Entrega n.º 60 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado a Antonio Pérez.

AA. VV.

Antonio Pérez y su época

Cuadernos Historia 16 - 060

ePub r1.0

Titivillus 01.04.2023

Título original: Antonio Pérez y su época

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

El hombre y el mito

Por Ricardo García Cárcel

Catedrático de Historia Moderna. Universidad Autónoma de Barcelona

POCOS personajes tan controvertidos como Antonio Pérez. Su papel histórico de contrapunto de Felipe II y su contribución a la leyenda negra por su obra Las Relaciones, le han acarreado duras acusaciones de la historiografía española.

Unos le consideran traidor y antiespañol. Otros, asesino de Escobedo o, como el padre Coloma, de don Juan de Austria. Con la máxima acritud le juzgan los cronistas de Felipe II (Cabrera de Córdoba, Herrera, Sepúlveda, Zapata, Porreño) y los de las alteraciones de Aragón (Céspedes y Meneses, Gurrea). Sólo Argensola parece tenerle simpatía.

Espeso silencio le envuelve en los siglos XVII y XVIII. Mas con el romanticismo liberal, Bermúdez de Castro (1841) le presenta como audaz aventurero y esforzada víctima de la Inquisición. Pondrán las cosas de nuevo en su sitio la historiografía de la Restauración y, sobre todo, la posterior a la guerra civil[1].

A su vez, la historiografía extranjera[2] le convierte en mito del espíritu liberal frente al despotismo tiránico del rey. Antonio Pérez es el símbolo de la España que no pudo ser, sistemáticamente asfixiada por la España oficial.

Así, la polémica figura del personaje aparece condicionada por esta disparidad ideológica. Pero, con mayor frecuencia, lo que se divulga de él es su estampa frívola y sentimental, sus relaciones con la princesa de Eboli.

La mejor biografía de Pérez es la de Gregorio Marañón, publicada en 1947. Haciendo gala de un impresionante conocimiento de la documentación sobre el tema, Marañón se lanza a la tarea de proporcionar rigor y profundidad científica al infinito serial de anécdotas que constituye la vida de Antonio Pérez.

A mi juicio, la obra de Marañón es una de las más altas cimas de lo que los historiadores franceses llaman histoire évenementielle. Quizá se le pueda reprochar un talante excesivamente centralista que le lleva a dedicar juicios apasionadamente contrarios a los fueristas aragoneses. Pero su visión del temperamento de Antonio Pérez es magistral.

Marañón destaca en el personaje su vanidad. Le gustaba perfumarse y cuidaba mucho sus dientes —algunos dicen que introdujo en Francia el palillo—. Cínico y amoral también, con infinita capacidad para la intriga; lo demuestra en sus relaciones con don juan de Austria, jugando el papel de espía doble entre Felipe II y su hermano, o en sus tratos con los rebeldes de Flandes.

Simpático y con gracejo natural; de desbordante vitalismo —mozo derramado le llama el cronista Cabrera— y talante hedonista —aficionado al vino, al juego y al sexo sin fronteras, calificándolo Marañón de intersexual funcional—, un derroche consumista a lo parvenu le obligó a todo género de corruptelas para sostener su altísimo tren de vida.

Después de la monumental obra de Marañón, la figura de Pérez ha suscitado pocas publicaciones[3]. Pasemos, pues, a su curriculum, realmente apasionante, en el que se distinguen tres etapas.

La primera abarca los años felices de infancia y juventud hasta su caída en desgracia y detención, en julio de 1579. La segunda, los años de prisión, con diversos procesos incoados contra él, hasta su fuga a Francia en 1591. La tercera cubre el exilio hasta su muerte en 1611.

Escalada política

Antonio Pérez.

Isabel I de Inglaterra.

Antonio Pérez procedía de una familia de judíos conversos de Monreal de Ariza (Aragón). Nació en Madrid, en mayo de 1540. Era hijo del clérigo y secretario regio Gonzalo Pérez y de Juana Escobar y Tobar, por lo que su padre le hizo pasar por sobrino hasta 1567.

Transcurrió su infancia en Val de Concha, aldea de las tierras de Pastraña. Poco sabemos de su educación. A los doce años, Gonzalo Pérez le envió a las mejores universidades de entonces: Lovaina, Venecia, Padua, donde estaría de 1554 a 1557.

De 1557 a 1562 estudia en Alcalá y Salamanca. Con sus maestros Cardillo de Villalpando, León de Castro y Hernando de Escobar. En Alcalá fue compañero del marqués de los Vélez, del que seria gran amigo. Pese a la buena formación recibida, no fue muy brillante la cultura de Antonio Pérez. Se diferencia en esto de su padre, traductor de Hornero y gran bibliófilo, hasta el punto de vender al monasterio de El Escorial la biblioteca paterna, incrementada con generosas donaciones del duque de Calabria.

En su suntuosa mansión de La Casilla, en las afueras de Madrid, poseía cuadros y joyas, mas no libros. Sólo ocho figuran en el inventario de sus bienes hecho en 1592 por fray Tomás de Guzmán, de los que dos, por cierto, son de Tácito.

Esto ayuda a encuadrar ideológicamente a Antonio entre los llamados empiristas o tacitistas estudiados por Maravall, Tierno Galván o García Marín. Según éste, no son más que la versión española del maquiavelismo que, con una comprensión más o menos realista de los males presentes, tratan de aplicar a los problemas soluciones prácticas.

Confirma esta adscripción ideológica la amistad de Pérez con Álamos de Barrientos. Pasó en el escritorio de su padre cuatro años (1562-1566) de oscuro aprendizaje de la práctica burocrática y diplomática. Así se vinculó a uno de los dos partidos que se disputaban el favor de Felipe II: el liberal del príncipe de Eboli, frente a los duros del duque de Alba.

A la muerte de Gonzalo Pérez, en 1566, Antonio le sucedió interinamente como secretario de Estado para asuntos del exterior (de los del interior era secretario Vázquez de Molina). Fraccionada esta secretaría en 1567, a Antonio se le encargaron los asuntos de Italia y a Gabriel de Zayas los del norte.

Parece que para tomar posesión del cargo se le obligó a casarse con doña Juana de Coello —ilustre fea, la llama Marañón—, con la que había tenido un hijo.

Enrique IV de Francia.

Sus relaciones en estos años con los príncipes de Eboli, Ruy Gómez de Silva y Ana Mendoza de la Cerda, fueron excelentes, Pérez les vendió las casas que heredó de su padre. Y al morir el príncipe en 1573 actuó de testigo en su testamento y codicilo.

No hubo amor

Del supuesto idilio entre Antonio Pérez y la Eboli, así como de la implicación del rey en la vida sentimental de la princesa, se han escrito infinita cantidad de tonterías que Marañón ha desentrañado con enorme agudeza.

En un libro reciente ha dicho Gustav Urgerer: Con la tinta que se ha gastado sobre el misterio de las relaciones entre la Eboli y Pérez se podría colorear el agua del Tajo.

Hoy día parece claro que la princesa de Eboli no tuvo relaciones amorosas con el rey ni con Antonio Pérez. Marañón demostró la falsedad de los pretendidos idilios; entre Pérez y la princesa hubo relaciones de carácter político y financiero.

Según Marañón, Antonio Pérez no fue más que un burócrata vanidoso y débil para la Eboli, del que se sirvió hasta perderlo para satisfacer sus ambiciones políticas y su necesidad de dinero. Así montó un tinglado para sacar provecho de la influencia que Pérez tenía con el rey.

Gustav Urgerer ha modificado en parte esta visión. Califica a Pérez de dominador y a la princesa de dominada: Ya nos preguntamos si fue la princesa la víctima de Pérez y no Pérez el cautivado, como se ha creído hasta ahora.

Dada la falta de conocimientos financieros de la princesa, fue inevitable que obedeciera a ciegas a un hacendista tan diestro como Pérez, que disponía de correpondencias bancarias internacionales.

Era Pérez, como hemos dicho, un misógino, y nada nos sorprenderla que estuviese dispuesto a traicionar la memoria de su cómplice. En una de sus cartas latinas, dirigidas en su destierro al conde de Essex la llama Cyclops.

La labor de Pérez como secretario se caracterizó por su espíritu intrigante y retorcido, evidente en sus relaciones con don juan de Austria, al que en agosto de 1576 alojó en su mansión de La Casilla, cautivándole con la misma habilidad con que había seducido al rey.

Como dice Marañón, fue el perfecto espía doble, descubría al rey los pensamientos y deseos que le confiaba don juan o su secretario Escobedo y a éstos lo que el rey maquinaba de ellos.

Haciendo uso de todo tipo de medios —engaños, manipulaciones de cartas—, Antonio Pérez ratificaba a Felipe II las equivocadas sospechas de éste respecto a las presuntas ambiciones y proyectos de su hermano (conquistar Inglaterra y después quitarle el trono) y responsabilizaba al secretario Escobedo de la supuesta —y absolutamente falsa— traición de don Juan de Austria.

Pérez, según Marañón, deseaba eliminar a Escobedo porque temía que éste descubriese al rey su deslealtad y amoralidad, el mercado de favores que había configurado en beneficio propio y por el que, incluso había revelado secretos de Estado a los rebeldes de Países Bajos.

Ante las presiones de Pérez, Felipe II optó por acceder a que se matara a Escobedo. Después de tres intentos de envenenamiento, el 31 de marzo de 1578, Escobedo fue acuchillado junto al muro de la iglesia de Santa María de la Almudena por unos asesinos comprados por Pérez.

Sus personales problemas de conciencia y la presión popular exigiendo el castigo de los culpables obligaron a Felipe II a decretar la prisión de Pérez y de la princesa de Eboli el 28 de junio de 1579.

La actitud del rey fue en principio más dura con la princesa, a la que tuvo encerrada primero en la Torre de Pinto y luego en la fortaleza de Santorcaz. En contraste, Pérez sufrió arresto domiciliario que le permitió seguir despachando sus asuntos en sus casa y, oficialmente, figuró como secretario hasta 1585.

En la caída de Pérez latía la lucha de los dos grupos de presión ya mencionados por el control del poder. El odio del secretario Mateo Vázquez a Pérez fue un factor de indiscutible incidencia.

El cese de Pérez provocó un reajuste de gobierno: el rey trajo al cardenal Granvela de Italia y lo puso al frente de un nuevo equipo en el que Idiáquez sustituía a Pérez en la secretaría de Estado. Estaban también en el Gobierno don Cristóbal de Moura, el padre Chaves y los condes de Barajas y Chinchón.

Este equipo presidirá el viraje atlántico de la política felipista de los años 80: anexión de Portugal, estrategia antibritánica e implicación en las guerras de religión francesas.

Juan de Austria. (Derecha). Portada de Las Relaciones, de Antonio Pérez, París, 1598.

Prisión y procesos

La máquina judicial, al frente de la cual había un juez un tanto puritano, Rodrigo Vázquez de Arce, estaba en marcha y en junio de 1584 concluía el pliego de cargos del proceso de visita contra Pérez. En agosto de 1582 el rey había separado el proceso de Pérez del de la Eboli. Los papeles del proceso de visita desaparecieron.

Las visitas eran instrucciones secretas, sin fórmulas legales, con motivo de investigar la conducta moral, fidelidad y limpieza de los secretarios u hombres de Estado.

Ana de Mendoza de la Cerda,
princesa de Eboli.

