América Latina independiente, 1820-1870 es el sexto volumen de esta Historia de América Latina. Tras unos capítulos generales sobre economía y sociedad (Tulio Halperín Donghi) y sobre política e ideología (Frank Safford), se abordan aquí individualmente o por zonas geográficas los países latinoamericanos ya independientes. Son sus autores Jan Bazant, R. L. Woodward, Malcolm Deas, Heraclio Bonilla, Simon Collier, John Lynch, Leslie Bethell, J. Murilo de Carvalho y Richard Graham.

AA. VV.

América Latina independiente, 1820-1870

Historia de América Latina - 6

ePub r1.0

Titivillus 16.01.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America III. From Independence to c. 1870

AA. VV., 1985

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres

JAN BAZANT, catedrático de historia, El Colegio de México

HERACLIO BONILLA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito

SIMON COLLIER, profesor de historia de América Latina, Universidad de Essex

MALCOLM DEAS, fellow del St Antony’s College, Oxford

RICHARD GRAHAM, catedrático de historia, Universidad de Texas en Austin

TULIO HALPERÍN DONGHI, catedrático de historia, Universidad de California en Berkeley

JOHN LYNCH, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres

JOSÉ MURILO DE CARVALHO, profesor asociado de ciencias políticas, Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro

FRANK SAFFORD, catedrático de historia, Northwestern University, Evanston, Illinois

R. L. WOODWARD, Jr., catedrático de historia, Universidad de Tulane, Nueva Orleans

Traducción: Àngels Solà

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870).

En el quinto volumen, titulado La independencia, se exploran, en el primer capítulo, los orígenes de la independencia hispanoamericana. Le siguen dos capítulos (uno sobre México y América Central, y otro sobre América del Sur) que hablan de las revoluciones y las guerras por medio de las cuales Hispanoamérica se independizó de España —al mismo tiempo que se fragmentaba en más de una docena de repúblicas— y también prestan atención a las estructuras políticas, económicas y sociales de los nuevos estados hispanoamericanos. Los dos capítulos siguientes tratan del Caribe: el primero sobre Haití, la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, que en 1804 se convirtió en la primera república latinoamericana independiente, y de Santo Domingo, que obtuvo su independencia de España sólo para que Haití la ocupase durante casi un cuarto de siglo antes de pasar a ser también una república independiente (la República Dominicana); el segundo capítulo está dedicado a Cuba, la cual, con Puerto Rico, siguió siendo una colonia española. Sobre Brasil, que se separó de Portugal deforma relativamente pacífica y mantuvo su unidad como imperio independiente, se habla en un capítulo aparte. Finalmente, dos capítulos más estudian el papel de la Iglesia católica en la independencia de América Latina y las relaciones internacionales de ésta.

El medio siglo que siguió a la independencia fue un período de crecimiento relativamente modesto para las economías latinoamericanas, que estaban orientadas a la exportación. Muchas de ellas se recuperaron de la destrucción y los trastornos causados por las guerras de independencia, y la mayoría de ellas tardaron en incorporarse al nuevo orden económico internacional dominado por Gran Bretaña. En parte como consecuencia de ello, fue un período en que sólo hubo cambios sociales limitados, a excepción quizá de la abolición de la esclavitud en muchos países (aunque no en Cuba y Brasil, lo cual es significativo). Y fue un período de violentos conflictos políticos, inestabilidad y caudillismo, al menos en las repúblicas hispanoamericanas (con la notable excepción de Chile). La frágil estabilidad política —así como la unidad— de Brasil se vio seriamente amenazada en el decenio de 1830, pero superó la crisis y se consolidó durante los decenios de mediados de siglo. Fue durante el período posterior a la independencia cuando México perdió la mitad de su territorio a resultas de la secesión de Texas (1836) y la guerra con los Estados Unidos (1846-1848). Además de varios conflictos de relativamente poca importancia, al finalizar el período hubo dos grandes guerras entre estados latinoamericanos: la guerra de Paraguay (1865-1870) entre Brasil, Argentina y Uruguay (la Triple Alianza) por un lado y, por el otro, Paraguay, que fue aplastado; y la guerra del Pacífico (1879-1883) entre Chile y una alianza de Perú y Bolivia, guerra que permitió a Chile ampliar su territorio nacional en un tercio.

El sexto volumen, América Latina independiente, 1820-1870, se divide en dos partes: Hispanoamérica y Brasil. La primera contiene capítulos generales que se ocupan de la economía y la sociedad, así como de la política hispanoamericana después de la independencia, a los que siguen seis capítulos que examinan individualmente países o grupos de países hispanoamericanos: México; América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); Venezuela, Colombia y Ecuador; Perú y Bolivia; Chile; y las repúblicas del Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay). La segunda parte está formada por dos capítulos relativos al imperio brasileño de 1822 a 1870.

La mayoría de los historiadores que colaboran en estos dos volúmenes —seis británicos, cuatro norteamericanos (tres de los Estados Unidos y uno de Canadá) y cinco latinoamericanos (concretamente de República Dominicana, México, Argentina, Perú y Brasil)— también leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, sin embargo, estoy agradecido de forma especial a David Bushnell, José Murilo de Carvalho, Simon Collier, Malcolm Deas, Richard Graham, Tulio Halperín Donghi y Frank Safford. Asimismo, Emilia Viotti da Costa efectuó una valoración crítica de los capítulos referentes a Brasil. Como en el caso de los cuatro volúmenes ya publicados, los que tratan de América Latina en el periodo colonial, estoy en deuda, sobre todo, con mi colega John Lynch por los consejos que tan generosamente me ofreció. También he recibido mucho aliento de R. A. Humphreys, que fue el primero en introducirme en los problemas —y las satisfacciones— de la historia latinoamericana, hace ya casi treinta años.

Elizabeth Wetton, de la Cambridge University Press, se encargó de preparar la edición original de estos volúmenes. De nuevo debo reconocer mi deuda con Josep Fontana y Gonzalo Pontón, y agradecerles su dedicación y empeño en la buena marcha de la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Primera parte
HISPANOAMÉRICA

Capítulo 1
ECONOMÍA Y SOCIEDAD

En los años que transcurrieron de 1808 a 1825 se estableció una nueva relación entre la economía hispanoamericana y la economía mundial. Si bien los cambios que siguieron a la consecución de la independencia pueden parecer superficiales y limitados en comparación con la incorporación mucho más completa en la economía mundial en expansión que empezó a producirse a mediados de siglo y que se acentuó a partir de la década de 1870, sin embargo fueron decisivos en las relaciones entre Hispanoamérica y el resto del mundo.

El viejo sistema comercial colonial se estaba desintegrando desde finales del siglo XVIII, pero sólo después de 1808 España quedó eliminada en su papel de intermediaria entre Hispanoamérica y Europa (sobre todo Gran Bretaña). Las circunstancias que, como un todo, imperaban tanto en Europa como en la economía atlántica tuvieron graves consecuencias para las futuras relaciones comerciales de Hispanoamérica. El avance del ejército francés en la península ibérica, que provocó la separación de las colonias americanas de España y Portugal, se emprendió para completar el cierre de la Europa continental al comercio británico. Inglaterra, estando cada vez más aislada de sus mercados europeos, buscó reemplazarlos con una urgencia que empezaba a parecerse a la desesperación. Por esta razón la ocasión que representó la transferencia de la corte portuguesa a Río de Janeiro para comerciar directamente con Brasil por primera vez se aceptó calurosamente. Y como, tras el derrocamiento de la monarquía española en Madrid, se produjeron los primeros levantamientos políticos en la América española, Río de Janeiro se convirtió en el centro de la agresiva actividad comercial británica no sólo en Brasil, sino también en la América española, especialmente la zona del Río de la Plata y la costa del Pacífico de América del Sur.

En 1809 el último virrey español del Río de la Plata abrió el territorio que gobernaba al comercio inglés. La expansión posterior de éste en la América del Sur española seguiría sobre todo la suerte de las armas revolucionarias; aunque quienes administraban las zonas realistas terminarían por manifestarse dispuestos a abrirlas a título excepcional al comercio directo con Gran Bretaña, la actividad de los corsarios patriotas lo hacía poco atractivo. Chile sólo se abrió definitivamente al exterior en 1818, y Lima en 1821, si bien el resto de Perú no lo hizo hasta más tarde. En las tierras bañadas por el mar de las Antillas las transformaciones fueron más lentas y parciales. En Venezuela la guerra de la independencia duró veinte años, al igual que en Nueva Granada. México, que contenía más de la mitad de la población y de la riqueza de las Indias españolas, logró independizarse tarde, en 1821. Incluso entonces pasaron unos cuantos años antes de que se liquidara a los realistas de San Juan de Ulúa y esto afectó a Veracruz, el principal puerto mexicano en el Caribe. Las islas de Cuba y de Puerto Rico continuaron en manos de los españoles, pero desde 1817 quedaron abiertas al comercio directo con el extranjero, si bien este comercio sufrió restricciones al reservarse este último mercado colonial para los productos españoles, empezando por los tejidos y terminando por la harina. Santo Domingo estuvo ocupada por los haitianos hasta 1844.

La franja marítima del Atlántico suramericano fue la zona que primero se incorporó al nuevo sistema comercial y donde la peculiar coyuntura que empujó a Gran Bretaña a expansionar rápidamente sus mercados ultramarinos alcanzó su primer y máximo impacto. En 1808-1812 los comerciantes-aventureros británicos llegaron a Río de Janeiro, a Buenos Aires y a Montevideo en gran cantidad. Pocos años después Valparaíso se convirtió en el principal puerto del Pacífico suramericano; fue el centro desde donde los productos ingleses eran trasladados a otros puertos desde La Serena a Guayaquil. Estos comerciantes-aventureros que emprendieron la exploración y la explotación del mercado latinoamericano actuaban de modo distinto a los comerciantes y los industriales que vivían en Gran Bretaña: su objetivo era encontrar lo antes posible un mercado para el excedente que amenazaba el crecimiento de la economía inglesa. Desde el comienzo se preocuparon menos de los precios que de la venta rápida y de la obtención de retornos igualmente rápidos (entre los cuales se preferían con gran diferencia los metales preciosos). Para poder efectuar esta penetración comercial, los productos ingleses a menudo se ofrecían a precios más bajos de lo que en principio se había pensado. Por ejemplo, en 1810, ante las noticias de la liberación mercantil y del estallido de la revolución en Buenos Aires, muchos comerciantes-aventureros salieron de Londres esperando vender productos ingleses en Suramérica; cuando llegaron a Buenos Aires no sólo se encontraron con que eran demasiados, sino que tuvieron que sufrir la inesperada competencia de los envíos de los comerciantes británicos instalados en Río de Janeiro. El resultado fue que terminaron vendiendo a pérdida y con ello aceleraron la victoria de los productos ultramarinos sobre los que tradicionalmente habían surtido el mercado de Buenos Aires desde zonas tan alejadas como los contrafuertes andinos o el Alto y el Bajo Perú. Otra consecuencia fue la expansión del mercado de consumo existente al incorporarse a él niveles sociales que antes sólo de forma muy limitada habían sido consumidores.

La apertura del comercio latinoamericano al mundo exterior y la llegada de gran número de ingleses también constituyeron un severo golpe a las viejas prácticas comerciales que al menos en la América española se habían basado en una rígida jerarquía. El comerciante-exportador español estaba relacionado con el comerciante español de los puertos y de los centros distribuidores de la América española, éste con los comerciantes menores de las poblaciones más pequeñas y éstos a su vez con los vendedores ambulantes. El sistema se mantenía cohesionado sobre todo por el avío (México) o por la habilitación (Suramérica española) —es decir, por la provisión de capital por parte de quienes ocupaban los niveles más altos de la jerarquía a los que pertenecían al nivel inferior y querían desarrollar una actividad productiva— y por el crédito. En cada uno de estos grupos se aseguraban márgenes de ganancia muy altos, si bien los beneficios derivados de la provisión de crédito no siempre se diferenciaban fácilmente de la actividad comercial en el estricto sentido de la palabra. La aparición de los ingleses —que a medida que los empujaba la desesperación hacían sentir su presencia, aunque de modo esporádico, en los niveles más bajos de la estructura comercial— tuvo consecuencias devastadoras. Su preferencia por las operaciones rápidas a precios más bajos y el uso del pago en efectivo en vez del crédito empezó a constituir, a todos los niveles, una alternativa al sistema que concentraba los mayores beneficios en manos de los que estaban más arriba.

La pacífica invasión británica de Hispanoamérica se vio facilitada por el largo periodo de inestabilidad política, social y militar de las guerras de independencia en las que sus rivales locales quedaron debilitados. Los mercaderes-aventureros pronto se dieron cuenta de las oportunidades que había de obtener unos beneficios excelentes dada la inestabilidad existente. Esto les llevó a acentuar la agilidad de su estilo mercantil en detrimento de cualquier tentativa de establecer estructuras regulares de tráfico. Por ejemplo, en el Paraná, los hermanos Robertson corrieron a Santa Fe para vender la yerba mate del aislado Paraguay que debido a su escasez allí era mucho más cara.[1] Encontramos otro ejemplo en 1821 cuando San Martín estaba en Chile preparando su campaña para ocupar Lima: Basil Hall fue secretamente comisionado por los comerciantes londinenses para llevar allí un cargamento antes de que lo hicieran otros comerciantes; así pudo espumar «la crema» de este mercado —capital del virreinato del Perú— que durante tantos años había estado aislado.[2]

Aunque este comercio resultó fatal para los comerciantes locales, ello no quiere decir que los comerciantes ingleses no se arriesgaran. Se vieron obligados a desarrollar una audacia creciente y muy pocos de ellos lograron sobrevivir hasta el final de esta fase de exploración y conquista. Esto, dadas las circunstancias mismas de esta etapa, quizá fue inevitable. Las necesidades de la economía británica forzaban a los comerciantes a que expandieran el mercado, cuyos límites sólo se hacían evidentes cuando no había demanda local; este método de tantear y errar hacía que cada intento de expansión terminara en un fracaso, ya que este fracaso le ponía fin; lógicamente, los informes amargos de las víctimas se fueron acumulando. Sin embargo, ninguna de las víctimas anulaba los avances que ella misma había ayudado a obtener. Incluso los que valoran los resultados desde un punto de vista británico, más que latinoamericano, encuentran difícil sostener que los logros de este periodo no dejaran un legado significativo para el futuro. Si bien las exportaciones británicas a Hispanoamérica ya no rondaban el 35 por 100 del total de las exportaciones británicas, tal como había sucedido en 1809 y 1811, sin embargo, con un promedio anual de cerca de cinco millones de libras esterlinas en 1820-1850 (casi la mitad de las cuales iba a Hispanoamérica y la otra mitad a Brasil), aquéllas habían duplicado en valor, y multiplicado varias veces en volumen, los promedios de la segunda mitad del siglo XVIII.[3]

En el segundo cuarto del siglo XIX Gran Bretaña fue perdiendo el casi monopolio comercial que había ejercido durante las guerras de independencia. Este predominio estuvo amenazado durante algún tiempo por la competencia de los Estados Unidos. Apoyándose en una excelente flota mercantil, los comerciantes norteamericanos iniciaron un sistema comercial y de navegación más ágil que el de los ingleses. Puesto que no estaban al servicio de las necesidades de una economía industrial como sus rivales británicos, no sólo vendían productos de los Estados Unidos sino también de Europa, de África y de Asia al mercado latinoamericano (y sobre todo a los puntos peor suministrados por los ingleses, que como sus antecesores españoles y portugueses tendieron a preferir las zonas más ricas y más densamente pobladas). Sin embargo, un componente esencial de las exportaciones norteamericanas era de producción propia; ofrecían un tejido más basto y barato que los de Manchester. Pero el descenso a largo plazo de los precios, a consecuencia de la Revolución industrial, anuló la ventaja del precio y eliminó este producto irremplazable en el desafío del predominio británico. Sin embargo, aunque el comercio norteamericano pudo disfrutar de algunas ventajas en algunos sitios (por ejemplo, en Venezuela a mediados de siglo rivalizaba con el comercio británico), no produjo ninguna alarma ni en Londres ni en Liverpool.

