Anatomía del procés

Claves de la mayor crisis

de la democracia española

AA. VV.

Edición a cargo de

Joaquim Coll, Ignacio Molina y Manuel Arias Maldonado

PRÓLOGO

MANUEL VALLS

Nací en Barcelona en pleno verano de 1962, en el barrio de Horta, hijo de padre catalán y madre italosuiza, que los azares de la vida habían unido para siempre. Mi padre, Xavier, inmenso artista, pintor figurativo, se había ido a vivir a París a mediados de los años cuarenta con una beca del Instituto Francés de Barcelona. Mi madre, Luisangela, maestra en los valles del Ticino, había aprendido en pocos meses el catalán, que a partir de entonces fue su idioma común.

La familia Valls, oriunda de la provincia de Tarragona, en el siglo XVIII se trasladó a la Plana d’Urgell y luego a Barcelona. Mi bisabuelo Josep Maria y su hermano Agustí eran banqueros. Se apasionaron por la política y la cultura, en plena Renaixença y en el momento del auge del catalanismo político. Josep Maria se afilió a la Lliga de Catalunya y después a la Unió Catalanista. Fue concejal de la ciudad y vicepresidente de la Cámara de Comercio.

Mi abuelo, Magí, también banquero pero sobre todo hombre de letras, arruinado a comienzos de los años treinta, después de la caída de la monarquía colaboró en el periódico El Matí, catalanista y católico. En 1934, siendo jefe de redacción, fue agredido por un valiente artículo contra Hitler y el ascenso del nazismo. Durante los primeros meses de la Guerra Civil escondió a los curas perseguidos, amenazados por unos revolucionarios convencidos de que su obra de depuración incluía matar sacerdotes. Después de la victoria de Franco se libró de la cárcel gracias a sus amigos, porque pesaba sobre él la acusación de separatista catalán, pero perdió su carnet de periodista y ya no encontró ningún medio que publicara sus escritos. Fiel a sus principios, nunca habría colaborado con una España que mataba en nombre de «Cristo Rey». La suya fue una «vida rota», escribió al respecto y con tristeza mi padre en sus memorias (La meva capsa de Pandora, Quaderns Crema, 2003).

Mis padres se fueron a vivir a París. Xavier Valls era un intelectual profundamente libre, abierto a todas las corrientes de pensamiento. No era propiamente un refugiado político, sino un hombre joven que había huido de la losa franquista. Era tolerante, más sensible a los individuos que a las ideologías responsables de los desastres del siglo XX. La Guerra Civil, las divisiones y los enfrentamientos dentro del bando republicano y su aversión al franquismo estuvieron siempre presentes en sus conversaciones con sus amigos y su familia. Para mis padres la literatura, las artes y la filosofía eran formas de comprometerse en la vida política. Mi compromiso con la izquierda y contra toda forma de totalitarismo, así como la importancia que doy a la cultura, son una herencia de este ambiente familiar. En París, en el estudio de pintor del quai de l’Hôtel de Ville, a lo largo de toda mi adolescencia conocí a los amigos excepcionales de mis padres, como José Bergamín, Vladimir Jankélevitch, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Hugo Pratt, Frederic Mompou, Pierre Klossowski y William Klein, entre muchos otros.

Pasamos largas temporadas veraniegas en Horta, con estancias regulares en la Costa Brava o en Mallorca. La familia, los amigos de infancia de mi padre, intelectuales como Eduardo Mendoza y su hermana Cristina, Jaime del Valle-Inclán, Marià Manent, Joan Brossa, Maria Aurèlia Capmany, arquitectos como Ricardo Bofill y Óscar Tusquets, artistas como Leopoldo Pomés, Paco Todo, Albert Ràfols-Casamada y Maria Girona, y políticos como Carles Sentís y Pasqual Maragall frecuentaban la casa y el jardín de Horta. Gracias a mis primos no tardé en descubrir el estadio del Barça con motivo del torneo de verano del Gamper; la pasión por el club ya no me abandonó nunca, y no solo porque Manuel Valls Gorina haya compuesto la música de su himno. Los domingos íbamos a ver a mi padre bailar la sardana delante de la catedral de Barcelona. Y no olvido los paseos con mi abuelo por las Ramblas ni los meses que pasé en el colegio, un invierno, teniendo como profesora a mi prima Roser Capdevila.

Me detengo aquí, porque no quiero ir más lejos con estos breves apuntes biográficos. Siempre hemos hablado catalán entre nosotros, con mis padres y mi hermana Giovanna. Leíamos a Josep Pla, Salvador Espriu y Mercè Rodoreda. Íbamos al Olympia a escuchar a Joan Manuel Serrat y a Lluís Llach. Mi padre estaba orgulloso de los reconocimientos recibidos en París, en Madrid y por último en Barcelona. Decía que para él eso suponía una suerte de reconciliación con su ciudad, consagrada por grandes exposiciones y en 2001 la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas de manos de Jordi Pujol. Yo también me he sentido siempre orgulloso de haber nacido en Barcelona, de ser catalán, español, francés y europeo. Este caleidoscopio es el mismo que encontré en el extrarradio parisino, pero ante todo es para mí la mejor definición de Barcelona, ciudad abierta, generosa, mediterránea, española, europea. Una ciudad-mundo.

El franquismo, sin duda, causó una herida profunda al sentimiento nacional catalán. Una herida —y Javier Cercas lo recordaba atinadamente hace poco en la prensa francesa— que no mitiga en absoluto ni el hecho de que muchos catalanes fueran franquistas, ni de que los catalanes no fueran los únicos en sufrirla, pues el franquismo hirió a media España, cuando no la mató. No obstante, la herida catalana es indiscutible: se reprimió la lengua catalana, se humilló y menospreció la cultura catalana, se suprimieron las instituciones catalanas. En otras palabras, el franquismo, hipertrofia monstruosa, mezquina y miserable del nacionalismo español, quiso acabar con la España diversa a la vez que lo hacía con la república, la democracia y la tolerancia. Todavía hoy algunos subestiman a veces esa herida.

Pero a partir de los años cincuenta algunos catalanes, en respuesta al franquismo, reivindicaron el orgullo de ser catalán, la dignidad de Cataluña, de su otra lengua, de su cultura e instituciones. Justo después de la Transición y la llegada de la democracia no solo lograron que este planteamiento fuese dominante, sino que lo instalaron en el poder y en la Generalitat, la institución instaurada por la democracia que ha permitido, sobre todo, devolver la dignidad a la lengua y la cultura catalanas.

La pelea fue dura, noble y legítima. Todavía me acuerdo de la inmensa manifestación del 11 de septiembre de 1977 —yo estaba allí con mi madre y mi hermana— para reclamar esa autonomía. Fue posible gracias a hombres como Josep Tarradellas, Jordi Pujol o Joan Raventós —un querido amigo, dirigente socialista y embajador en París—, pero también gracias a la Constitución de 1978, que tanto le debe a dos catalanes —Jordi Solé Tura y Miquel Roca—, al rey Juan Carlos y a estadistas como Adolfo Suárez y Felipe González. A todos estos responsables políticos —sin olvidar a Santiago Carrillo— que pusieron por delante el interés general y la unidad de España en la diversidad y la democracia. Pero el esplendor de Cataluña no habría sido posible sin Barcelona y sin los Juegos Olímpicos de 1992, con la implicación de todos, la del gobierno de Felipe González, la de Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional y muy apegado a su ciudad, y por supuesto la de Pasqual Maragall, otro gran catalán, alcalde visionario y entrañable. Nadie debe olvidar esta historia plural que le debe tanto a Cataluña como al resto de España.

Esta historia y esta comunidad afectiva y cultural incomodan a los independentistas catalanes de hoy. Quieren desentenderse de ella, quieren extirpar de sí mismos no solo la parte hispánica, sino también la europea. Su huida hacia delante no obedece a un proyecto positivo, sino a un plan de erradicación.

Porque, a fin de cuentas, ¿qué proyecto positivo podría llevar a cabo la independencia? ¿Sería un proyecto cultural? Pero el uso del catalán hace ya tiempo que se ha implantado en Cataluña. ¿Sería un proyecto económico? Pero Cataluña, desde hace mucho y todavía hoy, es una región dominante en lo económico, con una de las rentas per cápita más altas de España. ¿Sería un proyecto político? Pero la autonomía catalana, también en el ámbito presupuestario, ha llevado a límites extremos la devolución de competencias, aunque siempre puede haber clarificaciones y avances. No, el proyecto independentista es un proyecto negativo. Aspira a forjar un «Nosotros» contra un «Ellos» cortando todos los lazos hispánicos de la sociedad y hurtándole su verdadera historia. No se trata de promover el catalán, eso ya se ha conseguido desde hace mucho tiempo, sino de reducir la lengua castellana al silencio. No se trata de fomentar la expresión de las tradiciones locales, sino de proscribir los usos y costumbres hispánicos por considerarlos ajenos al genio catalán, cuando no a su genoma. Pretende depurar la memoria colectiva expulsando el legado español, asimilado al atraso y al franquismo.

Esta reducción al franquismo, con la que los independentistas tratan de arrinconar a cualquiera que se oponga a sus posturas, les supone muchas ventajas. Así pueden hacerse las víctimas. La denuncia de una vuelta al franquismo disfraza de resistencia heroica a la opresión colonial su golpe contra el orden constitucional. «No tinc por»: en efecto, los independentistas tuvieron la osadía de dirigir contra las autoridades constitucionales españolas el lema admirable que gritó la muchedumbre barcelonesa contra la barbarie yihadista tras el atentado de agosto de 2017.

Con sus continuas alusiones, manidas hasta el ridículo, a la Guerra Civil española, los independentistas disimulan sin mucho esfuerzo su propia violencia intelectual, que tilda de fascista a todo el que se les ponga por delante. Mi amigo Albert Boadella, que con Els Joglars no se ha cansado de lanzar andanadas críticas y satíricas contra el poder establecido en Madrid y Barcelona, así como contra la religión, que estuvo preso y se exilió en Francia durante los años setenta, ha sido blanco hoy, junto con muchos otros (pienso también en Serrat), de esa acusación infame. Semejante mascarada sirve sobre todo para ocultar la verdadera naturaleza del separatismo, etnicista, xenófobo y supremacista, confirmada por los escritos del nuevo presidente de la Generalitat que insiste en la idea de que los catalanes no tenemos nada que ver con esos subdesarrollados y subsidiados del resto de España. Lo cual no tiene nada que ver con la auténtica identidad catalana, abierta al mundo. Es significativo, a este respecto, que un peruano, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y enamorado de Barcelona, se haya convertido en una de las voces más destacadas de la resistencia a la intimidación independentista, junto con la del catalán y socialista Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y nuevo ministro de Exteriores del presidente Pedro Sánchez.

Muchos catalanes —la mayoría, si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones autonómicas— rechazan una obsesión separatista que consideran, con buen juicio, una automutilación. La importancia de la movilización contra el independentismo del 8 de octubre en Barcelona, convocada por Societat Civil Catalana, con su mezcla de banderas españolas, catalanas y europeas, es una buena muestra.

A diferencia del referéndum escocés del 18 de septiembre de 2014, que se celebró en un marco legal (acuerdo Cameron-Salmond firmado en Edimburgo el 15 de octubre de 2012), la organización de la consulta del 1 de octubre puso a la democracia española ante el hecho consumado, saltándose la legalidad a propósito. Se planteó como un desafío al orden constitucional español. Consideró nulas y sin validez todas las resoluciones judiciales dictadas al respecto, empezando por las del Tribunal Constitucional. Hizo caso omiso del llamamiento a la razón, a la unidad nacional y a la legalidad lanzado por el rey Felipe VI, que cumplió su función de monarca constitucional, aunque en Cataluña algunos esperaban también un mensaje apaciguador.

La independencia requeriría una enmienda de la Carta Fundamental que fue aprobada por amplia mayoría en Cataluña y también por todo el pueblo español. La Constitución no se puede enmendar y menos aún derogar con una consulta ilegal, chapucera, en la que no ha participado la mayoría del censo electoral catalán. Los independentistas no se molestaron en medir las consecuencias de una aventura de la que fueron rehenes, directamente, 7,5 millones de personas, e indirectamente España y Europa. Europa debe aprender la lección de esta resurgencia de una enfermedad antigua. Cuando se expulsa la nación, el nacionalismo vuelve al galope con formas degradadas, miniaturizadas, pero virulentas.

¿Cuál es el hilo conductor de estas incongruencias? El odio al Estado-nación. ¿Quién va a pensar que liquidando las viejas naciones surgirá un mundo libre de sus viejos demonios? Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está hablando de la ciudadanía y la soberanía europea, ¿cómo va a crearse un demos europeo si los catalanes ya no quieren «hacer nación» con los españoles, si quieren «hacer nación» aparte? ¿Qué ciudadanía supranacional se va a construir con ladrillos nacionales rotos en pedazos? Cuando lo que Europa necesita es fuerza y unidad, en un mundo inestable e inquietante.

¿En qué acabaría un proceso separatista que sigue en sus trece, con su extraña proclamación de independencia «suspendida»? En una partición unilateral, impuesta con dolor y a costa de disturbios que mañana pueden ser violentos y degenerar en enfrentamientos. En una fuerte crisis económica generada por la incertidumbre que combinaría huida de inversores y pánico bancario, monetario y financiero. En un control estricto de la sociedad catalana a la que los independentistas, en contra de todos los demás, pretenden meter en el redil del autismo identitario. En un divorcio con el mundo hispanohablante. En una división profunda y duradera de la sociedad catalana. En una ruptura con Europa, porque esta no aceptará nunca el golpe, con todas las consecuencias aduaneras, monetarias, fiscales, migratorias e institucionales que acarrearía el extrañamiento inmediato de Cataluña y la larga espera posterior en la cola de las peticiones de admisión. Este guion regresivo, en el que todos pierden, fue totalmente escamoteado durante la «campaña por el referéndum». Por eso en otoño de 2017, a demanda de Societat Civil Catalana, decidí dar un paso al frente. Con Mario Vargas Llosa y Josep Borrell, pero también con Inés Arrimadas, Albert Rivera, Miquel Iceta y Josep Piqué, con militantes políticos, con sindicalistas e intelectuales, hemos defendido una idea determinada de Cataluña, de España y de Europa. Y sobre todo de vivir juntos.

¿Qué puede negociar el Estado español con una parte que tiene el unilateralismo como línea de conducta? En realidad solo se podrían negociar las formas de secesión. El 10 de octubre Carles Puigdemont y la mayoría independentista del Parlamento catalán no hicieron la menor concesión sobre la independencia, que consideraban un hecho después del 1 de octubre. El «diálogo» que proponían a Madrid solo podía referirse al calendario y los detalles prácticos de la salida de España, lo cual, evidentemente, es inaceptable para las autoridades constitucionales españolas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la respuesta de la justicia —cuya independencia todos reconocen— eran inevitables. La respuesta de las instituciones europeas, en especial por boca de Jean- Claude Juncker, presidente de la Comisión, de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y de los principales jefes de Estado y de gobierno, puso fin al sueño o a la pesadilla de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea y de la zona euro. La Unión Europea ha rechazado tajantemente, y debe seguir haciéndolo, las pretensiones de los independentistas. Su respuesta ha sido firme ante unos acontecimientos que amenazan gravemente la perennidad de Europa.

La firmeza de la Unión Europea y del Estado español y su democracia no excluye en absoluto el diálogo con todos los que respeten el Estado de derecho y los principios democráticos. Este es el sentido de las primeras medidas del Gobierno Sánchez. Hay mucha tarea por delante para reformar España, mantener su unidad sin descuidar su diversidad, luchar contra la corrupción que ha contaminado a una parte de los responsables políticos españoles y catalanes, y restablecer el pacto social, quebrantado por una crisis económica sin precedentes. Aún se puede hacer mucho para aprovechar las bazas de Cataluña y de esa marca mundial excepcional que es Barcelona. Se puede hacer mucho para restaurar un clima de tolerancia en la sociedad catalana hoy dividida, fracturada, en cada una de sus familias. También harán falta señales fuertes de Madrid dirigidas a Cataluña y Barcelona que restablezcan la confianza. Se necesitará tiempo, valor, grandeza de ánimo y diálogo. De ahí mis compromisos múltiples basados en convicciones firmes, el respeto a todos y cada uno y la voluntad de reconciliación.

Volvamos a la sardana. Se baila en corro con los brazos levantados, cogiendo la mano del vecino o la vecina para formar una cadena humana, mientras que el compás, solemne y alegre a la vez, requiere que los danzantes mantengan una excelente sincronización, con un verdadero sentido del ritmo. Visto de lejos todo parece fácil, pero de cerca uno se lo piensa dos veces antes de meterse en el corro y en el torbellino. Cuando miraba a mi padre bailar delante de la catedral de Barcelona nunca imaginé que la cadena pudiera romperse por la voluntad de unos catalanes. Por tanto, cada uno de nosotros tiene una tarea por delante que permita restaurar todos los eslabones de esta cadena. Tal es el sentido de este libro colectivo que, además de hacer la anatomía del procés con un repaso de los momentos cruciales de esta crisis, da pistas para salir de ella. Soy optimista, porque creo en la capacidad de Cataluña y España para seguir construyendo un destino común.

Nota introductoria de los editores

JOAQUIM COLL, IGNACIO MOLINA Y MANUEL ARIAS MALDONADO

El llamado procés designa un periodo concreto, que duró algo más de cinco años a partir del 11 de septiembre de 2012, en el que el nacionalismo catalán asumió la ruptura y construcción de un nuevo Estado como un objetivo factible a muy corto plazo. Esta audaz pretensión desencadenó unos movimientos políticos de enorme calado que, además de dominar —y tensionar— por completo la vida en Cataluña, acabaron provocando una grave crisis constitucional que atrajo la atención exterior. Fue entonces cuando fracasó una estrategia basada en la idea, algo ingenua pero nada pacífica, de que la independencia podía alcanzarse de manera rápida y segura, forzando al Gobierno español a aceptar un referéndum de autodeterminación o, en su defecto, haciéndolo de forma unilateral.

Tras el clímax alcanzado por los partidos secesionistas con la votación del 1-O, celebrada pese a las numerosas resoluciones judiciales en su contra y el torpe uso de la fuerza policial, se constató que en absoluto existían las condiciones fácticas para imponer la separación del resto de España; tampoco se produjo el escenario de negociación y mediación internacional en el que creían los dirigentes nacionalistas. A la declaración unilateral de independencia (DUI), efectuada finalmente el 27 de octubre, le siguieron la inmediata y relativamente tranquila aplicación del hasta entonces inédito artículo 155 de la Constitución, la intervención de la Generalitat, la destitución de todo el Govern y la convocatoria de nuevas elecciones. Es decir, el procés como tal terminó tras la suma de acontecimientos políticos, económicos, sociales y judiciales vividos en el arranque de aquel otoño.

Los resultados en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 y la designación por una exigua mayoría parlamentaria del ultranacionalista Joaquim Torra como president en mayo de 2018 pueden abonar la idea de que el procés aún no ha finalizado. Sin embargo, nos parece claro que sí está cerrado el ciclo político guiado por la promesa de llegar a la República catalana a partir de la simple voluntad de la mitad más uno de los diputados del Parlament. Una promesa irrepetible porque ahora ya son evidentes las enormes flaquezas de tal estrategia. En contra de lo que anunciaban sus defensores, se ha comprobado que no era posible construir estructuras de Estado de forma subrepticia; que avanzar por esta vía pone en grave riesgo el autogobierno o la prosperidad económica; y, por encima de todo, que existe una profunda y tozuda división social en torno a la cuestión. Más de la mitad de los catalanes se oponen a la secesión y al menos un tercio se muestra cada vez más hostil al discurso nacionalista, que ha sido hegemónico desde los años ochenta. Además de la fractura y el coste internos, se ha demostrado también que, pese a la decepcionante respuesta inicial del Gobierno de Mariano Rajoy, la sociedad y las instituciones españolas son capaces de reaccionar ante el cuestionamiento del orden constitucional y que, a la hora de la verdad, ningún Gobierno extranjero ha apoyado la ruptura.

En definitiva, la apuesta soberanista no ha tenido los efectos que previeron quienes la impulsaron y, salvo por la espectacular capacidad de movilización de sus partidarios en torno a ese programa de máximos, ha supuesto grandes perjuicios para sus promotores y para la sociedad catalana en general. Ciertamente, el fiasco no ha desactivado su fuerza en las urnas ni en la calle, pero estamos ya situados en otra etapa que todavía está por definir. Siguen abiertos muchos interrogantes sobre cómo abordar el conflicto de fondo que originó este proceso y, de paso, sobre cómo renovar uno de los pactos esenciales de nuestra convivencia: aquel que, desde 1978, combina unidad, pluralidad y descentralización territorial. Sin embargo, a la luz de todos los factores en juego, no es un mero ejercicio de optimismo aventurar que, aunque sea muy lentamente, el discurso político catalán se irá desplazando desde el decisionismo independentista hacia el intento de construcción de una mínima transversalidad y respeto a las leyes. Hay otras evoluciones posibles, pero esa sería la única compatible con una democracia avanzada y europea como la nuestra tras constatarse que la unilateralidad ha decepcionado a quienes con tanto entusiasmo la apoyaban, ha hecho sentirse excluida a la mitad de los ciudadanos a los que supuestamente convocaba y ha exasperado a la gran mayoría de los españoles.

El nacionalismo se resistirá a esa evolución y gran parte de sus defensores puede que no abandonen nunca posiciones extremas. No obstante, incluso en ese caso, a la hora de pensar en la independencia mirará más bien a lo que pudo ser y no fue en octubre de 2017. Es decir, mirará más —ya lo está haciendo— al ayer que al mañana. A falta de estrategia, su refugio será el victimismo y el resentimiento. La llamada hecha por Torra a iniciar un proceso constituyente como epílogo del referéndum ilegal del 1 de octubre es exactamente eso: seguir dando vueltas a ninguna parte. En cambio, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, que ha significado de entrada un cambio en las formas, supone un factor más de debilitamiento estructural del separatismo, abre una nueva etapa en la política española (junto al adiós de Rajoy al frente del PP) y permite evidenciar con más fuerza el fin del procés. Lo que venga a partir de ahora será otra cosa.

Asumiendo así el procés como un acontecimiento pasado, aunque traiga aparejados innumerables desafíos de futuro, este trabajo colectivo propone trazar una anatomía desde su génesis hasta su desenlace, pasando por su desarrollo. El objeto de estudio es, por tanto, el quinquenio 2012-2017 considerado como una unidad, sin perjuicio de su desagregación en diferentes fases y en sus aspectos internos y externos. Se trata de un esfuerzo por ofrecer un enfoque de síntesis y, a la vez, un análisis pluridisciplinar con aproximaciones de tipo histórico, económico, politológico, sociológico y jurídico. Como coordinadores, hemos tenido la suerte de contar con la contribución de expertos y expertas de primer nivel, que en este tiempo han reflexionado tanto en el trepidante día a día de los medios de comunicación como en el más pausado de las revistas científicas. Además, los distintos capítulos fueron debatidos durante cuatro intensos días del pasado mes de julio en Santander, en el marco de un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado con la colaboración de la Fundación Joan Boscà.

En el capítulo de agradecimientos también hay que subrayar la confianza mostrada por la editorial Debate. Asimismo, debemos un reconocimiento a las dos destacadas figuras públicas catalanas, de indudable proyección europea, que colaboran con el prólogo y el epílogo. Solo falta dar las gracias a quien ahora nos lee por su interés y aclararle que, aunque se enfrenta a una obra que puede también ser útil en el debate académico, está escrita como un ensayo dirigido al gran público y para enriquecer la conversación colectiva sobre el desafío en el que hemos estado inmersos estos años. Un desafío que, al margen del fracaso del muy defectuoso proyecto que había diseñado el soberanismo, no hemos sabido resolver por ahora de modo satisfactorio y que, en el corto plazo, no tiene visos de mejorar. Sepa el lector, finalmente, que en ningún caso la posición del libro es neutral frente al objeto de estudio, pero está basada en el rigor intelectual y se mueve ante todo por el deseo de comprenderlo y explicarlo.

Barcelona, Madrid y Málaga, verano de 2018

El procés

De la ilusión a la insurrección frustrada

JOAQUIM COLL

UN INTENTO DE DEFINICIÓN

Es posible que fuera Artur Mas el primero en hablar de procés para designar el periodo en el que ha estado inmersa Cataluña en el último lustro. En concreto, el que fuera president habló en septiembre de 2012 de empezar «un procés de gran envergadura i complexitat cap a l’autodeterminació», que rápidamente quedó acortado por razones de economía del lenguaje a mero procés. En cualquier caso, entre 2012 y 2017, la política catalana estuvo absolutamente dominada por la promesa que hicieron los líderes soberanistas de alcanzar la independencia, situando al Parlament y al Govern fuera del orden constitucional. Esa rebeldía institucional se intentó legitimar mediante una estrategia de desbordamiento social que hiciera inviable la reacción del Estado y mantuviera inmóvil a la sociedad catalana no secesionista.

La unilateralidad fue consustancial al procés. En ausencia de legitimidad jurídica, lo que se quiso lograr fue una secesión de hecho, aunque los políticos independentistas, nada seguros de poder materializarla, usaron esa amenaza para obligar al Estado a aceptar la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante y buscaron para ese objetivo apoyos en la comunidad internacional y la simpatía de la opinión pública europea. El procés fue una mezcla entre aquello que sus líderes prometieron hacer desde la Generalitat, es decir, la creación en un plazo determinado de mecanismos y estructuras para hacer efectiva la independencia, y un reajuste táctico permanente con el fin de estimular un escenario de confrontación social entre la legalidad constitucional y la arrogada legitimidad soberana del Parlament. Fue un intento por forzar un cambio del estatus jurídico de Cataluña utilizando todos los resortes del poder autonómico. El procés sumergió a la política catalana en un crescendo de tensión que polarizó a toda la sociedad y arrastró finalmente a España entera a su peor crisis política desde 1977.

Habiendo fracasado ese ensayo de revolución política, lo que en términos kelsenianos podría calificarse de golpe de Estado, debemos circunscribir el procés a un tiempo histórico concreto. De eso se trata aquí, de historiarlo. En síntesis, este empieza en 2012 con el imperativo de llevar a cabo una consulta soberanista junto al desarrollo de un exhaustivo plan sobre cómo hacer efectiva la independencia desde las instituciones de autogobierno. Prosigue en 2015 con la convocatoria de unas elecciones en clave plebiscitaria, y culmina en 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y dos declaraciones deliberadamente confusas de independencia. El fracaso se consuma con el cese de todo el Govern y la disolución del Parlament para convocar elecciones autonómicas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español.

A efectos narrativos, y con el fin de ordenar un periodo de tiempo relativamente breve pero intenso, apuesto por dividir el procés en tres fases, nombrándolas por su principal característica: ilusión, desconcierto e insurrección.

ILUSIÓN

La voz de la calle

La ilusión secesionista eclosionó en la Diada de 2012, tras la multitudinaria manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa». Fue la primera gran demostración de fuerza, que desde entonces se repitió cada año, convirtiéndose en una exhibición festiva ejecutada con orden, precisión y colorido. La capacidad de movilización será esgrimida en adelante por el mundo independentista como prueba de la voluntad secesionista de la sociedad catalana. Como ha escrito la corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, que ha cubierto todas las diadas desde 2012, su finalidad era «impresionar al mundo entero, presionar a los políticos catalanes, lograr nuevos adeptos y motivar a los ya ganados».[1] Para el libro Guinness de los récords quedará la mayor cadena humana de la historia: fue en 2013, cuando alcanzó más de trescientos kilómetros, que atravesaron Cataluña de norte a sur. También fue gigantesca la manifestación de 2014 que formó una V (de «victoria», claro) de unos once kilómetros en el cruce de las dos principales avenidas de Barcelona. En ambos casos, las cifras oscilan entre los 750.000 y los 900.000 participantes, según los cálculos más rigurosos, aunque los medios soberanistas hablaron del doble o más.[2] Pese a la guerra de cifras, las manifestaciones soberanistas han sido las exhibiciones políticas de masas continuadas más importantes celebradas en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

El 25 de septiembre de 2012, Artur Mas justificó en el Parlament la necesidad de adelantar las elecciones como consecuencia de la manifestación del 11 de septiembre, en la que, según él, participaron un millón y medio de personas. Obedecer «la voz de la calle» fue la primera y principal razón esgrimida para iniciar un proceso de autodeterminación que él no contemplaba en 2010, cuando alcanzó la presidencia, pero que ahora consideraba inevitable. A ello se añadía el «portazo» (así lo titularon algunos medios) del presidente español, Mariano Rajoy, a la exigencia de pacto fiscal que Mas le había formulado en la Moncloa cinco días antes. Desde CiU se pretendía una fórmula de financiación especial para Cataluña parecida al concierto vasco, a pesar de que el modelo en vigor para todas las autonomías de régimen común había sido impulsado por el Govern anterior, el tripartito de izquierdas presidido por José Montilla. Aprobado en 2009 y de vigencia quinquenal, supuso una mejora sustancial para las arcas de la Generalitat y situó a Cataluña en la media de la financiación autonómica, pese a que a partir de 2010 la crisis dio al traste con las previsiones de recaudación.

Como explica en su capítulo Joan Llorach, el peso del argumento económico, con los cacareados 16.000 millones del «expolio fiscal», jugará un papel de primer orden para ensanchar la base social del independentismo. En marzo de 2012, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, relanzó el estudio de las balanzas fiscales y, meses después, se hizo viral el vídeo Stop Espoli, donde aparecían nueve personalidades académicas relevantes denunciando un maltrato económico sin parangón en el mundo. Como explica Lluís Bassets en su contribución a este libro, los medios de comunicación y las redes sociales han sido las «armas» del procés. Por su parte, la «clerecía» catalana, a menudo exhibiendo credenciales universitarias de prestigio internacional, ha jugado un rol clave en la legitimación de la independencia como algo justo, posible e indoloro.[3]

Aunque la cita del 25 de noviembre era en forma de elecciones ordinarias, Mas les otorgó un carácter casi plebiscitario, con lo que pretendía obtener nada menos que una «mayoría indestructible». Lo que iba a dirimirse, decía, no era la elección de un líder o un partido para gobernar la autonomía, sino la posibilidad de que «el conjunto del pueblo de Cataluña decida su futuro como nación». Y para dar mayor credibilidad a su apuesta declaró que, una vez se hubieran alcanzado los «objetivos nacionales», como máximo en dos legislaturas, él no volvería a presentarse a la presidencia de la Generalitat. Su pretendida humildad se dio de bruces con el cartel de campaña, en el que aparecía con los brazos extendidos por encima de un mar de agitadas banderas —recordando a Charlton Heston en el papel de Moisés— junto al lema «La voluntat d’un poble». Pese a tanta épica de peliculón, el adelanto electoral fue un estrepitoso fiasco para Mas y su coalición, que perdieron doce de sus sesenta y dos diputados.

Antes de entrar a analizar sus consecuencias, hay que detenerse en la pregunta del millón: ¿qué condujo al líder de Convergència a embarcarse en una aventura tan incierta, a emprender ese viaje a Ítaca, como le gustaba decir? ¿Por qué se desdijo de su posición política anterior sobre las condiciones objetivas para iniciar un hipotético proceso soberanista? En 2007, Mas afirmó que «para pedir la independencia haría falta, como mínimo, el 66 por ciento de los votos, los dos tercios de los diputados necesarios para cambiar el Estatuto». Y a finales de 2011, meses antes del inicio del procés, había rechazado en una entrevista en TV3 «un planteamiento cortoplacista que pase por dividir la sociedad catalana en dos mitades». Se lo dijo nada menos que a Mònica Terribas, una periodista conocida por su militancia independentista, cuyo papel como portavoz, guía o censora del soberanismo sería muy relevante, al igual que el de otras estrellas mediáticas, como Jordi Basté, Toni Soler, Pilar Rahola o Antoni Bassas; todas ellas, por cierto, magníficamente retribuidas en radio y televisión. Saber qué hizo variar la posición de Mas es una de las claves para entender hasta qué punto el procés fue el resultado de una operación impulsada desde el poder político.

Artur Mas se hace independentista

No hay un único factor, sino el cruce, por lo menos, de tres elementos, si bien el estrictamente político fue el motor principal. En las autonómicas de 2010, CiU logró desplazar al tripartito de izquierdas, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta. Aunque obtuvo la abstención del PSC para la investidura, Mas acabó acordando los dos presupuestos de esa corta legislatura con el PP, con quien cerró en junio de 2011 un pacto más amplio que incluía el gobierno de la Diputación de Barcelona y diversas alcaldías. En medio de una situación económica muy delicada, con una deuda pública desbocada y un fuerte déficit presupuestario, fueron unas cuentas de ajuste del gasto (el 20 por ciento en dos años) y de importantes recortes sociales.[4]

Entre tanto, Mariano Rajoy accedió a la Moncloa a finales de 2011. Aunque CiU votó en contra de su investidura, ambos grupos se apoyaron mutuamente más allá de los presupuestos. Los nacionalistas catalanes votaron en Madrid a favor de la amnistía fiscal, la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que incorporaba un mecanismo para intervenir las comunidades autónomas que incumplieran el déficit) y la reforma laboral, pese a que el PP disponía de una holgada mayoría absoluta. El influyente programa humorístico Polònia, de TV3, caricaturizó la entente entre Mas y Alicia Sánchez-Camacho, la líder del PP catalán, como un amor político de conveniencia del que el primero quería huir cuanto antes. El apoyo de CiU al PP en esos años posteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto demuestra que esa nunca fue la verdadera causa del giro soberanista del nacionalismo catalán, sino solo el pretexto.

Paralelamente, en 2011 surgió, en la madrileña Puerta del Sol, el movimiento de los «indignados» o del 15-M. En Cataluña impactó también con mucha fuerza, pese a que fue recibido por el soberanismo con reticencia, pues no enarbolaba esteladas y situaba el debate estrictamente en el eje social. El 15 de junio, día en el que iban a votarse «los presupuestos de los recortes», Mas tuvo que acceder al Parlament en helicóptero para sortear a varios miles de personas que rodeaban el parque de la Ciutadella. Diversos diputados fueron increpados y atacados por algunos grupos de manifestantes y la cosa acabó en un enfrentamiento con los mossos que ocasionó decenas de heridos. Semanas antes, se había producido el desalojo del campamento de los indignados en la plaza de Catalunya, con graves incidentes que acabaron en los tribunales de justicia y con la petición de cese del conseller de Interior, Felip Puig, por parte de la oposición.

¿Tuvo el procés como objetivo esconder las consecuencias de los recortes y esquivar la protesta social? En otras palabras, ¿se habría producido el giro soberanista sin la crisis? Es evidente que sin ese escenario de fondo, las cosas se habrían desarrollado de otro modo. Es innegable que el procés ayudó a desviar las responsabilidades por el ajuste presupuestario de la Generalitat y abrió para una parte de las clases medias y altas un horizonte frente a la crisis. La independencia se convirtió en una utopía activa, en un agarradero de esperanza que también resultó muy atractivo para una parte de la izquierda política y social. La entrada del nacionalpopulismo en España, mucho antes de la irrupción de Podemos, llegó con el procés. Sobre ello nos habla Aurora Nacarino-Brabo en este volumen. El entonces conseller Santi Vila confesó en diciembre de 2014 que «sin un relato en clave nacionalista, sin un proyecto ilusionante, hubiera sido imposible resistir unos ajustes de seis mil millones». En septiembre de 2012, Mas consideró que las condiciones estaban maduras para un adelanto electoral que le proporcionase esa «mayoría indestructible». La excusa que arguyó en el Parlament, junto a la manifestación de la Diada y la afrenta del Estatuto recortado, fue el rechazo de Rajoy al pacto fiscal, una petición que el president sabía de antemano condenada al fracaso en medio de la crisis del euro. A su regreso de Madrid, entre gritos de independencia, le esperaban en la plaza de Sant Jaume un grupo de intelectuales, los sociólogos Salvador Giner y Salvador Cardús, el politólogo Ferran Requejo y el filósofo Xavier Rubert de Ventós, que le animaron a convocar elecciones.

Pero no fue el miedo a un desbordamiento social lo que llevó a Mas a cambiar el envoltorio de sus políticas business friendly por las independentistas, sino el pánico a repetir el guion de la última legislatura de Jordi Pujol: dependiente de los apoyos del PP en Barcelona, pero irrelevante en Madrid frente a la mayoría absoluta de la que disfrutaba José María Aznar en el año 2000. Tres años después, el apoyo de ERC al PSC para investir a Pasqual Maragall y formar el primer tripartito no se explica sin ese «pecado» de la última etapa de Pujol. Una década más tarde, los convergentes tenían bien aprendida la lección, un error del que Mas era muy consciente tras haber pasado siete años en la oposición pese a haber obtenido siempre más diputados que el PSC. Por todo ello, el núcleo duro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), aconsejado por periodistas influyentes como José Antich, entonces director de La Vanguardia, vio la oportunidad de librarse de esa molesta dependencia pepera, trazar un plan soberanista estimulante con el que obtener una cómoda mayoría y desviar la presión social por la crisis hacia otros objetivos.

Por último, no hay que olvidar hasta qué punto influyó también la voluntad de tapar los sucesivos escándalos de corrupción desde que estalló el caso Palau, en 2009, hasta el que protagonizó Oriol Pujol Ferrusola a mediados de 2012, siendo secretario general de CDC, por la trama de las ITV. Dos años después, Pujol padre confesaría en una carta pública que durante tres décadas había tenido dinero oculto en el extranjero. Con ello, no solo acabó de identificar su legado político con la corrupción, sino que CDC se vio obligada a refundarse más tarde como Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). En definitiva, tapar la corrupción fue otro importante estímulo para sumergirse en un sueño de ruptura que, en el mejor de los casos, eliminaría las causas judiciales en curso y, a corto plazo, servía para envolver esos escándalos en una manta de indulgencia patriótica. No obstante, afirmar que el procés arrancó por el famoso 3 por ciento no se corresponde con el orden de los factores, en el que por encima de todo se sitúa el miedo de Mas a una nueva dependencia política del PP en el marco de un contexto social marcado por una crisis inacabable. Todo ello sin olvidar que el humus sociológico y cultural del procés se gestó con anterioridad, que actuaba como fuerza tractora de un «largo proceso» tal como Jordi Amat explica en su capítulo.

CiU en la ratonera de ERC

La noche del 25 de noviembre del 2012, Mas estuvo muy cerca de dimitir tras perder ocho puntos, noventa mil votos y doce diputados. Sin embargo, rápidamente se fijó el relato de que ese accidental retroceso quedaba subsanado por el auge de ERC, e incluso por la entrada de una fuerza completamente nueva, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), una amalgama de colectivos antisistema de base municipal netamente independentistas. O sea, que la voluntad de producir un cambio histórico no quedaba afectada o dañada por el pinchazo de CiU, sino reequilibrada en cuanto a sus protagonistas y, en realidad, confirmada con una mayor dosis de radicalidad y pureza. El objetivo de iniciar un proceso de autodeterminación, enmascarado todavía bajo la fórmula del «derecho a decidir», justificó así la alianza con ERC y la supervivencia de Mas.

En relación con los republicanos, hay que destacar que habían cambiado de liderazgo tras el batacazo electoral de 2010, que supuso el entierro sin gloria de los tripartitos. A Joan Puigcercós y Joan Ridao les sucedieron Oriol Junqueras y Marta Rovira en la dirección de ERC, lo que en clave interna implicó un giro de prioridades: el eje nacional, nuevamente por encima de la confrontación derecha-izquierda. La radicalización soberanista llevó a los republicanos a recuperar posiciones, convirtiéndose por primera vez en la primera fuerza de la oposición, con veintiún diputados, uno por delante del PSC. Un Junqueras con aire de capellán, sin aristas políticas, ganó votos en la abstención, arrebató casi todos los apoyos perdidos por CiU y engulló a Solidaritat Catalana per la Independència, que dos años antes, liderada por el expresidente del Barça Joan Laporta, había obtenido cuatro diputados. Ahora quedó fuera del Parlament, pese a que Alfons López Tena, cabeza de lista en 2012, era el autor de la icónica frase «Espanya ens roba».

En diciembre, ERC y CiU rubricaron el llamado «Acord per a la Transició Nacional», en el que se afirmaba que el pueblo de Cataluña había mostrado «tanto en la calle como en las urnas» querer decidir libremente su futuro, por lo que se iniciaba una de las legislaturas más «trascedentes de la historia». Se recurría a la fórmula del «mandato del pueblo» en forma de un liderazgo «compartido, plural y participativo». Lo más sustancial del acuerdo es que, por un lado, se fijaba 2014 como fecha para llevar a cabo una consulta bajo «el marco legal que la ampare», una letanía que se iría repitiendo para dar a entender que podía existir una legalidad catalana al margen de la española. Y, por otro, se impulsaba la creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional para ayudar al Govern en todos los pasos hacia la consulta y el eventual proceso de secesión.

En la negociación, ERC exigió que la consulta se realizase antes del final de 2014, aprovechando el gran simbolismo del tricentenario del mítico 11 de septiembre que el catalanismo había convertido en la Diada nacional. Pero en CiU no querían atarse a una fecha, sobre todo los democristianos de Duran i Lleida, incómodos con el juego radical de sus socios y desconfiados de los republicanos, por lo que forzaron incorporar la posibilidad de una prórroga. Junqueras finalmente aceptó, pero se reservó una cláusula según la cual la fecha de la consulta debería ser acordada en cualquier caso por CiU y ERC.

A partir de ese momento se entró en una dinámica fuertemente competitiva entre Mas y Junqueras y sus respetivas formaciones, en una especie de subasta para maximizar el apoyo de los electores y hacerse con el control del relato hegemónico. Nada nuevo en la política catalana, pues ya pasó durante el proceso de reforma del Estatuto, pero ahora con mayor intensidad. En adelante, la sobrepuja dentro del espacio soberanista sería una constante, con la participación de actores sociales nuevos que agitarían la calle y presionarían desde los medios y las redes sociales para llevar el procés hasta sus últimas consecuencias, tal como explica Astrid Barrio en su contribución a este libro. El funcionamiento de esta dinámica de subasta es fundamental para entender por qué siempre que hubo posibilidades de reconducir la aspiración secesionista fuera de la unilateralidad, nadie se atrevió a hacerlo.

En el horizonte del 2014

La legislatura bautizada como de «transición nacional» empezó con una declaración de soberanía, aprobada en enero de 2013, que afirmaba que Cataluña era un «sujeto jurídico y político soberano» que quería ejercer su «derecho a decidir», lo que, como argumenta Rafael Arenas en el capítulo dedicado a analizar la construcción jurídica del procés, es el elemento nuclear que utiliza el nacionalismo catalán para legitimar el proceso de secesión. Meses antes, el Parlament se había disuelto, no sin antes aprobar otra declaración solemne en la que se afirmaba el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación». Si entonces el Gobierno español hizo oídos sordos, esta vez la envió al Tribunal Constitucional, que la declaró nula en marzo del año siguiente, aunque en su extenso auto quiso dejar claro que cabía una lectura posible del «derecho a decidir» si se respetaban los cauces de reforma constitucional establecidos y los principios a los que la propia declaración apelaba (diálogo, legitimidad democrática, legalidad, pluralismo, etc.). Fue una sentencia que logró la unanimidad de sus miembros, que eran muy conscientes, empezando por su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, de la crisis abierta en Cataluña y la necesidad de proteger al Alto Tribunal de la estrategia de deslegitimación del soberanismo.

En febrero se constituyó el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y formado por catorce miembros más, principalmente profesores en derecho, sociología, economía y política, como Germà Bel, Carles Boix, Ferran Requejo o Salvador Cardús. Su objetivo era resolver las dudas sobre cómo materializar la secesión en todas las cuestiones, desde la hacienda hasta el agua y la energía, pasando por el poder judicial, el reparto de activos y pasivos, la política monetaria o los tratados internacionales, y tanto si se llegaba a un acuerdo con el Estado español como si no. El CATN redactó dieciocho extensos informes, que constituyeron el libro blanco de la independencia, con el propósito de afianzar la idea de que el proyecto secesionista no dejaba ningún cabo suelto.

El primer estudio del CATN, hecho público en julio de 2013, fue dedicado íntegramente a detallar cómo realizar una consulta de secesión y, en caso de que las autoridades españolas no la permitiesen, cuáles serían las alternativas para obtener un mandato democrático que avalase la independencia. Ese informe fue la guía que llevó a pedir al Congreso la delegación de la transferencia para celebrar una consulta por la vía del artículo 150.2 como paso previo a la aprobación de una nueva ley de consultas que permitiese convocar la votación soberanista pactada entre CiU y ERC. En ese trabajo también figuraba la alternativa de las elecciones plebiscitarias y todos los requisitos para una declaración unilateral de independencia (DUI). De forma general, todos los escenarios estaban previstos, así como todas las posibles respuestas obstaculizadoras del Estado. Carles Viver se convirtió en el arquitecto intelectual de la transición nacional; primero, al frente del CATN y, después, en diferentes cargos del Govern, con una retribución siempre muy generosa.

Del derecho a decidir a la pregunta del 9-N

En junio se constituyó el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD), una plataforma formada por un amplio abanico de entidades sociales, culturales, deportivas y económicas, así como de instituciones, ayuntamientos y fuerzas políticas, para impulsar la consulta e involucrar a toda la sociedad. Sin embargo, el derecho a decidir sufrió de entrada una pérdida significativa con el desmarque del PSC bajo la dirección de Pere Navarro. Los socialistas vivían desde 2010 una situación de enorme debilidad por la pérdida de su gran poder institucional. A la crisis socioeconómica, de la que fueron señalados como responsables, se añadió el fracaso de la reforma del Estatuto, solemnizado cuando Montilla se puso al frente de la manifestación de protesta en julio de 2010.

En ese contexto de desconcierto, el PSC había asumido vagamente en su programa electoral de 2012, en extraña convivencia con el federalismo, la idea de una consulta «legal y acordada» y la fórmula del derecho a decidir. Por eso, cuando se votó la declaración de soberanía al inicio de la legislatura, una cuarta parte de sus diputados consideraron legítimo abstenerse, desobedeciendo a la dirección del partido, que optó por el voto en contra. A mediados de 2013, la crisis en el grupo parlamentario socialista se agravó con la renuncia de Navarro a participar en el PNDD por considerar que era un instrumento al servicio de la causa independentista. Las críticas de los sectores socialistas partidarios de la celebración de una consulta fueron constantemente amplificadas por los medios, hasta ofrecer la imagen de partido quebradizo que podía acabar rompiéndose o rompiendo su vínculo federal con el PSOE.

El lento abandono del derecho a decidir, en favor de una apuesta más definida por el federalismo —que influyó en que el PSOE, liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, en sintonía con Navarro, suscribiera en julio de ese año el acuerdo federal de Granada— acabó produciendo una escalada de escisiones y bajas, sobre todo entre la aristocracia catalanista del PSC, como los exconsellers Montserrat Tura, Ernest Maragall, Joaquim Nadal o Marina Geli, decantados hacia posiciones secesionistas. En enero de 2014, la escisión en el grupo parlamentario se consuma cuando se vota la petición al Estado para que transfiera el poder de convocatoria de un referéndum. La crisis interna se extiende al mundo local no metropolitano, con dimisiones de concejales y ejecutivas locales, dejando muy diezmada la representación socialista en la Cataluña interior, cuando no hacía tantos años, municipios como Olot, Berga o Ripoll habían llegado a tener alcaldes del PSC. Pese a que Navarro dimite en mayo de 2014 como consecuencia de los malos resultados en las europeas y las constantes deslealtades internas, la llegada de Miquel Iceta reafirma el abandono del derecho a decidir y la apuesta por el federalismo.

Tampoco en ICV-EUiA ni en los sindicatos UGT y CCOO el independentismo era mayoritario, sino que convivía con posiciones autonomistas, federalistas o confederalistas. Su participación en el PNDD se explica por el clima de unanimismo a favor de una consulta y por las presiones internas de los sectores soberanistas que habían pasado a ocupar puestos relevantes en la dirección. Los secretarios generales de los dos sindicatos, José M.ª Álvarez y Joan Carles Gallego se hacen fotos junto a Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, en campañas para vincular el mundo del trabajo al derecho a decidir y sus organizaciones se adhieren a todas las diadas independentistas entre 2012 y 2015. Sin embargo, en los encuentros del citado pacto tanto ICV-EUiA como UGT y CCOO se mueven en posiciones muy ambiguas, sin respaldar la secesión, pero sin oponerle tampoco ninguna alternativa.

A finales de 2013, todavía bajo el impacto de la espectacular cadena humana que quiso emular una iniciativa parecida en los países bálticos para salir del comunismo, el debate mediático pasó a centrarse en la pregunta de la consulta y su fecha. Se buscaba una fórmula clara en los conceptos e inclusiva de todas las sensibilidades, es decir, que diera por superado el statu quo autonómico, pero sin que fuera solo binaria sobre la independencia «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?», desveló finalmente Artur Mas el 12 de diciembre, flanqueado en el Palau de la Generalitat por Jordi Turull (CDC), Joana Ortega y Ramon Espadaler (UDC), Oriol Junqueras y Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA) y David Fernàndez (CUP). Pero esa doble pregunta encadenada no era ni clara ni inclusiva, sino confusa y fraudulenta. El Estado catalán que se proponía era una incógnita (¿federal o confederal?), pero solo los votantes del sí a algo tan vaporoso como eso podían participar en la única pregunta inteligible: el sí o el no a la independencia. En definitiva, fue una fórmula imaginativa acordada para salir del paso y con unos actores políticos que en su fuero interno no creían que la consulta anunciada para el 9-N, que coincidía con el 25.º aniversario de la caída del Muro de Berlín, pudiera realizarse si el Gobierno español se esforzaba en impedirla. Como por el momento, este era un juego que parecía no tener riesgos, Mas se decidió a enviar una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y a todos los jefes de Gobierno de los estados de la Unión Europea anunciándoles la fecha y el contenido de la consulta y reclamándoles su apoyo. La Moncloa contestó con el silencio, una inacción que definiría su actitud hasta casi el final, como se detalla en el capítulo escrito junto a Rafael Arenas dedicado a la respuesta que dio el Gobierno y el conjunto del constitucionalismo al procés.

2014, el año taumatúrgico

Si en algún momento la propaganda secesionista desbordó todo lo imaginado fue en 2014. La celebración del Tricentenario se transformó en una llamada a reescribir la historia y a recuperar ese Estado catalán supuestamente abolido por las tropas francocastellanas en la guerra de Sucesión. No solo la Generalitat, sino también el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de CiU tras la victoria de Xavier Trias en 2011, gastó toda la pólvora en esa efeméride, convirtiendo el Centre Cultural del Born en el punto cero del maltrato sufrido tras la derrota y haciendo de ese lejano conflicto bélico un argumento histórico de largo recorrido sobre el que cimentar la causa secesionista.

Mientras la Cataluña nacionalista se sentía convocada por la historia, el Congreso de los Diputados votaba el 8 de abril en contra de la propuesta de transferir a la Generalitat la posibilidad de convocar un referéndum consultivo, una competencia que la Constitución reservaba al Gobierno español. Fue apoyada por 47 votos, frente a 299 en contra. Minutos después, Mas comparecía para explicar que esa negativa no bloqueaba nada y que el proceso para aprobar una ley de consultas catalanas seguía su curso. A diferencia de 2005, cuando la consulta prevista en el plan Ibarretxe no se llevó a cabo al ser rechazada en el Congreso, el soberanismo catalán enfilaba el camino de la unilateralidad. Un mes después, en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, ERC se situaba por primera vez desde 1936 en cabeza con el 23,6 por ciento de los votos, seguida muy de cerca por CiU, mientras que los socialistas sufrían un descalabro de 22 puntos (del 36 por ciento en 2009 al 14 por ciento en 2014), irrumpía Podemos y Ciudadanos daba el salto a toda España en rivalidad cainita con UPyD. Pese a que votó menos de la mitad del censo, los resultados reforzaban la lógica de la subasta soberanista.

A partir de ese momento, no existió ya otra controversia que no fuera discutir si habría o no consulta el 9-N, hasta que el 25 de julio se produjo un terremoto político de gran escala con la confesión pública de Jordi Pujol sobre el origen de un dinero evadido a Andorra. Fue la autodestrucción de un mito, la caída del referente moral del nacionalismo que, por un momento, hizo que la consulta se tambaleara. Pero la gasolina del procés era la ilusión, el entusiasmo, la apoteosis de una política emocional, como señala Manuel Arias Maldonado en su contribución a este libro. En taumatúrgica coincidencia con la celebración del Tricentenario, esas multitudes que llenaron en 2014 como nunca la manifestación de la Diada estaban convencidas de que la historia las había convocado para vivir dos fechas irrepetibles en sus vidas.

Sin duda, el hecho de que en Escocia se fuera a celebrar un referéndum legal y acordado solo siete días después de la Diada, el 18 de septiembre de 2014, fue un estímulo extraordinario para el soberanismo e influyó en la elección de la fecha del 9-N. Todas las encuestas apuntaban a una victoria del sí, lo cual hubiera supuesto un primer caso de secesión en una democracia consolidada como el Reino Unido, miembro de la Unión Europea. La secesión escocesa hubiera sido un precedente impagable para los independentistas catalanes, pues habría catapultado sus aspiraciones, como relata Ignacio Molina en el capítulo dedicado a la dimensión internacional de la anatomía del procés. Por eso, el relativamente holgado triunfo unionista supuso un tremendo jarro de agua fría. Agudizó la soledad del independentismo catalán pese a los esfuerzos del Diplocat, un consorcio creado a finales de 2012 entre la Generalitat, los poderes locales y algunas entidades privadas para difundir en el extranjero el derecho a decidir.

Al día siguiente del referéndum escocés, el Parlament votó la ley de consultas populares no referendarias, una coincidencia fijada con anterioridad ante la creencia de que la victoria secesionista era segura y que ello les permitiría volar con viento de cola. Pero, tras el chasco escocés, los soberanistas catalanes se olvidaron rápidamente de él y el 27 de septiembre, Mas firmó de forma solemne el decreto para el 9-N con una pluma estilográfica que fue enviada al Museu d’Història de Catalunya ante la previsión de que iba a ser expuesta en el futuro. Dos días más tarde, la consulta quedaría suspendida por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Es entonces cuando surgió la astucia tantas veces anunciada por el president y su conseller de Presidencia, Francesc Homs, que consistió en hacer exactamente lo mismo, pero con otro nombre, transformando la consulta en un proceso participativo sin órdenes escritas. Ante ese escenario, el Gobierno se mostró vacilante, aunque al final se decidió a impugnarlo. A las pocas horas de conocerse la nueva suspensión dictada por el Constitucional, el 4 de noviembre, Homs declaró que el Govern pensaba seguir adelante. Ante eso, el Ejecutivo de Rajoy quedó paralizado y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, suplicó que la Generalitat se separase del proceso participativo y lo cediese a las entidades civiles. Pero en la reunión del PNDD, su presidente, el exconseller democristiano Joan Rigol, confirmó que la responsabilidad del 9-N recaía completamente en la Generalitat. El domingo, la inacción del Gobierno y de la Fiscalía General permitieron que Mas llegara hasta el final y que afirmara, desafiante, cuando fue a depositar su voto que él era el responsable de todo. Por la noche ofreció, junto a la vicepresidenta Joana Ortega, los resultados de la consulta desde un centro internacional de prensa.

El éxito de Mas fue indiscutible y su burla hacia Madrid lo consagró como líder independentista. Al igual que Lluís Companys en 1934, cuando declaró el Estado catalán, una acción con la que buscó reafirmarse ante los suyos, también Mas pudo decir aquello de «Ara ja no direu que no soc catalanista». Ahora bien, la euforia soberanista en la noche del 9-N escondía —y me adelanto al capítulo de Pau Marí-Klose sobre la Cataluña rota por el procés— una fractura interna territorial, etnolingüística y social de enormes consecuencias.

DESCONCIERTO

Desde septiembre, el objetivo de las entidades soberanistas era celebrar elecciones en forma de plebiscito lo antes posible, hasta el punto de que su apoyo al 9-N estaba condicionado a ese escenario. «Tenim pressa» decían. No confiaban en que la consulta pudiera materializarse ni en que la participación pudiera legitimar la secesión, teniendo en cuenta, además, que la votación no era jurídicamente vinculante para el Govern. Con todo, el miedo a la frustración, a que nada sucediese ese día, convirtió a las entidades en las mejores aliadas del sucedáneo de consulta de autodeterminación que lideraba Mas. La campaña «Ara és l’hora» inundó las calles de amarillo y el esfuerzo propagandístico, casa por casa, fue apabullante. Se desarrolló con tanta intensidad que a los ojos de un extranjero parecía que iba a decidirse realmente alguna cosa.

Tras el éxito del 9-N, la ilusión dejó paso a un progresivo desconcierto. En los días siguientes resonó la interpelación de Forcadell a Mas: «President, posi les urnes», lanzada en la última Diada y repetida semanas después en un mitin de la ANC y Òmnium para forzar a los partidos a seguir adelante con la consulta y a convocar elecciones inmediatamente. Pero el ultimátum contrariaba los planes de CDC, que temía los efectos electorales de la confesión de Pujol y quería ganar tiempo ante la pujanza de ERC tras las europeas. Artur Mas solo estaba dispuesto a poner las urnas si lograba que Junqueras aceptase una lista unitaria. El batacazo de 2012 le hacía desconfiar de repetir la jugada en solitario. En la conferencia del 25 de noviembre en el auditorio del Fòrum, expuso el plan que en grandes líneas acabaría imponiendo unos meses después a ERC: unas plebiscitarias con una lista unitaria de partidos, pero integrada por personalidades del mundo civil soberanista, para proclamar la independencia en dieciocho meses. Mas aceptaba que la CUP concurriese en solitario, pero exigía que hubiera una lista independentista con la suficiente fuerza para lograr mayoría absoluta. O juntos o nada, le decía a ERC. Cundía el desconcierto entre las bases independentistas y la sensación de que se estaba dejando pasar el momentum después del éxito del 9-N.

A mediados de enero, Mas y Junqueras, enormemente presionados por las entidades y los medios soberanistas, llegaron a un acuerdo para apaciguar la tensión. El primero hizo un preanuncio de elecciones plebiscitarias para el 27 de septiembre y el segundo se comprometió a aprobar los presupuestos de 2015, y ambos aceptaron compartir la misma hoja de ruta independentista. Por el momento, ERC había conseguido mantener su exigencia de ir en listas separadas, pero las espadas seguirían en alto hasta ver qué ocurría en las municipales de mayo. Los republicanos confiaban en convertirse en la primera fuerza catalana, mientras que los convergentes aspiraban, sobre todo, a conservar la alcaldía de Barcelona, que, después de treinta y dos años en la oposición, habían logrado conquistar en 2011 con Xavier Trias, razón por la cual CDC evitó precipitar la cada vez más inevitable ruptura con UDC. Sin embargo, el resultado del 27 de mayo defraudó a ambos. CiU obtuvo más concejales y más votos que nadie, alcanzando el 21,4 por ciento de los votos, seguido del PSC (17 por ciento) y ERC (16,3 por ciento), pero en Barcelona, la activista Ada Colau, al frente de una coalición de izquierda alternativa, arrebató la alcaldía a Trias. El mundo independentista entró en estado de shock. Perder la capital a manos de una heredera del 15-M no entraba en sus planes. El eje social podía entrometerse peligrosamente a las puertas de las plebiscitarias. El nuevo escenario reforzó el plan de Mas de formar una candidatura unitaria. Finalmente, en julio, se presentó la coalición Junts pel Sí (J×Sí), pero con una importante sorpresa, fruto de unas negociaciones extenuantes. Mas no encabezaba la lista, sino que figuraba en cuarto lugar, tras el exeurodiputado de ICV Raül Romeva y las líderes de las entidades soberanistas Carme Forcadell y Muriel Casals, pese a que el acuerdo pasaba por investirlo igualmente president. Una contradicción que se salvó con la excusa de que se quería dar el protagonismo a los representantes civiles que se situaban al frente de la candidatura, cuando en realidad pesaron otros dos argumentos: diluir la rivalidad entre Mas y Junqueras y evitar que las acusaciones de corrupción que pesaban sobre CDC recayeran sobre toda la coalición de J×Sí.

En cualquier caso, la convocatoria electoral plebiscitaria, anunciada en enero, con ocho meses de anticipación, era insólita y adolecía de una deliberada falta de neutralidad en la elección de la fecha. El 27 de septiembre era el día que Mas había firmado, un año antes, el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, y el pistoletazo de salida para pedir el voto empezaba justamente el emblemático 11 de septiembre. No solo el marco simbólico estaba pensado para beneficiar a J×Sí, sino que la campaña iba a desarrollarse en medio de un puente vacacional para muchas ciudades del área metropolitana: la fiesta patronal de la Mercè. La suma de todos estos factores solo podía beneficiar la movilización independentista e inducir, por el contrario, a la abstención en el campo constitucionalista. Sin embargo……

Una decepción camuflada

El 27-S fueron a votar 460.000 nuevos electores, con respecto a las autonómicas de 2012, de los que un 61,7 por ciento votaron a partidos no independentistas, principalmente a Ciutadans, que pasó de 9 a 25 diputados, convirtiéndose en la primera fuerza de la oposición. La participación aumentó en un 7,3 por ciento (del 67,7 al 75 por ciento) y evitó que el separatismo alcanzase la mitad más uno de los sufragios en unas elecciones que fueron convocadas con ese objetivo. En definitiva, el plebiscito independentista en forma de elecciones fracasó, con menos de la mitad de los votos, mientras que la lista unitaria de J×Sí no solo se quedó lejos de la mayoría absoluta, con 62 diputados sobre 135, sino que pasó a depender de los diez representantes de la CUP para elegir president y aprobar presupuestos.

El resultado del 27-S supuso una decepción en el secesionismo y profundizó la etapa de desconcierto. No solo era imposible esgrimir un mandato democrático («hemos perdido el plebiscito», reconoció el cupaire Antoni Baños esa noche), sino que los anticapitalistas amenazaban con tirar a Mas «a la papelera de la historia». Tras constituir el nuevo Parlament y elegir a Forcadell como presidenta de la cámara, J×Sí y la CUP aprobaron una declaración que suponía una explícita ruptura con el orden constitucional y en la que confirmaban la voluntad de alcanzar la independencia en dieciocho meses poniendo en marcha un confuso proceso constituyente. Mas creyó que con esa resolución podía diluir las reticencias de los anticapitalistas hacia su persona y lograr ser elegido en segunda vuelta. Pero la CUP se mantuvo firme en su negativa y, tras una investidura fallida, se puso en marcha el reloj para convocar nuevas elecciones.

Después de semanas de pressing mediático y de algunas votaciones rocambolescas en los órganos asamblearios de la CUP, el adelanto electoral parecía inevitable, hasta que, en el último momento, Mas decidió dar un pas al costat y nombrar a un desconocido alcalde de Girona, Carles Puigdemont, como sucesor. Al tratarse de un separatista patanegra, que presidía desde julio la influyente Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y mantenía buenas relaciones personales con algunos dirigentes anticapitalistas, como con el diputado por Girona Benet Salellas, su elección estaba garantizada. En su investidura, el candidato se comprometió a implementar la resolución parlamentaria de noviembre. En el nuevo Govern, Junqueras asumió la vicepresidencia y la consejería de Economía, mientras que Romeva se hizo cargo de Asuntos Exteriores, una consejería inexistente con la que se pretendía dar un salto en la internacionalización del procés.

Pese a haber evitado la decepción enorme que hubieran supuesto unas nuevas elecciones, el desconcierto entre el independentismo se agudizó en mayo con el rechazo a los presupuestos de 2016 por parte de la CUP. Eran las primeras cuentas de Junqueras e incluían un aumento en el gasto social tras superar los años más duros de la crisis. Pero los anticapitalistas querían desobedecer el objetivo del déficit que imponía el Estado, saltarse la anulación que el Constitucional había efectuado sobre algunas leyes que podían suponer un aumento en la recaudación de impuestos propios, así como revertir las privatizaciones anteriores y los recortes sociales. La CUP estaba nuevamente a punto de hacer descarrilar al procés no sin antes abrir una crisis dentro de la propia formación anticapitalista entre la facción más ultranacionalista (Poble Lliure) y la izquierdista (Endavant).

Puigdemont reaccionó ganando tiempo, anunciando que iba a someterse a una moción de confianza a finales de septiembre. Solo aceptaría el apoyo de la CUP si después se aprobaban también los presupuestos; en caso contrario se convocarían elecciones. El conjunto del independentismo abrió un debate que en realidad poco tenía que ver con las cuentas y mucho con la impracticable hoja de ruta de los 18 meses. En síntesis, pretender declarar la independencia sin llevar a cabo un referéndum era una quimera porque los resultados del 27-S no lo avalaban, aunque públicamente nadie quisiera reconocer esa falta de legitimidad democrática. La idea de un proceso constituyente con el que suplir ese déficit sumando a los comunes tampoco había cuajado. Pero cambiar no era fácil porque los líderes de J×Sí habían afirmado repetidamente que con una mayoría absoluta de diputados era suficiente. Entre tanto, la repetición de las elecciones generales españolas el 26 de junio confirmaba que su interlocutor en la Moncloa seguiría siendo Rajoy, maestro del quietismo.

En parte como respuesta a la exigencia de la CUP de que en los presupuestos hubiera partidas dedicadas a la desobediencia y ante la imposibilidad de articular un proceso constituyente, durante el verano tomó fuerza la propuesta de volver al referéndum. Aunque algunos diputados de J×Sí, como Germà Bel, consideraban que se trataba de una pantalla ya superada, difícil de ejecutar por la oposición del Estado y que sufriría el boicot activo del unionismo, Puigdemont acabó haciendo suyo el referéndum (esta vez, vinculante y con una sola pregunta), convirtiéndolo en el auténtico salvavidas del procés. Con gran olfato periodístico, supo resumir su intervención en el Parlament con el imperativo «referéndum o referéndum». Y eso pese a que, como mecanismo decisorio, estaba siendo profundamente desacreditado bajo la acusación de alimentar la dinámica populista tras el referéndum sobre el Brexit celebrado en junio de ese año.

INSURRECCIÓN

En otoño, los partidos y entidades separatistas volvieron a compactarse detrás de la idea del referéndum, mientras que el Govern repetía que se estaban preparando las estructuras de Estado para materializar la secesión, particularmente en materia tributaria, cuando entrase en vigor una futura normativa ad hoc que dio en llamarse Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. En definitiva, se trataba de repetir el desafío al Estado del 9-N, pero esta vez para legitimar la ruptura completa con el orden constitucional tras la más que previsible victoria secesionista en el referéndum que el constitucionalismo rechazaba en bloque.

Al Pacte Nacional pel Dret a Decidir le sustituyó el Pacte pel Referèndum y para hacer de portavoz se buscó a un exdiputado socialista díscolo, Joan Ignasi Elena. Se adhirieron nuevamente miles de entidades, entre ellas el F. C. Barcelona, los sindicatos o las universidades, y se desarrolló una intensa campaña de recogida de firmas individuales con anuncios en medios, autobuses y vallas publicitarias que culminó el día de Sant Jordi. Como en tantas otras ocasiones, jamás se explicó quién sufragaba tan cuantiosos gastos. A lo largo del primer semestre de 2017, la propuesta de referéndum fue acompañada de actos propagandísticos no solo en Cataluña, sino también en diversas capitales extranjeras: seminarios con un barniz académico en algunos centros universitarios, entrevistas y reportajes en numerosos medios internacionales, y la constitución de grupos de apoyo con diputados británicos, daneses o finlandeses, que buscaron un pronunciamiento de sus Parlamentos a favor de la causa soberanista catalana. Todo ello gracias a la bien financiada maquinaria del Diplocat.

En febrero, la Consejería de Economía afirmaba que a partir del 1 de julio dispondría de la capacidad técnica para cobrar «todos los impuestos» y que se estaba elaborando una base de datos fiscales «con decenas de fuentes de información, pero amparándose en la ley». Al menos, eso es lo que declaró el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, hombre de la máxima confianza de Junqueras. Las declaraciones respondían al escándalo protagonizado poco antes por el senador de ERC Santi Vidal, que se jactaba, en un acto de la ANC, de que la Generalitat estaba obteniendo de forma «ilegal» los datos fiscales de todos los catalanes. La polvareda le costó el cargo y dio pie a una investigación judicial que, con el tiempo, fue ampliándose a diversos aspectos de la creación de las estructuras de Estado y que acabó con el registro de la Consejería el 20 de septiembre y la detención de Salvadó y de Josep M. Jové, secretario general de la Vicepresidencia. Meses después, cuando se levantó el secreto del sumario, se desvelaron una serie de conversaciones telefónicas en las que Salvadó reconocía que materializar la independencia al día siguiente del referéndum era inviable. Sin embargo, ERC rehusó explicárselo a los otros socios de J×Sí por razones de rivalidad política. La estafa del procés no podía revelarse.

Entre tanto, en el frente judicial, los avisos del Constitucional al Govern y a la Mesa del Parlament se fueron acumulando, así como los incidentes de ejecución y las querellas de la Fiscalía. Hasta abril de 2017, Puigdemont y los miembros de su ejecutivo habían recibido cinco notificaciones, la última relativa a las partidas presupuestarias relacionadas con el referéndum. La actitud desafiante del president se hizo viral en las redes sociales, cuando se fotografió exhibiendo, colocadas bajo un cuadro de Antoni Tàpies titulado Catalunya Endavant, las sucesivas requisitorias judiciales en las que se le advertía de las posibles consecuencias penales.

El Govern del referéndum

Cuando, a principios de junio, el Govern fijó el 1 de octubre como fecha para el referéndum y anunció la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?», el procés ya no podía más que precipitarse hacia la unilateralidad o descarrilar por una nueva crisis entre los actores. El 3 de julio, Puigdemont cesó al conseller de Empresa Jordi Baiget, miembro del PDeCAT y secretario del Govern entre 2012 y 2016, por unas explosivas declaraciones en las que criticaba que solo una parte del Ejecutivo participase en las decisiones del «núcleo duro» del procés. En ellas también ponía en duda que el referéndum pudiera realizarse y situaba una línea roja en el riesgo para su patrimonio personal, aludiendo a la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra Mas y algunos de sus exconsellers por la celebración del 9-N en la que se les pedía 5,2 millones de euros.

Pero la crisis del Govern no acabaría aquí, sino que se profundizaría en ella poco después con cambios en tres consejerías en manos del PDeCAT. Neus Munté sería sustituida en Presidencia y como portavoz del Govern por Jordi Turull. En Interior, Jordi Jané, poco dispuesto a un escenario de choque entre policías, fue relevado por Joaquim Forn. Y Meritxell Ruiz, al frente de Enseñanza, daría paso a Clara Ponsatí para garantizar la apertura de los colegios el 1-O. Dimitió también el secretario del Govern, Joan Vidal, y, días después, el director de los Mossos, Albert Batlle. La crisis sirvió para que el PDeCAT, todavía bajo la tutela política de Artur Mas, cerrase filas ante la amenaza de Junqueras de precipitar un adelanto electoral si se expresaban más dudas sobre el referéndum. De nuevo, la subasta. La CUP celebró la salida de los consellers «autonomistas».

Septiembre y octubre en perspectiva

Los hechos de septiembre y octubre de 2017 son de una enorme intensidad, y nos falta todavía información sobre la intrahistoria de algunas decisiones. Y, sin embargo, la pregunta fundamental para tratar de ordenar y resumir lo sucedido es solo una: ¿qué estrategia siguió realmente el Govern Puigdemont y qué pretendió hacer después del 1 de octubre? Porque lo que salta a la vista es que los líderes separatistas no hicieron aquello que tan enfáticamente habían prometido. Ni declararon realmente la independencia ni pusieron rumbo hacia la República catalana. Y eso que para aprobar las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica no habían tenido reparo en violar, los días 6 y 7 de septiembre, el reglamento del Parlament, en desoír a sus letrados y los consejos del Consell de Garanties Estatutàries, amén de desobedecer nuevamente al Constitucional. El antiguo sindicalista y diputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) Joan Coscubiela encarnó, en una intervención que fue muy aplaudida, el sentir de todos los partidos de la oposición ante tal atropello a sus derechos.

Pero esa desorientación posterior de los líderes independentistas contrasta con la determinación con la que anteriormente habían sorteado la actuación de la Fiscalía y el mandato judicial que obligaba a impedir el referéndum. Días antes del 1-O, la Generalitat abrió sucesivas páginas que informaban sobre la votación, ubicadas en servidores extranjeros, y desde la cuenta Twitter de Puigdemont se difundió una aplicación en la que los ciudadanos podían consultar, tras introducir algunos datos personales, el colegio electoral asignado. La misma determinación para burlar al Estado llevó a la dirección de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero al frente, a desatender el mandato judicial de impedir el referéndum. Gracias a todos esos factores y a una «operación urnas» en la que participaron clandestinamente miles de voluntarios,[5] los separatistas obtuvieron el 1 de octubre unas imágenes impagables para su causa, las que en realidad deseaban provocar: la Policía Nacional y la Guardia Civil, con unidades especiales traídas de toda España, haciendo uso de la fuerza ante unas multitudes que en la mayoría de los casos oponía una resistencia pasiva.

Todavía bajo el fuerte impacto emocional de esa jornada, la vaga de país del 3 de octubre catalizó la protesta contra el Gobierno español y musculó aún más el apoyo a la causa separatista, sobre todo entre los jóvenes. Aunque el paro fue en realidad un cierre patronal en la Administración y la enseñanza, afectó de manera considerable al transporte, los servicios y el comercio. La Casa del Rey anunció una declaración televisada del jefe del Estado aquel día, por lo que algunos pensaron que el monarca podría apelar a alguna clase de diálogo. Pero Felipe VI dejó claro en un contundente discurso que el orden constitucional no era objeto de negociación e instó a todos los poderes del Estado a poner fin a la intentona secesionista.

Justo cuando los dirigentes separatistas pensaban que estaban ganando el pulso ante la enorme repercusión internacional del 1-O y las señales de preocupación por la crisis en Cataluña que llegaban de la Unión Europea, fue cuando perdieron la iniciativa y se hizo evidente la falta de un liderazgo claro dentro del grupo rector. El llamado «estado mayor del procés» —formado por Puigdemont y su sanedrín, el Govern, dirigentes del PDeCAT, ERC, la AMI, representantes de la ANC y Òmnium, y algunos estrategas de Junts pel Sí a título individual, como el empresario de la comunicación Oriol Soler— se adentró durante la primera quincena de octubre en un laberinto de incoherencias que acabó en un falsete de DUI el 27 de octubre como respuesta a la aplicación anunciada del artículo 155.

Sin embargo, a principios de octubre, inmediatamente después del referéndum, Puigdemont tenía dos opciones mucho más coherentes. En primer lugar, proceder a proclamar la independencia, de acuerdo con lo dispuesto en su propia legalidad, aun a riesgo de generar un escenario de choque más violento. En su favor estaba la posibilidad de que una parte de los Mossos se sumara a la rebelión y la movilización segura de miles de activistas, siguiendo las instrucciones de la ANC, Òmnium o de los nuevos CDR, que hubieran acudido a defender posiciones estratégicas (desde sedes gubernamentales hasta el aeropuerto). Eso era lanzarse por la pendiente insurreccional y hubiera desembocado en un enfrentamiento civil entre catalanes y tal vez en un baño de sangre. Un escenario horroroso y muy difícil de gestionar para el Estado, pero que hubiera convertido el conflicto en un problema europeo. Afortunadamente, no ocurrió, pero nunca sabremos lo cerca que estuvimos del peligro.

En segundo lugar, si Puigdemont no se atrevía a hacer la DUI porque era consciente de que no había nada preparado para hacerla efectiva ni la correlación de fuerzas entre el Estado y la Generalitat tenía punto de comparación, como confesó la noche del 25 de octubre en la reunión del estado mayor del procés, lo lógico por su parte hubiera sido reconocer que de la votación del 1-O no se derivaba ningún mandato popular. Se lo habían dicho sus presuntos observadores internacionales, los que Romeva reclutó en The Hague Centre for Strategic Studies. En consecuencia, siendo evidente que al proceso independentista le faltaba legitimidad democrática, la única salida era convocar elecciones desde una posición de fuerza. Una jugada hábil en las especiales circunstancias de la primera semana de octubre que muchos políticos independentistas han coincidido después en señalar como la mejor opción para sus intereses.

Posición perdedora

Como sabemos, no hicieron ni lo uno ni lo otro y, en cambio, Puigdemont apostó por una mediación internacional a todas luces imposible porque ni el Gobierno español quería ni ninguna presión exterior lo obligaba a ello. El momento clave en el que el president perdió la iniciativa política fue en la sesión parlamentaria del 10 de octubre, cuando suspendió una independencia que nadie entre los mil periodistas acreditados para la ocasión supo entender si había sido declarada o no y que supuso una gran decepción para el entusiasta público que, en la calle o frente al televisor, esperaba una proclamación de verdad.

Lo cierto es que en esa fecha el separatismo ya se encontraba en una posición perdedora. Aun así, al día siguiente, el conseller de Interior, Joaquim Forn, hizo unas inquietantes declaraciones —«Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá choque de policías»— que reflejan cuán peligrosamente desorientados estaban muchos dirigentes separatistas. No olvidemos que, entre tanto, habían pasado dos hechos muy relevantes. Primero, la estampida financiera y empresarial que empezó a hacerse pública el día 4 con una huida de depósitos galopante que afectó a las dos principales entidades bancarias catalanas; frente a los mitos del secesionismo, la economía votó con los pies en contra de la DUI, emitiendo señales de gran alarma. Segundo, la multitudinaria manifestación constitucionalista del domingo 8 organizada por Societat Civil Catalana, que supuso la confirmación de que el conflicto no era entre Cataluña y España, sino entre catalanes, y que los contrarios a la secesión no pensaban resignarse.

A partir de ese momento, los líderes soberanistas entraron en una situación de parálisis. Y eso que el 16 de octubre se produjo otro momento fuertemente emotivo, de protesta más allá del espacio independentista, con la entrada en la cárcel de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que hubiera podido ser la excusa para adoptar cualquier decisión en un sentido u otro. Pero los actores del procés estaban prisioneros, incluso en circunstancias tan críticas como aquellas, de la subasta interna entre partidos y de una desconfianza mutua y cada vez mayor entre el president y el vicepresident. Solo así se explica que ERC anunciara la mañana del jueves 26 que dejaba el Govern si Puigdemont convocaba elecciones, cuando la noche antes, Junqueras, en la antes citada reunión del Palau, había aceptado esa decisión ante el callejón sin salida político y judicial que ya los amenazaba. Un tuit de Gabriel Rufián llamando Judas a Puigdemont («155 monedas de plata»), las amenazas de romper el carnet de algunos diputados del propio PDeCAT junto a las tensiones enormes dentro de J×Sí, la ira de la CUP y sus juventudes (Arran) o las acusaciones de traidor que los estudiantes gritaron contra el president y su partido en la plaza de Sant Jaume dieron la vuelta a la situación. Por la tarde, Puigdemont justificó su rectificación alegando que el Gobierno español no había dado garantías de nada. El conseller Santi Vila, muñidor de un intento de mediación entre la Moncloa, algunos empresarios catalanes y el lendakari Íñigo Urkullu para evitar la aplicación del 155 a cambio de que se convocaran elecciones autonómicas presentó la dimisión en desacuerdo con ese cambio de parecer.[6] A primera hora de la tarde del viernes, J×Sí y la CUP votaron en el Parlament una DUI que todos sabían que era testimonial.

En realidad, el 27 de octubre de 2017 no pasará a la historia por esa confusa declaración de independencia, sino porque ese día se puso punto final al procés, pues ni se implementó la República ni se arrió la bandera española de la Generalitat ni llegó desde el exterior ningún tipo de reconocimiento internacional. Los últimos días de octubre fueron vividos por los independentistas de a pie con un profundo desconcierto.[7] Los consellers cesados desaparecieron y solo Puigdemont lanzó el sábado un críptico mensaje desde Girona, donde se le vio comer y pasear. El domingo, otra manifestación constitucionalista llenó Barcelona, celebrando esta vez la aplicación del artículo 155 y la convocatoria por parte de Mariano Rajoy de elecciones autonómicas el 21 de diciembre (el grito «Puigdemont, a prisión», predominante en la primera manifestación, fue sustituido por el satisfecho «Votarem, votarem»). El lunes 30 por la mañana se supo que el depuesto president había huido a Bélgica, mientras la Fiscalía presentaba dos querellas por delitos de sedición, rebelión y malversación contra el Govern cesado y los miembros de la Mesa del Parlament que habían participado en la resolución independentista.[8] El día 2 de noviembre todos los exconsellers, excepto los cuatro que decidieron quedarse en Bruselas con Puigdemont, entraron en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. La vía unilateral no solo había fracasado, sino que para los protagonistas del procés se iniciaba un duro camino judicial.