El proceso no pudo ser más irregular y arbitrario. Se le culpó de delitos cometidos entre los años 1571 y 1584, cuando había sido arrestado en 1579, aunque despachara diversos papeles hasta 1582.

Gustav Urgerer ha sido rotundo: Fue Pérez víctima de lo que podemos llamar la ley del encaje. En la definición que da Covarrubias, esta ley equivalía a la resolución que el juez toma por lo que a él se le ha encaxado en la cabeça sin tener atención a lo que las leyes disponen. Don Quijote se quejó de esta ley.

Con su aplicación al caso de Pérez, triunfó el maquiavelismo de la corte española. Todos eran culpables de fraude: el rey por su doblez; los jueces, por su servilismo y Pérez por sus intrigas. Luchó Pérez con las mismas armas que usaban sus delatores y acusadores… Ninguna parte pudo conseguir la victoria en tal pugna.

Todos salieron derrotados: los letrados perdieron su crédito, el rey su autoridad, Pérez su libertad y la justicia su integridad. Pero al fin y al cabo ganó Pérez la campaña propagandística que iba a conducir desde Londres y París.

El 31 de enero de 1585 fue conducido a la fortaleza de Turégano, donde se le comunicó, el 23 o 24 de marzo, la sentencia: dos años de reclusión en una fortaleza, destierro de la corte y treinta leguas alrededor durante diez años y fuerte sanción económica.

Pasó Pérez por diversas cárceles —Madrid, Torrejón de Velasco, Pinto— mientras se le incoaba un nuevo proceso, esta vez criminal, por el asesinato de Escobedo. En el transcurso de este proceso, Pérez sufrió tormento.

Privilegio de manifestación

Ante la presión, cada vez más asfixiante, que sobre él se cernía, disfrazado con ropas de mujer y gracias a un fuerte apoyo exterior, huyó Antonio Pérez de la cárcel de Madrid el 19 de julio de 1590.

Se refugió en Aragón, concretamente en el convento de los dominicos de Calatayud, donde invocó el Privilegio de Manifestación, válido desde el siglo XIII.

En virtud de este privilegio, al que podían acogerse los aragoneses, el justicia de Aragón intervenía a petición del preso, le sacaba (al preso) y a sus bienes de las manos de quienes pudieran agraviarle y le ponla bajo la salvaguardia de una persona de la cual se tenla la seguridad de que lo manifestaría cuando fuese requerido.

Así, bajo la custodia del Justicia de Aragón entró Pérez en la cárcel foral de Zaragoza. El 1 de julio de 1590, el proceso criminal que se seguía contra él se cerraba con sentencia de muerte. Pérez respondía escribiendo Memorial del hecho de su causa, del que hizo múltiples copias e intentó infructuosamente editar en Zaragoza.

Felipe II (por Sánchez Coello). (Derecha) Pío V.

El proceso paralelo que se iniciara contra Pérez en la corte del justicia de Aragón concluía sin sentencia el 18 de agosto de ese mismo año. Un mes después, el rey se personaba como acusador en un nuevo proceso, de enquesta, contra Pérez.

El justicia lo admitía a trámite al ser el rey la presunta víctima de las traiciones de que se acusaba a Pérez. Pero ante la resistencia de algunos magistrados aragoneses, el proceso se suspendió y el rey echó mano de un tribunal inapelable: la Inquisición.

Esgrimiendo una pintoresca calificación formal de herejía, lanzada por el padre Chaves contra Pérez, la maquinaria inquisitorial se disparó y Pérez era llevado a las cárceles de la Inquisición el 24 de mayo. Esto abrió la espita de la indignación popular que estalló de modo violento el 24 de septiembre.

El motín supuso la liberación de Pérez y su huida a Francia. Y el proceso inquisitorial, comenzado el 20 de abril de 1591, culminó el 7 de septiembre de 1592, ya ausente Pérez, condenándole por hereje y sometiéndole a Auto de fe el 20 de octubre de 1592.

Muerto Pérez, sus hijos promovieron un proceso de rehabilitación de las acusaciones de herejía. Una sentencia de 1615 se lo concedía, lo que confirmaba el carácter de farsa de la acción inquisitorial contra Antonio Pérez.

Torre mudéjar de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza.

Fachada del castillo de la Aljafería de Zaragoza.

El exilio

El 24 de noviembre de 1591 entraba Antonio Pérez en Francia. Su destierro duraría veinte años. Residió primero en Pau, donde la princesa de Bearne le garantizaba la libertad de vivir en su religión. Aquí imprimió su Memorial, que tenía dos partes: narraba en la primera los motines aragoneses del 24 de septiembre y, en la segunda, sus andanzas de preso.

Fracasada por la reacción de Jaca y Huesca su invasión de Aragón con un ejército de bearneses, ofreció sus servicios a la reina de Inglaterra. Pero en el viaje a Londres expuso en Tours a Enrique de Borbón su proyecto de sublevar a los moriscos de Aragón.

Vivió en Inglaterra de 1592 a 1595, donde editó, gracias a la generosidad del conde de Essex, su obra más famosa, Las Relaciones. Desde Londres apoyó un plan de ataque a España por mar que se concretó en 1596 en el asalto de Howard a Cádiz.

Invitado por Enrique IV, volvió a Francia. Llegó a París en septiembre de 1595. El monarca le nombró consejero y Pérez sirvió de intermediario entre Francia e Inglaterra en contra de Felipe II. Pero la paz de Vervins de 1598 y la renovada amistad hispano-francesa colocó a Pérez en delicada situación.

Sus últimos años fueron de triste soledad. Murió en París el 3 de noviembre de 1611, después de declarar su fe religiosa y su adhesión a España:

Declaro y juro que he vivido siempre y muero como fiel y católico cristiano y de esto hago a Dios testigo y confieso a mi Rey y mi Señor natural y a todos las coronas y reinos que posee que jamás fui sino fiel servidor y vasallo suyo… Y por ser ésta la verdad, digo que si muero en este Reino y al amparo de esta Corona ha sido a más no poder y por la necesidad en que me ha puesto la violencia de mis trabajos.

Enterrado en el claustro de los celestinos de París, su sepulcro desapareció en la Revolución Francesa.

El Antonio Pérez del exilio es el peor conocido, tal vez porque Marañón, como apunta Urgerer, no consultó los archivos ingleses[4]. Es en estos años cuando Pérez desarrolla su labor intelectual[5]. Carecemos aún de una edición de sus obras completas, empresa necesaria para conocer en profundidad su ideología. Algunos historiadores afirman que ejerció influencia literaria en Francia y, concretamente, en Corneille. En cualquier caso, Pérez es antecedente del conceptismo de Quevedo y Gracián.

Antonio Pérez y la Inquisición

Por Pilar Sánchez

Profesora de Historia Moderna. Universidad Autónoma de Barcelona

LA estrecha relación existente entre la monarquía y el Tribunal de Inquisición convirtió a este último en un útil instrumento de control político. La elasticidad con que se empleaba el término herejía dejaba a la Inquisición un margen de actuación en actividades no vinculadas a la ortodoxia religiosa.

En este sentido, la causa seguida contra Amonio Pérez constituye uno de los ejemplos más conocidos de casos que siendo puramente políticos se encubrieron con la acusación de heréticos al objeto de eliminar las trabas, en esta ocasión interpuestas por la jurisdicción foral aragonesa, que obstaculizaban una rápida condena.

Aunque en el reino de Aragón existían precedentes de conflictividad entre la jurisdicción foral y la inquisitorial, no será hasta 1591 cuando la defensa de los privilegios forales, unida a un amplio trasfondo político y social, adquiera el carácter de motín antiinquisitorial.

Es preciso, sin embargo, no limitar el protagonismo del Santo Oficio en Zaragoza a su injerencia en el proceso de Antonio Pérez, ya que su papel fue asimismo fundamental durante la represión siguiente a la revuelta.

La Inquisición en el reino de Aragón

Con Fernando el Católico, la institución del Santo Oficio en la corona de Aragón, cuyos orí genes se remontaban al siglo XIII, sufrirá una importante transformación: dejará de depender del papado para ser controlado por la monarquía y constituirse netamente como un tribunal castellano.

En el reino de Aragón el establecimiento de esta moderna Inquisición no contó con grandes facilidades. En Teruel, los inquisidores delegados necesitaron el apoyo del ejército para instalarse en la ciudad ante la negativa del concejo a permitirles la entrada.

Su modo de proceder y la dureza que revistieron los primeros autos de fe celebrados en Zaragoza aún engendraron mayor oposición entre los círculos conversos, principales afectados por las medidas represivas.

Jerarquías conversas y cristianas viejas gestionaron cerca de Fernando el retorno a la Inquisición medieval.

Argumentaban que tanto el inquisidor general, fray Tomás de Torquemada, como otros oficiales inquisitoriales no eran aragoneses y que el castigo de confiscación de bienes y el secreto en que se mantenía el nombre de los testigos vulneraban la legislación foral.

Asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en Zaragoza, 14 de septiembre de 1485.

El rey aludió todas las protestas justificando la posición del Santo Oficio: se trataba de un tribunal religioso y, por tanto, sus competencias y ministros eran independientes de cualquier reglamentación foral.

Ante la inviabilidad de reformar la Inquisición, algunas posturas se radicalizaron y el 15 de septiembre de 1485 caía asesinado el inquisidor Pedro de Arbués. El suceso provocó una dura reacción del Santo Oficio, que, con el pretexto del asesinato, desencadenó una gran persecución sobre la minoría conversa.

A lo largo del siglo XVI, denuncias, críticas y ataques contra oficiales inquisitoriales expresan la contestación al poder y privilegios inquisitoriales.

Liquidada la oposición conversa y acallado el eco del atentado contra Arbués, las Cortes serán el principal escenario donde la nobleza y la oligarquía urbana expongan sus agravios inquisitoriales.

En las Cortes no se cuestionará la funcionalidad del Tribunal del Santo Oficio, sino que se intentará reducir su poder, a medida que éste se arrogue mayores facultades jurisdiccionales y su intervención lesione la autoridad señorial de Sus propios territorios.

La contestación al Santo Oficio

A finales del reinado de Fernando el Católico y durante los primeros años del de Carlos I aún se confiaba frenar el avance inquisitorial en delitos como la bigamia, la usura y la blasfemia y suavizar los procedimientos procesales y penales para ajustarlos a las disposiciones forales.

Pero ni la Concordia de 1512 ni la de 1518, que insistieron sobre estos aspectos, se convirtieron en realidad. Carlos I, después de una primera inclinación a la reforma, se cerró en banda reafirmando la independencia inquisitorial respecto a los fueros del reino.

En adelante las protestas incidirán mucho más en cuestiones relacionadas con las actividades y la organización inquisitorial: intromisión del Santo Oficio en causas no estrictamente heréticas, excesivo número de familiares y comisarios y abusos de estos agentes en el ejercicio de sus funciones.

La escalada de la Inquisición en la persecución de los moriscos pronto concitó las protestas de los señores. En las Cortes de Monzón, de 1528, una de las peticiones pretendía que las tierras confiscadas a moriscos no pasaran al fisco real, sino a sus señores legítimos.

Igualmente los sucesivos intentos inquisitoriales de desarmar a los moriscos causarían gran descontento entre los señores de vasallos moriscos. Para ellos una medida como ésta no respondía a la necesidad de salvaguardar la ortodoxia religiosa. Era simplemente una injerencia en sus dominios.

