Las repúblicas del Río de la Plata, y en especial Argentina, ocupan la primera parte de este décimo volumen de la Historia de América Latina, con ensayos que analizan su evolución económica, política y social. El fin de la guerra del Pacífico y la del Chaco demarcan el estudio de Chile, Bolivia y Perú. Se cierra el volumen con tres capítulos sobre Brasil (economía cafetalera, los últimos años del Imperio y los albores de la Primera República).

AA. VV.

América del Sur, c. 1870-1930

Historia de América Latina - 10

ePub r1.0

Titivillus 13.02.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America V. c. 1870 to 1930

AA. VV., 1986

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres

HAROLD BLAKEMORE

ROBERTO CORTÉS CONDE, Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato di Telia, Buenos Aires

WARREN DEAN, catedrático de historia, Universidad de Nueva York

MALCOLM DEAS, fellow del St Antony’s College, Oxford

BORIS FAUSTO, Universidad de São Paulo

EZEQUIEL GALLO, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato di Telia, Buenos Aires

PETER F. KLARÉN, catedrático de historia, Universidad George Washington, Washington, D. C.

HERBERT S. KLEIN, catedrático de historia, Universidad de Columbia, Nueva York

PAUL H. LEWIS, catedrático de ciencias políticas, Newcomb College, Universidad de Tulane, Nueva Orleans

JUAN A. ODDONE, Universidad de la República, Montevideo

DAVID ROCK, catedrático de historia, Universidad de California en Santa Bárbara

EMÍLIA VIOTTI DA COSTA, catedrática de historia, Universidad de Yale

Traducción: Jordi Beltrán & Neus Escandell

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el periodo, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el periodo que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el periodo 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el periodo de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este periodo, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el periodo de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este periodo.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y, sobre todo, política de los distintos países latinoamericanos desde c. 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este periodo, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Muchos de los historiadores que escribieron capítulos para estos cuatro volúmenes —doce de ellos norteamericanos, ocho latinoamericanos (tres brasileños, dos argentinos, dos cubanos y un uruguayo), doce europeos y un puertorriqueño— también leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido estoy especialmente agradecido a Malcolm Deas, Ezequiel Gallo y Colin Lewis. Además, Christopher Abel, Alan Knight y Rory Miller aportaron valoraciones críticas de más de uno de estos capítulos. Varios historiadores latinoamericanos e historiadores de América Latina han dado consejos valiosos y aliento desde el principio mismo de este proyecto. Quisiera aprovechar la presente oportunidad para dar las gracias, en especial, a John Lynch y a Richard Morse.

Elizabeth Wetton, de la Cambridge University Press, se encargó de preparar la edición original de estos volúmenes. De nuevo debo reconocer mi deuda con Josep Fontana y Gonzalo Pontón, y agradecerles su dedicación y empeño en la buena marcha de la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Primera parte
LAS REPÚBLICAS DEL RÍO
DE LA PLATA

Capítulo 1
EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
ARGENTINA, c. 1870-1914[*]

Al llegar a la región del Río de la Plata en el decenio de 1870, lo primero que impresionaría al viajero era la anchura del estuario y luego, al entrar en el puerto de Buenos Aires, la poca altura y la sencillez de los edificios. Al viajar tierra adentro, su impresión sería mayor debido a la vastedad de los espacios sin árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las pampas, donde lo único que interrumpía la abrumadora sensación de soledad era el espectáculo del ganado vacuno o la súbita aparición de un avestruz o de algún otro ejemplar de la fauna de la región. En aquel tiempo, la actividad comercial más importante se llevaba a cabo en una franja costera que seguía el estuario del Río de la Plata y del río Paraná, así como el curso meridional del río Uruguay en sus partes navegables. La escasez de madera, además de las enormes distancias, era un obstáculo para la fundación de asentamientos permanentes en el interior: los posibles colonizadores tenían que transportar los materiales de construcción desde lejanos puertos o zonas urbanas. Aparte del Paraná, un tramo del Uruguay y el río Negro, que se encontraba en territorio que todavía ocupaban los indios, los ríos argentinos no eran navegables y los ferrocarriles empezaban a construirse. Asimismo, las incursiones de los indios, que seguían ocupando la región que llamaban «el desierto» y que no distaba mucho de las zonas pobladas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, eran frecuentes. Aparte de las capitales provinciales, centros administrativos que databan de la época colonial, no existía una red extensa de poblaciones en el interior, cuyos habitantes eran poco numerosos. Sin embargo, aunque eran muchos los inconvenientes para la colonización y el aprovechamiento de la tierra, el clima templado era favorable y las condiciones de vida, aun siendo duras, lo eran menos que en algunas partes de Europa.

Durante la primera mitad del siglo XIX, en la zona de colonización efectiva, el noroeste y el corredor ribereño y costero que lo unía a Buenos Aires, la principal actividad económica había sido la ganadería vacuna, que requería poca mano de obra y poco capital. Se producían cueros y tasajo para la exportación, y carne para el consumo interior. No es que no existiera agricultura, pero el elevado costo del transporte limitaba la actividad agrícola a las zonas que quedaban cerca de los centros urbanos donde se encontraban los mercados. Debido al costo del transporte por tierra, hasta el decenio de 1870 resultaba más práctico importar el trigo y la harina.

Mientras que durante el periodo colonial el centro de la vida económica radicaba en el Alto Perú, con los campos mineros de Potosí unidos a Buenos Aires por una ruta comercial que pasaba por Salta, Tucumán y Córdoba, la primera mitad del siglo XIX había sido testigo de la formación de otro eje económico, que al principio se recostó en las provincias llamadas mesopotámicas (Entre Ríos y Corrientes) y, más adelante, en la provincia de Buenos Aires, donde surgió la ganadería, que aprovechó el sistema fluvial para la salida de sus productos. Posteriormente, las circunstancias exigieron la expansión de las fronteras en busca de nuevos territorios, hacia el oeste y el sur, en Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, y también en lo que actualmente es la provincia de La Pampa.

Pero no debe suponerse que no hubo ningún cambio antes de 1870. El cuero encontró un mercado en los países industrializados y se registró un incremento significativo del comercio, a pesar de las fluctuaciones que causaron los bloqueos y las guerras, entre otras cosas. A las exportaciones de cueros y tasajo se añadieron las de grasas y sebos antes del decenio de 1840. Asimismo, en el decenio de 1820 también se había empezado a criar ovejas y las exportaciones de lana sin lavar cobraron importancia durante el decenio de 1840. En 1822, las exportaciones argentinas ascendieron a cinco millones de pesos de plata y permanecieron en este nivel hasta el decenio de 1840, a pesar de considerables variaciones anuales. Luego aumentaron y hacia las postrimerías del periodo alcanzaron los siete millones. Otro salto de las exportaciones se produjo en el periodo posterior a 1860, en que ascendieron a 14 millones, y un decenio después, en 1870, había aumentado todavía más, llegando a 30 millones de pesos de plata[1]. El incremento del valor de las exportaciones argentinas fue resultado, por un fado, de la recuperación de los precios internacionales, que había estado en baja desde el decenio de 1820 hasta finales del de 1840, y, por otro lado, a la creciente importancia de las grasas, el sebo y, sobre todo, la lana. La lana representó el 10,8 por 100 de las exportaciones en 1837, subió hasta el 12,5 por 100 en 1848 y alcanzó el 33,7 por 100 en 1859[2].

El aumento de la producción y de las exportaciones de lana fue la respuesta a la mayor demanda de los países de la Europa continental, en especial de Francia, y de los Estados Unidos. La producción de lana requería un uso más intensivo de la tierra, el trabajo y el capital. Para cuidar mejor a las ovejas fue necesario trasladar mano de obra a las zonas rurales y, por ende, mejorar tanto los medios de transporte como la seguridad interna. Asimismo, el crecimiento global de las existencias, especialmente las ovejas, cuyo número subió de 23 millones en 1846 a 70 millones en 1884, y el de vacunos, de 10 millones a 23 millones, incrementó la demanda de tierra. No obstante, en el decenio de 1870 el país, con una economía básicamente pecuaria, tenía aún extensiones inmensas de tierra, gran parte de ella sin aprovechar, más allá de la «frontera». La población era escasa, la red de ferrocarriles, rudimentaria, las instalaciones portuarias, insuficientes, y el capital era también escaso.

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

La tierra

Según muchos autores, el extraordinario crecimiento económico de Argentina entre 1870 y 1914, que se mantuvo en una tasa anual de aproximadamente el 5 por 100[3], fue el resultado de cambios importantes en el comercio internacional. Debido a estos cambios, los nuevos mundos de América y Oceanía entraron en el comercio mundial. También se ha recalcado que el factor decisivo en el establecimiento de nuevas rutas comerciales fue la reducción de los costos del transporte marítimo. No menos importante que el incremento del comercio mundial y cierta división internacional del trabajo fue el movimiento de los factores de producción, como el capital y el trabajo, entre continentes. Este movimiento hizo que tales cambios fueran posibles. No obstante, esta explicación, si bien es correcta en líneas generales, no refleja toda la complejidad y toda la riqueza de un proceso histórico que tuvo otras facetas menos obvias. Hubo que hacer frente a numerosos obstáculos y dificultades y fue necesario efectuar varios ajustes para que, desde el lado de la oferta, fuera posible responder adecuadamente a los incrementos reales o potenciales de la demanda mundial. Los estudios del periodo se han concentrado en aspectos relacionados con el crecimiento de la demanda desde los principales centros de consumo de productos primarios; todavía no se han estudiado a fondo los ajustes de la oferta en las principales economías de producción primaria.

Era necesario reorganizar la producción con el objeto de obtener más productos básicos (cereales y, más adelante, carne en el caso de Argentina) donde mayor era el grado de ventaja comparativa. A tal efecto había que explotar recursos productivos que hasta entonces no se habían utilizado. En Argentina abundaba la tierra, pero no se habían colonizado las grandes extensiones de territorio que los indios nómadas seguían recorriendo libremente. Además, la colonización de la tierra presuponía medios de transporte adecuados que permitieran llevar pobladores a las regiones aisladas y traer los productos de éstas al mercado. ¿Cómo y cuándo ocurrió este proceso? Aunque su complejidad impide formular una cronología fácil, la incorporación de inmensas extensiones de tierra es el punto de partida más importante.

Durante el decenio de 1870 fue haciéndose cada vez más obvio que era necesario ampliar la frontera para dar cabida a los crecientes rebaños de ovejas y facilitar la ubicación en un nuevo lugar del ganado vacuno criollo que se apacentaba en la tierra de primera clase que ahora iba a destinarse a las ovejas. El incremento de las existencias produjo el agotamiento de los pastos y la erosión del suelo en la tierra que se usaba desde hacía más tiempo, lo cual resultaba curioso en un país nuevo. En aquel tiempo no había un excedente de población que buscara tierra desocupada, al menos no lo hubo hasta los decenios de 1870 y 1880. En vez de ello había necesidad de buscar pastos nuevos para una cabaña vacuna que iba en aumento. Sin embargo, curiosamente, durante el decenio de 1870 esta expansión del ganado vacuno no se debió a ningún incremento significativo de la demanda internacional transmitida por el mecanismo de precios, sino que fue motivada por un fenómeno diferente. Los precios de las exportaciones agropecuarias (cueros, lana, etc.) bajaron a partir de mediados del decenio de 1870. Esta baja provocó una reducción de la rentabilidad de la cría de ganado. La única forma de compensarla era incrementando el volumen de producción, siempre y cuando este incremento fuese posible a costos más bajos que permitiesen beneficios. El único medio de alcanzar este objetivo consistía en incorporar nuevas tierras a bajo costo, o incluso sin costo alguno, a fin de poder incrementar las existencias (bienes de capital) a un costo adicional mínimo o inexistente y aumentar con ello la producción (lana o cueros), lo que a su vez proporcionaría mayores ganancias. Una característica de la cría de ganado es que produce tanto bienes de consumo como de capital. La mayor disponibilidad de pastos significa que pueden tenerse más animales de cría, incrementándose así los bienes de capital. Por consiguiente, la incorporación de nuevas tierras surtió el claro efecto de incrementar los rebaños y expandir la producción a un costo mínimo, compensando con ello la baja de los precios y manteniendo la rentabilidad de la cría de ganado. Así pues, lo que generó expansión no fue una subida de los precios, sino el hecho de disponer de nuevas tierras y la necesidad de reducir los costos con el objeto de mantener la viabilidad económica de la ganadería.

Es cierto que la expansión territorial fue posible gracias a una mejora anterior de la actividad económica, que también posibilitó la ocupación militar de los nuevos territorios. Gracias al ferrocarril se podía llegar más rápidamente a la antigua frontera, a la vez que el telégrafo permitió al general Julio A. Roca dirigir desde una distancia considerable su campaña contra los indios en 1879-1880. Estos factores constituyeron un elemento importante en la conquista del desierto, pero no supusieron la introducción de la red ferroviaria, los colonizadores y la labranza en los nuevos territorios. Al contrario, en 1881 las zonas que se habían colonizado más allá de la frontera con los indios, en 1876 se hallaban dedicadas casi por entero a la ganadería. La proporción de colonizadores dedicados a la labranza era mínima. Hasta más adelante, cuando a esas zonas llegaron los ferrocarriles, no empezó la expansión de los cultivos. A principios del decenio de 1880 los ferrocarriles no habían alcanzado las regiones que se incorporaron después de la «conquista del desierto» y que tenían una extensión de 30 millones de hectáreas (unos 8 millones en la provincia de Buenos Aires, 5 millones en Santa Fe, 2 millones en Córdoba y otros 14 millones en todo el territorio de La Pampa).

En cambio, la expansión de la agricultura a finales del decenio de 1880 y durante el de 1890, y especialmente la producción de trigo, primero en Santa Fe entre 1888 y 1895, luego, a partir de 1895, en Buenos Aires, estuvo vinculada de modo directo al crecimiento de la red ferroviaria. De 732 kilómetros de vías en 1870 y 1.313 kilómetros en 1880, la red alcanzó los 9.254 kilómetros en 1890. El tonelaje de mercancías transportadas aumentó de 275.000 en 1870 y 742.000 en 1880 a 5,42 millones en 1890. En 1884, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la región de la colonización más antigua, alrededor del 7,1 por 100 de la tierra era cultivada; en las regiones central y del sur, que incluían territorios extensos incorporados durante el decenio de 1870 y comienzos del de 1880, se cultivaba respectivamente el 1,1 y el 0,3 por 100. En 1896 ya era un 44,5 por 100 la tierra que se cultivaba en el norte, el 28,3 por 100 en el centro y el 14,6 por 100 en el sur. Y alrededor del 83,7 por 100 de la producción de trigo y el 53,7 por 100 de la de maíz se transportaban por ferrocarril[4].

Las características regionales, pero, sobre todo, la proximidad de los mercados (en la que influían los costos del transporte), determinaron los patrones de utilización de la tierra en diferentes momentos y en distintas regiones durante este periodo. En las regiones aisladas, sin ríos navegables, sin ferrocarriles, donde, por consiguiente, los costos del transporte eran altos, había menos probabilidades de colonización y de desarrollo de los cultivos. En tales regiones estaba muy extendida la cría de ganado en propiedades de extensión considerable que eran explotadas por los terratenientes. Había también un sistema de arrendamiento y aparcería, especialmente en la cría de ovejas, que nunca llegó a estar tan difundido como en años posteriores lo estaría en la agricultura. En las regiones donde las condiciones del suelo y los costos del transporte lo permitían, se expandió la agricultura. Entre 1888 y 1895 las zonas cultivadas pasaron de 2,5 millones a casi 5 millones de hectáreas. La expansión más notable tuvo lugar cu la provincia de Santa Fe, donde la extensión real de las propiedades era menor y muchas de ellas estaban ocupadas por sus propietarios. A finales del siglo XIX y durante los primeros dos decenios del XX tuvo lugar una nueva oleada de expansión agrícola en tierras que ya habían estado dedicadas total o parcialmente a la ganadería. Uno de los rasgos de este proceso es que no produjo la sustitución de la cría de ganado por los cultivos; en vez de ello, las dos se complementaron. El resultado fue que en los establecimientos ganaderos se reservaban ciertas zonas para la producción de cereales que se cedían a arrendatarios, por lo que el número de éstos aumentó en gran medida durante el periodo comprendido entre 1885 y 1914.

La existencia de un número tan elevado de arrendatarios ha influido en la formación de un panorama común de la historiografía argentina que tiene una ascendencia honorable entre autores tan importantes como Miguel Ángel Cárcano y Jacinto Oddone, por no citar estudiosos más recientes como Sergio Bagú y James Scobie. Este último dice lo siguiente acerca de este particular:

Aquellos cuyos antepasados habían podido adquirir y conservar enormes concesiones de tierra o que ahora obtuvieron estancias disfrutaron de una existencia dorada. Tierras cuyo único valor habían sido sus rebaños de ganado en estado natural, tierras a las que sólo se podía llegar a caballo o en carretas tiradas por bueyes, tierra ocupada en gran parte por indios hostiles, experimentaron una transformación total. El capital británico había construido ferrocarriles. Se habían mejorado las técnicas pecuarias y los recursos de las pampas se estaban utilizando de forma más concienzuda. Se disponía de inmigrantes recién llegados de la pobreza europea, no sólo para que trabajaran en la construcción ferroviaria y urbana, sino también para que hiciesen de aparceros, arrendatarios o peones en la producción de maíz, trigo, lino y alfalfa, en la instalación de cercas y en el cuidado del ganado vacuno y lanar. En tales condiciones, la tierra producía un rendimiento anual del 12 al 15 por 100 al propietario, y era frecuente que los valores de la tierra aumentaran un 1.000 por 100 en un decenio. Quienes ya tenían tierra, poder o dinero monopolizaban la riqueza que ahora se obtenía de las pampas. El hombre que araba la tierra o cuidaba los rebaños llevaba una mísera existencia. Si se había ido de Europa empujado por la pobreza y la desesperanza, al menos, en Argentina, no pasaba hambre, pero pocos incentivos se le ofrecían y, las más de las veces, la propiedad de la tierra no estaba a su alcance[5].

Las opiniones de los que han defendido esta tesis podrían resumirse del modo siguiente: con el fin de incrementar las ganancias producidas por el arrendamiento, los grandes terratenientes restringían la oferta de tierra manteniendo ésta fuera del mercado; luego dejaban sin cultivar la tierra que monopolizaban. En realidad, la situación era mucho más compleja; la compra y venta de tierra fue mucho más fluida de lo que se suponía; y la extensión de las estancias, así como el sistema de arrendamiento, estaban vinculados a otras circunstancias relacionadas con los patrones de desarrollo agrícola y pecuario propios de la región. De hecho, ocurría que, mientras que hacia finales de siglo empezaba a disponerse de mucha tierra porque el ferrocarril creaba nuevos enlaces con los mercados, aún no había un número suficiente de agricultores dispuestos a trabajarla. Por consiguiente, no había ningún recurso limitado ni una demanda insatisfecha de tierra. En cambio, durante el segundo decenio del siglo XX, con 20 millones de hectáreas cultivadas, nuevos agricultores competirían con los antiguos por la mejor tierra en una situación donde no había ninguna posibilidad de incorporar nuevas tierras apropiadas para la agricultura.

El sistema de arrendamiento no obstaculizaba el acceso a la propiedad de la tierra. A decir verdad, en muchos casos constituía un paso intermedio hacia ella. Como arrendatario en vez de propietario, el agricultor obtenía mejores rendimientos porque la escala era mayor, porque además proporcionaba pleno empleo para una familia trabajadora que hubiera inmigrado precisamente debido a la disponibilidad de tierra. Finalmente, había un mercado bastante activo de propiedades medianas y pequeñas, mientras que eran menos las transacciones en el caso de propiedades mayores. Además, si bien los precios de la tierra subieron durante el decenio de 1880, bajaron en el de 1890 y con ello aumentaron las posibilidades de adquirir tierra. En su informe anual de 1893, el cónsul británico comentó:

Los precios de las tierras eran bajísimos en oro en 1891 y 1892; ahora son más caros, pero todavía son bastante baratos. El descenso del valor de la tierra después de la crisis de 1890 fue extraordinario… El precio de la tierra se amortiza pronto con buenas estaciones, y las facilidades para convertirse en terratenientes a pequeña escala son grandes. Todas las tierras de la República Argentina son de propiedad. El traspaso y el registro de propiedades y el reconocimiento de los títulos son notablemente sencillos en comparación con Inglaterra[6].

Durante el primer decenio del siglo XX, el precio de la tierra volvió a incrementarse de forma espectacular. Sin embargo, no fue un caso de especulación, sino que reflejó un incremento significativo de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, especialmente de la que se dedicó a la ganadería debido al desplazamiento hacia la producción de carne y la introducción de razas británicas.

La oferta de mano de obra

La escasez de mano de obra en Argentina fue un problema persistente durante todo el siglo XIX. Aun cuando Bernardino Rivadavia hiciera las primeras propuestas de colonización en el decenio de 1820, inspirando la idea de seguir una política de inmigración y colonización, ésta obtuvo escaso éxito antes de 1870. Aparte del poco entusiasmo que por el asunto mostraron los terratenientes, así como la total falta de interés que despertó en líderes políticos tales como Juan Manuel de Rosas, que no fomentaban proyectos de colonización por parte de extranjeros, no se tuvo en cuenta que la principal dificultad para instalar colonizadores en regiones situadas muy hacia el interior del país radicaba en el elevado costo del transporte, que impedía comercializar los productos en lugares muy alejados. A partir de los primeros años de la Confederación se hicieron intentos más afortunados de estimular la inmigración y la colonización. En 1869, año del Primer Censo Nacional, Argentina tenía menos de 1,8 millones de habitantes. En 1895, al cabo de veinticinco años, según el Segundo Censo Nacional la población había aumentado hasta alcanzar casi 4 millones de personas, y al confeccionarse el Tercer Censo en 1914, la cifra era de casi 8 millones (véase cuadro 1). Este notable aumento difícilmente hubiera podido conseguirse sólo mediante el crecimiento natural. Se debió en gran medida a la inmigración de extranjeros. Entre 1870 y 1914 llegaron a Argentina casi 6 millones de inmigrantes, principalmente españoles e italianos, aunque sólo poco más de la mitad de ellos se quedaron en el país (para las cifras anuales, véase el cuadro 2). Los extranjeros representaban el 12,1 por 100 de la población total en 1869, el 25,4 por 100 en 1895 y el 29,9 por 100 en 1914. Es importante señalar, no sólo el efecto que tuvo la inmigración en el tamaño absoluto de la población, sino también la influencia que ejerció en las tasas de natalidad debido a su efecto en la estructura de edades. Entre 1869 y 1895 la población en conjunto creció al ritmo del 30,4 por 1.000 anual; la inmigración representaba un 17,2 por 1.000 de este aumento, y el crecimiento natural, un 13,2 por 1.000. Entre 1895 y 1914 el ritmo de crecimiento anual de la población en su conjunto fue del 34,8 por 1.000, con un 17,2 representado por la inmigración y un 17,6 por el crecimiento natural[7].

CUADRO 1

Población y tasas de crecimiento

Año
Población
Incremento anual
medio por
1.000 habitantes

1869
1.736.923[a]
28,5

1895
3.954.911
30,4

1914
7.885.237
34,8

FUENTES: 1869: Argentina, Primer Censo de la República Argentina, 1869, Buenos Aires, 1872; 1895: Argentina, Segundo Censo de la República Argentina, 1895, vol. II, Buenos Aires, 1898; 1914: Argentina, Tercer Censo Nacional, 1914, vol. II, Buenos Aires, 1916; Zulma L. Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes, Migraciones en la Argentina, Buenos Aires, 1969.

La migración influyó de diversas maneras en la formación de la fuerza laboral: primero, en su aporte directo al crecimiento de la población total y al incremento de la tasa de crecimiento natural de la población; y, en segundo lugar, en su aporte anual de mano de obra que entró directamente en el mercado de trabajo. La inmensa mayoría de los inmigrantes eran jóvenes y varones. En 1895 el 47,4 por 100 de los extranjeros tenían entre 20 y 40 años de edad, igual que el 23,4 por 100 de los argentinos de nacimiento. Las cifras correspondientes a las personas de 0 a 20 años de edad eran el 21,8 por 100 para los extranjeros y el 60 por 100 para los nacidos en el país[8]. En 1914 los extranjeros superaban en número a los argentinos de nacimiento en el grupo de 20 a 40 años de edad. Esto explica por qué la influencia de los inmigrantes en la fuerza laboral fue mayor que su influencia en la población en general. Entre los extranjeros, el cociente entre los hombres y las mujeres fue de 1,7 tanto en 1895 como en 1914.

CUADRO 2

Inmigración y emigración, 1870-1914[a]

Año
Inmigrantes
Emigrantes
Ganancia o
pérdida neta

1870
39.967
—
+ 39.967

1871
20.933
10.686
+ 10.247

1872
37.037
9.153
+ 27.884

1873
76.332
18.236
+ 58.096

1874
68.277
21.340
+ 46.937

1875
42.036
25.578
+ 16.458

1876
30.965
13.487
+ 17.478

1877
36.325
18.350
+ 17.975

1878
42.958
14.860
+ 28.098

1879
55.155
23.696
+ 31.459

1880
41.651
20.377
+ 21.274

1881
47.484
22.374
+ 25.110

1882
51.503
8.720
+ 42.783

1883
63.243
9.510
+ 53.733

1884
77.805
14.444
+ 63.361

1885
108.722
14.585
+ 94.137

1886
93.116
13.907
+ 79.209

1887
120.842
13.630
+ 107.212

1888
155.632
16.842
+ 138.790

1889
260.909
40.649
+ 220.060

1890
110.594
80.219
+ 30.375

1891
52.097
81.932
− 29.835

1892
73.294
43.853
+ 29.441

1893
84.420
48.794
+ 35.626

1894
80.671
41.399
+ 39.272

1895
80.989
36.820
+ 44.169

1896
135.205
45.921
+ 89.284

1897
105.143
57.457
+ 47.686

1898
95.190
53.536
+ 41.654

1899
111.083
62.241
+ 48.842

1900
105.902
55.417
+ 50.485

1901
125.951
80.251
+ 45.700

1902
96.080
79.427
+ 16.653

1903
112.671
74.776
+ 37.895

1904
161.078
66.597
+ 94.481

1905
221.622
82.772
+ 138.850

1906
302.249
103.852
+ 198.397

1907
257.924
138.063
+ 119.861

1908
303.112
127.032
+ 176.080

1909
278.148
137.508
+ 140.640

1910
345.275
136.405
+ 208.870

1911
281.622
172.041
+ 109.581

1912
379.117
172.996
+ 206.121

1913
364.271
191.643
+ 172.628

1914
182.659
221.008
− 38.349

FUENTE: Extracto estadístico de la República Argentina, correspondiente al año 1915, Buenos Aires, 1916.

En la población nativa había más mujeres, con un cociente entre hombres y mujeres de 0,97 en 1895 y 0,98 en 1914. La inmigración afectó también la distribución regional, ya que hasta 1914 el 84 por 100 de los inmigrantes se instaló en la región pampeana. Finalmente, los extranjeros eran más propensos que los nativos a instalarse en las zonas urbanas (véase cuadro 3).

CUADRO 3

Población urbana y rural (porcentajes

| Total |  | Extranjero |
Año | Rural | Urbana | Rural | Urbana
1869 | 71 | 29 | 52 | 48
1895 | 63 | 37 | 41 | 59
1914 | 47 | 53 | 37 | 63

FUENTE: Primero, Segundo y Tercer Censos nacionales, 1869, 1895, 1914

No hay estudios que indiquen los niveles generales de empleo en Argentina hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, las cifras sobre ocupaciones que aparecen en los censos, pese a ser imperfectas, dan información sobre la población económicamente activa. En 1869 llegaban a 857.164 de una población potencialmente activa de 1.014.075 (el 85 por 100) de 14 o más años de edad. En 1895 las personas económicamente activas representaban 1.645.830 de una población potencialmente activa de 2.451.761 (67 por 100), y en 1914, 3.235.520 de 5.026.914 (64 por 100).

Para 1895 y 1914, respectivamente, las personas con un empleo regular estaban distribuidas del modo siguiente: el 24 y el 16 por 100 en la agricultura o la ganadería, el 22 y el 26 por 100 en la industria y el 29 y el 33 por 100 en los servicios. Alrededor del 21 y el 28 por 100 carecían de ocupación determinada, y formaban una categoría consistente en gran parte en jornaleros y peones, básicamente una gran masa de trabajadores estacionales que estaban empleados en el campo en la época de la recolección y que pasaban el resto del año en la ciudad. Los indicadores más útiles para estudiar los cambios en las pautas de empleo, no en su nivel absoluto, sino más bien en sus variaciones, son, en el caso del empleo urbano, las cifras relativas a las inversiones en obras públicas y la construcción privada; para el empleo en la construcción de infraestructura, las variaciones en la extensión de la red ferroviaria; y para el empleo agrícola, las variaciones en la extensión de tierra cultivada. Estos sectores, aparte del empleo industrial, donde las variaciones eran menos acentuadas, aportaban la mayor demanda de mano de obra. Las cifras referentes a la inmigración anual (véase cuadro 2) miden las variaciones en la oferta de trabajo. Otro indicador útil es el de las cifras de las importaciones (véase cuadro 5). En ciertos aspectos las importaciones determinan las variaciones en la actividad industrial, las obras públicas y la construcción de ferrocarriles, todas las cuales requieren inputs importados, pero no determinan las variaciones en la construcción privada y la tierra cultivada, que no necesitan bienes importados. Hay que hacer hincapié en que existe una correlación bastante estrecha entre las variaciones en las importaciones y las cifras netas de inmigración.

En el periodo que estamos estudiando se produjeron cambios repentinos en la oferta y la demanda de mano de obra. El incremento de las importaciones y el aumento en la actividad económica que las acompañó produjeron un aumento sostenido en la demanda de trabajo. Con la crisis de 1890 y la drástica disminución de las importaciones, de las obras públicas y de la construcción de ferrocarriles, no sólo bajó la demanda de mano de obra, sino que se registró también una notable reducción de la oferta, debido a una fuerte caída de la inmigración. Un informe del cónsul británico sobre este asunto es revelador:

En 1890 se observará que no sólo había descendido la inmigración en un 60 por 100, comparada con la del año anterior, sino que la emigración había aumentado en un 107 por 100. Las cifras que se estiman para 1891 muestran que la inmigración sigue decreciendo a un ritmo alarmante y que la emigración durante el año ha superado, con toda probabilidad, las cifras del año pasado. Hay que señalar que en 1888-1889 la inmigración directa del extranjero sola, sin incluir las llegadas vía Montevideo, superó en gran medida la cifra de entre 90.000 y 100.000 inmigrantes que el jefe del departamento de inmigración estimó en su informe como número máximo que el país puede absorber y emplear apropiadamente en el curso de un año, siendo el número de 130.271 y 218.744 respectivamente. Es extraño que con una afluencia total (incluyendo los que pasan por Montevideo) de más de 548.000 personas durante los últimos tres años, no haya todavía más miseria en este país; y tanto más cuanto que 871.000 inmigrantes han llegado a la República Argentina durante los últimos seis años, 1885-1890, lo que equivale al 52 por 100 de la inmigración total durante los últimos 34 años. La población estimada de este país es de 4.000.000 de personas solamente, de modo que el número de inmigrantes que han desembarcado aquí en los últimos seis años forma el 22 por 100 de la población total del país. Nunca ha entrado en un país una inmigración tan proporcionalmente grande en un periodo tan breve[9].

Parte de la mano de obra que ya estaba en el país pasó al sector rural, donde la extensión de tierra cultivada siguió aumentando durante la crisis del decenio de 1890. Esto alivió el problema del desempleo e impidió que la crisis se agravase todavía más. La demanda de mano de obra volvió a aumentar al reanimarse la actividad económica, en especial después de 1900, y se respondió inmediatamente a ella con un mayor incremento de la afluencia de inmigrantes. El mercado de trabajo, que se caracterizaba por la excedente demanda, se convirtió después de 1910, cuando empezó a disminuir la tasa de crecimiento de la tierra cultivada, en un mercado con oferta excedente[10].

Se reconoce de forma general que el notable crecimiento de la riqueza que se registró en Argentina en el periodo que va de 1870 a la primera guerra mundial no benefició de igual manera a todos los sectores de la población. Mientras que los terratenientes fueron los que obtuvieron las mayores ganancias, los trabajadores no recibieron una parte proporcional del crecimiento de la renta nacional. Incluso se ha argüido que, por diversas razones, los niveles salariales descendieron durante la mayor parte del periodo que nos ocupa. Por ejemplo, Ricardo M. Ortiz afirmó que

la propiedad limitada de la tierra… [incrementó] la tasa de emigración, fomentó la migración temporal y aumentó las posibilidades de que los recién llegados se dedicaran a ocupaciones a las que no estaban acostumbrados y que de ninguna manera se correspondían con sus objetivos. Estas personas llegaron a formar un proletariado urbano, un sector social que era a la vez numeroso e inestable. Este sector consistía en inmigrantes que vendían su trabajo a bajo precio y soportaban una vida de pobreza y privaciones extremas con los ojos puestos en el día en que podrían volver a su patria después de haber ahorrado lo suficiente para asegurar su futuro[11].

Generalmente, los salarios bajos y menguantes del decenio de 1880 se han atribuido, en primer lugar, a los efectos de la inflación y, en segundo lugar, al excedente de mano de obra creado en el sector urbano por la falta de oportunidades en el sector rural, falta que se debía a un sistema de propiedad de la tierra que no favorecía a los inmigrantes pobres. James Scobie también afirmó que los salarios fueron bajos durante la mayor parte del periodo en cuestión, especialmente durante el decenio de 1890, aunque empezaron a subir después de 1905. Sostuvo que podía llegarse a una estimación en firme de las fluctuaciones salariales convirtiendo los salarios pagados en papel moneda a los jornaleros y trabajadores especializados en una unidad de oro común. Los salarios diarios que se pagaban en peso papel tenían en 1871 un valor de 1,20 en pesos oro: en 1880 su valor era de 0,75 pesos oro; en 1885, de 1,00; en 1890, de 0,60; en 1896, de 0,50 a 0,60; en 1901, de 0,55; y en 1910, de 1,20 a 1,50[12]. Scobie añadió que el elevado coste de la vida surtió un efecto desfavorable en los niveles salariales.

En realidad, en términos reales (esto es, en términos de su poder adquisitivo), los salarios subieron hasta 1886, bajando luego hasta mediados del decenio de 1890. Con todo, entre 1890-1895 y el fin de siglo hubo un significativo incremento real que fue causado por un incremento en los salarios monetarios que habían quedado rezagados respecto de la inflación a finales del decenio de 1880 y comienzos del de 1890, pero que luego habían avanzado gradualmente al bajar el coste de la vida después de 1895. El incremento que hubo después de 1905 fue menos marcado de lo que creía Scobie y se debió al efecto de la subida de los precios de los alimentos durante este periodo. Algunos autores han confundido la estabilidad de los tipos de cambio con la estabilidad de los precios en este periodo. En términos reales, el incremento de los salarios fue mínimo entre 1900 y 1910 debido al efecto de los incrementos de los precios de los alimentos.

Teniendo en cuenta las importantes fluctuaciones que ocurrieron a lo largo de los 30 años, los salarios reales en Argentina aumentaron significativamente durante este periodo. Hacia sus postrimerías, un trabajador podía adquirir un tercio más de bienes y servicios que su equivalente de tres decenios antes. El incremento sería mayor para los que, de hecho, habían empezado a trabajar 30 años antes, lo cual se debía al efecto que su mejor preparación, su antigüedad y su gran experiencia debían tener en sus salarios. Con esto no queremos decir que la vida de los trabajadores fuese fácil y que no se vieran afectados por periodos de coste de la vida alto, desempleo y pobreza, como dejan claro sus propios testimonios y los de sus contemporáneos[13]. Y es verdad que los inmigrantes que querían volver al país de origen se encontraron con el problema de que los salarios en pesos oro descendieron durante el periodo entre 1889 y 1895. Los cónsules extranjeros advertían a los inmigrantes en potencia que no confundieran los salarios que se pagaban en pesos oro con los que se abonaban en pesos de papel[14]. Sin embargo, los que se quedaban en el país no se veían afectados por este problema en concreto.

El capital

En una economía tan primitiva como la argentina a comienzos de este periodo, el capital escaseaba. Los habitantes nativos poseían activos fijos consistentes en grandes extensiones de tierra o viviendas urbanas y bienes muebles tales como ganado vacuno; no había virtualmente otra salida para sus ahorros. Las instituciones financieras eran pocas. Sin embargo, la necesidad de efectuar enormes inversiones en infraestructura era crítica. En un país nuevo donde las distancias eran tan grandes, sin una población asentada en las regiones rurales y con una economía orientada a la exportación de productos a la otra orilla del Atlántico, el transporte barato por tierra y por mar era absolutamente indispensable. Igual importancia tenían los puertos y los depósitos de almacenes. Había mucha actividad por parte de grupos privados, tanto nacionales como extranjeros, en particular británicos, vinculados a la banca internacional, sobre todo en el sector ferroviario. Pero fue el Estado el que aportó el ímpetu inicial. Sin embargo, como el Estado no podía facilitar todo el financiamiento necesario para invertir en infraestructura porque sus ingresos, basados principalmente en los derechos de importación, eran insuficientes, tuvo que obtenerlo pidiendo préstamos en Europa, sobre todo en Gran Bretaña. (Para las inversiones directas y de cartera británicas en Argentina en 1865-1913, véase cuadro 4.)

CUADRO 4

Inversiones directas y de cartera británicas en Argentina,
1865-1913 (millones de libras esterlinas)

| 1865 | 1875 | 1885 | 1895 | 1905 | 1913
Inversión total | 2,7 | 22,6 | 46,0 | 190,9 | 253,6 | 479,8
Inversión directa | 0,5 | 6,1 | 19,3 | 97,0 | 150,4 | 258,7
Inversión de cartera | 2,2 | 16,5 | 26,7 | 93,9 | 103,2 | 221,6
Préstamos públicos | 2,2 | 16,5 | 26,7 | 90,6 | 101,0 | 184,6
Títulos de sociedades | — | — | — | 3,4 | 2,2 | 37,0

Se ha dicho que Argentina carecía de instituciones capaces de encauzar fondos hacia campos de inversión rentables. En realidad, la situación era un tanto distinta. Los grupos locales que buscaban financiación esperaban siempre que fuera el gobierno el que proporcionara dinero a tipos de interés más bajos que el de mercado por medio de los bancos estatales o semiestatales. Durante gran parte del periodo que estamos analizando estas instituciones, en primer lugar el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado en 1854, y luego, en particular a partir del decenio de 1880, el Banco Nacional, ampliaron considerablemente la oferta monetaria, incrementando en gran medida los créditos, tanto al sector privado como al público, y reduciendo sus reservas de efectivo hasta tal punto que no pudieron satisfacer las demandas de sus depositantes. Esto motivó que en dos ocasiones, en 1873 y en 1885, si bien en circunstancias diferentes, se produjera una declaración de inconvertibilidad y que en 1890, como veremos, se provocara su derrumbe definitivo.

El principal interés de las operaciones bancarias privadas y extranjeras fue el comercio, especialmente el de ultramar. Esto no quería decir que los bancos comerciales tuvieran alguna preferencia intrínseca por tales actividades; se trataba más bien de que estas operaciones eran las más seguras y rentables. También hay que recordar que el sector rural podía contar con otras fuentes de capital, siendo las más conocidas las cédulas de los bancos hipotecarios nacionales y provinciales que se negociaban en el mercado. Pero también se obtenían créditos de proveedores comerciales o sus agentes, tanto nacionales como extranjeros, y los exportadores de cereales ofrecían adelantos a cuenta de la cosecha. De esta manera se importaba material para alambrados y maquinaria agrícola, se cercaban las tierras de pastos y se sembraban millones de hectáreas. Además, se importaba ganado de pedigrí para la cría y con ello aumentaba enormemente el valor del rebaño y de la tierra, uno de los componentes principales de la riqueza nacional.

No puede decirse que toda la formación de capital tuviera su origen en ultramar. Hemos visto que el capital del país no desempeñó un papel insignificante en la mejora de la tierra y el ganado y en la construcción urbana. El cuadro 5 proporciona un indicio del enorme crecimiento de las existencias de capital que se produjo en Argentina durante el periodo que nos interesa. Puertos, ferrocarriles, carreteras, vivienda, maquinaria y establecimientos ganaderos formaban parte de un gran volumen de capital establecido durante los tres decenios que van desde el periodo de unificación nacional hasta la víspera de la primera guerra mundial. La tasa de crecimiento fue del 7,5 por 100 para la totalidad del periodo, tanto en oro como en moneda constante, aunque con la crisis de 1890 (cuando la depreciación del peso frente al oro fue mayor que la pérdida en su poder adquisitivo interior) bajó temporalmente el valor en oro del stock de capital.

CUADRO 5

Formación de capital: crecimiento de las existencias de capital, 1857-1914

Año
Millones
de pesos
(oro)
Millones
de pesos
(papel)
Índice de
precios al
consumo[a]
(1884=100)
En pesos papel
deflactados por
el índice de
precios al consumo

1857
368
—
—
—

1884
1,875
1,875
100
1,875

1892
1,407
3,264
159
2,052

1895
2,840
8,577
190
4,514

1914
14,955
33,989
206
16,499

LAS FASES DE CRECIMIENTO

La historia económica argentina desde el decenio de 1870 hasta la primera guerra mundial puede dividirse en tres periodos: el primero, que empezó con el fin de la crisis de 1873-1876 y alcanzó su punto más alto previo al hundimiento de 1890, fue de crecimiento rápido y dinámico; el siguiente, que empezó en 1890 y terminó en la segunda mitad del decenio, fue de depresión; el último, que empezó a finales del decenio de 1890, fue de gran expansión, que, exceptuando dos breves recesiones en 1899 y 1907, se sostuvo hasta la crisis de 1912.

El factor que determinó la expansión o recesión a corto o medio plazo era la balanza de pagos, que a su vez se veía determinada por el comercio y el movimiento de capital (británico en su mayor parte). Las variaciones de estas cifras afectaban la oferta monetaria, los niveles de empleo y la demanda de mano de obra (esta última mediante el efecto que la importación de bienes de capital surtía en el nivel de actividad económica). Otras variables que tenían un efecto importante en la economía, como la extensión de la tierra cultivada y la construcción privada, fluctuaban con independencia de los cambios en el sector externo.

El período de 1880 a 1890

Durante la primera mitad del decenio de 1880 el hecho más significativo fue el incremento del número de cabezas de ganado y la elaboración de productos basados en la ganadería. La producción de ovejas quedó rezagada en comparación con el decenio anterior, pero los cultivos comenzaron a cobrar ímpetu y alcanzaron alturas considerables durante la segunda mitad del decenio. Sin embargo, al contrario de lo que suele creerse, la expansión de este decenio no se debió principalmente a los sectores de exportación agrícola y pecuaria, sino a la inversión en transportes, obras públicas y construcción privada. Gracias a la gran afluencia de inversiones extranjeras, tanto directas como indirectas, se obtuvieron fondos para importar bienes de capital que se transformaron en miles de kilómetros de vías férreas y en importantes obras públicas. Todo esto dio origen a una gran actividad económica y fue el factor principal de la expansión que ocurrió durante el periodo.

Las exportaciones crecieron, pero a un ritmo más lento que las importaciones. El aumento considerable de su volumen durante el decenio de 1880 se vio contrarrestado por un descenso en los precios. Hubo un déficit comercial durante la mayor parte del periodo (véase cuadro 6), pero la afluencia de capital hizo que la balanza de pagos continuara siendo positiva. Esto tuvo un efecto expansionista en el dinero, así como la incorporación de bienes de capital y el incremento de los ingresos fiscales producido por el aumento de las importaciones, lo que dio un empuje complementario a la actividad económica.

En 1881 se estableció por primera vez una sola unidad monetaria para todo el país: el peso oro nacional (1 peso oro = 25 pesos papel llamados «corrientes»; 5 pesos oro = 1 libra esterlina). A partir de 1883 se autorizó a cuatro bancos a emitir billetes, los más importantes de los cuales eran el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con la ayuda de un préstamo extranjero, el Banco Nacional amplió su capital de 8 millones a 20 millones de pesos, con lo que aumentó considerablemente la emisión de dinero: de 42 millones en 1883 a 75 millones en 1885. Sin embargo, en 1885, de resultas de la gran demanda de oro gracias a un déficit de la balanza de pagos y a una política de expansión crediticia, el Banco Nacional, temiendo que se agotaran sus reservas, pidió al gobierno que suspendiera la convertibilidad de sus billetes. El gobierno accedió a la petición y pronto hizo extensiva la suspensión a los otros bancos de emisión. Argentina volvió así al sistema de papel moneda no convertible. Al amparo de las disposiciones de la ley de bancos garantizados de 1887 se multiplicaron los bancos en el interior, donde el patrón plata había dominado hasta entonces. Fueron un factor importante en el incremento de la circulación que llegó a 163 millones de pesos en 1889.

CUADRO 6

El comercio exterior de Argentina, 1870-1914
(en millones de pesos oro)

Año | Importaciones | Exportaciones | Saldo
1870 | 49,1 | 30,2 | − 18,9
1871 | 45,6 | 27,0 | − 18,6
1872 | 61,6 | 47,3 | − 14,3
1873 | 73,4 | 47,4 | − 26,0
1874 | 57,8 | 44,5 | − 13,3
1875 | 57,6 | 52,0 | − 5,6
1876 | 36,1 | 48,1 | + 12,0
1877 | 40,4 | 44,8 | + 4,3
1878 | 43,7 | 37,5 | − 6,2
1879 | 46,4 | 49,4 | + 3,0
1880 | 45,5 | 58,4 | + 12,8
1881 | 55,7 | 58,0 | + 2,2
1882 | 61,2 | 60,4 | − 0,9
1883 | 80,4 | 60,2 | − 20,2
1884 | 94,0 | 68,0 | − 26,0
1885 | 92,2 | 83,9 | − 8,3
1886 | 95,4 | 69,8 | − 25,6
1887 | 117,4 | 84,4 | − 33,0
1888 | 128,4 | 100,1 | − 28,3
1889 | 164,6 | 90,1 | − 74,4
1890 | 142,2 | 100,8 | − 41,4
1891 | 67,2 | 103,2 | + 36,0
1892 | 91,5 | 113,4 | + 22,0
1893 | 96,2 | 94,1 | − 2,1
1894 | 92,8 | 101,7 | + 8,9
1895 | 95,1 | 120,1 | + 25,0
1896 | 112,2 | 116,8 | + 4,6
1897 | 98,3 | 101,2 | + 2,9
1898 | 107,4 | 133,8 | + 26,4
1899 | 116,9 | 184,9 | + 68,0
1900 | 113,5 | 154,6 | + 41,1
1901 | 113,9 | 167,7 | + 53,8
1902 | 103,0 | 179,5 | + 76,4
1903 | 131,2 | 221,0 | + 89,8
1904 | 187,3 | 264,2 | + 76,8
1905 | 205,2 | 322,8 | + 117,7
1906 | 270,0 | 292,3 | + 22,3
1907 | 286,0 | 296,2 | + 10,3
1908 | 273,0 | 366,0 | + 93,0
1909 | 302,8 | 397,4 | + 94,6
1910 | 351,8 | 372,6 | + 21,0
1911 | 366,8 | 324,7 | − 42,1
1912 | 384,9 | 480,4 | + 95,5
1913 | 421,3 | 483,5 | + 62,2
1914 | 271,8 | 349,2 | + 77,4

FUENTE: Extracto estadístico de la República Argentina correspondiente al año 1915, Buenos Aires, 1916.

A diferencia del sistema de Estados Unidos, en el cual se basaba, el arreglo de la ley de bancos garantizados de 1887 que se creó en Argentina no implicaba el respaldo total del gobierno para todos los billetes en circulación. La ley requería que los bancos comprasen títulos de la deuda pública a cambio de oro. El banco recibiría entonces del gobierno una emisión de billetes equivalente a sus respectivas compras de títulos. Sin embargo, el principio de un circulante nacional respaldado por oro no se respetó en dos aspectos importantes: en primer lugar, el gobierno eximió, de hecho, al Banco Nacional, el mayor de los bancos de emisión, del requisito de comprar títulos de la deuda pública; en segundo lugar, el gobierno aceptaba documentos a oro (pagarés en oro) en vez de oro de otros bancos, incluyendo los de provincias. Como resultado de ello, aunque se emitieron aproximadamente 150 millones de billetes de un peso respaldados por oro, en realidad las reservas de oro ascendían a 76 millones. Las nuevas disposiciones provocaron un fuerte incremento de la emisión —hasta un 95 por 100 en tres años—, lo cual causó una depreciación del 41 por 100 en la moneda. El acusado aumento de los precios que sobrevino más tarde produjo a su vez escasez de la oferta monetaria. Mientras el público necesitaba más dinero para financiar sus transacciones, los bancos no podían obtener oro para comprar títulos. El resultado fue la vuelta a un periodo de escasez de oro, exacerbada por la necesidad de continuar remitiendo pagos al extranjero. Se hicieron varios intentos de remediar la situación, entre ellos una emisión no autorizada de 35 millones de pesos, que fue uno de los antecedentes de la revolución que en julio de 1890 provocó la caída del gobierno de Juárez Celman[15]. El nuevo gobierno de Carlos Pellegrini, con todo, no tuvo más remedio que emitir otros 60 millones de pesos. En Londres, el representante argentino, Victorino de la Plaza, intentó obtener una moratoria de Baring Brothers, los principales acreedores del país. En noviembre de 1890 la crisis alcanzó su punto culminante con la noticia de que Baring no permitiría un aplazamiento de los pagos ni continuaría efectuando la transferencia trimestral de los préstamos en curso.

La enorme deuda exterior en que se incurrió durante este periodo —de 100 millones de pesos en 1885 subió a 300 millones en 1892— fue otro factor determinante de la crisis. Los préstamos extranjeros produjeron efectos de más largo alcance al provocar una gran expansión del gasto público, de las importaciones y de la oferta monetaria. La interrupción del flujo de préstamos (con la emisión de la última remesa de 25 millones de pesos para obras de saneamiento en 1889), junto con la obligación continua de seguir enviando remesas al extranjero, en pago de los préstamos en curso y sus servicios, invirtió la posición de la balanza de pagos (que en 1888, por ejemplo, había mostrado un superávit de 150 millones a pesar de un déficit comercial de 28 millones). En términos concretos, esto ejerció una presión extrema en el mercado del oro.

El gasto público había subido de 26,9 millones de pesos en 1880 a 107 millones en 1889 y a 95 millones en 1890 (en pesos oro, de 26,9 a 55,8 y 38,1 millones). En cambio, los ingresos, aunque también aumentaron, no lo hicieron en la misma medida. De 19,6 millones en 1880 pasaron a 72,9 millones en 1889 y a 73,1 millones en 1890 (en pesos oro, de 19,6 a 38,2 y 29,1 millones). El déficit se había cubierto principalmente con préstamos extranjeros. Entre 1890 y 1891 el gobierno juzgó que era necesario efectuar pagos muy considerables con las arcas del tesoro vacías, los ingresos en descenso y los precios del oro en alza a causa de la gran demanda en el mercado, con el fin de sostener el Banco Nacional, cuyas reservas metálicas estaban agotadas. Al negarse Baring a conceder una moratoria, terminaron los intentos iniciales de evitar la crisis y empezó un periodo todavía más difícil. En abril de 1891 se procedió a la liquidación del Banco Nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y en junio del mismo año, de varios bancos provinciales. El gobierno tomó serias medidas fiscales: reimplantó los impuestos sobre las exportaciones, dispuso que se cobrara un impuesto del 2 por 100 sobre los depósitos bancarios, así como impuestos sobre el tabaco y el alcohol, etc. En Londres, Victorino de la Plaza reanudó las negociaciones con el comité respectivo del Banco de Inglaterra. Después de intensas deliberaciones, se concedió un empréstito de 15 millones de libras esterlinas para consolidar préstamos anteriores y fue declarada una moratoria de capital e intereses. El 1 de diciembre de 1891 el Banco de la Nación volvió a abrir sus puertas y emitió otros 50 millones de pesos. De conformidad con lo acordado con los acreedores, no habría ninguna otra emisión hasta finalizar el siglo. (De hecho, la moneda en circulación se redujo en varios millones de pesos: de 306 millones en 1893 a 295 millones en 1898). En 1893, un nuevo acuerdo —el llamado «acuerdo Romero»— amplió el plazo para el pago de la deuda. Dentro de un estricto esquema de disciplina monetaria y con la ayuda de un incremento notable de la cantidad y el valor de las exportaciones agrícolas, la situación financiera argentina cambió radicalmente: el precio del oro bajó, se revalorizó el peso y el país consiguió cumplir por adelantado con sus obligaciones externas.

El período de 1890 a 1900

En 1891, en plena crisis financiera, Allois Fliess hizo los comentarios siguientes en un informe que presentó al ministro de Hacienda, Vicente López:

La producción agrícola y ganadera mejoró bajo los auspicios más favorables. Pero lo que más interés tenía para la totalidad de la República y llenó de profunda satisfacción a todas las clases sociales fue la excelente cosecha de trigo… De calidad superior y de un rendimiento extraordinariamente elevado en Santa Fe, Entre Ríos y ciertos distritos de las otras provincias, de bueno a normal prácticamente en toda la República, vendiéndose a precios bastante altos en los grandes centros consumidores de la Europa occidental, debido en parte a la noticia de que las cosechas habían sido malas en la América del Norte y en Rusia… Las exportaciones se trataron con gran celeridad y en los primeros cuatro meses se habían exportado 220.000 toneladas, mientras que todo el trigo que era visible en los grandes depósitos y silos de Rosario y Buenos Aires ya se había vendido y estaba en manos de los exportadores[16].

La exportación de trigo, que en 1888 ascendió a 179.000 toneladas, aumentó hasta 1.608.000 toneladas en 1894. La producción, cuyo total fue de 845.000 toneladas en 1891, subió hasta 2.138.000 en 1894[17]. En el sector urbano la situación era diferente. Como resultado del descenso de las importaciones, la construcción de la red ferroviaria, que continuó durante todo el periodo 1890-1892 debido a los trabajos empezados a finales del decenio de 1880, quedó casi paralizada después de 1893. Ésta quedó virtualmente interrumpida durante la mayor parte del decenio y no comenzó a recuperarse hasta las postrimerías del periodo. Sin embargo, aumentó de los 11.700 kilómetros de vías de 1891 a 16.700 kilómetros en 1900; y las mercancías transportadas aumentaron de 4,6 millones de toneladas en 1891 a 12,6 millones en 1901.

Mientras que el sector privado de la construcción, que no dependía tanto de los inputs importados, siguió en expansión a pesar de la crisis, con el consiguiente alivio para el desempleo urbano, las obras públicas, como en el caso de los ferrocarriles, sufrieron una baja. Utilizando 1885 como año base (= 100), el índice de la construcción privada subió de 108 en 1891 a 171 en 1900, y el de las obras públicas bajó de 244 en 1891 a 58 en 1900. La producción industrial, para la cual se habían obtenido maquinaria y bienes de capital en el periodo anterior, recibió un estímulo al verse protegida por el tipo de cambio, que hizo subir el costo de los artículos importados. Sin embargo, el crecimiento industrial no se produjo por los aranceles proteccionistas, sino por la reducción de los costos y por la conquista de nuevos mercados. Ocurrió principalmente en productos que utilizaban materias primas locales (alimentos y bebidas) y pudo desarrollarse al ensancharse los mercados, gracias a los ferrocarriles.

Las exportaciones subieron de 103 millones de pesos oro en 1891 (valores nominales) a 154,6 millones en 1900, debido en gran parte a las exportaciones de productos agrícolas, especialmente trigo, mientras que las importaciones aumentaron de 67,2 en 1891 a 113,5 en 1900 (véase cuadro 6). Contrastando acentuadamente con la década de 1880, la balanza comercial fue favorable durante casi todo el decenio.

A partir de 1893, el gobierno restringió la oferta monetaria. Entre 1893 y 1899, como hemos visto, disminuyó el dinero en circulación. El ratio entre los billetes y las monedas en circulación y las exportaciones (si éstas se toman como representantes del crecimiento de la actividad económica), dado que no hay datos sobre el producto interior bruto, descendió del 2,43 en 1890 al 1,59 en 1899, es decir, un descenso del 79 por 100. A partir de 1895, el peso papel experimentó un proceso de revalorización. Sin embargo, esta situación tuvo un efecto desfavorable para los exportadores y para los productores agrícolas, que trataron de detener la progresiva revalorización del peso. Debido a ello en 1899 se llevó a cabo una reforma monetaria y hubo un retorno al patrón oro.

Mientras tanto, el gasto público, que había descendido de 55,8 millones de pesos oro en 1889 a 33,6 millones en 1891, permaneció por debajo de los 50 millones hasta 1895. Después de esta fecha empezó a subir de nuevo y alcanzó los 69,6 millones en 1900.

El período de 1900 a 1912

Hay dos hechos centrales en este periodo. En primer lugar, la producción de cereales, que había estado limitada en gran parte a Santa Fe donde la extensión de tierra dedicada al cultivo de trigo se triplicó entre 1887 y 1897, se propagó por toda la provincia de Buenos Aires, aunque como complemento de la ganadería en lugar de reemplazarla. En segundo lugar, la carne pasó a tener la misma importancia que los cereales en el comercio de exportación.

Se habían formulado numerosas quejas contra el conservadurismo de los productores de ganado bonaerenses debido al limitado crecimiento de la producción de cereales en la provincia. Se decía que las grandes estancias eran un obstáculo para la agricultura, que requería un sistema de explotación basado en los pequeños productores. Pero en el decenio de 1890 la situación empezaba a cambiar. Varios factores contribuían a un desplazamiento hacia la producción de grano y el policultivo. El ferrocarril permitió colonizar las regiones apartadas de la provincia y, siguiendo al ferrocarril, el cultivo del trigo se extendió hacia el W y el oeste de la provincia, y también hacia el norte, hasta el departamento de General López en Santa Fe. Al mismo tiempo, nuevas técnicas de congelado y de transporte refrigerado al otro lado del Atlántico transformaron la industria cárnica. La producción ganadera se volvió más intensiva en trabajo, pero ahora requería la implantación de pastos artificiales que durasen todo el año en los cuales pudiera engordarse el ganado (de razas mejoradas de importación). Debido a esto, el cultivo de alfalfa, maíz y otras clases de forraje se extendió a las regiones ganaderas de la provincia de Buenos Aires y en zonas de Córdoba y La Pampa que hasta entonces se habían dedicado exclusivamente al ganado. Al finalizar el periodo, en las pampas se cultivaba más alfalfa que trigo y las ovejas se veían progresivamente expulsadas hacia la Patagonia. Todo esto fue resultado del significativo incremento de las exportaciones de carne vacuna congelada y refrigerada (principalmente a Gran Bretaña), las cuales, junto con la continua expansión de las exportaciones de trigo y maíz, hicieron que el total de exportaciones subiera hasta alcanzar casi 500 millones de pesos oro tanto en 1912 como en 1913 (véase cuadro 6).

Producir carne para los mercados de ultramar requirió que se tomasen medidas importantes de adaptación. Entre ellas, cabe citar cambios en la utilización de la tierra, en el sistema de tenencia y en la extensión de los establecimientos ganaderos. Estos cambios se reflejaron además en un respetable incremento de la productividad medida en kilos de carne por hectárea, así como en la productividad por empleado. Todo esto tuvo otras consecuencias: nuevos asentamientos de población en las zonas rurales, la fundación de ciudades y la creación de rutas de transporte y redes comerciales. En las regiones ganaderas se hizo común el arrendamiento donde antes predominaba el gran establecimiento ganadero. Disminuyó el número de estancias grandes y pequeñas al mismo tiempo que aumentaba el de propiedades medianas. Esta nueva oleada de actividad agrícola y pecuaria fue a menor escala que la ganadería de antaño, pero mayor que en las colonias agrícolas de Santa Fe. Un incremento significativo de la productividad y la rentabilidad de la tierra fue la causa del salto que dieron los precios después de 1905.

La creación de la red de ferrocarriles surtió efectos diferentes en la formación de mercados. En primer lugar, se restauraron antiguos mercados regionales, pero vinculados ahora a la costa, formando de esta manera un solo mercado nacional. En segundo lugar, los productos se transportaban primeramente a los centros ferroviarios, que, debido a ello, se convirtieron en mercados primarios, y luego a los mercados secundarios de la costa. Esto se hacía en carretas hasta las estaciones terminales, que nunca distaban más de 18 kilómetros del punto de producción. En las estaciones se instalaban mercados primarios donde la cosecha se vendía y despachaba a los mercados secundarios o se almacenaban si no se disponía de vagones de mercancías. Más del 70 por 100 de la producción de cereales tenía que transportarse entre los meses de diciembre y mayo, razón por la cual se construyeron tinglados y almacenes rudimentarios en muchas estaciones del interior del país. Desde los mercados primarios, los cereales se transportaban directamente hasta los centros de consumo (si estaban destinados al consumo nacional) o a los puertos de exportación. Alrededor del 30 por 100 del total de mercancía transportada en ferrocarril iba destinado a la exportación y alrededor del 28 por 100 consistía en productos para el consumo interior[18]. Otro 34 por 100 del tráfico ferroviario correspondía a mercancías importadas que se distribuían por todo el mercado nacional. En 1904 los ferrocarriles transportaron casi 12,5 millones de toneladas, excluyendo los 1,4 millones de toneladas de suministros para el uso del propio ferrocarril. Conviene llamar la atención no sólo sobre la magnitud del tráfico entre mercados distantes, sino también sobre la importancia del transporte de mercancías de producción local para el consumo nacional, en un 28 por 100 del tráfico total, así como también la de las importaciones enviadas hacia el interior para el consumo local.

Otra característica de este comercio era que los mercados primarios arrojaban un saldo positivo en relación con los secundarios, en términos del volumen físico de mercancías transportadas. Los mercados secundarios se concentraban en las zonas costeras. De acuerdo con el volumen de mercancías exportadas, en 1906 los mercados principales eran los centros de Buenos Aires, Rosario, Paraná y Santa Fe. En 1914 hubo una transferencia importante de mercados secundarios de las zonas ribereñas hacia la costa marítima. Después de Rosario y Buenos Aires, Bahía Blanca se convirtió en el tercer puerto para el envío de exportaciones, seguido de San Nicolás, La Plata y Santa Fe. Si bien al principio se instalaron mercados secundarios en varios puertos pequeños, los ferrocarriles hicieron que poco a poco los tres mercados secundarios principales se concentrasen en Rosario (junto al Ferrocarril Central Argentino, que transportaba cereales desde Córdoba y Santa Fe), Buenos Aires para el oeste y el centro de la provincia homónima, y Bahía Blanca para el sur de dicha provincia y La Pampa. Sin embargo, todavía más importante fue el crecimiento de los mercados primarios, principalmente en las zonas nuevas. Entre 1885 y 1914 el número de estaciones (mercados primarios) aumentó de 5 en 1885 a 22 en 1895 y 36 en 1914 en las regiones costeras más antiguas de la provincia de Buenos Aires. En el sur y en el oeste, durante los mismos años el número de estaciones pasó de 33 a 123. En el sur de Santa Fe, el número de estaciones aumentó de 111 en 1895 a 141 en 1914; en la zona central hubo un aumento de 68 a 80. En la región pampeana de Córdoba el número de estaciones subió de 55 en 1895 a 172 en 1914; en el noroeste de la provincia el incremento fue de 14 a 21. No sólo hay que tomar nota del enorme aumento de mercados nuevos, sino también de algunas diferencias importantes. Entre 1895 y 1914 el crecimiento fue mucho mayor en la región pampeana de Córdoba que en la provincia de Santa Fe. Esto se debió a que el desarrollo de Santa Fe tuvo lugar mucho antes y la provincia ya había alcanzado una extensión significativa en 1895. La diferencia radica en que aparecieron más mercados primarios en las nuevas zonas de Córdoba, que estaban vinculadas a la región general de las pampas y no a la tradicional zona del norte, donde hubo poco desarrollo, si es que hubo alguno.

Las características tecnológicas de los cultivos produjeron efectos considerables en la economía. El hecho de que fuesen más intensivos en trabajo dio origen a una distribución más favorable de la renta. También fue la causa del asentamiento de trabajadores en las zonas rurales, la instalación de diversos medios de transporte y la aparición de varias actividades que proporcionaban bienes y servicios a la población rural. El resultado fue la formación de centros urbanos en los distritos rurales y de un mercado en el sector rural, que antes no existía. Los ferrocarriles enlazaban los mercados del interior con los mercados urbanos de la costa y de esta manera acabaron creando un mercado nacional. Al hacerse el censo de 1914, según su estimación la producción local ya satisfacía un elevado porcentaje de la demanda nacional, alrededor del 91 por 100 de los alimentos, el 88 por 100 de los textiles, el 80 por 100 de la construcción, el 70 por 100 de los muebles y el 33 por 100 de los productos metalúrgicos[19]. La demanda local empezó a competir con los mercados extranjeros por los alimentos de producción nacional.

Vemos, pues, que el crecimiento no estuvo sólo limitado al sector de exportación. La demanda nacional creció dados los procesos relacionados del crecimiento de la población rural, la urbanización y la mejora de los medios de comunicación interna. El aumento del número de asalariados y el alza de los ingresos reales fomentaron el crecimiento del mercado nacional y de las oportunidades de invertir en el país: en los transportes y el comercio, en la construcción, en la preparación de alimentos y en la producción textil.

Algunas de estas actividades, tales como los servicios y la construcción, sólo podían abastecerse localmente. Otras, se abastecían en primer lugar por medio de las importaciones. Sin embargo, cuando los costos del transporte hicieron que el precio de los bienes importados sobrepasara el de los de producción local, nació un poderoso incentivo para la producción local, incentivo que era todavía mayor cuando se empleaban materias primas baratas obtenidas localmente. La ubicación de la industria era determinada por varios factores: 1) el emplazamiento de las materias primas (harina, vinos, azúcar); 2) la existencia de un puerto de salida a los mercados de ultramar para la carne congelada; 3) la existencia de un puerto para el abastecimiento de combustible, materias primas o suministros importados, y 4) la existencia de mercados con mayor densidad de población y mayor capacidad de consumo.

Alrededor del 30 por 100 de toda la industria nacional y de las inversiones en la fabricación se hallaba concentrado en la Capital Federal. Entre 1895 y 1913 esta preponderancia tendió a disminuir, del 35,1 por 100 en 1895 al 21,1 por 100 en 1913, en lo que se refiere al número de industrias, y del 36 al 30 por 100 en lo que respecta al capital. A la inversa, en la provincia de Buenos Aires el número de industrias subió del 23,9 al 30,4 por 100, y la cantidad de capital industrial, del 21,6 al 26,3 por 100 en el mismo periodo. Otras provincias donde se registró un crecimiento de la industria fueron, por orden de importancia del capital invertido, en 1895, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos y Mendoza y, en 1913, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Entre Ríos. De 1895 a 1914 el número de industrias pasó de 22.204 a 48.779. El aumento del capital fue de 327 millones de pesos a 1.787 millones y el número de personas empleadas en la industria, de 175.000 a 410.000.

El acontecimiento más importante de este periodo fue la reforma monetaria de 1899, cuando se dispuso la vuelta al patrón oro después de varios años de continua revalorización de la moneda. Desde 1893 se había aplicado una rigurosa política monetaria; la cantidad de circulante se mantuvo casi constante durante el resto del decenio —de hecho, descendió ligeramente— y motivó la revalorización del valor externo del peso papel durante los años inmediatamente anteriores a la vuelta al patrón oro. La revalorización de la moneda también se vio facilitada por balanzas comerciales favorables, que no se debieron sólo a la disminución de las importaciones y a los acuerdos a que se llegó para el pago de la deuda exterior, sino también al significativo incremento de las exportaciones y al alza de sus precios. La paridad se fijó en 2,2727 pesos papel por cada peso oro. Esta nueva paridad, si bien tenía en cuenta el nuevo poder adquisitivo de la moneda argentina y la de otros países exportadores como los Estados Unidos, supuso cierta subvaloración del peso con respecto al dólar.

Se creó una junta de conversión con el fin de que regulara la emisión de papel moneda y constituyera una reserva de oro. En 1903 se contaba ya con una reserva metálica de 38,7 millones de pesos oro; la cifra había ascendido a 55,5 millones en 1904, 101,9 millones en 1905 y alcanzó los 263,2 millones en 1913. La emisión de billetes se reguló entonces automáticamente de acuerdo con las fluctuaciones de las reservas de oro, y que a su vez se vincularon a la balanza de pagos. Debido a los excelentes resultados que obtuvieron las exportaciones y a la subida de los precios, se registró un incremento considerable de la circulación de billetes, aunque no en la misma proporción, dado que la reserva legal subió del 23,1 por 100 en 1903 y del 30,9 por 100 en 1904 al 72,7 por 100 en 1913.

Las existencias de billetes, que habían descendido hasta quedar en 291,3 millones de pesos en 1899, subieron hasta alcanzar los 380,2 millones en 1903 y continuaron subiendo a razón de un 8,0 por 100 anual hasta alcanzar los 823,3 millones en 1913. El ratio entre el circulante y las exportaciones era de 1,72 en 1903 y de 1,70 en 1913. Calculado en pesos según el valor de éstos en 1903, el circulante subió de 324 millones en 1900 a 615 millones en 1912. Dicho de otro modo, en 12 años éste ascendió, a precios constantes, en un 90 por 100, a razón de un 5,5 por 100 anual.

El auge de las exportaciones se reflejó en la actividad comercial y también tuvo repercusiones en la banca. El Banco de la Nación, fundado en 1890, tuvo un papel destacado y representó el 24 por 100 del capital de todos los bancos, el 32 por 100 de los préstamos y el 37 por 100 de los depósitos. Los bancos extranjeros representaron el 11 por 100 del capital, el 20 por 100 de los préstamos y el 20 por 100 de los depósitos, correspondiendo el resto a otros bancos argentinos independientes[20]. El Banco de la Nación abrió numerosas sucursales en el interior del país, lo que permitió que el crédito llegara a las zonas rurales más alejadas. En 1905 se reformó el documento de constitución del Banco de la Nación. Entre otras cosas, la reforma lo convirtió en una entidad exclusivamente oficial que estaba autorizada para redescontar documentos de otros bancos. El Banco de la Nación, que tenía el 41 por 100 de las reservas de oro de todos los bancos, procuraba mitigar las fluctuaciones súbitas de la oferta y la demanda de oro, para lo cual retenía el oro cuando abundaba y lo vendía cuando escaseaba. Otros bancos comerciales siguieron su ejemplo.

El proceso de expansión general fue seguido de un incremento del gasto público, que ascendió de 69,6 millones de pesos oro en 1900 a 189,6 millones en 1914 (de 158 millones de pesos papel en 1900 a 419 millones en 1914). Los ingresos, empero, no aumentaron en la misma medida y de 148 millones subieron a 250 millones en 1914. Si se hace una comparación entre 1900 y 1912 basándose en el peso en su nivel de 1903, se verá que los ingresos aumentaron de 162,6 millones en 1900 a 258,5 millones en 1912, y que el incremento del gasto fue de 173,6 millones en 1900 a 380 millones en 1912. Esto equivale a decir que, a precios constantes, los ingresos se habían incrementado en un 59 por 100, mientras que el gasto subió un 118 por 100. La deuda pública, que había crecido ininterrumpidamente de 47,5 millones de pesos oro en 1870 a 88,3 millones en 1880, 355,7 millones en 1890 y 447,1 millones en 1900, ascendió en otro 28 por 100 hasta alcanzar la suma de 545 millones en 1914.

CONCLUSIÓN

El rasgo más destacable del periodo 1880-1912, con la excepción de los años 1890-1895, fue el rápido crecimiento económico. Todos los indicadores señalan una tasa media de crecimiento anual de más del 5 por 100 a lo largo de los tres decenios, lo cual distingue este periodo de cualquier otro de la historia argentina. Con todo, no fue sólo una cuestión de crecimiento. Se produjeron al mismo tiempo cambios importantes que modificaron la faz de Argentina y cambiaron el carácter de su economía.

En vísperas de la primera guerra mundial, Argentina, con casi ocho millones de habitantes, había dejado de ser un país relativamente atrasado para transformarse en un país moderno. Los espacios vacíos de las pampas se habían poblado y 24 millones de hectáreas estaban dedicadas al cultivo, comparadas con menos de medio millón 40 años antes. Se había formado una inmensa red de poblaciones en las zonas rurales y se había construido una extensa red de ferrocarriles que sumaba 34.000 kilómetros de vía en 1914, lo cual había permitido el movimiento de población hacia el interior del país y el desarrollo de un mercado de factores de producción y bienes a nivel nacional. Además se habían construido puertos para facilitar la entrada y salida de mercancías y personas, y se había dado un gran ímpetu a la construcción urbana.

Este crecimiento que cambió Argentina se basaba en la explotación de productos básicos: productos agrícolas y pecuarios que encontraban una salida en los mercados internacionales. Con todo, no se limitaba a esto. Debido a que eran más intensivas en trabajo, la producción agrícola y la cárnica tenían más vinculaciones, especialmente continuidades hacia atrás. Por un lado, se necesitaban transportes, viviendas y vestidos para la población de las nuevas zonas agrícolas rurales y los centros urbanos que crecían en sus proximidades, aparte de los puertos. Estos centros eran los mercados primarios y secundarios de la producción agrícola. La demanda de estos productos motivó la aparición de industrias nacionales de construcción de viviendas, elaboración de alimentos y bebidas y producción de textiles, cuya ubicación y relativa ventaja dependían de la proximidad de los mercados, de costos de transporte más bajos y, en el caso de la alimentación, del costo inferior de la materia prima local.

La utilización más intensiva de la mano de obra permitió también mejorar la distribución de la renta e incrementar la demanda. De igual modo proporcionó un incentivo complementario para invertir en otras actividades en el mercado nacional.

Aunque la influencia del sector externo era considerable, no existía una situación en la que otros sectores permanecieran poco desarrollados, especialmente el mercado doméstico. A decir verdad, estos sectores incluso encontraron facilidades, en un periodo de grandes superávits externos, para importar bienes de capital. Por otro lado, las exportaciones se diversificaron y se ajustaron con bastante rapidez a la fluctuación de los precios. Durante el periodo que estamos estudiando se hizo un gran esfuerzo por estimular la formación de capitales.

Sin duda alguna, el factor más importante para el crecimiento de la economía argentina en este periodo fue la existencia de una demanda exterior, que fue posible debido a la reducción de los fletes marítimos. Sin embargo, aparte de la demanda de productos alimentarios, el periodo fue testigo de una mayor fluidez del mercado monetario internacional, debido a la mayor frecuencia y la mayor rapidez de las comunicaciones. Habría que añadir que durante el largo periodo de baja de precios que empezó en el decenio de 1870 y continuó hasta finales de siglo, los precios y los tipos de interés bajaron en los países más desarrollados, lo que llevó a que los capitales buscaran rendimientos mayores fuera de los mercados nacionales. Por otro lado, hay que señalar que durante un periodo de fiebre ferroviaria hubo una fuerte tendencia a exportar bienes de capital tales como material ferroviario.

En cuanto a la población, los mismos factores que afectaron los mercados de mercancías y monetarios hicieron posible el desplazamiento masivo de mano de obra de la otra orilla del Atlántico. La caída de los costos de los fletes y, especialmente, la baja de los precios agrícolas resultante de la oferta de cereales americanos fueron las causas de que la población rural de Europa se desplazara a América. La mano de obra rural fue usada con mayor eficiencia en las nuevas tierras, fértiles. Las consecuencias fueron mayores ingresos y salarios más altos. Si bien no es el motivo principal del presente capítulo, debemos mencionar sus aspectos legales y políticos. El ejercicio efectivo de los derechos civiles y de la seguridad jurídica que prometía la Constitución, y que se pusieron en práctica con la organización definitiva del país —es decir, con la organización de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales federales en las provincias—, fueron prerrequisitos importantes para garantizar la libertad de movimientos del trabajo y del capital.

Todos estos factores se refieren a la demanda. Pero existe también el problema de la oferta. Como hemos dicho, hacia al decenio de 1870 la producción nacional era minúscula en comparación con lo que más adelante se exportaría. Pero básicamente no había incentivos para un incremento de la demanda, dado que los precios internacionales estaban bajos debido a la gran oferta de cereales americanos en los decenios de 1870 y 1880. Por ello, Argentina necesitó hacer ajustes para incorporar recursos no explotados, como la tierra, y obtener otros, como el capital y el trabajo, y reducir sus costos de producción y poder competir en los mercados mundiales. Esto es lo que hizo cuando empezó a usar una vasta extensión de tierra fértil, organizando la producción agrícola a gran escala a fin de hacerla más competitiva y reduciendo los costos de transporte y mano de obra. Finalmente, las exportaciones argentinas llegaron a los mercados europeos compitiendo en precios y calidad con los productos de países nuevos como Estados Unidos y Canadá.

Para realizar todo esto en un país nuevo se necesitaba, además del esfuerzo individual, invertir en bienes públicos tales como puertos y medios de transporte, Esta inversión tenía que realizarse en un periodo corto y en una escala hasta entonces desconocida. Sin embargo, la mayor parte del esfuerzo partió básicamente del sector privado, que abrió nuevas tierras, introdujo mejoras y maquinarias agrícolas, implantó pastos e importó animales de cría, mientras que, al mismo tiempo, invertía en la construcción urbana y en el desarrollo de las industrias. Fueron cambios que desde el lado de la oferta permitieron que Argentina alcanzase elevadas tasas de desarrollo económico, compitiera en los mercados extranjeros y, con el tiempo, se convirtiera en vísperas de la primera guerra mundial en uno de los principales exportadores mundiales de productos alimentarios.

Capítulo 2
POLÍTICA Y SOCIEDAD EN ARGENTINA,
1870-1916

ARGENTINA EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Pocos argentinos hubieran imaginado en 1878 que se hallaban en los umbrales de un portentoso proceso de transformación social. Poco había sucedido en la década de los setenta que permitiera avizorar la pronta realización de los sueños de progreso alentados por los hombres de la Organización Nacional (1852-1862). Por el contrario, durante las presidencias de Sarmiento (1868-1874) y de Avellaneda (1874-1880), los avances, aunque significativos, habían sido lentos y dificultosos. De los factores que contribuyeron después al progreso del país, algunos no habían aparecido y otros se manifestaron tímidamente. La ganadería seguía siendo de baja calidad; el país importaba trigo; la red de transportes cubría una pequeña parte del territorio; la banca se encontraba en un estado rudimentario, y capitales e inmigrantes entraban en cantidades reducidas. Para peor, esos tímidos progresos se vieron interrumpidos por la fuerte crisis económica del trienio 1874-1877. No es de extrañar, en consecuencia, que algunos dudaran de que el progreso del país pudiera basarse en la adivinada feracidad de las pampas. Indicadores claros de esta incipiente actitud fueron los estudios para localizar riquezas minerales, y la ideología «proteccionista» que emergió en los debates parlamentarios de 1876.

Poco antes, el Primer Censo Nacional (1869) había dado cifras elocuentes del atraso en que se desenvolvía Argentina. En el extenso territorio vivían menos de 1.800.000 personas, lo que resultaba en una densidad de 0,43 habitantes por kilómetro cuadrado. La pobreza se reflejaba en la baja calidad de la vivienda: el 78,6 por 100 de los argentinos vivían en míseros ranchos de barro y paja. El atraso, en el número de analfabetos: el 77,9 por 100 de los mayores de seis años no sabía leer ni escribir. Una gran parte del territorio se hallaba despoblado, y las que luego serían las fértiles praderas de gran parte de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, estaban escasamente explotadas. El «desierto», esa obsesión de los argentinos, no sólo se mostraba indócil por la existencia de distancias económicamente infranqueables, sino también por la indómita resistencia armada de las tribus indias que lo habitaban. Hasta bien avanzada la década de los setenta, las invasiones de los indios fueron una permanente pesadilla para las autoridades y productores rurales.

Bien decía el presidente Avellaneda que «la cuestión frontera es la primera para todos… es el principio y el fin… suprimir los indios y la frontera significa… poblar el desierto»[1]. Durante su presidencia, la campaña militar dirigida por el general Roca puso fin al viejo problema. Hasta ese momento (1879) las invasiones indias se repetían sin cesar. En 1872, por ejemplo, los indios llegaron hasta Cañada de Gómez, poblado situado a pocos minutos de Rosario, la segunda ciudad de la república. En 1875 y 1876 una serie de invasiones de indios confederados, liderados por sus más aguerridos caciques, asolaron los importantes distritos de Azul, Olavarría, Tres Arroyos, etc., en la provincia de Buenos Aires. Así recordaba el comandante Pardo aquellas invasiones:

Ardían las poblaciones, cual si hubiera caído sobre ellas el fuego de los cielos, talábanse los campos… al paso de las haciendas robadas… en tanto el eco nos traía… el clamor de los hombres degollados y de las mujeres y niños que eran llevados cautivos…[2]

La violencia no estaba limitada a la frontera india. En 1870 llegaba a su fin la larga guerra con Paraguay, última de las conflagraciones internacionales en que se viera envuelta Argentina. No sucedía lo mismo con los enfrentamientos armados interregionales. En la década de los setenta, dos importantes rebeliones del caudillo entrerriano López Jordán amenazaron seriamente la paz interior. En 1880 otra fuerza provincial, la más formidable de todas, se levantó en armas contra las autoridades nacionales. Las milicias de Buenos Aires, con el gobernador Tejedor al frente, sólo fueron doblegadas después de cruentos combates que produjeron centenares de víctimas. La violencia imperaba, también, en la vida política. No es posible detallar aquí la multitud de pequeñas sediciones provinciales que ocurrieron durante aquellos años. Pero en 1874 un levantamiento encabezado por el general Mitre, ex presidente de la nación y jefe del Partido Nacionalista, procuró impedir la asunción al mando del electo presidente Avellaneda.

Los años subsiguientes, como los anteriores, se caracterizaron por fuertes disputas entre los dos partidos porteños (el otro, Partido Autonomista, era liderado por el doctor Alsina), que por aquel entonces dominaban la vida política argentina. En 1877, el presidente Avellaneda intentó superar la crisis institucional mediante la llamada política de la conciliación. Muchos autonomistas, nacionalistas y partidarios del presidente Avellaneda (Partido Nacional) aceptaron la invitación, y algunos de sus dirigentes integraron el gabinete nacional. La paz duró poco, y para las elecciones presidenciales de 1880 los argentinos volvieron a dividirse en dos bandos irreconciliables. Unos apoyaron la candidatura del general Roca (la gran mayoría de las élites provinciales, buena parte de los autonomistas porteños y unos pocos seguidores del general Mitre). Otros se volcaron a favor del gobernador Tejedor, que contaba con fuertes apoyos en la poderosa provincia de Buenos Aires y en la de Corrientes.

La compleja situación institucional se agravaba por la debilidad de la autoridad central. Argentina contaba con una Constitución (la de 1853-1860) y con una serie de leyes complementarias (el Código Civil, entre otros). Toda esta sofisticada legislación era importante para asegurar el orden y la seguridad de personas y bienes. La debilidad de las autoridades nacionales se manifestó plenamente durante el conflicto entre el Banco Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. El resultado, desfavorable a la institución nacional fue, al decir de Rufino Varela, «dolorosísimo para la República»[3]. Tanto mayor era la solidez de las instituciones económicas de la provincia de Buenos Aires, que el representante de la Baring Brothers vaticinaba el triunfo concluyente del gobernador Tejedor en el conflicto de 1880.

No es de extrañar, en consecuencia, que algunos grupos y personalidades comenzaran a favorecer soluciones tendentes a consolidar el gobierno central. Hasta viejos liberales como Sarmiento comenzaron a exaltar el papel del orden y la paz frente al caos introducido por las facciones localistas y por una retórica libertaria. «La síntesis del republicano moderno es menos sublime (que fraternidad-igualdad-libertad), es simplemente práctica; conviene al pulpero lo mismo que al noble y al estudiante: paz-tranquilidad-libertad»[4].

Con gran intuición política, el general Roca capitalizó un estado de ánimo cada vez más difundido. Pudo así formar una coalición política de extensión inusitada para la época. Contaba con el respaldo de la mayoría de los oficiales del ejército nacional. La recién formada Liga de los Gobernadores le aseguraba el apoyo de casi todas las provincias. Por otra parte, si bien la mayoría de la opinión de Buenos Aires apoyaba a Tejedor, Roca había logrado aliados valiosos en sectores importantes de la vida política y económica de la primera provincia argentina. Roca y sus partidarios salieron triunfantes de la gran confrontación del año 1880. La clave del éxito debe buscarse en la amplitud y solidez de la coalición política que se gestó en los tres últimos años de la década de los setenta.

Parece que fuéramos un pueblo recién nacido a la vida nacional, pues tenéis que legislar sobre todo aquello que constituye los atributos, los medios y el poder de la Nación[5].

Con estas palabras, Roca inauguró las sesiones parlamentarias de 1881. Ciertamente, los años posteriores se caracterizaron por la aprobación de una serie de leyes que traspasaron vertiginosamente atribuciones al poder central. Se federalizó la ciudad de Buenos Aires, con lo cual se debilitó, en parte, la posición dominante que había tenido la provincia del mismo nombre. Se afianzó al ejército nacional suprimiendo las milicias provinciales. Se unificó la legislación monetaria, y se privó a las provincias del derecho a emitir dinero. La educación primaria y el registro de las personas (hasta entonces en manos de la Iglesia católica) pasaron a la jurisdicción de las autoridades nacionales. Una serie de leyes reorganizaron la justicia, el régimen municipal y otras esferas de la administración pública, cerrando así un ciclo legislativo sin par en la historia de la República.

Muchos de los partidarios de Roca en el interior creyeron que la derrota de Buenos Aires fortalecería a sus respectivas provincias. El resultado pareció confirmar, sin embargo, las sombrías predicciones de algunos de los vencidos. No estaba muy alejado de la realidad Leandro N. Alem cuando afirmaba en 1880 que el futuro depararía un gobierno central tan fuerte que terminaría por absorber «toda la fuerza de los pueblos y ciudades de la República»[6]. La legislación votada en la década de los ochenta consolidó la autoridad del gobierno central y colocó las riendas del poder en las manos del titular del Ejecutivo nacional. El fuerte presidencialismo resultante no era, sin embargo, otra cosa que la consecuencia de haber instituido la doctrina que informó el pensamiento de los constituyentes en 1853. La escasez de recursos, una indómita geografía y una fuerte tradición política localista dificultaron la implantación de esas ideas antes de 1880. Cuando una serie de condiciones lo hizo posible, las consecuencias institucionales y políticas fueron el resultado natural de la puesta en práctica de una buena parte de la doctrina contenida en la Constitución Nacional.

Asegurados el orden y la seguridad jurídica, una coyuntura internacional particularmente favorable desató un boom económico de características y duración inusitadas. Hasta la fisonomía física de la región pampeana se transformó radicalmente. Walter Larden vivió y trabajó en una estancia del sur de Santa Fe hasta 1888. Al volver en 1910 lo encontró todo cambiado: «¡Ay, por el cambio! Ha llegado la prosperidad y el romanticismo se ha ido para siempre»[7]. La transformación del paisaje reflejaba cambios profundos en la estructura demográfica y social del país. Uno de los más significativos fue el espectacular aumento de la población y la redistribución regional y sectorial de la misma.

LA SOCIEDAD (1869-1914)

Argentina tenía 1.736.490 habitantes en 1869; 3.956.060 en 1895 y alcanzó la cifra de 7.885.237 pobladores en 1914. La causa principal de este fuerte incremento fue la entrada masiva de inmigrantes extranjeros. Entre 1871 y 1914 entraron 5.917.259 personas, de las cuales 2.722.384 retornaron a sus países de origen y 3.194.875 se radicaron definitivamente. La gran mayoría de los inmigrantes provenía de Italia y España. Pero hubo importantes contingentes provenientes de los países de Europa central, Francia, Alemania, Gran Bretaña y el Imperio Otomano. De los que se radicaron definitivamente, una altísima proporción lo hizo en las provincias del litoral pampeano (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Esta fuerte radicación en el litoral, consolidó y amplió una tendencia con origen en las últimas décadas del siglo XVIII. Resultado al que contribuyeron también las migraciones internas, que, aunque de dimensiones menores que las ultramarinas, distaron de ser insignificantes. Las provincias del litoral incrementaron su participación en el total de la población de un 48 por 100 en 1869 a un 72 por 100 en 1914. El crecimiento relativo de las provincias del litoral pampeano (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) fluctuó desde un espectacular 909 por 100 en Santa Fe a un 216,8 por 100 en Entre Ríos. Fuertes incrementos se registraron, asimismo, en los nuevos territorios (especialmente La Pampa y el Chaco) que estaban despoblados en 1869. El panorama cambia radicalmente si se analiza al resto de las provincias. Salvo Mendoza y Tucumán, que registran aumentos relativos del 324,5 por 100 y 205,6 por 100 respectivamente, las restantes muestran cifras muy inferiores a las registradas en el litoral pampeano. En otras provincias, el crecimiento demográfico relativo para el periodo ínter censal 1869-1914 fluctuó desde un aceptable 118,2 por 100 en San Luis a un magro 25,4 por 100 en Catamarca. Al comentar estas cifras, el compilador del Censo de 1914 registró las mismas palabras que se usaran en el Censo de 1895 considerando que eran: «hoy como ayer de rigurosa aplicación»:

… a pesar de haber llevado teléfonos, bancos, colegios, escuelas y cuantos agentes ha sido posible, determinadas provincias presentan un desenvolvimiento muy lento que desdice con los grandes adelantos del resto de la República. Santiago del Estero, San Juan, La Rioja y Catamarca aparecen como provincias de emigración[8].

También se modificó sustancialmente la relación entre las zonas urbanas y rurales. El porcentaje de pobladores radicados en las primeras creció de un 28 a un 52 por 100 entre 1869 y 1914. El aumento registrado en la ciudad de Buenos Aires fue sencillamente fenomenal: de 181.838 en 1869 a 1.575.814 habitantes en 1914. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) donde se registraron cifras de 23.139 y 224.592 en 1869 y 1914 respectivamente. En la ciudad de Córdoba, que creció al impulso del desarrollo cerealista de los departamentos del sur de la provincia, el incremento fue también importante: de 28.523 habitantes en 1869 a 121.982 en 1914. Las ciudades de Mendoza y Tucumán también crecieron rápidamente como consecuencia del desarrollo de los viñedos en la primera y de la industria azucarera en la segunda. Mendoza pasó de 8.124 habitantes en 1869 a 58.790 en 1914; Tucumán de 17.438 a 92.824 en el mismo periodo. Otros ejemplos de este veloz incremento de la población urbana pueden encontrarse en distritos que hoy constituyen el Gran Buenos Aires, pero que entonces se hallaban algo alejados de la Capital Federal. Avellaneda, por ejemplo, que sólo poseía 5.645 habitantes en 1869 pasó a tener 139.527 en 1914 y La Plata, que no existía en 1869, alcanzó los 137.413 habitantes en 1914.

Otros centros de la provincia de Buenos Aires registraron también aumentos muy rápidos, como el puerto sureño de Bahía Blanca que pasó de 1.057 en 1869 a 62.191 habitantes en 1914.

Además del rápido crecimiento de las ciudades, se registró, también, un aumento considerable del número de pequeños poblados en el litoral pampeano. Este fue uno de los factores que, junto a la extensión de la red ferroviaria, contribuyó a paliar el secular aislamiento de las zonas rurales. La emergencia de estos poblados fue provocada por cambios ocurridos en la estructura productiva de la región. En un primer momento, la expansión de la cría del lanar trajo aparejada una sensible reducción en la escala de la empresa ganadera y una mayor división del trabajo dentro de la misma. Ambos factores promovieron una mayor radicación de personas en la región y una visible diversificación de la estructura socioocupacional. Como consecuencia de este proceso (c. 1860-c. 1880) aparecieron los primeros poblados rurales de alguna importancia, especialmente en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Muchísimo mayor, sin embargo, fue el impacto producido entre c. 1880 y c. 1914 por la expansión de los cultivos cerealistas. Este fenómeno se originó en el centro y sur de la provincia de Santa Fe para expandirse posteriormente al sur de Córdoba y al noroeste de Buenos Aires. El resultado de ambos procesos fue un notable incremento en el número de poblados rurales que tenían entre 2.000 y 10.000 habitantes. En 1869 existían solamente 28 centros de este tipo en toda la región pampeana; en 1914 pasaron a ser 221.

La entrada masiva de inmigrantes trastocó, en consecuencia, el equilibrio demográfico y regional. Al mismo tiempo, se produjeron cambios significativos en la estructura socioocupacional del país. En el periodo intercensal 1869-1895, la expansión del sector agrícola y de las actividades terciarias coincidió con una fuerte caída de la ocupación en las viejas artesanías y en el vetusto sistema de transportes. En el periodo siguiente (1895-1914) la mecanización de la agricultura y el aumento del tamaño de la empresa cerealista produjeron una caída relativa en los niveles de empleo del sector primario. Esta caída fue correlativa a un aumento en la ocupación de las industrias recientemente radicadas en el litoral. El sector terciario siguió creciendo y se registró un fuerte incremento en la industria de la construcción, especialmente en las grandes ciudades del litoral. El papel de los inmigrantes dentro de la estructura ocupacional fue crucial y, posiblemente, sin parangón en el mundo. En 1914, el 62,1 por 100 de las personas que trabajaban en el comercio, el 44,3 por 100 de las que lo hacían en la industria y el 38,9 por 100 de los activos en el sector agropecuario habían nacido fuera del país. Las cifras bajan al considerar la administración pública y el sistema educativo donde las proporciones eran del 17,6 y el 14 por 100, respectivamente. Todas estas cifras aumentan significativamente en los tres distritos donde la radicación de extranjeros era mayor. En la ciudad de Buenos Aires, los inmigrantes ocupados en el comercio y en la industria eran el 72,5 y el 68,8 por 100 del total. En la provincia de Buenos Aires, la proporción de extranjeros ocupados en el sector rural era del 55,1 por 100 y en la de Santa Fe alcanzaba un 60,9 por 100. Estas cifras no incluyen a los hijos de inmigrantes dentro de la población argentina. En caso contrario, la proporción de gente de origen inmigratorio reciente en el total de la población económicamente activa alcanzaría niveles todavía más elevados. En ciudades como Buenos Aires y Rosario, y en distritos cerealistas como los de Santa Fe, los nietos de argentinos no superaban el 20 por 100 de la población total.

El panorama registrado adquiere aristas aún más llamativas en el caso de los sectores empresariales. El 68,4 por 100 de los propietarios de comercios, el 68,7 por 100 de los industriales y el 31,9 por 100 de los agropecuarios habían nacido fuera de Argentina. En los tres distritos ya mencionados del litoral las proporciones fueron las siguientes: el 78,3 por 100 de los comerciantes, el 73,4 por 100 de los industriales y el 56,9 por 100 de los propietarios rurales eran extranjeros. Dentro del sector rural existían diferencias apreciables entre agricultores y ganaderos. Entre los primeros, el porcentaje de extranjeros en todo el país era del 40,7 por 100, para alcanzar el 62,4 por 100 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Entre los ganaderos, los extranjeros constituían el 22,2 por 100 en todo el país y el 49,1 por 100 en Buenos Aires y Santa Fe.

La disparidad entre el sector urbano y el rural respondía al hecho de que el comercio y la industria estaban concentrados en la misma región (el litoral) donde se hallaba radicada la gran mayoría de los inmigrantes. Por el contrario, las empresas rurales se distribuían homogéneamente por todo el país. Por otra parte, las diferencias entre la agricultura y la ganadería se debían a dos razones. La ganadería era la actividad productiva de mayor desarrollo antes de la llegada masiva de los inmigrantes, mientras que la expansión agrícola fue contemporánea a dichos arribos. Además, la mayor dimensión de la estancia ganadera requería la posesión de un capital mucho mayor que el necesario para la adquisición de una parcela agrícola.

Todas estas cifras señalan la existencia de un vertiginoso proceso de movilidad social ascendente. El mismo alcanzó sus picos máximos en las zonas urbanas y en la región dedicada a los cultivos de cereales. Pero fue asimismo significativo en el área destinada a la ganadería, donde las cifras hubieran sido aún más llamativas de considerarse a los hijos de los inmigrantes. Los cambios en las posiciones relativas de las personas afectaron por igual a todos los estratos de la sociedad local. En algunos momentos, y en ciertos lugares, este proceso fue tan violento que desconcertó a los observadores más sagaces. En 1888, el gerente de la sucursal en Rosario del Bank of London and the River Plate informaba a Londres que:

El rápido progreso de esta provincia me hace muy difícil mantenerlos bien informados acerca de la responsabilidad de nuestros clientes, porque sucede a menudo que un año es suficiente para que una persona mejore sustancialmente su posición. Se nos hace difícil, entonces, mantenerlo dentro de los anteriores límites crediticios[9].

Una de las consecuencias de este rápido proceso de movilidad social fue la fuerte expansión de las capas intermedias de la sociedad. Las estimaciones basadas en los datos censales no son demasiado precisas, pero es posible sugerir que estos grupos crecieron del 12 al 15 por 100 de la población económicamente activa en 1869 a un 35 o 40 por 100 en 1914. En las zonas urbanas esta expansión estuvo relacionada con el crecimiento del sector terciario y, en menor medida, con el desarrollo industrial. También fue importante el crecimiento del aparato administrativo y del sistema educativo. En las zonas rurales, el incremento registrado en los sectores intermedios estuvo estrechamente relacionado con la difusión de los cultivos de cereales. La menor dimensión relativa de la empresa agrícola permitió el surgimiento de una capa de medianos y pequeños empresarios rurales que sólo existía en forma reducida en la época del predominio ganadero. Al mismo tiempo, la mayor complejidad de la empresa cerealista determinó la aparición de una serie de actividades conexas (comercio, industria y transporte) que emergieron en los poblados y villas que se formaron durante aquellos años. Surgió así un vasto estrato intermedio en las zonas rurales, que fue una de las características distintivas de la sociedad rioplatense en el continente latinoamericano.

Desde luego, dentro de esos grupos intermedios existían situaciones diferenciadas, como lo muestra el caso de los arrendatarios agrícolas. Hasta c. 1895-1900 fue relativamente fácil para los arrendatarios acceder a la propiedad de las parcelas que cultivaban[10]. A partir de allí, una variación en las escalas de la empresa agrícola y el aumento del precio de la tierra por el agotamiento de la frontera, hicieron cada vez más difícil dicha adquisición. Este fenómeno (que se dio también en países similares como Australia y los Estados Unidos) produjo un fuerte aumento en el número relativo de arrendatarios, que para 1914 constituían el 60 por 100 de los agricultores.

La condición del arrendatario argentino fue sustancialmente distinta a la de sus pares europeos. Al frente de una explotación que oscilaba entre las 200 y 400 hectáreas, era a su vez empleador de mano de obra, especialmente en la época de cosecha. Pero si su situación era mucho mejor que la prevalente en los países de origen, no lo era con respecto a los que habían accedido a la propiedad de la tierra en Argentina. La diferencia se debía a la falta de estabilidad del arrendatario, lo cual se reflejaba en estilos y condiciones de vida (vivienda, por ejemplo) ciertamente inferiores a los prevalecientes entre los agricultores propietarios.

De los inmigrantes que se radicaron permanentemente, no todos accedieron a posiciones superiores o intermedias dentro de la sociedad. Muchos continuaron en las mismas labores que venían ejerciendo desde su llegada. La emergente industria del litoral empleó mayoritariamente mano de obra de origen extranjero. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 72 por 100 de los obreros y empleados eran inmigrantes. Las condiciones de vida del sector obrero urbano variaron según las circunstancias. Los salarios percibidos eran, desde luego, mucho más altos que los vigentes en los países de origen. Argentina conoció, en algunas épocas, el curioso fenómeno de migraciones ultramarinas de carácter estacional. Eran los famosos «golondrinas» que venían de Italia para los tres meses de la cosecha.

Dentro del país, las condiciones generales tendieron a mejorar sensiblemente durante el periodo. A pesar del fuerte incremento en el número de habitantes, se registró una sustancial caída del analfabetismo que descendió del 77,9 por 100 en 1869 al 35 por 100 registrado en 1914. Además, mejoraron sensiblemente las condiciones sanitarias y desaparecieron de las grandes ciudades las epidemias de fiebre amarilla y cólera. También se registraron progresos en la calidad de la vivienda. El 79 por 100 de ranchos registrados por el censo de 1869 disminuyó a un 50 por 100 en 1895. No existen datos para 1914, pero todo apunta a la continuación de la tendencia registrada en el periodo intercensal 1869-1895. El ingreso masivo de inmigrantes creó, sin embargo, serios problemas en este aspecto. En los últimos 20 años, especialmente en las grandes ciudades, se produjo un aumento en el número de personas por habitación, dando lugar a una serie de problemas de los cuales quedaron múltiples testimonios en la literatura de la época. Los avances en materia de legislación laboral fueron tímidos y lentos, aunque se dictaron leyes sobre descanso dominical y feriados nacionales, se reglamentó el trabajo de mujeres y niños, y se legisló sobre accidentes de trabajo. El periodo registró, además, una disminución continua de la jornada de trabajo, y hacia 1916 casi todos los gremios habían obtenido la jornada de ocho horas.

Las condiciones prevalecientes en el litoral pampeano no se reproducían en el resto del país. Si bien en casi todas partes se produjeron avances, las desigualdades regionales continuaron siendo, como ya se ha sugerido, muy grandes. Estas diferencias obedecían a múltiples causas, muchas de ellas presentes antes de iniciarse el periodo que estamos analizando. El desplazamiento del centro de actividad económica desde el Alto Perú al Río de la Plata, iniciado en la época virreinal, produjo el estancamiento relativo de aquellas economías regionales que no se adaptaron adecuadamente a la nueva situación. Tal fue el caso de Santiago del Estero y de la mayoría de las viejas provincias del noroeste. Algo similar, aunque con menos intensidad, ocurrió en la región de Cuyo, fuertemente ligada a la economía chilena, y aun en el mismo litoral en el caso de la provincia de Corrientes, vecina de Paraguay, que sufrió una fuerte caída relativa durante el periodo 1870-1914.

Es posible detectar, también, desigualdades en el caso de regiones que crecieron rápidamente durante el periodo. Tucumán, por ejemplo, se hallaba en esa situación, habiéndose convertido, además, en centro receptor de migraciones estacionales de provincias vecinas, como Santiago del Estero y Catamarca. El crecimiento tucumano estuvo basado en un rápido desarrollo de la industria azucarera, actividad que en todos lados produce condiciones sociales manifiestamente inferiores a las que prevalecen en áreas dominadas por los cultivos cerealistas. En rigor, de las provincias del interior sólo Mendoza reprodujo aproximadamente las condiciones de vida prevalecientes en el litoral pampeano.

Ya se ha señalado cómo estas disparidades regionales influyeron en el desigual crecimiento de la población. Los niveles educativos de las distintas provincias ilustran igualmente bien este problema. La proporción de analfabetos que para 1914 era del 35,2 por 100, bajaba a un 26,9 por 100 en el litoral pampeano, para ascender a un 57,6 por 100 en el resto del país. Las diferencias se hacen más notables si se comparan extremos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires (22,2 por 100) y la provincia de Jujuy (64,9 por 100). El censo de 1914 no ofrece datos sobre los distintos tipos de viviendas. Los ofrecidos por el censo de 1895 reflejan un panorama que si bien muestra, con respecto a 1869, una recuperación visible en términos absolutos, no registra cambios sensibles en las posiciones relativas de las provincias. La proporción de viviendas de baja calidad (ranchos) que era de alrededor del 50 por 100 en todo el país, descendía a un 35 por 100 en el litoral pampeano para subir bruscamente a un 78 por 100 en el resto del país.

Un proceso de la naturaleza del descrito produjo, naturalmente, víctimas individuales, generalmente radicadas en las zonas de menor desarrollo. El caso más llamativo es el de aquellas personas cuyos oficios sucumbieron como consecuencia de la modernización de la economía. Tal es el caso de los tejedores individuales de la región interior cuyas artesanías no resistieron la competencia de los productos importados o de aquellos individuos empleados en el transporte interno que fueron bruscamente desplazados por la vertiginosa expansión de la red ferroviaria. En otros casos, el impacto de la expansión no incidió en la caída de los ingresos, pero sí en las condiciones de vida imperantes en las regiones afectadas. La reorganización y modernización de la estancia ganadera modificó notoriamente los ritmos de trabajo y el estilo de vida prevaleciente en otras épocas. La desaparición de la frontera india, la creciente comercialización de todos los productos de la ganadería y el impresionante desarrollo del cercado de campos fueron estableciendo ritmos de trabajo menos erráticos y limitaron la gran movilidad que caracterizó la vida en los distritos ganaderos. A pesar de las distorsiones pintorescas y románticas, la literatura de la época reflejó algunos de estos aspectos en la nostálgica evocación del pasado del gaucho rioplatense.

Los distintos sectores sociales en los cuales se dividió la población no tardaron en organizarse. Mucho antes de 1870, en 1854, se formó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y durante el periodo estudiado aparecieron gran cantidad de cámaras sindicales mercantiles tanto en la capital como en las principales ciudades del resto del país. En 1886 se formó la Unión Industrial Argentina que agrupó a los empresarios fabriles de todo el país. Fue esta también la época de la emergencia de las primeras organizaciones obreras que alcanzaron dimensiones muy significativas en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, y los principales centros ferroviarios. Hasta finales de siglo, el sindicalismo avanzó lenta y erráticamente, para hacerlo de forma vertiginosa durante la primera década del siglo XX. En 1901 se formó la FOA (Federación Obrera Argentina) que fue reemplazada poco después por la FORA (Federación Obrera Regional Argentina). En 1905 la FORA (V Congreso) pasó a ser controlada por los anarquistas, situación que se mantuvo (con declinación a partir de 1910) hasta 1915 (FORA del IX Congreso) cuando los sindicalistas pasaron a controlar la mayoría del movimiento obrero. En 1907 se formó la UGT (Unión General de Trabajadores), entidad minoritaria que agrupó a los sindicatos de tendencia socialista. El movimiento obrero de aquella época se núcleo, sucesivamente, alrededor de dos centros principales. El primero tuvo como base los grandes puertos, por aquella época verdaderos emporios laborales, donde se entrelazaban las más variadas actividades y oficios. El segundo estuvo constituido por la red de transportes y por las industrias conexas que surgieron alrededor de los distintos centros ferroviarios.

Poco antes de 1870, en 1866, se formó la influyente Sociedad Rural Argentina que aglutinó a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. El afianzamiento de esta institución se produjo, sin embargo, después de 1880, fecha a partir de la cual se formaron entidades similares en otras provincias. En 1912 apareció la Federación Agraria Argentina, institución que agrupó a los arrendatarios de la región cerealista. No surgieron en este periodo, salvo en forma dispersa, organizaciones que nuclearan a los peones de la región ganadera o a los que trabajaban en las plantaciones del norte del país.

El arribo masivo de inmigrantes, su asimilación a la sociedad, el ascenso y descenso de grupos y la rapidez del proceso de cambio social condujeron naturalmente a una serie de conflictos y tensiones. Conflictos de vieja estirpe desaparecieron o decrecieron (guerras interregionales civiles, de frontera, choques armados entre facciones políticas), pero fueron suplantados por enfrentamientos de nuevo cuño. En la década de los setenta se registraron choques entre nativos y extranjeros. Algunos de ellos adquirieron carácter sangriento como las matanzas de Tandil en 1871. Las zonas más afectadas fueron los distritos rurales de Santa Fe y Buenos Aires, pero también la capital y la ciudad de Rosario conocieron conflictos de similar naturaleza. El primer lustro de la década de los noventa registró enfrentamientos similares y nuevamente las colonias agrícolas santafecinas se convirtieron en el principal escenario. En la ciudad de Buenos Aires, la crisis de 1890 produjo reacciones «chauvinistas» que no alcanzaron carácter dramático. A partir de aquí, decayó la intensidad de este tipo de conflictos, emergiendo ocasionalmente en épocas de huelgas y atentados terroristas que algunos atribuyeron a la acción de agitadores extranjeros.

Mucho más llamativos fueron algunos conflictos intersectoriales. En Argentina, los enfrentamientos entre agrarios e industriales, o empresas nacionales y extranjeras, fueron escasos y de poca importancia. Sí hubo enfrentamientos entre empleadores y obreros, y, a veces, entre los sindicatos y las autoridades nacionales. Entre 1907 y 1916, años para los cuales se cuenta con estadísticas fiables, hubo 1.290 huelgas en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales cinco fueron de carácter general.

Los sectores más afectados por los paros obreros fueron los de la industria de la madera, la confección, construcción, alimentación, metalurgia y textiles. Más de la mitad de las huelgas fueron para conseguir aumentos salariales o reducciones en las jornadas de trabajo. Como era de suponer en una etapa formativa, muchos de los paros (cerca de un 35 por 100) estuvieron dirigidos a consolidar las organizaciones sindicales. Cerca de un 40 por 100 de los paros obtuvo, total o parcialmente, la satisfacción de las demandas sindicales; la mayoría, sin embargo, arrojó un saldo negativo para los huelguistas.

Estas últimas cifras están algo distorsionadas por la presencia de huelgas generales de carácter político, las cuales finalizaron siempre con resultados negativos. La huelga general, muy en boga en algunos países europeos, nunca abarcó al conjunto del país. La mayoría de las veces ni siquiera afectó a todas las lúbricas radicadas en las grandes ciudades, limitándose generalmente a las zonas portuarias de Buenos Aires y Rosario, y a las terminales ferroviarias. La demanda permanente de estas huelgas generales fue la derogación de la llamada Ley de Disidencia (1902) que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar a los extranjeros que considerara peligrosos para la seguridad interior.

En las zonas rurales no se registraron movimientos de la magnitud de los observados en las grandes ciudades. El conflicto más importante tuvo lugar en 1912, con epicentro en el sur de Santa Fe y ramificaciones en Córdoba y Buenos Aires. Afectó a los arrendatarios de la próspera región maicera, que por aquellos años se enfrentaban a una difícil coyuntura de bajos precios y altos alquileres. Los arrendatarios se negaron durante dos meses a recoger la cosecha, y sólo lo hicieron una vez que parte de sus reivindicaciones fueron satisfechas por los propietarios. Al finalizar este curioso episodio, mezcla de huelga y cierre patronal, se fundó la Federación Agraria Argentina.

La inmigración tuvo un fuerte impacto en los estilos de vida del litoral rioplatense. A pesar de tensiones y conflictos, el proceso de asimilación fue, en líneas generales, rápido y pacífico. Los barrios de Buenos Aires o las colonias agrícolas de Santa Fe, para citar dos ejemplos, se convirtieron rápidamente en verdaderos centros cosmopolitas donde se fusionaron hombres de diversas nacionalidades. Desde la alimentación hasta el lenguaje, todas las facetas de la vida cotidiana se vieron afectadas por esta pronta inserción de los inmigrantes en la sociedad local.

Distintos factores coadyuvaron a la rapidez con que se operó el proceso de asimilación. En muchas regiones, como se ha visto, los inmigrantes nunca constituyeron una minoría étnica, llegando a superar, a veces, en número a los pobladores locales. Por otra parte, la mayoría provenía de países (Italia y España) de similares rasgos culturales, lingüísticos y religiosos. La legislación civil y las prácticas cotidianas fueron, además, extremadamente liberales con los recién llegados, hasta el punto que no faltaron voces que denunciaron la discriminación que sufrían los nativos. De fundamental importancia fue el papel jugado por la educación primaria (ley 1.420) que creó una escuela pública sin distingos étnicos y religiosos, y que dotó a la enseñanza impartida de un fuerte contenido integrativo. Finalmente, la participación en múltiples actividades comunes aceleró el proceso de integración. Hacia 1914, por ejemplo, Buenos Aires, contaba con muchas asociaciones de socorros mutuos: 214 que agrupaban a unos 255.000 socios. La mayoría de los socios (51,4 por 100) estaban asociados a instituciones multinacionales, que agrupaban a personas de distinto origen. Seguían en importancia las sociedades que agrupaban a inmigrantes de una misma nacionalidad (48,4 por 100) y muy lejos cerraban la lista las instituciones constituidas por los argentinos nativos (10,6 por 100).

Además de la inmigración, los usos y costumbres locales fueron también trastocados por el súbito enriquecimiento producido por el largo boom económico. Ya se ha visto cómo la introducción de los cereales modificó la fisonomía física y social de las zonas afectadas. En menor medida, transformaciones similares tuvieron lugar en la región ganadera. Los extensos alambrados, los potreros alfalfados y los reproductores de alta calidad contrastaban con la rusticidad que caracterizó a la vieja estancia ganadera. Aquellas adustas y modestas casas de estancia que habían llamado la atención, por su pobreza, de W. Hudson y tantos otros viajeros extranjeros, fueron reemplazadas por las más elaboradas, y a veces suntuosas, residencias de campo que asombraron al francés Jules Huret hacia 1910.

En las grandes ciudades, la transformación fue aún más visible Buenos Aires era, como todas las metrópolis de la época, una ciudad de contrastes: «Buenos Aires tiene su Picadilly y su Whitechapel que aquí se llama “las basuras”… tiene sus “palacios” pero también sus “conventillos”». Eran estos los contrastes entre la ciudad del norte y la ciudad del sur, contrastes permanentemente denunciados en la retórica política de los socialistas capitalinos[11]. El sur y el norte representaban los extremos de la ciudad, los que más inmediatamente llamaban la atención de quienes la visitaban. El fenómeno más importante, sin embargo, tenía menos espectacularidad y lo constituían los nuevos barrios de casas bajas modestamente burguesas que surgían de los innumerables lotes en que se subdividían vertiginosamente los terrenos baldíos. De estos todavía quedaban algunos hacia 1914 en los distritos que hoy constituyen los límites del distrito federal, como símbolo de cuán cercana había estado la pampa del centro mismo de la ciudad.

En rigor, casi todo era nuevo en la ciudad. Poco quedaba del Buenos Aires austero y provinciano de antaño. Desde los pocos edificantes «conventillos» del sur, hasta los «palacetes» y «petit-hoteles» del centro y del norte, pasando por los barrios de casas bajas del oeste, todo resultaba irreconocible para quien hubiera visitado la ciudad en 1880. La creciente riqueza pronto se reflejó en el refinamiento y opulencia de los lugares públicos. Los grandes edificios de la administración, los extensos parques con sus costosos monumentos, las nuevas avenidas, los tranvías y los «subterráneos», fueron el testimonio de ese súbito enriquecimiento colectivo. Las costumbres y modas europeas se trasladaban con inusitada rapidez al Río de la Plata, no sólo porque las traían los inmigrantes sino también porque crecía el número de argentinos que cruzaban el Atlántico en ambas direcciones. Buenos Aires cambiaba con la misma velocidad con que se trastocaba la composición de su población. De las 20 circunscripciones que componían la ciudad, ninguna albergaba menos de un 43 por 100 de extranjeros. En las cinco circunscripciones del radio céntrico, las más populosas y las más concurridas, las que concentraban comercios, teatros, cafés y edificios de la administración, la proporción de extranjeros fluctuaba entre un 54 y un 62 por 100: «Uno se pregunta dónde está la sangre española. ¿Qué es un argentino?», se preguntaba azorado hacia 1910 el francés Jules Huret[12].

El tráfico de personas, mercancías y costumbres incluía, desde luego, el de las ideas. El Buenos Aires de comienzos de siglo fue receptor de cuanta corriente científica, literaria o política estuviera en boga en aquella época. A ello contribuyó la rápida expansión de la educación secundaria y universitaria, y la creación de innumerables sociedades científicas y literarias. En Buenos Aires circulaban hacia 1914 centenares de publicaciones periódicas, muchas de ellas en idiomas extranjeros (italiano, inglés, francés, alemán, ruso, griego, dinamarqués, dialectos árabes), dando testimonio de ese intenso tráfico de ideas.

El liberalismo seguía siendo el credo predominante en los grupos dirigentes de la vida cultural, social, económica y política. Un liberalismo que en algunos grupos reflejaba una cierta tensión entre el optimismo característico de la época, intensificado además por el espectacular avance material del país, y cierto escepticismo que provocaba el recuerdo de un pasado cercano plagado de inestabilidad y conflictos. Temor y escepticismo acentuado por la sospecha de que la combinación entre el amplio espacio geográfico y la raza latina no era la mejor para asentar una estabilidad de bases sólidas. Estados de ánimos estos que se reflejaban en el deseo ardiente de dejar de ser South-America, como se decía entonces, y en la sensación de que esto sólo era posible si las riendas del poder continuaban firmemente en las manos de quienes venían gobernando el país desde 1880. La confianza en el progreso, el agnosticismo religioso, el escepticismo con respecto a la raza y el recuerdo del pasado se combinaban para producir una expresión liberal que no era nada infrecuente en los principales grupos dirigentes argentinos. Como tampoco lo era esa curiosa amalgama entre la admiración hacia algunos de los países europeos y el encendido patriotismo que engendraba la sensación de estar construyendo una nueva república.

Esta suerte de liberalismo corría pareja con otra vertiente del mismo credo, popular en círculos intelectuales y políticos, de corte más decididamente optimista y universalista. Esta vertiente liberal estaba fuertemente influida por Darwin, Spencer, Lombroso, etc., por casi todas las teorías positivistas y evolucionistas entonces en boga. Tendencias todas estas que se reflejaban tanto en un Jardín Zoológico de clara orientación darwiniana como en las publicaciones oficiales plagadas de altivas estadísticas que señalaban los constantes progresos del país.

Estas ideas, o sus distintas combinaciones, no sufrieron grandes desafíos durante aquellos años. Durante la discusión de las leyes laicas en la década de los ochenta, los opositores católicos hicieron gala del mismo liberalismo político y económico que informaba las ideas de los legisladores que apoyaban las propuestas del gobierno. Es esta, quizás, una de las razones que explican el hecho de que el factor religioso, salvo muy esporádicamente, no fuese motivo de división política en Argentina. Tampoco la oposición política proclamó ideas que contrastaran abiertamente con las vigentes en los grupos dirigentes. No, por lo menos, en el plano económico-social, ni en el de las instituciones prevalecientes. En la principal corriente opositora, la Unión Cívica Radical, la crítica al régimen adquirió fuerte tono moral, de reacción a lo que consideraba una sociedad excesivamente cosmopolita y demasiado obsesionada con el bienestar material. La reacción antipositivista y nacionalista, que tímidamente hizo su aparición a comienzos de siglo, alguna huella dejó en discursos y documentos de la Unión Cívica Radical.

El otro desafío provenía de las corrientes ideológicas vinculadas al movimiento obrero. Como se señalara, hasta c. 1910-1915, los anarquistas tuvieron un marcado predominio en este campo. Los anarquistas argentinos se distinguieron claramente de sus correligionarios europeos. Como estos, expresaron un rechazo total a la participación por vía parlamentaria y electoral, y a la intervención del Estado en las negociaciones entre empresas y sindicatos. En Argentina predominó, sin embargo, un anarcosindicalismo avant la lettre que hizo del sindicato el centro principal, y casi exclusivo, de su actividad, y alrededor del cual organizaron una serie de actividades cooperativas, recreativas y culturales que les dio cierta popularidad en los barrios obreros de Buenos Aires y Rosario. A pesar de la retórica bakuninista, los anarquistas argentinos eran mucho más modelados que sus correligionarios europeos, y las corrientes radicalizadas (incluidos los terroristas) tuvieron poca aceptación en el medio social.

Algo similar ocurrió con los socialistas, cuya moderación contrastaba fuertemente aún más con las corrientes reformistas que aparecían por aquella época en Europa. Los socialistas argentinos reemplazaron bien pronto una serie de premisas marxistas por ideas que provenían de la tradición liberal y positivista. Al mismo tiempo, los modelos políticos que más admiraron fueron el laborismo británico y australiano, el cooperativismo belga, y la tradición radical-socialista francesa. No es de extrañar, en consecuencia, que cuando visitara Buenos Aires el socialista italiano Enrico Ferri caracterizara a sus correligionarios argentinos como integrando un «Partido Socialista de la luna»[13]. Como los anarquistas, los socialistas no cuestionaron los fundamentos básicos de la economía argentina, eran librecambistas y ardientes defensores de una estricta ortodoxia en materia cambiaría. En ambos temas, eran ciertamente mucho más enfáticos que los políticos oficialistas.

La moderación en el campo de las ideas reflejaba algunos de los rasgos de la sociedad argentina. El profundo cambio en la vida económica tuvo una marcada influencia en la sociedad y, entre otras cosas, generó nuevos conflictos. Pero esos conflictos estuvieron, a su vez, condicionados por el creciente bienestar y las altas tasas de movilidad social; por el éxito de una economía que generaba muchos más beneficiarios que víctimas. La Argentina de 1914 tenía pocos puntos de contacto con el resto de Suramérica, y a pesar de la europeización de muchas de sus costumbres e ideas, se diferenciaba también del Viejo Mundo. Se asemejaba, un poco, a las nuevas sociedades que habían emergido en las praderas australianas y norteamericanas. Como se verá de inmediato, estos rasgos sociales no se reprodujeron exactamente en la vida político-institucional.

LA POLÍTICA ENTRE 1880 Y 1912

A partir de 1880, Argentina vivió un periodo de estabilidad política de duración inusitada. El triunfo del general Roca en los combates de 1880 fue seguido por la aprobación de una vasta legislación durante su presidencia (1880-1886), y la de su sucesor Juárez Celman (1886-1890). Al mismo tiempo, en 1880 se formó el Partido Autonomista Nacional (PAN), primera agrupación de extensión nacional que conoció el país. Por otra parte, el ejército nacional obtuvo el monopolio de la fuerza y se convirtió, con pocas excepciones, en firme sostén de las autoridades nacionales. Con respecto a periodos anteriores, la estabilidad descansó en una notoria supremacía del Poder Ejecutivo Nacional, y en una correlativa disminución del poder de mandatarios y caudillos provinciales. El gobierno central mantuvo el control sobre las situaciones provinciales mediante un ajustado sistema de premios y castigos, destinado a lograr un delicado equilibrio entre la necesidad de obtener el apoyo de los gobernadores y el deseo de evitar la repetición de acciones sediciosas. Los gobernadores tuvieron un papel significativo, aunque subordinado, en la coalición oficialista (PAN) y fueron recompensados con posiciones de prestigio en la escena nacional. El castigo no era menos eficiente: la intervención federal que el Ejecutivo podrá decretar aún en épocas de receso parlamentario, y que era un poderoso instrumento para reorientar situaciones desafectas[14]. Así definía el papel de la intervención federal uno de los políticos más prominentes del oficialismo:

Las intervenciones federales en esta tierra, señores, han sido invariablemente decretadas con uno de estos dos fines: o para ahogar una influencia o para reestablecerla, o para levantar un gobierno local que garantice la situación doméstica del Ejecutivo, o para derrocar un gobierno local desafecto al Central[15].

La Constitución había facilitado la supremacía presidencial a través de mecanismos como el de la intervención federal. La hacía difícil, sin embargo, a través de la imposición del principio de no reelección presidencial (una diferencia significativa con el México de Porfirio Díaz) y con el control del poder legislativo y judicial. Este último, especialmente, logró mantener una relativa independencia frente a los poderes centrales. Así lo reconocía uno de los críticos más acervos al régimen imperante:

El poder judicial ha mantenido cierta atmósfera de merecido respeto, si bien la idoneidad de sus miembros deja que desear; pero su personal ha sido reclutado siguiendo las formas que la naturaleza de sus funciones impone y este solo hecho bastaría para explicar el fenómeno de una institución que no se ha derrumbado con las otras[16].

Por otra parte, los principios liberales de la Constitución permitieron el desarrollo de una prensa sumamente influyente que vigilaba atentamente los actos de las autoridades nacionales. Esta prensa, hasta por lo menos los comienzos del siglo XX, tuvo mayor importancia en la conformación de la opinión pública que los actos electorales. No estaba demasiado alejado de la realidad Ramón Cercano cuando le señalaba a Juárez Celman que «un diario para un hombre público es como un cuchillo para un gaucho pendenciero: debe tenerse siempre a mano»[17].

El bajo nivel de participación electoral facilitaba las cosas. Ese nivel era bajo cuando era comparado con épocas posteriores; no lo era tanto en relación a lo que sucedía en otras partes del mundo por aquellos mismos años. En circunstancias normales, votaba ente el 10 y el 15 por 100 de la población con derecho al sufragio (argentinos varones mayores de 17 o 18 años; no había restricciones para los analfabetos). En épocas de efervescencia política (el quinquenio 1890-1895, por ejemplo), la participación podía elevarse al 20 o 25 por 100 de los habitantes con derechos electorales. Era, además, mucho mayor la concurrencia a los comicios en las zonas rurales que en las urbanas.

Si la participación política era baja entre quienes poseían derechos electorales, mucho más lo era si se considera al conjunto de la población masculina en edad de votar. Esto se debía a la enorme cantidad de extranjeros que residían en el país, y que en su gran mayoría no habían adquirido la carta de ciudadanía. Las razones para que esto fuera así no están claras. En primer lugar, no era con ese propósito que habían emigrado y, ciertamente, la legislación argentina no establecía discriminaciones de ningún tipo para su desempeño en la sociedad civil. Más aún, al no nacionalizarse seguían contando con el apoyo de los cónsules de sus países, algunos de los cuales, como los italianos, fueron sumamente activos en mantener a los inmigrantes fieles al país de origen. En segundo lugar, la carta de ciudadanía no era indispensable para hacer demandas y presionar a las autoridades, lo cual podía hacerse desde las organizaciones empresariales y sindicales. Los anarquistas y sindicalistas, por otra parte, restaron toda importancia a la obtención de la carta de ciudadanía. Finalmente, los partidos opositores, con la excepción del Socialista, mostraron poco interés por incorporar a los extranjeros a sus filas.

En aquella época, la indiferencia política era el estado de ánimo preponderante en la mayoría de la población. El voto no era obligatorio (como lo fue después de 1912), y, por el contrario, desde la inscripción en el registro electoral hasta el día del comicio, los ciudadanos debían demostrar interés y diligencia para poder sufragar. Por otra parte, los comicios estaban más de una vez matizados por diversas triquiñuelas y fraudes, bastante comunes en la época. El fraude no era, desde luego, aplicado sistemáticamente, porque la apatía de la población lo tornaba innecesario. Se utilizaba cuando la oposición vencía esa indiferencia y amenazaba la estabilidad de los gobernantes. Las formas del fraude fueron diversas, desde las trampas más inofensivas, pasando por la compra de votos, hasta el uso abierto de la violencia física. Para que fuera eficaz, sin embargo, quien lo realizaba (y alguna vez lo hizo la oposición) debía contar con sólidos apoyos entre la clientela política y poseer una organización bien montada.

Esta organización política debía proveer hombres para llenar los distintos y numerosos cargos en la administración nacional, provincial y municipal, a la par que parlamentarios y hombres de prensa que enfrentaran los embates opositores. Pero debía, además, lograr la adhesión de una parte de la población para enfrentar los actos electorales, y, aún, las revueltas armadas. Debían existir, en consecuencia, lazos de lealtad bastante fuertes entre los dirigentes y sus seguidores. Quienes aseguraban esos vínculos no eran los dirigentes nacionales, sino los caudillos (caciques o bosses) de los distritos rurales o barrios urbanos, piezas clave del mecanismo político por ser la verdadera correa de transmisión entre el régimen y su clientela. La lealtad de la clientela no era gratuita, sino que descansaba en un complejo sistema de prestaciones recíprocas. El caudillo proveía una serie de servicios que iban desde la solución de problemas comunitarios hasta la menos altruista protección de hechos delictivos. Entre esos extremos se hallaban los pequeños favores personales, entre los cuales la obtención de empleos jugaba un papel preponderante.

Los caudillos provenían de los más variados orígenes (pequeños terratenientes o comerciantes, mayordomos de estancias y, más habitualmente, ex oficiales de las disueltas milicias provinciales) y a pesar de que a veces desempeñaban cargos políticos menores (jueces de paz, diputaciones, etc.) se conformaban, en general, con ejercer influencia y poder en su región. Fueron elogiados y vilipendiados, y ambos extremos representaban, de alguna manera, facetas verdaderas de una realidad sumamente compleja. Así se podía afirmar que «a estos caudillos, el gobierno… les da todo y les permite cualquier cosa: la policía, el municipio, el correo… el cuatrerismo, la ruleta, en resumen toda clase de ayuda para sus amigos y persecución a sus enemigos»[18]. O por el contrario, se lo definía como «… el hombre que es útil a sus vecinos y siempre está dispuesto a prestar un servicio»[19]. Lo que es evidente es que poseían un grado de independencia nada despreciable, y que era necesario negociar intensamente para obtener su apoyo. Así se expresaba uno de los más influyentes caudillos de la provincia de Buenos Aires en ocasión de la confección de la lista de candidatos para las elecciones provinciales de 1894:

Eso que hemos llamado convencionalmente Unión Provincial [nombre del PAN en Buenos Aires] se descompone en dos partes; una decorativa, compuesta de algunos propietarios o estancieros de Buenos Aires de más importancia social y metropolitana que rural, y la otra el verdadero electorado militante, compuesto de nosotros que somos los que… hemos luchado en la provincia… Nosotros respetamos el valor decorativo de la otra parte, pero lo hacemos consultando los verdaderos intereses de la campaña, al verdadero partido provincial…[20]

Por encima de esta compleja y extendida red de caudillos locales se encontraban las direcciones provinciales y nacionales del partido oficialista, un igualmente complejo y cambiante grupo de dirigentes políticos. Estos hombres eran los que ocupaban los cargos de gobernadores, ministros, legisladores, etc., y de ellos surgía tanto el presidente de la república como el jefe del PAN, atributos alguna vez reunidos en la misma persona.

Desde 1880 hasta 1916 este grupo dirigente controló la política nacional y, con muy pocas excepciones, rigió los destinos de las provincias argentinas. La oposición política y algunos observadores más o menos neutrales lo caracterizaron como a una férrea y cerrada oligarquía que apeló a cualquier medio para mantener sus posiciones de predominio. La caracterización era, hasta cierto punto, correcta, especialmente en lo que se refiere al notorio exclusivismo político de que hizo gala. Corre el riesgo, sin embargo, de resultar un tanto estereotipada. Entre otras cosas, no toma en cuenta que el grupo gobernante que surgió en 1880 era, en cierta medida, producto de un significativo cambio dentro de la dirigencia política argentina. Carlos Meló, uno de los primeros historiadores que registró este fenómeno, lo describió de la siguiente manera:

A su vez, la conquista del desierto y la distribución de las tierras… habían aumentado el número de hacendados con paisanos rudos y de modesto origen, y con soldados no menos oscuros recompensados por sus servicios militares… Tanto el nuevo grupo urbano de la clase media como los nuevos hacendados eran resistidos por los núcleos patricios de la antigua sociedad argentina, lo que explica que aquéllos por aversión a éstos se colocaran al lado del presidente [Roca].[21]

La descripción del nuevo político que ofrece Meló es exagerada y rígidamente dicotómica. Pero describe bien una tendencia apreciable y, a su vez, refleja con exactitud la percepción que del grupo gobernante tenían sus opositores políticos. Esta percepción, notoria en lugares como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, fue característica de los años ochenta, y persistió hasta, por lo menos, la mitad de la década siguiente. El fenómeno político reflejaba lo que ocurría en el ámbito social. Al comentar, por esa época, el baile anual del tradicional Club del Progreso, el diario El Nacional comparaba con marcada nostalgia los tiempos nuevos con los viejos: «… el club ha vuelto por su honor, pero su honor moderno, porque lo que es el tradicional, aquel que tanto se quería, ¡no existe ya! Antes, conseguir una tarjeta para el club era una gran tarea, adquirirla hoy es lo más sencillo…»[22].

Tampoco es conveniente exagerar su homogeneidad política. El grupo dirigente estaba compuesto por personas que representaban intereses regionales muchas veces contrapuestos. La historia del régimen estuvo plagada de luchas intestinas que tuvieron no poca incidencia en su caída final. Sus periodos de estabilidad coincidieron con épocas de fuerte liderazgo personal (Roca, Pellegrini, quizá Juárez Celman). La inestabilidad, por el contrario, predominaba cuando la carencia de ese liderazgo dejaba a su suerte a todos esos intereses contrapuestos.

En la época, el término oligarquía se utilizaba en su clásica acepción política. Desde ya, el PAN contaba entre sus miembros a muchas personas que ocupaban lugares de significación en la vida social y económica. Pero muchos otros individuos de las mismas características militaban en los partidos de oposición y, por consiguiente, conocieron periodos en los cuales estuvieron excluidos de la vida pública. Por otra parte, la mayoría de los miembros más prominentes del mundo de los negocios exteriorizaban una notoria indiferencia ante la vida política, posiblemente porque los grupos contendientes no divergían demasiado en su concepción de la vida económica. Un episodio ilustra bien este fenómeno por tratarse del único caso en el cual se estableció una relación explícita entre el oficialismo y un importante núcleo de ganaderos de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones de gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1894, la Unión Provincial (oficialista) recibió el mote de Partido Vacuno por la notoria participación que tuvieron en ellas los ganaderos bonaerenses. El diario radical El Argentino, sugería que el candidato oficialista tendría las siguientes características:

… será un poquito high-life. Uno que tenga ante todo vinculación con el Jockey Club, porque esta parece ser, ante todo, condición sine qua non para gobernar pueblos… Reúne este señor la ventaja de ser miembro activo del Jockey Club… hacendado, comerciante, político y financista…[423]

Los vacunos, por su parte, no rehuían el calificativo. Algunos como Miguel Cañé lo asumían con altivez y soma: «Sí, señores, somos vacunos y lanares, que propugnamos la riqueza en toda la provincia. Como vacunos y lanares pedimos libertad para los hombres, seguridad para las vacas, valorización para las lanas…»[24]. La prensa oficialista, al mismo tiempo, respondía calificando al Partido Radical de porcino en clara referencia al apoyo que recibía de la Liga Agraria.

La retórica política de la época oculta, sin embargo, algunos matices de interés. El primero ya ha sido señalado, por ejemplo, las enormes tensiones provocadas dentro del oficialismo por la presencia del grupo ganadero metropolitano[25]. Asimismo, los partidos opositores (Radicales y Cívicos) contaban en sus filas con fuertes ganaderos bonaerenses. La misma Liga Agraria estaba compuesta por propietarios rurales que estaban bastante lejos de la modestia sugerida por el mote de porcinos. Finalmente, la oposición contó en esa ocasión con fuertes apoyos en otros sectores empresariales de gravitación. Apoyos que en los círculos financieros y comerciales, tanto nacionales como extranjeros, reflejaban antes que nada el rechazo a las políticas oficialistas. En Santa Fe, por ejemplo, el triunfo de los candidatos oficialistas fue recibido con un impresionante cierre patronal de protesta que mereció el siguiente comentario del gerente del Bank of London and the River Plate de Rosario: «Pienso que las empresas extranjeras no debieron haber intervenido en estos sucesos»[26].

La más importante, sin embargo, fue la excepcionalidad de la experiencia política de Buenos Aires en 1894. El diario La Prensa que en aquella elección apoyó a la facción radical de la oposición consideraba, sin embargo, que el experimento vacuno era útil en cuanto modificaba prácticas que consideraban negativas para la vida republicana:

Eso que se llama el elemento conservador, neutro, intangible, una sombra que cae en el campo de lucha, que nada crea, que nada sostiene, que de nada se responsabiliza… es simplemente una degeneración de la democracia, el enunciado de las más falsas de las nociones de la vida republicana[27].

La oposición

Desde 1880 a 1912 diversos grupos y partidos integraron las filas de la oposición. Algunos de ellos fueron de vida efímera, como los grupos católicos de la década de los ochenta, y otros estuvieron restringidos exclusivamente al marco provincial. De los partidos con base provincial solamente dos, los socialistas en la Capital Federal y la Liga del Sur (luego Partido Demócrata Progresista) en Santa Fe, llegaron a tener alguna repercusión nacional. La oposición tradicional al PAN provino de las fuerzas derrotadas en 1880, y muy especialmente del mitrismo. Estos grupos adoptaron distintas denominaciones (nacionalistas, liberales, cívicos, republicanos) y subsistieron hasta el final del periodo.

En 1890 formaron la Unión Cívica. Al poco tiempo, esta agrupación se dividió en dos: la Unión Cívica Nacional (UCN), liderada por el general Mitre, y la Unión Cívica Radical (UCR), cuyo jefe fue Leandro Alem. Los radicales sufrieron varias disidencias internas (generalmente a raíz de los intentos de algunos miembros para formar coaliciones con el oficialismo o el mitrismo), pero bien pronto se convirtieron en el principal partido de oposición al régimen. A partir del suicidio de Alem en 1896, Hipólito Irigoyen se convirtió en la figura máxima de la UCR, posición que mantuvo hasta su muerte en 1933.

El número de personas que militaba en las filas de la oposición no era mayor al que lo hacía en el oficialismo. Por el contrario, los autonomistas estaban mejor organizados y contaban con una clientela política, especialmente en las zonas rurales, más apta para ser movilizada. Sólo en unos pocos periodos de agitación política pudo la oposición movilizar a sus partidarios. En el quinquenio 1890-1894, con elecciones relativamente honestas, la concurrencia a los comicios aumentó significativamente, y la oposición logró triunfos parciales en los distritos más desarrollados del país (Capital Federal, Buenos Aires y distritos cerealistas de Santa Fe). Pero aun estos distritos revelaron una gran paridad de fuerzas entre las principales agrupaciones políticas, a la par que una homogeneidad muy llamativa en el apoyo social de los mismos. Sólo después de la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1912, comenzarán a surgir diferencias entre el electorado de los distintos partidos.

Tampoco existían diferencias significativas entre los dirigentes de los partidos, como se ha sugerido ya al analizar al grupo gobernante. No las había, desde luego, con la UCN, viejo partido tradicional porteño. La UCR de la primera época se había formado con gentes de conocida militancia en los partidos tradicionales, y sus dirigentes eran, en consecuencia, similares a los de las otras dos agrupaciones. Había permitido, sí, el retorno a la política de individuos que, por distintas razones, se encontraban marginados de la vida pública. Hacia 1912 este panorama se había modificado algo, pero las diferencias seguían siendo menores. Federico Pinedo recordaba tiempo después esas diferencias, señalando que:

… no puede decirse que había entre uno y otro partido, especialmente hasta 1916, una marcada diferencia pues hombres de los distintos partidos tenían el mismo concepto de la vida colectiva y parecidas concepciones en cuanto a la organización económica, pero había, y tal vez después se ha acentuado, cierta base social —de categoría si no de clase— en el antagonismo político[28].

La oposición, con pocas excepciones, no propuso programas muy distintos a los del oficialismo. Pocas fueron las diferencias en materia económico social. En rigor, y con la excepción de los socialistas en materia laboral, las reformas propuestas durante el periodo provinieron de las filas oficialistas. En ciertas áreas (política arancelaria y cambiada), también fue el oficialismo el que adelantó las propuestas más heterodoxas. La oposición procuró siempre colocar el centro del debate en la espera político-constitucional, y se desinteresó de alguna manera por cualquier otra temática. Los mismos radicales eran conscientes de que el nombre del partido era quizá demasiado espectacular para la modestia de algunas de sus peticiones. Así, en 1891, el diario partidista El Argentino llegó a sostener que «… pedir ahora lo elemental en materia de libertad y garantías electorales es una intransigencia tan grande, y una temeridad tan impertinente, que ya no puede hacerse con la sencillez de los tiempos viejos. Para tan poca cosa es necesario titularse radicales»[29].

Las fuerzas opositoras reclamaron elecciones honestas, criticaron la concentración del poder y muchas veces dirigieron acerbas críticas contra una administración que les parecía excesivamente materialista y, en ocasiones, corrupta. Tampoco en el campo político institucional ofrecieron soluciones específicas. Las dos que hubo (en 1904 y 1919) partieron también de las filas oficialistas. Más bien, reclamaron el fiel cumplimiento de la Constitución, e impregnaron su prédica de un fuerte contenido moral. Esta es la impresión que deja la lectura de la conmovedora protesta del viejo Sarmiento ante la «soberbia» del poder y la indiferencia ciudadana («esta es una monarquía consentida»)[30] o los apasionados discursos de Alem denunciando la concentración del poder y protestando contra el cercenamiento de autonomías provinciales y de los derechos cívicos. Similar y aún más fuerte sensación emerge de los engorrosos escritos de Hipólito Irigoyen, con su tajante división del mundo en un «régimen» malo y una «causa» (la UCR) buena. No por más cautas y prudentes eran distintas las continuas exhortaciones de Bartolomé Mitre reclamando un retorno a prácticas republicanas más austeras. Hasta el sobrio líder socialista, Juan B. Justo, apuntaba en esa dirección con sus irónicas referencias a lo que despectivamente denominaba la «política criolla».

No era que la oposición estuviera completamente libre de los defectos (fraude, «caudillismo», etc.) que criticaba en el oficialismo. Tampoco que en sus filas estuviera ausente el personalismo. Las figuras de Mitre, Alem, Irigoyen y hasta del socialista Juan B. Justo cumplieron un papel muy similar en sus agrupaciones al jugado por Roca, Pellegrini o Roque Sáenz Peña en el oficialismo. Lo que, fundamentalmente, se cuestionaba era un estilo político implacablemente dirigido a la marginación de la oposición. Los vicios de la política argentina eran comunes a los de otros países por aquella época. Pero aun en esas condiciones (por ejemplo, España) era posible la alternancia en el poder de las fuerzas contrapuestas. En Argentina no sucedió así, salvo en las pocas ocasiones en que divisiones dentro del oficialismo lo obligaron a establecer coaliciones, inestables y efímeras, con los elementos más moderados de la oposición.

Este estilo político tuvo su réplica en las formas de acción adoptadas por la oposición. La virulencia de la retórica opositora contrastaba nítidamente con la moderación de sus postulados programáticos. Los radicales llegaron a convertir a la «intransigencia», a la negativa cerrada a participar en cualquier clase de acuerdo o coalición política, en un dogma religioso. Más aún, la oposición recurrió a veces a la revuelta armada como única forma de acceder al poder. Para esto contó con el apoyo de unos pocos sectores dentro de las fuerzas armadas, que aún no habían olvidado las viejas prácticas. La más grave de todas fue la de julio de 1890 que forzó, dos meses después, la renuncia del presidente Juárez Celman, que fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Pellegrini (1890-1892). Más tarde, en 1892-1893, hubo una serie de revueltas provinciales, especialmente en Buenos Aires y Santa Fe, donde los radicales ocuparon por breve tiempo las administraciones provinciales. El temperamento revolucionario de los radicales, su propensión casi mecánica a la revuelta armada, fue utilizado con suma habilidad por los grupos gobernantes, para ilustrar un futuro de caos y anarquía si alguna vez accedían al poder. Así se expresaba, por ejemplo, el diario oficialista La Tribuna en 1894: «… se va comprendiendo que el Partido Radical es incapaz de fundar un gobierno. Si su propio jefe fuera llevado al poder es posible que… acabará por hacerse la revolución a sí mismo»[31].

La dialéctica establecida entre el exclusivismo programático del oficialismo y la rigidez moral de la oposición, consolidó un estilo político general caracterizado por su erraticidad. Así lo definía a comienzos de siglo uno de los grandes líderes del PAN, Carlos Pellegrini:

Nuestra historia política de estos últimos quince años es, con ligeras variantes, la de los quince años anteriores; casi podría decirse la historia política suramericana; círculos que dominan y círculos que se rebelan, oposiciones y revoluciones, abusos y anarquía… vivimos girando en un círculo de recriminaciones recíprocas y de males comunes. Los unos proclaman que mientras haya gobiernos personales y opresores ha de haber revoluciones; y los otros contestan que mientras haya revoluciones han de existir gobiernos de fuerza. Todos están en la verdad, o más bien todos están en el error[32].

La preeminencia del personalismo también provocó divisiones dentro de las filas oficialistas. Dos fueron particularmente importantes. La primera fue el intento de Juárez Celman de despojar a Roca de la jefatura del PAN. Este intento, casi exitoso, se vio frustrado por la revolución de 1890 que favoreció a Roca y a Pellegrini. Los partidarios de Juárez Celman se reagruparon en el Partido Modernista y forzaron a Roca y Pellegrini a buscar el apoyo de los mitristas. El resultado fue la débil presidencia de Luis Sáenz Peña (1892-1894) que transcurrió entre inestables gabinetes de coalición y rebeliones armadas de los radicales. La renuncia de Sáenz Peña y su reemplazo por el vicepresidente Uriburu (1894-1898) y la derrota de los movimientos armados permitieron una nueva consolidación de Roca, que culminó con su elección a la presidencia por segunda vez (1898-1904). En 1901, sin embargo, Roca rompió relaciones con Carlos Pellegrini y se vio forzado a una nueva coalición que eligió como presidente a un ex mitrista como Quintana (1904-1906) y como vicepresidente a un modernista como Figueroa Alcorta (1906-1910) que con el apoyo de los disidentes del oficialismo y algunos pocos opositores destrozó la coalición política (especialmente en el interior) sobre la cual Roca había asentado 25 años de predominio político.

Roca cayó con el mismo instrumento con el que basó su predominio: el enorme poder de la oficina presidencial. Poder que surgía de dos fuentes: un legado histórico fuertemente personalista y una Constitución Nacional que había otorgado facultades muy fuertes al Ejecutivo nacional. A todo esto se le agregaba el terror al caos y la anarquía que había sido el legado de la difícil década de los setenta. Pocos como Roca y Pellegrini fueron tan explícitos acerca de la terrible tensión que se manifestaba entre la estabilidad y el orden y la libertad política. En ciertas ocasiones (1890), el equilibrio les parecía posible: «La revolución fue vencida materialmente y triunfó moralmente dando este resultado ideal: una revolución en que triunfan la autoridad y la opinión al mismo tiempo y no deja un gobierno de fuerza como los nacidos de una victoria»[33]. El equilibrio era deseable, pero lo imperioso era cimentar la unión y la autoridad nacionales:

… defender… dos cosas esenciales, siempre en peligro: el principio de autoridad y la unión nacional contra las fuerzas latentes, pero siempre en asedio de la rebelión, de la anarquía, de la disolución. Porque no conviene forjarse ilusiones sobre la solidez de nuestra organización, ni de la unidad nacional… La anarquía no es planta que desaparezca en el espacio de medio siglo ni de un siglo, en sociedades mal cimentadas como las nuestras[34].

EL OCASO DEL RÉGIMEN (1912-1916)

En 1916 la principal fuerza opositora, la Unión Cívica Radical, accedió al gobierno al imponerse en las elecciones presidenciales de ese año. El resultado electoral fue posibilitado porque en 1912 el Parlamento aprobó el proyecto de ley electoral enviado por el presidente Roque Sáenz Peña (1910-1914) que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los varones mayores de 18 años. El padrón electoral y el control del comicio pasaron a manos del ejército, que sustituía así a policías provinciales demasiado susceptibles a las presiones ejercidas por los gobernantes de turno.

El debate parlamentario de la llamada ley Sáenz Peña mostró a un oficialismo confiado y seguro del éxito electoral. Algunos legisladores señalaron, inclusive, que el sistema elegido (lista incompleta) posibilitaría a los partidarios del gobierno apoderarse de mayoría y minoría, dejando excluida a la oposición. Las elecciones de 1916 demostraron que el oficialismo era una importante fuerza electoral, pero las urnas consagraron presidente al líder de la UCR, Hipólito Yrigoyen. ¿Qué había sucedido?

La ley Sáenz Peña produjo una movilización política sin par en todo el país. La participación electoral se incrementó tres o cuatro veces en los comicios legislativos de 1912, 1913 y 1914 y estas cifras se elevaron nuevamente durante las elecciones presidenciales de 1916. Entre 1912 y 1914, los radicales obtuvieron algunas gobernaciones y los socialistas se impusieron en dos ocasiones (1913 y 1914) en la Capital Federal. Lo que la oposición no había logrado en un cuarto de siglo, lo consiguió la ley en unos pocos años.

El radicalismo, unido bajo una férrea candidatura, aprovechó rápidamente la situación. Comités radicales surgieron en todo el país y grupos de distinto origen se unieron a una fuerza política que parecería con posibilidad de éxito. Esos comités estaban organizados con criterios bastante modernos en las grandes ciudades y en algunos distritos cerealistas. En el resto del país, la organización era una réplica de la política de caudillos y favores que había caracterizado al régimen autonomista.

El ciclo electoral 1912-1916 dejó una geografía política con perfiles bien nítidos. Sólo los radicales y los dos partidos oficialistas (Demócrata Progresista y Conservador) demostraron poseer apoyos en todos los distritos del país. Los radicales triunfaron en las regiones más prósperas del país. En el litoral pampeano, se impusieron en la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En esta región los votos radicales se concentraron en las ciudades y en los distritos rurales dedicados predominantemente a los cultivos de cereales. A pesar de no haber obtenido la mayoría lograron significativos aportes en las zonas ganaderas. En las ciudades, sus votos se agruparon principalmente en los barrios de clase media, aunque también obtuvieron votos en los distritos obreros y en las zonas residenciales. En el interior del país, los radicales se impusieron en las dos provincias más desarrolladas (Mendoza y Tucumán), y fueron derrotados, con la excepción de Santiago del Estero, en aquellas regiones que habían crecido menos durante todo el periodo. El electorado radical estaba, en consecuencia, centrado alrededor de los sectores intermedios (urbanos y rurales) de las zonas más avanzadas del país, pero con significativos apoyos en todas las regiones y entre todos los sectores sociales. Un resultado acorde con el ideario moderado, flexible y poco amigo de las definiciones ideológicas y programáticas, que caracterizó a la dirigencia del partido.

Los partidos oficialistas tuvieron sus mayores apoyos electorales en las provincias del interior y en las zonas ganaderas del litoral pampeano. En esta última región, sólo en la provincia de Buenos Aires la vieja estructura electoral conservadora compitió con éxito con los radicales. El carácter populista de algunos de sus caudillos les permitió triunfar incluso en algunas ciudades importantes como Avellaneda. La más notoria de las debilidades políticas de los conservadores fue la mala actuación electoral que realizaron en los distritos más avanzados del país, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Paradójicamente, el oficialismo sufrió derrotas más devastadoras en aquellas regiones que más se habían beneficiado con el boom económico iniciado en 1880.

Entre oficialistas y radicales lograron más del 85 por 100 de los votos. Terceros, a gran distancia, figuraban los socialistas, reducidos prácticamente al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, la mayoría de sus votos estaba concentrada en los barrios obreros, donde tuvieron que enfrentar, sin embargo, una tenaz competencia radical. El carácter moderado de los socialistas les permitió compensar parte de la pérdida de votos obreros con importantes, aunque minoritarios, apoyos en los distritos de clase media. En el resto del país los socialistas lograron unos pocos votos en algunas ciudades, especialmente en aquellas donde existían importantes centros ferroviarios. En algunas ciudades grandes, como Rosario y Bahía Blanca, los obreros votaron por los radicales posiblemente a instancias de dirigentes gremiales de extracción sindicalista y anarquista. Los socialistas no obtuvieron votos en las zonas rurales, ni siquiera en aquellas donde, como en Tucumán, existía una importante industria azucarera.

El oficialismo había concurrido debilitado a los comicios de 1916. El enfrentamiento entre Roca y Pellegrini, y lo sucedido durante la presidencia antirroquista de Figueroa Alcorta, lo dejaron irremediablemente dividido. Los sectores liberales presentaron la candidatura de Lisandro de la Torre, líder de una agrupación de origen opositor, la Democracia Progresista. Esta candidatura fue resistida por los fuertes caudillos provinciales conservadores, encabezados por el más poderoso de ellos, el bonaerense Marcelino ligarte. El resultado fue la concurrencia a las elecciones de 1916 con dos candidaturas, lo cual restó muchas posibilidades de triunfo.

La coalición política que gobernó al país durante 35 años estaba constituida por fuerzas provinciales muy heterogéneas, con fuertes tendencias centrífugas. Sólo la presencia de fuertes personalidades, especialmente la de Roca, las había mantenido unidas. Hacia 1916 habían fallecido Roca (1914) y sus principales opositores internos, Pellegrini (1906) y Sáenz Peña (1914). Este último fue reemplazado en la presidencia por Victorino de la Plaza (1914-1916), un experimentado político, pero sin las necesarias condiciones para tan ardua como compleja tarea. Quedaban atrás 35 años de relativa estabilidad política, de un ilimitado proceso de crecimiento económico y social, y, para el oficialismo, el consuelo de una transición política pacífica y honorable.

Capítulo 3
ARGENTINA EN 1914: LAS PAMPAS,
EL INTERIOR, BUENOS AIRES

En vísperas del estallido de la primera guerra mundial, Argentina había disfrutado desde 1880 de casi 35 años de notable crecimiento económico, aparte de un quinquenio de depresión a principios del decenio de 1890. El impulso principal había sido exógeno: mano de obra extranjera, capital extranjero y mercados extranjeros favorables para las exportaciones argentinas. En 1914 alrededor de un tercio de la población argentina, que se cifraba en casi ocho millones de personas y que el Tercer Censo Nacional mostró que se había multiplicado por más de cuatro desde que en 1869 se hiciera el Primer Censo, había nacido en el extranjero; por lo menos otra cuarta parte se componía de descendientes de inmigrantes de las dos generaciones anteriores. Según estimaciones que más adelante hizo la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), en 1914 las inversiones extranjeras (alrededor del 60 por 100 de ellas eran británicas), tanto públicas como privadas, representaban la mitad de las existencias de capital del país, iguales a dos años y medio del valor de la producción interior bruta. Desde 1900 las inversiones extranjeras habían aumentado en una tasa anual del 11,41 por 100. Los inversionistas británicos poseían alrededor del 80 por 100 del sistema ferroviario argentino, grandes extensiones de tierra, la mayor parte de los tranvías y de las empresas urbanas de servicios públicos y algunas de las plantas de preparación de carne y otras industrias cárnicas. Según la CEPAL, la tasa de crecimiento anual del sector rural, que ya era del 7 por 100 entre 1895 y 1908, había subido hasta alcanzar el 9 por 100 entre 1908 y 1914. El Lloyd’s Bank de Londres, en el gran compendio que sobre Argentina publicó en 1911,[1] señalaba que, mientras que hasta 1903 aproximadamente el valor del comercio exterior en Argentina y Brasil era prácticamente igual, en 1909 el de Argentina había crecido en la mitad otra vez por encima de su principal rival en el subcontinente. En vísperas de la primera guerra mundial el comercio exterior per cápita en Argentina era casi seis veces la media del resto de América Latina. Su magnitud era superior a la del Canadá y ya representaba una cuarta parte de la norteamericana. El país había prosperado rápidamente hasta situarse entre los principales exportadores mundiales de cereales y carne. Era el mayor exportador de maíz y linaza. Ocupaba el segundo lugar en el caso de la lana y el tercero en el de ganado y caballos vivos. Aunque ocupaba sólo el sexto lugar en la producción de trigo, en su exportación seguía siendo el tercero y, en algunos años, el segundo. A pesar de la competencia de la industria ganadera, el aumento de la producción de trigo a partir de 1900 fue más rápido que en el Canadá.

Aparte de centros de distribución como Holanda y Bélgica, ningún país del mundo importaba más mercancía por habitante que Argentina. Las rentas per cápita podían compararse con las de Alemania y los Países Bajos y superaban las de España, Italia, Suecia y Suiza. Buenos Aires, la capital federal, con su millón y medio de habitantes, fue proclamada el «París de América del Sur». Después de crecer a razón de una media del 6,5 por 100 desde 1869, era, después de Nueva York, la segunda ciudad más populosa del litoral atlántico. Era, con mucho, la mayor ciudad de América Latina, pues de momento había dejado muy rezagadas a Río de Janeiro, Ciudad de México, Santiago y las demás.

De vez en cuando, la sensación de que a Argentina todavía le quedaba una distancia enorme por recorrer moderaba la euforia de los años anteriores a la primera guerra mundial. Los numerosos «enterados» europeos que visitaban el país y debatían con vehemencia sus progresos coincidían en que ya había superado su infancia; pero todavía no la adolescencia. Encarnada en aportaciones todavía mayores de mano de obra y capital, la madurez invitaba a seguir avanzando. Dotar a la República de una población nueva; construir en ella uno de los sistemas ferroviarios mayores del mundo; cercar las pampas y destinar 20 millones de hectáreas a cultivos; proporcionar a Buenos Aires y Rosario las instalaciones portuarias más avanzadas; introducir en estas ciudades y en otras, de Bahía Blanca a Salta, tranvías, gas, agua y electricidad: todo esto se había hecho y sin duda suponía un progreso considerable. Pero el país aún distaba de cumplir el destino que el general Roca y sus sucesores habían señalado constantemente desde 1880. Esta generación había visto en Argentina, no sólo el país delantero de América Latina, sino también el contrapeso de los Estados Unidos en las antípodas. Soñaba con una república de 100 millones de habitantes o más, completamente imbuida del mismo ritmo vibrante que su núcleo oriental[2]. Sin embargo, en 1914 una población de menos de ocho millones habitaba una masa de tierra que equivalía a la totalidad de la Europa continental situada entre el Báltico, el Mediterráneo y el estuario del Danubio. Y los efectos del cambio eran en su mayor parte solamente visibles en la capital y las pampas más próximas a ella. Más allá de este radio de 800 kilómetros, la mayor parte del interior permanecía sumida en un estado de atraso moribundo.

Las ambiciones de la generación pasada se basaban en la continuación indefinida del presente. Pero, vistas las cosas con objetividad, había ya muchas razones para dudar de que llegaran a cumplirse. Ya en 1913 una nueva depresión había puesto fin a la afluencia de inmigrantes y capital extranjero. Era la señal de que las condiciones estaban cambiando en el mundo exterior. En parte también sugerían que Argentina iba acercándose al punto de saturación de su capacidad de absorber recursos procedentes de fuera. Desde hacía ya algún tiempo la mejor tierra argentina se destinaba a la producción. Gran parte de la que quedaba ofrecería rendimientos mucho más exiguos tanto a los inversionistas como a los pioneros. Las probabilidades de que el antiguo interior siguiera el ejemplo de las pampas y se dedicara a la exportación no parecían mayores que en épocas anteriores. Lo máximo que cabía esperar era que el crecimiento de las pampas continuase ampliando el mercado nacional y con ello despertase lentamente a las regiones situadas más allá.

En 1914 no había aún ninguna posibilidad de sustituir la economía primaria basada en la exportación. A pesar del crecimiento reciente de las manufacturas —en 1913 la industria local ya proporcionaba un tercio de los productos alimentarios preparados, una octava parte de los metales y una sexta parte de los textiles[3]—, no había aún indicios concluyentes de que el país fuera a convertirse pronto en una potencia industrial con todas las de la ley. Las manufacturas nacionales dependían mucho del crecimiento de la demanda interior y de las rentas procedentes del sector de la exportación, así como de la afluencia de inversiones extranjeras. En ese momento, pese a la adopción general del vapor como fuente de energía, la mayor parte de las industrias eran simples talleres artesanales que empleaban poco capital o poca maquinaria. Los alimentos elaborados en el país, utilizando materias primas baratas y abundantes, eran de gran calidad. Poco sentido tenía ya importar cervezas y vinos de mesa, o harina y pastas italianas. Pero estas industrias también eran una consecuencia de los sectores rurales dedicados a la exportación, en vez de ser indicadores de todo punto convincentes de que se estaba formando una economía nueva. Las industrias del metal y de los textiles eran mucho menos firmes. Las plantas metalúrgicas del país trabajaban con materias primas importadas y, por consiguiente, dependían mucho de la baratura de los fletes oceánicos. La nueva industria textil de Buenos Aires también utilizaba una gran proporción de materia prima importada. La mayor parte de esta industria seguía funcionando mediante el sistema que consistía en encargar el trabajo a costureras que lo hacían en sus domicilios. A la sazón, la industria textil argentina estaba mucho menos desarrollada que la brasileña. En 1911 había en Argentina 9.000 husos y 1.200 telares, en comparación con el millón de husos y los 35.000 telares que se estima que había en Brasil.

En 1914 Argentina tenía pocos embriones de industrias pesadas o de bienes de capital nacionales. Sus reservas de carbón y de mineral de hierro eran relativamente escasas y se hallaban en regiones alejadas e inaccesibles, la mayoría de ellas en el remoto suroeste. Empezar a aprovecharlas requeriría nuevos y enormes gastos de capital. Poca parte de este capital llegaría del extranjero, a menos que el Estado y los inversionistas nacionales tomaran la iniciativa como hicieran medio siglo antes en el caso de los ferrocarriles. Aparte del azúcar, los vinos y la harina, los recientes experimentos de proteccionismo arancelario, moderados y tentativos, inducían a pensar que el país no tenía una capacidad natural que le permitiese reducir su dependencia de las importaciones. Los mercados eran limitados y ello reducía las posibilidades de adoptar tecnología avanzada y economías de escala entre los productores industriales. El mercado nacional era rico, pero seguía siendo relativamente pequeño, mientras que los mercados exteriores se hallaban dominados por los gigantes industriales del mundo. Era difícil imaginar aquí las vinculaciones entre la industria y la agricultura que eran corrientes en Estados Unidos. La sociedad argentina tampoco tenía muchas cosas en común con Alemania, Japón o la Gran Bretaña de comienzos del siglo XIX. Los elevados niveles de vida de su nueva clase media estaban edificados sobre una afluencia fácil e indolora de productos importados del extranjero. No iba a ser fácil que dicha clase soportara costes elevados y productos nacionales que durante un tiempo serían necesariamente experimentales. Había que preguntarse muy en serio si Argentina disponía de las reservas de mano de obra que serían necesarias para sostener una profundización importante y una diversificación de su sector industrial. En la región de las pampas había algunas condiciones, quizá análogas a las de la revolución agraria clásica, que empujaban a la población a abandonar la tierra y las ciudades. Hasta cierto punto, el reciente crecimiento de las manufacturas era una señal de ello. No obstante, esta fuente de mano de obra era limitada y no había ninguna otra parecida, ni en otros lugares de Argentina ni en los estados contiguos. Así pues, el crecimiento de la fuerza laboral urbana dependía en gran medida del atractivo que tuviera el país para los emigrantes de Europa. Pero si el intento de industrializarse llevaba a la compresión de los salarios reales, como había ocurrido casi en todas partes excepto en los Estados Unidos, probablemente Argentina se convertiría pronto en exportadora neta en vez de importadora de mano de obra. Finalmente, remodelar la estructura política del país para dar cabida a un cambio de tamaña magnitud parecía una empresa muy alejada de los límites de la posibilidad. Aunque había a veces grandes diferencias de opinión sobre qué grado de participación formal debía admitir el sistema, casi todos los sectores de la población coincidían en sus preferencias por las instituciones liberales de entonces. A ellas se atribuía la reciente transformación del país. Abandonarlas sería volver a la esterilidad de los comienzos del siglo XIX.

Así pues, en 1914 no parecía probable que el futuro inmediato de Argentina fuera a ser muy distinto de su pasado más reciente. Sin embargo, ahora que ya había terminado la expansión fácil en una frontera terrestre abierta, los ingresos de la exportación, y con ellos en gran parte la capacidad de la economía de seguir siendo próspera, se verían determinados de forma creciente por los precios mundiales y las condiciones de la demanda en los países de la Europa occidental que importaban carne, cereales y lana; Argentina ya no podía responder a la depresión como en el decenio de 1870 y principios del de 1890, es decir, recurriendo sencillamente a incrementar la producción en tierra virgen. A causa de ello, asomaba en el horizonte un periodo de crecimiento más modesto que el registrado hasta entonces.

LAS PAMPAS

En 1914 Argentina era un país de sorprendentes contrastes racionales. Tras la reciente oleada de crecimiento, y con la excepción de su periferia más seca (por ejemplo, partes de Córdoba y del territorio de La Pampa), o de las regiones menos accesibles (como Entre Ríos), la región de las pampas (la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Córdoba, Entre Ríos, y el territorio de La Pampa) estaba ahora mucho más avanzada que el resto del país. La cubría una densa red de ferrocarriles. Sus estancias aparecían demarcadas claramente por medio de alambre de espinos y había en ella gran número de pequeñas poblaciones, molinos de viento, caseríos dispersos y abrevaderos. Según el economista y estadístico Alejandro E. Bunge, que escribió inmediatamente después de la primera guerra mundial, esta parte del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, tenía más del 90 por 100 de los automóviles y los teléfonos que había en Argentina. También poseía no menos del 42 por 100 de los ferrocarriles de toda América Latina. En las pampas argentinas tenía su origen la mitad del comercio exterior del subcontinente y la misma región absorbía alrededor de tres cuartas partes de los gastos que en concepto de educación se hacían en toda América Latina[4].

Durante las últimas dos generaciones habían surgido abundantes municipios en todas las pampas, la mayoría de ellos junto a las líneas del ferrocarril. En un principio, algunos de ellos eran minúsculas aldeas o las simples pulquerías de los tiempos de Rosas o Mitre. Otros, más allá de la antigua frontera, eran fruto de las empresas de colonización planificada que llevaran a cabo las compañías agrarias o ferroviarias. Sus funciones principales consistían en hacer las veces de estación terminal o mercado local. También eran centros de pequeñas operaciones crediticias y bancarias, o de modestos negocios de artesanía y comercio, muchos de los cuales cumplían estos cometidos como versiones en miniatura de Buenos Aires, un Buenos Aires sin salida al mar. Muchos habían crecido aproximadamente al mismo ritmo que el conjunto de la población, y, como mínimo, su tamaño se había multiplicado por dos desde 1890. En todos ellos había importantes núcleos de inmigrantes. Muchos daban la impresión de ser prósperos centros cívicos. Aunque la mayoría careciera de recursos para construir carreteras pavimentadas, alcantarillas modernas e instalaciones de energía, crearon sus propios periódicos, escuelas, hospitales y bibliotecas. En 1914 la mayoría de las poblaciones de las pampas seguían siendo de creación reciente y, de momento, ninguna era visiblemente grande. Azul, con una población de 40.000 almas en 1914, era el cuarto municipio en la provincia de Buenos Aires después de Avellaneda (suburbio industrial de la Capital Federal), La Plata (capital de la provincia) y Bahía Blanca (puerto principal de las pampas meridionales). En esta provincia, cuya extensión era igual que la de Francia y estaba bien dotada de recursos, de momento había sólo diez municipios cuya población superara las 12.000 personas. Aproximadamente el 50 por 100 de los demás centros urbanos dignos de consideración apenas eran algo más que poblados y, a pesar de sus vínculos ferroviarios con el estuario del Río de la Plata, subsistían como oasis dispersos y aislados entre las granjas y las estancias.

En esos y otros aspectos las pampas se parecían a las sociedades fronterizas de otros países que también se encontraban en las primeras etapas de desarrollo. Había, con todo, algunas diferencias que amenazaban con perjudicar la capacidad de crecimiento de las poblaciones, la capacidad de dejar de ser centros rudimentarios para convertirse en las ciudades grandes que sus primeros habitantes habían deseado, por lo menos algunas de ellas. Sucesivas épocas de prosperidad económica no habían logrado atraer a una población numerosa, permanente y dueña de propiedades, empujándola a abandonar las ciudades para instalarse en el campo. En muchas zonas, la población rural consistía únicamente en un reducido número de arrendatarios agrícolas, peones ganaderos o pastores y trabajadores estacionales. Donde predominaba el ganado bovino no había más de una o dos personas por kilómetro cuadrado. El cultivo del trigo mantenía por término medio a tres o cuatro personas. Generalmente las mayores densidades de población de las pampas estaban relacionadas con el cultivo del maíz; en este caso había hasta quince personas por kilómetro cuadrado. A partir de 1900 empezaron a utilizarse en las pampas máquinas agrícolas en número bastante grande y en 1914 esta clase de maquinaria ya representaba casi una cuarta parte de las existencias de capital en el sector rural. No obstante, la agricultura seguía dependiendo mucho del trabajo manual. En las épocas de recolección, la población de las pampas en conjunto aumentaba en unas 300.000 personas. En regiones como Santa Fe o Córdoba, que estaban relativamente cerca de los centros de población del interior, con frecuencia los recolectores eran migrantes estacionales que procedían de Santiago del Estero, Catamarca o San Juan. Sin embargo, muchos de los que acudieron a la provincia de Buenos Aires antes de la primera guerra mundial, y antes de la mecanización a gran escala de la agricultura en el decenio de 1920, eran inmigrantes europeos que normalmente volvían a sus países de origen después de la recolección. Estos inmigrantes, los llamados «golondrinas», eran una nueva encarnación del desarraigo que había caracterizado a la sociedad de las pampas desde el principio de la colonización española; en ellos renació una cualidad cuyo ejemplo en otros tiempos habían sido los antiguos gauchos. En una medida que parecía anómala en esta rica sociedad agraria, en muchas granjas y ciudades hallaba cobijo una población flotante de semiempleados. Estas condiciones eran un mal augurio para las nuevas poblaciones de las pampas. Una clase media rural más densa, más rica y con raíces más profundas, a diferencia de estos proletarios transitorios, hubiera fomentado un mercado más amplio para los servicios urbanos locales, a los que hubiese brindado mayores oportunidades de crecimiento y diversificación.

En el fondo, la situación reflejaba el sistema de tenencia de la tierra y la perduración de grandes haciendas entrado ya el siglo XX. En Argentina las haciendas habían aparecido en una serie de oleadas después de la independencia, a raíz de la apertura de la frontera, pese a la oposición de los indios, y de la distribución de tierra por parte del Estado. Después de 1850, la cría de ovejas, la depresión económica y, más adelante, la agricultura habían contribuido a reducir muchas de ellas. No obstante, a partir de 1860 la enorme revalorización de la tierra había mitigado esta tendencia, anulándola muchas veces. Cada periodo sucesivo de prosperidad económica hacía que la posesión de tierra, en la mayor cantidad posible, fuera una garantía infalible de seguridad personal y gran riqueza. Sin embargo, la misma inflación, unida a un sistema deficiente y a menudo injusto para la concesión de créditos destinados a hipotecas agrarias como las cédulas de papel de finales del decenio de 1880, que normalmente sólo servían para que los que ya tenían tierra comprasen más, había hecho que repetidas veces disminuyera el número de compradores en potencia. Sus principales víctimas fueron numerosos agricultores inmigrantes cuyos recursos de capital eran modestos o escasos. Aunque en 1914 los extranjeros ya constituían una gran mayoría entre los propietarios de empresas industriales, representaban sólo un tercio de los terratenientes.

Durante todo el siglo XIX una parte considerable de la opinión pública argentina se mostró hostil a las grandes estancias. Pedía su abolición y que se adoptara una política como la que se seguía en los Estados Unidos, basada en la casa de labor y las tierras adyacentes. Belgrano, Rivadavia, Alberdi, Sarmiento y Avellaneda fueron, cada uno a su modo, representantes de esta tradición. Habían previsto que el Estado organizaría planes de colonización a gran escala y concedería títulos de propiedad a los agricultores inmigrantes, pero no tenían el poder y el respaldo necesarios para hacer de ello una realidad. Argentina no era un país donde el ideal de Lincoln, es decir, recompensar a los desposeídos con «dieciséis hectáreas y una mula», hubiera disfrutado alguna vez de una probabilidad realista de cumplirse. Tampoco era totalmente análogo al Canadá, Australia o Nueva Zelanda, donde la presencia de un Estado colonial situado por encima de los intereses creados locales daba peso y autoridad a las pretensiones de los pequeños agricultores. Desde 1810 Argentina había estado dominada por una mezcla variable de terratenientes, comerciantes y bandadas de financieros y especuladores, todos ellos criollos. Desde principios del decenio de 1820 hasta bien entrado el de 1880 habían seguido una política agraria que favorecía la concentración al mismo tiempo que les proporcionaba a ellos mismos los mayores beneficios de la apertura de la frontera. Durante la generación inmediatamente anterior a 1914 semejante manipulación monopolística fue menos frecuente que antes. Sin embargo, en el intervalo la acción recíproca de las fuerzas del mercado no había conseguido dispersar por completo el mal del pasado. Según los datos que aparecen en el censo de 1914, explicados por Carlos Díaz Alejandro, las granjas más pequeñas de las pampas (es decir, de entre 500 y 1.000 hectáreas) representaban sólo el 23,5 por 100 del total de la región. Las de 1.000 hectáreas y más ocupaban el 61 por 100. Las mayores 584 propiedades de las pampas ocupaban casi una quinta parte de la extensión total[5]. La propiedad de la tierra estaba menos concentrada en las pampas que en la mayor parte del resto del país. El tamaño medio de las propiedades agrarias en Argentina era de 360 hectáreas. En Nueva Gales del Sur, era de 70 hectáreas; en Estados Unidos, 52 (y, en comparación, sólo 25 en Inglaterra y Gales).

En muchas zonas de la América y la Australasia anglófonas, el ganado vacuno y las ovejas habían acabado cediendo gran parte de la tierra a la agricultura en pequeña escala, causando con ello cambios importantes en la tenencia de la tierra y una mayor densidad de la colonización de la misma. En 1900 había aún gente que esperaba que Argentina siguiera un camino parecido, gente que creía que también en Argentina la agricultura de clima templado acabaría cumpliendo su propensión a construir una sociedad firme basada en la familia y formada por pequeños propietarios agrícolas independientes. Hubo indicios dispersos de que así ocurría durante el decenio de 1890. Pero en 1900 empezaron a aparecer plantas dedicadas a la preparación de carne, que al principio eran de propiedad británica y luego norteamericana. Alentadas por la demanda de carne vacuna, y ayudadas por la política de concesión de préstamos de los bancos de Buenos Aires, las clases hacendadas volvieron a dedicarse a la cría de ganado e invirtieron mucho en la importación de animales. Cesaron en gran parte las ventas de tierra que antes contribuían a la subdivisión. La ganadería estimuló el uso más extensivo de la tierra y dio ímpetus renovados a las grandes estancias. El ganado representaba también la oportunidad de ahorrar mano de obra en unos momentos en que los costes salariales del sector rural tendían a aumentar. A comienzos del decenio de 1890 el elevado precio del oro había creado una gran disparidad entre los salarios que se pagaban en pesos depreciados y las ganancias de la exportación que se pagaban en oro. En aquel momento, el principal efecto que ello surtió fue el de estimular la agricultura. Pero desde entonces la gran revalorización del peso había causado un incremento del precio relativo de la mano de obra agrícola. Sin embargo, el resurgimiento de la ganadería no tuvo repercusiones inmediatas en la producción del sector agrícola, que continuó aumentando. Primero tomó la tierra de las ovejas. La cría de ovejas se vio expulsada de las pampas y tuvo que dirigirse hacia la Patagonia. El número de ovejas de la provincia de Buenos Aires descendió de alrededor de 56 millones en 1895 a sólo 18 millones en 1915. Con todo, había ahora una yuxtaposición y una entremezcla mucho mayores entre el pastoreo y la agricultura en las grandes estancias. La adopción general de la rotación, en virtud de la cual los cereales o la linaza alternaban con la alfalfa y el ganado, era señal de que la agricultura había perdido su anterior primacía en la economía rural y ahora se hallaba subordinada a la cría de ganado.

La mayor parte de la agricultura en las pampas seguía un sistema de arrendamiento o de aparcería. En 1916 sólo el 31 por 100 de las granjas cerealistas eran cultivadas por sus propietarios. En muchos casos los propios agricultores —muchos de ellos italianos— eran favorables a este sistema, ya que les evitaba tener que efectuar gravosas inversiones para explotar sus propiedades. Por otra parte, la condición de arrendatario o aparcero no era necesariamente un obstáculo a la prosperidad. Pero, en conjunto, las instituciones de arrendamiento y las repetidas inclemencias de la naturaleza —sequías, inundaciones o plagas de langosta— impidieron que la agricultura llegase alguna vez a ser una forma sencilla de prosperar. Años de precios excepcionalmente buenos eran seguidos de cerca por la subida de los arrendamientos o las tarifas de carga. Los cambios que hubo en el sistema bancario después de la crisis de Baring en 1890 poco hicieron por facilitar la provisión de créditos adecuados para los agricultores, ya fueran para adquirir tierra o para financiar la producción. Muchos quedaron endeudados crónicamente con los terratenientes, con los comerciantes rurales o con las grandes compañías exportadoras de cereales que había en Buenos Aires, tales como Bunge y Born, Weil Brothers y Dreyfus and Co. Estos grandes oligopolios también llevaban ventaja cuando se trataba de fijar los precios que debían pagarse a los productores. Hasta la huelga rural de 1912, el Grito de Alcorta, muchos arrendatarios no tenían ni tan sólo la protección de un contrato por escrito y dependían mucho de la buena voluntad paternalista de los terratenientes. Al adoptarse la rotación agrícola, los arrendatarios se mostraron mucho menos dispuestos a efectuar mejoras, siquiera mínimas, en sus tierras. Resultado de ello fue que las toscas cabañas y casas que eran relativamente comunes antes de 1900, más adelante, al adoptarse la rotación, dieron paso a viviendas de calidad muy inferior, que a menudo no eran más que chozas provisionales. Estos fueron los resultados de «sembrar con gringos».

El fruto final de todo ello fue una sociedad rural sui generis. Fuera de las estancias ganaderas tradicionales, que iban disminuyendo, pocos miembros de dicha sociedad se parecían al arquetipo de campesino ligado y oprimido que se daba en el resto de América Latina, el campesino que gruñía bajo el peso de anticuadas obligaciones señoriales. Muchos eran auténticos pioneros dotados de la misma mentalidad adquisitiva y enérgica que sus hermanos de otros países. Sin embargo, en medio de todo esto se encontraba el legado de los primeros tiempos del siglo XIX, visible en la perduración de numerosos latifundios, en una distribución con frecuencia desigual de la riqueza y la renta, y en una población flotante relativamente numerosa. En la mayor parte de las pampas había muchas menos granjas familiares que en las comunidades fronterizas de habla inglesa en otros países. Durante las últimas dos generaciones se habían abierto las pampas para que en ellas entrara el capitalismo con toda su fuerza. Muchas granjas y estancias funcionaban como empresas de suma eficiencia. En cambio, el sistema de tenencia de la tierra, especialmente tal como estaba desarrollándose ahora, es decir, con la ganadería en la vanguardia, imponía límites a la capacidad que tenía la tierra de absorber y mantener a la población.

EL INTERIOR

Aunque para algunos la vida en las pampas tuviera inconvenientes, las oportunidades que brindaba solían ser infinitamente mayores que en el resto del país fuera de Buenos Aires. Una excepción era el valle del Río Negro, que era fácil de regar. Después de su colonización por compañías agrarias nacionales y extranjeras, entre ellas una subsidiaria de la Buenos Aires Great Southern Railway, el valle empezó a convertirse en una próspera región de clase media que se dedicaba a cultivar fruta y enviaba sus productos a la ciudad de Buenos Aires. También el territorio de Chubut era prometedor: en 1907, durante un intento de aprovechar las aguas artesianas del lugar, se descubrieron ricos yacimientos de petróleo en la zona que a partir de entonces se llamó Comodoro Rivadavia. Se hicieron luego más descubrimientos en Neuquén, al suroeste de Río Negro, en Plaza Huincul. Pero más allá de estos enclaves y de las esforzadas comunidades agrícolas galesas también en Chubut, la vasta región de la Patagonia, en el sur, permanecía subdesarrollada. Hasta el momento prácticamente seguía siendo el paraíso de los naturalistas que Charles Darwin encontrara durante el viaje del Beagle unos 80 años antes. La gran meseta árida y barrida por el viento no contenía nada más que inmensas estancias dedicadas a la cría de ovejas, muchas de las cuales tenían la extensión de un principado europeo. En parte, estas inmensas concentraciones de tierra demostraban que, por término medio, los pastos de la Patagonia sólo tenían la décima parte de la capacidad de la provincia de Buenos Aires para la cría de ovejas. Ello se debía también al modo en que el gobierno nacional había despilfarrado las tierras que el general Roca conquistara en la campaña de 1879. En 1885 se habían repartido entre cuatro y cinco millones de hectáreas entre 541 oficiales y soldados de la expedición de conquista. La llegada de las ovejas poco después apenas causó un poco de actividad en la región; a partir de 1900 el comercio lanero de Argentina empezó a dar muestras de estancamiento al perder su anterior puesto de líder del comercio de exportación. En 1914 la población humana de la Patagonia, territorio que representaba alrededor de un tercio de la extensión del país, era sólo de 80.000 personas, lo que equivalía al 1 por 100 del total, y gran parte de ella se encontraba en la región de Río Negro. Los colonizadores nacidos en Argentina eran relativamente escasos. La mayoría de ellos eran sencillos pastores a los que el resurgir de la ganadería vacuna había obligado a irse de la provincia de Buenos Aires con sus rebaños, reducidas guarniciones militares y navales en la costa del Atlántico y algunos desmoralizados funcionarios del gobierno. Muchos terratenientes de la Patagonia eran británicos, como lo eran también numerosos agricultores del valle del Río Negro. Había también en la región una fuerte influencia chilena. El hambre de tierra al otro lado de la cordillera había empujado a gran número de campesinos a desandar el camino que recorrieran los guerreros araucanos e instalarse en la Patagonia argentina. En Bolivia y Perú, 30 años antes, una emigración parecida de chilenos había provocado una guerra y la anexión de tierra por parte de Chile. Debido a ello, las autoridades argentinas miraban a los chilenos con cierta suspicacia. De vez en cuando, la Patagonia, especialmente la región del estrecho de Magallanes, era el teatro de disputas fronterizas entre los dos países.

En el otro extremo del país, el noreste era una región de mayor variedad topográfica y económica que la Patagonia, pero apenas más desarrollada. Los buenos tiempos de Entre Ríos habían terminado tras la muerte de su gran caudillo Justo José de Urquiza y la represión de la revuelta de López Jordán en el decenio de 1870. Entre Ríos estaba ahora comunicado por ferrocarril con los puertos del río Paraná. Sin embargo, aparte de algunas colonias agrícolas bastante pequeñas, a menudo judías, seguía siendo una región ganadera periférica que utilizaba rebaños criollos no mejorados para producir cueros o tasajo y carne salada. La mayor parte de Corrientes, más hacia el norte, presentaba un aspecto parecido, aunque había un poco de agricultura campesina guaraní como la que existía al otro lado de la frontera, en Paraguay. En 1914 unas 10.000 hectáreas de Corrientes se dedicaban al cultivo de tabaco, principalmente a cargo de pequeños propietarios campesinos, si bien el comercio del tabaco con Buenos Aires todavía era insignificante. Había síntomas más acentuados de progreso en Misiones, que había permanecido desierta durante más de cien años después de la expulsión de los jesuitas en 1767. Como el valle de Río Negro, Misiones había empezado a atraer capital y mano de obra a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Colonizadores europeos, en especial alemanes y polacos, iban penetrando en la región y cultivando los claros de los bosques, como oíros iguales a ellos hacían en Brasil. De modo parecido, la región del Chaco, en el este, sobre todo alrededor de la ciudad de Resistencia, se estaba convirtiendo en un pequeño centro de producción algodonera.

Aunque durante este periodo las fuentes nacionales satisfacían sólo una quinta parte del consumo total del país, el principal producto de salida fácil que se obtenía en el noreste era la yerba mate. El contraste entre la agricultura en las pampas y las condiciones en las plantaciones de yerba mate no hubiera podido ser mayor. Al llegar a este rincón aislado de la República, el viajero tenía inmediatamente la sensación de haber retrocedido al siglo XVIII. La producción de yerba mate en Argentina había ascendido en su mayor parte en años recientes, principalmente en Misiones y en algunos puntos de Corrientes y los bordes orientales del Chaco, frente a la fuerte competencia de los proveedores paraguayos y brasileños. Los productores del otro lado de la frontera dependían de la mano de obra semiforzada. Los argentinos, tanto los productores grandes como los pequeños, se veían obligados por lo tanto a seguir el ejemplo de sus competidores. Las tasas de salario mensuales de los trabajadores estacionales, los llamados «mensúes», a menudo no llegaban a un tercio de los que percibían los trabajadores sin especialización empleados durante todo el año en Buenos Aires. La reducida fuerza laboral permanente se encontraba virtualmente prisionera en las plantaciones. Con frecuencia se encontraban bajo la tutela de los capataces y agobiados por las deudas contraídas con el economato de la empresa, en condiciones externas que a la mayoría de los observadores les costaba distinguir de la esclavitud.

Otra industria del noreste, en la parte septentrional de Santiago del Estero, Santa Fe, zonas de Corrientes y el Chaco, era la extracción de la madera dura del quebracho. Los bosques de quebracho fueron diezmados con temeraria energía durante todo el periodo, principalmente por consorcios británicos. Sólo se hicieron intentos simbólicos de repoblación forestal. Grandes extensiones quedaron devastadas, tierras yermas cubiertas de polvo o maleza. La madera de los bosques del noroeste se usaba sobre todo para las traviesas de los ferrocarriles, y la del este, por su contenido en tanino, que se enviaba a granel a Europa para el tratamiento del cuero. Durante la primera guerra mundial, el quebracho también se usó mucho como sustituto del carbón en los ferrocarriles. En aquel tiempo la industria adquirió cierta mala fama por su proceder en el plano laboral. Sin embargo, en tiempos normales un sistema salarial libre bastaba para encontrar mano de obra entre los guaraníes de Corrientes, algunos indios del Chaco o entre los trabajadores de Santiago del Estero, que a menudo alternaban el trabajo en la industria del quebracho con la recolección del trigo en Santa Fe o Córdoba.

Fuera de las llanuras mesopotámicas de Corrientes y Entre Ríos, la región que más se les parecía por su carácter se encontraba al oeste de Buenos Aires, en Cuyo, especialmente la provincia de Mendoza. Durante la última generación se había convertido en una zona floreciente donde tanto la producción como la población crecían a un ritmo sensiblemente más rápido que en el resto del interior. En el centro de la economía de Cuyo estaba la viticultura. Con la protección arancelaria que recibieron en el decenio de 1880, los vinos locales conquistaron una posición segura en el mercado de Buenos Aires. Entre 1895 y 1910 la zona dedicada al cultivo de la vid en Cuyo se multiplicó por cinco hasta cifrarse en 120.000 hectáreas. En 1914 la producción anual de vino se acercaba ya a los cuatro millones de litros y la producción vinatera de Argentina superaba la de Chile y era el doble de la californiana. Los viñedos iban extendiéndose rápidamente más allá de Mendoza y penetraban en San Juan, así como en pequeñas bolsas de Catamarca y La Rioja. La industria vinatera de este periodo fue creada en gran parte por inmigrantes, por franceses e italianos que poseían el capital y los conocimientos necesarios para organizaría de forma eficiente; Mendoza era casi la única región fuera de las pampas que continuaba atrayendo a gran número de europeos. En Mendoza, empero, la difusión de la viticultura fue acompañada de una subdivisión de la tierra mayor que en las pampas. Las pequeñas propiedades sustituyeron en gran parte a las antiguas estancias ganaderas que a través de los Andes comerciaban con Chile. La prosperidad basada en la tierra se reflejaba en el aire de bienestar y expansión que se advertía en la ciudad de Mendoza. En 1914 contaba ya 59.000 habitantes. La cifra representaba cuatro veces la correspondiente a capitales provinciales de tamaño medio del interior, tales como Santiago del Estero o Salta, y diez veces la de las más pobres, La Rioja y Catamarca. Tanto Mendoza como San Juan se estaban transformando en provincias de gran vitalidad política. Detrás de ello se encontraban los cambios sufridos por la tenencia de la tierra durante la transición de la ganadería a la viticultura, la apropiación de tierras por parte de grupos rivales de especuladores, las intensas luchas por los derechos de aguas y las disputas en torno a las condiciones de crédito cuando los bancos de Buenos Aires impusieron su dominio financiero a la industria. Aunque la pauta de tenencia de la tierra en Mendoza favorecía a los pequeños propietarios, había un grado bastante alto de concentración en la industria del vino. Las discusiones por los precios que pagaban a los cultivadores las bodegas que trataban la uva se convirtieron en otra fuente de conflictos endémicos. En 1914 ambas provincias ya eran centros de un floreciente populismo local en el que había un trasfondo de hostilidad neofederalista dirigida contra Buenos Aires.

El segundo centro de crecimiento en el viejo interior era Tucumán. Aprovechando las oportunidades que brindaban su clima húmedo, la llegada del ferrocarril en 1876 y los generosos privilegios arancelarios que le concedió el gobierno nacional, Tucumán había emprendido de lleno la producción de caña de azúcar. En los primeros años del siglo XX subsistían algunas actividades tradicionales, por ejemplo la industria de los curtidos, pero se veían muy eclipsadas por las plantaciones de caña de azúcar, que ocupaban cuatro quintas partes de las zonas cultivadas de la provincia. La etapa más importante del crecimiento de la industria azucarera en Tucumán fueron los años comprendidos entre 1890 y 1895. Durante este periodo las anteriores ventajas del proteccionismo arancelario quedaron muy reforzadas por el efecto negativo que para las importaciones tuvo la elevada prima del oro. Al llegar a este punto, la producción se multiplicó por diez. El crecimiento fue seguido de un exceso de producción en 1896 y de una crisis que duró cinco años y en la cual muchas refinerías pequeñas tuvieron que cerrar. Entre 1900 y 1914 la producción volvió a triplicarse, mientras que el azúcar importado representaba una proporción decreciente del consumo total. Entre 1897 y 1903 las subvenciones del gobierno permitieron efectuar pequeñas exportaciones de caña de azúcar desde Tucumán, aunque esta breve fase terminó bruscamente cuando en Europa se acordó no aceptar más azúcar subvencionado de esta manera. El azúcar de Tucumán avanzó aproximadamente al mismo ritmo que la viticultura en Mendoza y en 1914 ocupaba una extensión de tierra equiparable. En el decenio de 1920 los campos de caña de azúcar se desviaron hacia el norte y penetraron en Salta y Jujuy. Antes de esta dispersión hacia el norte, era frecuente que las variaciones climáticas de Tucumán produjeran grandes oscilaciones en la producción anual. Los distribuidores del país aprendieron a manipular el abastecimiento para aumentar sus beneficios al mismo tiempo que minimizaban el recurso a las importaciones. Fue una de las varias razones que dieron mala fama a la industria azucarera entre los consumidores bonaerenses.

Al igual que otras muchas actividades agrícolas semitropicales en América Latina, la industria azucarera era una mezcla variopinta de modernos elementos capitalistas y otros que procedían de un pasado anterior al capitalismo. Con las excepciones del quebracho, la fruta y la cría de ovejas, y, de forma distinta, la viticultura, la producción de azúcar era la única actividad de cierta importancia fuera de las pampas que atraía capital extranjero. Muchas de las refinerías o ingenios de azúcar estaban organizados como sociedades anónimas con accionistas extranjeros y empleaban maquinaria importada, generalmente británica. La producción de caña en Tucumán también estaba a cargo de pequeños propietarios. Sin embargo, se trataba de minifundistas mestizos, lo que era muy distinto de los viticultores de Mendoza. El 80 por 100 de los agricultores de Tucumán trabajaban siete u ocho hectáreas, y era frecuente que los demás no llegaran a esas cifras. Mientras tanto, los ingenios llevaban mucho tiempo bajo el control de una oligarquía al parecer impenetrable, capaz de dictar los precios tanto a los productores como a los consumidores, y supuestamente poseedora de una riqueza extraordinaria que era fruto de la protección de que gozaba en el mercado nacional.

Las relaciones laborales en la industria azucarera de Tucumán presentaban rasgos parecidos a los que podían observarse en la región productora de yerba mate en el noreste. En los decenios de 1880 y 1890 se intentó crear una fuerza laboral compuesta por inmigrantes europeos. Pero llegaron a Buenos Aires noticias horrorosas sobre las condiciones que existían en Tucumán y esta fuente de mano de obra se evaporó rápidamente. Entonces se sustituyó a los inmigrantes con indios primitivos que los contratistas de mano de obra traían consigo al volver de sus correrías por el Chaco, así como con campesinos mestizos del sur de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Con frecuencia los engatusaban para que contrajeran deudas y luego los conducían en tren y en carro a Tucumán. Mientras duraba la recolección, estas personas ingenuas y sin recursos permanecían acampadas en la tierra, a menudo en condiciones extremas y deplorables.

Muchas personas de Buenos Aires y del extranjero consideraban la industria azucarera como el símbolo de la infamia de las plantaciones y el capitalismo. Hasta el Lloyd’s Bank, que procuraba dar una visión lo más agradable posible de los asuntos de la República, dijo que la industria del azúcar era «un baldón» para el país.

Mientras los ricos terratenientes y los grandes patronos, la mayoría de estos últimos de nacionalidad extranjera, cosechan beneficios cada vez más cuantiosos, se permite que los que hacen con gran esfuerzo el trabajo que produce tales beneficios vivan en condiciones que no están de acuerdo con los niveles de existencia más bajos. El país que permite que el grueso de su población se encuentre sumido en condiciones de servidumbre generalizada debe sufrir inevitablemente de la falta de esa virilidad que es necesaria para continuar avanzando por una senda ascendente[6].

En comparación con Mendoza o Tucumán, el resto del interior languidecía en el estancamiento y el atraso. Los ferrocarriles construidos por el gobierno nacional, que ahora comunicaban todas las capitales provinciales con Buenos Aires, no lograron fomentar cambios como los que se hicieron en otras partes. Más allá del radio inmediato atendido por los ferrocarriles, las mercancías continuaban transportándose en carros de bueyes o mulas. En 1914 seguía sin cumplirse el sueño secular de que partes de la región próxima a la cordillera se convertirían en centros mineros. Muchas regiones seguían prácticamente igual que en los tiempos del virreinato del Río de la Plata, en las postrimerías del siglo XVIII. Las estancias tradicionales dominaban y a veces coexistían con minifundios y entre los dos reproducían las clásicas polaridades sociales de la América andina. Las comunidades campesinas seguían sujetas al pago de tributos señoriales. Las industrias campesinas sufrían a causa de la competencia incesante de las importaciones y de su propio atraso tecnológico. Con la excepción de grupos reducidos de pequeños comerciantes, muchos de ellos levantinos, había en la zona poca población nueva. Sus ciudades seguían siendo pequeñas y su aspecto ruinoso y oprimido reflejaba la indigencia de su entorno. Las administraciones y la educación provinciales necesitaban subsidios de Buenos Aires casi constantemente. En medio de todo esto se producían brotes periódicos de agitación política. Eran frecuentes los golpes locales entre facciones de terratenientes enfrentados, cada una de ellas luchando por monopolizar los míseros presupuestos provinciales. Sin embargo, en otros sentidos la política había cambiado durante las últimas dos generaciones. Se habían suprimido por completo las revueltas violentas contra Buenos Aires, tan frecuentes entre los antiguos federalistas antes de 1870. También habían desaparecido las insurrecciones de campesinos o de gauchos como las que estallaban en tiempos de «El Chaco» Peñaloza o Felipe Varela. Pocos conflictos políticos parecían tener ahora sus raíces en antagonismos sociales o regionales. Gran parte de la sociedad daba la impresión de ir tirando, sumida en un equilibrio hecho de ignorancia satisfecha y estrechez de miras.

El grueso de la población del interior sufría los azotes de la neumonía bronquial, la tuberculosis y diversas dolencias gástricas. La tasa de mortalidad infantil doblaba y a menudo triplicaba la de Buenos Aires. Los índices de analfabetismo se aproximaban al 50 por 100. El interior estaba también relativamente desierto, menos que la Patagonia, pero más que las pampas. En 1910 se calculó que sólo se cultivaba el 1 por 100 del total de tierra. En las partes más atrasadas, La Rioja y Catamarca, la distribución del precioso abastecimiento de agua procedente de los riachuelos y los ríos que bajaban de las montañas se hacía de acuerdo con los mismos ritos anticuados del siglo XVIII. Al finalizar el siglo XIX, se produjo una reactivación temporal del antiguo comercio de ganado y mulas con Chile y Bolivia. En el caso de Chile este comercio se vio favorecido por el crecimiento de la minería y la explotación de los campos de nitratos de la costa del Pacífico. En el de Bolivia, acompañó al resurgimiento de la ruta de Salta al Río de la Plata que fue resultado de la pérdida por Bolivia de su acceso al Pacífico en la guerra con Chile a comienzos del decenio de 1880. Durante un tiempo esta circunstancia reavivó la prosperidad de los llaneros de La Rioja y Catamarca, así como la importancia de Salta como centro de comercio. Sin embargo, en 1914 este comercio ya casi había desaparecido o se había desviado hacia Mendoza y Tucumán. Aunque iban entrando así en la órbita de los nuevos centros de crecimiento, las provincias de menor importancia siguieron inmersas en un estado de semiautarquía no especializada. Santiago del Estero, cuya creciente población hacía de ella la fuente principal de migrantes internos de entonces, tenía en 1914 una economía agropecuaria tan mixta como 150 años antes. La agricultura en terrenos de aluvión a orillas del río Dulce permitía producir azúcar, vino, algodón y tabaco; seguían criándose mulas para exportarlas a Bolivia. Sin embargo, todo esto se hacía a escala muy pequeña y la rapidez del desarrollo se veía limitada ahora, igual que en siglos anteriores, por la gran salinidad del terreno. Hasta el advenimiento del azúcar en escala importante en los decenios de 1920 y 1930, Jujuy, en el noroeste extremo, tuvo solamente contactos mínimos con los mercados del sur. El comercio se hallaba limitado en gran parte a las comunidades indias que existían aún, las cuales cambiaban lana de alpaca y de llama por sal y coca bolivianas de un lado a otro de una frontera apenas reconocida todavía. En algunas zonas se había producido un retroceso. Casi todas las antiguas minas de plata de La Rioja, en el oeste, estaban cerradas, y a veces se había olvidado incluso su situación, todo ello debido al descenso de los precios mundiales de la plata a finales del siglo XIX. En todas partes, las fuerzas de la tradición eran superiores a las del cambio. Hasta la ciudad de Córdoba, que había atraído a gran número de inmigrantes europeos, cuyos hinterlands oriental y meridional se hallaban integrados ahora en la economía de las pampas y que se enorgullecía de poseer una importante industria de fabricación de botas y zapatos, se negaba obstinadamente a cruzar el umbral del siglo XX. La ciudad y su provincia seguían gobernadas por una invariable oligarquía de familias locales. La vida social y política giraba en torno a la universidad, institución donde imperaban el conservadurismo, el escolasticismo y el clericalismo.

BUENOS AIRES

Al estallar la primera guerra mundial, ningún lugar de las provincias podía emular a Buenos Aires, ni siquiera otros centros de intensa vida comercial como Rosario y Bahía Blanca. En muchos aspectos la ciudad seguía siendo, como dijera Sarmiento, una avanzada solitaria de la civilización europea situada en el límite exterior de las regiones vastas, poco pobladas o atrasadas que estaban más allá de ella. Era también un gran vórtice al que afluía gran parte de la riqueza de la nueva economía exportadora. Buenos Aires dominó su extenso hinterland primero por medio de su posición estratégica en las intersecciones del comercio internacional. Dominaba el sistema de ferrocarriles que se extendía en forma de abanico desde el estuario del Río de la Plata hasta el interior pasando por las pampas. Aunque hacia 1900 perdió terreno ante Rosario y Bahía Blanca en lo que se refiere a la exportación, y, a partir de entonces fue más importante en el comercio de la carne que en el de cereales, conservó su tradicional y lucrativo monopolio de la distribución de las importaciones. Más que en cualquier periodo anterior de su historia, era el emporio de la banca y las finanzas. También se benefició de la subsistencia de las grandes estancias de las pampas; la riqueza que hubiera podido permanecer en la economía agraria se usaba en parte para costear los grandes palacios de estuco que los terratenientes, los banqueros y los comerciantes habían empezado a construir a partir de comienzos del decenio de 1880. La ciudad era también el centro del gobierno, del gasto público y del empleo estatal. Después de la ley de federalización de 1880 cabe que disminuyera levemente su anterior participación en los ingresos obtenidos del comercio, pero los recursos totales que reunía se multiplicaron con el crecimiento del comercio, y se repartían entre sus élites y sus falanges de funcionarios, trabajadores de la construcción y fabricantes. Desde hacía casi 30 años Buenos Aires estaba dotada de modernas instalaciones portuarias. Los viajeros que llegaban por mar ya no tenían que embarcar en botecillos que los transportaban desde el barco hasta tierra. Sus grandes estaciones ferroviarias en el barrio de Constitución o en Retiro eran copias casi exactas de las de Londres o Liverpool. Con sus redes de tranvías y metro, su moderno alcantarillado y sus igualmente modernas instalaciones de agua, gas y electricidad, sus sólidos e imponentes bloques de oficinas en el centro, sus espaciosas avenidas bordeadas de jacarandáes y pavimentadas a veces con granito sueco, era una ciudad tan bien dotada como casi cualquiera de las que existían entonces en el mundo. En 1914 las tres cuartas partes de los niños bonaerenses iban a la escuela primaria. Aunque, según las estimaciones, la tuberculosis seguía matando a alrededor del 20 por 100 de la población, las epidemias de fiebre amarilla o cólera que la diezmaron en el decenio de 1870 fueron las últimas de su clase.

En 1914 no todo el territorio designado como parte de la Capital Federal en 1880 estaba edificado. Dentro de sus confines todavía se encontraban cultivos y pastos. Pero las nuevas construcciones, en su mayoría viviendas de una sola planta y tejado plano, formando la rejilla invariable que crearan los españoles, habían avanzado rápidamente con la llegada de los inmigrantes. En lo que se refiere al valor de la tierra en la ciudad, los tranvías surtieron el mismo efecto que los ferrocarriles fuera de ella. Entre 1904 y 1912 el valor de las propiedades se había revalorizado hasta diez veces. La ciudad se hallaba dividida ahora en zonas residenciales claramente demarcadas, que correspondían a sus principales agrupamientos por clases sociales. En el lado norte, hacia el estuario del Río de la Plata, estaban los hogares de las clases acomodadas o «gente bien». Desde las mansiones de Barrio Norte y Palermo, la zona se extendía hacia el centro de la ciudad, cruzaba Belgrano y llegaba a las quintas de fin de semana que había en los distritos periféricos de Vicente López, Olivos y San Isidro y penetraba en la provincia de Buenos Aires. En el centro y el oeste de la ciudad había muchos barrios de clase media que llegaban hasta Flores. El sur era la zona obrera e industrial. En ella, entre las viviendas modestas de Nueva Pompeya, Barracas, Avellaneda y partes de la Boca, ya había precursores de las llamadas «villas miserias» que surgieron a partir del decenio de 1940. Estas chozas a veces estaban construidas con tablones sin desbastar, cajas de embalaje y simples cubiertas de cinc galvanizado que hacían las veces de techo. Eran calderos sofocantes en verano y auténticas neveras en el frío y húmedo invierno del Río de la Plata. Muchas eran arrastradas periódicamente por las fétidas aguas del Riachuelo, que dividía la capital de la provincia en este lado sur. Durante el periodo que nos ocupa, el tipo de viviendas más habitual entre los pobres, unos 150.000 de los cuales se alojaban en ellas, eran los llamados «conventillos» situados cerca del centro de la ciudad. Medio siglo antes las más antiguas de estas construcciones rectangulares, de dos plantas, en cuyo interior había grandes patios de estilo español, eran las residencias de la gente pudiente. Tras las epidemias del decenio de 1870 y las primeras llegadas de inmigrantes, los ricos se mudaron a otras zonas. Sus hogares se convirtieron en casas de vecindad. Más adelante se construyeron otras iguales para alojar a los inmigrantes. Desde 50 años antes los conventillos alojaban a una sola familia y su servicio doméstico, en los primeros años del siglo XX vivían hasta veinte familias que llevaban una existencia hacinada, antihigiénica y turbulenta. Con frecuencia había tres, cuatro o más personas en cada sucia habitación; unas 25 o 30 compartían los lavabos y retretes. No obstante, es probable que todo ello no fuera peor que la vida que hubiesen llevado en Milán, Génova, Nápoles, Barcelona, Brooklyn, Filadelfia o Chicago.