En definitiva, y para concluir, en los momentos más críticos y determinantes del procés, el separatismo no tuvo otra estrategia que la de jugar a asustar al Estado con movilizaciones, votaciones, situaciones coercitivas (como la que se produjo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre) y amenazas verbales de desconexión. Es lo que las palabras de la ex consellera Clara Ponsatí han descrito tan gráficamente como «jugábamos al póquer pero íbamos de farol». Sus líderes no llevaron a cabo un plan consecuentemente insurreccional, fueron prisioneros de la sobrepuja interna constante y víctimas de su propio autoengaño sobre una mediación que nunca iba a llegar. El fracaso de la vía unilateral era previsible en un marco europeo donde prevalece el Estado de derecho y la democracia no se entiende al margen de las leyes. Ahora bien, el colapso insurreccional no se contradice en absoluto con el hecho evidente de que el independentismo ha llegado para quedarse, política y emocionalmente, y que se ha convertido en un factor estructural que va a seguir condicionando la vida pública catalana y española los próximos años.

Encuentros en las primeras fases

El procés antes del procés

JORDI AMAT

El ciclo político que coloquialmente nos hemos habituado a denominar procés se ha convenido que celebró su puesta de largo entre la noche del 10 de septiembre de 2012 y la del 11 del mismo mes. No lo veo tan claro. Según esa interpretación, el procés empezó con el discurso institucional del president Artur Mas en el Palau de la Generalitat que, como cada año, fue retransmitido por TV3 y en el que explicitó su apoyo a la manifestación que se celebraría el día después. Al cabo de veinticuatro horas, el procés acabó de festejarse con otro gesto televisado no menos relevante y escenificado también en el seno de las instituciones del autogobierno: la democristiana Núria de Gispert —la presidenta del Parlament, es decir, la segunda autoridad del país— se fundió en un abrazo emocionado con la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, en el Palau del Parlament. La ANC —una entidad ideada por figuras del independentismo histórico, surgida para la movilización, que agrupaba iniciativas dispersas y que, a pesar de haber sido creada hacía apenas pocos meses, contaba ya con una estructura moderna y territorialmente solidísima— había sido la organizadora de la multitudinaria manifestación independentista que a lo largo de toda esa tarde había desbordado las calles del centro de Barcelona.

A mí modo de ver, dicha alianza —instituciones, organizaciones activistas y dos millones de personas movilizadas (en las calles y en las urnas)— ha caracterizado el procés en su penúltima fase. Ha sido, sobre todo, un movimiento. Ha consistido en la interacción entre élites gubernamentales y una parte de la ciudadanía que durante un lustro ha sido recurrentemente movilizada por organizaciones de masas —sobre todo, la ANC y Òmnium Cultural— que conquistaron una enorme influencia tanto social como política con gran rapidez y cuyos dirigentes —hoy encarcelados— acabaron desempeñando una función paragubernamental (inequívoca desde la conformación de la candidatura de Junts pel Sí hasta la constitución informal del denominado «Estado Mayor» que organizó en parte el referéndum del 1 de octubre). Una alianza que se ha ido retroalimentando y cuyo objetivo compartido, en último término, ha sido la creación (al final, también la imposición autoritaria) de las condiciones para declarar la independencia de Cataluña. «Declararla», a efectos nominales, y poco más. Declararla, pero sin capacidad efectiva para implementarla.

Vuelvo a septiembre de 2012. El compromiso de las dos principales autoridades del Estado en Cataluña —el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament— con ese movimiento social de ruptura soft (disculpen el oxímoron, pero en este está casi todo) fue discursivo y simbólico, pero también algo más. No fueron solo gestos y palabras: «En lo que atañe al Ejecutivo, se decidió que era conveniente que esa manifestación fuese un éxito, aunque no estaba del todo en su mano que así sucediera. Pero el deseo era ese y se hizo todo lo posible.» Lo acaba de revelar Josep Martí en el libro Cómo ganamos el proceso y perdimos la República.[1] Por entonces, Martí era secretario de Comunicación de la Generalitat, es decir, un cargo de confianza en el ala oeste del Palau de la Generalitat. A lo largo de los meses que precedieron a la Diada, el Govern habría cooperado para que aquella manifestación fuese un éxito. Lo que se hizo funcionó porque el éxito de la manifestación fue apoteósico.

¿Hasta qué punto esa apoteosis fue percibida como tal —quizá, como un punto de inflexión— en el resto de España? Si la versión ortodoxa ha establecido que el procés se puso a caminar ese día con esa manifestación, no solo es necesario fijar su génesis, desarrollo e impacto en Cataluña. También es relevante calibrar cuál fue la percepción, el impacto y la recepción de dicha manifestación en el conjunto del país.

No deja de ser revelador, en este sentido, recordar el tratamiento informativo que el noticiario de referencia de Televisión Española hizo de la Diada. En lugar de abrir la edición vespertina subrayando la importancia de un episodio más que notable, porque visualizaba el gigantesco apoyo social a una alternativa de ruptura (pacífica, sí, pero rupturista al fin), la noticia se desplazó hacia el furgón de cola de los titulares. Como si lo ocurrido hubiese sido una manifestación como tantas, apenas se le dedicaron unos minutos de información. No fue una decisión inocua.

Esa elección comunicativa, que dificultaba la posibilidad de que el espectador común pudiera hacerse una buena composición de lugar para comprender la magnitud del reto político planteado (y, en consecuencia, entender que el Gobierno al menos debía considerarlo), me parece una metáfora bastante exacta del tipo de acción impulsada por los ejecutivos de Mariano Rajoy durante la práctica totalidad de este ciclo: se trataba, en público y de cara a la opinión general, de negar o minimizar la existencia de un problema para el que no se estaba pensando en una solución constructiva, pero en privado se organizó una chusca acción de guerra sucia —Interior, agencias de espionaje, medios de comunicación afines— cuya pretensión fue obtener información opaca con el objetivo de «descabezar» (verbo registrado por la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) la cúpula del procés.

¿Se gestó el procés durante aquellas veinticuatro horas del final del verano de 2012 con la visualización de aquella alianza y de aquella aparente minusvaloración? Una explicación unicausal y simplificada como esta nos llevaría a sostener que, de un día para otro, el 10 de septiembre de 2012, unos dos millones de catalanes que se habían ido a descansar sin cuestionar el modelo autonómico español se despertaron el día 12, tras haber compartido la experiencia de un momento epifánico en comunidad, convertidos en independentistas.

Y no. Vale, pero no del todo; o no solo, ni mucho menos. Una explicación tan simple distorsiona la descripción de lo que (creo) ha sido el procés. Como si solo fuera una cuestión catalana, por ejemplo. Y tampoco. La relación entre el procés y la democracia en España no es un parámetro secundario para analizar el desarrollo integral de un desafío político muy complejo y, seguramente, el movimiento social de mayor envergadura que se ha producido en Europa durante la última década. En realidad, el procés no puede entenderse considerándolo aislado, como si respondiese solo a una ensimismada dinámica catalana. Explicarlo obliga necesariamente a interconectarlo con la realidad política, social, económica y cultural de la España del siglo XXI. No es el tema que intento analizar en las páginas siguientes, lo digo ya de entrada, pero es obligado señalarlo.

Porque ese día, ciertamente, no fue un día más. Lo que sentimos que empezó con aquella manifestación del 11 de septiembre de 2012 es que se visualizó un cambio importante. Pero lo que cambió, lo que se escenificó, no se improvisó ni surgió de la nada. En aquel instante se empezó a avanzar por una senda complementaria a un camino que había empezado a recorrerse hacía ya algunos años, una senda más maniquea y claramente populista. Al iniciarse el cambio de rumbo, con la primera gran manifestación (más de tres décadas después de la última gran manifestación transversal organizada con motivo de la Diada), arrancaba una nueva fase del procés: la fase 2.

En esta fase 2 se busca acumular legitimidad estructurando un movimiento social acariciado por las instituciones y la mayoría de los medios de comunicación (los públicos y los concertados, sobre todo la radio y los medios digitales) que ha comprometido a cientos de miles de ciudadanos en un proyecto político utópico durante un momento de crisis global del sistema de representación. Un movimiento que, al no lograr establecer una conversación satisfactoria con el Gobierno de España, avanzó por una senda que, como se mostraría de una manera cada vez más descontrolada, había de desembocar en una desobediencia institucional a gran escala cuyo objetivo ha sido y es desbordar el Estado de 1978. Ahora, ya en la fase 3, el afán de desbordar el Estado ya no es procedimental (como lo fue en la primera, con la reforma del Estatuto) ni persigue acumular más legitimidad. Busca otra cosa. Más destructiva que constructiva. Tiene como objetivo poner en contradicción al mismo Estado —desde la Corona a la judicatura— para degradar su calidad democrática y así poder romperlo una vez carcomido.

El elemento de continuidad que unifica todo el ciclo, al fin, ha sido la búsqueda hasta ahora frustrada de la reconsideración de la soberanía, es decir, la revisión de la idea hegemónica de la nación española como nación unitaria o, en otras palabras, el replanteamiento de la distribución del poder por parte del Estado. Mi hipótesis de fondo es que este ciclo político, que está provocando la crisis constitucional más importante del Estado de 1978, su mutación (lo están haciendo mutar algunos jueces —no los políticos— y la aplicación del artículo 155 de la Constitución), debe pensarse también como una de las consecuencias de las distintas orientaciones no consensuadas que desde hace veinte años se han intentado dar a lo que debe ser conceptualizado ya como la «segunda transición incompleta». Para empezar, pues, viajemos a la fase prehistórica del procés, al procés antes del procés.

FASE 0. EL LARGO PROCESO

Diría que la aportación más potente del gran ensayo de historia que es Transición, del profesor Santos Juliá —una desmitificación del «régimen del 78»—, ha sido evidenciar algo olvidado: el proceso de democratización, que hizo que el Estado pasase de ser una dictadura militar a una monarquía parlamentaria y que fue posible gracias a que los reformistas franquistas activaron una dinámica legislativa que, al cerrarse el ciclo, posibilitó que el programa de mínimos compartido por la mayoría de las fuerzas de la oposición —libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía— pudiera convertirse en realidad.[2] Sobre ese programa reformista se fundamentó el periodo de libertad y prosperidad más largo y fecundo de la historia moderna de España. Ese programa se articuló a lo largo del periodo que transcurrió desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política por parte de las Cortes franquistas, en 1976 (cerrando un periodo de combustión social), hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Como consecuencia de esta última y centrándonos en el territorio que nos ocupa, se aprobaron los estatutos vasco y catalán (en 1979), a través de los cuales se empezaron a construir de manera sistemática ambos autogobiernos, en Vitoria y Barcelona, a partir de 1980 y después de la celebración de las primeras elecciones autonómicas.

En otro libro reciente, Entre tiros e historia, también magnífico, el profesor José María Portillo ha estudiado las condiciones políticas, sociales y culturales (y, por supuesto, el peso de la violencia terrorista) que se dieron para que la autonomía vasca adquiriese la forma que ha ido desplegando desde su creación en el marco del Estado de 1978. Su razonamiento de fondo parece ser el siguiente: aunque el nacionalismo vasco no logró incluir su programa esencial en la Constitución, luego usó la mención a los derechos históricos incluida en ella (disposición adicional primera: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía») para recuperar en el texto estatutario dicho programa, que hacía solo un año había quedado neutralizado. En el Estatuto de Gernika, llegada la hora de la verdad, se apeló a los fueros, pero no para construir la autonomía pivotando sobre las viejas provincias, sino que fueron reconvertidos en la catapulta jurídica para formalizar algo distinto. El salto que se dio en virtud del acuerdo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco posibilitó que el sujeto de soberanía del País Vasco no fuese el «pueblo español» ni España ni la nación española (palabras que no aparecen en el texto), sino el «pueblo vasco», que quedaba así «constitucionalizado». Fueron palabras performativas, pues a través de ellas, el Estatuto de Gernika, según Portillo, institucionalizaba «una cuasi independencia constitucional del pueblo vasco respecto de España».[3]

Muy distinta fue la letra del Estatuto de Autonomía catalán de 1979. La letra y el espíritu. Sigo con Portillo. Ya desde el preámbulo se reforzaba la premisa constitucional de que «la auténtica unidad de los pueblos de España» surgía de la libre solidaridad que las regiones y las nacionalidades establecían entre ellas. El pacto era con los pueblos, no con el Estado. Y fue a partir de ese instrumento, el Estatuto (negociado en última instancia por el Gobierno y representantes tanto del socialismo catalán —en conexión con el español— como del nacionalismo conservador), que Jordi Pujol, tras ganar de manera inesperada las elecciones autonómicas de 1980 (gracias, en buena parte, al apoyo del empresariado local) y con un partido (Convergència, coaligado con Unió) estructurado para ocupar el poder catalán (un equivalente del PNV), empezó a edificar el Estado de 1978 en Cataluña.

Pujol —un reformista de la oposición antifranquista— era un político nacionalista y actuaría como tal. No era un secreto oculto. Lo dijo él mismo al exponer por primera vez su programa de gobierno en el Palau del Parlament ante los diputados cuando iba a ser elegido president: el eje de su proyecto político era la rehabilitación de una identidad nacional —una concepción clásica de la catalanidad más bien conservadora (la que ha descrito Mariona Lladonosa en su tesis doctoral Nosaltres, els catalans)—[4] que había sido residualizada durante décadas de dictadura. El corazón del pujolismo fue este. El pujolismo de Estado edificó políticamente su idea nacionalista de «construir Catalunya» sobre tres pilares: la fundamentación de la institución de la Generalitat, la consecución de transferencias que consolidaban el autogobierno regional y la implementación de políticas de nacionalización. Ese proyecto nacionalista —más cívico que otra cosa, en buena parte heredero del consenso catalanista forjado durante la posguerra por la oposición— Pujol lo llevaría a cabo a través de un programa autodenominado de «normalización»: un programa que, en último término, pretendía alterar el ecosistema identitario en Cataluña a través de la lengua y la cultura catalanas consideradas como propias (tal y como explicitó también en aquel discurso, como lo ha estudiado Josep-Anton Fernàndez y como yo mismo he escrito a pie de página en Largo proceso, amargo sueño).

Hasta la fase 2 del procés, la que se puso de largo con la manifestación del verano del 2012, esa edificación acabó por hacer de Cataluña una comunidad autónoma que se autorrepresentaba como un «casi Estado», por decirlo con una expresión afortunada de la profesora Paola Lo Cascio. ¿Era esa una posibilidad ideada por los constituyentes? ¿Era algo concebible para ellos? Poco importa saberlo. Lo que interesa es determinar qué mecanismo del exitoso Estado del 78 posibilitó esa construcción de la autonomía catalana. Y sospecho que la explicación más plausible era el carácter abierto de la Constitución, que no predeterminaba un modelo territorial. Al empezar a funcionar la máquina, con problemas, sin duda, con tensiones, por supuesto, el modelo evolucionó sobre la marcha y funcionó. Sobre la marcha, en especial, en virtud de los pactos políticos que el nacionalismo convergente suscribió en las Cortes de Madrid para apoyar o apuntalar la mayoría gubernamental. Era la política y no el modelo lo que posibilitaba que se transfiriesen nuevas competencias a la Generalitat, y a rebufo de la Generalitat, a las comunidades autónomas que fueron surgiendo.

Más que un modelo compartido, insisto, pesaban los pactos puntuales y, sobre todo, los acuerdos de legislatura. Dicho con otras palabras: no es que las comisiones de traspaso trabajasen en un diseño del Estado territorial previamente trazado, sino que se suscribía primero el pacto entre políticos y luego la Comisión de Traspasos Estado-Generalitat —mientras funcionó, que no tardó en hacerlo a medio gas— estudiaba el modo en que podía efectuarse la transferencia. Así lo registra en sus diarios Josep Maria Vilaseca Marcet, que lo vivió como miembro de la Comisión por parte de la Generalitat en esos años fundacionales. Vilaseca dice textualmente que los políticos pasteleaban. Es una manera coloquial de decirlo. Podríamos decir al mismo tiempo que el modelo funcionaba a través de la negociación política en el mejor sentido de la palabra, una negociación que en una primera etapa tuvo como hito el traspaso de las competencias de educación a la Generalitat (también Vilaseca lo anotó en su agenda).

Intuyo que esa mecánica de descentralización del poder del Estado es la que, pronto, en la agonía cainita del último Gobierno de Adolfo Suárez, pretendieron abortar los acuerdos suscritos entre la UCD y el PSOE, contrarios a la valoración de las transferencias pactada por dos viejos amigos y catedráticos de economía: el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y el conseller de Economía, Ramon Trias Fargas, que lo razonaría en el ensayo de culto Narració d’una asfíxia premeditada (1985).

Para hacer frente a dicha ofensiva, distintas personas cualificadas —valdrían Josep Benet (lo formuló en la moción de censura que presentó a Jordi Pujol), Enric Argullol o Miquel Roca— pensaron que la Generalitat debía dotarse de un organismo a través del cual elaborar doctrina para defender un modelo territorial abierto para el Estado del 78. Dicho organismo fue el Centre d’Estudis Autonòmics y su primer director fue Vilaseca Marcet. Al tiempo que se creó este centro, la Generalitat creó otro organismo cuya función era impulsar una serie de investigaciones históricas con el propósito de elaborar un relato autonómico de la historia de la Cataluña contemporánea. Ese organismo fue el Centre d’Història Comtemporània y su primer director fue precisamente Josep Benet. Antes, y no es ni mucho menos un asunto menor, desde la Generalitat, de cierta manera alegal, se aceleró la creación de la televisión autonómica TV3, que ya funcionaría a pleno rendimiento (incumpliendo siempre su propio presupuesto) antes de la convocatoria de las segundas elecciones autonómicas (que dieron, por primera vez, la mayoría absoluta a Jordi Pujol).

Tras un tiempo de relativa guerra fría entre los gobiernos de Barcelona y Madrid (guerra que a escala local e institucional se reproducía también entre la Generalitat y el Ayuntamiento socialista de Maragall), en el tramo central de la década de los noventa, la edificación del autogobierno en Cataluña se aceleró. Cuando tanto Felipe González como José María Aznar necesitaron el apoyo parlamentario convergente para poder gobernar (uno como el otro abrieron la puerta de sus gobiernos a ministros nacionalistas catalanes), Jordi Pujol pudo actuar como el virrey (por usar el título de la biografía que en 1994 le dedicó José Antich, seguramente, por entonces, su periodista de cabecera y que en aquel momento pasó del diario El País a La Vanguardia). Tras una decrépita etapa final del felipismo, carcomido por la corrupción y el ataque implacable de una nueva derecha descarada, Aznar llegó al poder con la voluntad de liderar una segunda transición (por decirlo ahora con el título de su libro, también de 1994). No me parece baladí subrayar que precisamente durante la Transición, y en relación al modelo territorial, un joven Aznar había sido crítico con el proceso de cambio tal y como se estaba desarrollando: «una auténtica marea de reivindicaciones regionalistas nos acosan sin que sepamos a ciencia cierta cuáles serán los límites que hayan de ponerse a las mismas», había escrito en 1979. ¿Pesó esa visión contrarreformista en su acción presidencial? Durante la primera legislatura, Aznar tuvo hibernando la implementación de las políticas del cambio de ciclo.

En ese contexto, Pujol pensó que tal vez la orientación del cambio español la podía trazar el nacionalismo catalán, cumpliendo así con la función histórica que desde sus orígenes se había autootorgado el catalanismo como factor de regeneración española. Esa orientación pujolista, expuesta tras la firma del Pacto del Majestic, no debía articularse en torno a la reforma del Estatuto porque tal reforma era uno de los acuerdos implícitos de dicho pacto. Y, por tanto, Pujol ofrecía una reorientación del modelo territorial sin pecado concebida dentro del ordenamiento constitucional vigente. La elaboración de esa propuesta la pilotó Enric Argullol desde el Centre d’Estudis Autonòmics, pero no fue considerada.

No lo fue porque parar el despliegue de la Constitución era para el PP el núcleo duro de su propuesta de cambio de cultura política y la consolidación de una nueva hegemonía: el frente constitucional que articularía una idea de España para ganar en primera instancia la guerra a los asesinos de ETA, pero también para deslegitimar a los nacionalismos periféricos y así, como si se tratase de una carambola, resucitar la idea de una España única que es indisociable a la naturaleza del nacionalismo español. A esa operación se sumaron las élites económicas beneficiadas por la privatización de las empresas públicas. Fue el periodo de la «turboeconomía», la burbuja y el despilfarro, cuando la Unión Europea todavía transfusionaba los fondos de competitividad. A esa fiesta también fue invitado el nacionalismo moderado catalán. Aznar ofreció a Pujol que políticos convergentes ocupasen carteras ministeriales relevantes en su Gobierno. Y esa oferta política tampoco fue considerada. ¿Por qué? La experiencia histórica le decía a Pujol que la entrada de políticos de la Lliga en los gobiernos agónicos del final de la Restauración había resultado nefasta tanto para el partido hegemónico del catalanismo del primer cuarto del siglo XX como para el autogobierno. Pero esa razón histórica no es suficiente para explicar su negativa contumaz. Un pacto hasta las últimas consecuencias, me dijo en una ocasión, le ataba las manos para proseguir con su estrategia negociadora. Diría también que él, más un líder nacionalista que un hombre de Estado, creía que su nación perdía si se comprometía hasta el final en la gobernabilidad general de España.

Digamos que todos tenían sus razones interesadas para rechazar las ofertas recibidas. Y con el rechazo, la petrificación. La evolución del modelo territorial, tal y como se había ido desarrollando desde la fundación del Estado de 1978, se bloqueó. Esa, en cualquier caso, es la mala idea que lancé en La conjura de los irresponsables y que no ha sido desmentida. Por ahora…

FASE 1. SEGUNDA TRANSICIÓN. LA OTRA.

La propuesta de desbloqueo catalana fue la reforma del Estatuto de Autonomía. Una propuesta más táctica que estratégica (más pensando en el desgaste del rival que en la forja de un nuevo consenso). Y no era una propuesta cualquiera. Porque ¿qué es un Estatuto de Autonomía? Según el Diccionario de la RAE, una «Ley especial básica para el régimen autónomo de una región, dictada por el Estado de que forma parte»; según el Diccionari de la llengua catalana (DIEC), un «marc legal d’autogovern de comunitats nacionals o regionals que formen part d’un estat». Ni los diccionarios son inocentes: mientras que la Real Academia otorga al Estado la potestad de administrar el régimen autónomo, el diccionario del Institut d’Estudis Catalans no especifica quién lo fija y da esplendor. Además, mientras que este último distingue entre comunidad nacional y regional, el primero solo alude a la regional. Podrían parecer simples diferencias de matiz, menores, pero diría que ambas definiciones son trasunto también de concepciones políticas sobre cómo se institucionaliza territorialmente el Estado. Y en esas diferencias de concepción anidaría un conflicto que acabó transmutado en el nudo de una crisis constitucional.

Insisto, no era una propuesta cualquiera. En alguna ocasión, el Jordi Pujol president había confesado que él no se atrevía a proponer dicha reforma —la renovación de esa ley especial, de ese marco legal— por dos motivos: porque era consciente, fruto de su experiencia, de que al ponerla en marcha se iniciaba un proceso que no sabía adónde podía llevar, y que además no podría controlar; y, por otro lado, porque si activaba una reforma, sabía que tendría que ser muy ambiciosa, no cosmética, una reforma que posibilitara el blindaje y reforzamiento del autogobierno al cuadrado. Y como Pujol se había negado a impulsar esa reforma (dijo un no rotundo cuando Josep-Lluís Carod-Rovira le exigió un posicionamiento nítido), la oposición de izquierdas en el Parlament empezó a madurar la idea. ¿Con qué objetivo? Táctico: proponer una alternativa catalanista —el catalanismo ha sido el movimiento político y cultural en torno al cual el grueso de la ciudadanía, cuando ha podido, se ha sentido representada— a un pujolismo que parecía invencible.

Pero la idea tampoco fue únicamente una mera improvisación electoralista. La de la reforma del Estatuto había sido una hipótesis de trabajo que a lo largo de la última legislatura pujoliana, en una comisión parlamentaria creada específicamente para pensar el autogobierno, había ido lubricando la confluencia de los partidos de izquierda que constituirían el Tripartit tras las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003. Al fin, para no quedar descolgada, Convergència se había incorporado a esa ponencia, tal como contó Josep Maria Vallès, que estaba allí, en el sólido ensayo Una agenda imperfecta.[5] Al fin, tras esas elecciones de finales del 2003, se puso en marcha el proceso de reforma estatutaria. Para mí, el procés empezó entonces. Su primera etapa empezó cuando el grueso del catalanismo político, que había participado de manera constructiva en la Transición, inició una operación de replanteamiento de la arquitectura constitucional del Estado usando la preparación de un nuevo Estatuto como palanca para forzar dicha evolución.

Durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE y líder de la oposición en el Parlamento de Madrid, había adquirido un compromiso en público: «Apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlament de Cataluña», dijo una noche en el Palau Sant Jordi ante un auditorio militante, cómplice y enfervorecido. Todo el proceso de reforma, iniciado en virtud del pacto de legislatura suscrito por las fuerzas de izquierda catalanistas que constituyeron el Tripartit (el denominado Pacto del Tinell), quedaría cautivo de aquel eslogan. La idea del nuevo Estatuto se planteó, así, no como un proyecto compartido entre las instituciones de autogobierno y el Estado central, sino como una propuesta de regeneración institucional asociada solo a la izquierda española y, por tanto, a escala nacional, era y sería motivo de confrontación entre populares y socialistas en los viejos tiempos de consolidación plena del bipartidismo de la segunda Restauración.

La primera versión del Estatuto —una versión que, según los actores del momento, ya era de máximos— la había puesto negro sobre blanco quien acabaría por convertirse en el jurista del procés: Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, que fue nombrado presidente del Institut d’Estudis Autonòmics. Ya desde ese momento, cumpliéndose en su día lo señalado por Pujol, se evidenció que la reforma iba a ser muy ambiciosa. Luego, la segunda versión quedó en manos no del Govern Maragall, con el Palau de la Generalitat incapacitado para poder controlar un proceso que a los socialistas se les iría escapando de las manos, sino de la ponencia parlamentaria. La única excepción fue la reforma del modelo de financiación asociado al Estatuto, que quiso controlar Antoni Castells en tanto que conseller de Economía. Pero el resto se negociaba en la ponencia parlamentaria, donde las fichas de juego tenían un valor distinto: puesto que el texto debía ser aprobado por una mayoría cualificada, no por una mayoría simple, no habría reforma sin un consenso más amplio que el de la mayoría gubernamental, y CiU —el partido con mayor número de escaños en la cámara— era un actor principal.

¿Cómo participaría Convergència —un partido transversal creado para controlar el poder político catalán— en el proceso de reforma? En una de las reuniones a puerta cerrada entre los líderes de los partidos, Pasqual Maragall, para crear el necesario clima de complicidad personal que posibilita el surgimiento de un clima de consenso parlamentario, quiso seducir a Artur Mas para que fuera leal a la idea de la reforma del Estatuto. Cuando el president acabó su exposición, según me contó uno de los presentes, la respuesta del líder de la oposición fue muy sincera: «¿Yo qué sacaré de esto?». Y Convergència —el partido que había ganado las elecciones, una fuerza desprogramada para estar en la oposición— entendió que sí podía sacar algo, algo más de lo que el Estatuto debía posibilitar: aquella coyuntura era óptima para tensar la frágil estabilidad del Tripartit. ¿Cómo? En último término, su comodín sería explotar el cheque en blanco del eslogan de Zapatero («Apoyaré…») para convertirlo en un boomerang que debía impactar en el rostro del socialismo catalán para desfigurarlo (tal como reconoció el estratega convergente David Madí en su ensayo Democràcia a sang freda).

El punto central de la estrategia convergente, defendido con tesón por el ponente Francesc Homs, era situar los derechos históricos (aquellos que la Constitución reconoce a los territorios forales) como fundamento tanto del blindaje competencial como de un modelo de financiación que se pretendía equiparar al del concierto vasco. Poco importó que los juristas del Parlament razonasen que era una propuesta que rebasaba el marco constitucional (toda vez que era un derecho atribuible solo a los territorios forales). Si se reformaba el Estatuto —lo había profetizado Pujol—, no sería para un cambio a pequeña escala. Debía plantearse como una nueva planta. La consideración de Cataluña como nación, que era uno de los objetivos de la reforma, debía llevar implícita una atribución de derechos, desarrollando el potencial del artículo 2, que distingue entre nacionalidades y regiones. Fue en la defensa de ese punto que la unidad de acción de los partidos del Govern tripartit quebró: Esquerra Republicana, que se sentía desbordada en la comisión por parte de los convergentes, que tradicionalmente se habían negado a la reforma, rompió la unidad con el PSC e IU y se sumó al desafío constitucional que planteaba CiU.

Que aquel era un punto de inflexión en el proceso de reforma lo tuvieron claro algunos de los espectadores más atentos de la política catalana. «Una propuesta guardada en la recámara, sacada a la luz en el tramo final de tramitación del Estatuto, se ha convertido en el gran obstáculo para que Cataluña pueda encarar un nuevo periodo político.» Así lo escribía Jordi Sánchez en un artículo publicado en El País aquel mes de julio de 2005. Y añadía: «Alguien que nunca ha visto con entusiasmo que en esta legislatura se pudiera aprobar un nuevo Estatuto decidió dar en el momento oportuno una vuelta de tuerca para generar una nueva crisis. Y es evidente que en esta ocasión la estrategia ha funcionado».[6] La estabilidad del Tripartit, siempre frágil, repito, se acentuó, pero además problematizaba la funcionalidad que el Estatuto debía tener en España.

La idea de la reforma del Estatuto, de entrada, la había abanderado Pasqual Maragall con una pretensión regeneracionista que parecía bien soldada al proyecto evolutivo del sistema de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente Zapatero pudo implementarlo cuando ganó las elecciones generales, al cabo de medio año de haberse celebrado las catalanas. En aquella legislatura, tan tensa, la izquierda española también pretendía poner en marcha una segunda transición, como me recordó en una discusión reciente Gaspar Llamazares. Era un proyecto que tenía como objetivo necesario diluir la segunda transición aznarista. Contra su espíritu contrarreformista, para diluirlo y transformarlo, actuaron diversas políticas del zapaterismo relacionadas con la ampliación de los derechos civiles y con la estrategia para acabar con la banda terrorista ETA; unas políticas que problematizaban el relato fundacional del Estado de 1978 al reivindicar el legado de la tradición republicana a través de las actuaciones oficiales para recuperar una determinada memoria histórica. Y políticas cuya pretensión era dilucidar la ambigüedad original de la Transición en lo relativo al modelo territorial, posibilitando que la distinción entre regiones y nacionalidades se institucionalizara a través de la aprobación de los estatutos de segunda generación.

El Estatuto piloto para trazar esa nueva planta, que supondría replantear la noción de soberanía pactada durante el periodo transicional, debía ser el Estatuto catalán. El Estatuto, pues, debía tener una función catalana, pero también española.

Ahora que todo ha pasado, empantanados como estamos en una crisis institucional laberíntica, valdría la pena pensar por qué algunas de esas políticas pudieron implementarse, hasta naturalizarse, y por qué, en cambio, otras embarrancaron. Las relacionadas con la ampliación de los derechos individuales, aunque tuvieron una oposición grosera (parlamentaria, mediática, en la calle), en último término no implicaban una impugnación del cambio de cultura política que había ganado la aznaridad. La legalización del matrimonio homosexual, por citar un caso concreto que fue polémico y hoy nadie cuestiona, tensaba el espíritu que el nuevo nacionalismo español veía encarnado por la Constitución, pero no colisionaba con él. Por el contrario, tanto la memoria histórica, que implícitamente postulaba una legitimidad alternativa para el Estado de 1978, y, en especial, el Estatuto, que acabaría por proponer un replanteamiento de la soberanía a partir de la asunción de Cataluña como nación política, sí pinchaban el hueso de una idea de nación española uniforme solapada en una lectura de la Constitución y una determinada consolidación del poder en el Estado democrático. Y para realizar con éxito esta operación, tan ambiciosa, no existía en España un clima de consenso suficiente. Al contrario.

Cuando la segunda transición, la progresista, empezó a caminar, el viejo consenso transicional estaba siendo laminado. Por diversos motivos. Porque no existía un clima equiparable al de la Transición, cuando era ampliamente compartida la convicción de que el Estado debía refundarse para que por fin fuese democrático. Tal vez, en realidad, en el primer lustro del siglo XXI sucedía lo contrario. El brutal atentado yihadista del 11 de marzo en Madrid generó una profunda tensión civil, y la derrota del PP, inesperada antes de la tragedia, le situó en una oposición implacable contra un nuevo Gobierno que pretendía desplegar una ambiciosa agenda de cambios. Digamos que los conservadores fueron cautivos de una cierta pulsión antisistema que acabó por minar el envejecido consenso transicional. Y digamos también que su guerra contra el Estatuto, además de defender una idea de la Constitución y la nación, sirvió para atacar al gobierno Zapatero. No fue solo una campaña parlamentaria o mediática; también fue el momento de llamar al boicot de los productos catalanes, con un éxito notable, y de la recogida de firmas contra el Estatuto organizada por el PP y que se desplegó por ciudades y pueblos de toda España.

A lo largo de esa legislatura, los ataques en múltiples frentes, cuyo objetivo era frenar la segunda transición progresista, tuvieron tal intensidad polarizadora que esos días podrían ser caracterizados como los del trasplante de la lógica neocón a la política española (una descripción que tomo prestada de Contra el populismo, de José María Lassalle).[7] No había consenso. El consenso no se regeneró. Ese espacio implosionó. Había reacciones polarizadas ante el intento de reformular el sistema para que fuese posible un ensanchamiento democrático del Estado de 1978. Una de esas reacciones en aquel momento, retroalimentada por los posicionamientos reactivos, cuajó por entonces en Cataluña.

El 30 de septiembre, al fin, el Parlament aprobó el Estatuto. Los socialistas, que habían sido sus impulsores, no lo vivieron como una alegría, tal como recuerdan todos los que participaron en la Ejecutiva del partido celebrada por entonces. José Montilla, su secretario general, declaró de inmediato que a lo largo de su siguiente trámite —la discusión del Estatuto en las Cortes españolas— se intentarían incluir las enmiendas. Si incluso los socialistas catalanes dudaban de la adecuación del texto al marco constitucional, los populares intensificaron su estrategia de desgaste defendiendo una enmienda a la totalidad. Y, naturalmente, ese clima de consenso quebrado favoreció que sectores minoritarios del catalanismo redoblasen una apuesta rupturista ante el panorama de crisis constitucional que se avecinaba. La línea autodeterminista, que nunca se había extinguido completamente, aprovechó esa coyuntura para redefinir su estrategia ante el escenario crítico creado por el Estatuto.

El 28 de noviembre de 2005 se celebró el acto «Tenim el Dret a Decidir» en el Auditori de Barcelona. El éxito de la convocatoria hizo recordar a los presentes los días de fervor olvidados desde la década de los ochenta. La mayoría de los impulsores, que venían del independentismo histórico, constituyeron la Plataforma pel Dret a Decidir, que ha sido objeto de estudio en la tesis doctoral de Ricard Villaregut. En teoría, la Plataforma surgía para defender el Estatuto aprobado en el Parlament, pero en la práctica aglutinaba organizaciones y personalidades cuyo objetivo político final era la defensa del derecho de autodeterminación. La primera acción que planificaron fue una manifestación. De entrada, los partidos políticos que habían votado a favor de la reforma no apoyaron la convocatoria, para no interferir en la discusión que debía desarrollarse en las Cortes generales. Pero un suceso imprevisto alteró la posición de Esquerra Republicana. El acuerdo a puerta cerrada del presidente Zapatero y Artur Mas, que puenteaba al president Maragall y presentaba a CiU como el interlocutor del poder de Madrid con el poder catalán, alteraba alianzas y forzaba un reposicionamiento de ERC. El secretario de organización del partido, Xavier Vendrell, del independentismo histórico, asistió a la siguiente reunión organizativa de la Plataforma y se comprometió con su iniciativa. Recursos económicos, logísticos y de implicación de la red territorial del partido se ponían al servicio del éxito de la manifestación.[8] Esta, que se celebró el 18 de febrero de 2006 bajo el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir», visibilizó la confluencia generacional de viejos y nuevos independentistas y tuvo un éxito notabilísimo.

Desde entonces, la idea del dret a decidir se adosó como un parásito al cuerpo del catalanismo y fue carcomiéndolo para transformarlo en algo distinto: una propuesta que iba alejándose del pacto como instrumento de negociación política para devenir un proyecto soberanista que cuestionaba el sujeto político descrito en la Constitución de 1978. Esta mutación del catalanismo, pendiente de ser historiada con precisión, estuvo incubándose durante cuatro años.

En marzo de 2006, el Congreso aprobó el Estatuto reformulado y a mediados de mayo lo hizo el Senado. Se estaban así superando todos los procedimientos legalmente establecidos. Luego se convocó el referéndum para que la ciudadanía de Cataluña lo aprobase o no.

Apoyada por la movilización contraria al Estatuto por parte de la Plataforma pel Dret a Decidir, Esquerra hizo campaña por el no. Entonces, el president Maragall cesó a los consellers republicanos de su Govern. El 18 de junio se celebró un referéndum en el que participó menos del 50 por ciento del censo. A finales de julio, con el texto ya aprobado, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto. Tampoco era una decisión inocua, pues lo que no había logrado ganar en las Cortes quería conseguirlo a través de los jueces. Lo hicieron con una intencionalidad política. No se trataba solo de cargar contra el Estatuto. Era la hora de cerrar el modelo en dirección regresiva. Lo dijeron tanto el shakespeariano Federico Trillo como la abogada del Estado Soraya Sáenz de Santamaría en las declaraciones del día durante el cual registraron el recurso: pretendían delimitar a través del Tribunal Constitucional, y no de las Cortes, la planta territorial. Delimitarla no con una propuesta constructiva sino anestesiando otra que forzaba un ensanchamiento de la interpretación de la Constitución. En este caso no es sencillo desmentir a quienes estigmatizan el Estado de 1978 caracterizándolo como «el régimen del 78»: para conseguir sus objetivos la cúpula popular usaría, además de las leyes, todas las artimañas a su alcance (recusaciones, bloqueo de renovaciones, presiones y ofertas de cargos como si el Tribunal Constitucional pudiera mercadearse…). Casi todo valía, incluso el precio de la degradación de una institución clave de la mecánica del Estado. La sentencia del Alto Tribunal tardaría prácticamente cuatro años en conocerse.

Durante ese periodo, que supuso la degradación del Tribunal Constitucional y el aterrizaje de la crisis económica mundial en la sociedad española, el catalanismo pactista (representado por un PSC que lo gobernaba todo, pero que se estaba quedando sin liderazgo ni proyecto) quedó desfondado, al tiempo que el soberanismo cuajaba como un proyecto ilusionante cuando empezó a intensificarse la crisis de representatividad entre gobernantes y gobernados. No sucedió de manera improvisada. Se crearon laboratorios de ideas con el propósito de muscular el soberanismo, aparecieron nuevos partidos políticos descaradamente independentistas (por ejemplo, el independentismo desideológico de Reagrupament, donde militaba el actual president Quim Torra) y se generó un potente discurso intelectual y mediático que daba por rematadamente imposible un encaix satisfactorio de Cataluña en España. En noviembre de 2007, tras meses anunciándolo, Artur Mas dictó una conferencia programática con la pretensión de refundar el catalanismo. El movimiento, afirmó, ya no debía tener como meta la regeneración de España, sino posibilitar que los catalanes pudieran ejercer el derecho a decidir. El concepto, como una marca imbatible, lo había hecho suyo el establishment nacionalista y explotaría esa marca para desgastar a Esquerra. Ese derecho era el horizonte. No importaba lo que sentenciase el Constitucional, dijo Mas, porque el Estatuto, al fin, solo era una estación intermedia para lograr el objetivo final de una fuerza nacionalista. No dijo cuál era ese objetivo, pero la independencia ya estaba situada en el horizonte. El partido de la burguesía local y de la mesocracia, dicho con otras palabras, se pasaba al soberanismo y las élites locales —económicas y mediáticas— aplaudían. El diario La Vanguardia, donde yo escribo, al tiempo que era implacable con el tripartito apoyaba más y más el camino emprendido por Mas. Era una demostración más de la bifurcación iniciada por parte del poder catalán.

Pocos días después de la conferencia de Mas, la Plataforma pel Dret a Decidir organizó una nueva manifestación. Si a la primera, hacía unos veinte meses, solo habían asistido los dirigentes de Esquerra Republicana, en esta ocasión ya participó una representación transversal del nuevo soberanismo. El pretexto era protestar por los problemas en las líneas ferroviarias de cercanías, es decir, se protestaba contra la menguada inversión en infraestructuras públicas del Estado en Cataluña, pero la militancia convergente que recorrió las calles de Barcelona empezó a acostumbrarse por entonces a gritar a favor de la independencia. Pronto los gritos se convertirían en pseudovotos. No tardarían en organizarse las primeras consultas populares a favor de la independencia, que se multiplicarían por toda Cataluña. Aunque solo fuesen un simulacro, escenificaban la voluntad creciente de miles de personas para poder ejercer el derecho a decidir hasta las últimas consecuencias. Porque, aunque lo llamaban derecho a decidir, querían decir autodeterminación. Nadie en las instituciones del Estado (en Barcelona y en Madrid) pareció otorgarles una importancia excesiva, pero hubo miles de voluntarios y centenares de miles de personas que depositaron su voto en una urna para expresar una utopía que parecía votable: Cataluña independiente. El 17 de mayo de 2010 un grupo de patriarcas del catalanismo histórico presentaban un manifiesto para que fuese convocada una «Conferència Nacional del Sobiranisme» cuyo propósito debía ser la articulación de una lista única del independentismo.

Es verdad que el gobierno Zapatero, después de negarlo no tres sino infinitas veces, había entrado en el oscuro laberinto de una crisis económica brutal y que nada evitaría la implementación de una cascada de políticas de austeridad y restricción presupuestaria. El dinosaurio sí estaba allí y no había problema más acuciante que ese. En España y en diversos países de Europa. Empezaba una transformación severa del modelo de bienestar. Pero no deja de ser significativo que, más allá de las reacciones de una caverna siempre dispuesta a hiperventilar cuando el nacionalismo catalán expresa su afán de replantear la soberanía, no se atendiese al sentimiento de fondo que revelaba aquel gesto electoral que se extendió por pueblos, ciudades y capitales de toda Cataluña. No servía de nada, pero miles de ciudadanos salían de casa para realizar un gesto que creaba comunidad. Del gesto al grito, mostrando el cambio que había sufrido la sociedad del catalanismo, solo había un paso.

Al fin, el grito a favor de la independencia fue más que dominante durante la manifestación que se celebró en el verano de 2010 para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional. No era una sentencia más. Algo se cortocircuitó. Una parte considerable de la sociedad catalana, al sentir que le era negada la existencia de su identidad nacional por parte del Estado, vivió el momento como una ruptura emocional con una determinada idea de España. Esa desconexión electrocutó una manifestación que fue tensa. Los partidos independentistas tuvieron el acierto de bloquear el movimiento de la gente. Hacía mucho calor aquella tarde, pero algo, de repente, parecía congelado. Teóricamente, la manifestación la había convocado el president José Montilla como respuesta al viejo catalanismo, pero pronto fue capitalizada por Òmnium Cultural y reconvertida en plataforma de movilización independentista. Nada sería igual. Nadie con poder parecía darse cuenta.

Fue ese día, ese, cuando de veras se inició la fase 2 del procés, que acabó entre la madrugada del 1 de octubre y la noche del 3 de octubre del 2017.

El procés, un intento de secesión de hecho

RAFAEL ARENAS GARCÍA

Para el derecho internacional, el Estado es una administración que controla un territorio y una población. Desde esta perspectiva, la secesión implica que en un determinado territorio la administración es desplazada por un grupo de personas que ejercen de manera efectiva el poder público sobre dicho territorio y su población en nombre de un nuevo sujeto que reclama su condición de Estado soberano. A este esquema responden todos los procesos de secesión, y también el desarrollado en Cataluña en un periodo que se inicia en septiembre de 2012 y concluye el 27 de octubre de 2017.

En esos cinco años se desarrolló un plan que tenía como objetivo que el Estado español fuese desplazado y sustituido por una administración que actuaría en nombre de la República Catalana, es decir, por un nuevo Estado soberano en el territorio de la actual comunidad autónoma de Cataluña. El plan fue ejecutado fundamentalmente por quienes ejercían ciertas funciones constitucionales en Cataluña: el Govern y el Parlament. Estas instituciones, controladas por partidos soberanistas, al igual que muchas administraciones locales, trabajaron para preparar el terreno con el objetivo de que en el momento adecuado pasaran a ejercer el poder público como Administración de la República Catalana. En el caso de que tal situación se diera, y dado el papel residual de la Administración General del Estado en Cataluña, no podría sostenerse que el Reino de España ejerciera de manera efectiva el poder público en Cataluña, puesto que elementos clave como la Policía, el sistema educativo, el sistema sanitario, muchas infraestructuras y hasta el sistema penitenciario se integrarían en la República Catalana, y las infraestructuras estatales quedarían aisladas y expuestas a que su control pasara también, de una forma más o menos pacífica, a manos de los impulsores de la secesión.

Este plan, sin embargo, no se presentó al conjunto de la sociedad con la crudeza que aquí se hace, sino que se pretendió revestirlo de una aureola de legitimidad que favoreciera su apoyo popular tanto en Cataluña como en el resto de España y en otros países. En la presente contribución se pretende analizar qué vías se utilizaron para intentar legitimar este proceso, el fundamento de estas y la forma en que se movieron: entre el rigor jurídico, histórico o lógico y las necesidades de la propaganda.

EL DERECHO A DECIDIR

Derecho a decidir individual y derecho a decidir colectivo

El elemento nuclear del intento nacionalista de legitimar el proceso de secesión fue el denominado «derecho a decidir», un sintagma calculadamente ambiguo que podría tener cierta relación con el derecho a la autodeterminación que se regula en la normativa internacional, pero que jugaba un papel fundamentalmente propagandístico. La utilización del derecho a decidir evitaba la referencia directa al principio de autodeterminación de los pueblos, lo que eludía debatir sobre el alcance de dicho principio en relación con Cataluña y, a la vez, permitía que el derecho a decidir ganase adeptos entre quienes no defendían la secesión.

Por otra parte, el derecho a decidir reclamaba una esencia democrática que, como veremos, distaba mucho de ser tal. El planteamiento nacionalista era que quien se opusiera a este derecho se alejaba de la democracia, pues ¿qué había más democrático que decidir sobre todo? Esta presentación del derecho a decidir ocultaba la diferencia esencial que hay entre el derecho a decidir individual y el colectivo. De estas dos manifestaciones del derecho a decidir, la primera resulta imposible de refutar. Todos y cada uno de nosotros podemos decidir sobre nuestra propia persona de una forma amplísima, y, además, la tendencia es reducir los límites legales o éticos que pudieran establecerse a esa capacidad de decisión individual. Desde nuestra profesión o nuestros gustos, pasando por la orientación sexual, las creencias religiosas y la ideología política, todo ello puede conectarse con las distintas dimensiones de ese derecho a decidir individual que, en principio, solamente podrá estar limitado de forma fundamentada y atendiendo a intereses que tengan la suficiente entidad como para prevalecer sobre la autonomía personal de los individuos.

La cuestión de la secesión no se enmarca, sin embargo, en el derecho a decidir individual, sino en el colectivo, aquel por el que un conjunto de personas, a través de los cauces que sea, adoptan una decisión que vincula a todos los que participan en dicha toma de decisión —e incluso a terceros—, con independencia de que individualmente estén o no de acuerdo con la decisión adoptada. Está claro que cuando estamos ante un derecho a decidir colectivo, los parámetros del análisis no son los mismos que en el derecho a decidir individual. En tanto en cuanto este proceso decisorio puede acabar llevando a un resultado que será obligatorio también para quienes no estén de acuerdo con él, se hace necesario no solamente determinar qué se decide, sino también cómo se define el grupo que decide. De hecho, la delimitación del grupo decisor es tan importante como la decisión misma porque, como se acaba de explicar, en este caso la decisión tiene un componente obligatorio para los individuos que no existe en el derecho a decidir individual. De acuerdo con esto, quien mantiene que ha de adoptarse una decisión colectivamente, ha de justificar por qué es necesario hacerlo y cómo ha delimitado el grupo que lo hará. Ambas cuestiones son los elementos esenciales en la configuración de un derecho a decidir colectivo, que no es una manifestación de la autonomía individual, sino que, precisamente, concluirá con una decisión que se impondrá sobre algunos individuos que no estarán de acuerdo con ella. Esto es, el derecho a decidir colectivo no favorece la libertad individual, sino que la limita.

De acuerdo con lo anterior, por tanto, para que exista un derecho a decidir colectivo ha de existir una norma que habilite al grupo que pretende decidir para realizar tal decisión. De no existir esta habilitación normativa para el ejercicio de la decisión, el derecho no existirá. Y esto es precisamente lo que sucede con la secesión de Cataluña: ninguna norma, ni interna ni internacional, habilita al conjunto de residentes en el territorio de una comunidad autónoma a crear un Estado al margen de España. Los nacionalistas eludieron esta presentación rigurosa del derecho a decidir y dieron por sentado que el conjunto de los catalanes gozaban de él, pero sin justificar la norma que lo atribuía. En vez de ello se pretendió retóricamente que la existencia de una nación catalana milenaria e independiente hasta 1714 justificaba la pretensión de la secesión. Así, la historia se convertía en el eje de la reivindicación nacionalista, en el punto de apoyo de cualquier otro elemento argumentativo.

Esto explica que la presentación de la historia de Cataluña por parte de los nacionalistas esté plagada de tergiversaciones, cuando no de puras mentiras. De acuerdo con su relato, Cataluña habría nacido como nación hace más de mil años. En el siglo XI se habría unido a Aragón para crear la inexistente Corona Catalano-Aragonesa, en la que Cataluña mantuvo sus instituciones propias hasta 1714, cuando, como consecuencia de una derrota militar ante las tropas españolas y francesas, fue ocupada militarmente, sometida, despojada de su idioma y amenazada por un intento de asimilación de Castilla que fracasó gracias a la tenacidad del pueblo catalán, que ya en el siglo XX, intentó en varias ocasiones recuperar la independencia perdida. La existencia de esta nación catalana milenaria justificaría que en la actualidad pudiera decidir su futuro con total libertad, incluyendo la posible creación de un Estado independiente.

El problema para los nacionalistas es que, por una parte, este relato histórico es una mera fabulación, y, por otra, que aunque fuera verdad, no justificaría jurídicamente el derecho a la autodeterminación de Cataluña con el objetivo de crear un Estado independiente, tal como veremos más adelante.

En lo que se refiere al relato histórico, y sin que aquí podamos detenernos en ello, hay que puntualizar que Cataluña no tiene una existencia milenaria, que en realidad nace como una entidad dentro de las posesiones del rey de Aragón en el siglo XIII, sin que tenga ninguna existencia política anterior a la unión del condado de Barcelona y el reino de Aragón. Nunca fue, por tanto, una entidad política independiente, y en 1714 lo único que sucedió es que se puso fin a una guerra dinástica que dividió tanto a Cataluña como al resto de España. La supresión de las instituciones medievales en Cataluña tras la victoria de Felipe de Borbón no fue percibida entonces como la privación de una soberanía inexistente, y tras esta supresión, los catalanes participaron al igual que el resto de los españoles en la creación de la España moderna. Fue el nacionalismo catalán el que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, reconstruyó el pasado a través de decorados de cartón piedra que sentaron las bases para las reivindicaciones políticas de los siglos XX y XXI, que concluyeron con las declaraciones de independencia de los días 10 y 27 de octubre de 2017.

Y en lo que se refiere al fundamento, resulta que los catalanes, como el resto de los españoles, pueden decidir libremente su futuro, pero como integrantes del colectivo que es titular de dicha soberanía: el pueblo español. Cuando se niega el derecho a decidir de los catalanes, lo que se afirma es que solamente con el conjunto de los españoles es posible que los catalanes decidamos acerca de la configuración de nuestro marco político. Esto es así de acuerdo con el derecho español y, como veremos, también con el derecho internacional.

Del derecho a decidir al derecho a la autodeterminación

El proceso de secesión comenzó, por tanto, afirmando el derecho a decidir de los catalanes y concluyó con la reivindicación del derecho de autodeterminación con el objetivo de crear un Estado independiente en el territorio de la comunidad autónoma.

El punto de partida de este proceso desde una perspectiva formal es la aprobación por el Parlament de la Resolución 742/IX, del 27 de septiembre de 2012, en la que se afirma el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y la necesidad de realizar una consulta sobre su futuro político. Además, se adelanta la necesidad de avanzar en la construcción de las estructuras que precisaba Cataluña como Estado dentro de Europa. Con esta declaración se ponía fin a la IX legislatura catalana, y en el comienzo de la siguiente (el 23 de enero de 2013) se aprobaba una nueva resolución del Parlament que declaraba ya abiertamente el carácter soberano del pueblo de Cataluña. En esta declaración se hace expresa la vinculación entre soberanía y derecho a decidir que está ínsita en la propia naturaleza de este pretendido derecho. Está claro que si el conjunto de los catalanes gozan de la capacidad de determinar si constituyen o no un Estado independiente, su participación en el Estado español dependerá siempre de una manifestación de su voluntad, que, en principio, podría ser retirada en cualquier momento. El Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña recoge esta idea cuando afirma que la celebración de un referéndum de autodeterminación, fuera cual fuera el resultado, supondría ya el reconocimiento de la condición de Cataluña como sujeto político, un reconocimiento que no se agotaría en la celebración del referéndum.[1]

Tras la declaración de soberanía de enero de 2013 y como consecuencia de esta se inicia el proceso para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña, consulta que se fija para el 9 de noviembre de 2014. No entraremos aquí en detalles en cuanto a la forma en que se articuló esta consulta, sino que nos limitaremos a señalar que el 9-N supuso la transformación del derecho a decidir, en su calculada ambigüedad, en una propuesta de secesión, esto es, en el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Como es sabido, según los resultados facilitados por la Generalitat, quienes participaron en la consulta ilegal del 9-N apoyaron por una amplia mayoría la creación de un Estado independiente en el territorio de Cataluña, lo que pretendió ser ratificado mediante una consulta plebiscitaria en las elecciones de septiembre de 2015. Unas elecciones autonómicas que, merced a la regulación electoral catalana, convirtieron una minoría de votos a favor de la secesión en una mayoría independentista en el Parlament. A partir de aquí, los nacionalistas, sabedores de que tanto el resultado de la consulta del 9-N como de las elecciones autonómicas distaba de reflejar un apoyo mayoritario a la separación de Cataluña del resto de España, optaron por diferenciar entre la voluntad de secesión y la voluntad de inicio del proceso de secesión. Es decir, entendieron que aún no existía un mandato popular claro a favor de la independencia, pero sí para dar los pasos que condujeran a ella.

Huelga decir que estas valoraciones sobre la suficiencia del apoyo a la secesión no se basaban en ningún criterio objetivo. Para determinar si el apoyo a la adopción de una decisión es suficiente deben consultarse las reglas que determinan dicha adopción, y en este caso, dado que la decisión de la secesión no podía fundamentarse ni en el derecho internacional ni en el nacional, en realidad, el número de personas que hubieran votado a favor debería resultar irrelevante, al menos desde una perspectiva jurídica. Y lo que vale para el voto popular vale también para la mayoría necesaria en el Parlament a la hora de adoptar cualquier decisión relativa a la secesión. El hecho de que los diputados secesionistas supusieran la mayoría absoluta de la Cámara (72 de los 135 diputados tras las elecciones de septiembre de 2015) no implicaba que estuvieran legitimados para iniciar el proceso de secesión, ya que, como se ha señalado, la Cámara autonómica carecía de competencia para ello de acuerdo con las reglas aplicables: la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. En ese sentido, cualquier especulación sobre el número de diputados necesarios para el inicio del proceso carece de sentido.

Este tipo de razonamientos eran rehuidos por los nacionalistas, quienes pretendían que la victoria en las elecciones autonómicas les dotaban de legitimidad para iniciar el proceso de secesión, y eso pese a que incluso la mayoría obtenida fuera insuficiente para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere que 90 diputados de los 135 estén de acuerdo en llevarla a cabo.

La primera resolución del Parlament en la nueva legislatura (Resolución 1/XI, del 9 de noviembre de 2015) ya imponía el inicio del proceso que habría de concluir con la efectiva separación de Cataluña del resto de España. En esta fase, el derecho a decidir había sido superado y se trataba claramente de iniciar el proceso de separación efectiva de Cataluña del conjunto del Estado, lo que, a su vez, tenía también consecuencias con respecto al funcionamiento de la Cámara y la administración catalanas.

Hasta este momento (noviembre de 2015) se había pretendido, al menos formalmente, que las actuaciones que se realizaban fueran acordes con lo previsto en la Constitución española. Una vez iniciado el proceso de secesión, este propósito fue sustituido por el de hacer patente cada vez con más claridad que la Cámara catalana ya no actuaba como órgano constitucional español sino al servicio de lo que debería acabar siendo la República Catalana. El Govern adoptó la misma actitud, que hizo expresa Carles Puigdemont en su toma de posesión como president de la Generalitat al indicar que ya nos encontrábamos en la fase de la «posautonomía».

A partir de la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre de 2015, se desarrollaron las actuaciones que deberían servir para que Cataluña acabara constituyéndose en un Estado independiente. No entraremos aquí en el detalle del proceso, que desbordaría el marco de esta contribución. Baste con señalar que dicho proceso implicaba ciertas actuaciones de las instituciones de la Generalitat más allá de las competencias autonómicas y, por tanto, una fase que podríamos denominar de desobediencia, que se encontraba ya implícita en la afirmación del carácter «posautonómico» de la legislatura. Esta desobediencia era necesaria para implementar las acciones que podrían conducir a la secesión y que, lógicamente, de ninguna forma podían realizarse de acuerdo con lo previsto en la Constitución española. Ahora bien, esta desobediencia inevitable intentó maquillarse mediante el recurso a distinciones formalistas cuyo objeto era evitar que antes de lo calculado se produjera una reacción del Estado que comprometiera el resultado final. El objetivo era preparar todo lo necesario sin quebrar de una manera evidente la legalidad con el fin de que, llegado el momento oportuno, la desobediencia fuera radical y frontal, pero sin que el Estado pudiera ya reaccionar.

Aquí no interesa el análisis de las formas que adoptó este progresivo alejamiento de la legalidad constitucional por parte de las instituciones catalanas, sino tan solo el fundamento utilizado como legitimación de tal actuación. Siendo ya difícil mantener que lo que se hacía se ajustaba a lo previsto en la Constitución, sobre todo tras la decisiva Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015,[2] durante los dos años que van desde noviembre de 2015 hasta la fase final del proceso el argumento utilizado para justificar la actuación al margen de la ley de las instituciones, se limitó a la apelación al principio democrático a partir de los resultados electorales en las elecciones autonómicas de 27 de septiembre de 2015. En septiembre-octubre de 2017, esta apelación desnuda a un pretendido principio democrático basado en la ficción de que tanto la consulta del 9-N como los resultados de las elecciones autonómicas del 2015 habían legitimado el proceso de secesión tan solo en la fase final de la ruptura, intentó ser reforzada de manera expresa por la apelación al principio de libre determinación de los pueblos.

Es interesante esta llamada al principio de libre determinación de los pueblos por dos razones: la primera es que pretendía dotar de legitimación tanto interna como internacional al proceso que había entrado en su fase final. La llamada al derecho internacional desplegaba también efectos internos en tanto en cuanto los derechos fundamentales recogidos en la Constitución debían interpretarse según lo previsto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y en segundo término suponía, al fin, la explicitación de que el derecho a decidir no era otra cosa que el derecho a la autodeterminación. Se trataba de una legitimación desesperada y carente de fundamento porque ni el derecho internacional ni el interno contemplaban la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la hipotética secesión del territorio, tal como veremos a continuación. El objeto de estas apelaciones era dar cobertura al intento de una secesión por la vía de hecho, tal como hemos adelantado y veremos en más detalle un poco más adelante.

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

Autodeterminación interna y autodeterminación externa

De acuerdo con la interpretación de los secesionistas, el principio de libre determinación de los pueblos habilitaría a los catalanes para que llevasen a cabo un referéndum de autodeterminación que debería conducir, caso de que el resultado fuese favorable, a la independencia, a la efectiva separación de Cataluña del resto de España. Este planteamiento, sin embargo, no se corresponde con la regulación internacional.

Resulta dudoso, incluso, que el conjunto de los catalanes podamos ser considerados un «pueblo» a efectos de ejercer el principio de libre determinación, pero aunque asumiéramos eso, resultaría que no está justificado dicho ejercicio mediante la creación de un Estado independiente. Según la previsión clave del derecho internacional en relación con este principio, la Resolución de la Asamblea General de las Nacionales Unidas 2625 (XXV), este principio no se traducirá en la creación de un nuevo Estado en aquellos casos en los que el Estado del que pretenda separarse esté dotado de un Gobierno que represente a la totalidad de la población sin distinciones por motivos de raza, credo o color. De esta forma, la secesión como consecuencia del ejercicio de la libre determinación de los pueblos queda reducida a los supuestos coloniales o de dominación o subyugación extranjera. En el resto de los casos, la libre determinación se ejercerá dentro de las fronteras del Estado, sin romper su integridad territorial. Más adelante nos detendremos en los supuestos excepcionales en los que la libre determinación de los pueblos no se reduce a su dimensión interna y se justifica una autodeterminación externa que podría llevar a la independencia. Aquí basta con señalar que es incorrecto identificar la libre determinación de los pueblos con la secesión, ya que lo normal, tal como se acaba de indicar, es que esa libre determinación se ejercite dentro de las fronteras del Estado, sin alterarlas.[3] De acuerdo con la literalidad de la Resolución 2625 (XXV), la obligación dimanante de este principio se cumple si el Gobierno del Estado representa a todos los ciudadanos sin discriminación alguna en cuanto a raza, credo o color; esto es, si no existe un régimen diferenciado en función de las características étnicas, culturas, religiosas o de otro tipo que pudieran distinguir dentro del Estado a unos y otros pueblos. De esta manera, el principio de libre determinación de los pueblos garantizaría que nadie está excluido del Gobierno del Estado por su pertenencia a uno u otro grupo de los que conviven en el mismo territorio. Es decir, que, de acuerdo con este enfoque, el principio de libre determinación de los pueblos no exigiría siquiera que existiesen instituciones propias del pueblo de que se trate ni que, de alguna forma, se reconociesen dentro del Estado sus singularidades. En la situación actual del derecho internacional, ese derecho a la autonomía dentro de los estados no existe.[4]

De acuerdo con esto, por tanto, no es solo que no exista ya un derecho a la secesión, sino ni siquiera un derecho a la autonomía política dentro de un Estado, siempre que los integrantes del pueblo diferenciado participen plenamente en el Gobierno del Estado sin sufrir discriminación alguna. Obviamente, en el caso de Cataluña se va más allá de eso, pues no solamente los catalanes participan en igualdad con el resto de los españoles en el Gobierno del país, sino que Cataluña se encuentra constituida como comunidad autónoma con un autogobierno que incluye materias tan importantes como educación, cultura e incluso una policía regional de carácter integral. Esto es, el grado de autonomía supera con mucho los estándares mínimos marcados por el derecho internacional, y, de hecho, va más allá de lo que indicarían ciertos desarrollos actuales que apuntan a un derecho emergente a la autonomía como reflejo del principio de libre determinación de los pueblos y de la necesidad de respetar a las minorías dentro de los estados.

Sujeción colonial o dominación extranjera

En el epígrafe anterior veíamos que existen algunos supuestos en los que, como excepción, es posible que el principio de libre determinación de los pueblos conduzca a la secesión del territorio en el que se asienta el pueblo que se autodetermina. Examinaremos ahora estos supuestos en su proyección sobre el caso catalán.

Sensu stricto, el único supuesto expresamente reconocido sin matices y de forma clara en el derecho internacional es el de sujeción colonial, dominación o explotación extranjera. Tal como se ha adelantado, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625 (XXV) lo recoge expresamente, y no existen dudas sobre que tales casos justifiquen el ejercicio del derecho de secesión. Ahora bien, es evidente que este no es el caso de Cataluña, ya que no puede entenderse que esta sea una colonia o que esté sometida a dominación extranjera. No creo que sea preciso extendernos sobre una afirmación que debería resultar evidente.

Lo anterior, sin embargo, no implica que la consideración de este supuesto sea irrelevante. Como se acaba de adelantar, está claro que Cataluña no es una colonia, esto es, un territorio separado de la metrópoli y administrado de una forma diferenciada respecto a ella. Y es evidente que no está sometida a dominación extranjera, en tanto en cuanto Cataluña está integrada en España desde mucho antes de la creación formal de la nación española en la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812; una integración que tuvo su última confirmación en la ratificación de los catalanes, junto con el resto de los españoles, de la Constitución de 1978, que da fundamento al ordenamiento jurídico vigente. Ahora bien, esta referencia al estatus colonial y a la dominación extranjera es un recurso —de nuevo— de propaganda que encontramos con frecuencia en el discurso nacionalista. Se trata de afirmaciones que carecen de rigor y que descansan en versiones falseadas o tergiversadas de la historia, pero que contribuyen a que vaya calando la idea en distintos sectores de la población.

En el sentido anterior, la referencia a un pretendido expolio fiscal, al daño que España ha hecho a Cataluña y a los catalanes, y el relato de una Cataluña ocupada militarmente en 1714 y que durante trescientos años intentó recuperar su libertad pretenden conectar con esta justificación de la secesión que el derecho internacional vincula a las situaciones coloniales o de dominación extranjera. Como sucede en el resto del relato independentista, se localiza cuál es la idea fuerza a la que se debe apelar para, a continuación, intentar forzar los argumentos con el fin de acercarlos a esa idea fuerza. Veremos que en las otras posibles justificaciones internacionales de la secesión nos encontramos ante la misma situación.

Vulneración grave y reiterada de los derechos fundamentales

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, la única justificación para la secesión que se encuentra claramente asumida en el derecho internacional es la que se da en las situaciones coloniales o en aquellos territorios que están sometidos a dominación o explotación extranjera. Ahora bien, también se ha planteado, sin que exista todavía una costumbre internacional admitida en la materia, que en otros supuestos podría darse esta justificación, en concreto, en aquellos casos de vulneración grave y reiterada de los derechos fundamentales por parte del Estado en el territorio que pretende la secesión. En cualquier caso, esta situación no se da en Cataluña, pero, de nuevo aquí, esta posible justificación para la secesión es tomada en cuenta por el movimiento nacionalista en el sentido de intentar magnificar cualquier actuación del Estado que pueda ser percibida como una vulneración de los derechos fundamentales. Pretende con ello construir un caso que pudiera ofrecer una base a la reclamación secesionista.

En esta clave creo que ha de entenderse la constante referencia a la falta de independencia judicial, la escasa calidad democrática en España, la pervivencia del franquismo y cualquier incidente que pueda ser presentado como una quiebra de los derechos fundamentales. Buena prueba de ello es la forma en que se hizo el relato de la jornada del 1 de octubre, en la que los enfrentamientos policiales con quienes se oponían a los registros de los locales electorales fue presentada por el nacionalismo como un ejercicio de brutalidad incompatible con el respeto a los derechos humanos. Evidentemente, se trataba de una valoración desproporcionada que no solamente cumplía un papel de propaganda ante la opinión pública internacional, sino que también pretendía avanzar en esa línea de justificación de la secesión que, como es evidente, está muy lejos de poder adquirir la más mínima entidad, pero hacia la que dirige su actividad la propaganda secesionista.

En esta misma línea se insertaría la construcción de agravios contra la lengua y la cultura catalanas que se pretenden causados por el Estado español y que supondrían un ataque a las particularidades del pueblo catalán. Por inverosímiles o ridículas que resulten estas acusaciones, no deben ser consideradas como fruto del azar, sino que, a mi juicio, responden a una idea clara que se explica por la existencia de una posible causa de justificación para la secesión sobre la base de la vulneración de los derechos humanos o la persecución contra los integrantes del pueblo que pretende autodeterminarse. En este sentido, la construcción de un «caso contra los catalanes» por parte del Estado español podría contribuir a la justificación de la secesión, aunque, como ya he adelantado, esta justificación ni responde a la situación actual del derecho internacional ni se ajusta a la situación real de Cataluña.

Negación del derecho de autodeterminación interna

Anteriormente hemos visto que la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas indicaba que el derecho internacional no podría fundamentar ninguna quiebra de la integridad territorial de los estados que se conduzcan de acuerdo con el principio de libre determinación de los pueblos. Esta afirmación, interpretada a sensu contrario, podría hacernos concluir que sí sería posible esta quiebra de la integridad territorial cuando el Estado no respete el principio de libre determinación de los pueblos, lo que podría conectarse con la exigencia de un sistema democrático en el que todos estén adecuadamente representados.[5] La existencia de esta representación sin discriminación de todos los ciudadanos debería ser suficiente para dar satisfacción al derecho a la autodeterminación interna que recoge el derecho internacional, pues, tal como hemos visto, en estos momentos, la normativa internacional no impone la obligación de reconocer autonomía política a los pueblos dentro de los estados. Esta es la razón de que cualquier llamada a justificar la secesión en la falta de ejercicio de la libre determinación interna en el caso de España está condenada al fracaso. No ya porque España sea un Estado descentralizado en el que las comunidades autónomas, Cataluña incluida, gozan de amplias competencias, sino porque incluso, aunque no fuera así, el carácter democrático y representativo del Gobierno en España sería suficiente argumento para negar cualquier posibilidad a una justificación de la secesión sobre la base de la imposibilidad de ejercer la libre determinación interna.[6]

Los nacionalistas, sin embargo, insisten en esta idea. Para ello, el punto de partida es la afirmación de que Cataluña ha buscado siempre un encaje en España y, sin embargo, este siempre le ha sido negado. El hecho de que la comunidad autónoma de Cataluña disponga de amplísimas competencias no es considerado suficiente desde esta aproximación, que mantiene que el ámbito de competencias autonómico debería ser todavía mayor que el actual, sosteniendo que, en caso de que no llegue al máximo que solicitan los nacionalistas, no se estaría dando cumplimiento al principio de libre determinación de los pueblos, lo que podría llegar a justificar la secesión.

En esta línea de argumentación, el proceso de aprobación del nuevo Estatuto en 2006 es utilizado para justificar esa imposibilidad de encaje de Cataluña en España, que, leído en clave internacional, se traduciría en la imposibilidad de ejercer la libre determinación interna. De acuerdo con este planteamiento, el texto, tal como fue aprobado en referéndum por el conjunto de los catalanes, traduciría un pacto entre Cataluña y el Estado español que no podría ser modificado unilateralmente. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que, como es sabido, suprimió algún precepto del nuevo Estatuto y ofreció una interpretación constitucionalmente conforme de varios artículos, supondría para los nacionalistas una mutilación inadmisible que probaría la imposibilidad de encontrar ese encaje de Cataluña en España, lo que implica, como digo, una apelación implícita a la idea de que, siendo imposible la autodeterminación interna de un pueblo en el seno del Estado en el que se integra, estaría justificada la autodeterminación externa, esto es, la secesión.

Como se ha indicado, e igual que sucede con las otras posibles causas de justificación de la secesión desde una perspectiva internacional, en relación con esta tampoco se dan las circunstancias que permitirán entenderla como una auténtica justificación. Pero resulta llamativo que los nacionalistas, aun así, la consideren, intentando moldear la realidad para que se ajuste a lo que daría como resultado una justificación de la secesión. Se trata, como venimos repitiendo desde el comienzo, no de un ejercicio de debate riguroso, sino de propaganda que tiene como objetivo atraer a la opinión pública, interna e internacional, a la empatía con la causa nacionalista.

Autodeterminación externa y derecho interno

En los epígrafes anteriores hemos visto que el derecho internacional no puede suponer legitimación alguna para la secesión de Cataluña. Pese a ello, el relato nacionalista tiene en cuenta los supuestos que en el ámbito internacional permiten fundamentar la creación de un nuevo Estado en un territorio perteneciente a otro ya existente para reconstruir la realidad con la intención de que encaje en esos supuestos. De esta manera no se consigue una justificación jurídica de la secesión, pero sí se elabora un discurso que tiene efectos propagandísticos sobre amplios sectores de la opinión pública interna y externa.

El argumentario independentista, sin embargo, no se agota en el derecho internacional, sino que también recurre al derecho interno para la justificación de su programa secesionista, y lo hace de diversas maneras. En primer lugar, y como ya se ha adelantado, la referencia al principio de libre determinación de los pueblos no solamente tiene la virtualidad de buscar una justificación internacional, sino que, en tanto en cuanto la Constitución española integra los principios de derecho internacional y, en particular, los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, si la secesión pudiera basarse en el principio de libre determinación de los pueblos, este fundamento no sería solamente de derecho internacional, sino también de derecho interno.

Más allá de este argumento, en una primera fase del proceso secesionista se pretendió que las iniciativas que se estaban desarrollando tenían acomodo en la Constitución desde el momento en que lo que pretendían era introducir un debate en el espacio público que no podría ser limitado so pena de vulnerar principios como la libertad de expresión y de opinión. Este fue un argumento que se utilizó en relación con las resoluciones adoptadas por el Parlament, tales como la del 23 de enero de 2013 o la del 9 de noviembre de 2015, ya mencionadas; o también respecto a declaraciones a favor de la secesión por parte de ayuntamientos y otras administraciones locales. Se pretendía que en tanto en cuanto nos encontrásemos solamente ante declaraciones, las meras palabras no podrían ser objeto de reproche alguno y, por tanto, de imposible limitación.

El argumento era inconsistente, puesto que en la esfera internacional —y un caso de secesión es intrínsecamente internacional— las palabras son relevantes y tienen consecuencias respecto a las obligaciones que asumen los sujetos que operan en el ámbito internacional. Pero no profundizaremos en esta dimensión, pues es evidente que tanto el Gobierno de España como, en un primer momento, la Fiscalía y los tribunales de justicia acogieron este discurso y se mostraron extraordinariamente tolerantes con declaraciones e imposiciones simbólicas (esteladas en espacios de titularidad pública, por ejemplo) que cuestionaban de manera directa la soberanía española en el territorio y con respecto a la población de Cataluña. Tan solo recientemente se ha reconocido que las actividades de los nacionalistas desde las distintas administraciones eran incompatibles con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En esta línea, también se pretendió que la preparación del proceso de secesión, tanto en lo que se refiere a la construcción de las estructuras de Estado como a la proyección internacional del denominado «derecho a decidir», entraba en el marco de las competencias autonómicas siempre que se tuviera cuidado de respetar ciertas formalidades. Así, por ejemplo, una vez que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de parte de la Resolución del Parlament 306/XI, del 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno en relación con la celebración de un referéndum de autodeterminación, en las siguientes decisiones adoptadas se omitieron referencias a lo anulado por el Tribunal Constitucional y se descansó en apartados de la resolución que seguían vigentes, pese a que el sentido de lo aprobado coincidiera con lo que había sido anulado por el Constitucional.

En lo que se refiere al fondo de la pretensión secesionista, la coherencia constitucional del planteamiento se buscó a través de dos vías: en un primer momento, cuando el objetivo era la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, se adujo que la Constitución no impedía la celebración de un referéndum consultivo como el pretendido y que si no se realizaba era por falta de voluntad política. Junto a este argumento, y ante la negativa por parte del Estado de celebrar dicho referéndum, se recurrió al derecho constitucional comparado, citando profusamente los dos casos de referéndum de autodeterminación en nuestro entorno más inmediato que se habían planteado en el momento en el que se iniciaba el proceso de secesión: los casos de Quebec y Escocia. Nos ocuparemos a continuación de ambas vías de argumentación.

La primera se resumía, como se acaba de adelantar, en la idea de que un referéndum consultivo en Cataluña sería posible sin necesidad de modificar la Constitución si era convocado por el Gobierno o si se cedía a la comunidad autónoma la competencia para su celebración. En línea con esta segunda posibilidad, en el año 2014, el Parlament solicitó formalmente la cesión de dicha competencia en materia de referéndums a fin de celebrar la consulta soberanista, cesión que fue rechazada por el Congreso de los Diputados.

El argumento utilizado por el nacionalismo en relación con la posibilidad de celebración de este referéndum es interesante, puesto que es cierto que existen dudas sobre la constitucionalidad de una consulta sin efectos vinculantes en relación con la secesión de una parte del territorio nacional. Pero, más allá de esas dudas, lo que no es objeto de debate es que quien puede convocar tal consulta es el Gobierno de España, por corresponderle la competencia en materia de referéndums al Estado, y no a las comunidades autónomas. Así pues, si se pretende la celebración de dicho referéndum, es necesario obtener el acuerdo del Gobierno o, como se pretendió en 2014, una autorización por parte de las Cortes españolas. Evidentemente, es posible plantear dicha solicitud, como efectivamente se hizo, pero también cabe que quien tiene la competencia para decidirlo prefiera no convocar la consulta o no ceder la competencia. A partir de aquí, la actitud razonable en democracia sería intentar convencer a quien ha de decidir, pero en vez de ello, los nacionalistas tildaron el rechazo de ilegítimo y lo asumieron como una justificación para continuar con la secesión por la vía unilateral.

Llamo la atención sobre esto porque incide en uno de los argumentos de fondo del nacionalismo: el de que no solamente han de contar con la posibilidad de introducir en el debate público cualquier tema o propuesta, sino que el resto de intervinientes en el debate ha de ceder ante sus pretensiones porque de otra forma no se actuaría de manera «democrática». Esta idea está presente en la crítica constante al «inmovilismo» del Gobierno o en la exigencia de que se ofrezca una salida para quienes reclaman la independencia.

Está claro que en democracia todos han de poder introducir en el debate público cualquier tema que deseen, pero esto no puede implicar una obligación al resto de intervinientes de variar su postura o planteamientos. Quien introduce el tema ha de intentar convencer, pero no puede pretender que de no conseguirlo está legitimado para actuar por la vía unilateral. Este, sin embargo, es el enfoque que da el nacionalismo a sus reivindicaciones.

Esta pretensión de que el Estado ha de ceder a las demandas nacionalistas se apoya también en la referencia a los ejemplos de Quebec y Escocia, señalando los nacionalistas que tanto Canadá como el Reino Unido han optado por soluciones más «democráticas» ante el conflicto secesionista al permitir la celebración de referéndums de autodeterminación en sus respectivos territorios. Esta aptitud se opone a la cerrazón española de no admitir el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El relato nacionalista en relación con la práctica comparada es limitado, pues elude que en otros estados se ha negado con contundencia la posibilidad de la secesión o de la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así en Francia, donde se prevé la integridad del territorio de la República; en Alemania, donde el Tribunal Constitucional ha negado específicamente la posibilidad de un referéndum de secesión en Baviera; o en Italia, donde también se ha declarado inconstitucional la posibilidad de un referéndum de secesión en la región del Véneto. Para Estados Unidos no es preciso insistir en la gestión que se realizó hace siglo y medio del intento de secesión de una parte de los estados que lo integraban. Es decir, la regla general en el derecho comparado es la imposibilidad de la secesión, pudiendo acudir los nacionalistas en la actualidad tan solo a los casos de Quebec y Escocia, casos que, además, presentan alguna particularidad en relación con el relato secesionista.

En el caso de Quebec, por ejemplo, suele obviarse que los referéndums celebrados fueron convocados unilateralmente por el Gobierno de Quebec y que la reacción de las instituciones federales a dichos referéndums fue la Ley de Claridad, que afirma precisamente que no basta con un resultado favorable a la secesión en un referéndum convocado al efecto, sino que en tanto no se lleve a cabo una negociación exitosa entre el territorio que pretende separarse y la Federación, la secesión no se producirá. Esto es, la Ley de Claridad lo que pretende no es facilitar la secesión, sino dificultarla ante el intento del Gobierno de Quebec de actuar de forma unilateral.