Además del comercio norteamericano, se notaba con intensidad creciente el comercio de Francia, el de los estados alemanes, el de Cerdeña y el de las viejas metrópolis políticas. Sin embargo, parece que todos ellos complementaban, más que compartían, con el comercio británico. Francia vendía productos de lujo y Alemania de semilujo, lo cual no afectaba el predominio británico sobre la mucho más vasta gama de productos industriales de consumo popular. De nuevo Francia, Cerdeña, España, Portugal y también los Estados Unidos de Norteamérica eran los puntos de origen de las crecientes exportaciones agrícolas hacia Latinoamérica (vino, aceite y harina). No era posible esperar que a través de Gibraltar Gran Bretaña conservara la preeminencia que había alcanzado incluso en estos productos debido a una coyuntura político-militar tan excepcional como fue la de las guerras de la independencia.

Por lo tanto, Gran Bretaña conservó una posición predominante como exportadora a Latinoamérica. Además, a la vez, constituía el principal mercado de las exportaciones latinoamericanas, si bien en este aspecto su predominio tuvo algunas excepciones importantes (como el café brasileño) y la posición de Gran Bretaña al respecto declinó más rápidamente que en el caso de las exportaciones a Latinoamérica. Esta vinculación mercantil se completaba con el predominio del bill on London en las transacciones financieras entre Latinoamérica y el resto del mundo.

El aumento de las exportaciones británicas a América Latina después de 1808 tuvo un gran impacto en la balanza comercial de la región. En el periodo colonial (y a pesar de los efectos del llamado comercio libre establecido en 1778-1782) el valor de las exportaciones hispanoamericanas había sido considerablemente superior al valor de las importaciones. La situación ahora se había invertido. La mayor parte del desequilibrio comercial desde luego se cubría con la exportación de metales preciosos que en el periodo colonial siempre había sido el principal producto exportado de la América española y también predominó en las exportaciones brasileñas durante los dos primeros tercios del siglo XVIII. Sin embargo, el boom del oro brasileño ahora pertenecía a un pasado irrecuperable y, si bien en Hispanoamérica —con la excepción significativa del Alto Perú— la minería del oro y de la plata no sufrió descensos importantes en la producción hasta la vigilia de la crisis de la independencia, en cambio cayó rápidamente durante el periodo de guerra. La importante salida de metal que tuvo lugar en Hispanoamérica durante la segunda y tercera décadas del siglo XIX se consideraba como una pérdida, incluso como una fuga de capital, más que como la constitución o la reiniciación de una exportación tradicional.

No hay duda de que hubo varias causas de esta huida de capital. La inestabilidad política, que produjo la salida de muchos españoles, fue una de ellas. Por otro lado, los hábitos comerciales de los conquistadores británicos del mercado latinoamericano causaron ciertamente una salida de metales preciosos. Sin embargo, ya en 1813-1817 disminuyó el golpe que caracteriza la primera ofensiva comercial británica. Además, desde los primeros años de la década de 1820, a lo largo de América Latina se fue estableciendo un sistema más regular respaldado por una serie de tratados comerciales (que fueron impuestos sin posibilidad de negociación como una precondición para conseguir el reconocimiento británico de la independencia) firmados con los nuevos estados que garantizaban la libertad de comercio. Los comerciantes británicos empezaron a adoptar prácticas comerciales similares a las que habían mantenido los españoles, incluyendo el crédito. Sin embargo, la balanza comercial continuó desequilibrada a pesar de que las exportaciones británicas a América Latina descendieron. Por lo tanto, la razón principal del desequilibrio parece que fue el estancamiento de las exportaciones de América Latina. En algunos sectores de particular importancia del comercio internacional —especialmente en la minería—, las exportaciones fueron considerablemente más bajas que en las últimas décadas del periodo colonial. Al mismo tiempo, las características del nuevo sistema comercial no favorecían la acumulación local de capital. Al contrario, gran cantidad de metales preciosos acumulados durante varias décadas se perdió justo en el momento en que un mayor acceso a la economía mundial ofreció la oportunidad de invertirlos. En cambio se malgastaron importando productos de consumo a un nivel que América Latina no podía afrontar sobre las bases de su corriente normal de exportaciones. Incluso el reducido nivel del comercio internacional existente en la década de 1820 no se pudo sostener sin aumentar la producción para la exportación que exigía una inversión importante, mucho mayor que el capital local disponible. Entonces (al igual que ocurrió un siglo después) a algunos les pareció que si Gran Bretaña quería retener e incluso expansionar sus vínculos con los estados latinoamericanos recién independizados, la relación comercial debía ir acompañada de una relación financiera que proporcionara préstamos al gobierno e inversiones a los particulares. Esto fue lo que en 1827 propuso para México sir H. G. Ward, el ministro británico en este país —un observador perceptivo pero no por ello desinteresado—; según él, lo primero y lo más importante que debían hacer los inversores británicos era habilitar la industria minera que a la larga procuraría el capital necesario para poder cultivar las descuidadas y poco pobladas tierras bajas tropicales, dando así un nuevo impulso a las exportaciones mexicanas. Sin embargo, la rehabilitación de la industria minera a corto plazo sólo permitió a México pagar sus crecientes importaciones. No es extraño que Ward rechazara vehementemente otra solución posible: equilibrar la balanza de pagos restringiendo las importaciones y estimulando la producción local, por ejemplo, de tejidos.[4]

La inversión de capital en América Latina no era el principal objetivo de los comerciantes británicos deseosos como estaban de mantener un flujo comercial recíproco. Aquélla, en cambio, atrajo a los inversores que buscaban beneficios altos y rápidos. Sin embargo, sufrieron una desilusión ya que, a pesar de que los bonos de los nuevos estados y las participaciones de las compañías que se organizaron en Londres para explotar la riqueza minera de diferentes países latinoamericanos al principio remontaron fácilmente la cresta del boom de la bolsa londinense de 1823-1825, en 1827 todos los países, excepto Brasil, dejaron de pagar los intereses y la amortización de sus obligaciones y sólo algunas compañías mineras mexicanas pudieron salvarse de la bancarrota.

Durante el cuarto de siglo siguiente (1825-1850), la relación económica existente entre América Latina y el mundo exterior fue básicamente comercial; de las relaciones financieras establecidas sólo sobrevivieron algunas compañías mineras organizadas en sociedades anónimas (que al no prosperar no tuvieron imitadores) y algunos comités de detentares de los títulos de la deuda, desilusionados y descontentos, que ansiosamente esperaban un signo de mejora en la situación económica de América Latina para poder acentuar sus reclamaciones. Incluso Brasil, que consiguió levantar la suspensión de pagos, durante muchos años no pudo recurrir de nuevo al crédito exterior.

Como que el desequilibrio comercial no desapareció inmediatamente, debe pensarse que durante este periodo a pesar de todo existió cierto grado de crédito y de inversión externa suficiente al menos (ante la ausencia de otros mecanismos institucionalizados más efectivos) para mantener algún tipo de equilibrio. Para empezar, desde 1820 se necesitó invertir para establecer el sistema mercantil más regular que entonces se impuso (almacenes, medios de transporte, etc.), y además había las inversiones en parte suntuarias: incluso en los centros comerciales menores, los comerciantes extranjeros generalmente poseían las mejores casas. Estos comerciantes también invirtieron en otros sectores, ya que emprendieron actividades industriales o, aún más a menudo, adquirieron propiedades agrícolas. Sin embargo, estas inversiones sólo pudieron compensar el desequilibrio comercial existente entre la economía latinoamericana y la del mundo exterior si, durante el periodo de consolidación y de regularización, los residentes extranjeros continuaron actuando como agentes o socios de los comerciantes o capitalistas de los países metropolitanos. No es fácil poderlo afirmar, pero se pueden encontrar ejemplos de este tipo de relaciones desde México hasta el Río de la Plata.

En América Latina, la independencia redefinió la relación con la metrópoli sobre unas bases más favorables que en el pasado. No se trató sólo de que los vínculos comerciales ya no iban acompañados de la dominación política directa. (Ello significó eliminar el aspecto fiscal que había sido uno de los más onerosos de la antigua relación colonial). Se trataba también de que la nueva metrópoli comercial tenía una industria más dinámica que los antiguos poderes coloniales y, al menos a corto plazo, sus agentes estaban preparados para sacrificar cierto margen de beneficios para obtener un volumen superior de ventas en los nuevos mercados. Incluso cuando, desde la década de 1820, el comercio de América Latina con Gran Bretaña llegó a parecerse bastante al de finales del periodo colonial, el firme avance de la Revolución industrial garantizaba que América Latina se beneficiara a largo plazo, a pesar de las fluctuaciones provocadas por circunstancias pasajeras, de la caída de los precios de las exportaciones británicas. Así, hacia 1850 el precio del tejido de algodón de calidad más popular (que aún constituía el principal artículo exportado a América Latina) había descendido tres cuartos del que había tenido en la década de 1810. Los precios de otros productos cayeron menos (las telas de lana —que sólo hacia 1850 vieron transformada completamente su técnica productiva— descendieron alrededor de un tercio). La comparación es menos fácil en el caso de otros productos —loza, porcelana y vidrio, por ejemplo— debido a los cambios acaecidos en las clasificaciones aduaneras británicas, pero parece que sufrieron un descenso comparable y, en cualquier caso, representaron una proporción más pequeña del total de las exportaciones que los tejidos. En conjunto, el precio de las exportaciones británicas de mediados de siglo (cuya comparación es notablemente cercana a las de los primeros años de la liberalización comercial) parece haber descendido alrededor de la mitad del de las de 1810-1820.

En estas décadas, los precios de los productos del sector primario también tendieron a bajar, pero menos marcadamente. La plata sufrió una caída del 6 por 100 respecto al oro, el cuero rioplatense descendió aproximadamente un 30 por 100, el café y el azúcar se colocaron a niveles comparables. Sólo el tabaco cayó alrededor de un 50 por 100.[5] Hasta mediados del siglo XIX no se notaron los primeros signos de un cambio más favorable para el comercio de América Latina.

Paradójicamente, como consecuencia de esta situación favorable, la apertura de América Latina al comercio mundial tuvo consecuencias menores de lo que se había pensado antes de 1810. Como el nivel de los precios de los productos exportables no parecía amenazado inmediatamente, el efecto de la apertura consistió más en estimular un aumento del volumen de las exportaciones que en impulsar la adopción de cualquier avance tecnológico en la producción a fin de reducir los costes. En cualquier caso, los intentos de desarrollar el sector exportador se vieron severamente reducidos por la falta de capital local (acentuada por la guerra) y, tal como se ha visto, por el desequilibrio de la balanza comercial existente en el periodo de la independencia.

No obstante, las limitaciones del impacto transformador del nuevo lazo exterior se debieron básicamente al carácter casi exclusivamente mercantil de esta relación: como ya se ha visto, sólo de forma excepcional (durante el breve periodo de optimismo que acompañó el boom de 1823-1825) se asignaron inversiones metropolitanas para extender y modernizar técnicamente la producción latinoamericana de bienes exportables; se ha visto también cómo la evolución posterior de esas empresas hizo que conservaran su carácter excepcional durante varias décadas.

La escasez de capital local y la poca inclinación de los extranjeros a invertir en la zona no fueron consideradas por los coetáneos como la causa principal del lento crecimiento de la economía de exportación de América Latina en el periodo que siguió a la independencia. Los observadores en primer lugar generalmente se referían a la destrucción provocada por la guerra. Para apreciar la validez de este punto de vista es preciso recordar que no sólo se destruyeron los recursos (desde el ganado consumido por los ejércitos combatientes, hasta la inundación de las minas o la sustracción de bienes públicos o privados) sino también un sistema completo de relaciones económicas, jurídicas y sociales. Ello incluye, pues, la deteriorización del control ejercido por los plantadores y los mineros sobre sus esclavos en Venezuela, en el Alto Cauca colombiano o en la costa peruana, el fin de la mita (que proporcionaba trabajadores forzados de la sierra de Perú a las minas del Alto Perú) y la imposibilidad de restablecerla debido a la subsecuente separación política de las dos regiones, la fluctuación de las exportaciones de trigo chileno a lo que sería el mercado peruano, y la desarticulación del complicado tráfico andino de alimentos, bebidas alcohólicas y manufacturas textiles efectuado sobre mulas. Se pueden incluir también las consecuencias indirectas de la guerra, como la caída de la producción minera junto con la destrucción de minas en las zonas de combate allí donde sus propietarios, a causa de la guerra, dejaron de hacer durante años las inversiones necesarias. Entendida así, la herencia de la guerra puede parecer abrumadora, aunque es difícil evaluarla con precisión. Las pérdidas reales tampoco se han podido valorar adecuadamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, al igual que el impacto de la apertura de América Latina al comercio mundial, los efectos de la guerra fueron muy distintos según las regiones y según los sectores de producción.

Tanto en Hispanoamérica como en Europa se pensó que los metales serían el primer producto en beneficiarse de las oportunidades que ofrecía la apertura del comercio, pero el optimismo fue decayendo gradualmente. Sólo en Chile la producción minera logró superar, ya antes de mediados de siglo, el volumen alcanzado en el periodo colonial (que había sido modesto). En el resto de Hispanoamérica las áreas mineras que conocieron mayores éxitos fueron aquellas cuya producción, tras atravesar un descenso, recuperó el nivel que había alcanzado antes del periodo revolucionario; en muchos sitios, como fue el caso de Nueva Granada y Colombia, esta recuperación no se alcanzó hasta más tarde y en otros, nunca.