Un rasgo que distinguía a Buenos Aires de muchas ciudades de los Estados Unidos en esta época era que desde el principio los emigrantes se mezclaron muy fácilmente, con algunas excepciones como la creciente comunidad judía. Los distintos agrupamientos por nacionalidades crearon gran profusión de clubes, escuelas, hospitales y mutualidades. Con todo, pocos trataban de perpetuar sus orígenes nacionales formando vecindarios aparte, como si fueran guetos, lo cual se debía sin duda a las estrechas afinidades lingüísticas entre los españoles y los italianos. Otra diferencia entre Buenos Aires y ciudades de otros países que pudieran compararse con ella fue que el desempleo permanente fue insólitamente bajo hasta que empezó la depresión comercial y financiera de 1913. Cuando los inmigrantes estaban descontentos de su suerte en la ciudad les bastaba con pasar un verano trabajando en la recolección para reunir el dinero que necesitaban para volver a Europa. A pesar de ello, en la ciudad había indigentes, sobre todo mujeres y niños. De vez en cuando, los periódicos publicaban dramáticos artículos denunciando lo que llamaban la «industria de la mendicidad»; en ellos hablaban de supuestas costumbres como, por ejemplo, el alquiler de niños enfermos o lisiados para pedir limosna[7]. En la ciudad también había delincuencia, aunque no era excesiva en comparación con la que imperaba en otros lugares. En Buenos Aires no había una mafia italiana organizada. Durante estos años, sin embargo, adquirió gran notoriedad debido a la trata de blancas. A partir de más o menos 1903, gran número de doncellas pobres y desvalidas de Génova, Barcelona, Amsterdam o Varsovia fueron raptadas y vendidas en Argentina, donde ejercían la prostitución. En 1913 había en Buenos Aires 300 burdeles registrados, ya que el registro obligatorio fue el único gesto que hicieron las autoridades para controlar la propagación del vicio y a los que de él vivían. Estas condiciones reflejaban la presencia de gran número de inmigrantes solteros entre la población de la ciudad.

En la generación anterior a 1914 todos los sectores de la estructura social de Buenos Aires se habían multiplicado por dos, como mínimo. Con ello se produjo un incremento de la complejidad y la diversidad. En el ápice de la sociedad había una élite compuesta por los grandes terratenientes y otros importantes propietarios, banqueros y hombres que controlaban el flujo principal de las inversiones y el comercio extranjeros. En 1914 este grupo había cambiado de modo considerable en comparación con 50 años antes. Ya no abarcaba sólo a unas pocas veintenas de familias criollas que en los casos más típicos eran descendientes directos de los comerciantes borbónicos españoles de finales del siglo XVIII. Ahora consistía en un grupo más numeroso y muy heterogéneo al que se habían adherido representantes de todos los países del sur y el oeste de Europa. Por un lado, perduraban los ubicuos Anchorena, o los Guerrico, los Campos o los Casares, supervivientes de cuatro o cinco generaciones pasadas. Pero, por otro lado, los advenedizos eran mucho más numerosos. Entre los llegados más recientes de Italia había hombres como Antonio Devoto, quien dio su nombre a Villa Devoto, que no tardaría en convertirse en un famoso vecindario de clase media situado en el oeste de la Capital Federal. De un modo que ya era típico de la élite en conjunto, Devoto tenía múltiples intereses en tierras, la banca, el comercio, los contratos de obras públicas y la manufactura. Entre las tierras de su propiedad en 1910 había 80.000 hectáreas y siete estancias en la provincia de Buenos Aires, 26.000 en Santa Fe, repartidas en dos estancias, otras 75.000 en Córdoba, repartidas entre cuatro, y 30.000 en una sola estancia del más remoto territorio de La Pampa. También poseía extensas propiedades urbanas en el centro de Buenos Aires y era el fundador y presidente del Banco de Italia y Río de la Plata. Otros, como Luis Zuberbühler, suizo-argentino de segunda generación, tenían fortunas comparables distribuidas entre estancias ganaderas, compañías colonizadoras, empresas de silvicultura y manufacturas. De modo parecido, en 1914 Nicolás Mihanovich, que había llegado de Dalmacia unos 50 años antes, sin un céntimo, casi monopolizaba los vapores de cabotaje que iban de Buenos Aires a Asunción por el río Paraná o navegaban hacia el sur hasta los asentamientos atlánticos en la Patagonia[8]. Los familiares y muchos de los hijos de la élite se hallaban dispersos entre profesiones tales como la abogacía, la milicia y la administración pública. Sus miembros se encontraban separados hasta cierto punto por afiliaciones políticas rivales y por redes familiares parecidas a los clanes. Pero normalmente estos factores se veían eclipsados por los lazos que formaban la propincuidad residencial y el saberse miembro de una misma clase, lazos que asociaciones como la Sociedad Rural o el Jockey Club se encargaban de fomentar. Gran parte de la clase alta vivía de un modo ostentoso que rivalizaba con el de sus equivalentes de Londres o Nueva York. La arquitectura y la magnificencia de sus mansiones evocaban París. Los interiores solían contener muebles y objetos de arte importados, del más regio estilo. Detrás había grandes patios ornamentales. Desde hacía pocos años, miembros de la élite eran ávidos consumidores de los más lujosos automóviles norteamericanos o europeos.

Los observadores de este destacado sector de la sociedad argentina generalmente reconocían que se diferenciaba del de otros países de América Latina en que poseía un sentido auténtico de identidad nacional. Georges Clemenceau había comentado: «Me parece que el verdadero argentino está convencido de que hay un mágico elixir de juventud que brota de su suelo y hace de él un hombre nuevo, que no desciende de ningún otro, pero que es antepasado de interminables generaciones venideras»[9]. A otros, el feroz orgullo nacional que encontraban en Argentina les hacía pensar en el destino manifiesto de Estados Unidos. A veces, sin embargo, lo que pasaba por nacionalismo también se consideraba más afín al simple nativismo, típico de un grupo muy privilegiado que hacía frente a crecientes oleadas de inmigrantes. Si bien había quienes reconocían a la élite el mérito de haber sabido promover la alta cultura, sobre todo la gran ópera, otros observadores eran más severos y criticaban su visible obsesión por las carreras de caballos y otros juegos de azar y decían que era típica de una clase social cuya fortuna estaba edificada en gran parte sobre la especulación con las tierras. Los observadores más negativos también encontraban intensas evocaciones de la antigua España en la libertad de que gozaban muchos hombres contra el retiro forzoso del hogar y la familia. A veces las mujeres que también eran miembros de la élite se dedicaban a actividades fuera del hogar, especialmente en el campo de la beneficencia católica. Había también en Buenos Aires un pequeño movimiento feminista. Sin embargo, en unos momentos en que las campañas sufragistas en Inglaterra y los Estados Unidos alcanzaban su apogeo, los progresos de la mayoría de las mujeres argentinas resultaban poco impresionantes.

Un segundo grupo social que tenía importancia en Buenos Aires era la clase media, que para entonces ya se había convertido en la más numerosa de toda América Latina. Era otro indicador de la creciente riqueza del país. También testimoniaba las potentes fuerzas centralizadoras que actuaban en el país y que introducían en los estrechos confines de la ciudad a un grupo que tal vez se habría desarrollado más ampliamente fuera de ella. Gran parte de la clase media tenía sus orígenes en la inmigración. En caso de no ser así, se dividía en dos capas amplias, cada una con una categoría muy diferente en la sociedad en general. De las dos, la más baja se componía de un número creciente de pequeños productores industriales, tenderos y comerciantes. Según el censo de 1914, alrededor de cuatro quintas partes de este grupo bonaerense las componían extranjeros. Su tamaño —quizá 15.000 a 20.000 personas— era otra de las novedades notables de la generación pasada. Dispersos por la ciudad había multitud de panaderos, sastres, fabricantes de zapatos y sandalias, modestos cerveceros, fabricantes de chocolate, jabón o cigarrillos, impresores, carpinteros, herreros y fabricantes de fósforos, junto con un número aproximadamente igual de «almaceneros». La mayoría de los fabricantes que formaban parte de este grupo trabajaban en talleres en lugar de en fábricas. Aparte de las industrias cárnicas, los molinos de harina o un reducido número de empresas textiles y metalúrgicas, en cada unidad normalmente no había más de media docena de trabajadores que utilizaban herramientas manuales más que maquinaria y que a menudo vendían sus productos en el propio vecindario. Esta situación no era distinta de la que se daba en muchas capitales europeas, de Londres o Dublín a Constantinopla. Pero en Argentina no había ningún centro nacional de industria pesada que hiciese de contrapeso de la industria ligera. Por rápido que fuera el crecimiento de las manufacturas locales a partir de 1890, las importaciones, como mínimo, no quedaban atrás. Así pues, eran Manchester, Birmingham o Lyon, y posteriormente Bremen, Essen y Detroit, las que satisfacían la mayor proporción de las necesidades de consumo industrial de Argentina. De momento, los fabricantes de Buenos Aires eran poco más que apéndices de una economía donde seguían imperando los cereales y la carne. El sector de exportación, los productos que abarcaba, la riqueza que nacía de él, todo ello influyó mucho en el desarrollo de las manufacturas nacionales, en su acceso a las materias primas y a la mano de obra y en el crecimiento del poder adquisitivo en los mercados a los que servía. En 1914 los fabricantes ocupaban un puesto relativamente bajo en la comunidad en general. Eran débiles y muy fragmentados y aún tenían poca voz en la política.

El segmento superior de la clase media se encontraba bien instalado entre las ocupaciones de servicio y vocacionales de las profesiones liberales, la administración pública o los puestos administrativos del sector privado, por ejemplo el transporte. Se diferenciaba de los fabricantes y de los «almaceneros» en que a estas alturas sus miembros eran principalmente argentinos de nacimiento. En cambio, muchos no eran más que argentinos de primera generación y, típicamente, los prósperos hijos de las clases fabricantes y comerciales. En la introducción al censo municipal de 1910 se mencionaba que entre 1905 y 1909 el empleo en las manufacturas había aumentado de 127.000 a 218.000 personas, lo que equivalía a un 71 por 100. Sin embargo, el crecimiento de las ocupaciones de servicios, desde médicos, maestros y funcionarios públicos hasta simples caldereros remendones, fue de 57.000 a, según las estimaciones, 150.000, es decir, de un 163 por 100[10]. El componente de clase media de este sector terciario, que era numeroso y estaba en rápida expansión, debía mucho al reciente crecimiento de la burocracia, tanto la nacional como la municipal. Los gastos del gobierno nacional, por ejemplo, fueron de 160 millones de pesos papel en 1900. En 1910 ya se cifraban en 400 millones. Esta cifra representaba un incremento per cápita de 30 a 35 pesos y su resultado más visible era todo un estrato nuevo integrado por empleados del gobierno. En 1914 muchos miembros de este sector de la clase media, así como los aspirantes a formar parte de él, se hallaban profundamente metidos en el asunto de la educación superior, toda vez que para ingresar en las profesiones y en el funcionariado solían exigirse diplomas de la escuela secundaria y títulos universitarios. A diferencia de los fabricantes y los comerciantes, esto les había convertido en foco de activismo político. Apoyaban decididamente la continua expansión tanto de la burocracia como de la educación superior y esto les hacía discrepar repetidamente de las élites. Por lo demás, con todo, estos dos sectores de la sociedad tenían mucho en común. Ambos eran muy conservadores en cuestiones de política económica. La clase media mostraba poco interés por el desarrollo industrial del país y prefería que las necesidades de consumo se satisficieran de forma barata y sin esfuerzo por medio de las importaciones. Siempre que podían, sus miembros se dedicaban a comprar ávidamente tierras junto a las élites, aunque casi nunca eran agricultores. A pesar de su reputación de radicalismo político, sus intereses y orientaciones no prometían cambios importantes en, por ejemplo, las condiciones que debilitaban a los arrendatarios que trabajaban la tierra o que empujaban a los inmigrantes recién llegados hacia los conventillos urbanos.

En 1914 las tres cuartas partes de la clase trabajadora de Buenos Aires las formaban inmigrantes, a la vez que una proporción abrumadora del resto eran los hijos de dichos inmigrantes. El censo de 1914 induce a pensar que la clase obrera representaba tal vez dos tercios de la población empleada de la ciudad, alrededor de 405.000 en una población activa total de 626.000 varones. Gran número de trabajadores estaban empleados en el comercio y los ferrocarriles. Había otros grupos importantes en los servicios públicos, los tranvías, las compañías del gas, etc., o en ocupaciones más humildes en las alcantarillas o la recogida de basura. Otros trabajaban en las manufacturas, ya fuera en grandes empresas como las industrias cárnicas o en los pequeños talleres que se encontraban en toda la ciudad. En la estructura de la clase trabajadora influyó también el crecimiento de las ocupaciones de servicios. Quizá hasta el 20 por 100 estaba empleado en el servicio doméstico y entre ellos sólo la mitad eran mujeres en aquel tiempo. Otra quinta parte de la población trabajadora empleada consistía en mujeres y niños. Entre el numeroso elemento no especializado que formaba parte de la clase trabajadora inmediatamente antes de 1914, una porción considerable iba y venía de una orilla a otra del Atlántico, o alternaba el trabajo en la ciudad con el trabajo en el campo en época de recolección. En años anteriores, con todo, también la clase trabajadora se había estratificado de modo creciente. Había numerosos grupos muy especializados en los oficios, en la construcción, la metalurgia o el transporte. Algunos de los estratos superiores mostraban los rasgos propios de una aristocracia del trabajo: moderación conspicua en las actitudes políticas, preocupación por las relatividades salariales o afiliación a una hermandad sindical basada en el oficio.

En 1914 Buenos Aires iba muy rezagada en comparación con muchas de las ciudades de la Europa occidental y, puestos a decir, con Montevideo, en la otra orilla del Río de la Plata, en materia de legislación social para la clase trabajadora. No había leyes que establecieran el salario mínimo, la jornada de ocho o diez horas, las pensiones o la jubilación. Y las deficiencias del Estado en estas materias tampoco eran corregidas en la práctica por medio de cooperativas y mutualidades o por los sindicatos. Pero cualquier descontento que esto despertara era eclipsado con frecuencia por otros. En Buenos Aires el principal problema que había en la existencia de casi todos los trabajadores era la vivienda. Como hemos indicado, muchos de los conventillos eran deplorables. En 1914 las cuatro quintas partes de las familias de clase trabajadora vivían en una sola habitación. Por lo demás, las condiciones para los trabajadores en conjunto reflejaban los rasgos más amplios de la economía nacional. Las importaciones, que en este caso eran principalmente de prendas de vestir, acostumbraban a ser costosas, lo cual se debía en parte a que los aranceles del gobierno gravaban algunos de los artículos esenciales del consumo de la clase trabajadora. En cambio, normalmente esto era compensado por la baratura de la mayoría de los alimentos comunes y por la disponibilidad de una dieta nutritiva. Generalmente, las rentas reales entre los trabajadores bonaerenses salían bien libradas al compararlas con las de la mayoría de las ciudades de la Europa occidental. El crecimiento de una cultura de la clase trabajadora en estos años —los bares donde se bailaba el tango, los clubes de boxeo y de fútbol, los sindicatos y otras muchas asociaciones— sugiere que buena parte de la población tenía dinero y tiempo libre para llevar una existencia bastante rica y variada. Aun así, había muchos indicios de condiciones que oscilaban entre lo insatisfactorio y lo calamitoso. Entre las empresas extranjeras que empleaban mano de obra, las plantas de preparación de carne eran famosas por pagar salarios bajos y por sus opresivas condiciones de trabajo. Algunos de los peores abusos eran perpetrados por los patronos modestos, la mayoría de los cuales eran inmigrantes también. En el mejor de los casos, los salarios que se pagaban en los pequeños establecimientos de la ciudad eran miserables, a la vez que los turnos de 18 horas eran cosa corriente.

Así pues, en 1914 Argentina ya era una sociedad sumamente mixta y diversa. En sus regiones, numerosas estructuras muy avanzadas o complejas coexistían con otras de un atraso inmutable. Inmediatamente antes de la primera guerra mundial había aún grandes expectativas de que los desequilibrios desaparecían progresivamente al continuar la oleada de crecimiento que a la sazón se registraba. A partir de esta suposición, el asunto más apremiante era de índole política: el país necesitaba instituciones nuevas que arbitraran entre los nuevos intereses de clase y regionales. A cambio de ello, estaba dispuesto a abandonar el sistema de gobierno oligárquico y emprender la búsqueda de la democracia representativa. La disposición a efectuar reformas se debía en parte a las tensiones sociales que surgieron a partir de 1900; al mismo tiempo, era también una expresión de confianza en el país, en su capacidad de mantener su ímpetu anterior. Los acontecimientos demostrarían que este supuesto era en parte infundado. En 1914 seguía habiendo algunas regiones que parecían tener un futuro prometedor. El cultivo de algodón en el noroeste y la extracción de petróleo en el sur, por ejemplo, sugerían que se contaba con medios tanto para reducir la factura de las importaciones como para dar más impulso a las manufacturas nacionales. En cambio, las pampas se acercaban al punto máximo de su desarrollo. En 1914 el potencial de crecimiento de Argentina y, desde algunos puntos de vista, su libertad de maniobra iban disminuyendo. En vez de la curva ascendente de crecimiento ininterrumpido de antes, el periodo siguiente trajo consigo una secuencia alternante de auges y depresiones, el consumo en ascensión más lenta y cambios a corto plazo sumamente volátiles en la distribución de la renta entre los diferentes sectores sociales. Este fue el telón de fondo del intento de reforma democrática.

Capítulo 4
ARGENTINA, DE LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL A LA REVOLUCIÓN DE 1930

LA ECONOMÍA DURANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA

Durante el decenio y medio comprendido entre el comienzo de la primera guerra mundial y el de la depresión igualmente mundial continuó la prosperidad económica de que gozaba Argentina antes de la contienda y que se basaba en el crecimiento de su sector de exportación. En 1929 Argentina seguía siendo el mayor exportador mundial de carne vacuna refrigerada, maíz, linaza y avena y el tercero de trigo y harina. Si comparamos los promedios anuales correspondientes a 1910-1914 con los de 1925-1929, vemos que las exportaciones de trigo aumentaron de 2,1 millones de toneladas a 4,2 millones, las de maíz de 3,1 a 3,5 millones, y las de linaza de 680.000 toneladas a 1,6 millones de toneladas. Las exportaciones de carne vacuna refrigerada, cuyo promedio fue de sólo 25.000 toneladas entre 1910 y 1914, aumentaron hasta superar las 400.000 entre 1925 y 1929. Las exportaciones en conjunto, que representaron un promedio de 4.480 millones de pesos papel en 1910-1914, según valores de 1950, subieron hasta alcanzar 7.914 millones entre 1925 y 1929. La renta per cápita argentina todavía podía compararse favorablemente con la de la mayor parte de la Europa occidental. Los niveles de vida eran ahora más elevados y las tasas de analfabetismo habían vuelto a bajar. Una parte considerable de la población gozaba de prosperidad y bienestar. En 1930 ya había 435.000 automóviles en todo el país, muchos más que en numerosas naciones de la Europa occidental y siete veces más que ocho años antes. De nuevo con la ayuda de la inmigración, el número de habitantes aumentó en casi cuatro millones entre 1914 y 1930, pasando de 7,9 millones a 11,6 millones. En un sector, el del petróleo nacional, hubo un crecimiento espectacular. En 1913, Argentina producía menos de 21.000 metros cúbicos de fuel-oil. En 1929 la producción alcanzaba ya 1,4 millones.

En cambio, el crecimiento fue menos rápido y menos uniforme que en el periodo anterior a la primera guerra mundial. Durante la totalidad del periodo de 40 años que precedió a 1910-1914, el producto interior bruto al coste de factores aumentó en un promedio anual del 6,3 por 100. Entre 1910-1914 y 1925-1930 la tasa descendió hasta situarse en un 3,5 por 100. La cuantía de las exportaciones creció a un ritmo de más del 5 por 100 antes de 1914, y sólo del 3,9 por 100 después. La tasa de crecimiento de las tierras cultivadas también descendió, del 8,3 por 100 al 1,3 por 100. No hubo virtualmente ninguna expansión en el aprovechamiento de la tierra en las pampas: no se registró ningún incremento en Santa Fe y sólo un incremento mínimo en Córdoba, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Durante todo este periodo la población de las pampas continuó creciendo, pero a un ritmo notablemente inferior al de antes de la guerra. Entre 1895 y 1914 el crecimiento de la población rural fue de alrededor de un millón, pero la cifra fue sólo de 270.000 personas entre 1914 y 1930. En el periodo anterior, la tasa anual de incremento era de 50.000 personas; en el posterior, sólo de 22.500. También hubo un descenso pronunciado en el ritmo de fundación de nuevos municipios. Los avances de la agricultura eran fruto de la mecanización más que de un crecimiento de la población rural. Argentina era ahora un mercado importante para la maquinaria agrícola de importación. Las máquinas, que en 1914 representaban el 24 por 100 de las existencias de capital en el sector rural, pasaron a representar alrededor del 40 por 100 antes de 1929. Según las estimaciones, en este último año ya había en Argentina 32.000 segadoras-trilladoras, 16.000 tractores y 10.000 trilladoras. Hasta cierto punto, los incrementos de la producción agrícola durante el decenio de 1920 se debieron también a sustituciones en el uso de la tierra. La producción de cereales y linaza casi se dobló entre 1922 y 1929 y en parte ello fue resultado de una reducción de 5 millones en el número de reses durante aquellos años, con la consiguiente disminución de las hectáreas de tierra destinadas al ganado y al cultivo de alfalfa para forraje. Se calcula que había 37 millones de reses en 1922, pero sólo 32,2 millones en 1930. Durante el mismo periodo, la tierra destinada al cultivo de alfalfa disminuyó de 7 a 5 millones de hectáreas. Con la mecanización también hubo un descenso del total de hectáreas destinadas a apacentar caballos. En cambio, la tierra empleada en cultivar cereales subió de 11 a 19 millones de hectáreas. En 1921-1922 los cereales y la linaza representaron únicamente el 56,5 por 100 de la extensión cultivada en las pampas, pero en 1929-1930 la cifra ya había ascendido hasta quedar en el 73,5 por 100.

Después de 1913 hubo pocas inversiones extranjeras en la construcción de ferrocarriles. Entre el año citado y 1927 solamente se añadieron 1.200 kilómetros de vía, en su mayor parte líneas secundarias o construidas por el gobierno en el interior. Entre 1865-1869 y 1910-1914, los ferrocarriles crecieron en un promedio anual del 15,4 por 100. Entre 1910-1914 y 1925-1929 el incremento descendió hasta quedar en un 1,4 por 100. Las inversiones británicas cesaron por completo durante la guerra y la posguerra inmediata, y no se recuperaron hasta finales del decenio de 1920, aunque sin llegar a la importancia de antes. La afluencia global de capital extranjero fue sólo alrededor de una quinta parte de la registrada antes de la guerra, mientras que el ratio de superioridad del capital extranjero sobre el nacional disminuyó del 48 al 34 por 100 entre 1913 y 1927. De modo parecido, la inmigración virtualmente quedó interrumpida durante un decenio después de 1913. Y entre 1921 y 1930 el saldo neto de migrantes fue de 856.000 solamente, comparado con 1,1 millones entre 1901 y 1910. La tasa media de crecimiento demográfico fue de sólo el 2,8 por 100 en los primeros años de la posguerra en comparación con el 4,3 por 100 en el periodo inmediatamente anterior al conflicto[1].

Mientras que entre 1895 y 1913 hubo un crecimiento incesante, el periodo posterior a 1913 empezó con una depresión (1913-1917) a la que siguieron la recuperación y un auge renovado (1918-1921); vino luego otra recesión (1921-1924) seguida una vez más de una expansión que continuó hasta 1929[2]. Las recesiones presentaban muchos de los rasgos de las que se habían producido a mediados del decenio de 1870 y comienzos del de 1890. Fueron el resultado de las contracciones de los mercados de exportación de Argentina y de un descenso de los precios de exportación de los productos básicos. Ello provocó diversas crisis de la balanza de pagos que el descenso de las importaciones acababa corrigiendo, pero a costa del descenso de los ingresos públicos. Al igual que las de 1873 y 1890, la depresión de 1913 se vio exacerbada por el cese de las inversiones extranjeras. En 1914 se abandonaron los programas de convertibilidad del patrón oro y el peso creados en 1899. (Posteriormente volvieron a ponerse en práctica sólo durante un breve periodo de dos años entre 1927 y 1929). Tanto la depresión de 1913 como la de 1921 provocaron paro en las ciudades y en el campo por igual, la caída de los precios de la tierra urbana y rural, numerosas quiebras y serias restricciones al crédito. En cambio, durante este periodo Argentina logró evitar crisis de la deuda exterior como la de 1890. En 1913 alrededor de las tres cuartas partes de las inversiones extranjeras eran privadas, y el gobierno estaba en gran medida exento de su anterior obligación de proporcionar beneficios mínimos garantizados basados en el oro.

La depresión de 1913 empezó cuando el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés para corregir un déficit de la balanza de pagos británica y contener la incertidumbre financiera causada por las guerras de los Balcanes. Se registró entonces una salida neta de capital de Argentina por medio del reembolso de intereses y amortizaciones. La crisis se intensificó con la caída de los precios mundiales de los cereales y la carne y con la mala cosecha de 1913-1914. Al cabo de unos meses, cuando las cosas parecían mejorar, el estallido de la guerra en Europa y la retirada de barcos de alta mar dejaron el comercio exterior casi paralizado por completo, obligando al gobierno de Victorino de la Plaza a imponer una moratoria financiera durante todo el mes de agosto de 1914. Durante el año siguiente, las exportaciones mejoraron un poco. Pero para entonces, al dedicarse Gran Bretaña y Francia a la producción de municiones e imponerse un bloqueo contra Alemania, crecieron las escaseces de importaciones, que sólo en parte corrigieron las procedentes de Estados Unidos.

La depresión persistió hasta finales de 1917. A partir de entonces los precios de las exportaciones avanzaron rápidamente al ser estimulados por la demanda de guerra. Este fenómeno fue especialmente notable en el caso de la carne congelada y en conserva, pues las tropas aliadas en el frente occidental la consumían en cantidades enormes. Las ganancias de exportación, que en 1913-1914 fueron de alrededor de 400 millones de pesos oro, eran ya casi el triple en 1919-1920: 1.100 millones. Aun así, la subida de los precios de exportación fue muy inferior a la de los de importación: la aguda escasez mundial de artículos manufacturados hizo que los términos de intercambio se inclinaran sensiblemente contra los productores básicos. El volumen de las importaciones argentinas descendió de los 10 millones de toneladas que, según estimaciones, alcanzaron en 1913, y que en su mayor parte eran de carbón, a sólo 2,6 millones en 1918. A pesar de ello, su coste, hinchado al cuadruplicarse las tarifas de carga durante la guerra, aumentó más del doble, y de alrededor de 400 millones de pesos oro en 1913-1914 pasó a ser casi de 850 millones en 1919-1920. Como fue país neutral durante toda la contienda, Argentina se libró de la destrucción material provocada por la guerra, incluidas las depredaciones de los submarinos en el Río de la Plata. Pero no pudo aislarse de los efectos negativos que el conflicto surtió en la economía.

Hasta 1918 hubo en Buenos Aires una tasa de paro muy elevada, lo cual era poco característico de la ciudad. En situaciones parecidas del pasado había sido posible «exportar» paro por medio de la salida de ex inmigrantes. Aunque después de 1913 los emigrantes superaron siempre en número a los inmigrantes por primera vez desde 1890, la tremenda subida de las tarifas marítimas y la escasez de barcos obstaculizaron el funcionamiento del mecanismo de escape normal, reteniendo una parte del paro en la propia Argentina. En 1914 se estimó que entre el 16 y el 20 por 100 de la población activa de Buenos Aires estaba desempleada. A pesar de la emigración, el paro no desapareció del todo hasta 1918. Los primeros tres años de la guerra, por consiguiente, provocaron un descenso en los salarios, una prolongación de la jornada laboral y condiciones muy poco propicias para los sindicatos. No hubo huelgas importantes entre el último año de prosperidad de antes de la guerra, 1912, y finales de 1916. La contienda afectó además al sector público. Después de 1913, al disminuir las importaciones, el gobierno De la Plaza se encontró ante un descenso de los ingresos arancelarios, que eran su principal fuente de dinero. También se vio obligado a emplear una parte mayor de estos ingresos en el pago de la deuda exterior. Igual que a mediados del decenio de 1870 y principios del de 1890, la depresión obligó al gobierno a efectuar esfuerzos vigorosos por reducir sus gastos. De la Plaza suspendió los programas de obras públicas y recortó cuidadosamente los gastos de la administración cotidiana. Estas medidas hicieron que el paro aumentase. También provocaron numerosas quiebras de empresas. Las provincias y los municipios tomaron medidas similares a las del gobierno central. Todos tuvieron que atenerse a una rígida política de reducción de gastos y austeridad.

El panorama cambió un poco durante la fase alcista del ciclo entre 1917 y 1921. En ese momento, en el que se produjo la mayor subida de los precios de exportación, los intereses hacendados y comerciales disfrutaron de una bonanza sin precedentes. En 1918 corrió la noticia de que algunas de las plantas de preparación de carne obtenían un beneficio de cerca del 50 por 100 del capital invertido. Con todo, poco alivio inmediato hubo para otros sectores de la población. En lugar del paro, llegó rápidamente la inflación cada vez mayor, así como una marcada redistribución de la renta contra las clases medias y especialmente las bajas. Exceptuando los alquileres, que permanecieron bastante estables a causa de la emigración durante la guerra, la inflación afectó profundamente a todos los componentes principales del consumo popular. El precio de los alimentos aumentó en un 50 por 100 entre 1914 y 1918. El precio de las prendas de vestir sencillas, que normalmente se importaban en su mayor parte, se multiplicó por tres. Las manufacturas textiles del país, para las cuales se usaba principalmente lana, poco aliviaron la situación. Contribuyeron a reducir el paro, aunque quizá más entre las mujeres que entre los hombres, pero no lograron contener el alza de los precios. Para muchas familias de clase obrera de Buenos Aires, los niveles de salarios reales incluso se redujeron a la mitad entre el comienzo de la depresión en 1913 y el armisticio de noviembre de 1918[3]. El descenso del paro y la disminución de los niveles de vida resultaron ser una combinación explosiva. La anterior quietud del mundo del trabajo terminó bruscamente. Entre 1917 y 1921 los sindicatos argentinos florecieron en una escala como nunca antes se había visto y que no se repetiría hasta el decenio de 1940; crecieron el número, la intensidad y, finalmente, la violencia de las huelgas, que antes tanto brillaban por su ausencia.

Mientras tanto, durante toda la guerra las importaciones y, por lo tanto, los ingresos continuaron bajando. En espera de que se efectuasen cambios en el sistema fiscal que redujeran la dependencia de los ingresos en concepto de derechos de importación, contraer nuevas deudas era lo único que podía hacer el gobierno para aliviar su necesidad de economizar. Lo consiguió hasta cierto punto adquiriendo algunos préstamos a corto plazo de bancos de Nueva York y recurriendo a emisiones de obligaciones internas. Entre 1914 y 1918, al contraerse nuevas deudas, la deuda pública flotante casi se multiplicó por tres, pasando de 256 millones de pesos papel a 711 millones. Sin embargo, los 421 millones a que ascendieron los gastos totales en 1918 eran más o menos lo mismo que en 1914 y no muy superiores a la cifra de 375 millones correspondiente a 1916, la más baja de todo el periodo. Esto volvió a cambiar espectacularmente cuando se reanudó la afluencia de importaciones después del armisticio. A partir de entonces el gasto público experimentó un incremento rápido. En 1922 alcanzó 614 millones de pesos papel, casi un 50 por 100 más que en 1918[4].

La depresión de la posguerra que empezó en 1921 volvió a provocar desempleo, además de la caída del movimiento sindical, un descenso de las importaciones y otras disminuciones de los ingresos públicos. En 1920 las importaciones se valoraron en 2.120 millones de pesos papel, mientras que en 1922 la cifra fue de sólo 1.570 millones. Debido a un incremento de los aranceles en 1920, los ingresos bajaron durante el mismo periodo en sólo 20 millones: de 481 millones a 461 millones. Con todo, como el gasto público ascendió de 503 millones a 614 millones, la deuda flotante del gobierno también experimentó un incremento notable: de 682 millones a 893 millones. Por lo demás, el principal efecto de la depresión de la posguerra se hizo sentir en el sector de la ganadería al terminar el gran auge anterior. Después de ello se produjo el retorno a la agricultura.

Durante los últimos años del decenio de 1920 gran parte del crecimiento real del sector rural tuvo lugar más allá de la región de las pampas. En el noroeste, Salta y Jujuy pasaron a ser productoras de azúcar junto con Tucumán. En 1920 Salta y Jujuy aportaron menos del 16 por 100 de la producción azucarera nacional. En 1913 la cifra había subido hasta situarse en casi un 26 por 100. La región azucarera más septentrional difería de Tucumán en que la producción se efectuaba principalmente en grandes plantaciones. A partir del decenio de 1920 y hasta bien entrado el decenio siguiente, era común que los propietarios de ingenios de Tucumán compraran plantaciones en el norte. Algunas las destinaban a producir caña. Otras, al parecer, las adquirían para captar a la población trabajadora campesina y hacerla trabajar en las plantaciones[5]. Hubo un nuevo crecimiento de la producción de fruta en el valle de Río Negro, de algodón, arroz, cacahuetes y mandioca en el Chaco, y de fruta y yerba mate en Misiones. La producción nacional de algodón en rama se incrementó de un promedio anual de 6.000 toneladas entre 1920 y 1924 a 35.000 toneladas en 1930-1934. El incremento de la yerba mate fue de 12.000 a 46.000 toneladas. Río Negro, el Chaco y Misiones crecieron rápidamente con la infusión de nuevos inmigrantes europeos y la extensión de la agricultura en pequeña escala. Los tres lugares eran territorios nacionales que se administraban desde Buenos Aires y en este periodo el gobierno central interpretó un papel positivo en la colonización. De resultas de ello, en 1930 la agricultura capitalista a pequeña escala ya había arraigado y su importancia era significativamente mayor que antes de la guerra. En cambio, todas estas regiones dependían mucho de la mano de obra campesina, contratada y barata. Se trajo a gran número de chilenos a las granjas de Río Negro y Neuquén, y de paraguayos, chaqueños y correntinos a las del noreste[6].

Después de 1913 la industria nacional en conjunto creció más o menos al mismo ritmo que la economía en general, aunque el incremento fue mucho más rápido después de la guerra que durante la misma. Tomando el año 1950 como base 100, el índice de producción industrial fue de 20,3 en 1914 y de 22,1 en 1918. En 1929, empero, ya llegaba a 45,6. Durante la guerra, la tasa anual de incremento del índice fue de 0,36 y, después de ella, de 2,10[7]. Durante el decenio de 1920 la industria también se diversificó hasta cierto punto en campos tales como los bienes de consumo duraderos, los productos químicos, la electricidad y, especialmente, los metales. A finales de dicho decenio la industria metalúrgica avanzó. Entre 1926 y 1929 el índice de producción creció de 29 a 43 (1950 = 100)[8]. Aun así, la mayor parte del incremento total de la manufactura se registró de nuevo en las industrias ligeras y tradicionales, continuando con ello la pauta de los años anteriores a 1914. Mientras tanto, la industria textil permanecía en gran parte estancada. El crecimiento de la manufactura tampoco afectó al elevado coeficiente de importaciones de Argentina, que siguió siendo más o menos el mismo que en 1914, es decir, alrededor del 25 por 100.

En el decenio de 1920 entró en Argentina un volumen de inversiones extranjeras mucho más pequeño en comparación con el periodo de antes de la guerra. La fuente principal de estas inversiones eran ahora los Estados Unidos. Durante este periodo las inversiones norteamericanas casi doblaron a las británicas. En 1930 ya representaban alrededor de un tercio de las inversiones británicas tras subir de los 40 millones de pesos oro que se estiman para 1913 a 611 millones en 1929. Mientras que antes los norteamericanos se interesaban casi exclusivamente por el negocio de la carne, ahora se dedicaron también a prestar dinero al gobierno, a exportar y a invertir en la industria del país. Entre 1924 y 1933 se fundaron en Argentina 23 filiales de compañías industriales norteamericanas; otros artículos norteamericanos se fabricaban en Argentina bajo licencia. A primera vista, esto inducía a pensar en la creciente madurez de la economía y de su capacidad de diversificarse más allá de las exportaciones agrarias, así como de generar nuevas fuentes de empleo. No obstante, en el decenio de 1920 la industria volvió a crecer sin cambiar mucho la estructura económica básica. Petróleo aparte, de ella salieron relativamente pocas continuidades hacia atrás. La maquinaria, todavía mucho combustible, las materias primas y la tecnología de las compañías norteamericanas o de las empresas nacionales que usaban patentes norteamericanas eran en gran parte importados. El resultado total de ello fue aumentar la factura de las importaciones, y hacer que la manufactura y el empleo urbano continuasen dependiendo de las ganancias de exportación.

Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones de los Estados Unidos creó tirantez en las relaciones de Argentina con Gran Bretaña. El valor de las importaciones de Estados Unidos fue de 43 millones de pesos oro en 1914. Después, la cifra alcanzaría 169 millones en 1918 y 310 millones en 1920. La tendencia continuó durante todo el decenio de 1920. En 1929 las exportaciones norteamericanas a Argentina se valoraron en 516 millones de pesos oro. Durante la guerra, los norteamericanos avanzaron principalmente a expensas de Alemania, pero al terminar la contienda fue a expensas de los británicos, que en el decenio de 1920 se encontraron ante un serio desafío en un mercado que habían dominado en gran parte durante los últimos cien años. La participación británica en el mercado argentino descendió del 30 por 100 en 1911-1913 a sólo el 19 por 100 en 1929-1930, al mismo tiempo que la norteamericana subía del 15 al 24 por 100. Aunque los ingleses aumentaron sus exportaciones de carbón y material ferroviario a Argentina, no pudieron competir con los norteamericanos en el caso de las mercancías cuya demanda crecía con la mayor rapidez: automóviles y bienes de capital para la agricultura y la industria. A estos cambios en el comercio de importación no les siguieron otros parecidos en el de exportación: Argentina no logró conquistar mercados estables y crecientes en los Estados Unidos. A pesar de un incremento temporal durante la guerra, las exportaciones a los Estados Unidos, que supusieron un 6,3 por 100 del total en 1911-1913, no pasaron del 9,3 por 100 en 1928-1930. En las postrimerías del decenio de 1920, el 85 por 100 de las exportaciones argentinas todavía iban destinadas a la Europa occidental. De hecho, la tendencia de las exportaciones era casi exactamente la contraria de la que seguían las importaciones. Aunque Argentina compraba ahora relativamente mucho menos a Inglaterra, sus exportaciones a dicho país crecieron del 26,1 por 100 en 1911-1913 al 32,5 por 100 en 1928-1930: el país estaba diversificando las fuentes de sus importaciones, pero reduciendo sus mercados de exportación.

LA POLÍTICA EN LA GUERRA Y EN LA POSGUERRA

Yrigoyen, 1916-1922

En el plano político, los años comprendidos entre 1916 y 1930 fueron testigos del primero y al mismo tiempo más prolongado de los numerosos y fallidos experimentos de democracia representativa que llevó a cabo Argentina. Junto con el vecino Uruguay, Argentina se adelantó a las demás naciones latinoamericanas en la empresa de crear el sistema político y las instituciones políticas más característicos de las sociedades occidentales avanzadas en los primeros años del siglo XX. En 1921 la antigua clase gobernante, empujada por su ala progresista, la que encabezaba Roque Sáenz Peña, que fue presidente de 1910 a 1914, había reformado el sistema político en gran parte porque quería legitimar y estabilizar su propia autoridad. Desde la aparición de la Unión Cívica Radical a principios del decenio de 1890, se había debilitado gradualmente la confianza en la durabilidad del gobierno de la oligarquía. A raíz del fracaso de la insurrección de 1905, los radicales habían empezado a ensanchar su base de poder y habían hecho numerosos prosélitos entre las florecientes clases medias urbanas y rurales. Actuando de modo semiclandestino, continuaban amenazando con derribar el orden existente por medio de la fuerza a menos que se satisficieran sus exigencias de «democracia» y «restauración de la constitución». Otro foco de desafección era la clase obrera de Buenos Aires. Después de 1900 hubo una serie de huelgas generales, a veces violentas, encabezadas por los anarquistas. Cuando Sáenz Peña fue elegido en 1910, muchos sospechosos de anarquismo ya estaban en la cárcel o habían sido deportados y el movimiento parecía desarticulado. Sin embargo, la mayoría de las condiciones que habían provocado la agitación urbana seguían igual que antes. En su ley de reforma electoral de 1912, respondiendo a esta doble amenaza para la estabilidad, Sáenz Peña prometía el sufragio para los varones adultos, la representación de las minorías en el Congreso y el fin del fraude electoral. A su modo de ver, el orden político era esencial para que continuara la expansión económica:

No nos engañemos; si nuestro agradecimiento ha comenzado, es porque hemos demostrado el poder incontrastable de la Nación, inspirando seguridades de paz, de reposo, y de confianza. Yo no apoyaré la opresión, pero condeno las revoluciones que la sustituyen o la agravan, y pienso que no habremos de consolidar nuestro presente sino por el perfeccionamiento gradual dentro del orden[9].

Refiriéndose a los radicales, Ramón Cárcano, uno de los partidarios de Sáenz Peña en el Congreso, declaró:

Después de veinte años existe en el país un partido orgánico, popular, exaltado y pujante, que ha levantado la libertad de sufragio como bandera y proclamado francamente la revolución como único resorte para conquistar sus ideales… Durante un cuarto de siglo, el gobierno y la Nación han vivido venciendo a la rebelión estallada, o temiendo a la rebelión por estallar… Cambiar de sistema electoral es no sólo cambiar la política, es hacer en esta hora crítica la única política que la Nación reclama, la política de desarme; que elimina la abstención y la rebelión; que incorpora todas las fuerzas militantes a la vida electoral; la política de coparticipación y concordancia, de libertad, sostenida por la paz y la buena fe[10].

Aparte de satisfacer a los radicales, lo que se pretendía era dar a las asociaciones obreras de carácter moderado, especialmente al Partido Socialista (fundado en 1894), una oportunidad de desplazar a los anarquistas. Un miembro conservador del Senado Nacional de 1912, Benito Villanueva, sugirió: «Nada [hay] más urgente en este momento que abrir esa válvula y dar entrada a dos o tres socialistas en el Congreso, sobre todo en esta época de agitación obrera en que van a discutirse leyes sobre huelgas y sobre reglamentación del trabajo»[11]. Por último, Sáenz Peña y su grupo también albergaban la esperanza de azuzar a las facciones oligárquicas para que creasen un partido conservador fuerte y unido que fuese capaz de ganarse un amplio apoyo popular. En 1912 parecía haber todas las perspectivas de que estos objetivos se cumplieran. Al finalizar su presidencia en 1916, Sáenz Peña podría entregar la misma a un conservador progresista como él fortalecido por el hecho de haber conquistado la presidencia franca y limpiamente en los comicios. Esto debilitaría a los radicales, al mismo tiempo que les privaría de su principal pretexto para llamar a la revolución. Si no lograba domesticar a los obreros, fortalecería la manos del gobierno en el caso de que se reanudasen los conflictos.

Después de 1912 los acontecimientos tomaron un rumbo muy distinto del que se había previsto. Si bien el Partido Socialista obtuvo mucho apoyo electoral en la ciudad de Buenos Aires, no consiguió hacerse con el control de los sindicatos obreros. Aunque el anarquismo siguió decayendo, en su lugar surgió un nuevo movimiento sindicalista que en 1915 se apoderó de la principal federación sindical, la Federación Obrera Regional Argentina. Mientras tanto, el Partido Radical experimentó un crecimiento espectacular en todo el país. Los conservadores, sin embargo, quedaron estancados. Sus esfuerzos por democratizarse sólo fueron afortunados en parte: a diferencia de sus principales rivales, no alcanzaron a crear un movimiento nacional unido. Después de 1912 se escindieron entre los partidarios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y el líder del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, cuya base estaba en Santa Fe. Hasta cierto punto esta falta de unidad era un síntoma de depresión económica; después de 1912 la caída de los precios de la tierra, las restricciones al crédito y la disminución de las ganancias de exportación desmoralizaron de forma creciente al grupo conservador. Sáenz Peña no hizo nada por detener el proceso de fragmentación y decadencia y cuando murió de cáncer en agosto de 1914, las cosas ya habían empeorado en exceso para que fuera fácil ponerles remedio. El sucesor de Sáenz Peña en el cargo de presidente, el financiero septuagenario Victorino de la Plaza, pronto sufrió las repercusiones económicas de la guerra y pocas oportunidades tuvo de maniobrar políticamente. El resultado imprevisto de las elecciones de 1916 fue, pues, una victoria para el Partido Radical y su líder Hipólito Yrigoyen, aunque por un margen mínimo.

La elección de Yrigoyen para la presidencia en los primeros comicios nacionales que se celebraban con el sufragio universal para los varones adultos, los de 1916, fue reconocida por todos como el principio de una nueva era en el desarrollo político del país. El nuevo partido gobernante abarcaba grandes segmentos de la población que antes habían gozado de poca representación real. Era de esperar que pidiesen innovaciones. Pero, a pesar de su derrota y de la desconfianza que Yrigoyen les inspiraba, los conservadores no se alarmaron demasiado. Al aceptar el juego político electoral, los radicales parecían haber abandonado la idea de la revolución. Yrigoyen no había dicho nada que indujese a pensar que se hubiera comprometido a efectuar cambios importantes. A pesar del considerable apoyo que recibía de la clase media, su partido abarcaba un buen número de miembros de la élite. Las elecciones recientes poco habían hecho salvo cambiar al presidente. Los conservadores mismos dominaban el Congreso mediante su mayoría aplastante en el Senado. Controlaban con firmeza muchas de las provincias. Su influencia permanecía también intacta en otras instituciones destacadas: el ejército, la Iglesia, la Sociedad Rural y otras. Habían creado la democracia popular por concesión; lo que habían dado también podían quitarlo. Ya que había ganado su puesto tanto por gentileza de la antigua clase gobernante como por sus propios esfuerzos, Yrigoyen disfrutó de un mandato muy condicional: defendería el statu quo al mismo tiempo que reduciría el nivel de agitación popular.

La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) distó mucho de ser la plácida transición hacia la democracia representativa que habían esperado los conservadores. Influyó mucho en ella la inflación que se registró durante la guerra, que alteró la distribución de la renta entre las principales clases sociales; también acusó mucho la influencia de los ciclos de depresión y prosperidad que abarcaron la totalidad del periodo comprendido entre 1916 y 1922. Como hemos visto, la inflación fue la causa de un prolongado brote de malestar entre la clase obrera de Buenos Aires y de otras partes del país. Sus episodios principales fueron una huelga general en Buenos Aires en enero de 1919 y numerosas manifestaciones de agitación entre los trabajadores rurales de la Patagonia en 1920-1922. Los ciclos económicos hicieron fluctuar las importaciones y, por consiguiente, los ingresos públicos. A su vez, los ingresos afectaron de modo importantísimo la capacidad del gobierno de mejorar su apoyo popular y reducir la influencia de la oposición conservadora. Tuvieron mucho que ver con sus relaciones con los estratos superiores de la clase media, que tenían derecho de sufragio, muchos de cuyos miembros trabajaban en la administración pública. Hasta 1919 el gobierno radical cultivó a la clase media principalmente apoyando el cambio y la expansión de la educación universitaria. Después optó por apoyarse de forma creciente en los vínculos de patronazgo. A plazo más largo, Yrigoyen se vio empujado por una serie de fuerzas que le obligaron a reducir su base política, que acabaría consistiendo en su mayor parte en la clase media. De ello nacieron fisuras clasistas en la política argentina que influyeron mucho en el derrocamiento de Yrigoyen en 1930.

Al principio hubo una clara continuidad entre la nueva administración radical y sus predecesoras de signo conservador. Yrigoyen cultivó cuidadosamente el apoyo de estamentos conservadores como la Iglesia, y su gabinete lo integraban miembros de las élites tradicionales. La mayoría de ellos estaban afiliados a la Sociedad Rural, principal guardiana de los intereses de los ganaderos. También había continuidad en los asuntos internacionales, puesto que Yrigoyen reafirmó la neutralidad en la guerra. Durante sus primeros meses en el cargo, el nuevo presidente irritó una y otra vez a la opinión conservadora con sus maniobras políticas secretas y su actitud desdeñosa ante el protocolo, haciendo caso omiso, por ejemplo, de la costumbre de asistir a la apertura del Congreso. Sin embargo, en los asuntos generales, se comportó casi siempre de modo convencional.

Las propuestas legislativas que el nuevo gobierno presentó al Congreso a finales de 1916 eran medidas que se debatieron públicamente durante algún tiempo y cuyo contenido se consideraba moderado. El gobierno solicitó fondos para nuevos programas de colonización en tierras del Estado; un fondo de urgencia para socorrer a los agricultores afectados por una sequía reciente; un nuevo banco del Estado que proporcionara más créditos para la agricultura, y la adquisición de barcos con el fin de resolver el problema de los elevados fletes de guerra. Además, en 1918 propuso que se introdujera un impuesto sobre la renta. El error que cometió Yrigoyen en 1916 fue pedir al Congreso la elevada suma de 100 millones de pesos papel para poner en práctica todas estas medidas. Los conservadores sacaron inmediatamente la conclusión de que los fondos se emplearían para fines partidistas. El Congreso alegó que era necesario economizar y denegó el dinero solicitado. Más que oponerse a las medidas propiamente dichas, lo que no quería hacer el Congreso era conceder al ejecutivo la independencia financiera que hubiera entrañado acceder a la petición: Yrigoyen causaría menos problemas si los recursos de que disponía eran mínimos. Disputas de esta clase sobre la concesión y la disposición de fondos públicos continuaron suscitándose durante toda su presidencia y fueron la causa principal de la creciente desavenencia entre el gobierno y la oposición conservadora. Hubo varios años en que el Congreso no votó el presupuesto anual, a lo cual respondió el gobierno efectuando desembolsos por simple resolución del gabinete. Después de 1919 este pasó a ser el principal método que utilizaba Yrigoyen para incrementar el gasto público. Las discusiones constantes entre el ejecutivo y el Congreso por asuntos financieros fueron una de las razones principales de que la acción legislativa del gobierno resultara un tanto limitada antes de 1922. El logro más importante de Yrigoyen fue la creación en 1920 de un banco hipotecario agrícola al amparo de la ley n.º 10.676. A partir de entonces, los agricultores gozaron de condiciones de crédito más liberales para la adquisición de tierras. La ley ayudaba a las actividades de colonización en los límites exteriores de las pampas y en los territorios nacionales[12].

El presidente sólo podía imponerse al Congreso cambiando la composición del mismo y obteniendo una mayoría. Para ello tenía que controlar las provincias y suplantar a los gobernadores conservadores y sus maquinarias de partido. Al igual que Roca, Pellegrini y Figueroa Alcorta antes que él, Yrigoyen recurrió a la intervención federal. Las intervenciones en las provincias y los problemas electorales relacionados con ellas dieron origen a algunas de las polémicas más feroces durante los primeros tres años de su presidencia. La más seria tuvo lugar a principios de 1917 cuando Yrigoyen, haciendo caso omiso de la afirmación del Congreso en el sentido de que en tales asuntos eran necesarias las leyes, decretó la intervención en la provincia de Buenos Aires contra Marcelino Ugarte. En total, durante los seis años de su gobierno hubo la cifra sin precedentes de 20 intervenciones federales, 15 de ellas por decreto. La mayoría, sin embargo, se suscitaron después de 1918, cuando la lucha por el poder entre radicales y conservadores entró en su fase más intensa. Asimismo, casi todas las intervenciones se hicieron en las atrasadas provincias del interior, donde el control del ejecutivo y de su reserva de patronazgo, empleos y créditos era la clave de la dominación política. Gracias en gran parte a la intervención federal, en 1918 los radicales obtuvieron una mayoría en la cámara nacional de diputados. Lo que no lograron fue hacerse con el control del Senado, cuyos miembros gozaban de un largo ejercicio del cargo: nueve años renovables por tercios cada trienio[13].

Antes de 1919 el gobierno radical procuró reforzar sus vínculos con las clases medias apoyando el movimiento de reforma universitaria, La Reforma, que empezó en Córdoba en el año 1918 tras la creciente agitación protagonizada por los que pedían cambios en la educación superior. En aquel entonces había en Argentina tres universidades: la de Córdoba (fundada en 1617 por los jesuitas), la de Buenos Aires (1821) y la de La Plata (1890). El número de alumnos de estas instituciones había crecido de alrededor de 3.000 en 1900 a 14.000 en 1918. Durante un decenio o más antes de 1918 aumentaron en Córdoba las tensiones entre el orden clerical e invariable que gobernaba la universidad y las nuevas clases medias de origen inmigrante, cada vez más representadas en el estudiantado. Durante la guerra, las viejas exigencias de que se mejorara la enseñanza universitaria y se modernizara el plan de estudios se radicalizaron a causa de acontecimientos que ocurrieron fuera del país, especialmente las revoluciones rusa y mexicana. El movimiento reformista empezó en Córdoba con una serie de huelgas combativas y un torrente de manifiestos, todo ello organizado por un nuevo sindicato estudiantil, la Federación Universitaria Argentina. Los estudiantes exigían estar representados en el gobierno de la universidad, que se reformara el procedimiento con que se efectuaban los exámenes y que se pusiera fin al nepotismo en el nombramiento de los catedráticos. Durante gran parte de 1918 reinó la confusión en la Universidad de Córdoba y la ciudad que le daba nombre. En el año siguiente las huelgas estudiantiles se propagaron a Buenos Aires y La Plata.

El gobierno radical apoyó en todo momento a los estudiantes. En 1918 Yrigoyen envió a Córdoba delegados personales que eran favorables al movimiento reformista. Los delegados llevaron a cabo muchos de los cambios que los estudiantes juzgaban necesarios y procuraron establecer vínculos entre los vagos ideales democráticos del radicalismo y el difuso conjunto de doctrinas que emanaba del movimiento partidario de la reforma. Más adelante, el gobierno puso en práctica reformas parecidas en la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, las tres universidades recibieron estatutos nuevos que supuestamente garantizaban su autonomía, pero que, en realidad, las colocaban más directamente bajo el control del gobierno central. Cuando en 1919 y 1921 se crearon universidades nuevas en Santa Fe y Tucumán, en ellas se implantó el mismo régimen. Durante mucho tiempo el apoyo del gobierno radical a la reforma de la universidad se consideró como uno de sus logros más positivos y duraderos. En este caso Yrigoyen se las arregló para atacar una de las manifestaciones de los privilegios de clase, así como para asociarse con la democratización, sin verse burlado por la oposición conservadora.

Sus contactos con la clase obrera y los sindicatos de Buenos Aires fueron mucho menos fructíferos debido a la aguda rivalidad entre los radicales y los socialistas, deseosos ambos de obtener una mayoría popular en la capital. La competencia entre los dos partidos empezó durante las primeras elecciones que se celebraron en la ciudad al amparo de la ley Sáenz Peña en 1912 y persistió durante todo el periodo hasta 1930. En 1912 los socialistas ya obtenían más de 30.000 votos en la ciudad. Esta cifra se dobló más adelante y luego se triplicó cuando conquistaron una posición estable entre el electorado. El Partido Socialista, empero, era controlado por intelectuales de clase media y, si bien su mayor fuerza electoral radicaba en los obreros, también atraía a muchos administrativos y pequeños comerciantes. Su programa daba poca importancia a la socialización de la propiedad y se preocupaba más que nada por proteger los intereses de los consumidores urbanos. La principal debilidad del partido, fruto en gran medida de sus actitudes moderadas, era carecer del respaldo de los sindicatos. Antes de 1910 fue vencido constantemente por las maniobras de los anarquistas y después por las de los sindicalistas, los cuales, como hemos visto, en 1915 pasaron a dominar la principal federación obrera de Buenos Aires, la FORA. El objetivo principal de los radicales era explotar esta fisura entre el partido y el sindicato y ganarse los votos de los afiliados a éste.

La competencia por el voto obrero, que ya fue uno de los asuntos más importantes de las elecciones presidenciales celebradas en Buenos Aires en 1916, continuó con la misma intensidad cuando Yrigoyen ocupó el poder. La ofensiva radical comenzó a finales de 1916 al declararse una huelga en el puerto de Buenos Aires. La huelga la organizó un grupo llamado Federación Obrera Marítima, que era una asociación encabezada por sindicalistas. Éstos eran una especie un tanto distinta de sus predecesores anarquistas. En su mayor parte no eran inmigrantes, sino hombres nacidos en Argentina. Proclamaban el objetivo de la revolución de clase, pero sin hacer nada por ponerla en práctica, y lo que les interesaba eran casi exclusivamente las cuestiones salariales. Yrigoyen vio en la huelga marítima la oportunidad de mejorar su reputación entre la clase obrera y debilitar a los socialistas. Al empezar la huelga, las autoridades respondieron con una serie de medidas que inducían a pensar que simpatizaban con la causa de los trabajadores. Hicieron gala del hecho de no haber recurrido a medidas policiales para sofocar el conflicto, como se acostumbraba a hacer hasta entonces. En vez de ello, se hizo comparecer a varios líderes sindicales ante miembros del gobierno y se les instó a aceptar el arbitraje de los mismos. Finalmente se resolvió la huelga de un modo que satisfacía la mayor parte de las reivindicaciones de los obreros.

La intervención del gobierno en esta huelga y en otras se convirtió rápidamente en un serio asunto político. Durante un tiempo granjeó a los radicales cierta popularidad entre los sindicatos y los electores obreros, lo cual les ayudó a vencer a los socialistas en las urnas. En las elecciones de 1916 para el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, los radicales obtuvieron 59.061 votos, es decir, el 47,1 por 100 del total; en 1918 la cifra fue mayor: 74.180 votos, equivalentes del 51,7 por 100 del total. Pero estos triunfos electorales se lograron a costa de la vehemente oposición de los conservadores, que rápidamente fue más allá del Congreso y la prensa y abarcó a las principales asociaciones de intereses especiales, a cuya cabeza se encontraba la Sociedad Rural. En 1917 y 1918 las huelgas se propagaron más allá de Buenos Aires y afectaron a las compañías ferroviarias británicas. En este sector, debido principalmente al elevado coste del carbón importado durante la guerra, las condiciones de trabajo habían empeorado, a la vez que descendían los salarios. Cuando pareció que el gobierno volvía a tomar partido por los huelguistas, la oposición se propagó a los intereses comerciales británicos, que acusaron al gobierno de ser pro alemán. Empujada a actuar por destacadas compañías británicas, la patronal creó una asociación contra las huelgas, la Asociación Nacional del Trabajo, que se comprometió a hacer la guerra total contra los «agitadores» sindicales.

Durante varios meses el mundo laboral permaneció bastante tranquilo. Luego, a principios de enero de 1919, el descontento obrero volvió a despertar súbitamente, con intensidad aún mayor. Este episodio, al que más adelante se llamaría la Semana Trágica, fue fruto de una huelga de trabajadores metalúrgicos que comenzó en los primeros días de diciembre de 1918. La industria metalúrgica tal vez había sufrido más que cualquier otra durante la guerra. Dependía por completo de materias primas de importación en unos momentos en que los precios habían alcanzado niveles astronómicos de resultas de las elevadas tarifas de carga y de la escasez mundial debida a la fabricación de armas. Al subir los precios de las materias primas, los salarios habían bajado. Al finalizar la guerra, la situación de los obreros metalúrgicos era desesperada. La huelga era una lucha por la supervivencia. Inmediatamente se registraron actos de violencia y la policía tuvo que intervenir. Cuando los huelguistas mataron a un agente de la policía, ésta respondió con una emboscada. Dos días después cinco personas resultaron muertas en una refriega entre los dos bandos.

El incidente provocó la erupción de la ciudad. Sin prestar oídos a los ruegos de moderación que hacían los sindicalistas, los trabajadores atacaron en masa y formaron una gran procesión que recorrió la ciudad para homenajear a las víctimas del ataque de la policía. Hubo más brotes de violencia. Las cosas iban complicándose a una velocidad que paralizó al gobierno. Al titubear éste, intervino el ejército. Bajo el mando del general Luis F. Dellepiane, ex jefe de la policía de Buenos Aires, destacamentos militares con artillería y ametralladoras procedieron a sofocar los disturbios. Dellepiane llevó a cabo su tarea con poca dificultad. Los huelguistas fueron dispersados rápidamente. Al poco, lo único que quedaba del movimiento eran algaradas esporádicas motivadas por la escasez de alimentos.

Durante todos estos acontecimientos, Yrigoyen se mantuvo casi siempre en un segundo plano, sin decir nada. Era consciente de la peligrosa oleada de oposición que se estaba levantando en los círculos militares y navales. La causa no era sólo su política laboral, sino también los malabarismos que el presidente hacía con los ascensos militares, para favorecer a los simpatizantes de los radicales, y la utilización del ejército durante las recientes intervenciones federales. En enero de 1919 ya había en las fuerzas armadas algunos elementos que estaban dispuestos a derribar a Yrigoyen. En este clima, el gobierno se vio aprisionado en una reacción conservadora empeñada en vengarse de los recientes desórdenes. A raíz de la huelga surgieron numerosas bandas de vigilantes civiles. Después de una instrucción somera y ejercicios de tiro, todo ello a cargo del ejército, los soltaron en las calles. Pero pronto sus actividades se centraron en la comunidad ruso-judía de Buenos Aires. Los miembros de esta comunidad se convirtieron en los blancos principales, pues se creía que la huelga general había sido el preludio de una revolución bolchevique, parte de una supuesta conspiración mundial dirigida desde Rusia para derrocar el capitalismo. En Argentina, como en otras partes de América y de Europa occidental infectadas por temores parecidos, esta sospecha era infundada. A pesar de ello, la reacción que provocó costó la vida a doscientas personas. La xenofobia, unida a los sentimientos contrarios a los obreros, los comunistas y los judíos, fue el instrumento que usaron los conservadores para vencer el aislamiento y la falta de unidad que les habían costado las elecciones de 1916. Habían formado un numeroso movimiento popular, en el que se hallaban encuadrados muchos radicales, y el apoyo del ejército hacía de dicho movimiento un foco de autoridad contra el gobierno, un foco paralelo que en un momento dado podía competir con el gobierno. Cuando la violencia finalmente se apagó, los grupos de vigilantes se organizaron en una asociación que adoptó el nombre de Liga Patriótica Argentina.

En marzo de 1919 se celebraron en la Capital Federal unas importantes elecciones para el Senado. Los radicales consiguieron ganarlas, pero por un margen de sólo 3.000 votos de un total de 99.000. En apenas un año su participación en los votos había descendido de más del 51 por 100 a menos del 40 por 100. Sin embargo, los conservadores, representados por el Partido Demócrata Progresista, vieron cómo de 9.030 votos pasaban a obtener más de 36.000, lo cual se debió a que las clases medias de Buenos Aires empezaban a alejarse de los radicales. Fue a la vez un voto de censura al gobierno por las huelgas recientes y un gesto decidido de apoyo a los conservadores.

A finales de 1920 hubo otra importante racha de agitación, esta vez en la Patagonia. Empezó en las ciudades y luego se extendió entre las grandes estancias dedicadas a la cría de ovejas. Para que la huelga fuese seguida en las zonas más alejadas, sus partidarios se organizaron en bandas armadas. Hubo escaramuzas con los estancieros, los cuales, angustiados, pidieron ayuda a Buenos Aires. La Liga Patriótica alegó que la huelga encubría complots anexionistas chilenos y exigió que se tomaran medidas. Una vez más, Yrigoyen no pudo oponer resistencia. Se organizó una expedición militar que reprimió la huelga en una larga campaña llevada a cabo durante todo 1921 y todo 1922, puntuada por numerosas noticias de brutalidades perpetradas por el ejército[14].

Este prolongado episodio de agitación obrera puso de manifiesto en repetidas ocasiones lo frágil que era la autoridad de Yrigoyen. En un intento de recuperar el apoyo de la nación, el presidente recurrió al populismo y al patronazgo. A partir de mediados de 1919, a medida que las importaciones y los ingresos fueron recuperándose, el gasto público comenzó su empinada ascensión. Las intervenciones federales en las provincias dejaron de ser un arroyuelo para convertirse en un torrente. Repartiendo puestos burocráticos entre sus seguidores y recompensando a los que tenía en las provincias, Yrigoyen recuperó rápidamente su popularidad personal. A finales de 1919 el Senado intentó censurar al presidente, pero fracasó a causa de las maniobras obstruccionistas de los radicales. Al mismo tiempo, la huelga de la Patagonia se aprovechaba en parte para que el ejército y la Liga Patriótica dejaran de prestar atención a la política de Buenos Aires. En las elecciones para el Congreso que se celebraron a principios de 1920, los radicales volvieron a vencer a los socialistas y a los demócratas progresistas y estos últimos obtuvieron muchos menos votos que en anteriores comicios. Después de esto, la amenaza electoral de los conservadores menguó rápidamente. (En 1922, como en 1916, se presentaron divididos a las elecciones presidenciales: los demócratas progresistas obtuvieron solamente el 5,8 por 100 de los votos y un nuevo grupo conservador formado para concurrir a las elecciones presidenciales, la Concentración Nacional, obtuvo otro 12,2 por 100). En el conjunto del país, en 1922 los radicales contaban ya con una organización política que les daba ventaja sobre todos sus adversarios unidos. Pero el frecuente recurso de Yrigoyen a la intervención federal y la política de cuantiosos gastos en un momento en que los ingresos empezaban a descender otra vez durante la depresión de la posguerra provocaron nuevas y duras críticas por parte de los conservadores. Al recompensar a su clientela de clase media, Yrigoyen también provocó fricciones con el sector elitista de su propio partido. Disidentes conservadores y radicales atacaron con crudeza el liderazgo «personalista» del presidente, al que acusaron de fomentar el caos financiero y de colocar a miembros corruptos e incompetentes del partido en puestos clave del gobierno. Algunos predijeron la desintegración si no se detenía el deslizamiento hacia la «demagogia». En 1916 los intereses conservadores aceptaron a Yrigoyen creyendo que protegería la continuidad y la estabilidad. En la mayoría de los campos hubo indudablemente continuidad: las reformas que hicieron los radicales fueron insignificantes. En cambio, en 1922 la estabilidad parecía tan lejana como en cualquier otro momento de los anteriores treinta años.

Alvear, 1922-1928

Con gran alivio de sus adversarios, en 1922 la presidencia de Yrigoyen terminó. Su sucesor, que fue elegido por una gran mayoría de las provincias y por una pluralidad del voto popular contra la oposición conservadora y socialista, fue Marcelo Torcuato de Alvear, miembro de una de las familias más antiguas y más ricas del país. El nuevo presidente ocupó su cargo en el momento culminante de la depresión de la posguerra. De nuevo, el ciclo económico eclipsó algunos de los principales problemas del país: la crisis de la industria cárnica, la reforma arancelaria y la deuda pública. El primero de estos problemas era importante más que nada porque ilustraba el poder que en la política argentina tenían ahora los industriales del sector cárnico. El segundo indicaba que las actitudes decimonónicas ante la protección arancelaria e industrial seguían dominando en gran parte en el decenio de 1920. Mientras tanto, la forma en que Alvear se ocupó de la deuda pública influyó mucho en la política durante todo el decenio de 1920. Fue la razón fundamental de la división del Partido Radical en 1924, de la creciente debilidad de Alvear como presidente y del resurgir de Yrigoyen como líder popular preparado para las elecciones presidenciales de 1928.

La creación de industrias cárnicas norteamericanas y británicas después de 1900 y el aumento de las exportaciones de carne vacuna refrigerada de gran calidad dieron origen a cambios importantes en la cría de ganado. En numerosas zonas de las pampas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se invirtió mucho en mejorar la cabaña, sobre todo el ganado vacuno de cuernos cortos. Al mismo tiempo creció la especialización entre los ganaderos, unos se dedicaron a la cría y otros, al engorde. Durante la guerra, con todo, estas tendencias cesaron bruscamente. El comercio de la carne refrigerada quedó en suspenso, al mismo tiempo que aumentaban rápidamente las exportaciones de carne vacuna congelada y en conserva. Como ahora se exportaba carne de menor calidad, ya no era esencial utilizar ganado de calidad superior ni engordarlo en pastos especiales antes de la matanza. Entre 1914 y 1921 todos los estancieros, prescindiendo de la calidad de su ganado, abastecían a la industria de carne congelada y en conserva y se beneficiaban más o menos en igual medida del auge del sector. Se fundaron varias plantas de preparación de carne en Zárate, Concordia y La Plata. La prosperidad fue más allá de la provincia de Buenos Aires y llegó a regiones ganaderas menos centrales como, por ejemplo, Entre Ríos y Corrientes, donde la mayoría de los rebaños eran de las tradicionales razas criollas. Al mismo tiempo, intereses urbanos de Buenos Aires y Rosario, provistos de abundantes créditos bancarios, comenzaban a dedicarse a la ganadería en gran escala. Entre 1914 y 1921 la cabaña argentina aumentó alrededor del 50 por 100 y pasó de 26 a 37 millones.

El auge terminó en 1921 cuando el gobierno británico dejó de acumular carne argentina, abolió los controles de la carne y empezó a liquidar lo que había acumulado. Comparado con 1918, en 1921 se sacrificaron en Argentina la mitad de reses con destino a la exportación. Los precios también se redujeron a la mitad. La producción de carne vacuna congelada y enlatada, descendió de forma vertiginosa y prácticamente desapareció. Después, el poco comercio que quedó volvió a estar dominado por la carne vacuna refrigerada, tras el intervalo de siete años. Durante un tiempo todos los sectores de la economía ganadera, desde los humildes cultivadores de alfalfa hasta las grandes plantas de preparación como Armour and Swift, sufrieron a causa de la depresión. Pero debido a la organización vertical de la industria, las pérdidas no se repartieron de manera uniforme. Algunos pudieron proteger sus márgenes hasta cierto punto forzando la baja de los precios que pagaban a los sectores que trabajaban para ellos. Este poder y esta libertad de maniobra pertenecían sobre todo a las plantas dedicadas a preparar la carne. Los estancieros con ganado de cuernos cortos también pudieron evitar el efecto pleno de la depresión volviendo al comercio de la carne vacuna refrigerada, mientras los especialistas del engorde podían seguir la iniciativa de las plantas de preparación y recortar los precios que pagaban a los criadores. Aparte de éstos, las principales víctimas de la depresión fueron los propietarios de ganado de Entre Ríos y Corrientes, que habían cometido el error de invertir excesivamente en ganado criollo, y los diversos especuladores que actuaron durante la guerra, que se encontraban igualmente sobrecargados de rebaños inútiles y tenían que hacer frente a elevadísimas obligaciones hipotecarias pendientes.

En el momento más crítico de la crisis, un segmento de los criadores de ganado se hizo con el control de la Sociedad Rural. Se utilizó esta prestigiosa institución para presionar al gobierno con el fin de que interviniese contra las plantas de preparación. Las acusaron de haber creado un acuerdo entre compradores con el fin de salvaguardar sus propios beneficios. Para contrarrestar este monopsonio, la Sociedad Rural propuso que se creara una planta preparadora de propiedad local que pagara precios más altos que los compradores norteamericanos y británicos. Se concibieron otras medidas encaminadas a ayudar a los estancieros que tuvieran un exceso de ganado criollo. Se recomendó un precio mínimo para el ganado empleando como criterio el peso en vez de la calidad y, en segundo lugar, impedir que las empresas extranjeras abastecieran el mercado nacional, reservándolo así para los que tenían ganado inferior. En 1923, con el apoyo del gobierno, el Congreso aprobó leyes que daban cuerpo a la mayoría de estas propuestas, pero el intento de regulación fracasó espectacularmente. Las empresas de preparación respondieron imponiendo un embargo a todas las compras de ganado, medida que rápidamente sembró la confusión y la división entre los rancheros. Poco después, el gobierno dio carpetazo a todo el programa y no tomó más medidas. Los criadores tuvieron que soportar la depresión sin recibir ayuda gubernamental.

Las propuestas que Alvear presentó al Congreso en 1923 para que se hicieran cambios en el arancel nacional se han considerado a veces como un marcado desplazamiento hacia el proteccionismo con el fin de estimular la industria nacional. Este era ciertamente el objetivo que el presidente declaraba en el preámbulo de la medida. Sugirió que se redujeran los derechos de importación de las materias primas que necesitaba la industria metalúrgica y, en segundo lugar, que se ampliara la protección que en el decenio de 1880 se daba al azúcar y los vinos con el fin de que también se beneficiaran de ella el algodón, la yerba mate y la fruta de clima templado. Sin embargo, el efecto que esto surtió en el total de la industria fue leve. En su aspecto proteccionista, esta medida era en gran parte continuación de la política que se siguiera en las postrimerías del siglo XIX. Su mayor importancia fue para regiones agrícolas como el Chaco y Río Negro, regiones que el gobierno intentaba colonizar. Aparte de esto, Alvear también recomendaba un incremento uniforme del 80 por 100 en las valoraciones arancelarias de las importaciones. En este caso, el cambio no se haría en los derechos propiamente dichos, sino en los valores fiscales de las importaciones en las aduanas. A estas importaciones se les aplicaba una serie variable de derechos. El incremento de las valoraciones, que el Congreso dejó en un 60 por 100, se añadió a otro del 20 por 100 que se llevara a cabo bajo Yrigoyen en 1920. Un incremento del 80 por 100 en tres meses parecía mucho, pero, en realidad, apenas compensaba la inflación de los precios de las importaciones durante la guerra. Fue, como hemos visto, un cambio en las valoraciones arancelarias y no, en su mayor parte, en los derechos propiamente dichos: estos últimos proporcionaban la verdadera oportunidad de guiar el desarrollo de la economía nacional. Lo único que se logró con esto fue más o menos volver a 1914 ocho años después de que se hicieran las valoraciones originales. Debido a la inflación, las valoraciones, que al principio fueron de alrededor del 25 por 100 de los valores reales en 1906, habían descendido hasta quedar en una media de sólo el 9,4 por 100 en 1921. Así pues, la reforma arancelaria de 1923 fue proteccionista sólo en medida muy limitada. Sus objetivos principales eran diferentes: incrementar los ingresos públicos al mismo tiempo que se reducían las importaciones durante la recesión de la posguerra, ayudar a los programas de colonización, y evitar que se repitieran los acontecimientos que en 1920 provocaron frecuentes casos de dumping por parte de los fabricantes extranjeros. Entre estas metas, el incremento de los ingresos era la más importante. En su mensaje al Congreso de 1923, Alvear calificaba las valoraciones arancelarias vigentes de «flagrante injusticia» y decía que eran la causa de «un declive insatisfactorio de los ingresos nacionales».

En las percepciones del asunto de los aranceles y de la industria nacional a principios del decenio de 1920 pesaba mucho la influencia de los acontecimientos del decenio anterior. Entre 1913 y 1920, primero con la depresión y luego con la guerra, la industria argentina había disfrutado de una protección sin precedentes aunque de todo punto involuntaria. Sin embargo, a ojos de la generación de la posguerra lo único que parecía haberse conseguido era una inflación incontrolable, los rendimientos injustificablemente elevados de los acuerdos entre negociantes aprovechados a expensas de los clientes y una serie de huelgas que habían estado a punto de provocar una revolución obrera. En vista de ello, era esencial volver a la estabilidad de antes de la guerra. Los puntos de vista relativos a la industria nacional eran en gran parte los mismos que durante casi todo el siglo XIX. El proteccionismo era sólo justificable para los productos nacionales que pronto pudieran competir con los precios de las importaciones, principalmente productos agrícolas; los demás eran «artificiales»: fomentarlos por medio del proteccionismo causaría ineficiencias crónicas en la economía. Aunque ayudaran al empleo y redujeran la necesidad de importar, también hincharían los precios y harían bajar el consumo total. Probablemente, la reforma arancelaria de 1923 tuvo escasa repercusión en la industria durante el decenio de 1920, pues creció principalmente con la llegada de nuevos inmigrantes y los comienzos de las inversiones norteamericanas. Si la industria en conjunto gozó de algún proteccionismo significativamente mayor en el decenio de 1920 que antes de 1914, es probable que ello se debiera tanto al recargo oculto sobre las importaciones resultante de la depreciación del peso entre 1921 y 1926 como a cualquier otra causa.

Como complemento de estos cambios en el arancel, Alvear también hizo frente al asunto del gasto y la deuda públicos. En 1923 su ministro de Hacienda, Rafael Herrera Vegas, profetizó la «ruina nacional» con «el pago de 1.000 millones de deuda flotante y 604 millones de gastos presupuestarios»[15]. Tanto él como Alvear estaban decididos a detener el deslizamiento, que venía produciéndose desde 1919, hacia lo que, según reconocían, era la anarquía financiera. Sin embargo, la austeridad fiscal era impopularísima entre la masa del Partido Radical. Para ella, los gastos públicos elevados no significaban sólo oportunidades de hacer carrera y de movilidad social, sino también un medio de huir de la depresión. Para controlar los gastos del Estado, era esencial quitar de la administración a los cargos nombrados por Yrigoyen, muchos de ellos inmediatamente antes de las elecciones presidenciales de 1922. Sin prestar atención a los peligros y al efecto probable que ello surtiría en sus relaciones con Yrigoyen, Alvear se comprometió a llevar a cabo esta tarea. Abandonó la discutida costumbre de su predecesor consistente en autorizar los gastos mediante simples resoluciones del gabinete y restauró plenamente la supervisión de los asuntos financieros por parte del Congreso. Entre las postrimerías de 1922 y 1924 hubo una serie de campañas contra la corrupción administrativa y otra larga serie de purgas y despidos. En 1925 ya imperaba una apariencia de mayor orden. Con los cambios arancelarios y superados los efectos de la depresión, los ingresos públicos mejoraron mucho. Aunque en conjunto Alvear no logró poner coto a la tendencia alcista del gasto público, finalmente consiguió que los ingresos cuadraran con los gastos, así como reducir el crecimiento de la deuda flotante.

Pero le costó caro en lo que se refiere a su partido. Debido al efecto de las purgas y de la enorme reducción de los gastos, Alvear perdió rápidamente el control del partido. A mediados de 1924 los radicales se dividieron en dos bandos irreconciliables. Uno de ellos, que era mayoría en el Congreso y en las comisiones de los distritos electorales, renunció a Alvear y reafirmó su lealtad a Yrigoyen. A partir de ese momento se hicieron llamar «yrigoyenistas». El resto del partido se convirtió en los radicales «antipersonalistas», título que adoptaron para expresar su oposición a Yrigoyen. Este segundo grupo lo componían principalmente los conservadores y el sector elitista del partido, así como muchos radicales de provincias que se habían enemistado con Yrigoyen debido a sus intervenciones federales contra ellos después de 1919. A partir de 1924 las dos facciones lucharon encarnizadamente por la supremacía. El politiqueo y no la política dominaba ahora la administración Alvear. La mayoría yrigoyenista de la Cámara de Diputados torpedeó el programa legislativo del gobierno. Al principio el presidente se alineó con los antipersonalistas, pero en 1925, tratando de reunificar el partido, rompió con ellos y se negó a aceptar su exigencia de intervención federal contra los yrigoyenistas en la provincia de Buenos Aires. En julio de 1925, Vicente Gallo, ministro del Interior y antipersonalista, dimitió. Sin el apoyo de Alvear, el desafío antipersonalista perdió fuerza pronto. No tardó en quedar reducido a otra facción conservadora, poco más que una coalición de agrupamientos provinciales dominados por su filial de Santa Fe.

La poca disposición de Alvear a abrazar la causa antipersonalista y a usar los poderes de la presidencia para favorecerla dejó vía libre a Yrigoyen. Después de 1924 sus seguidores reconstruyeron rápidamente la organización de su partido. Al celebrarse las elecciones provinciales para el Congreso en 1926, florecían comités del partido yrigoyenista en todas las ciudades y también en el campo, atrayendo el apoyo entusiástico de una amplia variedad de grupos populares. Durante este periodo los seguidores de Yrigoyen demostraron ser maestros incomparables del arte de la movilización popular. Inundaron el país de propaganda por medio de la prensa y también de la radio. Buscaron apoyo de forma indiscriminada, sin esforzarse por construir un partido con grupos de intereses compatibles. Ayudados por la vuelta de la prosperidad a mediados del decenio de 1920, cultivaron en el electorado la expectativa de que habría otra abundancia de sinecuras como en 1919-1922, dando a entender que todos los sectores de la población compartirían sus frutos. Al mismo tiempo procuraban glorificar la persona de su jefe, insistiendo en sus virtudes de líder popular y ampliando e hinchando sus logros anteriores. En 1928 Hipólito Yrigoyen ya disfrutaba de una popularidad hasta entonces desconocida en la historia argentina. Estaba en condiciones de protagonizar un retorno triunfal a la presidencia.

No obstante, cercanas ya las elecciones, Yrigoyen aún tenía muchos enemigos poderosos. La animosidad que despertaba en ellos fue en aumento cuando vieron que de nuevo pretendía alcanzar el poder. La posición de Yrigoyen era débil en algunas de las provincias donde mandaban los antipersonalistas y los conservadores. Perduraban en ellas los recuerdos de las numerosas intervenciones habidas durante su anterior administración, que eran consideradas como usurpaciones violentas y arbitrarias de los derechos provinciales. Esta clase de oposición ya no era privativa de las oligarquías terratenientes de las provincias. En Mendoza y San Juan, bajo el liderazgo de las familias Lencinas y Cantoni, la oposición se había democratizado para convertirse en una copia localista del movimiento popular del propio Yrigoyen. Seguía habiendo mucho antagonismo contra él entre los conservadores que habían aventado las llamas del chauvinismo, el antisemitismo y el anticomunismo entre 1919 y 1921. La oposición volvía a ser patente en el ejército. Una vez más circulaban rumores de golpe militar. En las postrimerías de la presidencia de Alvear añoró a la superficie otro rumor en el sentido de que había un complot del ejército para impedir su vuelta al poder, un complot orquestado por el ministro de la Guerra, el general Agustín Pedro Justo.

Entre estos grupos diferentes, Yrigoyen era denunciado una y otra vez por la forma irresponsable y manifiestamente demagógica de utilizar a sus seguidores populares. Los grupos conservadores opinaban que los principales partidarios de Yrigoyen, las clases medias que iban a la caza de empleos, eran irremediablemente corruptos. Yrigoyen parecía ahora un adversario mucho más peligroso que en 1916. Tras la escisión del partido en 1924, habían desaparecido las anteriores trabas que en cierto modo siempre le había puesto el ala conservadora del radicalismo. Existía la sospecha de que tramaba instaurar una dictadura popular. A esas alturas, una serie interminable de derrotas electorales había despojado a la oposición conservadora de casi toda la confianza en la reforma de Sáenz Peña. No había servido para producir el tipo de gobierno que dicha oposición quería. Aunque algunos conservadores, por ejemplo Justo, hubieran aceptado un gobierno de los antipersonalistas, otros habían experimentado recientemente una nueva y acentuada inclinación a la derecha. Admiraban la Italia de Mussolini y la España de Primo de Rivera y abogaban por la dictadura militar. Pero poco podía hacerse estando Yrigoyen cerca del cénit de la popularidad. Un intento de impedir su vuelta al poder suponía el riesgo de provocar la guerra civil. Y en esos momentos no había ninguna garantía de que los conservadores saldrían victoriosos de ella, así que tuvieron que esperar.

El petróleo y las relaciones internacionales

Durante la campaña electoral de 1928 los yrigoyenistas abordaron un asunto que fue importantísimo para el retorno de su líder a la presidencia: la creación de un monopolio estatal del petróleo. Esta campaña nacionalista también concentró su hostilidad en los intereses petroleros norteamericanos, especialmente en la Standard Oil de Nueva Jersey. El asunto se mezcló con otro de alcance más amplio como era la cuestión de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos.

La campaña petrolera de finales del decenio de 1920 empezó unos veinte años después del descubrimiento en 1907 de los ricos campos petrolíferos de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, así como de otros más pequeños en Neuquén, Mendoza y Salta. Las peculiaridades que presenta la historia del petróleo en Argentina fueron el papel destacado que el Estado interpretó en la industria desde el principio y, también desde los primeros tiempos, la firme decisión de impedir que los recursos petroleros cayeran en manos de intereses extranjeros. En 1910 se dictaron leyes que creaban una reserva estatal en una zona de 5.000 hectáreas en Comodoro Rivadavia, de la cual quedarían excluidas durante un tiempo todas las pretensiones privadas. Poco después el propio Estado empezó las operaciones de perforación en Comodoro Rivadavia. Al principio, los intereses privados quedaron restringidos a los campos petrolíferos más pequeños que había en Neuquén y las provincias. Sáenz Peña era partidario decidido de que se hicieran esfuerzos por desarrollar la industria petrolera nacional, en gran parte porque las huelgas que hubo en Gran Bretaña inmediatamente antes de la guerra parecían amenazar las importaciones de carbón. Por otro lado, antes de la guerra eran escasos los conflictos entre esta pequeña empresa estatal y las compañías petroleras extranjeras. En aquel tiempo éstas mostraban poco interés por aumentar la producción en Argentina, y el país sólo les interesaba en calidad de importadoras. En estos primeros años el progreso de la industria, cuyo líder era el sector estatal, resultó un tanto decepcionante. No se cumplieron las esperanzas de reducir las importaciones, que procedían principalmente de Texas y México. Antes de 1914 la producción nacional apenas representaba el 7 por 100 del consumo total. El Congreso era reacio a otorgar fondos suficientes. Surgieron otras dificultades, que eran comunes en este tipo de empresas fuera de los países industriales, al tratar de obtener personal especializado y maquinaria. Durante la guerra Estados Unidos prohibió la exportación de maquinaria para perforar y refinar. Aunque los intentos de incrementar la producción nacional recibieron el apoyo creciente de la marina y el ejército durante la guerra, con el fin de satisfacer las necesidades de la defensa, poco hicieron los progresos por aliviar la crisis causada por el descenso de las importaciones de carbón británico. Además, sólo podía refinarse una parte de la producción total de petróleo crudo, que seguía siendo pequeña.

La crisis del combustible durante la contienda moderó algunos de los prejuicios más extremos contra el capital extranjero. Creció el sentimiento de que era un mal necesario para acelerar el desarrollo. Al parecer, esta opinión la compartía el primer gobierno radical. Entre 1916 y 1922, Yrigoyen se mostró tal vez menos nacionalista que sus predecesores inmediatos en lo que se refiere a la cuestión del petróleo. No se opuso a la presencia de un sector privado, la mayor parte de él en manos extranjeras. Bajo su gobierno, las compañías privadas incrementaron su participación en la producción total, que de un minúsculo 3 por 100 pasó a cifrarse en un 20 por 100. Utilizó Comodoro Rivadavia como fuente de patronazgo político. Todos los esfuerzos reformistas que hizo en este caso, como en tantos otros, chocaron con la hostilidad del Congreso. Su medida más significativa fue la fundación en 1922, poco antes de dejar el cargo, de una junta supervisora y administrativa para el petróleo del Estado, la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Bajo Alvear, al aparecer condiciones más favorables para la importación de maquinaria, la industria empezó a reanimarse. Alvear puso al frente de la YPF al general Enrique Mosconi, administrador vigoroso y cumplidor, al mismo tiempo que concedía mucha autonomía a ambos. Bajo Mosconi se resolvieron muchas de las primeras dificultades de la industria estatal. En 1925 se inauguró una gran refinería en La Plata. La YPF también organizó su propia red minorista, que producía y distribuía gasolina y parafina. En el periodo de la posguerra inmediata, el petróleo en Argentina por fin empezó a despertar gran interés entre las principales compañías del extranjero. En estos años el crecimiento de la YPF se vio eclipsado por el del sector privado, que en 1928 ya había incrementado su participación en la producción hasta alcanzar un 38 por 100. Sin embargo, el crecimiento de la producción no pudo seguir el ritmo de la demanda nacional. A pesar de que se triplicó la producción total de petróleo crudo entre 1922 y 1928, las importaciones de carbón también se incrementaron en un tercio y las de petróleo casi se doblaron. En 1928 los campos petrolíferos argentinos seguían suministrando menos de la mitad del total de combustible que consumía la nación.

Así pues, a finales del decenio de 1920, mucho antes de la campaña yrigoyenista, ya era tradicional que el Estado participase en la industria del petróleo. La base de esta tradición eran sentimientos nacionalistas que con frecuencia saltaban las barreras entre los partidos políticos. De igual modo, Argentina fue el primer país, exceptuando la Rusia soviética, en formar una industria petrolera de propiedad estatal e integración vertical. Sin embargo, no se había llegado al extremo de excluir la participación privada o extranjera en la industria. Con miras a incrementar la producción y asegurar la eficiencia, cada uno de los gobiernos siguió una política consistente en permitir el crecimiento por igual de los sectores estatal y privado. Las intervenciones fueron principalmente para proteger la participación del sector estatal en el mercado e impedir la exportación regular de petróleo. Después de la guerra, esto permitió que varias compañías extranjeras montaran en el país filiales importantes que con el tiempo les darían la parte del león en la producción. En 1928 las compañías privadas ya proporcionaban un tercio de la producción de Comodoro Rivadavia, dos tercios de la de Plaza Huincul en Neuquén, y toda la de los campos más pequeños de Salta y Mendoza.

Para entonces la Standard Oil ya era la más prominente entre las compañías privadas y tenía intereses en casi todas las esferas de la industria. Al igual que antes de la guerra, seguía siendo la principal importadora de petróleo y controlaba los principales cauces de distribución interna. Tenía intereses considerables en la refinación y, a pesar de la YPF, tenía, con mucho, la mayor participación en las ventas de parafina y de combustible para automóviles. Pero entre sus actividades las que ahora atraían más atención eran sus operaciones de perforación en la provincia de Salta. La Standard Oil se instaló en dicha provincia gracias a que cortejó con asiduidad a las autoridades de la misma, que controlaban los derechos del subsuelo en ella del mismo modo que el gobierno central los controlaba en los territorios nacionales del sur. Durante el decenio de 1920 Salta continuaba bajo una oligarquía de terratenientes, los más poderosos de los cuales se dedicaban ahora a producir azúcar. Hasta hacía pocos años la provincia había sido muy pobre. Con las condiciones que ofreció, a la Standard Oil le costó poco hacerse con una extensa zona y con los derechos exclusivos de exploración y perforación en ella. Los campos petrolíferos de Salta se adquirieron con la intención de vincularlos a un campo de la compañía en Bolivia. La Standard Oil pretendía crearse una esfera de influencia transnacional en este rincón de América del Sur. La posición de que gozaba en Buenos Aires le proporcionaría la salida para las exportaciones que pensaba potenciar desde Bolivia y, si podía, desde la propia Salta.

Durante el decenio de 1920, ante el ya encarnizado y muy divulgado conflicto por la supremacía entre los intereses petroleros privados y la YPF, la opinión pública bonaerense desplegó la hostilidad contra el capital extranjero que ya mostrara antes de la guerra. Con un celo y una exaltación típicos, los yrigoyenistas montaron una campaña encaminada a aprovechar para fines políticos el estado de ánimo que predominaba entre los sectores populares. En julio de 1927 se comprometieron a colocar todos los campos petrolíferos de la nación bajo el control del Estado y a hacer este monopolio extensivo a la refinación, los productos derivados y la distribución. Expusieron el asunto al electorado con característica fanfarronería, cultivando incesantemente las aspiraciones populares al control total de los activos nacionales y la animosidad latente contra los negocios extranjeros. Se presentó la nacionalización del petróleo como el remedio soberano de los males de la nación. Se hicieron grandes promesas según las cuales los ingresos del petróleo, una vez estuvieran bajo control nacional, permitirían cancelar la deuda exterior y harían innecesarios nuevos préstamos. Los fabricantes nacionales contarían con una fuente ilimitada de energía barata, lo cual haría posible pasar de forma milagrosa e incruenta a la condición de sociedad industrial. El monopolio estatal del petróleo permitiría eliminar todos los demás tipos de impuestos y finalmente aliviaría a los sectores populares de los fastidiosos derechos de importación que hinchaban el coste de la vida.

Pronto disfrutó la nacionalización de enorme popularidad entre las clases medias: una vez vinculados al petróleo, los ingresos públicos dejarían de estar sujetos a los movimientos imprevisibles del comercio exterior; luego, virtualmente no habría límites a la expansión del sector público y la burocracia. Asimismo, el asunto tenía mucho que ver con la lucha de Yrigoyen contra los antipersonalistas y los conservadores: sus partidarios presentaban la situación imperante en Salta como la negra alianza de la oligarquía y el imperialismo, una alianza que el monopolio del Estado destruiría. Si Yrigoyen lograba poner el control del petróleo en las manos del gobierno nacional, quitándoselo a las provincias, destruiría uno de los mayores puntales de la oposición. Con los derechos del petróleo en sus propias manos, los yrigoyenistas estaban seguros de la supremacía perpetua.

El componente nacionalista de esta campaña iba dirigido sólo contra la Standard Oil. En gran parte no prestó atención a los consorcios petroleros británicos, tales como la Royal Dutch Shell. Ésta maniobraba de modo más discreto y hasta el momento había tenido menos éxito que la Standard Oil. Pero entre bastidores su alcance no era menos ambicioso. Desde hacía años, el control del petróleo argentino era un objetivo tanto británico como norteamericano. Pese a ello, la Standard Oil era el blanco de las críticas debido a sus desacertadas afiliaciones con la oligarquía de Salta, debido también a su mala reputación internacional y, sencillamente, debido a que era una compañía norteamericana. En este caso, el asunto del petróleo se mezclaba con el de las relaciones internacionales y también con las relaciones entre Yrigoyen y los grupos conservadores con poder.

Asimismo, el antinorteamericanismo no emanaba de las clases medias ni del Partido Radical, sino de los intereses hacendados y exportadores de las pampas y de los conservadores. Su origen se hallaba principalmente en antiguas disputas en torno al comercio. Aunque desde principios de siglo los norteamericanos tenían una participación importante en el mercado argentino, primero con el petróleo de Texas y después con automóviles, Argentina no había conseguido crear exportaciones recíprocas a Estados Unidos. Cumpliendo los deseos del sector agrícola norteamericano, las administraciones republicanas de Estados Unidos impedían continuamente la entrada de la mayoría de los productos argentinos. Argentina protestaba vigorosamente, con frecuencia, pero inútilmente. En 1914, a pesar de la llegada de las empresas cárnicas de Chicago, Argentina aún no había conseguido crear en Estados Unidos un mercado para sus exportaciones de carne vacuna. Los norteamericanos estaban dispuestos a aceptar sólo sus productos de segunda categoría, tales como cueros y linaza. Durante la primera guerra mundial las exportaciones argentinas a Estados Unidos aumentaron diez veces su valor. Sin embargo, poco después, en 1922, el arancel Frodney-McCumber restauró la anterior política de exclusión y, hasta cierto punto, la amplió.

En el decenio de 1920, debido a que su posición seguía siendo débil en el mercado norteamericano, Argentina dependía mucho de sus exportaciones a Gran Bretaña. Pero la estabilidad a plazo más largo de esta conexión se veía amenazada por el creciente desplazamiento hacia Estados Unidos, con preferencia a Gran Bretaña, como proveedores de Argentina. A finales del decenio, el superávit comercial de Argentina con Gran Bretaña era más o menos equiparable a su déficit con Estados Unidos. En Gran Bretaña, con todo, iba en aumento una campaña a favor de la preferencia imperial. Si ésta se adoptaba en un intento de reducir los desequilibrios comerciales británicos, los productores de los dominios británicos —Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suráfrica— recibirían la parte del mercado británico que antes correspondía a Argentina.

Estos asuntos influyeron mucho en la cuestión del petróleo argentino y las relaciones con la Standard Oil de Nueva Jersey. En 1926 la administración Coolidge en Estados Unidos impuso la prohibición absoluta de importar carne vacuna preparada de la región del Río de la Plata. La medida se tomó oficialmente para protegerse contra la glosopeda, pero provocó una respuesta furiosa de Buenos Aires, que vio en ella otra muestra de proteccionismo discriminatorio. El gobierno argentino procedió en seguida a buscar el medio de desquitarse: la Standard Oil se encontraba convenientemente cerca. Por parte de Yrigoyen, la campaña contra la Standard Oil fue un acto de considerable astucia política. Le permitió seguir la corriente de los sentimientos populares, pero, además, presentarse como el paladín de intereses nacionales más amplios y de la élite terrateniente de las pampas. Por otra parte, al abordar la cuestión del petróleo era esencial evitar toda ofensa a los ingleses, que podían usarla también como pretexto para tomar represalias comerciales. Así pues, le tocó a la Standard Oil soportar toda la campaña contra el capital extranjero. Era evidente que, una vez eliminada la Standard Oil, Yrigoyen pensaba dar a los ingleses el papel de importadores principales del petróleo y la maquinaria que necesitaba la YPF. Esto ayudaría a reducir el superávit comercial con Gran Bretaña y mejoraría la posición negociadora de Argentina ante la preferencia imperial.

EL GOLPE MILITAR DE 1930

En 1928 Yrigoyen reconquistó la presidencia con alrededor del 60 por 100 del voto popular, casi 840.000 contra los 537.000 de la oposición conjunta. Al volver a ocupar el cargo en octubre, la adulación de que fue objeto hacía pensar en los honores que se tributaban a los emperadores romanos. No obstante, este momento, el apogeo de una carrera pública que ya abarcaba más de medio siglo, resultó ser su último triunfo personal. Menos de dos años después, en septiembre de 1930, con su reputación por los suelos, fue expulsado ignominiosamente por un golpe de Estado que dieron los militares.

Hipólito Yrigoyen volvió a la presidencia a la avanzada edad de 76 años. En algunos círculos se sospechaba que padecía senilidad y dos años más tarde este fue uno de los pretextos que se usaron para derrocarle. La verdad es que en 1928 reapareció con una estrategia y un propósito definidos con mucho más cuidado que 12 años antes, en 1916. Era consciente de que, prescindiendo de su visible apoyo popular, la supervivencia de su gobierno dependía de que pudiera tener a raya a la oposición conservadora y militar. La cuestión del petróleo aún estaba por resolver; su vuelta a la presidencia representaba poco más que un principio feliz de la batalla en pos del control del mismo. En 1927 sus partidarios habían presentado al Congreso leyes a favor de la nacionalización. Las leyes habían pasado con fortuna por la Cámara de Diputados, que era de elección popular y donde los yrigoyenistas eran mayoría. Pero luego el Senado, donde seguían dominando las voces de las provincias interiores encabezadas por Salta, así como otros adversarios de Yrigoyen, sencillamente no se dio por enterado. El presidente se encontraba con el mismo problema con que tropezara su anterior administración. Para que las leyes fueran aprobadas necesitaba una mayoría en el Senado. Para ganar las elecciones al Senado necesitaba controlar las legislaturas provinciales, pues eran éstas, y no el voto popular, las que elegían a los senadores nacionales. Esto significaba más intervenciones federales para sacar a los regímenes que ocupaban el poder en ellas, pero corriendo el riesgo de exacerbar el resurgente federalismo del interior. A la sazón estaban pendientes elecciones para el Senado en Mendoza y San Juan. Estos eran los centros del lencinismo y del cantonismo y en ellos, como en Salta, la oposición al gobierno era especialmente virulenta y arraigada. Por lo tanto, el nuevo gobierno prestó ante todo mucha atención a la política en las provincias de Cuyo. En el acto se vio envuelto en una lucha encarnizada y a menudo violenta por la supremacía. El asunto se resolvió en dos episodios culminantes. A finales de 1929 el líder de la oposición en Mendoza, Carlos Washington Lencinas, fue asesinado por unos yrigoyenistas. Durante el año siguiente, tras un debate reñido y casi interminable, los partidarios del presidente lograron impugnar la elección de Federico Cantoni y uno de sus seguidores personales como senadores por San Juan. Así pues, a mediados de 1930 los yrigoyenistas se encontraban cerca de la victoria final. Habían aplastado la oposición más extrema en el interior. También se encontraban al borde de una clara mayoría en el Senado. Su intención era volver a presentar las leyes sobre el petróleo cuando el Congreso se reuniera de nuevo en 1931.

Durante 1929 y parte de 1930 Yrigoyen también consiguió tener a raya a sus adversarios conservadores de Buenos Aires, cultivando hábilmente sus simpatías en la cuestión de las relaciones comerciales con Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1927, poco después de que los norteamericanos prohibieran las importaciones de buey argentino, y mientras la confrontación política con la Standard Oil alcanzaba su punto más alto, la Sociedad Rural se puso al frente de una campaña que pedía un trato favorable para los artículos británicos de importación. Su lema «Comprad a quienes nos compran», fue adoptado rápidamente por la nueva administración. Cuando el presidente electo Herbert Hoover visitó Buenos Aires a finales de 1928, durante una gira cuyo objetivo era fomentar el comercio en las repúblicas latinoamericanas, se encontró con una recepción hostil y fue virtualmente insultado por Yrigoyen en persona. Sin embargo, durante el año siguiente una misión comercial británica encontró una acogida totalmente distinta. Yrigoyen dio a entender al líder de la misión, lord D’Abernon, su deseo de ofrecer un «gesto moral» a Gran Bretaña en reconocimiento de los «estrechos lazos históricos» entre los dos países. Sin buscar la promesa de que se le compensaría incrementando las exportaciones argentinas a Gran Bretaña, Yrigoyen prometió numerosas concesiones a empresas y mercancías británicas en el mercado argentino. Entre ellas, la de adquirir en Gran Bretaña todo lo que en el futuro necesitaran los ferrocarriles del Estado, abandonando la costumbre normal de solicitar ofertas internacionales.

Así pues, ciertos aspectos de la segunda administración de Yrigoyen inducen a pensar que una estrategia compleja y planificada cuidadosamente iba haciéndose realidad poco a poco, con notable fortuna. El presidente se movía hábilmente entre las aspiraciones de sus partidarios populares en la cuestión del petróleo y el interés de las élites por el comercio internacional. Esto se hizo a costa de los norteamericanos y las provincias. Si el gobierno hubiera podido continuar en estas direcciones, muy poco habría tenido que temer del ejército. En 1929 había pocas señales de la confusión, la incompetencia o la parálisis que se apoderaron de él durante el año siguiente y que son lo que más se recuerda. Lo que transformó en fracaso estos éxitos relativos del principio, tras lo cual las cosas se deslizaron rápidamente hacia el derrumbamiento y la catástrofe, fue la gran depresión que siguió a la caída de Wall Street. La depresión hizo sentir sus efectos en Argentina a finales de 1929, después de dos años de lenta caída de los precios de los productos básicos y de disminución de las reservas de oro. Al acelerarse el descenso, el gobierno de Yrigoyen respondió con medidas anticíclicas de índole ortodoxa similares a las que tomaron los conservadores en 1913-1914. Abandonó la convertibilidad del peso y buscó nuevos préstamos en Gran Bretaña y Estados Unidos para evitar dificultades con la deuda exterior. Fueron respuestas razonables aunque poco inspiradoras. Expresaban la expectativa que al principio albergaban los círculos gubernamentales y bancarios en el sentido de que la crisis duraría poco. La erosión rápida de la autoridad del gobierno empezó cuando se vio obligado a reducir el gasto público. Entonces, Yrigoyen pagó finalmente el precio de su ruptura con las élites, de su decantación por los sectores populares y de los métodos que desde 1924 había tolerado con el fin de ganarse el apoyo de dichos sectores.

Cuando Yrigoyen volvió al poder, sus partidarios habían comenzado inmediatamente una campaña para hacerse cargo de la burocracia. A mediados de 1929 todos los departamentos de la administración ya se habían convertido virtualmente en agencias de colocación que servían a los fines políticos del gobierno. El régimen pronto quedó saturado de corruptelas. El gasto público empezó a subir inmediatamente. En 1928 se registró un descenso del 10 por 100 de los ingresos comparados con el año anterior, pero el gasto se incrementó en un 22 por 100. En 1929 la diferencia se hizo todavía mayor: los ingresos experimentaron una mejora del 9 por 100, pero los gastos se aceleraron en otro 12 por 100. En 1930 los ingresos volvieron a descender hasta quedar alrededor del nivel de 1928, mientras que el gasto era alrededor de un 23 por 100 superior al del citado año[16]. Al final el gobierno tuvo que plantearse la conveniencia de economizar. Al producirse el golpe de Estado en septiembre, ya había indicios de que la subida del gasto empezaba a estabilizarse. Sin embargo, la reducción de gastos y la austeridad llegaron en un momento en que la demanda de subsidios crecía debido al aumento del paro y al descenso de las rentas. En 1930 Yrigoyen cayó en una trampa parecida a la que él había tendido a Alvear en 1922. La depresión desquició rápidamente el partido y el respaldo popular del gobierno. Los seguidores de Yrigoyen se desmoralizaron y pronto empezaron a desertar en número creciente.

En las elecciones para el Congreso que se celebraron en marzo de 1930 el número de votos que obtuvo Yrigoyen disminuyó en un 25 por 100 comparado con 1928: de 840.000 bajaron a poco más de 620.000. En la ciudad de Buenos Aires los yrigoyenistas perdieron las elecciones por primera vez desde la escisión del partido en 1924. Fueron derrotados por el Partido Socialista Independiente, ramal recién formado del antiguo Partido Socialista alineado ahora con los conservadores. Durante los meses siguientes la desilusión con el gobierno dio paso a la oposición encendida. Los acontecimientos en las provincias de Cuyo, que antes a menudo no recibían atención, ahora eran objeto de debates intensos y diarios. La prensa publicaba largas y detalladas denuncias de la corrupción administrativa. Los estudiantes, que desde La Reforma se contaban entre los partidarios más ruidosos de Yrigoyen, organizaron manifestaciones contra él. Facciones rivales de yrigoyenistas y una organización derechista llamada la Liga Republicana luchaban públicamente por el dominio de las calles. El gabinete se desintegró en facciones que se combatían mutuamente. Los rumores sobre la senilidad del presidente eran cada vez más insistentes.

Finalmente, los adversarios más inveterados de Yrigoyen, muchos de los cuales tenían algo contra él desde hacía más de un decenio, tuvieron la oportunidad de reunir las fuerzas necesarias para derribarle. El líder del golpe militar, el general José Félix Uriburu, detrás del cual se encontraba el general Justo, destacaba desde hacía tiempo por sus denuncias de las intrigas de Yrigoyen en las listas de ascensos del ejército. Había sido uno de los principales enemigos de la política laboral de Yrigoyen en la posguerra. Durante el decenio de 1920 se había empapado de doctrinas fascistas y corporativistas. Despreciaba la ley Sáenz Peña. También era miembro de la oligarquía salteña que había hecho el trato con la Standard Oil. El levantamiento de septiembre de 1930 sólo fue apoyado activamente por una minoría del ejército. Pero este apoyo le bastó para alcanzar su objetivo. Al dimitir Yrigoyen, estalló una lucha tremenda por la sucesión entre los miembros del gabinete y ello puso al descubierto la bancarrota total de su administración. Pocos de los partidarios de Yrigoyen acudieron a ayudarle. Algunos de ellos se unieron a la chusma que saqueó e incendió su domicilio en Buenos Aires.

El golpe de 1930 fue un asunto totalmente nacional. Aunque la Standard Oil tuviera un interés obvio en que Yrigoyen cayese, no hay ninguna prueba de que hiciera algo para provocar su caída. Washington recibió el golpe con cierta actitud expectante y con la esperanza de que mejorasen las relaciones con Argentina, pero los acontecimientos subsiguientes durante el decenio de 1930 impidieron que la esperanza se hiciese realidad. Toda posible influencia norteamericana en los acontecimientos de 1930 se vio anulada por la presencia británica. Estuvieron entre los que apoyaron a Yrigoyen hasta el final, reacios a alegrarse de su caída. Parecía que las esperanzas británicas de obtener concesiones comerciales perecerían con él. Tras su caída, Hipólito Yrigoyen fue desterrado a la isla de Martín García, en el estuario del Río de la Plata, donde pasó gran parte del resto de su vida (murió en 1933). La democracia representativa en Argentina había vivido y muerto en esta figura que ahora era frágil, que a veces fue moralmente falible, aunque nunca del todo malintencionada. Al desaparecer él, la política en Argentina empezó a seguir rumbos nuevos. Las clases medias vieron defraudadas sus expectativas de supremacía perpetua. Los conservadores volvieron al poder bajo la protección de los militares y siguieron en él durante más de un decenio, hasta el golpe militar de 1943 y la ascensión de Perón.

Capítulo 5
LA FORMACIÓN DEL URUGUAY MODERNO,
c. 1870-1930

EL URUGUAY TRADICIONAL: GANADO Y CAUDILLOS

A finales de la década de 1860, la población uruguaya no superaba los 300.000 habitantes. Más de una cuarta parte vivía en el puerto principal, Montevideo, donde también se hallaba la capital política. La proporción de extranjeros era una de las más elevadas entre las repúblicas latinoamericanas. De acuerdo con el censo de 1860, uno de cada tres habitantes (y uno de cada dos en Montevideo), había nacido fuera del país; por lo común provenían de Italia, España, Brasil, Francia, Argentina o Gran Bretaña (probablemente en ese orden). La única línea ferroviaria, inaugurada en 1869, tenía solamente 20 kilómetros de longitud. De hecho, el sistema de transportes consistía en poco más que caminos primitivos; por fortuna, el principal producto de su economía, el ganado, tenía la virtud de ser móvil. Para el transporte de personas se usaban carros en el este y en el centro del país, mientras que los barcos de vela y los vapores que surcaban el río Uruguay hacían que la región oeste estuviera mucho mejor comunicada con la capital. A pesar de la reducida extensión de la República —alrededor de 180.000 kilómetros cuadrados—, los viajes por el interior eran lentos, principalmente en invierno cuando la crecida de ríos y arroyos bloqueaba las rutas terrestres.

La economía estaba basada en la explotación extensiva del ganado bovino criollo. Sus cueros se enviaban a Europa, a la vez que parte de su magra carne, después de salada y secada en los saladeros hasta convertirla en tasajo, era consumida por los esclavos de Cuba y Brasil. Por tal razón, y al igual que en el periodo colonial, el peso de su cuero determinaba el valor de un vacuno, más que la carne que producía. La matanza de ganado para las necesidades de la raleada población rural indigente no constituía aún un acto ilícito y ni siquiera en las estancias el libre consumo de carne resultaba económicamente irracional.

La importancia que había llegado a alcanzar el comercio en este país productor de materias primas y alimentos era un tanto excepcional. La ubicación del puerto de Montevideo en la margen septentrional del Río de la Plata y sus ventajas naturales sobre Buenos Aires y los embarcaderos de Río Grande do Sul lo convirtieron en un centro distribuidor regional de las mercancías europeas destinadas a las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, la zona riograndense e incluso Paraguay.

La espina dorsal de las clases altas uruguayas estaba constituida por terratenientes, capitalistas y prósperos comerciantes, entre quienes figuraban numerosos extranjeros residentes. De este núcleo surgen los fundadores del Banco Comercial (1857), primera institución crediticia de propiedad nacional. Las clases medias, sumamente débiles en el interior, crecieron con mayor fuerza en Montevideo gracias al comercio y a los comienzos de la actividad manufacturera. La industria de la salazón de la carne había contribuido a la formación de un pequeño contingente obrero, pero el grueso de las clases asalariadas dependía de los ganaderos y, en calidad de peones o trabajadores zafrales, vivían en asentamientos diseminados por las inmensas estancias. En el norte aún existía una fuerza laboral oculta integrada por esclavos que los ricos hacendados brasileños importaban de Río Grande do Sul.

La sociedad y el sistema económico descrito no creaban desigualdades y tensiones sociales extremas; en algunos aspectos, Uruguay contrastaba con la América Latina del siglo XIX, caracterizada por la acentuada polarización de las clases sociales. Las diferencias económicas entre los individuos eran de origen reciente y no las aumentaban distingos raciales, como ocurría en México, Perú o Brasil; por lo tanto, podían acortarse con relativa facilidad. Asimismo, como país nuevo poblado en buena parte por inmigrantes, la movilidad social ascendente se afianzaba. En 1847 un destacado representante de la élite se quejaba amargamente, y no le faltaban razones para ello, afirmando que en este país «todos los que tienen la cara blanca se creen con los mismos derechos».

Dos aspectos típicos de la vida social y política del periodo eran la frecuencia de las guerras civiles y el paternalismo del caudillo-terrateniente para con la población marginal del campo. Durante el primer medio siglo de vida independiente, varios presidentes debieron hacer frente a rebeliones y se vieron obligados a abandonar su cargo antes de cumplir el término legal de cuatro años. El gobierno central debía enfrentar las turbulencias de los caudillos entre los cuales estaba fragmentado el poder en el interior del país. El proceso de asentamiento de la autoridad gubernamental sobre esos centros de poder alternativos fue trabajoso y lento. La violencia y el recurso a las armas se hallaban consustanciados con las formas de vida de la campaña y con el trajín habitual de las faenas ganaderas. Por otra parte, la ausencia de un sentimiento nacional definido y generalizado entre la mayoría de la población, sumada a las ambiciones de las clases dominantes de Brasil y Argentina, los poderosos vecinos de Uruguay, estimulaban los levantamientos contra el poder central de Montevideo.

Al concluir la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870) las características ancestrales del Uruguay habían empezado a desaparecer. Los comerciantes, principalmente los de origen extranjero, habían visto crecer su influencia gracias a la prosperidad alcanzada durante la guerra reciente; junto a los terratenientes, empezaban a exigir paz interior y gobiernos fuertes como pilares de un orden social estable.

La afluencia del capital extranjero, principalmente británico, era ya apreciable. Préstamos al Estado, compra de tierras por parte de compañías cuyo consejo de administración residía en Londres, instalación de la Liebig’s Extract of Meat Company en Fray Bentos (1863), y de una filial del Bank of London and River Plate (1865), dan el tono a ese movimiento que se afianza después de 1870, cuando los ingleses adquieren ferrocarriles e importantes compañías de servicios públicos urbanos.

El país prosiguió integrándose a la economía mundial, dadas la creciente facilidad y la baratura con que podían transportarse hombres y productos. El perfeccionamiento de los barcos de vela, pero, sobre todo, el triunfo de la energía del vapor en las rutas oceánicas, pusieron a Uruguay en estrecho contacto con las necesidades, el capital, los inmigrantes, la cultura y las modas de la otra orilla del Atlántico. Los vínculos de Montevideo con Londres, Marsella, Génova y El Havre comenzaron a ser seguros y regulares. Se expandió el comercio de importación y exportación, a la vez que aumentaba su volumen y descendían las tarifas de carga. El cordón umbilical que unía la nación uruguaya con Europa parecía más fuerte cada día.

LA MODERNIZACIÓN Y EL MERCADO MUNDIAL, 1870-1904

Al filo de 1870 la situación económica del Uruguay revelaba un cuadro de aparente prosperidad. Montevideo, con sus casi 100.000 habitantes, era la vistosa fachada de los tempranos cambios modernizadores. El viajero británico Hutchinson, que en 1861 describía «la morisca arquitectura de sus casas de azotea», difícilmente podría haber imaginado el desarrollo que experimentaría la capital en los años siguientes. Si el Cerro (promontorio que domina el puerto) y la catedral —las dos montañas de la «Nueva Troya» descrita por Alejandro Dumas— seguían dominando la blanca perspectiva urbana ceñida por un cinturón de chacras y saladeros, pronto la apertura de nuevas calles, los progresos edilicios y los primeros ensayos de iluminación a gas mostraron los signos de una promisoria expansión urbana.

Con el alzamiento del caudillo blanco Timoteo Aparicio comienza en 1870 la «guerra de las lanzas», que fue un intento del Partido Blanco por recuperar al menos parte del poder que los colorados monopolizaban. Las acciones militares se arrastraron durante dos largos años y en abril de 1872, al firmarse una paz negociada, surgió un nuevo grupo político desprendido de los partidos tradicionales. La fracción «principista» estaba integrada por intelectuales y universitarios, hijos de las familias más antiguas, que, sin embargo, ya no eran las más ricas. Defendían con obstinación un orden político inspirado en ideas ultraliberales, que invocaban una desconfianza sistemática frente al Estado y la vigencia sin restricciones de los derechos individuales. Ni tales reclamos, ni el compromiso a ultranza de los principistas con la Constitución, podían despertar las simpatías de las clases altas empeñadas en establecer un gobierno fuerte.

Las tendencias menos renovadoras de los partidos tradicionales triunfaron en las elecciones de finales de 1872, pero ello no impidió que los líderes principistas accedieran al Parlamento, que permanecería bajo su influencia hasta 1875. José Ellauri, descendiente del patriciado colonial, resultó electo presidente a principios de 1873 después de un trabajoso acuerdo electoral. El nuevo gobernante, que carecía de apoyos partidarios fuera del círculo principista, se resignó a una actuación de perfiles neutros, que terminó siendo enjuiciada como peligrosamente inoperante.

Las cámaras emprendieron en 1873 un programa de reformas administrativas, judiciales y electorales dirigidas básicamente a reafirmar los derechos individuales frente a los desbordes autoritarios atribuidos al poder estatal. Quienes representaban en el Parlamento intereses económicos concretos —por ejemplo, terratenientes y comerciantes— no aceptaron la propuesta principista, considerada más bien como un obstáculo a la implantación de un orden económico en el que sus inversiones fuesen más seguras y rentables. Las pérdidas sufridas por el sector ganadero habían sido cuantiosas durante la última rebelión blanca, y aunque se habían establecido algunos bancos después de 1857, las facilidades de crédito no satisfacían los requerimientos más elementales de los productores. Los préstamos comerciales a corto plazo y la especulación con valores inmobiliarios o emisiones de deuda pública restringieron los créditos de que disponía Montevideo, privando así de tales beneficios a los productores del agro. Esta distorsión crediticia se acentuó durante los años de inestabilidad comprendidos entre 1868 y 1875. En ese periodo, el alambramiento de las estancias y la inversión que requerían las primeras innovaciones tecnológicas en el sector aumentaron sus demandas de crédito. El descontento de los estancieros se generalizó en los primeros meses de 1874 cuando aparecieron los tempranos síntomas de crisis financiera. Aislados de la opinión pública, sin respaldo político, privados de recursos económicos y con insuficiente respaldo por parte de un Ejecutivo vacilante, los principistas fueron desplazados por un grupo de oficiales del ejército decididos a poner fin al callejón sin salida creado por la crisis y los infructuosos esfuerzos de Ellauri por superarla.

Ante la incapacidad del gobierno provisional que le sucede, la dictadura del coronel Lorenzo Latorre (1876-1880) logró en cambio satisfacer las demandas esenciales de las clases propietarias. La autoridad de los pequeños caudillos rurales quedó, de hecho, anulada por las drásticas medidas de la autoridad central, que pacificaron la campaña y promovieron la aplicación del orden capitalista a la economía ganadera mediante una justicia primitiva, pero eficaz. No obstante, al amparo de la misma se equiparaba a los delincuentes con los desocupados del campo, marginados por el alambramiento y por el nuevo estatuto de la estancia-empresa. Para afianzar esas brutales transformaciones se reafirmaron los derechos de propiedad de los terratenientes mediante un cuerpo de leyes y reglamentos que complementaron el alcance del nuevo Código Rural (1876). La estabilidad interna se apuntaló mediante la reorganización del ejército, que a su vez fortaleció las bases del Estado. A ese fin, la autoridad central pudo disponer de los armamentos más modernos del siglo XIX —el fusil de repetición y la artillería Krupp— y por esta vía el gobierno de Latorre ejerció un poder coactivo prácticamente ilimitado. Fue la suya una obra que los estancieros agrupados en la Asociación Rural, fundada en 1871, nunca dejaron de reconocerle.

Tras la inesperada renuncia de Latorre (1880), el general Máximo Santos rigió con mano dura al país durante más de seis años. Por lo pronto reforzó la estructura del Partido Colorado colocándose a su cabeza. Asimismo, el partido comenzó a recibir apoyo del ejército, que emerge como factor político de poder. En adelante, y durante casi un siglo, las fuerzas armadas y los colorados convivieron mediante una tácita alianza que aseguró ventajas a los militares y al mismo tiempo neutralizó toda posible aspiración de éstos a alguna forma más directa de participación; junto a otros factores, dicho entendimiento contribuyó a la estabilidad política subsiguiente y, a la larga, resultó una efectiva garantía del orden institucional. La evolución del militarismo en Uruguay, su rápida declinación después de 1886 y su sometimiento pacífico a la autoridad civil (o, quizá, el consentimiento de la misma), deben verse en estos términos.

Santos no era el simple brazo ejecutivo de las oligarquías económicas, sino también —hecho nuevo en Uruguay— el representante de un «poder militar» que poseía una embrionaria casta de oficiales que desplegó su ambición y cultivó un estilo de vida ostentoso, rodeado por una modesta corte de parientes y parásitos que ascendieron rápidamente en la escala social. Época de desfiles y ceremonias, pero también de turbios negociados y concesiones públicas, que empañaron el prestigio del sistema instaurado por Latorre.

Con la formalización de un frente de oposición, integrado por las facciones «legalistas» de los blancos y colorados, se recrudecieron las medidas represivas de Santos, que a la vez hicieron más visibles las grietas del sistema: un fracasado levantamiento popular, un atentado contra su vida y finalmente un gesto de conciliación pusieron fin a su gobierno. La época de Santos anticipó la desintegración del militarismo formal. Las acusaciones de nepotismo y venalidad que la oposición dirigió contra el gobierno, aunque exageradas, no carecían de fundamento. Aun el apoyo inicial de la clase alta rural, que aceptó tácitamente a Santos como tutor del orden que requería su proyecto modernizador, se convirtió más tarde en franca decepción cuando los defectos del sistema empezaron a pesar más que sus limitados beneficios. A fines de 1886, Santos partió para Europa y le sucedió uno de sus lugartenientes, el general Máximo Tajes, figura sin relieves bajo la cual se opera el desplazamiento definitivo del militarismo. Incluso en condiciones económicas favorables, sus líderes habían demostrado que eran incapaces de mantener un modelo autoritario estable al estilo del general Roca en la Argentina de 1880. Si bien con Latorre una efímera dictadura había fortalecido al Estado y beneficiado a las clases propietarias, bajo Santos el militarismo no pudo sobrevivir a la prosperidad que él mismo había contribuido a crear.

Bajo el militarismo se consolidó la paz interna que eliminó temporalmente la anarquía de los caudillos, pero también alcanzaron su madurez los rasgos de la dependencia externa que se basaba, según revelan con entusiasmo muchos informes diplomáticos, en lazos más estrechos con las potencias imperialistas. Este fenómeno favoreció el crecimiento de la producción, pero asimismo comportó cambios en su composición. Mientras las exportaciones de cueros aumentaron un 30 por 100 durante el periodo 1876-1886, las de lana crecieron en un 40 por 100. A decir verdad, en 1884 el valor de la lana superó el de los productos pecuarios por primera vez. Los campos de pastoreo se cercaron rápidamente (el 60 por 100 de las estancias invirtieron en alambre durante los cinco años posteriores a 1877) y la mano de obra sobrante se vio abandonada por el capitalista-terrateniente que ahora sustituía al caudillo-terrateniente, sobre todo en el oeste y el sur del país. Los mercados externos se diversificaron. A los tradicionales clientes de productos ganaderos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil y Cuba) se añadieron los compradores de lanas finas de merino: Francia, Bélgica y Alemania.

La presencia británica en Uruguay se volvió más significativa al amparo de la estabilidad interior que le aseguraron los gobiernos fuertes, pero también se vio robustecida por las garantías que el mismo Estado otorgó al asegurar tasas mínimas de rendimiento en distintas inversiones. El incremento fue llamativo en las emisiones de la deuda pública y en el sector de los servicios públicos. The Economist calculó que el volumen de inversiones británicas en títulos del Estado alcanzaba en 1884 un total de 3,5 millones de libras esterlinas, en tanto que consignaba otros 3 millones invertidos en empresas. Entre estas últimas destacó el rápido incremento de la red ferroviaria, que de 474 kilómetros en 1882 pasó a tener 1.571 en 1892.

Durante este periodo de prosperidad relativa se registró un rápido crecimiento demográfico, debido principalmente al volumen de los aportes inmigratorios. Según cálculos de la época, en 1873 Uruguay tenía 450.000 habitantes, de los cuales 103.000 eran extranjeros. Ese mismo año, cuando desembarcaron hasta 24.000 inmigrantes, los anuncios de la crisis financiera y poco después el derrumbe del gobierno institucional abrieron un decenio de muy limitados horizontes, durante el cual las grandes masas de recién llegados se sentían atraídas por Argentina y el sur de Brasil. Hasta después de 1882 no llegó una nueva oleada de inmigrantes al país. Entre los residentes extranjeros predominaban los italianos, que tuvieron un efecto decisivo en el crecimiento de Montevideo. Si se compara el censo de 1884 con el de 1889, se percibe claramente que mientras la población italiana se multiplica con rapidez, la española permanece estacionaria y la francesa casi está desapareciendo. En el periodo 1887-1889, cuando la afluencia inmigratoria registró el nivel más alto del siglo, es probable que su presencia neta superase las 45.000 personas, cifras que reflejaban la demanda de mano de obra generada por el boom que precedió a la crisis de 1890.

Aunque el país vivía en un clima de euforia política desde la renuncia de Santos, no tardaron en reaparecer viejos problemas al comenzar los trabajos de reorganización partidaria con miras a la restauración del gobierno civil. Los colorados, superando divisiones internas, utilizan con habilidad Ja estructura del partido y el poder de convocatoria popular del presidente saliente una vez que se desmantelan las bases políticas del poder militar. El artífice de la transición fue el nuevo ministro de Gobierno, Julio Herrera y Obes (que había sido una destacada figura entre los principistas cesantes en 1875). De este cargo a la presidencia mediaba sólo un corto paso para un político hábil que supo encauzar a su favor los descontentos acumulados contra Santos. La maquinaria electoral montada en el Ministerio de Gobierno permitió a Herrera y Obes hacerse con una base de poder estrechamente ligada al círculo de sus adeptos, que proclamaba la infalibilidad del ministro y el peso de su oposición aun contra la mayoría de los colorados. El cerrado exclusivismo de Herrera le hizo proclamar en una ocasión la necesidad de una «influencia directriz» en la elección de los candidatos al gobierno.

Pronto resultó claro que la vuelta al gobierno civil era, en realidad, el instrumento de una nueva opresión —la del poder presidencial— legitimada por una fachada democrática. Con el ascendiente de los caudillos en suspenso y el ejército de nuevo en sus cuarteles, el gobierno disponía de considerable poder para ejercer un alto grado de coacción política. Los instrumentos técnicos —el ferrocarril, el telégrafo y el armamento moderno— habían sido objeto de nuevos perfeccionamientos desde los tiempos de Latorre. Los departamentos del interior estaban rígidamente controlados por la autoridad de los jefes políticos, que dependían directamente de las órdenes del Ejecutivo. Estos mecanismos consolidaron la autoridad del presidente, pero, al mismo tiempo, esa autoridad se vio desgastada por la creciente distancia que lo separaba del país real y de sus nuevos actores sociales. La masa popular del Partido Colorado, que pronto encauzaría José Batlle y Ordóñez, requería una organización partidaria que armonizara más con los intereses de aquellos sectores de la sociedad, producto del entrecruzamiento de las corrientes migratorias, externas e internas. Desde otro ángulo, y ante el incumplimiento de las promesas de coparticipación, en 1893 el Partido Blanco decidió abstenerse del proceso electoral y se preparó una vez más para la lucha armada, frente a la política de exclusivismo colorado que practicaba la presidencia. Comerciantes, banqueros, hombres de negocios y la mayoría de los productores rurales expresaron de diversas maneras su descontento frente a Herrera y Obes. Respecto a estos últimos, sus aprensiones no eran injustificadas: el vasto proyecto de ley de colonización aprobado en 1888 en la Cámara, presentado por Carlos M.ª Ramírez y Julio Herrera y Obes, provocó escándalo y oposición entre los grandes estancieros ya que implicaba un cuestionamiento del sistema tradicional de tenencia de la tierra, que no excluía en ciertos casos la expropiación. Por lo demás, el comienzo de la crisis económica agudizó la oposición del sector capitalista en bloque frente a un presidente cada vez menos atento a sus intereses. El alto comercio de Montevideo retiró pronto su apoyo a Herrera y Obes, quien a su vez expresó repetidamente el resentimiento de su clase frente a esa «nueva categoría» de usureros integrada en gran parte por acaudalados extranjeros.

Los orígenes de la crisis de 1890 fueron complejos. Tras la caída de Santos, la favorable situación internacional estimuló la afluencia de capitales argentinos que, en manos de audaces financieros atraídos por las ventajas del mercado uruguayo, ensancharon repentinamente los horizontes del crédito. En ese contexto, la fundación del Banco Nacional (1887) por parte de capitalistas extranjeros con la participación nominal del gobierno, contribuyó a un alza de precios que impulsó el boom financiero previo al crack de 1890. Sin embargo, y dada su magnitud, esta crisis no puede explicarse como el mero resultado de la actividad especulativa local, sino que debe verse también en función de factores de más vasto alcance. La quiebra del Banco Nacional en 1891 y la negativa del mercado a aceptar sus billetes de banco supusieron, al igual que en 1875, una derrota para el gobierno. Asimismo representaron un triunfo para el grupo «orista», integrado principalmente por comerciantes e inversionistas extranjeros cuyos intereses estaban vinculados al oro y que por lo tanto no aceptaban ninguna otra base monetaria. La victoria de esta oligarquía financiera le otorgó el monopolio de la oferta de créditos durante los cinco años siguientes. Tal privilegio, gestado sobre las ruinas de la crisis, volvió a poner condiciones de usura para los préstamos al sector rural, como en tiempos muy anteriores. La fundación del Banco de la República en 1896 puso fin al monopolio, pero el éxito —que favorecía a los terratenientes, los pequeños comerciantes, la aristocracia venida a menos y las masas populares— sería sólo parcial. Lo único que consiguió entonces el Banco estatal fue que el crédito estuviera oficialmente a disposición de los grupos hasta entonces excluidos casi por completo de sus ventajas. Se había dado un paso importante, pero la tradición de una moneda convertible basada en el oro, a la cual se había adherido la nueva institución, permaneció intacta.

La fundación del Banco de la República representó una intervención importante del Estado en la economía. En el mismo año, los propietarios de la Compañía de Luz Eléctrica, que tenían deudas con el Estado, traspasaron la empresa a la administración municipal de Montevideo, y en 1901 se empezó la construcción del puerto de Montevideo. Como sostienen José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, estas tres iniciativas económicas del Estado señalaron el abandono del liberalismo primitivo por parte de la élite política y allanaron el camino hacia la ideología batllista dominante en el periodo posterior a 1904. Hay que señalar, con todo, que en esta etapa el Estado o bien satisfacía los requisitos económicos de determinados sectores del capital extranjero y nacional o sencillamente compensaba las limitaciones del mismo. No hubo ningún enfrentamiento con el capital, como los que habría más adelante, durante las presidencias de José Batlle y Ordóñez.

Las elecciones presidenciales para la sucesión de Herrera y Obes, celebradas a comienzos de 1894, demostraron tanto la fuerza creciente de la oposición como los tenaces esfuerzos de los partidarios del gobierno por mantenerse en el poder. Se necesitaron 40 votaciones y 21 días de sesiones infructuosas en el Parlamento para llegar a un acuerdo. Cuando finalmente la Asamblea parlamentaria designa a Juan Idiarte Borda, un candidato surgido del «colectivismo» (grupo político de Julio Herrera y Obes), el país empieza a deslizarse hacia la guerra civil. La vigencia del acuerdo de 1872, que había sancionado de hecho la coparticipación del Partido Blanco adjudicándole el control de 4 en un total de 13 departamentos, venía siendo desvirtuada no sólo por los mecanismos de fraude y coacción usuales, sino por la modificación del número de los departamentos (elevados a 19) y la disminución de las jefaturas asignadas a los blancos (3, desde 1893). Si a estos resentimientos se agrega el descontento de las clases dominantes frente al gobierno, bastará una chispa, apenas un pretexto, para encender la lucha armada. A finales de 1896, en vísperas de las elecciones legislativas, una desafiante exhibición militar del caudillo Aparicio Saravia fue el preludio de la rebelión que estallaría el año siguiente.

La insurrección de 1897 invocó, una vez más, la protesta de los blancos excluidos del poder, pero es importante tener presente el trasfondo social de la revuelta. Desde el decenio de 1870, cuando comienza la modernización acelerada en las estancias tradicionales, los cambios tecnológicos habían dejado indefensa a la clase trabajadora rural. El cerramiento de los campos, la mecanización de las faenas y la mejora de los transportes causaron una aguda desocupación, sin olvidar que la crisis de 1890 había asestado un duro golpe al sector ganadero. En 1891, en los departamentos productores de ganado, el ratio entre el trabajo y la tierra era de un peón por cada 1.000 hectáreas. El paro, la vagancia, la pauperización, el éxodo de las zonas rurales, el descenso de los salarios reales, el hambre y la mendicidad redujeron a los trabajadores rurales a condiciones de miseria. La presencia de los pobres rurales en el ejército de Saravia fue una de las respuestas a esta situación. El reclutamiento militar por parte del gobierno también absorbió una proporción considerable de los trabajadores rurales ociosos. En total fueron movilizados unos 15.000 hombres, una tercera parte de ellos por los rebeldes blancos.

La intransigencia del gobierno y el incierto resultado de la guerra misma perjudicaron a la clase terrateniente. A la ya habitual pérdida de caballos y de ganado, expropiado por los rebeldes o por las fuerzas del gobierno durante la campaña militar, se sumaba ahora una severa escasez de mano de obra para la esquila y las cosechas agrícolas. La prensa de Montevideo se hizo eco de las protestas de los hacendados y es sintomático que las clases altas rurales, sin distinción de partidos, expresasen de distintas formas su condena a los levantamientos saravistas. La sostenida campaña en favor de la paz fue dirigida contra el propio presidente, adversario empecinado de toda fórmula de paz negociada. La muerte de Idiarte Borda, víctima de un atentado político, allanó el camino hacia un tratado de paz, y a la vez marcó la declinación de la influencia «colectivista». Su sucesor, Juan Lindolfo Cuestas, que procedía de ese círculo, se unió sin embargo a las fuerzas que se le oponían y obró como artífice de su desmantelamiento. El golpe de Estado fue el recurso que eligió el nuevo presidente para desligarse del núcleo del que provenía y satisfacer a la vez los reclamos de una «voluntad popular», entonces invocada por Batlle como justificación de aquel extremo. El Pacto de la Cruz, con el que concluye la guerra, establece un equilibrio entre los dos partidos políticos y una precaria división de facto del gobierno nacional. La fórmula de coparticipación adoptada en 1897 volvía una vez más a cuestionar el principio de unidad política del país e implicaba una peligrosa limitación a la soberanía del Poder Ejecutivo.

Hasta la muerte de Aparicio Saravia en 1904, y tras las renovadas exigencias de los blancos que condujeron a la reanudación de la lucha armada, no se impuso de modo decisivo la autoridad del gobierno central, ni se consolidó una estructura de Estado moderno. Este último conflicto civil, sangriento e inmensamente destructivo, duró nueve largos meses y estalló cuando comenzaba a creerse que las guerras entre partidos políticos ya habían sido definitivamente superadas. En realidad, fue aquel un enfrentamiento entre dos países que aún coexistían dentro de fronteras. Uno, principalmente blanco, exigía libertad electoral y una democracia política completa, pero también incluía a los estancieros más tradicionales que seguían apacentando ganado criollo, negociaban con el saladero y aceptaba aún el paternalismo de los caudillos para con sus peones. El otro Uruguay, predominantemente colorado, defendía el principio de un gobierno unificado, pero también representaba el nuevo país de la cría de ovejas, el ganado mejorado que el frigorífico permitía colocar en el mercado británico, además del terrateniente como hombre de negocios capitalista. Para Batlle, elegido presidente en 1903, la guerra de 1905 fue la prueba definitiva de que la producción extensiva de ganado y su consecuencia natural, los latifundios improductivos donde tenían su último refugio los caudillos blancos, debían eliminarse en tanto que se llevaba a cabo una reforma de la propiedad de la tierra. Sin embargo, nunca pudo poner en práctica tales reformas, debido en parte a la enorme oposición que su solo anuncio despertaba.

Al finalizar el siglo XIX, la plena incorporación de Uruguay a la economía mundial a partir de las exportaciones agropecuarias era un hecho consumado. El precio que hubo de pagar por este grado de integración y prosperidad fue por lo pronto una recurrente inestabilidad económica. La lana, que a partir de 1884 fue el producto de exportación más importante, se vio afectada desfavorablemente por el descenso de los stocks y la caída de los precios mundiales en el periodo 1890-1891. La carne en conserva y el extracto de carne experimentaron serias fluctuaciones en los mercados europeos: los precios del extracto de carne de Liebig subieron hasta 1890, pero en lo sucesivo descendieron mucho, a la vez que los mercados de la carne en conserva disminuían después de 1886 y provocaban la consiguiente reducción de la producción. Otros productos tradicionales como los cueros también perdieron importancia. Las exportaciones de tasajo crecieron durante las dos últimas décadas del siglo; no obstante, sus precios experimentaron bruscos altibajos, dentro de un cuadro de superproducción que afectó al conjunto de la economía pecuaria.

EL REFORMISMO Y LA ECONOMÍA EXPORTADORA, 1904-1918

Desde que fue elegido por primera vez, en 1903, hasta su muerte, acaecida en 1929, José Batlle y Ordóñez dominó la vida política de Uruguay. Dos veces presidente (1903-1907 y 1911-1915), su autoridad se debió en gran parte a que supo conciliar las aspiraciones de la burguesía modernizadora con los reclamos de las clases populares. Hijo de un presidente y nieto de un comerciante que había pertenecido al patriciado colonial, periodista y fundador del diario El Día en 1886, Batlle venía trabajando desde 1890 por la normalización de las instituciones y por la independencia económica del país. Su programa básico de 1903 —«libertad electoral y elecciones honestas»— reivindica esenciales garantías democráticas y anticipa un régimen de participación ampliada, acorde con los reclamos de modernización que el país estaba en vías de consagrar. En pocos años logra introducir en el viejo partido histórico que integraba —el Colorado— cierto contenido doctrinario en torno al cual se irá conformando una compacta alianza de grupos e intereses predominantemente urbanos (incipiente burguesía industrial, sectores medios y estratos populares), en buena parte de reciente origen inmigratorio.

Batlle fue elegido para su primera presidencia por la oligarquía colorada. La victoria militar de su gobierno sobre Saravia le permitió consolidar su posición como líder del partido y, al mismo tiempo, aseguró la unidad política y administrativa del país. Corolario de esta nueva situación, la instalación de un «gobierno de partido» obedeció tanto a las convicciones personales de Batlle como a las necesidades que planteaba su propio programa. La seguridad de sólidas mayorías era imprescindible y responden a ese imperativo las reformas electorales de 1904, que fortalecieron considerablemente la representación del Partido Colorado. Observando el grado de participación, las metas aún eran distantes: apenas el 5 por 100 de la población total de un millón de habitantes ejercía entonces el derecho de voto. Para avanzar en este terreno, Batlle se propone modificar de raíz la vieja estructura oligárquica del partido mediante una más directa representación de todos los niveles de la ciudadanía. El «club seccional» fue el instrumento idóneo para lograr ese objetivo, llevando a las comarcas del interior y a los barrios urbanos la práctica cotidiana de una democracia interna; las asambleas partidarias permitieron asimismo un contacto más cercano con problemas de la vida pública que hasta entonces sólo se discutían en círculos cerrados. Por ambas vías fueron articulándose las ideas de participación ampliada dentro de la concepción de un gobierno de partido, nacido de la elección popular.

Pese al descontento del Partido Blanco, la pacificación del país fue un hecho desde 1904 y también una condición cumplida para acceder al estadio de modernización. Finanzas ordenadas y crecientes saldos exportables permitieron a Batlle encarar un programa reformista de vastos alcances, acorde con los cambios que se estaban produciendo en la sociedad uruguaya. Los aportes migratorios siguen modificando la base demográfica. Según el censo de 1908, 181.222 extranjeros (17,38 por 100 de la población total) conviven con 861.464 nacionales. La mitad de esos extranjeros reside en Montevideo, que cuenta para entonces con 310.000 habitantes, un tercio de la población total. Pero más allá de las cifras y su significación, el impacto de la inmigración es ya inseparable de la nueva fisonomía social de Uruguay. En las ciudades, la inmigración se asocia al surgimiento de una pujante clase media a la que se accede con relativa facilidad; asimismo impregna con su dinamismo ideológico al proletariado urbano, sobre todo en las primeras etapas de la organización sindical.

Las reformas de Batlle favorecieron la reestructura administrativa del país. El Estado resultó fortalecido por el incremento del número de ministerios y la creación del Tribunal Supremo de Justicia en 1907. Al mismo tiempo, la influencia de la Iglesia disminuyó a causa de la limitación progresiva de sus prerrogativas y de las leyes liberales sobre el divorcio, que se decretaron en 1907 y 1913; esta última ponía el divorcio a disposición de la voluntad de la esposa, y sin expresión de causa. Se ampliaron los beneficios de la educación mediante la creación de los liceos departamentales en 1912, y la sanción de la gratuidad total de la enseñanza secundaria y superior en 1916. En el terreno laboral, el Estado asumió el papel de árbitro interclasista, interviniendo en nombre de los asalariados más débiles, ya fuera mediante leyes protectoras o por garantías efectivas de los derechos sindicales. De estas leyes, la más escandalosa (a ojos de la patronal) fue la que en 1915 aprobó la jornada laboral de ocho horas para todos los trabajadores urbanos.

Además de estas medidas de bienestar social, el Estado también propició pautas de desarrollo de marcado carácter nacionalista. La formulación de una política proteccionista, coordinada en 1912 a partir de antecedentes que se remontaban a 1875, estimuló la expansión de la industria manufacturera. Batlle intentó igualmente limitar la magnitud de la penetración extranjera (especialmente la británica) en la economía. El capital foráneo aparecía bajo la forma de préstamos al gobierno uruguayo e inversiones directas. En ambas manifestaciones, la posición británica era dominante. En 1910 los préstamos pedidos en Londres ya totalizaban 26,5 millones de libras esterlinas y constituían una de las deudas exteriores per cápita más altas de América Latina. En lo sucesivo, la proporción de la deuda británica disminuyó al comenzar a solicitarse préstamos a bancos de Nueva York. En el sector de las empresas de servicios públicos, la inversión británica en ferrocarriles, tranvías, teléfonos, agua y gas creció rápidamente durante los años 1905-1913. Batlle contemplaba con mucho recelo la presencia de estas compañías y las concesiones al amparo de las cuales actuaban. Todo el mundo sabía que sus tarifas eran demasiado altas y que prestaban servicios deficientes; frente a ello, el gobierno procuró obtener el apoyo de las inversiones norteamericanas (que antes de 1914 se limitaban en gran parte a la industria frigorífica) para impugnar la posición británica, obteniendo un magro resultado. Sin embargo, se fundaron ciertas empresas estatales con el fin de asegurar, o al menos disputar, el control de ciertos sectores de la economía que tradicionalmente eran dominados por el capital europeo, tales como los seguros, los ferrocarriles, los teléfonos y la destilación de alcohol. El Estado también penetró en el sector financiero y nacionalizó por completo el capital del Banco de la República en 1911 con el objeto de crear un banco estatal, además de convertir el Banco Hipotecario en propiedad del Estado el año siguiente.

La postura reformista de Batlle partía fundamentalmente de una concepción especial del papel del Estado como catalizador de los cambios requeridos por la dinámica social de su país. Esta concepción llevó a Batlle a hacer hincapié en los riesgos implícitos que contenían las atribuciones presidenciales. A su modo de ver, la ampliación de los fines del Estado suponía delegar en un cargo (y en un hombre) poderes extraordinarios y el abuso de estos poderes había constituido la trama de la historia política de Uruguay durante gran parte del siglo XIX. Considerando aquellos riesgos, así como la necesidad de garantizar la continuidad de la política gubernamental, Batlle propuso en 1913 las bases de una reforma de la Constitución. En esencia, su proyecto consistía en suplantar el ejecutivo presidencial por un cuerpo colegiado de nueve miembros del partido mayoritario. Dos de ellos designados por la asamblea general para un periodo de seis años; los siete restantes, elegidos por votación popular, rotarían por renovación anual. Era una propuesta audaz. Si por un lado impugnaba un consenso interpartidario que había durado casi un siglo, por otro revelaba la intención de perpetuar la influencia del Partido Colorado en el poder, ya que —según el proyecto— tendría que perder cinco elecciones sucesivas para ser desplazado del nuevo ejecutivo.

El Partido Blanco se seguía resintiendo de los reveses causados por el fin de la coparticipación en 1904. Castigado por las subsiguientes leyes electorales que redujeron la representación parlamentaria de las minorías y dirigido por hombres que en su mayor parte procedían de filas conservadoras, era un adversario previsible y decidido del nuevo sistema de gobierno que se proponía. Resulta claro que las causas de su oposición no eran únicamente políticas, sino que también tenían relación con el carácter de las reformas sociales de Batlle. Apareció, pues, un frente de oposición en el que la dirección del Partido Blanco estaba aliada con un importante grupo conservador, el riverismo, que se había escindido de los colorados en marzo de 1913. Al igual que todos los demás grupos que más adelante romperían con los batllistas, el riverismo pretendía determinar su identidad en el marco de las tradiciones del antiguo Partido Colorado, y así acusaban a los batllistas —dadas sus simpatías «socialistas»— de haberlas traicionado. Dentro de ambos grupos, los estrechos intereses de clase que unían a los grandes terratenientes con los banqueros, comerciantes e inversionistas extranjeros les empujaban a expresar desconfianza y más adelante alarma ante las propuestas del gobierno, lo que pronto dividió al país en dos bandos irreconciliables. Las clases sociales que se proclamaban orgullosamente «conservadoras» empezaron a identificarse con la defensa de un orden social amenazado, prescindiendo del color partidario. En tales circunstancias, el debate en torno a la Constitución colegiada no fue simplemente un acuerdo acerca del sistema presidencial, sino que, de hecho, vino a implicar el apoyo o el rechazo de todo un programa de reformas impulsado desde 1903.

Las elecciones para la Asamblea Constituyente que debía estudiar la propuesta se celebraron en julio de 1916 y dieron una clara ventaja a favor de los enemigos del colegiado. El sucesor de Batlle en la presidencia, Feliciano Viera, seguramente influido por dicho resultado, anunció que se interrumpiría el programa de reformas sociales. Procedente del mismo núcleo partidario que Batlle, cuyas ideas había aceptado anteriormente sin reservas, la actitud de Viera provocó una peligrosa disensión partidaria en las filas de los seguidores de Batlle. Una sugestiva nota dirigida al presidente por las entidades que nucleaban a las asociaciones patronales subraya su satisfacción ante ese giro conservador. El desacuerdo de Viera, que se sumaba al de Manini Ríos —cabeza de la fracción riverista— venía a revelar la difícil coexistencia de diversos grupos de opinión y de intereses en el Partido Colorado.

Poco después, las elecciones parlamentarias de 1917, segunda y decisiva instancia para la suerte de la reforma colegiada, otorgaron el triunfo a sus partidarios, despejándose así el camino hacia una nueva Constitución que entró en vigor en marzo de 1919. La integración del poder ejecutivo —aparente motivo de la larga controversia— reflejaba una insoluble disparidad de criterios: la carta creaba un ejecutivo bicéfalo, en el cual alternaban la autoridad de un presidente de la República con la de un Consejo de nueve miembros, el primero conservando las atribuciones clásicas (seguridad interior, jefatura de las fuerzas armadas, relaciones exteriores), que Batlle había albergado la esperanza de sustraer de la órbita presidencial; el segundo, consagrado a las funciones administrativas del Estado, mostraba la debilidad inicial de un cuerpo que carecía de respaldo efectivo y que quedaba subordinado en definitiva al poder presidencial.

Durante el periodo 1904-1918, la naturaleza de la economía fue determinada por los procesos paralelos de modernización y dependencia. La consolidación del Estado y la complejidad de sus funciones lo transformaron en agente efectivo del desarrollo económico, pero ello contribuyó a que las contradicciones del «desarrollo dirigido hacia afuera» resultasen más evidentes. La expansión continua de las exportaciones agropecuarias demostró la dependencia de los sectores productivos básicos (en forma abrumadora, el de la ganadería) respecto de los mercados consumidores de ultramar. La nueva industria frigorífica produjo uno de los cambios más característicos del periodo: la carne vacuna congelada desplazó gradualmente al tasajo como principal producto cárnico de exportación. Pero entre los rubros exportables, la lana continuó siendo el más importante, representando el 40 por 100 de los embarques durante el periodo 1906-1910, comparado con el 25 por 100 de los cueros y el 16 por 100 de la carne y los extractos. La expansión del sector rural prosiguió durante todo el primer decenio del siglo y la mayor parte del segundo, exceptuando la breve interrupción que causó la crisis financiera de 1913. La primera guerra mundial aceleró la declinación del tasajo, al aumentar la demanda europea de lana y de carne congelada.

El progreso de los transportes y las comunicaciones conoció una fase decisiva durante el decenio anterior a la guerra mundial. Al despuntar el nuevo siglo se habían emprendido las obras del puerto de Montevideo, inauguradas en 1909. Con la aparición del automóvil en 1904 y la electrificación de los tranvías urbanos en 1907, la ciudad se expande incorporando alejadas barriadas que lindaban con las chacras suburbanas. Las vías férreas surcaban el país de sur a norte; su trazado inicial había obedecido a los requerimientos de un desarrollo orientado en buena medida por los intereses exportadores, que se conciliaban con los del comercio británico. Cubrían 1.964 kilómetros en 1902 y su desarrollo alcanzó 2.668 kilómetros en 1919.

Acorde con la estabilización del país y con las expectativas económicas, la inmigración se expande hasta los comienzos de la guerra mundial con ritmo febril: entre 1910 y 1914, la población total pasa de 1.132.000 a 1.315.000, calculándose a la par los aumentos migratorios y vegetativos. El censo departamental de 1900 señalaba que un 30 por 100 de la población global residía en Montevideo. Semejante proporción era también el resultado de un distorsionado proceso de concentración urbana. La desocupación en el interior, la ausencia de normas protectoras del trabajo, con jornadas ilimitadas de trabajo y deprimentes condiciones de vida (dos tercios de la población rural era analfabeta en 1900) mostraban un trabajador sometido a una verdadera relación de dependencia personal frente al estanciero, que aún podía ejercer coacción en tiempos de guerra civil, movilizándolo bajo la divisa de su caudillo. Al mismo tiempo comienza a detenerse el proceso de penetración de los extranjeros en el medio rural, una vez que la clase de los terratenientes conquista las garantías de seguridad e incorpora los adelantos tecnológicos (necesarios para dominar el sector exportador). A fines del siglo XIX —como señalara Germán Rama—, la ausencia de tierras públicas y la consolidación de la clase alta rural impusieron a los inmigrantes una barrera infranqueable para acceder a la tierra.

En el sector manufacturero, la multiplicación y diversificación de establecimientos fue acompañada por el incremento del empleo industrial: de 30.000 en 1889 a 41.000 en 1908, y 50.000 en 1920. Pero más que el número de sus integrantes importa señalar el cariz que asumen las tempranas reivindicaciones obreras. Los objetivos apuntan casi invariablemente a mejores condiciones de vida (salarios, jornada laboral máxima) y las huelgas se vuelven frecuentes desde comienzos de siglo, cuando Montevideo es el refugio de los «agitadores» expulsados de Argentina al amparo de la «ley de residencia». La clase trabajadora uruguaya alcanza su madurez política en estos años, culminando una tradición de luchas que se remonta a las últimas décadas del siglo pasado. Su organización fue alentada por el apoyo decidido del presidente Batlle, promotor, como se ha visto, de una avanzada legislación tutelar del trabajo.

LOS LÍMITES DEL REFORMISMO, 1918-1930

La primera guerra mundial hizo prosperar la economía uruguaya a partir del boom exportador de sus productos agropecuarios. Asimismo, la industria local y el consumo de artículos manufacturados en el país crecieron considerablemente: el censo de 1920 registraba 3.704 establecimientos y 401 empresas industriales. Defraudando las expectativas de los ganaderos, el final de la guerra clausuró la coyuntura próspera y legó un periodo de severas dificultades para la colocación de carnes, caracterizado por bruscas oscilaciones en la demanda externa. En este cuadro, el capital norteamericano, a tono con el dinamismo de la prosperity, emprende una vigorosa ofensiva en la región del Plata, favorecida por el estancamiento industrial británico y su decaída competitividad, aun en los mercados que le eran propios. Desde fines de la guerra, los signos expansivos no dejaban lugar a dudas. En materia de comunicaciones se establecen o se consolidan líneas marítimas regulares, se organizan servicios telegráficos directos desde Nueva York al Plata, al tiempo que las agencias de noticias del norte comienzan a penetrar en los servicios informativos de las prensas argentina y uruguaya.

El comercio de Estados Unidos con Uruguay opera sobre una base de escasa reciprocidad. La producción primaria uruguaya (lanas y cueros, básicamente) es en todo caso competidora de la norteamericana, y sus exportaciones no son alentadoras. Por el contrario, las importaciones de procedencia norteamericana han desplazado desde 1916 a sus homologas británicas. Superada la crisis de 1920-1922, los Estados Unidos recuperan esa marca y la mantienen hasta 1929. Aparte de los derivados del petróleo, la industria automotriz y la maquinaria agrícola, sus vendedores imponen una nueva línea de productos de consumo donde alternan receptores de radio, gramófonos y una vasta gama de electrodomésticos que abren una profunda brecha en la antigua hegemonía comercial británica. El movimiento de capitales guarda asimismo relación con el aumento de las ventas en el mercado uruguayo: tras el incremento de los automotores llega la asistencia de Wall Street a los planes de construcción y mejora de la red viaria, o la financiación de ambiciosas obras públicas. Sólo un dato: en 1923, cuando circulaban en el país más de 10.000 vehículos, se habían construido casi 300 kilómetros de carreteras, cuya extensión llega casi a triplicarse en 1929.

No obstante, la presencia británica era aún descollante. A finales de los años veinte, la masa de capital invertido superaba los 41 millones de libras esterlinas, aun cuando la tendencia declinante en ese rubro se advertía desde 1913. Después de la paralización ocasionada por la guerra, las esporádicas adiciones que se operan en el decenio siguiente no modifican el cuadro. Empréstitos e inversiones siguen siendo los principales receptores de capital. Las obligaciones estatales ascendían a unos 20 millones de libras, y entre las inversiones directas (que representaban una suma equivalente) figuraban las empresas de servicios públicos y una planta congeladora de carne.

La inmigración, que había cesado virtualmente con la gran guerra, se reanudó con fuerza en el decenio siguiente. Entre 1919 y 1930 entraron en el país casi 200.000 extranjeros, si bien los frecuentes desplazamientos hacia Argentina y Brasil exigen reajustar esa cifra con miras a una evaluación realista del número de radicados. Los recién llegados incorporan un mosaico de nacionalidades, resultado de las penurias económicas y los reajustes políticos ocasionados por la guerra. Aparte de la tradicional afluencia de españoles e italianos, se sumaron polacos, rumanos, bálticos, serbios y croatas, alemanes y austríacos, sirios y armenios, todos los cuales contribuyeron a un proceso de diversificación cultural y religiosa; los judíos llegaron en número significativo y generalmente avanzaron desde el punto de vista económico, formando una comunidad laboriosa y unida. La distribución laboral de los recién llegados la dictaba la pauta de la demanda de mano de obra. La industria frigorífica, las fábricas de textiles y de muebles, los talleres mecánicos pero, sobre todo, las faenas de distribución absorbieron esta nueva mano de obra y el pequeño volumen de ahorros que trajo consigo. Invariablemente preferían instalarse en Montevideo y ejercieron una influencia importante en el proceso de urbanización. En 1930 Montevideo, con 655.000 habitantes, acumulaba casi el 25 por 100 de la población total del país. La capital seguía siendo el centro aglutinante de población y de riquezas: «bomba de succión» la calificaba no sin rencor un estudioso de la época, Julio Martínez Lamas, aludiendo a la situación de privilegio que en su opinión Montevideo detentaba.

En el orden de la producción ganadera culminan durante la primera posguerra dos procesos estrechamente interrelacionados: el afianzamiento del frigorífico, que apareja a su vez la imposición de la carne enfriada sobre la congelada; y el ocaso definitivo del saladero que apenas procesa el 5 por 100 de las faenas frigoríficas. La apertura definitiva del frigorífico al mercado mundial, confirma asimismo la superación definitiva del antiguo comercio tasajero. La industria frigorífica, nuevo puntal del sector exportador, aparece dominada por el capital extranjero, norteamericano en su mayoría, que controla los principales establecimientos y las compras de ganado en Tablada. La política de precios acordada entre las compañías internacionales, así como los sucesivos convenios con que se repartieron el mercado uruguayo, otorgaron a estas compañías un estatus de monopolio de hecho que resulta insostenible, en especial para los medianos y pequeños productores. En este clima, se abrieron camino las ideas de participación del Estado en ese sector, materializadas con la creación del Frigorífico Nacional.

Los cinco años que precedieron a la crisis de 1929 se caracterizaron por otro auge exportador, al recuperarse el comercio mundial. Los productos de la ganadería continuaban representando el 95 por 100 de las exportaciones y entre ellos los principales eran la lana y la carne vacuna refrigerada. El elevado valor de las exportaciones y una restringida tasa de crecimiento de la demanda de importaciones permitieron que el peso se revalorizase dando una imagen de relativa estabilidad. No obstante, la balanza de pagos contenía algunas partidas inquietantes, especialmente el nivel de la deuda externa que revelaba el flanco más vulnerable de la supuesta prosperidad; en 1929, Uruguay remitió al extranjero unos 3,7 millones de libras en concepto de pagos correspondientes al servicio de la deuda.

Pese a las señales inquietantes, el estado de bienestar continuaba avanzando, y en los últimos años de la administración batllista se suceden las medidas reformistas. Pocos meses antes del anuncio del crack neoyorquino, la intervención estatal se concentraba en el mercado de la carne mediante la ya señalada creación del Frigorífico Nacional con el apoyo inicial de los hacendados. En 1931 se registra una adición importante a las actividades directamente productivas del Estado: nace la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Entre los cometidos del ente oficial figuraba la fabricación de alcoholes y cemento; además, poseía el monopolio de la explotación de los yacimientos de petróleo que se esperaba encontrar; pero también el monopolio, más significativo, de la importación y refinación de petróleo crudo, poderes que generarían conflictos con las empresas extranjeras afincadas. En materia laboral, según los inversores extranjeros y los capitalistas locales, «la maldición socialista» asume un cariz amenazante hacia fines de los años veinte, cuando surgen propuestas de salarios mínimos para el comercio y la industria, y aun un plan de jubilaciones para los empleados de las empresas, que sería financiado parcialmente por la parte patronal.

La tregua que acordaron los partidos tradicionales al sancionarse la Constitución colegiada de 1919 se apoyaba en una serie de complejos convenios políticos. Para los blancos, esta estructura legal les aseguraba la imposibilidad de que Batlle volviera a ocupar la presidencia. También entrañaba (tanto para ellos como para los colorados) la aceptación de un acuerdo interpartidista como condición inevitable para gobernar. Durante 15 años, distintos acuerdos de esta clase garantizaron una frágil estabilidad institucional. Tal sistema de implícita coparticipación tendía, sin embargo, a agravar las escisiones internas en ambos partidos. Entre los blancos, y a pesar de existir tendencias opuestas, se encumbró la figura de Luis Alberto de Herrera, al que se identificaba con los sectores rurales más conservadores. En el Partido Colorado, los sucesivos cismas que amenazaron provocar su desintegración, cedieron sólo ante la poderosa influencia de Batlle. Su muerte, a finales de 1929, abrió un periodo de incertidumbre. El vacío de poder creado por su desaparición puso a seria prueba, en los años siguientes, la estabilidad de las instituciones. La falta de un líder de recambio y la inevitable lucha por su legado político intensificaron aún más las tensiones entre los colorados. Las elecciones presidenciales de 1930, ganadas por Gabriel Terra, revelaron hasta qué punto la coexistencia de tendencias opuestas entre los batllistas había dependido del ascendiente personal de Batlle.

El golpe de Estado de 1933 es inseparable de un contexto en el que las tensiones políticas internas se vieron agravadas por las repercusiones de la crisis mundial. Con ese desenlace toca a su fin aquel modus vivendi basado en pactos y acuerdos entre agrupaciones sociales y políticas antagónicas, para el cual había sido tan necesaria la estabilidad económica que conociera Uruguay en los años anteriores a 1929.

Capítulo 6
PARAGUAY, DE LA GUERRA DE LA TRIPLE
ALIANZA A LA GUERRA DEL CHACO,
1870-1932

PARAGUAY BAJO LA OCUPACIÓN ALIADA

El día de Año Nuevo de 1869 tropas extranjeras ocuparon Asunción, la capital de Paraguay. La ciudad casi desierta fue abandonada al pillaje de los soldados —principalmente brasileños con algunos contingentes argentinos y uruguayos— que buscaban botín y mujeres. Los aliados habían estado en guerra con Paraguay durante más de cuatro años y ahora, por fin, las defensas de la pequeña y agotada nación se habían venido abajo. Aun así, la guerra no había terminado. El presidente paraguayo, mariscal Francisco Solano López, prosiguió la lucha desde su improvisado cuartel general en el corazón de las selvas del norte, reclutando por la fuerza a chicos de diez a catorce años como único medio de mantener su ejército, que iba disminuyendo. Hasta el 1 de marzo de 1870 no fue acorralado y muerto finalmente en Cerro Corá, cerca de la frontera brasileña.

Mientras tanto los aliados habían instalado un gobierno marioneta en Asunción. Un triunvirato formado por elementos enemigos de López declaró que el mariscal era un forajido y confiscó todas sus propiedades. El nuevo gobierno también prometió celebrar elecciones durante el año próximo para formar una convención constitucional que sería la base para la instauración de un Estado democrático, después de más de un siglo de dictadura bajo, sucesivamente, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840), quien, después de la independencia, había tenido al país aislado en gran parte del mundo exterior; Carlos Antonio López (1840-1862), que había puesto fin al aislamiento de Paraguay e iniciado un proceso de modernización económica y militar; y Francisco Solano López (1862-1870), cuyos sueños de poseer un imperio suramericano, junto con las ambiciones territoriales de los vecinos de Paraguay, Argentina y Brasil, llevaron a aquella guerra desastrosa. Al estallar la contienda, Paraguay tenía una población de un millón y pico de almas, pero las luchas, el hambre y las enfermedades la habían reducido en más de un 50 por 100. Entre los 221.000 supervivientes de la guerra había sólo 28.000 varones, la mayoría de ellos muy jóvenes o muy viejos. El país se encontraba totalmente en ruinas. Poblaciones y granjas habían sido abandonadas; la mayoría de las propiedades, destruidas, ya fuera por los saqueos de los aliados o por la táctica de tierra quemada a que recurriese López. Miles de personas vagaban por el país, sin hogar, muriendo de hambre y agotamiento a la vera de los caminos. Las arcas del tesoro público estaban vacías y los aliados mostraron poco interés por proporcionar ayuda financiera.

Teniendo en cuenta la enormidad de las tareas que hubieron de llevar a cabo, los triunviros —Cirilo Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga— hicieron una labor excelente. Se apresuraron a crear campos de trabajo para las familias sin hogar, formaron una milicia para suprimir los saqueos y el bandidaje, instituyeron nuevos sistemas fiscales y judiciales, pusieron en marcha un programa de obras públicas con el fin de crear puestos de trabajo e hicieron que los inválidos y los huérfanos quedasen bajo la protección del Estado. La necesidad de obtener la aprobación de los aliados hacía más difícil la tarea administrativa. Los aliados raras veces se ponían de acuerdo, ya que una vez muerto López, los argentinos y los brasileños volvieron a rivalizar como antes. Hasta cierto punto, esto dio a los paraguayos más espacio para maniobrar, pero, al mismo tiempo, hizo que sobre ellos recayeran presiones de distintas procedencias. Los argentinos ejercían su influencia por medio de la Legión Paraguaya, formada por un grupo de antiguos exiliados que vivían en Buenos Aires al estallar la guerra y que se habían alistado en el ejército argentino para luchar contra López. Sus líderes eran Benigno Ferreira, que estaba al frente de la milicia que el triunvirato acababa de formar, Facundo Machaín y José Segundo Decoud, que sería el principal autor de la Constitución de 1870. Los brasileños, que eran la fuerza de ocupación más numerosa, respaldaban a Cirilo A. Rivarola, uno de los triunviros. Rivarola era bastante inculto y tenía poco talento político, pero resultaba útil porque no era partidario de la Legión ni de López. Ex sargento del ejército paraguayo, había sido arrestado y torturado durante la guerra a causa de uno de los frecuentes accesos de furia paranoica del mariscal. Por consiguiente podía afirmar que había combatido por su país como un buen patriota, pero sin lamentar la desaparición del antiguo régimen. Finalmente, había una tercera facción a la que cabría llamar «lopista», puesto que la formaban los que seguían venerando al dictador caído. La encabezaba Cándido Barreiro, agente comercial de López en Europa. Barreiro, que durante la guerra no pudo volver a Paraguay debido al bloqueo impuesto por los aliados, procedió ahora a reagrupar a los abatidos lopistas. Su recluta más importante fue el general Bernardino Caballero, que acababa de volver de un campo de prisioneros de guerra. El general Caballero era el más grande de los héroes vivos a los ojos de los paraguayos nacionalistas, pues había combatido al lado del mariscal hasta el último momento y no había caído en manos del enemigo hasta la batalla de Cerro Corá.

Las elecciones para la convención constitucional se celebraron en julio de 1870. Los legionarios ganaron una mayoría de los escaños tras una lucha muy reñida y plagada de abundante invectiva y de algunas reyertas callejeras. Al reunirse en agosto, lo primero que hizo la convención fue disolver el triunvirato y nombrar a Facundo Machaín presidente interino de la República. Sin embargo, el ejército brasileño vio en ello un golpe de Estado apenas disimulado y al día siguiente sus tropas rodearon la convención. Machaín se vio obligado a dimitir y se nombró a Rivarola para sustituirle. A partir de aquel momento, la convención se limitó a la tarea de redactar una constitución. El resultado fue un documento que reflejaba las ideas liberales de los enemigos de López. El antiguo régimen se había apoyado en una economía controlada por el Estado; así pues, el nuevo Estado tenía que fomentar la propiedad privada y el libre comercio. Dado que López había sido un déspota absoluto, la Constitución tenía que disponer que se fundara una república democrática basada en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El documento reflejaba la influencia de la Constitución de Estados Unidos y disponía que cada departamento del gobierno paraguayo controlara los poderes de los demás departamentos.

Al frente del brazo ejecutivo, de conformidad con la Constitución de 1870, se encontraba un presidente que era elegido por un colegio electoral para un periodo de cuatro años. Para impedir que el presidente se convirtiera en dictador, se le prohibía ocupar la presidencia por segunda vez hasta transcurrido un intervalo de ocho años. Al mismo tiempo se elegía un vicepresidente. Asimismo, el presidente era ayudado por un gabinete de cinco miembros integrado por los ministros de Relaciones Exteriores; Justicia, Culto e Instrucción pública; por el del Tesoro; el del Interior; y el de la Guerra. El brazo legislativo consistía en un congreso bicameral de 13 senadores y 20 diputados. Cada dos años se celebraban elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. A modo de salvaguardia complementaria contra una posible dictadura, el Congreso debería nombrar una comisión permanente siempre que se suspendieran sus sesiones; la comisión se encargaría de vigilar lo que hiciera el presidente. Al frente de la judicatura habría un tribunal superior formado por tres hombres. Inmediatamente debajo habría tribunales de apelación para causas civiles y criminales. La Constitución instituyó un gobierno muy centralizado en el cual los asuntos locales estarían en manos de jefes políticos nombrados por el ministro del Interior. Aunque los municipios podían elegir sus propios consejos locales, tenían poco poder para decidir salvo en los asuntos más insignificantes.

Esta Constitución democrática no tenía ninguna probabilidad en una sociedad como la de Paraguay, donde la mayoría de la gente era desesperadamente pobre e inculta. Además, las condiciones en que se encontraba el país al finalizar la guerra requerían un Estado fuerte que guiara el proceso de reconstrucción. Tampoco los aliados estaban dispuestos a que en Paraguay funcionase un gobierno verdaderamente libre. Incluso los que redactaron la Constitución tenían poca paciencia para el tipo de negociaciones y de concesiones recíprocas que la democracia hace necesarias. El gobierno era una de las pocas oportunidades de enriquecerse que se le ofrecían al ciudadano, de modo que había una lucha feroz por controlarlo. En un ambiente así, cada cual procedía por su cuenta y riesgo. Los amigos de antes eran los enemigos de ahora y todo el mundo buscaba el respaldo de los ejércitos de ocupación a fin de promover sus ambiciones.

Figura central en todas estas intrigas de la posguerra fue Juan Bautista Gill, ministro del Tesoro con Rivarola. Político brillante pero despiadado, pronto convenció a los brasileños de que era más capaz de gobernar el país como ellos querían que el rústico e inepto presidente. Con el apoyo de los brasileños, expulsó a Rivarola de su puesto y en su lugar puso al vicepresidente Salvador Jovellanos. Sin embargo, antes de que pudiera expulsar a Jovellanos y apoderarse de la presidencia para sí mismo, Gill fue súbitamente detenido y expulsado del país por el general Benigno Ferreira, que seguía mandando la milicia. Ferreira era ahora la figura dominante, aunque Jovellanos continuaba ocupando la presidencia, lo cual representaba un aumento de la influencia argentina. Con todo, fue por poco tiempo, ya que en 1874 una revuelta nacionalista dirigida por el general Caballero obligó a Ferreira a exiliarse. Una vez más, intervinieron los brasileños. En lugar de hacerse con el poder, los lopistas trajeron a Gill de vuelta a Paraguay en un barco de guerra brasileño y finalmente le instalaron en el palacio presidencial.

En 1876 tanto los argentinos como los brasileños ya habían decidido que los costes de ocupar Paraguay estaban resultando demasiado elevados. Como precio de la firma de un tratado de paz, los argentinos habían pedido grandes concesiones territoriales por parte de Paraguay, las cuales, si eran aceptadas, les hubiesen proporcionado la mayor parte de la región situada al oeste del río Paraguay y conocida por el nombre del Chaco. Ahora, sin embargo, accedieron a que se sometiera el asunto a un arbitraje internacional, y cuando éste falló finalmente a favor de Paraguay, aceptaron el fallo y se retiraron. Los brasileños, que ya habían negociado un tratado por el cual Paraguay renunciaba a sus pretensiones a ciertos territorios del norte y del este, no vieron ningún otro motivo para quedarse. También ellos retiraron sus tropas de Paraguay.

El régimen de Gill no pudo aguantar mucho tiempo sin la protección de los brasileños. Gill murió asesinado el 12 de abril de 1877 mientras se dirigía a pie de su casa a palacio. Sus asesinos eran un grupo de hombres que no pertenecían a ningún partido definido, pero a quienes la etiqueta que mejor les sienta es la de lopistas disidentes. Aunque se oponían a Gill por considerarle un títere de los brasileños, también se habían peleado con Barreiro y Caballero. Los planes que tenían ahora consistían en coordinar el asesinato de Gill con una revuelta del ex presidente Rivarola. Desgraciadamente para ellos, la muerte de Gill no provocó el desorden con que habían contado. En vez de ello, el vicepresidente Higinio Uriarte ocupó la presidencia a título interino con el apoyo del general Caballero y su amigo el general Patricio Escobar, ministro de la Guerra. Escobar sacó el ejército a la calle y el 17 de abril derrotó completamente a los rebeldes. Varios de sus líderes fueron apresados y conducidos a Asunción cargados de cadenas.

El siguiente paso lo dio Uriarte convocando elecciones para 1878. Los lopistas, al controlar el gobierno, eran los que tenían la mayor probabilidad de elegir a su líder, Barreiro, para la presidencia. Los legionarios no sólo estaban en desventaja, sino que, además, sus filas se encontraban escindidas por una rencilla personal entre Facundo Machaín y José Segundo Decoud. De hecho, a consecuencia de ello Decoud abandonó su viejo partido y pasó a apoyar a Barreiro. No obstante, los lopistas consideraban a Machaín un enemigo peligroso. Había sido el principal negociador del ventajoso tratado de paz con Argentina, lo cual le había granjeado mucha popularidad. Ahora se encontraba agitando la opinión pública al encargarse de la defensa de los asesinos de Gill y divulgar el trato cruel de que eran objeto en la cárcel. Después de todo, Gill había sido una figura despreciable y costaba poco presentar a sus asesinos como patriotas. Con esta clase de foro público, Machaín sería un adversario formidable.

Barreiro, Caballero y Escobar no querían arriesgarse a que les bloquearan el camino para llegar al poder. Así pues, acusaron a Machaín de estar en contacto con Rivarola, que seguía en libertad, y de tramar el derrocamiento del gobierno. Aun siendo absolutamente falsas, estas acusaciones proporcionaron al gobierno un pretexto para detener a Machaín, que el día 15 de octubre ingresó en la cárcel, como sus clientes. Con todo, no fue suficiente, pues incluso encarcelado Machaín continuó siendo objeto de creciente simpatía pública. En vista de ello, la policía de Uriarte montó una fuga de la cárcel para la noche del 28 al 29 de octubre, lo cual les proporcionó una excusa para tomar el edificio por asalto y matar a los indefensos prisioneros, incluyendo a Machaín.

Nadie se atrevía ahora a oponerse a los lopistas, a pesar de la revulsión pública que semejante atrocidad provocó. Barreiro fue debidamente instalado en la presidencia. Sin embargo, habría que eliminar a otro hombre antes de que pudiera consolidar plenamente su dominio del cargo. El ex presidente Rivarola seguía tratando de provocar una revuelta en las montañas del este. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hizo Barreiro fue ofrecerle una amnistía. Rivarola se dejó engañar por el ardid y volvió a Asunción en diciembre de 1878. Antes de que transcurriera una semana, fue asesinado a cuchilladas una noche en una calle céntrica ante los horrorizados transeúntes, que no se atrevieron a acudir en su ayuda. Ahora los lopistas dominaban totalmente la situación, pero Barreiro no iba a gozar de los frutos del poder durante mucho tiempo. Enfermó de repente el 4 de septiembre de 1880 y murió a las pocas horas. El ejército se adueñó inmediatamente de la situación, echó a un lado al vicepresidente civil e instaló al general Caballero en el poder.

EL PERIODO COLORADO, 1880-1904

El golpe del general Caballero dio comienzo a una época de estabilidad política que duró casi un cuarto de siglo. Respaldado firmemente por el ejército, el general pudo controlar al gobierno, ya fuese directamente como presidente o indirectamente desde los cuarteles. Tras cumplir lo que quedaba de la presidencia de Barreiro, se hizo elegir para otros cuatro años. Luego, de conformidad con la Constitución, dejó el poder en 1886, pero sólo después de tener la garantía de que le sucedería el general Patricio Escobar, que era muy amigo suyo.

El orden permitió atender a los serios problemas económicos de Paraguay. Hasta el momento se había hecho muy poco por reconstruir el país desde la guerra y, además, la administración Jovellanos había cargado el tesoro público de deudas onerosas. En 1871 y 1872 se habían negociado dos grandes préstamos, por un total de dos millones de libras esterlinas, con Baring Brothers, la casa de banca británica. Gran parte de este dinero la robaron en seguida Jovellanos y su camarilla y el resto se malgastó. En 1880 los intereses pendientes del préstamo hicieron que la deuda total de Paraguay sobrepasara los tres millones de libras. Como el tesoro estaba vacío, fue necesario tomar medidas excepcionales para restaurar el crédito del gobierno. Esto significó la venta de propiedades del Estado, ya que eran los únicos activos que tenía. Eran, con todo, unos activos considerables, puesto que casi toda la tierra de Paraguay, así como la mayor parte de su industria, era propiedad del Estado en tiempos del antiguo régimen.

Las leyes de venta de tierras de 1883 y 1885 condujeron a la enajenación general del dominio público. Terrenos de primerísima calidad se vendieron por 1.200 pesos la legua cuadrada, a la vez que las tierras marginales se vendían por sólo 100 pesos. Los compradores modestos, sin embargo, se encontraban ante el obstáculo que representaba la obligación de comprar media legua cuadrada como mínimo. Incluso con semejantes precios de ganga, el campesinado paraguayo, arruinado por la guerra y el caos político, no podía permitirse el lujo de adquirir las granjas del Estado que en otro tiempo arrendaba por poco precio. Los campesinos se vieron degradados ahora a la condición de peones, obligados a trabajar y producir para los grandes terratenientes particulares. Por otro lado, Caballero y su camarilla se enriquecieron, pues obtenían fácilmente préstamos del banco estatal para comprar las mejores propiedades. Una vez adquiridos los títulos, podían escoger entre explotar sus propias y extensas propiedades o vender la tierra a especuladores extranjeros, lo cual les reportaba enormes beneficios.

La transferencia de la mayor parte de la tierra paraguaya de la propiedad pública a la privada no dio por resultado el progreso económico, como supondría la teoría clásica. Lo que produjo fue el latifundio: grandes fincas que con frecuencia pertenecían a terratenientes absentistas. En muchos sentidos, estas fincas parecían feudos, ya que sus poderosos propietarios, fuesen extranjeros acaudalados o políticos influyentes, no toleraban injerencias del Estado. No pagaban impuestos y administraban su propia versión de la justicia a los desventurados peones que, agobiados por las deudas y ligados a la tierra, parecían siervos medievales más que ciudadanos de una república. Con el paso del tiempo y la venta de más tierras, los latifundios crecieron. A finales de siglo, unos setenta y nueve propietarios poseían casi la mitad de la tierra de Paraguay; y en 1930, un reducido grupo de diecinueve propietarios, la mayoría de ellos grandes compañías extranjeras, poseían más de la mitad del territorio nacional. Inversionistas argentinos tales como las familias Casado, Sastre y Pinasco compraron grandes fincas en el Chaco y junto al curso alto del río Paraguay. Sus intereses abarcaban la ganadería y la madera. Otras extensiones grandes de tierra pasaron a manos británicas, francesas y norteamericanas. La Industrial, que era una empresa británica, controlaba gran parte del comercio de yerba mate, que cultivaba en grandes plantaciones del sur. Una compañía norteamericana, International Products, poseía vastos ranchos y una planta de preparación de carne; era la principal exportadora de cueros y carne salada. También eran norteamericanos los intereses que controlaban la producción del extracto de quebracho, un tanino que se obtenía del árbol llamado «quebracho», tipo de madera dura que es común en Paraguay.

Por supuesto, muchos paraguayos cultos veían con malos ojos la política dadivosa de Caballero, así como el fraude electoral y la corrupción oficial que acompañaba a todo ello. En 1887 ya se había formado un movimiento de oposición que adoptó el nombre de Centro Democrático. Formaban el movimiento antiguos legionarios que seguían odiando a Caballero por sus orígenes lopistas, ex lopistas que habían roto con él y una nueva generación de reformadores jóvenes e idealistas que aspiraban a que en el país hubiera un gobierno honrado, libertad de comercio y control de los militares por los civiles. A modo de respuesta al reto del Centro, Caballero empezó a organizar a sus propios partidarios de forma más eficiente. Un mes después de que se fundara el Centro, Caballero anunció la creación de un partido oficial, la Asociación de la República Nacional.

Al igual que el Centro Democrático, el partido de Caballero se basaba en una confusa mezcla de intereses: antiguos lopistas que ahora se mezclaban con ex legionarios que, como José Segundo Decoud, se habían unido al régimen por oportunismo o a causa de querellas con sus anteriores aliados. Como la Asociación de la República Nacional adoptó el rojo como color de la bandera del partido, a sus afiliados los apodaron «colorados». Mientras tanto, el Centro Democrático, que en 1894 cambió su nombre por el de Partido Liberal, hizo del azul el color de la oposición. Pocas cosas más distinguían un grupo del otro. Aunque los colorados agitaban la camisa ensangrentada de López y decían ser sus herederos políticos, la política del gobierno seguía los mismos principios del liberalismo que profesaban los liberales. Aun así, las batallas entre los dos partidos eran frecuentemente encarnizadas y sangrientas, toda vez que lealtades personales y familiares intervenían en la elección de bando. Así, los paraguayos hacían ostentación de sus ideas políticas, mostrando los colores de sus partidos en los ponchos y las blusas. Y esta ostentación no era un fenómeno exclusivo de la élite culta. En un país donde los humildes necesitaban patronazgo y protección para sobrevivir, la participación en política alcanzaba incluso a los campesinos, que a veces eran movilizados como votantes y otras veces como carne de cañón en las luchas políticas del país.

En 1890 ya se advertían señales de que el general Caballero empezaba a perder el dominio del sistema político. Aunque logró que Juan G. González fuese elegido presidente, no pudo impedir un movimiento hacia la reconciliación con los liberales. El propio presidente González era un ejemplo del nuevo talante que existía entre muchos colorados. Si bien era uno de los fundadores de la Asociación de la República Nacional, antes había sido legionario, igual, de hecho, que muchos otros colorados. Por consiguiente, tenía numerosos amigos entre los liberales, lo cual le hacía ver con buena disposición la búsqueda de alguna fórmula conciliatoria que les permitiera participar en el gobierno. A instancias suyas, se había ofrecido la vicepresidencia a los liberales. Algunos de ellos se sentían inclinados a aceptar el ofrecimiento, pero al final se había impuesto el criterio de los liberales más intransigentes y el país seguía polarizado.

Mientras tanto, el ejército tendía a mirar a González con recelo, ya que, después de todo, era un civil. Eso planteaba un problema, puesto que todos los gobiernos paraguayos necesitaban el apoyo del ejército para sobrevivir. Aunque no era muy grande —sólo unos 2.500 hombres de una población de casi 600.000 personas—, las armas y la organización del ejército hacían de él un factor decisivo en política. Su importancia para el gobierno la demuestra el hecho de que su mantenimiento constituía la partida más importante del presupuesto anual: alrededor de una quinta parte de todos los gastos. El presidente, empero, contaba con la aprobación de Caballero, por lo que ninguna rebelión contra él parecía factible. Las cosas continuaron así hasta que una revuelta liberal en octubre de 1891 cambió la situación. El ataque de los liberales había sido inesperado y estuvo a punto de derribar a González. Sólo la actuación rápida y decisiva del ministro de la Guerra, el general Juan B. Egusquiza, salvó al régimen. El levantamiento liberal fue aplastado tras una sangrienta batalla. Egusquiza salió de él como el nuevo héroe militar de los colorados.

Al igual que González, Egusquiza era un ex legionario que se había pasado al bando de Caballero. Compartía los puntos de vista moderados del presidente. Habida cuenta de sus credenciales políticas y su alto cargo militar, era y se consideraba a sí mismo como la elección obvia de los colorados para la presidencia en 1894. Sin embargo, el presidente González era partidario de que el gobierno fuese civil y prefirió que su sucesor fuera José Segundo Decoud. Con el fin de anticiparse a Egusquiza, que ya estaba haciendo campaña como si él fuera el candidato, González anunció públicamente que Decoud era el hombre al que había elegido como candidato a la presidencia. Egusquiza se vio cogido por sorpresa, pues ya había dimitido del Ministerio de la Guerra poco antes, de acuerdo con la cláusula de la Constitución que prohibía que las personas que ostentaran algún cargo hiciesen campaña. No obstante, tenía muchos partidarios en el ejército, que ahora acudieron a su llamada a la revuelta, y González fue derrocado en junio de 1893. Su vicepresidente, Marcos Morínigo, encabezó un gobierno provisional hasta que Egusquiza fue elegido.

Una vez en el poder, Egusquiza intentó formar un gobierno moderado con elementos de ambos partidos. Los colorados de Caballero le denunciaron por traidor, desde luego, y la intransigente ala radical del Partido Liberal, encabezada por jóvenes intelectuales como Cecilio Báez y Manuel Gondra, se negó a aceptar cargos salvo en un gobierno que fuese puramente liberal. En cambio, los liberales cívicos (los cívicos), a cuya cabeza estaba el veterano general Benigno Ferreira, accedieron a colaborar. Con su apoyo, junto con el de sus propios seguidores colorados, Egusquiza pudo dar a Paraguay cuatro años de gobierno estable y progreso económico (1894-1898). Al finalizar su mandato, había señales de que Paraguay empezaba por fin a recuperarse de la guerra y sus turbulentas secuelas. Un censo elaborado en 1899 mostró que la población se cifraba en alrededor de 635.000 personas comparadas con sólo 231.000 en 1872. Esto se debía en parte al incremento natural y en parte a la constante afluencia de inmigrantes, así como al retorno de los expatriados que habían huido del país durante sus peores días de anarquía. La reactivación del comercio y de la producción fomentaba la afluencia de inmigrantes y expatriados. Cuando los colorados accedieron por primera vez al poder, en 1880, el comercio paraguayo había sufrido una baja hasta quedar reducido a sólo la mitad de lo que había sido antes de la guerra; desde entonces se había registrado un incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones, en términos reales, que representaba alrededor del 250 por 100. Se había reconstruido por completo uno de los recursos más importantes del país: sus hatos de ganado vacuno. De sólo 15.000 cabezas en 1870 se había pasado a una cifra que se estimaba en 2,6 millones. Además, se había mejorado la calidad de la cabaña al fomentar el gobierno la importación de razas superiores. Finalmente, otro indicador de la medida en que Paraguay se había recuperado eran los importantes avances efectuados en el campo de la enseñanza con la construcción de nuevas escuelas primarias y secundarias y la creación de un Colegio Nacional.

Al igual que sus predecesores, sin embargo, Egusquiza acabó encontrándose ante una crisis de sucesión porque la Constitución le impedía desempeñar el cargo durante dos mandatos consecutivos. En vez de respaldar a otro militar, que podía convertirse en un rival, escogió a un civil moderado entre los colorados, Emilio Aceval, para que encabezase la candidatura del partido. También instó a los liberales a presentar su propio candidato, lo cual hubiese dado a Paraguay sus primeras elecciones presidenciales disputadas. Por desgracia, los liberales estaban tan divididos, que ambas facciones rehusaron participar en los comicios, evitando así una derrota cierta. Por consiguiente, Aceval ocupó la presidencia sin contar con un claro mandato popular. Además, como era un civil, controlaba mucho menos el ejército que Egusquiza. El general Caballero tenía ahora la oportunidad de reafirmar su liderazgo. Todavía contaba con amigos entre los militares y poco le costó estimular el tradicional desprecio que los políticos civiles despertaban en los militares. En enero de 1902 los caballeristas volvieron al poder después del golpe que diera el coronel Juan Antonio Ezcurra, ministro de la Guerra. Ante ello, sin embargo, egusquistas, cívicos y radicales unieron sus fuerzas. También obtuvieron ayuda de Argentina, que consideraba a Caballero demasiado pro brasileño. En 1904, con el general Ferreira al frente, los revolucionarios invadieron Paraguay. Cuatro meses duraron las luchas antes de que las fuerzas gubernamentales acabaran por ceder, desanimadas por la deserción de comandantes militares clave y por la inexorable presión diplomática de los argentinos. En diciembre de 1904, Ezcurra firmó una tregua y entregó el poder a los liberales.

LIBERALISMO Y ANARQUÍA, 1904-1923

Tras derrotar a su común enemigo, los liberales radicales y los cívicos reanudaron su antigua querella. Cecilio Báez, líder de los radicales, era arrogante, intransigente y altivo; a su entender, el liberalismo era una fuerza civilizadora, importada de Europa, cuya misión consistía en sacar a Paraguay de la barbarie. El general Ferreira, jefe de los cívicos, era un pragmático cínico para el cual la política era el arte de manipular la fuerza y la diplomacia ajustando la mezcla a la ocasión. Aunque se permitió a Báez tomar posesión de su cargo como presidente interino, Ferreira conservó el mando de las fuerzas armadas. Desde esta posición logró imponer su candidatura para la presidencia por el Partido Liberal en 1906 y fue elegido sin oposición. Los colorados no tenían fe en la promesa de elecciones limpias que hicieran los liberales, de modo que rehusaron presentar candidatos.

De hecho, los colorados adoptaron una política oficial de abstencionismo. Desde que cayeron del poder en 1904 hasta 1927 se negaron a participar en las elecciones. Por lo tanto, no tenían representación en el parlamento ni en la administración local. Convertidos en una oposición descontenta y desleal, su objetivo era fomentar la fragmentación entre los liberales y aprovechar luego la oportunidad para hacerse con el poder. Los liberales cívicos, por su parte, estaban dispuestos a buscar el apoyo de los colorados para contrarrestar la fuerza de la facción radical, que era más numerosa. Mientras tanto, los radicales recurrieron al ejército para que derrocase a Ferreira, puesto que no toleraban su presencia en el poder.

La clave de la situación era el coronel Albino Jara, el comandante en jefe del ejército, al que ahora cortejaban todas las facciones. Aunque nominalmente era liberal, en realidad era un simple oportunista que aspiraba al poder para sí mismo. Obviamente, Ferreira era el principal obstáculo que le impedía alcanzar la presidencia, de modo que Jara se prestó de buen grado a las intrigas de los radicales. En 1908 sacó repentinamente las tropas y protagonizó una revuelta que pilló a Ferreira por sorpresa, lo derribó, lo mandó al exilio y puso definitivamente fin a su larga carrera política. Luego aumentó su popularidad, al tiempo que aquietaba las sospechas de que pretendía el poder para sí mismo, instalando a un radical civil, Emiliano González Navarro, en el cargo de presidente interino.

Se celebraron elecciones en 1910. Esta vez se abstuvieron tanto los colorados como los cívicos, por lo que los radicales pudieron elegir a su candidato, Manuel Gondra, sin oposición. Gondra, al igual que Cecilio Báez, era un escritor e intelectual que había abandonado la erudición por la política. Había ocupado el puesto de líder radical al retirarse Báez súbitamente de la vida del partido. Aunque se hallaba en el mejor momento de su carrera, Báez había comprendido acertadamente que a su talento le convenía más el mundo académico que la política práctica. Por ejemplo, había perdido mucha popularidad entre las gentes de su partido cuando, empujado por el desánimo que le inspiraba el caos constante, había fustigado públicamente el «cretinismo» de los paraguayos. Turbados por el incidente, los liberales radicales empezaron a pensar que Báez era un estorbo y la influencia de éste dentro del partido descendió vertiginosamente. Sin arrepentirse, Báez se retiró para ocupar el puesto de rector del Colegio Nacional, cosa que hizo con distinción durante muchos años. Mientras tanto, Gondra, ex discípulo y colega de Báez, había ocupado el lugar de éste a la cabeza de los radicales. Estaba por ver, con todo, si como líder político era más astuto que Báez. Compartía muchas de las cualidades intelectuales y personales de éste, y sus dos presidencias (1910-1911 y 1920-1922) terminaron prematuramente con su expulsión del poder. Quizá Gondra sencillamente tuvo mala suerte, pero es innegable que tendía a polarizar las controversias y que una y otra vez fue incapaz de conservar el poder.

La primera administración de Gondra había durado únicamente dos meses cuando el coronel Jara se sublevó de repente y le expulsó del cargo. El golpe militar fue el comienzo de uno de los peores periodos de anarquía de la historia de Paraguay. Tras hacerse con el poder en enero de 1911, Jara tuvo que enfrentarse a una seria revuelta radical en marzo. El líder de la sublevación era Adolfo Riquelme, uno de los ministros de Gondra, que había abogado con energía por el control civil de los militares. Después de luchas encarnizadas, Jara consiguió derrotar a los rebeldes y hacer varios prisioneros, Riquelme entre ellos. Pero entonces cometió el error de ejecutar a los líderes radicales a modo de advertencia a los demás. Hasta entonces se había granjeado popularidad presentándose como moderado responsable, árbitro entre facciones liberales intransigentes. Ahora estaba claro que se proponía ser un tirano, y, encima, sanguinario. Además, la posición de Jara era débil porque no contaba con ningún apoyo civil. Como liberal, era un enemigo a ojos de los colorados; y como hombre que había traicionado tanto a los cívicos como a los radicales, era anatema para todos los liberales. Ni siquiera el ejército podía proporcionarle una base segura, toda vez que los oficiales solían estar relacionados por parentesco o amistad con alguna de las facciones políticas civiles. Así pues, el derrocamiento de Jara era sólo cuestión de tiempo. En julio estalló otro levantamiento, encabezado esta vez por una coalición de cívicos y colorados, que consiguió derribar a Jara.

Al frente del nuevo gobierno estaba Liberato M. Rojas, cívico que continuaba disfrutando del respaldo de los colorados. Entretanto, los radicales se habían reagrupado en Argentina, a poca distancia de la frontera con Paraguay. Finalmente, en noviembre, comenzaron la invasión. Esta vez su líder era un arrojado caudillo que se llamaba Eduardo Schaerer. Había preparado la invasión cuidadosamente y sus fuerzas estaban bien pertrechadas, pues había conseguido un préstamos de 250.000 pesos oro de un prestamista portugués llamado Manoel Rodrigues, al que había prometido devolvérselo con intereses, utilizando el tesoro público paraguayo, si la revolución triunfaba. Por suerte para Rodrigues, Schaerer triunfó. En febrero de 1912 los revolucionarios ya estaban tan cerca de la capital, que Liberato Rojas dimitió de la presidencia y huyó. Los colorados, mandados por Pedro Peña, siguieron luchando solos, pero en marzo los radicales entraron finalmente en Asunción. Sin embargo, antes de que los radicales pudieran consolidar su victoria, fueron desafiados una vez más por el coronel Jara, que se sublevó en agosto. Esta vez Jara fracasó y perdió la vida en el campo de batalla. Con ello los radicales habían derrotado al resto de la oposición y Paraguay recuperó por fin una apariencia de orden, aunque sólo fuese brevemente. Los radicales, agradecidos, eligieron presidente a Schaerer, y Rodrigues, cuyo préstamo llevaba el tipo máximo legal de interés, cobró la suma de 2.219.247 pesos.

Schaerer era un político muy distinto de Báez o Gondra, ya que se trataba de un hombre práctico, fruto de su propio esfuerzo, que tenía poca paciencia con los intelectuales o las teorías. A diferencia de sus predecesores, no estaba comprometido con la doctrina del liberalismo; en vez de ello, emprendió la tarea de curar la inestabilidad endémica de Paraguay modernizando la administración del gobierno y utilizando los poderes del Estado para fomentar el crecimiento económico. En el caso de la administración, dio los primeros pasos para sustituir el sistema consistente en recompensar con cargos públicos los servicios prestados y poner en su lugar un funcionariado que se basara en el mérito, y también intentó elevar los requisitos para ser juez. Con el fin de promover la expansión económica creó un departamento de desarrollo y una oficina de moneda extranjera, además de incrementar la capacidad de conceder préstamos del Banco Agrícola. Esto reflejaba el hecho de que Paraguay era todavía una nación predominantemente agrícola y que la mayoría de sus productos iban destinados al consumo local. Existían industrias sencillas para producir yerba mate, extracto de quebracho y derivados cárnicos para la exportación. Además, se vendía en el extranjero un poco de madera, tabaco, algodón y fruta cítrica. Sin embargo, la mayor parte de la agricultura del país consistía en el cultivo de maíz, arroz, caña de azúcar y mandioca para el mercado nacional. Lo mismo cabe decir de las pocas industrias toscas y pequeñas que existían, dedicadas a actividades tales como fabricar ladrillos y baldosas, aserrar, elaborar cigarros y tejer algodón. No obstante, Schaerer estaba decidido a fomentar el desarrollo económico animando el comercio y la inversión extranjeros. La línea ferroviaria del país se extendió hacia el sur hasta el puerto fluvial de Encarnación, donde se unía al sistema argentino. Mientras tanto, se modernizaron las instalaciones portuarias de Asunción para satisfacer las exigencias del creciente tráfico fluvial. Se buscó capital extranjero para crear bancos con la intención de que sus préstamos sirvieran para estimular la producción local. Intereses franceses fundaron el Banco de la República, que cumpliría funciones propias de un banco oficial: emitir moneda, guardar depósitos del gobierno y llevar los asuntos financieros del Estado en el exterior, además de las funciones propias de un banco de ahorros e hipotecario normal y corriente. En lo que se refiere a los asuntos bancarios puramente comerciales, el Banco Mercantil, de propiedad británica, y el Banco de España y América, de propiedad española, eran los más importantes.

La administración Schaerer se benefició del estallido de la primera guerra mundial, toda vez que en 1914 se produjo una repentina subida de la demanda de artículos alimentarios de Paraguay, especialmente carne. Para responder a tal demanda, Schaerer ordenó que se construyeran varias plantas de preparación de carne. La expansión de las exportaciones trajo consigo un periodo de prosperidad sin precedentes que contribuyó a aumentar la popularidad de Schaerer. Mientras tanto, éste utilizó sabiamente los ingresos que ahora el gobierno obtenía en mayor cantidad, de los derechos de importación y exportación, para llevar a cabo más mejoras internas. Sin embargo, las cosas no siempre salían bien. En 1915 los cívicos hicieron un intento serio de conquistar el poder por medio de un golpe que obligó a Schaerer a abandonar la capital. No obstante, al cabo de unos pocos días pudo aplastar la revuelta y restaurar el orden. Cuando finalmente abandonó su puesto, al finalizar su mandato en 1916, pasó a ser el primer presidente civil que desde el antiguo régimen llegaba hasta el final de su periodo en el cargo.

Como los colorados continuaban absteniéndose de las elecciones y los cívicos se hallaban fuera de la ley, los radicales consiguieron colocar a Manuel Franco en la presidencia sin encontrar oposición. Franco representaba una solución intermedia entre el ala schaererista y el ala gondrista del partido. Schaerer, a quien la Constitución prohibía sucederse a sí mismo, había vetado la candidatura de Gondra, a quien despreciaba personalmente. Pocas cosas tenían en común Schaerer, el activo y enérgico «advenedizo», y el erudito y aristocrático Gondra, por lo que no es extraño que los dos líderes se odiaran mutuamente. Los dos contaban con numerosos seguidores personales, así como con una forma distinta de abordar los asuntos de gobierno. Por desgracia, su enemistad personal tendría consecuencias trágicas para Paraguay.

El presidente Franco resultó ser un administrador competente y popular. Su estilo, con todo, era muy diferente del de Schaerer. Las reformas económicas le interesaban poco y llevaba el gobierno de un modo austero que cuadraba más con el ala liberal del partido. Los presupuestos se equilibraban cuidadosamente y las funciones del Estado se limitaban principalmente a mantener el orden. De todos modos, Franco instituyó dos importantes reformas políticas: la votación secreta y el registro civil de votantes. Su moderación y su espíritu justo incluso indujeron a los colorados a considerar la posibilidad de abandonar su abstencionismo y cooperar en el proceso de democratización. Bien mirado, Franco fue uno de los presidentes más populares de la historia de Paraguay. Sus métodos se ajustaban al espíritu de la época, que era optimista y creía que el «Progreso» era inevitable, puesto que había pruebas de ello por doquier: el crecimiento continuo de la población hasta alcanzar las 800.000 personas, la multiplicación por dos del comercio exterior de Paraguay entre 1900 y 1919, y la transformación de Asunción, que de humilde población de 38.000 almas a principios de siglo pasó a ser una ciudad próspera de 90.000 habitantes al terminar la primera guerra mundial.

De hecho, la sociedad paraguaya de entonces presenta un carácter de belle époque. Al menguar los conflictos partidistas, pocas cosas había que perturbasen el orden social: ninguna división religiosa, racial o lingüística. Paraguay era un país unánimemente católico; su pueblo era una mezcla homogénea de español e indio guaraní, y la combinación de las dos culturas se reflejaba en el bilingüismo casi universal que daba a los paraguayos la sensación de ser un pueblo único. Había estratos sociales, por supuesto, pero las líneas no estaban trazadas con rigidez. La antigua clase alta cuyo linaje se remontaba a la época colonial se había visto empobrecida por la guerra y la revolución; por otra parte, hasta el paraguayo más aristocrático tenía sangre india en las venas. Además de la antigua clase alta, que se dedicaba principalmente al derecho, la política o la agricultura, había una élite comercial nueva y emprendedora en la que predominaban los inmigrantes italianos, españoles, alemanes, franceses y británicos. Estos recién llegados eran aceptados rápidamente en la sociedad del país y en el plazo de una generación se integraban completamente. Debajo de estos dos grupos principales se hallaba la gran masa campesina. Su vida cotidiana apenas acusaba los efectos de los intentos de modernización, cuyas influencias se limitaban casi totalmente a la capital. Finalmente, había un número pequeño pero creciente de trabajadores urbanos. Fue entre estos últimos donde aparecieron las primeras señales de descontento real con el orden existente. Los trabajadores portuarios, marítimos y del transporte fueron los primeros en intentar la formación de sindicatos y convocar huelgas para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Con todo, transcurriría otro decenio antes de que tuvieran fuerza suficiente para causar alguna impresión real. Entretanto, el país se mostraba inclinado a rechazar desdeñosamente las quejas de los trabajadores diciendo que eran obra de los anarquistas, a cuya malevolencia no se le podía permitir que turbase la paz.

Este ambiente de autosatisfacción terminó repentinamente en 1919. Primeramente, se produjo la muerte inesperada del paternalista Franco que eliminó el símbolo mismo de «los buenos tiempos». En segundo lugar ocurrió algo verdaderamente fatal para el sistema que Franco representara: el final de la guerra en Europa reventó la burbuja de la prosperidad paraguaya. El vicepresidente José Pío Montero, que se hizo cargo del gobierno tras la muerte de Franco, se encontró con que la economía amenazaba con derrumbarse debido a la reducción drástica de los pedidos de exportación, mientras las mercancías no vendidas se pudrían en los muelles. Cundió el pánico y, con él, llegaron las recriminaciones. El final de la prosperidad también señaló el final de la época política de «buenos sentimientos».