En el caso de Escocia, la situación es diferente. El referéndum de 2014 fue, efectivamente, un referéndum acordado con el Gobierno británico, por lo que es un ejemplo legítimo de referéndum de secesión pactado en un ámbito jurídica y políticamente próximo a España y, por tanto, es un apoyo válido para el nacionalismo. Aunque, evidentemente, su alcance argumentativo es limitado, pues no puede pretenderse —como afirman— que solamente es acorde con el principio democrático autorizar la celebración de referéndums de autodeterminación, ya que, frente al ejemplo británico, la mayoría de países los rechazan. Este argumento, a su vez, es contestado por los nacionalistas cuando afirman que en otros países no se ha dado una reclamación amplia en un territorio determinado a favor de la secesión y que, en caso de que esto sucediera, la respuesta de los países que ahora niegan la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación sería distinta. Se trata, evidentemente, de una especulación que, en cualquier caso, se mueve en el terreno de lo que debería ser y no de lo que es, porque en el caso de España es claro que no cabe la secesión de una parte del territorio nacional sin una previa modificación de la Constitución, una imposibilidad que, como acabamos de ver, no es exclusiva de nuestro país.

SECESIÓN POR LA VÍA DE HECHO

La opinión consultiva del Tribunal de La Haya en el caso de Kosovo

De acuerdo con lo que se ha expuesto más arriba en el epígrafe «Derecho a la autodeterminación», la secesión de Cataluña no encuentra fundamento ni en el derecho internacional ni en el derecho interno. Ahora bien, la secesión puede conseguirse por la vía de hecho mediante el control del territorio y de la población que se pretenden constitutivos del nuevo Estado. En este proceso de toma de control podría incluirse una declaración formal en el sentido de que quienes promueven la secesión declaran solemnemente su voluntad de conseguir dicho control con el fin de actuar como Estado independiente en la esfera internacional; esto es, una declaración unilateral de independencia (DUI).

Los secesionistas han venido amenazando con una DUI desde antes del inicio formal del proceso y con frecuencia han citado como un apoyo a la posibilidad de dicha declaración la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo de 22 de julio de 2010. En dicha opinión se sostuvo que la declaración de independencia de Kosovo, realizada por miembros de su asamblea parlamentaria, no era contraria al derecho internacional, lo que ha sido interpretado por los nacionalistas como que este legitima las secesiones internacionales. Esto no es cierto.

La opinión se refiere exclusivamente a la «declaración unilateral de independencia», no a la «independencia». La CIJ elude expresamente pronunciarse sobre las consecuencias de la DUI en relación con la independencia del territorio y se limita a afirmar que, en principio, no hay nada en el derecho internacional que impida que un grupo de personas declaren su voluntad de constituirse en la autoridad que gobierne un determinado territorio y su población como poder soberano, pero que dicha declaración será efectiva cuando dicho control sea conseguido. Si fracasan en su propósito, no habrá consecuencias para el derecho internacional que se deriven de la DUI. En definitiva, la CIJ reafirma lo que siempre se ha mantenido: que la creación de nuevos estados es una cuestión de hecho y que lo único que ha de considerarse es la efectividad en el control del territorio y de la población.

Así pues, desde la perspectiva del derecho internacional, la creación de un nuevo Estado por el proceso de secesión es, en principio, neutra. A salvo de que nos encontremos ante un supuesto de descolonización o de dominación extranjera, en cuyo caso se legitima la secesión, como hemos visto, o que el proceso de secesión vulnere alguna norma internacional; por ejemplo, la que prohíbe que los estados atenten contra la integridad territorial de otros estados, lo que sucedería si la secesión es apoyada desde un Estado diferente de aquel en el que se produce el proceso de separación.

Finalmente, el que la secesión sea neutra desde la perspectiva internacional no implica que lo sea desde la del derecho del Estado en el que se produce el proceso de secesión. Dicho Estado podrá emplear los medios que resulten necesarios para impedirla, incluyendo el uso de la fuerza, siempre que ese uso respete las normas del derecho internacional.

El control del territorio y de la población: los hechos de septiembre-octubre

Así pues, la legalidad internacional de la DUI no implica la efectiva independencia, sino que esta resultará del control del territorio y de la población por parte de quienes quieran convertirse en las autoridades del nuevo Estado. Es en ese control del territorio y de la población donde se juega el éxito o el fracaso de la secesión.

En el caso de Cataluña, el plan secesionista era ejercer ese control por medio de las administraciones autonómica y local. Dado el alto volumen de competencias gestionado por estas administraciones, bastaría con que ellas proclamasen que ejercían su poder público no en nombre del Estado español, sino en el de la República Catalana para que el Estado español fuera desplazado en su práctica totalidad de Cataluña. Este plan no es una especulación, sino que se refleja claramente en la Ley de Transitoriedad Jurídica, que prevé que todas las administraciones presentes en Cataluña pasen a integrarse en la administración de la República Catalana. De conseguirse que los funcionarios acatasen esta norma, el Estado quedaría expresamente desplazado del territorio de Cataluña. En caso de que hubiera resistencias a este cambio de titularidad del poder público, los dirigentes de la secesión confiaban en la utilización de los Mossos d’Esquadra para facilitar la transición. Así se desprende de las declaraciones del conseller de Interior, Joaquim Forn, publicadas el 11 de octubre de 2017. La pretensión de excluir del territorio catalán a quienes pudieran visualizar la continuidad del Estado español se manifiesta también en la petición explícita de retirada de Cataluña de la Policía dependiente del Gobierno español hecha el 2 de octubre de 2017 por el entonces presidente Puigdemont.

En este propósito de conseguir la secesión por la vía de hecho se insertaba el referéndum del 1 de octubre, una consulta que era ilegal desde la perspectiva del derecho español y que no se ajustaba a las exigencias internacionales en materia de referéndums de autodeterminación. En este sentido, el objetivo del referéndum del día 1 de octubre no era obtener a través de él una legitimación de la secesión por vía de la consulta, sino visualizar que el Estado español ya no ejercía el control pleno del territorio de Cataluña. Como hemos visto, el control efectivo del territorio y su población es la clave para adquirir la condición de Estado desde una perspectiva internacional, y la realización del referéndum de autodeterminación en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional y pese a los esfuerzos de la policía por impedirlo, una prueba de peso de que la República Catalana que se encontraba en fase de cristalización podría reclamar el control efectivo del territorio.

En este contexto, las confusas declaraciones de independencia de los días 10 y 27 de octubre, que en una calculada ambigüedad pretendían dificultar la actuación directa del Estado, fueron correctamente entendidas desde la perspectiva internacional, en el sentido de que un nuevo actor reclamaba un lugar en la comunidad de las naciones. El rechazo al reconocimiento formal de la independencia de Cataluña que se produjo en las semanas de confusión que se vivieron durante el mes de octubre no debe verse tan solo como un apoyo a la legalidad constitucional española, sino como el reconocimiento de que nos encontrábamos ante unas circunstancias que debían ser calificadas desde la perspectiva internacional, y no la meramente interna española. Ningún Estado rechaza formalmente la aparición de un nuevo Estado si no se dan las circunstancias objetivas para que dicha aparición haya de ser valorada, y esas circunstancias son la voluntad de un grupo de personas para constituirse en el poder público en el territorio y la consecución del control efectivo del mismo o, al menos, la de una posición en la que se puede cuestionar el control efectivo de su población y territorio al Estado respecto al cual pretende realizarse la secesión.

Fue el discurso del rey, el 3 de octubre, y la aplicación de las medidas adoptadas sobre la base del artículo 155 de la Constitución, el 27 del mismo mes, lo que puso fin a la aventura secesionista. El discurso del rey dejó claro a la comunidad internacional que España seguía considerando a Cataluña como parte integrante de su territorio y que no toleraría la secesión, y el éxito en la implementación de las medidas aprobadas por el Senado el 27 de octubre probó que el Estado seguía manteniendo el control del territorio catalán.

De no haber conseguido la implementación de las medidas adoptadas sobre la base del artículo 155, la República Catalana habría surgido, y aunque no hubiera obtenido un reconocimiento internacional, su nacimiento hubiera tenido consecuencias desde la perspectiva del derecho internacional. Entre otras, la imposibilidad para España de utilizar la fuerza para recuperar el territorio sobre el que había perdido el control.

El relato del expolio

El triunfo de Junqueras

JOAN LLORACH

TERRENO ABONADO

Destacados líderes soberanistas han dado testimonio del crucial papel desempeñado por el argumento del agravio económico en el aumento del apoyo al independentismo a lo largo de los últimos años. En julio de 2013, cuando dirigía el centro cultural del Born, el actual president de la Generalitat, Quim Torra, afirmó: «Ya sé que en el independentismo estamos donde estamos gracias también a poner el acento en el expolio fiscal». En julio de 2016, la entonces consellera de Presidencia, Neus Munté, aseguró: «el fin del expolio fiscal, tan injusto como permanente, es un argumento imbatible». Y Jordi Argelaguet, director del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat desde 2011, reconoce en un trabajo de síntesis dirigido al público internacional que «Para promover la movilización popular a favor de sus postulados políticos, los secesionistas catalanes usaron uno de sus argumentos favoritos: el déficit fiscal entre Cataluña y España».[1]

El Consell Assessor per a la Transició Nacional sostiene que la «sistemática discriminación fiscal» constituye una de las razones por las que Cataluña puede alegar la necesidad de una «autodeterminación como último recurso para poner remedio a una situación injusta» (remedial secession), ya que «el agravio económico es un hecho innegable: no solamente por su magnitud absoluta, sino también relativa (en relación con otras regiones europeas)», y ha sido «un componente importante de la movilización popular de los últimos años».[2]

Durante el procés, el independentismo no tuvo que esforzarse demasiado para conseguir que el argumento del expolio fuera creíble ya que el nacionalismo catalán lo viene esgrimiendo desde hace décadas. El exministro socialista Ernest Lluch dejó testimonio de cómo Jordi Pujol lo utilizó incluso en un momento de gran sintonía entre Madrid y Barcelona como 1992. Solo cuatro días después de la finalización de los Juegos Olímpicos, aún resonando el Amigos para siempre, Lluch dejaba constancia en La Vanguardia de lo dañino que podía acabar siendo el discurso sobre el expolio fiscal:

El president de la Generalitat [Jordi Pujol] ha afirmado con contundencia que Cataluña, con los impuestos que paga, podría celebrar cada año unos Juegos Olímpicos, por lo que no debe agradecer absolutamente nada de lo realizado. En su opinión, por cada 100 pesetas que Cataluña paga fiscalmente, el Estado solo le devuelve 60. […]

Hablar de expoliación fiscal, en consecuencia, es algo bastante difícil si no se quiere andar por el camino de la imprecisión, incluso por los caminos de la demagogia. Por ello lamento mucho que informaciones sesgadas o poco sosegadas puedan ir creando en el interior de Cataluña lo que en mi infancia se llamaba «mala sangre». Así, uno sufre cuando lee que un lector de Valls asegura que hay que recordar «el trato netamente expoliador que viene padeciendo Cataluña amparándose en una supuesta solidaridad. […] La queja continuada puede irse transformando en amonal ideológico.

JUNQUERAS ENTRA EN ESCENA

Oriol Junqueras ha contado que «cuando tenía siete años, salí a hacer una encuesta por mi pueblo casa por casa; estaba convencido de que la mayoría eran independentistas como yo». Como historiador, concluye que los catalanes no aceptan «la sencilla realidad de que los españoles no nos quieren» y como político, que «el Estado español es irreformable». Aprovechando la crisis, Junqueras consiguió colocar la independencia en el centro de la política catalana utilizando el déficit fiscal como su principal justificación. En julio de 2011, cuando aún era candidato a la presidencia de ERC, explicó su estrategia con nitidez en TV3:

Nosotros sufrimos una crisis económica de carácter internacional muy importante y otra añadida que es terrible, que es que cada año, aproximadamente el 10 por ciento de nuestro PIB, que es una bestialidad, marcha y no vuelve de ninguna manera. […] Ya sé que hay muchos espectadores que dicen: «Esto yo ya lo sé, y además ya lo sé desde hace mucho tiempo», pero también es cierto que muchos, o bien no lo saben, o no se lo quieren acabar de creer, o a pesar de creérselo quieren cerrar los ojos porque la consecuencia lógica de creerlo es una consecuencia lógica que ellos no quieren asumir, que es ser independentistas. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Persistir en esta pedagogía, persistir en esta explicación para dejar claro que lo que nos limita, lo que limita nuestro presupuesto público, lo que limita nuestras políticas sanitarias y educativas es en buena medida el expolio fiscal que sufrimos por parte del Estado español cada año.

Con este mensaje tan claro, Junqueras no solamente se dirigía a sus votantes, sino que también quería llevar al límite de las contradicciones a los electores tradicionales de CiU. Junqueras les venía a decir: «la independencia es la consecuencia lógica del injusto expolio fiscal que os han explicado muchas veces desde hace muchos años y que ahora, con la crisis, es una necesidad urgente». Una vez elegido nuevo líder republicano, realizó una intensa actividad política en actos públicos y medios de comunicación para explicar los extraordinarios beneficios de la independencia sin olvidarse de utilizar el expolio en contra del entonces president Artur Mas. Por ejemplo, en enero de 2012, declaró:

Nosotros tenemos la sensación de que el Govern [de Artur Mas], que habló de transición nacional y de reducir el expolio fiscal, desafortunadamente está dando pasos en la dirección contraria.

Así pues, el argumento económico se convirtió en la mejor arma electoral para alcanzar un doble objetivo: vender la independencia y hacerse con el control de la hegemonía ideológica en el campo nacionalista. En su campaña a las elecciones europeas de 2009, Junqueras ya había comprobado que por mucho que exagerase la causa, la magnitud y el efecto del expolio, nadie en CiU se lo criticaría, ya que también formaba parte de su repertorio argumental. En un mitin, aseguró:

Tres mil euros cada uno de nosotros. Doce mil euros por familia media catalana, el equivalente a un coche cada año, dos millones de las antiguas pesetas cada año. ¿Y cuántos años hace que dura esto? Pues, como mínimo, veintitrés. Dos millones por familia catalana en impuestos que les hemos regalado por veintitrés tres años, hace cuarenta y seis millones de pesetas. ¿Cuánto vale un piso en vuestro pueblo? Pues probablemente el piso ya lo tendríais pagado. Y si alguno de vosotros paga hipoteca, pues no la pagaría.

Si con argumentos como este no sois capaces de convencer a vuestros amigos, vecinos, parientes y conocidos de que conviene votar ERC porque conviene avanzar hacia la libertad nacional de nuestro país, hacia nuestro progreso económico y hacia nuestra justicia social, entonces es que el candidato no es lo suficientemente bueno.

Junqueras ha dicho que él desearía la independencia «por dignidad», aunque «España fuera el país más próspero del mundo». Sin embargo, siempre ha recomendado el argumento económico para lograr aumentar el apoyo al secesionismo.

PUIGDEMONT Y TORRA IGUALAN LA RETÓRICA

El debate en TV3 de las elecciones de 2012 dio una buena muestra de cómo logró Junqueras arrastrar a CiU hacia la causa independentista. Junqueras intervino catorce veces. En el saludo y la despedida se presentó como «el socio más fiable del pueblo de Cataluña para avanzar hacia la independencia» y en cada una de las doce intervenciones restantes incluyó argumentos económicos como estos:

«la independencia no es solamente una cuestión de derecho, que obviamente tenemos, sino que es una necesidad, y una necesidad urgente para ayudar a la gente»;

«solamente cuando seamos responsables de todos los recursos que generamos podremos asegurar un futuro para nuestro país»;

«lo que provoca la fractura social es el expolio fiscal que nos imponen»;

«desde ERC afrontaremos el problema principal: el Estado español se lleva 16.000 millones de euros de nuestra economía».

Junqueras tuvo en Mas un contrincante ideal: dispuesto a legitimar sus postulados, pero tímido para explotarlos. Junqueras mencionó los dieciséis mil millones en tres intervenciones; Mas, en ninguna. Y mientras Junqueras presentaba la independencia como la gran solución, Artur Mas titubeaba recordando que en «el lema de la manifestación [de la Diada de 2012] no figuraba la palabra “independencia”».

En parte porque Mas no quiso igualar o rebatir la retórica de su contrincante, en esas elecciones pasó de 62 a 50 diputados, mientras que ERC creció de 10 a 21 (pasando de ser la cuarta fuerza a liderar la oposición). En las europeas de 2014, el partido de Junqueras superó a CiU por primera vez y fue el partido más votado en Cataluña. Desde entonces, Mas se negó a anticipar nuevamente las elecciones para avanzar en el procés sin una coalición electoral con ERC.

Mas eligió a un sucesor capaz de igualar la retórica de Junqueras. En 2014, Carles Puigdemont ya aseguraba que «en España, los pobres de las regiones ricas pagan a los ricos de las regiones pobres» y, ya siendo president, en septiembre de 2016, cuando anunció el referéndum unilateral, sostuvo:

No importa si piensan que Cataluña debe seguir siendo una autonomía descafeinada de la monarquía española o debe convertirse en un Estado independiente: el maltrato del Estado español les perjudica exactamente igual. El 8 por ciento del déficit fiscal sale tanto del bolsillo de un independentista como del de un «dependentista». Las consecuencias de la falta de recursos las sufre todo el mundo —las sufren todos por igual—, del mismo modo que los beneficios de un reparto justo también serían para todos.

Puigdemont siguió el ejemplo y eligió a un sucesor aún más radical, Quim Torra, que en el libro Els últims 100 metres (2016) alude al maltrato económico más de veinte veces y que en su discurso de investidura, en mayo de 2018, dijo:

Es una obligación recordar y denunciar con todas nuestras fuerzas el déficit fiscal de Cataluña, 16.000 millones de euros anuales, que nos ahoga e impide prestar los servicios públicos que nos mereceríamos o construir las infraestructuras que nuestra economía requiere para ser competitiva y estar a la altura del resto de los países europeos. Sin resolver este déficit fiscal, cualquier demanda de mejora de políticas o de inversiones es un verdadero brindis al sol.

Para Pujol y Mas, el expolio fue un útil elemento de propaganda que no evitaba poder crear un «país de primera» en su obra de gobierno. Puigdemont y Torra han adoptado ya la retórica de Junqueras, según la cual, el expolio es un lastre que impide el desarrollo y la justicia social.

JUNQUERAS VERSUS MAS-COLELL

El relato económico de Junqueras ha tenido un gran éxito entre los independentistas por su sencillez y efectividad. Se ha convertido en el abecé del separatismo. Por ejemplo, en Els últims 100 metres, Torra lo presenta varias veces como fuente de autoridad, llegando a decir que «el vicepresident Junqueras ha señalado el camino».[3] En cambio, sorprende que Torra no recoja en su libro ni un solo argumento de Mas-Colell, quien goza del máximo prestigio en la élite académica mundial y pertenece a su mismo espacio político.

La preferencia de Torra por Junqueras no es un asunto sin importancia, ya que el exvicepresident ha basado su discurso en cifras significativamente diferentes a las que ha difundido públicamente Andreu Mas-Colell.

Por ello, una buena manera de analizar el argumento económico independentista es comparar las respuestas que ambos exconsellers han dado a las siguientes ocho preguntas.

¿ES EL DINERO DE MÁS QUE OBTENDRÍA LA GENERALITAT AL PRODUCIRSE LA INDEPENDENCIA RAZÓN SUFICIENTE PARA DESEARLA?

En un acto en la Universitat Politècnica de Gandia el 30 de mayo de 2009, Junqueras dijo:

Cada año salen de los bolsillos de cada familia 12.000 euros, que no se os devuelven de ninguna manera. Y como hace 23 años que dura, vuestra familia le ha regalado al Estado español 46 millones de pesetas, que equivalen, teniendo en cuenta lo que cuestan en Gandía, a dos pisos; y si alguno de vosotros paga hipoteca, no la pagaría; por tanto, la racionalidad y la razón invitan a sumarse a la causa de la independencia. [La cursiva es mía.]

El 24 de julio de 2015, el periodista Antoni Bassas, del diario Ara, le preguntó a Mas-Colell: «¿Es posible resolver el eje social sin la independencia?». Esta fue su respuesta:

Yo no creo que el tema de la independencia tenga que plantearse en función de intereses económicos muy inmediatos. Lo que sí puedo decir es que Cataluña, como unidad económica separada, no tiene ningún problema económico adicional sobre los que pueda tener ahora. La crisis económica europea le puede afectar igual, así como los problemas del euro. Pero en términos de fiscalidad, es de sentido común y los estudios lo demuestran, que como pagamos impuestos por encima de la media y recibimos en el mejor de los casos en la media, es evidente que haciendo una contabilidad global como la hemos hecho en uno de los anexos a los últimos presupuestos, la contabilidad global de Cataluña sería de superávit. Con los impuestos que actualmente pagamos podemos cubrir el coste de todos los servicios públicos que recibimos y aún quedaría un pequeño excedente. [La cursiva es mía.]

Sorprendente: Junqueras responde que sí y Mas-Colell que no. Quizá lo que para uno son «dos pisos» para el otro es un «pequeño excedente». Veamos qué cantidad concreta de euros estiman uno y otro.

¿CUÁNTO DINERO DE MÁS OBTENDRÍA LA GENERALITAT AL PRODUCIRSE LA INDEPENDENCIA?

El 3 de diciembre de 2012, en el programa radiofónico matinal El món a RAC1, el más escuchado en Cataluña, dirigido por Jordi Basté, Junqueras dijo:

Tendríamos 16.000 millones de euros cada año, deje de darle vueltas a conceptos y si le parece más o menos; hablamos de números: 16.000 millones de euros es más dinero que todos los recortes juntos que hace la Generalitat. Sí, es cuatro veces más; cuatro veces más son cuatro veces más; es que, mira que es fácil, matemáticas básicas, esto es aritmética de segundo de Primaria, ¡por el amor de Dios!

Y en una conferencia en la patronal PIMEC el 30 de noviembre de 2012 añadió la siguiente afirmación categórica:

Una Cataluña independiente tendría el superávit público, en términos absolutos y relativos, más importante de las economías occidentales.

Hemos visto que en la primera pregunta, Mas-Colell respondía mencionando una contabilidad global incluida en los presupuestos de 2015. En su presentación, el 4 de diciembre de 2015, la describió de la siguiente forma:

Es un intento de dar de una forma consolidada el total de impuestos que se pagan en Cataluña y el total de gastos directos e indirectos que afectan a los ciudadanos de Cataluña; cuando se hace esta cuenta, resulta que el global da un superávit para España de 2.405 millones de euros. Por tanto, las cifras pretenden ser una buena estimación de lo que serían las cuentas de Cataluña en cualquier configuración institucional.

Al día siguiente, en El món a RAC1, Basté daba la crónica:

En una Cataluña independiente […], el año que viene tendría un superávit del 1,2 por ciento según el informe, es decir le sobrarían más de 2.400 millones.

El catedrático Albert Carreras, que fue secretario de Economía con Mas-Colell, también se refiere a la contabilidad global en su libro del 2015 Volem la independencia?:

El Departamento de Economía hizo el cálculo el pasado diciembre de 2014 del presupuesto de todas las administraciones públicas en Cataluña (estatal, autonómica y local). Esta agregación se podría considerar el punto de partida del presupuesto de las administraciones de la Cataluña independiente. […] El superávit sería de 2.405 millones de euros, el 1,2 por ciento del PIB catalán».[4]

Y, posteriormente, en enero de 2006, en la nacionalista Revista de Catalunya, Carreras ajustó la cifra de los 2.405 millones de euros previstos a solo 428 millones reales:

El 31 de marzo de 2016, el Ministerio informó de la ejecución presupuestaria. […] Comparado con un superávit previsto de 2.405, la ejecución habría sido, aproximadamente, de un superávit de 428 millones de euros.

Tenemos, pues, dos estimaciones distintas del dinero de más que obtendría la Generalitat al producirse una eventual independencia: Junqueras dice que 16.000 millones todos los años, pero según la contabilidad global de Mas-Colell, serían solo 428 millones en 2015, un año que, según Junqueras, la economía catalana «se comportó singularmente bien, probablemente la mejor en la zona euro», afirmó.

La Generalitat elaboró la contabilidad global por primera y última vez para el presupuesto de 2015. Junqueras ya no la elaboró cuando accedió al Departamento de Economía en 2016. Y tampoco ha sido recibida con agrado por determinados líderes del secesionismo. Por ejemplo, cuando Miquel Iceta la mencionó en un debate para las elecciones del 21 de diciembre de 2017, la profesora Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, tuiteó:

Estos cálculos que ha sacado ahora @miqueliceta es una especie de balanza fiscal sin neutralizar. Lo que utiliza siempre Borrell. Y un gran error de Mas-Colell haber encargado ese cálculo.

¿QUÉ PROPORCIÓN DE LOS IMPUESTOS PAGA Y QUÉ PROPORCIÓN DEL GASTO RECIBE CATALUÑA?

Las respuestas a las dos preguntas anteriores se basan en el resultado de la contabilidad global que calcula la diferencia entre lo que Cataluña paga y recibe. Sin embargo, para medir el esfuerzo fiscal total, a esta cantidad hay que añadirle la parte del déficit del Estado que le corresponde a Cataluña y que se pagará con impuestos futuros. A partir de aquí, siempre hablaremos de los datos del esfuerzo fiscal total.

En 1999, en la última investidura de Jordi Pujol, Pasqual Maragall explicó que su fórmula era «pagar por renta y recibir por población». Quince años después, en febrero de 2014, en la cadena COPE, Junqueras explicó que esa era también su propuesta. Sin embargo, en la misma entrevista, afirmó que dicha regla no se cumple:

De media, en el último cuarto de siglo, los ciudadanos catalanes han representado un 16 por ciento de la población y han contribuido un 20 por ciento en el PIB, pero han pagado un 24 por ciento de los impuestos y han recibido un 10 por ciento del presupuesto público.

En abril de ese mismo año, en el programa televisivo de Cuatro Viajando con Chester, de Risto Mejide, relacionó ambos conceptos:

¿Qué parte creemos que nos corresponde? El Gobierno español podría decir: «mira, los ciudadanos de Cataluña son el 16 por ciento de los ciudadanos del Estado español y, por tanto, recibirán el 16 por ciento del gasto público, pero no lo cumple: recibimos el 10 por ciento de media; y el Gobierno español podría decir: «mira, los ciudadanos catalanes producen casi el 20 por ciento del PIB español, pues que aporten el 20 por ciento de los impuestos», pero no aportamos el 20 por ciento, sino el 24 por ciento […].

En octubre de 2015, en Salvados, Jordi Évole llevó a Junqueras a visitar una familia sevillana, a la que explicó:

Yo creo que aquí hay una trampa, en el sentido de que los ciudadanos de Cataluña representan el 16 o el 17 por ciento del total [de la población] de España, aportan el 24 por ciento de los impuestos y reciben el 9 por ciento de las inversiones. Y esto no puede ser. Por esto hay tanta gente que ha nacido en Andalucía y que está convencida de que la única solución es la independencia. Por esto pasa.

Sin embargo, el 14 de febrero de 2018, en un debate en la London School of Economics, Mas-Colell afirmó:

Aproximadamente, Cataluña paga impuestos en proporción a su contribución al PIB y recibe en proporción a su población.

Y, en efecto, los datos de las balanzas fiscales publicadas por la Generalitat confirman lo dicho por Mas-Colell:

– Cataluña genera el 18,80 por ciento del PIB (dato del INE) y paga el 18,86 por ciento de los impuestos (dato de la Generalitat).

– Cataluña representa el 15,99 por ciento de la población (INE) y recibe el 15,03 por ciento del total del gasto e inversiones públicos (Generalitat).

Así pues, la realidad del déficit fiscal indica que Cataluña está muy cerca de lo considerado justo por Maragall y Junqueras, es decir, pagar por renta y recibir por población.[5]

¿QUÉ DÉFICIT FISCAL TIENE CATALUÑA?

Como Cataluña paga por renta y recibe por población (un porcentaje menor), la diferencia genera un déficit fiscal.

Hemos visto en citas anteriores que Junqueras lo estima en el 10 por ciento del PIB, es decir, en el 10 por ciento de la riqueza anual que genera Cataluña, y que lo cuantifica en unos dieciséis mil millones.

Veamos ahora la frase completa que Mas-Colell pronunció en la London School of Economics:

Aproximadamente, Cataluña paga impuestos en proporción a su contribución al PIB y recibe en proporción a su población, por lo que su déficit fiscal es del orden de diez mil millones, el 5 por ciento del PIB catalán.

Así pues, Cataluña tiene un déficit fiscal del 5 por ciento de su PIB, que es lo que le corresponde por pagar por renta y recibir por población.

La estimación del exconsejero de Economía nos permite valorar el pacto fiscal que propuso Mas. En diciembre de 2011, durante una entrevista en TV3 en la que rechazó la conveniencia de llevar a cabo la consulta secesionista porque «dividiría el país en dos», Mas explicó:

Lo hemos dicho muchas veces. Si en este momento tenemos un déficit fiscal del 8 o el 9 por ciento de nuestra riqueza anual, de lo que se llama el PIB, pues no debería ir más allá del 4 por ciento, que es lo que tienen más o menos los territorios más ricos, por ejemplo, de Alemania.

Mas inició el procés pidiendo un déficit fiscal del 4 por ciento cuando ya era del 5 por ciento. Y además, como veremos, el déficit fiscal de los länder ricos alemanes no es del 4 por ciento, sino significativamente superior. Es decir, que Mas pasó del pacto fiscal a la independencia por un 1 por ciento del PIB catalán utilizando, además, una referencia inexistente.

¿RECIBE CATALUÑA UN CASTIGO FINANCIERO SINGULAR POR PARTE DEL ESTADO?

El 3 de diciembre de 2012, Junqueras, en RAC1, dijo:

El Gobierno español trabaja constantemente para evitar que la Generalitat tenga los recursos que necesita para ayudar a los ciudadanos de Cataluña.

Y unos meses más tarde, en la misma emisora del Grupo Godó, añadió:

El reto real es que nuestro país se asfixia a pesar de que paga suficientes impuestos como para no asfixiarse, y si se está asfixiando a pesar de pagar estos impuestos es porque el Estado español nos está asfixiando.

Y el 15 de mayo de 2013, en Vic:

El Estado español nos estrangula y quiere que nuestra gente sufra. Pero también es evidente que no nos puede estrangular tanto como para estrangularse del todo a sí mismo. El Estado español no puede estrangular definitivamente una economía que representa el 24 por ciento de sus ingresos fiscales.

En contraste, un mes antes de la consulta del 9-N de 2014, Mas-Colell dijo en un debate en el diario Ara:

El problema fundamental desde el punto de vista de las finanzas de Cataluña con respecto de los presupuestos del Estado no es un castigo a Cataluña, es un castigo, o algo muy negativo, a todas las comunidades autónomas; es decir, hay un esfuerzo deliberado de asfixiar a las comunidades autónomas. Aunque para mí no lo sea, quizá nos puede servir de consuelo que no nos quieren asfixiar más que a Valencia o Madrid.

Así pues, Mas-Colell centró la atención en lo que es el debate de financiación habitual en todos los países: el «reparto vertical» de los impuestos entre los diferentes niveles de la Administración. El problema no está en la diferencia entre lo que paga y recibe Cataluña, sino que radica, según él, en que las autonomías en España reciben una parte menor de los impuestos de la que les corresponde.

¿ES EL DÉFICIT FISCAL UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA CATALANA?

Como ya es manifiesto, Junqueras ha identificado y mezclado en repetidas ocasiones los efectos de la crisis con los efectos del déficit fiscal. Por ejemplo, en julio de 2010, Oriol Junqueras dijo en El Vendrell:

16.000 millones de euros es una cifra monstruosa. La prueba de que es una cifra monstruosa es que el 43 por ciento de los impuestos que pagamos desaparecen. […] Equivale aproximadamente al 8 por ciento, al 9 por ciento, al 10 por ciento de nuestro producto interior bruto. Si cada año no desapareciese de nuestro país un 8 por ciento de nuestro producto interior bruto, cada diez años doblaríamos nuestro producto interior bruto. Cada diez años seríamos el doble de ricos. ¿Se entiende que es una cifra monstruosa? Por tanto, nosotros sí generamos los recursos. No es que nuestra economía sea incapaz de generar estos recursos. Sí que los genera. Lo que pasa es que estos recursos no se quedan en nuestra economía. El precio que pagamos por esto son 840.000 parados. […] ¿Esto hace poco que dura o hace mucho que dura? […] Hace veintiséis años que dura. Un cuarto de siglo. Habríamos casi cuadriplicado nuestro producto interior bruto. Casi cuadriplicado.

A las puertas de la Diada de 2012, en Sabadell, el político republicano afirmó:

[El déficit fiscal] es una tragedia que nos viene impuesta; que nos viene impuesta desde fuera; que nos viene impuesta porque nos expolian más de la mitad de los impuestos que pagamos.

En cambio, Mas-Colell ha opinado que mientras haya crecimiento económico, este compensa cualquier déficit fiscal. En noviembre de 2013, en una conferencia en el Fórum Europa dijo:

En términos absolutos, el crecimiento económico acaba absorbiendo y dominando la magnitud de cualquier transferencia. Se deduce que lo realmente importante es el crecimiento económico y que, por tanto, la preocupación debe ser que las transferencias no perjudiquen la posibilidad de crecimiento del emisor de las mismas.

Entonces, la pregunta es: ¿se ha desarrollado bien económicamente Cataluña dentro de España? Las cifras indican que, si estuviera en Francia, Cataluña (con el 110 por ciento de la media de la Unión Europea) sería la segunda región con mayor renta per cápita, ajustada por poder de compra, después de París, muy por encima de la región en la que está la vecina Perpiñán (el 76 por ciento). Y también muy por encima de Portugal (el 77 por ciento), un país aledaño que no ha formado parte del mercado español.

Aunque, desde luego, siempre se podrá estar convencido de que a Cataluña le hubiera ido mucho mejor siendo independiente. Para Junqueras «habríamos casi cuadriplicado nuestro producto interior bruto». Según los datos de Eurostat más recientes, la renta per cápita catalana es de 28.800 euros, que multiplicada por 4 da 115.200 euros, con lo que triplicaría la renta de Alemania, que está en 38.200 euros. Con ello, según Junqueras, Cataluña sería muy pronto el país más rico de Europa. Ese optimista sinsentido es la consecuencia de confundir el déficit fiscal con un crecimiento garantizado de la economía.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS IMPUESTOS RETORNA A CATALUÑA?

El 22 de octubre de 2012, con las elecciones en ciernes, Junqueras dijo en 8TV:

En Cataluña, cada año desaparecen 16.000 millones de euros de nuestra economía, más de la mitad de los impuestos que pagamos se van hacia el Estado español y no vuelven de ningún modo.

Casi cinco años después, en mayo de 2017, Lluís Salvadó, secretario de Hacienda con Junqueras, explicó a Mònica Terribas en Catalunya Ràdio:

En 2016, en Cataluña pagamos 74.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones, y como bien sabéis, 14.000 no vienen; se quedan por el camino porque aquí nos llegan 60.000.

Así pues, según Salvadó, retorna el 81 por ciento.

Veamos ahora el porcentaje de retorno que se puede calcular a partir de la contabilidad global de Mas-Colell. En ella se dice que Cataluña pagó un total de 78.239 millones de euros y recibió 77.811 millones (es decir, la totalidad menos 428 millones), el 99,45 por ciento de lo pagado.

Aunque, como se ha visto, para tener en cuenta el esfuerzo total, hay que contar la parte del déficit del Estado que corresponde a Cataluña y que se pagará con impuestos futuros, que para 2015 fue de 7.199 millones.

¿ES EL DÉFICIT FISCAL DE CATALUÑA EXCEPCIONALMENTE ALTO EN COMPARACIÓN CON EL QUE TIENEN REGIONES RICAS DE OTROS PAÍSES?

En abril de 2011, Oriol Junqueras envió una carta a todos los diputados del Parlamento Europeo en la que decía:

Cataluña es una de las regiones europeas con mayor potencial, a pesar de que España le deduzca anualmente el 10 por ciento de su PIB. Como sabe, por decisión del Tribunal Constitucional, en Alemania las transferencias entre regiones están limitadas al 4,5 por ciento del PIB regional. […] Es necesario acabar con esta situación, ya que la asfixia económica de Cataluña significa, sin duda alguna, la asfixia económica de Europa.

Y el 31 de enero de 2012, escribió en su blog:

Con los años, y con un esfuerzo pedagógico titánico tanto nuestro como de muchos actores de la sociedad civil, y también gracias a la evidencia irrefutable de los hechos, más y más sectores sociales y políticos han ido constatando que, efectivamente, el sistema de financiación que sufrimos es de una magnitud que no resiste comparaciones en Europa. Tanto es así que las aportaciones del land más rico de Alemania no llegan ni a la mitad del déficit fiscal catalán. Es por ello que hablamos de expolio fiscal, de un maná ingente de recursos que fluye hacia Madrid y que no vuelve nunca más.

En mayo de 2013, la catedrática Núria Bosch, coordinadora del equipo que elabora las balanzas fiscales de la Generalitat y que más tarde ocupó la vicepresidencia del Consell Assessor per a la Transició Nacional, escribió en el informe Anàlisi econòmica del procés d’independència de Catalunya para la Fundació Josep Irla (el laboratorio de ideas de ERC):

La mayoría de los países descentralizados —entre ellos, Estados Unidos, Canadá, Australia y la propia Unión Europea— calculan anualmente los saldos fiscales con el Gobierno federal. Estas cifras se publican y están disponibles para el conjunto de la población, lo que se puede interpretar como un síntoma de transparencia y madurez democráticas. La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate; el oscurantismo, por contra, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se basen antes en los tópicos, los prejuicios y la explotación del agravio y del resentimiento, en vez del conocimiento veraz de la realidad». [6]

A pesar de ser un estudio publicado el 2013 y tener 104 páginas, las únicas cifras que Bosch aporta de Estados Unidos son de 2005; de Canadá, de 2004; y de Australia, de 2011, ya que corresponden a estudios puntuales no realizados por los gobiernos de estos países y que, además, contienen ejemplos de regiones con déficit comparables al que la Generalitat calcula para Cataluña que no se mencionan. Por ejemplo, la fuente que aporta de Estados Unidos es la Tax Foundation, calificada por el premio Nobel Paul Krugman como un «laboratorio de ideas de derechas» que, además, por ejemplo, estima para New Jersey un déficit fiscal del 8,8 por ciento de su PIB que Bosch remite en su trabajo.

En contraste, el 16 de junio de 2014, en El món a RAC1, el periodista Xavier Sardà le preguntó a Mas-Colell:

Conseller, ¿me diría por favor un ejemplo de Gobierno central que haga públicas las balanzas fiscales en cualquier sitio del mundo? Yo no lo encuentro; ¿y Cataluña tiene el déficit fiscal más alto de Europa?».

Mas-Colell respondió:

La verdad es que no lo sé, pero seguro que es de los más altos; no veo ningún tipo de dudas, seguro que es de los más altos.

¿Es posible que todos esos países publiquen las balanzas fiscales y Mas-Colell no lo sepa? Por supuesto que no. Como se detalla en el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015), el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, hizo consultas formales a las embajadas de los países citados y todos respondieron que no las publican.

En la propia revista de la Fundació Josep Irla, vinculada a ERC, se publicó un extenso trabajo desmintiendo por completo la versión del déficit fiscal alemán que afirmaba Junqueras. En el artículo, el profesor Klaus-Jürgen Nagel, de la Universitat Pompeu Fabra, escribe:

Alemania no ha calculado nunca las balanzas fiscales por ningún método. […] Las subvenciones del Gobierno federal pueden alterar la ordinalidad y, de hecho, lo hacen. […] Alemania representa un caso de solidaridad interterritorial muy extremo, mucho más que en otras federaciones, incluyendo las que tienen un Estado del bienestar muy desarrollado.[7]

Y, efectivamente, si no se calcula el déficit fiscal no se puede limitar. Lo que sí existe, tal como se explica en el libro que escribí junto con Josep Borrell, son numerosos testimonios de gobiernos regionales que se atribuyen déficits fiscales del mismo rango que el que la Generalitat calcula para Cataluña (Véneto, el 12,27 por ciento de su PIB; Flandes, el 7,5 por ciento; Australia Occidental, el 7,6 por ciento; y Alberta, el 8 por ciento).

Lo que es habitual, por tanto, es que las regiones ricas instrumentalicen políticamente la solidaridad interterritorial. Por ejemplo, Seehofer, presidente de la rica Baviera desde 2008 hasta 2017, nunca ha perdido comba: «Los estados pobres tienen servicios que nosotros no podemos pagar; ¿cómo puede ser que los estados ricos se tengan que endeudar para hacer transferencias a los estados pobres?». Wowereit, alcalde de Berlín (gran receptora de fondos), dijo que «Berlín es pobre pero sexy», a lo que Seehofer replicó que «Baviera es rica pero no estúpida». El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió en julio de 2012 la esencia del debate:

Es muy fácil dar el titular «Baviera paga, Berlín recibe», pero las reglas sobre la nivelación fiscal son mucho más complicadas, como también lo es su reforma. Hay razones políticas, económicas y sociales para ello. Cualquier cambio radical en el sistema violaría el imperativo constitucional de hacer que las condiciones de vida sean iguales en toda Alemania. Además, hay cuatro estados donantes y doce receptores, y la experiencia ha demostrado que será difícil impulsar una disminución de la solidaridad contra la mayoría.

Janice MacKinnon, profesora universitaria que fue ministra de Finanzas del estado canadiense de Saskatchewan, ha dado una visión que seguramente sea compartida por muchos gobernantes:

La idea de que hay un déficit fiscal es una invención de los estados, en particular de Ontario; el Gobierno federal no reconoce que ese déficit exista y argumenta que el déficit calculado por Ontario se debe a que tiene ciudadanos más prósperos que pagan más, ya que el sistema tributario es progresivo.

El déficit fiscal «sin parangón» alegado por Junqueras y por el Consell Assessor per a la Transició Nacional, que contribuye a construir el retrato de que España somete a Cataluña a un trato excepcionalmente injusto ante el que la única solución es la independencia, no se basa en ningún dato objetivo.

VERBOS

En la entrevista en la COPE citada anteriormente, a Junqueras le preguntaron por el eslogan «Espanya ens roba», convertido en una de las frases icónicas del procés, a lo que él respondió: «Yo no lo uso y no lo he usado nunca». Y en la entrevista con Risto Mejide insistió: «Yo no utilizo el verbo “robar”; no lo he utilizado nunca». Sin embargo, Junqueras sí lo ha utilizado, así como sinónimos variados. En un somero recuento nada científico, para referirse al déficit fiscal, Junqueras utiliza el verbo «quitar» (prendre en catalán) el 80 por ciento de las veces; «expoliar», el 10 por ciento; «joder» (fotre), el 4 por ciento; y «robar», el 1 por ciento. Por ejemplo, el 15 de marzo de 2013, en Sant Andreu de la Barca, Junqueras dijo:

Ya sé que hay gente que dice: «ya está Junqueras diciendo que es culpa del Gobierno español». Ya, pero es que es así. El año pasado nos jodieron 13.000 millones. Pero es que Junqueras siempre dice que es culpa del Gobierno español. Claro, pero es que nos jodieron 13.000 millones. Pero es que ya lo ha dicho otra vez. Ya, ya, ya. Pero nos jodieron 13.000 millones. Pero ya lo has dicho. Sí, ya lo he dicho. Pero nos jodieron 13.000 millones. Nos los jodieron. Y los recortes que nos imponen son de 4.500 millones. Y con 13.000 millones no habría ningún recorte. ¿Verdad que 13.000 millones es más que 4.500 millones? Sí. Con un tercio de lo que nos quitan no habría recortes. Ni uno. Solo con que dejaran de quitarnos una tercera parte de lo que nos quitan.

Y en abril de 2010, decía a una audiencia de Sabadell:

Cuando vaya de verdad, cuando estemos a punto de la victoria, el Estado nos comprará. Al menos lo intentará. Y dirá «Hombre ¿es un tema de impuestos, no?. Mira, a partir de ahora solo os robaremos la mitad de lo que os hemos robado hasta ahora».

EL CANT DELS OCELLS (VERSIÓN FLAMENCA)

Junqueras no fue el único en marcarle el paso a Mas. La ANC hizo lo propio desde «la calle». La ANC ha tenido como una de sus prioridades explicarlo en los barrios obreros de las grandes ciudades, que es donde el independentismo recibe menos apoyos. Por ejemplo, en agosto de 2015 organizó un acto en Torreforta (Tarragona) en el que, entre otros, hablaron Jordi Sánchez (presidente de la ANC), Germà Bel (candidato de J×Sí) y Eduardo Reyes (presidente de Súmate, asociación para promover el independentismo entre los ciudadanos no nacidos en Cataluña). En él se repartieron folletos adaptados a la realidad local en los que se decía:

¡QUEREMOS LA INDEPENDENCIA POR BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL!

CON INDEPENDENCIA, MENOS PARO. La República Catalana tendrá más recursos y, sobre todo, el poder de hacer leyes e inversiones que favorezcan a todos los catalanes. Daimler-Benz quería exportar 200.000 vehículos anuales a través del Puerto de Tarragona y se han perdido los puestos de trabajo que esto hubiese generado porque el Estado español no ha hecho la inversión prometida en ancho de vía europeo, mientras gasta millones en AVE sin pasajeros.

LA REPÚBLICA CATALANA ASEGURARÁ EL BIENESTAR porque somos un pueblo comprometido históricamente con la justicia social.

LA SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA DEPENDE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES: LA INDEPENDENCIA PONDRÁ FIN A UN EXPOLIO FISCAL DE 16.000 MILLONES DE EUROS CADA AÑO.

Después de los discursos, se sirvió una deliciosa fideuá por 3 euros la ración mientras se disfrutaba de la actuación musical de un grupo de flamenco con bailaoras, palmeros y guitarristas que, entre otras canciones, interpretó El cant dels ocells en versión flamenca. La ANC ha realizado una extraordinaria labor de difusión local de los mensajes del independentismo. Durante el procés, no era de extrañar que organizara entre cinco y diez actos diarios. La actividad estrella fue la «gigaenquesta» realizada antes de la consulta del 9-N, en la que se visitaron más de un millón de hogares para preguntar a la gente, entre otras cosas, cómo querían gastar la cifra de hasta 16.000 millones que generaría la independencia.

EL NADA DISPUTADO VOTO DE LLUÍS LLACH

En 2014, el líder de los comunes Xavier Domènech publicó Hegemonías, un libro en el que explica el papel de los medios de comunicación en la difusión del argumento económico independentista:

La realidad del déficit fiscal está presente en otros territorios del Estado español; en algunos casos, incluso con mayor intensidad que en Cataluña, pero es aquí y no en otros lugares donde se ha convertido en la clave del discurso hegemónico de cómo superar la crisis. […]

La articulación de un gran sistema mediático propio, con contenidos muy determinados; «de país» sería la palabra adecuada. Si antes teníamos prácticamente solo TV3 y La Vanguardia en castellano como medios de cierta potencia comunicativa, ahora contamos con el Ara, La Vanguardia en catalán, RAC1, una TVC transformada. […]

Así, leemos también en delirantes editoriales que, de hecho, Europa ya nos ha dicho que no hay ningún problema y que, caso de declararse un Estado propio, automáticamente estaremos en la Unión Europea, mucho mejor recibidos como nación «moderna» que somos frente a la España castiza de siempre. Así, sabemos, gracias a los telediarios, que tampoco al Barça le afectaría la independencia, ya que, al igual que el Mónaco juega en la liga francesa, nosotros seguiríamos en la española, o, si queremos, nos iríamos a jugar a Francia. Y, finalmente, nos dicen y nos explican que con la independencia llegaríamos a tener la renta per cápita de Alemania. Seríamos así el único país del sur de Europa que por arte de magia —por arte de la independencia—, superaríamos la crisis en medio de una riqueza desconocida hasta ahora. Todo ello con un aire naíf que echa para atrás.[8]

Paradójicamente, el discurso hegemónico del déficit fiscal que Domènech denuncia no ha sido contestado por sus correligionarios cuando han tenido la oportunidad de hacerlo ante los mismos medios que califica «de país». Para muestra, dos botones. El 7 de mayo de 2015, Jordi Basté preguntó a Pablo Iglesias:

Cataluña aporta al Estado unos quince mil millones de más entre lo que recauda en impuestos y lo que recibe en servicios, retribuciones e inversiones. Esto quiere decir que una familia catalana de cuatro miembros aporta al conjunto del Estado unos ocho mil euros cada año que no vuelve a ver. ¿Entiende que por este o por otros factores haya gente que quiera un Estado propio para Cataluña?

Iglesias respondió:

Creo que la voluntad de querer un Estado propio puede tener muchas causas e, independientemente de esas causas, es un derecho de los ciudadanos desear la relación jurídica con el conjunto del Estado.

Y continuó con una larga respuesta por la tangente. Doce días más tarde, Mònica Terribas preguntó a Ada Colau:

La gente le pregunta a Ada Colau cómo puede ser, si el eje social es fundamental y, por tanto, mejorar los recursos a todos los niveles, tanto para conseguir becas comedor, una mejora de los estudios universitarios, de las escuelas, del sistema sanitario, etc., etc. Habiendo como hay consecuencias económicas en positivo, como dicen los estudiosos y economistas que han estado profundizando en esta cuestión, ¿por qué Barcelona en Comú no dice claramente que la independencia nos ayudaría a hacer mejor todos los proyectos que queremos?

La hoy alcaldesa también empezó respondiendo por la tangente, pero después de ser repreguntada admitió la mayor diciendo:

¿Que hay una relación injusta entre Cataluña y el Estado español? Totalmente de acuerdo.

Al no desmentir la premisa de las preguntas, las validaron. En cambio, como hemos visto, cuando Bassas le hizo una pregunta similar a Mas-Colell, este la desmintió respondiendo que la independencia produciría «un pequeño excedente».

Otro ejemplo de ocasión perdida fue la primera intervención de Lluís Llach en el Parlament. El cantautor, que ha declarado que votaría a Podemos si viviera en Valladolid, dedicó su primera intervención en el Parlament a ridiculizar la «fraternidad», el leitmotiv de los comunes:

Me obligan a recordar algunos datos sencillamente escandalosos, como el fastuoso y sostenido déficit fiscal, que rebasa los quince mil millones cada año […] Caray con la fraternidad, la compañía y el recíproco sostenimiento que nos ofrece España.

Nadie le contestó, aunque alguien le podría haber dicho: «Si no nos vota por un déficit fiscal escandaloso, le pedimos que reconsidere su decisión, ya que si ve los datos de las balanzas fiscales oficiales de la Generalitat comprobará que, aproximadamente, Cataluña paga por renta y recibe por población, lo que de ningún modo puede calificarse de escandaloso, sino todo lo contrario».

SILENCIOS

Por lo general, los líderes del PDeCAT y ERC utilizan el comodín de los dieciséis mil millones en el Parlament y en los medios sin que nadie se lo discuta. Lo habitual es que los otros partidos meramente repliquen con que están de acuerdo en que «Cataluña necesita una mejor financiación». Sin embargo, al no rebatir la cifra, la validan y dan la impresión de que solo proponen una rebaja de un déficit injusto, un tratamiento paliativo a una injusticia real.

Si se quieren eliminar los dieciséis mil millones del imaginario colectivo, dada su preeminencia y popularidad, no debería pasarse ninguna oportunidad para rebatir la cifra recordando que el déficit fiscal de Cataluña es el que aproximadamente corresponde a pagar por renta y recibir por población. Al mismo tiempo, debería señalarse que el sistema de financiación debe centrarse en asegurar que el reparto de los impuestos entre el Gobierno central y las autonomías se corresponde con las necesidades de gasto de cada nivel de administración y a las características demográficas de cada autonomía. Además, sería muy recomendable llegar a un acuerdo lo más amplio posible y a largo plazo sobre las prioridades de inversión en infraestructuras.

Indudablemente, es difícil no apuntarse al «nuestro dinero debe quedarse aquí» del PDeCAT y ERC. Pretender ganar unas elecciones en una región rica diciendo que su relación fiscal con el Estado central es ya justa equivale a poco menos que un suicido político, ya sea en Ontario o en Australia Occidental.

Sobre este dilema es muy informativa la experiencia de Hans Eichel, un político del Partido Socialdemócrata que fue presidente de Hesse (un land alemán rico) entre 1991 y 1999 y ministro de Hacienda de la República Federal Alemana entre 1999 y 2005. En su día, como líder de Hesse se apuntó a un recurso al Tribunal Constitucional denunciando el sistema de solidaridad interterritorial impulsado por otros länder ricos gobernados por políticos conservadores. Como político progresista, lo hizo a contracorazón. Eichel comenta: «No supe explicar a mi electorado que yo no iba a recurrir cuando el resto de los länder ricos sí lo hacía». Pero ahora dice que hacerlo fue un error que no repetiría. Los conservadores mandan en Hesse desde que él se fue. En contraste, el presidente de Baden-Württemberg (otro land rico), Winfried Kretschmann, de Los Verdes, sí ha encontrado un discurso marcadamente distinto al habitual de «nuestro dinero debe quedarse aquí» que sus votantes parecen apreciar, ya que lleva en el poder desde 2011.

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

En el mundo anglosajón, la expresión «un elefante en la habitación» se utiliza para referirse a un problema que todo el mundo sabe que existe, pero ante el que todo el mundo actúa como si no existiera. En la habitación del impacto económico de la independencia, el elefante es la salida de Cataluña de la Unión Europea.

Todas las estimaciones que hemos visto hasta ahora son papel mojado si Cataluña saliera de la Unión Europea, ya que el impacto sería muy negativo para la economía catalana. Lo explicó en TV3 el exconseller de Economía Antoni Castells en 2014:

Si el camino a la independencia pasara por quedar excluidos de la Unión Europea y de la zona euro, yo creo que no nos lo podríamos permitir, sinceramente. Sí se podría hacer, pero sería sobre la base de infligir unos costes, unas dificultades, unas penalidades en nuestra sociedad que creo que no hemos de pagar, sinceramente.

Destacados líderes independentistas han mostrado opiniones totalmente distintas sobre esta cuestión. Jordi Pujol dijo que Cataluña saldría seguro justo el día después de la gran manifestación organizada por la ANC en 2012. Justo al día siguiente, Junqueras dijo todo lo contrario en TV3:

No quedaría fuera, no, claro que no, claro que no. Nosotros somos ciudadanos de la Unión Europea y la Unión Europea avala los derechos democráticos de sus ciudadanos y, por tanto, si nosotros ejercemos democráticamente nuestros derechos, no podemos quedar fuera de un ámbito que avala el ejercicio de estos derechos.

Por su parte, en 2013, Artur Mas declaró lo siguiente al periódico italiano La Repubblica:

Considero que en un momento inicial, entre el referéndum y la proclamación de la independencia, podríamos quedarnos fuera de Europa. No del euro, sino de la Unión.

Uno de los mitos del independentismo catalán es que no hay ningún movimiento similar en Europa y que, por tanto, una independencia de Cataluña no tendría valor de precedente. Pero, por ejemplo, el caso del Véneto sí es parecido. Luca Zaia, elegido con el 60 por ciento de los votos, aprobó en 2014 una ley en el Parlamento del Véneto para organizar un referéndum de independencia. Renzi la llevó al Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional en 2015 argumentando que «la unidad de la República es un aspecto de la ley constitucional tan esencial que incluso está protegido ante enmiendas constitucionales». Tras el fallo, Zaia optó por organizar otro referéndum pidiendo más autonomía en vez de la independencia. Preguntado por la cuestión, Matteo Renzi dijo que «la unidad del país es irrenunciable». Con diferentes grados de intensidad, muchos países europeos tienen fuertes identidades regionales, aunque en este momento puedan estar en un modo tan autonomista como estaba Cataluña cuando votó la Constitución española con más del 90 por ciento de los votos. El expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, explicó en Catalunya Ràdio la opinión que le merece una eventual independencia de Cataluña en Europa:

Ciertamente, hay un sentido del riesgo que una fragmentación reiterada puede plantear porque podría acabar en una Europa hecha polvo, absolutamente fragmentada, y esto es una preocupación que está presente no solo en Bruselas, sino en todas partes. Por tanto, se tiene una cierta duda ante estas independencias. Esta es la doctrina que rige el comportamiento europeo.

LA FALTA DE REFLEJOS DE GREENPEACE

En absoluto debe sorprender la preponderancia y efectividad del mensaje económico en la propaganda independentista. Funcionó a la perfección en el Brexit. Así empezaba Nigel Farage su intervención en un debate con Nick Clegg en televisión:

¡Por fin tenemos un debate! Imaginen que no estuviéramos debatiendo si quedarse o salir; imaginen que estuviéramos debatiendo si pedir el ingreso en la Unión Europea o, lo que es lo mismo, si votar en un referéndum para apuntarnos a un club que cuesta 55 millones de libras al día.

Su mensaje no admitía dudas: la Unión Europea cuesta unos 55 millones de libras al día (en números redondos, 350 millones a la semana), que se quedarían aquí. Dominic Cummings, el director de la campaña a favor del Brexit ha explicado que no es casualidad que Farage empezara como lo hizo:

¿Hubiéramos ganado sin la promesa de los 350 millones a la semana? Todos nuestros datos y el resultado ajustado indican que no, ya que era, de largo, el argumento más efectivo no solamente con el 20 por ciento de la población necesario para ganar, sino con cualquier segmento.

Así pues, los 350 millones fueron la estrella de los principales anuncios en televisión, de los folletos y del autobús de campaña delante del cual los brexiters concedían las entrevistas. Farage los mencionó en multitud de ocasiones.[9] Y el Brexit ganó. Farage fue el único en dar un discurso durante la madrugada:

Hemos luchado contra mentiras, corrupción y engaños, y hoy, la honestidad, la decencia y la fe en la nación van a ganar. […] ¡Que el 23 de junio pase a la historia como nuestro día de la independencia!

Eran las 4.00 a.m. Dos horas y media después, a las 6.30 a.m., la presentadora del programa Good Morning Britain le preguntó:

Sobre los 350 millones que enviamos a la Unión Europea y que ahora ya no enviaremos, ¿puede garantizar que irán a la Seguridad Social?

Farage respondió:

No, no puedo. Nunca debería haber hecho esa promesa; es uno de los errores de la campaña.

La periodista, visiblemente enfadada, le interrumpió:

Espere un momento: ese era uno de sus anuncios, eso es por lo que mucha gente ha votado. Después de que diecisiete millones de personas hayan votado para salir de la Unión Europea, ¿está usted diciendo ahora que es un error? ¿Qué otras cosas va a descubrir la gente hoy, cuando se despierte, que no van a pasar después de haber votado?

La sociedad británica (el Gobierno de Su Majestad, The Guardian, la BBC, el Bank of England, la creadora de Harry Potter, Elton John…) fue incapaz de que ningún líder a favor del Brexit reconociera la mentira «antes» del referéndum. Nigel Farage, después de haber utilizado la mentira de los 350 millones de libras múltiples veces, no la aguantó ni un día. Esta experiencia da cuenta de la enorme dificultad de desmentir un argumento nacionalista que produce suculentos beneficios.

Los 16.000 millones de euros al año representan para cada catalán una cantidad siete veces mayor que los 350 millones de libras a la semana para cada británico. Después de los acontecimientos de 2017, los líderes independentistas han reconocido no haber explicado los costes de la transición, pero el relato de una prosperidad inmediata en el caso de una secesión pactada sigue intacto.

Greenpeace compró el célebre autobús que anunciaba los 350 millones, lo repintó con el texto «Tiempo para la verdad» delante del Parlamento británico. Quizá debieran haber realizado una acción para pararlo antes del referéndum. Quizá, algo de lo que tomar nota en Cataluña.

La convergencia nacionalpopulista

AURORA NACARINO-BRABO

Cuando Jordi Pujol fundó Convergència Democràtica de Catalunya a mediados de la década de los setenta, casi nadie en España podía imaginar que su papel histórico sería tomar el relevo del nacionalismo político que había sobrevivido a la dictadura de Franco y convertirlo en un movimiento posindustrial de masas.

Su liderazgo no solo dio origen a un tiempo y un estilo políticos que ya se conocen como los años del pujolismo, sino que sirvió para trazar, efectivamente, una «convergencia», una confluencia entre un nacionalismo tradicional de corte etnosimbolista y un proyecto político posmoderno. Así, se puede afirmar que el procés es la sublimación del pujolismo sin Pujol, la culminación populista del proyecto nacional catalán.

El propósito de este texto es reconstruir los pasos que el nacionalismo hubo de dar para transitar desde su concepción decimonónica hasta el populismo de nuestros días. Un populismo que no debemos confundir con la estrategia demagógica o electoralista con la que a menudo se confunde en el debate público y que está presente en todos los partidos. Se trata, más bien, de una praxis política basada en la confrontación de dos sujetos antagónicos —en la lógica propuesta por Carl Schmitt— con una vocación plebiscitaria de superación de las instituciones representativas. Pero tendremos ocasión de desarrollar la idea más adelante.

Por avanzar en orden cronológico, cabe decir que el catalanismo político había irrumpido hacia 1880 como expresión de un fenómeno romántico y moderno surgido en Europa al calor de la Revolución industrial y las revoluciones liberales. La debilidad del Estado en un momento clave de construcción nacional es una de las razones que explican la existencia de reivindicaciones nacionalistas en la España actual. Además, autores como Gregory M. Luebbert han señalado la asimetría entre un centro que mantenía el poder político en detrimento de una periferia económicamente más pujante como posible catalizador del conflicto territorial.[1] Se trata de una asimetría, en todo caso, que durante mucho tiempo favoreció los intereses empresariales catalanes.

La emergencia moderna de ese eje territorial dificultaría las alianzas entre el centro y la periferia que podrían haber dotado de estabilidad al proyecto nacional común. Sirvan como ejemplo la fracasada experiencia de colaboración entre la izquierda de Nicolás Salmerón y un catalanismo ideológicamente diverso, así como el pacto conservador entre Antonio Maura y Francesc Cambó. Tal vez fuera Alcalá Zamora quien expresara mejor esta contradicción cuando le dijo a Cambó que no podía ser al mismo tiempo «el Bismarck de España y el Bolívar de Cataluña».[2]

El primer nacionalismo logró coaligar el tradicionalismo antimoderno agrario con la burguesía industrial proteccionista y articuló su relato sobre bases biologicistas y agravios económicos. Se trataba de un nacionalismo de corte etnicista, inspirado por el particularismo y preocupado por las consecuencias que la creciente inmigración y el descenso de la natalidad podrían tener sobre la «pureza» de la «raza catalana».

A lo largo del siglo XX, conforme se fueron conociendo los horrores perpetrados en nombre de la nación, el catalanismo fue arrumbando su discurso etnicista. El antiguo biologicismo no desapareció, pero ese vínculo orgánico que explicaba el carácter ancestral de la nación, uniendo como un río de sangre a vivos y muertos, fue convenientemente usado con cautela desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En su lugar se apeló al argumento culturalista, igualmente particularista y, por tanto, contrario al igualitarismo, pero desprovisto de las evocaciones macabras del discurso de la raza. Y también más amable para una izquierda que se había incorporado al catalanismo como forma de rechazo a la derecha franquista que había proscrito los símbolos, las instituciones y una de las dos lenguas de Cataluña.

Será Prat de la Riba quien consiga iniciar un cambio de rumbo desde la noción etnicista de la raza hacia un concepto de nación cultural construida en torno a la lengua propia. Así, el autor de La nacionalitat catalana (1906) proclamará que los catalanes no son una «raza antropológica», sino «histórica».

La lengua y la cultura catalanas, como antes la etnia, se consideraban dotadas de atributos morales, pero además permitían una adhesión mayor y menos restringida que la biología. Autores como Francisco Caja han explicado que la catalanidad se convirtió en una identidad a la que se podía acceder por medio del «voluntarismo». Aunque en la práctica el poder continuó ejerciéndolo una élite de «etnicidad» catalana, en el nuevo discurso del nacionalismo ya no era necesario acreditar pureza racial para ser considerado catalán. Lo explicó Josep-Lluís Carod-Rovira en 1994, según el propio Caja: «Todos los catalanistas —y señaladamente los de izquierda— estamos dispuestos a tratar y considerar como catalanes a todos los hijos de otras tierras que tengan políticamente la ciudadanía catalana; con una sola condición, y es que ellos mismos se consideren catalanes».[3]

Ser catalán implicaba abrazar la lengua, la cultura y los valores del nacionalismo. Y por esa misma razón, haber nacido en Cataluña tampoco le aseguraba a uno la condición de catalán. El mismo Carod-Rovira lo aclaró: «El que no es catalanista, no es plenamente, verdaderamente catalán». Así, el voluntarismo no hizo del catalanismo un espacio más inclusivo, sino que ofreció la posibilidad de aprehender una identidad a cambio de renunciar a cualquier otra.

Como las capas de una cebolla, el nacionalismo había ido añadiendo elementos que facilitaban la adhesión a su proyecto político. Cada nueva capa permitía aumentar la masa crítica de adhesiones sin dejar de ser excluyente y con el tiempo conseguiría ser un movimiento de masas casi mayoritario en Cataluña. Pero para llegar a ese momento todavía había que añadir varias capas a la cebolla. Era preciso que el nacionalismo de corte etnosimbolista, construido primero sobre la raza étnica y después sobre la raza histórica para incorporar los atributos de la lengua y la cultura, transitara hacia la posmodernidad.

El nacionalismo es un fenómeno moderno, muy ligado a la industrialización y las revoluciones burguesas. El último tercio del siglo XX señalará el declive de ese mundo y la llegada del siglo XXI marcará una nueva época de rápidas transformaciones. La Segunda Guerra Mundial desprestigiará a un nacionalismo con millones de muertos a sus espaldas. Precisamente, la construcción de la Unión Europea será una conjura contra la tentación nacionalista que apuntará a la superación de las fronteras en el marco de la globalización y el comercio internacional. El nacionalismo catalán asumirá este nuevo esquema defendiendo el estatus de Cataluña como nación de Europa.

Con el restablecimiento democrático, se produjo el retorno del president Tarradellas tras décadas en el exilio. No tardaría en advertir los riesgos del pujolismo, que había instaurado, en su opinión, un discurso «victimista y de resentimiento» hacia España que podría llevar a la «ruptura de la unidad de nuestro pueblo».[4]

EL PROGRAMA 2000 DE CDC

Efectivamente, con Jordi Pujol se inauguró la división entre «buenos y malos catalanes», o catalanistas y españolistas, que observábamos en las palabras de Carod-Rovira. El líder del nacionalismo comenzó a trazar, hacia finales de los ochenta, su estrategia política, que quedó reflejada en un documento conocido como el Programa 2000. Era un proyecto nacionalizador para Cataluña por medio de la educación y los medios de comunicación.

El texto se refería a los «Països Catalans» como una «nación europea emergente» que debía darse a conocer «en todo el mundo y especialmente en Europa». Cataluña, añadía, debe diferenciarse como un pueblo más culto, moderno, cívico, solidario, europeo, trabajador y en el que se constate la vigencia de «los valores cristianos». También hacía énfasis en la «divulgación de la historia y del hecho nacional catalán» y se volcaba en la construcción nacional sobre la educación y la cultura. La parte más extensa del programa estaba dedicada a la escuela y la universidad, en las que se proponía «estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores, y promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la actividad académica». Asimismo se prescribía la infiltración de personalidades de sensibilidad nacionalista en los medios de comunicación y las asociaciones culturales de Cataluña, insistiendo en la necesidad de promover «un contenido nacionalizador». Esta penetración debía llegar también a las escuelas deportivas, las asociaciones lúdicas y los clubes de excursionismo. Por último, se ocupaba de la necesidad de nacionalizar la Administración pública y el ámbito de las infraestructuras, promoviendo el agravio contra el Estado central por su insuficiencia.

El resentimiento formaba parte de la estrategia; de hecho, refería un «memorial de agravios» inspirado en el documento que daría origen al catalanismo político en el siglo XIX. Defendía los Països Catalans como «una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico». También volvía sobre una vieja preocupación del nacionalismo clásico: la natalidad y la inmigración, y afirmaba: «Solo avanzan los pueblos que son jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva».[5] Con la recuperación de las instituciones del autogobierno y la implementación de un modelo territorial ampliamente descentralizado que dotó a las comunidades autónomas de numerosas competencias, el nacionalismo político tendría la mayor oportunidad de su historia para poner en marcha una estrategia de nacionalización eficaz, controlando los resortes más importantes de la socialización en Cataluña.

Pujol había trazado una hoja de ruta que fomentaba un progresivo distanciamiento de España. A pesar de ello, supo tejer una política de acuerdos y alianzas que beneficiara su proyecto. Lo hizo con Felipe González, que ofreció a los nacionalistas tanto vascos como catalanes estar presentes en sus gobiernos, y lo hizo luego con Aznar. La configuración del sistema de partidos en un bipartidismo imperfecto obligaba a los grandes partidos a buscar el apoyo de las formaciones periféricas para poder formar gobierno y garantizar la estabilidad en ausencia de mayorías absolutas.

Como antes González, Aznar propuso a CiU incorporarse a su Gobierno, pero Pujol desestimó el ofrecimiento en todas las ocasiones. Quizá, tomando nota de los fracasos de Cambó en su estrategia de colaboración con Maura, el nacionalismo había concluido que la fractura territorial haría que pagaran caro cualquier participación en los gobiernos centrales, especialmente si se tenía en cuenta la existencia de un competidor en la izquierda nacionalista: ERC. Así, los gobiernos convergentes irían construyendo las estructuras y las bases de socialización de la nación catalana, llegando a acuerdos puntuales con los gobiernos centrales cuando la estabilidad o la estrategia política lo requirieran.

La fórmula funcionó y, tal vez por ello, ERC tuvo que replantearse su estrategia política. En 1996, una nueva dirección encabezada por Carod-Rovira decidió postergar la senda independentista para potenciar el eje ideológico. Buscaba así competir con CiU como opción nacionalista de izquierdas. Cuando, en 2003, ERC se convirtió en la bisagra necesaria para formar gobierno, se vio obligada a elegir entre un pacto nacionalista con CiU o un pacto de izquierdas con el PSC e ICV. Los líderes republicanos optarían por la segunda opción, sellando el primer Govern tripartito —que encabezaría Pasqual Maragall— en el llamado Pacto del Tinell.

El acuerdo giró en torno al compromiso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, un objetivo que llevaba años en la agenda de las élites nacionalistas y que ya había sido incluido en el Programa 2000 de CiU en 1990. Un año después, en 2004, el PSOE ganaría las elecciones generales y José Luis Rodríguez Zapatero sería investido presidente con los votos de ERC.

Zapatero se había comprometido a apoyar el texto de reforma que elaborara el Parlament, a pesar de que la reforma estatutaria no había sido una demanda mayoritaria de la sociedad catalana. A finales de 2006, la encuesta del Centro d’Estudis d’Opinió de Cataluña revelaba que el Estatuto solo era el problema más importante para un 3,9 por ciento de los catalanes. La lista estaba liderada por tres preocupaciones: la inmigración (38 por ciento), el acceso a la vivienda (22,2 por ciento) y el paro o la precariedad laboral (18,8 por ciento).[6] En esas mismas fechas, la fórmula de organización territorial preferida por los catalanes era una comunidad autónoma dentro de España, por encima de un estado dentro de una federación y de la independencia, que solo recibía el apoyo del 14 por ciento de los encuestados.

Sin embargo, la reforma del Estatuto formaba parte de las aspiraciones tradicionales de las élites nacionalistas y tanto CiU como ERC habían supeditado sus apoyos a los gobiernos del PP y el PSOE a que apoyaran dicha reforma. Este hecho es interesante por cuanto refleja que la política del nacionalismo ha obedecido históricamente a pactos entre élites, por más que con su viraje populista haya tratado de identificar su agenda con las preferencias de la sociedad.

Una vez más, las competiciones cruzadas en los ejes territorial e ideológico incentivaron la polarización política. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo texto tras protagonizar una recogida de firmas por toda España. El PSOE, por su parte, comenzaba a padecer las tensiones de la fractura centro-periferia dentro de su propia formación. El catalanismo del PSC generaba una rivalidad entre sus élites y las del PSOE, y contrastaba con un cierto jacobinismo de los votantes socialistas en el resto de España. No obstante, al mismo tiempo, Zapatero debía mucho a un PSC que había sido determinante en su elección como secretario general de la formación en el año 2000.

Las elecciones autonómicas de 2006 fueron también las de la irrupción de un nuevo partido en el Parlament, Ciutadans, que logró tres escaños y consiguió crecer a fuerza de explotar las contradicciones entre las élites socialistas y su electorado. Había comenzado a romperse la alianza entre el catalanismo de la burguesía progresista y las masas obreras de tradición castellanohablante.

Poco después, en el año 2008, dio comienzo la peor recesión económica mundial en décadas, que afectó de forma especialmente violenta a España. La crisis fue derribando gobiernos en casi todos los países de Europa, y en España amenazaba ya con sepultar electoralmente al PSOE. En mayo de 2010 Zapatero presentó un duro programa de recortes acordado con la Unión Europea para atajar la grave situación económica española. Y solo un mes más tarde se conoció el veredicto del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el nuevo Estatuto catalán.

La sentencia introducía algunos cambios en 14 artículos del texto, que se componía de 223, junto a 22 disposiciones adicionales. Aunque la reforma del Estatuto no había sido una demanda social movilizadora de la sociedad catalana y en su referéndum de aprobación la participación fue inferior al 50 por ciento, suscitó el rechazo de todos los partidos catalanistas, desde el PSC a ERC, y provocó un nuevo terremoto político fruto de las fricciones del eje territorial y el eje ideológico. Tras conocerse la sentencia, el president del Govern tripartito, José Montilla, trasladó a Zapatero la urgencia de rehacer el Estatuto en su forma original y pidió a los catalanes que acudieran «masivamente» a la manifestación de repulsa convocada por el catalanismo: «Andemos juntos unidos todos los que queremos el país. Demostremos que somos una nación y somos un solo pueblo».[7]

Las palabras del president evidenciaban hasta qué punto el PSC había comprado el relato nacionalista que proclamaba la existencia de un sol poble, contribuyendo a abrir una brecha entre el socialismo catalán y el PSOE. Quizá, retados por la amenaza que presentaba la renovada CiU de Artur Mas, el PSC pensó que debía intensificar su reivindicación catalanista.

Por su parte, ERC quiso escenificar su ruptura con los socialistas para no pagar en las urnas la gestión de la crisis: «Adiós, España» fue un lema del republicanismo catalán de aquellos días. Mientras tanto, Mas jugó hábilmente sus cartas, culpando por igual al PP y al PSOE por la sentencia, habida cuenta de que eran ambos partidos los que mantenían bloqueada la renovación de los jueces del Tribunal Constitucional, responsable del fallo. Esta postura permitía a los convergentes presentarse como el partido que defendía los intereses de Cataluña frente al bipartidismo centralista, pero también frente a la fracasada experiencia del tripartito de izquierdas.

Un mes después de que se conociera la sentencia, una gran manifestación de protesta por la decisión judicial recorrió las calles de Barcelona bajo el lema «Som una nació. Nosaltres decidim». La demanda estaba compuesta de dos partes que articulaban las viejas reivindicaciones esencialistas («Som una nació») con la nueva realidad democrática («Nosaltres decidim»). Se empezaba a configurar un demos nacional que ya no solo presentaba atributos étnicos y culturales comunes, sino que también expresaba su voluntad nacional por medio del ejercicio decisorio de su soberanía.

LA VÍA POPULISTA DEL DECISIONISMO

En ese contexto tendrían lugar las elecciones autonómicas de Cataluña de noviembre de 2010, en las que los catalanes desalojaron al tripartito con un severo varapalo para socialistas y republicanos, otorgando a Artur Mas sesenta y dos escaños. CiU volvía a mostrar la robustez de los años del pujolismo después de haberse presentado a las elecciones con la nueva propuesta del llamado «derecho a decidir». Esta fórmula era lo suficientemente evocadora, y también lo suficientemente ambigua, como para apelar a todo el espectro catalanista, desde el federalismo del PSC hasta la reivindicación del derecho de autodeterminación de ERC.

Además, no marcaba una hoja de ruta definida, sino que permitía a sus promotores modular el significado del sintagma-concepto para adaptarlo a las necesidades de cada momento político. Carecía de las connotaciones y las aristas de una autodeterminación que no amparaba el derecho internacional y contenía una llamada implícita a la acción en un momento de creciente demanda participativa. Cataluña había transitado la historia como un solo pueblo y ese pueblo debía ejercer su soberanía democráticamente.

Así, Cataluña se erigió en sujeto político unívoco que podía expresar voliciones, opiniones y preferencias en primera persona del singular. Ya no había un conjunto agregado de siete millones y medio de intereses individuales y diversos. Del mismo modo, las tribulaciones nacionales pasaron a constituir el total de las preocupaciones y a ocupar por completo la agenda política catalana. Cataluña debía decidir, sí, pero ¿decidir qué?

Aunque en un principio se trató de una fórmula con la que trasladar las responsabilidades sobre la gestión económica de la crisis a Madrid y reivindicar una mejor financiación para Cataluña inspirada en el modelo del concierto vasco, el derecho a decidir se constituiría como la base para la promoción de la vía independentista unos años más tarde. Fue un hallazgo verdaderamente atinado, desde el punto de vista estratégico, que permitió la renovación del nacionalismo y su adaptación al modelo de sociedad posmoderna.

La cebolla catalanista había incorporado una nueva capa a ese primer sustrato étnico, y también a la lengua y la cultura. Esta nueva capa, además, tenía el potencial de superar las limitaciones de las otras dos bases de movilización sin prescindir de ellas, de forma que permitía apelar a un volumen de población mayoritario. Es posible que la alusión a las raíces remotas de la nación catalana, a sus ancestrales instituciones o a su cultura milenaria no fuera suficiente para que el proyecto nacionalista atrajera a una mayoría de individuos en una región de un país desarrollado en el siglo XXI. Pero las referencias a la «paz» y a la «libertad» que protagonizaron las expresiones públicas del independentismo durante el procés apelaban directamente a los valores de las sociedades posmodernas. Como lo hacía el derecho a decidir: ¿quién podía oponerse a la democracia?

Así, aunque muchos de sus elementos ya existían, puede afirmarse que, con el decisionismo, el nacionalismo catalán emprendió la vía populista. CiU enarboló una retórica de victimismo inteligente que le permitió trasladar a Madrid las complejidades de la gestión económica y laboral en tiempos de crisis. Fue especialmente audaz en su estrategia de atribuir al Gobierno central los recortes que la Generalitat acometería en materia social, que situaron a Cataluña a la cabeza de España en austeridad. E hizo fortuna al promover la imagen de una Cataluña fiscalmente «expoliada» por Madrid.

El victimismo es uno de los rasgos característicos de los movimientos populistas, que definen su sujeto político en oposición a un enemigo del pueblo. Esta es la razón por la que los partidos populistas que conquistan el poder tienden a gobernar como si continuaran en la oposición, señalando culpables externos al Ejecutivo que impedirían la implementación de políticas de bienestar y crecimiento y atribuyéndoles la responsabilidad de las disfuncionalidades en la gestión.

Esto es precisamente lo que hizo CiU, especialmente a partir del agravamiento de la situación económica en España. Esta victimización y la configuración de sujetos antagónicos son rasgos que el populismo, siquiera en su planteamiento general, comparte con el nacionalismo, y esa cercanía entre ambos permitió posicionar al nacionalismo catalán como un candidato aventajado para explotar el momento populista que ya se cernía sobre el horizonte europeo.

En este sentido, puede considerarse que el nacionalismo catalán fue uno de los movimientos pioneros de la reciente oleada populista en Europa, y también de los más exitosos, algo que han señalado autores como José Luis Villacañas.[8] La estrategia de victimización y rivalización con el Gobierno central ya estaba recogida en el Programa 2000 de Jordi Pujol, pero la crisis económica actuó como un catalizador formidable de estos rencores, que encontraron en la incertidumbre y el malestar social un poderoso abono.

El populismo construye un sujeto al que identifica con el pueblo y otro, antagónico, al que señala como el causante de todos los problemas que afligen a la sociedad. La construcción del sujeto pueblo lleva aparejada una atribución de valores éticos: sus miembros están unidos por lazos de solidaridad horizontal y comparten una forma de vida, una cultura y un destino comunes. En el caso de Cataluña, se percibe una división muy clara entre «buenos» y «malos» catalanes, o entre catalanistas y españolistas, como señalaba Carod-Rovira. De este modo, el pueblo de Cataluña lo compondrían los catalanistas, mientras que los españolistas quedarían excluidos de la consideración popular. De esta concepción dialéctica schmittiana se derivará la idea de «un solo pueblo» asumida por todo el catalanismo, desde el PSC hasta ERC.