Tras numerosas quejas contra funcionarios inquisitoriales, en una Concordia en 1568, se procuró racionalizar el número y distribución geográfica de familiares y comisarios, delimitar sus privilegios y que no se utilizaran en beneficio de actividades personales o profesionales. Pero como había ocurrido con las Concordias de principios de siglo, ésta tampoco se cumpliría.

La Seo de Zaragoza.

Desde una perspectiva localista se traslucen unos enfrentamientos más variados y complejos. En el ámbito rural, y salvo las esporádicas visitas de los inquisidores, eran los familiares y comisarios quienes representaban el poder inquisitorial.

No recibían salario a cambio de su trabajo, pero el cargo poseía otras compensaciones, como portar armas o exenciones económicas; privilegios que junto a la autoridad conferida les proporcionaban cierta relevancia en su comunidad. Se encontraban además fuera del alcance de la justicia señorial, puesto que únicamente podían ser juzgados por la Inquisición.

En este sentido, no es extraño que señores como los de Ariza o el de la Baronía de Antillón denuncien a familiares por encabezar revueltas antiseñoriales, escudados en su inmunidad frente a la justicia señorial.

En general las relaciones entre señores y familiares no parecen inscribirse tampoco en el terreno de la colaboración. La Inquisición, aunque fuera a través de sus agentes, resultaba un poder ajeno y el señor ante este poder superior se mostraba indiferente cuando no activamente contrario a su labor si entendía que existía contradicción con su propia autoridad.

Palacio de la Audiencia de Zaragoza.

En otras ocasiones era algún vecino o el justicia de una villa el que tramitaba las denuncias. Generalmente las acusaciones a familiares y comisarios se basaban en abusos por agresiones físicas, no respetar los estatutos que regían una villa o no pagar sus deudas.

La reacción contra el Santo Oficio surge igualmente como respuesta a su propia actividad represiva, impidiendo su ejercicio, criticando a la institución o a sus agentes o bien atentando directamente contra éstos[1].

Mayoritariamente las conspiraciones se localizarán en la frontera con Bearn, especialmente vigilada por el temor al contagio protestante, y en lugares de moriscos: en resumen, allí donde la Inquisición desarrolló un control más estricto y una actividad más intensa.

Inquisición y privilegios forales

De hecho, la intervención inquisitorial paralizaba de antemano cualquier apelación a recursos forales más flexibles como las firmas o las manifestaciones. Los pocos casos en que se invocaron estos privilegios forales para detenidos del Santo Oficio marcaron momentos de máxima tensión entre la monarquía y las jerarquías aragonesas.

Objetivamente no parecían existir razones para las fricciones entre la jurisdicción inquisitorial y la Corte del Justicia de Aragón, ya que la Inquisición poseía un ámbito y unos poderes de actuación estrictamente relacionados con la herejía. Aquellas jerarquías, sin embargo, no dudaron en acudir a la Corte del justicia cuando creyeron que el Santo Oficio rebasaba sus poderes y competencias,

A raíz de la promulgación del edicto de desarme morisco en 1559, los señores de vasallos recurrieron en distintas ocasiones a los remedios forales.

Primero para conseguir una firma inhibitoria del edicto, después solicitando cédulas de manifestación para detenidos del Santo Oficio: unos moriscos apresados por posesión de armas, el notario Bartolomé Gárate, de quien no se había obtenido la información esperada sobre los moriscos detenidos y posteriormente para don Francés de Niño, señor de Ossera, quien se había distinguido por su lucha contra el edicto.

La Inquisición negó rotundamente que tales privilegios pudieran hacerse valer, ya que aquellos presos lo eran por causas concernientes a la fe. Los lugartenientes del justicia tampoco se comprometieron y retiraron las manifestaciones al serles expuestos dichos argumentos.

A principios de la década de los 70, la negativa real a que la comunidad de Teruel apelara en su contencioso foral a la Corte del Justicia de Aragón derivó hacia un duro enfrentamiento entre ésta y la Inquisición. Antonio Gamir, prohombre turolense, escapó de la Inquisición y se refugió en Zaragoza, donde se acogió al privilegio de la manifestación.

Los lugartenientes del justicia se negaron a devolver al preso, decisión que les costó la excomunión. Los diputados recurrieron entonces al Papa para que anulara las censuras, pero Roma se desentendió del asunto y lo remitió al Consejo de la Suprema Inquisición.

La renuncia de Gamir a la manifestación permitió encontrar una solución aceptable para todos: Gamir fue entregado a la Inquisición, que lo castigó a un año de destierro de Teruel y los lugartenientes del justicia, que no habían dejado de ejercer como jueces durante los dieciocho meses que había durado su excomunión, fueron igualmente absueltos.

Aunque se procuró mantener a raya a la Inquisición recurriendo a la Corte del justicia, en ninguna de las ocasiones se consiguió primar los derechos forales. La Inquisición intentó por todos los medios salvaguardar su autoridad, mantenerla por encima de estos privilegios con tal de no sentar precedentes que más tarde pudieran ser invocados.

Por otra parte, sólo en el caso de Antonio Gamir la Corte del justicia asumió realmente la iniciativa de la defensa del derecho de manifestación, en un proceso en el que bajo el enfrentamiento con el Santo Oficio lo que se pretendía era reafirmar el poder de los fueros frente a la autoridad real, origen del conflicto turolense.

En esa prueba de fuerza mantenida con la Inquisición, Gamir y los lugartenientes del justicia hubieron de ceder. La importancia del suceso no radicaba en remarcar si los fueros habían sido o no lesionados, sino en comprobar los limites de las autoridades aragonesas en sus enfrentamientos con la Inquisición.

No será hasta la llegada del ex secretario de Felipe II, Antonio Pérez, a Aragón, cuando, bajo otras circunstancias políticas, se produzca una ruptura violenta con el Santo Oficio.

La Inquisición contra Antonio Pérez

La huida de Antonio Pérez al reino de Aragón vino a complicar el seguimiento de su proceso iniciado en Castilla. En Calatayud, antes de que los representantes reales lo capturaran, consiguió acogerse al privilegio de la manifestación.

Las continuas defensas presentadas por Antonio Pérez a los cargos que se le imputaban y la lentitud y legalismo con que actuaba la Corte del justicia de Aragón sembraron la desconfianza en la corte, donde se temió que el ex secretario fuera definitivamente absuelto.

Con tal de agilizar la vía muerta en que habían caído las sucesivas causas instruidas contra Pérez y asegurar su condena se recurrió a la Inquisición. Para ello fue necesario inculparle de algún delito de herejía, calificación moral que realizaría el padre Chaves, confesor de Felipe II, basándose en ciertas blasfemias y en una supuesta intención del acusado de unirse a los protestantes bearneses.

La intervención de la Inquisición de forma tan irregular en este proceso político agravó la ya de por SÍ tensa situación en Zaragoza.

Interior de la torre del trovador de la Aljafería de Zaragoza.

Así la discusión sobre si era o no contrafuero el que un preso manifestado fuera trasladado a la Inquisición se sumaba al tradicional debate sobre la preeminencia de los fueros sobre la autoridad real, animado coyunturalmente por el intento de Felipe II de nombrar un virrey no aragonés.

Estos debates legalistas reflejaban en el fondo las contradicciones internas de la nobleza aragonesa y de unos sectores populares frente a las autoridades de la ciudad y del reino.

La Corte del justicia señaló que no se cometía contrafuero con el traslado de Amonio Pérez y su criado Mayorín a la Inquisición. No obstante, tanto el 24 de mayo como el 24 de septiembre de 1591, cuando iba a efectuarse la entrega de los presos, se amotinaron un sector de la pequeña nobleza, encabezado por don Diego de Heredia, don Martín de Lanuza y don Pedro de Bolea, y grupos de labradores y artesanos.

La reivindicación de los fueros y los gritos de viva la libertad legitimaban su protesta y ratificaban su distanciamiento de las decisiones y actitudes de las jerarquías aragonesas. Si la causa de Amonio Pérez se convertía en un motivo de defensa foral, los ataques a la Inquisición, identificada como una institución antiforal y al servicio del rey, catalizaban el descontento político de estos grupos.

Después de la frustrada tentativa del 24 de mayo para que Amonio Pérez pasara a las cárceles inquisitoriales se acrecentó la campaña contra el Santo Oficio. El ex secretario denunció ante el zalmedina —juez ordinario de Zaragoza— a los testigos que habían depuesto contra él en la Inquisición, acusándolos de haber sido sobornados.

Proliferaron además por la ciudad numerosos pasquines, atribuidos al poeta Cosme Pariente, a juan Basante, maestro de gramática, y al propio Amonio Pérez en los que se atacaba tanto a los ministros reales, a los inquisidores como a los lugartenientes del Justicia.

Uno de los personajes que interviene en el llamado pasquín del infierno define al Santo Oficio de la siguiente forma:

Santo, si por cierto,

cuando a la religión sola atendía

y a castigar la herética canalla;

cuando de la nación aragonesa

a este ministerio eran asumptos

varones santos de inculpable vida

que en aquel siglo de oro florecieron.

Mas ya no, pues sacrilegos ministros,

pervertidores de la ley divina

ya en humano trato, cosa horrenda

con más que temerario atrevimiento

le hacen oficina de demonios,

muy más infiernos que éste donde estamos.

Allí se ceban de la sangre humana

de los aragoneses inocentes

los sedientos demonios encarnados

del castellano infierno, allí venidos

para de su Plutón vengar las rabias[2].

En pasquines como este, más que cuestionar la validez de la Inquisición como tribunal religioso que juzga la herejía se critica su actuación, culpabilizando a sus ministros de entrometerse en asuntos no relacionados con la religión.

Igualmente se explota la imagen de terror que la propia Inquisición había recreado con sus procedimientos, contraponiéndola en cierta manera con el sentido de libertad y equidad que simbolizaban los fueros.

Además, se exalta su carácter castellano y su utilización según la libre voluntad del monarca, siguiendo la alusión que sobre Plutón se hace a Felipe II.

El interés de estos pasquines no residía únicamente en que circularan por la ciudad: su contenido, en muchas ocasiones de tono amenazador, constituía también una forma de intimidar a autoridades e inquisidores.

Molina de Medrano, que representaba dentro del trío inquisitorial la linea más dura, fue objeto de muchos pasquines de este tipo. El 29 de junio la Inquisición publicó un motu proprio de Pío V censurando a los que impidieron su actuación. Ese mismo día, en las puertas de la Aljafería, un pasquín atacaba violentamente a Molina de Medrano. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos no pasó mucho tiempo sin que los inquisidores pidieran su traslado a Castilla.

En sus escritos, Antonio Pérez no desaprovechó tampoco la oportunidad de integrar la problemática foral a su causa. Así su Advertimiento sobre el negocio de la Inquisición afirmaba que los fueros del reino eran anteriores al Santo Oficio y sus privilegios mayores que cualquier mandato de este Tribunal; el derecho de manifestación debía ser respetado, pues de lo contrario se evidenciaría la falta de libertad en Aragón.

La lucha por el respeto al privilegio de la manifestación, los rumores de que la Inquisición utilizaba testigos falsos o que la entrega de Antonio Pérez era sólo el primer paso para su envío a Castilla mantuvieron, bajo la aparente calma, un caldeado ambiente hasta el 24 de septiembre.

