencia. De hecho, se redujeron drásticamente los presupuestos destinados a sanidad respecto de 2010. Además, y por primera vez en la historia, se introdujo el copago farmacéutico para los pensionistas, cuyo impacto en términos de eficiencia, reducción del consumo o aumento de la progresividad no están nada claros. Igualmente, respecto de la cartera de servicios, se han excluido de la atención gratuita algunos de tipo sanitario que, o bien no se financian, o bien lo hacen en régimen de copago. Por último, y tal como hemos adelantado, desapareció el concepto de «universalidad» en la prestación sanitaria, ya que determinados grupos de ciudadanos (jóvenes desempleados, inmigrantes irregulares) fueron expulsados del sistema (Gallo y Gené, 2015). En consecuencia, la reducción del gasto sanitario se ha estimado en torno al 20 por cien del gasto real per cápita desde 2009, con recortes tanto en inversiones como en gastos de personal, al tiempo que se registraban aumentos muy significativos del consumo sanitario privado (López y González, 2016). Como consecuencia de la reforma, se redujo el número de camas de hospital, aumentaron las listas de espera, la carga de trabajo de los sanitarios y, con ello, aparecieron las protestas de los trabajadores del sector público, que se organizaron en la «marea blanca» para hacer frente a los recortes y a la privatización.

Este tipo de reformas plantea el debate sobre la combinación más deseable de los sectores público y privado de la sanidad, en el marco de la tendencia a la remercantilización de los servicios públicos que ha sido característica de las políticas de austeridad y que pretende modificar, con argumentos de presunta racionalidad económica, el diseño institucional del EB. De hecho, la participación del sector privado ha sido significativa en los servicios sociales (la atención a domicilio, por ejemplo), así como en algunos sistemas regionales de salud, a través del régimen de concesiones, que han dado entrada al sector empresarial en la gestión de la sanidad pública, pero esas nuevas fórmulas gerenciales no han ido acompañadas de procesos de control y evaluación rigurosos, por lo que cabe preguntarse hasta qué punto ello supone una privatización del riesgo y un peligro de exclusión de una parte de la ciudadanía.

¿Qué impacto ha tenido la reforma sobre el funcionamiento del sistema y sobre la salud de los ciudadanos? Sabemos que han aumentado las listas de espera y que ha caído el consumo de productos farmacéuticos como consecuencia del copago. Queda por ver si esto es una medida de eficiencia o, por el contrario, empeora la salud de los ciudadanos. Parece que las recetas que más se han reducido se corresponden con enfermedades crónicas, lo que podría conllevar una reducción en la salud en el medio plazo. El Observatorio FEDEA de Sanidad publica informes anuales sobre la situación del SNS. Hasta 2014, los indicadores han sido en muchos casos negativos, debido a las políticas de contención del gasto y a la desinversión. A partir de ese año, la situación ha empezado a mejorar, con mayor inversión y una estabilidad de los indicadores generales de salud.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la sanidad pública, junto con las pensiones, tiene un efecto redistribuidor muy potente, el cual se ha debilitado en los últimos tiempos como consecuencia de los recortes y de la pérdida de capacidad para reducir la desigualdad. En paralelo, los expertos llaman la atención sobre el riesgo que representa el crecimiento de la tasa de pobreza y de desigualdad de la renta. A medio y largo plazo, la persistencia de un nivel alto de desigualdad podría deteriorar la salud de los españoles, tal como señala una abundante bibliografía que muestra la relación entre la pobreza, el desempleo y el aumento de la mortalidad y las enfermedades (Gallo y Gené, 2015: 87).

Por último, los profesionales sanitarios han reaccionado con protestas y manifestaciones para denunciar el empeoramiento de los servicios de salud y de sus propias condiciones laborales y salariales. Nunca había sido tan evidente la precarización del empleo cualificado en nuestro sistema de salud. Si bien desde 2014 se ha recuperado algo el nivel de creación de empleo sanitario, se constata el abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial en todos los niveles del sistema sanitario.

En cuanto al sistema educativo, vaya por delante que el español es uno de los que más ha progresado en los últimos cincuenta años, y esto ha ocurrido en todos los indicadores de la enseñanza, incluyendo la universitaria. Asimismo, se constata que el sistema educativo español obtiene resultados similares a los de países con mejores dotaciones presupuestarias, y que esto ha ocurrido pese a que el sistema ha debido integrar a cinco millones de inmigrantes llegados a España en menos de una década (Velasco, 2019: 125). Y todo ello ha sido así, pese a la imposibilidad de conseguir un mínimo pacto educativo entre los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno, lo que ha dado lugar a una auténtica maraña legislativa y a la consiguiente situación de inseguridad en la práctica docente.

En conjunto, los jóvenes españoles pasan en las aulas tanto tiempo como los europeos (un promedio de 17,6 años), pero los españoles obtienen en esos mismos años menos títulos que aquellos, lo que se explica por la incidencia del fracaso escolar y del abandono educativo temprano, entendiendo por tal «la proporción de personas de entre 18 y 24 años cuyo nivel educativo máximo completado es educación secundaria inferior y no sigue ningún tipo de formación» (Fernández y Martínez, 2015). Este desfase se hizo particularmente evidente durante los años de la burbuja financiera, en los que se registró un estancamiento del sistema educativo que afectó de manera especial a las enseñanzas medias. A la hora de explicar tal fenómeno se ha recurrido a diversas teorías, unas relacionadas con la llegada de inmigrantes, los cuales tendrían distintas preferencias que los nativos en materia de educación, y otras relacionadas con el boom de la construcción, que habría aumentado el coste de estudiar frente a la posibilidad de obtener un empleo bien remunerado sin necesidad de títulos, lo que explicaría, a su vez, el comportamiento diferenciado de los varones, que tuvieron en esos años peor rendimiento educativo que las chicas (ibíd. 511).

A todo ello hay que añadir los problemas derivados de la crisis económica y las políticas de austeridad. De hecho, el gasto en educación ya estaba por debajo del promedio de la UE antes de la crisis, de tal manera que las políticas de ajuste presupuestario no han hecho más que agrandar la brecha. Pero no todo ha ido mal con la crisis. Aunque el abandono educativo temprano sigue siendo el más alto de Europa, después de aquella se situó en su nivel más bajo. Antes de la crisis, el abandono escolar se situaba en torno al 35%; después, la tasa de abandono descendió al 23%, según datos de 2013. La explicación reside en la relación inversa entre paro y estudios, de manera que, cuando el desempleo es alto, los jóvenes invierten más tiempo y recursos en seguir estudiando, quizás a la espera de la mejora de las condiciones laborales. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los jóvenes con bajo nivel de estudios tienen más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo poscrisis (son los jóvenes sin estudios los que mantienen una tasa de paro más alta), debido a la gran pérdida de empleos poco cualificados, vinculados a la construcción y a sectores muy castigados por la crisis. En suma, el abandono educativo descendió en los años de la crisis (Martínez, 2015).

Los españoles y el Estado de bienestar

Tras esta caracterización del régimen de bienestar vigente en España cabe preguntarse por las actitudes de los españoles ante el mismo. En general, una constante de los estudios sobre bienestar es que, en comparación con los demás países de capitalismo avanzado, la sociedad española es una de las más igualitaristas; este igualitarismo descansa sobre la doble idea de que: a) en la sociedad española hay demasiada desigualdad y, por tanto, es relativamente injusta en la distribución de los recursos; y b) el Estado tiene la obligación de corregir dicha desigualdad mediante políticas de carácter universal.

La opinión pública española, al enfrentarse al trilema representado por estas tres opciones,

• «el Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarlos a solucionar sus problemas»;

• «el Estado solo es responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos y tiene la obligación de ayudarlos a solucionar sus problemas»;

• «los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas»,

ha apoyado desde hace mucho tiempo la primera opción en proporciones superiores al 60%, en tanto que la tercera opción rara vez ha llegado al 20% (Del Pino, 2004: 113; Calzada, 2015: 171). En consecuencia, la sociedad española ha gozado de un amplio consenso en materia de bienestar y esto ha ocurrido con relativa independencia de la coyuntura política (esto es, del signo político del gobierno de turno) y económica (la fase del ciclo y la gravedad de las crisis).

Ahora bien, este consenso sobre el papel del Estado en la reducción de las desigualdades va en paralelo a los problemas seculares relativos a la legitimidad del sistema fiscal subyacente, problemas que guardan relación con una tradición de hacienda poco equitativa y transparente. El primer dato a tener en cuenta es que, tal como adelantamos, la imposición directa y personal en España se inicia con la democracia y, en particular, con la reforma fiscal del primer Gobierno de UCD. Tras unos años de estancamiento, la mejora del aparato recaudador dio paso, durante la etapa socialista de Felipe González, a un nuevo aumento de la presión fiscal, con la generalización de la imposición directa. Es el momento en que los españoles pagan impuestos con arreglo a estándares europeos por primera vez. Para hacernos una idea, durante los años ochenta del pasado siglo se duplicó el número de declaraciones de la renta, así como la base imponible (Boix, 1996: 181-182), lo que permitió que el diferencial de la presión fiscal entre España y la UE se redujese a la mitad entre 1982 y 1992, y que aumentase la progresividad del sistema fiscal (Gago et al., 2002: 258ss). En consecuencia, la sensación de carga fiscal aumentó durante dichos años hasta llegar a un punto máximo al principio de la década de 1990 (véase la tabla 1), pero, con las rebajas fiscales ofrecidas por el Gobierno del PP en la segunda mitad de dicha década, la percepción de carga fiscal se redujo, de ahí que la tensión fiscal se relajara hacia 2000, cuando el debate sobre la presión fiscal disminuyó (también el presidente socialista Rodríguez Zapatero contribuyó a ello con su llamativa declaración de que «bajar impuestos es de izquierdas»). Posteriormente, la crisis y la subida de impuestos registrada con la segunda llegada del PP al gobierno recrudecieron la discusión sobre la presión fiscal, pero los datos de 2017 han vuelto a estar en línea con los de los años previos a la crisis (véase la tabla 1).

Así como la percepción de carga fiscal se ha contenido desde 1992, sin embargo, hay problemas de fondo en la evaluación del sistema fiscal que no solo han persistido, sino que se han agravado con la crisis. En este punto, conviene recordar que la llegada del PP al gobierno en 2011 conllevó, a un mismo tiempo, una subida generalizada de impuestos (en contra de lo que había sido su trayectoria anterior y de las reiteradas promesas en sentido contrario) y una amnistía fiscal para los grandes evasores fiscales, que terminó siendo declarada inconstitucional, además de haber sido un escarnio para la sufrida opinión pública en los peores años de la crisis. Huelga decir que el efecto combinado de ambas, en un contexto de corrupción generalizada y de escándalos continuados derivados de la financiación irregular del PP y del cobro de sobresueldos por parte de su cúpula, fue letal para la percepción del sistema fiscal en su conjunto. En consecuencia, no tiene nada de particular que la idea de que «los impuestos no se cobran con justicia» (es decir, que el sistema fiscal es regresivo y que no se cumple la regla de que «pagan más los que más tienen») se hizo muy mayoritaria en los años de gobierno del PP (86,2% en 2017), y la idea paralela de que existe mucho o bastante fraude fiscal en España se hizo prácticamente universal (95,1% en 2017).

Tabla 1. Porcentaje de acuerdo con las siguientes frases

1992

2000

2007

2017

Los españoles pagamos «mucho» en impuestos

76,8

65,1

57,8

61,5

Los impuestos no se cobran con justicia

75,1

75,6

73,2

86,2

Existe mucho/bastante fraude fiscal

79,5

78,7

82,7

95,1

FUENTE : Estudios 2017, 2462 y 3184 del CIS.

En suma, tal como ha señalado una buena conocedora del régimen español de bienestar, «el problema no es que los valores del Estado de bienestar ya no se compartan, sino que la mayoría de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia, que hay mucho fraude fiscal y que la Administración no hace esfuerzos para luchar contra él, que no se puede confiar en ninguna de nuestras instituciones políticas… En definitiva, el problema está en que se ha perdido la confianza en la buena fe de quienes desde el ámbito político gestionan el sistema» (Calzada, 2015: 177).

Conviene aclarar, en cualquier caso, que la opinión pública española no ha dado, hasta la fecha, síntomas generalizados de rebeldía fiscal o de cuestionamiento de la legitimidad del sistema impositivo, tal como se puede deducir de la serie de datos que presentamos a continuación. En ellos, podemos encontrar la manera en que los españoles entienden los impuestos, según que se inclinen por una u otra frase:

• «Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza».

• «Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué».

• «Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc.».

Como se puede observar, la primera y la última frase son distintas formas de aceptación de los impuestos: la primera sería la fórmula redistributiva, en tanto que la última sería la fórmula de intercambio o contraprestación (impuestos a cambio de obras y servicios públicos). Entre una y otra, la idea de que «los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué» indicaría rebeldía fiscal o rechazo al sistema impositivo. Curiosamente, los resultados globales de este indicador son muy estables a lo largo del tiempo: frente a una mayoría que se inclina por la fórmula de intercambio (impuestos a cambio de obras y servicios públicos), la proporción de rechazo al sistema impositivo ronda el 30%, muy por encima de quienes tienen una idea redistributiva de los impuestos (que oscilan entre el 11% y el 15%).

Tabla 2. Porcentaje de acuerdo con las siguientes frases

1992

2000

2007

2017

«Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza»

11,7

11,2

11,1

14,7

«Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué»

30,1

29,5

29,5

27,1

«Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios, hacer carreteras…»

52,1

56,0

55,8

55,8

Ns/Nc

6,1

3,3

3,5

2,4

FUENTE : Estudios 2017, 2394 y 3184 del CIS.

Esta idea predominante de los impuestos como algo necesario para obtener contraprestaciones del Estado en materia de obras públicas y servicios nos lleva a la opinión de los españoles sobre el grado de satisfacción con el funcionamiento de dichas obras y servicios públicos. Para hacernos una idea, vamos a comparar dos momentos en el tiempo (2000 y 2017) que tienen en común el haber estado gobernados por un mismo partido (PP) después de una legislatura completa, lo que facilita la atribución de responsabilidad. Los datos del año 2000 indican que los españoles, en general, estaban satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en el caso de la Administración de Justicia, que se convertía en la principal fuente de insatisfacción 64 . En los demás ítems elegidos, los niveles de satisfacción se movían dentro de parámetros aceptables, como puede verse en la tabla 3.

Tabla 3. Diferencia (%) entre muy/bastante y poco/nada satisfecho

SERVICIOS

2000

2017

Transporte urbano/público

39,6

22,5

Obras públicas

29,3

-3,7

Ambulatorios/asistencia sanitaria

11,3

6,5

Hospitales/asistencia sanitaria

7,7

6,5

Servicios sociales

7,7

-10,8

Enseñanza

7,3

-6,0

Justicia

-48,8

-56,5

FUENTE : Estudios 2394 y 3184 del CIS.

Esta tabla nos informa de las diferencias porcentuales entre los que se consideran muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de cada uno de los servicios y los que se consideran poco o nada satisfechos. Desde este punto de vista, el contraste entre el año 2000 y el año 2017 no puede ser más elocuente, y lo podemos atribuir, sin lugar a duda, al impacto de los recortes aplicados por el PP en la legislatura 2011-2015. En efecto, si comparamos los datos de 2017 con los de 2000, todos los indicadores empeoran y varios de ellos pasan de tener signo positivo a signo negativo (es decir, hay más insatisfechos que satisfechos con el servicio en cuestión), lo que pone en evidencia la percepción del impacto de los recortes sobre el funcionamiento de los servicios.

Cabe preguntarse también si el Estado dedica un volumen adecuado de recursos y, más concretamente, si debería dedicar más o menos en cada caso (educación, sanidad…). A continuación, presentamos las diferencias porcentuales entre los que creen que el Estado debería dedicar más y los que creen que debería dedicar menos. En líneas generales, los españoles tienden a pensar que el Estado debería gastar más en todas las cuestiones referidas por el CIS, excepto en Defensa, donde son más los que opinan lo contrario. Ahora bien, cuando comparamos la situación del año 2000 con la de 2017 nos encontramos con que las proporciones de quienes consideran que el Estado debería gastar más aumenta en todos los ítems, excepto en materia de seguridad ciudadana, lo que podemos interpretar como un síntoma inequívoco de los estragos de las políticas de austeridad aplicadas en los años de la crisis. Estudios realizados durante esos años recogieron una evidencia inequívoca del rechazo unánime que los recortes presupuestarios suscitaron entre la opinión pública (Calzada, 2015: 172).

Tabla 4. Diferencia (%) entre los que creen que el Estado debería gastar más y los que menos

2000

2017

Sanidad

44,1

66,5

Vivienda

43,3

52,1

Enseñanza

42,4

61,3

Justicia

34,7

45,7

Transporte

14,1

21,8

Obras Públicas

9,3

19,5

Seguridad ciudadana

27,1

22,6

Defensa

–28,2

–23,6

FUENTE : Estudios 2394 y 3184 del CIS.

A modo de conclusión

Siguiendo una arraigada tradición en virtud de la cual los regímenes de bienestar tienden a reproducir los patrones típicos de su propio ADN institucional, la experiencia española de la Gran Recesión en materia de bienestar ha servido para subrayar algunos de los rasgos característicos del modelo mediterráneo , como son: a) la dualidad entre el tratamiento de los trabajadores centrales (sector primario del mercado de trabajo) y de los periféricos o marginales; b) un sesgo redistributivo a favor de los viejos y en contra de los jóvenes; y c) una excesiva carga de tareas que recaen sobre las familias, lo que redunda, en último término, en un obstáculo para la formación de nuevos hogares, con los consiguientes efectos negativos sobre la fecundidad.

Desde esta perspectiva, la situación del EB español no puede ser más contradictoria, pues, por un lado, la magnitud de la crisis ha puesto límites a la capacidad del EB a la hora de atender los compromisos adquiridos, de tal manera que las políticas de austeridad siguen delimitando el alcance de las políticas sociales, y ello sigue siendo así tras varios años de recuperación económica. En tanto que, por otro lado, se hace cada vez más necesario un rediseño de las políticas sociales que desplace el énfasis desde aquellas que tienen un carácter meramente consuntivo (pensiones, subsidios, etc.) hacia aquellas otras con carácter de inversión social, ya sea en el campo de la institución familiar (dependencia, conciliación, etc.), ya sea en el de la formación de capital humano (políticas activas de empleo, I+D, etc.). Parecería deseable, en este sentido, un esfuerzo de contención en las primeras, al tiempo que un esfuerzo de gasto en las segundas, si no fuera porque, tal como vimos en su momento, la resistencia social a la contención es muy firme, como lo prueba no solo la oposición a los recortes, la cual era previsible, sino también la movilización de los pensionistas y el consiguiente abandono del factor de sostenibilidad como elemento de reforma del sistema de pensiones.

Con estas premisas, cualquier intento de redibujar el EB pasa por un aumento de la presión fiscal, pero esto choca a su vez con la opinión extendida de que en España ya se pagan muchos impuestos, con lo que la opinión de los españoles permanece atrapada en una ambivalencia: les gustaría que las políticas de bienestar fueran más generosas (esto queda particularmente claro en el caso de la sanidad, la educación y la vivienda) y eficientes (esto es particularmente evidente en el caso de la Administración de Justicia, que sigue siendo uno de los puntos críticos en términos de (in)satisfacción ciudadana con los servicios), siempre y cuando no fuese a costa suya, lo que desvía el dilema hacia consideraciones sobre el fraude (excesivo) o la (falta de) equidad del sistema impositivo.

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VELASCO, R. (2019): Las fisuras del bienestar en España, Madrid, Los Libros de la Catarata.

62 «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades», Fundación BBVA-Ivie, 2015.

63 Este rasgo de generosidad queda claro cuando se pone en relación la pensión teórica de un trabajador industrial con una carrera laboral completa y el salario de ese mismo trabajador, pero se relativiza cuando se utilizan como referencia las pensiones reales, debido a «las dificultades para completar períodos completos de cotización en España» (Bandrés, 1999: 643).

64 Estudios de aquellos años señalaban que el problema de la Administración de Justicia no solo era de funcionamiento y de ineficacia, sino que era más profundo, afectando a «su credibilidad y su legitimidad» (Del Pino, 2004: 111-112).

Distribución de la renta y desigualdad en España

Luis Ayala Cañón y Olga Cantó Sánchez

Introducción

A mediados de la década de 1970 la OCDE publicó uno de los primeros informes con datos comparados sobre el alcance de la desigualdad en los que, por aquel entonces, eran considerados países ricos. Su autor, Malcolm Sawyer, utilizó datos de encuestas de ingresos de los hogares de distintos países y seleccionó una muestra que incluía a Australia, Canadá, Francia, República Federal Alemana, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Aunque posiblemente sesgados por los problemas de la homogeneidad de las fuentes y la simplicidad de las decisiones metodológicas adoptadas, los indicadores de desigualdad estimados dibujaban un panorama muy nítido de las diferencias entre los países industrializados en los niveles de equidad. Los países nórdicos eran los que disfrutaban de menores niveles de desigualdad gracias a la extensión cobrada por los sistemas de impuestos y prestaciones sociales; Estados Unidos era el país donde la desigualdad era mayor y, España, dentro de los países europeos ricos considerados, aquel donde mayores eran las distancias entre el porcentaje de la renta disponible que recibían los hogares pertenecientes al quintil más bajo y el correspondiente al 20% más rico. Esta ratio se acercaba a 7, muy superior a las de Suecia o la RFA, aunque no muy diferente de las de Canadá y Francia, país, este último, en el que los hogares con mayor renta recibían una proporción del total de ingresos todavía mayor que en España.

Esta posición desfavorable en los rankings internacionales de desigualdad no parece haberse modificado de manera sustancial si se miran los datos más recientes para el conjunto de estados miembros de la Unión Europea (UE). Según la información que ofrece Eurostat, en 2017 la ratio entre los porcentajes de renta correspondiente a los dos quintiles extremos era similar a la que había hace casi cuarenta años: 6,6 65 . De entre los 27 países que forman la UE, solo en Bulgaria y Lituania el cociente entre la renta del 20% más rico y el más pobre es mayor que el español. Quedan pocas dudas, por tanto, de que, con los datos oficiales y los indicadores más habituales, España, en la actualidad, es uno de los países ricos donde mayor es la desigualdad, tal como coinciden en confirmar diferentes informes elaborados con bases de datos homogéneas (OCDE, 2015).

Gráfico 1. Cociente entre la renta del 20% más rico y el 20% más pobre (2017)

FUENTE : EU-SILC (Eurostat).

Esto no es algo nuevo, pues ya antes de la crisis la desigualdad en España era alta en el contexto comparado y solo seis países europeos registraban un índice de desigualdad mayor que el español. Entonces a Bulgaria y Lituania se añadían Letonia, Portugal, Grecia y Rumanía. La crisis y el impacto diferencial del desempleo en España, junto con las dificultades para alcanzar mejoras del bienestar, pese a la recuperación de la economía, han hecho que el reparto de la renta sea todavía más desigual hoy que algunos años atrás.

Esta aparente ausencia de cambios en el largo plazo resulta llamativa, ya que los instrumentos generales de corrección de las desigualdades de las rentas primarias se han extendido notablemente. Así, mientras que a principios de los años setenta del siglo pasado el gasto público en España apenas excedía el 20% del PIB, en la actualidad es más del doble de ese porcentaje, correspondiendo casi dos tercios de ese gasto a protección social, sobre todo sanidad y educación. Un crecimiento similar, aunque más contenido en su nivel máximo, ha sido el de los ingresos públicos, con un desarrollo muy amplio de la imposición personal progresiva sobre la renta. La aparente inmovilidad de los indicadores de desigualdad parece sorprendentemente ajena a este extenso desarrollo de la intervención pública redistributiva.

Un intervalo temporal tan amplio —las cuatro últimas décadas— puede esconder, sin embargo, importantes diferencias en la trayectoria de la desigualdad. En este largo período se han sucedido tanto cambios muy pronunciados del ciclo económico como la sucesión de orientaciones muy diversas en el desarrollo de los sistemas de impuestos y prestaciones. Aunque en cada país la demografía y las instituciones pueden modular de distinta forma el efecto sobre la distribución de la renta de los cambios en las condiciones macroeconómicas, existe cierto consenso a la hora de identificar las etapas de recesión con aumentos de la desigualdad y un empeoramiento de la situación económica de los hogares con menores ingresos, mientras que las fases expansivas se asocian con mejoras en los niveles de equidad. En este sentido, los dos extremos del intervalo temporal considerado —primer tercio de la década de 1970 y primera mitad de la década actual— coinciden con los períodos más adversos de deterioro de la actividad económica y del empleo en España en los últimos cincuenta años. Cabría esperar, por tanto, que en estas cuatro décadas se hayan sucedido etapas de muy distinto signo en la evolución de las diferencias de renta entre los hogares, así como distintos ritmos en el proceso de convergencia con otros países de nuestro entorno en términos de desigualdad y bienestar social.

A priori, no es arriesgado predecir que el drástico crecimiento del desempleo en la crisis debería haber contribuido al aumento de la desigualdad y que la etapa de recuperación económica posterior habría tenido el efecto contrario. La pregunta clave es si esos indicadores tan altos y las distancias respecto de los países europeos de mayor renta se explican únicamente por el mantenimiento durante muchos años de tasas de paro más elevadas y si existe cierto automatismo entre la creación (destrucción) de empleo y la reducción (aumento) de la desigualdad.

Trazar un retrato de las tendencias de la desigualdad en España en el largo plazo es, sin embargo, una tarea compleja, dada la carencia de fuentes homogéneas con información sobre la renta y las condiciones de vida de los hogares. A diferencia de otros países, incluso con niveles de riqueza significativamente inferiores a los españoles, los sistemas de información para el análisis de la desigualdad en España presentan importantes deficiencias. No hay una fuente que recoja con carácter anual y con información comparable la evolución de las diferencias de renta entre los hogares durante las últimas décadas. Por el contrario, en las tres últimas décadas se han ido sucediendo distintas bases de datos, afectadas por rupturas metodológicas y por grandes diferencias tanto en sus tamaños muestrales como en la forma de recogida de los ingresos y su cobertura territorial.

Uno de los objetivos de este trabajo es intentar describir, a partir del conjunto de fuentes disponibles, la evolución seguida por la desigualdad en España durante las cinco últimas décadas. Extendiendo los resultados de otros trabajos que han utilizado a la vez distintas fuentes para períodos relativamente largos de análisis, en este se emplearán las bases de datos con información sobre las rentas de los hogares para trazar un cuadro preciso del comportamiento de la desigualdad desde comienzos de los años setenta del siglo XX .

Un segundo objetivo consiste en analizar los principales factores determinantes de la desigualdad económica en España, prestando especial atención al impacto de las políticas redistributivas. Si bien una parte importante de la mayor magnitud de la desigualdad tiene su origen en las singularidades del mercado de trabajo español, que presenta altos niveles de desempleo y de precariedad laboral, la debilidad del sistema de impuestos y prestaciones en el contexto comparado también explica los mayores niveles de los indicadores de desigualdad.

Un tercer objetivo es situar las tendencias de la desigualdad en España en el contexto comparado. La citada persistencia de niveles de desigualdad muy superiores, si se comparan con los de la mayoría de los países europeos, abre numerosos interrogantes sobre los límites y los logros en la convergencia en los niveles de desigualdad con los países de la UE. Durante las cuatro últimas décadas se han alternado etapas en las que se fue cerrando la brecha entre nuestros indicadores y los de la media europea, con otras, como la más reciente, en la que la divergencia entre ellos se ha ampliado de manera considerable.

La estructura del trabajo trata de dar respuesta a los tres objetivos citados: en primer lugar, se analizan las principales etapas de cambio en la evolución de la desigualdad; en segundo lugar, se estudia el efecto diferencial de las prestaciones sociales y los impuestos sobre la desigualdad en España; en tercer lugar, se examinan los avances o retrocesos en la convergencia con los países de la UE en términos de desigualdad. El trabajo se cierra con una breve relación de conclusiones.

Evolución de la desigualdad en España

La mayoría de los estudios sobre la desigualdad económica en los países ricos toma como referencia la renta de los hogares. Aunque algunos trabajos enfatizan la importancia del consumo como variable de referencia, el procedimiento más frecuente en la medición de la desigualdad es considerar la renta disponible de los hogares, ajustada por algún tipo de escala de equivalencia que tenga en cuenta el tamaño y las características de cada hogar. Para explotar la información sobre esta variable, en la mayoría de los países el estudio de la desigualdad ha descansado, fundamentalmente, en el análisis de encuestas de ingresos de los hogares. Casi todos los que cuentan con series largas de desigualdad utilizan encuestas, aunque estas no siempre se dirijan de manera específica a recoger información sobre las fuentes de renta, que, en muchos casos, aparece como información secundaria.

Recientemente, se ha ido prestando mayor atención a los registros administrativos, sobre todo los de origen tributario, para medir la desigualdad; son la principal fuente de información en los trabajos que analizan la evolución del porcentaje de renta que concentran los hogares más ricos. Los datos de renta de origen fiscal presentan, sin embargo, varios problemas que desaconsejan su uso como fuente exclusiva para el estudio de la desigualdad, como la cobertura incompleta de los hogares con rentas por debajo del mínimo exento, las dificultades para formar hogares y realizar los ajustes pertinentes a partir de las unidades fiscales y la propensión a la infradeclaración de determinadas fuentes de renta (Morelli et al. , 2015). Las encuestas a los hogares no están exentas, en cualquier caso, de tales problemas, a los que, además, se une el más problemático de los posibles errores de muestreo, ya que dependen del tamaño y la composición de la muestra, y otro tipo de errores, como la no respuesta o la subestimación de las rentas de capital y otras rentas, que dificultan poder contar con un retrato veraz de la situación económica de los hogares ubicados en la parte superior de la distribución de la renta.

Es importante señalar que el uso de fuentes de carácter administrativo puede arrojar resultados diferentes respecto de los indicadores de desigualdad de los que ofrecen las encuestas a hogares. Uno de los principales avances en la construcción de sistemas de información para la medición de la desigualdad es, de hecho, la fusión de los registros administrativos con los datos de las encuestas. Algunos países, como los nórdicos, cuentan con una larga tradición en la utilización de este tipo de fuentes combinadas. En otros países europeos, el desarrollo de modelos de microsimulación también ha propiciado cierta expansión de las estrategias de fusión de los microdatos procedentes de ambos tipos de fuentes.

En varios países europeos, la fuente de referencia en la medición de la desigualdad sigue siendo la Encuesta de presupuestos familiares (EPF), que suele llevarse a cabo de manera anual. Estas encuestas se realizan en todos los países para identificar los patrones de consumo de los hogares y poder definir los sistemas de ponderación de los índices de precios de consumo. Aunque la Encuesta de condiciones de vida (ECV) ha adquirido mayor popularidad, al permitir realizar comparaciones homogéneas entre países, en algunos países europeos se utilizan EPF para reconstruir las tendencias de la desigualdad en el largo plazo; es el caso de Francia o de Reino Unido. Otros, como los nórdicos, disponen desde hace varias décadas de una encuesta dirigida específicamente a recoger información sobre la distribución de la renta. Algunos países disponen también de encuestas longitudinales que posibilitan una mejor comprensión de la dinámica de los ingresos de las familias y permiten estudiar tanto la movilidad social como la desigualdad a lo largo del ciclo vital o del largo plazo.

El panorama en España es considerablemente más limitado que en los países de nuestro entorno. No hay ninguna fuente que cubra del todo lo sucedido en las cuatro últimas décadas. Sin embargo, hay distintas fuentes que, aunque no son lo suficientemente homogéneas entre sí, permiten cubrir los principales subperíodos —al menos, los definidos por los cambios de ciclo económico— en ese largo intervalo temporal. La primera encuesta disponible con datos individuales de hogares españoles fue la EPF de 1973, considerada por algunos autores como el fin de la etapa «preestadística» en el estudio de la distribución de la renta (Prados de la Escosura, 2008). Aunque hubo algunas encuestas previas que perseguían objetivos similares (1958 y 1964), fue con la publicación de esta primera EPF cuando empezaron a utilizarse microdatos con información sobre las rentas de los hogares españoles. Hasta que dejaron de hacerse, las EPF básicas (1973/1974, 1980/1981, 1990/1991) —aunque la encuesta no tenía una periodicidad fija, más o menos se publicaba con carácter decenal— eran la base fundamental de datos en el análisis de la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares españoles, al permitir relacionar el estudio de los ingresos con las dimensiones más relevantes del proceso distributivo, como la demográfica, la laboral o la territorial. Este último dato es especialmente relevante, ya que la mayoría de las fuentes posteriores, al disponer de un tamaño muestral claramente inferior al de las EPF, ofrecían menores posibilidades de extraer resultados por Comunidades Autónomas (CC.AA.).

El principal problema para utilizar la EPF como referencia para analizar la desigualdad en España en el largo plazo es la ruptura de la serie en 1990, cuando dejaron de realizarse las encuestas básicas. A mediados de la década de 1980 comenzó a elaborarse una Encuesta continua de presupuestos familiares (ECPF), con una muestra de unos 3.200 hogares —a diferencia de los 20.000 anteriores— para complementar las encuestas que se realizaban cada diez años con datos trimestrales, que facilitaban el análisis coyuntural. La gran ventaja era que permitía un retrato más actualizado de las diferencias de gasto, si bien con una muestra mucho más pequeña, lo que limitaba casi cualquier tipo de análisis desagregado de la desigualdad. En 1997 se intentaron solventar los problemas de ambas encuestas con el desarrollo de una nueva ECPF con una muestra mayor, que permitía contar con cerca de 10.000 observaciones anuales, aunque todavía se hallaba lejos de las encuestas decenales, lo que dificultaba la comparación. En el año 2006 se introdujo una nueva EPF, con información anual de cerca de 24.000 hogares. En su diseño, se trata de una encuesta más cercana a las encuestas básicas que a las continuas, aunque con algunas diferencias en la forma de recogida de los ingresos.

La ruptura de la serie de las EPF hizo que otras fuentes pasaran a ser utilizadas para el estudio de la desigualdad. Además de las ECPF, otra posibilidad para conocer la evolución de la desigualdad en la década de 1990 fue el Panel de hogares de la Unión Europea (PHOGUE), una encuesta a los hogares elaborada por Eurostat entre 1994 y 2001 que permitió contar con un panel de más de 70.000 hogares para toda la UE, imprescindible para el seguimiento de la cohesión social y el impacto de las políticas sociales y económicas. Su carácter internacional y armonizado permitió, por un lado, situar la experiencia española en el contexto europeo, mientras que el aspecto longitudinal no solo posibilitó analizar las tendencias de la distribución de la renta, sino también estudiar su dinámica y los factores que explican la movilidad de ingresos y las transiciones dentro y fuera de la pobreza.

A partir del año 2004, la Encuesta de condiciones de vida (ECV) sustituyó al PHOGUE. El principal objetivo perseguido por Eurostat al crear esta base de datos consistía en avanzar en la comparabilidad de resultados entre los distintos estados miembros de la UE armonizando los cuestionarios, la recogida de los datos, la codificación y los sistemas de ponderación. A diferencia del PHOGUE, la ECV presentaba una desagregación territorial por NUTS-2 o CC.AA., con una muestra de 16.000 hogares. En 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) introdujo un importante cambio metodológico. Hasta entonces, la información sobre los ingresos de los hogares procedía de los declarados por estos cuando eran entrevistados. A partir de esa fecha, el INE pasó a utilizar los datos de renta proporcionados por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tratando de reconstruir la serie hacia atrás desde 2008 y ofreciendo tanto los microdatos como indicadores básicos de desigualdad con la nueva metodología.

La disponibilidad, por tanto, de fuentes de información con microdatos de ingresos de los hogares desde comienzos de la década de 1970, aunque con las rupturas metodológicas y los cambios en las encuestas mencionados, posibilita averiguar cuáles han sido los principales cambios en la distribución de la renta en el largo plazo. Fijar el inicio del análisis en ese momento del tiempo no significa que no pueda aspirarse a una reconstrucción más larga de los principales indicadores o que no hubiera trabajos con datos de encuestas anteriores a esa fecha. Aunque el desarrollo de los estudios sobre temas distributivos es relativamente tardío en España, en comparación con otros países —a lo que no resulta ajena la restricción estadística señalada—, antes de la década mencionada ya hubo intentos de cuantificar las diferencias de renta entre los hogares españoles 66 .

A finales de la de 1950, el Instituto de Estudios Agrosociales, en el marco de un proyecto para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), intentó realizar una primera estimación de la distribución personal de la renta en España. A comienzos de la década de 1960, la revista Información Comercial Española (1962) publicó un número monográfico sobre la desigualdad en la distribución personal de la renta, utilizando los resultados de la Encuesta de cuentas familiares, elaborada por el INE en 1958. Los resultados mostraban unas diferencias de renta muy grandes, relacionadas con una desigualdad muy acusada en la propiedad de la tierra y en el capital, así como la persistencia de amplias capas de población con niveles salariales muy bajos. Durante esa década, al hilo del intenso proceso de desarrollo económico, aumentó el interés por saber cómo se había repartido ese acelerado crecimiento y también por conocer los efectos que habían tenido los grandes cambios sociales asociados a la modernización económica sobre los distintos grupos de renta. En 1967 se publicó el primer Informe FOESSA, que, a partir de una encuesta propia, encontró que el 20% de los hogares con rentas más bajas solo percibía el 5% de la renta, concentrando el 20% más rico un 46% del total.

En el terreno estadístico, el INE comenzó a publicar desde 1964 una serie de informes anuales con el título La renta nacional y su distribución , utilizando datos de las estadísticas salariales y de la Contabilidad Nacional. A partir de ese año empezaron a realizarse las primeras Encuestas de presupuestos familiares , precedentes de las ya comentadas, que permitieron a algunos investigadores enlazar indicadores correspondientes a diferentes años (1964/1965, 1966/1967 y 1969/1970). Es el caso de los conocidos trabajos de Ángel y Julio Alcaide (1974, 1977 y 1983), que durante muchos años fueron casi la única referencia en el estudio de la distribución personal de la renta.

La citada publicación de la EPF de 1973/1974 y, sobre todo, la de 1980/1981, supuso un salto importante en el estudio de la desigualdad en España. Por primera vez se contaba con una fuente con un amplio tamaño muestral que podía ser enlazada con olas posteriores y con la posibilidad de ofrecer comparaciones con países que tenían fuentes de información similares 67 . Un gran revulsivo en la explotación de las EPF para el análisis distributivo fueron los trabajos de Ruiz (1987), al aplicar por primera vez una amplia gama de opciones metodológicas y un conjunto diverso de indicadores a microdatos de ingresos de hogares españoles de la EPF de 1980/1981, y el de Bosch et al. (1989), al utilizar esa encuesta y la de 1973 para realizar una comparación de la desigualdad en el tiempo utilizando esas mismas opciones. En esa misma fecha, el Equipo de Economía Cuantitativa del Bienestar de la Universidad de Málaga (ECB, 1989) amplió el campo de análisis extendiendo esas mismas líneas de trabajo al ámbito territorial.

A principios de la década de 1990, dos circunstancias supusieron un importante avance para el mejor conocimiento de la evolución de la desigualdad en el largo plazo: el primero fue la publicación, en los primeros años, de una nueva EPF (1990/1991); el segundo fue el patrocinio de diferentes simposios sobre igualdad y distribución de la renta y la riqueza por parte de la Fundación Argentaria, que contribuyó a ampliar el estudio de la desigualdad a ámbitos poco conocidos hasta entonces. Los trabajos de Ayala et al. (1993) con los microdatos de la nueva EPF y del Luxembourg Income Study confirmaron tanto los mayores niveles de desigualdad en España, en el contexto comparado, como la reducción registrada durante la década de 1980, mientras en varios países ya se apreciaba una clara tendencia al alza.

La creciente disponibilidad de datos para trazar el comportamiento de la distribución de la renta en el largo plazo se quebró, como se ha mencionado, cuando se dejó de elaborar la EPF decenal. Si bien es cierto que otras fuentes cubrirían los años posteriores, el vacío registrado entre la publicación de la EPF de 1990/1991 hasta la aparición de una nueva encuesta con más de 20.000 hogares hace muy difícil la reconstrucción de los cambios en la distribución de la renta en España en el largo plazo. En cualquier caso, hay distintas alternativas para hacerlo.

Una de ellas consiste en recurrir a los datos fiscales disponibles en las bases de datos internacionales. Se trata, por tanto, de una información referida a rentas brutas, a diferencia del resto de fuentes que se citarán más tarde, que utilizan datos de ingresos de los hogares después de impuestos y transferencias. Son las rentas declaradas en el IRPF, excluyendo los incrementos patrimoniales. Alvaredo y Saez (2009) estimaron los porcentajes correspondientes a los percentiles más altos de renta desde 1933, encontrando una caída continua del porcentaje correspondiente al 1% más rico desde esa fecha hasta la década de 1950, un aumento y posterior caída en esos diez años, cierta estabilización hasta la de 1970, con un movimiento en la de 1980 muy similar al relatado para la década de 1950 y con una clara tendencia al alza desde mediados de la década de 1990.

La explotación directa de la base de datos, solo posible desde 1981, muestra una ganancia continua de la decila de mayor renta sobre el total desde comienzos de los años ochenta del siglo XX hasta el cambio de década, una posterior caída hasta el primer tercio de la década siguiente, seguida de cierta estabilidad hasta la crisis y un aumento de este porcentaje desde entonces, muy vinculado a la ganancia del 1% con mayor renta (véase el gráfico 2). Como se verá, tales resultados difieren notablemente de los que se deducen de las encuestas de ingresos. En su interpretación hay que tener en cuenta, además del propio hecho de que la atención se ponga únicamente en las rentas más altas y no en toda la distribución, que este tipo de aproximaciones está sujeta a muchos límites, como la sola consideración de datos individuales y no de hogares, la dependencia de las rentas declaradas de los cambios en la normativa del impuesto y los problemas de representatividad de las rentas más altas.

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de la renta total acumulado

FUENTE : World Inequality Database.