Pero es cierto que esta antinomia ya estaba presente en el nacionalismo clásico. Autores como Adrian Hastings han explicado de este modo los procesos de ascenso nacionalista: «Son episodios en los que la salvación nacional está o parece estar en juego. Casi siempre hay un traidor en la historia, y esto agudiza el sentimiento de «nosotros» y «ellos», el deber absoluto de lealtad a la camaradería horizontal del «nosotros» y el abismo moral que nos separa de los otros».[9]

Esta división ética entre el sujeto que configura el pueblo y el sujeto que representa a su enemigo está también presente en el nacionalismo catalán de raíz decimonónica. Es el nacionalismo que presenta a Cataluña como un pueblo virtuoso, de gentes honradas distinguidas por su ética del trabajo, y lo contrapone a una España encarnada en la nación castellana, sumida en el atraso y caracterizada por su rudeza.

Las antinomias han sido explotadas históricamente por distintos movimientos políticos. Ya Heráclito, en el siglo VI a. C., advertiría de, en palabras de Erich Fromm, esta «lógica paradójica».[10] Posteriormente, sería Hegel quien, siguiendo al prócer griego, buscaría en estas oposiciones el motor de la historia. No es casualidad que la dialéctica marxista, de inspiración precisamente hegeliana, tome el antagonismo de clases como base de su teoría. De hecho, Marx afirmaba que «para que una clase represente a toda la sociedad, se requiere, en cambio, que todos los vicios de esa sociedad estén concentrados en otra clase».[11]

Cabe preguntarse entonces, dado que la explotación de los antagonismos ya aparece en el nacionalismo clásico y en el pensamiento marxista, por la característica del uso político de las antinomias que resulta distintiva y definitoria en el populismo. Para encontrar una respuesta debemos acudir a las fuentes teóricas de esta doctrina, que es más un estilo político que una ideología. Los teóricos populistas, cuyo máximo exponente es, quizá, Ernesto Laclau, se propusieron la superación de la rigidez movilizadora que planteaba el antagonismo de clases marxista en las sociedades posmodernas.

En su lugar, plantearon una «democracia radical» basada en el enfrentamiento ideológico por medio del lenguaje. Entendían los conceptos políticos como «significantes vacíos» que podían ser redefinidos, apropiados y empleados en la confrontación. En este sentido, el derecho a decidir es, sin duda, un magnífico ejemplo de significante vacío que permite competir por la «hegemonía» política.

Liberado de su anclaje a la realidad material, el populismo resulta mucho más plástico y transversal que el marxismo y el nacionalismo, y quizá por ello los representantes políticos que proceden de la militancia marxista y nacionalista han encontrado en las herramientas del populismo un modo de actualizar sus posiciones y mejorar su capacidad de movilización.

A diferencia del nacionalismo y del marxismo, ideologías modernas surgidas al calor de la Revolución industrial y las revoluciones burguesas, el populismo se adapta a los valores de la posmodernidad. Si los primeros fueron alumbrados en los años en que se fraguaba el tránsito del Antiguo Régimen a las sociedades liberales, el populismo será ya la respuesta crítica a un liberalismo consolidado e imperante.

Uno de sus rasgos más determinantes es su vocación de radicalidad democrática, una ambición de superación de las instituciones representativas y de la mediación política que antepone la acción popular. Esto es lo que se esconde detrás de la acuñación decisionista: una pretensión de orillar la democracia representativa en aras del acometimiento directo de la voluntad popular por medio de sus autoproclamados portavoces.

Así, lo que diferencia al populismo del nacionalismo y del marxismo en su visión dialéctica y antagónica de la historia es el llamamiento del populismo a explotar las antinomias, ahora no determinadas por la realidad material o etnosimbólica, sino plurales, por la vía de la democracia radical.

Ya en los años treinta del pasado siglo, Ortega identificó esta inercia de la política de masas, a la que denominó «hiperdemocracia». Este carácter hiperdemocrático o radical-democrático se traduce en una querencia por la participación plebiscitaria. La democracia representativa no serviría, según los autores populistas, para acometer eficazmente la voluntad del pueblo, pues se trata de una democracia mediada por instituciones y partidos capturados por las élites.

Desde 1990, el nacionalismo catalán supo incorporar a su discurso los valores de la posmodernidad para después explotarlos por la vía del populismo con el estallido de la crisis económica. El derecho a decidir es la mejor expresión de ese ánimo hiperdemocrático y antielitista ensalzado por el populismo y sentó las bases que luego, en 2012, dieron el pistoletazo de salida al procés.

Efectivamente, en una Europa en la que los ciudadanos se socializan en los valores democráticos, es difícil combatir las reivindicaciones decisionistas. A diferencia del argumento etnicista, cuyo factor de exclusión es puesto en evidencia por el determinismo del nacimiento, o incluso del argumento simbolista, que excluye la lengua y la cultura de otra comunidad, la apelación democrática aparece como justa, igualitaria e inclusiva. Al fin y al cabo, apela a la participación de la sociedad en su conjunto, igualando el voto de cada ciudadano. Pero solo de aquellos ciudadanos que han sido incluidos dentro de los contornos del sujeto soberano pueblo, construido necesariamente de forma excluyente, pues una nación no se define sino en sus fronteras. De este modo, ningún español fuera de Cataluña podría formar parte de las decisiones que la incumben, pero tampoco sería posible que comunidades políticas de menor orden pertenecientes a Cataluña tomaran decisiones al margen de ella.

La vieja obsesión nacionalista con las fronteras, en la raíz de su aspiración de Estado nación, recobró fuerza gracias a un contexto internacional marcado por la crisis. Las desavenencias entre los estados acreedores del norte y el centro de Europa y los deudores del sur propiciaron un repliegue en la eurozona hacia una retórica de reforzamiento de las fronteras y la soberanía nacional: los estados volvían a ser protagonistas.

EL AÑO QUE EMPEZÓ TODO

A las consecuencias económicas y laborales de la crisis se unió la inestabilidad política y social a comienzos de 2011. Ese año se fraguó el llamado movimiento 15-M, que planteó una protesta sostenida en el tiempo y combinó las manifestaciones con la toma de espacios públicos. En Barcelona se produjeron enconadas protestas que se saldaron con varios heridos y acusaciones de brutalidad policial contra los Mossos. Los hechos fueron in crescendo, hasta que el 15 de junio se produjo un cerco al Parlament del que Mas tuvo que salir en helicóptero.

Unos meses después, el PSOE experimentó la mayor derrota electoral de su historia y el PP de Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta. El recuerdo de los episodios de aquella primavera indignada de 2011, unido a las enseñanzas políticas de las elecciones de aquel invierno, ha sido señalado por algunos analistas como el germen del procés, que arrancó en 2012. Periodistas próximos a Convergència, como Enric Juliana, han señalado que fue entonces cuando «empezó todo». Según Juliana, las élites nacionalistas leyeron el momento político y se dijeron a sí mismas: «Si es la hora de los radicales, también nosotros vamos a ser radicales».[12]

Las protestas del 15-M constituyeron una amalgama de malestares que incluían el elevado desempleo, el recorte de los servicios públicos o la pérdida de poder adquisitivo, pero también proclamas contra el reparto desigual de los costes de la crisis, entendiendo que la clase política no solo no había dado ejemplo cargando sobre sus hombros una parte de los ajustes, sino que, además, los partidos estaban envueltos en tramas clientelares y corruptas que les permitían sortear las leyes en su provecho mientras las clases medias y los trabajadores se depauperaban. El movimiento de los indignados se caracterizó por su desarrollo espontáneo y horizontal, así como por su fuerte componente antielitista, un atributo que lo hacía especialmente atractivo para explotarlo desde el populismo.

Las élites nacionalistas no estaban a salvo de estas acusaciones. Coincidiendo con el agravamiento de la situación económica y laboral, y con los recortes sociales acometidos por el Govern de Mas en Cataluña, transcurría una trama de corrupción ligada a la financiación ilegal de CiU que se remontaba a los orígenes del pujolismo. Y todo ello se conoció en medio de una recesión económica de dolorosas consecuencias sociales y laborales, dando lugar a un cóctel potencialmente catastrófico para CiU tanto desde el punto de vista electoral como judicial.

De este modo, el partido puso en marcha una estrategia gatopardiana típica del populismo: articular un discurso antielitista sin dejar de ser élite y sortear así las dificultades del momento político. En 2012, Mas dijo —por primera vez, abiertamente— que su objetivo en el medio plazo era la consecución de un Estado independiente. Ese mismo año, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó una gran manifestación durante la Diada bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa» en la que participaron cientos de miles de personas. Era la prueba de que el nacionalismo había conseguido apropiarse de la fiesta autonómica: el Día de Cataluña ya solo sería el día de la Cataluña secesionista.

La ANC es un lobby de la sociedad civil en favor de la independencia que sigue el modelo de nacionalización cultural y social señalado en el Programa 2000 de CDC. Con su multitudinaria manifestación en la Diada de 2012 se inició el tortuoso camino que llevaría primero a la consulta soberanista del 9-N de 2014 y luego, en septiembre de 2015, a la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias.

UN CONFLICTO ENTRE CATALANES

Con el ensayo refrendario y las elecciones plebiscitarias, el nacionalismo daba otro paso hacia la convergencia populista. Lo novedoso de estos comicios residía en que las dos grandes formaciones nacionalistas, CiU y ERC, se ponían de acuerdo para presentar una única candidatura: Junts pel Sí. Una alianza entre un partido conservador de raíces católicas, asociado a la burguesía industrial y al medio rural, y un partido de izquierda republicana, social y con un discurso radical habría parecido impensable unos años antes. La extrañeza es mayor si se piensa que CiU y ERC eran el Govern y la oposición.

Sin embargo, en 2015, el terreno ya estaba abonado para el crecimiento populista. La candidatura conjunta significaba el destierro del tradicional eje ideológico sobre el que se venía articulando la competición electoral entre los partidos nacionalistas. El eje nacional ocupó el centro de la vida política de Cataluña y la independencia constituyó el único tema en la agenda parlamentaria. Los problemas de índole económica y social pasaron a un segundo plano y el único programa del nacionalismo fue una hoja de ruta a la independencia. Con la alianza nacionalista que dio lugar a Junts pel Sí, el nacionalismo se hizo transversal y ahondó en el proceso de homogeneización social que exigía la idea de un solo pueblo. Había limado las aristas ideológicas para justificar un único proyecto en el que el pueblo debía salir al encuentro de su destino.

La candidatura conjunta, sin embargo, no estuvo a la altura de las expectativas. Junts pel Sí obtuvo sesenta y dos escaños, los mismos que había conseguido Artur Mas en 2010 con una CiU en solitario. Pero la gran sorpresa de la noche electoral la daría Ciutadans, tras protagonizar un gran ascenso que, con veinticinco escaños, nueve más que el PSC de Miquel Iceta, catapultaría a la formación de Inés Arrimadas hasta el segundo puesto de las elecciones. Ciutadans había experimentado un crecimiento notable con un discurso de rechazo frontal al nacionalismo que le había granjeado viejos apoyos del electorado socialista, desencantado ante la deriva catalanista del PSC en un momento en el que, quizá, los votantes esperaban que la izquierda defendiera los intereses de unos trabajadores duramente golpeados por la crisis.

También experimentó un importante avance la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), una formación independentista y antisistema que obtuvo diez escaños, convirtiéndose en imprescindible para permitir a Junts pel Sí formar gobierno. Las negociaciones para la investidura se vieron entorpecidas por la negativa de la CUP a investir a Artur Mas, que finalmente decidiría dar un paso atrás para evitar una repetición electoral. En su lugar sería investido un desconocido Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras, líder de ERC, como número dos del Govern.

Con el ascenso de Ciutadans, el proyecto de homogeneidad de Junts pel Sí comenzó a resquebrajarse, enseñando las profundas líneas de fractura que el nacionalismo había provocado hasta dividir por completo a la sociedad catalana. Con el tiempo, perdería toda credibilidad el discurso de un solo pueblo oprimido por un enemigo externo radicado en Madrid. El procés lucía ya como un conflicto entre catalanes cuyas consecuencias sobre la convivencia se anunciaban dramáticas.

Era algo que el nacionalismo había tratado de evitar construyendo un relato hegemónico desde las instituciones a su servicio. Durante mucho tiempo, funcionó. Incluso quienes en privado discrepaban del relato oficial, tenían la percepción de que existía una opinión mayoritaria a favor de cuestiones como el derecho de autodeterminación o la inmersión lingüística. Después, el temor a expresar públicamente opiniones que pudieran situarlos en minoría, incentivó una espiral de silencio.

El populismo tiende a señalar un enemigo lo suficientemente aislable y separado de la sociedad como para que la maquinaria popular avance robusta y homogénea. Mientras el enemigo fueron el Gobierno y las instituciones de España radicadas en Madrid, parecía que todo el pueblo de Cataluña podía caber detrás de las demandas nacionalistas. Sin embargo, las elecciones de 2015 pusieron de manifiesto que había una parte importante de los catalanes que se había alineado con el enemigo, preparando el escenario para el choque de las dos comunidades culturales de Cataluña.

EL FIN DEL BIPARTIDISMO

Pero todavía había más cambios por llegar. El agotamiento del sistema bipartidista, que dio sus primeros síntomas en las protestas del 15-M, se vería confirmado en los comicios generales que tuvieron lugar tres meses después de las autonómicas catalanas. Los resultados dejaron un paisaje parlamentario nuevo, configurado por cuatro grandes partidos, tras la irrupción de Podemos y Ciudadanos. Esta alteración del sistema partidista que había dominado el Congreso desde el fin de la Transición tendría consecuencias relevantes sobre la política española.

En primer lugar, el escenario pluripartidista comportaba que un partido ya no podría gobernar de espaldas a la mitad del país apoyándose en los nacionalistas. Ahora, configurar un gobierno, aprobar leyes, sacar adelante presupuestos o aprobar techos de gasto implicaba necesariamente la negociación y el entendimiento entre formaciones rivales y con aspiraciones de gobierno. Los partidos tardaron en asumir la nueva situación que las preferencias de los votantes habían configurado, motivo por el cual hubieron de repetirse las elecciones en junio de 2016.

Pero más allá de la aritmética política, la emergencia de Podemos y Ciudadanos tendría un impacto duradero tanto en la política nacional como en la catalana. Podemos era un partido nacido al calor del 15-M. Ofrecía un proyecto que la dirección de la formación calificó de «nacionalpopular» y que aunaba dos aspiraciones en último término difíciles de conjugar. Por un lado, explotaba una retórica populista de reminiscencias bolivarianas; no por casualidad, sus líderes se habían formado intelectualmente en aquella tradición. Era este un populismo pasado también por el tamiz del siglo XXI y el gusto occidental en el que el patriotismo clásico se vestía de alusiones a «la gente».

Por otro lado, Podemos enarbolaba un discurso radical de ruptura con el sistema político e institucional nacido con la Constitución de 1978, al que la formación se refiere como el «régimen del 78», dominado por una «casta» en la que se condensaban todos los vicios del sistema. El mensaje era potente porque se articulaba sobre un diagnóstico feroz, y a menudo cierto, de los años de abusos y excesos que habían alcanzado su clímax con la crisis económica. Por su parte, Ciudadanos daba el salto de la política catalana a la nacional, indicando que el conflicto territorial constituía ya un asunto central de la política española y señalando que eran muchos los españoles no rupturistas que censuraban el comportamiento de los viejos partidos y pensaban que el país necesitaba una regeneración urgente.

La llegada de los nuevos partidos eliminaba en potencia la posibilidad de que las opciones nacionalistas tuvieran la llave de la gobernabilidad en España. Sin embargo, la irrupción de un partido populista de ámbito nacional y vocación rupturista y antielitista abría la puerta a un entendimiento entre el nacionalismo catalán y los críticos del régimen del 78, que a principios de 2016 parecían una opción realista para sustituir al PSOE al frente de la izquierda.

ROMPIENDO LA LEY

Bajo el mandato de Puigdemont, el Parlament, de mayoría independentista y presidido por Carme Forcadell, expresidenta de la ANC, comenzaría a dar muestras de insubordinación al ordenamiento jurídico y el procés entraría en la fase de construcción de las estructuras de Estado y la superación de las instituciones representativas, acelerándose la convergencia populista.

Por un lado, el no reconocimiento de las instituciones vigentes y la necesidad de construir otras nuevas que las sustituyan y que sirvan a los intereses del proyecto hegemónico es un rasgo distintivo de los movimientos populistas. Por otro, también es un atributo vinculado al populismo el rechazo a la democracia representativa en aras de un gobierno que acometa de forma directa la voluntad popular.

En 2016, Puigdemont anunció la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña tras superar una cuestión de confianza con el apoyo de la CUP. Después de comunicar su decisión, el Parlament de Cataluña aprobó una resolución para instar al Govern a celebrar la consulta, esto es, a hacer lo que ya había afirmado que haría. A partir de este momento se hizo más evidente la inversión de las funciones democráticas que se estaba operando en Cataluña. Una inversión por la que el Parlament, en lugar de ejercer una labor de control y vigilancia del Govern catalán, tomó las decisiones que permitieron llevar a cabo las intenciones de la Generalitat, aun cuando estas contradecían las leyes o los reglamentos de la cámara. Se convirtió, por tanto, no en un contrapeso del poder ejecutivo, sino en una de sus extensiones.

Fue un paso más en la convergencia nacionalpopulista. Si la democracia liberal entiende la sociedad como un agregado de intereses individuales, diversos y a menudo contrapuestos, el populismo se fundamenta en la existencia de una voluntad popular unívoca. Mientras la primera dispone de un sistema institucional que permitía articular y representar esas diferencias de forma pluralista, en el segundo basta con erigirse en pueblo para legitimarse como único intérprete posible y ejecutor sin cortapisas de esa voluntad popular.

En septiembre de 2017 se aprobaron las leyes de transitoriedad jurídica y de celebración del referéndum en un simulacro de democracia procedimental que ignoró todas las legislaciones vigentes, cercenó los derechos de la oposición (que es tanto como cercenar los derechos de los ciudadanos a los que esta representa), subordinó a los funcionarios de la Administración pública a una opción política e ignoró la separación de poderes. En la práctica, se trató de un autogolpe de Estado —o de un «pronunciamiento civil»,[13] como lo ha expresado Santos Juliá; o de un «golpe posmoderno»,[14] en palabras de Daniel Gascón— en el que la apelación popular sustituyó al golpe militar clásico.

LA CULMINACIÓN POPULISTA

La culminación de la convergencia nacionalpopulista coincidió con la celebración del referéndum, en medio de una gran agitación política y social, el día 1 de octubre. Aquel día se corroboró que el Gobierno de Mariano Rajoy no disponía de ningún plan para impedir una votación ilegal y se vivieron escenas de caos y violencia que infligieron un importante desprestigio al Estado.

También se puso de manifiesto la intención de que los Mossos d’Esquadra dejaran de estar al servicio de los ciudadanos de Cataluña y del mantenimiento de sus leyes para convertirse en una policía política al servicio de una causa. Derribados el Parlament de Cataluña, su Mesa, su cuerpo de letrados, su reglamento, el Estatuto de Autonomía catalán y la Constitución, e ignoradas las sentencias de los tribunales, incluyendo el Tribunal Constitucional, Cataluña quedó en un limbo en el que no operaban las leyes ni las instituciones de la democracia liberal.

Es preciso señalar que algunas de las resoluciones que un Parlament insubordinado adoptó contaron con el apoyo o la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot, la confluencia catalana de Podemos. La formación morada había pensado que quizá sería capaz, a diferencia del PSC, de «cabalgar» las contradicciones del eje centro-periferia, y en algún momento, la causa decisionista pareció proclive a los intereses rupturistas de Podemos.

Quien fuera número dos de la formación, Íñigo Errejón, ha señalado que la frustración de las expectativas electorales de Podemos en 2016, que durante algún tiempo pareció un partido con opciones de sobrepasar al PSOE y gobernar, tuvo que ver con la legitimidad de las instituciones españolas. Errejón explicaba que para que se produjera un desborde popular era necesario que se diera una «crisis de Estado», una condición que, en su opinión, no había tenido lugar en España.

En nuestro país se había producido una profunda crisis económica, política y social que había conducido a la desafección y el rechazo de los partidos políticos. Sin embargo, los ciudadanos consideraban que las instituciones del Estado de derecho continuaban teniendo validez. Eso llevaba al dirigente de Podemos a preguntarse «cómo construir un proyecto nacional-popular, democrático y progresista en una sociedad altamente institucionalizada en la que la crisis de sus élites y partidos no es crisis de Estado».[15]

Para poder acometer la ruptura con el régimen del 78 se hacía necesaria, por tanto, una crisis del sistema, y en ese sentido, una alianza con el independentismo podía ser útil para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, la estrategia no salió bien. En primer lugar, Podemos fue víctima, como muchos otros antes, de la fractura centro-periferia. Este eje se ha revelado históricamente como una gran falla inestable: uno puede elegir por cuál de sus lados caminar, pero no podrá hacerlo con un pie a cada lado de ella sin precipitarse al vacío. No se puede ser el Bismarck de España y el Bolívar de Cataluña a la vez.

Con el tiempo, la ambigüedad de los Comunes fue decantándose del lado soberanista, hasta el punto de que la falla centro-periferia dividió a los diputados de la formación, a los votantes de Catalunya Sí Que Es Pot, a las élites de Podemos con respecto a sus socios autonómicos y al conjunto de los votantes de Podemos en España. Es preciso señalar que la formación fue además víctima de una doble legitimidad que representaba intereses diversos. Por un lado, estaba la demarcación central de Podemos, con sede en Madrid, encabezada por Pablo Iglesias y con un proyecto de intención nacional. Por otro lado, estaba Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con un gran liderazgo en Cataluña que desbordaba la marca Podemos y con una agenda de intereses independiente de la de Iglesias.

Colau trató de hacer de la ambigüedad virtud y, cuando el procés polarizó tanto la situación que esto no fue posible, tomó partido por las tesis soberanistas, poniendo en un aprieto a Podemos. La formación morada no podía disociar de su marca a una candidata muy popular, que encarnaba, junto con Manuela Carmena, la viabilidad y el éxito de los llamados «ayuntamientos del cambio». Pero, al mismo tiempo, esa deriva perjudicó a los de Pablo Iglesias y, en último término, a ella misma, que no fue capaz de defender una Barcelona fuerte que estuviera por encima de las vicisitudes del procés. La ruptura unilateral de su acuerdo de gobierno con el PSC dejó a Colau en una situación de debilidad, a poco más de un año de unas elecciones municipales que se presentan inciertas para ella.

La postura de Podemos fue penalizada con un notable retroceso en la intención de voto. Este hecho pone de manifiesto hasta qué punto era improbable poder conjugar exitosamente un proyecto populista de rasgos patrióticos con un plan de ruptura constitucional que se apoyara en una alianza con el secesionismo. Y revela también que cuestionar la unidad territorial no es una buena estrategia con la que hacer política en España, ni a la izquierda ni a la derecha del espectro ideológico. De hecho, analistas como Jorge Galindo han señalado la existencia de una importante izquierda jacobina en España, muy reacia a las aventuras políticas soberanistas.[16]

El 1 de octubre, el Estado ofreció su imagen más débil y el independentismo reunió más simpatías internacionales que nunca antes. Puede decirse que fue el peor momento para el constitucionalismo español desde que se iniciara el procés. La situación se tornó más tensa en las calles después de que el día 3 fuera decretado un cierre patronal: era la inversión del derecho a la huelga.

Ese mismo día, el rey se dirigió a la nación con un mensaje que tuvo una gran trascendencia. En primer lugar, ante la debilidad del Ejecutivo de Rajoy, cuestionado por su gestión de la crisis territorial, y ante el papel dubitativo de los socialistas, que habían pedido la reprobación de la ministra Soraya Sáenz de Santamaría por los sucesos del 1 de octubre, el monarca marcó una senda de unidad y determinación al bloque constitucionalista, abriendo la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Días después, sería la ciudadanía la que daría una respuesta civil a la emergencia separatista. La idea de un sol poble había sido electoralmente desmentida, pero había persistido la hegemonía social y cultural independentista. La radio y la televisión públicas de Cataluña habían sido puestas al servicio del procés y el mobiliario urbano y los balcones llevaban años tomados por los símbolos independentistas. No en vano, algunos grupos de izquierda radical secesionista habían utilizado con frecuencia el lema «Las calles serán siempre nuestras». Sin embargo, el día 8 de octubre tuvo lugar la primera gran manifestación de carácter constitucionalista en Barcelona, con la participación de cientos de miles de personas. La marcha significó el despertar público de más de la mitad de Cataluña, ausente durante años del relato nacional y del espacio mediático y cultural.

Fue también la constatación de que Cataluña es una sociedad completamente fracturada, cuya inestabilidad política tenía ya consecuencias económicas graves, especialmente sobre el turismo y la huida de empresas. Sin embargo, el Govern de Puigdemont tomó la decisión de dar un paso más en la escalada del conflicto, proclamando la independencia de Cataluña el día 10 de octubre para, acto seguido, en uno de los pronunciamientos políticos más extraños que se recuerdan, suspenderla.

La no aclaración de ese acto político condujo al Gobierno de Rajoy a aplicar el artículo 155 y a convocar nuevas elecciones en Cataluña, que se celebraron el 21 de diciembre de 2017. Estos comicios fueron históricos: por primera vez ganó un partido no nacionalista. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans en Cataluña, se convirtió en la candidata más votada, logrando superar en escaños a Junts per Catalunya, la marca electoral con la que se presentó a los comicios la antigua Convergència (ahora PDeCat) sin Unió. Los herederos de la histórica formación democristiana se integraron en las listas del PSC, en otra muestra de superación del eje ideológico con resultados inciertos.

Esta victoria planteó una novedad importante porque supuso el triunfo de un partido que no se identifica con el catalanismo político que ha caracterizado al PSC. Un catalanismo al que con frecuencia se ha acusado de conducir, bien a la connivencia, bien a la parálisis ante el avance del reto secesionista. El procés ha motivado dimisiones en las filas de los socialistas catalanes y ha sido origen de discrepancias importantes tanto dentro del PSC como entre las élites del PSC y del PSOE. Quizá quepa preguntarse si puede haber un discurso político que defienda los valores del catalanismo como motor de modernización de España e instrumento de convivencia. Desde Valentí Almirall, que acabaría sus días «lerrouxista y amargado», según Jesús Pabón,[17] son muchos los que han fracasado en esa empresa.

Finalmente, la huida de Puigdemont y de varias personas con causas abiertas por las ilegalidades del procés ha permitido al independentismo intentar una internacionalización del conflicto que pueda beneficiarse del momento populista europeo. Sin embargo, la convergencia nacionalpopulista se completó en los episodios que van desde la celebración del referéndum a la fallida proclamación de independencia.

La designación a dedo de Quim Torra —que nunca figuró como candidato electoral de su partido— por Puigdemont desmiente la idea ampliamente difundida por el independentismo de que «esto va de democracia» y sitúa al frente de la Generalitat a un president cuyo discurso se retrotrae a las primeras capas de la cebolla nacionalista, aquellas dominadas por el discurso étnico, biologicista y lingüístico. Con Torra, la pulsión secesionista continuará, pero difícilmente podrá ampliar la base social de su causa.

La rivalidad soberanista

Los postores de la subasta catalana

ASTRID BARRIO

INTRODUCCIÓN

Uno de los rasgos más singulares del procés en Cataluña es la gran cantidad de actores de distinta naturaleza que lo han impulsado o apoyado, que han intervenido en él y que han incidido en su desarrollo. Cuando en septiembre de 2012, momento en el que viene situándose su pistoletazo de salida, Artur Mas decide adelantar las elecciones tras la multitudinaria manifestación de la Diada, organizada por la veterana asociación Òmnium Cultural y por la recién fundada Assemblea Nacional Catalana (ANC), se empieza a visualizar que los partidos políticos no van a ser los únicos protagonistas. Desde entonces, partidos, asociaciones diversas (culturales, sindicales, empresariales, etc.), intelectuales, medios de comunicación e incluso organismos impulsados desde las propias instituciones han tenido un rol muy relevante en su evolución.

Esta profusión de protagonistas ha planteado interrogantes acerca de quién lo ha promovido y liderado. El destacado papel de las organizaciones sociales ha extendido la interpretación de que el procés sería un fenómeno bottom-up, es decir, surgido desde abajo como consecuencia de un cambio de posición del electorado, que habría abrazado masivamente el independentismo y canalizado sus aspiraciones precisamente a través de las asociaciones, que a su vez habrían provocado el cambio de posición de los partidos, principalmente el de Convergència i Unió (CiU). Alternativamente, está la interpretación según la cual la evolución del procés se explica sobre todo por la feroz competencia entre los partidos soberanistas, especialmente entre CiU y Esquerra Republicaba de Catalunya (ERC), por la hegemonía en ese espacio político y por atraerse el apoyo de las asociaciones. Desde esta perspectiva, más de tipo top-down, los partidos y sus dirigentes habrían ido radicalizado sus posiciones y sus apuestas políticas en una constante sobrepuja.[1] Una autodestructiva subasta que ninguno de ellos se ha atrevido a frenar por temor a sufrir un castigo electoral y que ha acabado provocando un suicidio político colectivo.

Este capítulo, que se insiere en la segunda de las perspectivas, se propone identificar a los distintos actores que han intervenido en el procés a lo largo de sus distintas etapas, explicar cómo han interactuado y cómo se han condicionado mutuamente, haciendo especial énfasis en sus principales protagonistas, los partidos.

EL ORIGEN DE LA SUBASTA

Aunque la fecha de inicio del procés sea septiembre de 2012, lo sucedido a partir de ese momento no se puede explicar sin tener en cuenta los años precedentes, particularmente el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía que se puso en marcha en 2003 bajo el impulso de la nueva coalición de gobierno formada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) y presidida por Pasqual Maragall. Tras intensas discusiones, particularmente entre CiU y ERC, que competían en radicalidad nacionalista, en septiembre de 2005, el Parlament aprobó el nuevo Estatuto con la sola oposición del PP. En el preceptivo trámite de aprobación en las Cortes españolas, el texto original fue modificado y su redacción final, pactada entre el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y CiU, que había quedado relegada a la oposición en Cataluña a pesar de haber ganado las elecciones en 2003. Con ese gesto, el PSOE no solo ninguneó al PSC, su homólogo catalán, sino que ERC, disconforme con los cambios, acabó votando en contra en el Congreso y pidiendo el voto negativo en el referéndum de ratificación. Esta circunstancia provocó la ruptura del Govern catalán y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas a finales 2006. El PP, por su parte, que se había opuesto a la reforma desde sus inicios, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto. La reforma del Estatuto, por tanto, fue un proceso que no solo estuvo presidido desde el principio por la falta de consenso, sino que también acabó dividiendo a la clase política catalanista y provocando el surgimiento de Ciutadans (Cs), un partido contrario a dicha reforma.[2]

La situación se fue deteriorando por el retraso en la sentencia del Tribunal Constitucional y por su merma de legitimidad a causa de la incapacidad del PP y el PSOE para acordar el nombre de los miembros que debían remplazar a aquellos que habían concluido su mandato. Estos hechos fueron objeto de múltiples críticas, hasta el punto de que los principales diarios catalanes, en una acción sin precedentes, firmaron un editorial conjunto («La dignidad de Cataluña») en el que denunciaban dicha situación, anticipando el papel que en adelante desempeñaría una parte de la prensa catalana en la defensa de la causa nacional. Cuando en junio de 2010, cuatro años después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional declaró nulos diversos artículos del Estatuto, todos los partidos catalanes, a excepción del PP y de Ciutadans, lamentaron la decisión. Fue entonces cuando se iniciaron una serie de acciones a favor del derecho de autodeterminación, empezando por una multitudinaria manifestación de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el 10 de julio de 2010, bajo el lema «Som una nació, nosaltres decidim», organizada por Òmnium Cultural y presidida por el entonces president, el socialista José Montilla.

Esta movilización, sin embargo, no se explica sin tener en cuenta algunos antecedentes. Desde 2005, a raíz de los cambios que introdujo el Congreso de los Diputados en el Estatuto, empezaron a surgir asociaciones y entidades, como la Plataforma pel Dret a Decidir, Sobirania i Progrés o el Cercle Català de Negocis, que defendían la integridad del texto aprobado por el Parlament y que se declaraban partidarias del derecho de autodeterminación de Cataluña. Estos núcleos llevaron a cabo diversas acciones a favor de la autodeterminación y de la independencia, de entre las que destacan las consultas sobre la independencia que se realizaron entre 2009 y 2011 en diversos municipios catalanes, que contaron con una elevada participación. Fruto de esa iniciativa, en 2011 surgió la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que agrupaba a las entidades locales (municipios, consejos comarcales y diputaciones provinciales) partidarias de la secesión.

La relevancia que había adquirido la cuestión nacional no impidió que el eje fundamental de las elecciones de 2010 fuese la situación económica, muy deteriorada desde el inicio de la crisis en 2008. En esas elecciones, CiU, liderada por Artur Mas, recuperó el gobierno de la Generalitat, situándose cerca de la mayoría absoluta. Lo hizo con un programa autonomista muy centrado en los aspectos económicos, aunque sin renunciar al derecho a decidir, el eufemismo con el que el independentismo se ha referido al derecho de autodeterminación y que por primera vez figuraba en el programa electoral de la federación nacionalista. Por su parte, ERC experimentó un importante retroceso, desencadenando una crisis interna, mientras que una coalición independentista, Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), impulsada por Joan Laporta, expresidente del F. C. Barcelona, Alfons López Tena, procedente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y Uriel Beltran, de ERC, estos últimos promotores de las consultas independentistas municipales, obtuvo cuatro diputados.

Aprovechando la experiencia organizativa acumulada años antes, entidades, organizaciones y partidos independentistas celebraron en 2011 la Conferencia Nacional por el Estado Propio, que en marzo de 2012 dio lugar a la ANC. Esta asociación, junto con Òmnium Cultural y la AMI, promovió la «Marcha hacia la independencia», que culminó con la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 2012 bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa». Tras la manifestación, y de manera insólita, sus dirigentes, Carme Forcadell (ANC), Muriel Casals (Òmnium Cultural) y Josep Maria Vila d’Abadal (AMI), fueron recibidos por el president de la Generalitat, a quien trasladaron la petición de celebrar unas elecciones plebiscitarias y convocar una consulta sobre la autodeterminación en 2014. Días más tarde, Mas se reunió con el presidente del Gobierno español, el popular Mariano Rajoy, que había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2011, para solicitar un pacto fiscal para Cataluña, la cuestión central con la que CiU se había presentado a esas elecciones. Tras su negativa, en un contexto en el que España se encontraba al borde del rescate financiero, Mas asumió parcialmente la agenda de las asociaciones soberanistas, convocó elecciones anticipadas y se comprometió a realizar una consulta sobre la autodeterminación durante la siguiente legislatura. Con ello esperaba desviar el foco de atención, centrado en la política económica y en los recortes, beneficiarse de la movilización nacionalista, conseguir la mayoría absoluta y consolidar la tradicional hegemonía de CiU en el espacio nacionalista abrazando abiertamente el soberanismo. Todo ello en un momento en que su principal competidor en ese ámbito, ERC, que desde 2011 tenía a Oriol Junqueras como nuevo líder, no parecía estar atravesando su mejor momento.

EL CAMINO HACIA LA CONSULTA DEL 9-N

Aunque algunas encuestas auguraban que CiU se haría con la mayoría absoluta, en esas elecciones perdió cerca de cien mil votos y doce escaños respecto a 2010. ERC, en cambio, fue la gran beneficiada, mientras que SI se quedó sin representación y fue sustituida por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), una formación independentista de izquierda alternativa que recogía la herencia de diversos partidos de esta familia política y que desde 2003 había ido extendiendo su presencia en el ámbito municipal. Su acceso al Parlament, unido al crecimiento de Cs, daban buena muestra de la creciente polarización de la política catalana en torno a la cuestión nacional.

El retroceso de CiU no impidió su continuidad al frente del Govern, gracias a un acuerdo con ERC que concebía la legislatura como una transición hacia la independencia, asumía el compromiso de realizar una consulta de autodeterminación y proponía un conjunto de actuaciones para dotar a Cataluña de las estructuras propias de un Estado independiente. En el primer pleno, el Parlament aprobó una declaración de soberanía con la que se daba por iniciado el proceso para hacer efectivo el derecho de autodeterminación, al tiempo que se instaba al Gobierno de España a facilitarlo. Le dieron su apoyo CiU, ERC, ICV y, parcialmente, la CUP, mostrando su posición crítica, y votaron en contra el PP y Cs. En cuanto al PSC, ya empezó a dar muestras de la división interna en torno a esta cuestión cuando cinco diputados se abstuvieron, rompiendo la disciplina de voto de la dirección del partido, que se había decantado por el no. Algunos, como la exconsellera de Salud Marina Geli o el exalcalde de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Elena, acabarían abrazando el secesionismo.

Poco después, el Govern constituyó el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), concebido como un órgano de asesoramiento y de apoyo al proceso soberanista ante la perspectiva de la celebración de la consulta e integrado por académicos e intelectuales.[3] Este organismo elaboró dieciocho informes que quedaron recogidos en el Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya, en el que analizaban los distintos escenarios para llevar a cabo la consulta y los aspectos institucionales a tener en cuenta en la transición hacia un Estado independiente. Al mismo tiempo, el Govern avanzó en el diseño de una diplomacia catalana con la creación del Diplocat, a fin de trasladar a la arena internacional la aspiración y los argumentos en favor de la autodeterminación de Cataluña. También desde las propias instituciones se impulsó el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, con el que se pretendía implicar a partidos, instituciones y sociedad civil en el apoyo a la consulta. Se adhirieron partidos (CDC, UDC, ICV, EUiA y CUP); las trece cámaras de comercio de Cataluña y algunas de las principales organizaciones empresariales;[4] sindicatos (CCOO, UGT, USOC y Unió de Pagesos); organizaciones municipales, como la AMI o la Associació Catalana de Municipis; diputaciones provinciales y ayuntamientos; así como entidades sociales, como la Mesa del Tercer Sector, la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, Òmnium Cultural o la ANC; e instituciones culturales como el Institut d’Estudis Catalans, entre otras. Con ello se pretendía trasladar la idea de que la demanda tenía un apoyo masivo y generaba un elevado consenso entre sectores muy variados.

En paralelo, surgieron diversas iniciativas de apoyo al referéndum por parte de colectivos de intelectuales, entre ellos, el Col·lectiu Wilson y el Col·lectiu Praga. El primero, impulsado por profesores catalanes de prestigiosas universidades, muchas de ellas extranjeras, como Pol Antràs (Harvard), Jordi Gual y Jaume Ventura (Universitat Pompeu Fabra), Gerard Padró (London School of Economics), Xavier Sala i Martín (Columbia) y Carles Boix (Princeton); y el segundo, formado por más de cuarenta profesores de Derecho. En ambos casos, con los objetivos de aportar argumentos en favor del referéndum y de internacionalizar el problema. Destaca, también, por su elevada carga simbólica el surgimiento de Súmate, una asociación concebida con el objetivo de promover el apoyo al independentismo entre la comunidad castellanohablante.

La ANC y Òmnium Cultural impulsaron durante este periodo movilizaciones y acciones de distinta naturaleza. En 2013, pusieron en marcha una campaña a favor de la soberanía fiscal para que particulares, empresas e instituciones pagasen sus impuestos en la Agencia Tributaria Catalana. En junio de ese año, organizaron un concierto en el estadio del F. C. Barcelona bajo el lema «Concierto por la Libertad» y el 11 de septiembre, una cadena humana de 400 kilómetros que recorría la antigua Vía Augusta catalana, y al igual que en 2012, ese mismo día, sus dirigentes fueron recibidos por el president de la Generalitat. Igualmente, llevaron a cabo la campaña «Firma un vot per la independència», a través de la cual se recogieron firmas para avalar una eventual declaración unilateral de independencia en caso de no poderse celebrar la consulta. Y en 2014, coincidiendo con el tricentenario de la derrota de 1714, organizaron una nueva manifestación, denominada la Via Catalana, que volvió a congregar a centenares de miles de personas bajo el lema «9-N votarem; 9-N guanyarem». Todas estas acciones recibieron una notable atención por parte de los medios de comunicación públicos catalanes y de algunos privados, que les dedicaron programaciones especiales y que en muchos casos fueron retransmitidos en directo. Asimismo, el debate en torno a la consulta monopolizó los programas de debate político y las secciones de opinión en la prensa escrita y digital, muchos de ellos generosamente financiados con fondos públicos.

El Govern y los partidos soberanistas que daban apoyo a la consulta acordaron a finales de 2013 la pregunta y la fecha en que se celebraría: el 9 de noviembre de 2014, y también decidieron solicitar al Congreso de los Diputados la delegación a la Generalitat de la capacidad de organizar la consulta de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, que contemplaba la transferencia de algunas competencias a las comunidades autónomas. Los representantes de partidos catalanes Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) trasladaron la petición, que fue rechazada por el PP y el PSOE alegando que era inconstitucional. El Govern optó entonces por aprobar una legislación propia que permitiese celebrar la consulta en caso de que fuera declarada ilegal. Es en ese sentido en el que deben interpretarse las palabras de Carme Forcadell, presidenta de la ANC, en la Via Catalana de 2014, cuando reclamó a Mas que «pusiese las urnas», instándole a la desobediencia si la ley era suspendida por el Tribunal Constitucional. El 27 de septiembre de 2014, el Parlament aprobó la «Ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana», que fue recurrida por el Gobierno español, al igual que el decreto de convocatoria de la consulta, dando lugar en ambos casos a su suspensión cautelar. El Ejecutivo catalán reconvirtió la consulta en un proceso participativo, pero también fue recurrido. Este, sin embargo, terminó por llevarse a cabo formalmente con el apoyo de voluntarios y sin impedimentos judiciales, y contó con la participación de 2.344.828 ciudadanos, 1.897.271 de los cuales votaron a favor de la independencia. Esa misma noche Artur Mas ofreció una multitudinaria rueda de prensa ante medios extranjeros felicitándose por los resultados y mostrándose ante la comunidad internacional como el artífice de la consulta.

El apoyo oficioso de la Generalitat (con la cesión de colegios electorales y la dotación de medios materiales para la votación y el recuento) condujo a la presentación de una querella contra aquellos a quienes se consideró responsables materiales del impulso de la consulta pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Al igual que había sucedido con la reforma del Estatuto, la pulsión soberanista entraba en la vía de la judicialización. Esta vez, sin embargo, con consecuencias personales, pues comportó penas de inhabilitación y multas para Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

LA DIFÍCIL FORJA DE LA UNIDAD INDEPENDENTISTA

La consulta fue interpretada como una victoria por sus promotores, y en la perspectiva de aprovechar la estela del éxito, Mas propuso celebrar unas elecciones a las que todas las fuerzas soberanistas catalanas, incluidas las asociaciones, acudiesen conjuntamente para dotarlas de un carácter plebiscitario. La propuesta fue rechazada por ERC, partidaria de la unidad de acción en las instituciones, pero favorable a concurrir separadamente a las elecciones debido a la creciente competencia entre ambas formaciones por el espacio soberanista, competencia a la que se había sumado la CUP. Aunque ERC, electoralmente, siempre había quedado por detrás de CiU, en las europeas de mayo de 2014 los republicanos sobrepasaron a los convergentes y ganaron los comicios en Cataluña. En esas elecciones, ERC había incorporado a sus listas a Ernest Maragall, exconseller y hermano del expresident de la Generalitat, que en 2012 había abandonado el PSC y fundado el partido Nova Esquerra Catalana (NEC). Además, CDC se había visto envuelta en diversos escándalos de corrupción, como los casos Palau e ITV, que habían comportado la dimisión de su secretario general, Oriol Pujol Ferrusola, y en julio de 2014, su histórico fundador, Jordi Pujol, había confesado irregularidades en la gestión de su herencia, contribuyendo a empañar todavía más la imagen del partido.[5]

De ahí el interés de CiU por acudir a las urnas en una lista unitaria que camuflase su probable retroceso, aunque ello implicase tener que ceder algunos puestos en la lista y también puestos relevantes en las instituciones. Pero ERC, habiendo superado a su tradicional competidor, aunque fuese en unas elecciones de segundo orden, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de repetir la hazaña en unas elecciones autonómicas y asumir el liderazgo del procés, siendo como era el partido que tradicionalmente había defendido la independencia. La CUP, por su parte, no quería unirse a la lista unitaria por razones de índole ideológica. Una cosa era cooperar con CiU para impulsar la consulta y otra muy distinta, acudir juntos a las elecciones no ya con un partido competidor, sino con un partido claramente antagonista en cuestiones económicas y sociales y al que consideraba el principal responsable de los recortes. En cambio, las asociaciones soberanistas ANC, Òmnium Cultural y AMI acogieron muy favorablemente la propuesta de Mas, situando a los partidos que se oponían ante el dilema estratégico de cooperar o competir entre ellos y de aparecer como traidores a la causa ante la opinión pública soberanista.

En enero de 2015, partidos y entidades llegaron a un acuerdo por el que Mas se comprometía a convocar elecciones con carácter plebiscitario el 27 de septiembre. Posteriormente, sin el concurso de la CUP, concretaron el plan para conseguir la independencia, la llamada «hoja de ruta», que avalaba el carácter plebiscitario de las elecciones y fijaba un calendario de dieciocho meses para la proclamación de la independencia en caso de victoria de las fuerzas soberanistas. Este acuerdo generó mucha incomodidad en el seno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio minoritario de CiU, que hacía tiempo que venía expresando serias reservas respecto al desarrollo del procés. Su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, que ya había renunciado a la secretaría general de CiU en 2014, se comprometió a celebrar una consulta interna para decidir la posición del partido respecto a la hoja de ruta.

Las elecciones municipales de mayo de 2015 marcaron un punto de inflexión en la estrategia de los partidos. Por un lado, porque, a diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones europeas, ERC no logró superar a CiU; por el otro, porque la irrupción de las candidaturas de confluencia de la izquierda, muchas de ellas con el apoyo del emergente Podemos, situó el debate político catalán en unas coordenadas distintas a las que se hallaba instalado desde 2012. Los buenos resultados de esas candidaturas, en particular la victoria de Barcelona en Comú, encabezada por la activista social Ada Colau, amenazaban con desplazar el eje competencial hacia a la vieja fractura izquierda-derecha frente a la cuestión soberanista. A ello hay que añadir la ruptura de CiU después de que UDC, en su consulta interna, rechazase por un escaso margen la hoja de ruta. Los resultados provocaron la salida de UDC del Govern, la ruptura de CiU (aunque la alianza se mantuvo en numerosos municipios y en las Cortes) y la ruptura de la propia Unió. El sector soberanista del partido, encabezado por Antoni Castellà y otros dirigentes históricos, como los expresidentes del Parlament Joan Rigol i Núria de Gispert, constituyeron Demòcrates de Catalunya (DC) y se mantuvieron en el Govern.

Ante el nuevo escenario político en Cataluña, Mas retomó la idea de la lista unitaria y ERC ya no pudo resistirse. A la candidatura que adoptó el nombre de Junts pel Sí se unieron personalidades de la sociedad civil y miembros de las entidades soberanistas ANC, Òmnium Cultural y Súmate. Sorprendentemente, Mas, que era candidato a la presidencia, ocupaba el puesto número 4 de la lista por Barcelona, y Junqueras, el número 5, mientras que los tres primeros puestos recaían en independientes. El cabeza de lista, que no candidato, fue Raül Romeva, hasta hacía poco dirigente de ICV, un guiño a la izquierda con el que se pretendía neutralizar el potencial de una eventual candidatura conjunta de las izquierdas, tal y como había sucedido en las elecciones municipales. Los puestos 2 y 3 recayeron, respectivamente, en Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, mientras que Eduardo Reyes, dirigente de Súmate, ocupó el número 6. A partir del número 7 en la lista por Barcelona y del número 3 en el resto de circunscripciones, los puestos fueron ocupados por candidatos partidistas que se repartieron en una proporción del 60 por ciento para CDC y el 40 por ciento para ERC, con excepción del cierre de la lista por Barcelona, que recayó en el entrenador de fútbol Josep Guardiola. Este reparto, además, también era de aplicación al Govern de la Generalitat. Por su parte, CDC cedió algunos de sus puestos a miembros de DC, como Castellà o Assumpció Laïlla, mientras que ERC hizo lo propio con los exsocialistas Antoni Comín y Marina Geli. Esta última, miembro del Moviment d’Esquerres, el nuevo partido surgido de la confluencia de NEC y el Moviment Catalunya, las escisiones soberanistas que habían ido despedazando al PSC y que causaron su progresivo alejamiento del derecho de autodeterminación. Los cabezas de lista por Girona, Lleida y Tarragona fueron el cantautor Lluís Llach, el funcionario Josep Maria Forné, vinculado a Òmnium Cultural, y el economista Germà Bel, antiguo diputado del PSC. A la lista se adhirieron simbólicamente, en señal de apoyo, más de cien mil personas.

Se daba la paradoja de que, aunque la competencia entre los partidos marcaba la evolución del procés en forma de sobrepuja constante, la presencia de entidades soberanistas con una elevada capacidad de movilización social empujaba a los partidos a cooperar no solo en las instituciones, como venía sucediendo desde 2012, sino también electoralmente. Ninguno de los dos grandes partidos soberanistas quería perder el favor de las asociaciones y aparecer a ojos de la opinión pública como culpable de la falta de unidad, algo que la CUP, dado su carácter de partido antisistema y no orientado al gobierno, sí que podía permitirse. Por ello, ERC tuvo que ceder a las pretensiones de CDC, que aspiraba a que la lista única minimizase y camuflase su más que previsible retroceso.

LA VUELTA AL REFERÉNDUM

Las elecciones del 27 de septiembre, aunque en propiedad no pueden ser consideradas plebiscitarias, pues se presentaron hasta siete candidaturas con posibilidades de obtener representación y los partidos contrarios a la independencia no se agruparon bajo una única lista, sí que adoptaron un formato claramente bipolar. En la campaña intervinieron, además, actores que habitualmente no suelen pronunciarse, al menos no de forma directa, como la Asociación Española de Banca, la patronal CEOE, el gobernador del Banco de España y empresas como Pronovias, entre otros, que alertaron de los posibles riesgos de la independencia, mientras que el campo independentista siguió recabando los apoyos habituales por parte de asociaciones empresariales, entidades sociales, intelectuales e incluso de la Iglesia.

Tras una campaña muy polarizada, JxSí ganó las elecciones con sesenta y dos diputados, pero no consiguió la mayoría absoluta, y tampoco el conjunto del independentismo logró superar el 50 por ciento de los votos. Se habían ganado las elecciones, pero se había perdido el plebiscito, algo que solo reconoció la CUP, un partido que había triplicado sus resultados y del que dependía la mayoría absoluta. Y la formación anticapitalista consideraba que ese requisito era algo imprescindible para obligar a JxSí a seguir adelante con la hoja de ruta secesionista.

Ese plan preveía declarar la independencia y aprobar una nueva Constitución. Tras las elecciones, estaba prevista una solemne declaración de apertura del proceso de independencia, aunque apelando al diálogo con el Estado. Seguidamente, se debía constituir un Govern de concentración y se pondría en marcha la primera fase del proceso constituyente, en el que la ciudadanía haría sus aportaciones. La tercera fase se inauguraría con la proclamación de la independencia, por medio de la cual se daría paso al Estado catalán, tras una desconexión legal del Estado español a través de una ley de transitoriedad jurídica. Seguidamente, se aprobaría la ley del proceso constituyente, que serviría para regular el trámite parlamentario y refrendario de la nueva Constitución y para encajar las aportaciones previas de la ciudadanía. Concluida esta etapa, se convocarían elecciones constituyentes y el proceso culminaría con la aprobación de una Constitución catalana que sería ratificada por referendo.

El problema para seguir adelante con el plan, pese a la existencia de una mayoría independentista que compartía los objetivos, era que la CUP se negaba a investir a Mas. Para tratar de atraer a este partido, y de acuerdo con lo establecido en la hoja de ruta, JxSí promovió y aprobó en el primer pleno una declaración en la que se daba por iniciado el proceso de creación de un Estado catalán independiente, se declaraba al Parlament soberano y se afirmaba que ya no estaría supeditado a las decisiones españolas, particularmente a las del Tribunal Constitucional. Pero ese gesto, que comportaba una elevada dosis de desafío a las instituciones democráticas, no fue suficiente para que la CUP votase la investidura de Mas. Sometida a muchas presiones, sobre todo por parte de las asociaciones y de numerosos medios afines, y tras un tortuoso proceso interno en el que se produjo un insólito empate que obligó a repetir la votación, la CUP volvió a desestimar el apoyo a Mas a las puertas de la disolución automática del Parlament. Pero a las pocas horas de expirar el plazo, Mas acabó dimitiendo y cedió el testigo al alcalde de Girona y presidente de la AMI desde julio de 2015, Carles Puigdemont, que fue investido gracias al apoyo de dos miembros de la CUP. Los puestos en el Govern recayeron exclusivamente en políticos profesionales, aunque no solo procedentes de CDC y ERC, sino también de independientes procedentes de otras formaciones, como Raül Romeva, que fue designado conseller de Exteriores, y Toni Comín, antiguo diputado socialista, que ocupó la cartera de Sanidad. El papel de las asociaciones soberanistas en las instituciones estuvo claramente subordinado a los partidos y se limitó a ejercer de guardián de la unidad del soberanismo, en particular, presionando a la CUP para que garantizase la gobernabilidad. Su espacio seguía siendo la movilización popular. La única excepción fue la elección de Forcadell, exdirigente de la ANC, como presidenta del Parlament.

La actividad institucional de JxSí estuvo encaminada a avanzar en la hoja de ruta pactada meses antes. Se puso en marcha una comisión parlamentaria de Estudio del Proceso Constituyente en la que no participaron ni Cs, convertido en el principal partido de la oposición, ni el PSC ni el PP. Las conclusiones de dicha comisión, aprobadas en julio de 2016, incluían la posibilidad de una vía unilateral hacia la independencia, aunque sin especificar. Esta circunstancia provocó la suspensión de las conclusiones por parte del Tribunal Constitucional y el requerimiento a los miembros de la Mesa del Parlament para paralizar cualquier iniciativa que supusiese un avance en el proceso de independencia, a riesgo de eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento. El Govern también trató de impulsar las estructuras de Estado, pero su capacidad se vio muy mermada por el rechazo a los presupuestos por parte de la CUP, eventualidad que llevó a Puigdemont a someterse a una moción de confianza.

La hoja de ruta pactada en 2015 por CDC, ERC, ANC y Òmnium Cultural había supuesto dar por cerrada la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. El 9-N, primero, y la victoria en las elecciones del 27-S, consideradas por todos ellos unas elecciones plebiscitarias, después, avalaban la idea de que el independentismo era mayoritario —aunque nunca hubiese superado la mitad del censo— y de que existía un mandato democrático para avanzar hacia la proclamación de la independencia. En este relato, el referéndum se consideraba una pantalla pasada. Sin embargo, la CUP seguía siendo partidaria de ampliar la base de apoyo al independentismo. De ahí que desde finales de 2015, en el marco de las presiones a la CUP para investir a Artur Mas, empezara a tomar cuerpo la idea de «volver al referéndum», una posibilidad que inicialmente fue descartada por JxSí, pero que fue bien recibida por algunos entornos intelectuales y algunos grupos, como DC. Con el referéndum no solo se trataba de atraer a la CUP, sino también al conjunto del espacio de sus partidarios, dentro del cual se contaban los comuns, pese a su división interna respecto a cómo llevarlo a cabo. El referéndum permitía ampliar el apoyo parlamentario y esgrimir el famoso 80 por ciento, la cifra que muchas encuestas identificaban como el porcentaje de partidarios de la consulta, mientras que el apoyo a la independencia nunca superaba el 50 por ciento. Progresivamente las entidades soberanistas, con la intención de mantener la unidad del independentismo, empezaron a valorar la posibilidad del referéndum y, finalmente, el president Puigdemont la hizo suya en la cuestión de confianza a la que se sometió en septiembre de 2016. En su discurso asumió el compromiso de convocar un referéndum de independencia acordado o no con el Gobierno español, algo que sintetizó en la frase «Referéndum o referéndum». Y a pesar de que numerosos integrantes de JxSí se habían mostrado reticentes a la posibilidad de volver al referéndum, no hubo ninguna deserción y todos cerraron filas en torno a la nueva agenda del president, que era la agenda de la CUP y que contemplaba abiertamente la unilateralidad.

Al igual que había sucedido con la consulta del 9-N, a finales de 2016 se impulsó el Pacte pel Referèndum, cuya reunión constitutiva tuvo lugar en el Parlament de Cataluña. Este organismo estaba dirigido por personas de diversa procedencia política, como su coordinador, el exsocialista Joan Ignasi Elena, líder de la asociación Avancem, otra de las escisiones soberanistas del PSC. Esta iniciativa consiguió la adhesión de más de cuatro mil entidades, incluyendo partidos, instituciones públicas, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y culturales, así como de más de cuatrocientos mil individuos. Con ello, de nuevo se buscaba trasladar una imagen de consenso, cuando no de unanimidad.

LA DERIVA SUICIDA HACIA LA UNILATERALIDAD

Ante la imposibilidad de celebrar un referéndum pactado, la única opción de llevarlo a cabo comportaba elevadas dosis de desobediencia, algo que ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional parecían dispuestos a consentir. Que las instituciones españolas no iban a alterar su estrategia quedó ratificado con la imputación de la Mesa del Parlament, por permitir la votación de resoluciones sobre la independencia y por permitir la puesta en marcha de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

Hasta entonces, los principales perjudicados por el procés soberanista habían sido los dirigentes de la antigua CiU, mientras que ni ERC ni la CUP, a pesar de ser percibidos como más radicales y de haber crecido electoralmente a la sombra del procés, no tenían a ninguno de sus miembros imputados judicialmente. Se daba la circunstancia de que aunque CDC, convertida en Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) desde julio de 2016, era la formación que asumía los costes del proceso, resultaba menos creíble en cuanto a radicalidad independentista que ERC y la CUP que siempre lo habían sido. El deseo de socializar los costes llevó a Puigdemont a encargar la preparación del referéndum al vicepresident Oriol Junqueras, aunque ello obviamente dependiera de diversos departamentos. Y todo porque, aunque no se explicitara, existía una enorme desconfianza mutua. Tanta que para despejar las dudas acerca de la implicación de los diversos actores ante la opinión pública, todos los consellers y numerosos altos cargos del Govern asumieron colectivamente la responsabilidad de organizar, convocar y celebrar el referéndum firmando un simbólico compromiso en un acto televisado en el Pati dels Tarongers el 21 de abril de 2017.

Sin embargo, a medida que se aproximaba la celebración del referéndum algunos miembros del Govern empezaron a expresar sus dudas, coincidiendo con los requerimientos de la Guardia Civil a algunos altos cargos a dar explicaciones acerca de las actividades encaminadas a llevar a cabo la consulta. Unas investigaciones que desde el mes de febrero estaba llevando a cabo el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a raíz de la filtración de unas declaraciones del exjuez Santi Vidal en las que afirmaba que se estaban cometiendo ilegalidades para preparar el referéndum.

A principios de julio el conseller de Empresa, Jordi Baiget, expresó públicamente sus dudas acerca de la consulta llegando a afirmar que dadas las dificultades materiales para llevarla a cabo podría suceder que fuese un nuevo 9-N, unas declaraciones que comportaron su cese fulminante. Baiget fue reemplazado por Santi Vila, quien a su vez dejaba vacante la Consejería de Cultura, que pasó a ser ocupada por Lluís Puig. Este cese fue seguido a mediados de julio por el de otros consellers dubitativos con la estrategia de la unilateralidad y de la desobediencia, dado que podía comportar no solo multas y penas de inhabilitación como a los responsables políticos del 9-N, sino largas penas de cárcel si se les imputaban delitos como la malversación, la sedición o la rebelión, algo sobre lo que algunos medios empezaban a especular. Fue entonces cuando fueron cesados la consejera de Presidencia, Neus Munté, el de Interior, Jordi Jané, la de Enseñanza, Meritxell Ruiz, todos ellos miembros del PDeCAT, siendo sustituidos por Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, respectivamente. Además algunos altos cargos como el secretario del gobierno, Joan Vidal de Ciurana, también renunciaron. Todo apuntaba a que ninguno de los partidos estaba dispuesto a reconsiderar su situación.

No obstante, faltaba por aprobar el marco legal al amparo del cual celebrar la consulta, ya que según el Govern, esa consulta sería legal de acuerdo con la legalidad catalana, una de las ideas fuertes del independentismo, lo cual constituía un desafío en toda regla al orden constitucional español. El 6 y el 7 de septiembre, en un accidentado pleno en el que la mayoría independentista forzó el reglamento e ignoró los avisos de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias, se materializó dicho desafío con la aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Y aunque fueron suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional, el Govern y la mayoría independentista optaron por seguir adelante con sus planes.

Sin embargo, esta vez, el Gobierno español estaba dispuesto a impedirlo, a diferencia del 9-N, cuando optó por hacer la vista gorda. Por un lado las finanzas de la Generalitat habían sido intervenidas para evitar que se destinase dinero público a la materialización del referéndum. Y por el otro se desplazó a Cataluña un numeroso operativo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar la celebración de la consulta. Por su parte el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona siguió con sus investigaciones y durante el mes de septiembre se produjeron detenciones de altos cargos y registros en dependencias oficiales, dando lugar a numerosas protestas. Las que tuvieron mayores consecuencias fueron las que se produjeron el día 20 frente a la Consejería de Economía, ante la cual se congregó una multitud que entorpeció la actuación de la comitiva judicial. Esta acción acabó provocando, a mediados de octubre, el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium Cultural, acusados del delito de sedición por la Audiencia Nacional.

Ante la previsión de que la policía, siguiendo las órdenes del juez, no permitiría la celebración del referéndum, grupos de ciudadanos se organizaron ya desde el viernes anterior al 1 de octubre para ocupar los colegios electorales y, por medio de la resistencia pacífica, dificultar su desalojo, proteger las urnas y favorecer las votaciones. Esta acción colectiva dio lugar al nacimiento de un nuevo actor político, los Comités de Defensa del Referéndum, que más tarde pasarían a denominarse Comités de Defensa de la República (CDR). Su presencia en los colegios electorales no disuadió a la policía, que procedió al desalojo, en algunos casos por la fuerza —en diez de los 2.135 colegios electorales operativos según el delagado del Gobierno Enric Millo—, ocasionando, según fuentes de la Generalitat, un millar de heridos, la mayoría de los cuales de carácter leve. La desafortunada intervención policial provocó críticas generalizadas, interna e internacionalmente, que alentaron la movilización independentista. Dos días después se produjo una suerte de huelga general, bajo el eufemismo de aturada de país, en protesta por las acciones policiales, convocada por la Taula per la Democràcia, la entidad que desde finales de septiembre había sucedido al Pacte Nacional pel Referèndum.

A pesar de la ausencia de las mínimas garantías democráticas, más de 2,2 millones de ciudadanos votaron y 2 millones lo hicieron favorablemente, según fuentes de la Generalitat. De acuerdo con lo que establecía la suspendida ley del referéndum, en caso de victoria del sí una vez proclamados los resultados, el Parlament debía proceder a declarar la independencia y a dar inicio al proceso constituyente. Esta decisión, sin embargo, se demoró por las discrepancias internas entre el PDeCAT y ERC, mientras la CUP exigía «implementar la República». Las detenciones de Sánchez y Cuixart a mediados de octubre ahondaron las discrepancias y se empezaron a oír voces reticentes a seguir por la senda unilateral, como la del expresident Mas o la de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, con el apoyo de algunos sectores económicos. No solo existía una evidente amenaza judicial por la celebración del referéndum y por la desobediencia al Tribunal Constitucional puesto que la Fiscalía estaba preparando una querella por rebelión, sino que también se vislumbraba una amenaza política por la posibilidad de que el Gobierno central activase el artículo 155 de la Constitución e interviniese la Generalitat.

En ese contexto el Govern apelaba al diálogo y a la mediación internacional, mientras que Rajoy exigía a Puigdemont que aclarara si el 10 de octubre había sido declarada la independencia. Los hechos se precipitaron fatídicamente los días 25, 26 y 27 de octubre cuando se hizo evidente la división de los partidos independentistas, que se debatían entre dos estrategias: avanzar las elecciones y tratar de minimizar el impacto del 155 o proceder a declarar la independencia tal y como preveía la ley del referéndum. Y en lo que se puede considerar la culminación de la estrategia de la subasta, se acabó imponiendo la puja más alta. Puigdemont pareció inicialmente decantarse por la convocatoria electoral, pero las críticas públicas que suscitó por parte de ERC, la CUP, sectores del PDeCAT y en las redes sociales, junto con la ausencia de garantías escritas de que el Gobierno español frenaría la aplicación del artículo 155, llevaron al president a reconsiderar su posición. El 27 de octubre, pocas horas antes de que se votase en el Senado la activación del artículo 155, el Parlament declaró la independencia. La noche anterior, el conseller de Empresa, Santi Vila, que había participado en los intentos de mediación para encontrar una salida negociada, presentó su dimisión.

Aunque la declaración de independencia quedó automáticamente en suspenso, la aplicación del artículo 155 comportó el cese del Govern y, para sorpresa de todos, la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. La independencia en suspenso tampoco evitó la presentación de una querella por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra los miembros del Govern, que fueron citados a declarar ante la Audiencia Nacional el 2 de noviembre. Carles Puigdemont y otros miembros del Gobierno cesado (Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig) se instalaron en Bruselas y decidieron no comparecer ante la justicia mientras que el resto de miembros (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Dolors Bassa) que sí lo hicieron fueron encarcelados cautelarmente.

BALANCE DE LA SUBASTA

Si bien en el procés han participado múltiples actores, los principales protagonistas han sido los políticos soberanistas, de ERC y primero CiU, más tarde del PDeCAT, y más adelante Puigdemont, que en una pugna sin cuartel por la hegemonía electoral han decantado el curso de los acontecimientos. Sin embargo, esa pugna en forma de constante sobrepuja en las apuestas políticas no surgió en 2012 sino que ya había empezado a perfilarse durante el proceso de reforma del Estatuto y cuando ERC retiró su apoyo al Estatuto y pidió el voto negativo en el referéndum para su aprobación, al considerar que los cambios que se habían introducido en el Congreso, pactados entre el PSOE y CIU, constituían una cesión inasumible. En ese contexto empezaron a aparecer asociaciones que reivindicaban el ejercicio del derecho de autodeterminación y se celebraron las consultas locales por la independencia. Y aunque la sentencia del Tribunal Constitucional marcó un punto de inflexión en la movilización nacionalista, las elecciones de 2010 fueron en clave económica a causa de la crisis. Aunque CiU ya había incorporado entonces la posibilidad de celebrar una consulta de autodeterminación, no fue hasta 2012 cuando asumió el compromiso de llevarla a cabo en la campaña de las elecciones convocadas anticipadamente tras la negativa del Gobierno central al pacto fiscal y para tratar de beneficiarse de la movilización auspiciada por ANC y Òmnium Cultural, organizaciones que reivindicaban la consulta.

Los resultados no fueron los esperados, pero CiU mantuvo su apuesta, que se plasmó en el acuerdo de gobernabilidad con ERC, de quien dependía la mayoría absoluta. La iniciativa contó con el aval no solo de las asociaciones independentistas sino también de numerosos sectores de la sociedad civil, que se agruparon bajo el paraguas del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, de sectores de la intelectualidad y del altavoz de numerosos medios de comunicación públicos y privados. Y a pesar de que el Gobierno central no autorizó la celebración de la consulta, esta se acabó llevando a cabo reconvertida en un proceso participativo. Ello acabó comportando la condena por desobediencia con penas económicas e inhabilitación para el ejercicio de cargo público de Mas, su principal promotor y de otros miembros de su Gobierno.

Los evidentes riesgos personales que se estaban asumiendo no disuadieron a los protagonistas, y tras el 9-N Mas volvió a subir la apuesta planteando una lista unitaria del independentismo en sentido amplio para concurrir a elecciones plebiscitarias y que en caso de victoria se diese inicio al proceso de desconexión de Cataluña con el resto de España. Una propuesta que ha de ser interpretada al calor del 9-N y de las dificultades por las que estaba atravesando CDC por los escándalos de corrupción. ERC se resistió mucho porque sus expectativas electorales eran muy buenas, hasta el punto de que había superado a CiU en las elecciones europeas. Pero el cambio de escenario tras la irrupción de las candidaturas de la izquierda plural en las municipales de 2015, la ruptura de CiU y la presión de las entidades acabaron por auspiciar la candidatura JxSí que no puede ser considerada propiamente unitaria porque la CUP declinó participar.

En las elecciones de 2015, JxSí no obtuvo la mayoría absoluta y pasó a depender de la CUP, quien se opuso a investir a Mas hasta provocar su renuncia. La dependencia de la formación anticapitalista forzó al nuevo president Carles Puigdemont a abandonar la hoja de ruta con la que JxSí se había presentado a las elecciones y volver a la pantalla del referéndum, en esta ocasión asumiendo la unilateralidad y los resultados como vinculantes. La oposición del Gobierno español y la deriva judicial a causa de la desobediencia reiterada por parte de las instituciones catalanas no impidieron la celebración de un referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia, que si bien no tuvo efectos prácticos comportó la suspensión de la autonomía catalana a través del artículo 155 con el cese del Govern en pleno, la convocatoria de nuevas elecciones y el encarcelamiento o huida del depuesto ejecutivo catalán.

Ninguno de los actores implicados pudo o quiso frenar a la espera de que fuera el otro el que lo hiciera y al final todos optaron por el suicidio colectivo. La nueva victoria del independentismo en las elecciones del 21 de diciembre con Puigdemont al frente de la nueva coalición Junts per Catalunya empeñado en mantener el desafío no parece que vaya a poner fin a la subasta. Y la consecuencia de todo ello es que, tal y como predice la tesis de la subasta (outbidding en inglés), la competencia por la radicalidad nacional puede acabar impregnando a todas las naciones en conflicto, Así, cuando se dice que el procés ha despertado a la «bestia dormida» del nacionalismo español, en el fondo lo que se está expresando es que los partidos españoles, en especial el Partido Popular y Ciudadanos, pueden tener incentivos para empezar a competir entre ellos por la bandera con unos resultados, como se ha visto en el caso catalán, del todo imprevisibles y nada halagüeños respecto a la estabilidad política y la concordia social.

Los maestros narradores del independentismo

Medios, propaganda, redes

LLUÍS BASSETS

Los medios median, son instrumentos, y puede que sean incluso el mensaje, pero casi nunca son la causa y la explicación manipulativa del origen de los fenómenos. Muy distinto es que sean imprescindibles a la hora de comprender la envergadura y la profundidad de los acontecimientos de los que se hacen eco.

En todo caso, aunque la conspiración mediática es un argumento pobre, insuficiente y políticamente erróneo, sin el control de los medios de comunicación en Cataluña, sobre todo en lengua catalana; sin la persistente y excelente propaganda organizada y financiada en buena parte con el presupuesto público; y sin un eficaz activismo en las redes, que incluye, como suele suceder ahora en todas las campañas, el uso de bots, identidades falsas y bulos (fake news), tampoco puede explicarse el éxito extraordinario de las ideas procesistas, en las sucesivas y multitudinarias manifestaciones festivas y pacíficas desde 2012, en su persistente expresión en forma de una amplia mayoría de votos en todas las elecciones, situada apenas a dos puntos de la mayoría absoluta del 50 por ciento, y sobre todo en la fuerza del otoño caliente catalán, cuando el movimiento entró en su fase más áspera y sacrificada sin que apenas se produjera una desmovilización de sus seguidores.

Hablar de instrumentos es también hablar de armas, si se nos permite asimilar el procés a una especie de guerra posmoderna, híbrida, de baja intensidad y pacífica, es decir, sin violencia. En todo caso, con un uso de la violencia como una mera amenaza o como resistencia ante el poder coercitivo del Estado, tal como ha intentado establecer el juez Llarena en su auto de inculpación y, por tanto, objeto de controversia. Al menos, así ha sido hasta la fase más excitada de los Comités de Defensa de la República (CDR), sobre todo durante la aplicación del artículo 155, en la que se han incrementado las acciones de intimidación y de riesgo y han aparecido los primeros chispazos y provocaciones que han suscitado la polémica sobre la eventual incorporación del procés catalán a un modelo de terrorismo de baja intensidad o de kale borroka.

Abstracción hecha de la cuestión de la violencia, algunos, como Daniel Gascón,[1] han hablado de un golpe de Estado posmoderno, por lo que no sería descabellado intentar comprender el procés como una especie de contienda en la que se enfrentan segmentos de la población e instituciones internas de un Estado en unas batallas incruentas que se producen naturalmente en las instituciones, pero sobre todo en el ciberespacio, en los medios, en la propaganda, y solo en momentos muy decisivos y extremos, en la calle, y que se caracterizan por una estrategia claramente bélica, como es plantear el combate político a modo de una relación sin transacción, un juego de suma cero en el que lo que gana uno lo pierde el otro y del que debe salir un vencedor y un vencido. De guerra civil la ha calificado el propio Julian Assange, que, a pesar de sus exageraciones, algo sabe de esto, y además ha colaborado desde las redes con el movimiento independentista.

Los medios, la propaganda, los símbolos o las redes son instrumentos políticos y herramientas organizativas, pero también el campo de batalla donde se desarrolla el combate de esta guerra incruenta. Controlar los medios, controlar luego sus contenidos e imponer la propia agenda hasta vencer en el terreno posmoderno del relato es el objetivo de la propia contienda. Estamos en el territorio gramsciano de la hegemonía cultural, que en la política actual no se consigue obteniendo ventaja únicamente en el combate de las ideas, sino especialmente en los sentimientos y las pasiones políticas y, finalmente, en la posición de control conceptual del debate, llámese agenda, marco mental o relato dominante.

Esto es así por dos razones, al menos, ambas muy vinculadas al storytelling,[2] al concepto político de relato: en primer lugar, porque el soberanismo ha compartido desde el primer día el espíritu populista que ha animado a los movimientos de protesta en el último decenio, enfrentando la democracia del pueblo a la dominación oligárquica de una élite, que en el caso catalán es además una élite ajena; y en segundo lugar, porque estamos hablando de nacionalismo, es decir, de una ideología fuertemente vinculada a los sentimientos, sobre todo al de pertenencia, a la identidad.

EL DIFÍCIL TRÁNSITO DESDE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Los medios, los tradicionales y los digitales, son, por tanto, el instrumento, el campo de batalla y a la vez el objetivo a conquistar de un movimiento que ha demostrado tanto su superioridad en la guerra del relato como su inferioridad o su incapacidad a la hora de dar el último paso decisivo, cuando la hegemonía debe materializarse y traducirse en una toma del poder y en la proclamación de un régimen nuevo, momento crucial en el que debe trasladarse al difícil plano de los hechos y, sobre todo, del control del territorio. La dificultad extrema de este momento nunca alcanzado deriva de la estrecha vinculación entre el control del territorio y la mera posibilidad de un reconocimiento internacional, requisito básico para que pueda producirse el nacimiento del nuevo Estado.

Los medios, por tanto, no son ni la causa ni meros instrumentos. Son armas, pero son mucho más que armas. Y a la vez, construyen identidad, comunidad, nación, aunque a la larga se verá que lo hacen debido a que esta identidad, esta comunidad, esa nación que construyen se empequeñece cuanto más compacta es, puesto que excluye a quienes no militan en la causa, que en el caso catalán son más del 50 por ciento de la población. Y no lo hacen por sí mismos, sino como la vertiente comunicativa y pública de un movimiento que en su propio desarrollo y en sus distintos despliegues reivindicativos se va construyendo como tal en forma de una comunidad que es más independentista que nacional.

La culminación de esta evolución se produce con los acontecimientos del 1-O, cuando los independentistas tienen la oportunidad de participar en una actividad clandestina como es la organización del referéndum declarado ilegal y luego en la resistencia pasiva ante la interrupción de la consulta por parte de la policía, con el resultado del soberbio balance de contusiones, magulladuras y algún herido, uno al menos, con pérdida de visión en un ojo, que transforma la narración imaginaria de los combates antifranquistas redivivos en una experiencia real y material. Es casi una operación taumatúrgica en la que las palabras se han traducido finalmente en hechos y la historia ha dado un quiebro hacia atrás, permitiendo recrear una especie de episodio del pasado legendario de la resistencia antifranquista.

Junto a la narrativa, hay que tener en cuenta el papel central que juegan los símbolos, en particular, la bandera independentista o estelada, a la hora de delimitar el control de los espacios e incluso del territorio. La primera transgresión, meramente simbólica, se produce en los locales municipales (incluso en jornadas electorales, cuando está prohibido exhibir propaganda partidista), en las señalizaciones a la entrada de pueblos y ciudades y en las rotondas, espacios públicos todos ellos en los que se exhibe la estelada o la pertenencia a la Asociación de Municipios por la Independencia.

No es únicamente una exhibición identitaria, sino, ante todo, una exhibición transgresiva y a la vez del control territorial a lo largo de todo el proceso, que tendrá su máxima expresión en el bloqueo de los colegios electorales el 1-O y luego en las acciones callejeras y los cortes de carreteras e instalaciones ferroviarias por parte de los CDR en los días posteriores, sobre todo en las jornadas de las huelgas llamadas «de país», equivalente a la huelga general revolucionaria de la mitología bolchevique.

También en la última fase posterior al 1-O hay que entender la exhibición de los lazos amarillos en solidaridad con los presos como un instrumento adicional de delimitación, al igual que lo ha sido la estelada, entre quienes están a favor de la represión impuesta por el 155 y quienes están en contra, y en consecuencia, como una forma de presión hacia la población que no se adhiere al independentismo.

Las virtudes del procesismo, que lo han llevado tan lejos, son a la vez sus defectos. Todo lo que lo ha impulsado se ha mostrado inservible a la hora de dar nacimiento a la república proclamada. No es casualidad que este momento decisivo llegara a producirse dos veces: la primera, el 10 de octubre, con una inmediata suspensión de la república proclamada; la segunda, el 27 de octubre, con una proclamación en falso, enunciada para que quedara en una mera declaración política de intenciones, pero sin efectos legales: amagando, pero sin dar.

El Govern y la mayoría parlamentaria, así como los numerosos seguidores que tenían en las calles, organizados por la ANC y Òmnium, demostraron efectivamente que no había fuerza suficiente ni estaban preparados ni tenían la conciencia de la gravedad de un momento que conduce a una disputa por el control del territorio y de los edificios institucionales raramente posible sin duros enfrentamientos. En este sentido, los CDR tienen la pretensión subrepticia de llevar a cabo en las calles y carreteras lo que el Govern secesionista no supo o no quiso hacer después de proclamar la república: controlar el territorio, una voluntad que se expresa en el eslogan provocativo «Els carrers seran sempre nostres».

El movimiento independentista es una mezcla de ideas políticas del pasado —un nacionalismo decimonónico de raíces herderianas—, métodos organizativos digitales del futuro —en los que el procés se ha revelado brillante pionero de las más sofisticadas formas organizativas de las movilizaciones populistas— y sentimientos e ilusiones políticas del presente; especialmente la inocencia posmoderna que considera superadas las fronteras materiales, el poder coercitivo de los estados y el carácter trágico de la historia, elementos todos ellos muy bien descritos por Robert Kaplan[3] en La venganza de la geografía, un ensayo geopolítico en el que se descubre de nuevo el papel determinante de los hechos materiales, con la geografía en cabeza, por encima de las ficciones e ilusiones digitales.

De la confianza posmoderna en la fuerza de los medios, de la propaganda y del relato también puede derivarse la esperanza —que se mostró vana o insuficiente— en que una reacción desproporcionada y violenta del poder central actuaría como amplificadora del movimiento a favor de la independencia y enervaría la reacción internacional, que no empezó a producirse hasta la detención de Puigdemont en Alemania, muy tarde ya para retroalimentar el momento decisivo perdido.

En resumen, si todo hubiera sido relato, la independencia de Cataluña ya sería un hecho. Los dirigentes del procés son auténticos maestros narradores que han conseguido maravillar al pueblo nacionalista con sus fantasías narrativas, disuadir y contener a la parte del pueblo dubitativa o contraria a la independencia, construir una realidad paralela y vencer sin despeinarse, al menos narrativamente, todos los intentos explicativos —escasos y de discutible calidad, por lo demás— esbozados desde los partidos constitucionalistas y desde el Gobierno español.

De estas fantasías narrativas cuidadosamente cultivadas parece que los dirigentes del procés pretendían obtener el punto de madurez ya mencionado en el que la fruta cae por sí sola del árbol, sin necesidad de que nadie la arranque. Como si súbitamente hubieran descubierto la capacidad alquímica, performativa, en términos lingüísticos, de convertir las palabras en hechos, proclamar la república y que la república se convirtiera en realidad.[4]

Hay muchos relatos que han contribuido a la construcción del procés: el determinista de la historia, el egoísta de la economía, el jurídico de la irreformabilidad del sistema constitucional español o el político del imposible encaje metafísico de la Cataluña esencial en la España esencial. Hay también relatos de orden psicológico o moral más específicos, como el de una excepcionalidad catalana que se manifiesta de muchas formas, desde el hecho histórico, psicológico y nacional diferencial hasta el supremacismo de los catalanes y de sus formas políticas europeas respecto a una España siempre atrasada.