Las razones que explican que estos esfuerzos resultaran decepcionantes son complejas. Para entenderlas mejor es preciso recordar ante todo que la decepción debe achacarse en parte a la esperanza quizás excesiva suscitada en Europa con medios en parte artificiales y en América Latina como reflejo de las expectativas europeas que existieron durante el breve boom inversionista que concluyó abruptamente en la crisis de 1825. Las realizaciones de los años 1810-1850, colocadas en el contexto de la historia de la minería hispanoamericana desde sus orígenes coloniales, no nos parecen —como en cambio pareció a los observadores coetáneos— consecuencia del nuevo marco socioeconómico en que se encontraba la minería. Fuesen las que fueran las circunstancias anteriores, la minería atravesó los ciclos de descubrimiento, explotación y agotamiento de los filones. Así, no es sorprendente que México —o incluso Perú, que alcanzó su máxima producción en las últimas décadas del periodo colonial— tardara un cuarto de siglo, una vez restablecida la paz, en recuperarse. Igualmente, también es más fácil comprender por qué Chile disfrutó de la prosperidad posrevolucionaria antes que otras zonas, si se recuerda que su centro minero, la mina Chañarcillo, no se descubrió hasta después de la independencia. La recuperación de la minería mexicana, al igual que sucedió en Bolivia incluso más tarde, no se debió tanto a que los viejos centros mineros retornaran a los antiguos niveles de producción como a la aparición de otros centros en Zacatecas o en otros estados. Sin embargo, la decepción por la producción y la explotación minera del periodo de la postindependencia se puede justificar. Era razonable esperar que la revolución comercial, al hacer ascender el volumen y el valor de las importaciones, añadiera un nuevo factor de apremio a la necesidad de que se ampliaran las exportaciones, especialmente de metales preciosos. La respuesta lenta y modesta de la minería requiere, por lo tanto, una explicación que vaya más allá del ciclo de bonanzas y crisis dictado por el descubrimiento o el agotamiento de los filones más ricos.

La mayoría de explicaciones culturales e institucionales las dieron los extranjeros que habían llegado a América atraídos por las aparentemente brillantes expectativas que había antes de 1825, lo cual no debe sorprender; se referían a la inmoralidad y a la frivolidad de la clase gobernante, a la dificultad de encontrar trabajadores para las minas dotados de las cualidades necesarias, a la inesperada indulgencia de aquélla frente a éstos en casos de indisciplina laboral que sólo perjudicaba a los empresarios extranjeros, a la rigidez de las leyes que regían la explotación minera, y a otras causas parecidas. No se entrará aquí a examinar este enmarañado capítulo de cargos que sobre todo refleja las profundas diferencias existentes entre los hispanoamericanos y los que intentaban insertarse en su economía. Estas diferencias se ensanchaban cuando los extranjeros ya no se limitaban al comercio y querían introducirse en las actividades productivas.

Otros obstáculos que también se interponían en el progreso del sector minero eran más estrictamente económicos, como por ejemplo la escasez de mano de obra y de capital. Ambos factores existían con intensidad variable en las distintas zonas mineras hispanoamericanas. Sin embargo, parece posible concluir que en todas partes se exageraba sobre la dificultad de reclutar mano de obra. Sin duda los efectos de la guerra en México —la zona minera más rica de finales del periodo colonial— estorbaron gravemente la reconstrucción posbélica; sin embargo, no hay pruebas de que se hubiera producido tal falta de brazos. Después de la independencia, los peones de las minas cobraban sueldos más altos que los de las haciendas agrícolas, pero esto no era nada nuevo y en cualquier caso no necesariamente significaba un desnivel equivalente en sus salarios reales. Por otro lado, a pesar de que el fin de la mita, como ya se ha comentado anteriormente, sustrajo en la Bolivia independiente una fuente importante de fuerza de trabajo en las minas, no deja de ser significativo que durante las primeras décadas que siguieron a la independencia los salarios de los trabajadores libres fueran más parecidos a los que recibían los mitayos que a los de los trabajadores libres del periodo colonial.[6] Todo esto no indica ninguna falta de mano de obra. Además, las nuevas zonas mineras, o aquellas en más rápida expansión, no parece que tuvieran más dificultades que las viejas y estancadas para reclutar la fuerza de trabajo necesaria; por ejemplo, no parece que hubiera escasez de ella en la expansión minera chilena.

El problema causado por la falta de capital parece más serio. En este aspecto, el daño ocasionado por la guerra parecía menos fácil de reparar. La destrucción de las minas y de los centros de procesamiento debida a las operaciones realmente militares fue muy limitada incluso allí donde la zona minera fue teatro de la guerra. La suspensión de las inversiones en la expansión y en el mantenimiento de las minas tuvo unas consecuencias más duraderas y por ello antes de que la minería latinoamericana pudiera recuperarse fue necesario efectuar una inversión de capital importante. Pero, vista desde esta perspectiva, la evolución de la minería hasta 1850 no fue tan negativa, ya que gracias a capitales británicos y locales en México y en Bolivia, o casi exclusivamente locales en Chile y Perú, se produjo un modesto renacimiento. Aún así, cabe preguntarse por qué no se dio una inversión más intensa, con resultados más considerables. Las razones que tenían para no hacerlo quienes debían tomar la decisión de invertir son muy comprensibles. Salvo en Chile, el rendimiento de las inversiones mineras resultó nulo o fue muy bajo. Por ejemplo, en México la compañía inglesa de Real del Monte, la más importante de las creadas durante el boom que se terminó en 1825, no obtuvo beneficios de las inversiones. Fue así no por falta de iniciativas para sacar a la mina de su estancamiento; por el contrario, la empresa multiplicó los costosos intentos de mejoras, continuó con aún menos suerte los esfuerzos de los anteriores propietarios por librar del agua los niveles inferiores de la veta, y construyó una carretera que permitió el acceso de vehículos a un área antes servida sólo por mulas. Sin duda, la compañía Real del Monte tenía derecho a quejarse de su mala suerte: cuando tras un cuarto de siglo de invertir a pérdida transfirió los derechos de explotación a empresarios locales, éstos comenzaron a obtener rápidas ganancias en parte como consecuencia de esas inversiones.[7] Pero los observadores coetáneos parecían dispuestos a extraer de esa experiencia una moraleja más precisa: H. G. Ward, apologista no del todo desinteresado de las compañías británicas establecidas en México, admitió de buen grado que la decisión de invertir sumas ingentes en mejorar la producción, laboreo y transporte había sido imprudente. En el otro extremo de Hispanoamérica, John Miers sacó una conclusión análoga de su experiencia como frustrado productor de cobre en Chile: también a su juicio era preciso examinar cuidadosamente el efecto económico de cualquiera de las mejoras técnicas que se proyectara emprender; e incluso las inversiones destinadas a aumentar el volumen de la producción sin introducir mejoras tecnológicas corrían el riesgo de resultar contraproducentes.[8] Así pues, este conservadurismo —que refleja la situación dominante en una etapa en que no se producían progresos técnicos comparables a los que conocería la minería en la segunda mitad del siglo— provocó una creciente cautela en el momento de hacer nuevas inversiones mineras, excepto allí en donde la presencia de yacimientos excepcionalmente ricos —es el caso de los chilenos— garantizaba rápidos y altos beneficios.

La reconstrucción posbélica no conllevó la introducción de innovaciones decisivas en la organización de las explotaciones mineras. En cuanto a la fuerza de trabajo no hay duda de que el asalariado predominó incluso allí donde no lo había en el periodo colonial. Este fue el caso de Bolivia; la situación fue algo distinta en la zona aurífera de Nueva Granada, aunque también allí es indudable que la mano de obra esclava perdió importancia. Sin embargo, la figura del asalariado predominaba en las áreas mineras donde ya había tenido un desarrollo más rápido en los últimos años del periodo colonial. Esto desde luego comportaba incluso entonces realidades muy distintas según las diferentes cuencas mineras de América Latina, desde la opulenta México (en donde Humboldt halló niveles de salarios superiores a los de Sajonia) hasta el estancado Norte Chico de Chile, en donde se dice, más convincentemente que en otros casos, que no existía un verdadero asalariado. Esas variaciones continuaron existiendo después del tránsito a la independencia, aunque sin duda el paso del estancamiento a la rápida expansión no puede haber dejado de afectar la situación de los mineros chilenos.

En el periodo colonial había existido la misma variedad en la organización de la minería. En México predominaban las grandes unidades productivas que financiaban su expansión con sus propios beneficios; a veces, incluso podían invertir en la adquisición de haciendas que integraban económicamente a las minas. En Perú, Bolivia y Chile las unidades productivas eran más pequeñas y carecían de independencia real frente a los «aviadores» o «habilitadores» que adelantaban el capital necesario para continuar las actividades.[9] (En el caso del Alto Perú la situación de los empresarios mineros aún era peor, ya que frecuentemente tenían que alquilar los derechos de explotación a unos precios muy altos a sus titulares absentistas). Después de la independencia los contrastes entre México y Perú al respecto continuaron existiendo. En una fecha tan tardía como 1879, Maurice du Chatenet señaló que la mayoría de los empresarios mineros de Cerro de Pasco no eran «personas ricas, que pueden disponer de capitales… tienen que recurrir a la plata ajena»; a la vez debían vender sus productos a sus acreedores, que se los pagaban a un precio inferior al normal.[10] En la década de 1820 Miers describió una situación similar para la zona chilena del cobre. Pero la prosperidad de la minería argentífera a partir de 1831 permitió que en Chile surgiera una clase de empresarios mineros no sólo independientes, sino lo bastante prósperos como para que a partir de mediados de siglo pudiera invertir grandes cantidades de capital; los mineros más ricos emergieron como fuertes propietarios urbanos y rústicos en el Chile central. En el mismo periodo, en Bolivia hubo cambios radicales en el contexto legal en que operaba la actividad minera. La nación independiente eliminó los derechos de los titulares absentistas y, al otorgar nuevas concesiones, favoreció la aparición de unidades mineras más amplias que las existentes en la etapa colonial. Pero el marasmo de la minería boliviana impidió que estos cambios alcanzaran todas sus posibles consecuencias antes del último tercio del siglo XIX.

Por lo tanto, la expansión minera en casi todas partes se vio limitada por la necesidad de capital que nunca llegó a cubrirse del todo satisfactoriamente. Sin embargo, el nivel de la demanda —otro factor limitador de la expansión de la economía de exportación de América Latina— no afectó al sector minero. Es verdad que en la década de 1820 se produjo el boom y la caída de la producción cuprífera chilena a consecuencia del aumento y la posterior disminución catastrófica de la demanda de cobre de la India británica.[11] Sin embargo, en toda América Latina la plata era, con gran diferencia, más importante que cualquier otro mineral y la demanda de plata latinoamericana para acuñarla era tan grande que era imposible imaginar que pudiera existir algún tipo de límite que pudiera frenar la expansión de su producción. En cambio, el sector agropecuario no podía depender de una demanda tan firme, pero por otro lado, respecto al aspecto mencionado, este sector podía contar con una ventaja: no era necesario hacer una gran inversión antes de comenzar a percibir ganancias, a diferencia de la industria minera descalabrada durante las luchas por la independencia.

La ganadería era el sector productivo que requería la inversión más pequeña. Sin embargo, quizás estaba más afectado que cualquier otro por la disponibilidad de mercados externos. Desde el comienzo de la colonización de la América española, la ganadería vacuna fue el modo de explotar los recursos naturales cuando no había otros más provechosos. Las áreas sobre las cuales se expandió, aún sin contar entonces con mercados externos satisfactorios, terminaron por ser amplísimas: desde el norte de México hasta el noreste brasileño (y en el mismo Brasil, Minas Gerais, una vez agotada su prosperidad minera), las tierras neogranadinas y los llanos venezolanos, vastas extensiones de América Central, buena parte del valle central de Chile y todo el Río de la Plata y el sur de Brasil. En la primera mitad del siglo XIX este sistema de explotación que aún estaba tecnológicamente muy atrasado no significaba necesariamente (como significó más tarde) limitar la explotación ganadera a las zonas más aptas dentro de esas vastas tierras. Lo que hacía que sólo algunas de entre ellas se incorporaran sólidamente a la nueva economía exportadora tenía entonces menos que ver con la esfera de la producción que con la mercantil: la capacidad de volcar esa producción en circuitos comerciales preexistentes —tanto antes como después de la independencia— es lo que explica el éxito de la ganadería rioplatense, venezolana o sur-brasileña.

Dada la extrema falta de capital y ante el hecho de que eran unas áreas muy poco pobladas donde la disciplina social en muchos casos se veía seriamente afectada por los tiempos revueltos, la expansión de la producción vacuna se basaba en la extensión de tierra disponible. Sin embargo, la diferencia entre la creciente prosperidad de los ganaderos de Buenos Aires y el empobrecimiento de los de la vertiente del Pacífico en Centroamérica —como observaba John L. Stephens a mediados de siglo— residía en el hecho de que los hacendados de Centroamérica —cuyas propiedades eran tan grandes como algunos principados europeos— no podían vender su inútil riqueza, mientras que los hacendados del Río de la Plata tuvieron libre acceso al mercado europeo.[12] Ello se debía a que la expansión de las importaciones de ultramar —consecuencia de la liberalización del mercado— había tenido lugar antes y con mayor intensidad en el Río de la Plata que en ningún otro sitio y esto creó la necesidad de una corriente de exportación que hiciera posible la perduración de las importaciones. En Chile, a pesar de la ausencia de unas circunstancias parecidas a las del Río de la Plata, también hubo un incremento de la ganadería para la exportación, aunque su volumen fue mucho menor. Los importadores de Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso necesitaban productos para enviar a Europa y sus barcos necesitaban carga para el viaje de regreso. Algunas veces tomaron a su cargo la responsabilidad de exportar productos ganaderos. La falta de importaciones era lo que impedía la expansión de las exportaciones a otras áreas menos afectadas por la apertura mercantil y esto fue lo que ciertamente ocurrió, hasta mediados del siglo XIX, en la costa del Pacífico desde Guayaquil a California.

