Banca Catalana: Más que un Banco, más que una crisis constituye la primera obra sobre la historia de Banca Catalana en su integridad, desde su fundación en 1959 a partir de una modestísima entidad local, hasta su crisis y la posterior acción fiscal.

Este libro es el fruto de la investigación desarrollada durante varios meses por tres periodistas barceloneses, interesados en descubrir y explicar todo lo que hasta ahora había quedado oculto al público.

El funcionamiento interno de Banca Catalana, sus dirigentes, sus numerosas incursiones en todos los ámbitos financieros, culturales y sociales, sus éxitos y sus fracasos, en un relato periodístico escrito con el máximo rigor.

Banca Catalana: Más que un Banco, más que una crisis es un libro polémico sin duda. Y lo es porque los sucesos que han girado en torno a esta institución han abierto auténticas heridas en algunos sectores de la sociedad catalana. El libro, estrictamente informativo, no toma partido por nadie. Se limita a exponer, con respeto pero sin timidez, el cómo y el porqué de la mayor crisis bancaria convencional de la historia financiera europea.

Francesc Baiges
Enric González
Jaume Reixach

BANCA CATALANA

Más que un Banco,
más que una crisis

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PRÓLOGO

El libro que tiene el lector en sus manos pretende contar, de forma desapasionada y estrictamente informativa, qué fue Banca Catalana. Quiénes la crearon y por qué, hasta dónde llegaron y cómo sobrevino la catástrofe. El propósito de estas páginas es ordenar por primera vez, de forma global, la historia de Banca Catalana y los hombres que la componían. En el resultado podrán apreciarse, tal vez, algunos defectos. Catalana forma parte aún del más rabioso presente de Catalunya y es, de alguna forma, una herida abierta en gran parte del pueblo catalán. No ha resultado fácil por ello investigar y recopilar información sobre una entidad que además, y al igual que el resto de la banca española, mostraba al público sólo una pequeña parte de su auténtica imagen. La cuestión de Catalana, con el proceso judicial en marcha, está aún muy «caliente» y tal vez haya quien suponga que este libro está escrito a favor o en contra de alguien. Nada más lejos de la intención de los autores: cualquier error, posible porque el objetivo es muy ambicioso, habrá que atribuirlo a desconocimiento u olvido, y no a otra causa. Más de doscientas entrevistas personales y un paciente acopio de datos en archivos públicos y privados constituyen la base de la obra, en cuya estructura se ha optado por la ordenación cronológica de los hechos, desde la fundación en 1959 hasta la presentación de la querella, veinticinco años después. En 1984, con la querella, termina el libro y comienza el proceso judicial, cuyas consecuencias son en este momento imprevisibles. En el orden de prioridades, se ha optado por reducir al máximo cifras y datos económicos, en el convencimiento de que lo esencial para entender Banca Catalana es conocer a sus protagonistas, a las personas que le dieron una especialísima identidad.

Corresponde al lector juzgar el acierto o el fracaso de este intento de narrar una historia aún muy poco conocida, a pesar de la popularidad de Banca Catalana. El retrato de dicha entidad es, con sus luces y sus sombras, de imprescindible visión para aquellos que aspiren a comprender la Catalunya de los años 80.

LOS AUTORES

I

EL NACIMIENTO

«Mi hijo quiere comprar un banco», le comentó Florenci Pujol a Joaquim Dorca mientras transcurría una de las ruidosas sesiones de la Bolsa barcelonesa de finales de la década de los cincuenta. «Si quiere le vendo el de mi familia», le contestó su interlocutor. Empezaba de este modo tan simple una operación que, con el tiempo, iba a ocupar en numerosas ocasiones el primer plano de la actualidad catalana y española.

Florenci Pujol Brugat era un hombre extrovertido y de inteligencia rápida. Nacido en el seno de una familia originaria de Darnius (Alt Empordà) de discretos recursos, había comenzado a trabajar antes de la guerra civil española como botones de la Banca Marsans, no tardando en pasar al departamento de valores. El contacto con la Bolsa de Barcelona le hizo conocer la posibilidad de ganar dinero en cantidades importantes; bastaba con poseer información y especular con habilidad. Una mente ágil como la suya no dudó en penetrar en los complicados vericuetos del mundo financiero. Su boda con Maria Soley Mas le había emparentado, por otra parte, con una familia de ciertas posibilidades económicas. Florenci Pujol dejaría pronto de ser ayudante de un agente de cambio y bolsa para establecerse por su cuenta. Su ámbito de actuación era el «bolsín» barcelonés que era una Bolsa paralela a la oficial. Allí haría buenos negocios y consolidaría muy interesantes amistades, como la que le unía al judío polaco Moisés David Tennembaum Alter, el cual le debía algún gran favor, y con quien mantuvo una relación que no se deterioraría en absoluto a lo largo y ancho de las numerosas peripecias que vivirían juntos.

Tennembaum había nacido en una pequeña aldea polaca. Recaló en Barcelona durante la Segunda República huyendo de la miseria y el primer trabajo que se le recuerda consistía en la venta de corbatas en el mercado de Sant Antoni. La guerra y la difícil posguerra supusieron la gran oportunidad de este humilde negociante, que empezó a amasar la que sería una considerable fortuna a través de una intensa actividad como intermediario y traficante de artículos de primera necesidad.

Casado con Ruth Kischner, una judía de origen alemán a la que conoció en Barcelona, Tennembaum invirtió los sustanciosos beneficios obtenidos en la época de escasez alimenticia en un negocio de difícil acceso: el comercio de diamantes. Creó la sociedad «Diamansa», dedicada a la importación y exportación de brillantes, y hasta su muerte en 1979 fue uno de los mayoristas de diamantes de más relieve de Barcelona. Su único varón, Marcos, sería educado en Amberes (Bélgica) —uno de los grandes centros mundiales del comercio diamantífero— para que siguiera con el negocio familiar.

La fortuna de Tennembaum nunca se tradujo en ostentación o lujo personal. La escasa simpatía del régimen franquista hacia los judíos y su propio temperamento, muy reservado, le llevaron a una vida extremadamente discreta y, en cierto modo, misteriosa. Su rasgo más visible era la gran identificación que mostró siempre con la causa judía: asistía regularmente a los actos religiosos de la sinagoga que la comunidad judía barcelonesa tiene en la calle Porvenir, y contribuía generosamente al mantenimiento económico de la misma. Su reducido círculo de amistades se circunscribía a la pequeña colonia establecida en la Ciudad Condal por los hijos de la diáspora, con escasas excepciones como la de Florenci Pujol. Moisés David Tennembaum manifestó en muchas ocasiones su voluntad de que la familia retornara a Israel para proseguir la saga en la tierra de los antepasados. Hacía frecuentes viajes a Israel y se construyó una magnífica vivienda en el barrio más elegante de Haffa. Actualmente toda la familia reside ya en Israel. Son también conocidos sus donativos al Estado sionista para contribuir a la construcción del país, a la vez que las amistades al más alto nivel de que gozaba entre las autoridades políticas de Tel-Aviv.

Hombre inquieto y con enorme sentido en los negocios, Tennembaum poseía además de «Diamansa» una financiera, amén de jugar asiduamente a la Bolsa. Su amistad con Florenci Pujol se fortaleció precisamente en el parquet bursátil y ambos personajes trabajaron juntos, en los años siguientes, en varias empresas. Una de ellas sería un banco. Una pequeña banca, situada en la calle Clivellers de Olot (Girona), llamada Banca Dorca, S.A., nacida como Dorca y Compañía, S.A., medio siglo antes. El estilo de la entidad se basaba en un paternalismo añejo desde que el 20 de julio de 1904, Salvador Dorca y Joaquim Barcons iniciaran con un capital de 12.000 pesetas su andadura por el complejo mundo de las finanzas. Más tarde, tras una reducción del capital a 8.000 pesetas por la muerte de Barcons, la familia Dorca pasaría a controlar de forma absoluta el pequeño banco. Salvador Dorca fallecería el 5 de enero de 1927 y la sociedad pasó a manos de sus cuatro hijos: Joan, Alfred, Claudi e Irene, aunque esta última optaría por retirarse. Por hacerlo, cobró 31.250 pesetas.

El 22 de abril de 1947 se adoptaría el nombre de Banca Dorca, S.A., previa la pertinente autorización del Ministerio de Hacienda. Para entonces el capital social ascendía ya a cuatro millones, aunque sólo dos de ellos constaban como desembolsados, y tenían 14 millones en depósitos de clientes. Alfred, Claudi y Joan se repartían las acciones, los cargos y las responsabilidades, pero todos ellos disponían paralelamente de otros negocios y la Banca, con su rutina y escaso movimiento, les aburría. Por ello, el Banco Español de Crédito, banco del que los Dorca actuaban como corresponsales en Olot, había intentado ya comprarles el negocio, sabida como era su voluntad de quitárselo de encima. La primera proposición firme del Banesto en ese sentido data de los primeros años que siguieron al fin de la contienda civil. El criterio contrapuesto de los hermanos Dorca y el poco aliciente de las condiciones ofrecidas por el Banesto dejaron en suspenso el proyecto. En 1959, sin embargo, la decisión de vender la Banca Dorca parecía definitivamente arraigada entre los hermanos propietarios y el Banesto presentó otra vez una propuesta de compra. Contra ella tendría que competir la oferta de los Pujol, instrumentada a partir de la conversación mantenida entre Florenci Pujol y Joaquim Dorca en el «bolsín» barcelonés.

Curiosa carrera la que se establecería para quedarse con aquella pequeña banca, caracterizada por la vida paternalista y tranquila, y con unos escasos nueve empleados provistos de los tradicionales manguitos y viseras. A Florenci Pujol y David Tennembaum, la idea del hijo del primero de adquirir un banco les pareció que les abriría las puertas a nuevos caminos por los que emprender excelentes negocios. Pero el promotor de la idea, Jordi Pujol, un joven escasamente conocido, iba a erigirse en el auténtico impulsor de la compra y transformación de la Banca Dorca. Era el único hijo del «Pujolet de la Bolsa» —como llamaban a Florenci Pujol en el mundo bursátil—, un muchacho profundamente obsesionado por Catalunya y de carácter introvertido e idealista, muy distinto del temperamento pragmático, bromista y un tanto frívolo de su padre.

Jordi Pujol, licenciado en Medicina, creía que «la inexistencia de la banca catalana es, sin duda, una de las causas del retroceso económico y una causa importante del malestar (…). Catalunya vivirá siempre a precario en el orden económico mientras no se resuelva este problema. Vivirá siempre con el peligro de colonización, con el peligro de ver caer sus mejores creaciones industriales y comerciales en manos extranjeras». Éstas serían palabras del propio Pujol en su libro Construir Catalunya. Él y su amigo Jaume Casajoana (compañeros ambos en la organización político-religiosa «Crist-Catalunya» [C.C.], por la que pasaron algunos de los nombres que hoy destacan en la política catalana en tendencias incluso contrapuestas, y también en la Academia de la Lengua Catalana), habían elaborado numerosos informes económicos sobre los sectores en que Catalunya era deficitaria: naval, siderurgia, grandes almacenes, y, sobre todo, la banca.

La conjunción de intereses paterno-filiales con los de Tennembaum iban a permitir a Jordi Pujol hacer realidad su gran sueño: poseer un banco para ponerlo al servicio de Catalunya. Él pondría las ideas y el empuje. Su padre y el socio judío, el dinero.

Pero había que moverse rápido. Las dos piezas más a tiro eran dos pequeñas bancas gerundenses de carácter local, la de Salvador Carrera Fillet, de Ribes de Fresser, y la de Dorca, de Olot. Aún no se había liberalizado el sistema bancario y no se podían registrar nuevas empresas, por lo que la única vía para entrar en el sector era la adquisición de algún banco ya en marcha. La familia Dorca ponía menos trabas a sacarse de encima su banco que los Carrera, y a ella se dedicarían todos los esfuerzos del grupo Pujol. El buen hacer de Joaquim Dorca, que corrió paralelo a las gestiones que sus familiares hacían con los directivos del Banesto, acabaría llevando la Banca Dorca a manos de su amigo Florenci Pujol. Curiosamente, una vez cerrada la operación, ésta se haría firme económicamente a través de la cuenta corriente que la Banca Dorca tenía en el propio Banesto en su sede central barcelonesa.

Pujol contó para su operación, además del capital de su padre y del de Tennembaum, con el de dos buenos contactos familiares: Antoni Rossell Ballester y Francesc Batalla Miquel. Batalla Miquel era propietario de una pequeña oficina de cambio de moneda ubicada muy cerca de la Bolsa, al principio de las Ramblas barcelonesas, junto al puerto. Quienes operaban en el «bolsín» eran asiduos clientes de esa oficina de cambio.

Batalla pondría dinero en la operación pero sería uno de los pocos hombres de la primera etapa que optarían por permanecer al margen de los cargos de dirección del banco. Antoni Rossell Ballester, por su parte, era un importante industrial vallesano, fabricante de las medias «JR», que llegaría con el tiempo a ser presidente de honor de Banca Catalana, aunque su alejamiento de los cargos de gestión en los años de la crisis le salvaría de ser incorporado a la lista de querellados por el fiscal.

Pero los planes de Jordi Pujol eran más ambiciosos de lo que nadie podía suponer. Necesitaba más apoyo humano y más capital. Tenía prisa, mucha prisa. Desde el primer momento logró mantener en sus manos o en las de personas de su absoluta confianza, un paquete de acciones que le supusiera una mayoría holgada, y que le permitiera dirigir los pasos del banco.

Su empecinado discurso catalanista le abría muchas puertas, pero le cerró no pocas de quienes no entendían otro lenguaje que el estricto de la seguridad económica y los beneficios.

Hubo quien optó por librarse de la tozuda presión de los nuevos banqueros abriendo exiguas cuentas con las que suponían satisfacer suficientemente el compromiso patrio que se les exigía.

El núcleo inicial que en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de marzo de 1959 compró las cuatrocientas acciones de los hermanos Dorca, estaba compuesto por personas muy próximas a Pujol. Esta primera lista de accionistas la componían Jaume Carner Suñol, Enric Gabarró Samsó, Màrius Almirall Rovira, Francesc Cabana Vancells, Francesc Veciana Fonoll, Maria Soley Mas, Martí Rosell Barbé, Antoni Rossell Ballester, Francesc Recassens Musté, Lluís Montserrat Navarro, Ruth Kischner Komer, Jordi Pujol Soley, Josep Maria Miró Boronat y Salvador Casanovas Martí. Este último, que desempeñaría un papel clave en la historia de Catalana, había conocido a Jordi Pujol en el grupo «De colores», organización ultracatólica que dirigía un sacerdote integrista monárquico.

Joan Dorca continuaría algún tiempo como vocal, pero su papel en la empresa quedó relegado al de simple observador y marcharía bastante descontento con los nuevos gestores el 3 de octubre del mismo año. En conjunto, las relaciones de los Dorca con los nuevos gestores no serían en lo sucesivo excesivamente buenas.

Ni Florenci Pujol ni Moisés David Tennembaum aparecían en esa primera lista de accionistas. Sí estaban, en cambio, sus respectivas esposas: Maria Soley y Ruth Kischner. La razón había que buscarla en un hecho acaecido poco más de una semana antes de la Junta Extraordinaria. El Boletín Oficial del Estado había publicado el 9 de marzo de 1959 una extensísima lista de personas sancionadas por delito de evasión de capitales a Suiza. Entre las 872 personas «cazadas» por las autoridades económicas franquistas figuraban buena parte de los más destacados financieros del país y muchas personas que ocupan hoy cargos de responsabilidad en el mundo económico y empresarial. Florenci Pujol y Moisés David Tennembaum estaban en la lista, obtenida por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios a raíz de la detención del súbdito suizo Georges Laurent Rivara, representante de la Société de Banque Suisse. La agenda del suizo detallaba, con pelos y señales, a los responsables de una evasión de capitales que alcanzaba los 16.240 millones de pesetas, cantidad nada desdeñable en aquella época. Un conflicto interno del régimen propulsado desde las líneas falangistas había culminado con la un tanto sorprendente publicación de dichos datos en el propio Boletín Oficial. Pero la pugna entre los falangistas y los tecnócratas vinculados al Opus Dei, en alza en el aparato franquista, acabaría resolviéndose en favor de los segundos. El asunto fue enterrado y olvidado rápidamente, aunque Tennembaum hubo de pagar su multa y tanto él como Florenci Pujol declararon sobre el caso y tuvieron que marginarse de la aparición pública en las primeras listas de accionistas de la Banca Dorca. De hecho, Tennembaum no figuraría nunca públicamente en su vinculación a Banca Catalana, pese a ser uno de los más destacados accionistas en todo momento.

Florenci Pujol operaba en el mercado de divisas de forma pública y notoria y pocas personas lo ignoraban en el mundillo económico barcelonés. Muchos recuerdan su labor, sin embargo, de forma positiva. La actividad de Florenci Pujol permitía importar, por ejemplo, las balas de algodón que necesitaba la industria textil catalana para no sucumbir ante el asfixiante racionamiento de materias primas vigente en la época.

Por otro lado, Florenci Pujol presidía por aquel entonces los «Laboratorios Martín Cuatrecasas», aventura en la que también le acompañaba otro de sus amigos de la Bolsa, Josep Maria Bellido, y en la que estaría igualmente Moisés David Tennembaum como vocal a partir de 1962. En dicha empresa participarían algunas de las personas que desempeñaron también cargos en Banca Catalana, como Antoni Rossell Ballester, Salvador Casanovas Martí o Ferran Ariño Barberà. El propio Jordi Pujol fue durante años consejero delegado de la entidad —su dimisión se produciría en 1977— desarrollando una gestión positiva en su conjunto. Su padre, que había perdido varios millones en los laboratorios, se mostraba reacio a hacer nuevas inversiones en los mismos, pero Jordi Pujol supo insistir lo suficiente para obtener las 50.000 pesetas que aquél le negaba para la promoción de un nuevo producto —el «Neobacitrin»— que resultó un éxito considerable. Con todo, la empresa que atraía más a Jordi Pujol seguía siendo y siempre sería el banco. En él, a la hora de hacer recuento de los paquetes accionariales, podían englobarse sin temor a error en un único grupo las acciones de los Pujol y Tennembaum, tal era el nivel de la amistad que unía a los dos clanes. Los matrimonios Pujol y Tennembaum viajaban juntos con frecuencia y los vínculos sentimentales eran muy profundos.

Tras la junta de accionistas del 18 de marzo, se constituyó el nuevo consejo de administración el 28 de abril. A los 34 años, Jaume Carner quedó designado como el primer presidente de la nueva etapa. Francesc Cabana, con 24 años, era el más joven del equipo y empezaba su larga vida como secretario de la entidad. A Jordi Pujol, nombrado gerente, le faltaba menos de dos meses para cumplir, el 9 de junio, los 29 años. Un equipo joven en el que todo quedaba en familia. Francesc Cabana Vancells era abogado y tenía tres años de experiencia como ayudante de un agente de cambio y bolsa. Su ingreso en el grupo familiar de los Pujol vino de la mano de su boda con Maria Pujol, hermana de Jordi Pujol. Jaume Carner Suñol debió su ubicación en la presidencia, además de a su importante paquete accionarial, al buen recuerdo que su abuelo, un ex ministro de la República, dejó tras su paso por el mundo de la política. Carner también entroncó familiarmente con el grupo ya que se casó con la hermana de Francesc Cabana, Maria Lourdes. Por su parte, Jordi Pujol se había casado ya, antes de cumplir los 26 años, con Marta Ferrusola Lladós. La ceremonia tuvo lugar —conociendo el pensamiento de Pujol era casi obligado— en la abadía de la montaña de Montserrat y con ella el que sería más tarde flamante gerente de la Banca Dorca emparentó con una familia cómodamente instalada en el sector textil vallesano.

Visto dicho entramado, que convertía los primeros años del banco en un verdadero negocio familiar, se deduce fácilmente que Jordi Pujol no tenía ningún problema para controlar todos y cada uno de los movimientos de una entidad que le había costado cuantiosos esfuerzos configurar y que consideraba como propia. Aún hay quien recuerda hoy, un cuarto de siglo después, haberse cruzado en esos días con el joven Pujol en la Gran Via barcelonesa y haber oído de sus labios una orgullosa afirmación: «Acabo de comprar un banco». De hecho, más correcto hubiera sido decir que le acababan de comprar un banco, pero los denodados esfuerzos que había derrochado para convencer a los primeros accionistas hacían comprensible tal afirmación.

El 21 de julio, el consejo de administración de la Banca Dorca ponía en circulación cuatrocientas nuevas acciones, de las que ochenta fueron para Cabana, setenta y cuatro para Maria Soley, cincuenta y ocho para Ruth Kischner, cuarenta para Francesc Veciana, treinta para Jaume Carner y veintiocho para Jordi Pujol. Las ochocientas acciones de Banca Dorca significaban ya un capital de cuatro millones de pesetas. Todo iba de mil maravillas para los nuevos administradores cuando se produjo un hecho que puso negros nubarrones en el horizonte de la banca: Jordi Pujol fue detenido el 22 de mayo de 1960, a raíz de un incidente acaecido en el Palacio de la Música de Barcelona.

PUJOL, EN LA CÁRCEL

El incidente, trascendental para la evolución del catalanismo político de la época, se produjo cuando parte del público entonó el Cant a la senyera (canto a la bandera catalana) en un acto al que asistían destacadas autoridades franquistas. La conflictiva canción debía ser interpretada aquel día en el «Palau» pero la censura la suprimió a última hora. Pujol no estaba presente cuando sucedieron los hechos, pero fue considerado uno de los organizadores de la acción. Varios amigos le advirtieron de su posible detención, pero él siguió en su domicilio. Tres días después de aquel histórico 19 de mayo fue detenido.

Pujol, evidentemente, dejó su lugar en el consejo de administración. Entrarían entonces Antoni Rossell Ballester y el editor Víctor Seix Perearnau.

Más de tres años tuvo que esperar Pujol para poder volver a incorporarse con normalidad a la vida en libertad en Barcelona. Cumplió condena en la prisión zaragozana de Torrero hasta el 24 de noviembre de 1962 y desde ese día hasta el final de la condena permaneció confinado en Girona, donde debía presentarse periódicamente ante la Comisaría de Policía. En esa época efectuaba tres viajes semanales a Barcelona, donde ya se había trasladado «su» banco.

El oscuro período carcelario cimentó la imagen de Jordi Pujol como héroe catalanista y antifranquista y le permitió, a la vez, entrar en contacto con una de las personas que mayor influencia ha tenido sobre él. Una influencia que, al parecer, se mantiene hasta hoy: la del sacerdote Lluís Fenosa Pasqual, que cumplía asimismo condena en la cárcel de Torrero por tráfico de divisas, que no se había caracterizado precisamente por su catalanismo hasta ese momento, y que, pese a su condición de recluso, tenía muy buenas relaciones con altos cargos de la administración franquista. Para muchos, Fenosa es quien más sabe de los sinsabores y amarguras que la compleja historia de Banca Catalana ha supuesto para su fundador.

Durante el largo alejamiento de Pujol, Banca Dorca siguió su marcha y dio algunos pasos trascendentales. Lógicamente, muchas de las decisiones se tomaron en aquella época escapando del control del «alma» de la entidad. Además, tanto Florenci Pujol como Francesc Cabana dejaron sus cargos el 2 de junio de 1961, por las complicaciones que su vinculación familiar con Jordi Pujol comportaba. Algo parecido sucedió en otros terrenos en los que Pujol había ejercido un claro liderazgo, como en «Crist-Catalunya», que en su ausencia modificó sus objetivos y pasó a denominarse «Comunitat Catalana», perdiendo parte del cariz religioso que le había dado Pujol, el cual ya no se reintegraría a la organización.

Francesc Cabana asumió durante la primera etapa de ausencia de su cuñado las funciones gerenciales que éste había tenido encomendadas. La motocicleta con la que recorrió Catalunya a todo lo largo y ancho de su geografía recogiendo nuevos cuentacorrentistas pronto se hizo popular. La primera tarea de Cabana fue buscar un local en Barcelona para empezar a actuar en la capital. Se había conseguido la «ficha» o licencia bancaria que había dejado una sucursal de la Banca López Quesada y hacía falta una sede, aunque fuese provisional. La atención de Cabana se centró primero en unas oficinas situadas en el cuarto piso del número 89 del Paseo de Gracia. Ese local serviría para albergar diversos servicios del Banco Industrial de Catalunya, años más tarde, y finalmente la Fundación Catalana y otras fundaciones entroncadas con Banca Catalana, cuyo interés sumo radica en la relación que tendrían con el destino final del paquete de acciones de Jordi Pujol.

Pero Cabana desechó entonces aquellas oficinas y el primer cobijo de las actuaciones barcelonesas de la aún Banca Dorca radicó en un quinto piso de un edificio de la calle Provenza, casi en la esquina con el Paseo de Gracia. La demora con que la Compañía Telefónica instalaba por entonces los aparatos a sus usuarios obligó a aquellos jóvenes banqueros a compartir el teléfono con el Consulado de Turquía, situado en el piso inferior, durante varios meses. El «arreglo» (un simple empalme al cable telefónico) fue detectado por un empleado de Telefónica, quien recibió veinte duros a cambio de guardar silencio y hacer la vista gorda hasta que el banco tuviera su propio aparato. Las instalaciones de la Banca Dorca no podían considerarse perfectas, puesto que otro problema entorpecía también su vida burocrática: el ascensor se estropeaba con frecuencia. Para evitar a los clientes (familiares y amigos en su gran mayoría) la penosa ascensión de los cinco pisos además del entresuelo y el principal, Banca Dorca colocaba una sencilla mesa en la portería y el propio Cabana se encargaba de recoger las imposiciones.

Finalmente, se logró habilitar una oficina en el número 615 de la Gran Vía barcelonesa, entre el Paseo de Gracia y la Vía Layetana. Aquella sede permitió atender a los clientes con una mayor dignidad y eficacia y mejoró la imagen de la entidad. Delfí Mateu Sayos fue el primer director de la oficina. Tampoco era excesivamente grande y con el crecimiento del negocio se habilitaron pronto unos despachos frente a ella. Allí se situaría Pujol a su regreso, junto a un incipiente Servicio de Estudios cuya primera cabeza visible sería Artur Saurí (que no dejaría ese cargo en toda la historia de Catalana), con tres economistas jóvenes: Josep Morist, Josep Capdevila y Miquel Botella. Da una idea del reparto de poder en el banco el hecho de que Pujol tuviera un despacho propio mientras el presidente Carner tardó bastante en conseguir el suyo. Sobre las puertas del local de la Gran Vía ya figuraba un nuevo nombre. Banca Dorca pasaba a la historia y cedía la alternativa al que luego se haría célebre: Banca Catalana, S.A., denominación adquirida tras la resolución favorable de la Dirección General de Banca y Bolsa del 2 de mayo de 1961. En realidad, el nombre de Banca Dorca estuvo condenado a muerte desde el momento en que la entidad pasó a manos de los Pujol. Pero el nuevo nombre fue durante mucho tiempo una incógnita. Se barajaron diversas posibilidades, algunas de las cuales fueron presentadas oficialmente al Ministerio de Hacienda. La propuesta inicial de Banco Comercial de Catalunya no obtuvo la conformidad de las autoridades ministeriales por considerar éstas que el nombre era excesivamente agresivo e inadecuado para las dimensiones del banco. Joan Bautista Cendrós y Antoni Rossell fueron los encargados de negociar en Madrid la nueva denominación, y repasando nombres de entidades extranjeras decidieron inspirarse en la Société de Banque Suïsse para inventar la Sociedad de Banca Catalana. Con esa propuesta volvieron al Ministerio de Hacienda Cendrós y Carbonell, ambos miembros del Consejo de Administración ya que el primero se incorporó al mismo el 28 de abril de 1961 junto a Florenci Pujol y Ramon Miquel Ballart.

Al máximo dirigente del Negociado de Registros le gustó el nombre pero les hizo constar que la necesidad de añadir las siglas SA tras el nombre de cualquier banco haría aparecer dos veces la palabra «sociedad» en la denominación completa: Sociedad de Banca Catalana, Sociedad Anónima. «¿Por qué no lo dejan en Banca Catalana, S.A., a secas?», les sugirió. Los dos consejeros consideraron la oferta una perita en dulce y la aceptaron encantados. Quien pondría reparos posteriormente sería el propio Jordi Pujol, quien desde la cárcel opinó que se trataba de un paso excesivamente atrevido. Pero los hechos estaban ya consumados y no era posible ningún replanteamiento. Tan consumados, que de nada sirvió el telegrama que se recibió en la nueva Banca Catalana días más tarde anulando la concesión del nombre. Los directivos de la joven entidad contestaron que ya la habían dado de alta en el registro mercantil. En la misma respuesta solicitaban, no sin cierta cuchufleta, «nuevas instrucciones» al respecto. No hubo nuevas instrucciones y Banca Catalana inició su singladura. Dos hombres que serían básicos los traería Delfí Mateu del Banco de Bilbao. Eran dos personas que hacían sus pinitos en el mundo bancario en aquellos momentos y que desde un plano discreto conocerían a fondo la marcha del banco. Eran Antoni Armengol Aman y Ramon Monforte Armengol.

EL RETORNO

El regreso de Pujol al cansejo de administración no fue un camino de rosas. El banco había seguido su curso, había cambiado de nombre, había crecido considerablemente tanto en depósitos como en activos y capital y algunos consejeros temían que la reincorporación de Pujol comportase represalias por parte de las autoridades económicas franquistas. Queda dicho el abandono de Florenci Pujol y Francesc Cabana de sus cargos en el Consejo de administración, siendo de destacar el fugaz primer paso de Florenci por el mismo, ya que su entrada se produjo el 28 de abril de 1961 y su marcha el 2 de junio del mismo año. Seguían asistiendo a los Consejos, pero no figuraban en el mismo, tal como sucedía con Moisés David Tennembaum aunque por motivos distintos. Tennembaum no figuró nunca pero siempre fue un hombre importante y el propio Pujol lo reconoció en Girona, durante su confinamiento, al comentar con uno de sus clientes que «en todo Banco tiene que haber un judío». Catalana también tenía el suyo, aunque no constase nunca en los archivos del Registro Oficial de Bancos y Banqueros.

Quienes sí constan son los hombres que compusieron el Consejo de aquellos años, sin Pujol, en una Banca Catalana que ya situaba en 1962 su capital en 21 millones de pesetas.

Fue un Consejo bastante significado, empezando por Carner. Jaume Carner era el máximo responsable de varias sociedades, destacando sobre todo la «Compañía de Industrias Agrícolas», una de las empresas agrarias más potentes de España y en cuyo Consejo figuraba, entre otros, el que fue gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma. Con Luis Coronel, precisamente, tendría que negociar Banca Catalana el oportuno permiso para abrir su oficina en Madrid. Esas negociaciones darían lugar a un curioso episodio en la vida de Banca Catalana que se detallará más adelante. Pertenecían también a la «Compañía de Industrias Agrícolas» (conocida abreviadamente como la CIA) personajes como Federico Silva Muñoz, que fue «ministro-eficacia» de Obras Públicas en el franquismo, y Emilio Botín, «factótum» del poderoso Banco de Santander.

El vocal de Catalana Antoni Rosell poseía la boyante empresa de confección de medias «JR», y Víctor Seix Parearnau era copropietario de la editorial «Seix-Barral», que condujo a la sombra del grupo Pujol pese a las reticencias de Carlos Barral, su socio. El tercer vocal, Juan Bautista Cendrós, era propietario de la empresa de perfumería «Herson» que comercializaba los productos «Floïd», empresa que acabó vendiendo a una multinacional del sector, y con la que amasó una notable fortuna. Por otro lado, Ramon Miquel Ballart sustituyó a Cabana como secretario del Consejo de administración, mientras éste estuvo apartado del mismo.

Pero, pese a las apariencias, el mayor número de acciones seguía en poder de Tennembaum y Florenci Pujol. En la ampliación de capital realizada la víspera de la Navidad de 1960, Tennembaum se había quedado con 222 acciones, mientras Florenci Pujol adquirió diez menos. Esa ampliación, que había elevado el capital social a ocho millones, había marcado claramente las diferencias entre las capacidades económicas de los diversos accionistas. Las acciones nuevas, como las anteriores, valían 5.000 pesetas, precio que no cambiaría hasta bien entrados los años sesenta, en que se pondrían en funcionamiento las acciones de 1.000 pesetas, que se llamarían de la serie B, siendo las iniciales de la serie A. En 1960, Tennembaum y Florenci Pujol debieron aportar más de un millón de pesetas para adjudicarse sus nuevos paquetes de acciones. Quien más se les acercó fue Jaume Carner, que gastó 300.000 pesetas en comprar 60 acciones. Francesca Carreras Nonell se quedó 48, Antoni Rossell Ballester añadió 40 a las que ya tenía, Francesc Batalla sumó 30 y entre otros dos hermanos Batalla redondearon otro cuarto de millón invertido. Es interesante consignar en la nueva lista de accionistas la presencia de hombres que posteriormente escalarían posiciones dentro del banco, hasta alcanzar un puesto en el consejo de administración, con todas las ventajas que ello representaba en la época y con todos los inconvenientes que supondría años más tarde, cuando el fiscal general del Estado preparó la querella. Junto a Lluís Montserrat Navarro, que adquirió un paquete de 24 acciones, Martí Rosell Marbé y Salvador Casanovas Martí, que se quedaron con unas pocas acciones cada uno, apareció Andreu Ribera Rovira, presidente de la empresa familiar «Metales y Platería Ribera, S.A.». Ribera Rovira alcanzaría con el transcurrir de los años la presidencia del Banco Industrial de Catalunya cuando éste entró en la órbita de Banca Catalana. Algunos familiares de Andreu Ribera también entraron en el cupo de nuevos accionistas así como diversos miembros de la familia de editores Salvat.

Cuando Jordi Pujol volvió a Barcelona en agosto de 1963 ya se habían producido dos nuevas ampliaciones de capital y se encontró con que se le pedía paciencia, ya que no parecía aconsejable que una persona recién salida de la prisión tomase públicamente las riendas de un banco en crecimiento. En ese momento, Pujol que había demostrado en otras ocasiones grandes dosis de paciencia, no compartió tales prevenciones e insistió en ocupar un puesto en el consejo de administración. Se resistía a abandonar su gran proyecto personal en manos ajenas. «Descubrí en aquellas palabras unos deseos de marginarme por diversos e interesados motivos, por lo cual me limité a contestarles: sólo estoy dispuesto a abandonar si viene la Guardia Civil a buscarme, y aun así será preciso que vengan con tricornio y máuser», explicaría Pujol más adelante.

La Guardia Civil no se presentó, desde luego. Pero Pujol tuvo que soportar que se le dejara nuevamente al margen en la incorporación de consejeros del 28 de abril de 1964, gracias a la cual volvieron a la máxima dirección su padre y su cuñado. Tres nuevos consejeros se incorporaron entonces: Antoni Forrellad Solà, Pere Valls Rius y Josep Andreu Abelló.

Antoni Forrellad Solà, empresario de Sabadell, fue uno de los fichajes brillantes de Jordi Pujol. A su salida de Torrero, Pujol se movió vertiginosamente contactando con todo lo que en Catalunya significaba un poco de vitalidad, tanto en el campo de la empresa como en el de la juventud activa. Pujol tenía prisa por contactar con todo lo que se movía en Catalunya. Y no le apetecía nada que le pusieran trabas para reingresar en el consejo de administración. Por fin, el 25 de febrero de 1965, la junta general de accionistas tuvo a bien reponer a Jordi Pujol Soley en su cargo de consejero. Entró a formar parte además de una comisión ejecutiva creada para dinamizar el funcionamiento del banco. Los otros miembros de la comisión fueron Cabana —de nuevo consejero secretario—, Andreu Abelló, Jaume Carner y Antoni Rossell, para quien se creó una vicepresidencia. A esas alturas, Banca Catalana ya tenía un capital de 63 millones.

El consejo de Administración dejó de reunirse con la asiduidad quincenal con que lo había hecho hasta ese momento y pasó, en beneficio de la comisión ejecutiva reducida, a hacerlo cada mes o cada dos meses. Para Pujol aquello era como volver a empezar. Pero un volver a empezar mucho más favorable que antes de su detención. Los jóvenes y algo alocados perseguidores de cuentacorrentistas iban camino de convertirse en honorables consejeros del Paseo de Gracia. Los grandes bancos seguían mirando por encima del hombro a aquellos advenedizos, pero Pujol estaba dispuesto a borrar la sonrisa burlona del rostro de sus contrincantes y a demostrar que podía dar sopas con honda a cualquiera de ellos. Apuntalado en sus convicciones católicas y en su fe catalanista, así como en un portentoso tesón, quería demostrar al mundo, y muy especialmente a los «castellanos centralistas» —en esa época se le atribuían afirmaciones escritas u orales en el banco del estilo «en Madrid no se nos ha perdido nada»—, que Catalunya también podía tener una gran banca. Y contraviniendo las opiniones de numerosos teóricos de la economía, hizo que Banca Catalana creciera a un ritmo de vértigo. Aquel banco, como se demostró después, quería ser «más que un banco». Eso al principio sería una ventaja. Con los años se convirtió en un inconveniente mortal de necesidad.

La entidad carburaba. La propuesta catalanista tenía gancho comercial en aquella Catalunya privada de sus derechos más elementales por el régimen franquista. Quedaba lejos la cifra de veinte nuevos clientes con que había comenzado el banco. El número de empleados también se disparaba, sobre todo comparándolo con los 9 de la Banca Dorca que adquirieron en 1959, o los 18 que tuvo la misma Banca Dorca a los pocos días de cambiar de manos. Se acercaba la época dorada.

Las sucursales iban en aumento. Después de las oficinas de las calles Provença y la Gran Vía barcelonesa, abrieron las del barrio de Sants y las poblaciones de Premià —donde veranea Pujol—, Mollerussa, Palamós, Girona, Tarragona… Joan Rossell Molins, desde su presidencia de la Obra Atlética Recreativa y los múltiples contactos y amistades cultivados en la Acción Católica, facilitó enormemente esta tarea expansiva.

Por fin, uno de los sueños de todo pequeño banquero iba a hacerse realidad también para Banca Catalana: tener su sede en el Paseo de Gracia, la gran arteria bancaria de Barcelona. Tras varias maniobras fallidas de aproximación, la constancia fue premiada. Se indemnizó a los propietarios de las viviendas particulares del bloque número 84, se derribó el no muy alto edificio y allí plantó Banca Catalana su enseña. Los directivos, clientes y las muchas personas que sintonizaban con el proyecto de Banca Catalana contemplaron henchidos de orgullo cómo, pocos meses después, se inauguraba la espléndida sede central, obra, como otros edificios del mismo grupo, del tándem de arquitectos Tous-Fargas. Al término de las obras, el banco consiguió permiso del gobernador civil para celebrar la ocasión izando en la azotea una bandera catalana. Curiosamente, no fueron los primeros en hacer algo así, ya que se les habían anticipado en unos pocos meses los directivos de «El Corte Inglés», cuyo edificio en la Plaza de Catalunya, donde nace el Paseo de Gracia, había sido coronado también con una «senyera» al término de su construcción. Ahora bien, la rentabilidad económica de dicha acción quedó fuera de toda duda pues la gran bandera catalana arrastró consigo millares de nuevas cuentas corrientes.

Con el mismo vigor que mostraba Banca Catalana se movía Jordi Pujol. Se hacía presentar a todo aquél que tuviera alguna inquietud que, a su entender, pudiera coincidir con sus proyectos. El interés era a menudo mutuo. A veces, a Pujol le hacía falta alguna artimaña para entrar en contacto con alguna persona. Por ejemplo, el enlace con Forrellad, que para Pujol era el tipo de empresario que había que acercar a Banca Catalana y especialmente a las actuaciones posteriores en el terreno industrial, fue algo complicado si bien se demostró altamente eficaz.

Lo que hizo fue enviarle una carta a Carles Monner, un amigo común con quien había coincidido en el Grupo CC. En la carta le decía Pujol a Monner que tenía mucho interés en conocer a Forrellad y le pedía que pensara la forma de conseguirle una entrevista con él, aun reconociendo que un señor como aquél pondría reparos a dialogar con un joven recién salido de la cárcel. Pero, luego, Pujol entró en contacto personalmente con Monner y le dijo que procurara enseñarle su carta a Antoni Forrellad, pues estaba redactada pensando en impresionar al industrial sabadellense. El efecto fue el apetecido y en seguida Forrellad se integró en los planes y el organigrama de Pujol.

Ese Pujol inquieto era capaz de mantener largas conversaciones hasta altas horas de la madrugada en su típico ir y venir por toda la habitación, sin permanecer quieto un segundo, intentando convencer a cuatro mozalbetes de que debían profundizar en su catalanismo o repartiéndoles libros de Mounier y Teilhard de Chardin, para acabar despidiéndoles de repente. Muchas cosas bullían en su cabeza, y se le veía en muchos rincones de Catalunya.

Así, por ejemplo, en compañía de un nutrido grupo de economistas jóvenes, entre ellos el que luego sería ministro de Sanidad, Ernest Lluch, hizo un viaje al delta del Ebro, con el doble fin de conocer la comarca directamente sobre el terreno y los intereses y preocupaciones de los economistas que conformaban el grupo. El viaje contó con la jugosa anécdota de la presencia en la zona de un cacique franquista, secretario de la Cámara Arrocera, Primitivo Forastero, que lucía a menudo una pistola en sus apariciones públicas. Forastero, avisado por sus hombres, detectó la presencia en la zona de gente extraña y se personó amenazador en el restaurante donde comía aquella expedición. «¿Quién es el mando?», inquirió. Y Pujol, el mando, tuvo que vérselas con él. Papeleta, evidentemente, nada atractiva. En las elecciones municipales de 1983, Primitivo Forastero, el hombre del desplante amenazador, fue elegido alcalde de Camarles como número uno de la lista de CiU, la coalición que había llevado a Pujol a la presidencia de la Generalitat. Primitivo Forastero demostró por aquel entonces una buena visión de la realidad, al llamar sin saberlo «mando» a Jordi Pujol, puesto que éste empezaba ya a mandar bastante en Catalunya desde su privilegiada atalaya en la pujante Banca Catalana.

EL MECENAZGO

«El que esto escribe, aún y sabiendo que no está bien decirlo, en un delirio de impudicia, dice que él es un hombre que mueve dinero». La frase es de Jordi Pujol, y aparece en su libro Des dels turons a l’altra banda del riu (Desde los cerros al otro lado del río), redactado durante su estancia en prisión.

Pujol tenía razón. Para muchos antifranquistas y catalanistas de la época, Jordi Pujol era un hombre muy a tener en cuenta porque «movía» dinero, porque podía financiar muchas empresas que no hubieran obtenido ni una peseta de los canales bancarios «normales». Cuando alguien, durante la dictadura, pedía dinero a Pujol, no pensaba de dónde salía el dinero. Jordi Pujol tenía un banco y, por tanto, se daba por supuesto que contaba con mecanismos financieros suficientes. Podía suponerse que Pujol dedicaba el dinero que ganaba personalmente a fomentar actividades culturales políticas y sindicales en favor de la democracia y las libertades de Catalunya. Podía suponerse también que Banca Catalana disponía de fondos especialmente destinados a estas actividades, aunque esto último nunca se reflejó en ninguna de las contabilidades.

Cuando el Fiscal General del Estado impulsó la querella contra los ex administradores de Banca Catalana y Banco Industrial de Catalunya, no faltaron políticos, economistas y comentaristas (algunos de ellos ideológicamente muy lejanos a Pujol) que resaltaron las ventajas que para la reconstrucción de la sociedad catalana había proporcionado el grupo bancario en cuestión. Es muy difícil rebatir esas opiniones. E incluso es posible afirmar que, sin Catalana, la economía de Catalunya hubiera sufrido la crisis de forma todavía más virulenta y muchas empresas hoy enfermas habrían muerto, y otras empresas hoy ya desaparecidas habrían caído de forma más espectacular y causando mayores perjuicios a sus empleados y acreedores. Ciertamente, desde Banca Catalana se ejerció una encomiable labor de mecenazgo en pro de la democracia y de Catalunya. Pero, salvo raras excepciones, eran los directivos del banco, y no el propio banco, quienes desarrollaban estas actividades filantrópicas.

Un instrumento muy destacado a la hora de los mecenazgos fue la asociación Omnium Cultural, entidad constituida al mismo tiempo que Banca Catalana y en la que trabajaban personas a las que, según era público y notorio, se podía acudir para solicitar subvenciones. Joan Bautista Cendrós, un hombre radicalmente catalanista, era secretario de Omnium Cultural y vocal de Banca Catalana. Jaume Carner era presidente de Banca Catalana y vocal de Omnium Cultural. Lluís Carulla, presidente de «Gallina Blanca, S.A.», e impulsor de la Fundació Jaume I, fue otro de los más destacados directivos de Omnium Cultural, cuya implantación se refleja en los 20.000 socios con que contaba en 1978.

Con su mecenazgo y patrocinio de actividades catalanistas, Jordi Pujol supo convertirse en algo parecido ya a un presidente de la Generalitat cuando el franquismo estaba todavía plenamente vigente. Jaume Carner, en cambio, fue otro importante mecenas que alcanzó, debido a esa labor, la más absoluta de las ruinas.

Una de las personas que más directamente colaboró con Jordi Pujol en la tarea subvencionadora llegó a Barcelona en 1965, procedente de Montevideo. Se llamaba Joan García Grau, un hombre de izquierdas que había sido delegado de Omnium Cultural en Uruguay y que estaba emparentado con el socio profesional del secretario de la asociación, Joan Bautista Cendrós, quien le propuso un empleo en Banca Catalana. García Grau, vinculado a los movimientos revolucionarios latinoamericanos, consideró que el puesto no era compaginable con sus ideas y rechazó la oferta.

Aunque en principio tenía previsto marchar a Argelia, García Grau decidió quedarse en Catalunya. Y se presentó a una empresa de selección de personal con el fin de efectuar una prueba de conocimientos y conseguir un trabajo. Tuvo éxito y fue enviado a la firma «Catalana de Cobros y Factoring», cuyo director era Aquiba Benarroch Benarroch, un judío marroquí que Josep Andreu Abelló había traído a Barcelona tras su exilio político en Tánger. Benarroch, que hablaba un catalán perfecto, le pidió a García Grau un currículum y éste se lo redactó asimismo en catalán. Fue aceptado y empezó a trabajar en la empresa de cobros, donde se dio cuenta de lo rentable que podía llegar a ser una sociedad dedicada a cobrar las facturas de los demás y retener, durante unos días, importantes cantidades de dinero ajeno.

Poco pudo familiarizarse García Grau con «Catalana de Cobros y Factoring», ya que al poco tiempo recibió la visita de Francesc Cabana y del jefe de personal de Banca Catalana, Josep Maria Sol. Supo con sorpresa que la entidad recaudadora pertenecía al grupo bancario, y que Jordi Pujol quería verle. Una semana más tarde, el banquero y el hombre que venía de Montevideo cenaron en un modesto restaurante barcelonés. Jordi Pujol ofreció a García Grau un puesto en un servicio de estudios, aunque le confió que «más que un servicio de estudios es una oficina política».

García Grau aceptó. Y pronto contó con un talonario de cheques con el que podía disponer de los fondos de una cuenta corriente del propio Pujol en Banca Catalana. Su trabajo consistía en atender y ayudar financieramente, provisto del talonario, a personas que pedían dinero para las más distintas tareas.

Poquísimas personas, prácticamente limitadas al círculo familiar, conocían las actividades personales de Jordi Pujol en el terreno financiero. Los componentes del consejo de administración de Banca Catalana ignoraron siempre si el hijo de Florenci Pujol disponía de negocios privados o no.

CIRP («Centre d’Informació, Recerca i Promoció») era el nombre de aquella oficina que coordinaba las colaboraciones pecuniarias de Pujol, y en cuya gerencia había sido colocado García Grau. La actuación promotora de Jordi Pujol estaba basada ideológicamente en una de sus propuestas más famosas, la de un «terreno central» en el que debían aglutinarse los esfuerzos de todos los demócratas catalanistas. Y, realmente, consiguió conciliar a su alrededor a todas las personas con inquietudes del país.

Cuando los socialistas pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat Jordi Pujol, por sus relaciones con la hundida Banca Catalana, Pujol replicó que debían andar con tiento, los socialistas, si no querían que el asunto se volviera en su contra. Según García Grau, el presidente se refería a los muchos resguardos que Pujol conserva personalmente, justificantes de todas y cada una de las actividades que apoyó, en algunas de las cuales figuraban actuales diputados y dirigentes socialistas.

Jordi Pujol comenta a menudo que determinada gente no ha sabido responder a los favores que prestó en aquella época, y tiene una cierta inclinación a sentirse agraviado. Al leer el capítulo dedicado a Banca Catalana en el libro La economía como experiencia diaria en Catalunya, escrito por su antiguo compañero en Crist-Catalunya Xavier Muñoz Pujol, en el que se critica la gestión del banco, Pujol no pudo reprimir una frase: «Así te pagan los favores que les haces».

La Prensa y otras aventuras

Pujol tuvo numerosos contactos con el mundo de la Prensa y los medios de comunicación. Algunas veces como simple mecenas, otras (la mayoría) como empresario con posiciones políticas muy definidas. Una de sus aventuras periodísticas se desarrolló en Oriflama.

Oriflama era una publicación editada por el Obispado de Vic, destinada especialmente a los jóvenes en edad de cumplir el servicio militar, con gastos absolutamente restringidos y una pequeña plantilla que ponía bastante amor al arte para que Oriflama pudiera publicarse de forma más o menos regular.

En el año 1968, los responsables de la gestión periodística iniciaron la publicación de una serie de historietas en las que se caricaturizaba a los dirigentes culturales y políticos de la clandestinidad. La primera de la lista fue la escritora Maria Aurèlia Capmany. Sus autores, Emili Teixidor y Enric Sió, temían la reacción de los afectados, pero lo cierto es que más de uno llegó a pedirles su inclusión en la serie. En una ocasión, la viñeta consistía en una caricatura de Jordi Pujol en la que aparecía con cuerpo de camello, con las siglas «BC» de Banca Catalana pintadas en el lomo y con una pata pasando por la cabeza de una aguja. Una leyenda rezaba que «al final se ha comprobado, los camellos llegan a pasar por el sutil cuerpo de una aguja». Joan Cortés Tosal, sacerdote y máximo responsable de la revista, no se atrevió a tanto y censuró el dibujo. Pujol conoció el asunto y solicitó que el dibujo saliera publicado lo más pronto posible. Así fue y a la semana siguiente, un tanto fuera de contexto, el «camello» Pujol apareció en los 15.000 ejemplares de la revista.

La actitud de Jordi Pujol le hizo ganar adeptos dentro de la redacción y por ello, cuando al flojear el apoyo económico del Obispado de Vic, Pujol pasó a ser el mecenas máximo de Oriflama, sus periodistas lo consideraron un acierto. Pero poco a poco comprendieron que para Pujol también valía aquella frase tan catalana que dice que «pagant Sant Pere canta» y surgieron los primeros conflictos redaccionales.

Un día, llegó al consejo de redacción un artículo titulado «La libertad sexual, ¿arma reaccionaria?», firmado por un tal Joan Farrera. Se trataba de una réplica a otro artículo anterior del sacerdote Josep Dalmau. Dalmau había manifestado una clara comprensión de las actitudes liberales en el terreno sexual, y Joan Farrera, por el contrario, ponía en duda que la contención en el orden sexual fuese privativa del campo ideológico conservador. Con citas diversas atribuía a Mao y a dirigentes comunistas franceses opiniones idénticas a las que Dalmau tildaba de reaccionarias. «Porque queda claro que no sólo desde posiciones carcas o conservadoras, o simplemente desde posiciones católicas, se defiende la contención en el orden sexual», concluía el articulista. La reacción en la redacción fue de hilaridad. Todos se echaron a reír tras la lectura y la votación final de los presentes dejó en siete a cero la posición del consejo de redacción contra la posibilidad de publicar el artículo.

El artículo, sin embargo, debía publicarse forzosamente porque tras el seudónimo de Joan Farrera no había otra persona que el propio Jordi Pujol. Los siete miembros del consejo de redacción se quedaron helados al saberlo. Eran Josep María Huertas, Rafael Pradas, Rosa María Dumenjó, Josep Ylla, Emili Teixidor, Jaume Fabre y Joan Cortés. En esta ocasión Pujol fue menos contemporizador y el artículo salió por narices el mes de abril de 1971. Medio año más tarde, Jordi Pujol se metamorfoseaba en «Pere Anglí» para publicar un nuevo artículo, en contra del parecer redaccional, que se titulaba «A la búsqueda de un sí» y que empezaba de forma poco halagadora para la mentalidad de quienes confeccionaban Oriflama: «¿Quién tiene razón: los que dicen que los jóvenes se inclinan cada vez más hacia el radicalismo verbal, la contestación indiscriminada, la droga y la sexualidad desatada o los que creen en la autenticidad del espíritu de exigencia y de amor y la voluntad de construcción de la gente joven? En otro terreno más concreto, ¿quién tiene razón: los que hablan de una juventud descreída o los que confían en una resurrección de la fe religiosa a partir precisamente de los jóvenes?». Era evidente que la empresa no podía continuar con esos enfrentamientos y el equipo se fue desgajando. Pujol decidió abandonar la revista y los redactores le pidieron que la vendiera al socialista Joan Reventós. Pero Oriflama fue a parar al democristiano Antón Cañellas. Este pequeño «calvario» de Pujol se repitió en más de una ocasión en las iniciativas por él financiadas. El caso de Oriflama permite comprender las relaciones y problemas que Pujol tuvo con las personas y empresas que financiaba. Permite también comprender un tanto el tipo y la forma de ayuda que Pujol daba, ya que aparte de los dispendios personales, Pujol conseguía financiación para Oriflama a través de los anuncios que en ella se insertaban y que correspondían a Banca Catalana, y también a las empresas en que el banco retenía una participación importante. ¿Quién era, pues, el financiero en este caso? ¿Pujol o Banca Catalana? Un poco de todo, sería la respuesta más adecuada.

Otra de las espinas que Jordi Pujol lleva clavadas desde su etapa de financiador «clandestino» es la Gran Enciclopedia Catalana. Aquí fue Max Cahner, que años más tarde sería polémico conseller de Cultura en el primer gobierno de Pujol, quien se lanzaría a la aventura. El ambicioso proyecto tuvo que detenerse en 1969 tras el primer volumen por dificultades económicas. El grupo de mecenas que acudió a relanzar la obra, entre los que se encontraba Banca Catalana y que estaba encabezado por Jordi Pujol, decidió mantener los mismos criterios de funcionamiento y continuar tras una importante inyección de capital. Dos años más tarde, hubo una nueva interrupción de la Enciclopedia y entonces Pujol hizo lo que no sabría hacer Banca Catalana: detenerse a tiempo. Fueron considerablemente restringidos los gastos de la publicación, entre ellos los de personal y se continuó de forma mucho más modesta. Salvador Casanovas Martí, como sucedió en otras ocasiones, recibió de Pujol el encargo de aplicar el bisturí a la plantilla. Muchos empleados progresistas tuvieron que irse de la Enciclopedia, y Pujol soportó estoicamente las manifestaciones de trabajadores de la Enciclopedia Catalana que se presentaban a las puertas del edificio central de Banca Catalana, para llamarle «Galinsoga», en recuerdo de la campaña que Pujol dirigió contra el director de La Vanguardia poco antes del incidente que le costaría la prisión. Pintadas de la época rezaban así: «Pujol, Carrasco, Cabana, porcs (cerdos) de Banca Catalana».

La Gran Enciclopedia, que a la larga resultó rentable, fue en su momento, no sólo un cúmulo de quebraderos de cabeza para Pujol y los suyos, sino también una verdadera sangría económica. Por otra parte, la solución final fue criticada por excesivamente ligera (incluye muchas traducciones de otras enciclopedias) y de partidista (las fotografías del tomo anexo de ampliación reservan el color para los políticos ideológicamente próximos a Pujol, mientras la mayoría de dirigentes de izquierdas deben conformarse a lo sumo con reproducciones en blanco y negro). Algo de ello se intuyó ya cuando Pujol se hizo cargo de la publicación, puesto que uno de sus primeros comentarios al llegar a la Enciclopedia fue lamentar que el artículo dedicado al anarquista Francisco Ascaso tuviese 56 líneas frente a las 48 del diputado regionalista conservador Raimon Abadal Vinyals y las 27 del también diputado conservador catalanista Raimon d’Abascal Caldero.

En el terreno de las publicaciones, Jordi Pujol invirtió muchísimo dinero. Tras Oriflama intentó nuevas aventuras periodísticas, algunas de ellas más caras. En la revista en catalán Canigó, la publicidad asegurada de Banca Catalana era un apoyo económico inestimable.

El rotativo barcelonés El Correo Catalán fue —y es— la más larga y onerosa aventura periodística de Jordi Pujol y los sectores políticos y empresariales que le son afines. A principios de la década de los setenta, antes de que los hombres de Banca Catalana entraran en el consejo de administración, El Correo Catalán estaba fuertemente implantado en las comarcas de Catalunya, y había alcanzado una considerable difusión (llegó a tirar casi 100.000 ejemplares diarios) partiendo de una ideología moderadamente catalanista y un catolicismo atemperado, a pesar de que la sociedad editora, Fomento de la Prensa Tradicionalista, tenía orígenes carlistas. La extraordinaria labor desarrollada por periodistas como Andreu Rosselló, el director, o Manuel Ibáñez Escofet, el subdirector, había hecho de El Correo Catalán un medio solvente que apuntaba rasgos de nacionalismo y progresismo, dentro de lo poquísimo que podía hacerse en la época franquista.

Jordi Pujol entró en El Correo Catalán hacia 1973, como «consejero clandestino». No figuraba en el consejo de administración formado por hombres próximos a Banca Catalana, tras una operación acordeón que había reducido las acciones de los antiguos propietarios. Pese a no figurar, Pujol actuaba como auténtico «hombre fuerte», para desesperación del ministro de Información y Turismo, quien intuía que algo poco acorde con el régimen se cocía en aquella casa. Pujol no figuró en el consejo hasta un tiempo después, cuando el nuevo ministro Pío Cabanillas le ofreció garantías de que no habrían problemas políticos.

La atención que Pujol y el abogado Salvador Casanovas prestaban a El Correo Catalán les llevó a corregir, de su propio puño y letra, algunos originales de imprenta. Esa misma atención, sin embargo, perjudicó la independencia informativa del periódico, que se fue perdiendo año tras año en beneficio de una ideología conservadora y nacionalista. Tras una época en que el antiguo director, Andreu Rosselló, fue marginado por Josep Melià (años después «fontanero» de Adolfo Suárez), quien actuaba como «hombre fuerte» redaccional, fue nombrado director Lorenzo Gomis. Gomis, amigo personal del entonces consejero delegado Josep Vilaseca Marcet, recibió el encargo de aproximar definitivamente el diario a la ideología convergente. Aquel año, 1977, Jordi Pujol había dejado el consejo de administración tras ser elegido diputado en las Cortes Constituyentes.

Lorenzo Gomis, un hombre democristiano y de talante conciliador, fue siempre excesivamente tímido para resistirse a las consignas de sus empresarios, y receloso respecto a los redactores que consideraba izquierdistas. Una lenta criba de profesionales, una cierta desorientación en la política editorial y una larga serie de errores empresariales sumieron a El Correo Catalán en una profunda crisis. Los hombres de Banca Catalana tuvieron que arbitrar una serie de sistemas para financiar indirectamente al rotativo, que servía con fidelidad sus posiciones políticas. Uno de los sistemas, ya mencionado, era el de conceder créditos a empresarios próximos a Convergència con buena salud financiera, a cambio de que sacrificaran una parte del crédito concedido y lo destinaran a cubrir los gastos del periódico. Los números rojos en la contabilidad y la fidelidad a Convergència se mantuvieron con el director que sucedió a Gomis, Jordi Daroca, un hombre también tímido y próximo a la ideología convergente, aunque opusiera más resistencia que su antecesor a algunas consignas empresariales. Daroca fue sucedido a su vez por Josep Moya Angeler, un hombre que se declara públicamente fiel a la figura política de Jordi Pujol.

Si bien El Correo Catalán fue una adquisición cara (habría que hablar de cantidades superiores a los mil millones de pesetas en el capítulo de pérdidas sufragadas desde medios próximos a Banca Catalana desde 1973), no supuso un desgaste político para Jordi Pujol tan hondo como el causado por la revista Destino. Dicha revista tenía como máximos atractivos la pluma de Josep Pla, escritor insigne cuya obra era editada por el mismo editor de Destino, Josep Vergés, y la erudición de Pickwick, seudónimo tras el que se ocultaba el prestigioso periodista Néstor Luján. Pujol compró Destino a Josep Vergés por medio centenar de millones y propició inmediatamente la ascensión en la revista de su amigo escritor Baltasar Porcel. Se produjeron despidos y los trabajadores afectados efectuaron numerosas protestas, y la revista perdió poco a poco su personalidad anterior hasta que Pujol decidió su definitivo cierre.

También el periódico en catalán Avui se benefició de sus buenas relaciones con los dirigentes de Banca Catalana. Ésta es, sin embargo, una etapa posterior en la que la política común de «terreno central» había pasado a mejor vida y otro eslogan de Pujol, «fer país», se había convertido ya en «fer política».