Ese día los inquisidores intentaron por segunda vez" que Antonio Pérez y Mayorín fueran llevados a la Aljafería. Sin embargo, y a pesar de las medidas tomadas por el gobernador en prevención de posibles alborotos, un nuevo motín acabó liberando definitivamente a Antonio Pérez de la cárcel.

Este huyó en un primer momento hacia Bearn, pero ante el acoso de sus perseguidores se vio obligado a retornar a Zaragoza, donde el dominio fuerista de la ciudad le proporcionaba una mayor seguridad.

Primeras medidas

La noticia de la entrada del ejército castellano en el reino dio un giro a los acontecimientos. La tensión aumentó en Zaragoza y los inquisidores, temiendo alborotos y ataques como represalia, fortificaron la Aljafería y llamaron a familiares de Calatayud para reforzar la custodia de personas y documentos.

La derrota de los fueristas y el asentamiento de los soldados en el reino devolvieron la seguridad a los inquisidores, quienes se sintieron con el suficiente apoyo para proceder contra los revoltosos y restaurar su autoridad.

El primer objetivo que se marcaron fue impedir que Amonio Pérez y los cabecillas de la revuelta lograran atravesar la frontera.

Con tal de estrechar el cerco se puso en funcionamiento la red de comisarios y familiares establecidos cerca de la frontera y se mantuvieron contactos con señores de las montañas para que persiguieran a los fugitivos.

Cimborrio de la Seo de Zaragoza

En principio se contó, entre otros, con los señores de Coñeas y de la Pinilla, que ya habían colaborado con la Inquisición. Sin embargo, la Suprema desconfió de sus servicios al no conocer exactamente su actitud durante la revuelta y ordenó a los inquisidores de Zaragoza que suspendieran los tratos, diciendo que ambos se encontraban testificados en contrabando de caballos.

En sus principales objetivos la neutralización de la frontera fracasó, ya que Antonio Pérez y los principales cabecillas conseguirían pasar a Bearn. No correrían la misma suerte otros participantes en los pasados motines, menos relevantes, pero que servirían de chivo expiatorio.

Serian detenidos Tomás de Rueda y Nicolás Blasco, de Sallent; Juan de Segalas y Juan de la Fuente, de jaca; así como Domingo de Ayerbe. Todos ellos, a excepción de Ayerbe, serian condenados a la máxima pena en el auto de fe que se celebraría posteriormente.

Bajo un clima de miedo generalizado en Zaragoza, los presos del Santo Oficio aumentaron con rapidez. La actividad inquisitorial se concentró en la recogida de todo tipo de testificaciones y en la apertura de procesos contra los ya prisioneros.

A esta tarea se enfrentaban los nuevos inquisidores que habían ido sustituyendo en el cargo a los que lo habían ejercido durante los motines. En lugar de Molina de Medrano, Hurtado de Mendoza y Amonio Morejón se instalaron en el Tribunal de Zaragoza los licenciados Pedro de Zamora, Velarde de la Concha y Moriz de Salazar.

Con estos cambios no se trataba de introducir unos inquisidores pretendidamente más imparciales a la hora de juzgar a los revoltosos, puesto que las sustituciones dentro del equipo inquisitorial ya habían comenzado antes de concluir la revuelta.

Tras el motín de mayo, la Suprema no había aceptado que los inquisidores abandonaran el reino. Sin embargo, Molina de Medrano, bien porque estuviera realmente enfermo como él aseguraba o más probablemente porque temiera nuevas agresiones en una ciudad que se presentaba tan insegura, reiteró su petición.

Antes de la entrada del ejército real obtendría el permiso para marchar a Castilla, llevándose consigo los procesos de Antonio Pérez y Mayorín. Posteriormente se le encargaría tomar declaración al duque de Villahermosa y al conde de Aranda, detenidos y trasladados a Castilla, en relación a sus actuaciones durante la revuelta.

Auto de fe

La justicia real seguía, por su parte, una labor paralela de detenciones con las mismas intenciones implícitas que la Inquisición: perseguir a los implicados en los motines y a los resistentes al ejército real.

De esta forma, una misma represión aparecía con un doble carácter. En tanto que los oficiales reales juzgaban lo que era considerado una subversión política, los inquisidores inculpaban a los procesados por las mismas causas, pero como sospechosos de herejía.

Esta simultaneidad no tardó en producir roces entre ambas jurisdicciones, por lo que el rey para evitar estas fricciones y la repetición de los procesos ordenó a la Inquisición no abrir causas centra los que ya estuvieran presos en cárceles reales.

El 20 de octubre de 1592 la Inquisición celebró su primer auto de fe después de la revuelta[3]. Salieron 74 personas, de las cuales 64, en su gran mayoría labradores y artesanos, vecinos de Zaragoza, eran condenadas por los pasados motines como impedidores del libre y recto exercicio del Santo Oficio.

Ocho condenados, a los que se reconoció como participantes activos, pero no como cabecillas, fueron relajados en persona mientras el resto sufría diversas penas de destierro, multas, azotes y galeras.

El carácter de represión política que tuvo el auto de fe quedó reforzado con las testificaciones realizadas contra los acusados: favorecer a Antonio Pérez, participar en los motines, gritar viva la libertad, criticar al Santo Oficio, actuar como testigo falso o salir a la resistencia del ejército real.

En lo que concierne a la sentencia de Antonio Pérez, los inquisidores lo declararon hereje, traidor y principal responsable de las alteraciones ocurridas en Zaragoza, a lo que se añadieron agravantes como la acusación de sodomita y de descendiente de judíos.

Era, en definitiva, la búsqueda del total desprestigio del personaje desde el punto de vista religioso, político y moral. Se le condenó a muerte, pero al encontrarse huido sólo fue simbólicamente quemada su persona en el auto de fe.

Otras 13 personas no salieron en el auto, pero fueron también castigadas en la sala como implicadas en la revuelta. Entre ellas, clérigos como don Vicencio Agustín, prior de la Seo, y cargos de la administración de justicia, caso de Galcerán Celdrán, zalmedina de Zaragoza, y Miguel Samper, notario de la escribanía del zalmedina.

Edicto de gracia

La Inquisición otorgó un edicto de gracia para absolver a los que se presentaran y confesaran sus culpas voluntariamente. Algunos pidieron ser absueltos por asegurar su conciencia, pues no le remuerde nada o por quitar escrúpulos. Otros confesaron culpas que recogían críticas contra la Inquisición, sus ministros o el rey, abundando en los términos ya destacados por los pasquines.

Martín Giraldo se acusaba de haber gritado a los inquisidores: Viles castellanos, hipócritas, Únicos herejes verdaderos, soltad los presos o moriréis quemados como hacéis vosotros. No faltaron tampoco las amenazadoras alusiones contra Molina de Medrano.

Juan de Salanova, tratando sobre la intención de los inquisidores de trasladar a Antonio Pérez a Madrid, dijo a un familiar de la Inquisición: Di al inquisidor Molina de Medrano que se prepare a morir en tal caso, porque yo lo he de matar, aunque me ahorquen. Y ese rey ¿por qué nos envía inquisidores castellanos? Ya veremos todo y se remediará[4].

Pero la publicación del edicto no dio por concluida la represión. Por el contrario, en el siguiente auto de fe, celebrado el 1 de diciembre de 1593, todavía saldrían 16 condenados relacionados con la pasada revuelta,

De todas formas la tarea del Santo Oficio ya no se centraba en la persecución de los revoltosos, sino en proceder al desarme de los moriscos, tal y como se había acordado en las cortes de Tarazona.

Pese a que en el auto de fe de 1592 salieron tres moriscos, acusados de haberse ofrecido a los diputados para luchar contra el ejército real, lo cierto fue que ni durante ni después de la revuelta se tramó una conspiración que realmente tuviera un amplio apoyo de esta comunidad.

En este sentido, el desarme, más que decretarse porque se temiera una sublevación morisca en connivencia con Amonio Pérez y los bearneses, se realizó atendiendo a las circunstancias del momento.

La entrada de los soldados de Alonso de Vargas en el reino ya había sugerido a los inquisidores la buena ocasión que se presentaba para llevar a cabo el conflictivo desarme[5]. En efecto, resuelta la oposición fuerista y con el ejército asentado en el reino, los inquisidores esperaban no encontrar tanta resistencia.

Desde el exilio, Amonio Pérez tramitó, sin resultado, su retorno con el fin de obtener la absolución inquisitorial. Tras su muerte fue su familia la que inició el proceso de rehabilitación, proceso largo que terminaría felizmente el 16 de junio de 1615.

Los inquisidores de Zaragoza fueron los más reacios en anular la sentencia condenatoria, pero hubieron de rectificar sus juicios al aprobar la Suprema y el rey tal revocación. En la corte esta decisión podría tomarse como simple medida de gracia o incluso como reconocimiento del error inquisitorial.

En Zaragoza, sin embargo, la situación de los inquisidores era más comprometida al ejercer el cargo en el mismo escenario de la revuelta, allí precisamente donde había sido cuestionada su autoridad.

La memoria colectiva difícilmente podía olvidar tan pronto un suceso de la trascendencia de las alteraciones. En este contexto la revocación de la sentencia era poco menos que dar la razón a los amotinados.

La revuelta zaragozana

Por G. Colás Latorre y J. A. Salas Ausens

Profesores de Historia Moderna. Universidad de Zaragoza

EN el instante en que Antonio Pérez, fugitivo de las cárceles castellanas, llega a Aragón las tensiones acumuladas en el reino a lo largo de la centuria habían alcanzado su punto culminante.

La llegada del ex secretario y, sobre todo, los grandes errores cometidos en el tratamiento del problema, que traían a la memoria de los aragoneses viejos abusos y atropellos, desencadenaron estas tensiones.

El violento estallido aragonés de 1591 no fue un hecho casual, sino resultado de un largo proceso. Iniciado ya en el reinado de Fernando II, y progresivamente enrarecido, consiguió máxima virulencia a partir de 1585. La revuelta de 1591 debe, pues, interpretarse como trágico e inevitable desenlace de una larga representación.

Monarquía y fueros

En el fondo de estas tensiones subyacen las contradicciones existentes entre el régimen constitucional aragonés y una concepción política cifrada en el poder absoluto del príncipe, extendida por Europa.

En este contexto de imposición del poder absoluto deben enmarcarse las relaciones monarquía-reino y las tensiones inherentes al proceso. El monarca debía supeditar su voluntad a lo legislado en las cortes integradas por él mismo y por los estamentos del reino.

La vigilancia sobre el cumplimiento de los fueros corría a cargo de los diputados y el justicia, siendo éste en última instancia su intérprete supremo. En Aragón se consideraba que la función de gobierno debía emanar de la legislación, proclamando así la supremacía absoluta de la ley.

El funcionamiento normal del régimen foral precisaba de un soberano identificado con sus presupuestos: pero con la llegada de los Austrías y tal vez desde Fernando II tal identificación no se da. Educados en la nueva concepción del poder, Carlos I y su hijo Felipe actuaron como monarcas absolutos.

Sin respeto a la constitución aragonesa, sin la menor transformación de las estructuras políticas, sin otra razón que su incontrastable autoridad, la monarquía impuso su voluntad por encima de la normativa foral siempre que lo consideró oportuno.

Los aragoneses veían confundidos las transgresiones de una monarquía que no había dudado en jurar el acatamiento a los fueros. El problema se agravó ante la castellanización de los reyes, su absentismo de Aragón y la pérdida de protagonismo sufrida por la corona de Aragón, inmersa en una política imperial de muy distinto alcance.