Frente a esta alternativa, la única posibilidad de enlazar resultados procedentes de la explotación de microdatos la ofrecen las citadas EPF. Trabajos previos han tratado de construir este tipo de series utilizando las Encuestas básicas de 1973/1974, 1980/1981 y 1990/1991, y encuestas posteriores, tanto las continuas (Goerlich y Mas, 2004; Ayala et al. , 2006) como las nuevas encuestas básicas anuales (Ayala y Jurado, 2011; Adiego y Ayala, 2013). Es posible una aproximación todavía más amplia mediante la utilización de las tres encuestas básicas y las nuevas de 2007 y 2017. El hecho de tomar como referencia 2007 es para tratar de identificar la situación antes de la crisis, mientras que 2017 es la encuesta más reciente en el momento del cierre de este trabajo. Conviene recordar las diferencias entre las encuestas anteriores y las actuales para una correcta interpretación de los datos.

La disponibilidad de información para varios años desde la EPF de 1973/1974 puede ayudar a dar respuesta a varios interrogantes. El más relevante es cómo se ha repartido el crecimiento de la renta media española en estas cuatro décadas por grupos de ingresos. Un procedimiento sencillo para analizar la relación entre los cambios en la renta media y su distribución es observar el diferente crecimiento de la renta de hogares situados en zonas muy distintas de esa misma distribución. Las curvas de incidencia del crecimiento ofrecen un retrato ajustado de la diferente variación de las rentas de los hogares ubicados en distintas zonas (percentiles) de la distribución de la renta. Para que el crecimiento económico sea progresivo, las rentas de los hogares ubicados en la cola inferior de la distribución deberían aumentar más que las del resto de hogares.

Para ver el efecto de la crisis en la evolución de la desigualdad en el largo plazo, es interesante comparar la incidencia del crecimiento económico por grupos de renta hasta 2007 y ver cómo cambia ese perfil cuando el análisis se extiende hasta 2017, recogiendo este período adicional el impacto de la crisis que tuvo lugar entre 2008 y 2015 (véase el gráfico 3). Con todas las cautelas que impone la comparación de fuentes distintas, aunque elaboradas bajo un concepto común, la estimación de la curva de incidencia del crecimiento desde 1973 hasta la crisis revela que el crecimiento económico en el largo plazo benefició más a los hogares con menores niveles de renta que a los ubicados en la parte superior de la distribución de la renta. El crecimiento anual de las rentas de los primeros percentiles fue considerablemente superior al de los hogares con más renta, con un marcado carácter progresivo, por tanto, de la evolución de la renta media. Sin embargo, cuando el período de observación se extiende hasta el momento más reciente con los datos disponibles el panorama cambia. El efecto de la crisis sobre las rentas más bajas fue tan fuerte que hizo que en un margen temporal muy breve casi se evaporaran las ganancias de las tres décadas anteriores, devolviendo los indicadores de desigualdad a los que había hace décadas.

Gráfico 3. Variación anual real de la renta disponible de los hogares por percentiles (diferencias respecto del crecimiento de la renta media)

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de presupuestos familiares (EPF).

En segundo lugar, pese a que la tendencia hasta la crisis fue de una mejora más notoria en las rentas más bajas que en las altas, el carácter progresivo en la variación de la renta media de los hogares españoles no ha sido una característica constante en los distintos subperíodos comprendidos en las cuatro décadas analizadas. Durante la de 1970, período de profunda ralentización de la actividad económica y severa destrucción de empleo, la caída en la renta disponible de los hogares se concentró en especial en los extremos de la distribución (véase el gráfico 4). La crisis económica que se prolongó hasta los primeros años de la década de 1980 aumentó la pobreza en la sociedad española, pero también afectó a los hogares más ricos. El desarrollo tardío del sistema de prestaciones e impuestos mejoró especialmente la situación relativa de las rentas medio-bajas.

En la década de 1980, el notable crecimiento registrado en la renta media de los hogares españoles fue más intenso en los percentiles más bajos, con un aumento de sus ingresos sensiblemente superior a la media, impulsado por la recuperación del empleo en la segunda mitad de dicha década, el aumento del gasto social y la puesta en marcha de mecanismos de garantía de ingresos. En el otro extremo, destaca la menor mejora relativa de los percentiles con mayor renta, claramente inferior a la de la media de la población. De todos los subperíodos considerados, se trata de aquel en el que se aprecian con mayor nitidez las mayores ganancias relativas en la parte inferior de la distribución y donde la incidencia del crecimiento adquirió el perfil más progresivo.

Gráfico 4. Variación anual real de la renta disponible de los hogares por percentiles en distintos subperíodos (diferencias respecto del crecimiento de la renta media)

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de presupuestos familiares (EPF).

El análisis de la siguiente etapa está muy condicionado por las diferencias entre las Encuestas de presupuestos familiares de 1990 y la nueva encuesta anual de 2007, así como por la amplitud del período considerado, en el que se alternaron cambios de ciclo de distinto signo, como la prolongación al inicio de la década de 1990 de la fase expansiva anterior, la breve pero intensa recesión de 1993-1994 y la posterior y prolongada etapa de crecimiento del empleo, que se inició a mediados de la década y que duró hasta 2007. El rasgo más destacado de los cambios en los distintos estratos de la distribución en este período fue la mayor ganancia relativa de los hogares ubicados en la parte baja de la distribución, lo que habría contribuido a reducir la pobreza más severa, y la concentración de buena parte del crecimiento de la renta en los grupos de población con ingresos medios. La propia amplitud del período de observación, sin embargo, podría estar recogiendo la prolongación de la etapa de reducción de desigualdad iniciada a mediados de la década de 1980 y a la que la recesión de los primeros años de la década siguiente puso freno, combinada con la ausencia posterior de grandes fluctuaciones en los indicadores de desigualdad. La mejora que se observa en los percentiles con rentas más bajas resulta coherente con el desarrollo cobrado en esos años por las prestaciones de garantía de ingresos.

Los cambios en la distribución de la renta desde la finalización de la etapa de bonanza económica, con datos más homogéneos, dejan lugar a pocas dudas sobre la evolución claramente regresiva de los cambios en la renta media en España, con una reducción muy superior de las rentas de los hogares de los percentiles más bajos y crecimientos mayores que la media —o reducciones menores que el promedio— en la mayoría de los percentiles superiores. La información comparada que ofrece la OCDE (2015) deja pocas dudas sobre el carácter diferencial de este proceso. De los 33 países para los que hay información, España fue el cuarto en el que más cayó la renta media —solo superada por Grecia, Islandia e Irlanda—, pero también aquel donde mayor fue la distancia entre la evolución de la renta del 10% más rico y del 10% más pobre.

Tales diferencias en el crecimiento medio de la renta de cada percentil en los distintos subperíodos analizados han dado lugar a fluctuaciones importantes en los indicadores de desigualdad. Con las necesarias cautelas que impone la comparación de fuentes con distinta forma de recogida de los ingresos, la tabla 1 ofrece la posibilidad de comparar esos cambios en las cuatro últimas décadas. En él se recoge la evolución en el tiempo de la participación de cada decila en la renta disponible total, junto a la distancia entre el límite máximo de renta de los percentiles 90, que marca el 10% más rico, y el 10, que delimita el 10% más pobre de la distribución. Este indicador se puede descomponer entre los cambios en la parte alta (distancia entre el percentil 90 y la mediana) y baja de la distribución (distancia entre la mediana y el percentil 10) 68 .

Tabla 1. Distribución por decilas de la renta disponible de los hogares e indicadores de desigualdad

1973/74

1980/81

1990/91

2007

2014

2017

Decila

%

%

%

%

%

%

Primera

2,7

2,7

3,1

3,6

2,9

3,1

Segunda

4,4

4,6

5,0

5,3

4,8

4,9

Tercera

5,6

5,7

6,1

6,0

6,3

6,1

Cuarta

6,7

6,8

7,0

7,7

7,1

7,4

Quinta

7,8

7,9

8,1

8,1

8,1

8,2

Sexta

9,0

9,0

9,2

9,9

10,2

9,7

Séptima

10,4

10,4

10,5

10,3

10,7

11,2

Octava

12,2

12,2

12,2

12,1

12,6

13,0

Novena

15,1

15,2

14,9

15,2

15,3

15,2

Décima

26,3

25,4

23,9

22,0

22,1

21,2

P90/P10

4,92

4,54

4,06

3,95

4,39

4,05

P90/P50

2,28

2,09

2,05

1,87

1,97

1,86

P50/P10

2,15

2,17

1,98

2,11

2,23

2,18

DECILA : 10% de la población (ordenada de menor a mayor renta); P90: nivel de renta correspondiente al percentil 90; P50: nivel de renta correspondiente al percentil 50; P10: nivel de renta correspondiente al percentil 10.

FUENTE : elaboración propia a partir de las Encuestas de presupuestos familiares (EPF).

Si se consideran los años extremos, los principales cambios en la distribución por decilas de la renta disponible son una leve mejora de la participación en el total del grupo con menos ingresos y, por el contrario, una caída importante del porcentaje correspondiente al grupo con rentas más altas. Esa observación, sin embargo, como en el análisis anterior, está muy condicionada por lo sucedido desde el inicio de la crisis. Antes del comienzo de esta, el panorama distributivo se caracterizaba por una mejora gradual, impulsada, sobre todo, por la corrección de la desigualdad en la década de 1980, y la continuidad de este proceso, aunque moderada, hasta el inicio de la crisis.

El cociente de los niveles de renta que delimitan las decilas extremas disminuyó a una tasa similar en las décadas de 1970 y 1980 (algo más de un 1% anual), moderó su crecimiento desde 1990 hasta el último tercio de la pasada década y registró en la crisis la mayor variación, al alza de todos los períodos considerados. Cabe destacar, sin embargo, algunas diferencias importantes en la estructura de la desigualdad durante los distintos subperíodos analizados. La reducción observada durante la década de 1970 se debió, sobre todo, al estrechamiento de la parte alta de la distribución, proceso en el que debió influir el desarrollo de la imposición progresiva sobre la renta personal, mientras que las distancias entre la parte central de la distribución y las rentas más bajas se amplió, como resultado de la especial incidencia de los problemas de destrucción de empleo y pérdida de bienestar de los hogares con rentas más bajas. En la década siguiente, la reducción de la desigualdad se produjo, sobre todo, por la reducción de las diferencias en la parte baja de la distribución de la renta, por la recuperación de los niveles de empleo, aunque sin bajar de una tasa de desempleo del 15%, y, sobre todo, por la extensión del sistema de prestaciones sociales. No sucedió lo mismo en la década de 1990, con una mayor compresión de la parte alta de la distribución, que compensó el repunte de las diferencias en la mitad inferior. La crisis amplió las diferencias en toda la distribución, aunque afectó mucho más a las rentas más bajas, mientras que la recuperación ha supuesto una mejora especialmente para los hogares por encima de la mediana de ingresos.

Todos estos cambios revelan, en síntesis, que la evolución de la desigualdad en el largo plazo en España estuvo determinada durante varias décadas, fundamentalmente, por las fluctuaciones de los niveles de empleo y, sobre todo, por los cambios en el sistema de prestaciones e impuestos. Fue en los períodos en los que se combinaron reducciones de la tasa de desempleo y reformas que aumentaron la progresividad y la capacidad redistributiva de los impuestos y las prestaciones monetarias cuando más disminuyó la desigualdad. En los períodos en los que la reducción de desempleo no fue paralela a la expansión de los principales instrumentos redistributivos, como en la fase de bonanza anterior a la crisis, la ganancia en términos de equidad fue mucho más limitada. La rebaja, incluso, de la capacidad correctora de la desigualdad del sistema, sobre todo en la vertiente de los ingresos tributarios, con reformas tendentes a la reducción de los tipos impositivos, aunque manteniendo la progresividad de la imposición personal, fue una de las razones de que el drástico aumento del desempleo en la última crisis se tradujera de una manera mucho más intensa que en otros países en aumentos de la desigualdad. La menor respuesta en el período reciente de la desigualdad a los cambios en el empleo en las fases expansivas abre, por tanto, interrogantes sobre los límites que podría tener una estrategia de reducción de aquella centrada solo en la disminución de la tasa agregada de desempleo y que obviara el papel determinante de las diferencias salariales y del empleo de baja remuneración.

Aunque las Encuestas de presupuestos familiares ofrecen un marco privilegiado para tratar de reconstruir las tendencias de la desigualdad en el largo plazo, en España presentan los problemas citados de cambios en su metodología y una excesiva amplitud del tiempo transcurrido entre la realización de cada encuesta. Una alternativa para completar el análisis de las tendencias de la desigualdad, aunque limitando el inicio de la revisión a mediados de la década de 1980, es tratar de hacer un mismo ejercicio analizando la información que ofrecen las encuestas anuales que se han ido sucediendo desde la aparición de la ECPF en 1985. Desde el ecuador de esa década se dispone de fuentes con información anual sobre los ingresos de los hogares, coincidiendo en algunos años distintas bases de datos. En el período más reciente se dispone, además, de la doble información que ofrece la Encuesta de condiciones de vida , con datos —desde 2008— recogidos tanto de las entrevistas a los hogares directamente como de los ficheros de datos administrativos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

El gráfico 5 recoge el índice de Gini estimado para cada año con la Encuesta continua de presupuestos familiares (ECPF) (1985-1995), la ECPF ampliada (1998-2005) y la ECV (desde 2004), en este último caso antes y después del cambio en la forma de recogida de los ingresos. La puesta en común de las distintas fuentes permite delimitar con mayor detalle algunas de las etapas anteriormente señaladas en la evolución de la desigualdad. Destaca, en primer lugar, la notable reducción de la concentración de la renta durante la segunda mitad de la década de 1980, observable con los datos de la ECPF. Los trabajos que utilizan esta fuente muestran una clara reducción de la desigualdad en la distribución de la renta durante ese período y una cierta contención de este proceso en la primera parte de la década de 1990 (Oliver et al ., 2001; Cutanda, 2002; Cantó et al ., 2003; Farré y Vella, 2008). Como se ha señalado, la recuperación económica, con una reducción importante de la tasa de desempleo, aunque nunca por debajo del 15%, y la elevación de los salarios coincidió con un significativo aumento del gasto social en la segunda mitad de la década de 1980, dando lugar a una prolongada reducción de la desigualdad, en claro contraste, como se verá, con lo sucedido en la mayoría de los países de la OCDE.

Gráfico 5. Evolución de la desigualdad de la renta disponible (1985-2017) (índice de Gini)

a ECPF antes de la ampliación de la muestra.

b ECPF después de la ampliación de la muestra.

FUENTE : elaboración propia a partir de Encuesta continua de presupuestos familiares (ECPF) y la Encuesta de condiciones de vida (ECV).

En segundo lugar, debe señalarse el proceso de contención en la reducción de la desigualdad desde principios de la década de 1990, destacando también el moderado crecimiento de las diferencias de renta entre los hogares en el episodio recesivo registrado entre 1992 y 1994, y la posterior estabilidad en la distribución. Esa ausencia de grandes cambios en la distribución de la renta hasta la última crisis tiene un alto valor cualitativo, dado que se trataría del primer período expansivo con datos disponibles en el que no se habría registrado una disminución de la desigualdad. El repunte de los indicadores en el primer trienio de los años noventa del siglo XX , con un salto desde una tasa de desempleo en torno al 15% a otra diez puntos mayor, tuvo como resultado un rápido incremento de la desigualdad, elevando los indicadores sin que la prolongada recuperación posterior fuera suficiente para devolverlos a los valores anteriores a ese episodio recesivo.

Por tanto, esta transformación de lo que podría haberse considerado un aumento transitorio de la desigualdad en un efecto casi permanente alerta contra la posible generalización de una relación lineal entre las reducciones en la tasa de desempleo y el estrechamiento de las diferencias de renta. Siendo, sin duda, el crecimiento del empleo un factor igualador de la distribución de la renta disponible de los hogares, la falta de respuesta de la desigualdad a su intensa reducción en el período de bonanza invita a pensar en otros posibles determinantes y a cuestionar el carácter exclusivamente cíclico de los niveles de equidad en la sociedad española. Para ese período, las únicas fuentes que permiten identificar si el freno en la reducción de la desigualdad se mantuvo o no son el PHOGUE y la ECPF, una vez reformada su metodología y ampliado su tamaño muestral.

Los trabajos que analizaron la desigualdad con el PHOGUE confirman el perfil estable en la evolución de la desigualdad y la pobreza desde el primer tercio de la década de 1990 hasta el final de la misma (Sarabia y Pascual, 2003; Bárcena y Cowell, 2006). Otros trabajos que utilizaron de manera integrada el PHOGUE y las ECPF para analizar los cambios de la desigualdad en este período, confirmaron, en general, el resultado anterior (Ayala y Sastre, 2007; Pijoan y Sánchez, 2010).

Para el período más reciente el panorama es mucho más nítido, con un crecimiento muy rápido y de gran magnitud de la desigualdad de la renta disponible desde el inicio de la crisis. España, que ya partía de niveles muy altos de desigualdad antes de esta, se convirtió desde 2007, como ya se señaló, en uno de los países de la UE con un reparto más inequitativo de la renta. La crisis amplió drásticamente las diferencias de renta entre los ciudadanos españoles, quebrando en un margen temporal muy breve su tendencia a la moderación durante la mayor parte de la etapa democrática. El espectacular aumento del desempleo, combinado con una respuesta más limitada al shock macroeconómico por el sistema de prestaciones monetarias que en otros países, hizo que los indicadores de desigualdad recuperaran niveles desconocidos desde hacía décadas.

La etapa de recuperación que ha seguido a la crisis no ha dado lugar a una clara reducción de las diferencias de renta. Los datos disponibles muestran una marcada resistencia a la baja de la desigualdad, a pesar de la reducción del desempleo y del mayor ritmo de crecimiento económico. La reactivación de la economía se ha saldado con un descenso muy moderado de los principales indicadores a pesar de la caída del desempleo. Esa resistencia a la baja está relacionada, entre otros factores, con el claro predominio de las formas de contratación temporal ligadas a salarios bajos y, en especial, al subempleo o a la insuficiencia del número de horas trabajadas.

Uno de los rasgos más destacados de los cambios de la desigualdad en la crisis, a la luz de las distintas encuestas disponibles, es la pronunciada caída de las rentas más bajas. Los datos de pobreza monetaria que resultan de la ECV revelan que, entre 2007 y 2014, su incidencia aumentó en más de dos puntos —del 19,7 al 22%—, lo que supone un crecimiento sin precedentes desde que se tienen datos de variación interanual, cayendo al 21,6% solo en 2017. El indicador más crudo del porcentaje de hogares sin ingresos —sin ingresos del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social— que ofrece la EPA permite comparar, además, el empeoramiento económico de los hogares con menores recursos en la actual crisis con el que tuvo lugar en anteriores períodos recesivos, como el de los primeros años de la década de 1990. Si en esa fase de contracción de la economía ese porcentaje pasó del 1,7%, a finales de 1991, a otro del 2,3% en 1995, en la última recesión el cambio ha sido mucho más drástico, duplicándose (y más) el indicador desde el 1,7% de 2007 hasta un máximo de 4,2% a principios de 2015, para reducirse posteriormente al 3% en el período más reciente (véase el gráfico 6).

Gráfico 6. Evolución del porcentaje de hogares sin ingresos (1987-2019)

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de población activa (EPA).

Además del deterioro de la situación económica de los hogares con rentas más bajas, la crisis también ha tenido efectos sobre los estratos medios de renta. Uno de los debates más recurrentes al hilo de la crisis es el que se refiere a los cambios en la parte central de la distribución de la renta. Los datos de las EPF —hasta 1990 en el gráfico 7— y de la ECV permiten una aproximación, aunque muy general, a lo sucedido con las rentas medias desde el inicio de la crisis. Una posible clasificación de la población según la renta disponible de los hogares es partirla en cuatro grandes grupos: con rentas inferiores al 75% de la mediana, entre ese umbral y el 125%, entre el 125 y el 200%, y con rentas superiores a ese último porcentaje. Los dos grupos intermedios corresponderían, respectivamente, al grupo de rentas medio-bajas y al grupo de rentas medio-altas.

Gráfico 7. Distribución de la población por grupos de renta disponible

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de presupuestos familiares (EPF) (hasta 2006) y de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) (desde 2010) (INE).

Tal como muestra el gráfico 7, todo apunta a una progresiva recomposición de la distribución de la población por grandes grupos de renta, con un declive en el tiempo del porcentaje de hogares pertenecientes al grupo intermedio, una ampliación del grupo de renta baja y la relativa inmovilidad de grupo con rentas más altas. El de renta baja habría pasado de concentrar el 32 al 40% de la población; el grupo de renta media habría pasado de casi el 60 al 52%, mientras que el más rico habría sufrido pocas modificaciones en su peso relativo. Casi uno de cada seis hogares que formaban parte de la clase media —en términos exclusivamente de renta— habría descendido, por tanto, desde este estrato al de rentas más bajas en poco más de un lustro, un cambio muy pronunciado en un período muy breve. Tal proceso ha afectado, lógicamente, a la desigualdad dentro de cada grupo, que ha permanecido inalterada dentro del estrato más rico y ha aumentado drásticamente en el grupo de rentas bajas, al mantenerse los que ya tenían ingresos muy bajos antes de la crisis y pasar a formar parte de él los que antes de esta pertenecían al estrato medio-bajo.

La redistribución de los hogares por grupos de renta en un contexto de caída general de esta y de mayor participación en el total del segmento más rico dibuja un retrato general de la crisis muy poco favorable en el plano distributivo: la población española perdió una parte importante de su renta —la renta disponible de los hogares cayó en términos reales a niveles inferiores a los que había hacía década y media— y esta pasó a acumularse de una manera creciente por parte de los más ricos.

Si se compara este cambio con el registrado por otros países de renta alta, destaca que España fue uno de los que registraron una mayor pérdida de peso del grupo de renta media, con la excepción de Reino Unido. En casi todos estos países, la pérdida de peso demográfico de los estratos medios se ha debido, sobre todo, al empeoramiento del segmento de rentas medio-bajas (Ayala y Cantó, 2018). En el otro componente del grupo —rentas medio-altas—, los cambios han sido menos uniformes. Mientras en España y Reino Unido la crisis originó una significativa pérdida de peso relativo de este grupo, en el resto de países se dio el proceso contrario.

Factores determinantes de la desigualdad de la distribución de la renta

La desigualdad en la distribución de las rentas primarias

El intenso crecimiento de la desigualdad en España durante la crisis y las dificultades para reducirla durante los períodos de bonanza anterior y posterior invitan a pensar que el shock que supuso el deterioro de las condiciones macroeconómicas a partir de 2007 podría tener efectos duraderos sobre la distribución de la renta. Existe gran incertidumbre sobre la capacidad que podría tener la reducción del desempleo por sí sola para recuperar los niveles de desigualdad anteriores a la crisis, que ya eran elevados. Por un lado, la experiencia de cambios de ciclo anteriores, como el de los primeros años de la década de 1990 y la expansión posterior, cuando no se recuperaron los indicadores anteriores a la recesión a pesar del crecimiento del empleo, alerta de que el ensanchamiento de las diferencias de renta puede dar lugar a niveles de desigualdad considerablemente superiores a los de las últimas décadas, que se pueden prolongar en el tiempo.

Por otro lado, algunos de los factores que podrían identificarse como parte de un componente estructural en la desigualdad en la distribución de la renta en España no parece que pudieran modificarse sustancialmente en una posible coyuntura económica más expansiva. Si bien es cierto que una parte importante de las desigualdades relacionadas con el mercado de trabajo guardan relación con el deterioro del empleo y el aumento del desempleo, hay otros factores que explican que los niveles de desigualdad salarial sean elevados en el contexto comparado, sujetos, además, a posibles fluctuaciones relacionadas con los cambios de ciclo económico. En relación con el primer aspecto, algunos trabajos han tratado de identificar el efecto del desempleo sobre la desigualdad en las rentas del trabajo, encontrando, como era previsible, un efecto muy importante, mayor que en otros países (OCDE, 2015). No es fácil predecir, sin embargo, que la recuperación de un ritmo alto en la creación de empleo pudiera tener un efecto suficientemente compensador del aumento de la desigualdad causado por la crisis. La evidencia empírica disponible, no muy abundante, parece mostrar que el impacto de las fases expansivas de la economía sobre la situación de los hogares en la parte baja de la distribución es considerablemente inferior al que tienen las recesiones, en las que el efecto regresivo del desempleo es indudable (Hines et al., 2001; Ayala et al., 2017).

La relación entre los posibles cambios en el empleo y la desigualdad está determinada, en cualquier caso, no solo por la evolución de los flujos, sino por el tipo de empleo. Uno de los rasgos más característicos del creado en la recuperación reciente es su marcado carácter temporal y el aumento del trabajo a tiempo parcial. Ambos rasgos dificultan, dada la menor remuneración asociada a estas formas de empleo, la reducción de las desigualdades salariales, a la vez que contribuyen a una mayor incidencia del empleo de bajos salarios respecto de otros países. La tasa de pobreza del 13% de los ocupados en 2017, según la Encuesta europea de condiciones de vida , solo era superada por Rumanía y Luxemburgo dentro de la UE 28. Hay que señalar asimismo que el problema del trabajo de bajos salarios y de pobreza de los ocupados no es una manifestación exclusiva de la crisis, ya que su incidencia era ya elevada incluso antes del comienzo de esta, de manera que, en vísperas del cambio de ciclo, solo Rumanía, Polonia y Grecia superaban el nivel existente en España.

Esta persistencia en el tiempo de un segmento de trabajadores con bajas remuneraciones, incluso en las fases expansivas de la economía, refuerza la idea de un componente enquistado en la estructura salarial claramente determinante de las amplias diferencias de renta. De tal rasgo no debe inferirse, sin embargo, una tendencia permanente al aumento de las desigualdades salariales. Los resultados de los distintos trabajos disponibles para España parecen mostrar que la desigualdad tiene un comportamiento contracíclico, disminuyendo durante las expansiones y aumentando durante las recesiones (García y Arranz, 2014). Mientras el aumento de la desigualdad salarial en la crisis parece claro con las distintas fuentes (Bonhomme y Hospido, 2012), también hay coincidencia en señalar los años previos a esta como un período de reducción de las diferencias salariales. España, de hecho, fue, según los datos de la OCDE (2015), uno de los dos únicos países donde la desigualdad salarial disminuyó entre comienzos de la década de 1990 y finales de la siguiente.

Los trabajos que han intentado identificar las razones de la moderación de las diferencias salariales en la etapa de bonanza enfatizan, en primer lugar, el efecto de la reducción de la prima salarial de los titulados debido al aumento de su oferta. Los problemas de sobrecualificación y las mayores dificultades del mercado de trabajo español en el contexto comparado para absorber con puestos de trabajo apropiados el gran incremento de titulados universitarios han sido puestos de relieve por distintos autores, subrayando sus consecuencias tanto sobre la reducción de las diferencias entre los distintos grupos educativos como en el aumento de las desigualdades salariales intragrupos (Budría y Moro, 2008; García, 2009; Felgueroso et al ., 2010; Mateos et al ., 2014). Un segundo factor que explica que las desigualdades salariales no aumentaran en la etapa anterior a la crisis son los cambios en la composición del empleo. El auge del sector de la construcción y de las industrias y servicios asociados supuso una mejora notable en la escala de rentas de un sector de trabajadores que, en otro contexto de demanda mucho más débil de este tipo de actividades, habrían recibido remuneraciones considerablemente inferiores (Lacuesta e Izquierdo, 2012). En correspondencia con este razonamiento, el incremento de la desigualdad salarial en los años de crisis puede atribuirse, en gran medida, al cambio en la estructura de las ocupaciones, con un efecto significativo de la caída de la actividad en el sector de la construcción, a la vez que un descenso de los salarios en esta rama de actividad.

Parece difícil, por tanto, que en el largo plazo puedan modificarse las condiciones que determinan la desigualdad salarial en España, incluso en fases expansivas. De hecho, el cuadro que se deduce del uso de fuentes homogéneas para diferentes países muestra que la desigualdad de la parte superior de la distribución salarial en España es alta en términos comparados (Simón, 2009). Análisis más recientes, que dan el salto desde la distribución individual de los salarios al análisis de las desigualdades salariales desde la perspectiva del hogar, parecen refrendar la presencia de mayores diferencias que en los países de nuestro entorno, en especial cuando se consideran los hogares con formas de empleo más atípicas (OCDE, 2015). No parece fácil predecir, por tanto, que los ciclos expansivos puedan alterar sustancialmente las características básicas de la estructura salarial, por lo que ante la ausencia de cambios en la estructura productiva, para los que son necesarios medidas estructurales y plazos largos o cambios en el marco legislativo orientados a comprimir las diferencias en las remuneraciones, permanecerá la inercia descrita en las rentas del trabajo, que es el mayor componente de las rentas de los hogares.

Tampoco parece fácilmente predecible un cambio en la desigualdad de las rentas de capital. Aunque su contribución a la renta de los hogares y, por tanto, a la desigualdad es mucho más limitada, la evolución de este tipo de rentas también puede afectar a los cambios distributivos. Los datos disponibles apuntan a que sigue existiendo una alta concentración de esta fuente de ingresos, mucho mayor que la de los salarios; aunque en España, como en la mayoría de los países europeos, la crisis tuvo distintos efectos sobre los extremos de la distribución de la renta, dada la pérdida de rentas de capital en los hogares ubicados en la parte superior de esa distribución y la de horas de trabajo y salarios en la parte inferior. Los datos son, en cualquier caso, reveladores: mientras el 10% de los hogares con mayor renta disponible acumulan casi una cuarta parte del total, esa cifra se eleva al 60% en el caso de las rentas del capital. Algunos autores han encontrado, de hecho, un aumento de la sensibilidad de la desigualdad en la renta disponible a los cambios en el peso relativo de las rentas del capital. Para el caso de España, esa elasticidad aumentó desde un valor inferior a 0,3, en la década de 1980, a 0,5 a principios de la década actual (Milanovic, 2016).

En consecuencia, el arraigo de distintos factores que determinan amplias desigualdades en la distribución de las rentas primarias limita severamente la interpretación de la evolución de la desigualdad en la renta disponible de los hogares en España como un problema estrictamente cíclico. Si bien parece claro que una parte importante del crecimiento de la desigualdad en la crisis puede atribuirse al cambio de ciclo y a los límites del sistema de prestaciones sociales para reducir el aumento de las diferencias en las rentas primarias, las garantías para sostener que una expansión podría reducir sustancialmente los indicadores actuales son menos sólidas.

El impacto redistributivo del sistema de impuestos y prestaciones sociales

El objetivo fundamental y común de todos los sistemas de prestaciones e impuestos es la reducción de la desigualdad de rentas de mercado de las familias. Distintos estudios muestran que no todos estos sistemas lo consiguen en la misma medida. Así, mientras los de algunos países centroeuropeos y nórdicos resultan ser los más igualadores en el contexto europeo, los mediterráneos se encuentran entre los menos redistributivos. Además, en el caso de España destaca que más de la mitad del efecto redistributivo lo concentran las pensiones públicas, situación que dentro de la UE 15 solo se da también en Grecia.

Gráfico 8. Evolución de la desigualdad según la renta bruta y la renta disponible (índice de Gini)

FUENTE : elaboración propia a partir de Encuestas de presupuestos familiares y de la Encuesta de condiciones de vida (ECV).

El sistema de impuestos y prestaciones español ha sido tradicionalmente uno de los menos efectivos en redistribuir las rentas familiares de toda la UE (Förster y D’Ercole, 2005; Immervoll et al., 2006; Paulus et al., 2009). Las dos principales características de nuestro sistema son el considerable peso redistributivo de las pensiones contributivas y la gran debilidad de las prestaciones condicionadas por renta y, más en particular, aquellas de carácter familiar (Cantó, 2014). Además, el peso distributivo del impuesto sobre la renta, la política redistributiva con mayor impacto tras las pensiones, es comparativamente más bajo que en otros países y, en general, ha venido experimentando una lenta tendencia a la reducción tras las reformas impositivas de la década de 1990 y principios de este siglo (Ayala y Sastre, 2007; Ruiz et al., 2011).

La información que ofrecen las mismas encuestas analizadas en la sección anterior permite identificar el alcance del efecto redistributivo del sistema de prestaciones e impuestos en el largo plazo. A comienzos de la década de 1970, la falta de desarrollo de la imposición progresiva y la limitada cobertura de las prestaciones sociales hacían que el impacto de ambos instrumentos fuera el propio de los Estados de bienestar poco desarrollados (la desigualdad de las rentas de mercado solo se reducía un 18%). A medida que fueron desarrollándose ambas vertientes de la intervención pública, siendo fundamentales los grandes acuerdos sociales de la transición democrática, ese impacto fue aumentando (una reducción de la desigualdad del 25% a comienzos de la década de 1980). La universalización posterior de varios servicios de bienestar social y el aumento de la presión fiscal elevaron en dichos años el efecto redistributivo de la intervención pública a niveles que casi duplicaban los de los años previos a la democracia (una reducción del 33%).

Antes de la crisis económica más reciente, la reducción de la desigualdad en la distribución de las rentas primarias se situaba en torno al 35%. Con la crisis, ese impacto aumentó hasta el 40%. Las razones de ese incremento no fueron, sin embargo, un incremento de los recursos presupuestarios dedicados a la redistribución, sino el mayor peso de las prestaciones sociales en las rentas de los hogares, debido a la caída general de esas rentas por el deterioro de la actividad económica y el veloz crecimiento del desempleo.

Desde finales de 2009, y sobre todo a partir de 2010, como respuesta a las presiones de los mercados financieros sobre la deuda pública española y de la Comisión Europea, tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos comenzaron a introducir medidas de contención del déficit público, que consistieron, fundamentalmente, en aumentos de los tipos aplicables en diferentes impuestos y en recortes de prestaciones. Ese mismo año, varias CC.AA. limitaron, reformaron o cancelaron algunas de sus prestaciones familiares. Con posterioridad, tanto el Estado como varias CC.AA. aprobaron modificaciones del impuesto sobre la renta que suponían nuevos tramos para los contribuyentes de rentas altas y aumentos en los tipos marginales de gravamen más altos del impuesto y una reforma de la tributación de las rentas del capital que pasaron a tributar a un tipo más alto y progresivo. En 2010 se recortó el salario de los trabajadores públicos, se congeló el crecimiento de las pensiones por inflación (excepto en el caso de pensiones mínimas y no contributivas), también el indicador básico para la determinación de muchas prestaciones sociales (IPREM) y se redujo casi a la mitad la prestación por hijo a cargo que se había doblado en 2008. Finalmente, en 2011 el Gobierno eliminó la prestación universal por nacimiento (de 2.500 euros) y reformó el programa de protección por desempleo para parados sin prestación limitando su cobertura.

Gráfico 9. Evolución de la desigualdad según la renta bruta y la renta disponible en países de la UE (índice de Gini)

FUENTE : elaboración propia a partir de Euromod, versión I 1.0+.

Utilizando los datos del simulador Euromod, es posible constatar el menor efecto redistributivo del sistema de prestaciones sociales e impuestos sobre la desigualdad en comparación con los principales países de la UE. Con niveles de desigualdad en la distribución de las rentas de los mercados —salarios, rentas por cuenta propia y rentas de capital— no muy distintos de los presentes en esos países, la desigualdad en la distribución de la renta disponible, sin embargo, es mayor en España. Tal realidad era distinta antes de la crisis. La mayor desigualdad de las rentas primarias y la menor capacidad de la intervención pública para moderarla debido a los recortes mencionados explican ese mayor nivel de la desigualdad final.

El sistema de prestaciones sociales actuó como colchón en la primera fase de la crisis, produciendo un incremento en la capacidad redistributiva efectiva del sistema, pero, posteriormente, la gran debilidad de la función redistributiva hizo que las prestaciones que recibieron los hogares que experimentaron una mayor caída en sus ingresos no consiguieran estabilizar su renta disponible. Como consecuencia, la distancia entre los ingresos de los estratos de renta más baja y las rentas medias aumentó consistentemente, lo que contribuyó a un rápido incremento de la desigualdad de la renta disponible en un corto período de tiempo. Tal proceso tuvo lugar a pesar del efecto positivo sobre la redistribución que tuvieron durante la crisis las medidas tributarias adoptadas, aunque luego revertidas, con nuevos tramos para rentas altas y aumentos en los tipos de gravamen marginales del impuesto también en los tramos más altos.

¿Cuáles son los componentes del sistema de impuestos y prestaciones que más contribuyen a reducir la desigualdad? El gráfico 10 muestra que cuando se aísla el efecto de las pensiones contributivas, que suponen el grueso de la redistribución en España, no hay grandes diferencias en el diseño del sistema respecto de los principales países europeos, con una ordenación parecida de los efectos de cada política, aunque sí las hay en la magnitud de los correspondientes impactos de cada instrumento. Destacan, en cualquier caso, los menores efectos sobre la reducción de la desigualdad de las prestaciones no condicionadas por renta o de carácter universal, con menor presencia en nuestro país, y el efecto regresivo que tienen las cotizaciones sociales, muy marcado por la existencia de bases máximas de cotización.

Esta diferencia en la magnitud de casi todas las políticas ofrece una señal clara de dónde radican las principales debilidades de las políticas redistributivas enEspaña. Ante el debate sobre si la menor capacidad redistributiva del sistema español radica en la menor dimensión del sistema o en una menor progresividad, los datos parecen apuntar claramente al primero de estos factores.

Gráfico 10. Efecto redistributivo atribuible a cada componente del sistema de impuestos y prestaciones (diferencia entre el índice de Gini de la renta equivalente antes y después de cada política en % de la renta antes) (2018)

FUENTE : elaboración propia a partir de Euromod, versión I 1.0+.

La OCDE (2011) presentó a principios de la década un informe sobre la progresividad y la dimensión tanto del impuesto sobre la renta como de las pensiones y prestaciones del sistema de varios países. Otros estudios posteriores confirmaron sus resultados, encontrando que en España el impuesto sobre la renta es muy progresivo —más que en Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia o Reino Unido—, pero su dimensión, es decir, la media del tipo efectivo, es un tercio de la danesa y la mitad de la alemana, la finlandesa, la noruega y la sueca, e incluso se queda a unos cinco puntos porcentuales de la británica. En cuanto a las prestaciones, también es en la progresividad en lo que España se parece más al resto de países de la OCDE, pero, en cuanto a dimensión, salvo en las pensiones contributivas, se sitúa claramente por debajo.

En general, en aquellos países en los que durante las últimas décadas más ha crecido el efecto redistributivo de las políticas, el elemento impulsor ha sido el crecimiento de la dimensión de las prestaciones, es decir, su peso relativo en la renta del hogar y no el aumento de su progresividad. De hecho, la progresividad de las prestaciones ha cambiado poco en los países de la OCDE desde la década de 1980. Por tanto, mantener o aumentar la redistribución de la renta solo a través de aumentos de la progresividad, en un contexto de caída del gasto en prestaciones sociales, parece ser algo de muy compleja realización.

La desigualdad en España desde la perspectiva comparada

El resultado general del proceso descrito en las secciones anteriores, y en el que coinciden las distintas fuentes, es el truncamiento de la tendencia a la reducción de la desigualdad desde mediados de la década de 1990 y el drástico crecimiento de las diferencias de renta entre los hogares con el inicio y la prolongación de la crisis económica. Dados estos dos rasgos en la evolución de la desigualdad, una pregunta relevante para analizar el problema distributivo en España reside en cómo han modificado estos cambios su posición en el contexto comparado. Como se señaló en la introducción, los escasos datos disponibles hace cuatro décadas parecían apuntar la consideración de España como un país desigualitario en el conjunto de los países industrializados, aunque no a una gran distancia de algunos de los países de nuestro entorno. ¿Se ha modificado sustancialmente ese retrato más de cuatro décadas después?

El gráfico 11 ofrece información sobre el alcance de la desigualdad en la renta disponible de los hogares para todos los países de la UE en la última fecha disponible. Los datos proceden de EUSILC, que es la Encuesta de condiciones de vida armonizada para todos los estados pertenecientes a la UE. El panorama distributivo resultante deja pocas dudas sobre el alcance del problema de la desigualdad en España. Se trata de uno de los cuatro países con mayor desigualdad de ingresos, manteniéndose por encima del indicador español —el índice de Gini— únicamente Bulgaria, Lituania y Letonia, con sistemas de bienestar y renta per cápita muy por debajo de los españoles. El indicador español es superior al del resto de los países que conforman el modelo de protección mediterráneo y, aunque no muy distante de alguno de ellos, es significativamente más elevado que el de los países centroeuropeos y el diferencial con los países con menor desigualdad es amplísimo.

Quedan pocas dudas, por tanto, de la severidad del problema de la desigualdad en España y de los costes que puede producir el mantenimiento prolongado de diferencias de renta tan amplias entre los hogares. Como señala Stiglitz (2012), el precio de esas amplias diferencias puede ser muy elevado para una sociedad. El crecimiento de la desigualdad puede producir ineficiencias en el funcionamiento de la economía y la fragmentación social termina generando conflictos crecientes, con una progresiva erosión de la calidad de las instituciones y del propio sistema democrático (Acemoglu et al ., 2015).

Gráfico 11. Índice de Gini de la renta disponible de los hogares (2017)

FUENTE : EUSILC (Eurostat).

Como en la revisión trazada de los cambios en la desigualdad en el largo plazo en España, la consideración de dos momentos tan distantes en el tiempo, puede ocultar, sin embargo, la presencia de etapas de distinto signo en el alejamiento o convergencia respecto de los niveles presentes en otros países, además de ofrecer una visión muy condicionada por los efectos recientes de la crisis. El mantenimiento de mayores niveles de desigualdad en España en el marco comparado suscita numerosos interrogantes: ¿cuál ha sido la senda de convergencia en los indicadores distributivos? ¿Ha sido esta convergencia paralela o asimétrica respecto de la alcanzada en los indicadores macroeconómicos básicos? ¿En qué momento fue más intensa la reducción de las diferencias respecto de la UE? Tal conjunto de interrogantes obliga a revisar las mismas etapas consideradas en la sección anterior con datos para otros países. Si bien tal tarea es relativamente sencilla para los últimos años, dada la existencia de fuentes de datos armonizadas que proporcionan información comparable, no sucede lo mismo para buena parte del período estudiado anteriormente, para el que la disponibilidad de información homogénea es mucho más limitada.