Como era de esperar, la convención del Partido Radical en 1920 se mostró dividida sobre si debía nombrar candidato presidencial a Gondra o a Schaerer. El primero, que había pasado los últimos tres años en una especie de honroso exilio como embajador ante Estados Unidos, volvió al país para reivindicar su derecho a la presidencia, del cual le había privado anteriormente el coronel Jara. Sus largos años de servicio hacían de él «el patriarca» del Partido Liberal. Schaerer también tenía sus seguidores entusiasmados, pero al final tuvo que reconocer que la mayor parte de la convención respaldaba a Gondra. Se hizo un pacto por el cual se compensaría a Schaerer nombrándole presidente del Partido Liberal.

Esta fórmula conciliatoria no duraría más de unos pocos meses. Con su acostumbrado entusiasmo por la eficiencia y la organización, Schaerer intentó transformar el Partido Liberal, que era un agrupamiento poco rígido de notables locales, en una máquina muy disciplinada, con una jerarquía de mando y un control fuerte desde el centro. Obviamente, pretendía dominar el partido y tener la seguridad de que la próxima vez le nombrarían candidato a la presidencia. Los gondristas se alarmaron y, para obstaculizar los planes de Schaerer, el ministro del Interior, José Patricio Guggiari, fomentó una rebelión contra él entre la organización juvenil del partido. Schaerer replicó atacando al gobierno desde las columnas de un diario de su propiedad, La Tribuna. Los ataques y los contraataques fueron sucediéndose con tal saña, que finalmente Schaerer y sus partidarios pasaron a la franca sublevación. El 29 de octubre de 1921 se apoderaron del cuartel de la policía de Asunción y amenazaron al gobierno con desencadenar una rebelión sangrienta si no se despedía a Guggiari de su puesto. Ante este desafío a su autoridad jurídica, Gondra ordenó al ejército que detuviera a los schaereristas. Al enterarse de que el ejército se mostraba reacio a obedecer, dimitió.

Al dimitir Gondra, la situación política se sumió en el caos. La intención de Schaerer no era derrocar a Gondra, sino sólo obligarle a ceder. Ahora se le acusaba de fomentar precisamente la clase de anarquía que en otro tiempo había ayudado a suprimir. Obligadas a buscar una solución intermedia, las dos facciones acordaron nombrar a Eusebio Ay ala presidente interino. Ay ala era un escritor y diplomático que no se había significado a favor de ninguna de las facciones, toda vez que en años recientes había pasado mucho tiempo viajando por Europa. Aceptó la presidencia con la condición de que pronto se celebraran elecciones. Para tener la seguridad de que así sería, el Congreso se apresuró a aprobar una ley y mandársela para que la firmara.

En este momento, sin embargo, los colorados decidieron pescar en aguas revueltas. Su líder, Manuel Domínguez, llevaba tiempo buscando a un militar que estuviera dispuesto a dar un golpe contra los liberales. El más indicado era el coronel Adolfo Chirife, comandante en jefe del ejército. Chirife se había negado a ello, pero, a pesar de todo, seguía estando en buenas relaciones con Domínguez. Los colorados hicieron saber que apoyarían la candidatura de Chirife como presidente no adscrito a ningún partido que estaría «por encima de la política». La idea atrajo también a los schaereristas, ya que desde el sacrificio de Gondra era mucho menos probable que Schaerer fuese nombrado candidato por su partido.

Los radicales gondristas se pusieron furiosos cuando el plan llegó a su conocimiento. Desde el hemiciclo del Congreso atacaron a Schaerer por traidor e incluso acusaron al coronel Chirife de haber conspirado contra Gondra, a sabiendas de que, al negarse a respaldar al presidente contra Schaerer, estaba preparando el camino para acceder él mismo al palacio. En vista de ello, Chirife volvió la espalda a los liberales y aceptó ser candidato de una coalición colorado-schaererista. Al darse cuenta de que probablemente las elecciones darían el triunfo a Chirife, los radicales exigieron su aplazamiento. El presidente Ayala aún no había firmado la ley que fijaba la fecha de los comicios y mostró su filiación gondrista vetándola. Dijo que permanecería en su puesto hasta que finalizara el mandato de Gondra. Por consiguiente, no habría elecciones hasta 1924. La decisión de Ayala sumió al país en la guerra civil.

En mayo de 1922, el coronel Chirife se sublevó después de asegurarse el apoyo de la mayoría de los militares. Ayala se apresuró a echarse atrás en lo que se refería a aplazar las elecciones, pero ya era demasiado tarde. Los rebeldes marcharon sobre Asunción y el día 9 de junio hubo combates en las calles. De un modo u otro, milagrosamente, la ciudad continuó en poder de las fuerzas del gobierno, que consistían únicamente en un batallón de ingenieros y los cadetes de la academia militar. Aun así transcurrirían trece meses de combates encarnizados durante los cuales se librarían batallas en toda la República. Ambos bandos cambiaron de líder durante la guerra. Chirife murió y fue sustituido como comandante de los rebeldes por el coronel Pedro Mendoza. En el bando del gobierno, Eusebio Ayala dimitió y Eligió Ayala (no eran parientes), que había sido ministro de Hacienda con Gondra, ocupó su puesto. Reuniendo a su alrededor un grupo de oficiales jóvenes y brillantes, algunos de los cuales —como José Félix Estigarribia y Arturo Bray— destacarían entre los líderes militares de la siguiente generación, Ayala prosiguió la guerra con más vigor. Poco a poco fue cambiando la suerte de la batalla. Aunque el coronel Mendoza ejecutó una hábil maniobra y estuvo a punto de tomar la capital en julio de 1923, las fuerzas del gobierno se mantuvieron firmes una vez más y los atacantes tuvieron que levantar el cerco. Con el fracaso de esta segunda ofensiva, la revolución quedó agotada. Schaerer y sus seguidores huyeron al exilio y finalmente se restauró la paz. Eligió Ayala, el presidente interino, fue elegido para servir un mandato completo el año siguiente.

LA CUESTIÓN SOCIAL, LA DIPLOMACIA Y LA PROXIMIDAD DE LA GUERRA, 1923-1932

Eligió Ayala, que gobernó Paraguay de 1923 a 1928, dio al país una de sus administraciones más progresistas. En algunos aspectos era un gondrista típico de la mejor clase: absolutamente honrado y extremadamente parsimonioso con el dinero público. Reprimió con mano dura la corrupción y el favoritismo y administró las finanzas del país tan cuidadosamente, que cuando dejó el cargo había un superávit presupuestario. Asimismo, al igual que Báez y Gondra, era un intelectual austero y solitario; de hecho, era solitario hasta rozar la misantropía. Durante la mañana las puertas del despacho presidencial permanecían siempre cerradas mientras Ayala, sentado ante su mesa, solo, ponía sus pensamientos por escrito: notas que sus amigos recopilaron después de su muerte para publicarlas con el título de Migraciones. Ayala había viajado mucho en su juventud y los viajes por Europa estimularon sus pensamientos acerca de los problemas de su país.

Los principales problemas que padecía Paraguay en aquel tiempo eran la pobreza continua y la vulnerabilidad ante una creciente amenaza exterior. Ayala creía que el primer problema podía superarse mediante una combinación de paz política y reforma del sistema de tenencia de la tierra. Para conquistar la paz, decretó una ley electoral que garantizaba la representación de las minorías en el Congreso, a lo que añadió una garantía de elecciones libres para los colorados. El efecto de la misma fue escindir a los colorados en abstencionistas y participacionistas. Estos últimos acordaron poner a prueba la sinceridad del gobierno tomando parte en las elecciones legislativas de 1927. Ayala cumplió su palabra y el resultado fue que los colorados no sólo ocuparon sus escaños en el Congreso, sino que también decidieron presentar un candidato en las elecciones presidenciales de 1928. Sería la primera vez en la historia de Paraguay en que la presidencia se disputó realmente.

De la cuestión agraria se ocupó la ley de Tierras de 1926. Según las estimaciones del censo, menos del 6 por 100 de los que labraban la tierra en este país agrario eran propietarios de granjas. Así pues, el objetivo de la ley era crear una clase numerosa de pequeños propietarios que poseerían granjas de extensión familiar, es decir, entre 6 y 60 hectáreas. El objetivo se cumpliría instalando campesinos colonos en tierras del Estado o expropiando latifundios, en cuyo caso se compensaría a los propietarios de acuerdo con el precio original de su compra. En la mayoría de los casos se utilizó el primer procedimiento entre 1926 y 1931. Se distribuyeron alrededor de 231.660 hectáreas entre unas 17.697 familias, que recibieron sus títulos de propiedad después de trabajar sus tierras durante cuatro años y reembolsar al Estado mediante plazos modestos. Con el fin de impedir la especulación o una subdivisión excesiva de las propiedades, la ley imponía restricciones al subarrendamiento, la reventa o la contratación de hipotecas, y prohibía que se heredasen parcelas de menos de 6 hectáreas. Al mismo tiempo, reflejando la perspectiva de liberalismo clásico del gobierno, la ley prohibía que en estas tierras se practicara la agricultura en régimen colectivo o cooperativo.

La amenaza exterior que se cernía sobre Paraguay procedía de Bolivia. Ambos países reclamaban el Chaco, el inmenso yermo que se extiende entre el altiplano andino y el río Paraguay. Durante el siglo anterior, Bolivia había perdido su territorio ribereño del Pacífico, que ahora estaba en poder de Chile, y buscaba otra salida al mar. Si controlaba el Chaco, tendría acceso al río Paraguay, que fluye hacia el sur y desemboca en el sistema fluvial de Paraná-La Plata y luego desagua en el Atlántico. Otro incentivo era el descubrimiento de petróleo en el Chaco, en una franja de territorio controlada por Bolivia. Era razonable suponer, por lo tanto, que toda la región albergaba una riqueza fantástica.

Mientras Paraguay estaba distraído a causa de sus problemas internos, Bolivia había penetrado más y más en el Chaco extendiendo una línea de fuertes hacia el este, en dirección al río Paraguay. Era un proceso intermitente. De vez en cuando el gobierno paraguayo protestaba y, no deseando arriesgarse a provocar una guerra, los bolivianos accedían a que se celebrara una conferencia diplomática que trazaría una línea divisoria, como en los tratados de 1907 y 1913, resolviendo así las reclamaciones opuestas. Como los paraguayos tampoco estaban preparados para una guerra, las divisorias resultantes de la conferencia tendían a aceptar las cosas como estaban, lo cual significaba reconocer el derecho de Bolivia al territorio situado bajo su control, pero con la promesa de que no penetraría más. Sin embargo, antes de que transcurriera mucho tiempo, el avance boliviano se reanudaba, pero los gobiernos liberales de Asunción generalmente preferían no hacer caso de las violaciones, ya que sus arcas estaban vacías y no hubieran soportado el coste de una movilización. Luego, con el descubrimiento de petróleo en el decenio de 1920, el avance boliviano se aceleró. Los impuestos que pagaba la Standard Oil Company por los derechos de perforación y extracción les permitieron prepararse mucho mejor para la guerra. Trajeron oficiales alemanes para que adiestrasen al ejército, a la vez que compraban armas modernas, incluyendo tanques.

Cuando José Patricio Guggiari, otro gondrista, sucedió a Ayala en la presidencia de Paraguay en 1928, la situación en el Chaco ya era explosiva. El avance de los bolivianos había alcanzado el curso alto del río Paraguay, donde construyeron un fuerte que llevaba el apropiado nombre de Fortín Vanguardia. Durante todo este tiempo el ejército paraguayo no había podido hacer nada a causa de las vacilaciones del gobierno liberal; pero finalmente, el 5 de diciembre de 1928, un mayor joven e irascible que se llamaba Rafael Franco perdió la paciencia y atacó y destruyó el Fortín Vanguardia al frente de sus hombres. Llenos de indignación, los bolivianos respondieron tomando dos fuertes paraguayos. Ambos bandos se movilizaron ahora para la guerra, pero cuando los reclutas paraguayos se presentaron en el cuartel, resultó que no había uniformes, armas, provisiones, munición ni material médico. Paraguay estaba completamente desprevenido para la guerra. El gobierno no había trazado planes para la defensa del país y había depositado toda su confianza en que sería capaz de persuadir a los bolivianos a comportarse razonablemente. Ahora, al quedar en evidencia, la administración Guggiari tuvo que retroceder y firmar un tratado humillante que, entre otras cosas, exigía que Paraguay reconstruyese el Fortín Vanguardia.

Se evitó la guerra por el momento, pero los liberales nunca se repusieron de este golpe al orgullo de la nación. Aunque Guggiari intentó aplacar a la oposición incluyendo en el Consejo de Defensa Nacional a schaereristas, colorados y miembros de una nueva organización nacionalista, la Liga Nacional Independiente, su gobierno se vio inundado por una creciente oleada de críticas. Las armas que se compraron apresuradamente a España resultaron ser tan anticuadas y de manejo tan peligroso, que la gente dio en llamarlas «mataparaguayos». El mayor Franco, convertido ahora en héroe nacional, era una espina clavada constantemente en el costado de Guggiari. Cuando finalmente fue atrapado en un complot contra el gobierno y expulsado del ejército, los adversarios de Guggiari acusaron a éste de perseguir a los patriotas. Los grupos de la oposición utilizaron el Consejo de Defensa Nacional como foro desde el cual atacaban los planes de guerra del gobierno.

Las emociones alcanzaron su punto más alto el 23 de octubre de 1931, día en que un grupo de estudiantes que se estaban manifestando fueron ametrallados enfrente del palacio presidencial por los soldados que lo defendían. Alentados por destacadas figuras de la oposición, los estudiantes se habían hecho dueños de las calles y habían apedreado el domicilio de Guggiari en protesta por la inacción del gobierno ante la muerte de un soldado paraguayo en un enfrentamiento habido poco antes en el Chaco. Tanto si los soldados habían perdido la serenidad ah verse ante la turba, como si —según insistía el gobierno— uno de los estudiantes había hecho el primer disparo, once personas resultaron muertas y hubo varias docenas de heridos. Fue el punto más bajo del gobierno del Partido Liberal. La opinión pública se indignó tanto, que Guggiari dimitió temporalmente mientras el Congreso investigaba el incidente. Aunque finalmente fue exonerado y volvió a su puesto al cabo de unos meses, el «23 de octubre» tendría consecuencias de mucho alcance, puesto que provocó la enemistad de toda una generación de la élite intelectual del país. Finalmente culminaría, en 1936, con una revolución que expulsaría a los liberales del poder.

Mientras tanto, los liberales también se veían acosados por la grave depresión económica que se desató sobre el mundo en 1929. Debido a que una parte muy grande de la población paraguaya consistía en campesinos autosuficientes, los efectos de la depresión fueron limitados. En Asunción, con todo, los precios bajaron entre 1928 y 1932, lo cual induce a pensar que hubo cierta contracción en el mercado local. El comercio exterior también disminuyó. Las exportaciones bajaron de un valor total de 15,9 millones de pesos oro a 13,9 millones, principalmente porque Argentina redujo sus compras. Si Paraguay consiguió mantener un superávit de la balanza comercial, fue sólo porque recortó sus importaciones de 14,3 a 6,5 millones de pesos. Cabe que estas medidas de austeridad fuesen inevitables e incluso necesarias para preparar el país para la guerra, pero también es posible que contribuyeran al descontento que cundió entre la población urbana durante el mandato de Guggiari.

Con la oposición mostrándose hosca y retraída de nuevo, las elecciones de 1932 volvieron a ser lo mismo que en otros tiempos: un plebiscito para el candidato oficial. El favorito de los liberales era el ex presidente Eusebio Ayala, que resultó una elección desafortunada por diversas razones. Había estado envuelto en las maquinaciones partidistas que culminaron con la guerra civil de 1922-1923; tanto los schaereristas como los colorados le recordaban como el presidente que trató de permanecer en el poder valiéndose del veto para aplazar las elecciones. También la opinión nacionalista tenía motivos para despreciarle, pues había sido el representante diplomático de Paraguay en la firma del tratado de límites de 1913 con Bolivia. Al visitar el Chaco en aquella ocasión, había observado que las posiciones militares del enemigo habían rebasado con creces las líneas acordadas en 1907, pero había preferido hacer caso omiso de ello, considerándolo como el precio de la paz. De hecho, incluso había accedido a que en el tratado se incluyese una frase indicando que ninguno de los dos países había modificado sus posiciones desde 1907, aunque él sabía que no era cierto. Fue un error que más adelante le obsesionaría.

En todo caso, nada habría podido conservar la paz en 1932. Los bolivianos tenían ganas de guerra porque creían que su superioridad militar era abrumadora. En julio se apoderaron del fuerte paraguayo Carlos Antonio López en Pitiantuta. Ningún gobierno paraguayo hubiese podido mantenerse en el poder después de ceder ante semejante provocación en aquellos momentos. Una vez más los reservistas fueron llamados a filas y en esta ocasión, estuvieran preparados o no, partieron a combatir en el Chaco. La guerra, que fue la más sangrienta en la historia de América Latina, duró hasta junio de 1935. Para entonces, Bolivia ya había sido derrotada, aunque parezca extraño, y Paraguay se había hecho con el control de casi todo el territorio disputado.

Segunda parte
LAS REPÚBLICAS ANDINAS

Capítulo 7
CHILE, DESDE LA GUERRA DEL PACÍFICO
HASTA LA DEPRESIÓN MUNDIAL, 1880-1930

A comienzos de la década de 1870, Chile gozaba de una estabilidad constitucional virtualmente ininterrumpida durante 40 años —caso único en la América española— y, en lo político, se podía contemplar la evolución del sistema multipartidista en funcionamiento. También se podía apreciar el crecimiento de una modesta pero prometedora economía, basada en la exportación de productos primarios procedentes de la tierra y de la minería. Su población se había duplicado, pasando de un millón, durante la independencia, hasta dos millones hacia 1875; su mercado exterior, dominado entre 1830 y 1870 por las exportaciones de cobre, había crecido rápidamente, proporcionando a los sucesivos gobiernos unas rentas públicas adecuadas para poder iniciar mejoras en los transportes, especialmente en los ferroviarios, desarrollar programas de enseñanza, urbanizar las ciudades y mantener la ley y el orden. En cuanto a política exterior, Chile no sólo había mantenido su independencia, sino que, hacia la década de 1830, logró evitar el intento combinado por parte de Perú y Bolivia de hacerse con la hegemonía en la costa del Pacífico de América del Sur.

La capacidad del país para alcanzar esos objetivos fue debida, en gran medida, al sistema constitucional creado por Diego Portales (1793-1837), apoyado por una aristocracia terrateniente extraordinariamente homogénea y basándose en la autoritaria y centralista Constitución de 1833. Esa Constitución, con frío realismo, reconocía qué era Chile, más que aquello a lo que podía aspirar a ser; apreciaba lo que Portales llamaba «el peso de la noche»: el tradicionalismo absoluto de trescientos años de dominio colonial, durante los cuales se habían trazado las líneas básicas de la sociedad, y aceptaba que la independencia de España era un acto político verdaderamente fundamental, pero virtualmente carente de contenido económico o social. Puesto que la sociedad chilena era esencialmente rural: una aristocracia terrateniente blanca regía la vida nacional en todos sus aspectos, mientras que un campesinado analfabeto, mayoritariamente mestizo, obedecía. Las grandes haciendas, virtuales feudos independientes en los que la autoridad del hacendado hacía caso omiso de las leyes relacionadas con la propiedad de la tierra, seguían siendo, como lo habían sido durante trescientos años, las características sociales y económicas básicas de la nueva República.

Esta sociedad altamente estratificada había desarrollado un sistema político mucho más sofisticado que el de sus vecinas. Todas las revoluciones polarizan opiniones, y Chile no podía ser una excepción. En lo político, el periodo de la independencia produjo conservadores y liberales; los primeros aceptaban la separación de España pero ansiaban conservar el statu quo social, mientras que los segundos veían en ese periodo de convulsión la oportunidad de ampliar la libertad, respecto a la Iglesia en los temas intelectuales y educativos, y respecto a las arbitrariedades de la autoridad, en lo político. Los conservadores triunfaron en la década de 1830, pero la corriente liberal fue tomando fuerza: entre los años 1830 y 1880 consiguió modificar, aunque sin destruirla en modo alguno, la estructura autoritaria del gobierno, mediante una reforma constitucional limitada. Y de esta manera, empezó a poner cerco a unas prácticas y formas autoritarias de gobierno, la principal de las cuales era la interferencia del poder ejecutivo, el presidente, en las elecciones para el poder legislativo, el Congreso, que se aseguraba así una mayoría acomodaticia a sus planes. Bajo el sistema, personas y grupos de diferentes opiniones formaron embriones de partidos que contestaban a las elecciones y, dado que en Chile se intentaban evitar tanto los excesos del caudillismo como las intervenciones militares en el proceso político, hacia 1870 se había desarrollado un sistema político y constitucional que funcionaba y era perfectamente homologable según los patrones europeos o norteamericanos, y que le confirió la consideración de ser la «Inglaterra de Suramérica».

Chile también avanzó en lo económico, con exportaciones de productos agrícolas (principalmente trigo) y mineros (especialmente cobre), que fueron ampliándose conforme avanzaba el siglo. Hacia la década de 1860, las demandas de mejoras en las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, obligaron al gobierno a acudir cada vez más al préstamo exterior para suplementar las entradas comerciales, pero también en esto, y a través de una sana y proba gerencia, Chile adquirió una reputación sin parangón por la rapidez en el pago de sus deudas, caso de lo menos corriente en la Suramérica de aquellos años. Así, hacia 1870, la madurez política, la responsabilidad en asuntos financieros y la ordenada evolución, fueron consideradas internacionalmente como el sello distintivo de Chile, dentro del contexto de un continente un tanto desordenado. Únicamente Brasil podía competir con Chile en la estima internacional.

Sin embargo, la década de 1870 fue de desilusión. El comienzo de la depresión del comercio internacional golpeó duramente a Chile como productor de materias primas, y las disputas políticas internas entre los diferentes partidos amenazaban su orgullosa tradición de continuidad de gobierno. El apacible presidente Aníbal Pinto (1876-1881) prefirió buscar un acuerdo con la oposición política que hacer uso de sus amplios poderes constitucionales, con el decepcionante resultado final de encontrarse con que, en el marasmo de una situación de grave depresión económica y agitación social, su espíritu conciliador era interpretado como debilidad. En 1878, su gobierno, tambaleante por efectos de la crisis económica mundial, se vio obligado a apartarse del patrón oro y adoptar un régimen de papel moneda inconvertible, duro golpe para el orgullo de Chile y de la opinión internacional. Para aquellos que consideraban que la autoritaria Constitución de 1833 y el sistema presidencial empezaban a fracasar, el momento de la confrontación parecía haber llegado.

En ese momento hicieron su aparición ciertos acontecimientos del exterior. Desde su independencia, Chile y sus vecinos del norte, Bolivia y Perú, se habían disputado la línea fronteriza del norte de Chile en el desierto de Atacama, pero el tema no se agudizó hasta que los recursos de estas tierras estériles —guano y nitratos, principalmente— fueron explotables comercialmente, y las empresas y capitales extranjeros se trasladaron allí para su explotación. Las relaciones entre los estados limítrofes estaban reguladas por una serie de tratados, pero en 1878 la abrogación unilateral por parte de Bolivia de uno de ellos, relativo a los intereses extranjeros en la Antofagasta boliviana, precipitó una crisis diplomática. Perú, vinculado con Bolivia mediante un tratado de alianza defensiva y ofensiva, trató desesperadamente de evitar el conflicto; Chile, conocedora de este tratado, intentó presionar a ambos vecinos, y, cuando las autoridades bolivianas se negaron a someterse, declaró la guerra. El resultado fue la guerra del Pacífico (1879-1883), precisamente en un momento en que Chile no estaba preparada para ella, ni política ni económicamente. Sin embargo, dio la casualidad de que, a pesar de su falta de preparación, debilidad económica e incertidumbre política —sin contar el deplorable estado de sus fuerzas armadas—, la guerra pareció meticulosamente preparada en comparación con sus adversarios, y el fuerte sentimiento nacionalista —inexistente en Perú y Bolivia— resultó ser un factor decisivo. Después de unos comienzos inciertos, el ejército y las fuerzas navales chilenos derrotaron de forma decisiva a los de Bolivia y Perú, como ya lo habían hecho en los años treinta, y, de un país sobre el que se cernía el abismo de la desintegración política y el colapso económico en 1879, emergió en 1883 un Chile con unas perspectivas transformadas. Resistiendo las poderosas presiones panamericanas para que se diera un tratamiento magnánimo a los vencidos, como resultado de la paz, Chile se aseguró una superficie de territorio nacional no inferior a un tercio de su extensión original, así como los nitratos de las regiones de Atacama —el Tarapacá peruano y la Antofagasta boliviana—, riqueza en minerales que supondría, grosso modo, la mitad de los ingresos gubernamentales para los próximos cuarenta años.

Mediante el tratado de Ancón (octubre de 1883), firmado por Chile con un gobierno peruano al que habían ayudado a instalar las propias fuerzas chilenas, Perú cedió a Chile, incondicionalmente y a perpetuidad, su provincia de Tarapacá. También aceptó la posesión por parte de Chile de sus provincias de Tacna y Arica durante una década, terminada la cual su destino final vendría decidido a través de un plebiscito, debiendo pagar el ganador al perdedor diez millones de pesos de plata chilenos. Otras condiciones estaban relacionadas con los deudores de Perú, cuyas exiguas inversiones habían sido parcialmente hipotecadas por los depósitos de mineral de Tarapacá. Por medio de una tregua independiente con Bolivia —el tratado final de paz no se firmaría hasta veinte años después—, Chile obtuvo Antofagasta; el único territorio marítimo de Bolivia, con sus yacimientos de nitratos, segundos en importancia tras los de Tarapacá.

La misma guerra había dado un ímpetu considerable a la industrialización chilena, en cuanto al suministro de materiales, y a la agricultura e instalaciones de transportes, necesarias para aprovisionar desde el centro de Chile al ejército que operaba en el desierto y, más tarde, a las fuerzas que ocupaban Perú. Esta galvanización de la economía chilena desde su estado de aletargamiento de 1879 iba a ser apoyada durante la década de 1880 por el crecimiento dinámico de la nueva industria de los nitratos. El futuro de Chile parecía asegurado, y tal vez el impacto más significativo de su éxito en la guerra fue el de realzar su ya elevada reputación, imbuyendo a sus líderes de un sentimiento de seguridad nacional, en contraste con el pesimismo casi universal de sólo unos pocos años antes. Los dos hombres de Estado que mejor simbolizaron esta combinación de aspiraciones nacionales y orgullo patriótico fueron los dos ocupantes de la presidencia durante los años ochenta, Domingo Santa María (1881-1886) y José Manuel Balmaceda (1886-1891). Ambos eran de convicciones profundamente liberales; igualmente, ambos eran de temperamento no menos autocrático, y la posesión de la presidencia les acentuó este rasgo; ellos iban, en efecto, a ejercer la presidencia durante el paradójico periodo caracterizado por el mayor progreso material del siglo, combinado con el colapso político y constitucional del sistema creado tras la independencia por Diego Portales.

LA PRESIDENCIA DE SANTA MARÍA, 1881-1886

Domingo Santa María asumió la presidencia de Chile el 18 de septiembre de 1881, cuando el rumbo de la guerra ya se había orientado de forma decisiva hacia el lado de Chile. Al igual que muchos de sus predecesores, había sido designado por el anterior presidente y, como ellos, fue elegido gracias a una intervención masiva del gobierno en las elecciones. A pesar de que las pasiones políticas derivadas de la guerra eran muy grandes y de que ello se reflejara en la oposición en el Congreso, especialmente por parte del clerical Partido Conservador, este era consciente de su impotencia para garantizar unas elecciones libres. Los meses precedentes habían estado marcados por lo que el ministro británico denominó «multitud de violentas e indecorosas escenas» en la legislatura.[1] A pesar de ello, Santa María tenía un campo de acción claro. Pero la forma de su elección y la política que tenía que desplegar, especialmente en temas religiosos, iban a amargar incluso la vida política posterior.

La administración entrante había heredado una situación religiosa bastante delicada. La muerte en 1878 del ultramontano Rafael Valentín Valdivieso, arzobispo de Santiago durante casi 30 años, había vuelto a abrir con el Vaticano la enojosa cuestión del patronato, pretensión que desde la independencia tenía el gobierno, como sucesor de la corona española, al derecho de nombramiento de los altos cargos eclesiásticos. Con la muerte de Valdivieso, espina durante tantos años en el costado de la carne liberal, el gobierno del presidente Pinto nombró a un hombre de un temperamento más moderado, Francisco de Paula Taforo, pero la Santa Sede rechazó el nombramiento. Santa María intentó solucionar ese problema e invitó a ir a Santiago a un delegado apostólico, Celestino del Frate.

Pero la misión fue un fracaso total: Del Frate aconsejó al papa que rechazara la designación de Taforo y Santa María lo envió otra vez a Roma. La cuestión del patronato permaneció sin resolver, pero la misión de Del Frate le sirvió a Santa María como pretexto para una confrontación directa con la Iglesia, y se introdujo una legislación tendente a disminuir sus todavía sustanciales prerrogativas en tres coyunturas críticas de la vida humana: el nacimiento, el casamiento y la muerte.

En su mensaje presidencial sobre el estado de la nación de 1883, y después de haber intervenido de forma decisiva en las elecciones para el Congreso de 1882 para garantizar una mayoría en la legislación anticlerical, Santa María anunció su programa destinado a independizar de la jurisdicción eclesiástica el registro de nacimientos y defunciones, transfiriéndolo al Estado; a instituir el matrimonio civil; a garantizar la libertad de conciencia, y a permitir la sepultura de los muertos de cualquier confesión religiosa en los cementerios hasta entonces limitados a los católicos y controlados por la Iglesia católica. Correspondió al ministro del Interior, José Manuel Balmaceda, que había sido educado en un seminario y estaba originariamente destinado al sacerdocio, la difícil tarea de transformar todas estas polémicas medidas en leyes. Porque, aunque el gobierno contara con mayoría en el Congreso, tuvo que afrontar el poder de la Iglesia, que por aquel entonces seguía siendo todavía formidable. «No hay duda —escribía el corresponsal de The Times en 1880— de que el hombre tonsurado todavía es “el señor de todas las cosas” en este país; y, con la mujer bajo su control, bien puede afrontar las sonrisas burlonas de los hombres escépticos y desafiar los decretos de las leyes civiles»[2].

Su observación fue profética. En efecto, las leyes liberales fueron aprobadas en el Congreso, aunque fuera a costa de un áspero debate con la oposición católica, pero los efectos fueron dramáticos en el exterior del Parlamento: por ejemplo, el vicario capitular de Santiago no sólo condenó la ley sobre cementerios, sino que también rehusó aplicarla y, como represalia, el gobierno clausuró los cementerios católicos y prohibió los enterramientos en el interior de las iglesias, una práctica existente desde tiempo inmemorial pero claramente antihigiénica. Como resultado, se produjeron lúgubres escenas, como los enterramientos clandestinos de devotos católicos, en claro desafío a las órdenes gubernamentales, la formación de piquetes de soldados armados en los cementerios, el encubrimiento de las enfermedades terminales y la ulterior extracción clandestina de cadáveres de las casas en todo tipo de ataúdes y por todos los sistemas de transporte imaginables[3].

Pero la ley era la ley. A pesar de la feroz resistencia católica, una vez instituida la legislación, fue aplicada de forma creciente. Las leyes religiosas de la administración de Santa María marcaron una disminución decisiva del poder e influencia de la Iglesia; también marcaron el apogeo del liberalismo chileno en el siglo XIX y le valieron a Balmaceda el odio implacable del Partido Conservador. Sin embargo, todavía sucedió algo más; un hecho paradójico que sólo el transcurso del tiempo revelaría: con la aprobación de las leyes, la argamasa del anticlericalismo, que había unido a muchos hombres y grupos de amplias convicciones liberales, empezó a desmoronarse, y dejó de existir el vínculo ideológico entre ellos. Los radicales y el Partido Nacional, que no se beneficiaban de las intervenciones electorales de Santa María, estaban sin embargo dispuestos a apoyar su política anticlerical en el Congreso, puesto que compartían con él su apasionada convicción de que los poderes de la Iglesia debían ser reducidos. Pero una vez conseguido tal objetivo, sus objeciones naturales al intervencionismo electoral afloraron a la superficie. Por lo que se refiere al presidente, y gracias a los nuevos ingresos procedentes de los nitratos, gozaba en ese momento de mejores oportunidades que nunca para intentar programas ambiciosos, pero en cambio tenía muchas más dificultades para lograrlo, y no le sería suficiente, en un país cuya élite política era tan consciente como la chilena, utilizar solamente su patronazgo para crear una corte personalista de partidarios. Santa María fue el sucesor de Aníbal Pinto, quien, según era generalmente reconocido, no pertenecía a la ideología de Diego Portales. Pero tanto Santa María como Balmaceda fueron hombres de una voluntad excepcionalmente fuerte, absolutamente decididos a mantener las prerrogativas presidenciales de acuerdo con la letra de la Constitución, y ambos concebían la presidencia como el motor dinámico de toda la maquinaria. El verdadero cambio de estilo de Pinto a Santa María, que Balmaceda subrayaría al acceder al poder en 1886, fue visto por la oposición no sólo como un cambio de personalidades, sino como un cambio de poder, pues allí donde Pinto habría hecho concesiones, Santa María y Balmaceda lucharían. Así, la oposición llegó a confundir la bien fundada teoría de las limitaciones del poder presidencial con meras objeciones a su ejercicio por parte de los hombres fuertes que lo ostentaban. Además, en el seno de una ya de por sí compleja ecuación constitucional y política, se inyectaría una desconocida cantidad sin precedentes de riqueza procedente de los nitratos, y la espinosa cuestión de cómo debía gastarla el gobierno.

LA INDUSTRIA DE LOS NITRATOS DESPUÉS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

A raíz del final de la guerra del Pacífico y del acceso de Chile a las regiones de los nitratos del norte, el gobierno se enfrentó con las cuestiones fundamentales de cómo reconstituir la propiedad de la industria y de cómo explotar esta fuente única de riqueza en beneficio de Chile. La cuestión era compleja; en primer lugar, porque el reflujo de la guerra había barrido las regiones nitreras, dislocando las operaciones de una industria que, ya en los últimos años de la década de 1870, había estado sumida en la incertidumbre. Esta incertidumbre había sido creada por el abortado intento del gobierno peruano de 1875 de asumir una forma de control estatal, por el cual las nitrerías y oficinas (refinerías), hasta entonces en manos privadas, nacionales o extranjeras, pasarían a ser propiedad estatal, a través de la emisión de bonos que producirían intereses, pagaderos al portador y eventualmente redimibles por parte del gobierno peruano, cuando pudiera reunir los fondos suficientes. En realidad, esos bonos eran los títulos de propiedad emitidos en 1879 para las, por entonces en manos privadas, nitrerías y fábricas (excluyendo las tierras sin explotar hasta ese momento, que no habían sido todavía enajenadas), y podían ser fácilmente transferidos a terceras partes. Pero el crédito internacional de Perú se había agotado hacía tiempo y el préstamo para redimir los bonos nunca llegó. En consecuencia, sus valores nominales empezaron a fluctuar, y cuando llegó la guerra y los éxitos chilenos derivaron en la victoria de Chile, el precio de los bonos cayó en picado. Era obvio para todas las partes implicadas que Chile exigiría amplias concesiones territoriales a Perú y Bolivia, pero nadie conocía qué línea adoptaría su gobierno respectivo hacia los intereses de los nitratos en general, ni hacia los intereses exteriores, en particular. Además, un elevado número de insatisfechos acreedores extranjeros del Perú reivindicaba desde hacía tiempo que los empréstitos al gobierno peruano habían sido hipotecados en la provincia nitrera de Tarapacá, y que ya habían buscado apoyo diplomático de sus gobiernos para reforzar sus reclamaciones. Si, entonces, Chile adquiría territorio peruano, ¿asumiría también las deudas inherentes a él? Y, caso de no hacerlo, ¿qué futuro tendría una industria lastrada por tales imponderables? En estas circunstancias, muchos propietarios de bonos se asustaron y vendieron sus títulos a precios increíblemente bajos a especuladores más audaces que estaban dispuestos a correr riesgos frente a lo incierto de la situación. De entre ellos, destacó John Thomas North, ingeniero inglés que ya estaba implicado en diversas empresas en el Tarapacá peruano, donde había vivido y trabajado durante más de veinte años.

Ya en 1880, el gobierno chileno había empezado a debatir la cuestión nombrando una comisión deliberativa y de asesoramiento, a la que siguió otra en 1881. Sus informes, en los que se evitaba caer en el modelo de intervención estatal en las nitrerías, recomendaban la devolución de la industria al sector privado y, con el fin de asegurar los intereses del gobierno chileno, la implantación de tasas de exportación a los embarques de nitratos. Dado que los certificados de los nitratos expedidos por el gobierno peruano eran los únicos títulos legales de propiedad privada, los que disponían de ellos fueron reconocidos efectivamente como legítimos derechohabientes sobre la propiedad de las nitrerías; así fue como John Thomas North, «el rey de los nitratos», y otros no chilenos, se aseguraron una buena parte de la industria a un costo relativamente bajo, consiguiendo grandes beneficios no sólo sobre el valor real de las propiedades, sino también mediante su subsiguiente venta a sociedades anónimas que ellos mismos lanzarían a la Bolsa de Londres en los años ochenta.

De esta forma, los intereses británicos, que en 1875 habían tenido una posición minoritaria en la industria de los nitratos, llegaron a controlar hacia 1890 el 70 por 100 (en valor). Desde entonces, la absorción británica ha sido siempre objeto de controversia, principalmente porque se considera que el gobierno chileno de aquel momento perdió una oportunidad de oro de adquirir la industria para el Estado, permitiendo así que la mayor fuente de ingresos del gobierno para los próximos 40 años cayera en manos extranjeras. En efecto, algunos historiadores han ido aún más lejos, afirmando que hubo una connivencia entre los chilenos que tomaron esa decisión y los extranjeros, más eficaces y codiciosos y con mayores reservas de capital y superior tecnología, a los que cedieron los intereses de los nitratos de Chile[4]. Sin embargo, las investigaciones recientes han alterado de forma sustancial tales puntos de vista. Aunque no haya duda ninguna sobre la filosofía de la libre empresa de los dirigentes chilenos de aquel entonces, hoy parece claro que en sus decisiones predominaron otras consideraciones de interés nacional chileno. En primer lugar, con la devolución de la industria de los nitratos al sector privado, el gobierno chileno consiguió dividir de forma efectiva los intereses extranjeros e imposibilitó a sus gobiernos intervenir sin aparecer como favorecedores de unos intereses nacionales frente a otros. Así, mientras los dueños de las nitrerías quedaban satisfechos, los peruanos poseedores de bonos quedaron consternados, y se emplearon los veinte años siguientes en alcanzar un acuerdo satisfactorio. En segundo lugar, con la devolución de las responsabilidades sobre la producción, embarque, comercialización y venta, a los intereses privados, y la consiguiente imposición de tasas a la exportación de los nitratos, el gobierno chileno tuvo una fuente inmediata de grandes ingresos, sin necesidad de tener que intervenir de forma directa en tales cuestiones. Finalmente, y sobre el asunto de los intereses chilenos prebélicos en el Tarapacá peruano, hoy parece claro que éstos ya habían sido totalmente minados por la política peruana de la década de 1870, y que, aunque los intereses chilenos pudieran haber dominado sobre los británicos en 1875, cuando este Holding se vio más drásticamente reducido fue durante el periodo comprendido entre 1875 y 1879, más que en la década de 1880.

Los ingresos por los nitratos supusieron un verdadero alivio para el gobierno chileno, y la rápida expansión de la industria y el comercio en la década de 1880 le proporcionaron unas entradas que le permitieron, tanto la realización de programas de desembolso público, como también evitar la necesidad de modernizar el sistema tributario interno, camino que, de haberlo seguido, le hubiera enfrentado con los intereses creados que dominaban la vida política, económica y social en Chile. Así las cosas, desde una contribución equivalente al 5,52 por 100 de los ingresos ordinarios del Estado en 1880, los aranceles sobre la exportación de nitratos y yodo (derivado de los nitratos) crecieron hasta alcanzar el 33,77 por 100 en 1885 y el 52,06 por 100 en 1890[5]. Pero esta riqueza caída del cielo fue una bendición sólo a medias. El mercado internacional de los nitratos era muy inestable, debido al uso primario del producto como fertilizante y, como tal, estaba sujeto a los avatares climáticos y de la agricultura, a menudo de impacto repentino y siempre de conducta impredecible. La saturación del mercado por un exceso de producción de nitratos repercutía sobre los productores y distribuidores en las correspondientes bajadas de precios. En consecuencia, trataron de recuperar el equilibrio entre oferta y demanda, siendo el mecanismo empleado para ello un acuerdo entre los productores a fin de limitar el volumen de producción a un cupo hasta que tal contingencia se produjera; por otra parte, hacia finales de la década de 1880, la mayoría de los productores y comerciantes era extranjera y, por lo tanto, menos sensible a las necesidades nacionales de Chile que a los intereses de sus accionistas y a sus propios beneficios. En lo que respecta al gobierno de Chile, la creciente dependencia de los ingresos procedentes de los nitratos, que formaban una importante proporción del presupuesto, y lo impredecible del mercado, se traducían en incertidumbre en los ingresos y en la planificación, por lo que los cupos impuestos por los productores resultaron la forma más implacable de reducir las rentas públicas de un plumazo. El hecho de que el control de la industria en los años ochenta pareciera estar pasando de forma creciente a unas pocas, y dudosas, manos era también preocupante. Por ejemplo, North y sus socios adquirieron los bonos de la oficina Pampa Lagunas durante la guerra del Pacífico por 110.000 libras y emplearon otras 140.000 en instalaciones, fundando posteriormente dos empresas en Londres con un capital de 2.122.000 libras para explotar la propiedad. La expansión de sus empresas —y sus ambiciones— en Tarapacá en los años ochenta provocó no sólo la admiración de los, a menudo poco informado, inversores, sino también el recelo entre los chilenos nativos, que no era menor entre aquellos que afirmaban que su política se basaba en la seguridad y firmeza de los ingresos procedentes de los nitratos. El conflicto inherente a esta situación alcanzó su punto álgido bajo la presidencia de Balmaceda, en el momento preciso en que los asuntos internos, políticos y constitucionales de Chile, que habían estado en gestación durante mucho tiempo, llegaban a un punto crítico, desencadenando la crisis nacional más grave de la historia de la República.

LA PRESIDENCIA DE BALMACEDA, 1886-1891

Aunque pocos presidentes chilenos hayan podido asumir su mandato en circunstancias más favorables que José Manuel Balmaceda, el entorno político en el momento de su acceso estuvo caracterizado por la aspereza y la conflictividad. Él era el sucesor natural del presidente saliente, Santa María, y todo el peso de la maquinaria gubernamental se puso en movimiento para su elección como candidato oficial del Partido Liberal, no sólo para mortificación de la oposición clerical conservadora —para la cual el nombre de Balmaceda era anatema—, sino también con el disgusto de algunos grupos de cierto cariz liberal, para los cuales la práctica del intervencionismo electoral se había empezado a volver odiosa. Aunque tales grupos reconocieran el sobresaliente historial de Balmaceda como funcionario público —miembro del Congreso desde 1870; enviado a Argentina en el crítico año de 1879; ministro de Asuntos Exteriores en 1881; y ministro del Interior desde 1882 hasta 1885— y admiraran sus poderes oratorios y de persuasión, rechazaban el sistema que le había encumbrado al poder, y se aliaron con los conservadores moderados y con un pequeño sector de la oposición radical para apoyar a un ex ministro, José F. Vergara. Esos liberales, los sueltos o «independientes», dirigidos por un conocido intelectual, historiador y pedagogo, Miguel Luis Amunátegui, proporcionaron la primera evidencia de que el anteriormente unido Partido Liberal, el partido del gobierno, estaba perdiendo su cohesión. Pero el monstruo del intervencionismo electoral siguió su camino sin impedimentos; Vergara retiró su candidatura antes de que se hiciera el recuento final de votos, y Balmaceda tomó posesión el 18 de septiembre de 1886.

Chile había cambiado considerablemente durante los cinco años siguientes a la primera entrada en el gobierno de Balmaceda. No sólo la frontera norte se había desplazado casi mil kilómetros hacia el Perú como resultado de la guerra del Pacífico, sino que el proceso de dotar de un control central más eficaz a las todavía independientes tierras indias situadas al sur del río Bío-Bío, y al aún más remoto territorio de Magallanes, también había comenzado a acelerarse. La fuerza militar y la colonización habían sido los dos brazos inseparables de los sucesivos gobiernos chilenos en este proceso en los treinta años que siguieron a los de la década de 1850, pero la actividad fue intermitente y con parones, pues entre el Bío-Bío y el río Toltén, más al sur, estaba la Araucania, poblada por los ferozmente independientes indios mapuche, cuyas revueltas esporádicas y frecuentes estragos inhibían el proceso de asentamiento. La última revuelta general de los mapuche tuvo lugar en 1880-1882; su represión, llevada a cabo principalmente por tropas chilenas transferidas de las campañas victoriosas del desierto en el norte, fue el último clavo en el ataúd de la independencia india, tenazmente mantenida desde los inicios de la conquista española. La construcción de fortines en Temuco y Villarica —en 1881 y 1883, respectivamente—, en el corazón del territorio indio, fue la expresión física de este hecho, y el establecimiento en 1882 de una Agencia de Colonización General en Europa para reclutar inmigrantes para el sur de Chile representó la deliberada reasunción de políticas iniciadas, de hecho, tres décadas antes, pero no proseguidas eficazmente desde entonces. En 1883 llegaron a Talcahuano los primeros colonos alemanes, a los que seguiría un flujo de inmigrantes europeos durante la década de 1880, alcanzando una media de más de 1.000 al año.

De forma similar, en Magallanes y Tierra del Fuego, la década 1875-1885 fue un periodo de considerable exploración geográfica, seguido de explotación económica, especialmente en la cría de ovejas. Cuando en 1876, el gobernador del territorio, Diego Dublé Almeida, visitó las islas Malvinas, llevándose a su vuelta ovejas negras (aunque fracasara en su intento de persuadir a los isleños de que le acompañaran), estableció los fundamentos de lo que sería la actividad principal de la región; Magallanes y Tierra del Fuego, mayoritariamente reconocidas como de gran importancia estratégica, dejaron de ser meros apéndices de la República de Chile, para convertirse en regiones de carácter distintivo y de importancia económica. Una vez más, la inmigración europea jugó un papel decisivo. Aunque las cifras fueran bajas —la población total del sur de Chile en 1885 era algo superior a 2.000 habitantes—, la calidad fue más importante que la cantidad, y, en particular, los ganaderos de ovejas ingleses y escoceses jugaron un papel primordial.

Por lo que se refiere al principal botín de la guerra del Pacífico, las regiones de los nitratos, Balmaceda accedió a la presidencia en el momento en que la industria de los nitratos empezaba a entrar en la fase más dinámica de su expansión. Entre 1884 y 1886, periodo en el que el mercado mundial estaba saturado, se puso en práctica la primera alianza entre los productores para reducir la producción, pero aquella fracasó y un nuevo crecimiento en la demanda mundial puso otra vez a las oficinas de Tarapacá en plena actividad. Paralelamente, John Thomas North y sus socios empezaron a lanzar gran número de nuevas empresas en la Bolsa de Londres. Tarapacá y, en menor medida, Antofagasta, tuvieron un rápido auge; puertos tales como Iquique y Pisagua experimentaron un crecimiento no sólo en sus exportaciones de nitratos, sino también en importaciones de productos alimentarios, maquinaria y equipo para sostener a las comunidades mineras artificialmente creadas en el desierto de Atacama, que dependían casi totalmente del mundo exterior. El breve periodo posbélico de auge de las nitrerías ya había logrado atraer hacia la economía regional a una elevada población de inmigrantes: trabajadores del Chile central, Bolivia y Perú, ingenieros y técnicos de Europa, en especial de la Gran Bretaña, y comerciantes, banqueros y hombres de negocios; la población de Antofagasta pasó de 5.384 habitantes en 1875, a 21.213 diez años más tarde; la de Tarapacá, de 38.255 a 45.086, en el mismo periodo; Iquique, principal puerto nitrero de Tarapacá, experimentó un crecimiento que fue desde unos 9.200 hasta casi 16.000 habitantes.

Las manifestaciones regionales de cambio económico en Chile durante los años ochenta formaron parte de un proceso nacional de crecimiento y desarrollo que tuvo también implicaciones sociales y culturales. Sus motores principales fueron los factores vinculados de crecimiento de la población y de expansión urbanística. Entre 1875 y 1885, la población total de Chile pasó de 2.075.971 habitantes a 2.497.797, pero mucho más notable fue la estructura de esa población. Mientras que en 1885, la población rural era casi el doble que la urbana —1.350.426 frente a 725.545—, hacia 1885 esta proporción había cambiado espectacularmente: la población rural creció lentamente hasta 1.456.032, mientras que la población urbana creció en una cuarta parte, llegando a 1.041.765[6]. El aumento más llamativo de la población urbana sobre la rural se dio precisamente en las regiones de los nitratos, lugares en los que la población se fue concentrando en los puertos de embarque e importación, en torno a las oficinas diseminadas por todo Antofagasta y Tarapacá, y en aquellas provincias en que había seguido una incipiente industrialización —Santiago, Valparaíso y Concepción. Mientras la población urbana de la provincia de Santiago durante el periodo 1875-1885 pasaba de unos 186.000 habitantes a 228.000, la población rural descendía llamativamente de 180.000 a 102.000.

La migración de un número apreciable de trabajadores del campo, no ligados a ninguna parcela de tierra específica como lo estaban los «inquilinos», por ejemplo, había sido desde tiempo inmemorial un rasgo característico de la historia chilena, y no precisamente por la forma peculiar del campo: los trabajadores se trasladaban de norte a sur según las estaciones del año agrícola y los ciclos de producción de las cosechas. Pero, a partir de mediados de siglo, la población del campo se empezó a sentir progresivamente atraída hacia zonas y ocupaciones urbanas relacionadas con el desarrollo minero del norte, la extracción de carbón en los alrededores de Arauco, Coronel y Lebú, la construcción de ferrocarriles, y el desarrollo de las ciudades más importantes, con sus fábricas de transformación de productos alimentarios y de bebidas, curtidurías, fábricas de muebles, textiles y otras industrias de consumo básico. Durante los años de la guerra del Pacífico se acentuaron estas migraciones conforme se iba extendiendo la industrialización, e incluso antes de que empezara la guerra eran muchos los que creían que Chile debía industrializarse más, en lugar de ser totalmente dependiente de sus exportaciones de productos primarios de la tierra o de las minas. Sin embargo, durante la década de 1870 fueron escasos los intentos de organización de los fabricantes en grupos de presión. Pero en 1883, y significativamente después del gran esfuerzo de industrialización que la guerra del Pacífico había estimulado, se fundó la Sociedad de Fomento Fabril (SFF), con apoyo y subvenciones específicas del gobierno para ese fin. La SFF ha sido descrita por un historiador de la industrialización chilena como «en parte, grupo de presión, regulador de conflictos industriales internos, organización de servicio técnico y club social»; representó «la institucionalización del sector industrial chileno en un núcleo cohesivo, lo suficientemente amplio como para mantener eficazmente los objetivos industriales ante la opinión pública y para servir de eslabón directo con el gobierno»[7]. Nada mejor que la SFF para simbolizar el cambio en la economía chilena, el cual, aunque lenta e imperceptiblemente al principio, fue ganando velocidad, acarreando en el proceso diversificación social y la aparición eje nuevas fuerzas políticas. Pero, mientras que el Chile que heredó Balmaceda era verdaderamente un país en transición, la crisis que iba a sacudir en breve al viejo orden constitucional hasta sus cimientos no procedería del exterior de la estructura de poder tradicional, sino de su interior.

Balmaceda inició su mandato haciendo intentos por reconciliar a los diversos grupos liberales y, al mismo tiempo, aplacar a los conservadores. Entre sus primeras actuaciones, estuvo la reanudación de las relaciones con la Santa Sede y el consenso sobre un candidato al arzobispado de Santiago, Mariano Casanova, distinguido teólogo y amigo personal del presidente. Fue precisamente Casanova quien tomó la iniciativa de la fundación, en 1888, de la Universidad Católica de Chile, primera universidad privada del país. El primer gabinete de Balmaceda, compuesto por miembros de los partidos Liberal y Nacional, fue de tendencia conciliadora, y Balmaceda mostró rápidamente sus deseos de evitar las agrias batallas políticas del pasado: las elecciones municipales de Santiago, hacia finales de 1886, estuvieron totalmente exentas de interferencias gubernamentales, y la derrota de los candidatos del gobierno se vio compensada por las muestras de buena voluntad resultantes de su neutralidad.

Con tal «ramo de olivo», destinado a calmar el escenario político, se intentaba crear un amplio apoyo para la política interior básica de Balmaceda, continuadora, de hecho, del programa de Santa María, pero que, ahora sí, podría ampliarse sustancialmente, gracias a las rentas públicas masivas procedentes de los aranceles sobre los nitratos. Se iba a acometer un gasto público importante en grandes obras públicas tales como la construcción de puertos y vías férreas, y en inversiones de carácter social, especialmente en educación, colonización y edificios municipales. También se asignaron presupuestos adicionales para reforzar las fuerzas armadas chilenas, defensivas y ofensivas, mediante la construcción de fortificaciones marítimas, nuevos buques de guerra, cuarteles y academias militares, propósitos perfectamente comprensibles en un hombre de Estado chileno que se había mantenido tanto tiempo al frente de la política exterior y que, ya como presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas, pasaba a ser el responsable de la seguridad nacional.

El programa de Balmaceda era ambicioso y se siguió enérgicamente. En 1887 se creó un nuevo ministerio, el de Industria y Obras Públicas, y en el plazo de un año le fue asignada más de una quinta parte del presupuesto nacional, mientras que al Ministerio de Educación le correspondió una séptima parte. En 1890, sobre un presupuesto total de 67.069.808 dólares, se destinaron más de 21.000.000 al Ministerio de Obras Públicas y unos 6.628.000 al de Educación. Las intenciones gubernamentales representadas por estas cifras se llevaron rápidamente a la práctica: de una población escolar de unos 79.000 alumnos en 1886, se pasó a 150.000 en 1890; se aceleró la construcción de vías férreas, apoyándola en el sur con la construcción del puente del Bío-Bío, el río más ancho de Chile; se completó el gran dique seco de Talcahuano y se construyó un canal a lo largo del río de Santiago, el Mapocho. Se fomentó la inmigración extranjera, con ayudas del gobierno; entre 1886 y 1890, se instalaron en Chile cerca de 24.000 europeos, no sólo como granjeros en la selva fronteriza, sino también como artesanos especializados en las grandes ciudades. Se construyeron nuevos hospitales, prisiones, edificios de oficinas gubernamentales y casas consistoriales.

Sin embargo, un programa tal tenía muchas implicaciones. En primer lugar, estaba basado en continuos y elevados ingresos públicos procedentes de las exportaciones de los nitratos, y éstas no podían garantizarse plenamente en el seno de un mercado mundial inestable. En segundo lugar, ponía en manos del gobierno un descomunal instrumento de patronazgo en la forma de puestos de funcionarios del Estado y de concesión de contratos, así como la mano de obra dependiente de ellos. En tercer lugar, mientras con este programa se satisfacía a algunos, también se contrariaba a muchos otros cuyas aspiraciones, personales o públicas, se habían despertado con el propio programa. La construcción de una nueva casa consistorial o de una escuela en una comunidad puede ser objeto de orgullo para sus ciudadanos, pero puede también suscitar las envidias de sus vecinos menos favorecidos. Y existían cuestiones todavía mayores en torno al asunto clave de la política y el gobierno: la asignación de los recursos. Desde la adopción por parte de Chile del papel moneda en la crisis de 1878, un sector creciente de la opinión pública consideraba como principal objetivo económico nacional el retorno al antiguo patrón de moneda metálica, aunque este punto de vista era todavía minoritario entre los políticos, muchos de los cuales, como ricos terratenientes que eran, se beneficiaban apreciablemente del régimen de papel inconvertible. Sin embargo, desde el punto de vista de los «oreros» —cada día más recelosos sobre la cantidad de papel en circulación, los derechos liberales de emisión bajo esas leyes bancarias, la fluctuación de tipos de cambio y la elevada emisión pública—, la nueva riqueza procedente de los nitratos representaba, literalmente, una oportunidad de oro para retirar de la circulación el papel moneda y retornar a lo que para ellos era la «respetabilidad financiera», considerando el aplazamiento de la reforma como un desastre nacional. Para Balmaceda, sin embargo, su programa era primordial, hasta el punto de identificarse a sí mismo con lo que él veía como el interés nacional, mientras que cualquier atisbo de oposición a alguna parte del mismo le merecía los calificativos de faccioso y egoísta, e incluso de antipatriótico.

El periodo de luna de miel en la política nacional que siguió a la toma de posesión de Balmaceda duró poco más de un año. Hacia 1888, los diversos grupos liberales que formaban el gobierno ya empezaron a competir unos con otros por obtener cargos. En el mes de marzo se colapso la anterior política de conciliación. Bajo la presión de sus partidarios más poderosos, los liberales del gobierno, Balmaceda permitió la intervención en las elecciones al Congreso y de esta forma, inevitablemente triunfadores, fueron ellos, y sólo ellos, los que pudieron acceder a ocupar carteras ministeriales. El Partido Nacional —pequeño en cifras, pero grande en talento, y con el control sobre una gran parte de la prensa chilena— se encolerizó muy especialmente; en lo sucesivo, su lealtad al ejecutivo, rasgo característico del partido desde la época de Manuel Montt (presidente desde 1851 hasta 1861), no podría ya darse por sentada. En cuanto a Balmaceda se refiere, cada día más obsesionado con su propio programa, el problema de concesión de favores aumentó de forma inconmensurable con el crecimiento de las rentas públicas. El programa de obras públicas realzó la importancia de los tecnócratas y de los administradores, pero las personas con talento natural para estas cuestiones no tenían por qué encontrarse necesariamente entre la oligarquía tradicional. Así, entraron en escena «hombres nuevos», como José Miguel Valdés Carrera, ministro de Industria y Obras Públicas, o Hermógenes Pérez de Arce, superintendente de ferrocarriles, tecnócratas hasta la médula que creían firmemente en lo que hacían y en el trabajo que su jefe les había encomendado. En tales circunstancias, a una oposición ya convencida del obsesivo egotismo de Balmaceda, no le resultaría difícil creer que el presidente de la República estaba construyendo una corte de partidarios dispuestos a seguir ciegamente todos sus caprichos.

Las sospechas de la oposición sobre las intenciones de Balmaceda se acrecentaron en 1889, cuando las especulaciones sobre los posibles sucesores a la presidencia en 1891 ya eran endémicas. Entre sus íntimos, se señalaba repetidamente como candidato de Balmaceda a un rico hacendado no muy prominente políticamente, Enrique Salvador Sanfuentes, ya que había ganado sus favores rápidamente en 1888, llegando a ministro de Hacienda en abril y a ministro de Obras Públicas en octubre. En marzo de 1889, Sanfuentes, como ministro clave del gabinete de Balmaceda —ya que era el responsable de la parte más importante del programa del presidente—, acompañó a Balmaceda a las regiones nitreras, siendo esta la primera visita de un jefe de Estado chileno a las regiones recientemente incorporadas a la República. El viaje, bien orquestado publicitariamente, se realizó por diversos motivos. Además de su valor propagandístico, para un presidente políticamente acosado en Santiago y que buscaba apoyo provincial, existía una razón económica básica para que esta visita a las regiones de los nitratos fuera oportuna. Hacia 1889 las actividades de John North en Tarapacá habían crecido muy deprisa; además de sus empresas nitreras, poseía el nuevo Bank of Tarapacá and London, el control del suministro de aguas a Iquique a través de la Tarapacá Waterworks Company, la Nitrates Provisions Supply Company y, sobre todo, la Nitrate Railways Company, línea que comunicaba las oficinas más importantes con los puertos. Todo ello anunciaba un intento de monopolio que, a juicio de muchos, representaba una amenaza para todos los demás intereses en la provincia, y no menor para los del gobierno, cuya renta pública empezaba a depender de manera un tanto precaria de las tasas sobre los nitratos.

En un aspecto la confrontación había llegado ya. En 1886, el gobierno de Santa María había cancelado los privilegios de la Nitrate Railways Company por incumplimiento del contrato, y Balmaceda heredó una cuestión legal compleja, al demandar la empresa al gobierno ante los tribunales, alegando anticonstitucionalidad en la anulación de sus privilegios. Además, entre sus abogados se contaban varios políticos chilenos destacados opuestos a Balmaceda, especialmente Julio Zegers, principal abogado de North en Chile y liberal de antiguo asociado a Balmaceda, pero que en 1889 era líder de un grupo liberal, los convencionalistas, cuyo objetivo primordial era el de eliminar el personalismo en la elección de futuros presidentes mediante la selección de un candidato consensuado entre todos los grupos liberales. La posición de Zegers como abogado de North era coherente con su postura política; no obstante, permitió que Balmaceda y sus coadjutores le consideraran como traidor a los intereses nacionales que ellos estaban convencidos de representar.

Las proclamas de Balmaceda en su periplo por el norte estaban bien cortadas a la medida del orgullo y expectativas locales, pero también aprovechó la oportunidad de hacer pronunciamientos importantes sobre la industria nitrera, particularmente en Iquique, capital de Tarapacá. En esta ciudad, se refirió a los peligros que tenía el monopolio extranjero de la industria, sugiriendo que su gobierno estudiaría más de cerca la posibilidad de fomentar una mayor participación chilena en la misma, y persuadiendo a varios comentaristas de que intentaba alcanzar un modelo más nacionalista en relación a los intereses extranjeros. Aunque también se apartó un poco de la línea de su discurso para tranquilizar a los intereses existentes diciendo que Chile necesitaba de sus capitales y empresas. De hecho, fue un discurso que podía tener todas las lecturas posibles para todas las personas, pero que, con la perspectiva de una nueva alianza de empresas nitreras en el horizonte, resultó ser una astuta táctica para sembrar dudas entre los empresarios, predominantemente extranjeros, el principal de los cuales, John Thomas North, estaba haciendo una visita a Chile por aquellos días. Al regreso de Balmaceda al sur, ambos se entrevistaron en tres ocasiones diferentes, pero de esos encuentros no hubo resultados dramáticos. El gobierno chileno prosiguió su ataque contra el monopolio ferroviario de North en Tarapacá, explotando hábilmente otros intereses británicos que eran igualmente opuestos a él, pero hizo muy poco para socavar el predominio de los intereses extranjeros en la industria de los nitratos en conjunto.

Es posible que las preocupaciones políticas, que crecieron en intensidad entre 1889 y 1890, obligaran a Balmaceda a archivar los planes que pudiera tener; es igualmente posible —y, ante las evidencias existentes, más verosímil— que tales planes tuvieran un alcance limitado en amplitud y vago en intencionalidad, y que la reputación póstuma de Balmaceda como un nacionalista en lo económico fuera muy exagerada. Su preocupación primordial en relación con los nitratos no tuvo nada que ver con el predominio extranjero y sí con su control monopolístico, peligro que, en su opinión, estaba representado por North. Este recelo era compartido por otros productores extranjeros, especialmente por los británicos. Al mismo tiempo, con la caída de los precios de los nitratos en un mercado mundial sobresaturado, todos los productores, extranjeros y chilenos, no tuvieron muchas más opciones en 1890 que la de formar un frente común para reestablecer el equilibrio —y a partir de ahí, la rentabilidad— por medio de una alianza para restringir la producción y nivelar así la oferta y la demanda. En esto, Balmaceda no contó con los aliados en la industria de los nitratos y tuvo poco poder para incidir en los acontecimientos.

Así las cosas, predominó la crisis político-constitucional. Inmediatamente después del regreso de Balmaceda del norte, en marzo de 1889, se produjo una crisis de gabinete, motivada por la dimisión de Sanfuentes como gesto para rebatir la idea de que él fuera el hombre de Balmaceda para la presidencia en 1891 y por las demoras en la elección de un sucesor de entre los diversos grupos liberales. En un intervalo menor de dos meses, en una votación adversa en el Senado, quedó derrotado el gabinete, y Balmaceda tuvo que empezar de nuevo. En esta ocasión, hizo aproximaciones al Partido Nacional, pero finalmente no pudo aceptar sus condiciones. La reacción de Balmaceda fue formar un gabinete compuesto por miembros destacados por su notoria antipatía hacia los nacionales, que pasaron claramente a la oposición. De esta forma, Balmaceda perdió la mayoría automática en el Senado y su mayoría en el Congreso bajó hasta diez. Una crisis posterior en octubre empeoró aún más las cosas: Balmaceda acordó, aparentemente, no influir en la próxima elección presidencial, como pago por el apoyo de la oposición en el Congreso, y nombró un gabinete «neutral»; pero en el plazo de un mes, también este gabinete renunció, debido, según sus palabras, a que no podían confiar en el presidente.

Mientras los partidos se disputaban la entrada en el gabinete ministerial en 1889, cristalizaban asuntos constitucionales cruciales, y la oposición se fue apoyando paulatinamente en ellas. Mientras que cuando Balmaceda asumió su cargo, el objetivo prioritario de la oposición era la libertad de las elecciones, en 1890 éste se vio ampliado hasta incluir la independencia de los partidos respecto al presidente y la subordinación del ejecutivo a la legislatura. Esta última demanda tenía su mejor expresión en un sistema constitucional, como los verdaderos gobiernos parlamentarios, en los que ningún ministerio o gabinete sobrevive sin apoyo mayoritario en el Congreso o Parlamento. En Chile, bajo la Constitución de 1833, y a pesar de ulteriores modificaciones que reducían los poderes del ejecutivo, los ministros únicamente tenían que rendir cuentas al presidente, quien hacía y deshacía por sí solo. En este asunto, la Constitución era inequívoca. Por otra parte, ningún presidente, cualquiera que fuera su persuasión o preponderancia, podía ignorar el hecho de que esa misma Constitución confiaba al Congreso el derecho de aceptar o rechazar la legislación esencial, y particularmente la aprobación del presupuesto y el tamaño de las fuerzas armadas; estos poderes legislativos eran la ventaja principal que tenía el Congreso sobre los presidentes poco cooperadores, aunque aquéllos se hubieran visto debilitados (de hecho, pero no por ley) por la interferencia del ejecutivo en las elecciones y el consiguiente establecimiento de legislaturas dóciles. Sin embargo, en esos momentos, el progresivo alejamiento de sus antiguos partidarios, a causa del carácter y la política de Balmaceda, había anulado de hecho esa fuerza, a menos que el presidente estuviera preparado para hacer frente a la opinión del Congreso, insistir en que los ministros debían rendirle cuentas a él y demostrar que la insistencia del Congreso en sus derechos podía ser contrarrestada comprando o expulsando, por cualquier medio, a lo que Balmaceda consideraba oposición facciosa.

Balmaceda parecía preparado para hacerlo. En su siguiente gabinete, nombró como ministro de Industria y Obras Públicas a José Miguel Valdés Carrera, el protagonista más conocido de las peticiones de Sanfuentes, pretendido candidato «oficial» a la presidencia para 1891. Fue este acto el que condujo a Julio Zegers y los convencionalistas a retirar el apoyo al gobierno, privando así finalmente a Balmaceda de su mayoría en el Congreso. Entonces Balmaceda clausuró el Congreso y eligió un nuevo gabinete, en el que incluyó a Valdés Carrera; los primeros seis meses de 1890 se caracterizaron por los ataques de la oposición a Balmaceda, a través de la prensa cuyo control ejercía y en mítines públicos, y por las reacciones gubernamentales entre las que se incluyó la fundación de dos nuevos periódicos para apoyar su posición. Al contrario de lo que había sido la tónica de los periodos precedentes, en éste Balmaceda no convocó ninguna sesión extraordinaria en el Congreso, y la batalla no pudo tener lugar hasta que se convocó la sesión ordinaria para el 1 de junio, tal como exigía la Constitución. La sesión se abrió con un solemne discurso de Balmaceda en el que proponía reformas constitucionales, pero amplias mayorías de la oposición plantearon mociones de censura en ambas cámaras. Seguidamente, el 12 de junio, Julio Zegers planteó en el Congreso de los diputados una moción con objeto de que se pospusieran todos los debates sobre la ley que autorizaba la recaudación de impuestos, hasta que el presidente nombrara un nuevo gabinete que contara con la confianza del Congreso, moción que también contó con un apoyo elevado. Como Balmaceda se mantuviera firme en sus prerrogativas, y el Congreso reiterara de forma inexorable sus derechos, la situación entró en un callejón sin salida que impidió que se pudieran tratar asuntos de ningún tipo, aparte de las recriminaciones mutuas. Para un observador extranjero, el presidente estaba «perdiendo su influencia sobre el país» y, proseguía en sus reflexiones, «hay dudas sobre hasta qué punto podría Su Excelencia requerir los servicios de las tropas contra el Congreso»[8]. Las tropas, sin embargo, tardarían muy poco en ser empleadas en otro lugar.

Mientras el gobierno estaba aparentemente paralizado en el centro, se producían acontecimientos dramáticos en la periferia del territorio chileno. A primeros de julio, los estibadores portuarios de Iquique, en Tarapacá, fueron a la huelga en demanda, entre otras cosas, de ser pagados en moneda nacional de curso legal, en lugar de fichas de las empresas, que sólo tenían valor de cambio en los economatos de las mismas. A ellos se sumaron los arrieros, los trabajadores temporeros y, muy pronto, los propios trabajadores de las nitrerías, comenzando un saqueo indiscriminado de los almacenes y tiendas. A pesar de las inmediatas llamadas de ayuda al gobierno realizadas por los hostigados empresarios, Balmaceda no tomó ninguna medida más allá de urgir a los empresarios para que llegaran a un acuerdo con los huelguistas. El férreo rechazo de los empresarios, incluso a entrar en conversaciones con los huelguistas, convirtió a algunos mineros en saboteadores y en varias oficinas la maquinaria fue destrozada; en la de San Donato —propiedad de socios destacados de John Thomas North—, la maquinaria quedó totalmente arruinada. Fue en esta coyuntura cuando intervino el gobierno: se enviaron tropas al norte que se enzarzaron en sangrientas batallas con los huelguistas, iniciándose una represión general de sus sindicatos. Pero la ola de huelgas se había extendido ya a través de las provincias nitreras y no se pudo restaurar el orden hasta casi un mes más tarde. Fue una victoria muy costosa para Balmaceda. Su inactividad inicial encolerizó a los terratenientes y alarmó a la oligarquía, mientras que su decisión final de enviar las tropas le granjeó las antipatías de los mineros, quienes, en menos de un año, formarían parte de las tropas en las batallas contra él mismo. Las huelgas de 1890, el mayor conflicto social en la historia de Chile, fueron también un mal augurio. Tuvieron sus orígenes en las duras condiciones de vida y de trabajo en la pampa nitrera, y en la explotación de la mano de obra, sin representación alguna en el sistema político de Chile. Es cierto que en los últimos años de la década de 1880 emergieron en Santiago nuevas, aunque todavía insignificantes, fuerzas políticas, especialmente el Partido Democrático, formado en 1887 a partir de una escisión de los radicales, y compuesto por políticos que, como Malaquías Concha, pensaban que debía prestarse una mayor atención a los intereses de la clase trabajadora. Pero los orígenes reales de la militancia de la clase trabajadora hay que buscarlos en los desiertos nitreros del norte, en los cuales iban a tener su expresión más aguda los futuros conflictos laborales, y donde, con el tiempo, emergerían los organizadores pioneros que darían forma a los movimientos políticos representantes de las demandas de la clase trabajadora.

Aunque los orígenes del malestar laboral de mediados de 1890 fueran inherentes a las condiciones locales, los disturbios no fueron independientes de la situación política general y de la creciente tensión en todo el país mientras la crisis constitucional permanecía sin resolver. Durante todo el invierno de 1890, ni el presidente ni el Congreso dieron su brazo a torcer; Balmaceda rehusó cambiar el gabinete, tal como le había sido exigido en el Congreso, y éste continuó rechazando el debate sobre el presupuesto presidencial, proponiendo los suyos propios. En la prensa aparecieron ataques por ambos bandos; en julio, se celebró un mitin público en Santiago, con asistencia de unas 8.000 personas, en el que se hacía un llamamiento al presidente para que rectificara, pero Balmaceda replicó que lucharía hasta el final. El 24 de julio, Zegers pidió al Congreso la recusación del gabinete y una declaración de la incapacidad de Balmaceda para continuar en el cargo, a raíz de lo cual Balmaceda, haciendo uso estricto de su derecho constitucional, declaró clausurado el Congreso. Las posteriores mediaciones entre gobierno y oposición resultaron infructuosas; a partir de entonces y hasta el final del año, la situación empeoró. El Congreso no sólo rehusó aprobar la legislación esencial, y especialmente el presupuesto y la ley reguladora del tamaño de las fuerzas armadas, sino que empleó el tiempo en discutir y censurar lo que veían como crímenes y locuras de la administración de Balmaceda. Por su parte, Balmaceda, convencido ya de que el acuerdo era imposible, empezó a purgar las fuerzas armadas de los elementos cuya lealtad le parecía sospechosa. El día crucial fue el 1 de enero de 1891, fecha límite según la Constitución para la aprobación de los presupuestos del Estado y de las fuerzas armadas. De no conseguir que fueran aprobados en esa fecha, Balmaceda tendría que actuar de espalda a la Constitución o ceder a las demandas del Congreso de un gabinete en el que éste pudiera confiar. La mayor parte del Congreso, que no dudaba de que Balmaceda lucharía, instituyó una junta para hacerle frente, buscando, hacia finales de diciembre, el apoyo de oficiales jóvenes del ejército y de la armada. Aunque el ídolo del ejército, general Manuel Baquedano, renunció a darle apoyo, el jefe de la armada, almirante Jorge Montt, decidió apoyar al Congreso. Cuando el 1 de enero de 1891, Balmaceda, en un manifiesto justificativo, decretó que debían regir los presupuestos del año anterior, no hizo otra cosa que poner en movimiento las ruedas de la revuelta constitucional. Una semana más tarde, en abierto desafío a las órdenes de Balmaceda, la mayor parte de la flota chilena, con un amplio número de diputados a bordo, zarpó de Valparaíso hacia el norte de Chile, dando así comienzo una guerra civil que duraría ocho meses, se cobraría 10.000 vidas humanas y destruiría, en el proceso, el sistema portaliano de gobierno presidencial autoritario.

La guerra en sí misma fue muy extraña. Balmaceda, apoyado en purgas previas e inmediatas subidas de sueldos para el ejército, logró mantener en gran medida su lealtad. Sin embargo, la flota apoyó al Congreso, y en febrero tomó la norteña provincia nitrera de Tarapacá, instalando un gobierno rival en Iquique. Dado que Balmaceda carecía de los medios para transportar tropas hacia el norte y abordar a las fuerzas congresistas allí establecidas, y que, a su vez, éstas carecían de un ejército para poder atacar a las de Balmaceda en el Chile central, ambos bandos se vieron obligados a evitar los combates críticos hasta que uno de ellos hubiera alcanzado una superioridad decisiva en armamento. El desierto de Atacama yacía entre ambos. De hecho, la guerra se transfirió al extranjero, ya que los contendientes buscaron en América y Europa el armamento que requerían —Balmaceda, barcos de guerra; los congresistas, municiones de tierra—, apoyo diplomático y las simpatías de la opinión internacional. Los congresistas tuvieron mayor éxito en los tres objetivos. Entretanto, sin embargo, aunque bastante pasivos, los combatientes en Chile no perdían el tiempo. En el norte, los congresistas reclutaron e instruyeron a un ejército de entre los trabajadores mineros; un factor crucial fue la presencia de un asesor militar prusiano, Emil Kórner, reclutado en 1886 por el gobierno de Balmaceda para modernizar y profesionalizar el ejército chileno; habiendo tenido un enfrentamiento con el presidente sobre prioridades del servicio, volcó su considerable experiencia en el esfuerzo congresista de crear un ejército. El gobierno de Balmaceda, que controlaba el valle central, se encontró con un pueblo hosco y con sabotajes esporádicos, por lo que no vaciló en aplicar medidas represivas, granjeándose en el proceso las antipatías de una buena parte de la opinión neutral en el conflicto constitucional. Balmaceda se empezó a encontrar en una posición difícil: privado de los ingresos por las tasas de los nitratos, que desde febrero de 1891 habían empezado a recaer en las arcas de los congresistas; carente de los medios de proseguir la guerra, establece un bloqueo de los puertos congresistas mediante decretos que los gobiernos extranjeros rehúsan aceptar; y perdiendo progresivamente, como estaba, la guerra de propaganda en el exterior, sólo le cabía esperar con ilusión la llegada a Valparaíso de dos acorazados que se estaban armando en Francia, y confiar en que sus agentes pudieran frustrar los esfuerzos de los congresistas para obtener armas para su nuevo ejército. Esta carrera la perdió; hacia finales de agosto, la armada congresista, tripulada por hombres bien instruidos y bien armados, recaló cerca de Valparaíso y, en las sangrientas batallas de Concón y Placilla, derrotó a un ejército balmacedista, equipado con armamento anticuado y mandado de forma bastante inadecuada. El triunfo de los congresistas fue completo. Balmaceda pidió asilo en la embajada argentina en Santiago, para escribir sus reflexiones sobre la tragedia que se había abatido sobre él, para despedirse de su familia y amigos mediante una serie de cartas de lacerante patetismo, y para poner fin a su propia vida mediante un tiro de pistola en la cabeza, el 19 de septiembre, casi con exactitud cinco años después de su acceso a la presidencia. Sus simpatizantes pagaron su lealtad a Balmaceda con el exilio, la pérdida de propiedades, la exclusión del funcionariado público y, en algunos casos, con la muerte. La guerra civil, al igual que la lucha política que la había precedido, había sido larga y amarga, y sus resultados iban a tener consecuencias a largo plazo en la subsiguiente historia chilena.

Una controversia que rodea todo lo concerniente a esta época es el significado del papel jugado por los intereses extranjeros sobre los nitratos en la génesis y el desarrollo de la crisis prebélica y en el eventual triunfo de la revolución contra Balmaceda. Desde uno de estos puntos de vista, Balmaceda tuvo una política nacional concreta sobre la industria de los nitratos que implicaba menos intereses y control extranjero sobre la misma, como parte de su programa general de ampliación del papel del Estado en la economía nacional. Sin embargo, se ha argumentado que la amenaza a los intereses extranjeros, personificados por North, fue paralela a una amenaza a la oligarquía interior dominante, a través del crecimiento del poder del Estado, y que ambas se combinaron para derrocar a Balmaceda. En cuanto a evidencias, este punto de vista parece un caso claro prima facie y varios observadores contemporáneos lo sostienen. Sin embargo, investigaciones más recientes han modificado sustancialmente, e incluso desarmado, esta interpretación. En primer lugar, revelan que Balmaceda no tenía otra adscripción política que no fuera la de la clara intervención del Estado en la economía, incluyendo la de los nitratos; en segundo lugar, se demuestra que los agentes principales que utilizó Balmaceda como desafío a los intentos de control monopolístico de North fueron otros intereses extranjeros distintos, con los que el presidente estaba dispuesto a negociar; y, en tercer lugar, se muestra que la política nitrera que siguieron los sucesores de Balmaceda, lejos de favorecer los intereses extranjeros, como se había argumentado previamente, fue positivamente más contraria a ellos que la que había practicado el presidente mártir. Estos puntos de vista revisionistas también han restablecido —por lo menos por el momento, y hasta que se disponga de nuevas evidencias— interpretaciones más tradicionales de la batalla entre Balmaceda y su Congreso, arguyendo que fue una lucha primordialmente constitucional y política, más que económica, con factores personales que jugaron también un papel importante. Los hechos de la historia interna de Chile que siguieron a la guerra civil de 1891 apoyan indirectamente la primacía de la política como determinante de la acción, como el propio Balmaceda demostró.

LA «REPÚBLICA PARLAMENTARIA», 1891-1920

En el «testamento político» que Balmaceda dejó escrito poco antes de suicidarse, profetizó que

aunque en la actualidad exista un gobierno parlamentario en Chile… no existirá ni libertad electoral, ni partidos claramente definidos, ni paz entre los círculos del Congreso. La victoria y la sumisión de los vencidos producirán una calma temporal; pero en breve renacerán las antiguas divisiones, con las mismas situaciones amargas y dificultades morales para el jefe del Estado… El régimen parlamentario ha triunfado en el campo de batalla, pero esta victoria no durará…[9]

Se demostraría que estaba en lo cierto, aunque, en parte, por razones distintas.

La victoria de los congresistas, en 1891, marcó una línea divisoria significativa en la política chilena y en la historia constitucional. Habiéndose rebelado con el fin de asegurar el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo, los triunfantes pero heterogéneos partidos del Congreso pasaron a controlar Chile. Mientras que los poderes de que anteriormente disponía el presidente y, sobre todo, su capacidad para intervenir en las elecciones para asegurarse un Congreso dócil, habían actuado, al menos hasta cierto punto, como barrera contra el faccionalismo, estas limitaciones iban a desaparecer completamente a partir de ahora, aunque su proceso de desmantelamiento ya hubiera empezado tiempo atrás. La unidad temporal se había forjado en el Congreso contra un objetivo de común aversión —Balmaceda y el sistema del que era el último representante—, pero, una vez apartado este obstáculo, la unidad se vino abajo con él, como había predicho Balmaceda. El poder legislativo no sólo pasaba a predominar sobre el ejecutivo, sino a controlarlo, puesto que este último carecía del arma definitiva que debe poseer en todo sistema parlamentario para enfrentarse con el obstruccionismo en la legislatura, es decir, el poder de disolverla e intentar un nuevo mandato a través de las elecciones. De esta manera, se impuso en Chile una forma falsa de gobierno parlamentario y los factores personales jugaron su papel en esta transformación. El almirante Jorge Montt había personificado la rebelión en uniforme como comandante en jefe de una fuerza naval y militar rebelde y, en última instancia, vencedora. Como personaje no profesional de la política, era el candidato de compromiso perfecto de los partidos victoriosos para la presidencia de 1891 a 1896; conciliador, de carácter apacible, no enérgico, y muy consciente de los principios del antiautoritarismo por los que la revolución había luchado.

Su propósito [confesó al ministro británico] era el de dejar una mayor independencia de acción a los ministros en sus respectivos departamentos; abstenerse de interferir en los cuerpos legislativos, y confinar a los intendentes y gobernadores de provincias a sus tareas administrativas, prohibiendo las interferencias en asuntos políticos y especialmente en las elecciones[10].

Este respeto hacia el sistema parlamentario eliminaba la necesidad de reescribir la Constitución existente, y la aceptación por parte de Montt del nuevo papel del presidente —muy alejado de las concepciones de la mayoría de sus predecesores— significaba que las modificaciones en la práctica se volvían bastante más significativas que los cambios en la forma. De entre aquéllas, destacó la eliminación de la interferencia gubernamental directa en las elecciones, objetivo prioritario de la oposición durante el mandato de Balmaceda; la suspensión de este arma del ejecutivo después de 1891 significaría que, en adelante, los presidentes tendrían que confiar en alianzas y coaliciones en un Congreso multipartidista. Así, dejaron de existir las mayorías automáticas para las iniciativas gubernamentales, y el gobierno pasó a ser presa de momentáneas y cambiantes alianzas. Los resultados inevitables fueron el gobierno indeciso y el compromiso vacilante.

Esta situación estuvo conformada por dos factores adicionales. El primero de ellos fue una nueva ley de Autonomía Comunal, aprobada por el Congreso en 1892. Largo tiempo perseguida por los conservadores en particular —y en especial por M. J. Irrarázaval, seducido por el ejemplo de Suiza— y también por varios grupos liberales, que vieron en unos mayores poderes para las autoridades locales una barrera adicional para la influencia del ejecutivo y una forma de liberar a los municipios del control central. Pero el uso efectivo de una mayor autonomía local dependía de unos adecuados recursos financieros, cuya concesión no estaba contemplada en la ley. Así fue como el control central fue reemplazado por el igualmente dudoso de los localmente poderosos, y de los agentes del gobierno salidos de las elecciones se dio paso al poderío económico local, dando como resultado que los hacendados y otras personas pudientes pasaran a sustituir las interferencias centralistas por el soborno y la corrupción, hasta el punto que, hacia finales de siglo, los escaños en el Congreso se cotizaban a un precio fijo.

El segundo, y totalmente paradójico, fue el carácter y política de los herederos de Balmaceda, aquellos políticos que le habían apoyado durante su vida y trataban de reivindicar sus puntos de vista una vez muerto. La persecución de balmacedistas, rigurosa entre 1891 y 1892, terminó con la aprobación de una amnistía selectiva en 1893, seguida en 1894 por unas medidas más amplias. De esta forma, en 1894, retornaron completamente a la vida pública importantes defensores de Balmaceda, como Enrique Sanfuentes y Julio Bañados Espinosa. La «convivencia chilena», en este periodo formada por la solidaridad social de la clase alta de Chile, se había reafirmado claramente, y los balmacedistas —o Partido Liberal Democrático, como se autodenominaban— retornaron a la política como si las cosas no hubieran cambiado. Pero las cosas ya no eran como entonces: los balmacedistas eran, después de todo, los legatarios del testamento político de Balmaceda, que había vaticinado una política de facciones en ausencia de un ejecutivo firme. Su tarea había de ser la de lograr que las palabras del mártir se hicieran realidad. En consecuencia, y con el fin de exponer las debilidades de un ejecutivo febril, ellos, más que nadie, se aliaban con otros grupos con un fin puramente faccioso, y los abandonaban por la misma razón; su papel en la consecución de una República parlamentaria ingobernable fue un rasgo característico del periodo.

El panorama político hacia el final de la presidencia de Montt era un auténtico mosaico: en un extremo estaban los conservadores clericales, dirigidos por el patriarcal Manuel José Irrarázaval, que seguía siendo el partido de la Iglesia y estaban dispuestos a defender las prerrogativas que todavía les quedaban, especialmente en la enseñanza católica; en el otro extremo estaba el Partido Radical, sobresaliente por encima de todos por su virulento anticlericalismo y sus resueltas intenciones de lograr que el Estado fuera el suministrador universal de la enseñanza, pero esquizofrénico en sus actitudes respecto a las clases sociales, e indeciso en definir si era exclusivamente el portavoz de las clases medias y profesionales, o si también debía incluir a las clases inferiores. Entre estos dos grupos genuinamente ideológicos había una masa amorfa de liberales: el Partido Liberal, que había roto con Balmaceda a raíz de su intervención electoral, pero que ahora no tenía una ideología estructurada, aparte de unas vagas ideas sobre libertad electoral, libertad de prensa y de asociación, anticlericalismo general y supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo; el Partido Nacional, cada día más minúsculo y distinguido principalmente por su adhesión a un gobierno impersonal y, paradójicamente, por su lealtad a la tradición y al nombre de la familia Montt; y, finalmente, los balmacedistas o Partido Liberal Democrático, con una común veneración por el difunto presidente y una vaga adhesión a lo que consideraban que él había representado, pero unidos principalmente como fuerza disruptora y decididos a extraer las máximas ventajas del nuevo sistema, como partido de amplia minoría con poder para evitar que cualquier otro grupo pudiera gobernar eficazmente. El sistema multipartidista de Chile, anterior a la revolución de 1891, pero exacerbado por ella, se distinguió así por la carencia de cohesión ideológica, que sólo es capaz de crear, por un lado, un genuino sistema de partidos y, por otro, la solidaridad social a través de las líneas de los partidos. El oportunismo fue el credo de la mayoría; sólo los conservadores y los radicales tenían una ideología distintiva, que giraba casi siempre en torno a asuntos clericales, aparte del todavía minúsculo Partido Democrático que, sin otros apoyos, trató activamente de obtener el apoyo de las clases artesanales y de las clases medias. Sin embargo, tan importante era el control de la oligarquía tradicional y tan estrechamente estaba restringida la franquicia, que ese partido no apareció en la Cámara de Diputados hasta 1894 y hasta 1912 en el Senado. La estructura política y constitucional de Chile permitió a la oligarquía ejercer un juego político en el que los diferentes grupos se abrían paso a codazos por el poder y las influencias, con un trasfondo de cambio económico y social que quedaba sin reflejo en la representación política. Así pues, los 30 años comprendidos entre 1890 y 1920 estuvieron caracterizados por una tensión social creciente, conforme los cambios económicos iban incrementando la población trabajadora y urbana, y las presiones para obtener reformas sociales —en la vivienda, enseñanza, sanidad y en las condiciones de trabajo— no podían expresarse a través de canales políticos. Las salidas alternativas, protestas violentas esporádicas, generalmente eran respondidas mediante la represión, y los indudables méritos del sistema parlamentario chileno —un método civilizado de conducir los asuntos políticos por caminos estrictamente constitucionales, para la pequeña minoría que tomaba parte en él— fueron apareciendo como cada vez más incongruentes para una sociedad nacional en estado de rápida transición.

Entre 1895 y 1920, la población de Chile pasó de unos 2.688.000 habitantes a 3.715.000; en el mismo periodo, el crecimiento de la población urbana y de la rural fue más o menos similar, de unas 500.000 personas cada una en toda la nación. Pero las ciudades mayores —Santiago, Valparaíso y Concepción— crecieron desproporcionadamente más rápido que la población rural de sus respectivas provincias. Así, la población de Santiago aumentó de 300.000 a 547.000, mientras que la población rural de la provincia sólo aumentó de 116.000 a 139.000 habitantes; las cifras correspondientes a Valparaíso nos muestran un crecimiento urbano de 173.000 a 266.000, y un crecimiento rural de 48.000 a 55.000, mientras que las de Concepción no son menos espectaculares, con un crecimiento urbano de 95.000 a 142.000, y uno rural de 94.000 a 105.000.

El crecimiento de las ciudades más importantes refleja, en parte, un desarrollo nacional en el que los ingresos por los nitratos actuaban como motor de la economía en su conjunto. Desde bastante antes de que los ingresos por los nitratos hicieran su impacto, Chile estaba ya en camino de convertirse en una economía nacional integrada, conforme las mejoras en las comunicaciones, y no sólo las ferroviarias, iban uniendo el tejido del país, y permitían a la maquinaria gubernamental alcanzar regiones (como la de Norte Chico y la zona forestal del sur) que hasta entonces habían sido muy periféricas en lo concerniente a atención gubernamental. La expansión del cultivo del trigo en el sur, de la viticultura en el valle central, de las empresas industriales de baja tecnología productoras de bienes de consumo tales como tejidos, cerámica y materiales de construcción —todas ellas en curso de desarrollo ya en la época de la guerra del Pacífico—, reflejaban ese hecho y que ya se había producido un cierto grado de concentración industrial. Sin embargo, esos proceros se aceleraron mucho con el crecimiento de los nitratos en la economía nacional. Las demandas de consumo de las oficinas y puertos del norte galvanizaron otras piezas de la estructura, y el efecto en cadena del crecimiento de los nitratos sobre la agricultura sureña, por ejemplo, fue muy notable: «Las alubias, el maíz, las lentejas, los guisantes, los frutos secos, etc. —escribía en 1887 el cónsul general británico—, rara vez se exportan; el productor chileno ha encontrado para éstos, así como para la harina y la cebada, un mercado mejor en la región desértica del norte… De la misma forma, la amplia y creciente producción de vino y cerveza del sur encuentra mercado en el norte…»[11]. Además, el crecimiento de las rentas públicas derivado de los nitratos tuvo también su impacto. A pesar de las caídas cíclicas en las rentas públicas, derivadas de la naturaleza incierta del negocio de los nitratos, la tendencia globalmente creciente de los ingresos por tasas de exportación de los nitratos entre 1891 y 1920 permitió a los sucesivos gobiernos llevar adelante proyectos de infraestructuras que dieron empleo a una notable cantidad de mano de obra y crearon abundantes demandas de consumo, a la vez que ampliaban de manera significativa una burocracia gubernamental con base en Santiago, que a su vez se expandió rápidamente. En 1893, la gran línea central estratégica construida por el gobierno había alcanzado Temuco, alejada 690 kilómetros al sur, y en 1913, Puerto Montt, 400 kilómetros más allá, mientras que hacia el norte, la línea central alcanzó Pintados, en el extremo sur de la provincia de Tarapacá, en 1914, enlazando allí con la línea ferroviaria de propiedad privada de las nitrerías. También en 1914, se abrió al tráfico la línea Arica-La Paz (Bolivia), de 438 kilómetros de longitud, construida por Chile como parte de su tratado de 1904 con Bolivia, para empalmar con la línea de propiedad británica existente desde Antofagasta a La Paz. La línea transandina que enlazaba Santiago con Buenos Aires, que ya estaba en construcción desde los años ochenta y fue una gran proeza de la ingeniería en terrenos montañosos, se abrió también en 1910, mientras que el crecimiento de las líneas transversales de alimentación desde la línea longitudinal principal —muchas de ellas de propiedad privada— avanzó rápidamente en esos años. En 1914, Chile tenía 8.638 kilómetros de vía férrea, 5.584 de los cuales, más del 60 por 100, eran de propiedad estatal, en comparación con la proporción inferior al 50 por 100 de la red nacional total de siete años antes.

El empleo que tal construcción creó, y el aumento permanente de la mano de obra empleada en el ferrocarril, cuyo número absoluto, aunque fue considerable, es difícil de cuantificar, constituyeron factores importantes en la migración rural. Lo mismo ocurrió con la creciente industrialización. Durante el periodo parlamentario se produjo una expansión notable de la industria chilena, tanto en crecimiento como en variedad, y de la mano de obra en ella empleada. Las industrias de transformación de alimentos y de bebidas, las del cemento, cerámica, refinación de azúcar, de ropa, productos de piel, madera y papel, químicas, de fundición, talleres de maquinaria y metalistería, se expandieron de forma considerable en este periodo; muchos de los empresarios eran extranjeros, y una buena parte del capital procedía del exterior de Chile. Sin embargo, en 1914, Chile poseía una industria manufacturera de importancia creciente, que abastecía las necesidades primarias nacionales, y que, en los casos de algunas de las empresas mayores, exportaba a los países vecinos.

La estimulación gubernamental de la actividad económica en el periodo parlamentario no fue, por supuesto, impulsada exclusivamente por las rentas públicas procedentes de los aranceles sobre las exportaciones de nitratos, ni por las rentas derivadas de los impuestos sobre la importación y exportación en general, ni tampoco por el sistema tributario. Una notable proporción de los fondos necesarios procedió del crédito exterior. En realidad, entre 1885 y 1914 se pidieron créditos al extranjero por valor superior a los 50 millones de libras, de los cuales más del 60 por 100 se empleó en obras públicas, incluyendo los ferrocarriles. Pero la posesión de los nitratos de Chile, unida a la buena reputación como pagadora diligente de sus deudas —reputación que se mantuvo incluso durante el difícil año de 1891—, le valieron un puesto en las finanzas internacionales, y los créditos fueron lo suficientemente fáciles de retornar en plazos razonables. La modernización de sus ciudades más importantes —especialmente, Santiago y Valparaíso— a través del crecimiento de los transportes, mejora del alumbrado, puesta al día de la sanidad y construcción de impresionantes edificios públicos, se debe en gran parte a esta fuente. Y lo mismo ocurrió con las mejoras en la enseñanza. Ya que, a pesar de la inestabilidad de los gabinetes, el gobierno y las administraciones locales siguieron adelante, proporcionando un estímulo continuo a la expansión de los servicios públicos, uno de los cuales fue la enseñanza. El desarrollo de la enseñanza queda reflejado en el crecimiento de la alfabetización: se estima que en 1885 el 28,9 por 100 de la población de Chile estaba alfabetizada, pero en 1910 tal proporción superaba el 50 por 100, aunque, eso sí, estuviera mayoritariamente concentrada en las grandes ciudades.

Así, el periodo parlamentario de la historia de Chile, 1891-1920, fue paradójico. Fue un periodo de rápidos cambios sociales y económicos, pero un callejón sin salida en lo político. Las considerables mejoras urbanas se combinaron con el estancamiento rural, en lo que respecta a las vidas de sus campesinos. Fue una era de transformación social y ocupacional; mientras la oligarquía tradicional, que trataba de integrar a los «hombres nuevos» de la banca, el comercio, la industria y los profesionales de todos los lugares de la República, continuó ejerciendo su dominio sobre la vida pública, emergieron grupos nuevos —gerentes, burócratas y maestros— y nuevas clases de trabajadores urbanos, los mineros de las nitrerías, los escalones inferiores, de los servicios públicos, y los funcionarios insignificantes de todo tipo de empresas. Además, en tanto que se desarrollaba la economía y mejoraban algunos servicios sociales, otros no lo hicieron. La rápida expansión de las ciudades estuvo caracterizada por la disparidad de alojamientos entre la opulencia urbana de los ricos y los escuálidos asentamientos de los pobres en los barrios bajos. Un norteamericano, que visitó Santiago en 1900, escribía: «He estado en casas de Santiago que tienen más de cincuenta habitaciones y cuyo mobiliario es tan caro como el de algunos palacios de Europa»[12], pero los «conventillos» de los suburbios de la clase trabajadora presentaban un aspecto muy diferente. Estos eran edificios de una o dos plantas, que alojaban a familias enteras en una sola habitación; «las camas eran utilizadas a menudo durante las veinticuatro horas; durante el día, las calentaban los obreros que tenían turno de noche, y después las dejaban para que las utilizaran los que volvían al anochecer». Pero si los contrastes entre los alojamientos de los ricos y los pobres en las grandes ciudades eran grandes, aún mayores fueron los existentes entre los urbanos y los del medio rural. «Las casas de los rotos [trabajadores] son poco mejores que nuestras pocilgas», escribía nuestro visitante norteamericano sobre las casas de los campesinos del valle central[13]. Las diferencias sanitarias eran aún mayores: mientras que el aristócrata de Santiago podía acudir a consultar a los médicos de París o de Londres sus indisposiciones persistentes, en Chile los pobres morían. La tasa global de mortalidad infantil (muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos) entre 1890 y 1915 era de 293[14], pero aumentaba desproporcionadamente entre los pobres. Y, en cuanto a la enseñanza, mientras que los avances globales eran significativos, una vez más fueron las áreas urbanas las que se aprovecharon de ello y nada en absoluto las rurales.

Fueron esas diferencias inmensas las que crearon la problemática social en Chile durante el periodo parlamentario y las que eventualmente suscitaron la cuestión sobre la capacidad del sistema constitucional y de los mecanismos políticos para afrontarla. Las revueltas de los nitratos en 1890 habían sido una muestra de las cosas que iban a ocurrir. Las dos primeras décadas del siglo XX fueron testigos de un empeoramiento de la conflictividad social, derivada de causas particulares pero ocasionada por una situación general. La depreciación constante del peso chileno y la incidencia de la inflación repercutieron en todas las clases, pero mucho más entre los pobres. El aumento medio anual del coste de la vida fue del 5 por 100 entre 1890 y 1900, del 8 por 100 entre 1900 y 1910, y del 6 por 100 entre 1910 y 1920, tasas modestas para nuestros patrones actuales, pero que tuvieron efectos exagerados en el Chile del periodo que nos ocupa por el impacto de la inconvertibilidad del papel moneda, que permitía a los productores y exportadores hacer ganancias en el cambio internacional cuyos valores tenían escasas fluctuaciones, mientras pagaban a sus obreros en papel cuyo valor real se depreciaba continuamente. Desde 1878, los precios en Chile habían sido reacios a mantener la estabilidad, y esta situación estaba destinada a prorrogarse otros cien años más. Entre 1895 y 1898, cuando Chile retornó temporalmente al patrón oro, se hizo un intento para restaurarlo, pero fracasó, principalmente porque las circunstancias para la reconversión eran muy poco propicias; en 1895-1898 se tocó fondo en la baja mundial de precios de los productos que había empezado en la década de 1870, y también originó una herida de guerra con Argentina que obligó al gobierno a desviar desembolsos para la adquisición de armas de emergencia. La derrota de los «oreros» en 1898 confirmó el sistema monetario de papel inconvertible, cuyo valor interior descendió de forma consistente. Por lo tanto, no es sorprendente que los trabajadores reaccionasen.

En 1903, los estibadores del puerto de Valparaíso fueron a la huelga en demanda de mayores salarios y un horario laboral más corto; el esquirolaje provocó disturbios, y cuando las tropas enviadas desde Santiago restauraron el orden, fue a costa de 32 muertos y 84 heridos. En 1905, cuando la imposición de derechos arancelarios a la importación del ganado procedente de Argentina, en favor de los ganaderos locales, provocó un alza de precios, los disturbios en Santiago duraron una semana, hasta que se anuló la medida, con un saldo de 60 muertos y 300 heridos. A esta «semana roja» siguió, en 1906, una grave huelga en Antofagasta, debida a la negativa de la compañía británica propietaria de los nitratos y del ferrocarril a incrementar los salarios y el tiempo de descanso al mediodía para la comida, y, un año más tarde, se reprimió de forma sangrienta una huelga masiva en el puerto nitrero de Iquique, con el resultado de centenares de muertos. La violenta expresión de la protesta social tuvo su contrapartida en la resistencia organizada a la explotación laboral y el cuestionamiento «del sistema» por parte de los intelectuales.

La figura clave en el crecimiento del movimiento laboral organizado fue Luis Emilio Recabarren (1876-1924), nacido de una familia modesta en Valparaíso e impresor de profesión. Fue un destacado miembro de primera hora del Partido Democrático, al que se unió en 1894, y descubrió su vocación cuando fue invitado en 1903 a fundar y poner en funcionamiento un periódico para la asociación benéfica mutua de los trabajadores (mancomunal) del puerto norteño de nitratos de Tocopilla. El Trabajo fue sólo el primero de entre los muchos órganos de los trabajadores que él iba a crear y editar. Fue elegido diputado por Antofagasta en 1906, pero el Congreso le impidió tomar posesión de su escaño. Después de un periodo de exilio en Argentina y Europa —donde, según afirmaciones jamás demostradas, conoció a Lenin—, volvió a Chile en 1908, rompió con el Partido Democrático en 1911, y fundó el Partido Obrero Socialista en 1912. El POS —que para 1915 tenía varias ramas en las nitrerías del norte, Santiago y Punta Arenas— mantuvo su unidad gracias a la personalidad y energía de Recabarren. Desde su base nitrera, en Tarapacá, esta figura, ya de ámbito nacional, creó periódicos del partido, a menudo de existencia efímera pero de impacto permanente, y reclutó un pequeño pero decidido número de seguidores, impulsando una fuerza imperceptiblemente creciente para el cambio social radical en Chile. En 1915, el POS convocó su primer congreso nacional y empezó a elaborar su estructura institucional y a radicalizar las organizaciones sindicales existentes.

Tales organizaciones habían tenido orígenes diversos y altibajos en sus historias respectivas. Conforme fue creciendo la clase trabajadora chilena, y especialmente la del sector no agrario, tuvo que ir enfrentándose con la falta de comprensión de sus condiciones de vida y de trabajo, no sólo por parte de sus empresarios, sino también con la de aquellos que, al menos en teoría, la representaban en el Congreso. Desde finales del siglo XIX, los trabajadores de algunas localidades y ocupaciones específicas particulares, carentes de un verdadero canal constitucional y político por el que encauzar sus quejas, empezaron a formar una variedad de organizaciones de ayuda mutua. En realidad, las primeras asociaciones sindicales embrionarias de Chile habían aparecido ya hacia 1870: sociedades mutuas de artesanos urbanos, cooperativas creadas para proporcionar una seguridad social rudimentaria entre sus miembros y algún tipo de oportunidad de enseñanza a través de clases y de publicaciones creadas por ellos mismos, enfatizando siempre la cooperación, y no la confrontación, con empresarios y gobierno. Producto de su falta de interés en cambiar el orden social de forma dramática —y sí, en cambio, buscando un lugar respetable dentro del mismo— fue su relativa aceptación por parte de los gobiernos y de la Iglesia católica, la cual, siguiendo la encíclica papal de 1891, De Rerum Novarum (primer pronunciamiento ex cátedra que abordó seriamente las cuestiones sociales y económicas), había patrocinado un acercamiento filantrópico a las clases inferiores en Chile. Radicalmente distintas en perspectivas y objetivos fueron las llamadas «sociedades de resistencia», formadas bajo la influencia de las ideas anarquistas y socialistas importadas —a veces por trabajadores inmigrantes y líderes sindicales— de Argentina. Generalmente de raíces industriales, sus objetivos inmediatos eran prácticos, en relación con las condiciones de trabajo, y la unión de sus miembros estaba basada en trabajar juntos, por ejemplo, como estibadores portuarios, en el transporte, en la imprenta, etc. Fueron predecesores de formas posteriores del sindicalismo chileno, y no sólo en su concepto político, pero su importancia fue decreciendo conforme el anarquismo iba perdiendo atractivo con el paso del tiempo. Finalmente, y más importantes, las hermandades o «mancomunales», que sobresalieron de forma más espectacular en las nitrerías del norte, en las que la población minera fue siempre creciente hasta 1914, debido fundamentalmente a la migración procedente del sur. En lo social, las mancomunales eran de una gran homogeneidad y, aunque la población minera estuviera muy esparcida —cada oficina era virtualmente un estado independiente—, hubo una elevada movilidad de la mano de obra ya que los mineros se desplazaban de una parte a otra en busca de mejores condiciones. De ahí que sus organizaciones fueran por naturaleza más territoriales que ocupacionales y sus preocupaciones estuvieran relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo, así como con mejoras sociales tales como la enseñanza. Pero las mancomunales se distinguieron sobre todo por su naturaleza de clase, y fueron las que, a pesar de la represión, organizaron las —cada vez más amplias y graves— series de huelgas en las regiones nitreras durante el periodo parlamentario.

Los primeros sindicatos propiamente dichos surgieron en la primera década del siglo XX entre los artesanos y obreros de las grandes ciudades y bajo la influencia anarquista. Entre ellos se encontraban las federaciones de carpinteros y zapateros y la más importante de trabajadores ferroviarios, que fundaron su primera federación en 1908, tras un recorte salarial por parte de la compañía estatal del ferrocarril. Aunque originariamente fuera de carácter esencialmente mutualista, esta organización —denominada en 1911 Gran Federación Obrera de Chile, y de 1917 en adelante, Federación Obrera de Chile (FOCH)— abrió sus filas a todos los trabajadores. Consiguió un apoyo considerable, especialmente en el norte y en el sur del país, y menos en Santiago y Valparaíso, donde la influencia anarquista era todavía muy fuerte. Con el transcurso del tiempo y a la par que se incrementaban las tensiones sociales y empeoraban las circunstancias económicas, en especial en el periodo inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, la FOCH se fue haciendo más militante. Verdaderamente, la incidencia huelguística en Chile y el número de trabajadores implicado aumentaron de forma dramática en esos años, pasando de 16 huelgas que afectaban a 18.000 obreros, en 1916, a 105 huelgas con 50.000 obreros implicados, en 1920[15].

Recabarren jugó un papel preponderante en esos acontecimientos, aunque trató en todo momento de mantener su POS y la FOCH como entidades distintas, aunque coordinadas. En 1919 hubo una reorganización de la FOCH; a raíz de ella, su expresión básica pasó a ser el sindicato que afiliaba a todos los trabajadores de un área determinada, independientemente de sus oficios, y su objetivo expreso —como el del POS— pasó a ser la abolición del sistema capitalista. La radicalización progresiva de la FOCH, el impacto de la Revolución rusa de 1917 y el crecimiento de un movimiento internacional comunista agravaron la división entre los trabajadores chilenos; por una parte, aquellos que, como el Partido Democrático, habiendo jugado un papel no despreciable en la organización de la clase trabajadora, intentaban operar desde dentro del sistema establecido y los que, como Recabarren, que empezó hacia los años veinte, lo rechazaban. En 1921 se abrió la brecha: la FOCH pasó a afiliarse a la Internacional Sindical Roja, liderada por Moscú, y, un año más tarde, el POS se convirtió en el Partido Comunista de Chile, pero como consecuencia ambos perdieron afiliados. Se ha estimado que la afiliación de la FOCH bajó en un 50 por 100, pasando de unos 60.000 miembros a unos 30.000, entre 1921 y 1922. Para entonces, la república parlamentaria había alcanzado un punto de crisis.

A lo largo de todo el periodo de la república parlamentaria, los partidos políticos y las personalidades, dejando aparte el Partido Democrático (que nunca obtuvo más apoyo que el de una pequeña minoría de lo que, en todo caso, era un electorado muy limitado), maniobraron para obtener el poder, generalmente efímero, en un sistema político caracterizado por alianzas cambiantes y coaliciones. Durante gran parte del periodo, los grupos opuestos eran designados generalmente como la Alianza y la Coalición, siendo el rasgo distintivo la presencia del Partido Radical, en el primero, y del Partido Conservador, en el segundo. Ambos eran partidos minoritarios fuertes, con raíces profundamente arraigadas en ideologías antagónicas sobre cuestiones de Estado e Iglesia, y proporcionaban la única cohesión ideológica —no siempre tan fuerte— entre los dos cuerpos. El resto —liberales, liberales democráticos, nacionales, y otros— oscilaba en su apoyo a diferentes candidatos presidenciales y su subsiguiente apoyo a sus gabinetes. El papel aristocrático que jugaron, una especie de «juego de las sillas vacías» político, fue obsesivo como forma de conducción de los asuntos nacionales, pero nadie, ni el político más conservador, era inconsciente de que Chile estaba cambiando y de que el crecimiento de las fuerzas extraparlamentarias iba ganando terreno. Las respuestas, sin embargo, fueron variadas. A lo largo del periodo, diversos intelectuales y también novelistas, como Luis Orrego Luco y Baldomero Lillo, diseccionaron críticamente las enfermedades que afectaban a la República y, en particular, la «cuestión social», esa creciente división entre ricos y pobres a la que el sistema político aparentaba no poder resistir. Ensayistas como Alejandro Venegas, J. Valdés Canje y Francisco Encina, en Nuestra inferioridad económica (1912), atacaron la incapacidad del país para desarrollar un sistema educativo útil y de mayor amplitud y para establecer una verdadera economía nacional, en lugar de un objeto sometido a los caprichos de los mercados de consumo internacionales o de los empresarios extranjeros. Aunque se hicieran algunos progresos en el campo de la legislación laboral y de bienestar social —una ley sobre alojamientos obreros, en 1906; sobre descanso dominical obligatorio, en 1907; sobre seguros contra accidentes en la industria, en 1917—, estos fueron meros paliativos, dada la rapidez con que había crecido la clase obrera y lo limitado del intento de abordar las cuestiones sociales fundamentales. Y, mientras tanto, la mano de obra rural seguía desorganizada, deprimida y con un nivel de vida deplorable.

Los gobernantes de Chile de este periodo se apuntaron también algunos logros. Gobernaron durante un periodo de economía floreciente; mejoraron los servicios de las ciudades más importantes, y mantuvieron el país en paz. Durante la década de 1890 se habían dado frecuentes alarmas de guerra con Argentina sobre los límites fronterizos en la región sur, llegándose a algunas confrontaciones en detrimento de ambos países. Pero finalmente se había impuesto siempre el sentido común; en 1902, y bajo arbitraje británico, Chile y Argentina resolvieron sus conflictivas reclamaciones territoriales en el lejano sur, y firmaron un tratado general de arbitraje para posibles disputas futuras. Dos años más tarde se firmó un tratado de paz definitivo con Bolivia que cerraba el incierto armisticio de la guerra del Pacífico. Sin embargo no se hizo progreso alguno en la resolución de la disputa Tacna-Arica con Perú, un legado de aquella misma guerra, a pesar de los intentos frecuentes por reanimar las disposiciones del tratado de Ancón sobre su colonización. Chile continuó con el control de ambos territorios, y según las persistentes y amargas quejas peruanas, para acosar a los residentes peruanos, importar colonos chilenos y de esta forma inclinar el equilibrio de la población hacia el lado de Chile durante todo el tiempo que fuera necesario para poder ganar el plebiscito. (Al mismo tiempo, el gobierno chileno invirtió una gran cantidad de dinero en Tacna y Arica, especialmente en la enseñanza). Este asunto se mantuvo en una guerra de palabras agrias que se prolongó durante todo el periodo.

En lo que los líderes parlamentarios merecen condena es en su aparente incapacidad, no tanto para reconocer a una sociedad en transición, pues la mayoría era consciente de los cambios que estaban teniendo lugar, cuanto para reformar sus instituciones con el fin de afrontarlos. Los gobiernos más fuertes del periodo —y especialmente el de Pedro Montt (1906-1910)— presidieron unos progresos infraestructurales rápidos, como la extensa construcción de líneas de ferrocarril; Montt también tuvo que afrontar el devastador terremoto de 1906, que casi destruyó completamente Valparaíso, y una crisis económica en 1907-1908, alimentada por una especulación bursátil de lo más irresponsable, aunque el liderazgo que dio a la República en su corto mandato (murió prematuramente) resultó aniquilado en gran medida por el sistema en el que tuvo que trabajar, con un resultado de nueve gabinetes en cuatro años, con una vida media de cuatro meses y veintiún días. Su sucesor, Ramón Barros Luco, con 75 años cuando tomó posesión, tuvo 15 gabinetes en cinco años, cuatro de los cuales duraron menos de tres semanas. Entre 1891 y 1915, se formaron no menos de 60 gabinetes, con una vida media algo superior a los cuatro meses por gabinete. La rotación de gabinetes era, por supuesto, altamente democrática en cuanto a forma, y estrictamente parlamentaria en la práctica, ya que todos los partidos luchaban a codazos por el poder y la posición. Chile no experimentó durante esos años ni un gobierno dictatorial ni una intervención militar en política, y ello formaba parte de una valiosa tradición histórica que el periodo parlamentario no hizo más que subrayar. Pero el precio fue la anulación de la iniciativa ministerial, la falta de planificación a largo plazo y, sobre todo, una auténtica discontinuidad en los asuntos de gobierno que condujo a los presidentes a concentrarse en los objetivos de necesidad inmediata, como la aprobación de los presupuestos para adquisición de armamento, pero les obligó a descuidar las medidas a largo plazo, como la reforma social. No es sorprendente que las tensiones en el tejido social de Chile hacia finales del periodo fueran agudas. Tal vez sea más destacable la contención de las mismas por parte del sistema hasta el final del periodo, a pesar de las esporádicas, violentas y generalmente sangrientas confrontaciones de los trabajadores con las fuerzas a disposición del gobierno. A este respecto, la continuidad de la administración contrastó fuertemente con la inestabilidad de la política y de los gobiernos, pero también esta baza nacional se desgastaría. En efecto, hasta los propios funcionarios civiles y los oficiales de las fuerzas armadas empezaron a sufrir las consecuencias del deterioro de las condiciones sociales y económicas, y su reconocida obediencia a un sistema de gobierno no pudo garantizarse por más tiempo.

ALESSANDRI, LA INTERVENCIÓN MILITAR E IBÁÑEZ

La «cuestión social» alcanzó su punto culminante durante y después de la primera guerra mundial. Aunque no fue beligerante, Chile resultó inmediatamente herida en este conflicto, tal era la estrecha vinculación de su economía de exportaciones con sistema de comercio mundial, súbitamente destrozado con la irrupción de la guerra. Gran Bretaña y Alemania eran los socios comerciales principales de Chile; de hecho, el primero lo venía siendo desde antes de su independencia. Ahora, las dos mayores potencias marítimas estaban en guerra y sus buques eran requeridos en otros lugares. En el plazo de dos meses desde el estallido de la guerra las exportaciones de Chile disminuyeron a menos de la mitad y la población de la región de los nitratos descendió dramáticamente al cerrarse muchas oficinas y retornar sus trabajadores hacia el sur. Dado que los nitratos eran el motor de la economía chilena, la bajada espectacular de la producción —de 134 oficinas en funcionamiento en julio de 1914, hacia enero de 1915 sólo continuaban abiertas 43— tuvo un efecto negativo sobre la práctica totalidad de la estructura económica. Sin embargo, la crisis, aunque grave, tuvo poca duración. En 1915, los nitratos se empezaban a recuperar rápidamente; en primer lugar, porque su uso como componente de los explosivos llegó a ser de gran importancia para los británicos y sus aliados, y en segundo lugar, porque el cierre de importantes mercados tradicionales tales como Alemania y Bélgica a través del bloqueo condujo a los países neutrales, y en especial a Estados Unidos, que cada día suministraba más municiones a sus aliados occidentales, a comprar en mayores cantidades. Esto sería todo un presagio: uno de los efectos principales de la guerra fue el de permitir que Estados Unidos se convirtieran en el principal socio comercial de Chile, ya que Alemania quedó casi totalmente eliminada como tal, y los intereses británicos —particularmente en el comercio de importación de Chile— quedaron inevitablemente recortados. Este proceso se acentuó en 1917, con la entrada en la guerra de Estados Unidos, y la explosión de la exportación de productos chilenos sirvió para alimentar el resurgir de la actividad económica general y la expansión industrial, parte de la cual —los tejidos, por ejemplo— creció compensando la falta de importaciones de los suministradores tradicionales, como Gran Bretaña. Pero, al igual que la depresión precedente, este resurgimiento fue relativamente corto. La depresión de la posguerra tuvo ámbito mundial, pero en el caso de Chile se vio exacerbada por otros factores: la caída en la demanda de nitratos en cuanto cesaron las hostilidades, el hecho de que se habían acumulado grandes reservas en los países consumidores, y el impulso que se dio en Alemania a la producción sintética durante la guerra, dado que no podía obtener nitratos naturales. Este nubarrón —al principio, nubecilla nada más— crecería inexorablemente conforme el proceso se fue extendiendo a otros países y eventualmente acabaría por destruir el mercado de los nitratos naturales. A principios de 1919, un gran número de oficinas había cesado nuevamente en la actividad, y una gran cantidad de mano de obra, como en el pasado, emigró hacia el sur en busca de trabajo. En medio de una economía sumida en una profunda crisis, la agitación social creció marcadamente en los años 1918 y 1919, con huelgas, manifestaciones masivas (se dijo que una de ellas, que tuvo lugar en Santiago en noviembre, implicó a 50.000 trabajadores), y dando lugar inevitablemente a enfrentamientos con la policía, dada la reacción de las clases altas, muy cercana al pánico. Estas confrontaciones fueron a menudo sangrientas: en febrero de 1919, una huelga en Puerto Natales, Magallanes, que implicó a la casi totalidad de los trabajadores de la industria lanera, fue salvajemente reprimida con un costo de 15 muertos, 4 de ellos del ejército, y 28 heridos graves. En septiembre, la FOCH, cuya rama provincial de Magallanes había convocado la huelga de Puerto Natales, llamó a la huelga general en Santiago, mientras las provincias nitreras de Antofagasta y Tarapacá llevaban parte del año bajo una virtual ley marcial, los dirigentes obreros eran enviados al sur a la fuerza.

Este era el ambiente de fondo que enmarcaba la ascensión al panorama político nacional de una de las figuras más significativas y controvertidas de la historia moderna de Chile, Arturo Alessandri Palma, presidente de la República por dos veces (1920-1925, 1932-1938). De ascendencia en la remesa de inmigrantes italianos del siglo XIX, Alessandri, que nació en 1868 en una granja de la provincia agrícola de Linares, siendo estudiante se opuso a Balmaceda en 1891, accedió al Congreso en 1897 y tuvo su primera y breve experiencia ministerial un año más tarde. Alessandri, liberal, producto característico del periodo parlamentario, había formado parte del Congreso durante casi veinte años, antes de que los acontecimientos de 1915 le catapultaran hacia el primer plano de la vida nacional. Como candidato liberal a un escaño en el Senado por la provincia nitrera de Tarapacá en las elecciones de ese año, Alessandri llevó a cabo una campaña demagógica en la que las pasiones de sus partidarios —muchos de ellos de la clase trabajadora— y de sus oponentes, hicieron rebosar la violencia, culminando en marzo con el asesinato de un inspector de policía. La candidatura de Alessandri suponía un reto directo a los jefes políticos tradicionales que habían conducido la provincia como si de su feudo privado se tratara, y le aseguró el 70 por 100 de los votos —muy limitados por otra parte—, en una elección caracterizada por la corrupción desplegada por ambos bandos. Más significativa para el futuro fue, en cambio, su energía y elocuencia, que llamó poderosamente la atención nacional, con sus virulentos ataques desde la oposición a una institución a la que, por otra parte, había pertenecido durante dos décadas. Pero el «león de Tarapacá», como se le llamó posteriormente, se había convertido ya en un posible candidato presidencial para el futuro.

Las elecciones legislativas de marzo de 1915 dieron la mayoría en el Senado a la Alianza liberal —liberales, radicales y demócratas— y en el Congreso de los diputados a la Coalición —conservadores, liberales demócratas o balmacedistas, y nacionales—. Las elecciones presidenciales fueron en junio. Juan Luis Sanfuentes —hermano menor de Enrique Salvador Sanfuentes, cuya pretendida candidatura como elegido por el presidente había sido un factor fundamental en la caída de éste— representó a la Coalición; Javier Ángel Figueroa Larraín, lo hizo por la Alianza. Sanfuentes ganó por estrecho margen, en parte por su propia personalidad, pero no menos por tener a su cargo dinero disponible. Apoyado por una inestable coalición de partidos heterogéneos y con la oposición en el Senado de una alianza igualmente ingobernable, Sanfuentes sólo pudo desplegar su no despreciable talento en maniobras políticas para resolver el callejón sin salida de la impotencia presidencial, tarea que consumía mucho tiempo y, como se demostraría más tarde, totalmente infructuosa. Las elecciones siguientes, en marzo de 1918, dieron una mayoría superior a la Alianza en el Senado y también el control de la cámara baja. Pero, dentro de la propia Alianza, que no representaba más que un reflejo de las aspiraciones de las clases media y trabajadora, existía una profunda división entre los que, como Alessandri, habían percibido un pálpito nuevo en la vida nacional y aquellos cuyos horizontes políticos estaban todavía limitados por la estrechez de miras de las luchas por el poder y el patronazgo dentro del sistema existente, del cual, por supuesto, se beneficiaban.

La administración Sanfuentes por lo menos mantuvo la neutralidad chilena durante la primera guerra mundial, a pesar de las considerables presiones recibidas por parte de Estados Unidos a partir de 1917, y es indudable que esta postura estaba dentro de los intereses nacionales. Pero creó complicaciones. Tanto Perú como Bolivia, cuyos sentimientos revanchistas contra Chile eran muy intensos, siguiendo los consejos de Washington rompieron sus relaciones con los poderes centroeuropeos, en gran medida con la esperanza de asegurarse después de la guerra el apoyo en sus respectivos litigios con Chile. Pero obtuvieron muy pocos resultados de ello; aunque la guerra de declaraciones, especialmente sobre Tacna y Arica, se hiciera más vituperante hasta que en 1918 Chile y Perú retiraron sus embajadores de los territorios respectivos, los temores a una guerra concreta jamás se hicieron realidad. Se mantuvieron unas relaciones frías que en algún aspecto se manifestaron de utilidad en 1920 para ciertos intereses políticos chilenos.

Por esa época, la atención nacional —en un periodo de depresión aguda de posguerra— estaba enfocada cada vez más hacia las elecciones de 1920. Alessandri, que había encabezado el gabinete durante seis meses escasos en 1918 sólo para ver cómo su programa de reforma era rechazado, ahora emergía claramente como candidato de aquellas fuerzas de la Alianza liberal que creían en el cambio, y había estado trabajando intensamente para asegurar esa posición. En el seno de la Alianza, el Partido Radical estaba consiguiendo un cierto predominio: ahora, había declarado su condena oficial a la oligarquía dominante y al sistema capitalista, pero su crecimiento no era visto con buenos ojos por los políticos liberales, muchos de los cuales, no menos alarmados por la ascensión de Alessandri, le retiraron su apoyo. Estos disidentes se unieron a los del Partido Liberal Democrático y a los del Partido Nacional, y proclamaron como candidato a Luis Barros Borgoño, siendo Alessandri el candidato oficial del otro grupo de seguidores en abril de 1920. Los conservadores, identificando con Alessandri la mayor amenaza para sus intereses y no disponiendo de un adecuado candidato propio, se decidieron por el menos malo para ellos y apoyaron a Barros Borgoño.

La campaña se caracterizó por un derroche de energías personales y las cáusticas denuncias a la oligarquía por parte de Alessandri, junto a promesas de un programa radical de reformas: el día de su designación, expresó su deseo de ser una amenaza para los reaccionarios y aquellos que se oponían a las necesarias reformas porque promovían la confusión y el desorden[16]. El resultado fue muy reñido. El 25 de junio, en medio de escenas de clamor público sin precedentes, se anunció que en el colegio electoral (las elecciones por aquel entonces eran indirectas, según el modelo de Estados Unidos) Alessandri había obtenido 179 votos frente a los 174 de su oponente. Ambos bandos pusieron en tela de juicio los resultados: finalmente, el Congreso en pleno pasó el asunto a un Tribunal de Honor, que declaró vencedor a Alessandri por 177 votos contra 176. El Congreso ratificó el resultado en octubre, por un resultado de 87 frente a 29, y Alessandri asumió la presidencia el 23 de diciembre de 1920.

En el periodo comprendido entre las elecciones y la toma del poder efectiva de Alessandri, sucedió un incidente peculiar. En unos tiempos de gran incertidumbre nacional sobre las elecciones, y con la agitación laboral de las regiones nitreras en su punto álgido, el gobierno, a través del ministro de la Guerra, Ladislao Errázuriz, movilizó de improviso a las fuerzas armadas, alegando que las tropas peruanas y bolivianas se estaban concentrando en la frontera norte para invadir Chile. Esto fue un auténtico cuento, ya que durante todo julio y agosto un potente ejército chileno estuvo apostado en la frontera norte, esperando en vano en el desierto que algo ocurriera. Mientras esto sucedía, muchos de sus miembros pudieron hacerse cargo con grave preocupación de la falta de material y provisiones, de las duras y antihigiénicas condiciones de vida, de las órdenes contradictorias y de la inadecuada dirección. Verdadera o no, fue creciendo la idea de que el ejército estaba siendo utilizado para fines puramente políticos, y el propio Alessandri —que en 1919 ya había mantenido contactos con personal del ejército inquieto y deseoso de reformas— no desmintió este punto de vista. La que llegó a conocerse jocosamente como «la guerra de don Ladislao», reforzó esas opiniones fuertemente críticas hacia los políticos y el gobierno chilenos, que ya venían tomando cuerpo desde hacía tiempo entre la oficialidad. Ya en 1907 se había fundado una Liga Militar, como organización secreta de oficiales del ejército descontentos con la ineficacia del sistema parlamentario y particularmente con la relacionada con la efectividad del servicio. Cinco años más tarde se fundó un cuerpo similar para la armada, igualmente clandestino, pero no menos preocupado por las deficiencias profesionales y el sistema que las permitía. Aunque tales organizaciones no afloraran jamás a la superficie y fueran, de hecho, disueltas, lo que representaban persistió en las mentes de ciertos oficiales, los cuales se veían a sí mismos cada vez peor pagados, mal aprovisionados y, en lo que a su propia promoción se refiere, inmovilizados por la rigidez jerárquica de la cadena de mando, como en un reflejo especular de la propia República.

El programa presidencial de Alessandri en 1920 no fue sino una elaboración de su programa ministerial de 1918. Su primer ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda (que llegó a presidente en 1938), tuvo a su cargo un programa de reforma social y medidas económicas diseñado para aliviar los peores efectos de la depresión de alcance mundial que asolaba en aquellos momentos a Chile. Aunque el obstruccionismo parlamentario hizo pronto su aparición, la batalla quedaría momentáneamente ensombrecida a principios de 1921 por un acontecimiento trágico ocurrido en las regiones de los nitratos. En la oficina de San Gregorio, cerrada a fines de enero por la depresión en el mercado de los nitratos, estalló violentamente una disputa entre trabajadores y policías con un saldo de 41 muertos y 80 heridos, de los cuales murieron posteriormente otros 32, a consecuencia de las heridas recibidas. Para la opinión conservadora, gran parte de la culpa había que atribuírsela a Alessandri por haber inflamado a las masas durante su campaña; para el campo opuesto, él era igualmente responsable como jefe del Estado, a cuyo cargo estaban la ley y el orden. En Santiago persistió el obstruccionismo parlamentario hacia su programa, y la oposición logró retener el control del Senado en las elecciones de marzo de 1921, aunque la Cámara de Diputados cayó en poder de la Alianza, ganando, sólo los radicales, un tercio de los escaños. Durante los próximos cuatro años, poco se consiguió en un panorama de fondo de creciente angustia económica e inquietud social.

En 1920, el Primer Censo Nacional desde hacía 25 años mostró que la población había crecido en un millón de personas, pasando de 2.695.000 a 3.730.000. Santiago había doblado su población pasando a tener medio millón de habitantes. Otras ciudades, aunque su crecimiento no fuera tan espectacular, también crecieron de forma desorbitada en relación a la capacidad de las economías regionales para absorber las cifras adicionales de puestos de trabajo. Dieciséis gabinetes en rápida sucesión habían intentado gobernar durante un periodo de cuatro años, durante el cual el valor del peso había caído a la mitad y las rentas públicas se habían desplomado. En 1924, el tesoro público estaba tan agotado que los sueldos de los funcionarios y de las fuerzas armadas llevaban un retraso de seis meses; así, el general Bartolomé Blanche recordaba años después su apurada situación, en la que no sabían si iban a obtener alimento para las tropas y forraje para los caballos, debido al impago del gobierno[17].

Las manifestaciones públicas de disgusto arreciaron, y afloró un amplio número de organizaciones de protesta, la mayoría de ellas en apoyo de Alessandri y en oposición al obstruccionismo del Senado, en el que la Unión Nacional, como pasó a llamarse la antigua Coalición, tenía la mayoría.

Entre rumores de guerra civil, Alessandri y la oposición trataron de llegar a un compromiso, y hacia finales de enero de 1924 alcanzaron un acuerdo a corto plazo. En compensación por la promesa de Alessandri de no usar las presiones del ejecutivo en las elecciones a celebrar en marzo, la oposición acordó permitir varios cambios de procedimiento en temas parlamentarios para acelerar las cosas. También acordaron —y la decisión estuvo cargada de consecuencias inesperadas— apoyar una propuesta para pagar un salario a los miembros del Congreso, contraria a la práctica anterior. Pero, como ya ocurrió en 1890, ninguno de los dos lados confiaba en el otro. Alessandri, por lo tanto, decidió no sólo intervenir masivamente en la elección para el Congreso, sino también el uso del ejército en tal proceso. «Existe —dijo poco antes de la elección— una mayoría en el Senado que… ha intentado frustrar el movimiento al que represento y que, en este momento, está personificado en mí… He tomado sobre mis hombros la responsabilidad de la purificación de los escaños parlamentarios»[18]. Poco después se telegrafió a los gobiernos provinciales dando instrucciones sobre la elección, y se utilizó al ejército para «mantener el orden», eufemismo usado para acallar el hostigamiento, a menudo feroz, de la oposición. Pero esta última no permanecía de ningún modo inactiva, y la intimidación y el soborno fueron empleados a manos llenas por ambas partes. Tal como resultó después, dado el mayor poder de la maquinaria gubernamental, la Alianza liberal acentuó su mayoría en el Congreso de los Diputados y ganó el control del Senado. Sin embargo, para Alessandri fue una victoria pírrica. Porque lo que siguió fueron meses de estériles debates en el Congreso, en los que ni sus propios displicentes seguidores se mostraron más responsables en temas de interés nacional que la oposición. El único acuerdo al que llegaron se refería al importe de los salarios para los parlamentarios, asunto que pasó del Congreso de los Diputados al Senado en junio. Sin embargo, ya entonces la paciencia de las fuerzas armadas había llegado al límite, aunque la expresión de su exasperación no fuera, ni mucho menos, uniforme.

En la parte alta del escalafón del ejército se había tramado una conspiración con los políticos unionistas para derribar a Alessandri a través de una organización denominada TEA (Tenacidad, Entusiasmo y Abnegación), en la que estaba implicado el general Luis Altamirano, inspector general del ejército. Bajando en el escalafón, varios oficiales de rango medio se habían estado reuniendo en el Club Militar de Santiago para discutir sus motivos de queja profesionales y la situación nacional; de entre ellos, destacaban el comandante Marmaduke Grove Vallejo y el comandante Carlos Ibáñez del Campo. Casualmente resultó ser este grupo el que se apropiaría de los planes de la TEA mediante la acción directa, aunque de carácter moderado, a principios de septiembre.

Mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de dietas de los parlamentarios, unos 50 oficiales jóvenes situados en la tribuna del público interrumpieron el debate con fuertes aplausos destinados a los que se oponían a él, y repitieron su acción al día siguiente. Cuando el ministro de la Guerra, un civil, solicitó del capitán Luis Pinochet una lista de los presentes, este último declaró que no era un oficinista, pero los oficiales acordaron abandonar el edificio si el ministro Mora les recibía más tarde, tras lo cual abandonaron la sala agitando y haciendo ruido con los sables. «El ruido de sables», tal como fue llamado este episodio, inició un proceso de consultas entre gobierno y ejército, del que resultó una solicitud de Alessandri para que se le presentara una lista de los proyectos que los militares consideraran más esenciales, para llevarla al Congreso; si el Congreso los rechazaba, declaró el presidente, lo clausuraría para, con la ayuda del ejército, «construir un nuevo Chile». La lista fue redactada por Ibáñez, a la sazón emergente como líder de los oficiales jóvenes, y su ayudante, el teniente Alejandro Lazo, aprobada por sus compañeros de armas y presentada a Alessandri el 5 de septiembre. Era una lista de demandas considerable: veto al proyecto de ley de dietas de los parlamentarios; participación en el presupuesto (tema de interminables disputas en el Congreso); legislación sobre los impuestos; nuevas leyes sobre promoción, salarios y pensiones; estabilización del irregular peso; pago inmediato de los salarios atrasados a todos los empleados del gobierno; un código laboral y otras leyes sociales; y, además del cese de tres ministros mencionados por sus nombres, la futura exclusión de las fuerzas armadas en la supervisión de las elecciones. Previamente a su presentación, Ibáñez había persuadido a sus colegas de formar una junta como cuerpo ejecutivo (la Junta Militar y Naval), y fue este cuerpo el que se entrevistó con el presidente. No fue una reunión fácil, con un Alessandri que rechazaba el cese de sus ministros tildándolo de insubordinación, pero afirmando que haría todo lo que pudiera en los restantes puntos. Lazo declaró: «No hemos venido a solicitar, sino a exigir», y sólo las palabras conciliadoras de los oficiales más veteranos convencieron a Alessandri de no abandonar la reunión. Se ordenó ir a buscar a Aguirre Cerda, como primer ministro, y se volvió a leer la lista; sus intentos de discutirla fueron interrumpidos bruscamente, y la reunión terminó con el cese del ministro de la Guerra, Mora —una de las exigencias de la junta—, y el asentimiento de este último de comunicarse a través del general del alto mando, Altamirano.

No hay duda de que Alessandri creyó poder utilizar a los oficiales para sus propios fines; también está claro que, cualesquiera que fueran sus coincidencias acerca de la conducta del Congreso, no confiaban en él, y estaban decididos a jugar no sólo un papel activo en la regeneración de Chile, sino el papel protagonista. Esa misma tarde se produjo la dimisión del gabinete y Alessandri nombró como ministro del Interior al general Altamirano; éste designó a otro general, Juan Pablo Bennet, como ministro de la Guerra, y al general Francisco Neff como ministro de Hacienda, concediendo así a los militares un fuerte control sobre la administración. Mientras que algunos miembros de la junta desconfiaban de Altamirano, se producía una alianza de conveniencia entre las distintas tendencias militares. El 8 de septiembre, un día después del veto de Alessandri al proyecto de ley de las dietas parlamentarias, el Congreso aprobó en una sola tarde toda la legislación apadrinada por la junta, pero la junta decidió permanecer intacta hasta que no estuviera totalmente asegurado el logro de sus objetivos. Entonces Alessandri jugó su última carta; propuso su renuncia como presidente, oferta que fue rechazada por la junta que, en cambio, sugirió una ausencia de seis meses en el extranjero, que fue también aprobada por Altamirano. La misma noche Alessandri buscó refugio en la embajada de los Estados Unidos, y dos días más tarde partió hacia Argentina, discretamente y sin reacción alguna del pueblo que, cuatro años antes, le había instalado de forma clamorosa en el palacio presidencial.

Entonces fue clausurado el Congreso; los miembros civiles del gabinete renunciaron, y una junta gubernamental formada por Altamirano, Bennet y Neff, asumió el poder con la intención expresa de devolverlo a los civiles lo más pronto posible. Sin embargo, la otra junta tenía otras ideas: rechazar todo plan de restaurar el gobierno civil sin proceder, previamente, a una gran reforma constitucional que previniera la repetición de los hechos que habían conducido a la intervención; y, a diferencia del nuevo gobierno militar, cuyos representantes eran oficiales de alta graduación y de considerable posición social, los oficiales jóvenes liderados por Ibáñez y Grove eran plenamente conscientes de las tensiones sociales de Chile y buscaban el cambio social y económico, así como el político. Durante los tres meses siguientes se ampliaron las diferencias entre las dos alas del movimiento militar, en un trasfondo de amplio apoyo a la intervención. La grieta fue ampliándose cada vez más desde octubre de 1924 a enero de 1925, mientras se hacía día a día más evidente a los ojos de la junta militar que el gobierno era carne y uña con el ala derecha de los políticos y estaba bastante poco interesado en las grandes reformas.

Finalmente, en enero de 1925, llegó el punto crítico. Muchos oficiales prominentes de la junta fueron destinados a áreas de mando de poca trascendencia, siendo reemplazados en sus puestos por hombres afines al gobierno. El 16 de enero, Ladislao Errázuriz, el arquetipo del conservador en opinión de la junta, anunció su candidatura a la presidencia con el apoyo del gobierno. El 23 de enero, Grove e Ibáñez dieron un golpe de Estado cuidadosamente preparado; tomaron el palacio presidencial, obligaron a dimitir a su titular e instalaron una nueva junta provisional encabezada por el inspector general del ejército. Cuatro días después, fue reemplazado por un civil, Emilio Bello Codecido, yerno de Balmaceda, cuya toma de posesión formaba parte del precio negociado con el alto mando de la armada, en un principio contrario al golpe. A la junta de gobierno de Bello Codecido se sumaron un general y un almirante, pero su gabinete estaba constituido básicamente por partidarios de Alessandri. Mediante un telegrama dirigido a Alessandri, a la sazón en Roma, se le invitaba a volver y reasumir la presidencia; en marzo, y en medio de escenas de aclamación masiva, Alessandri volvió a Chile.

A lo largo de esos días turbulentos y, en realidad, desde la intervención militar inicial de septiembre de 1924, el papel clave en las actividades de la junta militar lo había jugado Carlos Ibáñez, y sería él quien emergería como la principal fuerza para el gobierno chileno durante los siete años siguientes, y, al igual que el propio Alessandri, pasaría a ser una figura dominante en la vida nacional hasta su muerte en 1960. A pesar de su larga carrera pública, su doble mandato presidencial (1927-1931 y 1952-1958), sus controvertidos gobiernos, y la abundante literatura que se ha escrito sobre él, Carlos Ibáñez del Campo sigue siendo una figura enigmática en la historia de Chile. Nada en su anterior carrera parecía sugerir el papel que iba a jugar a partir de 1924. Nacido en 1877 en la provincia de Linares, como Alessandri, entró en la Escuela Militar de Santiago en 1896. Sus compañeros lo consideraban un hombre taciturno, metódico, trabajador, pero con muy pocos amigos. En 1900, tras ascender a teniente, fue enviado a El Salvador con una misión chilena de adiestramiento militar; se casó con una nativa de este país y, sobre todo, se distinguió por su comportamiento en un conflicto con las fuerzas guatemaltecas en 1906. Después, su carrera fue la de un militar chileno de rango medio. Consumado jinete, fue nombrado comandante de la Escuela de Caballería de Santiago en 1921, destino que continuaba ejerciendo cuando se produjo la crisis política de 1924. Para entonces su experiencia como soldado había sido variada y amplia, pero había sido una carrera profesional, sin haber manifestado ambiciones políticas. A partir de 1924, sin embargo, y en circunstancias que, en su opinión, reclamaban patriotismo, disciplina, orden, y un sentido claro del mando, Ibáñez encontró su verdadera vocación en la escena nacional. Sus características fueron admirablemente resumidas en 1927 por el ministro británico:

Es un hombre de pocas palabras, muy reservado, y un celoso mantenedor de sus propias ideas; es pobre… su casa es un modelo de simplicidad espartana; es uno de los pocos hombres en la vida pública de Chile contra el que nunca he oído ninguna acusación de corrupción o venalidad. Estoy convencido de que actúa inspirado exclusivamente por deseo de servir a su país con lo mejor de su capacidad e inteligencia…[19]

Su momento, sin embargo, no había llegado todavía. Durante su involuntario exilio, Alessandri no había estado inactivo. Empleó mucho tiempo en meditar sobre el sistema constitucional de Chile. A su retorno triunfal, con seis meses por delante antes de que su mandato expirase, se puso a trabajar en la tarea de su reforma, en un clima político que el gobierno interino de Bello Codecido había hecho mucho por mejorar. Fue tomando cuerpo la idea de instaurar una asamblea constituyente para que estudiara una nueva Constitución, y Alessandri formó una amplia comisión consultiva para deliberar el tema en abril. El trabajo efectivo se hizo, sin embargo, en un subcomité bajo sus propios auspicios. Contrariamente a todo lo que pudiera parecer en Santiago, el país no estaba en calma. En mayo y junio estalló violentamente el descontento en las regiones nitreras, y Alessandri convocó al ejército para acallarlo. Después de una sangrienta confrontación, los mineros se rindieron, pero en la oficina de La Coruña tuvo lugar una matanza y más de 600 personas perdieron la vida. El 30 de agosto, la nueva Constitución fue sometida a referéndum. En él se ofrecía a los votantes, que sumaban sólo 302.000 de entre una población de más de tres millones, la elección entre la aceptación total, el rechazo total, y la aceptación si se realizaban enmiendas para permitir al gobierno parlamentario continuar ejerciendo. Sólo se contabilizaron 134.000 votos, de los cuales 127.000 fueron de aceptación total; los conservadores se abstuvieron porque estaban en contra de la separación de la Iglesia y el Estado recogida en la nueva Constitución; los radicales —el partido político más amplio y significativo— hicieron lo mismo, pues querían que continuara el antiguo sistema parlamentario.

La Constitución de 1925 restableció en Chile el sistema de gobierno presidencial fuerte. Reguló un sistema de elecciones directas, en lugar del indirecto existente; amplió el mandato presidencial a seis años en lugar de cinco, aunque eliminó la posibilidad de reelección inmediata; y creó un tribunal permanente cualificado para supervisar las elecciones. Separó la Iglesia y el Estado, y el arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, desplegó su influencia moderadora sobre los católicos extremistas que se oponían a ello. Limitó los poderes dilatorios del Congreso en los temas presupuestarios, e incluyó una serie completa de medidas sociales, entre las que destacaba el reconocimiento del poder del Estado para limitar la propiedad privada, si el bien común así lo requería. Volvió a la práctica anterior al periodo parlamentario, haciendo a los ministros responsables ante el presidente y no ante el Congreso, y estableciendo que no pudieran ser a la vez miembros del gabinete y del Congreso. Aunque también contenía disposiciones que, según el tiempo se encargaría de revelar, debilitaban sus principales objetivos. Así, la separación de las fechas de las elecciones a la presidencia, al Congreso, y las municipales, sometió el sistema político a continuos periodos electorales, convirtiendo las elecciones en el principal problema de los gobiernos, en detrimento de los demás asuntos. Además, dispuso que la elección final del presidente fuera por mayoría absoluta de votos en el Congreso, con lo que a ningún candidato le sería necesario ganar la mayoría en las urnas y, en un sistema multipartidista en el que se suponía que esto tenía que ocurrir siempre así, ello implicaba negociaciones y compromisos para dar validez al candidato elegido popularmente, otro factor debilitador para un posible gobierno fuerte. A pesar de todo ello, suponía una reacción —al menos formal— a la indecisión de los años 1891-1925, y significó la definitiva expansión de la intervención del Estado en los asuntos económicos nacionales. Pero aún tenía que empezar a ser aplicada.

El propio Alessandri tuvo pocas oportunidades de usar su nuevo instrumento, pues, en sus últimos meses de mandato, el presidente anduvo preocupado con su ministro de la Guerra, Carlos Ibáñez. Este último miraba con aprensión el retorno a un gobierno civil, y Alessandri, que a su vuelta se había rodeado de sus antiguos y aduladores partidarios, no ocultó su animosidad contra Ibáñez, encarnación viva de la intervención militar de 1924. Se vio obligado a mantener al poderoso Ibáñez en el Ministerio de la Guerra, pero confiaba en asegurar que las elecciones de finales de 1925 condujeran a la eliminación de los militares de la política. Sin embargo, Ibáñez tenía otras ideas. Cada vez más convencido —y con cierta razón— de que la oligarquía y los políticos habían aprendido poco de los recientes acontecimientos, decidió lanzarse a la carrera presidencial, pero rehusando —como exigían los precedentes— renunciar al Ministerio de la Guerra, su cota de poder. Temeroso de las consecuencias de un choque frontal, Alessandri renunció en octubre, cediendo la presidencia ad interim a su oponente de 1920, Luis Barros Borgoño. Pero en ese momento, por razones aún oscuras, Ibáñez vaciló y admitió retirar su candidatura, si todos los partidos políticos consensuaban un único candidato; así lo hicieron, eligiendo al anciano y afable, pero no especialmente astuto como figura pública, Emiliano Figueroa Larraín. Sólo se presentó otro candidato, un antiguo médico del ejército y ministro de Sanidad en el gobierno que precedió al retorno de Alessandri, José Santos Salas, quien, con una campaña que empezó de la nada, sin apoyo de ningún partido político y sin fondos, obtuvo 80.000 votos, frente a los 184.000 de Figueroa. En esas elecciones, Santos Salas representaba a las clases más bajas; no ganó, pero su candidatura sirvió para mostrar que los viejos partidos políticos no eran indiscutibles.

Durante un año y medio, el desdichado Figueroa luchó con un Congreso recalcitrante, en el que los partidos regresaban a su antiguo juego político, y también con su ministro de la Guerra, Ibáñez, quien, callada, eficaz e implacablemente, iba afianzando su posición personal, hasta el punto que, en febrero de 1927, obtuvo la dimisión del ministro del Interior y su propio nombramiento para el cargo. Dos meses más tarde, el presidente Figueroa dimitió; la causa inmediata fue la exigencia de Ibáñez de que se destituyera al presidente de la Corte Suprema, que era hermano de Figueroa, como parte de la limpieza general de los servicios públicos que había iniciado y que terminó en arrestos y exilios por doquier. A la salida de Figueroa, Ibáñez accedió a la presidencia hasta las elecciones. Al mismo tiempo, declaró su intención de presentarse, y obtuvo un apoyo generalizado. Únicamente el, ahora beligerante, Partido Comunista —que también había sufrido el acoso de Ibáñez, el cual era un consumado anticomunista— presentó un candidato, Elías Lafferte, a la sazón exiliado en la isla del Pacífico de Más Afuera. En las elecciones de mayo, Lafferte obtuvo 4.000 votos, por 127.000 de Ibáñez, de un total posible de 137.000. De esta manera, elegido constitucionalmente, aunque no de la forma más adecuada, Ibáñez asumió la presidencia de Chile, con la misión que ya venía perfilando desde 1924, la de regenerar la República a su manera.

Ibáñez dio a Chile cuatro años de gobierno autocrático —algunos dirían represivo—, eficiente, honesto y próspero. Sus ministros no fueron nombrados en relación a los partidos del Congreso, sino según sus competencias técnicas y capacidades administrativas individuales. En realidad, la intención deliberada de Ibáñez era ignorar al máximo al Congreso, excepto en lo que fuera imprescindible bajo la nueva Constitución, para la aprobación de la legislación. Y no tuvo que soportar ninguna oposición a ello; tal como decía en 1928 el ministro británico, el Congreso había

recibido un tratamiento cromwelliano en manos del presidente, que ha dejado muy claro que las flores de la oratoria, que tan lujuriosamente crecían en su ambiente, no son de su agrado; que ambas cámaras están ahí para dar un aire de constitucionalidad a las medidas de su gobierno, y que, aunque se pueda aceptar algo de crítica constructiva, el obstruccionismo o la oposición… no serán tolerados[20].

Y no lo fueron: agitadores izquierdistas (tal como Ibáñez veía a los comunistas y socialistas), políticos profesionales (a los cuales despreciaba en conjunto), líderes aristocráticos de sociedad —todos los que se oponían a su gobierno eran así denominados y tenían que afrontar la cárcel o el exilio, por oposición persistente y molesta—. Restringió las libertades a las que los chilenos estaban tan acostumbrados, como la de prensa, que, aunque no fue rigurosamente censurada, estaba ciertamente vigilada. Recortó de forma efectiva los privilegios del Congreso, que bajo el sistema anterior había degenerado en libertinaje; intentó imponer el control central sobre los sindicatos y fue duro con sus líderes. Pero tales recortes de los derechos de los que los chilenos habían gozado previamente, y de los que a menudo se abusó, fueron justificados por Ibáñez por motivos de seguridad nacional, y así se embarcó en un ambicioso programa administrativo, económico y social.

Se establecieron instituciones crediticias para el fomento de la agricultura y la industria, y se inauguró un amplio programa de obras públicas. Se inició una serie completa de reformas de la enseñanza —el presupuesto de Educación se dobló entre 1925 y 1930—, incluyendo medidas específicas para el desarrollo de las enseñanzas técnicas, cuya carencia había sido tan lamentada por los críticos sociales del periodo parlamentario. La «legislación social» de 1924-1925 era codificada y elaborada; la nueva fuerza policial de Chile, los carabineros, fue creada mediante una reorganización y mejores facilidades para la instrucción, y se avanzó en la profesionalización de las fuerzas armadas y en su equipo. Muchas de estas reformas tenían su lado desagradable: las nuevas leyes laborales, por ejemplo, eran altamente paternalistas, pero en ellas se reconocían por vez primera los derechos de los trabajadores a organizarse para negociar con los empresarios, y también, aunque de forma limitada, a la huelga. No hay duda de que, con el crecimiento del empleo y los signos visibles de recuperación económica en todas partes —puertos, carreteras, escuelas, muelles, proyectos de irrigación en el campo, impresionantes edificios públicos en las ciudades—, la era Ibáñez trajo a la población chilena en general un nivel de vida mayor que nunca, y es discutible pero sería interesante saber cuántos estuvieron tácitamente dispuestos a pagar el precio de la pérdida de algunas libertades como resultado. Los políticos, por supuesto, no lo estuvieron: la presidencia de Ibáñez estuvo plagada de maquinaciones y rumores de conspiraciones, inspirados, y a menudo organizados, por antiguos amigos que se habían vuelto sus enemigos. Pero, mientras la economía continuara creciendo, mientras el pueblo estuviera contento, y mientras las fuerzas armadas permanecieran leales y los políticos disidentes bajo control, todo funcionaría muy bien.

Durante tres años todo fue muy bien. Los índices del volumen de producción por sectores —producto interior bruto, producción agrícola, minera, industrial y construcción— del periodo 1914-1930, alcanzaron su punto máximo en 1927-1930[21]. La construcción avanzó espectacularmente, así como la minería, esta última como consecuencia de la recuperación del mercado de los nitratos desde la depresión de mediados de los años veinte y del rápido crecimiento de la producción de cobre a gran escala, ejemplificada por Chuquicamata, en el norte, y El Teniente, en el valle central. Las exportaciones chilenas, en libras esterlinas, crecieron desde unos 22 millones en 1926, hasta más de 34 millones, en 1929; las importaciones pasaron de 18 millones a 24 millones, dando así a Chile un balance comercial considerablemente favorable. Al mismo tiempo, hubo un crecimiento masivo de la inversión extranjera: aunque Ibáñez promulgase una legislación proteccionista para ciertas industrias nacientes, su actitud hacia el capital extranjero para grandes proyectos, como en la minería del cobre y en obras públicas, fue de liberalidad, y el dinero extranjero (norteamericano, especialmente) se vertió copiosamente sobre Chile durante su mandato. La inversión de Estados Unidos en Chile creció desde sólo 5 millones de dólares en 1900 hasta 625 millones de dólares en 1929, la mayor parte de la cual se realizó durante los años de Ibáñez. En realidad, la posición predominante de los intereses de Estados Unidos en la minería del cobre a gran escala deriva de este periodo. El gobierno de Ibáñez también contrató grandes créditos en el extranjero para financiar su programa de obras públicas y tuvo, en esos años de euforia, pocas dificultades para hacerlo. Aunque los superávits del presupuesto fueron la norma general —a pesar de los fuertes desembolsos para las nuevas instituciones de crédito—, debido en parte a que el ministro de Hacienda, Pablo Ramírez, durante la mayor parte del periodo de Ibáñez reformó la estructura interna de los impuestos, obteniendo, en 1929, casi el 33 por 100 de los ingresos del Estado por impuestos interiores, frente al 24 por 100 en 1927.

Ibáñez tuvo también otro logro importante para anotar en su haber —la solución definitiva a la vejatoria e inacabable disputa fronteriza con Perú sobre los territorios de Tacna y Arica—. El propio Alessandri, en sus tiempos de presidente, había reabierto el asunto con Perú y, en 1922, ambos países acordaron someter la cuestión al arbitraje del presidente de Estados Unidos, Harding, aunque no quedaba muy claro cuál era la cuestión a someter. Cuando las partes se entrevistaron en Washington, sólo después de muchos cambios de ideas y altercados, quedaron acordados los términos, pero en 1925, el presidente Coolidge, sucesor de Harding, anunció su decisión: someter la cuestión a plebiscito, con lo que, en líneas generales, apoyaba la posición chilena, mientras que daba a Perú la titularidad definitiva sobre una pequeña porción de un territorio todavía en disputa y que no pertenecía claramente a Tacna. Se estableció una comisión para supervisar el plebiscito, y se tomaron disposiciones concretas para llevarlo a cabo. Las turbulencias políticas en Chile en 1925 y ciertas disputas legales posteriores, acusaciones de violencia y la propia violencia, jalonaron la historia de la comisión norteamericana hasta junio de 1926, momento en que, habiendo llegado a un callejón sin salida, se tomó la decisión de volver a casa. Antes de esto, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido a Chile y a Perú sus buenos oficios como mediador para tratar de llegar a un acuerdo mediante negociaciones directas, a lo que ambos países accedieron, aunque no fue hasta julio de 1928 cuando los dos países reanudaron las relaciones diplomáticas, rotas desde hacía largo tiempo. Fue Ibáñez quien volvió a ocuparse del asunto e, irónicamente, fue Emiliano Figueroa el que se trasladó a Perú como embajador para llevar sus propuestas en 1928. Después de una laboriosa negociación, pero esta vez en un ambiente de creciente cordialidad, se llegó a un acuerdo en 1929: Tacna fue devuelta a Perú, y Chile retuvo Arica. Perú debió recibir, a cambio, 6 millones de dólares norteamericanos, en compensación por la cesión definitiva de Arica; además, se establecieron otras cláusulas para regular las relaciones fronterizas futuras y el tráfico comercial a través de las mismas. Fue una gran iniciativa diplomática e internacional, pero no gustó a todos los chilenos, y proporcionó a los enemigos de Ibáñez nueva munición para acusarle, no sólo de represión interna, sino también de traición al país.

Si el económico fue el pilar principal del eficiente pero duro gobierno de Ibáñez, la erosión creada por el crack de Wall Street de 1929 sería la encargada de socavarlo y derribarlo. Tan grande era la dependencia de Chile en los últimos veinte años de sus exportaciones de productos primarios, nitratos y cobre, y del crédito e inversión exterior para continuar alimentando las obras públicas y el desarrollo en general, que la brusca interrupción de ambas —exportaciones de productos e importaciones de capital, que empezó en 1929, pero que alcanzó su impacto más fuerte entre 1930 y 1932— convirtió a Chile en una primera víctima de la depresión mundial que comenzaba por entonces. En 1929, las exportaciones chilenas estaban valoradas en 2.293 millones de pesos oro, y las importaciones en 1.617 millones; tenía por tanto un balance favorable valorado en 676 millones de pesos oro. En 1930, las exportaciones habían bajado a 1.326 millones de pesos oro y las importaciones a 1.400 millones, dejando un déficit de 74 millones. En 1932, las exportaciones habían bajado a 292 millones de pesos oro y las importaciones a 214 millones, en el punto más bajo de la depresión mundial. El comercio exterior de Chile, de hecho, sufrió más que el de cualquier otro país en el mundo. Las inversiones se detuvieron, y en 1932 Chile tuvo que suspender el pago de la deuda exterior por primera vez en más de cien años.

Las primeras consecuencias sociales del dramático giro económico aparecieron en la minería. A finales de diciembre de 1929, había 91.000 hombres empleados en la industria; dos años más tarde sólo continuaban trabajando 31.000 y, como en anteriores situaciones similares, los efectos en cadena de la caída de la demanda de minerales aparecieron en otros sectores de la economía, y, entre ellos, la agricultura al decrecer el mercado de productos alimentarios. Conforme avanzaba el año 1930, los periódicos de Santiago se iban llenando de informes sobre el creciente desempleo, la abrupta interrupción de las obras públicas, los estudios ministeriales de economía en la administración, recortes salariales entre los funcionarios, e indicativos similares de profundización de la crisis.

La única respuesta posible del gobierno era el ahorro, pero la caída de las rentas públicas era más rápida que su capacidad para cortar el gasto. Y, dado que los beneficios económicos que el gobierno de Ibáñez había traído a Chile eran la principal justificación para la aceptación de sus limitaciones políticas, la desaparición de tales ganancias hizo revivir la crítica y la censura políticas. El gobierno se fue impopularizando de forma creciente: los ataques en la prensa hacia su forma de manejar la crisis arreciaron y comenzaron las manifestaciones. Ibáñez, luchando contra una situación que no había podido prever, reaccionó intentando silenciar a los críticos, y la naturaleza autoritaria de su gobierno quedó subrayada por un control más estricto a la prensa, más encarcelamientos de los líderes de la oposición y supresión física de las manifestaciones. Para los primeros meses de 1931, la situación se había hecho crítica y la estructura central del poder estaba empezando a hacer aguas.

El 9 de julio de 1931, el ministro de Hacienda dimitió «por razones de salud», y le siguió todo el gabinete para dejar a Ibáñez las manos libres, pero se tardó varios días en formar un nuevo gabinete. El nuevo ministro del Interior fue Juan Esteban Montero, un liberal que, junto al ministro de Hacienda, admitió francamente varios errores recientes, políticos y económicos. Animados por su franqueza, los grupos de la oposición cobraron nuevos ímpetus: el 19 de julio, por ejemplo, en un mitin de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, un participante criticó la implicación militar en el gobierno y elogió al nuevo gabinete. Sus esperanzas, sin embargo, serían prematuras, ya que dos días más tarde, el nuevo gabinete, incapaz de seguir con Ibáñez, renunció; entonces se nombró otro gabinete más cercano a la línea de pensamiento del presidente. Al atardecer se empezaron a formar manifestaciones callejeras masivas que se fueron haciendo más tumultuosas al avanzar la noche. En medio de escenas de tensión creciente, los miembros civiles del nuevo gabinete dimitieron; el siguiente gabinete, formado el 23 de julio, tuvo que afrontar manifestaciones callejeras en las que se produjeron numerosos heridos y que culminaron, el 25 de julio, con escenas de violencia a gran escala en diversos distritos. En ese momento, la profesión médica declaró una huelga, los abogados hicieron lo propio, los bancos cerraron al mediodía, y se detuvo toda la actividad comercial. Entonces se anunció que el día anterior un joven estudiante de medicina, Jaime Pinto Riesco, había sido tiroteado a sangre fría mientras leía el periódico por un policía que había intentado arrancárselo de las manos. Este incidente fue el que actuó como catalizador final de la resistencia al gobierno: un elevado número de asociaciones profesionales (gremios) —abogados, médicos, ingenieros, dentistas, maestros y empleados de banca— pidió la restauración completa de las libertades públicas, y mientras la agitación pública iba creciendo, un maestro fue también tiroteado por un policía. Para el 26 de julio era ya demasiado claro que Santiago estaba al borde del caos, e Ibáñez, inclinándose ante lo inevitable, dimitió. La noticia fue recibida con escenas de regocijo frenético y manifestaciones públicas. Tal como expresaría un diario puntero de Santiago «lo que derribó la dictadura no fue una revolución, sino casi lo contrario. Fue la irresistible fuerza de la opinión pública la que intentó poner fin a una situación revolucionaria y retornar a la normalidad legal y constitucional»[22]. El periodista, quizá, hubiera sido menos optimista si hubiera podido prever que en el plazo de ocho meses desde la caída de Ibáñez, Chile iba a tener no menos de nueve gobiernos, que oscilarían desde los moderados conservadores hasta los socialistas declarados, dos huelgas generales, un motín en la flota, y varios golpes, mientras el país se sumergía más profundamente aún en la depresión económica. Todo eso se avecinaba en el futuro inmediato, mientras Ibáñez, aislado, ahora más por las circunstancias que por temperamento, buscaba el exilio en Argentina. Pero, al igual que Arturo Alessandri en 1925, su eclipse en 1931 fue sólo temporal. Ambos tenían todavía que proyectar largas sombras a través de la historia futura de Chile.

Capítulo 8
BOLIVIA, DESDE LA GUERRA DEL
PACÍFICO HASTA LA GUERRA
DEL CHACO, 1880-1932

El año 1880 marcó un punto crítico en la historia de Bolivia. El acontecimiento más dramático fue la derrota total del ejército boliviano a manos de los invasores chilenos y la pérdida de todo su territorio costero en la guerra del Pacífico. Menos dramático, pero igualmente importante fue el establecimiento de un nuevo gobierno para reemplazar al régimen de caudillaje anterior. Aunque la sustitución de gobiernos por medio de golpes militares no había sido un rasgo infrecuente de la vida política en la República durante el medio siglo transcurrido desde su creación, el nuevo régimen marcó, de hecho, un cambio fundamental en el desarrollo político nacional. Representaba el primer gobierno republicano viable de naturaleza oligárquica civil. Aunque la pérdida de su acceso directo al mar continuara siendo el más intransigente de los problemas internacionales de Bolivia desde 1880 hasta nuestros días, el establecimiento de un sistema moderno de partidos políticos y de un gobierno dominado por civiles condujo a cambios políticos, económicos y, a la larga, incluso sociales y culturales, que conformaron la evolución histórica de Bolivia.

La estabilización y maduración fundamental de la política boliviana después de 1880 no fue el resultado de la guerra con Chile, sino que más bien derivó de cambios básicos en la economía boliviana, que ya habían empezado al menos treinta años antes. Mientras que Bolivia había sido un exportador importante de mineral durante el periodo de la dominación colonial española, durante el periodo republicano emergió como exportador menor de plata y otros minerales. El colapso de la economía imperial en la década de 1790, los desastres agrícolas de 1804 y 1805, la devastación por las guerras civiles y conflictos internacionales del periodo de la independencia (1809-1825), la desintegración de la unión aduanera imperial, y finalmente, después de 1825, el colapso del sistema de reclutamiento de mano de obra forzada que había significado la mita, contribuyeron al declinar de la industria minera de la plata. En la década de 1840, la producción era sólo la mitad de la que había en la década de 1790. En 1846 se estima que había unas 10.000 minas abandonadas en la República, dos tercios de las cuales todavía contenían plata, pero estaban inundadas e incapacitadas para la producción sin la introducción de capital y maquinaria a mayor escala. De hecho, en 1846, en la República sólo había 282 propietarios de minas activas, y empleaban únicamente a unos 9.000 mineros, de los cuales la gran mayoría estaba formada por especialistas que trabajaban a media jornada, compartiendo su tiempo con la agricultura.

Aparte de la minería, las industrias predominantes eran las de tejidos de lana para consumo doméstico o local y las de elaboración de alimentos. En los años que siguieron a la independencia, el gobierno republicano intentó desarrollar la industria textil algodonera. Pero, a pesar de las prohibiciones esporádicas y de los elevados derechos arancelarios aplicados a los baratos algodones ingleses, la industria textil de Cochabamba, que producía el «tocuyo» (tela burda de algodón), nunca volvió a recobrar la importancia que tuvo en el siglo XVIII. Mientras se estima que en el periodo colonial la industria de Cochabamba del tocuyo contaba con varios centenares de obrajes produciendo telas, para 1846 sólo quedaba un centenar en funcionamiento. Las necesidades bolivianas de tejidos de algodón baratos habían pasado a cubrirlas los algodones ingleses, que dominaban el mercado.

De esta manera, la sociedad boliviana continuaba siendo abrumadoramente rural. Casi el 90 por 100 de los 1.400.000 bolivianos vivía fuera de las ciudades y aldeas, produciendo más de los dos tercios del producto nacional. En la sociedad rural, la relación entre haciendas y comunidades indígenas libres no presentaba grandes diferencias con la existente en las postrimerías del periodo colonial. En 1846 había más de 5.000 haciendas valoradas en 20 millones de pesos, y unas 4.000 comunidades valoradas en sólo 6 millones de pesos. Sin embargo, la mayor parte de la mano de obra residía en las comunidades libres. Según el censo de 1846, 5.134 cabezas de familia eran hacendados y 138.104 vivían en las comunidades. Más de 620.000 indígenas vivían en las comunidades y constituían el 51 por 100 de la población rural total. La población de «yanaconas» (campesinos sin tierras) en las haciendas oscilaba probablemente entre 375.000 y 400.000, y las otras 200.000 personas de la población rural eran, posiblemente, propietarios en las regiones sureñas o trabajadores inmigrantes que alquilaban tierras a las comunidades o a las haciendas.

Mientras que las haciendas eran, obviamente, las propiedades de mayor valor comercial, estaban, sin embargo, en un estado de relativo estancamiento y no planteaban una amenaza seria a las regiones densamente pobladas en las que predominaban las comunidades libres, excepto en dos áreas excepcionales: las Yungas y el valle de Cochabamba. La primera constituía la principal fuente de producción de coca. La última parecía haberse recobrado de la conmoción económica de la crisis colonial tardía y se había convertido en el principal productor de los dos granos básicos, trigo y maíz.

En el seno de las comunidades libres había, sin embargo, cambio continuo y gran estratificación interna. La eliminación de la obligación de la mita había favorecido claramente a los «originarios», o miembros oriundos de las comunidades con mayor acceso a las tierras. Su número parece haber crecido o, al menos, haberse estabilizado, y se estima que en la década de 1840 representaba el 35 por 100 de todos los cabezas de familia en las comunidades libres. Los «agregados» con tierra (o últimos en llegar, con menor posesión de tierras en las comunidades) representaban el 42 por 100 de las familias, y un nuevo e importante grupo de «foresteros» sin tierras se cifraba en el 23 por 100 de todas las familias indígenas. Evidentemente, el lento crecimiento de la población estaba empezando a crear una clase de indígenas sin tierra en las propias comunidades libres.

CUADRO 1

Población de Bolivia para los departamentos y capitales, 1846, 1900, 1950

Departamento Capital | 1846 | 1900 | 1950
La Paz | 412.867 | 426.930 | 948.446
La Paz | 42.849 | 52.697 | 321.073
Cochabamba | 279.048 | 326.163 | 490.475
Cochabamba | 30.396 | 21.881 | 80.795
Oruro | 95.324 | 86.081 | 210.260
Oruro | 5.687 | 13.575 | 62.975
Potosí | 243.269 | 325.615 | 534.399
Potosí | 16.711 | 20.910 | 45.758
Chuquisaca | 156.041 | 196.434 | 282.980
Sucre | 19.235 | 20.907 | 40.128
Santa Cruz | 78.581 | 171.592 | 286.145
Santa Cruz | 6.005 | 15.874 | 42.746
Tarija | 63.800 | 67.887 | 126.752
Tarija | 5.129 | 6.980 | 16.869
Beni | 48.406 | 25.680 | 119.770
Trinidad | 3.194 | 2.556 | 10.759
TOTAL | 1.378.896 | 1.633.610 | 3.019.031

FUENTES: 1846: José M. Dalence, Bosquejo estadístico de Bolivia, Chuquisaca, 1851; 1900: República de Bolivia, Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, Censo general de población, 10 de septiembre de 1900, 2 vols., La Paz, 1902-1904; 1950: República de Bolivia, Dirección General de Estadística y Census, Censo demográfico, 1950, La Paz, 1955.

El estancamiento de la industria minera y el fracaso de los productores nacionales en atender las necesidades locales se tradujo en que, en el primer cuarto de siglo de existencia —desde 1825 hasta bien entrada la década de 1850—, Bolivia se encontrara en la inhabitual posición de tener un déficit constante en su balanza comercial, que sólo podía ser contrarrestado con las exportaciones ilegales de plata y con un comercio de contrabando muy activo. Los déficits de los gobiernos eran un fenómeno constante, mientras que los gastos, en especial los militares, superaban en mucho los recursos del tesoro del país. Hacia mediados de siglo, Bolivia estaba en unas condiciones aún peores que las de los inicios de su vida republicana, y todo parecía indicar que las cosas sólo podían deteriorarse todavía más. Sin embargo, en la década de 1850, coincidiendo paradójicamente con un momento de caótico desorden y violencia, el sector económico de la exportación boliviana —el minero— consiguió un crecimiento estable, en el altiplano tradicional, inicialmente, y, más tarde, en nuevas áreas del litoral del Pacífico.

Las causas de este crecimiento todavía están en gran parte por determinar. Para empezar, es evidente que jugaron un papel decisivo en el despertar del gigante minero una serie de acontecimientos externos a Bolivia. La creciente productividad y la disminución de los costes de la máquina de vapor en Europa y Norteamérica durante la primera mitad del siglo XIX redundaron en que, en las décadas de 1850 y 1860, fuera más barata, más fácilmente disponible y más segura que durante la década de 1820. Por esta razón, los costes de la puesta en funcionamiento de una mina anegada pudieron reducirse considerablemente. Además, el crecimiento de las minerías peruana y chilena en este periodo proporcionó a toda la zona un bagaje general de capital y experiencia técnica que pudo exportarse fácilmente a la incipiente industria boliviana. Finalmente, la bajada internacional de los precios del mercurio redujo el coste de un elemento tradicionalmente importante en la extracción de plata.

Estas fueron las condiciones generales internacionales favorables para la expansión de la industria minera en el altiplano boliviano en el tercer cuarto del siglo XIX. El capital, sin embargo, en un principio era boliviano, y todavía está por resolver la cuestión clave: dada la relativa situación de estancamiento de la economía boliviana durante el cuarto de siglo que siguió a la independencia, ¿de dónde procedía este capital? Del análisis de las primeras empresas mineras en Potosí y Oruro, resulta evidente que una parte desproporcionada del capital social procedía de la aristocracia comercial y terrateniente del valle productor de grano de Cochabamba. También parece ser que el uniforme, aunque poco espectacular, crecimiento de la población nacional, a pesar de algunas epidemias graves de cólera en la década de 1850, creó un mercado interior en expansión para la producción agrícola, en especial del maíz y del trigo. Gracias a él, la élite de Cochabamba pudo extraer un capital excedente. También parece que Cochabamba tenía una clase incipiente de empresarios muy interesada en correr los riesgos de efectuar grandes inversiones de capital en la tradicionalmente bastante incierta industria minera.

A partir de la década de 1830, se hizo frecuente la formación de uniones de sociedades anónimas para la explotación minera de la plata, la más importante de las cuales fue la Compañía Minera de Huanchaca, fundada en 1832 para explotar las minas de Porco, en la provincia de Potosí. Tras importantes inversiones y muchas dificultades, la compañía fue adquirida en 1852 por el comerciante Aniceto Arce, que pudo por fin extraer beneficios de su producción. También a mediados de los cincuenta, la familia Aramayo compró la arruinada Real Compañía Minera Socavón, de Potosí. Finalmente, en 1855, el comerciante Gregorio Pacheco expropió las minas de Guadalupe a uno de sus deudores en el distrito de Chicas, de la provincia de Potosí. Así, en unos pocos años, se instalaron en el distrito de Potosí las tres grandes dinastías mineras de la plata. Con nuevas inyecciones de capital y gerencia, las reorganizadas compañías empezaron a prosperar. En la década de 1860, las tres empresas líderes habían acometido la racionalización de la producción y una serie de cambios estructurales a largo plazo en la industria, con introducción de maquinaria nueva, modernización de las operaciones de bombeo y reconstrucción de los pozos. Además, en la década de 1870, con la plena puesta en funcionamiento de las minas de plata de Caracoles, en el litoral del Pacífico, se incrementó la entrada de capitales extranjeros. Puede decirse que, hacia la segunda mitad de la década, la industria minera boliviana de plata había alcanzado niveles internacionales de capitalización, desarrollo tecnológico y eficiencia. Para finales de la década de 1870, Bolivia era nuevamente uno de los mayores productores de plata refinada, y una industria de exportación vital y próspera había logrado revitalizar tanto a la economía interna como al comercio internacional del país.

CUADRO 2

Producción de plata en Bolivia, 1780-1909
(en marcos de plata)

Producción
media anual
Producción
máxima anual
Producción
mínima anual

1590-1599[a]
803.272
887.448
723.591

1740-1749[b]
92.119[c]
111.947
81.081

1780-1789
387.170
416.676
335.848

1790-1799
385.283
404.025
369.371

1800-1809
297.472
371.416
194.347

1810-1819
208.032
338.034
67.347

1820-1829
156.110
177.727
132.433

1830-1839
188.319
288.154
169.035

1840-1849
191.923
256.064
142.029

1850-1859
201.482
224.313
189.573

1860-1869
344.435[c]
391.304
312.174

1870-1879
955.629[c]
1.150.770
391.304

1880-1889
1.111.568[c]
1.660.804
597.686

1890-1899
1.655.762
2.630.907
1.202.927

1900-1909
799.791
1.288.452
385.522

FUENTES: Antes de 1780: véase el cuadro más completo en Herbert S. Klein, Bolivia, the evolution of a multi-ethnic society, Nueva York, 1982, apéndice cuadro 2; 1755-1859: Ernesto Rück, Guía general de Bolivia, primer año, Sucre, 1865, pp. 170-171; 1860-1875: Adolf Soetbeer, Edelmetall-production und Werthverbaltniss zwischen Gold und Silber, Gotha, 1879; 1876-1891: The mining industry, its statistics, technology and trade, 1892, vol. I, p. 207; 1892-1893: ibid., 1893, vol. II, p. 333; 1894: ibid., 1898, vol. VII, p. 203; 1895-1904: República de Bolivia, Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, Geografía de la república de Bolivia, La Paz, 1905, pp. 354-355; 1905-1909: Walter Gómez, La minería en el desarrollo económico de Bolivia, La Paz, 1978, pp. 218-220.

El desarrollo de un sector moderno creó nuevas demandas, no sólo de mano de obra, sino también de productos alimentarios. El área de la agricultura comercial se vio inyectada por un nuevo dinamismo, y la puesta en funcionamiento de los nuevos enlaces ferroviarios creó nuevas demandas en áreas anteriormente marginadas. Como resultado, el sistema de las haciendas, que como el sector minero había sufrido un estancamiento de casi un siglo, pudo recobrarse y expansionarse. Al mismo tiempo, el declinar del sistema del impuesto tributario por cabeza de familia, en otro tiempo la mayor fuente de ingresos del Estado, implicó que el gobierno nacional dejó de tener un derecho adquirido en la protección de las comunidades libres en sus tierras. Los títulos de propiedad de tierras de las comunidades libres fueron impugnados durante la administración de Mariano Melgarejo, en la década de 1860, pero los indígenas se resistieron y las comunidades pudieron conservar el control efectivo de sus tierras. Pero en la década de 1870, los blancos y los «cholos» (mestizos) incrementaron su presión, y el crecimiento de nuevos mercados proporcionó a la élite terrateniente el incentivo económico para emprender un ataque en toda regla. Los ataques se justificaron con el clásico argumento liberal decimonónico de que las comunidades eran un sistema de propiedad de tierras anacrónico y una barrera para la integración social. Hacia la década de 1880, la clase terrateniente dominante impuso a las comunidades un sistema directo de adquisición de tierras por el cual los títulos de propiedad debían estar a nombre de personas físicas y no de grupos corporativos. La creación de un campesinado indígena libre con posesión de títulos de jure, dio a los hacendados el poder para romper el control de Jacto de las comunidades, mediante el sistema de comprar unas pocas parcelas pequeñas, destruyendo así la cohesión de la comunidad. El resto era sencillo, mediante engaños y la fuerza, tan corrientemente utilizados como la simple compra, muy pronto las haciendas pasarían a tener una gran expansión a través de las tierras altas y los valles sub-Puna adyacentes.

De esta forma, el periodo de 1880 a 1930 se convirtió en la segunda gran época para la construcción de haciendas en Bolivia. Las comunidades indígenas, que en 1880 poseían todavía la mitad de las tierras y formaban aproximadamente la mitad de la población rural, para el año 1930 pasaron a poseer menos de la tercera parte de ambas. El poder de las comunidades estaba definitivamente roto, y sólo la marginalidad de las tierras que todavía conservaban y el estancamiento económico de la década de 1930 evitarían su liquidación completa.

La decadencia progresiva de la comunidad significó no sólo la pérdida de titularidad de las tierras, sino también de la cohesión social. Si bien en muchas haciendas recreaban la organización política y social de las comunidades libres, los ayllus de hacienda, éstos se veían a menudo impotentes para evitar la expulsión de sus miembros de las fincas. Además, la necesidad de mano de obra en las propiedades era menor de lo que había sido en las anteriores comunidades libres. El resultado fue una ruptura creciente de las normas sociales indígenas, la emigración hacia las ciudades y la expansión de la población chola (mestiza) rural y urbana. El único factor que evitó la destrucción total de la cultura indígena fue el continuo crecimiento de la población campesina indígena durante todo el siglo XIX. Aunque una serie de epidemias ralentizara tal crecimiento, la desaparición de enfermedades contagiosas, tales como el cólera, durante el último cuarto del siglo, permitió la continuidad de las elevadas tasas de crecimiento. Además, con la ausencia de enseñanza pública en el país hasta la década de 1930, gran parte de la población rural no sólo continuaba siendo analfabeta, sino desconocedora, en su gran mayoría, del idioma nacional. El quechua siguió siendo la lengua predominante, seguido del aimara.

Hasta bien entrado el siglo XX, Bolivia seguía siendo una nación predominantemente rural y de campesinado indígena, a pesar del crecimiento de un sector moderno de exportación, de la espectacular expansión de la red comercial agrícola, de las haciendas, e, incluso, del crecimiento de los centros urbanos modernos. En 1900, al menos las tres cuartas partes de la población seguía siendo rural y la población indígena todavía sumaba algo más del 50 por 100 de la población total de 1,6 millones (véase cuadro 1). El español continuaba siendo una lengua minoritaria en la República, aunque fuera la única utilizada en la economía nacional y en la vida política.

Los gobiernos civiles de Bolivia establecidos después de 1880 estaban basados en un porcentaje pequeño de población nacional. A todos los efectos, sólo eran representativos de los hispanohablantes, a lo sumo un cuarto de la población nacional. Y dados los requerimientos de estar alfabetizados para poder votar, así como las restricciones financieras para el ejercicio del funcionariado, podría decirse que el régimen boliviano era un sistema político de participación limitada, en todos los sentidos de la palabra. Hasta 1900, el electorado se cifraba sólo entre 30.000 y 40.000 personas. La élite se ocupaba de mantener a las masas indígenas apartadas de la política, así como de negarles el acceso a las armas o a cualquier otro medio efectivo de protesta. El ejército, especialmente tras su profesionalización y modernización, se convirtió en la herramienta indispensable para mantener la sumisión de los indígenas, y fue llamado constantemente para sofocar sus periódicos levantamientos. La élite se dividía en partidos políticos y recurría incluso a las armas para derribar gobiernos. Pero tales actos de conflicto y violencia, en su mayoría, estaban bastante circunscritos a asuntos urbanos y conflictos entre clases. Los llamamientos de la élite a la no élite y a los grupos no hispanohablantes eran extremadamente raros, y la vida política del periodo 1880-1932 se desarrolló mayoritariamente mediante reglas estrictamente definidas. Sólo una vez, en 1899, se permitió a los campesinos indígenas participar, aunque temporalmente, en un conflicto político nacional, y esta intervención terminó con la supresión total de los kurakas (jefes) indígenas. Para las masas rurales indígenas, la expresión política estaba confinada a la tradicional de los ancianos de la aldea o a líderes temporales de revueltas, quienes las hacían entrar en «guerras de castas». Estos levantamientos estaban confinados a comunidades pequeñas y eran de tipo exclusivamente defensivo, bien para protestar contra la explotación en general, o contraataques a los derechos de propiedad de la tierra, en particular. Hasta bien entrado el siglo XX, la política nacional fue de exclusiva competencia de un 10 a un 20 por 100 de la población.

La vida intelectual, que había estado inactiva desde la independencia, empezó a revivir después de 1880, a partir del impacto combinado de un gobierno civil relativamente estable, el aumento de la riqueza nacional, la profesionalización del trabajo y el establecimiento de planes de estudio modernos en las escuelas. Los escritores empezaron a encontrar grupos afines, y los individuos pertenecientes a las familias de la élite comenzaron a tener la oportunidad de vivir en el extranjero y de participar en los últimos movimientos latinoamericanos o europeos. Así, el poeta boliviano Ricardo Jaimes Freyre se unió a Rubén Darío en Buenos Aires y llegó a ser una voz poderosa en el movimiento modernista que invadió las letras hispanoamericanas y españolas. Escritores como Gabriel René Moreno, notable historiador boliviano, encontraron trabajo en las bibliotecas y archivos de Chile, y novelistas y ensayistas como Alcides Argüedas, que vivió en París, pudieron ser conocidos a través de todas las Américas. Fue la primera generación realmente coherente en la vida literaria de la República, y proporcionó una base importante sobre la que se construyeron todos los movimientos culturales posteriores. El periodo comprendido entre 1880 y 1920 fue en muchos aspectos una edad de oro de la literatura nacional.

En las ciencias, sin embargo, las estructuras tradicionales de las universidades nacionales impidieron cualquier avance serio. Aunque la industria minera boliviana de la década de 1880 tuviera una altura tecnológica equiparable a cualquier otra de las más avanzadas del mundo, tanto la maquinaria como los ingenieros eran importados de las mejores escuelas de Europa y Norteamérica. Salieron pocos ingenieros nativos y no se produjeron descubrimientos significativos en Bolivia, ni siquiera en la metalurgia. El problema en lo que los bolivianos llamaban «ciencias exactas», era la falta total de infraestructura. Los bajos presupuestos y el régimen de media jornada del profesorado impedían el desarrollo de laboratorios científicos o la investigación sistemática. Mientras que los novelistas, poetas, ensayistas, historiadores, incluso los de ciencias sociales, pudieron sobresalir fuera de las tradicionales profesiones de abogacía, teología y medicina, ello no fue posible en las ciencias ni en la tecnología.

En las artes plásticas, el estancamiento económico y el declinar concurrente de la Iglesia católica en las primeras décadas del siglo XIX, habían dado fin a la gran era de actividad artística creadora del periodo colonial. La eliminación por parte de Sucre de los diezmos y la confiscación de las rentas y propiedades eclesiásticas paralizaron la construcción de iglesias. Sin la disponibilidad del mecenazgo de los ciudadanos píos ricos, también disminuyó la demanda de pinturas y esculturas. Asimismo, la Iglesia del siglo XIX se volvió menos tolerante con el catolicismo popular, más tímida en la aceptación de los estilos artísticos nativos cholos e indígenas, y maliciosamente conservadora en su gusto artístico global. De esta forma, cuando después de 1880 los ingresos de la Iglesia volvieron a ser significativos y volvió a reanudarse la actividad constructora, los clérigos y la élite blanca rechazaron el rico legado artístico colonial boliviano y adoptaron servilmente los modelos europeos más reaccionarios. Como resultado de estos factores, se produjo el estancamiento de las artes plásticas bolivianas hasta bien entrado el siglo XX, y la eliminación de los indígenas y cholos de toda participación significativa en la vida cultural de la nación.

El crecimiento del sector exportador, especialmente en la industria minera de la plata de la segunda mitad del siglo XIX, y más concretamente en las décadas de 1880 y 1890 (véase producción de plata 1880-1899, en el cuadro 2), hizo a la economía boliviana extremadamente vulnerable ante las fuerzas económicas internacionales. Tanto los importadores de productos manufacturados, que pagaban sus compras con moneda ganada en las exportaciones de mineral, como el gobierno, que había llegado a depender totalmente de los impuestos sobre el comercio internacional, se habían implicado íntimamente en las fortunas hechas en el sector exportador, las cuales, a su vez, cuanto más prósperas eran, más vulnerables se volvían a las fluctuaciones de la demanda internacional. De esta manera, el gobierno, los propietarios de las minas y la élite nacional, estaban sujetos a los imperativos internacionales, lo que creaba problemas de estabilidad sobre los cuales tenían muy escaso control.

Bolivia era un ejemplo clásico de economía abierta. Dado que el grueso del poder adquisitivo interior procedía del sector puntero de la minería, era extremadamente vulnerable a los cambios de precios de sus exportaciones primarias. Además, hasta bien avanzado el siglo XX, incluso en el sector minero, era una economía dominada por un metal, la plata hasta 1900, y el estaño en adelante. Por esta causa, los cambios de precios en el mundo tenían un impacto directo e inmediato sobre la economía local. Poderosas élites regionales podían ser eliminadas de la noche a la mañana por un cambio brusco de los precios internacionales con la consiguiente desorganización de los cimientos más profundos de la élite gobernante. Los bolivianos tuvieron que aprender a vivir en esta incertidumbre, y tratar de responder lo más rápidamente posible al incentivo de nuevos precios. Pero las limitaciones de recursos naturales garantizaban que su respuesta también tendría sus límites y que el progreso económico a largo plazo no era ineludible para la nación en su conjunto. Esta incertidumbre es la que explica gran parte del comportamiento de los propietarios de las minas que, en el periodo que siguió a 1880, fueron los líderes políticos predominantes.

La nueva élite minera, que en un principio se había organizado políticamente con el fin de romper el monopolio gubernamental sobre las ventas al extranjero, muy pronto empezó a operar como grupo de presión más coherente para obtener gobiernos más sensibles a sus necesidades. Habiendo alcanzado sus minas la plena producción justo cuando en el mercado mundial estaba empezando un descenso a largo plazo en los precios de la plata, la nueva élite se vio obligada a bajar los costes e incrementar la productividad constantemente. Ello significó un uso creciente de maquinaria y electricidad, y, sobre todo, la modernización del transporte, el elemento más caro de todo el proceso minero. Mientras que la mecanización y la electrificación eran de absoluta competencia de los propietarios de las minas, los problemas de transporte estaban incluso más allá del alcance de sus recursos de capital. Los subsidios del gobierno y la financiación internacional eran imprescindibles. De ahí que los propietarios de las minas desearan gobiernos civiles estables cuyos recursos fiscales se dirigieran a la construcción masiva de líneas de ferrocarril.

Los partidos políticos en Bolivia habían nacido como fruto de las divisiones y debates sobre la guerra del Pacífico. El inicio de la guerra en 1879 supuso un golpe terrible para los propietarios de minas bolivianos. Para ellos, la guerra suponía una ruptura fatal con sus nuevos recursos de capital en Chile, así como una interrupción grave en el comercio internacional. Acusaron de la misma a los gobiernos militares precedentes, y se agruparon en torno a dos figuras clave, Mariano Baptista, un abogado de las compañías mineras, y Aniceto Arce, el propietario minero independiente más importante del país, y formaron un poderoso partido en pro de la paz con Chile. Finalmente, el partido se apoyó en el ilustrado general Narciso Campero, que había ayudado a derribar el régimen militar de Daza en diciembre de 1879, y que a la sazón mandaba la disminuida fuerza bélica boliviana. Los propietarios mineros bolivianos buscaban un final rápido al conflicto con Chile y la indemnización por todos los territorios perdidos en la construcción de vías férreas exclusivamente. Entretanto, el grupo antichileno y contrario a la paz reunía sus fuerzas en torno al popular coronel Eliodoro Camacho, líder de la revuelta anti Daza e importante teórico liberal. Así, hacia finales de la guerra, nacieron los partidos Conservador y Liberal. Teóricamente, eran de ideologías opuestas. Pero los conservadores, que habían modelado un partido a imagen y semejanza de otros partidos similares en Latinoamérica, eran sólo moderadamente pro clericales, por ejemplo. Y, aunque el Partido Liberal fuera enérgicamente anticlerical, la Iglesia boliviana, que había sido nacionalizada por el primer gobierno republicano, era demasiado débil para ser la causa de conflictos serios. De hecho, ambos partidos concentraron sus energías en los problemas políticos y de modernización económica.

El general Campero terminó su mandato legal en el gabinete, y presidió las elecciones completamente libres de 1884. El ganador final, después de la necesidad de un segundo escrutinio en el Congreso, fue el propietario de minas disidente Gregorio Pacheco, segundo productor de plata de Bolivia. Con Mariano Baptista como vicepresidente, Pacheco inició la era conocida como de la «oligarquía conservadora», que duró de 1884 a 1899. Durante este periodo, los dos partidos se autodefinieron completamente, mientras los sucesivos gobiernos se concentraban en conseguir un acuerdo con Chile y en la promoción de la construcción de grandes obras ferroviarias.

Aunque Pacheco hubiera prometido permanecer neutral en las elecciones de 1888, el régimen conservador apoyó, de hecho, a Aniceto Arce. En consecuencia, las elecciones de 1888 adquirieron unos tonos violentos, con unos enfurecidos liberales que, finalmente, se abstuvieron. De esta forma, en los últimos años de la década de 1880, se produjo un retorno al uso de la violencia en política. Este recurso a la violencia se hizo inevitable por el rechazo de todos los gobiernos —conservadores y, más adelante, liberales— a dejar la presidencia al partido opuesto. Una vez instalados en el poder, y cercanos a la única fuente importante de ingresos aparte de la minería y de las haciendas, los políticos rehusaban ceder las prebendas al rival. La votación en todas las elecciones era abierta y fácilmente controlable por interventores del gobierno central en todos los distritos locales, con lo que las victorias, tanto en la presidencia como en el Congreso, se podían manipular sin dificultad. El partido gobernante garantizaba su mayoría en el Congreso, pero permitiendo una representación sustancial de los partidos de la oposición, para tener una válvula de escape fácilmente soportable que no amenazara seriamente su propio control sobre el gabinete. En cambio la posición del presidente debía asegurarse a toda costa. Por consiguiente, a lo largo de ambas eras, la conservadora y la liberal, la violencia política fue endémica. Pero hay que subrayar que esta violencia estaba generalmente restringida a los ciudadanos, al entorno urbano, y acarreaba poco derramamiento de sangre. La violencia también aparecía confinada a los periodos postelectorales, cuando el partido derrotado y la mayoría de sus votantes se percataban de que el gobierno había violado sus derechos. La tradición de los golpes de Estado continuó siendo parte constitutiva del panorama político, pero no representaba necesariamente la ruptura de los derechos civiles o la inestabilidad de la vida política. Siempre que los analistas de la época han tratado de hacer un recuento del número y alcance de las revueltas, se ha comprobado que el periodo de 1880 hasta 1936 tuvo una destacable continuidad y estabilidad, a pesar del periódico recurso a una violencia limitada.

La presidencia de Aniceto Arce (1888-1892) destacó por el comienzo de la construcción del vital enlace ferroviario entre el puerto chileno de Antofagasta y la ciudad de La Paz, que daba a Bolivia acceso al mar por ferrocarril por primera vez en su historia, y por el inicio de una red moderna de carreteras. El gobierno de Arce, que se manifestó como el más productivo de entre los gobiernos conservadores, fue también fundamental en la profesionalización y control del ejército. En 1892, una nueva elección fraudulenta llevó a Mariano Baptista, el ideólogo del Partido Conservador, a la presidencia. El gobierno de Baptista (1892-1896), como los de sus predecesores, se volcó en las construcciones ferroviarias. También firmó un tratado preliminar de paz con Chile, y comenzó el desarrollo de la explotación por parte de Bolivia de sus recursos naturales de caucho en los territorios de Acre. En su momento, Baptista entregó la presidencia al último de los oligarcas conservadores, el propietario de minas Sergio Fernández Alonso (1896-1899). Sin embargo, durante su mandato, el poder del régimen conservador, que estaba firmemente enraizado en las áreas mineras de plata del sur y en la ciudad de Sucre, comenzó a erosionarse progresivamente debido al colapso de los precios de la plata en el mercado mundial. En contraposición, los liberales empezaron a ganar cada vez más fuerza, ya que estaban asociados con las florecientes clases profesionales de La Paz y con los grupos mineros no relacionados con la plata, y muy especialmente con todos los nuevos grupos del estaño, que aspiraban a desplazar a la oligarquía conservadora.

El crecimiento, a partir de 1900, de la producción de estaño como industria fundamental de Bolivia había tenido sus orígenes durante la era conservadora. La gran era moderna de la industria minera de plata en Bolivia propició la obtención de los últimos avances en tecnología minera, incluyendo el uso de herramientas mecánicas y electricidad. Al mismo tiempo, los magnates de la plata y sus regímenes conservadores se habían propuesto, como primera tarea, unas modernas comunicaciones; en particular, se había construido una red ferroviaria vital para conectar las regiones mineras con la costa del Pacífico.

Cuando colapso la plata en el mercado internacional, la tecnología y las comunicaciones ya existentes pudieron ser transferidas a otros metales. En este caso, una expansión fortuita de la demanda mundial de estaño (para enlatado y otro centenar de usos industriales nuevos), que coincidió con el agotamiento de las minas de estaño tradicionales en Europa, permitió a Bolivia capitalizar sus propios recursos y responder rápida y eficazmente a la demanda. Desde los primeros tiempos, el estaño había sido un subproducto de las minas de plata.

Pero los costes de su embarque en masa hacia las fundiciones europeas habían sido siempre prohibitivos, principalmente por el aislamiento geográfico de Bolivia y sus comunicaciones primitivas. La disponibilidad de transporte ferroviario barato significó que, de pronto, la exportación de estaño se hiciera rentable para Bolivia por primera vez. Igualmente, el hecho de que el estaño se encontrara exactamente en las mismas zonas que la plata, y a menudo en las mismas minas, se tradujo en que los trastornos económicos y sociales que pudiera haber provocado el cambio en la explotación de la plata por la del estaño fueran relativamente pequeños.

CUADRO 3

Producción de estaño en Bolivia, 1900-1939
(producción en toneladas métricas)

Producción
media anual
Producción
máxima anual
Producción
mínima anual

1900-1909
14.909
21.342
9.739

1910-1919
24.710
29.100
21.324

1920-1929
33.216
47.191[a]
19.086

1930-1939
25.864
38.723
14.957[b]

FUENTE: Walter Gómez, La minería en el desarrollo económico de Bolivia, La Paz, 1978, pp. 218-220.

Para la élite tradicional de la plata, la transición fue menos fácil de cumplir. En primer lugar, el crecimiento de la minería de estaño fue en forma de estampido, ya que la producción pasó de niveles mínimos a exportaciones masivas en un periodo de menos de diez años. Aunque las zonas mineras en general fueran las mismas, hubo un sutil pero importante cambio de énfasis hacia el norte, adquiriendo un papel preponderante en la producción las minas del norte de Potosí y del sur de Oruro. Finalmente, el cambio fue tan repentino y el capital invertido en bienes raíces tan importante, que muchos propietarios de minas tuvieron dificultades en reajustarse al estaño. El resultado fue que una multitud de compañías extranjeras invadió el mercado, y surgió en la escena nacional, por primera vez, un nuevo grupo de empresarios bolivianos.

Todos estos cambios provocaron una ruptura importante en la escena política nacional. La antigua élite conservadora, atrincherada en Potosí y su ciudad de apoyo, Sucre, se vio incapaz de contener el crecimiento de la oposición liberal. Al mismo tiempo, con la enorme expansión de La Paz, que ahora pasaba a ser el centro de servicios clave de la nueva industria minera del estaño, se acentuó su dominio en la economía nacional y en la vida social. Esto condujo, en 1899, a una revuelta liberal y regionalista combinada, en la cual la élite de La Paz, mayoritariamente liberal, exigió la autonomía local y el derrocamiento del gobierno conservador.

La revuelta de 1899 fue, de hecho, una operación militar bastante amplia y costosa, que resultó tan difícil de ganar, que los liberales tuvieron que ir más allá de las prácticas corrientes e incitar a las masas campesinas indígenas a participar en ella. El resultado fue la intervención temporal de algunos grupos indígenas en la vida política nacional por primera vez desde los primeros días de la república. Pero, una vez los liberales alcanzaron la victoria, no sólo fue olvidado el federalismo, al convertirse La Paz en la capital de Jacto de la nación, sino que las tropas indígenas fueron desarmadas y sus líderes ejecutados.

Así, el nuevo siglo nació con el establecimiento de un nuevo gobierno y la creación de una nueva industria minera. El régimen liberal se diferenció del conservador en pocos aspectos fundamentales. Ambos estuvieron empeñados en la subvención masiva del transporte por parte del Estado, el apoyo importante a la industria minera y el desarrollo y modernización de los centros urbanos. Ambos regímenes buscaron activamente la destrucción de las comunidades indígenas y la expansión de las haciendas. Finalmente, ambos manifestaron su indiferencia ante la cuestión de la Iglesia, que tantos conflictos causó en la mayoría de estados latinoamericanos.

Durante la era liberal persistieron los viejos sistemas de participación política. Mientras que las elecciones al Congreso se mantuvieron relativamente libres, las elecciones a la presidencia estuvieron controladas, con el recurso a una violencia limitada como único medio de alcanzar el ejecutivo para los partidos de «fuera» del sistema. Se mantuvieron la libertad de prensa y las libertades civiles (para los blancos y los cholos), pero emergió un nuevo tipo de liderazgo político. Como reflejo de las complejidades de la nueva era minera, los empresarios mineros estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos para participar directamente en la vida nacional. Al mismo tiempo, el apoyo sistemático brindado por los conservadores a la enseñanza y a la profesionalización había creado una clase de abogados y letrados lo suficientemente numerosa y experimentada para conducir los asuntos del gobierno. Así nació lo que los analistas políticos posteriores llamarían la «rosca», un gobierno de políticos profesionales que trabajaban primordialmente en los intereses de los barones del estaño, líderes de la nación. Los grupos de poder económico ya no eran requeridos para intervenir directamente en el proceso político a fin de obtener sus propios fines. Los productores de estaño pudieron así concentrarse completamente en la intensa y competitiva batalla por el dominio de las minas de estaño bolivianas.

No hubo restricciones a las inversiones extranjeras en las minas de estaño y desde el inicio del apogeo del estaño, Bolivia se abrió a todo tipo de empresarios e ingenieros extranjeros. Los capitales europeo, norteamericano e incluso chileno, compitieron con los capitalistas bolivianos locales por el control del sector minero del estaño, y se establecieron cientos de compañías, muchas de las cuales trabajaban la misma montaña local de estaño. Por lo tanto, quizá pueda parecer sorprendente que, después de tres décadas de intensa competencia, los bolivianos emergieran, durante la década de 1920, como el grupo dominante en la industria.

Simón I. Patiño fue incuestionablemente el más poderoso de entre los tres líderes principales. Nacido en 1860, en el valle de Cochabamba, parece ser que Patiño era hijo de un artesano con antecedentes parcialmente cholos. Recibió enseñanza secundaria local, y luego hizo su aprendizaje en varias importantes empresas de importación de maquinaria para la minería, en la década de 1880 y primeros años de la de 1890, cuando la industria de la plata todavía era la predominante. En 1894 consiguió su primera participación en una mina de estaño en Oruro, en el cantón de Uncía, en el linde con la provincia de Potosí. En 1897, Patiño ya había adquirido, mediante compra, el control total de la mina, y en 1900 encontró una de las venas de estaño más ricas de Bolivia. Para 1905, su mina, La Salvadora, se había convertido en la mina de estaño más importante de Bolivia, y disponía de un equipo completo de técnicos extranjeros y de lo último en maquinaria de refinado. Partiendo de esta inversión inicial, Patiño extendió rápidamente sus propiedades, vertical y horizontalmente. En 1910 compró la vecina Compañía Minera Uncía, de propiedad británica, y en 1924 completó su dominio sobre los dos centros mineros de Uncía y Llallagua, con la compra de la Compañía Chilena Llallagua. En ese momento pasaba a controlar aproximadamente el 50 por 100 de la producción nacional, con una mano de obra formada por más de 10.000 trabajadores.

Mientras tanto, Patiño pasó a fijar su atención en la integración vertical de sus operaciones mineras, y, en una actuación rara en los círculos capitalistas latinoamericanos, se desplazó para controlar a sus refinadores europeos. Tras unirse con sus consumidores norteamericanos, se hizo con la refinadora mayor del mundo de estaño boliviano, la Williams, Harvey and Company, de Liverpool. Hacia mediados de la década de 1920, Patiño vivía ya permanentemente en el extranjero, hasta el punto de que habría podido ser identificado más acertadamente como un capitalista europeo, dada la amplitud de sus empresas no bolivianas. A pesar de ello, continuó siendo el propietario minero dominante de Bolivia, su banquero privado más importante y su capitalista más poderoso, hasta su muerte en 1943.

De los otros dos líderes mineros que surgieron para dividirse a partes iguales la otra mitad de la producción total, uno era también boliviano, de la vieja familia minera de la plata de los Aramayos, y el otro, Mauricio Hochschild, era un judío europeo. Ambas compañías, la Aramayo y la Hochschild, tenían fuertes inyecciones de capital europeo, pero, a diferencia de las de Patiño, estaban dirigidas desde la propia Bolivia. Mientras que Hochschild tenía algunas inversiones en Chile, su primera residencia, virtualmente hasta el fin de su carrera estuvo en Bolivia, y en Bolivia estuvo también su principal área de inversiones. También para la familia Aramayo, el área primaria de actividad estuvo en Bolivia. Así, a finales de la década de 1930, las tres compañías mineras que dominaban la producción de estaño, y una gran proporción de la de plomo, zinc, wolframio y otras minas locales, estaban establecidas principalmente en Bolivia o, como en el caso de las compañías de Patiño, eran de propiedad completamente boliviana. Este control nacional es verdaderamente destacable, dada la naturaleza completamente abierta de la industria minera boliviana a todos los empresarios extranjeros desde mediados del siglo XIX.