Entre las intervenciones económicas de Pujol —siempre con la confusión entre el papel personal y el de Banca Catalana en cada caso— hay que citar el apoyo a la creación de la escuela para formación de profesorado Rosa Sensat. Además de los ingresos generados por las propias tarifas de Rosa Sensat, hacían falta otras fuentes económicas. Personas concretas aportaron su ayuda; entre ellas, y fundamentalmente, Jordi Pujol. Nunca constó a los responsables de Rosa Sensat que Banca Catalana interviniera para nada, si bien intuían que Pujol aprovechaba su liderazgo bancario para conseguir el dinero que precisaba. El mecanismo era doble: pedir directamente a los clientes apoyo para dichas actividades argumentando el importante papel de las mismas, o bien facilitar créditos a empresarios solventes para que éstos destinaran fondos a subvenciones de ese tipo. Este sistema se utilizó en distintas ocasiones para sostener a la prensa más claramente próxima a Pujol.

En lo que se refiere a Rosa Sensat, Pujol no siguió la misma política que en la Gran Enciclopedia Catalana o en sus incursiones en la Prensa, y no intentó influir ideológicamente, optando por retirarse del proyecto en el momento en que Rosa Sensat divirgió de sus planteamientos personales. Simultáneamente, Pujol sacó a sus hijos de la escuela donde estudiaban por saberla coincidente con la ideología de Rosa Sensat. El principal agravio contra los maestros de esa línea fue ser poco religiosos y de izquierdas. Lo segundo, era cierto. Lo primero, no demasiado, porque pese a la simpatía demostrada por la laicidad escolar, la mayor parte de los dirigentes de Rosa Sensat eran acendradamente católicos. Para Pujol, cuya fe va mucho más allá, estaba claro que no había suficiente con eso. En el curso 1970-1971 su desvinculación de Rosa Sensat ya era total.

El Centro de Estudios y Planificación (CEP) fue otro paradigma de las complejas ayudas suministradas por Pujol. Tres economistas, Josep Maria Bricall, Lourdes Beneria y Josep Grifoll, solicitaron, mediada la década de los sesenta, una ayuda aconómica a Omnium Cultural para hacer un trabajo de planificación económica. La correa de transmisión Omnium-Banca Catalana funcionó rápidamente y al poco tiempo, Pujol llamó a Bricall para ofrecerle, no dinero, pero sí unos locales donde ponerse a trabajar. Les cedió los mismos locales en los que García Grau coordinaba el CIRP, en la Gran Vía barcelonesa. Con el tiempo, las relaciones Pujol-Bricall se deterioraron. En esta ocasión influyeron la ideología progresista de Bricall, y, sobre todo, su vinculación con el entonces presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, cuyo trato con Pujol ha sido siempre más bien difícil. Al final, y tras una tormentosa discusión, Bricall se llevó el Centro de Estudios y Planificación a su actual emplazamiento de la calle Mayor de Gracia y Pujol constituyó un nuevo CEP originando una pugna por el nombre que aún se mantenía una docena de años después. Precisamente, y poco antes de conocerse la querella contra Banca Catalana, Josep María Bricall se querelló personalmente contra Jordi Pujol por unas manifestaciones de éste en un acto público durante la campaña electoral autonómica de abril de 1984. Pujol afirmó entonces que Bricall había recibido ayudas económicas de la Generalitat. Bricall, candidato socialista en aquella competición electoral, negó tales ayudas y presentó la querella, retirándola meses más tarde cuando Pujol aceptó hacer una rectificación pública.

La lista sería inacabable. Allí donde se precisaba dinero, allí estaba Pujol. Luego podían acabar mal las cosas, pero en principio era difícil hacer nada sin él, su banco o la gente de su entorno. Un empresario como Jordi Pujol había incluso financiado, indirectamente, diversas actividades sindicales y alguna huelga. Un paro laboral en la firma «Harry Walker» contó con apoyo económico del CIRP.

En ocasiones, el que quedaba desbordado era Pujol. Las relaciones de García Grau con el mundo latinoamericano del cual procedía le llevaron a contactar con activistas tupamaros. García Grau se reunió con ellos en Roma y Ginebra para negociar ayudas a cambio de pasaportes falsos, que los tupamaros fabricaban con extraordinaria habilidad con un hule verde muy similar al utilizado en los pasaportes españoles, obtenido en Bélgica.

Pujol no pudo viajar hasta que le fue devuelto el pasaporte en 1970. En su lugar, García Grau, con su pasaporte uruguayo, viajó intensamente por Europa. A París, Roma, Oslo, Estocolmo, Frankfurt… le llevó su trabajo en el CIRP. En Yugoslavia, García Grau contó con un coche oficial puesto a su disposición a la llegada al aeropuerto por el gobierno yugoslavo. Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo estuvo a su vez en Barcelona, disfrazado de turista italiano, y entre sus visitas no faltó la obligada a Pujol.

Otra persona que también se movió mucho aquellos años, entre 1965 y 1972, fue Lluís Maria Sunyer, que ya en los primeros momentos colaboró desinteresadamente para conseguir cuentas corrientes para Banca Catalana. Sunyer tenía organizado lo que llamaba Acción Cultural en Comarcas (o Acción Cívica Comarcal) y se conocía Catalunya al dedillo. En el CIRP le conocían como el gran «empenyador» («impulsor»), porque siempre hablaba de que en tal pueblo estaba impulsando tal cosa, en tal otro pueblo impulsaba otra… El término «impulsar» era su preferido. Sunyer contaba con 3.000 pesetas al mes de Pujol para realizar sus actividades, mientras que el socialista Joan Reventós le suministraba otras 1.000 pesetas mensuales. Pujol no sólo era más puntual en sus pagos, sino que también le pagaba el alquiler de un local que, con los años y sin que sus usufructuarios lo supieran, fue una de las primeras sedes de los socialistas catalanes.

A Sunyer le molestaba que Pujol viera lerrouxistas (anticatalanes) hasta debajo de las sillas y que en cambio no tuviera ninguna prevención para relacionarse con los máximos representantes del poder económico catalán. Pese a ello, se ofreció en su momento a declararse culpable en lugar de Pujol cuando a éste le fue impuesta condena en 1960 por los hechos del Palau de la Música. Sunyer también pasó por la cárcel un «Onze de Septembre», prefiriéndolo antes que pagar una fianza que Banca Catalana podía haberle facilitado, como había hecho con otras personas. Pujol le dijo entonces a su esposa que jugaba demasiado limpio y que a él, con todos los compromisos que había adquirido, ya no le era posible adoptar actitudes como las de Sunyer.

Otra campaña en la que participó el dinero de Jordi Pujol fue la de las seudoelecciones municipales de octubre de 1973. Se buscaron candidatos en diversos distritos. Sunyer defendió a un candidato, Rodríguez Ocaña, de tendencia filocomunista, quien ganó en su distrito. Para la campaña, Sunyer pidió unas 50.000 pesetas a uno de los hombres de confianza de Pujol, Miquel Esquirol, vinculado a empresas de Banca Catalana. Sunyer tuvo el dinero y no le cupo la menor duda de que el tándem Pujol-Banca Catalana estaba al otro extremo de la línea. Pero su alegría inicial se truncó en una doble decepción. La administración franquista buscó un truco burocrático para desplazar a Rodríguez Ocaña y declarar vencedor a otro candidato. Luego, en la reunión donde los pujolistas hicieron balance de los resultados, Pujol afirmó haber perdido en el distrito donde ganó Rodríguez Ocaña. Su aversión por los comunistas continuaba intacta, aunque ello no le impidió colaborar económicamente en la campaña de Rodríguez Ocaña.

EISA, Estudios e Investigaciones, Sociedad Anónima, fue un intento de universidad paralela que tuvo una vida más que efímera, al ponerse de manifiesto el carácter esencialmente izquierdista de sus componentes. En la casa de discos EDIGSA, también hubo intervención de Banca Catalana y también hubo complicaciones, especialmente con el cantante valenciano y comunista Raimon. Y en «Edicions 62» no hubo menos alboroto con los despidos de diversos trabajadores de forma similar a la que, a gran escala, había acaecido en la Gran Enciclopedia Catalana.

Médicos, periodistas, escritores, músicos, maestros, economistas, sindicalistas, estudiantes… todo el mundo recurría de forma directa o indirecta a Pujol. Era, como ya se ha dicho, una especie de president de la Generalitat clandestino y alternativo al que vivía en el exilio, Josep Tarradellas, con mucha menos fuerza económica que Pujol. Tarradellas veía con malos ojos la labor de mecenazgo de Pujol y de Omnium Cultural, y no dudó en poner esta opinión de manifiesto en diversos escritos. Pujol, ya entonces admirado o criticado, era un hombre contradictorio que facilitaba la apertura de una residencia en París para estudiantes y a su vez les aconsejaba que fueran a Inglaterra «donde se trabajaba de veras, y no en Francia donde se pierde demasiado tiempo haciendo ideología», o se indignaba ante una bandera francesa colgada del ombligo de una botella con forma de mujer: «Con los símbolos no se puede jugar así».

Jordi Pujol no era el único mecenas. Incluso en el mundo bancario otras personas como Manuel Ingla, un hombre del Banco Popular y que se incorporaría a Banca Catalana más tarde, también facilitaban determinadas ayudas económicas. Pero nadie supo ponerse como Pujol a la cabeza del proceso y capitalizar a la larga sus beneficios.

La política de ayudas y sustentos económicos al catalanismo demócrata por parte de Jordi Pujol y Banca Catalana, tuvo dos etapas muy bien definidas. Una inicial basada en la política del «terreno central», en la que se encontraron personas procedentes de campos ideológicos muy diversos y en la que, pese a los numerosos conflictos finales, existían coincidencias de base. Fue la etapa del CIRP y de García Grau como gerente del mismo. A partir de 1972, y sobre todo de 1975, cuando Pujol decidió que había llegado la hora de volver a trabajar directamente en política y creó su propio partido, empezó una segunda etapa. Entonces su hombre de confianza no sería García Grau sino Xavier Vela, quien ya llevaba los «grandes números» de las operaciones económicas en que intervenía Pujol en la época del CIRP. Vela, que entró en Banca Catalana como uno de los dos socios —el otro se llamaba Tomás Quadrado— de una pequeña empresa de auditorías denominada «Pleta, S.A.», fue el encargado del seguimiento de las actividades económicas de Pujol en un mundo ya no marcado por la unidad antifranquista, sino por una serie de opciones políticas más concretas, como el fomento de los Grups d’Acció al Servei de Catalunya (GASC), o el propio partido Convergència Democrática de Catalunya. El tándem Pujol-Banca Catalana dejó de ser el mecenas de todo y pasó a ser mecenas de lo suyo, con los lógicos ajustes que la rentabilidad política o electoral pudieran sugerir. Así, aún en este segundo período, se concedieron ayudas para cosas más bien lejanas al pujolismo. En el año 1976, Anna Balletbó, más tarde diputada socialista, y Maria Aurèlia Capmany, consiguieron de Pujol 100.000 pesetas para unas Jornadas Catalanas de la Mujer, nada coincidentes con los principios de Pujol y aún menos con los de la mujer de éste, Marta Ferrusola. Tras su afortunada entrevista con Pujol, Balletbó y Capmany visitaron a Ramon Trias Fargas en su despacho de director de servicios de estudios del Banco Urquijo y éste les dio 25.000 pesetas más. «Pero son de mi bolsillo, ¿eh?», comentó Trias, para justificar la inferior cuantía en relación a la aportación de Pujol. Como este ejemplo, habría aún bastantes en esta última etapa, pero el mecenazgo de Pujol fue languideciendo para quienes desde posiciones ideológicas discrepantes habían gozado anteriormente de su ayuda.

Dos conclusiones podrían extraerse de la política de mecenazgo ejercida por Jordi Pujol y algunos de sus hombres próximos. La primera, que supo aprovechar su destacada posición económica para difundir su ideología, muy enraizada por otra parte con los sentimientos catalanes, con un éxito que reflejaron nítidamente los resultados de las elecciones autonómicas de abril de 1984. La segunda conclusión establecería que, pese a ser abultados los gastos que generó este mecenazgo y las distintas incursiones en el mundo de la Prensa, no deben buscarse ahí las causas de la crisis de Banca Catalana. Catalana era un banco lo bastante grande como para permitirse determinados gastos sin que su cuenta de resultados flojeara. Además, muchas de esas operaciones no fueron costeadas por Catalana, sino directamente por el propio Jordi Pujol o por hombres ideológicamente próximos a él.

El «caso Carner»

En el capítulo del ingente mecenazgo ejercido desde Banca Catalana, hay que reseñar la triste peripecia de un hombre que llegó a serlo casi todo y, bruscamente, quedó reducido a casi nada. Josep Carner, presidente de Catalana durante veinte años, consejero de la «Compañía de Industrias Agrícolas», de la aseguradora «Hispania», de la «Sociedad Española de Carburos Metálicos», de la «Inmobiliaria Tartera», de « Métodos Yin Vivientes», de «Mitho Formas Españolas», de «Unión Salinera», fue durante mucho tiempo el mecenas más generoso y desinteresado de Catalunya. Siempre tuvo dinero y estaba acostumbrando a gastarlo, y nunca puso reparos en colaborar con cualquier causa de tinte democrático o catalanista. Entre otras muchas ayudas prestadas a muy variopintos proyectos, Carner fue una de las personas que favorecieron la existencia del semanario en catalán El Món.

Jaume Carner era nieto de un ministro de Hacienda de la Segunda República y descendía de una de las más acaudaladas familias catalanas. Su abuelo fue uno de los fundadores de la «Compañía de Industrias Agrícolas, S.A.» (CIASA), empresa que figura entre las más potentes del sector agrario español. Su infancia estuvo marcada por el doble signo de su patrimonio nacionalista y económico igualmente poderosos, que confluían en él y le predestinaban a ser uno de los pilares de la patria catalana sojuzgada por el franquismo. La familia Carner se hizo cargo, después de la guerra civil, del hijo varón de Manuel Carrasco i Formiguera, líder católico y nacionalista fusilado en Burgos por los franquistas, Raimon Carrasco. Jaume Carner y Raimon Carrasco crecieron juntos; ambos estudiaron en los Jesuítas; ambos cursaron la carrera de Derecho; y después Raimon Carrasco ocupó un puesto en la empresa CIASA, de la mano de Jaume Carner.

El paralelismo entre ambos jóvenes no terminó aquí, ya que ambos hicieron el servicio militar en el mismo regimiento y Carner se llevó a Carrasco a Banca Catalana para seguir juntos su vida profesional.

Al surgir el proyecto de Banca Catalana, la familia Pujol quiso colocar a su frente a alguien con suficiente prestigio en el terreno nacionalista y en el mundo económico para que pudiera encarnar los ideales que inspiraban la entidad. Jaume Carner fue la persona elegida: su figura encajaba perfectamente con el retrato robot diseñado. Además, se deseaba que el presidente de Banca Catalana fuera alguien que no hiciera sombra a los jóvenes que dirigían realmente la empresa. También en esto Jaume Carner respondía al ideal buscado: su carácter bonachón y condescendiente hasta la ingenuidad hicieron de él un presidente de banco que jamás actuó como tal.

Jaume Carner entró en el reducido núcleo familiar que controlaba el grupo Catalana por vía matrimonial, dado que Francesc Cabana se casó con la única hermana de Jordi Pujol, y a su vez, Jaume Carner casó con la hermana de Francesc Cabana, Maria Lourdes.

Prácticamente desentendido de la marcha cotidiana del banco, Jaume Carner se había dedicado, con especial empeño, a ejercer una suerte de generoso mecenazgo de la cultura catalana. Entre sus múltiples actividades en este sentido debe citarse el patrocinio de centros de enseñanza para la élite que podía permitirse el lujo de dar a sus hijos una docencia en catalán, aprovechando la tolerancia del franquismo agonizante. Fue el fundador de la escuela Sunion, primer eslabón de lo que debía ser una vasta cadena de colegios de calidad extendida por la geografía catalana. También sufragó numerosas iniciativas culturales y, en cierta forma, contribuyó a la supervivencia de los artistas que han posibilitado la segunda Renaixença de Catalunya.

Sus actividades requerían, sin embargo, una fuerte y continuada fuente de financiación. Mantenía, además, un tren de vida de «alto standing» con dos suntuosas residencias de descanso en Santa Cristina d’Aro y Puigcerdà. Hay quien recuerda todavía las fastuosas fiestas que, el día de su onomástica, se celebraban en su chalet de la Cerdanya, a las que acudía la «crême de la crême» de la sociedad catalana.

A partir de 1977, aproximadamente, y por su cuenta y riesgo, Jaume Carner emprendió una extraña carrera de captación de capitales ajenos entre sus amigos de la alta sociedad, prometiéndoles, a cambio, unos jugosos intereses que llegaban en ocasiones hasta el 18 por ciento. Por este método y amparándose en su condición de presidente de Banca Catalana, llegó a acumular una cifra que, según todas las estimaciones, oscilaba entre los 400 y los 600 millones de pesetas. Para conformar estas operaciones, que la dirección del banco desconocía, Jaume Carner utilizaba papel oficial con el membrete de Banca Catalana.

Lo más curioso de este triste episodio es que el presidente del Banco no hizo «trabajar» ese dinero. Lo ingresó en su cuenta corriente y de ella extraía las cantidades que precisaba para sufragar sus actividades. Asimismo, y de acuerdo con lo pactado con los clientes de este «banco paralelo», iba pagándoles puntualmente los sustanciosos intereses prometidos.

El escándalo estalló en diciembre de 1981, poco después de que Jaume Carner recibiera en París, de manos del presidente de la República, las palmas académicas de la Legión Francesa. Esta distinción venía motivada por la donación que había realizado anteriormente, por el importe de un millón de francos, a la Universidad de la Sorbona. Precisamente, y con este motivo, Jaume Carner tiene una placa dedicada en esta prestigiosa institución docente. Para realzar aún más este acto, Jaume Carner había invitado a París —con los gastos de avión y estancia en un lujoso hotel pagados— a un selecto grupo de catalanes que, para mayor honor y gloria del prócer, le acompañaron en tan significada ceremonia. Raimon Carrasco, su amigo de siempre, fue el primero en enterarse, por una confidencia de su secretaria, de los manejos que se desarrollaban en el despacho de Jaume Carner. Como era de prever, los fondos confiados a su «banco paralelo» se habían agotado y dejó de pagar los intereses convenidos a sus distinguidos clientes quienes, sintiéndose engañados, empezaron a reclamar el dinero que habían confiado a Jaume Carner. Para mayor sorpresa de los depositantes, se enteraron de que su dinero no figuraba en la contabilidad del banco.

La noticia corrió como la pólvora entre la alta sociedad barcelonesa. Los directivos de Banca Catalana, en aquellos momentos desbordados ya por las graves dificultades financieras del grupo, fueron implacables con el ex presidente de la entidad. Fue Raimon Carrasco en persona el encargado de desposeer a Jaume Carner de todos sus bienes patrimoniales, con el fin de saldar las deudas contraídas. Su casa de Barcelona, los chalets de Puigcerdà y Santa Cristina d’Aro, sus joyas y cuadros…, todo le fue arrebatado. De la noche a la mañana se quedó sin nada, desprestigiado y abandonado a una suerte incierta. Incluso los posteriores gestores del banco, Díaz Morera y Gutiérrez Fierro, fueron más transigentes, permitiéndole recuperar alguna joya y los cuadros dedicados a la familia.

Todas sus propiedades no fueron suficientes para liquidar la deuda que había contraído. Aún hoy, el Banco de Vizcaya (actual propietario de Catalana) contabiliza que Carner debe 300 millones a la banca. Jaume Carner fue sustituido en la presidencia de Banca Catalana por el propio Raimon Carrasco. En la memoria de aquel año, la discreción fue total. Ni se despidió a Carner ni se saludó a Carrasco. Se intentó —y en parte se logró— que el escándalo no trascendiera.

Francesc Cabana procuró, años después, seguir manteniendo la discreción: En su libro Banca Catalana, un capítol de la seva història, ocultaba algunos datos (probablemente por piedad) diciendo que Carner había dejado el banco para dedicarse a la política activa como dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya.

Tras la ruina, el que fuera presidente de Banca Catalana y uno de los hombres más respetados de Catalunya pasó a trabajar como modesto asalariado en una editorial. Su mujer, Maria Lourdes Cabana, se empleó como secretaria en un departamento de la Generalitat. El matrimonio pasó por graves estrecheces económicas. Según quienes le conocen, Jaume Carner está, además, enfermo.

II

LA EDAD DE ORO

LA GRAN FAMILIA

Banca Catalana no tenía vocación de pequeña banca familiar. Ambicionaba mucho más que una existencia plácida, monótona y gris como la que había llevado Banca Dorca. Quería saltar pronto a la primera línea de la banca española, competir con los «grandes», granjearse su respeto. Quería ser un instrumento básico y esencial de la reconstrucción de la Catalunya que soñaba Pujol. Aquellos primeros años de oscuridad y dificultades, superados a fuerza de ánimo y sacrificando horas al sueño, tenían que pasar pronto al olvido. Aquellos jóvenes nacionalistas, respaldados ya por varios prestigiosos y acaudalados ciudadanos catalanes, tenían prisa por realizar sus objetivos.

Pero no se podía progresar hasta codearse con los «grandes» por la vía del crecimiento bancario común. No había tiempo ni dinero para poner en marcha la lentísima maquinaria financiera de un banco grande y antiguo. No era posible sentarse y esperar cincuenta o cien años que removieran poco a poco la inicial pequeña masa de créditos y depósitos hasta que se hiciera respetable.

Era necesario adoptar un estilo más agresivo, más eficaz. Había que integrarse en el tejido social catalán de forma rápida. Para ello era preciso que los trabajadores de Banca Catalana se tomaran su empleo como algo superior a un simple contrato laboral; que llegaran con el voluntarismo allí donde no se podía llegar por otros medios. Quien mejor ejemplificó esta actitud fue, por ejemplo, el propio Francesc Cabana que no escatimó ningún esfuerzo en pro del banco. El lema «Banca Catalana, voluntad de renovación y servicio», utilizado por el banco, definía bastante bien la mentalidad de los nuevos banqueros.

Los empleados que paulatinamente fueron engrosando la plantilla de Banca Catalana en aquellos años disponían, en general, de más entusiasmo patriótico que capacidad profesional. Enrique Pérez de Rozas, que hizo las fotografías de la inauguración del primer local en Barcelona cobro, por ejemplo, su trabajo con la apertura de una cuenta corriente. No importaba demasiado si el propio Pujol, «alma» de la empresa, era médico. Las condiciones básicas para entrar en Catalana eran hablar catalán, derrochar esfuerzos cuantas veces fuera necesario, y compartir más o menos con los directivos la idea de que Catalunya necesitaba una gran banca propia. Banca Catalana fue, durante bastante tiempo, como una gran familia cuyo «padre» acababa de sufrir la represión dictatorial y gozaba del mayor respeto entre todos los «hijos» empleados. Y la familia creció a ritmo acelerado tanto en el capital de los accionistas (21 millones en 1962 y 1.500 millones diez años después) como en empleados, cuya cantidad superaba las mil personas en 1971. El ritmo de aumento de la plantilla se mantuvo siempre alto, ya que en 1981, año anterior a la crisis final, trabajaban para Banca Catalana 3.372 personas. La expansión por toda Catalunya de las sucursales seguía una velocidad parecida e incluso en Madrid, donde los escollos puestos por el Ministerio de Hacienda no consiguieron impedir, aunque sí retrasar, la implantación de Banca Catalana.

En lo que a trabajadores se refiere, difícilmente se podría encontrar empleados más entusiastas e identificados con la empresa que aquellos de la joven Banca Catalana. La filosofía de la actividad se basaba en tres principios: la atractiva personalidad política de Jordi Pujol, la fe católica y Catalunya. Era muy difícil, por no decir imposible, encontrar alguien que no suscribiera absolutamente al menos uno de los tres principios. Por otra parte, y en el apartado de condiciones de trabajo, Banca Catalana era un oasis casi paradisíaco en mitad de la dictadura franquista y el sindicalismo vertical. Sus empleados estaban muy por delante, en cuanto a ventajas laborales, del resto de trabajadores de banca. Las relaciones entre propietarios y asalariados eran espléndidas. Sólo cuando el crecimiento de la entidad y la decrepitud de la dictadura favorecieron la actuación de los sindicatos de clase, se hizo patente la presencia de USO (Unión Sindical Obrera) y CC.OO. (Comisiones Obreras). Entonces se produjeron algunos roces. Con todo, siempre, hasta la crisis, tuvieron más poder de convocatoria los directivos del banco que los sindicalistas.

La mezcla de banca y Catalunya, aderezada con un estilo de hacer las cosas mucho más próximo a las democracias europeas que al franquismo, daba muy buenos resultados. Tanto puertas adentro, con un espléndido ambiente laboral, como puertas afuera, ya que la bandera catalana que celebró la inauguración del edificio del paseo de Gracia había originado colas para abrir depósitos y cuentas corrientes. Cuando autorizó la colocación de aquella «senyera», el gobernador civil de Barcelona bromeó con los directivos de Banca Catalana: «Ahora no me hagan ustedes un gobierno catalán». «Todo a su tiempo», debió pensar Jordi Pujol.

Ciertamente aquél era un banco muy especial. Veamos, por ejemplo, un extracto de la carta con que Joan Rosell Molins, que fue jefe de personal muy al principio de Banca Catalana, se despidió de sus jefes, compañeros y subalternos cuando la empresa entró, tras la crisis, en la órbita del Banco de Vizcaya: «El desencanto como catalán, el encallamiento profesional, la soledad ante la marcha de muchos compañeros, las nuevas formas de funcionamiento de la empresa desde un punto de vista evidentemente de negocio, etcétera, han hecho que aquél —quizás utópico— “más que un banco” haya perdido una parte de su encanto sobre todo en aquellos aspectos más ligados a mi forma de ser».

Ese ambiente que añoraba en su despedida Rosell —que pasó a trabajar en el periódico Avui, cercano a Pujol— hizo que durante quince años apenas existieran conflictos laborales en aquella Banca Catalana ya de cierto tamaño. Las escasas huelgas que se llevaron a cabo se produjeron más bien para protestar contra hechos y situaciones ajenas al banco, y se convertían, en el edificio del paseo de Gracia, en algo parecido a una jornada de confraternización y charla en la octava planta, donde estaba y está todavía el restaurante.

Sólo el traslado de siete u ocho empleados que se habían significado en el activismo sindical provocó alguna tensión, pero pronto quedaría resuelta, del mismo modo que no cuajaría el intento de trasladar años más tarde al líder de Comisiones Obreras, Pepo Molins.

Más que en las reivindicaciones sindicales, los empleados de Banca Catalana se mostraban interesados por descubrir la identidad y significación de los personajes que mantenían ya entrevistas políticas con Pujol.

La gran familia de Banca Catalana no se desunía, Santiago, el ujier de la puerta principal, estaba acostumbrado a pagarle los taxis a Jordi Pujol, un hombre que «movía» millones pero no solía llevar dinero encima. También era de Santiago la maquinilla de afeitar eléctrica que había en los lavabos y que Pujol usaba a menudo. El curioso diseño de los lavabos, con los mingitorios enfrentados, permitió a más de un visitante o empleado mantener cara a cara fugaces e intrascendentes conversaciones con Jordi Pujol, que era ya una personalidad significada en Catalunya. El ambiente distendido seguía al término de la jornada laboral, a las tres de la tarde, cuando Antoni Coll, ujier de la quinta planta donde tenía el despacho Pujol, preparaba su fogoncillo y cocinaba unos garbanzos para su condumio. Si el «jefe» estaba aún allí, terminando el trabajo —y eso era bastante frecuente—, «picaba» indefectiblemente algún garbanzo de aquella sencilla cazuela.

Entre los empleados no faltaban hombres conectados con la Abadía de Montserrat, centro espiritual de Catalunya. Joan Clos Balasch, jefe del garaje y chófer de los máximos directivos de la Banca, había desempeñado anteriormente su oficio con el abad Escarré, de Montserrat. Escarré, todo un símbolo del catalanismo y del antifranquismo, había casado a Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Otro trabajador, Cristóbal Sánchez Maldonado —«Tòfol», en la casa—, jefe de la imprenta, había sido monje de Montserrat durante diez años. Sánchez Maldonado tenía una curiosa costumbre: usaba peluquín, pero sólo en invierno.

Las relaciones entre directivos y subalternos eran tan relajadas que muchas veces se llamaba a los ujieres con apodos bienhumorados, sin que por ello se molestara nadie. Al ujier de la segunda planta, donde tenía su despacho Florenci Pujol, le llamaban el Avioneta por su espectacular despliegue de brazos al hacer reverencias. A Coll, el ujier de Pujol, su natural comunicativo y parlanchín le había valido el apodo de la Radio. Esa confianza general alcanzaba a los propios clientes del banco, lo que originaba a veces hechos poco habituales en un banco. Ramon Monforte, directivo de Catalana, vio agradecidas en una ocasión las atenciones que había tenido hacia un cliente con el obsequio de un par de hermosas gallinas, vivas, por supuesto.

El escritor Vicent Ventura canturreaba con su acento y socarronería valencianos una tonadilla cuando visitaba por esa época a Jordi Pujol. Ventura rectificó el texto de una popular sardana y lo dejó como sigue: «Som i serem gent de la Banca, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha banca més ufana que la de’n Jordi Pujol» (Somos y seremos gente de la Banca, tanto si se quiere como si no, que no hay banca más ufana, que la de Jordi Pujol).

Cada año se celebraban las fiestas de Sant Jordi (patrón de Catalunya y del «alma» de la entidad) y de Navidad. Por Sant Jordi había fiesta grande. Cada 23 de abril se repartían libros, rosas y estampas del santo, y la casa rezumaba sentimiento catalanista. La otra festividad, la víspera de Navidad, se celebraba una fiesta en el bar rematada con un discurso final a cargo del entonces director general, Raimon Carrasco, en un tono de paternalismo adaptado a los nuevos tiempos. Por todas sus peculiaridades internas, Banca Catalana tenía poco que ver con el resto de la banca española al principio de los años setenta. Uno de los altos directivos, Francesc Cabana, fichaba como un trabajador más. Para entonces había cambiado ya su vieja motocicleta de los primeros años por un «2 CV» que no cuadraba demasiado con un hombre que, pese a su talante discreto y humilde, era secretario de un banco en expansión. Cabana llevaba hasta el límite los principios por los que se guiaba la empresa. Su catalanismo era apasionado y en alguna ocasión sorprendió a quienes le acompañaban en un viaje aéreo procedente del extranjero. Cuando sobrevolaban Catalunya, surcados los Pirineos, Cabana suspiraba un «ahora ya puedo morir tranquilo», refiriéndose a un hipotético accidente.

Francesc Cabana mostró siempre una excepcional generosidad durante sus años en Banca Catalana. Su amor a la empresa se reflejó a la hora de hacer sacrificios por la misma, llegando a firmar documentos delicados. En 1980, heredó una verdadera fortuna, y cerrando los ojos a la crisis que atenazaba el grupo invirtió en él decenas de millones de pesetas comprando acciones de Banca Catalana que acabarían sin ningún valor.

La actitud personal de los directivos tenía una importante influencia entre los empleados. Se puede citar como ejemplo el caso de Rosa Bruguera, primera secretaria de Jordi Pujol, quien tras su entrada en el banco evolucionó desde posturas de izquierda radical (militaba en Bandera Roja) hasta el más entusiasta «pujolismo». Bruguera dejó de ser secretaria de Pujol tras ser detenida por la Policía cuando repartía octavillas políticas a la puerta de la sede de Banca Catalana en el paseo de Gracia. La sucesora de Bruguera fue Carme Alcoriza, quien seguiría después a su jefe hasta el mismísimo Palacio de la Generalitat, pasando por el despacho de Convergència Democrática. Carme Alcoriza, cuyo esposo y una hermana trabajan aún en Catalana, cambió también su inicial despreocupación hacia las cuestiones políticas por un encendido y sincero catalanismo. Otras secretarias llegaron a identificarse enormemente con la personalidad e ideales de sus jefes, hasta el punto que prefirieron abandonar Banca Catalana cuando ésta, tras la crisis, cambió de manos.

Pero la clarificación de las posturas políticas conforme se aproximaba el fin del franquismo, el inicio de la crisis económica y la incorporación de nuevos bancos al grupo dañaron sensiblemente aquel ambiente inmejorable. En Banca Catalana nunca habría grandes conflictos, pero la época feliz había terminado.

El Banco Industrial de Catalunya (BIC) trajo consigo un nuevo tipo de relaciones laborales, un poco más tensas, con trabajadores más reivindicativos y directivos menos paternalistas. Desde Banca Catalana se veía a los trabajadores del BIC como «progres» al igual que se vio como «aristócratas» a los trabajadores de Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), unos años más tarde. Aquel proceso de expansión bancaria, basado en la compra de otras entidades más o menos enraizadas en Catalunya, comportó problemas de congestión de personal y dificultades para coordinar los distintos equipos de profesionales. Hay quien considera que esos conflictos, que se produjeron de la misma forma entre trabajadores y entre directivos de los distintos bancos, influyeron no poco en la crisis años más tarde.

En cuanto a la crisis económica, su efecto se hizo notar muy sensiblemente a partir de 1979, tras lo que en el muido se conoció como «segunda crisis del petróleo». El banco ya no pudo permitirse alegrías salariales ni paternalismos generosos lo cual favoreció el desarrollo dentro de él de una corriente sindical basada en postulados libertarios, que llegó a tener considerable representación en las elecciones sindicales.

La constitución por parte de Jordi Pujol de un partido político en 1974 afectó también la hasta entonces paradisíaca vida interna del Banco. Los mandos intermedios, a menudo más conservadores que los propios dirigentes del mismo, tuvieron a veces la tarea de propagar las ambiciones ideológicas concretas de sus superiores, lo cual les granjeaba alguna respuesta despectiva, aparte de dejarlos en posición un tanto desairada.

Bastantes mandos fueron llamados por sus jefes inmediatos o directamente al despacho de la quinta planta para ser sondeados ideológicamente. Una respuesta satisfactoria para los directivos de Banca Catalana conllevaba además el aliciente de mejorar el grado de relación con ellos, con las ventajas adicionales que en cuanto a ascensos podían deducirse. Si en cualquier banco ser socialista o ser comunista no es la mejor papeleta de presentación para escalar puestos en el escalafón, menos lo sería a partir de entonces en Banca Catalana, donde la mejor baza política era la de Convergència Democrática. Ello provocaría algunas tensiones y malos humores, sobre todo en aquellos departamentos donde predominaban los hombres de izquierdas. Los cargos de confianza se alejaron para estos últimos y las dudas entre personas a la hora de promocionar ascensos provocaron conversiones rapidísimas, como la de Esteve Renom, a quien nadie conocía veleidades catalanistas y a quien algunos aún recordaban haber visto sonriente en la fotografía de La Vanguardia que le inmortalizó en su etapa de estudiante, saludando al dictador Franco. Renom llegó a la Dirección General de Banca Catalana y del grupo tras dilucidar una primera polémica en la carrera de ascensos que le enfrentó a Josep Ros Mediano. La poco conveniente definición socialista de Ros Mediano, en el justo momento en que se dirimía esta competencia, y la reafirmación de Renom en sus modales pujolistas, facilitaron la decisión final, que vino acompañada de una inoportuna hepatitis de Ros Mediano.

El banco, tanto desde su sede central como desde sus oficinas esparcidas por toda Catalunya, fue una buena plataforma de lanzamiento del partido de Pujol y hubo algunos conflictos con quienes practicaban otros credos políticos. Carles Monner, uno de los compañeros de primera hora de Jordi Pujol y convertido al socialismo con posterioridad, sufrió los rigores de la nueva etapa al aparecer claramente reconocible en un acto socialista, según fotografía reproducida por un rotativo barcelonés. Hay que decir también que si Pujol utilizó Banca Catalana para impulsar su candidatura, se pasaron a máquina y a un catalán correcto algunos de los primeros documentos socialistas de la democracia en los propios despachos del Banco Industrial de Catalunya (BIC).

En su mayoría, sin embargo, los empleados de Banca Catalana permanecieron fieles a su fundador, lo cual se demostraría fehacientemente en el momento de la crisis, donde en su conjunto se sumaron a la concepción de la misma que buscaba las responsabilidades fuera del consejo de administración del propio banco. En las asambleas de aquellos días primaron las propuestas surgidas de los sectores próximos a la dirección del equipo Pujol y en muy contadas ocasiones los sectores sindicales más progresistas —UGT, CC.OO. y CAT— se atrevieron a insinuar en sus planteamientos la exigencia de responsabilidades a ese equipo.

Ocasiones tendrían los empleados satisfechos con su dirección para corroborar dicho acuerdo. No todo el mundo podía alardear de trabajar en la empresa que había facilitado el fichaje de Johan Cruyff por el Fútbol Club Barcelona. Desde fuera se insistía en que Banca Catalana contrataba sus profesionales a los mejores precios, pero desde dentro se continuaba apreciando más la fidelidad a los principios que las virtudes laborales. Entra dentro de lo concebible, por tanto, que en una reunión de trabajo amenizada con un pase de diapositivas, los directivos de Banca Catalana se levantasen al ver proyectadas en la pantalla las montañas de Montserrat e irrumpieron a cantar el Virolai (canción tradicional catalana dedicada a la Virgen de Montserrat) ante la extrañeza del resto de los presentes.

Los dirigentes ejecutivos del banco eran bastante accesibles para los empleados. Incluso Pujol, el vértice superior de la pirámide, tenía tiempo para recibir a los empleados que lo requerían y cuando las relaciones con Comisiones Obreras empezaron a ser especialmente tirantes, se mostró conciliador y dialogante.

Asimismo, cuando la legislación franquista lo permitió, y los representantes del personal pudieron estar presentes en determinadas reuniones del Consejo de Administración, Banca Catalana fue más allá de sus obligaciones en este sentido y permitía a los representantes del sindicato vertical asistir a cuantas reuniones del Consejo deseasen. Bien es cierto que se encontraba con personas no conflictivas y el único que parecía marcar ciertas distancias con la dirección, Femando Caparros Pastor, mostró bastante desinterés por asistir a unas reuniones en las que se entendía bien poco y en que, por otra parte, estaba ya todo decidido. Quizá la única conclusión que pudieron sacar de su etapa de presencia en el consejo de administración, que se cerró en 1978, era que los consejeros de a pie, si su única fuente de información procedía de las reuniones del Consejo, debían ir bastante despistados en lo que se refería a la marcha de la empresa. Junto a Caparros Pastor, cuyas ideas izquierdistas le cerraron el paso a la oferta de trabajar como interventor, que en un principio había recibido, estaban Mauricio Albiñana Vilalta y Joan Rosell Molins representando, respectivamente, a los subalternos y jefes del banco. Antes, en el primer consejo de administración con presencia de representantes de los trabajadores, en 1972, había entrado Mariano Nicolás Ros. Curioso representante de los trabajadores era Joan Rosell, que había empezado trabajando como jefe de personal de la casa, para ser sustituido por Josep Maria Sol, el cual, junto a Antoni Armengol, era el interlocutor de los trabajadores, o mejor dicho, la correa de transmisión con la máxima dirección del banco. Por su parte, Mauricio Albiñana, un ordenanza que llegó a jurado de empresa, se demostró merecedor de la confianza de sus superiores y alcanzó la categoría de jefe de ordenanzas con el tiempo. Tanto Mariano Nicolás como Femando Caparrós serían citados por los fiscales por haber firmado documentos considerados irregulares. No todos los empleados de Banca Catalana firmaban con los ojos cerrados los documentos que les ofrecían sus superiores y alguno tuvo que oírse decir que «subes demasiado por la dirección general», por parte de quienes no veían nada claro los objetivos de tantas firmas a pie de documento. Y es que de la misma forma que, como se ha repetido hasta la saciedad, el «Barça es más que un club», también Banca Catalana era «más que un banco». Ambas entidades tuvieron ocasión de cruzar sus mutuas historias e incluso en un corto período de tiempo su cúpula dirigente fue coincidente. El mandato de Agustí Montal al frente del F.C. Barcelona supuso «de facto», la entrada del grupo Pujol en el mundo del fútbol. Raimon Carrasco, director general de Banca Catalana en aquella época, fue vicepresidente del club e incluso asumió transitoriamente la presidencia del Barça en el interludio que daría paso a la gestión de Josep Lluís Núñez. Era la era Montal, el asesor jurídico de Banca Catalana, Josep Lluís Vilaseca, lo era a su vez del histórico club azulgrana y Joan Martí Mercadal compaginaba sus tareas como ejecutivo con las de presidente de las peñas «culés». No acaban aquí las coincidencias. El as holandés Johan Cruyff, que dio al Barça la alegría de conseguir un título liguero —y encima goleando al Madrid en el Santiago Bernabeu por el histórico tanteo de 0-5— fue «importado» a través de Banca Catalana. Todavía recuerda Raimon Carrasco, no sin un cierto deje de humor, cómo se atribuyó a Cruyff la calidad de «semoviente» —en sentido literal, dícese de los bienes consistentes en ganado— para poder dar una figura legal al, por entonces, incipiente mercadeo de jugadores extranjeros. La influencia directa de Catalana en Can Barça se acabaría tras las elecciones que llevaron a «La Masia» a Josep Lluís Núñez. Su máximo y encarnizado rival eran Ferran Ariño, hombre que ha participado activamente en el entramado político-económico que gira en torno a la figura de Jordi Pujol y que perdió la presidencia del Barça en una reñida carrera con el constructor de pisos.

En general, era difícil sustraerse al ambiente paternalista que primaba en la casa. Abundaban las cenas por departamentos a las que asistían altos cargos y en las que se brindaba por la hermandad interna. Se tiraba de menú, pero, eso sí, pagaba la casa. El paternalismo arrastraba también cierto conservadurismo. La mujer de Jordi Pujol, que en los primeros años también le echó una mano a su marido en las labores del banco, debió influir en planteamientos retrógrados que ponían problemas a las mujeres que pretendían ir al trabajo con pantalones o, aún peor, con tejanos.

Banca Catalana llegó a tener incluso psicólogo propio. No gozó de mucha simpatía entre el personal al conocerse sus consejos. Sugirió que no se contratase a chicas atractivas, ya que influirían en el rendimiento a la baja del personal masculino y sostuvo que para las tareas más rutinarias era aconsejable elegir a las personas menos inteligentes, ya que las aceptarían con más resignación. Sin embargo, el psicólogo no tuvo nada que ver con la edición del disco que el grupo regalaba en 1977 a sus clientes. Josep Maria Andreu fue el autor de una letra —interpretada por la cantante Glòria— que refleja modélicamente lo que era aquella empresa:

Les coses que més feliç et fan

són les que fas teves, lluitant.

Treballant, no hi ha ideal difícil.

El pots aconseguir.

Si hi poses esforç i voluntat

pots arribar al lloc desitjat

no serà un camí fet de quimeres.

Camina des d’avui.

Quan arribis al final

nous horitzons t’esperen.

Pensa en els passos que vindran

perquè les coses que més feliç et fan

són les que has fet teves, lluitant.

Les coses que més feliç et fan

són les que has fet teves, lluitant.

Cada esforç et dóna recompensa

i afany de viure més.

Cada potser que has somniat,

si vols, pot ser realitat.

És possible tot el que et proposis.

Comença a caminar.

Quan arribis al final

nous horitzons t’esperen.

Pensa en els passos que vindran

perquè les coses que més feliç et fan

són les que fas teves, lluitant.

* * *

Las cosas que más feliz te hacen

son las que haces tuyas, luchando.

Trabajando, no hay ideal difícil.

Lo puedes conseguir.

Si le pones esfuerzo y voluntad

puedes llegar al lugar deseado

no será un camino hecho de quimeras.

Camina desde hoy.

Cuando llegues al final

nuevos horizontes te esperan.

Piensa en los pasos que vendrán

porque las cosas que más feliz te hacen

son las que haces tuyas, luchando.

Las cosas que más feliz te hacen

son las que haces tuyas, luchando.

Cada esfuerzo te da recompensa

y afán de vivir más.

Cada quizá que has soñado,

si quieres, puede ser realidad.

Es posible todo lo que te propongas.

Empieza a caminar.

Cuando llegues al final

nuevos horizontes te esperan.

Piensa en los pasos que vendrán

porque las cosas que más feliz te hacen

son las que haces tuyas, luchando.

En el BIC también se intentaba generar ese clima paternalista que predominaba en Banca Catalana pero no se alcanzaban las mismas cotas. Funcionó desde muy pronto un Club de Empleados que organizaba desde excursiones montañistas a campeonatos de fútbolsala (no faltaba el equipo Els Segadors; por cierto, con no muy brillantes resultados) o pases de películas. La biblioteca también estaba bien cuidada y en ella se podía encontrar libros de toda índole, incluidos algunos de claro matiz progresista. La inmigración, problema y esperanza de Catalunya, de Jordi Pujol, aparecía entre La Ilíada de Homero y la Iniciación a la economía marxista, de Ernst Mandel.

Las aficiones periodísticas prendieron fuerte en el BIC donde se editaron varias revistas. Así, la Junta Sindical y los trabajadores del BIC editaban ya en 1976 Endavant (Adelante), verdadero alegato antitotalitario.

Los sectores libertarios publicaban también Dispensen, con el subtítulo «El matinal del W.C.». Estos grupos tomaron diversos nombres: MAL, FOLS y Comisión Autónoma de Trabajadores. En una línea minoritaria de crítica radical editaron, una vez fusionado el grupo, una cuidada revista de la que salieron tres números —Les quatre botifarres— jugando con el doble sentido de la palabra «botifarra», que puede aludir tanto al típico alimento en Catalunya como al corte de mangas y haciendo referencia a las cuatro barras del anagrama de la entidad. Implacable con la dirección, Les quatre botifarres se despidió en abril de 1980 con un irónico comentario al triunfo de Jordi Pujol en las elecciones autonómicas del mes anterior: «Desde estas subvertidas y corrosivas páginas —decían los autores— nos hacemos eco del insistente rumor que circula por estos días de que nos va a caer una paga extra para celebrar la victoria en las elecciones de nuestro “padre espiritual y dueño material” Jordi Pujol. Se dice, se comenta, se especula que de ésta nos hacen funcionarios. ¡Toma cha! ¿Nos darán una paga extra cada 20-M (las elecciones autonómicas fueron el 20 de marzo) en recuerdo de la gloriosa gesta?».

Estos empleados eran los más duros en su posicionamiento en el seno de Catalana y llegaron incluso a imprimir una octavilla titulada «Jordi Pujol y los cuarenta ladrones». Iba firmada por las siglas MAL que, según sus padres literarios y citando la Gran Enciclopedia Catalana, significaba «alteración de las condiciones fisiológicas normales acompañadas de sufrimiento físico». La octavilla se distribuyó vía postal por las sucursales de la entidad y se lanzó con discreción en los lavabos de las sedes más importantes de la misma. Provocó no poco alboroto en la casa la susodicha lista que, en realidad, contaba sólo con 36 nombres de otros tantos directivos a los más diversos niveles, dejando cuatro casillas en blanco para que los empleados añadieran los restantes.

Y también fueron esos círculos quienes se plantearon más seriamente, una vez presentada la querella, la posibilidad de personarse en la misma en forma de acusación particular.

Sin embargo, todas estas críticas nunca llegaron a impregnar al personal del banco, que se caracterizó en su conjunto por una fidelidad a la dirección muy por encima de la habitual en las demás entidades bancarias. Era una gran familia, con algún hijo díscolo. Pero eso pasa, como es sabido, hasta en las mejores.

La fidelidad y entrega de las secretarias se demostraba cuando más de una aceptaba sin remilgos trabajar algún fin de semana para poner al día trabajo atrasado. Este fenómeno aparecía sobre todo a final de año cuando había que preparar los balances de las empresas, cosa que en el BIC era un verdadero y dramático parto, para el que había que gastar toneladas de paciencia, ya que las continuas rectificaciones de última hora obligaban a repetir, en ocasiones hasta veinte veces, un mismo escrito. Aunque a alguna secretaria le hubiese gustado pedir excedencia para ahorrarse tanto trabajo reiterado, no faltaba quien aceptaba encantada invertir un domingo en tamaña tarea. Otra muestra de esta mentalidad la tenemos en el quimérico proyecto que surcó las filas de los trabajadores que, ya hacia el final, pensaron en comprar el banco ellos solitos con sus paquetes de acciones. Hay que decir que casi todos los empleados de Banca Catalana tenían acciones del banco, ya que facilidades no les faltaron para ello. Tan imposible era, pese a todo, esa propuesta como otra parecida que lanzó otro hombre de Pujol, Espar Ticó, que intentó salvar el banco en una campaña suicida de compra de acciones a última hora que no resultaría pero a la que colaboraron con denuedo muchos empleados de Banca Catalana. Era en conjunto, pues, una casa bien avenida en la que apenas nadie ponía el grito en el cielo porque los coches propagandísticos de Convergència Democrática utilizasen de vez en cuando durante las campañas electorales el parking del banco en paseo de Gracia.

Sólo en el Servicio de Estudios se acumulaban algunos izquierdistas, bajo el correcto control de Artur Saurí, otra persona pujolista de pies a cabeza. Se mimaba bastante a las personas del Servicio de Estudios, quienes de hecho apenas tuvieron acceso a la verdadera situación del banco, ya que su trabajo se dedicaba preferentemente a las publicaciones de prestigio. El criterio sobre el papel del Servicio de Estudios marca la distinta concepción de dos hombres, Raimon Carrasco y Esteve Renom, que siempre tuvieron puntos de vista muy distintos sobre cómo debía dirigirse Banca Catalana. Para Carrasco, en tono cordial, aquellos eran «los que pensaban». Para Renom, aquélla era un área ineficaz compuesta de personas poco útiles para el banco y que tenían el complejo de candidatos al Premio Nobel.

Pujol los quería más que nada como marca de prestigio. A veces conversaba con ellos —al principio estaban en la misma planta en el edificio del paseo de Gracia— e incluso se permitía alguna broma en un humor difícil de comprender como es el suyo. Lluís Armet, que sería portavoz socialista de la oposición a Pujol en el Parlamento catalán y que trabajó muchos años en el Servicio de Estudios de Banca Catalana, aún se pregunta sobre el verdadero sentido del comentario que una día le hizo Pujol: «Usted es de Bandera Negra, ¿verdad?», en alusión a sus posturas políticas izquierdistas.

Bromas aparte, Pujol sabía mantener un trato de confianza con sus compañeros de planta y el día en que Arias Navarro se dirigió a la nación poco después de la muerte de Franco, aceptó compartir el champán que se bebía en el Servicio de Estudios. Eso sí, con discreción, sin aparatosidad ni abrazos exagerados y, en esa ocasión, de la mano de José María Santacreu, un hombre que con el franquismo obtuvo crasos beneficios y que no debería compartir la euforia que se vivía en aquella sala. En el consejo de administración, aunque había sus más y sus menos, tampoco se producían pugnas feroces. Tres incorporaciones nuevas habían ampliado el Consejo que dobló la esquina de los sesenta-setenta. Enric Jover Ortensi, Martí Rosell Barbé y Antoni de Moragas Gallisà ampliaron el cupo de consejeros. Entre los méritos de Moragas, destacado arquitecto y de claro arraigo en el apoyo a todo lo que sonara catalanista, está el haber llevado a Banca Catalana las cuentas de los arquitectos catalanes a través de su organización colegial, que giraba una jugosa cantidad. Lo mismo sucedió con otros colegios profesionales como el de aparejadores y farmacéuticos. Aún hoy, adquirir una farmacia equivale a abrir al mismo tiempo una cuenta corriente en Banca Catalana, lo cual es bastante atractivo para los gestores de cualquier entidad bancaria.

Pero en el Consejo de Administración iba a producirse un incidente desagradable en ese punto del cambio de decenio, a raíz de la voluntad de abrir en Madrid una oficina del banco.

LA BATALLA DE MADRID

Los directivos de Banca Catalana, con Jordi Pujol al frente, tenían muy claro que su banco «era distinto». Y no sólo porque tuviera un trato deferente con sus empleados, fuera especialmente generoso en la concesión de créditos o se dedicara a financiar actividades que desbordaban el ámbito normal de actuación de los bancos españoles. El vertiginoso crecimiento de Banca Catalana en la década de los sesenta y las «especiales características» que concurrían en esta entidad empezaron a preocupar a las autoridades económicas del franquismo.

Así, cuando los responsables del banco se plantearon el objetivo de abrir una sucursal en Madrid, Jordi Pujol gestionó una entrevista con el entonces ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque, para «allanar» las suspicacias. En aquellos momentos, el banco tenía el pasivo suficiente para obtener una sucursal en Madrid, tal como lo había conseguido la Banca March. El hoy presidente de la Generalitat se sirvió de los oficios del economista catalán Fabià Estapé, que en aquella época trabajaba en la Comisaría del Plan de Desarrollo bajo los auspicios de Laureano López Rodó, para organizar la entrevista. La intención de Jordi Pujol era conseguir del Ministerio de Hacienda «el mismo trato que se da a los demás bancos» y para ello basó su estrategia en demostrar que Banca Catalana no era diferente a las restantes entidades bancarias del país.

La entrevista se desarrolló en el despacho de Alberto Monreal Luque y transcurrió en un ambiente de extrema frialdad. En el Madrid oficial corría una «leyenda negra» sobre Banca Catalana: que si el banco se dedicaba a financiar actividades antifranquistas, que si pagaba las fianzas de presos políticos… El ministro señaló, en un instante determinado y refiriéndose a la «fama» de Banca Catalana, que «si ustedes no saben qué les pasa y por qué les pasa, la entrevista no tiene sentido».

Se trataba de conseguir el «placet» para la apertura de la oficina en Madrid y a los directivos del banco presentes en el Ministerio no se les ocurrió otra cosa mejor para mostrar una imagen de normalidad que ofrecer al ministro el primer tomo de la Gran Enciclopedia Catalana. Según ha explicado Raimon Carrasco, entonces director general de la entidad, el mensaje subliminal de este regalo era claro: era cierto, en efecto, que Banca Catalana hacía «otras cosas» con el dinero de sus depositantes, pero sufragaba actividades tan inocuas como un diccionario enciclopédico. El ministro hojeó el grueso tomo —que comprendía desde la vocal A hasta la raíz «ami»— y de su boca salió un perplejo comentario que marcaría el rumbo y el fin de la entrevista: «¡Pero si todo está en catalán!».

Este histórico ejemplar del primer volumen de la Gran Enciclopedia Catalana, que sirve para definir las relaciones entre la administración franquista y el banco, acabaría en las estanterías de Fabià Estapé. A pesar de todo, Banca Catalana concluiría abriendo su sucursal en Madrid…

Tuvieron que someterse a algunas condiciones un tanto antipáticas, entre ellas el cese de Josep Andreu Abelló como consejero. Francesc Cabana ve las cosas de otra manera cuando en su libro sobre la crisis de Banca Catalana señala que «Josep Andreu Abelló dimitió a la hora de comenzar a actuar políticamente y que después se integró a lo que sería el Partit dels Socialistes de Catalunya». También es distinta su versión de la marcha del presidente del Consejo, Jaume Carner. «Dejó este cargo —explica Cabana—, al anunciar públicamente su incorporación a la Esquerra Republicana de Catalunya». Ni Andreu se marchó porque empezase a actuar políticamente —tras su regreso del exilio nunca dejó ce hacerlo—, ni Carner porque entrara en Esquerra Republicana. Josep Andreu se marchó porque no le quedó otro remedio.

Andreu Abelló se había significado en exceso ante las autoridades franquistas al presidir la primera reunión clandestina de la Assemblea de Catalunya. El sambenito de ser el hombre de Tarradellas en Barcelona y su papel durante la guerra civil junto a los republicanos, acabaron por agotar la paciencia de la administración franquista. El gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, como transmisor de las opiniones del ministro de turno, le dijo a su compañero en la empresa «Compañía de Industrias Agrícolas», Jaume Carner, en conversación mantenida el jueves 11 de marzo de 1971, que si Banca Catalana quería ver cumplido su objetivo de absorber definitivamente una pequeña banca de la localidad de Capellades y el de abrir una sucursal en Madrid tenía que cumplir tres condiciones. Dos de esas condiciones eran la elaboración de un libro por parte del Servicio de Estudios que el ministro les encomendaría y aportar 12 millones a la sociedad «Financiera del Duero, S.A.», vinculada a importantes personajes del entramado económico franquista.

La tercera condición era que Andreu Abelló dejase de pertenecer, cuando menos públicamente, al Consejo de Administración de Banca Catalana. Andreu esperaba que Jordi Pujol se opondría a tales condiciones, del mismo modo que él le había ayudado a volver en su momento al seno del banco cuando no todos lo veían igual de claro. Pero no sólo no fue así sino que Andreu no pudo hablar directamente con Pujol del tema hasta después de resuelto el mismo con el cese del que años más tarde sería senador socialista.

Pujol delegó en Carner todo lo preciso para que esa parte del convenio con el gobernador del Banco de España se llevase a cabo. «No hay otro remedio», es lo único que pudo saber Andreu sobre el parecer de Pujol acerca de esta cuestión, a través de personas interpuestas. Andreu, que quedó muy molesto con el trato recibido por los directivos de Banca Catalana en el asunto, levantó acta notarial el 29 de marzo de 1971 ante su amigo notario Ignacio Zabala de las razones de su dimisión. El 13 de mayo el consejo de administración aceptaba su dimisión y quince días más tarde, Francesc Cabana enviaba una carta al Registro de Altos Cargos de la Banca para que se diese de baja a Josep Andreu Abelló.

En la memoria de Banca Catalana correspondiente al año 1971 se leía lo siguiente: «En el curso del pasado ejercicio ha cesado don José Andreu Abelló, quien venía desempeñando eficazmente el cargo de consejero desde su nombramiento en 1964. Las cualidades humanas y los conocimientos técnicos de don José Andreu han sido dos de las características más acusadas en el ejercicio de sus funciones». Aunque a Andreu le hubiese gustado que en la Junta General de Accionistas se hubiesen explicado las verdaderas causas de su dimisión, es comprensible que se mantuviesen en secreto las razones de tan turbio asunto.

En cuanto a la apertura de la oficina en la capital del Estado, la memoria de 1973 la explica en los siguientes términos: «Su concesión estaba supeditada a unas normas legales y al mismo tiempo a una política de expansión, señalada por nosotros mismos, en la que se pretendía la instalación en Madrid cuando el banco tuviera ya detrás suyo el volumen de depósitos y la organización necesaria para poder ofrecer un servicio simplemente a la altura. Política propia y posibilidades legales coincidieron el año 1973».

Y alguna que otra cosa más, como se ha visto.

EL BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Los años sesenta trajeron consigo un fuerte desarrollo industrial, tras la estabilización económica de 1959. Los empresarios catalanes iniciaban una década de prosperidad y, sobre todo, de crecimiento rápido. En el ambiente flotaba la idea de que Catalunya necesitaría medios de financiación propios y potentes para atender la demanda de su industria. No bastaba con la banca comercial clásica.

En 1964 el proyecto de un banco industrial catalán tenía ya un amplio eco entre la clase empresarial. Ese año, Jordi Pujol, en su condición de «hombre fuerte» de Banca Catalana, convocó una cena en casa del arquitecto Oriol Bohigas. Los asistentes a la reunión, además de Pujol y Bohigas, fueron tres «sabios» bancarios que junto a Josep Lluís Sureda eran los más prestigiosos del Principado: Fabià Estapé, Joan Sardà Dexeus (ambos artífices del Plan de Estabilización) y Manuel Ortínez, delegado en Catalunya del Banco de Bilbao. Jordi Pujol expuso aquella noche sus proyectos en torno a un futuro banco que debía ser un «Instituto Nacional de Industria de Catalunya». Es decir, «más que un banco».

No fue Pujol, sin embargo, quien puso en práctica la idea. Sus posibilidades económicas eran aún pequeñas para proyectos tan vastos. Banca Catalana estaba aún muy lejos de los grandes bancos. Fue Manuel Ortínez, uno de los asistentes a aquella cena, quien se vio con fuerzas para acometer la creación de aquel banco industrial tan demandado por los hombres de negocios catalanes.

Manuel Ortínez tenía una larga experiencia a sus 45 años. Licenciado en Derecho, procedía de una familia vinculada al sector textil catalán y antes de los treinta años llegó a la secretaría del SECEA (Servicio de Comercio Exterior Algodonero), desde donde gestionaba el influyente «lobby» del algodón. Tras su etapa al frente del textil, pasó al Banco de Bilbao para hacerse cargo de la dirección regional de Catalunya. Durante su breve gestión, los beneficios del banco vasco se triplicaron en la zona que le había sido encomendada.

El prestigio de Ortínez era muy alto en 1964. Durante un viaje en avión, entre Barcelona y Madrid, una conversación con el economista Joan Sardà Dexeus le decidió afrontar el reto del anhelado banco industrial. Ortínez, con amplia experiencia como banquero, sabía que las cosas no pueden hacerse de la noche a la mañana y que, en cualquier caso, necesitaría del apoyo o al menos de la complacencia de la gran banca española. Acudió a Faustino García Moncó, por entonces director general del Banco de Bilbao, y le propuso la idea. García Moncó, buen amigo de Ortínez, creyó interesante aquel plan y se ofreció para sondear a los demás dirigentes de los grandes bancos.

Nadie puso reparos. Ni siquiera la gran banca vasca, con profundos intereses industriales. Manuel Ortínez, que seguía en el Bilbao, inició los contactos que habían de permitirle crear un nuevo banco y proyectarlo con fuerza en el competido sector financiero.

La primera reunión fundacional del que había de llamarse Banco Industrial de Catalunya, según había decidido ya Ortínez, se celebró en la Casa de la Llotja, donde se alojan hoy la Bolsa y la Cámara de Comercio de Barcelona. Una fría tarde de enero de 1965 se reunieron en una sala de la Llotja algunas de las más representativas fortunas catalanas: Bultó, Valls, Bertrán-Serra, Ribera Rovira, Soldevila y Massó. Enrique Massó había iniciado su carrera empresarial muy poco antes, precisamente con un crédito concedido por Ortínez desde su puesto en el Banco de Bilbao. Ortínez no tuvo problemas para convencer a aquellos prohombres, favorables de antemano a la idea y para quienes el apoyo implícito del Banco de Bilbao era una excelente garantía de éxito.