Pero el primer relato al que hay que acudir para tratar de entender lo que ha sucedido no es el que se dirige a los ciudadanos que hay que convencer, sino el que se explica entre los ciudadanos que ya están convencidos. Es el que se cuentan a sí mismos y cuentan entre sí los dirigentes independentistas más genuinos, que suelen ser los más veteranos y experimentados, muchos de ellos excombatientes derrotados de los combates rupturistas de la Transición.

Este relato interior se articula como el de una oportunidad excepcional, que quizá sea la última, al menos para las actuales generaciones, de sacar a Cataluña del autonomismo constitucional en el que ha vivido y se había instalado con gran comodidad desde 1977 y situarla entre las naciones independientes europeas, en un acontecimiento de una envergadura histórica que quienes la concibieron pretendían igualar con la caída del Muro de Berlín.

UN MOMENTUM EXCEPCIONAL E IRREPETIBLE

Según esta narrativa, a partir de 2010 se acumula una constelación de circunstancias favorables: el momentum, según la terminología anglosajona. Con las circunstancias se puede hacer lo mismo que con los instrumentos: convertirlas en causas o considerarlas únicamente como coadyuvantes, sin cuya intervención hubiera sido muy difícil que cuajara el movimiento.

La primera de las circunstancias, no en el tiempo, sino en la cadena de la motivación, es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. El relato interior creo que no induce a engaño: no es el origen en absoluto del movimiento, que el independentismo cifra en una cuestión sistémica (el carácter supuestamente irreformable del sistema territorial derivado de la Constitución), e incluso de determinismo histórico (una supuesta incompatibilidad de identidades catalana y española cuyo reflejo constitucional sería la anterior condición).

La sentencia, desde dentro, es vista como una circunstancia que no se puede desaprovechar. No es tanto el contenido como el tono, la escasa deferencia del Tribunal Constitucional hacia el Legislativo (catalán y español) y, sobre todo, hacia el cuerpo electoral de los votantes del referéndum en una resolución que ha sido criticada en los aspectos formales incluso por parte de quienes estaban de acuerdo en el fondo, como fue el caso de Felipe González y Carme Chacón en su artículo «Apuntes sobre Cataluña y España».[5]

Los dirigentes soberanistas no esperaban una sentencia muy distinta de la que se produjo, e incluso la esperaban todavía peor, pero se armaron ideológicamente para denunciarla como un agravio que rompía sin remedio el consenso constitucional y estatutario (un golpe de Estado judicial que liquidaba la constitución territorial española, según Javier Pérez Royo) y «castraba químicamente» la autonomía y el Estatuto, según la expresión que acuñó y divulgó Victoria Prego y que adoptó con regocijo apenas disimulado el expresident Jordi Pujol.

La segunda circunstancia, poco visible cuando se produce, es el momento populista disruptivo en el que entra el mundo global.[6] El Tea Party, las Primaveras Árabes de 2011, el 15-M, Occupy Wall Street, el Brexit y, finalmente, el triunfo de Trump responden todos al espíritu de una época en la que, a derecha e izquierda y en distintas latitudes se reproduce el mismo esquema de enfrentamiento del pueblo con las élites, que en el caso catalán puede presentarse como distanciamiento y oposición a las élites españolas, tanto las políticas, formadas por los partidos tradicionales, como las económicas y mediáticas, identificadas por la agitación independentistas con el IBEX 35. Artur Mas hizo una «lectura catalana» de la victoria de Donald Trump, en la que vio la demostración de que «lo imposible se podía hacer realidad».

La tercera circunstancia es la crisis financiera europea, con sus severas consecuencias para las deudas soberanas de los países mediterráneos y la entrada del euro en una zona de peligro que hizo temer por el futuro del propio proyecto europeo, especialmente en el verano de 2012, cuando Cataluña se hallaba a punto de la suspensión de pagos y España, de la intervención por parte de la llamada troika (Banco Central, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional), hasta el punto de que algunos estrategas del procés empezaron a concebir algún tipo de chantaje sobre el Estado mediante acciones que afectasen a la reputación internacional española y a su prima de riesgo.

La desaparición del terrorismo de ETA es un factor también decisivo. Mientras se producían atentados o amenazas, se hacía difícil plantear un proceso de independencia pasando por un referéndum de autodeterminación, que en el caso vasco venía a coincidir con las exigencias de la banda terrorista. Es lo que expresa el argumento un tanto naíf de que sin violencia se puede hablar de todo, que en el caso de los independentistas catalanes se traduce con la conclusión inversa de que ahora sin violencia es obligado negociar y pactar la independencia de Cataluña.

Una circunstancia prácticamente fortuita se añade a esta constelación favorable. Se trata del referéndum de independencia de Escocia, reivindicado primero en el programa electoral victorioso del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) en los comicios de mayo de 2011 y acordado posteriormente entre el Gobierno de Londres y el de Edimburgo en octubre de 2012. Los paralelismos entre ambos procesos alimentan el discurso soberanista catalán, que reivindica la valentía de David Cameron al afrontar el problema con la cesión de los poderes para la celebración de un referéndum al que se puede responder solo de forma afirmativa o negativa a la independencia.

Factor determinante es también el deterioro progresivo de la imagen del PP, al que se presenta como «el partido más corrupto de Europa», y la debilidad del Gobierno de Rajoy, que se acrecentará a lo largo de la legislatura y será todavía mayor gracias a la irrupción en el Congreso de dos nuevos partidos ajenos al establishment y con una fuerte componente generacional, Ciudadanos y Podemos, y a su crecimiento en las elecciones de 2016 a costa de los dos grandes partidos tradicionales.

La imposibilidad de alcanzar la investidura tras las elecciones de diciembre de 2015 y la repetición de estas en junio de 2016 constituyen también para el independentismo una exhibición de su fuerza paralizante en un sistema caracterizado por la capacidad de veto de las minorías más que por el poder de las mayorías, muy acorde con la idea de vetocracia contemporánea definida por Francis Fukuyama. Es una fuerza paralizante, no podemos olvidarlo, que corresponde exactamente a la capacidad de influencia de los diputados nacionalistas catalanes en Madrid, totalmente desaprovechada o perdida desde que se inicia el procés.

La máxima expresión de la debilidad de Rajoy es el silencio político del PP en Cataluña y el subarriendo que hizo el expresidente a la acción de la justicia para que vaya enfrentándose a las sucesivas rupturas legales en las que incurre el independentismo. Nada hizo el Gobierno después de 2012 a excepción de la activación del artículo 155 de la Constitución. Incluso el momento admonitorio por excelencia, tras el referéndum ilegal, corre a cargo del rey Felipe VI.

Desde el punto de vista de los recursos presupuestarios e instrumentos de acción política, el proceso se plantea también en el punto histórico de máxima acumulación de fuerzas del nacionalismo en sus distintas versiones, sobre todo en el plano institucional. Desde 2011, Convergència cuenta por primera vez con el poder en las dos instituciones más poderosas de Cataluña, como son la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones se hallan también mayoritariamente en manos del soberanismo, con escasas excepciones que se concentran en el área metropolitana de Barcelona y en Tarragona y permiten la constitución de la Associació de Municipis per la Independència, con movilización de recursos, disposición de locales y exhibición de adhesiones y declaraciones.

Es el punto de madurez y la cúspide del poder de Convergència, convertido prácticamente en un partido-país a partir de las elecciones municipales de 2011, listo por tanto para entrar en la pendiente de la fragmentación política a la que le someterá el procés y de la descomposición organizativa en la que se precipita con la corrupción, especialmente los casos Palau, 3 por ciento y Pujol. Recordemos que CiU gana por primera y última vez en su historia unas elecciones generales en Cataluña, las de 2011, en los mismos comicios en que el PP obtiene la mayoría absoluta.

La hegemonía institucional, en la esfera pública y en la privada, alcanza también niveles espectaculares, de los que apenas escapan unas pocas entidades, como la patronal Fomento de Trabajo, el Círculo de Economía y poco más. El entero mundo del asociacionismo deportivo, civil y folclórico se halla en unos niveles de ocupación independentista únicos en la historia y probablemente irrepetibles. El silencio del mundo empresarial, estrechamente marcado, más que controlado, por Artur Mas, será uno de los determinantes más polémicos del procés en su momento decisivo

HEGEMONÍA INFORMATIVA Y CONTROL DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

El control de la opinión pública catalana en tales condiciones es casi absoluto. Es un control directo de los medios públicos: TV3; Catalunya Ràdio; La Xarxa, dependiente de la Diputación; la Agència Catalana de Notícies (fundada en 1999, nada menos que por parte de Carles Puigdemont, con financiación y subvención de las diputaciones controladas por Convergència); los llamados medios privados «concertados» del Grupo Godó (RAC1 y 8TV); los subvencionados El Punt/Avui y el nuevo Ara, en cuya fundación se mezclan dirigentes del procés, como Oriol Solé, con un grupo de profesionales del star-system radiotelevisivo nacionalista, cuyas productoras contratan especialmente con la Corporació Catalana de Ràdio Televisió; y, notablemente, La Vanguardia, dirigida por José Antich, periodista de cabecera de Jordi Pujol y Artur Mas, que consigue arrastrar la línea del gran diario burgués hacia el soberanismo durante su última etapa al frente del periódico, hasta 2013, cuando cae empujado por la caída del voto convergente en las elecciones catalanas de 2012, en las que Artur Mas pedía una «mayoría indestructible» y perdió doce diputados, quedando políticamente en manos de ERC y de Oriol Junqueras.

Con las cifras de rating en la mano, se comprueba que las audiencias catalanas se dividen en hemisferios cada vez más incomunicados y encapsulados entre unos medios catalanes y en catalán tomados por el independentismo y unos medios españoles en castellano que tienen como público a los catalanes ajenos al independentismo. Este comportamiento, basado en una tendencia natural, viene reforzado incluso por llamamientos y boicots de unos contra otros y por un abundante articulismo simétricamente culpabilizador de la prensa de Madrid hacia Barcelona y de la catalana hacia Madrid.

El control de la agenda por parte de un gobierno no es una tarea fácil que se pueda hacer exclusivamente desde el gabinete de medios de la presidencia, por más activo que sea, como se ha podido comprobar en los seis años de procés. Hay que colocar a profesionales muy seguros y muy fieles en las direcciones de informativos y, sobre todo, en los programas informativos matutinos con los que arranca el día, de forma que den masticada la lectura de la jornada política en la clave que interesa al gobierno.

Si se hace bien, como ha sido el caso, este control de la agenda permite incluso ejercer la hegemonía del lenguaje, los temas e incluso las opiniones entre los periodistas que trabajan para los medios no catalanes, especialmente los corresponsales extranjeros y, notablemente, las delegaciones barcelonesas de medios de Madrid o los espacios informativos en desconexión y en lengua catalana de emisoras y televisiones no catalanas. En esta tarea controladora se han producido no pocos desbordamientos, que han llevado incluso a la denuncia de las presiones y del acoso por parte de funcionarios del Govern catalán por parte de Reporteros sin Fronteras.

La labor de los tertulianos que acompañan a estos programas es también esencial, porque son los que hacen de primera caja de resonancia, es decir, dramatizan y argumentan de cara a producir efectos sobre las redes sociales en la expansión del mensaje. Previamente, claro está, han funcionado los argumentarios, ya sean los privados, transmitidos desde los estados mayores de partidos, asociaciones (ANC, Òmnium, AMI) o el Govern, ya los intelectuales orgánicos, que se expresan en sus columnas de opinión en los periódicos de papel y en los digitales subvencionados.

El ejército de opinadores que ha actuado disciplinadamente a lo largo del procés, así como el de los actores en las redes sociales, normalmente vinculados a tertulias, diarios digitales subvencionados y periódicos en papel, es realmente digno de un estudio a fondo, en el que habrá que tener en cuenta también la intervención perfectamente documentada de máquinas y bots en los momentos más «calientes». Las intervenciones de Julian Assange y de Wikileaks, así como el activismo de Russia Today y de Sputnik en la difusión de noticias cuando menos exageradas han permitido situar el conflicto catalán en el repertorio de las sospechas de interferencias de Moscú en el funcionamiento de las democracias occidentales localizadas por el Parlamento británico y el Congreso de Estados Unidos.

La hegemonía mediática obtenida en 2012 también es la culminación del esfuerzo pujolista por embridar los medios de comunicación y la entera clase periodística, una tarea que empezó propiamente con la fundación de TV3 y su primera gran batalla mediática con ocasión de la crisis de Banca Catalana, la institución bancaria propiedad de Jordi Pujol que quebró en 1982 y dio pie a un escándalo que terminó con la exoneración del president y exbanquero por parte del pleno de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Como resultado, hay actualmente toda una nueva generación de comunicadores formados y lanzados a la notoriedad con ocasión del procés, con un estilo desenfadado, agresivo y polarizador como no se había visto nunca antes en los medios de comunicación catalanes. La profesión periodística independentista se halla bien organizada, con asociaciones y grupos de presión propios y con una presencia mayoritaria en el Colegio de Periodistas, cuya actuación durante los momentos críticos del procés, en el otoño de 2017 especialmente, ha sido de defensa unilateral de los casos vinculados al independentismo y de un asimétrico desentendimiento de las vulneraciones de la libertad de expresión desde el Govern de Puigdemont, notablemente los ataques públicos e intimidatorios contra periodistas de El Periódico de Cataluña por parte del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y del conseller de Interior, Joaquim Forn, por informaciones sobre los atentados de Barcelona, que después se demostraron totalmente veraces.

En la cúspide de dicha clase periodística se halla una élite profesional formada alrededor sobre todo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCRTV), ya desde los tiempos en que el poderoso secretario general de la Presidencia con Pujol, Lluís Prenafeta, se encargara de organizar el nuevo poder mediático y propagandístico. En su mayoría, se trata de profesionales contratados por el ente público que han organizado su actividad con el auxilio de productoras de medios de su propiedad y han alcanzado una gran notoriedad pública, además de abundantes beneficios.

Los dos ejemplos paradigmáticos de la centralidad de este tipo de cuadros independentistas son Miquel Calçada, alias Mikimoto, y Toni Soler, director del programa de humor político Polònia, y ambos comisionados para el tricentenario de 1714. Mención especial merece la periodista y escritora Pilar Rahola, biógrafa autorizada del president Artur Mas,[7] única personalidad mediática que ha formado parte del Consell Assessor per a la Transició Nacional y tertuliana mimada por los medios públicos y por el Grupo Godó, especialmente por La Vanguardia, donde publica una columna diaria en la que se puede leer siempre la versión más ortodoxa y próxima a la dirección del proceso independentista.

El star-system mediático catalán es parte de una nueva clase dirigente que combina su lógica propensión a la acumulación de fortunas, especialmente al calor del presupuesto público, con un profundo y militante sentimiento independentista. Hay un elemento de ambición generacional en esta actitud que sintoniza con los jóvenes de Convergència Democràtica formados al calor de la presidencia de Jordi Pujol (1980-2003) y especialmente alrededor del llamado pinyol o núcleo del pujolismo, del que formaban parte los numerosos y emprendedores hijos del president.

Cuando Pujol llegó a la Generalitat en 1980, tenía enfrente a casi toda la profesión periodística en una actitud hostil o, al menos, reticente y contaba con dificultades para encontrar voces, firmas y cuadros en todos los grandes medios de comunicación, salvo el diario El Correo Catalán, que era de su propiedad, pero cerró en 1985, cuando ya controlaba el diario Avui y había fundado la radio y la televisión autonómicas bajo el estrecho control del Ejecutivo. Es toda una ironía de la historia que los escándalos de la familia Pujol, el 3 por ciento y el caso Palau se descubrieran en la época en que el pujolismo llegaba a la cima de su poder mediático y que esto coincidiera además con el inicio del proceso independentista.

CON LA PRIMA DE RIESGO POR LAS NUBES, SE ABRE UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD

La circunstancia más determinante, sin embargo, la proporciona la propia Convergència Democràtica de Catalunya, el partido central del catalanismo político desde 1980, sin cuyos cuadros, militantes y votos no era posible lanzar un proyecto que significara un drástico cambio de rumbo desde el posibilismo, el realismo y el reformismo hasta el rupturismo, el idealismo y el unilateralismo necesarios para plantear un reto de suma cero, en el que solo se puede ganar lo que pierda el adversario, al Gobierno central.

El 16.º congreso de CDC, celebrado en Reus en marzo de 2012, cuando Rajoy acababa de instalarse en La Moncloa, señala como objetivo por primera vez «la asunción de la plena soberanía en forma de un Estado propio dentro de Europa». Es el giro definitivo independentista, aunque se salvaguarde todavía una cierta ambigüedad léxica que permita a los no independentistas de Unió seguir uncidos a la coalición en una ocasión más, que será la última.

Nótese algo relevante desde el punto de vista narrativo: que CDC jamás se ha presentado abierta y directamente a unas elecciones proponiendo a sus electores la independencia, enmascarándola bajo un eufemismo que permite obtener todavía el apoyo de un electorado más centrista, burgués y reformista. En los siguientes comicios, el 27 de septiembre de 2015, CDC no se presenta como tal, sino dentro de la coalición Junts pel Sí, mezclada y disuelta con ERC y algunos candidatos independientes, y ni siquiera su cabeza de lista, Raül Romeva, pertenece al partido. Antes que los cambios en la opinión pública o que la presión de las bases, la transformación de CDC en un partido independentista es el hecho decisivo que decanta la correlación de fuerzas parlamentarias hacia el independentismo.

Las decisiones capitales que afectan al lanzamiento del procés, como son el apoyo a la manifestación por la independencia del 11 de septiembre de 2012, el órdago a Rajoy con el pacto fiscal y la preparación de un escenario de disolución del Parlament para dirigirse a la celebración de una consulta de independencia, se toman entre julio y agosto, en circunstancias poco conocidas y apenas explicadas a los medios de comunicación, pero que en cualquier caso coinciden con un momento crítico para España, situada al borde de la intervención de su economía por parte de la troika.

La prima de riesgo se halla desbocada, alcanzando el 24 de julio su punto álgido de 638 puntos básicos. De poco sirvió el segundo paquete de medidas urgentes aprobado por Rajoy el 12 de julio, con subidas de impuestos y un recorte del gasto que afectaba directamente a los salarios de los funcionarios y a los parados. La Generalitat se había quedado sin liquidez y con los mercados cerrados, y solo podía confiar en el Banco de España, tal como relata el conseller de Economía y Finanzas, Andreu Mas-Colell, en una entrevista a la BBC, que inmediatamente es interpretada como una petición urgente de intervención financiera de la autonomía.

El informe anual del FMI sobre la salud financiera de España, que se publica a finales de julio, señala que el Gobierno tiene en su mano mecanismos de castigo ante los incumplimientos de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas que le permiten imponer multas e intervenir sus cuentas. Para culminar la escalada, el Parlament de Cataluña aprueba por amplísima mayoría su resolución sobre el pacto fiscal el 25 de julio, de forma que Artur Mas puede presentarse en Madrid, tras la manifestación del 11 de septiembre, con un documento bajo el brazo que tiene todos los aires de un ultimátum.

Todas estas circunstancias llevan al independentismo a una conclusión en forma de dilema decisivo: ahora o nunca, y a responder con toda rapidez que es ahora y que son ellos, los independentistas de toda la vida, quienes tienen que hacerse cargo de la responsabilidad. Tienen todos los medios e instituciones y concurren todas las circunstancias más favorables. Hay una ventana de oportunidad que puede cerrarse en cualquier momento. ¿Por qué esperar más?

Todos los eslóganes más osados y apresurados se deben a este relato interior: ha llegado la hora, tenemos prisa. Aunque este relato sea compartido por todo el independentismo, contiene un germen de radicalidad que, como se verá, solo podrá explotar la CUP, tal como sucede a partir de enero de 2016, cuando Puigdemont es investido presidente tras el veto cupaire a Artur Mas.

LOS TRES TIEMPOS DE LA HISTORIA INDEPENDENTISTA

Si el relato interior justifica el momento decisivo, hay otro relato, fuertemente impregnado de sentido histórico y complementario del primero, que viste esta ventana de oportunidad actual como un momento único en el tiempo y único en sus características para que Cataluña se convierta en nación independiente, es decir, haga historia y alcance la madurez de su periplo histórico.

La historia se presenta en tres tiempos: el de un pasado explicativo y legitimador, a través de una lectura mitificada e incluso falsificadora; el de un presente magnificado, en el que se produce la acción y los catalanes son protagonistas; y el de un futuro dibujado por una visión entre determinista y profética sobre el destino de la nación catalana, fruto de una ecuación histórica que necesariamente debe dar el resultado apetecible muy rápidamente.

La visión del pasado dibuja una Cataluña que perdió sus libertades e incluso su «Constitución» en 1714. Sucedió a manos de España y desde entonces hasta ahora no ha hecho nada más que protagonizar intentos fallidos de revertir esta situación de opresión para corregir y culminar el camino histórico emprendido hacia su plenitud.

Buena parte del relato venía ya elaborado previamente durante la presidencia de Jordi Pujol, momento en que se consagran los tópicos más fuertes, y también discutibles, de la ascensión nacionalista, desde la fundación de la nación hace mil años, su consolidación medieval, la pérdida del Estado y de las Constituciones en 1714 y el lento inicio de la recuperación con el catalanismo en sus sucesivas fases de la Mancomunitat, la Generalitat republicana y la Generalitat constitucional.

El Museu d’Història de Catalunya es un buen reflejo de esta visión teleológica del pasado, fruto de la proyección retroactiva del presente sobre los acontecimientos históricos, en los que se resignifican conceptos de la modernidad, como nación, Estado, Constitución, pueblo o soberanía, existentes en el léxico de la época, aunque con un significado totalmente ajeno al actual.

Incluso la institución de la Generalitat y la numeración de sus presidentes forma parte de esta tergiversación, que construye el pedigrí institucional probablemente más antiguo del mundo y permite presentar el regreso de Tarradellas antes de la Constitución de 1978 como la demostración de unos derechos históricos catalanes previos. El simposio «España contra Cataluña» fue el paso definitorio de la conversión del argumentario nacionalista en la epopeya de un pueblo oprimido y colonizado, por más extraña e incomprensible que pueda parecer dicha historia, a los extranjeros sobre todo, referida a un país tan próspero y moderno como Cataluña.[8]

La apelación a la historia reviste un gran papel en la escenificación narrativa del presente. La idea de que los catalanes están haciendo historia y de que quienes participan en las manifestaciones y acciones reivindicativas son actores protagonistas, a los que el mundo observa primero con curiosidad y después con admiración, es uno de los argumentos persuasivos más utilizados a lo largo de estos seis años.

La magnificación del presente también es parte del relato narcisista del nacionalismo, siempre inclinado a considerar los propios avatares como los acontecimientos determinantes de la historia del mundo. Los éxitos organizativos obtenidos por la ANC y Òmnium en las sucesivas diadas del 11 de septiembre, contribuyen a esta exaltación de Cataluña, sujeto de unas movilizaciones que se califican como las más espectaculares y pacíficas de la historia reciente de Europa y elogiadas por sus organizadores como ejemplo de civismo y de movimiento desde las bases, de abajo arriba, sin tener en cuenta, por supuesto, la abundancia de medios de arriba abajo suministrados por la práctica totalidad de las instituciones catalanas, desde los ayuntamientos hasta la Generalitat.

La magnificación historicista prende incluso en el protocolo y en la concepción y organización de los principales actos y manifestaciones a los que se quiere dotar del carácter excepcional, único en el tiempo y en sus características, de forma que hay un nutrido álbum de fotos históricas del procés, en el que están incluidas las diadas, pero también las imágenes de las firmas de las decisiones, de las reuniones trascendentales e incluso los selfis que se hacen los políticos o las tomas que hacen con sus móviles de las plumas y documentos de los momentos trascendentales.

ENTRE EL DETERMINISMO Y EL APOCALIPSIS

Hay, finalmente, un elemento histórico determinista, que adquiere un carácter casi supersticioso en la primera fase del procés, cuando se señala la fecha de 2014 como momento idóneo para la consulta, coincidiendo con el 300.º aniversario de la caída de Barcelona tras el cerco borbónico al finalizar la guerra de Sucesión a la Corona de España en 1714. A Josep-Lluís Carod-Rovira, que fue vicepresident de la Generalitat con el tripartit, se debe la visión profética de que la fecha del tricentenario sería la de la independencia de Cataluña.

El determinismo impregna fuertemente todo el discurso sobre el procés, hasta establecer una ecuación que necesariamente tiene que desembocar en el objetivo deseado, y debe hacerlo, además, a la mayor brevedad, como si fuera la misión y la oportunidad de la actual generación de catalanes. La consigna «El vot de la teva vida», utilizada para la propaganda de la consulta del 9-N, ya se dirigía en esta dirección. También contribuye a esta vivencia historicista orientada hacia el futuro la vinculación del voto afirmativo a la independencia con una obligación generacional con los ancestros que no pudieron conseguirla y con las generaciones futuras que la disfrutarán. La independencia adquiere así una especie de aura utópica y mística que se predica como una exigencia profética que hay que atender.

La disyuntiva catalana ante el futuro fue trazada con claridad por Jordi Pujol, el expresident, mucho antes de la escandalosa confesión de su cuenta en el extranjero en julio del trascendental año de 2014. Había que optar entre la irrelevancia y la asimilación a la que se sometería Cataluña dentro de España o la independencia, sin ninguna vía transaccional de por medio.[9] Buena parte de la narrativa más persuasiva del procés trata precisamente de demostrar el perjuicio que significa la permanencia en España y la imposibilidad de cualquiera de las opciones intermedias o terceras vías que impliquen la reforma de la Constitución, la federalización o la recuperación de las partes del Estatuto enmendadas por el Tribunal Constitucional.

Hay un relato estrictamente económico sobre la ineluctabilidad de la independencia que ha tenido un peso decisivo en la inclinación hacia esta opción ideológica de las clases medias urbanas catalanas. En un primer momento, se trataba de una cuestión de eficiencia económica. Posteriormente, de una cuestión de equidad y redistribución de recursos. Y solo en el último momento, de una cuestión de cálculo de costes de los sacrificios necesarios para un objetivo que ya no se pretende económico, sino meramente político. El engaño de los cálculos económicos en los tres capítulos no ha podido ser más flagrante.

La dicotomía pujoliana entre asimilación e independencia contiene en su seno la perentoriedad de la decisión que deben tomar los catalanes, es decir, el aprovechamiento de la ventana de oportunidad antes comentada, pero también el carácter de enfrentamiento insurreccional con el Gobierno central, dado que es una jugada a todo o nada en la que se juega fatalmente la supervivencia y no admite por tanto retrocesos ni componendas.

El punto de madurez de la historia adquiere así una dimensión apocalíptica, de Armagedón o batalla decisiva, que conceptualmente prefigura el nihilismo nacionalista que ha empezado a asomar en la actual fase de la derrota del procés, cuando nada cabe esperar de la vía catalana y todo lo que puede dar de sí el conflicto son prejuicios y sufrimientos para España e incluso para Europa. Ya no es cuanto peor mejor, sino «perezcamos haciendo el mayor daño posible, ya que no podemos alcanzar el objetivo propuesto».

La gran narración en marcha que es el procés tiene una virtud magmática que la hace flexible y adaptable a cualquier circunstancia. Es como una colección de cuentos, cada uno pensado para una moraleja y para una circunstancia, con un único punto en común, que es el objetivo perseguido de la obsesiva independencia. La moraleja de que España nos roba sirvió en determinadas circunstancias, pero ya no es útil si se trata de evitar su homologación con un movimiento fiscal de extrema derecha e insolidario como la italiana Lega Nord. Lo mismo sucede con la idea de la España enemiga de Cataluña promovida por el simposio de historiadores organizado en 2014, sustituida más tarde por el Estado, e incluso por el PP y Rajoy junto con los partidos constitucionalistas.

La adaptabilidad y la capacidad del relato procesista para rehuir el principio de no contradicción vienen dadas por el carácter efímero de los debates, muy propios de la actualidad eléctrica de las redes sociales, que crean polémicas volátiles pero muy eficaces en su labor de movilización y encuadramiento ideológicos. Qué parte de esta labor es fruto espontáneo y cuál de la planificación y de la dirección del procés es una de las cuestiones que necesariamente habrá que estudiar y analizar con detalle en algún momento.

UN LÉXICO CONSTRUIDO EX PROFESO PARA EL PROCÉS

Uno de los trabajos narrativos más notables y premeditados ha sido precisamente la construcción de un léxico específico, destinado a fabricar los marcos de pensamiento para el proceso independentista. Destaca, ante todo, la aparición del término «unionista» como concepto opuesto a «soberanista», primero, y a «independentista», después. Su utilización, inspirada en la denominación norirlandesa de los partidos probritánicos, no tenía nada que ver con la escena política catalana, pero consiguió imponerse en muy poco tiempo ante la pasividad e incluso la complacencia de los sectores de opinión más antinacionalistas.

Con el unionismo, el espacio político catalán queda dividido en dos segmentos, destinados a distanciarse y polarizarse a lo largo de estos años y simbolizados por el uso agresivo del plural identificativo en primera o segunda persona para trasladar esta división a cualquier discusión. Cuando hay un «nosotros» enfrentado a un «vosotros», la argumentación pierde todo su valor y lo único que vale es quién pertenece a cada uno de los dos bandos.

El unionismo tiene la ventaja de que conecta inmediatamente con el referéndum escocés, donde tiene vigencia la expresión, y permite el silogismo comparativo, al que habrá que añadir enseguida las consultas en Quebec. El unionismo catalán sale en desventaja de esta ecuación, como escasamente democrático y civilizado, en comparación con los casos escocés y quebequés.

La expresión siguiente es «derecho a decidir». Si la sociedad está dividida entre nosotros y vosotros, no hay más que contarnos y ver quién tiene mayoría, lo que significa establecer quién tiene razón y derecho a hacer realidad sus deseos. Eso es democracia: que las sociedades divididas decidan por el voto qué camino hay que tomar ante una disyuntiva.

El derecho a decidir actúa como un algoritmo construido sobre las cenizas del Estatuto enmendado. El Tribunal Constitucional es el responsable de que la pelota regrese a los electores catalanes, después de que los magistrados les sustrajeran su decisión democrática, expresada a través del Parlament y del referéndum estatutario. Nada se podrá hacer a partir de ahora sin que los catalanes voten, y aunque el voto sea consultivo, significará en un grado u otro el nacimiento de un demos o cuerpo electoral soberano que decidirá sobre su futuro.

Acompañan al derecho a decidir otras expresiones que han jugado un papel determinante en sucesivos episodios del procés. La de «Estado propio dentro de Europa» tuvo mucho éxito en 2012, cuando todavía se pretendía dejar abierto el portillo a una relación confederal y Artur Mas insinuaba un pacto con la Corona como marco de las futuras relaciones de la Cataluña soberana con España.

Hay poco que discutir a estas alturas en cuanto a los aspectos más controvertidos sobre quién delimita al sujeto que tiene derecho a decidir. Quien reivindica al conjunto de los ciudadanos españoles titulares de la soberanía según la Constitución es, naturalmente, un unionista que está expresando su voto negativo a la independencia, y quien reivindica estrictamente al conjunto de los catalanes como titulares exclusivos de este derecho a decidir —ya sea fruto de sofisticados argumentos históricos, ya derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto o de alguna de sus variables— también está expresando su voto afirmativo a la independencia.

Ante el callejón sin salida, el soberanismo dice y repite una y otra vez: contémonos. El derecho a decidir contiene un relato o argumento fundamental para entender la fijación del soberanismo en la consulta o referéndum en cualquiera de sus versiones, incluso la que pretende convocar a todos los ciudadanos españoles. Si Cataluña vota sobre su independencia, aunque sea en una consulta no vinculante en la que participan todos los españoles, por este mero hecho ya queda reconocida como sujeto político con derecho a la autodeterminación, que es la cuestión de la que trata el procés.

Eso es así, en primer lugar, porque difícilmente una consulta no vinculante dejará de producir un efecto político. En segundo lugar, porque aunque la consulta sea de ámbito español, el recuento será por circunscripciones, que mostrarán el apoyo que recibe tal propuesta entre la población catalana. Y en tercer lugar, porque suponiendo un resultado negativo, la aceptación de una consulta de este tipo por primera vez en la historia es el antecedente en el que se pueden apoyar sucesivas peticiones del mismo tenor en circunstancias más favorables.

Este es el silogismo que empujó a Artur Mas, e incluso a Puigdemont, a buscar la grieta en el Gobierno de Rajoy que permitiera terminar el proceso con una negociación que llevara a este reconocimiento de facto de Cataluña como sujeto político, sin calcular que ni Rajoy pensaba ceder una sola pulgada ni la CUP pensaba quedarse en un objetivo tan tímido y limitado para sus ambiciones revolucionarias. Cuando la CUP se da cuenta, ya avanzada su legislatura insurrecta (2016-2017), apuesta por el referéndum unilateral de autodeterminación, que se expresa en el falso dilema de Puigdemont «referéndum o referéndum», con el que el sucesor de Artur Mas obtiene el apoyo de los diputados cupaires en la votación de confianza del 29 de septiembre de 2016.

Con la presidencia de Puigdemont queda superado el derecho a decidir y desvirtuada la idea de una consulta pactada, porque de lo que se trata es de realizar un acto unilateral de soberanía bajo la denominación de «ejercicio del derecho de autodeterminación». La nueva narrativa, totalmente distinta a la de Artur Mas, que conduce a la agitada jornada del 1 de octubre, pertenece al lenguaje de la desobediencia y la insubordinación a las leyes, y en ella ya no se trata de buscar astucias para engañar al Estado, sino, directamente, de practicar la insumisión institucional frente a las decisiones de los tribunales y del Gobierno en una fuga rupturista que difícilmente podía acabar de otra forma que como ha acabado.

Algunos dirigentes, incluido Puigdemont, se agarran verbalmente al argumento de una negociación in extremis, en la que el Gobierno central se vea forzado a sentarse a hablar de lo que no quiso hablar con Artur Mas desde 2012, antes que poner en marcha el sistema policial y judicial para reprimir una secesión que se pretende y anuncia como pacífica, pero que piensa resistir pasivamente y buscar por tanto la represión necesaria para obtener la solidaridad y el reconocimiento internacionales.

Narrativamente, hemos pasado del mundo escocés y quebequés, en el que está en juego el principio democrático, es decir, el derecho a decidir, al mundo balcánico, con independencias cruentas y referéndums unilaterales (Eslovenia y Kosovo), en el que directamente está en juego el derecho a la autodeterminación ante una dominación opresiva insoportable. Es la independencia como remedio, que pretende situar a Cataluña en el ámbito de las crisis de los imperios y de los procesos de descolonización.[10]

La narrativa no se agota con el procés, aunque el procés esté ya fenecido. El postprocés, que está más cerca de la preautonomía que de la preindependencia, adquiere una narrativa victimista, de preocupantes consecuencias sociales, fundamentada en los presos y exilados y arraigada en la humillación colonial. Si la narrativa procesista estaba impregnada de excepcionalismo, lleno en ocasiones de arrogancia y excesos de confianza, incluso en algunos momentos con relentes de supremacismo, la narrativa que está generando la derrota es fuertemente depresiva y victimizadora, incluso nihilista y, por tanto, paralizante, y se explica por la dificultad para aceptar los fracasos y la obturación de todas las hojas de ruta trazadas como indefectibles caminos hacia la tierra prometida.

Los maestros narradores están haciendo una última demostración de su virtuosismo con el relato de la fuga, el exilio y las victorias judiciales europeas del expresident Carles Puigdemont, convertido en un colorista personaje de la escena política de inagotable habilidad disruptiva para el Gobierno de Madrid, para su socio ERC e incluso para su partido, el PDeCat, desbordado desde Bruselas y Berlín por los nuevos dirigentes de Junts per Catalunya asociados con la CUP. La leyenda de Puigdemont, todavía en fase constructiva, es la promesa de una interminable historia de aventuras en pos de la independencia capaz de absorber en los próximos años una parte considerable de las energías políticas de los catalanes.

Pasiones secesionistas

La dimensión afectiva del procés

MANUEL ARIAS MALDONADO

«Aturem el 155!» Bajo este singular lema se congregaron decenas de personas en el municipio barcelonés de Montcada i Reixac el miércoles 24 de octubre de 2017, con el propósito de bloquear el paso al autobús de la línea 155 de la localidad. Tras una pancarta con esa proclama, los manifestantes lograron detener el vehículo, convertido momentáneamente en símbolo del artículo 155 de la Constitución con el que se intervendría el Gobierno de la comunidad autónoma tras la declaración de independencia proclamada por el Parlament el 30 de octubre de ese mismo año. La imagen de los activistas frente al autobús proporcionó a la delegación municipal de la Assemblea Nacional Catalana la oportunidad de compartir en Twitter la noticia del modesto atentado simbólico que ella misma había organizado. Pasado un rato, cual metáfora involuntaria, el autobús siguió su recorrido.

Este episodio muestra a las claras que en el curso del procés hemos visto cosas que ningún cálculo racional habría podido anticipar fácilmente. Nada menos que una insurrección nacionalpopulista en la región más rica de España, aplaudida por la extrema izquierda, impulsada por las élites catalanistas en nombre de la democracia plebiscitaria sin que haya habido nunca nada parecido a una clara mayoría independentista. Y sucesos tan chocantes como el transporte secreto de urnas; la convocatoria de una huelga revolucionaria; el hostigamiento a la Guardia Civil cuando ejercía funciones judiciales; el cambio de sede de las principales empresas catalanas; una confusa declaración de independencia que nadie tomó en serio y que condujo a la recuperación del género epistolar entre los gobiernos nacional y el catalán a fin de aclarar su sentido; la posterior filtración de una «hoja de ruta» que fijaba negro sobre blanco, antes de su ejecución, la estrategia de confrontación soberanista con el Estado; una extraordinaria concentración de banderas españolas en las calles de Barcelona; la fuga al extranjero del president de la Generalitat y de varios de sus consellers; o la participación de los sindicatos mayoritarios en una manifestación que demandaba la libertad de los denominados «presos políticos» del soberanismo. Y no se trata de una relación exhaustiva.

Salta a la vista que nada de esto habría podido suceder si la pura razón hubiese gobernado la conducta de los actores implicados. No es así de extrañar que una de las afirmaciones más repetidas sobre el procés sea que en su transcurso las emociones han pesado más que las razones. El protagonismo de las primeras ha sido señalado por distintos comentaristas: el historiador Jordi Canal habla de un contexto donde las verdades han desaparecido y las emociones triunfan sobre la razón, el politólogo Gabriel Colomé hace un llamamiento a «discutir ideas, no emociones», y el psiquiatra Adolf Tobeña explica los hechos en Cataluña como una pasión colectiva cuya clave epistemológica solo puede suministrarla la psicobiología.[1] Huelga decir que el problema reside en determinar quién es exactamente el que se deja llevar por las emociones y quién, en cambio, hace uso de la razón. Un problema agravado por eso que se ha llamado «posverdad», fenómeno mediante el cual solo reconocemos como verdades las que sentimos como tales, sea cual sea su verosimilitud o fundamento objetivo. Poco ganaremos si nos limitamos a afirmar que todos los actores implicados hacen idéntico uso de las emociones o que son nuestros rivales los que se dejan llevar por ellas. Es por ello necesario pasar de la generalización a la concreción, discerniendo con mayor precisión qué es precisamente eso que ha sido emocional en el procés. Y esto es lo que, con ayuda de la literatura sobre los afectos políticos, se propone hacer este capítulo.

AFECTOS NACIONALES

No hay nación sin emoción: la construcción de las naciones modernas ha estado ligada desde el principio a una educación sentimental que, basada en símbolos y relatos comunes, debía producir ciudadanos afectados por un vínculo emocional con su comunidad política. Se trata de un fenómeno complejo, pues la pertenencia a la nación estuvo inicialmente acompañada del debilitamiento de otras lealtades comunitarias, lo que a menudo implicó un proceso de homogeneización cultural dirigido desde arriba. Este, haciendo violencia a las particularidades regionales y locales, debía allanar el terreno para la creación de unos estados modernos que encontraron en la idea de nación una fuente novedosa de legitimidad. Pero también compleja, porque el sentimiento de pertenencia así fomentado no podía dejar de poseer una doble cara, al tratarse inevitablemente de una pertenencia agresiva, que afirma lo propio en oposición a lo ajeno. De ahí que el nacionalismo pueda relacionarse al mismo tiempo con el amor hacia la propia nación y con el odio a sus enemigos.

Por una parte, entonces, contiene un amor hacia la nación que resulta embarazoso para las teorías que buscan organizar racionalmente la comunidad política.[2] Su papel no puede minusvalorarse: el bienestar que genera el sentido de comunidad y la comunión del individuo con una entidad más amplia, que se extiende hacia atrás en el tiempo y se proyecta en el futuro, constituye uno de los atractivos terrenales del nacionalismo. Pero este se encuentra también asociado a un conjunto de sentimientos negativos que se reservan para los enemigos —reales o imaginarios— de la comunidad; enemigos que cohesionan al grupo y refuerzan su identidad. Esta dualidad se manifiesta también en el procés, como ha señalado Jordi Canal en relación con la violencia moral y simbólica en él empleada:

La famosa revolución de las sonrisas tiene una cara oscura. Las sonrisas las guardan para ellos en el seno de la comunidad nacional que forman, mientras que a los demás les reservan incomprensión, despecho, desprecio u odio, todo a la vez.

Ahora bien, no todas las naciones son iguales, ni lo son los distintos momentos históricos de afirmación nacional o los contextos institucionales en que estos se producen. Sabemos que el siglo XIX fue testigo de una oleada de reivindicaciones nacionalistas asociadas a procesos de democratización, bien fuera contra el Antiguo Régimen o los imperios, donde el principio liberal de la autonomía individual —como ha enfatizado Elie Kedourie— se empleó como recurso colectivo de carácter emancipador.[3] De este modo puede explicarse la inicial convergencia de liberalismo y nacionalismo. Sin embargo, el siglo XX dejó clara la radical peligrosidad del fenómeno nacionalista, sugiriendo la conveniencia de encontrar en otra parte la legitimación de la autoridad estatal; un Estado, por lo demás, entendido como Estado de derecho encargado de garantizar los derechos de individuos y minorías en un marco bienestarista: contra las pasiones nacionales se creó la Unión Europea. Y la misma noción de «patriotismo constitucional» tiene por objeto enfriar emocionalmente el principio de obligación política que vincula a los ciudadanos con el Estado. Para más inri, muchos de los estados en cuyo interior anidan reivindicaciones subnacionales han procedido —como es el caso de España con la Constitución de 1978— a descentralizar el poder, otorgando a sus «nacionalidades» reconocimiento simbólico y autonomía política.

En el caso español, la promoción del patriotismo constitucional en el nivel superior ha venido acompañada en los niveles inferiores por la activación de procesos de reforzamiento de las viejas identidades nacionales (más o menos verosímiles, según los casos) y por la creación de nuevas identidades regionales o cuasinacionales (en las nuevas comunidades autónomas). De aquí ha resultado una peculiar situación en la que, como si se tratase de un sistema de vasos comunicantes, el énfasis por arriba en un Estado sin nación ha corrido en paralelo a la promoción por abajo de las naciones sin Estado, que, huelga decirlo, ha sido más exitosa allí donde ya existía una tradición nacionalista. Si bien se mira, era mucho esperar que España se convirtiese en la primera «nación posnacional» capaz de legitimar su Estado democrático sin necesidad de sentimiento alguno. Dado que no se conoce todavía ninguna sociedad tan sofisticada, cabe deducir que los españoles dirigieron sus inclinaciones tribales hacia otro lado. En otras palabras: el vacío afectivo generado por la contaminación franquista de la idea de España fue rellenado por nuestros nacionalismos interiores, aunque no todos ellos hayan tenido el mismo éxito en su empresa de deslegitimación de los significados comunes. Porque estos últimos existían: recordemos que casi un 92 por ciento de los votantes catalanes en el referéndum constitucional de 1978 dieron su apoyo a la Carta Magna, desmintiendo la idea de un Volk catalán que atraviesa la historia resistiendo sin interrupción la opresión española. Así que, si bien no puede afirmarse tajantemente que no exista un nacionalismo español, cabe constatar que ha permanecido en estado de latencia hasta ahora mismo.

Sea como fuere, el nacionalismo es una ideología política con objetivos políticos: la preservación de la nación frente a cualquier obstáculo que se le oponga. A tal fin, sin embargo, habrá de construir primero la nación misma. Y lo hace por medio de procesos de nacionalización destinados a convencer a los miembros de una sociedad de que son un grupo humano diferente —¿o acaso «mejor»?— que merece un Estado propio. De manera que el nacionalismo nacionaliza y, cuando lo hace, educa sentimentalmente a sus miembros. De ahí que no tengan mucha verosimilitud las descripciones del nacionalismo como un fenómeno popular que avanza de abajo arriba. La realidad es que los procesos de construcción nacional están dirigidos por las élites, con un especial papel para la intelligentsia, que provee al movimiento de consistencia ideológica y de las necesarias coartadas históricas. Por esta razón, ningún análisis del nacionalismo será completo si ignora la lógica —política y sentimental— de este, a saber: una práctica política basada en la formación de preferencias, la movilización permanente y la creación de antagonismos irresolubles entre identidades políticas o culturales que se presentan como incompatibles entre sí.

En este aspecto, son llamativas las concomitancias con el populismo, que también opera como una práctica performativa que, dirigiéndose a un «pueblo», viene a crearlo al suscitar o reforzar en los destinatarios de ese mensaje la conciencia de pertenecer a él. Por «mensaje» hay que entender aquí no solamente el contenido del discurso, sino también lo que se deriva de una estrategia comunicativa más amplia que incluye elementos escénicos, simbólicos y, en definitiva, afectivos. Ese pueblo, igual que la nación del nacionalismo, se define asimismo por sus enemigos; en el caso del populismo, la élite o el enemigo exterior. Jorge San Miguel, entre otros, ha puesto de manifiesto que el procés no coincide por casualidad en el tiempo con el ascenso del populismo en las sociedades occidentales; por el contrario, el soberanismo señala directamente a Madrid o a España como causas del estancamiento económico catalán o de los recortes en sus servicios públicos, operando en la práctica como un nacionalpopulismo.[4] Al mismo tiempo, cuando habla de un sol poble frente al «Estado autoritario» español o distingue a los buenos catalanes de los malos, a menudo tachados de traidores a la causa, el nacionalismo es apenas distinguible del populismo que contrapone el pueblo a la élite.

Ambos, populismo y nacionalismo, son ejemplos de un tribalismo moral exacerbado cuyos fundamentos psicobiológicos han sido subrayados por la nueva teoría de los sentimientos morales desarrollada por pensadores como Jonathan Haidt o Joshua Greene.[5] De acuerdo con ella, los juicios morales poseen naturaleza emocional y resultan de la selección natural: la moralidad es una adaptación psicológica que facilita la cooperación entre individuos naturalmente egoístas por la vía de producir cohesión intragrupal y enemistad intergrupal. De ahí la espontánea separación de los humanos en distintas «tribus morales» en cuyo interior cuenta menos el contenido concreto de las creencias que los sentimientos compartidos.

Ese enfoque ha sido aplicado al caso catalán por Adolf Tobeña, quien ha propuesto una «psicobiología del independentismo» cuyo objeto sería abordar los a menudo desatendidos «vectores psicológicos» que impulsan las reclamaciones soberanistas. A su juicio, hablar de locura o enajenación desvía nuestra atención respecto de las raíces biológicas del fenómeno, que haríamos mejor en buscar en la «neurobiología del gregarismo cohesionador». Si así lo hiciéramos, comprobaríamos que el nacionalismo no es sino una forma de etnocentrismo que tiene éxito a la hora de activar una predisposición —que no determinación— neurobiológica:

Es decir, cuando las marcas o etiquetas se asocien a elementos como el territorio compartido (patria, solar, nación); la voz reconocible (ámbito lingüístico); la raza/etnia de procedencia (conjunto de atributos físicos cercanos) o la religión (ámbito de creencias y rituales), que cobijan los vectores de los hiatos grupales más recurrentes, la deriva automática hacia la generación de fronteras perceptivas y afectivas de calado es difícilmente resistible.

Esta vinculación entre etnia y nacionalismo fue subrayada con notable éxito por Azar Gat y Alexander Jakobson en un trabajo pionero publicado hace un lustro. En él, los autores discuten la tesis modernista estándar según la cual el nacionalismo es fruto de un proceso de construcción social que puede explicarse exclusivamente a través de las ciencias humanas. Sin restar validez a la explicación historicista, Gat y Jakobson sugieren que no podemos explicarnos cabalmente la persistencia del nacionalismo sin reconocer que posee raíces algo más profundas.[6] Hablamos de una pulsión tribal que emerge bajo distintas formas de pertenencia y, como han enfatizado entre otros los hermanos Castro Nogueira, de la «decisiva mediación de lo local en la interpretación pragmática de los significados culturales compartidos».[7] Esto es, de una dimensión local de la existencia humana que ninguna globalización conseguirá hacer desaparecer. Eso explicaría la importancia mayúscula de los símbolos y las tradiciones, de la estelada a Els segadors, recordatorios cotidianos de una comunidad inmemorial que se transmite generacionalmente y da sentido a la vida de sus miembros. Para los hermanos Castro Nogueira, tras la apariencia moderna del nacionalismo se expresan mecanismos prosociales muy antiguos, como el parentesco y el tribalismo, lo que bastaría para explicar su alto voltaje emocional:

[…] la dimensión conceptual del nacionalismo, la que articula los discursos políticos, es insuficiente para dar cuenta de la experiencia nacionalista tal y como tiene lugar en la mente y la vida cotidiana de la gente. La conexión entre nacionalismo y emocionalidad pone de manifiesto, más bien, que estamos ante un fenómeno ligado a estructuras motivacionales arcaicas, que movilizan emociones básicas como el miedo y el recelo, por una parte, y el bienestar y el apego, por otra.

Esta ambivalencia sentimental se ha manifestado durante todo el procés. Recordemos, por ejemplo, la unanimidad de que hicieron gala la clase política y los medios de comunicación catalanes cuando el Tribunal Constitucional enmendó parcialmente el Estatut impulsado por el PSC de Maragall y el PSOE de Zapatero. Òmnium Cultural convocó una multitudinaria manifestación, a la que acudieron todos los líderes políticos catalanes, bajo la idea de que «la dignidad de Cataluña» había sido atacada, asentando así entre los ciudadanos la percepción —saturada de afectividad— de que el texto estatutario había sido rechazado o anulado en su totalidad por «España». En el caso del frustrado referéndum del 1-O desempeñó un papel clave la difusión de las imágenes —verdaderas o falsas— de la actuación policial. Según el testimonio de muchos ciudadanos catalanes, fueron esas imágenes, el impacto emocional que produjeron por la violencia ejercida sobre sus «convecinos», lo que les animó a tomar parte en una convocatoria que en principio rechazaban. Esta argumentación pone de manifiesto una ambivalencia emocional de la pertenencia: la consideración de convecinos les era así negada, al menos aparentemente, a aquellos ciudadanos catalanes cuyos derechos estaban siendo vulnerados desde, como mínimo, la aprobación de las leyes del 6 y el 7 de septiembre. Se hizo así visible una línea divisoria que ha separado desde entonces a catalanes de españoles, falsa dicotomía sobre la que el nacionalismo catalán ha basado su estrategia política: un régimen de percepción que asocia cualidades positivas a lo catalán y negativas a lo español. Son cualidades sentidas antes que pensadas y, por ello, incorporadas a una evaluación subjetiva de la realidad. En este sentido, la designación de Quim Torra como president de la Generalitat en mayo de 2018 llamó la atención sobre el discurso más etnicista del nacionalismo catalán: aquel que de hecho no considera catalanes a los españoles que viven en Cataluña y postula la superioridad «racial» de aquellos sobre estos, vivan donde vivan.

Ahora bien, no puede olvidarse que la existencia de una predisposición de base evolutiva hacia el gregarismo, cuya expresión moderna es el nacionalismo identitario, no equivale a una determinación neurobiológica. Lo que distingue al nacionalismo identitario es precisamente que activa esa predisposición mediante unas estrategias de socialización y movilización que, como ha ocurrido en Cataluña durante la última década, delimitan el perímetro de una comunidad nacional de la que se excluye a quienes no comulgan con los criterios etnocéntricos señalados por sus líderes. Podemos así convenir que el nacionalismo, como moderna manifestación de un viejo tribalismo, está lejos de ser un delirio colectivo. Pero no se deduce tampoco de ahí que sea un fenómeno natural, como demuestran los vaivenes sentimentales de aquellos grupos humanos donde late un sentimiento nacional, sino que depende de procesos políticos históricamente manifestados.

La ideología nacionalista es, en fin, una manufactura de emociones identitarias. Y, como ha señalado Daniel Weinstock, todo aquello que se funda en la identidad constituye un peligro potencial para la democracia. La razón es sencilla: la identidad ni se negocia ni se discute. Pero la democracia se basa justamente en lo contrario: en la posibilidad de deliberar y negociar entre diferentes. Se alegará que todas las naciones nacionalizan y que, en la práctica, no hay Estado que no se fundamente en algún tipo de sentimentalidad nacional. Y es cierto. Pero se puede ser nación de distintas formas, como sugiere la elemental distinción entre la nación cívica y la nación étnica. De hecho, también la nación cívica admite varias modalidades: Francia no reconoce las identidades regionales y organiza el poder estatal como poder centralizado; España, desde 1978, hace lo contrario. En otras palabras: un marco constitucional federalizante no promueve los mismos sentimientos que un nacionalismo en el interior de este, que busca imponer la secesión fomentando la enemistad entre los ciudadanos sin nada parecido a una mayoría suficiente para ello. Precisamente porque el nacionalismo constituye una posibilidad humana permanente y llena de peligros para la convivencia, las sociedades liberaldemocráticas han tratado de prevenirse institucional y culturalmente contra su resurgimiento. Hasta ahora, con un éxito razonable; desde ahora, con crecientes dificultades.

UTOPÍA NACIONAL Y FELICIDAD PÚBLICA

Sucede que la dimensión emocional del procés no se agota en los afectos nacionales, por más que el concurso de estos sea una condición necesaria para el desarrollo de sus demás ramificaciones afectivas. Entre ellas, hay que llamar la atención sobre el atractivo utópico que ha proyectado en sus defensores la idea misma de la independencia, capaz de suspender cualquier diferencia ideológica. Al mismo tiempo, la movilización colectiva dirigida a hacer realidad el nuevo comienzo prometido por el soberanismo ha generado un entusiasmo público de fuerte contenido emocional: una felicidad política ligada a la persecución de un objetivo común y en contra de enemigos también compartidos.

Hay que tener en cuenta que un objetivo político como la independencia cuenta con la formidable ventaja de constituir una apelación a lo nuevo, a un orden social inédito que se sitúa en el futuro. Por esa misma razón, sus condiciones de posibilidad no pueden verificarse sino en el porvenir, beneficiándose mientras tanto de la plusvalía emocional de la que disfrutan las representaciones imaginarias frente a la grosera y bien conocida realidad. Cuanto más insatisfactoria sea o se presente esa realidad, tanto mayor será a su vez esa plusvalía. Es así como hay que entender, en la historia humana, la atracción que siempre ha ejercido la tierra prometida, situada primero en un plano ultraterreno por las religiones y desplazada después a la vida intramundana por las ideologías de la modernidad. Eric Voegelin supo ver con lucidez que la problematicidad de la existencia humana no era resuelta en el plano político con el proceso de secularización: el reino eterno de los cielos se convertía en la sociedad sin clases, la Arcadia recuperada o, como en el caso que nos ocupa, la nación independiente.[8] Y, si bien el creyente religioso se sitúa en una posición pasiva, quien comulga con la fe revolucionaria de la modernidad asume un papel activo, pues aquello que está por venir sin sombra de duda puede ser adelantado mediante la acción política.

Se trata de una creencia aglutinadora y como tal ha funcionado en el imaginario nacionalista la promesa de la independencia. Tal como ha señalado Fernando Vallespín, la futura República Catalana es una utopía, en una época privada de las viejas esperanzas de futuro, sobre la que cada cual puede proyectar sus anhelos: unos sueñan con un Ampurdán libre de rastro español y otros con la refundación del socialismo.[9] También Marina Subirats había caracterizado ya la independencia como una «utopía disponible» en tiempos de desesperanza y quiebra de las viejas ilusiones de futuro, perfecta demostración de que esa «problematicidad de la existencia» a la que aludíamos hace un momento encuentra expresión política en formas que varían según las circunstancias históricas.[10] Meditando sobre la revolución, precisamente, Hannah Arendt nos insta a recordar lo que supone para la vida de las naciones:

Ya terminen con éxito, con la constitución de un espacio público de libertad, ya terminen en catástrofe […], el sentido de la revolución es la realización de uno de los potenciales humanos más grandes y fundamentales, a saber, la experiencia incomparable de ser libre para comenzar de nuevo.[11]

Eso es, ni más ni menos, lo que ofrece una Cataluña independiente: la ilusión de empezar de nuevo libres de la presunta tutela de España. Es ilusión tanto en el sentido de esperanza como de espejismo, pues, como el proceso de negociación del Brexit pone de manifiesto, nadie puede comenzar de cero. Pero es evidente que este objetivo compartido proporciona, apoyándose en un sentimiento de esperanza, réditos afectivos. Estamos ante un estado emocional íntimamente ligado a las distintas formas del romanticismo político. Si Bernard Yack ha identificado un «anhelo de revolución total» que atraviesa el pensamiento moderno,[12] Ernst Bloch hizo del «principio esperanza» el fundamento mismo de una utopía política a la que asignaba funciones esenciales para el bienestar psicológico del ser humano. Vinos viejos en odres nuevos. O no tan nuevos.

En el caso del procés, la asociación de la futura independencia con un sentimiento de esperanza se ha llevado a cabo mediante argumentos de distinta índole. Unos han sido de naturaleza política, como el ejercicio sin restricciones de una futura soberanía en el marco de la Unión Europea; otros han apelado al bolsillo de los ciudadanos, como cuando el Govern prometió allá por mayo de 2017 una subida de las pensiones tras la independencia, pues habría más recursos para los catalanes tras dejar de transferir renta a los españoles; o cuando la ANC auguró en el Día del Trabajo de 2018 un salario mínimo de mil doscientos euros. Más generalmente, la Cataluña independiente se ha vendido como un espejo invertido de España: asociada la primera a toda clase de sentimientos positivos, la segunda ha venido concentrando todo rasgo negativo imaginable, con la ya mencionada desventaja simbólica de tratarse de una realidad existente y no de un proyecto futurible.

Ante una realidad desagradable, compuesta por esa España que se retrata insistentemente como una suma de despropósitos y por un contexto internacional lleno de turbulencias económicas y políticas, la oferta de la independencia adquiere connotaciones afectivas positivas y se convierte en el foco al que se dirigen las energías de ciudadanos de distintas confesiones ideológicas. No en vano se ha señalado en más de una ocasión cuán diverso es, en su interior, un bloque soberanista que va desde la izquierda radical de la CUP a la derecha de origen democristiano de la vieja CiU. En otro capítulo de este libro, en fin, se da detalle de cómo las élites nacionalistas supieron aprovechar el ascenso del populismo para ampliar su base social y, con ello, su plataforma sentimental.

Ahora bien, la movilización popular en que se ha materializado esta convergencia ideológica —o emocional en cuanto que ideológica— exige también atención en sí misma. Dice Hannah Arendt que con las revueltas contraculturales de los años sesenta

surgió una experiencia nueva para nuestra época: resultó que la acción política es divertida. Esta generación descubrió lo que en el siglo XVIII se llamó la «felicidad pública», que significa que cuando el hombre participa en la vida pública, accede por sí mismo a una dimensión de la experiencia humana que de lo contrario le está vedada y que, de alguna manera, constituye la felicidad plena.[13]

Esta emoción política fue visible en las calles de Cataluña en distintos momentos de septiembre y octubre de 2017, cuando parecía que el procés se adentraría en una fase insurreccional o revolucionaria, que terminó por no llegar nunca. Ricardo Dudda, en su crónica de la jornada del referéndum, escribe:

En el colegio Fort Pienc, junto a la estación de autobuses Catalunya Nord, los ancianos salen de votar emocionados. Un grupo de señoras mezcla en la conversación la comida del domingo con la ilusión de haber votado. La cola da la vuelta al edificio. Muchos miran en los móviles los vídeos de la actuación policial en otros colegios. El ambiente es festivo, calmado, nada lo enrarece, ni la lluvia ni las noticias de la violencia. Con el puño en alto, un anciano grita en castellano «¡Salud y República!» a un grupo de jóvenes, que lo vitorean.[14]

Así que la felicidad política se da allí donde una comunidad humana actúa concertadamente en pos de algún objetivo y descubre por el camino que hacerlo es, a la vez, reconfortante y divertido. Esa actividad nos vincula al grupo y proporciona tanto sentimientos de pertenencia como entretenimiento: una felicidad tan inclusiva (sensación de grupo) como adversativa (resistencia contra un poder tenido por injusto). Y no es desdeñable el papel que desempeñan en este proceso determinados rasgos psicológicos y de carácter: el fenómeno colectivo puede proporcionar a la vida individual un contenido y una épica que, de otro modo, quizá no tendrían. Sentirse parte de algo, incluso convertirse en protagonista de ese algo en el ámbito local o vecinal, no es una ganancia menor en una sociedad cuya desactivación religiosa ha depositado en el deporte y la cultura de masas el oligopolio de las grandes emociones.

Sin embargo, esta felicidad política es también una felicidad embriagadora que puede convertirnos en justicieros de nuestra propia causa, debilitando nuestra capacidad de reflexión individual, y no digamos colectiva. Si solo vemos el fin sin reparar en los medios, olvidaremos que los medios terminan por contaminar los fines, ya que —y el matiz es importante desde un punto de vista prescriptivo— la felicidad política puede manifestarse sean cuales sean los fines que se persigan y los medios que se empleen. O lo que es igual, con independencia de cuán justas sean o dejen de ser las reivindicaciones en juego. Existen los opresores felices.

Por supuesto, Arendt nos dice —en otro lugar— que no debería ser el caso: ella misma censuró tanto los actos de violencia que acompañaron el auge de la nueva izquierda en los años sesenta como sus justificaciones teóricas.[15] Pero nada impide que el entusiasmo compartido por quienes persiguen un mismo fin político —en el caso que nos ocupa, revestido de ropajes democráticos— se vea intoxicado por la supuesta bondad de su causa, suspendiendo las preguntas sobre su legitimidad y la de los medios empleados para promoverla. Si hablamos de Cataluña, se da la paradoja de que la felicidad pública de algunos ha sido la miseria de otros: por ejemplo, de quienes son considerados «malos catalanes» por oponerse públicamente a la independencia. Aquellos, en definitiva, cuya voz y derechos han contado poco en un procés presentado por sus impulsores como manifestación cuasitrascendental de un «pueblo» al que no pertenecen ni los renegados ni los antiindependentistas.

Si nos fijamos en los catalanes contrarios al procés, pues, resulta más difícil hablar de felicidad política; habría que pensar más bien en miedo, impotencia o indefensión. También en este caso, la dispersión inicial de las voluntades ha dado paso a una gradual convergencia alrededor de la defensa de la democracia constitucional, pero el llamado bloque constitucionalista no ha exhibido en ningún momento el grado de cohesión afectiva del que ha venido disfrutando el independentismo. No es de extrañar, pues ¿quién puede competir contra una utopía? Es posible, sin embargo, que el énfasis en los aspectos más etnoculturales del proyecto independentista, que se ha ido haciendo visible en los datos sociológicos (véase el capítulo de Pau Marí-Klose) y en el discurso político, pueda debilitar la capacidad aglutinadora de esta «utopía activa», alejando de ella emocionalmente a quienes preferían revestirla de ropajes más democráticos o comunitaristas. Sería, de darse el caso, efecto de un exceso pasional: un desbordamiento del sentimiento antiespañol que, al convocar el fantasma de la pureza étnica, concitaría el rechazo de algunos compañeros de viaje.

LA CONTAMINACIÓN AFECTIVA DEL LENGUAJE

Entre las dimensiones emocionales del procés, posee indudable relevancia la que atañe al lenguaje: a las palabras que usamos en la esfera pública y al significado que les damos. Acaso nadie haya indagado con mayor agudeza en esta cualidad política del lenguaje que el filólogo alemán Viktor Klemperer, quien documentó en LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo la resignificación del lenguaje llevada a término por la maquinaria política nazi.[16] Su análisis del «habla del nazismo» puso de manifiesto la eficacia con que el totalitarismo hitleriano acabó con la noción de verdad pública por la vía de lograr que las palabras dijeran lo que ellos querían. Todavía hoy resuena su lamento: «¡Cuántos conceptos y sentimientos han deshonrado y envenenado!».

Ni que decir tiene que estamos muy lejos del totalitarismo de entreguerras. Pero en el procés se dejan ver con claridad las consecuencias de una exitosa operación de resignificación, que es la emprendida por el soberanismo. No es un efecto colateral ni el producto de una contaminación espontánea: la llamada «hoja de ruta» del independentismo tenía claro desde el principio —está escrito negro sobre blanco— que era necesario subvertir el lenguaje, distorsionar el sentido habitual de las palabras para que un significado favorable a sus fines se extendiese por el cuerpo social en la medida suficiente. Solo así sería posible acumular el capital político necesario para desafiar al Estado desde el poder autonómico: cuando un número suficiente de ciudadanos compartiese una misma semántica, incompatible con el orden constitucional vigente. En consecuencia, no es descabellado hablar del «habla del independentismo».

También huelga decir que vivimos en una sociedad pluralista que goza de una amplia libertad de expresión, por lo que el independentismo no puede monopolizar el lenguaje público. Sin embargo, el éxito de la resignificación independentista no es gratuito. Algunos resortes decisivos sí han sido utilizados para ese fin, que por lo demás se beneficia de las lógicas sociales descritas por psicólogos y sociólogos: espirales de silencio, dinámicas de emulación, conformidad con los pares. Por añadidura, no solamente los medios de comunicación públicos, sino también la mayoría de los privados (y las redes sociales) se han hecho eco de este lenguaje, contribuyendo así a su difusión. A veces, involuntariamente: quien habla del «derecho a decidir», aunque sea para negarlo, ya está contribuyendo a la difusión del astuto sintagma.

Por supuesto, otros factores son necesarios para explicar un fenómeno que ha provocado la mayor crisis constitucional de la España democrática. Con todo, el lenguaje tiene una importancia singular debido a su carácter constitutivo: no hace falta ser lacaniano para reconocer que es algo más que un simple medio de comunicación interpersonal. A través del lenguaje vemos la realidad, con el auxilio indispensable de los afectos; afectos que, dejando a un lado las emociones más básicas, son también, en parte, moldeados por el lenguaje; o, si se quiere, se hallan entrelazados con él de manera compleja. En consecuencia, el propio lenguaje adquiere una valencia afectiva: los conceptos políticos despiertan en nosotros determinadas sensaciones o emociones, a menudo vinculadas al sentido de pertenencia a un grupo social o tribu moral.

No hay aquí espacio para ofrecer un catálogo exhaustivo de la semántica del independentismo, pero algunos ejemplos bastarán para ofrecer una impresión del fenómeno. Tal vez ninguno sea más adecuado que el mencionado «derecho a decidir», que permite defender la idea de que existe un demos catalán legítimo que debe decidir su futuro por sí mismo celebrando un referéndum de independencia mediante una vaga apelación a un principio democrático abstracto. Se da así la paradoja de que un derecho inexistente en estas circunstancias —el derecho a la autodeterminación— es presentado in phantasma como un derecho inalienable de los ciudadanos catalanes. De paso, la «democracia» es implícitamente presentada como aquel régimen político donde puede votarse cualquier cosa. Más aún, «democracia» será aquí plebiscitaria o aclamativa: aquella donde la voluntad soberana del «pueblo» está por encima de las leyes. El pleno del Parlament del 6 de septiembre constituyó una ilustrativa escenificación de esa idea, mientras que la Ley de Transitoriedad, aprobada al día siguiente, anticipaba un régimen de tintes iliberales donde habrían de socavarse las garantías ordinarias del constitucionalismo. Por lo demás, cuando se identifica al catalán con el independentista y a la democracia con el plebiscitarismo se hace posible desacreditar al catalán que se opone a la independencia como «mal catalán» y «mal demócrata». Algo parecido sucede con «Cataluña», palabra con la que el nacionalismo pretende lograr un efecto metonímico mediante el cual la parte (el independentismo) designa al todo (Cataluña).

Por supuesto, la misma maniobra se ejecuta al hablar de l’escola catalana, espejo y factoría del un sol poble, del que depende el edificio argumentativo independentista. Exaltando los presuntos logros de esa escuela a la hora de fer país se escamotea del debate la anomalía de que una sociedad bilingüe posea una escuela monolingüe, sacralizándose de paso la controvertida «inmersión lingüística». Con ese mismo fin se pone en circulación el sintagma «un país normal» aplicado a Cataluña, que hace un doble servicio: de un lado, normaliza aquello que sucede en la sociedad catalana, o sea, las políticas nacionalizadoras aplicadas por sus sucesivos gobiernos; y de otra, desnormaliza al resto de España, entendida como una aberración autoritaria y antisocial de la que no queda más remedio que «desconectarse».

Pero tomemos también la noción de «derechos humanos», con la que el secesionismo realiza una operación diferente. En este caso, una noción jurídica de alcance universal es estirada con objeto de que cubra supuestos en los que no resulta aplicable. Por ejemplo, la limitada violencia policial del 1 de octubre sería «un atentado contra los derechos humanos». Estaríamos así ante ese «mal del superlativo» que denuncia Klemperer: una exageración destinada a hacer que algo pase por lo que no es. Si la hipérbole es un arma retórica esencial para dar forma al victimismo inherente a cualquier nacionalismo, el catalán ha demostrado no ser una excepción. Lo mismo pasa con la «desobediencia civil», que sitúa al independentismo que se niega a cumplir las leyes vigentes a la par con quienes en el pasado han combatido injusticias unánimemente reconocidas, señalando de paso al Estado español como una institución opresiva y autoritaria. Tanto, que no duda en encarcelar a representantes políticos por el solo delito de expresar su opinión, que es lo que quiere decirse cuando se emplea el sintagma «presos políticos» o se describe como «pacífico» un soberanismo que no ha ahorrado en coacciones y amenazas durante el procés.

En todos los casos, el patrón es el mismo: la distorsión del sentido establecido de las palabras, politizadas para que digan aquello que conviene a los fines secesionistas, mediante una sentimentalización argumentativa destinada a producir indignación y reforzar la pertenencia agresiva a la comunidad orgánica catalana. El éxito de esta operación psicopolítica está fuera de duda: el lenguaje se ha convertido en un contenedor de afectos nacionales y, con ello, en el primer espacio donde el soberanismo ha «roto» con el orden constitucional. Hasta tal punto es así, que el pronunciamiento civil realizado por el Parlament —la declaración formal de independencia— no puede entenderse sino como el desenlace último de un proceso iniciado en el lenguaje, en la alteración del significado de las palabras y en la adscripción a las mismas de una connotación emocional particular. Difícilmente podríamos hablar del procés, en fin, sin la concienzuda propagación —mediante el discurso y los símbolos políticos, las instituciones y las organizaciones cívicas penetradas por el poder político, los medios de comunicación públicos y el sistema educativo, la comunicación horizontal en las redes sociales— de eso que Klemperer llamaba Sprachkrankenheit, es decir, «enfermedad de la lengua».

REDES SOCIALES Y PÚBLICOS AFECTIVOS

No podemos terminar este repaso a la dimensión afectiva del procés sin hacer mención, siquiera breve, del papel jugado por las redes sociales, que no ha sido pequeño, pues han servido como un estimable instrumento para la difusión del «habla del independentismo», para el impulso y la coordinación de la movilización ciudadana o el ejercicio de presión desde abajo sobre las élites soberanistas. Nunca sabremos si se hubiera evitado la declaración formal de independencia de no haberse materializado a través de las redes y de inmediato la presión popular sobre un Puigdemont que, según parece, estaba decidido a convocar elecciones autonómicas tras haber alcanzado, PNV mediante, un pacto de no agresión con el Gobierno.

Adviértase que no suscribimos aquí una visión anticuada de la comunicación pública conforme a la cual los discursos emitidos por las élites políticas o los medios de comunicación son asumidos, como sugería el viejo modelo de la propaganda, sin mayor resistencia por los ciudadanos. Por el contrario, esa recepción está condicionada por los rasgos subjetivos y las creencias previas de estos últimos, que, por añadidura, son ahora también emisores de mensajes debido al carácter interactivo de internet.[17] Ello no quita que los ciudadanos deban extraer sus preferencias políticas de algún sitio y que ese sitio siga siendo mayormente el discurso de las élites, que será en consecuencia aceptado o rechazado en función de distintos factores: esas creencias previas, la eficacia de esos discursos, las circunstancias políticas y su correspondiente «enmarcamiento». De otro modo, nunca habría cambio de preferencias y el número de independentistas jamás habría aumentado.

Internet y las redes han sido empleadas provechosamente por el soberanismo; a veces, de manera sorprendente. Una parte de la estrategia propagandística de las organizaciones cívicas del independentismo, por ejemplo, ha consistido en penetrar en los chats de WhatsApp de los catalanes que, por razones de edad, manejan el smartphone pero están ausentes de las redes sociales.[18] Mediante una sencilla suscripción a Òmnium, cualquier usuario del popular servicio de mensajería recibía en su terminal textos de agitación nacionalista. Es a través de mecanismos de este tenor que podemos explicarnos el conjunto de falsas creencias que sirven de asideros argumentativos —racionalizadores— a quienes se inclinan afectivamente por la independencia; y que, además, han conducido a muchos ciudadanos al credo independentista. Y lo mismo vale para los canales ordinarios, Facebook y Twitter, así como algunos menos conocidos pero no menos concurridos, como Reddit o Menéame. En ellos, novedosamente, los propios usuarios sirven como multiplicadores de tales mensajes. Basta recordar la velocísima difusión del vídeo en que una joven actriz hacía una súplica a Europa tras la jornada del 1-O, estableciendo un paralelismo entre el uso de la fuerza policial en esa jornada y la represión de las revueltas democráticas en Ucrania.

Del expolio fiscal a la anulación del Estatut, pasando por la guerra de secesión de 1714, la permanencia asegurada en la Unión Europea o la imposibilidad de que se marchasen los bancos, los dogmas del independentismo han encontrado en las redes sociales un espacio natural para su difusión. Se trata, en buena medida, de un efecto de esa «exposición selectiva» que internet facilita. Pero no debemos exagerar ese rasgo: en la red estamos más en contacto con mensajes y puntos de vista discrepantes que antes, pero esa exposición adquiere un carácter antagonista más que deliberativo. En buena medida, la novedad no es tanto la existencia de burbujas o silos cognitivos como la hiperconectividad: ahora las multitudes son emisoras activas de opinión y moldeadoras de la esfera pública. Por añadidura, el rápido crecimiento de las redes sociales nos ha convertido en consumidores de política en una medida antes desconocida, hasta el punto de que esta ha pasado a engrosar el catálogo de nuestros entretenimientos. No es así de extrañar que se hable ya del «fan político»: el ciudadano que sigue fervorosamente a un líder investido con las cualidades de las estrellas del pop.[19]

En suma, la hipótesis más plausible es que un ciudadano propenso a la emocionalidad —en tanto que sometido a un influjo continuado sobre sus afectos— se vuelve aún más emocional con el uso de las tecnologías de la información. Estas redes son inherentemente afectivas, su uso por parte de los ciudadanos es, en general, expresivo o heurístico, no deliberativo, y en ellas son frecuentes los fenómenos de adhesión instantánea a corrientes de opinión que identificamos como afectivamente cercanas. Por su propio carácter, las redes generan «sentimientos de implicación» en el usuario/ciudadano.[20] En consecuencia, las estructuras digitales que nos permiten expresarnos y conectarnos se caracterizan por su sentimentalidad, lo que da lugar a «públicos afectivos».[21] La acción colectiva sería aquí una acción conectiva.[22] Y contiene, además, un elemento de performance: se hace algo, pero al mismo tiempo se señala, subraya y adorna la acción misma.[23] Algo que, en este caso, posee un efecto colectivo: el partidario de la independencia que participa activamente en la red se señala ante los demás como miembro de una colectividad sin dejar de afirmarse con nombre y apellidos —o seudónimo— a la vista de todos.

Puede así afirmarse que las redes facilitan la tarea de quienes buscan subvertir el orden político existente despertando afectos nacionales e induciendo estados de ánimo que vinculan dicho orden con sentimientos negativos (opresión, miedo, expolio, ausencia de reconocimiento), al tiempo que el nuevo orden llamado a sustituirlo se asocia justamente con lo contrario (emancipación, esperanza, autoafirmación). Desde luego, el nacionalismo precede a las redes sociales, pero hoy es difícil entenderlo sin tenerlas en cuenta.

¿HACIA UNA EMOCIÓN FEDERALISTA?

Este capítulo ha explorado la dimensión emocional del procés, sin la cual resulta difícil dar cuenta cabal de él. Para ello, hemos atendido en primer lugar a la estrecha relación que existe entre la emocionalidad política y un nacionalismo cuyo éxito depende de su capacidad para instalar en los ciudadanos un sentimiento de pertenencia. Sobre este aspecto del tema se ocupa esta breve conclusión, sin desdoro de los demás aquí tratados (de los beneficios emocionales del utopismo a la felicidad política ligada a la movilización colectiva; de la resignificación del lenguaje a la cualidad afectiva de las redes sociales).

Ya se ha señalado que el sentimiento de pertenencia a la nación es ambivalente: incluye el amor a la propia comunidad política y el rechazo de sus enemigos. Y el fomento de cierta sentimentalidad nacional es la base en la que se apoyan, explícita o implícitamente, todos los estados que en el mundo han sido. En principio, la diferencia entre unos y otros sería de grado: las llamadas «naciones cívicas» mantendrían esos sentimientos en un segundo plano, mientras que la «naciones étnicas» procederían a subrayarlos, un énfasis que no puede sino aumentar durante los periodos de liberación o insurrección nacional. Pero no hay nación sin sentimentalidad.

Sin embargo, otra forma de plantear esta misma idea consiste en afirmar que las naciones se diferencian en el modo en que se representan a sí mismas. Tomando la definición que da Benedict Anderson de la nación como «comunidad imaginada»,[24] resulta patente que no es lo mismo ni produce los mismos efectos una nación que se imagina a sí misma como cívica que otra que lo hace como étnica. La primera posee un carácter más democrático e inclusivo que la segunda, acomodando en su interior distintas identidades en lugar de plantear la incompatibilidad entre ellas, suavizando así el requisito emocional de la lealtad agresiva a una sola tribu moral. Será la ciudadanía la categoría política y jurídica que permita realizar esa operación integradora, que en el caso español se ve además reforzada por una organización territorial del poder que reconoce simbólica y políticamente en su interior a distintas nacionalidades.

De ahí que la nación cuasifederal contenida en nuestro texto constitucional goce de una indudable superioridad moral frente a cualquier nacionalismo etnocultural que trate de socavarla desde su interior. Cuestión distinta es que el vaciado emocional padecido por la idea de España desde la aprobación de la Constitución haya sido ocupado por los afectos promovidos por los gobiernos nacionalistas en el interior de sus comunidades mediante distintas políticas nacionalizadoras. Algo que, como Juan Claudio de Ramón pone de relieve en este volumen, constituye una oportunidad perdida a la vista del potencial integrador contenido en la Constitución de 1978. Quién sabe si una España más decididamente federal podría aún dar forma a algún tipo de sentimentalidad compartida, descartado que este efecto aglutinador pueda lograrse mediante una recentralización forzosa y mucho menos con algún tipo de confederalismo. Es seguro, en cambio, que no habrá salida del laberinto español si no reconstruimos algún tipo de afecto en el que todos, con la debida lealtad al proyecto común, podamos reconocernos.