El abandono de la intervención directa en los asuntos nacionales por parte de Patiño y los otros nuevos magnates del estaño, dejó la política boliviana en manos de una élite emergente de profesionales de clase media-alta urbana y de representantes de la élite terrateniente de provincias (hombres con propiedades modestas y relativamente pocos campesinos, pero con un bagaje social sólido). Casi todos ellos tenían conocimientos de leyes y, aunque se debieran a una concepción liberal del gobierno parlamentario y la Constitución, creían firmemente en el sistema de castas y en el gobierno de la oligarquía blanca.

La estructura social de Bolivia permanecía sorprendentemente estable, a pesar de los recientes y rapidísimos cambios. En el censo de 1900, sólo el 13 por 100 de la población estaba catalogado como «blanca». De la misma forma, aunque el censo sugiriese un importante crecimiento de la población urbana desde 1846, éste se basaba en la generosa definición de urbano para cualquier comunidad que tuviese más de 200 habitantes. Sin embargo, aunque se utilizara la definición más realista de urbano como el núcleo de población de más de 20.000 personas, se podrían observar pocos cambios significativos. Desde 1846 a 1900, el porcentaje de población que vivía en tales ciudades se había incrementado sólo del 6 al 7 por 100. Incluso La Paz, el mayor centro urbano, sólo había crecido hasta tener 55.000 habitantes en 1900, es decir, solamente 12.000 personas más que medio siglo antes. Aunque las nuevas minas hubieran creado algunas nuevas poblaciones en el sur de Oruro y en el norte de Potosí, la creciente industria minera en 1900, con sus 13.000 trabajadores, sólo equivalía al 1 por 100 de la población activa.

Así, a pesar del crecimiento de un nuevo sector exportador, de la expansión de una nueva élite, y del desmembramiento de la propiedad indígena en las áreas rurales, el tejido social de Bolivia continuaba siendo sorprendentemente tradicional. Por lo tanto, los liberales se sintieron poco obligados a preocuparse de los graves problemas de clases y de castas que dividían a esta sociedad multiétnica.

El primer presidente liberal fue José Manuel Pando (1899-1904), el gran líder del partido en sus años de oposición. Una vez en el poder, los liberales adoptaron casi la misma política que los conservadores y, por ejemplo, rechazaron completamente el federalismo. Sin embargo, la administración de Pando es más conocida por su abandono de las posiciones internacionales tradicionales y la pérdida de territorio nacional. El primero de los dos desastres internacionales importantes fue la cuestión de Acre. En pleno corazón de la zona de apogeo del caucho, los territorios de Acre lindaban con la frontera brasileña y estaban mayoritariamente poblados por emigrantes brasileños. A raíz de la aduana que logró establecer el último gobierno conservador en la ribera del río Acre, en Puerto Alonso, que recaudaba enormes sumas de dinero por el caucho que se embarcaba hacia Brasil, se produjo una revuelta de los trabajadores locales. El gobierno liberal envió sus tropas a las lejanas tierras bajas del este para sofocar la rebelión, pero el apoyo secreto brasileño dio fuerzas suficientes a los rebeldes para resistir. El resultado fue la derrota total de las fuerzas bolivianas y la anexión del territorio de Acre a Brasil, por la suma de 2,5 millones de libras, en el tratado de Petrópolis en 1903.

El gobierno liberal había luchado por el territorio de Acre y perdió. Mucho menos agresivo se mostró en el frente chileno. En este caso, fue incluso mucho más allá de las extremas concesiones que sus predecesores conservadores hubieran jamás propuesto, en un intento de obtener fondos y zanjar un largo y delicado asunto que, en su opinión, estaba distrayendo los recursos nacionales. Desdiciéndose de su intransigente posición anterior, que exigía una devolución sin condiciones de los territorios ocupados durante la guerra del Pacífico, los liberales firmaron un tratado de paz formal con Chile en 1904. Bolivia transigió en ceder todos sus territorios del litoral y renunció a sus demandas de un puerto en el Pacífico. A cambio, Chile accedió a construir un ferrocarril desde Arica a La Paz, a proporcionar a Bolivia una indemnización formal de 300.000 libras, a avalar los créditos de la construcción del ferrocarril, y renunciar a unos acuerdos especiales que le favorecían claramente en su comercio con Bolivia. Aunque el tratado resolviera formalmente la cuestión del litoral del Pacífico, el asunto, de hecho, sigue siendo hoy la cuestión más importante que queda sin resolver de entre todas las concernientes a las relaciones andinas internacionales. En aquel entonces, los acuerdos sobre Acre y Chile sirvieron para dar a los liberales una relativa paz en el frente internacional y un apoyo financiero para continuar con su programa de construcciones ferroviarias.

El segundo presidente de la era liberal fue Ismael Montes (1904-1909). Abogado de formación, Montes representó la nueva variedad de políticos de clase media urbana. De fuerte personalidad y agudo instinto político, tuvo la capacidad efectiva para evitar el ascenso de un partido de oposición de fuera del poder hasta después de la primera guerra mundial. En esta tarea, se vio ayudado por el inicio del apogeo de la economía, derivado del crecimiento de la exportación^ de estaño (véase cuadro 4). Ello le proporcionó los fondos necesarios para la expansión de la burocracia estatal, que, a su vez, utilizaría para comprar toda oposición potencial.

Además, se ganó la confianza de la élite nacional gracias a su compromiso con las obras públicas. Montes tuvo la capacidad de obtener para el Estado créditos de la banca privada internacional. En 1906 se obtuvo un gran préstamo de un banco privado de Estados Unidos, que permitió a Bolivia completar sus conexiones ferroviarias internacionales, con derivaciones hacia ciudades importantes del interior de Cochabamba y Sucre y enlaces internacionales hacia los centros mineros de Potosí y Oruro. Se construyó una línea nueva hacia Guaqui, en el lago Titicaca, enlazando así con la red ferroviaria peruana. Se realizaron grandes construcciones urbanas, instalaciones de saneamiento e iluminación y, en general, hubo un alto grado de actividad económica hasta que llegó la crisis de 1913-1914, en los albores de la primera guerra mundial.

Montes se las ingenió para dominar la selección de su sucesor, Eliodoro Villazón, y asegurarse así posteriormente su propia reelección formal en 1913. Pero la segunda administración de Montes (1913-1917) no consiguió el triunfo sin paliativos que había obtenido la primera. Los intentos de los liberales de fundar un banco nacional habían creado una áspera oposición entre los elementos clave de la élite. Seguidamente, la repentina crisis prebélica del comercio internacional provocó una caída de un tercio de las exportaciones de mineral entre 1913 y 1914 (véase cuadro 4). Al mismo tiempo, las condiciones climáticas adversas causaron una grave crisis agrícola. Montes se encontró de pronto ante una oposición en el seno de su propio partido a la que no podía acallar comprándola, ya que los ingresos gubernamentales estaban en franca disminución. Además, el ejercicio del poder durante un tiempo tan largo había hecho que estuviera poco predispuesto a usar el tacto u otros medios sutiles para calmar a la oposición. El resultado fue la escisión casi inevitable del Partido Liberal en dos grupos independientes. El nuevo partido resultante recibió el nombre de Partido Republicano y se fundó formalmente en 1914.

Tanto Montes como Daniel Salamanca, fundador del Partido Republicano, sabían que este último era un calco del Partido Liberal. Extraía su fuerza de las mismas clases; apoyaba incondicionalmente todas las demandas de las clases mineras dirigentes; y era tan racista y oligárquico como sus oponentes. Montes llamaba «apóstatas» a los republicanos liberales, y Salamanca reivindicaba que el objetivo de su partido era únicamente garantizar unas elecciones libres y restringir el poder presidencial. El resultado final de la vuelta al sistema bipartidista fue una reaparición de las elecciones presidenciales cerradas y fraudulentas, y el recurso último a la violencia y al golpismo por parte de la oposición.

CUADRO 4

Comercio exterior de Bolivia, 1895-1930
(en miles de bolivianos)

Año
Exportaciones
Valor
relativo
de los
minerales
(%)
Importaciones
Diferencia

1895
20.914
s. d.
13.897
7.017

1896
22.047
s. d.
12.952
9.095

1897
21.990
s. d.
12.457
9.533

1898
27.457
s. d.
11.897
15.559

1899
27.366
s. d.
12.840
14.526

1900
35.658
(67)
13.344
22.314

1901
37.578
(72)
16.953
20.625

1902
28.042
(79)
14.143
13.898

1903
25.162
s. d.
16.253
8.909

1904
31.465
s. d.
21.137
10.328

1905
42.061
s. d.
27.870
14.191

1906
55.155
s. d.
35.810
19.344

1907
50.332
s. d.
37.898
12.434

1908
43.786
(89)
40.808
2.978

1909
63.764
(64)
36.940
26.825

1910
77.622
(72)
48.802
28.820

1911
82.631
(76)
58.371
24.260

1912
90.123
(81)
49.509
40.614

1913
93.722
(82)
54.763
38.959

1914
65.801
(85)
39.761
26.040

1915
95.210
(86)
22.575
72.636

1916
101.485
(81)
31.098
70.387

1917
157.748
(87)
33.481
124.267

1918
182.613
(91)
34.970
147.643

1919
144.252
(88)
61.997
82.254

1920
156.019
(91)
65.340
90.679

1921
66.920
(91)
70.853
− 3.934

1922
94.770
(94)
49.967
44.802

1923
107.694
(94)
62.915
44.779

1924
115.191
(95)
62.863
52.328

1925
109.286
(90)
68.665
40.621

1926
122.681
(92)
70.831
51.850

1927
127.084
(92)
96.105
30.979

1928
116.073
(93)
64.391
51.683

1929
140.007
(94)
71.417
68.590

1930
100.306
(93)
52.442
47.864

FUENTES: Gómez, La minería, pp. 191-192, 208-209; República de Bolivia, Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, Sinopsis estadística y geográfica de la república de Bolivia, 3 vols., La Paz, 1903-1904, II, pp. 294, 300.

La recuperación de las exportaciones bolivianas durante la primera guerra mundial (véase cuadro 4) permitió a Montes llevar a cabo sus reformas bancadas y económicas con escasa oposición por parte republicana, e incluso ganar apoyo popular entre los aproximadamente 80.000 votantes de la República en las elecciones al Congreso y a la presidencia. En 1917 traspasó el gobierno a un sucesor más moderado, José Gutiérrez Guerra, que se vio incapaz de mantener el control sobre los republicanos. Gracias a un fuerte apoyo por parte de los elementos descontentos en el mundo de los negocios, los republicanos hicieron considerables progresos y, cuando Gutiérrez Guerra trató de controlar las elecciones de 1920, el Partido Republicano se levantó en una revuelta que terminó con el gobierno liberal.

La llegada de los republicanos al poder, que mantendrían hasta 1934, produjo un sutil pero importante cambio en el sistema político que se había desarrollado desde la guerra del Pacífico. La política nacional empezó a evolucionar desde el sistema bipartidista simple, hacia un sistema multipartidista. Al mismo tiempo, las normas culturales heredadas de una ideología liberal decimonónica, y apoyadas por un fuerte componente racista, comenzaron a cambiar lentamente. Asimismo, la naturaleza extremadamente abierta de la economía hizo que Bolivia fuera una de las primeras naciones del mundo en sentir los plenos efectos de la depresión mundial que siguió a la caída de Wall Street de 1929.

El crecimiento económico, que había sido el sello común a los periodos conservador y liberal, sólo había afectado inicialmente a ciertos grupos de élite. Hacia la segunda década del siglo XX, este crecimiento empezó a tener efectos importantes en los sectores cholo e indígena. La expansión de las haciendas condujo a un incremento de los conflictos de tierras con las comunidades indígenas, con el resultado de una larga serie de revueltas durante los años veinte. La organización de los primeros sindicatos obreros en Bolivia tendría una importancia aún más inmediata para la élite. Aunque para las primeras actividades organizativas haya que remontarse al siglo XIX, Bolivia estaba varias décadas por detrás de sus vecinos en cuanto a agitación obrera y a organización laboral. La primera celebración de la fiesta del Primero de Mayo no se llevó a cabo hasta 1912, y las primeras confederaciones obreras urbanas de carácter local no se establecieron hasta 1916 y 1917. No hubo huelgas importantes hasta 1920.

En la década de 1920, la élite empezó a tomar conciencia de la existencia de demandas alternativas y de grupos potencialmente amenazadores de fuera del escenario de la élite política. Durante la era republicana, al ir haciéndose más compleja la vida política, fueron apareciendo partidos menores que, por vez primera, discutían seriamente los problemas y posibilidades del conflicto de clases. Los años veinte también fueron testigos de las primeras agitaciones del pensamiento marxista europeo, que se iba filtrando a través de los escritores argentinos, chilenos y peruanos.

Casi inmediatamente después de tomar el poder, el Partido Republicano se escindió en dos ramas opuestas; la primera de ellas, dirigida por el intelectual de la clase media urbana, Bautista Saavedra, y la otra, por el hacendado y político de Cochabamba, Daniel Salamanca. Por fin, fueron Saavedra y sus seguidores los que en 1921 se hicieron con la iniciativa y el control del gobierno y el partido. Salamanca y sus fuerzas fundaron una nueva organización, el Partido Republicano Genuino, y empezaron a actuar contra el nuevo régimen.

La violencia política y los conflictos sociales de la década de 1920 fueron más intensos que en las décadas anteriores. Nada más tomar posesión Saavedra, hubo un levantamiento indígena en Jesús de Machaca, en el distrito del lago Titicaca, que produjo una matanza de centenares de indígenas y de docenas de blancos y cholos locales. Saavedra no vaciló en utilizar toda la fuerza disponible para sofocar la revuelta y tildó a los gobiernos de las comunidades (ayllus) de instituciones reaccionarias que debían ser suprimidas por la fuerza. De esta forma, se alineó con las clásicas posiciones liberales decimonónicas en la cuestión indígena.

Sin embargo, Saavedra se mostró más abierto en sus puntos de vista sobre organización obrera. Empezó a vislumbrar en ella un área importante de apoyo potencial, en vista de que sus propias bases en las clases altas y medias estaban siendo erosionadas por la oposición republicana genuina y liberal. Inició la primera legislación social y obrera moderna de la historia de Bolivia, y expresó su voluntad de apoyar una actividad huelguística y sindical limitada —la primera vez que un presidente de la nación hiciera tal cosa—. Pero, enfrentado a crecientes actividades huelguísticas, incluyendo graves agitaciones mineras y la primera huelga general en 1922, muy pronto retiró su tentativa de apoyo. De hecho, se utilizó al ejército en la sangrienta represión de los mineros en Uncía en 1923, una de las primeras de entre tantas otras matanzas mineras.

Durante el periodo de los años veinte, otros miembros de la élite empezaron a adoptar lentamente posiciones no tradicionales. En 1920 se fundaron los primeros partidos socialistas locales. En 1921 se fundó un Partido Socialista de ámbito nacional que, aunque formado por un pequeño grupo de intelectuales con muy escaso apoyo obrero, empezó a plantear asuntos básicos, como el de la servidumbre indígena («pongueaje»), el reconocimiento legal de los gobiernos de las comunidades indígenas, y los derechos laborales y de la mujer. Mientras que estas ideas eran nuevas y revolucionarias en el contexto boliviano, en cambio formaban ya parte de la bien asentada y más radical tradición política marxista de los países vecinos de Bolivia, incluyendo Perú. Las famosas disidencias de los partidos socialistas marxistas latinoamericanos y el nacimiento de los movimientos comunistas en Suramérica en los años veinte, por ejemplo, no encontraron eco en Bolivia. En Bolivia no existió un partido marxista, ni siquiera moderado, hasta finales de la década de 1920, y el Partido Comunista no se estableció hasta los años cincuenta.

Gran parte de esta temprana agitación laboral estaba relacionada con la corta, pero muy intensa, depresión de comienzos de la década de 1920, que trajo como resultado la caída temporal de la producción minera y de las exportaciones de mineral (véase cuadro 4). Una vez reanudada la producción normal en 1922, la agitación laboral empezó a remitir. Por otra parte, Saavedra se percató de que el naciente movimiento obrero organizativo, aunque hubiera finalmente logrado fundar sus primeras federaciones nacionales y convocar la primera huelga general, era un apoyo demasiado débil para su régimen. Las clases medias más bajas, que por primera vez se veían apoyadas por una legislación social benigna, le apoyaron. Pero, dada su fuerte personalidad, era inevitable que los liberales y los republicanos genuinos juntaran sus fuerzas para oponerse a su régimen, y la gobernabilidad se le fue haciendo cada vez más difícil. En su búsqueda de apoyo popular, se dirigió a los mercados de capital extranjero para obtener fondos con los que promover grandes proyectos de desarrollo. Negoció un crédito bancario privado en Nueva York por un importe de 33 millones de dólares para financiar la construcción ferroviaria, obras públicas y un banco nacional. Estas habían sido también las preocupaciones características de los liberales y conservadores que le antecedieron. Pero el endeudamiento de Bolivia era ya muy alto y las condiciones del préstamo, que incluían el control directo por parte de Estados Unidos sobre los servicios tributarios bolivianos, resultaron totalmente inaceptables para la mayoría de los bolivianos. De hecho, había pocas dudas de que los negociadores bolivianos habían sido corrompidos y de que la nación, a pesar del excelente crédito de que gozaba, había sido forzada a pagar unos intereses muy altos. La oposición al llamado préstamo «Nicolás» fue inmediata e intensa.

Por si todos estos problemas fueran pocos, Saavedra también trató de resolver a la arbitraria manera de Montes el gran debate en torno a las concesiones petroleras en la región de las tierras bajas del este de Bolivia. En 1920, los republicanos habían abierto las áreas de reserva a los extranjeros, ante la probada incapacidad de los promotores bolivianos para desarrollar pozos productivos. En 1920 y 1921, algunos promotores norteamericanos se garantizaron concesiones, pero estas pequeñas compañías sirvieron de fachada para la Standard Oil Company of New Jersey, a la que, en 1921, el gobierno permitió adquirir esas concesiones, añadir otras nuevas, y fundar la Standard Oil Company of Bolivia. Dado el trato especial concedido a la Standard Oil, y la intensa oposición de la élite hacia Saavedra, las protestas fueron inevitables.

A todas las situaciones usuales de corrupción, favoritismo y dominio presidencial, Salamanca y sus seguidores más conservadores añadieron un nuevo asunto: el nacionalismo económico. La oposición a la explotación de los recursos naturales por parte de compañías extranjeras empezó tan pronto como se hizo la primera concesión petrolera. Mientras que jamás se habían producido protestas sobre concesiones mineras, y Guggenheim y otras empresas norteamericanas participaban activamente en la economía, el petróleo se convirtió en un asunto especial, y los ataques contra la Standard Oil llegaron a formar parte de la retórica nacional, tanto por parte de la derecha tradicional como por los nacientes movimientos de la izquierda boliviana.

A finales de su mandato, Saavedra luchaba desesperadamente por apaciguar a todas las facciones. Por una parte, ayudó a los propietarios mineros de Uncía a aplastar la huelga de junio de 1923, con matanzas indiscriminadas de obreros y sus familias. Por otra parte, hacia finales de 1923, llevó a cabo una revisión importante de la estructura de impuestos mineros, logrando duplicar la recaudación gubernamental sobre la producción de estaño. A primeros de 1824, Patiño, enfurecido, retiró de Bolivia la sede de su compañía minera, trasladándola a Estados Unidos y constituyendo la Patiño Mines and Enterprises, en Delaware. También hizo un préstamo de 600.000 libras al gobierno para construcciones ferroviarias, en contrapartida por la garantía de que no subirían los impuestos mineros durante los cinco años siguientes.

A pesar de todos sus intentos de controlar a su sucesor e, incluso, de prorrogar su mandato, en 1925, Saavedra se vio obligado a ceder su gobierno al candidato de su propio partido Hernando Siles, del que era adversario. El periodo siguiente fue de una mayor disidencia entre los partidos tradicionales. Enfrentado al control de Saavedra sobre el Partido Republicano, Siles creó su propia agrupación nacionalista. Apoyó el movimiento de reforma universitaria y, en 1928, los estudiantes fundaron la primera FUB (Federación Nacional de Universitarios de Bolivia). Tanto los socialistas como la FUB, aunque aún formados por pequeños grupúsculos de intelectuales, empezaban a sugerir transformaciones radicales de la sociedad y clamaban por la reforma agraria y por el fin del «feudalismo». Pedían con insistencia la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia, así como cambios en la definición de la propiedad privada, y concedieron un fuerte apoyo al naciente movimiento obrero.

Paralelamente a la evolución de la escena política hacia un escenario más complejo de ideologías de clase conflictivas, la economía boliviana empezó a deteriorarse en un grado alarmante. En el periodo 1926-1929, el gobierno se tuvo que enfrentar a crecientes déficits presupuestarios y aumentaron las dificultades para cumplir sus obligaciones deudoras internacionales. Esto ocurría precisamente en el momento en que los precios del estaño en el mercado internacional habían alcanzado su cénit e iniciaban un largo declive hacia la catástrofe de la depresión mundial. El gobierno, en un intento para afrontar la crisis, recurrió a medidas tradicionales y bastante radicales. En 1927 y 1928, con el respaldo de unos impuestos creados especialmente, se garantizaron nuevos créditos de la banca privada norteamericana. En 1928, el gobierno adoptó las reformas propuestas por la comisión norteamericana Kemerer, y estableció finalmente un Banco Central de control gubernamental para que se ocupara de todos los aspectos del suministro de moneda nacional. Hacia finales de 1928, un estallido temporal de la disputa fronteriza del Chaco con Paraguay, que presagiaba conflictos aún más graves, obligó a Siles a llamar a los reservistas y a ordenar represalias. Sin embargo, y ante el temor de que se desarrollase una guerra a gran escala, a primeros de 1929 negoció un acta de conciliación con Paraguay.

En lo político, Siles estaba demasiado cercano a los moldes tradicionales para permitir el libre juego de las fuerzas democráticas. El incidente fronterizo con Paraguay le dio la excusa para declarar un estado de sitio formal y utilizarlo para controlar a sus enemigos del interior. Esto, a su vez, tuvo el efecto de galvanizar a los liberales, republicanos genuinos y republicanos saavedristas, en un frente unido temporalmente.

Entretanto se empezaban a manifestar los efectos del deterioro de los precios del estaño en el mercado internacional. Bolivia alcanzó en 1929 su récord histórico de exportación de estaño, con 47.000 toneladas, pero a un precio que estaba por debajo del que había tenido en los primeros años de la década. Mientras que en 1927 la cotización de una tonelada había sido de 917 dólares, en 1929 bajó a 794 dólares, y todavía alcanzaría su punto más bajo en 1932, con 385 dólares la tonelada. Con la caída de los precios también vendría aparejada la de los ingresos gubernamentales, cuya base fundamental era el impuesto a la exportación de estaño. En 1929, el 37 por 100 del presupuesto gubernamental se empleaba en el pago de la deuda exterior y otro 20 por 100 en gastos militares, quedando muy poco para las estrictas necesidades gubernamentales, sin hablar ya de las obras públicas o el bienestar social.

Siles —que, como sus predecesores, justificaba sus acciones por la existencia de una crisis nacional— intentó continuar su presidencia más allá del plazo de su mandato. A mediados de 1930 anunció sus planes de obligar al Parlamento a que le reeligiera por un periodo presidencial más. Entonces cedió el gobierno a una junta militar para que supervisara su reelección formal. Pero la oposición a esta maniobra fue universal. Por primera vez en la política nacional, los estudiantes universitarios hicieron sentir su poder, provocando grandes algaradas contra el gobierno. En respuesta, el ejército se sublevó, y la junta se vio obligada a desaparecer. (En medio de los desórdenes, hubo incluso una invasión de marxistas radicales en la ciudad fronteriza sureña de Villazón. Intentaron conducir una revuelta campesina-obrera, acción que tuvo un cierto eco en el movimiento obrero urbano).

Durante los meses siguientes se fraguó un acuerdo entre todos los partidos que permitió a Salamanca vencer sin oposición en las elecciones presidenciales de enero de 1931. Sin embargo, Salamanca, que tomó posesión en marzo, era un político aún menos sensible que Saavedra, e incluso que Siles, a los nuevos cambios en los frentes estudiantil y obrero. Terrateniente rural de Cochabamba, famoso orador parlamentario, tenía, por lo demás, un estilo liberal decimonónico extremadamente violento e inflexible. Sus únicos programas inmediatos eran en gobierno honesto y unas elecciones libres, pero, hasta lemas tan vacíos de contenido como estos, los violó tan rápidamente como sus predecesores.

En 1930-1931 era evidente que el gobierno republicano oligárquico basado en la participación limitada —que ya había sido establecida por los conservadores en la década de 1880, y continuado por los liberales después de 1900— estaba empezando a desintegrarse. La depresión mundial golpeó a la economía abierta de Bolivia con una dureza sin igual. Los precios del estaño bajaron espectacularmente, cayó la producción y los ingresos gubernamentales descendieron drásticamente. Al mismo tiempo, la deuda exterior destruyó virtualmente, tanto la capacidad del gobierno para producir nuevas contribuciones no hipotecadas, como la de encontrar fondos para cubrir hasta las necesidades más elementales. También empezaba a sentirse un sutil, aunque ciertamente importante, cambio de ideología política en las clases gobernantes. La reforma estudiantil en la universidad había introducido el pensamiento marxista en los hogares de la élite blanca por vez primera en la política nacional. Los movimientos obreros empezaron a atraer la atención nacional con una actividad huelguística cada vez más importante, provocando la intervención militar en las minas a campo abierto. La única clase popular que durante este agitado periodo permaneció relativamente inactiva fue el campesinado indígena, que había estado inusualmente inquieto durante la década anterior; los levantamientos masivos, uno en Jesús de Machaca, en 1921, y otro en 1927, en Chayanta, Potosí, habían sido sofocados con gran derramamiento de sangre.

En muchos aspectos, la depresión supuso un alivio para el gobierno de Salamanca. Los despidos masivos de trabajadores obligaron a muchos mineros a volver al campo e intentar trabajar en la agricultura de subsistencia, mientras la depresión destruía muchos de los logros del débil movimiento obrero organizado. El campesinado indígena se volvió aún más pasivo conforme la gran era de la expansión de las haciendas se acercaba a su fin, al terminarse las inversiones de grandes capitales en las haciendas rurales. Por otra parte, la juventud universitaria no estaba dispuesta a desaparecer calladamente, y la depresión creó una mayor conciencia política a la que Salamanca fue incapaz de dar respuesta, salvo con la represión. Guiándose por los patrones de otros países suramericanos, el radicalismo boliviano seguía siendo débil y relativamente ingenuo y estaba una o dos generaciones desfasado en relación al desarrollo en otros países fronterizos. Pero el firme rechazo por parte de Salamanca y sus seguidores, al contrario de los republicanos de los años veinte, a escuchar sus ideas, obligó a los grupos marginales reformistas y radicales a buscar confrontaciones con el sistema político tradicional aún más violentas. A pesar de ello, estos grupos formaban todavía sólo un pequeño sector de la élite de la sociedad, y nunca hubieran sido la amenaza que más tarde supondrían, de no haberse metido Bolivia en el desastre militar más grande de su historia bajo el liderazgo de Salamanca. La guerra del Chaco iba a proporcionar la fuerza destructora crucial por la cual quedaría definitivamente desarticulado el sistema tradicional del periodo 1880-1932.

Los orígenes de la crisis prebélica hay que situarlos en el momento de la caída de los precios del estaño, que comenzó en 1927. En 1929 las reservas de estaño sin vender también iban creciendo, lo que provocó que los precios del estaño bajaran aún más. En esos tiempos, Bolivia, con la competencia de otras tres regiones productoras de estaño (Nigeria, Malasia e Indonesia), proporcionaba cerca del 80 por 100 de la producción mundial. De los cuatro, el estaño boliviano era el que tenía el grado de mineral más bajo y los costes de transporte más elevados y, por lo tanto, Bolivia era el que producía el estaño más caro. Por consiguiente fue el primer país en sentir las ondas del choque, y también le resultó imposible forzar a que los otros grandes productores recortaran la producción voluntariamente, ya que, dados los altos precios bolivianos, los otros países todavía podían obtener algunos márgenes de beneficio. En julio de 1929, y a instancias de Patiño, se fundó una Asociación de Productores de Estaño de carácter voluntario, formada por las compañías privadas que operaban en los cuatro grandes centros de producción. Esta asociación acordó establecer recortes en la producción, política que siguieron fielmente las tres compañías bolivianas más importantes a partir de 1929 y principios de 1930. Pero las compañías no bolivianas no siguieron el convenio y, para mediados de 1930, este sistema voluntario podía considerarse un fracaso.

Con unas condiciones de mercado libre intolerables y ante la imposibilidad de proceder a restricciones voluntarias, los productores decidieron, a finales de 1930, tomar la drástica medida de solicitar la participación gubernamental en el programa de control de la producción. Esto suponía un cambio rotundo en la posición beligerante tradicional de los empresarios mineros privados ante cualquier tipo de intervención gubernamental en la empresa privada. Por primera vez se asignaba al gobierno boliviano no sólo el derecho de poner impuestos a la industria, sino de controlar las cuotas de producción, y ello iba a conducir al control sobre las ventas al extranjero en las próximas décadas. Este era un acto claro de desesperación, por el cual los principales productores esperaban mantener el control directo sobre las decisiones gubernamentales que les afectaran. Pero, de la misma manera, hizo posible la primera intervención realmente enérgica del gobierno en los asuntos mineros. Aunque hubo acuerdos generales sobre cuotas, los programas de producción reducida para todas las compañías significaron que cualquiera de ellas pudiera incrementar fácil y rápidamente su producción si el gobierno cambiaba sus cuotas de mercado por decreto. Ello introdujo repentinamente una tensión especial en las relaciones entre los tres grandes propietarios de minas, y llevó sus conflictos competitivos hasta los mismos pasillos del gobierno. Los grandes propietarios comenzaron a prestar una atención considerablemente mayor al escenario político local que la que siempre habían tenido, y empezaron a apoyar a diferentes facciones dentro de la propia élite.

Dado que sólo estaban implicados tres gobiernos importantes —Bolivia, Países Bajos y Gran Bretaña—, el resultado fue que pudo llevarse adelante con éxito el sistema de producción de cuota obligatoria y, a primeros del año 1931, se inició el Programa de Control Internacional del Estaño. El 1 de marzo de 1931, sólo unos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de Salamanca, entraron en funcionamiento las cuotas y la producción boliviana se redujo drásticamente, creando una crisis económica interna masiva en la República. Aunque el programa de producción restringida redujera las reservas mundiales de estaño por vender y finalmente lograra estabilizar los precios, hasta el año 1933 la producción boliviana no logró empezar a recuperar lentamente unos niveles nada más que moderados.

La élite boliviana siguió muy de cerca todos estos cambios internacionales y la sacudida resultante para la economía local. El gobierno interino (junio de 1930-marzo de 1931) había experimentado con programas de obras públicas y apoyado totalmente todos los planes de producción de Patiño. También recortó los desembolsos presupuestarios hasta reducirlos al mínimo. Al mismo tiempo se prestó una gran atención a los diversos programas de recuperación nacional que se estaban probando en otras partes del mundo. Las propuestas más concretas, de entre todas las ofrecidas por los grupos implicados en el debate sobre la economía nacional, fueron las aportadas por los liberales. Aunque sus planteamientos fueran ortodoxos, sugerían una intervención gubernamental importante. Pero Salamanca parecía sobrepasado por el tema. Cuando se le preguntaba cuáles eran sus ideas económicas, respondía evasivamente sobre la necesidad de un gobierno honesto. Tal vaguedad de ideas hubiera podido ser aceptable en tiempos de crecimiento, con un orden social estable, pero carecía de significado en aquel contexto concreto. Como resultado de ello, su Partido Republicano Genuino sufrió una derrota total en las elecciones para el Congreso, en enero de 1931, y el nuevo Congreso cayó en manos del Partido Liberal, que ganó por mayoría absoluta. El rígido Salamanca se encontró de improviso enfrentado a un Congreso hostil y totalmente fuera de su control, con una economía que a duras penas podía entender, y una sociedad con graves malestares a los que no podía dar soluciones.

Casi inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, Salamanca empezó a tener en contra a la mayoría de los grandes grupos de la sociedad. En tanto que los gobiernos precedentes habían continuado esencialmente la política de los periodos de Saavedra y Siles, consistente en reformas moderadas y un marcado acento en el bienestar social, como resultado de la crisis, el régimen de Salamanca suponía un retorno a la más rígida ortodoxia del pasado. Salamanca también tuvo en contra a los partidos de la élite tradicional, ya que realizó un gobierno partidista a pesar de haber accedido al poder gracias al apoyo de todos los partidos.

Su primer gabinete, pese al dominio de los liberales en el Congreso y las apelaciones a un gobierno de conciliación nacional para sobrellevar la crisis económica, estuvo formado solamente por miembros del Partido Republicano Genuino. Seguidamente anunció a la sorprendida opinión pública que el factor primordial con el que se enfrentaba el país no era la crisis económica, sino el radicalismo y el comunismo. Los grupos radicales y comunistas, que habían conseguido por fin instalarse en la vida nacional durante los años veinte, formaban todavía un sector muy minoritario, incluso entre la juventud universitaria y los movimientos obreros organizados. Esta obsesión por la amenaza «roja» era algo completamente nuevo en un político tradicional. Además, Salamanca cambió radicalmente la política de su gobierno, pues en la cuestión laboral pasó de una posición moderadamente neutral hacia la de una abierta hostilidad. No sólo se opuso a una huelga de carácter nacional del Sindicato de Trabajadores del Telégrafo, sino que disolvió el sindicato, y una huelga general de solidaridad organizada por la federación del trabajo de La Paz fue reprimida a la fuerza y sus dirigentes acabaron en la cárcel. Seguidamente, el gobierno anunció que los funcionarios gubernamentales recibirían sus pagas en forma de pagarés debido al déficit presupuestario y, a finales de julio de 1931, Salamanca anunció que Bolivia dejaba de pagar su deuda externa.

Conforme la situación política y económica interior iba haciéndose más tensa, Salamanca empezaba a poner sus miras en la cuestión de la frontera del Chaco. Así, elaboró el programa de penetración militar en el Chaco más ambicioso y caro abordado jamás por un presidente boliviano. Representaba un cambio fundamental en la política nacional, al pasar de posiciones mayoritariamente defensivas a posiciones claramente ofensivas. El 1 de julio de 1931, Salamanca utilizó un nimio incidente fronterizo como pretexto para romper las relaciones diplomáticas con Paraguay. Entonces, desde su residencia presidencial durante el mes de agosto, anunció que, como consecuencia de la continuada disminución de los ingresos del Estado, se habían suprimido todos los servicios gubernamentales, para añadir a continuación que aumentarían los presupuestos militares. Al mismo tiempo proponía una política de supresión total de la actividad sindical o huelguística entre las clases trabajadoras organizadas de la nación. De esta forma, Salamanca se alineaba con posiciones extremas a la vez que limitaba todas sus opciones políticas.

En junio, Salamanca había llamado a Demetrio Canelas, líder del partido en Oruro, al Ministerio de Hacienda. Canelas rompió con la política conservadora de los meses anteriores y presionó a Salamanca sobre la necesidad de medidas económicas más radicales para combatir la crisis. Su propuesta fundamental abogaba por una solución monetaria inflacionista que estaba siendo aplicada por aquel entonces en numerosos países del mundo. Pretendía que Bolivia abandonase el patrón oro, adoptase el papel moneda inconvertible, para, entonces, aumentar el suministro de moneda en circulación. En un principio, el Partido Liberal se opuso a estos cambios, habida cuenta de su control sobre el Banco Central y el Congreso. Pero más adelante no tuvieron otro remedio que aceptarlos, al anunciar Gran Bretaña en septiembre que iba a abandonar el patrón oro. Bolivia, como parte del área de la libra esterlina, se vio obligada a hacer lo mismo, y Canelas pudo acometer sus reformas. Pero los precios empezaron a aumentar rápidamente y la posición del gobierno se hizo extremadamente impopular. Como respuesta, los liberales presionaron al gobierno y, después de una serie de agresivas interpelaciones parlamentarias a los ministros, consiguieron forzar al gobierno de Salamanca a aceptar sus posiciones. Entre éstas se incluían un pacto bipartito formal y un acuerdo de conceder a los liberales el poder de veto sobre todas las decisiones económicas.

Entonces Salamanca, frustrado en sus iniciativas y en su independencia en la esfera económica, trató de llevar a cabo sus ideas basándose en un gobierno autoritario. Con la pretensión de que existía una amenaza comunista de la que pocos líderes de partidos tradicionales parecían ser conscientes, a finales de 1931 propuso la promulgación de una ley de «defensa social». Esta ley concedía poderes extraordinarios al presidente para enfrentarse con la oposición política de izquierdas y con el movimiento obrero. La reacción a esta propuesta fue intensa, y, en enero de 1932, las manifestaciones masivas de obreros, partidos de izquierdas, estudiantes y saavedristas, obligaron finalmente al gobierno a retirar el proyecto de ley del Congreso. Al mismo tiempo, Salamanca trató una vez más de sobrepasar a la oposición liberal en el frente económico. Enfrentado con el hecho de que las rentas públicas apenas alcanzaban para pagar la mitad de los gastos básicos proyectados, propuso la emisión de un empréstito internacional. Esta medida fue rechazada por los liberales, que no sólo consiguieron la destitución del odiado Canelas del Ministerio de Hacienda, sino que, en marzo de 1932, obligaron a que Salamanca aceptara en su gabinete a tres ministros escogidos por los liberales.

A partir de ese momento, Salamanca pasaba a depender de los liberales en todas las decisiones básicas que afectaran a la economía. También tuvo que enfrentarse a la creciente oposición radical que se había creado en gran medida a raíz de su ley antihuelga y de la ley de «defensa social». De esta forma, su amargura respecto al escenario político nacional fue creciendo aún más. Pero su impotencia en la política nacional no estaba todavía contrastada en el frente internacional, y de esta forma, en aquellos amargos días de 1932, empezó a volcar sus energías hacia el Chaco. Este sí era un asunto que podía manejar, confiado en que la nación le seguiría allá donde la condujera, y en la seguridad de que ni liberales ni radicales podrían interferir en su campo de acción.

Se dedicó sistemáticamente a fortalecer al ejército a expensas de todos los demás servicios gubernamentales. También impulsó al ejército hacia un programa aún más expansivo de exploración y asentamiento en el Chaco. Tan claramente agresivas eran las intenciones bolivianas durante los primeros meses del año, que los grupos radicales empezaron a clamar por el fin de las operaciones de cariz marcadamente prebélico. Pero en este tema había una división entre el sector de los grupos estudiantiles y radicales y los partidos más tradicionales. Los saavedristas —que por aquel entonces habían pasado a llamarse Partido Socialista Republicano, y que se habían unido a la izquierda contra la ley de defensa social— apoyaron totalmente la aventura de Salamanca en el Chaco, a la vez que los liberales también le daban un apoyo sin fisuras en el rearme del ejército.

Por consiguiente, Salamanca se encontró con un fuerte apoyo del sector tradicional, y decidió llevarlo hasta sus últimas consecuencias. En mayo y junio, un encuentro entre dos divisiones del ejército produjo un choque menor en una importante laguna del Chaco. Las tropas bolivianas expulsaron a una ya aposentada fuerza paraguaya. Afirmando posteriormente que tal fuerte paraguayo no existía, el ejército boliviano renunció a soltar el nuevo puesto y empezó a construir rápidamente grandes obras de defensa de la zona para oponerse al esperado contraataque de los paraguayos. En los últimos días de junio se produjo la contraofensiva, que fue rechazada por los bolivianos. Hasta este punto, el incidente no difería mucho de docenas de otros similares, el número de tropas implicado era bastante reducido, y el conflicto limitado. El procedimiento habitual en estos casos reclamaba el inicio de una negociación; pero en este punto, Salamanca decidió romper con todos los precedentes y continuar el ataque, y hacia finales de julio empezó una guerra a gran escala.

Esta decisión de Salamanca tuvo mucho que ver con su amarga frustración en la política nacional y su temor de que la agudización de la crisis económica pudiera conducir a la anarquía social. El hecho de que en mayo el Programa de Control Internacional del Estaño adoptara la medida radical de prohibir toda producción de estaño durante los meses de julio y agosto, y de reducir la producción posterior a una tercera parte de la de 1929, significó que los recortes más extremos fueran propuestos precisamente en vísperas de las decisiones de Salamanca sobre el Chaco. Como respuesta a los dos meses de cierre y a la extremadamente desequilibrada situación comercial resultante, el gobierno tomó el control absoluto sobre todas las transacciones de oro de sus ciudadanos, y obligó también a todos los propietarios de minas a que entregaran el 65 por 100 de todas sus letras de cambio sobre moneda extranjera al Banco Central. No existen muchas dudas de que esta medida extrema del cierre de la economía de exportación nacional tuvo una importancia crucial en las decisiones que iba a tomar el gobierno en las semanas siguientes.

Hoy día no hay duda, a partir de toda la documentación que ha ido apareciendo desde la guerra, de que Salamanca y el gobierno boliviano inflaron deliberadamente de manera desmesurada un típico incidente fronterizo hasta llegar a la guerra total, para sorpresa incluso de los propios paraguayos. También es evidente que cuando se tomaron las decisiones finales fue Salamanca quien, contra el consejo por escrito de su estado mayor, llevó el conflicto más allá de cualquier posible acuerdo pacífico hacia lo que llegaría a ser la guerra más costosa para Bolivia de toda su historia republicana.

Sin embargo, la opinión popularmente aceptada casi de inmediato como la verdadera es que la guerra del Chaco fue el resultado de un conflicto básico sobre terrenos petrolíferos, entre la Standard Oil Company of New Jersey, con el apoyo de concesionarios bolivianos, y la Royal Dutch Shell, con base en Paraguay. De lo que no existe duda es de que, hacia el final de este largo y sangriento conflicto, cuando las victoriosas tropas paraguayas estaban alcanzando el límite de la región del Chaco y se aproximaban a las estribaciones de los Andes, las tierras petrolíferas constituyeron una de las mayores preocupaciones de entre todos los objetivos de guerra. Pero hasta finales de 1935, la guerra transcurrió a cientos de kilómetros de las tierras petrolíferas más cercanas. Por otra parte, después de la guerra se hizo evidente que la Standard Oil Company of New Jersey había vendido petróleo ilegalmente a Argentina, y después a Paraguay, a la vez que pretendía que de esas mismas tierras no podía producir nada para Bolivia. La causa de la guerra hay que buscarla más bien en el complejo conflicto político interior de Bolivia y en las tensiones provocadas por la depresión mundial en un sistema político frágil. Su continuación sólo puede entenderse en función del apoyo argentino a los objetivos de Paraguay. La habilidad de Argentina para evitar que se dieran pasos hacia la paz hasta el final, junto con los continuos éxitos bélicos de Paraguay, supusieron que, una vez empezada la guerra, Bolivia tuviera muy poca capacidad para detener el golpe. Con ello no se quiere quitar importancia a la creencia generalizada de que la guerra del Chaco fuera un conflicto petrolero. Los resultados de esta creencia fueron las decisiones económicas y políticas fundamentales que se tomaron en el periodo posbélico, entre las que hay que incluir la confiscación de la Standard Oil en 1937 y la creación de una compañía estatal monopolística de petróleos.

La guerra del Chaco destruyó de hecho el sistema político existente en Bolivia desde 1880. Con el fin de la guerra se produjo tanto el colapso del gobierno civil, como el de los partidos políticos tradicionales. Las ideas que anteriormente habían sido acuñadas sólo por un reducido grupo de intelectuales radicales se convertían ahora en patrimonio de gran parte de la juventud políticamente concienciada y de los ex combatientes. Este cambio fue tan peculiar, que hasta los propios bolivianos pasaron a denominar con el apelativo de «generación del Chaco» a aquellos grupos que llegaron a la madurez durante la guerra del Chaco. La cuestión indígena, la cuestión obrera, la de las tierras, y la dependencia económica de los propietarios mineros, se convirtieron en la nueva temática del debate nacional. Estas discusiones condujeron a la creación de nuevos partidos y movimientos revolucionarios durante los años finales de la década de 1930 y los de la década de 1940, y, finalmente, a la revolución de 1952.

La guerra del Chaco marcó también un viraje decisivo en la historia económica de la nación. La depresión mundial y el conflicto del Chaco resultante señalaron el fin de la expansión e incluso de la capitalización del sector de la industria minera. Tanto la producción como la productividad posteriores empezaron a declinar, en una industria que prácticamente no experimentó cambios de estructura o de modelos de inversión hasta 1952. Asimismo, en las áreas rurales, el relativo estancamiento de la economía nacional puso fin a la expansión de las haciendas, que había durado desde la década de 1880 hasta los últimos años veinte. Hacia el final de este periodo, el número de peones sin tierras probablemente se había doblado, y el número de indígenas libres comunitarios había pasado a ser considerablemente inferior al de campesinos sin tierras. Pero esta reestructuración fundamental de la economía rural terminó antes de la destrucción completa de las comunidades libres y proporcionó una fuente inagotable de conflictos en el periodo pos-Chaco al ponerse las haciendas a la defensiva.

Todo el crecimiento habido como consecuencia de la gran expansión del estaño tuvo muy poco impacto en la modernización de la sociedad en su conjunto. Se estima que ya en 1940 más de las dos terceras partes de los bolivianos estaban esencialmente fuera del mercado económico, e incluso en 1950 el número de artesanos urbanos en la economía nacional igualaba al número de trabajadores en la industria. Aunque dos tercios de la población económicamente activa estuviera relacionada con la agricultura, Bolivia seguía siendo un importador neto de productos alimentarios, incluyendo los de los cultivos tradicionales de las tierras altas. Así, mientras el despegue del estaño había afectado a la tercera parte de la población urbana e hispanoparlante, sus efectos multiplicadores tuvieron escaso impacto en la población rural, excepto, tal vez, para bajar su nivel de vida como resultado de la expansión del sistema latifundista.

Bolivia acometió la guerra del Chaco con una economía altamente tradicional, subdesarrollada y dominada por la exportación, y salió de la misma con idénticas características. Pero, de ser una de las sociedades menos movilizadas de Latinoamérica en relación con la ideología radical y la organización obrera, pasó a ser una de las más avanzadas de entre sus vecinas. Y ello fue debido a que la guerra hizo añicos los supuestos de la élite tradicional y condujo a un replanteamiento fundamental de la naturaleza de la sociedad boliviana. El resultado fue la creación de un movimiento político revolucionario que abrazó algunas de las ideas más radicales que iban a emerger en el continente. La guerra sirvió también para crear el ambiente adecuado para el desarrollo de uno de los movimientos obreros más poderosos, radicales e independientes de las Américas. Desde estas perspectivas, la guerra del Chaco, como la del Pacífico que la precedió, supuso uno de los momentos más cruciales de la historia boliviana.

Capítulo 9
LOS ORÍGENES DEL PERÚ MODERNO,
1880-1930

El año de 1879 estuvo lleno de catástrofes para los peruanos. Significó el inicio de la guerra del Pacífico, que traería innumerables penalidades, humillaciones y, finalmente, la derrota nacional. Al mismo tiempo, la destrucción general engendrada por el conflicto allanaría el camino para la modernización económica. Durante los siguientes 50 años, Perú, quintaesencia latinoamericana de sociedad «feudal», se vería impulsado hacia la economía mundial del desarrollo y sus modos de producción reformados por las demandas especiales del capitalismo industrial occidental en su etapa de expansión imperial.

El medio siglo que siguió a 1879 puede considerarse como el amanecer del Perú moderno, y está caracterizado no sólo por la rápida modernización económica, sino también por los cambios sociales y políticos. Surgieron nuevas élites a lo largo de la costa que se fueron consolidando para formar una poderosa oligarquía, cuya expresión política, el Partido Civilista, antes de final de siglo, tomaría el control del Estado[1]. Bajo su égida paternalista, y guiado por las doctrinas liberales, el laissez-faire positivista, en boga en ese momento en todo el continente, nació la que Jorge Basadre, decano de los historiadores peruanos, ha llamado «República aristocrática» (1895-1919). Para entonces, el ejército había sido reorganizado, profesionalizado y, al menos temporalmente, conducido bajo el control civil por primera vez desde la independencia. La maquinaria gubernamental, aunque no se hubiera desprendido totalmente de la tradicional «empleomanía» característica de las estructuras y formas del pasado colonial, había sido revisada, modernizada y ampliada para adaptarse mejor a las demandas y crecientes complejidades de la economía exportadora moderna. En pocas palabras, fue un periodo caracterizado por la prosperidad económica, la estabilidad política y una relativa paz social sin precedentes en la historia poscolonial del país.

Pero también fue un periodo de cambio profundo en la sociedad, del cual nacería la configuración sociopolítica del Perú contemporáneo. Con el avance gradual del capitalismo, los campesinos emigraban y se convertían en proletarios, mientras que los enclaves industriales no sólo se formaban en las ciudades, sino también en el campo. En éste, la hacienda tradicional y los sistemas mineros a pequeña escala fueron cediendo cada vez más el terreno a las modernas plantaciones agroindustriales y a los complejos mineros, todos ellos equipados con tecnología y economía de escala a fin de poder producir en forma eficiente y provechosa para los mercados extranjeros en expansión. Finalmente, de este torbellino de cambio socioeconómico, salió la formación y movilización de un movimiento obrero moderno. Su respuesta colectiva a la desarticulación económica general producida en la periferia peruana por la primera guerra mundial hizo añicos una década de relativa paz social y señaló el final de la civilista «República aristocrática».

En un sentido más amplio, sin embargo, fue la crisis económica mundial de 1929 la que finalmente puso en cuestión la eficacia de una economía orientada exclusivamente hacia la exportación. Esa economía —tan elaborada por los civilistas y ampliada hacia nuevas direcciones por las clases medias que les sucedieron durante el «oncenio» (el gobierno de once años de Augusto B. Leguía, 1919-1930)— fue sacudida hasta los cimientos por la caída mundial de los precios de las materias primas a partir de 1925, y por su colapso en 1929. A partir de ese momento fue creciendo la opinión de que la dependencia de la exportación constituía el núcleo central del eterno dilema del subdesarrollo del país. La forma de cambiar esa estructura económica y resolver ese dilema fue la base de un debate nacional, inaugurado por el gran reformador Víctor Raúl Haya de la Torre y el revolucionario José Carlos Mariátegui. La crisis mundial señaló también la entrada de las masas peruanas en el escenario político de forma sostenida y a largo plazo. Ciertos partidos políticos modernos, populistas —especialmente el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre)—, tendrían en adelante una gran influencia y configurarían el destino político de la nación.

Perú es un país cuyas configuraciones geográfica y demográfica son tan problemáticas como su economía y su política. Realmente, su geografía está tan torturada y fracturada por los Andes y su población tan dividida por razas, clases y etnias, que la integración nacional sigue siendo, todavía hoy, algo más de siglo y medio después de su independencia, una aspiración sin colmar.

Geográficamente, el país está dividido en tres regiones principales: la costa, la sierra y la selva. Una estrecha franja litoral constituye el 12 por 100 del territorio nacional. (Hoy la costa alberga alrededor del 45 por 100 de la población, aunque esto no haya sido siempre así. Es el reflejo de las grandes corrientes migratorias habidas durante la mayor parte de este siglo desde el interior, rural y atrasado, a la costa, más moderna y urbanizada). Aunque las tierras costeras sean fértiles, la escasez de lluvias, debida a las peculiaridades de la corriente Humboldt, convierte gran parte de ellas en desierto. En algunos lugares, este desierto está regado por ríos que fluyen de los Andes, de este a oeste, esculpiendo amplios y fértiles valles en los puntos de desembocadura en el Pacífico. La región de la sierra comprende tres cadenas andinas que van de norte a sur y presentan graves problemas para el transporte y la agricultura. Corazón del imperio inca, la capacidad productiva incomparable de la sierra jamás se recuperaría de la dislocación producida por la conquista española del siglo XVI. La mayoría de la población, étnicamente india y mestiza, se gana la vida a duras penas llevando una existencia marginal en haciendas aisladas y aldeas campesinas (comunidades) que producen ganado y/o trigo, maíz y patatas, con unos rendimientos extremadamente bajos. También existen yacimientos de minerales que atraen a una parte sustancial de la población hacia los enclaves urbanos. Durante este siglo, la economía de la sierra se ha ido abriendo cada vez más y articulándose con los mercados costeros y con la economía mundial. Finalmente, la selva o jungla, de gran extensión, no sólo física (constituye el 60 por 100 del territorio nacional), sino también en la imaginación de los políticos, que históricamente han soñado con sus recursos y amplitud de espacio como la panacea potencial para resolver el subdesarrollo crónico de la nación. Con sólo el 6 por 100 de la población y todavía aislada de los grandes centros de producción del país, la selva sigue siendo, como la propia integración nacional, un sueño de futuro en gran parte insatisfecho.

Si el determinismo geográfico contribuye al problema de Perú, así como a su esperanza de futuro, ciertos legados históricos, especialmente el colonialismo, han dejado una cicatriz en la conciencia nacional a la vez que conformado en gran medida el problema del subdesarrollo moderno. Las revoluciones por la independencia en la década de 1820 pusieron fin a casi 300 años de gobierno colonial español. Sin embargo, al margen del gran cambio político que lanzó a las élites criollas locales al poder, el orden colonial ha permanecido casi intacto. Como en otras partes del continente, no formaba parte de su ideología el llevar a cabo una revolución social que pudiera amenazar sus aspiraciones políticas. El libre comercio, que había motivado parcialmente las demandas de independencia, demostró ser también un arma de doble filo pues, mientras ampliaba las oportunidades comerciales de algunos sectores de comerciantes y clases terratenientes, se mostraba pernicioso para los fabricantes locales ahora obligados a competir con la afluencia de productos extranjeros. La formación de un nuevo Estado nacional estable, como el logro de independencia económica y prosperidad, resultó difícil de conseguir en la etapa poscolonial inmediata. El caudillismo desenfrenado, complicado con el regionalismo y particularismo, entorpecían la consolidación de la nueva nación. Hasta que no se produjo el espectacular boom del guano a mediados del siglo XIX —el cual, merced al aumento de las rentas públicas, permitió una expansión general del poder e influencia del Estado central—, no empezó a contemplarse como una posibilidad realista la esperanza de la unidad nacional. Sin embargo, el advenimiento de la guerra del Pacífico en 1879 rompió esta cadena de pasos hacia la consolidación nacional y hundió al país en un periodo de fragmentación y anarquía, comparable al de los primeros días de la independencia.

EL IMPACTO DE LA GUERRA: EXTERIOR E INTERIOR

La guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile en un bando, y a Perú y Bolivia en el otro, tuvo una diversidad de complejas causas. Se centró en el descubrimiento y subsiguiente competencia por la riqueza de valiosos minerales —al principio oro y plata, nitratos más adelante— en la desolada y en gran medida deshabitada región desértica de Atacama. El problema se complicó por el hecho de que esta región ya había sido mal definida y delimitada durante el periodo colonial, y las tres repúblicas surgidas en la costa oeste de Suramérica trataron de hacer valer sus derechos sobre las riquezas recién halladas. Este polvorín internacional en potencia fue activado aún más por antiguas rivalidades y antagonismos políticos derivados de un delicado equilibrio regional, así como por las interferencias e intrigas de empresarios y poderes extranjeros. Perú intentó desesperadamente, pero sin éxito, evitar una confrontación militar con su rival del sur, claramente más organizado y poderoso. Sin embargo, en última instancia no pudo renunciar a un tratado secreto de alianza con Bolivia, y el país entró en guerra a comienzos de 1879.

Conducido a una guerra para la que estaba vergonzosamente mal preparado, Perú experimentó su primer revés en el mar. El núcleo de su pequeña armada, crucial para la defensa de sus 4.800 kilómetros de costa del Pacífico, consistía en dos acorazados, el Independencia y el Huáscar. El primero de ellos encalló y se perdió en la batalla de Iquique, al comienzo de la guerra. El Huáscar, al mando del legendario Miguel Grau, logró hacer estragos en los buques y puertos enemigos durante un tiempo. Sin embargo, a finales de año, en un enfrentamiento que decidió virtualmente la suerte de Perú en la guerra, fue rodeado frente a Punta Angamos por la escuadra chilena, más numerosa y potente. En una de las batallas navales más importantes de la historia entre acorazados, el Huáscar, en clara inferioridad numérica, fue paralizado y capturado, después de infligir severos daños a una buena parte de la escuadra chilena.

Una vez obtenido el control de las rutas marinas, las fuerzas chilenas invadieron tres provincias del sur de Perú, incluyendo la de Tarapacá, muy rica en nitratos, cuyas riquezas minerales y delimitación fronteriza formaban el núcleo del conflicto internacional. El control del sur coincidió con el bloqueo de los principales puertos peruanos, desde donde partían las principales exportaciones del país (guano, nitratos y azúcar), paralizando de manera efectiva la máquina de guerra peruana por el procedimiento de vaciar las arcas del tesoro nacional. En medio de todos estos reveses, el presidente Mariano Ignacio Prado, en un acto sin precedentes en un líder nacional, abandonó el país en dirección a Europa con el poco convincente pretexto de recabar personalmente fondos en el extranjero para financiar la guerra.

A pesar de estar militar y políticamente arruinado, Perú se negó a capitular, induciendo a los chilenos a emprender la invasión de la costa norte por tierra, en septiembre de 1880. Un potente ejército de 3.000 hombres al mando del general Patrick Lynch, diseñado para «castigar» y someter al país, saqueó los valles de la región ricos en plantaciones de caña de azúcar, privando así al país del único recurso económico que le quedaba para continuar la guerra. Aun así, los peruanos no dieron su brazo a torcer, principalmente en vista de la importancia de las demandas territoriales chilenas. El derrumbamiento de la causa peruana estaba muy cerca, a comienzos del año siguiente, cuando una fuerza de invasión chilena de 25.000 hombres tomó Lima tras una sangrienta lucha. Sin embargo, cuando por fin, el 17 de enero, el ejército invasor pudo entrar en la capital, no encontró un gobierno con el que negociar la rendición.

Nicolás de Piérola, que había asumido poderes dictatoriales tras la partida de Prado a Europa y organizado la desdichada defensa de Lima, había huido hacia la sierra para intentar organizar un nuevo ejército con el que proseguir la guerra. (Piérola había sido anteriormente ministro de Hacienda, decidido anticivilista, y una figura controvertida que alcanzaría la presidencia de nuevo en 1895). Sin embargo, sus esperanzas de organizar una resistencia unificada se desvanecieron en el despertar de una lucha renovada por el poder entre facciones y caudillos rivales. En un bando, estaban los civilistas, grupo de hacendados progresistas, consignatarios del guano y banqueros, que habían adquirido poder en los primeros años de la década de 1870. Su líder, Francisco García Calderón, se desplazó rápidamente a Lima tras la huida de Piérola a la sierra, para formar un nuevo gobierno cuyo objetivo era la negociación de una paz inmediata. En el otro bando, una deshilvanada coalición de jefes militares declaradamente partidarios de continuar la resistencia se alineó primero junto a Piérola, hasta que éste fue depuesto tras una lucha por el poder, en favor de Andrés Cáceres, héroe de una victoria peruana en Tarapacá. Este bando consideró el intento de negociación de los civilistas como un acto de alta traición a la nación.

Los asuntos de la guerra y de la paz, a la vez que definían la evolución de la lucha política, tomaban también una dimensión social más inquietante. La derrota en el campo de batalla había conducido al colapso del Estado oligárquico, construido con tantas penalidades en medio siglo de independencia. Todavía más significativo era el hecho de que, ante el pueblo, la autoridad e incluso la legitimidad de las clases dirigentes que habían llevado al país a la guerra pasaron a ser cuestionadas abiertamente. Este era un grave problema en una sociedad sesgada y dividida según líneas de clase, casta y jerarquía. Tal ruptura de la autoridad, en un país con una capacidad productiva arruinada y con el espectro del hambre acechante, amenazaba a la capacidad histórica de la élite de continuar ejercitando su control y dominio unilateral sobre las masas. Esta cuestión, de no controlarse a tiempo, podía llevar a un levantamiento popular de proporciones revolucionarias.

De hecho, ya estaban empezando a aparecer manifestaciones de disolución social. En Lima, las turbas, inspiradas por los movimientos pogromo, habían atacado el barrio chino, hecho que había llegado a ser cada vez más corriente durante los periodos de tensión, dado el gran número de trabajadores culíes chinos (unos 100.000 entre 1849 y 1874) importados al país en sustitución de los esclavos negros que habían logrado su emancipación en 1854. Las mismas turbas también obligaron a algunos estratos adinerados de la ciudad a buscar refugio temporal en la embajada británica. Sin embargo, desde el punto de vista de las clases terratenientes, la situación más peligrosa se producía en las regiones rurales costeras, en las que, en algunos casos, los trabajadores de las plantaciones (culíes chinos) recibían a los ejércitos invasores como a «libertadores» o, en otros, se revolvían contra sus patronos, en orgías de asesinatos y saqueos, como ocurrió en Cañete. En realidad fue el temor a un levantamiento general por parte de estas «clases peligrosas» lo que empujó a la oligarquía civilista a pedir la paz, esperando de esta forma alistar al ejército invasor en la defensa de la propiedad y de la causa de la «ley y el orden», evitando así el caos social.

Cuando a finales de 1881 la guerra llegó a la sierra central de la mano de una fuerza expedicionaria chilena, la lucha nacional ya estaba tomando visos de transformarse en una lucha social. El campesinado indígena, largo tiempo oprimido por sus señores, empezaba a percatarse de que sus sagradas tierras comunitarias estaban amenazadas por un nuevo «opresor». Mientras la mayoría se movilizaba resueltamente para defender sus tierras de un enemigo, algunos empezaron a albergar la idea de una emancipación más completa. Para ellos, la guerra se convirtió en una lucha revolucionaria contra todos los blancos, fueran invasores chilenos o terratenientes de la élite local.

No es sorprendente que este sentimiento entre sectores de las masas indígenas influyera grandemente en el curso de la guerra, al igual que la consiguiente lucha por el poder político entre facciones rivales y caudillos. Al principio, la élite regional intentó ayudar a Cáceres a formar un ejército local de resistencia; más tarde, cambió de idea en vista de su éxito en la movilización de grandes fuerzas irregulares de guerrillas campesinas (conocidas desde el tiempo de las guerras de independencia como «montoneros»). Muchos terratenientes, no sin cierta lógica, temían que, una vez expulsados los invasores, tales fuerzas pudieran volverse contra ellos en una guerra de clase/casta. Este tipo de movilizaciones populares era muy temido tradicionalmente por la élite del corazón de los Andes, cuya clase hegemónica había sido amenazada más de una vez en el pasado por movimientos similares. De hecho, el fantasma de Túpac Amaru II —el mestizo descendiente de la casa real de los incas, que movilizó a los indios de la sierra contra las injusticias del gobierno español y fue ejecutado en 1782 en el Cuzco por las autoridades virreinales— todavía proyectaba su alargada sombra sobre la mentalidad colectiva de las clases altas de la región. En consecuencia, importantes sectores de esta clase abandonaron la resistencia nacionalista y se pasaron al colaboracionismo, en la creencia de que la negociación y el pacto con el enemigo servían mejor a sus intereses personales y de clase.

Este cambio de actitud hacia la guerra por parte de sectores de la élite de la sierra tuvo varias ramificaciones importantes. En primer lugar, dio la oportunidad al caudillo aspirante Miguel Iglesias, un hacendado de Cajamarca y antiguo seguidor de Piérola, cuya fortuna política se había eclipsado momentáneamente, de ampliar su apoyo político como paladín del partido de la paz. En agosto de 1882, hizo una proclama (Grito de Montán) en la cual, además de exponer sus ambiciones presidenciales, declaraba su voluntad de negociar con los chilenos. Esta acción, que Cáceres denunció como traición, atrajo un apoyo considerable de oficiales descontentos y de políticos y hacendados cansados de la guerra. Iglesias consiguió formar un nuevo gobierno y en 1883 negoció con éxito un tratado de paz con Chile. Por el tratado de Ancón, Perú cedió completamente a Chile la región sureña de Tarapacá, con su importante centro nitrera de Iquique. También permitió a Chile la ocupación y administración de las provincias de Tacna y Arica por un periodo de diez años, pasado el cual se decidiría la propiedad final de las mismas mediante un plebiscito.

Cáceres aceptó la paz a regañadientes, pero no las pretensiones presidenciales de Iglesias. De esta forma, mientras la guerra con el extranjero tocaba a su fin con la retirada de las fuerzas chilenas a fines de 1883, se inició una guerra civil entre Iglesias y Cáceres. Los montoneros de Cáceres en la sierra central no sólo atacaron a las fuerzas gubernamentales, sino también a aquellos elementos de la élite que resultaran sospechosos de colaboracionismo con el enemigo. En algunos lugares se apoderaron también de las tierras de las haciendas (con frecuencia reclamadas por las comunidades indígenas adyacentes) y obligaron a los hacendados y sus familias a huir para salvar la vida.

En la sierra norteña estallaron tensiones sociales similares exacerbadas por la guerra, en forma de uno de los mayores levantamientos campesinos desde Túpac Amaru II. En 1885 estalló con furia repentina la revuelta de Atusparia, a todo lo largo del Callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash. Haciendo suyos muchos de los atributos de conflicto de clases y guerra de castas, la revuelta estuvo activada por una serie de medidas fiscales del gobierno de Iglesias mal concebidas y poco meditadas. Desesperado por rellenar sus vacías arcas, el gobierno volvió a instaurar sobre el campesinado indígena, empobrecido por la guerra, el odiado tributo denominado «contribución personal de indígenas». El impuesto (dos soles por semana) se combinaba con el restablecimiento de la corvée laboral, similar a la despreciada mita de los tiempos coloniales. Atusparia, respetado curaca indígena, que apoyaba a la facción de Cáceres en la continuación de la guerra civil, se negó a cumplir las nuevas medidas y, tras escaparse de su detención, formó un ejército campesino que tomó y defendió Huarás, la capital del departamento, durante varias semanas. Posteriormente, las tropas gubernamentales reconquistaron la ciudad y reprimieron ferozmente la rebelión.

Tales incidentes de levantamientos masivos, junto con el hundimiento de la moral nacional por la frustración y descontento posbélicos, debilitaron seriamente el ya precario gobierno de Iglesias. Desprovisto de fondos, y cada vez más identificado por el astuto Cáceres con la derrota nacional, Iglesias capituló finalmente en diciembre de 1885 ante la guerrilla de Cáceres, que estaba a punto de conquistar Lima. Cuatro meses más tarde, Cáceres, sin oposición alguna, fue abrumadoramente elegido presidente.

El nuevo presidente se encontró con el hercúleo trabajo de la reconstrucción nacional. El país estaba económicamente postrado, como puede discernirse por la brusca caída del presupuesto nacional, que bajó de 74 millones de pesos antes de la guerra hasta niveles que oscilaron entre 1 y 13 millones de pesos en la década de posguerra. Todas las clases sociales estaban, en mayor o menor grado, pauperizadas. En el cuadro se pueden ver las cifras que arrojó un intento de cuantificación de las dimensiones de esta tragedia humana, superficial y poco sistemático, aunque revelador, realizado por un autor contemporáneo[2].

| 1870 | 1894
Millonarios | 18 |
Ricos | 11.587 | 1.725
Acomodados | 22.148 | 2.000
Mendigos |  | 500.000
Obreros | 1.236.000 | 345.000

Este empobrecimiento de la posguerra, además de inducir a una marcada proclividad hacia la violencia en el estamento político, produjo algunos cambios importantes en la composición de los antiguos grupos gobernantes, cuya tenencia de tierras había formado la base del poder durante la etapa prebélica del guano. Muchos miembros de esta élite terrateniente quedaron súbitamente arruinados por la guerra, empezando para ellos un periodo de rápido eclipse político y social. En los años siguientes iban a ser reemplazados por un nuevo y pujante grupo de empresarios, en especial a lo largo de las ricas costas agrícolas central y norteña, cuya mentalidad estaba más a tono con la nueva etapa capitalista. Éstos, finalmente, formarían el núcleo de una nueva clase burguesa dirigente la cual, juntamente con el capital internacional, constituirían la punta de lanza de la recuperación económica del país.

Conforme la prolongada crisis política y social posbélica del país empezaba finalmente a amainar, después de que Cáceres estableciera lo que iba a ser una década de dictadura militar (1886-1895), los peruanos comenzaron a debatir no sólo el curso futuro de la reconstrucción, sino también cuál había sido la causa primordial del desastre nacional. Atrapados en un sentimiento general de frustración nacional, introspección y autocrítica, miembros de la intelectualidad se preguntaban qué era lo que había ido mal en un país que, sólo una generación antes, parecía estar en el umbral del progreso y del desarrollo nacional. Aunque hubiera respuestas para todos los gustos, había una coincidencia de opiniones que enfatizaba la grave fragmentación étnica, cultural, geográfica y racial que había asolado el país desde la independencia. Había que encontrar vías para sobrepasar no sólo la enorme separación geográfica existente entre la sierra y la costa, sino también el hueco abierto entre el «mundo feudal» del campesinado indígena y el más «moderno» de la sociedad criolla. La tarea de construcción de una nación-Estado fuerte y moderna era fundamental, argumentaban muchos, si se quería evitar la repetición de la experiencia chilena en el futuro.

Quizás el crítico más notable de este periodo, aunque estuviera decididamente al margen de la corriente intelectual de su clase, fuera Manuel González Prada (1848-1918)[3]. Alternativamente influido por corrientes filosóficas tan diversas como el positivismo, el romanticismo, el socialismo o el anarquismo, González Prada no fue tanto un pensador sistemático como una crítica punzante de todo lo que se consideraba sacrosanto en la sociedad peruana. Algo parecido a un Voltaire latinoamericano que sentía una profunda y personal humillación por la forma como Perú había perdido la guerra, arremetió contra la corrupción y las injusticias del orden existente. Sus ataques moralistas pusieron realmente en cuestión por primera vez la verdadera legitimidad de la clase dirigente peruana. Criticó sin descanso a los jefes del ejército, a los terratenientes y al clero —en suma, a los gobernantes del país— por su incapacidad efectiva para organizar y dirigir la nación. En efecto, les culpabilizó de la derrota, acusándoles de colocar sus intereses personales y de clase por encima de los de la patria. Además, es disparatado, argumentaba, suponer que la integración nacional pueda convertirse en realidad sin una revolución social que libere por fin a las masas indígenas oprimidas que forman el verdadero núcleo de la incipiente nación peruana. Hasta que no fueran liberadas de las garras explotadoras de las élites terratenientes, la unidad nacional no sería otra cosa que un sueño vacío de contenido. Aunque condenado al ostracismo por muchos de sus contemporáneos, la estridente pero aguda voz crítica de González Prada iba a tener, sin embargo, una influencia profunda en las generaciones futuras, que le convertirían, en muchos aspectos, en el padre del nacionalismo peruano moderno.

Los puntos de vista de González Prada fueron considerados amenazadores y peligrosos por la renaciente élite civilista del país. En consecuencia, muy pronto fue etiquetado como extremista rabioso, renegado de su clase, y marginado sumariamente del debate sobre la reconstrucción. Esta tarea se confió a la nueva generación de intelectuales civilistas progresistas, muchos de los cuales impartían clases en la venerable Universidad de San Marcos. Durante las dos décadas siguientes, los miembros de este grupo, que escribían en los principales diarios y revistas y ocupaban regularmente puestos gubernamentales, se convertirían en los arquitectos de la reconstrucción de la posguerra y de la modernización de Perú. Todos ellos estaban influidos de una u otra forma por el positivismo, en cuyas doctrinas de ciencia y racionalismo, orden y progreso, descubrieron el vehículo ideológico perfecto sobre el que basar la rehabilitación nacional. Muchos de ellos eran racionalistas, materialistas y utilitaristas en la tradición positivista, moderadamente anticlericales, fuertemente contrarios a las tradiciones hispánicas «feudales» de la colonia y defensores de la «modernización» nacional. Para ellos, la modernización era el sinónimo de industrialización, democracia representativa limitada, enseñanza técnica y científica, y un modo de pensar no escolástico y a la vez no idealista. No compartían la crítica de José Enrique Rodó en Ariel (Montevideo, 1900) a las ascendentes naciones burguesas occidentales, y en especial a Estados Unidos. Al contrario, se proclamaban admiradores de Estados Unidos y deseaban emular su éxito en la consecución del desarrollo material y la democracia política.

Dos de los exponentes civilistas más representativos del positivismo fueron Federico García Calderón, miembro de una destacada familia terrateniente y antiguo presidente durante la ocupación chilena, y Manuel Vicente Villarán, que procedía de una distinguida familia de abogados limeños. García Calderón, aunque desterrado a la relativamente joven edad de 30 años y que nunca llegara a actuar realmente como un miembro de la élite civilista, fue el que mejor reflejó y articuló la naciente ideología de su clase y de su generación. Autor de muchos libros, tanto sobre filosofía occidental como sobre la sociedad latinoamericana, su principal obra sobre Perú, Le Pérou contemporain (1907), fue editada, reveladoramente, en París, principal punto de referencia cultural de la élite criolla occidentalizada del país. En esta obra, y en un volumen sobre Latinoamérica compañero de la misma, publicado también en París siete años más tarde[4], habló sobre la necesidad de un liderazgo fuerte para Perú llevado a cabo por una oligarquía culta, unida y progresista, y guiado, si fuera preciso, por un líder fuerte, lo que el venezolano Vallenilla Lanz llamaría un «César democrático»[5]. Esta élite debía capitalizar la economía, centralizar y modernizar el Estado, e incorporar gradualmente las masas campesinas indígenas a la noción por medio de un sistema de enseñanza universal. Villarán, abogado en ejercicio e importante ideólogo del Partido Civilista, complementó esta ideología enfatizando la necesidad de una reforma educativa. Altamente crítico de las anticuadas tradiciones escolásticas del país, Villarán exhortaba a la adopción de un plan de estudios utilitarista que produjera más ingenieros que abogados para servir mejor al capitalismo naciente[6].

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y REFORMA DEL ESTADO OLIGÁRQUICO LIBERAL

El primer paso tangible hacia la recuperación, y que en la praxis reflejaba claramente la ideología positivista, fue el llamado contrato Grace. Los consejeros de Cáceres sabían demasiado bien que para la reconstrucción posbélica de Perú, que había dejado de pagar su deuda externa en 1876 y que ahora había perdido sus dos bienes de financiación más importantes, el guano y los nitratos, había que recuperar el acceso a los mercados de capital occidentales. La oportunidad de alcanzar esta meta se presentó en 1886, en forma de una propuesta de Michael Grace —inmigrante, fundador de la Grace and Company, casa comercial que desarrolló el comercio de la costa occidental— para cancelar la deuda nacional de Perú, a cambio de la concesión de la explotación de los ferrocarriles peruanos, con el compromiso de su expansión y modernización, a los accionistas extranjeros por un periodo de 75 años. Tal propuesta de largo alcance, que no sólo suscitaba la delicada cuestión de la soberanía nacional sino también la del modelo de desarrollo económico de Perú, estaba destinada a provocar amplios debates y controversias. Por lo tanto, Cáceres formó una comisión a alto nivel formada por destacados civilistas (que se habían aliado con el Partido Constitucionalista de Cáceres en el poder) para estudiar la propuesta y hacer recomendaciones al gobierno. La comisión aprobó con entusiasmo el plan, considerándolo como una base para las relaciones económicas futuras del país con las naciones metropolitanas occidentales. Según la comisión, el contrato Grace sanearía las finanzas del país, a la vez que serviría para reavivar el comercio internacional peruano y para atraer las inversiones de capital necesarias, tecnología y mano de obra del extranjero, para estimular la recuperación económica, el progreso y la prosperidad. Conocedor de que esta estrategia de desarrollo era la que ya estaba alimentando un profundo avance económico en los países del sur, Argentina y Chile, el gobierno de Cáceres apoyó el contrato, tras algunas modificaciones, a través de un recalcitrante Congreso, en 1889. El contrato definitivo cedió la explotación de los ferrocarriles peruanos durante un periodo de 66 años, así como la libre navegación por el lago Titicaca, y hasta tres millones de toneladas de guano, a una sociedad de accionistas (la Peruvian Corporation of London), a cambio de la cancelación de toda la deuda externa y de un pago anual de 80.000 libras durante 33 años[7]. Mientras que el contrato Grace, reforzado por una vigorosa recuperación en la producción de plata (33 millones de dólares en 1895), ponía los cimientos para la reconstrucción capitalista, la contienda política, precipitada por la sucesión presidencial de 1890, amenazaba una vez más la estabilidad interna. Cáceres, contra los deseos de sus aliados civilistas que reclamaban el retorno a un gobierno civil presidido por su propio candidato, impuso como sucesor a un subordinado leal, el coronel Remigio Morales Bermúdez. Sin la presencia de los civilistas, y con un Cáceres como foco real del poder en la sombra, el nuevo régimen asumió un carácter decididamente militar.

Esto preparó la escena para el resurgimiento de Piérola, que volvió del exilio para organizar lo que llegó a denominarse la «revolución de 1895». Piérola pertenecía a una aristocrática, aunque empobrecida, familia ultracatólica sureña de Arequipa que albergaba ambiciones presidenciales desde antiguo. Como joven ministro de Hacienda en 1869, Piérola había ideado el histórico traspaso de la comercialización del guano de los consignatarios nacionales al extranjero Auguste Dreyfus. Esta audaz intervención le granjeó el odio eterno de la rica oligarquía civilista del guano, que logró apartarle del poder hasta la guerra con Chile. Posteriormente, su impulsiva, atrevida y carismática personalidad le lanzaron por breve tiempo a la presidencia durante la guerra, y jugó un papel predominante en las luchas políticas durante las siguientes guerras civiles.

Bajo la ascensión al poder de Piérola en la década de 1890 subyace una verdadera, aunque dispar, base de apoyo y programa político. El Partido Democrático que fundó en 1889 era esencialmente antimilitarista, favorable a la Iglesia, antiliberal (aunque no necesariamente anticapitalista) y ostensiblemente nacionalista. Estaba apoyado, por arriba, en un poderoso grupo de ricos terratenientes sureños, por la jerarquía eclesiástica y por elementos de las antiguas clases medias muy orgullosos y protectores de sus tradiciones hispánicas y católicas. Sin embargo, lo que dio al partido y a su líder su creciente seguimiento popular fue la crisis monetaria de los primeros años de la década de 1890 que llevó el sello de convulsiones económicas generalizadas. La recuperación económica de Perú, uno de los mayores productores mundiales de plata, se vio interrumpida por el abandono general de la plata y la adopción del patrón oro en todo el mundo. La constante depreciación de la moneda de plata peruana provocó dificultades y penalidades considerables entre los artesanos y trabajadores urbanos a los que Piérola logró movilizar en su búsqueda del poder.

En una típica mañana brumosa de marzo de 1895, Piérola entró en Lima al mando de varios miles de jinetes de tropas irregulares. Tras dos sangrientas jornadas de lucha callejera con miles de heridos por ambos bandos, Piérola logró la rendición de Cáceres y ocupó el palacio presidencial. Unos meses más tarde, en vísperas de las elecciones nacionales, Piérola accedió a la formación de una alianza histórica con sus antiguos enemigos, los civilistas. Al contrario que Cáceres, Piérola comprendió que sin el apoyo de la oligarquía civilista era imposible gobernar. Por su parte, los civilistas dejaron a un lado sus eternas antipatías personales hacia Piérola. En cierto modo, ambos partidos no estaban tan alejados en sus ideas sobre la recuperación económica. Al fin y al cabo, Piérola venía a representar la imagen clásica del «hombre a caballo», del caudillo carismático capaz de mantener la pax Andina, la paz y el orden tan caros al positivismo civilista. De esta forma, el camino quedó despejado para la elección de Piérola en 1895, que iba a marcar el inicio de una nueva era en la política peruana. En efecto, una vez en el poder, Piérola pudo gobernar con un amplio consenso, caso muy raro en la historia del país. Esto le permitió abordar numerosas reformas importantes, muchas de las cuales contribuyeron a reforzar el crecimiento de la recuperación económica basada en la exportación.

Como primer civil en la presidencia en una generación, Piérola aspiraba a restaurar la legitimidad y el prestigio de un gobierno civil y a reducir la importancia militar en los asuntos políticos nacionales. Dada la significación histórica del ejército durante el último siglo, esa tarea no iba a ser fácil. Desde la independencia, el ejército peruano había sido la única institución relativamente unida y coherente en un Estado extremadamente fragmentado y desarticulado. Se ha llegado a decir que el ejército fue en realidad el Estado durante el siglo XIX[8]. La guerra con Chile contribuyó aún más a fortalecer las posiciones de las fuerzas armadas, reforzando su peso político en los asuntos nacionales.

Piérola era profundamente consciente del problema. Desde su punto de vista, el caudillismo militar agresivo y el golpismo habían desbaratado los normales procesos constitucionales de gobierno durante demasiado tiempo. Lo que se precisaba era una profunda reforma de las fuerzas armadas, no sólo para darles una base técnicamente más eficaz y moderna, sino para despolitizarlas y subordinarlas al control del Estado civil.

Para cumplir este objetivo, lo primero que hizo Piérola fue reducir drásticamente las fuerzas armadas regulares y su cuota del presupuesto nacional, obligando a jubilarse o licenciando a numerosos oficiales leales al derrotado Cáceres. Posteriormente encargó a una comisión francesa la revisión y reorganización de toda la estructura militar. Se construyó una nueva academia militar en Chorrillos, en las afueras de Lima, para crear un cuerpo de oficiales con una mejor educación y competencia técnica. En Chorrillos, los franceses procedieron a inculcar una nueva ética profesional a sus graduados, basada en sus propias concepciones elitistas de las fuerzas armadas francesas. La esencial y única misión de los militares sería el sagrado ideal de protección de la patria. En el futuro, las nuevas generaciones de oficiales deberían considerar su intromisión en asuntos políticos como inapropiada. Su elevada y patriótica misión en defensa de la madre patria estaba por encima de las vulgares y sórdidas preocupaciones políticas. Sin embargo, tales esfuerzos por infundir unas actitudes más profesionales, aunque tuvieran éxito a corto plazo, estaban destinadas al fracaso a largo plazo. La tendencia histórica de las fuerzas armadas a intervenir en política como guardianes de los intereses de las élites contra las amenazas procedentes de abajo, iba a reaparecer nuevamente en 1914, 1919 y 1929, para convertirse, una vez más, en «endémica».

A pesar de ello, Piérola tuvo un mayor éxito en cambiar las fuerzas armadas en otros aspectos. En 1898 se inició el servicio militar obligatorio y, con él, la expansión gradual de las fuerzas armadas, cuyo tamaño llegó a ser de más del triple en menos de diez años. Además se mejoraron los salarios y los méritos sustituyeron al linaje en los ascensos de los oficiales en el escalafón. Esta circunstancia tuvo como resultado la movilidad y apertura a las nuevas clases medias, que poco a poco se fueron adueñando del estamento militar y, por consiguiente, contribuyeron a cambiar su carácter. Con el tiempo, hasta algunos elementos excepcionales de las masas podrían aspirar a seguir la carrera de oficial. Conforme avanzaba el siglo XX, los militares se fueron convirtiendo en un importante vehículo de movilidad en una sociedad calcificada desde antiguo en divisiones de clases.

Paradójicamente, en su política fiscal y económica, Piérola se manifestó tanto como un capitalista civilista modernizador, como un católico, hispanófilo tradicionalista. Se dedicó rápidamente a la reforma de los anticuados mecanismos del Estado para que se adaptara y pudiera promover mejor la recuperación económica. El sistema tributario, por ejemplo, fue reorganizado completamente. Los derechos arancelarios sobre la exportación de productos clave, como el azúcar y el algodón, fueron suprimidos, a la vez que se elevaron gradualmente las tarifas sobre las importaciones que no fueran de maquinaria, con el fin de estimular industrias nacientes como la textil. Al mismo tiempo, la contribución personal de los indígenas, el impuesto que causó tantos abusos e injusticias en el pasado, fue por fin suprimida, así como la vieja práctica española del impuesto agrícola. Se creó una nueva corporación privada, que posteriormente se nacionalizó como empresa estatal, para mejorar la eficacia y rendimiento de la recaudación de impuestos. También se revisaron la banca y el sistema monetario. Se adoptó el patrón oro, lo que no sólo favoreció a los exportadores de la costa (aliados civilistas de Piérola), sino que también incrementó los ingresos estatales procedentes de las exportaciones. Piérola, con el fin de promover la recuperación económica, creó el Ministerio de Desarrollo, cuya labor se vio favorecida por la formación de numerosas asociaciones profesionales, las más importantes de las cuales fueron la Sociedad Nacional Agraria (1896), la Sociedad Nacional de Minería (1896) y la Sociedad Nacional de Industrias (1895). Una de las primeras actuaciones que emprendió el nuevo ministerio fue la de revisar las anacrónicas leyes que regían el comercio y la minería, algunas de las cuales databan de las reformas borbónicas del siglo XVIII.

Sin embargo, para la gran masa de la población, Piérola hizo aparentemente muy pocas cosas. En este sentido, el destacado historiador peruano Jorge Basadre ha sugerido que Piérola perdió una excelente oportunidad, y posiblemente la última, de integrar a las clases populares en la estructura del proceso político de la nación. Esto se explica parcialmente por la mentalidad aristocrática y profundamente elitista de Piérola. Al igual que los señores del Perú colonial, asumió la actitud paternalista del padre protector ante sus hijos, el pueblo. «Cuando la gente está en peligro —gustaba de decir— viene a mí»[9]. Cualquier cambio estructural en la condición tradicional de las masas o de su relación histórica con las clases dominantes, estaba claramente más allá de la competencia de Piérola.

FIGURA 1
Exportaciones peruanas, 1830-1930: valor y valor del dólar (1900 = 100)

FUENTE: Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, Peru 1890-1977: growth and policy in an open economy, Londres, 1978, p. 5.

Fue Piérola, sin embargo, quien inauguró la «República aristocrática» (1895-1919), un periodo de estabilidad política y progreso económico sin precedentes en la historia moderna del país. Los albores de esta nueva era burguesa fueron el resultado de la recuperación económica de las exportaciones, especialmente a partir de los últimos años de la década de 1890 (véase fig. 1), en los que empezaron a notarse los efectos completos del impacto del contrato Grace y de la filosofía positivista de la naciente oligarquía civilista. En un sentido más amplio, esto representó la respuesta local a la expansión capitalista de los centros metropolitanos durante la segunda revolución industrial. En su búsqueda de materias primas con las que alimentar este avance y como salida para los excedentes de capital invertido y de productos manufacturados, los países industrializados hallaron en la quebrantada economía peruana un campo de operaciones particularmente atractivo y vulnerable. Dado que su anticuada y arcaica capacidad productiva había resultado ampliamente dañada por la guerra, la reconstrucción podía fácilmente ajustarse a las demandas de la metrópoli con los requisitos capitalistas de la nueva era.

En el periodo que siguió a la independencia, los británicos habían ganado rápidamente una posición sobresaliente en la economía de Perú. Durante el subsiguiente medio siglo, o más, el grueso de las exportaciones peruanas, principalmente guano, nitrato y lanas, fue enviado a Gran Bretaña, a cambio de tejidos y otros productos manufacturados. En efecto, Inglaterra había pasado a sustituir a España, al menos económicamente, como poder «colonial» hegemónico en Perú. Sin embargo, en el siglo XX, el capital norteamericano empezó a desafiar y erosionar seriamente la preeminencia económica británica en Perú. Las importaciones norteamericanas, por ejemplo, crecieron desde el 7 por 100 de las importaciones totales del país en 1892, hasta casi el 30 por 100 en 1913, subieron a más del 60 por 100 durante la primera guerra mundial, y finalmente se estabilizaron en torno al 40 por 100 a finales de la década de 1920 (véase fig. 2). Las inversiones privadas directas de Estados Unidos crecieron desde los 7 millones de dólares en 1897 hasta los 23 millones de dólares en 1908, subiendo hasta los 110 millones de dólares en 1919 y los 140 millones en 1924. Además, con la apertura del canal de Panamá, Estados Unidos alcanzó y superó a Gran Bretaña como mercado para las exportaciones peruanas (véase fig. 3). Durante el primer cuarto del siglo XX, Perú estuvo situado firmemente entre los cuatro o cinco primeros países latinoamericanos en cuanto a recepción de inversiones norteamericanas, teniendo por delante nada más que a México, Cuba y alternativamente a Colombia (1897), Chile (1908, 1914 y 1924) y Venezuela (1924). Comparativamente, conforme crecía el nivel de inversión de Estados Unidos en Perú de forma constante, fue decreciendo el capital británico. En 1880 estuvo situado en 181 millones de dólares, en 1890 bajó a 95 millones de dólares, y en 1928 experimentó una crecida hasta 131 millones de dólares antes de iniciar su descenso continuo definitivo.

Este cambio de preeminencia británica a norteamericana en Perú estuvo también acompañado por un cambio en el tipo de penetración capitalista en el país. Durante la fase comercial o mercantil, el capital británico y cierto capital norteamericano actuaron primordialmente como agentes acomodadores o «intermediarios» entre la economía peruana, rica en recursos naturales, y el mercado internacional. Dinamizaron de forma efectiva a la economía peruana proporcionando a los productores peruanos —plantadores, hacendados y mineros— los mecanismos financieros y de mercado tan necesarios para estimular la producción y la comercialización de sus productos. Hacia finales de siglo, casas comerciales extranjeras tales como la Graham Rowe (azúcar), la Anthony Gibbs (lana), la Duncan Fox (algodón) y la Grace Brothers (mercaderías y consignación) articularon el desarrollo de las relaciones de Perú con el mercado metropolitano. En el siglo XX, sin embargo, el capital norteamericano empezó a penetrar en las fases de producción. Ello ocurrió principalmente en el sector minero, pero se transmitió asimismo a otros sectores de la economía (por ejemplo, el azúcar) en diversos grados. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, grandes compañías norteamericanas empezaron a captar y monopolizar áreas de producción en el sector de la exportación que anteriormente habían estado reservadas exclusivamente a los empresarios peruanos.

FIGURA 2
Porcentaje de las importaciones peruanas procedentes de Estados Unidos, 1891-1930

FUENTE: William Bollinger, «The rise of United States influence on the Peruvian economy, 1869-1921» (tesis de master inédita), Universidad de California, Los Ángeles, 1972, p. 18.

FIGURA 3
Porcentaje de las importaciones peruanas a Estados Unidos y Gran Bretaña, 1891-1930. Las exportaciones peruanas a Gran Bretaña aumentaron en términos absolutos. El gráfico refleja su descenso relativo frente a las exportaciones peruanas a Estados Unidos.

FUENTE: Bollinger, «The rise of United States influence», p. 21.

La industria minera, debido principalmente a la necesidad de capital intensivo y a su dependencia tecnológica, se convirtió en el ejemplo clásico de desplazamiento nacional y toma de poder extranjero. La minería, en estado de decadencia desde la independencia, siguiendo el boom de la construcción de ferrocarriles de la etapa del guano, había hecho una enérgica reaparición. Estimulada por empresarios nativos, la recuperación continuó después de la guerra del Pacífico y las subsiguientes guerras civiles, con la ayuda de la prosecución de la construcción ferroviaria hacia las ricas zonas cupríferas de la sierra central por parte de la Peruvian Corporation, en especial hasta Casapalca en 1892, y La Oroya, en 1893. La producción peruana de cobre (véase fig. 4), estimulada por la continua subida de precios en el mercado mundial desde 1895, se elevó entre 1897 y 1903 hasta las 10.000 toneladas por año. No obstante, ya en 1901, y ayudado por un nuevo código minero, empezó un periodo de intensas transferencias, reorganización y absorción de la industria nacional por parte de empresas extranjeras, que culminó en la adquisición por parte de un sindicato norteamericano de las extensas minas de Cerro de Pasco. En los años siguientes, la compañía construyó una línea que conectaba sus yacimientos con La Oroya y una planta de fabricación en Tinyahuarco. Estas tendencias fueron seguidas paralelamente por la explotación, que empezó en 1896, de los yacimientos de Casapalca por parte de la norteamericana Backus and Johnston que, juntamente con Cerro, hacia la primera guerra mundial llegó a controlar el 92 por 100 de la producción de cobre de Perú.

Hay que mencionar otros dos ejemplos de la penetración extranjera en el sector minero. Los terrenos petrolíferos situados en las haciendas La Brea y Pariñas del departamento de Piura fueron explotados por la London and Pacific Petroleum Company, que posteriormente fue vendida a la Standard Oil, constituyendo la International Petroleum Company en 1913. La producción y exportación de petróleo continuó creciendo posteriormente (véase fig. 5), llegando a contabilizar el 10 por 100 de las exportaciones totales peruanas en 1915 y nada menos que el 30 por 100 en 1930.

Entre 1892 y 1910 se produjo una intervención mucho más devastadora, desde el punto de vista de la población nativa, en la región del Amazonas, al estallar un repentino boom en la extracción del caucho que llevó momentáneamente sus exportaciones hasta el 30 por 100 del total. Se amasaron fortunas impresionantes de la noche a la mañana por parte de unos pocos, con un coste de miles de muertos entre la mano de obra indígena que fue empleada cruelmente en la producción, por exceso de trabajo, la malnutrición y las enfermedades. Sin embargo, ese boom se colapso tan pronto como había empezado cuando los ingleses encaminaron la producción hacia la India y Ceilán, lugares en que el cultivo de plantación se manifestó más eficaz y rentable.

Los extranjeros jugaron también un papel importante en la reorganización y dinamización de la agricultura costera orientada hacia la exportación. Las plantaciones de caña de azúcar habían sido desde la etapa colonial un rasgo característico de la agricultura costera desde Lima hacia el norte. Sin embargo, esta región estaba también dotada de pequeñas comunidades agrícolas, muchas de ellas vestigios de anteriores sistemas precolombinos, así como de haciendas de tamaño medio, pobremente capitalizadas y rudimentariamente mecanizadas, vinculadas débilmente y a menudo de forma precaria con los mercados locales.

FIGURA 4
Producción peruana de cobre, 1903-1935.
Existe una diferencia entre las cifras de Cerro de Pasco para 1906-1921 y las de 1920-1935; las segundas incluyen mineral comprado a otros mineros, que era entonces fundido y exportado por Cerro como parte de su producción total. La razón del dramático aumento en el porcentaje total de la producción de cobre peruano controlado por Cerro entre 1922 y 1923 fue la inauguración en 1922 en La Oroya de la capacidad de fundición de 2.500 toneladas mínimas diarias, lo cual hizo que los hornos de la mayoría de otras firmas quedaran obsoletos.

FUENTE: Bollinger, «The rise of United States influence», p. 43.

FIGURA 5
Producción peruana de petróleo crudo, 1885-1930

FUENTE: Thorp y Bertram, Peru 1890-1977, p. 97.

FIGURA 6
Exportaciones peruanas de azúcar, 1897-1940

FUENTE: Peter F. Klarén, Modernization, dislocation and Aprismo: origins of the Peruvian Aprista party, 1870-1932, Austin, Texas, p. 13.

Hacia mediados del siglo XIX, una serie de cambios económicos, tecnológicos y políticos —y entre ellos, la llegada del vapor transoceánico de bajo coste, la acumulación de capital procedente del boom del guano, la abolición de la esclavitud y la importación de mano de obra china contratada, y la desamortización de tierras de la Iglesia— propició la puesta en funcionamiento de un proceso a largo plazo de monocultivos para la exportación del azúcar. Este proceso llevaba consigo una concentración y monopolización de tierras a expensas de las propiedades más pequeñas, la especialización de las cosechas y su mecanización, y la proletarización gradual de la mano de obra; en pocas palabras, la construcción de un moderno sector agrícola de monocultivos a gran escala. Aunque las guerras interrumpieran este proceso, resurgió con mayor intensidad si cabe durante la reconstrucción posterior[10].

FIGURA 7
Producción peruana de algodón, 1880-1930

FUENTE: Thorp y Bertram, Peru 1890-1977, p. 55.

La caña de azúcar fue el principal cultivo comercial implicado en esta transformación, y su producción siguió la tendencia alcista de los precios de los mercados internacionales (véase fig. 6). Sin embargo, las plantaciones de algodón también hicieron su aparición en la agricultura comercial costera, tan pronto como la demanda inducida por la escasez creada por la guerra civil norteamericana así lo exigió. Sin embargo, no alcanzarían la significación del azúcar en la economía hasta el cambio de siglo, y especialmente a partir de la primera guerra mundial (véase fig. 7). Los plantadores peruanos tuvieron una respuesta rápida a los aumentos de precios en el mercado internacional. No sólo se extendió rápidamente el cultivo, sino que una nueva fibra, mayor y más resistente, la desarrollada por el plantador Fermín Tangüis, aumentó espectacularmente la producción. La producción algodonera se concentraba en los valles costeros al sur de Lima, principalmente en los departamentos de Lima e lea. En ellos, aunque las haciendas crecieran moderadamente en tamaño, persistía el sistema de aparcería (llamado «yanaconaje» en la costa). Sin embargo, el boom algodonero del siglo XX convirtió tales disposiciones en anacrónicas. Los yanaconas fueron eliminados y expulsados de las haciendas algodoneras conforme se afianzaban las economías de escala y se podía disponer de un suministro excelente de mano de obra temporera (inmigrantes llamados «enganchados» procedentes de las comunidades indígenas de la sierra). Aunque el algodón nunca llegara a alcanzar el nivel de producción, concentración o sofisticación tecnológica del azúcar, proporcionó la base financiera de varias familias oligárquicas importantes, incluyendo a los Graña, los Mújica y los Beltrán.

La modernización en la industria azucarera, que se concentraba en el norte, fue conducida por un grupo de decididos inmigrantes (los italianos Larco, el irlandés Grace y los alemanes Gildemeister), algunos de los cuales, como peruanos de segunda o tercera generación, estaban en vías de destacar social y políticamente entre las filas de la élite del país. A ellos se juntaron algunos peruanos progresistas, a menudo educados en el extranjero, tales como los Aspíllaga, Chopitea, Pardo, el advenedizo Leguía, y más tarde De la Piedra, plantadores que habían asimilado en el extranjero las concepciones fundamentales de la agricultura moderna, científica y capitalista. Aunque la producción agrícola, al contrario de la minera, generalmente permanecía en manos nacionales o de inmigrantes (de segunda generación) nacionalizados, sin embargo la financiación y comercialización continuaban siendo controladas por las antiguas casas comerciales extranjeras (Grace, Graham Rowe, Gildemeister, etc.).

Los inmigrantes extranjeros jugaron también un papel significativo en otros sectores de la economía «moderna». El censo de 1908, por ejemplo, reveló que casi el 10 por 100 de la población de Lima (16.649 personas) había nacido en el extranjero, con una proporción de italianos (3.944) que casi alcanzaba la cuarta parte del total. Estos últimos dejaron su sello en el comercio a pequeña escala y en la industria, con algunos éxitos notables entre los que se incluían el del fabricante de helados D’Onofrio y el Banco Italiano (posteriormente, de Crédito). El poderío económico en capital de los extranjeros, sin embargo, sobrepasaba en mucho a su número. Según un registro comercial de 1896, los extranjeros controlaban 103 de las 113 casas comerciales importadoras de la ciudad, 161 de los 196 almacenes al por menor, 83 de los otros 94 almacenes, 30 de las 43 oficinas comerciales, 74 de las 92 fábricas y 720 de las 800 tabernas («pulperías»). Este hecho llevó al civilista Manuel Vicente Villarán a observar que «estamos convirtiéndonos rápidamente en una colonia de extranjeros administrada por funcionarios públicos peruanos»[11].

Pero, si bien la economía y la sociedad peruanas estaban siendo remodeladas cada vez más por los empresarios y el capital extranjeros, la mayor parte de los miembros de la naciente oligarquía civilista parecía no poner objeciones. Ello, en parte, era debido a la mentalidad de este grupo, que desaprobaba la mayoría de las cosas «peruanas», mientras que, generalmente, ensalzaba todo lo «occidental», una visión del mundo sostenida esencialmente por el racismo. Cierto es que habían sido desplazados de la minería y marginados en importantes sectores del comercio y de la banca internacional, pero, en su mayor parte, mantenían el control de la producción agraria, en una etapa de expansión de las exportaciones agrícolas. Además, una coyuntura poco habitual de circunstancias favorables durante la década de 1890 había activado temporalmente a este grupo más allá de los estrechos límites del sector de la exportación y hacia industrias diversas encaminadas a sustituir las importaciones. Estos factores incluían el aumento constante de la demanda por parte de los asalariados en los enclaves de la exportación, un grado creciente de estabilidad política conforme la «República aristocrática» se iba conformando, y un índice elevado de beneficios y de acumulación de capital del sector exportador. El crecimiento industrial estaba estimulado adicionalmente por la subida de los derechos arancelarios sobre la importación y un tipo de cambio que se depreciaba rápidamente; ambos factores sirvieron para disminuir la afluencia de importaciones competitivas procedentes del exterior. Ello ha conducido a dos importantes historiadores económicos a modificar en parte el punto de vista establecido sobre el dominio extranjero que ha prevalecido en la historiografía peruana de los últimos años. La argumentación se basa en que existen evidencias suficientes de que «Perú alcanzó en la década de 1890 al menos un cierto grado de “desarrollo autónomo”», aunque reconozcan que su economía estaba todavía basada mayoritariamente en la exportación y orientada hacia los mercados metropolitanos[12].

Aunque este modesto grado de diversificación interna e industrialización fuera efímero, pues duró sólo hasta la recesión de 1907-1908, sirvió para ampliar y consolidar el poder económico y político de la clase de los plantadores, que se estaba transformando en una nueva plutocracia. Así, hacia finales de siglo, mientras la economía urbana se expandía para atender al sector exportador, los nombres de los plantadores más importantes de caña de azúcar y de algodón empezaron a aparecer en los consejos de administración de los bancos de nueva creación, en las compañías de seguros, empresas textiles y empresas de servicios. Para entonces ya habían fundado la Sociedad Nacional Agraria, un poderoso grupo de presión semioficial que velaba por sus intereses en las altas estancias del gobierno. Al Estado sólo le faltaba caer totalmente bajo el control de su Partido Civilista para que esta nueva burguesía asumiera el dominio completo sobre los asuntos del país.

Dado que los civilistas habían apoyado a Piérola debido principalmente a su carencia de un líder carismático propio[13], utilizaron la alianza para afianzar los nombramientos clave en el gobierno y para situarse con vistas a las futuras elecciones. En 1899, Piérola renunció en favor del plantador Eduardo López de Romaña. Y en 1903, los civilistas rompieron la alianza y ganaron con claridad la presidencia para su astuto estratega y líder, Manuel Candamo. Con ello, el poder económico se juntaba formalmente con el poder político para formar el nuevo Estado oligárquico liberal, que permanecería virtualmente ininterrumpido, si no indiscutido, hasta 1919.

Sin embargo, se ha argumentado que este nuevo Estado no llegó a constituir en realidad un Estado verdaderamente nacional[14]. Así como el país estaba dividido según un modelo regional, también su clase dirigente estaba regionalizada. En algunos aspectos, las élites locales eran más cohesivas y poderosas que cualquier élite nacional. Grandes plantadores, como Aspíllaga, Leguía y Pardo (en el norte) y Romaña pudieron sobresalir en el centro de la oligarquía estatal, pero otros, como los mineros y los ganaderos de ovejas, Fernandini, Olavegoya y Valladares, en la sierra central, y los grandes comerciantes de lana, Forga, Gibson y Ricketts, juntamente con sus aliados en el sur, permanecieron marginados de esta élite «nacional» y constituyeron un límite regional en su ejercicio de poder estatal.

Además, las propias haciendas representaban otro gran obstáculo para la formación de un Estado oligárquico auténticamente nacional. Sus límites coincidían a menudo con los del poder central. De hecho, la debilidad inherente al Estado impulsaba a los que gobernaban a confiar en los señores locales («gamonales») y en sus aliados para mantener el orden y gobernar a nivel local. Sin una policía nacional efectiva (la Guardia Civil no fue creada hasta la década de 1920) y con un ejército todavía en fase de modernización, el Estado oligárquico tenía a menudo pocas opciones que no fueran la de dejar los instrumentos de violencia para la represión y control de las clases populares en manos de los gamonales y de sus agentes. Finalmente, los enclaves mineros y azucareros bajo control extranjero llegaban a ser con frecuencia «un Estado dentro de otro Estado», entidades virtualmente autónomas, impermeables a la autoridad del Estado oligárquico cuando sus intereses divergían.

Con todas estas limitaciones, la oligarquía pudo llevar a cabo su dominio debido, en gran medida, a que los sectores medios eran numéricamente pequeños y «dependientes», mientras que las clases populares seguían siendo heterogéneas, divididas, y con un sentido de identidad de clase o solidaridad limitado. La raza, la etnia, la lengua (los indígenas hablaban quechua y aimara), la geografía, y el carácter fragmentario de la sociedad rural, colaboraban en dividir a las masas y permitieron a la clase gobernante conseguir un cierto grado de control sobre el país. Pero es preciso destacar que durante el periodo de la «República aristocrática», este control fue tenue y en modo alguno absoluto.

La composición y dinámica interna de esta oligarquía civilista han sido atinadamente descritas por Basadre en estos términos:

Generalmente (con algunas excepciones notorias) pertenecían a este partido los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a la que le había ido bien en la vida. La clase dirigente se componía de caballeros de la ciudad, algunos de ellos vinculados al campo, algo así como la criolla adaptación del gentleman inglés. Hacían intensa vida de club, residían en casas amuebladas con los altos muebles del estilo Imperio y abundantes en las alfombras y los cortinajes, de un tiempo que no amaba el aire libre y vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por los sastres franceses de la capital. Vivían en un mundo feliz, integrado por matrimonios entre pequeños grupos familiares[15].

Dentro de esta clase, un grupo informal conocido como el de los «Veinticuatro amigos» formó un núcleo de élite que se reunía con regularidad en el cerrado Club Nacional para discutir sobre los asuntos nacionales. Este grupo incluía dos hombres que ocuparon la presidencia durante un total de 24 años (José Pardo y Augusto B. Leguía), al menos ocho ministros del gabinete, incluyendo cinco ministros de Hacienda, tres presidentes del Senado, y los editores de los dos principales periódicos de Lima[16]. Como la mayoría de las élites latinoamericanas, formaban una cerrada y cohesiva constelación, unida por lazos familiares y de afinidad. Basadre los ve como una casta cerrada y los describe en los siguientes términos:

Los matrimonios se hacían entre un pequeño número de familias, con criterio de endogamia. La educación de los jóvenes comenzó a efectuarse en centros de enseñanza exclusivos. Los compañeros de juego infantiles continuaron como camaradas de colegio y luego en las aulas universitarias… se saludaban ceremoniosamente, iban a las mismas misas los domingos, cenaban, bebían y conversaban juntos en el Club Nacional, ocupaban las localidades de preferencia en las corridas de Acho, en el hipódromo de Santa Beatriz y en los teatros, se encontraban también en el Congreso, la Beneficencia, las facultades universitarias, la Cámara de Comercio, las sesiones de directorio de los grandes bancos o de las empresas industriales y las tertulias de algunos periódicos y salones, veían figurar sus nombres en las notas sociales de los diarios. Las familias eran generalmente largas con abundancia de sirvientes, a veces tratados como si pertenecieran a la misma unidad hogareña. Habían salones donde no entraban sino quienes tenían determinados apellidos y que estaban cerrados a quienes sólo poseían el poder del dinero; y familias a las que se rodeaba de respeto, acatamiento y adulación. La hija de una de ellas dijo cierta vez en Europa: «En mi país yo soy una princesa»[17].

APARICIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL

Mientras la oligarquía civilista consolidaba su dominio del aparato del Estado, las fuerzas económicas y demográficas empezaban a alterar el panorama social del país. La población total creció desde una estimación de 2,7 millones de personas en 1876, hasta 3,5 millones en 1908, y 4,8 en 1920. Esto equivalía a un aumento medio del 0,9 por 100 anual, pero el crecimiento habido durante los últimos años del siglo fue muy superior al que hubo durante y después de las guerras. La población de Lima, que también reflejó el impacto de las guerras, creció sólo ligeramente desde 100.000 habitantes en 1876 a 104.000 en 1891. Sin embargo, entre 1890 y 1930, la población de la ciudad se triplicó, pasando de 141.000 en 1908, a 224.000 en 1920 y 384.000 en 1932. Como contraste, los demás centros urbanos importantes del país, Arequipa, Cuzco y Trujillo, tenían en 1908 unas poblaciones de 35.000, 18.500 y 10.000 personas, respectivamente. El crecimiento considerablemente superior de Lima reflejaba su rápido desarrollo después de 1895 como centro administrativo y financiero de la economía exportadora en expansión. Con la aceleración del ritmo económico y la mejora de las comunicaciones con el interior, especialmente con la ampliación de la red ferroviaria, la capital empezó a atraer un número sustancial de inmigrantes. Procedentes de todas las clases del espectro social provincial, la mayoría de ellos llegaba del campo desde el que había sido arrojada de la tierra por las presiones demográficas (la población de la sierra central, por ejemplo, se dobló entre 1876 y 1940), y empujada hacia Lima por la promesa de las oportunidades de empleo. Sin embargo, la promesa empezó a desvanecerse cuando el sector en trance de modernización fue incapaz de extenderse con la suficiente rapidez para dar acomodo a todos los recién llegados, problema que se iría intensificando durante en transcurso del siglo. Ya en 1903, apareció el primer suburbio (barriada) de la capital, en San Francisco de la Tablada, en Lurin. Esta migración rural hacia la ciudad queda reflejada en el porcentaje de la población ciudadana fuera de Lima, que creció del 37 por 100 en 1858, al 58,5 por 100 en 1908, y al 63,5 por 100 en 1920[18]. Sin embargo, es interesante observar que, a pesar de esta tendencia, seguía persistiendo el carácter esencialmente rural y agrario de la nación. Lima seguía teniendo sólo el 5 por 100 de la población, si se la compara con La Habana (14 por 100 en 1919), Santiago (14 por 100 en 1920) y Buenos Aires (19 por 100 en 1914).

Sin embargo, la migración interior forma sólo una parte de la ecuación demográfica tras 1895. La expansión económica estuvo acompañada por espectaculares mejoras en la sanidad pública. La mejora de instalaciones sanitarias y médicas en Lima, y hasta cierto punto en todo el país como conjunto, colaboró gradualmente a reducir el impacto de las enfermedades letales, como el paludismo, las fiebres tifoideas y la viruela. Después de 1895, comenzó a descender la tasa de mortalidad, lo que marcó un cambio en el modelo tradicional de elevada mortalidad y tendencia al estancamiento de la población, pasándose a un modelo más moderno definido por un incremento demográfico constante. En realidad Perú estaba empezando a experimentar el proceso de «modernización demográfica» que se había producido en Europa desde mediados del siglo XVII.

Al igual que por esa época la población de Lima estaba creciendo rápidamente, lo mismo sucedió con su mano de obra. Históricamente, la clase obrera como tal se había agrupado no sólo en la ciudad, sino también en los alrededores del puerto de El Callao, la terminal más importante para la economía de la exportación. Sin embargo, hacia los años del cambio de siglo, el crecimiento de la fabricación añadió una nueva dimensión a esta tendencia. Las principales actividades empezaron a concentrarse principalmente en torno a la industria de transformación de alimentos y a la producción textil; esta última, en 1905, recibía unas inversiones de capital estimadas en un millón de libras esterlinas y suministraba un tercio del consumo local. Así, el número de fábricas de la metrópoli de Lima (incluyendo El Callao) se triplicó entre 1890 (69) y 1920 (244), aunque muchas de ellas eran de pequeño tamaño y empleaban sólo a unos pocos obreros. Las mayores concentraciones se dieron en las grandes fábricas textiles, tales como El Inca o Vitarte; esta última tenía unos 1.250 obreros en 1902 y 3.835 en 1918.

Es sumamente arriesgado hacer una estimación de la población laboral total de Lima. Sin embargo, y de acuerdo con las cifras de los censos (que computaban a obreros y artesanos conjuntamente), ascendía a 9.500 personas en 1876, a 24.000 en 1908 y a 44.000 en 1920. El porcentaje de la clase trabajadora sobre el total de la población de la ciudad creció significativamente desde el 9,5 por 100 en 1876, al 16,9 por 100 en 1908, y al 19,8 por 100 en 1920[19].

Con un crecimiento de este tipo, no avanzó mucho el nuevo siglo sin que empezaran a aparecer los primeros movimientos reivindicativos de un naciente movimiento obrero. En 1905 se fundó la Federación de Trabajadores del Pan, «La Estrella del Perú», una de las primeras en perseguir objetivos auténticamente proletarios y, sobre todo, la reducción de la jornada laboral. Hay que distinguirla de las sociedades de ayuda mutua, tal vez unas 62 en la ciudad en 1911, cuyos fines, como su nombre indica, eran de tipo asociativo y fraterno más que combativo.

Las sociedades de ayuda mutua fueron las precursoras, pero correspondió a los anarquistas el dar al movimiento laboral un tono de anticapitalismo militante. En 1911, y bajo su patronazgo, se llevó a cabo en Lima la primera huelga general de la historia del país. Los anarcosindicalistas, aunque proporcionaron a la clase obrera una ideología con la que desafiar al orden establecido, mediante periódicos como La Protesta (1911-1926), al igual que en otros países, con el tiempo empezaron a parecer más preocupados por la promoción de su modelo diseñado para la abolición del Estado que por los problemas tácticos con que se enfrentaba el creciente proletariado urbano. Hacia el fin de la primera guerra mundial, su influencia estaba ya en declive, frente a ideologías competidoras tales como el socialismo. Su última gran victoria, como veremos, llegó en 1919 en Lima, con la movilización por la jornada laboral de ocho horas. Sin embargo, su influencia se prolongó más allá del año 1919, especialmente debido al papel que jugó en la formación ideológica de Víctor Raúl Haya de la Torre y de José Carlos Mariátegui.

Lima no fue el único lugar en el que se empezaba a formar una naciente clase obrera. A lo largo de la costa norte empezaban a surgir enclaves proletarios apreciables en el sector exportador rural, muy especialmente en la industria del azúcar en expansión y en menor grado en industrias auxiliares como las de plantación de arroz. Históricamente el suministro de una mano de obra estable había sido siempre un problema para los propietarios de haciendas de la escasamente poblada costa, en especial tras la abolición de la esclavitud en 1854. La garantía de una nueva fuente de mano de obra fue posible merced a la indemnización estatal, financiada gracias a los ingresos por el guano, que permitió a los plantadores la importación de 100.000 empleados chinos contratados durante las dos décadas siguientes. Pero la explotación por parte de los plantadores, así como la poca inclinación de los propios chinos a permanecer en las haciendas una vez expirados sus contratos, tuvieron como resultado que esta fuente de mano de obra se agotara poco después del comienzo de la guerra del Pacífico.

Con el fin de las guerras y el inicio de la expansión económica, los plantadores volvieron a la sierra en busca de una nueva fuente de suministro de mano de obra. Combinando formas precapitalistas de coacción de la mano de obra con las nuevas demandas de mano de obra asalariada propias de la agricultura de plantación capitalista, llegaron a un sistema de mano de obra conocido como «enganche». Los contratistas de mano de obra («enganchadores»), a menudo prósperos comerciantes locales o hacendados, reclutaban a los trabajadores («enganchados») entre los indígenas y los campesinos mestizos, los cuales, a cambio de adelantos en los salarios, se veían obligados a pagar su deuda trabajando en las plantaciones costeras. Aunque en algunos casos el trabajador se veía sometido a una forma de peonaje endeudado que a veces llegaba a la esclavitud virtual, este arreglo proporcionaba una fuente de capital disponible a los campesinos endeudados, en una región históricamente subdesarrollada en la que, además de estarles vedado el acceso a la tierra por el sistema latifundista de posesión de tierras, la frágil economía campesina estaba gravemente deprimida como resultado de una década de invasión extranjera, guerra civil y bandidaje endémico. En las plantaciones costeras, el dinero líquido resultante del enganche y el consiguiente trabajo asalariado, a pesar de sus dificultades y abusos ocasionales, era contemplado como una solución al problema de la supervivencia campesina.

De forma similar, más al sur, donde las plantaciones de algodón se iban extendiendo para satisfacer la demanda del exterior, las comunidades indígenas de la sierra de Huancavelica lograban sobrevivir a una larga crisis gracias a los envíos de capital por parte de los enganchados que trabajaban en las haciendas algodoneras de lea. Por otra parte, algunos historiadores han visto la migración de mano de obra de la sierra central más como una consecuencia a largo plazo de la penetración capitalista en la estructura interna de la comunidad campesina. Gradualmente fue surgiendo una burguesía campesina para monopolizar las tierras comunales y los recursos, en detrimento de un estrato pauperizado del campesinado que, apartado de esos recursos, tomó la opción de migrar hacia las plantaciones o minas en que había trabajo[20]. Con respecto a las causas de la migración, es necesario destacar otro aspecto. Hacia finales de la década de 1920, la población de la sierra estaba empezando a crecer, creándose en el proceso un creciente y grave problema de falta de tierras, especialmente en las comunidades campesinas. Este hecho no pasó desapercibido a los reclutadores de mano de obra de las plantaciones y de las minas, cuya «cosecha», como consecuencia, se vio considerablemente incrementada.

Gran parte de este flujo migratorio de mano de obra era de carácter estacional, coincidente con los ciclos agrícolas, tanto de la sierra como de la costa. Un número creciente de enganchados fue impulsado hacia el incipiente mercado capitalista de mano de obra de la costa, bien como residentes permanentes en la plantación, bien como trabajadores transitorios que se desplazaban de hacienda en hacienda y/o mina u obra pública estatal (irrigación, construcción de carreteras, etc.), es decir, a cualquier lugar en que pudieran obtener una paga mejor. Un trabajador de la plantación de Pomalca en Lambayeque, por ejemplo, contaba así sus experiencias en ese mercado laboral en ciernes:

Nací en Catacaos (departamento de Piura) en 1890… Mi padre tenía muchas tierras pero, poco a poco, los terratenientes ricos del valle se las fueron quedando. Hubo muchas luchas sobre el agua de riego, y los grandes propietarios ganaron siempre… Vine a Pomalca en 1913, tras haber trabajado en varias haciendas y minas, incluyendo San Rafael (Casma), Vilca Huaca (Huacho), San Nicolás (Supe) y Cerro Pasco… En Catacaos, el sueldo era de sesenta centavos diarios, y de un sol en Pomalca; naturalmente, la gente se vino corriendo[21].

Junto con los minifundistas proletarizados procedentes de las pequeñas comunidades campesinas de la costa, cuyas tierras fueron absorbidas por las plantaciones en expansión, y los restos de la vieja mano de obra esclava contratada, estos migrantes ocasionales formaban parte de un nuevo proletariado rural. Al final de la primera guerra mundial, las plantaciones azucareras disponían de una mano de obra de más de 35.000 trabajadores, una masa crítica que pronto fue atraída hacia el naciente movimiento obrero que ya estaba galvanizando a la clase trabajadora en Lima. En particular, las doctrinas anarcosindicalistas se difundieron desde la capital hacia el norte, penetrando en las regiones de Huacho y Trujillo. El resultado fue un círculo cada vez más amplio de malestar laboral, que estallaría en violentas huelgas a lo largo de la costa en 1910, 1912, 1916 y 1919.

En los enclaves mineros también se desarrolló un modelo similar de migración, proletarización y agitación laboral. Centros mineros tales como Cerro de Pasco (cobre), Talara (petróleo) y Quirivilca (cobre) atrajeron trabajadores de la sierra cercana, en la que el campesinado tenía grandes dificultades de supervivencia en sus comunidades tradicionales como resultado de las guerras. La población de Cerro de Pasco, por ejemplo, pasó de 6.400 habitantes en 1876, hasta 25.500 en 1940, y muy pronto ella sola contó con hasta el 30 por 100 de la población minera total del país. De forma similar, el número de trabajadores de la industria del petróleo pasó de los 9.700 habitantes de 1905 hasta los 22.500 de 1920, es decir, más del doble. Estas empresas mineras crearon los célebres «poblados de la compañía», cuyos conflictos laborales y carácter de enclaves especiales son legendarios en la historia del primer capitalismo latinoamericano.

Como la mayoría de los trabajadores azucareros o algodoneros de la costa, los mineros andinos conservaban estrechos y continuos contactos con sus comunidades, dado el carácter temporal de sus actividades en los enclaves, ocupaciones secundarias en realidad. Emigraban hacia las minas entre las cosechas agrícolas en busca de unos ingresos extra, volviendo, a menudo, a continuar sus tareas en la agricultura. Incluso aquellos que preferían permanecer en las minas durante periodos mayores continuaban manteniendo, a través de la familia y las amistades, estrechas relaciones con sus comunidades. Como reflejaban exteriormente sus vestimentas, eran a la vez mineros y campesinos, una especie de proletariado «mixto» o «transitorio»[22], bastante distintos a los ojos del mundo y en sus objetivos, por ejemplo, de los trabajadores textiles de Vitarte, en Lima.

En la zona central y en las tierras altas del sur de Perú, en las que las estructuras agrarias diferían profundamente de las de la costa norte, el impacto de los nuevos modos de producción capitalista fue igualmente variado y profundo. La sierra desde el Cuzco hacia el sur, centro del antiguo imperio inca, estaba aún fuertemente influida y moldeada por el sistema de vida y los modelos de trabajo indígenas tradicionales. La comunidad indígena, por ejemplo, había sobrevivido a la conquista y persistió posteriormente, aunque de forma distinta y cambiante, como polo de resistencia ante el sistema de hacienda periódicamente en expansión.

Como en otras partes de la cresta andina, la sociedad rural estaba dominada por la lucha entre las haciendas y las comunidades por el control de la tierra, el agua y la mano de obra, que constituían los principales factores de producción. Esta lucha, sin embargo, estaba siendo ganada gradualmente por las haciendas que muy pronto habían empezado a reclamar los valles de entre las montañas, con sus tierras más fértiles y mejor dotadas para el riego, obligando a las comunidades a desplazarse hacia las áreas menos productivas que quedaban, con frecuencia las faldas inclinadas, rocosas y estériles de las montañas. La lucha se aceleró hacia finales de siglo. Las formas capitalistas, dinamizadas por la demanda del mercado mundial de productos básicos, fueron penetrando cada vez más en el interior andino. En muchos aspectos, aquéllas siguieron la senda de las líneas del ferrocarril que se iban construyendo, que habían empezado a gran escala durante la era del guano, deteniéndose abruptamente durante las décadas de crisis de los años setenta y ochenta, y se reanudaron nuevamente durante la etapa de la reconstrucción. La legendaria visión del promotor norteamericano Henry Meigg sobre un ferrocarril central se completó finalmente en 1891. Posteriormente se construyeron ramales de conexión de Lima con Huancayo, en 1908; seguidamente con Cerro de Pasco, y con el Cuzco y Huancavelica en la década de 1920.

En el sur, la ruta Moliendo-Arequipa, terminada en 1870, alcanzó Puno en 1908. Su prolongación sirvió para estimular el comercio lanero en la sierra sur, que había brotado debido a la demanda del extranjero, en especial por parte de Gran Bretaña (véase cuadro 1). El comercio fue organizado y estuvo articulado por diversas casas comerciales con sede en Arequipa, que habían sido fundadas durante los años de la independencia por varios inmigrantes extranjeros, como los ingleses Gibson, Ricketts y Stafford. Sin embargo, al contrario que sus colegas norteños, esos empresarios comerciantes no hicieron esfuerzo alguno por cambiar los modos precapitalistas de producción agraria de la región. Antes bien, estuvieron de acuerdo en coexistir con la estructura pastoril tradicional y comerciar con los hacendados de la región, quienes, a su vez, monopolizaron la producción y asignación de la lana del campesinado en sus haciendas. De esta forma, el moderno sector de la economía de comercialización de la lana sirvió, en realidad, para reforzar el carácter «feudal» del sistema agrario de la región. Los beneficios obtenidos por los comerciantes de la lana por la exportación, al contrario de los casos del azúcar y del algodón, no fueron lo suficientemente grandes como para incentivar la adquisición y capitalización de las estancias tradicionales de la región. En lugar de esto, reinvirtieron sus beneficios en empresas locales de altos beneficios, como las de minería, construcción y textiles, que fortificaron sus posiciones como oligarquía regional emergente.

CUADRO 1

Exportaciones de lana peruana, 1830-1929
(toneladas métricas, promedios anuales)

| Alpaca | Lana de oveja | Total
1830-1839 | 342 | 8 | 350
1840-1849 | 1.162 | 64 | 1.226
1850-1859 | 924 | 1.006 | 1.930
1860-1869 | 1.167 | 1.671 | 2.838
1870-1879 | 1.582 | 1.589 | 3.171
1880-1889 | 1.584 | 1.040 | 2.624
1890-1899 | 1.821 | 1.288 | 3.109
1900-1909 | 2.492[a] | 1.336[a] | 3.867
1910-1919 | 3.097[b] | 2.700[b] | 5.286
1920-1929 | 2.730 | 1.840 | 4.570

FUENTE: Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, p. 64

Por otra parte, como los precios de la lana en el mercado mundial crecían constantemente a partir de 1913, los propios estancieros empezaron a intensificar la producción mediante la ampliación de sus pastos y rebaños, con frecuencia a expensas de los derechos tradicionales de los campesinos. La respuesta por parte de un campesinado cada vez más desarticulado y más intensamente explotado fue una serie de sangrientos levantamientos, aunque de poca duración, que según algún autor superaron los 300 entre 1901 y 1930[23]. Una de las revueltas más famosas fue la que estalló en Puno en 1915. Fue conducida por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, antiguo soldado y funcionario provincial, que asumió el nombre indígena de Rumi-Maqui (mano de piedra) y trató de restablecer el perdido imperio indio de Tawantinsuyo. Recurriendo a sentimientos andinos milenarios profundamente enraizados, Rumi-Maqui reclutó entre la chusma del campesinado un ejército que atacó diversas haciendas antes de ser dispersado por el ejército regular.

La sociedad campesina fue dislocada de forma similar en zonas del departamento de Ayacucho por las estancias, cuyo crecimiento fue estimulado durante el primer cuarto del siglo XX por la creciente demanda de carne para la zona costera, que se estaba urbanizando rápidamente. José María Argüedas, en su novela Yawar fiesta (1941), cuenta de forma elocuente el conflicto, por ejemplo, entre los «mistis» (término usado por los indígenas para designar a los terratenientes blancos-mestizos del sur de los Andes), que precisaban cada día más tierras de pastos para sus rebaños, y las comunidades de Puquio.

En las tierras altas del centro y del norte, también se dieron casos esporádicos de dislocación de la sociedad campesina, conforme el capitalismo avanzaba durante la década de 1920. Allí, la Compañía Minera Cerro de Pasco, por ejemplo, en su búsqueda de suministros de alimentos baratos y de una mano de obra estable, adquirió y modernizó un número considerable de grandes haciendas. Ayudada por los daños ecológicos temporales provocados por sus operaciones de fundición, la compañía adquirió casi 30 haciendas, que ocupaban unas 270.000 hectáreas. Una vez hubo desarticulado cientos de propiedades mineras de pequeño y mediano tamaño en su consolidación de la minería cuprífera, la compañía repitió el proceso en detrimento de los campesinos de la región, colonos y pequeños propietarios.

En el proceso de reorganización de esas arcaicas haciendas para una producción capitalista más eficaz, los acuerdos de arrendamiento, frecuentemente de larga duración, fueron cancelados abruptamente, desarraigando y dislocando la mano de obra tradicional de las haciendas. Las haciendas de las tierras altas del norte sufrieron una modernización similar, aunque menos dramática, con la adquisición por parte de compañías de plantaciones azucareras costeras, como la de Casa Grande, de viejas haciendas, a menudo en decadencia, de la sierra adyacente, con el fin de asegurarse un suministro estable de alimentos y mano de obra. Los colonos no sólo sufrieron el desarraigo y la proletarización, sino que a veces fueron transferidos a trabajos en la plantación costera, cuando la mano de obra escaseaba.

Parece, sin embargo, que sólo las empresas capitalistas mayores y más poderosas —Ganadera de Cerro de Pasco, Casa Grande, Pomalca y Fernandini, por ejemplo— llevaron a término tales planes de reorganización de las haciendas. Otros terratenientes de la sierra, de similar «progresismo» pero con menos poder, hubieran querido seguir su ejemplo, en la esperanza de desalojar o transformar de algún modo su mano de obra interna en asalariada para obtener un provecho mayor. Sin embargo, en muchos casos, los campesinos lograron resistir a los esfuerzos que los obligaban o inducían a renunciar al usufructo de los recursos de la hacienda, es decir, a los derechos de apacentamiento y a los terrenos agrícolas de subsistencia. Al parecer, esos terratenientes carecían del poder suficiente para llevar a cabo sus planes de modernización[24].

Aparte del sistema de cercados, el capitalismo bajo otras formas también afectó a las comunidades indígenas de las tierras altas. Con la aceleración de la formación de una economía comercial en las tierras altas del centro, desarrollada al principio por las élites regionales a partir de 1860 y expandida después con la llegada de grandes empresas extranjeras en el sector minero en 1900, la «economía moral» de la sociedad campesina se vio gradual pero inexorablemente erosionada. En el seno de esa sociedad apareció una burguesía campesina que se integró en la trama capitalista de la economía regional, de ámbito más amplio, principalmente a través del desarrollo de relaciones de clientela con los comerciantes, mineros y hacendados progresistas. Se ha argumentado que el resultado fue un proceso de agudización de las diferencias de clases, de estratificación y de conflicto, el cual, especialmente a partir de 1930, dejó a la sociedad aldeana gravemente polarizada. De un lado, estaba la emergente burguesía campesina o el pequeño hacendado capitalista; de otro, un estrato proletarizado de campesinos, cada vez más depauperados, muchos de los cuales prefirieron emigrar a las minas, plantaciones y ciudades[25].

Así, como partes de la sierra se introdujeron en la economía internacional hacia finales del siglo y, progresivamente después, la estructura social, incluida la del pueblo indio, se hizo más compleja y diferenciada. La privatización de la tierra, la comercialización de las haciendas, la expansión de la minería, el crecimiento de la población, la urbanización y la ampliación de las redes viarias contribuyeron en el nivel rural a incrementar las oportunidades comerciales, a intensificar la presión sobre la tierra y a ampliar las posibilidades de trabajo. El resultado fue una aceleración de la estratificación social cuando los comerciantes y los campesinos que vendían sus propios productos aparecieron a la vez que los trabajadores sin tierra y jornaleros.

Si bien está claro que determinadas partes de la sociedad andina estaban en realidad sufriendo un cambio profundo desde el advenimiento de estas nuevas fuerzas económicas, no es menos cierto que una gran parte de esa sociedad permanecía cerrada en una estructura de tradicionalismo y estancamiento que se remontaba al siglo XVII. El eje de esa estructura era la hacienda, cuya longevidad a través de los siglos y resistencia a los cambios ha constituido uno de los problemas de desarrollo del siglo XX. Para tener una cierta idea de las dimensiones demográficas de la hacienda al principio del periodo en cuestión, basta con echar una ojeada al censo de 1876, en el que se contabilizaban 3.867 unidades, que contenían 373.355 habitantes, o sea, el 24,7 por 100 de la población rural. Mientras que muchas haciendas eran relativamente pequeñas o de tamaño medio, ocupando entre 50 y unos pocos cientos de hectáreas, otras, en cambio, ocupaban enormes zonas, a menudo infrautilizadas. En la sierra del norte, por ejemplo, la hacienda Udima tenía más de 100.000 hectáreas, mientras que la Sociedad Ganadera del Centro, en expansión, tenía ya en 1930 unas 230.673 hectáreas.

Sin embargo, a pesar de su tamaño, las haciendas se caracterizaban en general por su baja productividad. Incluso ya en pleno siglo XX, la mayoría de las haciendas seguía estando, desde el punto de vista de los modelos modernos, mal gestionada (a menudo por propietarios absentistas), pobremente capitalizada, con consumo de beneficios en lugar de reinversión, y con conexiones muy débiles con la limitada economía de mercado. Su mano de obra estaba formada principalmente por colonos indígenas, a quienes, a cambio de una parcela de tierra destinada a la subsistencia («mañay»), se les requería trabajar un cierto número de días en la propiedad («demnse»), en la tierra («faenas») y/o en la casa del señor («pongaje»). Aunque ocasionalmente los indígenas también trabajaban a cambio de salario, mayoritariamente se les pagaba en especie o con productos procedentes de la tienda de la hacienda (cantina). Realmente, en el mundo de la hacienda el uso del dinero era poco habitual, siendo el trueque el modo de cambio más característico en el mercado. De hecho, hasta bien avanzado el siglo XX, fue raro hallar algún tipo de sistema de contabilidad practicado en las haciendas andinas.

También era infrecuente la movilidad entre trabajadores de la hacienda, no sólo porque el sistema de peonaje endeudado ataba a los trabajadores a la hacienda, sino también debido a que la condición relativa de los colonos, que gozaban de un cierto grado de seguridad, era mejor que la de los asalariados temporales, en un mercado laboral local a menudo muy deprimido. De esta forma, la vida de los campesinos estaba ampliamente confinada a la hacienda, en la que la celebración periódica de fiestas religiosas y festivales iluminaba su, por lo demás, árida y monótona existencia.

Las relaciones personales en este mundo estaban definidas por el viejo paternalismo que había evolucionado a partir del feudalismo ibérico y su mixtificación andina bajo la influencia de las costumbres incaicas. Se caracterizaban por una cierta reciprocidad asimétrica que intercambiaba la libertad e independencia por la seguridad de una parcela de tierra; se ofrecían obediencia, sumisión y lealtad, a cambio de «protección» y de la posibilidad de adquirir los artículos de primera necesidad a un nivel de subsistencia. El trato del patrón hacia «sus indios» podría compararse con el de un padre severo hacia sus hijos; si eran «buenos», serían recompensados con una cierta amabilidad, incluso ternura; pero si se «portaban mal», si osaban salirse de sus papeles asignados, si desafiaban la autoridad paterna, entonces el desviado sería sometido a castigo, a menudo de forma violenta y despótica.

Por supuesto, el poder en esta sociedad estaba monopolizado por los señores. Y cuando el paternalismo benevolente se rompía, como sucedía a menudo en el contexto del absentismo de los señores, cuando los subordinados (mayordomos) asumían la dirección diaria de la hacienda, no había protección que pudiera garantizar la justicia para el más débil. La Iglesia podía haber ejercido una cierta fuerza moral, pero, con demasiada frecuencia, los párrocos locales estaban en la «nómina» de los señores, o al menos dependían, como la propia Iglesia, de la generosidad de su empleador-benefactor. El Estado, remoto y débil, rara vez penetraba en este mundo, cediendo su autoridad a los señores o a sus aliados locales, quienes podían mantener, y mantenían, el orden. Si alguna vez intervenía, como en el caso de rebelión individual o de grupo, era colaborando con el poder local en el mantenimiento del orden. En sus peores aspectos, este mundo estaba caracterizado, como tan bien señaló González Prada, por la «tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio»[26].

LA OLIGARQUÍA LIBERAL Y LA CUESTIÓN SOCIAL, 1904-1919

Las dislocaciones y tensiones que acompañaron a la difusión del capitalismo a lo largo de la costa y a su consiguiente penetración en la sierra, se convirtieron en uno de los temas centrales de discusión de la época. En los pasillos del Congreso y en los elegantes salones de los clubs, en los que se reunía la élite para hablar de política, la cuestión primordial era cómo tratar la nueva crisis galopante. La oligarquía civilista, una vez hubo conseguido establecer su hegemonía política en el país, empezaba a encontrarse día a día más confrontada con el reto a largo plazo de resolver las repercusiones sociales del avance capitalista que tan alegremente había abrazado. La crisis social amenazaba con dividir gravemente a la oligarquía e, incluso, con erosionar la legitimidad del Estado oligárquico.

Las primeras señales de desacuerdo político en el seno del Partido Civilista en el poder, sin embargo, tuvieron una motivación más interna que externa. En 1904 apareció una fisura generacional en el seno de la oligarquía con motivo de la selección del candidato civilista a la presidencia. El candidato más joven y progresista, José Pardo, hijo del consignatario del guano y fundador del partido Manuel Pardo, triunfó sobre la vieja guardia y se convirtió en el aspirante oficial del partido. Ello equivalía a la elección, habida cuenta del control del partido sobre el Estado y su aparato electoral, y Pardo asumió su mandato por cuatro años (1904-1908).

Durante el ejercicio de Pardo, la cuestión social saltó a la arena política. En 1904, es decir, antes del estallido de conflictos sociales graves, José Matías Manzanilla, importante abogado e ideólogo civilista que había estudiado el problema desde una perspectiva europea, planteó al Congreso una serie de medidas reformadoras. Las leyes propuestas tocaban todos los temas tan clásicos sobre trabajo/capital como mediación y arbitraje, compensación al trabajador por los accidentes laborales, protección de los niños y de la mujer en el puesto de trabajo y la duración de la semana laboral. Sin embargo, las propuestas provocaron un grave revuelo entre los conservadores del partido, que lograron blanquearlas en su mayor parte durante los años siguientes.

La unidad del partido sufrió un nuevo golpe durante el régimen del sucesor y protegido de Pardo, Augusto B. Leguía (1908-1912). Leguía, hombre «hecho a sí mismo» que había conseguido acceder a la oligarquía en virtud de su talento, encanto y éxito en los negocios, rompió muy pronto con Pardo y otros elementos de la cúpula del partido. Fuertemente ambicioso y de mentalidad independiente, Leguía estaba resuelto a llevar la gestión a su modo, y muy pronto fue visto como un peligroso disidente político por la corriente principal de los civilistas.

Tras sobrevivir a un intento de golpe de Estado pierolista en 1909, Leguía empezó a tener graves discordias con el partido a raíz de cierta política exterior y de cuestiones presupuestarias (partiendo del histórico laissez-faire de los civilistas, proponía incrementos sustanciales del gasto gubernamental), así como por su propio estilo arbitrario de gobernar. Estos desacuerdos alcanzaron su punto álgido en 1911, cuando trató de manejar las elecciones al Congreso mediante la disolución de la Junta Electoral Nacional. Ello condujo a varios civilistas a formar un bloque anti-Leguía en el Congreso (El Bloque), y posteriormente, al conseguir Leguía la mayoría legislativa, a romper con el partido para poder organizar el Partido Civilista Independiente.

En 1912, debilitado por esta fisura cada vez más profunda entre sus propias filas y retado por el creciente malestar urbano, el control civilista del país se tambaleó momentáneamente. La elección a la presidencia del candidato civilista Antero Aspíllaga, fue bloqueada por una huelga general organizada por los partidarios del demócrata y antiguo alcalde de Lima, Guillermo E. Billinghurst. La disputa tenía que decidirse en el Congreso. Allí, Billinghurst, con un fuerte apoyo de la clase obrera en la calle, arrancó una negociación con las fuerzas de Leguía y fue elegido presidente.

Billinghurst, algo así como un disidente político y un populista precoz, aunque adinerado por intereses familiares en los nitratos, permaneció apartado de la oligarquía civilista. Antiguo seguidor y protegido político de Piérola, había reclutado sus seguidores desde 1909 entre la clase trabajadora de Lima, en su época de alcalde de la ciudad. Como alcalde, había manifestado una cierta preocupación paternalista, si no demagógica, por los intereses de las nuevas clases trabajadoras, preocupación que incluyó esfuerzos por mejorar sus viviendas, enseñanza y condiciones de vida generales. Una vez en la presidencia, Billinghurst trató de ampliar esta política progresista, en un intento de reconciliar la ruptura creciente entre trabajo y capital. Redactó un programa que, con ciertas excepciones, legalizaba el derecho de organización y de huelga de los sindicatos, a la vez que establecía la obligatoriedad de comisiones de arbitraje compuestas por representantes de la dirección y de los trabajadores. Incapaz de convencer a una mayoría conservadora en el partido para que aprobara su programa, Billinghurst intentó implicar directamente a las masas en el proceso político organizando comités de trabajadores militantes para presionar al Congreso. Una reacción barrida inmediatamente en el Congreso, cuando la oligarquía ultrajada vio súbitamente amenazado su monopolio de poder político.

El descontento con Billinghurst también tuvo sus propias manifestaciones entre los militares. En parte, esto fue debido a la percepción por los militares de una cierta debilidad en la actitud presidencial hacia Chile, en un momento de delicadas negociaciones sobre la candente cuestión del futuro de Tacna y Arica. Billinghurst también había hecho intentos de reducir el presupuesto militar del 25 al 21 por 100[27].

A pesar del amplio apoyo popular, la enajenación del favor de la oligarquía y de los militares resultó fatal para la administración de Billinghurst. Aunque habían trabajado anteriormente para despolitizar a los militares, los civilistas dieron un giro completo y conspiraron con ellos para derribar el gobierno. En 1914, el coronel Óscar R. Benavides dio con éxito un golpe de Estado contra Billinghurst, que cimentaba la alianza tácita entre el ejército y la clase dominante para mantener el orden establecido. Al año siguiente, fue reelegido el anterior presidente José Pardo.

La segunda administración de Pardo (1915-1919) coincidió con las dislocaciones económicas en la periferia latinoamericana provocadas por la primera guerra mundial. Al principio, la guerra separó a la economía peruana, dependiente de la exportación, de sus mercados europeos, precipitando una depresión inmediata. Sin embargo, uno o dos años más tarde, una vez Perú recobró el acceso a sus antiguos mercados, surgieron las exportaciones hacia los países combatientes destrozados por la guerra. Pese a todo, la prosperidad de la época de la guerra trajo consigo algunas distorsiones económicas graves que intensificaron las tensiones sociales existentes. El coste de la vida en Lima, por ejemplo, se dobló entre 1914 y 1918, mientras los salarios permanecían prácticamente estacionarios. Parte de esta inflación fue debida a un cambio en la producción agrícola a lo largo de la costa, con el abandono de los productos alimentarios en beneficio de cosechas que, como las del azúcar o del algodón, daban rápidos beneficios en efectivo y cuyos precios en el mercado mundial se habían disparado. En Lima y en los enclaves exportadores estalló una ola de huelgas que amenazó con paralizar las mayores fuentes de intercambio exterior y de ingresos estatales del país, así como con dañar los intereses de algunos de los más poderosos elementos del Partido Civilista. Pardo respondió finalmente introduciendo en el Congreso algunas de las leyes laborales ya presentadas por Manzanilla más de una década antes, entre las que se incluían la de protección de las mujeres y niños trabajadores, ciertos días de descanso obligatorio para los trabajadores, dotación de viviendas, escuelas y servicios médicos para la clase trabajadora, y la prohibición del «enganche». (Estas reformas se referían sólo a los enclaves de los sectores modernos de la economía, es decir, a los trabajadores urbanos, los de las plantaciones y los de la minería. Poco o nada se hizo por los políticamente menos poderosos trabajadores de las haciendas de la sierra). Sin embargo, estas medidas paliativas se mostraron ineficaces para hacer frente al creciente malestar de los trabajadores. Pardo, reacio o incapaz de avanzar más en la dirección de la reforma, tal vez debido a que la experiencia de Billinghurst había endurecido las actitudes de la oligarquía civilista, fue cayendo cada vez más en la contrastada receta de la represión estatal. El resultado fue una grave confrontación de clases, especialmente en Lima, coincidente con el fin del mandato de Pardo en 1918-1919.

A primeros de 1919, una ola de paros laborales culminó en una huelga general masiva que paralizó la capital. En demanda de la jornada laboral de ocho horas y de una reducción general de la vertiginosa subida del coste de la vida, los huelguistas militantes atemorizaron de manera escalofriante a las filas de la clase política civilista dirigente. Al mismo tiempo que el espectro del bolchevismo aparecía por primera vez en los pasillos del Congreso, las calles de Lima se convertían en un sangriento campo de batalla entre los huelguistas y la policía montada antidisturbios. Lo que hizo que esta situación se hiciera más peligrosa y explosiva que otras anteriores fue el hecho de que otros sectores de la sociedad estuvieran adoptando unas actitudes hacia el antiguo régimen igualmente díscolas. Como ya se ha dicho, en esa época se estaban intensificando los levantamientos campesinos en el sur. Quizás, el hecho aún más ominoso fue que ciertos sectores de la clase media no sólo simpatizaran con los trabajadores, sino que hasta llegaran a unirse a ellos en las calles. El rápido crecimiento de la burocracia estatal y del sector exportador privado había creado, como en otros países latinoamericanos, una nueva clase media, con intereses, actitudes y aspiraciones potencialmente diferentes a los de la atrincherada oligarquía civilista gobernante.

Un lugar donde este cambio en la estructura de clases era fácilmente visible fue en la universidad puntera de la nación, San Marcos. El número de nuevas matrículas, procedentes especialmente de los sectores medios provinciales y urbanos, casi se duplicó entre 1907 y 1917. Con una organización política que venía ya desde 1908, estos estudiantes de clase media se lanzaron a reformar el anticuado programa de estudios y las estructuras administrativas, con el fin de crear un nuevo espacio para sus necesidades y ambiciones particulares. Al igual que el interludio de la etapa Billinghurst había anticipado en muchos aspectos la cercana crisis del envejecido orden civilista, el movimiento de reforma universitaria de 1918 simbolizaba, en microcosmos, las más amplias tendencias sociales que estaban socavando ese orden. Sin embargo, hubo que esperar a que, en 1919, el movimiento se juntase con la lucha de la clase trabajadora por la jornada laboral de ocho horas, para que ese orden tuviera un brusco final.

El movimiento indigenista fue otro indicativo de fermento y rebelión entre sectores de la nueva clase media, y un contribuyente ideológico importante para las movilizaciones populares de 1919. Inspirados por la creciente incidencia de la insurgencia campesina durante la década anterior, algunos intelectuales de clase media, mestizos muchos de ellos, empezaron a redescubrir las virtudes y valores de la civilización indígena peruana, pasada y actual. Las principales corrientes artísticas y literarias del periodo expresaban un fuerte nacionalismo étnico y cultural, que sirvió para diferenciar a los sectores de la clase media emergente de las élites «europeizadas». El indigenismo, crítico para con las estructuras económicas y políticas creadas por los civilistas, también tuvo el efecto de reforzar la incipiente rebelión de las masas.

Al final, las raíces reales de la revuelta que terminó con el gobierno civilista hay que buscarlas en el seno del cuerpo político del propio régimen, el cual, frente a la protesta popular generalizada, no quiso modificar su carácter distintivo, esencialmente antidemocrático y elitista. Otro problema inherente al régimen era su incapacidad para la elaboración de una cultura nacional, con raíces en la conciencia popular, que hubiera podido servir, a un nivel mínimo, para unificar el país y la política y conceder legitimidad al Estado. En gran parte, este fracaso fue debido a la mayor orientación extranjera que nacional de la clase dominante.

Aunque los civilistas hubieran conseguido formular y proyectar algún tipo de cultura «nacionalizadora», su difusión entre las clases populares habría sido de lo más problemática. A pesar del intenso debate sobre la naturaleza de la educación en la sociedad habido hacia los años del cambio de siglo[28], entre, por ejemplo, Alejandro Deustua, defensor del sistema educativo elitista tradicional, y Manuel Vicente Villarán, que defendía la democratización y la infusión de una orientación técnica y científica más moderna y apropiada, según su punto de vista, a la nueva etapa capitalista, el aparato ideológico del Estado liberal, a pesar también de sus capacidades coercitivas, permaneció débil e insuficientemente desarrollado durante gran parte del periodo de la «República aristocrática». Como resultado, los gastos públicos en la enseñanza durante el periodo fueron extremadamente bajos, teniendo como consecuencia un índice nacional de analfabetismo anormalmente elevado. Además, el contenido de tan escasa enseñanza pública no ayudó en modo alguno a forjar una cultura nacional, sino más bien a difundir los valores profundamente aristocráticos y «neofeudales» de la élite entre las clases media y alta, a la vez que instalaba un sentimiento de resignación y fatalismo entre las masas.

Tal sistema profundamente elitista no era, por supuesto, más que una manifestación de la gran mentalidad antidemocrática que caracterizó a la oligarquía civilista. Aunque sea cierto que, por ejemplo, durante la mayor parte del periodo civilista existió una democracia parlamentaria formal, al menos en teoría, en la práctica, ésta fue extremadamente limitada. El Parlamento no sólo estuvo subordinado al poder ejecutivo, sino que tampoco representó nunca a los diversos estratos y grupos regionales de la sociedad. Así, las clases urbanas medias o trabajadoras estuvieron representadas en muy pequeña medida, mientras que el campesinado permaneció totalmente excluido, a menos que se acepte el falaz argumento de que sus intereses estaban representados por sus jefes rurales, los grandes terratenientes, o gamonales, como se llamaban en los Andes. El derecho a voto en tal «democracia» estaba restringido a aproximadamente el 3 por 100 de la población total (104.000, en las elecciones de 1899; 147.000, en 1915). A pesar de tratarse de unas cifras tan reducidas, la política electoral estaba «manejada» habitualmente desde arriba por el partido dominante, el civilista en este caso, que controlaba el aparato electoral, recurriendo a la manipulación a través de procedimientos fraudulentos y otros abusos electorales. En pocas palabras, el fraude electoral fue una constante política del Estado liberal.

Hubo tres figuras que jugaron papeles clave en el derrumbamiento del viejo régimen civilista. Dos de ellas, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, procedían de la emergente «generación de 1919», uno como activista estudiantil y antiguo revolucionario, y el otro como ideólogo proletario. Ambos eran producto de los cambios sociales, que se aceleraron desde el cambio de siglo y que empezaban ya a alterar la escena política. Asimismo, ambos jugaron un papel de liderazgo en la formación de una nueva conciencia nacional. Desafiando los supuestos ideológicos y filosóficos del orden civilista, al igual que había hecho González Prada una generación antes, empezaron a formular su concepción de cuál era el problema fundamental al que se enfrentaba la nación: su carácter semicolonial y semifeudal. Partiendo de una crítica teórica de la sociedad muy inspirada en Karl Marx, comenzaron a ejercer una influencia tremenda en el curso de la política nacional durante el resto del siglo. Aunque ambos procedieran de la misma matriz social, diferirían considerablemente en el carácter de su política; Haya asumiría una postura esencialmente reformista, mientras que Mariátegui adoptaría una postura revolucionaria.

Haya de la Torre nació en Trujillo en 1895. Pertenecía a una familia de clase media alta, con conexiones con la aristocracia plantadora en declive de la región. De muchacho creció en una época en que el capitalismo estaba transformando y desfigurando rápidamente el carácter señorial de su ciudad natal y su región.

Tras estudiar en la universidad local, Haya, como tantos miembros de su generación y de su clase, abandonó provincias por el brillo y esperanzas de la capital, con el fin de estudiar derecho en San Marcos. Muy pronto empezó a estar fuertemente implicado en la política universitaria y, en 1919, fue uno de los muchos líderes que llevaron a los estudiantes a la calle, en apoyo de los obreros.

Mariátegui, nacido un año antes, en 1894, fue producto de un matrimonio separado y creció, delicado de salud, en un ambiente de clase media limeña económicamente austero. Obligado a buscar empleo muy joven por las circunstancias económicas, hizo de chico de los recados y posteriormente de cajista, a la edad de quince años, en La Prensa, el prestigioso e influyente diario limeño. Muy pronto, su mente aguda y curiosa, en gran parte autodidacta, llamó la atención de sus jefes, y progresó rápidamente en el periódico hasta llegar a reportero en 1911. Al principio adquirió reputación por sus agudos reportajes de la escena social limeña, pero, acuciado por una creciente preocupación social, muy pronto empezó a estar más interesado por el malestar político que por entonces se arremolinaba en torno a él en la capital. Cada vez más radicalizado, dejó La Prensa por una sucesión de pequeños periódicos más progresistas y, en 1919, le fue confiado el puesto de periodista e ideólogo del naciente movimiento de la clase obrera.

EL ONCENIO DE LEGUÍA, 1919-1930

El hombre que iba a recoger el beneficio directo más inmediato de la coyuntura sociopolítica de 1919 fue el antiguo presidente Augusto B. Leguía. Leguía era un prototípico capitalista «hecho a sí mismo» de la época del cambio de siglo, cuyo genio empresarial había dejado su huella en multitud de medios, desde la exportación azucarera, los seguros y la banca, hasta la construcción del ferrocarril y la extracción del caucho. Ministro de Hacienda (1904-1908) del gabinete de José Pardo, se había convertido en el líder de un ala progresista del Partido Civilista, y en un, de alguna forma, acosado presidente entre 1908 y 1912. Finalmente, sin embargo, rompió con los civilistas y fue desterrado durante el segundo mandato de Pardo. Apercibiéndose de que Perú estaba en un momento histórico crucial, en 1919 volvió del exilio para intentar capitalizar políticamente d amplio malestar social que estaba amenazando con destruir el orden civilista.

Muy rápidamente se convirtió en el hombre del momento. Mediante promesas de reformas y ataques a los civilistas con su experiencia de político maduro, fue aclamado mayoritariamente por aquellos sectores de las clases media y trabajadora que estaban sufriendo los agudos vaivenes cíclicos de la economía exportadora. Elegido presidente en 1919, desbarató (con la ayuda de la gendarmería) los intentos civilistas de bloquear su elección, disolvió el Parlamento y asumió el poder. El pequeño nuevo presidente —medía escasamente metro y medio de estatura— en sólo unos meses puso fin a un periodo de 25 años de hegemonía civilista. Formó un nuevo gobierno, «La Patria Nueva», que inició su mandato con la promesa de reformas, para terminar degenerando en una dictadura de once años de duración conocida como el «oncenio» (1919-1930).

En sus tres primeros años de mandato, Leguía asumió una «democrática» postura reformista para consolidar su base de apoyo popular. Tras barrer del gabinete a los civilistas, intentó difuminar las tensiones de la clase trabajadora urbana, decretando reformas como la jornada laboral de ocho horas, el arbitraje obligatorio y el salario mínimo. Al mismo tiempo, amplió espectacularmente la inversión en obras públicas, creando nuevos puestos de trabajo para una clase trabajadora que estaba sufriendo los resultados del colapso posbélico de las exportaciones. Las clases medias, que formaban la espina dorsal del régimen, y que experimentaron un formidable crecimiento durante el oncenio (véase cuadro 2), también se beneficiaron de las reformas de Leguía. Por ejemplo, el nuevo presidente prestó una gran atención a las quejas de los oficinistas y funcionarios, elaborando una detallada «ley del Empleado». Además, su política de fuerte incremento del empleo en el sector público llevó a quintuplicar el número de funcionarios públicos. Cuando, más adelante, Leguía adoptó una postura dictatorial, un oponente contemporáneo, Víctor Andrés Belaúnde, describió el régimen como un «cesarismo burocrático».

CUADRO 2

Crecimiento de grupos seleccionados del sector medio ocupacional
en Lima, 1920-1931

|  |  | Aumento del porcentaje
| Número de empleados |
Ocupación | 1920 | 1921 | 1920-1931
Comercio | 12.667 | 25.481 | 99,01
Administración pública | 898 | 5.313 | 491,65
Profesiones legales | 460 | 848 | 84,35
Profesión médica | 932 | 2.408 | 158,37
Ingenieros y técnicos | 536 | 915 | 74,07
Escritores y periodistas | 137 | 341 | 153,28
Contables | 492 | 1.124 | 128,46
Estudiantes | 8.643 | 17.067 | 97,47

FUENTE: Steve Stein, Populism in Peru: the emergence of the masses and the politics of social control, Madison, 1980, p. 74. Cifras sin corregir.

El nuevo presidente también escuchó algunos de los agravios del campesinado indígena, aunque resulte dudoso que llegara a comprender totalmente las implicaciones revolucionarias de los levantamientos campesinos que estallaban continuamente en las tierras altas del sur. Además de formar una comisión de investigación de las causas de tales disturbios, Leguía creó un departamento de asuntos indígenas, estableció una fiesta nacional india (Día del indio), y reconoció constitucionalmente, tras más de un siglo, la legalidad de la propiedad comunal indígena en las comunidades. A pesar de su popularidad entre algunos campesinos (Leguía fue ensacado en algunos círculos indígenas como el nuevo Viracocha, el dios supremo de los incas), ninguna de estas medidas alteró de forma fundamental la estructura de la sociedad rural andina. Pero consiguieron mitigar el descontento indígena en el sur, a la vez que fortalecieron el apoyo de ciertos sectores de la emergente casta urbana mestiza, que estaban en proceso de redescubrimiento de sus raíces indias en el movimiento indigenista.

Finalmente, sin embargo, para poner fin al malestar social en el país, Leguía tuvo que reajustar la economía para adaptarla a las realidades de la economía internacional de la posguerra. La estrategia de Leguía para dominar la crisis posbélica en la economía peruana orientada a las exportaciones, estuvo basada en acelerar el crecimiento del espacio capitalista en el país, tanto mediante el fomento de las inversiones de capital extranjero, como ampliando el papel económico del Estado. Gracias a sus contactos de negocios en Wall Street, Leguía sabía que Estados Unidos estaba buscando ampliar sus inversiones de capital y sus mercados en Latinoamérica, como medio de combatir sus dislocaciones económicas internas de posguerra. El nuevo presidente también se apercibió de las implicaciones a largo plazo de la apertura del canal de Panamá, que inevitablemente acercarían la periferia andina a Estados Unidos. Se fomentaron las inversiones directas norteamericanas a gran escala en el sector minero, cuya desnacionalización se completó virtualmente durante el oncenio. Y, hacia finales de la década de 1920, el cobre (22 por 100 de las exportaciones) y el petróleo (32 por 100) habían desplazado al azúcar (16 por 100) y al algodón (25 por 100) como principales exportaciones peruanas. (Sin embargo, la diversificación exportadora del país continuó, convirtiéndose en una fuente de poderío económico). Durante el oncenio, el gobierno peruano, a través de la firma bancaria J. W. Seligman and Company, también emitió un número de bonos en Wall Street sin precedentes. Desde la época del guano, Perú no había conseguido sobresalir con tanta firmeza en los mercados monetarios internacionales. Entre 1920 y 1928, la deuda externa peruana se incrementó en 105 millones de dólares[29]. Sirvió para financiar una expansión masiva de las infraestructuras del país a fin de servir a la economía de exportación: proyectos de obras públicas con el objetivo de modernizar las principales ciudades, especialmente Lima (saneamiento, calles, etc.), ampliación de la red nacional de transportes y comunicaciones, construcción de sistemas costeros de irrigación y crecimiento de la burocracia estatal.

Aunque estas medidas conformaban la visión que tenía Leguía sobre la capacidad de expansión y modernización del país, el impacto político de cada una de ellas estaba cuidadosamente calculado con el fin de realzar la base de poder del presidente. La modernización urbana no sólo beneficiaba a las clases medias, cuya voz se podía oír cada vez más en el escenario político, sino también a un nuevo grupo de especuladores y constructores con estrechos vínculos políticos con el presidente. En realidad, Leguía estaba favoreciendo el nacimiento de una nueva plutocracia, que en gran medida pasó a sustituir a la vieja oligarquía civilista. Al mismo tiempo, la moralidad pública y oficial cayó hasta un punto extraordinariamente bajo, con un nivel de malversación, soborno y fraude comparable al existente en la etapa del guano.

La confianza depositada por Leguía en los empréstitos del exterior para acometer el gasto público, y su fomento de la entrada de capitales extranjeros, aunque exitoso a corto plazo, distorsionó aún más la dependencia crónica peruana de las exportaciones. Los aranceles domésticos para las importaciones tendieron a bajar cada vez más, haciendo que la naciente industria fuera cada día más vulnerable a las importaciones extranjeras. Además, el escaso capital excedente acumulado por el sector exportador (azúcar, algodón, lana, etc.) no se invirtió en el arriesgado sector industrial, que podía haber sido el sustituto de las importaciones, sino en el de construcción y especulación de la propiedad urbana, que garantizaba unos beneficios rápidos.

La industria, que hacia los años del cambio de siglo prometía conducir al país a un desarrollo más equilibrado y autónomo, continuó el proceso de declive a largo plazo iniciado en 1908. Esto puede verse con claridad en la producción textil algodonera, el principal sector doméstico industrial. Mientras que en la década 1898-1908 la producción textil se había triplicado, en la siguiente década sólo aumentó en un 50 por 100, después de lo cual cesó todo crecimiento. Al mismo tiempo las empresas extranjeras afirmaban constantemente sus posiciones en la industria, representando el 29 por 100 de su capacidad en 1902, el 45 por 100 en 1910, el 55 por 100 en 1918, y más del 80 por 100 en 1935. El número total de nuevas empresas de fabricación creció solamente el 13 por 100 en un periodo de quince años, entre 1918 y 1933. La mayoría de ellas estaba confinada a la fabricación de materiales para la posguerra, boom inducido estatalmente que sólo duró hasta 1926. Sin embargo, incluso ese sector estaba dominado por una empresa extranjera, la gigantesca American Foundation Company, que resultó especialmente favorecida por el régimen de Leguía. Hacia finales de la década de 1920, el continuado declive de la industrialización desde 1908 «era el indicador más visible del declive del propio capitalismo nacional»[30].

Entretanto, el sector exportador, particularmente los de producción de algodón, mineral y, en cierto grado, azúcar, continuaron siendo excepciones económicamente brillantes durante los años veinte. Sin embargo, el del azúcar empezó pronto a tener dificultades (véase fig. 6). Los plantadores calcularon mal la tendencia internacional de los precios y sobreinvirtieron sus beneficios de la época de guerra en nuevas instalaciones y maquinaria para ampliar la producción. Tales inversiones se vieron seriamente comprometidas por los caprichos de la naturaleza: a las épocas de grandes sequías siguieron lluvias torrenciales e inundaciones intermedias durante gran parte de la década. Entonces, en 1925, se produjo la súbita caída del mercado internacional azucarero, provocando grandes pérdidas y una nueva ola de concentración y adquisiciones extranjeras en la industria, hacia 1930.

Los créditos del exterior proporcionaron un poder al Estado durante la era de Leguía del que no gozaba desde la etapa del guano. En consecuencia, su fuerza e influencia empezaron a extenderse y alcanzar al interior del país como nunca hasta entonces. La ampliación de la red nacional de transportes-comunicaciones, el ambicioso programa de Leguía de construcción de carreteras, por ejemplo, que se pudo cumplir gracias al reclutamiento de campesinos indígenas (ley de Conscripción Vial), aumentó el poder del Estado a expensas de la autonomía provincial. Con las mejoras de los accesos a las áreas remotas del interior, Leguía pudo montar una campaña para erradicar el bandidaje, que seguía siendo endémico en ciertas áreas rurales e, incluso, en los alrededores de Lima. Para este fin, se creó una Guardia Civil especial, aunque algunos detractores de Leguía vieron más este cuerpo como una especie de guardia pretoriana para ser utilizada contra sus enemigos políticos. Esta superior presencia policial en el interior dio capacidad al gobierno para mantener un mayor control sobre aquellos terratenientes que, con sus ejércitos particulares, habían monopolizado históricamente las políticas locales y que, en ocasiones, habían incluso llegado a desafiar a la autoridad del gobierno central. Un buen ejemplo del nuevo poder del Estado en las provincias fue la liquidación de la rebelión de Eleodoro Benel (1924-1927), poderoso hacendado que ejercía virtualmente el control autónomo sobre ciertas zonas del departamento de Cajamarca.

Leguía también utilizó con habilidad los amplios recursos financieros del Estado para establecer un sistema de clientelismo político que creó una nueva casta «oficial» de funcionarios y empresarios, tanto a nivel nacional como local, que dependía del Estado —en realidad, del propio Leguía— para su bienestar. Además, Leguía sabía cómo adquirir y manejar los nuevos poderes del Estado, de forma personalista y cada vez más dictatorial. Muy pronto empezó a dar pasos para mutilar la legislatura, manipulando las elecciones de forma tal que le permitiera llenarlas con sus propios partidarios y seguidores. El Congreso no tardaría en convertirse en poco más que un calco de la figura del presidente. Ya en 1922, Leguía había empezado a abandonar el popularismo y la política reformista que le habían llevado al poder. Se empezó a recurrir cada vez con más frecuencia al uso de la fuerza para desbaratar las huelgas, y se movilizó al ejército para controlar los levantamientos campesinos del sur. Gradualmente, Leguía fue reduciendo su base de apoyo a la nueva plutocracia y reprimiendo brutalmente a sus oponentes.

El único desafío serio a su gobierno tuvo lugar en 1923, cuando, en su intento de asegurarse el apoyo eclesiástico a su «reelección», propuso la advocación del país, en una ostentosa ceremonia pública, al Sagrado Corazón de Jesús. El catolicismo había sido utilizado siempre por la clase gobernante como ideología para legitimar su mandato, pero, con ese acto, Leguía trataba de utilizar su poder en su propio beneficio político personal. Sin embargo, tal cínica y descarada maniobra proclerical, despertó una oposición generalizada, que fue galvanizada en contra del gobierno por el líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre. Las manifestaciones callejeras se transformaron en disturbios, antes de que Leguía lograra reprimir el movimiento y exiliar a sus líderes.

Haya de la Torre ya había empezado a asumir una posición antioligárquica y antiimperialista, posición derivada de sus experiencias de muchacho entre los anarcosindicalistas en Trujillo, y, más tarde, como líder de las alianzas estudiantiles-obreras durante su estancia en San Marcos. Exiliado por Leguía, desarrolló esas posiciones durante su estancia en México, donde tuvo la oportunidad de comprobar, no sólo los efectos de la revolución de 1910, sino también el impacto de la expansión económica norteamericana hacia el sur, en el Caribe y Centroamérica. Fue en 1924, durante su estancia en México, cuando fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), una organización política considerablemente amorfa, populista, antiimperialista y nacionalista, que echaría raíces en Perú y en otros lugares a partir de 1930. De vuelta a México en 1928 tras sus viajes europeos —visitó Alemania, la Unión Soviética e Inglaterra, donde estudió en Oxford—, articuló su ideología, todavía en evolución, en un libro germinal titulado El antiimperialismo y el Apra, cuya primera edición se hizo en Santiago, en 1936. (Aunque escrito en 1928, el manuscrito permaneció inédito durante varios años, debido, según Haya, a su carencia de fondos y a que estaba demasiado ocupado con los acontecimientos políticos diarios para revisarlo).

En este, su libro más radical, y, en menor medida, en sus libros posteriores, Haya, analizaba y atacaba —desde una perspectiva ampliamente marxista, aunque nacionalista—, el impacto, generalmente explotador y distorsionador, de la penetración extranjera en Latinoamérica, que, en su opinión, constituía la primera etapa de la transición del feudalismo al capitalismo. Inspirado por sus experiencias peruana y mexicana, describió una sociedad ampliamente paternalista y tradicional, sacudida repentinamente, y transformada en gigantescas concentraciones de monopolistas empresas capitalistas extranjeras. Esas empresas, promovidas por una avariciosa y corrupta clase dominante nativa (los civilistas), vendieron efectivamente los intereses reales del país, proletarizaron al campesinado y a ciertos sectores de las antiguas clases medias, y se hicieron con el control de la economía nacional, manipulándola en su propio beneficio. Con el fin de detener este proceso, Haya proponía la creación de una alianza popular de base amplia, formada por las clases «explotadas», campesinos, obreros y los sectores radicalizados de las clases medias (APRA), que derribaría a los imperialistas y construiría una sociedad radical, nacionalista y antiimperialista («El Estado antiimperialista»), La clase obrera, argumentaba, no era lo suficientemente numerosa, ni estaba lo bastante concienciada políticamente en Latinoamérica, como para sostener la lucha antiimperialista por sí sola. Tampoco era necesariamente la primera víctima del capitalismo; los salarios en los enclaves exportadores eran en realidad más elevados que en la economía tradicional, y algunos sectores de las clases medias sufrían, frecuentemente, explotación y abusos todavía más salvajes. De esta forma se convirtió en uno de los primeros, de entre una nueva generación de pensadores políticos latinoamericanos nacionalistas, en aplicar y readaptar el pensamiento marxista a un contexto no europeo neocolonialista, en el que las condiciones diferían grandemente de la experiencia histórica de la metrópoli. Más adelante, tras el derrocamiento de Leguía en 1930, Haya aplicaría este análisis con considerable éxito en Perú, donde organizaría y dirigiría el populista, pero ampliamente pequeñoburgués, partido aprista durante el medio siglo siguiente.

El principal rival de Haya en la organización de las fuerzas populares contra la dictadura de Leguía, al menos a partir de 1928, fue el periodista Mariátegui. Exiliado por Leguía tras la movilización de 1919 por la jornada laboral de ocho horas, estuvo viviendo los cuatro años siguientes en Francia, primero, y después en Italia. Allí se imbuyó del pensamiento radical de Marx, Engels y Lenin, y de otros revolucionarios europeos tales como Barbusse, Sorel y Gramsci. De vuelta a Perú, colaboró durante un tiempo con Haya, quien había fundado una serie de «universidades populares» dirigidas por estudiantes para instruir, organizar y, en general, elevar el nivel cultural y la conciencia política de los trabajadores, y quien también organizó las manifestaciones anti-Leguía de 1923. Sin embargo, poco a poco, y dadas sus diferencias ideológicas y tácticas, así como su rivalidad política, ambos hombres se empezaron a separar, hasta que finalmente rompieron definitivamente en 1928, tras un áspero intercambio de cartas abiertas.

Mariátegui, cuya obra principal se titula Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928)[31], adoptó un punto de vista marxista de la realidad peruana y latinoamericana más ortodoxo. El libro era, en gran medida, el resultado de su intento de estimular en los círculos intelectuales progresistas un discurso sobre la problemática de la revolución en la sociedad andina, desde las páginas de su notable periódico Amauta (1926-1930). En él formulaba un análisis histórico completo de la sociedad desde una perspectiva marxista y establecía su fórmula para el cambio revolucionario en el futuro. A diferencia de Haya, consideraba al capitalismo y al imperialismo en Latinoamérica como fuerzas totalmente destructivas. (Haya veía algunos aspectos positivos en la inversión de capital extranjero, y, posteriormente, modificó sus puntos de vista, hasta abogar por el capital extranjero en Perú, aunque con ciertas limitaciones). También pensaba que el capitalismo ya había evolucionado a su etapa de madurez. Aunque reconociera algunas virtudes de una alianza multiclasista, rechazó categóricamente la opinión de Haya de que debía ser la clase media, más que la obrera, la que dominase esta alianza en la lucha revolucionaria. Para Mariátegui, los sectores medios, aun los más radicalizados, abrigaban esencialmente valores pequeñoburgueses que podían comprometer finalmente a la revolución y conducir al fascismo. Además, mientras que Haya relegaba al campesinado a un papel secundario en la lucha, Mariátegui opinaba que tenía un mayor potencial revolucionario; él veía al minero-campesino de Cerro de Pasco, por ejemplo, como portador de un nexo crucial entre la problemática urbana y la rural. Finalmente, Mariátegui opinaba que el marxismo podía amalgamarse con tradiciones revolucionarias indígenas de los Andes, tales como el movimiento indigenista, el «socialismo» incaico, la larga historia de levantamientos campesinos (Atusparia, Rumi-Maqui), y el movimiento obrero. No contento con la simple teorización, Mariátegui trabajó arduamente, hasta su muerte prematura en 1930, en la tarea de provocar la revolución, fundando el Partido Comunista Peruano en 1928[32] y la Confederación General de Trabajadores Peruanos en 1929.

Sin embargo, ni Mariátegui ni Haya fueron capaces de derribar la dictadura de Leguía. En los albores de la crisis económica internacional de 1929, el régimen cayó víctima de un golpe militar que, es preciso resaltar, ponía fin a un periodo de gobierno civil (exceptuando a Benavides) que se remontaba a 1895. Las exportaciones peruanas tuvieron una caída media del 59 por 100, y del 63 por 100 las importaciones. El presupuesto nacional cayó en picado, pasando de 50 a 16 millones de dólares en un plazo de tres años, provocando la terminación brusca de las obras públicas y la suspensión del pago de salarios a los funcionarios gubernamentales. El prestigioso y venerable Bank of Perú and London tuvo incluso que cerrar sus puertas, teniendo como resultado unos apuros económicos especialmente intensos, particularmente en el sur, lugar de origen del golpe. Sólo en Lima, el desempleo estimado alcanzó el 25 por 100, siendo superior entre los trabajadores de la construcción y los funcionarios gubernamentales. Los trabajadores de los sectores clave de la economía sufrieron un golpe más duro si cabe al quedar paralizadas las exportaciones. La mano de obra de Cerro de Pasco, de 12.000 trabajadores en 1929 cayó a 5.000 en 1932, mientras los salarios de las plantaciones azucareras sufrían una reducción drástica. La desoladora realidad del colapso económico fue inmejorablemente resumida por el ministro de Hacienda en 1932, quien al tomar posesión de su cargo se encontró

… desvalorizada la moneda, suspendido el servicio de la deuda pública, impagados en gran parte los haberes y pensiones, paralizadas las obras públicas, creciente la desocupación, exhausto el Tesoro, disminuida la confianza y casi totalmente agotado el crédito[33].

El pueblo peruano se volvió contra Leguía, mientras buscaba desesperadamente un nuevo liderazgo político capaz de contener el declive económico. Algunos lo encontrarían en la persona de un joven coronel del ejército, el mestizo Luís M. Sánchez Cerro, quien, en agosto de 1930, había levantado en armas a la guarnición de Arequipa y logrado derribar la dictadura de once años de Leguía. Otros miraron hacia el joven carismático Haya de la Torre y su bisoño partido aprista, cuyo sonoro lema, «sólo el aprismo salvará el Perú», captaba el sentimiento general de polarización y desesperación. Quienquiera que las masas populares escogieran, marginadas como habían estado durante la «República aristocrática» y nuevamente durante el oncenio, metidas de repente en el torrente de la política peruana, nunca jamás iba a ser excluido totalmente del proceso político nacional.

UNA LIMA QUE SE VA

En 1921, José Gálvez escribió un nostálgico libro titulado Una Lima que se va. En él se lamentaba de la desaparición del estilo de vida señorial y de muchas de las antiguas costumbres características de la ciudad desde los días de la colonia. Lo que deploraba Gálvez era, en términos sociológicos, la rápida «masificación» de la sociedad urbana que había sido inspirada por el encuentro de principios del siglo XX con el capitalismo occidental. Los campesinos, arrancados de las tierras, estaban emigrando en número creciente cada día hacia las ciudades y enclaves agroindustriales de la nueva economía de exportación. Ahí, el crecimiento económico les ofrecía la promesa, ya que no siempre la realidad, de un trabajo estable y una nueva vida. Arracimada en los poblados de la empresa y en los suburbios de la ciudad, esta nueva clase trabajadora, cortó los lazos con un orden rural relativamente estable, experimentando los efectos desorganizadores y desintegradores de la anomia urbana y la explotación de la fábrica, la mina y la plantación. A los trabajadores, el Estado civilista les ofrecía muy poca o ninguna protección de las oscilaciones cíclicas del mercado económico internacional, inspirado como estaba por los conceptos liberales del laissez-faire y del darwinismo social de Spencer. Tales condiciones alimentaban finalmente un creciente descontento popular, que al principio se había expresado en el nacimiento del movimiento laboral, y más tarde, en forma de una disidencia política más radical articulada por Haya de la Torre y Mariátegui, el primero desde una perspectiva nacionalista-populista, y el segundo desde una perspectiva socialista más ortodoxa.

La «República aristocrática» no sólo tuvo que hacer frente a una nueva y peligrosa cuestión social, sino que al mismo tiempo tuvo que afrontar el nacimiento de una nueva y cambiante clase media urbana ascendente. La clase media urbana, imposibilitada de participar políticamente a causa del monopolio civilista del poder, con su prosperidad económica amenazada por la crisis de la primera guerra mundial y sus repercusiones, reforzada por el descontento popular y movilizada por Leguía, puso fin a una generación de gobierno civilista en 1919.

El oncenio de Leguía, sin embargo, sirvió para profundizar el avance capitalista en el país y para reforzar la dependencia de la nación de los vaivenes del mercado internacional. Esto se vio subrayado por el inicio, en 1929, de la crisis económica mundial y la depresión que engulló a la economía peruana dependiente de la exportación, radicalizó a las masas y barrió a Leguía del poder. La tarea de regeneración nacional la tomó la generación de mentalidad reformista de 1919, y tanto Haya de la Torre y el APRA, por un lado, como los sucesores de Mariátegui en el Partido Comunista, por el otro, procedieron a reformular una visión del futuro más nacionalista y revolucionaria. Finalmente, sin embargo, la oligarquía se reagrupó tras el popular caudillo militar Sánchez Cerro. En colaboración con las fuerzas armadas, logró reprimir a las masas y crear un periodo de dominio «indirecto» que duró otra generación y tuvo como modelo, de una forma más sutil, la hegemonía existente durante la «República aristocrática».

Capítulo 10
COLOMBIA, c. 1880-1930

COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

Entre 1880 y 1930, ni Colombia ni Ecuador atrajeron más que una pasajera atención por parte de las grandes potencias. Con la separación de Panamá, Colombia dejó de ser un país estratégico. En el caso de Ecuador, se conjeturaba que las islas Galápagos poseían mayores posibilidades estratégicas, en una época de puntos de carboneo, que la propia tierra firme. Venezuela fue objeto de una confrontación anglo-norteamericana en 1895, por los límites territoriales de la Guyana, y asimismo fue objeto de un bloqueo europeo singularmente espectacular entre 1902 y 1903, pero sólo a raíz de la primera guerra mundial las grandes potencias fueron conscientes de su riqueza petrolera y los recursos de Venezuela se convirtieron en motivo de continua preocupación para Gran Bretaña y los Estados Unidos. Las tres repúblicas permanecieron neutrales durante la guerra; pese a que Colombia y Ecuador mantuvieron breves confrontaciones con Perú en sus fronteras del sur y se produjeron algunas incursiones, ninguna de las tres repúblicas participó en una guerra internacional en este medio siglo. Colombia y Ecuador realizaron algunos progresos hacia la formación de una burguesía, en una época en la cual este término era todavía respetable. Venezuela, con su petróleo, se vio envuelta en una serie de acontecimientos que, al menos estadísticamente, fueron más espectaculares. Un examen de la evolución de los tres países en este periodo muestra que, no obstante la similitud que pudieran mostrar durante gran parte de él para un observador externo, lo comenzaron como entidades políticamente independientes, y salieron con un carácter todavía más individual. Gran parte de las causas de esta individualidad está todavía por explorarse en detalle. En años recientes se han hecho estudios regionales que agregan y agregarán matices y complejidad al cuadro general. Existe, sin embargo, un pequeño peligro: que las dificultades, los sufrimientos y las tribulaciones, y aun los logros de los gobiernos nacionales, no reciban la atención que merecen.

En el medio siglo que va desde 1880 hasta 1930 —su segundo medio siglo de existencia independiente—, los habitantes cultivados de las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela solían expresarse con bastante más cautela acerca del tema del progreso que sus contemporáneos de otras partes más afortunadas de la tierra. «En la vida política de todos los pueblos el progreso es lento», escribieron los líderes del ala disidente del conservadurismo colombiano en 1896; «como en la marea —siguiendo el pensamiento de un conocido escritor inglés [Arthur Hugh Clough]— la ola avanza y retrocede alternativamente, pero siempre es mayor el terreno conquistado que el que se pierde, y el avance es constante». Para otro conservador colombiano, Miguel Antonio Caro, el avance nunca era claro para sus actores: «Con la historia de los hombres se mezcla misteriosamente el progreso de las ideas; con la lucha de los partidos se entreteje la pugna de los principios, y afiliados a un bando, por interés individual o colectivo, sirven o dañan los hombres, muchas veces sin quererlo ni pensarlo, a la causa de la civilización»[1].

El conflicto armado en esta parte del mundo, endémico en el siglo XIX, persistió hasta los primeros años del siglo XX. En Colombia la «guerra de los Mil Días» terminó en 1902 con los tratados de Neerlandia y Wisconsin, en los cuales los generales liberales Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera aceptaron su derrota, en un futuro centro bananero y a bordo de un buque de guerra de los Estados Unidos, respectivamente. En Venezuela persistieron durante algunos años los levantamientos esporádicos, después de la derrota de la última gran revuelta armada, la Revolución Libertadora de 1903. Las guerrillas liberales radicales de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, sólo fueron eliminadas finalmente en 1916.

Aunque se han estudiado algunos episodios y ciclos entre los años 1880 y 1930 —la presunta «revolución burguesa» de Eloy Alfaro en Ecuador en 1895, el desarrollo de la industria petrolera venezolana, la expansión de la producción cafetera colombiana, la represión de la huelga de Guayaquil de 1922 y la huelga de 1928 en la zona bananera de Santa Marta—, en Colombia, muchos aspectos apenas comienzan a repensarse, y muchos otros permanecen en la oscuridad por razones que van más allá del simple desarrollo tardío de la historiografía sistemática local. En Colombia el periodo fue de dominio conservador; no ha atraído las simpatías de los historiadores liberales, quienes lo conciben en términos de una larga resistencia finalmente vindicada en 1930, y además la mayoría de los historiadores colombianos que han escrito sobre la «República Conservadora» han sido liberales o progresistas que, tanto en la historia como en la política, encuentran difícil escapar a su ideología. De forma inversa, los conservadores han dominado en la historiografía ecuatoriana hasta época reciente, escribiendo contra el liberalismo con una virulencia que en ocasiones les ha procurado, de modo sorprendente, aliados intelectuales, y aun políticos, entre la izquierda socialista. Los venezolanos se sienten separados del siglo XIX por la larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), figura que todavía hipnotiza a materialistas y románticos en detrimento del estudio histórico serio. Además de ser parcial, la mayor parte de la historiografía local se ha mostrado atraída por el análisis de los problemas políticos como problemas de estructura o sistema. Hay una brecha entre la vieja historiografía política de la polémica, la memoria y la anécdota y el nuevo e hiperbólico análisis de clase y capital. Las dimensiones del conflicto con la Iglesia se pierden también entre la prolija maraña de los viejos argumentos y la indiferencia hacia los mismos de las décadas recientes, lo cual ha producido una generación que difícilmente recuerda que el liberalismo alguna vez fue «pecado». La medida del progreso material en este periodo exige sensibilidad hacia las primitivas escalas y circunstancias locales, para calibrar correctamente su impacto. Este sentido de escala está tan ausente en autores recientes, ansiosos de descubrir nuevas formaciones de clase, como lo estaba entre los promotores de la empresa burguesa local en la edad heroica. Existen pocos observadores extranjeros dignos de confianza, y sólo uno de ellos, Spencer Dixon, vicecónsul británico en Bogotá en 1900 y ministro en 1930, repitió su estancia después de pasar allí un considerable número de años. Ni Colombia ni Ecuador atrajeron muchos inmigrantes durante este periodo y, pese a que Venezuela comenzó a recibir más en la década de 1920, el flujo no fue espectacular. Con excepción de la cuestión fronteriza entre Venezuela y la Guyana Británica, del bloqueo anglogermano de Venezuela en 1902 y la injerencia de los Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia en 1904, estos países no concentraron mayor interés diplomático. Y hasta la década de 1920 recibieron poca inversión extranjera. Pero a pesar de todas las deficiencias de nuestro conocimiento actual, resultantes de las mencionadas circunstancias, es posible decir que en 1930 los tres países eran profundamente diferentes de lo que lo habían sido en 1880.

Hay temas comunes en la historia de Colombia, Ecuador y Venezuela entre 1880 y 1930, pero también hay grandes diferencias. Políticamente, Nueva Granada (Colombia) y Ecuador tomaron sendas divergentes tan pronto se disolvió la Gran Colombia. En Nueva Granada se mantuvo el inicial rechazo civil del dominio militar, fundamentalmente venezolano en esta época, y entre 1863 y 1885 los «Estados Unidos de Colombia» vivieron bajo una Constitución federal de inspiración liberal radical. Por su parte, Ecuador había surgido como nación gobernada por el general venezolano Juan José Flores, quien fue presidente en 1830-1834 y 1839-1845. Ni las experiencias liberales bajo el civil Vicente Rocafuerte (1835-1839) ni los ocasionales militares liberales como el general José María Urbina (1851-1856) o el general Ignacio de Veintemilla en su fase inicial, impidieron tambalear el violento autoritarismo de los ultramontanos años de Gabriel García Moreno, que comenzaron en 1857. Después del asesinato de García Moreno en 1875, vino casi una década dominada por la equívoca figura de Veintemilla, un hombre que obtenía apoyo donde lo podía conseguir, y posteriormente una serie de gobiernos progresistas, el más notable de ellos bajo el hijo del general Flores, Antonio Flores Jijón (1888-1892). Flores buscó armonizar los distintos intereses regionales del país por medio de una prudente administración, evitando tanto el conservadurismo terrorista de los sucesores de García Moreno, como el liberalismo radical, anticlerical y demagógico de los herederos del archienemigo de García Moreno, Juan Montalvo, y de los numerosos aventureros y panfletistas colombianos que buscaron oportunidades o refugio en el sur después de la victoria conservadora en la guerra civil colombiana de 1885. Así, alrededor de 1880, aunque podría decirse con certeza que ninguna de las tres repúblicas había alcanzado estabilidad duradera, sus dificultades políticas y su probable evolución posterior no eran las mismas. Los experimentos liberales de Colombia habían sido más intensos —fueron en verdad los más intensos de América del Sur—, y estaban entrando en una etapa de crisis. El extremo conservadurismo de Ecuador —por lo demás, el exhaustivo programa de García Moreno no tiene paralelo cercano en ninguna otra parte—, había cedido el turno a sucesores más transigentes, aunque transigentes en nada demasiado profundo; los «progresistas» eran un pequeño círculo de la élite, tan pequeño que se les llegó a denominar «la argolla». Los signos de una amenaza radical-liberal contra esta exclusividad eran ya visibles a principios de la década de 1880, y Ecuador no podría evitar el tipo de experiencias que su vecino del norte estaba ya entonces rechazando.

Los colombianos y los ecuatorianos tenían al menos en común la persistencia de las corrientes liberal y conservadora. En Venezuela, los veinte años que siguieron al fin de la hegemonía de José Antonio Páez y al fin de la «República conservadora» (1846-1848), vieron desaparecer de la escena a toda corriente abiertamente conservadora. La República había adquirido cierta reputación de corrupción y desorden administrativo bajo la familia Monagas, que empeoró por las guerras federales de 1859-1864. El desorden, sin embargo, se había corregido de modo espectacular hacia 1880, por obra de Antonio Guzmán Blanco (1870-1887), quien empleó recursos y técnicas que no estaban disponibles o eran inaplicables en las otras repúblicas sucesoras de la «Gran Colombia». Un colombiano de visita en Venezuela en 1830 habría percibido que se encontraba en un país extranjero. En 1880 el mismo visitante se habría percatado de modo más acusado de que no se hallaba en casa.

LA CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO (1863-1885) Y LA «PAZ CIENTÍFICA»

Los liberales colombianos eran conscientes en 1880 de que la Constitución radical de Rionegro (1863), con su exclusión de la Iglesia de la vida oficial del país, con sus nueve estados «soberanos», con sus perpetuas, confusas y necesariamente fraudulentas elecciones, con su dependencia en última instancia de las intervenciones del ejército federal (la Guardia Colombiana) en los asuntos de los estados, con sus vejatorias variedades legislativas, con sus anárquicas finanzas y sus periodos presidenciales de dos años, no concordaba con las necesidades de los tiempos. También, en virtud de sus propias disposiciones, era inconvenientemente irreformable. Cuando los tiempos se hicieron todavía más difíciles con el colapso económico a mediados de la década de 1880, el presidente Rafael Núñez, en medio de la guerra civil, simplemente la declaró muerta, y nombró una Asamblea Constituyente «independiente» y conservadora para encontrar un sustituto que garantizara una «paz científica». La Constitución de 1886 restauró la autoridad del gobierno central, reduciendo los estados a departamentos bajo el control de gobernadores nombrados por el presidente; los «alcaldes», por su parte, serían nombrados por los gobernadores. Las elecciones serían indirectas, estableciéndose que los votantes debían tener propiedades o saber leer y escribir. Se declaró la religión católica única oficial: «Los poderes públicos protegerán y asegurarán que ella sea respetada como elemento esencial del orden social». La Iglesia recibiría posteriormente concesiones y garantías por el Concordato de 1887 y por la Convención sobre los Territorios de las Misiones. La libertad absoluta de prensa de la época de la Constitución de Rionegro, 1863-1885, fue reemplazada primero por una temporada de «censura previa», y luego por decretos que proporcionaban al ejecutivo poderes para enfrentarse a las publicaciones subversivas y a los jueces sobre las publicaciones ofensivas. Además, se eliminó el libre comercio de armas, y la pena de muerte, abolida con tanto orgullo por los liberales, fue restituida simbólicamente. El presidente Núñez y sus sucesores mantuvieron también un ejército mayor, normalmente de alrededor de seis mil soldados, que gozaba de ciertas «facultades extraordinarias»; el término presidencial fue extendido a seis años, con la posibilidad de reelección, aunque estas disposiciones serían enmendadas posteriormente.

La receta de la «paz científica» resultó ser incompleta y tuvo que sufrir sucesivas alteraciones, pero, en esencia, la Constitución de 1886 es la que todavía se mantiene en Colombia[2], y gozó de un éxito inicial. Carlos Holguín, quien gobernó como vicepresidente de Núñez entre 1888 y 1892, mientras el arquitecto de la «Regeneración» controlaba lo esencial desde su semirretiro de Cartagena, pudo afirmar al final de su periodo que «en los cuatro años que yo he gobernado, nadie ha oído un disparo ni ha visto una gota de sangre, ni una lágrima derramada. Dejo la República en paz y sin haber contraído deudas». Holguín rehusó aplicar la pena de muerte, que virtualmente cayó en desuso. Parecía como si en los últimos años del siglo XIX, los liberales y los conservadores disidentes, pese a haber quedado excluidos de la participación en el gobierno, y los primeros, además, de las asambleas elegidas, fueron poco reprimidos.

El grado de esta represión y su incidencia todavía son cuestión de debate, un debate que sigue siendo interno, con pocas comparaciones con otras repúblicas. Es cierto que la pena de muerte se aplicaba, pero no por delitos políticos; las víctimas fueron criminales tan humildes y ordinarios que casi nadie los recuerda. También hubo destierros, en algunos casos a los llanos, al Putumayo o a las islas de San Andrés, hoy turísticas pero en aquel entonces abandonadas y con mortífera reputación; la mayoría de los exiliados regresaba pronto. Se ejerció además cierto control sobre la prensa, pero la de oposición nunca desapareció. La revista más prestigiosa del país, El Repertorio Colombiano, tenía como redactor al conservador disidente Carlos Martínez Silva. Miguel Antonio Caro hacía recordar a los liberales sus propios procedimientos violentos en contra de la prensa conservadora durante las décadas de la Constitución de Rionegro. Los gobiernos de la Regeneración parecen mucho menos drásticos en tiempos de paz de lo que la crítica liberal haría suponer, pero todavía se deben señalar dos cambios significativos.

En primer lugar, se hace sentir el poder de la Iglesia. Bajo la Constitución de Rionegro, los liberales pusieron énfasis en el desarrollo de la educación pública. Aunque, según afirmaban, nunca pusieron obstáculos a la educación confesional católica, se sentían perseguidos por el control omnímodo de la Iglesia. Tal control variaba según el grado de religiosidad del pueblo y la pugnacidad del obispo, desde el ultramontanismo caricaturesco del navarro Ezequiel Moreno Díaz en la muy fiel diócesis de Pasto, hasta la débil presencia de la Iglesia en la costa atlántica. En muchos sitios la Iglesia se fortalecía con clérigos regulares extranjeros, que constituyeron uno de los grupos de inmigrantes más numerosos y de mayor impacto en esta época. Tal como sucedió anteriormente con los jesuitas de mediados del siglo, los liberales se quejaban de que el clero destinado a las misiones se dedicaba a otros fines en lugares distintos. La actividad misionera ciertamente se ensanchó, pero para la mayoría de los colombianos fue mucho menos conspicuo que la actividad electoral. La pregunta «¿Cuántos votos puso?» era, según la leyenda, la primera que hacía el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo cuando deliberaba sobre el ascenso de un cura. Astuto político y arzobispo de Bogotá, fue además un gran organizador y reformador del clero hasta donde alcanzó su influencia. Sin embargo, la ausencia de su experiencia y de sus consejos se hizo notar en las fatales divisiones entre los conservadores después de su muerte. Aun cuando se reconoce que la Iglesia era frecuentemente más manipulada que manipuladora, sus amplios poderes oficiales y su persistente influencia en Colombia contrastan con su debilidad en Venezuela durante este periodo, y con su pérdida de terreno frente a la revolución radical en Ecuador. El liberalismo colombiano se sentía singularmente perseguido en esa excepcional «tierra monacal».

En segundo lugar, el sistema no dejaba ninguna posibilidad de representación a la minoría liberal. Desde el reconocimiento de la victoria conservadora en la rebelión antioqueña de 1864, el federalismo de Rionegro sí había dejado tal válvula de escape y, durante gran parte de la época federal, Antioquia y Tolima habían tenido gobiernos conservadores. Hasta su muerte en 1894, Rafael Núñez había desconfiado visceralmente de los radicales, pues había sufrido demasiados dobleces e insultos en su ascenso hacia el poder. Caro, por su parte, hasta su pérdida de influencia en medio de la guerra de los Mil Días, descartaba cualquier componenda con el liberalismo: «Las urnas son palenques a que concurren los partidos políticos propiamente dichos. Esto es, los partidos legales, no los bandos facciosos, ni los grupos de gentes notoriamente perniciosos».

Carlos Holguín suspendió siete periódicos, imponiendo multas a doce de ellos y a tres imprentas. Acudió a sus «facultades extraordinarias» en tres ocasiones, dos para restringir las actividades de individuos conservadores, y una como favor de familia para uno de los descendientes del general Santander. Miguel Antonio Caro, primero vicepresidente y luego (a la muerte de Núñez en 1894) presidente de 1892 a 1898, era más enérgico que Holguín, particularmente en contra de algunos elementos de la prensa liberal. Una cause célebre que hizo al gobierno más daño que bien fue la clausura del periódico liberal El Relator, y el exilio de su director, el ex presidente Santiago Pérez (1874-1876). Pero el control raras veces se ejercía de forma tan directa, y el cuadro de los gobiernos de la «Regeneración» que pintaban los panfletistas radicales en el extranjero contrasta con lo que revela un examen más cuidadoso: una prensa en modo alguno uniforme, muchas discusiones dentro de límites amplios, un Congreso todavía díscolo aunque sólo tenía un liberal, abierta y persistente disidencia regional, inexistencia casi total de policía y un ejército no muy notorio la mayoría de las veces. Persistían las sencillas «costumbres republicanas», sin que ningún signo externo distinguiera a quienes estaban en el poder del resto de la sociedad de comerciantes, terratenientes, abogados y literatos que las producían. Era el gobierno de los polemistas civiles. Núñez, Caro y Holguín tenían inclinación a discutir, y no concebían la vida política sin debates en la prensa y en el Congreso. Contrastan con Guzmán Blanco o Joaquín Crespo, sus contemporáneos de Venezuela, con quienes las diferencias aparecen de inmediato. Las disputas de aquéllos, superficialmente enrarecidas, siguen la tradición clerical y legalista de Santa Fe de Bogotá, donde la habilidad para argumentar era la base corriente de carrera política. La excesiva argumentación podía a veces ser dañina, como en el caso de Caro, quien podía caer en un irritante dogmatismo. El flujo de la discusión fue también interrumpido por las acusaciones de fraude electoral y la guerra civil.

La habilidad electoral era mucho más importante para el círculo en el poder que las formas de represión en tiempos de paz. La alianza conservadora-independiente de 1885 pudo pronto igualar el éxito, que en casi todo el país había sido prerrogativa liberal desde 1863, de convertirse en un coto cerrado: el sistema de listas fue reemplazado por el de circunscripciones con un solo diputado elegible; la combinación del control oficial, privado y clerical, frustró toda intención existente de garantizar representación a las minorías. Sólo dos liberales llegaron al Congreso entre 1885 y 1904, Luis A. Robles, abogado de Magdalena, y un incansable antioqueño que aspiraba a la jefatura del partido, Rafael Uribe Uribe. La ventaja electoral se hallaba del lado de los partidos de la Administración, los «independientes» y los conservadores. Los más importantes agentes electorales de esta amplia coalición eran los funcionarios y el clero locales, quienes debieron haber conseguido más votos que los entusiastas «terratenientes conservadores» de la mitología popular; éstos sin duda existieron, pero los terratenientes solían eludir la participación directa en la política y, siendo muchos de ellos liberales, un electorado controlado por terratenientes no habría producido resultados tan uniformes. El mecanismo burocrático y el escrutinio fueron tareas más fáciles con las nuevas leyes electorales. Estaba apoyado por una Iglesia que había aprendido a confiar en su propia defensa, convirtiéndose, durante este periodo y posteriormente, en un formidable agente electoral, a prueba de todo, excepto de la división conservadora. El ejército también votaba según se le ordenaba. Bajo estas circunstancias, el partido conservador no tenía necesidad de una organización propia y separada. Podía perder las elecciones en ciertas ciudades, pero la República continuaba siendo abrumadoramente rural, y la mayor parte de la Colombia rural era conservadora.

Pero los sistemas electorales con regularidad demasiado perfecta son fuente de debilidad. El partido liberal no fue silenciado sino agraviado, y las tendencias belicistas dentro del partido se fortalecieron. Dadas ciertas circunstancias apropiadas —dificultades en la economía, consejos de gobierno divididos, algo de estímulo desde el extranjero, la perspectiva de sustituir el liderazgo del propio partido aun si se fracasara contra el gobierno mismo—, sólo se necesitaban unos cuantos hombres para iniciar una guerra civil, cuando las prácticas electorales y la exclusividad de las Administraciones hasta 1899 eran un pretexto permanente para aquellas. La mayoría del partido liberal reconocía que la decisión de los radicales de declarar la guerra contra Núñez en 1885 había sido desastrosa, y el liderazgo establecido se inclinaba firmemente hacia la paz. El ex presidente liberal Santiago Pérez se oponía persistentemente a «nuevos delirios de ametralladoras y riñes, que existen sólo sobre el papel y que solamente traerán el sacrificio de patriotas y le darán a los de la Regeneración la oportunidad de presentarse como los salvadores del país»[3]. Era, sin embargo, difícil para los pacifistas liberales defender su línea de pensamiento cuando el gobierno les negaba toda concesión. La habitual dependencia de un sistema fuertemente manipulado hizo también a los sucesores de Núñez, en particular a Miguel Antonio Caro, demasiado indiferentes a las corrientes de opinión dentro de su propio partido. Caro, enfrentado por sus maneras arbitrarias a la crítica de grupos conservadores antioqueños e «históricos» que no aceptaban totalmente la «Regeneración», comenzó aun a rechazar para sí mismo el epíteto de conservador, prefiriendo el de «católico». Caro acabó a malas con el Congreso en 1898, y fue el responsable de una desastrosa sucesión diseñada para excluir a los elementos de su propio partido que habían prestado oídos a sus críticos o mostrado signos de transigencia. Su elección para presidente en la fría Bogotá fue el inválido octogenario de Tierra Caliente Manuel Antonio Sanclemente, que había sido ministro del gabinete del presidente Mallarino en 1855, y para vicepresidente el hacendado, maestro de escuela y literato José Manuel Marroquín, anciano de setenta años y sin experiencia política, salvo la que todo bogotano bien relacionado adquiría inevitablemente para su propia diversión y preservación. Theodore Roosevelt, en un momento acalorado, se referiría más tarde a este autor de reglas gramaticales en verso y del equivalente local de Black Beauty (El Moro, novela en la cual un caballo de la sabana de Bogotá cuenta su propia vida), como «un conocido bandido suramericano».

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS

La revolución liberal de 1895 había sido rápidamente sofocada por las fuerzas del gobierno; el país había tenido una relativa prosperidad y la rebelión no se había extendido. Temporalmente en el cargo presidencial antes de la llegada a la capital del anciano Sanclemente, Marroquín ofreció en 1898 concesiones en cuanto a aspectos electorales, judiciales y de prensa, que podrían haber satisfecho a los liberales y a los conservadores disidentes, pero aquellas fueron retiradas con la toma de posesión de Sanclemente. Los liberales declararon la guerra nuevamente en agosto de 1899; un pequeño número de conspiradores liberales, con un número de rifles todavía menor —tal vez sólo 16—, atacaron en dicho mes Bucaramanga con notable falta de éxito.

De todos modos, la guerra iba a durar tres años, los «Mil Días», y, esporádicamente, con variada intensidad, afectaría a todo el país. El levantamiento liberal se llevó a cabo esta vez en un momento de creciente malestar económico derivado de la caída del precio del café, que era ya el producto más importante de las exportaciones del país. Tal caída produjo recesión en todas las actividades económicas, desempleo, merma de los recursos del gobierno, alza del tipo de interés. Los recursos y el prestigio del gobierno también habían sufrido el golpe de un bloqueo de la marina italiana, culminación de la larga «reclamación Cerruti», que tuvo sus orígenes en la guerra civil de 1885. No había opción frente al cierre de los puertos por las escuadras italianas, tal vez el desplante «imperialista» más espectacular sufrido por Colombia en el siglo pasado; los acreedores recibieron una suma respetable de parte de la necesitada Administración.

La guerra de los Mil Días, la última guerra civil formal, fue una de las más largas y la más destructora. Algunos jefes liberales, de los cuales los más notables eran los jefes rivales Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, lograron montar campañas coherentes. En ella hubo un reducido número de batallas de considerable tamaño, como la de Palonegro, en Santander, donde se dice que pelearon 20.000 hombres en mayo de 1900. Pero la guerrilla, presente en todas las guerras civiles, fue en esta el elemento dominante, con las consecuentes atrocidades, la agudización de los antagonismos locales y, al final de la lucha, especialmente en el centro del país, la represión despiadada de las «cuadrillas de malhechores» por parte del gobierno de Marroquín.

Los liberales esperaban recibir cierto apoyo del exterior del país y, a fines de los noventa, habían tratado de mejorar sus contactos internacionales. Uribe Uribe disfrazaba su red de seguidores en Colombia bajo la fachada de los «clubes Maceo», formados en apoyo de la lucha de los cubanos por la independencia, causa que el gobierno de Caro aún habría de favorecer, pues buscaba contactos con tres presidentes liberales vecinos: Eloy Alfaro en Ecuador, Joaquín Crespo en Venezuela y José Santos Celaya en Nicaragua. Sin duda existía solidaridad ideológica entre ellos. Eran anticlericales, aunque no necesariamente antirreligiosos; estaban vinculados por medio de la francmasonería y el espiritismo, el cual aparece muy definido en esta época con marcado corte progresista. Conseguir la solidaridad material era más difícil. Crespo, el gobernante de mayores recursos entre ellos, murió antes del comienzo del conflicto colombiano, en una guerra civil en su propio país. Alfaro, la figura de más generosa y mística de los tres, afrontó demasiados problemas con sus enemigos internos, en particular con los de la sierra norte y la frontera con Colombia, lo cual le impidió brindar algo más que una ayuda ocasional. Tampoco Zelaya pudo ofrecer más que apoyo moral. Venezuela daba asilo a los liberales colombianos en la frontera y, a cambio, el gobierno conservador colombiano ayudaba a los enemigos de Cipriano Castro por el otro lado, produciéndose pequeñas invasiones y contrainvasiones.