Una segunda reunión en la Llotja aglutinó a medio centenar de personas en un clima de entusiasmo. Allí estuvo ya Jordi Pujol, quien aplaudió la proposición de Ortínez: ofrecer a los tres bancos comerciales catalanes (Sabadell, Comercial Transatlántico y Catalana) que suscribieran cada uno una cuarta parte de las acciones. El restante 25 por ciento sería distribuido entre accionistas particulares.

La tercera reunión se efectuó con la presencia formal de los tres bancos sobre los cuales debía fundamentarse el Banco Industrial de Catalunya. Tanto Francisco Monrás, consejero delegado del Sabadell; el «kaiser» José Euwens, director general del Comercial Transatlántico; como Jordi Pujol, «hombre fuerte» de la ejecutiva de Banca Catalana, aceptaron suscribir las acciones ofrecidas. El entusiasmo de los mil pequeños accionistas era tal que el capital inicial previsto para lanzar el banco, de 750 millones de pesetas (mínimo permitido por la ley) tuvo que doblarse y situarse en 1.500 millones. Todo el mundo quería acciones. Fue preciso limitar a 10 millones de pesetas la cantidad a invertir por los accionistas particulares, para que todo el mundo pudiera acceder al menos a unas cuantas acciones. Manuel Ortínez, el impulsor del banco, se conformó con 500.000 pesetas, que además tuvo que pedir prestadas.

La euforia de aquel alumbramiento bancario es fácilmente explicable. En 1963 había entrado en vigor la primera ley liberalizadora del sistema bancario. Se podían crear nuevas empresas en el sector y, sobre todo, se primaba desde el Gobierno a los bancos industriales. Estos bancos, que no se dedican básicamente al descuento de letras y a captar ahorro, sino a dar créditos a la industria, contaban desde aquel momento con una gran ventaja sobre los bancos comerciales: podían emitir bonos al mercado para financiarse. Además de estas facilidades, la pujanza que mostraba a la sazón la industria catalana parecía asegurar el futuro de cualquier banco que se dedicara a prestarle el dinero que requería en su constante crecimiento.

José María Bultó, muerto trágicamente en atentado años después, fue el primer presidente del banco. Su nombre, sin embargo, no llegó a constar en las escrituras públicas, ya que el 25 de junio de 1965, fecha en que se constituyó oficialmente la entidad, Bultó ya había sido sustituido por Domingo Valls Taberner. Varios hombres de Banca Catalana figuraban en el consejo de administración: el industrial sabadellense Antoni Forrellad, que ocupaba una vicepresidencia junto a Joan Sardà Dexeus y Andreu Ribera Rovira; Jaume Carner, Raimon Carrasco y Antoni Ballester.

Las primeras oficinas fueron inauguradas el 6 de octubre de 1965. Estaban situadas en el edificio contiguo al Hotel Majestic de Barcelona, propiedad, tanto el edificio como el hotel, del accionista Olegario Soldevila. Soldevila facilitó varios pisos del edificio a cambio, eso sí, de cobrar alquiler.

El Banco Industrial de Catalunya (BIC) tenía en el consejo de administración a personalidades muy notables del mundo empresarial catalán: Antoni Puig Planas (de las colonias Puig), Manuel Raventós Blanc (de las cavas Codorníu), Pere Corberó Comas (electrodomésticos Corberó), Jaume Mercader Bertrán (de la firma holandesa «Henz)… Pero existía una auténtica guerra en los más altos niveles de la entidad, a cargo de los tres bancos que coexistían en el consejo. El Banco Comercial Transatlántico recibía solapadas críticas por ser de capital mayoritariamente alemán e incluso por apoyar económicamente al Real Club Deportivo Español, al que se consideraba opuesto a los ideales democráticos y catalanistas que, supuestamente, representaba el Fútbol Club Barcelona. El Comercial Transatlántico se encontraba incómodo en aquel proyecto. El Banco de Sabadell, con su tradicional prudencia, optaba por mirar los toros desde la barrera y observar cómo la situación se hacía más confusa.

Aquello favorecía a Jordi Pujol, que tenía auténtico interés en controlar el BIC. Una buena oportunidad en el plano financiero se planteó cuando el grupo de seguros Munsó-Cahispa aumentó su participación en el capital del BIC. Banca Catalana, en una operación carísima para un banco todavía pequeño, compró Cahispa y se aseguró una mayor presencia en el BIC. Paralelamente, Pujol conversaba con frecuencia con Manuel Ortínez, deseoso de atraerle hacia sus posiciones políticas.

Pero un hecho ajeno al banco rompió el cada vez más precario equilibrio que se mantenía en el consejo del BIC. Faustino García Moncó, el amigo de Ortínez que dirigía el Banco de Bilbao, fue nombrado ministro de Hacienda. García Moncó ofreció entonces a Ortínez la presidencia del Instituto Español de la Moneda. Manuel Ortínez comunicó la oferta a la comisión ejecutiva del banco, y Pujol fue tajante: «Nos interesa que vayas», le dijo. Ortínez visitó también a Ramon Trias Fargas, con el que tenía una larga amistad, y recibió los mismos auspicios. Por último, el aún director general del BIC cruzó la frontera con Francia para pedir consejo a Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio y al que Ortínez había conocido en 1954. Desde entonces, Tarradellas fue para Ortínez «el presidente». Y cuando Tarradellas regresó y se puso al frente de la Generalitat provisional en 1977, nombró a Ortínez conseller de Gobernación.

Tarradellas también opinó, entonces, que Ortínez debía ir a Madrid. Ortínez puso entonces dos condiciones a García Moncó para aceptar el cargo: él seguiría considerando como presidente a Tarradellas, y no juraría fidelidad a las leyes franquistas. García Moncó trasladó las condiciones al propio general Franco, quien contestó, en tono de desinterés: «Si trabaja bien, que no jure; eso da igual». Y Ortínez pasó al Instituto Español de la Moneda. Propuso, y fue aceptado por el consejo, que su sucesor fuera Emili Moragas Badía, proveniente de la Caja de Ahorros de Sabadell. En aquella última reunión. Ortínez hizo notar que «no creía en las empresas sin patrón». En otra conversación, ésta en el despacho de Pujol en Banca Catalana, Ortínez le comentó que «un Banco no puede ser un gallinero» y que, en su opinión, Pujol era el más indicado para tomar en solitario las riendas de la entidad.

Hombres tan cualificados como Sardà Dexeus, uno de los más prestigiosos economistas españoles de este siglo, abandonaron el BIC casi al mismo tiempo que Ortínez. Opinaban también que «un Banco no puede ser un gallinero». Pero además desconfiaban de la capacidad de Pujol para dirigir aquel proyecto. Ortínez y Sardà Dexeus obtuvieron pingües beneficios de su inversión en el BIC, ya que vendieron sus acciones al 900 por ciento de su valor.

Desde aquel momento, Banca Catalana tomó el liderazgo en el Banco Industrial de Catalunya. El Sabadell y el Comercial Transatlántico pasaron a un discreto segundo plano, y con los años se desvincularon poco a poco de la entidad. La idea expuesta por Jordi Pujol en 1964 acerca de un «Instituto Nacional de Industria de Catalunya» tomaba cuerpo.

El INI de Catalunya

Tras la marcha de Manuel Ortínez, la incidencia de Catalana en el BIC se hizo mayor cada día hasta convertirse en absoluta, lo que hizo abandonar a los representantes de otros grupos empresariales. Varios consejeros dejaron sus cargos formulando durísimas críticas contra los gestores del Banco industrial, lo cual se reflejó en los extraños vaivenes de la cotización del BIC en la Bolsa y perjudicó notoriamente su imagen.

Pero la demolición de los planteamientos iniciales fue radical. Joan Martí Mercadal, el sucesor del «hombre de transición» Emili Moragas, atacó públicamente de forma durísima la gestión de Ortínez y todos los hombres colocados por el fundador del Banco quedaron relegados a cargos marginales. Un destacado empresario, Carlos Ferrer Salat, se atrevió en aquella época a entrar en el BIC. Tras cuatro fugaces años en los que apenas se hizo notar, Ferrer Salat decidió marcharse y fundar su propia banca, el Banco de Europa, que sigue hoy día afrontando con fortuna la marejada económica española.

Jordi Pujol quiso estar personalmente en el consejo de administración de la «rama industrial» de Banca Catalana, y permaneció en él hasta su retirada oficial de los negocios para dedicarse a la política. Pujol asistía puntualmente a las reuniones del consejo, pero no visitaba con frecuencia la entidad. Algunos cuadros intermedios le llamaban «el presidente telefónico», ya que a través de ese medio transmitía sus órdenes a los máximos ejecutivos y guiaba el rumbo del BIC.

En el consejo de administración del BIC llegó a sentarse, aunque no tuviera tiempo de figurar en los balances y memorias anuales, el hombre que después crearía el Banco Industrial del Mediterráneo, la que fue postrera y ruinosa compra del grupo Catalana. Julio Martínez Fortún, el impulsor del BIM, protagonizó en este último Banco una muy tormentosa gestión.

Asegurado el control accionarial, Pujol puso todo su empeño en desarrollar su «INI de Catalunya». El BIC estaba en la cresta de la ola. En 1973 Andreu Ribera Rovira (empresario acaudalado, con buenas relaciones entre los dirigentes franquistas y al mismo tiempo amigo del abad Escarré de Montserrat, y que años más tarde fue presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona) ocupaba la presidencia. Raimon Carrasco y Antoni Forrellad eran vicepresidentes; Jordi Pujol, Francesc Cabana y Olegario Soldevila eran vocales; Joan Martí Mercadal era director general, y Ventura Garcés Brusés, cuñado de Salvador Casanovas, era secretario, el mismo cargo que ocuparía años después en el BIM. En 1973, el BIC alcanzó una cotización del 980 por ciento en las Bolsas de Barcelona y Madrid. Fue su momento dorado. Al año siguiente las acciones se cotizaban al 820 por ciento, en 1975 se situaron en el 555 por ciento y siguieron bajando en años posteriores, hasta el punto que fue necesario mantener artificialmente la cotización, para evitar lo que a última hora no pudo impedirse: que las acciones del BIC dejaran de cotizar.

Los grandes esfuerzos, estratégicos y financieros, derrochados por Banca Catalana para hacerse con el control del BIC resultaron un tanto baldíos al introducirse en la normativa legal una nueva modificación, que otorgaba a la banca comercial bastantes de las posibilidades financieras reservadas hasta entonces a la banca exclusivamente industrial.

El modelo económico que Pujol deseaba para Catalunya se basaba en una cierta autosuficiencia del país. Quería que Catalunya, en materia industrial, tuviera un poco de todo, aunque ello comportara sostener o potenciar industrias pesadas en mala situación geográfica y poco competitiva. En lo que algunos economistas denominan «modelo Gadaffi», se apoyó sin discriminación a toda suerte de sectores empresariales, por variopintos que fueran. La frase «es nuestra gente» sonó más que nunca como razón de créditos y ayudas que ningún técnico veía mínimamente razonables. El consejo de administración padecía por su parte la confusión creada por la contraposición de intereses de los industriales de los más distintos ámbitos, reunidos en torno a la mesa desde donde en teoría debía guiarse el Banco.

En el afán por completar la estructura económica catalana, según los esquemas elaborados por Pujol ya en la época de Crist-Catalunya, se favoreció a sectores en baja e incluso se propició la creación de nuevos sectores con dudoso futuro, incumpliendo la tesis, generalmente aceptada, de que todo país pequeño requiere especialización y no lo contrario si quiere competir en el exterior.

Cuando Joan Martí Mercadal pasó de la dirección general del Banco de Expansión Comercial a la dirección general del Banco Industrial de Catalunya, se hizo cargo de una entidad con buen ambiente y en pleno crecimiento. Aquel año, 1968, tuvo especial significación social y política. Aunque a España todos los acontecimientos exteriores llegaban lejanos y confusos, existía ya en la sociedad un amplio sector de personas progresistas e identificadas con nuevos ideales. El BIC hizo suyos, sobre todo en su política de personal, algunos de esos ideales. Muchas personas recuerdan al propio Martí Mercadal, ya en los años en que el BIC era un Banco importante, con su espesa barba, su utilitario (un «Seat 127») y los pantalones vaqueros que a veces vestía. Martí Mercadal sólo contradecía esa imagen inequívocamente «progre» en la decoración de su despacho, una sala clásica en la que los únicos cuadros eran uno con la efigie de Jordi Pujol y otro que representaba una vaca.

En Banca Catalana llamaban a los empleados del BIC «progres» o «ingenieros», en parte porque la mayoría de ellos provenían de carreras universitarias (hecho menos abundante en Catalana) y en parte por su vinculación a «Ingeniería Catalana, S.A.». También eran llamados a veces «tecnócratas». Estos calificativos no afectaban, lógicamente, a los directivos de Catalana que se sentaban también en los sillones del consejo de administración del BIC. Esos directivos jugaban en el Banco industrial un papel mucho más secundario de lo que hubieran deseado. El BIC estaba absolutamente vinculado al proyecto bancario de Jordi Pujol pero la estrategia de sus gestores era muy distinta a la empleada en Catalana. Uno de los dirigentes de Catalana opinaba que mientras ellos se fijaban en el futuro, las gentes del BIC vivían para el presente. «Mientras nosotros sembrábamos, ellos querían cosechar», explicaba.

Al margen de diferencias tácticas, la influencia de Banca Catalana era absoluta en el BIC. En los consejos de administración del Banco industrial podían darse tres respuestas a los informes técnicos discutidos: podían ser aprobados, podían ser denegados, o podían ser P.C. Esas siglas, que figuraban en los informes aprobados sin debate, significaban sencillamente «per collons» o «por cojones». O «per Catalunya», según otras versiones. Eran, pues, asuntos en los que, según las frases que usaban los directivos de Catalana, «son nuestra gente» o «hemos de estar ahí».

Aquella política del «P.C.» supuso para el BIC ir adentrándose en negocios de muy dudosa rentabilidad o francamente ruinosos. Su salud financiera se hizo poco a poco más débil, y las cifras y balances que obraban en poder de los ejecutivos máximos de la entidad resultaban cuando menos preocupantes. En esta tesitura, la confección de los resúmenes anuales y los balances resultaba una tarea extremadamente delicada, y hubo algún hombre de confianza especializado en la confección de los mismos.

Cuando los inspectores del Banco de España se acercaban por el BIC, se producían intensos intercambios de personal entre las distintas secciones, para adecuar la apariencia de la empresa a lo reflejado en los informes dirigidos a Madrid. El pequeño servicio de estudios podía recibir, en esas ocasiones, a dos docenas de nuevos «técnicos» que dejaban discurrir en aquellas dependencias, plácidamente, su jornada laboral, hasta que finalizaba la inspección. Esa organización más bien caótica se enderezó sensiblemente cuando una auditoría interna, realizada tras detectarse la desaparición de varios millones de pesetas, repasó todas las cuentas e incluso el contenido de todos los cajones.

Además de las dificultades que para Banca Catalana supuso un «INI de Catalunya» como el BIC, la colisión de dos equipos humanos muy distintos que no supieron unirse sin enfrentamientos causó no pocos problemas de funcionamiento interno. Cuando Jordi Pujol resultó elegido diputado en las Cortes Constituyentes de 1977, su padre, Florenci Pujol, no pudo reprimir un «qué disgusto nos ha dado este chico». Tal vez tenía razón y era consciente de que, desde su progresivo alejamiento físico, Jordi Pujol no podría ejercer el liderazgo absoluto mantenido hasta entonces y no sería capaz de contener la crisis que se oteaba ya en el horizonte.

Los hombres del BIC, con brillantes expedientes académicos, acostumbrados a disponer de muchas secretarias y menos teñidos de catalanismo que sus colegas de Banca Catalana, tomaron con facilidad muchos cargos de responsabilidad en el grupo. Entre la «vieja guardia» de Banca Catalana causó un tremendo malestar el que todos los ascensos, o casi todos, favorecieran a los «advenedizos» del BIC.

La constitución, tras la marcha de Pujol, de un centro de coordinación y mando supremo del grupo bancario llamado C-3, cuya organización se detalla más adelante, supuso muchos ascensos para hombres del BIC. Joan Martí Mercadal, director general del BIC, se convirtió en el primer director general del grupo, aunque el cargo no constara en los documentos oficiales. Martí Mercadal promocionó a Esteve Renom, Francesc Constans y Joan Brat, también hombres del BIC que ocuparon sucesivamente el cargo de su antecesor, en una rápida sustitución de directivos máximos. Renom ocupó muy pronto el puesto de Martí Mercadal, quien no obtuvo demasiado éxito en su fugaz paso por la dirección del grupo. Constans pasó a ocupar la dirección de administración y finanzas, mientras Ramón Monforte y Antoni Armengol, los directivos «de toda la vida» en este terreno, pasaban por el mal trago de verse subordinados a «advenedizos» que les consideraban y trataban como simples apoderados de banca venidos a más. Joan Brat, por su parte, alcanzó la dirección general del BIC. En esa vorágine de ascensos, Constans estuvo a punto de sustituir a Renom, que a su vez había sustituido a Martí Mercadal, el cual, tras su desplazamiento, quedó limitado al cargo de consejero y las comisiones restringidas del BIC.

Los enfrentamientos entre el personal de los dos Bancos, que además tenían un volumen similar, fueron inevitables. Poco pudo la bonhomía de hombres como Francesc Cabana. En la práctica, Esteve Renom fomentó la rivalidad entre los departamentos de ambos bancos, creyendo que de esta forma la competencia incrementaría el rendimiento. El efecto fue más bien negativo: los técnicos de Catalana se consideraron injustamente relegados a funciones secundarias. Además, las vagas noticias que se propagaban por el grupo acerca de los problemas económicos eran aprovechadas para culpar al banco rival de todos los males.

El «mejor edificio del mundo»

Tal era el ambiente en el grupo de Catalana cuando, en 1973, se decidió que el Banc Industrial de Catalunya requería una nueva sede central, un edificio que por su belleza y singularidad se hiciera famoso más allá de Barcelona y que llevara con él el nombre del banco. Creían por entonces los técnicos de Catalana, ajenos al destrozo que años después causaría la crisis económica que se iniciaba aquel año, que el BIC sobrepasaría pronto el volumen de Banca Catalana y no tardaría en situarse entre los grandes bancos españoles, dado su rápido (aunque poco saludable) crecimiento.

Se decidió que la nueva sede se enclavaría en la confluencia de la Avenida Diagonal con la Granvía de Carlos III, muy cerca de la entrada a Barcelona de la autopista hacia Tarragona y Lleida. Los arquitectos Tous y Fargas se encargaron de realizar los planos iniciales, del mismo modo que habían proyectado la sede central de Banca Catalana en el Paseo de Gracia y el centro de informática del mismo Banco en la calle Balmes. Comenzaba una extraña historia de lujos y derroches, poco acorde con la triste realidad que el BIC sufriría casi una década más tarde.

Los arquitectos, un representante de la empresa de ingeniería «Ingest» y un delegado del comité coordinador creado por el Banco para controlar el proyecto, iniciaron un periplo por varias capitales europeas, con el fin de inspirarse en los edificios bancarios allí emplazados. Visitaron también sedes de compañías automovilísticas y aseguradoras, especialmente en Alemania Federal. Pero donde más se detuvieron fue frente al novísimo edificio del «Barclay’s Bank» de Londres, el modelo arquitectónico que más apreciaron. Curiosamente, tras el descalabro sufrido por el grupo Catalana, el «Barclay’s» se quedó con la antigua sede del BIC en el Paseo de Gracia.

El departamento de relaciones externas del Banco se encargó de coordinar todo tipo de sugerencias en torno a cómo debía ser el edificio. En el boletín interno de la empresa, los empleados expresaban las más diversas opiniones sobre las condiciones que debía reunir el nuevo local, y los brains stormings (tormentas de cerebros, reuniones en que cada uno dice lo primero que se le ocurre para buscar alguna idea brillante) sobre el edificio generaron las proposiciones más inverosímiles. Hubo quien se imaginó el sol proyectando su luz sobré las fachadas y revelando, entre brillos y sombras, las distintas comarcas de Catalunya o las efigies de los más ínclitos próceres catalanes. Los técnicos llegaron a interesarse y pedir información sobre unos globos gigantescos que fabricaba una empresa alemana. Con un globo de este tipo sobre el edificio, el conjunto se vería desde cualquier punto de Barcelona, lo que entusiasmaba a los hombres del BIC, convencidos de su papel histórico en la expansión industrial de Catalunya.

Antes de iniciarse las obras, cuando el futuro edificio del BIC era todavía un solar poblado de sueños y proyectos delirantes, el cineasta catalán Antoni Ribas (autor de películas como La ciutat cremada y Victòria) recibió el encargo de filmar día a día, ladrillo a ladrillo, la construcción de lo que debía ser la octava maravilla del mundo en lo tocante a Bancos.

Al cubrir aguas el edificio y colocarse en la azotea la tradicional bandera para celebrarlo, se produjo un curioso incidente. Los obreros que estaban en el piso superior intentaron impedir la labor fílmica de Ribas, para conseguir que, junto a la senyera que ondeaba en lo alto de la construcción, fuera colocada una bandera española. El incidente resulta curioso si se tiene en cuenta que el edificio era un Banco que presumía de ser más catalán que nadie, y que los trabajadores pertenecían a «Construcciones Padrós», empresa participada del grupo Catalana y uno de cuyos directivos, Joan Brat, era «hombre fuerte» del Banco.

Nadie reparó en gastos a la hora de planificar y construir la nueva sede central del BIC. La empresa alemana de ingeniería «HL Tecnic» efectuó un primer anteproyecto durante 1974. Sería, sin embargo, «Ingest», compañía de ingeniería con participación mayoritaria del propio Banco, la que finalmente se haría cargo de la mayor parte del proyecto. Las obras se iniciaron en 1976, encargadas a «Construcciones Padrós».

El edificio ideado por los arquitectos Tous y Fargas, especialmente por este último, constaba de tres módulos octogonales, pero sufrió algunas modificaciones a medida que avanzaron las obras. Fue necesario acondicionar el quinto sótano, dedicado en principio a aparcamientos, para alojar los servicios informáticos. La fachada también fue variada para introducir mejoras en los sistemas de insonorización, aislamiento y captación de la luz solar.

Joan Martí Mercadal fue el ejecutivo del BIC que asumió directamente la gestión del proyecto, y a él se debieron las directrices que hicieron de la nueva sede central el más moderno, confortable y lujoso edificio de oficinas de Barcelona. En la realización no se escatimaron medios, aunque antes del término de las obras el BIC estuviera ya sumido en graves problemas económicos.

Se quería que aquel edificio fuera el «no va más». Se encargó a la multinacional holandesa «Philips» un diseño exclusivo del falso techo desde el que llegaban a las distintas dependencias el aire acondicionado y la luz eléctrica. La compañía norteamericana «Ayres Hayakawa» suministró un sofisticadísimo sistema de aire acondicionado con los máximos índices de confortabilidad. Los seis ascensores y el montacargas fueron regulados por un microprocesador de alta precisión que restringía al máximo el consumo de energía (detalle en el cual los ejecutivos del BIC mostraron perspicacia y visión de futuro). La consultora alemana «Koguema» elaboró el estudio según el cual se distribuyeron las distintas oficinas. El ajardinamiento exterior, a cargo de las firmas «Pradell, S.A.» y «Jardin’s» (esta última también participada del BIC) contó con la importación de tierra vegetal procedente de las más fértiles llanuras de la Unión Soviética. Para la decoración vegetal interior fueron requeridos los servicios del doctor en Botánica Jordi Aguilar, íntimo amigo de la familia Pujol, quien consideró necesaria la instalación, por primera vez en España, del sistema hidropónico de riego desarrollado por científicos israelíes. El sistema hidropónico costó varios millones de pesetas. El sistema de riego en cuestión consiste, básicamente, en la distribución gota a gota de una solución de agua y componentes nutritivos que hacen innecesario el tradicional soporte de tierra donde las plantas almacenan los minerales y materias orgánicas que requieren para su desarrollo. La materialización del proyecto corrió a cargo de la empresa «Hidroplant, S.A.», una compañía constituida por tres mujeres: Marta Ferrusola Lladós, esposa de Jordi Pujol y «sin profesión especial», según consta en la inscripción del registro mercantil; Mercé Vila Rosell, esposa de Jordi Aguilar; y Núria Claverol Claverol, psicóloga que desempeñó durante un tiempo la gerencia de «Hidroplant, S.A.». Núria Claverol es esposa de un empresario muy próximo a Jordi Pujol, Carles Sumarroca, que fue presidente del rotativo El Correo Catalán. Las tres mujeres, que constituyeron la empresa con un capital de 600.000 pesetas, regentan una floristería en la calle Balmes barcelonesa que suministra regularmente plantas y flores a las instituciones oficiales catalanas. Para elegir las especies vegetales que debían decorar de forma natural la sede del BIC, se utilizó la regla de preferir siempre las plantas autóctonas de Catalunya. «Quizá no sean las más bellas, pero son de aquí» era el principio que guiaba la ornamentación floral.

La guinda del edificio debía ser un conjunto panorámico, adosado al auditorio. Se trataba de unos plafones de plástico en relieve, visibles desde la Diagonal, que conforme variaban de inclinación los rayos solares reflejaban distintos paisajes típicos de Catalunya. El proyecto fue desechado en el último momento porque, según los responsables del Banco, «tanta ostentación podría parecer excesiva, en unos tiempos de crisis como los que corren».

La construcción de la sede central del Banco Industrial de Catalunya se dio por finalizada a principios de 1980, y a su inauguración acudió Narcís Serra, actual ministro de Defensa, por entonces alcalde de Barcelona. El boato y la pompa que deberían haber rodeado el acontecimiento brillaron por su ausencia, ya que en aquellos momentos era público y notorio que el BIC no gozaba de buena salud. Incluso fue necesario recurrir a un préstamo de mil millones de pesetas, concedido por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, «La Caixa», para hacer frente a los costes finales de la construcción. Este crédito fue acompañado por la compra de un paquete de acciones de Banca Catalana por parte de La Caixa, con lo que la entidad se hizo con el 7 por ciento del capital del Banco, tal como se detalla en otro capítulo.

La utilidad del nuevo y lujoso edificio fue puesta en duda en numerosas ocasiones. Su enorme capacidad, gracias a la cual puede albergar cómodamente a 1.200 trabajadores, nunca llegó a cubrirse. Los 40.000 metros cuadrados de edificio obedecían a unas perspectivas de crecimiento extraordinariamente optimistas. Finalmente, fue necesario instalar en la vasta construcción los servicios centrales de todo el grupo Catalana, y aun así quedaron varias plantas vacías.

Aquel «pecado de soberbia», como alguien definió al edificio, sigue hoy en pie como la fantasmagórica plasmación de un sueño que tal vez pudo haber sido, pero no fue.

En la perspectiva que siempre da el tiempo, parece que la historia ha acabado dando la razón a Moisés David Tennembaum. Este hombre gris, que cruzó como una sombra por los distintos avatares del Banco que tan decisivamente ayudó a crecer, se opuso empecinadamente —con la rara intuición que caracteriza a los judíos— al nuevo edificio del Banco Industrial de Catalunya. Aunque se encontraba ya en la recta final de su vida y poco tenía que luchar, ganar o perder, no dudó en criticar abiertamente lo que consideraba no sólo un derroche, sino un peligro para la salud financiera de la entidad. De la misma forma que no ocultaba su orgullo ante la sede del Paseo de Gracia, que se empeñaba en mostrar a sus amigos extranjeros de paso por Barcelona, Tennembaum se resistió con singular denuedo a pisar el edificio levantado en la Diagonal. La muerte le sorprendió antes que sus negros presagios se vieran implacablemente cumplidos.

La expansión

Al mismo tiempo que hacía mayoritaria su presencia en el Banco Industrial de Catalunya, Banca Catalana iniciaba un proceso de expansión financiera y geográfica basado en la compra de otros bancos. Ese proceso, que no se detendría hasta la crisis, comenzó con dos pequeñas entidades comarcales catalanas: el Banco de Expansión Comercial y el Banco Mercantil de Manresa.

El Banco de Expansión Comercial había nacido a partir de un pequeño Banco familiar establecido en la localidad barcelonesa de Capellades, cerca de Igualada. Se llamaba «Viuda e Hijos de Francisco Esplugues», y tenía una única oficina situada en la por entonces denominada calle del Generalísimo Franco de Capellades. El 31 de julio de 1958 se cambió el nombre del Banco, y la pequeña empresa familiar pasó a llamarse Banco de Expansión Comercial, nombre quizás un tanto grandilocuente para las dimensiones de la entidad, cuyo capital era de un millón de pesetas.

Aquel banquito resultaba atractivo para un banco en expansión como Catalana. Y muy poco después del retorno de Jordi Pujol tras la prisión y el confinamiento en Gerona, el Banco de Expansión Comercial entró en la órbita de Banca Catalana. La integración del Banco de Capellades en Catalana fue progresiva y no culminó hasta 1971, año en que desapareció como empresa registrada y quedó totalmente absorbido. Pero en 1966, tras una ampliación del capital a 50 millones (que mantendría estable hasta su desaparición), hombres como Joan Martí Mercadal y Lluís Montserrat Navarro se encargaron de dirigir el Banco de Expansión Comercial según las directrices que marcaba Catalana, mediante una política de apertura de nuevas sucursales totalmente coordinada que impedía que en una misma localidad compitieran una oficina del BEC con otra de Catalana. Con su sede central en Barcelona —Sant Adrià del Besòs—, la absorción del BEC no conllevó los problemas organizativos que luego generaría la integración del Mercantil de Manresa.

El BEC fue un trampolín de lanzamiento para hombres que posteriormente tendrían un destacado papel en el grupo Catalana. Joan Martí Mercadal, por ejemplo, saltó de la dirección general del pequeño BEC a la del Banco Industrial de Cataluña en 1968. Y Lluís Montserrat Navarro, vicepresidente del BEC hasta su desaparición en el seno de Catalana, pasó entonces a ocupar un puesto en el consejo de administración de Banca Catalana. Antiguos directivos del BEC recuerdan todavía cómo a sus oficinas, durante la tutela del Banco por Pujol, acudieron diversas personas solicitando créditos de diversa cuantía, con un único aval: «Jordi ha dicho que aquí me darían el dinero». Ésta es una anécdota que se repitió con frecuencia en otros Bancos menores del grupo y que denota cómo iban las cosas.

Un procedimiento largo y complejo llevó también al Banco Mercantil de Manresa al terreno de Banca Catalana. El Mercantil de Manresa se había llamado desde su fundación Banco Padró y Cía. S. R. C. Padró, el propietario, había recibido numerosas ofertas de la gran banca durante la época de las restricciones, cuando no podían crearse nuevas entidades. Todas las ofertas fueron rechazadas. Finalmente, un hombre ajeno a la banca, José María Santacreu, logró convencerle. Santacreu, especialista en la compraventa de negocios, pensó que podía obtener importantes beneficios especulando con un banco. De hecho, realizaría una buena operación con la compraventa de otro banco, el de Huesca.

Santacreu, propietario de «Automóviles Santacreu» y de Diario de Barcelona, el periódico más antiguo del continente europeo, era un hombre hecho a sí mismo, muy trabajador pero con abismales lagunas culturales, según él mismo se empeñaba en demostrar públicamente. Así, por ejemplo, tras un discurso que Manuel Fraga Iribarne pronunció al término de una comida, lamentando que en España ya no se leyera a Unamuno, Santacreu se ofreció para contratar y publicar en su periódico al tal Unamuno. En otra ocasión había intentado fichar para Diario de Barcelona a los señores Ortega y Gasset. Y durante una dura negociación con representantes de sus trabajadores, había amenazado con embarcar en su yate y marcharse con todo su dinero «a Suiza». «Y aunque no sé hablar el suizo, me da igual, porque contrataré a un traductor», añadió irritado.

Para culminar la operación del Banco Mercantil de Manresa, a Santacreu le hacían falta 100 millones de pesetas, a pesar de que el capital de la entidad alcanzaba apenas una décima parte. Fue necesario buscar socios, y Santacreu convenció a su primo, José Barceló Marginet. Gracias a la intervención del periodista y más tarde diputado de Unión de Centro Democrático Carles Sentís Anfruns, obtuvo también el apoyo financiero de los hermanos Serra Santamans, Antoni y Jesús. Este último se mantuvo entonces en un discreto segundo plano, aunque años más tarde, como «hombre fuerte» de la aseguradora «Catalana/Occidente», desempeñara un papel protagonista en la operación de salvamento de Banca Catalana.

Antoni Serra Santamans se sumó al equipo de Santacreu. La operación planeada inicialmente por el empresario de automóviles y Prensa se torció cuando ya instalados los nuevos accionistas en el consejo de administración del Banco Mercantil de Manresa, apareció un pretendiente para la entidad: Banca Catalana. La baza de Catalana obtuvo un favorable eco entre muchos de los miembros del consejo de administración, ideológicamente próximos a Jordi Pujol. Santacreu y Serra Santamans, junto con Barceló, quedaron en inferioridad en aquel consejo, y optaron por retirarse y vender sus acciones, con lo que no obtuvieron los beneficios inicialmente previstos, pero sí una interesante plusvalía.

Antoni Serra Santamans siguió dedicándose tras aquella operación a los negocios de compraventa. Como fiduciario de José María Ruiz-Mateos compró la empresa jerezana «Terry» en 1982, e intentó comprar para el mismo Ruiz-Mateos, sin éxito, el «Cadesbank» pocos días antes de la expropiación de Rumasa.

Tras la marcha del equipo Santacreu, el Banco Mercantil de Manresa quedó en manos de hombres personalmente vinculados a Pujol, y que en algunos casos pasarían después a Banca Catalana. El periodista Carles Sentís siguió en el consejo de administración, pese a sus vínculos con Santacreu, porque su cuñado Joan Casablancas Bertrán fue nombrado presidente. Casablancas, hijo de un destacado empresario y financiero sabadellense, era un químico formado en Alemania Federal y Estados Unidos, donde permaneció veinticinco años. A su regreso a España se incorporó a la gerencia de «Industrias Casablancas», dedicada a la producción de tintes y acabados para el textil. Como presidente del Banco Mercantil de Manresa colaboró intensamente con Banca Catalana, y recibió como premio su entrada en el consejo de administración de ésta en 1974. Con él entraría también Josep Lluís Vilaseca Guasch, que procedente de Banca Catalana hacía sus pinitos como consejero delegado en el consejo de administración del Banco Mercantil de Manresa. Vilaseca había de ser durante largos años el responsable de la asesoría jurídica de Banca Catalana, especialmente durante la crisis, y su entrada final en el consejo de administración del banco hizo que fuera incluido en la querella fiscal. Actualmente es director general de Deportes de la Generalitat, y directivo de la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociación).

Otras personas que participaron en la aproximación del Mercantil de Manresa a Banca Catalana, y saltaron posteriormente a esta última, fueron Jaume Pujol Garriga, Ramon Miquel Ballart y Francesc Gordo. Pujol Garriga fue consejero del Mercantil de Manresa y después abogado de Catalana. Ballart era un hombre vinculado a Pujol desde los tiempos de la Banca Dorca, y formaba parte del consejo de administración de Catalana desde 1961. Fue quien hizo de «puente» entre el consejo del Banco manresano y el consejo de Catalana. En cuanto a Francesc Gordo, fue consejero delegado del Mercantil de Manresa y sería con el tiempo uno de los muchos técnicos del área de influencia de Catalana que pasaron a la administración autonómica al obtener Jordi Pujol la presidencia de la Generalitat. Curiosamente, Gordo siguió vinculado a Catalana tras pasar a la Generalitat, y cuando el Banco de Vizcaya se hizo cargo del grupo los nuevos administradores le pidieron que escogiera uno de los dos puestos. Gordo eligió la Generalitat.

También pasó fugazmente por el Mercantil de Manresa, primero como vocal y luego como consejero secretario, Jordi Armengol Pedemonte. Armengol estaba emparentado con el último presidente de Catalana, Raimon Carrasco, y su muerte dejó a Carrasco solo frente a unos avales que habían suscrito juntos en favor de unas empresas desastrosas, impulsadas por el francés Jacques Roca. Roca era marido de Rosa Maria, la hermana de Raimon Carrasco.

Banca Catalana y el Banco Mercantil de Manresa coordinaron su actuación. Se decidió que la entidad manresana, que sintonizaba mejor con los sentimientos localistas, se arraigaría en la comarca del Bages sin sufrir la competencia de Banca Catalana. El Mercantil, a cambio, no soñaría en establecerse en Barcelona, aspiración de toda entidad bancaria catalana.

El Banco Mercantil de Manresa inició, tras su aproximación a Catalana, un intenso proceso de apertura de oficinas que alcanzó a localidades como Vic y Mataró. Las reuniones quincenales del consejo de administración presidían un trabajo bancario casi febril, que permitía a la entidad funcionar dignamente pese a su escaso tamaño, por más que los repartos de dividendos fueran más bien simbólicos. Nadie dudaba que el Banco caería, más pronto o más tarde, de forma absoluta en manos de Catalana. Cuando esto sucedió, en enero de 1980, fecha en que el Banco fue disuelto para quedar absorbido por Banca Catalana, muchos accionistas creyeron que con sus nuevas acciones del Banco de Pujol habían hecho el negocio de su vida. Dos años más tarde comprobaron, penosamente, que no había habido tal negocio. Por otro lado, la unificación organizativa de los equipos de personal del Banco Mercantil y de Catalana fue más conflictiva que la ocasionada por la absorción del Banco de Expansión Comercial, al encontrarse los servicios centrales del Banco manresano en aquella ciudad catalana. No fue el único quebradero de cabeza que aportaría el Mercantil, ya que llevaba con él algunas sociedades que no harían ningún favor a la salud del grupo al que se integró.

Los Bancos de Barcelona y Gerona

Al grupo Catalana le había resultado bastante sencilla, aunque no barata, la expansión a través de la compra del Banco de Expansión Comercial y el Banco Mercantil de Manresa. Mucho más complejas resultaron las adquisiciones del Banco de Barcelona y el Banco de Gerona, aportando este último, además, una grave situación económica que empeoró la ya delicada salud del grupo.

El Banco de Barcelona no se llamó así hasta 1971. Anteriormente se denominaba Banco de la Propiedad, y se constituyó el 18 de noviembre de 1930 con el fin de especializarse en la administración de fincas. Más de treinta años después amplió el nombre a Banco de la Propiedad y el Comercio, siendo su presidente Juan Castellano Rodríguez, quien vendió el 30 por ciento de las acciones de la entidad al grupo Catalana en 1968. Pujol, Carrasco y Casanovas Martí, los estrategas de aquella operación, creían que los conflictos internos que aquejaban al grupo de los Castellano acabarían otorgando a Banca Catalana la mayoría absoluta en el consejo de administración. Pero no fue así. Los Castellano cerraron filas y el Banco quedó prácticamente paralizado mientras unos y otros se contemplaban en la mesa del consejo, confiando en la rendición del adversario, para desesperación de los consejeros colocados por Catalana, que tenían la sensación de hacer el ridículo. El propio Salvador Casanovas Martí se sentía violento y no estaba de acuerdo con la estrategia diseñada por Pujol para acosar a aquella pieza bancaria, aunque en 1976 se convirtiera en presidente del Banco.

Ramon Trias Fargas observaba con su sorna habitual la pugna por el poder en la entidad, desde su puesto de secretario del consejo de administración, al que había llegado mucho antes de que Banca Catalana fijara su atención en el Banco de la Propiedad. Trias Fargas, que años más tarde tendría un papel relevante en la crisis de Catalana como conseller de Economía de la Generalitat, cumplía simplemente con su obligación de levantar acta de las reuniones, y en ello se mantuvo, compaginando esta tarea con la de jefe del servicio de estudios del Banco Urquijo, hasta que se dedicó plenamente a la política tras el cambio de régimen.

Las personas que Catalana destinó a esa lucha a cara de perro para obtener la mayoría accionarial fueron Salvador Casanovas Martí y los industriales Josep Riba Ortínez, Manuel Raventós Artés y Josep Vergés Matas. Riba y Vergés acompañaron a Pujol en sus incursiones periodísticas, pero desde puestos distintos. Riba Ortínez, primo del Manuel Ortínez que ideó el Banco Industrial de Catalunya, perdió fuertes sumas de dinero junto a Pujol en la aventura de El Correo Catalán. Debido a ese fracaso y al de su empresa textil, Riba Ortínez tuvo que vender casi todas sus acciones del Banco de Barcelona, con lo que se libró del desastre de la operación acordeón final. Josep Vergés, en cambio, ganó 50 millones al venderle a Pujol la revista Destino.

Cuando estos hombres entraron en el Banco de la Propiedad no tenían ni experiencia en el sector ni acciones del Banco. Algunos se resistieron a desempeñar el papel de convidados de piedra, ya que además tuvieron que firmar el consabido documento por el que reconocían que las acciones que representaban no eran suyas, sino prestadas. A fuerza de cenas y cenas, los dirigentes de Catalana convencieron a aquel grupo de industriales de que formaran la cabeza de puente en el Banco de la Propiedad, a cambio de poseer cada uno cincuenta acciones propias.

El papel de los Casanovas y compañía se limitó a esperar que los Castellano, con el Banco paralizado por la división del consejo, cedieran. Finalmente, los Castellano tuvieron necesidad de nuevos ingresos, pese a los 2.000 millones de pesetas que habían obtenido del primer paquete de acciones vendido a Catalana, y traspasaron un nuevo paquete de acciones. Banca Catalana consiguió la mayoría y puso, con ello, un pie en Madrid. La llegada a Madrid era un viejo sueño de los hombres de Catalana, y aún no habían podido alcanzarlo por sus propios medios. El Banco de la Propiedad, en cambio, sí estaba en la capital, y ése era uno de sus grandes atractivos a los ojos de los compradores. La entidad tenía otra oficina en Celrà (Gerona), donde se hacían buenos negocios gracias a la presencia en la localidad de la multinacional japonesa «Panasonic». Poco o ningún interés podía tener la sucursal de Miguel Esteban, un pueblo toledano donde a instancia de un consejero natural del lugar, Fernández Fontecha, se había abierto oficina. Pero Catalana estaba por fin en Madrid. Curiosamente, las pugnas en el consejo de administración habían sido tan largas que la apertura de la primera oficina de Banca Catalana en Madrid fue muy poco posterior a la compra definitiva del Propiedad.

El nuevo nombre de Banco de Barcelona lo llevó un día Salvador Casanovas al consejo de administración y fue bien acogido. El propio Casanovas y el director general, Ferran Coll Monegal, se encargaron de formalizar los trámites jurídicos para el cambio de denominación. En 1971 la entidad ya estaba transformada, aun cuando José Raymond seguía como presidente. Al año siguiente se le relegó a una vicepresidencia y más tarde a una simple vocalía, mientras Casanovas tomó el timón del Banco desde la presidencia.

Catalana impulsó, como haría casi siempre que conseguía en alguna entidad la mayoría accionarial, un cambio de acciones del Banco de Barcelona por acciones de Banca Catalana para hacerse con todo el capital. Teniendo en cuenta que muchos accionistas recientes del Banco de Barcelona acababan de comprar acciones a un precio tres veces más caro del ofrecido por Catalana en el intercambio, es comprensible el enfado que mostraron. Se produjeron algunas críticas contra los consejeros de Catalana, pero por vía directa o indirecta los compradores acabaron haciéndose con el 90 por ciento de las acciones.

Los dos «hombres fuertes» en el Banco de Barcelona fueron Salvador Casanovas Martí y Ramón Monforte Navalón, como delegados de Banca Catalana. Monforte, junto con Armengol, fueron a lo largo de los 25 años de historia de Catalana quienes conocieron su verdadera marcha a todos los niveles. Monforte se responsabilizó desde el principio del control de la concesión de créditos en Catalana, y en el Barcelona realizó la misma función. El montante de los créditos anuales del Barcelona, hasta aquel momento reducido, se incrementó sensiblemente con su gestión. Aquel cambio de política, del que nunca se informó al consejo, incrementó el complejo de figura decorativa con que se reunía el consejo de administración.

Los más favorecidos por los créditos del Banco de Barcelona fueron Agustí Montal, presidente de «Montalfita» y posteriormente del Fútbol Club Barcelona, y Andreu Ribera Rovira, poderoso industrial químico y metalúrgico que llegó a presidir el BIC y perteneció al consejo de Banca Catalana. También los Castellano, antiguos propietarios, habían recibido importantes créditos para sus empresas valencianas de zumos y para una empresa papelera andaluza. Los créditos de esta última cambiaron de destinatario cuando la papelera fue adquirida por el industrial gerundense Higinio Torras Majem, quien tendría relaciones con otro Banco del grupo —el Gerona—, y que huyó a Latinoamérica tras otro fracaso bancario, el de su Banco de los Pirineos.

El Banco de Barcelona, y en general el grupo Catalana, ofreció siempre un dinero caro a sus clientes. Los intereses que aplicaban a sus créditos se contaban entre los más altos de la banca española. Incluso algunos directivos, para sus negocios particulares, preferían realizar operaciones con otros bancos. Uno de ellos, Manuel Raventós, fue acusado en una ocasión de poca catalanidad por trabajar con bancos «de Madrid», y respondió que para él el banco más catalán era el que mejores condiciones le ofrecía. Esa filosofía, no exenta de lógica, sacaba de quicio a los máximos dirigentes de Catalana.

Tras la marcha de Pujol y su dedicación a la política activa se produjeron tensiones entre Banca Catalana y el Banco de Barcelona. Las discusiones entre Salvador Casanovas (Barcelona) y Esteve Renom (Catalana) se hicieron constantes y la dirección del grupo, donde estaba Renom, maduró muy hacia el final la idea de desprenderse del Banco de Barcelona. En aquella última etapa Renom se animó por fin, cuando ya era tarde, a desprenderse de todo cuanto gravara el equilibrio patrimonial del grupo. François Mitterrand fue el causante de que no se cerrara una operación de venta cuando ya estaba lista. La Banca Rotschild estaba dispuesta a quedarse una participación mayoritaria en el Banco de Barcelona cuando los socialistas franceses decretaron la nacionalización del pequeño sector privado de la banca francesa, y la operación se fue al garete.

El Banco de Gerona pudo haber sido el embrión del grupo Catalana, cuando se llamaba Banca Carrera y los Pujol, tras tantear su compra, optaron por quedarse con la Banca Dorca de Olot. Salvador Carrera Fillet constituyó la Banca Salvador Carrera Fillet el primer día de abril de 1929, y la diseñó como un auténtico modelo de banca familiar. Se nombró a sí mismo presidente, nombró apoderado general a su hijo Salvador Carrera Comes, que luego sería vicepresidente, y nombró consejero delegado a su esposa, Margarida Comes Freixas, más tarde convertida en vocal del consejo de administración. La entidad disponía solamente de su sede central, en Ribes de Fresser, y de una sucursal en Ripoll.

El capital social era ya de 13 millones de pesetas cuando la entidad pasó a llamarse Banca Carrera, S.A., en 1967. Con la ampliación de capital y de accionistas empezaron los problemas: la pugna por controlar la mayoría de las acciones se hizo durísima entre la familia fundadora y los nuevos socios. El Banco, además, era poco rentable. Se intentó modernizar la imagen en 1971, adoptando la denominación de Banco de Gerona, pero el cambio sirvió de poco, y las sucesivas ampliaciones de capital no resolvieron la pobre marcha financiera de la empresa.

El Banco estaba en tan malas condiciones que, pese a la expansión bancaria de aquellos años, nadie parecía interesado en quedárselo. Higinio Torras Majem, que había sido secretario de la entidad en 1969, prefirió crear una empresa nueva y fundó el Banco de los Pirineos, que durante su fugaz vida quitó al Gerona la condición de única banca exclusivamente gerundense. Sólo dos personas pujaron finalmente por el Banco y sus ya quince oficinas, las dos personas cuya vocación en aquel momento era comprar: José María Ruiz-Mateos y Jordi Pujol. En el Banco de España desconfiaban de las actividades de Ruiz-Mateos y decidieron apoyar la oferta de Pujol. Cuando los directivos del Banco emisor iban a viajar a Barcelona para ofrecer ayudas a Pujol y facilitarle la adquisición, encontraron al propio Pujol en el aeropuerto de Barajas camino del Banco de España. Y allí mismo se pusieron de acuerdo. Manuel Ingla, que no era nada partidario de la compra, había aconsejado a las altas esferas de Catalana que caso de empeñarse en hacerlo se pidieran créditos especiales para sanear el Banco de Gerona, pero no se consideró necesario ningún tipo de apoyo, y Banca Catalana afrontó la operación sin otros recursos que los propios, que sus directivos creían suficientes.

Francesc Cabana fue en este caso quien se hizo cargo de la presidencia del Banco de Gerona en su nueva etapa. Como en el Banco Mercantil de Manresa, Josep Lluís Vilaseca Guasch y Francesc Gordo Lorente fueron las piezas clave tras la incorporación al grupo. También intervendría un hombre cuya familia tenía un enorme peso en la economía catalana: Jacint Alegre Marcet, que entró como consejero secretario. Jacint Alegre, que falleció antes de la crisis del grupo, tuvo también un papel importante en la compleja estructura de sociedades instrumentales organizada por Banca Catalana y BIC. Los Carrera, por otra parte, fueron barridos de los órganos de dirección del Banco. Con el tiempo, un miembro de aquella familia, Salvador Carrera Comes, alcanzó la presidencia de la Diputación gerundense en representación del partido de Jordi Pujol.

Los nuevos gestores transformaron la imagen del Banco. Pusieron a nombre de Banca Catalana todas las sucursales, y sólo conservaron la denominación del Banco de Gerona en sus oficinas de Barcelona y Gerona. El consejo de administración fijó en Barcelona su lugar de reunión, y en Gerona sólo se celebraba la junta general de accionistas porque así lo establecía la ley. En esos momentos, algunos cargos y empleados del Banco optaron por pasar al Banco de los Pirineos fundado por Torras Majem. Allí iría más tarde (en 1981) otro hombre procedente de Banca Catalana, José Ros Mediano, que se cansó del poco eco que tenían sus constantes propuestas de moderación en la política de compras. En el Pirineos también estaba Francesc Ahicart, que había desgajado su sociedad de intermediación financiera «Financing» del Banco Industrial de Catalunya e iniciaba una nueva aventura junto al novísimo Banco, fiel a su definición libertaria: «Lo mejor que podemos hacer los anarquistas como yo con los Bancos no es atracarlos, sino tener Bancos propios», había dicho en más de una ocasión. Ahicart inició, poco más tarde, un exilio en Latinoamérica junto a Higinio Torras y parte de los ejecutivos de «Financing», dejando a sus espaldas un desaguisado económico.

Francisco Ahicart Amigó había llegado a Catalunya en 1964, procedente de Uruguay, donde había emigrado su familia. En dicho país sudamericano estuvo afiliado a la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) y pasó por la cárcel en dos ocasiones. Hombre mundano y de fuerte personalidad, poco después de regresar a Barcelona y de pasar por «Crecinco» ingresó en el Banco Industrial de Catalunya, donde se hizo cargo de la empresa «Financing». Dicha empresa, propiedad del Banco, se dedicaba a operar con «papel» (letras de cambio, avales, etcétera). Paco Ahicart, como se le conocía en todas partes, demostró una gran habilidad en el negocio, y no cejó hasta conseguir su empeño de marchar del BIC y llevarse «Financing» con él, cosa que logró en 1970.

A pesar de su gran implantación en el mundo financiero, Ahicart jamás abandonó su ideología. Asentado en la localidad de El Papiol, cerca de Barcelona, durante las primeras elecciones municipales de la democracia financió una candidatura independiente de izquierdas, y ayudó con frecuencia a exiliados uruguayos. Según su visión del mundo, había que «aprovecharse de las contradicciones del mundo capitalista para construir una sociedad mejor repartida».

En otoño de 1980, Paco Ahicart e Higinio Torras Majem, a la sazón presidente del Banco Industrial de los Pirineos, acordaron la vinculación de sus respectivos grupos empresariales, resultando estar ambos en delicada situación financiera. El trueque de acciones en el que también intervino un paquete de Bankunión fue la fórmula que materializó el «matrimonio» económico. Sin embargo, la joven pareja naufragó al poco tiempo. El 7 de diciembre de 1981, el Banco Industrial de los Pirineos protagonizó la primera suspensión de pagos de una entidad bancaria desde la crisis internacional de 1929. Y el 20 de marzo de 1982, Financing presentó también sus libros ante los juzgados barceloneses. Higinio Torras y Paco Ahicart desaparecieron del país y se refugiaron en Brasil, donde Torras, un hombre muy vinculado al Opus Dei, tras una primera etapa difícil en que tuvo que ganarse la vida vendiendo aparatos telefónicos por los domicilios de Bahía, parece haber recuperado su perdida posición social. Con Ahicart se fueron algunos ejecutivos de Financing como Grau y Company que dejaron a sus esposas, inadvertidas y estupefactas, en Barcelona. Cabe señalar que el mayor acreedor del grupo de empresas de Ahicart era Banca Catalana, a la que se adeudaban 72 millones.

Volviendo al Banco de Gerona, Banca Catalana tenía el 85 por ciento de las acciones de la entidad y colocó en el consejo de administración a hombres como Pere Messeguer Miranda, que fue también director de la oficina principal de Banca Catalana y subdirector general, lo cual le supuso figurar en la lista de veinticinco nombres que los fiscales incluyeron en su querella. También figuraban en el consejo Joan Rosell Molins y Xavier Ribó, procedente del BIM.

La Unió de Botiguers (asociación ideológicamente próxima a Convergència Democrática, y aglutinante de los vendedores al detall de Catalunya) hizo con el Banco de Gerona su más ruinosa operación. Adquirió a precio de oro una participación importante del Banco, con el fin de crear un Banc dels Botiguers (Banco de los Comerciantes), poco antes de que todo el capital del grupo Catalana se esfumara en la implacable división por mil a que fue sometido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Los comerciantes, cuya iniciativa había sido respaldada por la Generalitat, vieron reducido a nada el 33 por ciento del capital que habían conseguido. El Banco de Gerona fue comprado, tras su paso por el Fondo, por la Banca March.

Ventanillas en España

Tres fueron los Bancos que Catalana logró controlar más allá de Catalunya: el Banco de Asturias, el Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones, con sede central en Galicia pero dirigido desde Madrid este último. La participación de Catalana en esas entidades se efectuó a través de sociedades interpuestas, gracias a las cuales llegó a disponer del 60 por ciento de las acciones del Alicante y del Crédito e Inversiones, y casi el 50 por ciento en el Asturias, donde se conseguía la mayoría gracias a personas «de confianza» que figuraban en el consejo de administración.

La entrada en Bancos no catalanes fue causa de numerosas discusiones en los consejos de administración de Banca Catalana. Pujol, firme defensor de la conveniencia de este tipo de operaciones, chocó con dos tipos de oposición. Una, la de quienes, como Joan Baptista Cendrós, consideraban que esa «Operación Roca» bancaria no casaba con los principios catalanistas. Otra oposición, la de quienes asistían disgustados a la multiplicación de sociedades interpuestas e instrumentales que enmarañaban la gestión del Banco. Pujol y quienes le representaban tras su marcha del Banco cedieron finalmente, e iniciaron un proceso de marcha atrás y venta de las acciones de aquellos Bancos que sólo terminaría en el Asturias, aunque con ciertas dificultades en el cobro. Nunca hubo grandes argumentos a favor de la presencia de Banca Catalana en Asturias, Galicia o Alicante, más aún cuando los Bancos en cuestión no eran en absoluto la piedra filosofal del beneficio financiero.

El Banco de Crédito e Inversiones contempló la entrada —indirecta— de capital de Catalana en 1972. Los banqueros de Barcelona llegaron a hacerse con el 66 por ciento de las acciones, aunque Rumasa, que poseía un modesto 10 por ciento, les hizo la vida imposible hasta que accedió a venderles su participación. Catalana depositó su confianza para gestionar el banco gallego en Xavier Millet Tusell, que fue vicepresidente del mismo y que desarrolló su labor «a puerta cerrada», de tal modo que sólo unos pocos miembros del consejo de administración tuvieron noticia de los coqueteos del BCI con el Banco Central, cuando el primer grupo bancario del país se interesó por el banquito gallego. El Central acabó quedándose con el BCI, pero después de la crisis y a precio de ganga.

El Banco de Asturias, constituido el 10 de agosto de 1964 con el más modesto nombre de Banco de Sama de Langreo, fue el único de los tres Bancos no catalanes que Catalana logró vender antes de la crisis. La entrada de Banca Catalana en aquella entidad se vio acompañada de un cierto escándalo, basado en algunas irregularidades previas de los ejecutivos asturianos. En realidad, poca cosa hizo Catalana en el ya denominado Banco de Asturias, y realmente pocos argumentos podrían encontrarse para justificar su presencia allí. Oficialmente, la versión que daban los directivos de Catalana acerca de las razones de aquella incursión se basaba en que había que dar salida a la ingente petición de acciones de Banca Catalana que formulaba el público. El argumento parece dudoso, visto que Catalana tenía, aproximadamente, una autocartera del 10 por ciento, es decir, poseía el 10 por ciento de sus propias acciones.

La venta de la participación en el Asturias a un grupo de empresarios permitió controlar la mayoría de las acciones en el Barcelona, lo que alegró a los «ultracatalanistas» como Cendrós, que preferían un grupo exclusivamente catalán.

Banca Catalana estuvo representada en el Asturias por Jaume de la Torre, interventor general, y por Florenci Rocamora Fitó, vocal del consejo. Nunca impuso ninguna política especial a la entidad y se limitó a la presencia accionarial.

En la compra de participación de estos Bancos, cuyo coste global se estima en unos 5.500 millones de pesetas, intervinieron numerosas sociedades instrumentales, que en el caso del BCI alcanzaron el número de 21 según indican los fiscales en la querella. En Asturias, las sociedades que actuaron como intermediarias fueron Intercontrol y muy especialmente Serfi, además de varias personas físicas. Serfi, S.A., ubicada en el mismo edificio donde tiene su despacho Josep Lluís Vilaseca Guasch, era además una de las principales accionistas de Banca Catalana. Intercontrol tuvo su primera sede en la localidad barcelonesa de Pineda de Mar, y se trasladó después al edificio Kursaal de la Rambla de Catalunya de Barcelona, donde también radicaba Diamansa, el negocio de diamantes de Tennembaum, y el despacho de Lluís Montserrat Navarro, consejero de Banca Catalana desde 1971 y objeto de querella por parte de los fiscales.

El más notorio de los Bancos «exteriores» de Catalana fue, sin duda, el Banco de Alicante. Y ello porque, a través de él, Banca Catalana se vio envuelta en un negocio inmobiliario ruinoso, el del polígono Montigalà-Batllòria, próximo a Barcelona, que se comenta con amplitud en otro capítulo. Los artífices de la participación de Catalana en el Alicante fueron Miquel Soler Sala, un técnico que intervino en varias operaciones de compra, y Manuel Cardeña, a quien muchos conocían como «el hombre de la libreta» porque en ella anotaba puntualmente las operaciones pactadas con las instituciones y organismos públicos. Actuando de hecho como responsable de las relaciones institucionales de Banca Catalana, Cardeña acumuló experiencia para ser nombrado más tarde representante de Convergència Democrática en la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

La sociedad instrumental que compró las acciones del Banco de Alicante fue Verein. En esa sociedad figuraba, con una aportación nominal de once millones de pesetas, el suegro de Jordi Pujol, Josep Ferrusola Pascual. Miquel Esquirol, un hombre de probada fidelidad a Pujol, era el administrador único de Verein, y recibió en numerosas ocasiones créditos personales que él no utilizaría, sino que canalizaría hacia operaciones en las que estaba interesado el Banco. La compra del Banco de Alicante fue celebrada con una comida en el Banco Popular, a la que asistieron Rafael Termes (entonces en aquel Banco y hoy presidente de la patronal bancaria) y Raimon Carrasco.

La decisión de comprar el Banco de Alicante fue especialmente controvertida en el seno del consejo de administración de Banca Catalana. El padre de Jordi Pujol y su cuñado, Francesc Cabana, se mostraron muy reticentes a la operación y acabaron decantando al consejo en favor del «no», alegando que las dimensiones y la situación de Catalana no hacían factible el control de un nuevo Banco. La adquisición del importante paquete de acciones era defendida con encono por Jordi Pujol quien finalmente, desatendiendo los criterios de la mayoría de los consejeros, acabó comprando el Banco de Alicante contra el criterio del consejo de administración. El hecho causó una considerable tormenta interna, y el propio Florenci Pujol le negó la palabra a su hijo durante algún tiempo. Francesc Cabana, el cuñado, presentó por enésima vez la dimisión de sus cargos, y nuevamente le fue rechazada. El incidente no trascendió nunca más allá de la sala del consejo de administración.

Josep Maria Draper, vicepresidente y amigo personal de Raimon Carrasco, y Ernest Giralt Raventós, director general que también lo fue del Mercantil de Manresa y del Industrial del Mediterráneo, fueron los dos hombres de confianza de Banca Catalana en el Alicante. Especialmente Draper, ya que Giralt llegó muy hacia el final al Banco alicantino. A ellos era a quienes Pujol preguntaba con frecuencia: «¿Qué tal por ahí abajo?» Y ello pese a que Draper cobraba sus retribuciones del Banco de Alicante y, en teoría, no mantenía ninguna relación con Catalana. En el Banco de España, pese a no tener constancia oficial de la situación, debían conocerla porque en varias ocasiones hombres de Banca Catalana negociaron en nombre del Banco de Alicante. Otro hombre de Banca Catalana, Manuel Cardeña, se trasladaba los fines de semana a Alicante para seguir la marcha del Banco.