La apertura del comercio permitió que los ganaderos latinoamericanos pudieran acceder al mercado europeo que desde hacía mucho tiempo estaba dominado por los rusos. Esto limitaba las posibilidades de la expansión latinoamericana, pero a pesar de todo pudo extenderse dada la abundancia y la baratura de la tierra. El descenso secular del precio de los cueros en el mercado europeo recortó peligrosamente el margen de ganancia de los hacendados. La cría se mantuvo y se expandió gracias a la diversificación de las exportaciones de origen pecuario; el cuero mantuvo desde luego su posición dominante y la carne salada (charque y tasajo), cuya exportación había comenzado antes de la crisis de la independencia, ya hacia 1820 recuperó los niveles de preguerra y estos continuaron aumentando hasta mediados de siglo. La carne salada halló su mercado en las zonas esclavistas tropicales (Cuba y Brasil, sobre todo). A partir de 1830, el sebo comenzó a pesar cada vez más en las exportaciones a Europa y, a diferencia de los cueros, gozó de una subida casi constante de precios. Buena parte del sebo exportado no era ya en rama, sino grasa concentrada al vapor; propietarios y comerciantes de la zona rioplatense instalaron «vapores» para producir sebo y grasa. Por lo tanto, su producción incluía un aspecto manufacturero, si bien era de carácter muy modesto tanto en lo referente a la demanda como en el número y en la especialización de la mano de obra, como también en la inversión de capitales. La producción de tasajo exigía una dimensión manufacturera mucho más importante. El saladero, establecido en un puerto o cerca de él, agrupaba un número de trabajadores que casi nunca bajaba de cincuenta y en los más grandes llegaba a varios centenares que se especializaban en tareas bien diferenciadas cubriendo las distintas etapas de elaboración, desde el sacrificio del animal hasta el salado y secado de las mantas de carne. A l revés de lo que ocurría en el sur brasileño, donde estas empresas manufactureras marcadas por tantos rasgos capitalistas utilizaban predominantemente mano de obra esclava, en el Río de la Plata y Chile la que trabajaba en el saladero era asalariada y se beneficiaba de los altos niveles de remuneración que por entonces recibían los trabajadores especializados en las ciudades hispanoamericanas.[13]

La fuerza de trabajo necesaria para la cría del vacuno también era asalariada: el trabajador percibía salarios en dinero y no se veía forzado por presión extraeconómica o por el aislamiento a gastarlos exclusivamente en lo que adquiría de su patrón, o del comerciante que debía a este patrón la posibilidad de traficar en la estancia. Este era el caso de los trabajadores temporales y especializados (domadores, herradores, arrieros), cuyo nivel de remuneración era mucho más alto que el de los permanentes. Pero, a pesar de que estos últimos podían no tener acceso directo al mercado de consumidores (lo que está lejos de ser evidente en todos los casos) y eran objeto de medidas legislativas que los obligaban a estar siempre empleados so pena de sufrir encarcelamientos, trabajos forzados o enrolamiento en el ejército, todo este aparato de control social y político —los testimonios de todas las zonas de ganadería vacuna lo confirman—sólo servía para asegurar la presencia de la fuerza de trabajo en la hacienda vacuna; su disciplina era relativa en parte porque la cría del vacuno requiere muy poca y en parte debido a la escasez de mano de obra.

De los diferentes tipos existentes de producción ganadera (sobre las áreas medio vacías de América Latina) la vacuna fue de lejos la más afectada por las consecuencias de la liberalización comercial de principios del siglo XIX. La lanar y cabría y la de especies aborígenes se hallaban bien implantadas en las zonas más antiguas que estaban más densamente pobladas y donde esta herencia tenía un peso muy grande, pero su transformación sólo se hizo sentir en la segunda mitad de siglo, cuando nuevas corrientes comerciales se volvieron más intensas y alcanzaron de modo más parejo a toda Hispanoamérica. Mientras tanto, sólo en Perú se asistió a un crecimiento importante de las exportaciones de lana, tanto de oveja como de los auquénidos andinos, pero no es evidente que ello se debiera al crecimiento del número de cabezas de ganado lanar sino más bien a la reorientación hacia la exportación a ultramar de fibras que antes eran utilizadas por la tejedura andina.[14]

Algunas ramas de la agricultura lograron utilizar más ampliamente que la ganadería ovina las oportunidades abiertas por la liberalización comercial, aunque ninguna de ellas se adaptó tan bien como la ganadería vacuna a las condiciones de la economía. Los cultivos de clima templado (cereales, vid, olivo) desde luego estaban limitados por la falta de demanda adicional en el mercado europeo y por los altos costos del transporte. La exportación de tabaco (que se puede producir también en clima templado) no aumentó significativamente hasta mediados de siglo y sólo en Colombia ese proceso se empezó ya a insinuar en los últimos años de la década de 1840. El cacao seguía teniendo su mercado más importante en la antigua metrópoli; los cambios en la estructura del comercio exterior no podrían entonces afectarlo tan favorablemente como a otras exportaciones; pese a ello, siguió creciendo la producción en la costa ecuatoriana y también en Venezuela, que fue el gran centro productor en los últimos años de la etapa colonial, y si bien el peso relativo de la exportación cacaotera bajó, su valor absoluto ascendió un poco.

En Venezuela, y en menor medida en Ecuador, el cacao se había cultivado con mano de obra esclava. Al parecer en Ecuador, desde el comienzo de la reconstrucción económica posterior a la independencia, los claros —aquí menos significativos— dejados en la población esclava por las manumisiones y los enrolamientos forzosos que trajo la guerra se cubrieron con indígenas de la costa y de la sierra. No se les encuadró en la unidad que había sido la hacienda tradicional, sino que se les instaló en terrenos del hacendado a quien entregaban parte de los frutos y —por lo que parece— a menudo también pagaban renta en trabajo.[15] La trayectoria venezolana es más compleja, dado el previo predominio del trabajo esclavo; si bien aquí la guerra desorganizó más el control sobre la mano de obra que en Ecuador, en la posguerra se intentó, de forma sostenida y no totalmente infructuosa, volver a algunos de esos esclavos a la obediencia de sus amos, y poner a los negros emancipados en una situación en muchos aspectos comparable a la de los que no lo eran. Aun así, el peso tanto de los esclavos como de los ex esclavos en la fuerza de trabajo fue bajando constantemente. Parece que en Venezuela fueron reemplazados más frecuentemente por asalariados que por campesinos que cultivaban tierras propiedad de los hacendados a cambio de la entrega por parte del terrateniente de lotes para sus propios cultivos.

La pérdida de peso relativo que sufrió el cacao dentro de la agricultura venezolana se debió sobre todo a la expansión del cultivo de café. Ésta comenzó ya en la época colonial y alcanzó su ritmo más intenso en la década de 1830. El cultivo de café, que en su mayor parte utilizaba mano de obra asalariada, al expandirse en nuevo territorio requería una espera de tres años entre la plantación de los arbustos y la primera cosecha. Esta expansión estuvo a cargo de terratenientes que no disponían del capital necesario y que por lo tanto debieron recurrir al préstamo. La ley del 10 de abril de 1834, que eliminaba las limitaciones a la libertad contractual impuestas por la legislación antiusuraria heredada de la etapa colonial, perseguía precisamente el propósito de crear un mercado de capital más amplio y quizá lo logró demasiado bien, ya que la prosperidad cafetalera impulsó a los terratenientes a tomar dinero a préstamo a un precio muy alto y cuando esa prosperidad cesó, a partir de 1842, tuvieron sobradas ocasiones para lamentarlo. Las tensiones existentes entre una clase terrateniente crónicamente endeudada y un sector mercantil y financiero que quería cobrar esas deudas serían el trasfondo de la atormentada historia política de Venezuela durante varias décadas. Sin embargo, al acabarse la prosperidad cafetalera, debido a la depresión de los precios, el café no perdió su posición central en la economía exportadora venezolana. El volumen de las exportaciones subió alrededor del 40 por 100 en el quinquenio siguiente a la crisis de 1842 comparado con el de los cinco años anteriores, y este nuevo nivel se mantuvo hasta que en 1870 comenzó una nueva y gran expansión. A mediados de siglo el café constituía más del 40 por 100 de las exportaciones venezolanas y en la década de 1870 más del 60 por 100.[16] A diferencia de lo que ocurría en Brasil, donde la expansión del cultivo de la caña en estos años dependía casi totalmente de la mano de obra esclava, los productores de café venezolanos generalmente empleaban mano de obra libre. Sin embargo, la creciente penuria financiera de los propietarios hizo que cada vez se emplearan menos asalariados: ahora se hicieron más frecuentes los contratos con cuneros que a cambio de la tierra recibida trabajaban los cafetales del terrateniente; este tipo de contratos pasaron a constituir el sistema de relación dominante entre los propietarios y los trabajadores rurales en las zonas cafetaleras venezolanas.

Así pues, pese a la necesidad de capital y de mano de obra, en Venezuela la agricultura cafetalera encontró el modo de sobrevivir y de expansionarse en una etapa en que la plantación con mano de obra esclava ya no era una solución viable a largo plazo. Por otro lado, el cultivo de la caña de azúcar en toda Hispanoamérica se basaba en el sistema de la plantación que empleaba mano de obra esclava (las reducidas zonas productoras de México eran una solución sólo parcial) y le resultó difícil salirse de él. En la costa peruana, la agricultura azucarera utilizaba mano de obra esclava al igual que durante el periodo colonial. Los plantadores azucareros siempre mencionaban la imposibilidad de obtener más esclavos como una de las causas principales del estancamiento de la producción (hasta la década de 1860). Sin embargo, parece que la falta de mercado es una explicación más satisfactoria.

En Cuba —que con Puerto Rico fueron colonias españolas a lo largo del periodo— la agricultura tropical, concretamente el cultivo de la caña de azúcar, alcanzó paradójicamente un desarrollo espectacular. La breve ocupación británica de La Habana, en 1762, se considera el punto de partida de una etapa expansiva que en medio de altibajos continuaría por más de un siglo. Desde finales del siglo XVIII la economía cubana —que hasta entonces había sido diversificada pero poco desarrollada— se fue orientando hacia el predominio del azúcar, si bien el tabaco y el café también avanzaron, mientras la ganadería vacuna, primero predominante, retrocedió aunque no acabó de desaparecer. La monarquía ilustrada facilitó en parte el proceso de abolir las leyes que regían la adquisición y la utilización de la tierra. Pero otros cambios influyeron aún más directamente, sobre todo el fin del dominio francés en Saint-Domingue [Haití] que eliminó al mayor productor de azúcar del mundo y motivó la emigración a Cuba de algunos de sus hacendados con su capital y sus esclavos.

A comienzos del siglo XIX el centro de gravedad de la producción azucarera pasó de la provincia de oriente a la de La Habana. La unidad productiva, el ingenio, continuó siendo relativamente pequeña durante varias décadas debido al alto costo del transporte y a la necesidad de disponer de combustible. Había grandes productores dueños de múltiples ingenios, pero la mayor parte dependían de los comerciantes (que les anticipaban el capital inicial y que les siguieron proveyendo de mercancías y sobre todo de esclavos). La provisión continua de esclavos, en su mayor parte provenientes de África, es lo que hizo posible la expansión azucarera cubana. Desde la primera década del siglo XIX, Gran Bretaña y Estados Unidos prohibieron la trata de esclavos en sus territorios y prohibieron a sus súbditos que se relacionaran con el tráfico internacional de esclavos. A pesar de la presión internacional, sobre todo británica, España logró escaparse de un primer compromiso —y de otros posteriores— de abolir la trata. La protección que se dio al comercio de esclavos no fue el motivo menos importante para que los señores del azúcar aceptaran el dominio de España sobre la isla, dado que una Cuba independiente aún hubiera podido oponerse menos que la decadente monarquía española a las exigencias británicas. A lo largo del siglo XIX, hasta que no concluyó el tráfico de esclavos en la década de 1860 —diez años después de que hubiera sido suprimida definitivamente en Brasil—, Cuba importó centenares de miles de esclavos. El tráfico alcanzó el punto más alto entre 1835 y 1840; en estos seis años entraron 165.000 negros en la isla, la mayor parte de ellos destinados a las plantaciones. La población esclava pasó de los escasos 40.000 de 1774 a casi 300.000 en 1827 —cuando la población blanca dejó de constituir la mayoría de la población— y ascendió a 450.000 en 1841.[17]

En la década de 1840, cuando el control británico sobre la trata se hizo más eficaz, la importación de esclavos descendió, pero aun así la expansión de la caña continuó durante dos décadas más. Sin embargo, ya no se dependía tanto del gran aumento de la fuerza de trabajo esclava. El ferrocarril no sólo facilitó la comunicación entre las zonas azucareras y los puertos sino que también hizo posible una expansión del cultivo del azúcar que anteriormente había sido imposible dados los altos costes del transporte; también liberó a la hacienda de su dependencia de los recursos energéticos cercanos, permitiendo así que la caña de azúcar se expansionara en una proporción mucho mayor que antes en las tierras de la hacienda. Más tarde, el ferrocarril llegó hasta la misma hacienda, consiguiendo que la comunicación interna fuera más barata y eficaz, lo que a su vez permitió superar las limitaciones que antes habían fijado las dimensiones de cada hacienda.[18]

Paralelamente, la creciente dificultad de suministrar esclavos conllevó una transformación paralela en la industria azucarera: una utilización mayor de la máquina de vapor. A la vez, esto hizo, por un lado, más inevitable la transición de la hacienda de cien esclavos, y que producía 100 toneladas anuales de azúcar, a las propiedades de dimensiones mucho mayores y, por otro, ocasionó la sustitución de una parte importante de los hacendados. Lógicamente, los que supieron sacar más ventajas de estas nuevas circunstancias no eran terratenientes sino comerciantes. No se trató simplemente de una diferencia de mentalidad, sino ante todo de recursos: sólo unos cuantos de los viejos señores del azúcar podían hacer las inversiones que requería la modernización. La historia de la expansión de la producción cubana de azúcar de caña —que aún se basaba en la esclavitud— es la de mayor éxito económico que hubo en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XIX.

Aparte de la pequeña aportación de capital británico invertida en los ferrocarriles, este triunfo no se debió a que la economía cubana se hubiera incorporado más plenamente al mercado de capitales que se expandía en Europa. El capital requerido para el incremento de la producción del azúcar provino de la misma isla (cuyo capital mercantil, como hemos visto, gozó de una posición predominante), de España o de los peninsulares que abandonaron el continente americano después de la independencia. (Cuba parece que fue el principal refugio de los que, por ejemplo, salieron de México en la década de 1820). En Cuba, al igual que en el resto de Hispanoamérica, hubo una ausencia casi total de capital de nueva procedencia externa. Pese a ello, a diferencia de la Hispanoamérica independiente, Cuba alcanzó una tasa de crecimiento impresionante durante este periodo.

El éxito excepcional de la economía exportadora cubana fue el principal impulsor de las transformaciones de gran alcance que conoció la sociedad isleña, de las que el cambio en el equilibrio étnico no fue la menos importante. En la Hispanoamérica continental, la economía de exportación —que aún en las áreas más favorecidas no se expandió al ritmo de la cubana— influyó mucho menos en los cambios sociales ocurridos en la etapa que siguió a la independencia. Sin embargo, para la mayoría de los observadores coetáneos el cambio social creaba obstáculos y limitaciones a los que las economías de exportación se debían adaptar.

Esto no quiere decir que no haya ejemplos de comarcas donde los cambios en el tejido social no fueran inducidos por el crecimiento de la producción de productos para la exportación. Por ejemplo, en el Norte Chico chileno la sociedad estaba estructurada sobre líneas menos rígidas que las del Chile central. Sin embargo hay pocos ejemplos tan claros como éste e incluso en este caso su impacto en el conjunto de la sociedad chilena fue relativamente ligero. Los otros casos de sectores exportadores en expansión, desde el gran éxito de los cueros de la región del Río de la Plata y del café venezolano hasta los más modestos como el de la lana en el sur de Perú, tienden a confirmar el punto de vista de que el esfuerzo de incrementar las exportaciones sólo podía tener éxito si sus protagonistas aprendían a adaptarse a la estructura social que estaba cambiando lentamente pero sobre la cual su propia influencia era marginal. Como que a lo largo de la mayor parte de la Hispanoamérica continental, desde México hasta Centroamérica, desde Nueva Granada (actual Colombia) a la costa peruana y Bolivia, la expansión del sector de exportación era inesperadamente débil en este periodo, es necesario observar otros factores que influenciaran en la fijación del rumbo del cambio social. Sobre todo hay que tener en cuenta la crisis del viejo orden colonial (y no sólo de su estructura administrativa, sino también del conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los grupos sociales y étnicos) y la apertura de Hispanoamérica al comercio mundial con todo lo que significaba (y no sólo en su dimensión económica).