La guerra se mantuvo durante cerca de tres años. Los liberales fueron incapaces de dividir a su enemigo en el campo de batalla, o de igualar sus recursos, superiores en cuanto a reclutas, armas y papel moneda, y se rindieron en 1902. La guerra costó decenas de miles de vidas —nunca se ha podido precisar el número de muertos, la mayoría causados por las epidemias que siempre acompañaban a las guerras—, así como incalculables pérdidas materiales, y a ella siguió pronto la separación de Panamá, con el apoyo y protección de los Estados Unidos. Tanto los liberales como los conservadores comparten la culpa de ello, los primeros por haber hecho de la provincia de Panamá un teatro de guerra, y los segundos por haber dilatado, de modo nada realista, las negociaciones, autorizando la transferencia de la Concesión del Canal de la compañía francesa a los Estados Unidos, así como por el descuido de los intereses y susceptibilidades panameñas. Ninguno de los dos partidos pudo hacer nada para oponerse a la separación; las reacciones hacia el hecho variaron en Colombia: intensa vergüenza entre unos pocos, indiferencia entre la masa de la población y envidia conspiradora entre cierto número de separatistas en otras regiones del país. Es significativo que el asunto no dejara ningún sentimiento antinorteamericano duradero. José Manuel Marroquín concluyó su periodo, sucediéndolo en 1904 el general Rafael Reyes, veterano de la guerra de 1885, compasivo triunfador de la rápida y breve guerra de 1895, y uno de los candidatos sin confianza eliminados por Caro en la campaña de 1898. Reyes no había peleado en la guerra que acababa de concluir, pues había pasado la mayor parte de ella como ministro de Colombia en París.

EL QUINQUENIO DE REYES (1904-1909)

La presidencia-dictadura de Reyes, el «quinquenio» de 1904-1909, procuró introducir varias innovaciones políticas. La más importante de ellas fue la representación de las minorías, aunque se trataba de una representación interpretada del modo personal y autoritario de Reyes. Nombró a liberales para dos de los seis ministerios de su Gabinete, y para la Asamblea Constituyente, que designó al suprimir un Congreso recalcitrante. El general Uribe Uribe estuvo a su servicio como diplomático y, a petición de Reyes, envió a dos de sus hijos a la escuela de cadetes de Chile para prepararlos para entrar al que se planeaba como el nuevo ejército profesional de Colombia (se contrató una misión militar chilena para entrenarlo). Bajo Reyes los liberales abandonaron su federalismo —en 1899 no se habían desprendido todavía de su lealtad a la Constitución de Río negro— y, en general, abandonaron el recurso a la guerra civil. La guerra vio un cambio en el liderazgo del partido. En el curso de ella habían muerto de causas naturales algunos ancianos y prominentes jefes «pacíficos», y como de costumbre los campos de batalla, aun los de la derrota, habían creado reputaciones que podían utilizarse en tiempos de paz, principalmente las de los generales Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe. El primero se consideraba mejor soldado y, hasta su muerte en 1924, su taciturno y sólido liderazgo ejerció una atracción especial sobre el importante elemento veterano entre los liberales. Hijo de un sargento, Herrera se había incorporado a la Guardia Colombiana como voluntario a la edad de quince años y, hasta el advenimiento de la «Regeneración», en 1885, había sido soldado profesional, una rareza entonces en Colombia. Sin ser ideólogo, su sentido político práctico lo condujo, como jefe del liberalismo, a estimular la incorporación de los trabajadores al partido, y al final de su vida tuvo un activo papel en la fundación de la librepensadora Universidad Libre. El general Uribe Uribe tuvo una carrera militar menos triunfal —tenía las desventajas de ser de Antioquia, región pacífica y conservadora, y de haber sido un ordenancista—, pero poseía mayor fuerza intelectual. Había sido la voz única, pero efectiva, del liberalismo en el Congreso a fines de la década de 1890. Llevó a Roma su polémica con el arzobispo de Bogotá sobre si el liberalismo era pecado —el futuro papa Pío XII lo declaró como tal— y pronunció conferencias sobre socialismo. Regresó de sus viajes diplomáticos bajo el presidente Reyes y se dedicó a escribir sobre café, sobre pastos mejorados y sobre banano. Dirigió su propio periódico, y su correspondencia lo muestra organizando una red liberal a un nivel bastante más bajo que el de los habituales notables del partido. En Bogotá organizó un bloque obrero, que se hizo fuerte en el pobre barrio artesano de La Perseverancia. No fue popular entre sus iguales, que lo encontraban vano y oportunista. Herrera y él se detestaban mutuamente. Las tensiones generadas por su trayectoria política particular quizá contribuyeron a su asesinato en 1914.

La aspiración del general Reyes de ser el Porfirio Díaz de Colombia se había derrumbado en 1910 a causa de la creciente oposición de todos los sectores, que hallaron un motivo efectivo en sus prematuros intentos de restablecer las buenas relaciones con los Estados Unidos. La lenta recuperación de la economía lo había condenado de todos modos a una frustración práctica: tenía planes, pero carecía de los medios financieros para llevarlos a cabo. Su ligero autoritarismo y sus ocasionales vanidades le habían creado enemigos en ambos partidos. Convencido de que su apoyo se había desvanecido, abandonó el país sin previo aviso mientras viajaba por la zona bananera de Santa Marta, por cuyo establecimiento había trabajado vigorosamente. En la atmósfera bipartidista de su salida —que también debe tanto a su tolerancia y amplia visión, como a sus defectos—, una Asamblea Nacional redujo el término presidencial a cuatro años, prohibió la reelección inmediata, dispuso reuniones anuales del Congreso, restableció las elecciones directas y dejó algún margen para la representación de las minorías. Eligió como presidente para el periodo 1910-1914 a Carlos E. Restrepo, líder de la Unión Republicana, coalición ad hoc de varios prominentes líderes del partido. El centenario de la Independencia se celebró así en medio de la concordia cívica, la restauración de las libertades y un «civilismo» resuelto. Se ha visto con frecuencia a la «generación del Centenario» en sus intentos por preservar estos valores.

LA VIDA POLÍTICA (1910-1914)

Bajo la Unión Republicana de Carlos E. Restrepo, la vida política del país se mantuvo esencialmente en manos conservadoras. El restablecimiento del voto directo también favoreció a los conservadores —los liberales o los conservadores disidentes podían ganar en Bogotá y en algunas otras ciudades, pero nunca entre el electorado rural en su totalidad—. En 1914 la maquinaria oficial, la Iglesia, los caciques y la opinión conservadora —corriente que también contaba con su mística y sus héroes— eligieron presidente a José Vicente Concha con 300.735 votos, ante los 36.763 de su opositor republicano liberal. En 1918 designaron a Marco Fidel Suárez con 216.595, en detrimento de su oponente, el disidente conservador Guillermo Valencia, quien con el apoyo liberal obtuvo 166.498 votos, ganando en Bogotá y en once de las catorce capitales departamentales. En 1922 el general Pedro Nel Ospina derrotó al general Herrera por 413.619 votos frente a 256.213. Como respuesta al fraude, a la violencia y a la participación clerical en las elecciones de 1922, los liberales se abstuvieron en las elecciones de 1926, en las cuales triunfó, sin oposición, Miguel Abadía Méndez con 370.492 votos. Sólo en 1930, con los conservadores divididos, ganaron los liberales las elecciones presidenciales: Enrique Olaya Herrera recibió 369.934 votos, Guillermo Valencia 240.360, y Alfredo Vásquez Cobo 213.583.

Las cifras anteriores, de fuentes oficiales, encerraban una gran dosis de fraude electoral. Bajo el sistema de Rafael Núñez en 1886, reformado en 1910, el sufragio estaba oficialmente restringido a quienes supieran leer y escribir, poseyeran propiedades de un determinado valor o recibieran ingresos también de un valor establecido —1.000 y 300 dólares respectivamente en 1922—. No es difícil hacer cálculos aproximados sobre cuál pudo haber sido el tamaño del electorado en una región u otra y, donde predominaba el fraude, percibir cómo el número de votantes sobrepasaba esas limitaciones, principalmente en las zonas conservadoras rurales. Algunas veces el asunto se reducía al papel, y no reflejaba ninguna participación o movilización real. Pero otras veces no era así, posiblemente como resultado de la participación de quienes oficialmente estaban excluidos del derecho al sufragio característico de las elecciones en Colombia desde los primeros días de la República. Las cifras también encierran, como lo demuestra la parte urbana de la oposición liberal, un innegable aumento de participación genuina. A principios de la década de 1920, cálculos contemporáneos estimaban el total del electorado en poco menos de 10 por 100 de la población. Los liberales, al denunciar la forma en que los departamentos de Boyacá y Nariño, habitados por campesinos indígenas pobres y analfabetos, encabezaban la lista de la votación conservadora, así como los notorios fraudes en la costa atlántica, la votación del ejército, la policía, las gendarmerías y el monopolio del aguardiente, controlados por el gobierno, y la bendición de las prácticas electorales conservadoras por parte de los curas, nacionales y extranjeros, estimaban que su propia cifra real de votantes era al menos tan alta como la de sus oponentes.

Estas acusaciones y contraacusaciones, sumadas al folklore de los abusos del sistema, hacen fácil perder de vista el sistema en su conjunto. Las dos corrientes tradicionales tenían raíces que se remontaban a los años iniciales de la República. En las guerras civiles se creaban y ratificaban lealtades que estaban destinadas a perdurar. Los cambios económicos no tenían el carácter ni la fuerza para alterarlas. Los conservadores seguían contando notoriamente con el apoyo de la Iglesia. En los años veinte, particularmente bajo Pedro Nel Ospina, tuvieron la capacidad de sacar provecho de las nuevas circunstancias económicas, y su apoyo popular no se confinó a las zonas rurales; muchos empresarios eran conservadores, y algunos de ellos eran sincera y efectivamente paternalistas. Los liberales habían abandonado, con notable éxito, su oposición belicista en favor de la competencia electoral. Ellos representaban la única oposición viable, y su flexibilidad y las circunstancias sociales del país evitaron efectivamente el desarrollo de movimientos de izquierda. En repetidas oportunidades los sindicalistas, marxistas y anarquistas colombianos fracasaron en sus esfuerzos por hallar circunscripciones electorales autónomas o adelantar carreras independientes, fracaso que se analizará con algún detalle más adelante. La organización partidista se mantenía en un nivel rudimentario, y cada corriente era una alianza de grupos regionales, que propendían siempre a dividirse en facciones en las cuales nadie tenía jamás el poder de expedir nada tan formal como una tarjeta de pertenencia, en las cuales la manifestación más permanente y visible de la existencia del grupo era quizás un periódico local, y cuyas campañas de registro y electorales tenían que ser breves y baratas. Las «giras» o recorridos políticos, no del todo desconocidos en el siglo XIX, se hicieron más habituales en el XX. El flamante poeta-político Guillermo Valencia llevaba a cabo giras políticas en automóvil por las cercanías de la capital, y Jorge Eliecer Gaitán, el líder liberal asesinado en 1948, hizo su primer viaje político en la campaña del general Herrera en Boyacá en 1922. En 1930 Alfonso López Pumarejo, arquitecto de la victoria liberal de ese año, hacía campaña en aeroplano e hidroavión.

Este tipo de actividad era esencial. No existía una fuente alternativa de poder en la política nacional de Colombia. Entre las instituciones nacionales, la Iglesia estaba hipotecada políticamente a los conservadores, siendo a la vez dirigente y dirigida en similar medida, y dividida ella misma en un rosario de obispados semiautónomos. El arzobispo de Bogotá tenía escaso control sobre otras diócesis o sobre los extensos territorios misionales y las numerosas órdenes religiosas. El ejército había cambiado desde la guerra de los Mil Días. Muchos de los generales y coroneles ad hoc todavía conservaban su rango en la vida civil, y el general Vásquez Cobo, esencialmente un guerrero que se había hecho a sí mismo, fue el encargado del mando en la breve guerra contra Perú en 1932, aunque el cuerpo de oficiales era ya profesional en la mayoría de los aspectos. Era, sin embargo, pequeño; su prestigio era limitado y era, además, conservador. No tenía capacidad para la acción política independiente, ni siquiera para la conspiración independiente. Colombia era un país gobernado sin presión, cuyas rentas antes de la década de 1920 sólo habían sostenido una raquítica Administración. Todos los poderes públicos se hallaban en las manos de políticos esencialmente civiles. Algunos de ellos en ambos partidos eran de extracción «oligárquica», hijos de familias de antigua fortuna y prestigio, pero muchos otros no lo eran. Las fortunas colombianas eran todavía modestas, y la aversión a la política era al menos un rasgo tan común entre la clase alta como la ambición política. La política era esencialmente para los políticos, muchos de los cuales provenían de modestos orígenes.

El prestigio intelectual fue elemento importante en muchas carreras políticas. Rafael Núñez fue siempre un prolífico escritor público, divulgador de muchos temas y poeta. Miguel Antonio Caro fue latinista, traductor de Virgilio, gramático, polemista en múltiples frentes, desde la teología hasta la economía política; fue el ejemplo más completo del intelectual de la República Conservadora. Su sabiduría en tantos campos infundía temor y envidia, y no se puede entender cabalmente la hegemonía conservadora sin tener en cuenta este elemento cultural. Rafael Uribe Uribe, hecho prisionero por los conservadores en la guerra de 1885, empleó su tiempo en la cárcel para escribir su Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje, tal vez para mostrar que en esa ciencia había maestros en las filas liberales, igual que los había en las conservadoras. Tomaba lecciones de latín para mejor enfrentarse con Caro en el Senado. Por el lado conservador, el número de políticos-gramáticos muestra que el fenómeno no es una coincidencia. Siguen a Caro los presidentes José Manuel Marroquín, Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Méndez, todos ellos autores de obras de gramática. El presidente José Vicente Concha fue dependiente y después dueño de la modesta librería fundada por Caro. El futuro presidente liberal Alfonso López Pumarejo fue alumno de una escuela, también modesta, que Caro abrió después de su presidencia.

López recordaba que era fácil distraer al Maestro de las tareas incitándole a hablar mal del partido conservador, pero las escuelas del país transmitían esta hegemonía inversamente. Cada alumno de provincias que luchaba con el participio o con el gerundio se daba cuenta que los grandes maestros de estas materias también regentaban los destinos del país. Los liberales de la era federal, como hemos anotado, dieron mucha importancia a la educación: su versión laica iba a liberalizar paulatinamente al país. Los conservadores, después de 1885, tampoco se descuidaron. Su sello hispanófilo, santafereñobogotano, ortodoxo, rígido, clásico, de códigos y de reglas, dejó honda impresión, y la nota pedagógica en la manera colombiana de gobernador iba a perdurar muchos años. Se escucha en ambos partidos. Se oye con igual claridad, por ejemplo, en los discursos de Alfonso López Pumarejo como en los de Laureano Gómez.

Un estudio que pusiera énfasis en la movilidad lenta, en las evidencias de modernidad y adaptación, en las virtudes del centenario, a menudo proclamadas y a veces practicadas, podría ser un correctivo útil al frecuente rechazo de estos años como un periodo de clientelismo estático. Pero tal estudio sería incompleto. Muchos elementos de esta imperfecta democracia pueden ser familiares para los estudiosos de otros estados de América Latina y de otras partes, pero el potencial colombiano para la violencia sectaria no lo es. Después de la guerra de los Mil Días este potencial se mantuvo escondido durante algún tiempo bajo el autoritarismo imparcial del general Rafael Reyes, en la oposición bipartidista contra él y en la Unión Republicana. Posteriormente reapareció. Con ocasión de las elecciones de 1922, hubo suficiente violencia como para producir una concertada y detallada protesta liberal:

Las manifestaciones liberales públicas efectuadas de forma pacífica y culta se disolvían en muchas partes por turbas conservadoras que las agredían merced a la tolerancia, al apoyo, a la intervención y en ocasiones con la autorización de los gobernantes. Tales manifestaciones fueron en no pocos casos estimuladas por un clero intransigente en los púlpitos de las iglesias. Ciudades importantes, entre ellas la capital de la República, presenciaron escenas de sangre revestidas de los más crueles caracteres comparables sólo a los practicados por el apachismo más salvaje, y las aldeas y los campos vieron aparecer métodos de terror que mantuvieron, y aún mantienen, un estado de intranquilidad perjudicial para la marcha regular de una nación bien organizada[4].

El gobierno replicó que los liberales estaban exagerando, que la culpa no recaía solamente en los conservadores, que en la República liberal la Iglesia tenía todo el derecho de expresar su opinión, y que muchos de los denominados ataques políticos tenían, al examinarlos con mayor detenimiento, otros motivos. No negaba que había distribuido unos 3.000 rifles a los gobernadores de los estados para la formación de los «cuerpos cívicos de la policía departamental». Casi la mitad de aquellos llegaron al notoriamente conflictivo departamento de Norte de Santander, y no todos regresaron. Los liberales en verdad exageraban, y los historiadores que han buscado los antecedentes de la violencia sectaria, mucho más intensa, de fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, han exagerado también. La violencia electoral de 1922 no dejó tantos muertos ni heridos. El peligro, mayor, de un levantamiento liberal —en un momento en el cual la Colombia del siglo XX parecía recaer en los métodos del XIX— se evitó gracias a un liderazgo prudente. Las elecciones de 1930 no fueron violentas, y la transferencia de poder a los liberales, aparte de alguna resistencia en los Santanderes, se logró pacíficamente. Pero se mantenía el riesgo de una violencia más generalizada, que más adelante otras circunstancias y la demagogia en competencia de Jorge Eliecer Gaitán y Laureano Gómez harían aparecer abiertamente.

Rafael Núñez vio en 1880 el problema del orden como el primero en importancia en Colombia, y no habrá necesidad de justificar el estudio somero de la solución parcial al mismo en los 50 años que transcurrieron hasta 1930, tanto a la luz de cuanto había sucedido, como de cuanto estaba por venir. Los problemas políticos tienen su propia autonomía, y su relación con el cambio económico no es sencilla aquí ni en ninguna otra situación. Los cambios económicos y sociales en este medio siglo tuvieron, en ciertos aspectos, un efecto político menos evidente del que se esperaría a causa de su magnitud. Se fueron acomodando a las prácticas políticas existentes.

LA ECONOMÍA (1880-1930)

A mediados de la década de 1880, las exportaciones colombianas de tabaco, corteza de quinina y café, quedaron estancadas. El tabaco había sido el principal producto de exportación desde mediados de siglo, y la corteza de quinina, que se recogía, no se cultivaba, se había convertido en causa de constantes periodos de prosperidad sin precedentes en las regiones de Tolima y Santander. Estas exportaciones nunca se iban a recuperar, y la crisis puso fin a la era de gobierno liberal con la guerra civil de 1885. Para entonces no había ninguna claridad sobre el tipo de actividad económica que pudiera liberar a la República de una pobreza tan palmaria. El propio Rafael Núñez tenía poca fe en las exportaciones agrícolas, y esperaba el renacer de la minería. La Nueva Granada había sido una colonia minera; aunque no fue tan espectacular como México o Perú, había sido el principal productor de oro en la América española, e igualaba a Brasil en la historia de la producción en las Américas antes de los descubrimientos de 1849 en California. Pese a que la minería en la región del Chocó, en la costa del Pacífico, había sido interrumpida por la emancipación definitiva de los esclavos en Colombia en 1851, la producción en su conjunto se mantuvo y alcanzó un promedio de entre dos y tres millones de pesos al año, en su mayor parte en Antioquia. Las exportaciones de tabaco en sus mejores años habían superado los tres millones de pesos y, en alguna oportunidad, la corteza de quinina había superado los cinco millones. Pero el oro era más estable, lo cual representaba una particular ventaja para los comerciantes y empresarios de Antioquia. En la década de 1870, se ha estimado que el total de las exportaciones anuales de Colombia fluctuaba entre diez y quince millones de pesos. En términos per cápita, sin embargo, habían crecido poco desde comienzos del siglo.

La solución, no obstante, no vendría de la minería, pese a que en los últimos años del siglo hubo importantes avances en este campo en Antioquia, con la instalación de dragas y monitores de mayor capacidad en los ríos auríferos y en las minas de aluvión en ese departamento y en el Chocó, renovándose el interés por las minas de Tolima. La solución se encontraría en el café, que Colombia había comenzado a exportar en la década de 1850 de la región oriental de Santander, que había recibido el impulso desde Venezuela. En la década de 1880, Colombia ya exportaba cerca de 100.000 sacos anuales. La cifra se elevó a casi medio millón en los primeros años del siglo XX, y aun cuando el país todavía producía sólo un pequeño porcentaje del café mundial, éste constituía para entonces cerca de la mitad del valor total de las exportaciones colombianas. En 1930 las exportaciones superaron los tres millones de sacos, y Colombia se había convertido en el segundo productor mundial, después de Brasil, y en el más importante productor de café suave. Los cultivos se habían extendido de Santander a Cundinamarca y Tolima, y hacia el occidente, hacia Antioquia y las zonas de colonización antioqueña en Caldas. Los métodos de producción variaban, en la medida en que los cultivadores adaptaban a ella variados sistemas locales consuetudinarios: aparcería en Santander, tenencia de servicios en Cundinamarca, y una mezcla de tenencia de servicios y minifundio en el occidente. El café era causa y sostén de migraciones, tanto permanentes como estacionales, a la tierra templada, las tibias laderas de las cordilleras; ofrecía oportunidades nuevas y salarios adicionales. Su procesamiento y comercialización quedaron de modo predominante en manos nativas; se hallaba presente el capital extranjero, pero la industria comenzó y se mantuvo esencialmente colombiana. La necesidad de transportar el café introdujo algunas extensiones vitales en los ferrocarriles. En 1885 Colombia tenía en uso solamente 203 kilómetros de vía férrea, los cuales aumentaron a 901 kilómetros en 1909, 1.481 en 1922 y 3.262 en 1934. En sí mismas, estas no son cifras admirables, aun para uno de los países más montañosos del mundo, y no todas las líneas cubrían zonas cafeteras. Sin embargo, las que lo hacían jugaron un papel de gran importancia.

Hubo progreso también en las carreteras y en los modestos pero esenciales caminos de herradura, caminos de piedra para el tráfico de caballos y mulas. Aunque esta parte de la infraestructura de las zonas cafeteras escapaba de la estadística oficial, representó una inversión inmensa.

En Antioquia y Caldas, el café mantuvo, aunque no siempre de forma generosa, a una estirpe de minifundistas productores, en simbiosis con las grandes fincas, los procesadores y los exportadores. Atrajo al occidente de Cundinamarca y a Tolima, como arrendatarios y recolectores, al campesinado de las tierras altas de Cundinamarca y Boyacá, que se contaba entre los más pobres del país. No todos ellos permanecerían conformes con su situación, y a fines de la década de 1920 eran ya visibles los conflictos en algunas de las propiedades más extensas. Pero el café colombiano desafía la simple teoría social. El cultivo del café no fue tarea de un grupo claramente definido de empresarios burgueses; atrajo a terratenientes que previamente se habían dedicado a otras actividades, y a comerciantes que con frecuencia eran al mismo tiempo agricultores.

No han tenido éxito los esfuerzos de los historiadores de establecer un «interés cafetero» de clara orientación política. No era necesaria ninguna filiación política para discernir cuál era la inversión más atractiva disponible y, además, los cargos gubernamentales ofrecían escasa competencia a las ventajas comerciales del cultivo del café. Tampoco trajo el auge del café un avance inmediato en la división del trabajo de la burguesía local, difícil de discernir como lo es a lo largo del siglo XIX. No era prudente dedicar todos los recursos de un individuo a una sola empresa y además la inversión en el café podía combinarse naturalmente con otras líneas de actividad. Con el establecimiento y mantenimiento de las propiedades, con la recolección y procesamiento y la provisión de maquinaria y sacos, que se fabricarían en alto porcentaje localmente, y con el transporte y otros servicios, una alta proporción de colombianos vino a quedar, de manera más o menos directa, asociada al café. Rafael Uribe Uribe, algo así como un representante autoproclamado del café ante el Congreso a fines de la década de 1890, estimaba que esta proporción podría elevarse a uno de cada cuatro. Tomando en consideración que el café constituía una parte muy notable de las divisas de Colombia, y que las rentas del gobierno todavía dependían considerablemente de los impuestos de aduana, puede decirse que nada escapaba al dominio del café. Se ha argumentado que el cultivo se estableció gracias a los salarios artificialmente bajos que acompañaron la introducción del papel moneda no convertible en los años posteriores a 1885, pero este punto de vista no puede sostenerse ante un examen detenido. Hubo creciente competencia por la mano de obra, y por esta causa los salarios sufrieron oscilaciones; la tendencia no era a la sostenida pauperización o proletarización del trabajo en las plantaciones de café. Los salarios tenían que ser altos para atraer a la mano de obra a un duro trabajo estacional en áreas reconocidamente insalubres, donde los precios de muchos artículos básicos eran más altos que en las regiones de donde procedían los trabajadores. Dados los diversos ciclos estacionales y regionales en la demanda de mano de obra, los salarios cafeteros constituían un sobresueldo para aquellos inmigrantes. El mercado nacional se amplió y profundizó, como lo resumía en 1921 el enciclopédico y preciso comisionado de Comercio de los Estados Unidos P. L. Bell:

Si… se le privara de sus exportaciones de café, el país perdería más del 50 por 100 de su poder de compra en el exterior y las importaciones caerían en proporción directa a esa disminución. En torno al cultivo y a los precios del café giran las condiciones económicas del país entero, afectando directamente aun a las regiones no productoras debido a que, cuando las secciones productoras del grano han vendido una cosecha grande a precios altos, los ingresos resultantes fluyen a las otras regiones no productoras con el comercio de otros bienes como granos, tabaco, oro, platino, caucho, chicle, ganado, mulas, caballos, ovejas y cabras, cueros y pieles, algodón, sal, etc., y el resultado es la prosperidad general. Pues una buena cosecha de café vendida a precios altos significa mayor inversión en fincas, raíz y aumento de la construcción; beneficia a las municipalidades, cuyos ingresos por concepto de impuestos aumentan, e inmediatamente se da como resultado un incremento en los gastos en mejoras públicas. También trae como consecuencia mayores compras de toda clase de mercancías en los mercados internacionales, de la importación de las cuales el gobierno recibe la mayor proporción de sus rentas en forma de aranceles de importación; y por consiguiente, beneficia directamente a las condiciones financieras del Gobierno Nacional, que se reflejan en las de los diversos departamentos. También significa afluencia de capital, que se invierte en nuevos establecimientos industriales (como por ejemplo en la extensión de antiguas o erección de nuevas fábricas de algodón), en la ganadería y en la producción de más café, algodón, azúcar, etc.[5]

Bell escribía a principios de una década que proporcionó a Colombia su primera experiencia de optimismo sostenido desde comienzos de la década de 1870. Además del café, aumentaban las exportaciones de bananas y petróleo. El general Reyes, el general Uribe Uribe y las compañías fruteras de Boston habían mostrado gran entusiasmo por las posibilidades que ofrecía la producción de bananas en la región de Santa Marta, en la costa del Caribe. También lo había mostrado el general Benjamín Herrera, quien tenía allí una propiedad. No obstante, a la larga este enclave resultó para la United Fruit Company más difícil de manejar que sus posesiones en América Central. Había que tratar con demasiados terratenientes y políticos locales, el gobierno nacional era remoto y no siempre cooperativo y, además, las difíciles relaciones industriales culminaron con la matanza y la huelga de 1928, de la cual nunca se recuperaron. En la zona soplaba el viento en exceso y el agua era escasa. Pero pese a todo lo anterior, la producción en la década de 1920 se elevó a más de diez millones de racimos, haciendo de Colombia, durante un breve periodo, el principal exportador del mundo. Más de la mitad de la zona bananera era de propiedad local y pese a la constante fricción por los precios que el monopolio exportador de la compañía pagaba a los cultivadores, parte de los ingresos permanecían en Colombia. Por otra parte, siempre quedaba la esperanza de que la proporción creciera. En vísperas de la crisis mundial, las bananas representaban cerca del seis por 100 de las exportaciones.

El petróleo generó esperanzas aún mayores, pues hacia fines de la década de 1920 había llegado a constituir alrededor del 20 por 100 del total de las exportaciones. Según la leyenda, el general Virgilio Barco, uno de los primeros dueños de concesiones, fue arrojado a la calle por un mayordomo de Rockefeller cuando intentó negociar su título en Nueva York por primera vez. El interés por Colombia creció durante la primera guerra mundial, por las incertidumbres con respecto a México y los éxitos en Venezuela. La década de 1920 fue un periodo de entusiasta exploración, con algún éxito. Pero fue también engañosa. Colombia tenía demasiados políticos-abogados, un Congreso demasiado sensible y, peor aún, el petróleo no era suficiente para satisfacer las elevadas expectativas. El petróleo generaba pocos empleos, pagaba reducidos impuestos, y la mayor parte de las ganancias iban a parar al exterior.

Entre 1905 y 1929 las exportaciones de Colombia se multiplicaron por nueve; las exportaciones de café, casi por quince. En el mismo periodo las importaciones aumentaron once veces. Entre 1924 y 1928 las exportaciones crecieron de 85,5 millones de dólares a 130,8 millones, y las importaciones pasaron de 61,8 millones de dólares a 158,9 millones. Los ingresos por concepto de aduanas alcanzaron un nivel sin precedentes, elevándose de 19,9 millones de pesos en 1924 a 41,2 millones en 1928. Lo mismo sucedió con la deuda externa. A comienzos del siglo Colombia había sido un deudor indescriptiblemente deficiente. Puesto que acababa de salir de la guerra civil y la hiperinflación, la República no había efectuado ningún pago adecuado desde 1878 sobre una deuda externa de suyo antigua. Con la irrisoria suma de 14s 11d per cápita, era una de las deudas más bajas en América Latina, proporcionalmente menos de una vigésima parte del endeudamiento de Argentina o de Uruguay. Pero este era signo de atraso, no de prudencia. El sistema fiscal colombiano estaba tan arruinado que el general Reyes consideró imposible de reparar por parte del Estado; era su deseo entregar enteramente el manejo de aquél a manos privadas. Se produjo una inundación de papel moneda con la guerra civil. El desastroso panorama, no obstante, se transformó durante el siguiente cuarto de siglo, particularmente durante la década de 1920. El tratado Urrutia-Thompson de 1922 proporcionó a Colombia una indemnización de 25 millones de dólares, como compensación por la pérdida de Panamá en 1903, inspirada por los Estados Unidos. La misión de asesores financieros encabezada por el doctor Edwin Kemmerer, contratada por el gobierno del general Pedro Nel Ospina (1923-1926), suministró al sistema bancario y contable del país una atractiva, ortodoxa y actualizada forma, y Colombia comenzó de nuevo a endeudarse ampliamente en el exterior, y los departamentos con un desenfado que el gobierno nacional no podía controlar. Los conciudadanos del doctor Kemmerer se mostraban satisfechos de prestar. La deuda externa a largo plazo de la nación, los departamentos y los municipios creció de 27,5 millones de dólares en 1924 a 203 millones en 1928. En tanto que la Administración de Marco Fidel Suárez (1918-1922) invirtió poco más de 13 millones de pesos en obras públicas, la Administración de Pedro Nel Ospina invirtió durante los siguientes cuatro años más de 55 millones, y el último gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), 158 millones.

POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

En retrospectiva, esta «danza de los millones» de «prosperidad a debe», ha sido criticada como un episodio de despilfarro nacional. Se ha afirmado que los sucesivos gobiernos carecían de la experiencia o del poder necesarios para dirigir la inversión de los fondos suministrados por los extraordinariamente ambiciosos prestamistas norteamericanos. Debían satisfacerse ignorantes apetitos provinciales, y pocos entendían la diferencia entre la inversión productiva y la improductiva, o se preocupaban por la falta de un plan nacional coherente. Apareció un nuevo tipo de inflación y, mientras la mano de obra se trasladaba de las viejas actividades campesinas a las obras públicas y otros campos nuevos, el suministro de alimentos se hacía problemático. Las críticas anteriores parecen excesivas y no permiten comprender el espíritu de una década que por primera vez ofreció, en mucho tiempo, al menos una posibilidad de modernización consciente. De ningún modo fue equivocada toda la inversión; por ejemplo, la red de transportes mejoró considerablemente. Los gobiernos conservadores, por otra parte, llevaron a cabo una reforma administrativa importante. Las críticas posteriores de las reformas financieras del doctor Kremmerer, por la excesiva rigidez de estas, pasan por alto lo que se estaba cambiando y combatiendo. Los conservadores, además, tuvieron la capacidad de modificar sus actitudes en vista de las nuevas circunstancias. La legislación social, más drástica y abiertamente progresista, de la década liberal de 1930, tiene sus precedentes locales en los años de 1920. El economista colombiano más importante de la época, el ilustrado y ecléctico Esteban Jaramillo, estuvo al servicio de los conservadores en la década de 1920, así como de los liberales en los años más difíciles posteriores a 1930; los dos partidos diferían en materia política, pero no en lo esencial de la política económica. Sin embargo, las fuerzas políticas regionales, todavía fuertes, y su capacidad, por medio del Congreso, de obtener cantidades crecientes de un presupuesto también creciente, una excesiva proporción del cual se destinó a una burocracia en aumento y a unas obras públicas quizás indeseables y ciertamente insostenibles, continuaban siendo hechos reales en la vida política colombiana bajo las nuevas circunstancias económicas y fiscales de la década de 1920.

Entre 1870 y 1928 la población de Colombia creció de 2.920.000 a 7.212.000. Durante el mismo periodo las cuatro principales ciudades del país crecieron considerablemente. En 1870 Colombia no tenía ninguna ciudad que alcanzara los 50.000 habitantes. Bogotá, con 41.000 habitantes, era la ciudad más grande, seguida por Medellín con 30.000, Cali con 13.000 y Barranquilla con 12.000. Bogotá sobrepasó la barrera de los 100.000 habitantes alrededor de 1905, y hacia 1928 tenía 235.000; en el mismo año Barranquilla tenía 140.000, mientras que Cali y Medellín tenían cerca de 120.000 cada una.

Estas cifras traducen cierta medida de cambio social, una medida que con frecuencia escapaba a los observadores extranjeros de un país que, todavía en 1930, estaba escasamente poblado, abrumadoramente rural, con tres cuartos de su población analfabeta, carente de inmigrantes —el mayor grupo de inmigrantes era el turco, o siriolibanés, en su mayor parte dedicado al comercio al por menor—, remoto y antirrevolucionario. Pero el país era considerablemente diferente del descrito con minuciosidad germánica por Alfred Hettner y Ernst Rothlisberger en la década de 1880. Existía ya una clase media urbana de cierto tamaño, distinta del embrión mestizo detectado por Hettner: «un modo de vida urbano particular de los artesanos, empleados de comercio, propietarios de pequeñas tiendas y funcionarios públicos. En parte han dejado de usar la ruana y el sombrero de paja, e imitan el estilo europeo de vestir de las clases altas, de modo que para describirlos, en honor a la verdad, ya no es correcto el calificativo de gente de ruana»[6]. Hettner describió un país virtualmente sin industrias, «a menos que se pueda llamar industrias a las pequeñas imprentas y cervecerías»; para 1930 se había establecido ya en Colombia una base en el campo de los textiles, en el procesamiento de alimentos y en otras pequeñas industrias de consumo, al abrigo de aranceles proteccionistas. No obstante, dicha base no había producido nada parecido a un proletariado de masas. Las mayores concentraciones obreras de Colombia se encontraban en las fábricas de textiles de Medellín, donde la mano de obra era predominantemente femenina. Femenina era también gran parte de la fuerza laboral, más dispersa, empleada en el procesamiento del café. Ciertas minas empleaban a algunos cientos de trabajadores, como en el caso de la mina de plata de Santa Ana, en Tolima, y lo mismo sucedía con los ingenios azucareros de La Manuelita y Sincerín, pero tales concentraciones obreras eran escasas y se hallaban alejadas de los centros de poder. Esto se refleja en la historia temprana de la organización obrera en Colombia. Existía la posibilidad de organizar a los mineros y a los trabajadores portuarios, fluviales y ferroviarios. Podía progresarse algo también con la fuerza de trabajo de la zona bananera, de ningún modo uniforme, y con los trabajadores textiles, a pesar de su sexo y del paternalismo de los empresarios de Medellín. Pero aparte de esto, poco podría haberse hecho con una fuerza de trabajo urbana que a la vez era pequeña y estaba atomizada. En estas circunstancias, las organizaciones mutualistas, manejadas por la Iglesia, tuvieron tanto éxito como cualquier otra clase de organización. Colombia, como se le dijo con firmeza al delegado del país en el Congreso de Partidos Comunistas de América Latina en Buenos Aires en 1929, carecía de masas.

Este problema se complicaba con otro de conciencia. Los mejores estudios sobre los primeros casos de agitación en Colombia muestran frustraciones recurrentes, específicamente colombianas. Los esfuerzos de conformar un movimiento autónomo de la clase obrera debían contender con los poderes de integración de la política convencional, particularmente de la política liberal. Los generales Uribe Uribe y Herrera nunca se negaron a recurrir al elemento popular para presentar al partido liberal como el vehículo natural de la causa de los trabajadores. Los obreros, por su parte, no encontraban contradicción en ofrecer su lealtad, para cuestiones inmediatas, a una organización socialista, en tanto que reservaban su apoyo en la política nacional para el Gran Partido Liberal y sus héroes, mártires y veteranos. El partido se mostraba siempre abierto al talento, y ofrecía al menos la oportunidad de una plataforma más amplia. Su historia anterior contiene episodios y figuras de genuino radicalismo, y además prometía un futuro. Poco sorprende, pues, que las filas de los socialistas, comunistas, anarquistas y otros líderes obreros autonomistas, se vieran continuamente mermadas por el «oportunismo».

Una segunda fuente de frustración se derivaba de la naturaleza de la sociedad colombiana, y obraba tanto en favor de los gobiernos conservadores como de la oposición liberal. El carácter de las diferencias sociales en Colombia no ayudaba a impulsar la conciencia de la clase trabajadora. Las diferencias sociales pueden hacerse aparecer muy amplias si, por ejemplo, se compara a un «indio boyacense» con un banquero de Bogotá, o a un negro del Valle con un aristócrata de Popayán. La distancia entre los extremos en Colombia era quizás modesta en comparación con otras sociedades, y en todo caso los nuevos conflictos no eran entre tales extremos; pero aun así había conflictos, en una sociedad cuyas relaciones internas eran muy estrechas. Ignacio Torres Giraldo, uno de los primeros líderes obreros en escribir sobre su experiencia personal, describe cómo, en la huelga del Ferrocarril del Pacífico de 1926, el gerente, general Vásquez Cobo, pudo efectuar una visita sin escolta a la sede de la huelga en Cali para felicitar a los huelguistas por su disciplina, cautivándolos con sus modales caballerosos. El general Vásquez Cobo era además un político conservador ansioso por captar los votos del pueblo. Torres Giraldo, de viaje a Moscú, le devolvería posteriormente la visita en la Legación colombiana en París. No era ésta, ciertamente, una atmósfera propicia para el florecimiento de la lucha de clases. En parte, un líder obrero de cierta prominencia es ya una persona cuya posición social es mucho más alta que la de su clase, y en parte no existe todavía suficiente diferenciación. Debió subsistir también en la memoria de Cali el recuerdo de cuando el general liberal negro David Peña, unos cuarenta años antes, había hecho barrer las calles a algunas matronas conservadoras. Torres Giraldo ha dejado también un relato de la vida de María Cano, una dama de Medellín cuya simpatía por los pobres, inspirada inicialmente por Víctor Hugo, la condujo de las obras de caridad a su elección como la «Flor del Trabajo» y de allí a campañas de organización entre los trabajadores del río Magdalena y de las minas antioqueñas y, finalmente, al marxismo. Como significativo detalle inicial, en un principio su familia se preocupaba más de que la señorita estuviera acompañada adecuadamente que de las doctrinas que aquella estaba predicando. Colombia cafetera, de Diego Monsalve, magnífico infolio sobre el progreso de la nación preparado a fines de la década de 1920, registra con orgullo el número de organizaciones obreras como síntoma de modernidad nacional y no como heraldo de conflictos venideros. Su actitud es al menos tan justificable como la de aquellos historiadores del movimiento obrero que escriben como si estuvieran haciendo la crónica de los santos y los mártires de alguna Iglesia primitiva. La actitud de los conservadores hacia los noveles sindicatos no fue tampoco, en modo alguno, uniformemente alarmista u obscurantista en la década de 1920. El general Vásquez Cobo era más típico que su rival del Valle Ignacio Rengifo quien, como ministro de Gobierno a fines de la década de 1920, llevó a cabo una campaña de heroicas medidas, fracasada y altamente ridiculizada, contra la Amenaza Roja. Semejante línea de comportamiento era tan exótica como la amenaza contra la cual se dirigía, y era contraria a las creencias conservadoras de que su partido estaba más a tono con la esencia del pueblo colombiano que el liberal; que eran los liberales quienes con frecuencia explotaban al proletariado naciente, y que la tradición conservadora de paternalismo activo derivaba de los mejores elementos de la tradición colonial, que el partido nunca había abandonado. Estos puntos de vista encontraron eco, por ejemplo, en el líder indigenista del Cauca Manuel Quintín Lame, quien, con todas sus excentricidades y particularidades, es el líder indígena más formidable que esta República mestiza ha producido desde la Independencia. El «doctor Quintino», con su conocimiento del código civil y su desgastada copia de El abogado en casa, se ubica claramente dentro de una cierta tradición. Encontró un oyente benévolo en Marco Fidel Suárez, quien le ayudó a conseguir acceso al Archivo Nacional; por su parte, en las elecciones de 1930, Quintín prestó su apoyo a los conservadores: «ellos han perseguido a los indígenas de un modo ordinario, mientras que los liberales los han perseguido de un modo extraordinario»[7].

No hubo en realidad demasiada persecución extraordinaria. La huelga de la zona bananera de Santa Marta y la masacre de 1928 fueron producto de circunstancias especiales. Se desarrollaron de un modo imprevisto para ambos bandos; la represión subsiguiente fue suave, se debilitó el gobierno responsable de la masacre, y nada semejante volvió a suceder posteriormente. En Colombia tuvieron lugar muchos conflictos: conflictos de tierras, como era de esperar en una sociedad abrumadoramente rural, con muchas zonas de reciente asentamiento; conflictos originados en los intentos de utilizar antiguos patrones de trabajo rural en las nuevas circunstancias, como en el café de Cundinamarca, o en las variaciones de la demanda, como cuando la apertura del Canal de Panamá en 1914 proporcionó nuevas oportunidades al ganado de Cauca. Hubo incluso conflictos «modernos», como los que se presentaron entre los trabajadores nativos y los petroleros norteamericanos en Barrancabermeja. Pero ninguno de ellos fue un conflicto mayor, y aquellos aparecían ante los extranjeros (que no poseían recuerdos de guerras civiles y se interesaban poco por las elecciones en Santander) como pequeñas islas de discordias en un mar de armonía de estilo antiguo. Para estos, la falta de progresos dramáticos encontraba sus compensaciones en una atmósfera general de cortesía y seguridad en la cual los agitadores nativos —«el peor género entre los políticos suramericanos»— no eran más que una molestia menor y poco relevante. La seguridad del país puede deducirse del relato sobre la vida de la Expedición Ornitológica Norteamericana escrito por Frank M. Chapman en 1917:

Desde el peón a la vera del camino hasta los propietarios de las haciendas, todos y cada uno de ellos nos han dispensado la más cortés atención. Cuando viajábamos por regiones remotas e inhabitadas, con valiosas prendas y a menudo considerables sumas de dinero, nos sentíamos tan seguros (quizá más seguros aún) que en nuestras propias casas. En el campo o en los hoteles, en ventas o posadas, nunca hicimos arreglos especiales para el cuidado de nuestros equipos y provisiones; no obstante, durante los cinco años de nuestro trabajo no sufrimos la pérdida de un sólo objeto como consecuencia del robo. En verdad, al pasar por cierto pueblo donde había trabajado antes uno de nuestro grupo, nos detuvo un nativo que traía una aguja e hilo que se le habían quedado olvidados[8].

Esta idílica descripción podría hoy considerarse solamente como evidencia de la curiosa óptica de un ornitólogo norteamericano; tal ha sido el afán de modificar las versiones «centenaristas» de la historia, según las cuales el país iba pacificándose con el nuevo siglo, saliendo del ciclo de las guerras civiles. Se ha tomado nota, además, de que Colombia ha sido siempre un país de fronteras.

Las fronteras colombianas nunca se han desarrollado en una dirección simple, hacia oriente o hacia occidente, ni han obedecido a los mismos impulsos. La complejidad orográfica del país no ha permitido lo primero, y los impulsos —el café, la guaquería (búsqueda de tesoros en tumbas precolombinas), las quinas, la tagua, el caucho, las plumas de garza, las maderas, la ganadería— han afectado a distintas zonas en distintos momentos. Las investigaciones recientes tampoco han establecido un patrón claro de los beneficiarios de estas migraciones internas. Se ha postulado que los colonos, que abrieron muchas fronteras con su trabajo familiar, fueron desplazados luego por especuladores y terratenientes, y que el resultado fue un nuevo aumento del latifundio, del «hato» de ganadería extensiva. Pero ni las estadísticas ni los informes nacionales son suficientemente amplios como para respaldar tal conclusión, y es indudable que en muchos sitios sobrevivieron o emergieron infinidad de pequeñas y medianas propiedades.

Se ha cuestionado, por ejemplo, la versión utópica de una colonización antioqueña igualitaria en Caldas, Risaralda y Quindío, y se ha dilucidado el papel de las compañías especuladoras —perfectamente legítimas en muchos casos, dicho sea de paso— y de los grandes terratenientes. Pero la leyenda persiste porque, si bien no en una forma igualitaria —¿dónde, podría preguntarse, se encontraban las míticas fronteras entre iguales?—, esas regiones sí ofrecían a un gran número de personas el acceso a nuevas tierras y a nuevas oportunidades. La legislación nacional sobre baldíos favorecía en esta época al pequeño cultivador, al ocupante de hecho. Muchos de quienes obtuvieron grandes concesiones del gobierno, especialmente en la época de la quina, nunca hicieron efectivos sus derechos, y tales concesiones nunca representaron una verdadera ocupación. Además, es menester recordar que en las tierras nuevas de Colombia, como en muchas de las antiguas, no existió una fuerza pública considerable. Los procesos de registro era dispendiosos y con frecuencia imprecisos; no ofrecían garantías plenas a ricos ni a pobres.

Ciertas empresas mayores establecieron sus propios controles. Algunas compañías caucheras, por ejemplo, erigieron retenes en las trochas que daban acceso a las regiones caucheras, en los cuales cobraban peajes. Las empresas de quina formaron pequeños escuadrones armados y aún hubo enfrentamientos entre bandos rivales. Pero en muchas ocasiones faltaban los medios y aun los incentivos económicos —en un país vacío es la propia gente la que valoriza la tierra— para llevar a cabo acaparamientos efectivos. Si el título no siempre ofrecía al rico una protección verdadera ante el colono, muchas veces el colono no lo expulsaba por falta de recursos, pues el proceso era relativamente caro, o por falta de interés, confiando en otros métodos para defenderse. Como en muchos otros lugares, el proceso de apropiación legal de tierras acarreaba ingentes demoras, contradicciones y confusiones, culminando a veces en arreglos republicanos muy similares a las «composiciones» de la antigua legislación del Imperio español.

Capítulo 11
ECUADOR, c. 1880-1930

En 1895 Japón, entonces en guerra con China, compró a Chile un buque de guerra, el Esmeralda. Deseosos de proteger su neutralidad en esta negociación, los chilenos consiguieron, por mediación del cónsul ecuatoriano en Nueva York, que el Esmeralda figurara con una efímera carrera ecuatoriana antes de unirse a la armada japonesa. Durante diez años había estado al frente de la Administración una sucesión de gobiernos civiles, el llamado Progresismo —apodado por sus críticos como «la argolla»—, con figuras representativas de la sierra y de la costa y que, aunque como el mote indica tenía una mínima base política, entrañaba un compromiso entre las distintas fuerzas regionales y un claro avance respecto a los métodos arbitrarios del gobierno anterior de Ignacio Veintimilla.

Esta «venta de bandera» suponía el arreglo de unos cuantos sobornos, pero el ex presidente José María Caamaño, entonces gobernador de Guayas, llevó al ingenuo gobierno del presidente Luis Cordero a creer que se trataba de un simple favor que Ecuador hacía bien en realizar para un enemigo de su vecino, a veces amenazante, Perú. El escándalo, sin embargo, no se hizo esperar, y pronto hubo levantamientos conservadores y liberales en diferentes partes del país. El 5 de junio de 1895 una junta de Guayaquil nombró al «Benemérito General señor Don Eloy Alfaro» como Jefe Supremo de la República y general en jefe del ejército, por un documento del cual se asegura que contenía alrededor de 16.000 firmas.

LA PRESIDENCIA DE ELOY ALFARO, 1895-1912

Alfaro no había estado en Ecuador en los últimos diez años, pero poseía una reputación que lo convirtió, según declaraba el documento, «el alma del movimiento popular que ha derribado a la diabólica oligarquía». Era el quinto hijo de un comerciante español establecido en el pueblo costero de Montecristi, dedicado a la fabricación de sombreros de paja. Su padre contrajo matrimonio con su madre ecuatoriana cuando Alfaro tenía veintiún años. Para entonces había ya iniciado su carrera en las escaramuzas políticas y militares de la costa, como opositor de García Moreno.

Si se buscan modelos o paralelos para la carrera de Alfaro, el ejemplo más adecuado sería Garibaldi, quien, por cierto, pasó en 1851 por Guayaquil cuando ya era famoso por su defensa de Roma. Alfaro tenía a la sazón nueve años. Se asemejaba a Garibaldi en el coraje, el ánimo, la habilidad de improvisar, el trato sencillo, el absoluto desinterés, una nobleza de carácter premarxista y republicano, y en su anticlericalismo. La historiografía moderna ecuatoriana se halla tan ansiosa de definir la revolución liberal, que encontró en él a su imprescindible caudillo, como una revolución burguesa, como un movimiento de los intereses comerciales y explotadores de la costa contra los elementos clericales-latifundistas de la sierra, que se pasan por alto muchas de las mencionadas cualidades garibaldinas y se distorsiona la naturaleza de su revolución, reduciéndose aún su importancia.

El padre de Alfaro era comerciante, pero la primera vez que puso al joven Eloy a cargo del negocio, invirtió todo el capital disponible en una revolución. Más tarde el propio Eloy, en el exilio, amasó una fortuna con sus negocios en Panamá, donde además se casó bien. Empleó dicha fortuna en nuevas revoluciones, abandonando a su adorada familia en condiciones difíciles. Las cartas son menos numerosas de lo que deberían ser, escribió uno de sus hijos, debido al precio de los sellos. En las pausas entre sus viajes a Ecuador, prestó sus servicios a la causa liberal-radical de América Central. Alfaro siempre consideró el liberalismo como una causa universal y, para 1895, tenía ya ciertamente una reputación en América Latina, derivada de sus proezas militares, espectaculares aunque no siempre afortunadas. Su reputación se mantuvo y se divulgó por sus contactos con otros liberales y revolucionarios como Joaquín Crespo en Venezuela, el nicaragüense José Santos Zelaya, los cubanos José Martí y Antonio Maceo, y colombianos como los periodistas y panfletistas José María Vargas Vila y «El Indio» Juan de Dios Uribe. Fue admirador, amigo, aliado y mecenas del original Cicerón suramericano, su compatriota Juan Montalvo. En suma, fue un revolucionario profesional. No es preciso calificarlo de burgués, como no es preciso calificar así a su paralelo colombiano, Rafael Uribe Uribe, aunque fue administrador profesional de fincas cafeteras. Esto no le impidió dirigir un movimiento que, en sus intenciones y resultados, puede en parte caracterizarse adecuadamente como burgués.

Los comerciantes y banqueros de Guayaquil y los cultivadores de cacao no habían carecido de poder en gobiernos anteriores —puede argumentarse que «la argolla» le convenía, a muchos de ellos, más que el «alfarismo»—, pero su dominio aparece más completo y seguro al final del ciclo alfarista. Sin embargo, la revolución liberal contó también con el apoyo de grupos pequeñoburgueses, de funcionarios menores y maestros de escuela y, aparte de ellos, atrajo también al pueblo.

Alfaro reunió un ejército, núcleo de la fuerza liberal de la cual siempre dependió, e invadió la sierra. Tuvo cuidado de dejar claro que no consideraba la lucha como el enfrentamiento de una región contra otra, y que había numerosos conservadores moderados y honrados en la sierra que se oponían tanto como él al gobierno de Quito. Había también liberales en las tierras altas, como lo mostraban las protestas y levantamientos; el movimiento de 1895 no procedió únicamente de la costa. El ejército de Alfaro tenía cierto sentido de misión: los oficiales de mediana educación y sus tropas negras y de las tierras calientes, exhibían en sus sombreros las divisas «Alfaro o muerte» y «No pido ni doy cuartel»; el «liberalismo machetero» tenía al menos un mínimo de compromiso con una carrera revolucionaria abierta al talento. Al principio Alfaro encontró poca resistencia en las fuerzas del gobierno, «cansadas de tantos rezos, castigos y holgazanería», y entró en Quito tras algunas escaramuzas. El número de muertos en las batallas y escaramuzas del año 1895 ha sido estimado en unos 700, aunque para el año siguiente el número aumenta a unos 1.500, de los cuales alrededor de 1.250 cayeron en la campaña de Alfaro por dominar el reducto conservador de Cuenca.

Una resistencia más seria vendría después, inspirada por elementos de la Iglesia, y particularmente del obispo Pedro Schumacher de Portoviejo, expatriado renano ultramontano, del obispo Andrade de Riobamba y, al menos en opinión de los liberales, del clero regular extranjero. Las fuerzas a las cuales daban su voz de aliento podían establecer su base de operaciones al otro lado de la frontera norte, en la diócesis colombiana de Pasto, donde recibían asistencia y apoyo de las autoridades conservadoras colombianas y del arzobispo español ultramontano Ezequiel Moreno Díaz. Alfaro mantuvo el control de la sierra manu militari; pese a la observancia de las formas de la democracia representativa, su gobierno era más integralmente militarista de lo corriente. Alfaro manejaba también las elecciones, pero no podía excluir a todos sus opositores o rivales, y como resultado los Congresos eran a menudo recalcitrantes. Por otra parte, necesitaba un ejército de tamaño respetable para mantenerse en el poder.

Vale la pena señalar la coincidencia del periodo de Alfaro con los albores de la formación profesional del ejército ecuatoriano. En contraste con la experiencia de Colombia, donde el ejército dio sus primeros pasos de institucionalización moderna bajo gobiernos esencialmente conservadores, y la de Venezuela, donde el proceso se implantó bajo el férreo control personal de Juan Vicente Gómez, en Ecuador el ejército moderno empezó a tomar forma en un ambiente progresista y aun rebelde. Nunca perdió enteramente este tinte inicial. Pronto dejó de ser predominantemente costeño —hacia los años veinte los oficiales en su mayoría eran de Quito—, pero no dejó de considerarse una fuerza para el progreso nacional. Federalista en su juventud, Alfaro dejó de serlo cuando llegó al poder. El ejército nacional, que le debió mucho, irrumpió en la escena política con la Revolución juliana, reivindicando los fueros de la nación frente a las concesiones a las regiones de los más débiles gobiernos que habían sucedido a Plaza. La tradición nacionalpopular halló eco en gobiernos militares más recientes. La escuela de cadetes lleva el nombre de Eloy Alfaro, mientras que la guerrilla de años recientes, sumamente débil en Ecuador, trata en vano de evocar la misma memoria con la denominación de «¡Viva Alfaro, carajo!».

El programa liberal quedó sintetizado en un práctico catálogo publicado en El Pichincha, periódico radical semioficial de Quito:

1. Decreto de manos muertas.

2. Supresión de los conventos.

3. Supresión de los monasterios.

4. Educación laica obligatoria.

5. Libertad de los indígenas.

6. Abolición del Concordato.

7. Secularización eclesiástica.

8. Expulsión de los sacerdotes extranjeros.

9. Ejército fuerte y bien pagado.

10. Ferrocarril al Pacífico.

La Iglesia en las tierras altas de Ecuador, poderosa bajo la colonia y fortalecida, aun en contra de la resistencia de sus elementos más tradicionales y menos enérgicos, por García Moreno, estaba más profundamente atrincherada y su influencia era más poderosa que en ningún otro lugar de la América española. La iglesia colombiana había perdido sus tierras y sufrido persecución a manos de los liberales y, en comparación con la mayoría de las autoridades eclesiásticas en Ecuador, sus obispos habían aprendido la prudencia. Por otra parte, tampoco tenía esperanzas de dominar a los políticos neoconservadores o conservadores del calibre de Núñez, Caro o Reyes: ser considerado demasiado «beato», demasiado devoto, no era conveniente para un conservador colombiano. La Iglesia ecuatoriana había sobrevivido hasta ese momento con sus tierras, fueros e influencia intactos; por otra parte, García Moreno, quien pese a haber sido reformador católico había representado la mayor amenaza a que la autonomía de la Iglesia había hecho frente hasta entonces, no había dejado un partido conservador secular fuerte. Siete de los diez puntos del programa liberal en la lista de El Pichincha eran ataques directos a las prerrogativas de la Iglesia.

Alfaro y su sucesor, el general Leónidas Plaza, quien se convirtió en presidente en 1901, se esforzaron por poner en práctica la mencionada lista. Alfaro liberó a la prensa de la censura eclesiástica, deshizo el Concordato, expulsó a Schumacher, a Andrade y a cierto número de extranjeros, y emprendió la secularización de la educación. Un asalto más completo sobre las tierras de la Iglesia se haría bajo Plaza. Mientras anteriormente Alfaro había tenido el temor de suscitar más resistencia de la que ya estaba afrontando, Plaza tuvo la capacidad de llegar a un interesante acuerdo con los propietarios de tierras de la sierra y fortalecer su propia clientela frente a sus antiguos líderes, a expensas de la Iglesia. El registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, que había sido monopolio eclesiástico a lo largo del siglo XIX, quedó nacionalizado; el Estado, además, retiró su apoyo a todas las formas de la tributación eclesiástica. El matrimonio civil y el divorcio se instruyeron en 1902, y el matrimonio civil se hizo obligatorio. No se reconocerían en adelante los votos eclesiásticos y se aprobaron leyes en contra de la predicación con fines políticos. Se declaró que la República no quedaba ya oficialmente consagrada al Sagrado Corazón, y el catolicismo romano dejó de ser la religión del Estado; la Constitución de 1906 no hizo absolutamente ninguna mención de la Iglesia.

Alfaro no era en sí mismo un anticlerical visceral; había nacido en la Costa, donde la Iglesia era débil, y la clerofobia se desarrolló mejor en la sierra, en contacto prolongado e íntimo con el enemigo; en sus propias creencias fue espiritista. No fue tan sistemático en sus argumentos como el general Plaza, quien era más racional y, en otros aspectos, más moderado. Pero ambos vieron que era una necesidad política desmantelar el poder de la Iglesia, una condición sine qua non si Ecuador había de tener un gobierno nacional coherente en lugar de una serie de compromisos y alianzas de suyo inestables. Sus motivaciones procedían de la alta política, y solamente se pueden considerar como burgueses en el remoto sentido en que el empeño de un gobierno nacional coherente era de alguna manera esencialmente burgués, una noción que en la historia europea exige un tanto de reserva, que igualmente se puede aplicar también en Ecuador. El alcance del control eclesiástico anterior a la revolución liberal ha quedado ensombrecido en escritos posteriores por los detalles folklóricos de la resistencia clerical, malinterpretándose de esta suerte el carácter de la revolución y subestimándose sus logros.

La Iglesia era menos rica de lo que suponían sus enemigos. Las tierras que perdió no se dividieron, sino que con frecuencia quedaron en las manos, a un precio algo mayor tal vez, de nuevos arrendatarios (el término arrendatario, que en otras partes de los Andes alude a menudo a un tipo de persona más humilde, en Quito puede denotar prestigio social, porque quienes tomaban en arriendo las tierras confiscadas de la Iglesia eran gentes con capital y con buenos contactos políticos). Tomó algún tiempo a la educación laica alcanzar las mismas proporciones que las antiguas escuelas de la Iglesia, y con frecuencia no era mejor, particularmente en las clases altas de la sociedad. Con la crisis presupuestaria que sobrevino con la caída del precio del cacao a principios de los años veinte, hubo un marcado receso en los esfuerzos educativos por parte del Estado, y el vacío lo llenaron otra vez las comunidades religiosas.

La Iglesia, reducida a sus propios recursos, seguía teniendo sin embargo una presencia poderosa. El clericalismo más puro, el de los que no estaban dispuestos a seguir la línea de compromiso señalada por el arzobispo González Suárez, se radicó en Cuenca. Por todo lo anteriormente dicho, Alfaro y Plaza sí habían llevado a cabo una genuina revolución.

Alfaro y el empresario norteamericano Archer Harman unieron además la sierra y la costa con el ferrocarril Quito-Guayaquil, otro de los logros racionalizados posteriormente como parte de la agenda de la burguesía de Guayaquil. No obstante, el ferrocarril no parecía estar entonces en los primeros lugares en la lista de prioridades de esa burguesía. Los cultivadores de cacao, exportadores y banqueros de la costa no estaban particularmente interesados en el mediocre mercado de las tierras altas, y se mostraron poco dispuestos a correr con los gastos del ferrocarril. Los terratenientes y manufactureros del interior, por su parte, con frecuencia tenían temor de la competencia, por su mano de obra y por sus productos. Por otra parte, el Congreso atacaba a menudo el contrato. Los intereses locales intrigaban incesantemente con respecto a la ruta, aunque se les logró persuadir para que apoyaran a la empresa. Se trató más de un asunto heroico que burgués, y como tal obsesionó a Alfaro, reforzando sus marcadas tendencias místicas y autoritarias. Como la mina de San Tomé en la Costaguana de la novela Nostromo de Joseph Conrad, para Alfaro el ferrocarril era lo más importante en la República, y como la mencionada mina, tuvo incluso un romántico impulsor extranjero, un millonario escocés que fue recompensado simbólicamente haciéndolo cónsul de Ecuador en Perth. La organización del ferrocarril proporcionó a Alfaro un apoyo crucial cuando asumió el poder por segunda vez en 1906. Cuando se concluyó el ferrocarril en 1908, Alfaro no podía aún abandonar el mando, aunque no representaba a ninguna causa reconocible. Su persistente entrometimiento senil culminó en su último y fallido golpe de 1912. Las batallas de enero de ese año produjeron más de mil muertos y exasperaron los ánimos en su contra.

Fue hecho prisionero en Guayaquil, ciudad de casas de madera donde el ánimo popular estaba entonces tan enconado contra él que sus dos captores argumentaban que no había muros suficientemente gruesos como para mantenerlo seguro contra las balas de fuera. Fue llevado entonces, en su propio ferrocarril, empuñando el manuscrito de la historia que había escrito sobre su construcción, a Quito, donde el sentimiento en su contra era aún más fuerte: allí había, según se dice, muchos familiares de los muertos en las últimas batallas que aquél había iniciado, y no le protegieron los más gruesos muros. Alfaro y sus compañeros fueron asesinados en la prisión del «Panóptico», pues los guardias habían dejado entrar a la chusma, y sus cuerpos fueron arrastrados por las calles y quemados en el parque del Ejido, en las afueras de la ciudad. «¡Qué calvario!», había dicho uno de ellos en el tren. Alfaro sigue siendo para muchos ecuatorianos un símbolo sin rival de la voluntad republicana, y para los marxistas un enigma mayor de lo que estarían dispuestos a admitir.

EL GOBIERNO LIBERAL Y LA REVOLUCIÓN JULIANA

La muerte de Alfaro en 1912 dejó el poder una vez más en las manos del arzobispo de Quito, Federico González Suárez, clérigo de mucho mundo, importante historiador y dueño de un gran sentido de realidad, estadista de mucha prudencia y habilidad, que sobrevivió a los extremos tanto de los conservadores como de los liberales y llegó a ejercer una enorme autoridad. Durante cuatro años la administración de Plaza afrontó una guerra de guerrillas en la provincia de Esmeraldas contra las fuerzas del coronel alfarista Carlos Concha.

El nuevo liberalismo no era ya radical, ni perseguía la construcción de ningún otro dudoso ferrocarril. Tampoco las circunstancias económicas del país eran propicias; a las dificultades causadas por la primera guerra mundial sucedió la decadencia del cacao. Los últimos gobiernos liberales, minados en su base fiscal, cayeron cada vez más bajo la influencia de los bancos de Guayaquil, particularmente del Banco Comercial y Agrícola y de su director, Francisco Urbina Jado. Los ingresos del gobierno central mermaron con continuas concesiones a las regiones, hasta que en 1924 el 80 por 100 de las rentas ordinarias habían sido descentralizadas por sucesivos congresos, dominados por los intereses locales. Como hemos anotado, la misma debilidad había favorecido un repunte en la influencia de la Iglesia en la educación, y se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

El contraste entre Colombia y Ecuador en cuanto a las reputaciones de los partidos llegó a ser muy marcado en los años posteriores a 1912. Algunos liberales colombianos eran quizá ricos —los conservadores de Colombia persistían en anotar en la década de 1920 que el partido liberal era el partido de los ricos más importantes— pero no estaban en el poder. En contraste, en Ecuador, aunque profundamente divididos, sí lo estaban hasta la Revolución juliana. Alfaro había puesto fin de una vez por todas a la perspectiva de una verdadera hegemonía conservadora.

En Ecuador fue el partido liberal el que tuvo que asumir la responsabilidad por los tiempos difíciles al final de la prosperidad del cacao. Los liberales reprimieron la huelga de Guayaquil de 1922, despiadadamente sofocada por los veteranos de la campaña de Esmeraldas. Su gobierno tampoco pudo evitar la responsabilidad por la matanza de la hacienda Leyto en Chimborazo, al año siguiente. Fueron los liberales ecuatorianos quienes entraron en los excesivamente onerosos, extensivos e inflacionarios arreglos que mantuvieron sus débiles gobiernos a flote, y que en el caso de Ecuador dieron al doctor Kemmerer la apariencia de un libertador. La década de 1920 en Ecuador no fue —como, en términos generales, lo fue en Colombia— un periodo de desarrollo económico. En Ecuador la crisis llegó temprano. Aunque los años veinte fueron la última década del predominio del cacao, fueron también años difíciles e irregulares. Hasta cierto punto los conservadores estaban en mejor posición para apelar a la oposición popular, y así comenzaron a hacerlo en la sierra, aprovechando sus antiguos nexos con los artesanos, con una organización llamada Compactación Obrera. El 9 de julio de 1925 el gobierno liberal fue derribado por una conspiración militar, la «Revolución juliana de la Liga de los Militares Jóvenes».

Aunque empezó en la guarnición de Guayaquil, el movimiento se consolidó en Quito, y siempre tuvo que enfrentarse a la oposición de los poderes financieros de Guayaquil. Los militares jóvenes —el movimiento buscó pronto la colaboración de militares menos jóvenes y de políticos distanciados del régimen liberal— carecían de una ideología coherente y de una organización institucional fuerte. Su anhelo fue «la igualdad de todos y la protección del hombre proletario», y la restitución de los derechos de la nación frente al progresivo debilitamiento de los gobiernos anteriores. Entraron a gobernar con poca experiencia y con pocos recursos. Alfredo Pareja Diezcanseco resume sus logros así: «Prohibición de peleas de gallos, ley seca en Guayaquil, persecución a las tristes mujeres “alegres” del Barrio Verde del puerto, Ligas de Salud Pública, que muy poco pudieron hacer, prohibición de entrar sin zapatos en los mercados, edificios públicos, escuelas, parques, teatros, pero ninguna reforma capaz de proporcionar al desvalido los medios para comprar el calzado de sus pies».[1]

El anterior es un juicio tal vez demasiado severo. El gobierno de Isidro Ayora, quien fue dictador y después presidente constitucional desde abril de 1926 hasta agosto de 1931 y estuvo en los orígenes del proceso juliano, sostuvo cierta centralización de las rentas, creó el Banco Central y la Superintendencia de Bancos (con el inevitable asesoramiento del profesor Kemmerer) y modernizó la legislación laboral. Una ojeada a la legislación colombiana de estos mismos años muestra avances similares, hechos por gobiernos de corte ideológico bien distinto. No fue únicamente la omnipresencia de Kemmerer el factor que produjo este resultado. También tuvieron parte las grandes corrientes de opinión de la época, y pocos gobiernos frente a tales corrientes tuvieron la resistencia del de Juan Vicente Gómez.

Ecuador se dio una nueva Constitución en 1929. Proclamó la función social de la propiedad, la representación de las minorías, el habeas Corpus y los derechos de los hijos ilegítimos. El derecho de voto fue restringido, pues los analfabetos quedaron excluidos y se dictaron complicadas disposiciones de registro y residencia, pero se introdujo el voto femenino. La participación en las elecciones continuó siendo baja, más baja aun en los años treinta que a principios de los veinte.

Confusa y de corta vida, la Revolución juliana fue el anuncio de un largo periodo de fragmentación política, de la cual uno de los beneficiarios iba a ser una figura que podía atraer tanto a la costa como a la sierra, a políticos de ambas corrientes tradicionales y, de vez en cuando, al pueblo: José María Velasco Ibarra. Su carrera y sus múltiples presencias iban a prolongarse hasta la década de 1970.

POBLACIÓN Y ECONOMÍA

Es difícil hallar estimaciones generales de población en Ecuador. Un cálculo oficial la establecía en 1882 en 946.000, y una cuidadosa conjetura, para 1905, en 1.150.000. La Commercial traveler’s guide to Latín America, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, señala que el total se estimaba entre 1.300.000 y 2.000.000 a principios de los años veinte, y se inclina hacia la cifra menor. La población de las dos principales ciudades de Ecuador aumentó de modo sostenido durante el periodo. La de Guayaquil creció de 44.000 en 1890 a 70.000-75.000 en 1908, y a 120.000 en 1930. Quito sólo tenía alrededor de 50.000 habitantes cuando llegó el ferrocarril en 1908, pero de allí en adelante su población comenzó a incrementarse con mayor rapidez. Para 1930, las cifras de la ciudad eran aproximadamente cercanas a las de Guayaquil.

Hasta la década de 1920 el desarrollo económico de Ecuador estuvo, en este periodo, menos marcado por la crisis y el cambio que el de Colombia. El cacao dominaba sus exportaciones, y estos años vieron una bonanza que convirtió al país, durante algún tiempo, en el mayor productor del mundo. Las plantaciones se expandieron. El sistema de producción era un arreglo típico entre dos tipos ideales: los terratenientes de la costa contrataban a los sembradores, quienes tomaban bajo su cuidado un número determinado de árboles hasta que éstos iniciaran su producción, recibiendo avances en efectivo y el derecho a mantener entre tanto sus propios cultivos de subsistencia. Ellos mismos, sus familias y otros trabajadores también servirían como peones en las partes productivas de la plantación. La costa continuó atrayendo mano de obra de la sierra, como lo había hecho al menos desde el siglo XVIII. Los adelantos que daban los terratenientes a los sembradores y peones pueden tener la apariencia de un riguroso peonaje por deuda, pero la evidencia de la movilidad y la competencia modifican esta impresión. Lo mismo sucedió con la literatura sobre el carácter del costeño mestizo ecuatoriano, el «montuvio», no siempre representado como respetuoso. Se ha argumentado que quienes no se hallaban empleados en el cacao tenían una particular tendencia al alfarismo, pero se podría aventurar que las mismas actitudes afectaron a los trabajadores de las plantaciones.

Las plantaciones de cacao eran en general empresas grandes. Algunos propietarios mayores estaban también vinculados a la banca y al comercio exterior, pero Guayaquil también generaba una comunidad bancaria y comercial no directamente asociada con plantaciones de cacao. Aunque se hallaba presente el capital extranjero, éste no era dominante. La producción y comercialización del cacao en ciertos aspectos prefigura la producción independiente de bananas en la costa, que finalmente la reemplazó, la cual no ha estado subordinada tampoco al capital extranjero. El cacao produjo un pequeño número de millonarios con medios suficientes para vivir bien en París.

El consumo mundial de cacao se duplicó entre 1894 y 1903, nuevamente entre 1903 y 1912, y una vez más entre ese año y 1924; en otras palabras, aumentó ocho veces entre 1894 y 1924. En 1894 Ecuador produjo el 28 por 100 de la producción mundial, superando el 24 por 100 del Imperio británico, y duplicando en cantidad a su más cercano rival, Brasil. Esta proporción descendió al 6,5 por 100 en 1924, mientras que las colonias británicas en África produjeron el 53,5 por 100. Hubo claras señales de crisis antes de la primera guerra mundial, y la bonanza llegó a su fin para Ecuador en la década de 1920, por la combinación de la competencia británico-africana, un superávit mundial y la llegada a la costa ecuatoriana y la proliferación de enfermedades del cacao.

Como en otros lugares, en este periodo sólo pueden observarse los comienzos a pequeña escala de una industrialización moderna de sustitución de importaciones, complicada en Ecuador por la continuidad y adaptación de la producción tradicional de textiles. Pese a las vicisitudes, ésta nunca había desaparecido de la sierra. La confección de sombreros persistió también, habiendo declinado en la costa pero crecido en la región de Cuenca, donde se sostuvo con firmeza hasta la llegada de las modas que acabaron con el sombrero masculino, después de la segunda guerra mundial. Un mejor sistema de comunicaciones, entre ellas el ferrocarril construido por Alfaro y Harman, produjo cierto impacto, aunque no cambios dramáticos.

Las condiciones de la población indígena de las tierras altas sólo cambió con lentitud, aunque algunos historiadores han detectado mayores conflictos entre la población indígena y el Estado en los últimos años del siglo XIX, con la creciente demanda para el trabajo indígena en las obras públicas. Parece también que desde 1870 en adelante hubo una penetración creciente de manufacturas importadas, con efectos negativos para la producción artesanal de la sierra, en parte de producción indígena.

Pero siempre ha habido levantamientos aislados, y el patrón de estos años no es todavía claro. Alfaro reclamaba a veces en su retórica la redención de la raza oprimida, pero por su escaso conocimiento del problema no avanzó más allá de la retórica. En 1916 el presidente Baquerizo Moreno cambió la ley de prisión por deudas, paso que algunos han considerado como la abolición legal del «concertaje», es decir, el peonaje por deuda de la sierra. En 1934 Jorge Icaza publicó Huasipungo, que iba a ser la novela indigenista más conocida de los Andes. Sin embargo, las brutales condiciones que describe nunca fueron generales en toda la sierra. El antropólogo mexicano Moisés Sáenz, observador cuidadoso y neutral, no halló a principios de los treinta a la población indígena oprimida en todas partes; le llamaron la atención muchas comunidades con fuerte sentido de autonomía y capacidad de resistencia.

No estaba ausente de ninguna de las tres repúblicas herederas de la Gran Colombia una fuerte conciencia regional, pero las fuerzas centralistas fueron particularmente débiles en Ecuador. En Venezuela estaban representadas por la autoridad de sucesivos gobernantes y en Colombia por la presencia en todas partes de los partidos tradicionales. En Ecuador el primero no se establece de manera firme, y el patrón regional de actividad política es más pronunciado. Tampoco estamos frente a un regionalismo que se expresa en simples términos de costa y sierra.

Hay sierras y hay costas. La vida económica y política de Cuenca, de Loja, aun de Ibarra o de Ambato, y en la costa la de Esmeraldas, llaman la atención por su individualidad. Algunas eran regiones de fuertes tradiciones artesanales y manufactureras, y se nota que las relaciones de clase también se desarrollaban con distintos matices en cada región. Al final de nuestro periodo no eran tal vez tan numerosas las organizaciones populares que se habían formado; Juan Maiguashca señala la existencia de unas 37 entre «comunas, comités barriales, colonias agrícolas, cooperativas, organizaciones artesanales y sindicatos»[2], pero se perciben arraigadas y distintas tradiciones locales, que iban a tener gran influencia en los movimientos de apariencia más moderna que iban a emerger a fines de los años veinte.

La nueva historiografía ecuatoriana va presentando paulatinamente un país más complejo, que sale de las viejas y trajinadas dicotomías de costa y sierra que forman parte de las pocas versiones accesibles hasta ahora. Un país que, con toda su relativa pobreza y aislamiento y con su alta proporción de población indígena, a veces sorprende por sus avances radicales. Alfonso López Pumarejo, el renovador del liberalismo colombiano de los años treinta, había vivido y trabajado en el Ecuador de Eloy Alfaro en su juventud. Siempre recordaba la experiencia.

Capítulo 12
VENEZUELA, c. 1880-1930

ANTONIO GUZMÁN BLANCO, 1870-1888

Antonio Guzmán Blanco, que asumió el poder en Venezuela con la Revolución liberal de abril de 1870 e iba a dominar la política venezolana hasta su final y parsimoniosa partida hacia París en 1888, no fue el «típico caudillo» de la imaginación anglosajona. Nació en el seno de la aristocracia de Caracas, al menos por el lado materno, y esto por sí mismo le dio un origen insólito para un político de Venezuela, donde la sociedad de la capital nunca ha ejercido el poder de un modo directo. Fue hijo del intrigante liberal, periodista y demagogo Antonio Leocadio Guzmán y de su esposa Carlota Blanco Jerez de Aristeguieta, emparentada con la familia de Bolívar. Cuando finalizó la era de los Monagas en 1858, el joven Antonio Guzmán Blanco ocupó un cargo consular en los Estados Unidos. Se unió al futuro núcleo del mando «federal», no en el monte o en el llano sino en la isla de Curazao, y ascendió en la jerarquía principalmente en puestos de estado mayor. Aunque no era cobarde ni incapaz de conducir tropas, sus principales talentos no eran militares. Su primera hazaña después de la victoria de los federales fue el arreglo de un préstamo en el exterior, y la comisión que generosamente se le otorgó constituyó la base de su gran fortuna.

Su ascenso al poder, por otra parte, tampoco se ajusta al patrón que tantos historiadores han querido imponer sobre la Venezuela del siglo pasado, es decir, la dominación de Venezuela por caudillos oriundos de sucesivas regiones. Guzmán no representaba a región alguna. A cambio, constituyó una efectiva coalición a partir de los diversos elementos que quedaron al final de las guerras federales. Su éxito se debió a su ingenio para combinar amplios puntos de vista políticos con la severidad dictatorial, y un entendimiento cabal de los recursos esenciales del gobierno y de cómo se podían aumentar en su propio favor. Tenía sin duda una visión más clara de los problemas y posibilidades nacionales que ningún otro en el bando federal.

Era un financiero hábil aunque codicioso, y no le temía a complejas combinaciones de negocios internacionales y locales; llegaría a ser el primer multimillonario hispanoamericano en figurar en la sociedad parisiense, antecediendo en algunos años a los «rastacueros» de Argentina.

Fue incansable e insolente propagandista de sus propias virtudes, y como demagogo fue hijo auténtico de su padre. Como presidente, por otra parte, instrumentó un sistema de adulación oficial que hizo parecer todo lo visto bajo Páez o los hermanos Monagas como verdadera modestia republicana. Más tarde, bajo Cipriano Castro, el mordaz observador Pío Gil iba a exponer en su libro Los felicitadores su teoría particular de las ventajas comparativas entre las naciones, y a constatar que ninguna nación había tenido la capacidad de Venezuela en la producción de las adulaciones más frondosas. Es importante subrayar que con Guzmán, y aun con Castro, se trataba de un sistema. Guzmán fue ciertamente vanidoso, pero no era nada tonto y sus extravagancias eran en parte un medio de control, tal como habían sido las extravagancias similares en la Argentina de Juan Manuel de Rosas. Con sus estatuas, con los edificios públicos que llevaron su nombre, Guzmán se situó por encima de sus rivales, e igualmente esos edificios y las nuevas avenidas y jardines elevaron a Caracas por encima de las otras ciudades de Venezuela, convirtiéndola, al menos en ese aspecto, en una verdadera capital, de Guzmán y de la nación.

Manuel Briceño, visitante colombiano y acerbo crítico de su gobierno, detectó también la tendencia a apelar al populacho sin hacer mucho caso de las clases educadas; Guzmán recurrió a un vocabulario notoriamente soez. Asimismo, Briceño hizo notar la escolta pretoriana que desalojaba las calles de la ciudad cuando el presidente se movilizaba, el extenso sistema de espionaje y de policía, la intervención oficial en el correo y la violación de la correspondencia, el encarcelamiento de opositores, el uso en las cárceles de grillos de hierro en las piernas de los presos, la prensa servil y los métodos violentos de censura, todos ellos elementos más frecuentemente asociados con otro dictador perdurable pero posterior, Juan Vicente Gómez.

Ningún gobierno venezolano anterior se había inspirado en tan conscientes nociones de modernización, y fueron estas nociones de progreso material las que Guzmán y sus seguidores ofrecieron como justificación del régimen. Guzmán podía ciertamente argumentar que un país que acababa de salir de la década de gobierno de los Monagas, universalmente reconocida como desordenada y corrupta, y de cinco años de guerra civil (1859-1864), seguidos por el tolerante pero lánguido gobierno del presidente Juan Crisóstomo Falcón (1863-1868), evidentemente necesitaba energía y orden. Procuró organizar una economía más dinámica en su propio interés, para mantener la fortaleza y estabilidad de su gobierno y aumentar su fortuna privada, pues con frecuencia montaba y controlaba monopolios y era accionista universal de empresas locales. Construyó trescientos kilómetros de vías férreas, y su partida final coincidió con la conexión de Venezuela a las comunicaciones internacionales por cable submarino. Percibió las posibilidades de acelerar el desarrollo del país atrayendo capital extranjero a gran escala. Tuvo de hecho algún éxito en este propósito, aunque sus más grandiosos proyectos, como el conglomerado en sociedad que propuso a los intereses de Péreire en Francia, no se materializaron.

Guzmán introdujo, sin duda, una gran complejidad en las finanzas gubernamentales y, durante algún tiempo, un mayor orden. Logró establecer un modus vivendi mutuamente beneficioso con las casas comerciales locales, y su gobierno proporcionó una mayor disciplina burocrática en un contexto administrativo más predecible. Aunque ello fue costoso, el costo se recuperó con facilidad. Fue indudablemente mejor administrador que sus antecesores o sus sucesores inmediatos, y fueron genuinos sus logros en este campo y en la codificación de las leyes venezolanas, aun allí donde el primer impulso tendía a agotarse. Los avances educativos de su primer gobierno fueron notables, pese a que, también en esta esfera, el rendimiento no fue sostenido.

No permitió la oposición por parte de la Iglesia. Siempre más débil en Venezuela que en Colombia o Ecuador, al aceptar el Papa ciertas condiciones en 1883, cuando afrontaba la amenaza de un cisma y la creación de una Iglesia de Venezuela inspirada y tal vez encabezada por Guzmán, se debilitó aún más. Guzmán había reaccionado al rechazo del arzobispo de celebrar un Te Deum triunfal en 1870 expulsándolo del país, después de lo cual instauró el matrimonio civil y el registro civil de nacimientos y defunciones.

La coalición de Guzmán mantuvo la retórica federal —«Dios y Federación» fue durante mucho tiempo la frase en Venezuela para la firma de la correspondencia oficial— pero fue centralista en la práctica, reforzando tal centralismo con el embrión de un ejército nacional y, todavía más importante, la fijación de un subsidio fiscal del Tesoro Nacional a los estados. Con el fusilamiento en 1872 del general Matías Salazar, un caudillo disidente de cierto prestigio, Guzmán quiso sentar un precedente ejemplarizante; sin embargo, sus métodos típicos eran más políticos y conciliatorios. Su Constitución de 1881 establecía la elección indirecta del presidente para un breve periodo de dos años, y quizá concebía un sistema en el cual sus subordinados leales se turnaran en el cargo bajo su control. Pero el problema para Guzmán era que sus subordinados a veces tenían ideas distintas a las de él.

Tales inspiraciones desleales explican la división de la ascendencia de Guzmán en tres periodos, en los cuales ejerció el poder directamente: el Septenio (1870-1877), el Quinquenio (1879-1884) y la Aclamación (1886-1887). En dos ocasiones se vio obligado a regresar de París para reafirmar su autoridad, la primera de ellas por la fuerza. Volvió a París, para no regresar jamás, en agosto de 1887, al final de la Aclamación, y murió allí en 1899. La expropiación de sus intereses en el país provocó enconadas protestas, pero el grueso de su fortuna —en sus propias palabras «poco común en América»— se hallaba segura y fuera del alcance de sus émulos y de sus enemigos.

Su estilo de gobierno fue espectacular, una versión venezolana del Segundo Imperio francés. Es sorprendente que la historiografía haya descuidado casi por completo la influencia del bonapartismo en América Latina, aun en presencia de ejemplos tan claros como éste. Sus sucesores en Venezuela lo imitaron ocasionalmente, pero con menos pompa y derroche; ni Crespo, ni Castro ni Gómez rivalizaban con él en su lujoso estilo francocaraqueño, aunque Crespo dejó un monumento notable con la construcción de su casa privada, más tarde el palacio presidencial de Miraflores.

Guzmán se había otorgado a sí mismo el título de «El Ilustre Americano», y consintió que su lugarteniente, el general Joaquín Crespo, fuera llamado «El Héroe del Deber Cumplido». Más tarde el general Gómez se convertiría en «El Benemérito». Otros títulos semejantes aparecerían luego en la República Dominicana y en ciertas repúblicas de América Central. Los europeos y los norteamericanos supusieron que semejante ampulosidad era típica de toda América Latina, y con ello Guzmán no le hizo gran servicio a la región. Pero en realidad semejante pompa no era típica —provocó la mofa en Colombia y protestas en Chile, cuando Guzmán comunicó estos honores por mensajes diplomáticos— ni casual. Era un recurso de la autocracia en circunstancias particulares, y reflejaba la debilidad peculiar de las élites de la sociedad civil en Venezuela en los tiempos de Guzmán. Una línea de análisis similar podría aplicarse con éxito a otros casos hispanoamericanos de extravagancia dictatorial. Debe recordarse, además, que en Napoleón III —el modelo particular de Guzmán—, en el káiser Guillermo II y más tarde en Mussolini, el Viejo Mundo ofrecía al Nuevo algunos ejemplos igualmente petulantes. Un lector atento puede detectar en Los ilustres, la ya mencionada descripción de Venezuela y su gobernante, publicada por Manuel Briceño en 1884, avances de la notable justificación sociológica del despotismo venezolano que efectúa Laureano Vallenilla Lanz, el principal ideólogo del gomecismo, en su Cesarismo democrático, de 1929.

POBLACIÓN Y ECONOMÍA

Guzmán heredó un país de poco menos de dos millones de habitantes, que entraba en su segundo ciclo de exportaciones de café. Todavía era abrumadoramente rural, con sólo tres ciudades de cierto tamaño: Caracas con cerca de 60.000 habitantes, Valencia con 35.000 y Maracaibo con 25.000. También exportaba cueros y cacao, y en Guyana tenía notables minas de oro. Virtualmente no tenía industria, y aun en el nivel de la producción artesanal sus logros eran menores que los de Colombia o Ecuador.

Venezuela era el segundo productor de café de Suramérica después de Brasil, y en la segunda mitad del siglo XIX la producción se trasladó de las tierras altas centrales al oeste, a los estados andinos. El café engendró allí una modesta prosperidad. Era un cultivo de propiedades pequeñas o medianas y gran parte de la mano de obra para la cosecha procedía de Colombia, de Santander y aun de sitios más lejanos, como el montañoso departamento de Boyacá. La mayor parte del café venezolano, y también cantidades considerables de café colombiano, se exportaban por Maracaibo, donde era importante la presencia comercial alemana, que se extendía tras la frontera a las ciudades colombianas del departamento de Santander. Los comerciantes alemanes eran muy respetados por su puntualidad comercial, y se integraban bien en la sociedad local; muchos se casaron con venezolanas y se establecieron permanentemente en el país, patrón que parece más común entre ellos que entre otros grupos de comerciantes noreuropeos o entre los norteamericanos.

La región cafetera andina, centrada en Maracaibo, dio origen a una sociedad de marcada independencia y confianza en sí misma, aun descontando las versiones, demasiado románticas, de una arcadia rural burguesa que el café, tanto en Venezuela como en Colombia, había generado. La región llegó a tener el índice más alto de escolaridad del país. Las comunicaciones por tierra entre los estados de los Andes y el resto del país eran primitivas hasta la terminación, por parte de Gómez, de la carretera transandina en 1925.

Debemos admitir nuestro escaso conocimiento de la vida económica de buena parte de Venezuela en esta época. La ganadería continuaba siendo en muchas áreas la actividad rural dominante, pero todavía permanece en buena parte sin estudiar. Se ha descrito a gran parte de Venezuela, de acuerdo con los gustos del autor, ya sea como el reino del latifundista, del gran terrateniente o del «conuquero», el pequeño cultivador trashumante. Algunos han visto en el café al creador de un campesinado estable, que anteriormente no existía. Tal argumento puede ser plausible, pero están todavía por hacerse los estudios que lo sustenten. También está por explorar la naturaleza y función del latifundio venezolano. Se puede aventurar la hipótesis de que el latifundista y el conuquero coexistieron en muchos lugares con escasa tensión, y que en las regiones ganaderas la vida continuaba dentro de una línea tradicional. Pese a ser vulnerable a la guerra civil, es difícil concluir que en el siglo XIX este tipo de actividad se viera intensamente afectado por las políticas gubernamentales; sus elementos podían llevar a cabo sus arreglos de costumbre con los sucesivos funcionarios que recaudaban los impuestos locales.

Estas consideraciones sirven para reducir a Guzmán Blanco a unas dimensiones más restringidas. Sus ambiciones eran grandiosas, pero no se equiparaban con la inserción de Venezuela en la economía internacional. En términos económicos, presidía un país que exportaba café, cacao, cueros y oro, que podía ofrecer escaso número de contratos mayores al capitalista extranjero y cuyo mercado doméstico era notoriamente limitado. Las realidades económicas también explican el contraste entre la conciencia histórica local y nacional. Una historia, por ejemplo, de Maracaibo, podría mencionar sólo de paso el guzmanato —Maracaibo no contó con el favor de Guzmán, quien sospechaba con razón que aquella provincia abrigaba intenciones separatistas—, en tanto que consideraría a las políticas nacionales, en el peor de los casos, como obstáculos periféricos para el progreso local. Como en Colombia y Ecuador, sin negar la existencia y la importancia intermitente y a largo plazo de la nación, los historiadores locales con frecuencia ignoran, con cierto grado de impunidad, la política nacional.

Las dificultades de transporte terrestre en Colombia y en Ecuador en el siglo pasado fueron notorias, pues las sufrieron todos los viajeros que iban a Bogotá o a Quito. Siendo Caracas una capital de acceso relativamente fácil, aunque La Guaira no era muy cómoda como puerto de pasajeros, no se ha prestado la debida atención a la pobreza de las comunicaciones terrestres venezolanas. Hasta bien entrada la era de Gómez, las comunicaciones entre las distintas regiones fueron principalmente por mar, y la república no gozaba de una integración visiblemente superior a la de sus repúblicas hermanas.

JOAQUÍN CRESPO, 1892-1897

La figura dominante de la década, tras la partida de Guzmán, fue el general Joaquín Crespo, presidente entre 1892 y 1897. Era un terrateniente llanero de las planicies ganaderas, y carecía de la sofisticación cosmopolita de Guzmán y de sus impulsos de autoglorificación. No descuella, por consiguiente, entre sus contemporáneos, pese a haber sido un soldado eficiente, capaz de inspirar la devoción de sus seguidores y el respeto de sus enemigos. El final de la década de 1890 fue también un periodo de depreciación del café, y ello ciertamente habría oscurecido el lustre de cualquier gobierno. Crespo debió enfrentar además una nueva oposición, con las campañas del general liberal-nacionalista José Manuel Hernández, «El Mocho» Hernández, personaje honrado, quijotesco, que ganó extraordinaria popularidad combinando los levantamientos armados con novedosas campañas electorales bajo la influencia de modelos norteamericanos; se dice que había observado de cerca las técnicas del populista William Jennings Bryan. «El Mocho» entró en el folklore contemporáneo:

¿Quién inspira al pueblo fe?

¡José!

¿Quién lucha por serle fiel?

¡Manuel!

¿Por hacer su nombre grande?

¡Hernández!

¡Por eso es que en Venezuela

de la Guayana a los Andes

suman vítores doquiera

a José Manuel Hernández![1]

Pero los gobiernos venezolanos de aquel entonces no perdieron el poder por elecciones, y Hernández no ganó batallas. La década de 1890, y ciertamente el gobierno subsiguiente de Cipriano Castro, fueron, no obstante, una época de continua agitación, que comprometió en las actividades políticas, de modo notable, a gentes de extracción modesta como maestros de escuela, periodistas y otros talentos en busca de carrera; el pueblo no estuvo en absoluto ausente. Crespo se consideraba a sí mismo como un liberal radical y ayudó con fondos sustanciales a Alfaro en el Ecuador, como combatiente de la misma causa.

La prolongada duración de gobiernos como los de Guzmán y Juan Vicente Gómez han llevado a los historiadores de Venezuela a desdeñar los intermedios entre ellos, cuando la autoridad y la estabilidad estaban mucho menos garantizadas. Figuras como el doctor Juan Pablo Rojas Paúl, presidente de 1888 a 1890, y el doctor Raimundo Andueza Palacio, presidente de 1890 a 1892, nunca parecieron firmemente asentados en el mando. Tampoco lo parecía, con todo su enorme talento y su energía, Cipriano Castro, quien asumiría el poder en 1899 y a ejercerlo con su modo nervioso y peculiar hasta 1908.

Joaquín Crespo había escogido como sucesor al general Ignacio Andrade. Pudo haber tenido éxito también en sostener la autoridad de su nominado, pero pereció en la escaramuza de «La Mata Carmelera», al sofocar en persona un levantamiento temprano en contra de Andrade. Así como Crespo fue una figura menor que Guzmán Blanco, ninguno de los inmediatos sucesores de Crespo gozó de su prestigio ni tuvo una base fuerte de popularidad local como la tuvo Crespo en su parte del llano.

LA REVOLUCIÓN RESTAURADORA Y CIPRIANO CASTRO, 1899-1908

En mayo de 1899 sobrevino una pequeña invasión desde Colombia, la invasión de «los sesenta», a la cual se denominaría posteriormente la Revolución restauradora. Su jefe, Cipriano Castro, era un andino nativo del estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Se había educado allí, y su política tenía el tinte peculiar del radicalismo colombiano. Cierto número de radicales colombianos, por otra parte, también buscaron trabajo o refugio —o ambos— tanto en Venezuela como en Ecuador después de su salida del poder en su propio país en 1885. Castro había sido activo en la política nacional y local en Venezuela, llegando a ser representante al Congreso y gobernador de su estado natal. También había permanecido algunos años como exiliado en Colombia, durante el gobierno de Crespo, cuando había apostado mal en la intrincada política andina, con sus rivalidades y luchas locales, más parecida a la política colombiana que a las costumbres del centro de Venezuela.

Pese a que iba a tener muy mala fama internacional por sus desordenadas maneras públicas y privadas, gracias al bloqueo anglogermanoitaliano de los puertos de Venezuela en 1902-1903, Castro fue, en sus mejores momentos, un líder audaz y atractivo. El éxito de la Revolución restauradora debe algo a la suerte, pero sin duda debe mucho más a su habilidad para sacar provecho de la oportunidad, a sus poderes de improvisación y a su rápida comprensión de la situación política nacional. Estaba preparado para luchar en el momento adecuado, se rodeó de subordinados capaces y triunfó por ser mejor político que sus opositores. Una vez en posesión de la República (como dijera su mejor soldado, el general Gómez, «ya que la República nos pertenece»), utilizó implacablemente todos los recursos posibles en su propio beneficio personal y político, y sus mismos caprichos —fue dado a los excesos, pendenciero y mujeriego— servirían para mostrar quién era el amo. Guzmán se exaltó a sí mismo con títulos y con estatuas, y Castro con escándalos y desafíos a la buena opinión, tanto en su propio país como en el extranjero.

El ascenso de Castro al poder se ha tomado convencionalmente como el comienzo de un periodo de dominación andina en la política venezolana. No sólo fue Castro el único presidente que provenía de la región andina, sino que también lo fueron su sucesor, Gómez, y los sucesivos presidentes anteriores a 1945, el general Eleazar López Confieras y el general Isaías Medina Angarita. También era andino Marcos Pérez Jiménez, el dictador de la década de 1950. Germán Carrera Damas, sin embargo, ha puesto en tela de juicio la utilidad de esta caracterización del periodo de Castro y Gómez, señalando que cambios más profundos y esenciales se produjeron en la década de 1920, cuando el petróleo llegó a dominar la economía[2].

Pero el cuestionamiento puede llevarse aún más lejos. El primer y pequeño ejército de Castro fue andino, y los andinos llegaron prácticamente a monopolizar el cuerpo de oficiales del ejército bajo Gómez; pero fuera del ejército hubo muchos otros elementos en ambos regímenes. Tanto Castro como Gómez confirmaron el modus vivendi fundamental que había existido entre todos los gobiernos viables de Venezuela y los sectores comerciales y mercantiles de Caracas, Valencia y los puertos. Ambos obtuvieron con facilidad sus ganancias personales en actividades presidenciales tan tradicionales en el caso venezolano como la regulación de la urbanización de Caracas en su propio beneficio y el monopolio de su abastecimiento de carne. Con excepción del cuidado de Gómez por los oficiales andinos —Gómez fue el principal general de Castro, su jefe de logística y maestro de la estrategia militar en la primera invasión y en las luchas posteriores—, ni su región nativa ni sus habitantes fueron particularmente favorecidos.

En las campañas que siguieron a la victoria inicial de Castro, Gómez recorrió en campaña muchos lugares del país, convirtiéndose en buen juez de todo tipo de personas y situaciones regionales. Se ha dicho con razón que ningún presidente de Venezuela, después de José Antonio Páez y Carlos Soublette, héroes de la Independencia, a quienes había correspondido visitar muchos sitios en las guerras de su época, tenía un conocimiento personal tan amplio y profundo del territorio nacional como el general Gómez. Buen observador, no puede acusársele de limitarse a estrechas miras andinas. Lo andino de estos gobiernos estaba en su origen y en ciertas características de sus principales dirigentes, formados en una cultura de metódico trabajo agrícola y comercial y de vida política relativamente autónoma y competitiva, ambas duras escuelas. Pero no iban a gobernar pensando en los intereses de los estados andinos; conociendo a su propia gente, en muchas ocasiones miraban a los Andes y a la frontera como fuente de posible peligro.

Castro sobrevivió a la llamada Revolución libertadora de 1903, aunque sus enemigos lograron levantar las fuerzas más numerosas vistas en guerra civil venezolana desde la Guerra Federal. Su jefe, el general y banquero Manuel Matos, quien, desaparecido Castro, llegaría a hacer las paces con Gómez y convertirse en uno de sus ministros de Relaciones Exteriores, dispuso de un ejército de 16.000 hombres pero su liderazgo fue indeciso. Fue definitivamente batido en La Victoria, cerca de Caracas, en octubre-noviembre de 1902. Aquella revolución contó con algún respaldo norteamericano y con ayuda del gobierno conservador de Colombia. Colombia y Venezuela, simultáneamente en guerra civil, se hostigaron mutuamente con incursiones fronterizas de filibusteros y exiliados.

Castro estaba preparado para proporcionar concesiones y contratos a los extranjeros, pero fue incapaz de sostener aquello que Joseph Conrad denominó en Nostromo (1904)[3] «las condiciones de los negocios civilizados». Fueron sus caprichos, así como la crisis fiscal, los elementos que precipitaron el bloqueo anglogermanoitaliano de 1902-1903. No fue éste el primer acontecimiento de tal naturaleza; el propio Guzmán Blanco había roto relaciones, en un momento o en otro, con Holanda, Gran Bretaña, Francia y Colombia, pero Guzmán supo mantener las malas relaciones bajo mejor control.

Castro no se percató de la creciente frustración de ciertos acreedores extranjeros, principalmente alemanes, y de los diplomáticos ingleses por ciertos incidentes frente a Trinidad. De modo más excusable, no percibió la convergencia momentánea de intereses entre Gran Bretaña y Alemania, que iban a dar como resultado una incursión naval concertada, evento que sorprendió a la opinión pública inglesa. Las relaciones angloalemanas habían sufrido por declaraciones indiscretas del káiser sobre la guerra de los bóers en África del Sur, y las cancillerías de los dos países concibieron la idea de mejorarlas arreglando en conjunto sus cuentas pendientes con Venezuela. La iniciativa atrajo particularmente a la marina alemana, que conjeturó que podría aumentar su prestigio y su presupuesto adelantando operaciones conjuntas con la marina real inglesa, la primera fuerza de la época. Los amores no duraron; la opinión pública inglesa rechazó los procedimientos enérgicos de los alemanes, y asimismo los rechazó la importante colonia alemana en Venezuela, y los diplomáticos de ambos países pronto se dieron cuenta de que habían suscitado, con poca ventaja, la ira y la sospecha de los Estados Unidos. Después de varias acciones altaneras por parte de los aliados, como el hundimiento de cañoneras venezolanas y el bombardeo de fortalezas, Castro, tras una desafiante demostración de retórica, llegó a un rápido acuerdo. No tuvo alternativa, pero logró manejar la crisis con su acostumbrada desfachatez y los incidentes internacionales continuaron hasta su salida del poder, después de un bloqueo holandés.

Castro sobrevivió al famoso bloqueo de 1902-1903, y aún fue capaz de extraer de él algunas ventajas políticas locales. El bloqueo produjo también importantes declaraciones de principio de otros gobiernos de América Latina en contra de las expediciones armadas recaudadoras de deudas —debt-collecting expeditions—, importantes dentro de la formación de los principios regionales en derecho público internacional, como la doctrina Drago, denominada así por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina que la formuló. Produjo también el «corolario de Roosevelt» de la doctrina Monroe, según el cual los «delitos persistentes» de un estado latinoamericano serían controlados por la acción policial de los Estados Unidos, pues éstos no podían aceptar la intervención europea en América, y menos aún las incursiones navales alemanas en el Caribe.

Cinco agitados años después de la Revolución libertadora, Castro se vio forzado a viajar a Europa para someterse a una operación quirúrgica que no se podía realizar en Venezuela; su ausencia el gobierno fue asumido por su vicepresidente, el general Juan Vicente Gómez. Gómez puso pronto fin definitivo al mandato de su antiguo jefe y compadre. Durante la transición, los Estados Unidos mantuvieron su presencia naval frente a la costa, prestando, además, discreta asistencia a Gómez para prevenir cualquier intento de Castro de regresar al país, hasta su muerte en 1924. Sus restos mortales regresarían finalmente a su lugar de nacimiento en Capacho, Táchira, en la década de 1970. Gómez no había necesitado la ayuda de los Estados Unidos para instalarse en el poder, pero sí ofreció a los extranjeros estabilidad y «las condiciones de los negocios civilizados». Hasta su muerte en 1935 iba a evitar complicaciones diplomáticas. Fue muy cauteloso y atento. Concertaba acuerdos con los poderes y con los estados limítrofes, y mantenía hombres de confianza en sus capitales. Consideraba indispensable estar perfectamente bien informado sobre cualquier asunto que pudiera afectar al país y, además, de todos los venezolanos en el interior. Por eso prefería las buenas relaciones en manos inteligentes, siendo la calidad y detalle de sus informes en ocasiones notable. Entre 1923 y 1931 rompió relaciones con México, pues los mexicanos favorecían demasiado a los exiliados.

JUAN VICENTE GÓMEZ, 1908-1934

Tomó la resolución de pagar la deuda externa y de no solicitar más préstamos en el futuro. Cuando, en tiempos más prósperos que los de sus años iniciales, el doctor José Gil Fortoul le preguntó por qué estaba resuelto a cancelar una deuda al 3 por 100 con fondos que podía colocar al 8 por 100, respondió: «¡Tiene razón, doctor Gil, pero pobre no debe!».

Gómez tenía un talento natural para la organización militar, y su papel en la revolución de Castro y sus proyecciones le proporcionaron también una extensa experiencia de campaña. Aunque no fue el primer gobernante en lograr cierta modernización parcial del ejército venezolano, pues Guzmán y Crespo tuvieron fuerzas de élite, «sagradas», en la palabra local, mejor armadas y mejor pagadas que la masa conscripta que formaba el grueso de la tropa de la guerra civil, las rentas en aumento garantizaban a Gómez mayores recursos. Las fuerzas armadas de las cuales dependía constituían un híbrido complejo: ciertamente, Gómez creó un ejército regular un poco más grande y más profesional, pero también mantuvo en las provincias redes de oficiales veteranos de las guerras civiles, a menudo como mayordomos en sus propias tierras, que iban a organizar las anticuadas levas de «gente de confianza» en momentos de emergencia. Mantuvo también a «la sagrada» y más tarde a la aviación militar en Maracay, sede efectiva de su gobierno.

Bajo un oficial chileno, Samuel MacGill, y un venezolano, Félix Galavis, Gómez emprendió una profesionalización del ejército con las teorías y apariencias chileno-alemanas que dominaban en la América del Sur, antes y aún después de la primera guerra mundial. El general Gómez mostraba en aquel entonces en sus uniformes y en sus retratos su admiración por la escuela alemana. Pero, como en tantas otras cosas, no estaba totalmente conforme. Desconfiaba de la lealtad de oficiales demasiado profesionales; el primer brote de conspiración entre la nueva oficialidad fue detectado y sofocado en 1919. La desconfianza del general Gómez recibió confirmación en la conspiración de 1928, que afectó a dos cuarteles claves de Caracas. Prefería su propia receta, sus propias sospechas y su conocimiento de los hombres, a cualquier modelo traído desde fuera. Sus posiciones militares se concentraron en Maracay. Otros lugares quedaron relativamente poco guarnecidos y siempre contaban con un parque escaso. Es interesante ver cómo Gómez envió contra la expedición de Delgado Chalbaud en el Falke, no a tropas de «la sagrada» ni del ejército profesional, sino a levas locales bajo el mando de un veterano de mucha confianza. Fue la primera y suficiente línea de defensa. Otra respuesta habría sido más arriesgada.

Maracay era el centro estratégico del país, y también el centro de sus negocios agrícolas e industriales, y el general montó allí varias fábricas. Vivir en Maracay constituyó para Gómez el modo de ubicarse por encima de los demás. Nunca se sintió bien en Caracas, y despreciaba a la sociedad caraqueña. Sus ministros, los diplomáticos acreditados en Caracas, los agentes de las compañías petroleras y cualquier persona que tuviera negocios con su gobierno se veían obligados a realizar el polvoriento peregrinaje a Maracay y hacer allí antesala. Por conveniencia política y personal, Gómez permitía a civiles de confianza ocupar la presidencia y despachar los negocios rutinarios en Caracas, pero nunca abandonó la comandancia del ejército.

Su poder militar se complementaba con un extenso sistema de espionaje en el país y, como hemos anotado, en el exterior, y con el aprisionamiento de sus opositores durante largos periodos, asegurados con grillos de distinto peso, según la peligrosidad del caso, en la cárcel de la Rotunda en Caracas y en otras fortalezas. Al cabo de pocos años, al principio de su largo dominio, estas medidas se complementaron con la supresión de todo debate público. El Congreso era un servil cuerpo de nominados, y no existía prensa de oposición.

Todo lo dicho es bien conocido. Se puede argumentar en defensa de Gómez que no tomó a su cargo en 1908 la acobardada república de 1935, y que muchos de quienes llevó a prisión o mandó al exilio habrían deseado la continuación de la guerra civil y, además, que si estos hubieran triunfado no habría gobernado de manera diferente.

No puede considerarse al gomecismo como un sistema uniforme para todo el periodo que va de 1908 a 1934, y tampoco puede decirse que hubiera quedado consolidado e inmodificable en 1908. Hubo etapas en las cuales se reducía el nivel de represión, particularmente en los años de 1922 a 1927, cuando Francisco Baptista Galindo tenía cierta ascendencia como ministro del Interior y después como secretario de la presidencia. La represión fue siempre discriminada, aunque en los casos que Gómez consideraba graves fue cruel e implacable y las condenas se extendían a largos años de cárcel en pésimas condiciones.

Desarmar al país tomó a Gómez muchos años. Nunca, como hemos anotado, estuvo a favor de las grandes guarniciones o de los arsenales dispersos. Continuaron, aún en la década de 1920, los levantamientos e incursiones menores desde el otro lado de la frontera con Colombia, por Arauca y por Santander. En 1929 el general Ramón Delgado Chalbaud, durante largo tiempo prisionero de la Rotunda, organizó una pequeña invasión desde Europa en el vapor Falke. Delgado cayó muerto poco después del desembarco en Cumaná y los invasores y sus aliados quedaron dispersos, pero aquél había tenido al menos su oportunidad externa: Gómez tomó muy en serio su amenaza.

Con los años la oposición iba evolucionando y, en algunos episodios, como la expedición del Falke y el intento de tomar Curasao, se ve una mezcla del pasado y del futuro, revolucionarios de la índole de principios de siglo, rivales y contemporáneos de Gómez en compañía de jóvenes marxistas o futuros líderes de los nuevos partidos de oposición que iban a emerger después de su muerte.

Si Gómez hubiera muerto en 1925 y no en 1935, recibiría un crédito mayor por haber logrado imponer el orden, y menos críticas por su represión. Las víctimas en el exilio y en la Rotunda no eran venezolanos ordinarios. Gómez tenía ideas simples respecto a la disciplina. Había sido, después de todo, un agricultor y ganadero andino hasta los cuarenta años.

La economía: la industria petrolera

Puede decirse, por consiguiente, que manejó gran parte de la economía venezolana con la mentalidad de un prudente hacendado. Como lo ha señalado repetidas veces Germán Carrera Damas, Gómez no era un campesino sino un «burgués rural»[4]. Gómez conservó un gran apetito por la tierra y adquirió vastas propiedades, que hizo rentables por medio de monopolios. Los competidores, aun la Lancashire Cattle Company, filial de una de las compañías más poderosas en el mercado de carne del imperio británico, hallaban difícil el acceso a los mercados sin un acuerdo con él. Gómez continuó con la compra de tierras hasta muy poco antes de su muerte, destinándolas a la ganadería en el centro del país y al café y al ganado en su estado natal de Táchira. Llevaba notas de sus toros, vacas y novillos, aunque no se puede calcular con precisión cuántos fueron, ni la extensión exacta de sus tierras. Según una versión, en Táchira tuvo cinco grupos de fincas cafetaleras, repartidas en setenta y cinco fundos que producían trece mil quintales de café al año. Siguió invirtiendo en propiedades cafeteras aun en las malas condiciones de los años treinta y compró también propiedades urbanas en Maracay y en otras ciudades.

Pero a pesar de su apego a los bienes raíces, Gómez no estaba exclusivamente interesado en la tierra y en las propiedades urbanas; no fue víctima de ninguna obsesión «telúrica» y supo aprovechar, sin dudarlo, las posibilidades superiores que ofrecía el petróleo.

Los orígenes de la industria petrolera venezolana se remontan a más de un siglo, con la fundación, en 1878, en el estado natal de Castro y Gómez, de la Compañía Petrolera del Táchira. La primera concesión a un norteamericano se hizo en 1883, para la explotación del lago de asfalto de Guanoco. La concesión pasó a la New York and Bermúdez Company, cuyas diferencias con Castro la llevaron a apoyar al general Matos en 1903. Castro proporcionó a sus seguidores los derechos sobre cerca de seis millones de hectáreas, estableciendo el patrón por el cual individuos venezolanos recibían concesiones que luego vendían a compañías extranjeras. Algunas veces las compañías extranjeras recibían las concesiones directamente, como cuando Gómez concedió 27 millones de hectáreas a los británicos en 1909-1910. La temprana fecha de estas concesiones no señala el comienzo de una exportación petrolera significativa. Dicho comienzo puede fijarse en 1917, cuando Venezuela exportó 21.194 toneladas. Para 1926 Venezuela estaba ya exportando cerca de cuatro millones de toneladas, y el petróleo se había convertido en el principal producto de exportación. La producción se elevó a 15 millones de toneladas en 1928. Para entonces, el país se catalogaba como el segundo producto mundial después de los Estados Unidos, con un 8 por 100 del total de la producción petrolera mundial, y en el principal exportador en el mundo.

Los lazos de Venezuela con la economía mundial se fortalecieron así en un grado sin paralelo en Colombia y Ecuador, y en una forma tal que aumentaron directamente las rentas gubernamentales. Gómez invirtió en carreteras, en obras de sanidad pública y en el ejército. Se ha dicho que su interés por las buenas comunicaciones terrestres fue en parte por su herencia andina, pues allí, sin caminos de herradura, el café no podía llegar al mercado y sufrían las mulas. De todos modos, sus inversiones en el primer plan vial nacional merecen respeto. Utilizó en los trabajos al ejército, a los presos comunes y a veces a los presos políticos, y por eso las carreteras de Gómez no dejaban grata memoria en todas partes. Sin embargo, en este aspecto su gobierno sí transformó al país.

Gómez fue un gobernante exigente en el manejo de los fondos públicos. Los que lo critican por dirigir al país como una hacienda, subestiman la seriedad de ciertos hacendados. Gómez nombró en 1913 como ministro de Hacienda al doctor Román Cárdenas quien previamente, como ministro de Obras Públicas, había elaborado el primer plan nacional de vías de comunicación. Cárdenas aceptó el ofrecimiento bajo la condición de que se le diera un año para estudiar finanzas públicas en Londres. De regreso de sus estudios, emprendió un profundo saneamiento de las prácticas de su campo. Estableció la recaudación directa de las rentas estatales y pronto logró un superávit. Acumulaba reservas y compartía con Gómez su aversión a los préstamos en el exterior, su entusiasmo por las carreteras y su minuciosidad en las cuentas.

La avidez con la cual el dictador acumuló su propia fortuna no debe entenderse como signo de tolerancia de la corrupción en la administración pública. Aunque, sin duda, sí existía. Gómez apreciaba a cada hombre según sus propios méritos y se servía de un tipo de personas. En el Territorio Federal de Amazonas, por ejemplo, sacó provecho del sanguinario «Tirano» Funes, y algunos de sus gobernadores y ayudantes se enriquecieron con métodos bastante primitivos. Pero la nota predominante en su manejo económico fue un nuevo grado de control, y entre sus ministros de Hacienda y en general entre su gabinete, hubo muy contados casos de enriquecimiento ilegal.

En Gumersindo Torres tuvo a un ministro de excepcional coraje y habilidad en asuntos petroleros, y empleó sus talentos y rectitud cuando la coyuntura le pareció favorable. En el manejo del petróleo por parte de Gómez, es necesario distinguir entre varios niveles. Un pequeño círculo de sus familiares, altos funcionarios y «amigos» —el estudio más completo, de Brian McBeth, fija el número en 117 personas—, recibió 411 concesiones que negociaron con las compañías. Algunos actuaban en nombre de cierta compañía; otros eran, según la frase de uno de los más equilibrados biógrafos de Gómez, «sujetos a quienes el Gobierno quiso beneficiar dándoles un valor transferible por dinero», que transfirieron los valores sin demora.

A otro nivel se halla el manejo, por parte del gobierno, del régimen de las concesiones. Allí se observa un creciente dominio de sus agentes. Sólo en fecha reciente se ha intentado establecer un balance del manejo de la industria petrolera por parte de Gómez. El magnífico libro de Rómulo Betancourt, Venezuela - política y petróleo (1956) —pocos jefes de Estado han escrito una obra tan destacada—, por claras razones políticas no sienta las bases para ninguna defensa. Gómez y su séquito, como hemos anotado, se beneficiaron extensamente. Pero asimismo fue un estudioso serio de la posición de Venezuela en el mercado mundial del petróleo, empleando, particularmente con Gumersindo Torres, a hombres capacitados para conducir negociaciones progresivamente más difíciles y complicadas con las compañías.

Igualmente tuvo siempre cuidado de mantener un equilibrio entre los norteamericanos y la Royal Dutch Shell, y su desempeño habría concluido con una nota más nacionalista de no haber sido por el debilitamiento de las condiciones del mercado en la época de la depresión. Sus críticos no siempre han basado sus ataques en un conocimiento adecuado de las condiciones cambiantes del mercado en este periodo, ignorando también la rapidez sin precedentes con que evolucionó la industria petrolera venezolana en la década de 1920. Por haberle hecho frente a poderosos y complejos interlocutores —las compañías petroleras diferían en ambos sentidos de los anteriores empresarios-aventureros extranjeros en Venezuela—, no se puede considerar a Gómez como un simple «vendepatria».

Gómez fundó el Banco Agrícola y Pecuario en 1928, aunque esta iniciativa no estuvo acompañada por una política coherente de desarrollo agrícola. La agricultura venezolana, particularmente el café, sufrió severamente a causa del mantenimiento de una alta tasa de cambio en la década de 1930. Aunque el tema se ha estudiado poco, a menudo se sostiene que los préstamos del Banco Agrícola no se emplearon para fines agrícolas.

El petróleo impulsó las migraciones a las áreas de producción y a las ciudades en general, pese a haber sido limitado el número de trabajadores empleados directamente en la industria. Localmente, fue el círculo del dictador y la élite comercial el que aseguró los mayores beneficios. Finalmente, el advenimiento del petróleo y la primera guerra mundial reorientaron decisivamente el comercio exterior de Venezuela hacia los Estados Unidos, que mantuvieron su dominio en los años de la posguerra.

Aunque Gómez nunca fue un patriota desinteresado —su pregunta «¿es amigo?» era el equivalente venezolano de la pregunta «¿es patriota para mí?» de Francisco José—, después de una desafortunada —tal vez mítica— experiencia con inversiones en Alemania antes de 1914, no volvió a invertir nada en el exterior, con la excepción de un par de haciendas al otro lado de la frontera con Colombia. Cuando murió, su fortuna, de cerca de 150 millones de bolívares de la época, fue confiscada por el Estado. En su decisión de dedicar parte de las rentas petroleras a cancelar la deuda externa de Venezuela puede verse otra nota de nacionalismo subyacente. La última cuota se pagó el 17 de diciembre de 1930, cien años después de la muerte de Bolívar. Así, en materia de finanzas públicas, Gómez era un conservador estricto. ¿Qué otro gobierno suramericano sobrevivió a la crisis de la depresión mundial?

Un análisis de los presupuestos de sus años de gobierno, hecho por su biógrafo Tomás Polanco Alcántara, muestra un gasto de 14,6 por 100 en el apartado de guerra y marina, y 10,52 por 100 en obras públicas; la instrucción pública, sin embargo, recibió 19,79 por 100. Casi todos los observadores y comentaristas están de acuerdo en que la educación hizo muy pocos avances en sus largos años de mandato.

Ningún otro gobierno latinoamericano reprimió tan implacablemente a sus enemigos en el interior del país, ni los vigiló tan cuidadosamente en el exterior. Al mismo tiempo, Gómez empleó a cierto número de hombres de hábitos austeros e industriosos que todavía, pese a concesiones, inspiran cierto respeto. Gumersindo Torres, Román Cárdenas, Pedro Manuel Arcaya, Eleazar López Contreras, José Gil Fortoul, Laureano Vallenilla Lanz y Vicencio Pérez Soto, todos ellos tenían esa calidad de seriedad que Gómez ciertamente valoraba, y que era parte esencial de su amplio ascendiente. Algunos sobrevivieron en sus cargos hasta bien entrada la siguiente década, después de la muerte de aquél. El calibre de su ministro de Guerra, el general López Contreras, puede apreciarse en la habilidad con que manejó el cambio, finalmente impostergable, que sobrevino cuando Gómez murió, en la fecha de su propio nacimiento y el de Bolívar, un 17 de diciembre, en 1935.

La vida política y cultural

La población de Venezuela al final del régimen de Gómez era todavía predominantemente rural —77 por 100— y las ciudades seguían siendo pequeñas. Había cerca de 3,5 millones de venezolanos, pero Caracas contabilizaba tan sólo 230.000, y ni Maracaibo, ni Barranquilla ni Valencia llegaban a los 100.000. No se habían producido avances de grandes proporciones en cuanto a la educación o a la salud. Pero, a pesar de toda su pasividad aparente, Gómez dejó un país radicalmente cambiado y preparado para nuevos cambios. El nexo del petróleo alteró las condiciones de gobierno, y el gobierno de Gómez había transformado la política. Había hecho tabula rasa de la vieja política del país, de una manera no igualada por ningún otro gobierno latinoamericano. No había quedado con vida ninguno de los viejos partidos. A comienzos de su gobierno Gómez había rechazado aún las rituales referencias retóricas al glorioso pasado liberal; Guzmán, Crespo, Castro, se habían llamado liberales de una fila o de otra. Después de su muerte persistieron las tradiciones de autoridad; todavía persisten dentro de los partidos políticos venezolanos, donde los jefes ejercen mucho más control que en los partidos de las otras repúblicas sucesoras de la Gran Colombia. Pero la vida política de los partidos tuvo que reconstruirse de nuevo. Habría de hallar su principal inspiración y sus más destacados líderes en la oposición, más moderna, que presentó figuras del corte de Delgado Chalbaud, quien había surgido en las manifestaciones estudiantiles de 1928.

Entre los protagonistas de este movimiento, la «generación de 1928», figuran dos futuros presidentes, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, y muchos otros que iban a ser personajes eminentes en la vida política y cultural del país. Las manifestaciones empezaron con una «Semana del Estudiante» y con la coronación de una reina de los estudiantes, Beatriz I. Pero pronto tuvieron lugar intervenciones «estimadas inconvenientes por los cuerpos de seguridad». La corta represión inicial se tornó luego más seria por la participación de algunos estudiantes en la conspiración de ciertos oficiales jóvenes del ejército, que planearon un golpe para el 7 de abril. Al final del año, unos doscientos estudiantes habían pasado por la Rotunda, por la fortaleza de Puerto Cabello o por las colonias penales y los trabajos forzados en las carreteras. Muchos fueron después al exilio. Participaron también en otros intentos fracasados por derribar al dictador, como la expedición del Falke y el asalto a Curasao, y al morir Gómez regresaron al país para formar el liderazgo de las diversas corrientes de oposición.

La vida cultural no quedó completamente asfixiada, aunque quizás el gomecismo cobró su más alto precio en este campo por su efecto atrofiante. Defensores individuales del régimen como José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya y Laureano Vallenilla Lanz, escribieron libros que todavía vale la pena leer. Desde Maracay, Gómez miraba la vida cultural de Caracas en busca de señales subversivas, y quienes se hacían un nombre podían recibir un llamamiento para viajar allí a presentarse ante el general para que éste evaluara personalmente su grado de «amistad».

Aparte de ello, el gobierno no mostraba mayor interés, aunque Gómez mantenía con entusiasmo personal el culto a Bolívar. Uno de sus orgullos fue compartir el mismo día de nacimiento con el Libertador, y otro, que muestra su sentido de la historia, de haber vencido en el campo de batalla de «La Puerta» al veterano general Luciano Mendoza, quien en la guerra civil anterior había vencido a José Antonio Páez. Gómez ordenó erigir un monumento conmemorativo, y asimismo dispuso la construcción de una verja para proteger el viejo Samán de Guere, árbol a cuya sombra había descansado Bolívar.

La atmósfera cultural del gomecismo permitió algunos notables logros personales pedagógicos, como el liceo dirigido por Rómulo Gallegos, que formó a una generación de líderes políticos posteriores.

Gómez apreciaba a Doña Bárbara de Gallegos, publicada en 1929. Se la hizo leer después de un almuerzo campestre, al aire libre (Gómez no era analfabeto; simplemente prefería que se le leyera) y cuando oscurecía ordenaba que la lectura continuara a la luz de los faros de su automóvil. La comitiva temía su reacción: los maliciosos andaban diciendo que el libro era una crítica velada a su persona y a su régimen. Al terminar la novela, se cuenta que Gómez rompió el silencio con el anuncio de que «este libro no puede estar escrito en contra mía, porque es un libro muy bueno». Puso a prueba a Gallegos nombrándolo senador. Gallegos, por su parte, no fue suficientemente amigo y prefirió ir al exilio.

Tercera parte
BRASIL

Capítulo 13
LA ECONOMÍA BRASILEÑA, 1870-1930

Los 60 años transcurridos entre 1870 y 1930, que abarcan las dos últimas décadas del imperio y el conjunto de la primera república, representan el máximo apogeo de la economía de exportación en toda la historia económica de Brasil. El gobierno y el sector privado trasladaron los recursos hacia la exportación de la producción, de manera que las exportaciones crecieron desde 1,31 hasta 2,83 libras per cápita, en el periodo comprendido entre las décadas de 1870 y de 1920, lo que representaba un aumento del 1,6 por 100 anual. Gran parte de las transformaciones sociales y diversificación económica experimentadas durante este periodo, incluyendo la inmigración europea, la urbanización, las mejoras en las comunicaciones y transportes, y un modesto nivel de industrialización, derivaron claramente de la expansión de las exportaciones. Esta expansión fue, a su vez, el principal atractivo para el capital extranjero. El nivel de las inversiones británicas y norteamericanas creció, desde 53 millones de libras en 1880 hasta 385 millones en 1929. La depresión mundial de la década de 1930 puso punto final a esta era. Las exportaciones dejaron de ejercer una influencia dinamizadora en la economía, y a partir de entonces hubo que recurrir cada vez más a la autarquía y a la sustitución de importaciones con el fin de estimular un ulterior crecimiento.

Las exportaciones parecen haber sido el estímulo principal para el comienzo del crecimiento económico per cápita, el cual no empezó, al parecer, hasta poco antes de 1900. No existe certeza sobre el índice de tal crecimiento, ya que sólo se conservan las cuentas del Estado a partir del año 1947. Para el periodo comprendido entre 1900 y 1929 se ha estimado una tasa media de crecimiento per cápita del producto interior bruto de casi el 2,5 por 100 anual, pero es posible que haya que establecer alguna corrección hacia abajo. Esa tasa es superior a la del crecimiento de los países industrializados contemporáneos. Al final del periodo 1925-1929 el producto nacional bruto per cápita podría haber ascendido a 110 dólares, en dólares corrientes[1].

La posición central de la producción exportadora durante el periodo 1870-1930 representaba en un aspecto importante una continuidad con el pasado brasileño. Desde el descubrimiento en 1500, hasta la independencia en 1822, las exportaciones fueron el medio principal por el cual la corona portuguesa y los comerciantes de ultramar extraían beneficios monopolísticos de la colonia; por lo tanto, la promoción de las exportaciones había sido su principal preocupación. Ellos instalaron y elaboraron un sistema de plantación de caña de azúcar en diversos puntos a lo largo del inmenso litoral, desde Maranhão a São Vicente, y especialmente en Pernambuco y Bahía, empleando mano de obra esclava amerindia y africana, y administrado localmente por la aristocracia terrateniente latifundista colonial. Durante todo el periodo colonial, la caña de azúcar fue la cosecha más rentable, aunque a finales del siglo XVII decreciera el valor de las exportaciones. Hacia el fin del siglo XVIII, la corona estimuló, con cierto éxito, la diversificación de la producción de las plantaciones brasileñas. Así, crecieron significativamente las exportaciones de productos tales como algodón, índigo, arroz, cacao, entre otros, y el azúcar se recuperó, en parte como resultado de las interrupciones del comercio colonial en el Caribe entre 1776 y 1815. La mayoría de las restantes exportaciones de Brasil eran de carácter extractivo. Las selvas del litoral proporcionaban madera y otras provisiones navales. Poco antes de 1700, en las regiones del interior de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso, estalló una fiebre del oro que duraría un siglo largo. Más al interior, comerciantes itinerantes recogían madera de tinte, cacao, pieles, plumas, loros, esencias, ipecacuana, zarzaparrilla, etc., para vender a los exportadores. La colonia exportaba tabaco y otros artículos a los enclaves portugueses en África para pagar los esclavos, y hacía contrabando con una variedad de productos europeos que llegaban a la región de Río de la Plata a cambio de la plata procedente de Potosí. La política mercantilista portuguesa buscaba proporcionar mano de obra esclava barata a las plantaciones costeras, limitar el acceso a las zonas mineras, evitar la fabricación local de bienes que pudieran ser enviados más provechosamente desde Lisboa, e impedir la fuga de beneficios hacia manos distintas de las de los comerciantes portugueses de ultramar o de la corona.

Aunque la población (algo más de tres millones en 1800, incluyendo indígenas fuera del control portugués, lo que suponía un promedio de unos tres habitantes por cada diez kilómetros cuadrados) estuviera concentrada en la costa, se produjo un asentamiento no regulado a través de una vasta extensión selvática. Las plantaciones y centros mineros engendraron un comercio interior de esclavos, mulas y ganado, que extendía el control portugués sobre un área considerable del interior. Incluso más allá de estas zonas, los colonos practicaron una forma de colonización mestiza (descendientes de amerindio y europeo), tanto en técnica como en genes. Su agricultura de roza era itinerante, dependiendo de los terrenos incultos para la caza y pesca, y ocupando los intersticios y márgenes de la economía colonial. Aprovisionaban los mercados de los pueblos con unos pocos cerdos, algo de tabaco, maíz y frijoles, y recibían a cambio poco más que sal y pólvora. Esta economía de subsistencia, que pervivió hasta bien entrado el siglo XX, no puede ser contemplada como complemento de una economía dual, como un sector atrasado que esperaba la absorción por el sector moderno. Su atraso era consecuencia de la denegación de títulos de tierras a los pobres y de la retención de beneficios en el seno de las ciudades donde vivían los burócratas de la corona, comerciantes de ultramar, plantadores importantes y concesionarios de minas. Su atraso continuado fue útil para la colonia costera, como lugar donde exilar a los disconformes, como amortiguador contra los ataques tribales y forma conveniente de llevar a cabo su acción «civilizadora», y como sistema gratuito de desbrozar la omnipresente e impenetrable selva. El asentamiento colonial fue incluso un proyecto de la corona, a lo largo de las vagas y remotas fronteras con los territorios españoles, desde Río Grande do Sul a Mato Grosso.

A partir de 1808, momento en que la corte portuguesa se refugió en Río de Janeiro huyendo de las tropas napoleónicas, la política económica brasileña dejó de estar determinada desde el extranjero. Sin embargo, las estructuras coloniales, y con ellas el papel central del comercio exportador (la caña de azúcar, el algodón y, a partir de entonces, también el café), permanecieron casi intactas. Los conflictos entre el sector terrateniente y los comerciantes portugueses de ultramar conducirían muy pronto a la independencia política de Brasil. Aunque la independencia, bajo un príncipe portugués que se autoproclamó emperador, produjo pocas innovaciones. El nuevo gobierno estaba lastrado con parte de la deuda portuguesa contraída con Londres, muchos de los funcionarios coloniales continuaban en sus puestos, la clase plantadora se confirmaba en su monopolio sobre los derechos de tierras y posesión de esclavos, y los comerciantes ingleses, privilegiados por un injusto tratado comercial como precio del reconocimiento por la Gran Bretaña, reemplazaron a las casas exportadoras portuguesas en los puertos más importantes. El nuevo gobierno central tuvo problemas para establecer su autoridad en el interior del país. Hubo rebeliones en las provincias periféricas, disturbios promovidos por los artesanos de las ciudades y levantamientos de esclavos, que en el fondo eran reacciones contra los efectos social y económicamente disgregadores del neocolonialismo. Hasta finales de la década de 1840 no se alcanzaría la estabilidad política. Para entonces, los debilitadores tratados comerciales de la posindependencia habían expirado, liberando así la política arancelaria. En 1850 se confeccionó un código comercial inspirado en el modelo inglés, y se aprobó una ley sobre la propiedad de la tierra. El mismo año se abolió la trata de esclavos bajo la presión del gobierno británico, poniendo en un aprieto a la aristocracia del imperio, pero obligándola a pensar en adelante de forma más creativa en la manera de aprovisionarse de mano de obra.

POLÍTICA ECONÓMICA Y CREACIÓN DE UN MERCADO NACIONAL

El imperio, que sobrevivió hasta 1889, no persiguió de forma coherente ni enérgica ningún objetivo económico que pueda calificarse como de desarrollo. Se propusieron unos pocos proyectos nacionales —muy especialmente el censo de 1872 y el inicio de una red telegráfica realizada por el Estado—, pero todavía menor fue el número de los que se aprobaron. En realidad se apoyaron los intereses de las clases altas dominantes con un modesto nivel de fondos o de garantías de rentabilidad. Los terratenientes de la provincia de Río de Janeiro solían ser los más proclives a obtener apoyo, y de hecho constituían el sostén político del imperio. En particular, cuando el café empezó a experimentar unas tasas de crecimiento significativas, la política exportadora comenzó a recibir unas atenciones aún mayores por parte de los burócratas del gobierno central. Dado que las aduanas representaban casi la única fuente de sus ingresos, y que ciertas importaciones eran críticas para el funcionamiento del gobierno, tenían razones propias más que sobradas para apoyar una política de orientación exportadora.

El «ambiente de negocios» del imperio era, sin embargo, más bien hostil hacia los empresarios capitalistas. El hombre de negocios más enérgico e innovador de las décadas de 1850 y 1860, Irineu Evangelista de Souza, a pesar de haber recibido el título de barón de Mauá, se lamentaba de que su carrera fracasara debido en parte a la falta de colaboración, e incluso aversión, gubernamental para con sus actividades. El suministro de dinero, excepto durante unos breves intervalos, estaba controlado por un solo banco gubernamental, cuya misión parecía ser, más que la de promocionar la iniciativa privada, la de contenerla. La autorización legislativa para la formación de sociedades anónimas no salió hasta 1882. El Consejo de Estado del emperador insistía en la necesidad de examinar profundamente las constituciones de sociedades, alegando «tendencias irresponsables» por parte de los hombres de negocios brasileños. El fomento gubernamental a la actividad empresarial, cuando existió, tomó normalmente la forma de concesiones exclusivas. Los grandes terratenientes y comerciantes, sensibles al afán de lucro, preferían que la economía se mantuviera dentro de los canales que aseguraran el mantenimiento del control de los recursos. Sus economías no precisaban de un crecimiento muy rápido, ni de ningún tipo de diversificación, ya que los beneficios se acumulaban en una sola clase, realmente muy pequeña. Como ha señalado un historiador, «los intereses de clase eran tan dispares, como por cuestionar seriamente la validez de utilizar a la nación como unidad de análisis»[2].

La república, sin embargo, liberó el «espíritu de asociación» y transformó la naturaleza del debate económico. El gobierno provisional centró sus preocupaciones en las cuestiones económicas y promocionó de forma dinámica el crecimiento económico. Los aspirantes a capitalistas e industriales, junto con algunos profesionales y oficiales militares urbanos activos, descontentos con la incompetencia demostrada en la guerra contra Paraguay y por los escuálidos presupuestos militares de la posguerra, promovieron un programa económico intervencionista. En los últimos meses del imperio se había decretado la abolición total de la esclavitud y se habían emitido bonos estatales para ayudar a los plantadores, que sufrían la pérdida no compensada de sus esclavos. Estos fondos recayeron directamente sobre los acreedores urbanos, lo que sirvió para alimentar un repentino auge. Entonces el gobierno provisional autorizó la fundación de bancos emisores, sociedades anónimas y proyectos de desarrollo, en una gran ola especulativa, conocida como el encilhamento, que en el lenguaje de las carreras de caballos significa ensilladura. Aunque muchas de las iniciativas tomadas en este bullicioso periodo de transición fueran duraderas, la coalición nacionalista perdió el control en 1894, agotada por sus propios excesos, obligada a sofocar una rebelión de la armada y otra en Río Grande do Sul, y sobrepasada por la inflación y la acumulación de la deuda exterior.

Los gobiernos siguientes, aunque aparentemente mucho menos intervencionistas que los de los nacionalistas, puede decirse que pusieron impedimentos al desarrollo interior. El primer gobierno civil, por ejemplo, canceló contratos que habían sido firmados con astilleros de Río de Janeiro para la construcción de destructores para la armada. El gobierno, impulsado por los plantadores, considerando más prudente comprar sus barcos de guerra a las firmas inglesas, tanto para conservar los mercados británicos como la circulación ininterrumpida de capital británico, dejó que los cascos de los buques a medio construir se pudrieran en los astilleros. Sin embargo, ciertas circunstancias y contradicciones inherentes a tal política indujeron a la toma de un apreciable número de medidas de desarrollo e impulsaron la intervención directa del gobierno[3]. Los programas de los plantadores fueron bastante caros y de amplio alcance. Con frecuencia su puesta en práctica correspondía al Estado, en especial cuando los concesionarios extranjeros o los empresarios nativos se mostraban vacilantes, o demasiado exigentes en sus demandas de subsidios oficiales.

Se ha dicho a menudo que los intereses plantadores y exportadores eran partidarios de una política monetaria y fiscal que indujera a una inflación gradual, para aumentar con ello sus ingresos reales. La preocupación primordial de los gobiernos civiles a partir de 1894 se centró en la credibilidad crediticia nacional a los ojos de los banqueros extranjeros. Esta perspectiva era esencial debido a que los mismos intereses que habían instalado a esos gobiernos no estaban dispuestos a acompañar sus mandatos con los ingresos adecuados para cubrir los déficits. Porque la república, en mayor medida incluso que el imperio, era deficitaria: en sus 41 años de existencia, se produjo déficit en 32, y en 13 de ellos el déficit superó al 25 por 100 de las rentas. Estos déficits no podían ser resueltos mediante créditos internos. Los mercados locales de depósitos estaban desorganizados, lo que condujo al gobierno a la lamentable práctica de pagar algunas de sus obligaciones con bonos, que eran descontados precipitadamente por los receptores. Además, los créditos interiores no podían aplicarse a las deudas externas ya contratadas y que se adeudaban en oro. Por otra parte, los créditos extranjeros venían acompañados por unas condiciones que alcanzaban hasta los órganos directivos del gobierno y mandaban sobre ellos. La rama de Londres de los Rothschild salvó las finanzas del nuevo régimen civil, en 1898, mediante un crédito de 10 millones de libras, que permitió un aplazamiento de 13 años en la devolución del principal. Pero, a cambio, pidió un recargo en los derechos arancelarios de importación, a depositar en una cuenta reservada de Londres, y la retirada gradual de circulación de milréis de papel hasta una cantidad equivalente al valor del préstamo. Este programa deflacionista siguió siendo el eje de la política gubernamental hasta 1905, a pesar de su grave impacto depresivo sobre la producción y el empleo.

A pesar del crédito exterior, los déficits federales continuaron acumulándose. Según la Constitución republicana, los estados y los municipios también podían contratar créditos. Y así lo hicieron: entre 1900 y 1912, sus deudas al extranjero pasaron de 5 a 50 millones de libras; esta última cantidad era el 37 por 100 de la deuda federal. El gobierno central, presionado por sus propios acreedores, se negó a responsabilizarse de las deudas de los gobiernos locales. La práctica deflacionista iniciada en 1898 resultó extraordinariamente penosa para los intereses exportadores y de los plantadores, puesto que redujo sus ganancias en términos de milréis. Por consiguiente, en 1905 alcanzaron un compromiso: el milréis se revaluó en algo más de 15 céntimos, pero el gobierno impediría que subiera más mediante la apertura de un fondo de conversión. El fondo recibiría los valores en oro que le fueran depositados a ese tipo y, simultáneamente, ampliaría el suministro de moneda en circulación mediante la emisión de papel moneda.

No logró alcanzarse una regular consolidación periódica de la deuda externa brasileña, dada la naturaleza cíclica del comercio exportador, exacerbada por la política que instigaban los propios banqueros. Las mejoras cíclicas en los países industrializados incrementaron las demandas de exportación de productos brasileños, aumentando por ello sus precios. El aumento de los precios de los productos atrajo una entrada de capitales extranjeros, que intensificó la recuperación de Brasil y estimuló una escalada desproporcionada de las importaciones, así como de la producción interior. El descenso de la ola fue igualmente brusco pero más penoso, pues las monedas respaldadas por el patrón oro se esfumaron del país, las aduanas se encontraron con un montón de importaciones impagadas, y la deuda externa subió aún más de lo que lo había hecho anteriormente. Se urgió a la banca extranjera para que concediera más crédito, pero para entonces sus arcas estaban vacías, o sus condiciones eran demasiado draconianas para ser aceptadas sin merma grave de la soberanía nacional. El único recurso que le quedaba al gobierno brasileño en tal coyuntura, como más adelante, en agosto de 1914, fue el de romper las reglas del juego. Abolió la conversión en oro y emitió 250 millones de milréis en papel moneda. La ortodoxia monetaria era sólo un bien relativo, comparado con la supervivencia del gobierno; la inflación, aunque al parecer endémica, solamente se solía abordar como último recurso[4].

La implantación de una política económica nacional desarrollista requería la creación de un mercado nacional, pero ello no era fácil de conseguir. Brasil, geográficamente un subcontinente, era en términos demográficos y económicos más bien un archipiélago. Con la destacada excepción de Minas Gerais, el grueso de su población, algo menor de 10 millones de habitantes en 1870 y 17 millones en 1900, todavía vivía a lo largo del extenso litoral, arracimada en torno a las ciudades portuarias, las cuales, en la mayoría de los casos, eran capitales de estado. Las líneas marítimas del litoral tenían barcos, muy viejos y escasamente mantenidos, horarios que rara vez se cumplían, y tarifas que eran el doble o el triple de caras que las de las compañías transoceánicas. Las ciudades portuarias más pequeñas, sin canales de aguas profundas, y que dependían de los vapores del litoral, intentaron buscar financiación para dar más fondo a sus puertos y poder recibir así a los buques de ultramar de mayor calado. Las élites de las ciudades mayores, como Salvador y Recife, deseosas de mantener su papel de centros comerciales de importación y distribución, lucharon para sofocar esos intentos.

Para acceder a las tierras del interior desde las ciudades costeras, existían redes más o menos extensas de ferrocarril, carreteras o caminos. Pero tales redes tenían muy pocos puntos de contacto entre sí, y en algunos casos estaban separadas por cientos de kilómetros de selva cerrada. El Estado costero de Espirito Santo, por ejemplo, sólo tenía un enlace con el Estado adyacente de Minas Gerais, por medio de un paso extremadamente difícil a través del río Doce. Hasta 1905 no empezó la construcción de una línea de ferrocarril paralela al río, y no alcanzó Belo Horizonte hasta la década de 1930. Goiás y Minas Gerais eran estados aislados y sin salida al mar, mientras que los de Mato Grosso y Acre sólo eran accesibles por el río, tras grandes rodeos. Como puede suponerse, el coste del transporte, independientemente de lo altas que fueran las tarifas exteriores, representaba una barrera al comercio interregional de dimensiones aún mayores.

A esos obstáculos había que añadir las tarifas interestatales e, incluso, las intermunicipales. La práctica de imponer contribuciones a las mercancías procedentes de otros estados y ciudades se había iniciado durante el imperio. Con la Constitución republicana, carta de carácter federalista, la imposición de aranceles a la importación pasó a ser de exclusiva competencia del gobierno central, pero los derechos arancelarios sobre la exportación se concedieron únicamente a los estados. Los estados que gozaban de grandes ingresos por exportación, principalmente el de São Paulo, fueron evidentemente los inspiradores de esta cláusula, lo que obligó a los estados menos afortunados, sin exportaciones que gravar, a recurrir contra estos impuestos. A menudo, se cargaba indiscriminadamente, tanto sobre mercancías importadas del extranjero, como sobre las procedentes de otros estados, por lo que se constituía una especie de impuesto doble. Las audiencias federales condenaban estas prácticas, que no tenían base alguna en la Constitución, a pesar de lo cual continuaron siendo una constante. El hecho de que, a pesar de todo, esto fuera posible, da una pista sobre la forma en que los intereses de las clases regionales dominantes engranaban con los de los que controlaban los estados exportadores dominantes. Aunque el gobierno central interviniera militarmente en numerosas ocasiones en los estados más pequeños para deponer una u otra facción de estas oligarquías menores, no intentó nunca cortar seriamente esta fuente de ingresos en beneficio de la creación de un mercado nacional.

A pesar de que los republicanos nacionalistas afirmaban desear la creación de tal mercado nacional, este objetivo probablemente sobrepasaba sus intenciones en un aspecto más profundo. El acceso a los factores de producción en Brasil dependía sólo, hasta cierto punto, del funcionamiento del mercado. Los factores políticos y sociales determinaban en gran medida el acceso al crédito, títulos de propiedad de la tierra y condiciones de empleo. Esta realidad empezó a atenuarse durante el periodo en estudio gracias a la inmigración europea y a la urbanización, pero siguió vigente en el caso de los sectores terratenientes, para los cuales las recompensas siguieron derivando de su categoría social, sus capacidades para dominar los recursos continuaron siendo superiores a las que les hubiera correspondido por su posición en el mercado, y su posición les permitía mantenerse inmunes frente a la competencia con personas de nivel social más bajo. En tales circunstancias, las ambiciones juveniles se concentraron en objetivos políticos, un camino más seguro que la empresa para subir en la escala social; y el empresariado audaz, aun en el caso de que tuviera éxito, estaba obligado a pactar con el poder…

El desplazamiento de los recursos internos hacia el sector exportador debe ser contemplado, desde el punto de vista de las condiciones interiores, como el resultado de las preferencias de las clases dominantes, que consideraban tal política como altamente beneficiosa, conveniente y adaptable a sus deseos de autonomía local y monopolio continuado en el ejercicio del poder político. Sin embargo, tal política no estaba exenta de contradicciones, que emanaban de circunstancias y factores inherentes a la propia política. Los vínculos de esas clases dominantes con sus fuentes externas de fondos eran especialmente problemáticos y vulnerables a reacciones procedentes del seno de la propia política brasileña. Aun así, durante gran parte del periodo en estudio, las clases medias pudieron ser persuadidas de sus propios intereses en la creciente incorporación de Brasil al sistema comercial y financiero mundial a través de la estimulación de las exportaciones.

EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EXPORTADORA

Hacia 1870, el comercio mundial estaba entrando en una nueva fase en la que las oportunidades comerciales iban a ampliarse sustancialmente. Durante la década de 1870 se formó un servicio regular de vapores de carga en el Atlántico sur, que alivió notablemente el coste del transporte, regularizó las entregas e incrementó apreciablemente la gama y volumen de las mercancías que se podían transportar. La industrialización inglesa había ampliado considerablemente la variedad y utilidad de tales bienes. De hecho, la orientación exportadora de Brasil estaba entrando en una nueva fase. El país empezaba a participar en la Revolución industrial, cambiando sus productos agrícolas y de extracción por los productos manufacturados que se conseguían con las nuevas tecnologías. En la misma década, las ciudades portuarias de Brasil quedaron conectadas con Europa por medio de cables submarinos, e, indirectamente, con Estados Unidos, reduciéndose así la incertidumbre sobre precios y suministros, y facilitándose en gran medida la transferencia del crédito comercial. La propagación del sistema industrial a Alemania, Estados Unidos y unos pocos países más intensificó la competencia entre fabricantes, realzando así el papel de los suministradores de materias primas y productos alimentarios que, como Brasil, experimentaron una mejora comercial entre la década de 1870 y el estallido de la primera guerra mundial.

El aumento de las exportaciones fue crítico para el crecimiento de la economía brasileña, aunque, tomado para todo el periodo en su conjunto, fuera relativamente lento. Gran parte del incremento en valor de las exportaciones brasileñas estuvo emparedado entre pánicos financieros, guerras y depresiones en Europa y en Estados Unidos. También fue problemático. El número de productos básicos en el comercio mundial era pequeño y los factores geográficos excluían a Brasil del suministro de muchos de ellos. Los precios fluctuaban bruscamente, y la amenaza de ampliación de la competencia, de exclusión de los mercados, y el descubrimiento de materiales sintéticos, ensombrecían las perspectivas de los empresarios y de los políticos. Para el caso de Brasil, podría decirse que la desventaja más grave de la política de orientación exportadora era la fragilidad del estímulo de la demanda de ultramar. Esta dificultad puede constatarse pasando revista a los principales artículos del comercio de ese periodo.

El café fue, con mucho, el producto brasileño que tuvo más éxito en el mercado internacional. La planta había sido introducida durante el siglo XVIII, pero no alcanzó un puesto significativo en la lista de productos de exportación hasta la década de la independencia. La planta del café era muy adecuada al clima y suelo de la zona sureste de Brasil, y los granos eran de fácil transporte y almacenaje. No se precisaban procesos industriales complejos para prepararlos para el mercado. En la década de 1870 se introdujeron varias técnicas mecánicas nuevas y se perfeccionaron las del tueste comercial. Hacia finales de la década de 1880, una plaga destrozó la cosecha de los competidores asiáticos de Brasil. Bajo esta prometedora perspectiva, los plantadores brasileños ampliaron sus plantaciones. El café de Brasil era, en su mayor parte, de baja calidad. A diferencia de Colombia, Jamaica y otras áreas cafeteras, en cías que el café era cultivado por pequeños propietarios, las plantaciones de Brasil no disponían de la suficiente sombra protectora ni se prodigaban las debidas atenciones a su cultivo y recogida. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, el producto resultante, más barato, gozó del mayor aumento de demanda debido a la masificación del mercado, especialmente en Estados Unidos. En este último país, el consumo alcanzó los 5,5 kilogramos per cápita en 1921, gracias a la expansión de la adicción a la cafeína entre una población en vías de urbanización.

Durante la década de 1830, las exportaciones de café habían alcanzado las 60.000 toneladas anuales; en 1871 se exportaron 216.000 toneladas. En 1872 la fértil meseta de São Paulo quedó comunicada gracias a la llegada del ferrocarril a Campiñas. Este estado alcanzó muy pronto el primer lugar en ventas. Estimuladas por la entrada de inversiones extranjeras en la década que siguió a 1885 y por lo barato del dinero durante el gobierno republicano provisional, las nuevas plantaciones cafeteras pronto doblaron las cosechas brasileñas. En 1901, las exportaciones alcanzaron las 888.000 toneladas. Entre la independencia y el año 1907, los precios del café experimentaron tres ciclos, al finalizar cada uno de los cuales su precio fue de 0,15 dólares por kilogramo. La tendencia recurrente hacia los precios bajos desanimó a los competidores potenciales. A pesar de que entre 1870 y 1930 se dejó erosionar el dominio brasileño del mercado, a finales de la década de 1920 todavía poseía 2.100 millones de cafetos, de entre los 3.200 millones de todo el mundo. En el conjunto de ese periodo, Brasil suministró más de la mitad de todo el café vendido en el mercado internacional. Desgraciadamente, ninguna de las demás exportaciones brasileñas gozó de un éxito sostenido similar en el mercado mundial y, como resultado, en el periodo 1925-1929, el café proporcionó el 75 por 100 de los ingresos por exportación. De esta forma, la economía brasileña estuvo caracterizada por una elevada dependencia del precio de un solo producto de exportación.

El caucho natural, segundo artículo brasileño en importancia en el mercado internacional hacia fines de la década de 1880, pasó del apogeo a un colapso repentino. Las aplicaciones industriales del caucho se multiplicaron rápidamente en el último cuarto del siglo XIX, induciendo a un extraordinario aumento de la demanda mundial. Su precio, 45 libras por tonelada en 1840, creció hasta 182 libras en 1870, y 512 libras hacia 1911. Los recogedores de caucho se extendieron a lo largo y a lo ancho del valle del Amazonas, que era el hábitat natural de varias especies de interés comercial de plantas cauchíferas. De todas ellas, la más productiva era la Hevea brasiliensis. En 1870 se exportaron 6.591 toneladas de cauchos naturales; hacia 1911, las exportaciones ascendían a 38.547 toneladas. Durante la primera década del siglo XX, el caucho proporcionó a Brasil más de una cuarta parte de sus ingresos por exportaciones. Inmediatamente después se produjo un catastrófico descenso de los precios. Hacia finales de la primera guerra mundial, Brasil había perdido casi todo su mercado de exportación. La Hevea brasiliensis había sido introducida, y se había aclimatado, en Malasia y en las Indias holandesas orientales, y estas plantaciones producían el caucho a un precio muy inferior al de Brasil. El gobierno brasileño proyectó, pero no llegó a ejecutar, un costoso plan para desarrollar la infraestructura de la región amazónica; a corto plazo se manifestó imposible efectuar una rotación de cultivos en ese lugar. La red de recogida de caucho se fue deshaciendo gradualmente y hacia 1930 las exportaciones habían caído hasta las 6.000 toneladas.

En los últimos años del siglo XIX, la caña de azúcar, el más tradicional de los cultivos de plantación y motor de la colonización de Brasil, tuvo una reactivación en el mercado mundial. Las nuevas y más eficaces técnicas de producción convirtieron el azúcar en un artículo de consumo masivo, el más barato de los hidratos de carbono y el suplemento siempre a mano en la dieta de los trabajadores. Brasil participó de este resurgimiento durante los primeros años de la década de 1880, pero, a partir de entonces, sufrió un declive exportador, que se convirtió en caída vertiginosa después de 1900. La competencia del azúcar de remolacha, protegido en los países industrializados, y de la caña de azúcar en nuevas áreas productoras, derrotó a los productores brasileños. Cuba, Puerto Rico y las Filipinas adquirieron acceso preferencial al mercado azucarero norteamericano, tras ser absorbidas por Estados Unidos como consecuencia de su victoria sobre España en 1898. Cuba, reducida a la situación de protectorado, recibió una inyección de 1.000 millones de dólares en su sector azucarero durante la década siguiente. Para entonces las exportaciones azucareras brasileñas se habían estancado. En 1898, el valor de las exportaciones de azúcar desde Pernambuco, el estado con más plantaciones de caña del país, fue sólo la mitad del que había tenido 15 años antes. La participación brasileña en el mercado mundial, del 10 por 100 en 1850, fue cayendo progresivamente; hacia la primera década del siglo XX sólo alcanzaba el 0,5 por 100.

El algodón también había sido tradicionalmente un artículo importante del comercio brasileño con ultramar. A principios del siglo XIX, las especies arbóreas nativas de fibra alargada suministraban el 10 por 100 del mercado mundial. Aunque la demanda de algodón en rama se incrementó grandemente durante el siglo XIX, las hilanderías inglesas empezaron a ser abastecidas por Estados Unidos. Durante la guerra civil que resultó del intento de secesión de los estados sureños (1861-1865), y durante unos pocos años después de la misma, el algodón brasileño volvió a tener un breve periodo de competitividad. En 1870, Brasil exportó 42.000 toneladas. Pero, con la recuperación del comercio del algodón en Estados Unidos, y con el creciente cultivo del mismo en Egipto, Brasil perdió el mercado británico; en 1880, las exportaciones habían caído a la mitad del volumen de diez años antes.

Brasil había vendido cacao desde los tiempos coloniales, la mayor parte del cual procedía de lugares selváticos del valle del Amazonas. Durante la década de 1880 se plantó a gran escala por primera vez en el sur de Bahía. La demanda mundial surgió poco después, y pasó de 100.000 toneladas a casi 550.000 toneladas hacia 1928. La participación brasileña en este mercado era, sin embargo, modesta, suministrando a finales de la década de 1920 algo más de la décima parte del mercado mundial. La mayor parte del cacao mundial procedía de las colonias británicas del África occidental. A principios de la primera guerra mundial se instalaron unas pocas plantas empacadoras en Río Grande do Sul y São Paulo. Su éxito inicial de ventas en ultramar, sin embargo, no sobrepasó mucho el periodo de escasez de la posguerra. Brasil también vendía unos pocos miles de toneladas anuales de cuero, yerba mate, semillas oleaginosas, madera, manganeso, pieles y tabaco. Ninguno de estos artículos añadía grandes ganancias al conjunto de la exportación brasileña, pero suponían un estímulo significativo en el seno de los mercados regionales del noroeste y del sur. Además, Brasil producía cantidades inmensas de ciertos alimentos básicos, como maíz, fríjoles, plátanos y harina de mandioca, pero sólo en casos muy especiales logró exportarlos al extranjero.

Es verdaderamente singular que Brasil, un país con un territorio inmenso y de recursos variados, sólo participara esencialmente en el mercado mundial como plantador de un único producto: el café. Los factores exteriores no sirven para explicar completamente la estrechez de la gama de oportunidades explotadas, ni tampoco la erosión de las cuotas de mercado conseguidas en periodos de corta duración. Las dificultades eran sólo hasta cierto punto irresolubles. Había algunas desventajas naturales que se agravaron, o se hicieron más patentes, conforme se fue desarrollando la demanda mundial. Por ejemplo, la ventaja decisiva de los plantadores azucareros cubanos era su terreno más llano, más adecuado a las necesidades de los molinos de alta capacidad, al permitir la rápida entrega de la caña al molino, circunstancia esencial, puesto que los zumos de la caña se evaporan rápidamente. En la década de 1920 se intentó el cultivo del árbol del caucho a gran escala en el valle del Amazonas, pero entonces apareció una plaga exclusiva del género Hevea, que destruía los árboles que estaban plantados muy próximos entre sí. Este hongo no afectó a las semillas cauchíferas que habían sido transferidas al sureste asiático. En otras ocasiones, las dificultades parecieron tener solución, pero los remedios no llegaron a aplicarse nunca por completo. La pérdida de los mercados de ultramar ocurrió a pesar de la introducción del algodón de fibra corta en las plantaciones brasileñas en la década de 1860.

El mercado brasileño de ultramar parece haber estado limitado sólo a aquellos artículos en los que las ventajas superaran abrumadoramente a los altos costes de producción y comercialización y a los elevados impuestos interiores. Las fuentes de capital necesarias para mejorar los métodos de producción y para organizar de forma más eficiente el mercado eran realmente escasas, pero no imposibles de conseguir. En ausencia de iniciativas privadas, los gobiernos central y estatales parecían predispuestos a proporcionar garantías e incluso fondos. Pero tales proyectos, cuando se intentaron, solían ser tardíos, mal concebidos, o ejecutados de forma incompleta. Hasta en el sector cafetero, que producía ingresos suficientes como para abordar la mejora de la productividad a gran escala, la falta de atención prodigada a la competitividad fue mayoritaria. En su lugar, el problema de la disminución de la cuota de mercado se contemplaba como un mero problema de disminución de precios. En consecuencia se hacía hincapié casi exclusivamente en el mantenimiento de los precios.

El gobierno brasileño emprendió la tarea de intentar estabilizar el precio de su producto más importante en el comercio mundial. Hacia finales de siglo, los plantadores de café brasileños, que después de 1885 habían ampliado considerablemente sus plantaciones, se tuvieron que enfrentar con la depresión mundial de precios y con los efectos de la política interior deflacionista, impuesta como condición para el crédito de los Rothschild de 1898. Los delegados brasileños en la conferencia internacional del café de 1902 presionaron para la instauración de un monopolio, pero su propuesta fue rechazada. Ese mismo año, el Estado de São Paulo decretó un alto a la instalación de nuevas plantaciones, que se extendió posteriormente hasta 1912. En 1906, el Estado de São Paulo convenció a los estados cafeteros de Minas Gerais y Río de Janeiro para que participaran en un proyecto denominado «valorización». Esos estados debían adquirir café al bajo precio de 0,15 dólares por kilogramo y almacenarlo un tiempo hasta que los precios compensaran el coste de la operación. Los fondos, procedentes de bancos europeos y estadounidenses, quedarían garantizados por la intercesión de los importadores de café. De esta forma se retiró durante seis meses de la circulación la cantidad de 660.000 toneladas de café. A los nuevos precios de venta se les añadió un recargo para sufragar los costes de almacenaje, y finalmente se pudo convencer al gobierno federal para que garantizara los créditos. Los precios del café empezaron a ascender de nuevo, y hacia 1912 habían alcanzado un promedio de 0,3 dólares por kilogramo. Hacia finales de ese año, todo el café almacenado en Estados Unidos había sido vendido precipitadamente, a pesar de la creciente irritación que allí se produjo.

Al parecer, la valorización amortiguó el impacto de la recesión mundial de 1907-1908 en Brasil, benefició a los plantadores y fue ciertamente provechosa para los banqueros e intermediarios, quienes obtuvieron notables comisiones y, como consecuencia, incrementaron su presencia en la esfera comercial brasileña. Probablemente, el precio del café hubiera subido de todas formas, ya que la demanda mundial seguía todavía en aumento. Al gobierno federal, sin embargo, le convenció el procedimiento y patrocinó una segunda valorización durante la crisis de la primera guerra mundial. Esta vez se adquirieron y almacenaron 180.000 toneladas, los precios subieron drásticamente, en parte debido a unas graves heladas en São Paulo, y el gobierno logró unas considerables ganancias. Durante la caída de precios de la posguerra se inició una tercera valorización. Para entonces, sin embargo, una estabilización de la demanda y la reanudación de nuevas plantaciones en São Paulo arruinaron la empresa. El gobierno federal puso fin a su participación, pero São Paulo se vio acosado por sus plantadores para que asumiera la compra del café sin ayuda federal. En 1925 se declaró una «protección permanente», que continuó hasta el crack de 1929, con la compra y almacenaje desesperados de una serie de cosechas excepcionales. El resultado de esta política, que desviaba recursos de otros sectores de la economía e ignoraba la noción de productividad, fue el de fomentar el aumento de la competencia extranjera.

La erosión de las cuotas de mercado y el fracaso en el desarrollo de mercados potenciales pueden también atribuirse parcialmente, en el caso de otros productos de exportación, a la política oficial. Generalmente, la fase expansionista de la exportación de cada producto venía acompañada por esfuerzos paralelos por parte de los productores establecidos para obstaculizar, por mediación del gobierno, la creación de unidades productivas adicionales. Ello es fácilmente perceptible en el negocio cafetero, ya que el café se extendía pasando por encima de las demarcaciones estatales e implicaba rivalidades interestatales. En efecto, los entusiasmos pro republicanos de los plantadores de São Paulo después de 1870 pueden atribuirse en gran medida a las preferencias que había mostrado el imperio hacia los plantadores de Río de Janeiro. Esta rivalidad también afectaba a los plantadores de caña de azúcar y algodón del noroeste, que se resistían a la transferencia de esos cultivos hacia São Paulo, y es manifiesta entre los comerciantes que supervisaban el negocio de la recogida del caucho y aborrecían la perspectiva de un régimen interior basado en la plantación del caucho. Entre las victorias que se anotaron los plantadores establecidos, cabe señalar el extremo retraso en la construcción de carreteras, líneas de ferrocarril e instalaciones portuarias para el interior de la región del cacao del sur de Bahía.

Los elevados impuestos a la exportación redujeron la competitividad de Brasil en los mercados mundiales. Además, en grado considerable, las inversiones gubernamentales no estaban dirigidas al desarrollo. Los gobiernos federal y estatales dedicaban grandes sumas de dinero al embellecimiento de sus respectivas capitales y otros fines suntuarios; además, incluso aquellos proyectos teóricamente desarrollistas eran en ocasiones la tapadera para otros fines. Por ejemplo, los proyectos de colonización de tierras, cuyos primeros pasos eran la adquisición de plantaciones existentes, a menudo no eran en realidad más que operaciones de rescate disfrazadas para plantadores fracasados, y, cuando estas haciendas se subdividían, los beneficiarios solían ser, más que esforzados agricultores, miembros destacados del partido deseosos de especular con los terrenos resultantes. De hecho, el gobierno gastó grandes sumas del dinero de sus ingresos, pero su único objetivo era permanecer en el poder. El desgaste de la competitividad en los mercados mundiales fue una respuesta directa y acumulativa. Ello no era, políticamente, un desastre completo. Los productos que desaparecían de la lista de exportaciones, como el azúcar y el algodón, recibían protección en el mercado interno. Dada la magnitud y crecimiento de tal mercado, esta circunstancia no era tan dramática y, a veces, constituía casi una consoladora recompensa. Por ejemplo, el consumo interno de algodón de Brasil en el periodo 1921-1923 representó el 77 por 100 de las 115.000 toneladas de sus cosechas algodoneras.

Brasil era menos dependiente de un solo comprador o suministrador que la mayoría de los demás países no industrializados de la época. Sus exportaciones de café y caucho se dirigían principalmente a Estados Unidos, país que no los recargaba con derechos arancelarios; así, estos dos productos, junto con la seda cruda, fueron las dos importaciones exentas de aranceles de importación más importantes de ese país. A cambio buscaban un trato preferente para su trigo y harina, queroseno, madera y productos manufacturados. Sin embargo, hasta después del final de la primera guerra mundial Gran Bretaña fue el principal proveedor de productos manufacturados y de crédito. Alemania ocupaba el segundo puesto. El comercio complementario, existente o potencial, con África o el resto de Suramérica fue poco explorado. El único intercambio apreciable de Brasil con Latinoamérica fue la compra de trigo argentino, negocio que estaba en manos de intermediarios británicos, a cambio de yerba mate, cuya demanda en Brasil estaba estancada. Al parecer no se llegó a estudiar la posibilidad de formar una unión aduanera con la próspera Argentina, Uruguay y Chile.

El sistema mundial de comercio e inversión en el que se basaba la orientación exportadora de Brasil sufrió un tremendo revés con la primera guerra mundial. La guerra salvó temporalmente del olvido al caucho brasileño, y proporcionó a los desesperados antagonistas oportunidades de mejora en la venta de algunas de sus exportaciones menos importantes —azúcar, vacuno, frijoles y manganeso—, pero el café no ocupaba un lugar importante dentro de la lista de prioridades de importación de los aliados, ni tampoco estaban demasiado preocupados por la posibilidad de un colapso de la economía brasileña, ni por la falta de repuestos y combustibles. Durante los cinco años de guerra, el valor en libras esterlinas de las exportaciones de Brasil descendió en un 16 por 100, en contraste con los años de auge precedentes, al tiempo que las importaciones caían en un 24 por 100. El coste de los embarques subió drásticamente, y asimismo lo hicieron los precios de las importaciones. Por ejemplo, los tejidos importados, que costaban un promedio de 0,98 dólares el kilogramo en 1913, pasaron a costar 3,46 dólares en 1918. Dado que más de la mitad de las importaciones de Brasil era de productos alimentarios y materias primas, el impacto en la economía interna fue grave. Los precios interiores se doblaron, alentados por las emisiones de papel moneda necesarias para la repatriación de moneda extranjera y oro. En el último momento, el gobierno federal fue salvado del impago de los créditos externos en octubre de 1914, gracias a un préstamo de 15 millones de libras obtenido en Londres. No se intentó ningún tipo de racionamiento; se impusieron unos precios tope, pero sólo en Río de Janeiro, y ni siquiera allí lograron hacerse efectivos. Los salarios no subieron al ritmo de los precios, provocando grandes dificultades entre la población urbana y dando lugar, en 1917, a manifestaciones y huelgas ampliamente extendidas en Río y São Paulo.

Como consecuencia de la entrada en la guerra de Brasil en octubre de 1917 en el bando de los aliados, se cerraron los bancos y compañías de seguros alemanes, y las empresas vinculadas al capital alemán fueron hostigadas o tuvieron que cerrar, en aplicación de la «lista negra» británica. El gobierno brasileño adquirió, como botín de guerra, 49 barcos alemanes amarrados en los puertos brasileños, doblando así su tonelaje mercante, pero perdió una sustancial parte del valor de las cuentas abiertas en bancos de Bélgica con las ganancias de las ventas de las reservas resultantes de la valoración. Más graves que todo esto, a largo plazo, fueron las consecuencias que trajo la guerra, que debilitaron las economías de todos los socios comerciales de Brasil (excepto Estados Unidos), reduciendo su capacidad de adelantar crédito y de hacer importaciones de otros países, como Brasil. El tambaleante centro financiero británico, crítico para la política exportadora de Brasil, se mostró especialmente problemático durante la década de 1920.

FACTORES DE PRODUCCIÓN

La tierra

La tierra, en el sentido de superficie terrestre seca, era evidentemente abundante en Brasil, hasta el punto de aproximarse mucho a un bien gratuito. Lo que la separaba de esa categoría era la efímera cualidad de la fertilidad de su suelo, al menos en lo referente a la forma como se practicaba la agricultura en Brasil, y la extrema concentración de los títulos de propiedad de la tierra. La práctica de la agricultura en Brasil estaba limitada a los suelos selváticos. De entre éstos, los más accesibles estaban situados en el interior, paralelamente al litoral, a una distancia de la costa que oscilaba entre 100 y 400 kilómetros. Detrás de estas tierras se extendían unos suelos más secos y pobres, que sólo se consideraban útiles para el ganado. Los suelos recientemente despejados de la selva que los cubría eran muy apreciados por sus espectaculares cosechas. Se pensaba entonces que el café sólo podía desarrollarse con éxito en zonas recién despejadas de selva virgen. Por esta razón, las plantaciones cafeteras fomentaron una rápida expansión de la frontera en el sureste de Brasil. La planta del café era productiva durante 40 años, pero el poco cuidado en la elección de la ubicación de las plantaciones reducía frecuentemente esta duración. Habida cuenta que la mayor parte de la franja de selva costera debía su régimen de lluvias a su accidentada topografía montañosa, su humus se erosionaba con gran rapidez.

La especulación en las tierras cafeteras introdujo una nueva forma febril de empresa. Anteriormente, la tierra incrementaba su valor cuando se limpiaba de selva y se obtenía un título legal; más tarde, a medida que desaparecía gradualmente su fertilidad, bajaba también su valor. La instalación de plantones de café se convertía en un asunto que por sí mismo inflaba los precios de la tierra de forma desmesurada. Se podría sostener que gran parte de las plantaciones se emprendía sin intención real de producir café, sino de especular con la maduración de nuevos cafetales. La frontera cafetera avanzó a la velocidad de un incendio en la maleza, arrasando miles de kilómetros cuadrados de madera y otros recursos forestales. En el censo de 1920, las haciendas de São Paulo, que comprendían el 8 por 100 de la superficie de todas las propiedades rurales de Brasil, se estimaron en más del 27 por 100 de su valor, equivalente a 2.600 millones de dólares. Ninguna de las ganancias de la especulación revirtió al Estado. São Paulo, como casi todos los demás estados, no imponía impuestos a los terrenos rurales.

La concentración de la propiedad de las tierras en Brasil había sido tradicionalmente exagerada. La corona portuguesa había creído que sólo la aristocracia terrateniente produciría para los mercados de ultramar, y en consecuencia sus concesiones fueron enormes, típicamente de 40 kilómetros cuadrados de superficie. Esta tradición se mantuvo durante el imperio, a causa de la excesiva debilidad del gobierno central para hacer efectiva su ley (1850) que determinaba la venta en subasta de las tierras de la corona. En lugar de esto, las poderosas élites locales sencillamente usurparon tierras públicas, empleando el fraude en las oficinas del catastro y desahuciando en el proceso a los ocupantes de los pequeños terrenos. El imperio sólo logró promover con efectividad la pequeña propiedad en los estados sureños de Río Grande do Sul y Santa Catarina. En esos estados, siguiendo la política de la corona portuguesa de poblar las áreas fronterizas, promovió asentamientos de inmigrantes alemanes e italianos en colonias oficiales. Sus descendientes se desparramaron por esas provincias y formaron más colonias, pero su influencia en la economía nacional fue limitada. A pesar de ello, su estructura económica contrastaba fuertemente con la de las grandes plantaciones y estancias.

La república concedió, en efecto, la amnistía a los usurpadores de tierras, cuando distribuyó las restantes tierras de la corona entre los estados. Entonces los gobiernos estatales mostraron la misma incapacidad para salvaguardar el patrimonio público que había tenido el imperio. Una serie de leyes estatales extendió títulos a todos aquellos cuya preeminencia social había asegurado la aquiescencia local a sus expropiaciones privadas. Durante todo ese tiempo, ningún gobierno había reconocido los derechos de tierras de los indígenas o los había desechado, mostrando las reservas más inconsecuentes a su uso. A pesar de que en 1910 la protección de las tribus indígenas pasó a ser responsabilidad federal, dentro de la esfera de un servicio encabezado por el general Cándido Rondon, asesino de tribus enteras como prolegómeno de la posterior apropiación por parte de manos privadas de las tierras federales, prosiguieron las mismas prácticas. La propiedad de las tierras, como consecuencia de esta política, o de la carencia de la misma, continuó estando altamente concentrada. En 1920, no más del 3 por 100 de los ocupantes de tierras poseían títulos de propiedad rural incluidos en el censo; y de este pequeño grupo de propietarios de tierras, el 10 por 100 controlaba las tres cuartas partes de las mismas.

Mano de obra

Entre 1872 y 1920, la población de Brasil pasó de 10,1 millones a 30,6 millones de habitantes. Entre esas fechas, el ritmo de crecimiento se aceleró del 1,85 por 100 al 2,15 por 100 anual, y la esperanza de vida creció de 27,4 años en 1872 (cuando la esperanza de vida de los esclavos era de 21 años) a unos 34,6 años en 1930. La población urbana formaba una pequeña minoría cuyo crecimiento no era muy superior al del conjunto de la población. En 1872, las personas que vivían en poblaciones de 20.000 o más habitantes constituían algo menos del 8 por 100 del total; hacia 1920, sólo eran un 13 por 100. Gran parte de este crecimiento puede ser atribuido a la influencia del comercio de exportación, ya que fueron precisamente las ciudades más involucradas en él las que crecieron más rápidamente. En 1920, más de la mitad de la población urbana residía en Río de Janeiro y São Paulo, la cual había pasado del décimo lugar que ocupaba en 1870, al segundo puesto entre las ciudades brasileñas. La mano de obra creció, entre 1872 y 1920, a un ritmo del 2 por 100 anual aproximadamente. De hecho la porción económicamente activa de la población es difícil de calcular debido a que el censo de 1920 introdujo definiciones de empleo más estrictas, especialmente entre las mujeres. Así, entre 1872 y 1920, el porcentaje de mujeres de diez o más años considerado económicamente activo descendió del 51 al 14 por 100. Dado que el porcentaje de hombres económicamente activos también descendió del 77 al 75 por 100, es posible que estas cifras más bajas fueran hasta cierto punto un reflejo de la reducción de la capacidad de la economía para absorber la mano de obra creciente.

A pesar de ello, los terratenientes y empresarios se quejaban continuamente de la falta de mano de obra. A partir de 1870, el suministro de trabajadores esclavos, que en 1872 constituía alrededor del 20 por 100 de las personas económicamente activas y el 70 por 100 de la mano de obra en las plantaciones, fue ciertamente precario. El número de africanos transportados a Brasil desde finales del siglo XVI hasta mediado el siglo XIX, superó al de cualquier otra área del Nuevo Mundo. Sin embargo, con la supresión efectiva de la trata de esclavos después de 1850, la población esclava empezó a declinar. Las causas de este declive parecen haber sido la elevada tasa de mortalidad, esto es, un nivel de desposeimiento superior al nivel de subsistencia, así como a los costos de reproducción, o sencillamente un trato brutal a la mano de obra. También se dieron con frecuencia la manumisión y las fugas, posiblemente como válvulas de escape, más económicamente tolerables que el empleo ulterior de la fuerza represora. En parte como respuesta a la creciente resistencia de los esclavos, en 1871 se aprobó una ley que liberaba a los niños nacidos de madres esclavas. La esclavitud como tal había terminado; la esclavitud de por vida se iría extinguiendo gradualmente.

Habida cuenta de que no se podía evitar que la población libre ocupara tierras públicas no reclamadas, en las que su trabajo agrícola era tan productivo como el que se realizaba en las grandes haciendas, no se le podía tampoco exigir que trabajara como asalariada, lo que hubiera proporcionado un beneficio a los propietarios. Por consiguiente, en las regiones en que existían tierras sin reclamar o vacías, la población libre formaba principalmente una mano de obra ocasional, dispuesta sólo a pagar rentas en vales a cambio de trabajo en vales. Sin embargo, en zonas apartadas de la frontera, en las que toda la tierra tenía ya título de propiedad privada y los minifundios estaban rodeados por las haciendas grandes, la aparcería y otras formas de tenencia incrementaron significativamente la fuerza de trabajo a disposición de las plantaciones, incluso antes de la desaparición de la esclavitud.

El descenso del número de esclavos se vio mitigado, al principio, por un tráfico interior que los enviaba desde las zonas inactivas del noreste hacia los estados cafeteros de Río de Janeiro y São Paulo, y de las áreas urbanas a las plantaciones. Hacia finales de la década de 1870, este comercio se hizo insuficiente y muchos plantadores sureños, cuyas primeras experiencias en la contratación de mano de obra de inmigración habían resultado un fracaso, se desalentaron, haciendo vaticinios agoreros de ruina para ellos mismos y de bancarrota para el gobierno central. Nada parece mostrar que la esclavitud brasileña hubiera sido poco lucrativa, salvo, quizás, en el último o en los dos últimos años previos a su abolición. En realidad, numerosos estudios demuestran lo contrario. Mientras existió la esclavitud, fue, al menos, tan productiva como cualquier otra inversión alternativa. A pesar de ello, la asamblea legislativa general votó su abolición definitiva en 1888, en respuesta a las presiones políticas por parte de los plantadores de las nuevas zonas de producción, que no tenían esperanzas de obtener mano de obra esclava, de las clases medias urbanas, incluyendo militares y funcionarios, impacientes por virar hacia una sociedad más moderna, de los ex esclavos, y de los propios esclavos, que estaban organizando una oposición violenta y un abandono masivo de las plantaciones.

La transición final de la mano de obra esclava a la mano de obra libre fue sorprendentemente fácil, desde el punto de vista de los plantadores. Aunque muchos libertos se fueron a las ciudades, la mayoría aceptó salarios o contratos de aparcería en haciendas cercanas, o incluso en las mismas haciendas. La presión sobre los minifundios a causa del crecimiento de la población (según la ley brasileña la herencia se repartía por igual entre los descendientes), las sequías recurrentes en el interior de la zona noreste, y la continuada impotencia política de las clases bajas, obligaron a muchos hombres libres a trabajar en las plantaciones. Al parecer, en la zona noreste, el coste efectivo para los plantadores de la mano de obra libre era inferior a los anteriores costes de mantenimiento de los esclavos[5]. Hubo una gran migración hacia las nuevas zonas de explotación a gran escala para la exportación, como el sur de Bahía (cacao) y el oeste de Amazonas (caucho). En la región de Amazonas, los elevados salarios ejercían una atracción muy eficaz, pero el control de precios por parte de los empresarios caucheros y dueños de almacenes de provisiones eliminó muchas de las ventajas esperadas, y la elevada mortalidad a causa de las enfermedades transformó la región en un pozo sin fondo del que muy pocos podían escapar.

Una gran oleada de trabajadores italianos, españoles y portugueses emigró hacia la región cafetera. La inmigración neta a Brasil, entre 1872 y 1930, ascendió a 2,2 millones de personas. Hacia 1920, los inmigrantes representaban el 10 por 100 de la mano de obra masculina. Buena parte de esta migración tenía subsidios de los gobernantes estatales y federal, socializando así los costes de los plantadores referentes a reproducción de mano de obra. Se ofrecían contratos anuales a los inmigrantes, que combinaban salarios en dinero, por el cultivo y recogida de cosechas, con derecho a plantar cultivos de subsistencia. Los ex esclavos de las regiones cafeteras que continuaban trabajando en la plantación se vieron obligados a aceptar empleos más precarios, con niveles salariales equivalentes a la mitad de los de los europeos, poniendo con ello su propia contribución a los subsidios de inmigración. El flujo de inmigrantes fue mantenido lo más elevado posible hasta la primera guerra mundial, y el estado de São Paulo, incluso ya avanzada la década de 1920, continuó pagando parte de los costes de pasaje. Esto se hizo necesario porque los inmigrantes solían cambiar de empleo una vez realizadas unas pocas cosechas o volvían a sus países de origen. También hubo un intento evidente de mantener un bajo nivel salarial. Un historiador afirma que los salarios de la industria cafetera no crecieron nada entre 1870 y 1914[6].

Aunque la abolición de la esclavitud colocara a la mano de obra más o menos dentro de un mercado, mejorara su movilidad y monetizara hasta cierto punto su retribución, este periodo debe ser considerado como transitorio con respecto al régimen anterior basado en la coacción física. Las condiciones sociales de gran parte del Brasil rural se acercaban bastante a las del servilismo. Hasta en las zonas de inmigración europea, los grandes terratenientes exigían respeto y contrataban los servicios de pistoleros particulares para intimidar a sus trabajadores. Los asalariados, según las leyes en vigor en fecha tan avanzada como el año 1890, eran encarcelados en caso de incumplimiento del contrato. En 1902 Italia, actuando conforme a los informes de sus cónsules, prohibió que se siguiera dando subsidios de emigración a sus ciudadanos. Como respuesta, el estado de São Paulo creó juntas de arbitraje para atender las quejas. Hubo que esperar a 1916 para que se estableciera la igualdad de contrato en una ley federal. Hasta los años treinta no se estableció ningún otro derecho laboral.

La educación pública contribuyó escasamente a elevar el nivel cultural general. Según el censo de 1872, el índice de analfabetismo alcanzaba el 90 por 100 entre las mujeres y el 80 por 100 entre los hombres. La élite gobernante veía al nativo de clase baja como prácticamente ineducable; en realidad, esta era una de las razones más influyentes en los proyectos de inmigración europea de los plantadores. En general los inmigrantes estaban más alfabetizados que los nativos; según el censo de 1920, en São Paulo, sólo el 56 por 100 de la población era analfabeta, comparado con el 73 por 100 de analfabetismo del global de la población. Si el gobierno hubiera gastado en educación primaria los mismos fondos que destinó a subsidiar la inmigración, habría obtenido resultados económicos similares, pero con un cumplimiento de sus responsabilidades mucho más social y humano. Se proporcionó muy poca escolarización a la clase trabajadora, e incluso a la clase media, en lo referente a técnicas productivas. En el año 1920, la escolarización total en escuelas secundarias o escuelas técnicas, públicas o privadas, ascendía sólo a 62.500 personas. Aunque las primeras fases de la producción mecanizada incluyeran sustanciales innovaciones realizadas por brasileños, especialmente en el equipo de transformación de café y yerba mate, la experiencia organizativa y la técnica necesaria para instalar empresas de fabricación y comercialización venían suministradas en gran medida por los inmigrantes.

Capital

No hay estimaciones sobre la formación de capital bruto anteriores a la década de 1920. Se ha calculado que, para esa década, ascendía al 13,7 por 100 del producto nacional bruto, o 14 dólares anuales per cápita, en dólares corrientes. Según las mismas estimaciones, el flujo de capital neto procedente del extranjero durante la década de 1920 ascendió a una media del 8,8 por 100 de la formación de capital bruto, y en 1929 la reserva de capital neto alcanzó los 260 dólares per cápita, en dólares corrientes[7].

La movilización de capital interior no estuvo muy institucionalizada, al menos durante la primera mitad del periodo. Hasta bastante después de 1900, la mayoría del crédito agrícola era de carácter informal y privado: adelantos de dinero por parte de agentes intermediarios o importadores, o créditos obtenidos de prestamistas privados, muchos de los cuales limitaban su negocio a parientes o vecinos. Los tipos de interés empezaron siendo del 12 por 100 y a menudo alcanzaban el 24 por 100. Casi hasta la época de la abolición, los créditos agrícolas requerían como garantía subsidiaria esclavos en lugar de tierras. Rara vez, excepto para los plantadores de productos para la exportación, se podía disponer de créditos, cualquiera que fuera su tipo, y era bastante infrecuente la obtención de hipotecas, incluso para los plantadores de café.

En 1870 sólo había seis bancos en Río de Janeiro, dos de ellos ingleses, y solamente había nueve más en el resto del país. Estos bancos trabajaban casi exclusivamente con depósitos y descuentos de valores negociables a corto plazo. Los bancos extranjeros se confinaron, en gran medida, a transacciones de divisas, y gastaron sus mejores energías en la especulación con el cambio. En la década de 1860, el Banco de Brasil, bajo control gubernamental, empezó a conceder algunos créditos al sector agrícola. Pasado ya el año 1875, se fundaron algunos bancos de crédito de fomento agrario, pero no tuvieron mucho éxito por carecerse de una ley de hipotecas adecuada. Hubo que esperar hasta después de 1900 para que los bancos hipotecarios gubernamentales de los estados de São Paulo y Minas Gerais proporcionaran una cantidad limitada de fondos. Por fin, en 1909, se creó en São Paulo un sistema de garantías, innovación relacionada con el proyecto de valorización, que reducía los cargos por intereses al 9 por 100. El valor de las hipotecas registradas en las oficinas del catastro en todo Brasil se multiplicó por diez entre 1909 y 1929, año en que se alcanzó el equivalente a 181 millones de dólares, en dólares corrientes. Buena parte de esto correspondió a la financiación de transacciones inmobiliarias urbanas. Hacia 1929, la gran mayoría de estas hipotecas tenía un tipo de interés inferior al 10 por 100, lo que sugiere que el mercado había ganado en eficiencia. Aunque la suma total seguía siendo todavía modesta, comparada con el valor del suelo agrícola que aparece en el censo de 1920, lo que demuestra que las hipotecas aún no eran una cosa corriente.

Se ha calculado que, en la década de 1920, la productividad media de las inversiones derivada del ahorro nacional era baja[8]. No parece probable que la productividad del capital en las décadas anteriores hubiera sido mucho mayor. Las empresas nacionales experimentaron dificultades de crecimiento de una magnitud tal que les imposibilitó la aplicación de nuevas técnicas y la creación de un mercado nacional. La propiedad compartida más allá de los límites familiares era casi desconocida, excepto en la organización bancada y en el ferrocarril. El capital se obtenía de la reinversión de los beneficios, basándose a veces en una política de precios monopolista, o se reconstruía a partir de préstamos comerciales. No existía un mercado significativo para obligaciones o acciones industriales. Durante un breve periodo, el comprendido entre 1888 y 1893, unos pocos bancos, a los que se había concedido el derecho de emisión, jugaron el papel de financieros en algunos proyectos industriales, pero fracasaron en su mayoría. Después de eso, ningún otro banco, ni siquiera el Banco de Brasil, volvió a intentar jugar un papel semejante. De este modo, aquellas fuerzas que en otros países habían fusionado firmas familiares convirtiéndolas en corporaciones de gestión pública fueron casi inexistentes en Brasil. Ocasionalmente se formaron consorcios de dos o más familias, más o menos estables, generalmente en el seno de grupos étnicos determinados, que a veces desembocaban en una política de matrimonios entre miembros de las propias familias. Esto se producía especialmente cuando era necesario instalar tecnologías nuevas y más complejas; por ejemplo, en los casos de los tejidos sintéticos, papel, celulosa e industrias químicas.

Las inversiones extranjeras en Latinoamérica aumentaron a modo de oleadas cíclicas, cuyas etapas más destacadas fueron las de 1888 a 1895, 1905 a 1913 y 1924 a 1929. En cada uno de estos periodos, Brasil recibía una importante cuota de las inversiones europeas en Latinoamérica, aunque no en la proporción que por su población le hubiera podido corresponder. Más de la mitad del capital extranjero destinado a Brasil servía para financiar al gobierno central y a los gobiernos locales. También sirvió para financiar la mayoría de los bancos, sistemas de electricidad, teléfono y gas, instalaciones portuarias, ferrocarriles, compañías de transporte marítimo y, hacia el final del periodo, líneas aéreas. Hasta la primera guerra mundial este capital era mayoritariamente británico. La casa Rothschild, de Londres, constituía la fuente exclusiva de fianza del imperio, los exportadores e importadores más importantes eran todos británicos, y la mayoría de los ferrocarriles eran de, o habían sido financiados por, los británicos. El mayor banco británico, el Banco de Londres y Brasil, tenía unos recursos financieros considerablemente superiores a los del semioficial Banco de Brasil, e incluso en 1929 los bancos extranjeros siguieron realizando la mitad de todas las operaciones bancarias comerciales. Por otra parte, los intereses extranjeros en tierras, recursos naturales y empresas productivas eran bastante limitados, a diferencia de otras economías latinoamericanas más «penetradas» y del, por aquella época, mundo colonial; ciertos sectores —seguros, trapiches azucareros, banca y ferrocarriles— empezaron a ser recuperados, incluso durante ese periodo, por el capital brasileño privado o público. Además, el rendimiento medio del capital, si se puede considerar el caso británico como típico, era de un moderado 5 por 100. Con todo, las disminuciones de interés y beneficios, que fueron aumentando gradualmente durante el periodo objeto de este estudio, representaron una considerable carga sobre la economía. En 1923, la atención a la deuda del gobierno federal y de los gobiernos locales supuso el 22 por 100 de los ingresos por exportación.

Las actividades de las empresas británicas hasta la primera guerra mundial podrían calificarse, en general, como «compradoras», en el sentido en que concentraban sus inversiones en el sector exportador. Los empresarios locales que querían construir fábricas para competir con las importaciones carecían a menudo de fondos. Se puede citar el espectacular caso de una hilandería en Alagoas, que fue comprada por una empresa británica, desmantelada y su maquinaria arrojada al río São Francisco. Como en el caso de los bancos británicos, cuando más prosperaban era cuando los tipos de cambio eran transitorios. Se afanaban en maniobras destinadas a desestabilizar el milréis y les molestaba cualquier intento del Banco de Brasil para interferir en esas maquinaciones. Eran reacias a proveer a las empresas de propiedad estatal e incluso llegaban, en ocasiones, a rechazar los billetes de banco emitidos por el Banco de Brasil. Las extremas medidas deflacionarias impuestas al gobierno federal, como condición para el empréstito concedido en 1898, provocaron una oleada de bancarrotas que arruinó a muchas firmas comerciales y bancos locales, reduciendo la competencia con las empresas británicas y de otros países.

Sin embargo, la preeminencia británica en la economía brasileña estuvo sujeta a poderosas amenazas a partir de 1900. Su vulnerabilidad emanaba de su posición como financieros y navieros: dado que la demanda de café era mayoritariamente estadounidense y alemana, los tostadores de café americanos y los importadores lograron ocupar el lugar de los intermediarios británicos antes de la primera guerra mundial, y las casas exportadoras alemanas, apoyadas por la ofensiva comercial de su gobierno, se lucraron fuertemente en el mercado de bienes de capital y adquirieron intereses en empresas que compraban sus equipamientos. La «lista negra» revela el grado en que las firmas comerciales alemanas habían socavado sus competencias. En el caso extremo de las fábricas de cerveza, controlaban toda la producción nacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El atraso tecnológico de la agricultura brasileña era extremo. La agricultura de roza era mayoritariamente extractiva y conllevaba la necesidad de inmensas reservas forestales que abastecían muchas de las necesidades de los agricultores, especialmente en cuanto a proteínas y materias primas. Las selvas recién despejadas y quemadas eran extraordinaria, aunque temporalmente, fértiles. Las cenizas de la selva proporcionaban abundantes nutrientes a las plantas y, a menudo, eran el único fertilizante empleado. Las cepas y troncos se dejaban pudrir y el cultivo se llevaba a cabo casi siempre cuesta arriba, favoreciendo la erosión. Algunas cosechas «cultivadas», como la papaya, el coco, los plátanos, la piña y los cítricos, se dejaban a menudo crecer a su aire, sin mayores cuidados. Cuando la plantación era invadida por la maleza y las plagas, se abandonaba para trasladarla a selvas o pastos secundarios. Cuando todas las selvas de una región determinada quedaban agotadas, el agricultor generalmente se retiraba y se convertía en ganadero. En este régimen, era raro el uso del arado; en realidad, en algunas regiones no se empleaba en absoluto. En 1920, menos del 14 por 100 de las propiedades censadas lo utilizaban y en muchas de las que lo empleaban, probablemente, los arados eran de madera. Por consiguiente, las cosechas agrícolas dependían casi por completo de la fertilidad inicial de los suelos selváticos. La producción brasileña de fertilizantes era escasa, y en los años veinte el 90 por 100 de ellos se destinaba a la exportación. Se aplicaban con más frecuencia rituales, amuletos y oraciones que el estiércol, que, según la agronomía popular, «quemaba» la tierra.

Las plantaciones de café estaban mejor dirigidas que la media de las haciendas, pero aun así tenían un atraso considerable con respecto a los conocimientos agrícolas contemporáneos. Los fertilizantes orgánicos disponibles se aplicaban irregularmente, no se prestaba atención a la selección de las semillas, no se empleaban las abejas como agentes polinizantes, y el arado se utilizaba de forma inadecuada. Las plantaciones más grandes se solían dejar en manos de administradores, ya que, con frecuencia, los propietarios tenían más de una finca y numerosos intereses en las ciudades. La forma de los contratos de trabajo no favorecía el cuidado en la plantación y recogida y proporcionaba demasiadas ventajas a los trabajadores empleados en las nuevas plantaciones, estimulando la ulterior expansión y la desertización de las reservas forestales y el exceso de plantación. En las plantaciones azucareras del noreste, en las que ya estaban en uso las tierras bajas superiores, la expansión de la década de 1880 se llevó a cabo mediante la tala de las selvas de las laderas. Estos suelos no eran muy apropiados para el azúcar, requerían más mano de obra y estaban sujetos a la erosión. Como nadie se molestó en retirar las cepas, en estas laderas no podía utilizarse el arado. Los plantadores azucareros no empleaban abonos, sino que dejaban las tierras en barbecho durante periodos variables. Sin embargo, la aparición de una enfermedad fungosa a partir de 1879 fomentó la introducción de algunas nuevas variedades de caña, un cierto grado de experimentación en el cuidado de la plantación y algunos ensayos con fertilizantes de importación. El trabajo en los cañaverales siguió siendo de carácter altamente estacional e intensivo, y la plantación, cultivo y recogida continuaron haciéndose manualmente. La mejora más significativa en la plantación de caña fue la introducción, en la década de 1870, de ferrocarriles ligeros, arrastrados en un principio por caballos y más tarde de vapor, para llevar la caña a los trapiches azucareros. Posteriormente al establecimiento de la república, se instalaron modernos trapiches azucareros de vapor, fuertemente subvencionados por el gobierno. Ello mejoró sustancialmente la productividad, y hacia 1910 las cosechas azucareras brasileñas se igualaron aproximadamente a la media mundial.

En 1873 había ya dos escuelas imperiales de agricultura, y poco después del establecimiento de la república se fundaron algunas más en diversos estados, pero no parecieron tener una gran influencia en las prácticas agrícolas, excepto, tal vez, la de São Paulo. Algunas instituciones estatales eran, de hecho, escuelas para huérfanos y no queda claro si sus graduados tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos. Durante este periodo, sólo São Paulo llegó a disponer de un sistema de agentes de extensión agraria.

La producción de alimentos para el mercado interior durante este periodo está muy poco estudiada, pero parece haber sido un sector atrasado. Hasta la primera guerra mundial, los precios de los productos alimentarios se multiplicaron por tres, con la misma rapidez que los de las exportaciones e importaciones. Al producirse, hacia la década de 1890, las oleadas de plantación de café y recogida de caucho, lo mismo sucedió con los precios y las importaciones de los productos alimentarios. En parte, el crecimiento de la exportación estaba evidentemente basado en la desviación de recursos de capital del sector de suministro de alimentos. El abastecimiento de las ciudades era llevado a cabo principalmente por los pequeños agricultores, que vendían sus excedentes, cuando los tenían. En las cercanías de São Paulo y Río de Janeiro se organizaron algunas colonias oficiales, abiertas a los agricultores nativos y también a familias inmigrantes, para intentar incrementar las reservas de productos alimentarios de las ciudades. Sin embargo, los pequeños agricultores que comercializaban sus cultivos carecían de crédito y eran víctimas de los intermediarios.

A pesar de todo, la producción para el mercado interior no estaba estancada. Aunque durante el periodo que se está tratando los precios de los alimentos subieron mucho, no parece que aumentaran más rápidamente que los salarios, al menos en Río de Janeiro, a excepción de la crisis derivada de la primera guerra mundial. Además, las importaciones de productos alimentarios se fueron reduciendo gradualmente a partir de 1900; entre 1903 y 1929, las importaciones de alimentos pasaron de 142 a 34 kilogramos per cápita. El aumento de la esperanza de vida parece querer indicar que el consumo de alimentos per cápita no sólo no declinó, sino que aumentó ligeramente. Junto a la conversión de anteriores productos de exportación, como el azúcar y el algodón, en la satisfacción de la demanda interior hubo un cierto grado de diversificación, especialmente por parte de los pequeños propietarios, en productos como el vino, el aceite, la mantequilla y productos lácteos. El trigo, introducido en la dieta por los inmigrantes, resultó de muy difícil cultivo en Brasil, pero las patatas se plantaron con éxito, y se amplió mucho el cultivo del arroz. En Río Grande do Sul, los grandes hacendados acometieron la plantación de arroz a gran escala para la venta en los mercados nacionales.

La ganadería ocupaba extensas áreas de pastos naturales y sabana, así como las zonas degradadas por la agricultura. Los brasileños se sentían muy inclinados al consumo de vacuno. En el estado más meridional de Brasil, Río Grande do Sul, demasiado alejado como para transportar los animales vivos, se industrializó la carne en forma de cecina (carne sometida a presión y secada posteriormente al sol). La población ganadera brasileña durante el periodo en estudio era más numerosa que la humana. Gran parte de aquélla estaba formada por diversos cruces de cebúes, importados de la India en la década de 1880, y muy apreciados por su resistencia a las enfermedades y a la sequía. La ganadería, tal como se practicaba en el interior, era extraordinariamente barata en cuanto a mano de obra y capital. Casi nunca se construían establos, vallados o abrevaderos. Después de marcado, se dejaba al ganado pastar y criar a su aire. En 1920, la densidad de ganado existente en pastos naturales era de unas 18 cabezas por kilómetro cuadrado. La única modificación que se realizaba habitualmente en el entorno consistía en la quema de campos para inducir el crecimiento de nuevos brotes tiernos. Esta práctica solía producir hierbas resistentes al fuego y desabridas. Cerca de las terminales de ferrocarril, se plantaban hierbas exóticas en tierras que habían sido selváticas anteriormente para reponer a los animales que habían sufrido traslados largos y engordarlos para su venta en el mercado.

ENERGÍA Y TRANSPORTE

Los yacimientos de carbón de Brasil eran exiguos y de baja calidad; en 1929, la producción de las minas de Santa Catarina fue sólo de 360.000 toneladas. Debido a la carencia de este recurso energético, se quemaba la madera y el carbón de leña, lo que tenía graves consecuencias ulteriores en las reservas forestales, en la erosión de las cuencas y en el manto vegetal. El consumo doméstico de combustible per cápita se estimaba en dos metros cúbicos anuales. En 1930, Brasil arrasó 330.000 hectáreas de selva sólo con este fin. Dado que la reforestación de los bosques duraba unos veinte años, ello implicaba la necesidad de mantener una reserva de 66.000 kilómetros cuadrados, pero, de hecho, casi no se mantuvo reserva alguna. Las dificultades en la obtención de madera y carbón de leña limitaron las actividades de los ferrocarriles, las fundaciones y las fábricas. Para algunas líneas ferroviarias, se recurrió a la plantación de eucaliptos, aunque en escala inadecuada. En las terminales marítimas y en las fábricas situadas en ciudades portuarias se recurrió al carbón de importación, pero en el interior la norma general fue la caldera alimentada con leña. Algunas de las primeras fábricas también empleaban la energía hidráulica, de fácil instalación en un país tan abundante en lluvias y terreno accidentado.

Hasta después de la segunda guerra mundial no se descubrieron los yacimientos interiores de petróleo en cantidad suficiente como para justificar su comercialización. Las importaciones de petróleo estuvieron necesariamente restringidas, lo que limitó el empleo de motores de combustión interna. A pesar de ello, las importaciones de vehículos a motor aumentaron considerablemente en la segunda mitad de la década de 1920. En 1929, el registro de automóviles alcanzaba las 160.000 unidades y se habían mejorado más de 21.000 kilómetros de carretera. La primera línea aérea regular empezó a funcionar en 1927, y para 1930 había ya cuatro líneas en funcionamiento.

La producción térmica de energía eléctrica empezó en la década de 1880. Sin embargo, limitada como estaba por la necesidad de importar el carbón, hacia 1900 ya había sido superada en escala por la energía de producción hidráulica. La capacidad total de electricidad de Brasil en 1890 era de un megavatio, de 10 en 1900 y de centenar en 1908. La construcción de grandes diques y las mejoras en la producción y transmisión se llevaron a cabo en São Paulo y Río de Janeiro durante los años veinte, de manera que hacia finales de esa década había ya un total de 780 megavatios. Aunque se hubiera alcanzado un ritmo de crecimiento impresionante, esta cantidad equivalía sólo a 22 vatios per cápita, una quinceava parte del índice de Estados Unidos en aquel momento. Para el sur y el sureste brasileño, la energía hidroeléctrica fue un avance tecnológico tan fortuito como lo había sido el carbón para la Inglaterra de dos siglos atrás. No es posible imaginar el desarrollo de la industria sobre la limitada base del carbón de leña, y el coste del petróleo y del carbón de importación hubiera sido tan nocivo para el crecimiento industrial como lo fue en Argentina, cuya industrialización se ralentizó tras unos primeros avances muy rápidos.

El vapor se aplicó pronto a la navegación marítima y fluvial. En 1873, las líneas marítimas y fluviales totalizaban más de 36.300 kilómetros de ruta. Las líneas de cabotaje aumentaron su tonelaje desde 1 millón de toneladas en 1870 hasta 19 millones en 1930 (el transporte a los puertos extranjeros durante el mismo periodo, creció de 2 millones a 28 millones de toneladas). La navegación a vapor hizo posible la expansión del comercio del caucho hasta el alto Amazonas y sus afluentes, y mejoró la comunicación con Mato Grosso, vía Río de la Plata. Sin embargo, las dificultades para la navegación por los ríos interiores eran muy grandes. La falta de fondos para la mejora de los ríos y de la navegación fluvial hizo necesario el transporte por tierra de un río a otro y el fondeo nocturno. Como ejemplo extremo, en 1912, los cargueros que navegaban entre el alto río Xingú y Belém empleaban en su recorrido un tiempo diez veces superior al empleado por los que iban de Belém a Nueva York.