Cuando el grupo Catalana, ya en la época final, intentó desprenderse del Alicante, no encontró comprador. Ruiz-Mateos estaba muy vigilado por el Banco de España y no tenía opción. Emilio Attard, entonces diputado de UCD, encabezó un grupo de centristas que llegó a firmar documentos privados de compra que, a la hora de la verdad y para disgusto de Banca Catalana, no pudieron ser satisfechos por falta de fondos de los ucedistas. En aquella operación figuraba la Corporación Financiera del País Valenciano, compuesta por distintas entidades financieras. Una de ellas era Promobank, dirigida por Miguel Soriano, un empresario que pasó por prisión tras su tortuosa intervención en la época final de Fidecaya.

El Bank of America también presentó algunas ofertas, pero llegaron tarde. En aquellos momentos el consejero delegado del Alicante era Alfons Maristany Cucurella, hombre que gozaba de toda la confianza por parte de Francesc Cabana y que desempeñó diversos cargos en empresas participadas del grupo. Luego, precisamente Maristany, que es cuñado de Javier de la Rosa Martí, directivo del Banco Garriga Nogués, pasó a ocupar un alto cargo del Bank of America en Barcelona.

La guinda de BIM

Si el BIC, el Banco de Gerona y el Mercantil de Manresa, en muy distinta cuantía, habían aportado más problemas que ventajas al grupo Catalana, el Banco Industrial del Mediterráneo (BIM) colmó el vaso de los conflictos económicos. Las razones por las cuales los dirigentes de Catalana decidieron afrontar la compra del Banco Industrial del Mediterráneo escapan todavía hoy a la comprensión de la mayor parte de los expertos. Catalana era un grupo enfermo y, sin embargo, decidió quedarse con un banco pequeño y maltrecho cuyas perspectivas de rentabilidad eran casi nulas. Sólo la inconmovible voluntad de absorber y sostener todo lo que fuera catalán, por más ruinoso que pareciera, puede justificar aquella operación del grupo Catalana. Los economistas del BIM que siguieron de cerca la operación apuntan otra explicación: que Catalana intentara aprovechar, para mejorar su propia tesorería, las ayudas financieras que le concedió el Banco de España para sanear el BIM.

El Banco Industrial del Mediterráneo necesitaba, en verdad, un saneamiento profundo. Su historia se inició en otoño de 1970, cuando los contactos de Julio Martínez-Fortún (don Julio, para todo el mundo) le permitieron saber que el Gobierno iba a aprobar nuevas medidas de apoyo a los Bancos industriales. Julio Martínez-Fortún, hombre de compleja biografía, había figurado ya entre los primeros accionistas del Banco Industrial de Catalunya en la década anterior, pero abandonó el proyecto muy pronto, tras extraer una jugosa rentabilidad a su participación.

En 1971, Martínez-Fortún movilizó nuevamente sus contactos, y consiguió reunir un nutrido grupo de médicos catalanes, encabezado por el doctor Manuel Girona. También interesó en su futuro Banco a la Banca Mas Sardà y a la Banca Jover, y a personas como Antoni Serra Ramoneda (actual rector de la Universidad Autónoma de Barcelona), Enrique Lacalle (industrial que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona), Xavier Ribó (yerno del ex gobernador civil de Barcelona Tomás Garicano Goñi, quien agilizó los trámites burocráticos para la apertura del Banco…). El abogado Tomás Buxeda Nadal dedicó no pocos esfuerzos a coordinar este variado equipo fundacional.

Al empezar el verano de 1971 ya estaba solicitada la inscripción de la nueva entidad bancaria, con un consejo de administración «in pectore» presidido por Francesc Mas Sardà, apoyado en Tomás Buxeda y Xavier Ribó como vicepresidentes.

Pero, entre el paquete de reformas aprobado por el Gobierno, figuraba una medida imprevista: se exigía un capital mínimo de 1.500 millones de pesetas para inscribir el Banco en las plazas de Madrid y Barcelona (1.000 millones en el resto de capitales), debiéndose desembolsar el 5 por ciento en el momento de presentar la instancia, otro 45 por ciento al constituirse el Banco y el 50 por ciento restante en los dos años siguientes. No todos los socios podían afrontar esas condiciones. La Mas Sardà y la Jover optaron por la retirada, así como varios candidatos a accionistas individuales, como el propio doctor Girona. Pero la idea siguió adelante y el nombre inicialmente previsto (Banco Catalán de Inversiones) fue desechado al unificarse la promotora con otro grupo más pequeño, creado bajo el control de la familia Negre. Los Negre propusieron la denominación de Banco Industrial del Mediterráneo.

Por fin, el 25 de octubre de 1972, en el Salón Rosa del paseo de Gracia de la Ciudad Condal, tuvo lugar ante el notario Mezquita del Cacho el acto de constitución del Banco Industrial del Mediterráneo, con la presencia de todos los accionistas que arduamente había reunido Tomás Buxeda. Aquella fundación fue inmediatamente anterior a la de otros dos Bancos acogidos a las nuevas normas: el Banco del País y el Banco de Europa de Carlos Ferrer Salat.

El BIM se instaló en el número 76 del paseo de Gracia, con Julio Martínez-Fortún Soler como presidente, Xavier Ribó Massó como vicepresidente y un consejo formado por los médicos Antonio Salvà y Mariano Cano, Pablo Negre y Narcís de Carreras Serra (los «cachorros» de las familias Negre y Carreras), Tomás Buxeda, Ana María Coll (viuda de Lacalle), Joan Gaspart Solves, José Godall Estruch y Xavier Renau Manén. El director general era Heliodoro Bertomeu, un hombre procedente del Banco Hispano Americano.

Con unos métodos similares a los que utilizaba por aquel entonces Rumasa, Martínez-Fortún, máximo accionista, creó una sociedad llamada Probimsa que, con 1.500 millones propios, se convirtió en un «Banco en la sombra». Probimsa tenía estructura de «holding» y contaba en su consejo de administración con hombres muy influyentes en la política y las finanzas madrileñas del momento. Esteban Francisco Fernández Ordóñez (hoy socialista y presidente del Banco Exterior), Femando Liñán (ministro con Carrero Blanco), el general Ibáñez Freire (después ministro del Interior) y José María Latorre (hermano del que era en aquellos momentos subgobernador del Banco de España). El BIM se caracterizó desde el principio por su desarraigo del nacionalismo económico catalán, que giraba en torno a Banca Catalana, y orientó sus actividades en busca del apoyo de personas bien introducidas en el régimen franquista.

La producción de fibras sintéticas llegó a enfrentar al Banco Industrial del Mediterráneo con el Banco Industrial de Catalunya, antes, lógicamente, de que el BIM entrara en la órbita de Catalana. El enfrentamiento se produjo cuando el BIC, con la ayuda de capital japonés, potenció la empresa «Brilén» en franca competencia con las demás empresas catalanas del sector. El BIM participaba en «Nurel», otra compañía de fibras sintéticas vinculada a la multinacional inglesa «ICI». El BIM tenía en «Nurel» su mayor participación industrial, con casi 500 millones de pesetas en acciones. La lucha fue a muerte. «Nurel», «La Seda de Barcelona», «SAFA» y otras firmas se aliaron contra «Brilén» y lograron frenar sus planes de expansión, dejando a la empresa del BIC en una situación financiera próxima a la quiebra.

El Banco Industrial del Mediterráneo consiguió, durante sus cinco primeros años, un gran crecimiento de sus depósitos, batiendo todas las marcas en cuanto a rapidez de desarrollo. Esta expansión, con la apertura de 38 oficinas repartidas por todo el territorio español, se debía a dos factores: uno, sus generosos extratipos. Y dos, su vinculación con las cajas de ahorro y, muy especialmente, con la red de cajas rurales. Estas entidades, de dimensiones generalmente provinciales, captaban el ahorro agrícola a unos intereses bajos que, después, el BIM se encargaba de canalizar y rentabilizar.

Pero toda aquella prosperidad resultaba sospechosa para los accionistas que, encabezados por Xavier Ribó, se oponían a que Martínez-Fortún y su «holding» Probimsa hicieran y deshicieran por su cuenta en el Banco, con un notable desprecio hacia las opiniones del consejo de administración. En varias operaciones se produjeron «cruces» entre unos y otros, que no presagiaban nada bueno para la entidad. Así, mientras los directivos del BIM estaban cerrando la operación de venta del Banco Comercial de Expansión (que habían comprado cuando se llamaba Banco Epifanio Ridruejo) a la Caja de Ahorros de Valencia, Martínez-Fortún se lo vendió en una noche al Banco de Santander, durante una cena con Emilio Botín.

Tampoco gustó a los miembros del consejo de administración del BIM que su presidente comprara el 11 por ciento de las acciones del Banco Mercantil e Industrial, por más que después fueran revendidas al Hispano Americano. La actuación absolutamente personalista y los negocios propios de Martínez-Fortún le enajenaron la oposición de todos los consejeros, quienes —verdadera novedad en la historia bancaria— impulsaron contra él un ejecutivo por 100 millones de pesetas. Y se desplazaron, además, a Madrid para pedir al Banco de España que les librara de aquel presidente. Martínez-Fortún resistió durante algún tiempo las presiones, y cuando recuperó con creces su inversión en el BIM se despidió y marchó hacia Panamá, donde había creado el Banco de Ultramar, con 250 millones de capital inicial.

Pero el viaje de los consejeros al Banco de España en busca de ayuda tuvo consecuencias no deseadas, ya que una semana después el Banco Industrial del Mediterráneo recibía la visita de dos inspectores. Joaquín González Salido y Bernardo Tahoces, que iniciaban su carrera profesional con aquella inspección, determinaron pronto las pérdidas que registraba la cuenta de explotación. Pero conforme avanzaron las investigaciones y apareció la radiografía completa del Banco, se hizo patente que la entidad estaba en crisis y que no sería suficiente una ayuda convencional del Banco de España. El BIM debía entregarse a otro Banco para ser saneado, y el grupo de consejeros que encabezaba Xavier Ribó inició los contactos necesarios para formalizar una operación de venta.

Fueron estériles los sondeos efectuados por Enric Massó, representante oficioso del Banco de Bilbao, porque el BIM tenía ya un destino marcado desde Madrid. Mariano Rubio, entonces subgobernador del Banco de España, no dejaba de repetirles a los representantes del BIM que «los señores de Banca Catalana les esperan en el “Palace”», refiriéndose al hotel madrileño en que estaban alojados Josep Lluís Vilaseca, Raimon Carrasco y Olegario Soldevila. Para el Banco de España, el BIM no tenía mejor salida que aquella que esperaba en el «Hotel Palace». Los hombres de José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio parecían no conocer, o no daban importancia, a la compleja situación financiera que atravesaba ya entonces el grupo Catalana, y opinaban que era lo bastante solvente como para afrontar el siempre penoso saneamiento de otro Banco.

Banca Catalana había estado muy interesada, poco tiempo antes, en la compra del Banco Condal, otra entidad barcelonesa en dificultades. Pero encontró un difícil competidor en la persona de José María Ruiz-Mateos, quien quería incluir al Condal en su colección bancaria de Rumasa. Ruiz-Mateos utilizó para gestionar esa operación a su amigo José María Sabater, un «halcón» de los negocios que rápidamente inició unas negociaciones con el Condal paralelas a las que ya mantenía Catalana. El propio Jordi Pujol, ya desvinculado oficialmente de Banca Catalana pero todavía accionista, actuaba a distancia como «cerebro gris» del equipo negociador de su antiguo Banco. El desenlace victorioso para Rumasa se produjo un viernes: Jordi Pujol se fue a su casa de Premià para pasar allí el fin de semana, y los negociadores de Catalana suspendieron su trabajo hasta el lunes. Sabater, por el contrario, no se concedió descanso y el lunes tenía ya ultimado el contrato de compra. Los hombres de Banca Catalana querían quitarse con el BIM la espina que llevaban clavada desde su fracaso con el Condal.

A finales de enero de 1979, Banca Catalana consiguió reunir el 51 por ciento de las acciones del BIM, preceptivo para solicitar ayuda a la administración bancaria central. Dicha administración había sido, en principio, la Corporación Bancaria, en la que Banca Catalana tuvo representante propio en la persona de Francesc Cabana. En noviembre de 1977 se creó el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, cuya misión original era mantener la confianza en el ahorro y evitar la aparición de movimientos de pánico entre los depositantes. Con el agravamiento de la crisis bancaria, el Fondo amplió sus funciones a la protección global de todo el sistema bancario, mediante su intervención y saneamiento en las entidades con dificultades.

Banca Catalana había conseguido el primer 30 por ciento de acciones a través de las sociedades de autocartera del BIM Mefinsa, Medieval-1, Medieval-2 y la propia Probimsa, y las traspasó a su sociedad instrumental Maylo. Faltaba un segundo paquete del 21 por ciento para alcanzar el 51 por ciento fatídico. Resultó ciertamente difícil para Catalana conseguir esas acciones, ya que muchos accionistas del BIM desconfiaban de la operación. Por fin, entre los Robó, Buxeda, Carreras y Bofill se alcanzó una cantidad muy próxima al 51 por ciento y el Banco de España dio por buena la operación. Banca Catalana obtuvo un crédito de 12.000 millones de pesetas a muy bajo interés y plazos prorrogables para, en teoría, hacer frente al saneamiento del BIM.

Pero esa cantidad no fue suficiente. Catalana pidió 10.000 millones más al Banco de España, meses después, para hacer frente a los activos deficitarios del BIM que no habían entrado en los cálculos de los censores de cuentas ni en las previsiones de la gente de Banca Catalana. El Banco de España consideró que era precisa una actuación drástica para resolver aquel asunto y puso como condición para cualquier ayuda posterior el ingreso del BIM en el Fondo de Garantía de Depósitos, la «UVI bancaria», mediante una operación acordeón que reduciría el valor de todas las acciones a peseta —Banca Catalana había adquirido su paquete mayoritario también a peseta la acción— para después acudir el Fondo a cubrir una ampliación de capital. La intervención no causó ninguna alegría en Banca Catalana, pero era necesario sufrirla si se quería aspirar después a seguir bajo la bondadosa tutela del Banco de España. Cuando, ya supuestamente saneado, el BIM salió a subasta entre el sector privado, sólo un Banco pujó por él: Banca Catalana. Las acciones del BIM, que Catalana rescató, pagando su importe total en la ampliación de capital, volvieron a valer una peseta cuando el grupo estalló en 1982.

Dos visitas a la UVI

El Banco Industrial del Mediterráneo tenía su principal atractivo para Catalana en que contaba con oficinas en numerosas capitales de provincia españolas. Eso y las ayudas para su saneamiento eran los únicos alicientes, ya que su cartera industrial no era en absoluto un regalo de recibo, en una época en que la industria española estaba ya absolutamente «tocada» por la crisis económica, tanto más para Banca Catalana, que ya tenía en sus manos la patata caliente del BIC.

Los trabajadores del BIM fueron llamados «los aristócratas» desde Banca Catalana porque cobraban mejores sueldos, tenían media paga más, un horario más reducido, una asistencia médica eficaz, intereses especiales para sus depósitos, y quizá sólo podían envidiar las 300.000 pesetas de préstamo automático de que disponían los empleados de Banca Catalana. La plantilla del Banco Industrial del Mediterráneo temió perder esas ventajas tras la absorción, y pensó que se reproduciría la colusión de cargos que caracterizó la unión BIC-Banca Catalana. Pero no fue así. Banca Catalana optó por mantener una cierta distancia con el BIM. Fue modificado el consejo de administración, pero se mantuvieron tres antiguos consejeros, además de Xavier Ribó, durante dos años. Ribó siguió también, tras el cese de sus compañeros, usufructuando el despacho de que disponía en el Banco Industrial del Mediterráneo, como recompensa a haber actuado como «puente» entre Catalana y el BIM durante la operación de compra. También alcanzó, dentro del grupo Catalana, la vicepresidencia del Banco de Gerona.

Antoni Forrellad, el prestigioso industrial sabadellense, fue nuevamente el hombre encargado de presidir el consejo de administración, y de «estabilizar» el funcionamiento del BIM. Pero los frecuentes relevos en la dirección general no contribuyeron a ofrecer una imagen de serenidad en el exterior. En el primer consejo tras el cambio de propiedad, Francesc Constans figuró como consejero delegado y Ernest Giralt como director general. Al año siguiente, el director general era Pere Messeguer Miranda y Manuel Castellà Beltrán ocupaba el cargo de consejero director general. En 1980 también varió el tándem, ya que ese año fueron Manuel Castellà y Ferran Coll los máximos gestores. Tanto cambio no parecía ser la mejor medicina para los males del BIM, un Banco necesitado de reposo. «Esto más que un cargo es un encargo», llegó a comentar en esa época uno de los directivos, Pere Messeguer.

Mientras el número de empleados del BIM empezaba a descender de los siete centenares a los que había llegado en su anterior etapa, Banca Catalana se marcó como objetivo obtener el mayor número posible de acciones, mediante un cambio accionarial de 5 del BIM, valoradas al 116 por ciento, por 2 de Catalana, valoradas al 290 por ciento. Los accionistas del BIM y los de su «holding» interno Probimsa, que ya habían visto reducido el valor de su dinero al 60 por ciento, vieron próximo el fin de sus penas y se volcaron en el intercambio, de forma que Catalana obtuvo en poco tiempo más del 90 por ciento de unas acciones distribuidas por toda España. Los que creían salir ganando con el cambio quedarían decepcionados con el insólito récord del BIM, que pasará a la historia como el único Banco español que ha estado dos veces en la «UVI bancaria», el Fondo de Garantía de Depósitos, con la consiguiente minusvaloración de las acciones. Esos accionistas ya habían tenido la ocasión de organizar una airada protesta ante Antoni Forrellad, en la junta general que terminó con el cambio de propietarios. «Ya pueden ustedes gritar y silbar cuanto quieran, porque yo seguiré con la lectura de mi discurso», replicaría el dirigente de Catalana que leía el informe ante la junta. Si hay accionistas curados de espantos en el mundo de la Banca, ésos son los del Banco Industrial del Mediterráneo.

La aventura del BIM avaló proyectos fracasados como el de la familia Negre de construir pistas para la práctica de hockey sobre hielo por toda España, y el proyecto de los Carreras de controlar gran parte del comercio de carne lechal. Josep Marull, un técnico del BIC que había pasado al BIM, explicó a Jordi Pujol y a los máximos directivos de Catalana la triste realidad del Banco que adquirían. Pero nadie se echó atrás, y Marull reingresó en el grupo Catalana. Como reingresó todo lo que los ejecutivos del BIC habían desechado en su momento y habían conseguido «colocar» a los ejecutivos del BIM. Por ejemplo, el 50 por ciento del polígono Cidesa, un auténtico «muerto», tras cuya venta había respirado aliviado, años antes, Josep Boronat, responsable del área inmobiliaria del BIC. Cuál no sería la consternación de Boronat al recuperar la posición del polígono Cidesa.

El posible desahogo que para la tesorería de Banca Catalana pudieron suponer las ayudas destinadas a sanear el BIM, se tornó después en un grave problema. Coincidiendo con la votación de confianza al presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, circuló el rumor de que UCD había comprado los votos necesarios a Minoría Catalana, el grupo de Pujol, mediante la concesión de créditos. Alfonso Guerra, entonces en la oposición, cifró esos créditos en 28.000 millones de pesetas en un desayuno con mujeres periodistas, refiriéndose al dinero que el Banco de España había entregado a Catalana para sanear el BIM. Si bien esas informaciones no impidieron que el dinero llegara a Banca Catalana, sí dificultaron la concreción de nuevas ayudas. Catalana estaba en apuros y sus antiguos vínculos con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, impregnaba cualquier ayuda de un cierto aroma a política que disgustaba al Banco de España. Quizá por ello Raimon Carrasco comenta en más de una ocasión que el champán que corrió por la sede central del grupo en 1980, cuando Pujol fue elegido presidente de la Generalitat, representaba de alguna forma el principio del fin de aquella empresa bancaria nacida veinte años atrás en Olot.

En 1977, Julio Martínez-Fortún, el hombre de aspecto patriarcal y azarosa trayectoria, escribía en la Memoria de su Banco que «el BIM nació con clara vocación de servicio a los intereses de la colectividad». El fracaso final del BIM, cinco años más tarde, sobrevino en compañía de los bancos de un grupo que decía responder a unos principios parecidos, aunque añadiendo la palabra «catalana» al término de la frase.

Aquel grupo Catalana afrontó con buenos ánimos su intervención en el BIM. Andreu Ribera Rovira explicó a la junta general de accionistas de su Banco, el BIC, el 17 de mayo de 1979, que el futuro era muy esperanzador: «En cuanto al futuro de nuestro Banco, soy totalmente optimista. Quizás ustedes se pregunten por qué, en momentos tan comprometidos como los actuales, se ha lanzado el grupo a la operación BIM. Este tema será especialmente comentado en la junta general de mañana en Banca Catalana, pero no quisiera dejar de subrayar que si hemos apoyado esta operación es porque la hemos estudiado a fondo y, en principio, y salvo que existan circunstancias hasta este momento no previsibles, creemos que comporta un mínimo riesgo y porque, además, entendíamos que era una operación de solidaridad en el campo bancario catalán y porque hemos hallado en todo momento el respaldo y apoyo de la Administración para hacerlo».

Al día siguiente, en Banca Catalana, el discurso fue parecido y los accionistas quedaron nuevamente convencidos de que la compra del Banco Industrial del Mediterráneo era un acierto de la dirección del grupo.

Catalana ve mundo

Las operaciones internacionales de Banca Catalana fueron a lo largo de toda su historia bastante moderadas. Sólo en los años inmediatamente previos a la crisis se produjo una intensificación de la presencia del grupo en el exterior, discreta de todas formas si se compara con la de otros bancos españoles.

Existía el departamento de extranjero que realizaba las operaciones bancarias típicas en la relación con el exterior y el departamento de relaciones financieras internacionales, encargado del contacto con bancos extranjeros, abrir líneas de crédito internacional en divisas, oficinas de representación…

El movimiento internacional de las empresas de Catalana llegó a ser considerable en algunos momentos, y se creyó necesario contar con un «superagente» que viajara constantemente por los países donde el grupo tenía intereses. Se contrató a un experto de origen norteamericano llamado Philip Bolich, un hombre que según Francesc Cabana «piensa por todos nosotros». Cabana fue durante varios años responsable de la división internacional —al tiempo que lo era del Servicio de Estudios y consejero— y quedó muy satisfecho del rendimiento del profesional norteamericano. Bolich permaneció un tiempo en la oficina londinense de Banca Catalana y luegó se instaló en Barcelona para dirigir desde la sede central sus actividades. Aprendió rápidamente catalán y se granjeó numerosas amistades, pero su estancia en Catalunya fue breve. Bolich consideró que su tarea sería más eficaz instalándose en el extranjero y pasó a la sucursal de París. Allí se encontraba cuando se produjo la crisis de Catalana.

El departamento de extranjero era un destino cómodo y escasamente conflictivo. Allí permaneció una larga época Francesc Cabana, el cuñado de Pujol, un «histórico» de Banca Catalana que, sin embargo, pasó en la época final a tareas más bien de representación o de confianza política, más oscuras que las realmente ejecutivas. Después de Cabana sería nombrado máximo responsable de internacional Manuel Ingla, con el fin de relegarle a un departamento sin excesivo poder, manteniéndole, sin embargo, la categoría profesional.

El «hombre fuerte» de Banca Catalana del departamento de extranjero, especialmente en lo relativo a empresas participadas, fue Paulí Núñez, que —incorporado a Banca Catalana en los primeros tiempos, con Antonio Armengol y Ramón Monforte— alcanzó la categoría de subdirector general. Junto a Núñez trabajaban, entre otros, Ramon Dolc, Félix Alegre y Francesc Arean. Pere Campistol, que celebró su boda en los Estados Unidos, fue el director del deparmento de relaciones financieras internacionales, con Josep Morist como subdirector.

Poco después de crearse el citado departamento de relaciones financieras, al principio de los años setenta, se agilizó la presencia exterior. Entre 1972 y 1974 Banca Catalana (y el Banco Industrial de Catalunya, ya que las oficinas eran conjuntas a pesar de figurar con uno y otro nombre) se estableció en París, Londres y Nueva York. La oficina de París, emplazada en el número 43 de la Avenue de Friedland, era atendida por tres personas, al igual que la londinense del 131-133 de Cannon Street.

En Nueva York, la delegación giraba en torno a una persona: Ferran Aleu. Aleu, médico de la misma promoción que Jordi Pujol, vivía en Estados Unidos como representante de la firma de perfumes «Puig», cuya presencia en el mercado norteamericano es notabilísima. Desde antes de la apertura de la oficina neoyorquina, Ferran Aleu ya había gestionado algunos asuntos para Banca Catalana. Después se dedicó con gran intensidad a la representación de Catalana, aunque no llegó a abandonar jamás su relación con la firma «Puig».

Cuando se inauguró la sucursal de Nueva York, Jordi Pujol aprovechó el viaje turístico de un empleado del Banco y le entregó un paquetito destinado al delegado americano. Se trataba de una placa que rezaba: «Banca Catalana. Representative Office». La placa iba acompañada incluso de la cortinilla que debía cubrirla y los tornillos necesarios para colocarla.

La oficina neoyorquina no consiguió oficialmente la categoría de sucursal hasta 1981, cuando el Banco estaba ya «tocado». Ferran Aleu vivió desde Estados Unidos la crisis de Banca Catalana, y actualmente sigue residiendo allí, desarrollando su labor de representante de los perfumes Puig. Sus excelentes relaciones con importantísimos hombres de negocios y empresarios norteamericanos le convirtieron en el organizador del viaje oficial que, como presidente de la Generalitat, efectuó Jordi Pujol a aquel país.

En los dos años anteriores a la crisis la expansión internacional fue acelerada. En la oficina de Nueva York trabajaban, en 1981, veinte personas. Y ese mismo año dos empleados fueron trasladados a México con la misión, según la Memoria del Banco, de preparar la expansión por las principales capitales de Latinoamérica.

Entre las oficinas abiertas por el grupo Catalana destacaba, por su exotismo, la emplazada en la colonia británica de Gran Caimán. En esa pequeña isla del Caribe, Catalana y otros bancos españoles tenían un simple buzón, amparado legalmente por una licencia, a través del cual se efectuaban operaciones internacionales de divisas cuya realización en España hubiera sido mucho más dificultosa. Esta práctica es habitual en el mundo bancario e incluso fuera del mundo bancario: también la CIA tiene una oficina en Gran Caimán.

En el capítulo de las relaciones internacionales, Banca Catalana mantenía contactos más o menos estrechos con la Banque Dreyfuss francesa y con el Eximbank, un pequeño banco dedicado a la importación y la exportación radicado en Washington, gracias al cual se pretendían obtener a largo plazo ventajas financieras para la importación de bienes de equipo desde los Estados Unidos. Asimismo, el Banco Industrial de Catalunya participaba, con 500 acciones de mil marcos cada una, en la Banque de l’Union Européenne. La inversión en pesetas no superaba, en realidad, los quince millones. También tenía un ínfimo 0,002 por ciento del capital de la Banca Agrícola y Comercial de Andorra.

Banca Catalana lucía con orgullo el distintivo de primera entidad española que se había afiliado a la red de tarjetas de crédito «Master Charge», aunque luego sería aventajada por muchos otros bancos a la hora de suscribir relaciones con «Visa». Banca Catalana gozaba de títulos honoríficos (y no demasiado prácticos) como la Medalla de Oro ad honorem del «Gold Mercury International Award» por los esfuerzos realizados en favor de la cooperación económica europea, y el premio a la Exportación concedido en 1975 por la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona, entonces presidida por Andreu Ribera Rovira, destacado dirigente del grupo.

Banca Catalana llegó a editar una revista trimestral titulada Letter from Barcelona («Carta desde Barcelona»), en inglés y francés, para su difusión en Bancos y empresas extranjeras. Y anualmente convocaba a un acto de postín en un hotel de categoría a los máximos dirigentes de las delegaciones españolas de los bancos extranjeros.

Las actividades exteriores de Banca Catalana se dirigieron especialmente hacia Latinoamérica en la última época, cuando se quiso intensificar la presencia en el extranjero. Banca Catalana tenía depositados en el extranjero, según la auditoría realizada por «Price Waterhouse», 6.759 millones de pesetas en deuda garantizada por distintos Gobiernos (sobre todo latinoamericanos) y 14.427 millones de pesetas en créditos sindicados concedidos a empresas privadas. El mayor riesgo financiero era el contraído con México (3.220 millones en deuda respaldada por el Estado y 5.380 millones en créditos al sector privado). A continuación destacaban los 6.601 millones de pesetas en créditos concedidos a empresas de Estados Unidos. La lista seguía con Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Panamá y Cuba. Cuba acude en ocasiones al mercado internacional para captar fondos, pero la comunidad capitalista no ve con simpatías ni confianza el régimen de Fidel Castro. Banca Catalana, sin embargo, llegó a aportar 672 millones de pesetas a un crédito sindicado para Cuba. Fue el propio Francesc Cabana, en virtud de sus lazos de amistad con varios cubanos, quien propició esta inversión.

La vocación latinoamericana, perfectamente reflejada en el ranking de riesgos exteriores, supuso un nuevo problema para Banca Catalana cuando, a principios de los años ochenta, el cono sur americano hizo, prácticamente en bloque, una auténtica suspensión de pagos. De los dos hombres enviados en 1981 a México, Zapater y Planas Cerdà, el segundo se quedó allí a la espera de que Catalana superara su crisis. Pero la expansión por Latinoamérica quedó en proyecto. También los créditos en dólares, al dispararse la cotización de dicha moneda, ahogaron muchas empresas de Catalana. Ni París, ni Londres, ni México D.F. existen ya como oficinas de representación y Nueva York, donde el personal ha sido drásticamente reducido, es la única oficina que sigue en funcionamiento. Sólo ha quedado la cabeza de puente establecida hace más de diez años por Ferran Aleu, un hombre incluido en la querella fiscal porque en Barcelona, antes de la crisis, habían tenido la delicadeza de incluir en el consejo de administración al eficaz delegado en Estados Unidos.

Y DESPUÉS DE PUJOL

Las memorias de Banca Catalana y Banco Industrial de Catalunya reseñaron sin excesivos alardes la retirada de Jordi Pujol de los consejos de administración de ambos Bancos. En la memoria del BIC se decía que en marzo de 1976 había adquirido carácter definitivo la separación de Pujol, formalizando una situación iniciada a mediados de 1975. Y se añadía: «Hoy corresponde a este Consejo poner de relieve la significación que la personalidad de Jordi Pujol ha tenido para el Banco, y el profundo sentimiento con el que se debe aceptar este hecho. El señor Jordi Pujol ha sido miembro destacado del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente durante muchos años y en consecuencia ha colaborado intensamente en el proceso de adopción de decisiones que forman la historia de nuestra entidad. Pero lo que confiere una efectiva trascendencia a su labor fundamental es el hecho de que ha sido, desde el principio inspirador y definidor de los rasgos diferenciales del Banco y, en especial, de su vocación eminentemente industrial y de su constante actitud de servicio a la economía de nuestro país».

En la Memoria de Banca Catalana, los términos no eran muy distintos: «Hemos de lamentar la dimisión presentada a principios del ejercicio 77 por don Jordi Pujol Soley, hasta hace un año consejero ejecutivo del Banco y su principal impulsor, especialmente en los últimos años. El Consejo lamenta su ausencia, pero comprende los motivos que le han inducido a abandonarlo».

La marcha de Pujol de Banca Catalana coincidió con la incorporación como consejero de Joan Martí Mercadal, y con la muerte de Enrique Jover Ortensi. En el BIC, Francesc Recassens Musté, hijo de uno de los fundadores del Banco, cedió su puesto a Martí Rosell Barbé. El grupo, constituido por Banca Catalana, Banco Industrial de Catalunya, Banco de Gerona y Banco Mercantil de Manresa (el Banco de Barcelona no se consideraría incluido hasta el año siguiente) era ya una realidad. El posteriormente celebérrimo logotipo de cuatro barras de color naranja en diagonal unificaba la imagen externa de cada uno de los bancos. El grupo tenía 188 oficinas, 42 de las cuales provenían de la expansión fulminante del Mercantil de Manresa, 107 de Banca Catalana, 20 del Gerona y 19 del BIC.

Pese a su anunciada marcha, Jordi Pujol no estaba dispuesto a olvidar totalmente el banco que había fundado. Hasta su último día en el banco, Pujol dedicó su despacho en el número 84 del Paseo de Gracia, en la sede de Banca Catalana, a compaginar finanzas y política. Al irse no iba a cambiar sustancialmente esa situación, ya que incluso físicamente se quedó muy cerca del banco: se trasladó al número 86 del Paseo de Gracia, edificio contiguo a Catalana. Hasta entonces, algún cliente bancario había tenido que anular su cita con Pujol porque a éste se le había alargado inesperadamente una discusión política; a partir de ese momento, algún político tuvo que permanecer largo rato en la sala de espera hasta que Pujol terminara de solventar algún asunto relacionado con Banca Catalana.

En el nuevo despacho de Jordi Pujol se instaló pronto también la organización que recibió una curiosa denominación: «C-3». Aunque el origen de esas siglas aparece en nebulosa, lo más probable es que significaran «Consell 3» (Consejo 3), ya que era el tercer consejo de administración, aunque en la sombra, del grupo. Los otros dos consejos eran los de Catalana y BIC. No se tenía demasiado en cuenta, en las esferas que tomaba las decisiones del grupo, la opinión de los pequeños Bancos restantes. Otras versiones apuntan a que las tres C respondían al nombre de Comité de Coordinación y Control.

En 1977, Jordi Pujol comentaba al periodista Baltasar Porcel que al banco «no me dedico nada. Quizás a la semana máximo unas cuatro horas y hay semanas que no llega ni a eso. La política se me come todo el tiempo». En el C-3, que más tarde se trasladaría al edificio que el BIC tenía en una esquina del Paseo de Gracia con la calle Aragón, se tomaron las decisiones trascendentales del grupo, en aquellos años cruciales para toda la banca española. En Catalana la situación no era boyante: «A pesar de la difícil coyuntura, hemos de celebrar no haber tenido dificultades de especial significación», decía la memoria anual. En el BIC se vivía una cierta angustia contenida, ya que la cotización en Bolsa de sus acciones descendía ruidosamente.

La progresiva desvinculación de la banca que la práctica política imponía a Pujol intentó ser compensada por la formación de equipos directivos reducidos, más ágiles que el consejo de administración y más representativos que un solo dirigente, destinados a coordinar la actuación del grupo cuya alma, hasta ese momento, había sido Jordi Pujol. Joan Martí Mercadal, que salió del Banco de Expansión Comercial y había dirigido el BIC, se hizo cargo de la coordinación del grupo, aunque éste no estuviera jurídicamente constituido. Se intentó acelerar el proceso de integración de los distintos Bancos en Catalana para unificar esfuerzos. Pero poco podía hacerse de positivo si se mantenía la política de expansión.

Manuel Ingla fue una de las pocas personas que, desde dentro del Banco, mostraron una oposición frontal a la compra de nuevas participaciones. Ingla había ingresado en Catalana al tiempo que Pujol la abandonaba, y se comentó que estaba destinado a ocupar la dirección general, primero de Banca Catalana y luego del grupo. De carácter dialogante, Ingla se había ganado las simpatías de los sectores progresistas con el episodio que causó su marcha del Banco Popular. En aquella ocasión, Ingla se enfrentó a todo el consejo de administración del Popular al protestar porque se había permitido la entrada de la Policía en la entidad para reprimir una huelga. Tras dejar aquel empleo, barajó diversas ofertas de trabajo, una de ellas en Suiza. Optó por aceptar la oferta de Catalana, un banco en principio acorde con sus planteamientos.

Al iniciar su trabajo en Banca Catalana, Manuel Ingla se encontró con operaciones, como la compra sumergida de bancos fuera de Catalunya, que no le gustaron, y optó por mantenerse un tanto al margen de las grandes decisiones. El propio Jordi Pujol intentó convencerle en más de una ocasión de que se incorporara al consejo de administración y se «mojara» como lo habían hecho todos. Ingla siempre se resistió. Llegó a «mojarse» lo bastante, sin embargo, como para ser incluido en la querella de los fiscales Mena y Villarejo.

Ingla, por otra parte, defendía unas ideas más radicales que las sostenidas por el resto de los dirigentes de Catalana, y no dudó en propugnar la nacionalización de la entidad cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles. Es por ello comprensible que, pese a ser un «fichaje de campanillas», Ingla fuera relegado paulatinamente a puestos de escaso poder ejecutivo, ya que, tras ocuparse brevemente del departamento de créditos, pasó a la cómoda dirección general de internacional.

Se había intentado articular en torno al C-3 creado por Pujol un «superequipo» de cerebros que dirigiera al grupo. Pero la experiencia no funcionó. Raimon Carrasco, sucesor de Carner en la presidencia de Catalana, dirigía el C-3 con la colaboración de Antoni Forrellad, Francesc Cabana y Josep Lluís Vilaseca. Por debajo de ellos, Joan Martí Mercadal ejercía las funciones ejecutivas de director general del grupo, apoyado en Esteve Renom y Josep Ros Mediano pero sus desavenencias con Carrasco eran frecuentes. Los resultados del «superequipo» que debía ocupar el vacío dejado por Pujol no fueron brillantes, y se decidió la creación de comisiones reducidas con entidad jurídica real. Se formaron así una Comisión Ejecutiva y una Comisión Delegada, en 1979. La primera estaba compuesta por Raimon Carrasco, Francesc Cabana, Andreu Ribera Rovira, Josep Lluís Vilaseca, Florenci Pujol, Antoni Forrellad, Joan Martí Mercadal, Olegario Soldevila y Martí Rosell Barbé. La segunda la formaban Carrasco, Cabana, Vilaseca, Martí Mercadal y Renom.

Martí Mercadal dejó pronto su puesto directivo y Esteve Renom culminó su ascenso haciéndose cargo de la dirección general de Banca Catalana y actuando como verdadero director general del grupo. Francesc Constans, su hombre de confianza, era director general de Administración, y Manuel Ingla estaba en Internacional. Como subdirectores quedaron Antoni Armengol (Intervención), Manuel Cardeña (Relaciones Institucionales), Ramón Monforte (Inversiones), Paulino Núñez (adjunto a la Dirección General de Internacional) y Joan Rossell Molins (Marketing y Productos).

Florenci Pujol murió aquel mismo año. «Sin él, Banca Catalana habría sido un proyecto», rezaba la memoria de Banca Catalana de 1980 que le despidió. Los temores que había mostrado cuando su hijo abandonó el Banco, pronto se harían realidad.

Esteve Renom se situó como «hombre fuerte» de la entidad. Raimon Carrasco no fue una figura presidencial puramente decorativa como lo había sido Carner, pero tuvo que ceder al ímpetu de Renom. Carrasco había llegado a Catalana de la mano de Carner, sin conocer absolutamente nada de banca, y así se lo comunicó a Delfí Mateu, entonces director de la oficina de Barcelona. Mateu se comprometió a ayudarle en su aprendizaje, y entonces Carrasco decidió quedarse en la banca. Renom, por el contrario, tenía ya una considerable experiencia cuando accedió a la dirección general. Antes de vincularse al grupo había sufrido algún fracaso en sus intentos de escalar posiciones en el mundo empresarial, pero tras ingresar en el BIC su promoción fue de vértigo. Fue Antoni Forrellad quien le llevó al BIC, y posteriormente él mismo atraería hacia la empresa a otros técnicos más caracterizados, como él, por su vocación profesional que por sus ideales políticos.

Aunque Renom despachaba de vez en cuando con el propio Jordi Pujol, ya en el Palacio de la Generalitat, su estilo de trabajo era bastante más personalista que el de otros directivos. Para Esteve Renom, la dirección colegiada del C-3 fue una pérdida de tiempo por falta de operatividad. Renom, una vez asumida la dirección general, modificó su anterior actitud y coincidió con Manuel Ingla y los que habían insistido en la necesidad de desinvertir y rentabilizar al máximo los activos. Por otro lado, tomó decisiones que le dieron muy mala imagen entre gran parte de los empleados. Continuó la informatización de la estructura del banco, realizada con el asesoramiento de Arthur Andersen, la cual, iniciada ya años antes, resultó un acierto innegable. Si Catalana había sido un grupo demasiado abundante en trabajadores, la informatización dejó claramente al descubierto grandes excesos de plantilla. La política de jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas se inició entonces. Por primera vez, se quebró el constante crecimiento mantenido desde 1959.

Renom no tuvo contemplaciones con las costumbres laborales de la casa. Suprimió, por ejemplo, las dos horas festivas de que gozaban los trabajadores en los viernes veraniegos. Esos días la jornada laboral terminaba a las 3, y no a las 5 de la tarde. Renom quiso volver al horario anterior, y tras un forcejeo entre dirección y trabajadores, se pactó que la jornada de los viernes terminara a las 5 de la tarde como en el resto del sector, a cambio de dos días festivos cada año que los empleados podían disfrutar cuando quisieran. Esos dos días festivos fueron llamados, en adelante, los «días Renom».

Era, evidentemente, otro talante. Si hasta entonces había primado la devoción por Catalunya, Renom quiso imponer la devoción por el trabajo. O al menos una mezcla de ambas devociones. La mezcla, sin embargo, no cuajó pese a la voluntariosa dedicación de muchas personas que se desvivieron por salvar al banco de la crisis que de forma clara se avecinaba. Francesc Constants no escatimó un segundo a su tarea en Catalana, y a última hora estuvo a punto de sustituir a Renom. Este último se movió muchísimo en aquella última época, y llegó a pronunciar en la prestigiosa Universidad de Harvard (Estados Unidos) una conferencia preparada por Artur Saurí, Tomás Castells y Ferran Sicart, del servicio de estudios. Curiosamente, él mismo se presentó en todas partes como Stephen Renom al realizar dicha conferencia, organizada tras conocerse las facilidades que había contado para hacer otra idéntica poco antes Eusebi Díaz Morera.

Pero todos los esfuerzos resultaron nulos. Hoy, los miembros del equipo Renom —él incluido— no lamentan el tiempo invertido en aquel intento de salvación, pero recuerdan aquellos dos años como algo muy parecido a una pesadilla.

III

LA CRISIS

Desde finales de 1980, y durante más de seis meses, el Banco de España realizó una minuciosa inspección en Banca Catalana. La duración de la misma confirmó en muchos sectores financieros las dudas sobre la solvencia de la entidad bancaria. Al término de la inspección, los rumores de crisis corrían paralelos a los esfuerzos que en Banca Catalana se efectuaban para evitar el desastre. Todo aquello se desarrollaba, sin embargo, en un círculo muy restringido y los rumores no alcanzaban todavía a los depositantes y clientes de Catalana.

Pero el 11 de junio de 1982, el resumen económico del Boletín Confidencial de la agencia Europa Press remitió a sus asociados una breve nota de apenas cinco líneas. Su título horrorizó a los dirigentes de Banca Catalana:

ULTIMA HORA: ES INMINENTE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS DE UNA ENTIDAD CREDITICIA.

El escueto texto decía: «Según rumores insistentes que circularon ayer por la tarde en ciertos ambientes financieros, se piensa que es inminente la presentación de suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana. La noticia, de momento, no tiene ninguna confirmación».

Francesc Cabana, al leer en su despacho de Banca Catalana su ejemplar del Boletín Confidencial, al que la entidad estaba suscrita desde hacía tiempo, recordó la entrevista que ocho días antes había mantenido con un periodista de la delegación barcelonesa de Europa Press. Pasó rápidamente las hojas del Confidencial y encontró, un poco más adelante, el resumen de dicha entrevista. Cabana relacionó entrevista y rumor de suspensión. Pero, en realidad, la autoría de la conflictiva nota nunca quedó desvelada. Cabana, en su libro sobre Banca Catalana, atribuyó a esas sucintas líneas el papel de torpedo que destrozó la línea de flotación del Banco y propició su posterior hundimiento. Lo cierto es que el propio Raimon Carrasco, entonces presidente de Banca Catalana, ignora todavía hoy de dónde salió la noticia, y quién le dio el «visto bueno». Aquel 11 de junio, el presidente de Europa Press, José Mario Armero, estaba disfrutando de unas vacaciones en Grecia, y allí le buscó Carrasco para informarle de la situación que podía provocar la noticia facilitada por su agencia. Armero, prestigioso abogado y considerado una de las personas más influyentes de España, dijo desconocer la procedencia de la información y sólo fue capaz de asegurar que no había sido lanzada desde la dirección de Madrid.

Según todos los indicios, el «confidencial» fue el fruto, amortiguado por una piadosa ambigüedad, de los rumores extendidos por todos los círculos económicos de Barcelona, cazado al vuelo por el mismo periodista que entrevistó a Francesc Cabana, y después redactado sin ninguna intención desestabilizadora. Algunos de los directivos de Banca Catalana han sustentado durante largo tiempo la tesis de que el traído y llevado «confidencial» obedecía una vez más a la acción de una «mano negra» que, al parecer, perseguía a Banca Catalana desde su fundación. Más probable parece que fuera un periodista distinguido por su laboriosidad y prudencia, además de ideológicamente próximo a Jordi Pujol, quien redactara las breves líneas al verse en la imperiosa necesidad de rellenar el apartado económico del Boletín.

Raimon Carrasco despachaba con Joan Baptista Cendrós al conocer telefónicamente la noticia por boca de Cabana, y optó por no decirle nada a Cendrós, sabedor de que éste había sufrido varios infartos. Pero al poco de separarse de Cendrós, éste le telefoneó desde su domicilio para comunicarle que en el informativo de mediodía del canal catalán de televisión, acababan de emitir lo siguiente: «La noticia económica del día de hoy gira en torno a los rumores sobre la difícil situación económica que atraviesa el grupo bancario de Banca Catalana. El grupo de entidades que agrupa Banca Catalana ha manifestado a la agencia Efe que son falsos rumores y ha desmentido una información de otra agencia donde se especulaba sobre la posible suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana».

El director de aquel espacio informativo, Santiago Ramentol, había meditado largamente la difusión de la noticia. Ya conocía la existencia de problemas en Catalana a través de un empleado del centro regional de TVE en Barcelona, vinculado familiarmente a un cuadro medio de Banca Catalana. Cuando llegó el desmentido facilitado por Francesc Cabana a Efe, no dudó en iniciar su informativo Miramar con el desmentido a los rumores.

Mientras la centralita de Banca Catalana echaba humo, Raimon Carrasco se puso a perseguir a las autoridades del Banco de España, con el fin de que emitieran una nota que tranquilizara a los depositantes. Era viernes y Carrasco no localizó a nadie en la sede del Banco emisor. A última hora dio con Ángel Madroñero en su domicilio. Aquella misma noche, «fuentes» del Banco de España comunicaron a la agencia Efe que no existía ningún fundamento en la noticia sobre la indeterminada suspensión de pagos. También Banca Catalana emitió un comunicado asegurando que gozaba de buena salud. En Europa Press, por su parte, no rectificaron su información manteniendo que se basaba en fuentes fidedignas. También el conseller de Economía de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, publicó una nota de su departamento cinco días después: «Como conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat —decía la nota—, considero conveniente desmentir una montaña de comentarios que estos últimos días han circulado respecto a Banca Catalana y a su grupo de Bancos. En relación a esas informaciones, esta conselleria se encuentra en condiciones de poder afirmar que los mencionados rumores no tienen ningún fundamento y que, en consecuencia, el normal funcionamiento de las entidades bancarias de aquel grupo está asegurado. Banca Catalana procederá a reforzar sus recursos propios, el Banco Industrial de Catalunya a sanear el resultado de ciertas participaciones industriales, y el grupo bancario a concretar su actuación gerencial en un número más reducido de Bancos, concentración que se verá secundada por la integración de nuevas personas a los órganos de gestión. Como medidas concretas, en este sentido, hay que destacar una importante ampliación de recursos por importe igual al actual capital social, el buen fin de la cual está garantizado por instituciones financieras importantes. Asimismo, completará el saneamiento del Banco Industrial del Mediterráneo, comenzado hace dos años con la colaboración del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. Así, tiene que ponerse punto final a las especulaciones informativas y, por lo que a esta conselleria se refiere, tranquilizar a la opinión pública sobre la solvencia del sistema bancario en Catalunya».

La nota de Trias Fargas (una enumeración de propósitos integralmente incumplidos) fue contestada por una interpelación de los comunistas catalanes, quienes la consideraron más propia de un dirigente de la banca que de un gobernante catalán. Respondía la nota en gran medida a los consejos que el Banco de España había dado a Banca Catalana tras concluir su inspección el año anterior. El excesivo detalle con que se prodigaba el comunicado dejó en evidencia a su autor, o más bien a su emisor, ya que parece que no sólo a Trias hay que atribuir la redacción del texto.

Como en todas las ocasiones en que se suceden los desmentidos, el público olfateó que el asunto iba en serio y, aunque el sábado siguiente a la nota el ambiente fue tranquilo, las salidas de depósitos se dispararon desde primeras horas del lunes. El Banco de España, previsor, había mandado el sábado una furgoneta blindada con 2.000 millones en efectivo a la sede central de Catalana, pero los recursos fueron devueltos íntegramente. Y el lunes, sin la violenta necesidad de hacer cola ante las ventanillas, los millones empezaron a desaparecer de los depósitos a través de la Cámara de Compensación Interbancaria: los clientes preferían no dar la cara y retirar su dinero ante testigos, por lo que simplemente ingresaban talones contra Banca Catalana en otras entidades bancarias. Más de 20.000 millones dejaron las arcas de Catalana. Y no cupo hacer distinciones de catalanismo: entidades que habían apostado por Banca Catalana en los años difíciles, como el Colegio de Arquitectos o el Institut d’Estudis Catalans —baluarte sacrosanto del catalanismo— redujeron muchísimo su relación comercial con la entidad financiera pese a los llamamientos a la serenidad que lanzaba el propio Banco de España. Como detalle anecdótico cabe reseñar que muchos que retiraron sus depósitos adujeron supuestas presiones por parte de sus mujeres ante los gestores del Banco que querían disuadirles de su actitud. Según éstos, «los más fieles dejaron cantidades simbólicas, mientras que los otros se lo llevaron todo». En las pequeñas poblaciones, la huida del capital fue singularmente notoria. El precedente del Banco de los Pirineos, donde por primera vez un sector de los depositantes no había podido recuperar su dinero, estaba asimismo demasiado reciente. El pánico por esa causa se dejó sentir especialmente en Girona y Lleida, donde actuaba especialmente el Pirineos.

El escape de capital era imparable y había que tomar decisiones drásticas. En las últimas reuniones de unos consejeros que pronto dejarían de serlo, se oyeron las voces de quienes preferían vender el Banco a los americanos o a los japoneses, antes que a «los españoles». Otras voces, más realistas, debatían mil y una posibilidades para encontrar una salida digna y solvente a la situación creada. Era preciso actuar rápidamente porque el 29 de aquel mismo mes, junio, estaba convocada la junta general de accionistas y había que presentar una propuesta que taponase la hemorragia. La idea de repartir 948 millones de pesetas en dividendos ya se la había quitado de la cabeza el Banco de España a los arrojados dirigentes de Catalana. Era inevitable el cese de los que habían llevado al banco a esa situación, pero se pretendía una fórmula intermedia, y ésa fue la que se aprobó en la junta. Seis de los anteriores gestores seguirían al frente de la empresa, pero a su lado se incorporarían personalidades de peso en la economía catalana que generaran la confianza necesaria entre el público. Luego había que encontrar una cabeza visible que dirigiera y representara al nuevo consejo de administración. En la gestación de ese «equipo de notables» participó activamente Antoni Forrellad, el empresario sabadellense, en contacto permanente con el Palacio de la Generalitat. Y su esfuerzo se vio recompensado en parte. Personas como Josep Maria Figueras, presidente de las cámaras de comercio españolas, el presidente de «Catalana de Gas» e «Hidroeléctrica de Catalunya», Pere Durán Farell, o el propio presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, rechazaron toda oferta y optaron por ver los toros desde la barrera. Lo mismo decidieron otras personalidades empresariales, que veían con recelo unirse a una empresa en tan delicado estado de salud.

Al fin, el nuevo consejo de administración, el de los «notables», quedó compuesto por Joan Alegre Marcet (presidente de la Compañía «FECSA» y presidente de la patronal de las eléctricas), Jesús Serra Santamans —cuyo nombre fue conocido por el gran público a raíz de su secuestro por ETA (p-m)— (consejero delegado del grupo asegurador «Catalana de Occidente»), Joan Antoni Delgado Garriga (consejero delegado de «Sociedad Anónima Cros», de abonos y productos químicos); Josep Camp Puigdomènec (cabeza del potente grupo de «Jabones Camp»), Gonçal Turell Moragas (consejero de la «Sociedad de Aguas de Barcelona); Gabriel Buixó Riera (apoderado de la textil «Cotofil, S.A.») y el rector de la Universidad Politécnica, Gabriel Ferrater Pasqual. No era exactamente el equipo que Pujol, desde su despacho de la Generalitat, hubiera deseado, pero cumplía correctamente su función de «superconsejo». Las críticas que se dirigían a estos hombres no se deberían a su mayor o menor relieve en el mundo empresarial catalán, sino a su vinculación a empresas directamente ligadas a los grandes bancos. En «FECSA» se sentaban en el consejo Ricardo Tejero, consejero director del Banco Central, y José Carlos March, presidente de la Banca March. El vicepresidente de Cros era el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Y Pere Durán Farell, que no estaba en el consejo pero que se ofreció, aunque con algunas reservas, a inyectar capital desde «Catalana de Gas» e «Hidroeléctrica», pertenecía a los consejos del Hispano Americano y el Urquijo, a la vez que en «Hidroeléctrica» estaban Pedro Gamero, vicepresidente del Hispano Americano, y el presidente de dicho Banco, Luis de Usera, además de los consejeros del Bilbao, Enric Massó, y el Central, Eusebio Bertrand. Según algunos, ése fue el primer paso de Banca Catalana hacia su rendición en manos de los grandes bancos españoles.

Los seis hombres del antiguo consejo de administración que se integraron en el «consejo de notables» fueron Antoni Forrellad, Olegari Soldevila, Andreu Ribera Rovira, Joan Millet, Martí Rosell y Raimon Carrasco. Este último siguió como presidente accidental hasta la llegada del nuevo responsable máximo que debía sacar a Banca Catalana del atolladero. Aconsejado por Antoni Forrellad —que luego se arrepentiría de ello—, Jordi Pujol dio el visto bueno para ese cargo a Eusebi Díaz-Morera, entonces director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, que acababa de ser reelegido para ese cargo y que estaba muy bien conceptuado entre las cajas de ahorro de toda España y en el Banco emisor.

DÍAZ MORERA, LA SOLUCIÓN QUE NO FUE

El 23 de julio se celebró una junta general extraordinaria en la que la ampliación de capital anunciada por el conseller Trias Fargas se convirtió en una emisión de bonos con el fin de que las cajas de ahorro la suscribieran, cosa que hubiese sido dudosamente legal en el caso de una ampliación. La legislación española no considera que las cajas de ahorros puedan tener participaciones mayoritarias en los bancos. En los momentos en que La Caixa pareció dispuesta a quedarse con Catalana, sin embargo, el Gobierno planeaba redactar una modificación de esas normas. La mencionada emisión de bonos debía alcanzar los 5.754 millones de pesetas, cantidad igual al capital de Banca Catalana, y debían acudir a ellas diez cajas de ahorro, encabezadas por La Caixa, con 1.824 millones, y la de Barcelona, con 730. Luego, con cantidades decrecientes, debían comprar bonos las cajas del Penedès, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Girona, Manresa, Laietana de Mataró y Manlleu. La Caja de Ahorros de Catalunya, antigua Caja de Ahorros de la Diputación de Barcelona y controlada mayoritariamente por esta institución, declinó intervenir en la operación fiel a su criterio de que el papel de las cajas de ahorro no era acudir a la salvación de entidades bancarias privadas. La Caixa había mostrado siempre la actitud contraria, ya que en 1979 había lanzado el primer cable a Catalana comprándole el 7 por ciento de sus acciones y librándola de apuros de tesorería con una hipoteca millonaria sobre el edificio de la Diagonal.

Las relaciones entre el director general de La Caixa, José Vilarasau Salat (primo de Carlos Ferrer Salat) y Jordi Pujol siempre habían sido estrechas, aunque se conocieran casi como adversarios. Cuando Vilarasau aspiraba a dirigir La Caixa —la más importante Caja de Ahorros de España y la primera entidad financiera de Catalunya— Jordi Pujol parecía apoyar otra candidatura, la de Jordi Petit Fontseré, economista y ex director general de Turismo en la Generalitat provisional de Tarradellas. Petit Fontseré era el candidato de los sectores más nacionalistas, ya que Vilarasau, pese a su origen catalán, había desarrollado toda su carrera en Madrid, bajo el patrocinio de los poderosos Santiago Udina Martorell y Claudio Boada. El triunfo de José Vilarasau causó sorpresa en medios catalanistas, pero Pujol supo acercarse pronto a aquel hombre que había alcanzado uno de los máximos puesto de poder de Catalunya. Tras su elección, Jordi Pujol visitaba casi todos los sábados a Vilarasau en su despacho de La Caixa, en la Vía Layetana barcelonesa. No utilizaba nunca el ascensor para dirigirse a la segunda planta, donde trabajaba Vilarasau, y se encerraba con él, a veces varias horas. Vilarasau procedía de la Dirección General de Política Financiera, de la Subsecretaría de Economía, de «CAMPSA» y de «Petronor», y contaba con información de primerísima mano sobre la economía española.

Aquella emisión de bonos de julio de 1982 fue cubierta, además de por las Cajas, por importantes compañías como «Aguas de Barcelona», «FECSA» (Fuerzas Eléctricas de Catalunya), «Catalana de Occidente» y la Corporación Industrial de Catalunya de Pere Durán Farell, amén de por algunos consejeros a título personal. Eusebi Díaz-Morera se incorporó a su nuevo puesto un día en que toda la atención se centraba no lejos de allí, en el estadio de Sarrià, donde Italia y Brasil disputaban un apasionante encuentro del Mundial de fútbol. Y pronto se convenció de que tenían razón quienes calificaban de «operación Domund» la emisión de bonos. Con 5.754 millones no había ni para empezar.

Díaz-Morera era un niño prodigio educado por los jesuítas y que desde muy joven figuró en la junta directiva del Círculo de Economía. Se había marchado de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona casi sin avisar, de un día para otro. Quedó pendiente una comida de despedida que se celebró en un momento casi angustioso, un tiempo después, cuando Eusebio Díaz-Morera ya había abandonado Banca Catalana enemistándose con gran parte de las fuerzas vivas de la economía española. Más que una despedida triunfante, aquel almuerzo había de convertirse en un triste adiós del joven Díaz-Morera a los primeros planos de las finanzas para los que parecía predestinado. Díaz-Morera estuvo al frente de Banca Catalana apenas cuatro meses, durante los cuales sus colaboradores apenas le vieron. Sus subalternos en el Banco se quejaban de que dedicase más tiempo a sus conversaciones con Ramon Trias Fargas, de quien es pariente lejano, o al seguimiento de la auditoría que encargó a la multinacional «Price Waterhouse», que a trabajar con ellos. Algunos elegidos fueron llamados al despacho que ocupó Díaz-Morera y fueron consultados sobre algún asunto, pero como caso excepcional. Tampoco el «consejo de notables» mantuvo una gran actividad durante aquella gestión.

Díaz-Morera elaboró un nuevo plan de salvación, mucho más arriesgado que el basado en la emisión de bonos, convencido de que Catalana necesitaba de ayudas muy superiores a las previstas, por parte del Banco de España. Básicamente, sus ideas consistían en concentrar toda la actividad comercial del grupo Banca Catalana, reducir el BIC a dos oficinas para gestionar únicamente las participaciones inmobiliarias e industriales, separar del grupo los Bancos de Gerona, Alicante y Crédito e Inversiones, y una colaboración por parte del Banco de España consistente en la compra a Catalana de sus activos más deficitarios y de un incremento importante de los créditos concedidos en junio.

La posibilidad de realizar una operación acordeón que redujese parte del capital al valor simbólico de una peseta ya empezaba a tomar cuerpo en sus cálculos.

La respuesta del Banco de España fue una sola palabra: calma. Hacía falta calma porque las elecciones generales de octubre de 1982 estaban a la vuelta de la esquina, y la cúspide del Banco emisor no quería enfrentarse a problemas de gran envergadura. Se consideraba segura, además, la llegada al Gobierno por parte de los socialistas, y la gran banca observaba con pánico el hincapié que en el programa del PSOE se hacía al derecho de tanteo por parte de la Administración a la hora de revender los Bancos reflotados con fondos públicos. El Banco de España, por tanto, optó por establecer una prórroga. Pero las primeras cifras que Díaz-Morera trasladó a Madrid eran graves y exigían alguna decisión. Esa decisión fue la de cesar a los miembros del consejo de administración de la anterior etapa. La fórmula que utilizó el Banco de España fue un tanto indirecta, y quedó plasmada en su nota del 17 de septiembre. La nota decía: «El consejo de Banca Catalana ha presentado al Banco de España un programa de ayudas financieras. Tal proyecto está en fase de estudio por el Banco de España. Ante la posibilidad de que se difundan rumores que pudieran afectar a la operatividad de Banca Catalana, el Banco de España desea ratificar su apoyo a dicha entidad para el desarrollo normal de sus operaciones. En consecuencia, el consejo ejecutivo del Banco de España, haciendo uso de sus facultades, ha acordado designar como administradores de Banca Catalana a los señores: Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda, Juan Alegre Marcet, Gabriel Buixó Riera, José Camps Puigdomènech, Juan Antonio Delgado Garriga, Gabriel Ferraté Pascual, Jorge Mercader Miró, Juan Antonio Ruiz de Alda, Jesús Serra Santamans y Gonzalo Turell Moragas». De esta forma quedaron borrados de un plumazo los Forrellad, Soldevila, Carrasco, Ribera Rovira, Millet y Rosell.