La desigualdad en España hasta la crisis desde la perspectiva comparada

Un posible punto de arranque en la revisión de los cambios en la desigualdad en España desde la perspectiva comparada puede situarse en la década de 1980. Por un lado, la entrada de España en la Comunidad Europea coincidió con el desarrollo de notables reformas de los sistemas de impuestos y prestaciones en los países que la conformaban. Varios estudios con información comparada confirmaron la sucesión de cambios de notable calado en los indicadores de desigualdad en ese período en algunos países (Atkinson et al., 1995; Gottschalk y Smeeding, 2000). Aunque hubo experiencias en las que los indicadores no registraron grandes cambios, en otros países aumentaron de forma drástica. En algunos casos, como en Reino Unido y Estados Unidos, la desigualdad creció a un ritmo muy rápido.

Entre las distintas explicaciones del cambio en los indicadores de desigualdad destacan, sobre todo, las modificaciones en la estructura salarial en la mayoría de los países y el aumento de la dispersión en las remuneraciones, muy relacionado con la creciente desregulación del mercado de trabajo. El crecimiento de la desigualdad en las rentas primarias no pudo ser compensado a través de intervenciones redistributivas de mayor alcance, sucediéndose, por el contrario, sobre todo en el ámbito anglosajón, reformas impositivas que redujeron la progresividad del sistema tributario, junto con importantes recortes en el sistema de transferencias sociales.

El gráfico 10 recoge los cambios en la desigualdad en la década de 1980 en varios países europeos y en Estados Unidos, a partir de los datos homogéneos de renta de los hogares que ofrece el Luxembourg Income Study . Aunque no fue el único país en el que disminuyeron los indicadores de desigualdad en este período, la experiencia española, con el crecimiento más progresivo de las rentas de las cuatro últimas décadas, destacó en el contexto de los principales países de la UE y Estados Unidos, por tratarse de uno de los casos en los que la reducción de la desigualdad fue más intensa. Tal proceso contrasta con los cambios de naturaleza inversa sucedidos en los países de la órbita anglosajona, con un incremento notable de la desigualdad, invirtiéndose radicalmente las tendencias de las décadas anteriores tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Lo sucedido en España también se distanció de la relativa estabilidad en los países centroeuropeos, o de la inversión de la tendencia a la reducción de las diferencias entre los hogares en algunos de los países que, tradicionalmente, habían sido caracterizados como más igualitarios, como Suecia y otros países nórdicos.

La evidencia disponible para los indicadores que sitúan la atención en la parte inferior de la distribución de la renta confirma el carácter diferencial de la experiencia española y la ganancia en términos de convergencia respecto de los principales países de la UE, en términos de bienestar social. La recuperación de la actividad económica, el crecimiento del empleo y el aumento del gasto social en España en tal período contrastan con lo sucedido en varios de los países citados, con importantes reducciones del gasto social y una menor cobertura de los servicios de bienestar.

Gráfico 12. Evolución de la desigualdad de la renta disponible en la década de 1980 (índice de Gini)

FUENTE : elaboración propia a partir del Luxembourg Income Study .

Del avance en la convergencia con otros países europeos en la década en la que España pasó a formar parte de la UE no debe inferirse una relación lineal entre el proceso de integración y la mejora redistributiva, dada la subsidiaridad de las políticas sociales en el ámbito comunitario. No obstante, las mayores expectativas de crecimiento económico que generó el proceso de integración europea contribuyeron a la reactivación de la economía y a la creación de empleo, a lo que hay que añadir el impulso recibido para el desarrollo de infraestructuras básicas en varias regiones, financiado con fondos comunitarios, y el acceso a otros fondos sociales, que favorecieron la mejora de las rentas de los hogares. En cualquier caso, como se ha señalado en apartados previos, la reducción de la desigualdad en España, en un contexto en el que otros países registraron un importante ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares, debe atribuirse, fundamentalmente, a factores ajenos o no directamente vinculados al proceso de integración europea. La recuperación del ritmo de creación de empleo, aunque con un peso muy importante de la contratación temporal, el aumento mucho más moderado que en otros países de las diferencias salariales, así como una modificación también más pausada de la estructura demográfica, con una incidencia menor de algunas de las situaciones que en períodos posteriores, estaban asociadas a una mayor vulnerabilidad y, sobre todo, el aumento del gasto social, con la puesta en marcha de nuevos programas de garantía de ingresos y la extensión del sistema de pensiones contributivas, son las principales causas que explican el comportamiento diferencial de la desigualdad en España durante la década de 1980.

En la de 1990, la evolución de las economías europeas estuvo muy condicionada por el tránsito hacia un modelo de integración mucho más ambicioso, cuya principal desembocadura iba a ser la formación de un área monetaria común. El compromiso de convergencia en un conjunto de indicadores monetarios básicos obligó a los países aspirantes a formar parte de esta unión monetaria a rebajar sustancialmente los niveles de déficit y endeudamiento público y a mantener de forma duradera los saldos de las cuentas públicas por debajo de los umbrales establecidos. El resultado fue que la mayoría de los estados miembros desarrollaron políticas de consolidación fiscal, que dificultaron el mantenimiento de algunos de los avances previos en la reducción de la desigualdad. Aunque con algunas diferencias, en la mayoría de los países hubo una notable moderación del gasto social.

España no resultó ajena a este proceso, estando afectada, además, como se vio, por oscilaciones más marcadas en el ciclo económico, con dos fases distintas en la década de 1990, como la severa recesión entre los años 1992 y 1994 y la posterior recuperación y expansión en los años posteriores. Como se ha observado, la tasa de desempleo volvió a situarse rápidamente por encima del 20%, con una rápida transformación de los contratos temporales en situaciones de desempleo.

Este período también se caracterizó por cambios importantes en el proceso distributivo en Europa. Los producidos en la internacionalización de la actividad económica en el territorio europeo afectaron tanto al movimiento de bienes y servicios como al de factores de producción, e introdujeron, sobre todo, una notable restricción en la independencia de los gobiernos para el diseño de la intervención pública redistributiva, con una menor capacidad en la utilización de recursos y una obligada recomposición del gasto público. Las consecuencias fueron asimismo notables en el mercado de trabajo, con procesos de desregulación en la mayoría de los países europeos, desplazamientos de la demanda, segmentación y aparición de nuevas formas de empleo, además del crecimiento del trabajo de salarios bajos. Fuera de la esfera económica, los cambios en la estructura demográfica de varios países europeos también aumentaron las dificultades para la corrección de la desigualdad. El cambio más destacado fue la agudización del proceso de envejecimiento en algunos países y una mayor presión, en general, sobre los gastos en sanidad y pensiones. En casi todos los estados de la UE hubo, además, importantes transformaciones de la estructura de hogares, aumentando considerablemente el número de familias monoparentales.

La fuente que permite reconstruir los cambios en la desigualdad en los países de la UE en la década de 1990 es el PHOGUE, que ofrece información homogénea para la mayoría de los estados miembros en aquellos años a partir de cuestionarios comunes. Los indicadores de desigualdad estimados a partir de esta fuente no parecen mostrar un signo uniforme en la evolución de la desigualdad en esas décadas, aunque ofrecen indicios de que, en términos generales, a pesar de la contención de las políticas redistributivas, la desigualdad registró una moderada tendencia a la baja en este período en la mayoría de los países de la UE (véase el gráfico 13). Solo en Suecia y Luxemburgo siguieron creciendo las desigualdades en la distribución de la renta, mientras que algunos países como Francia o Alemania —donde se invirtió una ingente cantidad de recursos para reducir la brecha con la que se inició el proceso de reunificación— consiguieron rebajar considerablemente las diferencias entre los hogares.

Gráfico 13. Evolución de la desigualdad de la renta disponible en la década de 1990 (índice de Gini)

FUENTE : PHOGUE.

En este marco comparado, del análisis de las cifras relativas de la desigualdad en España destacan principalmente dos resultados: por un lado, el proceso distributivo siguió arrojando indicadores de desigualdad claramente superiores a la media europea, solo superados por otros países del sur de Europa; por otro lado, la tendencia durante el período cubierto por el PHOGUE (1994/2000) muestra un empeoramiento de la situación relativa española respecto de la media europea, quebrándose la tendencia de convergencia previa. Si bien las cifras de desigualdad se redujeron ligeramente en este período, la magnitud de esta reducción fue muy inferior a la de la disminución de la desigualdad en la mayoría de los estados miembros. Especialmente significativo es el hecho de que en algunos de los países que partían de niveles de desigualdad superiores a los de España antes de la década, como Reino Unido o Irlanda, la reducción fue mucho mayor.

Un elemento determinante de este distanciamiento de los indicadores de desigualdad en España del promedio europeo durante la década de 1990 es la progresiva ampliación de la brecha en gasto social respecto de la media de la UE, según los datos de ESSPROS (Eurostat), cumpliéndose la premisa básica de que ninguna economía avanzada consigue reducir la desigualdad sin aumentos del gasto social (Marx et al., 2015). Aunque durante la primera mitad de esa década la diferencia se mantuvo casi constante —cerca de cinco puntos del PIB—, volvió a ampliarse en la segunda mitad. Esta menor inversión relativa en recursos sociales también coincidió con el inicio de una serie de reformas fiscales que descansaron, sobre todo, en la reducción de los tipos impositivos, lo que, sin mermar la progresividad del impuesto sobre la renta, fue limitando su capacidad redistributiva. Los datos del PHOGUE para este período muestran que la diferencia entre los indicadores de desigualdad y pobreza antes y después de las transferencias sociales respecto del resto de países europeos fue inferior a la del período precedente, y esto apunta a una menor incidencia redistributiva en este período del principal instrumento para la reducción de la desigualdad.

La última etapa en el análisis de la convergencia española en los indicadores de desigualdad antes de la crisis corresponde a los años iniciales de la primera década del siglo XXI . En dicho período tuvieron lugar dos hechos destacados en el proceso de integración europea: el desarrollo de la moneda única y el obligado mantenimiento en el tiempo de los ajustes macroeconómicos exigidos para la participación en el euro, junto con, en segundo lugar, una considerable ampliación de los estados miembros de la UE. Hasta el último tercio de la década, la mayoría de los países siguieron avanzando, aunque a un ritmo desigual, por la senda de crecimiento económico, ya iniciada en el ecuador de la década anterior, hasta el drástico cierre de esta etapa expansiva en 2007.

Ya antes de que la crisis se iniciara, había claros indicios de las dificultades de varios países para reducir la desigualdad en este nuevo marco. En el análisis de los cambios de la desigualdad por fuentes de renta entre mediados de la anterior década y esta, la OCDE (2008) ya alertó de que, en la mayoría de los países europeos, la desigualdad estaba aumentando en varias de esas fuentes. En el caso de España, sin embargo, la fortaleza del crecimiento económico y, sobre todo, la intensidad de la creación de empleo, mucho mayores que en el promedio europeo, permitían augurar una nueva recuperación de la tendencia a la reducción de las diferencias con el resto de países de la UE, aunque los cambios en algunos de los instrumentos redistributivos más importantes anticipaban asimismo una posible pérdida de su capacidad redistributiva 69 . ¿Sirvió este intenso crecimiento para, a diferencia de lo sucedido en la década previa, reducir las distancias en pobreza y desigualdad? La evidencia disponible a partir de los microdatos de la ECV de la UE sugiere una respuesta negativa a tal cuestión, al mostrar que los indicadores españoles eran más elevados que el promedio europeo (véase el gráfico 14).

Gráfico 14. Evolución de la desigualdad de la renta disponible en los años anteriores a la crisis (índice de Gini)

FUENTE : European Union Statistics on Income and Living Conditions (Eurostat).

En casi todos los países creció la desigualdad, aunque de manera moderada, y España no consiguió rebajar el diferencial respecto de los principales países de la UE, incluso aunque el aumento de las diferencias de renta ente los hogares fuera elevado en algunos casos, como el de Alemania. En dicho país, si bien la desigualdad creció en los años inmediatamente anteriores a la crisis, se invirtió este proceso con el desarrollo de esta, en parte debido al impacto positivo de los instrumentos temporales de compensación de shocks adversos en el mercado de trabajo, que fueron reforzados a través de diferentes medidas (Grabka y Frick, 2012). La desigualdad aumentó considerablemente, sin embargo, entre 1999 y 2006, sobre todo por el aumento del desempleo, el ensanchamiento de las diferencias salariales y los cambios en el sistema tributario (Biewen y Juhasz, 2012).

Por tanto, se prolongó la tendencia mostrada en la década anterior de contención de la convergencia. Después de los avances de la década de 1980 en el acercamiento a los niveles medios de desigualdad en la UE, en los años siguientes este proceso se detuvo, pese al impulso favorable que supuso la expansión prolongada de la economía y el empleo.

La desigualdad en España desde la crisis desde la perspectiva comparada

La detención del proceso de convergencia en los indicadores de desigualdad respecto del promedio europeo en los años anteriores a la crisis tiene implicaciones sociales relevantes. Si no se consiguió reducir la distancia con el conjunto europeo en los indicadores de bienestar social, cuando el crecimiento económico era muy superior al de los países de nuestro entorno, es difícil pensar en una disminución de ese diferencial en un contexto en el que el mayor deterioro de la actividad económica y, sobre todo, del empleo fue mucho más profundo. Tal como se vio en el segundo apartado, el crecimiento de la desigualdad durante la crisis en España evaporó en un margen muy breve buena parte de las ganancias registradas durante las tres décadas anteriores.

La disponibilidad de información homogénea de microdatos comparables de los ingresos de los hogares que ofrece EUSILC permite comparar la evolución de la desigualdad en la crisis en la mayoría de los países europeos. Tal como muestra el gráfico 15, España, que ya partía de niveles muy altos de desigualdad en el contexto comparado, fue uno de los tres países de la UE donde más creció la desigualdad con la crisis 70 . El aumento de la desigualdad fue incluso superior al de algunos de los países rescatados o al de otros donde la caída en términos reales de la renta disponible mediana fue mayor que la registrada en España, como Grecia, Chipre, Irlanda, Eslovenia y Reino Unido, lo que abre posibles interrogantes sobre las razones de la mayor traducción de la caída de la actividad económica en un aumento de la desigualdad mayor que en otros países.

Gráfico 15. Evolución de la desigualdad de la renta disponible en la crisis (Variación del índice de Gini, 2007-2014)

FUENTE : European Union Statistics on Income and Living Conditions (Eurostat).

Del mismo gráfico también se infiere una amplia pluralidad de patrones en los países europeos en la incidencia de la crisis sobre la distribución de la renta, con casi un mismo número de ellos en los que aumentó la desigualdad que en los que disminuyó. En una exhaustiva revisión de lo sucedido en los principales países de la OCDE, Jenkins et al . (2012) encontraron que los cambios en la distribución de la renta entre los hogares fueron, en general, modestos, incluso en los países donde el shock macroeconómico fue mayor. Una importante implicación de este resultado es que la estabilización de la distribución de la renta en contextos de turbulencias macroeconómicas puede llegar a ser un objetivo factible para las políticas públicas.

Una de las características diferenciales de la evolución de la desigualdad en España en la crisis es el marcado carácter regresivo de la caída de las rentas. Del conjunto de países considerados, España tuvo la evolución más regresiva, con crecimientos sensiblemente inferiores que la media en el caso de la decila más baja —en ningún otro país, salvo en Grecia, cayeron tanto las rentas más bajas, lo que se tradujo en un rápido aumento de las formas más severas de pobreza— y reducciones mucho más moderadas en el 10% con rentas más altas (véase el gráfico 16). No hay otro caso, ni siquiera entre los países rescatados por la UE, en el que fuera tan amplia la brecha en la evolución de las rentas de los extremos de la distribución.

En síntesis, caben pocas dudas de la mayor magnitud de los efectos de la crisis sobre los resultados distributivos en España y de la ampliación, de nuevo, de las diferencias respecto de los indicadores medios de desigualdad europeos. Siendo algo menos nítidos los factores explicativos de tales cambios, cabe citar en este proceso diferencial la magnitud cobrada por el desempleo, que llegó a superar en 2013 el 27% de la población activa, la reducción de la capacidad amortiguadora que tuvo en crisis anteriores la distribución del desempleo dentro del hogar —mientras en crisis anteriores el desempleo de la persona principal del hogar no llegó a alcanzar el 13%, en 2013 superó el 22,5%—, el veloz crecimiento de la desigualdad salarial y la reducción de la capacidad del sistema de impuestos y prestaciones para combatir el aumento de la desigualdad de las rentas primarias.

Gráfico 16. Evolución de la desigualdad de la renta disponible en la crisis (Variación real de la renta por percentiles, 2007-2014)

FUENTE : elaboración propia a partir de EUSILC.

Conclusiones

En las últimas décadas España ha registrado un progresivo proceso de acercamiento a los principales indicadores macroeconómicos de los países de nuestro entorno. Si bien la crudeza y la prolongación de la crisis económica provocaron una cierta inversión de la tendencia hacia la convergencia, quedan pocas dudas de que, en términos de renta per cápita y otros agregados macroeconómicos básicos, España ha ido avanzando por la senda de la reducción de las diferencias respecto de los principales países de la UE. El camino recorrido en el ámbito distributivo ha sido, sin embargo, más limitado. El retrato que ofrecen las estadísticas comparadas en la actualidad no es muy distinto del que había hace cuatro décadas, y en él domina la caracterización de España como un país con niveles muy altos de desigualdad en el contexto europeo.

Esta caracterización está condicionada por el efecto especialmente regresivo que tuvo la crisis sobre la desigualdad en España. Si bien antes de esta ya era un país con indicadores sensiblemente superiores a los de la media de la UE 27, el aumento del desempleo y la profunda caída de las rentas de los hogares situados en la parte inferior de la distribución de la renta supusieron que pasara a ser uno de los que presentaba las diferencias de renta entre los hogares más altas de la UE. En las décadas previas, la expansión del sistema de prestaciones sociales, aunque menor que en otros países de la UE, y de la progresividad de la imposición personal sobre la renta, contribuyeron a la traducción del crecimiento de la renta media española en una menor desigualdad. Este proceso, sin embargo, fue perdiendo fuerza a medida que iba creciendo la desigualdad en las rentas primarias y se iba reduciendo la propia capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones.

Sin embargo, como se ha señalado, la reconstrucción de los cambios en la distribución de la renta en el largo plazo no es nada fácil. A diferencia de otros países, algunos incluso con un menor nivel de riqueza que España, no hay una fuente que permita trazar un retrato homogéneo del comportamiento de la desigualdad en las últimas décadas. Por el contrario, la posibilidad de abordar tal objetivo está seriamente restringida por la sucesión de rupturas metodológicas en las fuentes estadísticas, la desaparición de las encuestas que habían ido sirviendo como referencia y las dificultades, en general, para comparar las variables de ingresos de las distintas bases de datos, incluso las que, en apariencia, se hallaban elaboradas con el mismo formato y objetivo. No obstante, en las dos últimas décadas se han producido algunos avances importantes, como la creciente disponibilidad de datos administrativos, el desarrollo de encuestas armonizadas con el resto de países de la UE y algunos progresos en la elaboración de bases de datos con información longitudinal sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

La explotación de ese conjunto de fuentes ha servido para poder cuantificar algunas de las realidades que hasta ahora se conocían de forma parcelada. Del análisis de las tendencias de la desigualdad en el largo plazo se desprende un amplio conjunto de resultados. El primero y más general es que el crecimiento de la renta media de los hogares españoles durante las cuatro últimas décadas ha tenido un carácter progresivo, si bien lo sucedido en la última etapa, como se acaba de señalar, con un profundo deterioro de las rentas más bajas, impide hablar de una mejora distributiva completa en el largo plazo. El segundo resultado más destacado es que la tendencia a la reducción de la desigualdad se quebró hace ya más de dos décadas. Las diferencias entre las rentas de los hogares españoles disminuyeron levemente durante la década de 1970, debido al desarrollo tardío de instrumentos básicos de los sistemas modernos de impuestos y transferencias, y alcanzaron durante la de 1980 su nivel más bajo, como resultado de la mejora general de las rentas en un contexto económico expansivo y, sobre todo, por el aumento del gasto social. Ese proceso se truncó, sin embargo, en el primer tercio de la década de 1990, cuando la breve pero intensa fase recesiva de la economía española elevó los indicadores de desigualdad a niveles que la posterior fase de prolongado crecimiento económico y del empleo no consiguió rebajar.

De hecho, este es uno de los rasgos más relevantes del análisis de los cambios en la desigualdad en España en el largo plazo: durante la larga etapa de bonanza económica, en la que la tasa de desempleo registró su valor más bajo de las últimas décadas, los indicadores de desigualdad apenas cambiaron. Con la crisis, finalmente, estos alcanzaron valores muy altos en un período muy breve, con una profunda caída de las rentas más bajas, una progresiva reducción del peso relativo del estrato de hogares con rentas medias y un impacto menor sobre las rentas más altas. Así, España fue el país de la OCDE donde tuvo lugar la mayor diferencia en la evolución de las rentas de los hogares en las decilas superior e inferior. El retrato, por tanto, de los efectos distributivos de la crisis es claramente regresivo: tuvo lugar un doble proceso de pérdida de renta en la sociedad española, con niveles medios en términos reales inferiores a los que había una década antes, y un aumento de la participación sobre el total de los más ricos.

Son varias las implicaciones de este comportamiento de la desigualdad en el largo plazo. En primer lugar, esta evolución permite inferir que el shock que supuso la crisis económica podría tener efectos duraderos sobre la distribución de la renta. La experiencia de cambios de ciclo anteriores, como el de los primeros años de la década de 1990 y la expansión posterior, cuando no se recuperaron los indicadores anteriores a la recesión a pesar del crecimiento del empleo, alerta de que el ensanchamiento de las diferencias de renta en la crisis puede dar lugar a niveles de desigualdad considerablemente superiores a los de las últimas décadas, que se pueden prolongar en el tiempo.

En segundo lugar, tanto la contención del proceso de reducción de la desigualdad en la década de 1990 como el espectacular crecimiento de los indicadores desde el inicio de la crisis han alejado de nuevo a España de los valores medios europeos y, sobre todo, de los países de la UE con mayor nivel de renta. Esta creciente divergencia ha supuesto una progresiva pérdida de bienestar social, que cualifica negativamente los logros alcanzados en otros ámbitos.

Sigue pendiente, por tanto, la necesidad de abordar un problema estructural, que no solo merma la posición de España en los estándares relativos de bienestar comparados. El crecimiento de la fragmentación social y su mantenimiento en el tiempo suponen tanto el enquistamiento de un grave problema de inequidad como serias ineficiencias económicas. Como señala el Fondo Monetario Internacional (Ostry et al., 2014), la desigualdad puede socavar el progreso social, causar inestabilidad política y económica y rebajar el consenso social necesario para moderar los efectos de posibles shocks macroeconómicos adversos, limitando, por tanto, el ritmo y la duración del crecimiento económico. Así, aspirar a menores niveles de desigualdad debería ser una prioridad no solo de la política social, sino de la propia estrategia general de crecimiento económico.

La mejora de la actividad económica y la creación de empleo serán condiciones necesarias para rebajar los actuales niveles de desigualdad. No es fácil, sin embargo, que ambas realidades sean suficientes para que tal disminución alcance la magnitud necesaria para acercar los indicadores españoles a los europeos. La extensión del problema del empleo de bajos salarios, las dificultades para que posibles ciclos expansivos alteren sustancialmente las características básicas de la estructura salarial, la inercia en las desigualdades relacionadas con las rentas del capital y los límites del sistema de prestaciones sociales para moderar la dispersión de las rentas primarias, que constituyen los rasgos básicos del modelo distributivo, rebajan la probabilidad de que, sin cambios en los principales instrumentos redistributivos, los ciclos económicos favorables reduzcan la notable distancia que todavía separa los indicadores de desigualdad españoles de los que presentan los países de nuestro entorno.

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65 Las medidas que comparan la renta de distintos percentiles de la distribución de la renta son muy frecuentes en el análisis de la desigualdad. A veces se compara el porcentaje de renta que acumula un percentil en el tramo de mayores ingresos con el de otro percentil con rentas bajas. En otras ocasiones, se mide la distancia entre la renta que delimita estar en la decila o el quintil más rico con la que separa la decila o el quintil más pobre.

66 Un resumen de esas aportaciones puede verse en Álvarez et al. (1996).

67 Es el caso del citado estudio de Sawyer (1976). Dicho estudio, sin embargo, utilizó los primeros datos publicados y no los correspondientes a la posterior revisión que hizo el INE de la EPF de 1973/1974. Con los nuevos datos, España pasaba a tener una posición en el contexto comparado claramente más desfavorable.

68 Como se señaló, este indicador se diferencia del utilizado en apartados anteriores, en que se comparaba el porcentaje de la renta total que correspondía al quintil de mayores ingresos con el que acumulaba el 20% con rentas más bajas. En este caso, se mide el cociente entre la renta que delimita estar en la decila de mayor renta con la que define la pertenencia al 10% más pobre de la población.

69 Los datos disponibles muestran una pérdida paulatina de la capacidad redistributiva del IRPF en los años anteriores a la crisis (Onrubia y Picos, 2013).

70 Debido al cambio metodológico incluido en la Encuesta de condiciones de vida española desde 2009, los datos que se utilizan en esta comparación no son los que ofrece Eurostat, sino los calculados por los autores con la metodología anterior, que tomaba como ingresos del hogar los declarados por los entrevistados y no los extraídos de los registros administrativos.

Desigualdad de oportunidades y movilidad social

Olga Salido Cortés

En un contexto marcado por la crisis económica y la amenaza que el surgimiento de movimientos populistas y nuevos partidos de corte extremista suponen para la estabilidad política de las democracias consolidadas, la cuestión de la desigualdad y su transmisión intergeneracional han saltado al primer nivel del debate público. Es frecuente escuchar que el ascensor social se ha parado, pero ¿se paró en realidad? Y, en cualquier caso, ¿qué significa exactamente que el ascensor social se «pare»? Si lo que se pretende es describir el complejo proceso de transmisión de las ventajas y desventajas asociadas a la posición social de la familia de origen a través de las generaciones, sin duda la metáfora es desafortunada, aunque solo sea porque da a entender que vivimos en una especie de situación de parálisis, en la que nadie sube ni baja en la escala social como consecuencia de que los mecanismos que hacían posible el movimiento han dejado de funcionar, algo que casa mal con la fuerte expansión educativa vivida por nuestro país en las últimas décadas, que ha dado lugar a que más del 50% de las mujeres jóvenes de hoy tenga una titulación universitaria (exactamente, un 53,9% de las jóvenes de 25-29 años y un 42,6% de los varones de esta edad, según datos de la EPA). Unas cifras muy distantes de las que tuvieron los jóvenes de generaciones anteriores, especialmente en lo que respecta a las mujeres. La afirmación resulta incongruente, además, con el argumento que le suele acompañar sobre la imposibilidad de que los hijos progresen a nivel social tal como lo hicieron sus padres, lo que implicaría necesariamente la existencia de, al menos, movilidad descendente para algunos.

Muy alejado de metáforas impactantes y argumentos de corte grueso, el estudio de la movilidad social constituye, sin duda, una de las áreas en las que la sociología empírica ha conseguido mayores avances en el desentrañamiento de los mecanismos de la desigualdad social y su transmisión, y todo ello con un alto nivel de sofisticación metodológica y rigor analítico. El estudio de la movilidad social supone la indagación sobre cómo se desenvuelven los individuos en la vida y cuáles son los factores explicativos fundamentales de tal proceso. Su relevancia sociológica radica en la capacidad para informar acerca de los aspectos dinámicos del proceso de estratificación social, ayudándonos a comprender cómo se distribuyen los individuos en las distintas posiciones sociales, ya sea en términos de clase, ya sea en términos de estatus, prestigio, etc., a través de qué mecanismos y con qué consecuencias.

Como veremos a continuación, buena parte de la reflexión sociológica sobre la movilidad social está ligada a su dimensión macro, esto es, como proceso que permite (o no) el progreso de las sociedades hacia modelos más igualitarios, abiertos o «fluidos», en los que la condición social de origen no determine el logro social de los individuos. La idea es que el proceso de modernización que acompaña la industrialización y la terciarización de la economía debilita la fuerza de la asociación entre la posición de la familia de origen de los individuos y su logro individual, haciendo que puedan moverse en la estructura de clase con mayor facilidad, con independencia de su posición de partida, dando lugar a sociedades más meritocráticas y abiertas. Como se encargaron de poner de relieve Erikson y Goldthorpe (1992), la movilidad puede ser tomada como un elemento crucial en la formación de clase y, por tanto, en su potencialidad para articular la acción sociopolítica. Además, resulta innegable su relevancia política, ya que, bajo la idea de mayor movilidad social, se esconde también la de sociedades más justas, donde el origen social no condicione el destino de las personas. Por todas estas razones, la movilidad social constituye un área de indagación sociológica de mayor interés.

En este capítulo se examinan las principales tendencias y trayectorias de movilidad social de distintas cohortes de españoles y españolas, nacidos a lo largo de prácticamente la totalidad del siglo XX . En él se exploran asimismo las conexiones entre la movilidad social y la igualdad de oportunidades, intentando aportar datos que iluminen algunas de las cuestiones que atraviesan el debate contemporáneo, tanto académico como público, sobre la desigualdad.

El capítulo se organiza en tres grandes apartados. El primero realiza una aproximación al concepto de «movilidad social», clarificando los distintos tipos de movilidad y las formas de medida, lo que a su vez nos permitirá delimitar con claridad el alcance de los distintos tipos de análisis de la movilidad social que pueden realizarse y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. El segundo apartado presenta, de algún modo, el marco analítico que permea el análisis de la movilidad social, tal como se ha desarrollado hasta nuestros días. Finalmente, el tercer apartado expone de forma resumida los resultados de los principales estudios que se han realizado en España en las últimas décadas sobre la movilidad social.

¿Qué es la movilidad social? Tipos de movilidad y formas de medirla

De una manera sintética, podríamos decir que la movilidad estudia la transición entre la posición social de los individuos en dos momentos del tiempo dados. Pero, probablemente, esta definición resulta demasiado vaga para hacernos idea de qué fenómenos sociales involucra el análisis de la movilidad social. En primer lugar, hay que definir las posiciones de partida y de llegada de esas trayectorias, lo que en el análisis de movilidad se conoce como «origen» y «destino». La forma en que se definan estos momentos temporales, bien sea como dos hitos en distintos momentos de la propia biografía de los individuos, bien sea referidos a la posición de la familia de origen y la primera, actual o última del entrevistado o entrevistada, introduce una distinción básica en el análisis de la movilidad, entre movilidad intrageneracional y movilidad intergeneracional . En segundo lugar, es necesario acotar el tipo de movilidad que queremos estudiar. De este modo, podemos analizar la movilidad de ingresos, de prestigio, educativa, etc., y todo ello, con una perspectiva inter o intrageneracional. Cualquiera de ellas, salvo la de ingresos, que sería más bien movilidad económica, podría ser englobada bajo el término de «movilidad social», aunque es frecuente encontrarla como sinónimo o equivalente de la «movilidad de clase», de estatus socioeconómico o de prestigio. Siendo la movilidad intrageneracional relevante para comprender cómo les va la vida a los individuos y su capacidad para progresar socialmente a lo largo de sus trayectorias biográficas, la movilidad intergeneracional tiene, sin embargo, un mayor alcance, ya que permite abarcar cuestiones tanto de carácter macro como micro, relacionadas con la igualdad en diversos niveles y con distintos matices. Es por ello que la mayor parte de los estudios de movilidad se han centrado en el análisis de la movilidad intergeneracional, tal como haremos nosotros en este capítulo.

Básicamente, se pueden distinguir dos aproximaciones teórico-metodológicas en el estudio de la movilidad social, según se entienda esta como parte de un proceso de logro individual o de un proceso de transmisión de las oportunidades y ventajas asociadas a las distintas posiciones de la estructura de clase. En el primer caso, el interés principal se sitúa en la medición de la distancia social recorrida por un individuo, entendiendo el proceso de estratificación como un proceso de distribución de los individuos en posiciones sobre la base del mérito individual. Esta línea, muy influida por la corriente funcionalista, focaliza su atención en el «proceso de logro» en sí mismo, medido por las diferencias de estatus socioeconómico, prestigio, etc., entre padres e hijos a través de la asociación entre ambos, descomponiendo el proceso a través de ecuaciones estructurales que, a su vez, permiten estimar la fuerza de distintas variables intermedias (Blau y Duncan, 1967). De acuerdo con la teoría liberal de la sociedad industrial, cuanto mayor sea el grado de industrialización y desarrollo de las sociedades, mayor será el papel que la educación, en detrimento del origen social, desempeñará en el proceso de movilidad social. O, dicho de otra forma, con el tiempo y a medida que avanza el proceso de modernización ligado al desarrollo industrial, las sociedades tienden a ser más «abiertas», en términos de la facilidad que tienen sus miembros para ocupar posiciones en la escala social, con independencia de su posición de partida.

En el segundo caso el interés se centra en medir el grado en que las diferencias de origen, en términos de posición de clase, siguen siendo el principal criterio explicativo del proceso de reproducción social. Esta línea, iniciada por Sorokin ya a principios del siglo XX y continuada años después en los estudios de Glass en Gran Bretaña, fue reavivada por Goldthorpe y sus colaboradores en las décadas de 1980 y 1990 a través del proyecto CASMIN (Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations) y ha marcado en gran medida la agenda de investigación de la movilidad social desde entonces. El foco se centra en el análisis de los movimientos entre categorías ocupacionales o de clase de los padres (o madres) y de los hijos e hijas, lo que da lugar a tablas cruzadas o matrices de movilidad en las que se refleja la distribución de los hijos/as según su posición de origen en la estructura ocupacional o de clase. Estas tablas suelen tener el mismo número de categorías —de hecho, las mismas categorías y ordenadas de la misma manera, en las variables de fila y de columna, lo que, por lo general, da lugar a tablas cuadradas 71 (Hout, 1984)—. Aunque parte de este marco teórico-analítico del «logro de estatus» ha permeado la investigación sobre movilidad social en su conjunto, el análisis de las «tablas de movilidad» introduce una visión estructural de la desigualdad que, de algún modo, falta en la primera aproximación, permitiendo aislar los efectos del origen social y los relativos al cambio estructural de una manera más clara.

En el siguiente apartado retomaremos con mayor detenimiento el marco de análisis de la movilidad social, pero antes nos detendremos a considerar una distinción adicional en el análisis de la movilidad que hace referencia al nivel de abstracción y a la perspectiva de análisis empleados. En primer lugar, de acuerdo con el nivel de abstracción, conviene distinguir entre «movilidad particular» y «movilidad global». Como se recoge a modo de síntesis en la tabla 1, el análisis de la movilidad social puede referirse a procesos de movilidad particulares, que implican a clases de individuos, o a procesos de movilidad globales, referidos a las sociedades en su conjunto. Ambas aproximaciones llevan aparejado un concepto de movilidad social y un punto de vista implícito sobre los movimientos que se consideran movilidad, que, obviamente, condicionan su interpretación.

Centrándonos en el análisis de la movilidad de clase intergeneracional, cuando hablamos de la movilidad particular hacemos referencia a las trayectorias de movilidad que experimentan los individuos pertenecientes a distintas clases de origen. Se supone que estas dotan a sus miembros de recursos de tipo material y simbólico que los sitúan en una posición más o menos ventajosa de cara al acceso a las distintas posiciones de destino. Aquellos orígenes más aventajados a nivel social proporcionan un plus en términos de ventaja competitiva respecto de otros. Para sintetizar esta idea se utiliza el término de «oportunidades de movilidad», a semejanza del concepto weberiano de «oportunidades vitales» o life chances . Además, la cantidad de movilidad no es buen indicador de su determinación por el origen, pues depende del cambio en la estructura. Aunque el foco suele ponerse en las distintas clases de origen y en las trayectorias de movilidad que trazan sus miembros, el mapa completo de las trayectorias nos permite relacionarlas entre sí y nos da una idea de la estructura del proceso de transmisión de las ventajas y desventajas ligadas al origen social en una sociedad o un momento del tiempo dados.

Por su parte, la movilidad global supone una perspectiva de análisis distinta, que pone el foco en los procesos macro. Aquí la sociedad no se entiende ya como una estructura de clases diferenciadas con pautas propias de movilidad, sino, más bien, como un conjunto de clases indiferenciadas. Solo importa el grado en que, en el agregado de todas las trayectorias de movilidad, el conjunto de la sociedad sea más o menos móvil, así como qué movimientos son más o menos frecuentes, como, por ejemplo, los que mejoran o empeoran respecto de la posición de origen. Los investigadores suelen asumir un juicio de valor positivo hacia la movilidad global; esta valoración positiva viene de la tradición liberal, según la cual es malo que las posiciones sociales se hereden, tanto en términos de eficiencia como en términos de libertad y de igualdad. Cuanto mayor sea la movilidad y menor la inmovilidad o permanencia en la misma clase de origen, mayor será la probabilidad de que, en conjunto, los miembros de esa sociedad puedan moverse a lo largo de la estructura social o de clase en igualdad de condiciones. Ahora bien, esto solo se cumple si la estructura social no cambia, pues si unas clases aumentan su tamaño y otras lo disminuyen, la movilidad aumentará, pero la dependencia de los orígenes no tiene por qué disminuir. Imaginemos, por ejemplo, que surge una nueva élite, pero que solo tienen acceso a ella los descendientes de la élite anterior. De ahí la importancia de distinguir la movilidad que se debe al cambio estructural de la movilidad que habría en ausencia de este, llamada «movilidad circulatoria» o «fluidez social», como veremos más adelante.

Tabla 1. Niveles macro y micro en el análisis de la movilidad social: movilidad global y movilidad particular

Procesos de movilidad particulares (nivel micro o de los individuos, agrupados en clases)

Procesos de movilidad globales (nivel macro o de las sociedades)

Concepto de «movilidad»

Trayectorias de movilidad desde distintos orígenes hacia los distintos destinos en la tabla de movilidad

Volumen de los cambios de posición de clase tomados globalmente en el conjunto de la sociedad

Punto de vista

El de las clases de origen. Estas proveen a sus miembros de recursos materiales e inmateriales desiguales que son activados a través de diversos mecanismos y estrategias para optimizar la posición de destino

El del conjunto de la sociedad. Interesa el cambio global entre las distintas posiciones, en conjunto y por tipos, es decir, si la sociedad es más o menos móvil o fluida, qué tipos de movilidad predominan en ella (ascendente, descendente, etc.)

Cómo se interpreta

Igualdad de oportunidades para las clases de origen en el acceso a los distintos destinos

Grado de apertura o igualdad de la sociedad

En efecto, la movilidad observada en la tabla, tanto a nivel micro como macro, está condicionada precisamente por los cambios que se producen en la estructura ocupacional, que determinan a su vez el tamaño de las posiciones de origen y destino y las posibilidades objetivas de movimiento entre las distintas clases para los individuos. Estos cambios están asociados a factores económicos —como el cambio tecnológico, la industrialización y la terciarización de las economías—, así como a factores de tipo sociodemográfico —como la incorporación de las mujeres al empleo, los flujos migratorios, etc.—. Se suele considerar que el cambio estructural más importante, desde el punto de vista de la movilidad, a lo largo del siglo XX fue la transición desde las economías agrarias a las economías de servicios, con la consiguiente expansión de posiciones cualificadas de tipo no manual y profesional. Como resulta evidente, estos cambios favorecen estructuralmente la movilidad ascendente, al abrir mayores opciones de empleos cualificados en el destino que en el origen; cambios estructurales que son independientes de eventuales variaciones en la asociación entre orígenes y destino o, si se prefiere, en la fuerza con que el origen social marca las trayectorias de movilidad de los individuos.

Para algunas sociedades este tránsito se produjo de forma acelerada, sin prácticamente transición hacia una economía industrial, mientras que, en otras, el proceso se habría iniciado mucho tiempo atrás, como ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, condicionando las pautas y la intensidad de los cambios en la movilidad tanto a nivel global como particular. La preocupación por neutralizar la influencia de estos cambios estructurales en el proceso de movilidad, materializados en la diferencia de tamaño entre los marginales de origen y de destino, llevó a introducir los conceptos de «movilidad estructural» y de «movilidad circulatoria»; una distinción que, posteriormente, sería refinada a través de los conceptos de «movilidad relativa» y de «fluidez social», que resulta crucial para entender los desarrollos metodológicos y los avances de la movilidad social en las últimas décadas.

En general, el enfoque de la movilidad global cobra más sentido en comparaciones a nivel macro, con otras sociedades o entre distintos momentos a lo largo del tiempo para una misma sociedad, es decir, estudiando la movilidad global de modo relativo. La movilidad global y la movilidad particular están relacionadas, pero, al mismo tiempo, son independientes. Como señala Carabaña, «la relación entre ambas perspectivas de la movilidad es sencilla, pero no es lineal […] [ni] transitiva» (1999: 97). Es importante señalar, en este sentido, que no se pueden extraer conclusiones globales para el conjunto de la sociedad a partir de cambios en las pautas o trayectorias de movilidad de los distintos orígenes, ni a la inversa, es decir, conclusiones sobre el declive o la pérdida de oportunidades de una determinada clase —pongamos, por ejemplo, la clase media—, a partir de cambios en el volumen global de movilidad o en la pérdida de fuerza de la movilidad ascendente. Este tipo de aclaraciones no es algo trivial, ya que la confusión entre ambas dimensiones de análisis es frecuente en más de una instancia (véase, por ejemplo, el último informe de la OCDE [2019]).

Si sobreponemos ambas perspectivas de análisis de la movilidad social a la distinción hecha entre movilidad particular y movilidad global, resulta la clasificación de los distintos tipos de movilidad que se recoge en la tabla 2.

Tabla 2. Perspectivas y niveles de análisis de la movilidad social

Procesos de movilidad particulares (a nivel de los individuos, grupos o clases)

Procesos de movilidad globales (a nivel de la sociedad)

Perspectiva de análisis absoluta

MOVILIDAD ABSOLUTA PARTICULAR

MOVILIDAD ABSOLUTA GLOBAL

Perspectiva de análisis relativa

MOVILIDAD RELATIVA PARTICULAR

MOVILIDAD RELATIVA GLOBAL

Tanto la movilidad particular absoluta como la movilidad particular relativa entienden la movilidad como las trayectorias entre diferentes orígenes y destinos, pero, en el caso de la movilidad absoluta, se toma una perspectiva de análisis más descriptiva, examinando lo que les ocurre a los individuos de cada origen, mientras que, en el de la movilidad relativa particular, se toma una perspectiva comparativa, de manera que se refleja el éxito de cada clase en el proceso de transmisión intergeneracional de esta ventaja o desventaja de partida en términos comparativos en relación con otras clases.