Los reyes no son aragoneses ni conocen Aragón. Sus objetivos son la mera imposición de su autoridad, sin que se vea en sus acciones el menor deseo de intentar adaptar las desfasadas estructuras políticas medievales a las necesidades de una sociedad que había sufrido notables cambios demográficos y económicos.

El arraigo del régimen foral y sus mecanismos internos de defensa dificultaban su transformación. En tales circunstancias, la imposición de la autoridad real iba a encontrar fuertes resistencias.

Contra la voluntad del monarca, pero cumpliendo los fueros, el justicia rompió en 1548 las puertas de la cárcel de Zaragoza para llevarse a un preso manifestado[1]. Las ejecuciones en 1555 y 1556 de otros dos manifestados ordenadas por el virrey castellano Hurtado de Mendoza causaron tales protestas que la corte hubo de retirarle del cargo.

Si pertinaz era la defensa que los aragoneses hacían de los fueros, no menos insistentes fueron los ataques de la monarquía, ya directamente mediante la coacción o el soborno, ya apoyando a otros organismos como la Inquisición de Zaragoza que, con la aquiescencia real, pretendía hacer valer su Privilegio de XX por encima de los Fueros.

Tal vez el ejemplo más claro de tal actitud sea el contencioso mantenido con Teruel y Albarracín que defendían sus fueros peculiares y su derecho a regirse por la normativa aragonesa.

Los monarcas intentaron imponer su criterio por la fuerza. Hicieron intervenir al Santo Oficio, entre cuyas víctimas cabe destacar a Amonio Gamir, caso precedente del de Amonio Pérez. Introdujeron oficiales y tropas extranjeras que, siguiendo las instrucciones reales, hacían caso omiso de las provisiones del Justicia de Aragón.

De nada valían las constantes quejas de los aragoneses en la corte, donde sufrían un trato despectivo y discriminatorio. Las cartas en que se informaba y pedía reparo a los abusos de la Inquisición o de las autoridades reales no se contestaban o se demoraba la respuesta.

Tensiones internas

Los problemas se dejaban pudrir. Las embajadas eran prohibidas o esperaban respuesta inútilmente. Se llegó al convencimiento de que resultaba vano acudir a Castilla en demanda de soluciones.

Las propias tensiones internas de Aragón contribuían a deteriorar más el ambiente. Los pleitos y enfrentamientos más o menos abiertos entre ciudades, señores, concejos, particulares, estuvieron acompañados de rebeliones antiseñoriales como las de Ariza, Ayerbe, Monclús y Ribagorza. El bandolerismo, reflejo de las tensiones sociales, se hizo endémico.

La situación del reino empeoró a partir de 1585. Las cortes celebradas aquel año en Monzón nada solucionaron. La revuelta de Ribagorza se agravó. Los dictámenes de la Audiencia Real y de las autoridades del reino eran sistemáticamente pasados por alto, lo que causó profundo impacto entre sectores aragoneses que identificaron la causa del conde con la de Aragón. El conflicto de Teruel y Albarracín seguía sin solución.

Iglesia de la Magdalena de Zaragoza.

Por entonces se produjo un grave altercado que mostraría palpablemente la debilidad de la autoridad. Como resultado de antiguas diferencias, pastores del valle de Tena arrasaron Codo y dieron muerte en Pina, posesión del virrey, a más de 200 moriscos.

La reacción morisca fue inmediata. Un grupo autodenominado Moros de la venganza decidió quitar la vida a todo cristiano viejo que cayera en su poder. Partidas de bandoleros circulaban con total libertad por todo el reino.

No era mejor la situación en Zaragoza. La llegada del marqués de Almenara con la misión de facilitar al rey la imposición de un virrey extranjero suscitó fuertes reacciones. El descrédito de los representantes reales era total.

El conde de Sástago, virrey hasta 1589, era aborrecido. Su sucesor, el obispo de Teruel, no pasaba de ser un mero instrumento en manos del detestado Almenara. El gobernador, viejo y achacoso, carecía ya de energías para cumplir con sus funciones.

La situación se deterioró ante el cambio experimentado entre los defensores de los fueros. El bando fuerista, formado por parte de la aristocracia, clero y miembros del tercer estamento, entre los que destacaron Lope de Francia, Francés de Ariño, Martín de Gurrea, el conde de Fuentes, juan de Palafox, el jurista Manuel Don Lope, había sufrido grandes modificaciones.

Monumento al Justicia de Aragón
en Zaragoza.

Fallecidos estos prohombres de gran prestigio que habían llevado la oposición por cauces políticos, sus sucesores, sin el carisma de aquéllos, cansados de una manera de actuar que conllevaba constantes claudicaciones, tomaron posturas progresivamente más radicales en defensa de los fueros.

Destacaron Diego de Heredia, Pedro de Bolea, Martín de Lanuza, Sancho Abarca, Juan de Luna y el pelaire[2] Pedro Fuertes. El asunto de Antonio Pérez contribuyó a radicalizar sus posturas, encontrando con él un ambiente propicio para la demagogia.

Todo el reino se hacía eco de la situación. El asunto del virrey extranjero, la muerte de Martón, uno de los cabecillas en la matanza de Pina, en clara vulneración de los fueros; la forma de llevarse el proceso de Antonio Pérez: las intrigas de Almenara, que procuraba ganarse el apoyo de aragoneses con dádivas y concesiones, desataron un furor legalista en Aragón.

Estos temas, la actitud de la corte ante los aragoneses y las transgresiones forales, convenientemente aprovechados por los nuevos fueristas manejados por Antonio Pérez, alcanzaron fuerte eco en la opinión pública.

Así parece hasta cierto punto lógica la reacción del pueblo zaragozano cuando se amotinó el 24 de mayo de 1591 al conocer el traslado de Pérez a las cárceles de la Inquisición.

La revuelta

Conocida por los fueristas radicales y por el pueblo zaragozano la orden de traslado de Pérez desde la cárcel de los Manifestados[3] a la Aljafería, alegaron que una vez más se habían incumplido los fueros.

Aunque atendiendo a la letra y por una vez no era cierto, pues en asuntos de fe —Antonio Pérez había sido acusado de herejía— la Inquisición podía reclamar cualquier preso por más que estuviera manifestado, el pueblo, sabiendo que esto era un pretexto para privar al preso de sus derechos legales, se amotinó.

Parte de los alborotadores se dirigió a la casa de Almenara. Exigían del justicia la prisión del Marqués. Cuando Juan de Lanuza, el viejo, acompañado de algunos lugartenientes, caballeros y criados, salió con Almenara preso, los alborotadores, tras exigir que la comitiva fuera a pie, intentaron matar a Almenara. Hubo varios heridos y entre ellos el propio Marqués, que moriría catorce días después.

Otro grupo de zaragozanos se dirigía al mismo tiempo a la Aljafería para rescatar al preso, ante el rumor de que el Santo Oficio tenía previsto su inmediato traslado a Castilla. Tras intensas negociaciones entre inquisidores, virrey, arzobispo y zalmedina de Zaragoza y para evitar males mayores, aquellos consintieron en devolver a Pérez a la cárcel de los Manifestados.

Tras el motín del 24 de mayo la situación cambió en el reino. Dos nobles afectos al rey renunciaron al cargo de diputados que les había correspondido en suerte. SÍ aceptó Juan de Luna, caballero tenido en mucha reputación en este reino de muy cuerdo y verdadero y bien intencionado a la conservación de las leyes, como le describía un cronista coetáneo.

Interior de la Aljafería.

Durante el verano de 1591, en que fallecería el viejo Justicia, pasquines, sermones, propaganda, toda una campaña de agitación popular se llevó a cabo en Zaragoza. En la superficie estaba el caso de Pérez, pero en el fondo se cuestionaban instituciones como la Inquisición y, en los más radicales, la propia monarquía.

En aquel largo verano la ciudad era un auténtico hervidero. Se tenía conciencia que la vuelta de Pérez a la cárcel de los Manifestados no era más que el jalón en un proceso de final desconocido.

La alta nobleza procuró desmarcarse con mayor nitidez del grupo de fueristas exaltados. Estos no sólo eran caballeros, también provenían del clero zaragozano y de ciertos sectores del pueblo.

La corte y las autoridades del reino trataban de que Pérez volviera a la cárcel de la Inquisición. Se tomaron para ello todas las precauciones legales, dando publicidad al hecho a fin de que los fueristas no pudieran aducir vulneraciones ni cometieran alborotos como el de mayo.

Pero las cosas habían ido ya demasiado lejos y cualquier acción o intento del Santo Oficio, por más que contara con el aval de la Corte del justicia de Aragón y de los diputados, era interpretada como una componenda más por los fueristas radicales.

Sabedor de que cualquier intento de trasladar a Pérez a la Aljafería podía originar graves altercados, el gobernador distribuyó por Zaragoza de 1.500 a 2.000 soldados el día previsto para la operación.

El 24 de septiembre se reproducía la escena de mayo. Los oficiales del justicia entregarían a Pérez a los inquisidores, pero el pueblo impidió el traslado. Parte de los soldados se sumaron a los revoltosos y la alta nobleza, agrupada en torno al virrey, huyó de la capital, a excepción de Aranda y Villahermosa.

En medio de un gran alboroto y tras el triunfo de los amotinados, éstos exigieron la libertad de Pérez. Este salió de la cárcel y abandonó la ciudad a la que, enfermo y perseguido por los inquisidores, regresaría poco después.

Interviene el ejército

Ya antes de los sucesos del 24 de septiembre, el rey había decidido invadir Aragón. Con tal propósito empezó a reunir un ejército en Agreda, villa castellana próxima a Tarazona.

El 15 de octubre el monarca avisaba a las universidades, títulos y señores del reino que un ejército al mando de Alonso de Vargas iba a entrar en Aragón, donde estaría hasta restaurar el respeto debido a la Inquisición y hasta lograr que el uso y el ejercicio de las leyes y fueros de aquel reino estuviese expedito y libre.

Marqués de Almenara agredido por la multitud, 1591 (izquierda).
Puerta de Toledo en Zaragoza (derecha).

La entrada del ejército castellano era un grave atentado contra las leyes del reino y por ello decía el Dean de la Seo zaragozana en un memorial enviado al rey: Es muy justo resistirles por los medios que las leyes de este reino, dadas por nuestros reyes, presentan y disponen.

La decisión tomada por los diputados el 31 de octubre, tras consultar a los abogados del reino, fue convocar a expensas del reino las gentes que parecieran necesarias para resistir a las personas extranjeras.

Durante el siglo XVI se habían dado situaciones similares sin llegar a una decisión tan grave. Teruel y Albarracín fueron ocupadas por tropas de fuera de Aragón, pero la resistencia se llevó por vía jurídica. Ni el reino podía iniciar una revuelta con esperanza de éxito, ni se daban las condiciones psicológicas que posibilitaran una respuesta armada.

En 1591, aunque no había posibilidades de éxito, la preocupación por los fueros era tal que las autoridades del reino, empujadas por la demagogia de los más radicales y por la propia monarquía, que no ofrecía otra salida, condujeron al reino y a la normativa foral a una especie de autoinmolación. La empresa era del todo imposible.