El conocimiento público de que el estado de Catalana era todavía más preocupante que lo temido en un principio retrajo nuevamente depósitos, invirtiéndose la dinámica que desde julio se había conseguido recuperándose en verano 6.000 millones retirados tras la «bomba» de junio. Aunque no se afirmaba de forma explícita, todo parecía indicar que no había solución que no pasara por el ingreso del grupo en el Fondo de Garantía de Depósitos, extremo que se quería evitar a cualquier precio desde Catalana.

La entrada de Juan Antonio Ruiz de Alda, como presidente que era del Fondo de Garantía de Depósitos, levantó las quejas de algunos miembros del consejo de administración, que valoraron muy negativamente que por primera vez en la historia del banco, una persona no catalana —un vasco en este caso— ocupase un asiento en la máxima dirección.

Los nuevos administradores acordaron dimitir en cuanto fuera hecha pública la auditoría de «Price Waterhouse» o en el momento en que el grupo Catalana pasara al Fondo. Esa decisión no se dio a conocer, pero el deterioro en la dirección de la entidad era evidente.

Díaz-Morera hizo algo, además, que acabó por enervar los ánimos, tanto en el Banco de España como en Banca Catalana, Convergència Democrática y en el Palacio de la Generalitat. Con todas las cuentas del grupo en un maletín, visitó al ministro de Economía, el casi cesante Juan Antonio García-Díez, y lo que fue mucho peor considerado, a los dirigentes socialistas con Felipe González al frente, como clara alternativa que suponían al resquebrajado Gobierno centrista. Felipe González se reunió después de aquello con Joan Reventós, secretario general de los socialistas catalanes (que además era primo de Carner y accionista de Banca Catalana) y con Ernest Lluch, posterior ministro de Sanidad y que había realizado trabajos para el servicio de estudios de Banca Catalana, uno de los cuales sobre el precio del suelo fue reeditado precisamente por esas fechas. En la reunión acordaron no utilizar el tema de Catalana en la campaña electoral que se avecinaba, pero se dieron perfecta cuenta de que aquél sería uno de sus primeros problemas tras su llegada al Gobierno.

Díaz-Morera, a quien algún dirigente de Convergència Democrática acusó de ser un «títere del Banco Central», firmó con esas visitas su cese en Banca Catalana. La entrevista con Felipe González no sólo irritó a Jordi Pujol y a los dirigentes y accionistas de Catalana. El propio subgobemador del Banco de España, Mariano Rubio, entró literalmente en cólera al conocer el hecho de boca de Felipe González y manifestó en voz alta su intención de no permitir a Díaz-Morera que ocupara ningún puesto de responsabilidad en ninguna entidad bancaria, mientras él estuviera en el Banco de España. Las secuelas de aquella entrevista fueron asimismo trascendentes en el desarrollo de la crisis de Banca Catalana. Las negociaciones entre el «consejo de notables» y el Banco de España para inyectar capital y reflotar la entidad, quedaron cortadas en seco, dejando como única salida ya el Fondo de Garantía de Depósitos. El Banco emisor hizo pública una nueva nota el 20 de octubre, conminando a los administradores de Banca Catalana a recomponer su capital social y a hacer posible el saneamiento de la entidad.

El Banco de España, estaba claro, quería a Catalana en el Fondo. Pero ni los nuevos administradores ni los antiguos querían pasar por ahí. La pugna se saldó con la dimisión de todos los administradores, a excepción de Juan Antonio Ruiz de Alda, representante del Fondo. Dos funcionarios del Fondo de Garantía de Depósitos, Juan Antonio Robles y Emilio Palacios, habrían de acompañar a Ruiz de Alda en la dura etapa que se le avecinaba al frente de Banca Catalana, junto a Jesús Gutiérrez Fierro, procedente de la delegación catalana del Banco Exterior, que asumiría el cargo de gerente.

Se esfumaban las esperanzas de quienes querían evitar que las cuentas de Banca Catalana salieran a la luz pública. El Banco de España dio un nuevo paso, con su nota del 3 de noviembre, la primera tras el triunfo socialista del 28 de octubre: «Como consecuencia de la última inspección ordinaria efectuada por el Banco de España en Banca Catalana y en el Banco Industrial de Catalunya, se puso de relieve la existencia de una situación patrimonial y de rentabilidad que los principales responsables de este grupo bancario se negaron reiteradamente a reconocer, sin facilitar el acceso a la necesaria información sobre las sociedades vinculadas a dichos Bancos. En esta situación, en el pasado mes de mayo Banca Catalana solicitó la autorización del Banco de España para pagar un dividendo a sus accionistas, petición que hubo de ser denegada ante la situación detectada». Así empezaba la extensa nota que, a continuación, presentaba un resumen de los avatares sufridos por el banco desde la junta de junio hasta ese momento. Y concluía: «La nueva administración nombrada hoy, (…) que contará ya con el informe de auditoría recién entregado, emprenderá de inmediato su saneamiento financiero, previa la necesaria recomposición de capital». Banca Catalana estaba ya dirigida por los administradores del Fondo. La nota añadía una reiteración sobre la total seguridad de los fondos depositados en el grupo, una manifestación de su voluntad de encontrar una fórmula que asegurase la catalanidad de las fórmulas últimas de saneamiento —«siempre que ello sea compatible con la legislación vigente, y con el máximo realismo y eficacia de planteamientos»— y su esperanza de colaboración por parte de todas las instituciones, empresas y particulares de Catalunya para reforzar el grupo.

La nueva opción para quienes no cesaban de imaginar alternativas pasaba por la próxima junta general de accionistas. Había que convencer a alguien o hallar una fórmula que permitiera recuperar el banco. Pero ya no eran solamente los antiguos gestores y propietarios quienes se interesaban por Catalana: se había abierto la veda y los grandes de la banca se movían por su cuenta. El 22 de octubre, el gobernador del Banco de España y los presidentes de los siete grandes bancos españoles discutieron juntos el asunto. Banesto y Central mostraron interés por Catalana. Paralelamente, Ramon Trias Fargas y el propio Jordi Pujol buscaban una «solución catalana» a través de numerosas reuniones con los «pesos pesados» de la economía española, dejando el protagonismo en la campaña electoral de octubre a Miquel Roca Junyent.

Los ex directivos de Banca Catalana preparaban cuidadosamente la junta de accionistas. Eusebi Díaz-Morera había desaparecido ya de escena y su nombre pasó a formar parte de la «lista negra» del Banco de España, con lo que su brillante carrera profesional sufrió un duro golpe. Su despedida de los máximos directivos técnicos de Banca Catalana fue dramática. Tras convocar a una veintena de los más destacados y hacerles esperar un cierto tiempo, les hizo pasar a la sala de reuniones y les dijo que tenía exactamente quince minutos para despedirse de ellos. Les hizo un escueto resumen de la impresión que había recibido durante su breve paso por la casa, se levantó y se fue, acompañado por Jordi Mercader y el aún director general, Esteve Renom. Uno de los técnicos tuvo que ser sujetado cuando se abalanzaba sobre Díaz-Morera, increpándole.

Eusebi Díaz-Morera ocupó después la presidencia de la empresa concesionaria de las obras del Túnel del Cadí. El rencor que, como ha manifestado en alguna ocasión, le guarda Jordi Pujol a causa de su gestión en Catalana, se hizo patente con motivo de la perforación total («cala») del túnel. Pujol no fue al Cadí aquel día, pese a que toda la clase política catalana asistió a la ceremonia de la mayor obra pública de Catalunya. Esa relevante ausencia se interpretó como una muestra del distanciamiento que entre ambas personas existe desde su confluencia en la crisis de Catalana. Luego, con el tiempo y la definitiva inauguración de la obra, parecen haberse dulcificado dichas relaciones, ya que ahí sí estuvo presente Pujol.

La junta general de accionistas se celebró el 17 de noviembre, y quedó marcada por el conocimiento de las cifras que aportaba la auditoría, por más que ésta advirtiera que no había podido acceder a importante información.

La auditoría de «Price Waterhouse» fue encargada por Eusebi Díaz-Morera para tener un conocimiento más exacto del terreno que pisaba y poder decidir con pleno conocimiento de causa las medidas de saneamiento. Sin embargo, la precipitación de los acontecimientos impidió que Díaz-Morera llegara a tener el documento en sus manos. Quien lo recibió fue Juan Antonio Ruiz de Alda.

Los auditores reflejaron en su trabajo el balance de situación de la entidad con fecha 30 de junio de 1982. Su actitud fue sumamente prudente y matizaron una y otra vez que los datos barajados no eran fiables. De la misma forma que la auditoría carecía de contundencia al relativizar los guarismos, aparentemente subyacía en ella un mensaje claro: la contabilidad oficial del banco no servía para diagnosticar la situación real de la entidad. Así, en el punto 2 del dictamen se especificaba que el balance de situación «no ha sido preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y en consecuencia no presenta adecuadamente la situación patrimonial de Banca Catalana, S.A., al 30 de junio de 1982». Con ello se comprendía aquel monumental esfuerzo que suponía la confección del balance anual. El equilibrio exacto entre el activo y el pasivo era un desiderátum que se alcanzaba tras muchas horas de buscar la cuadratura del círculo. Por ese motivo, hasta el año anterior de la crisis, Catalana siempre había repartido dividendos a sus accionistas y había mantenido, para el público, una imagen de buena salud financiera.

Los técnicos de «Price Waterhouse» señalaban en su dictamen que «a fin de presentar un balance de situación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, hemos propuesto ciertos ajustes y reclasificaciones a las cifras facilitadas por el Banco. Estos ajustes y reclasificaciones que han sido comentados en detalle con la dirección del Banco, no figuran contabilizados en los registros contables».

En el apartado 3, los auditores subrayaban también que «no hemos podido contrastar, a través de tasadores independientes, una parte significativa de las estimaciones realizadas por técnicos del grupo Banca Catalana, sobre el valor de realización de las existencias (terrenos, edificios y otros) que forman parte de los activos de determinadas sociedades participadas del sector inmobiliario. En consecuencia, no hemos podido satisfacernos de la recuperabilidad de los préstamos y créditos concedidos por el Banco a dichas participadas, así como del importe de la provisión que podría ser necesaria para hacer frente a los avales prestados por cuenta de las mismas».

La desazón de los auditores planeaba constantemente a lo largo de su trabajo. La carencia de datos fiables, por un lado; la desconfianza genérica que les merecían las cifras aportadas por la entidad, por otro; y los agujeros que intuían, les llevaron a conclusiones extremadamente pesimistas:

«Salvo que se obtengan los recursos adicionales necesarios, las siguientes circunstancias generan dudas sobre la continuidad del Banco como negocio en marcha:

– El déficit patrimonial al 30 de junio de 1982, según el Balance de situación ajustado y reclasificado (…)

– La disminución del pasivo bancario ocurrida en el período posterior al 30 de junio de 1982.

– La posible pérdida que se pueda generar por el soporte financiero adicional al registrado al 30 de junio de 1982, que el Banco preste a las empresas participadas del grupo para mantener dichas sociedades en funcionamiento hasta que generen suficientes recursos para hacer frente a sus compromisos, o bien hasta que se tome la decisión por parte del Banco de discontinuar el soporte financiero».

En el anexo III, los auditores reflejaban el decalaje que, en su opinión, existía entre las cifras presentadas por el banco y la realidad contable tras los ajustes y reclasificaciones elaborados estimativamente. Mientras los directivos de Catalana situaban el activo en 509.109,3 millones, la auditoría de «Price Waterhouse» consideraba que estaba hinchado en más de 50.000 millones y cifraba su valor en 452.400,4 millones. El déficit patrimonial o agujero quedaba establecido, concretamente, en 52.575,7 millones de pesetas. Era una cantidad importante, pero las cifras que se barajarían poco después, en el último momento de la crisis, serían mucho más altas.

RADIOGRAFÍA DE UN BANCO ENFERMO

Los hombres del Fondo de Garantía de Depósitos que se hicieron cargo de Banca Catalana encontraron allí un considerable desaguisado financiero. Tras el paulatino conocimiento de los entresijos de la entidad bancaria, llegaron a la conclusión de que Banca Catalana estaba en situación de quiebra real, oculta, como en el caso de «Rumasa» y de otras entidades bancarias en crisis, por la gran liquidez de que disponen los bancos al captar directamente dinero del público. Las pérdidas (los créditos incobrables y demás operaciones fallidas) eran de 139.000 millones de pesetas entre Catalana, Industrial de Catalunya e Industrial del Mediterráneo. Teniendo en cuenta que el patrimonio o recursos reales de los tres bancos era, globalmente, de 23.411 millones, resultaba un déficit patrimonial (las pérdidas menos los recursos propios) superior a los 100.000 millones de pesetas. Se confirmaba lo que se daba ya por seguro desde semanas antes: aquélla era la crisis bancaria más grave de toda la historia financiera española. Sólo «Rumasa», con sus especialísimas características, superaría en envergadura aquel desastre.

La factura por la reparación del banco también fue altísima: el Estado, bien a través del Fondo, bien a través del Banco de España, tuvo que desembolsar 275.713 millones. Pero esa cantidad —y eso ha inducido a muchos errores, incluso entre la clase política más directamente ligada al tema— no era a fondo perdido. En puridad, solamente 8.000 millones fueron entregados por el Fondo para asumir pérdidas, sin posibilidades de recuperación. El Banco de España concedió préstamos por un total de 125.000 millones, pero recuperables en ocho años y al 8 por ciento de interés. Había otra partida de recuperación más dudosa: los más de 90.000 millones dedicados por el Fondo a comprar activos o participaciones industriales, muchos de ellos de difícil rentabilización o venta. Algunos, sin embargo, pudieron ser devueltos al sector privado y con ello el Fondo recuperó una parte de lo gastado. Se estima, en general, que la crisis de Banca Catalana habrá costado cuando termine el proceso de saneamiento un mínimo de 100.000 millones de pesetas.

El revés industrial

Buena parte de los problemas financieros que causaron la crisis del grupo Banca Catalana provenían del «INI catalán», plasmado en el Banco Industrial de Catalunya. El BIC había pretendido entrar, desde su ingreso en la órbita de Catalana, en los sectores económicos considerados básicos o estratégicos: informática, siderurgia, metalurgia, química, agroalimentaria. El objetivo era controlar, aunque fuera a través de participaciones minoritarias, los resortes clave de una hipotética economía catalana autóctona.

Un prestigioso economista definió esta política de participaciones industriales como un sucedáneo del «modelo Gadaffi». El proyecto industrial impulsado por Jordi Pujol tenía dos vertientes: por un lado, se apoyaba en un firme discurso ideológico en defensa de la libertad de empresa (a veces, con un leve matiz socialdemócrata); por otro lado, aspiraba a estructurar un selecto entramado empresarial, con atención preferente a los sectores punta, basado en el Banco Industrial de Catalunya, que había de ser el «pal de paller» de la reconstrucción nacional del país. La paradoja que encerraba este último planteamiento era mortal de necesidad: ni Catalunya es un Estado, ni Banca Catalana el Banco de España, ni el Banco Industrial de Catalunya el Banco de Crédito Industrial. Por ello, al sobrevenir la crisis industrial de los años setenta, aquel proyecto, carente del apoyo que puede prestar una administración pública afín, estaba condenado a fracasar.

Encontrar el equilibrio entre las participaciones «necesarias para el país» y las inversiones que perseguían la imprescindible rentabilidad económica fue tarea difícil. En ocasiones, la frontera entre ambos conceptos se borraba, como en el caso de las autopistas. El grupo Catalana apostó fuerte por la construcción de autopistas con la doble convicción de que era un negocio y resultaba, además, necesario para Catalunya. Posteriormente se demostró lo contrario, al menos en el primer supuesto. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con las cadenas de comercialización. Se partía de un planteamiento político («no puede ser que los productos que salen de las empresas catalanas sean después comercializados por grandes cadenas ajenas a Catalunya que se llevan el mayor margen de beneficio») y se llegaba a una constatación económica («existe mercado para la creación de una nueva empresa de comercialización»). El resultado de esa deducción fue la empresa creada al efecto, «Hecsa», la cual sufrió un «crack» espectacular tras poco tiempo de vida.

Con todo, la política global de participaciones industriales desarrollada por el BIC —y, por extensión, por todo el grupo— no podría calificarse de temeraria. La auditoría de Price Waterhouse cifraba los defectos de provisión de riesgo bancario con las participadas industriales en 1.322 millones, cantidad relativamente pequeña en comparación con los desfases detectados en las empresas inmobiliarias o en las sociedades patrimoniales. Juan Antonio Ruiz de Alda, por su parte, atribuía a los fracasos industriales y empresariales del BIC sólo una cuarta parte de las causas que hundieron al grupo Catalana. Jordi Pujol tenía claro el concepto de beneficio: «El que escribe ha dicho hace un rato, cuando describía la vocación de “escuraplats” (“lameplatos”) de los seudodirigentes de un determinado sector económico catalán, que no les criticaba por la traición de muchos de ellos a nuestra lengua y nuestra cultura, ni por el egoísmo social de casi todos, ni por motivos de orden político, sino por su incapacidad en el terreno económico. Los criticaba porque no hacen pesetas o, por lo menos, no tantas, ni de largo, como los demás». Este texto que el joven Pujol dirigía, desde la cárcel de Torrero y veinte años atrás, a un sector de la burguesía catalana, no carecía totalmente de fundamento. Y Jordi Pujol demostró, a lo largo de su vida profesional, que, contra algunas opiniones, no era un mal empresario, con la excepción de las aventuras periodísticas. Quizá no supo ser banquero, pero sus criterios como empresario eran, en general, correctos.

Esteve Renom fue el responsable, en la época de máxima expansión del BIC, de dirigir la política de participaciones. Había llegado al Banco de la mano de Antoni Forrellad, después de haber trabajado en su empresa «ASEA-CES». Más tarde sería Francesc Constans quien debería lidiar el toro de las inversiones. Tarea difícil cuando había que atender a criterios «políticos» emanados de la alta dirección del grupo, que llevaban a entrar en empresas de interés estratégico quizá muy alto, pero de rentabilidad dudosísima, en las «operaciones P.C.» o «per collons». Y tarea más difícil aún ante las presiones lógicas que emanaban del propio consejo de administración, formado por empresarios enfrentados, en muchos casos, a problemas en sus propias industrias. Era el caso, por ejemplo, de Pere Corberó («Electrodomésticos Corberó, S.A.»); de Juan Luis Heredero Martí («Piher, S.A.», de electrónica); de Andreu Colomer Munmany («Colomer Munmany, S.A.»), y de Olegario Soldevila («Mir Miró, S.A.»). Por otro lado, ni Renom ni Constans asumieron la urgente necesidad de proceder a acelerar la desinversión hasta que escalaron los más altos cargos del grupo.

Un repaso a las empresas más importantes en las que el BIC ostentó un paquete accionarial significativo sirve para ilustrar el estilo de la gestión del banco. Para facilitar la comprensión del «imperio» empresarial del BIC, se divide la extensa lista por sectores de actividad industrial específica. Las entidades relacionadas con el sector inmobiliario y de la construcción, por la importancia intrínseca de su actividad y por las altísimas pérdidas que generaron, son tratadas aparte.

Sector agroalimentario

«Explasa». – La empresa «Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Ausona» («Explasa») está dedicada al sacrificio y comercialización de carne de ganado. El BIC ostentaba una participación del 18 por ciento. Está radicada en una de las zonas agrícolas más importantes de Catalunya (la comarca de Vic) y, en los últimos tiempos, ha pasado por graves dificultades económicas. «Explasa» participaba, además, en las empresas «Industrias Cárnicas Cordobesas», «Frigoríficos Jaizkibel» y «Productora Tocinera de Balenyà», donde también participaba directamente el BIC. En «Explasa» se contempla claramente uno de los rasgos que caracterizaban la actuación del banco: su voluntad de controlar el sector en vertical, es decir, desde la materia prima a la comercialización. Paralelamente a sus actividades, «Explasa» inició una política de compra de fincas con la intención de convertirlas en granjas de ganado, el cual, posteriormente, abastecería el matadero industrial ubicado en Santa Eugènia.

«Cerbasa» – El BIC tenía una participación del 37 por ciento en la empresa «Cervezas de Barcelona, S.A.» («Cerbasa»), que comercializaba los productos «Moritz» y que cerró antes de la crisis del banco, tras numerosas protestas y manifestaciones de sus trabajadores, quienes vieron al grupo Catalana y a sus dirigentes como causa de sus males.

«Tauste Ganadera, S.A.» – Ésta participada por el BIC con un 20 por ciento, estaba situada en la comarca aragonesa de Cinco Villas, y su especialización era la cría de ganado para la producción de leche. Catalana operaba preferentemente en el ámbito geográfico de Catalunya; sin embargo, en casos puntuales, sus inversiones rebasaban la frontera teórica del río Ebro y se dirigían fundamentalmente —en razón de una evidente proximidad y una incierta solidaridad— hacia las zonas que habían constituido la antigua Corona de Aragón y Catalunya, con el País Valenciano y Baleares.

Además de las empresas citadas, el Banco Industrial de Catalunya tenía participaciones en «Apracosa» («Agrupación de Productores Agrícolas de la Comarca del Segrià, S.A.») con el 15 por ciento; y en «Cefrusa» («Central Hortofrutícola del Llobregat, S.A.»), ambas dedicadas al almacenamiento y comercialización de productos agrarios. En la última disponía del 20 por ciento de las acciones, en sociedad con la familia Reventós.

Sector químico

«Fibroquímica, S.A.». – Jordi Pujol compaginó su presencia en los consejos de administración de Banca Catalana y BIC con la participación física y activa en la dirección de empresas clave del grupo. Éste fue el caso de «Fibroquímica, S.A.», en la que desempeñó una consejería y tareas de gestión. La empresa, creada en 1966, tenía factorías en Cerdanyola (Barcelona) y Barbastro (Huesca). A través de «Fibroquímica», el BIC estaba presente también en «Aicar» (22,4 por ciento) y «Aiscondel». Asimismo, con el apoyo del grupo japonés «Teijin», contribuyó a la creación de la empresa «Brilén», especializada en la fabricación de fibras sintéticas para la industria textil y que sufriría un importante descalabro económico.

«Aiscondel, S.A.». – Empresa creada en el ámbito de «Fibroquímica» y con una importante factoría en el polígono industrial de Tarragona. Además del BIC, participaban en su composición accionarial la multinacional norteamericana «Monsanto» y el Banco Español de Crédito (Banesto). En 1982, «Aiscondel» protagonizó una multimillonaria suspensión de pagos. Era una de las inversiones más importantes del BIC, con una representación en el capital del 15 por ciento y una aportación de 804 millones de pesetas.

«Enpetrol, S.A.». – El grupo Catalana tenía concentrados elevados intereses económicos en el polígono petroquímico de Tarragona, cuyos problemas de contaminación y abastecimiento de aguas han creado importantes desequilibrios ecológicos en la comarca. La «Empresa Nacional del Petróleo, S.A.» («Enpetrol»), con capital mayoritario del INI, tiene en Tarragona una refinería en la que participaba (con un pequeño paquete accionarial) el BIC, junto con las multinacionales norteamericanas «Chevron Oil» (que luego intentaría extraer el uranio que encierra la comarca de Osona) y «Texaco», amén de otros pequeños accionistas.

«Inagra, S.A.». – Empresa valenciana dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos químicos aplicados a la agricultura. Siguiendo la línea de participar junto a destacadas multinacionales, el BIC compartía las acciones con el grupo italiano Sipcam.

«Etileno, S.A.». – El BIC tenía una participación del 20 por ciento en «Etilsa» («Etileno, S.A.»). Esta empresa, como en el caso de «Enpetrol», se cimentaba sobre un grave error de implantación: su gran terminal de gas en el puerto de Barcelona, que por sus dimensiones y su proximidad al casco urbano representa un peligro latente para la ciudadanía que ha sido denunciado repetidamente.

«Sinorgan, S.A.». – Se trata de un grupo empresarial que cuenta con varias filiales («Sinorgan-Corradini, S.A.», «Sinor-Kao, S.A.», «Diaprosim, S.A.», «Coprima, S.A.» y «Proalan, S.A.») y que está dedicado a la llamada química fina (sector en vanguardia, especializado en la elaboración de productos que requieren una alta tecnología). Presidente de «Sinorgan, S.A.», había sido Xavier Millet Tusell, persona estrechamente vinculada al grupo Catalana y que fue candidato a la alcaldía de Barcelona por Convergència en las primeras elecciones municipales. En su accionariado participaban asimismo conocidas empresas transnacionales de Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña.

«Ferrer Internacional». – Empresa vinculada directamente a «Laboratorios Ferrer», matriz de la que saldría el que fuera presidente de la CEOE, Carles Ferrer Salat, que había pasado también por el consejo de administración del Banco Industrial de Catalunya. Este grupo se dedica a la elaboración de productos farmacéuticos. El BIC ostentaba el 15 por ciento de las acciones.

Sector textil

«Montefibre Hispania, S.A.». – Empresa en la que el BIC también concurría, con el 17 por ciento, del brazo de una multinacional, en este caso la italiana «Montefibre». Se trata de una de las participaciones que mejores resultados proporcionó al Banco Industrial de Catalunya. Ocupa el tercer puesto en el ranking textil español y centra su producción en la factoría que tiene en Miranda de Ebro.

«Tybor, S.A.». – Grupo textil especializado en confección, lencería, bordados, tejidos industriales, etcétera. Contaba con varias empresas asociadas: «Biosca e Hijo, S.A.», «Industrias Torrens, S.A.», «Sankay, S.A.», «Heathcoat Ibérica, S.A.», «Balerina, S.A.» y «Nypoltex, S.A.». En este caso, la participación del BIC —un 10 por ciento— iba acompañada de otras aportaciones privadas, entre las que se significaba un grupo holandés, Indubán y las familias Jover y Bloch.

«Brilén, S.A.». – Empresa creada por el BIC («Fibroquímica, S.A.»), conjuntamente con el grupo japonés Teijin. Intentó penetrar en el mercado de las fibras sintéticas, pero los grandes del sector («Nurel», «SAFA», «La Seda de Barcelona…») consiguieron derrotar al «intruso». La participación japonesa se retiró de la operación, que resultó ruinosa. Posteriormente, tras la absorción del Banco Industrial del Mediterráneo, un paquete sustancioso de «Nurel, S.A.», pasaría a la órbita de Catalana. Las pérdidas acumuladas de «Brilén» se cifraron en su momento en más de 3.000 millones de pesetas.

Sector papel y artes gráficas

«Gráficas Industriales, S.A.». – Empresa en cuyos talleres se tiraron los dos periódicos controlados directamente por el grupo de Jordi Pujol en Barcelona: El Correo Catalán y Avui. En «Gráficas Industriales, S.A.», se editaron también revistas pornográficas que servían para equilibrar su siempre delicada situación financiera. En 1982, la empresa fue vendida, con el compromiso de un aval firmado por la Generalitat, al creador del grupo Z (Interviú, El Periódico, Tiempo…) y nuevo magnate de la Prensa barcelonesa, Antonio Asensio. La participación del BIC en «Gráficas Industriales, S.A.», antes de producirse el cambio de titularidad, era del 58 por ciento.

«Ondunova, S.A.». – Se trata de una empresa especializada en la producción de cartón y en la que el BIC participaba con un 12 por ciento, junto con la potente firma alemana Klingele Papierwerke AG. y la familia Socías y Oliva. Tiene su factoría en Santa Margarida i els Monjos, en la comarca del Penedès. Al final, el grupo alemán se quedó con la empresa, que es una muestra de las frágiles sociedades que acaparaba el «lobby» bancario de Pujol al hacerse cargo de aquellas que no querían otros bancos.

Sector siderometalúrgico

Considerado un sector fundamental en la estructura económica de todo país, el Banco Industrial de Catalunya dedicaría singulares esfuerzos para penetrar y potenciar las empresas especializadas en este ramo, poniendo especial acento en las radicadas en Catalunya.

«Torras Herrería, S.A.». – Antigua empresa barcelonesa, fundada en 1918, que, bajo la órbita del BIC, se trasladaría a Castellbisbal, ante la oposición de los agricultores de dicha población que vieron enajenadas sus tierras. El banco tenía una participación accionarial del 15 por ciento y había concedido importantes créditos, valorados en 4.000 millones de pesetas, para la modernización de la empresa. Esteve Renom, tras la entrada del grupo Catalana en el Fondo de Garantía de Depósitos, obtendría el cargo de vicepresidente de Torras Herrería, S.A. La empresa, una de las más importantes siderurgias no integrales, estaba vinculada a otras tres firmas del sector («La Farga Casanova», «Siderar» y «Suministros Roviralta») que también habían estado participadas por el BIC y de las que actuaba como «cabecera de grupo».

«Rivière, S.A.». – Importante grupo metalúrgico catalán especializado en trefilería de acero suave, que cuenta con la participación minoritaria de la empresa belga «N.V. Bekaert». La presencia del BIC en el accionariado del grupo «Rivière», con un 67 por ciento, le permitió penetrar en otras empresas metalúrgicas, entre las que destacan «Altos Hornos de Cataluña, S.A.»; «Arga»; «Materiales para la Construcción, S.A.; «Faresa, S.A. de Trefilería y Derivados», «Metales Perforados, S.A.» y «Trisa».

«La Farga Casanova, S.A.». – Una de las participadas que más quebraderos de cabeza ha ocasionado a los rectores del Banco Industrial de Catalunya. Esta empresa, radicada en Campdevànol, comarca de Ripoll, arranca de una de las tradicionales «fargues» (fraguas), que salpicaban las estribaciones pirenaicas catalanas y, después de la guerra civil, llegó a convertirse en la primera empresa española en la fabricación de piezas forjadas. Eslabón importante en la red de empresas siderometalúrgicas que el BIC perseguía controlar, el grupo Catalana llegó a poseer el 26 por ciento de las acciones. También estaban presentes el INI y la Caja de Ahorros de Girona. Sin embargo, para su modernización fueron precisas cuantiosas ayudas que el banco fue concediendo. La crisis del sector del automóvil, para el que «La Farga Casanova» trabajaba preferentemente en la elaboración de piezas básicas, repercutió seriamente en su marcha. Tras el «crack» de Catalana, la empresa ha recibido avales de la Generalitat por valor de 133 millones de pesetas. Está incluida en los Planes de Reconversión del sector. Cuando se suscitaron las críticas a la parcialidad con que se concedían los avales de la CARIC (organismo de la Generalitat) a empresas privadas catalanas, Jordi Pujol contraatacó diciendo que uno de los directivos de «La Farga» era de militancia socialista, aludiendo a Carles Monner, ingeniero que acompañó a Pujol en sus primeras incursiones por el mundo bancario.

«Fundiciones Miquel Ros». – Industria radicada en Sant Vicens dels Horts y que trabaja en la fabricación de piezas de fundición. Está considerada una empresa saneada y la participación del BIC (un 49 por ciento) se considera, en este caso, rentable. Se dedica especialmente al sector de automoción.

«Simia Ibérica». – Filial de la firma italiana «Sirma Spa», vinculada a la «Fiat». Poseía un capital de 200 millones, de los cuales el Banco Industrial de Catalunya ostentaba el 45 por ciento. Tiene la factoría en Castellbisbal y centra su actividad en la fabricación de refractarios industriales. Dispone de asistencia técnica de la firma norteamericana «Combustión Engineering».

«Trenzas y Cables de Acero, S.A.» («TYCSA»). – Importante empresa con especial relevancia en la actividad exportadora. Se dedica a la fabricación de cables de acero y tiene su factoría en Barberà del Vallès. El BIC poseía el 25 por ciento de las acciones, paquete que, tras su paso por el Fondo de Garantía de Depósitos, ha sido absorbido por ocho socios de la empresa. La firma «S.A. Echevarría», de Bilbao, también participaba en su accionanado.

«Compañía Siderúrgica de Gibraltar, S.A.» («SIDERAR»). – Se trata de una de las participaciones más curiosas que tenía el Banco en el sector siderometalúrgico. En compañía de empresas significadas de este ramo y de otras ya en la órbita del BIC («Torras Herrería, S.A.» y «Altos Hornos de Cataluña, S.A.»), el Banco se erigía en entidad financiera exclusiva de un proyecto de construcción de una planta de prerreducidos y una acerería con colada continua. Esteve Renom, en persona, viajó hasta Algeciras para gestionar la desvinculación del BIC de este proyecto, en unos momentos en que el grupo Catalana se estaba ya tambaleando.

«Suministros Roviralta, S.A.». – La inexistencia de una cabecera de altos hornos en territorio catalán era un «hándicap» importante en la estructuración de un sector siderúrgico autóctono potente. «Suministros Roviralta, S.A.», estaba patrocinada en un 50 por ciento por «Torras Herrería, S.A.», a su vez participada del BIC, y su especialización en la manipulación y comercialización de chatarras resultaba un sucedáneo que «cerraba» el ciclo productor proporcionando, en cierta forma, materia prima a las fundiciones. En el mismo sector trabajaba otra participada, «La Fragmentadora, S.A.», con un paquete accionarial del 10 por ciento en manos del grupo Catalana.

Sector de maquinaria, herramientas y productos industriales

«Corberó, S.A.» – El Banco Industrial había llegado a controlar, mayoritariamente, el sector de la línea blanca en Catalunya. El punto de partida fue «Corberó, S.A.», una empresa creada en 1963 y cuyo titular, Pere Corberó, acompañó a Jordi Pujol en su singladura bancaria. Fue miembro del consejo de administración del BIC, a la vez que el Banco participaba con un 20 por ciento en «Corberó, S.A.». En una de las decisiones repentinas que caracterizaron a Pujol en su etapa empresarial, decidió, en una noche, comprar la firma «Domar» (que hoy engloba las marcas «New Pool» y «Nueva Bru») que pretendía un grupo económico vasco. «Corberó, S.A.» pasó a controlar la mayoría de acciones de «Domar», mientras que el BIC se quedaba con el 25,06 por ciento. En la actualidad, estas empresas se encuentran afectadas por el Plan de Reconversión de la línea blanca y han sido foco de tensiones laborales.

«Flamagás, S.A.». – En el caso de «Flamagás, S.A.», como en el de «Corberó, S.A.», se entrecruzan los intereses comerciales y la amistad de los empresarios con los máximos rectores del Banco. La familia Puig, propietaria de una conocida firma de productos de perfumería del mismo nombre, había conseguido la representación para España de la empresa francesa «Flaminaire», que había implantado su liderazgo en la fabricación de mecheros de gas. En 1975, «Flamagás, S.A.», nombre que adquiere la empresa en estas latitudes, se hizo con la participación mayoritaria de la sociedad matriz gala y amplió su campo de acción con filiales en Alemania y Gran Bretaña. Por su parte, Antoni Puig, formaba parte del consejo de administración del BIC, a la vez que el BIC tenía un paquete del 5,99 por ciento en «Flamagás, S.A.». Tras el descalabro de Catalana, esta participación ha sido rescatada por la familia Puig. La empresa ha pasado por momentos difíciles y ahora la firma ha diversificado su producción, abriéndose campo en el sector de papelería.

«CGR España, S.A.». – Filial de la empresa francesa «Compagnie Générale de Radiologie» —perteneciente al grupo multinacional «Thompson»—, «CGR España, S.A.» se dedica al sector de la electrónica médica.

«La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.». – Se trata de una de las empresas con más solera y potencial económico de Catalunya. Fue fundada en 1855 y, en la actualidad, el INI ostenta una participación mayoritaria. El BIC, a través de sus financieras, tenía un pequeño paquete de acciones, sin relevancia en la correlación de fuerzas. También estaban presentes las multinacionales «Brown Boveri» y «Foster Wheeler» y diversas entidades financieras.

«La Maquinista», a su vez, tiene participaciones en la empresa «Equipos Nucleares, S.A.», firma del sector de bienes de equipo que ha trabajado, preferentemente, en el montaje de centrales nucleares, bajo licencia extranjera en nuestro país. Aunque escapaba a sus posibilidades financieras reales, el grupo Catalana y Jordi Pujol han apostado decididamente por el futuro nuclear de Catalunya. En este sentido, cabe señalar la participación accionarial activa del BIC en «FECSA» («Fuerzas Eléctricas de Catalunya, S.A.»), primera empresa del sector en el ámbito catalán, y, en correspondencia, la presencia de su presidente, Joan Alegre Marcet, en el consejo de administración de «salvación» de Banca Catalana que, durante el verano de 1982, encabezó Eusebi Díaz Morera. Jordi Pujol, por su parte, ha tenido la oportunidad de demostrar en repetidas ocasiones su clara opción pro-nuclear, pese a la dependencia exterior que comporta.

«Mavilor Ibérica, S.A.». – Filial de la empresa francesa «Manufacture de Vilebrequins de Lorette» («MAVILOR»), integrada, a su vez, en el grupo «Marine Wendel». El BIC tenía una participación del 20 por ciento. La firma está especializada en la fabricación de sistemas automáticos aplicados a la robótica y ha desarrollado investigaciones en el terreno del control óptico y de los rayos láser.

«Micron, S.A.». – Empresa dedicada a la fabricación de máquinas-herramientas instalada en Montgat. El BIC participa en su composición accionarial conjuntamente con otra participada, «Talleres Casals, S.A.».

«Talleres Casals, S.A.». – El control accionarial de esta empresa, radicada en Ripoll, lo compartían el BIC (con una participación minoritaria del 9 por ciento) y la multinacional «Robert Bosch». Se dedica a la fabricación de utillajes de bricolaje y aparatos de ventilación industrial.

«Pignone Española, S.A.». – Filial de la empresa italiana «Nuovo Pignone», integrada, a su vez, en el «Ente Nazionale degli Idrocarburi» («ENI»). El Banco Industrial de Catalunya tenía el 50 por ciento de las acciones quedando el resto en manos de la firma matriz. Dedicada inicialmente a la fabricación de telares y máquinas del ciclo textil, «Pignone Española, S.A.» derivaría más tarde su campo de actividades hacia la producción de aparatos de refrigeración y válvulas para la industria petroquímica. Ha suministrado piezas a la URSS en el curso de los trabajos de construcción del gran gasoducto siberiano. El BIC participaba también en otra filial, radicada en Sant Andreu de la Barca, «Pignone Sud Ibérica, S.A.».

«Mecanismos Auxiliares Industriales, S.A.» («MAISA»). – Empresa creada en Valls en 1951 y que se dedica a la fabricación de cableados para la industria de la automoción eléctrica. El BIC tenía una participación pequeña. «MAISA» tiene una notable actividad exportadora y en su composición accionarial es mayoritaria una potente empresa multinacional.

«Refrigeración y Acondicionamiento, S.A. (Refracsa)». – Especializada en fabricación de compresores y elementos frigoríficos. Actúa en España con un importante volumen de facturación bajo licencia extranjera y con el asesoramiento de importantes firmas extranjeras («Borgwamer Ltd.», «Grasso Stacon B.V.», «Quirie et Cie.» y «FINSAM»).

«Unidad Hermética». – Antoni Forrellad, hombre que introdujo a Jordi Pujol en el complejo mundo industrial, había lidiado sus primeras armas como empresario al frente de «Construcciones Eléctricas Sabadell (CES)». Esta empresa constituyó en su tiempo una avanzadilla por su organización modélica, por la aplicación de métodos y sistemas de trabajo que empezaban a utilizarse en los países más avanzados y por la apertura hacia los trabajadores que significó su gestión. El sindicato vertical encorsetaba y asfixiaba cualquier tentativa de sindicalismo democrático y de clase cuando Antoni Forrellad, en el seno de «CES», propició y protegió la representatividad y participación de los trabajadores. Asimismo, había cosechado mala fama entre sus colegas de la patronal metalúrgica de Sabadell por pagar los salarios más altos de la zona. «CES» acabaría vinculándose al grupo sueco «ASEA» que, finalmente, pasó a controlar la empresa.

En 1962, Antoni Forrellad crea «Unidad Hermética, S.A.», empresa que se dedica a la fabricación de compresores para frigoríficos y que pronto escala al primer puesto en el ranking español dentro de este subsector específico. Desde la potente empresa que dirigía, Antoni Forrellad se lanzó por entero a la creación del Banco Industrial de Catalunya, del que sería vicepresidente y una de sus almas vitales. Su empresa, «Unidad Hermética, S.A.» estaba también participada por el BIC y es precisamente el Banco, como entidad, quien, en función de las acciones que poseía, asumió como tal la vicepresidencia de la empresa. Asimismo, participan en el accionariado las empresas fabricantes de electrodomésticos «Segad» («Philips»), «Ulgor, S.A.» y la citada «Corberó, S.A.». Al producirse la crisis de Banca Catalana, «Unidad Hermética» recuperó su paquete accionarial poco antes de que ésta estallara.

«Compañía Roca Radiadores, S.A.». – Conocida empresa de Gavà que se dedica, fundamentalmente, a la fabricación de material sanitario y de calefacciones. Con su entrada en la sociedad, mediante un paquete del 6 por ciento, el BIC realizó una de sus últimas operaciones importantes en el capítulo de las participaciones industriales. Se trata de una de las empresas vinculadas al grupo con un volumen mayor de facturación, alrededor de 20.000 millones de pesetas en los últimos ejercicios.

Sector electrónico e informático

«Enclavamientos y Señales, S.A. (EYSSA)». – Será otra de las empresas que ocasionen más de un rasguño a la imagen pública de Jordi Pujol. Especializada en la fabricación de semáforos, su buena estrella se desvaneció cuando la cartera de pedidos empezó a caer en picado debido, en buena parte, a la lógica saturación del mercado potencial. Los trabajadores, al desatarse la crisis, efectuaron importantes movilizaciones callejeras y la imagen de Pujol aparecía en las octavillas como uno de los culpables de esta situación. Posteriormente, entraría en la composición accionarial la «Corporación Industrial Catalana» que lidera el conocido empresario Pere Durán Farell, pero la empresa ya no remontaría el vuelo.

«Piher, S.A.». – Importante grupo empresarial formado por 16 sociedades que se dedica a la fabricación y comercialización de material electrónico (semiconductores, transistores, balanzas de precisión. alta fidelidad…). Posee varías filiales en países europeos y sudamericanos. Por su volumen de facturación es la empresa del sector electrónico más importante en la que participaba el BIC. Uno de sus representantes, Juan Luis Heredero Martí, formaba parte del consejo de administración del Banco. En los últimos años, el grupo «Piher» ha pasado por delicadas vicisitudes financieras y laborales. La «CARIC» le concedió un aval por 100 millones de pesetas el 30 de julio de 1982, en plena crisis del grupo Catalana.

«Telesincro, S.A.». – Empresa radicada en Barcelona y dedicada a la fabricación de miniordenadores de gestión. El BIC formó parte de su accionariado, en compañía de «Piher, S.A.». Posteriormente, adquiriría la mayoría la empresa «Secoinsa» (encuadrada en el Instituto Nacional de Industria). «Telesincro» conoció en 1982 graves problemas económicos que la colocaron al borde de la quiebra. Tras una operación acordeón y la ayuda concertada desde el grupo Catalana se logró su continuidad.

«Servicio de Estadísticas y Contabilidad, S.A.» (Seresco). – Empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos, de la que el grupo Catalana llegó a tener el 70 por ciento de control accionarial. Está especializada en técnicas de programación, análisis, procesos de datos, teleproceso, etcétera, y cuenta con numerosas delegaciones en todo el territorio español. Seresco participa, asimismo, en la sociedad «Estudios y Realizaciones en Informática Aplicada, S.A. (ERIA)», empresa promovida por el INI y en la que también participó el BIC.

Sector comercio y servicios

«Arbis, S.A.». – Empresa comercializadora de maquinaria textil, con representación exclusiva de diversas firmas extranjeras. En su accionariado participaba, además del BIC, la «Compañía Catalana de Comercio Exterior», también en la órbita del Banco.

«Compañía Catalana de Comercio Exterior, S.A.». – Empresa dedicada a actividades de export-import, con servicios en varias capitales europeas, y también en África Occidental y del Norte, América Latina y golfo Pérsico. El Banco Industrial de Catalunya —con un 50 por ciento— y Banca Catalana controlaban esta sociedad.

«Compañía General de Comercio, S.A.». – Agencia de aduanas fundada en Barcelona en 1917 y que estaba también bajo el control mayorítarío del grupo Catalana. Tras el «crack» que afectó al grupo bancario, fue reprivatizada y pasó a manos de íntimos colaboradores de Jordi Pujol, que no querían desaprovechar los beneficios que generaba esta empresa.

«Compañía Naviera Marasia, S.A.». – También en este caso, Banca Catalana y el BIC compartían el control mayoritario de esta empresa naviera que, como es lógico, no podía faltar en los esquemas empresariales de Pujol referidos a los sectores básicos de la economía que debían permanecer bajo la sombra del grupo Catalana.

La naviera «Marasia» dispone de cuatro barcos de su propiedad y se había especializado en el transporte de fletes entre Barcelona y puertos del hemisferio austral.

«Iberasia, S.A.». – Sociedad de servicios dedicada al comercio exterior, fundamentalmente, con países como China y Argentina.

«Emte, S.A.». – Grupo de empresas dedicado al montaje de instalaciones eléctricas, con filiales en las capitales catalanas, Zaragoza y las Baleares. La participación del BIC en su capital era del 40 por ciento. Tras la quema sufrida por el grupo Catalana, «Emte, S.A.» está ahora bajo el control de la familia Sumarroca, íntimos amigos de la familia Pujol y uno de cuyos vástagos, Carles Sumarroca, era presidente de la editora de El Correo Catalán. La familia Pujol ha veraneado en alguna ocasión en la masía que los Sumarroca poseen en la Conca de Tremp. Más recientemente, «Emte, S.A.» ha sido la que ha hecho para la Generalitat convergente los nuevos paneles de señalización en catalán.

«Promociones Eléctricas, S.A. (PROELECSA)». – Empresa participada por el BIC en un 40 por ciento y que dedica su actividad al montaje de instalaciones eléctricas, instalaciones de energía solar, aire acondicionado, etcétera. «Proelecsa, S.A.» tiene, asimismo, las empresas «Hei-Calvera, S.A.», «Unitron, S.A.» y «Electrosuministros».

«Centro Hispano de Aseguradores y Reaseguradores, 1879, S.A. (CHASYR, 1879)». – Tradicional empresa catalana de seguros fundada por la familia Millet, cuya saga aparece con frecuencia intercalada en la vida del grupo Catalana y en el «entourage» pujolista. El propio Jordi Pujol se había sentado en su Consejo de Administración, en calidad de vocal, al igual que el que fuera presidente de Banca Catalana, Raimon Carrasco Azemar. Este último ha reanudado sus actividades empresariales en esta compañía, tras haber pactado un generoso despido con los rectores del Fondo de Garantía de Depósitos que se hicieron cargo del Banco.

El 20 por ciento que poseía el grupo Catalana ha sido adquirido al Fondo de Garantía de Depósitos por la propia empresa, a un precio sorprendentemente ventajoso. Junto al BIC formaba parte del accionariado de «CHASYR» el grupo británico de seguros «Eagle Star». Por su parte, la empresa de seguros participaba en «Gesfirme», sociedad gestora del fondo de inversión mobiliaria «Fondiberia», controlado a su vez por el grupo Catalana, dentro del que actuaba.

Uno de los componentes del consejo de administración de «CHASYR» y descendiente de la familia fundadora, Fèlix Maria Millet Tusell, se vio involucrado en uno de los múltiples escándalos financieros que han salpicado, en los últimos tiempos, la sociedad barcelonesa: «Renta Catalana, S.A.». Esta empresa se había especializado en la captación de ahorros particulares prometiendo una suculenta rentabilidad.

«Renta Catalana» acabó como el rosario de la aurora y los pequeños inversores que habían depositado en ella su confianza y sus ahorros se vieron estrepitosamente defraudados. El caso se encuentra actualmente en los juzgados y se da la circunstancia que dos de las personas inicialmente incluidas en el sumario son los diputados de CiU, Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins.

En los trámites judiciales que se seguían durante la redacción de este libro, se estaban efectuando unas investigaciones en las que se vinculaba «Renta Catalana» y Banca Catalana. La investigación se centraba en las sociedades «Laira, S.A.» y «Cohabitat, S.A.». «Laira» fue fundada, entre otros, por nombres conocidos de Banca Catalana —Esteve Renom, Francesc Constans y Joan Planas Cerdà—, con un capital social de 30.000 pesetas, para terciar en el sector inmobiliario. Un grupo de inversores denunció a «Laira» por considerar que se incurría en alzamiento de bienes en favor de Banca Catalana a través de dicha entidad, que servía para tramitar los pagos de los préstamos concedidos por el Banco a «Renta Catalana».

«Holding Europrix-Catalsa, S.A. (HECSA)». – Se trata del grupo empresarial que el BIC potenció para tener un papel relevante en el sector del comercio al detall. El proyecto pretendía crear y controlar una cadena comercial que incluía, también, los grandes almacenes. El punto de partida fue la cadena «Gicos, S.A.», que contaba con establecimientos en Catalunya Andalucía y que pasó a denominarse «Europrix» con la entrada en su accionariado, en 1971, del BIC y de los grandes almacenes «Jorba»-Manresa («Jorba»-Barcelona pasaría, por su parte, a la órbita de «Galerías Preciados» y acabó igualmente, en el fondo de Garantía de Depósitos, tras integrarse fugazmente en «RUMASA»). A «Europrix», con 17 centros comerciales, se añadiría, bajo la gestión del BIC, la empresa «Cadena Catalana de Alimentación, S.A. (CATALSA)», conformando el holding «HECSA». La empresa «C+C» (gran almacén mayorista) y la cadena de comercios «Dispreu» también formaron parte de este grupo empresarial bajo el patrocinio del industrial vinícola Pedro Rovira. «HECSA» ha sido otra de las participaciones ruinosas del grupo Catalana, que ostentaba su control accionarial absoluto. Su situación económica era tan desastrosa que, al intervenir el Fondo de Garantía, este organismo decidió presentar ante el Juzgado la quiebra voluntaria del «holding».

«Ingeniería y Gestión, S.A. (INGEST)». – «INGEST» es la empresa de ingeniería y proyectos más importante que controló el BIC. Entre otras múltiples obras, fue la responsable, en su área de actuación, de la realización de la nueva sede del Banco Industrial de Catalunya —luego del grupo— en la avenida Diagonal. También en el sector de la ingeniería, el BIC poseía una participación del 45 por ciento en la empresa «Snamprogetti, S.A.» y controlaba totalmente la firma «Urbinca». «Urbinca, S.A.» trabajaba, precisamente, desde el ámbito de los proyectos urbanísticos y técnicos, para el propio grupo de empresas participadas.

La participada de participadas

El grupo Catalana ostentaba, aparte de las empresas que hemos ido relacionando, otras participaciones en firmas comerciales, diversas, si bien de mucha menor importancia. A modo de curiosidad, señalemos su 20 por ciento en la empresa «Zoos Ibéricos, S.A.» que explota el parque zoológico de Madrid. O las participaciones en los «Astilleros Xufré» (20,8 por ciento) y en «Estacionamientos Madrid, S.A.» (ESMASA), dedicada a la construcción de aparcamientos subterráneos en Valencia.

Para controlar, coordinar e impulsar este enjambre de participaciones industriales, el Banco Industrial de Catalunya creó su propia empresa: «Fomento Industrial de Catalunya», participada, por supuesto, al 100 por ciento por el Banco.

Esta empresa fue constituida en marzo de 1976 con un capital inicial de 30.000 pesetas, suscrito, a partes iguales, por tres destacados ejecutivos del BIC: Esteve Renom, Francesc Constans y Josep Boronat, el hombre del paquete inmobiliario. Su domicilio social estaba en el número 98 de la Rambla de Catalunya, en el inmueble que, posteriormente, ocuparía el Fondo de Garantía de Depósitos y desde donde se decidiría el desguace del imperio empresarial que allí mismo se había intentado coordinar. Cabe señalar que el Fondo, radicado originalmente en Madrid, decidió abrir una sede en Barcelona al producirse, precisamente, el «crack» del grupo Catalana.

«Fomento Industrial de Catalunya» aumentaría, un año después, su capital, hasta alcanzar los 100 millones de pesetas, suscritos totalmente por el BIC. Posteriormente, todavía ampliaría su capital en 50 millones más. Por esta empresa pasarían también otros nombres de peso en la estructura directiva del Banco.

La rentabilidad de la extensa gama de participaciones que el BIC había diseminado en las empresas descritas, fue irregular. Por norma general, puede decirse que los paquetes accionariales de pequeño tamaño y los que se encontraban en compañía de empresas multinacionales no ocasionaron quebrantos relevantes al Banco. Es sintomático que, entre las participaciones más rentables, figuren las de «Montefibre Hispania, S.A.», «Sirma Ibérica, S.A.», «Mavilor Ibérica, S.A.» y «Roca Radiadores». Dos excepciones vendrían en este caso a confirmar la regla antes apuntada: «Aiscondel», que presentó suspensión de pagos tras la retirada de la multinacional «Monsanto», y «Brilén», donde ni la legendaria eficacia nipona ni los yens invertidos a espuertas consiguieron levantar la empresa.

En sentido opuesto, los mayores déficits vendrían a través de las empresas participadas con fuertes porcentajes y, muy en especial, de aquéllas en que el Banco Industrial de Catalunya se erigía en el accionista mayoritario. Los casos ya comentados de «HECSA» o «Gráficas Industriales» son significativos.

A modo de síntesis, podría decirse que el BIC demostró capacidad para ser un banco que sacaba beneficios de empresas modernas y ya consolidadas, pero que se estrelló cuando intentó ejercer la función de «pal de paller» que le había asignado Jordi Pujol. En su descargo, es necesario señalar que el período en que desarrolló su mayor penetración empresarial (entre los años 1971 y 1977) la crisis económica golpeó duramente sectores «sensibles» en los que, a la llamada de unos planteamientos políticos quizá justificables, pero económicamente erróneos, el Banco se dejó, como se dice vulgarmente, las pestañas. El crecimiento espectacular experimentado por la entidad en su corta historia de vida quizá deslumbró a sus propios rectores e influyó en la estrategia inversora desarrollada.

Otro factor a tener en cuenta sería el empeño modernizador que el BIC llevó a las empresas en la que participó. Las nuevas factorías que han levantado, por ejemplo, «Torras Herrería, S.A.», «La Farga Casanova», o «Corberó, S.A.», han sido costeadas en una parte significativa gracias a las ayudas crediticias del Banco. Por su cuenta y riesgo, y con una antelación digna de ser mencionada, se propició una suerte de reconversión industrial a la catalana, pero partiendo de una fuente de financiación privada y totalmente insuficiente para soportar el peso enorme que conlleva un proceso de estas características.

Consecuencia de lo apuntado anteriormente serían las quejas generalizadas entre los empresarios catalanes ante lo «caro» que resultaba el dinero del BIC. Para costear las grandes inversiones en marcha —cuya rentabilidad quedaba en segundo término, en detrimento de una apuesta política global— el banco precisaba exprimir al máximo los créditos no comprometidos. Es por ello que empresarios que luego se demostrarían ideológicamente muy próximos a Jordi Pujol, renunciaran a trabajar con el Banco Industrial de Catalunya y prefirieran hacerlo con las entidades bancarias tradicionales. Hermanos, pero no primos, se dice a veces.

En un costoso libro a todo color editado en 1976, el Banco Industrial de Catalunya —que se encontraba en su pleno apogeo— hacía repaso a sus participaciones empresariales. En él se contabilizan hasta 164 sociedades en las que el banco tendía sus tentáculos.

Con este motivo, el presidente de la entidad, Andrés Ribera Rovira, señalaba: «Fiel a la línea trazada en sus objetivos fundacionales, de convertirse en un eficaz instrumento financiero al servicio de la economía catalana y española, el Banco Industrial de Cataluña ha llevado a cabo una activa política de financiación de la empresa, especialmente a medio y largo plazo, acorde con su vocación de Banco industrial. Al propio tiempo y en el terreno específico de la promoción industrial, ha sido un objetivo permanente de nuestra institución el impulsar y potenciar la expansión de determinados sectores a través de la participación en aquellas empresas que podían fomentar un mayor desarrollo sectorial. Fruto de la tarea realizada es el grupo industrial que presentamos en esta publicación, integrado por un conjunto de sociedades de elevado dinamismo y amplia diversificación, capaces de afrontar con plena confianza el reto que han de plantear los años venideros».

No caería esta breva. En menos de seis años, el otrora arrogante imperio industrial se desplomó como un castillo de naipes al viento. Lo cierto es que, desde 1979 —cuando los primeros síntomas de alarma empiezan a asomar en el horizonte del grupo bancario—, lejos de proseguir la política de participaciones industriales, los directivos empezaron a deshacerse de paquetes accionariales. Al Fondo de Garantía de Depósitos no llegaron, ni de lejos, todas las participaciones que fue comprando el BIC a lo largo de su corta pero intensa trayectoria. Muchas se quedaron en el camino y fueron vendidas antes del «crack». Otras, menos, fueron rescatadas del Fondo por compradores interesados en ellas. Esta realidad, cierta, ha sido utilizada a menudo, en los últimos tiempos, por los antiguos gestores del banco para significar que los activos fagocitados por el BIC no eran «del todo malos» (es decir, eran productivos), en contraposición con las conclusiones que se han difundido a partir de la entrada del Fondo en el grupo bancario. No es menos cierto, sin embargo, que el Fondo ha debido hacerse cargo de pesadas y cuantiosas rémoras que resultan empresarialmente inviables.

Construir a destiempo

En un sector como el de la construcción, en el que todo el mundo hizo su agosto durante las dos últimas décadas, el grupo Catalana y, específicamente, el Banco Industrial de Catalunya, tuvo la rara habilidad de acumular, globalmente, graves pérdidas. Cabe señalar, de entrada, que Banca Catalana, como se ha dicho anteriormente, se consideraba un banco «distinto». Sin embargo, intentó la construcción —sin demasiada fortuna— de grandes inmuebles de pisos, negocio fácil en el que otros Bancos ganaron dinero abundante. Tampoco brilló Catalana por su éxito en el otrora floreciente negocio de construcción de urbanizaciones para segundas residencias. En un sector más bien dinámico como el inmobiliario, el BIC parecía llegar siempre tarde y dispuesto a pagar los platos rotos de sus predecesores.

En la actividad constructora del Banco cabe destacar cuatro áreas a las que se prestó especial atención y mucho dinero: polígonos industriales, autopistas y grandes obras de infraestructura, promociones inmobiliarias y conjuntos deportivo-residenciales.

Para dar una idea de la situación de las participadas inmobiliarias del BIC, se puede señalar que la auditoría de «Price Waterhouse» detectó en ellas un defecto de provisión de riesgos por valor de 9.250 millones de pesetas, lo que representaba aproximadamente el 25 por ciento del defecto total de provisiones.

El despegue industrial de Catalunya se efectuó, históricamente, en una zona concreta del territorio: Barcelona y su «hinterland». Ello dio como resultado, además de inacabables debates y montañas de estudios, un país desequilibrado en el que la riqueza ha basculado hacia el mar, en detrimento de las comarcas del interior. La necesidad de reequilibrar el territorio ha sido puesta de manifiesto en innumerables ocasiones por geógrafos y economistas. Jordi Pujol y el equipo directivo de Catalana compartían también esta idea y, antes de que el hoy presidente de la Generalitat se lanzara al ruedo de la política activa, abogaba ya por una Catalunya «vertebrada». Por ende, los servicios de estudios que trabajaban para el Banco —formados, en su mayor parte, por profesionales de talante progresista— propiciaban también esta visión descentralizadora del país.

Esta digresión previa resulta necesaria para comprender la política de construcción de polígonos industriales llevada a cabo por el BIC. Se trataba de acondicionar espacios en zonas con un potencial industrial desaprovechado hasta entonces y no descartable en el futuro, y facilitar la instalación de nuevas factorías que dinamizaran su economía. Al igual que en el caso de las participaciones industriales, también aquí el grupo Catalana tomó la iniciativa en un terreno, la promoción de polígonos industriales, que tradicionalmente, por el grado de decisión política que entraña, se ha reservado la administración pública en los países desarrollados. Al igual que con la industria, la experiencia resultó semifallida.

Para poner en marcha la construcción de los polígonos, el BIC tenía su propia empresa participada, «Prominca». El servicio de estudios había realizado un pormenorizado análisis de las comarcas catalanas, detallando sus posibilidades de desarrollo y las localizaciones industriales más atractivas. Lo cierto es que el trabajo de prospección realizado por estos profesionales no llegó a traspasar las barreras del papel en que fue impreso.

«Prominca» desarrolló tres polígonos industriales en Catalunya: el polígono Casa Nova, en Santa Margarida i els Monjos (Penedès), de 62 hectáreas; el polígono industrial y residencial de Valls (Alt Camp), de 220 hectáreas; y el polígono Baix Ebre 2, en Tortosa, el más ambicioso de los tres, con una extensión superior a las 500 hectáreas. Sólo el primero se consolidó y llegó a tener un notable nivel de ocupación. Los polígonos de Valls y Tortosa, por contra, quedaron prácticamente yermos y aportaron al BIC onerosas cargas financieras. Cabe señalar que estas ofertas de suelo industrial llegaron muy tarde, cuando la recesión económica ya había empezado a hacer estragos y resultaba una auténtica novedad que una empresa decidiera abrir una nueva factoría.