Así, mientras desde una perspectiva particular absoluta se calculan las probabilidades de acceso a determinadas clases desde orígenes dados (expresadas a través de porcentajes de fila o tasas de salida), desde una perspectiva relativa lo que se mide es la ventaja competitiva que los miembros de unos orígenes sociales tienen sobre otros en el acceso a determinadas posiciones, bien a través de razones simples entre las probabilidades de acceso a distintas clases de destino diferentes desde un mismo origen (movilidad relativa simple), o bien a través de razones dobles entre las probabilidades de acceso a dos destinos distintos para dos orígenes distintos (movilidad doblemente relativa) (Carabaña, 1999; Fachelli y López, 2013).

A pesar de que las perspectivas analíticas y operativas son diferentes, los dos tipos de movilidad particular, absoluta y relativa, son relevantes en términos sociológicos. El análisis de la movilidad absoluta particular nos permite conocer hasta qué punto los individuos de orígenes sociales particulares tienen trayectorias de movilidad hacia posiciones más o menos ventajosas de la estructura social o de clase y, por tanto, hasta qué punto la ventaja o desventaja social se reproduce para los distintos orígenes sociales. La movilidad relativa particular, por su parte, permite conocer el grado en que las clases más aventajadas son capaces de transmitir su ventaja en comparación con otras clases (o al revés, las clases menos aventajadas de ascender en la escala social), aproximándola como un juego competitivo entre clases dotadas de distintos recursos al margen de constricciones estructurales. Por ejemplo, ¿tienen las mismas opciones los hijos de profesionales a la hora de alcanzar destinos de tipo profesional que destinos de clase trabajadora? (movilidad relativa simple); ¿y son esas probabilidades iguales o distintas entre, por ejemplo, los propios hijos de profesionales y los de clase trabajadora? (movilidad doblemente relativa).

En este sentido, la movilidad relativa se relaciona con un concepto particular de «igualdad», entendida como equiaccesibilidad a las distintas posiciones de la estructura ocupacional o de clase (con independencia del origen social). Sin embargo, no es posible discernir de manera automática qué parte de los cambios en el patrón de la movilidad relativa se debe a estrategias de colocación o de cierre social de las distintas clases, o a barreras de otro tipo, que pudieran tener que ver con aspiraciones y actitudes de los individuos (condicionadas o no por su posición de clase) o, incluso, con características de la estructura del empleo y el mercado de trabajo, que pudieran determinar de manera intrínseca la mayor o menor accesibilidad de determinadas posiciones.

Por su parte, cuando consideramos la movilidad de manera global, también podemos hacerlo desde una perspectiva absoluta o relativa. La movilidad global absoluta se refiere al volumen de movilidad o inmovilidad de una sociedad dada, tal como queda reflejada por los movimientos hacia arriba, desde orígenes sociales menos favorecidos a más favorecidos (movilidad ascendente), la estabilidad entre orígenes y destinos (inmovilidad o movilidad horizontal) o los movimientos hacia abajo (movilidad descendente). Cuanto mayor es la movilidad y menor la inmovilidad o permanencia en la misma clase de origen, mayor será la probabilidad de que, en conjunto, los miembros de esa sociedad puedan moverse a lo largo de la estructura social o de clase, con independencia de su origen social. Asimismo, da una idea de la medida en que las sociedades son móviles y si el conjunto de sus miembros experimenta mejoras en su posición social con respecto a las que ocupaban sus padres. En este sentido, nos ofrece una visión global del «progreso», entendido como mejora social, ocurrido entre las generaciones. Sobre todo sirve en comparaciones a nivel macro, con otras sociedades o entre distintos momentos a lo largo del tiempo para una misma sociedad.

La movilidad global absoluta está afectada, al igual que la particular absoluta, por los procesos de cambio estructural que puedan incidir en el peso o importancia relativos de las distintas posiciones de origen y de destino, de forma que el «progreso» asociado a altos niveles de movilidad social ascendente a nivel global puede estar condicionado por procesos de cambio estructural que supongan una mejora generalizada de las oportunidades de empleo en ocupaciones más cualificadas (como sucede con el paso de sociedades agrarias a industriales o terciarias).

La movilidad global relativa se define en relación con el grado de apertura de una sociedad dada, bajo el supuesto de que el grado de rigidez de una sociedad puede ser medido a través de la facilidad con que sus miembros pueden moverse entre distintas posiciones de origen y de destino. Lo que se mide, por tanto, es la asociación, o, mejor dicho, la falta de la misma, entre orígenes y destinos en la tabla de movilidad, con independencia de las diferencias entre las distribuciones de origen y de destino. En palabras de Carabaña, la movilidad relativa global «refleja la apertura de una estructura de clases, es decir, la facilidad con que la gente pasa de unas clases a otras» (1999: 33), tomada globalmente, para el conjunto de la sociedad. De nuevo encontramos aquí el concepto de «equiprobabilidad de acceso» para los distintos orígenes a las distintas posiciones de destino que ya veíamos en la movilidad relativa particular, aunque, en este caso, la perspectiva es más amplia, pues no se refiere a partes concretas de la tabla, sino al conjunto de ella tomada globalmente.

La movilidad total se descompone así en dos elementos: uno debido a los cambios en el tamaño de las clases (movilidad estructural) y otro debido a la facilidad de paso de una posición a otra (fluidez). El concepto de «fluidez social» recoge esta idea de facilidad en el movimiento global de los individuos entre las posiciones de origen y de destino, controlado por el tamaño de los marginales, es decir, separando la influencia en la asociación de la del tamaño de las clases.

La movilidad global relativa tiene una dimensión política ineludible que, necesariamente, la convierte en objeto de discusión y debate más allá del ámbito académico. Mientras el objeto es complejo (la igualdad, entendida como fluidez social o equiprobabilidad en el acceso a las distintas posiciones de la estructura social o de clase), su vulgarización a menudo es reduccionista y confunde los niveles de análisis, siendo frecuente usar de manera indistinta los términos «estructura de oportunidad», «movilidad global» o «apertura de las sociedades» e, incluso, en ocasiones, en términos normativos, de las sociedades más justas.

El análisis de la movilidad social: de las teorías de la sociedad industrial a la actualidad

El estudio de la movilidad social se enmarca en la teoría liberal de la sociedad industrial, que tiene a su vez en la teoría funcionalista de la estratificación social y, más en concreto, en sus desarrollos dentro de la sociología norteamericana de posguerra, su principal referente (Davis y Moore, 1945). Frente al pesimismo de las predicciones de la teoría marxista, que dibujaban un escenario marcado por el conflicto de clase y la creciente polarización, desde la teoría liberal del industrialismo se señala una tendencia convergente en las sociedades industriales a niveles altos y crecientes de movilidad global y apertura sociales, entendidos como un resultado funcional del propio desarrollo industrial (Lipset y Bendix, 1959).

Blau y Duncan (1967), en su obra The American Occupational Structure, articulan la relación entre el desarrollo de las sociedades industriales y la movilidad social, postulando un mayor universalismo y un debilitamiento progresivo de la influencia del origen social en el proceso de logro individual como un rasgo general de las sociedades industriales occidentales. La idea principal es que, como resultado del proceso de industrialización, la adscripción dará progresivamente paso al logro a través del papel creciente del logro educativo, lo que a su vez dará lugar a sociedades más meritocráticas y móviles.

La figura 1 muestra el denominado «triángulo OED», que resume las principales hipótesis sobre las relaciones entre origen social (O), logro ocupacional (D) y logro educativo (E), así como la evolución esperada de las mismas como resultado del proceso de industrialización, de acuerdo con el planteamiento de la teoría liberal del industrialismo . La evolución de la relación entre las distintas partes del triángulo OED estaría marcada por un debilitamiento de la relación entre el prestigio del padre y el de los hijos (OD) y entre el origen y el logro educativo de estos (OE), en contraste con un reforzamiento de la asociación entre el logro educativo y el logro individual (ED).

Figura 1. Triángulo OED

Siguiendo a Erikson y Goldthorpe (1992), tras las tesis del industrialismo cabe señalar efectos de diferente naturaleza. En primer lugar, efectos de tipo estructural, ligados a la racionalización creciente y a la complejización de la división del trabajo que acompañan el desarrollo industrial. Como consecuencia de estos procesos, se produce un incremento de las posiciones que requieren altos niveles de cualificación, mientras los empleos no cualificados, mayoritarios en las sociedades preindustriales, tienden a declinar en número e importancia. En segundo lugar, efectos procesuales, relacionados con cambios en el propio proceso de la movilidad social, ya que el desarrollo económico induce el tránsito de la adscripción al logro y de los valores particularistas a los universalistas. La asignación de los individuos a las distintas posiciones se hace en mayor medida de acuerdo con criterios de tipo racional, atendiendo al mérito individual y no a factores adscriptivos, lo que debilita el vínculo entre el origen social y el logro individual. En este proceso, la expansión educativa y la mayor igualdad de oportunidades de acceso a los niveles superiores de la educación desempeñan un papel crucial para garantizar una mano de obra lo suficientemente cualificada y unos procesos de selección basados en el mérito individual como criterio funcional a la eficiencia del sistema industrial. En tercer lugar, el hecho de que sean precisamente las ocupaciones más cualificadas las más dinámicas y expansivas hace del proceso algo universal, reforzando el proceso global descrito a través de un efecto de composición .

Entendida como un requisito funcional del sistema, a la vez que como la principal consecuencia de la lógica de la sociedad industrial, la movilidad social se convierte así en un elemento básico para la comprensión del funcionamiento de las sociedades industriales modernas. No obstante, pronto diversos estudios ponen en cuestión la existencia de una tendencia al aumento de la movilidad ligada al desarrollo industrial. La investigación temprana de Lipset y Zetterberg (1959) arroja como resultado, más que una tendencia continuada al incremento de la movilidad asociada al proceso de industrialización, la existencia de tasas de movilidad observada similares en las distintas sociedades industriales. Habría un efecto umbral, ligado a factores de tipo estructural y motivacional, a partir del cual las tasas de movilidad se mantienen altas y estables en las sociedades industriales. Featherman, Jones y Hauser (1975) reformulan a su vez la hipótesis de Lipset y Zetterberg e introducen una distinción importante entre movilidad observada y circulatoria o de intercambio. Estos autores plantean que, a pesar de la existencia de discrepancias entre las tasas de movilidad observada de los distintos países (como resultado de diferencias históricas y culturales en sus estructuras ocupacionales), hay un patrón común de movilidad, en términos de la asociación entre orígenes y destinos, una vez que las diferencias en los marginales de la tabla debidas a la movilidad forzada por el cambio estructural son controladas. Este patrón es común a las sociedades industriales con una economía de mercado y un sistema de familia nuclear, con variaciones en intensidad entre países en función de sus particularidades históricas o culturales (Featherman et al., 1975).

Las hipótesis funcionalistas de la sociedad industrial serán de nuevo revisadas y contrastadas empíricamente por Erikson y Goldthorpe (1992), quienes, a través del proyecto CASMIN, abrirán paso a una nueva agenda comparativa internacional que ha marcado en gran medida el camino seguido hasta la actualidad por la investigación en movilidad social (Hout, 2014; Hout y DiPrete, 2006). La disponibilidad de grandes bases de datos y la mejora en la capacidad de procesamiento de los mismos, así como el desarrollo y refinamiento de las técnicas de análisis de la tabla de movilidad a través de los modelos log-lineales, favorecerán la posibilidad de delimitar con mayor precisión los efectos de carácter estructural en el proceso de movilidad social intergeneracional de aquellos relacionados con el debilitamiento (o reforzamiento) de la capacidad de las distintas clases de origen para la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones y el aumento de la fluidez social.

Con todo, el principal resultado de la investigación de Erikson y Goldthorpe (1992) es la confirmación de la constancia de la fluidez de clase dentro de cada país, que da título propiamente al libro The Constant Flux («modelo de fluidez social constante» o CnSF). Otro resultado importante de la investigación de Erikson y Goldthorpe es que la fluidez social, si no igual, es al menos muy semejante entre países, confirmando la hipótesis de Featherman, Jones y Hauser (1975). En los nueve países del proyecto CASMIN, el llamado «modelo CmSF» (modelo de fluidez social común) explica el 94,7% de la asociación entre orígenes y destinos que se da en las nueve tablas y solo clasifica mal un 4,2% de los casos. Rechazarlo, dicen Erikson y Goldthorpe, sería lo mismo que «tirar el niño sociológico con el agua del baño de la estadística» (1992: 116). Para no cometer este error, los autores construyen, a partir de las tablas de movilidad de Francia e Inglaterra, un modelo de referencia que no cambie al quitar o añadir países. Tras comparar quince de ellos, concluyen que la fluidez social de todos puede obtenerse con ligeras modificaciones de este modelo nuclear (Core Social Fluidity Model, o CrSF). Vale para los nueve países centrales del proyecto CASMIN, además de para Australia, Estados Unidos, Japón, Checoslovaquia y el norte de Italia (pero no para el sur de Italia). Las diferencias entre países encontradas, en términos de apertura social o fluidez social, y la importancia relativa de distintas dimensiones relacionadas con la herencia ocupacional o la jerarquía (las variaciones en el modelo CrSF) se interpretan como fruto de rasgos idiosincráticos, producto de las particularidades históricas e institucionales de cada país. La principal conclusión de su trabajo es que, si existen cambios en las tasas de movilidad relativa a través del tiempo, estos se asemejan más a una pura fluctuación sin tendencia, ligada a particularidades históricas de cada país, más que a una tendencia definida asociada al proceso de industrialización, tal como planteaban las teorías del industrialismo. Echeverría (1999) y Carabaña (1999) confirmaron el CnSf y el CrSF para España, con algunas discrepancias ligadas fundamentalmente a la fuente de datos utilizada. No obstante, investigaciones posteriores han puesto en cuestión la persistencia de la desigualdad a partir de la estabilidad de las tasas de movilidad relativas entre países (Breen, 2004), críticas que se perfilan con máxima claridad en los últimos trabajos de este mismo autor, a los que haremos referencia más adelante (Breen, 2020; Breen y Müller, 2020).

En los últimos tiempos, la investigación sobre movilidad social ha puesto el foco sobre el debilitamiento efectivo del vínculo entre origen y destino a través del creciente papel igualador de la educación (Bernardi y Ballarino, 2016). Uno de los aspectos descuidados por la formulación primitiva del triángulo OED fue precisamente el efecto de interacción entre origen y destino (OD) y el papel desempeñado por la educación (E) en él. Como hemos señalado, de acuerdo con la teoría funcionalista se esperaba que la adscripción diera paso de manera progresiva al logro a través de la educación, fomentando sociedades cada vez más meritocráticas y móviles. Sin embargo, las investigaciones recientes ponen en cuestión los principales supuestos de las teorías del industrialismo (véase Goldthorpe, 2014 para una revisión). Por una parte, no se ha encontrado evidencia en favor de un reforzamiento de la relación ED dentro del triángulo OED; al contrario, al menos en los períodos más recientes, esta relación se ha debilitado, de manera que los destinos sociales de los individuos están no más, sino menos relacionados con su logro educativo (Goldthorpe y Jackson, 2008). Por otra parte, si en el pasado se encontró un cierto debilitamiento de la asociación OE (Shavit y Blossfeld, 1993), la tesis de la «desigualdad persistente», esto es, la persistencia de la influencia del origen social en el logro educativo de los individuos, parece cobrar cada vez más fuerza (Barone y Ruggera, 2018; Bukodi y Goldthorpe, 2018).

La universalización de la educación no garantiza la neutralización de la desigualdad entre el origen social y el logro educativo, en tanto que la saturación de los niveles de estudios más altos encuentra como respuesta nuevas estrategias de reestratificación que resultan inaccesibles para los individuos de orígenes sociales no privilegiados (Ichou y Vallet, 2011; Vallet, 2020). Finalmente, tampoco hay evidencia concluyente de una tendencia hacia el debilitamiento de la relación OD, con discrepancias importantes entre países que impiden la generalización. Algunos autores han encontrado que este debilitamiento se debe fundamentalmente a un efecto de composición asociado a la expansión educativa, ya que la asociación ED se debilita precisamente entre los orígenes sociales más aventajados (Goldthorpe y Jackson, 2008).

En un trabajo reciente, Richard Breen y W. Müller (2020) realizan un análisis del papel de la educación sobre las tendencias de la movilidad intergeneracional para los nacidos entre la primera década y los años setenta del siglo pasado en diversos países europeos, entre los que se encuentra España. Su principal conclusión es que existe una cesura generacional entre las personas nacidas antes y después de 1950 que va en detrimento de las oportunidades de movilidad de estas últimas. El autor concluye que la expansión de la oferta educativa y su distribución más equitativa con respecto a los orígenes sociales fueron los factores más importantes detrás del incremento de la movilidad ascendente y del de la fluidez social en la primera mitad del pasado siglo, tanto para hombres como para mujeres, pero esta tendencia se habría revertido para las cohortes nacidas a partir de 1950. Se trata de unas tendencias comunes a todos los países analizados, aunque, en el caso de España, con una pauta retardada, que apunta tanto al incremento de la movilidad descendente sobre la ascendente como al estancamiento de la fluidez social, invirtiendo las tendencias previas. Este panorama es algo más halagüeño para las mujeres, aunque ello no ha revertido su posición secundaria en los distintos niveles de la estructura ocupacional y de clase. Unas conclusiones que son refrendadas para España por los estudios recientes (véase Fachelli et al., 2020), que encuentran que la expansión educativa es la que tiene un mayor efecto sobre la fluidez social.

Movilidad social en España: principales tendencias

La década de 1990 supone en España un punto de inflexión importante en el estudio de la movilidad. La aparición de nuevas bases de datos, con una muestra suficiente y un diseño comparable con las que se habían realizado décadas atrás en otros países de nuestro entorno, abrió por primera vez la posibilidad de realizar estudios comparativos de movilidad social a nivel internacional en nuestro país 72 (Echeverría, 1999; Carabaña, 1999; Rodríguez, 1993; Salido, 2001).

En esta sección intentaremos resumir los resultados de los principales estudios realizados en España sobre movilidad social, en especial los del detallado trabajo de Carabaña a partir de la Encuesta sociodemográfica, que, gracias a su elevado tamaño muestral, permite hacernos una idea de las principales pautas de movilidad social y de sus tendencias de cambio a lo largo de casi la totalidad del siglo XX en perspectiva comparada. El período más reciente será abordado a partir de los datos de la Encuesta de condiciones de vida (ECV), realizada por el INE en 2005 y 2011 y objeto también de análisis por diversos autores (Marqués y Herrera, 2010; Fachelli y López, 2015). Los análisis que se presentan se realizan sobre versiones más o menos desagregadas del esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (1979), al que nos referiremos como «EGP».

La distinción entre movilidad absoluta y relativa resulta crucial para fijar el foco de nuestra indagación, pero más aún la distinción entre el nivel de análisis micro y macro o, de acuerdo con la terminología que hemos introducido más arriba, entre movilidad global y particular (véase la tabla 1). Partiremos, en primer lugar, del examen de la movilidad particular, tanto en términos absolutos como relativos, por tratarse de algo más concreto y específico, para terminar con el análisis de la movilidad global.

La movilidad particular

Comenzamos considerando cómo han cambiado las pautas de movilidad de las distintas clases sociales a lo largo del tiempo. A diferencia del estudio de la movilidad global, aquí el foco no incide en el conjunto de la tabla (porcentajes de tabla para distintas particiones de la misma o grado global de asociación entre orígenes y destinos, según se considere desde una perspectiva absoluta o relativa), sino en cada una de las clases de origen, lo que nos lleva a fijarnos en los porcentajes de fila u horizontales. Analizamos las pautas de movilidad particular primero desde un punto de vista absoluto, considerando cómo se distribuyen los individuos de distintos orígenes sociales en las distintas posiciones de la estructura ocupacional o de clase, para después hacerlo desde un punto de vista relativo, fijándonos en las posiciones de clase de destino concretas y comparando entre sí las probabilidades de acceder a ellas.

Siguiendo los análisis realizados por Carabaña (1999), el gráfico 1 (paneles a, b, c y d) resume las principales pautas de movilidad particular a partir del esquema reducido EGP4 para hombres y mujeres. Este análisis nos permite una primera aproximación a las grandes tendencias y períodos de la movilidad particular en nuestro país para un número elevado de cohortes quinquenales (nacidas entre 1907 y 1966). Lo primero que hay que destacar es la diversidad de los destinos según las clases de origen. En general, los destinos más frecuentes para las clases agrarias son los agrarios y obreros, siendo muy pocos los que llegan a destinos no manuales. Los destinos mayoritarios de las clases obreras son principalmente en las mismas posiciones, con solo algunos más ascendiendo a no manuales. De modo casi simétrico, los destinos más frecuentes de las clases no manuales también son no manuales, con pocos de sus vástagos descendiendo a obreros o campesinos. En medio se encuentra la clase de los trabajadores por cuenta propia, o pequeña burguesía (IVab), que se distribuye de manera más proporcionada entre todos los destinos, con la excepción de los de carácter agrario.

Ahora bien, esta diversidad es a su vez dispar para hombres y mujeres y evoluciona de modo distinto para unos y otros. En el caso de los hombres, la impresión que sobresale al examinar los cuatro paneles del gráfico 1 en conjunto es que las trayectorias desde los distintos orígenes están principalmente marcadas por la estabilidad. Un origen en las clases I-III garantiza una probabilidad sostenida en torno al 60% de llegar a estas mismas clases a lo largo de todo el período, esto es, una probabilidad que queda, además, muy alejada de la correspondiente a las demás clases de origen. Esta probabilidad es creciente hasta la cohorte nacida en 1942-1946, a partir de la que se estabiliza, con una bajada en las cohortes más jóvenes. Una imagen paralela se reproduce en el caso de los orígenes manuales, cuyos hijos tienen una probabilidad elevada de permanecer en la clase de procedencia, muy por encima de la del resto. En cuanto a la pequeña burguesía (clase IVab), parece distribuir sus miembros entre las tres clases no agrarias en proporciones similares y sin grandes cambios a lo largo de todo el período.

Gráfico 1. Tasas de movilidad desde distintos orígenes por cohorte de nacimiento y sexo. EGP4

FUENTE : elaboración propia a partir de Carabaña (1999).

La excepción a esta regla la representan, sin duda, los hijos de orígenes agrarios, quienes experimentan hasta la cohorte 1942-1946 una fuerte movilidad ascendente hacia las clases manuales y, con posterioridad, aunque mucho más débil, hacia clases no manuales. Con todo, el movimiento más llamativo es la abrupta caída de la propia movilidad horizontal o inmovilidad de los hijos de campesinos: mientras uno de cada dos de los nacidos en la primera cohorte se quedaba en la propia clase de origen, apenas lo hacía uno de cada cinco de los nacidos en la cohorte 1942-1946. El éxodo del campo hacia la ciudad, de las clases agrarias hacia manuales y, en menor medida, no manuales, marca de una manera nítida la trayectoria de la movilidad masculina durante los dos primeros tercios del siglo XX .

Este panorama contrasta fuertemente con el que reflejan las pautas de movilidad de las mujeres, cuyo rasgo más destacado es, por el contrario, la movilidad de carácter ascendente, tal como se puede comprobar en la parte derecha de los distintos paneles del gráfico 1. En particular, se produce un incremento importante de las probabilidades de acceso a las clases no manuales desde todos los orígenes, con una mayor intensidad para las propias hijas de las clases no manuales y menor según se consideran orígenes más bajos.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la probabilidad de acceso a las clases no manuales, si tenemos en cuenta el camino recorrido, podríamos decir que la trayectoria seguida fue mucho más intensa y exitosa para las que provenían de las clases agrarias y manuales: entre las mujeres más mayores, la probabilidad de acceder a posiciones no manuales era ya del 40% entre las propias hijas de clases no manuales, mientras que tan solo un 3% de las mujeres de orígenes agrarios y un 8% de las de origen manual alcanzaban alguna de estas clases de destino (I-III). En contraste, entre las más jóvenes, la probabilidad de acceso a las clases I-III se había multiplicado, respectivamente, por 2, 5,5 y 8,3 veces para las hijas de orígenes en clases no manual, manual y agrario (alcanzando tasas del 77,3%, el 42,1% y el 24,9%, respectivamente). De acuerdo con estos datos, si tuviéramos que resumir el resultado de los procesos de movilidad experimentados por las mujeres españolas nacidas en los primeros dos tercios del siglo XX , la movilidad ascendente y la creciente apertura social serían, sin duda, los rasgos más destacados. Una impresión que, como veremos enseguida, se diluye cuando el análisis tiene en consideración un número mayor de clases.

En cuanto a las semejanzas y diferencias entre las pautas de movilidad de hombres y mujeres, lo más destacable es, precisamente, la radical falta de paralelismo entre ambos patrones, con la única salvedad de los orígenes agrarios. En este caso, la impresión general es la misma: un fuerte descenso de la inmovilidad agraria y una pérdida más moderada de oportunidades de acceso a agrario desde las demás clases. Un aspecto a destacar es que las suertes de quedarse en el campo son mayores para los hijos que para las hijas de campesinos, una pauta que está marcada por la segregación ocupacional y sectorial del empleo, pero también por las diferentes estrategias de reproducción social seguidas por las familias en función del sexo de sus hijos (González, 1997).

De acuerdo con estos datos, podríamos decir, pues, que las mujeres mejoraron más que los hombres su posición en la estructura de clase al hilo de los procesos de industrialización y, sobre todo, de terciarización de la economía española ocurridos durante los dos primeros tercios del siglo XX . Sin embargo, la principal distinción entre la movilidad particular de los hombres y la de las mujeres radica, precisamente, en la naturaleza de sus destinos, lo que imprime diferencias de carácter estructural en sus trayectorias de movilidad particular. La segmentación del mercado de trabajo por sexo condiciona que las mujeres vayan a empleos de tipo no manual, lo cual, obviamente, no significa que dentro de este se encuentren en las posiciones de mayor prestigio, siendo la norma más bien todo lo contrario (Charles y Grusky, 2005).

Para captar de manera adecuada las trayectorias de movilidad de hombres y mujeres y las diferencias entre ambas es necesario ampliar el nivel de detalle del esquema de clase. El gráfico 2 recoge las pautas de movilidad desde las distintas clases de origen, a partir de una versión ampliada a siete categorías del esquema EGP que permite considerar por separado las distintas clases que quedaban antes englobadas como «empleo no manual» (clases I (profesionales, directivos), II (técnicos), IIIa (administración) y IIIb (comercio y servicios) 73 . El mayor detalle del esquema de clases obliga a reducir el número de cohortes de nacimiento, que pasan de 11 a 6, al tiempo que el período de análisis se alarga gracias a las Encuestas de condiciones de vida, lo que nos permite considerar las cohortes nacidas entre 1901-1906 y 1976-1985.

¿Hasta qué punto la expansión del empleo de tipo no manual, en sus distintos niveles, se ha transformado en oportunidades de movilidad ascendente para las distintas clases de origen? Entre las hijas de profesionales, técnicos y administrativos, las probabilidades de acceder a empleos de este tipo representaban aproximadamente un tercio, con un incremento bastante agudo en el caso de las hijas de la clase IIIa, que pasan de ir masivamente a ocupaciones de tipo manual en la industria (clases V-VI-VIIa) a hacerlo a ocupaciones no manuales de cuello blanco, ligadas al empleo de oficina. Esta trayectoria se reproduce entre las hijas de empleados no manuales en el comercio y los servicios, y de las clases trabajadoras y agrarias. El gran movimiento de ascenso social de las mujeres a lo largo del siglo XX está ligado al boom en sus opciones de acceso a ocupaciones no manuales semicualificadas, que son las que quedan englobadas dentro de la clase IIIa, y tan solo para las nacidas a partir de 1961, a la democratización de su acceso a las profesiones y las posiciones más cualificadas del empleo no manual; unas posiciones altamente tipificadas por sexo, como pone en evidencia la diferencia en los porcentajes de acceso de hombres y mujeres, solo equiparables entre los propios hijos de la clase IIIa.

Gráfico 2. Tasas de movilidad desde distintos orígenes por cohorte de nacimiento y sexo. EGP7

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta sociodemográfica (1991) y la Encuesta de condiciones de vida (ECV, 2005 y 2011).

Así, aunque la terciarización de la economía también ha impulsado el crecimiento del empleo no manual ligado al comercio y los servicios, son las clases obreras y campesinas las que copan entre las mujeres estas posiciones, mientras se encuentran, no obstante, en declive entre las hijas de profesionales y técnicos (clases I y II), lo que puede interpretarse como un aumento de la rigidez de la estructura de clase en estos escalones. Estos mismos procesos de cambio estructural parecen haber afectado de manera mucho más débil a los hombres, con porcentajes de acceso a las clases IIIa y IIIb más bien estables a lo largo de todo el período analizado. El único movimiento común en las pautas de movilidad de las mujeres y los hombres es el declive de las probabilidades de acceso a clases agrarias.

Esto nos permite apreciar con claridad cómo la mejora de la posición de las mujeres, aun siendo en términos generales más notable que para los hombres, está claramente estratificada en función del origen social. De hecho, son las hijas de la clase de servicio las que más han aprovechado estas oportunidades de acceso a las posiciones más ventajosas de la estructura de clase (paneles a, b y c), mientras que las hijas de trabajadores menos cualificados dentro del empleo no manual (paneles d y e), así como de las clases obrera y agraria (paneles f y g), cambian los destinos agrarios como opción más probable entre las mujeres nacidas a comienzos del siglo XX , para reemplazarlas por empleos en los escalones más proletarizados del empleo no manual, encontrándose masivamente empleadas en ocupaciones no cualificadas de los servicios y el comercio. Unos resultados que no hacen más que poner de relieve que, cuando el foco se pone en las mujeres, resulta necesario tener en cuenta las diferencias estructurales entre las distribuciones de origen y destino, marcadas por la segregación ocupacional por sexo (Salido, 2001).

Pasemos ahora a considerar estas mismas pautas de movilidad desde el punto de vista de las clases de destino, preguntándonos, en términos relativos, hasta qué punto las diversas clases han estado más o menos abiertas para los diversos orígenes. De este modo, ponemos el foco en la equiaccesibilidad de los distintos destinos, no en el origen, como hemos hecho hasta ahora.

En los distintos paneles del gráfico 3 se representa la evolución de las trayectorias de movilidad desde los distintos orígenes de clase hacia cada una de las posibles clases de destino para hombres y mujeres dentro del esquema EGP7.

Empezamos por la movilidad hacia la clase I, o clase de servicio, formada básicamente por profesionales y directivos, considerada el escalón máximo en el esquema de clase EGP. Dos hechos resaltan: en primer lugar, que el origen en la propia clase I condiciona en gran medida la probabilidad de acceso a estas posiciones, proporcionando una ventaja competitiva clara sobre el resto, y esto tanto para hombres como para mujeres; en segundo lugar, la fuerte discrepancia en las probabilidades de acceso entre hombres y mujeres y su variación en el tiempo, que son mayores entre los primeros que entre las segundas para todos los orígenes y a lo largo de todas las cohortes de edad. Tan solo a partir de las cohortes nacidas en la década de 1960 y con posterioridad las probabilidades de acceso a estas clases igualan entre las hijas de la clase I las de sus teóricos hermanos, superándolas en el caso de los demás orígenes. La ilusión del gran ascenso social de las mujeres y la ruptura de la importancia del origen social y de la desigualdad de género de nuevo se diluyen, al menos para las cohortes nacidas con anterioridad a 1960. En un principio, la expansión de las profesiones no neutraliza las desigualdades de origen ni las de género, siendo únicamente en la última etapa cuando se traducen en una apertura más clara de la estructura de clase.

Véamoslo más despacio. En el caso de los hombres, entre la cohorte mayor, nacida a principios del pasado siglo, los hijos de profesionales accedían a esta misma clase en un 38,9%, una probabilidad que se mantiene prácticamente inalterada, en torno al 40-45%, a lo largo de todo el período considerado. No obstante, la probabilidad de acceso crece de manera exponencial para los hijos de técnicos (clase II) hasta la cohorte 1946-1960, y de empleados administrativos (IIIa) a lo largo de todo el período, aunque permaneciendo aún a distancia de la clase I. Al final del período, la probabilidad de acceso a la clase I para las clases II y IIIa era, respectivamente, del 16,5% y del 26,9%. El contraste con las mujeres es máximo: para las hijas de profesionales de la cohorte mayor, la probabilidad de acceder a una posición de este tipo apenas rozaba el 4% —es decir, una décima parte de la de sus coetáneos varones—, muy semejante a la que tenían las hijas de técnicos y no muy distante de las de las mujeres de otros orígenes sociales. A tenor de estos datos, podríamos decir que a principios del siglo XX , los destinos de tipo profesional y directivo englobados en la clase I simplemente estaban vedados a las mujeres, incluso a aquellas cuyos orígenes sociales estaban en esta misma clase. Una situación que cambia de forma favorable a lo largo de las distintas cohortes, pero, al igual que en el caso de los hombres, sin dejar de estar claramente marcada por el origen social. Quienes más aumentaron sus opciones fueron, lógicamente, las hijas de la propia clase I, aunque solo para alcanzar en la cohorte 1946-1960 una tasa del 24,9%, muy lejana del 42,1% de los hombres y a la que solo alcanzan a igualar las nacidas en la cohorte más joven, 1976-1985. En el resto de las clases, la probabilidad de acceso aumenta significativamente a partir de la cohorte 1960-1976, pero para estabilizarse después, manteniéndose claramente la jerarquía de origen.

El panorama parece más homogéneo en cuanto al acceso a la clase II, tanto en términos de orígenes como de la semejanza entre las pautas de hombres y mujeres. Aunque las probabilidades de acceso siguen siendo menores para las mujeres que para los hombres, las diferencias por sexo se atenúan. Aun así, la diferencia principal es que, mientras las probabilidades de acceso a esta clase para los hijos de las clases I y II tienden a disminuir a lo largo del período (como consecuencia, sobre todo en el caso de la clase II, de su creciente acceso a la clase I, probablemente fruto de una mayor complejización de la división técnica del trabajo) y a aumentar para el resto, en el caso de las mujeres el incremento es generalizado, aunque más matizado cuanto más alta es la posición de partida. Las hijas de la clase I acceden en la cohorte 1946-1960 en un 24,6% (frente al 21,5% inicial) y las hijas de trabajadores agrarios, en un 5% (frente al 0,6% inicial), con el incremento más importante entre las hijas de las clases IIIa, IIIb y IVab. Es decir, al revés que en el caso de los hombres, las mejoras se produjeron para las mujeres pertenecientes a clases con una posición más alta en la jerarquía social. En cualquier caso, es notorio que a partir de la cohorte 1961-1976 las probabilidades de las clases más altas disminuyen tanto para hombres como para mujeres, aumentando entre los hijos e hijas de agrarios, algo que podría interpretarse como una democratización de la estructura de oportunidad, aunque bien pudiera estar influido por el cambio de fuente que concierne precisamente a las cohortes más jóvenes.

Gráfico 3. Tasas de movilidad hacia las distintas clases de destino por cohorte de edad. EGP7

FUENTE : elaboración propia a partir de Carabaña (1999) y ECV, 2005-2011.

Todos estos cambios nos ayudan, así, a explicar y matizar el incremento de la movilidad ascendente de las mujeres hacia las nuevas posiciones no manuales examinado anteriormente. El verdadero motor de dicho cambio radica en el incremento exponencial de las probabilidades de acceso al empleo no manual de tipo administrativo (clase IIIa) para las mujeres de todos los orígenes sociales, que no encuentra equivalente entre los hombres. De hecho, la tendencia creciente entre los hijos de la clase IIIa, la única clase con una probabilidad creciente según la ESD, se trunca en las cohortes más jóvenes.

Resumiendo, podríamos decir que las mujeres abandonaron masivamente el empleo en la industria para dirigirse hacia el empleo no manual, pero con una fuerte segmentación en función del origen social. Así ocurre en el caso de las que provenían de posiciones más ventajosas, para situarse en sus escalones más altos, y en el caso de las hijas de obreros de la industria y el campo, en sus escalones más bajos. En cuanto a los hombres, los cambios en las pautas de movilidad fueron menos intensos, manteniéndose en gran medida las inercias de transmisión de la ventaja social inalteradas, lo que nos lleva a la aparente paradoja de una estructura de clase cambiante, que ofrece más oportunidades de movilidad ascendente, en especial para las mujeres, pero que produce una mayor desigualdad de oportunidades. Prueba de ello es que el acceso a las clases no manuales, sobre todo en sus escalones más altos, se ha hecho cada vez más desigual. Esto nos lleva a concluir, con Carabaña, que «en vez de hablar de la creciente incorporación de la mujer al trabajo habría que hablar de la incorporación a las profesiones no manuales de las mujeres con orígenes no manuales» (1999: 201).

Nuestro análisis también ha mostrado una fuerte discrepancia entre las oportunidades de movilidad de las hijas e hijos provenientes de las distintas posiciones de clase, que no vienen sino a dar cuenta de la desigualdad producida en la socialización entre hombres y mujeres, especialmente manifiesta en las élites o, al menos, en la clase con mayor nivel de prestigio y poder en el esquema EGP, esto es, la clase de servicio.

La movilidad global

Empezando por la movilidad absoluta global , el gráfico 4 recoge el resultado de los procesos de movilidad global —ascendente, descendente e inmovilidad— vividos por los hombres y las mujeres de distintas cohortes de edad a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX . Un somero análisis nos permite afirmar que la movilidad, y en particular la movilidad ascendente, es el rasgo más destacado que emerge a lo largo del período analizado.

Gráfico 4. Movilidad absoluta global por cohorte de edad y sexo en España. EGP7

FUENTE : elaboración propia a partir de Carabaña (1999) y Encuesta sociodemográfica .

La movilidad global ascendente experimentó un aumento sustancial para los hombres, a partir de la cohorte 1927-1931, y para las mujeres, a partir de la siguiente cohorte; una tendencia que se ralentiza desde los nacidos en 1942-1946 y las nacidas en 1947-1951. No obstante, la diferencia sustancial entre hombres y mujeres no es que los primeros hayan experimentado más movilidad ascendente que las segundas, sino que el patrón, que corría en paralelo hasta los nacidos aproximadamente a mediados del pasado siglo, con un ligero décalage de una cohorte para las mujeres, se invierte en el caso de los varones en las últimas cohortes, con un crecimiento de la movilidad descendente para estos últimos. Así, para los hombres nacidos en 1962-1966, la movilidad ascendente es aproximadamente 15 puntos menor que la de los nacidos 20 años antes, mientras que para las mujeres es apenas 3 puntos menor que la cohorte de movilidad máxima (en este caso, la nacida en 1947-1951). Como resultado, la movilidad descendente se incrementa, eliminando la brecha entre mujeres y hombres, que había llegado en el primer cuarto de siglo a su valor más alto, momento en que la movilidad descendente de las mujeres duplicaba la de los hombres.

Estas tendencias se corroboran en los análisis más recientes de la movilidad a partir de la ECV de 2011 (Fachelli y López-Roldán, 2015). Tal como se recoge en el gráfico 5, la movilidad descendente continúa en aumento, en detrimento de la movilidad ascendente para los varones nacidos a partir de 1960-1969, hasta la cohorte más joven incluida en la encuesta, nacida en 1980-1985. Una tendencia que contrasta con la estabilidad en el caso de las mujeres.

Gráfico 5. Tasas de movilidad absoluta global por cohorte y sexo

FUENTE : Fachelli y López-Roldán (2015, gráfico 1).

¿Hasta qué punto las tendencias observadas son homogéneas con las de otros países? El gráfico 6 refleja la evolución de la movilidad global absoluta a partir del esquema de clases EGP7, para los países analizados en el estudio de Erikson y Goldthorpe, a los que Carabaña añade Estados Unidos, Australia y Japón (incluidos en la base de datos CASMIN, pero no analizados por Erikson y Goldthorpe), así como España (a partir de la ESD) 74 (Carabaña, 1999).

Por economía de análisis las variaciones se resumen considerando lo ocurrido a lo largo de dos grandes subperíodos, definidos por las cohortes 1907-1911 y 1922-1926, por una parte, y 1922-1926 y 1936-1941, por otra. La variación en el conjunto del período tomado en su totalidad se representa en el gráfico por una línea de tendencia.

Partiendo de niveles de movilidad muy bajos, destacan Polonia e Irlanda como los dos países en los que el crecimiento de la movilidad global absoluta fue mayor (22,6 y 19,6 puntos porcentuales, respectivamente). En ambos casos, la movilidad fue sensiblemente más elevada para las cohortes nacidas en el primer cuarto de siglo que para las posteriores. A estos países les siguen Irlanda del Norte, que también partía de niveles bajos de movilidad global medida en términos absolutos, y España, que partía de niveles medios. El crecimiento de la movilidad fue mucho más moderado en ambos países a lo largo de los dos períodos considerados, y comparativamente mayor en el segundo que en el primero. Esta tendencia de crecimiento fue aún menor en otros tres países —Francia, Japón y Suecia— y con crecimiento nulo o negativo en el resto. Algunos de estos partían de valores particularmente elevados de movilidad, como era el caso de Hungría, Estados Unidos y Australia, pero nótese que las pautas de evolución en los dos subperíodos son completamente dispares.

Gráfico 6. Variación en la movilidad global absoluta por cohorte de edad

FUENTE : elaboración propia a partir de Carabaña (1999).

¿Qué explican estas variaciones? Tal como hemos visto, la hipótesis principal es que la movilidad absoluta global está fuertemente condicionada por los procesos estructurales asociados a la industrialización y la terciarización de la economía. El tránsito del campo a la ciudad y de ocupaciones agrarias a trabajos de tipo manual en la industria, primero, y a no manual, después, se considera movilidad ascendente, así como de estos a ocupaciones de tipo no manual y profesional. Sin embargo, como se puede comprobar en el gráfico 7, estos procesos han tenido lugar en los distintos países con pautas e intensidad muy diferentes a lo largo del tiempo.