La dimensión internacional y europea del procés

IGNACIO MOLINA

El procés soberanista ha tenido una dimensión internacional muy relevante desde su mismo arranque el 11 de septiembre de 2012, tal como se demuestra en el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa», que encabezó la masiva manifestación de aquel día en Barcelona. Esa importancia se refleja además en facetas muy diversas, de forma que es más riguroso hablar en plural y referirse entonces a sus distintas dimensiones internacionales. Aunque se trata de una enumeración que seguramente puede ampliarse, hay al menos seis elementos de naturaleza exterior y europea que resultan de gran interés para analizar correctamente el planteamiento, la trama y el desenlace de los acontecimientos aquí considerados; a razón de dos en cada uno de esos tres momentos.

Por lo que se refiere al origen del procés, los dos factores internacionales que ayudan a explicarlo serían: (1) la ola populista y de repliegue identitario que de forma generalizada recorre el mundo occidental desde, al menos, el comienzo de la década y (2) la influencia más específica y totalmente sincronizada en el tiempo que supuso la insólita celebración del referéndum escocés de independencia, en plena Unión Europea y en una democracia tan consolidada e influyente como la británica. Más adelante, a lo largo de su desarrollo, hay otros dos puntos de atención insoslayables para este capítulo plasmados en: (3) la campaña de internacionalización explícita que emprendió el nacionalismo catalán con la doble misión de hacer propaganda interna —«el món ens mira»— y difundir la causa fuera de sus fronteras, que, a su vez, fue contestada por el Gobierno español (4) con un ejercicio de diplomacia de contrasecesión más eficaz en el plano oficial que en el de la opinión pública. De hecho, esta dicotomía constituye el principal objeto de atención en la etapa final, cuando se produce (5) el unánime rechazo de los gobiernos extranjeros al intento de ruptura unilateral que tanto va a contribuir a su fracaso (6), pero también el premio de consolación obtenido por el independentismo en forma de ciertas simpatías en la opinión pública europea.

Este capítulo pretende abordar esos seis elementos combinando un enfoque analítico con otro diacrónico. Las tres secciones en las que está dividido el texto vienen a corresponderse con el desarrollo del conflicto a lo largo de tres etapas: la Diada de 2012, el otoño de 2014 (tras el referéndum escocés y en el contexto de la consulta del 9-N) y los hechos de octubre de 2017. Pero la exposición no sigue un relato exactamente cronológico, sino que sitúa el examen de las distintas dimensiones internacionales en cada fase en las que estas fueron dominantes. Por eso, la primera sección examina las dos variables externas que, en combinación con las internas, desencadenaron la apuesta independentista: la ola global populista y el referéndum de Escocia, con el debate aparejado sobre la supuesta facilidad con la que esta podría continuar en la Unión Europea (UE) si se independizaba. En la segunda sección se exponen los contenidos de la estrategia de internacionalización que la Generalitat diseñó desde un primer momento, pero en la que va a profundizar claramente a partir de 2014-2015, y que sería respondida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en una reacción también in crescendo. Por último, en la sección final se analiza por qué —al margen de algunas complicidades o del rechazo a la actuación del Estado en la represión del referéndum ilegal de octubre de 2017— resultó imposible que se produjera ningún apoyo de la comunidad internacional a la declaración unilateral de independencia proclamada en el Parlament.

PRIMER ACTO: ¿ESCOCIA O BREXIT?

No tenemos todavía una clara respuesta a la pregunta de por qué una parte tan relevante de la sociedad catalana, más o menos la mitad, se hizo independentista en 2012, cuando esa opción era minoritaria apenas unos años antes. La tesis canónica en el seno del propio nacionalismo es que responde a una reacción de enfado entre sus bases sociales por la sentencia del Tribunal Constitucional, que en 2010 anuló algunas partes del Estatuto de Autonomía aprobado poco antes. No obstante —y por mucho que existiera terreno abonado desde hacía tiempo—, esa rápida radicalización parece más bien el resultado de una competición entre sus élites dirigentes, embarcadas por diversos motivos en una sobrepuja sobre cuestiones de identidad y que deseaban aprovechar la oportunidad que suponía la impopularidad del Gobierno del PP y la deslegitimación del sistema político español en un contexto de grave crisis.

Comoquiera que sea, y aun admitiendo que el procés fue sobre todo un proceso endogámico, sería un error si un análisis riguroso del mismo no tuviera en cuenta la combinación de esas variables internas con, al menos, dos ingredientes externos que lo facilitaron. Por un lado, el contexto europeo de enfado frente a la crisis global y reivindicación de soberanías originales, con el consiguiente auge de variados populismos disruptivos. Por el otro, el proceso iniciado en Escocia de forma asombrosamente simultánea, en octubre de 2012, cuando Londres y Edimburgo acordaron celebrar un referéndum de independencia dos años después.

En primer lugar, como han señalado varios autores —singularmente Daniel Gascón o, en este mismo volumen, Aurora Nacarino-Brabo—, el procés no hay que entenderlo como un fenómeno local más o menos excéntrico de regreso a las pautas de un nacionalismo decimonónico y romántico, sino más bien como un exponente de la política europea más contemporánea. Según esa interpretación, sería un caso más de ese movimiento que recorre hoy el continente y todo el mundo occidental en forma de miedo hacia las incertidumbres, enfado hacia lo establecido y repliegue hacia lo más cercano. Un sentimiento compartido por amplias capas sociales que dicen no estar bien representadas ni suficientemente empoderadas para acontecimientos que perciben incontrolables, como la globalización o la integración europea, y que optan por abordarlos poniendo patas arriba el orden liberal, aunque sea abundando en la propaganda o la posverdad.[1]

La crisis catalana emparentaría así con otros fenómenos que le han sido contemporáneos, como el Brexit, el auge de los partidos eurófobos en el norte y el este de Europa e incluso la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Además, junto a ese genérico influjo exterior, plasmado en una ola difusa de revueltas populistas y reforzamiento de las fronteras, en este caso había un ingrediente añadido más tangible que era propio de la periferia de la eurozona. Fue en los países del sur de la UE donde más se sintió la destrucción de empleo por la recesión de 2008 y donde, luego —cuando esta mutó en crisis de deuda a partir de 2010—, más se sufrió una gestión marcada por duros ajustes de gasto y otras reformas impopulares para las clases trabajadoras y medias que las debilitadas capitales de los países miembros no parecían tener capacidad para evitar. Durante los años en los que cuaja el procés se produce el auge de la izquierdista Syriza en Grecia y los de la Lega Nord, de extrema derecha, y el Movimento 5 Stelle, antisistema y ambiguamente progresista, en Italia.

En Cataluña, golpeada como el resto de España por la gravedad de la recesión, ese mismo malestar profundo no solo dio lugar al movimiento urbano y joven del 15-M o sus fenómenos políticos conexos —cristalizados años después en Podemos o en la marca propia de los comunes—, sino que ya desde antes había maridado con el nacionalismo. Los ajustes vinculados a la crisis —con la Comisión Europea impulsando la austeridad y un mayor control central del gasto público— estimularon en Cataluña mensajes de rebelión fiscal, victimismo, decisionismo e incluso xenofobia que se hicieron fuertes incluso en segmentos sociales como el medio rural o la gente más mayor; que en otras latitudes se mostraban mucho menos propensos a abrazar los nuevos populismos. Un maridaje plasmado desde el principio en el uso del concepto de soberanía y que, con el paso del tiempo y los sucesivos traspasos entre presidents —Mas, Puigdemont y Torra—, se fue haciendo cada vez más obvio.

A pesar de que el nacionalismo catalán era, para bien y para mal, uno de los principales corresponsables de la gobernanza española desde 1978, los dirigentes de la antaño moderada Convergència Democrática de Catalunya no tuvieron ningún reparo en explotar el consabido imaginario populista antagónico de pueblo puro que es maltratado por unas élites enemigas. Élites que, en este caso, se situaban lejos. A una distancia idónea para sus intereses: ni tan cerca como Barcelona, con su burguesía y los responsables de los fuertes recortes en las políticas autonómicas, ni tan lejos como Bruselas, con su distante tecnocracia, o Berlín, con su rígido ordoliberalismo. La distancia era exactamente la que separaba Cataluña de la capital española.

En efecto, y entrando ya en la explicación de la segunda gran variable externa que facilitó el procés, resulta interesante resaltar que el populismo que se propugnó no fuese antieuropeo. No lo fue, al menos, explícitamente (salvo en pronunciamientos más o menos coyunturales y reactivos a propósito del alineamiento con las posiciones del Gobierno de España por parte de las instituciones supranacionales). Y no lo fue porque, al margen de que los fundamentos que subyacen a un movimiento independentista unilateral chocan de manera frontal con los valores básicos del proceso de integración, al nacionalismo catalán no le interesaba alterar otra parte básica del relato que venía cultivando desde mucho tiempo atrás: una Cataluña como nación moderna y europea y, sobre todo, una Cataluña como nación más moderna y más europea que la antagónica España.

Este europeísmo intentaba además entroncar con Escocia, a pesar de las diferencias entre un caso y otro. La mayor parte de la sociedad catalana es partidaria del proceso de integración pero, en claro contraste con lo que ocurre entre escoceses y demás británicos, su apoyo no destaca frente al resto de España; más bien al contrario. Tampoco es cierto que los votantes nacionalistas sean más proeuropeos que los catalanes que votan a partidos constitucionalistas.[2] Pero lo importante aquí no eran los datos objetivos, sino la narrativa. Y el hecho es que, a diferencia de los partidos de la derecha eurófoba, de las fuerzas eurocríticas de izquierda e incluso de otros nacionalismos periféricos que simpatizaban con la causa catalana (como el flamenco o padano), el grueso del nacionalismo catalán se alineó con el escocés y siguió presentándose como proeuropeo.

Así, a la vez que se aprovechaba del mismo caldo de cultivo que el resto de los populismos para animar la revuelta en un contexto de grave crisis económica y deslegitimación política, los ataques no apuntaban a la UE, sino al hecho de no poder ser uno de sus miembros de pleno derecho y a tener en cambio que formar parte de un Estado ajeno que distorsionaba su autogobierno. Para los nacionalistas catalanes y escoceses eran Madrid y Londres, y no Bruselas o Berlín, los que representaban el foco de los males, la causa por la que el pueblo no podía gestionar los problemas de manera virtuosa, según sus preferencias políticas y controlando sus recursos económicos. De ahí que el lema defendido por el SNP escocés desde finales de los años ochenta, «Independence in Europe», se pareciese tanto al antes mencionado de la gran manifestación de la Diada de 2012.

Hay incluso una interpretación académica respetable, articulada por los economistas Alesina y Spolaore, que vendría a explicar el auge de los independentismos escocés y catalán como una derivada del proceso mismo de integración.[3] Este, según esa tesis, vendría a incentivar el secesionismo de aquellas regiones que mantuviesen una pauta de conflicto etnoterritorial o económico con el Estado en el que se insertan. Así, con la europeización se habría reducido el valor que tendría para determinadas periferias ricas o con identidades distintivas seguir vinculadas al centro político de una realidad nacional superior. Las estructuras de gobernanza supranacional serían mejores alternativas funcionales para esas regiones porque, si bien hasta finales del siglo XX existían economías de escala por formar parte de un Estado más grande, ahora ya podrían ir solas por el mundo, con las ventajas de una estatalidad nueva —y, en teoría, más pequeña, cohesionada y fácil de gobernar—, pero sin dejar de tener provisión de seguridad o acceso a importantes mercados. Bastaría para ello con independizarse y, a la vez, integrarse como miembros de pleno derecho de la UE, y tal vez de la OTAN. La todavía reciente creación de más de diez nuevos estados de pequeño tamaño en Europa (los bálticos o los resultantes de la desintegración de Yugoslavia y Checoslovaquia) sería una supuesta demostración de esta tendencia.

Aunque los propagandistas del procés han acudido a esta argumentación para asegurar que la secesión era casi un imparable signo de los tiempos, lo cierto es que su validez para Cataluña resulta muy discutible por dos razones. La primera se deriva de una premisa de la tesis que es mucho más difícilmente aplicable a Cataluña de lo que los nacionalistas querrán nunca reconocer: la lógica parece apuntar a que el Estado nuevo que se crease sería más pequeño y, por consiguiente, en teoría, menos conflictivo, más cohesionado y más fácil de gobernar que el Estado matriz del que se ha separado. Sin embargo, no es sencillo sostener que, desde un punto de vista social y político, una Cataluña independiente —partida en dos y enfrentada por férreas líneas identitarias y lingüísticas— sería menos compleja que una España ciertamente plural, pero donde, en términos relativos, existe una mayor cohesión en torno a una identidad nacional —compartida por más del 90 por ciento de la población— y una lengua conocida por todos.

En cualquier caso, es la segunda parte del enunciado de la tesis —el que se refiere a que «bastaría con independizarse y, “a la vez”, integrarse como miembros de pleno derecho de la UE»— la que a la postre acabó resultando definitiva para complicar las aspiraciones independentistas. La integración europea, en efecto, puede actuar en abstracto como una fuerza a favor de esos procesos debido a la posibilidad de que los hipotéticos nuevos estados se adhirieran a la organización en el momento de nacer, reduciendo tanto los elementos más antipáticos de la secesión como las «deseconomías» de escala inherentes a ser pequeños en un mundo tan interdependiente. Pero en la práctica, y en la medida en que esa adhesión pueda resultar muy difícil, el efecto animador que tendría Europa en el secesionismo se transforma rápida y paradójicamente en uno de sus principales frenos.

Desde 2012, y a rebufo de lo que pasaba en Escocia, ese elemento de la readhesión europea pasó a protagonizar gran parte del debate en Cataluña. Junto al grupo de nacionalistas más convencidos, que no dudaban en preferir la ruptura con España al margen de las consecuencias que eso pudiera tener en el corto y medio plazo sobre la prosperidad y la seguridad de su tierra, había un amplio sector de votantes que —aun no sintiendo una fuerte repulsa por la idea de la secesión— solo estaban dispuestos a abrazarla si no deterioraba la buena conexión de la que disfrutaba Cataluña con el continente y con la globalización. En ese sentido, era mucha la incertidumbre que provocaba la posibilidad de quedar al margen del mercado interior, del euro, de las diversas políticas comunes y de todos los demás intangibles políticos asociados a la pertenencia. Por eso, los partidarios de la independencia pusieron tanto interés en demostrar que la continuidad en la UE estaba casi garantizada, incluso de forma automática.

La cuestión se convirtió en uno de los aspectos más discutidos y polarizados del debate durante los primeros años del procés. Hasta mediados de 2012, cuando aún no se había iniciado ni estaba convocado el referéndum escocés, existía poca doctrina sobre la cuestión. Es verdad que, ya en 2004, el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, fue nítido cuando declaró que si «una parte de un Estado miembro se independiza, se convertirá en tercero en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio». Sin embargo, autores próximos a los círculos nacionalistas —muchas veces, académicos de prestigio en universidades extranjeras, como los integrados en el llamado Colectivo Wilson, que jugaron un doble papel destacado de activismo externo y legitimación interior de la secesión— comenzaron a defender diversas teorías jurídico-políticas muy forzadas sobre la posibilidad de una pertenencia automática. Un intento de confundir que, al margen de otras consideraciones más complejas, se desmontó desde el mismo otoño de 2012, cuando se recordó que los tratados solo podían ser aplicables para sus miembros actuales, pues estos están expresamente mencionados en varios de sus artículos y la necesaria adaptación de esos textos solo podría hacerse por unanimidad.[4]

A partir de entonces, se comenzaron a multiplicar los pronunciamientos de altos cargos de las instituciones y de diversos estados miembros (singularmente, España y, en menor medida, el Reino Unido, pero también otros que no sufren tensiones centrífugas) confirmando la tesis de Prodi. Además, el entonces presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, remachó el pronunciamiento de su predecesor declarando que «un nuevo Estado independiente pasaría a ser, por el hecho de su independencia, un país tercero con respecto a la Unión Europea y los tratados ya no serían aplicables en dicho territorio». Se conformó incluso una suerte de doctrina sobre el tema —aplicable a Escocia, Cataluña y a cualquier otro caso futuro— que prácticamente puede considerarse oficial y que se compone de cuatro elementos:

– La relación centro-periferia en el seno de los estados miembros, por tensa que sea, es una cuestión interna que no compete a las instituciones ni a los demás socios.

– La separación unilateral de una parte de un Estado será considerada un ataque a su integridad territorial, lo que impediría a la Unión y a sus miembros reconocer la estatalidad del territorio secesionado.

– Si, de forma acordada y legal, un territorio de un Estado miembro alcanzara la independencia, el nuevo Estado y sus ciudadanos quedarían fuera de la Unión.

– En este último caso, es posible que ese nuevo Estado se adhiriera de nuevo, pero ajustándose plenamente a las normas y procedimientos de ampliación previstos en los tratados.

Esta visión ortodoxa dominante no se reduce a los círculos oficiales, sino que es hoy ampliamente compartida por la doctrina más influyente, incluyendo algunos autores que han participado en un reciente libro publicado por Carlos Closa, como son Joseph Weiler, posiblemente el más célebre de los expertos en derecho europeo, o Jean-Claude Piris, que fue durante más de veinte años el jurisconsulto principal del Consejo Europeo, director general del Servicio Jurídico del Consejo y negociador de los tratados.[5] La postura de las instituciones era tan clara y las teorías de la adhesión instantánea, tan débiles que acabaron por convencer a los mismos promotores de los procesos independentistas de que era mejor no asumir que pudiera existir esa garantía. Así se reconoció en el Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, donde se recogen los informes realizados entre 2013 y 2014 por un consejo asesor de expertos que la Generalitat había contratado para orientarla en la ruptura con el Estado.

Para intentar no desanimar a los independentistas tibios con ese importante contratiempo, desde los círculos nacionalistas se pasó a manejar interpretaciones matizadas, pero con un efecto similar. Los autores que asesoraban o seguían de cerca el proceso escocés defendieron que era posible flexibilizar y agilizar la readhesión si, una vez iniciado formalmente el procedimiento de secesión, el futuro nuevo Estado negociaba simultáneamente los términos tanto de su independencia como de su pertenencia a la Unión. Es decir, aun admitiendo que la adhesión pudiera no ser automática, eso no significaba que la única solución posible fuese que el nuevo Estado saliera de la UE y pasase a ser tratado como cualquier otro que aspirara a la adhesión, «poniéndose al final de la cola» (por usar la expresión que solía pronunciarse desde el Gobierno de España). Al fin y al cabo, ese territorio ya pertenecía desde antes a la Unión, por lo que, en principio, no le resultaría demasiado difícil llegar a cumplir con el acervo comunitario. Además, desearía seguir formando parte, y una aplicación demasiado rígida de las normas de ampliación provocaría daños a las expectativas legítimas de ciudadanos y empresas.

Desde la Generalitat, algunos analistas asumieron esa vía más sofisticada defendiendo incluso que, para el caso de una secesión unilateral, se podría establecer un régimen especial en el que Cataluña no tendría reconocidos todos los derechos políticos como miembro, pero sí los seguiría disfrutando su ciudadanía y, a la postre, el territorio.[6] Lo cierto es que, en el caso de que se plantease una situación así, no sería inverosímil que desde Bruselas se buscasen soluciones ad hoc para los derechos de las personas afectadas, pero se trata solo de una posibilidad que, además, choca con el precedente de Chipre del Norte (una parte de la isla que es independiente de facto del Estado miembro, aunque no de iure, y en la que no se aplican los tratados). De cualquier modo, aun admitiendo que no resulta técnicamente imposible un regreso simultáneo o una situación transitoria para ese territorio secesionado que no quiere desvincularse de la UE, es importante subrayar que la discusión realmente relevante aquí no era jurídica, sino política.

Y, en contra de lo que pretendían los impulsores del procés, lo que fue quedando claro es que solo podía concebirse la posibilidad de un ingreso rápido o de una solución medianamente aceptable para el nuevo Estado en relación con la UE si concurría la voluntad política unánime de las partes implicadas, incluyendo las instituciones y todos los estados miembros actuales, en especial el Estado matriz del que se había separado el nuevo. Es obvio que la casuística no era igual de aplicable a Escocia y a Cataluña. Y, aunque la teórica futura readhesión de la primera parecía difícil pero no imposible, en el caso de la segunda era impensable. Una cosa es que la voluntad política pueda ser capaz de adaptar el derecho y otra distinta es que tal voluntad existiera para una Cataluña partida en dos y rebelde en un contexto en el que el entorno institucional, las ideas dominantes y, sobre todo, el poder relativo de los otros actores operaba tan claramente en contra de las pretensiones independentistas.

Mucho de lo que señalaba el antes mencionado Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña estaba directamente inspirado en el debate escocés y, por tanto, de manera abstracta, no era disparatado. El problema era que, en una huida de la realidad internacional y europea que acompañó al procés hasta su fracaso final, el nacionalismo catalán nunca admitió que existía una diferencia radical entre las dificultades políticas, pero al fin y al cabo salvables, que podría encontrar Escocia en su camino hacia Europa y el caso catalán. En un ejercicio de voluntarismo interpretativo a medio camino entre la genialidad imaginativa y la ofensa a la inteligencia de sus destinatarios, se llegó incluso a sostener que la secesión estaba permitida porque en ningún sitio de los tratados se prohibía, siempre que no se usara la fuerza.

Sin embargo, fuera de un marco legal y acordado de secesión, no solo sería imposible que la UE aceptase negociar la adhesión de ese nuevo Estado, sino que, con total seguridad, el territorio declarado unilateralmente independiente ni siquiera alcanzaría la estatalidad por falta de reconocimiento internacional. Sería inimaginable pensar que el resto de capitales fueran a enfrentarse a España —que, pese a los intentos nacionalistas de presentarla como un actor débil o desprestigiado, no dejaba de ser un Estado valorado y valioso para la organización— para apoyar un proceso de ruptura de la integridad territorial contrario a la Constitución nacional. Además, y este es otro bocado de realidad que mordió a los independentistas en octubre de 2017, no se trataba de una pretensión defendida en solitario por España y, tal vez, por otros estados miembros con tensiones secesionistas o irredentistas, sino que era una postura compartida por las instituciones y el conjunto de los socios. Un consenso basado en intereses —evitar una situación insostenible en el cuarto miembro más importante de la Unión que podría generar una inestabilidad letal para todos— pero también en valores. La Comisión, los grupos más importantes del Parlamento Europeo y la práctica totalidad del Consejo nunca apoyarían un proceso decisionista que cabalgaba sobre la división identitaria y lingüística dentro de la propia Cataluña.

En resumen, la idea del independentismo catalán de ofrecer a sus partidarios un escenario de fácil reconexión con Europa aun manteniendo la vía unilateral, seguramente constituye uno de los mayores fraudes políticos e intelectuales del procés. La combinación de factores fue siempre tan adversa a los posicionamientos del independentismo catalán que no resultaba honesto ignorarla en un debate informado sobre una cuestión tan grave. A Escocia le habría resultado extremadamente difícil una «Independence in Europe»; a Cataluña, directamente imposible ser un «nou Estat d’Europa» por la vía unilateral. Nada de eso desanimó a sus promotores, que siguieron señalando hasta el final que el escenario de quedar fuera de la UE era improbable o, en el peor de los casos, que tampoco resultaría tan grave, ya que existían otras alternativas (desde la EFTA hasta una asociación estratégica con potencias no occidentales), alternativas que resultaban aún más inverosímiles a la vista de cualquier análisis objetivo.

SEGUNDO ACTO: ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN FRENTE A DIPLOMACIA DE CONTRASECESIÓN

La derrota de la opción favorable a la independencia de Escocia en el referéndum de septiembre de 2014 supuso un obvio revés para los nacionalistas catalanes. Por un lado, quedaba inédito el espectacular precedente de que en una democracia avanzada, europea y tan notable como la británica se produjera una ruptura legal y pacífica. Por el otro, el resultado suponía que quedaban sin activarse las fórmulas de respuesta exterior a la nueva situación, incluyendo el posible efecto demostración de la readhesión rápida a la UE de un territorio secesionado en el momento mismo en que el Reino Unido se planteaba salir. A partir de ahí, la argumentación relativa a una perspectiva europea pacífica para la Cataluña independiente fue perdiendo importancia en las posteriores hojas de ruta aprobadas por las fuerzas nacionalistas. No obstante, como enseguida se dirá, el referente escocés no dejó nunca de usarse por la propaganda soberanista y, como se acaba de decir, tampoco se descartó completamente la hipótesis de la complicidad europea.

En todo caso, fue a partir de ese otoño cuando se decidió acelerar una estrategia propia de difusión exterior de la causa independentista, que descansaba sobre tres patas. Primero, la estructura de diplomacia pública denominada Diplocat: una agencia mixta refundida al inicio del procés, a partir de un patronato apolítico que actores públicos y privados habían creado muchos años atrás para fomentar la presencia catalana en Bruselas, pero que pasaba ahora a estar capturada por los soberanistas. En segundo lugar, el propio departamento del Govern dedicado a la acción exterior, al que se le dio rango de conselleria en enero de 2016 y que, bajo la dirección de Raül Romeva, amplió su red hasta contar con catorce delegaciones en el extranjero, incluyendo Bruselas, Washington, París, Londres, Berlín, Roma, Ginebra, Lisboa y Viena. Y, por último, el proselitismo privado llevado a cabo por las entidades que acompañaban el procés (Òmnium Cultural o la ANC) y por la diáspora del activismo nacionalista, en muchos casos, estudiantes en universidades extranjeras, jóvenes profesionales e individualidades de renombre, como el entrenador Josep Guardiola o el tenor Josep Carreras.

La internacionalización tenía dos propósitos. En primer lugar, conseguir cierta atención exterior sobre la demanda supuestamente democrática y unánime de una nación que se decía milenaria, presentando a la vez a España como un Estado de tendencias autoritarias. En segundo lugar, y seguramente este objetivo era más importante que la proyección que se hacía desde dentro afuera, se pretendía usar la dimensión internacional en dirección contraria; esto es, para transmitir a sus seguidores que el entorno internacional les era favorable e incluso que admiraba la causa. De aquí las apelaciones a que «el mundo nos mira».

Para conseguir ambas finalidades, el independentismo no reparó en gestos ni en gastos. El president Artur Mas, por ejemplo, envió una carta a la Comisión Europa y a todos los gobiernos de los estados miembros anunciándoles que el 9 de noviembre de 2014 se realizaría una consulta en aplicación del «derecho a decidir». Ninguno contestó. Pero los dirigentes nacionalistas fueron perseverantes y a partir de esa votación, que finalizó con una rueda de prensa ante los medios europeos, se decidió apostar a lo grande por la internacionalización. Aunque a lo largo de estos años no pudieron encontrar un solo interlocutor oficial extranjero de cierto nivel que les recibiese, fueron constantes sus iniciativas con una aparente proyección posterior (habitualmente, en medios académicos y periodísticos reputados, o a través de diputados afines en el Parlamento Europeo, o en algunos parlamentos nacionales, como el británico, el danés y el belga).

Por su parte, las consignas de las organizaciones que apoyaban el procés estaban pensadas con esa pátina internacionalista, destacando las lonas que la ANC desplegaba en sus actos con las caras de más de diez dirigentes mundiales supuestamente interpelados. Y como fue imposible que ninguna agencia internacional u organización intergubernamental seria dedicadas a la calidad democrática o al seguimiento electoral (como, por ejemplo, la Comisión de Venecia) avalasen las hojas de ruta soberanistas, se tuvieron que dedicar grandes cantidades de dinero para contar con el apoyo ocasional de fundaciones de segundo nivel o de expertos individuales que, por ejemplo, fueron invitados a supervisar el 1-O. Igualmente, como ha denunciado recientemente la corresponsal de Le Monde en España, Sandrine Morel, parece que la práctica de buscar la afinidad mediática de la prensa catalana vía publicidad se intentó trasladar al terreno de los corresponsales y de los diarios internacionales cuyas líneas editoriales resultaban un objetivo preciado.[7]

Con todo, el dinero por sí solo no es capaz de explicar el interés e incluso la consideración que la causa independentista adquirió en estos años. Por supuesto, influyó que Cataluña y, sobre todo, Barcelona son suficientemente conocidas como para generar atención de por sí y, además, las manifestaciones anuales de la Diada tuvieron una espectacularidad sin par en el panorama de las movilizaciones políticas en Occidente. Pero la explicación de por qué el conflicto fue tratado con respeto, tanto fuera como dentro hay que encontrarla en una excepcional ayuda ya mencionada: Escocia. En efecto, este referente se convirtió en una de las circunstancias más afortunadas para el nacionalismo catalán, y es muy posible que, sin tal acompañamiento, la apuesta por la ruptura no hubiera tenido tanto desarrollo, ni siquiera en los planteamientos teóricos de los líderes.

Para entender hasta qué punto los acontecimientos escoceses fueron importantes, hay que tener en cuenta que los movimientos secesionistas suelen merecer un juicio dudoso en la opinión pública y enormes resistencias por parte de los gobiernos nacionales. Desde que hace un cuarto de siglo se liquidara la Guerra Fría —precipitándose la desintegración de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia—, solo han nacido cuatro nuevos Estados: tres de ellos en contextos poscoloniales bélicos (Eritrea, Timor Oriental y Sudán del Sur) y uno más (Montenegro) como penúltimo estertor del drama que vivieron los Balcanes occidentales en los noventa. Ninguno de esos casos resultaba envidiable para un proyecto político en un país avanzado, y mucho menos lo parecía el puñado de separaciones fácticas que, por haberse realizado unilateralmente, no han alcanzado la estatalidad (Somalilandia, Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj y Transnistria). Incluso Kosovo, pese a poder apelar a una secesión remedial y contar con amplio reconocimiento occidental, no disfrutaba de una realidad mínimamente presentable y seguía fuera de la comunidad internacional. Y ni siquiera aquellos pocos movimientos antiocupación que gozan de título jurídico o cierto prestigio (Palestina, Sáhara Occidental, Tíbet y Kurdistán) podían presentarse como un modelo a seguir para Cataluña.

Si el objetivo de la independencia quería resultar convincente dentro y fuera, parecía muy conveniente contar con algún ejemplo plausible en un entorno homologable. Tampoco el panorama en Europa occidental resultaba alentador y no existía ni un solo precedente de secesión pacífica en el mundo desarrollado de las democracias consolidadas. Incluso los separatismos activos que quedaban a mano eran poco atractivos por su vinculación con conflictos terroristas (Irlanda del Norte y el País Vasco), su reducido tamaño (Córcega, Tirol del Sur y Cerdeña) o su carácter antipático e insolidario (Flandes y Padania). Pero entonces, el SNP ganó las elecciones escocesas de mayo de 2011 (con un 44 por ciento de los votos y la mayoría absoluta de escaños) con un programa de ruptura y, lo que resultaba aún más espectacular, en poco más de un año conseguía arrancar de Londres —que no quería negociar más autonomía— la celebración maximalista de un referéndum de independencia. El regalo de David Cameron y Alex Salmond no podía resultar más oportuno. Un territorio mundialmente célebre y que formaba parte de una gran potencia democrática iba a someter a votación legal si se convertía en un nuevo Estado europeo. Ni siquiera la lejana Quebec, cuyo movimiento soberanista pasaba además por horas bajas, había llegado a tanto, pues nunca había conseguido acordar con Ottawa un procedimiento para llevar a cabo la secesión.

A partir de ahí se entiende bien el afán del procés por poner el énfasis en sus similitudes con Escocia y resultar así más atractivo. Y, en efecto, dos eran los elementos de fondo donde existían semejanzas. En primer lugar, el independentismo en ambos territorios había sabido realzar su causa con una eficaz narrativa democraticopopulista que enfrentaba transversalmente al pueblo con unas élites lejanas y centralistas (a lo que contribuía sobremanera el hecho de que el gobierno central lo ejercían en estos años el Partido Conservador o el PP, formaciones minoritarias en los dos territorios). Y, en segundo lugar, con la inestimable ayuda de la austeridad impuesta por la crisis, los dos nacionalismos supieron adoptar mensajes de izquierda y ganar así adeptos o reputación en ambientes urbanos e intelectuales habitualmente reacios a los mensajes identitarios del nacionalismo tradicional.

Pero por mucho que el independentismo catalán quiso obviarlas, había también importantes diferencias con el caso más verosímil y respetable de Escocia. Las dos divergencias más evidentes y, prácticamente, las únicas a las que se acogió la diplomacia española en su estrategia de contrasecesión, fueron el hecho de que la solución británica fuese la excepción y no la regla (como demostraban los pronunciamientos también simultáneos en el tiempo de los tribunales constitucionales alemán e italiano, negando un posible referéndum en Baviera y Véneto) y, sobre todo, que Cataluña se hubiera embarcado en una apuesta unilateral y contraria a la Constitución, sin tener en cuenta los deseos del conjunto de la ciudadanía española.

Más allá de esa carencia fundamental relativa a la ilegalidad o la arbitrariedad a la hora de determinar el demos decisor, la internacionalización del procés también tenía graves problemas políticos de base que fueron poco explotados por el Gobierno de España en sus mensajes al exterior. Para empezar, las apelaciones a la voluntad democrática mayoritaria de los catalanes de romper con España se vieron desmentidas en cada proceso electoral por no alcanzar nunca el 50 por ciento de los votos. Pero incluso el fuerte apoyo social a un referéndum, que tal vez rondaba el 70 por ciento, impresionaba poco en un entorno oficial europeo que dudaba mucho de los méritos de la democracia directa (en especial, tras el Brexit) y donde, justamente, la batalla se daba contra gobiernos como el húngaro, el polaco o el turco, que, apoyados por mayorías muy amplias, pretendían legitimar proyectos iliberales.

Por si lo anterior no fuese suficiente, la situación interna era conflictiva con grupos sociales enfrentados por su lengua materna e identidad nacional, que acercaban a Cataluña más a otros territorios con movimientos secesionistas en los que existe conflicto entre comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas (como Irlanda del Norte) que a la pacífica Escocia. Tampoco podía beneficiarse la internacionalización catalana de la simpatía que podría generar el argumento de defensa de los más débiles cuando, en claro contraste con Escocia y acercándose más a los impopulares casos flamenco y padano, eran las clases socioeconómicas medias o altas de Cataluña, que se quejaban de una excesiva solidaridad fiscal con el resto de España, las que apoyaban con mayor nitidez el independentismo.[8]

El Gobierno de España, como se ha dicho, fue desarrollando una respuesta internacional reactiva que se aceleró a partir de 2014 y en la que se implicó a fondo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Este, desoyendo las críticas que dentro de su partido le acusaban de dar relieve europeo y mundial al procés, comprendió que ahogarlo diplomáticamente resultaba fundamental para bloquear cualquier atisbo de éxito. Lo cierto es que el servicio exterior español se empleó a fondo y consiguió que tanto los responsables de las instituciones europeas como todos los líderes mundiales con los que el presidente del Gobierno mantenía una relación bilateral (Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande, David Cameron) apoyasen expresamente la unidad de España. Un respaldo diplomático no tan fácil de obtener, como debía saber el primer ministro de Canadá Jean Chrétien cuando, en 1995, el entonces presidente francés Jacques Chirac se alineó con la soberanía de Quebec y Bill Clinton tardó mucho en expresar su simpatía por la causa federal canadiense.

Tal vez, la preocupación que suscitaban los efectos desestabilizadores del procés sobre la delicada situación de la periferia de la eurozona en estos años o las comentadas antipatías hacia la causa nacionalista hicieran que ahora el contexto resultase menos favorable a aventuras secesionistas que en la despreocupada década de los noventa. El hecho es que políticos como el primer ministro Manuel Valls o el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker criticaron el proceso en términos muy duros, yendo más allá de lo habitual en cuestiones internas.

El Gobierno de España centró su estrategia exterior casi exclusivamente en los círculos formales y desde canales formales, descuidando la posibilidad de contar con mayores complicidades en medios académicos y de la sociedad civil (tanto españoles como extranjeros) y sin apenas usar mecanismos de la diplomacia pública que hubieran ayudado a consolidar una mejor imagen de la democracia española en el momento del desenlace. En cualquier caso, se supo evitar cualquier atisbo de respaldo oficial usando casi como único argumento el carácter inconstitucional del procés, apenas aderezado con tímidas apelaciones al perfil solo aparentemente democrático del movimiento o tratando de asociarlo con los acontecimientos producidos en Crimea, que en 2014 rompió unilateralmente con Ucrania para unirse después a Rusia.

De hecho, a partir de 2015, teniendo en cuenta la situación en Ucrania y una vez celebrado el referéndum en Escocia que impedía a la UE ser más beligerante en la defensa de la integridad territorial de los estados miembros, el Gobierno consiguió arrancar un rechazo aún más nítido al independentismo por parte de Bruselas, a la vez que se asumía la doctrina de tratar la cuestión como asunto interno. El mundo no miraba a Cataluña o, al menos, lo hacía de reojo y con aprensión. También es cierto que durante todo este tiempo, el trabajo diplomático español quedó muy condicionado, al desviar la atención de otras prioridades en una agenda internacional tan compleja y en momentos claves para la integración europea. Al tener que dedicar esfuerzo a la contrasecesión, se frustraron oportunidades de mayor peso exterior de España y se condicionaron en parte las relaciones bilaterales con algunos países. Además de ese impacto directo, hubo otro indirecto y aún más lamentable, al verse erosionada la reputación de España, que no pudo proyectarse en todo en el mundo como la democracia avanzada y territorialmente plural que realmente es.

TERCER ACTO: OSETIA DEL SUR Y HELP CATALONIA!

Si en sus primeros cuatro años, el procés subrayó el elemento democrático, pacífico y europeísta en su carta de presentación al mundo, a lo largo de 2017 decidió asumir un perfil abiertamente rupturista y apostar por que Cataluña provocase una grave desestabilización en Europa. Por ejemplo, Quim Torra, que más tarde sería elegido por la mayoría nacionalista president de la Generalitat, promovió asiduamente en sus escritos y conferencias de esa etapa final que se jugase la carta de Kosovo, de forma que la comunidad internacional se viera obligada a intervenir.[9] La idea era que una secesión unilateral acompañada de la movilización callejera supondría tensiones de tal magnitud que no habría más remedio que acabar implicando a Europa en la crisis. Es más, una vez que el proceso soberanista asumió su determinación total de romper con España en contra de la legalidad constitucional y de la firme oposición de las instituciones centrales del Estado, la única estrategia posible pasaba por internacionalizar el conflicto. Para ello, como señala en este mismo libro Rafael Arenas, se reforzó y radicalizó la inicial apelación difusa a la UE y a la comunidad internacional que estaba ya presente en la declaración de soberanía que hizo el Parlament en enero de 2013. La diferencia es que cuatro años después se pasa a reclamar explícitamente, con fuertes dosis de exageración idealista, la posibilidad de una secesión como remedio (Cataluña, territorio oprimido por una España dictatorial, que se ha ganado el derecho a la autodeterminación) y a la vez se amaga con una lógica fáctica de insurrección.

Sobre la frágil base de los más que discutibles resultados del 1-O —que ni siquiera avalaron los observadores extranjeros contratados por la propia Generalitat— y de una exigua mayoría en el Parlamento autonómico —pero en contra del criterio de sus letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias—, la línea de actuación finalmente adoptada por el president Carles Puigdemont en octubre de 2017 pasaba por presentar la separación y el conflicto como creíble. A cambio de que el independentismo renunciase al intento de sostener fácticamente la independencia desde una Cataluña en rebeldía se buscaba que hubiese presiones externas para que España aceptase una mediación que permitiera celebrar un referéndum o incluso el reconocimiento del nuevo Estado. Y, lejos ya del referente escocés, el independentismo llegó a acudir a otros modelos poco comparables y con un inquietante componente violento tomados de la antigua Yugoslavia y de Ucrania.

La idea de una injerencia exterior en la política española a cuenta de Cataluña no llegó a considerarse seriamente, ni siquiera en los días posteriores a las escenas de la torpe intervención policial el 1-O en los que, ciertamente, hubo un notable impacto internacional y una corriente de simpatías hacia el independentismo. En ese momento, los dirigentes separatistas pudieron llegar a pensar que tenían opciones de ganar el pulso, vista la gran repercusión mundial y la preocupación que llegaba desde Europa. Es verdad que alguna potencia animó al Gobierno de España a moverse en determinada dirección, pero fue para desescalar el conflicto, sin que nunca se plantease una verdadera elevación de la crisis a la agenda internacional o europea. Madrid, simplemente, no la quería y eso era causa suficiente para descartar cualquier papel exterior en la gestión del conflicto.

Pero España no estaba ni mucho menos sola. Las democracias avanzadas no aceptan la autodeterminación fuera de contextos coloniales o de circunstancias muy excepcionales y, como ya se ha dicho, desconfían de un movimiento que no solo puede ser nacionalista excluyente, sino que amenaza con desestabilizar la integración europea en un momento delicado y con crear precedentes en otros estados plurales con movimientos similares. Es más, la política exterior de la Unión incorporaba como doctrina propia —y aún lo hace— la defensa de la integridad territorial y de la convivencia entre comunidades diversas, de modo que su instinto es reaccionar en aquellos casos donde se cuestiona (Bosnia-Herzegovina o Ucrania, por poner dos ejemplos dentro del continente, o Chipre, dentro de la mismísima UE).

La Unión, los estados miembros y, en general, el conjunto de la comunidad internacional nunca «compraron» la idea de que la independencia fuese legítima o que tuviese un apoyo social realmente mayoritario. Solo hubo inofensivos desmarques por parte del primer ministro belga; de algún político suizo, báltico o esloveno; y de dirigentes de fuerzas radicales o de otros movimientos nacionalistas (sobre todo en Escocia y Flandes), que llamaron a la mediación exterior para gestionar la crisis, pero ni siquiera en estos casos se planteó un apoyo a la secesión unilateral. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se permitió criticar al Gobierno de España por el uso de la fuerza policial, pero adoptó a continuación una firme postura en defensa del orden constitucional que fue respaldada, incluso con más firmeza, por sus colegas en la Comisión, Jean-Claude Juncker, y en el Parlamento, Antonio Tajani. Y, en fin, los líderes nacionales (Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May) cerraron filas a favor de la unidad de España, descartando expresamente la posibilidad de una mediación.

En última instancia, y sin margen para la simpatía altruista, el independentismo intentó aprovecharse de las ambiciones geopolíticas y los deseos de desestabilizar a las democracias liberales acudiendo a los instrumentos de desinformación rusa en internet, televisión y las redes sociales. Pero la implicación de Moscú (que ni siquiera fue oficial, pues el Kremlin se expresó a favor de la unidad de España) no hizo sino fortalecer más el interés de los europeos por cerrar filas con España.

Al final, cuando se produjo en el Parlament la atropellada declaración de independencia, no hubo ningún tipo de reconocimiento internacional. Solo las provincias rebeldes de Osetia del Sur y Abjasia, autoproclamadas independientes de Georgia con el apoyo ruso hace diez años, manifestaron su disposición a reconocer la estatalidad de Cataluña, y únicamente si el Govern se lo pedía. La diplomacia española consiguió arrancar un unánime rechazo al intento de secesión; eso sí, pagando el coste de que el asunto dejase de ser considerado como interno al promover una cadena abrumadora de pronunciamientos oficiales a favor de la unidad de España en las capitales y las organizaciones multilaterales. La reacción europea fue tan clara como se esperaba, e igualmente tajante fue la nota del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno de Canadá, China y todos los países latinoamericanos, salvo, quizá, Venezuela.

No está claro hasta qué punto los líderes estaban realmente convencidos, por autoengaño, de poder «forzar» una intervención o, al menos, una mediación externa que llevase al Estado a negociar. Tal vez la idea consistía en provocar una reacción desproporcionada del Estado para deslegitimarlo internacionalmente, aunque esto tampoco se produjo. Lo que sí queda claro es que, al final, la tesis de la internacionalización del procés acabó provocando, en el mejor de los casos, una suerte de wishful thinking que seleccionó interesada y emocionalmente los pocos elementos que abonan una tesis restando importancia a la abrumadora evidencia contraria. Al buscar comparaciones, solo se acudió a los casos excepcionales de Escocia (intento de referéndum acordado) y Kosovo (secesión unilateral exitosa), pero nunca se mencionaron los mucho más numerosos fracasos que iban desde Padania a la decena de antipáticos territorios secesionistas en Europa oriental.

Como era de esperar, cuando el Estado adoptó medidas coercitivas contra los impulsores de la consulta en cumplimiento de la legislación vigente (aplicar el artículo 155 de la Constitución tras una votación muy mayoritaria en el Senado y encarcelar o perseguir internacionalmente, por orden judicial, a una decena de políticos nacionalistas), tampoco hubo ninguna queja oficial. Es cierto que esa falta de apoyos en la comunidad internacional se acompañó de cierta simpatía de la opinión pública —en parte, como consecuencia del momento populista que vive Europa— o de algunos jueces belgas y alemanes que encontraron excesivos los cargos por rebelión. El independentismo perdió la guerra en el exterior, pero ganó al menos, es verdad, un par de batallas en el frente del relato.

A partir del otoño de 2017 quedó constatado que el punto débil de la respuesta gubernamental española al proceso soberanista fue la ausencia de una estrategia de comunicación. Y, en la medida en que el nacionalismo catalán se fue escorando hacia la denuncia de la supuesta falta de libertad y pluralismo del sistema político español, como se plasma en las efectistas campañas «Help Catalonia» o «Free Catalan Political Prisoners», fue ganando cierta fuerza en ámbitos minoritarios pero relevantes de la escena internacional el cuestionamiento de la calidad de la democracia española. Pese a su escaso recorrido, los manifiestos firmados por algunos intelectuales de la izquierda europea y la denuncia de que las autoridades del Estado podrían estar violando los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea resultaban muy molestos para el Gobierno de Rajoy, que no se movía con comodidad en ese tipo de debates. No obstante, la ampliación del foco mediático sobre el conflicto catalán y, a partir de junio de 2018, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, fueron implicando a otros actores sociales y políticos españoles (el resto de partidos, los medios de comunicación, la sociedad civil, académicos, etc.) en el debate internacional, lo que ayudó a mostrar al mundo las complejidades y los claroscuros de la crisis.

Hoy, el conflicto catalán es conocido por toda la opinión pública ilustrada de Europa y el mundo. También se sabe ahora que su posible solución, que no se espera a corto plazo, no vendrá en ningún caso de fuera, sino de la habilidad colectiva de los catalanes y del resto de los españoles para definir la convivencia en una democracia plural como es la nuestra.

Cataluña deshilachada

Procesos de desintegración de una comunidad imaginada

PAU MARÍ-KLOSE

El día que acabo de escribir estas líneas se está celebrando una manifestación multitudinaria en Barcelona para reclamar la liberación de los políticos independentistas encarcelados por orden del juez Pablo Llarena (la Guardia Urbana cifra la asistencia en 300.000 personas, la delegación del Gobierno en 100.000). UGT y Comisiones Obreras han decidido participar, tras semanas convulsas en que se han desatado tensiones exacerbadas dentro de sus organizaciones. En la prensa se habla de deserciones de numerosos militantes, tanto en Cataluña como en el resto de España, descontentos con la situación. De distintas fuentes me llegan testimonios internos que me lo confirman. Una semana antes, en la presentación del libro Empantanados en Zaragoza, convocada por Comisiones Obreras de Aragón, Joan Coscubiela, su autor, reconoce ante decenas de militantes su desazón. «El nacionalismo es como una plantación de eucaliptos que cuando se extiende arrasa el resto de la vegetación del ecosistema e impide que esta vuelva a crecer durante mucho tiempo.» Es el testimonio de un profundo conocedor de la vida política catalana y de la influencia corrosiva del nacionalismo sobre la cohesión social de la clase trabajadora.

Si fijamos el inicio del procés en septiembre de 2012, llevamos ya seis años de agitación política y social. Son años que han abierto grietas en la ciudadanía catalana, en una sociedad que aparentemente había conseguido ir cerrando (o al menos cubriendo) las fisuras que la atraviesan como resultado de complejos procesos de conformación de su población. A lo largo del siglo XX en Cataluña confluyeron diversas corrientes migratorias, que atraen en oleadas sucesivas voluminosos contingentes humanos, procedentes de otras regiones españolas.

La llegada de estos contingentes ha suscitado suspicacias y temores en diferentes momentos. El demógrafo Josep Antoni Vandellós fue uno de los primeros que expresó los peligros que entrañaba la inmigración como elemento de descatalanización e inestabilidad social. Fuertemente influido por las ideas eugenésicas y el clima de turbulencia social que se vivía en Cataluña en el primer tercio de siglo, Vandellós proponía medidas para alentar la natalidad en Cataluña y encauzar los flujos que inevitablemente se iban a producir hacia una comunidad en proceso de industrialización a través de una política urbanística y de dispersión en el territorio, y una política de «inmersión cultural».[1] Los temores al efecto disolvente de la inmigración se expresan de distintos modos en décadas más recientes. Algunos analistas han querido verlos en la obsesión de Jordi Pujol por construir estructuras de poder que aseguren la preeminencia de la cultura catalana. Más evidente es su influencia sobre algunos dirigentes nacionalistas que no han escondido sus ideas xenófobas, como Heribert Barrera.

Sin embargo, la constatación de la pluralidad de la sociedad catalana, y en particular de la clase trabajadora, convenció tradicionalmente a amplias capas de la élite política de la necesidad de dedicar energías y esfuerzos a construir una sociedad cohesionada, donde el origen no fuera un marcador de relevancia que comprometiera oportunidades de bienestar y movilidad ascendente. Cataluña debía ser un sol poble, donde catalanes viejos y nuevos pudieran llegar a identificarse con un mismo ideal nacional integrador. Como tal, utilizando el concepto de Benedict Anderson para referirse a la nación,[2] la Cataluña de un sol poble es una «comunidad imaginada» de individuos y grupos unidos fraternalmente en una construcción ficcionada pero querida, a pesar de las diferencias y desigualdades que atraviesan la sociedad, y las suspicacias y temores más o menos explícitos que subsisten en algunos sectores.

El problema ha sido el ideal nacional con el que distintos grupos han pretendido que se identificaran los «nuevos catalanes» que debían abrazarlo. La idea de un sol poble ha sido blandida por quienes bienintencionadamente querían contribuir a construir una sociedad donde nadie quedara rezagado por no conocer y manejar bien el catalán. Pero también por quienes deseaban construir un proyecto nacional que pudiera culminar en la creación de un Estado propio. Ese proyecto implica que se arrebataría a millones de catalanes la posibilidad de mantener sus vínculos de ciudadanía con el Estado al que siguen sintiéndose conectados por múltiples vías (derechos adscritos y adquiridos, lazos personales, conexiones emocionales, etc.).

CARTOGRAFÍA SOCIAL DE UNA REALIDAD COMPLEJA

El siempre inacabado proyecto de convertirse en un sol poble ha coexistido —como no podía ser de otra manera en una sociedad tan compleja— con una realidad más tozuda, donde han pervivido elementos propios de integración incompleta, dinámicas de segregación residencial, socioeconómica e incluso institucional.

La segregación residencial de poblaciones de diferentes orígenes ha configurado un mosaico complejo donde, a pesar de la hibridación, la distribución de la población de distintos orígenes no es uniforme. Las distintas corrientes migratorias procedentes del resto de España acudieron atraídas por oportunidades en determinados polos económicos, que aún hoy en día concentran la mayor parte de la población de origen foráneo. De resultas, el castellano como lengua materna tiene un peso muy desigual en el territorio. Así, según la Enquesta d’Usos Lingüístics de 2013, el castellano es la lengua inicial del 64,3 por ciento de la población en el ámbito metropolitano, algo más del 50 por ciento en el Penedès o el Camp de Tarragona, pero solo del 15,7 por ciento en Terres de l’Ebre.

La mayoría de los catalanes tienen padres nacidos fuera de Cataluña. Según el sondeo anual del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), en 2017 eran el 67,7 por ciento, de los cuales un 53,6 por ciento tenían padre y madre nacidos fuera, y un 14,1 por ciento tenían uno nacido fuera y otro dentro. La proporción de hijos de padres de origen mixto se ha incrementado muy lentamente. Entre los mayores de 65 años es del 8,9 por ciento. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, del 16,3 por ciento. Han pasado decenas de años y el mestizaje marital sigue siendo inusual, lo que habla bien a las claras de la pervivencia de barreras y restricciones territoriales, sociales y culturales que dificultan la plena integración.

Sobre este mapa de segregaciones por origen y de carácter lingüístico se sobreponen otras líneas de fractura. La más importante es la desigualdad socioeconómica entre la población castellanohablante y la catalanohablante. Como cualquier sociedad contemporánea, la catalana está estratificada en distintas clases sociales, como quiera que las definamos. Los sociólogos suelen utilizar el nivel educativo, el perfil ocupacional o los ingresos como identificadores (incompletos) de clase social. Gracias a ellos pueden construir esquemas de clase más complejos. Desafortunadamente es imposible construir estos esquemas con las herramientas demoscópicas disponibles en Cataluña y, al mismo tiempo, relacionar el estatus socioeconómico con la lengua o el origen de los individuos y sus familias. Las aproximaciones al análisis de estas dimensiones con los datos existentes están sujetas a limitaciones. Pero estas no impiden constatar que los catalanohablantes tienen por término medio un nivel educativo bastante superior a los castellanohablantes, tienden a ocupar posiciones de mayor prestigio profesional y suelen obtener ingresos sensiblemente superiores. Así, por ejemplo, el 49,4 por ciento de los castellanohablantes se autoubican como clase media baja o baja, frente a un 36 por ciento de los catalanohablantes.[3]

Todos los datos disponibles confirman dinámicas de inclusión incompleta comunes en muchos procesos migratorios. Existe una voluminosa literatura académica que se ha dedicado a estudiar estos procesos, constatando en distintos contextos la pervivencia de desventajas durante prolongados periodos (y en algunos casos generaciones), después de que se produjera el movimiento migratorio. Cataluña es, en ese sentido, una sociedad parecida a otras en las que las dinámicas migratorias han desempeñado un papel fundamental en la conformación de su sistema de estratificación. Por ello se observan desventajas específicas a las que está más expuesta la población de origen foráneo y lengua castellana. Me ocuparé de dos de especial relevancia: por una parte los resultados y nivel educativo más bajos, por otra, una suerte de «techo de cristal» para acceder a posiciones de mayor relevancia política.

Por lo que respecta a los resultados educativos, existen bastantes evidencias de que los niños cuya lengua primaria es el castellano tienden a obtener puntuaciones más bajas en las pruebas de competencia que realiza PISA que los niños cuya lengua familiar es el catalán. Por ejemplo, en la última edición de 2015, las puntuaciones medias de los alumnos castellanohablantes fueron aproximadamente 40 puntos inferiores a las de los niños catalanohablantes (37,4 puntos en matemáticas, 37,9 en comprensión lectora, y 42,6 en ciencias). Las diferencias son muy marcadas entre estudiantes con niveles de aprendizaje deficiente. En las distintas competencias, aproximadamente el doble de estudiantes castellanohablantes obtiene puntuaciones situadas por debajo del umbral básico que señala PISA.

Los analistas han sugerido con acierto que las brechas observadas en los resultados de esas pruebas reflejan fundamentalmente factores socioeconómicos. Como los niños castellanohablantes proceden, en términos generales, de familias con más bajo nivel socioeconómico, y las variables socioeconómicas son determinantes clave del rendimiento educativo, es perfectamente previsible que obtengan puntuaciones inferiores a los niños catalanohablantes. Una vez controlado estadísticamente el efecto de esas diferencias socioeconómicas, la brecha de resultados se anula, o al menos se minimiza. Pero eso no significa que no sean reales, y condicionen el progreso educativo de los jóvenes en etapas posobligatorias.

En segundo lugar, existen interesantes evidencias que acreditan las dificultades de acceso de segmentos de la población de origen foráneo o lengua castellana a las posiciones de mayor prestigio social en Cataluña, basadas metodológicamente en el análisis de la distribución de apellidos. Un trabajo pionero es la investigación de Maia Güell, Sevi Rodríguez-Mora y Christopher Telmer sobre la «catalanidad de los apellidos» como herramienta de análisis de movilidad social, que les permite demostrar la creciente influencia del componente étnico (origen familiar catalán medido a través de la catalanidad del apellido) sobre los niveles educativos y de renta a lo largo de las últimas décadas.[4] Finalmente, en relación al «techo de cristal» para acceder a posiciones de mayor relevancia política, hay datos que confirman que los apellidos de los representantes de distintos partidos en el Parlament reflejan de manera asimétrica la pluralidad de la sociedad catalana. Los apellidos más comunes están subrepresentados, sobre todo entre las filas de los partidos catalanistas o soberanistas.[5]

LA FRACTURA DE PREFERENCIAS POLÍTICAS

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la evolución de las actitudes de la ciudadanía hacia la cuestión territorial. Partidos prorreferéndum, intelectuales y académicos nacionalistas, periodistas y portavoces de la sociedad civil soberanista han repetido como un mantra el argumento de que en Cataluña se había producido un vuelco en la opinión pública, que atrajo a las tesis independentistas a antiguos nacionalistas moderados y otros sectores que nunca habían mostrado ningún tipo de inclinación de este tipo. El relato nacionalista evidencia una tendencia a abusar de la idea de que Cataluña se mueve en bloque, al unísono, en respuesta a los mismos estímulos. Es cierto que las orientaciones políticas se movieron, pero en general, los desplazamientos no tienen la magnitud que a veces se presupone, ni su significado se corresponde con el que presentan las tesis independentistas. Lo cierto es que entre las preferencias de distintos segmentos de la población se abre un abismo, que polariza a la sociedad catalana, comprimiendo espacios intermedios. Con todo, la mayoría de los catalanes milita en el mismo bando en que había militando siempre, encapsulados eso sí en grupos cada vez más impermeables.

Las evidencias son palmarias. A lo largo de las últimas tres décadas los partidos nacionalistas (CDC, UDC, ERC, SI, CUP) han cosechado entre el 45 por ciento y el 50 por ciento del voto en las distintas elecciones autonómicas. Esa proporción no cambió durante los años del procés. Tampoco disminuyó significativamente el peso de los partidos de ámbito estatal (salvo ligeramente en el 2012). El procés no parece haber provocado un desplazamiento significativo de las preferencias de votantes no nacionalistas hacia opciones nacionalistas. En las últimas elecciones autonómicas del 2017 los partidos nacionalistas perdieron 1,7 por ciento respecto a las primeras elecciones del procés (49,2 por ciento en 2012, 47,5 por ciento en 2017).

PORCENTAJE DE CATALANES QUE SEÑALAN QUE SU PREFERENCIA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (ENTRE CUATRO OPCIONES) ES SER UN ESTADO INDEPENDIENTE

Fuente: Sondeos del Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2011-2017.

Nota: Se ofrece el porcentaje de personas con padres de distintos orígenes en 2017. Es una cifra que se mantiene bastante constante a lo largo del periodo.

A nivel sociológico tampoco hay ninguna evidencia de que los partidos nacionalistas concitarán de repente apoyos inesperados en segmentos de la población que tradicionalmente no los habían votado. En ese sentido, aunque el número de catalanes con padres nacidos fuera de Cataluña que se declaraban independentistas aumentó ligeramente al inicio, el gran auge independentista se dio entre los catalanes cuyos padres habían nacido ambos en Cataluña, y sobre todo al inicio del procés.

La particular configuración de la sociedad catalana (explorada en la sección anterior) transforma la polarización sobre la cuestión territorial en una polarización social que se expresa geográficamente. En términos de apoyo a los partidos nacionalistas y el independentismo, Cataluña aparece de forma patente dividida entre la realidad de las comarcas rurales de Lleida, Girona y Tarragona, donde el soberanismo es claramente hegemónico, y la franja costera que une a Barcelona con Tarragona, donde la realidad es compleja, y refleja fundamentalmente la segregación social y residencial de poblaciones de distinta procedencia. Por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, que congrega barrios con una elevada concentración de población procedente originariamente de otras zonas de España, se advierte una fuerte correlación entre el apoyo a las fuerzas independentistas (o de movilización independentista en la consulta de noviembre del 2014) y el nivel de renta. Desde el inicio del procés en las localidades y barrios más desfavorecidos, la población opta sin duda por fuerzas no nacionalistas, mientras que en los barrios de clase media y más acomodados el apoyo al independentismo es sustancialmente más alto. La dinámica de polarización culmina en las elecciones de diciembre de 2017, con un claro triunfo de Ciutadans en los municipios y distritos de la ciudad de Barcelona con nivel de renta más bajos.

La expresión geográfica de esta polarización social y política toma cuerpo definitivamente en el relato de los partidarios del reconocimiento de Tabarnia. Este movimiento se afianza a finales del 2017 e inicios del 2018 como una respuesta (muchos dirían estrictamente satírica) a la defensa nacionalista del derecho de autodeterminación para un demos catalán único, en el que a juicio del soberanismo se debería sustanciar la idea de un sol poble que invoca transversalmente buena parte de la élite política catalana desde inicios de la Transición.

RELACIÓN ENTRE LA RENTA FAMILIAR Y EL VOTO SOBERANISTA EN MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CiU+ERC+CUP+SI)

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/RFD%202012_bcn_cat.pdf). Elaboración de Pau Marí-Klose.

RELACIÓN ENTRE EL VOTO SÍ-SÍ EN LA CONSULTA DEL 2014 Y LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (MUNICIPIOS)

Nota: El voto SÍ-SÍ se refiere al apoyo a la idea de que Cataluña se convierta en un Estado y que este pueda ser independiente.

Fuente: El Periódico de Cataluña (http://www.elperiodico.com/es/graficos/politica/9n-datos-participacion-7210/) y Ayuntamiento de Barcelona (http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/RFD%202012_bcn_cat.pdf/).

LA ACTIVACIÓN DE LA RUPTURA: LOS DISCURSOS DE TENSIONAMIENTO

Durante los primeros años del procés, la movilización política y social fue protagonizada de manera abrumadora por los actores políticos y sociales independentistas. La respuesta a las pretensiones nacionalistas fue en esas primeras etapas, y salvo algunas excepciones, tibia, cuando no hasta cómplice. La renuncia del Gobierno del PP a llevar la iniciativa política, estableciendo de algún modo los marcos del debate o de confrontación sobre la cuestión territorial, fue acompañada inicialmente por una cierta pasividad de la sociedad civil. Medios de comunicación, personas de relevancia pública y buena parte de entidades que en los últimos tiempos han adoptado una postura claramente beligerante frente al nacionalismo, evitaron durante mucho tiempo pronunciarse sobre el tema, o incluso mostraron cierto grado de comprensión hacia los agravios que planteaban los nacionalistas. Son años duros, en que arrecia la crisis, y muchas certidumbres se tambalean. Son muchos los analistas que reconocen al independentismo de ese momento la capacidad de ofrecer un discurso «ilusionante», de apelar a capacidades colectivas que parecían abatidas, de ofrecer horizontes de futuro que permiten concebir esperanzas de que de la crisis se sale.

En las primeras fases del procés el soberanismo se empleó a fondo para construir un relato. Lo hizo fundamentalmente en dos planos. En el mediático aprovechó a conciencia las oportunidades que ofrecía el Espacio Catalán de Comunicación. Se trata de un campo amplio donde el nacionalismo contaba con una presencia importante de profesionales ideológicamente afines (periodistas, técnicos de comunicación, tertulianos y actores) y había alentado la creación y desarrollo de medios a través de la financiación de empresas públicas (la Corporación Catalana de Medios) y privadas (mediante subvenciones directas e indirectas). Es el plano que ha recibido tradicionalmente más atención por los analistas del procés.[6]

Pero el relato se incubó muchas veces lejos de los focos, en otro plano. El afianzamiento de la hegemonía epistémica inicial del nacionalismo en los primeros años del procés se gesta en informes firmados por académicos de prestigio, en trabajos publicados en revistas científicas de derecho, historia o ciencias sociales, en seminarios y jornadas convocados por universidades catalanas, del resto del Estado, e incluso en algunas de las universidades internacionales más conocidas del mundo como Harvard o la London School of Economics. Mientras la comunidad epistémica soberanista contaba con una maquinaria muy bien engrasada, no pasaba lo mismo entre aquellos que se oponían al soberanismo, que intervenían en el debate de manera intermitente y a título personal, enfrentándose a corrientes dominantes en sus respectivos departamentos y universidades.

El resultado fue la articulación de un discurso robusto y vibrante, que disfrutó de una larga luna de miel en buena parte de los medios de comunicación y estableció durante bastante tiempo los encuadres (frames) que enmarcaban el debate y fijaban reglas implícitas sobre cómo conversar acerca de la cuestión territorial. Buena parte del discurso se articuló con una impostada formulación positiva, optimista, con vocación dialogante, que deliberadamente se perseguía contraponer al discurso monocorde, gris y legalista de las élites del Estado central. Pero en el debate emergen también una serie de elementos argumentales que ponen el dedo en llagas mal cerradas de la sociedad catalana, realzando criterios de diferenciación, o invitando incluso de forma explícita a reconocer principios de superioridad y jerarquía. Cinco narrativas destacan en este sentido: el principio de unanimidad, el victimismo, el supremacismo, la división entre buenos y malos catalanes y el llamamiento a la confrontación. Forman un cóctel explosivo en una sociedad con costuras nunca acabadas de cerrar.

El principio de unanimidad: la causa de los catalanes

Los nacionalistas operaron desde el inicio de la Transición bajo la premisa de que la suya era la causa de los «catalanes». El gran promotor de los discursos de identificación de la causa nacionalista y la causa catalana a lo largo de dos décadas fue Jordi Pujol. Llegó a llevar este recurso narrativo hasta el punto de confundir la causa catalana con la defensa de su persona, acosada por la Fiscalía en el caso Banca Catalana. La idea de que las reivindicaciones nacionalistas eran las reivindicaciones catalanas impregnó también rápidamente la construcción del discurso procesista. En sus formulaciones historicistas, Cataluña, como realidad reificada, se había enfrentado secularmente a un poder central que no ha sido capaz de entender y encontrar encaje para las pulsiones de una sociedad a la vista diferente al resto de España. En el marco de este discurso, se sostiene que el empeño estatal en construir una España «vertical» y unitarista choca con los ideales y proyectos de «los catalanes». En la versión que han puesto en circulación sociólogos y politólogos nacionalistas, «los catalanes» han sido presentados como una minoría en búsqueda de reconocimiento y garantías en un marco estatal donde las mayorías han tendido a imponerles criterios contrarios a sus intereses.

Por otra parte, la reificación de «los catalanes» como sujeto con voluntad perfilada como pueblo, diferenciada de la de otros españoles, es un artificio generalmente fundamentado de manera muy defectuosa. Buena parte de los catalanes se han sentido concernidos en numerosas ocasiones por los mismos temas que otros españoles, ya fuera como parte de mayorías transversales o como miembros de un segmento de la población española (definidos por clase, edad, género, orientación sexual, etc.). Los catalanes expresan preocupaciones muy parecidas al resto de los españoles sobre cuestiones sociales, y se han movilizado masivamente por las mismas causas (contra el golpe del 23-F, contra ETA, contra la guerra de Irak, en apoyo a las reivindicaciones del 15-M, o, recientemente, en la huelga feminista del 8 de marzo). En torno al 35-40 por ciento han votado a fuerzas políticas de ámbito estatal en las elecciones autonómicas (cerca del 50 por ciento si contamos a ICV-EUiA-Comunes, que han formado grupo parlamentario con un partido hermano en España), y habitualmente más del 50 por ciento en las elecciones generales. El principio de unanimidad puede llegar a extremos ridículos.

Algunos de los eslóganes reivindicativos más comunes ofrecen buena muestra de esa tendencia a confundir la causa nacionalista con la causa de «los catalanes». Los nacionalistas que los esgrimen pretenden abanderar una causa general, de carácter nacional, para la que no existen cortapisas legítimas. La convicción de que se está abanderando una causa general se expresa claramente en relación con el espacio público. «El carrer serà sempre nostre» es quizá el eslogan más conocido que reclama la preeminencia de la causa nacionalista. En réplicas posteriores, desde otras instancias, se ha proclamado que «TV3 serà sempre nostra», «l’escola catalana serà sempre nostra», o más recientemente, «Sant Jordi serà sempre nostre». Instituciones y ritos comunes son, por tanto, patrimonio de los catalanes que defienden la causa independentista.

La construcción de este discurso se acompaña de la ocupación del espacio público. Desde los inicios del procés, los militantes han inundado el espacio público de simbología independentista. Pintadas, carteles, estelades, lazos amarillos, cruces por los presos, colonizan espacios neutrales (edificios de la Administración, iglesias, vías públicas, y hasta las cumbres de colinas y montañas) para recordar la incontestable preeminencia social del nacionalismo. Los símbolos se convierten en marcadores del territorio, hitos que señalan quién es el propietario.

El principio de unanimidad se expresa finalmente en la valoración de los resultados de las elecciones de septiembre de 2015 y la declaración unilateral de independencia. A pesar de que el referéndum del 1-O refrenda una vez más la división de la sociedad catalana y lleva a las urnas a menos de la mitad de la población catalana (incluso atendiendo a las cifras inverosímiles que ofrece la Generalitat), la lectura de los dirigentes independentistas es que el resultado debe considerarse un mandato del pueblo de Cataluña a favor de la independencia. Por ello, el día 27 de octubre, con casi la mitad de los diputados fuera del hemiciclo, los diputados nacionalistas pueden permitirse ratificar lo siguiente: «Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, constituimos la República Catalana como un estado independiente y soberano».

Victimismo

Una segunda línea argumental, íntimamente ligada a la anterior, abunda en el victimismo. En este caso ya no solo se predica que los catalanes comparten una causa general, sino que además son objeto de un abanico amplio de desconsideraciones, afrentas, ultrajes e incluso acciones violentas. El énfasis se pone en todo tipo de «injusticias». Se pretende que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010, estas colmaron el vaso.

La historia de España es una historia convulsa, en la que posiblemente muchas veces el sentimiento de buena parte de la población catalana se ha alineado con el bando derrotado, sin que con ello pueda inferirse que hayan sido objeto de un maltrato sistemático por su condición de catalanes. El procés, por ejemplo, no es ajeno a la conmemoración del tricentenario de la caída de Barcelona en 1714.[7] Ya en el 2007 en un libro titulado 2014, Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente del Gobierno tripartito, propuso aprovechar el potencial movilizador de esta fecha para optar a la independencia. Aunque su propuesta fue acogida en su momento con poco fervor, el secesionismo terminó el tricentenario usándolo como telón de fondo legitimador de la reivindicación a favor de un Estado propio, presuntamente perdido en 1714. «Ara, la història ens convoca», rezaba con escaso disimulo el anuncio institucional de la conmemoración.

Más allá de la guerra de Sucesión, la retórica de España contra Cataluña aparece obsesivamente. En el plano historiográfico, la lectura del pasado para realzar agravios es constante. Los gobiernos españoles son presentados como enemigos de Cataluña, o simplemente «invasores». Cataluña ha sido descrita como una colonia por distintos líderes y agitadores independentistas, y las redes se hacen eco y actúan de caja de resonancia. Repasando Twitter, es sumamente sencillo encontrar miles de referencias a Cataluña como colonia o a España como metrópoli o poder imperial. La tesis cobra brío con motivo de la celebración del simposio «Espanya contra Catalunya» en diciembre de 2013, organizado por el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, dependiente del Departament de Presidència.

Uno de los ejercicios recurrentes es reinterpretar la Guerra Civil como una guerra de España contra Cataluña, y el franquismo como un régimen que oprimió y castigó, por encima de todo, a los catalanes. Conectado con el argumento anterior, aparece la idea de que la migración ha sido un factor de desnacionalización, una de las cuestiones también abordadas en el citado simposio. Quien ha verbalizado más claramente este agravio fue la actriz (y candidata de JxSí a las elecciones del 2015) Montserrat Carulla. En unas polémicas declaraciones cuando subió al escenario para recibir el Premio Gaudí d’Honor 2013, Carulla afirmó, sin invocar ningún tipo de evidencia, que Franco «nos envió a mucha gente, cargó trenes con gente para intentar diluirnos. Porque él quería a Cataluña, amaba a Cataluña, pero quería una Cataluña castellana». La suya no fue una declaración aislada. Distintos agitadores independentistas (como los periodistas Jordi Graupera, Bernat Dedéu o Pilar Carracelas) han repetido la tesis sin aportar la más mínima evidencia.

Pero quizá la línea argumental victimista de mayor calado político haya sido la denuncia del maltrato económico, concretado en una insuficiente financiación de los servicios públicos y un sistemático déficit fiscal. No insisto en ello porque la cuestión se desarrolla en profundidad en otro capítulo de este libro. No obstante, ahondando en la brecha interna, ha sido frecuente escuchar a diversos dirigentes y agitadores independentistas invocar estereotipos sobre distintas zonas del Estado, aludiendo a supuestas ventajas que disfrutan allí los ciudadanos —a costa de una supuesta penuria de los servicios públicos en Cataluña— y a los costes de oportunidad que representa quedarse en España. En este juego perverso, Andalucía y Extremadura se convierten en las presas favoritas de la España subsidiada por la Cataluña productiva.

Supremacismo

Los memes son unidades culturales de información mínima que aparecen recurrentemente de manera identificable y plenamente reconocida. Un tema muy habitual en ellos en Cataluña durante los años del procés ha sido la de explicitar un desprecio por lo español, desinhibido y procaz, no pocas veces acompañado de descalificaciones e insultos. Muchas veces aparecen en contextos humorísticos, en forma de gestos de escarnio y provocación que invitan a la carcajada dentro de un grupo que comparte (al menos parcialmente) el fondo del mensaje. Humoristas y bufones como Pepe Rubianes, Albert Pla, Toni Albà o Toni Soler, han aprovechado su papel para prodigar este tipo de intervenciones —emulando figuras que en otros contextos también se han permitido la licencia populista desde el humor, como Beppe Grillo—.

Un ejemplo notorio, que alcanzó gran eco en medios y redes, fueron las declaraciones del actor Pepe Rubianes en una entrevista para un programa de tarde de TV3: «A mí, la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás, que se metan a España en el puto culo, a ver si les explota dentro y les quedan los huevos colgando del campanario; que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país...». Varias versiones del vídeo están colgadas en YouTube. Conjuntamente tienen más de medio millón de visualizaciones.

El éxito de este tipo de intervenciones es que no dejan a nadie indiferente. Consiguen dividir a los espectadores en dos segmentos: los que las consideran admisibles (amparadas en la libertad de expresión, en el margen que debe concederse a la trasgresión dentro del humor, etc.) y los que se sienten ofendidos. La reacción de estos últimos (que en el caso de Rubianes dio pie a una querella por ultraje a España, finalmente archivada) se convierte en un dispositivo de resonancia que amplifica el efecto del mensaje.

Este tipo de memes también pueden servir para deslizar estereotipos y prejuicios sobre lo español. En tertulias e internet aparecen verdaderos especialistas en el escarnio y la descalificación ofensiva hacia lo español: Salvador Sostres (en su etapa nacionalista, interrumpida por su fichaje por medios estatales), Enric Vila, Mark Serra, o el propio Joaquim Torra, antes de acceder a la presidencia de la Generalitat. Otros se suman al festival. Joan Oliver, exdirector de TV3 afirmó en la tertulia del programa radiofónico El Món a RAC1, «los españoles son españoles y son chorizos por el hecho de ser españoles». En este sentido, la españolización corrompe a Cataluña, como sugirió el sociólogo Salvador Cardús en Twitter: «la corrupción en Cataluña es consecuencia de su españolización en las últimas décadas». Aunque se trata de expresiones que aparecen puntualmente, conectan con insinuaciones menos explícitas sobre lo español, que aparecen de manera más continua en la producción audiovisual catalana. Conecta también con corrientes de fondo, que se expresan con mucha contundencia en las redes sociales y en la calle.

El desprecio de lo español enlaza muchas veces con una puesta en valor de lo catalán. El norte de Europa es el espejo de Cataluña. En una entrevista de Pilar Rahola a Artur Mas en La Vanguardia, el president se refiere a la existencia de un ADN cultural carolingio en Cataluña, derivado de su pertenencia a la Marca Hispánica en el siglo IX, «un cordón umbilical que nos hace más germánicos y menos romanos».[8] Desde este punto de vista, Cataluña no sería la tierra de mestizaje en que la inmensa mayoría de la población ha nacido en otra comunidad autónoma o tiene antepasados y parientes nacidos fuera, o donde el castellano es la lengua más hablada. Cataluña tendría raíces milenarias que conforman una personalidad propia, un Geist genuino e irreductible.

La versión más esperpéntica de la puesta en valor de la cultura catalana es la labor del Institut de Nova Història (INH). Gracias a su trabajo «sabemos» que Colón, Cervantes, Teresa de Jesús o Miguel Servet eran catalanes, y que la Celestina o el Lazarillo de Tormes fueron escritos originalmente en catalán, luego traducidos y sus originales destruidos. Es cierto que sus «hallazgos» no abren los telediarios de TV3, pero en el 2013, ERC galardonó al INH con el Premi Nacional Lluís Companys, y son muchos los políticos e intelectuales que se han referido en reiteradas ocasiones a sus tesis.

Con más o menos cautela, economistas de prestigio internacional agrupados en torno al Col·lectiu Wilson dan pábulo a la idea de que, con la independencia, Cataluña tiene ante sí una gran oportunidad de dar un salto económico hacia adelante. En distintos textos, la independencia es presentada como una oportunidad de desprenderse de estructuras institucionales y económicas ineficientes, y de establecer nuevas reglas de juego que permitirían que Cataluña se convirtiera en un país más atractivo para la creación de riqueza y su disfrute. Aunque nunca se analizan las razones para pensar que los gobernantes y la sociedad catalana se dotarían de estructuras más eficientes y equitativas, sí señalan que Cataluña tiene preferencias e intereses diferentes a los de los españoles que saldrían beneficiados en caso de poder promoverse en el marco de un Estado propio.

Ese salto adelante que contemplan los economistas del Col·lectiu Wilson deja de ser una simple posibilidad en boca de muchos políticos y agitadores nacionalistas. Estos no muestran ninguna inhibición a la hora de situar una Cataluña independiente en el Olimpo de las potencias económicas de pequeño tamaño en Europa, junto a Dinamarca o Holanda, en el caso de seguir en la Unión europea, o Noruega o Suiza si no fuera admitida.

La división entre buenos y malos catalanes

La rivalidad y el pluralismo competitivo son inherentes a la sociedad democrática. En Cataluña, la competición ideológica y partidista se ha movido durante buena parte de la etapa democrática en el marco de un enfrentamiento entre adversarios que compartían el objetivo común de no poner en peligro la convivencia entre ciudadanos. Sin embargo, la inclinación a dividir catalanes entre buenos y malos lleva incubándose en la sociedad catalana desde hace décadas. Estuvo presente en diversas ocasiones en el discurso de Pujol, especialmente cuando se sintió acosado por la Fiscalía a raíz del proceso contra Banca Catalana.

El procés incorpora al primer plano del escenario político nuevos actores dispuestos a negar sistemáticamente a otros la condición de simple adversario. En las declaraciones de políticos nacionalistas aparece la noción de enemigo para referirse a los líderes de otros partidos que representan a cientos de miles de catalanes. El PP y Ciudadanos se convierten pronto en el blanco de duros ataques retóricos, en que en mayor o menor grado participan los principales dirigentes del independentismo. En pocos años, el PP ha pasado de ser socio de gobierno de Artur Mas durante su primeros dos años de legislatura a ser acusado de coartar la libertad de los catalanes y reprimir su deseo legítimo a decidir. De Ciudadanos, el dirigente de CDC Francesc Homs ha llegado a decir en sede parlamentaria que su objetivo político es la liquidación de Cataluña y «además desde una visión imperial». Su máxima dirigente en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido invitada a retornar a Cádiz (su lugar de nacimiento) por Núria de Gispert, expresidenta del Parlament. Posteriormente, los ataques se han extendido al PSC, tachado de colaboracionista y carcelero, fundamentalmente tras la aplicación del 155.

Esta retórica representa un auténtico salto cualitativo que tritura las bases de un entendimiento mínimo y dificulta cualquier tipo de diálogo. El acoso e intimidación de algunos partidos se ha trasladado a la calle. En más de un centenar de ocasiones las sedes de los partidos políticos opuestos al procés (PP, Ciudadanos y PSC) han amanecido con pintadas y cristales rotos. También han sido objeto de estos actos vandálicos medios como Crónica Global. En torno al 1 de octubre la situación alcanzó cotas insólitas de tensión, al extenderse los escraches a miembros de las fuerzas de seguridad en distintas localidades donde había contingentes alojados. Tras la aplicación del 155, un reportaje de El Mundo exponía, con base en numerosos testimonios, que «los representantes de Ciudadanos, el PSC y el PP han visto cómo su día a día, su vida privada, se ha visto alterada o condicionada por el incremento de la presión de los partidarios del independentismo. No solo son los ataques en los plenos municipales, son los insultos, amenazas verbales y en las redes sociales, pintadas o ataques a sedes y vehículos».[9] Un indicador del tensionamiento social —inevitablemente imperfecto— es el incremento de las denuncias por delitos de odio y discriminación por orientación política en Cataluña. En el 2017 se pasó de 72 a 152 casos. De ellos, 89 ocurrieron después de la consulta del 1-O.