Más allá del Ebro, Prominca desarrolló otras tres promociones: el polígono industrial de Picassent (Valencia), el polígono de Marratxí, en Mallorca, y el polígono Casa Blanca, en Córdoba. Los errores señalados en Catalunya se repitieron en estos tres casos (coincidencia con la crisis) y la apertura de estas zonas industriales repercutiría negativamente en las finanzas del Banco Industrial de Cataluña.

Otra empresa participada del Banco que se dedicaría a la promoción de polígonos es «Promotora del Vallès, S.A.» (PROVASA). Esta sociedad, en la que también participaba la Caja de Ahorros de Sabadell, ha abierto un importante espacio industrial en la comarca del Vallès: el polígono Santiga. Este polígono, modélico en su género, ocupa una extensión de 300 hectáreas y ha sido motivo, en los últimos tiempos, de una dura polémica entre la Generalitat y la Corporación Metropolitana de Barcelona. Sus promotores, con el apoyo del ente autonómico, pretendían que la gran terminal TIR que precisa Barcelona se construyera en estos terrenos, que han quedado huérfanos de expectativas de ocupación. Por contra, los técnicos de la Corporación proponen un emplazamiento alternativo.

En la zona de influencia de Girona, el BIC también participó económicamente en la promoción del polígono industrial de Celrà, que ocupa una extensión de 274 hectáreas. Su presencia es, con todo, minoritaria.

En el caso de las autopistas la necesidad de vías rápidas que rompieran el cerco que se cernía sobre Barcelona —pésimamente comunicada a través de la red nacional de carreteras— movilizó a la clase empresarial de los años 60. El Banco Industrial de Catalunya y Banca Catalana participaban accionarialmente en la empresa «Autopistas Concesionaria Española, S.A.» (ACESA), sociedad que construyó los primeros kilómetros de autopista privada en el Estado español. ACESA explota actualmente los tramos Barcelona-Mataró y Tarragona-Barcelona-La Jonquera. Empresas gemelas de la anterior son «Autopistas de Cataluña y Aragón Concesionaria Española, S.A.» (ACAESA), que comunica Zaragoza con el Mediterráneo y «Autopista de Enlace Concesionaria Española, S.A.» (AECESA), que explota el tramo que une dos autopistas en una suerte de tercer cinturón de ronda de la Ciudad Condal. Jordi Pujol se había sentado en el Consejo de Administración de ACESA, en reconocimiento al esfuerzo financiero efectuado por el grupo bancario que él encabezaba.

En la construcción de las autopistas catalanas tuvo también un papel preponderante «Bankunión, S.A.» y su participación en esta gran inversión económica —con unos costes financieros muy altos— contribuiría no poco a su entrada en el Fondo de Garantía de Depósitos, en el mes de marzo de 1982. Posteriormente pasó a la órbita del Banco Hispanoamericano. Otras entidades que participaron en el grupo ACESA-ACAESA-AECESA eran el Banco Atlántico, Bankinter, la Liga Financiera (sociedad relacionada con el grupo Rockefeller de la que era vocal Raimon Carrasco), «Eurofinsa», la multinacional —vinculada tradicionalmente al Vaticano— «Condotte dell’Aqua», SATO (conexionada también con el grupo Rockefeller), «Caminos y Puertos», «Compañía General de Asfaltos y Portland», y la cementera «Asland». Acudieron también a la llamada de rebato tres Cajas de ahorro catalanas que han acabado, finalmente, por hacerse con el control del grupo, ante las graves dificultades económicas que el presumible «negocio» de las autopistas ha generado con el paso del tiempo. La clave de lo que se ha dado en llamar el «crack» de las autopistas estriba en el elevado endeudamiento exterior al que tuvo que recurrirse para su financiación y la gran depreciación de la peseta en los últimos diez años.

Las autopistas costaron muy caro a Banca Catalana. Más que el peaje que los automovilistas se ven obligados a tributar. Pero al menos pudieron ser inauguradas. No puede decirse lo mismo de la gran obra pública en la que la participación del grupo BIC fue aún mayor: TABASA.

«Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A.» (TABASA) fue, tras un polémico concurso, la empresa que se quedó con la concesión oficial para la construcción de los tres túneles que debían «romper» la muralla de Collserola y facilitar el acceso directo de Barcelona al Vallès. La empresa «Infraestructuras, S.A.», con un 58 por ciento, ostentaba la mayoría accionarial en la concesionaria y en su seno, el binomio Banco Industrial de Catalunya-Banca Catalana tenía, a su vez, el paquete más importante. En TABASA participaban, además, Bankunión, Banco Atlántico, Banco de Barcelona, Banco Comercial de Catalunya, Banco de Sabadell, Banca Mas-Sardà y la Banca Jover. Es decir, todos los Bancos existentes en la década de los sesenta en Catalunya, con la única excepción del Banco Condal —en aquella época vinculado al equipo que, con el alcalde José María de Porcioles a la cabeza, regía los destinos de la ciudad desde el Ayuntamiento— se unirían en esta histórica ocasión para perforar el Tibidabo. No se haría la luz. De todos ellos, hoy en día sólo saldría bien librado de la obra el Banco de Sabadell.

Las obras, iniciadas bajo el jugoso eslogan de «La fe mueve montañas», contaron con la concesión de dos avales por un valor de 3.000 millones de pesetas otorgados por la administración pública. Sin embargo, las denuncias de posibles maniobras especulativas en torno a los terrenos que se revalorizaban con la apertura de estas nuevas vías de comunicación; los problemas derivados de las vibraciones que producían los trabajos subterráneos; la oposición vecinal, harta de obras colosales que contribuían únicamente a degradar y deshumanizar la vida en la ciudad; los problemas geológicos que ralentizaron el ritmo de las obras, y la crítica situación de las arcas municipales, llevaron a la paralización de los trabajos en el año 1976.

Se da la circunstancia que, mientras las obras estuvieron paralizadas, TABASA obtenía beneficios merced a la rentabilidad que proporcionaban los avales que había recibido. Esta situación ha sido zanjada por el Ayuntamiento que preside Pasqual Maragall.

Promociones inmobiliarias

El grupo Catalana tuvo, en el campo de la promoción inmobiliaria, uno de los fiascos más serios y que más han dañado su imagen: el polígono Montigalà-Batllòria. Su vinculación a este caso, que ha ocupado páginas y páginas de los diarios, no fue directa, sino que vino a través de la rocambolesca adquisición del Banco de Alicante, uno de los Bancos «sumergidos» del grupo.

El polígono Montigalà-Batllòria ocupa una extensión de 195,5 hectáreas y está situado a caballo entre los municipios de Badalona y Santa Coloma de Gramanet, en una de las zonas más congestionadas del área metropolitana barcelonesa. Según el Plan Comarcal de 1953 se trataba de terrenos para uso agrícola y forestal. Sin embargo, en la cresta de la ola especulativa, los propietarios se unieron en 1966 para sembrar de asfalto y pisos estos campos y, lo que resulta más increíble, el Ministerio de la Vivienda, en contra de lo que señalaban los urbanistas, dio luz verde al proyecto. Se trataba de construir 13.000 pisos y alojar en ellos a 50.000 personas. Como quien dice, edificar de la nada una ciudad.

La empresa «Compañía Alicantina de Promociones Inmobiliarias, S.A.» (CALPISA) se interesó en el proyecto y asumió su promoción. Sin embargo, la venta subrepticia del Banco de Alicante a Banca Catalana pasó los papeles a la órbita del imperio Pujol. Tras atravesar el tamiz «chic» de los técnicos de Banca Catalana, Montigalà-Batllòria ya no sería una aberración urbanística del estilo tan conocido en el extrarradio de Barcelona. Se anunció la buena nueva: se construiría una ciudad modélica y se buscó la referencia nada menos que en Finlandia. Catalana pretendía trasladar a Badalona la ciudad de Tapiola, espejo de urbanistas «progres».

Para desarrollar el proyecto, que desbordaba la capacidad financiera del Banco Industrial de Catalunya, se urdiría un pacto totalmente antinatura con el grupo Banco de Madrid-Banco Catalán de Desarrollo. Este grupo bancario, a pesar de su nombre, había sido promocionado desde Barcelona y aglutinaba a empresarios y prohombres que se habían significado como franquistas de pro. Es decir, la antítesis de lo que representaba Banca Catalana. El cóctel, ya explosivo de «per se», contaba, además, con la presencia de la Caixa de Pensiones (8 por ciento).

Cómo La Caixa llegó a entrar en esta quimera urbanística es un episodio curioso que merece ser explicado. Su protagonista era otro «popular» personaje: el empresario de prensa Sebastián Auger, hoy huido a México. Las dificultades críticas por las que atravesaba el grupo Mundo llevaron a su suegro, propietario de terrenos en Montigalà, a vender su parte de este envenenado pastel. La amistad mutua con altos directivos de la Caja haría el resto. Alguien ha llamado el resultado de esta compraventa como «el polvo más caro de la historia».

Las obras empezarían, finalmente, en 1974 pero no pasarían de la fase de urbanización. La propia temeridad del proyecto y la férrea oposición de los vecinos acabarían con la Tapiola catalana. Quedaban, sin embargo, las cargas financieras que generaban los centenares de millones enterrados en la operación. Se calcula que cada día, y sin que nadie moviera un dedo, los socios de Montigalà-Batllòria perdían un millón y medio sólo en este concepto.

En 1982, y a iniciativa del conseller Josep Maria Cullell, ex colaborador de Banca Catalana, se fraguó un pacto a tres bandas entre la Generalitat, la Corporación Metropolitana y el ayuntamiento de Badalona que desbloqueaba esta insólita situación. En virtud de este acuerdo, los promotores del polígono recibirían 1.000 millones de pesetas de la administración pública y, a su vez, renunciaban a la construcción de los 13.000 pisos proyectados, «conformándose» con 3.420 nuevas viviendas.

La aventura inmobiliaria del Banco Industrial de Catalunya ha conocido otro trago amargo en el caso de la urbanización Nueva Alcalá de la inmobiliaria «Segunda Alvega, S.A.». La revista El Socialista destapó, en su día, que esta empresa, vinculada a la sociedad CIDESA, participada del BIC, era responsable de una presunta estafa por valor de 700 millones cometida en 2.448 viviendas de Alcalá de Henares y daba cuenta de las denuncias presentadas por los propietarios de las viviendas. Francesc Cabana, a raíz de este artículo, se desplazó urgentemente a Madrid para intentar detener la información sobre este tema. Y es que en aquellos momentos, agosto de 1980, el horno ya no estaba para bollos en Catalana.

La empresa CIDESA («Construcción Industrial de Edificios, S.A.») era una participación industrial del BIC pero que también ha intervenido activamente en el sector inmobiliario. Esta sociedad es una de las responsables del desaguisado urbanístico quizá más descomunal que se ha consumado en los últimos años en Catalunya: el barrio de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, modelo de lo que nunca debería haberse hecho ni tolerado.

El Banco Mercantil de Manresa, entidad que acabaría integrándose en el grupo Catalana, aportaría como dote otro guiñapo urbanístico, el barrio de Can Vilardell, en Terrassa. En la misma ciudad, otro polígono, el de Can Niquet, también resultó un completo fiasco. Los buenos oficios de Miquel Roca Junyent ante los gobiernos de UCD lograron que la administración pública se hiciera cargo de los graves problemas que arrastraban estas «viviendas sociales».

También Miquel Roca Junyent, esta vez en compañía del actual ministro de Defensa, Narcís Serra —con el que compartía un próspero bufete profesional— estuvo vinculado a otro controvertido proyecto urbanístico que, al final, no llegó a consumarse pero que contaba ya con el apoyo financiero del Banco Industrial de Catalunya. Se trata del Plan de la Ribera que, en la onda de la euforia especulativa que invadía la Barcelona de los años sesenta, pretendía arrasar y «reordenar» los barrios marítimos de la ciudad.

El controvertido arquitecto y urbanista Ricard Bofill ha colaborado en diversas ocasiones con el grupo Catalana, en un intento mutuo de promocionar inmuebles sociales «de calidad». Ceex-3 es el nombre que se dio a la empresa, participada del BIC, que impulsó el celebérrimo Walden-7, edificio de atrevido diseño levantado en Sant Just Desvern. Tampoco aquí hubo suerte. En las viviendas construidas han surgido un sinfín de problemas, algunos de ellos estructurales, que han motivado un largo pleito legal entre el arquitecto, la empresa constructora, los vecinos, el Banco, y al final el Fondo de Garantía de Depósitos. En una prudente decisión, se optó por congelar la segunda y tercera fase de los Walden.

Ricard Bofill, que luego actuaría como asesor en temas urbanísticos del candidato a la alcaldía de Barcelona por CDC en 1983, Ramon Trias Fargas, es también el autor del barrio Gaudí, en Reus. El BIC participaba en la sociedad promotora y los problemas con los vecinos tampoco han faltado en este caso.

Quizá la gestión más brillante en el terreno inmobiliario la realizó el BIC con la compraventa de terrenos. Josep Boronat, su responsable, se reveló como un maestro en esta cuestión. A él se debe, por ejemplo, la venta de los terrenos que hoy ocupa «El Corte Inglés» en la Avenida Diagonal. Los compró a 10.000 pesetas el metro cuadrado y, al cabo de poco tiempo, los recolocaba a 25.000. También con la compraventa de los terrenos que ocupa «El Corte Inglés» en Zaragoza, el BIC cerraría una ventajosa operación. O, ya en Barcelona, con la transacción del solar que ocupa La Caixa en la esquina París-Urgell sin ir más lejos. El nuevo edificio que construyó el BIC para su sede central en la Diagonal se levantó, asimismo, merced a una brillante gestión de reparcelación.

Complejos turísticos y deportivos

Mallorca había estado en el punto de mira de varias inversiones del Banco Industrial. Sólo así podrían justificarse, por ejemplo, los alardes de ostentación, en ocasiones, de algunos ejecutivos del Banco que, a golpe de avión, hacían fugaces escapadas con el fin de comer en Palma y regresar por la tarde a la oficina. En el municipio de Calvià, el BIC había iniciado una parcelación con fines urbanísticos —Ben Dinat— que, posteriormente, sería vendida a un jeque árabe. Sin embargo, Catalana tuvo que movilizar de nuevo a sus espadas políticas en Madrid para lograr que, en este caso, se otorgara la autorización necesaria para solventar las restricciones que pesan —por razones de seguridad militar— sobre los extranjeros que quieren adquirir propiedades en territorios insulares. La operación se cerró sin mayores contratiempos.

Cambiando de clima y latitud, el grupo Catalana poseía sólidos intereses en dos estaciones invernales: Llesuí y Nova Molina, ambas enclavadas en el Pirineo catalán. Sabido es que la promoción del deporte del esquí halla su mayor rentabilidad en los complejos inmobiliarios anejos a las pistas y el BIC jugó esta baza, aunque de nuevo sin suerte. En el caso de Llesuí, en el Pallars, la ubicación de las pistas no ha resultado ser la más idónea, de forma que no es extraño, en plena temporada, encontrarse sin nieve y con los esquís en tierra.

La Nova Molina es una participación «envenenada» que aportó el Banco de Gerona al integrarse en el grupo Catalana. La fuerte inversión inmovilizada ha colocado a la empresa en una difícil situación financiera. La Generalitat la ha rescatado recientemente pagando por sus acciones 400 millones de pesetas.

El laberinto de las instrumentales

Al hablar de los ingresos de la Caja B de Banca Catalana, la querella impulsada por el Fiscal General del Estado señala como fuente de los mismos los créditos concedidos a personas o entidades vinculadas al Banco que simulaban recibirlos pero los ingresaban directamente en dicha caja. Amén de la lista de personas que intervinieron, según la querella, en la firma de los créditos irregulares, a partir de la ley 50/77 de 14 de noviembre, los créditos empezaron a entregarse a sociedades instrumentales ya existentes o creadas expresamente para tal efecto. Las principales eran: «Acti», «Anciper», «Babinex», «Balgarmo», «Catalonia Banc», «Catalonia Holding», «Compañía General de Inversiones y Negocios» («Cogeinsa», la sociedad de cartera quebrada que recogió Banca Catalana del Banco de Gerona), «Cospi», «Estinca», «Espi» «Explotaciones Turísticas Europa» (Etesa), «Fiders», «Financiación y Factoring» (Fasa), «Firesa», «Intercontrol», «Intermón», «Intertap», «Luce», «Manresana de Valores» (Mavasa), «Plau», «Promotora Comercial Catalana», «Serfi», «Servan», «Sinclar», «Sunyer y Pons», «Pons y Sunyer», «Terrenos y Recintos», «Tipersa» y «Tereny».

Una de las funciones de estas sociedades instrumentales consistía en comprar acciones de los Bancos en que Banca Catalana quería ampliar su incidencia. Fue el caso de «Serfi» en Asturias o el de «Verein», sociedad que no aparece en la lista de la querella, en Alicante. Cuando todas estas sociedades pasaron al Fondo de Garantía de Depósitos, los funcionarios del mismo las bautizaron con el nombre de «las trabalenguas». Es curioso el detalle de las dos sociedades «Pons y Sunyer»/«Sunyer y Pons», que, al parecer, respondían simplemente a la necesidad de resolver un error en una inscripción cometido por uno de los intermediarios que intervenían en estas operaciones.

Los numerosos nombres de estas sociedades se construían a veces con las iniciales de los apellidos de las personas que las habían constituido. Por ejemplo, «Balgarmo» era la simple suma de las primeras letras de los apellidos de Josep Maria Balcells Cisteró, Josep Monforte Navalón (hermano del querellado) y Martín Garriga Brunet. Dicho nombre no se cambió pese a que entre los tres sólo reunían las 30.000 pesetas del capital inicial y que antes de transcurrir tres meses Pau y Rossend Sala lo ampliaron a cinco millones, aportando en pago de los mismos cuatro terrenos de Premià de Dalt. Estos dos hermanos —nietos de Tecla Sala, una importante fortuna de Catalunya— gastaron bastante alegremente el capital de ésta y las citadas fincas sirvieron para cubrir el pago de deudas a Banca Catalana. Al Fondo de Garantía de Depósitos aún llegó una de las fincas junto a una soberbia casa que perteneció a los Riera Sala, uno de los cuales, Rossend, ya ha fallecido, y el otro, Pau, fue en su tiempo presidente de «Omnium Cultural».

Las curiosidades de estas tupidas redes de sociedades son cuantiosas. Los expertos opinan que el BIC supo organizar su red de patrimoniales con mucha más habilidad y profesionalidad que la que constituyó Banca Catalana. Controlar todo ese entramado fue un verdadero juego de encaje de bolillos.

Al final, todas las sociedades patrimoniales de Banca Catalana se integraron en «Sunyer y Pons» —regularizando una situación que ya se daba a nivel de organigrama interno— domiciliándose en el número 662-664 de la avenida Diagonal, donde están los servicios centrales de Banca Catalana. Todo ello sucedía a primeros de 1983 cuando Banca Catalana, ya en el Fondo, iba camino de pasar a sus nuevos propietarios, con lo cual los administradores del mismo se encontraron con una faena ya hecha. En cambio, Francesc Constans, cuando entró en Banca Catalana procedente del BIC tardó más de un año en descifrar la compleja maraña de sociedades instrumentales, que había escapado incluso al control de los gestores de Banca Catalana.

«Sunyer y Pons» inició sus operaciones el 20 de julio de 1973 y su capital —un millón de pesetas— fue repartido en tres paquetes, los dos primeros de 33 acciones y el tercero de 34, adquiridos respectivamente por Maria Lourdes Deu Pañella, Josep Maria Sunyer Bofill y Salvador Pons Formentí. Los tres se definían en la escritura constitucional como de regionalidad catalana. El administrador único de «Sunyer y Pons» sería Josep Maria Bustos Torredeflot. El objetivo de la empresa era la compraventa y administración de fincas, pisos y un largo etcétera de actividades que les permitían abordar numerosos campos de actuación. El notario Lluís Roca-Sastre, que ha levantado acta notarial de la gran mayoría de sus actividades y aparece casi siempre que precisa un notario, daba fe del acto como consta en el registro con fecha 7 de enero de 1974. Al parecer no había excesivas prisas. A Bustos Torredeflot lo reeligieron administrador único en la Junta General Extraordinaria del 28 de agosto de 1978. Jacint Alegre Marcet era quien obraba en representación de la sociedad. El 21 de enero de 1983, Ignasi Baraut Guila, que junto con Rosa Burguera se convirtió en uno de los más firmes defensores de la línea directiva de Banca Catalana cuando estalló la crisis, fue nombrado por la sociedad para que certificara ante el notario Lluís Roca-Sastre la aceptación de la dimisión de la anterior Junta y de Josep Maria Bustos, a quien se le agradecen los servicios prestados. El nuevo consejo de administración lo constituyeron el propio Ignasi Baraut, Antoni Amat y Mariano Nicolás Ros. Amat era el presidente, Nicolás el vicepresidente y Baraut el administrador. Los tres eran consejeros delegados y «Sunyer y Pons» se instala en el 662-664 de la avenida Diagonal, abandonando su anterior sede social en la calle Àngel Guimerà, 11, de Cubelles, en la provincia de Barcelona, inmueble a nombre de Antoni Armengol Aman.

Tres días después le caían encima las demás sociedades instrumentales. El 24 de enero de 1983 celebraban una Junta General Extraordinaria para nombrar administrador único de las mismas a «Sunyer y Pons» durante cinco años y fijando su sede en el edificio Banca Catalana. La fórmula en todos los casos era idéntica.

El representante legal de «Sunyer y Pons» —anónimo en el registro mercantil de todas las instrumentales— en nombre de dicha empresa cuya identidad fiscal era A-08-352916, sería el encargado de acudir a las juntas de todas las empresas patrimoniales. «Pons y Sunyer», al igual que sus compañeras de red, se vinculó a «Sunyer y Pons» y Mariano Nicolás Ros, en nombre de «Pons y Sunyer», legitimó a «Sunyer y Pons», de la que Mariano Nicolás era vicepresidente natural como administrador de «Pons y Sunyer». Este párrafo da idea de lo compleja que era la red de sociedades patrimoniales, aunque la estructura básica fuera sencilla. Por cierto, ni Pons ni Sunyer estaban nominalmente en el consejo de administración de «Pons y Sunyer, S.A.». Sí estaba Miquel Soler Sala, cuyo domicilio particular en el número 21 de la calle de Santpedor de Manresa, coincidía con la sede de la entidad. Y estaba también Josep Maria Bustos Torredeflot, administrador de «Pons y Sunyer» y «Sunyer y Pons». Bustos Torredeflot y Soler Sala tenían sólo tres acciones cada uno de las cincuenta fundacionales de «Pons y Sunyer», las otras 44 eran de «Sunyer y Pons».

La localización de las sociedades en domicilios particulares o despachos de personas vinculadas al grupo bancario era muy frecuente. Por ejemplo, «Serfi, S.A.» y «Plau, S.A.», tenían su sede en el mismo edificio donde el abogado Vilaseca poseía su bufete. «Serfi» estaba en el principal segunda y «Plau» en el segundo piso. «Verein, S.A.», la que sirvió para comprar el Banco de Alicante y en la que figuraba el suegro de Pujol, tenía su domicilio en casa de Artur Saltor Arús, quien con doce millones en el empeño era quien más, en teoría, arriesgaba en la empresa.

Jacint Alegre Marcet y Nicolás Ros se sucederían al frente de las diversas gestiones necesarias para trasladar «Verein» al seno de «Sunyer y Pons». En este caso no fue el notario Roca-Sastre sino Luis Mezquita del Cacho quien levantó acta de la constitución e inicio de las actividades de «Verein» el 2 de junio de 1971. La sociedad se planteaba como objetivos la participación en toda clase de actividades, empresariales y mercantiles, el negocio con todo tipo de acciones y valores, entre otras cosas. Con ser una de las veteranas —«Verein» fue creada antes que «Sunyer y Pons»— su incidencia fue mínima.

Mayor incidencia tuvo «Maylo, S.A.», creada el 3 de junio de 1962 y cuyo nombre no fue incluido en la querella. Un irlandés, Daniel Lougney Mac Mcnegal, presidió el primer consejo de administración de la entidad, que tenía un capital de 250.000 pesetas. Cinco años más tarde fue nombrado consejero delegado Joan Martí Mercadal, sucedido a su vez cinco años después por Jacint Alegre Marcet. En aquel nuevo consejo el secretario era Carles Cortés Planes, uno de los tres fundadores de «Serfi, S.A.». Cortés Planes puso en «Serfi» 6,5 millones, y Joan Huguet Picart (consejero de BIC) puso cinco. Jaume Pujol Garriga (del gabinete jurídico de Banca Catalana) intervino con más de trece millones de pesetas. En total, según certificó el notario Roca-Sastre, el capital escriturado fue de 25 millones y se registró el 24 de abril de 1970. En cuanto a Maylo, fue trasladada desde la calle de Balmes a la calle de Buenos Aires y después al paseo de Gracia, número 84, es decir, a la por entonces sede de Banca Catalana.

La historia de todas estas sociedades fue similar. Algunas, curiosamente, emplazaron su domicilio lejos de tierras catalanas. Así, por ejemplo, «Hoesa», una de las sociedades patrimoniales de Banca Catalana que más acciones del propio Banco llegó a tener, estaba registrada y localizada en Logroño. Sus siglas escondían el nombre de «Hoteles Españoles, S.A.», denominación inusual ya que, si hubo pocos sectores donde Catalana no tuvo influencia, uno de ellos fue precisamente el de la hostelería. También llamaba la atención que una entidad logroñesa tuviera más acciones que la mayor parte de los miembros del consejo de administración de un Banco en el que ser catalán era determinante.

Destaca también «Manresana de Valores, S.A.» (Mavasa), ya que en ella coinciden una serie de nombres interesantes. Ligada al Banco Mercantil de Manresa, inició sus actividades el 7 de agosto de 1974 en el número 13 del paseo Pere III de Manresa. Su capital era de dos millones de pesetas, aportadas íntegramente por Ernest Giralt Raventós en nombre del Mercantil de Manresa, del cual fue director general, junto a dos acciones de 5.000 pesetas cada una que se repartieron los administrativos Eduard Aregall Roque y Jordi Marcet Costa. Aregall fue nombrado administrador único y un año más tarde, al constituirse el nuevo consejo de administración, asumió las funciones de gerente. Ese consejo de administración fue presidido por el periodista Carles Sentís Anfruns, que renunciaría al cargo antes de transcurrir un año por incompatibilidades con la función de sus nuevas ocupaciones en el campo político. Junto a Aregall y Marcet y otro administrativo —Joan Palau Torrella—, que ocupaban plaza en el consejo, también había dos hombres de peso en la historia de Banca Catalana: Francesc Suárez Guinjoan y Francesc Ahicart Amigó. Su suerte fue muy diversa. Guinjoan, vicepresidente de «Mavasa», dirigió «DACSA», la sociedad de asesoramiento de carteras de valores de Catalana y, al caer el Banco, fue empleado en la emisora «Radio AVUI», emparentada lógicamente con el periódico del mismo nombre. Por contra, Ahicart, tras una brillante carrera en el área financiera del BIC, se apartaría del grupo y acabaría huyendo al extranjero al fracasarle sus negocios, como ya se ha detallado. Tras la sustitución de Carles Sentís por Ramon Llatjós, otro consejero del Banco Mercantil de Manresa, al frente de «Mavasa», notificada el 17 de noviembre de 1976 al registro mercantil de Barcelona, la sociedad enmudeció.

En ese laberinto de sociedades, muchos nombres se repiten. Son los de Jacint Alegre Marcet, Mariano Nicolás Ros, Ignasi Baraut Guila o Jaume Pujol Garriga, por ejemplo. Este último, que fue consejero secretario del Mercantil de Manresa, variaba sus aportaciones de capital en un amplio abanico que oscilaba desde los 13 millones largos en «Serfi» hasta las modestas 33.000 pesetas que constaban como colaboración suya en otra instrumental: Catalonia Banc. En esta sociedad, sita en el número 88 del Paseo de Gracia —dos escaleras más arriba del edificio de Banca Catalana—, le ayudaron a completar las 100.000 pesetas de capital Jacint Alegre Marcet y Josep Manuel Dutú Sanjoan. Luego una anónima «persona jurídica de nacionalidad española» desembolsó en metálico las 900.000 pesetas que redondearon cuatro años más tarde el capital de la empresa en el millón exacto.

Fue, como se ve, muy numerosa la participación de personas vinculadas al Banco a muy distintos niveles, aunque, de hecho, el papel de todos ellos fuese la simple intermediación entre Catalana y sus sociedades instrumentales.

Los servicios financieros

Las sociedades financieras del grupo Catalana no suponían un bloque de excesivo tamaño. De hecho, sólo dos empresas gozaban de una cierta popularidad en el sector: «Barcelonesa de Financiación» y «Encafisa (Entidad Catalana de Financiación, S.A.)». La primera era dirigida por Salvador Casanovas Martí y su principal actividad era la financiación para la compra de automóviles, especialmente en torno a la marca «Seat», centrándose su labor fundamentalmente en la supervisión de los impagados. Aunque su cuenta aparente de resultados siempre fue equilibrada, cuando no positiva, la auditoría «Price Waterhouse» apunta la existencia de avales no registrados concedidos por Catalana a esa sociedad por valor de 1.942 millones de pesetas. «Encafisa», por su parte, radicaba en el número 51 del Paseo de Gracia, junto a «Gesfirme», sociedad gestora de «Fondiberia» que también trabajó en estrecha relación con el grupo.

Joan Casablancas Bertrán fue el presidente de «Encafisa» y en el consejo de administración que se constituyó con la creación de la sociedad el 7 de setiembre de 1978, le acompañaron Lluís Montserrat Navarro, que dimitiría poco más tarde, Jordi Sopeña Gil y Manuel Castellà Beltrán. Sopeña representaba a la sociedad «Firena, S.A.» de Manresa y Castellà a «Servicios y Administraciones Financieras, S.A.» Entre todos desembolsaron cincuenta millones: 18 Casablancas, 3,5 Montserrat, 21,5 «Servicios y Administraciones Financieras, S.A.» y 7 «Firena». Luego pasarían a ser consejeros las sociedades «Fomento Industrial de Catalunya», domiciliada en la sede del BIC, en el 98 de Rambla Catalunya, y «Promotora Comercial Catalana», otra instrumental de Banca Catalana, con domicilio en su sede del Paseo de Gracia. «Encafisa», administrada al final directamente desde el BIC, mostró siempre clara tendencia a sufrir pérdidas. Resultaron sorprendentes los números rojos generados por este sector, máxime cuando la sociedad que más dio que hablar, «Financing» —y sigue dando tema de conversación porque el asunto no está resuelto— se había separado del grupo.

«Financing» era una idea del ya citado Francesc Ahicart, que fue delegado de «Crecinco», el primer fondo de inversión inmobiliario de España. Ahicart llegó a tener una clientela tan importante como «Financing», que consideró un favor exagerado entregar sus beneficios íntegramente al Banco Industrial de Catalunya, al que se hallaba incorporado. Por ello, se marchó del Banco, creó «Uniholding» y luego compró «Financing» al BIC, en una operación en que éste, inicialmente, salió económicamente bien librado. El negocio empezó a tomar gran envergadura y tras la compra de un importante paquete de acciones del Banco de los Pirineos y la posterior suspensión de pagos de dicho Banco, todo el imperio de Ahicart se «fundió» y su creador tuvo que poner pies en polvorosa. En la suspensión de pagos de su grupo, en marzo de 1982, Banca Catalana sería la primera afectada con 72 millones adeudados.

Los dirigentes de Catalana debieron suspirar de alivio por haberse librado de toda relación con Ahicart para cuando estalló su colosal aventura. Con más razón, por tanto, no se esperaba que la gestión de las financieras de Catalana, que se habían mantenido siempre en un plano discreto, arrojasen las pérdidas que saldrían a la luz pública con la crisis.

Otras sociedades que también se movían en el sector de los servicios financieros cubrían otros cometidos. Por ejemplo, la ya citada «Catalana de Cobros y Factoring», centrada en el cobro de recibos; «Renquetipo», dedicada al «leasing», alquiler de maquinaria; y «Chasyr» —también con participación del grupo— sociedad de seguros y reaseguros.

Las sociedades financieras y los fondos de inversión inmobiliario tuvieron durante esta etapa de Banca Catalana numerosos puntos de contacto. En 1968, Francesc Cabana, en nombre de Banca Catalana, y Juan Palomeras Bigas (el primer presidente del Banco de Navarra, que sería procesado tras entrar éste en crisis), en nombre de «Gesfirme, S.A.», crearon «Fondiberia», Fondo de Inversión Mobiliaria, cuyo objeto era la adquisición, administración y enajenación de valores admitidos a cotización oficial para compensar por una adecuada composición de sus activos los riesgos y los tipos de rendimiento de sus diferentes inversiones, sin participación mayoritaria en otras sociedades. El capital inicial fue de 200 millones y pronto el compañero de Cabana en sus gestiones ya no fue Palomeras Bigas, sino Jacint Alegre Marcet. El papel de Banca Catalana era de depositario del Fondo. «Fondiberia», y «Gesfirme», con la crisis, pertenecen al grupo de empresas de ida y vuelta ya que Banca Catalana pasó «Gesfirme» a «Financing», la recuperó después y finalmente la volvió a vender a un nuevo grupo con la Caja de Barcelona de depositario.

Francesc Suárez Guinjoan, que había sido consejero de «Financing», y jefe de inversiones de «Fondiberia», sugirió la creación de una sociedad para el asesoramiento de un mayor número de carteras de valores. Se encontró con una oposición importante, pero Pujol acabó con las diferencias en favor de Suárez Guinjoan. El padre de Pujol, que había trabajado en la Bolsa, estaba en su salsa y junto a Tennembaum, éste otra vez sin constar oficialmente, eran consejeros de «Gesfirme». Todo ello eran argumentos en favor de la creación de «Dacsa» (Dirección y Asesoramiento de Carteras, S.A.).

La cifra mínima para entrar en «Dacsa», era primero de un millón de pesetas. Pronto, la inversión necesaria para gozar de sus consejos suponía una imposición inicial de tres millones. La cartera de clientes alcanzaría un total de 300 personas, que tenían depositados unos mil millones de pesetas. El socio más destacado tenía unos 60 millones invertidos en la sociedad.

Desde diciembre de 1970, cuando se creó, hasta 1974, «Dacsa» funcionó de forma positiva y regular. Pero la inversión en renta variable sufrió la crisis. Entre 1974 y 1978 la Bolsa barcelonesa bajó el 75 por ciento. La situación en Banca Catalana desbordada por su propio crecimiento, aconsejó traspasar a «Dacsa» la gestión de varias sociedades del grupo: «Merimsa» (del Banco Mercantil de Manresa), «Comelsa» y «Cavalsa» (del Banco de Alicante), amén de «Binca» y «Dobinca» (propiedad del BIC) que llegarían más tarde. «Dacsa» también controlaba «Indacsa-1» e «Indacsa-2» y «Cavalsa» (Catalana de Valores, S.A.). La tardía incorporación del Banco Industrial del Mediterráneo y la crisis de «Dacsa» hicieron que no se colaborara con las sociedades de cartera del BIM, aunque sí hubo tratos con «Asturiana de Valores, S.A.» que no llegaron a cuajar definitivamente. Muchas de ellas anticiparían su cierre al de «Dacsa». Los inversionistas iniciaron su traslado a la segura y tranquila renta fija y abandonaron «Dacsa», que cuando fue a parar al Fondo de Garantía de Depósitos era apenas el chasis de una empresa. Los asesores jurídico y fiscal de la empresa, José Ubach Cirera y Jordi Sopeña Gil, fueron llamados a declarar como testigos por los fiscales, por su condición de administradores de las sociedades instrumentales de Banca Catalana.

El despertar de los trabajadores

Los trabajadores del grupo Catalana pasaron bastante inadvertidos a lo largo de toda la primera parte de la crisis. Sólo en mayo de 1983, cuando se vieron venir encima la venta de Banca Catalana, saltaron a la palestra pública desde el anonimato en que se habían movido con anterioridad.

Cuando estalló en la prensa la noticia de que Banca Catalana podía presentar suspensión de pagos y empezaron a huir los depósitos, las organizaciones de los trabajadores no demostraron ninguna especial capacidad o voluntad de respuesta. La llegada de los nuevos gestores, bajo la dirección de Díaz Morera, no mereció apenas comentarios desde las filas sindicales. Las alusiones a las vinculaciones de los nuevos consejeros «notables» con la banca española no despertaron reticencias entre los sectores más catalanistas, que meses más tarde se manifestarían virulentamente contra la compra de Banca Catalana por el «pool» de 14 entidades bancarias españolas. La poca transparencia informativa de la gestión de Díaz Morera apenas les preocupó y el verano, con sus vacaciones laborales, contribuyó a esta ausencia total de movilización ante una situación en la que era lógico dudar de la solidez de los puestos de trabajo.

El ambiente empezó a caldearse con la dimisión de Díaz Morera y su equipo y la entrada definitiva de los administradores del Fondo de Garantía de Depósitos. Los órganos sindicales tenían una consistencia endeble y discutida por algunos sectores, como el representado por la libertaria Candidatura Autónoma de Trabajadores que cuestionaba continuamente la validez del Secretariado de la Coordinadora Estatal.

Siete días antes de la Junta General Extraordinaria, la sección sindical de CC.OO. de Banca Catalana-Banco Industrial de Catalunya publicó un comunicado llamando a los trabajadores a manifestar de una vez su posición. Sus preocupaciones se resumían en cuatro puntos:

«– Garantizar los depósitos de todos los Bancos del Grupo, sin límites de cuantía, de manera explícita por parte de la autoridad monetaria.

– Garantizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales a los empleados del Grupo.

– La solución que se adopte ha de contemplar los Bancos del Grupo como una unidad.

– Mantenimiento del carácter catalán del Grupo, habida cuenta su incidencia en la economía catalana».

En términos parecidos se manifestaron los representantes del sindicato socialista UGT. Nadie se atrevía aún a plantear públicamente la petición de responsabilidades a los anteriores gestores.

Al día siguiente de este comunicado, los nuevos administradores distribuyeron entre el personal una nota en la que hacían una llamada a la tranquilidad, recordando que el Banco de España se había definido en diversas ocasiones en relación a esta cuestión asegurando siempre la continuidad y solvencia de las operaciones de los Bancos que componían el Grupo así como los depósitos de los mismos. Advertían, eso sí, que «sin duda y a pesar de las abundantes ayudas que han de recibirse, además de las ya obtenidas que queden consolidadas, un proceso de saneamiento como el que necesita el Grupo de Banca Catalana exige sin duda el esfuerzo de todas las personas que participen en el proyecto. En este sentido, como administradores, procuraremos aliviar los necesarios sacrificios sin renunciar, por ello, a la adopción de determinadas medidas». La nota en la que también se comunicaba al personal el nombramiento de Ruiz de Alda, Robles y Palacios como administradores y se pedía la máxima colaboración de los empleados, terminaba afirmando que «tenemos la seguridad de que con el programa que pondremos en marcha, inmediatamente, quedan garantizados el futuro de las actividades del Grupo bancario y, por tanto, la presencia del Grupo en el mundo financiero, los puestos de trabajo de las personas que prestan en él sus servicios, los depósitos y las necesidades de su clientela».

Pero algunas ambigüedades que dejaba en el aire la nota no parecieron preocupar demasiado al personal. En la Junta de Accionistas del 17 de noviembre, Juan Antonio Ruiz de Alda se quedó convencido de que en aquella casa no tendría demasiados problemas con los trabajadores. Otro gallo le cantaría más adelante.

El día siguiente a la mencionada Junta, la Coordinadora Estatal de Comités de Empresa y Delegados de Personal de Banca Catalana-BIC se atrevió a solicitar responsabilidades a los anteriores gestores. Fue una decisión sin precedentes. En dicho comunicado se abogaba por la nacionalización del Grupo. «La decisión del Banco de España de canalizar a través del Fondo de Garantía de Depósitos la aportación de los fondos públicos necesarios para el saneamiento y reflotamiento del Grupo, unida a la necesidad de una adecuada gestión de estos fondos públicos conlleva que sólo la nacionalización, entendida como participación mayoritaria en el capital del Sector Público, sin excluir la participación de los actuales accionistas, no implicaría la pérdida del carácter catalán del Grupo, pues podría llevarse a cabo a través de los poderes autonómicos». El comunicado se cerraba con la citada referencia a las responsabilidades: «Finalmente, hemos de lamentar que la Junta de Accionistas no se haya mostrado a favor de la necesaria investigación de las posibles responsabilidades de los antiguos consejeros, medida que esperamos sea tomada por el Banco de España, en beneficio de la transparencia de la gestión del Grupo». Esta actitud radical, poco comprensible vista la dinámica llevada hasta entonces, se comprende enmarcándola en unos momentos en que todavía no se habían movilizado las fuerzas próximas a los anteriores gestores. Cuando lo hicieran y las asambleas se convirtieran en reuniones de centenares de personas no habría quien se atreviera a replantear la cuestión.

Quienes sí se moverán mucho a partir de la Junta de Accionistas del 17 de noviembre son los empleados y cargos del Grupo cercanos a los planteamientos de la anterior administración. Algunos llegaron incluso a proponer la paralización del Banco para dedicarse exclusivamente a captar los nuevos accionistas que hiciesen falta para evitar que los Bancos fuesen a parar a manos del Fondo de Garantía de Depósitos. La campaña de suscripción de capital que lanzó a tumba abierta Josep Espar Ticó contó con una potente ayuda entre esos sectores del personal de Catalana.

Tras la esperada suscripción mayoritaria por parte del Fondo de la ampliación de capital, las preocupaciones de los trabajadores se dirigieron lógicamente a saber quiénes serían sus nuevos amos. Sus movimientos en los primeros meses de 1983 —caracterizados por la voraz lectura diaria de la prensa para saber qué se decía sobre el futuro del Grupo— iban fundamentalmente dirigidos a recabar información de Juan Antonio Ruiz de Alda o del nuevo gerente Jesús Gutiérrez Fierro. En la transcripción de una nota de la Coordinadora estatal, en la que se habla de unas ayudas recibidas del Banco de España de 250.000 millones de pesetas y de la posible unificación de las condiciones laborales en todos los Bancos del Grupo, se afirma que «en principio no se plantean reducciones de plantilla. De momento el nivel de bajas incentivadas (unas 30 mensuales) cubre sus previsiones». Se dice también que la continuidad en los lugares de trabajo pasa por el esfuerzo de cada uno en la consecución del 30% de crecimiento en el año 1983.

El 23 de febrero de 1983 se reúnen en Barcelona los 118 delegados de los comités de empresa y representantes del personal de Banca Catalana/Banco Industrial de Catalunya. En dicha reunión, aparte de discusiones sobre la validez de la organización sindical, se planteó un debate sobre la situación del Grupo donde se puede detectar las posiciones de las diversas opciones de los trabajadores. Comisiones Obreras del Edificio Banca de la Diagonal barcelonesa se inclina por una alternativa pública ligada al Parlament de Catalunya. Los representantes de la Oficina Principal del Paseo de Gracia piden la nacionalización, conservando el carácter catalán del Grupo, y sacan el tema de la necesidad de pedir responsabilidades. El CTG (Col·lectiu de Treballadors del Grup), el sindicato en que se reúnen los simpatizantes de la opción política de Pujol, y que engloba el Sindicato de Cuadros de Catalunya (SQC) y la Confederación Sindical de Trabajadores de Catalunya (CSTC), que basaba su fuerza en el Edificio Banca, insistió en la necesidad de que el Grupo conservase la catalanidad valorando las ventajas de una alternativa privada a la crisis. La opción de nacionalizar el Grupo no era precisamente apetecible para los seguidores de los antiguos gestores, aunque fuese a través de la propia Generalitat de Catalunya, a cuyo frente estaba Jordi Pujol. En esta cuestión pesaba más la moderación que el catalanismo.

También tomó la palabra un representante de la delegación cordobesa del BIC que expuso sus dudas ante la posible nacionalización «a la catalana», aduciendo que esa salida podría perjudicar a las oficinas no ubicadas en Catalunya. Por contra, un delegado vasco expresó sus reticencias ante la forma como podría encajar la clientela catalana la nacionalización del Grupo.

Al final se puso a votación una propuesta del Comité de la Oficina Principal de Banca Catalana, que es donde primaban más las posiciones de UGT, CC.OO. y CAT (Candidatura Autónoma de Trabajadores), frente a las de los sindicatos cercanos a los anteriores gestores, en la que se pedía la nacionalización del Grupo bancario, la garantía de los puestos y condiciones de trabajo de los empleados, la garantía de la independencia y carácter catalán del Grupo, y la investigación y clarificación de las responsabilidades de los antiguos consejeros. La propuesta fue aprobada por el Plenario por 77 votos favorables, 6 en contra y 14 abstenciones.

Luego y ya en el apartado de temas varios hubo denuncias de algunos delegados que decían que se había presionado a trabajadores del Banco de Barcelona y del Banco Industrial del Mediterráneo para que pasaran a la nómina de Banca Catalana y se informó de una manifestación en Madrid para la nacionalización de los Bancos en crisis y se pidió que se fomentase la realización de movilizaciones e iniciativas parecidas en otras ciudades. Al aproximarse la fecha de la venta de Banca Catalana, no faltarían las iniciativas originales en ese sentido.

Por esas fechas, los administradores del Fondo habían dirigido al personal del Grupo una nueva nota. En ella se decía que el Fondo de Garantía de Depósitos había hecho llegar ya las cantidades comprometidas para el saneamiento y anunciadas en cada una de las Juntas Generales: 80.000 millones a Banca Catalana, 45.000 millones al Banco Industrial de Catalunya y 23.000 millones al Banco Industrial del Mediterráneo. Esas remesas, junto a los 15.000 millones de la ampliación del capital de Banca Catalana habían permitido que la inversión del Grupo hubiese subido de forma inmediata. «Las mencionadas ayudas —les decían los administradores, autotitulados provisionales, a los trabajadores— han colocado al Grupo Banca Catalana en una posición de viabilidad y rentabilidad; por tanto, a partir de ahora, su futuro será fuertemente dependiente de su actuación profesional. En este futuro, todas y cada una de las personas que trabajamos en la Organización podemos efectuar una muy importante labor (…) Sin duda, que todos tendremos que hacer unos sacrificios determinados para ayudar a conseguir el objetivo de hacer viable esta Casa. Por ese motivo, queremos pedir a cada una de las personas que colaboren al máximo posible en todos aquellos planteamientos que nos lleven a un ahorro de los gastos de la Entidad; ya que sin la aportación de todos, los proyectos en curso serán de difícil materialización». Asimismo, los administradores comunicaban al personal que debía celebrarse una nueva Junta de Accionistas para nombrar el nuevo Consejo de Administración, contra lo que creía en un principio Ruiz de Alda, que se había despedido en la Junta del 17 de noviembre. Al final, la nota apelaba al esfuerzo continuado de todos «para el mantenimiento y relanzamiento de la actividad operativa de nuestro Grupo».

La pasividad previa de los trabajadores se había convertido en ritmo febril a medida que se veía cercana la hora de la venta del Grupo. Las posiciones en el seno del personal se polarizaron por un lado a favor de la nacionalización, opción defendida por los sindicatos progresistas, y por el otro el apoyo a la opción de compra de La Caixa, abonada por los sectores próximos a la anterior dirección.

El 17 de marzo, el Secretariado de la Coordinadora Estatal de Comités de Empresa y Delegados de Personal, con mayoría de Comisiones Obreras, enviaba una carta al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer Salvador:

«La Coordinadora de Comités de Empresa y Delegados de Personal del Grupo Banca Catalana-Banco Industrial de Catalunya, y los trabajadores del mencionado Grupo cuyas firmas se recogen en el presente escrito, ante la situación actual y una vez agotadas, sin ningún resultado positivo, todas las vías de solución presentadas, EXIGIMOS LA INMEDIATA NACIONALIZACIÓN de todas las entidades que integran el Grupo, por considerar la única salida válida a la crisis sufrida en el mismo, máxime habida cuenta de que la aportación de fondos públicos, como solución a la mencionada crisis, ha sido de una gran cuantía.

»Querríamos hacer especial mención al problema que ha supuesto para todo el colectivo de trabajadores, la ya demasiado larga duración de todo el proceso de crisis, por lo que ha supuesto la incertidumbre ante el futuro, agravado por los innumerables rumores contradictorios que nos han mantenido en vilo, durante los últimos nueve meses.

»Consideramos que nos encontramos en una situación límite, situación que llega a atentar contra los más elementales derechos de las personas: saber a qué atenerse ante los hechos que les afectan, y a tener una perspectiva clara de cuál va a ser su futuro.

»Por todo ello, le urgimos la necesidad de concedernos una entrevista, a través de nuestros representantes de LA COORDINADORA ESTATAL DE COMITÉS DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL, para tratar en extensión todo este tema».

La verdad es que no pudieron ver cumplida su ilusión. A Boyer, por si fuera poco, le cogieron con la bomba de «RUMASA» recién estallada un mes antes. También Álvarez Rendueles, gobernador del Banco de España, recibió una carta en términos similares. Los rumores que se recogían en los medios de comunicación eran leídos con avidez por todo el personal de la casa. No había noticia sobre Banca Catalana y el Grupo que se publicase en periódico o revista que no se leyese con zozobra y preocupación. Juan Antonio Ruiz de Alda se creyó en la obligación de calmar el clima de nervios que se palpaba en las oficinas enviando una nueva nota a todo el personal. Escribía en esa nota del 6 de abril que «las informaciones aparecidas pueden responder a intereses o deseos particulares de obtener el control de una institución como Banca Catalana, la cual, a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar, está demostrando su capacidad de reacción, hecho por el cual quiero agradecer a todo el personal los esfuerzos empleados. La situación real es que continuamos manteniendo las negociaciones dentro de las líneas señaladas inicialmente: el mantenimiento de la unidad operativa de Banca Catalana y su vinculación a Catalunya. Yo espero que estas conversaciones puedan concluir relativamente pronto y poder dar así una solución definitiva a las estructuras de capital y de organización de esta Institución. Os puedo asegurar que tendréis información directa y rápida de todos los acuerdos que se vayan adoptando y os ruego que no prestéis atención a noticias que puedan tener otro origen que la información que yo os pueda dar como Presidente de esta Entidad».

Pero la gente no acababa de calmarse. El 14 de abril se reunían las secciones sindicales de CAT, CC.OO., UGT y CTG, para comentar el escrito de Ruiz de Alda. Se decidían allí las primeras movilizaciones de esta campaña, convocadas para los días 18, 19 y 20 desde las tres a las tres y cuarto de la tarde en la puerta de cada una de las oficinas y centros de trabajo y el jueves 21 de tres a tres y media de la tarde en la puerta de la Oficina Principal del Paseo de Gracia. El clima de relaciones laborales se enrarecía al retrasar Gutiérrez Fierro una entrevista solicitada por los trabajadores, por lo cual los comités de empresa de Barcelona pidieron su dimisión. Por otro lado, se mantenía la pugna entre el Secretariado de la Coordinadora Estatal, por un lado, y la CAT y la CTG por otro. La CAT cuestionaba la representatividad del Secretariado mientras que los segundos no querían integrarse en el mismo. Parecía como si las movilizaciones de trabajadores, en ese marco, no pudiesen llegar a cuajar. Sin embargo, cuando la proximidad de la venta fue ya abrumadora, las diferencias se volatilizaron.

Cuando públicamente parecía que La Caixa era la única oferta que había sobre la mesa, lo cual había mantenido satisfechos a los sectores de personal afecto a la anterior administración, saltó la oferta del «pool» de Bancos. Los trabajadores se dividieron entre los partidarios de vender Banca Catalana a La Caixa y los que, desde una óptica más progresista, se oponían a las dos ofertas y exigían del gobierno que ejecutase el derecho de tanteo de que disponía y que nacionalizase el Grupo. Los sectores próximos a los antiguos administradores argumentaban que muchos cuentacorrentistas habían asegurado su voluntad de devolver sus ingresos a la entidad caso de quedársela La Caixa.

Las discrepancias entre los trabajadores durante esos días parecía poner difícil la posibilidad de conciliar las posiciones de unos y otros y por ello resultó una tarea ardua el encontrar una propuesta unitaria en la magna asamblea en que se reunieron todos los empleados en el vestíbulo de la Oficina Principal del Paseo de Gracia el día 13 de mayo.

La asamblea fue la más numerosa que nunca se consiguió reunir en Banca Catalana. A nadie se le vino a la memoria la necesidad de solicitar responsabilidades para con los anteriores gestores, como había aparecido en algunos acuerdos ya citados de meses atrás. La masiva afluencia de empleados fieles a aquéllos habría abortado cualquier iniciativa en ese sentido. Con tanta gente en el «hall» del Banco hubo que desgañitarse para conseguir entenderse y no es de extrañar que la responsable de Comisiones Obreras se quedase afónica ante tamaña multitud. Ni ella ni muchos de los dirigentes sindicales de la casa habían soñado nunca que una reunión de empleados de Catalana pudiera congregar a tanto personal.

El Manifiesto que se aprobó por mayoría eludía los temas más espinosos. Decía así:

«Ante la situación de crisis que desde hace casi un año sufrimos los trabajadores del Grupo Banca Catalana, y concretamente ante las posibles soluciones de salida que quieren darse:

MANIFESTAMOS: Exigimos como puntos prioritarios:

Mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de sus condiciones específicas.

Mantenimiento de la unidad del Grupo, entendida como oficinas y empleados.

Garantizar su catalanidad con una dimensión de servicio público.

Las asambleas de trabajadores también nos hemos pronunciado, unánimemente, en contra de la solución de adjudicación a un “pool” bancario, ya que supondría un desmembramiento del Grupo a corto plazo. Exigimos del Gobierno un compromiso serio para el mantenimiento de estos puntos irrenunciables.

Hacemos también una llamada pública a todas las Entidades y personas para que se solidaricen con este problema, que es de todos».

En base a este manifiesto, que obviaba la alusión directa a la nacionalización pero que hablaba de la dimensión de servicio público del Banco, se pudo aglutinar la fuerza de todos los empleados en las acciones a efectuar para evitar lo que resultaría imparable.

Entre los demás acuerdos cabe destacar la manifestación convocada para el lunes siguiente día 18 a las 6 de la tarde, así como la tramitación de un telegrama al Presidente del Gobierno, Felipe González. Se aprobó asimismo la confección de octavillas y de un póster que debía engancharse en los «pirulís» de Barcelona y que también tuvo su pequeña historia. El póster era el dibujo de un pastel del que se había desgajado una porción y en el que se leía: «Los trabajadores del Grupo Catalana exigimos: el mantenimiento de los puestos de trabajo, la unidad del grupo y el mantenimiento de las condiciones laborales». Esa leyenda iba escrita en la parte superior, mientras que en el ángulo inferior izquierdo se advertía al presidente de la Asociación Española de la Banca: «Termes: no somos un pastel». Los altos mandos de Banca Catalana consideraron que se iba demasiado lejos en esa alusión directa y confiscaron los carteles con la cita a Termes, e hicieron imprimir nuevos carteles sin ella. Pese a ello, no pudieron conseguir su objetivo ya que los trabajadores se hicieron con todos los pasquines y los engancharon por la ciudad sin preocuparse de la presencia o no de la alusión a Termes.

Pero quizá los acuerdos más curiosos, salidos ambos de las líneas sindicales cercanas a Convergència y los anteriores responsables del Grupo, consistieron en la organización de una marcha a Madrid para reivindicar sus posiciones ante quienes iban a tomar la decisión final y la apertura durante veinticuatro horas seguidas de las oficinas principales de Banca Catalana, Banco Industrial de Catalunya, Banco Industrial del Mediterráneo y Banco de Barcelona (lo que se conoció como huelga a la japonesa).

La huelga a la japonesa tuvo bastante repercusión entre los medios de comunicación por la novedad que representaba, si bien el nombre es una exageración, puesto que las huelgas a la japonesa —trabajar más horas— están planteadas, evidentemente, para plantear problemas a la patronal, lo cual no se daba en este caso. Lo que se hizo el día 17, mientras el resto de compañeros marchaba a Madrid, en las cuatro oficinas principales señaladas fue trabajar con normalidad hasta las tres de la tarde, luego establecer unos turnos para dar el servicio mínimo suficiente para que la apertura fuese efectiva en caso de presentarse clientes y concentrar el máximo de trabajadores en dichas oficinas hasta las 8 horas de la mañana del día siguiente. Desde algunas oficinas se pretendió organizar también actividades idénticas en diversos puntos de Catalunya lo cual puso los pelos de punta a los dirigentes del Banco, puesto que por razones de seguridad era totalmente desaconsejable.

Mientras esa novedosa huelga se celebraba, unos centenares de trabajadores del Grupo se plantaban en Madrid donde eran recibidos por otros doscientos empleados más de toda España. Dos grupos se entrevistaron en Madrid con Julio Feo, en el Palacio de la Moncloa, como representante de la Presidencia del Gobierno, y con Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de la Banca. Neus Casanni, de la línea del CTG, Josep Molins, de CC.OO. y Joaquim Mundó, de UGT, estuvieron presentes en la reunión con Feo que se redujo prácticamente a la simple entrega del documento con las exigencias de los trabajadores. Con Termes se reunieron Josep Molins (conocido como Pepo, de CC.OO.), Jordi Díaz (UGT) y Xavier Gratacós (CAT). «El Fondo de Garantía lo pagamos entre todos los Bancos y esta broma de Banca Catalana nos saldrá muy cara. Por lo tanto tenemos mucho más derecho que La Caixa a quedarnos con el Grupo», vino a decirles Termes a tres representantes sindicales que no veían bien la solución Caixa. Además Termes, que siempre contó con Olegari Soldevila como hombre de absoluta confianza en el Consejo de Catalana, les recordó que cuando deberían haberse quejado era cuando obtenían unas condiciones laborales mucho más jugosas que sus compañeros del sector. «Aquellos excesos traen estos resultados», es el resumen de su planteamiento que también incluía otros agravios contra Catalana. Termes debía tener presente que las reuniones de los grandes Bancos para poner un poco de orden en el crecimiento desorbitado del pago de extratipos servían de bien poco cuando Bancos pequeños como Banca Catalana rompían los márgenes pactados. «Procure que le paguen esos extratipos que le prometen», era el único recurso de protesta que les quedaba a los grandes Bancos al perder algún cliente. Desde luego, Termes no estuvo demasiado transigente.

Pero de poco sirvió la estancia del millar de empleados de Banca Catalana en Madrid, los unos con sus pancartas pidiendo la nacionalización, los otros pidiendo la venta a La Caixa (las de estos últimos estaban mejor confeccionadas ya que contaron para ello con la ayuda de los responsables de la imprenta de Catalana). Cuando fueron a la capital de España, la suerte de Banca Catalana ya estaba echada y no pocos de los que se desplazaron a Madrid ya lo sabían antes de subir a los autocares.

Por lo menos habían conseguido una capacidad de movilización inusitada, no sólo de personal sino de dinero ya que la Caja de Resistencia reunió un millón y medio de pesetas en un tiempo límite. Tras el viaje a Madrid aún sobraban 112.000 pesetas. Lo que no sobraban eran las ganas de continuar una lucha que se veía ineficaz.

Sorprendió entonces la improvisada creación de una «Asociación de Cuadros del grupo bancario de Banca Catalana». Su vida sería efímera. Entre otras razones, porque chocó frontalmente con el Colectivo de Trabajadores del Grupo que defendía intereses próximos. La mentalidad de esta asociación semejaba más la de una sociedad empresarial que la de un sindicato de trabajadores, lo cual podía deducirse de la propia terminología empleada en los estatutos que redactaron sus componentes. Se constituyó entre los técnicos y asimilados del grupo integrando a aquellos jefes de cualquier categoría que así lo solicitasen, a excepción de los directores generales y miembros del Consejo de Administración. El propio jefe de personal, Josep Maria Sol, apostó por la Asociación de Cuadros. A la larga, Sol acabaría firmando las jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas de bastantes de sus compañeros de asociación.

El órgano encargado de la dirección se denominaba Junta Directiva y sus cargos eran «honoríficos y gratuitos». Entre sus funciones entraba la elaboración de la «Memoria anual de actividades y el adoptar acuerdos referentes a la contratación de bienes y servicios, ejercicio de acciones, otorgamiento de poderes, delegación de facultades y cualquier acto de administración de los bienes sociales». En fin, un estilo muy alejado del que es habitual en cualquier sindicato. Duras acusaciones de haberse asociado para «la defensa de la silla» y de ser una intimidación para los jefes que no se afiliasen derribaron sus débiles cimientos.

El grado de movilización del personal de Catalana se fue diluyendo lentamente tras la concesión de la entidad al pool. Las inclinaciones iniciales a continuar la lucha sindical quedaron pronto en nada y la calma volvió a la vida laboral de unas oficinas que en seguida iban a tener un nuevo amo refrendado por las respectivas juntas generales de accionistas. La última baza del personal fue más catártica que otra cosa y en la postrer junta de accionistas de Banca Catalana montaron un verdadero zape al pasarse buena parte de la misma pitando sonoramente con silbatos las intervenciones que se producían. Era el sonoro adiós de bastantes trabajadores que ejercían así el poco efectivo pero relajante derecho al pataleo tras un año de vicisitudes diversas y de muchos nervios.