Las guerras de independencia desde luego socavaron al Antiguo Régimen en la América española. Se trató de las primeras guerras que desde la conquista afectaron directamente a casi toda la América española. No sólo contribuyeron a destruir sus riquezas, como se ha visto, sino también a cambiar las relaciones existentes entre los diferentes sectores de la sociedad hispanoamericana. La fragmentación del poder político, la militarización de la sociedad y la movilización, a causa de la guerra, de recursos y, sobre todo, de hombres comportaron que el viejo orden social y en especial el control social ejercido sobre las clases subordinadas no se restableciera completamente nunca más, por ejemplo, en la llanura y en la región de oriente de Venezuela, en la sierra peruana, en Bolivia y en los llanos de Uruguay.

Durante y después de las guerras de independencia hispanoamericanas las relaciones sociales también se vieron profundamente afectadas por una nueva ideología liberal e igualitaria que rechazaba la característica sociedad jerarquizada del periodo colonial y que aspiraba a integrar los diferentes grupos sociales y étnicos en una sociedad nacional a fin de reforzar la unidad de los nuevos estados.

Sobre todo tres rasgos de la sociedad hispanoamericana se oponían a la corriente liberal e igualitaria de principios del siglo XIX: la esclavitud negra, las discriminaciones legales —tanto públicas como privadas— existentes sobre los individuos de razas mezcladas, y la división de la sociedad, tan vieja como la misma conquista, en una república de españoles y en otra república de indios, las barreras entre las cuales —si bien eran fáciles de cruzar— aún estaban en pie en 1810.

A principios del siglo XVIII la esclavitud en ningún punto de la Latinoamérica continental era tan importante como en Cuba y, por supuesto, Brasil. La mayoría de los gobiernos revolucionarios abolieron la trata, en algunos casos ya en 1810-1812. Se dictaron leyes que liberaron de la esclavitud a los hijos de esclava por ejemplo en Chile (1811), Argentina (1813), Gran Colombia (1821) y Perú (1821), si bien en algunos casos se estableció un periodo de aprendizaje o de trabajo asalariado a cambio de su educación. Las leyes del nacimiento en libertad en pocos casos se aplicaron en realidad y de cualquier modo, excepto a largo plazo, no atacaban a la institución misma de la esclavitud. Ya se ha visto que las necesidades de la guerra impulsaron el reclutamiento de esclavos, fueran o no manumitidos. Después de la independencia sólo unos cuantos países que tenían una reducida población esclava abolieron la esclavitud: Chile (1823), Centroamérica (1824) y México (1829). A la vez, en otras zonas se intentó revitalizar la institución, sobre todo por el agotamiento de las fuentes externas de esclavos. El comercio de esclavos africanos era necesario para poder mantener el sistema esclavista y en la América Latina continental después de las guerras de independencia sólo la región del Río de la Plata importaba esclavos en cantidad importante, y esto sólo ocurrió durante las décadas de 1820 y 1830. Ello inexorablemente condujo a la decadencia, tanto en cantidad como en calidad, del número de esclavos existente, y explica por qué su abolición en Venezuela, Colombia, Perú y Argentina en la década de 1850 no provocó ningún desequilibrio social o económico importante.

El ataque a las discriminaciones legales a las que habían sido sometidas las castas fue menos vacilante y en suma tuvo mucho más éxito. Su abolición sin duda fue menos completa e inmediata de lo que las formulaciones de la etapa revolucionaria permitían suponer; para poner un ejemplo, en la región del Río de la Plata, donde la retórica y la legislación igualitaria floreció más que en ningún otro sitio en la década que siguió a la revolución de 1810, los mestizos y los pardos no fueron admitidos en la universidad hasta la década de 1850. Además, cuando un nuevo Estado hallaba un interés financiero en mantener las normas diferenciales, las desigualdades perduraron más; por ejemplo en Perú, la contribución que pagaban las castas, que proporcionaba un ingreso considerable, se abolió, pero poco tiempo después se reimplantó y perduró hasta la década de 1850. Sin embargo el sistema de castas en todas partes quedó herido de muerte cuando a partir de los primeros años del periodo nacional ya no fue obligatorio registrar el origen racial de los niños. Incluso en Perú, los bautizos y los matrimonios de los mestizos y de los indios ya no se anotaron en libros separados.

Cuando se recuerda que ya en las últimas etapas del periodo colonial, desde Caracas a Buenos Aires, la prosperidad —al menos en las áreas urbanas— de algunas personas de razas entremezcladas, incluso aunque fueran una ínfima minoría, empezó a afectar la composición étnica de las clases propietarias, es más fácil entender que la abolición de la diferenciación legal entre las castas tuviera éxito, si bien no significó la desaparición de las desigualdades en el momento de pagar las contribuciones. La guerra, por otra parte, favoreció el ascenso de la gente de sangre mezclada a posiciones de influencia militar y, menos frecuentemente, política. La élite criolla, aún orgullosamente consciente de su pureza étnica, sin embargo se convenció de que era imposible intentar defender sus prejuicios por medio de una discriminación legal o política.

Las necesidades fiscales de los nuevos estados también pesaron en la lentitud con que se modificó la posición legal de los indios en el medio siglo que siguió a la independencia. España había abolido el tributo indio en 1810. De entre los países nuevamente independientes que tenían una gran población india, sólo México no lo volvió a reimplantar, pero en Perú y Bolivia, y en menor medida en Nueva Granada y en Ecuador, a pesar de su abolición legal (en algunos casos reiterada, como por ejemplo en el Congreso de Cúcuta en 1821), el tributo continuó siendo una fuente de ingresos importante para el gobierno, ya fuera bajo su nombre tradicional o bien encubierto con algún eufemismo transparente.[19]

Se sabe relativamente poco del impacto de los cambios que acompañaron el fin del dominio colonial sobre los indios. La investigación al respecto revela un panorama básicamente estable pero rico en variedad y contrastes. Esto no debe sorprender dada la gran variedad de situaciones que ya existía antes de la crisis final del sistema colonial. La hispanización cultural y la integración económica y social desde luego habían avanzado más en unas zonas que en otras. El contraste existente entre el centro-norte y el sur de México —una cuestión que se investiga desde hace muy poco— ahora es tan clara como el que ya se sabía que existía entre las regiones costeras y las sierras de Perú y Ecuador. Estas diferencias determinan el efecto que la crisis de la independencia tuvo sobre los indios. Más que los cambios jurídicos específicos, fueron los cambios más generales, acaecidos en el sistema político, social y económico que acompañaron las crisis de la emancipación, los que tuvieron mayor impacto. Por ejemplo, la década de rebeliones indias que hubo en México en el periodo posterior a la independencia fue consecuencia de la relajación general que sufrió la disciplina político-social que existía anteriormente en el México rural.

Aunque los nuevos regímenes introdujeron en casi todo cambios sustanciales en el status legal de los indios y adoptaron un concepto de la posición del indio en la sociedad básicamente diferente del que existía bajo el Antiguo Régimen, parece que estas innovaciones específicas tuvieron menos repercusión que la que provocó la crisis general del viejo sistema. Al nuevo orden le repugnaba la noción de que existiera una «república de indios» separada y paralela y se negó a adoptar un método alternativo que reconociera, legal y políticamente, un sistema de vida distinto para los indios. Además, la institución básica de la «república de indios», la comunidad india dotada de derechos sobre la tierra, ahora se consideraba aberrante en términos jurídicos, perjudicial en términos económicos (dado que impide la incorporación de la tierra y el trabajo en la economía de mercado) y desastrosa en términos sociales y políticos porque se le considera como un gran obstáculo para la asimilación de los indios en el nuevo orden político. A pesar de todo, la comunidad campesina, que había sufrido un lento proceso de erosión incluso durante el periodo colonial, sobrevivió notablemente bien en México, en Centroamérica y en las repúblicas andinas durante la primera mitad del siglo que siguió a la independencia. Bolívar en Perú, por ejemplo, propuso su disolución legal (que hubiera convertido a sus miembros en propietarios individuales), pero esto sólo funcionó ocasionalmente y aun entonces no parece que afectara el funcionamiento real de la vida de la comunidad. Tampoco se produjo una agresión importante sobre el patrimonio territorial allí donde las comunidades habían logrado preservarlo durante el periodo colonial a pesar de que existía un clima más favorable para hacerlo. Seguramente que la fragilidad del nuevo orden político y la falta en este periodo de presión demográfica retrasaron esta agresión, pero en ello aún influyó más la falta de un desarrollo importante de la agricultura comercial. En suma, la principal explicación de la estabilidad social de las áreas habitadas masivamente por indios radica en el lento impacto de los nuevos nexos externos sobre las complejas y desarticuladas estructuras de la economía hispanoamericana (por ejemplo, el aislamiento económico real de la región andina).

En una zona muy vasta de Hispanoamérica, la falta de estímulos (que hubieran podido aparecer por una expansión del mercado) debilitó la tendencia hacia una concentración mayor de la tierra y el avance de la hacienda a costa de las comunidades campesinas indias. La propiedad de la tierra fuera de las comunidades indias por supuesto continuó estando muy concentrada, pero las propiedades cambiaron de manos más frecuentemente durante los años de guerra civil y de conflictos políticos que durante el periodo colonial y algunas veces las grandes propiedades se dividieron. El estudio efectuado sobre un área cercana a la Ciudad de México revela cómo una gran propiedad se convirtió en botín, apenas disimulado, de la victoria política y militar; Agustín de Iturbide fue el primer gran propietario nuevo y después pasó a manos de Vicente Riva Palacio que pertenecía al grupo liberal que emergió por primera vez en la década siguiente. Sin embargo, a la larga, este botín se hizo menos atractivo, en parte porque la debilidad del sistema tradicional que proporcionaba mano de obra rural hizo que la explotación de estas tierras resultara menos rentable que en tiempos anteriores.[20] En Jiquetepeque, en la zona costera del norte de Perú, en este periodo se acentuó la consolidación de una clase de grandes propietarios criollos formada en parte por individuos que habían sido enfiteutas de tierras anteriormente eclesiásticas y en parte por civiles y oficiales militares de la nueva república.[21] En Venezuela, el general Páez, entre otros, se convirtió en propietario, clase con la que se había identificado políticamente. En la región de Buenos Aires había tanta tierra disponible para la cría de ganado que pudo dividirse en grandes propiedades y distribuirla sin grandes conflictos entre los nuevos y los antiguos propietarios. Sin embargo, es peligroso sacar alguna conclusión general sobre la propiedad después de la independencia dada la dimensión y la diversidad de Hispanoamérica y la escasa investigación que se ha hecho sobre el tema.

En las ciudades, la élite criolla fue la principal beneficiaría de la emancipación política; consiguió sus objetivos de desplazar a los españoles de los cargos burocráticos y del comercio, a la vez que la creación de gobiernos republicanos independientes hizo aumentar las oportunidades de ocupar puestos gubernamentales y políticos. Sin embargo, la élite urbana, comparada con la del periodo prerrevolucionario, ahora era más débil por diversos factores: por la eliminación del patrimonio y del prestigio de los mismos españoles que habían sido una parte muy importante de ella; por la entrada, si bien no la completa integración, de los comerciantes extranjeros que tan a menudo sustituyeron a los españoles; por la movilidad ascendente de los mestizos, y sobre todo por la sustitución de un sistema de poder basado en una metrópoli que lo ejercía a través de sus ciudades —que eran los centros políticos y administrativos— por otro sistema, con bases más locales, más rurales, en que el poder lo ejercían los hacendados y los caudillos. Las élites urbanas vieron cómo se les sustraía parte de estas bases materiales de su preeminencia y también de buena parte de su justificación ideológica. En un momento en que la riqueza, comparada con el pasado, se estaba convirtiendo en el criterio principal de la diferenciación social, monopolizaron menos la riqueza que antes. Esto les llevó a considerarse, más que en el pasado, como una clase instruida, pero cada vez se aceptó menos que la ilustración justificara la posición que uno ocupaba en la sociedad. Su rechazo dio lugar a que se iniciara un entendimiento (seguramente exagerado por la élite urbana) entre los caudillos rurales (o urbanos) de tendencia conservadora y el sector popular urbano, más numeroso, más próspero e influenciado —en mayor o menor medida— por las ideas igualitarias difundidas por las revoluciones de independencia.

Esto nos lleva a considerar un problema que es crucial para entender qué fue lo que ocurrió en esta fase de la evolución de la sociedad urbana, en particular en las ciudades más directamente afectadas por la liberalización del comercio exterior. Se suele afirmar que esta liberalización —que posibilitó la importación de productos de las nuevas industrias de Gran Bretaña y de Europa en gran cantidad— debió tener efectos nefastos sobre aquellos que producían estos productos localmente con métodos artesanales; es decir, que la pauperización de los sectores populares urbanos fue la consecuencia inevitable del libre comercio. El argumento contrario sustenta que ya antes de 1810 la importación de productos de lujo (telas de Castilla, utensilios metalúrgicos, vinos) y el comercio intrarregional, tanto de estos productos como de los de consumo popular, ya habían limitado la expansión de las manufacturas urbanas y que, además, la expansión del comercio exterior condujo a un aumento del mercado interior que creó nuevas oportunidades a los artesanos locales. Uno y otro efecto sin duda se hicieron sentir y su punto de equilibrio no pudo ser el mismo en todos los centros urbanos hispanoamericanos.[22] Una de las consecuencias más evidentes de la expansión del comercio —y de la creciente complejidad de la sociedad urbana— fue la aparición de un grupo más numeroso de comerciantes al detalle. El aumento del volumen de las importaciones no condujo necesariamente a que los grandes importadores extranjeros abandonaran la práctica española de vender directamente al público, pero se vieron obligados a dirigir una parte creciente de su negocio al detalle hacia un número en aumento de pequeños tenderos. La expansión del consumo de trigo comportó la sustitución de diferentes tipos de pan de maíz que se producían domésticamente en casa, por un producto que a menudo se compraba en las tiendas. Por otro lado, el movimiento de personas dio lugar a la apertura de más fondas. Además, aunque el incremento del volumen de telas importadas bien pudo afectar negativamente a los productores locales —que en efecto eran raros de encontrar en los centros urbanos importantes—, creó una demanda de más modistas y sastres en las ciudades donde se concentraba su consumo. En general, si bien no del todo, se produjo más bien un aumento que una decadencia de los sectores más prósperos de las clases bajas en las ciudades hispanoamericanas en el periodo que siguió a la independencia. Ello en parte explica que las élites urbanas a menudo se mostraran preocupadas por el orden social que se creía amenazado, pero que a pesar de ello no afrontaran desafíos abiertos.