Así, los países de industrialización más temprana, como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia y Australia, muestran una pauta de disminución casi constante de la movilidad desde las clases agrarias (IVc-VIIb) a lo largo de todo el período. A ellos se sumarían los dos países continentales de industrialización más antigua, Francia y Alemania. En el otro extremo están aquellos en los que la industrialización fue más tardía, como Polonia, Hungría y España, donde la movilidad sectorial del campo a la ciudad era ya alta de partida y creció casi a lo largo de todo el período. La movilidad de origen campesino se incrementa durante las primeras fases, para decrecer y luego estabilizarse en algún momento del tiempo. En algunos países podemos ver con claridad la segunda y la tercera fase, como en Irlanda del Norte, Irlanda o Suecia. Estas tendencias se combinan con la movilidad desde las distintas clases de origen para dar lugar al volumen de movilidad global de los diferentes países y ofrecen una idea de la diversidad y complejidad de los procesos de cambio social que subyacen, así como de la singularidad de los mismos en cada país. No es de extrañar que la principal conclusión de Erikson y Goldthorpe fuera la «fluctuación sin tendencia», aunque, como hemos visto, los procesos de desagrarización e industrialización desempeñan un papel muy importante en la evolución de la movilidad global.

Gráfico 7. Transiciones desde orígenes agrarios al resto de las clases en distintos países del proyecto CASMIN y España

FUENTE : elaboración propia a partir de Carabaña (1999), tabla II.10.

Podemos, pues, concluir que es posible que la industrialización aumente la movilidad ascendente, pero existe un proceso de maduración en el que esta influencia se debilita, de modo que, cuanto mayor sea el nivel de industrialización, menor será su movilidad total y mayor su movilidad descendente (Carabaña, 1999: 93). Y esto sin negar la importancia de las peculiaridades históricas, que explicarían, por el ejemplo, como hemos visto, el fuerte crecimiento de la movilidad de los campesinos a la industria ligado a lo acelerado del proceso de industrialización-terciarización en países como España, Hungría y Polonia.

La cuestión ahora es: ¿aumenta con la industrialización la movilidad global relativa, es decir, la que no depende de los cambios estructurales, también llamada «fluidez social»? Como hemos señalado, Erikson y Goldthorpe contrastaron esta hipótesis con ayuda de los modelos log-lineales propuestos antes por Hauser. Sin embargo, la complejidad de los análisis nos impide reproducirlos aquí de una manera que pudiera resultar relativamente sencilla y acorde al objeto de este libro. Por ello nos vamos a limitar a presentar los principales hallazgos encontrados por los estudios que han aplicado estos modelos a nuestro país. Como ya indicamos, Echeverría (1999) y Carabaña (1999) confirmaron el CnSf y el CrSF para España, si bien con algunas discrepancias sobre las adaptaciones más oportunas en este último.

En un trabajo reciente, Fachelli, López y Marqués (2020) han prolongado el estudio de la fluidez social hasta tiempos más recientes. Estos autores concluyen que los hombres tan solo experimentaron un ligero aumento de la fluidez social, mientras que en el caso de las mujeres este aumento fue sustancial, impulsado por su acceso generalizado a las posiciones no manuales de grado bajo. A través de un análisis contrafáctico, estos autores encuentran que el ligero incremento de la fluidez entre los hombres se debe principalmente a la expansión educativa. Este mismo efecto, unido a un debilitamiento del efecto directo de la clase de origen, explicaría el descenso más decidido en el caso de las mujeres.

En cualquier caso, los autores concluyen resaltando la dificultad de constatar las regularidades esperadas a nivel macro, de acuerdo tanto con las teorías de la modernización como de la reproducción social. La asociación OD no muestra una tendencia secular, sino que está ligada a las peculiaridades históricas de cada país, como, por ejemplo, la intensidad y el ritmo de las reformas educativas, las políticas económicas implementadas, el equilibrio entre las estructuras educativas y ocupacionales, etc., una conclusión que se reafirma en los resultados internacionales (Breen, 2004; Breen et al., 2009, 2010; Torche y Ribeiro, 2010).

Estos resultados muestran dos cosas: la primera es que la movilidad social constituye un proceso complejo, que se puede considerar a distintos niveles de abstracción y desde diferentes perspectivas de análisis y cuyas relaciones con el cambio estructural y la dinámica de las sociedades no es predecible a priori . Merece la pena, por tanto, detenerse a examinar la movilidad social intergeneracional desde cada una de ellas y valorar lo que puede aportarnos para la comprensión de la dinámica de las sociedades contemporáneas. La segunda es que, pese a la creciente preocupación por el posible impacto de la crisis sobre la posibilidad de las generaciones más jóvenes a la hora de progresar a nivel social, al igual que lo hicieron sus padres, encontramos que justo entre las cohortes jóvenes es donde se ha producido una mayor apertura de la estructura de clase. La distinción entre los cambios en la estructura del empleo y en la estructura de oportunidad no parece ir en paralelo y, cuando lo hacen, no es a través de una relación causal entre ambos.

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71 Aunque, a nivel fáctico, es posible utilizar matrices rectangulares, con un número diferente de categorías en origen y destino, las restricciones mencionadas permiten la aplicación de modelos estadísticos basados en la independencia entre categorías y en la simetría de la asociación entre orígenes y destinos y facilitan la interpretación de las trayectorias de movilidad. Para un análisis de movilidad basado en tablas rectangulares, véase Carabaña (2020).

72 En 1991 se lleva a cabo la Encuesta sociodemográfica que, realizada por el INE junto con el Censo de Población correspondiente a esa fecha, alcanza una muestra de 157.000 casos (INE, 1993). Casi de forma paralela se había llevado a cabo el trabajo de campo de la versión española de la Encuesta de estructura, conciencia y biografía de clase, dirigida en España por Julio Carabaña, dentro de un proyecto internacional liderado por Erik O. Wright.

73 Para el análisis de las nuevas cohortes se ha procedido a agregar las muestras de las ECV de 2005 y 2011.

74 Tal como indica el autor en su libro, para homogeneizar los datos de España con los del estudio CASMIN, se selecciona una submuestra de varones, nacidos entre 1907 y 1941, que, por tanto, cumplirían 25 años entre 1932 y 1966.

Bases sociales de la «vieja» y la «nueva política»

Juan Jesús González Rodríguez

Antecedentes teóricos

El marco teórico de la discusión sobre las bases sociales de la política remite, en último término, al estudio clásico de Lipset y Rokkan sobre los sistemas de partido y los alineamientos electorales (1967 [1992]). En él se aborda la cuestión de cómo las divisiones sociales tradicionales se traducen en la configuración de determinados sistemas de partido, por razón de clase social, lengua o religión. En concreto, estos autores analizan el impacto de las dos grandes revoluciones del mundo occidental: la revolución nacional y la industrial, sobre dicha configuración. Desde esta perspectiva, la primera de ellas (la revolución nacional) ha dado lugar a conflictos en el eje centro-periferia («el conflicto entre la cultura central que construye la nación y la resistencia creciente de las poblaciones sometidas de las provincias y las periferias, étnica, lingüística o religiosamente diferenciadas» [1992: 245]); en tanto que la segunda ha dado lugar a conflictos de clase que fueron especialmente virulentos en la primera mitad del siglo XX , pero que, como señalaban Lipset y Rokkan en la década de 1960, se habían suavizado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, debido a una diversidad de factores: «la experiencia de cooperación nacional durante la guerra, las mejoras del nivel de vida en los años cincuenta, el rápido crecimiento de una nueva clase media …». Con todo, el factor más importante era, a juicio de estos autores, «el asentamiento de los partidos obreros en estructuras de gobierno locales y nacionales , y su consiguiente domesticación dentro del sistema» [1992: 254-255].

Al examinar el caso español, podemos comprobar, en efecto, que el sistema de partidos de la Transición se configuró con arreglo a estos dos ejes: el eje centro-periferia, que contrapone los partidos de ámbito nacional español a los nacionalismos periféricos de base étnico-cultural (que ha sido estudiado por autores como Giner y Moreno, 1990) y el eje izquierda-derecha, que es al que me voy a referir principalmente. Este segundo eje ha mostrado una gran estabilidad hasta las elecciones de 2015, la cual fue posible en virtud de una serie de anclajes estructurales que han servido de apoyo a la contraposición izquierda-derecha y, con ello, a las ideologías de uno u otro signo. A lo largo de esta experiencia, la clase social ha desempeñado un papel relevante como factor de estabilidad, si bien, en ocasiones, ha perdido influencia en favor de otros factores. Desde este punto de vista, podemos distinguir entre factores que han dado estabilidad al proceso electoral, como la clase, y factores de cambio, como la edad, tal como veremos más adelante.

Esta línea de análisis ha tropezado con dos tipos de problemas: uno de orden empírico y otro de orden teórico. El primero de ellos se deriva de la presunción, postulada por el citado Lipset (Lipset et al., 1991 y 1993), de que la pérdida de centralidad de la clase obrera dejaba al análisis de clase fatalmente destinado a la inoperancia. Tal como he defendido en otra ocasión, una cosa es dicha pérdida de centralidad, fácilmente identificable desde un punto de vista empírico, y otra bien distinta que el análisis de clase se acabe con ella (González, 1996). El segundo problema radica en formular teóricamente la relación entre posición de clase y preferencias electorales. En este punto, las teorías pluralistas, representadas por autores como Lipset, tendían a dar por supuesto que la primera determinaba las segundas, lo que permitía llegar fácilmente a la conclusión de que, con el advenimiento de la sociedad posindustrial y la pérdida de protagonismo de la clase obrera, los partidos de izquierda perdían su razón de ser.

Con este trasfondo, el estudio de la transformación de la estructura de clase y, en particular, de la expansión de las nuevas clases medias, ha tenido las más variadas interpretaciones. Incluso desde parecidos prismas ideológicos, donde unos han visto la aparición de un nuevo proletariado altamente cualificado y portador de valores universales, otros, en cambio, han visto la llegada de un caballo de Troya al servicio del capitalismo rampante, impulsado por el individualismo, la falta de solidaridad y, con ello, el ocaso de cualquier forma de pacto social. Lo único cierto es que cualquier pretensión de encontrar ahí un nuevo sujeto sociopolítico (para bien o para mal) resulta vana, toda vez que la principal característica de estas nuevas clases medias no es otra que su heterogeneidad social y política 75 .

De hecho, el estudio de las nuevas clases medias constituye uno de los asuntos más controvertidos de la sociología contemporánea, en el que han participado casi todas las corrientes sociológicas, si bien han sido los autores de orientación neomarxista y neoweberiana los que mayor protagonismo han tenido. En general, una de las dificultades a la hora de identificar nuevos sujetos sociales a partir de estas nuevas clases medias es que, con frecuencia, se mezclan características propiamente estructurales de la posición de clase con fenómenos o tendencias culturales que pueden ser más o menos duraderas. Conviene que prestemos atención a esta cuestión.

En la sociología norteamericana, donde el debate ha sido particularmente intenso, podemos distinguir, a grandes rasgos, dos posiciones principales: algunos autores han defendido la existencia de una nueva clase, formada por profesionales y técnicos, que estaría caracterizada por la posesión de un capital cultural cada vez más imprescindible en la denominada «sociedad del conocimiento», así como por su disposición a diferenciarse e incluso oponerse a la vieja burguesía capitalista y a la primacía de las relaciones de propiedad como principio estructurante del orden social. Aun reconociendo las contradicciones internas de esta nueva clase, estos autores tienden a subrayar no solo su impacto sobre las tendencias culturales y los estilos de vida de las sociedades capitalistas avanzadas, sino también sus efectos políticos, en términos de nuevas formas de protesta y disidencia política. Argumentos de este tipo pueden encontrarse en Gouldner (1985) y en la obra colectiva compilada por Bruce (1979), argumentos posteriormente revisados por Macy (1988). En contraste, autores de orientación conservadora, encabezados por Daniel Bell, han negado el carácter de clase de estos grupos profesionales y han limitado su impacto al ámbito de las transformaciones educativas y culturales (Bell, 1980; Inglehart, 1991 y Brint, 1994).

De acuerdo con los primeros, un segmento creciente de las nuevas clases medias sería receptivo a ideas de izquierda y estaría dispuesto a luchar en favor de una expansión del sector público de la economía, nicho laboral de implantación preferente de una buena parte de los profesionales y técnicos (Macy, 1988). De acuerdo con los segundos, esa disposición izquierdista de los profesionales se explicaría por variaciones de su composición interna (sexo, edad, adscripción sectorial, etc.), que servirían para argumentar tanto su radicalismo izquierdista, en un momento dado, como su posterior conservadurismo ante una coyuntura política distinta (Brint, 1994).

En Europa, la discusión sobre la nueva clase ha estado asociada a su protagonismo en los nuevos movimientos sociales, protagonismo que los diversos autores han tratado de explicar en términos no solo culturales, sino también estructurales, ya sea mediante la vinculación de ciertos grupos profesionales al sector público (tal como hiciera F. Parkin en su obra pionera de 1978), ya sea mediante su vinculación a las grandes corporaciones tanto públicas como privadas (Kriesi, 1989). En cualquier caso, los autores europeos tienden a enfatizar asimismo las implicaciones políticas de esta nueva clase a pesar de sus divisiones internas.

En consecuencia, los sociólogos han prestado atención no solo a las distinciones tradicionales entre trabajo asalariado y negocio propio, sino también a diferencias relativas al perfil profesional de los asalariados (al modo de Gouldner, que distingue entre profesionales de perfil técnico y humanistas), así como al sector (público-privado) y al tipo de tarea que se desempeña en cada uno de estos sectores, según se trate de tareas con alto grado de autonomía o de tareas burocratizadas sujetas a control, etc.

Todo esto hace que los intentos por atribuir una unidad de intereses y de estrategia a estas nuevas clases medias hayan resultado poco satisfactorios. Este es el caso de John Goldthorpe y su conceptualización de estas clases a partir de la lógica de servicio que preside su relación con la clase propietaria o empleadora: un servicio altamente cualificado a cambio de un trato preferente, en un marco de confianza recíproca (Goldthorpe, 1993). Goldthorpe no ignora los fenómenos de radicalismo político que a veces se producen en el seno de la clase de servicio, pero entiende que no son representativos de esta clase en su conjunto y que el propio proceso de formación de clase acabará consolidando su vocación genuinamente conservadora.

Por su parte, los neomarxistas han propuesto una tipología basada en la identificación de ciertos recursos productivos (medios de producción, capacidades organizativas, cualificaciones…), que incorpora el concepto de «empleos estratégicos» para referirse a las posiciones sociales caracterizadas por la existencia de responsabilidad y pleno control sobre el proceso de trabajo, lo que se podría interpretar como una versión depurada de la «clase de servicio» de Goldthorpe, una vez liberada de sus incoherencias internas (Wright, 1985 y 1993).

Al aumentar la diversidad de posiciones de clase (el modelo más conocido de Wright llegó a presentar una matriz de doce posiciones, resultado de combinar los tres tipos de recursos productivos mencionados), se incrementaba la posibilidad de coaliciones entre unas clases y otras, cada vez más lejos de los modelos dicotómicos característicos del viejo marxismo, pero seguía sin explicarse bien por qué unas coaliciones eran más probables que otras. Entre los autores que más han avanzado en esta dirección, sobresale Herbert Kitschelt (1993 y 1994). Este autor parte de una reelaboración de la clásica distinción weberiana entre situación de trabajo y situación de mercado, aunque sin quedarse ahí, pues justo lo que trata de subrayar es la importancia, más allá de la experiencia laboral, de los marcos cognitivos y simbólicos que orientan la práctica sociopolítica de la ciudadanía en las democracias avanzadas. Lo interesante, en este caso, es que tales marcos no operan en el vacío, desconectados de la experiencia laboral y profesional, sino que cabe esperar que determinadas actitudes y disposiciones encuentren mayor arraigo en unos ámbitos laborales y organizativos que en otros.

La premisa de Kitschelt es que la formación de las preferencias electorales en las democracias avanzadas ya ha dejado de considerar como única referencia la oposición entre la izquierda y la derecha, oposición que ha tenido la virtud de expresar y condensar contradicciones del tipo igualdad versus libertad, Estado versus mercado, socialismo versus capitalismo, etc., pues, si bien es cierto que durante mucho tiempo la competición partidista ha sido muy dependiente del eje distributivo (al que se refiere la oposición convencional entre izquierda y derecha), no lo es menos que muchas de las demandas ciudadanas generadas en las últimas décadas en torno a los nuevos movimientos sociales trascienden este eje de la competición política. En concreto, el fenómeno de la nueva política se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad para desbordar a los partidos situados a uno u otro lado del mismo.

El problema, como hemos visto, es que ha habido dos maneras de interpretar este tipo de fenómenos: por un lado, como manifestación de transformaciones culturales que se inician en la década de 1960 y que operan fundamentalmente a través de la expansión del sistema educativo y de los medios de comunicación. Se trataría, en este caso, de fenómenos socialmente transversales, de carácter generacional, que trastocan el orden social en su conjunto dando lugar a la división interna de las clases tradicionales: es una confrontación entre viejas y nuevas clases medias, entre viejas y nuevas clases trabajadoras, etc.

La segunda interpretación presta atención a la base social de este tipo de fenómenos; como es bien sabido, la implantación preferente de los nuevos movimientos sociales está localizada entre las nuevas clases medias, y el hecho de que tengan un marcado componente generacional no quiere decir que sean fenómenos socialmente transversales, pues, como dijera Claus Offe, que los nuevos movimientos sociales no apelen a la clase no quiere decir que no hagan política de clase.

En la sociología norteamericana de la década de 1970, Daniel Bell (seguido más tarde por Steve Brint) insistió en la idea de que la nueva clase no era más que un espejismo resultante de las contradicciones culturales del capitalismo y, en particular, de la expansión del sistema educativo en un clima de tolerancia y permisividad moral. De acuerdo con su argumento, las sociedades capitalistas están sujetas a una doble dinámica: política y cultural, en virtud de la cual cabe contraponer el eje convencional de oposición entre izquierda y derecha a un nuevo eje definido en términos culturales y de estilos de vida. Este segundo eje contrapone, a su vez, tolerancia y permisividad moral a puritanismo y a las virtudes tradicionales del ethos capitalista.

Por su parte, Kitschelt propone un esquema de dos ejes que contrapone el distributivo convencional (izquierda-derecha) a un nuevo eje que, en paralelo con el argumento de Daniel Bell, enfrenta un ethos libertario y un ethos autoritario. En el argumento de Bell, el ethos libertario está caracterizado por la tolerancia y el hedonismo (frente al puritanismo del ethos autoritario ), en tanto que en el argumento de Kitschelt está regido por valores comunitaristas (solidaridad, participación, etc.) y posmaterialistas (frente al individualismo materialista del ethos autoritario). En el argumento de Bell, la contraposición no pasa de ser un fenómeno cultural que tuvo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo pasado, en tanto que el argumento de Kitschelt pone en relación dichos valores con las bases sociales susceptibles de promoverlos 76 .

La idea básica de Kitschelt, en este punto, es que existe una especie de afinidad electiva o consonancia cognitiva entre la experiencia en el proceso de trabajo y las actitudes y disposiciones que operan en el segundo eje de su esquema (libertarismo-autoritarismo), de tal suerte que los hábitos de juicio crítico y de participación activa que intervienen en la nueva política serán mucho más probables en aquellos ámbitos laborales y profesionales que requieren altas cualificaciones en el desempeño de tareas no rutinarias con información y personas: trabajadores, en especial del sector público, con alto nivel educativo que realizan tareas relacionadas con el procesamiento de información y con el trato de personas. La principal implicación de su planteamiento es que, en la medida en que las economías de servicios promueven la expansión de este tipo de tareas, las tradicionales reivindicaciones distributivas irán dando paso a demandas de corte posmaterialista o libertario . Pero que haya una afinidad o confluencia entre libertarismo y socialismo es una cuestión que está abierta a la discusión y a la capacidad estratégica de los partidos.

Más adelante desarrollaremos esta idea de Kitschelt con datos de España referidos a las elecciones generales de 2015. La principal conclusión que se obtiene de los datos es que la competición partidista se estructura a partir de un eje diagonal que emerge como resultante de los dos ejes mencionados por Kitschelt, el cual refleja no solo la distinta posición de los partidos en relación con esta competición, sino también la influencia de los factores estructurales asociados a la clase, colocando a las nuevas clases medias como las más afines al vector que podemos denominar izquierda libertaria .

Una segunda implicación de la propuesta de Kitschelt es que la socialdemocracia debería desplazar su ámbito de implantación preferente desde el eje tradicional de competición izquierda-derecha hacia la diagonal que delimita el nuevo eje de competición. Lo que se observa en los datos españoles, sin embargo, es que el PSOE no ha conseguido hacer dicho desplazamiento, debido a su dependencia de las clases pasivas, con lo que se ha desconectado de las nuevas clases medias, facilitando la ocupación de ese nuevo espacio a Podemos (más tarde, Unidas Podemos [UP]).

Para terminar este apartado, conviene recordar un argumento que, en síntesis, viene a decir que mientras la clase ha sido un factor de estabilidad del proceso electoral, la edad, por lo general, ha sido un factor de cambio (González, 2005). De ahí la necesidad de conciliar clase y edad, lo que recomienda un modelo de clase que combine las clases propiamente dichas, tal como se definen a partir de su posición en el mercado de trabajo, con los colectivos en posición de dependencia respecto de ciertas políticas sociales, que podemos entender como «clases pasivas» y que se definen a partir de la percepción de alguna forma de salario o de prestación social (González, 1996). Fenómenos como la expansión del sistema educativo, el aumento de la esperanza de vida o el del paro estructural no hacen sino incrementar la presencia social de colectivos como la tercera edad, la juventud o los desempleados, que han encontrado en las políticas sociales la manera de emanciparse respecto de la posición social de origen y elaborar así sus propias preferencias políticas y electorales. El telón de fondo de este razonamiento es que los alineamientos electorales obedecen cada vez menos al impulso de las políticas que regulan el ámbito de la producción, y cada vez más a las tensiones redistributivas derivadas de la financiación del Estado de bienestar, dando lugar así a colectivos sociales más o menos organizados que compiten por el reconocimiento de sus respectivos derechos sociales, a la conquista de recursos públicos que reduzcan sus sentimientos de privación relativa (ibíd.).

Pues bien, esta manera de abordar y modelizar las relaciones de clase es especialmente útil para entender los cambios políticos y electorales en curso, toda vez que la configuración del Estado de bienestar en el caso español representa un tipo genuino de apuesta por el gasto social consuntivo (pensiones, protección al desempleo, etc.) frente al gasto en inversión social (educación, I+D, políticas activas de empleo, etc.), lo que no hace sino agudizar el sesgo redistributivo a favor de la tercera edad, característico del modelo mediterráneo de bienestar (Beramendi et al. 2015). En consecuencia, la relación con la actividad se convierte en una variable fundamental para entender los cambios en la manera en que se distribuyen los recursos, tanto más por cuanto la crisis económica no ha hecho sino agudizar esta evolución. Baste con decir que si tomamos como referencia la evolución de la renta de los hogares tal como queda estimada por la Encuesta de condiciones de vida (ECV del INE), mientras la renta de los hogares con miembros activos registra una caída del 12% entre 2008 y 2014, la renta de los hogares con miembros inactivos registra un aumento del 11% (Sanzo, 2017: 296-297). Pero antes de presentar los resultados de este tipo de análisis, es preciso entender la génesis de la crisis económica y sus consecuencias sobre la recomposición del mapa político y de los electorados de cada uno de los partidos.

La genealogía de la crisis

Las elecciones generales de diciembre de 2015 cerraron el ciclo político que se inauguraba con la Transición y se configura a partir de la Constitución de 1978. Después de una transición política pilotada por UCD, este ciclo (el más largo de la historia contemporánea española, así como el que ha proporcionado mayores dosis de estabilidad política y prosperidad económica) estuvo en su mayor parte gobernado por el PSOE (21 años), que se alternó en el gobierno con el PP (12 años), lo que arroja un balance de cuatro alternancias a lo largo de cuatro décadas. Con estas premisas, el fin de ciclo viene dado, en último término, por la crisis de representación del orden institucional diseñado al amparo de la Constitución de 1978 y la consiguiente mutación del sistema de partidos que dominó la política española durante aquel tiempo. Tras la crisis del bipartidismo, que se había implantado en la década de 1990, el sistema de partidos parecía encaminarse a un nuevo pluralismo que superaba con creces el carácter limitado del pluralismo establecido en la Transición y que, en el caso de la izquierda, dio paso a una lucha abierta por la hegemonía.

Ahora bien, para entender cómo hemos podido llegar a este desenlace final es preciso prestar atención a la génesis de la crisis y, en concreto, a los siguientes factores que intervienen en ella:

• La magnitud de la crisis económica: el aumento del paro y de la precarización laboral.

• La incapacidad de la clase política para dar respuesta a la crisis.

• Las políticas de austeridad y los recortes en bienestar.

• La irrupción del 15-M, en cuanto movimiento de protesta social, con la consiguiente apertura de un nuevo nicho político y electoral.

Como se recordará, la crisis financiera que estalla en 2008 se convierte dos años más tarde en una crisis fiscal, como consecuencia de que, por un lado, los ingresos fiscales asociados a la burbuja inmobiliaria se evaporan, en tanto que, por otro, las exigencias de gasto público derivadas de la crisis se disparan. Con esta premisa inicial, en 2010 irrumpen en España las políticas de austeridad con las que la Unión Europea (UE) pretendía atajar la crisis de deuda soberana que se extendía por toda la periferia de la eurozona, dando lugar a una situación generalizada de depresión económica y deflación.

En términos de riqueza, el PIB, que había sufrido un bache traumático en 2009, con una caída del 4%, recayó de nuevo en 2012, con una caída adicional del 2%, que, traducido a renta disponible, hizo que los hogares perdieran en los seis años de recesión (2008-2013) toda la ganancia acumulada en la década anterior. Más dramática aún fue la evolución en términos de paro, por cuanto la tasa se disparó desde el 8% al 27% de la población activa, un salto sin precedentes que no solo arrastró un aumento desorbitado del paro, sino una subida paralela del «precariado», entendiendo por tal el segmento laboral que se mueve entre la temporalidad y el desempleo. Y así como, en tiempos de bonanza, la temporalidad podía interpretarse como un coste en el proceso de inserción laboral (encarnado entonces en la figura del «mileurista»), el precariado que surge de la recesión tenía un significado distinto, pues representaba la cronificación de un segmento laboral que veía bloqueadas de manera indefinida sus expectativas de estabilización y promoción laboral. Esta nueva situación abría un debate social sobre la eventualidad de una generación perdida de jóvenes precarios que encuentran en la emigración la única vía de escapar a la radical imposibilidad de poner en práctica sus proyectos personales y familiares. Nada tiene de extraño, por tanto, que el clivaje generacional se convierta, a partir de ese momento, en una variable fundamental para analizar el desarrollo de los acontecimientos, tanto los relativos a la irrupción del 15-M como a su posterior traducción política (Podemos).

El segundo factor a tener en cuenta es la incapacidad de la clase política para encontrar una respuesta, si no satisfactoria, sí, cuando menos, consensuada a la crisis económica. Siguiendo con la dinámica previa de polarización política que había caracterizado la década anterior, las políticas anticrisis pasaron de la inacción de los primeros años de la recesión (2008-2009) al frenesí «austericida» de los primeros años de la legislatura popular (2012-2013), ambos bienios caracterizados por la más completa ausencia de acuerdo y colaboración entre los dos grandes partidos. Está claro que, entre una opción y otra, había múltiples vías para evitar el nivel de rechazo social de las fórmulas elegidas a partir de 2010, pero eso hubiese requerido un tipo de colaboración política al que las élites del bipartidismo no estaban acostumbradas. Dadas las estrategias de ataque y descrédito mutuo, la pérdida de legitimidad terminó afectando por igual a izquierda y a derecha, a diferencia de lo ocurrido en la década de 1980, cuando una vía alternativa de salida a la crisis (una política de ajuste económico compensada mediante políticas sociales) dio lugar a enfrentamientos entre el Gobierno y los sindicatos, pero en ningún momento se tradujo en crisis política ni, mucho menos, en una mutación del sistema de partidos.

En definitiva, la política de devaluación interna practicada por el Gobierno popular en el bienio 2012-2013 tuvo como principales objetivos la reducción de costes salariales (reforma laboral de 2012) y el recorte de las políticas sociales, lo que, unido al efecto devastador de la recesión, completó así el proceso de empobrecimiento de las clases más proletarizadas y llevó la economía al terreno de la deflación, pues en su intento por reajustar los salarios a los niveles de productividad que se perdieron en tiempos de la burbuja, la austeridad autoinfligida no hizo sino contraer la demanda interna y agrandar la distancia salarial entre los trabajadores precarios y el resto, con especial incidencia entre los jóvenes.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en el terreno de la opinión pública la clase política se convierte, a partir de 2010, en uno de los problemas más acuciantes de la agenda pública, el cual se combina, desde 2012, con la corrupción y el fraude, de manera que a la preocupación inicial por la incapacidad de la clase política para enfrentarse a la crisis se sumó, más tarde, la preocupación por la financiación de los partidos y su funcionamiento interno. En su efecto combinado, el triángulo temático compuesto por un paro masivo, una clase política incompetente y una percepción de corrupción generalizada sentó las bases de un cuestionamiento del orden institucional en su conjunto y preparó el camino para un ciclo de protesta social que tuvo como protagonista, primero, al movimiento 15-M y, más tarde, al partido-movimiento Podemos (que también podría caracterizarse como ciberpartido, dada su dependencia de las redes sociales tejidas con la extensión de la protesta).

Llegados a este punto, conviene que nos detengamos un momento en la secuencia de los acontecimientos: para empezar, mayo de 2010 pone fin de manera abrupta a la estrategia socialista de contención de la crisis, que en otro lugar hemos caracterizado como «salida social de la crisis» (González y Chavero, 2012), mediante la cual el expresidente Zapatero intentó evitar que los costes de la misma recayesen sobre aquellos sectores sociales que no habían tenido responsabilidad alguna en su origen. Es el momento en que la célebre troika y sus «hombres de negro» ponen en marcha el primer rescate de la economía griega, un rescate que casi todos los implicados (Comisión Europea, FMI…) terminaron por reconocer como descabellado y contraproducente, no solo por lo desproporcionado de sus medidas, sino también por la fuerte resistencia social que generó. En España, Zapatero anunciaría el primer paquete de recortes (empezando por uno del 5% en el sueldo de los funcionarios), que fue rápidamente contestado por una huelga general que puso fin a la laboriosa paz social que había presidido su mandato desde 2004. A partir de ese momento, los sondeos comenzarían a registrar un auténtico desplome en las tasas de fidelidad de los votantes socialistas.

Tras la huelga, el Gobierno y los sindicatos hicieron un último intento por recomponer la paz social mediante un acuerdo de reforma del sistema de pensiones, pero el repentino frenesí reformista que se apoderó de Zapatero («cueste lo que me cueste») ya no pudo impedir la recaída de la economía que se registró en 2011, colocando de esta manera al Gobierno socialista ante una inquietante expectativa electoral.

En vísperas de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, se produjo la ocupación de un espacio público emblemático, la madrileña puerta del Sol, por parte de «los indignados», que pusieron en circulación los eslóganes de la protesta («no nos representan», «lo llaman democracia y no lo es»…), al tiempo que formularon sus principales reivindicaciones: reforma de la ley electoral, ley de partidos, denuncia de la corrupción, vivienda digna, etc. Está claro que el contenido y el tono de la protesta se hallaban en línea, sobre todo, con la estrategia de IU, que en ese momento era la organización política mejor situada para hacerse cargo de las citadas reivindicaciones. Ahora bien, la situación económica del país propició un voto masivo de castigo a los socialistas que le permitió al PP conseguir una mayoría sin precedentes, la cual preparó el camino para la mayoría absoluta de este mismo partido en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.

Por su parte, el PSOE se despidió del gobierno con una medida tan controvertida como la reforma del artículo 135 de la CE, en el marco de las exigencias de estabilidad presupuestaria planteadas por las instituciones europeas a iniciativa de Alemania. En principio, cabe discutir si la estabilidad presupuestaria y la contención del déficit deben formar parte de la normativa constitucional. El problema es que una iniciativa de este tipo, pactada con el PP en vísperas de su llegada al gobierno, se interpretó como un cheque en blanco a favor de los recortes y como una forma de anteponer el servicio de la deuda a las políticas sociales. Cabría decir, por tanto, que la reforma del artículo 135 de la CE sirvió, en último término, para visualizar, a ojos de la opinión pública, la ruptura del pacto social que se había inaugurado con los Pactos de La Moncloa (antecedente inmediato del gran pacto constitucional de 1978).

Conviene recordar, en este punto, que dicho pacto gravitaba sobre la defensa de los tres pilares en los que se ha basado el Estado de bienestar en España: educación, sanidad y pensiones. Y también que, así como las pensiones son competencia de la Administración General del Estado, las partidas de educación y sanidad son competencia autonómica, lo que permitió al Gobierno del PP descargar la mayor parte de los recortes sobre las espaldas de las CC.AA. De ahí que, mientras el gasto en protección social (pensiones principalmente) siguió aumentando en términos de porcentaje sobre el PIB (pasando del 16% al 17,6% entre 2009 y 2013), el gasto en educación y sanidad pasó del 11,4% al 10% en ese mismo período, lo que representaba una caída superior al 10% (Pérez, 2015). De esta forma, el Estado de bienestar español agudizó una de sus características más genuinas, esto es, el sesgo a favor de las generaciones mayores (pensiones) y en contra de los jóvenes (educación). A lo largo de ese tiempo, las distintas mareas surgidas en defensa de los servicios públicos (la marea verde de la educación y la marea blanca de la sanidad) han constituido un baluarte en la lucha contra la austeridad y los recortes, convirtiendo el Estado de bienestar en uno de los escenarios cruciales de la protesta.

Aunque no es fácil evaluar el impacto del 15-M en las elecciones de 2011, podemos identificar dos vectores principales: un refuerzo muy considerable del voto a IU, que pasó del 3,8% al 6,9% del voto válido (y lo que es más importante: de 2 a 11 diputados), junto con un desplome sin precedentes del PSOE, que pasó del 43,9% al 28,8%, con la consiguiente pérdida de 59 diputados nacionales. Ahora bien, si por algo se caracterizan las elecciones de 2011, en comparación con las de 2008, es por que, así como estas registraron la tasa más alta de participación de todas las elecciones de continuidad celebradas en España desde 1979 (75%), en 2011 se registró la tasa más baja de participación de todas las elecciones de cambio (69%), lo cual se explica en primer lugar por la deserción masiva de los votantes socialistas, que se refugiaron en la abstención. Este dato nos pone en la pista de una bolsa de abstención muy poblada que se forma en el lado izquierdo del espectro ideológico, cuyo epicentro podemos localizar en la posición 3 de la escala ideológica, que ha sido, sucesivamente, el punto medio de autoubicación de los simpatizantes del 15-M, el punto de fuga de los votantes socialistas en 2011 y el epicentro del electorado de Podemos en el momento de su irrupción.

Al término de este repaso por los cambios y acontecimientos más reseñables de la crisis, nos encontramos con algunos de los principales factores coadyuvantes en el proceso de reconfiguración del sistema de partidos. Por lo pronto, las transformaciones estructurales derivadas de la Gran Recesión y, en particular, el deterioro del precariado, lo que facilitó la ampliación de aquellos sectores sociales que no se sentían representados por los partidos tradicionales y que podían quedarse al margen del proceso político. Era tarea, por tanto, de los partidos emergentes establecer una nueva agenda política capaz de atender los intereses y las demandas de estos sectores sociales, a fin de reincorporarlos al sistema político. El segundo factor fue la percepción de convergencia y redundancia en la actuación de los partidos tradicionales, toda vez que sus políticas parecían obedecer al principio de que «no hay alternativa», lo que invalida y deslegitima el proceso de debate público y de confrontación democrática. A todo lo cual podemos añadir un tercer factor: la pérdida de eficacia de las redes clientelares urdidas por los partidos tradicionales, que entran en proceso de descomposición como consecuencia, por un lado, del estallido de la burbuja y de la consiguiente reducción de las rentas a repartir y, por otro, de los escándalos de corrupción que han asolado la opinión pública española durante los últimos años y que han servido para poner a la luz extensas zonas de penumbra que se habían instalado en la política española.

La dinámica de los ciclos

Desde una perspectiva histórica, una de las cosas que llama la atención cuando observamos el comportamiento electoral de los españoles en democracia es el contraste entre la estabilidad de nuestra reciente evolución político-electoral y la convulsión crónica de los dos siglos anteriores, como si la historia democrática de España se escribiese por contraste con la memoria del pasado. Esa podría ser una de las explicaciones de la regularidad y la tendencia a ciclos políticos más bien largos que han prevalecido en las últimas décadas, pareciendo que la inestabilidad y la convulsión del pasado hubiesen extremado la prudencia de los españoles, que se muestran desconfiados y cautelosos ante los avatares políticos y optan por cerrar filas con el gobierno de turno antes de embarcarse en aventuras. De ahí que, si hubiera que subrayar una característica del comportamiento electoral de los españoles durante este tiempo, probablemente sería la aversión al riesgo, consecuencia comprensible de una larga memoria de inestabilidad y fracaso. De esta manera, España se incorporó plenamente a la pauta de las democracias más antiguas y consolidadas, en las que la tasa de supervivencia de los partidos en el gobierno se sitúa en torno al 60%. De hecho, en la democracia española nunca ha habido dos elecciones generales de cambio seguidas antes de 2015, combinándose las elecciones de cambio y las de continuidad, en contraste con los bandazos registrados en los años treinta del siglo pasado.

Ahora bien, el predominio de la estabilidad en términos agregados no implica necesariamente que la base electoral de los principales partidos permanezca inmutable a lo largo de cada ciclo, ni que el grado de volatilidad electoral no varíe en función de las características sociodemográficas de los electores. Cabe suponer, en particular, que uno de los factores que modula esta propensión al cambio o a la continuidad sea la edad, por cuanto viejos y jóvenes difieren en su nivel de aversión al riesgo. Con esta premisa inicial, hemos podido observar a lo largo de las últimas décadas que el ciclo de los partidos que han ido pasando por el gobierno ha estado condicionado, entre otras cosas, por cambios en su perfil sociodemográfico, de tal manera que, si bien la llegada al gobierno ha contado con el apoyo, más o menos entusiasta, de los sectores más jóvenes de la población, estos han sido progresivamente reemplazados por electores más viejos a medida que su gestión se hacía más previsible y rutinaria.

Desde esta perspectiva, nada es tan revelador del fin de ciclo y del tránsito a un nuevo sistema de partidos, tal como se produce en 2015, como el contraste entre el perfil sociodemográfico de los votantes de los partidos clásicos frente al de los emergentes. Está claro que ahora son los partidos clásicos los que sufren de consuno el envejecimiento de su base social, en tanto que los partidos emergentes se nutren del apoyo de los sectores más jóvenes y más dinámicos de la sociedad, lo que a su vez redunda en un contraste entre la ruralización creciente de los primeros y la implantación preferentemente urbana y metropolitana de los segundos.

Por tanto, en 2015 asistimos a un escenario típico de fin de ciclo, en el que una coalición de clases pasivas, compuesta por jubilados y amas de casa, se convierte en baluarte del statu quo representado por el bipartidismo, en tanto que los partidos emergentes se quedan con la representación de los sectores sociales más activos, desde un punto de vista laboral. En consecuencia, la edad se ha convertido, una vez más, en un factor decisivo del cambio político-electoral. Ahora bien, puesto que las clases pasivas son cada vez más numerosas y, sobre todo, más fieles en términos electorales 77 , el envejecimiento imparable de la sociedad española se convierte en un factor decisivo a la hora de frenar y retrasar dicho cambio.

Pese a este freno demográfico, la recomposición electoral que se ha producido con tanta rapidez entre las europeas de 2014 y las generales de 2015 amenazaba con poner fin a una de las reglas básicas con las que había venido funcionando la democracia española desde 1977, pues debido a la tendencia a ciclos políticos más bien largos que ha prevalecido desde entonces se había establecido la regla de que nunca hubiera dos elecciones de cambio seguidas, de tal suerte que a cada elección de cambio (1977, 1982, 1996, 2004…) siempre le había sucedido, al menos, una elección de continuidad (1979, 1986, 2000, 2008…). Y aunque las elecciones de 2015 registraron, en efecto, una nueva victoria del PP, se trataba de una victoria insuficiente que permitía que otros partidos se pudieran coaligar contra él y desalojarlo del gobierno, dando lugar a una situación inédita en la democracia española, por cuanto abría la posibilidad de dos elecciones de cambio consecutivas (2011 y 2015). Sin embargo, nada de esto ocurrió, dada la incapacidad de la oposición en su conjunto para acordar un gobierno de cambio, lo que provocó la repetición de elecciones y la consiguiente recuperación del PP, convirtiéndose, ahora sí, en elecciones de continuidad (junio de 2016).

Con estos antecedentes, pasamos a presentar la información relativa a los perfiles sociodemográficos de los partidos, tal como se desprenden del estudio poselectoral del CIS correspondiente a las elecciones de 2015. Comenzaremos por las diferencias de edad, con el fin de acreditar el contraste generacional entre vieja y nueva política a que hemos hecho referencia con anterioridad. En el gráfico 1 podemos observar, por un lado, que el perfil más envejecido es el del PP, seguido del PSOE, en tanto que el perfil más juvenil es el de Podemos- IU, seguido de Ciudadanos (Cs).

Más interesante que el perfil de edad es el perfil de clase social que presentamos a continuación, el cual clasifica a todo el electorado a partir de la distinción entre clases activas y pasivas: mientras la posición de clase de las primeras se deriva de su participación en el mercado de trabajo, la de las segundas se deduce de su relación con las políticas sociales (González, 1996 y 2005 78 ). Esta distinción resulta fundamental para entender la distribución del voto entre viejos y nuevos partidos y, en particular, la gran dependencia de los viejos partidos respecto de las clases pasivas de jubilados y amas de casa, las cuales concentran más de la mitad de sus votos en dichos partidos. Por contraste, los nuevos partidos dependen de manera crucial de las nuevas clases medias y del resto de clases asalariadas, conformando un escenario posclasista en el que la contraposición entre clases activas manuales y no manuales ha dado paso a la contraposición entre clases activas y pasivas, síntoma inequívoco de las tensiones redistributivas a las que se enfrenta la sociedad española.