El llamamiento a la confrontación

Otra de las retóricas que refuerza el procés en el discurso del nacionalismo catalán son los llamamientos a la confrontación con el poder central. Muchos de estos llamamientos no son nuevos. Si bien la idea de que para conseguir la independencia es necesario trabajar de manera decidida y constante —integrando acción parlamentaria y «lucha» fuera de las instituciones— está presente en los planteamientos independentistas a lo largo de las últimas décadas, los años del procés han intensificado esta convicción y la han extendido entre sectores que hasta entonces habían apostado por vías incrementalistas y discretas de construcción del proyecto nacional. «La independència no es demana, es pren», es uno de los lemas que resumen ese nuevo espíritu.

Esta nueva forma de encarar el objetivo de la independencia se ha asociado a menudo a un relato sobre la «presión de la calle». Desde este punto de vista, los líderes independentistas se ponen al frente de un movimiento que amenaza con desbordarlos. Ese movimiento se habría gestado de manera autónoma en el tejido popular involucrado en la celebración de consultas populares por la independencia en toda Cataluña a partir del 2008, cobrando una vida propia que los políticos nunca han estado en condiciones de controlar. Lo resume gráficamente Jordi Graupera —una de las figuras no estrictamente encuadradas en ningún partido político— que en los años del procés se convierte en autoproclamado intérprete de la voluntad de ese magma popular: «Creo que hay un grupo de pedecátors [por PDeCAT] que no han entendido aún que si no hacen el referéndum y lo aplican, la ola les pasará por encima».[10]

En un contexto en que la presión la pone supuestamente la calle, ciertas estrategias descartadas por principio en el juego convencional que se desarrolla dentro de las instituciones, empiezan a concebirse como perfectamente legítimas. En este sentido, uno de los conceptos más invocados durante estos años es el de «desobediencia». La ausencia de «verdadera democracia» —la que, desde el punto de vista nacionalista, reconocería el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político en un referéndum— legitima el derecho a desobedecer.

El procés se alimenta en buena medida de esa confianza en la eficacia simbólica y material de la desobediencia. Eficacia simbólica porque enmarcar el procés como un ejercicio de desobediencia frente a un poder ilegítimo tiene el potencial de conectarlo con grandes causas históricas justas —el gesto de Rosa Parks contra la discriminación racial, la rebeldía de Gandhi contra el poder colonial, la lucha de Mandela contra el Apartheid— y, al mismo tiempo, sintoniza con el lenguaje y los referentes de sectores no necesariamente independentistas movilizados desde el 2008 contra los efectos de la crisis económica y de representación que se están viviendo. Eficacia material porque esa desobediencia debería convertirse en un catalizador que desencadenara procesos y oportunidades propicios a la causa independentista, como resultado de la reacción del Estado, abriendo resquicios para ampliar la base del apoyo interno y la proyección externa —al poner en evidencia la naturaleza represiva y refractaria al diálogo del Gobierno central—. En esta segunda vertiente, la desobediencia se concibe como una herramienta para provocar nuevas condiciones sociopolíticas, y fundamentar eventualmente un derecho a la secesión remedial o correctiva, contemplada por algunos juristas y teóricos políticos como una de las vías legítimas para alcanzar la independencia de pueblos que sufren violencia y represión, y cuya situación es difícilmente reversible.

En un primer momento, Artur Mas plantea el juego con el Estado central en relación con el procés como un ejercicio de astucia, donde se puede avanzar paso a paso sorteando obstáculos y eludiendo sanciones. En un segundo momento, ya liderado por Puigdemont, se opta por una estrategia de provocación no disimulada, que asume la posibilidad de sanción (aunque se vaya a alegar sistemáticamente la desproporción de la «represión»). Así, por ejemplo, en abril de 2017, Puigdemont se fotografía desafiante con los requerimientos del Tribunal Constitucional en los que se advierte al president de las consecuencias de la convocatoria de un referéndum. Hay razones fundadas para creer que la propia convocatoria era una estrategia que perseguía provocar una reacción desmedida del Estado y que así pudieran tomarse miles de fotos de policías aporreando a ciudadanos.[11]

En esta última fase, el independentismo se muestra aparentemente indiferente a los obstáculos y amenazas que se interponen en su camino. A pesar de conocer la prohibición de celebrar el referéndum, el conseller Forn declara que los mossos deben garantizar que los catalanes puedan votar y anuncia, a una semana del referéndum, que no acepta la tutela de la policía catalana por el Ministerio del Interior, tal como exige la Fiscalía. Tras el referéndum, los llamamientos a «marxar», «tirar pel dret», «fer República» son constantes. «Gas i República» proclama una Marta Rovira ufana en las redes.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium son los grandes promotores de los objetivos del soberanismo a través la acción pacífica en la calle. Pero su estrategia también ha contemplado la confrontación. Con independencia de la tipificación penal que creamos que merezcan, los autos del juez Pablo Llarena describen con profusión que ANC y Òmnium han hecho llamamientos reiterados a «resistir» frente a la labor policial. En distintas ocasiones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han arengado a sus seguidores instándoles explícitamente a defender las instituciones catalanas y resistir la acción del Gobierno, el Tribunal Constitucional y las fuerzas de seguridad. Se confía en que la movilización masiva contra las acciones de instituciones e instancias del Estado inhabilite su posibilidad de actuar y allane la vía del referéndum y la «libertad de Cataluña».

Los principales generadores de opinión pública del independentismo también han optado por una escalada progresiva de la retórica de confrontación. Entre sus principales valedores están algunos intelectuales de la a veces denominada alt-right catalana (Graupera, Dedéu, Vila), que reclaman determinación a las élites políticas para llevar la resistencia frente al Estado a sus últimas consecuencias. El objetivo es llevar la situación a un punto de no retorno, cueste lo que cueste. Como ya sugería Enric Vila en 2015, «deberíamos convertir Cataluña en un Vietnam para los españoles».[12] En los momentos más tensos de octubre de 2017 exigieron al Govern que no titubeara e hiciera efectiva la declaración unilateral de independencia. Próximos a ellos, escritores y académicos se pronunciaron en la misma dirección. Ya con el Govern intervenido, Xavier Sala i Martín declaró en una entrevista para un medio digital: «Tú consigues la independencia a hostias y en 15 días estás en la ONU y todo el mundo lo acepta».[13]

EFECTOS BOOMERANG

Durante buena parte del procés, la actitud de la mayoría de quienes se oponían a los objetivos nacionalistas ha sido estoica y silente. Aunque, como hemos visto, el voto y las encuestas acreditaban la existencia de un bloque no independentista al menos tan numeroso como el independentista, hasta finales del 2017 la expresión pública de esas preferencias ha sido modesta y limitada. Las grandes movilizaciones independentistas contrastaban con actos mucho menos multitudinarios de entidades constitucionalistas o federalistas. La evidencia de distintos sondeos sugiere que en algunos segmentos de la ciudadanía, con poco interés por la política y bajo sentimiento de eficacia política, el procés se vivía como un fenómeno poco relevante en el día a día, que discurría en un plano de la realidad en el que nunca se habían metido ni tenían intención de hacerlo.

Otros segmentos de la ciudadanía parecían atrapados en una suerte de espiral del silencio. Con este concepto, la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann se refería a las situaciones sociales en las que muchos ciudadanos adaptan la expresión de sus opiniones y su comportamiento a las actitudes predominantes sobre aquello que es y no es aceptable decir y defender. La tendencia de la espiral es a enmudecer a quienes tienen posiciones diferentes a las de la mayoría o al grupo que es percibido como mayoritario. En ese sentido, aunque los nacionalistas nunca han constituido una mayoría social clara en Cataluña sí que lo han sido en determinados entornos (en la universidad, la Administración pública, los medios de comunicación, ciertas comarcas rurales, etc.), donde su militancia y asertividad puede haber contribuido a cohibir la expresión de actitudes contrarias ante el temor de los «disidentes» a ser censurados o quedar asilados.

Diversas evidencias sugieren que la distancia entre las dos comunidades ha crecido durante los años del procés. Así se refleja por ejemplo en las pautas de consumo de televisión. Los datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) permiten conocer, por ejemplo, cómo se informan los catalanes. Desde los inicios del procés, los informativos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3, Canal 33 y Canal 3/24, entre otros) son preferidos por la inmensa mayoría de catalanes cuya lengua materna es el catalán (en torno al 80 por ciento eligen estos medios). Entre aquellos para los que su primera lengua fue el castellano, el porcentaje se ha situado generalmente muy por debajo. A lo largo del periodo 2012-2017 la distancia entre televidentes de distintos orígenes sube 12,5 puntos.

CONSUMO PREFERENTE DE INFORMATIVOS DE LA CORPORACIÓN CATALANA DE MEDIOS (TV3, CANAL 33 O CANAL 3/24), SEGÚN LA PRIMERA LENGUA UTILIZADA EN CASA, DE PEQUEÑO

Fuente: Barómetros de Opinión del Centre d’Estudis d’Opinió, 3.ª ola.

La brecha abierta se refleja también en la erosión de la confianza de la comunidad de origen foráneo en instituciones catalanas, especialmente el Govern de la Generalitat. En una escala de 0 a 10, por ejemplo, el porcentaje de personas cuyos padres habían nacido fuera de Cataluña que suspendieron a la Generalitat (le dieron menos de un 5) pasó del 32 por ciento en el 2011 al 48 por ciento en el 2017 (con un 20,4 por ciento que le dieron un 0, en contraste con un 8 por ciento en el 2011).[14]

Algunos datos de los sondeos que ha realizado periódicamente el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) corroboran la idea de que el procés ha dañado la convivencia. Así lo cree el 58,4 por ciento de los catalanes preguntados en octubre de 2017, el 83,4 por ciento de los que tenían sentimiento independentista y el 31,4 por ciento de los que no lo tenían. En este sondeo se evidencia que el 40,6 por ciento de los catalanes había dejado de hablar de política con algún amigo o familiar (un 47,8 por ciento sin sentimiento independentista y un 33,6 por ciento con). Un 12,3 por ciento declaran incluso que han abandonado un grupo de WhatsApp por ese motivo (15,9 por ciento de no independentistas, 8,4 por ciento de independentistas).

En este sondeo de octubre de 2017, un 34,6 por ciento de catalanes dicen no poder hablar con comodidad del asunto. El porcentaje se ha incrementado paulatinamente desde que GESOP formulara por primera vez la pregunta en diciembre de 2013, y arrojara entonces una cifra del 19,9 por ciento. El porcentaje se dispara 10 puntos durante la legislatura de Puigdemont. En octubre de 2017, por vez primera, el porcentaje de no independentistas que dice que se siente incómodo expresando sus ideas supera al de los que se sienten cómodos (49,8 por ciento por 48,3 por ciento, con un 1,9 por ciento que no contesta a la pregunta).

Sin embargo, a la luz de los episodios de octubre y los resultados electorales del 21-D es difícil quedarse con la idea de que la comunidad no independentista se ha limitado mayormente a testimoniar de forma pasiva la deriva de los acontecimientos, aceptando con resignación lo que pudiera pasar. Enfrentada a una suerte de «dilema de la seguridad», en que se siente amenazada por las acciones del grupo que persigue la independencia, parte de la comunidad no independentista ha vencido reticencias a la movilización y superado problemas de autoorganización, incrementando su grado de participación política, tanto en la calle (en masivas movilizaciones «constitucionalistas») como en las urnas (contribuyendo a incrementar de forma notable la participación en las elecciones de diciembre de 2017).

Los datos sobre la evolución de actitudes de la población de origen foráneo en relación con el sentido de su voto en un hipotético referéndum de autodeterminación nos dan una pista. Mientras antes de iniciarse el procés (2011) el porcentaje de los que decían que votarían en contra de la independencia era inferior a los que decían que se abstendrían (el 29,4 por ciento votaría en contra, un 33 por ciento se abstendría), a finales del 2017, la proporción de los que votarían en contra es claramente superior (el 51,8 por ciento votaría en contra, un 15,6 por ciento se abstendría). Desde el 2014 en adelante se activan predisposiciones latentes de una población que se había sentido hasta cierto punto indiferente al curso de los acontecimientos.

PORCENTAJE DE CATALANES QUE VOTARÍAN CONTRA LA INDEPENDENCIA EN UN REFERÉNDUM

Fuente: Encuestas ICPS. En 2015 no se formuló la pregunta (se enlaza la línea). Elaboración de Pau Marí-Klose.

Nota: El porcentaje se completa hasta llegar al 100 por ciento con los que votarían a favor, se abstendrían, votarían blanco o nulo, o no saben.

Todo ello ha venido acompañado, según algunos estudios experimentales, de un reforzamiento de la cohesión interna entre la población castellanohablante en un escenario de creciente movilización.[15] La intensificación del conflicto a partir de la segunda mitad del 2017 sugiere que los efectos podrían haberse reforzado. Lo resumía en un tuit el diputado socialista José Zaragoza: «Todos tenemos identidad, sentimientos y dignidad. Durante cinco años la mitad de catalanes independentistas se ha comportado como si la otra mitad no tuviera ni identidad, ni sentimientos ni dignidad, como si no existiéramos, y por eso a día de hoy estamos divididos y enfrentados».

Divididos se viven los episodios de septiembre y octubre de 2017. Por ejemplo, según datos de l’Enquesta sobre Context Polític del CEO, el referéndum del 1 de octubre es vivido con mucha ilusión (responden 8-10, en una escala donde 10 es máxima ilusión) por el 49 por ciento de la población cuya lengua hablada en casa era el catalán. Apenas despierta esta ilusión en un 14,3 por ciento de la ciudadanía castellanohablante. Por lo que respecta a la proclamación unilateral de independencia, provoca mucha ilusión en el 45 por ciento de la población catalanohablante. Solo es vista con este nivel de ilusión por el 10,8 por ciento de la población castellanohablante. Sin embargo es vivida con rabia por el 31 por ciento de la población castellanohablante (y el 13,5 por ciento de la catalanohablante). En cambio, la aplicación del 155 suscita rabia en el 68,5 por ciento de los catalanohablantes, y el 31 por ciento de los castellanohablantes.

El resultado de esa división es un extraordinario grado de «tribalismo» en el apoyo a distintos partidos políticos. Como ha señalado Oriol Bartomeus con datos del CEO, a lo largo del procés los catalanes han tendido a homogeneizar su voto en función de su adscripción etnolingüística.[16] Si en el 2010 casi el 22 por ciento de los que tienen el catalán como su lengua habitual votaron a una candidatura no nacionalista, en el 2017 fueron menos del 10 por ciento. En el otro extremo, en el 2010 un tercio de los que tienen el castellano como su lengua habitual votó por un partido nacionalista; en las elecciones de diciembre de 2017 fue menos de la mitad (15 por ciento).

Se trata de cifras extraordinariamente altas, que equivalen (o incluso superan) en términos de tribalismo político a las que pueden encontrarse en realidades con conflictos muy enquistados. Así, por ejemplo, según una encuesta de la Electoral Reform Society realizada a cuatro mil ciudadanos en Irlanda del Norte a inicios del 2017, alrededor del 75 por ciento de los protestantes y el 67 por ciento de los católicos votan a partidos con adscripción tribal (religioso-territorial). Otra encuesta de IPSOS Mori, del 2016, constataba que un 43 por ciento de católicos eran partidarios de unirse a la República de Irlanda (un 37 por ciento eran contrarios), frente a un 5 por ciento de los protestantes.[17]

Nos hallamos, pues, ante un escenario catalán en que «la leche ha sido derramada». En este nuevo marco ya no se comparten las reglas del juego. El independentismo hegemónico sigue convencido de que hay que mantener el «conflicto democrático», con mayor o menor intensidad, confiando en que la ciudadanía no posicionada en los polos pueda comprar un nuevo relato independentista que se nutra de los efectos colaterales de ese enfrentamiento abierto. Mientras, buena parte del constitucionalismo está más convencido que nunca de que cualquier nuevo contrato social pasa por redefinir equilibrios internos (en el sistema educativo, la televisión o la radio públicas, el Espacio Catalán de Comunicación y el régimen de subvenciones que lo sostiene) para evitar que la maquinaria pública vuelva a ponerse al servicio de la construcción nacional. Herido de muerte el ideal de un sol poble, ahora Cataluña parece abocada a tener dentro de sí dos comunidades que se sienten cada vez más alejadas la una de la otra. Es difícil imaginar un nuevo relato que pueda apuntalar una comunidad unida. La zanja entre comunidades es cada vez más grande. Es difícil pensar que las cosas puedan enderezarse si el protagonismo corresponde a quienes están empecinados en seguir cavando.

La respuesta al procés desde el constitucionalismo

RAFAEL ARENAS Y JOAQUIM COLL

El escritor y periodista Daniel Gascón describe el procés soberanista como un intento de «golpe posmoderno», un asalto al Estado de derecho «algo ambiguo, no declaradamente violento» y, en cualquier caso, «siempre negable» por sus perpetradores, que se refugian en el carácter simbólico de sus acciones.[1] Ahora bien, la idea de que estábamos ante un golpe de Estado, más allá de su modus operandi, no se aceptó de una forma generalizada hasta muy tarde, casi al final. Solo las entidades civiles del constitucionalismo en Cataluña se atrevieron a verbalizarlo con anterioridad. La prueba es que un medio nacional como El País no editorializó «Golpe parlamentario» hasta marzo de 2017, poco antes de que Societat Civil Catalana (SCC) saliera a la calle pidiendo frenar «el golpe separatista». Solo a partir de los hechos de septiembre de ese año en el Parlament la idea de golpe de Estado (o sus variantes «autogolpe», «golpe parlamentario» o «golpe a las instituciones») se impuso entre los medios de comunicación y los partidos constitucionalistas.

Desde que se puso en marcha el procés, en septiembre de 2012, reinó la confusión sobre su naturaleza. En los primeros años, muy pocos analistas acertaron a describir el potencial insurreccional del envite, de forma que entre la mayoría de los observadores se impuso la percepción de que el objetivo real de los separatistas consistía en una especie de declaración de intenciones. En parecido sentido, el periodista Guillem Martínez escribió en 2016 un libro para demostrar que el proceso independentista no existía, que era poco menos que un invento, que «todos hemos sido víctimas de una gran ilusión fomentada por los partidos que han participado en su animación o condena».[2] Durante mucho tiempo hubo una parte de la izquierda que optó por no mirar de frente la cuestión y prefirió refugiarse en lo que desde la distancia podía parecer una mera ilusión, una falsa realidad, un gran fake político lleno de días históricos y momentos trascendentales con los que se emocionaban cientos de miles de catalanes, pero que después no se sustanciaba en nada auténtico. A los líderes del procés se les acusó desde sectores de opinión diversos de hacer «procesismo», expresión despectiva que se acuñó para caracterizar el eterno día de la marmota en Cataluña. En definitiva, se tendió a minimizarlo, a considerar que era un mero entretenimiento, un juego obsceno ante la gravedad de los problemas sociales que acuciaban a España durante la crisis, pero políticamente poco menos que inofensivo.

En buena medida, quien más contribuyó a avalar esa lectura minimalista y confusa del procés fue el Gobierno español del Partido Popular, con su actitud de suficiencia y desdén. El Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo suyo el dicho «lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible», de manera que la independencia de Cataluña se trató como una ensoñación de los viejos nacionalistas de CiU convertidos al soberanismo por la irresponsabilidad y el oportunismo de Artur Mas, con quien el PP había pactado presupuestos y gobiernos locales entre 2011 y 2012. Parapetándose en que la Constitución consagra el principio de la unidad «indivisible e indisoluble» de la nación española y que no permite celebrar un referéndum en Cataluña sobre algo que afecta al conjunto de España, desde la Moncloa jamás concluyeron que urgía desarrollar una estrategia de Estado de largo alcance para hacer frente a lo que ha acabado siendo la mayor crisis política desde 1977. No solo los responsables del Gobierno no acertaron a entender la gravedad del desafío sociopolítico que se estaba planificando desde las instituciones del autogobierno catalán, sino que creyeron que el procés se derretiría cuando chocara de lleno con la realidad constitucional; que era una sencilla cuestión de tiempo, al igual que los meteoritos se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Sin embargo, solo hacía falta leer el libro blanco del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), dirigido por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, para constatar que a los independentistas ese problema de constitucionalidad les daba igual y que su objetivo era desarrollar los mecanismos necesarios para lograr la secesión de hecho: el control del territorio y el reconocimiento internacional.

Todo este clima de confusión y pereza por afrontar el desafío secesionista ha contribuido a que la respuesta desde las fuerzas políticas que podríamos agrupar bajo la etiqueta de constitucionalistas haya estado caracterizada por la desunión y el cortoplacismo, movida por una dinámica de recelos y enfrentamientos partidistas. El incremento de la tensión política, que desde un punto de vista electoral se ha reflejado en dos convocatorias con voluntad plebiscitaria: en noviembre de 2012 y en septiembre de 2015, ha servido para alterar el mapa de la correlación de fuerzas dentro del constitucionalismo en Cataluña. Los socialistas cayeron en picado después de haber ocupado la presidencia de la Generalitat entre 2003 y 2010: pasaron del 18,3 por ciento de los votos en 2010, estando ya fuera del poder, al 12,7 por ciento en 2015. Por su parte, los populares pasaron de ser la tercera fuerza parlamentaria en 2010 (tras CiU y el PSC), con el 12,3 por ciento de los votos, a situarse en la cola en 2015, junto a la CUP, y obtener un pobre 8,4 por ciento. Solo Ciutadans (Cs) ha tenido una trayectoria ascendente desde su entrada por los pelos en el Parlament en 2010 con tan solo un 3,3 por ciento de los votos: en 2015 obtuvo ya el 17,9 por ciento y, para culminar su salto meteórico, acabó ganando las elecciones del 21 de diciembre de 2017 con el 25,5 por ciento del total. Que un partido nuevo como Cs lograra ser en tan poco tiempo el referente indiscutible de la oposición al procés, desplazando al PSC como primera opción entre las clases populares, y que en su fulgurante ascenso dejara en la cuneta al PP, partido que históricamente había encarnado el españolismo en Cataluña y que ya entonces ocupaba el Gobierno de Madrid, ha generado un lógico desconcierto.

Fuera del espacio constitucionalista, hay que situar a la izquierda alternativa de las confluencias podemitas que en Cataluña ha acabado dando lugar al espacio de los Comunes (Catalunya en Comú-Podem). Sin ser independentistas, es innegable que en muchos momentos su posición política se caracterizó por la contradicción y la ambigüedad; por ejemplo, cuando en 2014 ICV-EUiA apoyó el derecho a decidir en la consulta soberanista del 9-N, ignorando su inconstitucionalidad; o cuando en 2015, desde Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) se hablaba de un proceso constituyente no subordinado a ningún otro poder, lo cual hizo creer a los separatistas que en algún momento podrían contar con los Comunes y Podemos para desbordar al Estado en la fase insurreccional. Y, aunque es cierto que eso acabó sucediendo en parte, pues en septiembre de 2017 el grupo parlamentario de CSQP sufrió una visible escisión, encabezada por Albano Dante Fachín, sin embargo, el sector mayoritario, liderado por los veteranos Lluís Rabell y Joan Coscubiela, rechazaron tajantemente situarse al margen del Estatuto y la Constitución y este último protagonizó una emotiva intervención el 6 de septiembre de 2017 en el Parlament, afeando la actitud de desprecio a la democracia de los separatistas.[3] El independentismo los tachó de «unionistas y españolistas», sin que ellos se identificaran jamás con el llamado bloque constitucionalista (Cs, PSC y PP). Más aún, rechazaron siempre participar en iniciativas conjuntas y transversales, como las promovidas por SCC, en contra de la secesión. Asimismo, condenaron tanto la declaración unilateral de independencia (DUI) como la aplicación del artículo 155 en un permanente ejercicio de extraña equidistancia que no ha hecho más que restarles apoyos sociales y electorales, pasando de trece diputados en 2012 a solo ocho en 2017. De forma contundente, Josep Borrell, en su intervención el 29 de octubre en la segunda gran manifestación constitucionalista, calificó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de «emperadora de la ambigüedad».

DEL «DERECHO A DECIDIR» AL CUESTIONAMIENTO DE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

El objetivo del plan soberanista era poner el conjunto de las instituciones catalanas al servicio del proceso secesionista con el fin de que todas las administraciones pudieran convertirse en el poder público del nuevo Estado catalán. Las declaraciones de los líderes políticos en este sentido dieron paso a finales de 2012 a resoluciones institucionales tanto del Parlament como de muchos ayuntamientos y otras instituciones públicas. Dado que el propósito de estas páginas no es analizar el proceso desde la perspectiva independentista, sino la reacción desde el constitucionalismo, nos detendremos en aquellos hitos más significativos destacando la forma en que el progresivo avance de la hoja de ruta separatista moduló también la respuesta de los contrarios al procés.

Entre finales de 2012 y comienzos de 2013, la Cámara catalana realizó dos importante declaraciones. La primera, la Resolución del 27 de septiembre de 2012, afirma el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y la necesidad de realizar una consulta sobre su futuro político. La segunda, la Resolución del 23 de enero de 2013, aprueba la declaración de soberanía. En el capítulo «El procés, un intento de secesión de hecho», nos hemos ocupado de la trascendencia internacional de estas declaraciones, especialmente de la segunda; una trascendencia que, sin embargo, no fue apreciada en aquel momento por los actores políticos de Madrid. Sobre la segunda resolución, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que se trataba de una «mera declaración política», lo que no impidió que fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional, que la anuló parcialmente el 25 de marzo de 2014. Una decisión que vale la pena analizar porque muestra la evolución de la respuesta del constitucionalismo al desafío secesionista.

Por una parte, la reacción del Gobierno se mantiene en el plano de lo jurídico. El análisis que parece hacerse se limita a la dimensión legal (desde la perspectiva del ordenamiento español) y la reacción se limita a impugnarla ante los tribunales para que sean estos los que establezcan su adecuación o no a la legalidad vigente. Es un análisis parcial que no tiene en cuenta que la actuación de facto de la Generalitat tiene consecuencias más allá del ordenamiento interno, consecuencias que no se ven limitadas por las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad emitidas, sino que, al contrario, se agravan, pues el mantenimiento efectivo del desafío refuerza, desde una perspectiva externa, el mensaje de que es el poder autonómico quien realmente controla el territorio y la población catalanas. No será hasta el mes de octubre de 2017 cuando esta perspectiva pase a un primer plano para todos, incluido el Gobierno.

En el año 2013, este aspecto externo es todavía secundario en el análisis de la situación. En ese momento, incluso se planteaban dudas sobre si jurídicamente era recurrible la apropiación nacionalista de las instituciones locales y autonómicas. Su falta de neutralidad y la emisión de declaraciones que desafiaban el ordenamiento vigente eran percibidas como simples cuestiones políticas, de libertad de expresión, que difícilmente podrían llevar a una sanción por parte de los tribunales. De esta forma, el recurso ante el Tribunal Constitucional de la declaración de soberanía del 23 de enero de 2013 fue cuestionado desde distintos ámbitos, pues se dudaba de que la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña pudiera desplegar efectos jurídicos. El proceso secesionista parecía desenvolverse en un espacio inmune en el que, además, parecía conveniente no inmiscuirse para no favorecer el victimismo nacionalista.

Esta inmunidad jurídica tenía múltiples manifestaciones, como, por ejemplo, la falta de neutralidad de las instituciones ante la presencia de esteladas en edificios públicos, incluidos los ayuntamientos, y durante periodos electorales, que no fue objeto de impugnación generalizada hasta la creación de SCC, ya con ocasión de las elecciones municipales de 2015. Esa inanidad frente al procés, al menos desde esta perspectiva legal, comienza a cambiar con la ya mencionada sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2014. Por dos razones: sienta las bases de una condena jurídica del procés, en cuanto que supone cuestionar la soberanía nacional, y traslada el mensaje de que cualquier marco político puede ser cambiado de acuerdo con lo previsto en la Constitución, pero nada es admisible al margen de ella.

Este cambio de perspectiva coincide con un cambio en la sociedad catalana. El soberanismo se había convertido en la ideología hegemónica. No solamente la política institucional, sino también la cultura, los medios de comunicación, la intelectualidad y la sociedad civil asumían sin mayores cuestionamientos que la forma correcta de ver y analizar la realidad era la que se servía del prisma nacionalista. Las actitudes de cuestionamiento claro tenían una posición residual en la sociedad y a menudo se veían estigmatizadas por el mantra de que toda esta oposición se ubicaba de una forma u otra en la extrema derecha o en el «españolismo rancio».

Mientras CiU se situó dentro del marco constitucional, la oposición a la forma catalanista/nacionalista de entender Cataluña fue minoritaria en la sociedad y en la política catalanas. Ahora bien, a medida que el nacionalismo gira hacia el soberanismo y se aleja del pacto de 1978, se observa una movilización entre los constitucionalistas que se concreta en la aparición de distintas entidades, asociaciones y grupos que, desde distintas perspectivas, pretenden mostrar la oposición de los catalanes al proyecto secesionista.

El primer resultado es la aparición en septiembre de 2012 de Federalistes d’Esquerres, una asociación que defiende desde la izquierda social e intelectual una visión federal de España y Europa. Su aparición fue clave en un momento en el que el PSC apoyaba ambiguamente el derecho a decidir e ICV-EUiA apostaba por la celebración de una consulta de autodeterminación. Fue la primera muestra relevante de que desde la izquierda se rechazaba no solo el propósito secesionista, por insolidario, sino la legitimidad de emprender un proceso soberanista que fragmentaba la sociedad en ejes identitarios. Un mes después de la aparición de Federalistes d’Esquerres se crea el Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans en defensa de los valores constitucionales y la unidad entre todos los españoles. Pese a su voluntad transversal, acaba ocupando un espacio ideológico de derechas y centrándose en la movilización de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Espanya i Catalans organizó en 2012 una manifestación en la plaza de Cataluña que logró unas significativas cifras de participación para la hasta entonces casi inexistente agitación españolista en Barcelona. En el año 2013, la movilización organizada por una agrupación de entidades bajo el nombre de Som Catalunya, Somos España volvió a sumar varios miles de personas.

Estas manifestaciones eran reflejo de una sociedad civil cada vez más preocupada por el desafío nacionalista. Diversas iniciativas constitucionalistas y antinacionalistas nacieron o se gestaron durante los años 2013 y 2014. En ocasiones se trataba de iniciativas nuevas que no tenían una conexión clara con los movimientos preexistentes (como, por ejemplo, los blogs Puerta de Brandemburgo, de carácter académico, y Dolça Catalunya, anónimo y de denuncia satírica, ambos creados en la segunda mitad del año 2013; o la organización Empresaris de Catalunya, que nació a finales de 2014; o Centro Libre de Arte y Cultura, CLAC, una entidad cultural, que se presentó a principios de 2015); otras veces se quería dar forma o etiqueta nueva a proyectos que ya existían desde hacía años, y en este sentido hay que situar los intentos de construir iniciativas políticas de izquierda no nacionalista en Cataluña (como Alternativa Ciudadana Progresista o Unidos Sí, una escisión de Podemos,) o de articular la oposición a la inmersión escolar obligatoria en catalán (con la creación de la Asamblea por la Escuela Bilingüe en junio de 2014). En esta misma línea —buscar nuevas etiquetas o perspectivas a planteamientos contrarios al separatismo—, hay que citar la aparición en noviembre de 2013 de Somatemps, una asociación católica tradicionalista que defiende desde posiciones historicistas e identitaristas la continuidad de Cataluña en España.

En algunos casos, los promotores de unas y otras iniciativas se conocían, dando lugar a una red intrincada que respondía al enorme abanico de sensibilidades políticas entre quienes se oponían a una Cataluña separada del resto de España. En cualquier caso, esas plataformas carecían de los medios y la proyección de las entidades favorables a la secesión. La conciencia de este déficit motivó la creación a comienzos de 2014 de Societat Civil Catalana, una entidad en la que convergían personas que participaban en otras entidades y que pretendía abrir la oposición al secesionismo a una parte de la sociedad catalana contraria al nacionalismo, pero que no encontraba cauces para manifestarlo, dado el carácter sectorial de los movimientos existentes. En este sentido, SCC se identifica absolutamente con los valores constitucionales, la democracia y la Unión Europea, reivindica la pluralidad catalana y el bilingüismo catalán/castellano (sin olvidar el aranés), pero también la necesidad de que España asuma con más énfasis su diversidad lingüística y cultural. Un discurso, por tanto, que se situaba en el centro político y cuya transversalidad ideológica era real, a derecha e izquierda, desde el federalismo hasta el autonomismo y el catalanismo hispanista. Societat Civil tuvo desde su nacimiento una presencia relevante en los medios de comunicación, generó agrupaciones por buena parte de Cataluña y mantuvo su presencia en la calle levantando carpas y organizando actos y manifestaciones con el apoyo de un nuevo y activísimo grupo de jóvenes. La entidad contó con el aliento inmediato de las altas esferas políticas tanto del Gobierno español como del PSOE, lo que dio lugar a una ronda de reuniones con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez (entonces, recién elegido secretario general socialista) y otros líderes de partidos constitucionalistas, como Albert Rivera (que estaba a punto de dar el salto a la política nacional), o presidentes de comunidades autónomas, como la andaluza Susana Díaz. En el otoño de 2014, en uno de los momentos álgidos del movimiento secesionista en torno a la celebración del 9-N, SCC organizó una serie de actos con motivo de la Diada Nacional de Cataluña (11 de septiembre, en Tarragona), el Día de la Hispanidad (12 de octubre, en Barcelona) y el Día de la Constitución (6 de diciembre, con un gran debate sobre la Constitución y su posible reforma). En estos actos hubo presencia de representantes de todos los partidos constitucionalistas, desde el PP hasta el PSC, pasando por Cs, UPyD y otras fuerzas políticas. Parecía que, finalmente, el movimiento constitucionalista disponía de una marca reconocida capaz de aglutinar al núcleo de la sociedad catalana, que había una sociedad demócrata que se reconocía en la convivencia del catalán y el castellano, orgullosa de sus tradiciones culturales específicamente catalanas y también de aquellos elementos que conectaban a Cataluña con el resto de España. Una sociedad que no deseaba renunciar al proyecto europeo. Desde su creación, SCC ha sido, sin duda, el referente de aquellos que se oponen a la posibilidad de una separación de Cataluña.

Incluso desde el nacionalismo, el nacimiento de Societat Civil fue saludado positivamente en un principio. Artur Mas se reunió con los dirigentes de la entidad a las pocas semanas, y asistieron el entonces presidente Josep Ramon Bosch y los vicepresidentes Joaquim Coll, Susana Beltrán y José Rusiñol. En 2014 debía celebrarse la consulta soberanista y el separatismo deseaba que alguien asumiera la defensa del no a la independencia. SCC podría haber jugado ese papel subordinada a la estrategia secesionista, pero cuando se hizo evidente que no aceptaría ese rol y que denunciaría la utilización de vías unilaterales para conseguir la secesión, la actitud hacia la entidad constitucionalista varió y se pretendió aislarla y desfigurarla para hacerla encajar en el mantra nacionalista según el cual todos los no nacionalistas se situaban en la extrema derecha. Esto resultó especialmente claro cuando SCC, al recibir el Premio Ciudadano Europeo 2014 concedido por el Parlamento Europeo, fue objeto de una campaña de acoso que incluso se tradujo en la reprobación por parte del Parlament, un hecho gravísimo de censura sobre la sociedad civil y de injerencia en las funciones ejercidas por el Parlamento Europeo inadmisible en un Estado de derecho, pero posible en la democracia de baja calidad en que ya se había convertido Cataluña como consecuencia de la evolución del procés.

Así pues, desde finales del año 2012 y hasta el año 2014 se aprecia en la sociedad catalana el despertar de una respuesta al nacionalismo que fructifica en una pluralidad de movimientos y asociaciones entre los que destaca Societat Civil Catalana, capaz de aglutinar a personas ideológicamente plurales que participaban en otras iniciativas y de visibilizar que no toda la sociedad catalana comulgaba con el proceso secesionista. Esta reacción fue importante porque en los momentos iniciales del procés, la pretensión nacionalista era que la sociedad catalana avanzara hacia la secesión sin fracturas internas; que se asumiera el derecho a decidir y que, por tanto, la consulta de secesión contara con un apoyo mayoritario. Esto, sin embargo, no se consiguió.

Y no se consiguió porque la exigencia de respeto a la legalidad y a la Constitución para desarrollar dicha consulta acabó fracturando el frente que había aceptado el derecho a decidir, empezando por el PSC a mediados de 2013, como se ha explicado en el capítulo «El procés. De la ilusión a la insurrección frustrada». Con todo, en un primer momento, el nacionalismo intentó realizar una consulta dentro del marco legal y optó por elaborar una ley de consultas que pretendía eludir la reserva de la competencia del Estado en materia de referéndums. Además, se pretendió que el Estado cediera dicha competencia a la Generalitat para que se celebrara un referéndum de autodeterminación (abril de 2014). En el Congreso de los Diputados, tres parlamentarios catalanes, Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera, defendieron esta petición, que fue rechazada ampliamente (299 contra 47), incluso por más de la mitad de diputados elegidos en circunscripciones catalanas. Este rechazo cerraba la posibilidad de realizar una consulta legal, pero el nacionalismo, en vez de asumir que cualquier actuación debería contar con una mayoría política en Cataluña de como mínimo dos tercios del Parlament y el acuerdo del Estado, se mantuvo en la unilateralidad.

A partir de ese momento, la defensa de la legalidad y de la Constitución se situó definitivamente en el centro del debate. Cuando el Alto Tribunal decretó, en marzo de 2014, la inconstitucionalidad de la declaración de soberanía, quedó claro que la vía unilateral no solo era ilegítima, sino también ilegal. Con anterioridad a dicha decisión, tan solo desde la sociedad civil se había denunciado el carácter «protogolpista» de determinadas medidas adoptadas por la Generalitat, en concreto, la creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional (febrero de 2013) y la carta que, por medio de Artur Mas, se envió a algunos gobernantes extranjeros con el fin de solicitar ayuda para la celebración de la consulta soberanista (diciembre de 2013). Sin embargo, los partidos políticos y el Gobierno de España prefirieron mantener una actitud de distancia y escepticismo, confiados tan solo en la acción de los tribunales o en que el proceso secesionista sería incapaz de dar pasos reales y efectivos.

La segunda mitad del año 2014 vino marcada por la preparación y celebración de la consulta del 9-N. Una vez constatado el rechazo del Estado a organizar un referéndum de autodeterminación o a transferir a la Generalitat las competencias para celebrarlo, tan solo quedaba la vía unilateral, que pretendía poder celebrarlo sorteando «con astucia» las impugnaciones que inevitablemente se plantearían ante el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios. Las diferentes fuerzas políticas constitucionalistas mantuvieron durante esa etapa una actitud entre desdeñosa y de enfado ante el mantenimiento del desafío, que se calificó de suflé. A la vez que se pretendía ridiculizar el propósito de los nacionalistas, también se producían reproches al «inmovilismo» del Gobierno, sobre todo por parte de los socialistas, y se mantenían abiertas las vías discretas de negociación con los soberanistas. Se quería creer que el desafío era más bien impostado, en busca de un acuerdo de financiación o competencias, y no una apuesta seria por conseguir la independencia. Solo así se explica que la reacción se limitara al planteamiento de acciones judiciales.

DEL 9-N A LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2015

La ejecución de la consulta soberanista supuso un desafío frontal al Estado de derecho, un desafío que debilitaba a España y a la democracia. El día 7 de noviembre, Societat Civil Catalana exigió expresamente al Gobierno que adoptara cuantas medidas fueran necesarias para evitar la celebración de una consulta que era en sí una ilegalidad. El nacionalismo pretendía celebrarla sin vulnerar frontalmente el ordenamiento jurídico. Para ello contaba con que los plazos que suelen demorar la adopción de decisiones por parte del Tribunal Constitucional podrían derivar en que a este le resultara imposible prohibir formalmente y de manera directa que se celebrara. Sin embargo, en dos rápidas decisiones, el Alto Tribunal prohibió tanto la consulta inicialmente convocada el 27 de septiembre como el proceso de participación ciudadana que la sustituyó. El Gobierno de Rajoy debió calcular que, una vez obtenidas las resoluciones que situaban en la ilegalidad tanto la consulta como el proceso de participación ciudadana en que se transmutó, la Generalitat optaría por no implicarse, dejando la iniciativa en manos de las asociaciones civiles como mero ejercicio de la libertad de manifestación y de expresión. Como ya se ha relatado en otros capítulos, no fue así.

Quizá ahora pueda sorprender, pero lo cierto es que después de la celebración del 9-N, aún existieron dudas sobre si la actitud de los dirigentes soberanistas que habían llevado adelante la consulta debía denunciarse penalmente. Como hemos visto, el punto de partida había sido la consideración generalizada de que las ilegalidades de los miembros del Govern deberían ser sancionadas políticamente, pero no jurídicamente. De hecho, los días 8 y 9 de noviembre, varios particulares presentaron denuncias solicitando la adopción de medidas que evitaran la comisión de un acto ilegal, pero ningún juzgado las adoptó habiendo la Fiscalía informado en contra de tal adopción. Durante unas semanas, aún se mantuvo este debate entre la exigencia de sanciones penales o el propósito de pasar página sobre lo sucedido sin buscar ese tipo de responsabilidades. Finalmente, Fiscalía presentó una querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, presidente, vicepresidenta y consejera de Enseñanza de la Generalitat en el momento de la consulta, querella que luego se extendió a Francesc Homs, consejero de la Presidencia. La condena, ya en el año 2017, de los primeros por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del segundo por el Tribunal Supremo por el delito de desobediencia supuso la confirmación de que la realización de la consulta del 9-N no solamente se realizó al margen de las previsiones constitucionales, sino que también supuso una infracción penal. Dichas sentencias suponen un paso importante en el camino hacia la plena exigencia jurídica sobre las actuaciones de las administraciones públicas.

La única respuesta que recibió el 9-N por parte del Gobierno fue, por tanto, la remisión a los tribunales. Los partidos políticos constitucionalistas reprocharon la actuación unilateral de la Generalitat y se centraron en la presunta inutilidad de una consulta que no había contado con garantías ni había obtenido ningún reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, también abundaron las llamadas para buscar una solución política, solución que desde la perspectiva socialista pasaba por una reforma federal de la Constitución, reforma que ni el PP ni Ciudadanos parecían dispuestos a iniciar. Seguramente resultaba iluso pretender que los soberanistas cejaran en su propósito a cambio de una propuesta de este tipo, pero quizá se apostaba por una erosión de su apoyo social si se apreciaba que era posible. Este propósito de atracción de quienes se habían convertido en independentistas en los últimos años explica también el afán del PP y el Gobierno por no provocar tensiones y hacer la vista gorda hacia muchas de las acciones o declaraciones del Govern de Mas. El miedo al victimismo hacía creer que la adopción de medidas orientadas a la exigencia de responsabilidades o el cumplimiento de la ley podía hacer aumentar el apoyo al nacionalismo. Esta ambivalencia entre, por una parte, la necesidad de hacer cumplir la ley y sancionar penalmente su incumplimiento, y, por otra, el pánico a las iras nacionalistas, explica la persistencia de la táctica chantajista llevada a cabo por los políticos separatistas en los meses que siguieron al 9-N y en la siguiente legislatura, iniciada a finales del año 2015.

Dejar pasar casi un año desde el 9-N hasta las elecciones autonómicas, quizá en busca de una respuesta del Estado a partir de la negociación de un referéndum pactado, contribuyó a trasladar la idea de «proceso infinito» y a justificar a quienes desde el Gobierno y los partidos constitucionalistas mantenían que el procés se estaba convirtiendo en un modus vivendi y en un camino que se acabaría convirtiendo en un fin en sí mismo (el «procesismo»); en definitiva, en una forma de alargar un posicionamiento político que no podría tener desenlace. Como resultado de todo ello, la ausencia de respuesta política se mantuvo.

Lo que sí continuó fue la respuesta jurídica. El desafío frontal que había supuesto el 9-N hizo evidente que la respuesta meramente judicial sería insuficiente para evitar la ruptura efectiva si la Generalitat se decidía a actuar abiertamente al margen del orden constitucional. Para un caso así, la respuesta del ordenamiento español es el artículo 155 de la Constitución, pero recurrir a él se contemplaba por parte de diversos actores como un fracaso que tendría un enorme coste político y podría suponer un incremento de la victimización del movimiento independentista. Por eso, el Gobierno pretendió construir otros instrumentos que permitieran hacer frente al secesionismo sin el coste político que suponía recurrir al 155. En esta línea han de enmarcarse la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), con las que se pretendía facilitar que el Alto Tribunal pudiera garantizar el cumplimiento de sus decisiones.

La primera de ellas prevé que, en situaciones de crisis, el Gobierno puede designar a una autoridad que coordine la actuación de las diferentes administraciones involucradas para resolverlas. De esta forma, en el caso tanto de una catástrofe natural, un problema de seguridad o la amenaza de poner fin al orden constitucional en un determinado territorio, el Gobierno dispondría de la capacidad de designar a quien coordinara la actuación de todos los medios precisos para la solución de la crisis. Así, también la policía autonómica, las policías locales, los servicios de protección civil o cualesquiera otros recursos humanos necesarios estarían bajo la coordinación de una única autoridad. La aprobación de dicha ley parecía indicar que el Gobierno se reservaba una carta para actuar en caso de un nuevo caso de desobediencia de la Generalitat.

La reforma de la LOTC de octubre de 2015 tenía el objetivo expreso de evitar que las decisiones del Constitucional no fueran atendidas por la Generalitat u otras instituciones implicadas en la hoja de ruta secesionista. A los mecanismos ya existentes se une la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, ante el incumplimiento de sus decisiones, informe a los tribunales para que estos determinen las responsabilidades penales que pudiera haber; dicte multas orientadas a forzar el cumplimiento; acuerde la suspensión de funciones de la autoridad que incumpla; o encargue al Gobierno la ejecución sustitutoria de las decisiones. De esta manera, el Gobierno trasladaba al Alto Tribunal la responsabilidad de obligar al cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

En definitiva, se profundizaba en la respuesta judicial al desafío secesionista, aunque más desde una perspectiva preventiva que real, pues todos estos instrumentos legales, o no fueron utilizados, o se aprovecharon solamente en parte de sus potencialidades. Además, el Gobierno mostró una clara reserva a utilizar la vía judicial para hacer frente a las constantes ilegalidades del separatismo. Esta inactividad fue cubierta en parte por las asociaciones constitucionalistas, que durante el año 2015 desarrollaron una intensa actividad dirigida a exigir el cumplimiento de la ley. Así, ya ha sido mencionado cómo en torno al 9-N se presentaron denuncias de particulares en los juzgados que pretendían impedir su celebración. Luego, una vez condenados Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, fueron Societat Civil y Abogados Catalanes por la Constitución quienes los denunciaron ante el Tribunal de Cuentas con el fin de recuperar el dinero público destinado a ese fin.

Otro frente que se abrió fue el de la presencia de símbolos independentistas en edificios públicos. Durante la campaña electoral para las elecciones municipales de mayo de 2015, SCC inició una campaña de denuncias ante la administración electoral con el fin de conseguir la neutralidad de las instituciones, lo que debía traducirse en la retirada de esos símbolos de los lugares de titularidad pública. La iniciativa consiguió decisiones de las juntas electorales, que ordenaron dicha retirada. Algunas decisiones fueron impugnadas, lo que permitió al Tribunal Supremo establecer en abril de 2016 que la utilización por parte de las instituciones públicas de la estelada suponía una vulneración del principio de neutralidad. Este mismo principio fue también considerado por los tribunales para impedir que los ayuntamientos se adscribieran a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y así se estableció en varias resoluciones, y también que los colegios profesionales se adscribieran a posiciones favorables a la secesión o a la autodeterminación. La decisión señera en esta línea fue la adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación con la adscripción de los colegios de abogados de la comunidad al pacto nacional por el derecho a decidir, fruto de una demanda presentada por diversos letrados.

LA LEGISLATURA DE LA RUPTURA

Las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 fueron calificadas por los secesionistas de plebiscitarias. Su planteamiento era que una victoria del independentismo sería considerada como legitimación suficiente para iniciar el proceso de transformación de Cataluña en un Estado independiente. Como es sabido, en dichas elecciones, Junts pel Sí (J×Sí) y la CUP, pese a obtener solo el 47,7 por ciento de los votos, obtuvieron 72 escaños sobre 135 en el Parlament y, tal como se ha señalado en otros capítulos, iniciaron el proceso de ruptura mediante la Resolución del 9 de noviembre de 2015. Tras el paso atrás de Mas a la presidencia, Carles Puigdemont, en su toma de posesión, afirmó que la legislatura supondría el tránsito de la posautonomía a la independencia. Seguramente, el nacionalismo pretendía continuar con el desarrollo de su hoja de ruta eludiendo las consecuencias de sus actuaciones ilegales a partir del cuidado en las formalidades y confiando en que los plazos procesales dificultarían la efectividad de las decisiones que se pudieran adoptar. Así, una vez promulgada una declaración o normativa determinada, esta podría desplegar efectos, aunque fueran simbólicos, y en el momento en el que se produjera la declaración de inconstitucionalidad, podría ser sustituida por otra norma que reprodujera sustancialmente el mismo contenido y que podría, a su vez, desplegar efectos en tanto no fuera declarada inconstitucional.

Esta estrategia se vio truncada por la sentencia del 2 de diciembre de 2015, por la cual se declaró inconstitucional la citada Resolución del Parlament que daba inicio al proceso de secesión. Esta decisión del Tribunal Constitucional afirmó que era contraria a derecho toda la hoja de ruta hacia la ruptura. De esta forma, las nuevas actuaciones que pudieran llevar a cabo los secesionistas podían implicar delito de desobediencia y el derecho penal quedaba introducido en el conflicto. Esta perspectiva iría ganando protagonismo durante los años 2016 y 2017, sobre todo a raíz de las investigaciones sobre las declaraciones del senador de ERC (y antiguo juez) Santiago Vidal, quien había expuesto en varias conferencias que la Generalitat, en su tarea de prepararse para la independencia, había obtenido ilegalmente datos personales de los catalanes y elaborado listas de funcionarios afectos y desafectos. Estas declaraciones fueron el origen de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona orientada a determinar las responsabilidades penales en que podían haber incurrido los responsables del procés.

Los recursos al Constitucional y las actuaciones penales no eran, sin embargo, suficientes para detener el proceso hacia la secesión. La Generalitat continuaba actuando en un plazo que inicialmente se había fijado en 18 meses desde la celebración de las elecciones de septiembre de 2015. A la vez que se construían las estructuras de Estado, se desarrollaba una intensa acción exterior desde la Generalitat y el Diplocat. Frente a esto, el Gobierno optó por impugnar las normas que formalmente dotaban de carácter de Ministerio de Asuntos Exteriores al departamento que dirigía Raül Romeva, pero sin que esta impugnación implicara que dicho departamento y el Diplocat no pudieran continuar con su tarea de buscar apoyos externos para la autodeterminación.

La pretensión de la Generalitat de ejercer como actor en el ámbito internacional supone que la Administración catalana asume de hecho la posición de ente desvinculado del Reino de España. Esta desvinculación es aún más evidente si consideramos que es el Ministerio de Asuntos Exteriores español, sobre todo en la época en la que su titular era Manuel García Margallo, el que asume la respuesta internacional a dicha actuación, lo que supone un cierto reconocimiento por parte del Gobierno español de la entidad jurídica internacional de la Generalitat. En derecho internacional, el hecho se puede acabar convirtiendo en derecho y la tolerancia hacia la actuación exterior del poder autonómico podría acabar teniendo consecuencias también a escala internacional, como se mostró en el mes de octubre de 2017. Ciertamente, la fuerza internacional de España como Estado y del Gobierno como su representante es superior a la de una entidad que tan solo está iniciando su andadura como sujeto internacional, pero la aceptación de esta situación supone ya admitir que el debate se desarrolla en términos de derecho internacional, lo que supera la fase meramente interna del conflicto.

Para evitarlo, el Estado español debería haber ejercido mucho antes las facultades excepcionales para las que lo habilita el artículo 155 de la Constitución, pero, como hemos visto, no estaba dispuesto a asumir los riesgos de una medida de esa magnitud. Ni siquiera la aplicación de la LSN estaba en el horizonte del Gobierno, como se mostró cuando en agosto de 2017, tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, y pese a la evidencia de la necesidad de coordinar las policías estatales y autonómica con el fin de neutralizar a los terroristas y desarrollar la investigación, el Ejecutivo de Rajoy no se atrevió a utilizar los mecanismos previstos en la LSN para coordinar a los Mossos d’Esquadra con la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Gobierno parecía fiarlo todo a que los secesionistas diesen un paso atrás o a que estallaran sus contradicciones internas para que no fuera necesario recurrir a medidas excepcionales.

En esta línea ha de enmarcarse la Operación Cataluña, desarrollada a partir del mes de noviembre de 2016, cuando Soraya Sáenz de Santamaría asume la responsabilidad del conflicto y el diputado del PP catalán Enric Millo es nombrado delegado del Gobierno en un intento de buscar puentes e interlocución con los secesionistas. La sintonía entre la vicepresidenta y Junqueras parecía tan evidente que quizá algunos pensaron que la negociación podría llegar a buen puerto y serviría para rebajar la tensión, pero en realidad, el Govern de Puigdemont tan solo estaba comprando tiempo para continuar con su plan. La confesión de Sáenz de Santamaría, ya cerca del momento del golpe de Estado de septiembre de 2017, de que el vicepresident del Govern la había decepcionado muestra hasta qué punto la imagen de la Moncloa sobre la situación en Cataluña y el perfil de los líderes soberanistas estaba equivocada.

Se permitió, por tanto, que la Generalitat continuara con su preparación del golpe, lo que resultó especialmente nocivo en la dimensión exterior. Admitir su actuación internacional e intentar tan solo dificultarla mediante los mecanismos de la diplomacia clásica suponía ya un primer triunfo para los secesionistas, incluso aunque la utilización de tales mecanismos impidiera la consecución de contactos efectivos con otros actores internacionales. Más allá de esto, la actuación exterior de la Generalitat iba orientada a conseguir atraer a la opinión pública internacional mediante la construcción de un relato del conflicto favorable a sus intereses. En este sentido, la actuación del Gobierno fue prácticamente inexistente, o, en cualquier caso, de una entidad menor que la desarrollada por los separatistas. Esta situación acabó generando editoriales sobre las posiciones secesionistas en varios medios internacionales, especialmente los anglosajones.

Desde una perspectiva interna, también el Gobierno fracasó en su intento —si lo hubo— de construir un relato positivo sobre la realidad española y las ventajas de mantener la unidad del país. La crisis económica en un primer momento y, posteriormente, la rueda de escándalos variados, empezando por la corrupción política e institucional, así como las consecuencias de una reducción del Estado social, implicaron que las tesis separatistas pudieran insertarse con facilidad en las de aquellos que deseaban «cambiarlo todo», una línea de pensamiento utópica especialmente eficaz en los momentos difíciles. Los intentos por parte de la sociedad civil de construir relatos positivos del tipo «juntos, mejor» resultaron anecdóticos comparados con la fuerza de la propaganda secesionista, pero es en estos intentos, no ya tan solo de construir relatos a favor de la unión, sino de denunciar las incoherencias y falsedades del procés, donde se encuentra la única respuesta de cierta entidad al desafío secesionista. Durante mucho tiempo solo la sociedad civil organizada intentó dar una respuesta. SCC, por ejemplo, organizó ciclos de debates sobre los distintos aspectos del procés prácticamente desde su fundación e intentó proyectar al exterior su mensaje mediante la creación de «antenas» en Bruselas o Washington. Académicos, intelectuales y profesionales se mostraron también dispuestos a aportar visiones diferentes a la nacionalista sobre el conflicto en Cataluña, pero se trataba de empresas modestas, voluntaristas y carentes de la suficiente articulación y apoyo.

Tras el primer momento de creación de entidades civiles en defensa de la Constitución, al que ya nos hemos referido, en el año 2016 se asiste a una nueva eclosión de asociaciones. Es el caso de la Pi i Margall en el ámbito de la prensa o de Llibertats en el ámbito jurídico. Y ya en el 2017, Concordia Cívica, que pretendía hacer de paraguas para acoger a las distintas asociaciones que habían ido surgiendo en las diferentes fases apuntadas. La creación y desarrollo de estas entidades y de las diferentes iniciativas emprendidas se explica porque la percepción social del peligro que suponía el proceso secesionista era, probablemente, mayor que la que reflejaban las actuaciones del Gobierno y de los partidos políticos. Las declaraciones de Santiago Vidal, a las que ya hemos hecho referencia, que fueron ampliamente difundidas en enero de 2017, llevaron a que Societat Civil Catalana convocara una manifestación el 19 de marzo de 2017 que llamaba expresamente a parar «el golpe separatista», a la que hemos hecho referencia al inicio de estas páginas. La manifestación fue un éxito que sorprendió a muchos de los que aún no percibían que el camino emprendido por los secesionistas no sería parado más que mediante una actuación decidida por parte de los poderes del Estado.

Así pues, entre los años 2015 y 2017, mientras los nacionalistas fueron desarrollando su estrategia de confrontación directa mediante el alineamiento de la administración autonómica y local con el proyecto secesionista, el Gobierno se centraba en la respuesta judicial al desafío y, prácticamente, renunciaba a dar la batalla del relato mientras retrasaba el momento en el que tuviera que hacer uso de las facultades excepcionales que el ordenamiento jurídico reservaba para los desafíos más graves. Las entidades de la sociedad civil, entre tanto, más conscientes de los peligros reales de la hoja de ruta secesionista, se organizaban con el objetivo de alertar de los peligros de un movimiento que abocaba a un verdadero golpe de Estado. Este es el escenario en el que se desarrolla el último acto del procés.

EL GOLPE DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2017

Los días 6 y 7 de septiembre sacudieron la democracia española. El Parlament adoptó dos leyes claramente inconstitucionales (la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica) y el Govern convocó inmediatamente ese referéndum anunciado para el 1 de octubre. Desde ese momento, la Generalitat ya no actuaba como institución española, sino como protoadministración del Estado catalán, con lo que se establecía una dualidad de legislaciones que pugnaba por imponerse y que tensaba a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios. La reacción de gran parte de la sociedad fue la denuncia sin paliativos de la burla que se había hecho de la democracia y de la autonomía.

La gravedad de la situación legitimaba la activación del artículo 155 a fin de controlar la Generalitat. Pero el Gobierno prefirió no actuar. El resultado de esta inacción fue que en las semanas que siguieron, los ciudadanos catalanes se vieron sometidos a una dualidad de poderes soberanos; con la espada de Damocles, por ejemplo, de recibir una convocatoria para integrarse a alguna de las mesas electorales el día 1 de octubre y tener que optar entre obedecer la legalidad creada los días 6 y 7 de septiembre o, por el contrario, respetar la legalidad española, desobedecer la orden de participar en el referéndum y afrontar las sanciones que les pudieran imponer las autoridades de la Generalitat. La tensión que se vivió fue muy alta.

En los días que siguieron a la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, los tribunales fueron los protagonistas. A los recursos ante el Tribunal Constitucional de ambas leyes y sus normas de desarrollo hemos de sumar las actuaciones penales por desobediencia, las medidas adoptadas para evitar la celebración de la consulta una vez suspendida por el Constitucional y la continuidad de las investigaciones sobre la construcción de las estructuras de Estado que desarrollaba el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde el mes de febrero. Como es sabido, estas actuaciones llevaron a los incidentes ante la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre que supusieron una escalada en el conflicto y la intervención penal, pues el bloqueo de la comisión judicial fue considerado como presuntamente constitutivo de un delito de sedición por parte de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, respectivamente, y los llevó a ser acusados formalmente.

Este cambio de dimensión penal fue relevante. Como hemos visto, en un principio se había dudado de que las actuaciones que se enmarcaban en la hoja de ruta secesionista pudieran ser consideradas delictivas. La condena por la celebración del 9-N abrió la vía a sucesivas investigaciones penales hasta llegar a los delitos más graves, los de sedición y rebelión, que aparecen precisamente en relación con los hechos del día 20 de septiembre. Una escalada de este tipo quizá debiera haber supuesto una advertencia para los líderes del procés, pero estos —ya depurados de «tibios» tras la remodelación del Govern en julio— estaban decididos a seguir adelante y, por tanto, el referéndum acabó celebrándose.

El Gobierno, que se había negado a adoptar medidas de carácter excepcional con anterioridad al 1 de octubre, quizá confiando en la posibilidad de una negociación final con los nacionalistas, en línea con la operación liderada por Sáenz de Santamaría, sí que había reforzado la seguridad en Cataluña mediante el envío de policías nacionales y guardias civiles; en teoría, para ayudar a los Mossos d’Esquadra a hacer cumplir las órdenes judiciales en relación con el referéndum de secesión. El día 1 de octubre, ante la pasividad de los Mossos d’Esquadra, las fuerzas de seguridad del Estado asumieron la tarea de dar cumplimiento a dichas órdenes, para lo que debieron vencer la resistencia organizada de multitudes convocadas por el Govern y las entidades civiles soberanistas, con el protagonismo de los nuevos Comités de Defensa del Referéndum (CDR). El resultado fueron diversas cargas policiales que, sin embargo, no consiguieron impedir que votaran cientos de miles de ciudadanos.

El Gobierno se apoyó, como siempre había hecho, en consideraciones jurídicas para afirmar que el referéndum no se había realizado por ser ilegal y que lo que había sucedido ni siquiera era una apariencia de referéndum. Evidentemente, la opinión pública extranjera y las reacciones internacionales muestran que no fue esa la interpretación mayoritaria. La imagen que se transmitió fue la de la policía intentando impedir una votación —siendo secundario si la votación era legal o no— y, además, sin conseguirlo. La legitimidad internacional de la democracia española se puso en entredicho y también se cuestionó la capacidad efectiva del Estado de controlar el territorio y la población de Cataluña. Sin duda, los días que siguieron al 1 de octubre fueron extraordinariamente delicados para España. La imagen de falta de control se prolongó mediante la «aturada de país» del día 3, una huelga general convocada por los sindicatos, con participación de las instituciones, que pretendía visibilizar el rechazo a la actuación policial del día 1 de octubre. Su seguimiento encontró, sin embargo, más resistencias de las que esperaban los independentistas. Esa noche, el rey Felipe VI emitió un trascendente mensaje televisivo en el que llamó a todos los poderes del Estado a defender el orden constitucional contra la intentona separatista. En los días siguientes, la retirada de depósitos bancarios y la fuga de cientos de empresas crearon una situación de caos que explica en parte el éxito de la convocatoria de SCC del domingo 8 de octubre.

Esa manifestación, que reunió a centenares de miles de personas, fue la respuesta más significativa de la sociedad civil catalana ante el desafío secesionista. Muchos catalanes que se habían visto intimidados por el ambiente nacionalista predominante decidieron que esa podía ser la última oportunidad de expresar su oposición a la secesión antes de que esta triunfara (el día 10 de octubre estaba previsto un pleno en el Parlament en el que iba a proclamarse la independencia). No cabe duda que el éxito de dicha manifestación reforzaba al Gobierno para adoptar las medidas excepcionales que deberían haber sido implementadas con anterioridad. La gravedad de la situación explica que los socialistas, hasta hacía poco remisos a apoyar la aplicación del 155, acabaran haciéndolo, aunque con ciertas reticencias que tuvieron reflejo luego en la aplicación de dicho precepto en los medios de comunicación.[4]

La internacionalización latente del conflicto catalán se hizo explícita tras el 1 de octubre. Curiosamente, en este escenario de mayor confrontación y peligro, el Gobierno pareció manejarse mejor y en los días que siguieron consiguió el apoyo de la mayor parte de los países europeos, de Estados Unidos y de los grandes países del mundo. Evitó que hubiera algún tipo de reconocimiento internacional y preparó el terreno para la aplicación del artículo 155. La contradictoria declaración de independencia del día 10 de octubre fue la base para poner en marcha la solicitud al Senado para que adoptase medidas excepcionales contenidas en dicho artículo. Finalmente, estas fueron aprobadas por el Senado cuarenta y cinco minutos después de que el Parlament, a primera hora de la tarde del viernes 27 de octubre de 2017, votase una resolución formal de independencia. Con la autorización del Senado, se procedió a la destitución del Govern, la disolución de la Cámara catalana y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. En los días que siguieron, el acatamiento por parte de la Generalitat fue total. Y se iniciaron, además, querellas por parte de la Fiscalía General del Estado contra diversos líderes del procés, acusados de los cargos de rebelión, malversación y desobediencia. Algunos de ellos, encabezados por el depuesto Carles Puigdemont, huyeron de España. Durante los meses siguientes, los tribunales (la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo) iniciaron la investigación de los mencionados delitos, lo que implicó la adopción de medidas de prisión provisional, hasta la celebración del juicio, para algunos de los líderes independentistas. De ello se hizo cargo el magistrado instructor Pablo Llarena.

Llegados a este punto, y más allá de lo que pueda acabar determinando la justicia, la pregunta que sobrevuela es hasta qué punto el desenlace del procés podría haber sido otro, tal vez menos traumático, de haber adoptado el Gobierno español otra política de defensa activa del orden constitucional y las libertades en Cataluña, en lugar de practicar el quietismo y esperar hasta el límite cuando estuvimos cerca del conflicto civil y del fortalecimiento de una dualidad de poderes. Por fortuna, no sucedió, pero en los primeros días de octubre, todo parecía terriblemente incierto. Aun con la escasa perspectiva que da el poco tiempo transcurrido, podemos aventurar que en aquellos días hubo una posibilidad real de secesión que no hubiera sido detenida más que con el uso de las fuerzas armadas y que hubiera complicado extraordinariamente la posición internacional de España. Volver sobre ello, en cualquier caso, no es una mera especulación, sino un análisis necesario para evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones semejantes.

Las enseñanzas de la crisis catalana

¿Un nuevo proyecto para España?

JUAN CLAUDIO DE RAMÓN

Allí donde está el peligro, crece también la salvación.

HÖLDERLIN, «PATMOS»

¿A QUÉ LLAMAMOS PROYECTO? ESPAÑA COMO VALOR

La idea de que un país debe tener un proyecto no es evidente. Como es fama, la noción la heredamos de Ortega y Gasset, que definía la nación como «un proyecto sugestivo de vida en común». Una definición perfectamente inserta en el conjunto de la filosofía orteguiana, que concibe la vida humana como un perenne quehacer, un programa que debe renovarse ante las posibilidades que sin remedio y de manera incesante se le abren a cada instante. «El hombre es el novelista de sí mismo»,[1] dice el filósofo español. Pero eso, que está claro para los individuos, no lo está tanto para las naciones: ¿por qué todas las personas que comparten un pasaporte habrían de embarcarse en una empresa común? ¿Cuál podría ser? ¿Quién habría de decidirla? Lejos están los tiempos en que una gran colectividad, imbuida de un febril sentimiento de comunión, se daba al proyecto de liberar Jerusalén, combatir una herejía o conquistar un continente. Hoy rige, por el contrario, lo que Valentí Puig llama la irreductible heterogeneidad de los destinos humanos. Vale decir: de sus proyectos, porque hombres y mujeres no solo tienen ideas diferentes sobre cómo hacer las cosas, sino también sobre cómo vivir sus vidas. Diversidad que se complica al polarizarse como consecuencia de los fenómenos asociados a la globalización (¿qué proyecto podrían compartir los partidarios del Brexit o del Remain, los de Trump y los de Obama?). La actual brecha, presente en más de un país occidental, entre —simplifico— cosmopolitas y soberanistas (expresión también del problema de la desigualdad económica en nuestras sociedades) da una idea perspicua de la dificultad de mantener hoy proyectos nacionales unitarios de fuerte carácter comunitario. El pluralismo, en fin, es un hecho sin vuelta de hoja en la Modernidad y exige un minimalismo valorativo que hace difícil que sobre el plan de vida de cada uno se eleve un omniabarcante proyecto colectivo. A la postre, un país moderno no es un «hacer juntos», sino un «vivir juntos», una circunstancia de la vida que raramente se nos ofrece escoger, pues nacemos in media res, en mitad de una comunidad política, cuya sustancia cultural e histórica nos envuelve y precede y no podemos reformatear a voluntad.

Naturalmente, podemos sentirnos felices o desdichados con la comunidad que el azar del nacimiento nos ha brindado. Podemos también sentirnos indiferentes. Esta es una de las hipótesis que aquí proponemos: que, al menos desde la Transición, la pertenencia a la comunidad política que llamamos España ha suscitado una gran indiferencia, cuando no duda o rechazo, en amplias capas de la población española. Pero de pronto, en el otoño de 2017, indiferencia y duda topan, se dan de bruces más bien, con la posibilidad, con el riesgo vivido como cierto, de que la propia comunidad desaparezca. Empiezan a ocurrir cosas que no figuraban en el guion. Vimos aquellos días, por ejemplo, levantarse el estigma sobre la bandera española, que muchos españoles enarbolaron, acaso por primera vez en su vida, para mostrar su compromiso con el orden constitucional y la unidad de España en ciudades de todo el territorio. Singularmente, en Barcelona, que conoció dos manifestaciones masivas los días 8 y 28 de octubre de 2017 que revelaban el sentir español de gran parte de la sociedad catalana. Pero también en Madrid, y en urbes de tamaño medio y pequeño, los balcones se poblaron de banderas. Un pulso que se creía extinto —y que provisionalmente vamos a llamar «nacional»— renació con fuerza esos días. Resulta que había españoles, en número considerable, que no querían que su país desapareciera y lo hacían saber, perdidas las dudas y prevenciones del pasado.

Como es lógico, nadie se manifiesta a favor de algo que cree que no tenga valor. Si España hubiera sido esa realidad pobre y caduca, exánime, esa carcasa artificial y prescindible que parecen tener en la cabeza los independentistas cuando hablan de ella, entonces, a no dudar, el procés habría triunfado. Por contra, lo que hemos descubierto es que España nos importa más de lo que queremos admitir, que nos gusta más de lo que creíamos, que es, en suma, en nuestra biografía, una realidad vivida como algo valioso que no se puede dar en almoneda o liquidar de saldo. Podemos, así, oponer esta idea a la de Ortega: una nación vieja como España, más que un proyecto, es una realidad histórica valiosa, vigente, incorporada biográficamente a nuestra vida y que perdurará solamente en la medida en que los españoles sepamos y queramos reconocerle valor. Por tanto, cuando hablamos de la crisis catalana como una oportunidad de dar a España un nuevo proyecto, tal y como sugiere el título del capítulo, propongo que por ello entendamos esto: la posibilidad de revalorizar nuestra condición de españoles, de poner en valor que la España del siglo XXI, además de legarnos un impresionante tesoro desde del pasado, es el lugar donde los proyectos personales de cada cual pueden acometerse en libertad y que nos resistimos a creer que su despiece en unidades políticas menores aporte ningún beneficio a nadie. Esto no quiere decir, por supuesto, que no le veamos defectos, algunos graves, o que no aspiremos a reformar lo que hay para mejorarlo. Pero sí quiere decir, en cambio, que solo si somos capaces de reevaluar positivamente lo que ya tenemos, de darle su justo valor, tendremos el acicate suficiente para su mejora. Sobre este punto, que no puede haber reforma sin autoestima, volveré más adelante.

¿EL FINAL DE LA «DEJACIÓN DE ESPAÑA»?

En 2008, dos años después de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y dos años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que lo habría de enmendar parcialmente, la socióloga Helena Béjar publicó un interesante estudio sobre el sentimiento de pertenencia de los españoles. A partir de una larga serie de entrevistas, la autora se proponía auscultar el latido nacional del país —y siempre que en estas líneas el lector lea «nacional» o «nación», póngale cuantas comillas crea necesarias—; saber si, como les había pedido el presidente José María Aznar en su segundo mandato, los españoles se sentían orgullosos de serlo. La conclusión fue clara: mientras que en España los nacionalismos subestatales estaban forjando identidades fuertes, basadas en el sentimiento, la historia y los lazos etnolingüísticos, la española se caracterizaba por ser una identidad débil, insegura y desprotegida, vulnerable a la burla y asociada a un campo semántico negativo: «franquista», «facha», «españolazo», «centralista», «autoritario». Es decir, no solo es que el proyecto español no fuera sugestivo, sino al contrario: había pasado a connotar lo peor, lo indeseable. Si bien Béjar criticaba en su análisis las flaquezas conceptuales y los riesgos políticos entrañados por cada modalidad de nacionalismo considerado, no podía dejar de advertir que un sentimiento de pertenencia tan débil y problemático como el español suponía una anomalía en términos comparativos con otras democracias establecidas. Anticipando el problema que antes o después el Estado español tendría que afrontar, Béjar terminaba su pesquisa recomendando reconstruir la tradición del nacionalismo liberal español. Sostiene la socióloga (la cursiva es mía):

Es necesaria una política renacionalizadora que reconstruya un nacionalismo integrador de las identidades duales que afirman poseer la mayoría de los ciudadanos. Solo el reconocimiento de pertenencia complejo, y también el español, puede llevar a aceptar la libertad y la diversidad nacional. También a recuperar la solidaridad y el compromiso con un futuro compartido, vinculado con un idioma, una historia y unos símbolos comunes. Es urgente un debate intelectual y político sobre la conciencia nacional española, que se ha venido hurtando desde hace decenios.[2]

El eficaz título que Béjar puso a su estudio, La dejación de España, bien valdría para resumir toda una época. Como para probar la tesis del libro, la investigación pasó desapercibida por esas élites olvidadizas y dejadas. El debate ha sobrevenido diez años más tarde. La pregunta que nos hacemos, entonces, es: ¿está saliendo España, gracias al masaje desfibrilador del procés, de su periodo de dejación? Ciertamente, hay algo en el esprit du temps que parece sugerirlo. Para no pocos, los signos visibles de ese regreso de la idea de España —que el nombre del país se mencione más a menudo, que la bandera no se esconda tanto, que una popular artista decida por su cuenta poner letra el himno o, en fin, que un partido como Ciudadanos, cuya actitud hacia los nacionalismos subestatales se percibe como dura, suba en las encuestas de intención de voto— es motivo de inquietud. Planea la sombra del retorno del «nacionalismo español», que para Pablo Iglesias y otros equivale poco menos que el retorno al fascismo. ¿Tienen razón estas voces en estar preocupadas? ¿Qué España es la que pide paso? ¿La versión imperial nacionalconservadora, castellanocéntrica, del franquismo? ¿O la versión moderna, inclusiva y cívica prefigurada en la Constitución de 1978? Antes de abordarlo, debemos repasar y tratar de interpretar un pedazo de nuestra historia reciente.

LA PERVIVENCIA DEL MARCO MENTAL ANTIFRANQUISTA

Durante la transición a la democracia, y aún durante los primeros compases del nuevo régimen constitucional, no faltaban motivos para que la idea de España y sus símbolos quedaran extraviados en el corazón de los españoles o que llegaran incluso a generar rechazo. Por un lado, las urgencias eran otras: modernizar el Estado, ponerlo a punto para su ingreso en la Comunidad Europea, algo que, con razón, fue visto como una tarea más necesaria y perentoria que cuidar de la salud de la nación española, de la cual el franquismo había producido un empacho intoxicador. Cuatro décadas de empapuzamiento nacionalcatólico no pasan en balde y era comprensible que expresiones como «nación española» o «viva España» estuvieran, para cualquier persona adulta, asociadas al discurso franquista. El propio nombre de España quedó bajo sospecha, siendo desde entonces habitual echar mano de sintagmas alternativos como «este país» o «Estado». Tampoco la bandera —que no era la misma, pero mantenía continuidad cromática con la franquista— quedó a salvo del despecho. Para España y sus símbolos, en fin, era preciso pasar una estancia en el purgatorio. Ponerse a dieta de patriotismo fue considerado un hábito saludable por un gran número de españoles.

También era comprensible, por lo demás, que este distanciamiento fuera más acusado en sectores de la población duramente reprimidos por el régimen: la izquierda militante —cuyas élites, durante la Segunda República, no habían rehuido hacer profesión de patriotismo español— y los ciudadanos de regiones con sentimiento nacional arraigado —que, no obstante su creciente ambigüedad, también, hasta el hiato de la guerra, habían afirmado sin grandes problemas la compatibilidad de su identidad privativa con la española, es decir, su sentimiento de doble pertenencia—. Por la misma razón, se entiende que el periodo deflacionario de la identidad española coincidiera en el tiempo con la inflación de las identidades locales, reprimidas o limitadas bajo Franco a sus expresiones más folclóricas y banales. Los nacionalismos subestatales no tardarían en mostrar su faz excluyente, pero gozaron, en los primeros compases de la democracia, de un caudal de simpatía generalizado y hasta, me atrevería a decir, de cierta carta blanca para llevar a cabo sus políticas nacionalizadoras, un crédito acumulado durante la dictadura que hoy —otro indicio de que los tiempos están cambiando— parece definitivamente agotado.

En definitiva, y tal como lo resume Andrés de Blas, durante aquellos años formativos de la España del 78, «el nacionalismo liberal [español] no podrá soportar la doble presión del desprestigio derivado de la manipulación de las claves nacionalistas por el franquismo y del discurso exultante de los nacionalismos periféricos».[3] Todo esto es cierto, y no hay analista que no aluda a la pesada losa del franquismo para explicar la problemática relación que no pocos ciudadanos españoles tienen todavía con su país. Losa que, por lo demás —importa recordarlo—, operaba dentro de una cultura secular de pesimismo que, al menos desde el siglo XIX, ha venido agarrotando la reflexión de las élites nacionales sobre España: como ha recordado Santos Juliá, el escepticismo sobre las posibilidades de nuestro país ha sido el humor dominante desde el ochocientos: los liberales de aquel siglo pensaron España como «anomalía»; los noventayochistas, como un «dolor»; y los historiadores de la generación que vivió la Guerra Civil, como un «fracaso». Un país cuya historia parecía un hueco porque siempre se contaba desde el punto de vista de las oportunidades perdidas.

En los últimos años, la historiografía ha corregido este derrotismo, mostrando hasta qué punto la historia de España es plenamente normal y parangonable a la del resto de los países europeos. Por razones de espacio no podemos detenernos en este debate sobre la supuesta excepcionalidad de nuestro país. Lo que importa para nuestro propósito es preguntarse si el franquismo es la única clave interpretativa capaz de agotar la explicación de las dificultades que toda una generación crecida en democracia tiene para aproximarse de manera positiva a su condición de españoles. Quien esto escribe no duda del peso del fardo franquista, pero lo considera explicación insuficiente y, a la postre, insatisfactoria para explicar nuestros problemas de autoestima.

En primer lugar, porque la difícil digestión identitaria de un pasado fascista no distingue a España de otros países europeos, donde, sin embargo, identidad y símbolos parecen rehabilitados. Por desgracia, la herida del fascismo forma parte de la memoria común del continente y son pocos o ninguno los países que no hayan tenido que afrontar lo que la lengua del país que se hundió en la sima más negra llama Vergangenheitsbewältigung: «hacer las paces con su pasado». Al recuperar sus democracias, Italia, Alemania, Austria o Portugal, por citar algunos, también hubieron de afrontar el problema de rehabilitar una identidad nacional contaminada por su asociación con un régimen fascista monopolizador del patriotismo. Cada país diseñó una estrategia de rehabilitación distinta, que en todo caso incorporó un periodo de descrédito de sus símbolos. Lo que distingue a España del fenómeno europeo no es el pecado, sino no haber salido todavía del purgatorio. Los años pasan y, en 2018, cuarenta y tres años después de la muerte del dictador, no se quiere dar la deuda por saldada. Es como si —alguien lo ha dicho— los españoles hubieran matado al dragón y se hubieran olvidado de rescatar a la princesa.

Más intrigante nos parece el asunto si lo vemos en el eje temporal. Porque el desafecto, la hostilidad incluso, parece crecer conforme más atrás queda la dictadura. Es decir, el recelo ante España y sus símbolos parece más intenso en las nuevas generaciones de las élites de izquierda y de los nacionalismos subestatales que en la promociones anteriores. Más en Pablo Iglesias que en Santiago Carrillo, más en Carles Puigdemont que en Jordi Pujol. Esto es: una generación de líderes y activistas que carecen de los penosos recuerdos personales del franquismo, crecidos en una España democrática y bastante exitosa, no logra reconciliarse con un país que, como veremos, se ha transformado por completo. Es esta anomalía la que debe ser meditada más allá del cliché de la culpa franquista.