El grupo toca Fondo

No se había podido evitar que Banca Catalana pasara al Fondo de Garantía de Depósitos, viera aireada su auténtica situación financiera y perdiera su equipo fundacional. Y todo, quizá, por una casualidad, por un quiebro del destino. Raimon Carrasco, según él mismo explica, había conseguido meses atrás, al principio de la crisis, el apoyo de José Luís Núñez de la Peña, un hombre muy influyente en el Banco de España, para impulsar una estrategia de saneamiento al margen del Fondo. En dicha estrategia se contemplaba una intensa campaña de ayudas por parte del Banco emisor. Pero Núñez de la Peña falleció y Aristóbulo de Juan no compartió sus ideas al hacerse cargo en el Banco de España de la solución de la compleja situación de Banca Catalana.

El 17 de noviembre debía celebrarse la junta de la operación acordeón. Poco podían pensar algunos consejeros que aquello llegaría a producirse, cuando ocho meses antes Esteve Renom les había cantado, en Manresa, las excelencias del grupo. Renom les había hablado de un aumento de los recursos de terceros del 21,8 por ciento, cuando la media de la banca española se situaba en sólo el 18 por ciento. Les había dicho que los fondos superaban ya los 10.000 millones de pesetas y que estaban realizando un importante proceso de concentración bancaria que les había llevado a encabezar un gran grupo que, a finales de 1981, totalizaba a través de sus cinco Bancos unos recursos de terceros de 262.227 millones, 352 oficinas y una plantilla de 5.247 personas. Por si fuera poco, escasos días antes se había abierto una oficina de representación en México.

En las semanas anteriores a la celebración de la junta del 17 de noviembre, aparecieron en diversos periódicos catalanes unos enigmáticos anuncios. La Vanguardia publicó en su apartado de negocios, durante los primeros días de noviembre, un breve texto en el que, tras la llamada ACCIONISTAS, se leía: «Si posee acciones de empresas en situación comprometida, suspensión de pagos o quiebra no lo deje perder todo. Existen posibilidades». Por último, figuraba un teléfono. En otro rotativo, el Avui, se publicó un anuncio muy similar pero un poco más destacado: «ACCIONISTA. Si tiene acciones de empresas en suspensión de pagos/quiebra, no lo deje perder todo. Asesórese». Y, a renglón seguido, el mismo número telefónico. También en el periódico La Vanguardia aparecieron anuncios; más directos en este caso: «INTERESA COMPRAR ACCIONES BANCA CATALANA. Dirigir ofertas al Apartado número 35.443 de Barcelona», se leía en el que aparecía el 9 de noviembre en la sección de Economía. El objetivo de esos anuncios era, al parecer, reunir en unas solas manos un paquete importante de acciones antes de la junta que debía reducirlas a peseta. Los anuncios dejaron de publicarse al día siguiente de la junta.

El día anterior a la junta, 150 accionistas despistados, en representación del 1,29 por ciento del capital, habían acudido al Palacio de Congresos de Barcelona ignorando que casi nadie iba a presentarse en la primera convocatoria. No hubo quórum. El ambiente que se respiraba en los corrillos de accionistas era de crispación y reproches contra los anteriores gestores del Banco. Lamentaban, sobre todo, que les hubieran permitido comprar acciones valoradas al 290 por ciento en abril y que, en noviembre, cada 2.900 pesetas que habían invertido en acciones se convirtieran en una sola peseta. Con aquel ambiente podía esperarse una situación incómoda para los antiguos gestores de la junta. Sin embargo, salieron airosos de la prueba.

Juan Antonio Ruiz de Alda inauguró la junta del día 17 con un discurso en castellano —pidió disculpas por ello—, y utilizó durante toda la sesión un aparato de traducción simultánea para comprender más fácilmente las intervenciones de los accionistas, todas ellas en catalán. El máximo dirigente del Fondo de Garantía de Depósitos y de Banca Catalana dedicó sus primeras palabras a relajar el ambiente con un tono esperanzado: «Cuando dentro de unos años —dijo—, veamos que Banca Catalana ha conseguido los objetivos que hoy nos marcaremos, podremos mirar hacia atrás con satisfacción y comprender que los esfuerzos y sacrificios necesarios han sido rentables, y darnos cuenta de hasta qué punto habría sido estéril la defensa de cualesquiera otros propósitos diferentes del relanzamiento de un Banco basado en, y al servicio de, Catalunya, su gente y su economía». Luego añadiría: «La organización, si bien en el pasado demostró su capacidad, hoy se encuentra casi acobardada por los acontecimientos en que se ha visto envuelto el Banco, los cuales, dicho sea de paso, bien poca cosa tienen que ver con la actividad diaria y efectiva de estas cerca de 250 oficinas de Banca Catalana». Tras esos suaves prolegómenos, Ruiz de Alda planteó hechos mucho más duros. «Es indudable —siguió— que, dentro de la casa, se han cometido errores e incluso podríamos decir que, habiendo detectado algunos de esos errores, no siempre se tomó el camino más barato para aceptarlos y corregirlos, y en cambio se intentó muchas veces el proceso, siempre más caro, de desconsiderarlos y compensarlos». Habló a continuación de activos ficticios (operaciones de las que existía un apunte contable pero no aparecían entre las posesiones del Banco) valorados en unos 16.000 millones de pesetas. Situó en 45.000 millones los activos fallidos (prácticamente sin valor) y en 12.000 millones los activos no rentables (los que no generaban ningún ingreso). Con esos y otros datos, dedujo: «Ya comprenderán, señores accionistas, que tanto la situación del balance como la estructura correspondiente de la cuenta de pérdidas y beneficios necesitan medidas urgentes».

Esas medidas consistían, en primer lugar, en reducir a una peseta las acciones de serie B (1.000 pesetas de valor nominal) y a cinco pesetas las de serie A (5.000 pesetas de valor nominal), y proceder a una ampliación de capital de 15.343,78 millones de pesetas mediante la emisión a la par de 15.343.784 acciones nominativas con un valor nominal de mil pesetas cada una, amén de las ayudas económicas directamente procedentes del Fondo, las cuales, según Ruiz de Alda, no podían ser inferiores a los 60.000 millones de pesetas.

Ruiz de Alda se mostró feliz al despedirse: «Para acabar, permítanme, señores, que en nombre de los señores Robles y Palacios, que en estos días me ayudan y me acompañan, y en el mío propio, me despida de todos ustedes. Una vez suscrita la nueva ampliación de capital —el plazo estaba abierto hasta el 20 de diciembre—, este grupo de administradores habrá acabado su misión como tal en Banca Catalana. Sin ningún tipo de dudas, nos entristecerá dejar una institución que, si bien por poco tiempo, hemos vivido con mucha intensidad, pero esperamos tener la compensación de haber ayudado un poco al relanzamiento, deseado por todos, de Banca Catalana. Muchas gracias». A Ruiz de Alda, pese a aquella despedida, aún le faltaba vivir uno de los más curiosos episodios de la historia de Banca Catalana, en otra junta de accionistas, siete meses más tarde.

Tras el discurso de Ruiz de Alda, un accionista valenciano pidió la palabra para pedir responsabilidades a los anteriores gestores. «Hay que exigir responsabilidades penales a quienes lo subordinan todo a ciertos intereses políticos», llegó a decir. Pero un ruidoso griterío apagó sus palabras y el abogado Juan Vives Rodríguez de la Hiñojosa ,se despachó con un sonoro «no toleraremos que se insulte al presidente de la Generalitat» que acabó de derrotar al industrial valenciano, quien balbuceó unas pocas palabras y regresó a su asiento.

Intervinieron unas quince personas. Entre ellas, Narcís Andreu, hijo de Josep Andreu Abelló, que acudió en representación de su padre. En un tono más coloquial, Andreu interpeló a Ruiz de Alda por el hecho de que se hubieran pagado dividendos durante los últimos años, con autorización del Banco de España, y a última hora resultase que habían desaparecido 16.000 millones de pesetas. Como Andreu parecía acusar a las autoridades monetarias de negligencia en ese sentido, buena parte de la sala —la incondicional de los antiguos gestores— prorrumpió en aplausos que Narcís Andreu intentó cortar, ya que su punto de vista no era precisamente coincidente con el de quienes le aplaudían. Ruiz de Alda zanjó la intervención señalando que le habían faltado los datos necesarios para un análisis eficaz.

En este momento se levantó de entre el público (en el que se destacaban los abogados Vives de la Hinojosa, Casals Colldecarrera y Piqué Vidal —los tres incorporados más tarde al equipo de defensores de los querellados—) una señora mayor que argumentó que los agujeros se producían en todos los negocios. La buena mujer explicó que en su tienda también tenía uno y que era necesario comprender a los anteriores dirigentes de Banca Catalana, por el hecho de que sus acciones habían sido guiadas por el afán de servicio a Catalunya. Aquella señora, amparada en el anonimato, era familiar de Joan Brat Sales, alto directivo del grupo Catalana, llamado a declarar meses después por los fiscales para ofrecer su versión sobre las concesiones de créditos ficticios.

Aquél era el momento ideal para solicitar que se votara si la junta de accionistas exigía responsabilidades o no a los gestores que habían llevado al Banco a aquella triste situación. Estaban presentes unas 1.700 personas, que se distribuían en salas contiguas siguiendo la sesión a través de pantallas de vídeo en representación de 5.843 de los cerca de 22.000 accionistas que tenía Banca Catalana. Estaba allí, pues, el 25 por ciento de los accionistas. Pero los presentes disponían del 68 por ciento del capital, con lo que hubo quórum de forma holgada. Estaban presentes todos los grandes accionistas, directamente vinculados en su mayoría a los antiguos consejos de administración, y era lógico pensar que no se autoexigirían responsabilidades. El grupo familiar de Pujol dominaba, por sí solo, un paquete de acciones cercano al 20 por ciento del capital. Otro 20 por ciento eran accionistas de los primeros años, con acciones de la serie A y totalmente identificados con la empresa. Añadiendo otros paquetes minoritarios, se cubrían de todas formas los mínimos para evitar un resultado contrario a los anteriores gestores.

Finalmente, el resultado fue de 151.620 votos favorables a la no exigencia de responsabilidades, 15.537 abstenciones y 604.929 votos en contra. En las siguientes votaciones para la aprobación de otros puntos, los resultados fueron todavía más apabullantes. Narcís Andreu pidió que fuera sometida a votación la operación acordeón, con el siguiente resultado: 33.550 en contra, 2.392 abstenciones y 736.144 a favor. Quedaba para la historia que los accionistas de Banca Catalana habían aceptado sin pestañear la evaporación de su capital.

No tuvo gran resonancia la carta remitida unos días después por Marcial López Moreno, presidente de la Asociación para la Defensa del Pequeño Accionista (que agrupaba a cuatro millones de personas), a Ruiz de Alda, solicitando que se depuraran las responsabilidades de quienes habían llevado el Banco a la ruina.

Los antiguos administradores se concentraron, a partir de ese momento, en la posibilidad de recuperar el Banco acudiendo a la ampliación de capital. La Caixa dio a entender que renovaría su 7 por ciento de patrimonio accionarial en Catalana, una entidad que, según Ruiz de Alda, tenía graves problemas de liquidez y solvencia y había adquirido un ritmo de pérdidas de 9.000 millones anuales. En el contrato de compra de acciones de Catalana por parte de La Caixa firmado tres años antes figuraba una cláusula de recompra que los dirigentes de la Caja de ahorros querían hacer valer. Pero reunir los 15.000 millones, o al menos más de la mitad de ese capital para conseguir la mayoría, no se presentaba como empresa fácil para los antiguos gestores y propietarios. Se establecieron contactos de alto nivel para interesar a destacadas personalidades de la economía catalana en la operación, pero Catalana estaba ya muy deteriorada y hacían falta una gran fe y una gran capacidad financiera para reflotarla.

A nivel doméstico, un hombre de Convergència especializado en campañas populares y dinamización de actividades catalanistas, Josep Espar Ticó, se lanzó a recoger dinero entre la ciudadanía para acudir a la ampliación. Contaba con un plazo de un mes para, como rezaba su eslogan, «salvar Banca Catalana». Su propia peletería sirvió de base de operaciones de la campaña, que alcanzó una cierta resonancia en los medios de comunicación. Espar Ticó intentó convencer a Ruiz de Alda para que ampliara el plazo hasta el 20 de enero, pero el resquicio legal que el presidente del Fondo se comprometió a buscar no acabó de encontrarse. Con todo, Espar Ticó había logrado reunir el 5 por ciento del capital cuando, a finales de diciembre, tuvo que dar por finalizada la campaña. Fue realmente una proeza reunir 800 millones de pesetas en un mes, aunque colaboraran intensamente en ello buena parte de los propios empleados de Banca Catalana.

A fin de cuentas, todos los esfuerzos fueron vanos y el 20 de diciembre se cerró el plazo, y el Fondo de Garantía de Depósitos cubrió la casi totalidad de la ampliación de capital. A partir de ese momento sólo quedó una baza para quienes pretendían que Banca Catalana recuperara su vieja identidad: la subasta posterior al saneamiento. Siempre, claro está, que el Gobierno renunciara a su derecho de tanteo y decidiera reprivatizarla.

Los demás Bancos del grupo vivieron aquellos días un proceso similar al de Banca Catalana aunque sin campaña de salvación a lo Espar Ticó. La mayor parte de sus acciones estaba en manos, sin embargo, de la propia Catalana, por lo que las juntas discurrieron en un ambiente menos crispado. A partir de ese momento, el grupo bancario quedó prácticamente integrado en Banca Catalana, con excepción de alguna pieza que, como se verá, se separó con la reprivatización.

El «pool» gana el pulso a La Caixa

Tras el examen y saneamiento a que fue sometida Banca Catalana por el Fondo de Garantía de Depósitos, y un día antes de que se procediera a la subasta, cuando parecía que La Caixa sería la única entidad concursante, tomó cuerpo la idea del «pool» bancario que había sonado ya durante el pasado otoño. Hasta ese mes de mayo de 1983, se habían desarrollado numerosas reuniones privadas en el sector financiero español, en torno al futuro de Catalana.

La voluntad de mantener la catalanidad del grupo, compartida por Generalitat, entidades privadas catalanas y autoridades monetarias de Madrid, había generado una nueva búsqueda de un catalán de peso que aglutinara a su alrededor la voluntad de recuperar la Banca. Josep Maria Figueras, Rafael Termes, Ricard Fornesa (secretario general de La Caixa) o Llorenç Gascón (director general de La Seda) fueron sondeados otra vez. Pero la fórmula no funcionó. Se ideó otra estrategia tendente a facilitar un pacto La Caixa-Banco de Sabadell, en la que participó el ministro Ernest Lluch. El Banco Exterior, tras desgajar del grupo al Banco de Alicante y quedárselo, anunció que renunciaba a emprender acciones de mayor envergadura.

Quedaba solamente una propuesta sobre la mesa de los directivos del Fondo. La de La Caixa. Los ocho representantes de los trabajadores en el consejo de administración de la entidad de ahorro se oponían a esa oferta, pero se aprobó por mayoría, con la abstención del propio Vilarasau y la ausencia de dos consejeros, el ex rector de la Universidad Autónoma de Barcelona Serra Ramoneda y el notario Roca-Sastre.

Rafael Termes y José Vilarasau comentaban con frecuencia, en Madrid, el desarrollo de los acontecimientos. Los intercambios de información entre el presidente de la patronal bancaria AEB (Asociación Española de Banca) y el director general de La Caixa no se efectuaban por pura amistad personal. A última hora, cuando ya se daba por cerrada la «operación Caixa», apareció una oferta del «pool» de dieciséis Bancos garantizando mejores condiciones para el Fondo en lo tocante a créditos y avales. La Caixa, en realidad, no había sentido gran interés hacia Banca Catalana desde el estallido de la crisis en junio de 1982, con el Boletín Confidencial de Europa Press. Todo aquel revuelo y aquellas retiradas de fondos horrorizaron a los técnicos de La Caixa, quienes desestimaron los detallados planes que habían elaborado para hacerse con Catalana. De hecho, incluso las leyes debían retocarse para permitir la operación, ya que la legislación vigente impedía que una caja de ahorros controlara un Banco. La Caixa había mantenido su oferta de modo simbólico, a sabiendas que discretamente los principales Bancos del país estaban negociando una oferta conjunta partiendo de condiciones menos gravosas para el Fondo de Garantía de Depósitos.

Con la oferta del «pool» llegaba, en cierta forma, la hora de la venganza. Muchos Bancos españoles debían recordar la numerosa clientela perdida en manos de Catalana, años atrás, por causa especialmente de los generosos extratipos de la joven entidad. Banca Catalana había «reventado» numerosos pactos del sector, en el sentido de que nadie rebasara unos determinados niveles de extratipos, pagando más y mejor a sus impositores, y eso había irritado a la Banca tradicional. En lo referido a tipos generosos, Ruiz de Alda los redujo paulatinamente a lo largo de su gestión en Catalana, pero no logró eliminarlos por completo.

En Catalunya nadie, salvo los grandes Bancos, apoyaba la venta de Catalana al «pool». El propio Jordi Pujol, al recibir a una delegación de los trabajadores de la entidad, manifestó su inclinación por la oferta de La Caixa. Pero la suerte estaba echada. Rafael Termes sabía que la oferta que patrocinaba era la única que podía tener en cuenta el Fondo. Sólo existía un temor: que el Gobierno considerara excesivas las pretensiones de los compradores y optara por ejercer su derecho de tanteo, quedándose con Catalana y haciéndole un hueco en el sector público. Boyer, sin embargo, que ya en diciembre había recabado sin excesivo éxito la opinión del convergente Miquel Roca sobre el asunto, tenía demasiados problemas con «Rumasa». El 23 de febrero se había producido la expropiación del «holding» de Ruiz-Mateos, y las autoridades monetarias no querían agravar sus propios problemas y los añadidos por Rumasa, quedándose con Banca Catalana. Los socialistas de Catalunya presionaron varias veces para que se buscara una solución que no pasara por el «pool», pero Miguel Boyer y el presidente Felipe González les aseguraron que no había otra salida y que era totalmente inviable la nacionalización del Banco y su traspaso a las instituciones públicas catalanas.

El 17 de mayo de 1983, el Fondo de Garantía de Depósitos vendió Banca Catalana al «pool». Este grupo estaba compuesto por los siete grandes (Central, Banesto, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular Español), los «cinco magníficos» (Pastor, Herrero, Sabadell, March y Zaragozano) y dos entidades de menor tamaño: el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Banco de Europa de Ferrer Salat. El precio fue de 13.606 millones de pesetas. Al día siguiente, el Consejo de Ministros renunció a su derecho de tanteo, aceptando la sugerencia recibida del Banco de España en este sentido.

Sólo Ramon Trias Fargas pareció estar conforme con la decisión en Catalunya. Trias, que ya había abandonado su puesto en la Conselleria de Economía, manifestó su alegría y afirmó que el mantenimiento de la catalanidad podría negociarse con los Bancos que se habían quedado Banca Catalana, BIC, BIM y Barcelona. El presidente de la patronal, Rafael Termes, fue más lejos y aventuró que la catalanidad estaba asegurada, ya que la mayor parte de los clientes y empleados eran catalanes, y las oficinas estaban en Catalunya. «Lo único que pasa —dijo— es que antes los accionistas era mayoritariamente catalanes, y ahora no tanto, pero en cualquier caso los Bancos tienen una fuerte implantación en Catalunya y cuentan con muchos accionistas catalanes». Desde luego, ésa no era la definición que los Pujol, Cabana, Carrasco o Cendrós harían de un Banco catalán.

Convergència Democrática emitió una nota el mismo día 18, enmendando la plana a su propio presidente, Ramon Trias Fargas. En la nota se lamentaba que no hubiera sido La Caixa la receptora de Catalana, aunque reconocía que descartada ésta había que buscar una solución urgente. Y añadía: «CDC comprende que la Generalitat haya querido actuar con discreción en este asunto, pero cree ya necesario que informe ampliamente sobre el tema». Pero Pujol eludió las preguntas sobre Catalana formuladas en la sesión del 20 de mayo y dijo que la Generalitat haría pública una nota explicativa dando a conocer las gestiones realizadas en favor de la oferta de La Caixa. La nota nunca apareció y Ruiz de Alda, ante el escándalo formado en la junta de accionistas que debía ratificar la venta, tuvo que explicar que Jordi Pujol le había comunicado personalmente su comprensión y aceptación de la solución hallada.

La primera intención del «pool» era sentar en el consejo de administración de Banca Catalana a los consejeros delegados de cada una de las entidades que componían el grupo. La Administración le hizo saber que no veía con buenos ojos esa fórmula, e insistió en que Catalana fuera mantenida como institución. En un almuerzo entre los presidentes de los grandes Bancos mantenido el 30 de mayo, se decidió que el Banco de Vizcaya se hiciera cargo en solitario de la gestión de Catalana. Al día siguiente se rubricó el acuerdo. Antoni Negre, director general del Vizcaya en Catalunya, fue nombrado nuevo presidente de Banca Catalana, y Alfredo Sáez, máximo ejecutivo de la sociedad de promoción industrial del Vizcaya, asumió las funciones de consejero director general. El Banco de Vizcaya asumió el compromiso de no desarrollar una política expansiva y recibió a cambio la posibilidad de ejercer derecho de compra sobre la entidad que gestionaba al cabo de dos años. El Vizcaya ejerció ese derecho antes de concluir el plazo, exactamente el 10 de marzo de 1984.

El 20 de junio, el Fondo formalizó la venta al «pool», comprometiéndose a quedarse con activos industriales del grupo por un importe de 8.575 millones de pesetas. El «pool» se quedó solamente con algunas empresas especialmente vinculadas al mundo financiero. Con su paquete de empresas, el Fondo de Garantía de Depósitos hizo cuatro grupos:

– El de las empresas que, por su participación mayoritaria, implantación geográfica o especiales condiciones financieras reclamaban su control desde Barcelona. Ahí estaban comprendidas firmas textiles como «Nurel», «Brilén», «Montefibre» o la comercial «Europrix».

– El de aquellas con participación accionarial minoritaria, a menudo acompañada de significativo apoyo crediticio, que serían dirigidas desde Madrid en los casos en que, por su elevado volumen de facturación o implicación en planes de reconversión, fuera difícil gestionar desde Barcelona («Torras Herrería», «Corberó», «Pignone», «La Farga Casanova», «Aiscondel», «Marasia»…).

– El grupo compuesto por empresas que no tenían más salida que la liquidación o el difícil traspaso a cooperativas o sociedades anónimas laborales.

– El que englobaba las participaciones minoritarias en empresas con dirección y accionariado muy claros, que habría de ser vendido con prontitud («Roca Radiadores», «Laboratorios Ferrer»).

Los Bancos otrora controlados por el grupo Catalana encontraron pronto nuevo cobijo. La Banca March ya había comprado el Banco de Asturias, y posteriormente un Banco del grupo March, el del Progreso, adquirió un paquete mayoritario en el Banco de Gerona. El Banco de Crédito e Inversiones, que fue bastión gallego de Banca Catalana, pasó a la órbita del Banco Central. El de Alicante fue adjudicado al Banco Exterior de España, ya que su oferta mejoraba claramente la presentada por el Bank of America.

Quedaba, pues, solamente el último acto: la junta de accionistas que antes de finalizar junio debía ratificar el nuevo estado de cosas. Y aquella junta, cuyo resultado no podía ofrecer sorpresas dada la gran mayoría accionarial del Fondo, constituyó uno de los episodios más tempestuosos de toda la historia bancaria española. Fueron tres largas horas de un 13 de junio que habían de quedar grabadas en la memoria de Juan Antonio Ruiz de Alda, presidente del Fondo y presidente dimisionario de Catalana, que tuvo que abandonar el Palacio de Congresos por una puerta trasera siguiendo los consejos de los servicios de seguridad. Tal era el escándalo en la sala.

Habían convergido en la sala los nacionalistas encabezados por Espar Ticó y los trabajadores del grupo, provistos de silbatos que utilizaron a conciencia. Espar Ticó se abalanzó sobre el micrófono, al inicio de la sesión, y denunció que todo había sido «un pasteleo madrileño». Ruiz de Alda, en el escenario, apenas pudo explicar que el Fondo había aportado al grupo 141.606 millones de pesetas antes de enero de 1983, en concepto de absorción de pérdidas, de activos, y en préstamos a largo plazo y sin interés, además de la ampliación de capital asumida, y que el Banco de España había cedido 125.350 millones en préstamo al 8 por ciento de interés con un plazo de cinco años.

La sala se convirtió en una olla a presión incontrolable. Un accionista, el sacerdote Josep Plaja Mateu, uno de los fundadores de Convergència Democrática y expulsado del partido en 1984, se arrancó con un discurso sobre la nación catalana. Otro, Josep Oriol Pañella, acusó al Fondo de seguir instrucciones de los socialistas. Joan Piqué Vidal y Juan Rodríguez Vives de la Hinojosa, los abogados de los antiguos consejeros, insistían en la necesidad de exonerar a éstos de cualquier responsabilidad en aquel desaguisado.

Finalmente no pudo redactarse siquiera el acta definitiva de la reunión, lo cual fue realizado con posterioridad. Tras una invasión del estrado por parte de Espar Ticó y otros accionistas, Ruiz de Alda marchó como pudo de la sala y, muy lentamente, se apagó el fragor de los gritos y los silbatos en el Palacio de Congresos. Aquél fue un triste e inmerecido final de opereta para el tercer intento histórico de crear una banca catalana autónoma y al servicio del país.

Las culpas de la Prensa

Francesc Cabana, en su libro Banca Catalana, un capítol de la seva història, acusó al periodista Alfons Quintà y a la agencia de noticias «Europa Press» de provocar la crisis final. Al primero le reprochó una serie de artículos contra la institución. A la segunda, el haber provocado con su «confidencial» del 11 de junio de 1982, el pánico entre los depositantes. Parte de razón le acompañaba, sobre todo en lo referente al «confidencial», pero está claro que no sólo eso hundió al Banco.

Por otra parte, y Cabana lo reconoce en su libro, durante la primavera de 1982 abundaron las referencias en los medios de comunicación a los problemas de Banca Catalana y a su posible solución. Se hacía bastante hincapié en el papel determinante que La Caixa debía jugar en el futuro de Banca Catalana. Los rumores, además, habían generado un notorio flujo de retirada de depósitos. Diversas noticias aludían a unos 10.000 millones de capital inmovilizado en el Banco, a las protestas del Ministerio de Economía y Hacienda por la excesiva actividad exterior cuando la situación financiera interna no era buena, o a las ayudas arbitrarias desde la Generalitat, a través de su Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial (CARIC) para subsanar las deudas de las empresas del grupo. Mientras, la prensa cercana a Pujol mantenía un prudente silencio sobre el asunto.

Pero quien se había atragantado a los dirigentes de Banca Catalana era Alfons Quintà. Desde su puesto de delegado en Catalunya del influyente rotativo El País, publicó más de veinte artículos durante el año 1980, después de la elección de Pujol como presidente de la Generalitat, vinculándole a Banca Catalana y especialmente a sus numerosos problemas. El primero de esos artículos apareció cinco días después de la elección de Pujol el 24 de abril. Asociando siempre a Pujol con los problemas de Catalana —«Montigalà», «La Farga Casanova», «Unidad Hermética», los polígonos de Tarragona, Tabasa…—, Quintà solía acentuar una vinculación que el Presidente de la Generalitat no deseaba en absoluto que se hiciera. Pérdidas económicas, suspensiones de pagos… Todo ello afectaba la imagen de Pujol como presidente de la Generalitat. Quintà y Pujol se conocían bien. Alfons Quintà, en su condición de oficial de la marina mercante (es también abogado y periodista) había trabajado como asesor en la «Gran Enciclopedia Catalana» y había perdido su empleo con la entrada de Pujol en la empresa. Luego, tras la constitución del primer gobierno de unidad en Catalunya, al regresar Josep Tarradellas del exilio, y antes de las primeras elecciones autonómicas, Pujol suministró a Quintà suculentas primicias acerca de lo que sucedía en las secretas reuniones de dicho gobierno.

Debido a estas «filtraciones», poco antes de las primeras elecciones autonómicas, los líderes de los principales partidos catalanes, Jordi Pujol (CDC), Joan Reventós (PSC) y Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC) se desplazaron conjuntamente a Madrid para, en una entrevista previamente concertada con el director de El País, Juan Luis Cebrián, pedir al unísono la destitución de Alfons Quintà. Cebrián les manifestó que ya estaba previsto este cambio en el marco de una reestructuración que afectaría a la delegación en Barcelona, y les pidió que esperaran el desarrollo de los acontecimientos.

La persecución de Quintà a Pujol se hizo implacable, llegando a rozar la crueldad en el artículo que comentó la muerte del padre del presidente de la Generalitat, mezclando diversas especulaciones sobre el destino de las acciones del difunto y las del judío Tennembaum, también fallecido poco antes. Pero el odio hacia él en los círculos convergentes y de Banca Catalana debió alcanzar las más altas cotas cuando después de la serie de artículos de 1980 —con títulos como «Dificultades económicas del grupo bancario de Jordi Pujol» o «Una empresa de Pujol podría enjugar el déficit con fondos públicos»—, y tras una cierta disminución de la cadencia de los mismos, se despachó con uno demoledor el 4 de abril de 1982 que poco tenía que envidiar a la nota de Europa Press de un mes más tarde.

Este artículo, titulado «La crisis bancaria afecta a diversas entidades financieras de Catalunya», empezaba equiparando, en un cóctel explosivo los rumores, operaciones en marcha y descalabros consumados de diversas instituciones bancarias radicadas en Catalunya: «La inmediata venta de Bankunión, el desastre del Banco de los Pirineos, la posible compra de la Banca Mas Sardà por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalunya y Baleares (La Caixa), la ruina personal del que fuera presidente de Banca Catalana, Jaume Carner, el descalabro financiero de “Uniholding-Financing” y las operaciones del grupo Banca Catalana para vender parte de su patrimonio, son en estos días punto de intenso comentario en los medios financieros y políticos catalanes. Gran parte del interés se centra en el hecho de que Jordi Pujol sea el principal accionista de Banca Catalana y que parte de la venta del citado patrimonio se pretende llevar a cabo con participación de la Generalitat». La referencia a los problemas de Banca Catalana giraba en torno a tres episodios: la ruina personal del ex presidente de la entidad, Carner, que «empleó fondos de inversores en negocios que resultaron ruinosos»; las pérdidas estructurales que generaban las obras de los túneles del Tibidabo, paralizados desde 1976, y en cuya realización participaban Bankunión, Banca Catalana y el Banco Atlántico, según Alfons Quintà, y en tercer lugar las negociaciones en curso para la venta a la Generalitat de los terrenos de Montigalà-Batllòria, en los que el Banco Industrial de Catalunya había intentado realizar una operación especulativa que luego resultó ser un carísimo fiasco.

En estas circunstancias, Pujol lo nombró en agosto de 1982 máximo responsable de la televisión autonómica, uno de los proyectos que Pujol acariciaba con más cariño. Nadie entendió nada y mucho menos los fieles al presidente de la Generalitat. Circuló el rumor de que Quintà había elaborado un amplio informe sobre Banca Catalana y con él había «comprado» su nuevo cargo. Otro supuesto «dossier» se le atribuyó a Quintà más tarde, cuando al dejar la televisión autonómica (TV-3) fue a parar a La Caixa.

Más que a dudosos «dossiers», el destino de Quintà en TV-3 se debió probablemente al deseo de Pujol de tenerlo controlado, respondiendo a aquella conocida máxima de hacerse amigo de aquél a quien no se puede vencer. Lo máximo que podía saber Quintá en aquellos momentos era la exacta situación de los intentos de venta de Catalana a La Caixa o los pinitos del Bank of America en sus ofertas de compra, lo cual, tal como estaban las cosas ya, no era suficiente para ejercer presión alguna.

En general, la prensa catalana no fue más allá de la simple reseña, y a menudo echó algún capote al grupo bancario enfermo.

La política es un factor imprescindible para valorar la historia de Banca Catalana y sus últimos años, especialmente en relación con la crisis. Hay que reseñar de nuevo que, en conjunto, las relaciones de Banca Catalana con el Banco de España se desarrollaron en general en forma satisfactoria. Harina de otro costal fueron las relaciones con los gobiernos y dirigentes franquistas.

Entenderse con UCD

Con UCD las relaciones funcionaron bien. Sobre todo cuando los votos del partido de Pujol fueron necesarios para la mayoría de UCD en el Parlamento. Pero esa colaboración fue también fuente de numerosos conflictos, ya que los socialistas no cejaron en denunciarlas. Francesc Cabana, por su parte, tejió un buen círculo de amistades, en el organismo predecesor del Fondo de Garantía, la Corporación Bancaria, donde estuvo desde su fundación. Durante un tiempo, Cabana se movió con habilidad por Madrid y a más de uno le sorprendió verle sentado en las mesas donde se discutían los Pactos de la Moncloa, en representación de un partido, Convergència Democrática, al que decía no pertenecer. Los dirigentes de Catalana explican que el día que Francesc Constans se reunió con altos cargos del Banco de España y les dijo que Banca Catalana no había recibido nunca un duro de ellos, no querían creerlo y tuvieron que repasar las listas de ayuda para convencerse. Pero mientras Pujol estuviera vinculado, aunque solo fuera a nivel de imagen, y en la práctica lo estaba además por dedicación, el flujo Banco de España-Banca Catalana estaba obligadamente interrumpido. Incluso las ayudas a empresas participadas, cuestión más difícil de detectar, estaban sometidas al mismo conflicto. Ni la sobrevaloración del dinero que la Administración Central debía pasar a la autonómica catalana —que luego sería reconocida por el propio Pujol— quedaba exenta de suspicacias. Tenían razón los dirigentes de Catalana que pedían a Pujol un gesto que le distanciase clara y definitivamente de su obra bancaria, un gesto que nunca llegaría a realizarse.

En septiembre de 1980, Banca Catalana estaba en mitad del campo de batalla político. La revista El Socialista, del PSOE, insistía en los pactos político-económicos entre Suárez y Pujol, y además publicó un reportaje sobre la presunta estafa de la urbanización «Nueva Alcalá» con vinculaciones con el Banco Industrial de Catalunya. A través de Ernest Lluch, Cabana organizó una comida con el «hombre fuerte» del aparato del PSOE, Guillermo Galeote, para solicitar una especie de tregua. Las posibles repercusiones laborales de una crisis de Catalana aducidas por Cabana, convencieron a Galeote de que debía ralentizarse el acoso. Aquel fin de semana, Guillermo Galeote se desplazó a Sevilla y sufrió un aparatoso accidente del que resultó con heridas graves que le mantuvieron entre la vida y la muerte. Cabana, informado por sus enlaces en el Banco de España, descubrió que Felipe González tenía prevista una dura alusión a Banca Catalana en relación a las votaciones de CDC favorables a UCD, durante una moción de confianza a Adolfo Suárez. Intercedió ante Lluch para que fuera moderada parte de la intervención y éste le hizo caso. El tema sería citado de pasada, sin alusiones directas, y sólo los entendidos captarían el significado de la frase. Lamentablemente para esa operación política, un juego de palabras de Lluch puso fuera de quicio a Martín Villa y fue el propio ministro del Interior, quien sacó el tema a colación. Ernest Lluch bromeó diciendo: «Ahora sé por qué le llaman banco azul a ése en que se sientan los componentes del gobierno. Debe ser porque unos vienen del Banco y otros vienen del azul». Martín Villa, que no estaba al corriente del «acuerdo entre caballeros», encajó mal la ironía y sacó el tema de Banca Catalana afirmando que los socialistas eran los menos indicados para hablar del asunto —al cual no habían aludido ya que importantes dirigentes socialistas catalanes tenían intereses en Catalana.

La alusión de Martín Villa iba por los diputados socialistas catalanes Josep Andreu Abelló y Joan Reventós. Tras la sesión, Andreu Abelló se acercó a Reventós y le comentó la necesidad de venderse sus acciones de Catalana. Reventós, siguiendo su costumbre de desprenderse de muy pocas cosas, no lo consideró necesario y mantuvo su capital hasta que la operación acordeón lo redujo a unos poco miles de pesetas. Andreu intentaría a partir de entonces sacarse de encima sus acciones. Puso su voluntad en conocimiento de Francesc Cabana, que era sobre quien recaía la función de coordinar las transmisiones accionariales. Pero éste no las vendió, pese a las reiteradas llamadas de Andreu, instándole a que lo hiciera. Para colmo de males, Andreu se cruzó un día con Pujol y al hablarle de Banca Catalana, éste le dijo que a él ya no le quedaba ninguna acción. Andreu, que no podía colocar las suyas, y que como accionista sindicado tenía derecho a saber qué había hecho Pujol con sus acciones de la serie A, quedó estupefacto e insistió en sus presiones sobre Cabana. Fue inútil. Su dinero —unos cuantos millones más que Reventós— también estaba destinado a evaporarse con la operación acordeón de noviembre de 1982.

La polémica en torno a los pactos secretos entre Suárez y Pujol subía de tono. Los diarios El País y El Periódico se hacían reflejo de ello y Alfonso Guerra remachaba el clavo el 25 de octubre en unos desayunos del «Ritz» con periodistas femeninas, cifrando en 28.000 los millones recibidos por Banca Catalana del gobierno de Madrid. Según Guerra, los votos de Pujol se compraron con créditos. En ese ambiente, se comprendía el comentario de Mariano Rubio, entonces subgobernador del Banco de España, a los preocupados gestores de Catalana. No les podía ayudar ni perseguir por ser quienes eran. O sea, que ni lo uno ni lo otro. Lo cual, tal como estaban las cosas en Banca Catalana, era harto preocupante. Mientras, Rubio también tenía que recibir a socialistas preocupados por el cariz que tomaba la marcha del Banco. Ernest Lluch le pidió que influyera en sus áreas de poder para que desde el Banco de España o desde el Ministerio de Economía se buscaran soluciones reales para una situación que, según el que luego sería ministro de Sanidad, se estaba pudriendo demasiado. Rubio respondió a Lluch que todo eran imaginaciones suyas. «Manías de los socialistas catalanes», decía. Por otro lado, el Ministerio de Economía tampoco gozaba de excesivo margen de maniobra y se hizo lo que Lluch temía: se dejó pasar el tiempo y Banca Catalana se pudrió. Lluch quedó convencido de que la expropiación hubiese sido la solución menos gravosa, pero un gobierno conservador como el de UCD no era el indicado para tomar una medida como ésa.

Dimitir por Catalana

Pese a que el tema de Banca Catalana estuvo presente en numerosas ocasiones en los corredores de los parlamentos catalán y español, sólo Martín Villa, por casualidad, lo llevó a los debates parlamentarios. Unicamente cuando se llegó a una solución definitiva, tomó carta de naturaleza en ambas cámaras legislativas. En el Parlament catalán la presencia del asunto se había limitado a ligeros escarceos y alguna insinuación muy discreta. El diputado comunista Antoni Luchetti interpeló el 28 de junio de 1982 a Ramon Trias Fargas, a raíz de la nota que éste hizo pública para garantizar la confianza en la consistencia de Banca Catalana. Luchetti quería saber en calidad de qué la conselleria de Economía había salido en defensa de una institución financiera privada, y cuál era su posición en relación a la participación de las Cajas en los recursos del grupo bancario. Trias le contestó escuetamente que su intención era tranquilizar a la opinión pública y en relación a las Cajas de ahorro, dijo que, pese a la conveniencia de mantener la independencia orgánica y funcional de Cajas y Bancos, a veces debía renunciarse temporalmente a los principios para adoptar soluciones responsables que evitasen, según el consejero, «los males derivados para la economía y la comunidad catalana».

El portavoz socialista en el Parlament catalán, Lluís Armet, descartó por las mismas fechas la idea de presentar cualquier acción parlamentaria, considerando que podía afectar negativamente a la búsqueda de soluciones para la crisis galopante que sabía vivía la entidad.

Con el mismo criterio los socialistas decidieron, pese al desacuerdo de algunos destacados militantes, no utilizar el «caso Catalana» durante la campaña que había de llevar a Felipe González a la presidencia del Gobierno. La hipótesis de un posible pacto postelectoral entre socialistas y minorías de Convergència y Partido Nacionalista Vasco debió ayudar a convencer a los más refractarios ante esa decisión. Aunque en el otro extremo del abanico electoral, tampoco se descartó un posible pacto UCD-CDC-AP. Tras la venta al «pool» de Bancos, el tema Catalana sí que apareció en el Parlament catalán y lo hizo con bastante fuerza.

En las sesiones plenarias de los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1983, al abrirse el nuevo período de sesiones, Pujol hizo su discurso sin hacer referencia alguna a la crisis de Catalana. Antoni Gutiérrez Díaz, secretario general del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) la puso sobre la mesa. «(…) una política financiera —dijo— que ha visto este último año un acontecimiento de gran importancia, del cual el señor presidente no ha hecho mención a la hora de hacernos llegar su mensaje esperanzado hacia el futuro. Me refiero al affaire de Banca Catalana. Una cuestión de notable dimensión económica, ya que implica cantidades del orden de los 275.000 millones de pesetas, pero que también es la expresión de toda una filosofía en política financiera. Porque, dejando de lado cualquier referencia a las responsabilidades que en su día pueden deducirse de las investigaciones abiertas por el Banco de España, es para nosotros especialmente grave que la salida de la crisis se haya saldado desaprovechando la posibilidad de crear un sector público en la banca y, contrariamente, se haya regalado a la gran banca española en unos momentos en que el abaratamiento del crédito es una condición positiva para impulsar una política de reindustrialización y el principal obstáculo para conseguirlo es el comportamiento monopolístico de la gran banca española».

En su réplica, Pujol discrepó de las cifras presentadas por Gutiérrez Díaz y sacó a colación un ejemplo, el de la valoración de la montaña de La Molina, que sería usado a menudo por los convergentes para discrepar de los criterios de valoración de los activos de Catalana. «Sobre la cantidad algún día tendremos que hablar —dijo Pujol—. Yo no sé si será la que resultará de aquel momento en que alguien del Banco de España me dijo, por ejemplo, que La Molina valía cero pesetas, y ahora resulta que nosotros, para hacer una política de desarrollo comercial, quisiéramos (la Generalitat) hacernos cargo de La Molina y nos piden 900 millones por ella. No sé cuál es la cifra que resultará y, por tanto, ya hablaremos de ello. En cuanto al hecho de que habríamos preferido otra solución, esté seguro, señor Gutiérrez Díaz, esté seguro que también la habríamos deseado. Pero ésta sí que ha sido una decisión que se ha escapado de nuestra… que se ha escapado porque quedaba, en cierto aspecto, fuera de nuestro alcance. Pero esté seguro que, efectivamente, nos habría gustado, y así lo hemos dicho más de una vez, y sobre todo lo hemos dicho a quien debíamos decirlo, otra decisión».

El debate sobre Catalana no fue a más en la intervención posterior de Gutiérrez Díaz, en la que aprovechó para contrarrestar la afirmación final de Pujol de que no podía ser que todo lo hubieran hecho mal, con un durísimo: «Usted, señor Pujol, no es que cometa errores, es que usted es un error. Un error histórico, no sé de qué dimensión, pero un error». No entraría muy satisfecho Pujol a escuchar la intervención posterior del socialista Lluís Armet. Éste, tras una primera alusión en la que criticó la forma en que había elaborado Pujol el programa de actuación, reuniéndose con cuatro dirigentes de Banca Catalana y un diputado de Convergència, reservó el tema hasta la parte final de su intervención, cuando ya el presidente del Parlament le había recordado que había sobrepasado el tiempo que le correspondía. Tras la reconvención del estricto presidente, Heribert Barrera, Armet entró directamente en materia: «Señoras y señores diputados, esta nueva acción de gobierno es hoy necesaria para devolver a los ciudadanos de Catalunya su confianza en la viabilidad del proyecto autonómico. El actual presidente creemos nosotros no está en condiciones de transmitir la credibilidad necesaria ni en la sociedad catalana ni en el resto de España para emprender las medidas necesarias que hagan falta. La credibilidad del actual presidente está, en consecuencia, profundamente deteriorada. Diversos factores han contribuido a este deterioro: uno de ellos, sin embargo, merece una valoración especial; es la implicación personal del titular de la presidencia de la Generalitat en la crisis de Banca Catalana.

»Señoras y señores diputados, ustedes saben que este tema lo hemos tratado con un rigor y una seriedad que nadie podrá cuestionar. Cuando el actual Consejo Ejecutivo callaba y asesores especiales del presidente aplaudían la decisión de traspasar la titularidad accionarial de Banca Catalana a la gran banca española (alusión a Ramno Trias Fargas), yo, personalmente, en nombre de mi partido manifestaba públicamente una posición especialmente clara en defensa de los intereses nacionales de Catalunya. En aquellos momentos, a pesar de la aparición de circunstancias parlamentarias que lo propiciaban, preferimos no hablar del asunto; al contrario, hemos querido voluntariamente dejar pasar un tiempo prudencial antes de abordarlo en esta cámara. Y hemos querido dejar pasar este tiempo por diversos motivos. En primer lugar, para permitir la reflexión y la salida digna a las altas instituciones políticas; en segundo lugar, para situarlo en un contexto político y no económico, como habrían sido los debates de mayo y julio; en tercer lugar, para evitar una incidencia negativa en el proceso de estabilización de Banca Catalana, especialmente para evitar posibles efectos perjudiciales que se hubieran podido derivar para el personal trabajador y para los depositantes. Sin embargo, ha llegado el momento de sacar las consecuencias políticas de esta cuestión, que a nuestro entender, deben situarse substancialmente en este terreno y no en las hipotéticas implicaciones de otros tipos. La crisis de Banca Catalana ha puesto en evidencia que la máxima institución del gobierno autonómico está encarnada por una persona que no tiene la libertad política suficiente para, en todo momento y en toda circunstancia, defender los intereses nacionales de Catalunya. La inhibición absoluta y clamorosa del Gobierno de la Generalitat en la fase final de la crisis de Banca Catalana es una muestra evidente de ello y es inevitable que justificadamente aparezca el temor de que otras actuaciones de nuestra institución podrían estar mediatizadas por el mismo motivo. Señoras y señores diputados, la credibilidad institucional está, por tanto, inevitablemente cuestionada. Al servicio de la dignidad institucional, el señor Pujol tendría que obrar adoptando la actitud que la conciencia política exige y que en los países democráticos que nos pueden servir de ejemplo es norma de conducta democrática donde implicaciones de estas características se producen».

En otras palabras, por primera vez se pedía a Pujol su dimisión por su vinculación con la crisis de Banca Catalana. El President de la Generalitat se removió nervioso en su escaño y salió a replicar a Lluís Armet.

Antes de entrar en el tema expuesto por el portavoz socialista, Pujol recordó que en actos públicos realizados en Santa Coloma de Gramanet, en 1977, los oradores socialistas habían dicho: «No votéis al banquero porque os echará», como ejemplo de lo que consideraba juego sucio electoral. La primera referencia a Banca Catalana de Pujol se produjo en su estilo habitual, con abundancia de frases sin concluir: «El último tema que usted ha tocado, que es el de Banca Catalana… Usted dice “es que tenemos que empezar a hablar de él”. Bien, pues empezaremos a hablar. Quizá no demasiado hoy, pero empezaremos a hablar. En todo caso, hay una cosa en su planteamiento que es relativamente positiva para mí. Yo sé que este tema se planteará tanto más como más se acaben las armas convencionales de nuestros adversarios políticos. Por tanto, es indirectamente, por decirlo así, una valoración positiva, desde mi punto de vista, que esto se produzca precisamente ahora, de nuestra posición política y de nuestras posibilidades políticas. Usted dice: “No quisieron hablar del tema”. Hay muchas maneras de hablar del mismo, señor Armet. Porque ahora yo sé más cosas que antes no sabía. Hay muchas maneras… ha habido en el mes de mayo, el mes de junio y, sobre todo, en el mes de setiembre y en el mes de octubre, muchas maneras de hablar de este tema. Ya hablaremos un día a fondo si lo quiere. Y la estabilización de Banca Catalana también ha habido muchos momentos para hacerla y muchas maneras. Es bueno que la hagamos ahora. Hagámoslo porque, en último término, pese a todo, nos guste o no, la solución sí que nos conviene, que esto vaya bien. Las implicaciones… pero, en realidad ¿qué implicaciones?

»Pero para acabar mi réplica de hoy de esto, le quiero decir una cosa, señor Armet. Yo estoy acostumbrado a esto, porque —y usted debe saberlo— hace muchos años, incluso cuando no estaba fuera del Banco, sino que estaba muy dentro, éste es un tema que a unos y otros, a los de antes y los de después y los de en medio, les ha servido para hacerme presión; que no ha sido nunca un argumento real. Y no digo si de este color, del otro… de ningún color; nunca he sabido de dónde venía y, por tanto, que nadie se sienta aludido, que a nadie aludo. Pero, evidentemente, debe haber alguien en este país, en España, que considera que hay una manera de hacer presión sobre un determinado personaje. Pero yo le digo ahora una cosa: nunca esta presión ha sido, porque está claro, yo tenía una manera, por ejemplo, de sucumbir a esta presión: callar contra la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos). Y no lo hice, lo hice tan poco que ustedes contra nosotros —ustedes y UCD, esto es de ustedes, pero la política es de ustedes— hicieron esto» (se refería a un folleto defendiendo la LOAPA).

»Por tanto, hablaremos siempre que convenga, pero hay una cosa, ha habido una norma del Gobierno de la Generalitat, ha habido una norma de mi persona, que he aplicado bien o mal, con acierto o con desacierto, pero que ha sido el servicio a Catalunya.

»Señoras y señores diputados, a veces alguien dice: “Es que Pujol no tiene suficiente ideología”. Es verdad, en parte, porque no tengo más que un móvil, que ha sido el servicio a Catalunya, acertado o desacertado, pero ha sido eso. Y de aquí no me sacará ninguna presión —lo anuncio a quien lo quiera tener en cuenta—, ninguna presión que me pueda desviar».

La alusión de Lluís Armet a la dimisión de Jordi Pujol fue pasada por alto. A cambio, había hablado de unas presiones que sorprendieron a la cámara. Ello y la alusión a la LOAPA, que se configuraba como posible arma de contraataque —tras la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a las posturas de Convergencia— era lo único reseñable de esa primera intervención importante de Pujol en la que mantuvo el tono de saber muchas cosas pero no querer explicarlas.

En el verano de 1983, antes de producirse la sentencia sobre la LOAPA, Jordi Pujol estaba políticamente enfermo. Sus íntimos colaboradores habían detectado en el presidente de la Generalitat un estado de postración y abatimiento. Deambulaba grogui por el cuadrilátero de la política catalana. En los tradicionales cenáculos veraniegos de la Costa Brava, personalidades relevantes de Convergència no escatimaban en público comentarios sobre las previsiones sucesorias y se hablaba ya de Macià Alavedra como futuro titular del Palau de la Generalitat. Fue en esos momentos cuando los tres «delfines» de Convergència iniciaron la escalada de posiciones dentro del aparato y limitaron el papel dirigente de Jordi Pujol: Miquel Roca pasó a ocupar la secretaría general por delegación del partido y Macià Alavedra y Josep Maria Cullell, respectivamente, se repartieron las áreas política y económica en el seno del Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Pujol, en horas bajas, cedió los papeles a los «superconsellers». La carga política de Banca Catalana y el desgaste personal supuesto por la crisis del Banco que había creado estaban en el origen de este mal momento. Pero en estas circunstancias, llegó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA y el líder nacionalista, resurgiendo de las cenizas, no dudó en aprovechar la oportunidad y lanzarse al contrataque.

Ante la negativa de Jordi Pujol a comentar, en el debate parlamentario antes citado, la petición de dimisión solicitada, Lluís Armet volvió a la carga en su turno de réplica: «Mire, señor Pujol, cuando nosotros hemos hablado del tema de Banca Catalana, lo hemos hablado desde una perspectiva política, absolutamente escrupulosa de la honorabilidad personal. Ningún tipo de posicionamiento político cuando podían estar en peligro depósitos, personal y la misma institución. Posición de los socialistas de Catalunya clara, inequívoca, en una dirección que finalmente el Gobierno del Estado —y en eso nosotros fuimos contrarios— no ha adoptado, o no ha podido adoptar, si es que quiere que lo estudiemos en profundidad.

»Yo simplemente, y exclusivamente, he querido hacer una declaración de contenido democrático, de sentido democrático profundo, y yo no le he dicho lo que tiene que hacer, sino que yo le he dicho lo que tendría que haber hecho si realmente los barómetros de comportamiento de lo que es un político democrático europeo en circunstancias similares se hubiesen producido. He querido decir eso. Usted es muy libre de hacer lo que quiera y de considerar lo que quiera, pero usted sabe perfectamente qué quiere decir la tradición democrática y qué quiere decir una credibilidad cuestionada. Yo no le cuestiono la credibilidad personal y política, señor Pujol. El problema es cuando la credibilidad de un político, por determinados temas, puede quedar gravemente cuestionada».

La respuesta de Jordi Pujol volvió a quedar preñada de insinuaciones, pero eludió de nuevo hacer referencia a la dimisión.

«Señor presidente, señoras y señores diputados, yo tengo que superar una tentación ahora, y me parece que la superaré, que es la de entrar en el terreno de la discusión —dijo Pujol—. Incluso la última afirmación sobre barómetros de comportamiento político-democrático que podría justificar que yo lo hiciese, hiciese uso. en fin, de cosas de las que podría hacer uso. No lo haré. Quizá si no hubiese entrado en ese terreno exacto habría dicho alguna cosa, pero no me conviene de cara a lo que quiero decir. Estoy encontrando gusto en la polémica y, por tanto, ya me gustaría contestar esto y lo otro y lo otro y lo de más allá, pero no lo haré. Ahora mismo, aparte de esa incitación suya, pues ha habido también un compañero que me pasaba papeles para remachar el clavo sobre cosas que me parece que no hay que hacerlo ya. No, yo he dicho lo que tenía que decir, y ahora, yo lo que quiero decirles es que, lo que al Gobierno de la Generalitat le interesa —y a mí me parece que al país— no es que yo, a usted, señor Armet —lo podría hacer, esté seguro de ello—, le devuelva algún argumento punzante —lo podría hacer—, pero eso no va por ahí para mí; usted haga lo que quiera en su réplica».

Armet, definitivamente descorazonado ante la actitud de Pujol de no entrar en el tema, olvidaría definitivamente el tema de Banca Catalana en su réplica. Sin embargo, quedaba sobre el ambiente el comentario de Pujol sobre las presiones recibidas a raíz de la crisis bancaria. Armet, en nombre de los socialistas, y Rafael Ribó, portavoz de los comunistas catalanes del PSUC, efectuaron sendas preguntas al respecto.

En la sesión celebrada el 14 de octubre, Rafael Ribó formuló sus preguntas: «¿Quién ha presionado al Presidente de la Generalitat? ¿Cómo lo ha presionado? ¿Sobre qué materias lo ha presionado?». Ribó dijo a Pujol que no se hiciera el mártir y que la remisión de la LOAPA le parecía insostenible. Ribó se preguntaba qué otros temas podían ser objeto de presión y si esas presiones podían repetirse. «No queremos tener un presidente presionable», afirmó. En relación a las cosas que Pujol decía saber y que habían pasado los meses de septiembre y octubre, quiso saber en qué consistían. «Estamos ávidos por conocer esa información. Pero lo más grave es la base objetiva que demuestra que el actual presidente de la Generalitat es presionable sobre este tema». Para Ribó, hermano de Xavier Ribó, que intervino decisivamente en la creación del BIM y que acabó vinculado al grupo de Catalana, «si tuviésemos otro presidente de la Generalitat, seguramente no se le podría presionar sobre este tema». A continuación, Armet repetiría los argumentos de su anterior intervención en el pleno afirmando «que la crisis de Banca Catalana había puesto en evidencia que la máxima institución del Gobierno autonómico estaba encarnada en una persona sin la libertad política suficiente para defender, en todo momento y en cualquier circunstancia, los intereses nacionales de Catalunya y, por tanto, la credibilidad institucional estaba cuestionada». Protestó por el hecho de que Pujol no hubiera puesto dichas presiones en conocimiento del Parlamento con anterioridad y quitó importancia a la afirmación de Pujol de haber resistido las presiones: «Sólo faltaba que el señor Pujol confesara que, conscientemente, había tomado medidas de gobierno indignas, contrarias a su conciencia, y a su criterio político, cediendo a presiones que ponían al otro lado de la balanza algún tipo de beneficio personal del carácter que fuese». En su intervención, el portavoz socialista dijo que «aunque el señor Pujol pueda decir que ha estado siempre al servicio de Catalunya, ha de entender que ahora, además de estar a su servicio, encarna y representa la máxima institución del Gobierno autónomo y que, por tanto, la situación no es la misma. Eso, al señor Pujol, le cuesta entenderlo».

Al terminar, Armet volvería a aludir indirectamente al necesario cese de Pujol: «¿No cree el señor Pujol que su persona, en la medida en que es susceptible de ser objeto de presiones, hace más vulnerable las instituciones de autogobierno de Catalunya? ¿Y que es responsabilidad de todos aquellos que servimos, desde un puesto u otro, estas instituciones, velar por su fortaleza?».

La respuesta de Pujol fue inopinadamente breve. Empezó afirmando que todo político está o ha estado sometido, en un momento u otro, a presiones. Insistió en no haber cedido a ninguna de ellas. «Estas cosas —afirmó—, señoras y señores diputados, no se hacen nunca a través de instancias firmadas, no se hacen nunca con documento notarial, no se hacen nunca con testigos. Estas cosas se hacen de la única manera que se pueden hacer aquellas cosas que no es legítimo hacer, y normalmente no las hacen directamente aquellas personas que no quedaría bien que las hiciesen. Pero se hacen».

Responsabilizó luego a la campaña de declaraciones, filtraciones y comentarios que algunos concretos medios de comunicación, según él, habían lanzado contra Banca Catalana. Citó dos ejemplos: los 28.000 millones citados por Alfonso Guerra ante las periodistas del grupo «Desayunos del Ritz» y un artículo del periódico El Heraldo de Aragón en el que se hablaba de 30.000 millones procedentes del sudor de los extremeños, andaluces, leoneses y asturianos para salvar Banca Catalana. Repitió que las presiones no habían tenido efecto y que había demostrado una gran energía defendiendo los intereses de la autonomía catalana en el conflicto de la LOAPA y se despidió diciendo que «si alguna cosa de todo lo que ha pasado relacionado con Banca Catalana durante los dos últimos meses —que ciertamente no ha sido nada bueno, que ciertamente ha sido penoso— si alguna cosa me puede producir satisfacción es haber sabido actuar, con acierto o desacierto —que eso es otra cosa— de acuerdo sólo con lo que he creído el interés general».

De nada sirvieron las posteriores intervenciones de Ribó y Armet para sacar información del críptico Pujol, quien cerraría su intervención celebrando que se hubiese reconocido en el transcurso de la sesión la existencia de presiones sobre los políticos y estadistas. A su entender, «parecía que eso era una cosa que no pasaba nunca, y que realmente los políticos y los políticos de cierta importancia —si me permiten decirlo así— se mueven en un mundo angélico. Pero veo que después se ha dicho que sí, que efectivamente hay presiones, incluso se han explicado algunos casos que, por cierto, si se hiciese en todas partes como se ha hecho en algún caso, entonces habría muchas dimisiones, ciertamente».

La suya, por descontado, estaba descartada.

Las supuestas presiones, pues, quedaron sin aclarar. Tampoco tendría efecto la insistencia sobre el particular un mes más tarde de Lluís Armet, cuando el consejero de Economía y Finanzas compareció ante la comisión parlamentaria correspondiente para explicar las gestiones realizadas por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat en el tema de Banca Catalana. El consejero de Economía era Josep Maria Cullell, hombre procedente precisamente del servicio de estudios de Banca Catalana, y que en su intervención aportó poco más que un repaso a la historia reciente de la entidad. Según Cullell, la Generalitat intervino en Banca Catalana a partir de mayo de 1982, y ya antes había intentado infructuosamente que la Banca Mas Sardà pasase a manos de La Caixa o del Banco de Sabadell. El Banco de España se había inclinado en favor del Banco de Bilbao, alegando que La Caixa debía dedicarse a la salvación de Banca Catalana, «hacerse cargo de Banca Catalana», según el consejero.

La inspección del Banco de España habría detectado unas minusvalías de 47.000 millones de pesetas en Banca Catalana, BIC, BIM y Banco de Crédito e Inversiones, si bien la administración de dichos Bancos discrepaba de tales cifras.

Previo acuerdo del Banco de España, Pujol llamó el 14 de mayo a Josep Vilarasau para que, como director general de La Caixa, tomase cartas en el asunto. Pujol le habría hablado de la necesidad de que todas las Cajas de ahorro, o como mínimo las tres más importantes, intervinieran en la operación, pero Vilarasau manifestó la opinión de que debía ser su entidad en solitario. Se habla de la incorporación de personalidades como Delgado, Alegre, Jesús Serra, Camp, Fomesa y Buixó, en representación de empresas como «FECSA», «CROSS», «Catalana de Seguros», «Jabones Camp, S.A.» y «Aguas de Barcelona», pero las conversaciones no acaban de resolverse favorablemente.