Sin embargo, había pocas oportunidades de que los sectores no primarios de la economía hispanoamericana se desarrollaran de forma autónoma en el nuevo orden económico internacional tras la independencia. La dependencia económica —entendida, para este periodo, sobre todo como la aceptación de un lugar en la división internacional del trabajo fijado de antemano por la nueva metrópoli económica— impuso limitaciones rígidas sobre las posibilidades de diversificación económica en las áreas así incorporadas más estrechamente en el mercado mundial. Hasta finales del periodo que se está analizando, México fue de hecho el único país de Hispanoamérica que pudo crear una industria textil capaz de transformar su proceso productivo y pudo competir con las telas que se importaban. Cuando se examinan las razones de este triunfo de México, parece que los factores más importantes fueron las dimensiones del mercado y la existencia desde el periodo colonial de un activo comercio interno que hizo económicamente posible la producción a la escala que la nueva tecnología requería. Además, en esta primera etapa existía una gran cantidad de artesanos concentrados en el centro urbano de Puebla para emplear en la nueva y más claramente industrial fase de la producción textil mexicana.[23] En los otros países, el mercado interior o bien era mucho más limitado —menos gente, y a menudo con ingresos inferiores que los de México— y estaba suministrado por los comerciantes extranjeros (como era el caso de la región del Río de la Plata), o bien continuaba siendo muy pequeño, desintegrado y muy aislado del mundo exterior, como en toda la región andina. Ahí sobrevivió el sistema tradicional de la confección de tejidos y también de otras muchas cosas.

En este repaso necesariamente breve de las continuidades y de los cambios que se dieron en la sociedad hispanoamericana en el periodo que siguió a la independencia no se ha mencionado una variable que podía esperarse que fuera básica: la evolución demográfica. Este silencio se debe en parte a que se sabe muy poco de las características demográficas, pero sobre todo porque lo que se sabe de ella permite concluir que no fue un factor decisivo en la evolución de la sociedad a diferencia de lo ocurrido en el periodo colonial o como lo sería a partir de 1870. En México, después del aumento de la población que se había dado en el siglo XVIII, las primeras décadas del siglo XIX parecen reflejar una caída de la población en algunas áreas y un estancamiento general. En el resto de Hispanoamérica la tendencia fue claramente ascendente si bien naturalmente estaba sujeta a grandes variaciones de una región a otra. Nicolás Sánchez-Albornoz considera que se puede distinguir, por un lado, un crecimiento más rápido de la población en las regiones de asentamiento español más antiguo (Cuba, la región de Antioquia-Cauca en Nueva Granada, el área del Río de la Plata y Venezuela, donde la población pasó a más del doble), estuvieran o no afectadas por la apertura mercantil ultramarina después de la independencia y, por otro, un crecimiento más lento en las zonas de México, hasta el espinazo andino de Suramérica, pasando por Centroamérica pobladas principalmente por indios. En el caso de Cochabamba (Bolivia), la comparación de los datos de 1793 y de 1854 confirma esta conclusión general: hubo un crecimiento más rápido en los valles (que expandieron su agricultura y atrajeron inmigrantes) que en la sierra.[24]

El crecimiento de la población se basaba sobre todo en el avance de la frontera agrícola. Este avance, si bien en Nueva Granada o en la región del Río de la Plata pudo darse incorporando nuevos territorios más allá de los que previamente estaban bajo el dominio político español, en casi todos lados se basaba en la expansión de vastos espacios intersticiales que había dejado vacíos la previa colonización. Cuba y Venezuela ofrecen quizá los mejores ejemplos de este proceso. La conexión entre la expansión de la frontera y el crecimiento del sector agrícola de exportación es evidente en el caso de Cuba, Venezuela o la región del Río de la Plata, pero lo es menos en el de Nueva Granada, Chile o —en el humilde ejemplo ya citado— los valles de la remota Cochabamba. Los mayores centros urbanos, a pesar de las impresiones en sentido contrario de los observadores coetáneos, ya fueran locales o extranjeros, o bien alcanzaron un ritmo menor que el de la población en su conjunto (es el caso de La Habana o de Buenos Aires), o bien, si la población urbana inicialmente era escasa, alcanzaron una tasa ligeramente superior (por ejemplo, Santiago de Chile o Medellín en Antioquia, Colombia). En la primera mitad de siglo algunas ciudades continuaron sustancialmente estáticas porque la lenta recuperación de posguerra no alcanzó a superar la baja causada en ellas por las guerras de independencia y sus consecuencias indirectas (como por ejemplo Lima y Caracas). Así pues, el porcentaje de la población total de Hispanoamérica que vivía en las mayores ciudades no aumentó, y la apertura del comercio no parece que estimulara especialmente su crecimiento. La Habana, Caracas y Buenos Aires, que fueron los centros de las regiones más afectadas por la vigorosa expansión de las exportaciones, tuvieron un crecimiento relativo que parece haber sido inferior a la media hispanoamericana.

Este crecimiento urbano relativamente lento y la similitud del ritmo de crecimiento de la población en regiones que fueron o que no fueron incorporadas en la economía agrario-exportadora en expansión son otras dos pruebas de lo limitado que fue el impacto de la inserción de Hispanoamérica en el nuevo sistema económico internacional, cuyo centro era Gran Bretaña y no la vieja metrópoli imperial. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX se inició la transición gradual a una relación más estrecha y más compleja entre Hispanoamérica y el mundo exterior que la que existió en el periodo que siguió a la independencia.

El tercer cuarto del siglo XIX fue una etapa de transición en la historia económica de América Latina entre el periodo de estancamiento económico de después de la independencia (con la excepción de Cuba) y el de crecimiento de las exportaciones que hubo entre las décadas de 1870 y 1880 hasta la depresión mundial de la de 1930. Las relaciones existentes entre la economía hispanoamericana y la metropolitana se fueron redefiniendo gradualmente. Se abrieron nuevas oportunidades para los sectores de exportación de algunas economías hispanoamericanas, sobre todo en Argentina, Perú y Chile.

Los años centrales del siglo XIX marcaron, para la economía europea, el fin de un periodo de decadencia que después de alcanzar su punto más bajo en la crisis de 1848, dejó paso a una formidable ola expansiva que se prolongaría (a pesar de las crisis de 1857 y 1865) hasta la Gran Depresión de 1873. Durante este periodo, el continente europeo acortó distancias con la isla que había iniciado la Revolución industrial. El crecimiento industrial, tanto en Gran Bretaña como en Europa, avanzó a un ritmo más rápido que en el pasado inmediato y los principales países del continente europeo introdujeron, de forma más decidida que Gran Bretaña, innovaciones institucionales y organizativas (como por ejemplo los bancos de depósito o inversión), y las empresas de base no familiar se hicieron cada vez más numerosas, sobre todo en el negocio bancario y en los transportes. La demanda europea y norteamericana de materias primas latinoamericanas aumentó. El avance de la navegación a vapor fue mucho más lento en Suramérica y en el Pacífico que en el Atlántico Norte, pero el establecimiento del correo fue suficiente para asegurar una nueva regularidad en el movimiento de la gente y de las noticias. (Suramérica no quedó conectada por telégrafo con el mundo exterior hasta la década de 1870: el cable submarino llegó a Río de Janeiro en 1874).

El restablecimiento sobre bases más sólidas de las vinculaciones financieras, que sólo habían hecho una efímera aparición en los primeros años de la década de 1820, aún resultó más importante de cara al futuro. La sobreabundancia de capitales europeos creó un clima más favorable para contratar préstamos y hacer inversiones en América Latina. Es verdad que la expansión del crédito externo estaba lejos de llegar al volumen que alcanzaría en la década de 1880 y que se canalizó de modo muy desigual sobre los distintos estados hispanoamericanos, que sólo excepcionalmente lograron establecer relaciones estrechas con las casas bancarias de sólida reputación (que posibilitarían a los inversores penetrar en el mercado latinoamericano con una confianza que no siempre estuvo bien fundamentada). En el periodo de 1850 a 1873 el crédito otorgado a los estados hispanoamericanos fue de carácter fuertemente especulativo y más de un episodio entre los que precedieron la crisis de 1873 —por ejemplo, los referentes a los préstamos a Honduras y Paraguay—[25] recordaron algunos ocurridos medio siglo atrás. Hubo muestras de lo que serían las futuras relaciones financieras con la metrópoli. En algunos casos (como el ejemplo peruano que veremos más adelante), la operación de crédito iba vinculada al control del comercio exterior del país periférico. En otros casos (como el de los préstamos a Argentina y Chile) la otorgación de crédito facilitó la exportación a la periferia de productos que ya no eran de consumo. Por otro lado, en la década de 1860 se establecieron los primeros bancos privados extranjeros especializados en crédito al comercio ultramarino y en la remesa de fondos entre Hispanoamérica y Europa; se trata de los bancos británicos que acabaron por fusionarse en el Banco de Londres, México y Suramérica. Por supuesto que los banqueros de la Europa continental también se trasladaron a Hispanoamérica, pero hasta la década de 1880 no retaron la hegemonía británica.

El papel del grupo de los comerciantes británicos establecidos en los puertos y en los centros comerciales de Hispanoamérica en el momento en que se abrió el comercio mundial, y que estaban relacionados con las principales firmas comerciales de Gran Bretaña, empezó a declinar, al igual que su autonomía. En este periodo, tanto los estados como los capitalistas de cada república se vincularon más al crecimiento de la economía latinoamericana, pero para el futuro aún fue más importante la creciente importancia de un nuevo tipo de negocio —del que la sociedad ferroviaria es el mejor ejemplo— que era metropolitano no únicamente por su origen (si bien su capital podía no ser exclusivamente metropolitano), sino también por la localización de la sede de su administración y, sobre todo, por los lazos íntimos que mantenía con la economía metropolitana. Las nuevas compañías ferroviarias no sólo eran un instrumento de la integración mercantil entre la economía metropolitana y la neocolonial que facilitaba la concentración de esta última en el sector primario-exportador; desde el punto de vista metropolitano aún cumplió una función más inmediatamente útil al ofrecer una salida a la producción metalúrgica y mecánica en los años de construcción de la red y una demanda más reducida pero regular de estos mismos productos y de carbón, una vez ya se explotó el ferrocarril.

El principio de la expansión del ferrocarril en la Hispanoamérica continental, especialmente en Argentina, que tuvo lugar durante estos años, muestra con claridad el carácter de la nueva relación entre la metrópoli y la periferia. En la provincia de Buenos Aires, en 1857 una serie de capitalistas de la región empezaron a construir el ferrocarril del norte para facilitar el transporte de la lana. Sin embargo, esta fuente de capital pronto resultó insuficiente y el erario provincial se hizo cargo eventualmente de la extensión de la línea antes de buscar la alternativa de traspasar la construcción y la explotación del ferrocarril a compañías extranjeras. Una década después, productores locales y comerciantes de origen inglés jugaron un papel destacado en la promoción de una segunda red importante en la provincia de Buenos Aires, la línea del sur (al igual que la del oeste era entonces básicamente para transportar lanas), y algunos de ellos llegaron a ser miembros de la junta directiva de la compañía privada que se hizo cargo de su gestión. Sin embargo, la compañía se estableció en Londres y desde el principio gravitaron en ella los intereses metropolitanos; en pocas décadas la relación entre el ferrocarril del sur y los intereses económicos dominantes de la región a la que servía, que primero había sido tan íntima, desapareció casi por completo. La línea de Rosario a Córdoba, el eje de la futura red del ferrocarril Central Argentino, fue desde el comienzo una empresa muy distinta. A diferencia de la del oeste y del sur, que servían las necesidades de una región productiva ya en explotación, se quería que esta línea desarrollara e impulsara la industria rural y el comercio; así no podía ofrecer rápidos beneficios. Se construyó gracias a una garantía estatal de ganancia mínima mediante una subvención (más la entrega de tierras) a la compañía británica que tomó a su cargo su construcción y explotación. El vínculo metropolitano se estableció, aún más que en el caso del anterior ferrocarril del sur, con intereses vinculados con la construcción ferroviaria. La conexión con los intereses agrarios y mercantiles locales posteriormente se desarrolló más como consecuencia de la construcción del ferrocarril. Estas relaciones no sólo no eran tan estrechas como en el caso del ferrocarril del sur, sino que estuvieron marcadas por un antagonismo casi permanente. Ello se debía a las condiciones ofrecidas para la construcción de la línea; la garantía era proporcional a su extensión y, aunque esto estimuló la inversión, desanimó las que debían mejorar el servicio. Una segunda razón consistía en que el ferrocarril entre Córdoba y Rosario se construyó para transportar cereales, y dada las especiales características que requiere su almacenamiento y su transporte dio lugar a conflictos de intereses más serios entre productores y transportistas que en el caso de la lana.[26] Al final, como consecuencia de la depresión de 1873, cuyos efectos se sintieron en la Argentina en 1874, la compañía de ferrocarril británica se negó a alargar el tendido que en 1870 llegaba hasta Córdoba. El Estado asumió la responsabilidad de continuarla, pero esta decisión, que parece independizar la construcción ferroviaria del centro metropolitano, modificó pero no suprimió esa relación externa. La construcción de la línea fue tomada por el empresario británico Telfener, que había invertido su capital en material de construcción ferroviario y que en este periodo de depresión económica aceptó adelantar al Estado argentino los fondos necesarios.

En este periodo, el sistema adoptado por Argentina para la construcción de la red ferroviaria, si bien constituyó un precedente de las características que más adelante tendrían las relaciones financieras entre Hispanoamérica y la metrópoli, no fue el modelo más corriente. En Chile, aunque el primer ferrocarril, en la zona minera de Norte Chico, se debió a la iniciativa de William Wheelwright, parece que el capital procedió de empresarios mineros de la región y de los comerciantes anglochilenos de Valparaíso. En el Chile central, el Estado jugó un papel decisivo desde el principio y, si bien la construcción del ferrocarril en parte se financió con préstamos extranjeros, la construcción fue emprendida por un empresario que ciertamente era extranjero (se llamaba Henry Meiggs, y era norteamericano), ajeno a la estrecha comunidad de empresarios y técnicos que estaban llevando el ferrocarril británico a Hispanoamérica y al mundo en general. Fue el mismo Meiggs quien dominó aún más completamente la construcción del ferrocarril de Perú. En este país, el crédito extranjero también constituyó la base de la expansión ferroviaria no a causa de ninguna ambición sino como consecuencia indirecta del monopolio que ejercía Perú en el mercado del guano. Incluso en México, que en esta fase de su desarrollo fue golpeada por una guerra civil y una intervención extranjera, el papel jugado por las empresas metropolitanas es todavía secundario; la línea troncal de Ciudad de México a Veracruz, inaugurada en 1873, fue construida y explotada por una compañía privada mexicana cuyos fondos en parte fueron avanzados por las fuerzas de ocupación francesas, que por motivos militares necesitaban acelerar su construcción.[27]

La participación creciente de la economía metropolitana en la de la periferia a través, por ejemplo, del sistema bancario incipiente y de las compañías ferroviarias no sólo fue necesaria por el crecimiento del volumen de producción de los sectores de exportación hispanoamericanos; también se necesitó para hacer posible que Hispanoamérica pudiera producir a precios competitivos. La ventaja de que habían gozado en términos de intercambio las economías hispanoamericanas en la etapa anterior (1808-1850) empezó a hacerse menos evidente, y a finales de la etapa de transición (1850-1873) había desaparecido o por lo menos había descendido notablemente. Las economías periféricas ya no crecían más lentamente que las de los países metropolitanos, a pesar de que se había producido la expansión geográfica del área metropolitana en la Europa occidental continental y en Norteamérica. Ahora, dentro de la periferia, las economías hispanoamericanas no sólo tenían que competir entre ellas o con las viejas economías periféricas de la Europa oriental, sino con otras nuevas áreas, desde Canadá hasta África y Australia. Sin una transferencia de capital y de tecnología lograr un boom exportador sostenido era más difícil que en el periodo inmediatamente posterior a la independencia.