Podría sostenerse que el hecho diferencial español está en la Guerra Civil, ausente en la trayectoria reciente de otros países. Pero esto no es del todo cierto. No solo porque otros países sí sufrieron contiendas civiles hoy superadas (el caso de Grecia viene a la cabeza; también el de Francia, si a una guerra como la de Argelia se la considera civil). Sobre todo porque, con independencia de que mediara o no una guerra cruenta como la nuestra, las dictaduras fueron frecuentes y toda dictadura incorpora de algún modo la memoria de una lucha fratricida: la que divide a colaboradores y resistentes.

Bien mirado, lo significativo del caso español en el contexto europeo fue la longevidad del régimen. En efecto, si la dictadura franquista hubiera sido derrocada al término de la Segunda Guerra Mundial fruto de una intervención de los Aliados, entonces es probable que Franco y sus jerarcas hubieran sido juzgados y ejecutados, siguiendo el mismo patrón de lo que ocurrió en otros países europeos. La fase autoritaria habría sido expiada con el sacrificio de los máximos colaboradores y el prestigio y nombre de España se habría restañado en el mismo sacrificio expiatorio.

Pero el régimen perduró. No solo eso: a lo largo de treinta y seis años, tras la represión y el exilio, logró legitimarse ante numerosos españoles. A la muerte de Franco, el país tenía ganas de democratizarse. Pero la responsabilidad por el franquismo era ya demasiado difusa, y la prudencia, tanto la moral como la política, aconsejaba el pacto y no la ruptura. Frente al relato de una verdadera España que había doblegado a otra espuria y traidora —el relato del franquismo victorioso, pero también el que hubiera hecho el antifranquismo de haber ganado la guerra— se optó por un relato distinto: dos Españas, las dos verdaderas, se reconciliaban, sin imposiciones, a través del pacto y la reforma. No es un mal relato si se piensa bien: el del pacto, el del perdón, el del abrazo. Funcionó, asombró al mundo y sirvió como mito fundador de la democracia de 1978. La Transición fue una operación histórica de altura que, al tiempo que lograba su objetivo, dotaba a España de un nuevo relato fundacional.

Sin embargo, una parte de la izquierda rechazó el relato de la reconciliación. Mientras los signatarios del acuerdo —la derecha democratizada, la izquierda pragmática y pronto en el Gobierno, y las versiones posibilistas de los nacionalismos catalán y vasco— fueron ocupando los nichos institucionales y delineando el perímetro político para las próximas décadas, la izquierda rupturista se refugió en los cuarteles de invierno de los movimientos sociales y las facultades universitarias. Convertidos en los happy few que sabían la verdad —que los españoles habían sido burlados por los poderes fácticos durante una Transición lampedusiana—, desde allí se encargaron de mantener vivo el marco cultural del antifranquismo: la Constitución de 1978 no había cambiado nada y el Estado seguía siendo criptofascista y gobernado por «los de siempre». Era una izquierda que al mirar atrás, lo que veía era una triple derrota: la de la guerra, la del franquismo —porque el régimen perduró y el dictador se murió en la cama— y la de la Transición —porque, en lugar de la huelga revolucionaria que habría de traer la Tercera República, vino la reforma y la monarquía parlamentaria—. Y, dado que España le había dado la espalda hasta tres veces, esa izquierda —más segundorrepublicana que republicanista— también le dio la espalda a España.

Esta era la situación cuando la crisis de 2008 abre un enorme boquete en el bienestar y en la autoestima de los españoles. El cataclismo económico brinda la ocasión a la izquierda contraria al 78 de salir de los márgenes académico-universitarios en los que se movía e intentar lograr la hegemonía cultural. No se trataba de regenerar la vida política, sino de derogar la odiosa Transición. Las demandas de los indignados del 15-M podían ser de más trasparencia, mejores sueldos o más justicia contra la corrupción. Pero la izquierda universitaria que tomó el timón sabía bien lo que quería: hacer saltar, en palabras de su principal tribuno, el «candado» del «régimen del 78», expresión despectiva que hizo fortuna. Pronto se vería que el cambio de régimen solo podría hacerse percutiendo sobre su único fleco aparentemente suelto, el territorial.[4]

Si me he permitido este esbozo interpretativo de nuestra historia reciente, es porque creo que no se entiende gran cosa del procés independentista catalán si no se calibra antes la «comunidad de desvalor» que los nacionalismos subestatales y la izquierda militante han formado en las últimas décadas. El desvalor en ambos casos era y es España. Las redes sociales, lugar predilecto de encuentro de la izquierda militante, es donde mejor se aprecia a diario esa comunidad epistémica y emocional, que es, al mismo tiempo, estratégica. Sirvan de ejemplo estos dos tuits de Isaac Rosa, escritor sevillano, crecido en Extremadura, residente en Madrid, simpatizante de Izquierda Unida y colaborador habitual en medios de la izquierda: «A los que hace años pedíamos que se quedasen en España para transformarla juntos y hacerla más democrática y justa, se nos está quedando cara de espanto solo comparable a la que tendremos si un día se independizan y nos dejan solos con toda esta caverna» y «Algunos también decíamos que el conflicto catalán era la única palanca a corto y medio plazo para provocar cambios en España, siempre que la izquierda española lo viese como oportunidad. No pasó. Aquí estamos» (ambos tuits del 10 de abril de 2018). No se puede encontrar ejemplo mejor de subordinación ideológica por parte de la izquierda militante al relato negativo de España que interesa difundir a los nacionalistas periféricos: El independentismo tiene razón en querer marcharse porque este país es un espanto.

Porque si la España del 78 es el marco democrático donde las tensiones, tanto las sociales como las territoriales, pueden ser abordadas, si la España del 78 es un vehículo de progreso social efectivo, y un marco territorial flexible que permite la coexistencia de las identidades, entonces la lucha de ambos carece de sentido y justificación y no es más que un capricho extravagante fruto del narcisismo y el resentimiento. De ahí sus esfuerzos por mantener vivo el marco cultural del antifranquismo —el marco bajo el cual sus luchas sí tendrían sentido— y de seguir usando el lenguaje del antifascismo que a los demás nos parece extemporáneo. Porque solo viviendo en ese país mental —ese país que el escritor Antonio Muñoz Molina ha llamado Francoland—, España sigue siendo esa realidad caduca, exánime y sin valor de la que merece la pena separarse o cuyo régimen hay que intentar subvertir.

Y SI HABLA MAL DE ESPAÑA ES ESPAÑOL: EL AMOR PROPIO COMO CONDICIÓN DE LA REFORMA.

A muchos les sonará la humorada del poeta español Joaquín Bartrina (catalán, para más señas) que dice:

Oyendo hablar un hombre, fácil es

saber dónde vio la luz del sol

Si alaba Inglaterra, será inglés

Si reniega de Prusia, es un francés

y si habla mal de España… es español.

Las cosas no han cambiado mucho desde que Bartrina (1850-1880) escribió esta estrofa. Una encuesta sobre percepciones y autopercepciones llevada a cabo por la empresa de sondeos Pew Research Global Attitudes revelaba que, del grupo de países europeos de la muestra, España era el único que tenía peor opinión de sí mismo que del resto de países.[5] Hay varios motivos por los que esa encuesta puede contener problemas metodológicos, pero el resultado es consistente con esa cultura de débil identificación con España de la que venimos hablando. Mi tesis, desarrollada hasta ahora, es que ese pesimismo nacional no se puede explicar tan solo por la herencia franquista, sino por el empeño de la izquierda militante de prolongar el marco mental antifranquista más allá de lo razonable, formando con los nacionalismos subestatales una auténtica comunidad de desvalor que explica buena parte de sus coincidencias programáticas, desde la exclusión del español como lengua de enseñanza en los territorios bilingües hasta la defensa del derecho de autodeterminación de esas regiones. Se podrá objetar que, al fin y al cabo, la izquierda militante ha quedado hasta ahora al margen de los nichos de poder institucional —solo recientemente ha llegado a los ayuntamientos de ciudades principales—, y que, por tanto, su influencia en el ánimo general del país no puede haber sido tanta. Pero esa ausencia de poder institucional —que quienes sí tenían, por otro lado, rara vez lo utilizaron para llevar a cabo una política discursiva y simbólica propia— venía más que compensada por la aureola cultural y su predicamento universitario y mediático. Súmese a ello la colonización por parte del otro componente del binomio —los nacionalismos subestatales— de los medios y la educación en la vasta porción de España donde gobiernan, y podremos entender cómo ha sido posible construir una hegemonía deslegitimadora de España, a contrapelo de la exitosa andadura del país. Las mejoras objetivas de todo tipo que ha traído el llamado «régimen del 78» no pudieron traducirse en una mejora de la autoestima y de la autopercepción de los españoles y de una mayor identificación con su Estado.

En el apartado anterior, he intentado reconstruir, dando grandes zancadas, el proceso psicológico que ha conducido a una parte de la izquierda española contemporánea a tener una pobre idea de España. Lo he hecho no porque piense que para arreglar nuestros problemas o para relanzar el proyecto español baste con deshacernos del espantajo franquista y mirarnos al espejo bajo una luz más favorable. Lo he hecho porque opino que, sin una cierta recuperación de nuestra autoestima colectiva, de nuestra autoimagen, no tendremos el acicate necesario para seguir adelante y proceder a nuestra automejora. En definitiva, sin dar algo de valor a lo que fuimos y a lo que somos, no tendremos interés en llegar a ser lo que podemos ser si nos esforzamos. Dice un autor estadounidense

El orgullo nacional es a los países lo que el amor propio a los individuos: una condición necesaria para el automejoramiento. Demasiado orgullo nacional puede producir belicosidad e imperialismo, al igual que una dosis excesiva de amor propio puede causar arrogancia. Pero igual que demasiado poco amor propio impide que una persona muestre coraje moral, una cantidad insuficiente de orgullo nacional hace improbable que un país se vuelque en una discusión enérgica y eficaz sobre políticas públicas. El involucramiento emocional de uno con su país —sentimiento de intensa vergüenza o de reluciente orgullo suscitados por los episodios de su historia y por sus políticas presentes— es necesario si queremos que la deliberación política sea imaginativa y productiva. No es probable que dicha deliberación ocurra si el orgullo no sobrepuja a la vergüenza.[6]

El autor de estas líneas es el filósofo Richard Rorty. El pasaje es el inicio de «Forjar nuestro país», su poderosa arenga a la izquierda norteamericana, a la que acusa de haber perdido el aliento reformista del New Deal al haber adoptado, a raíz del traumático episodio de la guerra de Vietnam, un relato negativo e irrisorio sobre Estados Unidos. ¿No resuena también esa arenga en nosotros, los reformistas españoles? Sí, sé bien que el sintagma «orgullo nacional» no nos gusta. Y sé también que nos chirría leer —más arriba lo veíamos en Helena Béjar— que debemos «renacionalizar» España. Pero creo que ni Rorty ni Béjar pondrían reparos a que donde ellos dicen «orgullo nacional» y «renacionalizar», nosotros digamos tan solo «amor propio» (o «autoestima») y «revalorizar».

De esto se trata en primera instancia, de valorar lo que tenemos. Y no me cabe duda de que muchos catalanes que se han opuesto al procés no solo lo han hecho en razón de sus convicciones democráticas —la verdadera ciudadanía democrática ha de trascender los vínculos etnolingüísticos— o de su sana aversión a las mentiras. Lo han hecho movidos también por su certeza de que España, la España del 78, vale mucho y que perder un activo valioso de su hoja de balance vital por un capricho de vanidad no era algo que estuvieran dispuestos a consentir. Es decir, no solo defendían su ciudadanía y la ciudadanía de otros, sino también la prima económica, cultural e histórica que les da su condición de españoles.[7] Y para saber que España tiene valor, no hace falta remontarse a siglos de oro perdidos en las viejas edades. Sin desdoro de nuestra larga y enjundiosa historia, podemos centrarnos en lo conseguido en un breve periodo de tiempo, en la historia de nuestro presente.

Veámoslo brevemente con los datos compilados por Kiko Llaneras y Nacho Carretero para El País.[8] Desde 1980, el PIB por habitante en España casi se ha triplicado: ha pasado de 14.500 a 34.000 dólares en 2014, corrigiendo la inflación. El mejor valor se alcanzó en 2008 —35.000 dólares por habitante—; después, la economía se contrajo, pero nueve años después casi se ha recuperado el máximo histórico. Hace poco, el FMI confirmaba que el PIB por habitante en España ya es superior al de Italia, una referencia histórica. En 1978, la esperanza de vida en España era de 74 años, ocho menos que hoy. En 1980, solo el 8 por ciento de los niños se vacunaban contra el sarampión; hoy lo hace el cien por cien. Entre 1995 y 2015, el gasto sanitario por persona pasó de 1.200 a 3.000 euros. En 1975, en España había tres veces menos médicos que ahora, según datos del INE. Hoy hay en España hospitales públicos en núcleos de población de 80.000 habitantes con un altísimo nivel tecnológico, mientras que hace veinte años, la única manera de tratar ciertas enfermedades era yéndose fuera. Hoy ya no hace falta y en ocasiones es a España adonde la gente viaja para tratarse. La mortalidad infantil ha pasado del 2 por ciento en 1978 al 0,4 por ciento hoy. Somos el país líder del mundo en trasplantes. En 2017, la revista médica The Lancet y la Fundación Bill y Melinda Gates dictaminaron que la sanidad española es la octava mejor del mundo. En cuanto a la educación, en 1960, España le dedicaba el 1,3 por ciento del PIB; en 1978, el 2,2 por ciento; del 2009 al 2011, llegó al 4,9 por ciento; y aunque ha bajado con la crisis, en 2013, el gasto fue del 4,3 por ciento. La cifra casi se ha duplicado, con el añadido de que el PIB se ha triplicado desde entonces. En general, el gasto público en España ha aumentado extraordinariamente. No hay ciudad española que en estos cuarenta años no se ha haya embellecido y aumentado su calidad de vida. España es el tercer país con más lugares y monumentos reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Pero ¿y la revolución en las costumbres? Algo verdaderamente impresionante. En 1990, el 30 por ciento de los españoles pensaban que si faltaba empleo, los hombres tenían más derecho al trabajo que las mujeres. También ese año, las mujeres suponían solo el 15 por ciento de todos los diputados del Parlamento español. Hoy son el 39 por ciento, lo que nos convierte en el sexto país de Europa con un mayor porcentaje de mujeres diputadas, solo por detrás de Islandia, Suecia, Finlandia, Noruega y Bélgica. En 1980, las mujeres españolas habían recibido menos años de educación reglada que los hombres: 5,5 años, frente a los 7 de los varones. Desde hace unos años, las mujeres en nuestro país reciben tanta educación como los hombres: ambos superan los diez años de media entre colegio, instituto y universidad. En 1980, el 54 por ciento de los españoles creían que la homosexualidad era injustificable y el 28 por ciento creían que lo era el divorcio. Hoy, esas opiniones las sostienen apenas el 8 por ciento y el 5 por ciento, respectivamente, de los españoles. Un estudio reciente de la Universidad de Georgetown y el Instituto de la Paz de Oslo considera que España es el quinto país del mundo con mayor bienestar para las mujeres. Nuestro país encabeza todas las estadísticas mundiales de tolerancia hacia la diversidad sexual y celebra los días del orgullo LGTB más multitudinarios y festivos. En 2005, España fue el cuarto país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual.

España es, además, el segundo país más seguro de Europa, el que más turistas recibe, el que más estudiantes erasmus acoge cada año, el que expide el tercer pasaporte que más países permite conocer sin necesidad de visado o el que tiene más tendido ferroviario de alta velocidad por habitante en el planeta. España está entre los diez países de Europa donde más personas han participado en manifestaciones. Nuestros escritores se leen en todo el mundo, nuestros cocineros sirven sus creaciones en todo el mundo, nuestros ingenieros construyen puentes y canales en todo el mundo. España ha sido elegida en cinco ocasiones miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha presidido cuatro veces el Consejo de Ministros de la Unión Europea, desde donde ha hecho aportaciones de primer orden al proyecto europeo, como los fondos de cohesión o la idea de ciudadanía europea. Desde 1989, se ha implicado en cincuenta misiones de paz de Naciones Unidas, organización de la que es el undécimo contribuyente mundial. En 1992, año cenital de nuestra democracia, fue capaz, en un único año, de organizar en Barcelona los mejores Juegos Olímpicos de la historia; en Sevilla, una de las exposiciones universales más visitadas; además de haberle sido otorgada la capitalidad europea de la cultura a la ciudad de Madrid, donde, meses antes, y en cuestión de semanas, la diplomacia española había sido capaz de organizar la primera Conferencia de Paz de Oriente Medio que sentó a israelíes y palestinos en la misma mesa. En un mundo crecientemente marcado por los brotes de xenofobia, España destaca por lo contrario, la xenofilia: según datos del Eurobarómetro, es el Estado europeo donde un mayor porcentaje de nacionales afirman no tener ningún problema en trabajar con inmigrantes o cultivar su amistad.

Somos, en definitiva, un país que, desde 2006, ha sido catalogado once años consecutivos como una de las democracias plenas del mundo, según The Economist Intelligence Unit (en 2017, solo diecinueve países pertenecían a este selecto club); un país que, en 2017, ha obtenido 94 de 100 puntos en el exigente barómetro de libertades de The Freedom House, y uno de los países que recibe cada año menos condenas por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos ante el Tribunal de Estrasburgo (en 2017, año de la crisis catalana, solo cinco, frente a las 99 de Turquía o las 293 de Rusia, países con los que a veces se intenta grotescamente comparar a España, pero también frente a las 28 de Italia o las 16 de Austria, e incluso algo menos que las siete de Bélgica y de Alemania o las seis de Francia).[9]

España tiene defectos, sí. Muchos. Pero es sin disputa uno de los países con más calidad de vida que hay en el mundo. Hemos prosperado juntos. España tiene valor. Un valor, recordémoslo, es aquella cualidad que hace de algo un bien. España es, por tanto, un bien. Y los bienes se protegen. Si no nos convencemos de eso antes, no podremos seguir proyectándonos hacia el futuro y mejorando nuestras faltas. Nuestra prima de ciudadanía dejará de cotizar porque los primeros que habremos dejado de invertir en ella seremos nosotros.

UNA ESPAÑA REFORMADA: HACIA LA PAZ DE LENGUAS

El nuevo proyecto para España, surgido al calor del procés, debe comenzar aquí: se trata de restañar nuestra autoimagen y librarnos para siempre de ese antifranquismo sentimental que tanto lastra esa autoimagen y nuestro amor propio (no de la memoria de la dictadura, episodio indeleble de nuestra historia). Porque ningún periodista extranjero dice tonterías si no es porque primero las hemos dicho nosotros. Pero desterrar el marco mental antifranquista no va a bastar. Necesitamos sustituirlo con otra cosa, con algo que unos llaman «proyecto» y otros «relato» o «narrativa», pero que para mí es sencillamente una nueva autoimagen, una que ayude a que la ciudadanía pueda vivir España y su pertenencia a la comunidad española como un valor. Reformar nuestra mirada es necesario, pero no quiero que nadie piense que es la única reforma necesaria.

La reforma constitucional, por ejemplo. Sé que hay muchas personas que creen que, en realidad, nada hay en nuestro vigente marco constitucional que justifique el alto grado de desapego entre los catalanes que nos ha llevado a esta crisis. Tiendo a estar de acuerdo: la Constitución no es el problema. Pero no siendo el problema, su reforma sí puede ser parte de la solución. Existen aspectos de la Carta Magna en los que su puesta al día puede suscitar amplio consenso: las reglas de sucesión a la Corona, la actualización de la tabla de derechos y libertades o la inserción de las oportunas referencias a nuestra pertenencia —militancia, diría yo— en la Unión Europea.

¿Qué hay de la cuestión territorial? ¿Cómo podría ayudar la reforma de la Constitución a pacificar la querella territorial? De varias maneras. Ciertamente, reglas de reparto competencial más nítidas que evitaran los frecuentes roces entre jurisdicciones podrían ayudar a mejorar la relación entre los niveles de gobierno, que son tensiones que se acaban trasladando a la ciudadanía. Sumemos a eso la institucionalización al más alto nivel de foros y mecanismos de cooperación y concertación de las voluntades, así como la desconcentración de los órganos de la capitalidad, llegando a hablar, ¿por qué no?, de una auténtica cocapitalidad para Barcelona. Todo ello equivaldría a perfeccionar y profundizar las trazas federales del modelo de 1978. Me encuentro entre los simpatizantes de una reforma inspirada por esos principios, que en todo caso no podría llevarse a cabo sin la necesaria deliberación y consenso.

Pero a menudo se arguye que estas medidas ya no son suficientes para satisfacer las demandas de los catalanes: estas voces reclaman caminar hacia un mayor autogobierno para la comunidad catalana que incluya lo que ha dado en llamarse un blindaje de las competencias identitarias y lingüísticas; el reconocimiento de una «singularidad» que conlleve el de la plurinacionalidad del Estado en su conjunto; y, acaso, el propio derecho a decidir, facultando la posibilidad de celebrar referendos de independencia. No estoy de acuerdo y creo que cualquier intento de reformar la Constitución en esta dirección fracasará y nos hundirá en un agujero más hondo de aquel en el que nos encontramos. En primer lugar, por algo que ha sintetizado bien uno de los editores de este volumen, Joaquim Coll: no es lo mismo federalizar España que federar Cataluña a España. Lo primero equivale a crear un amplio espacio común, heterogéneo, con reglas de convivencia claras, donde cada identidad es respetada, pero es expuesta a la mezcla, al roce, a la hibridación voluntaria y el mutuo enriquecimiento. Lo segundo es crear dos espacios uniformes y yuxtapuestos, dos contenedores identitarios separados con ciertos órganos de gobierno que se comparten, pero en permanente recelo y tirantez: una asociación abocada a la desintegración, como todas las confederaciones que en el mundo han sido. Cada vez que en España los autoproclamados federalistas —y singularmente, los socialistas catalanes—, a la hora de detallar su propuesta, llenan su discurso de este lenguaje confederal —sugiriendo que la solución es construir una verja donde los independentistas querrían un muro—, generan una enorme desconfianza hacia el federalismo en el resto de España.

Este debate sobre los distintos lenguajes federales nos conduce a otra discusión: la relativa a la plurinacionalidad o no del Estado. De nuevo, aquí los federalistas adoptan sin beneficio aparente el lenguaje de su rival ideológico: el nacionalismo. Tengo poco que añadir a la única interpretación que, según el constitucionalista vasco Josu de Miguel, cabría otorgar a la plurinacionalidad del Estado: que hay al menos tres o cuatro maneras de ser español (de asignar a cada lengua una nación, como parece ser la idea), pero tan solo una manera de ser vasco, catalán o gallego: ser nacionalista.[10] La ambigua fórmula «nación de naciones» no mejora las cosas. O no significa nada, o significa la existencia en España de una especie de supranación jurídica —la española— que englobaría al resto de naciones, estas sí, sustantivas y con derecho a practicar políticas nacionalizadoras de carácter uniformizador. Sancionar la plurinacionalidad del Estado, en definitiva, solo serviría para avalar las políticas identitarias de los nacionalismos subestatales, como si no hubiera hoy abundantes pruebas de su carácter excluyente y corrosivo de la convivencia.

La propuesta que hago desde aquí es distinta: centrar nuestros esfuerzos integradores no en las naciones (nunca nos pondremos de acuerdo en saber cuántas hay en España), sino en las lenguas, el auténtico hecho objetivable de la diversidad cultural hispánica. ¿No es acaso mejor idea, en lugar de proceder a «blindajes» de políticas lingüísticas que han tomado un curso dogmático y excluyente, hacer una auténtica gestión federal, inclusiva y justa, de las lenguas? ¿No es mejor proyecto para España, más estimulante, atractivo y vanguardista, convertirse en una nación plurilingüe (y, conforme crezcan los aportes demográficos del exterior, también crecientemente pluricultural), cívica e inclusiva, que ser un Estado plurinacional, de uniformidades yuxtapuestas, mal avenidas y vueltas sobre sí?

Parte del camino ya está hecho. En diversos foros y publicaciones he argumentado que el Estado español de 1978 no parte de cero en el aprendizaje de su pluralidad lingüística.[11] El discurso victimista de los nacionalismos subestatales, y también el desdén o la indiferencia por la cuestión que afecta a las élites capitalinas, tiende a eclipsar las buenas prácticas del Estado existentes en materia de diversidad lingüística. Podemos señalar las siguientes:

– El Estado en las Comunidades Autónomas, lo que conocemos como la Administración Periférica del Estado, presta sus servicios en catalán, vasco y gallego, además de en español (Orden Ministerial de 20 de julio de 1990 sobre conocimiento de las lenguas oficiales de las CC. AA., en la provisión de puestos de trabajo en la Administración Periférica del Estado).

– Los documentos expedidos por las terminales del Estado en las Comunidades (DNI, pasaportes, libros de familia, etc.) son bilingües.

– Boletín Oficial del Estado cuenta con versiones en lenguas cooficiales.

– El Estado sufraga una radio y una televisión públicas en catalán y subvenciona las industrias culturales en catalán, vasco y gallego, reconociendo el mérito de sus creadores. Hay múltiples ejemplos de premios Nacionales de Literatura que han desarrollado su obra en catalán, vasco o gallego.

– El uso de las lenguas cooficiales en el Senado ya se ha consagrado.

– El Instituto Cervantes da cursos de catalán, vasco y gallego.

– En sus visitas a las comunidades bilingües, la Jefatura del Estado es bilingüe.

Cuando se considera el cerrado monolingüismo y el desprecio por la diversidad cultural que practicó el franquismo, también en este aspecto debemos reconocer que la democracia española del 78 ha operado un cambio político considerable. Lo corrobora que el Estado supere con holgura los exámenes realizados periódicamente por el Comité de la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias, instrumento internacional que España suscribió en 1993 (bajo Gobierno socialista) y ratificó en 2001 (bajo Gobierno popular).

Pero que el Estado español cumpla con los estándares oficiales en materia de protección de la diversidad de las lenguas no significa que los sucesivos gobiernos españoles hayan sabido desplegar una política lingüística desde el centro del Estado suficiente para contrarrestar el discurso de los nacionalismos subestatales y neutralizar así las tensiones centrífugas que alimentan. Desde mi punto de vista, esta debe ser una de las señas distintivas de la España postprocés: la generación de una política lingüística panespañola, de signo federal, impulsada por el Estado, sancionada por una ley orgánica —acompañada o no por la reforma constitucional— y asumida por todos los partidos constitucionalistas; moderna, ecuánime, razonable, generosa, basada en las mejores prácticas ensayadas con éxito en otras democracias plurilingües; una política, en suma, que no se limite a asumir acríticamente, dándola por buena, la política dogmática, antiliberal y monolingüe que practican los nacionalismos subestatales pero que, al mismo tiempo, entienda que España tiene una lengua común, pero no «una» lengua nacional. Para lograr este objetivo se me antoja completamente imprescindible la aprobación de una ley de lenguas oficiales de carácter estatal que ponga en valor y sistematice las buenas prácticas ya habituales y colme las lagunas existentes, sentando los derechos lingüísticos de los administrados y las obligaciones lingüísticas de las administraciones con criterios de inclusión, generosidad y sentido común. Sobre el desarrollo de una ley de lenguas de carácter estatal como alternativa preferible al blindaje de las polémicas políticas lingüísticas autonómicas, véanse también las muy recomendables aportaciones de Mercè Vilarrubias. De entre las varias reformas que uno piensa que hacen falta en España, esta sería en la que yo pondría más empeño durante los próximos años para traer a nuestro país la ansiada paz de lenguas.

CONCLUSIÓN: TRANSACCIÓN O TRANSFORMACIÓN EN LA SALIDA A LA CRISIS CATALANA

Recapitulemos. La tesis de este capítulo se puede resumir de la siguiente manera: antes de que nadie se haga independentista o autodeterminista en nuestro país, España ha tenido que dejar de ser un valor en su vida, pues nadie arriesga o se quiere desprender de algo que considera valioso. Y esa operación de desvalorización en España no habría sido posible sin la suma de los procesos nacionalizadores alternativos en la periferia y el mantenimiento forzado, artificial, pero eficaz, del marco antifranquista por parte de esa parte de la izquierda negadora del relato de la Transición. Pero el procés, que puede verse como la culminación de ese proceso de desvalorización, también ha sido el galvanizador de un movimiento de signo contrario, de un movimiento revalorizador de lo que significa ser español. Ese aliento regenerador, proveniente de la sociedad civil, permite vislumbrar a un número considerable de españoles que están dispuestos a superar el largo periodo de «dejación de España» diagnosticado por Helena Béjar, a preocuparse por España, a cuidarla, a darle, en suma, un nuevo proyecto. Son españoles, de izquierdas y de derechas, a los que no les impresiona en absoluto ser llamados «fachas» por considerar que España es un valor —es decir, un bien— en sus vidas. Un bien; no un orgullo ni una medalla, pero tampoco un lastre o un dolor. Frente a quienes quieren ver en ello un retorno al franquismo, no hay ninguna razón para pensar que este nuevo grupo español sea nostálgico o deudor de ningún tipo de nacionalismo castizo y castellanocéntrico. Porque estos españoles viven totalmente en paz y a gusto con la idea de que España es una comunidad diversa. También en la convicción de que ninguna ganancia vital hay en reemplazarla por comunidades más pequeñas y entregadas al monocultivo cultural y lingüístico. Todos ellos forman hoy una «comunidad de valor» que está lejos de ser monolítica en sus programas ideológicos, pero coincide en que España, para ellos, es una realidad valiosa que no quieren perder. Para que esta comunidad de valor surgiera ha sido necesario, en cambio, estar a punto de perderla, porque, como dice el poeta Hölderlin, «allí donde crece el peligro, crece también la salvación». No sabemos aún cómo es de grande esta comunidad de valor —las próximas citas electorales lo irán mostrando—, pero cunde la sospecha de que el futuro de España va a depender fundamentalmente de si esta nueva complicidad generacional es lo suficiente robusta como para compensar la «comunidad de desvalor» formada por lo que aquí hemos llamado izquierda militante y nacionalismos subestatales.

«El pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas de otra manera», reza la famosa frase del escritor británico L. P. Hartley. Una de las formas en las que se puede describir el momento presente es así: la visión del PP, el PSOE y las versiones moderadas de los nacionalismos catalán y vasco braceando para volver a las calmadas aguas del pasado, donde las cosas se hacían de otra manera. A ese modus operandi pretérito lo he llamado «paradigma Ortega-Cambó»: de Ortega toma la tesis fatalista de que el problema catalán no se puede resolver y de Cambó, la noción, compartida hasta ahora por las élites del Estado, de que Cataluña solo merece ser gobernada por el nacionalismo catalán y bajo parámetros nacionalistas.[12] Pero ese mundo —el mundo de la «conllevanza», de los regateos entre élites y las componendas sin composición— es un mundo que, como las golondrinas de Bécquer, no volverá. No puede volver porque, como ha sugerido el profesor Josu de Miguel, es posible que en octubre de 2017, España sufriera un «momento constitucional» de los teorizados por Bruce Ackerman: un momento en el que un cambio en la opinión pública obliga a un cambio en la cultura política del país, «un momento de gran trascendencia que los partidos deberían ser capaces de detectar y que se cifra en la idea de que la patria no es un mito, sino una entidad concreta que busca garantizar justicia intergeneracional a través de la propia Constitución».[13] La deslealtad precipitada en golpe, el terrible trauma de octubre en el que muchos españoles pensaron que su país podía desaparecer, provoca que la ciudadanía salga de su estado normal de apatía ante el riesgo inminente de que violen sus derechos. Es dudoso que ese sobresalto haya hecho más centralistas a un buen número de ciudadanos, pero sí ha rebajado considerablemente su umbral de tolerancia hacia pactos con los nacionalismos subestatales potencialmente desestabilizadores del marco común, lo que impide volver a la política corriente que se hacía antes de la crisis.

Esto vale tanto como decir que el tipo de liderazgo que necesitamos para salir de la crisis no es de tipo transaccional —pues el margen para la transacción con el nacionalismo está agotado—, sino transformacional. Un liderazgo capaz de proponer el ideal de una sociedad justa, racional, moderna y ejemplarmente pluralista a los españoles; capaz de poner fin a la tensión territorial no sobre la base de proponer una solución al problema catalán «para los próximos treinta años», como se apostilla a menudo con palmario desánimo, sino, de manera sencilla y radical, su superación, porque entre todos habremos traído una España mejor y más inclusiva, donde los problemas de índole identitaria que nos agarrotan habrán dejado para siempre de tener sentido. Habrá otras dificultades, sin duda, pero también se habrá reconstruido una comunidad capaz de diagnosticar, valorar y solucionar los problemas compartidos —¿no es eso lo que debe ser, al cabo, una nación?—, y con ello, también las posibilidades de afrontar con optimismo el futuro.

EPÍLOGO

Paisaje después del fracaso de la vía unilateral

Una sociedad dividida, al borde del enfrentamiento civil, y un independentismo en busca de una pista de aterrizaje

JOSEP BORRELL

Mientras escribo estas líneas, el recién elegido president, Quim Torra, abandonaba su pretensión de formar gobierno con consellers que se encuentran fugados o en prisión. Al mismo tiempo, después de una moción de censura a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez tomaba posesión como nuevo presidente del Gobierno de España con una expresa voluntad de restablecer el dialogo dentro del marco constitucional.

Son dos buenas noticias. Pueden abrir un camino para salir de la desastrosa situación en la que la vía unilateral hacia la independencia ha dejado a la sociedad catalana, más dividida que nunca y muy cerca del enfrentamiento civil. En este magnífico libro se da cuenta de lo sucedido entre 2012 y 2017, sin equidistancia pero desde el rigor analítico.

Pero las buenas noticias no ocultan el hecho de que Cataluña tiene un president vicario de Carles Puigdemont que pretende dar continuidad al proceso independentista; el Govern está en manos de un nacionalista esencialista con tintes xenófobos que considera que Cataluña es una colonia de España sumida en una «crisis humanitaria» y para la que la única solución es aplicar aquí lo que ocurrió en Kosovo.

Lamentablemente, y a pesar del indudable cambio de talante que representa la llegada del nuevo Gobierno a la Moncloa, no hay razones poderosas para el optimismo en el plano político o institucional. Tampoco las hay en el plano social, en el que cada día que pasa se agudiza la creciente división que se está produciendo en la sociedad catalana.

Este clima de fraccionamiento civil propicia el surgimiento de escenas de enfrentamiento en el espacio público —las últimas, en las playas— que anuncian que lo peor todavía puede estar por llegar. En cualquier momento puede saltar una chispa que haga el juego a los partidarios de la «solución Kosovo» para Cataluña.

En este contexto, cabe preguntarse si es posible articular una reflexión honesta y comprometida con la verdad respecto a un presente vivo y en movimiento del cual uno forma parte activa, por muy modesta que sea esta.

He tenido muchas experiencias en poner de acuerdo a países y a opciones políticas muy dispares, cada vez más lejanos y distantes entre sí, para construir acuerdos a escala española y europea. Desde las negociaciones de la financiación autonómica, a partir de 1982, hasta la construcción del mercado único, la unión monetaria y las ampliaciones al este de la Unión Europea. No fueron fáciles, pero nunca parecieron imposibles. Pero ahora, entre las dos mitades de la sociedad catalana y entre Cataluña y el resto de España, el acuerdo parece existencialmente imposible, aun cuando las diferencias entre las partes son en realidad mucho menores que las que hemos tenido que superar entre europeos.

¿Puede haber acuerdo si lo que está en discusión es algo que va mucho más allá de una política concreta o una determinada perspectiva ideológica y que concierne a la existencia —o no— de una comunidad de afectos, sentimientos e ilusiones de la que formamos parte? A mí me gustaría pensar que es posible. Y que en la medida de mis fuerzas hago lo necesario para que así sea, aunque, en todo caso, la mía haya de ser una reflexión para la acción.

Y lo hago desde la tesis de que en el debate entre independentistas y constitucionalistas (llamo así a estos últimos para no hacer el juego a los que nos llaman «unionistas»), el uso de argumentos y datos veraces y contrastados con la realidad es un elemento clave a favor de los segundos. Porque el «relato indepe», que tanto éxito ha cosechado como operación de relaciones públicas, se basa en un conjunto de falsedades que se ha tardado mucho en contrarrestar y que, en consecuencia, se han incrustado como verdades incuestionables en la psicología social. Primero fue la cifra mítica de los dieciséis mil millones de expolio fiscal y ahora va camino de ser el concepto y categoría de «presos políticos y exiliados».

ALGUNAS EXAGERACIONES, INJUSTICIAS… Y UN GRAN ENGAÑO

Francesc Cambó, sin duda una de las figuras más destacadas del catalanismo político que los independentistas de hoy se ufanan de haber herido de muerte, dejó escrito en sus memorias un párrafo muy útil para comprender los tiempos que nos ha tocado vivir y que tienen una rara actualidad:

Como en todos los grandes movimientos colectivos, el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias; esto ha pasado siempre y siempre pasará, ya que los cambios en los sentimientos colectivos no se producirán nunca a base de juicios severos y palabras justas y mesuradas.

Estas son las palabras de un prohombre del catalanismo conservador, europeísta y comprometido con la modernización de España durante el primer tercio del siglo pasado. Cien años después, los líderes independentistas —cuya estatura política no alcanza la de Francesc Cambó— decidieron no limitarse a utilizar algunas exageraciones e injusticias y cruzaron directamente la frontera moral que nos separa a todos del engaño.

Un intento de resumir el engaño independentista podría ser el siguiente: «La independencia de Cataluña, impulsada por una amplísima mayoría de la sociedad catalana que forma un sol poble, será un proceso rápido e indoloro que contará con el respaldo de Europa y la comunidad internacional. No tendrá costes, solo ventajas, y una vez conseguida, Cataluña será como la Holanda o Dinamarca del Mediterráneo, una verdadera jauja».

Pero la realidad es otra: «El proceso independentista ha producido la fractura de la sociedad catalana, la suspensión del autogobierno, la pérdida de confianza y prestigio de Cataluña en España y Europa y la puesta en peligro de su futuro crecimiento económico y cohesión social. Y de aspirar a que fuera jauja hemos pasado a intentar evitar el desastre».

Evidentemente, el gran engaño del independentismo ofuscado por la vía unilateral —a pesar de los notables esfuerzos neuronales de Artur Mas para diferenciar exageración y engaño— se ha ido construyendo a través de las vigas maestras de falsedades muy concretas a los cuales algunos hemos intentado responder con argumentos y realidades.

Así, frente a quienes aseguran que una Cataluña separada de España seguiría formando parte de la Unión Europea, es necesario reiterar que las regiones de un Estado europeo que declaran su independencia no se convierten automáticamente en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Lo desesperante es que, a pesar de todos los argumentos y de la cura de realidad por la que hemos pasado, muchos lo siguen creyendo.

El catalexit implicaría, sin ningún tipo de discusión, que Cataluña abandonaría el espacio Schengen de los viajes sin pasaporte y volverían las aduanas a la frontera entre Cataluña y España, así como a las del resto de la Unión Europea.

Y abundando en esta misma dirección, la salida forzada del euro sería un suicidio para Cataluña, pero también un nuevo peligro para la estabilidad económica de la eurozona, ya que los bancos de una de sus regiones más relevantes podrían aproximarse al colapso, salvo, como ya empezaron a hacer, que se trasladaran al resto de España.

Por cierto, este movimiento de las entidades financieras catalanas ha ido acompañado, de la misma manera que el conjunto de una flota acompaña a sus portaviones, por miles de empresas que han trasladado sus sedes con el objetivo de conseguir seguridad jurídica para su presente y futuro.

Recordar ahora las manifestaciones de algunos dirigentes independentistas afirmando que era imposible que en Cataluña sucediera lo que ya aconteció en Quebec porque en nuestro caso se produciría un movimiento empresarial ¡en el sentido contrario! sería una buena ocasión para ridiculizarlos, si no fuera porque estamos hablando —y algunos jugando— con nuestro futuro.

Ocultar los costes de transición inherentes a la creación de un nuevo Estado ha sido uno de los engaños más reiterados y transversales de los que ha hecho uso y abuso el independentismo.

Para ampliar su base social no era suficiente con convertir a la Cataluña independiente en una Arcadia del sur de Europa; era necesario, además, convencer a los más reticentes de que dicha transición sería rápida, a coste cero e incluso beneficiosa en términos económicos y sociales.

En realidad, la salida de Cataluña de la Unión Europea, sumada a la contracción de la actividad producida por la alteración de las relaciones comerciales con su principal cliente (el superávit comercial con España compensa su déficit comercial con el resto del mundo) y acentuada por la deslocalización de empresas que ya se ha iniciado, dibujan un itinerario de transición tortuoso y empinado en el que los costes serían muy altos: una transición económica y social dominada por la inestabilidad y la incertidumbre, las peores compañeras de todo viaje.

Pero si existe una exageración transmutada en mentira en la que vale la pena detenerse —estas líneas no pretenden reproducirlas todas— esta es, sin duda alguna, la que lleva por título «España nos roba».

El engaño es conocido y no requiere excesivas presentaciones: «Los españoles roban a los catalanes dieciséis mil millones de euros anualmente». En consecuencia —y por pura lógica—, una Cataluña independiente dispondría al día siguiente de su proclamación de dieciséis mil millones de euros con los cuales podría eliminar los recortes en los servicios públicos que se han producido durante la última década, disminuir la deuda e incluso introducir mejoras sociales o incrementos en la inversión.

Junto a Joan Llorach, en Las cuentas y los cuentos de la independencia (Los libros de la Catarata, 2015), analizamos esta cuestión y, con datos, demostramos que nos encontrábamos, una vez más, ante una exageración convertida en engaño.

Según estos cálculos, es cierto que Cataluña tiene un déficit fiscal ligeramente superior al que resultaría de un razonable efecto redistributivo con el resto de España: del orden del 1,5 por ciento del PIB, es decir, de tres mil millones de euros, no de dieciséis mil. Y me apresuro a aclarar, para protegerme de los vendedores de falsas interpretaciones, que no estoy diciendo que el déficit fiscal de Cataluña con la Hacienda central del Estado sea de tres mil millones de euros.

De hecho, la ajustada financiación per cápita que recibe Cataluña por la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica ha mejorado de forma significativa: desde 2009 está casi en la media de las comunidades autónomas, que es hacia donde deben converger todas, incluidas las forales. En términos de caja, el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell fijó en 2.405 millones de euros el excedente que quedaría para el 2015 —cantidad que con los presupuestos liquidados se redujo a 428 millones de euros— después de «cubrir el coste de todos los servicios que recibimos». Evidentemente, no está hablando del mismo concepto contable que cuando Junqueras, y ahora Torra, agitan incansables los dieciséis mil millones, pero entre unos y otros han conseguido que tanto Jordi Turull como Torra hayan repetido hasta la saciedad en sus discursos de investidura que España le cuesta a Cataluña dieciséis mil millones al año limpios de polvo y paja. Y, sin embargo, Mas-Colell se va a Londres a explicar que Cataluña aporta de acuerdo con su PIB y recibe de acuerdo con su población, con lo que estoy de acuerdo, pero que es matemáticamente incompatible con el expolio fiscal de dieciséis mil millones que Torra, inasequible al razonamiento, repite hasta veintiséis veces en su libro Els últims 100 metres.

Durante los próximos años, la tarea de combatir los engaños del independentismo con argumentos y datos seguirá siendo urgente y necesaria. Pero esta labor no será suficiente para comenzar a restañar la herida que hoy padece la relación entre Cataluña y el conjunto de España, o, para ser más exactos, entre la mitad de la sociedad catalana y España.

Volviendo a Cambó, recordemos como este afirmaba que «los cambios en los sentimientos colectivos no se producirán nunca a base de juicios severos y palabras justas mesuradas». Y, sin embargo, los «juicios severos y las palabras justas y mesuradas» —es decir, la relación honesta con la realidad— son fundamentales para alejarnos de toda tentación populista. Son, además, irremplazables porque nos mantienen dentro de la weberiana ética de la responsabilidad (aquella que tiene en cuenta «las consecuencias previsibles de la propia acción»).

Pero esta ética de la responsabilidad debe ir acompañada por una ética de la convicción (aquella que nos impulsa a alcanzar nuestros ideales), que en el caso que ahora nos ocupa ha de concretarse en un nuevo proyecto reformador para España, capaz de superar la crisis institucional, política y social que vive nuestro país y, al mismo tiempo, útil para atraer a una parte importante de la sociedad catalana que durante los últimos años se ha ido alejando de todo cuanto tenía que ver con «lo español». Siendo esa dimensión reconocida como propia por una mayoría de los habitantes de Cataluña, el origen de todos los males, como claramente expone Torra en sus escritos.

Y, asimismo, ese proyecto reformador de España necesita ir acompañado por un nuevo y ambicioso proyecto europeo; y en medio de las crisis que está viviendo el proyecto europeo, es el momento de hacerlo.

Y hablando de Europa, voy a Ortega y a su famosa «conllevanza», que no es hoy la solución, si es que alguna vez lo fue. La abúlica indiferencia de los sucesivos gobiernos de Rajoy tampoco lo ha sido; más bien, al contrario, ha agravado el problema hasta hacerlo casi irresoluble, con una parte importante de la sociedad catalana instalada ya en una desconexión real. Pero, antes o después —y cuanto más tarde, peor nos irá a todos—, habrá que restablecer el diálogo, mejorar la información, extremar el respeto e impulsar las reformas constitucionales, financieras y fiscales necesarias para iniciar una nueva etapa en la vida de nuestro país.

SEPARAR CATALUÑA DE CATALUÑA

Pero la ambiciosa respuesta política al independentismo catalán desde España no puede hacernos caer en el error de soslayar la dimensión principal del conflicto. Y esta no es otra que la dimensión «intracatalana». A esta perspectiva quiero dedicar el segundo apunte escrito a lomos de la actualidad que contienen estas páginas.

En efecto, el resultado más relevante que ha tenido el proceso independentista es separar a la sociedad catalana en dos mitades que han endurecido su confrontación y sus agravios. En definitiva, su mayor realización ha sido separar a Cataluña de Cataluña. Esta división se ha producido en el seno de una sociedad —la catalana— plural en sus sentimientos de identidad, bilingüe y culturalmente diversa.

El independentismo jamás ha aceptado con sinceridad esta pluralidad, aunque la haya proclamado enfáticamente con altas dosis de hipocresía apelando sin cesar a un sol poble del que antes se ha expulsado a los que no comulgan con el ideal independentista.

Más bien, ha hecho todo lo contrario: o bien negarla, asegurando representar a todo el pueblo catalán, o bien asumirla tácticamente con el fin de homogeneizarla a través de un proceso de construcción nacional cuyo último objetivo no es otro que el de la separación de Cataluña de España.

Así, frente a los que estamos convencidos de que sentir identidades múltiples que se complementan —en mi caso, la catalana, la española y la europea— constituye la mejor manera de construir un demos que supere nuestro trágico pasado, el independentismo sostiene que con la identidad catalana ya tiene más que suficiente. Como dice Torra, «un catalán que aspire a ser español no es nada».

¿Es posible que una parte del independentismo —aquella que vive inmersa en su mundo autorreferencial— no sea consciente de la realidad plural de la sociedad catalana?

No lo descartemos, justamente por la razón que desarrolla Antón Costas en un destacado artículo publicado en La Vanguardia, en mayo de 2018, titulado «El final del consentimiento»:

La larga hegemonía política del nacionalismo catalán desde 1980 fue posible no solo por el apoyo de sus votantes, sino también por el consentimiento implícito que le prestaron buena parte de los votantes y partidos no nacionalistas. Dicho coloquialmente, los no nacionalistas dejaron gobernar a los nacionalistas.

Una reflexión que le ha valido muchas críticas, que lo acusan de no querer aceptar el resultado de las elecciones autonómicas. Pero este consentimiento, tal y como lo analiza Costas, no solo se expresaba a través del famoso voto diferencial —la abstención de una parte substancial de los votantes no nacionalistas en las elecciones autonómicas—, sino que lo hacía también en el día a día de la vida social y política del país a través de su entramado cultural, asociativo, sindical o patronal.

La argamasa de este consentimiento era la existencia de un catalanismo transversal y plural que, al mismo tiempo que defendía un autogobierno fuerte y el impulso de la lengua y la cultura catalanas, participaba activamente en el conjunto del devenir político, económico y social de España. Una participación que se dio también con la presencia de ministros catalanes en los diversos gobiernos socialistas y el papel protagonista de los diputados de CiU en el Congreso de los Diputados. Aunque Pujol no quiso nunca que un nacionalista formara parte del Gobierno español cuando se le ofreció en diversas ocasiones.

Durante décadas, este catalanismo transversal fue hegemónico, pero eso no implicaba que toda la sociedad catalana participara de él. Una parte de ella se limitaba a aceptarlo, sin sentir la necesidad de enfrentarse con él o de cuestionarlo. Fueron años en los que los sectores nacionalistas, soberanistas e independentistas más radicales del catalanismo acumularon espacios de poder e influencia bajo el manto de la «pujoliana» reconstrucción nacional. Porque para los nacionalistas, Cataluña no era un país levantado sobre los cimientos de una pluralidad que era esencialmente positiva y fecunda y que había que preservar, no. Para el nacionalismo, dicha pluralidad era una amenaza a su visión esencialista y monoteísta. Y para hacer frente a esta amenaza era necesario reconstruir la Cataluña ideal, la que conectaba con un pasado mítico y puro con el que soñaban.

En este punto es imprescindible realizar una autocrítica desde los territorios del constitucionalismo. Frente a este planteamiento a largo plazo del nacionalismo, el catalanismo no nacionalista, o los sectores sociales ajenos al catalanismo, no fuimos capaces de articular y defender nuestros planteamientos con el vigor y la perseverancia necesarios.

En cualquier caso, este precocinado independentista encontró en la coyuntura de la crisis económica, social, institucional y política iniciada en el 2008, acompañada por el fracaso del Estatuto del 2006 y las peripecias de su tramitación, en la que se acumularon todos los errores políticos posibles, el momento adecuado para dar un salto hacia adelante a través de los sucesivos escalones del denominado procés.

Pero para poder dar este paso hacia adelante era necesario hacer saltar por los aires los puentes del catalanismo transversal. Y a esa tarea se ha dedicado con ahínco el independentismo durante estos años, con un razonable éxito. El problema es que el debilitamiento de este espacio catalanista —al que algunos independentistas tienen más tirria que al genuinamente español— nos ha conducido a lo que ahora estamos viviendo: la separación de Cataluña de Cataluña.

Las grandes manifestaciones constitucionalistas organizadas por Societat Civil Catalana y el hecho de que Ciutadans haya sido la fuerza más votada en las elecciones del 21 de diciembre del 2017 son la expresión más diáfana de este fin de etapa. Llegados a este punto, una tarea se nos aparece como urgente y previa a las necesarias propuestas políticas que han de ir dando respuesta a la crisis catalana. Y esta tarea consiste en evitar que esta división se enraíce definitivamente en los espíritus y haga imposible la convivencia.

Para lograrlo, la palabra clave es «respeto». Respeto entre los que mantenemos posiciones contrarias o diferentes sobre el futuro que deseamos para nuestro país. Respeto sobre el que construir un espacio de diálogo en el seno de la sociedad catalana, sin el que carece de sentido el diálogo entre Cataluña y el conjunto de España.

A mi juicio, este respeto mutuo tiene hoy un obstáculo que el independentismo catalán no ha sido capaz de sortear: el reconocimiento de esta legítima pluralidad de posiciones políticas que hoy coexisten en el seno de la sociedad catalana. Un reconocimiento que el independentismo unilateral —y el conjunto del nacionalismo catalán— todavía no ha mostrado respecto hacia la mitad de la sociedad catalana que no comparte con ellos su proyecto político. Esta falta de respeto fundamental se expresaba, por ejemplo, en un artículo del mediático periodista Toni Soler publicado en el diario Ara a finales de octubre del 2017 en el que advertía que los «unionistas», salidos de su letargo electoral, irían a votar en diciembre como «los buitres se abalanzan encima de la carroña».

El reconocimiento por parte del independentismo de la Cataluña que no piensa como ellos es el primer paso que nos permitiría empezar a otear el futuro de todos con una brizna de optimismo. Sin tal reconocimiento no podremos establecer un diálogo desde el respeto ni emprender el camino de la reconciliación entre catalanes para volver a unir Cataluña con Cataluña.

Para cerrar el círculo, volvamos a Francesc Cambó citando unas palabras de su relevante discurso en el Círculo Mercantil de Zaragoza pronunciado el 20 de diciembre de 1911: «Podría decir mucho de los que se han erigido en pontífices del patriotismo y han hecho del nombre de España un trapo torero para incitar al odio».

Yo, modestamente, podría afirmar lo mismo de los que durante estos últimos años han hecho similar uso del nombre de Cataluña. Durante los próximos años, el objetivo de la mayoría de los catalanes y españoles ha de ser construir un proyecto de país en el que los pontífices del patriotismo (sean de la patria que sean) tengan un papel cada vez más residual y dejen de entorpecer y complicar la existencia a quienes aspiramos a que nuestros hijos vivan una vida plena y responsable en una Cataluña, una España y una Europa que miren con ambición su futuro en vez de refugiarse en los miedos y los mitos de su pasado.

Notas

EL PROCÉS: DE LA ILUSIÓN A LA INSURRECCIÓN FRUSTRADA

[1] Sandrine Morel, En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del «procés», Barcelona, Planeta, 2018.

[2] Los participantes en la cadena humana del 2013 fueron contados uno a uno a través de una gigafoto, que analizó las 107.000 imágenes proporcionadas por la propia ANC. El equipo que llevó a cabo la operación cifró el número de asistentes en 793 683, de los cuales, unos 120.000 eran menores de edad; ver <https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/informe-gigafoto-via-catalana-scc.pdf>. En 2014, el Servicio de Estadística Aplicada de la UAB calculó los participantes en no más de 900.000: <http://www.lavanguardia.com/politica/20140912/54415908588/900-000-personas-v-de-la-diada.html>.

[3] Benito Arruñada y Víctor Lapuente, «El cisma entre burguesía y “clerecía”», El País, 4 de septiembre de 2015: <https://elpais.com/elpais/2015/09/03/opinion/1441288486_677683.html>.

Sobre el lugar de los intelectuales en el procés, es imprescindible el segundo volumen de la trilogía de Martín Alonso, El catalanismo, del éxito al éxtasis, Barcelona, El Viejo Topo, 2015.

[4] Andreu Mas-Colell, Albert Carreras e Ivan Planas, Turbulències i tribulacions. Els anys de les retallades, Barcelona, Edicions 62, 2018.

[5] Laia Vicens y Xavi Tedó, Operació urnes, Barcelona, Columna, 2018.

[6] Lo explica en detalle Santi Vila en De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés, Barcelona, Península, 2018.

[7] La crónica de esos meses, en el libro de Oriol March Los entresijos del procés, Barcelona, Catarata, 2018; y el detalle pormenorizado, en el largo artículo periodístico «Set dies d’octubre: les 140 hores que van canviar Catalunya», ARA, 29 de abril de 2018.

[8] Más detalles en Josep Martí Blanch, Cómo ganamos el proceso y perdimos la República, Barcelona, ED Libros, 2018.

ENCUENTROS EN LAS PRIMERAS FASES: EL PROCÉS ANTES DEL PROCÉS

[1] Josep Martí, Cómo ganamos el proceso y perdimos la República. Una crónica de la crisis de estado desde dentro y desde fuera, Madrid, Ed Libros, 2018, p. 43.

[2] Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937-2017), Madrid, Galaxia Gutenberg, 2017, pp. 347-496.

[3] José M. Portillo, Entre tiros e historia. La constitución de la autonomía vasca (1976-1979), Madrid, Galaxia Gutenberg, 2018.

[4] Mariona Lladonosa Latorre, Nosaltres, els catalans. La construcció simbòlica de la catalanitat en el pensament intel·lectual del catalanisme catòlic del compromís (1954-1975), tesis doctoral leída en la Universitat de Lleida en marzo de 2018.

[5] Josep M. Vallès, Una agenda imperfecta: amb Maragall i el projecte del canvi, Barcelona, Edicions 62, 2008, pp. 336-358.

[6] Jordi Sánchez, «Sobresaltos históricos», El País, 29 de julio de 2005.

[7] José María Lassalle, Contra el populismo. Cartografía de un totalitarismo posmoderno, Barcelona, Debate, 2017, p. 40.

[8] Ricard Vilaregut, Memòria i emergència en l’independentisme català. El cas de la Plataforma pel Dret a Decidir, tesis doctoral leída en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2011.

EL PROCÉS, UN INTENTO DE SECESIÓN DE HECHO

[1] Véase El libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Síntesis, Barcelona, 2014, Generalitat de Cataluña, <http://www.ssgxi.cat/w/docs/llibre_blanc_castella.pdf>, p. 25.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional (pleno) 259/2015, de 2 de diciembre, que anula la Resolución 1/XI del Parlament, BOE, 12-I-2016, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-308>.

[3] Cf. Ieva Vezbergaité, «Remedial Secession as an Exercise of the Right of Self-determination of peoples», Budapest, Central European University, 2011, p. 1, <http://www.etd.ceu.hu/2012/vezbergaite_ieva.pdf>.

[4] Lo que no excluye la existencia de ciertos derechos de las minorías que podría conducir en el futuro a cambiar esta situación. En este sentido, se ha hablado del derecho a la autonomía como de un «contenido emergente». Véase Eloísa González Hidalgo y Eduardo J. Ruiz Vieytez, «El derecho a la autonomía como contenido emergente del derecho a la participación política de las minorías nacionales en Europa», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2012, núm. 24, p. 1. Véase también Pau Bossacoma i Busquets, Justícia i legalitat de la secessió. Una teoria de l’autodeterminació nacional des de Catalunya, Barcelona, Instituto d’Estudis Autonòmics, 2015, pp. 220-221.

[5] Véase Xavier Pons Rafols, «Legalidad internacional y derecho a decidir», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2014, núm. 27, pp. 36-37.

[6] Las demandas existentes en la actualidad a favor de este derecho a la autonomía dentro de los estados no pueden ser consideradas derecho internacional consolidado. Sobre la configuración de esta pretensión de reconocimiento de un derecho a la autonomía, véase Pau Bossacoma i Busquets, op. cit., pp. 222-225.

EL RELATO DEL EXPOLIO: EL TRIUNFO DE JUNQUERAS

[1] Jordi Argelaguet, «From Autonomism to Independentism: The Growth of Secessionism in Catalonia (2010-2013)», Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies, J. Lluch (ed.), Londres, Palgrave Macmillan, 2014, p. 117.

[2] Informe n.º 4, Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació, CATN, Generalitat de Catalunya, 20 de diciembre de 2013.

[3] Quim Torra, Els últims 100 metres, Barcelona, Angle Editorial, 2016.

[4] Albert Carreras de Odriozola, Volem la independència?, Barcelona, Editorial Base, 2015.

[5] Los datos mencionados, publicados por la Generalitat todos los años con el método costo beneficio, corresponden a la media del tramo 2006-2014 y son los mismos que Mas-Colell utilizó para calcular la contabilidad global, que calificó como la «más realista» en RAC1 el 2 de diciembre de 2015. Las cifras incluyen, como se ha dicho, la parte del déficit público que corresponde a Cataluña. Bajo ningún método de cálculo, en ningún año, las cifras se acercan a lo afirmado por Junqueras.

[6] Núria Bosch, Anàlisi econòmica del procés d’independència de Catalunya, Barcelona, Fundació Josep Irla, 2013.

[7] Klaus-Jürgen Nagel, «Solidaritat territorial a Alemanya: quan el sud paga el nord (i l’est)», Eines, n.º 18, verano de 2013.

[8] Xavier Domènech Sampere, Hegemonías. Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013), Madrid, Akal, 2014.

[9] Dominic Cummings, «How the Brexit referendum was won», The Spectator, 9 de enero de 2017.

LA CONVERGENCIA NACIONALPOPULISTA

[1] G. M. Luebbert, Liberalism, Fascism, or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe, Nueva York, Oxford University Press, 1991, pp. 99-107.

[2] Discurso de Niceto Alcalá Zamora en el Congreso el 10 de diciembre de 1918, en J. Pabón, Cambó: 1876-1947, Barcelona, Editorial Alpha, 1952, p. 593.

[3] Francisco Caja, La raza catalana: el núcleo doctrinal del catalanismo, Madrid, Encuentro, 2009, p. 311.

[4] JosepTarradellas, «Josep Tarradellas enjuicia la situación en Cataluña», La Vanguardia, 18 de abril de 1981.

[5] El Programa 2000 fue publicado en El Periódico el 28 de octubre de 1990 bajo el título «Documento: las propuestas para aumentar la conciencia nacional».

[6] Fuente: Centre d’Estudis d’Opinió.

[7] El País, 29 de junio de 2010.

[8] José Luis Villacañas, Populismo, Madrid, La Puerta Grande, 2015.

[9] Adrian Hastings, La construcción de las nacionalidades, Madrid, Cambridge University Press, 1997, p. 235.

[10] Erich Fromm, El arte de amar, Madrid, Paidós, 2017.

[11] Karl Marx, Una contribución a la crítica de la economía política, citado por Aron, R. en El marxismo de Marx, Madrid, Siglo XXI, 2010, p. 83.

[12] Enric Juliana, «La piel», La Vanguardia, 2 de abril de 2017.

[13] Santos Juliá, «Doblegar al Estado», El País, 16 de abril de 2018.

[14] Daniel Gascón, El golpe posmoderno, Barcelona, Debate, 2018.

[15] Íñigo Errejón, «Podemos a mitad de camino», Ctxt, 23 de abril de 2016.

[16] Jorge Galindo, «El partido jacobino», Politikon, 24 de octubre de 2017.

[17] Jesús Pabón, Cambó: 1876-1947, Barcelona, Alpha, 1999, p. 96.

LA RIVALIDAD SOBERANISTA: LOS POSTORES DE LA SUBASTA CATALANA

[1] Astrid Barrio y Juan Rodríguez-Teruel, «Reducing the gap between leaders and voters? Elite polarization, outbidding competition, and the rise of secessionism in Catalonia», Ethnic and Racial Studies, vol. 40 (10), 2017, pp. 1776-1794.

[2] Astrid Barrio, «Ciutadans, de la irrelevancia a liderar la oposición», en J. Marcet y L. Medina (eds.), La política del proceso: actores y elecciones (2010-2016): el sistema político catalán en tiempos de crisis y cambio, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2017, pp. 125-137.

[3] Carles Viver i Pi-Sunyer, Enoch Albertí i Rovira, Germà Bel i Queralt, Carles Boix i Serra, Núria Bosch i Roca, Salvador Cardús i Ros, Àngel Castiñeira i Fernández, Francina Esteve i García, Joan Font i Fabregó, Pilar Rahola i Martínez, Josep Maria Reniu i Vilamala, Ferran Requejo i Coll, y Joan Vintró i Castells.

[4] Concretamente, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa (FEPIME), Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), FemCAT y Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona dieron su apoyo al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a través del Manifest del Far (https://ca.wikipedia.org/wiki/Manifest_del_Far), firmado el 8 de mayo de 2014.

[5] Astrid Barrio, «CiU: de la mutación a la desaparición», en J. Marcet y L. Medina (eds.), La política del proceso: actores y elecciones (2010-2016): el sistema político catalán en tiempos de crisis y cambio, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 2017, pp. 43-61.

LOS MAESTROS NARRADORES DEL INDEPENDENTISMO: MEDIOS, PROPAGANDA, REDES

[1] Daniel Gascón, El golpe posmoderno, Barcelona, Debate, 2018.

[2] Christian Salmon, Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear la mente, Barcelona, Península, 2008.

[3] Robert Kaplan, La venganza de la geografía, Barcelona, RBA, 2015.

[4] John L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Básica, 2018.

[5] Felipe González y Carme Chacón, «Apuntes sobre Cataluña y España», El País, 26 de julio de 2010.

[6] Fernando Vallespín y Máriam M. Bascuñán, Populismos, Madrid, Alianza, 2017.

[7] Pilar Rahola, La màscara del rei Artur, Barcelona, La Magrana, 2010.

[8] Jordi Canal, Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña, Barcelona, Península, 2018.

[9] Jordi Pujol, Residuals o independents. Quan es trenquen els ponts, Barcelona, Pòrtic, 2011.

[10] Allen Buchanan, Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político, Barcelona, Ariel, 2013.

PASIONES SECESIONISTAS: LA DIMENSIÓN AFECTIVA DEL PROCÉS

[1] Jordi Canal, Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña, Barcelona, Península, 2018; Gabriel Colomé, La Cataluña insurgente, Barcelona, Carena, 2018; Adolf Tobeña, La pasión secesionista, Barcelona, ED Libros, 2017.

[2] John Kane, «Nationalism», en Michael T. Gibbons (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, Malden, Wiley-Blackwell, 2014, p. 2495.

[3] Elie Kedourie, Nacionalismo, Madrid, Alianza, 2015.

[4] Jorge San Miguel, «El macguffin catalán», Letras Libres, n.º 194, noviembre de 2017.

[5] Jonathan Haidt, The righteous mind. Why good people are divided by politics and religion, Londres y Nueva York, Penguin, 2012; Joshua Greene, Moral Tribes. Emotion, reason, and the gap between us and them, Londres, Atlantic Books, 2013.

[6] Azar Gat y Alexander Jakobson, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

[7] Miguel Ángel Castro Nogueira y Laureano Castro Nogueira, «Las bases biológicas del nacionalismo», Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 804, junio de 2017.

[8] Eric Voegelin, Las religiones políticas, Madrid, Trotta, 2014, p. 27.

[9] Fernando Vallespín, «La utopía comodín», El País, 14 de septiembre de 2017.

[10] Marina Subirats, «Una utopía disponible: la Cataluña independiente», La Maleta de Portbou, n.º 6, julio-agosto de 2014.

[11] Hannah Arendt, Die Freiheit, frei zu sein, Munich, DTV, 2018.

[12] Bernard Yack, The Longing for Total Revolution. Philosophical Sources of Social Discontent from Rousseau to Marx and Nietzsche, Princeton, Princeton University Press, 1986; Ernst Bloch, El principio esperanza, 3 vols., Barcelona, Trotta, 2013.

[13] Hannah Arendt, La última entrevista y otras conversaciones, Barcelona, Página Indómita, 2016.

[14] Ricardo Dudda, «Crónica del 1-O», Letras libres, 2 de octubre de 2017.

[15] Hannah Arendt, Sobre la violencia, Madrid, Alianza, 2018.

[16] Viktor Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Ditzingen, Reclam, 2015. [Hay trad. cast.: LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo, Barcelona, Minúscula, 2002.]

[17] Véase Lawrence Jacobs y Robert Shapiro, «Informational Interdependence: Public Opinion and the Media in the New Communications Era», en Robert Shapiro y Lawrence Jacobs (eds.), The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 3-21.

[18] Véase Rodrigo Terrassa, «La factoría de propaganda de Puigdemont», El Mundo, 15 de octubre de 2017.

[19] Cornel Sandvoss, «Toward an understanding of political enthusiasm as media fandom: Blogging, fan productivity and affect in American politics», Participations. Journal of Audience and Reception Studies, 10 (1), mayo de 2013, pp. 252-296.

[20] Melissa Gregg, Work’s intimacy, Cambridge, Polity, 2011.

[21] Zizi Papacharissi, Affective Publics. Sentiment, Technology, and Politics, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 4.

[22] W. Lance Bennett y Alexandra Segerberg, «The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics», Information, Communication & Society, 14(6), 2012, pp. 770-799.

[23] Richard Schechner, Performance studies: An introduction, Nueva York, Routledge, 2002.

[24] Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1991.

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA DEL PROCÉS

[1] Daniel Gascón, El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia, Barcelona, Debate, 2018.

[2] Ariane Aumaitre, “¿Un germen de euroescepticismo? El procés y las actitudes hacia la UE”, ARI 78/2018, Real Instituto Elcano, 19 de junio de 2018.

[3] Alberto Alesina y Enrico Spolaore, The Size of Nations, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2003.

[4] Ignacio Molina, “Independentismo e integración europea: la imposible adhesión automática a la UE de un territorio secesionado”, ARI 80/2012, Real Instituto Elcano, 22 de noviembre de 2012.

[5] Carlos Closa, Secession from a Member State and Withdrawal from the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

[6] Pau Bossacoma, Secesión e integración en la Unión Europea. Cataluña ¿nuevo Estado de la Unión?, Barcelona, Institut d’Estudis de l’Autogovern, 2017.

[7] Sandrine Morel, En el huracán catalán, Barcelona, Planeta, 2018.

[8] Real Instituto Elcano, El conflicto catalán, Madrid, Real Instituto Elcano, 2017.

[9] Quim Torra, Els últims 100 metres. El full de ruta per guanyar la República Catalana, Barcelona, Angle Editorial, 2016.

CATALUÑA DESHILACHADA: PROCESOS DE DESINTEGRACIÓN DE UNA COMUNIDAD IMAGINADA

[1] Andreu Domingo, «Immigració i Política demogràfica en l’obra de Josep Antoni Vandellós», Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 73 (2012): 9-26.

[2] Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the origins and spread of nationalism, Londres, Verso, 1983.

[3] Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió, 2017, Ronda 2.

[4] Maia Güell, José V. Rodríguez Mora y Christopher I. Telmer, «The Informational Content of Surnames, the Evolution of Intergenerational Mobility, and Assortative Mating», Review of Economic Studies, 82: 2 (2015): 693-735.

[5] Carles Enric, «La famiglia catalana», Economía digital, 9 de abril de 2014; Carles Castro, «Sólo 32 de los 135 diputados del Parlament lleva algún apellido de los más frecuentes de Catalunya», La Vanguardia, 21 de febrero de 2016.

[6] Alejandro Tercero ha estudiado la creación y consolidación de este espacio en Cataluña, en Juan Arza y Joaquim Coll (eds.), Cataluña, el mito de la secesión, Córdoba, Almuzara, 2014, pp. 233-256.

[7] Coll resume de manera magistral la historiografía académica sobre 1714, en «La historia como telón de fondo», en Juan Arza y Joaquim Coll (eds.), Cataluña, el mito de la secesión,Córdoba, Almuzara, 2014, pp. 83-102.

[8] Pilar Rahola, «Entrevista a Artur Mas», La Vanguardia, 24 de febrero de 2012.

[9] Raúl Piña, «Así es la presión borroka independentista», El Mundo, 15 de abril de 2018.

[10] Cristian Campos, «Las 20 frases pirómanas ante el referéndum», El Español, 1 de octubre de 2017, <https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170929/250594944_12.html>.

[11] Esa es la interpretación de Josep Martí, director de Comunicación del Govern hasta 2016 en el libro Cómo ganamos el proceso y perdimos la república, Barcelona, EDLibros, 2018.

[12] Enric Vila Declòs, «Vietnam», El Punt Avui, 7 de agosto de 2015.

[13] Víctor Costa, «Entrevista a Xavier Sala i Martín», Via empresa, 16 de marzo de 2018.

[14] Entre personas con padres nacidos en Cataluña el porcentaje pasó de 11,2 por ciento al 16,5 por ciento.

[15] En Henar Criado, Francisco Herreros, Luis Miller, Paloma Úbeda, «The Unintended Consequences of Political Mobilization on Trust: The Case of the Secessionist Process in Catalonia», Journal of Conflict Resolution, 2017, 1-23.

[16] Oriol Bartomeus, «¿Sigue Cataluña siendo “un sol poble”?», Agenda Pública, 3 de mayo de 2018.

[17] Debo agradecer al profesor Ignacio Molina, editor de este libro, estas referencias.

LA RESPUESTA AL PROCÉS DESDE EL CONSTITUCIONALISMO

[1] Daniel Gascón, El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia, Barcelona, Debate, 2018.

[2] Guillem Martínez, La gran ilusión. Mito y realidad del proceso independentista, Barcelona, Debate, 2016.

[3] Joan Coscubiela, Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista, Barcelona, Península, 2018.

[4] Teresa Freixes, 155. Los días que estremecieron a Cataluña, Madrid, Editorial Doña Tecla, 2018.

LAS ENSEÑANZAS DE LA CRISIS CATALANA: ¿UN NUEVO PROYECTO PARA ESPAÑA?

[1] José Ortega y Gasset, Historia como sistema, Obras Completas, vol. VI, Madrid, Fundación Ortega y Gasset/Taurus, 2004-2010, p. 47.

[2] Helena Béjar, La dejación de España: nacionalismo, desencanto y pertenencia, Buenos Aires, Katz Editores, 2008, p. 278.

[3] Andrés de Blas Guerrero, «Cuestión nacional, transición política y Estado de las Autonomías», en Morales Moya et al. (eds.), Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

[4] «Pablo Iglesias dice que, sin romper el candado del 78, Catalunya no podrá decidir», Eldiario.es, 28 de diciembre de 2014.

[5] El sondeo se menciona aquí: <https://fivethirtyeight.com/features/who-do-you-root-for-when-your-team-gets-knocked-out-of-the-world-cup> y se puede consultar en su detalle aquí (que la encuesta se realizara entre 2012 y 2013, años de crisis, puede explicar el pesimismo español. Otras investigaciones perciben una tendencia al alza): <https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/Pew-Global-Attitudes-Project-European-Crisis-Report-FINAL-FOR-PRINT-May-29-2012.pdf#page=55>.

[6] Richard Rorty, Achieving our country: Leftist thought in Twentieth-Century America, Cambridge, Massachusetts, Cambridge University Press, 1998, p. 3. (La traducción es mía.)

[7] El concepto «prima de ciudadanía» ha sido puesto de moda por Branko Milanovic en su influyente tratado Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.

[8] Para todos los datos que siguen, soy deudor de los compilados por Kiko Llaneras y Nacho Carretero en El País: «Las paradojas del progreso: datos para el optimismo», 30 de diciembre de 2016; «Francoland: ¿de verdad la democracia española ha retrocedido a los años 70?», 8 de noviembre de 2017. Para apreciar la buena puntuación democrática del Estado español en el 78, véase también Pau Marí-Klose, «La democracia española en perspectiva comparada», Agenda Pública, 5 de noviembre de 2017 (versión en línea).

[9] Datos del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que se pueden cotejar aquí: <https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf>.

[10] Josu de Miguel, «País Vasco: la identidad herida», The Objective, 13 de marzo de 2018.

[11] En particular, en la conferencia «Lenguas y culturas de España,» pronunciada en la UIMP en julio de 2015. Se puede consultar en la página web de la Fundació Joan Boscá: <http://www.joanbosca.org>.

[12] Juan Claudio de Ramón, «El final del paradigma Ortega-Cambó», El País, 3 de abril de 2017.

[13] Josu de Miguel, «España, momento constitucional», The Objective, 5 de diciembre de 2017.

Una serie de reflexiones en torno al proceso soberanista catalán, sus causas y consecuencias.

CubiertaEl llamado proceso soberanista fracasó tras los graves acontecimientos políticos, económicos, sociales y judiciales vividos entre septiembre y octubre de 2017. Ciertamente, el fiasco de unilateralidad no ha desactivado la fuerza del independentismo en las urnas ni en la calle, pero lo sitúa forzosamente en otra etapa que todavía está por definir.

Este libro intenta ofrecer una visión de síntesis sobre lo ocurrido desde que el procés se puso en marcha en septiembre del 2012, analizando todos sus aspectos tanto internos como externos.

Sobre los autores

JORDI AMAT (Barcelona, 1978) es filólogo y escritor. Es autor, entre otros, de Com una pàtria. Vida de Josep Benet (2017), La conjura de los irresponsables (2017) y Largo proceso, amargo sueño (2018). Es colaborador del diario La Vanguardia.

RAFAEL ARENAS GARCÍA (Vegarrozadas, 1967) es un jurista y escritor español. Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido colaborador de varios diarios como el ABC, El Periódico, El Confidencial y Crónica Global. Fue presidente de Societat Civil Catalana.

MANUEL ARIAS MALDONADO (Málaga, 1974) es politólogo. Es autor de las monografías Sueño y mentira del ecologismo. Naturaleza, sociedad, democracia (2008) y Antropoceno. La política en la era humana (2018). Es colaborador habitual de Revista de Libros, Letras Libres, Revista de Occidente y El País.

ASTRID BARRIO (Barcelona, 1974) es profesora de Ciencia Política en la Universitat de València. Se doctoró en la Universitat Autònoma de Barcelona con la tesis «Les aliances entre partits. El cas de CiU (1978-2004)», que fue galardonada con el Premio AECPA, y posee un DEA en Études Politiques por el IEP de París. Sus ámbitos de investigación son los partidos políticos, el comportamiento político y el nacionalismo. Colabora con diversos medios de comunicación y escribe en El Periódico y en Agenda Pública.

LLUÍS BASSETS (Barcelona, 1950) es periodista. Es autor de varios ensayos de política internacional y nacional. Sobre Cataluña ha escrito Cinc minuts abans de decidir. Enmig del vendaval independentista (RBA, 2013), La Gran Vergüenza. Ascenso y caída del mito de Jordi Pujol (2014) y Lecciones españolas. Siete enseñanzas de la secesión catalana (2017), además de dos libros de conversaciones: Reivindicación de la política (2010) con Javier Solana, y Aún podemos entendernos (2012) con Miquel Roca y Felipe González. Es columnista político del diario El País.

JOSEP BORRELL (La Pobla de Segur, 1947) es un político del Partido Socialista Obrero Español. Fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de España de 1991 a 1996, durante el último gobierno de Felipe González, y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007. Actualmente es ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Pedro Sánchez. Es autor de La crisis del Euro. De Atenas a Madrid (2012), con Andreu Missé, Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015), con Joan Llorach, y Los idus de octubre. Reflexiones sobre la crisis de la socialdemocracia y el futuro del PSOE (2017).

JOAQUIM COLL (Barcelona, 1967) es historiador y articulista en diversos medios como El Periódico, Crónica Global o El País, y Premio de Historia Ciudad de Barcelona por la publicación de su tesis doctoral, Narcís Verdaguer i Callís i el catalanisme possibilista (1998). Es coautor de A favor de España y del catalanismo, un ensayo contra la regresión política (2010); coordinador editorial de L’Ateneu i Barcelona. 1 segle i 1/2 d’acció cultural (2006); y coeditor de Cataluña, el mito de la secesión. Desmontando las falacias del soberanismo (2014). Fue vicepresidente de Societat Civil Catalana.

PAU MARÍ-KLOSE (Ibiza, 1972) es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza (en excedencia), y actualmente ejerce de director general de la Oficina para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno español. En su faceta investigadora ha publicado extensamente sobre pobreza, infancia, reformas políticas del Estado de bienestar, los perfiles edatarios de los beneficiarios de las políticas sociales, educación y políticas educativas. Ha colaborado con El País y Eldiario.es, y ha sido editor de Agenda Pública.

JOAN LLORACH (Barcelona, 1967) es escritor y empresario. Tiene un Master of Business Administration del Massachusetts Institute of Technology. Es coautor de Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015) con Josep Borrell y autor de una serie de diez fact-checks titulada «La prueba del nueve del independentismo» publicada en El Periódico de Catalunya entre los días 5 y 14 de diciembre de 2017.

IGNACIO MOLINA (Granada, 1971) es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal en el Real Instituto Elcano. Sus áreas de investigación son el estudio de la política exterior y europea de España, el futuro de la Unión Europea, la europeización del sistema político español y la calidad del gobierno. Colabora habitualmente en El País y es editor de Agenda Pública.

AURORA NACARINO-BRABO (Madrid, 1987) es politóloga y periodista. Actualmente es asesora del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Es además analista política en diversos medios, tiene una tribuna semanal en Letras Libres y ha participado en varios libros, ocupándose especialmente del auge del populismo, el nacionalismo y la crisis de la democracia liberal.

JUAN CLAUDIO DE RAMÓN (Madrid, 1982) es un diplomático y articulista español. Actualmente es primer secretario de la embajada de España ante Italia en Roma. Publica de manera regular comentarios políticos en El País y aborda cuestiones culturales en otras revistas como The Objective, Jot Down, Letras Libres, Claves de Razón Práctica o El Ciervo.

MANUEL VALLS (Barcelona, 1962) es un político francés de origen catalán. Fue alcalde de Évry entre 2001 y 2012, diputado en la Asamblea Nacional entre 2002 hasta 2012 y después de 2017. En 2012 fue nombrado ministro del Interior y en 2014 primer ministro de Francia bajo la presidencia del socialista François Hollande. Su pensamiento político se encuentra recogido en diversas obras, como Les Habits neufs de la gauche (2006), Pouvoir (2010), Sécurité: la gauche peut tour changer (2011), La Laïcité en France (2013) o L’Exigence (2016). En 2017 se implicó en el debate político español entorno al desafío secesionista en Cataluña.

Edición en formato digital: septiembre de 2018

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