Para Cullell, la nota de Europa Press estropeó todas las negociaciones y hubo que replantear la estrategia buscando un presidente ejecutivo de confianza y presentando sus dimisiones algunos de los anteriores consejeros. Tras fallar las gestiones ante Joan Alegre Marcet y Joan Antoni Delgado, Eusebi Díaz Morera aceptó el encargo. Al parecer, Díaz Morera se negó a informar a Pujol y a los dirigentes económicos de la Generalitat y sólo se puso en contacto con ellos para pedir, ya a primeros de septiembre, que el propio Pujol hiciera de intermediario para poder entrevistarse con el vicepresidente y ministro de Economía y Comercio del Gobierno español, y a la vez informarle de que ya tenía otra entrevista concertada con el entonces jefe de la oposición, Felipe González. Pujol intentó quitar de la cabeza a Díaz Morera su voluntad de entrevistarse con Felipe González, pero no le convenció. Para Cullell, las pretensiones excesivas en cuanto las ayudas solicitadas al Banco de España por el presidente de Banca Catalana provocaron de nuevo que se precipitara la crisis. Entonces Pujol habría intentado estimular la suscripción de capital en la ampliación de diciembre, pero el Banco de España le habría hecho saber que no aceptaría ninguna solución basada en la entrada de nuevos accionistas, individual o colectivamente. Quedaba, por lo tanto, la única de que una gran entidad se quedase con Banca Catalana.

En entrevista entre Jordi Pujol y Miguel Boyer, éste se habría mostrado favorable a la opción Caixa, lo cual habría congratulado al presidente de la Generalitat, y contrario a soluciones que pasasen por el sector público.

Cullell acabaría lamentando la decisión final, «aun haciendo constar que entendió que en un tema tan castigado, en un tema tan delicado, ya era mejor, en aquel momento, no abrir nuevas heridas ni nuevas polémicas».

La información aportada por Cullell no satisfizo a los portavoces de la izquierda catalana y Ribó llegó a calificarla de «vergonzosa y escandalosa». Cullell compensó su escaso conocimiento de la materia que le había tocado explicar con una dureza parlamentaria inhabitual que crispó la reunión y obligó al presidente de la Comisión a pedir moderación a los diputados que intervenían. Pocas novedades aparecerían en el transcurso de la sesión, pese al intento de Ribó de conocer todas las propuestas que decía existieron sobre la mesa de las instituciones autonómicas catalanas. Tampoco tendría más suerte Armet en sus preguntas acerca de la presencia de grandes Bancos españoles tras la entrada de los «magnates» de la economía en el consejo de administración formado en junio del 82. Cullell se limitó a contestar preguntas de segundo orden, como la del centrista Cañellas, que quería saber si la Gran Enciclopedia Catalana saldría perjudicada; o la del también centrista, en aquel momento, Pedrós, que creía que la Generalitat podía ejercitar la opción de compra que correspondía al Vizcaya. Cullell contestó como pudo las afirmaciones de Ribó sobre la posible irregularidad legal de la adjudicación al «pool» y la satisfacción de Ramon Trias ante la misma —citó también el acuerdo manifestado por otro diputado de CDC, Joaquim Molins— contradictoria con la actitud final del Gobierno Pujol.

Flores a Boyer

En el Parlamento español sólo un debate se celebró en relación a Banca Catalana. Fue el 16 de junio de 1983, en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda. A las doce y media de la mañana de ese día, el ministro Miguel Boyer compareció a petición propia para explicar las razones por las que el Gobierno español había decidido no ejercitar el derecho de tanteo para la adquisición preferente de las acciones de Banca Catalana, propiedad entonces del Fondo de Garantía de Depósitos. Para Boyer, «el caso de Banca Catalana es uno de los casos más graves, quizás el más grave, de crisis bancaria que hemos sufrido en la economía española, desde el inicio de la crisis bancaria en 1977 o 1978 por su dimensión, por los problemas acumulados en este Banco y en su grupo, y por la enorme cantidad de recursos que han sido necesarios para evitar una catástrofe de mayores proporciones».

Boyer habló de que los primeros trabajos de inspección del Banco de España, pese a la falta de colaboración de los administradores, habían detectado en el período de 1981 hasta marzo de 1982 desequilibrios patrimoniales en Banca Catalana y BIC, cifrados en no menos de 30.000 millones de pesetas de quebrantos en el activo y más de 6.000 millones en pérdidas corrientes de explotación. Que el Banco de Alicante operaba con pérdidas y el BIM había solicitado ayudas suplementarias del Fondo, que había problemas en el Banco de Gerona, no se consiguieron datos del Banco de Barcelona y que el 20 por ciento de la inversión del Banco de Crédito e Inversiones se concentraba en grupos inmobiliarios afines al propio Banco —lo cual era anómalo— y que estaban, además, en graves dificultades.

Explicó también los contactos habidos entre abril y junio de 1982 entre Banca Catalana y el Banco de España para buscar una solución, resaltando la discrepancia, por parte de los administradores de la primera, de las cifras expuestas por los inspectores y del impedimento de repartir dividendos, pues consideraban que ello deterioraría la imagen del Banco. El resto de las explicaciones de Boyer coincidía con las ya indicadas en este libro, efectuando algunas precisiones de interés. Así, en las tensiones surgidas en septiembre entre los administradores de Banca Catalana y las autoridades del Banco de España y el Fondo de Garantía, aquéllos oponían a las propuestas de operación acordeón y ampliación de capital en 15.000 millones, una reducción del mismo sólo del 30 por ciento y una ampliación más moderada, a la vez que pretendían una retribución mínima al capital del 8 por ciento anual, cuando el Banco funcionaba con pérdidas. En relación a la junta general de noviembre, el ministro dijo que del 67 por ciento del capital presente en la reunión, votó a favor de la exigencia de responsabilidades un 17 por ciento, en el que se incluía el 15 por ciento de los votos que eran ejercidos por representantes del Fondo de Garantía de Depósitos. Del 50 por ciento que votó contra la exigencia de responsabilidades se estimaba que un 34 por ciento eran representantes de los antiguos administradores, y un 16 por ciento independientes, suscriptores de capital.

En relación a la suscripción de capital de diciembre, Boyer habló de 16.000 personas, cifra elevadísima, pero puntualizó que sus participaciones, casi siempre simbólicas, sólo alcanzaron el 4,5 por ciento de la ampliación del capital.

En opinión de Boyer, el mantenimiento de la catalanidad del grupo era deseable, incluso desde el punto de vista económico, y dijo que siempre dio claramente instrucciones para conservar dicha catalanidad, aunque matizó que debía ser «una catalanidad no política, que no sirviera de plataforma a ningún partido político en Catalunya». A la hora de la verdad, y analizadas las ofertas surgidas de La Caixa y el «pool» de Bancos, el decantamiento por la segunda estaba cantado, puesto que ofrecía un cobro de la deuda en créditos mucho menos gravoso para el Fondo que el ofrecido por La Caixa. Ésta pedía al Fondo que asumiese el 80 por ciento de dichos créditos, mientras que el «pool» se comprometía a que esa cifra fuese a lo sumo del 11 por ciento. En igualdad de condiciones en el resto de proposiciones de ambas ofertas, no cabía ninguna duda.

Tras la decisión del Fondo, el Banco de España remitió el 17 de mayo una nota al Ministerio de Economía y Hacienda en la que se manifestaba contrario al ejercicio del derecho de tanteo, aduciendo que la gestión del «pool» podía hacer frente mucho mejor al cobro de los créditos y a los riesgos de firma y que podía desarrollar una gestión gerencial y técnica mucho mejor cara a enjugar en cinco o seis años las pérdidas acumulables que en ese momento presentaba el balance: 41.800 millones. Boyer, por su parte añadió sus propias razones. «No necesito repetir —dijo— las razones aducidas en los textos del propio Fondo de Garantía de Depósitos en favor de esta solución o las que he mencionado al paso de mis consideraciones históricas anteriores; sí quiero hablar de un punto diferente, de naturaleza política, que es la interpretación del Gobierno de ese derecho de tanteo a entidades como ésta. Dije, en primer lugar, que ninguna regla debía aplicarse ciegamente, sin considerar cuestiones singulares que puedan determinar una solución también singular; mencioné por qué habíamos buscado una solución que mantuviese la catalanidad, con todo el esfuerzo que puedan ustedes imaginar, y que además se ha reflejado en los medios de opinión, porque pensábamos que había razones no solamente económicas sino políticas de respeto a sentimientos catalanes de larga tradición e importantes, y nos parecía que evitar una frustración colectiva, en este sentido, era la mejor opción.

»Por consiguiente, estuvimos dispuestos, incluso, a aceptar una solución con las Cajas de ahorro catalanas, aunque no era la que recomendábamos, como dije antes, en el programa socialista. El programa socialista dice también que los Bancos que hayan sido reflotados con fondos públicos serán objeto del ejercicio del derecho de tanteo por parte del Estado.

»Hemos considerado que lo lógico es que esta disposición de nuestro programa electoral se aplique cuando un Banco esté reflotado completamente y en situación de generar beneficios, porque, evidentemente, en ese caso es cuando se podía hacer una subvención, una privatización de beneficios, el que habiendo hecho todo el esfuerzo y estando un Banco en situación de generar esos beneficios, éste fuese entregado a un grupo particular, sin haber recuperado esas ayudas. No es éste el caso de Banca Catalana, como me parece que he dicho de manera paladina. Es un Banco que requiere un enorme esfuerzo económico, un enorme esfuerzo de gestión y hemos considerado en el Gobierno que el Estado tiene otras necesidades mucho más acuciantes, en los actuales límites presupuestarios en los que nos movemos, como para dedicar ese esfuerzo económico y ese esfuerzo de gestión, que requiere también personas que pueden ser empleadas más fructíferamente en otros campos del sector público y, por consiguiente, era lógica y conveniente la solución que el Fondo había arbitrado para el problema de Banca Catalana».

El debate posterior apenas se limitó al acuerdo manifestado por el diputado de Convergència, Joaquim Molins, ante la decisión de no ejercitar el derecho de tanteo y a la del aliancista José Ramón Lasuén, que insistió en la necesidad de evaluar las responsabilidades de los anteriores gestores y anunció la solicitud de su Grupo para la creación de una comisión de evaluación de la situación de Banca Catalana hasta el momento de la intervención del Banco de España, que no llegaría a constituirse. De hecho, nunca nadie pareció tener un especial interés en llevar ese tema al Parlamento. Incluso cuando al estallar la batalla política a raíz de la presentación de la querella, Felipe González propuso que se debatiera el asunto en el Pleno del Congreso, ningún grupo parlamentario se sumó a la iniciativa.

Por su parte, Boyer terminó recordando la última y sorprendente junta de Catalana, diciendo que la calma parecía haberse recuperado. «El acta de la junta —dijo para terminar— ha sido firmada incluso por quienes protestaron en el momento del desarrollo de la misma, y esa solución va a tener un buen fin y va a resolver uno de los problemas más graves y que nos ha quitado más horas de sueño de los que ha encontrado el Gobierno socialista al inicio de su gestión».

El fantasma de Catalana, sin embargo, seguía vivo y resucitaría antes de transcurrir un año.

Al final del camino

El imperio reunido a lo largo de los años por Banca Catalana se disgregó en buena parte tras la crisis. Quedaron, sin embargo, numerosas huellas de aquella aventura iniciada en 1959, y que durante veinticinco años quiso ser la columna vertebral de Catalunya.

La primera huella indeleble fue la propia figura de su fundador, Jordi Pujol, que tras su paso por Catalana se convirtió en el 113 presidente de la Generalitat en 1980 y logró la reelección por amplísima mayoría en 1984. Su personalidad política marcó, sin duda, una época y, probablemente, perdurará durante cierto tiempo.

También sigue vigente el amplio grupo de personas que se formaron en Banca Catalana y pasaron después a la Generalitat, junto a Pujol. Además de la secretaria personal, Carme Alcoriza, son bastantes los que siguieron la misma trayectoria que el presidente de la Generalitat. En el primer gobierno de Pujol figuró ya Josep Maria Cullell como conseller de Política Territorial y Obras Públicas, para pasar después al influyente departamento de Economía y Finanzas. Cullell fue, entre Catalana y Generalitat, teniente de alcalde de Hacienda en el primer ayuntamiento democrático de Barcelona tras el franquismo, con dominio socialista y participación de convergentes y comunistas. En este cargo protagonizó un polémico episodio, al trasladar importantes operaciones financieras de la corporación municipal hacia Banca Catalana, en detrimento del Sindicat de Banquers de Barcelona, entidad tradicionalmente vinculada al Ayuntamiento barcelonés.

Ramon Trias Fargas, que fue secretario del Banco de Barcelona, también estuvo en el primer gobierno de Pujol como conseller de Economía y Finanzas, puesto desde el cual tuvo que afrontar la crisis del grupo Catalana. Otra de las personas «clave» en la estructura del grupo bancario, el asesor jurídico y diseñador del entramado de empresas instrumentales y patrimoniales tejida alrededor de Catalana, Josep Maria Vilaseca Guasch, ocupa desde 1980 la Dirección General de Deportes de la Generalitat.

Francesc Gordo, ex directivo técnico del grupo, pasó a la Conselleria de Sanidad. Manuel Cardeña fue nombrado miembro de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat. Xavier Vela, otro hombre destacado por sus colaboraciones con el grupo, pasó a ser secretario de la CARIC (Comisión Interdepartamental de Ayuda a la Reconversión Industrial de Catalunya). Rosa María Carrasco, hermana del ex presidente de Banca Catalana, que había trabajado para el BIC a través de un «Consulting», y Maria Lourdes Cabana, esposa del también ex presidente Jaume Carner, ingresaron también en la Generalitat. Otros nombres que pasaron de la nómina bancaria a la nómina de la Administración fueron Josep Molist, Agustí Arana, Joan Rossell, Miquel Rovirola, Josep Grifoll, Albert Sabata, Xavier Llobet, Carles Quingles… Ignasi Baraut, por ejemplo, pasó a la emisora de radio institucional autonómica.

En el orden físico quedan algunas de las obras en que participó el grupo bancario. En primer lugar, su majestuoso edificio de la Diagonal barcelonesa, que probablemente no llegará a llenarse del todo habida cuenta de la política de personal rectrictiva del Banco de Vizcaya, que ha reducido en unas mil personas la plantilla en sólo un año. También contemplarán el futuro los edificios comerciales, residenciales o industriales: el Walden-7 de Ricard Bofill, el polígono de Santa Margarida i els Monjos o la barriada de Bellvitge, con signo estético y social bien distinto. Quedará el mérito de haber contribuido a financiar las autopistas catalanas, y el inicio de las obras, se supone que no eternas, de los Túneles del Tibidabo. E incluso en el Zoológico de Madrid, privado, quedará la impronta de Banca Catalana.

Banca Catalana dejó tras de sí, asimismo, una breve estela de fundaciones. La principal de ellas era la Fundación Catalana creada en el momento en que Jordi Pujol abandonó sus cargos bancarios y decidió que, pasada la época de «fer país», había llegado el momento de «fer política». La Fundación Catalana se constituyó oficialmente el 17 de enero de 1979, con un capital de veinticinco millones de pesetas. El BIC aportó diez millones, Banca Catalana otros diez, el Banco de Barcelona y el Mercantil de Manresa, dos millones cada uno, y el Banco de Gerona, un millón. Este capital fue colocado en depósitos de los propios Bancos del grupo, con excepción de diez millones invertidos en acciones de la compañía eléctrica FECSA. Carner, Cabana, Carrasco, Casanovas, Casablancas, Ribera Rovira, Martí Mercadal, Forrellad y Vilaseca formaron el núcleo inicial de la fundación, en la que figuraban casi todas las «estrellas» del grupo bancario. Forrellad fue nombrado presidente y el abogado Vilaseca ocupó el cargo de patrón secretario, según las denominaciones de este tipo de instituciones. Tras la muerte de Forrellad, en 1983, Cabana pasó a ocupar la presidencia que todavía hoy ejerce, acudiendo diariamente a la sede de la fundación. Joan Rosell Molins también desfiló por la Fundación Catalana, en calidad de director, después de un enfrentamiento con el último director general Esteve Renom.

La sede de la Fundación Catalana radica en unas modestas oficinas del bloque número 89 del Paseo de Gracia, aquellas mismas oficinas que Cabana visitó en 1959, cuando buscaba un primer alojamiento para la Banca Dorca en Barcelona. Junto a la Fundación Catalana están establecidas otras fundaciones, como la Fundación Agrícola Catalana, la Fundación Museo de Historia de la Medicina de Catalunya y la Fundación Enciclopedia Catalana, entre cuyos fundadores está el propio Jordi Pujol, que sigue poniendo al día la Gran Enciclopedia Catalana.

Banca Catalana y las demás entidades del grupo fueron también cofundadoras, junto con otros Bancos, de la Fundación B.C.D. para la promoción del diseño industrial.

De todas las fundaciones, sólo la Enciclopedia Catalana, desde sus nuevos locales en la avenida Diagonal barcelonesa, mantiene una existencia más o menos próspera y no sufrió el hachazo de la operación acordeón de forma tan dramática como las demás.

Aunque no está orgánicamente ligada a Banca Catalana hay que citar la Fundación Catalana de Comunicación ya que ha servido para aglutinar y coordinar las acciones que en el campo de los medios de comunicación han emprendido los sectores ideológicamente cercanos a Pujol. En la Fundación Catalana de Comunicación hay caras conocidas de Catalana como Joan Martí Mercadal, Xavier Ribó Massó, Josep Espart Ticó y Agustí Montal Costa, entre otras.

La «cabeza» del grupo de fundaciones, la Fundación Catalana, fue la receptora del importante paquete de acciones que ostentaba en propiedad Jordi Pujol, según la versión del propio presidente de la Fundación, Francesc Cabana. Pujol cedió de forma prácticamente gratuita sus acciones dos años antes de la crisis, según Cabana, o meses antes de la crisis, según la explicación ante el Parlamento catalán del conseller de Economía, Josep María Cullell.

Diversos rumores han circulado por los mentideros políticos. Incluso circuló en medios restringidos la fotocopia de un presunto documento notarial, según el cual Jordi Pujol habría vendido sus acciones a la aún nonata Fundación Catalana, a través de Antoni Forrellad, por un total de 600 millones de pesetas. Hay que añadir que, en su declaración de bienes al Parlamento de Catalunya, en la primavera de 1980, Jordi Pujol consignó poseer acciones de Banca Catalana por valor de 600 millones de pesetas. Por otro lado, bajo los designios del Banco de Vizcaya, hoy no quedan en Banca Catalana acciones de Jordi Pujol, aunque sí algunas de sus familiares más directos.

Quienes no se enteraron demasiado de lo que pasó con las acciones de Pujol fueron muchos de los demás miembros del sindicato de accionistas —que reunían 240.000 acciones de la serie A: 1.200 millones de pesetas nominales— contraviniendo los estatutos de Banca Catalana. En el artículo séptimo, tras las modificaciones aprobadas en Junta General de Accionistas, el 6 de julio de 1965 y el 24 de febrero de 1906, se lee: «En relación a las acciones de la serie A, siempre que medie la expresa conformidad de todos los titulares de este tipo de acciones, la enajenación se podrá llevar a cabo sin que sea necesario cumplimentar los requisitos que seguidamente se exponen. En los demás casos, deberán observarse los requisitos que se establecen a continuación: a) El accionista que desee enajenar acciones de la Sociedad deberá comunicarlo por escrito al Consejo de Administración, el cual trasladará seguidamente, de forma fehaciente, la oferta de venta a todos los titulares de acciones serie A». A continuación se determinaba un plazo de treinta días naturales a contar del siguiente al recibo de la comunicación de oferta, para que los accionistas manifestaran si estaban dispuestos a la adquisición de las acciones en cuestión.

A la larga, y si nadie solicitaba adquirir dichas acciones, el accionista vendedor podía transmitirlas libremente a la persona que creyese conveniente. En el apartado «h» de este artículo se indica que: «Toda adquisición de acciones de la serie A, sin cumplimiento de los requisitos que se determinan en este artículo, no será por ello reconocida, ni causará asiento en el Libro Registro, quedando en suspenso todos los derechos políticos y económicos de las acciones de tal modo adquiridas, mientras no se dé cumplimiento a dichas normas, sin perjuicio del derecho de la Sociedad, respecto de tales acciones, de anularlas y expedir duplicados por acuerdo de la Junta General de accionistas, procediendo a la venta de las mismas con sujeción a la regulación contenida en este artículo». Y en el apartado siguiente se señala que «en la transmisión de acciones por permuta, adjudicación de pago o cualquier otro título oneroso, así como por enajenación forzosa judicial o por débitos fiscales, y también por donación herencia o por legado, siempre que en estos tres últimos casos el adquirente no sea descendiente o ascendiente legítimo, hermano o cónyuge, los accionistas tendrán derecho a subrogarse en el lugar del adquirente y, por consiguiente, hacer suyas las acciones, abonando al adquirente el precio que corresponda (…)». En relación a las acciones de la serie B, dichos estatutos preveían su posible libre enajenación por sus propietarios «con absoluta independencia de lo establecido en los apartados anteriores».

De lo que sí se enteraron todos los accionistas fue de la evaporación fulminante de los 5.700 millones de pesetas que eran el capital social de Banca Catalana el 17 de noviembre de 1982. Si las cifras de Boyer no mienten, en la junta de ese día el capital presente en representación de los antiguos administradores era de unos 1.300 millones de pesetas. ¿La pérdida de esa fortuna es ya suficiente castigo para los equivocados gestores de Catalana?, podría preguntarse. Establecer los cálculos sobre esa base es equívoco. Hay que tener en cuenta que lo que para algunos son fortunas inmensas, para otros son simples limosnas. Además, en los buenos tiempos, el Banco había dado unos réditos extraordinarios. El propio Joan Rosell Molins, antes de abandonar Banca Catalana, elaboró un informe para la nueva dirección del Banco de Vizcaya en el que se minimizaban las quejas posibles de muchos accionistas al afirmarse que la debacle económica final venía contrarrestada con creces en sus casos por los beneficios precedentes.

La venta de los derechos de compra en las ampliaciones de capital dieron beneficios cuantiosísimos a todos los afectados hasta que Francisco Fernández Ordóñez, desde su Ministerio de Hacienda, entorpeció un negocio que era el más fácilmente comparable al dicho de atar los perros con longanizas. El propio Cabana, en los malos momentos, intentaba convencer a los accionistas que querían apearse del carro de que hicieran el esfuerzo de continuar en compensación de las cantidades ganadas en los buenos años y con lo que se habían resarcido con creces de lo que habían perdido y de lo que ahora podían perder. Entre las personas a quienes no convenció con sus argumentaciones convendría destacar al anónimo pero pertinaz accionista que insertaba con cierta asiduidad anuncios en la Prensa barcelonesa ofreciendo sus acciones de Banca Catalana a la venta, lo cual no era exactamente un apoyo para la afectada imagen de la entidad.

Según Joan Baptista Cendrós, en ese zarpazo final él perdería unos 100 millones y lo mismo les sucedería a otros diez o doce «grandes» de la economía. Unas veinte personas más perderían sus ilusiones de ganar 50 millones el día que hicieran efectivas sus acciones de Catalana y lo mismo les sucedería a medio centenar de accionistas con una sangría personal de unos veinte millones por cabeza. Hay que insistir en la particular visión que cada cual tiene de su propia casuística, ya que no es lo mismo valorar las acciones nominalmente al precio que se compraron que al adquirido con el transcurso de los años. Banca Catalana estuvo cotizando para usos internos al 290 por cien en los últimos años hasta que se decidió el fin de la aventura. Y hay que distinguir también entre quien ya se había hecho a la idea de perder su dinero de quien fue pillado por sorpresa. Más de uno se molestó con Jordi Pujol y sus hombres de confianza en Banca Catalana porque consideró que no se le había avisado a tiempo de la tormenta que se avecinaba.

A quienes no les hizo ni pizca de gracia fue a los acreedores que habían conseguido las ayudas del Banco a cambio de suscribir un número determinado de acciones —cada oficina debía colocar un cupo fijo de acciones a final de mes en los difíciles tiempos finales de Catalana— o a los que habían continuado comprando acciones hasta semanas antes del fin.

Cada persona conoce el fin de su vinculación con el Banco. Y aquí, lógicamente, hay de todo. El anecdotario sería interminable. El altruismo de algunos no tuvo más efecto que lo encomiable del detalle; así, la viuda de Jaume Terradas, adinerado industrial con fructíferos negocios en tierras mejicanas, que fue consejero del BIC, regaló decenas de millones en acciones a la Fundación Catalana a la muerte de éste. Hubo actuaciones en todos los sentidos. Por ejemplo, la recompra a última hora del paquete de acciones que Banca Catalana tenía en Unidad Hermética. Antoni Forrellad pidió un crédito al Banco y con ese dinero le compró al Banco su participación en Unidad Hermética.

La que sí sufrió mucho con la bancarrota del Banco fue Ruth Kischner, la esposa de Moisés David Tennembaum, que a la muerte de éste tuvo que pagar una fuerte suma de alrededor de 50 millones de pesetas por los derechos herenciales generados en su mayor parte por la abultada cantidad de acciones que poseía en Banca Catalana. Para hacer efectiva esa cifra, Ruth Kischner pidió un crédito a la propia Banca. No haría mucho que habría pagado los 50 millones que le requirió Hacienda cuando su fortuna en Banca Catalana se evaporó como el sueño de una noche de verano (esta vez en noviembre). Por suerte para ella, tropezó con un hombre comprensivo, Jesús Gutiérrez Fierro, el gerente de la etapa posterior a la crisis de Catalana, que le condonó la deuda. Ruth Kischner abandonaría el país poco tiempo después. La apasionante amistad de su marido y el padre de Pujol es uno de los capítulos más humanamente atractivos de esta historia, en la que incluso ambos murieron con muy poco intervalo de tiempo de por medio.

Por otro lado, los que habían desempeñado labores técnicas en el Banco también fueron muy dignamente recompensados con jugosas indemnizaciones que les dejaron un muy buen recuerdo de la etapa de Gutiérrez Fierro como gerente. Delfí Mateu quizá tuvo la desgracia de jubilarse antes de hora, pero Raimon Carrasco, Martí Mercadal, Francesc Cabana, Josep Lluís Vilaseca, Esteve Renom o Francesc Constans se fueron con indemnizaciones que oscilaron según los casos entre los 12 y los 18 millones. Y cifras parejas cubrieron también el abandono de la empresa de altos cargos de la misma, como el propio Francesc Suárez Guinjoan, el responsable del asesoramiento de las operaciones bursátiles de los clientes de DACSA. De hecho, los sueldos de los directivos de Banca Catalana eran muy elevados y sorprendieron a los gestores del Banco de Vizcaya cuando tuvieron acceso a los mismos. A los que jubiló ya el Banco de Vizcaya tampoco les iría mal, y tanto Antonio Armengol como Ramon Monforte vieron compensada su tristeza por el fin de su Banco con unos buenos ingresos, o incluso con una cena de despedida.

Al final, el Banco de Vizcaya sólo se quedaría con dos de las personas presentes en la lista de los veinticinco que componían la querella presentada por el Fiscal General del Estado.

Pere Messeguer desempeña las funciones de jefe del área de la Oficina Principal del Paseo de Gracia. Manuel Ingla aún visita de vez en cuando la sede central y sus consejos son muy bien atendidos y valorados por los nuevos gestores.

En cuanto a los ceses y marchas cada persona los vivió de forma distinta. Para algunos, dejar Banca Catalana fue sacarse un peso de encima tras meses de nervios y preocupaciones. A otros, como Raimon Carrasco o Esteve Renom, costó más arrancarles del despacho, especialmente al segundo que abandonó llorando la empresa en la que había escalado las cimas más altas. Fue quizás el ejemplo más vivo de lo que había acabado pasando con la empresa que le encumbró en el cénit.

19 DE MAYO DE 1984

«Cuando repaso las cosas que he hecho bien y mal, desde hace veinte años, me encuentro siempre con una que ha sido uno de mis grandes orgullos, y a la vez una herida abierta en la que muchos se han dedicado a echar vinagre. Me encuentro con el hecho de haber contribuido un poco —de hecho, sólo un poco— a recrear la fuerza económica de nuestro país (…) No aspiro a hacerme entender, o a hacerme perdonar el éxito, por parte de quienes siempre me atacarán porque por razones políticas, o por lo que sea, aspiran a erosionar mi imagen». Jordi Pujol escribió estas líneas en mayo de 1978, dentro de un texto destinado a prologar una edición de sus antiguos escritos de prisión. Pujol siempre se sintió perseguido por determinados adversarios. El 19 de mayo de 1984 creyó ver confirmadas, una vez más, sus sospechas. Ese día el periódico madrileño El País anunciaba en portada una «INMINENTE QUERELLA DEL FISCAL DEL ESTADO CONTRA JORDI PUJOL Y OTROS RESPONSABLES DE BANCA CATALANA».

Pujol leyó la noticia mientras viajaba en el coche oficial que, en la parte delantera, exhibía el banderín cuatribarrado de la Presidencia de la Generalitat. Resultó sorprendido, pero no extrañado. Desde el clamoroso triunfo que había obtenido en las elecciones del último domingo de abril, desconfiaba profundamente de las investigaciones que realizaban dos fiscales de la Audiencia barcelonesa, José María Mena Álvarez y Carlos Jiménez Villarejo.

Tras el desastre de Banca Catalana, las autoridades monetarias habían señalado que remitirían la documentación necesaria a la Fiscalía General del Estado, por si se detectaban indicios de delito en el asunto. Pero eso era algo que venía haciéndose con todas las crisis bancarias, sin ninguna consecuencia salvo en casos muy flagrantes. Más tarde empezaron a circular rumores acerca de una hipotética querella contra ex administradores de Catalana, pero los nombres barajados como posibles querellados habían sido siempre los de los ex presidentes Jaume Carner y Raimon Carrasco, el eterno secretario Francesc Cabana y el último director general del grupo, Esteve Renom. En realidad, y hasta ese momento, las alusiones a este asunto se hicieron siempre de forma genérica. Bien cuando los accionistas votaron en contra de la petición de responsabilidades, bien cuando los abogados Piqué Vidal y Rodríguez Vives de la Hinojosa intentaban que los antiguos administradores fueran exonerados de toda culpa.

El anuncio de la querella, efectuado a través de un periódico, El País, identificado desde algunos sectores como un portavoz oficioso del Gobierno, no provino esta vez de una oportuna filtración desde altos niveles políticos. En realidad, fueron los propios fiscales barceloneses quienes, involuntariamente, facilitaron a un redactor de El País la información que puso en estado de alerta a la nación. Tras su última reunión con el fiscal general del Estado y varios magistrados del Tribunal Supremo para perfilar la querella, Mena y Jiménez Villarejo se dirigieron junto a otros compañeros de carrera y de promoción a un bar llamado «El Timón» muy cercano a la fiscalía madrileña. Allí comentaron, en grupo, las incidencias de la reunión. Entre el bastante numeroso grupo estaba casualmente un periodista que inmediatamente llevó a su rotativo la valiosa información.

La información de El País desvaneció las dudas de algunos políticos de la izquierda, como Rafael Ribó. Ribó, comunista catalán y hermano del Xavier Ribó del BIM, había expresado su temor de que la venta al «pool» significara «que no se exigirá responsabilidades por la gestión del grupo bancario, por lo que objetivamente coinciden los planteamientos del Gobierno con los del nacionalismo conservador de Pujol». Nada más lejos de la realidad esto último: Convergència y PSOE no coincidieron jamás en sus planteamientos sobre Banca Catalana.

El debate que siguió a la intervención del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en la Comisión de Economía del Congreso, el diputado aliancista José Ramón Lasuén tildó de «improvisación, imprudencia e incapacidad» las características del antiguo equipo de Banca Catalana. Y consideró imprescindible que el Gobierno y el Banco de España explicaran las razones por las que se había llegado al desastre, que situó en marzo de 1982. En su respuesta a Lasuén, Boyer explicó que «en la carta del 19 de mayo, por la cual comuniqué al gobernador del Banco de España la decisión del Gobierno el día anterior, le pedí que me transmitiera los antecedentes que pudiera reunir el Banco de España sobre la evolución del Banco, y que estos antecedentes, naturalmente, como dije antes, fueran puestos a disposición de los fiscales. Y, por otra parte, el Banco instruirá un expediente por las responsabilidades administrativas. Es la misma actuación que hemos seguido en otros casos: el Gobierno tiene indicios de irregularidades de todo orden en este grupo bancario, y naturalmente no es misión del Gobierno depurar esas responsabilidades, sino que es la de comunicar todos los antecedentes que le transmita el Banco de España cuando éste haya completado los expedientes sobre la materia». A principios de noviembre, Miguel Boyer volvió a señalar: «El Gobierno tiene que cumplir con la legislación vigente; por ello, hemos enviado a los fiscales todos los expedientes de los Bancos donde encontramos presuntos delitos. Se ha hecho con los Bancos de Descuento y Levante, se hará con Banca Catalana y, naturalmente, con “Rumasa”».

A finales de noviembre los servicios jurídicos del Banco de España remitieron un primer informe. En él se hablaba de falsedad documental y de maquinación para alterar el precio de las acciones de las compañías afectadas por los balances. En el anexo, los técnicos del Banco de España echaban en falta la vigencia del aún en proyecto delito de administración fraudulenta, ya que según se indicaba, «podría constituir el modelo más idóneo para encuadrar el conjunto de comportamientos que han determinado la grave crisis económica y jurídica tanto del Grupo Banca Catalana como de las empresas afectadas al mismo».

Pese a que en las relaciones de consejeros adjuntas al documento figuraba el nombre de Jordi Pujol, éste quedaba al margen de cualquier acción penal, ya que los delitos señalados prescribían a los cinco años y Pujol había causado baja en el consejo de administración de Banca Catalana con fecha de marzo de 1977, aunque conservara poderes consignados en el Registro Mercantil de Barcelona junto a Antoni Rosell, Josep Andreu y Jaume Carner, hasta febrero de 1979.

El Gobierno, en esos momentos, titubeaba. Había posiciones no enfrentadas pero sí divergentes en el Consejo de Ministros sobre la solución de aquel espinoso asunto. Se pretendió que fuera el propio Banco de España quien asumiera la responsabilidad de remitir directamente los informes a la Fiscalía General del Estado, para que ésta asumiera una decisión sin que el Gobierno interviniera en el proceso. Pero el Ministerio de Justicia no podía soslayar una cuestión de tal envergadura. Los técnicos ministeriales estudiaron a fondo el material suministrado por el Banco de España y llegaron a la conclusión de que lo más acertado sería abrir una investigación y convocar a los afectados. Con ello se evitaría el «shock» político que había de suponer la presencia de Jordi Pujol al frente de una lista de querellados. Pero las cosas tomaron otro rumbo.

El primer día de marzo de 1984 toda la documentación estaba ya en manos de Luis Antonio Burón Barba, fiscal general del Estado. Dos días más tarde, Burón declaró: «Con toda probabilidad, antiguos consejeros de Banca Catalana serán acusados por el Ministerio Fiscal, al menos, por delito de falsedad en documento público. Esta actuación fiscal podrá tramitarse bien con unas primeras diligencias, bien directamente mediante una querella». Burón no descartaba tampoco la posible comisión de apropiaciones indebidas. Existía, según el fiscal general, una doble contabilidad o Caja B. «Esto es lo más claro —afirmaba— y así lo ha apreciado el propio Banco. De ahí pueden deducirse estafas o fraudes; puede que las falsedades encubran apropiaciones indebidas, pero no podemos determinarlo todavía y eso es lo que será objeto de investigación. En principio, iniciaremos las acciones por falsedad, pero si surgieran otros aspectos se ampliaría la acusación».

Paralelamente, seguía en marcha el expediente disciplinario que seguía el Banco de España, con las acusaciones de «doble contabilidad», «pago de extratipos», «falta de veracidad en los balances», «tenencia de acciones sin autorización». Ese expediente, sin embargo, sólo alcanzaba a la posible exclusión de los expedientes del Registro Oficial de Altos Cargos de la Banca.

Alejandro Sanvicente, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, fue el encargado de designar los fiscales que llevarían adelante las investigaciones. Sanvicente obró, como quiso resaltar en una nota, «siempre según las instrucciones del fiscal general del Estado», al que debía obedecer por la disciplina interna del Ministerio Fiscal. El fiscal jefe no tenía muchas alternativas a la hora de nombrar a los encargados del asunto Catalana. Estaba decidido a que fueran dos personas, y no una sola, dado el volumen de trabajo que generaría la investigación. Y quería que se tratara de fiscales con experiencia suficiente, por lo complejo e intrincado de la tarea. En la lista de fiscales adscritos a la Audiencia barcelonesa, ordenada según la antigüedad, figuraba en primer lugar un fiscal que sufría una grave enfermedad. Le seguía Alejandro del Toro. Tampoco pareció conveniente que se encargara del caso. En tercer y cuarto lugar estaban Jiménez Villarejo y Mena. El quinto fiscal estaba totalmente absorbido por su investigación en torno al fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona. Los siguientes fiscales eran ya mucho más jóvenes que los cinco primeros. Sanvicente optó por José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, dos hombres muy progresistas que habían estado vinculados al PSUC y a los movimientos cristianos marxistas durante el franquismo. Ambos estaban plenamente enraizados en Catalunya, hasta el punto de no haber aceptado traslados que les hubieran supuesto ascensos, y habían formado parte de la lucha en favor de las libertades catalanas. Estaban considerados también, especialmente Mena, como dos fiscales «duros».

Ante el asombro de los asesores del Ministerio de Justicia, los fiscales se enzarzaron en una intensa labor de recopilación de datos y documentos, en colaboración con dos técnicos solicitados al Banco de España, lo que desvirtuó la posibilidad de tramitar unas primeras diligencias. Para ello habrían bastado un par de folios, pero Mena y Jiménez Villarejo prefirieron presentar una querella terminada y cerrada de quince folios, acompañada de un anexo documental que alcanzaba los 8.000 folios. Otra fiscal de la Audiencia, Carme Tagle, colaboró con ellos en el exhaustivo repaso de jurisprudencia. Conforme adelantaba el trabajo y aparecían nuevas pistas, otros fiscales aportaron también su ayuda.

Cinco días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas catalanas, los fiscales tenían ya un borrador de la querella. A falta de algunos documentos y de algunos detalles, ya existía una lista de veinticinco querellados. Era la siguiente:

Jaume Carner Suñol

Francesc Cabana Vancells

Raimon Carrasco Azemar

Jordi Pujol Soley

Joan Martí Mercadal

Andreu Ribera Rovira

Martí Rosell Barbé

Olegari Soldevila Godó

Josep Lluís Vilaseca Guasch

Manuel Ingla Torra

Delfí Mateu Sayas

Francesc Constans Ros

Esteve Renom Pulit

Joan Casablancas Bertrán

Salvador Casanovas Martí

Joan Baptista Cendrós Carbonell

Joan Millet Tusell

Ramon Miquel Ballart

Lluís Montserrat Navarro

Antoni Moragas Gallisà

Víctor Sagi Casamitjana

Ferran Aleu Pascual

Antoni Armengol Arna

Pere Messeguer Miranda

Ramón Monforte Navalón

Se acusaba a todos ellos de apropiación indebida en los distintos grados de autor material, colaborador necesario o cómplice, por su actuación en el consejo de administración de Banca Catalana entre 1974 y 1977. Fuera del reducido mundo de la Fiscalía no se conocía, sin embargo, aquella bomba. La campaña electoral se cerró por parte socialista con una intervención del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien afirmó con su habitual virulencia que Jordi Pujol había escapado «por los pelos» de la querella, ya que sus presuntos delitos habían prescrito. Pero Pujol desconfiaba, y se puso en contacto con Antoni Gutiérrez, secretario general de los comunistas catalanes. Gutiérrez, pese a su amistad y su proximidad ideológica con los fiscales, no sabía gran cosa. Sólo pudo garantizar a Jordi Pujol que los comunistas no utilizarían el «affaire» para atacarle en sus mítines.

La brillante victoria electoral de Jordi Pujol resultó empañada por la espada de Damocles que suponía la querella. Sólo el propio Pujol, sin embargo, debía tener presente el problema aquella noche. Militantes y simpatizantes de Convergència i Unió, la candidatura triunfante, se lanzaron a una celebración callejera exultante durante la cual Marta Ferrusola, la esposa de Pujol, llegó a ser vitoreada con gritos de «eso es una mujer». Jordi Pujol recordó en esos instantes, probablemente, el informe del Banco de España de noviembre de 1983 que Felipe González le hizo llevar personalmente por un funcionario de la Moncloa, Angel Platón, dos días después de la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid. En ese informe, tal como le había adelantado el presidente del Gobierno, Pujol era exculpado.

Pero los fiscales trabajaban a ritmo acelerado. El 19 de mayo, cuando El País informó del contenido de la querella, la tenían prácticamente lista. El fiscal general del Estado había dado su visto bueno y los pequeños detalles pendientes se resolvieron en los días siguientes. El texto definitivo de la querella fue fechado el día 22 de mayo de 1984. El día siguiente, 23 de mayo, amaneció soleado en toda Catalunya pero con enorme tensión ambiental en todos los medios políticos y económicos. Los dos hombres de confianza de Jordi Pujol en el asunto de la querella, su secretario Lluís Prenafeta y su abogado Joan Piqué Vidal, tenían ya diseñada la que había de ser postura oficial de la Generalitat, de Convergència y del propio Pujol ante la presentación de aquélla en los juzgados. El resto de los afectados por la querella se mostraban confiados. De hecho, la presencia de Pujol entre los querellados confería al asunto un inevitable cariz político, del que hubiera carecido si sólo se hubiera inculpado al grupito de ex consejeros inicialmente rumoreado. En todos los partidos políticos, centrales sindicales e instituciones estaban a punto las notas que debían emitirse por la tarde. La inmensa mayoría de ellas reiteraban el respeto hacia Pujol como presidente de la Generalitat de Catalunya, al margen de las consecuencias del proceso judicial que aquel día había de iniciarse.

Unos minutos después del mediodía, los fiscales abandonaron su oficina, contigua al inmenso salón «de los pasos perdidos» del Palacio de la Audiencia, cruzaron varios corredores y salones de altísimos techos, flanqueados por los andamios de los restauradores del edificio, y depositaron el texto de la querella en el registro de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Banca Catalana dejó de ser, en ese momento, algo más que un Banco o la historia de una crisis financiera. Banca Catalana se convirtió con la querella en mucho, muchísimo más que un proceso judicial.

Texto del discurso del Administrador señor Juan Antonio Ruiz de Alda Azarola, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banca Catalana, S.A., del día 17 de noviembre de 1982.

Señoras y señores accionistas:

Aunque las causas que originan la convocatoria y la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Banca Catalana no son realmente satisfactorias, no deja de ser un honor para mí dirigirme a todos ustedes. Espero que comprenderán que el idioma en que lo hago no sea el que ha venido siendo usual en estos actos y que yo deseo que vuelva a serlo tan pronto como sea posible.

Pero ustedes ya conocen la razón que nos trae a esta Junta General Extraordinaria: la problemática situación que atraviesa Banca Catalana y también su grupo de Bancos. Quisiera, sin embargo, enmarcar esta reunión en un propósito positivo: tomar las decisiones y medidas necesarias que permitan iniciar a Banca Catalana un proceso de solución de sus problemas. Me parece que hoy, tal como se dice en medicina, las dificultades de Banca Catalana pueden hacer crisis e iniciarse un camino de saneamiento y recuperación.

Esta tarea no será ni fácil ni rápida, pero es posible. Así, cuando de aquí a unos cuantos años veamos que Banca Catalana ha alcanzado los objetivos que hoy vamos a marcarnos, podremos mirar atrás con satisfacción y comprender que los esfuerzos y sacrificios necesarios han sido rentables y darnos cuenta de hasta qué punto habría sido estéril la defensa de cualesquiera otros propósitos diferentes al relanzamiento de un Banco, apoyado en, y al servicio de, Catalunya, su gente y su economía.

Pero entremos en el tema.

¿Qué problemática afecta a Banca Catalana? Yo diría que son tres las cuestiones principales. En primer lugar, el estado de ánimo de la organización, organización que si bien en el pasado ha demostrado su capacidad, hoy se encuentra casi acobardada por los acontecimientos en que se ha visto envuelto el Banco, los cuales, dicho sea de paso, bien poco tienen que ver con la actividad diaria y efectiva de estas casi doscientas cincuenta oficinas de Banca Catalana.

En segundo lugar, hay que mencionar las crisis de confianza que envuelven el Banco y que afectan a su clientela. Es lógico que ésta haya adoptado una actitud de espera ante la multitud de noticias que aparecen en los medios de comunicación. El tercer aspecto es un desequilibrio patrimonial muy importante. Por tanto, la solución de Banca Catalana pasa por la reordenación de estos tres puntos: organización, confianza y patrimonio.

Aunque hace pocos días, once de hábiles, que soy responsable de Banca Catalana, ya he detectado, y por eso lo puedo afirmar, que la organización está recuperando su ritmo de trabajo y su capacidad de entusiasmo. Considero que esta Junta de hoy y las decisiones que se han de tomar en ella servirán de base a la consolidación total de este proceso, ya que la organización podrá apreciar que hoy se está alcanzando una solución definitiva para Banca Catalana.

Aún quedarán pendientes algunas medidas complementarias, como instaurar una gerencia clara, la determinación de guías y de políticas, la definición de objetivos y programas, el diseño de nuevos productos y Servicios, etc., pero en la dirección de Banca Catalana hay hombres capaces de completar este proceso.

Permítanme que, desde aquí, dirija un ruego a la organización: que colabore con fe y entusiasmo en la consecución de un Banco competitivo y rentable, centrado en las funciones financieras y bancarias típicas de este tipo de entidades, ya sean dirigidas a la empresa, al individuo o a la administración.

En cuanto a la desconfianza del público, se podría pensar que la simple desaparición de las causas que la originaron —temor por lo que se refiere a la continuidad y a la solvencia de Banca Catalana— darán paso al clima positivo y necesario. Eso no es tan sencillo. No hay ninguna duda que la desaparición de las razones causantes del problema es una condición necesaria, pero, sin duda, con eso sólo no hay bastante. No podemos olvidar que la Banca es una actividad de servicios, sumergida hoy en un clima de alta competitividad. Por tanto, hay que completar la simple desaparición de las causas de la desconfianza con una campaña positiva de imagen y de atracción de clientela. Y todos podemos y hemos de colaborar en esta campaña.

Quizá convendrá que esa función sea, estos próximos meses, la máxima preocupación de la gerencia de Banca Catalana. También desde aquí quiero pedir a todos los medios de comunicación que, así como, en cumplimiento de su misión, han informado de los problemas que han afectado a Banca Catalana, expliquen desde hoy la posibilidad y la voluntad de Banca Catalana de prestar y continuar prestando los servicios financieros y bancarios que el público solicita. No estoy pidiendo publicidad gratuita; solicito que también se informe de la segunda parte del partido que, con moral de victoria, estamos jugando aquí.

En tercer lugar, hay que corregir el desequilibrio patrimonial. Por la magnitud de las cifras manejadas, esta cuestión ha sido el aspecto más llamativo y el más mencionado. Pero, a pesar de los sacrificios y los esfuerzos que serán necesarios para conseguirlo, quizás es también el de más fácil solución.

Podría detenerme en las causas internas y externas que han dado lugar a la existencia del desequilibrio patrimonial. Es indudable que, dentro de la casa, se han cometido errores e incluso podríamos decir que, habiendo sido detectados algunos, no siempre se tomó el camino más barato de acertarlos y corregirlos, y en cambio se intentó muchas veces el proceso, siempre más caro, de desconsiderarlos y compensarlos. Habría hecho falta recordar aquella idea de dineros sanos para salvar dineros enfermos.

También han afectado gravemente las circunstancias externas por las que atraviesan las economías de todo tipo. En este aspecto, un Banco que está inmerso en un amplio proceso de lanzamiento industrial y desarrollo inmobiliario se ha visto duramente afectado por la recesión que han experimentado muchos sectores económicos. Además, todo esto ha coincidido con una época de tipos de interés crecientes, con los cuales se han estado financiando inversiones de rentabilidad negativa o nula, con unos recursos de costos cada vez más elevados. Quizás un aspecto diferenciador de la actual crisis económica respecto a otras anteriores sea el diferente comportamiento de los tipos de interés. Hasta ahora, se suponía que las crisis también afectaban al mercado del dinero y reducían su actividad, hecho que llevaba aparejado un descenso del tipo de interés que, a su vez, facilitaba el relanzamiento general. Pero, ahora, no ha sido así.

Con todo, me parece que resulta más positivo examinar y exponer la situación actual y, a partir de aquí, proponer una solución. Quiero advertir que las cifras que ahora serán manejadas difieren de las recogidas en las informaciones de las últimas semanas. Eso es debido al hecho de que se refieren exclusivamente a Banca Catalana, la Junta de la cual estamos celebrando, y no a la totalidad del Grupo Bancario. En las Juntas de los otros Bancos trataremos sus propios datos. También se explican algunas diferencias porque las cifras que ahora vamos a mencionar se derivan de datos contables, del análisis de estos datos y de la tarea de auditoría, y, además, se manifiestan bajo la responsabilidad de este Consejo de Administradores.

Hablemos, en primer lugar, del Balance a 31 de octubre, obtenido con los criterios de contabilización seguidos hasta ahora, y en el cual el activo y, por tanto, el pasivo, una vez deducido el importe de las cuentas de orden que carecen de contenido patrimonial suben a 271.110.941.101,77 pesetas. Este Balance está unido al acta de esta Junta.

Examinando este Balance se aprecia por lo que se refiere al pasivo que se recoge en él, de una manera bastante correcta, la situación del Banco, ya que se reflejan en el mismo las deudas contraídas ante terceros, y eso se hace por los importes correspondientes. Los ajustes que se han de efectuar en este sentido son muy escasos.

En el activo, la situación es diferente. Entre sus muchas partidas, existen muy diversas situaciones que procuraré exponer con la máxima claridad posible, clasificándolas en cuatro conceptos: activos ficticios, activos fallidos, activos no rendibles y activos sanos.

En primer lugar, hay que distinguir un conjunto de partidas que no tienen el apoyo de ningún activo real ni ningún derecho, es decir unas situaciones de las cuales sólo existe el apunte contable. A este conjunto de elementos le denominaremos activos ficticios. En el balance que estamos analizando han sido detectados activos ficticios por un importe de 15.953.372.312,65 pesetas. Doy esta cifra con detalle porque es la base de uno de los acuerdos que son propuestos a esta Junta General.

De este importe total, 95.000.000 son recogidos en la rúbrica de «Caja y Entidades de Crédito y Ahorro». Esta cantidad procede de la fusión de contabilidades originada por la absorción del Banco Mercantil de Manresa. Corresponden a la rúbrica «Cartera de efectos comerciales» 390.165.300,93 pesetas originados en efectos de los cuales no hay ningún soporte documental. Corresponden a diferentes clasificaciones de cuentas diversas 1.939.885.493,32 pesetas. Se incluyen en esta partida los ajustes de pasivo antes mencionados.

Finalmente, 13.528.321.518,40 pesetas están englobadas en una serie de apuntes especiales distribuidos en las partidas de créditos, efectos financieros y operaciones en camino (aparecen en estas mismas partidas 3.734.244.998,65 pesetas más, relativas a activos mobiliarios e inmobiliarios del grupo de fallidos).

¿Qué son y qué origen tienen estos activos ficticios por valor de 15.953 millones de pesetas? Excepto la partida integrada en «Caja y Entidades de Crédito y Ahorro», que seguramente es debida a un problema técnico del proceso de integración de contabilidades, el resto son ingresos que fueron previstos, pero que después no se concretaron, o son costos operativos que, por una incorrecta periodificación o contabilización, no han sido cargados a su tiempo debido en la cuenta de «Pérdidas y Beneficios». Por otro lado, e! hecho de que estos activos ficticios no existan en la práctica, evita cualquier proceso de valoración y, por tanto, afirmar la necesidad de su saneamiento total ni implica ni supone la utilización de criterios subjetivos de evaluación. El saneamiento responde al simple hecho de su inexistencia.

¿Cómo ha de conseguirse este saneamiento? El procedimiento es evidente: aplicar a esta finalidad los recursos y el capital, es decir el conjunto de recursos propios. Aún así, aplicando la totalidad de las reservas y el capital social, quedarían todavía sin cubrir activos ficticios por valor de 4.990.780.966,73 pesetas. Me parece que, en este punto, las cifras hablan por sí solas.

En segundo lugar, fijaremos nuestra atención en el grupo de activos fallidos. En el balance de Banca Catalana, y aquí redondeo las cifras, existen 45.000 millones de pesetas de este tipo de bienes. Indudablemente, los activos están aquí, pero su valor es prácticamente nulo.

¿Qué partidas forman este conjunto? Casi en su totalidad son créditos y efectos de la inversión bancaria (39.200 millones) y cartera de valores (5.800 millones, 5.331 de los cuales son acciones de otros Bancos).

Aunque los activos estén aquí, como si se tratase de árboles secos e incluso vacíos, un análisis objetivo indica que a corto plazo se convertirán en pérdida total. En buena técnica contable, habría que hacer la dotación correspondiente a provisiones para cubrir su importe. Puedo anunciarles que, como que Banca Catalana no la puede hacer con sus propios medios, será precisamente sobre estos importes y estos activos donde se centrará la aportación y la ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.

En tercer lugar aparecen en el balance los mencionados activos no rendibles, activos que están aquí vivos, pero incapaces de dar fruto. En Banca Catalana hay 11.640 millones en inversión bancaria en esta situación. Proceden de créditos y efectos dados a deudores que tienen solvencia para devolver su importe pero que no tienen ingresos para poder pagar sus intereses. También sobre estos activos se centrará la ayuda del Fondo.

El resto son activos sanos que o producen ingresos o se hacen servir para el desarrollo del negocio. Las principales partidas son: caja y entidades de crédito, 66.300 millones de pesetas; inversiones bancarias productivas, 78.200 millones de pesetas; Fondos Públicos, 17.900 millones de pesetas; inmuebles, mobiliarios e instalaciones, 6.870 millones de pesetas, avales y créditos documentarios, 12.261 millones de pesetas.

En cuanto a la cuenta de pérdidas y beneficios, su expresión contable y su realidad presentan una situación diferente a la del Balance. El 31 de octubre, el saldo contable de la cuenta de pérdidas y beneficios era favorable, y por 7.135.600,36 pesetas. Sin embargo, esta cifra no refleja para nada la realidad, ya que se continuaban anotando en la cuenta como ingresos sanos los intereses procedentes de la inversión bancaria representada por activos fallidos y no rendibles. En otras palabras, se anotaban como ingresos unos intereses que no se cobrarán nunca, práctica contraria a las normas de contabilidad aceptadas y a las instrucciones que, para estos casos, tiene dictadas el Banco de España.

Con la precaución que siempre es necesaria en estos casos, se puede afirmar que si la cuenta de pérdidas y beneficios fuese redactada hoy, de acuerdo con las prácticas contables aceptadas, sería bien patente que Banca Catalana está operando en estos momentos a un ritmo no inferior a 9.000 millones de pesetas de pérdidas anuales.

Ya comprenderán, señores accionistas, que tanto la situación del Balance como la estructura correspondiente de la cuenta de pérdidas y beneficios necesitan medidas urgentes.

Quisiera, en estos momentos, hacer un pequeño inciso. Ha aparecido en algunos medios de comunicación la información de que no ha sido aceptada una propuesta de ayuda a Banca Catalana y su grupo de Bancos. Puedo afirmar, como podrán comprobar cuando trate este tema, que en ningún momento la autoridad monetaria le ha negado, ni incluso regateado, la ayuda necesaria a Banca Catalana. Únicamente, como institución pública, ha insistido en que el proceso se desarrolle de acuerdo con la normativa vigente, normativa dentro de la cual es posible el mantenimiento de un accionariado catalán.

Volviendo a las medidas que son propuestas para corregir el déficit, se centran estas medidas en la recomposición de los recursos propios, de un lado, y en las aportaciones del Fondo de Garantía de depósitos en Establecimientos Bancarios, de otro.

Anteriormente he expuesto que las pérdidas reales y ya concretadas, es decir los activos ficticios, superaban ampliamente los recursos propios, cosa que hace necesaria la máxima aplicación de estos recursos para cubrir aquellos activos, y todo esto conforme con la legislación vigente y con las comunicaciones del Banco de España.

De las reservas que aparecen en el Balance, son utilizables todas salvo tres. Una, por un importe de 538.595.440,48 pesetas procedente de la actualización de la Ley de Presupuestos 1981, no es disponible mientras no sea comprobada y aprobada por el Ministerio de Hacienda. Otra, de 51.900 pesetas —Viviendas de Protección Oficial— no es disponible a esta finalidad por la Ley que la regula. E igualmente la tercera, por un importe de 41.198,44 pesetas —Reserva Especial—, creada al amparo de la Ley de 30 de diciembre de 1943.

Como resumen, serían aplicadas a la cancelación de pérdidas por activos ficticios diversas reservas, por un importe total de 4.662.848.206,74 pesetas.

Por lo que hace al capital social, el acuerdo que se propone a esta Junta es dedicar al saneamiento de pérdidas por activos ficticios la cantidad de 5.748.165.081 pesetas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones a 5 pesetas, las de la serie A, y a una peseta, las de la serie B. Para recomponer los recursos propios, se propone una ampliación de capital por un importe de 15.343.764.000 pesetas.

Esta cifra es resultado de dos condiciones: una primera de naturaleza jurídica que conduzca a facilitar a las acciones hoy en circulación, mediante un número múltiplo exacto, la suscripción de las nuevas acciones. La segunda condición es de naturaleza económica y responde al hecho de que la cifra de ampliación de capital tiene que considerar: que, aun con la aplicación de reservas y la reducción de capital, quedan sin compensar unas pérdidas ya existentes de cerca de 5.000 millones de pesetas; que la cifra de capital tiene que dar apoyo al pasivo ante terceros y que aquí hay que considerar no sólo al de Banca Catalana, sino también al de aquellos Bancos del Grupo que van a ser integrados como empresas filiales; y, finalmente, la cifra propuesta tiene que servir de soporte a las ayudas muy superiores en cuantía que serán recibidas del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.

En cuanto a las aportaciones del Fondo, ya podemos anunciar que no serán inferiores a 60.000 millones de pesetas. Las modalidades concretas están aún pendientes de los estudios en curso, pero no se apartarán demasiado de la distribución siguiente: alrededor de 20.000 millones de pesetas en préstamos a largo plazo sin interés y alrededor de 40.000 millones de pesetas en recompra de activos y la simple asunción de pérdidas.

Entre la ampliación del capital y las ayudas del Fondo han de ser ingresados en Banca Catalana un poco más de 75.000 millones de pesetas. Esta cifra sirve a un doble propósito: restablecer el equilibrio del Balance y permitir nuevas inversiones en los diferentes aspectos del negocio bancario que den lugar a un saldo positivo en la cuenta de pérdidas y beneficios.

Las líneas de ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios fueron aprobadas en reunión de su Comisión Gestora celebrada hace poco y, en cualquier caso, su importe final alcanzará las cifras que técnicamente se demuestre que son necesarias.

Las ayudas mencionadas sólo quedan condicionadas al hecho de que se tomen en su totalidad las medidas conducentes a restablecer el equilibrio de recursos propios, medidas que se concretan en los acuerdos que son propuestos para su aprobación. Este condicionante por parte del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios es originado por la legislación vigente.

De todos modos, conviene mencionar que además de las ayudas mínimas citadas, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios se ha comprometido a suscribir aquella parte de la ampliación de capital que no haya sido cubierta, y eso, no por un espíritu de dominio, sino como una sencilla respuesta a una necesidad. Si esta Junta General Extraordinaria, tal como espero y el Banco necesita, aprueba las medidas que le han sido propuestas, el plazo para la suscripción de las nuevas acciones será establecido del 20 de noviembre al 20 de diciembre. Durante este mismo tiempo comenzarán a concretarse las ayudas restantes del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.

En otro ámbito de cosas, una vez suscrito el nuevo capital, habrá que proceder a nombrar un nuevo Consejo de Administración, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, y, por tanto, representativo de los accionistas y de los intereses que éstos representen.

Todo esto permite pensar que a principios de 1983 Banca Catalana habrá alcanzado la normalidad política y económica y, sobre esta base, empezar una nueva etapa. El esfuerzo gerencial que queda aún por realizar será importante, pero de aquí a dos o tres años este esfuerzo y todos los demás serán perfectamente compensados por el grado de solidez y rentabilidad que Banca Catalana tendrá que haber alcanzado. Finalmente, y para acabar, permítanme, señores accionistas, que en nombre de los señores Robles y Palacios, que en estos días me ayudan y acompañan en Banca Catalana, y en el mío propio, me despida de todos ustedes.

Una vez suscrita la nueva ampliación de capital, este grupo de Administradores habrá acabado su misión como tal en Banca Catalana. Sin ningún tipo de duda, nos entristecerá dejar una institución que, si bien por poco tiempo, hemos vivido con mucha intensidad, pero esperamos tener la compensación de haber ayudado un poco al relanzamiento, por todos deseado, de Banca Catalana.

Muchas gracias.

Francesc Baiges Planas. Nacido en Barcelona en 1956. Licenciado en Ciencias de la Información en 1981. Ha trabajado en revistas en lengua catalana como L’Hora y El Món y ha colaborado en El Periódico, Diario de Barcelona, Avui y Cambio 16. Actualmente está contratado como guionista por Televisión Española.

Enric González Torralba. Nacido en Barcelona en 1959. Se inició en el periodismo en 1976, en la desaparecida Hoja del Lunes. Pasó después a El Correo Catalán y actualmente es redactor de El Periódico de Catalunya. Ha colaborado asimismo en la revista Nueva empresa.

Jaume Reixach Riba. Nacido en 1958 en Vilanova del Camí (Barcelona). Ha trabajado en la redacción de El Correo Catalán, en el semanario catalán El Món y ha sido también redactor jefe del Diario de Barcelona. Es especialista en temas de denuncia social y «affaires».

Título:

Banca Catalana: Más que un Banco, más que una crisis

Autores:

Francesc Baiges Planas
Enric González Torralba
Jaume Reixach Riba

Fecha de edición: 1985

Epub: Libros vagabundos, 2015