En 1873 sólo había 132 kilómetros de canales de más de 2 kilómetros de longitud, y nada más que 607 kilómetros de carreteras en condiciones. El transporte terrestre todavía dependía casi por completo de las reatas de mulas. Sin embargo hacia 1899 se habían construido ya unos 9.000 kilómetros de línea férrea, y 32.000 hacia 1930. Los ferrocarriles suponían una respuesta a las oportunidades del mercado exportador, ya que todo el material móvil era forzosamente de importación, excepto las traviesas, y debía ser pagado, por lo tanto, en moneda extranjera. El diseño de la red estaba concebido para dar salida al extranjero a los productos del interior y, por consiguiente, no era de alcance nacional. Se empleaban tanto vías estrechas como anchas, incluso en el seno de la misma red regional. La red de mayor alcance era la de São Paulo, en la que media docena de líneas se abrían en abanico hacia las áreas de plantaciones de café. Entonces, desde São Paulo partía una sola línea que descendía por las escarpadas costas de São Paulo hacia el puerto de Santos. São Paulo también estaba conectada con Río de Janeiro y con los estados del sur vía Sorocaba.

A partir de la década de 1860, los principales desembolsos del Estado fueron para el ferrocarril. La mayor compañía ferroviaria, la Brasil Central, era de propiedad estatal. A veces las compañías privadas, extranjeras y brasileñas, recibían subsidios directos del Estado para ampliar sus redes; pero más frecuentemente los subsidios se daban en forma de fianzas. Los estados también concedían fianzas en una escala más modesta. El gobierno federal establecía los fletes, que solían ser bajos para apaciguar a los terratenientes, de manera que sólo podían lograr beneficios las líneas ferroviarias de utilización intensiva en el transporte de las cosechas para la exportación. A finales de la década de 1890, el costo de cubrir las fianzas alcanzó niveles intolerables, ya que éstas se adeudaban en oro, sometiendo a la balanza de pagos a una grave presión. Entonces el gobierno republicano expropió muchas de esas líneas, arrendando la mayoría de ellas a concesionarios. La instalación de líneas ferroviarias estimuló la producción agrícola para el mercado interior, además de servir para transportar los productos de exportación a los puertos. Las estaciones suburbanas de las líneas principales y las líneas de vía estrecha permitieron un aumento de la circulación de productos alimentarios y de la madera utilizada como combustible. Las líneas tendidas más allá de las áreas de plantación se empleaban para el transporte de ganado vivo procedente de las tierras del interior —reduciéndose así la pérdida de peso inherente a la conducción del mismo por los medios pedestres tradicionales— y la madera de las selvas vírgenes, en proceso de rápida desaparición, con lo que se reducía el derroche de maderas duras y se abarataban los costes de construcción. El ferrocarril constituyó, sin ningún género de dudas, un gran instrumento para que Brasil pudiera salir del estancamiento económico, aunque hay que reconocer que su estímulo llegó tarde y se limitó a unas pocas regiones.

INDUSTRIA

El desarrollo de la industria en Brasil puede ser contemplado como un proceso de sustitución de la producción artesanal y de las importaciones. De entre estos dos procesos, se suele destacar con más frecuencia el segundo, ya que afectó de forma más visible a las áreas urbanas y puede seguirse a través de los registros de importación. Pero el primero fue, al menos en las primeras etapas, más importante. El mercado brasileño de bienes no agrícolas se abastecía mayoritariamente de la artesanía. Después de todo, la capacidad económica para la importación era extremadamente limitada y una gran parte de los productos de consumo importados estaba formada por objetos de lujo para los ricos. Los productos artesanales que se producían en las propias casas eran para autoconsumo y venta o trueque, y los que se fabricaban en los talleres artesanales se vendían en los mercados locales. Por ejemplo, los tejidos de algodón y lana fueron, en su gran mayoría, de producción doméstica hasta la instalación de las primeras fábricas textiles. En casi todas las familias e instalaciones con esclavos había alguien que podía hilar y tejer con un taller manual. El alcance de la producción doméstica artesanal se puede deducir de la desproporción en el consumo aparente de hilo de coser. En 1903, Brasil consumió aparentemente 1.045 toneladas de hilo de algodón, todo él de importación. Sin embargo, en el mismo año se consumieron 21.900 toneladas de tejido local y de importación. La relación 1:21 es anómala, considerando una relación moderna de, aproximadamente, 1:60. Parece muy verosímil que, al menos, la mitad del hilo importado se empleara en la confección de prendas de vestir —hechas con telas tejidas en casa— y en bordados. Además, había muchas clases de producción doméstica —mantas, hamacas, ponchos, colchas— en las que no se empleaba hilo. Hasta una fecha tan avanzada como 1966, en un estudio realizado sobre familias campesinas en Minas Gerais se mostró que la mitad de los que plantaban algodón todavía seguían hilando y tejiendo sus propias ropas[9].

En general, la transición de la producción artesanal a la fabril no fue brusca ni discontinua. La artesanía complementaba la producción de las fábricas locales; por ejemplo, en la industria de la ropa, mediante el sistema de «reparto de trabajo a domicilio», algunas tareas se realizaban fuera de las fábricas. Gran parte de la industria de transformación de alimentos se desarrolló en talleres domésticos que gradualmente iban adquiriendo técnicas mecánicas. A menudo es bastante difícil precisar el momento exacto en que los talleres de reparación empezaron a copiar máquinas completas en lugar de piezas de recambio y cuándo se empezó a producir en serie. Durante todo este periodo había muchas fábricas que no empleaban en absoluto el vapor o la energía eléctrica. Según el censo de 1920, el trabajador medio aplicaba escasamente 1,1 caballos de fuerza en su trabajo. Además, el 10 por 100 de la fuerza de trabajo fabril estaba empleado en empresas de no más de cuatro trabajadores.

Los colonos alemanes de Río Grande do Sul demuestran la incorporación progresiva de la producción doméstica a los mercados regionales y nacionales. Durante la primera generación de colonos, los pioneros integraron la cultura material de sus vecinos mestizos en la suya propia. Se dedicaron a la plantación y transformación de productos alimentarios, y sus artesanos produjeron una amplia variedad de bienes de consumo y de construcción, así como de herramientas para la agricultura. Conforme se fueron introduciendo los barcos de vapor, en la década de 1860, los comerciantes de las ciudades empezaron a transportar los productos que hacían los colonos hacia Río de Janeiro y otros puertos. Durante la década de 1870, los fondos obtenidos con este comercio se emplearon en la construcción de fábricas de bienes de consumo en las ciudades más importantes. Entonces los artesanos rurales, excluidos de los mercados de las ciudades, se especializaron en una gama más limitada de artículos elaborados, proporcionando así demanda para bienes producidos en fábricas.

En São Paulo y Río de Janeiro, los otros centros industriales importantes incipientes, fue el sector exportador el que proporcionó la demanda y los fondos para las primeras fábricas. En São Paulo, el breve auge de las exportaciones de algodón de finales de la década de 1860 permitió a algunos empresarios, generalmente plantadores, la construcción de pequeñas fábricas de hilados y tejidos. En 1884 había once en funcionamiento, que abastecían al único mercado a disposición de los plantadores locales de algodón. Estas fábricas vendían tela a las plantaciones, para sacos e indumentaria de los esclavos. Por aquella época los plantadores de la zona oeste de São Paulo querían comprar ropa hecha a máquina para sus esclavos, ya que los costes de la mano de obra esclava empezaban a crecer más rápidamente que los demás gastos.

La abolición creó las condiciones para el desarrollo ulterior. La autosuficiencia de la plantación con esclavos y su efecto, generalmente depresivo, sobre los salarios en el campo y en las ciudades habían atrofiado la demanda más allá de lo tolerable. El mercado, al menos en el sur y sureste de Brasil, se expandió notablemente con la llegada de la inmigración de trabajadores campesinos. No sólo se les pagaba un salario y se les permitía vender sus productos, sino que, en lugar de mantener sus ingresos a un nivel de autosuficiencia, intentaban maximizarlos. Por lo tanto, podían comprar muchos de los productos que precisaban. Esta demanda masiva era satisfecha en su mayor parte por la industria local. Los costes de la mano de obra brasileña eran inferiores a los que acarreaban las importaciones. Los primeros productos de fábrica eran de bajo valor relativo, de fácil sustitución cuando en la localidad había materias primas disponibles. La fabricación de ladrillos y tejas, la de cerveza y la de botellas de cerveza tuvieron pronto un gran éxito. Las inmensas manadas de ganado y las piaras de cerdos consiguieron hacer competitiva la producción local de jabón, velas y artículos de cuero; la manteca de cerdo enlatada se convirtió en un modesto artículo de exportación. De acuerdo con los registros de contribuciones, hacia la primera guerra mundial las importaciones ascendían a menos del 5 por 100 del consumo de zapatos y botas, menos del 15 por 100 de sombreros, y menos del 20 por 100 de tejidos. La industria textil algodonera, que contaba con 1,3 millones de husos en 1919, fue sustituyendo progresivamente a las importaciones, empezando con paños burdos y siguiendo con tejidos más refinados.

Hasta 1920, el capital invertido en la industria brasileña procedía principalmente de los importadores de origen inmigrante y del extranjero, en especial de empresarios emigrados. El capital de las plantaciones, de gran importancia en las fases más tempranas de la industrialización en São Paulo, estaba conectado más estrechamente con la exportación o transformación de sus propias materias primas, y tendía a ser sustituido gradualmente por el capital de los importadores. Algunos importadores se convirtieron en fabricantes con el fin de llevar a cabo las operaciones de acabado de los productos que habían importado. Como generalmente eran negociantes que trataban con una gran variedad de mercancías, conocían la composición de los registros de importación, los aranceles e impuestos locales y la demanda nacional. A menudo actuaban como mayoristas de fabricantes independientes y les facilitaban crédito. Casi todos los industriales más importantes continuaron manteniendo agencias de importación para garantizarse un suministro estable de componentes y repuestos, y para afrontar la diversificación de la demanda.

En esta fase temprana, la industria brasileña favoreció directamente los intereses de los plantadores, gracias a que sirvió como mercado para las materias primas de las plantaciones, que carecían de unas perspectivas favorables para la exportación. Sin embargo, los plantadores insistían en que se mantuvieran aranceles elevados para las importaciones, como la del yute, que competían directamente con el algodón brasileño, y vituperaban contra las industrias «artificiales» que las utilizaban. Para ello se encargaron de que se mantuvieran unos bajos aranceles para la maquinaria agrícola. Los plantadores detestaban los trabajos en las industrias, que amenazaban con quitarles su fuerza de trabajo. A menudo pronunciaban una frase que más tarde sería repetida sardónicamente por los entusiastas del desarrollo: «Brasil es un país esencialmente agrícola». Por otra parte, los industriales no amenazaban directamente a los plantadores. En lugar de ello se asociaron políticamente con los intereses plantadores, en parte con el convencimiento de que su prosperidad dependía del crecimiento de las exportaciones, y en parte debido a que gozaban con el prestigio de tal asociación y les habría repugnado el solo pensamiento de una alianza con las clases medias urbanas o con sus propios obreros.

A pesar de la preeminencia política de los intereses de los partidarios de la economía de orientación exportadora, en particular de los intereses cafeteros, se tomaron algunas iniciativas favorables a la industria. Como ya se ha dicho, los aranceles elevados fueron en gran medida la consecuencia involuntaria de la indigencia gubernamental. Los fabricantes nacionales también se beneficiaron de las preferencias de los plantadores por la caída del tipo de cambio, que encarecía las importaciones. A pesar de todo, la industria gozaba de bastantes simpatías en el Congreso, algunos de cuyos miembros eran partidarios o supervivientes del antiguo gobierno republicano provisional. Los industriales consiguieron la aprobación de leyes contra las compras gubernamentales de productos de importación cuando existían en el mercado nacional productos «similares», exención de aranceles para la maquinaria, créditos federales y fianzas para nuevas líneas de producción y una interpretación benevolente de las leyes sobre patentes y derechos de autor.

Aparentemente, la primera guerra mundial representó una oportunidad única para la industria brasileña, ya que redujo el volumen de las importaciones de productos acabados, a la vez que elevó sus precios y dejó el país inundado de moneda gracias a las exportaciones y a las emisiones gubernamentales. La caída de los salarios, que acompañó a la inflación resultante, incrementó el nivel de beneficios. Aunque no pudiera renovarse o ampliarse demasiado la maquinaria industrial debido a la interrupción de las importaciones de la misma, en algunas líneas de producción, las fábricas se vieron estimuladas a hacer renovaciones extras y a aumentar la producción. Sin embargo, las importaciones de materias primas y combustibles se redujeron más drásticamente que las de productos acabados; la escasez y los elevados costes de la energía, junto con sus elevados aranceles, redujeron los márgenes de beneficio de los fabricantes. Puede haberse exagerado en la apreciación del aumento habido en la producción, ya que su interpretación está basada en la recaudación tributaria, la cual se llevó a cabo con mayor escrupulosidad conforme caían los ingresos por la importación. La producción de tejidos de algodón aumentó de 70 millones a 160 millones de metros entre 1914 y 1917. Sin embargo, al parecer, una parte considerable de esta producción permaneció almacenada por los propios fabricantes, quienes especulaban esperando ulteriores subidas de precios; al final de la guerra se encontraron con sus almacenes repletos hasta los topes de mercancía invendida, para la cual solicitaron empréstitos al gobierno. Aun así, la capacidad demostrada por las fábricas nacionales para apuntalar la economía durante la crisis aumentó su aceptación entre los consumidores y les proporcionó crédito con la burocracia, que supo apreciar la nueva fuente de ingresos gubernamentales.

Hasta la década de 1920, la producción industrial estuvo limitada principalmente a los bienes de consumo. En el censo de 1920 se contabilizaban más de 13.000 empresas industriales, que empleaban a 275.000 trabajadores, menos del 3 por 100 de la población económicamente activa (en el censo de población de ese año se contabilizaban 1.264.000 personas empleadas en la fabricación y comercio de prendas de vestir, lo que tal vez pueda dar una idea aproximada acerca de la desproporción entre el empleo industrial y artesanal). Las fábricas textiles representaban el 40 por 100 del capital invertido en las empresas industriales, y la elaboración de productos alimentarios, de prendas de vestir, jabón y velas representaban otro 45 por 100. En un pequeño sector de bienes intermedios se invirtió casi el doble en serrerías que en metalistería.

Sin embargo, es importante destacar los orígenes de la industria del hierro y acero y de la metalistería, debido a sus elevados requerimientos técnicos y de capital, a su tendencia a concentrarse en las ciudades y a sus vínculos con la minería y la fabricación de maquinaria. La fundición de hierro se venía realizando en Brasil desde el siglo XVII, y en los últimos días de la colonia la corona construyó varios altos hornos. A lo largo del siglo XIX continuaron operando intermitentemente los hornos pequeños de Minas Gerais, cuya producción ascendía a unos pocos miles de toneladas de hierro en bruto. Entretanto, se extendieron las herrerías y la fabricación de herramientas, de manera que las importaciones de hierro y acero tomaron principalmente la forma de suministros a las industrias locales, tales como alambres, planchas, raíles, varillas y chapas. La metalistería se dedicó al equipamiento del comercio de exportación, dado que sus propios inputs, incluyendo los obreros especializados, eran importados y técnicamente avanzados. Por lo tanto, los talleres de reparación de ferrocarriles y los astilleros fueron los talleres metalúrgicos de mayor tamaño y los mejor equipados.

Sin embargo, la fabricación de hierro y acero a gran escala sólo experimentó un ligero desarrollo hacia finales de la última década del periodo en estudio. En la década de 1920, en Minas Gerais, una empresa belga añadió altos hornos y una laminadora a un taller de laminación de reciente instalación que funcionaba con carbón de leña, y en São Paulo y Río de Janeiro se empezó a reciclar chatarra mediante pequeños hornos eléctricos. En 1910, un consorcio británico dirigido por un promotor norteamericano llamado Farquhar, que había obtenido los derechos sobre las minas de Itabira, en Minas Gerais, intentó conseguir del gobierno federal la concesión exclusiva para la exportación de mineral de hierro, vía la línea de ferrocarril que planeaban construir hacia el puerto de Vitoria. Al mismo tiempo se comprometieron a construir un taller completo que emplearía el carbón traído por los mismos barcos que se habían llevado el mineral de hierro. Las negociaciones se dilataron. Hubo una oposición nacionalista considerable a tan amplia y exclusivista concesión, y también por parte de los propietarios de hornos de carbón y de plantas de electricidad. Finalmente, la depresión mundial provocó una disminución de la demanda exterior de acero, y el consorcio abandonó el proyecto. Es posible que hubieran demorado todo lo posible la entrega del taller, al que habría puesto objeciones el monopolio internacional de hierro y acero del momento. A pesar de todo, la propuesta de Farquhar ocupó por completo la atención del gobierno durante veinte años y desalentó a otros productores potenciales de acero. Hacia 1929, la producción brasileña de acero era sólo de 57.000 toneladas, equivalentes al 11 por 100 del consumo.

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA DE ORIENTACIÓN EXPORTADORA

Como ya se ha visto, la primera guerra mundial provocó un agudo declive en el valor de las exportaciones de Brasil. Con el colapso final del auge del caucho hacia finales de la guerra, el país tuvo que depender, una vez más, solamente del café para las tres cuartas partes de sus ingresos en divisas. Y, después de un breve auge comercial posbélico, los precios del café cayeron nuevamente. Como ya se ha destacado anteriormente, el gobierno federal respondió con un tercer intento de valorización. La tercera valorización y la «protección permanente» fueron, tal vez, efectivas en la prevención de una ulterior caída de los precios del café en dólares, pero la nivelación de la demanda y la creciente competencia de ultramar impidieron que Brasil pudiera incrementar el volumen de ventas. Las recaudaciones en concepto de café alcanzaron el 12 por 100 del producto nacional bruto en 1923, y a partir de entonces iniciaron un prolongado declive. La intervención había hecho poco más que asegurar los ingresos de los plantadores y fomentar nuevas inversiones en el sector cafetero.

En 1924, el gobierno federal, alarmado por el peligro de que las fuerzas inflacionarias que había propiciado minaran su estabilidad, adoptó una política deflacionaria. Más tarde intentó, a finales de 1926, adherirse al patrón oro, utilizando el mecanismo de un fondo de conversión. Una vez más, esta medida colaboró en la atracción del capital extranjero, el cual empezaba a ser esencial para mantener el nivel de importaciones a la vista de la creciente demanda. Brasil precisaba de una amplia gama de importaciones, tales como las telecomunicaciones y equipo de aviación, que conllevaran las nuevas tecnologías necesarias para incrementar su competitividad en los mercados mundiales. Los bancos de Estados Unidos tenían capacidad e interés en avanzar los fondos. Sus créditos posibilitaron un descenso en el superávit comercial del 22 al 11 por 100 de los ingresos por exportación, entre la primera y la segunda mitad de la década. Entre 1924 y 1930 casi se dobló la deuda exterior de los gobiernos central y locales brasileños, ascendiendo hasta 1.295 millones de dólares. La deuda interna creció a un ritmo similar, robustecida por los déficits récord de la primera mitad de la década de 1920. Sorprendentemente, los aranceles anteriores a la guerra, erosionados por la inflación hasta aproximadamente la mitad de su efectividad, no fueron sometidos a una revisión general. La tributación interior, especialmente en cuanto a las transacciones, empezando a jugar un importante papel en las finanzas del gobierno federal; hacia finales del periodo en estudio, ascendía a cerca del 45 por 100 de los ingresos del erario.

Con todas estas vicisitudes, la industria nacional sufrió considerablemente. Además, los precios de los productos manufacturados de importación empezaban a descender, mientras la competitividad de su industria se vio debilitada a causa de la interrupción que hubo en la renovación del equipamiento técnico durante el periodo bélico. La cuota de mercado de las importaciones en el consumo interior de tejidos de algodón creció del 7 por 100 en 1921-1923 al 17 por 100 en 1925-1928, y los precios de los productos de algodón nacional disminuyeron en un 25 por 100 entre 1925 y 1927. Sin embargo, los tejidos de algodón representaron el caso más grave, ya que el sector estaba agobiado por un exceso de producción, aunque, aun en este campo, los fabricantes que habían logrado comprar maquinaria nueva pudieron obtener beneficios. Hubo otras industrias ya establecidas que obtuvieron beneficios, y hacia la segunda mitad de la década las empresas incluidas en el registro de contribuyentes crecían a un ritmo anual aproximado del 5 por 100. Además de todo esto, durante la década de 1920, se produjo una diversificación considerable de la producción: productos farmacéuticos, productos químicos, maquinaria textil, maquinaria para los trapiches azucareros, cabinas de camión, estufas de gas e instrumentos agrícolas. Como medida indirecta del progreso de estas firmas, puede citarse el consumo aparente de chapa de acero, que creció desde una media de 59.000 toneladas anuales en el periodo 1901-1905, hasta 288.000 toneladas anuales en el quinquenio 1926-1930. Muchas de estas empresas nacieron de los talleres de reparaciones, que habían aprendido a copiar y adaptar la maquinaria importada, y prosiguieron con la contratación de técnicos extranjeros o enviando a sus propios trabajadores a otros países para que adquirieran las técnicas necesarias.

La primera guerra mundial aumentó el interés de las empresas norteamericanas por el mercado brasileño. En Río de Janeiro y São Paulo se establecieron bancos estadounidenses y, por primera vez, empezaron a funcionar líneas marítimas regulares entre los puertos de Estados Unidos y Brasil. La inversión norteamericana se caracterizó por ser directa, fenómeno fomentado por la transformación de la estructura comercial en ese país tras el movimiento de fusión. Las compañías estadounidenses pasaron a ser dominantes en la distribución de petróleo y la exportación de café, evitando el sistema de intermediarios establecido. Los fabricantes de equipamiento eléctrico y telefónico abrieron oficinas para instalar sus productos en las nacientes redes eléctricas y de comunicaciones. Otras empresas multinacionales estadounidenses y europeas comenzaron a fabricar fibra de rayón, maquinaria de oficina, papel fotográfico, discos fonográficos, bombillas y neumáticos de automóvil, y se empezaron a instalar cadenas de montaje de automóviles. Puede decirse que algunas de estas empresas se vieron estimuladas por unos aranceles favorables, como en los casos de los niquelados y de los productos farmacéuticos; otras se llevaron a cabo por invitación de inversores asociados; por ejemplo, la primera fábrica de cemento de propiedad extranjera se construyó con las expectativas de suministrar a la compañía de electricidad de São Paulo, de propiedad canadiense. En muchos casos, esas inversiones venían determinadas por monopolios internacionales, como fue el negocio de las cerillas, emprendido por un consorcio sueco, y el de los cigarrillos, en manos del consorcio británico-norteamericano. Por otra parte, muchas de las inversiones que hubieran podido realizar las multinacionales fueron abortadas por acuerdos internacionales, de los cuales Brasil ni formaba parte y ni siquiera, en algunos casos, era conocedora.

El propio mercado brasileño tampoco estaba exento de monopolios. En la década de 1920 existían asociaciones comerciales, que probablemente se ocupaban de la fijación de precios y Cuotas de mercado, en especial en las áreas de la metalurgia, el calzado, el cuero, la piel, la madera y los productos farmacéuticos. También hubo, en determinados momentos, restricciones comerciales en las áreas de los monopolios harineros, el papel, los sombreros, los sacos de yute, la cerveza y el refinado de azúcar. En la mayoría de las demás líneas de producción mecanizada, el escaso número de empresas existente les permitió actuar de forma oligopolista en sus mercados regionales. El único campo en que no hubo acuerdos de precios fue el de la fabricación textil de algodón, debido especialmente a que la productividad en las distintas fábricas era tan variable que carecían de un interés común; pero aun en esa industria los salarios se decidían por acuerdos entre los propietarios. El gobierno no ejerció ningún tipo de sanción contra esas prácticas. En Río Grande do Sul se intentó, entre los años 1928 y 1930, una política de monopolización oficial de los distribuidores de cecina, vino, manteca de cerdo y madera. Estos intentos, antecesores de la planificación corporativista del gobierno federal de después de 1930, tuvieron efectividad en la estimulación de la adquisición de nuevos equipos en el negocio de la manteca de cerdo, pero en los demás sus efectos principales fueron exprimir el margen de beneficios de los productores.

El colapso de los países capitalistas avanzados que siguió al derrumbe de Wall Street de octubre de 1929 tuvo un impacto profundo en el comercio y las finanzas de Brasil. El precio del café, que a finales de 1929 estaba cifrado en 0,50 dólares el kilogramo, cayó hasta 0,29 dólares a principios del año siguiente. El gobierno brasileño, en su intento desesperado de salvaguardar su crédito, liberó su reserva completa de oro cifrada en 150 millones de dólares a sus obligacionistas extranjeros. El estado de São Paulo, agobiado con una carga de 875.000 toneladas de café invendible, valorado en 1929 en una suma equivalente al 10 por 100 de todo el producto nacional bruto, buscó fondos para mantener en funcionamiento el programa de valorización y, sorprendentemente, logró obtener otro crédito de 20 millones de libras. Sin embargo, el milréis se depreció hasta aproximadamente una cuarta parte de su valor, la moneda en circulación cayó en una sexta parte y el fondo de conversión se colapso. Entre 1929 y 1931, los años más críticos de la depresión en Brasil, el producto nacional bruto se hundió en un 14 por 100, y el café descendió hasta los 0,17 dólares por kilogramo. A fines de 1930, entre un caos de quiebras empresariales, desempleo y ruptura social, fue derribada la República.

CONCLUSIÓN

Celso Furtado caracterizó el periodo de 80 años que precedió a 1930 como una fase de transición: la importación de capital, tecnología y mano de obra especializada era necesaria para provocar un aumento de la productividad, un mercado monetizado y el inicio de la acumulación de capital. Considerando el año 1930 como punto de inflexión, Furtado observó un cambio, desde un estímulo al crecimiento desde el exterior, a otro desde el interior; transformación producida por la crisis mundial. Sin embargo, la visión más extendida es que la orientación exportadora operó de forma contradictoria como un obstáculo al crecimiento, que los intereses asociados a ella no aspiraban a un crecimiento ulterior, y que, consecuentemente, la industrialización avanzó en forma de «oleadas» sólo durante los momentos en que la economía internacional estaba desorganizada por la guerra o la depresión. Subrayando esta interpretación, existe la sospecha de que la economía capitalista internacional tuvo una forma de actuar meramente imperialista. Algunos historiadores económicos han intentado demostrar que la economía brasileña, por el contrario, creció y se diversificó rápidamente como resultado directo de su integración en la economía mundial, que las condiciones globales fueron al mismo tiempo favorables al desarrollo de Brasil, y que el gobierno brasileño habitualmente actuó de forma astuta y siguiendo los intereses nacionales. Otros, en un intento de síntesis parcial, sostienen que la alternancia de periodos de crecimiento y de crisis en la economía mundial condujo en sí misma a la industrialización de Brasil.

Tal vez la élite política y burocrática que dio forma a las políticas de orientación exportadora no tuviera la intención de entregar la economía nacional a los intereses extranjeros, teniendo en cuenta lo importante que era el capital extranjero para su estrategia, aunque aceptó una serie de recetas de política importadas y actuó como si cualquier desviación de esas fórmulas fuera aberrante, e incluso hasta patológica. En realidad, bajo el programa de orientación exportadora subyace un inquietante sentimiento de inferioridad que debió de ser fatal para la iniciativa entre los cuadros dirigentes, e incluso entre la masa de la población. La práctica generalizada de falsificar las etiquetas de marcas extranjeras no sugiere meramente una fase de aprendizaje a través de la imitación, sino también una epidemia de inseguridad en las propias capacidades y de alienación.

La orientación económica fue una estrategia llevada a cabo por una élite burocrática para promover la estabilidad gubernamental y el crecimiento económico, en interés de una clase terrateniente cuyos horizontes no iban más allá de la especulación inmediata. En verdad, no fue una política realmente nacional, ni mucho menos redistributiva. Los beneficios derivados de ella no tuvieron una distribución amplia. Las investigaciones recientes sobre este periodo no han abordado la cuestión de la concentración de los ingresos, pero lo más verosímil es que la misma aumentara en su transcurso. La diversificación económica y la mayor presencia de mercado en pueblos y ciudades hicieron posible la movilidad social de una pequeña minoría en el sur y en el sureste, entre la que los inmigrantes europeos eran los privilegiados —una pequeña burguesía de tenderos y artesanos, y un grupo de pequeños propietarios que vendían a los mercados de las ciudades—. La élite dirigente no amplió sus preocupaciones mucho más allá de este estrato. Consideraba subversivos a los sindicatos, subordinados indigentes a los trabajadores, y vagos y criminales en potencia a los desempleados. Las relaciones laborales en las ciudades, si es que se practicaban, se consideraban una forma de caridad y se esperaba de los trabajadores que correspondieran con humildad y gratitud. El destino de los trabajadores rurales que no estuvieran bajo el radio de acción de los cónsules extranjeros no era considerado como objeto de preocupación por los gobiernos federal o estatales. Evidentemente, estas actitudes no ayudaban mucho a inducir a una productividad elevada o a promover el desarrollo más allá de la agricultura extractiva de plantación.

El periodo objeto de este estudio fue testigo del inicio de otra forma de concentración de rentas: el abismo entre los niveles de vida de la región sureste y el resto del país. Hacia 1920, por ejemplo, la relación de capital por trabajador en la industria era ya el 59 por 100 más elevada en São Paulo que en el noroeste. Este fenómeno ha sido explicado de muy diversas maneras, pero parece muy factible que, en su inicio, fuera el resultado del desarrollo más completo de los mercados y fuerzas productivas en el sureste, bajo el estímulo del comercio de exportación, y de la consecuente iniciación de un mercado masivo. Sin embargo, el federalismo de la Constitución de 1891, y un pacto informal realizado por el Partido Republicano de São Paulo con el de Minas Gerais, garantizaron a estos dos estados el control de la política económica del gobierno central. Hasta los estados exportadores de caucho de Pará y Amazonas, inmensos pero muy poco poblados y rivales entre sí, fueron incapaces de retener los ingresos federales recaudados dentro de sus propios límites y de reclamar los recursos del territorio de Acre, que, en cambio, pasó al gobierno federal. Una sola vez se invirtieron cantidades significativas para el desarrollo fuera de la región del sureste: en el noreste se acometió la construcción de una presa, como medida para contrarrestar la sequía, durante la presidencia de Epitácio Pessoa (1919-1922), el único brasileño oriundo del noreste que alcanzó tal cargo.

La participación de Brasil en la gran expansión del mercado y de las finanzas mundiales después de 1870, con ser modesta, tuvo la importante consecuencia de iniciar el crecimiento y el desarrollo económicos. Sin embargo, las transformaciones que produjo en la sociedad fueron desiguales y estuvieron amortiguadas por una clase dominante cuyos objetivos de desarrollo eran considerablemente cortos en comparación con las oportunidades disponibles. Los medios de producción y los recursos organizativos amasados durante la fase económica de orientación exportadora constituyeron, a pesar de todo, un valioso recurso que iba a ser acomodado en las sucesivas crisis de la economía mundial, con miras a un desarrollo más ambiciosamente concebido.

Capítulo 14
BRASIL: LA ERA DE LA REFORMA,
1870-1889

Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, las décadas de 1870 y 1880 fueron en Brasil periodos de reforma y compromiso con el cambio. Intelectuales, profesionales, militares —gente de extracción urbana, aunque a menudo con raíces rurales—, formaron asociaciones para la abolición de la esclavitud y organizaciones para la promoción de la inmigración europea, hicieron campaña en favor del federalismo y de la autonomía provincial, sostuvieron la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, participaron en campañas para la reforma electoral, y apoyaron al Partido Republicano. Tampoco eran estos los representantes de la clase agraria y mercantil dominante, conocida por su conservadurismo, completamente inmune a las ideas progresistas. En los años sesenta, miembros del Partido Conservador rompieron con sus tradicionales lealtades y se unieron al Partido Liberal, mientras que muchos liberales abandonaron su partido para crear el Partido Republicano en 1870. Los intelectuales, por su lado, criticaban la filosofía tradicional, condenaban las convenciones literarias románticas y ridiculizaban el sistema de enseñanza; cultivaban ideas positivistas y evolucionistas, adoptaban nuevas formas de expresión y proponían un nuevo sistema de enseñanza más orientado hacia las ciencias y la tecnología. En definitiva repudiaban lo que consideraban como retórica liberal vacía, criticaban a las clases dominantes y convertían al «pueblo» en el objeto central de su discurso.

A principios de la década de 1890, los reformistas podían enorgullecerse de haber logrado muchos de sus objetivos. En 1881 se había puesto en práctica una reforma electoral. El Parlamento había abolido la esclavitud en 1888. Grandes cantidades de inmigrantes europeos habían empezado a entrar en el país. Finalmente, en 1889, un golpe militar había derrocado la monarquía. El nuevo régimen republicano adoptó un sistema federal, amplió el sufragio y separó los poderes de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, lo que para unos era un éxito, para otros era un fracaso. Una gran parte de los que habían luchado para crear un nuevo sistema político, muy pronto empezaron a expresar su desacuerdo. Las oligarquías rurales continuaban ejerciendo el control gubernamental, estatal y federal, y la gran mayoría de la población brasileña —pobres libres, ex esclavos, e inmigrantes— continuaba tan explotada como siempre. Tras dos décadas de reforma, parecía no haber cambios fundamentales en el país.

Algunos historiadores han atribuido las reformas de finales del siglo XIX a la influencia de las ideas extranjeras en la sociedad brasileña. El abolicionismo, el darwinismo social, el spencerismo, y el positivismo —dicen—, condujeron a los brasileños a cuestionar y a preocuparse por cambiar las instituciones existentes. Otros historiadores han visto las reformas como producto de un conflicto generacional, descrito a menudo como un conflicto entre grupos urbanos y rurales, o entre costumbres modernas y tradicionales. Según estos autores, los jóvenes graduados en escuelas profesionales y acostumbrados al estilo urbano de vida se convirtieron en críticos de las instituciones creadas por las élites agrarias, las mismas de las que descendían muchos de ellos[1]. El conflicto entre el oligarca rural (patriarca) y su hijo profesional (bacharel) ha tenido incluso interpretaciones psicoanalíticas[2]. Pero la interpretación reciente que cuenta con más partidarios atribuye las reformas a los cambios ocurridos en la estructura económica y social de Brasil durante el siglo XIX, y a la aparición de una burguesía urbana que se alió con los segmentos más progresistas de las oligarquías rurales para luchar contra las élites tradicionales.

Estos enfoques en litigio, que a veces se presentaron como alternativos, en realidad son compatibles, e incluso complementarios. Pero también son insuficientes para explicar por sí mismos el sentido y contenido de las reformas, y plantean problemas que tampoco pueden resolver. No hay duda, por ejemplo, de que los reformistas brasileños citaban a los autores europeos para fundamentar sus opiniones. Sin embargo, no se debe presumir que tuvieran esas opiniones porque hubieran leído a los autores europeos. Lo contrario parece más verosímil. Tal vez sería más correcto decir que fue su deseo de cambiar la sociedad lo que les predispuso a preferir a algunos autores europeos y no a otros. De otra forma, ¿cómo podríamos explicar su preferencia por Comte en detrimento de Marx, o de Spencer en detrimento de Fourier? y ¿cómo podríamos explicar que las ideas abolicionistas sólo empezaran a popularizarse en Brasil durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la esclavitud ya había sido condenada en Europa desde la Ilustración?

Si no podemos explicar las reformas mediante la mera referencia a las influencias exteriores, es igualmente insuficiente la interpretación que opone los grupos urbanos a los rurales, o los profesionales a los terratenientes, considerando a unos como la vanguardia del progreso y a los otros como el baluarte de la tradición. De hecho, algunos de los oradores más elocuentes en favor de las oligarquías rurales y de los dirigentes del Partido Conservador eran abogados, burócratas y médicos —hombres profundamente enraizados en el medio urbano—. Pero, si bien es cierto que en la mayoría de las provincias los seguidores del Partido Republicano se encontraban entre los grupos profesionales, el núcleo de este partido en São Paulo estaba constituido en su mayoría por plantadores de café.

Aunque pudiéramos demostrar que la mayoría de los reformistas procedía de las clases medias urbanas, aún tendríamos que explicar por qué se vieron apartados del régimen. Análogamente, aunque pudiéramos demostrar que la mayoría de los militantes reformistas pertenecía a la generación nacida en la segunda mitad del siglo XIX, y tenía entre treinta y cuarenta y pocos años en el momento de la proclamación de la república, todavía tendríamos que explicar por qué fueron ellos, y no los de la generación precedente, los que hicieron un ataque sistemático contra las instituciones tradicionales.

En términos generales, se puede decir que la reforma en Brasil, al igual que en otros países latinoamericanos, fue una respuesta a las nuevas realidades económicas y sociales que resultaron del desarrollo capitalista, no sólo como fenómeno de ámbito mundial, sino también en sus manifestaciones específicamente brasileñas. En Brasil, como en otras partes, el desarrollo económico (urbanización, inmigración, mejoras en el transporte, el surgimiento de la primera industria manufacturera y la acumulación de capital) provocó dislocaciones sociales: el nacimiento de nuevos grupos sociales y la decadencia de sectores tradicionales. Hacia las décadas de 1870 y de 1880, las instituciones creadas a raíz de la independencia de Brasil en 1822 y la hegemonía política de las oligarquías terratenientes y comerciales tradicionales eran, para esos nuevos grupos, obstáculos anacrónicos para el progreso.

Sin embargo, el hecho de reconocer que el cambio económico y social condujo hacia demandas de cambio institucional no basta para explicar por qué las oligarquías tradicionales no fueron capaces de incorporar a los nuevos grupos o satisfacer sus demandas. Para explicar este fracaso y para entender tanto los objetivos como la retórica de los reformistas, la naturaleza de sus demandas y sus motivos para oponerse más a algunas instituciones que a otras, hay que mirar además del cambio económico hacia las instituciones políticas y culturales que ellos atacaban. Para poder explicar por qué el sistema político creado en 1822 se convirtió en el blanco de las críticas durante las décadas de 1870 y 1880 es necesario conocer cómo funcionaba realmente el sistema.

CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante el siglo XIX hubo importantes cambios demográficos en Brasil. La población aumentó de 3,8 millones de habitantes en 1822 a poco más de 10 millones en 1872, y a más de 14 millones en 1889, año de la proclamación de la república. El cambio demográfico fue mayor en unas provincias que en otras, lo que alteró la distribución inicial que había servido de base para la representación electoral. Entre 1822 y 1870, la población del noreste creció a un ritmo anual del 2 por 100. Durante el mismo periodo, Pará, que se benefició del repentino auge del caucho, creció a un ritmo anual del 3 por 100, y São Paulo, del 3,5 por 100, principalmente como resultado de la expansión de las plantaciones de café. También hubo cambios en la población de esclavos. Los esclavos, que habían constituido más de la mitad de la población en 1822, y el 15,8 por 100 en 1872, en 1888 representaban un escaso 5 por 100. La población esclava disminuyó en las ciudades y se concentró en las áreas de las plantaciones, en las cuales la economía estaba en expansión. En 1822, casi el 70 por 100 de la población esclava vivía en las áreas de plantación azucarera del noreste y del este. Sesenta años más tarde, en esas zonas sólo vivía el 35 por 100 de la población esclava, mientras que el 65 por 100 estaba concentrada en las provincias cafeteras del sur.

Los inmigrantes también tendían a establecerse en el sur, más que en el norte o en el noreste. Los que llegaron entre 1872 y 1889 se ubicaron preferentemente en las áreas rurales de São Paulo, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Pero muchos de ellos se establecieron en centros urbanos. En 1872, Río de Janeiro tenía una población de 275.000 personas, 84.000 de las cuales habían nacido en el extranjero. En la misma fecha, los inmigrantes representaban el 12 por 100 de la población de Porto Alegre, el 11 por 100 de la de Curitiba, y el 8 por 100 de la de São Paulo. Estas cifras continuaron creciendo. El censo de 1890 mostraba que el 22 por 100 de la población total de São Paulo había nacido en el extranjero. En esa fecha, había 150.000 extranjeros en el país, el 70 por 100 de los cuales se concentraba en Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, y otro 17,6 por 100 en Río Grande do Sul.

Un fenómeno aún más importante que el crecimiento de la población o la llegada de inmigrantes fue la acumulación de capital debida al extraordinario crecimiento de las exportaciones de café, y en menor medida de las exportaciones de cacao y caucho, especialmente después de 1860. El crecimiento económico benefició a algunas provincias más que a otras, alterando sus importancias relativas dentro de la escena nacional. Las exportaciones de café de las zonas centro y sur, y principalmente de São Paulo, se incrementaron en un 341 por 100 y los precios en un 91 por 100 en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que las exportaciones azucareras del noreste crecieron sólo el 33 por 100 y los precios del azúcar descendieron un 11 por 100. A pesar del crecimiento de las importaciones, Brasil tuvo un considerable superávit en su balanza comercial después de 1861. Sin embargo, varios factores inhibieron la acumulación de capital. La repatriación de utilidades por parte de las compañías, en su mayoría británicas que tenían fuertes inversiones en los sectores más lucrativos de la economía, los pagos de intereses de los créditos británicos al gobierno brasileño para financiar el gasto gubernamental que tendía a crecer más rápidamente que los ingresos (en las últimas décadas del imperio, los pagos de intereses de la deuda externa consumieron una media del 40 por 100 de la balanza comercial), y, finalmente, la manipulación del tipo de cambio por parte de los británicos, fueron todos ellos factores limitativos de la acumulación de capital en Brasil. Además, el capital se solía acumular en manos de los plantadores de café y de los comerciantes conectados con las exportaciones e importaciones. De esos grupos procedía parte del capital invertido en ferrocarriles, bancos e industrias. Sólo de forma secundaria, el capital se acumuló en manos de grupos orientados exclusivamente hacia el mercado interno. Y, a pesar de su expansión, éste seguía siendo limitado. Esta forma peculiar de acumulación de capital en Brasil —que resultó no sólo de su posición en el mercado internacional, sino también de decisiones tomadas por las clases dominantes brasileñas— explica tanto la naturaleza como las limitaciones de los cambios que tuvieron lugar en la sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX, y, hasta cierto punto, define los límites del reformismo brasileño.

Una de las consecuencias de este tipo de crecimiento económico fue que la acumulación de capital favoreció principalmente a los centros urbanos y a las áreas rurales relacionadas con los sectores de importación-exportación. Entre 1872 y 1890, la ciudad de Río casi dobló su población. Entre 1872 y 1886, la ciudad de São Paulo creció a un ritmo del 5 por 100 anual, y del 8 por 100 entre 1886 y 1890. La población de la ciudad de Salvador pasó de 129.000 habitantes en 1872, a 174.000 en 1890.

La acumulación de capital permitió mejorar los servicios urbanos. Los servicios públicos de agua, alcantarillado, gas, la pavimentación de las calles y los nuevos sistemas de transporte urbano cambiaron la vida de las ciudades. Entre 1868 y 1888 se introdujeron los tranvías en Recife, Salvador, Río de Janeiro, San Luis, São Paulo y Campiñas. En 1870 se instaló una línea de telégrafo que unía Brasil con Europa, y durante los años siguientes la mayoría de ciudades brasileñas establecieron comunicación entre sí. En 1861 fueron enviados 62.233 telegramas. Este número aumentó a 390.277 en 1885-1886. En la década de 1880, São Paulo, Salvador, Río de Janeiro y Campiñas dispusieron de servicio telefónico. En 1887, siete líneas de tranvía transportaron un millón y medio de pasajeros.

El número de escuelas en las ciudades también aumentó, y disminuyó el analfabetismo. Pero en las áreas rurales continuó siendo elevado. En 1835, el porcentaje de alfabetización en la ciudad de São Paulo era del 5 por 100. En 1882, el índice alcanzó el 42 por 100. (En esa época sólo el 29 por 100 de la población rural estaba alfabetizada). Se empezaron a multiplicar los diarios y revistas, las asociaciones artísticas y culturales, las hospederías, teatros, cafés y tiendas, y las grandes ciudades adquirieron un aire más cosmopolita. En los barrios ricos, las casas tradicionales construidas con taipa (listones de madera y argamasa) fueron reemplazándose gradualmente por casas de ladrillo al estilo europeo. En los interiores, el pesado mobiliario colonial de palisandro cedió su lugar a ligeros muebles ingleses de caoba. Los barracones de esclavos (senzalas) fueron desapareciendo paulatinamente. Los trabajadores libres que reemplazaron a los esclavos se fueron mudando a casas de alquiler en el centro de las ciudades o a pequeñas casas en las áreas suburbanas. Las calles dejaron de ser territorio exclusivo de los hombres, esclavos y clases subalternas, y se empezó a ver con más frecuencia en los lugares públicos a mujeres de clase alta y media. También había más escuelas y puestos de trabajo para mujeres que anteriormente. Podía vérselas como maestras, costureras y oficinistas. En las últimas décadas del imperio, las costumbres habían ido cambiando, y surgieron nuevas oportunidades de inversión, empleo, movilidad social y participación política.

Sin embargo, todo esto sucedía principalmente en las ciudades portuarias. En el interior sólo se desarrollaron unas pocas poblaciones que funcionaban como importantes centros comerciales, como São Paulo, Campiñas y Pelotas. Los propietarios de plantaciones llevaron algún tipo de progreso hacia las áreas rurales: modernizaron sus residencias y jardines en las haciendas y promovieron asociaciones culturales y artísticas en las ciudades del interior. Pero, con esas excepciones, el contraste entre las ciudades portuarias y las áreas rurales continuó siendo espectacular. Las ciudades brasileñas fueron más producto de la expansión del comercio internacional que del crecimiento de un mercado interno; por eso estuvieron orientadas hacia Europa y tuvieron un papel relativamente poco importante en la transformación del interior del país.

Las líneas ferroviarias, en su mayor parte construidas con capital extranjero, empezaron a reemplazar a los sistemas tradicionales de transporte, como el transporte a lomo de mulas, las carretas tiradas por bueyes y las barcazas. Entre 1854 y 1872 se construyeron 933,3 kilómetros de vía férrea; entre 1873 y 1889 se añadieron otros 8.000 kilómetros; y hacia finales del imperio había 15.000 kilómetros en construcción. En algunas regiones, el ferrocarril creó mejores condiciones para la integración del mercado interno. Sin embargo, la construcción de vías férreas se realizó principalmente para facilitar la circulación de productos brasileños hacia el mercado internacional, y por esta razón se solían concentrar en las áreas cafeteras y azucareras y se orientaban hacia las ciudades portuarias.

La mejora de los medios de comunicación, el crecimiento del mercado interno, la acumulación de capital, y sobre todo la elevación de los aranceles a la importación, que el gobierno se vio obligado a adoptar para incrementar sus ingresos, favorecieron el desarrollo de las industrias. Entre 1875 y 1890 el número de fábricas creció de 175 a más de 600. En 1880 había 18.100 personas registradas como trabajadores de la industria; diez años más tarde su número llegó a 50.000. Las fábricas productoras de bienes de consumo —tejidos, cerveza, cigarrillos, jabones, velas, cerillas, sombreros—, así como las curtidurías, fundiciones, aserraderos y fábricas de papel y de vidrio, estaban concentradas en los centros urbanos de Minas Gerais, Río de Janeiro, São Paulo y Río Grande do Sul, en donde la disponibilidad de mano de obra y capital, de una infraestructura de crédito y transporte, y la existencia de un mercado relativamente estable, creaban condiciones favorables para el desarrollo industrial. La guerra con Paraguay estimuló la fabricación de productos náuticos, ópticos y químicos. En los años ochenta, los industriales —aunque todavía en pequeño número— se sintieron lo suficientemente fuertes para fundar la Asociación Industrial en Río de Janeiro, con el propósito de defender sus intereses. Era uno más entre los muchos grupos de intereses que habían aparecido en la escena política como consecuencia de los cambios que tuvieron lugar en Brasil en la segunda mitad del siglo XIX. El cambio económico y social hacía cada vez más difícil a las élites políticas el manejo de la nación según las pautas tradicionales, y en las dos últimas décadas del siglo el régimen imperial se convirtió en el blanco de críticas por parte de muchos grupos de la sociedad.

El crecimiento económico produjo importantes desequilibrios entre el poder económico y el político. La diversificación económica creó conflictos de intereses entre provincias cuya economía estaba orientada principalmente hacia el mercado interno y provincias orientadas principalmente al mercado exterior, entre provincias que todavía dependían de la mano de obra esclava y provincias en que la esclavitud ya había desaparecido. Las provincias compitieron por subsidios y créditos gubernamentales. La presión para ampliar la infraestructura hizo que las provincias se tornaran más conscientes de su dependencia del gobierno central. La situación se complicó por los conflictos en cada una de las provincias entre los plantadores que modernizaban sus métodos de producción y aquellos que, por falta de capital, continuaban empleando los métodos tradicionales. La producción de azúcar sufrió una transformación fundamental. En 1857, el 66 por 100 de los ingenios azucareros de Pernambuco estaba accionado todavía por tracción animal, el 31 por 100 por agua, y sólo el 2 por 100 funcionaba con vapor. Pero después de 1870, el número de ingenios accionados por vapor creció rápidamente, alcanzando el 21,5 por 100 en 1881. Se introdujeron en los hornos, tachos al vacío, centrifugadoras y otros adelantos. También se mejoraron los procesos del café mediante el uso de secadores, desgranadores y trilladoras. Todo eso condujo a un aumento de la productividad. Junto a los cambios en los sistemas de fabricación, también hubo cambios en el sistema de la mano de obra, con el número creciente de trabajadores libres en ciertas áreas, mientras que en otras se continuaba recurriendo a los esclavos. Dado que no todos los propietarios tenían capital suficiente para modernizar sus plantaciones, muchos tuvieron que seguir recurriendo a las prácticas tradicionales. A menudo, éstos se enfrentaban en la legislatura con los representantes de las áreas más productivas cuando discutían temas relacionados con la política de tierras y de la mano de obra, el trazado de las líneas férreas y los subsidios gubernamentales. Unos querían reemplazar los esclavos por culíes, mientras que otros preferían los inmigrantes europeos a los chinos. Algunos pensaban que el gobierno debía subvencionar la inmigración y que los inmigrantes no debían tener acceso a la tierra para que así fuesen forzados a trabajar en las plantaciones. Otros eran contrarios a los subsidios y querían atraer a los inmigrantes dándoles tierras.

El crecimiento económico y la diversificación no sólo produjeron conflictos entre grupos agrarios, sino que crearon grupos de interés ligados al ferrocarril, a las industrias, a los bancos y seguros, a las compañías de inmigración y a los servicios públicos. Esos grupos tenían sus propias reivindicaciones, y sus intereses no siempre coincidían con los de los que controlaban el gobierno central. Los industriales, por ejemplo, solicitaban aranceles proteccionistas y apoyo gubernamental, pero al mismo tiempo se quejaban de las interferencias políticas y del control gubernamental. En el manifiesto publicado en 1881 por la recién creada Asociación Industrial se acusaba al gobierno de ignorar los esfuerzos de los industriales y de poner obstáculos a sus empresas. Se acusaba al gobierno de favorecer a los plantadores de café y de adoptar una política de libre comercio que dificultaba el desarrollo industrial. En el manifiesto también se criticaba la enseñanza que recibían las clases dirigentes en las facultades de derecho, que los convertía en letrados en lugar de científicos. Finalmente, se quejaba de la ausencia de representación parlamentaria de las «clases productivas»[3].

Los industriales tenían otras razones para estar descontentos. Las frecuentes crisis que golpearon al mundo capitalista durante el siglo XIX dañaron a los hombres de negocios brasileños. Cuando los bancos de Londres y Nueva York retiraron el crédito y cayeron los precios de los productos de exportación en los mercados internacionales, se produjo una sucesión de bancarrotas. En 1857, 1864 y 1873, importantes empresas tuvieron que ser liquidadas, produciendo el pánico en el mercado financiero y un descontento general, traducido a menudo en forma de críticas contra la política económica del gobierno.

Los hombres de negocios y empresarios no fueron los únicos que criticaban a las élites políticas y a las clases dominantes. Los pobres que vivían en los centros urbanos sufrían por la subida de precios de los productos alimentarios, y a menudo atribuían sus desgracias a la política gubernamental. El número creciente de asalariados en las ciudades planteó nuevas cuestiones y creó problemas de control social, que la élite, habituada a tratar con esclavos, todavía no sabía cómo manejar. La revolta dos vintens (la revuelta de los veintenes, antigua moneda de cobre portuguesa), que provocó la caída de un gabinete, fue quizá la más importante del periodo. Tuvo lugar en Río el 1 de enero de 1880, cuando las masas, exasperadas por el aumento del precio del billete del tranvía, se enfrentaron a la policía, que sólo consiguió restablecer el orden después de tres días de disturbios.

Los artesanos y trabajadores, que se quejaban de la competencia de los productos extranjeros, protestaban a menudo contra la política del gobierno, pidiendo medidas proteccionistas para los productos nacionales. Sus manifiestos a veces se parecían a los de los industriales. En 1885, por ejemplo, en una carta dirigida al emperador, el Corpo Coletivo União Operária pedía la exención de los aranceles de importación de maquinaria industrial, la exención de impuestos sobre la propiedad en las fábricas, la abolición de privilegios y monopolios concedidos a ciertos comercios, derechos arancelarios sobre los productos extranjeros, y facilidades crediticias[4]. Pero al mismo tiempo empezó a surgir con más frecuencia en los periódicos dirigidos a los obreros una retórica de lucha de clases. El número de organizaciones obreras creció en la última década del imperio y apareció el primer partido socialista. En la década de 1880, manifestaciones ocasionales de obreros empezaron a cambiar el ritmo de vida en las ciudades.

Las nuevas masas urbanas no sólo eran una fuente de preocupaciones, sino que constituían un electorado potencial. Por primera vez, los políticos se dirigían a las masas en espacios públicos. Los abolicionistas fueron el primer grupo que lo hizo sistemáticamente. Hombres como Lopes Trovão (uno de los pocos socialistas de su época) dejaron las salas de conferencias y los salones para hablar a la gente en las calles. Las costumbres políticas cambiaron. Un número creciente de mujeres se comprometió con asociaciones abolicionistas. Los periódicos dirigidos al público femenino se multiplicaron, y apareció la primera prensa feminista en demanda del acceso de la mujer a las escuelas profesionales.

El cambio económico en el campo también causó profundas dislocaciones sociales, que se reflejaron en la escena política. Con la expansión del mercado interno y las mejoras en los medios de transporte, campesinos que se habían dedicado sobre todo a la producción de subsistencia empezaron a producir más para el mercado. Esta transición fue acelerada por la creación de nuevos impuestos que tenían como objetivo proporcionar al gobierno los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura económica. En el interior, la acumulación de capital en manos de comerciantes y de unos pocos artesanos y pequeños granjeros acentuó las desigualdades sociales, rompiendo vínculos de parentesco y formas de acomodamiento tradicionales y creando un profundo malestar social expresado con frecuencia en rebeliones populares.

Un buen ejemplo de este proceso fue la «rebelión de los muckers» (patanes), que se produjo en Río Grande do Sul entre 1868 y 1874. Durante esos años, las tradicionalmente pacíficas comunidades de colonos alemanas de São Leopoldo se vieron sacudidas por un movimiento mesiánico que finalizó en una violenta confrontación entre los rebeldes y las autoridades locales. Los rebeldes, conocidos como los muckers, condenaban el dinero y el comercio y rechazaban los nuevos modelos de movilidad social, prestigio y relaciones de clases basados en el dinero. Acusaban a los ricos de oscurantismo e intentaron invertir los modelos sociales organizando un grupo regido por los principios de fraternidad e igualdad. Los muckers rehusaban votar y abandonaron escuelas e iglesias para crear su propia religión, una religión que valoraba la comunicación directa con Dios. El movimiento fue reprimido por las autoridades, pero abrió los ojos a las élites sobre los peligros de una rebelión popular.

Por la misma época en que los muckers estaban revolucionando el sur, las tierras interiores del noreste fueron sacudidas por varios levantamientos conocidos como quebra quilos, debido a que los rebeldes protestaban contra el sistema métrico decimal. Pero en el fondo había mucho más que los quilos. Los granjeros pobres rehusaron aceptar el sistema métrico decimal, el reclutamiento militar y los nuevos impuestos establecidos por el gobierno. Hombres y mujeres furiosos invadieron los ayuntamientos y notarías, destruyendo las listas de impuestos y de reclutamiento, saquearon los comercios y aterrorizaron a los comerciantes extranjeros. El gobierno sospechó que tras los rebeldes estaban los sacerdotes, que se oponían al gobierno debido a la protección que éste daba a los francmasones, condenados por el papa. Pero el lema de «Abajo los masones», coreado por los rebeldes, tenía que ver más con su hostilidad hacia las clases dominantes que con su lealtad al clero. Ambas rebeliones, la de quebra quilos y la de los muckers, expresaban las frustraciones provocadas por las crecientes desigualdades sociales, la explotación y la destrucción de los sistemas tradicionales de vida.

EL SISTEMA POLÍTICO DEL IMPERIO

El sistema político creado en el momento de la independencia reflejaba las necesidades de una élite de terratenientes y comerciantes y su clientela, interesados en mantener las estructuras tradicionales de producción, basadas en la mano de obra esclava y en la exportación de los productos coloniales hacia el mercado internacional, y, sobre todo, en gobernar el país sin tener en cuenta a los sectores populares, a los que temían y despreciaban. El sistema era extremadamente centralista, oligárquico y nada representativo. Por eso no era lo suficientemente flexible para ajustarse a los cambios en la estructura económica y social que estaban ocurriendo en la segunda mitad del siglo XIX.

Según la Constitución de 1824, el primer mandatario, el emperador, era el responsable del nombramiento y la promoción de personal en la burocracia civil y militar. El emperador era también el encargado de poner en práctica la legislación aprobada por el Parlamento, y tenía la última palabra sobre la distribución de los recursos entre las diferentes ramas administrativas. Una de las responsabilidades más importantes del primer mandatario era la de conceder o denegar el permiso para la implantación de las bulas papales en el país. El emperador también tenía poderes para nombrar a los obispos y para distribuir beneficios eclesiásticos. Además de sus poderes como primer mandatario, el emperador gozaba de otras prerrogativas como consecuencia del «poder moderador», una invención del publicista francés Benjamín Constant que había atraído a los redactores de la Constitución. Entre estas prerrogativas adicionales, el emperador tenía el poder de escoger y destituir a su primer ministro independientemente del Parlamento, prorrogar o disolver la Cámara de Diputados, y convocar nuevas elecciones. Esto significaba que si la Cámara denegaba su confianza a un gabinete, el emperador podía mantener el gabinete y disolver la Cámara, convocando nuevas elecciones. También tenía el derecho de nombrar a los miembros del Consejo de Estado y de escoger a cada senador entre la terna de candidatos que recibiera más votos en las elecciones al Senado. De todo esto se podría deducir que la Constitución había conferido un poder absoluto al emperador, y de hecho esta fue la opinión general durante el primer y el segundo imperio. Sin embargo, la Constitución también había limitado su poder, disponiendo que sus decisiones debían ser sometidas antes al Consejo de Estado para su discusión. Se podría argumentar que, dado que los consejeros habían sido escogidos por el emperador, tendrían la tendencia a estar de acuerdo con él, y en caso de que estuvieran en desacuerdo, no tenían poder para vetar sus decisiones. Aun así, la gratitud no era necesariamente sinónimo de servilismo. Además, como el nombramiento de consejero era vitalicio, eso les permitía que fuesen hasta cierto punto independientes del emperador.

Cuando se mira más allá de la letra de la Constitución y se examina su práctica, se puede constatar que, al contrario de lo que los críticos han dicho, Pedro II —por convicción y por temperamento— nunca impuso su voluntad en temas de importancia nacional. Cuando fue presionado por los consejeros, a menudo el emperador actuó contra sus propias convicciones. Las oligarquías, y no el emperador, manejaban el país. Pero la posición oficial que el emperador ocupó en la escena política concentró sobre él todas las esperanzas y resentimientos. Si el candidato senatorial que encabezaba la lista no era escogido por el emperador, que prefería al segundo o al tercero de la lista, aquél expresaba su resentimiento atacando al «poder moderador». Si el emperador elegía a un senador de la oposición, era criticado por el partido en el poder, y si escogía a uno del partido en el poder, era atacado por la oposición. Así, el derecho a escoger senadores y consejeros, ideado originariamente para aumentar los poderes del emperador, de hecho debilitaba su posición. Lo mismo se puede decir de su derecho a intervenir en el Parlamento. Entre 1840 y 1889, el emperador disolvió la Cámara once veces. En ocho de esas ocasiones su intervención ocasionó una inversión en la situación política: los liberales fueron reemplazados por los conservadores, o viceversa. Cada una de las veces, los que se vieron obligados a dejar sus escaños protestaron ruidosamente contra los «abusos del poder moderador».

Durante la década de 1850 y principios de la de 1860, periodo conocido como «de conciliación», esas crisis no tuvieron demasiado impacto debido a que existía un relativo consenso entre las élites, con liberales y conservadores incluidos en los mismos gabinetes. Pero con los crecientes conflictos de intereses derivados de los cambios económicos y sociales, la conciliación se rompió. Liberales y conservadores compitieron por el poder en diferentes plataformas, y en el interior de cada partido los miembros que representaban intereses diferentes, y a veces conflictivos, discreparon en temas políticos de importancia. Como consecuencia no sólo los gabinetes eran inestables, sino que la intervención del emperador se volvía particularmente relevante y provocaba fuertes reacciones. El frecuente uso de la prerrogativa imperial de disolver la Cámara y convocar elecciones socavó tanto el prestigio del emperador como el del propio sistema monárquico.

El proceso político estaba viciado por el fraude electoral, que permitía al gabinete la manipulación de las elecciones en favor de su propio partido. Dado que las elecciones no significaban una consulta real a la nación, las intervenciones del emperador eran vistas como gestos arbitrarios e ilegítimos para forzar un cambio político. El fraude electoral era facilitado por la escasa dimensión del electorado. Los criterios para la calificación de los electores y el sistema de elección indirecta reducían la cifra de electores a un porcentaje insignificante del total de la población. Sólo los hombres de más de 25 años (a excepción de los militares y de los hombres casados mayores de 21 años) con unos ingresos anuales de 100 milréis podían ser electores. Las mujeres, esclavos y sirvientes (con unas pocas excepciones tales como contables, administradores de haciendas y administrativos) estaban excluidos del electorado. En 1872, el número de electores fue aproximadamente de 200.000, de una población total de 10 millones de habitantes. Era fácil la manipulación de un electorado tan pequeño.

Durante las elecciones, los gabinetes recurrían a toda suerte de maniobras para silenciar a la oposición. Reemplazaban a los presidentes provinciales y funcionarios leales a la oposición por otros que apoyaban al gobierno. Creaban círculos en los lugares donde tenían amigos y los disolvían cuando tenían enemigos. Hostigaban a los votantes miembros de la oposición, amenazándoles con el reclutamiento, y premiaban a los que apoyaban al gabinete con trabajos, promoción y prebendas. Algunas veces llegaron hasta el extremo de movilizar a la Guardia Nacional para intimidar a los electores de la oposición, obligándoles a quedarse en sus casas el día de las elecciones.

En 1842, 1855 y 1860 se pusieron en práctica reformas para intentar eliminar el fraude electoral y para garantizar la representación de la oposición, pero todas ellas fracasaron. Ninguna de esas reformas atacó a la verdadera raíz del problema: el monopolio de la tierra por parte de una minoría de la que dependía la mayoría de la población rural, la marginación de grandes segmentos de la población respecto a los sectores productivos de la economía, y la ausencia de instituciones que pudieran garantizar la independencia de los electores y mediar entre ellos y el gobierno. Y principalmente, las reformas electorales no tocaron las fuentes del sistema de patronazgo y clientelismo, que permitían que una minoría pudiera controlar la nación.

Este control del electorado por parte de una minoría sentó las bases de una fuerte oligarquía, que se perpetuó a sí misma mediante el bloqueo del acceso al poder a todos aquellos que no estaban dispuestos a aceptar las normas del clientelismo. El nombramiento vitalicio de los consejeros de Estado y de los senadores contribuyó a consolidar esta oligarquía. Un hombre que alcanzara el Senado a la edad de 40 años (el mínimo requerido por la ley) podía permanecer en su escaño durante tres o cuatro décadas. Algunos de los que fueron nombrados a mediados de siglo estaban todavía en el Senado cuando fue derrocada la monarquía, casi 40 años después. Por supuesto había excepciones. Como media, el Senado era renovado cada quince años, pero para los miembros de la Cámara que aspiraran a una posición en el Senado esta espera les debía resultar muy larga.

Los senadores constituían un poderoso grupo que monopolizaba importantes puestos en el Parlamento. Los miembros permanentes del Consejo de Estado eran reclutados en el Senado; y, salvo una única excepción, todos los presidentes del gabinete durante el imperio fueron senadores. Muchos senadores llegaron a presidentes de provincia y más del 40 por 100 de los senadores gozaba de títulos nobiliarios.

Los hombres que habían creado estas instituciones habían confiado en que el nombramiento vitalicio de los senadores les garantizaría una cierta autonomía ante las presiones políticas y electorales. Lo que no habían previsto es que, con el tiempo, esas instituciones carecerían de la flexibilidad necesaria para responder a los cambios que se produjeran en la sociedad. Esto explica por qué la abolición del sistema vitalicio de los senadores y la disolución del Consejo de Estado, o la reducción de su jurisdicción, fueran demandas tan frecuentes en las plataformas reformistas.

Otra fuente de descontento era el desequilibrio entre el poder económico y el político, que se hizo evidente en los últimos años del imperio. Originariamente, el número de representantes por provincia era más o menos proporcional a su población total (incluyendo esclavos), y la concentración demográfica correspondía a la importancia económica y al poder político. El desarrollo económico y el crecimiento demográfico desigual rompieron esta correspondencia y, al final del imperio, las nuevas élites económicas, que estaban concentradas en unas pocas provincias prósperas, se sintieron insuficientemente representadas. Desde el principio, Minas Gerais, la antigua zona aurífera y la provincia más poblada, tuvo la delegación más amplia, con veinte representantes. São Paulo tenía nueve, y Ceará y Río de Janeiro ocho cada una. A finales del imperio, Minas continuaba teniendo el mayor número de representantes y la mayoría de las provincias había aumentado su representación, con la excepción de São Paulo, a pesar de que la producción de café la había convertido en la provincia más rica del país. Hacia finales del imperio, teniendo en cuenta sus recursos, São Paulo, Pará y Río Grande do Sul estaban claramente subrepresentadas en el gobierno.

La preponderancia política de algunas provincias también era evidente en el Senado y en el Consejo de Estado, donde la mayoría de los miembros procedía de Río de Janeiro, Minas y Pernambuco. Además, los senadores no tenían que ser nativos de una provincia o tener su residencia en la misma para poder representarla. Río Branco, un nativo de Bahía, representaba a Mato Grosso en el Senado. Sales Torres Homem, un nativo de Río de Janeiro, representaba a Río Grande do Sul. Alfredo de Taunay, también de Río, representaba a Santa Catarina. Cuatro provincias tenían una representación en el Senado casi igual a todas las demás juntas, y también monopolizaban las posiciones en el gabinete. Entre 1847, año en que se creó el cargo de presidente del gabinete o primer ministro, y el final del imperio hubo 30 primeros ministros; 11 fueron de Bahía, 5 de Minas Gerais, 5 de Pernambuco, 4 de Río de Janeiro, 2 de São Paulo, 2 de Piauí y 1 de Alagoas. Entre 1840 y 1889, la mayoría del gabinete procedía de Bahía (57), seguida de Río de Janeiro (47), Minas (35) y Pernambuco (29). Esas cuatro provincias monopolizaron el gobierno central, mientras que otras provincias que se habían desarrollado en las últimas décadas del imperio, como São Paulo, Paré y Río Grande do Sul, tenían una representación en el gobierno relativamente pequeña, por lo que se fue intensificando su insatisfacción por la falta de poder político.

La representación no fue un problema serio hasta que el desarrollo económico empezó a producir intereses contradictorios, y las diferentes élites regionales dejaron de estar de acuerdo en asuntos tales como los aranceles, la política laboral y territorial y los subsidios gubernamentales. El monopolio del poder por una oligarquía que no representaba adecuadamente los intereses de las áreas más desarrolladas del país dio lugar a amargas críticas.

La situación no habría llegado a ser tan crítica si las provincias hubieran gozado de mayor autonomía y si el gobierno central no hubiera ejercido tanto control sobre la nación. Pero la centralización del sistema político permitió a un pequeño grupo de políticos, muchos de ellos con cargos vitalicios, intervenir en muchos y diversos aspectos de la vida del país.

Las provincias eran económicamente dependientes del gobierno central. Las cifras para el año 1868 muestran que el gobierno central recibía de las provincias el 80 por 100 de todas las rentas públicas, mientras que las provincias recibían sólo un 16,7 por 100 y los municipios un 2,5 por 100. Los presidentes de las provincias eran nombrados por el gobierno central. Cuando un gabinete liberal sustituía a uno conservador, o viceversa, el nuevo gabinete reemplazaba inmediatamente a todos los presidentes de las provincias por otros compatibles con la nueva situación política. Esta práctica facilitaba las relaciones entre los gobiernos central y provinciales, pero ocasionaba problemas a nivel local. A menudo, un presidente provincial procedía de otra provincia. Generalmente, su mandato no era lo suficientemente largo como para permitirle crear vínculos locales fuertes, y frecuentemente se desplazaban de una provincia a otra. José Antonio Saraiva, por ejemplo, fue sucesivamente presidente de las provincias de Piauí, Pernambuco, Alagoas y São Paulo. João Lins de Sinimbu fue presidente en Alagoas, Sergipe y Río Grande do Sul. Sin embargo, los presidentes de provincias tenían grandes poderes; el nombramiento de importantes burócratas provinciales, jefes de policía, jueces, el jefe de la Guardia Nacional y el jefe del ejército, dependía del presidente. Esto, indirectamente, daba al gobierno central un gran control sobre las provincias. Mientras los intereses de los políticos que controlaban el gobierno y los de las élites regionales coincidieran, el sistema funcionaba sin conflictos graves; pero cuando el cambio económico y social empezó a producir intereses contrapuestos o competitivos, la situación se tornó tensa. En los últimos tiempos del imperio, los grupos dominantes en Pará y Pernambuco, al igual que los de São Paulo y Río Grande do Sul, se lamentaban de que el gobierno central no hacía lo suficiente para satisfacer sus necesidades. La solución de este problema parecía ser la autonomía provincial; de esta forma, muchos empezaron a ver con buenos ojos al federalismo.

Otra fuente de conflictos en las últimas décadas del imperio fue la interferencia política del ejército. A los militares les disgustaba su subordinación a los presidentes provinciales y pidieron la creación de una jerarquía militar independiente, subordinada directamente al Ministerio de la Guerra. También se quejaban del hecho de que los ascensos a los altos cargos del escalafón militar dependieran del emperador y del Consejo de Estado. Para los militares que no tuvieran vínculos personales con políticos —y su número fue creciendo en la segunda mitad del siglo XIX—, los ascensos eran casi un sueño imposible. Otra fuente de quejas por parte de los oficiales del ejército fue la práctica de los políticos de usar el reclutamiento militar como instrumento de presión contra la oposición y de favorecer a su clientela con exenciones del reclutamiento militar. Mientras los oficiales del ejército fueron reclutados entre las clases altas la insatisfacción de los militares no constituyó un problema muy serio, pero con la democratización del ejército creció el número de los descontentos. Los nuevos oficiales, sin las conexiones necesarias para que se beneficiasen del sistema de patronazgo, se sintieron cada vez más incompatibles con el sistema.

Tras las guerras contra Argentina, en la década de 1850, y Paraguay, en la de 1860, el ejército no sólo se volvió más democrático, sino también más unido. Los conflictos personales entre oficiales y políticos se convirtieron, entonces, en conflictos entre el ejército y el gobierno. Las guerras sirvieron para demostrar que el ejército estaba mal equipado y desorganizado. Los oficiales culpaban al gobierno de sus fracasos, y cuando en las décadas de 1870 y 1880 un grupo de oficiales decidió mejorar las condiciones del ejército, se encontraron con que las influencias políticas eran el principal obstáculo para alcanzar sus objetivos, volviéndose en consecuencia cada vez más críticos con las instituciones y élites políticas.

El clero, comprometido con la nueva línea agresiva adoptada por Pío IX, compartía algunos de esos sentimientos. La Constitución de 1824 había hecho del catolicismo la religión del Estado, pero al mismo tiempo mantuvo a la Iglesia bajo el control del Estado. El gobierno estaba habilitado para intervenir en detalles insignificantes de la vida de la Iglesia, como la creación o cierre de parroquias, los salarios de los sacerdotes y la adopción de libros de texto en los seminarios. Otros temas de mayor importancia, como la implantación de las bulas papales o la recomendación de obispos al papa, también quedaban a cuidado del gobierno. Durante el imperio, todas esas decisiones, que afectaban íntimamente a la vida de la Iglesia, fueron tomadas por políticos y, a menudo, por razones políticas. La Iglesia, como otras instituciones, estaba atada al Estado y dependía del patronazgo político. Los sacerdotes reformistas, dedicados a una mayor disciplina religiosa, se lamentaban de la mediación de los políticos en los asuntos eclesiásticos. Ello condujo, durante la década de 1870, a un conflicto entre la Iglesia y el Estado.

El gobierno central no sólo interfería en el ejército y la Iglesia, sino que también jugaba un papel relevante en la economía. Legislaba sobre aranceles de importación y exportación, supervisaba la distribución de tierras desocupadas, formulaba la política de mano de obra y la de inmigración y negociaba los créditos. También controlaba los bancos, los ferrocarriles y las sociedades anónimas. Para crear cualquiera de estas sociedades en el país se precisaba el permiso del Consejo de Estado. El gobierno no sólo era el regulador de las empresas nacionales e internacionales, sino también su protector, autorizando o prohibiendo su funcionamiento, proporcionando subvenciones, garantizando intereses, estableciendo prioridades y concediendo exenciones fiscales. El patronazgo del Estado o, en otras palabras, el patronazgo de los políticos, podía determinar el éxito o el fracaso de las empresas. Los empresarios estaban totalmente a merced de los políticos. Este sistema pudo funcionar sin demasiados problemas mientras hubo relativamente pocas empresas y mientras los empresarios pertenecían a las élites o podían encontrar fácilmente patrocinadores que les proporcionaran conexiones personales. Pero ese sistema de patronazgo y clientelismo empezó a ser ineficaz cuando se multiplicaron los negocios. Por lo tanto, no es sorprendente que hacia finales del siglo hubiera una creciente desaprobación del intervencionismo del Estado en la economía, y, por extensión, del poder oligárquico y las instituciones que lo apoyaban. De hecho, muchos empresarios, como el barón de Mauá, el constructor de ferrocarriles e industrial más destacado de Brasil en el siglo XIX, no hubieran podido sobrevivir sin apoyo gubernamental. Sus éxitos dependían de los aranceles, contratos gubernamentales, concesiones del gobierno, créditos y subvenciones estatales, y, a veces incluso, de la diplomacia del gobierno. El capitalismo en Brasil se desarrolló dentro de la red del clientelismo, y la tensión entre ese sistema y las ideas de la libre empresa no desapareció con el imperio.

Los que controlaban el gobierno central eran reacios a abandonar el sistema de patronazgo porque les permitía dominar a las élites regionales y mantener un férreo control sobre el ejército, la Iglesia y las empresas económicas. El clientelismo era su mejor fuente de poder y prestigio político. Como consecuencia de estas prácticas, los políticos en Brasil eran vistos no sólo como representantes, sino como benefactores, y su poder político dependía de su capacidad para distribuir favores.

Por las mismas razones, las oligarquías se oponían a crear un sistema meritocrático en el servicio público, que hubiera emancipado la burocracia del patronazgo político, como el propio emperador había recomendado. La creación de un cuerpo permanente de burócratas, seleccionado según criterios de méritos y talento, hubiera quitado a los políticos una de sus mayores fuentes de favores. Por eso, los criterios que prevalecieron en la selección de la burocracia fueron la amistad personal y la lealtad al partido. El cambio de partido político en el poder suponía siempre un cambio en la burocracia. Cuando un partido sufría una derrota, los burócratas perdían sus puestos de trabajo de la noche a la mañana. La norma en la burocracia era la persecución del adversario político. Un político que fue nombrado presidente provincial recuerda en sus memorias que los líderes del partido local esperaban de él que enviara a las maestras de enseñanza elemental a localidades remotas, para castigar a sus maridos por haber apoyado a la oposición[5]. Es fácil imaginar la hostilidad y resentimiento de aquellos que veían sus carreras interrumpidas bruscamente por la intervención de poderosos dirigentes políticos. Hombres totalmente dependientes del patronazgo político llegarían, con el tiempo, a odiar un sistema que daba una tal inseguridad a sus vidas, y a soñar con un sistema que premiara sus méritos y competencia.

Pero el patronazgo, y no el talento, iba a continuar siendo el requisito para el éxito. El libre juego de mercado no era suficiente para garantizar la movilidad social. Detrás de cada self made man había siempre un padrino. El proverbio, todavía vigente en el Brasil de hoy, de que «el que no tiene un padrino muere pagano» describe muy bien la situación durante el imperio. Los políticos no triunfaban en sus carreras, los funcionarios no ocupaban puestos en la administración pública, los escritores no llegaban a hacerse famosos, los generales no ascendían, los obispos no eran designados, las empresas no se organizaban, sin la ayuda de un padrino.

Las carreras de muchos políticos del imperio muestran que no era su programa el que servía para recomendar a un candidato a sus electores, sino sus contactos y sus asociaciones con figuras poderosas. La carrera política de un joven era una decisión familiar. Sus opciones políticas eran decididas a priori por su familia. Y la lucha política era, sobre todo, una lucha entre facciones bajo el liderazgo de familias prestigiosas. Fuera que procedieran de la élite terrateniente —como el barón de Cotegipe, que poseía una plantación de azúcar en Bahía— o de una familia de profesionales —como Paulino José Soares de Sousa, vizconde de Uruguay, cuyo padre era médico, y él mismo un abogado que se había casado con una heredera de una familia de terratenientes de Río de Janeiro—, los políticos frecuentemente representaban en la Cámara, Senado o Consejo de Estado los intereses de propietarios de plantaciones y comerciantes, quienes estaban ligados por vínculos de clientelismo.

Este sistema de alianzas y pactos y la manipulación del electorado favorecieron la creación de dinastías de políticos: los Ferreira Franca, los Nabuco de Araújo, los Cavalcanti de Alburquerque, los Soares de Sousa. Los padres promocionaban a sus hijos, los tíos a sus sobrinos, y parientes y amigos se apoyaban unos a otros. Joaquim Nabuco decía, hablando de los Cavalcanti, propietarios de la tercera parte de los ingenios azucareros de la provincia de Pernambuco, que ellos —una gran, rica y bien establecida familia, cuyos miembros habían ocupado siempre elevadas posiciones en el gobierno y en la legislatura— tenían la influencia que debían tener. Políticos como Nabuco, cuyo propio escaño en el Parlamento era debido a sus conexiones familiares, solían creer que el poder de las grandes familias, como la de los Cavalcanti, derivaba de la «naturaleza de las cosas». Presunciones como ésta sólo podían producir ambivalencia en las mentes de quienes, como Nabuco, más tarde apoyarían la reforma liberal, desafiando a la oligarquía tradicional y a las instituciones políticas del imperio.

Esta ambivalencia sería compartida por otras personas, dado que, como ya se ha señalado, el clientelismo no se hallaba confinado exclusivamente a las carreras políticas. Burócratas, periodistas, escritores, artistas y comerciantes, todos tenían que seguir las reglas del clientelismo. El novelista José de Alencar, caracterizando la situación de la década de 1860, comentaba:

Empresas industriales, asociaciones comerciales, bancos, obras públicas, operaciones financieras, privilegios… todas esas abundantes fuentes de riqueza proceden de las alturas del poder. La burocracia las distribuye entre sus favoritos y las deniega a los que caen en desgracia. Todo depende del patronazgo político, y hasta la prensa precisa de subsidios estatales para subsistir[6].

La primera generación de intelectuales que alcanzó la madurez en los tiempos de la independencia o en los años inmediatamente subsiguientes fue absorbida casi en su totalidad por el sistema político. Si el mercado para sus libros era limitado, en un país en el que la mayoría de la población era analfabeta, los intelectuales al menos podían sobrevivir gracias al patronazgo político y hacer carrera en la política o en la administración. Así, se convirtieron en representantes, consejeros, senadores, embajadores, funcionarios públicos. Muchos de ellos recibieron títulos nobiliarios. Domingo Gonçalves de Magalhães, considerado como el padre del romanticismo en Brasil, fue miembro de la Cámara, diplomático en Europa, miembro del Consejo de Estado y amigo personal del emperador. Recibió muchas condecoraciones y fue nombrado barón y vizconde de Araguai. Antonio Gonçalves Días, uno de los poetas más destacados del periodo, fue nombrado profesor de latín e historia en el famoso Colegio Pedro II y, posteriormente, enviado a Europa en misión oficial. José de Alencar, el novelista romántico más importante del periodo, fue miembro de la Cámara, del Consejo de Estado y ministro de Justicia. Y, mientras los políticos organizaban la nación tras la independencia de acuerdo con los modelos constitucionales europeos, esta primera generación de escritores, aunque intensamente nacionalista, importó los modelos europeos e idealizó la realidad brasileña. Refiriéndose a ellos, un escritor de la segunda generación se lamentaba que les faltaba realismo: «Describían selvas sin mosquitos ni fiebres»[7]. Sin embargo, paulatinamente, fueron reduciéndose las oportunidades políticas, ya que la mayoría de las posiciones estaban ya ocupadas, y en la burocracia o en la corte sólo quedaban puestos de menor importancia. Con escasas excepciones, los escritores nacidos en la década de 1830, como Bernardo de Guimarães, Casimiro de Abreu, Manuel Alvares de Azevedo —por haber muerto jóvenes o por haber carecido de las oportunidades de la generación anterior—, ni participaron en política ni tuvieron puestos de importancia en la administración. Tampoco pudieron ganarse la vida como escritores. Por ello no es sorprendente que tuvieran la sensación de encontrarse en un callejón sin salida y que adoptaran un estilo bohemio; Byron y Musset fueron sus modelos. Alienados del mundo que les rodeaba —un mundo que se sentían incapaces de cambiar—, se sumergían en sus tormentos personales, se dedicaban incesantemente a la introspección de sus almas, exploraban lo grotesco, o se mofaban de la sociedad.

El crecimiento del mercado de libros, aunque modesto, y la proliferación de periódicos y revistas en la segunda mitad de siglo, abrieron nuevas oportunidades para la carrera literaria. La crítica social y el reformismo militante ofrecían una alternativa a la desesperanza y la soledad. Mientras Alvares de Azevedo se debatía acosado por sus fantasmas personales, Castro Alves encontró en la lucha entre los hombres y la sociedad su fuente de inspiración y se convirtió en el poeta de los esclavos. Esta tercera generación de escritores condenó la retórica, el estilo y los temas de las generaciones anteriores, exigiendo una visión más «objetiva» del mundo. Sus modelos no estaban inspirados en el romanticismo, sino en el realismo y el naturalismo. Los jóvenes novelistas y poetas abandonaron la retórica parlamentaria, la prosa convencional de los salones, las intrigas de las élites, la idealización del mundo indígena y la desesperanza lírica de las generaciones anteriores para centrarse en la vida del «pueblo». En los últimos años del imperio y primeros de la república, Aluísio de Azevedo describía las tribulaciones de la vida en una casa de alquiler; Euclides da Cunha, la rebelión en las tierras del interior. Silvio Romero recogía cuentos y canciones populares, y condenaba «los libros de historia carentes de ciencia y de pasión, páginas en las que la eterna víctima, el eterno rebelde, el eterno héroe —el pueblo— estaba siempre ausente»[8]. Pero las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, entre las tendencias «aristocráticas» y «burguesas», persistían. Hasta cierto punto, esas contradicciones reflejaron la posición del intelectual, pues si bien había un nuevo mercado para las ideas suficiente por lo menos para alimentar sus fantasías de independencia, los intelectuales brasileños continuaban dependiendo del patronazgo de la élite.

Esta dependencia, que, como ya hemos visto, estaba también presente en el mundo de los negocios, la política y la administración, permitía a las clases dirigentes controlar la movilidad social. Entremezclando las divisiones de clase y de color, e incorporando en la élite a los miembros de más talento de las nuevas clases nacientes, el sistema de patronazgo atenuó los conflictos raciales y de clase. Pero el sistema tenía sus propias contradicciones. Afirmaba lealtades, pero generaba resentimientos; podía maniatar al enemigo, pero rechazaba a sus aliados; podía silenciar críticas al sistema, pero transformaba partidarios en oponentes.

Algunos de los arribistas sociales a duras penas podían ocultar su ambivalencia. Otros sobrellevaban en silencio las contradicciones de sus propias situaciones. Luís Gama, un mulato nacido de madre esclava y padre blanco, vendido como esclavo y más tarde emancipado, llegó a ser abogado, militante abolicionista y uno de los fundadores del Partido Republicano en São Paulo. Poeta satírico, Gama se mofaba en sus versos de la élite vanidosa que menospreciaba sus raíces africanas, pero ello no le impidió convertirse en uno de sus miembros. Aunque fuera líder de un partido político que abogaba por deponer a la monarquía, y aunque fuera un abolicionista en una zona controlada por propietarios de esclavos, Gama murió glorificado por la élite. Su funeral fue acompañado por una multitud que abarcaba desde los ex esclavos a los que había ayudado a emanciparse hasta prominentes figuras de la política y de la administración. Si Gama expresaba su malestar en términos satíricos, Machado de Assis, otro mulato, lo ocultaba tras un velo de sutil ironía, mientras desempeñaba concienzudamente el papel que se le atribuía en el mundo de los blancos. Como novelista, dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio de los blancos y de sus ansiedades personales, refiriéndose rara vez a los negros o a los esclavos, y manteniendo una actitud de reserva hacia la abolición y la política. Aunque las experiencias de hombres como Machado de Assis y Gama fueran bastante excepcionales, ellos fueron vistos como una evidencia de la eficacia del sistema de patronazgo, y sus vidas alimentaron el mito de la democracia racial y del paternalismo de las élites brasileñas.

Caracterizando la alianza de las clases dirigentes con hombres de talento, José de Alencar escribía en 1865 que las élites brasileñas estaban constituidas por dos clases de personas: «los hombres ricos en talento pero pobres en bienes y los hombres ricos en bienes pero privados de lucidez». Los primeros, movidos por la necesidad y el amor a la ostentación, escalaban importantes posiciones en la administración; los segundos, ofrecían su apoyo a aquéllos a cambio de consideración y respeto[9].

Esta alianza de hombres de talento con hombres de poder explica en parte por qué, en la obra de Machado de Assis y otros novelistas, la ética del liberalismo y la ética del favor coexistían codo a codo. Sus novelas fueron escritas desde dos perspectivas contradictorias: por un lado, desde la perspectiva de una ideología burguesa, que abogaba por la autonomía del individuo, la universalidad de la ley, la cultura desinteresada, la devoción al trabajo y la austeridad; y por otro lado, desde el punto de vista de la ética del clientelismo, que cultivaba la dependencia del individuo, que prefería la excepción a la norma, enaltecía el ocio y la ostentación, y validaba la «cultura comprometida». La ambivalente ideología resultante de esta dispar combinación expresaba la experiencia no sólo de los escritores, sino la de muchos brasileños. La coexistencia de una ética de favores con una ética liberal reproducía, en el plano ideológico y en el lenguaje, la experiencia humana de la gente que vivía en una sociedad en la que el capitalismo crecía en el interior de una red de patronazgo y clientelismo. La ideología traducía las contradicciones del bourgeois gentilhomme que vivía en Brasil pero tenía a Europa como punto de referencia, que empleaba esclavos para producir para el mercado internacional, que tenía puestos «un ojo en el lucro y otro en la galantería»; una contradicción que existía también en la precaria alianza de intelectuales negros y mulatos con las clases dirigentes, de los empresarios con las oligarquías rurales, de los hombres de modestos orígenes con la élite del poder. La ideología expresaba contradicciones que se infiltraban en la sociedad brasileña de arriba abajo.

Cuando el desarrollo de mercados urbanos, la proliferación de escuelas e instituciones culturales, y el creciente número de lectores, abrieron nuevas oportunidades —aunque todavía limitadas— a empresarios, profesionales, escritores, artistas y políticos que soñaban con emanciparse de las limitaciones del sistema de patronazgo, esos hombres encontraron en el liberalismo los argumentos que precisaban para luchar contra el sistema. Pero su compromiso con el liberalismo no estuvo exento de ambivalencia. Continuaban juzgando el sistema de patronazgo desde el punto de vista del liberalismo, y el liberalismo desde el punto de vista del patronazgo.

Mientras que en Europa las críticas al liberalismo se hacían desde la perspectiva de la clase obrera, en Brasil la carencia de una revolución industrial y de un proletariado, y la supervivencia de relaciones tradicionales de producción en muchas partes del país, hacían que este tipo de críticas, si bien no fuera imposible, al menos sí excepcional. Como consecuencia, mientras en Europa el liberalismo estaba a la defensiva, en Brasil para mucha gente continuaba siendo una promesa por cumplir. Lo que en la década de 1870 estaba detrás de las críticas a las instituciones imperiales —unas críticas que expresaban una ingenua creencia en las cualidades redentoras del progreso, la ciencia y las reformas— era la esperanza de que la promesa del liberalismo pudiera cumplirse. Sin embargo, paralelamente a esta tendencia hacia la reforma, y a veces dentro de ella, continuaba fluyendo una corriente conservadora que brotaba de la experiencia del clientelismo. La naturaleza contradictoria de este proceso fue captada admirablemente en las novelas de Machado de Assis, en las que los caracteres y el lenguaje cambiaban constantemente de la ética del favor a la del liberalismo.

La arquitectura brasileña de este periodo sugiere aún más claramente las relaciones de los elementos «antiguos» y «nuevos» en la cultura brasileña. En la arquitectura brasileña, lo «antiguo» y lo «nuevo» se yuxtaponían como en Inglaterra, pero de una forma invertida. En Inglaterra, la nueva tecnología se disfrazaba a menudo mediante respetables fachadas góticas o renacentistas. En Brasil, por el contrario, los edificios se seguían construyendo con métodos típicos del periodo colonial, pero los gruesos muros se recubrían con tapices y espejos importados de Europa, y las fachadas se decoraban con ventanas de vidrio que venían a reemplazar a las ventanas moriscas tradicionales. Lo moderno era el detalle, lo que se debía exhibir, el exterior sofisticado que ocultaba las toscas estructuras; tanto en la arquitectura como en la política.

Aunque el desarrollo económico y el cambio social en las últimas décadas del imperio no tuvieron la fuerza necesaria para destruir las estructuras tradicionales, no obstante sí fueron suficientes para crear una insatisfacción cada vez mayor, insatisfacción crecientemente expresada por políticos e intelectuales. En las últimas décadas del imperio, algunos viejos políticos que se sentían marginados por las camarillas de sus partidos, y jóvenes que aspiraban a participar en la política y querían reemplazar «la influencia de la gente por la influencia de las ideas»[10], como ha señalado un contemporáneo, encontraron en el programa de reforma la palanca que les podría catapultar hacia una carrera de éxito. Esto también fue cierto para muchos intelectuales. «Hoy en día hay dos maneras de conquistar posiciones —decía Alencar en la década de 1860—: los halagos y las críticas, rogar o criticar.»[11]. Una vez rota la relativa unanimidad de las élites y con nuevos grupos desafiando a las oligarquías tradicionales, la disidencia pasó a ser tan útil para el avance personal como la complicidad. Para la nueva generación de políticos, la reforma ofrecía un electorado; para los intelectuales, un tema. Cuando éstos se comprometieron con la reforma, no sólo expresaban el interés de los grupos sociales de los que descendían o con los que se identificaban, sino también sus necesidades específicas como políticos e intelectuales preocupados en crear su clientela. El cambio económico y social les proporcionó un público presto a recibir con los brazos abiertos las propuestas reformistas. Y cuando políticos e intelectuales adoptaron una retórica reformista, contribuyeron a agudizar aún más el descontento latente, y con eso ganaron nuevos adeptos. Las reformas fueron vistas cada vez más como la solución para todos los problemas sociales.

Los reformistas tenían su propio vocabulario y sus propios temas. En su retórica, «el pueblo» aparecía siempre junto a otras palabras favoritas, tales como «progreso», «razón» y «ciencia». Pero a despecho de su retórica «populista» carecían de conexiones reales con el pueblo, que ellos preferían proteger antes que representar, y representar antes que permitirle hablar por sí mismo.

Para los reformistas, Europa significaba el progreso, y ser progresista significaba reproducir las modas de las élites europeas. Viviendo en un país dependiente de los mercados europeos, miraban hacia Europa en busca de argumentos y modelos, que no sólo les servían como guías, sino que les conferían prestigio y autoridad. A pesar de la proliferación de instituciones culturales, periódicos y revistas, y del constante crecimiento del número de los que sabían leer, las condiciones para la producción independiente de ideas estaban todavía lejos de ser ideales. La mayoría de la población continuaba siendo analfabeta (78 por 100 en 1872). Existían pocas imprentas y con frecuencia los escritores brasileños tenían que imprimir sus libros en Europa. Existían pocas librerías (a finales de siglo, en São Paulo sólo había cinco) y la distribución interior de los libros era todavía deficiente. Era más fácil importar libros del extranjero que producirlos localmente. Todo esto creaba obstáculos al debate interno de ideas sin el cual no es posible la creación de una cultura relativamente autónoma. «Somos consumidores, no productores de ideas», comentaba Tobías Barreto, destacado intelectual de las décadas de 1870 y 1880[12].

Los reformistas importaban ideas, pero esta importación seguía siendo selectiva, como lo había sido siempre. Escogían lo que tenía sentido para ellos. Esto explica por qué el socialismo cristiano de Lammenais, el socialismo utópico de Saint-Simon, Proudhon o Fourier, y el socialismo científico de Marx y Engels, eran meramente temas de especulación para unos pocos individuos excéntricos. Hombres como Spencer y Comte, que habían intentado reconciliar orden y progreso, y querían regenerar la sociedad a través de una revolución moral, tenían más atractivo para los intelectuales y políticos brasileños, que otros escritores europeos que confiaban en la lucha de clases o en el proletariado.

Los reformistas de las décadas de 1870 y 1880, colocados entre una oligarquía, a la que querían combatir, y el pueblo, en el que no confiaban, encontraban inspiración en el positivismo. Abandonaron el eclecticismo de Cousin y Jouffroy —que había servido a las élites de la regencia en la década de 1830 y de la conciliación, durante las décadas de 1850 y 1860— para abrazar a Comte y Spencer. Estos autores les ofrecían una doctrina, un método de análisis, una teoría política y, sobre todo, la tranquilizadora convicción de que la humanidad caminaba inevitablemente hacia el progreso y que era posible cambiar la sociedad sin subvertir el orden social.

Ya en la década de 1830, unos pocos brasileños que habían estudiado en París habían traído consigo las ideas de Comte, pero éstas no llegaron a popularizarse hasta los años sesenta. La generación reformista encontró en Comte el apoyo para su programa, que tenía como objetivo reducir el Estado al papel de mero custodio del orden social. El respeto de Comte por las libertades civiles y su compromiso con la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libre empresa no podía sino atraer a los que se lamentaban del sistema político centralista y del patronazgo opresor de las élites. Este grupo de reformistas, bastante conservador, encontró igualmente atrayente el respeto de Comte por la jerarquía social, su conformismo con las desigualdades sociales y su convicción de que la libertad era un derecho, pero la igualdad un mito. En una época en que la mujer empezaba a dar los primeros pasos hacia la enseñanza superior, las ideas de Comte de que la familia era la unidad básica de la sociedad y que la mujer debía subordinarse al marido sólo podían atraer a hombres educados en una sociedad patriarcal que miraba con recelo a las mujeres emancipadas. Además, Comte abogaba en favor de una nueva élite de técnicos y científicos, distinguidos por sus virtudes y conocimientos —una élite que sustituyera la «pedantocracia»: la élite de los literatos que los reformistas identificaban con las oligarquías brasileñas. Nada podía ser más atractivo para ellos que la convicción de Comte de que el nuevo tipo de intelectual —los científicos— tenía un importante papel que jugar en el cambio del mundo. Las ideas de Comte seducían en particular a médicos, maestros, ingenieros, empresarios y estudiantes de la academia militar. De esta forma, salvo unas pocas excepciones —como Farias Brito, seguidor de Hartman y Schopenhauer, Soriano de Sousa, inspirado en el neotomismo, y Tobías Barreto, que devoraba todo lo que podía leer, pero en especial la literatura alemana—, la mayoría de los intelectuales del periodo se hizo positivista. Hasta aquellos que, como Silvio Romero, más tarde se pasaron a otras posiciones tuvieron su fase positivista. Unos pocos prefirieron el evolucionismo de Spencer, pero la mayoría siguió la versión de Comte según Littré. El interés por estas nuevas ideas creció, codo a codo, con la crítica del sistema y las demandas de reforma.

LAS POLÍTICAS DE LA REFORMA

Durante los primeros años de la década de 1860, un grupo de destacados políticos conservadores —entre ellos Pedro de Araújo Lima (marqués de Olinda), José Tomás Nabuco de Araújo, Zacarías de Góes e Vasconcelos, el marqués de Paranaguá, Sinimbu y Saraiva—, convencidos de la necesidad de reformar el sistema político, abandonaron su partido y se unieron al Partido Liberal, creando la Liga Progresista. El programa de la Liga fue presentado en 1864. Demandaba, entre otras cosas, descentralización, reforma electoral, reforma del sistema parlamentario, un nuevo código civil y cambios en el código comercial, especialmente en las secciones que trataban de las sociedades anónimas y la bancarrota. Con el inicio de la guerra con Paraguay en 1865, la campaña reformista perdió impulso momentáneamente. Pero luego se recuperó, y la presión por las reformas siguió creciendo en el seno del Partido Liberal, de donde surgió una facción más radical. El conflicto entre radicales y moderados dentro del Partido Liberal condujo a la caída del gabinete liberal en 1868. El emperador apeló a los conservadores, que iban a continuar en el poder durante los diez años siguientes. Los liberales se reagruparon y comenzaron a atacar al gobierno y al emperador. En mayo de 1869 publicaron un manifiesto (escrito al parecer por el senador Nabuco de Araújo) que pedía descentralización, autonomía del poder judicial, la creación de un sistema de enseñanza más independiente del Estado, la transformación del Consejo de Estado en un órgano exclusivamente administrativo, la abolición de los puestos vitalicios en el Senado, elecciones directas, creación de un registro civil, secularización de los cementerios, libertad religiosa, la ampliación del sufragio a los no católicos y la emancipación gradual de los esclavos. El manifiesto terminaba con una amenaza: «reforma o revolución», seguida de una nota conciliatoria: «reforma, y el país será salvado».

A pesar de su tono, el manifiesto liberal no satisfizo a los radicales del partido, y unos meses más tarde éstos publicaron el suyo propio. El nuevo manifiesto pedía: la abolición del poder moderador, de la Guardia Nacional, del Consejo de Estado y de la esclavitud; elecciones para las presidencias provinciales y los jefe de policía; el sufragio universal y elecciones directas. También solicitaba del gobierno que se limitara a administrar justicia, mantener el orden, castigar los delitos y a recaudar los impuestos; es decir, a las funciones de un típico Estado liberal que asegurara la libertad de iniciativa y los derechos civiles. Por todas partes se fundaron círculos radicales. Y, con el fin de la guerra de Paraguay, en marzo de 1870, la oposición intensificó su campaña contra el gobierno. En diciembre se fundó el Partido Republicano en Río de Janeiro, y se publicó un manifiesto en el primer número del periódico A República. De los hombres que firmaron el manifiesto, sólo uno era propietario de plantaciones. Los otros se identificaron como abogados (14), periodistas (10), médicos (9), comerciantes (8), ingenieros (5), burócratas (3) y profesores (2). Unos pocos habían militado en el Partido Liberal y habían ostentado importantes puestos en la política y en la administración. En respuesta al manifiesto, algunos círculos radicales se declararon republicanos, y ya como republicanos aparecieron otros nuevos. El manifiesto republicano no añadió gran cosa a los anteriores. Sin embargo hacía una sugerencia importante: la creación de una convención nacional con poderes para cambiar el régimen.

En esencia, los tres manifiestos de 1868-1870 —liberal, radical y republicano— tenían los mismos fines, aunque difirieran en el grado de radicalismo. Intentaban reducir la interferencia del gobierno en el sector privado, aumentar la autonomía provincial y socavar el poder de las oligarquías tradicionales. Sus programas de reforma apelaban a un amplio espectro de intereses: a los burócratas, los jueces y los maestros, cansados de las incertidumbres del sistema de patronazgo, a los hombres de negocios, oprimidos por las políticas gubernamentales, y a los sacerdotes y militares, que condenaban las injerencias políticas en sus instituciones. Apelaban también al inmigrante, que quería regularizar su situación, y a las masas urbanas y rurales, agobiadas por el reclutamiento y los impuestos. Apelaban, especialmente, a la nueva generación de políticos, para los cuales el programa de reformas podía redundar en un crecimiento de su electorado, y a los intelectuales, que encontraron en las reformas nuevas fuentes de inspiración y un público más amplio. Si bien el programa pareció encontrar apoyo principalmente en los nacientes grupos urbanos, también atrajo a los plantadores progresistas y a las élites provinciales, insatisfechas con las políticas gubernamentales. Pero, sobre todo, el programa fue utilizado por los políticos del Partido Liberal para atacar a los conservadores entre 1868 y 1878, periodo en que aquéllos estuvieron políticamente marginados.

Sin embargo, los temas suscitados por los manifiestos trascendieron los límites de los partidos. Entre los miembros del Partido Liberal había algunos que no compartían las demandas de los más radicales. Y en el Partido Conservador había quienes podrían llegar a apoyar un programa moderado de reforma, y que podían ganar el apoyo de los miembros más reacios de sus partidos, presentando las reformas como un medio de luchar contra la oposición. Esta estrategia se convirtió en una necesidad cuando el propio emperador manifestó sus simpatías hacia algunas de las reformas. En el consejo que dio a la regente, princesa Isabel, antes de su viaje a Europa, el emperador subrayó la necesidad de reformar el sistema electoral, el judicial, la Guardia Nacional y el sistema de reclutamiento y ascensos en el ejército. También sugirió que se debía fomentar la inmigración y emancipar paulatinamente a los esclavos. El emperador fue aún más lejos que los liberales o los republicanos cuando sugirió la creación de una carrera burocrática, que serviría para evitar la manipulación de la burocracia por parte de las élites políticas. En otros temas, sin embargo, adoptó una línea más conservadora. Se opuso a la separación de la Iglesia y el Estado, a la extinción del poder moderador, a la abolición de los puestos vitalicios en el Senado y en el Consejo de Estado y a la descentralización. También desaprobó la concesión de derechos políticos a los extranjeros. El apoyo del emperador a un programa de reformas moderado no hizo sino aumentar la popularidad de las ideas reformistas. Esto explica por qué un gabinete conservador, encabezado por el barón de Río Branco (1871-1874), implantó una serie de reformas, la más importante de las cuales fue la emancipación de los niños nacidos de madre esclava.

El tema de la emancipación de los esclavos no era nuevo. En la época de la independencia unos cuantos políticos habían ya suscitado sin éxito la cuestión. Bajo presiones de los británicos, el gobierno brasileño prohibió la trata de esclavos en 1831, pero ésta continuó ejerciéndose ilegalmente hasta 1850, año en que finalmente fue reprimida. A finales de la década de 1840 y principios de la siguiente, los plantadores de café, preocupados por el problema de la mano de obra, intentaron utilizar inmigrantes en sus plantaciones. El experimento terminó con una áspera confrontación entre trabajadores y hacendados. Los gobiernos extranjeros protestaron por el mal trato dado a los inmigrantes y algunos prohibieron la emigración hacia Brasil. Después de eso, sólo unos cuantos hacendados obstinados continuaron usando inmigrantes en sus plantaciones. La abrumadora mayoría recurrió a esclavos comprados en las ciudades o en las áreas rurales menos dependientes de la mano de obra esclava. Como resultado, los esclavos fueron desplazados desde áreas de baja productividad hacia áreas de mayor productividad, y desde áreas urbanas hacia áreas rurales. La población esclava del noreste del país fue declinando, mientras aumentaba la de las áreas cafeteras.

Durante las décadas de 1850 y 1860, se presentaron a la Cámara algunas leyes que proponían la emancipación de los esclavos, pero fueron rechazadas. La emancipación encontró un mayor apoyo después de la guerra civil norteamericana. En 1867, el emperador se manifestó en favor de la abolición gradual. El Parlamento rehusó discutir la cuestión. Pero, dos años más tarde, aprobó una ley que prohibía las subastas de esclavos, así como las separaciones forzosas de marido y mujer, y de los padres de sus hijos menores de quince años. Durante la guerra con Paraguay, fueron emancipados los esclavos pertenecientes al Estado que sirvieran en la guerra (noviembre de 1866), y en 1870 el senador Nabuco de Araújo consiguió que el Senado aprobase un presupuesto que concedía 1.000 contos para la emancipación. Todas estas medidas, aunque pequeñas, eran sintomáticas de la creciente presión abolicionista. La inclusión del tema de la emancipación en el manifiesto liberal y la aprobación del emperador de la emancipación gradual forzaron a los conservadores a debatir el asunto. Incluso antes de que el tema pudiera ser llevado a discusión, dimitieron dos gabinetes conservadores. Río Branco, llamado por el emperador para formar un nuevo gabinete conservador, decidió en 1871 presentar una ley a la Cámara proponiendo la emancipación de los niños recién nacidos de madre esclava. Durante los debates, los intereses regionales prevalecieron sobre las lealtades partidistas. La oposición procedió principalmente de los representantes de las zonas cafeteras. Hablaron de bancarrota, desórdenes sociales, caos político y de los peligros de una rebelión de esclavos. Algunos incluso llegaron a sostener que la ley sería perjudicial para los esclavos, porque dividiría a las familias y crearía conflictos entre ellos. Y no se les pasó por alto formular las clásicas observaciones sobre la benevolencia de los propietarios y las buenas condiciones de vida de los esclavos en comparación con las de los obreros de las sociedades industriales. Pero el argumento más importante contra la ley fue que era lesiva para el derecho de propiedad. Algunos llegaron al extremo de decir que la ley era idea de los comunistas. Los partidarios de la ley recurrieron a una gran variedad de argumentos. No sólo condenaron la institución en términos morales, sino que argumentaron que la mano de obra esclava era menos productiva que la mano de obra libre. Algunos cuestionaron que el derecho de propiedad pudiera aplicarse a personas. Lejos de basarse en la ley natural, argumentaban, la esclavitud es una «monstruosa violación». Dentro y fuera del Parlamento, la cuestión era debatida con gran ardor. Las peticiones a favor y en contra inundaban el Parlamento, donde los ardientes discursos en favor de la ley eran aplaudidos entusiásticamente desde las galerías. Finalmente, a pesar de la dura oposición, la ley resultó aprobada en la Cámara por 65 votos frente a 45. La ley fue promulgada el 26 de septiembre de 1871, tras haber sido aprobada en el Senado por 33 votos frente a 7.

La ley fue un grave golpe para la institución de la esclavitud, aunque sus efectos sólo llegaran a notarse a largo plazo. Según la ley, los niños recién nacidos de madre esclava serían libres, pero los propietarios de la esclava tendrían que cuidarse de ellos hasta que tuvieran ocho años de edad. Después de ese momento, los amos podían decidirse por entregar los niños al Estado a cambio de una compensación económica, o emplearlos como trabajadores hasta los 21 años.

Tras la aprobación de la ley sobre nacimiento libre, el gobierno se dedicó a otras reformas, y en menos de un año reformó el sistema judicial, la Guardia Nacional (1873), el sistema de reclutamiento (1874), las escuelas militares y las pensiones. También aprobó un aumento de los salarios de los militares, que estaban congelados desde la década de 1850. El gabinete también promovió la expansión de los ferrocarriles, doblando el kilometraje de vías, estableció líneas telegráficas entre Brasil y Europa y entre las provincias, y subvencionó la inmigración, creciendo el número anual de inmigrantes que entraba al país desde 8.000 a 50.000. Todas esas actividades se vieron favorecidas por un periodo de extraordinaria prosperidad económica. Pronto, sin embargo, la recesión mundial de 1873 empezó a afectar a Brasil, poniendo fin a esta euforia y provocando la caída del gabinete, que ya se había visto debilitado por un conflicto entre la Iglesia y el Estado.

El conflicto tenía sus raíces en la política de Pío IX para reforzar la autoridad de la Iglesia católica. Las intolerantes opiniones papales en materias de disciplina religiosa y de fe, y su agresiva campaña religiosa, sólo podían conducir a una confrontación entre la Iglesia y el Estado, particularmente en países, como Brasil, en los que la Iglesia estaba subordinada al Estado. La situación se hizo más tensa a partir de la publicación de las encíclicas papales Quanta Cura y Syllabus (1868), que condenaban muchos aspectos de la vida moderna, y a partir de que el Concilio Vaticano proclamara dogma de fe la infalibilidad del papa (1870).

La nueva línea agresiva del papa fue seguida por muchos sacerdotes brasileños, especialmente algunos curas jóvenes que habían recibido su instrucción en seminarios europeos y habían vuelto a Brasil con un sentido renovado de su misión religiosa. Este clero militante encontró intolerable la subordinación de la Iglesia al Estado. Se lamentaba de la laxitud del clero tradicional que se había acomodado a las reglas del patronazgo político. Los nuevos sacerdotes lucharon por una mayor autonomía para la Iglesia y más disciplina religiosa.

El asunto que desencadenó el conflicto fue aparentemente insignificante. El papa había condenado la francmasonería y prohibido a los católicos hacerse masones. El obispo de Olinda, Dom Vital, actuando independientemente, decidió prohibir la participación de los masones en congregaciones religiosas. Desde el punto de vista del gobierno, esta prohibición sólo podía entenderse como un acto de insubordinación, ya que la Constitución establecía que las bulas papales no tenían validez sin la aprobación del emperador. El conflicto se agravó por el hecho de que, aunque el número de masones era pequeño, muchos políticos importantes eran masones, incluyendo al vizconde de Río Branco, jefe del gabinete. Muchos sacerdotes también eran masones. Las logias masónicas se resistieron a la decisión del obispo y apelaron al gobierno. El obispo, conminado por el gobierno a retirar sus demandas, se negó. Esto creó un grave dilema. El gobierno estaba obligado a inclinarse ante la ultracatólica posición del obispo, o bien a castigarle por su desobediencia. Tras fracasar en el intento de persuadir al papa para que le doblegara, el gabinete decidió castigar al obispo, quien fue arrestado, juzgado y condenado a prisión en 1874. El conflicto podía haber terminado ahí si otros miembros del clero no hubieran expresado su solidaridad con el obispo. Pero el incidente tuvo repercusiones muy amplias. Hubo manifestaciones a favor y en contra del obispo en las ciudades y en el interior, mientras la prensa y el Parlamento debatían el asunto. El arresto de otro obispo, Antonio Macedo Costa, que había seguido el ejemplo de Vital, y un segundo juicio y condena sirvieron para agravar aún más la situación.

El gabinete conservador no encontró apoyo unánime en sus propias filas. Dirigentes conservadores importantes, como Paulino José Soares de Sousa, Antonio Ferreira Viana y Cándido Mendes, condenaron los arrestos. Los liberales también estaban divididos. Muchos republicanos se encontraron en la situación de apoyar al emperador y condenar a los obispos. Sin embargo, entre ellos hubo algunos que aprovecharon el incidente para promover la causa republicana, abogando en favor de la separación de la Iglesia y el Estado.

El arresto de los obispos causó un profundo malestar entre los católicos y creó un grave problema al gabinete. Un conflicto que había empezado como un asunto menor sobre los derechos de los francmasones se había convertido en una confrontación entre Iglesia y Estado para la que no había fácil solución. Para el gobierno, la única alternativa era conceder la amnistía a los dos obispos, pero, para que eso pudiera ocurrir, el gabinete de Río Branco tenía que desaparecer. En 1874, el gabinete fue reemplazado y en 1875 llegó la amnistía; simultáneamente, el papa ordenaba la suspensión de las proscripciones contra los masones. Esto puso punto final al conflicto. No hubo ganadores ni perdedores, pero el número de los que apoyaban la separación de la Iglesia del Estado se había incrementado en ambos bandos, por lo que a largo plazo la monarquía salió perdiendo. Años más tarde, pocos meses después de la proclamación de la república, D. Antonio Macedo Costa pudo decir, triunfante, en una pastoral: «El trono ha desaparecido… ¿Y el altar? El altar permanece»[13].

La historiografía tradicional ha atribuido a este conflicto un gran papel en la caída de la monarquía, ignorando el hecho de que la nación había estado dividida sobre este asunto. Además, la posición adoptada por el Consejo de Estado contra los obispos representaba la opinión de la mayoría de los grupos de la élite. De hecho, salvo notables excepciones, las élites brasileñas habían cultivado siempre una postura anticlerical, y muchos de ellos alardeaban de librepensadores. Esta fue también la actitud del emperador, a quien disgustaba el ultracatolicismo del obispo. Incluso la Iglesia estuvo dividida durante la crisis; muchos sacerdotes habían continuado apoyando los derechos del patronazgo real. Por esas razones, no debe sobreestimarse el papel de la llamada questão religiosa en la caída de la monarquía.

Si bien el Estado fue duro con los sacerdotes, en cambio fue más generoso con otro grupo descontento: los militares. Las quejas de los militares contra el sistema político tenían una larga historia que se remontaba a la década de 1850. Pero en esa época muchos militares estaban más o menos adaptados al sistema de patronazgos, pues los había que estaban afiliados a partidos políticos. Unos pocos generales famosos llegaron a participar en los gabinetes. La guerra contra Paraguay había puesto al descubierto la debilidad del ejército brasileño y muchos oficiales reconocieron que era necesario incrementar la eficacia del ejército. En 1874, un joven oficial, Sena Madureira, tras viajar a Europa presentó al ministro de la Guerra algunas sugerencias para la reorganización del ejército. Entre otras cosas, propuso un nuevo sistema de reclutamiento y ascensos basado en los méritos y nuevos tipos de instrucción. Sus ideas eran compartidas por muchos oficiales jóvenes. Los oficiales partidarios de la reforma fundaron periódicos, buscaron candidaturas a puestos electivos y publicaron sus quejas en la prensa nacional. Muchos de ellos eran conscientes de que la interferencia política en el ejército era un obstáculo para su modernización. En su lucha, los militares desarrollaron una nueva forma de solidaridad que trascendía las líneas políticas tradicionales de los partidos. Buscaron apoyo entre otros grupos sociales igualmente interesados en la reforma política del sistema y empezaron a identificar cada vez más como a enemigos a las oligarquías tradicionales. Su resentimiento se expresó en su creciente interés por el positivismo y las ideas republicanas.

El gobierno central tomó algunas medidas, en un intento por satisfacer sus demandas. Incrementó los salarios, cambió el sistema de enseñanza de los oficiales, haciéndolo más especializado, y en 1874 aprobó una nueva ley de reclutamiento. En 1875, el gobierno cambió también el sistema de ascensos y estipuló que el servicio en el frente contara doble para los ascensos o retiros. Sin embargo, muchas de esas reformas nunca llegaron a convertirse en realidad. La recesión de 1873 aplazó la subida de los sueldos, tan esperada desde hacía diez años. Y en 1876, Sena Madureira denunció las tácticas utilizadas por las élites para evitar el reclutamiento de los miembros de sus familias o de su clientela. Con el paso del tiempo, el abismo existente entre las oligarquías y los militares se ampliaría. El nombramiento, en 1875, del duque de Caxias, comandante del ejército brasileño durante la guerra de Paraguay, como primer ministro, y la presencia de otros dos populares generales (Osório y Pelotas) en los gabinetes liberales subsiguientes, pospuso la crisis durante unos pocos años. Pero el conflicto volvió a surgir en la década de 1880 con consecuencias dramáticas para la monarquía.

En 1878, los conservadores fueron finalmente desalojados del poder tras diez años de gobierno. El debate sobre la reforma electoral causó la caída del gabinete. En 1876 se había aprobado una reforma electoral que intentaba garantizar la representación de la oposición y reducir la intervención gubernamental en las elecciones. Pero la reforma tenía un fallo. En las primeras elecciones sólo habían salido elegidos 16 liberales, en lugar de los 25 estipulados por la ley como mínimo. Los conservadores habían obtenido el 85 por 100 de los escaños en la Cámara. La oposición reabrió nuevamente el tema, proponiendo un sistema de elecciones directas.

Después de diez años, los liberales podían sostener que muchas de las reformas puestas en práctica por los conservadores habían sido meros paliativos. Pero las reformas que parecían insuficientes a la oposición liberal eran consideradas demasiado radicales por muchos conservadores. En 1878, el Partido Conservador estaba dividido en los asuntos fundamentales, al igual que lo había estado el Partido Liberal en 1868. Esas divisiones revelaban los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad y el surgimiento de grupos de intereses conflictivos en ambos partidos. En esas condiciones, los gabinetes tenían cada vez más dificultades para obtener el apoyo unánime de sus miembros en la Cámara. Así, aunque algunos conservadores importantes, como Paulino Soares de Sousa, Ferreira Viana y Francisco Belisário, estuvieran a favor de la reforma electoral, el emperador, consciente de la amplia brecha que existía en el Partido Conservador, llamó a los liberales a formar nuevo gobierno.

Tras diez años de ostracismo político, los liberales retornaban al poder con un programa que no difería mucho del programa de los conservadores. Proponían ampliar las líneas de ferrocarril y de telégrafo, poner en práctica mejoras urbanas en Río de Janeiro, subvencionar la inmigración, ampliar la red de enseñanza elemental y promover la reforma electoral. Las nuevas elecciones llevaron a la Cámara a un grupo de jóvenes políticos —incluyendo a Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Afonso Pena y Rodolfo Dantas— que se convertirían en figuras políticas importantes en las últimas décadas del imperio y durante la primera república.

Los debates sobre la reforma electoral pusieron de manifiesto las profundas grietas que existían en el seno del Partido Liberal, entre los moderados y los radicales. Esta división llevaría, finalmente, a la dimisión del gabinete liberal. Sin embargo, la causa inmediata fue la revolta dos vintens en Río de Janeiro, en enero de 1880 (ya mencionada anteriormente). Por primera vez, un movimiento popular derribaba un gobierno. Era el inicio de una nueva era. Y no fue casual que uno de los temas más controvertidos durante los debates sobre la reforma electoral fuera el del voto de los analfabetos. La segunda cuestión que desencadenó intensos debates fue la concesión de derechos políticos a los no católicos, medida que los políticos interesados en agradar a los inmigrantes estaban deseosos de ver aprobada.

Una vez más, como durante el debate sobre la ley de emancipación de los niños nacidos de madre esclava, o durante la confrontación entre Iglesia y Estado, no había cohesión de partido. Hubo conservadores a favor y en contra de la ley de reforma electoral, y lo mismo ocurrió con los liberales. La ley que se aprobó finalmente fue un compromiso. No concedía el sufragio a los analfabetos, pero sí a los no católicos, a los libertos y a los extranjeros naturalizados. Abolió las elecciones indirectas, pero mantuvo los requisitos de ingresos mínimos para la calificación del electorado. Se permitiría votar a todos los hombres mayores de 21 años que mantuvieran unos ingresos netos superiores a 200 milréis y supieran leer y escribir. Una de las innovaciones importantes fue el certificado de votante, que eliminaba ciertos tipos de manipulación en el proceso de registro.

La reforma tuvo un resultado curioso. La eliminación de las etapas características del sistema indirecto de elección —fijando los ingresos mínimos en 200 milréis, y estableciendo el requisito de que el votante supiera leer y escribir— redundó en una reducción del número de los que podían votar. Antes de la reforma, el número registrado de votantes era de 1.114.066, y el de electores, de 240.000. Con la institucionalización de las elecciones directas, el número de los que podían votar bajó a 145.296, aproximadamente el 1 por 100 de la población total. Al mismo tiempo el poder político se desplazó ligeramente de las áreas rurales a las urbanas, donde el grado de alfabetización y los ingresos eran superiores.

Las esperanzas de los que habían apoyado la reforma parecieron confirmarse en 1881, cuando fueron elegidos 75 liberales y 47 conservadores. Por primera vez la oposición tenía una significativa representación en la Cámara. En los años siguientes, sin embargo, sus efectos positivos fueron menos claros. En 1884, fueron elegidos 67 liberales, 55 conservadores y 3 republicanos. Pero en las elecciones que hubo en 1885, con un gabinete conservador, solamente fueron elegidos 22 liberales de un total de 125. Para entonces ya se había hecho evidente que la reforma electoral había vuelto a fracasar una vez más, con respecto a la corrección del fraude electoral. Los prometedores resultados de las primeras elecciones tras la reforma fueron debidos a la integridad del gabinete que los había apoyado. Cuando los conservadores tomaron el poder no sintieron el mismo compromiso hacia las reformas y ganaron las elecciones por una abrumadora mayoría. Una vez más, la legislación no había atacado a fondo las raíces del problema, y el voto continuó controlado por el dinero, el prestigio y las conexiones familiares. Y cuando éstas fallaban, la violencia seguía siendo una estrategia útil. Con todo, la política de opinión proseguía haciendo lentos progresos, suscitando debates sobre la centralización, la abolición del Senado y del Consejo de Estado, la inmigración, la política financiera y la abolición de la esclavitud. Aunque siguiera siendo cierto que el apoyo del líder local era más útil para un candidato que su plataforma política, el surgimiento de un nuevo segmento electoral urbano y la ruptura del consenso entre las élites crearon las condiciones para un nuevo tipo de política. En 1884, el líder abolicionista Joaquim Nabuco fue de casa en casa para conseguir el apoyo de los votantes en Recife.

La crisis económica de la década de 1880 trajo consigo nuevos temas de debate y acentuó el conflicto político. Los liberales habían heredado una difícil situación económica. La expansión de la red ferroviaria y de las líneas telegráficas, los subsidios concedidos a la inmigración, la centralización de los ingenios azucareros y la ayuda prestada a la población del noreste, devastada por una serie de sequías durante la década de 1870, habían representado una tremenda carga financiera para el Estado. Durante ese periodo, el gobierno había contratado muchos créditos y sólo la deuda externa absorbía la mitad del total de las rentas recaudadas por el Estado. Los gastos gubernamentales eran mayores que los ingresos, a pesar del crecimiento de las exportaciones de café y caucho. La situación se hizo aún más difícil en los primeros años de la década de 1880, debido a la caída de los precios de los productos brasileños en el mercado internacional. El gabinete liberal que subió al poder en 1881 se vio obligado a posponer el programa de reformas para poder enfrentarse a una cuestión más urgente: el déficit galopante. Simultáneamente tenía que atender a la demanda de más crédito.

Como era inevitable, la recesión sacó a la luz conflictos de intereses. Dado que los grupos vinculados a la exportación —desproporcionadamente representados en el gobierno— se oponían a los impuestos sobre las tierras y sobre las exportaciones, la alternativa era elevar la carga tributaria de las importaciones. Pero eso resultaba gravoso para los importadores y los consumidores. Reducir los gastos del Estado —la otra alternativa disponible— suponía congelar importantes proyectos para el desarrollo de la infraestructura económica. El gobierno estaba en un callejón sin salida. La solución a corto plazo era, como de costumbre, recurrir a los préstamos o emitir moneda. En un caso o en otro, sólo se conseguiría agravar el déficit a largo plazo. Los gabinetes liberales, agobiados por los problemas financieros y socavados por los conflictos entre las alas radical y conservadora de su propio partido, carecieron de estabilidad. Uno tras otro, entre 1882 y 1884, se sucedieron cuatro gabinetes liberales, incapaces de asegurarse la mayoría en la Cámara.

Con la única excepción de la reforma electoral, la mayoría de las demandas liberales de 1869 estaba todavía por conseguir. Cada uno de los nuevos gabinetes había anunciado su intención de garantizar la independencia judicial, descentralizar la administración, dar mayor autonomía a las provincias, ampliar la red de escuelas públicas y equilibrar el presupuesto. Pero, a excepción de la expansión de la escuela pública, el resto del programa había fracasado.

Este fracaso fue debido, en parte, al poco interés de los liberales en poner en práctica las reformas que habían propuesto cuando estaban en la oposición. Los liberales, una vez alcanzado el poder, y con la sola excepción de su ala más radical, no querían ir mucho más lejos que los conservadores. Martinho Campos, el jefe del nuevo ejecutivo en 1882, decía, correctamente, que no había nada más parecido a un liberal que un conservador, o, incluso, un republicano[14]. De hecho, todos tenían un cierto parecido familiar. Las diferencias ideológicas eran mínimas o irrelevantes. Los políticos se parecían a uno de los personajes de Machado de Assis, quien, en su intento por consolar a un político derrotado, trataba de convencerle de que podía cambiar de partido. «Su relación con ellos —decía— es como la que se tiene en un baile, en donde no es preciso tener las mismas ideas para bailar el mismo baile»[15].

Un análisis cuidadoso de la composición de los partidos revela que los grupos agrarios (fazendeiros) correspondían a la mitad, aproximadamente, de cada uno de los dos partidos, mientras que la otra mitad estaba formada por burócratas y profesionales, con un predominio de los burócratas en el Partido Conservador y de los profesionales en el Partido Liberal[16]. El predominio de los burócratas en el Partido Conservador no es sorprendente, dado que los conservadores habían estado en el poder más tiempo que los liberales y habían tenido más oportunidades de controlar los nombramientos burocráticos. Pero, teniendo en cuenta la inestabilidad de la burocracia y su composición, la mayoría de ellos profesionales, es posible concluir que de hecho los dos partidos representaron y tuvieron el apoyo de los mismos grupos sociales. Las diferencias entre liberales y conservadores eran esencialmente retóricas. Tanto fue así que, una vez en el poder, los conservadores llevaron a cabo muchas de las reformas propuestas por los liberales, y cuando el poder estuvo en manos de los liberales, éstos no llegaron más allá de los límites aceptados por la mayoría de los conservadores. Además, en ambos partidos hubo rivalidades internas entre moderados y radicales, como ya hemos visto. Los sectores moderados tendían a representar los intereses de las élites agrarias tradicionales y los otros representaban a los nuevos grupos de intereses emergentes, incluso sectores agrarios que se modernizaban. Después de la caída del gabinete de Río Branco, esta división interna contribuyó a una gran inestabilidad política. Entre 1880 y la caída del imperio, se formaron y disolvieron diez gabinetes; los siete primeros (1880-1885) fueron liberales. La Cámara fue disuelta en tres ocasiones y el gobierno convocó nuevas elecciones. Durante este periodo, ninguna de las legislaturas logró completar su mandato.

Como resultado de la inestabilidad política, a menudo se pidió la intervención del emperador en la escena política. La intervención constante del poder moderador provocó resentimientos y críticas, que acabaron por llevar al sistema político a una crisis. Hasta las élites políticas tradicionales empezaron a cuestionar el sistema. Los partidos monárquicos no escatimaron críticas al régimen monárquico que supuestamente defendían. El poder moderador era el blanco principal de sus críticas. Las palabras de un político experto, Ferreira Viana, en el Senado el 31 de julio de 1884 expresaban el estado de ánimo de muchos de sus colegas: «Estoy cansado de actuar en esta comedia política».

Muy pronto los políticos iban a enfrentarse con una prueba difícil. La presión abolicionista volvió a llevar al Parlamento la cuestión de la abolición. Los políticos más conservadores habían confiado en que la ley de 1871 resolvería el problema de la abolición de la esclavitud. Pero, como argumentaba un ardoroso abolicionista, si no se hacía nada para acelerar el proceso, los brasileños de la tercera o cuarta década del siglo XX continuarían teniendo esclavos. Esto no parecía preocupar demasiado a la mayoría de los diputados. Ni aun con los liberales, cuando volvieron al poder en 1878, los intentos de discutir el problema encontraron apoyo. Un proyecto de ley presentado por Nabuco fue rechazado por 77 votos, con sólo 16 votos a favor. Y al año siguiente, Nabuco, que ni siquiera pudo obtener el apoyo total de su propio partido, no fue reelegido. Entretanto, la campaña abolicionista fuera del Parlamento ganaba nuevos aliados.

Varios factores sirven para explicar el progreso de la campaña abolicionista y el replanteamiento de la cuestión en el Parlamento. No solamente había menos gente que siguiera dependiendo de los esclavos, sino que, además, los que seguían dependiendo de ellos estaban cada vez más convencidos de la necesidad de buscar alternativas. Los plantadores sólo podían ampliar sus plantaciones de café si disponían de suficiente mano de obra, pero la población esclava iba disminuyendo: de 1.566.416 esclavos en 1873 a 1.346.097 en 1883, y de 1.133.228 en 1885 a 723.419 en 1887. La población esclava decrecía más rápidamente en el noreste que en el sur, donde tenía tendencia a concentrarse, pero, incluso ahí, iba disminuyendo en términos relativos. En São Paulo, los esclavos representaban el 28,2 por 100 de la población total en 1854, y el 8,7 por 100 en 1886. Y dado que esta población esclava no se renovaba, iba envejeciendo. El reconocimiento del hecho que tarde o temprano desaparecerían los esclavos obligó a los plantadores a buscar alternativas. En una reunión que tuvo lugar en 1878, algunos plantadores sugirieron el uso de inmigrantes chinos. Pero esta sugerencia no fue bien acogida por la mayoría de los plantadores, que prefería utilizar la población rural libre de Brasil o europeos. La solución que prevaleció por fin fue esta última. La asamblea provincial de São Paulo aprobó muchos proyectos de ley para subvencionar la inmigración, y, entre 1875 y 1885, entraron en la provincia 42.000 inmigrantes, predominantemente italianos y portugueses. Durante los dos años siguientes llegaron otros 114.000. Sin embargo, hasta el inicio de la década de 1880, la mayoría de los plantadores seguía todavía dependiendo casi exclusivamente de la mano de obra esclava. En el noreste, la población que huía de las sequías de la década de 1870 se concentró en las áreas de plantación de caña de azúcar, ofreciendo a los plantadores una mano de obra barata.

Los cambios en el sistema de producción de azúcar y café y las mejoras en los medios de transporte facilitaron a los plantadores la utilización de mano de obra libre. Aumentó la productividad y se pudo racionalizar el sistema de trabajo. En algunas circunstancias la mano de obra libre podía incluso ser más provechosa que la esclava. Al proceso de transición de la mano de obra esclava a la mano de obra libre siguió también la apertura de nuevas oportunidades de inversión. Los bancos, los ferrocarriles, las mejoras urbanas, las compañías de seguros y los fabricantes ofrecían alternativas para la inversión de capital. Y aun en el caso en que esas inversiones alternativas no pagasen más que la inversión en esclavos, el hacendado podía protegerse de las inseguridades de la agricultura mediante la inversión en ferrocarriles, bancos y otras empresas. La necesidad de diversificar las inversiones se hizo evidente a principios de la década de 1880, momento en que los precios del café descendieron bruscamente. En estas circunstancias, la mano de obra libre podía llegar a ser incluso más lucrativa que la esclava, dado que no requería la inmovilización de capital. Además, el precio de los esclavos y el coste de su manutención se habían incrementado en la década de 1870, hasta tal extremo que, en algunas zonas, la mano de obra esclava resultaba más cara que la mano de obra libre. Sin embargo, aunque a finales del siglo XIX todo pareciera apuntar en dirección al uso de mano de obra libre, la mayoría de plantadores seguía oponiéndose a la abolición de la esclavitud, puesto que no sólo los esclavos representaban un capital ya invertido, sino que los plantadores seguían dependiendo del trabajo esclavo y eran escépticos sobre las posibilidades de sustituirlo por trabajadores libres. Los levantamientos de inmigrantes en las principales áreas de plantación de café habían demostrado que estos hombres eran más difíciles de manejar que los esclavos.

Mientras los plantadores se atormentaban con el problema de la mano de obra, los abolicionistas iban progresando, especialmente en las ciudades, y gradualmente se fueron convirtiendo en una fuerza política. En 1884 la esclavitud fue abolida de hecho en las provincias de Ceará y Amazonas. En São Paulo, el abogado Antonio Bento organizó un sistema clandestino con el apoyo de artesanos y trabajadores del ferrocarril, negros y mulatos en su mayoría, para ayudar a los esclavos fugitivos. Un gran número de esclavos estaba huyendo de las plantaciones. Los esclavos habían desarrollado una nueva conciencia gracias a la ideología y estrategia que les había proporcionado el abolicionismo. Los abolicionistas también habían logrado cambiar la opinión pública sobre este asunto, y los actos de insubordinación, que existían desde los inicios de la esclavitud, habían adquirido un nuevo significado. Antiguamente las fugas de esclavos habían sido perseguidas, pero en ese momento encontraban un apoyo creciente. La población urbana, que en el pasado había perseguido a los esclavos fugados, empezaba a desafiar a la policía que los arrestaba. Los jueces y abogados exigían el cumplimiento de la ley que protegía a los esclavos y se mostraban indulgentes en la ejecución de las leyes represivas. Tanto la prensa abolicionista como la antiabolicionista, aunque por razones diferentes, propagaban rumores de rebelión de esclavos; los abolicionistas con la intención de subrayar la violencia de un sistema que llevaba a los hombres a una desesperación tal, y los antiabolicionistas para enfatizar la necesidad de mayor represión. Los propietarios de esclavos recurrían a cualquier medio para luchar contra la campaña abolicionista. Atacaban a los oradores abolicionistas, acosaban a los líderes abolicionistas en sus comunidades, protestaban en la prensa contra un gobierno incapaz de controlar el orden social y desbordaban el Parlamento con peticiones. El ingeniero francés Louis Couty, en su visita a São Paulo en 1883, tuvo la impresión de que el país estaba al borde de una revolución social.

Y fue precisamente en ese clima de entusiasmo de parte de los abolicionistas y de angustia de parte de los plantadores que el emperador llamó al liberal Souza Dantas para formar un nuevo gabinete en 1884. En el programa que presentó al Parlamento, Dantas definió su posición respecto a la emancipación de los esclavos: «Ni volver atrás, ni detenerse, pero no precipitarse… marcar la línea que requiere la prudencia y la civilización recomienda». Propuso un proyecto de ley para emancipar, sin compensación, a los esclavos que hubieran cumplido los 60 años. El proyecto provocó una crisis de grandes proporciones que condujo finalmente a la caída del gabinete liberal y su sustitución por uno conservador. Una vez más el tema trascendía las lealtades partidistas y en la Cámara se pudieron ver conservadores y liberales a favor o en contra del proyecto. Diecisiete liberales —tres de São Paulo, uno de Río, seis de Minas y siete de otras provincias— votaron contra el gabinete. El recuento final fue de 55 votos en contra del gabinete y 52 a favor. La oposición al proyecto de ley provino principalmente de las áreas cafeteras (de los 41 diputados de esas áreas, sólo 7 votaron a favor del gabinete). La Cámara fue disuelta y el gabinete convocó nuevas elecciones.

En el país nunca se había visto una campaña electoral tan disputada. Hombres de negocios, banqueros y plantadores se reunían en los clubes de Lavoura e Comércio (Asociaciones de Comercio y Agricultura) y acusaban a los abolicionistas de ser elementos subversivos que amenazaban al país con la desorganización económica y el caos político. «Los abolicionistas son como aquellos que pertenecen al partido nihilista en Rusia, en Alemania son socialistas y en Francia, comunistas», recalcaba un diputado en la Cámara. Por su parte, los abolicionistas promovían actos públicos y campañas en la prensa, argumentando que la esclavitud inhibía el desarrollo industrial y la innovación de los métodos agrícolas, causaba la inestabilidad de las fortunas y la desorganización familiar, desencadenaba el odio racial, desmoralizaba a la mano de obra y colaboraba en mantener a la población libre en la ignorancia y la pobreza. Pero, sobre todo —y este era un argumento decisivo— constituía un obstáculo para el progreso.

Las elecciones llevaron al Parlamento a 67 liberales, 55 conservadores y 3 republicanos. Fueron reelegidos 38 diputados que habían apoyado el proyecto de ley y 18 que se habían opuesto a él. Parecía que el gabinete había vencido. Pero, de hecho, las elecciones habían introducido en la Cámara a muchos otros que se oponían al proyecto de ley, y algunos que, como Nabuco, habían luchado por él, tuvieron dificultades para ser reelegidos. Al inicio de la nueva sesión, un diputado por São Paulo propuso una moción de censura al gabinete, y la votación terminó en empate. Tres semanas más tarde se hizo evidente que el gabinete no podía gobernar. Se votó una nueva moción de censura, y esta vez el gabinete tuvo la oposición casi unánime de los conservadores (votaron en contra todos menos tres), mientras que nueve liberales votaban con la oposición. El emperador llamó a otro miembro del Partido Liberal para que constituyera un nuevo gabinete, con la esperanza de que tal cambio pudiera asegurar al Partido Liberal la mayoría en la Cámara. Pero, una vez más, se hizo evidente que los liberales no disponían del apoyo suficiente para gobernar. Finalmente, en 1885, el emperador llamó al conservador Cotegipe para formar un nuevo gobierno. Con la vuelta de los conservadores al poder, por fin, se aprobó un proyecto de ley más moderado que el original, que se convirtió en ley en septiembre de 1885. Esta ley emancipaba a los esclavos mayores de 60 años, pero, como compensación a sus propietarios, les obligaba a realizar otros tres años de trabajo no remunerado o hasta que alcanzaran la edad de 65 años.

Durante los cuatro meses de debates se había producido un cambio fundamental en la posición de uno de los más importantes dirigentes conservadores de las áreas cafeteras. Antonio Prado, que se había opuesto sistemáticamente a la legislación emancipadora, prestó su apoyo al proyecto de ley. Explicó a la Cámara que las indemnizaciones no serían necesarias si se permitía a los plantadores conservar a los esclavos hasta que pudieran sustituirlos por mano de obra libre. Según explicó, los paulistas eran conscientes de las ventajas de la mano de obra libre y estaban tomando las medidas necesarias para resolver el problema. Este cambio de opinión no sólo estaba relacionado con la creciente desorganización del trabajo, provocada por las fugas de esclavos de las plantaciones, sino también con las nuevas perspectivas para la inmigración.

Mientras algunos plantadores se decidían por los inmigrantes, otros resolvían que, para evitar las fugas de esclavos, debían concederles la libertad condicional. Emancipaban a sus esclavos con la condición de que debían permanecer en la plantación un cierto número de años. En 1887, el número de manumisiones en São Paulo creció hasta 40.000 y la Asamblea provincial envió al Parlamento una petición de abolición inmediata. Los plantadores habían llegado a la conclusión de que la abolición era el único medio de evitar la agitación social. Esto último se evidenció aún más en el momento en que el ejército remitió a la princesa una petición de que fuese relevado de las tareas de persecución de esclavos fugados.

Cuando se reanudó la legislatura en 1888, el nuevo primer ministro, João Alfredo Correia de Oliveira, anunció su intención de abolir la esclavitud sin compensación, y el proyecto de ley fue aprobado sin retrasos, convirtiéndose en ley el 13 de mayo de 1888. Sólo nueve diputados votaron en contra; ocho de ellos eran de Río de Janeiro —un área en la que las plantaciones de café estaban en recesión y los plantadores agobiados por hipotecas—. Al contrario de lo que habían predicho los agoreros, la economía no se vio dañada por la abolición de la esclavitud, sino que se recuperó rápidamente del desgarro momentáneo. Sólo unos pocos plantadores, cuyas plantaciones ya estaban en situación crítica anteriormente, fueron a la bancarrota, pero no la nación.

La abolición no cambió fundamentalmente las condiciones de trabajo en la plantación. En las zonas cafeteras, los inmigrantes que reemplazaban a los esclavos se encontraban a menudo con que la vida en la plantación no era tan idílica como habían creído, y se trasladaban hacia las ciudades o retornaban a su país de origen o emigraban a otros países. Pero la llegada constante de nuevos inmigrantes suministraba la mano de obra que los plantadores necesitaban para ampliar sus plantaciones. Muchos ex esclavos permanecieron en las plantaciones y continuaron realizando sus tareas habituales, por las que recibían mezquinos salarios. Otros, que se desplazaron a las ciudades, se dedicaban a tareas menores, permaneciendo en el estrato más bajo de la sociedad. Los abolicionistas parecían haberse olvidado de los negros.

Como había ocurrido con otras reformas promovidas durante este periodo —la reforma electoral, la reforma de la ley de reclutamiento, la reforma de la Guardia Nacional—, los resultados de la abolición no respondieron a los temores de los conservadores ni a las esperanzas de los reformistas. Sin embargo, fueron suficientes para producir frustración entre los partidarios de la monarquía, que no perdonaban al gobierno la abolición de la esclavitud sin compensación. Si bien la abolición no sirvió para aumentar el número de militantes del Partido Republicano —como han sugerido algunos historiadores—, sí sirvió para ayudar a socavar el sistema monárquico. El emperador fue criticado por todas las facciones durante la campaña. Para los abolicionistas radicales, como Silva Jardim, el pecado del emperador fue no haber intervenido más drásticamente en favor de la abolición; para los antiabolicionistas, su pecado fue haber hecho demasiadas concesiones.

La abolición llegó en 1888, tras una tumultuosa campaña popular. El año siguiente, la república se implantaría a través de un golpe de Estado que resultaría de una conspiración que aglutinaría a los miembros del Partido Republicano de São Paulo y Río con ciertos oficiales del ejército.

Los republicanos habían hecho progresos desde 1870. Al principio formaban un grupo pequeño. El núcleo original del Partido Republicano en Río estaba formado por unas 30 personas. El diario A República había empezado con una tirada de 2.000 ejemplares en su primer año de existencia, pero para fines de año ya se vendía en Río, Alagoas, Pernambuco, Río Grande do Sul, São Paulo y Minas Gerais. La tirada aumentó rápidamente y dos años más tarde alcanzaba los 12.000 ejemplares. En diversas provincias aparecieron círculos republicanos, aunque había más abundancia de ellos en Río de Janeiro, São Paulo, Río Grande do Sul y Minas Gerais. En 1889, el 79 por 100 de los diarios y el 89 por 100 de los círculos se localizaban en esas áreas.

El Partido Republicano había reclutado sus partidarios principalmente entre la población urbana. El núcleo del Partido Republicano en Río, Minas Gerais y Río Grande do Sul estaba formado por estudiantes y profesionales, y unos pocos industriales. Sin embargo, en São Paulo, la mayoría de los republicanos poseía plantación. Aunque se haya dicho que sólo el 30 por 100 de los miembros del Partido Republicano era propietario de plantación, mientras el 55 por 100 era profesional y el 11 por 100 comerciante[17], muchos plantadores eran también abogados, médicos e ingenieros, y podían ser censados tanto como profesionales o como plantadores. De los 133 delegados que asistieron al primer mitin republicano importante realizado en São Paulo en 1873, 76 declararon que su profesión era la agricultura; otros se identificaron como hombres de negocios, abogados, «capitalistas», «artistas» y «propietarios». Muchos habían estudiado en la facultad de derecho de São Paulo, un centro de abolicionismo y republicanismo. Algunos pertenecían a la segunda o tercera generación de propietarios de plantación, otros eran profesionales que habían comprado plantaciones o se habían emparentado, por matrimonio, con familias de propietarios plantadores. Manuel Moraes Barros era abogado y propietario de plantación. Francisco Aguiar de Barros era funcionario público, tenía una compañía de importación y era también propietario de plantación. Muniz de Souza era diputado de la Asamblea provincial y plantador de café. Elías Pacheco Chaves era plantador de café, industrial, magistrado encargado de los huérfanos, jefe de policía y diputado provincial.

El Partido Republicano en São Paulo se convirtió en el más poderoso del país, debido al apoyo que recibía de hombres de posición y dinero. En fecha tan temprana como el año 1877 logró colocar tres diputados en la Asamblea provincial. Sin embargo, dos de los republicanos que resultaron elegidos se presentaron como candidatos por el Partido Liberal, una estrategia que los republicanos siguieron en otras ocasiones. El Partido Republicano Paulista (PRP), a pesar de ser el núcleo republicano más importante del país, en el año 1880 sólo tenía 900 miembros registrados. En 1884, aliado con los conservadores, consiguió colocar dos diputados en la Cámara: Prudente de Moráis y Campos Sales, quienes, tras la proclamación de la república, llegaron a ser los dos primeros presidentes civiles de Brasil. A finales de la década, en São Paulo había unos 50 círculos republicanos. Según las estimaciones para 1889, una cuarta parte del electorado de São Paulo era republicana (3.593 republicanos, 6.637 liberales, 3.957 conservadores). El partido se alió varias veces con los liberales o con los conservadores —según quién estuviera en la oposición— y adoptó una línea muy flexible en cuestiones fundamentales, como la abolición o el conflicto entre Iglesia y Estado.

Los republicanos también tenían importancia en Minas Gerais, donde muchos políticos jóvenes de familias tradicionales conservadoras, como Álvaro Botelho, o de familias liberales, como Afonso Celso, se convirtieron al republicanismo. A éstos hay que añadir algunos de los que habían sido políticos importantes en los partidos monárquicos y que se convirtieron en republicanos de última hora. Es lo que sucedió con Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, que en 1886 decidió unirse a los republicanos, atrayendo consigo muchos votos.

En general, sin embargo, los republicanos de Minas Gerais recibieron un número de votos muy escaso y hasta 1887 no consiguieron crear una organización que uniera todas las asociaciones de la provincia. En Minas Gerais, como en otras provincias, hubo muchos que eran republicanos pero no estaban habilitados como electores. Sin embargo, ahí, como en otros lugares, hubo también candidatos republicanos que recibieron el apoyo de sus amigos o parientes partidarios de la monarquía. Con frecuencia las lealtades familiares contaban más que las convicciones políticas. En 1888, cuando los republicanos de Minas lucharon por un escaño en el Senado, recibieron una tercera parte de los votos. Y fue cuando, por fin, se creó el Partido Republicano en Minas Gerais. En este punto los republicanos ya habían tenido tres diputados en la Cámara y varios en la Asamblea provincial. En vísperas de la proclamación de la república, el Partido Republicano de Minas había llegado a ser tan fuerte como los otros dos partidos. Algunos políticos que habían estado en la Cámara durante varios años —João Penido, Felício dos Santos, Cesário Alvim— se declararon republicanos. Según los escrutinios, los republicanos recibieron el 36 por 100 de los votos. Por extraño que parezca, en Río, lugar de creación del partido, los republicanos tuvieron menos éxito. Río era el centro de la burocracia monárquica y de los grandes negocios. Allí, los republicanos reclutaron apoyo principalmente entre los militares y profesionales. Las áreas rurales eran mayoritariamente monárquicas. Una y otra vez, los candidatos republicanos que se presentaban a las elecciones en Río eran derrotados, y los diarios republicanos aparecían y desaparecían. Uno de los pocos candidatos republicanos elegidos en la Asamblea provincial fue José do Patrocinio, periodista y líder abolicionista, que había recibido apoyo de la Confederación Abolicionista. Pero, a pesar de sus lentos progresos en las elecciones para el Senado de 1887, el partido recibió una séptima parte de los votos, y sus candidatos a la Asamblea provincial recibieron una quinta parte de los votos.

En 1882 se creó el Partido Republicano en Río Grande do Sul. Aquí, como en otras provincias, los republicanos fundaron círculos, crearon diarios y se presentaron a las elecciones sin mucho éxito. En 1886, lograron colocar un candidato, Assis Brasil, por primera vez en la Asamblea provincial. Muchos republicanos de Río Grande do Sul eran extranjeros para quienes el programa republicano tenía un atractivo especial. La economía de Río Grande do Sul estaba orientada principalmente hacia el mercado interno. La provincia era la principal suministradora de carne, cecina, cuero y productos alimentarios. Los inmigrantes habían desarrollado una próspera agricultura basada en las pequeñas propiedades. Las peculiaridades de la economía y de la organización social de Río Grande do Sul hacían a su población particularmente sensible a los temas de la descentralización, naturalización y separación de la Iglesia y el Estado. Esto explica por qué en 1889 los republicanos recibieron más votos que los conservadores. Sin embargo, no pudieron impedir que los liberales, que siempre habían tenido un gran apoyo en la provincia, ganaran las elecciones por amplia mayoría.

La similitud entre el programa liberal y el republicano constituía una de las mayores dificultades de los republicanos, no sólo en Río Grande do Sul, sino en todas partes. Cuando los liberales volvieron al poder en 1878, hubo muchas deserciones en las filas republicanas para unirse a los liberales. Incluso algunos de los que en 1868 habían abandonado el Partido Liberal para fundar el Partido Republicano —Lafayette Rodrigues Pereira, Cristiano Otoni, Salvador de Mendonça— pronto volvieron a su partido original, y Lafayette Rodrigues Pereira llegó incluso a aceptar el puesto de primer ministro. Cuando los liberales volvieron al poder en 1878, la única alternativa que le quedó al Partido Republicano fue la de atacar a sus antiguos aliados. Con tal fin, apoyaron a menudo a los conservadores, que habían pasado a la oposición. Entre 1878 y 1884 —periodo de hegemonía liberal—, los republicanos hicieron pocos progresos. Sólo a partir del año 1885, cuando los conservadores volvieron al poder, tomaron nueva vida. Pero mientras los republicanos hacían avances en las provincias sureñas, su situación en otros lugares del país mejoraba muy poco. Sólo en Para, provincia en la que el auge repentino del caucho había alimentado a una élite descontenta con el centralismo, pudieron lograr un apoyo algo más significativo, pero incluso allí los republicanos no representaban más que una minoría militante. En la mayoría de las provincias restantes sólo había unos pocos círculos republicanos localizados en los centros urbanos más importantes, que reunían a un puñado de profesionales idealistas.

Dado que los republicanos eran partidarios de una federación, inicialmente rechazaron la creación de una organización nacional, y las asociaciones locales mantenían su autonomía. A menudo, los republicanos de las distintas provincias diferían sobre la cuestión de la emancipación, pero todos estaban de acuerdo en que debía ser decidida por las provincias, y no por el gobierno central. En 1884, durante los debates sobre el proyecto de ley que proponía la emancipación de los esclavos mayores de 60 años, Felício dos Santos, republicano de Minas Gerais, rechazó apoyar cualquier proyecto de ley que no reconociera el derecho de compensación al propietario del esclavo; pero los otros dos republicanos de la Cámara, Prudente de Moráis y Campos Sales, que representaban a São Paulo, apoyaron el proyecto. Los republicanos también disentían en la estrategia que el partido debía seguir. La gran mayoría estaba de acuerdo con Quintino Bocayuva, líder del partido en Río, cuya postura era de carácter gradualista, legalista y democrático. Su programa era ampliar la base electoral del partido por medio de la propaganda política. Otros, como Silva Jardim, adoptaron una línea más revolucionaria, cultivando la idea de una revolución popular. Además, estaban los partidarios de un golpe militar que derribara al gobierno. Los republicanos también disentían entre sí en la forma ideal de gobierno. La mayoría defendía los principios de la soberanía del pueblo y era partidaria de una forma de gobierno representativa; pero algunos soñaban con un régimen republicano autoritario como el sugerido por Comte.

Aunque hubiera muchas divergencias entre los republicanos, la mayoría parecía conforme con los principios que habían establecido en un proyecto de constitución para el Estado de São Paulo que el partido presentara en 1873: autonomía provincial, sistema de gobierno bicameral en que el poder ejecutivo fuera instrumento del legislativo, sufragio universal, libertad de conciencia, trabajo, prensa y enseñanza, separación de la Iglesia y el Estado, abolición de los privilegios y títulos nobiliarios, garantías a la propiedad privada y abolición del sistema de reclutamiento para la Guardia Nacional. De todos estos temas, el más importante era el de la federación. El resentimiento contra el centralismo había llegado tan lejos que, en São Paulo, dio lugar al nacimiento de un pequeño grupo secesionista. Uno de sus líderes, Martim Francisco, se lamentaba en la Asamblea provincial en 1879 del flujo de riqueza hacia las arcas del imperio, de la interferencia del gobierno central en los asuntos provinciales y de la inadecuada representación de São Paulo en el gobierno central. «Cuando queremos progresar —se lamentaba amargamente— nos envuelve la red del gobierno central, nuestros cargos políticos están llenos de gente extraña a nuestra forma de vida, a nuestros intereses y a nuestras costumbres». Años más tarde, tras la reforma electoral de 1881, comentaba que cada uno de los nueve diputados de São Paulo representaba a casi el doble de la población total de Espirito Santo, provincia que había obtenido dos diputados, y casi el triple de la población de Amazonas, que también obtuvo dos. Se quejaba de que São Paulo contribuía al tesoro nacional con 20 millones de milréis anuales, una sexta parte de los ingresos nacionales totales, pero sólo recibía 3 millones, suma equivalente a los derechos aduaneros obtenidos durante tres meses en Santos, el principal puerto exportador de café de la provincia. Para Martim Francisco, esos hechos eran suficientes para justificar la secesión[18].

Sus quejas no carecían de fundamento. En 1883, São Paulo obtuvo cuatro senadores, mientras Minas tenía diez, Bahía siete, y Pernambuco y Río de Janeiro seis cada una. Mientras que cada senador por São Paulo representaba a 326.568 personas, un senador por Pernambuco representaba a 185.138, y el senador por Amazonas a 80.654. En la Cámara de Diputados se reprodujeron las mismas diferencias; cada diputado paulista representaba a 145.141 personas, mientras que cada diputado por Pernambuco representaba a 85.448, y los de Amazonas a 40.327. En 1889, sólo 3 de los 69 senadores procedían de São Paulo, la provincia más rica del país (con un cuarto escaño vacante). Provincias pequeñas como Sergipe, Alagoas y Paraíba tenían dos, mientras Río tenía cinco, Bahía seis, Pernambuco seis y Minas Gerais diez. Como ya hemos visto, mientras que São Paulo tenía sólo nueve diputados, Ceará, una de las provincias más pobres, tenía ocho, Río de Janeiro doce, Pernambuco trece, Bahía catorce y Minas Gerais veinte. Era raro ver a un paulista de las nuevas áreas cafeteras —la zona más rica del país— como miembro del Consejo de Estado, que estaba dominado por Minas Gerais, Bahía, Río Grande do Sul y Río de Janeiro; la mayoría de los paulistas que obtuvo tales posiciones representaba a los plantadores del valle de Paraíba, en donde las plantaciones estaban en decadencia desde 1870. Para agravar aún más la situación, São Paulo tuvo a menudo como presidentes provinciales a políticos procedentes de otras provincias.

Los paulistas procedentes de las zonas occidentales de la provincia —las más productivas— se lamentaban de su débil representación en el gobierno y empezaban a considerar el federalismo como la única forma de organización política. Esta opinión era compartida por mucha gente de otras provincias. Los de Pará, por ejemplo, también se quejaban del gobierno central, y las críticas contra el centralismo pasaron a ser comunes en Río Grande do Sul y Pernambuco. En un congreso agrícola que tuvo lugar en octubre de 1878, los propietarios de plantaciones azucareras de Pernambuco se lamentaban amargamente de la actuación del banco gubernamental emisor de papel moneda, que en la década de 1870 había prestado 25.000 contos a las provincias del centro-sur del país, de Río de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo y Minas Gerais. Para esas provincias, decían, iban todos los favores. «Mientras el hacendado de esas provincias, protegido por el gobierno y con los beneficios del crédito, goza de todo bienestar y despliega un lujo asiático… los hacendados del norte, con unas pocas excepciones, están obligados a limitarse a subsistir», decía uno de ellos[19]. En todas partes, por razones diferentes, había una creciente sensación de que el centralismo era una fuente de favoritismos y un obstáculo para el desarrollo y el progreso. El federalismo se convirtió en la bandera de todos aquellos que se sentían aprisionados por el gobierno y se resentían de las oligarquías políticas que se perpetuaban a sí mismas en el poder aprovechando un sistema de clientelismo, y a través del monopolio de posiciones en el Senado y el Consejo de Estado. En 1885, una proposición firmada por 39 diputados liberales sugería que el electorado debía decidir si se enmendaba la Constitución para dar al país un sistema federal. La propuesta de enmienda jamás llegó a convertirse en ley, y sólo se adoptó un sistema federal al proclamarse la república.

El federalismo se convirtió en uno de los objetivos principales de los republicanos en su campaña contra el sistema monárquico. Desde el momento en que los conservadores subieron al poder en 1885, los republicanos intensificaron su campaña, intentando ampliar sus bases y definir nuevas estrategias. En un congreso celebrado en São Paulo en mayo de 1888 se repudió la estrategia revolucionaria y se sancionó oficialmente la estrategia «evolucionista», a través del nombramiento de Quintino Bocayuva como líder nacional del partido. Este acontecimiento produjo una crisis en el seno del partido. Silva Jardim publicó un manifiesto el 28 de mayo en el que atacaba violentamente a la facción moderada. Pero su protesta fue ignorada. Finalmente prevaleció el sector pacífico. Un año más tarde, sin embargo, la monarquía sería derribada por un golpe de Estado.

En 1887 el liderazgo del Partido Republicano había empezado a considerar la posibilidad de pedir ayuda a los militares. Rangel Pestaña, miembro del Partido Republicano en São Paulo, sugirió al comité permanente del partido unirse a los militares para dar un golpe de Estado. Cuando asistió al congreso nacional del partido en Río, Pestaña continuó expresando este punto de vista y, a pesar de la desaprobación del comité, estableció contactos con ciertos militares, entre los que se incluían Sena Madureira, Serzedelo Carreia y el vizconde de Pelotas. Esta táctica fue también apoyada por Francisco Glicério, otro dirigente republicano de São Paulo, quien en marzo de 1888 escribió a Bocayuva insistiendo en que estableciese contactos con los militares. Américo Werneck, un líder del partido en Río de Janeiro, también sostenía que el triunfo de la revolución republicana sólo podría llevarse a cabo a través del uso de la fuerza militar. Al mismo tiempo, la cúpula del Partido Republicano en Río Grande do Sul se puso a favor de una solución de carácter militarista.

Una vez puestos de acuerdo sobre la importancia de obtener apoyo militar, los republicanos empezaron a cortejar al ejército de diversas formas. Los dirigentes republicanos contactaron con oficiales afines, y la prensa republicana empezó a dar publicidad a los conflictos entre el ejército y el gobierno, sin perder ninguna oportunidad de enfrentar a los militares contra la monarquía, asegurándoles además el apoyo republicano.

Los republicanos encontraron una gran receptividad en el ejército, en el cual había una insatisfacción general. La creciente alienación de los oficiales respecto al sistema monárquico coincidió con el declinar de su participación en el gobierno. Durante los nueve años del primer imperio (1822-1831), doce militares habían ocupado escaños en el Senado y cinco en el Consejo de Estado. En la década de 1840, Dom Pedro había nombrado cuatro oficiales para el Senado y dos en la década de 1850, pero en los 30 años siguientes de su reinado sólo nombró dos. La representación de los militares en el Consejo de Estado también había disminuido. En el momento de la proclamación de la república, en el Consejo de Estado no había representación militar. La representación militar en los gabinetes y en la Cámara también había disminuido. Y aún más importante, entre 1881 y 1889 todos los ministros de la Guerra fueron civiles.

Durante el gabinete conservador de Cotegipe (1885-1888) se habían producido varios conflictos entre militares y civiles, conflictos que tanto los liberales como los republicanos se encargaron de exacerbar, en su intento de socavar el prestigio de los conservadores. Los militares, cortejados por los políticos y por la prensa, habían adquirido exagerados sentimientos de importancia. Cuando Cotegipe, en 1886, castigó a dos oficiales (Cunha Matos y Sena Madureira) por utilizar la prensa, pese a la prohibición gubernamental, para defenderse de acusaciones hechas contra ellos por funcionarios gubernamentales, el incidente tuvo ruidosas repercusiones y muchos oficiales expresaron su solidaridad con sus colegas. El mariscal Deodoro da Fonseca, desobedeciendo las órdenes del Ministerio de la Guerra, rehusó castigar a Sena Madureira, que estaba bajo sus órdenes. Da Fonseca renunció a su cargo en Río Grande do Sul y se trasladó a Río, donde se convirtió en el centro de la atención. En el Senado, el vizconde de Pelotas (Río Grande do Sul), político experto y oficial leal y prestigioso, advirtió al gobierno del peligro inminente de un levantamiento militar. Sin embargo, el gobierno prosiguió con su política de represión de los oficiales, provocando en el ejército un descontento aún mayor. En 1887 se creó el Casino Militar, que se convertiría en el lugar de reunión de los oficiales descontentos. Los militares estaban cada vez más desilusionados con el sistema político. Como expresión de esta desilusión, Floriano Peixoto, que posteriormente sería presidente de la República, comentaba en su carta de julio de 1887 dirigida al general Neiva: «Nuestro país está en un avanzado estado de corrupción moral y sólo una dictadura militar puede salvarlo»[20].

El conflicto con el ejército contribuyó a la caída de Cotegipe, que fue sustituido por João Alfredo, otro conservador, en marzo de 1888. Sin embargo, el nuevo gabinete, que abolió la esclavitud en mayo, no duró mucho. Y el liberal Ouro Preto, en un ambiente de inquietud militar y agitación republicana, fue llamado en junio de 1889 para formar un nuevo gabinete. Ouro Preto comunicó al emperador que la única manera de enfrentarse a la propaganda republicana era demostrar que el sistema monárquico podía satisfacer sus demandas y llevar a cabo sus promesas. Para conseguir este objetivo, el nuevo ministro diseñó un programa de reformas políticas, económicas y sociales. Pero el programa que presentó a la sesión del Congreso del 11 de junio era una versión ligeramente modificada del programa presentado veinte años antes por el Partido Liberal. Ouro Preto propuso la limitación del periodo de mandato de los senadores, la reducción del Consejo de Estado a la condición de mero cuerpo administrativo, la elección de las autoridades municipales, el nombramiento de presidentes y vicepresidentes provinciales a partir de una lista seleccionada por los electores, y el sufragio universal. También sugirió que debería garantizarse la libertad de culto a todos y propuso la reforma del sistema de enseñanza de forma que se concediera mayor libertad a la iniciativa privada. En relación con las cuestiones económicas, recomendó la reducción de los aranceles de exportación, la promulgación de una ley que facilitara la adquisición de tierras, el desarrollo de los medios de transporte rápidos, la amortización de la deuda externa, un presupuesto federal equilibrado y la creación de instituciones de crédito para la emisión de papel moneda. Sin embargo, no incluía ninguna medida para la adopción de un sistema federal, que había sido una de las demandas cruciales de los críticos de la monarquía.

Cuando el primer ministro presentó su propuesta a la Cámara, Pedro Luís Soares de Sousa, diputado por Río de Janeiro, no pudo reprimir una exclamación que ciertamente expresaba los sentimientos de la mayoría de los presentes: «Esto es el principio de la república». Ouro Preto respondió: «No, es la derrota de la república». Estaba equivocado; unos pocos meses después era derribada la monarquía.

El programa de Ouro Preto no satisfizo a los radicales e irritó a los conservadores. Los conservadores propusieron una moción de censura, que fue aprobada por 79 votos frente a 20. Pocos días después, el 17 de junio, fue disuelta la Cámara y el gobierno convocó elecciones. La situación, cada vez más tensa, fue agravándose. Ouro Preto tomó medidas que molestaron a algunas figuras importantes del ejército. El nombramiento de Silveira Martins para la presidencia de Río Grande do Sul irritó al mariscal Deodoro da Fonseca, quien contaba con un largo historial de conflictos personales con Martins. Y el nombramiento de Cunha para un puesto en Mato Grosso también provocó descontento. A finales de octubre había rumores crecientes de que el gobierno iba a licenciar o exiliar a las áreas remotas del país a las guarniciones rebeldes.

Los republicanos se aprovecharon de la irritación existente entre los militares. El 11 de noviembre, días antes del pleno de la Cámara, Rui Barbosa, Benjamín Constant, Aristides Lobo, Bocayuva, Glicério y el coronel Solon se reunieron con el mariscal Da Fonseca para intentar convencerle de que tomase la iniciativa del golpe contra la monarquía. El anciano todavía vacilaba. Siempre había sido leal al emperador y, a pesar de su irritación contra el gabinete, no parecía dispuesto a apoyar un golpe militar contra él. Sin embargo, el 15 de noviembre, al salir de su casa con la intención de obligar a Ouro Preto a dimitir, se encontró con un ministro obstinadamente decidido a resistir a toda costa. El enfrentamiento entre ambos no duró mucho. Pocas horas después, un grupo de republicanos anunció a la asombrada nación la caída de la monarquía y la proclamación de la república. La familia real fue enviada al exilio. Nadie se levantó en defensa de la monarquía.

La proclamación de la república fue el resultado de la acción concertada de tres grupos: una facción militar (representativa de una quinta parte del ejército, a lo sumo), los propietarios de plantaciones de la zona oeste de São Paulo y parte de las clases medias urbanas. La creciente pérdida de prestigio de la monarquía contribuyó al éxito de la conspiración. Pero, aunque los «revolucionarios» estuvieran momentáneamente unidos por su ideal republicano, durante los primeros intentos de organizar el nuevo régimen empezaron a aflorar sus profundos desacuerdos. En los primeros años de la república, las contradicciones latentes estallaron en conflictos que contribuyeron a la inestabilidad del nuevo régimen.

CONCLUSIÓN

El año 1889 no marcó una ruptura significativa en la historia brasileña. El país continuó dependiendo, como lo había hecho siempre, de las exportaciones de productos agrícolas al mercado internacional y de las inversiones extranjeras. El poder siguió en manos de los plantadores y comerciantes y de sus aliados. El sufragio universal no incrementó sustancialmente el electorado, ya que el requisito de no ser analfabeto impedía votar a la mayoría de la población brasileña. El sistema de patronazgo y clientelismo permaneció intacto y los grupos oligárquicos continuaron manteniendo el control de la nación con exclusión de las masas. El sufragio universal, la adopción de un sistema federal, la abolición del carácter vitalicio de los escaños del Senado, la abolición del Consejo de Estado y del poder moderador, la separación de Iglesia y Estado —todos los objetivos por los que habían luchado los reformistas—, no tuvieron los efectos milagrosos que se les había supuesto. El principal logro de la república fue el de llevar al poder a una nueva oligarquía de plantadores de café y sus clientes que sólo promovió los cambios institucionales que necesitaba para satisfacer sus propias necesidades. Para todos los demás grupos sociales que habían esperado que la república representara una ruptura con el pasado, el día 15 de noviembre fue un engaño.

Capítulo 15
BRASIL: ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA
DE LA PRIMERA REPÚBLICA, 1889-1930

CAMBIO DEMOGRÁFICO Y SOCIAL

Al proclamarse la República en 1889, Brasil era un país con una densidad de población pequeña, y en el norte y el oeste había vastas áreas virtualmente deshabitadas o con una población muy dispersa. Aunque pueda considerarse que estas generalizaciones se mantuvieron durante todo el periodo de la Primera República (1889-1930), hubo, sin embargo, un considerable crecimiento demográfico. Entre 1890 y 1920, la población casi se dobló, aumentando de 14,3 a 27 millones. Este incremento fue debido al proceso de crecimiento natural, combinado con la inmigración europea masiva hacia el centro-sur. Sin embargo, la pirámide de edad muestra un rasgo característico de los países subdesarrollados: una pirámide de base muy amplia que disminuye muy acusadamente hacia un vértice muy estrecho, resultado de un índice de natalidad muy elevado combinado con índices de mortalidad elevados, y especialmente de mortalidad infantil. Los menores de veinte años constituían el 51 por 100 y el 56 por 100 de la población en 1890 y 1920, respectivamente. En 1890, los grupos de edad de cuarenta y cincuenta años sumaban casi el triple que el de mayores de sesenta años, y más del triple en 1920. Los mayores de sesenta años representaban el 4,7 por 100 y el 4 por 100 de la población en esos años. Las estimaciones para el periodo comprendido entre 1920 y 1940 sugieren una esperanza de vida de sólo 36-37 años; la esperanza de vida para el periodo 1900-1920 aún era más baja[1].

En el centro-sur, donde la inmigración jugó un papel importante en el crecimiento de la población y en el desarrollo de la estratificación social, São Paulo fue el Estado que absorbió la mayor parte de los inmigrantes: el 51,9 por 100 de los 304.054 inmigrantes que entraron en el país entre 1888 y 1890, el 64,9 por 100 de los 1.129.315 inmigrantes que entraron en el periodo comprendido entre 1891 y 1900, y el 58,3 por 100 de los 1.469.095 que entraron en el periodo 1901-1920.

La inmigración hacia el Estado de São Paulo fue el resultado de la planificación gubernamental, cuyo principal objetivo era el de suministrar mano de obra al sector cafetero, centro dinámico del crecimiento económico en las décadas inmediatamente anteriores a la abolición de la esclavitud (1888). Tras el fracaso de los experimentos del cultivo con aparceros, la burguesía cafetera ideó un sistema de producción basado en el colonato. El terrateniente contrataba a una familia de colonos y pagaba un salario anual por cultivar sus plantaciones de café. La recolección en sí se pagaba independientemente, y el sistema podía aplicarse a cualquier área agrícola productiva dentro de la propiedad. Por consiguiente, no había necesariamente un vínculo directo entre la plantación de café cultivada por una familia y la recogida de la cosecha. Aparte de esto, había una cierta cantidad de trabajo por horas, relacionada generalmente con el mantenimiento de los precios y el transporte, que se pagaba diariamente y cuyo montante solía ser muy pequeño. Los colonos recibían alojamiento y se les proporcionaban unas porciones de terreno para que pudieran cultivar cosechas de subsistencia, cuyos excedentes podían vender en los mercados locales. Ocasionalmente se les permitía conservar una o dos cabezas de ganado en los valles profundos, susceptibles de padecer heladas, y, por lo tanto, inadecuados para el cultivo del café. El sistema de colonos combinaba un sistema capitalista de producción con un sistema no capitalista de arrendamiento de tierras. Esto era particularmente cierto en el caso del tipo de acuerdo contractual, que era práctica corriente en las plantaciones de café nuevas, y que, de hecho, era el preferido por los inmigrantes. El colono y su familia plantaban el café y cultivaban la plantación durante un periodo de cuatro a seis años, ya que generalmente el cafeto empezaba a producir una pequeña cosecha durante el cuarto año. Los colonos, prácticamente, no recibían ningún pago en dinero, pero podían dedicarse a la producción de otras cosechas destinadas a la alimentación, especialmente maíz y fríjoles, entre las hileras de los nuevos cafetos. Generalmente también tenían derechos sobre la primera cosecha de café. La producción de cosechas dedicadas a la alimentación era destinada, no sólo al consumo familiar, sino también a la venta local, existiendo evidencias que demuestran que esto último era un factor particularmente importante.

La cuestión de la movilidad social en el São Paulo rural sigue siendo motivo de controversia. En un estudio del periodo comprendido entre 1871 y 1914 se estima que las oportunidades que tenían los colonos de llegar a convertirse en pequeños propietarios o en propietarios de tipo medio eran muy limitadas. El acceso a las tierras requería influencias, aunque el precio de la tierra no fuera elevado, y los compradores potenciales precisaban de unos recursos para sacar rendimiento a la tierra que les eran relativamente inaccesibles. Según este estudio, en 1905 sólo un 6 por 100, a lo sumo, de los propietarios rurales era de origen italiano[2]. En otro estudio de un periodo más largo (1886-1934), se llega a una conclusión distinta, aunque no se niegan las dificultades y presiones experimentadas por los inmigrantes. Según este estudio, una proporción significativa de los trabajadores que se establecían en las áreas rurales era socialmente móvil, y a lo largo de los años llegó a constituir un importante sector de pequeños y medianos propietarios, en especial en la zona oeste de São Paulo, la más dinámica del Estado. Este proceso era básicamente el resultado del sistema de colonización, que permitía a los colonos ahorrar, e incluso estimulaba a algunos propietarios a vender partes de sus haciendas con el fin de hacer nuevas inversiones en otros lugares. La frecuencia real de este fenómeno puede ser objeto de debate, pero no existen dudas sobre su importancia. En una investigación realizada por la Secretaría de Agricultura del Estado de São Paulo en 1923, que abarcaba los municipios productores de café, se demostraba que el 37,6 por 100 de las propiedades rurales computadas pertenecía a italianos, españoles o portugueses, quienes representaban, todos juntos, el 87 por 100 del total de inmigrantes llegados a São Paulo entre 1886 y 1923. Los nativos de estas tres nacionalidades poseían el 24,2 por 100 del número total de cafetos inspeccionado, con un promedio de 15.700 cafetos productivos por hacienda[3]. Evidentemente, estos eran pequeños propietarios, ya que más de la mitad de las haciendas de São Paulo tenía más de 100.000 cafetos cada una, y, algunas, más de un millón.

Inevitablemente, la cuestión que se suscita es el porqué de la preferencia de la burguesía agrícola-mercantil de São Paulo por los trabajadores inmigrantes, en especial los italianos, frente a otras fuentes alternativas de mano de obra. En lo que se refiere a los ex esclavos, hay que recordar que las relaciones laborales se habían deteriorado durante los años del régimen esclavista. La creciente frecuencia con que los esclavos se fugaban o se sublevaban presentaba problemas considerables cuando había que decidir cómo transformar la mano de obra esclava en asalariada. A medida que iban llegando trabajadores inmigrantes a las plantaciones y aumentaban los problemas con la población esclava, los propietarios se empezaban a percatar cada vez más de la cualidad superior de la mano de obra inmigrante. La población negra que quedó en el São Paulo rural después de la abolición, en términos generales siguió uno de estos dos caminos: bien se estableció en zonas aisladas donde se dedicó a la agricultura de subsistencia, o bien fue relegada a las formas más serviles de trabajo dentro de las plantaciones cafeteras, sin ninguna relación directa con la producción. Como en el caso de los trabajadores agrícolas libres, se dedicaban principalmente a la agricultura de subsistencia y, por lo tanto, podían mantener un grado relativo de independencia. El sometimiento de este sector de la población a los requerimientos de disciplina de trabajo de la plantación era un problema que los propietarios preferían soslayar, dada la disponibilidad de otras formas de mano de obra. Finalmente, existen varios factores que explican el porqué de la preferencia por la mano de obra inmigrante, especialmente la italiana, sobre la mano de obra brasileña extraída de otros estados: los prejuicios de los propietarios contra la mano de obra nativa de Brasil, la existencia de poderosos grupos de intereses en Italia preparados para proporcionar mano de obra barata en cantidad razonable, el coste relativamente bajo del transporte internacional en comparación con el transporte interregional dentro del propio Brasil y la oposición de grandes grupos de intereses a la migración interna de la mano de obra. También hay que destacar que, aunque sobrara mano de obra, especialmente en el noreste del país, en ese momento no era suficiente para satisfacer las necesidades de los plantadores cafeteros de São Paulo, que estaban interesados en obtener mano de obra rápidamente y a gran escala. Además, el auge repentino del caucho en el norte entre 1880 y 1912 absorbió gran parte del exceso de mano de obra disponible en el noreste.

Las variaciones del nivel de inmigración dependían de las condiciones internacionales, de las condiciones en el país de origen y, sobre todo, del estado de la economía cafetera brasileña. Los diez años comprendidos entre 1890 y 1900 constituyeron el periodo de mayor inmigración, tanto en términos absolutos como relativos. La prolongada crisis de la economía italiana, que duró desde mediados de la década de 1880 hasta mediados de la década de 1890, estimuló la emigración, particularmente de la zona norte del país. Y mientras Argentina y Estados Unidos experimentaron un periodo de recesión después de 1890, Brasil entraba en un auge repentino gracias al café, en un momento en que precisaba sustituir su mano de obra esclava para incrementar su fuerza de trabajo en general. Los inmigrantes se veían, en gran parte, atraídos por el programa de pasajes subvencionados del gobierno brasileño. Casi el 80 por 100 de los inmigrantes que llegaron al Estado de São Paulo entre 1890 y 1900 tuvieron el transporte pagado por este sistema. Por otra parte, en los últimos años de la década se produjo una inversión de esta tendencia. Brasil entró en un periodo de superproducción y crisis en la economía del café. En 1902, el gobierno inició una política destinada a limitar la creación de nuevos cafetales en São Paulo. Al mismo tiempo, el gobierno italiano, mediante el decreto Prinetti, prohibió posteriores inmigraciones subvencionadas hacia Brasil, como respuesta a las continuas quejas de ciudadanos sobre las condiciones de vida en las plantaciones de São Paulo. Durante los años 1903 y 1904 se produjo un balance negativo de la inmigración neta hacia el Estado de São Paulo. La inmigración volvió a tener nuevamente una subida acentuada con la recuperación de la economía brasileña, y alcanzó un máximo en los años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial. En 1913 entraron en el país un total de 116.640 extranjeros, cifra que igualaba a los mejores años de la década 1890-1900. Sin embargo, la guerra interrumpió el flujo de inmigrantes, y en 1918 sólo hubo 10.772 nuevas llegadas. Cuando, en la década de 1920, la inmigración volvió a aumentar otra vez, ya no estuvo ligada a las fluctuaciones de la economía del café. La inmigración directa hacia las grandes ciudades se convirtió rápidamente en la norma. Por entonces, en las zonas rurales de São Paulo y del sur del país había ya más posibilidades para los pequeños granjeros dedicados a la producción de cultivos para la alimentación.

Contando todo el periodo comprendido entre 1884 y 1933, los tres grupos principales de inmigración fueron los italianos (1,4 millones), los portugueses (1,1 millones) y los españoles (577.000). Como ya se ha visto, los italianos se establecieron principalmente en el Estado de São Paulo, y en menor medida en las áreas de colonización del sur. Entre 1884 y 1903 fue, con mucho, el grupo extranjero más numeroso que entró en el país. A partir de 1903, el número de entradas de italianos decreció considerablemente, bajando hasta el tercer lugar en las décadas siguientes. La inmigración portuguesa fue la más estable durante el periodo en estudio, ocupando el primer lugar en los años comprendidos entre 1904 y 1913, y periodos posteriores. Generalmente, los portugueses se establecían en las ciudades, donde ocupaban puestos en el comercio y en empresas de servicios. En 1920, el 39,8 por 100 de los portugueses establecidos en Brasil residía en Río de Janeiro, donde constituían el grupo extranjero más numeroso. También fueron mayoría en el puerto de Santos, al contrario de lo que ocurrió en São Paulo. Los españoles estaban distribuidos más o menos uniformemente por todo el Estado de São Paulo. En el puerto de Santos formaban el segundo grupo extranjero más numeroso, por detrás de los portugueses.

Después de italianos, portugueses y españoles, los siguientes en importancia fueron los alemanes y los japoneses. La inmigración alemana fue particularmente significativa en el sur y estuvo vinculada inicialmente al establecimiento de pequeñas granjas. Los alemanes no fueron asimilados tan fácilmente como los portugueses, italianos o españoles, y todavía en la década de 1930 formaban una comunidad cultural diferenciada —factor que iba a ser una fuente de ansiedades para el gobierno de Vargas—. Los japoneses empezaron a llegar a Brasil en 1908, gracias a un acuerdo entre el Estado de São Paulo y ciertas compañías japonesas de inmigración, que ofrecían a los inmigrantes pasajes subvencionados y subsidios. Al principio se les empleaba en trabajos agrícolas, pero a partir de 1912 el gobierno estatal empezó a proporcionarles tierras. Hasta mediados de la década de 1920 la inmigración japonesa era relativamente insignificante. Sin embargo, en el periodo entre 1924 y 1933, llegó a ser la segunda corriente migratoria en importancia, sumando un total de unas 110.000 personas. Los japoneses se establecieron principalmente en el Estado de São Paulo, donde se convirtieron en pequeños y medianos propietarios vinculados a la producción de alimentos.

El norte y el noreste del país atrajeron a pocos inmigrantes, ya que había escaso crecimiento económico (aparte del auge repentino del caucho) y no había carencia de mano de obra. El fin del sistema esclavista comportó, en gran medida, un refuerzo de las condiciones existentes. En el cinturón de plantación azucarera, el problema de la mano de obra asalariada fue solucionado recurriendo a una práctica que se remontaba al periodo colonial, y que suponía el establecimiento de pequeños propietarios de tierras que dependían de un terrateniente más importante. Ubicados en pequeños terrenos en los que cultivaban productos de subsistencia, los trabajadores eran llamados a trabajar en las plantaciones de caña siempre que era necesario. Generalmente este trabajo se realizaba sin remuneración o con unos salarios escandalosamente bajos. Entre los pequeños propietarios y los ganaderos se estableció un sistema de relaciones similar. Aunque en el noreste existieran haciendas independientes de tamaño mediano, en especial en el sector azucarero, el sistema dominante de relaciones sociales sirvió para obstaculizar la formación de un mercado de mano de obra libre y el desarrollo de una economía campesina.

En el lejano sur, la ganadería de los latifundios situados en la parte suroeste de Río Grande do Sul —que producía la cecina de vacuno para consumo de los grupos sociales de rentas bajas del centro-sur y noreste— requería muy poca mano de obra y no atrajo a los inmigrantes. Sin embargo, en otras partes del Estado se instaló un gran número de alemanes e italianos atraídos por la posibilidad de adquirir tierras. En la zona de las tierras altas desarrollaron el cultivo del trigo y del arroz, según un régimen mixto de agricultura de subsistencia y de agricultura comercial, gran parte de cuyos productos encontró mercado en el Estado de São Paulo. Por lo tanto, Río Grande do Sul tuvo la singularidad de desarrollar una economía destinada al mercado doméstico, y, gracias a eso, propició la aparición de un núcleo significativo de propietarios independientes de tamaño medio.

Paralelamente al establecimiento de grandes cantidades de inmigrantes europeos en el centro-sur, durante las últimas décadas del siglo XIX, hubo un importante movimiento migratorio interior entre el noreste y el norte. El impacto que tuvo ese desplazamiento sobre la estructura social fue, sin embargo, relativamente limitado. A partir de la década de 1870, el crecimiento de las actividades asociadas con la extracción de caucho en la cuenca del Amazonas atrajo inmigrantes procedentes del noreste. Los periodos de sequía que devastaron el noreste durante las décadas de 1870 y 1880 fueron también factores importantes contribuyentes al desplazamiento de la población. Según una estimación aproximada, entre 1890 y 1900 fueron atraídas hacia el Amazonas unas 160.000 personas, y durante todo el periodo que va de 1872 a 1920, Ceará, el Estado del noreste más cercano a la región amazónica, presentó un balance negativo en términos migratorios. A pesar de ello, hacia 1912 la producción brasileña, enfrentada a la competencia del caucho producido en las colonias británicas y holandesas de Asia, se colapso, lo que tuvo un efecto rápido sobre la migración interna. El auge repentino del caucho estimuló el crecimiento de algunas ciudades y favoreció la movilidad social entre ciertos grupos urbanos. Sin embargo, la migración de trabajadores no dio lugar a ninguna transformación social significativa en la región. La mano de obra, diseminada por el área lluviosa de la selva, estaba sujeta a una dura explotación y atrapada por diversas formas de endeudamiento que le impedían el cambio social.

Durante los últimos años del siglo XIX, e incluso hasta 1920, la migración interna hacia el centro-sur, y en su interior, fue limitada. Las áreas urbanas y, en particular, la capital de la República (el Distrito Federal) fueron focos importantes para la inmigración. Y vale la pena resaltar que, a partir de 1890 en adelante, Minas Gerais presentó un balance negativo uniforme en términos de migración, pues una parte significativa de su población se trasladó al cinturón agrícola de São Paulo y hacia Río de Janeiro. El desplazamiento «espontáneo» de la población negra en los años inmediatamente posteriores a la abolición de la esclavitud es un tema que siempre ha provocado algunas controversias. Parece verosímil que la abolición provocara que una cantidad bastante importante de ex esclavos del Estado de São Paulo volviera al noreste, lugar donde habían sido vendidos en los años de la trata interna de esclavos. La migración hacia la capital del Estado de São Paulo no fue especialmente significativa. Por otra parte, parece ser que el Distrito Federal recibió una gran afluencia de ex esclavos que habían abandonado las plantaciones cafeteras del interior del Estado de Río de Janeiro, en declive evidente por entonces. Entre 1890 y 1900, el total neto de migrantes interiores de origen brasileño que entró en la capital de la República alcanzó la cifra de 85.547, mientras que, durante el mismo periodo, el Estado de Río presentaba un balance negativo, en términos de migración, de 84.280 personas.

A partir del comienzo de la década de 1920, las condiciones que habían limitado la migración interior en el centro-sur durante la fase de su expansión económica empezaron a cambiar. Los trabajadores procedentes de Minas y del noreste entraron en el Estado de São Paulo en cantidades crecientes. En 1928 los migrantes internos superaron las cifras de inmigrantes del extranjero, y así seguiría sucediendo a partir de 1934. Aunque el índice de inmigración durante la década de 1930 fuera todavía considerable, los rasgos característicos del movimiento migratorio se iban a alterar definitivamente, pasando los migrantes de origen brasileño a ocupar un papel preponderante en la provisión de mano de obra, tanto en las áreas rurales del centro-sur, como en la industria, por entonces en fase de expansión. Esta tendencia fue reforzada en el ámbito internacional por la crisis mundial de 1929, y en el ámbito nacional, por las medidas que se tomaron para «nacionalizar» la fuerza de trabajo y establecer un sistema de cuota para la entrada de inmigrantes.

Muchos inmigrantes se establecieron directamente en las ciudades, o fueron responsables posteriormente de la migración interior desde las áreas rurales hacia las urbanas. Esta corriente migratoria era debida, por una parte, al descontento con las condiciones laborales en el São Paulo rural, especialmente durante los periodos de crisis del sector cafetero, y, por otra parte, a las oportunidades de trabajo, en actividades industriales y artesanales, que las ciudades brindaban. No es casualidad que entre 1890 y 1900, la década de mayor afluencia de extranjeros, la capital del Estado de São Paulo experimentara un ritmo de crecimiento del 14 por 100 anual, pasando su población de 64.934 a 239.820 habitantes. São Paulo se convirtió en una «ciudad italiana», en la cual, en 1893, los extranjeros constituían el 54,6 por 100 de la población total. Aunque en el campo de la administración pública y de las profesiones liberales no hubiera muchos extranjeros, en las industrias de fabricación suponían el 79 por 100 de la mano de obra, y el 71,6 por 100 en el comercio. En Río de Janeiro, la capital federal, la contribución de la inmigración también fue significativa. En 1890 los inmigrantes sumaban ya el 39 por 100 de la mano de obra de la industria y el 51 por 100 en el comercio.

Durante el periodo de la Primera República, Brasil continuó siendo un país predominantemente rural. En 1920, el 69,7 por 100 de la población ocupada estaba relacionada con la agricultura, el 13,8 por 100 con la industria, y el 16,5 por 100 con el sector de servicios. En el mismo año, 74 ciudades tenían más de 20.000 habitantes, y la población urbana total constituía el 16,6 por 100 de la población global (unos 4.500.000 de habitantes). Desglosándolo por regiones, en 1920 las ciudades agrupaban el 15,6 por 100 de la población en el norte, el 10,1 por 100 en el noreste, el 14,5 por 100 en el este, el 29,2 por 100 en el Estado de São Paulo, el 14,6 por 100 en el sur, y el 2,8 por 100 en el centro-oeste. Por otra parte, las ciudades más grandes —las capitales de Estado— experimentaron un crecimiento constante entre 1890 y 1920. Durante el periodo de diez años comprendido entre 1890 y 1900, São Paulo, que estaba empezando su espectacular crecimiento, y Belém, el centro de la exportación de caucho, crecieron a un ritmo del 6,8 por 100 anual, y el ritmo de crecimiento global de las capitales de Estado alcanzó el 4,3 por 100. Entre 1900 y 1920, el ritmo de crecimiento de las capitales de Estado cayó al 2,7 por 100, aunque São Paulo continuó creciendo rápidamente (bien que a un ritmo menor, del 4,5 por 100), y otras ciudades como Porto Alegre (Río Grande do Sul) aumentaron su importancia.

Desde principios de siglo, la red urbana tendió de forma constante hacia un proceso de concentración. La urbanización aumentó en términos absolutos, pero las grandes ciudades se extendieron mucho más rápidamente que los centros urbanos medianos o pequeños. Esta tendencia se agudizaría en el periodo comprendido entre 1920 y 1940. Sin embargo, en 1920, Brasil sólo tenía dos grandes ciudades de más de 500.000 habitantes: el Distrito Federal, con una población de 1.150.000 habitantes, y São Paulo, con 570.000.

ESTRUCTURAS SOCIALES Y POLÍTICAS

El establecimiento y consolidación del imperio brasileño en la primera mitad del siglo XIX fue producto de una coalición entre burócratas de alto rango —especialmente magistrados, sectores de la clase terrateniente rural, particularmente en Río de Janeiro, pero también, en menor grado, en Bahía y Pernambuco— y comerciantes de las ciudades principales, ansiosos de contener la agitación política y social urbana. En el conflicto entre el centralismo y la autonomía provincial, que caracterizó a las primeras décadas del imperio, la victoria se inclinó claramente del lado del aumento de la centralización política y administrativa. Los burócratas, apoyados por los fazendeiros cafeteros de Río de Janeiro y educados en la tradición del absolutismo portugués, fueron los principales teóricos y ejecutores de la centralización.

La oposición al régimen centralista de la monarquía reapareció en las últimas décadas del siglo XIX. Las clases sociales que surgieron en las nuevas áreas de expansión económica, particularmente la burguesía cafetera de São Paulo, empezaron a manifestarse en favor de una república federal, con una autonomía provincial suficiente para poder recaudar sus propios impuestos, tener sus propios programas de inmigración, crear sus fuerzas militares y contratar créditos del exterior. Lo que unía a los oponentes a la monarquía en el Partido Republicano de São Paulo era la lucha por una estructura federal y una descentralización política y administrativa; y no, como se ha dicho a veces, el tema de la abolición de la esclavitud. Tras el triunfo de la república, o, dicho de forma más precisa, de aquellos intereses regionales de clase responsables de la formación de la república, el gobierno central perdió un grado considerable de poder en beneficio de las provincias, llamadas estados a partir de entonces, y de sus presidentes electos.

A medida que las clases dominantes de cada Estado se fueron articulando más, y los sectores que, como el judicial, no estaban vinculados a la actividad económica empezaron a perder su influencia sobre la maquinaria del Estado, se fue produciendo una mayor convergencia entre la clase dominante y la élite política y administrativa. Esta última se vinculó más a sus propias regiones y, al reducirse su ámbito geográfico, se hizo más representativa. A su vez, los intereses de las clases dominantes estaban establecidos en el seno de la red política estatal, como se ve bastante claramente en la constitución de los partidos políticos, que originariamente fueron concebidos como organizaciones estatales y permanecieron con esta característica básica a lo largo de toda la Primera República. Los llamados «partidos nacionales», como el Partido Republicano Federal y el Partido Republicano Conservador, nunca pasaron de ser efímeros intentos de organizar una federación de oligarquías estatales. Hasta la década de 1920, el intento de lanzar un partido democrático nacional basado en los partidos democráticos de oposición en el ámbito estatal, no fue una excepción a la regla.

Indudablemente, el énfasis puesto en la regionalización y descentralización política servía a intereses bien definidos. La nueva red institucional creó las condiciones que permitieron a la burguesía de São Paulo ganar fuerza y consolidar su posición dentro del Estado y de la nación. Al mismo tiempo, el regionalismo contenía la semilla de su propia destrucción, en el sentido de que ni el Estado en su conjunto ni las clases dirigentes tenían la capacidad de legitimarse a sí mismas como representantes del interés general de la nación.

El sistema político de la Primera República, presentado en términos sencillos, se ha descrito generalmente como sustentado sobre tres núcleos de poder. En la base de la pirámide estaban los potentados locales, los llamados coronéis, que controlaban la población rural de un área determinada. En un nivel intermedio estaban las oligarquías estatales, constituidas en mayor o menor medida por «federaciones de coronéis», cuyas funciones diferían institucionalmente de las de los coronéis cuando actuaban aisladamente. En el pináculo de la estructura de poder estaba el gobierno federal, que era producto de una alianza entre las oligarquías de los estados más importantes y, por lo tanto, expresión de una «federación de oligarquías». Un rasgo característico del sistema global era el bajo nivel de participación política de la masa de la población. Además, las relaciones entre clases y grupos sociales se expresaban en forma vertical, de acuerdo con la jerarquía inherente a las relaciones de clientelismo, y no horizontalmente como correspondería a la expresión de intereses de clase opuestos. Se ha prestado mucha atención al papel estratégico de las oligarquías estatales en la «lubricación» de las ruedas del gobierno. Los coronéis básicamente eran suministradores de votos, que dependían de la influencia de las oligarquías estatales en el gobierno para obtener una serie de favores, incluyendo trabajos e inversiones, que, a su vez, eran la base de su poder sobre la población local. Por otra parte, la relación entre las oligarquías estatales y el gobierno central ha sido interpretada como de igualdad, poniéndose mucho más énfasis en el bajo nivel de institucionalización en el ámbito nacional. La maquinaria política en el ámbito estatal determinaba la elección del presidente de la República. A su vez, el gobierno federal hacía el mayor esfuerzo posible para asegurar la supremacía de las facciones dominantes en el ámbito estatal, evitando que se fomentara la disidencia política.

Sin duda alguna existe una gran dosis de verdad en este panorama, pero, dado su grado de generalización, omite inevitablemente algunas de las características del sistema político. Las relaciones entre los coronéis y la población que estaba bajo su control, así como entre los propios coronéis, entre la oligarquía estatal y el gobierno federal, variaban considerablemente de una región a otra. Las características socioeconómicas del país no eran en absoluto homogéneas. En un extremo, estaba el Estado de São Paulo, en el otro los estados del norte y noreste, sin olvidar las extensas zonas de población dispersa. Mientras que el Estado de São Paulo estaba entrando en una fase de desarrollo capitalista caracterizada por un intenso nivel de inmigración, los estados del norte y del noreste, en los que predominaban las relaciones precapitalistas, experimentaban un nivel de crecimiento muy inferior, cuando no estaban estancados o en clara recesión. El paternalismo unido a la violencia, sobre todo en la población rural, estaba extendido por todo el país como las dos caras de una misma moneda, pero el uso de esos dos instrumentos de dominación presentaba variaciones de estilo, frecuencia e intensidad.

La vida social y política durante la Primera República estaba dominada por las relaciones de clientelismo, incluso en los centros urbanos más importantes, como Río de Janeiro y São Paulo. Sin embargo eran particularmente fuertes en las áreas rurales, porque en ellas se daban ciertas condiciones ideales para asegurar el mantenimiento de las relaciones basadas en el intercambio desigual de favores entre hombres situados en los extremos opuestos de la escala social. Los recursos productivos estaban controlados por una pequeñísima minoría; había una ausencia casi total de bienestar social público o privado; y las condiciones generalmente precarias de supervivencia no permitían a las clases dominadas hacer otra cosa que no fuera buscar individualmente la protección de los elementos más poderosos. La protección, en forma de tierras, ayuda financiera o empleo, se intercambiaba por la garantía de lealtad, la cual, según cada caso particular, se traducía en estar dispuesto a defender al coronel físicamente, o en obedecer sus deseos en las urnas.

Un sistema de poder particularmente efectivo para los coronéis era la estructura familiar conocida como la parentela, que era típica del noreste. La parentela incluía a la familia extensa, formada por parientes por matrimonio, tanto vertical como colateralmente, así como las relaciones de afinidad rituales, como los padrinos, o de adopción. Sin embargo, no todos los miembros de la familia estaban incluidos en la parentela, ya que ésta estaba basada en la lealtad al patriarca[4]. Por esta razón, ciertas personas vinculadas entre sí por consanguinidad o por matrimonio no formaban parte de la parentela, aunque estuvieran relacionadas con ella. También vale la pena anotar que las normas familiares no necesariamente funcionaban cuando se elegía un nuevo cabeza de parentela. Los descendientes de un patriarca en línea directa podían llegar a ser ignorados, en beneficio de parientes colaterales o parientes políticos.

Institucionalmente, la República reforzó el papel de los coronéis, ya que la descentralización dio mayor poder a los municipios, que eran las unidades políticas y administrativas más pequeñas de cada Estado. Los municipios no sólo ganaron una mayor autonomía nominal, sino también un mayor control sobre la renta pública. Resulta reveladora la comparación entre los años 1868-1869 y 1910: en el primero, el gobierno imperial recibió el 80,8 por 100 de toda la renta pública, las provincias el 16,7 por 100 y los municipios el 2,5 por 100; en el segundo, el gobierno central recibió el 59,9 por 100 de los ingresos totales, los estados el 21,5 por 100, y los municipios el 18,6 por 100. Aparte de esto, la ampliación del sufragio establecida en la Constitución de 1891 reforzaba a los coronéis, quienes, en el ámbito local, ganaron un mayor poder de negociación[5]. Al mismo tiempo, sin embargo, el refuerzo del poder de los estados limitó considerablemente la acción de los coronéis, o al menos supuso un foco de tensión entre los mismos y las oligarquías estatales.

En este punto es importante hacer algunas distinciones. En los estados del norte y del noreste hubo dos modelos políticos principales. En ciertos casos, una oligarquía familiar poderosa tomaba el poder sobre la maquinaria gubernamental, minimizando así la distinción entre coronéis locales y la oligarquía estatal. En otros, eran los grupos que representaban intereses urbanos —que incluían a muchos políticos profesionales, o áreas rurales vinculadas a la exportación— los que tomaban el poder. Sin embargo, su posición era frágil, y los llamados «coronéis del interior» mantuvieron un considerable grado de autonomía. Esto es lo que ocurrió en toda una vasta región a ambos lados del río São Francisco, donde florecieron auténticas «naciones de coronéis». Con el apoyo de sus propios ejércitos privados, se convirtieron en verdaderos jefes militares dentro de su área de influencia. Además, el desarrollo del comercio interior en estados como Bahía, Goiás, Pernambuco, Piauí y Maranhão fomentó alianzas entre coronéis cuyo ámbito llegaba a atravesar las fronteras estatales. Como norma general, los coronéis preferían mantener el máximo grado de autonomía en el interior de su área, y no ponían objeciones al hecho de que las capitales de Estado y las zonas costeras recibieran una proporción de la renta pública relativamente superior. Es más, solían reaccionar contra los intentos de integrarles en partidos u otras organizaciones que pudieran contribuir a la eliminación de los feudos familiares y el bandolerismo.

En esos estados, que no formaban parte de la poderosa constelación centrada en São Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, el papel del gobierno federal era principalmente de arbitraje, prestando, en ocasiones, su apoyo a la oligarquía política local, y en otras, negociando directamente con los coronéis. El caso de Bahía fue singular y estuvo caracterizado por la autonomía de los coronéis en el interior y por la debilidad de los partidos y de las instituciones políticas de la oligarquía. El apoyo que recibieron los militares del gobierno federal durante la presidencia del mariscal Hermes da Fonseca (1910-1914) fue decisivo en las elecciones a la presidencia del Estado de 1912, que llevaron al poder a J. J. Seabra, político cuyo apoyo procedía del área urbana de Salvador, la capital del Estado. Durante varios años, Seabra logró controlar el poder de los coronéis mediante una serie de reformas políticas. Unos años más tarde, en 1920, durante la administración siguiente, los coronéis del interior se levantaron contra el gobierno del Estado, derrotaron a sus fuerzas militares en varios choques y amenazaron con tomar la propia ciudad de Salvador. El presidente de la República intervino como árbitro de la disputa a través del comandante militar de Bahía. El arbitraje demostró de forma patente el poder de los coronéis. Horácio de Matos, el más famoso de ellos, obtuvo el derecho de conservar sus armas y municiones, así como la posesión de los doce municipios que controlaba; las autoridades que había instalado fueron reconocidas por el gobierno federal. En el caso de Bahía, durante la década de 1920, el modelo tradicional por el cual el gobernador servía como intermediario entre los coronéis y el presidente de la República terminó de una vez y para siempre. Este último se convirtió en árbitro de la política local y regional. Los coronéis del interior ganaron una mayor autonomía frente al gobierno estatal, y Bahía se fragmentó en una serie de pequeños estados dentro de otro estado. El resultado fue un tipo de federalismo muy apartado del modelo establecido en la Constitución de 1891.

Por contraste, en los estados más desarrollados, los coronéis carecían de autonomía y se asociaron con estructuras más amplias, como el partido político dominante y la maquinaria política estatal. En estos estados, el elemento dominante en el entramado general de relaciones de clientelismo era el gobierno estatal, que distribuía tierras, créditos y cargos públicos. La diferencia no carecía de importancia. En apariencia, el Estado era solamente un coronel a gran escala, que apuntalaba un sistema de dominación similar al existente en el noreste. Sin embargo, lo cierto es que las relaciones entre la sociedad en su conjunto y el Estado comenzaban a variar. El Estado empezaba a expresar de forma creciente clases, en lugar de meros grupos de intereses, y a establecer una esfera de autonomía frente a la sociedad. El mejor ejemplo de este proceso es São Paulo, lugar donde ya había una clase dominante homogénea y la diferenciación social era más intensa. El poder local de los coronéis persistía principalmente en las regiones fronterizas, pero estaba subordinado en mayor o menor grado al gobierno estatal, que controlaba la mayoría de los recursos en que confiaban los coronéis para mantenerse en el poder. El gobierno estatal también tenía a su disposición un poder militar considerable, que aseguraba prácticamente su superioridad en caso de conflicto armado. Además, el Partido Republicano Paulista (PRP) tenía un grado considerable de cohesión y disciplina organizativa, y era claramente algo más que una elaborada red de relaciones de amistades y clientelismo, aunque estos aspectos también tuvieran su importancia. Se ha sostenido que el PRP representaba una fase intermedia entre una agrupación basada en relaciones verticales de «clientelismo» y un partido político moderno organizado «horizontalmente»[6]. Es indudable que las relaciones entre el Estado y la sociedad seguían siendo fundamentalmente de clientelismo. Sin embargo, y dado su papel de ejecutor de intereses de clase, el Estado tomaba de vez en cuando medidas cuyo fin era la reducción del poder local en las áreas más inestables. Por ejemplo, en 1906 el presidente del Estado de São Paulo, Jorge Tibirifa, no sólo delegó poderes extraordinarios en la milicia estatal, sino que instituyó una fuerza de policía civil de dedicación completa. Aunque sea algo dudoso el grado real de independencia de esta policía, sin embargo representaba un intento de cambiar la posición tradicional de la policía como apéndice de los grandes terratenientes. Análogamente, en 1921, el presidente del Estado, Washington Luís, estimuló la profesionalización del poder judicial, que se volvió así menos dependiente del poder local. Entre otras medidas se estableció un examen de acceso, se sistematizaron los ascensos y se incrementaron los salarios.