Los diputados carecieron de tiempo y medios para ofrecer resistencia. El 1 de noviembre se enviaban cartas a todo el reino solicitando concurso de gentes; once días después Vargas entraba en Zaragoza. El intervalo —sin entrar en otras consideraciones— era demasiado pequeño como para pensar en la menor posibilidad de éxito.

Las cartas escritas a los diputados catalanes y valencianos fueron respondidas con evasivas por los primeros y negativas rotundas de los valencianos.

Las universidades del reino, a excepción de jaca, Daroca, Teruel y Caspe, con los pueblos de alrededor, que mostraron total adhesión a los diputados enviando tropas, dudaron si cumplir la orden de las autoridades del reino o seguir las instrucciones del rey.

Ante los escasos refuerzos recibidos, en Zaragoza cundió el desánimo. Villahermosa y Aranda, que tras el 24 de septiembre habían permanecido contra su voluntad en la ciudad, lograron huir a Epila. El 8 de noviembre Vargas entraba en Aragón y a su encuentro salió un grupo de hombres mal armados, encabezados por el joven justicia Lanuza.

Al día siguiente, en Utebo, el justicia y juan de Luna, convencidos de la imposibilidad de resistir en aquellas condiciones a los castellanos, huían a Epila. Se produjo en las tropas del reino una desbandada general, y sin encontrar resistencia, Vargas entraba en Zaragoza el 12 de noviembre.

Los prohombres refugiados en Epila intentaron cada vez más débilmente continuar la defensa de los Fueros, pero todo era inútil. Los radicales huyeron a Francia, desde donde intentarían invadir Aragón con la ayuda de bearneses, pero todo terminó en el fracaso más estrepitoso.

Ocupada Zaragoza, el rey inició una fuerte represión contra la opinión de Vargas. En carta escrita el 15 de diciembre y enviada con urgencia a Aragón, ordenaba la inmediata prisión del justicia, conde de Aranda y duque de Villahermosa.

Aquél debía ser ejecutado inmediatamente y los otros dos trasladados a Castilla. Ambos morirían pocos meses después, presos allí y en circunstancias poco claras.

Como ordenaba la carta, los tres personajes eran detenidos el 19 de diciembre, conociendo el Justicia su sentencia. La noticia causó gran impacto. Muchos zaragozanos abandonarían la ciudad, temiendo que la acción del rey marcara el principio de una represión generalizada.

La noche del 19 al 20 se hicieron los preparativos para la ejecución. El ejército se distribuyó por Zaragoza, temiendo algún incidente, pero la ciudad estaba envuelta en luto y silencio, como narra Argensola. Al alba del 20 de diciembre de 1591, sin juicio previo, era ejecutado el justicia de Aragón.

La decapitación causó profunda impresión en la población aragonesa. El conde de Luna, afecto al monarca, escribía: La mujeres decían que no deseaban parir, ni enjugar los ojos de lágrimas, ni dar leche a sus hijos; otros codiciaban la muerte, diciendo que mil veces eran bienaventurados los que hablan muerto sin ver las insolencias en Aragón.

La implantación del poder absoluto

La represión física, que se completaría con la ejecución de otra serie de personas, fue seguida de la legalización de los objetivos autoritarios del monarca.

Con un Aragón invadido por tropas castellanas y atemorizado por la represión fueron convocadas cortes en Tarazona. Parecía llegado el momento de introducir las reformas políticas demandadas por los tiempos y la sociedad aragonesa.

Durante el siglo XVI el régimen foral se había mostrado incapaz de responder a las exigencias de los aragoneses. Como régimen político de una sociedad feudal obedecía en su contenido a las diferencias existentes entre los diversos estamentos. Pero estas diferencias eran tan acusadas que necesitaban de una urgente revisión.

El régimen feudal aragonés resultaba tal vez el más duro del Occidente europeo. Los señores eran dueños absolutos de sus llenas y vasallos, quienes carecían de los más mínimos derechos. Los concejos gozaban de una gran autonomía. El poder se hallaba fragmentado en multitud de compartimientos estancos que limitaban el desarrollo económico y el mantenimiento del orden social.

Pero esos mismos fueros contenían principios políticos muy avanzados. Todos los hombres libres gozaban de una serie de derechos que aun hoy en día son dignos de admiración por su carácter progresista.

En 1592 parecía llegado el momento tan esperado por los vasallos y por otros aragoneses para acabar con lo que tenían de ancestral y anacrónico. Eliminada toda oposición, el rey gozaba de plena libertad para introducir reformas. Es la oportunidad que busca un reformador, pero Felipe II no lo era.

Las cortes de 1592, que se limitaron a transcribir sus órdenes, dictaminaron entre otros puntos: el justicia podía ser revocado a voluntad del rey: la unanimidad de brazo, necesaria para la aprobación de cualquier fuero, era sustituida por la mayoría: el privilegio de la manifestación, garantía de los derechos constitucionales del aragonés, se recortaba: el monarca se apropiaba la facultad de designar el virrey hasta las siguientes cortes y se prohibía a los diputados convocar los estamentos del reino.

Nada se aprobó respecto a los graves problemas que tenía Aragón. La nobleza, en medio de la frustración de los vasallos, continuó con sus privilegios y los municipios siguieron acantonados en sus derechos.

Decadencia y explotación

En definitiva, nada se hizo por renovar, de acuerdo con las necesidades de la sociedad aragonesa, sus instituciones, como había hecho Fernando II en Cataluña. Se trató simplemente de decapitar el régimen foral, eliminando obstáculos a la autoridad real.

Las reformas introducidas por Felipe II y la traición de la nobleza a su tierra, justo cuando consideró que le era más rentable servir a la corona, dejaron a Aragón totalmente indefenso ante los deseos de la monarquía.

Las cortes de 1592 no se dirigieron contra el estamento nobiliario, precisamente el que más resistencias había ofrecido a los monarcas, sino contra el mismo régimen político que posibilitaba tales resistencias y, en definitiva, contra Aragón.

Es significativo que estas cortes votaran un servicio de 700.000 libras cuando hasta entonces había sido costumbre no pagar más de 250.000. Inerme ante las presiones de la monarquía, Aragón fue esquilmado durante el siglo XVII.

Las cortes de 1626 votaron 2.160.000 libras a pagar en quince años. La cantidad era muy superior a las posibilidades del reino. En 1645 la guerra de Secesión catalana costó a Aragón, según testimonia Dormer, 5.000.000 de libras. El pago de estas cantidades recayó fundamentalmente sobre el tercer estamento.

No es, por tanto, aventurado afirmar que el gran derrotado de 1592 fue el pueblo aragonés. En pocas ocasiones podrán aplicarse con mayor validez estas palabras de Andersen: El absolutismo fue esencialmente eso: un aparato reorganizado y potenciado de dominio feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional.

Artesonado y galería superior de la sala del trono de la Aljafería.

Felipe II, retrato inédito

Por Geoffrey Parker

Catedrático de Historia Moderna. University of St. Andrews

ESCRIBO sobre los principales acontecimientos de un siglo agitado. Así empieza una crónica, contemporánea, del gran monarca español Felipe II, figura central de esos sucesos que hicieron su vida agotadora de vivir, difícil de escribir y confusa para estudiar.

Gobernó sobre una quinta parte de la superficie de Europa occidental y sobre la cuarta parte de su población. Sus dominios abarcaban la tierra, desde Filipinas y Perú hasta España y Sicilia, empequeñeciendo al imperio romano en su apogeo.

Bajo su cetro, florecientes ciudades como Amberes, Nápoles, Sevilla y México y súbditos tan dispares como el gran anatomista Vesalio y la mística Teresa de Ávila. Y ese cetro ostentaba el supremo poder. El rey Felipe, según uno de sus cortesanos, era como Jesucristo, pues podía crear hombres del barro.

Y lo que había construido también podía destruirlo: Guillermo de Nassau, príncipe de Orange, fundador de la república holandesa, no fue el único asesinado por orden de Felipe II. En 1570, catorce años antes, a otro noble flamenco, el barón de Montigny, se le dio garrote en secreto por orden regia en el castillo de Simancas de Valladolid. Y entre 1566 y 1576, unos 1.200 súbditos suyos de Flandes, incluidos los condes de Egmont y de Hornes, fueron ejecutados, con muy someras pruebas, por estar en desacuerdo con las tesis felipistas sobre política y religión.

Por estas u otras fechorías el rey no parecía sentir culpa ni remordimiento. Al contrario, creía estar realizando la obra de Dios en todos los dominios de su reino. Sus notas, escritas día por día, lo prueban. Sin dejar testamento público como su padre Carlos V, ni una apología autobiográfica como su cuñado Enrique III de Francia, registró sus problemas, sus dudas, sus alegrías y sus penas en toneladas de papeles emborronados por sus repulsivos garabatos en forma de araña.

La valoración que hacemos del rey ha de sorprender a los lectores habituados a los insultos de la Apología de Guillermo de Orange, publicada en 1581, o de la jugosa obra El nacimiento de la República Holandesa, de John Lothrop Moltey, 1856. Para ambas, el monarca es un redomado hipócrita y un fiero tirano, el enemigo público de la cristiandad, un hombre de maldad y doblez sobrehumanas, sin la más mínima virtud y no con todos los vicios por la simple razón de que ningún ser humano puede alcanzar la perfección, ni siquiera en el mal.

Pero este retrato extravagante y apasionado no encaja en el siglo XVI, que reservó un trato especial a los gobernantes tiránicos o impopulares. Pudieron comprobarlo en su propia carne Enrique III y IV de Francia, liquidados por mano airada, y Enrique IV concretamente, después de 19 intentonas fallidas. Felipe II, en cambio, nunca fue blanco de asesinos: sus súbditos le reverenciaban y toda su vida paseó entre ellos, por campos desiertos o calles concurridas, solo y desarmado.

Un caballero acomodado

Al rey le gustaba ese contacto, informal y sencillo, con su gente. En su camino de todos los días a la iglesia se detenía a escuchar las demandas de los humildes y si viajaba por sus reinos podía compartir agua con una anciana por el camino, comer el bacalao que le ofrecía un grupo de pescadores o asistir con sus hijos a las clases públicas cuando visitaba una ciudad universitaria.

Vestía sencillamente, casi siempre de negro. Muy meticuloso con la limpieza personal, estrenaba un traje cada mes, aunque siempre del mismo diseño y color. Según varios observadores, parecía un caballero acomodado o burgués y así le vemos en su retrato más famoso, el de 1579, cuando estaba en la cumbre de su poder.

De acuerdo con un comentarista inglés, nada en el cuadro nos sugiere al monarca más poderoso de su tiempo en la cristiandad. Ni siquiera su realeza, algo que ningún retrato de Isabel I de Inglaterra pone en duda. Pero quizá ese deseo de mezclarse con la gente, de evitar que le identificasen con el hombre del mayor poder y la máxima responsabilidad, es tan revelador de su personalidad como la necesidad de autoafirmación de Isabel.

El desagrado filipesco por la pompa y la ostentación no se limitaba a la sencillez en el vestir. A lo largo de su reinado edificó un mundo privado para refugiarse del exterior: los jardines, la caza, la pesca, la lectura y el coleccionismo fueron ámbitos de ese secreto refugio que el rey cultivaba.

Trazó sus propios jardines y eligió sus flores para que siempre hubiera floración en los macizos. Ordenó plantar numerosos árboles y sólo en Aranjuez 223.000, con un sistema de irrigación artificial construido por ingenieros holandeses especialmente traídos de allí por el rey.