A fin de ilustrar esta contraposición, la tabla 1 presenta la composición de clase de los electorados, al tiempo que una serie de tasas que miden la relación con la actividad de esos mismos electorados. Estas tasas son las siguientes:

• Tasa de ocupación: suma de todos los individuos ocupados en el momento de la encuesta. En esta categoría entra el 41,7% del electorado, pero la tasa oscila entre el 32,6% del PP y el 60% de Cs. Es decir, la tasa de ocupación del electorado de Cs casi duplica la del PP.

• Tasa de actividad: ocupados más parados.

• Tasa de dependencia: esta categoría incluye los perceptores directos de subsidios (parados y jubilados). Aunque la media es del 45%, la tasa oscila entre el 30% de Cs y el 54% del PP.

• Clases pasivas: esta categoría incluye a jubilados y amas de casa. Aquí la distancia entre Cs (17,5%) y PP (52,2%) se hace más dramática si cabe, agudizando la distancia entre los electorados compuestos de los sectores más dinámicos de la sociedad y los más inertes y resistentes al cambio.

Gráfico 1. Perfil de edad de los electorados

FUENTE : CIS, 3126.

Tabla 1. Tasas de ocupación y de dependencia de los electorados (2015)

Clase social

Voto 2015

Total

PP

Cs

PSOE

Ps-IU

Otros

Abst.

1,00 PROPIETARIO

7,3%

8,8%

5,2%

5,5%

5,6%

5,8%

6,2%

2,00 CLASE SERVICIO

8,6%

20,2%

7,2%

17,6%

18,4%

9,6%

12,2%

3,00 NO MANUAL

6,0%

13,6%

4,4%

8,1%

9,2%

6,9%

7,4%

4,00 MANUAL CUALIF.

3,2%

6,6%

5,1%

6,4%

7,1%

4,6%

5,1%

5,00 MANUAL NO CUALIFICADO

7,5%

10,9%

12,0%

12,5%

6,7%

13,0%

10,8%

6,00 PARADO

12,4%

17,0%

20,4%

21,1%

12,1%

23,2%

18,5%

7,00 JUBILADO

41,7%

13,0%

32,7%

16,8%

27,8%

22,7%

26,7%

8,00 AMA DE CASA

10,5%

4,5%

9,6%

3,1%

5,4%

7,3%

7,1%

9,00 JOVEN

2,6%

5,4%

3,1%

8,6%

7,5%

7,0%

5,6%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tasa de ocupación (1…5)

32,6

60,1

33,9

50,1

47,0

39,9

41,7

Tasa de actividad (1…6)

45,0

77,1

54,3

71,2

59,1

63,1

60,2

Tasa de dependencia (6,7)

54,1

30,0

53,1

37,9

39,9

45,9

45,2

Clases pasivas (7,8)

52,2

17,5

42,3

19,9

33,2

30,0

33,8

FUENTE : CIS, 3126.

Cabe preguntarse, por tanto, si no estaremos asistiendo a una recomposición de la base social de los partidos como consecuencia de la crisis del bipartidismo. Para responder a esta pregunta, vamos a proceder a una comparación de los electorados, tal como se observan en 2015 con los electorados de los que teóricamente proceden. Partimos del doble supuesto de que, por un lado, los resultados del PSOE y de Podemos en las elecciones de 2015 se corresponden, grosso modo, con los obtenidos por el primero de ellos en su última victoria electoral (2008), cuando Rodríguez Zapatero consiguió 11 millones de votos y, con ellos, su última mayoría de gobierno (la llamada «mayoría social de progreso»). Por otro lado, los resultados obtenidos por el PP y Cs en 2015 se corresponden, a su vez, con los resultados del PP en 2011, cuando Rajoy obtuvo mayoría absoluta. En otras palabras, suponemos que, dejando aparte los efectos de la demografía, los votantes socialistas de 2008 se dividieron en dos mitades siete años más tarde (una mitad permaneció en el PSOE y la otra emigró a Podemos), en tanto que los votantes populares de 2011 se repartieron cuatro años más tarde entre el PP y Cs. El ejercicio consiste, por tanto, en comparar los resultados de los dos grandes partidos en el momento de su última victoria electoral (2008, en el caso del PSOE, y 2011, en el caso del PP) con los resultados obtenidos por esos mismos partidos en las elecciones de 2015, teniendo en cuenta que una parte de sus votos fueron a parar a los nuevos partidos, con el fin de analizar en qué medida esta pérdida de votantes afectó a la composición social de su propio electorado.

Para ello vamos a comenzar comparando los resultados iniciales de ambas agrupaciones políticas (en 2008 y 2011) con el resultado conjunto de los partidos que ahora ocupan su mismo espacio político y electoral, es decir, compararemos la composición social de cada uno de los grandes partidos en la época del bipartidismo con el resultado conjunto de PSOE y Podemos, por un lado, y de PP y Cs, por otro, con el fin de identificar posibles cambios estructurales derivados de la crisis. Así, por ejemplo, podemos observar que, mientras entre los votantes socialistas de 2008 los parados solo representaban el 9,5% del total, este porcentaje ascendía al 20,7% del electorado conjunto del PSOE y Podemos en 2015. Ahí tenemos, por tanto, un ejemplo de variaciones debidas al cambio estructural y, en este caso, al aumento del paro. Este aumento de los parados en el electorado de izquierda estuvo acompañado de una caída significativa de las nuevas clases medias (que bajaron del 14,9% al 12,7%) y de los obreros cualificados (que cayeron del 9,5% al 5,8%), lo que apunta a una cierta proletarización de la base social de la izquierda, en línea con el empobrecimiento general del país causado por la crisis económica y laboral.

Por lo que se refiere al electorado situado a la derecha del espectro ideológico, podemos observar, en cambio, un aumento significativo del peso de las nuevas clases medias (que pasan del 9,3%, en 2011, al 12,3% en 2015), pero el cambio más espectacular está relacionado con el envejecimiento del electorado, de tal suerte que los jubilados pasan de representar el 26,6% al 32,3%.

Tabla 2. Composición social del voto de izquierda según clase

PSOE 2008

PSOE+Podemos 2015

PSOE 2015

Podemos 2015

Viejas clases medias

6,0

5,4

5,2

5,5

Nuevas clases medias

14,9

12,7

7,2

17,6

No manual

6,9

6,4

4,4

8,1

Manual cualificado

9,5

5,8

5,1

6,4

Manual no cualificado

13,0

12,2

12,0

12,5

Parado

9,5

20,7

20,4

21,1

Jubilado

24,2

24,4

32,7

16,8

Ama de casa

11,5

6,2

9,6

3,1

Joven

4,3

6,0

3,1

8,6

Total

100

100

100

100

FUENTE : CIS, 2757 y 3126.

Tabla 3. Composición social del voto de derecha según clase

PP 2011

PP+C’s 2015

PP 2015

C’s 2015

Viejas clases medias

9,0

7,7

7,3

8,8

Nuevas clases medias

9,3

12,3

8,6

20,2

No manual

7,3

8,4

6,0

13,6

Manual cualificado

5,6

4,3

3,2

6,6

Manual no cualificado

7,8

8,7

7,5

10,9

Parado

18,3

13,9

12,4

17,0

Jubilado

26,6

32,3

41,7

13,0

Ama de casa

10,5

8,5

10,5

4,5

Joven

4,6

3,5

2,6

5,4

Total

100

100

100

100

FUENTE : CIS, 2915 y 3126.

De la comparación de ambos bloques ideológicos se deduce la existencia de una pauta común en virtud de la cual los nuevos partidos han conseguido atraer, de manera preferente, a las nuevas clases medias e incluso a los trabajadores no manuales, en tanto que los viejos partidos han conseguido retener, sobre todo, a las clases pasivas de jubilados y amas de casa.

El nuevo eje de competición política y el campo de fuerzas resultante

Con el fin de alcanzar una comprensión cabal de este arraigo de los nuevos partidos entre las nuevas clases medias, que se constituyen así como los motores del cambio social y político, me gustaría presentar datos sobre la competición política, tal como se desarrolla en el nuevo sistema de partidos. Para ello me valgo de la hipótesis de Herbert Kitschelt (1993 y 1994) acerca de la existencia de un doble eje de competición en las democracias avanzadas, en virtud de la cual la formación de las preferencias electorales ya ha dejado de tomar como única referencia la oposición entre izquierda y derecha, toda vez que muchas de las demandas procedentes de la «nueva política» trascienden este eje de la competición. En consecuencia, Kitschelt propone un nuevo eje de competición que contrapone un ethos libertario y un ethos autoritario. Lo interesante de esta propuesta es la idea subyacente de que hay una afinidad o consonancia cognitiva entre la experiencia de trabajo y las actitudes o disposiciones que operan en este segundo eje, de tal suerte que los hábitos de juicio crítico y de participación activa que son característicos de la «nueva política» serán más fáciles de encontrar en los ámbitos profesionales que requieren altas cualificaciones en el desempeño de tareas no rutinarias con información y personas. La principal implicación de este planteamiento es que, en la medida en que las economías basadas en los servicios promueven este tipo de tareas, las tradicionales reivindicaciones distributivas irán dando paso a demandas de corte posmaterialista o libertario.

El siguiente gráfico pretende visualizar los resultados de este planteamiento con datos del mismo estudio poselectoral que hemos utilizado hasta ahora. Para ello, hemos operacionalizado este segundo eje de competición a partir de la pregunta sobre la importancia relativa del binomio libertad-seguridad. En el gráfico puede observarse tanto la posición de los electorados de los principales partidos (incluida la abstención) como la posición de las clases más significativas: viejas y nuevas clases medias, el proletariado (trabajadores manuales no cualificados) y los jubilados, en cuanto paradigma de las clases pasivas.

Gráfico 2. Eje de competición política en el nuevo escenario

La principal conclusión que se obtiene de los datos es que la competición partidista se estructura a partir de un eje diagonal que emerge como resultante de los dos ejes mencionados, el cual refleja no solo la distinta posición de los partidos en relación con esta competición, sino también la influencia de los factores estructurales asociados a la clase, colocando las nuevas clases medias como las más afines al vector que Kitschelt denomina «izquierda libertaria» y que, en nuestro caso, viene a coincidir con la «nueva política».

De acuerdo con Kitschelt, este nuevo mapa político-electoral contrapone a las nuevas clases medias y, en particular, al segmento de profesionales del sector público de la economía dedicados al procesamiento de información y al tratamiento de personas, por un lado, con las viejas clases medias, por otro (ibíd.). Sin embargo, lo que nos dicen los datos es que la contraposición más importante ya no es entre nuevas y viejas clases medias, sino entre las primeras y las clases pasivas, quedando las segundas en una posición intermedia.

De la propuesta de Kitschelt se deduce que la socialdemocracia debería desplazar su ámbito de implantación preferente desde el eje tradicional de competición izquierda-derecha hacia la diagonal que señala el nuevo eje de competición. Lo que se observa en el gráfico, sin embargo, es que, debido a su dependencia de las clases pasivas, el PSOE no ha conseguido hacer dicho desplazamiento, lo cual lo ha alejado de las nuevas clases medias, al tiempo que ha facilitado la ocupación de ese nuevo espacio por parte de Podemos.

Una vez establecido el nuevo eje de competición política, es el momento de cartografiar el campo de fuerzas resultante. Para ello voy a ordenar las categorías de mi modelo de clase de acuerdo a su posición en el citado eje (lo que coloca a las nuevas clases medias en el lado izquierdo y a las clases pasivas en el lado derecho de la tabla). Dado que Kitschelt distingue dentro de las nuevas clases medias según que estén vinculadas al sector público o al sector privado, hemos dividido la clase de servicio de acuerdo con esta distinción, colocando en el primer lugar de la tabla a la clase de servicio del sector público, por cuanto es la categoría más afín a la «nueva política» (ángulo inferior izquierdo del gráfico anterior) 79 .

Tal como puede observarse en la tabla 4 («Voto 2015 según clase social»), el actual campo de fuerzas contrapone de manera nítida a las nuevas clases medias con las clases pasivas, que se constituyen en los polos gravitacionales a partir de los cuales cobra sentido la dinámica electoral. Con el fin de facilitar la interpretación de los datos, los porcentajes de apoyo a cada uno de los partidos van acompañados de dos indicadores: a) I-D, que es la diferencia entre la proporción de voto a la izquierda (PSOE+Podemos) y a la derecha (PP+Cs); y b) N-T, que es la diferencia entre la proporción de voto a los nuevos partidos (Cs+Podemos) y a los tradicionales (PP+PSOE).

Tabla 4. Voto 2015 según clase social

I –D = (PSOE+Ps) – (PP+Cs)

N –T= (Cs+Ps) – (PP+PSOE)

NCM PÚBLICO

NCM PRIVADO

NO MANUAL

MANUAL CUALIF.

MANUAL NO CUAL.

VIEJAS CM

JUBILADO

AMA DE CASA

2015 Total*

Voto

PP

12,1%

16,1%

16,5%

14,2%

14,1%

26,2%

31,6%

31,5%

20,8%

Cs

16,8%

15,7%

16,8%

13,1%

9,8%

12,6%

4,5%

7,7%

10,2%

PSOE

9,8%

10,2%

11,3%

15,8%

18,0%

12,6%

19,3%

21,9%

16,0%

Ps-IU

27,3%

23,4%

22,3%

21,8%

21,1%

15,7%

9,9%

7,0%

17,7%

Otros

13,2%

14,1%

9,8%

10,5%

7,0%

8,2%

8,8%

4,8%

8,6%

Abst.

20,7%

20,5%

23,3%

24,5%

29,9%

24,8%

25,8%

27,0%

26,7%

I-D

8,2

7,4

3,0

10,3

15,2

-10,5

-6,9

-10,3

2,7

N-T

22,5

12,8

11,3

4,9

-1,2

-10,5

-36,5

-38,7

-8,9

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

FUENTE : poselectorales de 2015 y 2016 en un mismo fichero (N=12317).

*La columna del total se corresponde con los resultados registrados en las elecciones de 2015 (la muestra resultante de la fusión de los ficheros ha sido ponderada por recuerdo de voto).

Pues bien, en el primero de los polos, las nuevas clases medias y, en particular, la clase de servicio afincada en el sector público se constituye en el principal soporte electoral de los nuevos partidos, al tiempo que mantiene un nivel de apoyo a la izquierda claramente por encima de la media, en tanto que, en el segundo, las clases pasivas hacen lo propio con los partidos tradicionales, al tiempo que mantienen un nivel de apoyo a la derecha también por encima de la media. Entre un polo y otro, tenemos las categorías de trabajadores manuales, que son las que más se decantan hacia la izquierda, si bien son neutras con respecto a la contraposición entre vieja y nueva política. Por último, las viejas clases medias (pequeños propietarios y autónomos) están a un mismo tiempo decantadas a favor de la derecha y en contra de la nueva política.

Epílogo: las dos elecciones de 2019 y el fin de la «nueva política»

En líneas generales, las elecciones generales de abril de 2019 confirmaron la radiografía del nuevo campo político que acabamos de esbozar, corroborando la dinámica gerontocrática que se advertía ya en las elecciones de 2015. Es verdad que, en abril de 2019, la victoria le correspondió al PSOE y fue en esta ocasión el PP el que vio amenazada su hegemonía dentro de su campo ideológico, pero, toda vez que las clases pasivas han mantenido su vocación bipartidista, ambos siguen siendo los partidos de referencia en su campo respectivo. También es cierto que la oferta se ha diversificado, como consecuencia de que la dinámica de polarización ha seguido su curso, dando lugar a la aparición de un partido de extrema derecha, aunque el rechazo que suscita entre las clases pasivas ha limitado su capacidad de penetración.

A continuación, vamos a presentar un análisis de los resultados de aquellas elecciones por clase social; lamentablemente, no vamos a poder replicar el análisis referido a las elecciones de 2015, pues nos vamos a servir de los estudios preelectorales del CIS (3242 y 3245), los cuales no disponen de toda la información necesaria para operacionalizar la clase social. Por ello vamos a recurrir a un modelo simplificado de clase social que solo distingue cuatro categorías de clases activas: las nuevas clases medias (NCM), la clase de trabajadores no manuales, la clase obrera manual y una categoría que llamaremos «autónoma», pero que incluye, además del pequeño negocio y la agricultura, a los militares y miembros de otros cuerpos de seguridad. La razón de hacer esta agrupación es puramente empírica y radica en que nos permite identificar el ámbito de implantación preferente del nuevo partido Vox, tal como veremos a continuación.

En líneas generales, el panorama electoral sigue marcado por el comportamiento de las clases pasivas, que, con sus apoyos en beneficio del antiguo bipartidismo y con sus rechazos en contra de los nuevos partidos, determinan el éxito o fracaso de los partidos en sus respectivos campos ideológicos. Por lo demás, entre las categorías activas destaca el éxito de Cs, entre las nuevas clases medias, y el éxito de Vox, en la categoría que hemos llamado «autónoma» y que incluye las viejas clases medias y las fuerzas de seguridad.

Tabla 5. Voto abril 2019 según clase social

I –D = (PSOE+UP) – (PP+Cs+Vox)

N –T= (Cs+UP+Vox) – (PP+PSOE)

NCM

NO MANUAL

OBRERA MANUAL

AUTÓNOMA

JUBILADO

AMA CASA

Total*

Voto

PP

7,5%

8,6%

9,1%

12,6%

19,5%

22,8%

12,7%

Cs

16,1%

14,1%

11,9%

16,0%

7,9%

8,1%

12,0%

PSOE

17,2%

18,1%

20,8%

12,9%

28,0%

26,3%

22,0%

UP

15,3%

12,6%

12,5%

6,7%

7,0%

3,9%

10,7%

Vox

6,5%

8,9%

10,2%

21,2%

5,0%

5,0%

7,8%

Otros

15,5%

12,5%

9,9%

10,6%

10,0%

5,2%

10,7%

Abst

22,0%

25,1%

25,6%

20,0%

22,5%

28,7%

24,3%

I-D

2,4

0,9

2,1

–30,2

2,6

–5,7

0,2

N-T

13,2

8,9

4,7

18,4

–27,6

–32,1

–4,2

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

FUENTE : fusión de los ficheros preelectorales de 2019 (estudios 3242 y 3245), N=32515.

*La columna del total se corresponde con los resultados registrados en las elecciones de abril de 2019 (la intención de voto expresada en ambas encuestas ha sido ponderada por los resultados).

En cuanto a los partidos tradicionales, el PP es el que demuestra una mayor dependencia de las clases pasivas, habiendo perdido cualquier rastro de su antigua prevalencia entre las nuevas y viejas clases medias. En particular, las primeras parecen haberse pasado a Cs, en tanto que las segundas parecen haber iniciado su migración a Vox. Por su parte, el PSOE parecía reducir su dependencia con respecto a las clases pasivas y haber atenuado el rechazo que recibía de las nuevas clases medias en 2015.

Como es bien sabido, las elecciones de abril condujeron a una nueva situación de bloqueo político que dio lugar a la repetición de las elecciones en el mes de noviembre. Esta repetición electoral sirvió, entre otras cosas, para clausurar el ciclo de la «nueva política» abierto en 2015, al tiempo que abría la puerta al retorno del bipartidismo o, para ser más exactos, establecía un sistema de partidos en el que los que habían sido partidos de gobierno se erigían como las agrupaciones de referencia en su campo ideológico respectivo (el PP en la derecha y el PSOE en la izquierda). A la hora de analizar las razones del fracaso de la «nueva política», conviene distinguir dos tipos de razones: los errores estratégicos de los nuevos partidos y las dificultades de orden sociodemográfico con que se han encontrado en su intento de sobrepasar y desbancar a los partidos tradicionales.

Por lo que se refiere a los errores estratégicos de los nuevos partidos, hay que precisar que, aunque se han producido en dos momentos distintos, tanto Podemos en 2016 como Cs en 2019 han incurrido en el mismo error estratégico, esto es, aplicar estrategias de polarización en momentos en que la política española exigía cierta transversalidad ideológica para superar situaciones de bloqueo como las que se han producido en los últimos años. Fue el caso de Podemos en 2016, cuando forzó una repetición electoral que acabó beneficiando al PP. Y también fue el caso de Cs en 2019, al establecer un cordón sanitario al PSOE que ha sido una de las causas de esta segunda repetición electoral (la otra causa ha sido la incapacidad de Pedro Sánchez de entenderse con Podemos después de haberlo declarado «socio preferente»). En ambos casos, la repetición electoral se ha vuelto contra sus promotores, castigando su responsabilidad en el bloqueo.

A la pregunta de cómo es posible que los nuevos partidos hayan cometido este mismo error de manera reiterada, la respuesta más sencilla es que se han dejado arrastrar por la dinámica de polarización que se inicia con la crisis del bipartidismo, pues, a diferencia del multipartidismo de la Transición, donde la moderación y la necesidad de consenso incentivaba la competición por el centro, la radicalización política que emerge en los años de la crisis y que se agudiza con el conflicto catalán incentiva una competición distinta, en la que los partidos pugnan por conseguir la hegemonía en cada uno de los polos ideológicos del sistema. El problema es que, con esta estrategia, ni Podemos consiguió desbancar al PSOE ni Cs ha conseguido desbancar al PP.

Cabría explicar esta resiliencia del bipartidismo haciendo referencia a la fortaleza organizativa de los partidos principales o a su arraigo social, pero no podemos olvidar que quien ha hecho posible esta capacidad de supervivencia ha sido, por encima de todo, una amplia coalición de clases pasivas de jubilados y de amas de casa, las cuales, llevadas por su vocación bipartidista, han sabido colocar sus intereses por encima de la consabida contienda ideológica entre izquierda y derecha. ¿En nombre de qué?

Esta pregunta admite dos respuestas: podemos responderla en términos de cultura política, aduciendo que se trata de generaciones socializadas políticamente en los años de la Transición y que, por tanto, conservan una fuerte identificación con los llamados «partidos de gobierno» (socialistas y populares), lo que explicaría su rechazo de la «nueva política». Pero esta explicación es cada vez más insuficiente, por cuanto la contraposición entre clases activas (las que se definen por su posición en el mercado de trabajo) y clases pasivas (las que se definen por su relación con las políticas sociales) se apoya, sobre todo, en la distinta manera de relacionarse con las políticas sociales y, en último término, en dos concepciones del Estado de bienestar: una que tiende a percibir el gasto social en términos de pensiones y subsidios (gasto consuntivo), frente a una alternativa que otorga una importancia creciente al gasto en inversión social, empezando por el gasto reproductivo (formación de nuevos hogares), pero que también pasa por la formación y la investigación. Mientras las clases pasivas se identifican con la primera opción, las clases activas están más bien interesadas en la segunda.

¿Cuál es el problema? El problema es que el modelo mediterráneo de Estado de bienestar que tenemos en España está pensado para responder a la primera opción, como resultado de la acción del gobierno de socialistas y populares a lo largo de varias décadas, lo que ha llegado a conformar un modelo distributivo que favorece a los mayores en perjuicio de los jóvenes, tal como hemos podido observar en los años de la crisis, en los que las tasas de pobreza de los primeros disminuyeron al tiempo que las de los segundos aumentaban. Puesto que los mayores representan una parte cada vez mayor del electorado, dicho modelo distributivo se ha hecho socialmente incuestionable, tal como demuestra el amplio consenso político sobre la revalorización de las pensiones, pese a las dudas manifestadas por los técnicos respecto de la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. En tanto que, por otro lado, los sectores sociales demandantes de inversión social tienen cada vez más dificultades para hacerse oír y encontrar quien los represente políticamente, toda vez que el margen de reforma del Estado de bienestar en España se ha ido reduciendo con el tiempo, como consecuencia de las políticas de austeridad. Esto resulta particularmente evidente en el caso de los jóvenes.

Referencias

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75 Este es el problema de teorías como la de clase de servicio , como enseguida veremos, que tratan de atribuir unidad de intereses a todas las ocupaciones y situaciones de empleo que entran en la definición, muy heterogénea de por sí.

76 Esta es una de las dos diferencias principales entre ambos autores. La otra es de carácter normativo, pues lo que en Bell aparece atribuido de superioridad moral (debido a su conservadurismo) ocupa, en cambio, una posición inferior en el esquema de Kitschelt.

77 Los mayores de 64 años han pasado de representar un 10% del conjunto de la población a un 18% en los últimos cuarenta años, al tiempo que presentan tasas de participación electoral claramente por encima de la media, tal como veremos en el siguiente gráfico (relacionado con el voto según la edad).

78 Para la operacionalización de la clase, hemos utilizado el modelo de J. Goldthorpe con las adaptaciones expuestas en estudios anteriores (González, 1996). El modelo distingue entre clases activas (los individuos vinculados al mercado de trabajo, que, en el caso español, representan más o menos la mitad del censo electoral) y clases pasivas , entendiendo por tales: a) los que ya han salido del mercado de trabajo (jubilados); b) los que están al margen del mismo (amas de casa); y c) los que todavía no han accedido al mismo: jóvenes, entendiendo por tales estudiantes y buscadores del primer empleo.

Las categorías del modelo resultante aparecen en el siguiente orden:

1. Viejas clases medias (incluyen las clases IVa, IVb y IVc de Goldthorpe): pequeños empleadores y autónomos no profesionales, así como agricultores, pescadores, etc.

2. Nuevas clases medias (equivalen a la clase de servicio de Goldthorpe): profesionales, técnicos, directivos y supervisores no manuales.

3. Trabajadores no manuales (clases IIIa y IIIb): empleados no manuales de rutina en la administración y el comercio, así como trabajadores de servicios personales y de seguridad.

4. Trabajadores manuales cualificados (clases V y VI): supervisores manuales y obreros cualificados.

5. Trabajadores manuales no cualificados (clases VIIa y VIIb): agrarios y no agrarios.

6. Parados (con empleo anterior).

7. Jubilados.

8. Amas de casa.

9. Jóvenes (estudiantes y buscadores del primer empleo).

79 En el marco general de este estudio, tal como viene dado por el alcance y la evolución del Estado de bienestar, esta distinción sectorial de la clase de servicio se explica por la diferente relación de ambos sectores con el citado Estado de bienestar, pues así como la clase de servicio del sector privado sufre la presión fiscal necesaria para mantenerlo, pero no siempre se beneficia de sus prestaciones (dada su posibilidad de recurrir al mercado), la clase de servicio que depende del sector público es su principal beneficiaria, al estar empleada en nichos laborales directamente relacionados con el Estado de bienestar, como la educación y la sanidad. Es lo que algunos autores han denominado Welfare Split (Herring, 1989).

Medios de comunicación y política

Juan Jesús González Rodríguez y Jacobo Muñoz Comet

Modelos de esfera pública

Hablar de la relación entre medios y política se ha convertido en una redundancia toda vez que la política ya no se concibe si no es por y para los medios. Ahora bien, para entender esta relación es preciso entender primero la configuración de la esfera pública como elemento articulador de una interrelación más amplia en la que intervienen tres actores principales: los medios, los partidos y las audiencias. Desde esta perspectiva podemos entender la esfera pública como el resultado de la interacción entre los tres polos que la componen, cada uno de los cuales produce su agenda respectiva: partidos (agenda política), medios (agenda mediática) y audiencia (agenda ciudadana). La acción de estos tres polos somete a la esfera pública a una tensión permanente según cuál sea el factor predominante de dicha interacción, lo que arroja, en principio, tres posibilidades: a) cuando son los partidos los que dominan la esfera pública nos encontramos ante lo que B. Manin (1998) denomina una «democracia de partidos» (DP); b) cuando son los medios los que monopolizan la esfera pública nos encontramos ante una mediocracia; y c) cabe la posibilidad, por último, de que nos encontremos en una situación de equilibrio en la que medios y partidos sean receptivos a las demandas y los intereses del público, de tal suerte que la esfera pública se configura a la manera de una democracia de audiencia (DA). En este último escenario, los medios son autónomos respecto de los partidos y, en particular, los medios públicos son independientes del gobierno de turno, pudiendo así actuar como un servicio público propiamente dicho.

El punto de partida de este capítulo se basa, por tanto, en la idea de Bernard Manin de que las democracias avanzadas estarían experimentando un tránsito desde la democracia de partidos a la democracia de audiencia (Manin, 1998). Comenzaremos presentando las distintas hipótesis que componen esta idea y, a continuación, las pondremos en relación con la tipología de Hallin y Mancini (2004), que caracteriza los sistemas mediáticos mediterráneos como ejemplos de pluralismo polarizado. La conclusión última a la que queremos llegar es que dicho tránsito entre DP y DA no es inevitable y que no conviene descartar la posibilidad de que las democracias dominadas por un sistema de pluralismo polarizado evolucionen hacia alguna forma de «mediocracia», entendida como una desviación o una forma pervertida de democracia de audiencia.

La idea de Manin se compone de las siguientes hipótesis, cada una de las cuales se refiere a los tres niveles o dimensiones más importantes del tránsito entre DP y DA:

• La elección y el grado de autonomía de los representantes.

• El patrón de opinión pública.

• Las bases sociales de la política.

Por lo que se refiere a la primera dimensión, el aspecto más relevante es el paso del partido de masas, característico del antiguo orden socialdemócrata, al liderazgo mediático típico de las democracias avanzadas, dominadas por la personalización de la política. Esto tiene una doble implicación: por un lado, aumenta la autonomía de los líderes, dentro de un proceso secular de oligarquización de las grandes organizaciones, al tiempo que disminuye la capacidad de influencia de las bases; por otro, se debilita el mandato, es decir, el vínculo entre representantes y representados. Con relación a la segunda dimensión, el aspecto más relevante es el grado de autonomía de la esfera pública, autonomía que podemos desdoblar en dos apartados: la de los medios públicos respecto del gobierno de turno y la autonomía de los medios privados respecto de los partidos. Por último, la tercera dimensión del tránsito son las bases sociales de la política, esto es, de la estructuración clasista de la política característica del viejo orden socialdemócrata a la segmentación de la audiencia en términos de estatus. Una de las consecuencias del tránsito es que la política se hace cada vez más exigente en términos de consumo informativo y que dicho consumo está muy influido por el nivel de estatus, de tal suerte que en algunas democracias (Estados Unidos) el mejor predictor de la participación electoral es este último.

Por su parte, la tipología de Hallin y Mancini adopta el supuesto, típico de la sociología funcionalista, acerca del carácter diferenciado del sistema mediático como una parte autónoma del sistema social en su conjunto. En una buena lógica funcionalista, el modelo liberal representaría el grado más alto de diferenciación y autonomía (por ser el menos dependiente del Estado y de la política), pero Hallin y Mancini se cuidan mucho de advertir que esto no implica convergencia hacia el modelo liberal, pues, como ellos bien dicen, hay «contratendencias», entre las cuales destaca la polarización del sistema mediático en los países de tradición liberal. Por lo demás, no nos detendremos en la presentación del modelo de pluralismo polarizado, al que nos referiremos más adelante, sino solo a recordar sus rasgos distintivos, con el fin de llamar la atención sobre lo que nos parece más discutible: la instrumentación política de los medios. Según Manin, en la DP el partido de masas cumple una función de mediación entre los representantes y los representados, en tanto que en la DA, dicha función de mediación se desplaza. Llegados a este punto, caben dos posibilidades: que los medios intenten asumir dicha función de mediación, respetando la capacidad de los partidos para elaborar la agenda política, o que, por el contrario, los medios intenten imponer su propia agenda, suplantando a los partidos. Esto último no implica necesariamente el fin de la democracia, pero sí una merma de la autonomía de los partidos y, por ende, un problema de mediatización de la política.

Tal como adelantábamos, Hallin y Mancini reconocen la existencia de «contratendencias» que impiden una convergencia general hacia el modelo liberal, siendo una de ellas que la polarización ya no sea solo una característica exclusiva del modelo mediterráneo. De hecho, si observamos la polarización política de las últimas décadas en países como Estados Unidos o España nos encontramos con que los medios han desempeñado un papel clave en dicha polarización, en muchos casos inducida por los medios. En consecuencia, la instrumentación entre medios y partidos no es unidireccional, sino recíproca.

Todas estas consideraciones conducen a una tipología de esferas públicas (EP) que parte de la distinción entre los tres agentes mencionados con anterioridad: partidos, medios y audiencia. Y cada uno de ellos presenta su propia agenda: la agenda política, la agenda de los medios y la agenda ciudadana. Ahora bien, dependiendo de si la interacción está dominada por uno u otro de los agentes, encontraremos tres tipos diferenciados de esfera pública:

• La EP dominada por los partidos: colonizada.

• La EP dominada por los medios: mediatizada.

• La EP al servicio de la audiencia: DA (recordemos sus requisitos: autonomía de los medios públicos respecto del gobierno de turno y autonomía de los medios privados respecto de los partidos).

FUENTE : elaboración propia.

El mejor ejemplo de partitocracia es la democracia que hemos tenido en España desde la Transición, de tal manera que podemos interpretar todo lo ocurrido en los últimos años, en relación con la crisis del bipartidismo y la discusión sobre el sistema electoral, como síntomas de la crisis de la democracia de partidos diseñada a partir de la Constitución de 1978. Desde esta perspectiva, el desafío de la «nueva política» y todo lo que ha traído consigo (generalización de las elecciones primarias, aparición de nuevos formatos de debate político, etc.) no es otro que el de conducirnos hacia una verdadera democracia de audiencia. La primera condición para que este tránsito discurra con éxito consiste en restablecer un verdadero estatuto de servicio público que permita a RTVE funcionar en unas condiciones mínimas de imparcialidad y decencia acordes con el nivel de calidad democrática que la ciudadanía exige en estos momentos. Ahora bien, ha habido parámetros en los que no es necesario esperar a que los partidos se sienten a negociar nuevas fórmulas de funcionamiento, por cuanto la profesión periodística ya se ha puesto por delante, tal como se puede observar en la organización de los debates electorales, con la aparición de nuevos formatos que entran en competencia con los utilizados hasta la fecha.

Desde esta perspectiva, nada ilustra mejor el paso de una «democracia de partidos» (pensada por y para los partidos) a una democracia de audiencia como la aparición de fórmulas de debate diseñadas con criterios puramente periodísticos que amenazan con desplazar los viejos formatos producto del pacto entre los partidos, los cuales prefijaban tanto la forma como el contenido de los debates, con resultados poco gratificantes para la audiencia. De ahí el éxito del «debate decisivo» celebrado el 7 de diciembre de 2015, con el patrocinio de Atresmedia, que, pese a la ausencia del presidente del Gobierno y candidato del Partido Popular (PP), estuvo cerca de igualar el share de audiencia del tradicional «cara a cara» celebrado una semana más tarde con el patrocinio de la Academia de la Televisión (el primero consiguió un 48,2% de share, frente al 48,7% de este último).

Un segundo ejemplo de cómo la «nueva política» está afectando las relaciones entre medios y política y, en concreto, a los criterios de elección de representantes son las elecciones primarias, por cuanto implican un desplazamiento del ámbito de elección de los representantes desde la cúpula de los partidos a la esfera pública, bajo la vigilancia atenta de los medios, que de este modo conseguirían convertir los procesos de decisión interna de los partidos en debates presididos por la lógica mediática. No es difícil, por tanto, advertir los riesgos de un cambio de este tipo, desde el momento en que los medios pueden estar tentados de presentar las primarias más como un problema de división en el seno de los partidos que como una oportunidad para la democracia interna, riesgo que puede multiplicarse si la decisión de celebrar elecciones primarias no es unánime en los partidos (tal como ocurriría si estuvieran amparadas por una Ley de Partidos), sino una decisión unilateral de alguno de ellos.

Conviene recordar que, aunque el PSOE tiene ya muchos años de experiencia celebrando primarias, el recurso a este procedimiento siempre ha sido ambivalente: por un lado, debido a un problema de percepción por parte de la opinión pública (lo que facilitaba que la prensa las presentase como un síntoma de división partidaria); por otro, debido a la propensión por parte de la militancia a usar este tipo de elecciones para castigar al aparato del partido. A todo lo anterior hay que añadir las reservas lógicas de la dirigencia socialista ante el temor de que las pugnas internas, que tradicionalmente se habían dirimido de puertas adentro, pasasen a convertirse en batallas mediáticas en el marco de un nuevo ecosistema mediático cada vez más incontrolable, tal como veremos más adelante.

Con estos antecedentes, mantener durante más tiempo el estatuto gubernamental de RTVE resulta anacrónico y disfuncional, lo que ha llevado a los trabajadores del ente a la protesta y la reivindicación ante la pérdida de credibilidad de los servicios informativos, pues no solo se trata de que los partidos renuncien al control político e ideológico que tradicionalmente han ejercido sobre los medios de titularidad pública (para lo que podría bastar con el restablecimiento del anterior estatuto de RTVE), sino que ha llegado la hora de que los medios, en su conjunto, tengan verdadera capacidad de control sobre los políticos y puedan recordarles sus obligaciones para con la ciudadanía, tal como hemos podido ver en la manera de hacer los debates electorales, un aspecto fundamental de la rendición de cuentas en democracia. Es poco probable, por tanto, que se repita la experiencia, típica del bipartidismo, de que los partidos encarguen a un moderador (Manuel Campo Vidal, en su caso) la realización de un debate electoral pactado de antemano.

Así las cosas, los medios aprovechan la crisis de representación política de los últimos años y la consiguiente debilidad de los partidos tradicionales para conseguir más control sobre la clase política al completo. Al mismo tiempo, los nuevos partidos hacen uso de los recursos ofrecidos por los medios para explorar todas las posibilidades de una democracia mediatizada, ya sea mediante la sustitución del debate político por el ritual de las tertulias, ya sea por la conversión del parlamento en un plató, o por el uso de los propios medios como agentes intermediarios en la negociación política (en el caso de las ofertas de negociación que se hacen a través de ruedas de prensa). De esta forma, la interacción partidaria queda reemplazada por un bucle en el que los medios se reservan el derecho a decidir sobre lo que es motivo legítimo de debate y negociación.

Llegados a este punto, caben dos posibilidades opuestas: por un lado, que, en efecto, estemos ante un proceso de transición hacia una democracia de audiencia que incluya el desalineamiento político de los medios, empezando por los públicos, y que facilite, por ende, que estos velen más por los intereses de la audiencia que por los de sus partidos afines; por otro lado, que hayamos iniciado el tránsito hacia alguna suerte de mediocracia en virtud de la cual el deseo compulsivo de obtener presencia mediática vacíe la política de contenido y la sustituya por una mera representación teatral, dando lugar así a la «pseudopolítica» (Meyer, 2002) o a la «banalización de la democracia» (Mair, 2015).

El sistema mediático: caracterización

En línea con lo que ya hemos adelantado, entendemos por «sistema mediático» el entramado institucional que encuadra a los medios de comunicación en el campo de una esfera pública determinada. A fin de situar el sistema mediático español en el contexto general de las democracias occidentales, podemos tomar como referencia el estudio de Hallin y Mancini (2004) que clasifica los sistemas mediáticos (media systems) según tres grandes tipos: el modelo liberal (anglosajón), el modelo corporativo democrático del centro y el norte de Europa, y el modelo mediterráneo de pluralismo polarizado . En principio, el sistema liberal representaría el grado más alto de diferenciación funcional (por ser el menos dependiente del Estado y de la esfera política), pero, como señalábamos antes, esto no implica necesariamente una convergencia hacia el modelo liberal, pues, como bien aclaran estos autores, existen «contratendencias» (ibíd.: 282ss). A partir de esta distinción, los modelos que proponen funcionan como patrones con su propio ADN institucional, tratando de mantener algunos de sus rasgos idiosincrásicos y de resistir así el proceso de norteamericanización (que sería el patrón de convergencia liberal). De hecho, el propio modelo liberal se ha cuestionado desde el momento en que una de las «contratendencias» observadas en la supuesta convergencia hacia el modelo liberal ha sido la creciente polarización mediática y el consiguiente alineamiento político de los medios justo allí donde el citado modelo encontraba su representación paradigmática: Estados Unidos de las últimas décadas.

La clasificación que proponen Hallin y Mancini atiende a cuatro variables o dimensiones principales: la circulación de prensa, el nivel de profesionalización de los periodistas, la politización de los medios y el grado de intervención estatal sobre los mismos (ibíd.: 21ss). Resumiendo mucho su argumento, podemos decir que Hallin y Mancini incluyen España en el modelo mediterráneo por cuatro razones principales:

• Por una relativamente baja circulación de prensa, resultado combinado de, por un lado, una industria editorial tradicionalmente débil y, por otro, una historia democrática con frecuencia interrumpida por períodos de falta de libertades y/o por recortes y restricciones a las mismas (ibíd.: 89ss). Asimismo, se trataría de prensa principalmente dirigida a las élites políticas y culturales, lo que dejaría al grueso de la población a merced de los medios audiovisuales y de la prensa gratuita.

• En segundo lugar, la lucha por las libertades en la que tradicionalmente se han visto envueltos los medios habría traído consigo el alineamiento político de estos, que competirían entre sí no solo por razones comerciales, sino también como resultado de su propia politización (ibíd.: 106ss). En último término, este alineamiento político de los medios los apartaría de su primigenia misión informativa y los conduciría hacia tareas de adoctrinamiento propias de un aparato ideológico.

• En tercer lugar, y en parte como consecuencia de lo anterior, los periodistas experimentarían una merma de su autonomía profesional y un aumento del riesgo de instrumentalización por parte no solo de los intereses corporativos del medio para el que trabajan, sino también de las presiones de los partidos políticos.

• Por último, el modelo mediterráneo estaría caracterizado por el intervencionismo estatal, lo que implicaría, en el caso español, dosis más o menos altas de arbitrariedad gubernamental en el uso de los medios públicos, así como en la concesión de licencias (Fernández y Santana, 2000).

Esta configuración institucional suele dar como resultado un sistema mediático caracterizado por la existencia de dos polos ideológicos antagónicos con poca pluralidad interna en cada uno de ellos, siendo esta combinación de fuerte antagonismo y escasa pluralidad interna la característica principal de la esfera pública en los países de pluralismo polarizado (González, 2008). Es habitual, por tanto, explicar la propensión de la política española a la polarización recurriendo a la influencia de su sistema mediático (González y Bouza, 2009), pero el impacto de la crisis sobre este específico ámbito ha desbordado todas las previsiones, hasta el punto de que el nuevo sistema de partidos parece haber surgido en perfecta simbiosis con la evolución del sistema mediático y su creciente polarización, pues, a diferencia del pluralismo limitado que caracterizaba el sistema de partidos inicial de la Transición, el cual estaba sesgado hacia el centro (dada la supremacía de UCD respecto de AP y del PSOE respecto del PCE), el nuevo pluralismo cada vez se encuentra más polarizado, por la supremacía del PP (que se ubica en la posición 8,3 de la escala ideológica) respecto de Ciudadanos (Cs) (6,6), así como por la dura pugna por la hegemonía que mantienen Unidos Podemos (UP) (2,2) y el PSOE (4,4), según datos referidos a las elecciones generales de 2015.