Minas Gerais representó un caso curioso. Tenía un cierto parecido con el Estado de Bahía, en términos de estructura económica[7]. Sin embargo, ambos estados diferían en el grado de desarrollo económico y, sobre todo, en el poder de sus instituciones gubernamentales. En Minas Gerais, la administración pública era un instrumento efectivo de patronazgo, controlado por el partido y por el gobierno del estado. El gobierno estatal, aunque trataba de forma desigual a las diferentes regiones, tenía capacidad para ofrecer créditos, favores y obras públicas, en especial en el campo del transporte. Mientras que los coronéis del interior de Bahía estuvieron comercialmente aislados de la capital hasta 1930, en Minas las áreas alejadas de los centros urbanos, como las del norte del Estado, tenían siempre la esperanza de obtener mejoras en los medios de transporte, para poder integrarse en los mercados del sur. Además, desde la formación del Partido Republicano de Minas (PRM) en 1897, los coronéis estuvieron políticamente subordinados al gobernador del Estado y a la maquinaria política estatal. «No hay salvación posible sin el PRM», era un eslogan bien conocido entre los coronéis de Minas durante la antigua república. En Río Grande do Sul, la figura del «coronel burócrata» era una demostración clara del mayor poder del gobierno del Estado y del Partido Republicano estatal (PRR). Si el «coronel burócrata» debía su posición a su poder económico y prestigio social en un área determinada, también tenía que estar preparado para recibir órdenes de arriba. El puesto de intendente (supervisor de la municipalidad), que en teoría era de dominio de los coronéis, estuvo ocupado con frecuencia por personas designadas por el gobierno estatal[8].

La Constitución de 1891 formalizó el sistema federal, dando al mismo tiempo expresión a la distinción de poder entre los estados más poderosos y los más pobres. Contra la opinión de algunos líderes militares, que querían la misma representación para todos los estados, la Cámara de Diputados se estableció sobre la base de la representación proporcional según el número de habitantes de cada Estado (de acuerdo con el censo de 1890). La autonomía de los estados, que beneficiaba a los más grandes, estaba garantizada en los asuntos vitales de distribución de la renta pública y el poder militar. La recaudación de ciertos impuestos, el más significativo de los cuales era el de los derechos arancelarios sobre las exportaciones, segunda fuente de ingresos durante el imperio, dejó de estar en manos del gobierno central. Esto benefició considerablemente a São Paulo, que pasó a dejar atrás al propio gobierno central en términos financieros. El derecho de los estados a contratar créditos del extranjero permitió a São Paulo financiar la expansión de su economía del café y mejorar sus servicios urbanos. Los estados pequeños, con menores recaudaciones por exportación, y que en la práctica carecían de poder para imponer tributos a las grandes haciendas rurales, intentaron en vano obtener una porción de los derechos aduaneros sobre las importaciones, que eran recaudados por el gobierno central. Cada Estado tenía derecho a organizar sus propias fuerzas armadas; en esto, una vez más, y gracias a sus recursos, los estados más grandes sacaron amplias ventajas. En particular, la milicia estatal de São Paulo estaba bien equipada, y sus miembros activos eran siempre superiores en número a los regimientos del ejército federal establecidos en el Estado. En 1925 y 1926, la milicia estatal contaba con 14.000 hombres, instruidos desde el año 1906 por una misión militar francesa. De esta forma, los estados más poderosos tuvieron los recursos financieros y militares para limitar las presiones intervencionistas del gobierno federal.

La elección del presidente de la República reflejaba el grado de acuerdo o desacuerdo entre los estados más poderosos. Se ha afirmado frecuentemente que La llamada alianza del café com leite, entre São Paulo y Minas Gerais, controló de forma efectiva la Primera República. Esto es en gran medida cierto. Sin embargo, es importante recordar que existieron áreas de conflicto en el seno de la alianza, especialmente después de que la entrada en 1910 de un tercer Estado, Río Grande do Sul, desestabilizara su equilibrio. Finalmente, hacia el final de la década de 1920, la ruptura entre las oligarquías de São Paulo y Minas Gerais hizo estallar la cadena de acontecimientos que desembocaría en la revolución de 1930. Sin embargo, hablando en términos generales, es cierto que bajo la antigua república el poder residió en el eje São Paulo-Minas. De once elecciones presidenciales, nueve de los presidentes electos procedían de esos dos estados, seis de São Paulo y tres de Minas Gerais. Dado el tamaño de su población, el Estado de Minas iba a jugar un papel influyente en la Cámara de Diputados, donde tenía 37 escaños, seguido de São Paulo y Bahía, con 22 cada uno. Aunque no fuera de ningún modo despreciable, su economía no podía competir con la de São Paulo. Minas producía productos alimentarios derivados principalmente de la ganadería. Además, era productor de café. En el campo económico la élite política de Minas Gerais tuvo menos oportunidades que fomentaran su intento de expansión para buscar puestos en el gobierno central. Durante su apogeo, entre 1898 y 1930, la oligarquía de Minas no sólo tuvo influencia en la Cámara de Diputados, sino que también fue la agrupación que permaneció durante más años en los ministerios clave. La dominación directa de la política federal por parte de la oligarquía de São Paulo, que empezó casi al mismo tiempo que el nacimiento de la República, declinó hacia 1905. Sin embargo, aunque esto le complicara algo las cosas, no se puede decir que los intereses de São Paulo dejaran de ser predominantes en el ámbito federal. Dados los rasgos característicos del sistema federal, para São Paulo era vital el control de la política federal sólo en aquellas áreas en que la acción a nivel estatal era imposible o inadecuada: en el área de la reglamentación sobre divisas y política financiera, para garantizar los créditos extranjeros contratados principalmente para mantener el valor del café, y en los asuntos de las leyes de inmigración y de la distribución de rentas públicas entre los gobiernos federal y estatal.

Obviamente, el poder político de cada unidad regional dependía en gran medida de su poder económico. Sin embargo, el grado de cohesión dentro de las clases dirigentes estatales y de los partidos regionales era de una importancia fundamental. Este aspecto puede ilustrarse mediante un breve análisis de las estructuras políticas de São Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul. En 1920, los tres estados eran responsables de más de la mitad del valor total de la producción agrícola e industrial del país, excluyendo el Distrito Federal. En São Paulo, la burguesía del café prestó apoyo político al PRP, como consecuencia de una larga lucha, que databa de la década de 1870, en defensa de la república y, sobre todo, del federalismo. Ningún otro partido expresaba con tanta claridad los intereses de clase. A pesar del rápido crecimiento económico de São Paulo, y de la consecuente diferenciación social, el PRP se las arregló para mantener su posición de único partido de la clase dirigente hasta 1926, año de fundación del Partido Democrático (PD). El núcleo básico para la expansión económica en el Estado de São Paulo era el complejo del café, del cual dependían directa o indirectamente todas las demás actividades económicas, así como la maquinaria administrativa. Las diferencias internas en el seno de la burguesía del café, entre los principales productores, los banqueros y los comissários, no llegó a expresarse nunca claramente. A su vez, la naciente industrialización no dio lugar a una clase que se opusiera de forma radical a los empresarios cafeteros. La industria se desarrolló como una actividad subsidiaria de la economía de exportación, que creó un mercado regional y fue la responsable de la entrada del capital necesario para la compra de maquinaria. La inversión industrial fue a menudo una opción paralela a la inversión en el complejo cafetero y se adaptó a las condiciones de la economía del café. Estas circunstancias facilitaron la fusión del terrateniente y del industrial en una sola persona, o al menos en un grupo familiar. Hasta 1928 no apareció en São Paulo un órgano representativo de la burguesía industrial. Incluso entonces, Roberto Simonsen —el primer nombre importante entre los ideólogos de la industrialización en São Paulo— no dejó ninguna duda sobre la efectividad de la iniciativa al afirmar que la estructura económica de Brasil debía seguir descansando principalmente en el cultivo de la tierra. Por consiguiente, el mismo PRP tuvo la capacidad de representar los limitados y subordinados intereses de los industriales de São Paulo, como se pudo ver, por ejemplo, en la lucha habida en el Congreso nacional para imponer aranceles aduaneros a los tejidos importados (1928).

En Minas Gerais, la actividad económica de la clase dirigente estaba repartida entre el café, la ganadería y, en menor medida, la industria, en subregiones geográficamente distintas. La disputa política interna era considerable, especialmente durante los primeros años de la República. Sin embargo, a pesar de las frecuentes desavenencias y rivalidades entre distintas facciones, el Partido Republicano de Minas (PRM) era bastante fuerte y presentaba un frente unido en el ámbito de la política federal. Durante la década de 1920, en Minas Gerais ni siquiera hubo la emergencia de un partido que presentara una oposición digna de tener en cuenta, mientras que en São Paulo, la diferenciación social y, sobre todo, la expansión de las clases medias urbanas, con el tiempo abrieron la posibilidad de una articulación horizontal de intereses y la fundación del PD. En Minas, la estrecha alianza entre el PRM y el Estado, a través del patronazgo, fue siempre la manera más segura (y realmente la única) de que pudieran expresarse los intereses de lase, o de que el particular pudiera progresar en la escena política.

Por contra, la unidad de la clase dirigente regional en Río Grande do Sul fue siempre problemática. Aquí las disputas entre facciones se expresaban predominantemente a través de partidos adversarios, más que dentro de un solo partido. Sin embargo, sería erróneo establecer una relación causal directa entre los intereses económicos diferentes (ganadería, producción de trigo, etc.) y este rasgo peculiar de la política gaúcha. Desde el principio de la República, el Partido Republicano de Río Grande do Sul (PRR) tomó el poder a nivel regional, aunque se tuviera que enfrentar con la oposición de los partidos rivales. Entre 1893 y 1895, sostuvo una violenta guerra civil con el Partido Federal, fundado por los antiguos liberales del imperio y por disidentes del PRR. En 1923 se volvió a desatar un conflicto armado entre el PRR y los grupos de oposición de la Alianza Liberal. Esta división política contribuyó indudablemente a reducir la influencia de Río Grande do Sul en el ámbito federal, donde mantuvo el equilibrio durante un largo periodo, pero no llegó a ser nunca un contendiente serio en la lucha por el poder. Sin embargo, no es casual que durante la campaña presidencial de 1929-1930, y la subsiguiente revolución que llevó a Getúlio Vargas al poder, las fuerzas políticas de la región consiguieran finalmente presentar un frente unido en la forma del Frente Única Gaúcha.

En relación con los estados del noreste, la acción concertada de los mismos podía, en teoría, darles un cierto peso en la política federal, ya fuera en la elección del presidente de la República, o bien en la Cámara de Diputados. Bahía tenía 22 escaños en la Cámara, y Pernambuco 17, lo que constituía una agrupación notable. Durante algún tiempo, entre 1896 y 1911, el Estado de Pernambuco ejerció una cierta influencia en el ámbito federal, a través de su líder Francisco Rosa e Silva. Sin embargo, sólo pudo conseguir de forma esporádica una coalición de los estados del noreste, como en 1906, cuando intentó evitar la aprobación parlamentaria del proyecto de valorización del café, que había sido confeccionado por los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. En efecto, toda coalición entre los estados del noreste era obstaculizada seriamente, entre otras razones, por los problemas que emanaban de las características del sistema federal en relación con los impuestos. Dados los escasos recursos de la región, las diversas oligarquías competían por los favores del gobierno federal y se enzarzaban en interminables disputas sobre el derecho de recaudación de los ingresos interestatales, en el caso de productos que fueran desplazados de un Estado a otro.

Un factor potencial de desestabilización durante la Primera República fue el fracaso del sistema político oligárquico para integrar a las fuerzas armadas, en especial al ejército. Hasta la década de 1880, el ejército sólo había tomado parte secundaria en la toma de decisiones políticas nacionales. El gobierno imperial, aunque tuviera en su seno militares destacados, era fundamentalmente civil, y los políticos señalaban orgullosamente las ventajas del sistema brasileño sobre el de las repúblicas vecinas, que estaban invariablemente sujetas al dominio militar. Tras la represión de la última de las rebeliones provinciales, a mediados del siglo XIX, el papel del ejército se redujo considerablemente. Fue ocupado primordialmente en la salvaguardia de las fronteras y colonias militares. El papel de la Guardia Nacional fue el de mantener el orden, al menos hasta los comienzos de la década de 1870[9]. La Guardia Nacional movilizó prácticamente a toda la población adulta masculina bajo el mando de oficiales reclutados entre los terratenientes locales. Tras la guerra de Paraguay (1865-1870), el ejército se hizo más consciente de su potencial, y al mismo tiempo más consciente también de su papel subordinado. La crudeza de su lucha en la guerra también contrastó con las acusaciones de corrupción, favoritismo y mangoneo político, aireados por la prensa en gabinetes sucesivos. Progresivamente, ciertos oficiales empezaban a considerar al ejército como una «entidad» cívica independiente de la clase social y del imperio. Veían el ejército como una institución dispuesta a hacer sacrificios materiales y destinada a tomar el poder para regenerar la nación, ya que las fuerzas armadas encarnaban en sí mismas la noción de patriotismo. Aparte de esta visión global, muchos oficiales se quejaban de la discriminación que sufrían los militares, y demostraban abiertamente su oposición a la política general del gobierno. Ponían un gran énfasis en la importancia de la enseñanza, del desarrollo industrial y en la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, la oficialidad no constituía un grupo homogéneo. Por un lado, estaban los oficiales jóvenes que habían estudiado en la academia militar de Praia Vermelha, en Río de Janeiro, que era más un centro para el estudio de las matemáticas, la filosofía y las letras, que de la ciencia militar. Este grupo estuvo influido por el positivismo de Comte, particularmente después de la llegada de Benjamín Constant como profesor de la escuela, en 1872. De hecho, la academia militar fue la responsable de la instrucción de un grupo de «graduados de uniforme», quienes, con su particular punto de vista sobre el mundo, empezaron a competir con los graduados tradicionales de las escuelas de leyes o de medicina. En este círculo de oficiales nació el concepto de «ciudadano soldado», así como las críticas al imperio en favor de la modernización y contra el régimen esclavista. Por otra parte, estaban los tarimbeiros, un grupo de oficiales de mayor edad, formado casi exclusivamente por veteranos de la guerra contra Paraguay. Muchos de ellos no se habían graduado en la academia militar. Menos preocupados por los asuntos de la reforma social, este grupo era, sin embargo, profundamente consciente del honor de la comunidad militar. En la década de 1880 se unieron ambos grupos contra el gobierno imperial. En la questão militar, los tarimbeiros tomaron la iniciativa en la defensa de los militares contra los «insultos a su integridad». Sin embargo, fueron los graduados militares quienes prepararon el golpe del 15 de noviembre de 1889, arrastrando con ellos a los tarimbeiros, muchos de los cuales —incluyendo al mariscal Deodoro da Fonseca, que fue quien proclamó la República— no eran de hecho republicanos.

A pesar de estas diferencias de formación, que correspondían en parte a la diversidad de orígenes sociales, entre los militares se pueden encontrar ciertas características comunes. Con frecuencia, los historiadores han considerado a los militares como los portavoces de las clases medias frente a la oligarquía terrateniente. Sin embargo, este punto de vista es algo incompleto. Indudablemente, muchos oficiales del ejército tenían su origen en la clase media, pero, a lo largo de las últimas décadas del imperio y durante toda la Primera República, la carrera militar representó también una opción limitada, pero viable, para los hijos de aquellas ramas familiares de la oligarquía que estaban en declive, especialmente en el norte y el noreste. Aparte de esto, es importante tener en cuenta el proceso de socialización cuya responsabilidad había que atribuir al ejército, como institución con valores específicos y relativamente independiente de la sociedad en general. Los oficiales también procedían de familias que, con el paso del tiempo, se habían convertido en «familias miliares», especialmente en Río Grande do Sul. Los antecedentes regionales de los oficiales brasileños quedan patentes en los limitados datos de que se dispone. De los 52 oficiales que fueron miembros del primer Congreso de la República, 24 procedían del noreste, nueve de Río Grande do Sul y del Distrito Federal conjuntamente, y sólo uno procedía de São Paulo y Minas Gerais. De los 30 comandantes y brigadas de división en 1895, ocho eran de Río Grande do Sul, nueve de Minas y uno de São Paulo; en 1930, ocho eran de Río Grande do Sul y ninguno de Minas o São Paulo. La contribución de Río Grande do Sul fue importante debido a que allí se ubicaba una guarnición destinada a preservar la seguridad fronteriza. La ausencia casi total de líderes militares de São Paulo o Minas contribuyó al debilitamiento de las relaciones entre el ejército y los dos estados políticamente más poderosos de la República.

Según fueran sus orígenes, los oficiales del ejército obtenían, frecuentemente, un estatus distintivo dentro de la corporación, que se veía reforzado por el sistema endógeno de reclutamiento. Este estatus no era fácilmente intercambiable por otro, y, por esta razón, era celosamente guardado. Al mismo tiempo, muchos oficiales eran personas de antecedentes urbanos ilustrados, cuya profesión los vinculaba directamente con el centro del poder. Dada su tradición militar, y las conexiones familiares, muchas de las cuales tenían algo que ver con la oligarquía, el mundo de la política no era en absoluto ajeno a ellos. Por otra parte, no se identificaban a sí mismos con las oligarquías civiles, y mucho menos con las de los estados dominantes. Los militares se autoconsideraban los protectores de la nación, los creadores de un Estado progresista pero austero, libre del mangoneo político de los legistas (los graduados que constituían el personal político de la oligarquía) y de los casacas (los nuevos ricos que acumulaban fortunas en el mercado monetario). Para ellos, este Estado era integrador del pueblo —categoría indiferenciada inherente al concepto de nación—, y servía para robustecer la unidad nacional. Este ideal era muy diferente del pragmatismo de las oligarquías más poderosas, como la de São Paulo, para las que la República sólo representaba la protección de sus intereses específicos, la defensa de la autonomía estatal y el reforzamiento de las desigualdades regionales.

No puede decirse que el ejército fuera un factor persistente de desestabilización política de la República oligárquica. Su consentimiento en actuar dependía de una variedad de circunstancias históricas y los elementos más activos cambiaban continuamente. Hubo, sin embargo, una incompatibilidad básica entre las oligarquías de los estados más poderosos y el aparato militar, aunque estuviera atenuada por alianzas tácticas y defensivas. Finalmente, la caída de la Primera República fue debida, en parte, al descontento permanente de los oficiales de rango medio del ejército y, en último término, a la intervención del alto mando de las fuerzas armadas.

El sistema político de la Primera República se caracterizaba por una participación popular mínima. La Constitución de la República (1891) amplió formalmente la base de representación política. En lugar del sufragio basado en las propiedades y los ingresos, como había ocurrido durante el imperio, se extendió el sufragio a todos los hombres brasileños que supieran leer y escribir y mayores de 21 años. La ampliación del electorado de la República respecto a la época del imperio comportó resultados significativos. La comparación de las últimas elecciones parlamentarias del imperio (1886) con las primeras elecciones de la República, en las que tomaron parte votantes de todos los estados (1898), muestra un incremento en el número de votantes de casi el 400 por 100. En 1886, votaron 117.000 personas de una población total de 13,2 millones de habitantes, lo que representaba el 0,89 por 100 de la población. En 1898 hubo 462.000 votos que correspondían al 2,7 por 100 de la población, de un total de 17,1 millones de habitantes. Sin embargo, la ampliación del derecho a voto no altera nada el hecho de que el número de votantes, durante todo el periodo de la Primera República, fuera extremadamente bajo respecto a la población total del país. En las tres elecciones para la presidencia de la República (1910, 1922 y 1930), los votos computados fueron, respectivamente, el 2,8, el 1,9 y el 5,7 por 100 de la población. El voto era opcional; la mujer no tenía derecho a voto, y los analfabetos estaban también excluidos, en un país en el que el 85,2 por 100 de la población era analfabeta en 1890, y el 75,5 por 100 en 1920[10].

Tal vez más importante que el bajo nivel de participación en las elecciones fuera la dependencia que tenía el electorado de las oligarquías locales. La subordinación del electorado estaba facilitada por la papeleta abierta, y por lo tanto no es sorprendente que la oposición urbana hiciera campaña durante todo el periodo por la adopción del voto secreto. Cuando se hacía necesario quebrantar el poder de una facción concreta, o cuando los mecanismos habituales de control dejaban de funcionar, siempre era posible recurrir al fraude, incluyendo, por ejemplo, el voto de los extranjeros o de los fallecidos recientemente, o falsificando las papeletas (proceso que estaba facilitado por la ausencia de una burocracia estatal bien estructurada) y, si era necesario, por la fuerza. Obviamente, ninguna medida que se tomara para incrementar el electorado, como el dar derecho a voto a los analfabetos, podía alterar esta situación. Al contrario, tal vez hubiera sido contraproducente, al menos inicialmente. En un país con un bajo nivel de participación popular, y en el que la ciudadanía era utilizada casi siempre como moneda para el desigual intercambio de favores, la república federal, aunque estuviera basada teóricamente en el ideal de representación democrática, en la práctica era poco más que un instrumento de las oligarquías regionales.

En las áreas rurales, en las que la masa de la población dependía de los grandes terratenientes, la población rural estaba diferenciada horizontalmente de acuerdo a una jerarquía de privilegios menores relacionados con las condiciones bajo las cuales estaba establecida y trabajaba la tierra. En sentido vertical, la fragmentación era aún mayor, debido a la necesidad de mantener relaciones de lealtad respecto a los grandes terratenientes y sus parientes. Los pequeños y medianos propietarios, de origen extranjero la mayoría, que se establecieron en Río Grande do Sul, por ejemplo, tampoco constituyeron una clase independiente desde el punto de vista político, aunque por razones diferentes. Estaban menos sujetos a la dominación de los coronéis, pero más a la del Estado por cuestiones de obligaciones tributarias, de concesiones de tierras, etc. Aparte de esto, como extranjeros y brasileños de primera generación, estaban menos integrados cultural y políticamente; sus objetivos básicos estaban relacionados principalmente con el avance económico. Todo esto explica por qué el partido dominante en Río Grande do Sul (PRR) logró mantener un control proporcionalmente mayor en los municipios en que predominaban los terratenientes de origen extranjero que en los del resto del Estado[11].

Como en el caso de los trabajadores de las grandes plantaciones cafeteras de São Paulo, su organización social estuvo obstaculizada por varias circunstancias. La masa de inmigrantes que entraba en una tierra extraña se dispersaba entre diversas haciendas aisladas. Este hecho entorpecía el tipo de contacto que hubiera podido conducir a una conciencia de su situación común y, por consiguiente, a una acción común. Dentro de los límites de su hacienda, el propietario gozaba de amplios poderes basados en el paternalismo y en la coacción. El enfoque paternalista estaba reforzado por ciertos rasgos característicos del sistema de colonización; la dotación de alojamiento y de pequeñas porciones de tierra para plantar cultivos destinadas a la subsistencia era considerada como una concesión por parte del patrón, más que como pago por los servicios prestados. La coacción era la norma cuando el terrateniente gozaba de poder absoluto dentro de su hacienda o cuando dominaba instituciones estatales como la policía y la magistratura, y tenía capacidad para ponerlas a su servicio.

Sin embargo, sería erróneo suponer que el sistema de dominación en las áreas rurales no producía reacción alguna entre la masa de trabajadores de la plantación. En las haciendas de São Paulo había constantes choques entre terratenientes y colonos, especialmente durante los primeros años de inmigración masiva. Las disputas particulares, los casos de familias enteras que abandonaban la plantación y las quejas a los representantes consulares fueron habituales durante esos años. También existen evidencias de amenazas de huelga, especialmente hacia finales de abril y primeros de mayo —época de la cosecha—, momento en que los terratenientes eran más vulnerables a las presiones. Sin embargo, durante este periodo sólo hubo un ciclo de huelgas importante. Tuvo lugar en 1913, en el área de Ribeirão Preto, cerca de un centro urbano, y afectó a algunos miles de colonos de las haciendas más grandes.

En otras áreas del país, el descontento de la población rural se expresaba a través de movimientos de tipo religioso, los más importantes de los cuales fueron los de Canudos y Contestado. Canudos era una hacienda abandonada en el norte del Estado de Bahía donde, en 1893, se establecieron Antonio Vicente Mendes Maciel —más conocido por Antonio Conselheiro— y sus seguidores. En el corazón del sertão (tierras del interior) surgió una ciudad con una población que osciló entre los 20.000 y los 30.000 habitantes. Los habitantes de Canudos derrotaron a varias expediciones militares enviadas para aplastarlos, a pesar de la desigualdad de fuerzas. Finalmente, en octubre de 1897, tras una lucha de muchos meses, Canudos fue destruida. Sus defensores, unos 5.000 en la fase final de la guerra, murieron en combate o fueron capturados y ejecutados posteriormente.

El movimiento de Contestado se produjo en el sur del país, en una zona fronteriza disputada por los estados de Paraná y Santa Catarina. Se inició en 1911 bajo el liderazgo de José María, quien murió en los primeros choques y fue proclamado santo por los rebeldes de Contestado. A diferencia del caso de Canudos, el movimiento no se limitó a un centro concreto, sino que se desplazó a diversos puntos de la región bajo la presión de las fuerzas militares. La rebelión fue sofocada en 1915, cuando las plazas fuertes rebeldes fueron atacadas y destruidas por 6.000 soldados procedentes del ejército y de la policía, ayudados por 1.000 civiles que se unieron al proceso de represión.

Al hablar de los principales movimientos sociales del interior de Brasil durante la Primera República, también merece mención especial Joazeiro, ciudad del sur del Estado de Ceará que se convirtió en el centro de actividades del sacerdote Cicero Romão Batista entre 1872 y 1924. Entre los acontecimientos de Joazeiro y los movimientos de Canudos y Contestado hay muchas características comunes. Por ejemplo, desde el punto de vista de la transformación de la Iglesia católica en Brasil, en especial en el noreste —tema que se escapa de los límites de este capítulo[12]—, Canudos y Joazeiro fueron manifestaciones de un desarrollo similar. Por otra parte, si se consideraran los movimientos sociales como manifestaciones de rebelión, Joazeiro tiene poco que ver con los otros dos movimientos. Aunque el padre Cicero chocara continuamente con las autoridades eclesiásticas, y a veces con facciones de la oligarquía, su movimiento, para bien y para mal, caía dentro del sistema de dominación prevalente durante la Primera República. O más sencillamente, la ciudad de Joazeiro puede ser considerada como un área controlada por un «sacerdote-coronel» que tenía un grado de influencia considerable dentro de la oligarquía política, especialmente cuando, a partir de 1909, el padre Cicero empezó a inmiscuirse directamente en las luchas políticas.

Los movimientos de Canudos y Contestado eran intentos de creación de una forma de vida alternativa, y fueron lo suficientemente peligrosos como para que ambos tuvieran que ser aplastados brutalmente por las fuerzas militares. Esto no quiere decir que fueran totalmente opuestos a la estructura de poder de los coronéis. Antonio Conselheiro, antes de establecerse en Canudos, había sido miembro practicante de la Iglesia católica, viviendo una vida ascética y nómada. Se dedicó a convocar a la gente para construir o reconstruir iglesias. Construyó muros en torno a los cementerios y mostró interés por las pequeñas iglesias parroquiales del interior. Existen evidencias de que, en esta fase de su vida, era visto con buenos ojos por los coronéis, para los cuales sus disciplinadas huestes construyeron carreteras y presas. El propio pueblo de Canudos no era muy diferente al modelo tradicional de asentamiento del interior. Había un cierto grado de diferenciación económica y social, un nivel considerable de comercio con las zonas circundantes y vínculos religiosos con los sacerdotes de las parroquias vecinas. En período de elecciones, Canudos era también una fuente de votos e influencias.

Los instigadores del movimiento de Contestado eran seguidores de un coronel, miembro de la oposición, y considerado como el amigo de los pobres. A este grupo se unieron gentes de diversos orígenes, entre las cuales estaban las víctimas del proceso de modernización, tanto de áreas urbanas como rurales: campesinos expulsados de sus tierras por las necesidades de construcción del ferrocarril y de una serrería, gentes que habían sido reclutadas entre los desempleados de las grandes ciudades para la construcción del ferrocarril y posteriormente despedidas al concluir sus contratos, y malhechores de los que tanto abundaban en la región. Sin embargo, los asentamientos que se desarrollaron durante el Contestado, con su énfasis en la igualdad y la fraternidad, chocaban con los valores sociales establecidos y asumían características claramente mesiánicas. Esto se evidencia en la forma en que muchos miembros del movimiento permanecían fieles a la monarquía, la cual, según se ha dicho, representaba para ellos el mundo del más allá, más que una institución política[13]. El tema de la monarquía, fuera por la forma que adoptó o fuera debido al periodo en que se produjo el movimiento de Contestado, no fue explotado en ningún sentido por el gobierno. Por contra, el monarquismo primitivo de Antonio Conselheiro, con sus ataques a la república, con su introducción del matrimonio civil y con la toma de cementerios separándolos del control de la Iglesia, tomó formas más concretas. El resultado fue un factor movilizador contra Canudos en los centros urbanos, en una época en que la posibilidad de restauración de la monarquía era considerada como una amenaza real.

Canudos, Contestado y Joazeiro no fueron episodios carentes de importancia, ni expresiones aisladas de una población rural ignorante en contraste con los centros de civilización de la costa. En distintos grados, estos movimientos pueden considerarse vinculados a los cambios acaecidos en la Iglesia católica, a los cambios socioeconómicos producidos en las diferentes áreas, y al propio desarrollo político de la nación. No puede ser ignorada la especial fuerza de estos fenómenos como demostración de las creencias religiosas populares. Sin embargo, si se consideran como intentos de organización independiente por parte de la población rural, ilustran efectivamente las graves limitaciones de tal organización durante el periodo de la Primera República.

El bandolerismo social paralelo a esos movimientos mesiánicos ha sido considerado a veces como la evidencia de una rebelión por parte de la población rural y de los pequeños núcleos urbanos del interior. Nos estamos refiriendo aquí al fenómeno del cangaço, bandas guerreras de hombres armados que se extendieron por el noreste del país durante la segunda mitad de la República, y cuya historia se prolonga hasta bien avanzado el siglo XX, desapareciendo en la década de 1930. Al principio, el cangaço estaba estrechamente conectado a los lazos de parentesco, y su campo de actuación se limitaba a una zona pequeña. Sin embargo, progresivamente, fueron apareciendo nuevas formas que se desarrollaron como organizaciones de bandidos profesionales, cuyo campo de actuación era mucho más amplio. Este fue el caso del famoso grupo de bandoleros al mando de Virgulino Ferreira, conocido como Lampiño. Lampiño y sus hombres actuaron durante un largo periodo comprendido entre 1920 y 1938, abarcando un campo de actuación de siete estados del noreste, hasta que murió Lampiño en su última confrontación con la policía.

Como norma general, los cangaçeiros eran blancos, procedían de familias de pequeños propietarios o eran miembros de la élite que se habían enzarzado en disputas, perdiendo sus tierras, negocios o poder político. Si bien estos eran sus antecedentes, se ha sostenido que algunos tenían también razones personales específicas para convertirse en bandidos. A menudo su alistamiento al cangaço se debía a una serie de acontecimientos desatados por la muerte violenta de un familiar cercano. Habida cuenta de la poca confianza que se tenía en los poderes de la policía y de la justicia, el futuro bandido restituía el honor familiar perdido tomándose la justicia por su mano, y terminaba reuniendo a un grupo de seguidores. Significativamente, la muerte de un padre en las circunstancias descritas jalona las biografías de Lampiño y otro cangaçeiro famoso, Antonio Silvino, que actuó entre 1897 y 1914. Los ejércitos de bandidos se reclutaban entre los pobres, oscuros de piel, que formaban la masa de la población rural. Para ellos el bandidaje significaba la posibilidad de una mayor independencia individual, unida a incentivos materiales atractivos.

En la mitología de los pobres del noreste brasileño, y en las películas y canciones de los años sesenta, se retrata a los cangaçeiros como bandidos sociales e, incluso, como los equivalentes brasileños de Robin Hood. Los cangaçeiros rompieron con el orden establecido por su desafío a reconocer la autoridad de la policía y de la justicia, así como por la naturaleza de sus actividades. Entre éstas estaban la invasión de haciendas y el saqueo de aldeas y poblaciones, y en ocasiones tenían relación con su deseo de perjudicar a un individuo o grupo perteneciente a la clase dirigente. Es indudable que muchos cangaçeiros se ganaron la colaboración de los pobres, cuyo apoyo era vital para la supervivencia de las bandas armadas. Antonio Silvino, por ejemplo, se labró un considerable prestigio popular distribuyendo dinero y parte de los botines entre los pobres. Sin embargo también se ha demostrado de forma convincente que entre el cangaço y la estructura de poder de los coronéis había siempre una relación de interdependencia, en la que los coronéis representaban el sector dominante[14]. Para los cangaçeiros, la posibilidad de romper el poder de los coronéis iba más allá de sus posibilidades y de su mentalidad. La banda de hombres armados contaba con la simpatía de los pobres, pero para su seguridad permanente dependía del cobijo y de las municiones que sólo podía proporcionarle el poderoso. Desde el punto de vista de las élites locales, el cangaço representaba una reserva importante de fuerza, en una situación en que el poder político estaba segmentado y contestado violentamente por los grupos rivales.

La desintegración y destrucción final del cangaço fue el resultado de un proceso por el cual la intervención del Estado, con su creciente capacidad para castigar y patrocinar, redujo la inestabilidad de las élites locales y transformó a los cangaçeiros en meros bandidos, cuyas acciones dejaron de ser de utilidad para sus antiguos protectores. Pero persistió la mitología enraizada en la figura del cangaçeiro, como personificación de la violencia suprema que, los pobres, bajo la opresión de sus potentados locales, jamás podían soñar con emular.

El entramado de relaciones sociales que prevaleció en los centros urbanos fue indudablemente distinto. Desde los primeros años de la República, la importancia de las ciudades excedía con mucho su significación económica y su peso electoral. Fue aquí donde se concentraron los grupos y clases sociales que formaban la estrecha camarilla política de la opinión pública. Entre éstos se incluían representantes del sector más ilustrado de la clase dirigente y, en el caso del Distrito Federal, los militares. También se encontraban entre ellos los sectores potencialmente más peligrosos: la clase obrera, los oficinistas con un nivel de ingresos más bajo y los desempleados o infraempleados urbanos.

Los coronéis urbanos florecían tanto en Río de Janeiro como en São Paulo, aunque su campo de actuación estuviera más limitado que en el medio rural; la dominación por parte de la oligarquía se confiaba más a la manipulación del voto. Como sede del gobierno central, el alcalde del Distrito Federal era nombrado por el presidente de la República. En 1928, el PRP consiguió enmendar la Constitución del Estado de São Paulo, incluyendo una cláusula por la cual se concedía al presidente del Estado el poder de escoger al alcalde de la capital. Y el puesto de alcalde de Recife, capital de Pernambuco, también dejó de ser un puesto electoral por una decisión de la legislatura.

Las referencias indiscriminadas a la clase media urbana han servido para oscurecer su papel político durante la Primera República. Este sector, más que cualquier otro, era heterogéneo, y estaba estratificado en función de los ingresos, movilidad social, origen racial y grado de dependencia de la clase dirigente. Los industriales y comerciantes, en su mayoría de origen inmigrante, interesados en el avance económico y social, parecen haber jugado un papel muy limitado en política. La clase media nacida en Brasil, con escaso poder económico, pero vinculada por lazos familiares a la clase dirigente, fue un caso diferente. Era lo que podríamos llamar el «pariente pobre» de la oligarquía. Generalmente, para sus miembros la supervivencia no residía en la actividad económica, sino en el aparato estatal, del que frecuentemente dependían como funcionarios. En esta clase media «nacional» estaban incluidos los que moldeaban la opinión pública, como periodistas o figuras prestigiosas de las profesiones liberales. Estos sectores estaban, generalmente, en conflicto con las oligarquías en su lucha por establecer una democracia liberal, a través de medidas como el voto secreto y la creación de una comisión electoral para combatir el fraude. Sin embargo, la participación de la clase media en las campañas por una democracia liberal variaban según el sector de esta clase implicado, así como según la influencia de las características regionales específicas. En general, la ideología liberal atraía a los estratos más altos de la clase media, mientras que las masas asalariadas del sector de servicios, como empleados de banca y del comercio y oficinistas de bajo nivel remunerativo, parecen haber tendido más hacia demandas similares a las de la clase obrera, a saber: salarios más altos o mejores alojamientos. Sin embargo, esta interpretación corre el riesgo de ser demasiado simplista y de no considerar las relaciones interclasistas en ciertas ciudades. Tomando como ejemplo las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, se pueden distinguir rasgos particulares en sus desplazamientos sociales, que se explican parcialmente por la diversidad en el seno de la estructura de la clase media y por el papel hegemónico jugado por la burguesía de São Paulo.

En 1890, en Río de Janeiro, la única ciudad brasileña de cualquier tamaño que por entonces tenía una estructura social diversificada, el funcionariado, las profesiones liberales y el sacerdocio sumaban el 8,6 por 100 de la población ocupada (comparado con el 4,6 por 100 de São Paulo en 1893). La capital de la República se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad de servicios. En 1919 sólo el 38,4 por 100 de la población económicamente activa se dedicaba a la producción física real, mientras que el 61,6 por 100 se dedicaba a la provisión de servicios, el 15 por 100 de los cuales era de servicio doméstico. En Río de Janeiro, la clase media no dependía tanto de la burguesía agraria como en otros lugares. Comprendía la clase media profesional y burocrática y, más particularmente, grupos funcionales no vinculados a la burguesía del café, como oficiales de carrera, estudiantes de la academia militar de Praia Vermelha y estudiantes de enseñanza superior. Esos sectores intentaban aliarse con la clase obrera y suministraron una base multiclasista a varios movimientos sociales en Río de Janeiro, como el movimiento jacobinista que surgió en los últimos años del siglo XIX. El jacobinismo estaba enraizado en el descontento existente en amplios sectores de la población de la capital, afectados por la inflación y las malas condiciones de vida, y estaba impregnado de una vaga ideología patriótica. Para esos sectores, la causa tangible de sus males residía en el hecho de que el comercio estaba controlado por los portugueses. Además, el jacobinismo, en su intento de evitar que Prudente de Moráis asumiera la presidencia de la República en 1894, fue una reacción contra el ascenso al poder de la oligarquía paulista del café.

En São Paulo, los intentos por parte de sectores de la clase media de aliarse con las clases bajas fueron bastante más débiles. El amplio sector inmigrante carecía de las condiciones y de las razones para presentarse como una fuerza social. La clase media tradicional gravitaba hacia la burguesía del café, de la que dependía económica y culturalmente. Esas características, unidas al hecho de que no existieran grupos, como el de los estudiantes de la academia militar o los oficiales de las fuerzas armadas, capaces de formar una oposición, propiciaron que la protesta social en São Paulo estuviera limitada a la clase obrera. El liberal Partido Democrático (PD) fue fundado en 1926 con el fin de robustecer «la pureza de las instituciones republicanas», y reclutó sus miembros y votantes entre la clase media urbana. Sin embargo, un año después de la revolución de 1930, el PD se unió con el PRP contra el gobierno de Getúlio Vargas.

La clase obrera estaba concentrada principalmente en el Distrito Federal y en las ciudades más grandes del Estado de São Paulo, especialmente en la capital. Cuantitativamente, la estructura de la industria estaba basada en gran medida en una amplia gama de pequeñas empresas, que trabajaban con capital y tecnología limitados. Por otra parte, las grandes empresas, especialmente en el campo de la producción textil, aglutinaban una considerable proporción de la población obrera. En 1919, las empresas de 500 o más obreros agrupaban al 36,4 por 100 de la mano de obra en el Estado de São Paulo, y el 35,7 por 100 en el Distrito Federal.

Era precisamente en estas ciudades donde se encontraban las condiciones necesarias para el nacimiento de un movimiento obrero. Las relaciones sociales eran menos clientelistas y paternalistas; la explotación era más objetiva; la mayor facilidad para establecer contactos y comunicación hizo posible el nacimiento de una conciencia colectiva. A pesar del hecho de que sus actividades estuvieran restringidas, los ideólogos y organizadores revolucionarios se establecieron en el medio urbano. Por otra parte, había una serie de factores que limitaban la fuerza del movimiento obrero, que no llegó nunca a tener la capacidad de presión suficiente para obtener mayor participación en el campo político. Tanto en São Paulo como en Río de Janeiro había, en general, abundancia de mano de obra. En São Paulo, y dado su carácter cíclico, el sector del café jugó un papel importante en el suministro de mano de obra. Cuando el café estaba en expansión fomentaba un grado de inmigración que excedía sus propias necesidades, lo que significaba, a su vez, que este excedente se sumara a la mano de obra urbana. En los tiempos de crisis en las áreas rurales, a los trabajadores de las plantaciones del café no les quedaba otro remedio que emigrar hacia los centros urbanos o volver a sus países de origen, dado que los demás sectores de la agricultura de exportación eran incapaces de absorberlos. En el caso de Río de Janeiro, la migración interna hacia los centros urbanos más grandes del país fue un factor significativo en el crecimiento de la mano de obra. La dimensión de la mano de obra dio lugar a fricciones étnicas entre brasileños e inmigrantes extranjeros, entre portugueses e italianos, e incluso entre italianos de zonas distintas de Italia. Al mismo tiempo, dado que la expansión industrial no era regular, el empleo en las industrias de manufactura era sólo intermitente, lo que se traducía en que las mejoras de las condiciones de trabajo fueran lentas. Finalmente, el anarquismo, con su énfasis en los movimientos de clase espontáneos y en su rechazo a organizarse, puede decirse que contribuyó a alimentar los rasgos estructurales del sistema social en el que actuaban, contra la cohesión de la clase trabajadora. Dadas sus perspectivas ideológicas, también contribuyó al fracaso de la clase obrera organizada en la adopción de un programa de reformas que favoreciera la ampliación de la base del sistema político. Al mismo tiempo, aunque la industria sólo tuviera una importancia secundaria para la economía, los dirigentes industriales pudieron ejercer un grado de influencia considerable sobre el centro de poder y contar con la fuerza represiva del gobierno. La semilegalidad de los sindicatos, la violencia desatada de los huelguistas y la expulsión de los líderes extranjeros contribuyeron a la desunión de la clase obrera.

Desde finales del siglo XIX se habían producido huelgas en las áreas urbanas de Brasil. Sin embargo, la fase de mayor crecimiento en el movimiento obrero durante el periodo en estudio fue entre 1917 y 1920, bajo la influencia de la inflación de la época y en el marco general del descontento obrero que sucedió al final de la primera guerra mundial. El momento más álgido se dio durante la huelga general en São Paulo, en julio de 1917, que fue seguida por 50.000 trabajadores. Durante este periodo no sólo se produjo un gran número de huelgas, sino también, en algunos casos, un incremento de afiliación en los sindicatos. A fines de 1918, el sindicato textil de Río de Janeiro, por ejemplo, contaba nada menos que con 20.000 miembros, cifra bastante notable si se considera que una gran proporción de la mano de obra en este sector estaba formada por mujeres y niños que no se afiliaron al sindicato.

Hasta el principio de la década de 1920, las ideas anarcosindicalistas fueron las que predominaron entre los grupos pequeños de obreros organizados en la ciudad de São Paulo. En Río de Janeiro el anarcosindicalismo tuvo menos influencia. El clima de opinión tendía a favorecer el «sindicalismo apolítico», que estaba dirigido sólo a lograr mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios. Esta tendencia fue particularmente fuerte entre los obreros del ferrocarril y los trabajadores portuarios. Los socialistas nunca lograron pasar de la creación de pequeñas sectas de partidarios, lo que no es sorprendente en un país en el que la transformación de la sociedad a través de la participación política parecía poco más que un sueño utópico.

Las grandes huelgas de 1917-1920 no aportaron ninguna mejora en las condiciones de los obreros brasileños en términos de estabilidad organizativa. Durante la década de 1920, el movimiento obrero se estancó. Siguiendo al fracaso de las huelgas, y en el despertar de la Revolución rusa, el movimiento anarquista entró en un periodo de crisis. En 1922, un grupo de antiguos anarquistas muy vinculado a la lucha obrera, junto con algunos socialistas, fundó el Partido Comunista Brasileño (PCB). Así, una de las características del PCB fue que sus dirigentes se iniciaron en el anarquismo y no en el socialismo. Se formularon nuevos conceptos sobre una amplia variedad de temas, como el papel de los sindicatos, las alianzas de clases, el antiimperialismo y la reforma agraria. Sin embargo, el partido no se expansionó demasiado durante los años veinte, y su filiación fluctuó entre los 73 miembros en 1922 y los 1.000 en 1929.

No obstante, las claras advertencias que supusieron las huelgas del periodo 1917-1920, sumadas al crecimiento constante de la clase obrera, produjeron en la clase dirigente los primeros síntomas de una nueva actitud ante el «problema social», actitud que no se inclinaba solamente por la represión. Se reconocieron algunos derechos sociales, sobre todo en el sector de servicios, que era un área estratégicamente importante para la economía de exportación agrícola. Cuando el movimiento laboral cobró nuevos ímpetus tras la crisis de 1929 y la revolución de 1930, los intentos de crear organizaciones obreras autónomas tuvieron que competir en una carrera desigual con las medidas del gobierno para organizar y controlar a la clase obrera urbana.

EL PROCESO POLÍTICO

Los rasgos críticos más sensibles del sistema oligárquico de la Primera República residían en las dificultades de ajuste entre las diferentes oligarquías regionales, en las presiones ejercidas por la clase media urbana para lograr una mayor participación política y en la presencia de las fuerzas armadas como factor desestabilizador en el aparato estatal. A largo plazo, la dominación de la oligarquía estuvo afectada por la alteración progresiva de la base estructural en la que se asentaba el sistema del clientelismo en las relaciones sociales. Esto, a su vez, era el resultado de la migración interna y del crecimiento urbano, de la mayor diferenciación de clases y, finalmente, del crecimiento industrial. Un breve análisis del proceso político durante la Primera República nos muestra de forma más concreta cómo se consolidó el sistema oligárquico a partir de 1889, y cómo se desarrolló su crisis en el periodo hasta la revolución de 1930.

La caída de la monarquía el 15 de noviembre de 1889 fue consecuencia de un golpe militar planeado por los oficiales jóvenes del ejército en Río de Janeiro. El grupo republicano civil mejor organizado, que representaba a la burguesía del café de São Paulo, tuvo pocos contactos con los militares y dudaba de la conveniencia de implicar al ejército en la campaña. Los militares tomaron el poder y proporcionaron a la República de Brasil sus dos primeros presidentes, Deodoro da Fonseca (noviembre de 1889-noviembre de 1891) y Floriano Peixoto (noviembre de 1891-noviembre de 1894). Durante los primeros años de la República, la mitad de los estados estuvo gobernada por miembros de las fuerzas armadas. Por otra parte, las grandes oligarquías formaban el poder social dominante, y la Constitución de 1891, tal como hemos visto, protegía los intereses de los estados más grandes, y especialmente São Paulo. Las fuerzas armadas no se comportaron como grupo social homogéneo frente a una clase social cuyo partido, el PRP, era claramente consciente de los intereses que representaba, a pesar de algunas disensiones internas. La rivalidad en el seno de las fuerzas armadas se produjo entre el ejército y la marina, y entre los partidarios de Deodoro y los de Floriano. Mientras que el primero simbolizaba los intereses de los tarimbeiros, el segundo obtenía su apoyo entre los graduados de la academia militar de Praia Vermelha, los «ciudadanos soldados» que actuaban activamente en el movimiento jacobinista en Río de Janeiro. Finalmente, las amenazas reales o imaginarias a la consolidación del régimen republicano comportaron un acercamiento entre la burguesía del café y el sector militar. Floriano Peixoto, por ejemplo fue apoyado por ricos financieros de São Paulo y por su poderosa milicia estatal durante la revolución federalista y la revuelta naval. A la vez que consolidaba la República, también, y en cierto modo contra su voluntad, abrió el camino para que las nuevas clases dirigentes de Brasil entraran en la escena política. Su ministro de Hacienda, Rodrigues Alves, representaba a los intereses políticos de São Paulo en un gabinete estratégicamente proyectado. Las presidencias de la Cámara y del Senado estuvieron en poder de líderes del PRP. Las dudas por parte de los militares, entre el resentimiento contra la oligarquía y el respeto por la legalidad del régimen republicano que había ayudado a crear, facilitaron el triunfo de la oligarquía de los estados principales, especialmente del Estado de São Paulo. El 15 de noviembre de 1894, asumió el poder el primer presidente civil de la República, el paulista Prudente de Moráis. La oposición estuvo limitada a los sectores populares y a los oficiales jóvenes y cadetes de la academia militar de Praia Vermelha de Río de Janeiro. Diez años más tarde, en 1904, las manifestaciones contra la decisión gubernamental en favor de la vacunación obligatoria para combatir la fiebre amarilla unieron de nuevo a dos corrientes de la oposición: los elementos populares, cuya protesta estaba dirigida principalmente contra el aumento del coste de la vida y la evacuación de los que vivían en casas consideradas antihigiénicas, y los oficiales y cadetes militares de la escuela militar, quienes, a la vez que protestaban contra la vacunación, apuntaban también hacia un objetivo más elevado, a saber, «la república de los terratenientes». Sin embargo, la jerarquía militar propiamente dicha se fue separando gradualmente de la política nacional. El Casino Militar, que había coordinado la actividad política, cerró sus puertas entre 1896 y 1901.

En ese momento en que la amenaza de los militares ya había pasado, todavía quedaba la labor de institucionalizar el sistema oligárquico. El segundo presidente civil, Campos Sales (1898-1902), otro paulista, acometió esta tarea con tres objetivos principales: poner fin a la hostilidad existente entre el poder ejecutivo y el legislativo, minimizar en lo posible el impacto de la disidencia en estados concretos, y conseguir un consenso básico entre el gobierno central y los gobiernos estatales. Así nació el concepto de «política de los gobernadores», doctrina que carecía de auténtica sustancia, pero que resultó suficiente para establecer la base del sistema oligárquico. En principio se buscaba el acuerdo recíproco. El gobierno central apoyaría a los grupos políticos dominantes en los estados, mientras que éstos, en compensación, apoyarían la política del presidente de la República. De esta forma, Campos Sales trató de neutralizar la oposición en el plano regional.

Con el fin de domesticar al Congreso, cuyas funciones llegaron a ser muy distintas a las previstas en la división constitucional de poderes, se modificó, entre otras medidas, el proceso de elección de los miembros de la Cámara de Diputados. Con motivo de las elecciones a la Cámara, los candidatos elegidos en los estados recibieron un diploma, y las primeras reuniones de la nueva legislatura se llevaron a cabo de esta forma, cada diputado con su diploma. Sin embargo, a menudo estos diplomas eran recusados y su validez dependía de la decisión de un comité de credenciales escogido por votación plenaria entre los miembros de la nueva Cámara. El presidente de la Cámara recién elegida jugaba un papel decisivo en la elección de los miembros del comité de credenciales. Hasta el momento de la reforma instigada por Campos Sales, la normativa dictaba que la presidencia pro tempore de la Cámara debía recaer en el más antiguo de los diputados con diploma. Tras la reforma, el diputado que había ostentado la presidencia en la anterior legislatura —siempre y cuando hubiera salido elegido en la nueva, que era lo normal— debía seguir ostentándola en la siguiente. Con el sistema anterior, la elección del diputado más antiguo introducía siempre un elemento de incertidumbre, mientras que con el nuevo, el presidente de la Cámara en la legislatura anterior era inevitablemente alguien que había apoyado al presidente de la República. De esta forma, el ejecutivo conseguía un control superior de los candidatos que iban a ser confirmados oficialmente como diputados.

Al inicio de la República, la escena política estaba dominada por la oligarquía de São Paulo y por el PRP, pero en los momentos vitales, como en la votación sobre la Constitución (1891) y en la elección del presidente Prudente de Moráis (1894), contaron también con el apoyo de Minas Gerais. Los tres primeros presidentes civiles de la República fueron paulistas: Prudente de Moráis, Campos Sales y Rodrigues Alves (1902-1906). Hasta 1897, año de fundación del PRM, la oligarquía de Minas Gerais estuvo dividida en varias facciones (que correspondían principalmente a sectores de la economía estatal: café, cereales, ganadería), factor que redujo su influencia en el plano federal. A partir de 1898, y como consecuencia de los apoyos prestados a Campos Sales para la obtención de la presidencia, y de las políticas fiscal y monetaria resultantes del acuerdo firmado con los Rothschild para la consolidación de la deuda nacional brasileña, Minas volcó todo su peso en el sostenimiento de la política federal. El cuarto presidente de la República fue un mineiro, Afonso Pena, elegido en 1906 y fallecido en 1909 durante su mandato.

Una vez cicatrizadas las heridas de la guerra civil y consolidado el PRP, Río Grande do Sul empezó a surgir como tercera estrella principal dentro de la constelación oligárquica. En el plano federal, la influencia del senador Pinheiro Machado ilustraba este poder creciente. Bajo su liderazgo, los gauchos prestaron apoyo constante a los presidentes paulistas y a las propuestas que emanaban de São Paulo, diseñadas para obtener la aprobación por parte del gobierno central de los créditos del extranjero destinados a apoyar la economía del café. Sin embargo, Pinheiro Machado no fue exactamente un «cliente» de São Paulo. Con su posición estratégica en el Senado, consiguió crear una nueva red de alianzas. Mediante su control sobre el comité de credenciales del Senado y su influencia sobre la Cámara, Pinheiro logró dominar a los representantes de los estados más débiles. El resultado de esto fue una alianza entre Río Grande do Sul y algunos estados satélite del noreste, que, hasta cierto punto, quedó institucionalizada en noviembre de 1910 con la fundación del Partido Republicano Conservador (PRC), un intento de creación de un partido nacional de la oligarquía. La primera oportunidad que tuvo Río Grande do Sul de utilizar su influencia en una sucesión presidencial llegó en 1909, con las disensiones internas entre la oligarquía de Minas que facilitaron la candidatura del mariscal Hermes da Fonseca a la presidencia de la República. Hermes era sobrino de Deodoro y fue ministro de la Guerra entre 1906 y 1910. Minas y Río Grande do Sul se precipitaron en su apoyo. El candidato presentado por São Paulo con el apoyo de Bahía (la cual, tras la caída del imperio, había quedado reducida a una posición de importancia secundaria) fue Rui Barbosa, cuya carrera política se remontaba a los tiempos del imperio y representaba a la pequeña élite ilustrada del periodo. Por primera vez, la alianza del café com leite pasaba dificultades.

Significativamente, los gauchos surgieron como fuerza en la política federal apoyando a un candidato militar. La afinidad entre la oligarquía gaucha y el ejército puede atribuirse a varios factores. La importancia de la guarnición establecida en Río Grande do Sul (y posteriormente, en 1919, la creación de la Tercera Región Militar) parece que animó a los gauchos de un cierto nivel social a seguir la carrera militar. Las luchas intermitentes en la región también favorecían el contacto entre los militares y los partidos políticos. Como resultado de la revolución federalista, se produjo el establecimiento de vínculos entre varios oficiales y el PRR. También contribuyeron a esta convergencia ciertos rasgos ideológicos y peculiaridades políticas. Río Grande do Sul, bajo el liderazgo de Júlio de Castilhos y, posteriormente, del importante líder estatal Borges de Medeiros, era una región en la que la influencia del positivismo fue particularmente fuerte, ideología que también se extendió por las filas del ejército. Aparte de esto, la política económica y financiera defendida por los gauchos por razones económicas e ideológicas solía coincidir en muchos aspectos con los ideales de los militares. Río Grande do Sul, cuya economía estaba dirigida fundamentalmente hacia el mercado interior, fue un centro de oposición a los intereses de las exportaciones agrícolas, por las que el ejército tenía muy pocas simpatías y con las que mantenía pocos vínculos. Los gauchos defendían la estabilización de precios junto con una política fiscal conservadora, debido fundamentalmente a que la inflación causaba serios problemas al mercado de la cecina. La cecina era consumida principalmente por las clases bajas del noreste y del Distrito Federal. Cualquier reducción en el poder adquisitivo de estas clases repercutía en una caída de la demanda. La política financiera conservadora gozó siempre de la aprobación de los militares, y no sólo entre los de mayor rango personal. Las rebeliones tenentistas de la década de 1920 tacharían a la inflación y al desequilibrio monetario de lacras tan graves como pudieran ser el fraude y las desigualdades regionales.

La candidatura de Hermes da Fonseca puede ubicarse en un contexto diferente al de las luchas que siguieron a la proclamación de la república. El ejército fue aceptado como compañero político para terminar con el callejón sin salida provocado por las disensiones entre las oligarquías. No se presentó a sí mismo como una fuerza autónoma. Fue Rui Barbosa quien criticó la intervención del ejército en política durante la campaña electoral de 1909-1910. Atacó al cuerpo de oficiales e incitó a las milicias estatales a ir contra el ejército. Aunque la base política de Rui fuera esencialmente la oligarquía de São Paulo, su plataforma ideológica fue la de la lucha de la intelectualidad por las libertades civiles, las tradiciones cultural y liberal, contra el Brasil ignorante, oligárquico y autoritario. Rui buscaba atraerse el voto urbano. Apoyó los principios democráticos y el voto secreto. Se pronunció por la necesidad de un poder central fuerte conseguido mediante la unificación del poder judicial, castigando a aquellos estados que violasen la Constitución federal, interviniendo más frecuentemente en los conflictos económicos y fiscales entre estados, controlando el derecho de cada estado a contratar créditos del extranjero y asegurando la protección federal a la economía del café. De su programa se puede deducir que São Paulo no estaba tan interesado en tener una autonomía extrema, como en ser el poder dominante en un país más o menos integrado. El programa de Hermes da Fonseca apoyaba el equilibrio presupuestario, la impermeabilidad de la Constitución, una amplia autonomía estatal, y ponía particular énfasis en los puntos de vista e intereses de Río Grande do Sul. Sin embargo, conviene recordar que el tema de la autonomía era particularmente importante para los políticos de Río Grande do Sul, pero no tanto, en general, para los militares. Las fuerzas armadas siempre habían apoyado programas diseñados para reforzar la centralización del poder. Además, Hermes aludió deliberadamente a los derechos y quejas de los obreros. Y durante su administración concedió su apoyo a la celebración de un congreso nacional de trabajadores, en el que los elementos moderados participaron bajo los auspicios del gobierno.

Durante la administración de Hermes da Fonseca (1910-1914) se produjo la fragmentación del proceso de toma de decisiones, que se dividió entre tres sectores: las oligarquías civiles de Minas y, especialmente, de Río Grande do Sul, el propio presidente y un grupo de oficiales del ejército, particularmente coroneles, que quería llevar a cabo modificaciones en el control del poder en el seno de los estados. Los oficiales del ejército formaron un grupo de presión en torno al presidente y fueron responsables en gran medida del movimiento «salvacionista» cuyo objetivo era «preservar» la pureza de las instituciones republicanas.

Los salvacionistas, anticipándose a los tenentes en el noreste tras la revolución de 1930, intervinieron en Pernambuco, Alagoas, Bahía y Ceará para derribar a los líderes oligárquicos que, en la mayoría de los casos, contaban con el apoyo del PRC. Hubo casos de ambición personal tras muchas de tales intrusiones militares, pero éstas reflejaban temas más complejos en juego en el interior del ejército. Atrincherados en el gobierno central, los salvacionistas buscaban doblegar el poder político de las oligarquías, y al mismo tiempo intentaban reducir los aspectos más flagrantes de la desigualdad social. Tuvieron un éxito relativo, aunque transitorio en el noreste, dada la debilidad de las élites locales, pero fracasaron en sus intentos de nombrar un candidato militar para la presidencia de Río Grande do Sul, y de intervenir en São Paulo.

Los peligrosos alzamientos que acaecieron durante la administración de Hermes da Fonseca sirvieron de advertencia a las élites políticas de São Paulo y Minas Gerais, que recompusieron la alianza del café com leite en 1914 y eligieron a Wenceslau Brás, de Minas Gerais, para la presidencia (1914-1918). El PRC, muy maltrecho por el movimiento salvacionista, entró en un periodo de crisis, que alcanzó su punto más alto con el asesinato de Pinheiro Machado.

El inicio de la primera guerra mundial puso fin a la belle époque de la oligarquía. Las dificultades económicas resultantes de la situación internacional estimularon la aparición de la agitación laboral entre 1917 y 1920, como ya se ha visto. La ola de huelgas remitió con relativa rapidez, pero la estabilidad de la República iba a ser amenazada por otras fuerzas sociales. Las presiones de las clases medias urbanas, que intentaban ampliar la base del sistema oligárquico, y los ataques de oficiales del ejército de graduación media, iban a alterar el entramado político. Aunque esos sectores careciesen de autonomía, iban a añadir una dimensión adicional a las divisiones entre, y dentro de, las oligarquías regionales.

En las elecciones presidenciales de 1919 fue claramente visible la creciente participación política de las clases medias urbanas. Las elecciones tuvieron lugar en circunstancias excepcionales debido a la muerte del presidente electo Rodrigues Alves (un paulista que había sido presidente entre 1902-1906 y que resultó reelegido en 1918). Fueron ganadas por el candidato «oficial» de compromiso, Epitácio Pessoa, del Estado de Paraíba, primer y único presidente (1919-1922) de un Estado del noreste durante la Primera República. Sin embargo, Rui Barbosa, que había sido derrotado en 1910 y 1914, se presentó como candidato independiente, hizo campaña por un reformismo moderado que incluía la legislación laboral y obtuvo una tercera parte de los votos. Fue, sin embargo, el vencedor indiscutible en el Distrito Federal.

Las elecciones de 1922 revelaron las crecientes tensiones regionales entre la clase dirigente; fueron las únicas elecciones en las que hubo una clara división entre los dos estados mayores, por un lado, y un bloque de estados intermedios, por otro. Además, el ejército, impulsado por algunos episodios en que estaba en juego su honor, intervino del lado de la oposición. La alianza São Paulo-Minas propuso como candidato durante los primeros meses de 1921 al político mineiro Artur Bernardes. Río Grande do Sul contestó su candidatura y denunció el arreglo político como el medio de ganar recursos para la valorización del café, en un momento en que el país estaba necesitado de estabilización financiera. Los políticos de Río Grande do Sul también temían una posible revisión de la Constitución que pudiera limitar la autonomía de los estados, como de hecho así sería la llevada a cabo por Bernardes en 1926. A Río Grande do Sul se unieron Bahía, Pernambuco y el Estado de Río de Janeiro, que estaban situados en los lugares cuarto, quinto y sexto en cuanto a importancia electoral, y bajo la bandera de la «Reacción Republicana» propusieron como candidato a Nilo Peganha. Nilo ya había ocupado la presidencia durante seis meses, tras la muerte de Afonso Pena en 1909, y había garantizado el subsiguiente triunfo electoral de Hermes da Fonseca. Hombre de origen humilde, había apoyado a Floriano Peixoto y tenía su base política en la oligarquía de su estado natal de Río. El programa de la «Reacción Republicana», que estaba directamente inspirado por los políticos de Río Grande do Sul, se centraba en medidas contra la inflación y en favor de la convertibilidad monetaria y la estabilidad presupuestaria. Los estados más poderosos fueron acusados de imperalismo, y se pidieron medidas proteccionistas para todos los productos brasileños, y no sólo el café. Nilo no se oponía a la política de entonces de valorización del café, que también beneficiaba al Estado de Río de Janeiro, pero criticaba el trato preferencial dado al café. Este era un tema especialmente caro a los representantes de Río Grande do Sul. La intervención militar en el problema de sucesión se vio facilitada por sus vínculos con los políticos de Río Grande do Sul y con el propio candidato. Sin embargo, aparentemente, buscaba preservar los valores y el honor de la institución militar, que había sido objeto de violentos ataques a través de cartas publicadas en el periódico de Río Correio da Manha, en octubre de 1921, con la firma falsa de Bernardes.

Bernardes, el candidato «oficial», ganó las elecciones en marzo de 1922. Sólo faltaba la confirmación del resultado por el Congreso. Desde el punto de vista de las oligarquías regionales, una vez se consideraba que uno de los candidatos había ganado, los partidos derrotados tenían que llegar a un acuerdo para proteger el sistema. En 1922 se rompió la norma. Debido a la tensa situación con respecto a los militares se estudió la retirada del presidente electo y la elección de un tercer candidato. También hubo algunas declaraciones revolucionarias entre la jerarquía militar. Sin embargo, el líder de la oligarquía de Río Grande, Borges de Medeiros, rehusó apoyar ulteriores oposiciones. La lucha entre el gobierno y la oposición fue remitiendo gradualmente. Los disidentes de las oligarquías regionales derrotadas y de la jerarquía militar fueron neutralizados progresivamente, aunque la administración de Bernardes tuvo que recurrir repetidas veces a la declaración del estado de sitio.

En otro nivel, la crisis en el sistema oligárquico fue puesta de manifiesto por la ruptura del monopolio político del PRP en São Paulo, donde se fundó el Partido Democrático (PD) en 1926. La creación del PD fue fruto de los efectos de la diferenciación social en São Paulo, de las presiones de las nuevas generaciones a favor de la ampliación de las oportunidades de carrera, del acceso al sistema político y de desacuerdos ideológicos. Entre sus líderes principales figuraban los hijos jóvenes de plantadores de café y de familias tradicionales, algunos industriales y, sobre todo, profesionales de la clase media, como abogados, periodistas y profesores de la facultad de derecho. El PD apareció en la escena política como un partido liberal democrático. Sus objetivos eran separar las instituciones republicanas de la práctica republicana mediante el voto secreto, la representación de las minorías, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la supervisión de las elecciones por parte de la judicatura. Hizo algunos intentos vagos de reforma social, aunque en los frentes económico y financiero sus diferencias con el PRP fueron meramente superficiales. El diario oficial del PD transmitía un mensaje claramente relevante para las aspiraciones de la clase media urbana tradicional de la década de 1920. Sus blancos favoritos fueron la «industrialización artificial», que se asociaba con industriales poderosos de origen extranjero, la masa de inmigrantes controlada por el PRP y las empresas extranjeras responsables de los servicios básicos en la ciudad de São Paulo. Los acontecimientos que siguieron a la revolución de 1930 mostrarían que el PD no iba a sacrificar sus intereses regionales para alinearse con otros grupos de la oposición. Sin embargo, durante los últimos años de la década de 1920, su actividad contribuyó al debilitamiento del poder político de la oligarquía de São Paulo en el plano nacional.

Entretanto, las filas de los oficiales de graduación media (tenentes) habían roto con el «orden republicano» en una serie de rebeliones tenentistas. En julio de 1922 hubo un alzamiento en el fuerte de Copacabana, en Río de Janeiro. En julio de 1924 los rebeldes llegaron a controlar la ciudad de São Paulo durante más de dos semanas. En octubre de 1924 y en 1926 hubo revueltas en varias ciudades de Río Grande do Sul. Sin embargo, el movimiento tenentista tuvo su mito más importante en las actividades de la columna Prestes, una fuerza militar que se unió a los revolucionarios de São Paulo y Río Grande do Sul. Al mando de Miguel Costa y Luís Carlos Prestes, futuro líder del Partido Comunista Brasileño, la columna emprendió una larga marcha por el interior del país, recorriendo unos 24.000 kilómetros entre abril de 1925 y febrero de 1927, momento en el que los restos de la misma atravesaron la frontera con Bolivia.

Las insurrecciones de los años veinte fueron continuadoras de la tradición de rebelión existente entre los oficiales jóvenes, que databa de los principios de la República. Sin embargo hubo diferencias importantes como resultado de los cambios producidos en el aparato militar, de las relaciones establecidas a lo largo de los años entre el ejército y el sistema oligárquico y de la propia política.

Los tenentes habían sido educados durante un periodo en que tanto los militares como la sociedad estaban sufriendo un proceso de transición. El cuerpo de oficiales había empezado a cambiar con la creación de la academia militar en Realengo en 1911, que reemplazó a la antigua academia en Praia Vermelha, cerrada para siempre en 1904, tras su última revuelta. La ideología subyacente en la nueva escuela era muy diferente de la de su predecesora. En ella se buscaba la creación de soldados profesionales, proporcionándoles una enseñanza y una disciplina acusadamente militares, totalmente apartadas de la política y encaminadas a fines exclusivamente militares. Aunque los tenentes fueran productos de Realengo, adoptaron alguno de los principios de la doctrina del «ciudadano soldado», especialmente el derecho de los militares a intervenir en política, a pesar de ir contra los deseos expresos de las autoridades civiles y militares. Sin embargo, los ideólogos positivistas de Praia Vermelha habían tendido a poner más énfasis en el aspecto de ciudadano que en el de soldado. En su forma más extrema, de acuerdo con el pensamiento de Benjamín Constant, el positivismo sostenía que el «régimen industrial» convertiría finalmente a los ejércitos en inútiles; «los ejércitos, que hasta ahora se han usado como instrumentos de destrucción, estarán confinados a los museos de historia». Este corolario de la doctrina del «ciudadano soldado» era desconocido para los tenentes. Su ideología no estaba basada en la interdependencia de los mundos civil y militar, sino en la función general de las fuerzas armadas como protectoras del pueblo. Esta conciencia militar estaba fomentada por la creciente organización del ejército y por el concepto del soldado como persona apartada de la vida civil. Como los antiguos tarimbeiros, los tenentes eran sumamente conscientes de los valores especiales de la «casta» a la que pertenecían. El estímulo inicial a sus acciones derivaba, en parte, de los insultos dirigidos al ejército en las llamadas «cartas falsas» de octubre de 1921.

Al mismo tiempo, el movimiento tenentista produjo una fisura en la institución militar entre los oficiales de graduación media y sus comandantes. A pesar del hecho de que siempre intentaban asociarse con cierto personal de alto rango, con el fin de conseguir algún nombre de prestigio en sus rebeliones, los rebeldes nunca consiguieron hacerse con el apoyo de la jerarquía militar, aparte de alguna figura individual. Por esta causa se fueron atrincherando cada vez más en su resolución de limpiar no sólo la sociedad en general, sino la misma institución a la que pertenecían. Por ejemplo, uno de los líderes revolucionarios, Juárez Távora, se opuso abiertamente al ministro de la Guerra, acusándole de complacencia con un militarismo «tacaño y bajo» (tacanho e porco), hecho a medida de los caprichos y debilidades del presidente Bernardes.

La división existente entre un sector de la oficialidad y la jerarquía militar puede ser atribuida a varios factores. En el ejército nunca había habido una cohesión en el cuerpo de oficiales, y la situación se agudizaba cada vez más como resultado de la cautelosa actitud adoptada por los oficiales de alta graduación con respecto al sistema oligárquico. Dentro de la propia esfera militar, el lento sistema de ascensos creaba un amplísimo cuerpo de hombres en posiciones intermedias, cuyas perspectivas de alcanzar grados superiores eran escasas. La jerarquía, por su parte, gozaba de privilegios, pero era incapaz de imponer un control completo sobre la organización global. La situación era bien distinta a la existente en la armada, la cual, desde los tiempos del imperio, había sido considerada como una plaza fuerte de la aristocracia en la que la división básica estaba entre el cuerpo de oficiales y la marinería. No es casual que el principal movimiento de la tropa en las fuerzas armadas durante la Primera República, la revuelta de los marineros de 1910, sucediera en la armada en protesta contra el sistema de los castigos corporales. La armada fue relativamente inmune a la influencia tenentista, siendo la revuelta de 1924 en el destructor São Paulo el único indicio de rebelión.

Respecto a los fines sociales y políticos del tenentismo, con la revolución de octubre de 1930 y la entrada de los teneníes, junto con otras facciones, en el gobierno, se produjo un cambio importante de dirección. (Prestes había roto en mayo con el movimiento, publicando un manifiesto en el que proclamaba su adhesión al socialismo revolucionario). Sin embargo, durante la década de 1920, los teneníes estuvieron de hecho fuera de la monarquía gubernamental y complicados en una lucha contra la estructura de poder. Hicieron sentir su presencia a través de acciones militares, y sus diferencias internas todavía no habían sido debatidas claramente. Sin embargo, a pesar de esto, en el interior del propio movimiento aparecieron dos tendencias en forma embrionaria. Una de ellas, formada por Prestes, Siqueira Campos y Miguel Costa, se asoció para derribar las oligarquías, con un programa vagamente nacionalista y popular. La otra, cuya figura más representativa fue Juárez Távora, no se ocupaba de la movilización popular; se veía la intervención popular como una forma de destruir el sistema oligárquico, doblegando al mismo tiempo «los excesos de indisciplina entre las masas».

Se ha considerado el tenentismo como un movimiento nacido en un momento particularmente sensible dentro del aparato estatal. Puso al descubierto la crisis del sistema oligárquico y ofreció, en su lugar, la perspectiva de una estructura según un modelo corporativista. El tipo de reforma política abogado por los teneníes estaba basado en la necesidad de ampliar el campo de acción del gobierno central, e incluía en su ideología elementos de antiliberalismo, en boga en aquella época. Este era el tono esencial del movimiento durante la década de 1920, la defensa de un tipo de reforma social bastante ingenuo, juntamente con un nacionalismo igualmente vago. Sus declaraciones teóricas durante los años veinte estaban bastante más impregnadas de «sentimientos nacionalistas» que de objetivos directos atribuibles a los intereses de una clase social. El robustecimiento del poder del Estado requería la uniformidad de las instituciones, la expansión de la enseñanza y la consolidación del gobierno en el plano nacional. Respecto a los temas económicos, incluyendo el de la industrialización, fueron o bien ignorados, o se les concedió muy escasa consideración. Habida cuenta de la poca claridad en la definición de sus objetivos, en contraste con la afirmación inequívoca de su idealismo altruista, a los teneníes les fue posible contar con la simpatía de los sectores sociales opuestos al orden establecido, incluyendo a la clase obrera. Por otra parte, en lo que respecta a los sectores disidentes más representativos dentro de la oligarquía, los teneníes representaban una fuerza de reserva que aquéllos podían manipular, a la vez que evitaban cualquier compromiso permanente. A pesar de ello, el recurso a métodos radicales —incluido el de la violencia, aunque fuera para fines limitados— rompió con los procedimientos políticos normales y creó unas heridas que sólo pudieron cicatrizar como resultado de las especiales circunstancias de 1929-1930.

Para finales de la década de 1920, los teneníes habían sido marginados o estaban en el exilio, y la clase media urbana estaba claramente limitada por su incapacidad para movilizarse. Por lo tanto, la agudización de la crisis del sistema oligárquico fue debida en mayor medida a la reaparición de conflictos entre estados y problemas de reajuste en el seno del pacto oligárquico, aunque ya en un nuevo contexto. En 1926 asumió la presidencia el candidato paulista Washington Luís, sin ningún problema y con el apoyo de Minas Gerais y de Río Grande do Sul. (Con el fin de poner en práctica su programa de estabilización financiera, que fue bien recibido por Río Grande do Sul, Luís nombró ministro de Hacienda a un político gaucho, Getúlio Vargas, que estaba logrando una gran influencia entre la oligarquía política de su Estado). La dificultad para lograr un acuerdo unánime en la elección presidencial de 1929 hay que atribuirla a la iniciativa política del propio presidente. Durante el año 1928 se había evidenciado que el grupo político dominante en São Paulo, animado por Washington Luís, no se proponía soltar sus garras del gobierno central. Como candidato a la presidencia surgió el nombre de Júlio Prestes, presidente del Estado de São Paulo. Este hecho rompía todas las reglas del juego. Desde 1914, la presidencia había recaído siempre entre São Paulo y Minas, con la única excepción de 1919, tras la muerte del presidente electo Rodrigues Alves. Normalmente habría sido previsible el retorno de un presidente mineiro en 1930. La intransigencia de Washington Luís puede atribuirse a sus características personales y a razones de índole más general. Dando por sentada la inflexibilidad del sistema oligárquico, que ponía muy difícil a la oposición tomar cualquier medida con éxito, el presidente intentó asegurar la continuidad de su política de estabilización financiera por medio de la elección de un sucesor en quien poder confiar. Al menos había un precedente histórico en su favor: en 1902, Campos Sales había garantizado su intento de llevar a cabo una política financiera deflacionaria mediante la (primera) elección de Rodrigues Alves, con el resultado de la sucesión de un paulista por otro paulista en la presidencia. La actitud de Washington Luís también puede ser interpretada a la luz de una situación en la que la élite de São Paulo había ido perdiendo gradualmente los puestos administrativos más importantes, en favor de hombres procedentes de Río Grande do Sul y Minas Gerais, tendencia que se incrementaría sustancialmente después de 1930.

Con la imposición de la candidatura de Júlio Prestes, Washington Luís creyó que podría neutralizar cualquier disensión seria que pudiera surgir, dado que las relaciones entre el gobierno federal y Río Grande do Sul eran buenas. Como máximo parecía que Minas Gerais iba a afrontar la lucha aisladamente, no sólo con pocas posibilidades de éxito, sino también sin producir repercusiones importantes. Efectivamente, fue el presidente de Minas, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, quien empezó a negociar un candidato de oposición. Con el fin de impulsar a Río Grande do Sul a una contienda que significaría la ruptura de su acuerdo con el gobierno federal, y perdiendo las ventajas que ello significaría, era necesario ofrecer la presidencia a ese Estado. En junio de 1929, tras muchas negociaciones, Minas Gerais y Río Grande do Sul acordaron lanzar al reticente Getúlio Vargas, por entonces gobernador de Río Grande do Sul, como candidato. Obtuvieron la adhesión de Paraíba, el pequeño Estado del noreste, que presentó a João Pessoa como candidato a la vicepresidencia. Las posibilidades de que este grupo obtuviera la victoria eran escasas, ya que el gobierno central no sólo tenía el apoyo de la oligarquía de São Paulo, sino también el de diecisiete estados.

La Alianza Liberal tomó la forma de frente regional que incluía a la amplia mayoría de representantes políticos de Río Grande do Sul y Minas Gerais, y a la que también se unió el Partido Democrático de São Paulo. Por lo que se refiere a Paraíba, la lucha interna en el seno de la oligarquía provocó que un sector bastante influyente apoyara al gobierno. Parecía que se estaba fraguando una nueva división regional, de mayor importancia que todas las anteriores, pero que sin embargo seguía el modelo tradicional de disputa de sucesión típico de la Primera República. La Alianza hizo grandes esfuerzos para permanecer dentro de los límites del sistema, con el cual estaban comprometidos la mayoría de sus líderes. Hasta Vargas expresó abiertamente sus intenciones en una carta dirigida a Washington Luís en julio de 1929, y João Neves da Fontoura —líder de Río Grande do Sul en la Cámara federal— declaró que la oposición estaba dispuesta a prestar una consideración comprensiva a otros candidatos de São Paulo.

El programa de la Alianza Liberal reflejaba las aspiraciones de las clases dirigentes regionales no vinculadas directamente con el café. Su objetivo también era ganarse las simpatías de la clase media y, en cierta medida, de la clase obrera. Defendía la necesidad de estimular la producción nacional en general, y no solamente la del café. También se oponía a los diversos proyectos de valorización del café en nombre de la ortodoxia financiera, y por esta razón no estaba en desacuerdo, en este punto concreto, con Washington Luís. Propuso ciertas medidas de protección para los obreros, como el derecho a pensiones, normas especiales en relación con el empleo de mujeres y niños, y el derecho a vacaciones remuneradas. (En los centros urbanos importantes, en los cuales Vargas se vio obligado a hacer campaña un poco contra su voluntad, fue recibido entusiásticamente; y ello hasta en São Paulo, lugar donde el carácter antipaulista de la Alianza hubiera sido fácilmente explotable). Como réplica clara al presidente, que había afirmado que el problema social en Brasil era un «problema policial», la plataforma de la oposición afirmaba que este problema no podía ser ignorado, y que constituía «uno de los problemas que debía ser estudiado más seriamente por el poder administrativo». Se puso el mayor énfasis en la defensa de los derechos del individuo, la amnistía (con el fin de ganarse la simpatía de los tenentes) y la reforma política necesaria para garantizar la autenticidad de la elección de representantes. En relación con el asunto de la industrialización, su programa hacía la antigua distinción entre industrias naturales y artificiales, es decir, aquellas industrias que operaban con materias primas disponibles en el país y aquellas para las que había que importar los materiales. Condenó el proteccionismo brindado a estas últimas, bajo la acusación de que fomentaban la subida del coste de la vida mientras favorecía a una o dos industrias privilegiadas. La protección de los derechos del trabajador se estableció, a su vez, en condiciones diseñadas para contrastar con los privilegios de que gozaban los industriales. Las asociaciones que representaban a la mayoría de las industrias establecidas en São Paulo apoyaron a Júlio Prestes, el candidato oficial. Esta actitud tiene su explicación en las firmes relaciones que se habían establecido entre los diferentes sectores de la clase dirigente de São Paulo, y en el hecho de que la oposición no logró presentarse como oferta atractiva a la burguesía industrial.

La crisis económica mundial empezó precisamente a mediados de la campaña electoral, en octubre de 1929. Los líderes de la oposición comenzaron a utilizar la crisis como un nuevo argumento con el que demostrar la ineptitud del gobierno. Los efectos inmediatos casi no se notaron. Sin embargo, la crisis condujo a un desacuerdo entre el sector cafetero y el gobierno central. Había llegado el momento en que los problemas de superproducción empezaban a ser graves. El sector del café requirió de Washington Luís concesiones financieras y una moratoria para el pago de sus deudas. Estas concesiones serían pagaderas por medio del Banco de Brasil, en vista de las dificultades que estaba experimentando el banco del Estado de São Paulo. El presidente, que estaba particularmente ansioso por proteger su plan de estabilidad monetaria, que ciertamente habría colapsado si se hubieran hecho esas concesiones, rehusó atender las demandas de un sector al que en teoría representaba. Esto provocó una ola de descontento en São Paulo. El Congresso dos Fazendeiros, organizado no sólo por los partidarios del PD, sino también por todas aquellas asociaciones agrícolas cuyos líderes apoyaban en general al PRP, y que se celebró a finales de diciembre de 1929 y principios de enero de 1930, fue una manifestación clara de estas quejas. A pesar de esto, la situación no llegó a la ruptura. Tras la celebración del congreso, decreció la movilización de los plantadores de café, y los beneficios obtenidos por el PD en cuanto a número de votos fueron relativamente insignificantes. El sector cafetero, a pesar del descontento, no tenía razones para creer que una victoria de la Alianza Liberal iba a redundar en que se prestara una mayor atención a sus intereses. En realidad, la composición regional de la oposición y una o dos declaraciones cuidadosamente formuladas parecían indicar lo contrario.

Las elecciones del 1 de marzo de 1930 se llevaron a cabo de acuerdo con las tradiciones de la antigua república. Tanto el gobierno como la oposición recurrieron al fraude a gran escala. Como muestra, basta recordar que Getúlio Vargas obtuvo en su propio Estado 298.677 votos a favor, frente a 982 en contra. La victoria de Júlio Prestes, admitida públicamente por Borges de Medeiros, pareció señalar el fin de la división regional. Sin embargo, muy pronto empezaron a airearse diferencias de opinión en el seno de la Alianza. Estas divergencias hay que considerarlas más como diferencias generacionales que ideológicas. Paralelamente a los políticos tradicionales, en Minas Gerais y Río de Janeiro se desarrolló un grupo ilustrado más joven de mineiros y gauchos que estaba escalando posiciones políticas a la sombra de la antigua oligarquía. En Río Grande do Sul, hombres como el propio Vargas, Flores da Cunha, Osvaldo Aranha, Lindolfo Collor, João Neves y Mauricio Cardoso formaron un grupo conocido como la «generación de 1907», que fue el año en que terminaron sus estudios. También en Minas Gerais surgieron figuras políticas jóvenes, como Virgilio de Meló Franco y Francisco Campos, ambos procedentes de familias regionales tradicionales. Esos hombres no denunciaron abiertamente el sistema político de la Primera República hasta finales de los años veinte. Sin embargo, en 1930, este sector de la élite política tomó el camino que hasta entonces únicamente los tenentes habían elegido.

A pesar de su derrota, el movimiento tenentista tenía todavía una fuerza apreciable debido a su experiencia militar y a su prestigio en el seno del ejército. En ese momento, las condiciones para un acercamiento entre los políticos más jóvenes y los oficiales rebeldes ya estaban maduras. Para ello ya se habían dado algunos pasos, incluso en plena campaña electoral. Sin embargo, los tenentes avanzaban con la máxima precaución. El equilibrio de sus relaciones con la oposición legal era bastante negativo. Habían sido utilizados en beneficio de la oposición, sin recibir nada a cambio. Aparte de esto, en la Alianza Liberal estaban algunos de sus peores enemigos; por ejemplo, el ex presidente Bernardes, que había perseguido a la columna Prestes y que era considerado por el movimiento como la personificación de todos los vicios de la República, y João Pessoa, responsable de la persecución de más de uno de los militares rebeldes. Entre los políticos más jóvenes había varios —como Osvaldo Aranha, por ejemplo— que habían tomado parte en el sofocamiento de la insurrección en Río Grande do Sul. A pesar de estos obstáculos —y las sospechas eran recíprocas—, llegaron a un acuerdo. Significativamente, sin embargo, el liderazgo militar del movimiento revolucionario fue cedido a un hombre que representaba al «sector más responsable de las fuerzas armadas» y que gozaba de la confianza absoluta de los líderes gauchos. Este hombre fue Góes Monteiro, que por entonces tenía el grado de teniente coronel, nativo de Alagoas, pero cuya carrera estaba vinculada estrechamente a Río Grande do Sul. Góes no había pertenecido a la facción revolucionaria de los años veinte; por el contrario, había luchado contra la columna Prestes en los estados del noreste.

La conspiración, planeada entre marzo y octubre de 1930, tuvo una serie de altibajos propiciados por un hecho dramático casual, como fue el asesinato en agosto de João Pessoa, además de otros temas de política local. Finalmente, la rebelión empezó el 3 de octubre en Río Grande do Sul, y al día siguiente en el noreste. Las milicias estatales de los estados rebeldes declararon su lealtad a la revolución. La adhesión del ejército sólo fue inmediata en el sur, mientras que en Minas Gerais y en algunos estados del noreste se produjo una cierta resistencia. Washington Luís permaneció en el poder en Río de Janeiro. La base principal de apoyo a su gobierno estaba en São Paulo, lugar en el que tanto la milicia estatal como el ejército se dispusieron a resistir a las tropas que avanzaban por el sur. El ambiente general en São Paulo, sin embargo, estaba lejos de ser eufórico. La clase dirigente paulista, que en este momento estaba en desacuerdo con sus representantes en el gobierno central, no había llegado tan lejos como para desviar su lealtad hacia la oposición. Sin embargo, tampoco tenía la intención de arrojarse a un conflicto armado movilizando a la población que tenía bajo su control. Aparte de esto, un amplio sector de la clase media estaba con el Partido Democrático, el cual, aunque hubiera tenido una muy escasa participación en los planes para la revolución, apoyaba a los revolucionarios. Esos factores contribuyeron a crear un ambiente de expectativa en São Paulo, donde fracasó de forma lamentable el intento de llamar a los reservistas realizado por el gobierno central.

En todo caso, la intervención de la jerarquía de las fuerzas armadas en Río de Janeiro evitó cualquier intento de confrontación militar seria en São Paulo. Por primera vez los altos mandos del ejército y de la marina se unieron para llevar a cabo una «intervención moderadora» que depuso a Washington Luís el 24 de octubre. La jerarquía militar intentó permanecer en el poder e incluso llegó a formar una junta de gobierno. Por otra parte, la presión de las fuerzas revolucionarias que avanzaban por el sur y las manifestaciones populares en Río de Janeiro garantizaban la reclamación de Getúlio Vargas para la presidencia. Éste entró puntualmente en funciones el 3 de noviembre de 1930 como cabeza de un gobierno provisional. Muy pocos podían esperar entonces que permanecería en el poder durante los quince años siguientes.

La revolución de 1930 fue producto de varios grupos sociales cuyos valores y objetivos diferían notablemente: oligarquías regionales disidentes, sectores de la clase media urbana y mandos intermedios del ejército. Salvo algunas excepciones, los obreros urbanos permanecieron al margen del movimiento. Los revolucionarios, sin embargo, se aprovecharon de sus simpatías como resultado del prestigio de los tenentes y la retórica vagamente reformista de la Alianza Liberal. (El reducidísimo Partido Comunista había preparado su propio candidato para las elecciones y denunció el carácter «fascista» de la Alianza. Sin embargo, vale la pena recordar que, por lo menos hasta la víspera de las elecciones, los dirigentes del partido estuvieron haciéndose con armas y estableciendo contactos con elementos tenentistas que conspiraban en São Paulo). Al considerar la década de 1920 globalmente, se puede apreciar el papel particularmente notable de la generación joven en la manifestación de la oposición política o en la actividad revolucionaria. El PD de São Paulo contrastó claramente con el PRP en lo relativo a la juventud de sus líderes. El tenentismo fue un movimiento de los oficiales jóvenes del ejército. Entre los sectores disidentes de la oligarquía, quienes adoptaron actitudes revolucionarias fueron elementos jóvenes. Desde este punto de vista, la crisis en el sistema oligárquico puede contemplarse como una consecuencia de la incapacidad del sistema para responder a las demandas que se le solicitaban, las cuales, a su vez, eran consecuencia de la diferenciación y movilidad sociales, tanto hacia arriba como hacia abajo.

La defunción de la antigua república en 1930 puso fin al sistema de gobierno oligárquico que había garantizado la hegemonía de la burguesía cafetera de São Paulo. Sin embargo, no supuso el fin del coronelismo, especialmente en las zonas rurales. Surgieron nuevos coronéis para sustituir a los antiguos, y el sistema de patronazgo permaneció y se adaptó lentamente al pacto corporativo que se fue elaborando gradualmente entre la sociedad civil y el Estado. La continuación del clientelismo, si bien en forma modificada, fue debida en gran medida al hecho de que la revolución de 1930 no hizo nada para cambiar el sistema de producción en las áreas rurales, aunque por esa época la reforma agraria se hubiera convertido en un tema relevante de debate político. Los acontecimientos que se produjeron después de 1930 combinaron dos elementos que históricamente son de imposible separación: la victoria de un heterogéneo movimiento revolucionario y los efectos de la crisis económica mundial. Esta última transformó los problemas de muchos años en temas urgentes e, inevitablemente, aceleró el lento proceso de cambio. Dadas las condiciones históricas en que se había formado la burguesía industrial, hicieron falta una crisis mundial y la ruptura de la hegemonía de la burguesía cafetera de São Paulo para que, por ejemplo, se dieran nuevos ímpetus al proceso de industrialización. La expansión y centralización del poder del Estado fue el primer rasgo de cambio institucional durante los años que siguieron a la revolución de 1930. Fue un desplazamiento dictado por los requerimientos del nuevo orden económico y financiero, pero también correspondió a los intereses y conceptos de algunas de aquellas fuerzas, y no precisamente las militares, que habían sido responsables de la revolución. La burocracia central fue expandida y virtualmente transformada en una nueva categoría social con sus propios intereses, aparte de seguir llevando a cabo su función como portavoz de los intereses de la clase dominante. Además, las relaciones entre la sociedad civil y el Estado cambiaron en el aspecto de que los diferentes sectores de la clase dominante, la clase media y al menos una parte de la clase obrera pasaron a enfrentarse entre sí y a alcanzar acuerdos, en gran medida bajo la sombra de un poder estatal cada vez más fuerte.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

Abreviaturas

Se han utilizado las siguientes abreviaturas para los trabajos que se citan repetidamente en los ensayos bibliográficos:

AESC
Annales: Économies, Sociétés, Civilisations

HAHR
Hispanic American Historical Review

JGSWGL
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas

JLAS
Journal of Latin American Studies

LARR
Latin American Research Review

1. El crecimiento de la economía argentina, c. 1870-1914

Entre los estudios bibliográficos de la historia económica de Argentina en el periodo 1870-1914, el mejor y más completo es Tulio Halperín Donghi, «Argentina», en Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein, eds., Latin America: a guide to economic history 1830-1930, Berkeley, 1977. Entre las obras de carácter general que aparecieron después de la segunda guerra mundial, Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, 1850-1930, 2 vols., Buenos Aires, 1955, fue durante muchos años la más leída. Durante el decenio de 1960 dos obras correspondientes a este campo ejercerían una influencia significativa: Aldo Ferrer, La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales, México, 1963, que, al igual que el estudio de Brasil escrito por Celso Furtado, examina la estructura de la economía desde el periodo colonial hasta el presente y acusa mucho la influencia de la literatura sobre el desarrollo publicada por ECLA/CEPAL; la otra obra fue la de Guido Di Telia y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967, concebida como tesis bajo la supervisión de W. W. Rostow, que acepta el rápido crecimiento del periodo 1880-1914 y trata de explicar por qué no se sostuvo después de 1914. Véanse también los ensayos de D. C. M. Platt y G. Di Telia, eds., Thepolitical economy of Argentina, 1880-1946, Londres, 1986, que incluye el de David Rock, «The Argentine economy, 1880-1914: some salient features».

El primer capítulo de Essays on the economic history of the Argentine Republic, New Haven, 1970, de Carlos F. Díaz Alejandro, considera el periodo anterior a 1930. Díaz Alejandro se aparta de anteriores interpretaciones del periodo y hace hincapié en que Argentina, al igual que Canadá y Estados Unidos, merece que la veamos dentro del marco de la teoría básica del crecimiento económico (sobre la cual, véase Melville H. Watkins, «A staple theory of economic growth», Canadian Journal of Economic and Political Science, 29/2 [1963]). Vicente Vásquez Presedo, El caso argentino, Buenos Aires, 1971, también considera que el caso argentino fue único y diferente del de otros países subdesarrollados y más cercano al de países anglosajones colonizados recientemente. Véase también John Fogarty, Ezequiel Gallo y Héctor Diéguez, Argentina y Australia, Buenos Aires, 1979; Tim Ducan y John Fogarty, Australia and Argentina: on parallel paths, Melbourne, 1984; y D. C. M. Platt y G. Di Telia, eds., Argentina, Australia and Canada: studies in comparative development, 1870-1965, Nueva York, 1985. Los dos primeros capítulos de Roberto Cortés Conde, El progreso argentino 1880-1914, Buenos Aires, 1979, consideran la formación territorial y la estructura regional de Argentina desde el periodo colonial hasta el siglo XIX, mientras que los capítulos centrales hablan del desarrollo de los mercados de tierra y trabajo durante el periodo 1880-1910.

Otras obras de carácter general que merecen citarse son Roque Gondra, Historia económica de la República Argentina, Buenos Aires, 1943, que durante muchos años fue texto obligatorio en la enseñanza, igual que lo fue Federico Pinedo, Siglo y medio de economía argentina, México, 1961. Véase también Academia Nacional de la Historia, Historia argentina contemporánea 1862-1930, vol. III, Historia económica, Buenos Aires, 1965. Entre obras más antiguas pero, pese a ello, indispensables se encuentran dos estudios de Juan Álvarez, Estudios sobre las guerras civiles argentinas, Buenos Aires, 1914, y Temas de historia económica argentina, Buenos Aires, 1929, así como Ernesto Tornquist, The economic development of the Argentine Republic in the last fifty years, Buenos Aires, 1919, y Michael G. y E. T. Mulhall, Handbook of the River Plate, 1863, 1875, 1888, 1892 (reimpresión, Buenos Aires y Londres, 1982).

Sobre el cambio demográfico, y especialmente la migración interna e internacional, Zulma L. Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes, Migraciones en la Argentina, Buenos Aires, 1969, y La población de Argentina, Buenos Aires, 1975, son indispensables. Véase también HALC, X, ensayo bibliográfico 2.

Durante muchos años la obra más aceptada sobre el sector rural fue Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, 1954, que se basaba principalmente en los excelentes ensayos del censo de 1908; se convirtió en un clásico en su campo. Otro libro muy conocido es James Scobie, Revolution on the pampas: a social history of Argentine wheat, Austin, Texas, 1964. Entre las obras recientes se incluyen Ezequiel Gallo, «Agricultural colonization and society in Argentina. The province of Santa Fe, 1870-95», tesis doctoral inédita, Oxford, 1970; versión española, La pampa gringa, Buenos Aires, 1983. Eduardo Míguez, Las tierras de los ingleses en la Argentina, 1870-1914, Buenos Aires, 1985; Alfredo R. Pucciarelli, El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930, Buenos Aires, 1986; Carl E. Solberg, The prairies and the pampas: agrarian policy in Canada and Argentina, 1880-1930, Stanford, 1987; Hilda Sábato, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar, 1865-1890, Buenos Aires, 1989, y Jeremy Adelman, «Agricultural credit in the province of Buenos Aires, Argentina 1890-1914», JLAS, 22 (1990), pp. 69-87.

Véanse también Aldo Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Buenos Aires, 1956; Fernando Enrique Barba, «El desarrollo agropecuario de la provincia de Buenos Aires (1880-1930)», Investigaciones y Ensayos, 17 (julio-diciembre de 1974), pp. 210-310; Roberto Cortés Conde, «Patrones de asentamiento y explotación agropecuaria en los nuevos territorios argentinos (1890-1910)», y Ezequiel Gallo, «Ocupación de tierras y colonización agrícola en Santa Fe», ambas en Alvaro Jara, ed., Tierras nuevas, México, 1969; Roberto Cortés Conde, «Tierras, agricultura y ganadería», y Colin Lewis, «La consolidación de la frontera argentina a fines de la década del setenta. Los indios, Roca y los ferrocarriles», ambas en Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, Buenos Aires, 1980; y M. Sáenz Quesada, Los estancieros, Buenos Aires, 1980. Varias obras más antiguas merecen especial mención debido a su valor permanente: Miguel Ángel Cárcano, Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810-1916, Buenos Aires, 1917; Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente argentina, Buenos Aires, 1917; Mark Jefferson, Peopling the Argentine pampas, Nueva York, 1926; Cari C. Taylor, Rural Ufe in Argentina, Baton Rouge, 1948; Simon G. Hanson, Argentine meat and the British market: chapters in the history of the Argentine meat industry, Stanford, 1938. Estanislao Zeballo, Descripción amena de la República Argentina, Buenos Aires, 1888, y los estudios realizados por la División de Economía Rural del Ministerio de Agricultura (1900) son indispensables.

Sobre el comercio exterior y las inversiones extranjeras, John H. Williams, Argentine International trade under inconvertiblepaper money, 1880-1900, Cambridge, Mass., 1920; reimpresión, Nueva York, 1969, todavía no ha sido superada; debido a su riqueza de información sobre la balanza de pagos, precios, salarios, etc., se la ha considerado, de hecho, como la mejor historia económica del periodo. Véanse también Vázquez Presedo, El caso argentino, capítulo 2; H. S. Ferns, Britain and Argentina in the nineteenth century, Oxford, 1960; A. G. Ford, The gold standard 1880-1914: Britain and Argentina, Oxford, 1962, y una obra más antigua, Harold E. Peters, The foreign debí of the Argentine Republic, Baltimore, 1934. Héctor L. Diegrez, «Crecimiento e inestabilidad del valor y el volumen físico de las exportaciones argentinas en el periodo 1864-1963», Desarrollo Económico, Buenos Aires, 46/12 (1972), es un artículo que transcribe información de la importante recopilación de datos estadísticos sobre el comercio exterior de Argentina que se presenta en Roberto Cortés Conde, Tulio Halperín y H. Gorostegui de Torres, El comercio exterior argentino - exportaciones 1863-1963, en mimeógrafo, Instituto Torcuato di Telia, Buenos Aires, sin fecha, que corrige muchos errores y deficiencias de las estadísticas. También son importantes D. C. M. Platt, Finance, trade and politics in British foreign policy 1815-1914, Oxford, 1971, y Latin America and British trade, 1806-1914, Londres, 1972; A. G. Ford, «British investment in Argentina and long swings 1880-1914», Journal of Economic History, 31/3 (1971), reimpreso en Roderick Floud, ed., Essays in quantitative economic history, Oxford, 1974, y «British investment and Argentine economic development, 1880-1914», en David Rock, ed., Argentina in the twentieth century, Londres, 1975. Sobre las inversiones francesas, son dignos de mención los tres artículos de Andrés Regalsky, «Exportaciones de capital hacia los países nuevos, los bancos franceses y las finanzas públicas argentinas, 1881-1887», Revista de Historia económica, 1, año V (1987); «Las inversiones francesas en los ferrocarriles, 1887-1899», Siglo XIX, Universidad Autónoma de Nuevo León, año III, 5 (1988), y «Foreign capital, local interest on railways development in Argentina; French investments in railways 1900-1914», JLAS, 21 (1989).

Las obras de Williams y Ford son principalmente estudios del funcionamiento del patrón oro en Argentina. La obra de Williams llega hasta finales de siglo, mientras que la de Ford considera dos periodos distintos, el primero de los cuales, de 1880 a 1885, es calificado como un fracaso del sistema mientras que el segundo, de 1900 a 1910, es calificado de éxito. Veánse también Ferns, Britain and Argentina, y David Joslin, A century of banking in Latin America, Londres, 1963. Véanse también Rafael Olarra Jiménez, El dinero y las estructuras monetarias, Buenos Aires, 1967, y su más reciente «Las reformas monetarias 1880-1910», junto con Charles Jones, «Los bancos británicos», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario. Entre las obras más antiguas, véanse el clásico estudio de Emilio Hansen, La moneda argentina, Buenos Aires, 1916, y José A. Terry, Cuestiones monetarias, Buenos Aires, 1899, y Finanzas, Buenos Aires, 1918. Roberto Cortés Conde, Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria argentina, 1862-1890, Buenos Aires, 1989, es la primera historia monetaria de Argentina para el periodo 1860-1890. La importante tesis de Gerardo della Paolera, «How the Argentine economy performed during the International gold standard: a reexamination», tesis inédita, Universidad de Chicago, 1988, ofrece nuevas series monetarias desde 1885.

Como es natural, los ferrocarriles dominan la bibliografía relativa a los transportes. Entre las obras recientes, la más completa es Eduardo A. Zalduendo, Libras y rieles, Buenos Aires, 1975, que también examina las inversiones británicas en los ferrocarriles de Brasil, Canadá y la India. También es importante Winthrop R. Wright, British-owned railways in Argentina: their effect on economic nationalism 1854-1948, Austin, Texas, 1972. Véanse también Colin Lewis, «Problems of railway development in Argentina 1857-1890», Inter-American Economic Affairs, 22/2 (1962), y British railways in Argentina 1857-1914, Londres, 1983; Paul Goodwin, «The central Argentine railway and the economic development of Argentina 1854-1881», HAHR, 57/4 (1977); y el estudio más reciente de Eduardo A. Zalduendo, «Aspectos económicos del sistema de transporte en la Argentina (1880-1914)», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario. Entre las obras más antiguas, pero que son indispensables por diversas razones, merece citarse Raúl Scalabrini Ortiz, Historia de los ferrocarriles argentinos, Buenos Aires, 1957, enfoque antibritánico, y vale la pena citar el bien documentado A. G. Bunge, Ferrocarriles argentinos, Buenos Aires, 1916, que, como señala el autor, es también una contribución al estudio de la riqueza nacional.

Para la industria, el estudio de Adolfo Dorfman, publicado originalmente como La evolución industrial argentina, Buenos Aires, 1942, y más recientemente como Historia de la industria argentina, Buenos Aires, 1970, sigue siendo importante. Entre las obras más recientes, véanse Vázquez Presedo, El caso argentino, y «Evolución industrial 1880-1910», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, Ezequiel Gallo, «Agrarian expansión and industrial development in Argentina», en Raymond Carr, ed., Latin American Affairs. St. Antony’s Papers, n.º 22, Oxford, 1970; Lucio Geller, «El crecimiento industrial argentino hasta 1914 y la teoría del bien primario exportado», en Marcos Giménez Zapiola, ed., El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina hasta 1930, Buenos Aires, 1975, pp. 156-200. Colin M. Lewis, «Immigrant entrepreneurs, manufacturing and industrial policy in the Argentine, 1922-1928», Journal of Imperial and Commonwealth History, XVII (1987), pp. 77-109; Leandro Gutiérrez y Juan Carlos Korol, «Historia de empresas y crecimiento industrial en la Argentina. El caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas», Desarrollo Económico, vol. 28, 111 (1988); María Inés Barbero, «Grupos empresarios, intercambio comercial e inversiones italianas en la Argentina. El caso Pirelli (1910-1920)», Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 3,15-16 (1990), y Roberto Cortés Conde, «Problemas del crecimiento industrial en Argentina 1900-1960», en Enrique Cárdenas, ed., La industrialización en América Latina, México, 1992, que presenta nuevos datos sobre la producción industrial para el periodo 1900-1935 (revisando los publicados por ECLA en 1958).

2. Política y sociedad en Argentina, 1870-1916

Hay varias obras de carácter general que tratan del proceso político en Argentina entre 1870 y 1914: Academia Nacional de la Historia, Historia argentina contemporánea, 2 vols., Buenos Aires, 1965; Ricardo Levillier, ed., Historia argentina, vol. IV, Buenos Aires, 1968; E. Gallo y R. Cortés Conde, La República conservadora, Buenos Aires, 1972; N. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, 1977; G. Ferrari y E. Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, Buenos Aires, 1980; y D. Rock, Argentina 1516-1987. From Spanish Colonization to the Falkands War, Berkeley, 1985 (hay trad. cast.: Argentina, 1516-1987: desde la colonización española hasta Alfonsín, Alianza, Madrid, 1988). Todavía son útiles los clásicos estudios de L. H. Sommariva, Historia de las intervenciones federales en las provincias, 2 vols., Buenos Aires, 1929; José N. Matienzo, El gobierno representativo federal en la República Argentina, Madrid, 1917, y Rodolfo Rivarola, Del régimen federativo al unitario, Buenos Aires, 1908. También merece consultarse la compilación documental realizada por Isidoro Ruiz Moreno, ed., La federalización de Buenos Aires, Buenos Aires, 1980.

Algunas biografías contienen información útil sobre el periodo. Véanse, por ejemplo, dos estudios de Agustín Rivero Astengo, Juárez Celman. Estudio histórico y documental de una época argentina, Buenos Aires, 1940, y Pellegrini, 1846-1906, 2 vols., Buenos Aires, 1941; R. Sáenz Hayes, Miguel Cañé y su tiempo, 1851-1905, Buenos Aires, 1955, y Ramón J. Cárcano, 1860-1946; José Arce, Roca 1843-1914. Su vida y su obra, Buenos Aires, 1960; F. Luna, Soy Roca, Buenos Aires, 1989; A. W. Bunkley, The life of Sarmiento, Princeton, N. J., 1952; J. Campobassi, Mitre y su época, Buenos Aires, 1980; y D. F. Weinstein, Juan B. Justo y su época, Buenos Aires, 1978. También son dignos de consultarse Leandro Alem, Mensaje y destino, 8 vols., Buenos Aires, 1955, e Hipólito Yrigoyen, Pueblo y gobierno, 12 vols., Buenos Aires, 1956. Entre las memorias o autobiografías más útiles escritas por políticos activos se cuentan Paul Groussac, Los que pasaban, Buenos Aires, 1919; Ezequiel Ramos Mejía, Mis memorias, Buenos Aires, 1936; Ramón J. Cárcano, Mis primeros ochenta años, Buenos Aires, 1944; Nicolás Repetto, Mi paso por la política, de Roca a Yrigoyen, Buenos Aires, 1956; Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, y Enrique Dickman, Recuerdos de un militante socialista, Buenos Aires, 1949.

Muy poco se ha escrito, hasta estos últimos tiempos, sobre la historia de las ideas. El tema se trata sumariamente en José L. Romero, Las ideas políticas en la Argentina, México, 1956. Es valiosísima la reciente compilación de T. Halperín Donghi, Proyecto y construcción de una nación, 1846-1880, Caracas, 1979. Esta obra debería leerse conjuntamente con otros estudios del mismo autor: «Un nuevo clima de ideas», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, y «¿Para qué la inmigración? Ideología y política migratoria y aceleración del proceso modernizador; el caso argentino (1810-1914)», JGSWGL, 13 (1976). También merecen consultarse: H. Biaggini, ¿Cómo fue la generación del ochenta?, Buenos Aires, 1980; M. Montserrat, «La mentalidad evolucionista: una ideología del progreso», en Ferrari y Gallo, eds., op. cit., J. C. Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económico en la Argentina, Buenos Aires, 1971, y T. Duncan, «La prensa política: Sud-América, 1884-1942», en Ferrari y Gallo, eds., op. cit. Dos aportaciones importantes que datan de hace poco son de Natalio Botana, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y tas ideas políticas de su tiempo, Buenos Aires, 1984, y La libertad política y su historia, Buenos Aires, 1991. Véanse también T. Halperín Donghi, José Hernández y sus mundos, Buenos Aires, 1985, y Carlos Escudé, El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología, Buenos Aires, 1990. Para el catolicismo social, véanse N. T. Auzá, Corrientes sociales del catolicismo argentino, Buenos Aires, 1984. Una reciente contribución muy valiosa es E. Zimmermann, «Liberáis, Reform and the Social Question», tesis doctoral, Universidad de Oxford, 1991.

Existen unas cuantas obras generales sobre los partidos políticos: véanse Carlos Meló, Los partidos políticos argentinos, Córdoba, 1970; Alfredo Galleti, La política y los partidos, Buenos Aires, 1961; Darío Cantón, Elecciones y partidos políticos en la Argentina. Historia, interpretación y balance 1910-1966, Buenos Aires, 1973, y Karen L. Remmer, Party Competition in Argentina and Chile. Political Recruitment and Public Policy, Lincoln, Neb., 1984. Sobre las prácticas políticas, véanse H. Sábato y E. Plati, «¿Quién votaba en Buenos Aires? Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880», Desarrollo Económico, 119 (Buenos Aires, 1990), y E. Gallo, «Un quinquenio difícil: las presidencias de Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña», en G. Ferrari y E. Gallo, op. cit. Sobre estilos y tradiciones políticas, véase E. Gallo, Traditions and Political Styles in Argentina, St. Michael, Maryland, 1979. El Partido Radical ha sido el que más atención ha recibido de los historiadores. Además de los ensayos que aparecen en Alem, Mensaje y destino, e Yrigoyen, Pueblo y gobierno, otras obras importantes son Gabriel Del Mazo, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, Buenos Aires, 1957; David Rock, Politics in Argentina, 1890-1930. The rise and fall of Radicalism, Cambridge, 1975 (hay trad. cast.: El radicalismo argentino, Amorrortu, Buenos Aires, 1976), y E. Gallo y S. Sigal, «La formación de los partidos políticos contemporáneos: La Unión Cívica Radical (1890-1916)», Desarrollo Económico, 3/1-2 (1963). Sobre el Partido Socialista, R. J. Walter, The Socialist party in Argentina 1890-1930, Austin, Texas, 1977; D. Cúneo, Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina, Buenos Aires, 1963; J. Oddone, Historia del socialismo argentino, Buenos Aires, 1943, y M. Mullaney, «The Argentine Socialist Party, 1890-1930», tesis doctoral, Universidad de Essex, 1983; todas estas obras son útiles.

Menos se ha publicado acerca de las fuerzas conservadoras en la política argentina de este periodo. O. Cornblit, «La opción conservadora en la política argentina», Desarrollo Económico, 56/4 (1975), pp. 599-640, y E. Gallo, «El Roquismo», Todo es Historia, 100 (1975), merecen consultarse. Aunque no se ocupa específicamente del tema, se encuentra información útil en J. M. Dulevich, Caos social y crisis cívica, Buenos Aires, 1980. No se ha escrito nada sobre los diferentes grupos que se alinearon detrás de la bandera del mitrismo, y muy poco acerca de las facciones provinciales. Sobre éstas, varias historias regionales contienen información: Juan Álvarez, Ensayo sobre la historia de Santa Fe, Buenos Aires, 1910; H. F. Gómez, Los últimos sesenta años de democracia y gobierno en la provincia de Corrientes, Buenos Aires, 1931; A. Díaz de Molina, La oligarquía argentina. Su filiación y régimen (1840-1898), Buenos Aires, 1973; y Carlos Páez de la Torre, «Tucumán, vida política y cotidiana, 1904-1913», Todo es Historia, 27 (1973). Hay también varias tesis doctorales inéditas que son valiosas: Donald Peck, «Argentine politics and the Province of Mendoza, 1890-1914», Universidad de Oxford, 1977; A. Liebscher, «Commercial expansión and political change in Santa Fe Province, 1897-1916», Universidad de Indiana, 1975; Donna Guy, «Politics and the sugar industry in Tucumán, Argentina, 1870-1900», Universidad de Indiana, 1973; y G. Heaps-Nelson, «Argentine Provincial Politics in an era of expanding political participation. Buenos Aires and Mendoza, 1906-1918», Universidad de Florida, 1975.

Las rebeliones armadas de este periodo han sido objeto de considerable atención. Sobre la revolución de 1874, A. Terzaga, «La revolución del 74. Una estrella que sube», Todo es Historia, 59 (1974). Para los acontecimientos de 1880, véanse B. Galíndez, Historia política argentina. La revolución de 1880, Buenos Aires, 1945; S. Ratto de Sambucetti, Avellaneda y la nación versus la provincia de Buenos Aires (1873-1880), Buenos Aires, 1975; E. M. Sanucci, La renovación presidencial de 1880, Buenos Aires, 1959, y N. Botana, «1880. La federalización de Buenos Aires», en G. Ferrari y E. Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario. Se ha publicado mucho sobre la revolución de 1890: J. Balestra, El Noventa. Una evolución política argentina, Buenos Aires, 1971; H. Zorraquín Beçú, La revolución del Noventa. Su sentido político, Buenos Aires, 1960; L. V. Sommi, La revolución del 90, Buenos Aires, 1957; y un número extraordinario de la Revista de Historia (Buenos Aires, 1957), sobre «La crisis del 90». Acerca de las revueltas provinciales de 1893, véanse R. Etchepareborda, Tres revoluciones. 1890-1893-1905, Buenos Aires, 1968, y E. Gallo, Farmers in revolt. The revolution of 1893 in the province of Santa Fe, Londres, 1976. La obra de Etchepareborda también analiza el levantamiento radical frustrado de 1905. Véanse asimismo C. Martínez, Alsina y Alem. Porteñismo y milicias, Buenos Aires, 1990, y M. J. Wilde, «Las milicias santafecinas», Revista Histórica, 10 (Buenos Aires, 1982).

Sobre las relaciones internacionales, véanse H. J. Ferns, Britain and Argentina in the nineteenth century, Oxford, 1962; T. McGann, Argentina, the United States and the inter-American system. 1880-1914, Cambridge, Mass., 1967; G. Ferrari, «Argentina y sus vecinos», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, y J. A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza, Buenos Aires, 1990. Un tema importante que ha recibido poca atención es el de las relaciones con Italia y España, países natales de la inmensa mayoría de los inmigrantes.

Para la historia social del periodo, son fundamentales los tres excelentes censos nacionales que se hicieron en 1869, 1895 y 1914, así como los dos censos agrícolas de 1888 y 1908. También hay dos buenos censos provinciales (Buenos Aires, 1881, y Santa Fe, 1887), y tres censos municipales correspondientes a la ciudad de Buenos Aires (1887, 1904 y 1909). Se encuentra mucha información relativa a la vida social en Argentina en descripciones y estudios publicados por escritores extranjeros. La lista es larga, pero podríamos mencionar, a modo de ejemplo, los Handbooks de M. G. y E. T. Mulhall, 1863, 1875, 1883 y 1892 (reimpresión: Buenos Aires y Londres, 1982), E. Daireaux, Vida y costumbres en el Plata, 2 vols., Buenos Aires, 1888; Jules Huret, En Argentine: de Buenos Aires au Gran Chaco, París, 1914; A. N. Schüster, Argentinien: Land, Volk, Wirtschaftsleben und Kolonisation, 2 vols., Munich, 1913, y P. de Giovanni, Sotto il solé de Maggio. Note e impressione de la Argentina, Castielo, 1900. De gran utilidad es el volumen que publicó Lloyd’s, Twentieth century impressions of Argentina. Its history, people, commerce, industries and resources, Londres, 1911.

Un asunto al que los historiadores han dedicado especial atención es el crecimiento demográfico, sobre todo en relación con la inmigración. Son útiles los estudios de J. A. Alsina, La inmigración en el primer siglo de la independencia, Buenos Aires, 1910; Zulma L. Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes, La población de Argentina, Buenos Aires, 1975; N. Sánchez-Albornoz, La población de América Latina desde los tiempos pre-colombinos al año 2000, Madrid, 1973; G. Beyhaut et al., «Los inmigrantes en el sistema institucional argentino», en Torcuato Di Telia et al., Argentina, sociedad de masas, Buenos Aires, 1965, y E. Maeder, «Población e inmigración en la Argentina entre 1880 y 1910», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario. Véase también Carl Solberg, Immigration and nationalism in Argentina and Chile 1890-1914, Austin, Texas, 1970. Sobre la inmigración europea en las zonas rurales, véanse J. C. Korol y H. Sábato, Cómo fue la inmigración irlandesa en Argentina, Buenos Aires, 1981, y Ezequiel Gallo, La pampa gringa, Buenos Aires, 1983.

Mucho más se ha investigado recientemente acerca de grupos específicos de inmigrantes. Véanse, por ejemplo, los artículos incluidos en F. Korn, ed., Los italianos en la Argentina, Buenos Aires, 1983; F. J. Deroto y G. Ronzoli, eds., L’Italia nella societá argentina, Roma, 1988, y N. Sánchez-Albornoz, ed., Españoles hacia América. La emigración en masa (1880-1930), Madrid, 1988. Véase también O. Weyne, El último puerto. Del Rhin al Volga y del Volga al Plata, Buenos Aires, 1986.

Sobre el crecimiento urbano, véanse Z. Recchini de Lattes, «El proceso de urbanización en la Argentina: distribución, crecimiento y algunas características de la población urbana», Desarrollo Económico, 48 (1973), y La población de Buenos Aires, Buenos Aires, 1971; P. H. Randle, La ciudad pampeana, Buenos Aires, 1977; J. Scobie, Buenos Aires. From plaza to suburb, 1870-1910, Nueva York, 1971; Guy Bourde, Urbanisation et immigration en Amérique Latine, Buenos Aires, XIX et XX siècles, París, 1974, y F. Korn, Buenos Aires 1895: Una ciudad moderna, Buenos Aires, 1981. Para el desarrollo de algunas ciudades del interior, véase J. Scobie, Secondary ciñes of Argentina. The Social History of Corrientes, Salta and Mendoza, 1850-1910, Stanford, 1988.

Sobre la estructura social, véanse G. Germani, Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, 1954; S. Bagú, Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Buenos Aires, 1961; F. Korn, Los huéspedes del 20, Buenos Aires, 1974, y la tesis doctoral inédita de R. Sautu, «Social stratification and economic development in Argentina (1914-1955)», Universidad de Londres, 1968. También son útiles G. Germani, «La movilidad social en la Argentina», en S. M. Lipset y R. Bendix, eds., Movilidad social en la sociedad industrial, Buenos Aires, 1963; D. Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase empresario, Buenos Aires, 1967, y O. Cornblit, «Sindicatos obreros y asociaciones empresariales», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario. Para las relaciones entre los sectores agrario e industrial, véase E. Gallo, «Agrarian expansión and industrial development in Argentina, 1880-1930», en R. Carr, ed., Latin American Affairs. St. Antony’s Paper, n.º 22, Oxford, 1970. Para las provincias del interior, véanse las tesis doctorales de Donald Peck y Donna Guy que ya hemos mencionado. También son valiosos E. Gallo, «The cereal boom and changes in the social and political structure of Santa Fe, Argentina 1870-1895», en K. Duncan e I. Routledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1977; J. Balan, «Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo exportador», Desarrollo Económico, 69 (1978); H. Sábato, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar, Buenos Aires, 1989, y H. F. Castillo y J. S. Tulchin, «Développement capitaliste et structures sociales des régions en Argentine (1880-1930)», AESC, 6 (París, 1968).

En lo que se refiere a las condiciones de vida, los estudios clásicos son A. Bunge, Riqueza y rentas en la Argentina, Buenos Aires, 1915, y Los problemas económicos del presente, Buenos Aires, 1919, y J. Bialet Masset, Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la Argentina, Buenos Aires, 1904. Una obra más reciente es R. Cortés Conde, El progreso argentino, Buenos Aires, 1980. Véase también J. Panettieri, Los trabajadores, Buenos Aires, 1963. Uno de los pocos estudios de la vivienda es O. Yujnovsky, «Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires», Desarrollo Económico, 54 (1974). Pero véase ahora F. Korn y L. de la Torre, «Housing in Buenos Aires. 1887-1914», en D. C. M. Platt, ed., Social Welfare 1850-1950. Australia, Argentina and Canada Compared, Londres, 1989. Véase también, en el mismo volumen, C. Escudé, «Health in Buenos Aires in the Second Half of the Nineteenth Century». Son una consulta valiosa algunos de los artículos incluidos en L. L. Johnson, ed., The Problem of order in changing societies. Essays on Crime and Policing in Argentina and Uruguay, 1750-1940, Albuquerque, 1990. Sobre la enseñanza, véase J. C. Tedesco, Educación y sociedad en la Argentina (1880-1900), Buenos Aires, 1970, y Francis Korn y L. de la Torre, «Constituir la Unión Nacional», en Ferrari y Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario.

La literatura relativa al movimiento obrero es más abundante. De los estudios publicados por quienes participaron activamente en la organización de sindicatos, los más útiles son S. Marotta, El movimiento sindical argentino, 3 vols., Buenos Aires, 1960, y D. Abad de Santillán, La FORA. Ideología y trayectoria, Buenos Aires, 1971. Entre los estudios modernos citaremos M. Casaretto, Historia del movimiento obrero argentino, Buenos Aires, 1947; H. Spalding, La clase trabajadora argentina. Documentos para su historia (1890-1912), Buenos Aires, 1970, e I. Oved, El anarquismo en los sindicatos argentinos a comienzos de siglo, Tel Aviv, 1975.

Estudios recientes comparándola con Australia y Canadá proporcionan información valiosa y perspicaz acerca del desarrollo social y político en Argentina. Véanse T. Duncan y J. Fogarty, Australia and Argentina. On Parallel Paths, Melbourne, 1984; C. Solberg, The Prairies and the Pampas. Agrarian Policy in Canada and Argentina, 1880-1930, Stanford, 1987, y los artículos incluidos en J. Fogarty, E. Gallo y H. Diéguez, eds., Argentina y Australia, Buenos Aires, 1979; K. Boulding et al., Argentina and Australia. Essays in Comparative Economic development, Victoria, 1985; D. C. M. Platt y G. Di Telia, eds., Argentina, Australia and Canada. Studies in Comparative Development, 1870-1965, Londres, 1985, y D. C. M. Platt, ed., Social Welfare, 1850-1950. Australia, Argentina and Canada Compared, Londres, 1989.

3. Argentina en 1914: las pampas, el interior, Buenos Aires

Una fuente estadística importante para el estudio de Argentina en vísperas de la primera guerra mundial es Ernesto Tornquist and Co., The economic development of the Argentine Republic in the last fifty years, Buenos Aires, 1919. Para el periodo bélico propiamente dicho, los estudiosos también deberían consultar la publicación trimestral de Tornquist, Business conditions in Argentina, Buenos Aires, 1913-1922. Otra fuente cargada de información son los escritos de Alejandro E. Bunge. Véanse sus obras Ferrocarriles argentinos, Buenos Aires, 1917, y Los problemas económicos del presente (1919), Buenos Aires, 1979. Ambas son colecciones enciclopédicas de datos y cifras. Un poco más tarde apareció la obra de Bunge La economía argentina, 4 vols., Buenos Aires, 1928-1930, que contiene muchas de las cosas que el autor escribió para la prensa en años anteriores, así como artículos de una importante publicación que dirigió, la Revista de Economía Argentina. Otras publicaciones de importancia son el censo nacional de 1914, Tercer Censo Nacional, Buenos Aires, 1915-1917, que es mucho más que un recuento de la población, y Alberto B. Martínez y Maurice Lewandowski, The Argentine in the twentieth century, Londres, 1911. Para la población, véase también Recensement général de la ville de Buenos Aires, Buenos Aires, 1910.

El más sobresaliente estudio contemporáneo de Argentina en este periodo hecho desde fuera es el que publicó el Lloyd’s Bank para celebrar el centenario de 1910: Reginald Lloyd, ed., Twentieth century impressions of Argentina, Londres, 1911. Pierre Denis, The Argentine Republic. Its development and progress, traducción de Joseph McCabe, Londres, 1922, es un útil estudio geográfico efectuado por un francés, aunque muy inferior al que lo precedió en el decenio de 1860, obra de Martin de Moussy. Hay visiones claras de maneras y costumbres en W. H. Koebel, Argentina: past and present, Londres, 1914. John Foster Fraser, The amazing Argentine, Londres, 1914, tiene sus virtudes, aunque a menudo es muy negativo y un poco falto de gracia. La visión desde España se encuentra en Adolfo Posada, La República Argentina, Madrid, 1912, y, un poco más tarde, en los numerosos escritos de José Ortega y Gasset. Otras obras importantes de tipo parecido son James Bryce, South America: observations and impressions, Londres, 1912; Georges Clemenceau, South America today: a study of conditions social, political and commercial in Argentina, Uruguay and Brazil, Londres, 1911; John A. Hammerton, The real Argentine: notes and impressions of a year in the Argentine and Uruguay, Nueva York, 1915; Jules Huret, En Argentine: de Buenos Aires au Gran Chaco, París, 1914; Adolf N. Schüster, Argentinien: Land, Volk, Wirtschaftsleben und Kolonisation, 2 vols., Munich, 1913, y Mark C. Jefferson, Peopling the Argentine pampas, Nueva York, 1926.

Una fuente casi indispensable para los estudiosos de este periodo es la prensa argentina, especialmente los dos grandes diarios porteños, La Prensa y La Nación. La Vanguardia (socialista) y La Protesta (anarquista) son de un valor incalculable para la historia social y también para la historia política y la puramente laboral. Muchísimos más periódicos aguardan la atención de los investigadores. También hay publicaciones más ocasionales: Caras y Caretas (el Punch argentino de estos años), la Revista Popular y otras más serias tales como Rodolfo Rivarola, Revista Argentina de Ciencias Políticas o la Revista de Ciencias Económicas. Entre las principales fuentes periodísticas en lengua no castellana cabe citar el Buenos Aires Herald, el Buenos Aires Standard y Le Courier de la Plata (junto con un sinfín de publicaciones en italiano, alemán, ruso y otras lenguas). Sobre cuestiones económicas, véase especialmente la Review of the River Plate. Para la considerable literatura secundaria acerca de la economía argentina antes de la primera guerra mundial, véase HALC, X, ensayo bibliográfico 1. Varias cuestiones importantes de este periodo son examinadas en Guido Di Telia y D. C. M. Platt, eds., The Political Economy of Argentina, 1880-1916, Basingstoke, 1986. Los ensayos de este volumen incluyen estudios de Platt sobre el financiamiento de la ciudad de Buenos Aires, de Joseph S. Tulchin sobre la Argentina rural y de Tulio Halperín Donghi sobre los síntomas del declive en las exportaciones. Otro estudio general con datos resumidos sobre este periodo es el de Susan y Peter Calvert, Argentine Political Culture and Instability, Basingstoke, 1989.

La historia completa de las pautas de tenencia de la tierra en las pampas todavía no se ha escrito. Una aportación notable es James R. Scobie, Revolution on the pampas. A social history of Argentine wheat, 1860-1910, Austin, Texas, 1964. Para lo que se ha escrito sobre la economía y la sociedad en la región de las pampas, véase HALC, X, ensayos bibliográficos 1 y 2.

La mayoría de estudios de las regiones situadas allende las pampas son parciales y fragmentarios. La única excepción es James R. Scobie, Secondary cities of Argentina. The social history of Corrientes, Salta and Mendoza, 1850-1910, completado y editado por Samuel L. Baily, Stanford, 1988. Véanse también Jorge Balán, «Urbanización regional y producción agraria en Argentina: un análisis comparativo», Estudios CEDES, 2/2 (1979); Marcos Giménez Zapiola, «El interior argentino y el “desarrollo hacia afuera”: el caso de Tucumán», en M. Giménez Zapiola, ed., El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina hasta 1930, Buenos Aires, 1975, pp. 72-115; Donna J. Guy, «Politics and the sugar industry in Tucumán, Argentina, 1870-1900», tesis doctoral inédita, Universidad de Indiana, 1973, y «The rural working class in nineteenth-century Argentina: forced plantation labor in Tucumán», LARR, 13/1 (1979), pp. 135-145; Donald M. Peck, «Argentine politics and the province of Mendoza, 1890-1914», tesis doctoral inédita, Universidad de Oxford, 1977; Juan Carlos Aguila, Eclipse of an aristocracy. An investigation of the ruling élites of Córdoba, traducción de Betty Crowse, Universidad de Alabama, 1976; Alejandro E. Bunge, Las industrias del norte argentino, Buenos Aires, 1922; Juan Antonio Solari, Trabajadores del norte argentino, Buenos Aires, 1937; Osvaldo Bayer, Los vengadores de la Patagonia trágica, 2 vols., Buenos Aires, 1972; y Carl E. Solberg, Oil and nationalism in Argentina, Stanford, 1979, para más comentarios sobre las condiciones reinantes en la Patagonia. Ian Rutledge, «The sugar economy of Argentina, 1930-1943», en K. Duncan e I. Rutledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1976, también contiene información relativa a la historia de Salta y Jujuy antes de 1930.

Sobre la historia de Buenos Aires en este periodo, las obras siguientes son útiles: James R. Scobie, Buenos Aires, plaza to suburb 1870-1910, Nueva York, 1974; Francis Korn, Buenos Aires. Los huéspedes del 20, Buenos Aires, 1974; Óscar Yujnovsky, «Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires», Desarrollo Económico, 14/54 (1974), pp. 327-371; Hobart A. Spalding, Jr., La clase obrera argentina. Documentos para su historia, 1890-1916, Buenos Aires, 1970, y Organized labor in Latin America. Historical case-studies of workers in dependent societies, Nueva York, 1977; José Panettieri, Los trabajadores, Buenos Aires, 1968; Roberto Cortés Conde, El progreso argentino: la formación del mercado nacional 1880-1910, Buenos Aires, 1979, el capítulo sobre salarios urbanos; y Nicolás J. Labanca, Recuerdos de la comisaría 3.ª, Buenos Aires, 1969, memorias de un policía. Diego Armus, ed., Mundo urbano y cultura popular. Estudios de historia argentina, Buenos Aires, 1990, contiene ensayos sobre la vivienda, las comunidades étnicas, los artesanos y el trabajo infantil y de las mujeres. Para estudios de las élites y las clases medias, véanse Jorge Federico Sábato, «Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna (1880-1914)», en mimeógrafo, CISEA, Buenos Aires, 1979; y David Rock, Politics in Argentina, 1890-1930. The rise and fall of Radicalism, Cambridge, 1975 (hay trad. cast.: El radicalismo argentino, Amorrortu, Buenos Aires, 1976). Sobre Buenos Aires, véase también HALC, X, ensayo bibliográfico 2.

4. Argentina, de la primera guerra mundial a la revolución de 1930

Muchos de los libros, artículos y tesis inéditas sobre Argentina, 1870-1914, en HALC, X, ensayos bibliográficos 1, 2 y 3, también vienen a propósito para el periodo comprendido entre la primera guerra mundial y la depresión mundial.

La ley Sáenz Peña de 1912 y la política entre 1912 y 1916 se comentan en David Rock, Politics in Argentina, 1890-1930. The rise and fall of Radicalism, Cambridge, 1975 (hay trad. cast.: El radicalismo argentino, Amorrortu, Buenos Aires, 1976). Véanse también Peter H. Smith, Argentina and the failure of democracy: conflict among political élites, Madison, 1974, y Richard J. Walter, The socialist party of Argentina, 1890-1930, Austin, Texas, 1977. Dos estudios recientes de eruditos argentinos proporcionan información complementaria: Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, 1977; Óscar Cornblit, «La opción conservadora en la política argentina», Desarrollo Económico, 56/14 (1975), pp. 599-640. Para datos electorales completos correspondientes al periodo 1912-1930, véase Darío Cantón, Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina, Buenos Aires, 1969. Un estudio importante de la política provincial es Richard J. Walter, The Province of Buenos Aires and Argentine Politics, 1912-1943, Cambridge, 1985.

Sobre la economía entre 1914 y 1930 hay varias fuentes tradicionales que son útiles: Harold J. Peters, The foreign debí of the Argentine Republic, Baltimore, 1934; Vernon L. Phelps, The international economic position of Argentina, Filadelfia, 1938; y Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, 1850-1930, 2 vols., Buenos Aires, 1955, especialmente el vol. II. Entre varios estudios más recientes, los que más destacan son Carlos F. Díaz Alejandro, Essays in the economic history of the Argentine Republic, New Haven, 1970, y Guido Di Telia y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967. Sobre el crecimiento industrial, véanse Javier Villanueva, «El origen de la industrialización argentina», Desarrollo Económico, 47/12 (1972), pp. 451-476, y Eduardo F. Jorge, Industria y concentración económica, Buenos Aires, 1971.

Para las relaciones económicas internacionales, véanse Jorge Fodor y Arturo O’Connell, «La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX», Desarrollo Económico, 49/13 (1973); Joseph S. Tulchin, The Aftermath of war. World War I and U. S. policy towards Latin America, Nueva York, 1971, y «The Argentine economy during the First World War», Review of the River Plate (19 de junio-10 de julio de 1970); Pedro Skupch, «El deterioro y fin de la hegemonía británica sobre la economía argentina 1914-1947», en L. Marta Panaca, Ricardo Lesser y Pedro Skupch, eds., Estudios sobre los orígenes del peronismo, vol. II, Buenos Aires, 1973; y Roger Gravil, «Anglo-US trade rivalry in Argentina and the D’Abernon Mission of 1929», en D. Rock, ed., Argentina in the twentieth century, Londres, 1975. También Flarold F. Peterson, Argentina and the United States, 1810-1960, Nueva York, 1964.

Sobre el primer gobierno de Yrigoyen, véanse Rock, Politics in Argentina, Peter H. Smith, Argentina and the failure of democracy, politics and beef in Argentina. Patterns of conflict and change, Nueva York, 1969, y «Los radicales argentinos en la defensa de los intereses ganaderos», Desarrollo Económico, 25/7 (1967), pp. 795-829; Richard J. Walter, Student politics in Argentina. The university reform and its effects, 1918-1964, Nueva York, 1968, y The Socialist party of Argentina, Paul B. Goodwin, Los ferrocarriles británicos y la U. C. R., 1916-1930, Buenos Aires, 1974; y Osvaldo Bayer, Los vengadores de la Patagonia trágica, 2 vols., Buenos Aires, 1972. Entre las crónicas de tipo más tradicional, las más útiles son Roberto Etchepareborda, Hipólito Yrigoyen. Pueblo y gobierno, 10 vols., Buenos Aires, 1951; Gabriel Del Mazo, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, Buenos Aires, 1957; y Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, 1959. Sobre Alvear, el campo es más limitado, pero véanse Rock, Politics in Argentina, Smith, Argentina and the failure of democracy, y Raúl A. Molina, Presidencia de Marcelo T. de Alvear, Buenos Aires, 1965. Para el asunto de la carne, véase Smith, Politics and beef; también Simón G. Hanson, Argentine meat and the British market. Chapters in the history of the Argentine meat industry, Stanford, 1938, y Óscar B. Colman, «Luchas interburguesas en el agro-argentino: la crisis de la carne en el “20”», Estudios (Buenos Aires, 1973). El problema arancelario ha sido objeto de mucha atención. Las mejores obras recientes son: Díaz Alejandro, Essays; Laura Randall, An economic history of Argentina in the twentieth century, Nueva York, 1978, pp. 120-126; y Carl E. Solberg, «Tariffs and politics in Argentina, 1916-1930», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 13 (1971), pp. 15-55. El estudio clásico sobre los grupos autoritarios es Marysa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Buenos Aires, 1969. Un trabajo más reciente es el de Sandra McGee Deutsch, Counterrevolution in Argentina, 1900-1932. The Argentine Patriotic League, Lincoln, Neb., 1986. Sobre el petróleo, véase sobre todo Carl E. Solberg, OH and nationalism in Argentina, Stanford, 1979; también Arturo Frondizi, Petróleo y política. Contribución al estudio de la historia económica argentina y las relaciones entre el imperialismo y la vida política nacional, Buenos Aires, 1955, y Marcos Kaplan, «Política del petróleo en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, 1916-1922», Desarrollo Económico, 45/12 (1972), pp. 3-24. La mejor forma de abordar el estudio del ejército y la revolución de 1930 es por medio de Robert A. Potash, The army and politics in Argentina, 1928-1945. Yrigoyen to Perón, Stanford, 1969, y José María Sarobe, Memorias sobre la revolución del 6 de septiembre de 1930, Buenos Aires, 1957.

5. La formación del Uruguay moderno, c. 1870-1930

Fuentes impresas

Durante el periodo considerado, se efectuaron tres censos nacionales de población (1852, 1860 y 1908); dos de Montevideo (1884 y 1889); uno departamental (1900). Para las estadísticas oficiales, véanse Cuadernos, Montevideo, 1873-1884, y Anuarios Estadísticos, Montevideo, desde 1884; valiosa información estadística se encuentra en Juan Rial, Estadísticas históricas del Uruguay, 1850-1930 (Montevideo, 1980). Los Mensajes anuales del presidente de la república ofrecen un cuadro de conjunto acerca del estado del país, aunque dado su carácter deberán utilizarse con precaución. Con similares reparos, véanse las Memorias de Hacienda y Fomento. Los informes diplomáticos y consulares recogen el punto de vista de los representantes extranjeros acreditados en el país; Juan E. Pivel Devoto ha publicado una parte sustancial de la correspondencia enviada a sus respectivas cancillerías por los ministros de Francia, Italia, España y Alemania. Véanse la Revista Histórica del Museo Histórico Nacional, Montevideo, vols. XXXII-XXXIX (1962-1968). Para los documentos diplomáticos y consulares del Reino de Italia, véase también Juan A. Oddone, Una perspectiva europea del Uruguay. Los informes diplomáticos y consulares italianos, 1862-1914, Montevideo, 1965. A partir de 1830 se publicó una serie continua, aunque con algunos vacíos, del Diario de sesiones (Cámara de Diputados y Senadores, y Asamblea General). De la mayor importancia son los periódicos de gran circulación (El Siglo, El Telégrafo Marítimo, El Ferrocarril, La Democracia, El Día, El Plata, La Mañana, El País), como fuentes complementarias se remite a los periódicos de las colectividades extranjeras. Entre las publicaciones periódicas de los sectores económicos activos, las más representativas son: Revista de la Asociación Rural (a partir de 1872) y la Revista de la Federación Rural (a partir de 1915), que reflejan los intereses agrarios; y la Revista Económica Sudamericana (series primera y segunda, desde 1928), como portavoz de los sectores industriales. Distintas fuentes de carácter literario (viajeros, memorialistas, ensayistas) han sido analizadas por Carlos Real de Azúa, Viajeros y observadores del Uruguay. Juicios e impresiones, 1889-1964, Montevideo, 1965; Antología del ensayo uruguayo contemporáneo, Montevideo, 1964, y «Prosa del mirar y del vivir», Capítulo Oriental, 9 (Montevideo, 1968).

Obras generales

Eduardo Acevedo, Anales históricos del Uruguay, 6 vols., Montevideo, 1933-1936; Roque Faraone, El Uruguay en que vivimos, 1900-1968, Montevideo, 1970; Benjamín Nahum, La época batllista, 1905-1929, Montevideo, 1975; M. Blanca Paris de Oddone et al., Cronología comparada de la historia del Uruguay, 1830-1945, Montevideo 1967; Alberto Zum Felde, Proceso histórico del Uruguay y esquema de su sociología, Montevideo, 1967.

Sobre aspectos económicos, véase: José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Historia rural del Uruguay moderno, vol. I, 1851-1885, Montevideo, 1967; vol. II, La crisis económica, 1886-1894, Montevideo, 1971; vol. III, Recuperación y dependencia, 1895-1914, Montevideo, 1977; vol. VII, Agricultura, crédito y transporte bajo Batlle, 1905-1914, Montevideo, 1978; Roque Faraone, De la prosperidad a la ruina. Introducción a la historia económica del Uruguay, Montevideo, 1987; Luis A. Faroppa, El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación, Montevideo, 1965; Juan Ferrando, Reseña del crédito público del Uruguay, 2 vols., Montevideo, 1969; Henry J. Finch, Historia económica del Uruguay contemporáneo, Montevideo, 1980; Simón G. Hanson, Utopia in Uruguay, Nueva York, 1938; Raúl Jacob, Breve historia de la industria en el Uruguay, Montevideo, 1981; Modelo batllista. ¿Variaciones sobre un viejo tema?, Montevideo, 1988, y Banca e industria: un puente inconcluso, Montevideo, 1991; David Joslin, A Century of Banking in Latin America, Londres, 1963; Alfonso Labraga et al., Energía y política en el Uruguay del siglo XX, tomo 1: Del carbón al petróleo: en manos de los trusts (1900-1930), Montevideo, 1991; Samuel Lichtensztejn, «Comercio internacional y problemas monetarios», Nuestra Tierra, 20 (Montevideo, 1969); Óscar Mourat, La crisis comercial en la cuenca del Plata, 1880-1920, Montevideo, 1973; Juan Oddone, Economía y sociedad en el Uruguay liberal, 1852-1904, Montevideo, 1967; Julio C. Rodríguez, «Los grandes negocios», Enciclopedia Uruguaya, 29 (Montevideo, 1969); Carlos Visca, Emilio Reus y su época, Montevideo, 1963; Peter Winn, El imperio informal británico en el Uruguay en el siglo XIX, Montevideo, 1975; Carlos Zubillaga, El reto financiero. Deuda externa y desarrollo en Uruguay, 1903-1933, Montevideo, 1982.

Acerca de la historia demográfica y social, véase: Ricardo Álvarez Lenzi et al., El Montevideo de la expansión (1868-1915), Montevideo, 1986; José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Batlle, los estancieros y el imperio británico, vol. 1, El Uruguay del novecientos, Montevideo, 1979; e Historia rural del Uruguay moderno, vol. IV, Historia social de las revoluciones de 1897 y 1904, Montevideo, 1972; José Pedro Barrán, Historia de la sensibilidad en el Uruguay, tomo 2, El disciplinamiento (1860-1920), Montevideo, 1990; Alfredo Castellanos, Historia del desarrollo urbanístico y edilicio de Montevideo, 1829-1914, Montevideo, 1971; Germán D’Elía y Armando Miraldi, Historia del movimiento obrero en el Uruguay, Montevideo, 1984; Óscar Mourat, «La inmigración y el crecimiento de la población en Uruguay, 1830-1930. Series estadísticas para su estudio», en Cinco perspectivas del Uruguay moderno, Montevideo, 1969; Juan Oddone, La formación del Uruguay moderno. La inmigración y el desarrollo económico-social, Buenos Aires, 1966; Carlos Real de Azúa, «La clase dirigente», Nuestra Tierra, 34 (Montevideo, 1969); Juan Rial, La población uruguaya y el crecimiento económico-social entre 1850 y 1930, Montevideo, 1981 y Población y desarrollo de un pequeño país: Uruguay, 1830-1930, Montevideo, 1983; Silvia Rodríguez Villamil, Las mentalidades dominantes en Montevideo (1850-1900), I, La mentalidad criolla tradicional, Montevideo, 1968; Silvia Rodríguez Villamil y Graciela Sapriza, La inmigración europea en el Uruguay. Los italianos, Montevideo, 1982; Lucía Sala de Touron y Jorge Landinelli, «50 años del movimiento obrero uruguayo», en Historia del movimiento obrero en América Latina, coord. por Pablo González Casanova, vol. 4, México, 1984; Carlos Zubillaga y Jorge Balbis, Historia del movimiento sindical uruguayo, vol. I, Cronología y fuentes. Hasta 1905, Montevideo, 1985; vol. II, Prensa obrera y obrerista, 1878-1905, Montevideo, 1986; vol. III, Vida y trabajo de los sectores populares, Montevideo, 1981.

Para los acontecimientos políticos, véase: José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Batlle, los estancieros y el imperio británico, vol. III, El nacimiento del batllismo, Montevideo, 1982; vol. IV, Las primeras reformas, 1911-1913, Montevideo, 1983; vol. V, La reacción imperial-conservadora, Montevideo, 1984; Gerardo Caetano, La agonía del reformismo, Montevideo, 1983; Gerardo Caetano y José Pedro Rilla, El joven Quijano (1900-1933). Izquierda nacional y conciencia crítica, Montevideo, 1986; Alfredo Castellanos y Romeo Pérez, El pluralismo. Examen de la experiencia uruguaya (1830-1918), Montevideo, 1981; Góran Lindahl, Batlle, fundador de la democracia en el Uruguay, Montevideo, 1971; Juan E. Pivel Devoto, Historia de los partidos políticos en el Uruguay, 2 vols., Montevideo, 1942; Carlos Real de Azúa, El impulso y su freno. Tres décadas de batllismo, Montevideo, 1964 y «La historia política», en Enciclopedia Uruguaya, I, Montevideo, 1968; Milton Vanger, José Batlle y Ordóñez, el creador de su época, Buenos Aires, 1968, y El país modelo. José Batlle y Ordóñez, 1907-1915, Montevideo, 1983; Carlos Zubillaga, Herrera, la encrucijada nacionalista, Montevideo, 1976.

Finalmente, sobre aspectos culturales, véanse: Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, México, 1950 y Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, Montevideo, 1962; Juan Oddone y M. Blanca Paris, Historia de la Universidad de Montevideo. La Universidad Vieja, 1849-1884, Montevideo, 1963; y La universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis, 1885-1958, 4 vols., Montevideo, 1972; Ángel Rama, «La belle époque», en Enciclopedia uruguaya, 26, Montevideo.

6. Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza a la guerra del Chaco, 1870-1932

Hay muy pocos estudios solventes que se ocupen de Paraguay entre la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Chaco (1932-1935). Harris Gaylord Warren, Paraguay and the Triple Alliance: the postwar decade, 1869-1878, Austin, Texas, 1978, es un estudio serio de la primera parte de este periodo. Sin embargo, ni el periodo en que el general Caballero dominó el panorama político nacional ni los turbulentos años de gobierno liberal después de 1904 han encontrado todavía su historiador. Menos erudito que la monografía de Warren, pero, pese a ello, valiosa, es Teodosio González, Infortunios del Paraguay, Buenos Aires, 1931. González fue un senador liberal disidente del decenio de 1920 y su libro es una obra «sensacionalista» que no perdona a ninguno de los dos partidos en su denuncia de las intrigas y la corrupción de Paraguay. Abarca el periodo comprendido entre la guerra de la Triple Alianza y la época del propio González y examina los problemas de Paraguay por temas en vez de cronológicamente. Otra obra valiosa es la exhaustiva Historia de la cultura paraguaya (2 vols., Asunción, 1961), de Carlos R. Centurión. Trata principalmente de literatura, pero, como una gran proporción de lo escrito en Paraguay es polémico, el lector obtendrá mucha información referente a cuestiones y alineaciones políticas. También recomendamos Arturo Bray, Hombres y épocas del Paraguay, 2 vols., Buenos Aires, 1943 y 1957, que aborda la historia de la nación por medio de breves biografías de sus figuras más destacadas.

Las historias generales contienen cierta información. Efraím Cardozo, Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, y Julio César Cháves, Compendio de la historia paraguaya, Buenos Aires, 1960, son estudios introductorios escritos por dos de los mejores historiadores de Paraguay. El primero, que murió en 1973, era liberal; el segundo es colorado. Alonso Ibarra, Cien años de vida política paraguaya, posterior a la epopeya de 1865 al 70, Asunción, 1973, es una enumeración muy breve de los acontecimientos principales habidos desde el principio de la guerra de la Triple Alianza. En inglés tenemos Philip Raine, Paraguay, New Brunswick, Nueva Jersey, 1956, George Pendle, Paraguay, a riverside nation, Londres, 1956, y Harris Gaylord Warren, Paraguay, an informal history, Norman, Oklahoma, 1949. Las tres son introducciones útiles, pero en todos los casos el tratamiento del periodo de entreguerras es la parte más floja del libro.

F. Arturo Bordón, Historia política del Paraguay: era constitucional, Asunción, 1976, merece leerse en conjunto con Paraguay and the Triple Aliance, de Warren, por su descripción de la política del periodo de la posguerra inmediata. Contiene información interesante acerca de los orígenes de la Legión Paraguaya. Una obra mucho más seria es Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo, 1972. A pesar del partidismo pro liberal de Pastore, el libro está bien documentado y contiene información valiosa sobre la cuestión agraria.

El periodo posterior a 1904, cuando los liberales se hicieron con el poder, ha sido objeto de todavía menos atención que la época de los colorados. La mayor parte de lo que se escribió fue para atacar o defender la forma en que los liberales llevaban la diplomacia. Algunos de los mejores ejemplos de este género son Policarpo Artaza, Ayala, Estigarribia, y el partido liberal, Buenos Aires, 1946, que apoya a los liberales, y Antonio E. González, Preparación del Paraguay para la guerra del Chaco, 2 vols., Asunción, 1957, que presenta los argumentos contra ellos.

La matanza de estudiantes enfrente del palacio presidencial el 23 de octubre de 1931 dio origen a mucha literatura polémica. Efraím Cardozo defendió al gobierno en 23 de octubre: una página de historia contemporánea del Paraguay, Buenos Aires, 1956, y al mismo tiempo proporcionó intuiciones interesantes acerca de la lucha entre las facciones gondrista y schaererista en el Partido Liberal. Probablemente la mejor polémica antiliberal es Juan Stefanich, El 23 de octubre de 1931, Buenos Aires, 1958, que fue una réplica directa a Cardozo. También contiene una crítica más amplia de los tres decenios de gobierno del Partido Liberal. Se encuentran breves bosquejos biográficos de los líderes políticos y culturales de Paraguay en William Balmont Parker, Paraguayans of today, Nueva York, 1920. Finalmente, ningún estudioso de este periodo dejará de sentirse fascinado ante la compleja personalidad de Eligió Ayala. Sus pensamientos acerca de su país natal se publicaron póstumamente. Migraciones (Santiago de Chile, 1941) es un ensayo largo, con muchas observaciones penetrantes de la sociedad paraguaya, escrito por uno de los estadistas más inteligentes de Paraguay.

7. Chile, desde la guerra del Pacífico hasta la depresión mundial, 1880-1930

Hasta la fecha, los mejores estudios que cubren el periodo en cuestión son, en inglés: Brian Loveman, Chile: the legacy of Hispanic capitalism, Nueva York, 1988, caps. 6-7, y Frederick B. Pike, Chile and the United States, 1880-1962, Notre Dame, Ind., 1963 —éste mucho más amplio de lo que su título sugiere—; y, en castellano: Leopoldo Castedo, Resumen de la historia de Chile, 1891-1925, Santiago de Chile, 1982, brillantemente ilustrado, y el voluminoso trabajo de Gonzalo Vial, Historia de Chile, 1891-1973, Santiago de Chile, vol. I (en dos partes), 1981; vol. II, 1983; vol. III, 1987; estos cuatro libros publicados, que forman parte de una ambiciosa historia moderna, abarcan en gran detalle el periodo de 1891 a 1925.

La historia diplomática la trata Mario Barros, Historia diplomática de Chile, 1541-1938, Barcelona, 1970; véase también William F. Sater, Chile and the United States: Empires in Conflict, Athens, Ga., 1990, especialmente los caps. 3-5. Joyce Goldberg, The «Baltimore» Affaire, Lincoln, Neb., 1986, analiza con acierto un breve momento de tensión en las relaciones chileno-estadounidenses quizá con mayor profusión de lo que el affair mismo parece sugerir.

La historia política y constitucional de estos años se halla estimulantemente cubierta en Julio Heise González, Historia de Chile. El periodo parlamentario, 1861-1925, 2 vols., Santiago de Chile, 1974-1982; publicados durante la dictadura de Pinochet, estos dos volúmenes subrayan la tendencia democratizadora de la historia chilena durante el periodo tratado. Los trabajos generales que se ocupan de las dimensiones social y económica incluyen: Arnold Bauer, Chilean rural society, from the Spanish conquest to 1930, Cambridge, 1975, especialmente los últimos capítulos; Brian Loveman, Struggle in the countryside: politics and rural labour in Chile, 1919-1973, Bloomington, 1976, cuyos primeros capítulos son particularmente útiles; Henry Kirsch, Industrial development in a traditional society: the conflict of entrepreneurship and modernization in Chile, Gainesville, Fia., 1977; Alan Angelí, Politics and the labour movement in Chile, Londres, 1972 (hay trad. cast.: Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, Era, México, 1974); Jorge Barría, El movimiento obrero en Chile, Santiago de Chile, 1971, y Peter De Shazo, Urban workers and labour unions in Chile, 1902-1927, Madison, Wis., 1983, un significativo estudio «revisionista» que cuestiona seriamente el papel de Recabarren y de los trabajadores del nitrato como únicos forjadores de una conciencia de clase y de los partidos de izquierda. Véase también Charles Bergquist, Labor in Latin America, Stanford, 1986, cap. 2, para una interpretación nueva e interesante de la historia obrera chilena, centrándose ampliamente en este periodo. La aproximación más rápida a la historia económica es a través de la bibliografía incluida en Carmen Carióla y Osvaldo Sunkel, «Chile», en Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein, eds., Latin America. A guide to economic history 1830-1930, Berkeley y Los Ángeles, 1977, que va acompañada de un ensayo interpretativo. La historia literaria la abordan Raúl Silva Castro, Historia crítica de la novela chilena, 1843-1956, Madrid, 1960, y también Castedo, Resumen de la historia de Chile, que cubre admirablemente los temas culturales más generales.

La presidencia de Balmaceda y la guerra civil de 1891 dominan la primera parte del periodo. Harold Blakemore, «The Chilean revolution of 1891 and its historiography», HAHR, 45/3 (1965), pp. 393-421 (hay trad. cast. en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 1966), continúa siendo una valiosa discusión sobre estas cuestiones. También es indispensable, del mismo autor, British nitrates and Chilean politics, 1886-1896: Balmaceda and North, Londres, 1974. De los varios escritos contemporáneos, el de J. Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, 2 vols., París, 1894, continúa siendo el mejor y más detallado. Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Santiago de Chile, 1969, es una sugestiva interpretación marxista. Material más recóndito e interpretaciones contrastadas se encuentran en Óscar Bermúdez, Historia del salitre desde la guerra del Pacífico hasta la revolución de 1891, Santiago de Chile, 1984, continuación del anterior libro de Bermúdez de 1963; Thomas F. O’Brien, The nitrate industry and Chile’s crucial transition, 1870-1891, Nueva York, 1982, y Miguel Monteón, Chile in the nitrate era: the evolution of economic dependence, 1880-1930, Madison, Wis., 1982. Los interesados en la cuestión del nitrato no pueden permitirse ignorar el artículo de Robert Greenhill, «The nitrate and iodine trades, 1880-1914», en D. C. M. Platt, ed., Business imperialism 1840-1930, Oxford, 1977, pp. 231-283.

El llamado periodo parlamentario (1891-1920) finalmente ha empezado a disponer de la atención que merecía por parte de los historiadores, como se constata en los trabajos de Castedo, Vial y Heise González mencionados antes. Para una visión general del periodo, véase Harold Blakemore, «El periodo parlamentario en la historia chilena: algunos enfoques y reflexiones», en Dos estudios sobre salitre y política en Chile, Santiago de Chile, 1991. Paul Reinsch, «Parliamentary government in Chile», American Political Science Review, 3 (1908-1909), no es sólo un brillante retrato, sino también un ejemplo destacado de escrito de «historia contemporánea». Existen dos estudios de administraciones particulares que merecen citarse aquí: Jaime Eyzaguirre, Chile durante el gobierno de Errázuriz Echaurrén, 1896-1901, Santiago de Chile, 1957, y Germán Riesco, Presidencia de Riesco, 1901-1906, Santiago de Chile, 1950. Para una narración concisa de los años 1900-1938, véase Fernando Pinto Lagarrigue, Crónica política del siglo XX, Santiago de Chile, 1970. Entre los trabajos más antiguos, el estudio sumamente polémico de Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, 2 vols., México, 1952-1954, ofrece una crónica detallada de todo el periodo, incluyendo la administración de Ibáflez y las de los años treinta; sigue siendo igualmente fundamental, aunque menos organizada, la compilación en tres volúmenes de los escritos de Manuel Rivas Vicuña, figura clave de la época: Historia política y parlamentaria de Chile, Santiago de Chile, 1964, preparada por Guillermo Feliú Cruz; el estudio es una mina de información, pero el historiador tiene que cavar para extraer el mineral. Una perspectiva interesante de la política y la legislación de los tiempos «parlamentarios» se puede encontrar en Karen L. Remmer, Party competition in Argentina and Chile: political recruitment and public policy, 1890-1930, Lincoln, Neb., 1984.

La historia social de las décadas parlamentarias se trata en varios artículos de utilidad: Ricardo Krebs W., «Apuntes sobre la mentalidad de la aristocracia chilena en los comienzos del siglo XX», Mentalidades (Santiago de Chile, 1986), pp. 27-55; Eduardo Cavieres F., «Grupos intermedios e integración social: la sociedad de artesanos de Valparaíso a comienzos del siglo XX», Cuadernos de Historia, 6 (1986), pp. 33-47; Isabel Torres Dujusin, «Los conventillos en Santiago (1900-1930)», Cuadernos de Historia, 6 (1986), pp. 67-85. Sobre la inmigración (e influencia) alemana, véase Jean-Pierre Blancpain, Les allemands au Chili, 1816-1945, Colonia, 1974, especialmente el vol. 2, caps. 5-6, y el vol. 3, caps. 1-4; este estudio magistral será difícilmente superado. Los aspectos de la historia laboral han sido tratados en dos contribuciones francesas: Pierre Vayssiére, «Militantisme et messianisme ouvriers au Chili à travers la presse de la pampa nitriére», Caravelle, 46 (1986), pp. 93-108, y Maurice Fraysse, «Aspects de la violence dans la presse anarchiste du Chili, 1898-1914», Caravelle, 46 (1986), pp. 79-92. Luis Emilio Recabarren, Escritos de prensa, 4 vols., Santiago de Chile, 1987, es una útil compilación de los escritos del temprano héroe obrero chileno.

Al igual que con Balmaceda, existe una copiosa literatura (a la vez panegírica y polémica) tanto para Alessandri como para Ibáflez, las figuras que eclipsan la última parte de nuestro periodo. La vital elección presidencial de 1920 está cuidadosamente analizada en René Millar C., La elección presidencial de 1920, Santiago de Chile, 1981; un frío enfoque «revisionista» de la supuesta «revuelta electoral» del periodo se puede encontrar en Wolfgang Hirsch-Weber, «Aufstandt der Massen? Wahlkampf und Stimmenhaltung in Chile 1915-1921», Ibero-Amerikanische Archiv, 8/1-2 (1982), pp. 5-83. Aparte del de Donoso, Alessandri, otros trabajos clave sobre Alessandri son sus propias (aunque en ningún sentido autocríticas) Memorias, 3 vols., Santiago de Chile, 1967; Augusto Iglesias, Alessandri, una etapa de la democracia de América, Santiago de Chile, 1960, y Luis Durand, Don Arturo, Santiago de Chile, 1952. Ibáñez, que no escribió memorias, es abarcado por René Montero, La verdad sobre Ibáñez, Santiago de Chile, 1953; Víctor Contreras Guzmán, Bitácora de la dictadura, Santiago de Chile, 1942; Ernesto Würth Rojas, Ibáñez, caudillo enigmático, Santiago de Chile, 1958; Aquiles Vergara Vicuña, Ibáñez, césar criollo, Santiago de Chile, 1931, una fuerte crítica; y Luis Correa Prieto, El presidente Ibáñez, Santiago de Chile, 1962, basado en entrevistas personales. El más filantrópico e ininterrumpido trabajo es Carlos Vicuña, La tiranía en Chile, 2 vols., Santiago de Chile, 1939, acertadamente reimpreso en 1987.

El mejor libro en inglés para el periodo en su conjunto, que va desde 1920 a 1931, y la fuente más amplia para bibliografía adicional sobre asuntos militares, es el de Frederick Nunn, Chilean politics, 1920-1931: the honorable mission of the armed forces, Albuquerque, N. M., 1970. Arturo Olavarría Bravo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols., Santiago de Chile, 1962-1965, especialmente vol. 1, está lleno de información de una figura central de la vida política chilena durante cuarenta años, pero exige una atenta búsqueda. Una compilación documental valiosa sobre la intervención militar de 1924-1925 es la del general E, Monreal, Historia documentada del periodo revolucionario, 1924-1925, Santiago de Chile, 1926, para la cual Raúl Aldunate Phillips, Ruido de sables, Santiago de Chile, s. f., con sus fascinantes reproducciones fotográficas, proporciona una valiosa compañía. Algunas nuevas visiones (y evidencias) respecto al estado de ánimo del cuerpo de oficiales antes de las intervenciones se encuentran en Wolfgang Ettmüller, «Germanisierte Politik, 1920-1932», Ibero-Amerikanische Archiv, 8/1-2 (1982), pp. 83-160. El papel de la armada es analizado por Philip Somervell, «Naval affairs in Chilean politics, 1910-1932», JLAS, 16/2 (1984), pp. 381-402.

Las cuestiones económicas de los años veinte y el «gran crac» están bien resueltos en Santiago Macchiavello Varas, Política económica nacional, 2 vols., Santiago de Chile, 1931, y en el primer capítulo de P. T. Ellsworth, Chile, an economy in transition, Nueva York, 1945, mientras que Albert O. Hirschman, «Inflation in Chile», en su Journeys towards progress, Nueva York, 1963, pp. 159-223, es una brillante y provocativa discusión de este perenne problema en la historia chilena moderna. Pero el enfoque más cercano a la historia económica en conjunto es el de Markos Mamalakis, The growth and structure of the Chilean economy. From independence to Allende, New Haven, 1976. Véase también el valioso artículo de José Gabriel Palma, «Chile, 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones», Estudios CIEPLAN, 12 (Santiago de Chile, 1984), pp. 61-88. Las primeras perturbaciones causadas por la primera guerra mundial (y los cambios en las relaciones chileno-británicas a largo plazo) están admirablemente tratadas en Juan Ricardo Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña durante la primera guerra mundial y la postguerra, 1914-1921, Santiago de Chile, 1986. De este mismo tema se ocupa también Bill Albert, South America and the First World War, Cambridge, 1988, que además de Chile abarca Argentina, Brasil y Perú.

Otras dos fuentes para el periodo, a menudo omitidas, deberían ser mencionadas: relaciones de viajes y tesis inéditas. Las relaciones de viajes más informativas y perceptivas son: C. Wiéner, Chili et Chiliens, París, 1888; Eduardo Poirier, Chile en 1908, Santiago de Chile, 1908, una compilación imponente; Frank F. Carpenter, South America, social, industrial and political, Nueva York, 1900; Francis J. G. Maitland, Chile: its land and people, Londres, 1914; G. F. Scott Elliott, Chile, Londres, 1907, y Earl Chapin May, 2000 miles through Chile, Nueva York, 1924. Existen también tesis doctorales inéditas excelentes: Andrew Barnard, «The Chilean Communist party, 1922-1947», Universidad de Londres, 1977; Peter Conoboy, «Money and politics in Chile, 1878-1925», Universidad de Southampton, 1977, y José Gabriel Palma, «Growth and structure of Chilean manufacturing industry from 1830 to 1835», Universidad de Oxford, 1979.

8. Bolivia, desde la guerra del Pacífico hasta la guerra del Chaco, 1880-1932

Estudios generales

Existen diversas historias generales de Bolivia que cubren el periodo 1880-1932, de manera notable las de Alcides Arguedas, Historia general de Bolivia, La Paz, 1922; Enrique Finot, Nueva historia de Bolivia, Buenos Aires, 1946, y Jorge Basadre, Perú, Chite y Bolivia independientes, Historia de América dirigida por A. Ballesteros, Barcelona, 1948. Un estudio más reciente y detallado es el de Herbert S. Klein, Parties and political change in Bolivia, 1880-1952, Cambridge, 1968 (hay trad. cast., La Paz, 1968). Gran parte de la investigación reciente sobre la historia social y económica del periodo está sintetizada en Herbert S. Klein, Bolivia, the evolution of a multi-ethnic society, Nueva York, 1991, mientras que puede hallarse un útil marco comparativo en Magnus Mórner, The Andean Past: Land, Societies and Conflicts, Nueva York, 1985. Una visión alternativa de la historia nacional se trata en Xavier Albo y Josep M. Barnadas, La cara campesina de nuestra historia, La Paz, 1984. Un ensayo bibliográfico fundamental que merece consultarse es Josep M. Barnadas, Manual de bibliografía: introducción a los estudios bolivianos contemporáneos, 1960-1984, Cuzco, 1987.

Entre los trabajos más especializados, Luis Peñaloza, está reescribiendo su Historia económica de Bolivia, 2 vols., La Paz, 1953-1954, y ambos, este antiguo trabajo y su Nueva historia económica de Bolivia, La Paz, desde 1985, con 9 volúmenes previstos, ofrecen una visión razonable y una introducción a este campo. Más esquemático, pero con datos estadísticos de importancia retrospectiva, es el trabajo de Eduardo Arze Cuadros, La economía de Bolivia, 1492-1979, La Paz, 1979. Un panorama completo de la mano de obra organizada en la historia boliviana lo proporciona Guillermo Lora, History of the Bolivian Labour Movement, 1848-1971, Cambridge, 1977. La historia intelectual la trata Guillermo Francovich, La filosofía en Bolivia, Sucre, 1945; entre tanto, los historiadores en particular son analizados en Valentín Abecia Baldivieso, Historiografía boliviana, La Paz, 1965. El pensamiento político lo estudia Mario Rolan Anaya, Política y partidos en Bolivia, La Paz, 1987 (ed. revisada), el cual incluye la reproducción más completa de programas y plataformas de partidos. A su vez, puede ser eficazmente complementado por Guillermo Lora, Documentos políticos de Bolivia, 2 vols., La Paz, 1987 (ed. revisada). El único serio, aunque anticuado, análisis de la estructura organizativa del gobierno republicano es N. Andrew N. Cleven, The political organizaron of Bolivia, Washington, D. C., 1940. Todas las constituciones bolivianas hasta mediados del presente siglo están incluidas en una compilación y análisis útiles de Ciro Félix Trigo, Las constituciones en Bolivia, Madrid, 1958; por otro lado, toda la legislación boliviana sobre indígenas y sociedades rurales se encuentra en dos útiles colecciones: José Flores Moncayo, Legislación boliviana del indio, recopilación 1825-1953, La Paz, 1953, y Abraham Maldonado, Derecho agrario, historia-doctrina-legislación, La Paz, 1956. El trasfondo ideológico que se encuentra detrás de los cambios en la legislación sobre tierras e indios durante el siglo XIX se estudia en Eric Langer, «El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo XIX», Historia y Cultura, 14 (1988).

Entre las numerosas historias de las complejas relaciones internacionales bolivianas, la mejor es la de Valentín Abecia Baldivieso, Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia, 2 vols., La Paz, 1979. Las estrechas relaciones de Bolivia con Inglaterra son analizadas en Roberto Querejazu Calvo, Bolivia y los ingleses 1825-1948, La Paz, 1971; mientras que el análisis de León Enrique Bieber, Las relaciones económicas de Bolivia con Alemania, 1880-1920, Berlín, 1984, provee un modelo de estudio de las relaciones económicas entre Bolivia y una nación extranjera. Una visión de las controvertidas relaciones de Bolivia con Chile, desde la perspectiva chilena, se encuentra en Francisco Antonio Encina, Las relaciones entre Chile y Bolivia, 1841-1963, Santiago de Chile, 1963.

Desde perspectivas distintas, existen dos excelentes estudios que versan sobre la literatura nacional: Enrique Finot, Historia de la literatura boliviana, La Paz, 1956, y Fernando Diez de Medina, Literatura boliviana, Madrid, 1954. El área más concreta de la novela se trata en Augusto Guzmán, La novela en Bolivia, La Paz, 1955, y en el trabajo que realizó para la Pan-American Union, Diccionario de la literatura latinoamericana. Bolivia, Washington, D. C., 1955. Todavía no existe ningún volumen completo sobre las artes plásticas, aunque, como se verá en las siguientes secciones, el trabajo de José de Mesa y Teresa Gisbert es fundamental para cualquier aproximación que se haga a esta área, tanto para el periodo nacional como para los precolombino y colonial. Una buena introducción a la arquitectura boliviana la constituye el trabajo de Mesa y Gisbert, Bolivia: Monumentos históricos y arqueológicos, México, 1970. Las últimas tendencias en pintura son tratadas por Pedro Querejazo, ed., Pintura boliviana del siglo XX, Milán, 1989; sobre teatro, Mario Soria, Teatro boliviano en el siglo XX, La Paz, 1980; y sobre cine, Alfonso Gumucio, Historia del cine en Bolivia, La Paz, 1984.

Mientras que existen numerosas historias centradas en las distintas órdenes religiosas, junto con diversas colecciones documentales y grandes estudios internacionales, la única historia general de la Iglesia boliviana disponible es el breve estudio realizado por Felipe López Menéndez, Compendio de la historia eclesiástica de Bolivia, La Paz, 1965. El ejército es tratado por Julio Díaz A., Historia del ejército de Bolivia, 1825-1932, La Paz, 1940, y James Dunkerley, Orígenes del poder militar en Bolivia. Historia del ejército 1879-1935, La Paz, 1987. La medicina ha sido estudiada en Juan Manuel Balcázar, Historia de medicina en Bolivia, La Paz, 1956. Sin embargo, las profesiones jurídicas no han recibido un tratamiento adecuado. Un análisis original de la evolución de la ingeniería como profesión se encuentra en Manuel Contreras, «The Formation of a Technical Elite in Latin America: Mining Engineering and the Engineering Profession in Bolivia, 1900-1954», tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1989.

Dado el importante papel de la minería y el extraordinario terreno del país, Bolivia ha sido motivo de mucha investigación realizada por académicos nacionales y extranjeros en los campos geológico y geográfico. Buena parte de esta extensa literatura ha sido sintetizada en Jorge Muñoz Reyes, Geografía de Bolivia, La Paz, 1977, y en Federico E. Ahlfeld, Geología de Bolivia, La Paz, 1972. El último y más extenso estudio es el de Ismael Montes de Oca, Geografía y recursos naturales de Bolivia, La Paz, 1989 (2.ª ed. revisada). Un intento interesante hecho recientemente ha sido el de levantar el mapa de los suelos y climas bolivianos, usando criterios más modernos, llevado a cabo por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Mapa ecológico de Bolivia, La Paz, 1975; Thomas T. Cochrane, Potencial agrícola del uso de la tierra de Bolivia, La Paz, 1973, proporciona un interesante análisis, aunque más tradicional, de los suelos de Bolivia. Las zonas ecológicas son examinadas en C. E. Brockman, ed., Perfil ambiental de Bolivia, La Paz, 1986. Un estudio incompleto, pero sin duda útil, sobre la distribución de las plantas comerciales y de subsistencia es el de Gover Barja Berrios y Armando Cardozo Gonsálvez, Geografía agrícola de Bolivia, La Paz, 1971. Todavía importantes por sus extensas colecciones estadísticas son los informes gubernamentales de los inicios del siglo XX: Oficina Nacional de Inmigración Estadística y Propaganda Geográfica, Sinopsis estadística y geográfica de la República de Bolivia, 2 vols., La Paz, 1903, Geografía de la República de Bolivia, La Paz, 1905, y Diccionario geográfico de la República de Bolivia, 4 vols., La Paz, 1890-1904. Una interesante geografía política de Bolivia que trata sus famosos conflictos fronterizos es la de J. Valerie Fifer, Bolivia. Land, Location and Politics Since 1825, Cambridge, 1972. Los asentamientos urbanos se estudian en Wolfgang Schoop, Ciudades bolivianas, La Paz, 1981. Actualmente, Bolivia también tiene extensas colecciones de cartografía aérea y de fotografía por satélite, así como modernos mapas geográficos y demográficos del Instituto Militar de Geografía y del Instituto Nacional de Estadística. Los mapas obtenidos vía satélite se hallan clasificados por orden alfabético y comentados en Lorrain E. Giddings, Bolivia from Space, Houston, 1977. El único intento serio, aunque todavía incompleto, de compendiar los mapas históricos se encuentra en Ramiro Condarco Morales, Atlas histórico de Bolivia, La Paz, 1985. Finalmente, la abundante literatura dedicada a la exploración es descrita en Manuel Frontaura Argandona, Descubridores y exploradores de Bolivia, La Paz, 1971.

La naturaleza de la adaptación fisiológica humana para vivir en altitudes elevadas también ha sido tema del interés reciente por parte de especialistas, y ha tenido como resultado una importante compilación: Paul T. Baker y M. A. Little, eds., Man in the Andes: a multidisciplinary study of High-Altitude Quechua, Stroudsburg, Penn., 1976. Algunos de los últimos trabajos entorno a este tema han aparecido en el American Journal of Physical Anthropology: véase, por ejemplo, J. Arnaud, N. Gutiérrez y W. Téllez, «Hematology and Erythrocyte Metabolism in Man at High Altitudes: An Aymara-Quechua Comparison», vol. 67 (1985).

Finales del siglo XIX

La segunda mitad del siglo XIX ha recibido hasta muy recientemente menos atención que los periodos anteriores de la historia de Bolivia. La mayor parte de la literatura política de este periodo se encuentra citada en Herbert S. Klein, Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952, Cambridge, 1969, y en los trabajos de Basadre y Arguedas ya mencionados. Mariano Baptista, el teórico político más notable de la época, tiene publicados todos sus trabajos: Obras completas, 7 vols., La Paz, 1932-1934, y un estudio interesante de los avatares políticos del periodo es el de Nicanor Aranzaes, Las revoluciones de Bolivia, La Paz, 1918. Aunque de alguna forma poco sistemático, es interesante el estudio de las ideas sociales, económicas y políticas del último cuarto del siglo XIX que hace Marie-Danielle Démelas en Nationalisme sans nation? La Bolivie aux XIX-XX siècles, París, 1980. El papel de los indios en el desarrollo de la política nacional ha recibido recientemente mayor atención. Este trabajo comienza con un estudio innovador, que cambia los presupuestos tradicionales sobre la aislación política de los indios, llevada a cabo por Ramiro Condarco Morales, Zarate «El Temible» Wilke. Historia de la rebelión indígena de 1899, La Paz, 1982 (2.ª ed. revisada). Esta obra ha sido posteriormente desarrollada por Marie-Danielle Démelas, «Jacqueries indiennes, politique créole, la guerre civile de 1899», Caravelle, 44 (1985), y en un estudio más amplio por Silvia Rivera Cusicanqui, «Oprimidos pero no vencidos». Luchas del campesinado Aymara y Quechwa 1900-1980, La Paz, 1984.

Pocos son los estudios serios existentes sobre la vida política de finales del siglo XIX, e incluso menos son los que se centran en las biografías o administración de este periodo. Hay, sin embargo, una magnífica novela política que capta la época de modo extraordinario, y que es en su género una de las mejores de América Latina. Se trata de Armando Chirveches, La candidatura de Rojas, La Paz, 1909.

Un análisis excelente de la revitalización industrial minera de la plata en el siglo XIX lo proporciona Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo XIX, Lima, 1981. Existen diversas biografías de los líderes mineros del periodo: Ernesto Rück, Biografía de Don Avelino Aramayo, Potosí, 1891; A. Costa du Reís, Félix Avelino Aramayo y su época, 1846-1929, Buenos Aires, 1942; Jaime Mendoza, Gregorio Pacheco, Santiago de Chile, 1924; pero normalmente el aspecto económico de sus vidas es dejado de lado. Existe un estudio clásico de la hacienda pública editado por Casto Rojas, Historia financiera de Bolivia, La Paz, 1916, y el papel crucial del tributo indígena en las primeras haciendas republicanas lo examina Jorge Alejandro Orando Sanz, El tributo indígena en las finanzas bolivianas del siglo XIX, La Paz, 1986. Tampoco hay ningún estudio serio de la revolución en los transportes que se dio durante este periodo, aunque existe una bibliografía básica como se puede ver en el interesante listado que proporciona Edgar A. Valdés, Catálogo de folletería de ferrocarriles del repositorio nacional, La Paz, 1980.

Recientemente ha habido un enorme resurgimiento del interés por la historia rural de este periodo. Algunos de los principales temas en estas nuevas investigaciones fueron primero desarrolladas en los estudios pioneros de Silvia Rivera, «La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: elementos para la caracterización de una oligarquía regional», Avances, 2 (1978), y Erwin P. Greishaber, «Survival of Indian Communities in Nineteenth-Century Bolivia: A Regional Comparison», JLAS, 12/2 (1980), entre otros. Los siguieron numerosos estudios y libros, los más importantes de los cuales son: Brooke Larson, Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia, Cochabamba, 1550-1900, Princeton, 1988; Erik D. Langer, Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930, Stanford, 1989; Tristan Platt, Estado boliviano y ayllu andino: Tierra y tributo en el Norte de Potosí, La Paz, 1982; y Herbert S. Klein, Haciendas and Ayllus: Rural Society in the Bolivian Andes in the 18th and 19th centuries, Stanford, 1992. En contraste con este importante desarrollo de los estudios rurales, hay todavía pocos trabajos sobre la población urbana de las grandes ciudades. Uno de los primeros intentos es el de Rossana Barragán, Espacio urbano y dinámica étnica. La Paz en el siglo XIX, La Paz, 1990.

Inicios del siglo XX

Las primeras décadas de este siglo tuvieron un gran fermento intelectual. Desde las provocaciones iniciales de una crítica a la sociedad racista en las novelas y «sociología» de Alcides Arguedas al desarrollo más sistemático de un punto de vista indigenista por parte de Franz Tamayo, en La creación de una pedagogía nacional, La Paz, 1910, los escritores empezaron a poner en tela de juicio los supuestos de su sociedad. Un estudio válido de esta actividad se encuentra en Guillermo Francovich, El pensamiento boliviano en el siglo XX, FCE, México, 1956, y en los estudios de literatura, anteriormente citados, realizados por Diez de Medina y Finot.

Ha habido un olvido general en lo concerniente a la era liberal, con la excepción del estudio de Juan Albarracín Millán, El poder minero en la administración liberal, La Paz, 1972. Por otra parte, los líderes políticos de los años veinte y treinta han atraído a los intelectuales bolivianos, produciendo las más excelentes biografías habidas hasta ahora. Existen dos biografías destacadas para este periodo: Benigno Carrasco, Hernando Siles, La Paz, 1961, y David Alvestegui, Salamanca, su gravitación sobre el destino de Bolivia, 3 vols., La Paz, 1957-1962. Una valoración global de este periodo lo proporciona Klein, Parties and Political Change, y en dos destacados trabajos: el primero de los dos volúmenes de la historia política moderna boliviana, de Augusto Céspedes, El dictador suicida. 40 años de historia de Bolivia, Santiago de Chile, 1956, y en los tres primeros volúmenes de las series en cinco volúmenes de Porfirio Díaz Machecado, Historia de Bolivia, I: Saavedra, 1920-1925, La Paz, 1954, II: Guzmán, Siles, Blanco Galindo, 1925-1931, La Paz, 1954, y III: Salamanca, la guerra del Chaco, Tejada Sorzano, La Paz, 1955. La mayor rebelión india del periodo ha sido examinada por Roberto Choque, La masacre de Jesús de Machaca, La Paz, 1986.

La historia económica de este periodo también ha recibido más atención que en los periodos anteriores. La industria minera del estaño finalmente ha sido objeto de un análisis económico global de una cierta sofisticación en el estudio realizado por Walter Gómez, La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1970, La Paz, 1978. Complementando este macroanálisis, existen estudios detallados de la industria anterior realizados por Pedro Aniceto Blanco, Monografía de la industria minera en Bolivia, La Paz, 1910; Herbert S. Klein, «The Creation of the Patiño Tin Empire», Inter-American Economic Affairs, 19/2 (1965), puesto al día y publicado en castellano en Historia Boliviana, 3/2 (1983); y Donaciano Ibáñez C., Historia mineral de Bolivia, Antofagasta, 1943. Existen varias biografías de los líderes mineros del estaño, entre las cuales cabe citarse Charles F. Geddes, Patiño: The Tin King, Londres, 1972, y Alfonso Crespo, Los Aramayo de Chichas: Tres generaciones de mineros bolivianos, Barcelona, 1981. La economía laboral en la temprana industria del estaño se estudia en Manuel E. Contreras, «Mano de obra en la minería estañífera de principios de siglo, 1900-1925», Historia y Cultura, 8 (La Paz, 1985), que ha examinado también «La minería estañífera boliviana en la Primera Guerra Mundial», en Raúl España-Smith et al., Minería y economía en Bolivia, La Paz, 1984. Los inicios del crecimiento de esta industria se estudian en John Hillman, «The Emergence of the Tin Industry in Bolivia», JLAS, 16 (1984). El papel político de los mineros es evaluado en el trabajo antes citado de Albarracín, y en William L. Lofstrom, Altitudes of an Industrial Pressure Group in Latin America: the «Asociación de Industriales Mineros de Bolivia», 1925-1935, Ithaca, N. Y., 1968.

Sobre la economía nacional de esta época existen dos buenas valoraciones de conjunto: W. L. Schurz, Bolivia, a Commercial and Industrial Handbook, Washington, D. C., 1921, y Paul Walle, Bolivia, Its People and Resources, Nueva York, 1914. Aspectos específicos de la economía o la política económica nacional son analizados por Charles A. McQueen, Bolivia, Public Finance, Washington, D. C., 1925, y por Margaret A. Marsh en un excelente estudio: Bankers in Bolivia. A Study in American Foreign Investment, Nueva York, 1928. Entre los muchos estudios existentes sobre la historia de la banca, es de alguna utilidad el de Julio Benavides, Historia bancaria de Bolivia, La Paz, 1955. La corta vida del boom del caucho de Acre es examinada por Valerie Fifer, «The Empire Builders: A History of the Bolivian Rubber Boom and the Rise of the House of Suárez», JLAS, 2/1 (1970).

Los cambios sociales producto del desarrollo de la industria del estaño, la modernización de las ciudades y el fin de la expansión de la hacienda no han sido analizados seriamente por los investigadores, a pesar de la existencia de una gran riqueza de fuentes informativas para estudiar la cuestión. De 1900 parte el primer, y uno de los mejores, censo nacional: Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, Censo nacional de la población de la república de Bolivia, 1.º de septiembre de 1900, 2 vols., La Paz, 1902-1904. Esta oficina gubernamental también publicó numerosos estudios geográficos, los cuales se han citado anteriormente y, desde finales de los años ochenta del siglo pasado, y a un ritmo creciente bajo los regímenes liberales, casi todos los ministerios gubernamentales fueron publicando estadísticas anuales.

9. Los orígenes del Perú moderno, 1880-1930

En el transcurso de algo más de las tres últimas décadas, la historiografía peruana ha experimentado una gran expansión y renovación en lo tocante al periodo 1880-1930. Uno se ha de remontar a mediados de los años sesenta, cuando unos cuantos investigadores extranjeros, muchos de ellos antropólogos, llegaron a Perú, y, al mismo tiempo, el antropólogo peruano José Matos Mar estableció el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en Lima. La transformación adquirió impulso con el interés universal generado por la llamada revolución peruana militar de 1968, la cual inauguró un periodo de intensas reformas que duró hasta 1976. Por otra parte, una década de relativa expansión económica y prosperidad durante los años sesenta, combinada con las tendencias demográficas de la posguerra, produjo una rápida expansión del sistema educativo del país, particularmente en lo que afecta al nivel universitario. El crecimiento de una clase media, ansiosa por descubrir de nuevo su identidad y definir la experiencia nacional, creó una fuerte y nueva demanda sobre el conocimiento de la historia de Perú. El resultado fue la realización de una creciente producción, jamás vista, de nuevos y, a menudo, revisionistas trabajos llevada a cabo por una nueva generación de investigadores peruanos que han transformado el medio tradicional de la historiografía peruana.

Sin embargo, en años recientes esta producción nueva ha disminuido a causa de la decadencia económica y la inestabilidad política que ha experimentado Perú desde mediados de la década de 1970. La inflación galopante hizo estragos en los salarios de los profesores universitarios y los eruditos y muchos de ellos se han visto obligados a dejar su profesión o buscarse otro empleo, a menudo sin relación con el principal, con el fin de ganarse la vida y poder mantener a su familia. Asimismo, la posibilidad de investigar en los archivos provinciales, uno de los aspectos más prometedores de la nueva erudición, se ha visto gravemente perjudicada por la violencia generalizada que ha caracterizado la ascensión del movimiento guerrillero Sendero Luminoso (por no hablar del tráfico de drogas) durante los años ochenta. Estas condiciones difíciles hacen que cada vez sea más problemático que surja una nueva generación de peruanistas que prosiga las innovaciones historiográficas del último cuarto de siglo.

Cualquier estudio del periodo 1880-1930 debe empezar con la docena, o más, de trabajos de Jorge Basadre, el decano de los historiadores modernos peruanos. Sus diecisiete volúmenes de la Historia de la República del Perú, 1822-1933, Editorial Universitaria, Lima, 1968-1970 (existe otra edición más reciente publicada en 10 vols., Lima, 1983), se alza como un elevado monumento en el campo de estudio, con sus cinco volúmenes dedicados al periodo 1880-1930. A él también corresponde la publicación de la bibliografía anotada más completa tocante a los siglos XIX y XX: Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú con algunas reflexiones, 2 vols., Lima, 1971 (existe otra edición anterior en 3 vols., publicada en 1967). Una bibliografía anotada, igualmente completa, acompañada de un ensayo analítico, para la historia económica del periodo en cuestión, se encuentra en Pablo Macera y Shane Hunt, «Perú», en Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein, eds., Latin America: a guide to its economic history, 1830-1930, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles, 1977. Un estudio perceptivo de la nueva generación de historiadores peruanos se encuentra en Fred Bonner, «Peruvian historians today: historical setting», The Americas, 43/3 (enero de 1987), pp. 245-277. Un estudio bibliográfico más reciente a cargo de John Fisher se encuentra en World Bibliographical Series: Peru, vol. 109, Oxford, Santa Barbara y Denver, Clio Press, 1989. Una obra de consulta útil es Diccionario Histórico y Biográfico del Perú, Siglos XV-XX, Editorial Milla Batres, 1986, 9 vols. Para referencias anteriores bibliográficas, véanse las secciones correspondientes de Raúl Porras Barrenechea, Fuentes históricas Peruanas, Lima, 1963, Carlos Moreyra Paz Soldán, Bibliografía regional Peruana, Internacional, Lima, 1967, y Carl Herbold y Steve Stein, Guía bibliográfica para la historia social y política del Perú en el siglo XX (1895-1960), Lima, 1971. Otra guía útil es la de Alberto Tauro, Diccionario enciclopédico del Perú, 3 vols., Mejía Baca, Lima, 1966-1967 (de este diccionario se publicó un apéndice en 1975).

De lejos, el mejor estudio de la historia de este periodo es el de Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la república aristocrática, Lima, 1969 (otra reedición es la de Rickchay-Perú, Lima, 1980). Es este un estudio sumamente comprensivo, interpretativo y analítico, realizado por los dos mejores historiadores peruanos. Dos importantes historias andinas comparativas que incluyen Bolivia y Ecuador, son Magnus Morner, The Andean past: land, societies and conflict, Nueva York, 1985, y J. P. Deler y Y. Saint-Geours, eds., Estados y naciones en los Andes: hacia una historia comparativa, Bolivia, Ecuador, Perú, Lima, 1986, 2 vols. Varios volúmenes (véanse más abajo) de Historia del Perú, dirigida por Juan Mejía Baca, Lima, 1980, 12 vols., se ocupan de este periodo, igual que los de Rubén Vargas Ugarte, Historia general del Perú, en particular el vol. 11, La república aristocrática, y el 12, República contemporánea, ambos de Margarita Guerra, Lima, 1984. Se encuentran fotografías de los años veinte en Martín Chambi: fotografía del Perú, 1920-1950, Buenos Aires, 1985. También son útiles los trabajos de Ernesto Yepes del Castillo, Perú 1820-1920: un siglo de desarrollo capitalista, IEP, Lima, 1981 (la edición anterior es de 1972), «El desarrollo Peruano en las primeras décadas del siglo XX», en Nueva historia general del Perú, Lima, 1979, pp. 137-160, y «Los inicios de la expansión mercantil capitalista en el Perú (1890-1930)», en Juan Mejía Baca, ed., Historia del Perú, Lima, 1980, vol. VII, pp. 305-403, así también, Aníbal Quijano, Imperialismo, clases sociales y estado en el Perú, 1890-1930, Lima, 1978, trabajos todos tratados bajo una perspectiva marxista. Un excelente análisis sociohistórico es el de Julio Cotler, Clases, estado y nación en el Perú, IEP, Lima, 1978 (existen otras 2 reediciones posteriores, la de 1985 y la de 1986). Dignos de mención son también David Scott Palmer, Peru: the authoritarian legacy, Nueva York, 1980, David P. Werlich, Peru, a short history, Carbondale, Illinois, 1976, Frederick B. Pike, A modern history of Peru, Londres, 1977 (existen otras ediciones anteriores, la de Londres, 1967, y la de Nueva York, 1964), Henry E. Dobyns y Paul Doughty, Peru: a cultural history, Oxford, 1976, y Washington Delgado, Historia de la literatura republicana, Lima, 1980.

Varios estudios regionales importantes reflejan el esfuerzo que se ha hecho recientemente por captar la evolución y el desarrollo fragmentarios de los Andes peruanos. Entre ellos se cuentan José Armando Tamayo, Historia del Cuzco republicano, Lima, 1978; Nelson Manrique, Mercado interno y región: la sierra central, 1920-1930, Lima, 1987, y Nils Jacobsen, Mirages of transition: the Peruvian Altiplano between colonialism and the world market, 1770-1930, University of California Press, Berkeley, de próxima aparición.

El estudio más amplio de historia económica del periodo es el de Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, Peru 1890-1977: growth and policy in an open economy, Londres, 1978 (otra edición es la de Columbia University Press, Nueva York, 1978; hay trad. cast.: Perú: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta, Mosca Azul, Lima, 1985). El mejor estudio sobre la banca y las finanzas es Alfonso W. Quiroz, Banqueros en conflicto: estructura financiera y económica peruana (1884-1930), Lima, 1990. Shane Hunt ha contribuido a desarrollar la base de datos para el análisis de modelos de crecimiento económico: véase, por ejemplo, su Real wages and economic growth in Peru, 1900-1940, Center for Latin American Development Studies, Universidad de Boston, 1977, y Price and quantum estimates of Peruvian exports, 1830-1962, Research Program in Economic Development, Princeton University, 1973. Pablo Macera no sólo ha analizado la evolución de la economía exportadora, sino que también ha publicado una serie de datos valiosos en su Trabajos de historia, Lima, 1977, 4 vols. Véase también Baltazar Caravedo M., «Economía, producción y trabajo (Perú, siglo XX)», en Juan Mejía Baca, ed., Historia del Perú, vol. VIII, pp. 189-361.

Otros puntos de vista sobre la problemática de la economía exportadora y actividad económica extranjera en Perú, han sido esbozados por otros investigadores: por ejemplo, Heraclio Bonilla, ed., Gran Bretaña y el Perú: 1826-1919. Informes de los cónsules británicos, 4 vols., IEP y Fondo del Libro del Banco Industrial del Perú, Lima, 1975, Gran Bretaña y el Perú. Los mecanismos de un control económico, IEP y Fondo del Libro del Banco Industrial del Perú, Lima, 1976, vol. 5, y «Emergence of U. S. control of the Peruvian economy, 1850-1930», en Joseph S. Tulchin, ed., Hemispheric perspectives on the United States, Westport, 1978, pp. 325-351, de este artículo hay una versión castellana, publicada en Desarrollo Económico, n.º 64, vol. 16, enero-marzo de 1977; Rory Miller, «The making of the Grace Contract: British bondholders and the Peruvian government, 1885-1890», JLAS, 8/1 (1976), pp. 73-100, «Railroads and economic development in Central Peru, 1890-1930», en Fisher, ed., Social and economic change in modern Peru, Universidad de Liverpool, Centre for Latin American Studies, Liverpool, 1976, y «British firms and the Peruvian government, 1885-1930», en D. C. M. Platt, ed., Business imperialism 1840-1930: an inquiry based on British experience in Latin America, Oxford, 1977; y William Bollinger, «The rise of United States influence in the Peruvian economy, 1869-1921», tesis de master inédita, Universidad de California, Los Ángeles, 1972. Una fuente de datos importante para la historia fiscal del periodo es la de P. E. Dancuart y I. M. Rodríguez, eds., Anales de la hacienda pública del Perú, 22 vols., Lima, 1902-1908. La minería peruana ha sido estudiada por Alberto Flores Galindo en Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1974 (existe una edición anterior de 1972); Julián Laite, Industrial development and migrant labour in Latin America, Austin, Texas, 1981; Adrián Dewind, «From peasants to miners: background to strikes in the mines of Peru», en Science and society, 39/1 (1975), pp. 44-72; Dirk Kruijt y Menno Vellinga, Estado, clase obrera y empresa transnacional: el caso de minería Peruana, 1900-1980, México, 1983; Carlos Contreras, Mineros y campesinos en los Andes: mercado laboral y economía campesina en la sierra central, siglo XIX, Lima, 1988; y Elizabeth Dore, The Peruvian mining industry, Boulder, 1988. Sobre los inicios de la depresión, véase Rosemary Thorp y Carlos Londoño, «The effect of the great depression on the economies of Peru and Colombia», en Rosemary Thorp, ed., Latin America in the 1930s: the role of the periphery in world crisis, Londres, 1984, pp. 81-116.

El estudio de la sociedad andina agraria adquirió un ímpetu considerable a través de un grupo de investigadores franceses que empezaron en la década de 1960, algunos de ellos pertenecientes a la escuela de los Annales: François Chevalier, «L’expansion de la grande propriété dans le Haut-Pérou au XXe siècle», en AESC, 21 (1966), pp. 815-831; C. Collin-Delavaud, «Les Régions cótiéres du Pérou septentrional», tesis de geografía humana, Lima, 1968; Jean Piel, «The place of the peasantry in the national life of Peru in the nineteenth century», en Past and Present, 46 (febrero de 1970), pp. 108-133, Crise agraire et conscience créole au Perou, París, 1982, y Capitalisme agraire au Perou: l’essor du neolatifundisme dans le Perou republicain, París, 1983, y Henry Favre, «The dynamics of Indian peasant society and migration to Coastal plantations in Central Peru», en Kenneth Duncan e Ian Rutledge, eds., Land and labour in Latin America: essays on the development of agrarian capitalism, Cambridge, 1977, pp. 253-268. El estudio de la sociedad agraria recibió un impulso fuerte y complementario de resultas de la reforma agraria que en 1969 llevó a cabo la administración Velasco. En el Archivo del Fuero Agrario, que actualmente se conserva en el Archivo General de la Nación en Lima, se recogieron datos correspondientes a diversas plantaciones y haciendas. En cuanto al azúcar, véase Peter F. Klarén, «The social and economic consequences of modernization in the Peruvian sugar industry, 1870-1930», en Duncan y Rutledge, eds., Land and labour, pp. 229-252; Bill Albert, An essay on the Peruvian sugar industry, 1880-1920, Norwich, 1976, y Michael J. Gonzales, Plantation agriculture and social control in northern Peru, 1875-1933, Austin, Texas, 1984, y sobre la industria del algodón, W. S. Bell, An essay on the Peruvian cotton industry, 1825-1920, Universidad de Liverpool, Centre for Latin American Studies, Liverpool, 1985. Para el comercio de la lana, véase Benjamín S. Orlove, Alpacas, sheep and men: the wool export economy and regional society in Southern Peru, Nueva York, 1977; Alberto Flores Galindo, Arequipa y el Sur Andino, siglos XVIII-XX, Horizonte, Lima, 1977 (existe una edición de 1976), y Manuel Burga y Wilson Reátegui Chávez, Lanas y capital mercantil en el Sur: la Casa Ricketts, 1895-1935, IEP, Lima, 1981.

Sobre los movimientos campesinos, véase Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, «Feudalismo andino y movimientos sociales (1866-1965)», en Juan Mejía Baca, ed., Historia del Perú, vol. XI, pp. 11-112; Florencia E. Mallon, The defense of community in Peru’s central highlands: peasant struggle and capitalist transition, 1860-1940, Princeton, New Jersey, 1983; Rodrigo Montoya, «Les Luttes paysannes pour la terre au Pérou au XXe siècle», tesis doctoral inédita, Universidad de París, 1977; Wilfredo Kapsoli, Los movimientos campesinos en Cerro de Pasco, 1880-1963, Instituto de Estudios Andinos, Huancayo, 1975, y Los movimientos campesinos en el Perú. 1879-1965: ensayos, Lima, 1977; y finalmente, Juan Martínez Alier, Haciendas, plantations and collective farms: agrarian class societies-Cuba and Peru, Londres, 1977. Véanse también Wilson Reátegui Chávez, ed., Documentos para la historia del campesinado peruano, siglo XX, Lima, 1978; Peter Blanchard, «Indian unrest in the Peruvian sierra in the late nineteenth century», The Americas, 38/4 (abril, 1982), pp. 449-462, y «The recruitment of workers in the Peruvian sierra at the turn of the century: the enganche system», Inter-American Economic Affairs, 33/3 (invierno, 1979), pp. 63-83; Michael J. Gonzales, «Neo-Colonialism and the Indian unrest in Southern Peru, 1867-1898», Bulletin of Latin American Research, 6/1 (1986), pp. 1-26; y William W. Stein, El levantamiento de Atusparia, Lima, 1988. Una sagaz observación contemporánea de la vida rural la proporciona Karl Kaeger, Condiciones agrarias de la sierra sur peruana: 1899, Lima, 1979. Otros estudios valiosos de la sociedad rural se encuentran en Nelson Manrique, Yawar Mayu: sociedades terratenientes serranas, 1879-1910, Lima, 1988; Lewis Taylor, Cambios capitalistas en las haciendas cajamar quinas, 1900-1935, Universidad de Cambridge, Centre of Latin American Studies, Cambridge, 1983; y Carmen Diana Deere, Household and class relations: peasants and landlords in northern Peru, Berkeley, 1990. Es necesario mencionar a Pablo Macera que, si bien no ha trabajado esencialmente este periodo, ha inspirado a numerosos investigadores jóvenes con su destacado trabajo sobre la sociedad rural en general, y su Seminario de Historia Rural Andina en la Universidad de San Marcos en particular.

En lo referente a las consecuencias sociales de la guerra del Pacífico, véase Henri Favre, «Remarques sur la lutte des classes au Pérou pendant la Guerre du Pacifique», en Littérature et société au Pérou du XIXe siècle a nos jours, Université des Langues et Lettres de Grenoble, Grenoble, 1975, pp. 54-81; Heraclio Bonilla, «The War of the Pacific and the national and colonial problem in Peru», en Past and Present, 81 (1978), pp. 92-118; Nelson Manrique, Campesinado y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Centro de Investigación y Capacitación-Editora Itaiperú, Lima, 1979 (existe una reedición de 1981); y Mallon, The defense of community y «The Indian peasantry and Peru during the war with Chile», en Resistence, rebe Ilion, and consciousness in the Andean world: 18th to 20th centuries, ed. Steve J. Stein, Madison, Wis., 1987, pp. 192-231; véase también la colección de ensayos en Wilson Reátegui Chávez y otros, La guerra del Pacífico, Lima, 1979, y «Nationalist and anti-state coalitions in the war of the Pacific: Junin and Cajamarca, 1879-1902», en Resistence, rebellion, and consciousness, pp. 232-280. Otras obras importantes sobre la guerra son Heraclio Bonilla, Un siglo de la deriva: ensayos sobre el Perú, Bolivia y la Guerra, Lima, 1980; Jorge Basadre, «Antecedentes de la guerra con Chile», y Percy Cayo, «La guerra con Chile», ambas en Historia del Perú, vol. 8; Comisión Permanente de la Historia del Ejército del Perú, Reflexiones sobre la resistencia de La Breña: significado y proyección histórica, Lima, 1982; Tomaso Caivaso, Historia de la guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, 3 vols., Lima, 1979, traducción de Storia della guerra d’America fra il Chili, il Perú e la Bolivia (1881); Percy Cayo Córdoba y otros, En torno a la guerra del Pacífico, Lima, 1983, y Andrés Avelino Cáceres, Memorias del mariscal Andrés A. Cáceres, Lima, 1986, 3 vols. Sobre el indio y el indigenismo, véanse el importante estudio revisionista de Efraín Kristal, The Andes viewed from the city: literary and political discourse on the Indian in Peru, 1848-1930, Nueva York, 1987, y dos obras excelentes de José Tamayo Herrera, Historia del indigenismo cuzquero, siglos XVI-XX, Lima, 1980, e Historia social e indigenismo en el altiplano, Lima, 1982, así como José Deustua y José Luis Renique, Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú, 1897-1931, Cuzco, 1984, y véase Thomas M. Davies, Jr., Indian integration in Peru: a half century of experience, 1900-1948, Lincoln, Nebraska, 1974. La inmigración japonesa ha sido examinada en Harvey C. Gardiner, The Japanese and Peru 1873-1973, Albuquerque, 1975. Sobre los chinos en Perú, véase Humberto Rodríguez Pastor, Hijos del celeste imperio en el Perú (1850-1900): migración, agricultura, mentalidad y explotación, Lima, 1989, que es una obra excelente. Véase también Henry Evans Maude, Slavers in paradise: the Peruvian slave trade in Polynesia, 1862-1894, Stanford, 1981.

El Estado oligárquico es el tema tratado por Dennis Gilbert, The oligarchy and the old regime in Peru, Latin American Studies Program Dissertation Series, Universidad de Cornell, 1977; François Bourricaud et al., La oligarquía en el Perú, Lima, 1969; y Sinesio López J., «El estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación», Revista Mexicana de Sociología, 40/3 (1978), pp. 991-1.007; Alfonso W. Quiroz, «Financial leadership and the formation of Peruvian élite groups, 1884-1930», JLAS, 20/1 (mayo de 1988), pp. 49-81, y Michael J. Gonzales, «Planters and politics in Peru, 1895-1919», JLAS, 23/3 (octubre de 1991), pp. 515-542. Véase también la revisión de Rory Miller, «The Coastal élite and Peruvian politics, 1895-1919», en JLAS, 14/1 (1982), pp. 97-120. Un estudio excelente relacionado con ello es Lawrence A. Clayton, W. R. Grace & company: the formative years, 1850-1930, Otawa, Illinois, 1985. Sobre el ejército, véase Víctor Villanueva, Ejército Peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista, Lima, 1973, y Frederick M. Nunn, Yesterdays soldiers: European military professionalism in South America, 1890-1940, Lincoln, Neb., 1983.