Todavía más atención dedicó a sus palacios, de los que El Escorial es el mayor y más famoso. Escogió el emplazamiento, trazó los planos, recibía dos veces por semana a sus arquitectos porque no se fiaba de ellos y regularmente visitaba las obras para cerciorarse de que seguían el estilo Felipe II: ladrillo rojo y tejados de pizarra negra, que tanto recordaban a los Países Bajos.

Precisamente hasta los Países Bajos envió a emisarios suyos para que se fijaran en el diseño de los palacios de los nobles —Batenburg, Binche, Breda— que deseaba copiasen sus arquitectos

Fanático de la caza, ya con diez años hubo de fijarle su padre un número semanal de piezas por cobrar para no esquilmar los recursos del parque. Y a sus setenta era conducido en carruaje a los bosques donde disparaba contra el ciervo que sus tiradores le habían acercado.

Guillermo I de Nassau, el Taciturno, por Antonio Moro (izquierda).
Diseño de la Torre del filósofo, laboratorio químico y observatorio del Escorial (derecha).

Las carpas reales estaban protegidas de los furtivos por una legislación draconiana: al que se le encontrara pescando recibiría 100 azotes, aunque fuese la primera vez. El rey no estaba por la labor de perder el tiempo pescando en vano.

Así, en febrero de 1556, antes de ir al Pardo ordenó que por si yo pudiese ir mañana al Pardo, que no sé aún de cierto… embiad luego a avisar… que deshague el estanque pequeño desde esta noche, para que a mañana esté ya baxo y le podamos pescar. Los peces no podían esperar misericordia.

Fue también un coleccionista entusiasta de impresionante curiosidad intelectual: la gran biblioteca de El Escorial albergaba 14.000 volúmenes de su colección particular: poseía mapas, armaduras, joyas, estatuas y otros tesoros; la Real Casa disponía de más de doscientos instrumentos de música, desde el carillón instalado en una de las cuatro torres de El Escorial hasta 16 gaitas; decoraban sus palacios más de setecientas pinturas, con obras maestras de Bosch, Brueghel y Tiziano y poseía 137 relojes y astrolabios y más de 5.000 monedas y medallas.

Palacio y monte del Pardo, lugar preferido de Felipe II para sus cacerías.

La colección completa del monarca fue valorada a su muerte en siete millones de ducados, dinero suficiente para construir y decorar otro Escorial. Mecenas de científicos, exploradores, artistas e historiadores, montó un observatorio y un laboratorio químico en El Escorial, la Torre del Filósofo. Sin duda, Felipe II fue uno de los hombres más cultos de su época.

Trabajador

Se podrá discrepar del gusto filipesco, mas no de su diligencia en la gobernación de los reinos. Se despertaba, por lo general, a las ocho de la mañana y pasaba casi una hora en la cama leyendo papeles. Hacia las nueve y media se levantaba, le afeitaban sus barberos y sus ayudas de cámara le vestían. Oía luego misa, recibía audiencias hasta mediodía y almorzaba. Tras la siesta se recluía a trabajar en su despacho hasta las nueve, hora de la cena, y aún después seguía trabajando.

Despachaba unos 400 documentos diarios: recibía secretarios, embajadores, arquitectos y emisarios: escuchaba informes sobre la marcha de las obras y tomaba decisiones sobre innumerables asuntos, importantes o nimios.

Se ha hecho célebre su pequeño estudio en El Escorial, pero el rey estaba dispuesto a trabajar en cualquier sitio y a cualquier hora. Creó incluso un archivo especial en Simancas para conservar su documentación. Rara vez se desplazaba sin sus papeles y si hacia buen tiempo los llevaba al campo y los consultaba en la carroza que le transportaba.

Alegoría del triunfo de Lepanto,
por Rubens.

A veces negoció a bordo de barcos: navegando por el Tajo hacia Aranjuez, Felipe II llevaba en su barca un bufete en que iba firmando y despachando negocios que le traía juan Ruiz de Velasco, su ayudante de cámara, mientras las damas de la corte danzaban y una orquesta de negros tocaba la guitarra.

Pero no solían ser tan placenteros los días laborables. A menudo se quejaba el rey del intenso trabajo, de su vista fatigada, de su enorme cansancio. Así, en mayo de 1575 decía a su secretario:

Agora me dan otro pliego vuestro. No tengo tiempo ni cabeza para verle y así no le habro hasta mañana y son dadas las 10 y no he cenado; y quédame la mesa llena de papeles para mañana pues ya no puedo más agora.

De nuevo, en 1577, escribe:

Son ya las 10 y estoy hecho pedazos y muerto de hambre y es día de ayuno. Y así quedará esto para mañana.

A veces se sentía tan agobiado por las obligaciones de su cargo que ansiaba dejarlo todo:

Son cosas estas que no pueden dexar de dar mucha pena y cansar mucho y así creed que lo estoy tanto dellas y de lo que pasa en este mundo; si no fuese por (algunas)… cosas a que no se puede dexar de acudir, no sé qué me haría… Cierto que yo no estoy bueno para el mundo que agora corre, que conozco yo muy bien que havria menester otra condición no tan buena como Dios me la ha dado, que sólo para mí es ruin.

Vida privada

Escribía esto en 1568, durante la guerra de las Alpujarras y la invasión de Países Bajos por Guillermo de Orange. Su desánimo continuaba en 1570. Y en 1575 decía a sus secretarios:

Digo yo que es muy ruin oficio el myo… (Cuando) veráis lo que acá se deve de pasar estos días, que cierto yo no sé cómo vivo.

En esos periodos de agotamiento el rey buscó consuelo en su familia: primero en sus esposas, que murieron antes que él, y luego en sus hermosas hijas.

Pese a las insinuaciones de Guillermo de Orange en su Apología, Felipe II no era mujeriego. Antes bien, cuando cumplía sus deberes conyugales sufría tal irritación nerviosa que procuraba hacer el amor lo menos posible.

Prefería la compañía de los bufones y constituyó un grupo de retrasados que le proporcionó el manicomio de Zaragoza. Más de veinte enanos le divirtieron a lo largo de su vida: el más célebre fue Magdalena Ruiz, que entró en la Casa Real en 1568 y murió en El Escorial en 1606.

Magdalena padecía ataques epilépticos y era una alcohólica impenitente. A veces exhibía ante el rey sus berrinches: Magdalena está muy enojada conmygo… diciendo que se quiere ir y que le ha de matar: mas creo que mañana se le havra ya olvidado, escribió el monarca.

Magdalena era la favorita de las multitudes. Estas cantaban, La cuerda, la cuerda para asustarla o provocarla cuando aparecía en público. Siempre se esperaba que hiciese algo mal: caerse, comer demasiado, enfermar, marearse delante de quien fuese, y en esto residía su encanto.

En las cartas que envió a sus hijos, dedicó el rey mucho espacio a relatar las gracias y los defectos de Magdalena. A veces como si estuviera describiendo las monerías de un perro, pero siempre con afecto y compasión.

Las cartas de Felipe II a sus hijas en 1581 y 1582, cuando estaba en Portugal, son el mejor testimonio de lo que podríamos llamar vida privada del monarca; destilan solicitud por los hijos, humor, amor a la naturaleza, autorreproches y sensibilidad para el color local.

Las cartas ayudan a comprender el entusiasmo que sentían por el rey los que le rodeaban. Uno de ellos, fray José de Sigüenza, dijo, por ejemplo, en 1606, ocho años después del fallecimiento del monarca:

Todos los que estábamos presentes derramamos muchas lágrimas en el momento de su muerte, pero fueron pocas comparadas con nuestra pérdida. Y muchos no han secado todavía sus ojos ni cesarán de llorar hasta el fin de sus días.

Desde 1566, el rey pasaba los veranos en El Escorial. Carlos V había hecho lo mismo en Yuste. Pero el espíritu escurialense era distinto. Carlos V organizó y asistió a un réquiem por su alma y cayó en trance mientras contemplaba el cuadro de Tiziano La Gloria. Tan macabras devociones sólo las sintió, sin embargo, cuando se iba a morir.

El resto de su carrera monástica lo pasó Carlos V como un enfermo mimado, dándose banquetes de anchoas, comiendo muchos melones, de forma que sus eructos —según un capellán— eran más sonoros que su voz, jugando con su colección de relojes y pescando desde la ventana de su dormitorio en el bien surtido estanque que había debajo. Muy raramente acompañó a los monjes en sus rezos, como su hijo lo hacía en El Escorial.

Monasterio del Escorial, según el Civitates Orbis Terrarum.

Felipe II intentó siempre imitar a su padre, pero se sentía incómodo al hacerlo. No podía ser de otra forma. Carlos V no le dejó un modelo fácil de seguir: este victorioso guerrero, intuitivo caudillo y viajero cosmopolita, capaz de hablar correctamente cinco idiomas y de estar a sus anchas lo mismo en la intimidad que en las recepciones oficiales, maestro en el gesto y la frase hábil, sólo tenía un descendiente legítimo que heredara y gobernase el vasto imperio creado por él.

Los veinticinco años de cuidada educación que Felipe recibió sólo sirvieron para crearle la conciencia de la necesidad del éxito y de la desgracia del fracaso. Quedó así marcado por una pesada carga psicológica de autoexpectación. Continuamente sometido a la tentación de probarse digno de su padre y de su misión, acabó profundamente inseguro respecto a su capacidad para el papel que la sociedad, su familia y él mismo esperaban que desempeñase.

Es más fácil advertir esta tara psicológica en los asuntos nimios que sólo implican al monarca, que en las grandes cuestiones en las que intervienen los ministros. Por ejemplo, en 1566, a sus treinta y nueve años, se convierte en padre por segunda vez. Ansia transportar a su hijo a la pila bautismal y, obsesionado con la idea, durante toda una noche efectúa el recorrido llevando en sus brazos un muñeco idéntico en peso y tamaño. No quiere cometer errores y, con todo, profundamente inseguro, termina delegando la misión en un pariente y contemplando la ceremonia desde una ventana secreta.

Su religiosidad

Este ansia de vivir conforme a los patrones que conocía y respetaba y la necesidad de conciliar amor filial y autoestima acaban abocándole a la religión.

Su piedad no se cuestiona: posee gran número cié libros religiosos que frecuentemente consulta y anota. Así una noche no se irá a la cama sin ver antes un pasaje de la Biblia y, junto a su lecho, en una estantería especial, se alinean 41 libros piadosos rigurosamente seleccionados.

Oía misa a diario, sermones cada semana y cuatro veces al año confesaba y comulgaba. Por Cuaresma y en las ocasiones graves, como antes de decidir el arresto de Amonio Pérez o después de morir su tercera mujer, Isabel de Valois, entraba en retiro. Asistía con gran placer al culto y los monjes de El Escorial le vieron llorar mientras rezaba.

En la Nochebuena de 1566 cantó los oficios con los monjes en el coro del monasterio, a medio construir. Pero no le importó el frío. Tampoco le importó el sofocante calor cordobés cuando presenciaba la procesión del Corpus de 1570: El sol no me hará daño hoy, dijo a los que procuraban que se cubriese.

La gente religiosa captaba enseguida la fe del monarca: San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, apreció en 1549 el olor de bondad y santidad del príncipe y treinta años después, a la salida de una audiencia, Teresa de Ávila ponderó su profunda conciencia espiritual.