Ahora bien, antes de adentrarnos en las relaciones entre sistema mediático y sistema de partidos es preciso entender la lógica de funcionamiento del primero de ellos, evitando, en la medida de lo posible, los tópicos habituales sobre la función de los medios en relación con la opinión pública y su supuesta contribución a la consecución de una ciudadanía informada capaz de elaborar juicios fundados sobre la actuación de la clase política, a fin de asegurar su debido control. Lejos de esta visión idealizada de los medios, conviene comprender que la verdadera función de estos en un sistema de pluralismo polarizado no es otra que mantener los alineamientos ideológicos de las audiencias, de tal suerte que, lejos de ser un factor de consenso, los medios se comportan como un factor de polarización que no se conforma con reproducir el lógico antagonismo de la lucha partidaria, sino que lo alimenta y, con frecuencia, lo suplanta.

En lógica consecuencia, la argumentación racional y el debate de ideas son sustituidos por un periodismo de trinchera cuya agresividad solo es comparable a su laxitud y permisividad, dada su falta de compromiso con las reglas más elementales de imparcialidad informativa y contrastación de las fuentes. No solo se trata de que opinión e información se entremezclen hasta confundirse, sino de que los periodistas utilizan su posición para erigirse en insustituibles mediadores entre los dioses del olimpo político y gubernamental y la feligresía de ciudadanos ávidos de alimento espiritual. De ahí la plaga de periodismo meramente discursivo que nos informa puntualmente sobre las declaraciones de los políticos, pero, sobre todo, la escasez de sustancia informativa acerca del verdadero contenido de las políticas que se hacen, por no hablar del negativismo que inunda la agenda informativa, toda vez que criticar al adversario ideológico siempre es más eficaz que argumentar lo que se defiende.

La segunda consecuencia de este tipo de periodismo declarativo y autorreferencial es que cada uno de los polos ideológicos tiene como objetivo principal dar cobertura informativa al partido afín y descalificar al adversario, de tal suerte que las respectivas audiencias viven en una especie de mundo paralelo, lo que limita la posibilidad de establecer diálogos fructíferos entre los distintos segmentos ideológicos de la audiencia, al tiempo que imposibilita cualquier atisbo de consenso. Esto explica, por ejemplo, que rara vez la corrupción tenga coste electoral, pues la única corrupción percibida siempre es la de los adversarios.

Las relaciones entre sistema de partidos y sistema mediático

Quizá convenga recordar que la primera ola de polarización política (al final de la primera etapa socialista) se produjo en un momento de máxima polarización mediática, a raíz de la liberalización del medio televisivo y de la consiguiente lucha por la formación y el control de los nuevos conglomerados mediáticos. Como se recordará, en los primeros años de la década de 1990 se configuraron, a grandes rasgos, los alineamientos político-mediáticos que sirvieron de caldo de cultivo para la primera ola de polarización promovida por Aznar (la alianza Polanco-Godó frente al llamado «sindicato del crimen»). En este caso, la confluencia político-mediática se apoyaba en un principio elemental de reparto de tareas: mientras el PP se dedicaba al acoso y derribo de Felipe González, los medios afines se dedicaban a explotar los escándalos de la etapa socialista, erosionando de esa manera la autoridad moral del Gobierno socialista.

Más intrigante resulta la segunda ola de polarización, que se inicia en la segunda legislatura del PP, poco después de que este partido consiguiera la mayoría absoluta en las elecciones de 2000. Ahora bien, a nadie se le escapa que estamos hablando de una empresa que desborda la capacidad de los partidos y que, de hecho, estos no podrían asumir si no contasen con el concurso de los medios. Igual de obvio resulta el hecho de que la mencionada estrategia emprendida por José María Aznar, hace ya más de una década, no hubiera tenido recorrido de no ser por el acompañamiento mediático de que dispuso. El problema fue que, pese a los denodados esfuerzos del Gobierno por contrarrestar la influencia del «imperio» Prisa mediante la creación de un holding mediático alternativo, Aznar terminó perdiendo esta batalla, como se pudo observar tras el 11-M de 2004 y el consiguiente vuelco electoral.

A partir de ese momento, el panorama político-mediático se complicó extraordinariamente, como consecuencia de que a la competencia interbloques se sumó la competencia en el seno de cada uno de los bloques ideológicos. Así, en la legislatura 2004-2008, ABC y El Mundo competían por marcar la agenda del PP 80 , en tanto que, en la siguiente (2008-2011), fueron el Grupo PRISA y La Sexta los que lo hicieron, a su vez, por influir sobre el Gobierno socialista en pro de sus intereses respectivos. En este caso, el motivo de la división fue la promoción de un nuevo entramado mediático encabezado por La Sexta y el diario Público que, situado ideológicamente a la izquierda de los medios del Grupo PRISA, privó a esta no solo de su predominio en el campo audiovisual, sino también de su posición preferente como canal de comunicación entre el Gobierno socialista y la audiencia. El activismo del Gobierno socialista en el campo audiovisual alcanzó su clímax en el verano de 2009, con la aprobación por vía de urgencia de la TDT de pago, que permitió a Mediapro (productora de La Sexta ) la explotación de los derechos del fútbol, provocando el consiguiente enfrentamiento con el Grupo PRISA, que se había beneficiado de esa opción hasta entonces.

La emergencia del nuevo holding puso fin a la tradicional simbiosis entre el Grupo PRISA y los Gobiernos socialistas, de tal manera que, en un primer balance, esta dinámica de polarización político-mediática parecía diversificar el mapa audiovisual (al ampliarlo por la derecha y por la izquierda), al tiempo que complicaba los alineamientos en cada uno de los polos, pues a la tradicional competición entre izquierda y derecha se añadía la competición dentro de los bloques respectivos, con un mayor fraccionamiento ideológico y nuevos motivos de tensión y disputa en el seno de cada bloque.

Ahora bien, la irrupción de la crisis económica, por su parte, vino a revertir esta dinámica de mayor pluralismo mediante un proceso inverso de concentración corporativa. Dada la drástica contracción del mercado publicitario derivada de la crisis, el Gobierno socialista decidió suavizar la regulación antimonopolio anterior y permitir la fusión de cadenas hasta el límite de tres operadores comerciales de ámbito nacional, lo que amenazaba con regresar al panorama televisivo anterior (en la época de Antena 3, Telecinco y Canal Plus ). La incapacidad de los nuevos canales promovidos por el Gobierno socialista (Cuatro , del grupo Prisa, que comenzó a operar en abierto en 2006, y La Sexta , que se incorporó al espectro televisivo poco después) para llegar a un acuerdo de fusión dejó la iniciativa en manos de los operadores con mayor control del mercado publicitario, de tal suerte que Telecinco absorbió a Cuatro y Antena 3 a La Sexta , estableciendo así una situación de duopolio bastante peculiar en Europa, toda vez que tanto Telecinco como Antena 3 se hallan supeditadas a capital italiano (Mediaset y Agostini).

Todo ello planteaba numerosos e inquietantes interrogantes sobre el devenir del sistema mediático español ante el eventual regreso del PP al gobierno y el consiguiente retorno del ente público al viejo sistema de control gubernamental. De hecho, el decreto de abril de 2012, por el que de nuevo se gubernamentalizaba RTVE fue seguido poco después por una segunda decisión orientada a facilitar la fusión entre Antena 3 y La Sexta , pese a las recomendaciones en contra de la Comisión Nacional de la Competencia, que había advertido de los riesgos del nuevo duopolio (Mediaset y Atresmedia), el cual pasaba a controlar casi el 90% del mercado publicitario.

Junto a esta involución del servicio público y la imparable concentración del medio televisivo, hay que tener en cuenta que la prensa de referencia ha estado sometida, por su parte, a una doble crisis derivada de: a) el cambio de modelo de negocio inducido por la irrupción de internet; y b) un proceso de financiarización, es decir, de progresiva dependencia del capital financiero tras la acumulación de deuda registrada en los años de la burbuja. Todo lo cual no hacía sino radicalizar el tradicional conservadurismo de la prensa y arrojar dudas sobre la capacidad del sistema mediático para representar las distintas posiciones ideológicas.

Desde esta perspectiva, el caso del Grupo PRISA constituye un ejemplo paradigmático de este proceso, después de amasar una deuda por importe de cinco mil millones de euros cuya explosión dio lugar a despidos masivos y al desplazamiento de la familia Polanco, antigua propietaria, en beneficio de fondos de capital riesgo y de la gran banca. Merece la pena que nos detengamos en este caso, así como en las implicaciones del mismo en términos de línea editorial.

Espoleado por el éxito de su buque insignia (el diario El País ), el Grupo PRISA aprovechó su proximidad a los Gobiernos de Felipe González para convertirse en un ente multimedia amplio y diversificado, con presencia en casi todos los frentes de la industria cultural. En el año 2000 salió a bolsa y entró en el selecto club de las principales empresas cotizadas (IBEX 35), poniendo en marcha diversas operaciones de apalancamiento financiero a fin de reforzar su posición en el sector de las plataformas digitales (Sogecable, Digital +), en un proceso típico de esos años de expansión corporativa basada en deuda (Almirón y Segovia, 2012).

En 2010, con una deuda de cinco mil millones de euros y en pleno declive del negocio editorial, Juan Luis Cebrián, primer director de El País y posteriormente consejero delegado del Grupo PRISA, pone en marcha una operación de salvamento en una negociación con entidades de capital riesgo que inyectan liquidez en el grupo. Como resultado de la negociación 81 , Juan Luis Cebrián llegó a tener una remuneración anual de 13,6 millones de euros, equivalente al salario de varios cientos de redactores, en un momento en que el grupo registraba pérdidas por importe de 451 millones y estaba a punto de iniciar un ERE que afectaría a más de cien trabajadores (Almirón, 2013). Esta operación iría seguida de otra, ya con Gobierno del PP, con la que los principales acreedores del Grupo PRISA cambiaron deuda por participación en el accionariado, con el resultado de que la familia Polanco, que había tenido el control del grupo hasta entonces, lo perdió en beneficio de la gran banca (La Caixa, Santander…). Esta desventurada trayectoria de lo que había llegado a ser la principal industria cultural española, y la que contaba con mayor proyección internacional, constituye todo un ejemplo de lo que ha significado la entrada de capital financiero en el negocio periodístico, incluidas las inevitables acusaciones sobre el presunto giro conservador de su línea editorial.

Si tenemos en cuenta que el diario Público cerró su edición impresa poco después de la derrota socialista en las elecciones generales de 2011 82 , este giro ideológico de El País dejaba el campo de la izquierda huérfano de representación y de cobertura mediática. El medio televisivo y la prensa de referencia pasaron a ser patrimonio casi exclusivo del campo conservador, con excepción de La Sexta , siempre y cuando su nuevo propietario (Atresmedia) estuviese dispuesto a cultivar el creciente nicho de audiencia que se abría a la izquierda de El País . Llegamos así a la tercera ola de polarización.

De acuerdo con el rediseño del mapa audiovisual auspiciado por Rodríguez Zapatero y elaborado por Miguel Barroso (primer secretario de Estado de Comunicación de Zapatero), el nuevo grupo creado en torno a La Sexta estaba llamado, como indicábamos, a neutralizar y, en la medida de lo posible, reemplazar la simbiosis que se había establecido entre el PSOE de Felipe González y el Grupo PRISA (González, 2008). Pero, como es bien sabido, la crisis económica precipitó el fin del zapaterismo de tal forma que la sustitución de Rodríguez Zapatero se resolvió mediante un retorno al felipismo, encarnado en la figura de Rubalcaba, frente a las pretensiones sucesorias de Carme Chacón, esposa del citado Barroso, que habían puesto su confianza en unas elecciones primarias que Rubalcaba se negó a convocar. A la hora de explicar esta negativa, hay pocas dudas de que una de las razones fuera, precisamente, la dificultad del aparato socialista para desenvolverse en un entorno mediático cada vez más adverso, dada la creciente falta de sintonía entre Ferraz y La Sexta .

Tras la fusión de La Sexta con Antena 3 , el Grupo Planeta (principal propietario) se convertía en la clave de bóveda del pluralismo polarizado como principio de articulación del espectro ideológico en la fluctuante democracia española. La novedad, en este caso, radica en que, a diferencia de la polarización de las décadas de 1990 y 2000, que estaba protagonizada por distintos grupos multimedia que se erigían en representantes de cada uno de los polos ideológicos, dichos polos se encuadran ahora dentro de un mismo grupo mediático, a resultas de la drástica concentración corporativa propiciada por la crisis económica. Una vez superados los temores iniciales de que la larga mano del gobierno influyese sobre el Grupo Planeta con el fin de sacrificar uno de los polos en beneficio del otro, los directivos de La Sexta se sintieron libres de cualquier compromiso derivado de su procedencia socialista y exploraron a fondo el nuevo segmento de audiencia que se abría a la izquierda del PSOE como consecuencia de la crisis del bipartidismo.

La polarización del medio televisivo

El estudio poselectoral del CIS de enero-febrero de 2016 nos proporciona el estado de las relaciones entre el sistema mediático y el sistema de partidos al término del proceso que, de manera sucinta, acabamos de reseñar. En concreto, vamos a presentar información sobre la distribución de las audiencias de las principales cadenas de TV según el voto en las elecciones de diciembre de 2015. Esta información procede de la pregunta sobre cuál fue la cadena de televisión preferida para seguir la información política durante la campaña electoral. Para facilitar la correcta interpretación de los datos, vamos a ordenar tanto los partidos como las cadenas de derecha a izquierda en el espectro ideológico. Asimismo, vamos a presentar los datos de autoubicación de los electorados de los partidos y de las audiencias de las televisiones, con el fin de visualizar su posición en la escala ideológica.

Lo primero que llama la atención de la información contenida en la tabla adjunta es la notable correlación entre partidos y cadenas televisivas, lo que prueba el paralelismo político característico de los sistemas de pluralismo polarizado. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la distancia entre los partidos ha aumentado considerablemente 83 , lo que agudiza la polarización. Con estas premisas iniciales, al menos hay dos cuestiones que requieren comentario. La primera es que, como se recordará, la legislatura de 2011-2015 empezó con la liquidación del estatuto de RTVE de 2006 y la consiguiente gubernamentalización de este servicio público. Cabía esperar, por tanto, que el electorado más conservador y envejecido del PP se refugiase en La 1 de TVE a la hora de informarse políticamente, lo que ha colocado a la audiencia de esta cadena pública en el punto 5,5 de la escala ideológica (casi un punto a la derecha del votante medio). Ahora bien, lo más relevante de este panorama político-mediático es la aparición de una cadena, de parecida influencia a la que tiene la cadena pública 84 , cuya audiencia está situada casi un punto a la izquierda del votante medio, lo que la convierte en representante genuina del polo ideológico de la izquierda. En un régimen de pluralismo polarizado como el español, este dato es fundamental para entender las pretensiones de Podemos de convertirse en la segunda fuerza electoral.

Tabla 1. Cadena preferida de información política, según voto 2015

Voto 2015

Total

PP

Cs

PSOE

Ps-IU

Otros

Auto ubicación

Cadena

La 1

35,7%

16,6%

19,7%

6,7%

6,6%

5,5

19,5%

A3

25,0%

32,7%

14,9%

10,6%

6,6%

5,3

19,0%

Mediaset

12,6%

19,3%

26,7%

16,9%

8,4%

4,6

18,4%

La Sexta

3,2%

16,6%

21,5%

50,8%

12,2%

3,6

19,6%

Otras

20,9%

10,7%

15,1%

11,0%

64,2%

4,7

20,5%

Ns/Nc

2,5%

4,1%

2,1%

3,9%

2,1%

4,7

3,0%

Autoubicación

7,0

5,5

3,7

3,0

3,7

4,7

100,0%

FUENTE : elaboración propia a partir del CIS, 3126.

Como consecuencia de todo lo anterior, la probabilidad de votar a un partido está muy influida por la preferencia televisiva a la hora de informarse a nivel político. Pues bien, la probabilidad de que un telespectador preferente de La 1 de TVE sea votante del PP se multiplica por 2,7, al tiempo que la probabilidad de que un telespectador preferente de La Sexta sea votante de Podemos o IU se multiplica por 3,7 85 . Que una televisión gubernamental haya alcanzado una audiencia tan sesgada políticamente como La 1 de TVE puede parecer un logro notable, pero no deja de palidecer ante el éxito sin precedentes de La Sexta .

Con el fin de entender de manera adecuada esta nueva polarización del sistema mediático, conviene volver la vista atrás y analizar la situación de 2008, por cuanto nos recuerda cuál era la coyuntura anterior a la crisis económica (que está en el origen de los cambios del sistema mediático) y a la crisis política (que, a su vez, se halla en el origen de los cambios en el sistema de partidos). En aquel momento la televisión pública se regía por el estatuto de 2006, que la consagraba como un auténtico servicio público, razón por la cual fue objeto de despolitización, a fin de que pudiera ser aceptada por igual entre los votantes de los diversos partidos. Los datos que vamos a presentar a continuación son una prueba concluyente de que esta operación fue realizada con éxito, tanto en términos de audiencia (La 1 de TVE reunía el 28,9% de las preferencias de los votantes) como de pluralidad electoral de esa misma audiencia (las probabilidades de que un televidente de La 1 de TVE fuera votante socialista o popular eran muy parecidas, como veremos enseguida). Y conviene recordar, asimismo, que las nuevas cadenas que recibieron licencia del Gobierno de Zapatero (Cuatro , concedida al Grupo PRISA, y La Sexta , concedida a un grupo de nueva creación —Mediapro— auspiciado desde el Gobierno) todavía estaban en una fase incipiente de implantación, por lo que las vamos a agrupar (entre las dos solo reunían el 7,4% de las preferencias de los votantes).

Con estas premisas, la tabla 2 nos informa del reparto de la audiencia según el voto en las elecciones de 2008. Como adelantábamos, La 1 de TVE se llevaba la mayor proporción de televidentes (28,9%), seguida de Antena 3 (23,4%) y Telecinco (16,2%). Atendiendo a la relación entre audiencias y preferencias electorales, podemos observar una preferencia de los votantes del PP por Antena3 y de los del PSOE por La 1 . Ahora bien, si tomamos como referencia los televidentes de Telecinco (que son los más próximos al votante medio) y controlamos por nivel de estudios y por ideología, podemos comprobar que las probabilidades de que los televidentes de La 1 voten por el PP o por el PSOE eran muy parecidas 86 . Todo esto sugiere que la audiencia de La 1 no estaba sesgada políticamente, lo cual constata el éxito del estatuto de 2006 y la consiguiente despolitización de RTVE.

Tabla 2. Cadena preferida de información política, según voto 2008

PP

PSOE

Otros

Resto

Autoubicación

Total

Cadena

A3

36,5%

14,9%

14,6%

21,9

5,5

23,4%

La 1

28,2%

35,8%

16,8%

25,6

4,8

28,9%

Tele5

14,0%

19,8%

13,4%

15,6

4,6

16,2%

Cuatro y La Sexta

2,3%

12,5%

9,1%

6,2

3,6

7,4%

Otras

16,2%

15,0%

44,3%

25,1

4,7

21,1%

Ns/Nc

2,8%

1,9%

1,8%

5,6

5,1

3,0%

Autoubicación

6,6

3,6

3,9

4,7

4,8

100,0%

FUENTE : elaboración propia a partir del CIS, 2757.

Conclusiones

Pese a que la reforma de RTVE de 2006 iba en la buena dirección, en la medida en que dicho organismo dejaba de ser un instrumento del Gobierno de turno y se erigía en un verdadero servicio público, la crisis económica y financiera, por un lado, y el retorno del PP al gobierno, por otro, se confabularon para liquidar uno de los aspectos más reivindicables de la gestión de Rodríguez Zapatero. La radicalización de las demandas sociales como consecuencia de la crisis, primero, y el sometimiento de La 1 de TVE a la disciplina gubernamental, después, alimentaron una dinámica incesante de polarización ideológica que llevó el pluralismo polarizado, característico del sistema mediático español, a niveles sin precedentes. A la altura de 2015, nos encontrábamos ante un sistema caracterizado por la existencia de dos polos ideológicos antagónicos, con escasa pluralidad interna en cada uno de ellos, lo cual facilitaba el paralelismo entre el sistema mediático y el sistema de partidos, de tal suerte que, en las elecciones de 2015, ser televidente de La 1 de RTVE era casi lo mismo que votar al PP, en tanto que ser televidente de La Sexta era la manera más fácil de identificar a los votantes de Podemos. Como resultado de todo ello, entre 2007 y 2016 el medio televisivo sufrió una pérdida de credibilidad solo superada por el caso de Grecia, donde la televisión pública llegó a desaparecer coincidiendo con uno de los rescates (Díaz, 2017).

A la altura de 2019, las cosas son un poco más complicadas, pero la dinámica sigue siendo parecida. Por un lado, la radiotelevisión pública está asistiendo a un proceso de rediseño de sus órganos gestores que intenta recuperar el espíritu de la reforma de 2006, con el añadido de que los nuevos gestores han de pasar por un trámite de concurso público que garantice su idoneidad y competencia. Todo muy loable si no fuera porque los recursos interpuestos y el bloqueo político en el que nos hallamos sumidos están contribuyendo a la parálisis del procedimiento, al tiempo que se alarga el período de administración provisional otorgado a la nueva dirección de RTVE tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Por otro lado, el panorama de la izquierda se ha recompuesto en las elecciones de 2019 como consecuencia de que una parte de los votantes de Podemos de 2015 ha retornado al PSOE, lo que ha discurrido en paralelo al realineamiento de La Sexta, que ya no da a Podemos la cobertura que le prestaba hace unos años.

De este modo, La 1 de TVE ha dejado de ser la televisión cuya audiencia se situaba más a la derecha del espectro ideológico (con Rajoy llegó a estar en el 5,5 de la escala ideológica), en tanto que ahora se desplaza lentamente hacia posiciones más próximas al votante medio (que está en el 4,8). A fin de cuentas, volver a situarse en las proximidades del votante medio sería el mejor indicador de que recupera su condición de servicio público. Además, la audiencia de La Sexta también atempera su posición ideológica, al pasar del 3,5, en el que llegó a estar en 2015, al 3,7 en el que se situaba en octubre de 2019, según la macroencuesta preelectoral del CIS (3263).

Como se recordará, el CIS pregunta por las preferencias de los votantes acerca de su canal de televisión, su periódico y su cadena de radio elegidos a la hora de informarse sobre política, lo que nos permite establecer la relación entre el sistema de medios y el sistema de partidos. Es verdad que en esta relación influyen otras variables como la edad o el nivel de estudios, pero, si descontamos el efecto de estas otras variables, los resultados son muy reveladores: a) ser televidente de Antena 3 duplica la probabilidad de votar al PP o a Cs; b) ser usuario preferente de los medios del Grupo PRISA (prensa o radio) multiplica por 2,5 la probabilidad de votar al PSOE; y c) ser televidente de La Sexta multiplica por 3 la probabilidad de votar a Unidas Podemos. El único partido nacional que escapa a esta influencia de los medios es Vox, por cuanto sus votantes no tienen un medio de referencia y se valen principalmente de medios no convencionales (redes sociales) a la hora de tomar decisiones electorales.

Por su parte, La 1 de TVE tiene una audiencia más repartida, toda vez que ser televidente de esta cadena afecta por igual a la probabilidad de votar al PP, a Cs o al PSOE, lo que parece ser un primer indicio de que la televisión pública ha iniciado el camino de la despolitización. Para que esta andadura de RTVE llegue a buen puerto es fundamental que la reforma de sus órganos gestores se realice de la manera más escrupulosa, lo que implica, por lo pronto, dos cosas: que el comité de expertos encargado de la selección de los candidatos a nuevos consejeros de RTVE se atenga a criterios estrictos de mérito y competencia, y que el Parlamento sea respetuoso con la decisión de los expertos. Lo primero exige que los expertos se olviden del partido que los ha propuesto; lo segundo exige que los políticos se centren en la necesidad de devolver el prestigio a las instituciones.

¿Está la democracia española preparada para resolver este tipo de problemas? Dada la situación de polarización y bloqueo que domina la política española, es poco probable que el conflicto se resuelva de otra forma que no sea el reparto de cuotas entre los partidos de la mayoría gobernante. Ahora bien, este resultado sería peor que el de la reforma de 2006, toda vez que la norma de 2006 requería una mayoría de dos tercios del Parlamento a la hora de nombrar el órgano rector de RTVE, en tanto que la norma vigente en la actualidad tan solo requiere mayoría absoluta, lo que quiere decir que la parte del espectro ideológico que puede quedar excluida del consenso es cada vez mayor.

Referencias

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Apéndice: las audiencias de prensa, radio y TV

Dedicaremos este apartado a la evolución de las audiencias de prensa, radio y televisión desde el cambio de siglo hasta la actualidad (2000-2017). Hay que tener en cuenta, para empezar, que la prensa de referencia debe su capacidad de influencia, no tanto a su impacto directo sobre el gran público, como a su capacidad de acceso a un segmento muy determinado del público, esto es, las clases medias ilustradas, que está formado principalmente por profesionales y expertos y que, pese a representar un segmento relativamente minoritario de la fuerza laboral (correspondiente, grosso modo, con la clase de servicio a la que hemos hecho referencia en capítulos anteriores), constituyen el sector social más influyente a la hora de crear opinión pública.

De manera ideal, podemos suponer un proceso de génesis de la opinión pública que arranca de la prensa de referencia y se expande a través de las radios y televisiones, las cuales hacen las veces de altavoces o cajas de resonancia de las noticias y opiniones vertidas por aquella. A este proceso se añaden las redes sociales en cada una de las fases, dentro de una dinámica general de convergencia de los medios en torno a una agenda temática que resulta cada vez más diversificada y de más difícil control.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las audiencias están segmentadas en función del tipo de soporte, de tal manera que, mientras la audiencia de la prensa de referencia aumenta con el nivel de estatus social, el perfil de las televisiones está, más bien, invertido con respecto al de aquella (a menor nivel de estatus, mayor exposición a la televisión), tal como veremos más adelante.

Comenzaremos presentando la evolución de las audiencias desde el año 2000, en sus tres apartados de prensa, radio y televisión. Los datos están tomados del Estudio general de medios (EGM en adelante 87 ) y, en todos los casos, aluden a medias anuales.

Por lo que se refiere a la prensa, los datos están marcados por un aumento sostenido de la lectura de esta durante los años de la bonanza económica (2000-2008) y por un desplome durante los años de la crisis, que continúa en los años de recuperación. Está claro, por tanto, que el desplome no solo obedece a la crisis económica, sino también al cambio en el modelo de negocio editorial y al paso de la prensa de papel a la prensa digital, el cual se produce simultáneamente durante la crisis económica y se consolida en los años de recuperación. En términos relativos, la lectura de prensa de papel asciende desde el 36% del universo poblacional 88 , en el año 2000, hasta el 42% en 2008, para caer al 32% en 2013 y al 25% en 2017. En otras palabras, la caída se ha producido a un ritmo parecido en los años de la crisis y en los años de la recuperación, lo que quiere decir que el principal factor explicativo del desplome ha sido el tránsito de la prensa de papel a la prensa digital. Este tránsito se ha producido a tal velocidad que, en 2017, el número de lectores online (10,7 millones) ya superaba al de lectores de papel (9,9 millones). Y esto es tanto más importante cuanto que los periódicos que componen la prensa de referencia son los principales beneficiarios de este reemplazo.

Por lo que se refiere al reparto del mercado editorial, la evolución del consumo de prensa durante nuestro período de referencia está marcada por el liderazgo de El País, el cual supera la barrera de los dos millones de electores en el año 2004, coincidiendo con la derrota electoral del PP y la llegada de Rodríguez Zapatero (véase el gráfico 1 89 ). El País se mantiene por encima de dicho umbral durante la práctica totalidad de la etapa socialista, si bien sufre como el que más la crisis de la prensa de papel a la que estamos haciendo referencia, hasta el punto de que, en la actualidad, se aproxima a cifras por debajo del millón de lectores. Similar suerte corre El Mundo, que se sitúa por encima de la barrera del millón de lectores entre los años 2002 y 2014, pero que se desploma a continuación.

Gráfico 1. Evolución del consumo de prensa

No obstante, conviene relativizar estas cifras toda vez que la lectura online de estos mismos medios compensa de sobra la caída de lectura en papel. Esto no quiere decir que sea lo mismo una cosa que la otra: es evidente que ni en términos económicos ni desde cualquier otro punto de vista podemos equiparar ambas modalidades de lectura. Ahora bien, a la hora de evaluar la crisis de la prensa hay que tener en cuenta que, tal como adelantábamos, los lectores online ya superan a los lectores de papel y que esta sustitución beneficia, en particular, a la prensa de referencia, de tal manera que los lectores online de El País ya superan a los lectores de papel en una relación de tres a uno y que algo similar ocurre con El Mundo. Así, el liderazgo que estas cabeceras han tenido en la prensa de papel se hace más evidente en la prensa digital, en la que la cuota de mercado que consiguen es mucho mayor.

Los datos relativos a la audiencia radiofónica se sitúan entre el 50% y el 60% del universo de referencia a lo largo de todo el período y fluctúan con relativa independencia de la coyuntura económica (véase el gráfico 2), a la que tan sensible ha sido la prensa de papel, tal como acabamos de ver. En cuanto a su distribución por emisoras, destaca el liderazgo de la Cadena SER, que se mantiene muy estable a lo largo de todo el período, seguida de la COPE y Onda Cero, lo que deja a la radio pública en un lugar secundario.

Gráfico 2. Evolución del consumo de radio

En el caso del medio televisivo, la audiencia se confunde con el universo, toda vez que la cobertura de la TV alcanza a toda la población. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la audiencia televisiva tocó techo en los primeros años de la década de 2000, llegando a rondar el 90% el universo total, para descender ligeramente desde entonces. En cualquier caso, podemos seguir considerando la TV como el medio universal por excelencia.

Por lo que se refiere a la distribución de la audiencia televisiva entre las diversas cadenas (véase el gráfico 3), el dato más importante a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que observamos en el medio radiofónico, la televisión pública ha sido líder en dos momentos de nuestro período de referencia: lo fue en los primeros años (entre 2000 y 2004) y lo volvió a ser entre 2010 y 2012. Lo más llamativo de esta evolución es que, desde que el PP llega al gobierno (2012) y desarrolla el real decreto que devuelve la televisión pública al régimen gubernamental anterior a 2006, la televisión pública perdió nada menos que doce puntos porcentuales de cuota, lo que parece una prueba palmaria de que dicho modelo de televisión está contraindicado, pese a estar liberado de la servidumbre publicitaria, lo cual implica una ventaja incuestionable de cara a la audiencia.

Gráfico 3. Evolución del consumo televisivo

Este dato es fundamental para entender que algunos de los nuevos canales aparecidos en la década pasada (Cuatro y La Sexta), en una coyuntura de bonanza económica y como resultado de un impulso al pluralismo audiovisual, hayan terminado consolidándose pese a las dificultades económicas propias de la crisis y a la contracción del mercado publicitario. Llama la atención, en particular, que un canal tan poco convencional como La Sexta llegase a alcanzar una cuota de audiencia del 15% en el año electoral de 2015, cuando las expectativas de cambio político estaban en todo su esplendor, lo que ha producido un nivel de politización sin precedentes en el medio televisivo.

Llegados a este punto, es el momento de pararnos a hacer una breve reflexión sobre el significado de estos cambios producidos en el panorama de los medios. En línea con lo que ya planteamos en el primer apartado de este capítulo, acerca del devenir de la esfera pública en la democracia avanzada, conviene comenzar reconociendo que, en líneas generales, los medios han desempeñado un papel decisivo como elemento de control democrático, por cuanto han hecho posible la formulación y el debate de las cuestiones de interés general mediante el ejercicio de la independencia y la libertad de juicio. Solo la existencia de una esfera pública relativamente autónoma es capaz de conseguir el control democrático de la clase política al servicio de una ciudadanía debidamente informada y, en consecuencia, responsable.

Ahora bien, la pasada crisis económica ha venido a dificultar esta tarea de los medios, en la medida en que ha acelerado procesos tales como la concentración oligopólica de estos, debido al alto nivel de deuda acumulada y a las consiguientes necesidades de financiación. En consecuencia, la crisis económica no solo ha producido un dramático destrozo en el tejido empresarial de los medios y en su tradicional modelo de negocio, sino que ha provocado una crisis de credibilidad en la profesión periodística, dado el efecto combinado de la financiarización de los medios (cada vez más dependientes del poder económico) y de la precarización de los periodistas (cada vez más limitados en su capacidad informativa).

Por otro lado, esta dinámica se refuerza con una idea: ¿no estaremos inmersos en una sociedad posdemocrática en la que el debate parlamentario ha sido sustituido por el espectáculo televisivo, al tiempo que los mecanismos de control democrático han sido reemplazados por la servidumbre mediática de los políticos, obsesionados por obtener el favor de los medios en lugar de trabajar por los grupos sociales que les dan su apoyo? De hecho, el fantasma de la «videopolítica» lleva tiempo circulando en busca de nuevos argumentos y formatos, hasta llegar al infoentretenimiento político (politainment, en adelante). Se entiende por politainment un género híbrido, mitad informativo, mitad distractivo, que en origen se hallaba asociado a la radio, en cuanto medio genuino de comunicación masiva, y que más tarde se transfiere a la televisión, en virtud del cual los temas políticos se adaptan a las exigencias de espectacularización características de la comunicación de masas (Berrocal, 2017). Este tratamiento de la política en clave espectacular se sirve de mecanismos bien conocidos como la personalización, la dramatización y el recurso a encuadres episódicos, de manera que los temas aparecen descontextualizados y huérfanos de causalidad, todo lo cual redunda en que la política se ve reducida a mera politics (entendida como el envoltorio de la política, es decir, sus protagonistas y las relaciones entre ellos), en tanto que las policies (la verdadera sustancia de la política) brillan por su ausencia.

Una vez que la política queda vacía de contenido, el medio televisivo pone en funcionamiento una diversidad de formatos que van desde el magacín político al infoshow, con el fin de llevar esta versión novelada de la política a todos los rincones de la audiencia. Dentro de esta diversidad de formatos, en los años de la crisis se generaliza el recurso a la tertulia política, dado el bajo coste de producción que esta implica (mucho más barata, sin duda, que el reportaje o que un buen informativo). En España, el género tertuliano se inicia en la Transición, con el programa La clave, que durante una década consiguió representar con pulcritud el ánimo conversacional y dialogante que presidía aquel momento de la historia española. Por desgracia, esto tiene poco que ver con el género que se ha cultivado en la presente década, el cual se alimenta, por el contrario, de una mera ilusión de conversación obsesivamente centrada en los temas más conflictivos y divisorios, como son la corrupción o la crisis catalana, detrás de la cual los polos ideológicos en disputa antagonizan desde sus respectivas trincheras, en un ejercicio agónico e inútil que, lejos de buscar algún punto de encuentro, solo pretende su realimentación y refuerzo recíproco.

Aunque el politainment se ha convertido en un ingrediente habitual del menú televisivo, lo más llamativo del panorama español es que una de las cadenas haya conseguido consolidarse entre los principales canales mediante el recurso sistemático a este ingrediente. Y así como resulta habitual que las parrillas matutinas de las televisiones generalistas ofrezcan algún tipo de magacín más o menos politizado, lo específico de la La Sexta es que haya conseguido igualar el nivel de audiencia de los demás canales con una oferta exhaustiva de en torno a seis horas diarias de politainment en diversos formatos y en sesiones de mañana, tarde y noche (Al rojo vivo, Más vale tarde, El intermedio …), todo lo cual queda debidamente completado con la correspondiente programación de fin de semana (La Sexta noche, Salvados, El objetivo…) . En total hay unas cuarenta horas de politainment a la semana, equivalentes a una jornada laboral a tiempo completo.

Referencias

BERROCAL, S. (coord.), (2017): Politainment. La política espectáculo en los medios de comunicación, Valencia, Tirant lo Blanch.

80 Particularmente ilustrativa fue, desde este punto de vista, la perseverancia de medios como El Mundo o la COPE por mantener a toda costa el encuadre de la autoría etarra del 11-M, a fin de sustentar una opción estratégica del PP basada en la deslegitimación del gobierno salido de aquellas elecciones. Por su parte, Zarzalejos se desmarcó de la teoría de la conspiración promovida por El Mundo y la COPE, lo que le costó su salida de la dirección de ABC (Zarzalejos, 2010).

81 Los detalles de la operación pueden verse en el Informe Mongolia (2013), primera parte.

82Informe Mongolia (2013), segunda parte.

83 Aunque Unidas Podemos aparece con posterioridad a las elecciones de 2015, hemos agrupado el voto de IU y Podemos, lo que convierte a esta categoría en segunda fuerza en número de votos, por delante del PSOE. Como resultado de esta agrupación, el votante medio de Podemos-IU se sitúa en el punto 3 de la escala ideológica, a cuatro puntos de distancia del votante del PP.

84 Obsérvese que las cuatro cadenas que aparecen en la tabla tienen un volumen similar de menciones (en torno al 19%), si bien hay que precisar que la categoría «Mediaset» se compone en realidad de dos cadenas (Cuatro y Telecinco) .

85 El cálculo de probabilidades se obtiene mediante un modelo de regresión multinomial. La categoría de referencia para la variable «cadena de televisión preferida» es «Mediaset» (Cuatro y Telecinco). Los datos están controlados por ideología, edad y nivel de estudios.

86 Véase la nota anterior.

87 Agradecemos a la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, propietaria del EGM, el acceso a la información; a ODEC el tratamiento de los datos y, de manera personal, a Luis Pistoni su generosa y amable mediación

88 El universo de referencia ha pasado de los 34,7 millones de habitantes en edad de consumir, información que había en el año 2000, a los 39,8 millones de 2017.

89 Las cifras de los gráficos son miles. Las cifras totales toman como referencia el eje derecho de cada gráfico, en tanto que las cifras parciales toman como referencia el izquierdo.

Estratificación social de la práctica deportiva en España

Jacobo Muñoz Comet y Juan Ignacio Martínez Pastor

Introducción

En las últimas décadas el deporte se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en la mayoría de los países desarrollados. En nuestro entorno más cercano, la Carta europea del deporte para todos aprobada en 1975 por el Consejo Europeo supuso un hito para impulsar este tipo de actividad a través de la implementación de políticas públicas. Desde entonces, el deporte ha crecido en todas las sociedades europeas, aunque la evolución del fenómeno no ha sido lineal y ha experimentado fases de estancamiento. La práctica en el conjunto de la sociedad, a su vez, difiere dependiendo del país (Scheerder et al., 2011). Así, mientras en el norte de la Unión Europea (UE) el 80% de la población hacía deporte al inicio del siglo XXI , al sur del continente la cifra se aproximaba al 50% (Hartmann, 2006). De media, un 60% de la población europea hacía deporte (Van Tuyckom y Scheerder, 2010). ¿Lo hacen todos los grupos sociales por igual? Se sabe que ciertos colectivos son menos proclives, como las mujeres, los adultos de mayor edad, las personas con un nivel educativo bajo y la población residente en zonas rurales.

Otra cuestión es saber hasta qué punto la práctica deportiva regular tiene un impacto positivo sobre el individuo. Existen visiones opuestas sobre los efectos que genera este tipo de actividad: desde los negativos, debido a su excesiva competitividad, violencia e individualismo, hasta los positivos, gracias a su repercusión en el disfrute, la salud, la realización personal y la integración social de las personas. Wankel y Berger (1990) señalan que, al igual que otro tipo de actividades, el deporte, a priori, no es bueno ni malo, en todo caso depende de las circunstancias en las que este se desarrolla. Para evaluar el impacto positivo que puede tener una actividad deportiva, estos autores proponen un modelo teórico que agrupa cuatro resultados potencialmente beneficiosos, dos de carácter individual y otros dos colectivos: disfrute personal (entretenimiento, diversión); salud física y mental; armonía e integración social (socialización, relaciones intergrupales, vida comunitaria), y éxito educativo y movilidad social. Desde esta perspectiva, una actividad deportiva ideal sería aquella que logra impactar de manera significativa en estas cuatro dimensiones.

Un estudio basado en la revisión exhaustiva de literatura científica a partir de 3.668 trabajos especializados ha documentado cómo la práctica del deporte puede contribuir al desarrollo de capacidades sociales y psicológicas (Eime et al., 2013). Los más comunes son una mejora de la autoestima y de la interacción social, esta última acompañada de síntomas más bajos de depresión. Además, se ha comprobado que el deporte tiene una asociación más fuerte con la salud mental que la simple actividad física. Igualmente, el deporte en equipo proporciona más beneficios que el deporte individual, debido a la naturaleza social del primero. El ejercicio físico diario contribuye a tener una vida más larga y de calidad, gracias a la reducción del riesgo de enfermedades y al aumento de beneficios tanto psicológicos como emocionales (Sallis y Owen, 1998). Entre la población más joven, aquellos que desarrollan habilidades físicas a través del deporte aumentan su confianza y aceptación entre sus semejantes, siendo todos estos elementos determinantes para la inclusión social (Bailey, 2005, 2006). Asimismo, se ha demostrado empíricamente la relación entre la práctica deportiva regular y un aumento de las capacidades cognitivas, repercutiendo positivamente en el rendimiento académico. Este efecto podría deberse a que el ejercicio físico genera un mayor flujo de sangre en el cerebro, secreción hormonal y alerta mental. Otras investigaciones realizadas en escuelas muestran que la educación física puede tener efectos positivos en el rendimiento educativo (Bayle et al., 2009).

Como se comentaba al inicio de la introducción, en las últimas décadas la práctica deportiva se ha extendido en las sociedades occidentales, si bien los niveles difieren según el país. ¿En qué lugar se encuentra España dentro del contexto europeo? En el gráfico 1 podemos ver que el 46% de los españoles practica deporte al menos una vez a la semana. Aunque esto nos coloca ligeramente por encima de la media de la UE, seguimos estando muy alejados de otros países del norte de Europa. Al mismo tiempo, sabemos que la probabilidad de practicar deporte depende en buena medida de aspectos individuales, de tal manera que entre algunos colectivos este tipo de actividad puede continuar siendo muy residual.