Existe un estudio interesante sobre Billinghurst: Peter Blanchard, «A populist precursor: Guillermo Billinghurst», en JLAS, 9/2 (1977), pp. 251-273. Dos tesis doctorales inéditas examinan la administración de Augusto Leguía: Howard L. Karno, «Augusto B. Leguía, the oligarchy and the modernization of Peru, 1870-1930», Universidad de California, Los Ángeles, 1970, y Carl F. Herbold, «Development in the Peruvian administrative system 1919-1930: modern and traditional qualities of government under authoritarian regimes», Yale University, 1973. Sobre este periodo, véase también Baltazar Caravedo Molinari, Clases, lucha política y gobierno en el Perú (1919-1933), Lima, 1977; Carmen Rosa Balbi y Laura Madalengoitia, Parlamento y lucha política, Perú, 1932, Lima, 1980, y Pedro Ugarteche, Sánchez Cerro: papeles y recuerdos de un presidente del Perú, 4 vols., Lima, 1969-1970.

Para los orígenes del partido aprista, véase Peter F. Klarén, Modernization, dislocation and Aprismo: origins of the Peruvian Aprista party, 1870-1932, Austin, Texas, 1973; Steve Stein, Populism in Peru: the emergence of the masses and the politics of social control, Madison, Wis., 1980, y la magistral biografía intelectual escrita por Frederick B. Pike The politics of the miraculous: Haya de la Torre and the spiritualist tradition, Lincoln, Neb., 1986. También son importantes sobre el APRA, Jeffrey L. Klaiber, SJ, Religión and revolution in Peru, 1924-1976, Notre Dame, Indiana, 1977, y François Bourricaud, Poder y sociedad en el Perú contemporáneo, Buenos Aires, 1967. Entre otros estudios útiles pueden citarse Adam Anderle, Los movimientos políticos en el Perú entre las dos guerras mundiales, La Habana, 1985; Imelda Vega Centeno, Aprismo popular: mito, cultura e historia, Lima, 1985, e Ideología y cultura en el Aprismo popular, Lima, 1986; Carmen Rosa Balbi, El partido comunista y el APRA en la crisis revolucionaria de los años treinta, Lima, 1980, y Juan Manuel Gamara Romero, La reforma universitaria: el movimiento estudiantil de los años veinte en el Perú, Lima, 1987. Indispensables para estudiar los primeros años del partido son las memorias y obras de Víctor Raúl Haya de la Torre que forman parte de sus Obras completas, Lima, 1976-1977, 7 vols. Otro líder de los primeros tiempos del partido, Luis Alberto Sánchez, ha escrito sobre dicha época: Apuntes para una biografía del APRA, Lima, 1978-1979, 2 vols., Testimonio personal: el aquelarre, 1900-1931, Lima, 1987, y, con Haya de la Torre, Correspondencia, 1924-1951, Lima, 1982.

La historia del movimiento obrero es explorada en Denis Sulmont, El movimiento obrero en el Perú, 1900-1956, Lima, 1975; Piedad Pareja, Anarquismo y sindicalismo en el Perú, Lima, 1978; y Peter Blanchard, The origins of the Peruvian labor movement, 1883-1919, Pittsburgh, 1982 (con el mismo título, véase su tesis doctoral, Universidad de Londres, 1975) y también Steve Stein, Populism in Peru, Madison, Wis., 1980. Véase también la importante obra de Steve Stein, Lima obrera, 1900-1930, Lima, 1986-1987, 2 vols., así como Wilfredo Kapsoli E., Las luchas obreras en el Perú, 1900-1919: por las ocho horas de trabajo, Lima, 1976; Alberto Moya Obeso, Sindicalismo aprista y sindicalismo clasista en el Perú, 1920-1956, 2 vols., Lima, 1977; Piedad Pareja, Aprismo y sindicalismo en el Perú, Lima, 1980, y Luis Tejada, La cuestión del pan: el anarcosindicalismo en el Perú, 1880-1914, Lima, 1988. Se encuentran útiles materiales estadísticos y análisis en Wilma Derpich, José Luis Huiza y Cecilia Israel, Lima años 30: salarios y costo de vida de la clase trabajadora, Lima, 1985. Se proporcionan documentos importantes para este periodo en Ricardo Martínez de la Torre, Apuntes para una interpretación marxista de historia social del Perú, 4 vols., Lima, 1974, así como en las memorias de uno de los primeros organizadores obreros: Julio Portocarrero, Sindicalismo peruano: primera etapa, 1911-1930, Lima, 1987.

Existe información sobre la Iglesia en la importante obra de Jeffrey L. Klaiber, Si, La Iglesia en el Perú: su historia desde la independencia, Lima, 1988. Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante el periodo están tratadas en Frederick B. Pike, The United States and the Andean Republics: Peru, Bolivia and Ecuador, Cambridge, Mass., 1977, y Joe E. Wilson, The United States, Chile and Peru in the Tacna and Arica plebiscite, Washington, D. C., 1979. Una fuente importante de la historia intelectual es la de Augusto Salazar Bondy, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, 2 vols., Lima, 1965, y la intensa obra de Alberto Flores Galindo, Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes, Lima, 1987. Véase también Jesús Chavarría, «The intellectuals and the crisis of modern Peruvian nationalism: 1870-1919», en HAHR, 50/2 (1970), pp. 257-278.

Diversos trabajos examinan las ideas de José Carlos Mariátegui: Jesús Chavarría, José Carlos Mariátegui, 1894-1930, and the rise of modern Peru, Albuquerque, Nuevo México, 1979; Diego Messeguer Illán, José Carlos Mariátegui y su pensamiento revolucionario, Lima, 1974; Harry E. Vanden, Mariátegui: influencia en su formación ideológica, Lima, 1975 y National marxism in Latin America: José Carlos Mariátegui’s thought and politics, Boulder, 1986; Robert París, La formación ideológica de José Carlos Mariátegui, México, 1981; José Arico, ed., Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, México, 1978; Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui: la polémica con la komintern, Lima, 1980; Guillermo Rouillón, Bio-bibliografía de José Carlos Mariátegui, Lima, 1966; la Creación heroica de José Carlos Mariátegui: la edad de piedra, 1894-1919, Lima, 1975, y La edad revolucionaria, Lima, 1984. La principal obra sobre Haya de la Torre es Pike, The politics of the miraculous. Dos obras buenas que hablan de las mujeres en la sociedad son Deere, Household and class relations, y Mallon, «Gender and class in the transition to capitalism: household and mode of production in central Peru», Latin American Perspectives, 13/1 (invierno, 1986), pp. 147-174. Finalmente, ningún estudio que trate el periodo puede ser completo sin la consulta de los escritos de, al margen de los del propio Mariátegui, Alejandro Deustua, Manuel González Prada, Javier Prado, Francisco García Calderón, Manuel Vicente Villarán, Víctor Raúl Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaúnde.

10. Colombia, c. 1880-1930

Dos compilaciones recientes ofrecen una entrada a la historia moderna de Colombia: A. Tirado Mejía, director, asistido por J. O. Meló y J. A. Bajarano, Nueva Historia de Colombia, 6 vols., y un tomo de índices, Bogotá, 1989; J. Jaramillo Uribe, introd., J. G. Cobo Borda y S. Mutis Durán, eds., Manual de historia de Colombia, 3 vols., Bogotá, 1978-1979.

Para los principios de este periodo hay dos relatos de viajes de excepcional valor: E. Rothlisberger, El Dorado, 1898; Bogotá, 1963, y A. Hettner, Viajes por los Andes colombianos, 1882-1884, 1888; Bogotá, 1976. Hay también materiales de gran utilidad en: P. J. Eder, Colombia, Londres, 1913, y R. Gutiérrez, Monografías, 2 vols., Bogotá, 1920-1921. El diario de A. Arguedas, La danza de las sombras (nueva edición, Bogotá, 1983) contiene una valiosa descripción de la sociedad y la política a fines de la década de 1920.

El periodismo de Rafael Núñez se encuentra recopilado en La reforma política en Colombia, 7 vols., Bogotá, 1946-1950. Existen varias compilaciones de los escritos de Miguel Antonio Caro: Escritos sobre cuestiones económicas, Bogotá, 1943; sus Obras completas, 8 vols., Bogotá, 1918-1945 están siendo complementadas con la publicación de su correspondencia, la mayor parte de ella erudita pero parte de ella política, y otros escritos y discursos, en excelentes ediciones del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Véase especialmente, E. Lemaitre, ed., Epistolario de Rafael Núñez con Miguel Antonio Caro, Bogotá, 1977, particularmente valioso, pues Núñez dejó instrucciones en su testamento, las cuales se cumplieron, de arrojar su archivo al mar. Otros textos impresos contemporáneos son C. Holguín, Cartas políticas, Bogotá, 1951; R. Uribe Uribe, Discursos parlamentarios, Bogotá, 1897; C. E. Restrepo, Orientación republicana, 2 vols., Bogotá, 1972; y L. Martínez Delgado, ed., Revistas políticas publicadas en El Repertorio Colombiano, 2 vols., Bogotá, 1939.

Sobre política del periodo, véanse I. Liévano Aguirre, Núñez, Bogotá, 1958; E. Rodríguez Piñeres, Diez años de política liberal, Bogotá, 1945; H. Delpar, Red against blue, the Liberal party in Colombian politics, 1863-1899, Alabama, 1981; L. Martínez Delgado, República de Colombia, 1885-1910, 2 vols., Bogotá, 1970, vol. X, de la Historia extensa de Colombia, E. Lemaitre, Rafael Reyes, Bogotá, 1967; C. Bergquist, Coffee and conflict in Colombia, 1886-1910, Durham, N. C., 1978. Todavía está por escribirse un estudio coherente de los años 1910-1930, pero una compilación de eventos se encuentra en J. Villegas y J. Yunis, Sucesos Colombianos 1900-1924, Medellín, 1976. Sobre el movimiento sindical, véanse: M. Urrutia, The development of the Colombian labor movement, New Haven, 1969; I. Torres Giraldo, Los Inconformes, 5 vols., Bogotá, 1973, y María Cano, mujer rebelde, Bogotá, 1972; para la década de 1920: P. J. Navarro, El parlamento en pijama, Bogotá, 1935; C. Uribe Celis, Los años veinte en Colombia. Ideología y cultura, Bogotá, 1985; sobre la Iglesia: J. Restrepo Posada, La iglesia colombiana en dos momentos difíciles de la historia patria, Bogotá, 1971. Un ensayo alternativo sobre este periodo es J. O. Meló, «La república conservadora», en M. Arrubla, ed., Colombia hoy, Bogotá, 1978. Entre las memorias contemporáneas, véase J. H. Palacio, Historia de mi vida, 2 vols., Bogotá, 1944 y 1991.

Sobre las guerras civiles, véanse M. Deas, «Poverty, civil war and politics: Ricardo Gaitán Obeso and his Magdalena River Campaign in Colombia, 1885», Nova Americana, 2 (Turín, 1978); C. E. Jaramillo, Los guerrilleros del novecientos, Bogotá, 1991; M. Briceño, La Revolución (1876-1877), Bogotá, 1947; J. H. Palacio, La guerra de 85, Bogotá, 1936; L. Caballero, Memorias de la guerra de los mil días, Bogotá, 1939; M. Grillo, Emociones de la guerra, Bogotá, s. f., c. 1905; sobre Panamá, E. Lemaitre, Panamá y su separación de Colombia, Bogotá, 1972; T. J. Dodd, La crisis de Panamá, 1900-1904. Cartas de Tomás Herrón, Bogotá, 1985.

Sobre las relaciones internacionales: J. J. Caicedo Castilla, Historia Diplomática, 2 vols., Bogotá, 1974, en Historia Extensa de Colombia, E. T. Parks, Colombia and the United States, 1765-1934, Durham, N. C., 1935; R. L. Lael, Arrogant Diplomacy. U. S. Policy toward Colombia, 1903-1922, Wilmington, 1987; S. J. Randall, The Diplomacy of Modernizaron: Colombian-American Relations, 1920-1940, Toronto, 1977.

Sobre la historia económica: J. A. Ocampo, ed., Historia económica de Colombia, Bogotá, 1987, es la introducción más actualizada; M. Urrutia, ed., Ensayos sobre historia económica colombiana, Bogotá, 1980; M. Urrutia y M. Arrubla, eds., Compendio de estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, 1970; A. Pardo Pardo, Geografía económica y humana de Colombia, Bogotá, 1972; L. Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, 1810-1930, Medellín, 1955, frecuentemente reeditada; W. P. McGreavy, An economic history of Colombia, 1845-1930, Cambridge, 1971, y las críticas sobre esa obra en Historia económica de Colombia: un debate en marcha, Bogotá, 1979, publicado por el Instituto de Estudios Colombianos; J. A. Ocampo, Colombia y la economía mundial, 1830-1910, Bogotá, 1984; J. A. Ocampo y S. Montenegro, Crisis mundial, protección e industrialización, Bogotá, 1984; S. Kalmanovitz, Economía y Nación, Bogotá, 1985, es el ensayo marxista más completo; P. L. Bell, Colombia. A commercial and industrial handbook, Washington, D. C., 1921, es un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de enorme valor; B. Tovar Zambrano, La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936, Bogotá, 1984; G. Torres García, Historia de la moneda en Colombia, Medellín, 1980; M. Avella, Pensamiento y política monetaria en Colombia, 1886-1945, Bogotá, 1987; A. Patiño Roselli, La prosperidad a debe y la gran crisis, 1925-1935, Bogotá, 1981; J. Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Bogotá, 1975.

Sobre la historia agraria: J. A. Bejerano, Economía y poder. La Sociedad de Agricultores Colombianos y el desarrollo agropecuario colombiano, 1871-1984, Bogotá, 1985, ofrece una buena introducción; del mismo autor es El régimen agrario - De la economía exportadora a la economía industrial, Bogotá, 1979; E. Leal, ed., El agro en el desarrollo histórico colombiano, Bogotá, 1977; M. Arrubla, ed., La agricultura colombiana en el siglo XX, Bogotá, 1977. C. Legrand, Frontier Expansión and Peasant Protest in Colombia, 1830-1936, Albuquerque, 1986, abre el tema de la apropiación de las tierras públicas; inevitablemente, deja mucho por explorar. Hay dos ensayos de historia agraria colombiana en K. Duncan e I. Rutledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1977: M. Deas, «A Colombian coffes estáte: Santa Bárbara, Cundinamarca, 1870-1912», y M. Taussig, «The evolution of rural wage labour in the Cauca Valley of Colombia, 1700-1970».

Sobre la historia del café existe una historiografía en rápido crecimiento: M. Palacios, El café en Colombia, 1850-1970, una historia económica, social y política, Bogotá, 1983; A. Machado, El café: de la aparcería al capitalismo, Bogotá, 1977; M. Arango, Café e Industria, Bogotá, 1977; M. Urrutia, «La creación de las condiciones iniciales para el desarrollo: el café», en E. Reveiz, ed., La cuestión cafetera, Bogotá, 1980; los ensayos de J. A. Ocampo en el tomo 5 de la Nueva Historia de Colombia, arriba citada.

Entre las fuentes contemporáneas del periodo: D. Monsalve, Colombia cafetera, Barcelona, 1927, es una recopilación indispensable de datos, además de un libro magnífico y bello (sus costos arruinaron a su autor); J. M. Restrepo y otros, Memorias sobre el cultivo del café, Bogotá, 1952; R. Uribe Uribe, Estudios sobre café, Bogotá, 1952; M. Rivas, Los trabajadores de la tierra caliente, Bogotá, 1946.

Sobre otros temas agrarios: P. J. Eder, El Fundador, Santiago M. Eder, Bogotá, 1959; J. M. Rojas, Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860-1980, Bogotá, 1984; A. S. Pearse, Colombia, With Special Reference to Cotton, Manchester, 1926; R. Herrera Soto y R. Romero Castañeda, La zona bananera del Magdalena, Bogotá, 1979; J. White, Historia de una ignominia: la United Fruit Company en Colombia, Bogotá, 1978.

De los estudios regionales, ya clásicos son J. Parsons, Antioqueño Colonization in Western Colombia, Berkeley, 1949; O. Fals Borda, El hombre y la tierra en Boyacá, Bogotá, 1973; J. Friede, El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombiano, Bogotá, 1976. Indispensables sobre Antioquia son también R. Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920, Bogotá, 1977, y J. O. Meló, ed., Historia de Antioquia, Bogotá y Medellín, 1988.

Un lúcido estudio sobre el líder indígena del sur es D. Castrillón Arboleda, El indio Quintín Lame, Bogotá, 1973; sobre el mismo tema, J. Rappaport, The politics of memory. Native historical interpretation in the Colombian Andes, Cambridge, 1990.

Entre los muchos libros sobre historia fotográfica publicados en años recientes sobresalen E. Serrano, Historia de la fotografía en Colombia, Bogotá, 1983; M. Carrizosa de Umaña y R. J. Herrera de la Torre, 75 años de fotografía, 1865-1940, Bogotá, 1978.

11. Ecuador, c. 1880-1930

La Corporación Editora Nacional está publicando la Nueva Historia del Ecuador, Quito, desde 1989, bajo la dirección de E. Ayala Mora. Los volúmenes 8, 9, y 10 cubren muchos aspectos de esta época republicana. La bibliografía básica es R. E. Norris, Guía bibliográfica para el estudio de la historia ecuatoriana, Austin, Texas, 1978.

Sobre los comienzos de este periodo en Ecuador hay tres distinguidos libros de viajeros: F. Hassaurek, Four years among Spanish Americans, Londres, 1868; J. Kolberg, Nach Ecuador, Friburgo, 1876; y C. Weiner, América pintoresca. Descripción de viajes al nuevo continente, Barcelona, 1884. Tres descripciones valiosas para las primeras décadas de este siglo son E. Festa, Nel Darien e nell’Ecuador, Diario di viaggio di un naturalista, Turín, 1909; R. Enock, Ecuador, Londres, 1914; M. Sáenz, Sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional, México, 1933.

De las historias políticas, son útiles E. Ayala Mora, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, 1978; H. Malo y E. Ayala Mora, eds., Ecuador 1830-1980, I: Política y sociedad, Quito, 1980; L. Alexander Rodríguez, The Search for Public Policy. Regional Politics and Government Finances in Ecuador, 1830-1940, Berkeley, 1985; O. E. Reyes, Breve historia general del Ecuador, 2 vols., Quito, 1967; J. L. R. (J. Le Gouhir y Rodas, SJ), Historia de la República del Ecuador, 3 vols., Quito, 1920-1938; J. L. Mera, La dictadura y la restauración en la República del Ecuador, Quito, 1932; M. de Veintemilla, Páginas del Ecuador, Lima, 1890. Importante, aunque desigual, es la obra de L. Robalino Dávila, Orígenes del Ecuador de hoy, 10 vols., Puebla y Quito, desde 1948; adoptando un punto de vista conservador, su volumen 4, García Moreno, es superior a los volúmenes 7 y 8, que cubren parte del periodo de Alfaro. Todavía útil es O. E. Reyes, Vida de Juan Montalvo, Quito, 1935.

Tres libros con su principal enfoque fuera de esta época, pero igualmente útiles son O. Hurtado, El poder político en el Ecuador, Quito, 1977; R. Quintero, El mito del populismo en el Ecuador, Quito, 1980; G. Drekonja y otros, Ecuador hoy, Bogotá, 1978.

Sobre Eloy Alfaro: E. Muñoz Vicuña, La guerra civil ecuatoriana de 1895, Guayaquil, 1976; R. Andrade, Vida y muerte de Eloy Alfaro, Nueva York, 1916; A. Pareja Diezcanseco, La hoguera bárbara, México, 1944; F. Guarderas, El viejo de Montecristi, Quito, 1953; W. Loor, Eloy Alfaro, 3 vols., Quito, 1947. Hay dos selecciones de sus propios escritos: Obras escogidas, Quito, 1983, y M. Deas, ed., Narraciones históricas, Quito, 1983. L. A. Martínez, A la costa, Quito, 1904 (y otras ediciones), es una novela vigorosa de la época; el periodista M. J. Calle, bajo el pseudónimo de Enrique de Rastignac, ofrece retratos memorables de ciertos participantes en su Hombres de la revuelta, Guayaquil, 1906. Otras biografías útiles son C. de la Torre Reyes, La espada sin mancha. Biografía del General Julio Andrade, Quito, 1962; J. Pérez Concha, Carlos Concha Torres. Biografía de un luchador incorruptible, Quito, 1987. Todavía está por hacerse un estudio sobre el general Leónidas Plaza. El ensayo clásico sobre el carácter del costeño es J. de la Cuadra, El montuvio ecuatoriano, Quito, 1937.

Sobre la política de la Iglesia: M. D. Demélas e Y. Saint-Geours, Jerusalén y Babilonia. Religión y política en el Ecuador, 1780-1880, Quito, 1988; arzobispo F. González Suárez, Memorias íntimas, Quito, 1944; E. Ayala Mora, ed., F. González Suárez y la polémica sobre el estado laico, Quito, 1980; L. Dautzemberg, El Tilmo. Sr. Pedro Schumacher, Quito, 1968.

Sobre la historia obrera: P. Ycasa, Historia del movimiento obrero ecuatoriano, Quito, 1984; A. Páez, El anarquismo en el Ecuador, Quito, 1986; V. Pólit Montes de Oca, introd., El 15 de noviembre de 1922 y la fundación del socialismo relatados por sus protagonistas, Quito, 1982; L. J. Muñoz, Testimonio de lucha, Quito, 1988; M. Luna, Historia y conciencia popular. El artesanado en Quito, economía, organización y vida cotidiana, Quito, 1989.

La economía ecuatoriana de principios de este siglo tiene su mejor descripción en: El Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial de la república, Guayaquil, 1909; sobre el cacao, M. Chiriboga, Jornaleros y gran propietarios en 135 años de exportación cacaotero (1790-1925), es el estudio más completo; A. Guerrero, Los oligarcas del cacao, Quito, 1981; L. J. Weinman, «Ecuador and cacao: Domestic responses to the boom-collapse monoexport cycle», tesis doctoral, Universidad de California, 1970. Sobre la historia agraria en general, M. Chiriboga, ed., El problema agrario en el Ecuador, Quito, 1988; también, el informe para el Centro Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) de R. Baraona, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola. Ecuador, Washington, 1965; P. de la Torre, Patronos y conciertos. Una hacienda serrana, 1905-1929, es una historia bien documentada de la hacienda «El Deán», cerca de Quito. M. A. Restrepo Eusse, El rey de la leña, Buenos Aires, 1958, recuenta las experiencias de un empresario colombiano en el campo ecuatoriano en los años veinte y treinta. Con relación a otros aspectos de la historia económica, véanse L. A. Carbo, Historia monetaria y cambiaría del Ecuador desde la época colonial, Quito, 1953; L. N. Dillon, La crisis económico-financiera del Ecuador, Quito, 1927; V. E. Estrada, Moneda y Bancos del Ecuador, Quito, 1982; J. P. Deler, Genése de l’espace équatorien. Essai sur le territoire et la formation de l’état national, París, 1981.

El Banco Central de Ecuador, que, como el Banco de la República en Colombia y el Banco Central de Venezuela, ha realizado una gran labor en favor de los estudios históricos y culturales, ha publicado un tomo de fotografía histórica editado por A. Carrión A., Imágenes de la vida política del Ecuador, Quito, 1980.

12. Venezuela, c. 1880-1930

La Fundación Polar ha publicado un excelente Diccionario de Historia de Venezuela, bajo la dirección de M. Pérez Vila, 3 vols., Caracas, 1988. Todos los artículos ofrecen una bibliografía y por muchos años esta obra será el punto de partida de los estudios históricos venezolanos. Indispensable también es J. V. Lombardi, G. Carrera Damas y R. Adams, Venezuelan history: a comprehensive working bibliography, Boston, 1977. J. V. Lombardi es autor de la mejor historia breve de la nación: Venezuela, the search for order, the dream of progress, Nueva York, 1982 (hay trad. cast.: Venezuela: la búsqueda del orden, el sueño del progreso, Crítica, Barcelona, 1985); otra historia breve es J. Ewell, Venezuela, a century of change, Londres, 1984.

La historia política de esta etapa se estudia en M. Picón Salas y otros, Venezuela independiente: evolución política y social, 1810-1960, Caracas, 1962, y en sus años finales en R. J. Velásquez y otros, Venezuela moderna. Medio siglo de historia, 1926-1976, Caracas, 1979. Hasta el año 1890 los volúmenes relevantes de F. González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela, 15 vols., Caracas, 1909-1925, todavía poseen gran valor. Tres colecciones de documentos son P. Grases y M. Pérez Vila, eds., Documentos que hicieron historia, Caracas, 1962; N. Suárez Figueroa, Programas políticos venezolanos de la primera mitad del siglo XX, 2 vols., Caracas, 1977; R. J. Velásquez, ed., El pensamiento político del siglo XX. Documentos para su estudio, 17 vols. en 16, Caracas, 1983. Véase también M. V. Magallanes, Los partidos políticos en la evolución venezolana, Caracas, 1973.

Sobre Guzmán Blanco: R. Díaz Sánchez, Guzmán: elipse de una ambición del poder, Caracas, 1950; 2 vols., Caracas, 1968; R. A. Rondón Márquez, Guzmán Blanco, «El autócrata civilizador», 2 vols., Caracas, 1944; R. R. Castellanos, Guzmán Blanco íntimo, Caracas, 1969; J. Nava, «The Ulustrious American: the development of nationalism in Venezuela under Antonio Guzmán Blanco», HAHR, 45/4 (1965); M. B. Floyd, «Política y economía en tiempos de Guzmán Blanco. Centralización y Desarrollo, 1870-1888», en M. Izard y otros, Política y economía en Venezuela, 1810-1976, Caracas, 1976, volumen misceláneo con otros ensayos útiles sobre este periodo. Sobre educación, A. Lemmo, La educación en Venezuela en 1870, Caracas, 1976; sobre las relaciones con la Iglesia: M. Watters, A history of the church in Venezuela, 1810-1930, Chapel HUI, N. C., 1930.

Entre las obras contemporáneas de A. Guzmán Blanco (o publicadas bajo su dirección), véanse Documentos para la historia, Caracas, 1876, y En defensa de la causa liberal, París, 1894; M. Briceño, Los Ilustres. Páginas para la historia de Venezuela, Bogotá, 1884; Caracas, 1953, es una polémica hábil; el análisis del autor sobre el sistema de Guzmán es todavía uno de los más completos. Otra descripción colombiana, esta vez más favorable, es I. Laverde Amaya, Un viaje a Venezuela, Bogotá, 1889. En general, la literatura de viajes sobre Venezuela en estos años es pobre. La bibliografía es M. L. Ganzenmuller de Blay, Contribución a la bibliografía de viajes y exploraciones de Venezuela, Caracas, 1964.

No existe una biografía reciente del más prominente de los sucesores de Guzmán, Joaquín Crespo; se pueden consultar M. Landaeta Rosales, Biografía del Benemérito General Joaquín Crespo, Caracas, 1895, y A. Díaz Guerra, Diez años en Venezuela, Caracas, 1933. Sobre los años noventa, el libro fundamental es R. J. Velásquez, La caída del liberalismo amarillo; tiempo y drama de Antonio Paredes, Caracas, 1973; además, J. A. de Armas Chitty, ed., El «Mocho» Hernández. Papeles de su archivo, Caracas, 1978. La atmósfera político-socio-militar de los noventa en los estados andinos es captada con mucha gracia en las memorias del telegrafista N. Parada, Vísperas y comienzos de la revolución de Cipriano Castro, Caracas, 1973; respecto a las regiones centrales, un equivalente, ingenuo pero auténtico, es A. Martínez Sánchez, Nuestras contiendas civiles, Caracas, 1949. V. Lecuna, La revolución de Queipa, Caracas, 1954, es un escrito autobiográfico, evocador e informativo, del gran experto sobre Bolívar.

Cipriano Castro ha atraído más atención: W. J. Sullivan, «The rise of despotism in Venezuela. Cipriano Castro, 1899-1908», tesis doctoral, Universidad de Nuevo México, 1974; E. Bernardo Núñez, El hombre de la levita gris, Caracas, 1953; M. Picón Salas, Los días de Cipriano Castro, Caracas, 1953; I. Andrade, Por qué triunfó la Revolución Restauradora, Caracas, 1955; A. Paredes, Cómo llegó Cipriano Castro al poder, 1906; Caracas, 1954. El gobierno de Castro publicó Documentos del General Cipriano Castro, 6 vols., Caracas, 1903-1908, y E. Pino Iturrieta ha editado Castro, Epistolario presidencial (1899-1908), Caracas, 1974. Otro testimonio es E. López Contreras, El Presidente Cipriano Castro, 2 vols., Caracas, s. f., con prólogo de M. Burelli Rivas. Sobre el bloqueo, véanse M. Rodríguez Campos, Venezuela 1902, la crisis fiscal y el bloqueo, Caracas, 1977; D. Irwin, ed., Documentos británicos relacionados con el bloqueo de las costas venezolanas, Caracas, 1982; M. Hood, Gunboat Diplomacy 1805-1905. Great Power Pressure in Venezuela, Londres, 1975; H. H. Herwig, Germany’s Vision of Empire in Venezuela, 1871-1914, Princeton, 1986; H. H. Herwig y J. L. Helguera, Alemania y el bloqueo internacional de Venezuela, 1902-1903, Caracas, 1977. Un buen comentario sobre la época de un agudo observador venezolano es C. Zumeta, Las potencias y la intervención en Hispanoamérica, Caracas, 1973. La compilación (editada por W. J. Sullivan) Cipriano Castro en la caricatura mundial, Caracas, 1980, no es simplemente una curiosidad: informa más que muchas monografías convencionales. Muy legibles todavía son los ataques de Pío Gil (pseudónimo de Pedro María Morantes), El Cabito, Caracas, 1951, con muchas otras ediciones; Cuatro años de mi cartera, Caracas, 1975, y su pequeña colección de lo efímero de la adulación Los felicitadores, Caracas, 1952. Los diarios de Rufino Blanco Fombona han sido publicados de nuevo por A. Rama, Rufino Blanco Fombona, íntimo, Caracas, 1975.

La bibliografía sobre la era de Gómez es abundante y de calidad muy desigual. La defensa fue presentada por su ministro del Interior, Pedro Manuel Arcaya, en The Gómez régime in Venezuela and its background, Baltimore, 1936, y en sus Memorias del doctor Pedro Manuel Arcaya, Caracas, 1963; esta última obra tiene también interesantes observaciones sobre fines del siglo pasado. Véase también E. López Contreras, Proceso político social, 1928-1936, Caracas, 1955. Sobre denuncias sobre Gómez, véanse J. R. Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia, Caracas, 1937, con muchas ediciones; G. Machado y S. de la Plaza, La verdadera situación de Venezuela, México, 1929; D. Córdoba, Los desterrados y Juan Vicente Gómez, Caracas, 1968. Su época se estudia mejor en los documentos publicados en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Caracas, desde 1959, que constituye una verdadera mina de información del archivo presidencial, y ofrece al estudioso de Venezuela una introducción a la historia de este siglo sin parangón en ningún otro país de la región. Los historiadores tienen una inmensa deuda con su impulsor, don Ramón J. Velásquez.

No se ha establecido como definitiva ninguna biografía de Gómez o libro posterior sobre su gobierno. Sin embargo, el mejor entre los recientes es T. Polanco Alcántara, Juan Vicente Gómez, aproximación a una biografía, Caracas, 1990, y un breve ensayo bien equilibrado es J. M. Medrano, Juan Vicente Gómez, Madrid, 1987; D. A. Rangel, Los Andinos en el poder. Balance de una hegemonía, 1899-1945, Caracas, 1965, tiene muchas intuiciones estimulantes sobre Castro, Gómez, López Contreras y Medina Angarita, y ha sido un texto con muchos imitadores, pero no está libre de cierto romanticismo; su Gómez, el amo del poder, Caracas, 1975, no añade mucho. R. J. Velásquez, Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, Caracas, 1979, vierte sus interesantes conclusiones en forma de un monólogo imaginario. Otros buenos estudios son L. Cordero Velásquez, Gómez y las fuerzas vivas, Caracas, 1971; E. Pacheco, De Castro a López Contreras, Caracas, 1984. Dos libros en inglés que reflejaron las divisiones entre los venezolanos y que todavía merecen consultarse son T. Rourke, pseudónimo de D. J. Clinton, Tyrant of the Andes, the life of Juan Vicente Gómez, Nueva York, 1937, y J. Lavin, A Halo for Gómez, Nueva York, 1954. M. Briceño-Iragorry, Los Riberas, Caracas, 1957, es una novela de la época, menos fantástica que muchas de las historias escritas bajo la persistente fascinación de este dictador. Al respecto, G. Carrera Damas tiene dos ensayos en sus Tres temas de historia, Caracas, 1978, y Jornadas de historia crítica, Caracas, 1983. Sobre el ejército, A. Ziemes, El gomecismo y la formación del ejército nacional, Caracas, 1979, obra original y bien documentada. Sobre la ideología, D. Pino Iturrieta, Positivismo y Gomecismo, Caracas, 1978. De la nueva edición de las obras de L. Vallenilla Lanz, véase su Cesarismo democrático, con introducción de N. Harwich Vallenilla y F. Brito Figueroa, Caracas, 1983.

La historia económica de esta etapa se ha estudiado de manera muy parcial. No hay un estudio satisfactorio de la historia del café en Venezuela, aunque hay datos útiles en A. Ardao, El café y las ciudades en los Andes venezolanos, Caracas, 1984. Sobre el Táchira: A. G. Muñoz, El Táchira fronterizo. El aislamiento regional y la integración nacional en el caso de los Andes (1881-1899), Caracas, 1985. La agricultura en general ha recibido muy poca atención de los historiadores, que siguen repitiendo las conclusiones de S. de la Plaza, El problema de la tierra, México, 1938. L. C. Rodríguez, Gómez, agricultura, petróleo y dependencia, Caracas, 1983, es un estudio de política gubernamental extraído de documentos oficiales. Mucho más se ha escrito sobre el petróleo: E. Lieuwen, Petroleum in Venezuela. A history, Berkeley, 1954; B. S. McBeth, Juan Vicente Gómez and the oil companies in Venezuela, 1908-1935, Cambridge, 1983, analiza el tema con gran detalle y con mucho material nuevo. Ambos autores tocan el tema del impacto del petróleo sobre el resto de la economía, pero no lo exploran a fondo.

La evolución de la economía en sus rasgos generales se estudia en M. Izard y otros, Política y economía en Venezuela, 1810-1976, Caracas, 1976; M. Izard, Series estadísticas para la historia de Venezuela, Mérida, 1970; R. Veloz, Economía y finanzas de Venezuela desde 1830 hasta 1944, Caracas, 1945. M. Landaeta Rosales, Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela, 2 vols., Caracas, 1889; Caracas, 1964, contiene una gran cantidad de información rara y variada. Para las obras públicas, véase E. Arcila Farías, Centenario del Ministerio de Obras Públicas. Influencia de este Ministerio en el desarrollo, 1874-1974, Caracas, 1974. O. Gerstl, en sus modestas pero informativas Memorias e historias, Caracas, 1974, describe el mundo de las casas comerciales alemanas y de las empresas de la Casa Boulton en las primeras décadas de este siglo. Sobre las relaciones con Gran Bretaña: G. Cari, First among equals: Great Britain and Venezuela, 1810-1910, Syracuse, 1980.

Sobre historia gráfica: C. E. Misle, Venezuela. Siglo XIX en fotografía, Caracas, 1981; C. Posani, ed., Apenas ayer… 20 años de fotografía de Luis D. Toro, Caracas, 1972, contiene las mejores fotografías del muy fotogénico general Gómez, realizadas por su fotógrafo personal.

13. La economía brasileña, 1870-1930

La historiografía de este periodo puede ser abordada a través de Nícia Vilela Luz, «Brazil», en Roberto Cortés Conde y Stanley Stein, eds., Latin America: a guide to economic history, 1830-1930, Berkeley, 1977, que contiene varios cientos de entradas comentadas de fuentes primarias y secundarias, así como un valioso artículo interpretativo. Importantes obras colectivas incluyen varias contribuciones sobre temas económicos de Sérgio Buarque de Holanda y Pedro Moacyr Campos, eds., Historia geral da civilização brasileña, II. O Brasil monárquico, vols. 3 y 4, São Paulo, 1967, 1971; y la misma serie, editada por Boris Fausto, tomo III, O Brasil republicano, vol. 1, São Paulo, 1975; Coloquio internacional sobre la historia cuantitativa del Brasil, L’Histoire quantitative du Brésil de 1800 à 1930, París, 1971; Paulo Neuhaus, ed., Economía brasileira: urna visão histórica, Río de Janeiro, 1980; Carlos Manuel Pelaez y Mircea Buescu, eds., A moderna historia económica, Río de Janeiro, 1976, y Werner Baer et al., Dimensões do desenvolvimento brasileiro, Río de Janeiro, 1978. Marcelo de Paiva Abreu, ed., O ordem do progresso; cem anos de política económica republicana, Río de Janeiro, 1990, contiene excelentes artículos de resumen por Winston Fritsch y Gustavo H. B. Franco. Véase también Albert Fishlow, «Brazilian development in long-term perspective», American Economic Review, 10/2 (1980). Entre los estudios generales de la economía brasileña desde una perspectiva histórica, los siguientes son dignos de mención: Werner Baer, The Brazilian economy, its growth and development, Columbus, Ohio, 1979, 1989; Mircea Buescu, Problemas económicos e experiência histórica, Río de Janeiro, 1985; João Manuel Cardoso de Mello, O Capitalismo tardío: contribuido à revisão crítica da formando e do desenvolvimento da economía brasileira, São Paulo, 1982, y Carlos Manuel Pelaez, Historia económica do Brasil, São Paulo, 1986. Raymond W. Goldsmith, Brasil 1850-1984: desenvolvimento financeiro sob um século de inflação, São Paulo, 1986, estudia la estructura y funcionamiento de la banca y de los mercados de capital y efectúa estimaciones sobre el crecimiento y la formación de capital, el efecto de los términos de intercambio, la inflación y la deuda externa. Las valiosas series de datos están disponibles en Brasil, Fundado Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, Estatísticas históricas do Brasil, 2.ª ed., revisada y ampliada, Río de Janeiro, 1990. Véase también cuadros en Abreu, O ordem do progresso.

El estudio de la historia económica brasileña debe mucho a tres figuras centrales cuyas obras han sido enormemente debatidas y que representan tendencias significativas en los debates políticos. Roberto Simonsen fue un industrial y estadista cuyos ensayos estaban destinados a demostrar la factibilidad de la industrialización. Algunos de ellos han sido recogidos en Evolução industrial do Brasil e outros ensaios, São Paulo, 1973. Caio Prado, Jr., un historiador marxista, escribió principalmente sobre el periodo colonial, pero su Historia económica do Brasil, São Paulo, 1949, e Historia e desenvolvimento, São Paulo, 1972, merecen ser mencionadas. Celso Furtado pretendió específicamente defender una postura estructuralista en su A economía brasileira, Río de Janeiro, 1954, y su influyente Formando económica do Brasil, Río de Janeiro, 1959 (hay trad. ingl.: The economic growth of Brazil, Berkeley, 1963). Otros dos estudios importantes son J. F. Normano, Brazil, a study of economic types, Nueva York, 1935, 1968; y Roy Nash, The conquest of Brazil, Nueva York, 1926, 1968.

Hasta hace muy poco, la historiografía económica de Brasil ha sido institucional, en realidad más sociológica que económica. No obstante, hay que destacar numerosas monografías que abordan en parte los procesos económicos. Acerca del sistema de plantaciones, véase el clásico Stanley J. Stein, Vassouras: a Brazilian coffee county, Cambridge, Mass., 1957; Peter Eisenberg, The sugar industry in Pernambuco (1840-1910), Berkeley, 1974; Jaime Reis, «From bangüé to usina», en K. Duncan e I. Rutledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1977; J. H. Galloway, «The sugar industry of Pernambuco during the nineteenth century», Annals of the Association of American Geographers, 1968; Thomas Holloway, Immigrants of the land: coffee and society in São Paulo, 1886-1934, Chapel Hill, N. C., 1980; Warren Dean, Rio Claro: a Brazilian plantation system, Stanford, 1976; y los varios ensayos presentados en el II Congresso de Historia de São Paulo, O café, São Paulo, 1975. Richard Graham evalúa el impacto de Gran Bretaña sobre el desarrollo de Brasil en Britain and the onset of modernization in Brazil, Cambridge, 1968. Dos excelentes estudios regionales son Pierre Monbeig, Pionniers et planteurs de São Paulo, París, 1952, y Jean Roche, A colonização alema e o Río Grande do Sul, 2 vols., Porto Alegre, 1969. Los estudios regionales de Joseph Love acerca de Río Grande do Sul y São Paulo, de John Wirth sobre Minas Gerais y de Robert Levine sobre Pernambuco (véase HALC, X, ensayo bibliográfico 15), a pesar de ser primordialmente políticos, contienen información útil sobre las economías regionales. Un importante estudio sobre la región amazónica es el de Roberto Santos, Historia económica da Amazonia, 1800-1920, São Paulo, 1980.

La política económica de este periodo ha sido muy estudiada. Una visión institucional general es la adoptada por Edgard Carone, A República Velha, São Paulo, 1970. Stegven Topik muestra que el gobierno adoptó el intervencionismo a pesar de su retórica liberal: The political economy of the Brazilian State, 1889-1930, Austin, Texas, 1987. Aníbal Villela y Wilson Suzigan, Política do govêrno e crescimento da economía brasileira, 1889-1945, Río de Janeiro, 1973, es un importante estudio que enfatiza las distorsiones introducidas por los esquemas de ayuda al café. Gustavo Maia Gomes intenta mostrar que la clase dominante siempre ha tomado decisiones en su propio beneficio: The roots of State intervention in the Brazilian economy, Nueva York, 1986. Nícia Vilela Luz, A luía pela industrializando no Brasil, São Paulo, 1961, analiza los debates pro desarrollo. Estudios regionales útiles son Evaldo Cabral de Mello, O norte agrário e o império, 1871-1889, Río de Janeiro, 1984; Gabriel Bittencourt, Esforno industrial na república do café: o caso do Espirito Santo, 1889-1930, Vitoria, 1982; y Janice Teodoro da Silva, Raízes da ideología do planejamento: Nordeste, 1889-1930, São Paulo, 1978. Thomas Holloway, The Brazilian coffee valorization of 1906, Madison, Wis., 1975, y el ensayo de Carlos Manuel Pelaez en Ensaios sobre café e desenvolvimento económico, Río de Janeiro, 1973, tratan de la ayuda al café. Sobre los cárteles patrocinados por el gobierno, véase Joan Bak, «Cartels, cooperatives and corporativism: Getúlio Vargas in Rio Grande do Sul on the eve of Brazil’s 1930 revolution», HAHR, 63/2 (1983). La política gubernamental sobre agricultura y ferrocarriles es discutida por Eulália Lahmeyer Lobo en Historia político-administrativa da agricultura brasileira, 1808-1889, Río de Janeiro, 1980. Un análisis del impacto de los aranceles se halla en Teresa R. O. Versiani, «Proteção tarifária e crescimento industrial nos anos 1906-1912: O caso de cerveja», Pesquisa e planejamento económico, 12/2, Río de Janeiro, 1982. Un excelente estudio de las consecuencias del endeudamiento estatal es Winston Fritsch, External constraints on economic policy in Brazil, 1889-1930, Basingstoke, 1988. Véase, asimismo, W. Fritsch y E. M. Mondiano, «A restrição externa ao crescimento económico: urna perspectiva de longo prazo», Pesquisa e planejamento económico, 18/2 (1988), y Gustavo H. B. Franco, «Abertura financeira e crises, 1870-1900», en el XVII Encuentro Nacional de Economía, Anais, Belo Horizonte, 1988.

Han sido publicadas las obras compiladas de varios de los artífices de la política económica de este periodo. Véase Leopoldo Bulhões, Discursos parlamentares, Brasilia, 1979; Serzedelo Correia, O problema económico do Brasil, Brasilia, 1980; Miguel Calmon, Idéias económicas, Brasilia, 1980, y Jorge Street, Idéias sociais, Brasilia, 1980. Brasil, Ministerio da Fazenda, Museu da Fazenda Federal, Ministros da Fazenda, 1808-1983, Río de Janeiro, 1983, contiene datos biográficos y económicos.

Eulália Lahmeyer Lobo, Historia do Rio de Janeiro, do capital comercial ao capital industrial e financeiro, 2 vols., Río de Janeiro, 1978, estudia aspectos económicos de la urbanización, con importantes datos sobre precios y salarios. Otro valioso estudio urbano, que se concentra en la tributación y el crecimiento, es Nelson H. Nozoe, São Paulo: economía cafeeira e urbanização, 1889-1933, São Paulo, 1984. La diversidad regional es abordada en Antonio Barros de Castro, Sete ensaios sobre a economía brasileira, 2 vols., Río de Janeiro, 1971, David Denslow, «As origens da desigualdade regional no Brasil», Estudos Económicos (1973), y Nathaniel Leff, Underdevelopment and development in Brazil, 2 vols., Londres, 1982.

Los estudios macroeconómicos comenzaron con O. Díaz Carneiro, «Past trends in the economic evolution of Brazil, 1920-1965», mimeografiado, Cambridge, Mass., 1966. Importantes estimaciones del producto nacional pueden encontrarse en C. Contador y C. Haddad, «Produto real, moeda e presos: a experiencia brasileira no periodo 1861-1970», Revista Brasileira de Estatistica, 1975; Claudio Haddad, Crescimento do produto real no Brasil, Río de Janeiro, 1978, y Leff, Underdevelopment and development, que reúne ensayos anteriores. Sobre los términos de intercambio, véase R. Gonçalves y A. Coelho, «Tendéncias dos termos-de-troca: a tese de Prebisch e a economía brasileira, 1850-1979», Pesquisa e planejamento económico, 12/2 (1982). La inflación ha recibido menos atención de lo que podría suponerse por parte de los historiadores, presumiendo el empuje de las predicciones. Véase Oscar Onody, A inflação brasileira, 1820-1958, Río de Janeiro, 1960, un estudio pionero; Mário Henrique Simonsen, A experiéncia inflacionaria no Brasil, Río de Janeiro, 1963; Mircea Buescu, 300 anos de inflação, Río de Janeiro, 1973; y Paulo Neuhaus, «A inflação brasileira em perspectiva histórica», Revista Brasileira de Economía, 32 (1978).

El estudio clásico sobre política monetaria es el de J. Pandiá Calógeras, A política monetaria do Brasil, São Paulo, 1910, 1960. La primera obra académica sobre el tema fue la de Dorival Teixeira Vieira, Evolução do sistema monetaria brasileira, São Paulo, 1947, 1981. Paulo Neuhaus, Historia monetária do Brasil, Río de Janeiro, 1975, y Carlos Manuel Pelaez y Wilson Suzigan, Historia monetaria do Brasil, Río de Janeiro, 1981, ed. revisada y ampliada, son obras recientes inspiradas por problemas teóricos. La explosión especulativa que acompañó al advenimiento del gobierno republicano es analizada por Luiz Antonio Tannuri, O Encilhamento, São Paulo, 1981, y Gustavo H. B. Franco, Reforma monétaria e inestabilidade durante a transição republicana, Río de Janeiro, 1983. Gustavo Franco analiza la influencia de los tipos de cambio en «Taxa de cámbio e oferta de moeda - 1880-1897: urna análise econométrica», Revista Brasileira de Economía, 40/1 (1986). Eliana Cardoso estudia la cuestión durante un largo periodo de tiempo: «Desvalorização cambial, industria, e café: Brasil 1862-1906», Revista Brasileira de Economía, 35/2 (1981). Véase también un estudio sobre una crisis anterior: María T. Ferraz Negrão de Lima, «1875: crise na praça do Rio de Janeiro», Anais do Museu Paulista, 34 (1985).

La rentabilidad de la esclavitud en su fase final es estudiada en Leff, Underdevelopment and development, H. O. Portocarrero, «Viabilidade económica de escravidão no Brasil, 1880-1888», Revista Brasileira de Economía, 27/1 (1973), y Jaime Reis, «Abolition and the economics of slavery in northeastern Brazil», Boletim de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 17 (1974). Teóricamente significativos son Robert Sienes, «The demography and economics of Brazilian slavery: 1850-1888», tesis doctoral inédita, Universidad de Stanford, 1975, y Pedro Carvalho de Meló, A economía de escravidão ñas fazendas de café, 1850-1888, Río de Janeiro, 1984. El número especial de Estados Económicos dedicado a la esclavitud constituye una valiosa colección: 13/1 (1983). Los estudios regionales sobre la transición de la mano de obra revelan contrastes considerables con el sureste: Vilma P. F. Almada, Escravismo e transição; o Espirito Santo, 1850-1888, Río de Janeiro, 1984; Diana S. de Galliza, O declínio da escravidão na Paraíba (1850-1888), João Pessoa, Paraíba, 1979. Véase especialmente A. Martins Filho y R. B. Martins, «Slavery in a non-export economy: nineteenth century Minas Gerais revisited», HAHR, 63/3 (1983), que sugiere que las exportaciones no eran esenciales para mantener la esclavitud en Brasil. Una valiosa recopilación que contiene unos cuantos ensayos de interés económico es Antonio Barros de Castro, org., Trabalho escravo, economía e sociedade, Río de Janeiro, 1983.

La transición de la esclavitud a la mano de obra asalariada ha sido muy analizada, especialmente el fenómeno de la inmigración europea. El estudio esencial sobre el crecimiento de la población es el de T. W. Merrick y D. Graham, Population and economic development in Brazil, 1808 to the present, Baltimore, 1979. Véase también IV Simposio Nacional dos Professores Universitarios de Historia, Anais: colonização, São Paulo, 1969, y Chiara Vangelista, Le braccia per la fazenda: immigranti e caipiras nella formazione del mercato del lavoro paulista, 1850-1930, Milán, 1982. Además de su Immigrants on the land, Thomas Holloway ha aportado ensayos sobre este tema en D. Alden y W. Dean, eds., Essays in the socioeconomic history of Brazil and Portuguese India, Gainesville, 1979, y en Duncan y Rutledge, eds., Land and labour. También es importante Michael Hall, «The origins of mass immigration in Brazil, 1871-1914», tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1969. Verena Stolcke demuestra la importancia de los salarios familiares en Coffee planters, workers and wives; class conflict and gender relations on São Paulo plantations, 1850-1980, Nueva York, 1988. La integración de los inmigrantes en un sistema industrial es discutida por Francisco Foot Hardman, Historia da industria e do trabalho no Brasil, São Paulo, 1982.

Una preocupación de la historiografía económica ha sido la de localizar el origen del capital asignado al sector de la exportación. Alcir Lenharo, As tropas da moderação, São Paulo, 1979, muestra la transferencia de recursos procedentes del comercio interior en las primeras fases del ciclo del café. El suministro urbano de alimentos es tratado en María Yedda Leite Linhares, Historia do abastecimento, urna problemática em questão, 1530-1918, Brasilia, 1979, y M. Y. Leite Linhares y F. C. Teixeira da Silva, Historia política do abastecimento, Brasilia, 1979. Las cuestiones de derechos sobre tierras, la enajenación de las tierras públicas y la reforma agraria son analizadas por María Teresa Schorer Petrone, O immigrante e a pequeña propiedade, 1824-1930, São Paulo, 1984, y Luiza H. Schmitz Kliemann, RG [Rio Grande do Sul]: térra e poder; historia da questão agraria, Porto Alegre, 1986.

Sobre la inversión extranjera y el comercio durante este periodo, véase Leff, Underdevelopment and development; Graham, Britain and the onset of modernization; Ana Célia Castro, As empresas estrangeiras no Brasil, 1860-1913, Río de Janeiro, 1979; y Víctor Valla, A penetração norte-americana na economía brasileira, Río de Janeiro, 1978. Véase también B. R. Magalhães, «Investimentos ingleses no Brasil e o Banco Londrino e Brasileiro», Revista Brasileira de Estados Políticos, 49 (1979); R. Fendt, «Investimentos ingleses no Brasil, 1870-1913, uma avaliação da política brasileira», Revista Brasileira de Economía (1977), y R. F. Colson, «European investment and the Brazilian “boom”, 1886-1892», Ibero-Amerikanisches Archiv, 9/3-4 (1983). R. Greenhill, «The Brazilian coffee trade», en D. C. M. Platt, ed., Business imperialism, 1840-1930, Oxford, 1978, contesta la tesis del neoimperialismo. Maria da Guia Santos presenta considerables datos sobre las conexiones alemanas en Aussenhandel und industrielle Entwicklung brasiliens unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu Deutschland (1889-1914), Munich, 1984; Emily Rosenberg, «Anglo-American economic rivalry in Brazil during World War I», Diplomatic History, 2 (1978), facilita una visión del aumento de la influencia norteamericana. Richard Graham, «A British industry in Brazil: Rio Flour Mills, 1886-1920», Business History, 17/1 (1966), examina la mayor inversión británica en manufacturas de la época y demuestra las dificultades de control de las empresas extranjeras antes de la primera guerra mundial. Marshall C. Eakin facilita un análisis detallado de la más importante empresa minera: British enterprise in Brazil; the St. John d’el Rey Mining Company, Durham, N. C., 1989.

Aparte de estos estudios sobre empresas de propiedad extranjera, las compañías han sido escasamente estudiadas. Una excepción es Gerald Dinu Reiss, «O crescimento da empresa industrial na economía cafeeira», Revista de Economía Política, 3/2 (1983), que discute las estrategias de Matarazzo. Véase asimismo Alisson Mascarenhas Vaz, «A industria textil em Minas Gerais», Revista de Historia, 56/3 (1977), y W. Dean, «A fábrica São Luiz de Itú: um estudo de arqueología industrial», Anais de Historia, 8 (1976). Existen también notablemente pocas cosas sobre la historia económica de la agricultura. Véase Nadir Aparecida Cancián, Cafeicultura paranaense, 1900-1970, Curitiba, 1981, y Claudio Gontijo, «A revolução agrícola no Brasil: singularidades do desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, 1850-1930», Revista de Economía Política, 8/2 (1988); Warren Dean, «The “green wave” of coffee; beginnings in tropical agricultural research in Brazil», HAHR, 69/1 (1989). David Denslow, Sugar Production in Northeastern Brazil und Cuba, 1858-1908, Nueva York, 1987, enfatiza las progresivas condiciones. Acerca del sector de la extracción, véase Barbara Weinstein, The Amazon rubber boom, 1850-1920, Stanford, 1983. Warren Dean ofrece una explicación ecológica del fracaso del cultivo del caucho, Brazil and the struggle for rubber, Nueva York, 1987.

El sector agrícola ha sido de interés en su mayor parte en relación con su contribución al desarrollo de la economía industrial. Antonio Delfim Netto ha sostenido que el mercado internacional, hasta 1906, permitió a Brasil obtener beneficios del comercio del café; véase O problema do café no Brasil, São Paulo, 1958, 1979. Posteriormente, los beneficios del café fueron artificialmente mantenidos, y se ha planteado la pregunta de si el comercio del café o las crisis cíclicas en el comercio estimularon un mayor desarrollo. Warren Dean, The industrialization of São Paulo, 1880-1945, Austin, Texas, 1969; W. Baer y A. Villela, «Industrial growth and industrialization: revisions in the stages of Brazil’s economic development», Journal of Developing Areas, 7/1 (1973); y C. M. Pelaez, Historia da industrializando brasileira, Río de Janeiro, 1972, ven la orientación hacia la exportación como favorable a la industrialización, mientras que una visión contraria es expresada por Sérgio Silva, Expansão cafeeira e origens da industria no Brasil, São Paulo, 1976; José de Souza Martins, «O café e a génese da industrializado em São Paulo», Contexto, 3 (1977), y Wilson Cano, Raízes da concentrando industrial em São Paulo, São Paulo, 1981. La tentativa de síntesis de Albert Fishlow «Origins and Consequences of import substitution in Brazil» se encuentra en L. di Marco, ed., International economics and development, Nueva York, 1971. Una guía sobre esta disputa es Flávio A. M. de Saes, «A controvérsia sobre a industrializado na Primeira República», Estudos Avannados, 3/7 (1989). Saes aportó su propia contribución en A grande empresa de servaos públicos na economía cafeeira, 1850-1930, São Paulo, 1986. Véase también Gabriel Bittencourt, Café e modernizando: o Espíritu Santo no século XX, Río de Janeiro, 1987, y Kit Sims Taylor, Sugar and the underdevelopment of Northeasten Brazil, 1570-1970, Gainesville, 1978. Mauricio Font orienta la discusión en una nueva dirección con su estudio de los cambios, en la política de São Paulo, causados por la aparición de un sector rural distinto de la plantación: Coffee, contention and change in the making of modern Brazil, Cambridge, Mass., 1990. A nivel federal, Amilcar Vianna Martins Filho no ve ningún motivo económico tras la colaboración dominante de São Paulo y Minas Gerais: A economía política do café com leite, 1900-1930, Belo Horizonte, 1981. Véase, asimismo, un interesante estudio local: Oswaldo Truzzi, Café e indústria: São Carlos (1850-1950), São Carlos, São Paulo, 1986.

Acerca de la industrialización, véase Wilson Suzigan, Industria brasileira; origem e desenvolvimento, São Paulo, 1986, e Indústria: política, instituções, e desenvolvimento, Río de Janeiro, 1978; F. R. Versiani y José Roberto Mendonça de Barros, eds., Formando económica do Brasil: a experiéncia da industrializando, São Paulo, 1977; y Frédéric Mauro, ed., La préindustrialisation du Brésil, París, 1984. Véase también F. R. Versiani, «Industrial investment in an export economy, the Brazilian experience before 1914», University of London, ILAS Working Papers, 2 (1979), y A década de 20 na industrializando brasileira, Río de Janeiro, 1987, que fue publicado como informe en «Before the depression: Brazilian industry in the 1920’s», en Rosemary Thorp, ed., Latin America in the 1930’s, Londres, 1984. Véase también Dean, The industrialization of São Paulo. Otros estudios notables sobre la industrialización incluyen Armen Mamagonian, «Notas sobre o processo de industrializando no Brasil», Boletim do Departamento de Geografía do FFCL de Presidente Prudente, 1969; Edgard Carone, ed., O pensamento industrial no Brasil, 1889-1945, São Paulo, 1977, una colección documental, y un estudio historiográfico de E. Salvadori de Decca, «O tema da industrialização: política e historia», Tudo é Historia: Cadernos de Pesquisa, 2 (1978). Un importante estudio sectorial es Stanley J. Stein, The Brazilian cotton manufacture, Cambridge, Mass., 1957. Véase también Francisco Magalhães Gomes, Historia da siderurgia no Brasil, Belo Horizonte, 1983. Douglas Colé Libby, Transformando e trabalho em urna economía escravista: Minas Gerais no século XIX, São Paulo, 1988, presenta valiosa información sobre la fabricación del hierro, los productos textiles y la minería.

La historia de los mercados de capital, la banca y los intermediarios comerciales ha sido explorada por David Joslin en A century of banking in Latin America, Londres, 1963, y por F. A. Arinos de Meló Franco, Historia do Banco do Brasil, Río de Janeiro, 1947, 1973. Los dos estudios de María Bárbara Levy, Historia dos bancos comerciáis no Brasil, Río de Janeiro, 1972, e Historia da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 1977, son valiosas aportaciones institucionales. Joseph E. Sweigart ofrece una detallada descripción de los intermediarios del café que modifica considerablemente la idea actual de la comercialización de este producto: Coffee factorage and the emergence of a Brazilian capital market, 1850-1888, Nueva York, 1987. Véase también Flávio A. M. de Saes, «Crédito e desenvolvimento em economías agroexportadoras: o caso de São Paulo, 1850-1930», Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 29, (1988).

14. Brasil: la era de la reforma, 1870-1889

Rubens Borba de Moraes y William Berrien, Manual de estudos brasileiros, Río de Janeiro, 1949, aunque anticuados, sigue siendo la guía bibliográfica más importante. Concretamente sobre el imperio, pero también algo anticuados, están: Stanley Stein, «The historiography of Brazil, 1808-1889», en HAHR, 40/2 (1960), pp. 234-278; George Boehrer, «Brazilian historical bibliography: some lacunae and suggestions», en Inter-American Review of Bibliography, 11/2 (1961), pp. 137-149, y «The Brazilian Republican Revolution, old and new views», en Luso-Brazilian Review, 3/2 (1966), pp. 43-57. Un análisis más reciente de la historiografía de las dos últimas décadas del imperio es el de Emilia Viotti da Costa, «Sobre as orígens da República», en Da monarquía à república: momentos decisivos, São Paulo, 1977, pp. 243-290.

Una variedad de datos interesantes se encuentran en las relaciones de viajeros del siglo XIX. Particularmente informativo y con muchos cuadros útiles resulta Santa-Anna Nery, Le Brésil en 1889, París, 1889. También relevantes para el estudio de la última década del imperio son Louis Couty, Le Brésil en 1884, Río de Janeiro, 1884; C. F. Van Delden Laerne, Le Brésil et Java. Rapport sur la culture du café en Amérique, Asie et Afrique (avec chartes, planches et diagrammes), La Haya, 1885; Max Leclerc, Cartas do Brasil, São Paulo, 1942, y Alfred Marc, Le Brésil, excursión à travers de ses 20 provinces, París, 1890.

Los años comprendidos entre 1870 y 1889 han sido considerados como años de crisis para las instituciones monárquicas. Las primeras versiones sobre la caída del imperio fueron escritas tanto por monárquicos como por republicanos. Los monárquicos sobreestimaron el papel de los militares en el golpe de 1889, mientras que los republicanos enfatizaron el fracaso de las instituciones monárquicas y el éxito de la campaña republicana. Escrito desde una perspectiva republicana es el trabajo de José María Bello, Historia da República, 1889-1954, São Paulo, 1959 (hay una traducción en lengua inglesa hecha por James L. Taylor, A history of modern Brazil 1889-1954, Stanford, 1966). Desde una perspectiva monárquica, J. F. Oliveira Vianna, O ocaso do Imperio, São Paulo, 1925, y Heitor Lyra, História da queda do Império, 2 vols., São Paulo, 1964. Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, los historiadores marxistas ofrecieron una nueva interpretación: véase, por ejemplo, Caio Prado, Jr., Evolução política do Brasil, São Paulo, 1933, y Nelson Werneck Sodré, Formação histórica do Brasil, Río de Janeiro, 1944. Prácticamente ignorado ha sido el estudio psicoanalítico de la caída del imperio, realizado por Luís Martins, O patriarca e o bacharel, São Paulo, 1953, el cual está inspirado en el modelo generacional de Gilberto Freyre, descrito en The mansions and the shanties (traducido por Harriet do Onis), Nueva York, 1963 (hay trad. cast.: Casa-grande y senzala: introducción a la historia de la sociedad patriarcal en el Brasil, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1985). A lo largo de las décadas sesenta y setenta, la historiografía académica ha aportado contribuciones importantes a la revisión de las interpretaciones tradicionales. La mejor síntesis sobre este periodo aparece en el trabajo colectivo publicado bajo la dirección de Sérgio Buarque de Holanda, História geral da civilização brasileira, II: O Brasil monárquico, 5 vols., São Paulo, 1962-1972, especialmente el vol. IV, Declínio e queda do império, y vol. V, Do império à república. Aunque la calidad de los ensayos es desigual, y las conexiones entre los cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos a menudo son dejadas a la interpretación del lector, esta es por hoy la síntesis más completa disponible. Aunque bien documentado, pero algo caótico, es el estudio de João Camillo de Oliveira Torres, A democracia cornada, Río de Janeiro, 1957, libro escrito desde una perspectiva conservadora. Desde un punto de vista liberal, véase Raymondo Faoro, Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro, 2 vols., São Paulo, 1975. Richard Graham, Britain and the onset of modernization in Brazil (1850-1914), Cambridge, 1968, describe diversos cambios importantes ocurridos en la sociedad y la política brasileñas durante este periodo. Súmese a ésta Emilia Viotti da Costa, The Brazilian Empire: Myths and Histories, Chicago, 1985.

Durante un largo tiempo, la historia del Brasil ha sido vista como una historia de hacendados y esclavos. Los historiadores dejaron de lado la población integrada por pequeños granjeros, inquilinos y aparceros, que, por otra parte, todos juntos constituían el sector mayoritario en el siglo XIX. Recientemente estos grupos han sido objeto de diversos estudios. Algunos de los problemas más importantes que presenta la población libre son discutidos en Maria Sylvia Carvalho Franco, Homens livres no ordem escravocrata, São Paulo, 1969, y Hebe Maria Mattos de Castro, Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo, São Paulo, 1987. Particularmente interesante es G. I. Joffe, «O quebraquilos, a revolta dos matutos contra os doutores», en Revista de Historia, 34 (1978), pp. 69-145. Véase también Roderick Barman, «The Brazilian peasantry reexamined. The implications of the Quebra-Quilos revolt (1874-1875)», en HAHR, 57/3 (1977), pp. 401-425. Armando Souto Maior, Quebra-Quilos. Luías sociais no outono do Império, São Paulo, 1978, considera quebra-quilos como una expresión de lucha de clases y dislocación social en el noreste brasileño causadas por el impacto del desarrollo capitalista en el interior. Análoga es la conclusión de Janaina Amado en su estudio sobre los muckers: Conflicto social no Brasil. A revolta dos Muckers. Rio Grande do Sul (1868-1878), São Paulo, 1978. Sobre el bandolerismo social, véase HALC, X, ensayo bibliográfico 15.

En Brasil, la historia sobre la mano de obra es relativamente nueva. Por mucho tiempo el estudio de los trabajadores ha estado en manos de militantes políticos o sociólogos más interesados en el movimiento laboral del siglo XX. Como consecuencia de ello, la emergente clase obrera del siglo XIX ha recibido menos atención. Edgard Carone, Movimento operário no Brasil (1877-1944), São Paulo, 1979, es una colección de documentos. En este sentido todavía se está a la espera de estudios que aborden las condiciones de vida de los trabajadores, formas de organización y su participación en el sistema político. La misma laguna se puede encontrar en el estudio de las manifestaciones y disturbios urbanos que se multiplicaron hacia finales de la centuria decimonónica. Sandra Lauderdale Graham, «The vintem riot and political culture. Rio de Janeiro, 1880», en HAHR, 60/2 (1980), pp. 431-450, muestra las muchas posibilidades que ofrece el estudio de estas multitudes urbanas. Otro grupo que espera al historiador es el de los capoeiras —mulatos y negros libres, y quizá algunos esclavos—, quienes amenazaron la población urbana de Río de Janeiro y parece haber jugado un papel importante en la vida política de los últimos años del imperio, particularmente en la campaña abolicionista. Las mujeres tampoco han recibido mucha atención. En un artículo pionero, June Hahner ha identificado diversas organizaciones creadas por mujeres de las clases alta y media en las últimas décadas del imperio: «Feminism, women’s rights and the suffrage movement in Brazil», LARR, 16/1 (1980), pp. 41-64. Véase también Sandra Lauderdale Graham, House and Street. The domestic world of servants and masters in nineteenth century Rio de Janeiro, Cambridge, 1988.

El mejor estudio sobre la urbanización es el del Paul Singer, Desenvolvimento económico e evolução urbana, São Paulo, 1968. Véase también Richard Morse, «Cides and societies in nineteenth century Latin America. The illustrative case of Brazil», en R. Shaedel, J. Hardoy y N. S. Kinzer, eds., Urbanization in the Americas from its beginnings to the present, La Haya, 1978. Para una perspectiva distinta, véase Emilia Viotti da Costa, «Urbanizado no Brasil no século XIX», en Da monarquía à República, y «Town and country», en The Brazilian empire. Myths and histories, Chicago, 1985. En cuanto a la inmigración, véase HALC, X, ensayo bibliográfico 15.

Una descripción detallada de las instituciones políticas se encuentra en Oliveira Torres, A democracia coroada; Buarque de Holanda, Historia geral de civilização brasileira, II. O Brasil Monárquico, IV y V; Faoro, Os donos do poder, y Néstor Duarte, A ordem privada e a organização política nacional, São Paulo, 1938. Ha habido muchas instituciones que han recibido atención específica. El Senado es descrito en Beatriz Westin Cerqueira Leite, O Senado nos anos fináis do Imperio, 1870-1889, Brasilia, 1978, estudio que supera al de A. E. Taunay, O senado do Império, São Paulo, 1941. Para la Cámara de Diputados, el estudio de A. E. Taunay, A Cámara dos Deputados, São Paulo, 1950, continúa siendo valioso. El Consejo de Estado es examinado por Fernando Machado, en Conselho de Estado e sua historia no Brasil, São Paulo, 1972.

El mejor estudio existente sobre los partidos políticos y las élites políticas es el de José Murilo de Carvalho, «Elite and State building in imperial Brazil», tesis doctoral inédita, Universidad de Stanford, 1974. La primera parte, revisada y ampliada, se ha publicado en A construção da ordem. A élite política imperial, Río de Janeiro, 1980; la segunda, también revisada y ampliada, en Teatro de sombras: a política imperial, Río de Janeiro, 1988. Del mismo autor, véase también «A composição social dos partidos políticos Imperiais», publicado en Cadernos do Departmento de Ciencias Políticas da Faculdade de Filosofía e Ciencias Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, 2 (1974), pp. 1-34, y «Political élites and State building: the case of nineteenth century Brazil», en Comparative Studies in Society and History, 24/3 (1982). Carvalho lleva a cabo una revisión de muchas tradiciones que han prevalecido en la literatura. Para el estudio de las élites imperiales, véase también Olavo Brasil de Lima, Jr., y Lucia María de Klein, «Atores políticos do Império», en Dados, 1 (1970), pp. 62-88, y Ron L. Seckinger y Eul-Soo Pang, «The mandarins of imperial Brazil» en Comparative Studies in Society and History, 9/2 (1972). Para el estudio del sistema de partidos políticos, desde un punto de vista jurídico, continúa siendo valioso el trabajo de Afonso Arinos de Meló Franco, Historia e teoría do partido político no direito constitucional Brasileiro, Río de Janeiro, 1948.

Si bien no hay estudios monográficos de los dos partidos principales, existen diversos estudios sobre el Partido Republicano. George Boehrer, Da monarquía à república. Historia do Partido Republicano no Brasil, 1870-1889, Río de Janeiro, 1954, es la principal fuente para el estudio del partido a nivel nacional. Para el estudio del partido en São Paulo, véase Emilia da Costa Nogueira, «O movimento republicano em Itú. Os fazendeiros do oeste paulista e os pródromos do movimento republicano», en Revista de Historia, 20 (1954), pp. 379-405, y José María dos Santos, Bernardino de Campos e o partido republicano paulista, subsidios para a História da República, Río de Janeiro, 1960. La posición ambigua que mantuvo el Partido Republicano Paulista hacia la abolición fue descrita por José María dos Santos, Os republicanos paulistas e a abolição, São Paulo, 1942. Nícia Vilela Luz, «O papel das clases médias brasileiras no movimento republicano», Revista de História, 28/57 (1964), pp. 213-228, llama la atención hacia el importante papel jugado por los hijos de las élites tradicionales quienes habían perdido posición. Existen dos estudios que han examinado la participación política durante las últimas décadas del imperio: Joseph Love, «Political participation in Brazil, 1881-1969», en Luso-Brazilian Review, 7/2 (1970), pp. 3-24, y María Antonieta de A. G. Parahyba, «Abertura social e participação política no Brasil, 1870-1920», en Dados, 7 (1970), pp. 89-102.

Para empezar a entender la sociología del comportamiento electoral durante el imperio, es necesario investigar mucho más. Mientras tanto se han publicado diversos estudios sobre el sistema de patronazgo. El más completo es el de Faoro, Os donos do poder. Éste puede complementarse con el de Simón Schwartzman, «Regional cleavages and political patriarchalism in Brazil», tesis doctoral inédita, Universidad de California, Berkeley, 1973. Un importante estudio reciente sobre el patronazgo político durante el imperio es el de Richard Graham, Patronage and politics in nineteenth century Brazil, Stanford, 1990. Una animada descripción del sistema de patronazgo y clientelismo se encuentra en María Isaura Pereira de Queiroz, O mandonismo local na vida política brasileira, São Paulo, 1969, reimpreso del ensayo original publicado en Anhembi, 24-26 (São Paulo, 1956-1957). Francisco Iglésias, en Política económica do govêrno provincial Mineiro, 1835-1889, Río de Janeiro, 1958, examina la administración a nivel local de una provincia.

Es necesario investigar más, en el terreno formal e informal, sobre las conexiones entre políticos y empresarios. En esta dirección, los artículos publicados por Eugene W. Ridings están bien encaminados. Particularmente interesantes son «Elite conflicts and cooperation in the Brazilian Empire. The case of Bahian businessmen and planters», en Luso-Brazilian Review, 12/1 (1975), pp. 80-99; «The merchant élite and the development of Brazil during the Empire», en Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 15 (1973); «Class sector unity in an export economy. The case of nineteenth century Brazil», en HAHR, 58/3 (1978), pp. 432-450, e «Internal groups and development. The case of Brazil in the nineteenth century», en JLAS, 9/2 (1977), pp. 225-250. Todavía hay mucho que aprender sobre el papel político de los grupos económicos, vínculos familiares y la importancia del patronazgo en la afiliación y actuación de los partidos. Sin embargo, véase Richard Graham, Patronage and politics, citado anteriormente. La lectura de las biografías dedicadas a las figuras políticas importantes proporciona información interesante. Particularmente útiles son Joaquim Nabuco, Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões e sua época, 3 vols., São Paulo, 1936; Luis Viana Filho, A vida de Rui Barbosa, São Paulo, 1965; Hermes Vieira, Ouro Preto, o homem e a época, São Paulo, 1948; Wanderley Pinho, Cotegipe e seu tempo, São Paulo, 1937; Craveiro Costa, O visconde de Sinimbú, sua vida e sua atuação na política nacional 1840-1889, São Paulo, 1937; Luis Viana Filho, A vida de Joaquim Nabuco, São Paulo, 1944; José Antonio Soares de Souza, A vida do Visconde de Uruguai, 1807-1866, São Paulo, 1944; Luis Viana Filho, A vida do Bardo do Rio Bronco, Río de Janeiro, 1959. La mejor biografía existente sobre Pedro II es la de Heitor Lyra, Historia do Imperador Pedro II, 3 vols., São Paulo, 1938-1940. En inglés, véase también Mary Wilhelmine Williams, Dom Pedro the Magnanimous, Chapel Hill, N. C., 1937.

Particularmente interesantes son algunas memorias que publicaron unos cuantos políticos del imperio: Alfonso Celso, Oito anos de parlamento, São Paulo, s. f.; Alfredo d’Escragnolle Taunay, Memorias, Río de Janeiro, 1960; Homens e coisas do império, São Paulo, 1924, y Cartas políticas, Río de Janeiro, 1889; Albino José Barbosa de Oliveira, Memorias de un magistrado do império, São Paulo, 1943; Júlio Belo, Memorias de um Cavalcanti: Trechos de um livro de assentos de Félix Cavalcanti de Alburquerque e Meló (1821-1901), São Paulo, 1940; Visconde de Mauá, Autobiografía (exposição aos credores e ao público seguida de o meio circulante no Brasil), Río de Janeiro, 1942. Igualmente interesante es la correspondencia entre figuras políticas e intelectuales. Para este periodo destacan de manera relevante: Raymundo de Menezes, ed., Cartas e diário de José de Alencar, São Paulo, 1967; José Honóro Rodrigues, ed., Correspondencia de Capistrano de Abreu, 3 vols., Río de Janeiro, 1954-1956; Correspondencia de Machado e Joaquim Nabuco, São Paulo, 1933; Raymundo de Magalhães, ed., D. Pedro II e a Condessa do Barral, Río de Janeiro, 1956; José Wanderley de Araújo Pinho, ed., Cartas do Imperador D. Pedro II ao Bardo de Cotegipe, São Paulo, 1933; Correspondencia entre D. Pedro e o Bardo do Rio Branco (1889-1891), São Paulo, 1957. Las dos últimas publicaciones constituyen fuentes importantes para el estudio de la opinión que tenía el emperador sobre el sistema brasileño. En este sentido, incluso más relevante es D. Pedro II, Conselhos à Regente, Río de Janeiro, 1958, introd. y notas por J. C. de Oliveira Torres.

La abolición de la esclavitud ha sido objeto de atención de muchos académicos. La bibliografía más completa disponible es la de Robert Conrad, Brazilian slavery: an annotated research bibliography. Boston, 1977. Conrad es también el autor del estudio más completo existente en lengua inglesa, The destruction of Brazilian slavery 1850-1889, Berkeley, 1971. Para un enfoque distinto, véase Robert Toplin, The abolition of slavery in Brazil, Nueva York, 1972. Dos ensayos que analizan las causas de la decadencia progresiva y la final abolición de la esclavitud en Brasil en este periodo son los de Richard Graham, «Causes of the abolition of negro slavery in Brazil. An interpretative essay», HAHR, 46/2 (1966), y Leslie Bethell, «The decline and fall of slavery in nineteenth century Brazil», Transactions of the Royal Historical Society, 6.ª serie, vol. I (1991). Emilia Viotti da Costa, Da senzala à colonia, São Paulo, 1966, 1982, es un estudio más amplio del proceso de transición del sistema esclavista al de mano de obra libre, incluyendo sus aspectos económicos, sociales, políticos e ideológicos. Véase también Emilia Viotti da Costa, «Masters and slaves. From slave labor to free labor», en The Brazilian empire. Es interesante la reciente obra de Sidney Chalhoub, Visões da liberdade. Urna historia das últimas décadas da escravidão na corte, São Paulo, 1990. En lo tocante a la rentabilidad de la esclavitud en su etapa final, véase HALC, X, ensayo bibliográfico 13. No existe todavía una historia satisfactoria de los orígenes, el proceso y las consecuencias de la ley de libre nacimiento de 1871 y del intento, especialmente con la ley de 1879, de estructurar el «mercado de trabajo libre». Sin embargo, véanse Ademir Gebara, O mercado de trabalho livre no Brasil (1871-1888), São Paulo, 1986, y Maria Lúcia Lamounier, Da escravidão ao trabalho livre (a lei de locação de servigos de 1879), Campiñas, SP, 1988. A pesar de los muchos estudios existentes sobre la abolición, todavía carecemos de información que ponga al descubierto las bases que sustentaron el abolicionismo. En este sentido, continúa siendo útil el trabajo de Evaristo de Moráis, A campanha abolicionista (1879-1888), Río de Janeiro, 1924. La organización de carácter abolicionista caifazes, que operaba en São Paulo, ha sido analizada por Alice Barros Fontes, «A práctica abolicionista em São Paulo. Os caifazes, 1882-1888», tesis de master inédita, Universidad de São Paulo, 1976. Paula Beiguelman, Teoría e agdo no pensamento abolicionista, São Paulo, 1962, hace hincapié en la importancia de los mecanismos políticos en la abolición de la esclavitud. Richard Graham, en «Landowners and the overthrow of the Brazilian monarchy», Luso-Brazilian Review, 7/2 (1970), pp. 44-56, analiza el impacto que tuvo el abolicionismo y la abolición en los plantadores. Véase también Eul-Soo Pang, «Modernization and slavocracy in nineteenth century Brazil», Journal of Interdisciplinary History, 4/4 (1979).

George Boehrer examina las relaciones Iglesia-Estado en «The church in the second reign, 1840-1889», en Henry Keith y S. F. Edwards, eds., Conflict and continuity in Brazilian society, Columbia, SC, 1963, pp. 113-140; George Boehrer, «The church and the overthrow of the Brazilian monarchy», en HAHR, 48/3 (1968), pp. 380-401, y Mary C. Thornton, The church and freemasonry in Brazil, 1872-1875, Washington, DC, 1948. Véase también David Queirós Vieira, «Protestantism and the religious question in Brazil 1855-1875», tesis doctoral inédita, American University, Washington, DC, 1972; Antonio Carlos Villaca, A historia da questão religiosa no Brasil, Río de Janeiro, 1974; Nilo Pereira, Conflicto entre Igreja e Estado, Recife, 1976, y Antonio Carlos Villaca, O pensamento católico no Brasil, Río de Janeiro, 1975. Para un entendimiento del comportamiento de la élite durante el conflicto, Joaquim Nabuco, en Um estadista do Império, presenta información interesante.

Hay cuatro ensayos importantes sobre el papel que jugó el ejército brasileño en la proclamación de la república: John Schulz, «O exército e o império», en Buarque de Holanda, ed., Historia geral da civilização brasileira, IV, pp. 235-249; W. S. Dudley, «Institutional sources of officer discontent in the Brazilian army, 1870-1889», en HAHR, 55/1 (1975), pp. 44-65, y «Professionalisation and politicisation as motivational factors in the Brazilian army coup of 15 November 1889», JLAS, 8/1 (1976), pp. 101-125, y June Hahner, «The Brazilian armed forces and the overthrow of the monarchy. Another perspective», en The Americas, 26/2 (1969), pp. 171-182. Para un análisis más teórico, véase Frederick Nunn, «Military professionalism and professional militarism in Brazil, 1870-1970. Historical perspectives and political implications», en JLAS, 4/6 (1972), pp. 29-54. Un estudio más detallado del ejército durante el imperio es el de John Schulz, «The Brazilian army in politics 1850-1894», tesis doctoral inédita, Universidad de Princeton, 1973. Nelson Werneck Sodré, Historia militar do Brasil, Río de Janeiro, 1968, resulta también informativo. Algunos estudios biográficos centrados en figuras importantes del ejército aportan detalles interesantes: por ejemplo, Raymundo de Magalhães, Deodoro e a espada contra o império, Río de Janeiro, 1957, que trata de la biografía del general que dirigió el golpe militar en noviembre de 1889. Existe un estudio biográfico de Deodoro en lengua inglesa: Charles Willis Simmons, Marshal Deodoro and the fall of Dom Pedro II, Durham, N. C., 1966. Raymundo Teixeira Mendes examina la intrigante personalidad de Benjamín Constant, su papel como republicano y como positivista, en Benjamín Constant, Río de Janeiro, 1913. La hostilidad con la que algunos monárquicos leales evaluaron al ejército y su papel en la caída del imperio está bien documentada en visconde de Ouro Preto, Advento da ditadura militar no Brasil, París, 1891, y en Eduardo Prado, Fastos da ditadura militar no Brasil, São Paulo, 1902. Este punto de vista poco compasivo fue mantenido vivo en trabajos de historiadores como el de Oliveira Vianna, quien no oculta su identificación con la monarquía y las instituciones monárquicas. Para una visión opuesta se debe consultar A. Ximeno de Villeroy, Benjamín Constant e a política republicana, Río de Janeiro, 1928. Y para una discusión más equilibrada, véase Emilia Viotti da Costa, «A proclamação da república», en Da monarquía à república, y «The fall of the monarchy», en The Brazilian empire.

Antonio Cándido de Meló e Souza, Formação da literatura brasileira, 2 vols., São Paulo, 1964, tiene en un apéndice una corta biografía de los escritores más importantes de este periodo. También es útil José Aderaldo Castello, Presenga da literatura brasileira. Historia e antología, 3 vols., São Paulo, 1964. Para una visión general de la historia de las ideas, la mejor fuente es João Cruz Costa, História das ideias no Brasil, Río de Janeiro, 1956 (existe una traducción en lengua inglesa realizada por Suzette Macedo, A history of ideas in Brazil, Berkeley, 1964). Sobre el positivismo en Brasil se han publicado varios libros. La mayoría de ellos asocian las clases medias con el positivismo. En este sentido, es característico el artículo de Robert Nachman, «Positivism, modernization and the Brazilian middle class», en HAHR, 57/1 (1977), pp. 1-23. La fuente más segura publicada en portugués es la de Ivan Lins, História do positivismo no Brasil, São Paulo, 1964. Véase también João Camillo de Oliveira Torres, O positivismo no Brasil, Petrópolis, 1952. Para un examen crítico del liberalismo, véase María Stella Martins Bresciani, «Liberalismo, ideología e controle social», 2 vols., tesis doctoral inédita, Universidad de São Paulo, 1976. Sobre las ideas de una república, véase José Murilo de Carvalho, A formação das almas. O imaginário da república no Brasil, São Paulo, 1990.

El problema de la dependencia cultural y las contradicciones a que dio lugar la importación de ideas europeas, en principio discutidas por Nelson Werneck Sodré en Ideología do colonialismo. Seus reflexos no pensamento brasileiro, Río de Janeiro, 1961, se convirtieron en objeto de una importante controversia al publicarse el ensayo de Roberto Schwarz, «As ideias fora do lugar», en Estados Cebrap, 3 (1973), pp. 151-161, más tarde reproducido y ampliado en su estudio de Machado de Assis, Ao vencedor as batatas, São Paulo, 1977. Al aplicar el modelo de la «teoría de la dependencia» al estudio de las ideas, Schwarz observó una contradicción entre la ideología del favor, característica de la sociedad brasileña, y el liberalismo europeo. María Sylvia Carvalho Franco niega esta contradicción en «As ideias estão no lugar», en Debates (1976).

Thomas Skidmore examina la ideología racial brasileña en Black into white. Race and nationality in Brazilian thought, Nueva York, 1974, libro que contiene una bibliografía extensa sobre los diferentes aspectos de la sociedad brasileña durante el imperio y la primera república. Véase también Thomas Skidmore, «Racial ideas and social policy in Brazil, 1870-1940», en Richard Graham, ed., The idea of race in Latin America, 1870-1940, Austin, Texas, 1990. Para una interpretación distinta, véase Emilia Viotti da Costa, «The myth of racial democracy. The legacy of the empire», en The Brazilian empire.

En cuanto a las instituciones culturales se han publicado pocos estudios. Fernando de Azevedo presenta una visión general en Brazilian culture, an introduction to the study of culture in Brazil, traducido por William Rex Crawford, Nueva York, 1950. Más específico es el estudio de Robert Havighurst y Roberto Moreia, Society and education in Brazil, Pittsburgh, 1965. La escuela de derecho de São Paulo, que fue incubadora de la mayoría de los políticos profesionales del imperio, fue objeto de dos libros importantes: Almeida Nogueira, A Academia de São Paulo. Tradições e reminiscencias, 9 vols., São Paulo, 1906-1909, y Spencer Vampre, Memorias para a historia da Academia de São Paulo, 2 vols., São Paulo, 1924. María de Lourdes Marioto Haidar examina el sistema de escuela secundaria en su libro O ensino secundario no império brasileiro, São Paulo, 1972. Roque Spencer Maciel de Barros presenta una valiosa información del debate sobre la creación de la universidad en el siglo XIX, A ilustração brasileira e a ideia de universidade, São Paulo, 1959.

15. Brasil: estructura social y política de la Primera República, 1889-1930

La bibliografía de la sociedad y la política brasileñas durante el periodo de 1889 a 1930 se examina en dos obras: Thomas E. Skidmore, «The historiography of Brazil, 1889-1964», HAHR, 55/4 (1975), pp. 716-748, y 56/1 (1976), pp. 81-109; Angela de Castro Gones e Marieta de Moraes Ferreira, «Primeira República: um balando historiográfico», Estudos Históricos, 4 (1989), pp. 244-280. Un análisis de las tendencias modernas en la historiografía brasileña, en el cual se hallan referencias de trabajos escritos sobre el periodo que va de 1889 a 1930, se encuentra en José Roberto do Amaral Lapa, A historia em questao, Petrópolis, 1976.

Una historia general del periodo es la de Boris Fausto, ed., Historia geral da civilização brasileira, III: Brasil republicano, vols. I y II, São Paulo, 1977. Véase también los tres valiosos libros de Edgard Carone: A República Velha: instituções e classes sociais, São Paulo, 1970; A República Velha: evolução política, São Paulo, 1971, y una colección de documentos, A Primeira República, 1889-1930: texto e contexto, São Paulo, 1969. Entre los estudios más antiguos son dignos de mención los de José Maria Bello, Historia da República, 1889-1954, São Paulo, 1959 (existe una traducción en lengua inglesa realizada por James L. Taylor, A history of modern Brazil, 1889-1954, Stanford, 1966), y Leoncio Basbaum, Historia sincera da República, 4 vols., São Paulo, 1962-1968. Sobre la relación entre la sociedad agraria y el proceso de modernización autoritaria, véase Elisa M. Pereira Reis, «The agradan roots of authoritarian modernization in Brazil, 1880-1930», tesis doctoral inédita, MIT, 1979. La naturaleza clasista del Estado se trata en Decio Saes, A formação do Estado burgués no Brasil, 1889-1891, São Paulo, 1987. Un libro que analiza el papel del Estado en el campo económico y sostiene su carácter francamente intervencionista es el de Steven Topik, The political economy of the Brazilian State, 1889-1930, Austin, Texas, 1987.

Unos cuantos académicos han intentado llevar a cabo un análisis global del sistema y procesos políticos del periodo en cuestión. El más digno de mención es el de Maria do Carmo Campello de Souza, «O processo político-partidário na Primeira República», en Carlos Guilherme Mota, ed., Brasil em perspectiva, São Paulo, 1968, pp 181-252. Véase también Joseph L. Love, «Political participation in Brazil, 1881-1969», en Luso-Brazilian Review, 7/2 (1970), pp. 3-24, y Maria Antonieta de A. G. Parahyba, «Abertura social e participação política no Brasil, 1870-1920», en Dados, 7 (1970), pp. 89-102. Un análisis que hace hincapié en la «política de gobernadores» articulada por el presidente Campos Sales se encuentra en Renato Lessa, A invenção republicana, Río de Janeiro, 1988. Un estudio general del sistema electoral y de la participación política, con algunos capítulos sobre el periodo 1889-1930 es el de María D’Alva Gil Kinzo, Representação política e sistema eleitoral no Brasil, São Paulo, 1980. Existen pocos trabajos sobre partidos políticos, exceptuando el comunista, y los más importantes se refieren al Estado de São Paulo. Véanse José Enio Casalechi, O Partido Republicano Paulista, São Paulo, 1987, y María Ligia Coelho Prado, A democracia ilustrada: o Partido Democrático de São Paulo, 1926-1934, São Paulo, 1986. Hay varios estudios importantes sobre estados individuales y su papel en la política nacional. Sobre el Estado de São Paulo, véanse Joseph L. Love, São Paulo in the Brazilian Federation, Stanford, 1980; Eduardo Kugelmas, «Difícil hegemonia: um estudo sobre São Paulo na Primeira República», tesis doctoral inédita, Universidad de São Paulo, 1986, y Mauricio A. Font, Coffee, contention and change in the making of modern Brazil, Cambridge, Massachusetts, 1990. Aunque trate especialmente de la política económica y financiera, hay observaciones importantes sobre la hegemonía de la burguesía del café en Winston Fritsch, «Aspects of Brazilian economic policy under the First Republic», tesis doctoral inédita, Universidad de Cambridge, 1983. Véase también del mismo autor «Sobre as interpretaçoes tradicionais da lógica de política económica na Primeira República», Estudos Económicos, 15/2 (1985), pp. 339-346. Sobre Rio Grande do Sul, véanse Joseph L. Love, Rio Grande do Sul and Brazilian regionalism, 1882-1930, Stanford, 1971; Sandra Jatahy Pesavento, República Velha gaucha, Porto Alegre, 1980, y Pedro Cezar Dutra Fonseca, Vargas: o capitalismo em formação, São Paulo, 1989. Sobre Minas Gerais, las obras más importantes son John D. Wirth, Minas Gerais in the Brazilian Federation, 1889-1937, Stanford, 1977; Amilcar Martins Filho, A economía política do café com leite, Belo Horizonte, 1981, y, del mismo autor, «The white collar republic. Patronage and interest representation in Minas Gerais, Brazil, 1889-1930», tesis doctoral inédita, Universidad de Illinois. Este último estudio desarrolla la tesis de que los mecanismos de patronazgo prevalecerán ampliamente sobre la representación de intereses, tesis que con anterioridad sostuvo Simón Schvartzman, As bases do autoritarismo brasileiro, São Paulo, 1982.

June Edith Hahner, Civilian-military relations in Brazil 1889-1898, Columbia, SC, 1969, es uno de los mejores estudios sobre los años que siguieron a la proclamación de la república hasta el momento en que el sistema oligárquico quedó firmemente establecido. María de Lourdes M. Janotti trata del tema de la rearticulación fracasada de los monárquicos en los primeros tiempos de la República en Os subversivos da República, São Paulo, 1986. Richard Graham presenta un análisis de los cambios políticos a través de los desembolsos del Estado en «Government expenditure and political change in Brazil, 1880-1899: who got what», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 19/3 (1977), pp. 339-367. Véase también Eduardo Kugelmas, «A Primera República no período de 1891 a 1909», en Paula Beiguelman, ed., Pequeños estudos de ciencia política, São Paulo, 1973. Una biografía importante es la escrita por Alfonso Arinos de Meló Franco, Rodrigues Alves: apogeu e declínio do presidencialismo, 2 vols., Río de Janeiro, 1937. Al margen de textos apologéticos o superficiales, se ha escrito poco sobre los años que siguieron a la crisis de sucesión presidencial de 1909 o sobre las consecuencias políticas de la primera guerra mundial. Por otra parte, la crisis de los años veinte y la revolución de 1930 han sido tratadas de forma más seria. Paulo Sérgio Pinheiro publicó un estudio general sobre los años veinte: Política e trabalho no Brasil, Río de Janeiro, 1975. Existen diversos trabajos sobre el movimiento tenentista. Un punto de partida es el trabajo de Virginio Santa Rosa, O sentido do tenentismo, Río de Janeiro, 1933. Un análisis general se encuentra en John D. Wirth, «Tenentismo in the Brazilian Revolution of 1930», HAHR, 44/2 (1964), pp. 229-242. En relación a los episodios del movimiento tenentista, véase Hélio Silva, 1922: sangue na areia de Copacabana, Río de Janeiro, 1964, y A grande marcha, Río de Janeiro, 1965; y Neill Macaulay, The Prestes column: revolution in Brazil, Nueva York, 1974. Edgar Carone ha publicado una colección de documentos, O tenentismo: acontecimentos-personagens-programas, São Paulo, 1975. Un estudio global es el de José Augusto Drummond, O movimento tenentista: intervenido militar e conflito hierárquico, 1922-1935, Río de Janeiro, 1985. Las relaciones entre el tenentismo y la clase media y el papel de los tenentes en la revolución de 1930 se comentan en María Cecilia Spina Forjaz, Tenentismo e política, Río de Janeiro, 1977; Tenentismo e Aliança Liberal, 1927-1930, Río de Janeiro, 1978, y Tenentismo e Forças Armadas na Revolução de 1930, Río de Janeiro, 1988. Un análisis de la «Coluna Prestes» por la hija de su líder principal es Anita Leocádia Prestes, A coluna Prestes, São Paulo, 1990. Uno de los estudios contemporáneos a la revolución de 1930 más importantes es el de Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, A verdade sobre a Revolução de Outubro, São Paulo, 1933. Un análisis historiográfico se encuentra en Boris Fausto, A Revolução de 1930: Historiografía e historia. Véase también Celina do Amaral Peixoto Moreira Franco y otros, «O contexto político da Revolução de Trinta», Dados, 1 (1970), pp. 118-136, y Boris Fausto, «A Revolução de 1930», en Brasil em perspectiva, pp. 253-284. Las relaciones entre Getúlio Vargas y la élite política de São Paulo son el tema del libro de Vavy Pacheco Borges, Getúlio Vargas e a oligarquía paulista, São Paulo, 1979.

Si bien se ha escrito mucho sobre el movimiento tenentista, existen pocos estudios específicos sobre las fuerzas armadas. Es digno de mención el artículo de José Murilo de Carvalho, «As forgas armadas na Primeira República: o poder desestabilizador», en Boris Fausto, ed., Historia geral da civilização brasileira, III: O Brasil republicano, II, pp. 183-234. Además del estudio de Hahner, Civilian-military relations, un valioso análisis que incluye los primeros años de la república es el de John Schulz, «The Brazilian army in politics, 1850-1894», tesis doctoral inédita, Universidad de Princeton, 1973. Una tentativa de aprehender el papel general del ejército, en sus relaciones con la sociedad y la política, se encuentra en Edmundo Campos Coelho, Em busca de identidade. O Exército e a política na sociedade brasileira, Río de Janeiro, 1976. Información ilustrativa sobre el proceso de socialización del ejército se encuentra en Nelson Werneck Sodré, Historia militar do Brasil, Río de Janeiro, 1965. Frank D. McCann trata el tema del servicio militar obligatorio en «The nation in arms: obligatory military Service during the Old Republic», publicado por Dauril Alden y Warren Dean, eds., Essays concerning the socioeconomic history of Brazil and Portuguese India, Gainesville, 1977, pp. 211-243. Existen uno o dos volúmenes útiles de memorias y biografías de personajes militares. Entre ellos están los libros de Estévão Leitão de Carvalho, Dever militar e política partidaria, São Paulo, 1959, y Memorias de um soldado legalista, 3 vols., Río de Janeiro, desde 1961; Pantaleão Pessoa, Reminiscencias e imposições de urna vida, 1885-1965, Río de Janeiro, 1972; Tristão de Alencar Araripe, Tasso Fragoso: um pouco da historia de nosso exército, Río de Janeiro, 1960. Casi nada se ha escrito sobre las milicias estatales. Uno de los pocos trabajos de calidad existentes es el de Heloisa Fernandes, Política e segurança. Força Pública do estado de São Paulo: fundamentos histórico-sociais, São Paulo, 1974.

El clásico estudio sobre las relaciones de clientela política dentro de la estructura de poder es el de Victor Nunes Leal, Coronelismo, enxada e voto: o municipio e o regime representativo no Brasil, Río de Janeiro, 1948 (existe una traducción en lengua inglesa realizada por June Henfrey, Coronelismo: the municipality and representative government in Brazil, Cambridge, 1977). Un análisis importante del clientelismo en el norte y noroeste de Brasil, particularmente en el Estado de Ceará, se encuentra en el estudio sobre el padre Cicero realizado por Ralph Della Cava, Miracle at Joazeiro, Nueva York, 1970. En relación al Estado de Bahía, véase Eul-Soo Pang, Bahía in the First Brazilian Republic. Linda Lewin exploró los vínculos de parentesco, la organización familiar y las relaciones de clientela en un Estado situado en el noroeste en Politics and parentela in Paraíba. A case study of family based Oligarchy in Brasil, Princeton, 1987. Véase también María Isaura Pereira de Queiroz, O mandonismo local na vida política brasileira, São Paulo, 1969.

Una polémica sobre la naturaleza del «coronelismo» se encuentra en Paul Cammack, «O coronelismo e o compromisso coronelista: urna crítica», Cadernos do DCP, 5 (1979), pp. 1-20, y en Amilcar Martins Filho, «Clientelismo e representado em Minas Gerais durante a Primeira República: una crítica a Paul Cammack», Dados, 27 (1984), pp. 175-197.

Las relaciones de trabajo en las haciendas de café son objeto en parte de varios libros y artículos que se dedican al desarrollo del capitalismo en São Paulo y a la inmigración. El libro más completo es el de Verena Stolcke, Cafeicultura: homens, mulheres e capital, 1850-1980, São Paulo, 1986. Los estudios sobre el papel socioeconómico y cultural de los inmigrantes se refieren sobre todo al Estado de São Paulo. Un libro general sobre el tema es el de Manuel Diegues, Jr., Imigração, urbanização e industrialização, Río de Janeiro, 1964. Un buen análisis de los datos estadísticos globales se encuentra en «O papel da migração internacional na evolução da população brasileira, 1872-1972», Revista de Saúde Pública, 8 (1974), pp. 49-90. Un excelente examen crítico de la bibliografía sobre la inmigración alemana es de Giralda Seyferth, «Imigração e colonizado alema no Brasil: una revisão da bibliografía», Boletim Informativo Bibliográfico, 25 (1988), pp. 3-55. Sobre los italianos en general, véase Luis A. de Boni, ed., A presenga italiana no Brasil, 2 vols., Porto Alegre, 1987/1990. Sobre la inmigración italiana desde una perspectiva comparada, véase Herbert S. Klein, «A integrado dos imigrantes italianos no Brasil, Argentina e Estados Unidos», Novos Estudos Cebrap, 25 (1989), pp. 95-117. Entre los autores italianos destaca Angelo Trento, Do outro lado do Atlántico. Um século de imigração italiana para o Brasil, São Paulo, 1989. Sobre los inmigrantes españoles y portugueses, véanse Herbert S. Klein, «A integração social e económica dos imigrantes espanhois no Brasil», Estudos Económicos, 19/3 (1989), pp. 443-456; y «The social and economic integration of Portuguese immigrants in Brazil», JLAS, 23 (1991), pp. 337-390. La inmigración judía también ha sido poco tratada y destaca la tesis de Jeff H. Lesser, «Pawns of the powerful. Jewish immigration to Brazil, 1904-1945», tesis doctoral inédita, Universidad de Nueva York, 1989. Sobre los japoneses, véase Hiroshi Saito y Takashi Maeyama, Assimilação e integração dos japoneses no Brasil, São Paulo, 1973, y Nobuya Tsuchida, «The Japanese in Brazil, 1908-1941», tesis doctoral inédita, Universidad de California, Los Ángeles, 1978. Todos estos trabajos sobre la inmigración tienen en cuenta también al Estado de São Paulo. Para una bibliografía sobre la inmigración en el Estado de São Paulo, véase Boris Fausto, Historiografía da imigração para São Paulo, São Paulo, 1991. Entre los diversos trabajos destacan Michael Rail, «The origins of mass immigration in Brazil, 1871-1914», tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1969; Thomas Holloway, Immigrants on the land: coffee and society in São Paulo, 1886-1934, Chapel Hill, N. C. 1980; Zuleika Alvim, Brava gente! Os italianos em São Paulo, 1870-1920, São Paulo, 1986; Arlinda Rocha Nogueira, A imigração japonesa para a lavoura cafeeira paulista, 1908-1922, São Paulo, 1973. La inmigración y la transición, en la producción del café, del trabajo esclavo para las relaciones laborales conocidas por «colonato» se estudian en el libro de José de Souza Martins, O cativeiro da térra, São Paulo, 1979. Para una sugestiva polémica sobre la ascensión social de los inmigrantes, la diversificación económica y la creación de partidos en São Paulo, véanse Mauricio Font, «Coffee planters, politics and development in Brazil», LARR, 22/3 (1987), pp. 69-90; Joseph L. Love, «Of planters, politics and development», LARR, 24/3 (1989), pp. 127-135; Verena Stolcke, «Coffee planters, politics and development in Brazil: a comment on Mauricio Font’s analysis», id., 24/3 (1989), pp. 136-142; Mauricio Font, «Perspectives on social change and development in São Paulo: a reply», id., 24/3 (1989), pp. 143-157.

Entre los movimientos sociales de las zonas rurales, el de los canudos es tratado en el clásico relato de Euclides da Cunha, Os sertões, Río de Janeiro, 1902 (hay trad. cast.: Los sertones, Fundamentos, Madrid, 1981). La llamada guerra del Contestado es el tema que tratan Mauricio Vinhas de Queiroz en Messianismo e conflito social: a guerra sertaneja do Contestado, 1912-1916, Río de Janeiro, 1966, y Duglas Teixeira Monteiro, Os errantes do Novo Século: um estudo sobre o surto milenarista do Contestado, São Paulo, 1974. Las relaciones entre los movimientos mesiánicos y la política nacional han sido estudiadas por Ralph Della Cava, «Brazilian messianism and national institutions: a reappraisal of Canudos and Jaseiro», en HAHR, 48/3 (1968), pp. 402-420. Sobre el fenómeno del bandolerismo en Brasil, véase María Isaura da Queiroz, Os cangaçeiros, São Paulo, 1979; Linda Lewin, «The oligarchical limitations of social banditry in Brazil: the case of the “good” thief Antonio Silvino», Past and Present, 82 (1979); Amaury de Souza, «The cangaço and the politics of violence in northeast Brazil», en Ronald H. Chilcote, ed., Protest and resistancee in Angola and Brazil: comparative studies, Berkeley, 1972, pp. 109-131, y Billy Jaynes Chandler, The bandit king: Lampiño of Brazil, College Station, Texas, 1978.

Hay unos cuantos estudios históricos dedicados a la urbanización de este periodo. El más amplio es el de Paul Singer, Desenvolvimento económico e evolução urbana: análise da evolução económica de São Paulo, Blumenau, Porto Alegre e Recife, São Paulo, 1968. Sobre la ciudad de São Paulo, véase Richard M. Morse, From community to metrópolis: a biography of São Paulo, Brazil, Nueva York, 1974. Para la historia de Río de Janeiro, véase Eulália Maria Lahmeyer Lobo, Historia do Rio de Janeiro. Do capital comercial ao capital industrial e financeiro, 2 vols., Río de Janeiro, 1978. Michael L. Conniff, «Rio de Janeiro during the great depression, 1928-1937: social reform and the emergence of populism in Brazil», tesis doctoral inédita, Universidad de Stanford, 1976, aunque se refiere más al periodo posterior a 1930, contiene un buen análisis de la política de la oligarquía de la ciudad durante los años de 1920. Para las transformaciones urbanas de Río de Janeiro véanse Jaime Larry Benchimol, «Pereira Passos - un Haussmann tropical», tesis de licenciatura inédita, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1982; Jeffrey D. Needell, «Rio de Janeiro at the turn of the century. Modernization and the Parisian ideal», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 25/1 (1983), pp. 183-193; Oswaldo Porto Rocha, «A era das demolições. Cidade do Rio de Janeiro: 1870-1920», tesis de licenciatura inédita, Universidade Federal Fluminense, 1983.

Los estudios que tratan sobre los movimientos sociales urbanos se han limitado principalmente a la clase trabajadora. Hay, sin embargo, notables excepciones en Décio Saes, Classe média e política na Primeira República brasileira, Petrópolis, 1975, y June E. Hahner, «Jacobinos versus Galegos», en Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 18/2 (1976), pp. 125-154, el cual trata el nacionalismo y movimientos sociales multiclasistas en Río de Janeiro a finales de la centuria decimonónica. Sobre el mismo tema, véase el trabajo más detallado de Suely Robles Reis de Queiroz, Os radicáis da República, São Paulo, 1986. Un libro precursor sobre la vida cotidiana de la clase popular de Río de Janeiro, basado en procesos criminales, es el de Sidney Chalhoub, Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da «belle époque», São Paulo, 1986. Las relaciones entre la República, la urbanización de Río de Janeiro y la práctica de las clases populares se exploran de forma innovadora en José Murilo de Carvalho, Os bestializados. O Rio de Janeiro e a República que nao foi, São Paulo, 1985. El movimiento popular de protesta contra la vacuna obligatoria en la capital de la República en 1904 es el tema del trabajo de Nicolau Sevcenko, A revolta da vacina: mentes insanas e corpos rebeldes, São Paulo, 1984. Entre los estudios dedicados al movimiento y organización de la clase trabajadora, desde un punto de vista predominantemente sociológico, los más destacados son Azis Simão, Sindicato e estado: suas relações na formando do proletariado de São Paulo, 1966; José Albertino Rodrigues, Sindicato e desenvolvimento no Brasil, São Paulo, 1968; Leoncio Martins Rodrigues, Confuto industrial e sindicalismo no Brasil, São Paulo, 1966. Desde una perspectiva de historia social, véase Sheldon L. Maram, Anarquistas, imigrantes e o movimento operario brasileiro, 1890-1920, Río de Janeiro, 1979, y Boris Fausto, Trabalho urbano e conflito social, São Paulo, 1976. Michael M. Hall, «Immigration and the early São Paulo working class», en JGSWGL, 12 (1975), critica de manera convincente la teoría que sostiene que la inmigración extranjera en São Paulo estaba predispuesta a la ideología radical. Sobre la cultura obrera anarquista, véase Francisco Foot Hardman, Nem pátria, nem patrão! Vida operaría e cultura anarquista no Brasil, São Paulo, 1984. Una descripción detallada de las organizaciones comunista y anarquista se encuentra en John W. F. Dulles, Anarchists and communists in Brazil, 1900-1935, Austin, Texas, 1973. Sobre la formación del Partido Comunista Brasileño, véase Ronald H. Chilcote, The Brazilian Communist party: conflict and integration, 1922-1972, Nueva York, 1974, y Astrogildo Pereira, Formação do PCB, 1922-1928. Notas e documentos, Río de Janeiro, 1962. Michel Zaidan Filho, PCB (1922-1929): na busca das origens de um marxismo nacional, São Paulo, 1985. Paulo Sérgio Pinheiro y Michael M. Hall han publicado una serie de documentos sobre el movimiento obrero durante el periodo en cuestión: A classe operária no Brasil, 1889-1930: Documentos, vol. I, O movimento operário, São Paulo, 1979, vol. II, Condições de vida e a trabalho, relações com os empresarios e o estado, São Paulo, 1981; véase también Edgar Carone, Movimento operário no Brasil, 1877-1944, São Paulo, 1979. Hay varios testimonios de antiguos militantes, entre los cuales destacan Leoncio Basbaum, Urna vida em seis tempos, São Paulo, 1976; Octavio Brandão, Combates e batalhas, São Paulo, 1978, y Ángela Castro Gomes, ed., Velhos militantes: depoimentos, Río de Janeiro, 1988. Sobre la legislación laboral especialmente en los años veinte, véanse Luiz Werneck Vianna, Liberalismo e sindicato no Brasil, Río de Janeiro, 1978, y Ángela Castro Gomes, Burguesía e trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-1937, Río de Janeiro, 1979.

Sobre las relaciones entre negros y blancos en Brasil, véase Florestan Fernandes, A integração do negro à sociedade de classes, Río de Janeiro, 1964 (traducido y abreviado con el título de The negro in Brazilian society, Nueva York, 1969), y Thomas E. Skidmore, Black into white: race and nationality in Brazilian thought, Nueva York, 1974. La Fundación Carlos Chagas, en São Paulo, publicó una bibliografía sobre la mujer, que incluye una historia general de la mujer, de la organización familiar y del movimiento feminista, en Mulher brasileira. Bibliografía anotada, São Paulo, 1979. Véase además June E. Hahner, «Women and work in Brazil, 1850-1920: a preliminary investigation», en Alden y Dean, eds., Essays concerning the socioeconomic history of Brazil and Portuguese India, pp. 87-117, y «Feminism, women’s rights and the suffrage movement in Brazil, 1850-1932», LARR, 15/1 (1980), pp. 65-111; Branca Moreira Alves, Ideología e feminismo: a luía da mulher pelo voto no Brasil, Petrópolis, 1980. Uno de los raros estudios sobre familias de la élite es Darrell L. Levi, A familia Prado, São Paulo, 1977. Hay pocos estudios sobre la Iglesia católica, los más importantes de ellos son Margaret Patrice Todaro, «Pastors, prophets and politicians: a study of the Brazilian Catholic Church, 1916-1945», tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1971; Thomas G. Bruneau, O Catolicismo brasileiro em urna época de transição, São Paulo, 1974; Ralph Della Cava, «Catholicism and society in twentieth-century Brazil», LARR, 11/2 (1976), pp. 7-50; Sérgio Miceli, A élite eclesiástica brasileira, São Paulo, 1988, donde el autor sostiene la tesis de que la Iglesia católica no vio disminuida su influencia durante el primer régimen republicano. Los mejores estudios sobre el papel de los intelectuales y la educación, respectivamente, son Sérgio Miceli, Intelectuais e classe dirigente no Brasil, 1920-1945, São Paulo, 1979, y Jorge Nagle, Educação e sociedade na Primeira República, São Paulo, 1974. Existen pocos estudios sobre el papel de los diplomados por escuelas superiores en la formación de la élite política. Sobre los diplomados en derecho, véase Alberto Venancio Filho, Das arcadas ao bacharelismo, São Paulo, 1977. Un trabajo importante, relativamente reciente, sobre la vida cultural de Río de Janeiro durante la antigua república es el de Nicolau Sevcenko, Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira República, Río de Janeiro, 1983. Un trabajo creativo sobre la construcción de las diversas visiones de la República es el de José Murilo de Carvalho, A formação das almas, São Paulo, 1990. Sobre el arte, arquitectura, música y literatura brasileños de este periodo, véase también HALC VII, ensayo bibliográfico 4. Un estudio histórico-sociológico sobre la criminalidad es el de Boris Fausto, Crime e quotidiano. A criminalidades em São Paulo, 1880-1924, São Paulo, 1984. Finalmente, uno de los raros trabajos creativos sobre la prostitución lo escribió Margareth Rago, Os prazeres da noite, São Paulo, 1991.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abadía Méndez, Miguel, 290, 292, 298

Abreu, Casimiro de, 386

Aceval, Emilio, 143

Acre, territorio (Bolivia/Brasil), 214, 218, 340, 368

Administración Nacional de Combustibles,

Alcohol y Portland (Uruguay), 134

Aguiar de Barros, Francisco, 406

Aguirre Cerda, Pedro, 192, 195

aimara, lengua, 210, 255

Alagoas, provincia/estado (Brasil): economía, 355; política: (1870-1889), 382, 405, 409, (1889-1930), 445, 453

Alberdi, Juan Bautista, 73

Alcona, Grito de, 75

Alem, Leandro, 44, 61, 62

Alemania: y Argentina, emigración, 45, 76; y Brasil, 341, 347, 355, emigración, 349, 378, 418; y Chile, 189, emigración, 167; y Perú, emigración, 253; y Uruguay, 123, emigración, 133; y Venezuela, 322, emigración, 317

Alencar, José de, 385, 386, 388, 389

Alessandri Palma, Arturo, 190-198, 200

Alfaro, Eloy, 281, 304-309, 310, 312, 313

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) (Perú), 234, 275, 276, 278, 279

Alsina, doctor Adolfo, 42

Altamirano, Luis, 194, 195

Alvares de Acevedo, Manuel, 386

Alvear, Marcelo T. de, 104-114

Alves, Francisco de Paula Rodrigues, 441, 443, 445, 450

Alvim, Cesário, 407

Amauta (periódico peruano), 277

Amazonas, provincia/estado (Brasil), 368, 402,409

Amazonas, región (Brasil), 244; caucho, 343, 344, 351, 359, 419

Amazonas, región (Perú), 249

American Foundation Company, 274

Amunátegui, Miguel Luis, 166

anarquismo, anarcosindicalismo: Argentina, 50, 54-55, 64, 96, 97, 101; Brasil, 440; Chile, 185, 186; Perú, 258, 260, 275

Ancash, departamento (Perú), 239

Ancón, tratado de (1883), 160, 187, 238

Andrade, Ignacio, 320

Andrade, obispo (de Riobamba, Ecuador), 307

Andueza Palacio, doctor Raimundo, 319

Anthony Gibbs, casa comercial, 247

Antioquia, región (Colombia), 285, 289, 294, 295

Antofagasta (Chile), 182, 184

Aparicio, Timoteo, 120

APRA, véase Alianza Popular Revolucionaria Americana

Araguai, barón/vizconde de, véase Goncalves de Magalhaes

Aramayo, familia (Bolivia), 207, 217

Aranha, Osvaldo, 452, 453

Arauco (Chile), 168

Araújo Lima, Pedro de (marqués de Olinda), 391

Arcaya, Pedro Manuel, 328

Arce, Aniceto, 207, 213, 214

Arequipa (Perú), 243, 257, 261, 278

Argentina

economía: 1870-1914, 13-16, 38-40, 67-72, 75-82, 86, 88; 1914-1930, 89-96; agricultura: (1870-1916), 18-19, 28, 32, 33-36, 72-73, 74-75, (1916-1930), 90, 94; azúcar, 78-79, 94; capital, 26-27, 29, 67, 90-92, 93; crecimiento: 28, (1880-1890), 29-32, (1890-1900), 32-33, (1900-1914), 33-38, 67-70, (1914-1930), 89-96; ganadería: (1870-1916), 14-18 passim, 29, 34, 73-74, (1916-1930), 90, 91-92, 93, 105-106; mano de obra, 20-26; ovejas, 14-18 passim, 34, 74, 75-76; petróleo. 75, 89, 110-114; tierra, 16-20, 72-75

educación, 49, 52, 100-101

ferrocarril, construcción, 18, 38, 90

indios, 17, 42, 76, 77, 79

inmigración: 1870-1914, 20-25 passim, 44-52 passim, 57, 72-79 passim; 1914-1930, 90-91, 94; véase también Buenos Aires

población: 1870-1914, 20-23, 41, 44-47, 71-72, 76; 1914-1930, 89, 90, 91

política: 1870-1880, 41-44; 1880-1912, 55-64; 1912-1916, 64-66, 80, 96-98; 1916-1922, 96-104; 1922-1928, 104-114; 1928-1930, 114-117

sociedad: 1870-1880, 41-42, 82-88; 1880-1914, 44-55, 82-88

universidades, 100-101

y Bolivia, 81, 231

y Brasil, 347

y Chile, 76, 81, 185, 187

y Uruguay, 118, 119, 124, 131

Argentino, El, 59

Argüedas, Alcide, 211

Argüedas, José María: Yawar fiesta, 263

Arica (Chile), 182

Arica, provincia (Chile), 160, 187-188, 191, 200, 201, 238, 267

artes: Bolivia, 210-211; Brasil, 385-390 passim; Venezuela, 328-329

Asociación de la República Nacional (colorados) (Paraguay) hasta 1904, 141-143 passim 1904-1932, 144-152 passim

Asociación Industrial (Brasil), 375, 376

Aspíllaga, Antero, 267

Aspíllaga, familia (Perú), 253, 255

Asunción (Paraguay), 135, 139, 146-149 passim, 152

Atacama, desierto (Chile), 160, 236; véase también Antofagasta; Tarapacá

Atusparia, revuelta de (Perú), 239

Avellaneda (Argentina), 45, 65, 71, 83

Avellaneda, Nicolás, 41, 42, 73

Ayacucho, departamento (Perú), 263

Ayala, Eligió, 149, 151

Ayala, Eusebio, 148-149, 152

Azevedo, Aluísio de, 387

Azul (Argentina), 42, 71

Báez, Cecilio, 142, 143-144

Bahía Blanca (Argentina), 35, 46, 66, 71, 82

Bahía, provincia/estado (Brasil): economía, 334, 344, 346, 351, 385, (1870-1889), 381, 409, 427, (1889-1930), 424-425, 429, 443, 445, 446; véase también Canudos; Salvador

Balmaceda, José Manuel, 162, 163; presidente de Chile (1886-1891), 161, 166-177, 178

Banco Agrícola y Pecuario (Venezuela), 327

Banco Central (Bolivia), 224, 229, 230

Banco de Brasil, 337, 353, 354, 355, 452

Banco de la Nación (Argentina), 32, 37-38

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 27, 29,32

Banco de la República (Paraguay), 146

Banco de la República (Uruguay), 125, 129

Banco de Londres y Brasil, 354

Banco Nacional (Argentina), 27-32 passim

Banco Nacional (Uruguay), 142

bandolerismo (Brasil), 435-437

Bañados Espinosa, Julio, 178 n.

Baptista, Mariano, 213, 214

Baquedano, Manuel, 176

Barbosa, Rui, 398, 412, 444

Barbusse, Henri, 276

Barco, Virgilio, 297

Baring Brothers, banqueros, 31-32, 43, 139

Barranquilla, 299

Barreiro, Cándido, 136-139 passim

Barreto, Tobias, 390, 391

Barros Borgoño, Luis, 191, 198

Barros Luco, Ramón, 188

Barros, Manuel Moraes, 406

Batlle y Ordóñez, José, 124-131 passim, 134

Belaúnde, Víctor Andrés, 272

Belém (Brasil), 359, 420

Bélgica: y Brasil, 348; y Uruguay, 123

Belgrano, Manuel, 73

Belisário, Francisco, 397

Belo Horizonte (Brasil), 340

Beltrán, familia (Perú), 253

Bell, P. L., 296

Bello Codecido, Emilio, 196, 197

Benavides, Óscar R., 267

Benel, Eleodoro, 275

Beni, departamento (Bolivia), 206

Bennet, Juan Pablo, 195

Bento, Antonio, 402

Bernardes, Artur, 446, 448, 453

Betancourt, Rómulo: Venezuela - política y petróleo, 327

Billinghurst, Guillermo E., 267

Bío-Bío, río (Chile), 170

blancos (Uruguay)

c. 1860-1904, 120, 121, 122-127 passim 1904-1930, 128, 129, 134

Bocayá, departamento (Colombia), 292, 295

Bocayuva, Quintino, 408-412 passim

Bogotá, 286, 290, 299

Bogotá, arzobispo de, 285, 289, 292

Bolivia

hasta 1899, 204, 207-214; plata, 204-208 1889-1920, 209-210, 215-216, 218-221; estaño, 214-217

1920-1934, 111-113, 209-210, 221-226, 227-232; estaño, 215, 224-225, 226-227, 230

y Argentina, 81, 231

y Brasil, 218

y Chile: hasta 1900, 160-161, 168, 212-213, 214; 1900-1930, 182, 187, 191, 213-214, 218-219

y Paraguay, 150-153, 224-231 passim

y Perú, 187, 191, 235-236

Borda, Juan Idiarte, 125, 126

Borges de Medeiros, Antonio Augusto, 443, 446, 452

Botelho, Alvaro, 406

Brás, Wenceslau, 445

Brasil

artes, 385-390 passim

economía, 333-335, 367-369; agricultura, 335-358; algodón, 343-347 passim, 361, 362; azúcar, 334, 343-347 passim, 356, 373, 376; café: (1870-1889), 342-343, 348, 356-357, 373, 376, (1889-1930), 342-351 passim, 356-357, 367, 415-417; capital, 353-355, 373-374; caucho, 343-348 passim; exportaciones: (1870-1918), 341-348, 373, (1919-1930), 364-367; ganado, 357-358; industria, 360-364, 365-366, 375; mano de obra, 349-352, 372-373, 375-378, 414-420; mercado nacional, creación, 339-341; política económica, 335-341; salarios, 357; tierra, 348-349; transporte y comunicaciones, 340, 342, 358-360, 374-375, 394

educación, 352-274

ejército, 382-383, 396-397, 429-432, 441-446 passim; y caída del imperio (1889), 411-413, 430; y revolución (1930), 448, 453-454; movimiento tenentista, 444, 447-449, 451, 452-454

esclavitud, 119, 335, 350-351, 372-373, 393-394, 401-402; abolición (1888), 404-405; abolicionismo, 371, 377, 393-394, 401-405

estructura política: imperio (1870-1889), 378-391; Primera República (1889-1930), 421-432

estructura social: 1870-1189, 372-378; 1889-1930, 414-422, 432-440

francmasonería, 378

Iglesia católica romana, 378, 383, 392, 393, 433-435

inmigración: 1870-1889, 349, 351-352, 373, 376, 378, 393, 395, 401-402, 404-405; 1889-1930, 351-352, 361, 414-419, 420, 433, 439

movimiento reformista (1870-1889), 370-413 passim, 421

población negra (después de 1889), 416,419; véase también esclavitud

población y cambio demográfico, 334, 339, 349-352, 372-373, 414-429; véase también inmigración; esclavitud

política: 1870-1878, 391-397; 1878-1889, 397-413; 1889-1914, 440-445; 1914-1930, 439-440, 445-453; revolución (1930), 448, 453-455

y Argentina, 347

y Bolivia, 218

y Cuba, 343, 344

y Paraguay, 135, 136, 138

y Uruguay, 118, 119, 123

Brasil, Assis, 407

Brasil Central, compañía ferroviaria, 359

Bray, Arturo, 149

Briceño, Manuel, 315

Brito, Raimundo de Farias, 391

Bryan, William Jennings, 319

Bucaramanga (Colombia), 287

Buenos Aires

economía: 1870-1913, 33, 35, 36-37; 1914-1921, 81-82, 85-86, 105-106

inmigración, 44-45, 46-47, 48, 51, 52, 53, 83-87 passim

Jardín Zoológico, 54

población, 44-46, 68, 87, 257

política: 1870-1912, 42-44, 50, 51, 60-61; 1912-1916, 64-66, 96, 97; 1916-1930, 100-103, 116-117; huelga general (1919), 98, 102-103

sociedad, 49-50, 52-53, 81-88, 92-93

Universidad, 100-101

véase también Avellaneda; La Plata

Buenos Aires, provincia

economía, 37, 69-70, 71-75, 90; agricultura, 18, 34, 35, 71-73; ganadería, 34, 72-74

inmigración, 44-45, 46, 47, 51

invasiones de indios (década de 1870), 42

política: 1870-1914, 41-44 passim, 50, 57-59, 60-61; 1914-1930, 66, 99-100, 108

véase también Bahía Blanca

Bunge, Alejandro E., 71 n.

Bunge y Born, compañía exportadora, 74

Caamaño, José María, 304

Caballero, Bernardino, 136-143 passim

Cáceres, Andrés, 237-240, 242-244

Cajamarca, departamento (Perú), 238, 275

Caldas, región (Colombia), 295, 303

Cali (Colombia), 299

Callao, El (Perú), 257, 258

Callejón de Huaylas (Perú), 239

Camacho, Eliodoro, 213

Campero, Narciso, 213

Campiñas (Brasil), 342, 374

Campos, Francisco, 452

Campos, Martinho, 400

Campos Sales, Manuel Ferraz de, 406, 408, 442-443, 450

Cañada de Gómez (Argentina), 42

Candamo, Manuel, 254

Cañé, Miguel, 60

Canelas, Demetrio, 229

cangaço, véase bandolerismo

Cano, María, 301

Cantoni, familia (Argentina), 109

Cantoni, Federico, 115

Canudos, rebelión de (Brasil), 433-434

Cañete (Perú), 237

Capacho (Venezuela), 322

Caracas (Venezuela), 315, 317, 321, 324, 328

Caracoles (Bolivia), 208

Cárcano, Miguel Ángel, 19

Cárcano, Ramón, 56 n., 97

Cárdenas, Román, 326, 328

Cardoso, Mauricio, 452

Caro, Miguel Antonio, 281, 284-287 passim

Cartagena (Colombia), 284

Casado, familia (Argentina), 140

Casanova, Mariano, 169

Casapalca (Perú), 249

Casino Militar (Brasil), 411, 442

Casma (Perú), 260

Castilhos, Julio de, 443

Castro Alves, Antonio de, 386

Castro, Cipriano, 320-323

Catacaos (Perú), 260

Catamarca (Argentina), 78

Catamarca, provincia (Argentina), 45, 72, 78-81 passim

Cauca (Colombia), 302

Cavalcanti de Albuquerque, familia (Brasil), 385

Caxias, duque de, 397

Ceará, provincia/estado (Brasil), 381, 402, 419, 434, 445

Celso, Afonso, véase Figueiredo, Afonso Celso de Assis

Centro Democrático (Paraguay), 140, 141

Cerro Cora (Paraguay), 135, 136

Cerro de Pasco, minas de cobre (Perú): 249, 250, 263; trabajadores en, 260, 261, 277, 278

Cicero, padre (Cicero Romáo Batista), 434

Clemenceau, Georges, 85

Cochabamba (Bolivia), 205, 219

Cochabamba, valle de (Bolivia), 205, 206, 207

Colégio Pedro Segundo (Brasil), 386

Colombia, 280-283, 328; economía, 294-298; política, 283-294; sociedad, 298-303; y canal de Panamá, 302; y Ecuador, 282, 288; y Nicaragua, 228; y Venezuela, 288, 316, 317, 318, 320; véase también Panamá colorados (Paraguay), véase Asociación de la República Nacional

colorados (Uruguay) c. 1860-1904, 120-122 passim, 126 1904-1930, 127, 129-130, 134

Collor, Lindolfo, 452

Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), 67

Comodoro Rivadavia (Argentina), 75, 110, 111

Compañía Minera de Huanchaca, 207

Comte, Auguste, influencia en Brasil, 371, 390-391, 408, 430

comunismo, partidos comunistas: Bolivia, 222, 228, 229; Brasil, 440, 447, 454; Chile, 186, 198; Perú, 277, 279

Concepción (Chile), 181

Concepción, provincia (Chile), 168

Concón, batalla de (1891), 177

Concordia (Argentina), 105

Concha, Carlos, 309

Concha, José Vicente, 290

Concha, Malaquías, 175

Conrad, Joseph: Nostromo, 309, 321

Conselheiro, Antonio (Antônio Vicente Mendes Maciel), 434, 435

Constant, Benjamín (publicista francés, 1767-1830), influencia en Brasil, 379

Constant, Benjamín (positivista brasileño, 1836-1891), 412, 430, 448

Contestado, movimiento de (Brasil), 433-435

Córdoba (Argentina), 46, 81, 100; Universidad, 100

Córdoba, provincia (Argentina), 45, 46, 65; economía, 18, 34-37 passim, 71-75, 90

Coronel (Chile), 168

Corpo Colectivo Uniáo Operaría (Brasil), 377

Correia de Oliveira, João Alfredo, 404, 411

Correia, Serzedelo, 410

Correio da Manhã (Río de Janeiro), 446

Corrientes, provincia (Argentina): economía, 49, 76, 94, 105

Costa, Miguel, 447, 449

Cotegipe, barón de, 385, 404, 411

Couty, Louis, 403

Crespo, Joaquín, 286, 305, 316-317, 319-320

Cuenca (Ecuador), 313

Cundinamarca, región (Colombia), 295, 302

Cunha, Euclides da, 387

Curitiba (Brasil), 373

Cuyo, región (Argentina), 49, 77-78, 115, 117;

véase también Mendoza, provincia

Cuzco (Perú), 257, 261

Chaco, guerra del (1932-1935), 152-153, 226, 229-232

Chaco, indios del, 77, 79

Chaco, región (Argentina), 45, 77, 94, 106

Chaco, región (Paraguay), 138, 140, 150-153, 224, 228, 229-230

Chapman, Frank M., 302

Chaves, Elías Pacheco, 406

Chayanta (Bolivia), 226

Chicas, distrito (Bolivia), 207

Chile

hasta 1886, 157-163; industria de los nitratos, 163-166

1886-1891, 166-176; guerra civil (1891), 176-177

1891-1920, 178-192

1920-1931: bajo Alessandri (1920-1925), 192-198; intervención militar (1924-1925), 195-196; bajo Figueroa (1925-1927), 198; bajo Ibáñez (1927-1931), 198-203

y Argentina, 76, 81, 94, 185, 187

y Bolivia: hasta 1900, 160, 168, 212-213, 214; 1900-1930, 182, 187, 191, 218-219

y Colombia, 289

y Ecuador, 304

y Perú, 160-161, 168, 235-238, 267

Chimborazo (Ecuador), 310

chinos, inmigrantes: Brasil, 376; Perú, 237, 249, 253 n., 259

Chirife, Adolfo, 148-149

Chocó, región (Colombia), 294, 295

Chopitea, familia (Perú), 253

Chorrillos (Perú), 244

Chubut (Argentina), 75

Chuquicamata (Chile), 200

Chuquisaca, departamento (Bolivia), 206

Dantas, Rodolfo, 398

Darwin, Charles, influencia en Argentina, 54

Daza, Hilarión, 213

De la Piedra, familia (Perú), 253

De la Plaza, Victorino, 31, 32, 66, 92, 98

De la Torre, Lisandro, 66, 97

Decoud, José Segundo, 136, 138, 141, 142

Del Frate, Celestino, 161-162

Delgado Chalbaud, Ramón, 323

Dellepiane, Luis F., 102

Deustua, Alejandro, 269

Devoto, Antonio, 84

Día, El (Montevideo), 127

Díaz de Bedoya, José, 136

Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (Argentina), 111-112, 114

Distrito Federal (Brasil): población, 419, 421, 438-439; política, 445

Dixon, Spencer, 282

Domínguez, Manuel (Paraguay), 148

Drago, Doctrina (1902), 322

Dreyfus and Company, compañía exportadora, 74

Dreyfus, Auguste, 243

Dublé Almeida, Diego, 167

Dumas, Alejandro, 120

Duncam Fox, casa comercial, 247

Ecuador, 280-283, 304-313, 326; economía y sociedad, 311-313; y Colombia, 280, 306

educación: Argentina, 49, 52, 100-101; Brasil, 352, 374; Chile, 170, 182-183,199; Ecuador, 307, 309; Paraguay, 142-143; Perú, 269-270; Uruguay, 128

Egusquiza, Juan B., 142

El Teniente (Chile), 200

Ellauri, José, 121

Encarnación (Paraguay), 146

Encina, Francisco: Nuestra inferioridad económica, 187

Engels, Friedrich, influencia en Perú, 276

Entre Ríos, provincia (Argentina): economía, 32, 37, 71-75, 76, 90, 105, 106; inmigración, 44-45; población, 44, 45-46; política, 42, 65

Errázuriz, Crescente, arzobispo de Santiago, 197

Errázuriz, Ladislao, 192, 196

esclavitud (Brasil), 118, 335, 350-351, 372-373, 393-394, 401-402; abolición (1888), 404-405; abolicionismo, 371-377, 393-394, 401-405

Escobar, Patricio, 138, 139

Esmeralda (buque de guerra), 304

Esmeraldas, provincia (Ecuador), 281, 313

España: y Argentina, emigración, 20-21, 44; y Brasil, emigración, 351, 416, 417; y Paraguay, 146,151, emigración, 147; y Uruguay, emigración, 118, 123, 133

Espirito Santo (Brasil), 340, 409

Estados Unidos: y Argentina, 93, 95, 110-115 passim, 117; y Bolivia, 216, 219, 223-224; y Brasil, comercio, 341, 342, 345, 347, inversiones, 333, 355, 365, 366-367; y Colombia, 288, 290, 296-297; y Chile, 189, 191, 192, 200-201; y Paraguay, 140; y Perú, 200-201, 247-250 passim, 273, 274; y Uruguay, 123, 129, 132, 133; y Venezuela, 321-327 passim; véase también Wall Street

Estigarribia, José Félix, 149

Ezcurra, Juan Antonio, 143

Falcón, Juan C., 315

Farquhar, Percival, 364

Federación Obrera de Chile (FOCH), 186, 190

Federación Obrera Regional Argentina (FORA), 50, 97, 101

Fernández Alonso, Sergio, 214

Ferreira, Benigno, 136, 138, 142, 143-144

Ferreira, Virgulino (Lampião), 436

Ferreira França, familia (Brasil), 385

Ferri, Enrico, 55

ferrocarril, construcción: Argentina, 17-18, 38, 90; Bolivia, 214, 219; Brasil, 340, 342, 359-360, 375, 394; Colombia, 295; Chile, 170, 181-182; Ecuador, 308-309; Paraguay, 146; Perú, 242-243, 261; Uruguay, 118, 123, 131

Figueiredo, Afonso Celso de Assis, 406

Figueroa Alcorta, José, 64

Figueroa Larraín, Emiliano, 198

Figueroa Larraín, Javier Ángel, 190

Fliess, Allois, 32

Flores, Juan José, 282

Flores da Cunha, José Antonio, 452

Flores Jijón, Antonio, 282-283

Fonseca, Deodoro da, 411, 412, 430, 441

Fonseca, Hermes da, 424, 443-446 passim

FORA, véase Federación Obrera Regional Argentina

Fortín Vanguardia (Paraguay), 151

Francia: y Argentina, emigración, 45, 78; y Brasil, 427; y Paraguay, 140, 146, emigración, 147; y Perú, 244; y Uruguay, 123, emigración, 118, 123; y Venezuela, 316, 322

Francia, doctor José Gaspar Rodríguez de, 135

Franco, Manuel, 146-147

Fray Bentos (Uruguay), 120

Frente Única Gaucha (Brasil), 429

Freyre, Ricardo Jaimes, 211

Frodney-McCumber, arancel (1922), 113

Gaitán, Jorge Elíecer, 292, 294

Galápagos, islas, 280

Gálvez, José: Una Lima que se va, 278-279

Gallegos, Rómulo, 330

Gallo, Vicente, 108

Gama, Luis, 387

García Calderón, Francisco, 237, 241

García Moreno, Gabriel, 282, 305, 307

Gil Fortoul, José, 330

Gildemeister, familia (Perú), 253

Gill, Juan Bautista, 137-138

Glicério, Francisco, 410, 412

Góes e Vasconcelos, Zacarías de, 391

Góes Monteiro, Pedro, 453

Goiás, provincia/estado (Brasil), 334, 340,424

«golondrinas», 48, 72

Gómez, Juan Vicente, 281, 323-330

Gómez, Laureano, 294

Goncalves de Magalhães, Domingos (barón y vizconde de Araguai), 386

Gonçalvez Días, Antonio, 386

Gondra, Manuel, 142-149 passim

González, Juan G., 141-142

González Navarro, Emiliano, 144

González Prada, Manuel, 240-241, 265

González Suárez, arzobispo Federico, 308

Grace, contrato (1889), 242-243, 246

Grace, familia, casa comercial, 242, 247, 253

Grace, Michael, 242

Graham Rowe, casa comercial, 247, 253

Gramsci, Antonio, influencia en Perú, 276

Gran Bretaña

y Argentina, 187; emigración, 45, 75-76; inversiones: (hasta 1916), 26, 31, 32, 67, 77, 91, (1916-1930), 90, 95, 102, 113-114; comercio, 95, 106, 110, 113-117 passim

y Bolivia, 205, 217, 227

y Brasil: inversiones, 333, 338, 347, 354, 364, 366, 373; comercio, 335, 338, 341, 344, 347

y Chile, 164-165, 172, 187, 189; emigración, 168; véase también North, J. T.

y Ecuador, 312

y Paraguay, 139, 140, 146; emigración, 147; véase también Royal Dutch Shell

y Perú, 247, 248, 249, 261; emigración, 262

y Uruguay, 120, 123, 128-129, 132; emigración, 118; véase también Liebig

y Venezuela, 280, 325, 326; véase también, Royal Dutch Shell

Graña, familia (Perú), 253

Grau, Miguel, 236

Grove Vallejo, Marmaduke, 194, 195

Guadalupe, minas (Bolivia), 207

Guanoco, lago de asfalto (Venezuela), 325

Guaqui (Bolivia), 219

guaraní, indios, 76, 77, 147

Guayana británica, 282

Guayaquil (Ecuador), 305, 308, 309, 310, 311; huelga de (1922), 281, 310

Guggiari, José P., 148, 151-152

Guimaráes, Bernardo de, 386

Gutiérrez Cuevas, Teodomiro (Rumi-Maqui), 262-263

Gutiérrez Guerra, José, 221

Guzmán, Antonio Leocadio, 314

Guzmán Blanco, Antonio, 283, 286, 314-317, 318, 319, 322

Harman, Archer, 312

Haya de la Torre, Víctor Raúl, 234, 258, 270, 275-279 passim

Hernández, José Manuel, «el Mocho», 319

Herrera, Benjamín, 281, 288-292 passim, 297

Herrera, Luis Alberto de, 134

Herrera Vega, Rafael, 108

Herrera y Obes, Julio, 123-124, 125

Hettner, Alfred, 299

Hochschild, Mauricio, 217

Holguín, Carlos, 284, 285, 286

Hoover, Herbert, 115

Huacho (Perú), 260

Huancavelica, sierra de (Perú), 259

Huancayo (Perú), 261

Huarás (Perú), 239

Huáscar (acorazado), 236

Huret, Jules, 52

Ibáñez del Campo, Carlos, 194-203 passim

Ica, departamento (Perú), 252, 259

Icaza, Jorge: Huasipungo, 312-313

Iglesia católica romana: Bolivia, 211, 213; Brasil, 378, 379, 383, 392, 393, 433-435, questão religiosa, 395-396; Colombia, 283-284, 285, 286, 289, 293; Chile, 162, 169, 180, 184, 197; Ecuador, 306, 307-308; Perú, 275; Venezuela, 316

Iglesias, Miguel, 238-239

imperio otomano, emigración, véase Oriente Medio

Independencia (acorazado), 236

indigenista, movimiento (Perú), 269, 273

indios: Argentina, 17, 42, 77, 79; Bolivia: (hasta 1889), 205-211 passim, revuelta de 1889, 210, 215-216, (1920-1934), 221, 222, 225-226, 231; Brasil, 349; Colombia, 300; Chile, 167; Ecuador, 312-313; Paraguay, 147; Perú, 235, 255, (1879-1895), 238, 239, (1895-1919), 245, 249, 253, 263-265 passim, (1919-1930), 272-273, 274

Industrial, La (Paraguay), 140

inmigración: Argentina (1870-1914), 20-25 passim, 44-53 passim, 57, 72-79 passim, (1914-1930), 90-91, 94, Buenos Aires, 45, 46-47, 48, 51-53 passim, 83-87 passim; Brasil: (1870-1889), 351-352, 373, 376, 378, 393, 401-402, 404-405, (1889-1930), 351-352, 361-362, 414-419, 420, 433, 438, 439; Colombia, 299; Chile, 167, 170; Perú, 237, 251, 253, 259, 262; Uruguay, 118, 123, 128, 132-133; Venezuela, 317

International Petroleum Company, 249

International Products (Paraguay), 140

Iquique (Chile) hasta 1891, 167, 171, 172, 174, 176, 236, 238 1891-1920, 184 batalla de, 236

Irrarázaval, Manuel José, 179, 180

Itabira (Brasil), 364

Italia: y Argentina, emigración, 20-21, 44, 48, 57, 78, 84; y Brasil, emigración, 349, 351, 402, 416-420 passim, 439; y Perú, emigración, 253; y Uruguay, emigración, 1230, 123, 133; y Venezuela, 317

jacobinista, movimiento (Brasil), 438, 441

Japón: y Brasil, emigración, 418; y Chile, 304

Jara, Albino, 144, 145

Jaramillo, Esteban, 299

Jardim, Antonio da Silva, 405, 408, 410

Jesús de Machaca (Bolivia), 222, 226

Joazeiro (Brasil), 434, 435

José María (líder del movimiento de Contestado, Brasil), 434

Jovellanos, Salvador, 138

Juárez Celman, Miguel, 31, 56

judíos: en Argentina, 76, 83, 103; en Uruguay, 133

Jujuy, provincia (Argentina), 49, 79, 81, 94

Justo Agustín, P., 109, 117

Justo, Juan B., 62

Kemmerer, doctor Edwin, 298, 299

Körner, Emil, 176

La Brea (Perú), 249

La Coruña, oficina (Chile), 197

La Cruz, pacto de (1897), 126

La Manuelita, ingenio azucarero (Colombia), 300

La Oroya (Perú), 294

La Pampa, provincia (Argentina): economía, 18, 34, 35, 70-75; población, 45

La Paz (Bolivia), 182, 206, 214-219 passim, 228

La Paz, departamento (Bolivia), 206

La Plata (Argentina): economía, 35, 105, 111; población, 45, 71; Universidad, 100

La Rioja (Argentina), 78

La Rioja, provincia (Argentina), 78-81 passim

La Salvadora, mina (Bolivia), 217

Lafferte, Elías, 198

Lambayeque, departamento (Perú), 260

Lampiáo, véase Ferreira, Virgulino

Lancashire Cattle Company, 325

«lanzas, guerra de las» (1870-1872), 120

Larco, familia (Perú), 253

Larden, Walter, 44

Latorre, coronel Lorenzo, 121, 122

Lazo, Alejandro, 194

Lebu (Chile), 168

Legión Paraguaya, 136-142 passim

Leguía, Augusto B., 255, 256, 271; presidente de Perú (1908-1912), 266-267, 271; 1919-1930, 234, 271-279

Leguía, familia (Perú), 253

Lencinas, Carlos Washington, 115

Lencinas, familia (Argentina), 109

Lenin, Vladimir Ilych, influencia en Perú, 276

Leyto, hacienda (Ecuador), 310

liberales cívicos (cívicos) (Paraguay), 142-146 passim

liberalismo, partidos liberales

Argentina, 53-54

Bolivia: hasta 1920, 213-221 passim; 1920-1934, 222, 223, 224, 227-228, 229, 230

Brasil, 388-389; Alianza Liberal, 450-453, 454; Partido Liberal: (1870-1878), 370, 379-380, 391, 392-393, 396, 397, (1878-1889), 397-407 passim, 410, 412

Colombia, 282-294 passim, 299, 301

Chile: hasta 1891, 161, 162, 166, 169-173 passim; 1891-1931, 179, 180, 187, 190-191, 194, Partido Liberal Democrático, 180, 187, 190, 191

Ecuador, 403-411

Paraguay: hasta 1904, 141-143; 1904-1932, 143-152 passim

Liebig’s Extract of Meat Company, 120, 127

Liga Patriótica Argentina, 103, 104

Liga Progresista (Brasil), 391

Lillo, Baldomero, 187

Lima

1879-1895, 236, 237, 243, 257-258

1895-1919, 253, 256-257, 267, 268; movimiento laboral, 258, 260, 268, huelga general (1919), 258, 268

1919-1930, 257, 272, 273, 274, 278-279 San Francisco de la Tablada, 257 Vitarte, fábrica textil, 258

Lima, departamento, 252

Linares, provincia (Chile), 190, 196

literatura, véase artes

Littré, Émile, 391

Lobo, Aristides, 412

Loizaga, Carlos, 136

London and Pacific Petroleum Company, 249

López, Carlos Antonio, 135

López, Vicente, 32

López, Francisco Solano, 135-136

López Contreras, Eleazar, 320, 328

López de Romana, Eduardo, 254, 255

López Jordán, Ricardo, rebeliones (década de 1870), 42, 76

López Pumarejo, Alfonso, 293

Luís, Washington, véase Pereira de Sousa

Lurin (Perú), 257

Lynch, Patrick, 236

Llallagua (Bolivia), 217

Lloyd’s Bank (Londres), 67, 79

Macedo Costa, Dom Antonio, 396

Maciel, Antônio Vicente Mendes, véase Conselheiro, Antonio

Machado de Assis, Joaquim María, 387, 388-389, 400

Machaín, Facundo, 136, 137, 138-139

Madureira, Antonio da Sena, 396-397, 410, 411

Magallanes (Chile), 167, 190

Magallanes, región del estrecho, 76

Magdalena (Colombia), 286

Magdalena, río (Colombia), 301

Magnasco, Osvaldo, 56 n.

Malvinas, islas, 167

Manzanilla, José Matías, 266, 268

Mapocho, río (Chile), 170

mapuche, indios, 167

Maracaibo (Venezuela), 317-318

Maracay (Venezuela), 323, 324, 325, 329

Maranhão, provincia/estado (Brasil), 424

Mariátegui, José Carlos, 234, 258, 270-271, 276-277

marineros, revuelta de los (1910), 448

Marroquín, José Manuel, 287, 288

Martí, José, 305

Martín García, isla de (Argentina), 117

Martínez Lamas, Julio, 133

Martins, Gaspar da Silveira, 412

Marx, Karl: influencia en Bolivia, 222, 225; influencia en Perú, 270, 276

Más Afuera, isla de (Chile), 198

Mato Grosso, provincia/estado (Brasil), 334, 340, 359, 381,412

Matos, Ernesto da Cunha, 411, 412

Matos, general Manuel Antonio, 325

Matos, Horacio de, 424-425

Mauá, barón de, 337, 384

Medellín (Colombia), 299, 300, 301

Medina Angarita, Isaías, 320

Meigg, Henry, 261

Melgarejo, Mariano, 209

Meló Franco, Virgilio de, 452

Mendes, Cândido, 396

Mendonça, Salvador de, 407

Mendoza (Argentina), 45, 77, 78, 81

Mendoza, Pedro, 149

Mendoza, provincia (Argentina), 45, 49; economía, 32-33, 37, 77, 78, campos petrolíferos, 110, 112; política, 65, 109, 115

Mihanovich, Nicolás, 84

Mil Días, guerra de los (Colombia, 1899-1902), 285, 287-289

Minas Gerais, provincia/estado (Brasil): economía, 334, 339, 340, 345, 353, 368, manufactura, 364, 375

Partido Republicano (PRM), (1870-1898) 405-408 passim, (1889-1930) 426, 428, 443

población y cambio demográfico, 373, 419, 420

política, (1870-1889) 381, 403-409 passim, (1889-1930) 424-429 passim, 442-446 passim, 450-453 passim

Misiones, provincia (Argentina), 76, 94

Mitre, Bartolomé, 42, 43, 61, 62

Moliendo (Perú), 261

Monagas, familia (Venezuela), 283, 314, 315

Monsalve, Diego: Colombia cafetera, 301

Montalvo, Juan, 282, 305

Montan, Grito de (1882), 238

Montecristi (Ecuador), 304

Montero, José P., 147

Montero, Juan Esteban, 202

Montes, Ismael, 219, 221

Montevideo (Uruguay)

c. 1860-1870, 118-120 passim 1870-1904, 123, 125, 126 1904-1918, 128, 131, 133

Montt, Jorge, 176, 178-180

Montt, Manuel, 171

Montt, Pedro, 188

Mora, Gaspar, 194, 195

Moráis e Barros, Prudente José de, 406, 408, 438, 441, 442

Morales Bermúdez, Remigio, 243

Moreno, Baquerizo, 312

Moreno, Gabriel Rene, 211

Moreno Díaz, Ezequiel, obispo de Pasto, 306

Morínigo, Marcos, 142

Mosconi, Enrique, 111

muckers, rebelión de los (Rio Grande do Sul, Brasil, 1868-1874), 378

Mújica, familia (Perú), 253

Nabuco, Joaquim, 385, 398, 399, 401, 403

Nabuco de Araújo, familia (Brasil), 385

Nabuco de Araújo, José Tomás, 391, 394

Neerlandia, tratado de (1902), 281

Neff, Francisco, 195

Nel Ospina, Pedro, 291, 298

Neuquén, provincia (Argentina), 94; campos petrolíferos, 75, 110, 112

Neves de Fontoura, João, 451, 452

New York and Bermúdez Company, 325

Nitrate Railways Company, 171-172

nitratos, industria de los, 164-179 passim, 171-172; véase también Iquique

Norte de Santander, departamento (Colombia), 293

North, John Thomas, 164, 166, 167, 171-172, 175, 177

Núñez, Rafael, 283-287 passim, 291, 292, 294

Olavarría (Argentina), 42

Olaya, Enrique, 291

Olinda, marqués de, véase Araújo Lima

Oriente Medio, emigrantes: Argentina, 45, 80; Colombia, 299; Uruguay, 133

Orrego Luco, Luis, 187

Oruro (Bolivia), 206

Oruro, provincia (Bolivia), 206, 219, 229; minería, 207, 215, 217, 218

Osório, general Manuel Luís, 379

Otoni, Cristiano, 407

Ouro Preto, vizconde de, 411-412

Pacífico, guerra del (1879-1883), 160, 212, 235-238

Pacheco, Gregorio, 207, 213

Páez, José Antonio, 283

Países Bajos, y Bolivia, 227; véase también Royal Dutch Shell

Pampa Lagunas, oficina (Chile), 166

pampas, las (Argentina), véase Buenos Aires, provincia; Córdoba, provincia; Entre Ríos; La Pampa; Santa Fe, provincia

Panamá, 288; canal de, 247, 288, 302

Pando, José Manuel, 218

Pará, provincia/estado (Brasil): economía, 368; población, 372; política, 381, 382, 409, Partido Republicano, 408; véase también Belém

Paraguay

1870-1880, 135-139

1880-1904, 139-143

1904-1923, 143-149

1923-1932, 149-153

guerra de, véase Triple Alianza

y Argentina: hasta 1904, 135-138 passim, 140, 143; 1904-1935, 94, 152, 231

y Bolivia, 150-153, 224-231 passim

y Brasil, 135, 136-138

y Uruguay, 119, 135

Paraíba, provincia/estado (Brasil), 409, 445, 450

Paraíba, valle de (Brasil), 409

Paraná (Argentina), 35

Paraná, provincia/estado (Brasil), 434

Paraná, río (Argentina), 76

Paranaguá, marqués de, 391

Pardo, familia (Perú), 253

Pardo, José, 255, 256, 266, 267, 271

Pardo, Manuel (Argentina), 42

Pardo, Manuel (Perú), 266

Pariñas (Perú), 249

Partido Autonomista Nacional (PAN) (Argentina), 55, 56, 58-64 passim

Partido Blanco (Uruguay), véase blancos

Partido Civilista (civilistas) (Perú) hasta 1895, 233-234, 237, 241-244 1895-1919, 244, 245, 253-256, 266-270, 271

Partido Colorado (Uruguay), véase colorados

Partido Conservador (Bolivia), 213-215 passim

Partido Conservador (Brasil, imperio) 1870-1878, 370, 371, 379, 391-396 passim 1878-1889, 397-401 passim, 403-407 passim, 411-412

Partido Conservador (Colombia), 281, 290-294 passim, 298-303 passim

Partido Conservador (Chile) hasta 1891, 161, 162, 166, 169 1891-1931, 179, 187, 190-191, 197

Partido Conservador (Ecuador), 310

Partido Democrático (Chile), 175, 180, 184-185, 187, 190-191

Partido Democrático (Perú), 243

Partido Democrático Progresista (Argentina), 61, 65, 97, 103, 104

Partido Nacional (Chile) hasta 1891, 163, 169, 171, 173 1891-1931, 180, 187, 190-191

Partido Obrero Socialista (POS) (Chile), 185, 186

Partido Radical (Chile) 1886-1891, 163, 166, 175 1891-1920, 180, 187, 190-191 1920-1931, 193, 197

Partido Republicano (Bolivia), 219-223, 224; véase también Partido Republicano Genuino

Partido Republicano (Brasil)

1870-1878, 370, 371, 396, 405-408

1878-1889, 399, 400, 403, 405-412

1889-1930, 421

véase también Minas Gerais; Partido Republicano Conservador; Río de Janeiro, provincia/estado; Rio Grande do Sul, provincia/estado; São Paulo, provincia/estado

Partido Republicano Conservador (PRC) (Brasil), 422, 443, 445

Partido Republicano Genuino (Bolivia), 222, 223, 224, 227

Partido Socialista Republicano (Bolivia), 230

partidos democráticos (Brasil), 422; véase también São Paulo, provincia/estado

Pasto, diócesis de (Colombia), 306

Patagonia (Argentina), 76, 98, 103; véase también Comodoro Rivadavia

Patino, Simón I., 216, 217, 224, 226, 227

Patrocinio, José do, 407

Pecanha, Nilo, 446

Pedro II, emperador de Brasil: opinión de las reformas, 393; posición en el gobierno, 379

Peixoto, Floriano, 411, 441

Pelotas, vizconde de, 397, 410, 411

Pellegrini, Carlos, 31, 62, 63, 64

Pena, Afonso, 198, 443

Penido, João, 407

Peña, David, 301

Peña, Pedro, 145

Pereira de Sousa, Washington Luís, 425, 449-453 passim

Pereira, Lafayette Rodrigues, 407

Pérez, Santiago, 285, 287

Pérez de Arce, Hermógenes, 171

Pérez Jiménez, Marcos, 320

Pérez Soto, Vicencio, 328

Pernambuco, provincia/estado (Brasil): azúcar, 334, 343, 376, 385; política: (1870-1889), 382, 405, 409, (1889-1930), 424, 429, 445, 446; véase también Recife

Perú, 233-235 hasta 1879, 164-165 guerra del Pacífico (1879-1883), 235-238 guerra civil (1883-1885), 238-239 bajo Cáceres (1886-1895), 238-244

«República aristocrática» (1895-1819), 244-246, 266-271; economía, 246-253, 261-262, 263; sociedad, 253-256, cuestión social, 256-271

bajo Leguía (1919-1930) (oncenio), 271-278

y Bolivia, 187, 191, 235

y Colombia, 292

y Chile, 160-161, 168, 201, 235-238, 267

Peruvian Corporation of London, 243, 249

Pessoa, Epitácio, 369, 445

Pessoa, Joáo, 450, 453

Pestaña, Rangel, 410

Petrópolis, tratado de (1903), 218

Piauí, provincia/estado (Brasil), 582

Pichincha, El (Quito), 307

Piérola, Nicolás de, 237, 238, 243-244; presidente de Perú (1895-1899), 243-246, 254

Pinasco, familia (Argentina), 140

Pinheiro Machado, José Gomes, 443, 445

Pinochet, Luis, 194

Pintados (Chile), 181-182

Pinto, Aníbal, 158-163 passim

Pinto Riesco, Jaime, 202

Pío IX, papa, 383, 395

Pío XII, papa, 289

Pisagua (Chile), 167

Pitiantuta (Paraguay), 153

Piura, departamento (Perú), 249, 260

Placilla, batalla de (1891), 177

Plaza, Leónidas, 307, 308

Plaza Huincul (Argentina), 75, 112

Pomalca, plantación de (Perú), 260, 263

Porco, minas de (Bolivia), 207

Portales, Diego, 157

Porto Alegre (Brasil), 373, 421

Portoviejo (Ecuador), 306

Portugal, y Brasil, 334, 421; emigración, 351, 402, 416, 417, 439

positivismo: influencia en Brasil, 371, 390, 391, 430, 443-444, 448; influencia en Perú, 241-242

Potosí (Bolivia), 206

Potosí, provincia (Bolivia), 206, 219, 226; minería, 207-208, 215, 217, 218

Prado, Antônio, 404

Prado, Mariano Ignacio, 236

Prensa, La (Lima), 271

Prestes, columna, 447

Prestes, Julio, 450, 451, 452

Prestes, Luís Carlos, 447, 449

primera guerra mundial, efectos: Argentina, 91-92, 105-106; Bolivia, 221; Brasil, 345-346, 347, 363, 364-366; Chile, 189, 191; Paraguay, 146-148; Perú, 268; Uruguay, 131, 132

principistas (Uruguay), 120-121, 123

Prinetti, decreto (1902), 417

Programa de Control Internacional del Estaño, 227, 230

Protesta, La (Lima), 258

Prudente de Moráis, véase Moráis e Barros

Puerto Alonso (Bolivia), 218

Puerto Montt (Chile), 181

Puerto Natales (Chile), 190

Puno (Perú), 261, 262

Punta Angamos (Chile), 236

Punta Arenas (Chile), 185

quebra quilos, levantamiento (Brasil), 378

quechua, lengua, 210, 255

Quintana, Manuel, 64

Quintín Lame, Manuel («doctor Quintino»), 301

Quirivilca (Perú), 260

Quito (Ecuador), 306-311 passim

Ramírez, Pablo, 200

Real Compañía Minera Socavón, 207

Realengo, academia militar (Brasil), 447

Recabarren, Luis Emilio, 184-185, 186

Recife (Brasil), 340, 374, 399, 437

Reforma, La (Argentina), 100

Relator, El (Colombia), 285

religión, véase Iglesia católica romana

Rengifo, Ignacio, 301

República, A (Brasil), 392, 405

Resistencia (Argentina), 77

Restrepo, Carlos E., 290

Reyes, Rafael, 289, 290, 293

Ribeirão Preto (Brasil), 433

Ribeiro de Andrada, Antônio Carlos, 406, 450

Rio Branco, barón/vizconde de, 381, 393-396 passim

Río de Janeiro: Copacabana, fuerte de, 447; economía, 338, 357, 359, 366, 374, 375; estructura social, 373, 374, 423, 437, 438, 439; inmigración, 373, 418, 420, 439; movimientos populares, 347, 377, 398, 440; población y cambio demográfico, 350, 373, 374; Praia Vermelha, academia militar, 430, 438, 441-442, 447, 448; revolución (1930), 454; véase también Distrito Federal

Río de Janeiro, provincia/estado: economía: 337, 358, café, 345, 350, industria, 351-354, 375; esclavitud, 350, 403, 404; inmigración, 373; Partido Republicano, 405, 406, 407, 410; población y cambio demográfico, 419; política: (1870-1889), 381, 382, 403-407 passim, 409, 410, (1889-1930), 429, 446

Rio Grande do Sul (Brasil), 119, 338

Rio Grande do Sul, provincia/estado (Brasil): economía, 344, 349, 357, 366, 375, 418; esclavitud, 119; inmigración, 349, 373, 378, 433; Partido Republicano (PRR): (1870-1889), 405-408 passim, 410, (1889-1930), 426, 429, 433, 443; política: (1870-1889), 381, 382, 405-412 passim, (1889-1930), 426-431 passim, 433, 443-447 passim, 450-453 passim; véase también Porto Alegre

Río Negro, región (Argentina), 75, 76, 94, 106

Rionegro, constitución de (1863), 283-287

Ríos, Manini, 130

Riquelme, Adolfo, 144

Rivadavia, Bernardino, 20, 73

Rivarola, Cirilo A., 136-139 passim

riveristas (Uruguay), 129-130

Robles, Luis A., 286

Roca, Julio A., 42, 43-44, 55, 59-64 passim

Rocafuerte, Vicente, 282

Rodó, José Enrique: Ariel, 241

Rodrigues, Manuel, 145

Rodrigues Alves, véase Alves

Rojas, Liberato M., 145

Rojas Paúl, doctor Juan Pablo, 319

Romana, véase López de Romana

Romero, acuerdo (1893), 32

Romero, Silvio, 387, 391

Rondón, Cándido, 349

Roosevelt, Teodoro, 287, 322

Rosa e Silva, Francisco, 429

Rosario (Argentina): economía, 32, 35, 82, 105; población y sociedad, 45, 47, 51; política, 50, 51, 66

Rosas, Juan Manuel de, 20

Rothlisberger, Ernst, 299

Rothschild, banqueros (Londres), y Brasil, 338, 355, 443

Royal Dutch Shell: en Argentina, 113; en Paraguay, 231; en Venezuela, 327

Rumi-Maqui, Véase Gutiérrez Cuevas

Saavedra, Bautista, 222-224

Sáenz Peña, ley (1912), 61, 64, 65, 96-97, 101, 109, 117

Sáenz Peña, Luis, 63

Sáenz Peña, Roque, 62, 64, 66, 96-97, 110

Salamanca, Daniel, 219-230 passim

Salazar, Matías, 316

Salta (Argentina), 78, 81

Salta, provincia (Argentina): economía, 79, 94, campos petrolíferos, 110, 112-113; política, 113, 114, 115, 117

Salvador (Brasil), 340, 374, 424

San Donato, oficina (Chile), 175

San Gregorio, oficina (Chile), 192

San Juan, provincia (Argentina) 72, 78, 109, 115

San Luis, provincia (Argentina), 45

San Marcos, universidad (Perú), 241, 269, 271, 275

San Nicolás (Argentina), 35

San Nicolás (Perú), 260

San Rafael (Perú), 260

Sanclemente, Manuel Antonio, 287

Sánchez Cerro, Luis M., 278, 279

Sanfuentes, Juan Luis, 190-191

Santa Ana, mina de plata (Colombia), 300

Santa Catarina, provinica/estado (Brasil), 358, 381, 434; inmigración, 349, 373

Santa Cruz (Bolivia), 206

Santa Cruz, departamento (Bolivia), 206

Santa Fe (Argentina), 35; Universidad, 101

Santa Fe, provincia (Argentina): economía, 37, 71-75, 77, 90, agricultura, 18, 32-36passim, 72; inmigración, 45, 46, 47, 51, 52; población, 45, 46; política: (1870-1914), 52, 61, (1914-1930), 65, 108; véase también Rosario

Santa Fe de Bogotá, véase Bogotá

Santa María, Domingo, 161-163, 166, 172

Santa Marta, zona bananera (Colombia), 281, 290, 297, 301

Santander, región (Colombia), 294, 295

Santiago de Chile 1886-1891, 169, 175, 177 1891-1920, 181-186 passim, 190, 257 1920-1931, 193, 203

Santiago, arzobispado de, 161, 162, 169

Santiago, provincia, 168

Santiago del Estero (Argentina), 77

Santiago del Estero, provincia (Argentina), 49, 65, 72, 77-81 passim

Santos (Brasil), 359, 409

Santos, Felício dos, 407, 408

Santos, general Máximo, 121-124 passim

Santos Salas, José, 198

São Leopoldo (Brasil), 378

São Luís (Brasil), 374

São Paulo (barco), 448

São Paulo: economía, 356, 357, 359, 366, 374, 451, 452; estructura social, 372, 373, 419, 420, 423, 437, 438-439; facultad de derecho, 406; inmigración, 373, 438, 439; movimientos laborales, 347, 440; población y cambio demográfico, 350, 373, 374, 402, 403, 419, 420, 421, véase también inmigración; política, 347, 440, 446-447, 450

São Paulo, provincia/estado

economía, 340, 344, 346, 353, 356-361 passim, 366, 368, 418; café: (1870-1889), 342, 348, 373, (1889-1930), 342, 345-346, 348-349, 350, 367, 415-417; industria, 361, 362, 364, 375

esclavitud, 350, 401-404 passim

estructura social: 1890-1898, 372-373; 1889-1930, 415-417, 419, 420, 425, 431, 438-439

inmigración: 1870-1889, 372-373, 401; 1889-1930, 352, 414-419, 420, 433

Partido Democrático (PD), 428, 438, 446-447, 450-454 passim

Partido Republicano: 1870-1889, 371, 405-410 passim, 421; 1889-1930, 425, 428, 437, 438, 441, 442, 446, 447, 452, 454

población y cambio demográfico, 372-373, 414-417, 419, 420; véase también esclavitud; inmigración

política: 1870-1889, 371, 381, 382, 402-410 passim, 422; 1889-1930, 425-429 passim, 441-447 passim, 449-454 passim; véase también Partido Democrático; Partido Republicano

Saraiva, José Antônio, 382

Saravia, Aparicio, 125-126

Sarmiento, Domingo F., 41, 62, 73, 81

Sastre, familia (Argentina), 140

Schaerer, Eduardo, 145-149 passim

Schumacher, Pedro, obispo de Portoviejo (Ecuador), 306, 307

Seabra, J. J., 424

Seligman, J. W., and Company, banqueros, 273

Semana Trágica (Buenos Aires, 1919), 102

Sergipe, provincia/estado (Brasil), 409

Siles, Hernando, 224-225

Silvino, Antônio, 436

Simonsen, roberto, 428

Sincerín, ingenio azucarero (Colombia), 300

Sinimbu, João Lins de, 382, 391

Siqueira Campos, Antônio de, 449

Soares de Sousa, familia (Brasil), 385

Soares de Sousa, Paulino José (vizconde de Uruguay), 385, 396, 397

Soares de Sousa, Pedro Luis, 412

socialismo, partidos socialistas: Argentina: (1880-1916), 55, 61-66 passim, 97, (1916-1930), 101, 104, 117; Bolivia, 222, 224 (véase también Partido Socialista Republicano); Brasil, 377, 440; Chile, 185, 186

Sociedad Agraria Nacional (Perú), 245, 254

Sociedad de Fomento Fabril (Chile), 169

Sociedad Ganadera del Centro (Perú), 264

Sociedad Nacional Agraria (Perú), 245, 254

Sociedad Nacional de Industrias (Perú), 245

Sociedad Nacional de Minería (Perú), 245

Sociedad Rural Argentina, 50-51, 98, 99, 102, 106, 115

Sorel, Albert, influencia en Perú, 276

Sorocaba (Brasil), 359

Sousa, José Soriano de, 391

Souza, Irineu Evangelista de, véase Mauá, barón de

Souza, Muniz de, 406

Souza Dantas, Manuel Pinto de, 403

Spencer, Herbert, influencia en Brasil, 371

Standard Oil: en Argentina, 110, 112-114, 117; en Bolivia, 112-113, 151, 223, 231; en Perú, 249

Suárez, Marco Fidel, 292, 298, 301

Sucre, Antonio José de, 211

Sucre (Bolivia), 206, 214, 215, 219

Supe (Perú), 260

sirio-libaneses, inmigrantes, véase Oriente Medio

Tablada (Uruguay), 133

Tacna, provincia (Perú, antes Chile), 160,187, 191, 200-201, 238, 267

Táchira, estado (Venezuela), 320, 322, 325

Taforo, Francisco de Paula, 161

Tajes, general, 122

Talara (Perú), 260

Talcahuano (Chile), 167, 170

Tandil, matanzas de (1871), 51

Tangüis, Fermín, 252

Tarapacá, provincia (Chile, antes Perú): en la guerra del Pacífico (1879-1883), 236 237; cesión a Chile (1883), 160, 238; (1883-1891), 175, 176; (1891-1919), 181-182, 185, 190; industria del salitre, 163-168 passim, 171-172

Tarija (Bolivia), 206

Tarija, departamento (Bolivia), 206

Taunay, Alfredo de, 381

Távora, Juárez, 448, 449

Tejedor, Carlos, 42, 43

Temuco (Chile), 167, 181

tenentista, movimiento (Brasil), 444, 447-449, 451, 452-454

Terra, Gabriel, 134

Tibiriça, Jorge, 425

Tierra del Fuego, 167

Tinyahuarco (Perú), 249

Titicaca, lago (Bolivia/Perú), 219, 222, 243

Tocopilla (Chile), 184

Tolima, región (Colombia), 285

Torres, Gumersindo, 326

Torres Giraldo, Ignacio, 300-301

Torres Homem, Francisco de Sales, 381

Trabajo, El (Chile), 184

Tres Arroyos (Argentina), 42

Tribuna, La (Paraguay), 148

Trinidad (Bolivia), 206

Triple Alianza, guerra de la (1865-1870), 135-136; efectos en Brasil, 375, 391, 430; efectos en Paraguay, 135-136; efectos en Uruguay, 119

Trujillo (Perú), 257, 270, 275

Tucumán (Argentina), 45, 81; universidad, 101

Tucumán, provincia (Argentina): economía, 37, 78-79, 80, 94; población y sociedad, 45, 49

Túpac Amaru II, 593

Udima, hacienda (Perú), 264

Ugarte, Marcelino, 97, 100

Uncía (Bolivia), 217, 222, 223

Unión Cívica (Argentina), 61

Unión Cívica Nacional (Argentina), 61

Unión Cívica Radical (UCR) (Argentina)

hasta 1916, 54, 60-66 passim, 96-98

1916-1922, 98-104, 108-110

Unión Republicana (Colombia), 290

Urbina, José María, 282

Urbina Jado, Francisco, 309

Uriarte, Higinio, 138

Uribe Uribe, Rafael, 281, 286, 288, 289, 300;

y producción de café, 296

Uriburu, José Félix, 117

Urquiza, Justo José de, 76

Urrutia-Thompson, tratado (1922), 298

Uruguai, vizconde de, véase Soares de Sousa, Paulino José

Uruguay

c. 1860-1870, 118-120

1870-1904, 120-127

1918-1930, 127-131

y Argentina, 118, 119, 124, 131

y Brasil, 118, 119, 123

y Cuba, 118, 123

y Paraguay, 119, 135

Utchinson, Thomas, 120

Valdés Canje, J., véase Venegas

Valdés Carrera, José Miguel, 171, 174

Valdivieso, Rafael Valentín, arzobispo de Santiago, 161

Valencia (Venezuela), 317, 321

Valencia, Guillermo, 290, 292

Valparaíso (Chile), 176, 177, 181, 182, 184, 186; terremoto (1906), 188

Valparaíso, provincia (Chile), 168

Valle (Colombia), 300, 301

Vallenilla Lanz, Laureano, 242, 317, 328, 330

Vargas, Getúlio, 418,429, 438,450-454passim

Vargas Vila, José María, 305

Vásquez Cobo, Alfredo, 291, 292, 300, 301

Veintemilla, Ignacio de, 282

Velasco Ibarra, José María, 311, 313

Venegas, Alejandro (J. Valdéz Canje), 187

Venezuela, 280-283, 314-330; y Colombia, 316, 317, 318, 320, 324, 326

Vergara, José F., 166

Viana, Antonio Ferreira, 396, 397, 401

Viera, Feliciano, 130

Vilca Huaca (Perú), 260

Villanueva, Benito, 97

Villarán, Manuel Vicente, 241-242, 253, 269

Villarica (Chile), 167

Villazón (Bolivia), 225

Villazón, Eliodoro, 219

Vital, Dom, obispo de Olinda, 395

Vitoria (Brasil), 364

Wall Street, caída de (1929), efectos: Argentina, 116; Bolivia, 221, 225-226; Brasil, 367, 451-452; Chile, 201; Paraguay, 152; Perú, 277-278

Weil Brothers, compañía exportadora, 74

Werneck, Américo, 410

Williams, Harvey and Company, 217

Wisconsin, tratado de (1902), 281

Xingú, río (Brasil), 359

Yrigoyen, Hipólito

hasta 1916, 61, 62

presidente de Argentina (1916-1922), 65, 96-104, 111

1922-1928, 107-110, 112-114

presidente de Argentina (1928-1930), 114-117

Yungas, área de (Bolivia), 205

Zarate (Argentina), 105

Zegers, Julio, 172, 174, 175

Zelaya, José Santos, 288, 305

Zuberbühler, Luis, 84

ÍNDICE DE FIGURAS

1. Exportaciones peruanas, 1830-1930

2. Porcentaje de las importaciones peruanas procedentes de Estados Unidos, 1891-1930

3. Porcentaje de las exportaciones peruanas a Estados Unidos y Gran Bretaña, 1891-1930

4. Producción peruana de cobre, 1903-1935

5. Producción peruana de petróleo crudo, 1885-1930

6. Exportaciones peruanas de azúcar, 1897-1940

7. Producción peruana de algodón, 1880-1930

ÍNDICE DE MAPAS

Las repúblicas del Río de la Plata

Las repúblicas andinas

Brasil

ÍNDICE DE CUADROS

Capítulo 1

1. Población y tasas de crecimiento

2. Inmigración y emigración, 1870-1914

3. Población urbana y rural

4. Inversiones directas y de cartera británicas en Argentina, 1865-1913

5. Formación de capital: crecimiento de las existencias de capital, 1857-1914

6. El comercio exterior de Argentina, 1870-1914

Capítulo 8

1. Población de Bolivia para los departamentos y capitales, 1846, 1900, 1950

2. Producción de plata en Bolivia, 1780-1909

3. Producción de estaño en Bolivia, 1900-1939

4. Comercio exterior de Bolivia, 1895-1930

Capítulo 9

1. Exportaciones de lana peruana, 1830-1929

2. Crecimiento de grupos seleccionados del sector medio ocupacional en Lima, 1920-1931

Notas

[*] Este capítulo corresponde a la traducción de la versión en inglés publicada por la Cambridge University Press. <<

[1] Francisco Latzina, El comercio exterior argentino, Buenos Aires, 1916 <<

[2] Jonathan C. Brown, A socio-economic history of Argentina, 1776-1860, Cambridge, 1979. Véase también Tulio Halperín Donghi, «La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires», Desarrollo Económico, 3 (abril-septiembre de 1963). Y sobre Argentina en general antes de 1870, véase Lynch, HALO, VI, capítulo 8. <<

[3] Carlos Díaz Alejandro, Essays on the economic history of the Argentine Republic, New llaven, 1070, p. 3. <<

[4] Sobre la relación entre la expansión de los ferrocarriles y la incorporación de nuevas tierras, véanse Colin M. Lewis, «La consolidación de la frontera argentina a fines de la década del setenta. Los indios, Roca y los ferrocarriles», en Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo, eds., La Argentina del ochenta al centenario, Buenos Aires, 1980; Roberto Cortés Conde, «Patrones de asentamiento y explotación agropecuaria en los nuevos territorios argentinos (1890-1910)», en Álvaro Jara, ed., Tierras nuevas, México, 1969. <<

[5] James Scobie, Revolution on the pampas: a social history of Argentine wheat, Austin, Texas, 1964, p. 5. <<

[6] Gran Bretaña, Foreign Office, Informe correspondiente al año 1893 sobre la condición agrícola de la República Argentina (Annual Series, 1893, Informes diplomáticos y consulares sobre comercio y finanzas; n.º 1.283), 1893. <<

[7] Zulma L. Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes, Migraciones en la Argentina, Buenos Aires, 1969, pp. 79, 86. <<

[a] Excluyendo la población indígena y los argentinos en el extranjero o sirviendo en el ejército en Paraguay. <<

[8] Segundo Censo Nacional, 1895, II, XCIX. <<

[a] Excluyendo los pasajeros de primera clase. <<

[9] Gran Bretaña, Foreign Office, Informes consulares, Informe sobre la emigración a la República Argentina y la demanda de mano de obra, 1891 (Miscellaneous Series, 1892, n.º 216). <<

[10] Véase Alejandro E. Bunge, La desocupación en la Argentina, actual crisis del trabajo, Buenos Aires, 1917. <<

[11] Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, 1850-1930, 2 vols., Buenos Aires, I, p. 209 <<

[12] James Scobie, Buenos Aires, plaza lo suburb 1870-1910, Nueva York, 1974, p. 266. <<

[13] Para más comentarios sobre los salarios reales, véase Roberto Cortés Conde, El progreso argentino, 1880-1914, Buenos Aires, 1979. <<

[14] Véanse, por ejemplo, Gran Bretaña, Foreign Office, Informes consulares, Informe sobre la emigración a la República Argentina y la demanda de mano de obra, 1891 (Miscellaneous Series, 1892, n.º 216), e informes consulares sobre los años 1892, 1895 y 1899. <<

[a] Basado en el índice de precios al consumo (precios de los alimentos), en Roberto Cortés Conde, El progreso argentino (1880-1914), Buenos Aires, 197. <<

[15] Véase Gallo, HALC, X, capítulo 2 <<

[16] Allois E. Fliess, La producción agrícola-ganadera de la República Argentina en el año en el año 1891, Buenos Aires, 1892, p. 10. <<

[17] Véanse Ministerio de Agricultura, Estadísticas agrícolas, Buenos Aires, 1912, y E. Tornquist, Desarrollo económico en la República Argentina, Buenos Aires, 1919. <<

[18] Emilio Lahitte, Informes y estudios de la Dirección de Economía Rural y Estadística, Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, 1916. <<

[19] Tercer Censo Nacional, 1914, VII, p. 71. <<

[20] Ángel M. Quintero Ramos, Historia monetaria y bancaria de Argentina (1500-1949), México, 1970. <<

[1] Nicolás Avellaneda en el prólogo a Alvaro Barros, Indios, fronteras y seguridad interior, 1.ª edición, 1872-1876, Buenos Aires, 1975, p. 137. <<

[2] Teniente coronel Manuel Pardo, citado por J. C. Walther, La conquista del desierto, Buenos Aires, 1973, p. 384. <<

[3] Citado por G. H. y C. San Román, La conquista del progreso, Buenos Aires, 1977, p. 384. <<

[4] Domingo F. Sarmiento, Obras completas, Buenos Aires, 1953, XXXIX, p. 68. <<

[5] En mensaje de Roca, en H. Mabragaña, Los mensajes, Buenos Aires, 1910, IV, p. 1. <<

[6] Citado por H. Rivarola y C. García Belsunce, «Presidencia de Roca», en R. Levillier, ed., Historia argentina, Buenos Aires, 1968, IV, p. 2.489. <<

[7] Walter Larden, Argentina plains and Andean glaciers, Londres, 1911, p. 49. <<

[8] Tercer Censo Nacional, Buenos Aires, 1916, I, p. 82. <<

[9] Gerente de Rosario a Buenos Aires (19 de junio de 1888), Bank of London and South America Archives, Biblioteca del University College de Londres. <<

[10] Para este punto, véase Cortés Conde, HALC, X, cap. 1; y Rock, HALC, X. cap. 3. <<

[11] J. Huret, En Argentine: De Buenos Aires au Gran Chaco, París, 1914, p. 30. Sobre la posición socialista, véase el folleto de Mario Bravo La ciudad libre, Buenos Aires, 1917. <<

[12] J. Huret, op. cit., p. 40. <<

[13] Juan B. Justo, «El profesor Ferri y el Partido Socialista Argentino», en Socialismo, Buenos Aires, 1920, pp. 129 y ss. <<

[14] El receso parlamentario podía durar hasta siete meses. <<

[15] Osvaldo Magnasco, citado por J. Irazusta, El tránsito del siglo XIX al XX, Buenos Aires, 1975, p. 169. <<

[16] A. Belin Sarmiento, Una república muerta (1.ª edición, 1891), Buenos Aires, 1970, pp, 22-23. <<

[17] Ramón Cárcano, citado por T. Duncan, «La prensa política en la Argentina: Sud-América. 1885-1892», en E. Gallo y G. Ferrari, eds., La Argentina del ochenta al centenario, Buenos Aires, 1980. <<

[18] Francisco Seguí, citado por D. Peck, «Argentine politics and the Province of Mendoza 1890-1916», tesis doctoral inédita, Oxford, 1977, p. 36. <<

[19] Mariano de Vedia, citado por D. Peck, op. cit., p. 32. <<

[20] La Prensa, Buenos Aires, 29 de diciembre de 1893. <<

[21] C. R. Meló, La campaña presidencial de 1885-1886, Córdoba, 1949, p. 22. <<

[22] Citado en H. J. Guido, Secuelas de unicato, Buenos Aires, 1977, p. 181. <<

[23] El Argentino, Buenos Aires, 9 de noviembre de 1893. <<

[24] La Tribuna, Buenos Aires, 11 de enero de 1894. <<

[25] El conflicto citado en la página 58 (nota 20) señala las resistencias provocadas entre los caudillos locales por la presencia en los cuerpos directivos de los ganaderos que residían en la Capital Federal. <<

[26] Gerente de Rosario a Buenos Aires, 13 de febrero de 1894, Bank of London and South American Archives. <<

[27] La Prensa, Buenos Aires, 19 de septiembre de 1894. <<

[28] Federico Pinedo, En tiempos de la República, Buenos Aires, 1946, I, p. 25. <<

[29] Citado en R. Etchepareborda, Tres revoluciones, Buenos Aires, 1968, p. 118. <<

[30] Epistolario Sarmiento-Posse, Buenos Aires, 1946, II, p. 419. <<

[31] La Tribuna, Buenos Aires, 18 de enero de 1894. <<

[32] C. Pellegrini, Obras, Buenos Aires, 1941, IV, p. 419. <<

[33] Citado por H. Zorraquín Beçú, «Presidencia de Juárez Celman», en R. Levillier, ed., op. cit., IV, p. 3.077. <<

[34] Citado de J. de Vedia, Como los vi yo, Buenos Aires, 1922, pp. 60 y ss. <<

[1] Reginald Lloyd, ed., Twentieth century impressions of Argentina, Londres, 1911. <<

[2] Cf. Carlos Pellegrini, en Alberto B. Martínez y Maurice Lewandowski, The Argentine in the twentieth century, Londres, 1911, p. XV. <<

[3] Jorge Schvarzer, «Algunos rasgos del desarrollo industrial de Buenos Aires», en mimeógrafo, CISEA, Buenos Aires, 1979. <<

[4] Alejandro E. Bunge, La economía argentina, 4 vols., Buenos Aires, 1928-1930, 1, I, pp. 104-123. <<

[5] Carlos F. Díaz Alejandro, Essays on the economic history of the Argentine Republic, New Haven, 1970, pp. 152-162. <<

[6] Lloyd, Twentieth century impressions, p. 346. <<

[7] Véase, por ejemplo, la Revista Popular, marzo de 1919. <<

[8] Jorge Federico Sábato, «Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna», en mimeógrafo, CISEA, Buenos Aires, 1979, pp. 92-96. <<

[9] Citado en Lloyd, Twentieth century impressions, p. 337. <<

[10] Recensement général de la ville de Buenos Aires, Buenos Aires, 1910, p. LIII. <<

[1] La mayoría de estas cifras aparecen en Carlos F. Díaz Alejandro, Essays in the economic history of the Argentine Republic, New Haven, 1970, cap. 1. <<

[2] La mejor forma de seguir los ciclos es utilizar Guido di Telia y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967, pp. 295-420. <<

[3] Ibid., p. 317. Para detalles de la inflación durante la guerra, véase Alejandro E. Bunge, Los problemas económicos del presente, 1919, Buenos Aires, 1979. <<

[4] Cifras sobre las cuentas públicas en David Rock, Politics in Argentina, 1890-1930. The rise and fall of Radicalism, Cambridge, 1975, p. 224. <<

[5] Véase Ian Rutledge, «Plantations and peasants in northern Argentina: the sugar cane industry of Salta and Jujuy, 1930-43», en David Rock, ed., Argentina in the twentieth century, Londres, 1975, pp. 88-113. <<

[6] Para la agricultura en el interior, véase Jaime Fuchs, Argentina: su desarrollo capitalista, Buenos Aires, 1965, pp. 217-224; también Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, 1850-1930, 2 vols., Buenos Aires, 1955, II, pp. 131-148. <<

[7] Di Telia y Zymelman, Las etapas del desarrollo, pp. 309, 393. <<

[8] Ibid., p. 391. <<

[9] Roque Sáenz Peña, Discursos del Dr. Roque Sáenz Peña al asumir la presidencia de la nación, Buenos Aires, 1910, p. 40. <<

[10] Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1911, II, p. 160. <<

[11] Ibid., Senadores, 1911, II, p. 338. <<

[12] Véase Roberto Etchepareborda, Yrigoyen y el Congreso, Buenos Aires, 1956; para la legislación agraria, véase Ortiz, Historia económica, I, p. 57. <<

[13] Véase Rodolfo Moreno, Intervenciones federales en las provincias, Buenos Aires, 1924. <<

[14] La historia de la Patagonia la ha contado con detalles dramáticos y fascinantes Osvaldo Bayer, Los vengadores de la Patagonia trágica, 2 vols., Buenos Aires, 1972. <<

[15] Citado en Rock, Politics in Argentina, p. 225. <<

[16] Cifras detalladas en Carl E. Solberg, OH and nationalism in Argentina, Stanford, 1979, p. 149. <<

[1] Pakenham al conde de Granville, Santiago, 6 de julio de 1881, n.º 38, Diplomatic, Londres, Public Record Office, archivo del Foreign Office, Chile (FO 16), vol. 213. <<

[2] The Times, 27 de agosto de 1880. <<

[3] Abdón Cifuentes, Memorias, 2 vols., Santiago, 1936, I, pp. 182-185. <<

[4] Principalmente Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Santiago, 1969. <<

[5] R. Hernández Cornejo, El salitre, Valparaíso, 1930, p. 177. <<

[6] Las cifras sobre la población de América Latina son muy poco fiables. Sin embargo, las de Chile son las más seguras, debido a la existencia de una competente, si no perfecta, Oficina de Estadística Nacional, desde 1843, y el trabajo de Markos J. Mamalakis, «Historical statistics of Chile», Yale University, 4 vols., mimeografiado; posteriormente publicados encuatro volúmenes, Westport, Conn., 1978-1983. Las cifras citadas aquí proceden del vol. II de la versión mimeografiada, Tabla II Alfl. <<

[7] Henry Kirsch, Industrial development in a traditional society: the conflict of entrepreneurship and modernization in Chile, Gainesville, 1977, p. 42. <<

[8] Kennedy, el ministro británico, a Salisbury, Santiago, 21 de junio de 1890, n.º 47, Diplomatic, FO 16/259. <<

[9] Citado en J. Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, 2 vols., París, 1894, II, pp. 653-654. <<

[10] Kennedy a Salisbury, Santiago, 7 de noviembre de 1891, n.º 121, Diplomatic, FO 16/266. <<

[11] Newman a Salisbury, Valparaíso, agosto de 1887. Report on the Trade and Commerce of Chile for the Year 1886, Londres, 1888, Parliamentary Papers, c, 3. <<

[12] Frank G. Carpenter, South America, social, industrial and political, Nueva York, 1900, p. 218. <<

[13] Ibid., p. 239. <<

[14] Markos J. Mamalakis, Historical statistics of Chile, vol. II, Demography and labor force, Wesport, Conn., 1980, p. 40. Esta cifra ha sido calculada a partir de los datos básicos del profesor Mamalakis. <<

[15] Brian Loveman, Chile: the legacy of Hispanic capitalism, Nueva York, 1979, p. 227. <<

[16] El presidente Alessandri y su gobierno, Santiago, 1926, p. 32. No se indica ni autor ni compilador. <<

[17] Corresponde a la entrevista hecha por Wilfredo Mayorga al general retirado Bartolomé Blanche, en Ercilla, 7 de julio de 1965, p. 5. <<

[18] Alberto Cabrero, Chile y los chilenos, Santiago, 1926, p. 258. <<

[19] Hohler a Chamberlain, Santiago, 25 de enero de 1928, Annual Report on Chile for 1927, FO/A 1630/9. <<

[20] Ibid. <<

[21] Gabriel Palma, «Chile, 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones», Nueva Historia, 7 (1982). <<

[22] El Diario Ilustrado, 24 de agosto de 1931. <<

[a] Década máxima de producción en el periodo colonial. <<

[b] Década mínima de producción en el periodo colonial. <<

[c] Cifras de producción estimadas. Después de 1859 todas las cifras de producción han sido convertidas de kilogramos a marcos, a razón de una conversión de 230 gramos = 1 marco. <<

[c] Cifras de producción estimadas. Después de 1859 todas las cifras de producción han sido convertidas de kilogramos a marcos, a razón de una conversión de 230 gramos = 1 marco. <<

[c] Cifras de producción estimadas. Después de 1859 todas las cifras de producción han sido convertidas de kilogramos a marcos, a razón de una conversión de 230 gramos = 1 marco. <<

[c] Cifras de producción estimadas. Después de 1859 todas las cifras de producción han sido convertidas de kilogramos a marcos, a razón de una conversión de 230 gramos = 1 marco. <<

[a] 1929. <<

[b] 1933. <<

[1] Sobre los orígenes del Partido Civilista, que alcanzó la presidencia por primera vez en 1872, véase Bonilla, HALC, VI, capítulo 6. <<

[2] Véase Ernesto Yepes del Castillo, Perú, 1820-1920: un siglo de desarrollo capitalista, Lima, 1981, p. 124. <<

[3] Una selección representativa de sus trabajos se encuentra en Anarquía, Santiago, 1936. La mayoría de sus escritos fueron editados y publicados por su hijo después de su muerte. La biografía clásica continúa siendo la de Luis Alberto Sánchez, Don Manuel, Lima, 1929. Véase también Bruno Podestá, Pensamiento político de González Prada, Lima, 1975. <<

[4] Les démocraties latines de l’Amérique, París, 1912. Véase también su libro La creación de un continente, París, 1913. <<

[5] Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, Caracas, 1919. <<

[6] Por ejemplo, Las profesiones liberales en el Perú, Lima, 1900. Para una muestra representativa de las ideas de Villarán, véase también Jorge Basadre, ed., Páginas escogidas, Lima, 1962. Otro exponente destacado del positivismo fue Javier Prado; véanse sus libros El estado social del Perú durante la dominación española, Lima, 1941, y La nueva época y los destinos históricos de los Estados Unidos, Lima, 1919. <<

[7] Sobre el contrato Grace, véase Rory Miller, «The making of the Grace Contract: British bondholders and the Peruvian government, 1885-1890», en Journal of Latin American Studies (JLAS), 8/1 (1976), pp. 73-100. <<

[8] Sinesio López, J., «El estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación», en Revista Mexicana de Sociología, 40/3 (1978), p. 1.000 <<

[9] Citado en Jesús Chavarría, «La desaparición del Perú colonial: 1870-1919», en Aportes, 23 (enero de 1972), pp. 132-133. <<

[10] Véase Peter F. Klarén, «The social and economic consequences of modernization in the Peruvian sugar industry, 1870-1930», en Kenneth Duncan e lan Rutledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1977, pp. 229-252. <<

[11] Citado en Richard M. Morse, «The Lima of Joaquín Capelo: a Latin American archetype», en Journal of Contemporary History, 4/3 (1969), p. 107. Casi la mitad de este total engloba a los chinos (7.693), remanentes de la afluencia de culíes a mediados de la centuria decimonónica, quienes habían huido de las plantaciones y asentado en las ciudades costeras donde constituyeron una fuerza importante en el comercio de venta al detalle. <<

[12] Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, Peru 1890-1977: growth and policy in an open economy, Londres, 1978, p. 36. <<

[13] En una ocasión se pretendió que el líder de su partido Rosas había preguntado a sus colegas lacónicamente: «¿Cuál de nosotros sabe montar a caballo?». Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, 1968-1969⁶, vol. X, p. 100. <<

[14] Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la república aristocrática, Lima, 1979. <<

[15] Basadre, Historia de la República, XI, p. 127. <<

[16] Véase Dennis Gilbert, The oligarchy and the old regime in Peru, Latin American Studies Program Dissertation Series, Cornell University, 1977, pp. 55-56. <<

[17] Basadre, Historia de la República, XVI, pp. 299-300. <<

[18] Carl Herbold, «Peru», en Richard Morse, ed., The urban development of Latin America 1750-1920, Stanford, 1971, p. 109. <<

[19] Peter Blanchard, The origins of the Peruvian labor movement, 1883-1919, Pittsburgh, 1982, pp. 8-12. <<

[20] Florencia E. Mallon, The defense of community in Peru’s central highlands: peasant struggle and capitalist transition, 1860-1940, Princeton, New Jersey, 1983, cap. 3; Henry Favre, «The dynamics of Indian peasant society and migration to Coastal plantations in Central Peru», en Duncan y Rutledge, eds., Land and labour, pp. 253-268. Sobre el sistema de «enganche», véase también Michael J. Gonzales, «Capitalist agriculture and labour contracting in Northern Peru, 1880-1905», en JLAS, 12/2 (1980), pp. 291-315, y Peter Blanchard, «The recruitment of workers in the Peruvian Sierra at the turn of the century: the enganche system», en Inter-American Economic Affairs, 33 (1979), pp. 63-83. <<

[21] Douglas Horton, Haciendas and cooperatives: a study of estate organization, land reform and new reform enterprises in Peru, Latin American Studies Program Dissertation Series, Cornell University, 1976, p. 149. <<

[22] Burga y Flores Galindo, Apogeo y crisis, pp. 34-47. <<

[a] Excluyendo 1901, 1903 y 1907. <<

[a] Excluyendo 1901, 1903 y 1907. <<

[b] Solamente 1913-1919. La variación en los periodos abarcados por los datos explica el porqué para ciertos años los componentes no se añaden al total. <<

[b] Solamente 1913-1919. La variación en los periodos abarcados por los datos explica el porqué para ciertos años los componentes no se añaden al total. <<

[23] Alberto Flores Galindo, Arequipa y el sur andino, siglos XVIII-XX, Lima, 1977, pp. 123-125. <<

[24] Véase Juan Martínez Alier, Haciendas, plantations and collective farms: agrarian class societies - Cuba and Peru, Londres, 1977, pp. 67-92. <<

[25] Mallon, The defense of community, cap. 3. <<

[26] Citado en Julio Cotler, Clases, estado y nación en el Perú, Lima, 1977, p. 123. <<

[27] Ernesto Yepes del Castillo, «El desarrollo peruano en las primeras décadas del siglo XX», en Nueva historia general del Perú, Lima, 1979, p. 153. <<

[28] Véanse Alejandro Deustua, La cultura nacional, Lima, 1937; Manuel Vicente Villarán, Páginas escogidas, Jorge Basadre, ed., Lima, 1962. <<

[29] Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, p. 115. <<

[30] Ibid., p. 142. <<

[31] Lima, 1928. <<

[32] Existe alguna controversia sobre si Mariátegui continuó siendo comunista, puesto que se separó de la Internacional Comunista de orientación moscovita, de resultas de lo cual Mariátegui fue criticado en el Primer encuentro de Partidos Comunistas Latinoamericanos que tuvo lugar en Buenos Aires en 1929. <<

[33] Citado en Aníbal Quijano, Imperialismo, clases sociales y estado en el Perú, 1890-1930, Lima, 1978, p. 108. <<

[1] «Motivos de disidencia», citado en L. Martínez Delgado, República de Colombia, 1885-1910 (vol. X de la Historia Extensa de Colombia, 2 vols., Bogotá, 1970), I, p. 381. Caro, en ibid., II, p. 15. <<

[2] El 4 de julio de 1991 culminó la redacción de una nueva Constitución. <<

[3] Ibid., I, p. 343. <<

[4] Anónimo, Los partidos políticos en Colombia, Bogotá, 1922, pp. 22-23. <<

[5] P. L. Bell, Colombia: a commercial and industrial handbook, Washington, DC, 1921, p. 166. <<

[6] A. Hettner, Viajes por los Andes colombianos, 1882-1884, Bogotá, 1976, p. 91. <<

[7] D. Castrillón Arboleda, El indio Quintín Lame, Bogotá, 1973, p. 237. <<

[8] F. M. Chapman, The distribution of bird-life in Colombia, Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. XXXVI, Nueva York, 1917, p. 9. <<

[1] Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia del Ecuador, 2 vols., Quito, 1958, p. 383. <<

[2] La Cuestión Regional en el Ecuador, 1830-1972 (en prensa). <<

[1] Citado en J. A. de Armas Chitty, «El Mocho» Hernández. Papeles de su archivo, Caracas, 1978, p. 60. <<

[2] Véase, por ejemplo, Germán Carrera Damas, «Proceso a la formación de la burguesía venezolana», en Tres temas de historia, Caracas, 1978. <<

[3] Esta novela magistral deriva en parte de las experiencias de la juventud de Conrad en su primer viaje fuera de Europa, durante el cual tocó en las costas de Venezuela y Colombia. Se escribió en tiempos de la secesión de Panamá, y su autor utilizó fuentes e informantes de Venezuela y de Colombia. Es una de las mejores evocaciones del ambiente de la época. Hay traducción al español de Juan Mateos de Diego, Buenos Aires, 1946 (otra ed.: Laertes, Barcelona, 1986⁴). <<

[4] Germán Carrera Damas, «Cirios para Gómez», en Jornadas de historia crítica, Caracas, 1983. En parte, los Gómez descendían de antecesores distinguidos, la familia del prócer neogranadino García Rovira. Tomás Polanco Alcántara (Juan Vicente Gómez. Aproximación a una biografía, Caracas, 1990, pp. 27-31) ha notado entre sus ancestros un patrón interesante, según el cual los hijos legítimos recibían educación universitaria mientras que los otros se encargaban de las haciendas; ambas partes mantuvieron buenas relaciones. <<

[1] Véase C. Contador y C. Haddad, «Produto real, moeda e preços: a experiência brasileira no periodo 1861-1970», en Revista Brasileira de Estatística (1975); O. Dias Carneiro, en «Past trends in the economic evolution of Brazil, 1920-1965» (mimeografiado), Cambridge, Mass., 1966, cuadro 1B. <<

[2] N. Leff, Underdevelopment and development in Brazil, 2 vols., Londres, 1982, vol. I <<

[3] Véase S. Topik, «The evolution of the economic role of the Brazilian State, 1889-1930», en Journal of Latin American Studies, II/2 (1979), pp. 325-342. <<

[4] Véase W. Fritsch, «Aspectos da política econômica no Brasil, 1906-1914», en P. Neuhaus, ed., Economia brasileira: uma visão histórica, Río de Janeiro, 1980. <<

[5] Véanse D. Denslow, «As origens da desigualdade regional no Brasil», en Estudos Económicos, 1973; P. Eisenberg, The sugar industry in Pernambuco, 1840-1910, Berkeley, 1974. <<

[6] Véase Michael Hall, «The origins of mass immigration in Brazil, 1871-1914», tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1969. <<

[7] Dias Carneiro, «Past trends», cuadro 8A. <<

[8] Ibid., cuadros 27 y 29E. <<

[9] Maria de Lourdes Borges Ribeiro, Inquérito sobre práticas e superstições agrícolas de Minas Gerais, Río de Janeiro, 1971, pp. 37-38. <<

[1] Véase, por ejemplo, el clásico estudio de Gilberto Freyre, Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano, 3 vols., Río de Janeiro, 1951². <<

[2] Luís Martins, O patriarca e o bacharel, São Paulo, 1953. <<

[3] «Manifesto da Associação Industrial», en Temas, I (1977), pp. 91-100. <<

[4] En Edgard Carone, Movimento operário no Brasil (1877-1944), São Paulo, 1979, pp. 204-210. <<

[5] Alfredo d’Escragnolle Taunay, Memórias, Río de Janeiro, 1960, p. 416. <<

[6] José de Alencar, Obras completas, Río de Janeiro, 1960, vol. IV, p. 1.0 <<

[7] Manuel Antônio Álvares de Azevedo, «Macário», en Obras completas de Álvares de Azevedo, 2 vols. São Paulo, 1942, vol II, p. 66. <<

[8] Sílvio Romero, Novos estudos de literatura contemporânea, Río de Janeiro, 1898, p. 7. <<

[9] José de Alencar, Obras completas, vol. IV, p. 1.080. <<

[10] Citado en Sérgio Buarque de Holanda, ed., História geral da civilização brasileira, II: O Brasil monárquico, vol. IV, Declínio e queda do império, São Paulo, 1971, p. 307. <<

[11] José de Alencar, Obras completas, vol. IV, p. 1.074. <<

[12] Tobias Barreto, Ensaios de sociologia, Río de Janeiro, 1962, p. 10. <<

[13] Joaquim Nabuco, Um estadista do Império, Río de Janeiro, 1975, p. 830. <<

[14] Archivo Nacional, Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do império, Río de Janeiro, 1962², p. 196. <<

[15] Machado de Assis, Esau e Jacó, São Paulo, 1961, p. 181. <<

[16] José Murilo de Carvalho, «A composição social dos partidos políticos imperiais», Cadernos DCP (1974), p. 15. <<

[17] Ibid. <<

[18] Tácito de Almeida, O movimento de 1887, São Paulo, 1934; Emília Viotti da Costa, Da monarquia à República. Momentos decisivos, São Paulo, 1977, pp. 313-316. <<

[19] Trabalhos do Congresso agrícola do Recife. Outubro do 1878. Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco. Edição facsimilar comemorativa do primeiro centenário 1878-1978 (Fundação Estadual de Planejamento Agrícola de Pernambuco), Recife, 1978, pp. 17, 92, 114, 139, 147 y 183. <<

[20] J. F. Oliveira Vianna, O ocaso do império, São Paulo, 1925, p. 137. <<

[1] Aníbal Vilanova Villela y Wilson Suzigan, Política do govêrno e crescimento da economia brasileira, 1889-1945, Río de Janeiro, 1973, p. 256. <<

[2] Michael M. Hall, «The origins of mass immigration in Brazil, 1871-1914», tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1969. <<

[3] Thomas H. Holloway, Immigrants on the land. Coffee and society in São Paulo, 1886-1934, Chapel Hill, NC, 1980. <<

[4] Véase Linda Lewin, «Some historical implications of kinship organization for family-based politics in the Brazilian northeast», en Comparative Studies in Society and History, 21/2 (abril de 1979). <<

[5] Joseph L. Love, «Political participation in Brazil, 1881-1969», en Luso-Brazilian Review, 7/2 (1970), p. 7. <<

[6] Joseph L. Love, São Paulo in the Brazilian Federation, 1889-1937, Stanford, 1980, p. 115. <<

[7] John D. Wirth, Minas Gerais in the Brazilian Federation, 1889-1937, Stanford, 1977, p. 118. <<

[8] Véase Joseph L. Love, Rio Grande do Sul and Brazilian regionalism, 1882-1930, Stanford, 1971, p. 79. <<

[9] Esta discusión sobre las fuerzas armadas está basada en José Murilo de Carvalho, «As forjas armadas na Primeira República: o poder desestabilizador», y en Fernando Henrique Cardoso, «Dos governos militares, a Prudente-Campos Sales», ambos publicados por Boris Fausto, ed., História geral da civilização brasileira, III: O Brasil republicano, vols. I y II, São Paulo, 1975-1977. <<

[10] Love, «Political participation in Brazil», p. 7. <<

[11] Love, Rio Grande do Sul and Brazilian regionalism, p. 134. <<

[12] Para la discusión sobre el papel de la Iglesia católica en Brasil durante este periodo, véase Lynch, HALC, VIII, capítulo 2. <<

[13] Duglas Teixeira Monteiro, Os errantes do Novo século: um estado sobre o surto milenarista do Contestado, São Paulo, 1974. <<

[14] Véase Linda Lewin, «The oligarchical limitations of social banditry in Brazil: the case of the “good” thief Antônio Silvino», en Past and Present, 82 (febrero de 1979). <<