Eran almas gemelas: el rey encontraba consuelo en la soledad: al igual que el espíritu angélico de Teresa, a la que protegió de las acusaciones de heterodoxia y cuyos libros y papeles puso a buen recaudo, en su biblioteca de El Escorial, cuando la abulense murió.

Pero la religiosidad de Felipe abarcaba áreas más extensas que la relación con Dios o los santos. Se creía depositario de la Providencia y que España tenía un destino que cumplir. Había que identificarlo y ese era el problema.

A veces se lo descubría la Providencia, como en 1580, cuando la familia real portuguesa se extinguió dejándole a él como solitario heredero del trono. Pero a veces el monarca quiso forzar la marcha de la historia: pretendió invadir la Inglaterra isabelina en 1571 y 1588, luchó un cuarto de siglo contra la revuelta de los Países Bajos, dirigida por los calvinistas y en sus diez últimos años de vida peleó contra Francia para que no prosperase en ese reino la causa protestante.

Cuando sus súbditos, en las Cortes de 1590, protestaron por el alto costo de tantas operaciones militares, el monarca contestó:

No son materias estas para poder descuydar dellas quien tiene el cuydado que vos sabéis de lo que está a my cargo,

El tema religioso es prioritario. Y cuando continúan las quejas, el rey se enfada:

Los diputados, pues, pueden y deben llar de mi y del amor que tengo a estos reynos y larga experiencia del gobierno de ellos, que siempre hago lo que más conviene en beneficio de ellos, y en esta conformidad les hablé largo… con aconsejarles que por ningún caso traten de venirme con semejante respuesta.

Esta inflexibilidad a las criticas, enraizada en un miedo patológico a equivocarse, siempre caracterizó al gobierno felipista. Pero en los años 90 se endureció, paralelamente al proceso arteriosclerótico que padecía. Ya no le conmovían las emociones simples y mostraba una serenidad mineral frente a la alegría o la pena. Y si tomaba una decisión, nada le apartabade ella.

Inflexibilidad

Ejemplo clásico de esta rigidez es la invasión de Inglaterra. En 1571 y de nuevo en 1588, afirmó que el gran objetivo de conquistar la isla se lo había encargado Dios y desechó cuantas objeciones le plantearon los hombres que debían dirigir las operaciones, los duques de Alba, Medina Sidonia y Parma.

Deseo tan de veras el effecto deste negocio y estoy assi tocado en el alma dél y he entrado en una confianza tal que Dios nuestro Señor lo ha de guiar como causa suya, que ni me puedo dissuadir ni satisfazer ni aquietar de lo contrario.

Yo tengo ofrecido a Dios este servicio, dijo en 1588 al comandante de la Armada. Alentaos, pues, a lo que os toca. Al duque de Parma le manifestó que no importaba que no hubiera un puerto de aguas profundas en los Países Bajos porque Dios proveería y la Armada partió, en frase de uno de sus oficiales veteranos, con la esperanza de un milagro.

Cuando llegaron a la Corte los primeros rumores del desastre, en octubre de 1588, no daba crédito a sus oídos el monarca. Su estoico comentario, contra los hombres la embié, no contra los vientos y la mar, sólo pudo proferirlo cuando se rehízo de la impresión primera en la que, según una nota de su secretario, traiciona su balbuciente incredulidad: Espero que Dios no haya permitido tanto mal, pues todo lo he hecho por su causa.

Frente a una intransigencia tan ciega, apoyada en la sanción divina, era difícil que prosperase un cálculo racional sobre los principales intereses de España.

Por este maridaje entre la conciencia de Felipe y la lógica imperial, España perdió 70 barcos, más de 15.000 hombres, prestigio internacional y mucho dinero.

Más gravosa fue todavía la guerra en Países Bajos: millones de ducados, toneladas de mercancías y miles de vidas sacrificadas para mantener el control religioso y político sobre diez provincias arruinadas tras veinticinco años de contienda y que a la muerte de Felipe II se separaron administrativamente de España, entregándose los Países Bajos a Isabel Clara Eugenia y su marido Alberto, los archiduques, en vez de a Felipe III.

Dibujo de un reloj construido para Felipe II y diseño
de una silla especial para el Emperador aquejado de gota.

No es preciso echar mano de la opinión de Motley sobre la depravación de Felipe para entender sus firmes determinaciones. Quizá un diplomático unitario de Boston, Massachusetts, no pueda comprender la honda fe de un autócrata católico. Y no parece necesario ir más allá de las convicciones religiosas y del temperamento absolutista para explicarse la mayoría de los actos felipescos.

Un agudo observador inglés escribió en 1574 sobre la guerra en los Países Bajos que el orgullo del Gobierno español y la defensa de la religión eran el principal obstáculo para un buen acuerdo. Felipe II sostenía que no podía negociarse con herejes y también le disgustaba hacerlo con rebeldes.

El rey buscaba vencer para imponer sus convicciones y no le importaba el tiempo que costase. No era, como escribió Marañón, un débil con poder, sino un hombre de rígidos principios y poder supremo.

Cronología

1540. Nace Antonio Pérez en Madrid, de una familia de conversos.

1554. Boda del Príncipe Felipe con María Tudor. Pérez estudia en Lovaina e Italia.

1556. Abdicación de Carlos I. Su hijo Felipe II, rey de España. Tensiones políticas en Aragón.

1557. Victoria de San Quintín. Pérez estudia en Salamanca y Alcalá.

1559. Paz de Cateau-Cambresis con Francia.

1562. Pérez, escribiente de Álamos de Barrientos.

1565. Sublevación morisca en las Alpujarras.

1566. Antonio Pérez sustituye a su padre como Secretario de Estado para el exterior.

1567. Nombramiento como Secretario de Estado para asuntos de Italia.

1568. Ejecución en Bruselas de los condes Egmont y Horn.

1571. Victoria naval de Lepanto. Aplastamiento de la rebelión de las Alpujarras.

1573. Auge de la privanza de Antonio Pérez. Muerte de príncipe de Eboli.

1574. Ocupación otomana de Túnez. Don Juan de Austria Gobernador de los Países Bajos.

1578. Asesinato de Escobedo.

1579. Por la Unión de Utrecht, formación de las Provincias Unidas. Detención de Antonio Pérez y de la princesa de Eboli.

1580. Felipe II, rey de Portugal: unificación peninsular y colonial.

1582. Pérez concluye sus actividades como Secretario real.

1585. Cortes de Monzón y agravamiento de la situación en Aragón.

1587. El corsario inglés Drake ataca la ciudad de Cádiz.

1588. Desastre de la Armada Invencible. Prisión y tortura de Antonio Pérez.

1590. Huida de Pérez a Aragón; el tribunal real le condena a muerte.

1591. Motines populares en Zaragoza y marcha de Pérez a Francia. Invasión de Aragón por el ejército castellano y ejecución del Justicia Lanuza.

1592. Proceso inquisitorial que condena a Pérez como hereje. Autos de fe en Zaragoza y reforzamiento del poder real en Aragón.

1593. Pérez, en Inglaterra como consejero de la Corona. Edición de Las Relaciones.

1595. Estancia en Francia actuando como consejero de Enrique IV.

1598. Muerte de Felipe II. Su hijo Felipe II. rey de España. Privanza del duque de Lerma. Paz de Vervins con Francia.

1601. Derrota española en Gibraltar ante la flota holandesa.

1609. Tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas. Expulsión de los moriscos.

1611. Antonio Pérez muere en París.

1615. Rehabilitación judicial a instancias de sus descendientes.

Bibliografía

Bennassar, B., Inquisición española. Poder político y control social, Barcelona, Crítica. 1984. Clark, G., La Europa moderna, México. FCE, 1980. Elliot, J. H., La España imperial, Barcelona, Vicens Vives, 1978. Id. y otros, Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona. Crítica, 1983. Ibarra. E., España bajo los Austrias, Barcelona, Labor, 1979. Kamen. H., La Inquisición española, Barcelona. Crítica, 1979. Lynch. J., España bajo los Austrias, Barcelona, Península, 1973. Marañón, G., Antonio Pérez, Madrid, Espasa-Calpe, 1977. Maravall, J. A., La oposición política bajo los Austrias, Barcelona, Ariel, 1973. Mignet. F., Antonio Pérez y Felipe II, Madrid, El Museo Universal, 1983. Parker, G., Felipe II, Madrid, Alianza, 1984. Trevor-Davis, R., El gran siglo de España. 1501-1621, Madrid. Akal, 1973.

Notas

[1] La obra de Zarco (1922), sobre la figura de Pérez: las de Muro (1877) y García Mercadal (1943), sobre la princesa de Eboli: las del padre Coloma (1907) y Ossorio (1946), sobre don juan de Austria y los estudios reivindicativos de Felipe II, de Fernández Duro, Fernández Montaña, Pfandl o Walsh, no dan tregua a su beligerancia contra la leyenda negra, de la que ya tratara Julián Juderías en su clásica obra de 1914. <<

[2] Desde los primeros folletos de Brantôme (1666) y Leti (1679), abunda la literatura propereziana, de la que se hará eco Voltaire en su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. En la misma línea favorable se inscriben, en el siglo XIX, los estudios de Chasles (1845), Grahl (1869) y Froude (1892), aunque el mejor es el de Mignet (1845), traducido al castellano (1852 y 1854). También aporta información sobre Pérez la renovada historiografía europea sobre Felipe II de Thompson (1852). Prescott (1856), Bratli (1912) y Merriman (1934). <<

[3] Conviene destacar los trabajos de Tellechea, López Navío, Pérez Gómez, Torres Quevedo y, sobre todo, el reciente libro de Gustav Urgerer. Citemos también las biografías sobre personajes relacionados con Pérez, escritas en los últimos años: la de Boyd sobre el cardenal Quiroga y la de Lovett sobre Mateo Vázquez, amigo y enemigo de Pérez, respectivamente. <<

[4] Biblioteca Baldeiana, Biblioteca del palacio de Lambeth, Hatfiel Home y el British Museum. <<

[5] Publica su primer folleto, Memorial del hecho de su causa, en 1591, en Pau. Aparte su más conocida obra, Las Relaciones, que es, en realidad, una ampliación del anterior opúsculo y que conoce sucesivas ediciones en 1593, 1598, 1616, 1624…, destacan sus Cartas para diversas personas después de su salida de España (primera edición, París, 1598) y sus Aforismos primera edición, París, 1603). Ambas obras estuvieron en los Indices Inquisitoriales españoles. La primera edición en España de Las Relaciones es de 1849, de las Cartas en 1856 y de los Aforismos en 1787. <<

[1] Contreras. J., La Inquisición de Aragón: estructura y oposición (1550-1700), Estudios de historia social, 1 (1977), págs. 131-137. <<

[2] Pidal, Marqués de, Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, 1862, t. II, páginas 419-420. <<

[3] B(ritish) M(useum), Egerton, 1508, fol. 538-568v. <<

[4] Llorente, J. A., Historia crítica de la Inquisición de España, Barcelona, 1870, t. II, págs. 235-238. <<

[5] B. M., Egerton, 1507, bis. 462-463v. <<

[1] Preso manifestado era el que se acogía al fuero aragonés de la Manifestación. (Ver artículo: «Antonio Pérez: El hombre y el mito». <<

[2] Cardador de paños. <<

[3] Cárcel de los Manifestados. En ella eran custodiados los presos que se acogían al privilegio de la Manifestación. Estaba en la plaza del Mercado, que aún se llama así, en Zaragoza. <<