Durante en tercer cuarto del siglo XIX, la continuación, e incluso la intensificación, de los conflictos políticos y militares que destruyeron activos, absorbieron recursos que hubieran debido emplearse en objetivos productivos y alejaron el capital extranjero constituyó un obstáculo al crecimiento económico de los países latinoamericanos. En ello se encuentra también una explicación de la diferenciación creciente que se percibe en las distintas economías hispanoamericanas. A lo largo de la mayor parte de este periodo, México, y en menor medida Venezuela, por ejemplo, se vieron profundamente conmocionadas por guerras civiles, las peores desde la independencia. La guerra civil mexicana se complicó además con una intervención extranjera. Incluso en Argentina, el ministro de Hacienda en 1867 calculó que el coste de las guerras civiles de los años cincuenta y sesenta junto con la guerra con el Paraguay (1865-1870) igualaba al total de los créditos extranjeros recibidos por el Estado argentino durante este periodo.

En las dos décadas que siguieron a 1850, Cuba —que era una colonia española— tuvo la economía exportadora más desarrollada de Hispanoamérica; en 1861-1864 sus exportaciones alcanzaron un valor promedio de 57 millones de pesos anuales y no bajaron de este nivel ni en la primera fase de la guerra de los Diez Años, que empezó en 1868. A principios de la década de 1870, las exportaciones cubanas todavía eran casi el doble de las de los países latinoamericanos independientes que habían desarrollado más considerablemente sus exportaciones: Argentina, Chile y Perú exportaron por valor de alrededor de 30 millones de pesos, que a su vez superaban a México (que en 1870 exportaba por valor de 24 millones de pesos), cuyo estancamiento económico reflejaba tanto las consecuencias de los conflictos políticos y militares de las décadas de 1850 y 1860 como la decadencia de su sector minero. Se produjeron también significantes realineamientos entre los exportadores menores: Uruguay, cuyas exportaciones se valoraban en 12 millones y medio de pesos, doblaba entonces las exportaciones de Bolivia o Venezuela (ambos países con un valor de cerca de 6 millones), debido en parte a que Montevideo era también el puerto de salida de una parte de la producción argentina.[28] Bolivia aún padecía las consecuencias del colapso de su sector minero. Venezuela la de los costes sociales y económicos de la guerra civil y del descenso paulatino del precio del café, su principal producto de exportación.

La industria azucarera cubana continuó su impresionante crecimiento a mediados del siglo XIX, pero su horizonte empezó a ensombrecerse. El descenso del precio del azúcar, aunque no era tan pronunciado como sería después, ya se había iniciado, y ante la expectativa de la clausura final del comercio atlántico de esclavos (que tuvo lugar en 1865-1866) ya se había empezado a producir un incremento del precio de los esclavos importados. A consecuencia de este movimiento de tenaza, existía un creciente pesimismo acerca del futuro de la economía de plantación: ahora se ponía en evidencia que para que sobreviviera el cultivo de la caña debía existir una fuente alternativa de mano de obra y de capital para poder efectuar la modernización del sector industrial. Era dudoso que pudieran hallarse, y era cada vez más evidente que la mayoría de los plantadores cubanos, incluso aquellos que se habían integrado en la industria y que en gran parte eran responsables de la reciente expansión, no podrían mantener su posición dominante en el momento de afrontar los cambios que era necesario hacer para que pudiera sobrevivir el sector azucarero. La guerra de los Diez Años (1868-1878) reveló y agravó las fracturas existentes en la industria azucarera cubana e hizo aún más seguro que el final de la esclavitud (en la década de 1880) y la modernización de los ingenios azucareros significarían el fin del dominio de los plantadores cubanos y españoles en la agricultura cañera cubana.

La prosperidad de la economía exportadora peruana, al igual que la cubana, estaba continuamente acompañada de presagios lúgubres. Pero esto era lo único que tenían en común. La expansión de la exportación peruana se basaba en el guano; sólo al final de la etapa del boom del guano, otros productos, algunos de ellos tradicionales como el azúcar y el algodón y otros nuevos como el nitrato, empezaron a rivalizar con el guano. Ahora bien, el papel del guano en la economía peruana era muy diferente al desempeñado por el azúcar en Cuba. En primer lugar, las características del comercio internacional del guano eran diferentes: en un contexto de una demanda creciente de guano, nacida de las exigencias de la agricultura europea, Perú gozó a lo largo de este periodo de un monopolio virtual en la oferta del producto. El impacto del guano en la economía peruana también fue distinto: para exportarlo sólo se necesitaba una tarea de recolección que no requería técnicas complejas y que sobre todo absorbía mano de obra no cualificada; además, desde el punto de vista de su transporte, su volumen era mucho menor que el del azúcar por valor comparable. Finalmente, había también una diferencia en la relación geográfica entre el área guanera y las zonas nucleares de la economía peruana: el guano provenía de un área marginal y minúscula, formada por un conjunto de islas relativamente alejadas de la costa. Todos estos factores influyeron en el impacto de la expansión guanera en la economía peruana. Su capacidad de suscitar directamente transformaciones de otros sectores, mediante una combinación de avanzar y retroceder, fue extremadamente limitada. Sin embargo, gracias a la situación de proveedor monopolístico de que gozaba Perú, el Estado peruano pudo retener una parte muy importante de los beneficios del sector (parece ser que por encima del 50 por 100,[29] una proporción sólo alcanzada por Venezuela con el petróleo durante la Segunda Guerra Mundial).

Hasta 1860 el comercio del guano estuvo en manos de casas mercantiles extranjeras, entre las que dominaba la firma inglesa de Anthony Gibbs and Sons. Pero las regalías obtenidas por el fisco (más los ingresos derivados del hecho de que, debido a su solvencia, Perú de nuevo tuvo acceso al crédito nacional y extranjero) pronto se tradujeron en un aumento del gasto público que básicamente se dirigió a aumentar las retribuciones de los funcionarios y los militares. En cambio, sólo una parte reducida de los ingresos que proporcionaba el guano sirvió para obras públicas e incluso para la adquisición de armas. Por otro lado, la consolidación de la deuda interna, que transfirió recursos muy vastos a manos particulares (a menudo con derechos muy dudosos), en términos de su impacto político y social, fue un aspecto esencial de esta primera fase del boom del guano peruano.

La segunda fase estuvo marcada por la concesión del monopolio del comercio del guano, con el mercado más importante, el británico, a un grupo de concesionarios peruanos. El periodo de expansión se había terminado y el tesoro, acostumbrado a un incremento constante de sus ingresos, empezó a sentirse en la penuria. Entonces recurrió cada vez más al crédito de los mismos concesionarios guaneros, que tuvieron una influencia creciente en la vida financiera y política del Perú. En 1869, un gobierno de tendencias conservadoras encabezado por el general Balta, que contaba con más apoyo en el ejército y en el sur de Perú que en Lima, rompió esta ligazón financiera al transferir la concesión del comercio del guano a Auguste Dreyfus, un comerciante francés. Una vez obtenida la concesión no le resultó difícil encontrar el respaldo financiero necesario en Europa. Volvieron a crecer los ingresos fiscales procedentes del guano y el crédito, y estos nuevos recursos se volcaron en un ambicioso programa de construcciones ferroviarias destinadas a conectar las sierras sureña y central con los puertos del Pacífico. Mientras tanto, a pesar de que el boom del guano sin duda había contribuido a la recuperación de la agricultura azucarera y algodonera de la costa peruana, no había logrado crear un grupo vigoroso de capitalistas nacionales. Ello se debió en parte, parece ser, a que el grupo peruano activo en la exportación del guano tenía una independencia financiera limitada; desde el principio dependía de créditos chilenos y británicos. En particular la participación peruana en la exportación del nitrato, que en el extremo sur peruano y el litoral boliviano ofrecía una alternativa menos costosa que el guano y que precipitó su decadencia, fue muy escasa. Desde 1874, el fin del boom del guano comportó algunos reajustes penosos pero necesarios y así Perú no estuvo bien preparado para afrontar la prueba realmente dura que sería la guerra del Pacífico (1879-1883).

Paradójicamente, si bien el agotamiento de este primer ciclo exportador de su etapa independiente debilitó decididamente a Perú, que debió afrontar el desafío chileno, fue en parte el simultáneo agotamiento de su propio primer ciclo exportador lo que persuadió a los líderes chilenos de la urgencia que existía de lanzar este desafío a fin de conquistar, en el litoral del nitrato, una nueva base para su propia capacidad exportadora y para ampliar la base fiscal del Estado chileno. La expansión de las exportaciones chilenas se produjo en un frente mucho más amplio que el del Perú. En el sector minero, el despertar de la plata fue seguido por el del cobre; en los primeros años de la década de 1860, Chile fue el principal exportador de cobre del mundo. La expansión de la minería en Coquimbo y Copiapó, en el Norte Chico, fue el resultado sobre todo de la actividad empresarial y el esfuerzo inversor locales (aunque con las habituales conexiones con el capital mercantil británico a través de las firmas anglochilenas de Valparaíso). La mano de obra, aunque ampliada con inmigrantes del oeste argentino, también era predominantemente chilena. Esta expansión del sector minero norteño se complementaba con la agricultura comercial del valle central, cuyo primer producto exportador continuaba siendo, desde el periodo colonial, el trigo. Desde finales de la década de 1840 éste se exportó más allá del tradicional y limitado mercado peruano hasta los nuevos mercados del Pacífico, sobre todo California y Australia. Cuando éstos se autoabastecieron de cereales —que fue pronto—, la mayor parte de la harina y el trigo exportado se envió a Argentina (que sólo logró autoabastecerse en la década de 1870) y a Europa.

La expansión del cultivo cerealístico hacia el sur de Chile empezó antes de que se construyera el ferrocarril longitudinal, gracias a la habilitación de puertos menores como Constitución y Tomé, que fueron la salida de áreas aún aisladas por tierra de los núcleos formados por Santiago y Valparaíso. Esta expansión geográfica produjo el desalojo de una masa de ocupantes que —mientras el dominio efectivo de esas tierras no ofreció interés económico para la clase terrateniente— habían ocupado estas tierras, ya fueran del Estado o privadas. Éstas fueron entonces reclamadas con más vigor, y las del Estado pronto pasaron a manos privadas. Aunque en el lejano sur se emprendió un significativo ensayo de colonización agrícola con inmigrantes alemanes que llegaron a ser propietarios, en conjunto esta transferencia al sector privado benefició a los que ya eran propietarios o a otros nuevos pertenecientes a las clases altas urbanas. Al mismo tiempo, ello resolvió el problema de la mano de obra rural; a pesar de que los terratenientes se quejaban del daño que la apertura de nuevas posibilidades de empleo en las minas, en las obras públicas y en las ciudades ejercía en la disciplina de las zonas rurales, se produjo un aumento de la oferta de mano de obra. Ello se nota en el deterioro progresivo que sufrió la posición de los inquilinos, cuyo número se multiplicó y que tuvieron que ofrecer mayor cantidad de trabajo a cambio de lotes de tierra cada vez más reducidos.

La presencia de una mano de obra abundante y barata fue una ventaja para la agricultura chilena frente a la competencia creciente de la argentina, que contaba con una extensión de tierras superior, y de la estadounidense y canadiense, que gracias a la mecanización y a la selección de semillas producían a costes más bajos a la vez que lograban una mayor calidad. Este recurso consistió en un sistema de producción arcaico que empleaba una gran cantidad de mano de obra pero que invertía muy poco capital, excepto en obras de irrigación. Sin embargo no era un recurso muy seguro: la primera víctima fue la industria harinera, complementaria de la agricultura cerealística. Chile pronto perdió la batalla ante los centros productores europeos y norteamericanos que utilizaban los nuevos molinos de cilindros de acero; además, los agricultores chilenos dejaron de producir el trigo duro que estos molinos necesitaban y, a consecuencia de ello, en veinte años el trigo chileno fue barrido del mercado internacional.

A mediados de la década de 1870 este proceso de involución se encontraba sólo en su inicio y sobre todo se reflejaba en el descenso del volumen de las exportaciones agrícolas y especialmente de los beneficios. Pero no todo el mundo advirtió que no se trataba de circunstancias temporales. En la minería la decadencia fue vertiginosa; a finales de la década de 1870 Chile, que como productor de cobre había gozado de una posición que el país nunca había alcanzado como productor de cereales, fue barrido del mercado mundial. Ello se debió a que los Estados Unidos, con un sistema minero que había incorporado nuevos procedimientos tecnológicos, empezó a producir cobre a un precio inferior al de Chile; los empresarios mineros del Norte Chico no tenían ni los capitales ni el acceso a innovaciones tecnológicas que les permitieran competir. En el siglo XX se produciría un nuevo resurgir del cobre chileno gracias a la ayuda de los que indirectamente lo destruyeron en el siglo anterior.