Gráfico 1. Personas que practican deporte al menos una vez a la semana. Población de 15 o más años de edad

FUENTE : elaboración propia a partir de los datos de Eurostat (2014): https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home .

En este capítulo vamos a estudiar diferentes aspectos de la estratificación social de la práctica deportiva en España. Comenzaremos describiendo la evolución de esta actividad desde finales del siglo XX , así como los principales determinantes que estratifican su práctica en la actualidad (en el epígrafe «La estratificación social de la práctica deportiva»), prestando especial atención a las diferencias según la posición social y el sexo de las personas, y a cómo estas han podido cambiar a lo largo del tiempo. Para ello, vamos a realizar una breve revisión de la literatura científica sobre las desigualdades entre clases sociales y entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la actividad deportiva (en los epígrafes «Desigualdades de clase social» y «Desigualdades de género»). Al finalizar cada uno de esos bloques, expondremos diferentes escenarios sobre cómo esperamos que haya sido la evolución de esas brechas sociales en las últimas dos décadas. Igualmente, plantearemos una hipótesis acerca de cómo pueden variar las diferencias según el sexo dependiendo de la clase social a la que se pertenezca (epígrafe «¿Diferencias en la brecha de género según la clase social?»). A continuación, comprobaremos empíricamente hasta qué punto los tres escenarios que hemos previsto se confirman en el caso de España (epígrafe «Evidencia empírica sobre la evolución de la desigualdad a lo largo de dos décadas»). Por último, resumiremos las principales conclusiones del capítulo («Conclusiones»).

La estratificación social de la práctica deportiva

Hay un patrón común en los países europeos por el que la participación es menor entre las mujeres, los que tienen un nivel educativo más bajo, los que pertenecen a una clase social más baja y las personas de mayor edad (Van Tuyckom y Scheerder, 2010). Esta persistente brecha social ha hecho que algunos cuestionen la efectividad de varios programas públicos que persiguen el deporte para todos (Scheerder y Breedveld, 2004). Factores como la edad, el género y la clase social parecen seguir modelando notablemente la práctica del deporte, tanto en su intensidad como en su variedad (Schreeder et al., 2005a).

El caso de España no es ajeno al panorama internacional descrito con anterioridad, tanto en lo que se refiere a la creciente popularización del deporte como a su estratificación social. Respecto de lo primero, desde la década de 1980 hasta la primera década del siglo XXI se ha constatado un aumento de los hábitos deportivos en la sociedad española (García, 2006a). En efecto, en el gráfico 2 podemos ver cómo desde la década de 1990 se ha experimentado un incremento en la práctica deportiva, aunque con un impulso más fuerte a partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo. En términos globales, se constata que en dos décadas se ha producido un aumento de 15 puntos porcentuales.

¿Cómo podemos explicar el crecimiento vivido en las últimas décadas? Llopis (2017) analiza esta cuestión y encuentra que los efectos generacionales, de ciclo vital y de período han sido claves en la evolución de este fenómeno, en especial el último de estos tres efectos. Los diferentes hitos sucedidos desde la aprobación de la Constitución española hasta la actualidad han sido fundamentales para consolidar una norma social por la cual las personas se preocupan cada vez más por su salud y por mantener estilos de vida activos. En particular, se podrían destacar tres períodos: a) 1978-1982, con medidas tan relevantes como la Ley General de Cultura Física y Deporte de 1980; b) 1984-1995, con políticas públicas que impulsan la construcción e implementación de instalaciones deportivas en todo el país, acompañadas de acontecimientos decisivos como los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992; y c) 2000-2005, con el fomento de un estilo de vida activo entre las personas de mayor edad. Por otro lado, el estudio de Llopis no encuentra evidencia empírica para afirmar que la participación deportiva de cada generación se ha mantenido estable. Al contrario, las generaciones más jóvenes presentan tasas más altas que las más antiguas. Además, se confirma que, con el aumento de la edad, la participación deportiva se va reduciendo.

Gráfico 2. Personas que realizan deporte al menos una vez a la semana desagregado por quinquenios. Población de 15 o más años de edad

FUENTE : elaboración propia a partir de las cinco Encuestas de hábitos deportivos en España .

A pesar de la evolución creciente experimentada desde la década de 1980, hoy en día continúa existiendo un desajuste entre el desarrollo del deporte de alta competición en España y el todavía lento avance de la práctica deportiva en la sociedad española (García y Llopis, 2006; Moscoso et al., 2015). Como se puede observar en el gráfico 3, en la actualidad la participación en este tipo de actividad está estratificada por diversos factores sociodemográficos. Por ejemplo, la situación laboral del individuo resulta definitiva: mientras entre las personas que todavía se encuentran en el sistema educativo la participación deportiva se aproxima al 80%, para los jubilados esta cifra cae al 20%. Como ya sabemos, las diferencias entre ambos grupos pueden estar fuertemente condicionadas por los efectos asociados a la generación y a la edad. Asimismo, podemos encontrar brechas notables entre hombres y mujeres (8 puntos porcentuales), entre aquellos con estudios superiores y con estudios de secundaria o menos (31 puntos), y entre los jóvenes de entre 15 y 19 años y los mayores de 75 (72 puntos).

Pese a que tanto los estudios de género como los de estratificación centrados en la clase social se han aplicado en España a numerosos ámbitos de la sociedad, como la familia, el mercado laboral, la salud o la cultura, la sociología que analiza la estructura social no ha prestado la misma atención a la desigualdad en la práctica deportiva 90 , salvo contadas excepciones (García y Llopis, 2006, 2011, 2017). En este capítulo vamos a tratar con algo más de profundidad las diferencias que afectan a las personas según su posición social y su sexo.

Gráfico 3. Personas que hacen deporte al menos una vez a la semana. Población de 15 o más años de edad

FUENTE : elaboración propia a partir de la Encuesta de hábitos deportivos en España (2015).

Desigualdades de clase social

Junto con las diferencias por nivel educativo o edad, en las que los menos educados y los mayores abandonan de manera progresiva el deporte, la clase social es otro de los parámetros que más estratifican la práctica deportiva en las sociedades económicamente avanzadas. Los individuos posicionados en lo más alto de la estructura social practican más deporte que el resto de clases sociales, en especial que las trabajadoras, un hecho constatado empíricamente desde la década de 1970 en los estudios pioneros de Pierre Bourdieu (1979, 1984). En este sentido, la ocupación de las personas está directamente relacionada con la probabilidad de realizar deporte. Si la clase trabajadora suele ser la menos proclive a practicarlo, la clase de servicio, compuesta por profesionales, técnicos y directivos, es la que más tiempo dedica a este tipo de actividad (Vanreusel et al., 2002; Kahma, 2010).

A pesar de que no abundan las investigaciones que hayan explorado las causas por las que existe una correlación entre las clases sociales y la probabilidad de hacer deporte, los trabajos que han indagado en este tema aluden fundamentalmente a tres mecanismos: en primer lugar, al capital económico, esto es, las clases altas disponen de más dinero, lo que facilita la práctica de ciertos deportes que conllevan un gasto que no todos pueden permitirse. En segundo lugar, las clases altas suelen ocupar profesiones caracterizadas por una relación laboral a largo plazo, con una mayor seguridad contractual y basadas en tareas más difíciles de monitorizar que las propias de la clase obrera (Goldthorpe, 2007). Esto permite que dispongan de más autonomía y flexibilidad para practicar deporte, así como que puedan involucrarse en las actividades deportivas de sus hijos (Andersen y Bakken, 2018), ventajas de las cuales no pueden disfrutar en la misma medida los miembros de la clase obrera. En tercer lugar, el capital cultural también puede intermediar en las diferencias de clase, puesto que dicho capital moldea los gustos y las preferencias con respecto al ocio y a la importancia y el sentido de hacer deporte (Bourdieu, 1979). Las clases altas estarían dotadas de un capital cultural tendente a la práctica deportiva como una manera de cuidar el cuerpo, fortalecer la salud y prevenir enfermedades en mayor medida que las clases bajas.

Esta última cuestión ha sido estudiada en Estados Unidos, donde se han investigado las diferencias en los deportes practicados y consumidos teniendo en cuenta la importancia de los capitales cultural y económico del individuo (Wilson, 2002). Los resultados de este trabajo destacan que la desigualdad en el capital cultural —medida a partir del nivel educativo— explica mejor las diferencias en la involucración en determinados tipos de deporte que la desigualdad económica —medida con los ingresos del hogar—. El distanciamiento de la clase alta de los deportes más populares entre la clase proletaria (como el fútbol o el boxeo) estaría relacionado con la idea de capital cultural utilizada por Bourdieu: cualquier consumo lleva implícito unas preferencias y unos gustos que cada individuo adquiere a lo largo de su vida y a través de la educación, lo cual conlleva la reproducción de las desigualdades sociales.

Pese a la influencia que la posición social ha tenido tradicionalmente sobre los hábitos deportivos, se sabe que, en algunos lugares como Flandes, la clase social ha perdido fuerza en las últimas dos décadas a la hora de predecir la práctica deportiva de los adolescentes (Scheerder et al., 2005c). Igualmente, en esa misma región la participación en el deporte ha dejado de estar influida por el origen social de los jóvenes, esto es, por el estatus socioeconómico de sus padres (Scheerder et al., 2005d). Los autores encuentran, sin embargo, un efecto positivo de los hábitos deportivos de los progenitores en la práctica deportiva de los propios hijos. Frente al debilitamiento del efecto de clase, la práctica deportiva parece depender, cada vez más, del estilo de vida de las personas, relacionado con aspectos como el consumo de televisión, el interés por determinados programas televisivos o la pertenencia a distintas asociaciones (Moens y Scheerder, 2004). Al mismo tiempo, se ha comprobado que entre los jóvenes están surgiendo nuevas formas en la práctica deportiva (Scheerder et al., 2005c). Junto a estilos tradicionales que aún siguen siendo muy populares, como la participación en contextos organizativos formales (clubes deportivos, escuelas de deporte, campamentos de verano), están emergiendo nuevas motivaciones para hacer deporte, como la diversión, la aventura y otros valores contemporáneos como la calidad de vida y la autorrealización. Además de la participación tradicional/competitiva del deporte, el deporte no tradicional ha aumentado a través de diversas actividades físicas recreativas (Scheerder et al., 2005b).

La pérdida de influencia de la clase social sobre la práctica deportiva detectada en algunos países apoyaría las predicciones realizadas por algunos sociólogos, por las que las clases sociales habrían dejado de tener peso en las sociedades posmodernas (Beck, 2000). En estas, la individualización se habría universalizado y las personas, lejos de pertenecer a grandes categorías sociales que fueron hegemónicas en el pasado (como la religión, la clase social, el origen étnico…), construirían su identidad a partir de una pluralidad de estilos de vida emergentes. En línea con esta visión, se ha constatado un aumento de la variedad de actividades deportivas, que conforman una oferta lo suficientemente amplia como para escoger entre prácticas que no responden necesariamente a deportes tradicionales. Según los datos del Anuario de Estadísticas Deportivas publicado en 2018, el porcentaje de población que participa en actividades menos populares históricamente como la carrera a pie, el montañismo/senderismo o la musculación/culturismo ha aumentado entre 2010 y 2015. En ese mismo período, sin embargo, la práctica de deportes mayoritarios, como el fútbol o el baloncesto, ha experimentado un estancamiento e incluso un pequeño retroceso. Por todo lo descrito con anterioridad, nos planteamos la posibilidad de que las diferencias entre clases sociales a la hora de hacer deporte, aunque todavía tengan lugar, se hayan reducido en España en los últimos 20 años (Escenario 1).

Desigualdades de género

La segunda brecha social en la que nos vamos a centrar es la de género. Las diferencias entre hombres y mujeres, en términos de práctica deportiva, constituyen un patrón hallado en muchas sociedades occidentales, donde ellos tienden a dedicar más tiempo que ellas a este tipo de actividad (Sallis et al., 1996; Vanreusel et al., 2002). En Flandes, donde se ha investigado en profundidad este tema, las adolescentes tienen la mitad de probabilidad de practicar deporte que los chicos de su misma edad (Scheerder et al., 2005d). Los autores contemplan la posibilidad de que la brecha de género se deba a diferencias culturales y a expectativas sociales sobre la juventud: ellas tendrían preferencia por dedicar su tiempo libre a actividades sociales y culturales, mientras que ellos optarían más por el deporte.

No obstante, las diferencias entre adolescentes también pueden tener su origen en algunas barreras psicológicas (Sallis et al., 1996). Los chicos suelen tener una mejor imagen de sus cuerpos, mientras que las chicas muestran menos interés por el ejercicio físico. El deporte puede funcionar como un espacio para reforzar las identidades sociales, como sucede en España con la reproducción de la masculinidad a través del fútbol (Llopis, 2008). En Países Bajos, por ejemplo, se ha comprobado que la distinta participación en el deporte de niños y niñas está determinada por imágenes normativas sobre el género (Elling y Knoppers, 2005). Por esta razón, los niños tienden a excluir a las chicas de deportes más «masculinos», como el fútbol, pero, al mismo tiempo, procuran evitar deportes considerados más «femeninos» por miedo a ser etiquetados de alguna forma despectiva.

Allender et al. (2006) revisan, para un período de 15 años, todas las investigaciones científicas sobre la participación en el deporte y en actividades físicas en Reino Unido. Varios de los estudios analizados coinciden en que una de las principales motivaciones de las jóvenes adolescentes para realizar ejercicio físico es cumplir con los ideales populares de belleza respecto del peso y la forma corporal. Otros trabajos hallados en esta revisión documentan los frenos que encuentran muchas chicas interesadas por las actividades deportivas. En estos casos, se suele producir una tensión entre el deseo de parecer atractivas y femeninas, y la imagen musculosa de una mujer deportista. Por otra parte, para muchas jóvenes actividades tradicionales como el fútbol, el rugby o el hockey les producen aburrimiento, mientras que otras menos comunes, como la danza, les suscitan más interés y les proporcionan más diversión. Igualmente, la naturaleza competitiva de algunas actividades deportivas constituye para muchas chicas un desincentivo.

La menor participación de las mujeres en actividades deportivas sigue presente en nuestras sociedades, si bien se han hallado indicios de una reducción de la distancia respecto de los hombres a lo largo de las últimas décadas (Scheerder y Vos, 2011). En el caso concreto de Flandes, las diferencias han disminuido sobre todo por el incremento de la participación de las mujeres (Scheerder y Taks, 2005a). Este cambio de hábito se debe, en buena parte, a la redefinición de lo que se entiende por «deporte», incluyendo recientemente actividades como pasear o ir en bicicleta. En el contexto español también han surgido nuevas formas de practicar y experimentar deporte, más allá de las tradicionales orientadas a entrenamientos disciplinados cuyo fin es la competición deportiva reglada, fuertemente ligadas a la cultura predominante (García, 2006b; Llopis, 2014). En este tipo de actividades, como salir a andar de manera regular y con el fin de realizar ejercicio físico, existe una mayor presencia de mujeres que de hombres (Martín et al., 2014). Teniendo en cuenta los cambios detectados en los últimos años, tanto relacionados con el incremento de la participación de la mujer en el deporte en países de nuestro entorno, como con la aparición de nuevas prácticas con un menor componente competitivo, la segunda hipótesis de este trabajo es que la brecha de género en la dedicación a actividades deportivas, aunque todavía existe, se ha reducido en las últimas dos décadas (Escenario 2).

¿Diferencias en la brecha de género según la clase social?

Por último, en este capítulo nos preguntamos en qué medida la brecha de género puede estar condicionada por la clase social. Se ha comprobado que aquellas personas que en su juventud practicaron deporte, en especial en los últimos años de la adolescencia, tienen más probabilidad de dedicar tiempo a estas actividades ya de adultos (Scheerder et al., 2006; Telama et al., 2006). La participación deportiva en la juventud es un buen predictor de la práctica en la edad adulta, a veces incluso mejor que otros factores como el nivel educativo o el origen social. Cuanto más deporte se ha practicado de joven, menor es el riesgo de tener una vida sedentaria. La variedad de deportes practicados también incrementa la probabilidad de continuar haciendo deporte en la edad adulta. Y, en el caso concreto de las mujeres, las que practicaron un deporte no competitivo de jóvenes, tienen una mayor probabilidad de continuar haciéndolo ya de adultas que las que lo hicieron de manera competitiva.

La influencia de los hábitos en la infancia y la adolescencia sobre el resto del ciclo vital puede representar una de las claves en la brecha de género diferenciando por clase social. Si haber practicado deporte en la juventud incrementa la probabilidad de realizarlo de adulto, aquellas personas que hayan sido más resistentes a los obstáculos sociales que dificultan la participación, disfrutarán en mayor medida de los hábitos deportivos a lo largo de la vida. En este sentido, diferentes estudios coinciden en el papel clave que desempeñan las familias en los hábitos deportivos de los jóvenes (Horn y Horn, 2007; Scheerder et al., 2007). Cuando los padres tienen una vida deportiva activa, la probabilidad de que los hijos también la tengan se incrementa no solo en el presente, sino también a lo largo del ciclo vital (Yang et al., 1996; Kraaykamp et al., 2013). Además, se ha comprobado que la influencia que ejerce el núcleo familiar, en comparación con otros agentes sociales, es más fuerte en los adolescentes que proceden de origen social más alto que aquellos de familias con menos recursos socieconómicos (Stuij, 2013).

La influencia familiar no solo tiene lugar a través de la propia práctica deportiva de los padres, sino también mediante otras formas. Coakley y White (1992) encuentran que los padres proporcionan recursos básicos sin los cuales las actividades deportivas de los hijos no serían posibles. Por un lado, en muchas ocasiones el soporte económico es necesario para financiar actividades que requieren unos costes mínimos, ya sea para el material de la actividad, ya sea para cubrir gastos de inscripción. Por otro, la práctica deportiva de los hijos requiere disponibilidad por parte de los padres para desplazarse entre el hogar y el lugar de la actividad (Hoefer et al., 2001). Los adultos que tienen esta flexibilidad y, en caso de que no dispongan de ella, puedan recurrir a otras personas, tendrán más oportunidades para que sus hijos prorroguen su vida deportiva. Coakley y White (1992) consideran que todo lo anterior es especialmente crucial en el caso de las adolescentes, dado que, en comparación con los chicos, ellas suelen tener menos expectativas e iniciativa para realizar actividades fuera del hogar. Por último, existen otras formas más intangibles a través de las cuales los padres influyen positivamente en sus hijos (Beets et al., 2010). Tanto la motivación y el ánimo para practicar deporte, como la capacidad para asesorar y discutir sobre la importancia y los beneficios de este tipo de actividad, resultan decisivos en esta transmisión intergeneracional.

Además de los anteriores factores, los padres también son decisivos a la hora de incentivar o frenar determinadas prácticas dependiendo del entorno en el que estas se desarrollan. Algunos estudios hallan que las madres desaniman a sus hijos a realizar actividades cuando consideran que tienen lugar en espacios poco seguros (Allender et al., 2006). Igualmente, otros trabajos académicos constatan que los padres son más proclives a apoyar a sus hijos cuando la práctica deportiva es de fácil acceso, segura, cómoda para llevarlos y con actividades disponibles para otros miembros de la familia. Además, el tipo de entorno también parece afectar de manera distinta a los adolescentes. La residencia en zonas con mayor inseguridad reduce entre las chicas la probabilidad de realizar actividades físicas fuera de casa, pero no entre los chicos (Evenson et al., 2006).

Como ya se explicó al inicio de este apartado, existe una amplia evidencia empírica que confirma que la participación en el deporte es mayor entre las personas con un mayor poder socioeconómico. Al mismo tiempo, la práctica deportiva está más extendida entre los hombres que entre las mujeres. Como acabamos de ver, el apoyo familiar resulta fundamental para que los jóvenes puedan practicar deporte. Sabemos que los adolescentes que proceden de familias con más recursos —materiales y no materiales— encuentran más facilidades para integrarse en estas actividades. Sin embargo, esta ventaja puede tener un efecto mayor para las chicas que para los chicos. Algunos trabajos citados anteriormente explican, por un lado, que las jóvenes tienen menos iniciativa para realizar actividades fuera de casa, y por otro, que los padres suelen prestar atención a las condiciones de seguridad donde se realizan estas actividades. Además, la residencia en entornos menos seguros parece tener una repercusión mayor en las chicas que en los chicos. Por todo esto, esperamos que, a pesar de existir una brecha de género en todo el espectro social, la distancia sea menor conforme la clase social de los individuos sea más alta (Escenario 3).

Evidencia empírica sobre la evolución de la desigualdad a lo largo de dos décadas

Para comprobar si las brechas de clase social y de género han cambiado en el tiempo, vamos a utilizar los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, sus cuatro primeras ediciones de la Encuestas sobre hábitos deportivos en España realizadas en 1995 (estudio 2198), 2000 (2397), 2005 (2599) y 2010 (2833), y el barómetro de junio de 2014 (3029) 91 . El tamaño muestral de estas fuentes varía, siendo el de las primeras más grande que el del barómetro. La unión de los cinco ficheros de datos nos permite aumentar el número de casos y también conocer cómo ha sido la evolución de la práctica deportiva a lo largo del tiempo. Puesto que la información de las cinco fuentes no es exactamente la misma, la muestra utilizada para los análisis se ha restringido para los casos que presentan en todos los estudios las mismas características sociodemográficas. Así, la muestra final está compuesta por hombres y mujeres de 18 a 65 años, lo cual implica un total de 25.525 observaciones.

El propósito de este análisis es estudiar la estratificación social de los hábitos deportivos en España. Para ello vamos a utilizar una variable dependiente dicotómica con las siguientes dos categorías: a) practicar deporte; y b) no practicar deporte. La construcción de esta variable se deriva de la siguiente pregunta del CIS que aparece en todos los cuestionarios utilizados: «Por lo general, ¿con qué frecuencia suele practicar deporte?». Las posibles respuestas son: 1) Tres veces o más por semana; 2) una o dos veces por semana; 3) con menos frecuencia; 4) solo en vacaciones; y 5) no contesta. Para este estudio consideramos que alguien practica deporte si lo hace al menos una vez por semana, es decir, si contesta a las opciones 1 o 2. Para comprobar si los resultados obtenidos de los análisis son robustos, vamos a repetirlos considerando un criterio más restrictivo: hacer deporte al menos tres veces a la semana.

Nuestras variables independientes clave hacen referencia al período (1995, 2000, 2005, 2010 y 2014), al género (hombre vs. mujer) y a la clase social. Para medir esta última utilizamos la clasificación propuesta por Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP, 1979), la cual contiene ocho categorías:

• I: Profesionales y directivos de nivel alto.

• II: Profesionales y directivos de nivel bajo; técnicos de nivel alto.

• III: Empleados no manuales de rutina.

• IVa: Pequeños propietarios.

• IVb: Autónomos.

• IVc: Agricultores, pescadores, etc., por cuenta propia.

• V: Supervisores de trabajadores manuales.

• VI: Trabajadores manuales cualificados.

• VIIa: Trabajadores manuales semicualificados y no cualificados (no agrarios).

• VIIb: Trabajadores agrarios y otros de la producción primaria.

Además de estas categorías, en la variable «clase social» se han añadido los parados, los estudiantes, los prejubilados o pensionistas, los otros inactivos y, finalmente, aquellos de los que no se tiene la información relativa a la clase social. Junto con el género y la clase social, vamos a tener en cuenta también la edad y el nivel educativo de los individuos, factores que, como hemos visto, también influyen en la práctica deportiva. Tener en cuenta todas estas variables de manera conjunta nos va a permitir captar el efecto neto de cada variable de interés sobre la probabilidad de practicar deporte.

Primero, se presentarán los resultados descriptivos mediante frecuencias y sus porcentajes relativos a las variables clave y su evolución en el tiempo. En segundo lugar, explicaremos la evidencia obtenida a partir de los análisis multivariables. Para esto último, vamos a estimar diferentes modelos de regresión logística sobre la probabilidad de practicar deporte (vs. no practicarlo). Estos modelos incluirán, además de las cinco variables independientes, la interacción entre algunas de ellas. Mediante esto último podremos comprobar hasta qué punto los tres escenarios descritos en los apartados anteriores se cumplen, esto es: la reducción de las diferencias por clase social a lo largo del tiempo (Escenario 1); la reducción de las diferencias por género a lo largo del tiempo (Escenario 2); la reducción de la brecha de género conforme más alta es la clase social (Escenario 3).

Resultados descriptivos

La tabla 1 muestra los porcentajes de la práctica deportiva en función de nuestras tres variables de interés: el año, el sexo y la clase social. El bloque de la izquierda se refiere a los que practican deporte al menos una vez a la semana, mientras que el de la derecha se refiere a los que lo practican al menos tres veces. Estos resultados descriptivos muestran, al menos, tres resultados de interés. El primero es que, en un tramo de 20 años, los que practican deporte al menos una vez por semana han pasado del 31% al 41%; para los que practican deporte al menos tres veces, la proporción ha aumentado del 16% al 24%. Debemos recordar que estos resultados se refieren a la población de entre 18 y 65 años y que la encuesta utilizada para el año 2014 es la del barómetro del CIS. Si tomáramos como referencia la Encuesta de hábitos deportivos en España de 2015, el porcentaje para la práctica una vez a la semana ascendería al 46,2%.

El segundo hecho destacable tiene que ver con las diferencias de género. Los varones son más proclives a hacer deporte que las mujeres. Pese a que se observa un aumento de la práctica en ambos colectivos, la brecha entre varones y mujeres se mantiene en términos porcentuales para los que hacen deporte al menos una vez a la semana (la distancia es de 17 puntos en 2014); mientras que se ha incrementado entre los que lo hacen al menos tres veces a la semana (la diferencia alcanza los 12 puntos ese mismo año). En tercer lugar, las tablas indican que, tal y como sucede en otros países, la clase social es una variable que importa a la hora de hacer deporte. Los que más lo practican son los profesionales (clases I y II en la clasificación de EGP). Las diferencias entre los profesionales de nivel alto y los obreros de las ocupaciones semidescualificadas se sitúan en torno a 25 puntos porcentuales durante el período analizado para los que hacen deporte al menos una vez a la semana, y entre 13 y 8 puntos para los que lo hacen al menos tres veces por semana.

Pese a detectar en la tabla 1 diferencias en el nivel de participación entre grupos y quinquenios, para poder confirmar que los cambios en las brechas de género y de clase social a lo largo del tiempo son estadísticamente significativos, es necesario que complementemos estos análisis con otros multivariables. De esta manera, podremos saber hasta qué punto estos resultados —obtenidos a partir de una muestra representativa— los podemos inferir al conjunto de la población.

Tabla 1. Práctica deportiva (porcentajes) de personas entre 18 y 65 años

Una vez a la semana

Tres veces a la semana

1995

2000

2005

2010

2014

1995

2000

2005

2010

2014

Toda la población

30,9

33,8

34,9

41,3

41,3

16,1

18,9

19,6

24,7

23,8

Sexo

Hombres

38,2

42,3

41,8

50,5

49,7

19,1

22,6

23,5

30,7

29,8

Mujeres

23,5

25,3

28,0

31,7

32,8

13,2

15,3

15,7

18,4

17,7

Clase social

Profesionales alto

51,2

57,7

50,0

59,2

61,9

25,0

29,8

23,3

29,6

31,4

Profesionales bajo

49,0

46,8

46,4

54,7

53,0

25,2

25,6

25,4

31,9

26,5

No manuales rutina

37,4

33,2

37,8

42,9

50,3

19,7

14,7

21,7

25,0

28,3

Pequeños propietarios

21,6

34,0

39,0

45,4

45,5

13,2

12,8

19,5

28,7

29,5

Autónomos

30,2

26,1

29,5

43,7

45,9

14,1

13,2

15,6

25,9

26,1

Supervisores manuales

28,6

42,3

34,7

40,6

37,5

7,1

15,4

6,3

27,3

12,5

Manuales cualificados

34,8

35,9

37,6

44,6

45,1

13,7

18,7

19,9

26,0

31,4

Manuales no cualificados

25,2

30,7

28,7

34,4

36,8

11,6

15,3

15,4

18,9

23,0

Trabajadores agrarios

12,9

23,9

16,7

33,7

38,9

3,3

6,7

5,9

22,9

16,7

Agricultores, pescadores

12,7

8,6

15,2

15,7

28,6

7,3

3,4

6,1

8,3

21,4

Parados

31,7

24,9

31,4

38,9

38,2

16,7

11,6

19,4

23,8

21,5

Jubilados

6,6

16,0

23,3

31,6

25,0

4,1

11,7

13,4

21,0

14,2

Estudiantes

61,0

58,6

60,6

62,7

64,0

32,9

39,0

37,6

40,6

45,6

Inactivos

16,2

16,7

17,8

22,1

19,6

10,6

10,1

11,1

13,7

6,5

No contestan

33,8

37,2

31,5

39,8

34,8

17,6

23,3

16,3

25,7

26,1

Observaciones (N)

4.236

4.669

7.278

7.331

2.011

4.236

4.669

7.278

7.331

2.011

FUENTE : elaboración propia a partir de las encuestas del CIS (2198, 2397, 2599, 2833 y 3029).

Resultados multivariables

A continuación, nos vamos a apoyar en una serie de análisis multivariables para comprobar en qué medida se cumplen los tres escenarios descritos a lo largo del capítulo 92 . En lo que respecta a la evolución de la desigualdad por clases sociales, los resultados muestran que no se ha producido una reducción estadísticamente significativa de la brecha en el tiempo. La única excepción tiene lugar en 2000, año en el que la distancia de los obreros no cualificados con respecto a los profesionales de nivel bajo y a los trabajadores no manuales de rutina se acorta. Tomando como referencia hacer deporte al menos tres veces a la semana, estos análisis arrojan los mismos resultados, aunque, en el caso de la brecha entre los obreros no cualificados y la clase II, la reducción se produce en 2014.

Teniendo en cuenta esta evidencia, no podemos confirmar el primer escenario previsto, en el cual esperábamos una disminución de las diferencias entre las clases sociales conforme pasaban los años. La desventaja de los obreros semidescualificados y no cualificados se mantiene estable en el tiempo con respecto a prácticamente todas las categorías analizadas. Por otra parte, cabe destacar que el aumento de la práctica deportiva sí ha venido acompañado de dos cambios relevantes: por un lado, los prejubilados y pensionistas, tradicionalmente menos proclives a este tipo de actividades, han reducido sus diferencias con el resto de la sociedad tanto en una práctica moderada como en una más intensa; por otro lado, los estudiantes, uno de los grupos más propensos a practicar deporte, ya no se distancian tanto de otros colectivos al realizarlo al menos una vez a la semana, aunque no cuando se trata de una práctica más intensa (tres veces).

¿Qué sucede con el género? ¿Ha conllevado el aumento de la práctica deportiva en España una reducción de la brecha entre hombres y mujeres? El análisis multivariable nos muestra de manera rotunda que la desigualdad entre ambos grupos no ha disminuido. En concreto, se mantiene intacta a la hora de practicar deporte al menos una vez a la semana y aumenta hasta cuatro puntos porcentuales cuando hablamos de una actividad más intensa. Estos resultados, por lo tanto, tampoco nos permiten confirmar el segundo escenario previsto, por el cual esperábamos que la brecha de género se hubiera reducido en los últimos veinte años.

Finalmente, en el tercer escenario se argumentaba que, a pesar de existir una desigualdad de género en todo el espectro social, la distancia entre hombres y mujeres debería ser menor en lo más alto de la estructura social, es decir, entre las clases profesionales. Con respecto a la probabilidad de hacer deporte al menos una vez a la semana, los resultados muestran con claridad que la brecha de género en las distintas clases sociales no es distinta. La única variación significativa se produce entre los autónomos, para los que la ventaja de los hombres frente a las mujeres es menor. Además, la brecha también es más pequeña entre los prejubilados o pensionistas y entre los inactivos. Con respecto a la probabilidad de practicar deporte al menos tres veces a la semana, solo hallamos una menor brecha de género entre los agricultores y los peones agrarios. Una mención especial merecen los estudiantes, único caso en el que encontramos una desigualdad entre hombres y mujeres más grande que en el resto de grupos sociales analizados, tanto para una práctica semanal moderada como para otra más intensa. Teniendo en cuenta los anteriores resultados, tampoco podemos decir que la brecha de género en lo que a la práctica deportiva se refiere sea menor entre las clases sociales más altas en comparación con la clase obrera, con lo cual rechazaríamos el escenario 3.

Conclusiones

El primer hecho incontrovertible que pone de manifiesto el trabajo empírico presentado en este capítulo es la extensión de la práctica deportiva en España, resultado hallado en anteriores estudios. La extensión afecta a ambos géneros y a todas las clases sociales. Este hecho no es baladí, puesto que, tal y como se ha comentado en la introducción, hacer deporte conlleva múltiples beneficios para la salud física y psíquica. Además, la práctica deportiva influye de manera positiva en importantes funciones latentes relacionadas con una mejor socialización e incluso una mayor movilidad social.

Precisamente por los beneficios que implica hacer deporte, desde el punto de vista de la estratificación social resulta relevante cuestionarse si el incremento de la práctica deportiva ocurrido en España desde finales del siglo XX ha redundado en una disminución de la brecha tradicional según la posición social y entre hombres y mujeres. Los resultados indican que la extensión de los hábitos deportivos apenas ha reducido la brecha entre los extremos de las clases sociales. La desigualdad de género tampoco se ha minimizado e incluso ha aumentado muy levemente entre los que hacen deporte con más frecuencia. Por otra parte, los resultados tampoco encuentran una menor brecha de género entre los profesionales en comparación con la que existe en la clase obrera.

La persistente desigualdad según la clase social y el género en la práctica deportiva en España hace pensar que nuestro país se encuentra a medio camino entre aquellos donde menos deporte se practica y aquellos donde se ha llegado a proporciones muy elevadas, como sucede en el norte de Europa. Digamos que, aunque tanto hombres como mujeres practican cada vez más deporte en España, el aumento de esta práctica se produce a un ritmo parecido en ambos grupos, por lo que las distancias relativas se mantienen, incluso controlando por otras variables como la edad o el nivel de estudios. Lo mismo sucede con las clases sociales.

En otros países europeos, donde hace deporte el 80% de la población, es posible que se haya alcanzado un techo entre las capas que tradicionalmente lo han practicado más; pero la extensión sigue su curso entre los que menos lo practican, dando lugar a una reducción de las desigualdades de género y de clase social. En este sentido, España estaría en una etapa intermedia en la expansión de la práctica deportiva, una fase en la que todavía hay una proporción muy importante de gente que no hace deporte. Por último, en este capítulo también hemos visto que, pese al aumento general de la práctica deportiva, la clase social sigue siendo un claro determinante de la desigualdad, sin que el tiempo haya reducido su efecto. Teniendo en cuenta estos resultados, la tesis de la individualización, muy en boga en sociología, no parece tener lugar en este ámbito de la vida social.

Referencias

ALLENDER , S., COWBURN, G y FOSTER, C. (2006): «Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: A review of qualitative studies», Health Education Research, 21(6), pp. 826-835.

ANDERSEN , P. L. y BAKKEN, A. (2018): «Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?», International Review for the Sociology of Sport, 2 de abril de 2018.

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Apéndice

Tabla A1. Average marginal effects después de una regresión logística sobre la probabilidad de practicar deporte. Interacciones entre clase social y año de la encuesta

Practicar deporte al menos 1 vez por semana

Interacciones clase social*año

EGP*2000

EGP*2005

EGP*2010

EGP*2014

VIIa Manuales no cualificados (ref.)

I Profesionales nivel alto

0,12**

-0,01

-0,04

-0,03

-0,03

II Profesionales bajo y téc.

0,16***

-0,10*

-0,08

-0,07

-0,10

III No manuales de rutina

0,09**

-0,10*

-0,02

-0,04

-0,01

IVa Pequeños propietarios

-0,03

0,03

0,09

0,08

0,05

IVb Autónomos

0,05

-0,09

-0,04

0,01

-0,01

V Supervisores manuales

-0,04

0,08

0,04

0,02

-0,04

VI Manuales cualificados

0,06

-0,06

-0,01

-0,03

-0,05

VIIb Trabajadores agrarios

-0,15

0,07

0,03

0,12

0,11

IVc Agricultores, pescadores.

-0,15*

-0,12

0,03

-0,06

0,07

Parados

0,04

-0,11**

-0,03

-0,03

-0,04

Prejubilados o pensionistas

-0,21***

0,13*

0,22***

0,23***

0,13*

Estudiantes

0,19***

-0,07*

-0,02

-0,06

-0,13**

Inactivos

0,05

-0,06

-0,02

-0,04

-0,10*

No contestan

0,04

-0,02

-0,04

-0,04

-0,09

Año 1995 (ref.)

año2000

0,06*

año2005

0,04

año2010

0,11***

año2014

0,14***

Practicar deporte al menos 3 veces por semana

Interacciones clase social*año

EGP*2000

EGP*2005

EGP*2010

EGP*2014

VIIa Manuales no cualificados (ref.)

I Profesionales nivel alto

0,09*

-0,02

-0,07

-0,06

-0,09

II Profesionales bajo y téc.

0,12***

-0,06

-0,06

-0,06

-0,13**

III No manuales de rutina

0,08**

-0,10**

-0,03

-0,04

-0,06

IVa Pequeños propietarios

0,03

-0,07

0,00

0,03

-0,00

IVb Autónomos

0,04

-0,06

-0,04

0,01

-0,03

V Supervisores manuales

-0,16

0,13

-0,02

0,19

-0,00

VI Manuales cualificados

0,01

-0,01

0,01

0,02

0,02

VIIb Trabajadores agrarios

-0,17

0,05

0,02

0,20

0,08

IVc Agricultores, pescadores.

-0,04

-0,17

-0,08

-0,09

0,03

Parados

0,05

-0,11**

-0,02

-0,02

-0,07*

Prejubilados o pensionistas

-0,10*

0,11*

0,11*

0,14**

0,03

Estudiantes

0,12***

-0,01

-0,01

-0,03

-0,07

Inactivos

0,09***

-0,07

-0,05

-0,07

-0,24***

No contestan

0,06

0,00

-0,07

-0,03

-0,05

Año 1995 (ref.)

Año 2000

0,06*

Año 2005

0,06*

Año 2010

0,11***

Año 2014

0.15***

FUENTE : elaboración propia a partir de las encuestas del CIS (2198, 2397, 2599, 2833 y 3029).

Modelos controlados también por sexo, edad y nivel educativo.

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Tabla A2. Average marginal effects después de una regresión logística sobre la probabilidad de practicar deporte. Interacciones entre sexo y año de la encuesta

Practicar deporte al menos 1 vez por semana

Interacciones sexo*año

hombre* 2000

hombre* 2005

hombre* 2010

hombre* 2014

Mujer (ref.)

Hombre

0.15***

0.01

-0.02

0.03

0.00

Año 1995 (ref.)

Año 2000

0.00

Año 2005

0.04**

Año 2010

0.08***

Año 2014

0.10***

Practicar deporte al menos 3 veces por semana

Interacciones sexo*año

hombre* 2000

hombre* 2005

hombre* 2010

hombre* 2014

Mujer (ref.)

Hombre

0.07***

0.00

0.01

0.04**

0.04*

Año 1995 (ref.)

Año 2000

0.02

Año 2005

0.03**

Año 2010

0.07***

Año 2014

0.07***

FUENTE : elaboración propia a partir de las encuestas del CIS (2198, 2397, 2599, 2833 y 3029).

Modelos controlados también por clase social, edad y nivel educativo.

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Tabla A3. Average marginal effects después de una regresión logística sobre la probabilidad de practicar deporte. Interacciones entre sexo y clase social

Practicar deporte al menos 1 vez por semana

Practicar deporte al menos 3 veces por semana

Interacción sexo*clase social

Interacción sexo*clase social

Mujer (ref.)

Mujer (ref.)

Hombre

0.16***

Hombre

0.08***

egpVIIa (ref.)

egpVIIa (ref.)

egpI

0.10***

-0.01

egpI

0.03

0.00

egpII

0.09***

-0.02

egpII

0.06***

-0.01

egpIII

0.05**

-0.01

egpIII

0.02

0.02

egpIVa

0.02

0.02

egpIVa

0.05

-0.02

egpIVb

0.07**

-0.06*

egpIVb

0.05**

-0.05

egpIVc

-0.09

-0.11

egpIVc

-0.02

-0.13*

egpV

-0.04

0.03

egpV

0.02

-0.09

egpVI

0.01

0.02

egpVI

0.00

0.03

egpVIIb

-0.01

-0.08

egpVIIb

0.06

-0.15*

egpparado

0.01

-0.01

egpparado

0.02

-0.00

egpjubil

0.05*

-0.11***

egpjubil

0.04*

-0.04

egpestudia

0.10***

0.11***

egpestudia

0.04*

0.11***

egpinact

0.02

-0.37**

egpinact

0.02

-0.17

egpnc

0.04

-0.05

egpnc

0.06

-0.04

FUENTE : elaboración propia a partir de las encuestas del CIS (2198, 2397, 2599, 2833 y 3029).

Modelos controlados también por año, edad y nivel educativo.

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

90 Prueba de ello son los capítulos dedicados al género y a la estratificación social en el Informe España 2015, editados por el CIS (Torres, 2015) y dirigidos por María Ángeles Durán (2015) y José Félix Tezanos (2015) respectivamente.

91 La última Encuesta de hábitos deportivos en España ha sido realizada en 2015, pero, a diferencia de las anteriores ediciones, el CIS no la ha dirigido. Los principales resultados son accesibles a través de la web del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero los microdatos no están disponibles.

92 En el apéndice del capítulo están disponibles los modelos estimados.

Edición en formato digital: 2020

© Juan Jesús González Rodríguez, Olga Salido Cortés, Luis Ayala Cañón, Olga Cantó Sánchez, Jacobo Fernando Muñoz Comet, María Miyar Busto, Julio Pérez Díaz, Daniel Guinea Martín, Teresa Jurado Guerrero, Obdulia Taboadela Álvarez, Ricardo Mora Villarrubia, Antonio Abellán García, Luis Joaquín Garrido Medina, Juan Ignacio Martínez Pastor, 2020

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2020

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15

28027 Madrid

alianzaeditorial@anaya.es

ISBN ebook: 978-84-1362-036-7

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