Así, Chile aprendió que el nuevo clima económico mundial, si bien abría nuevas oportunidades a las economías periféricas, las sometía a unas condiciones más duras a cuyo rigor la prosperidad no siempre sobrevivía. La decadencia del cobre coincidió con un renacimiento de la plata, pero a pesar de que se debió a mineros chilenos, se produjo en el litoral norteño que todavía pertenecía a Bolivia. Estuvo acompañado sobre todo de la expansión del nitrato en las regiones costeras de Perú y Bolivia. Paradójicamente, sin embargo, la guerra del Pacífico, que otorgó el control político del área a Chile, debilitó el predominio de los explotadores chilenos y anglochilenos sobre las nuevas regiones norteñas del nitrato. La victoria no trajo, por lo tanto, la extensión al nuevo territorio del sistema que había dado a Chile una efímera prosperidad en el tercer cuarto del siglo XIX y en la que los protagonistas habían sido una clase terrateniente, mercantil y empresarial que, aunque en parte tenía origen extranjero, era esencialmente local. Por el contrario, el resultado se parecería al del Perú del guano: el nexo principal entre el sector exportador del nitrato, cada vez más controlado desde el extranjero, y la economía chilena lo constituía el Estado, que recibía de los impuestos a la exportación del nitrato una parte muy considerable de sus acrecidos ingresos.[30]

En Argentina, una tendencia expansiva más acentuada hizo que la transición entre una etapa y otra de su economía exportadora fuera menos accidentada; pero aún así es posible detectar en Argentina las mismas tendencias que se observan en Chile. A mediados del siglo XIX el viejo sector ganadero, orientado a la producción de cueros, sebo y tasajo, parece que alcanzó su techo debido a la saturación de los mercados europeos. A partir de mediados de la década de 1850, se dio una nueva expansión, primero como consecuencia de la guerra de Crimea que aisló a los proveedores rusos de los mercados occidentales, y de un modo más permanente por los avances de la industria del calzado, cuya producción masiva produjo un incremento en la demanda de cuero. Sin embargo, el breve período de estancamiento fue suficiente para estimular la ganadería ovina; muy pronto, y hasta fines de siglo, la lana se convirtió en el primer producto de las exportaciones pecuarias argentinas.

La expansión de la ganadería ovina, que, hasta mediados de la década de 1860, tuvo lugar en un contexto de precios en alza, primero se vio favorecida por la extensión del ferrocarril, pero sobre todo por el incremento del número de inmigrantes (en este caso irlandeses y vascos). Dada su abundancia, se vieron obligados a aceptar condiciones cada vez más desfavorables y el agudo descenso que sufrieron los salarios agrícolas hizo posible mantener e incluso aumentar la actividad pastoril en estos años difíciles que empezaron en 1867. Los dos principales mercados, Francia y los Estados Unidos, impusieron tarifas altas a la importación de lana, mientras que por otro lado la competencia de la lana australiana hizo descender los precios de la argentina, que era de calidad inferior debido a los sistemas primitivos de producción y sobre todo de almacenamiento y comercialización.

En estas condiciones, la ganadería ovina no podía ya ser el motor de la expansión de la economía exportadora argentina. En cambio, en la década siguiente se produjo un resurgir de la ganadería vacuna en las tierras periféricas del sur de la provincia de Buenos Aires, donde las ovejas habían sustituido al ganado vacuno; hubo un último florecimiento de la arcaica industria del tasajo que conservaba su viejo mercado cubano y una parte del brasileño. Sobre todo se produjo un aumento de la producción de cereales. En la provincia de Buenos Aires esto sucedió, incluso en esta etapa, en el marco de la estancia tradicional, pero en Santa Fe —que se convirtió en la provincia cerealística más importante— se basó en los centros de colonización agrícola, de nuevo con agricultores inmigrantes. Tal como se ha dicho más arriba, ya a mediados de la década de 1870, estimulada por una demanda en aumento, debido al crecimiento urbano y a la presencia en las ciudades de un número cada vez mayor de inmigrantes, Argentina expandió la producción de cereales hasta el punto de convertirse en autosuficiente en granos.

En los años de 1870 también tuvo lugar la ofensiva final contra los indios de la Pampa que, al ofrecer una gran cantidad de tierra virgen, dio un nuevo plazo de vida a la fórmula económica en la que se había apoyado la expansión argentina, esto es: tierra abundante y barata, lo que hacía posible producir a precios competitivos con técnicas que requerían poco capital y relativamente escasa mano de obra. Ésta era escasa en Argentina, y la de los inmigrantes nunca fue tan barata como la que los terratenientes chilenos encontraban. Aun en el marco de este sistema, empezaron a crecer las inversiones de capital —por ejemplo, al cercar con alambres y al empezar el cruce del ganado— que en la década de 1870 aún afectaba sobre todo el ovino. Sin embargo, la economía exportadora argentina no definiría firmemente su nuevo rumbo hasta la década de 1890, cuando los cereales y la carne se convirtieron en las principales exportaciones como resultado de las transformaciones no menos hondas, pero sí menos traumáticas, que las que atravesaron las economías peruana y chilena.

La redefinición de las relaciones comerciales y financieras de América Latina con las economías metropolitanas fue un factor que impulsó el cambio social en el periodo de 1850-1870, pero de ninguna manera fue el único, y el cambio social se produjo lentamente. En primer lugar, a lo largo de Hispanoamérica continuó la paulatina eliminación de la esclavitud. Aunque allí donde comparativamente había pocos esclavos —Chile, América Central, México— se abolió inmediatamente después de la independencia, en los países en los que había un número de esclavos económicamente más significativo la abolición tuvo que esperar hasta mediados de siglo. En 1846 la esclavitud fue abolida en Uruguay, y en 1853 en la República Argentina (a excepción de la provincia de Buenos Aires, que sólo la abolió cuando en 1860 pasó a ser parte de la República). En 1850 fue abolida en Colombia, y en 1854 en Perú y Venezuela. Paraguay fue, en 1870, el último país en aboliría en la América continental. En casi todos los países la esclavitud había ido perdiendo importancia económica debido principalmente a que la abolición gradual de la trata atlántica de esclavos y la serie de leyes de libertad de vientres la hicieron cada vez más difícil, incluso para mantener la relativamente pequeña población esclava que existía.

Sólo Cuba, que junto con Brasil eran las dos últimas sociedades esclavistas del Nuevo Mundo, aún consideraba que la esclavitud era esencial para la agricultura, es decir, para la industria azucarera. Pero incluso allí, al liquidarse la trata cubana a mediados de la década de 1860, la esclavitud quedó amenazada de muerte y los plantadores cubanos empezaron a discutir posibles alternativas. Aunque la solución preferida por muchos de ellos era la inmigración de campesinos españoles —que hubiera comportado la conversión de la plantación como unidad productiva en unidades más pequeñas a cargo de arrendatarios o de aparceros—, la alternativa más difundida en la práctica fue la importación de coolies chinos, al igual que en Perú, donde se les empleó en las zonas productoras de guano y en la agricultura de la zona costera. Sin embargo, la inmigración china, que finalizó debido a la presión británica, nunca ofreció un contingente numéricamente comparable al que había aportado la trata africana.

Durante la primera guerra de independencia cubana (1868-1878), los dos bandos intentaron ganarse la adhesión de los esclavos ofreciendo la libertad a los que se sumaran a la lucha, ya que la experiencia de las guerras de independencia en la América española continental había demostrado que los esclavos eran una atractiva fuente de reclutas. En 1870 la Ley Moret, promulgada por las Cortes españolas, estableció la libertad de los niños hijos de esclava. Aunque estas disposiciones no proporcionaron la libertad a muchos esclavos, contribuyeron a crear el consenso sobre el fin inevitable y cercano de la esclavitud. Finalmente, éste tuvo lugar en la década de 1880 y, entre otros factores, obligó a hacer algunos reajustes dolorosos en la economía azucarera cubana.

En el periodo de 1850-1870 se produjeron más usurpaciones de tierra de las comunidades indias que las que se habían ido produciendo desde la independencia, e incluso antes. Además, las reformas legales minaron la base jurídica de la existencia de estas comunidades, ya fuera porque impusieron la división del patrimonio territorial entre los miembros de la comunidad —que se convirtieron en propietarios con el derecho de vender las tierras, un derecho que no siempre se reconocía legalmente pero que de todas maneras podía practicarse—, o bien porque convirtieron la tierra comunal en usufructo del Estado (que entonces pudo venderla, junto con las otras tierras públicas, a particulares). Sin embargo, en ninguna parte estas reformas provocaron un súbito cataclismo social. En México, por ejemplo, los efectos de la Ley Lerdo (1856) y otras leyes de la Reforma no se hicieron sentir plenamente hasta el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911); por otro lado, en la mayor parte de la sierra peruana, la supresión legal de las comunidades no fue seguida de la liquidación efectiva de su patrimonio territorial hasta el siglo XX. Ello se debió, como siempre, a que la liquidación se dio sobre todo cuando transformaciones más generales de la economía hicieron rentable volcar la producción de las tierras comunales a los mercados en expansión, ya fueran internos o externos, y aun así no sucedió en todos los casos. En Guatemala y el norte de Perú, por ejemplo, el sector agropecuario exportador utilizó fuerza de trabajo procedente de las comunidades pero se expandió sobre tierras previamente no incluidas en ellas (este fue el caso de Guatemala) o se expandió sobre una parte mínima de las tierras comunales (como fue el caso de Perú). A consecuencia de ello, se produjo un reforzamiento de las comunidades, ya que su viabilidad económica se mantuvo gracias a los aportes de los que habían emigrado. Así pues, no siempre se dio un avance lineal de la propiedad comunal a la propiedad privada e individual, en beneficio de la hacienda, y allí donde se produjo este proceso se dio de forma relativamente lenta: durante el periodo que aquí se considera, la expansión de la agricultura de exportación apenas afectó las tierras comunales y por lo tanto no llegó a corroer decisivamente su organización social.

En este periodo, el impacto de la transformación de las relaciones comerciales y financieras externas de América Latina y la consiguiente mejora de las finanzas de los diferentes estados contribuyeron al crecimiento así como al aumento de la influencia social y política de las ciudades, especialmente de las capitales. No hay duda que el crecimiento urbano dependía de la expansión de los sectores económicos de exportación. En 1870, la Ciudad de México, con 220.000 habitantes, continuaba siendo, al igual que a principios de siglo, la ciudad más grande de Hispanoamérica. La Habana y Buenos Aires tenían ya más de 200.000, pero Buenos Aires estaba creciendo más de prisa que las otras dos, de manera que pronto las superó. Lima, cuya población acababa de alcanzar los 100.000 habitantes, ahora era más pequeña que Montevideo (que en 1870 contaba con 125.000 habitantes) y Santiago (que tenía 130.000). Bogotá y Caracas, por otro lado, quedaron estancadas en torno a los 50.000 habitantes. Desde luego hubo casos en que el crecimiento urbano se produjo en los centros mercantiles exportadores y no en los centros políticos; en Colombia este fue el caso de Barranquilla, que creció más de prisa que Bogotá, y, en Ecuador, el de Guayaquil, que sobrepasó a Quito, si bien la tasa de crecimiento de todas estas ciudades fue muy pequeña. Por otro lado, en Chile, Santiago superó la población de Valparaíso en este periodo.[31]

El comercio exterior no ocupaba directamente a un número importante de personas; su influencia sobre el crecimiento urbano, en cambio, se hacía sentir a partir de la expansión del Estado y del número de sus funcionarios y también de la modernización de los transportes que, si bien disminuyó el personal vinculado a esta actividad, tendió a urbanizarlo (los empleados del ferrocarril y de los tranvías sustituyeron a los carreteros y muleros). Al mismo tiempo, el proceso de modernización no afectó otros aspectos de la vida urbana: el comercio al detalle y el servicio doméstico continuaron absorbiendo una parte desmesurada de la creciente población activa de las ciudades. La modernización quizá fue superficial, pero fue muy evidente por ejemplo en la adopción de innovaciones como el alumbrado de las calles por gas y, como resultado de la prosperidad pública y privada, en la construcción de teatros y en la actuación de artistas de renombre internacional. A medida que las ciudades fueron creciendo, aumentó la segregación social por barrios; si en el pasado no habían faltado los barrios caracterizados a la vez por la pobreza y la mala vida, al mismo tiempo las razones por las cuales ricos y pobres habían encontrado conveniente vivir cerca unos de otros habían pesado más que ahora en las ciudades ampliadas y renovadas. Ciertamente, las mayores ciudades crecieron lo suficiente para dar paso a la especulación. En la década de 1850, la Ciudad de México conoció la creación de sus primeras «colonias» urbanas; en Buenos Aires la parcelación especulativa de tierras no comenzó hasta casi dos décadas más tarde, pero se impuso muy rápidamente.[32] Simultáneamente, nació el transporte público; la aparición de los tranvías tirados por caballos fue su primera manifestación importante. El crecimiento urbano, al crear un mercado potencialmente más grande, también impulsó la aparición de actividades artesanales y algunas industrias que concentraban mano de obra, como la cervecera y las fábricas de cigarros. Sin embargo, la población perteneciente al sector terciario era superior a la del secundario, y el proletariado moderno emergió más a menudo en las empresas de transportes que en las industrias.

La prosperidad de estas ciudades burócrato-comerciales en crecimiento dependía de la expansión del sector primario exportador. Su estructura social se volvió más compleja, pero también más vulnerable a los efectos del desarrollo de una coyuntura cada vez más definida fuera de Hispanoamérica. Por otro lado, el crecimiento urbano no comportó, sino excepcionalmente, un aumento del peso político de la ciudad, que por un momento a mediados de siglo pareció que se volvía más importante. Sin embargo, hasta mediados de la década de 1870 la fragilidad del proceso expansivo y las posibles consecuencias políticas de la inestabilidad de las bases económicas de la expansión urbana no constituyeron un motivo de alarma.

Una de las razones de que fuera así se debió a que, a través de la expansión de la burocracia y de las obras públicas, el Estado pudo controlar indirectamente, más que en el pasado, sectores cada vez más amplios de la población urbana. Otro factor que también pesó fue el hecho de que existiera una proporción muy alta de extranjeros en la economía urbana, y ahora no sólo en la clase social más alta. Ello limitó la capacidad de expresión política de una fracción de la población urbana. Si bien casos como los de Buenos Aires y Montevideo (donde a mediados de siglo la mayoría de la población económicamente activa era oriunda de ultramar, y su proporción aún aumentaría más tarde) no fueron los más típicos, en la mayor parte de las ciudades con un crecimiento más rápido la proporción de extranjeros fue notable en la venta al detalle y en la industria ligera.

La creciente debilidad de cualquier expresión política específicamente urbana se debía a la peculiar posición que ocupaba la ciudad en el sistema económico y fiscal consolidado por el avance constante y regular del sector exportador de productos agropecuarios. Las decisiones de los gobernantes se ajustaban cada vez más al carácter ya especificado de las economías latinoamericanas. Por ello, la prosperidad y la estabilidad tanto del Estado como de las ciudades dependían ahora del crecimiento constante del sector agropecuario exportador de estas economías.

Capítulo 2
POLÍTICA, IDEOLOGÍA Y SOCIEDAD

No resulta nada fácil trazar de forma válida las líneas generales que caracterizaron la política hispanoamericana durante el medio siglo que siguió a la independencia. Hay que tener en cuenta que los países no tenían una composición étnica igual. Por un lado, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y (en menor grado) México tenían mucha población india, asimilada sólo en parte en la cultura hispánica dominante. En los otros países predominaban los mestizos y casi toda la población estaba culturalmente integrada en la sociedad hispánica. Esta diferencia repercutía en la vida política, ya que en las sociedades en que la clase más baja se componía sobre todo de gente con una cultura distinta a la de la élite hispánica, aquélla era menos propensa a participar activamente en política.

Los países también eran muy distintos geográficamente. La mayor parte de la población de México, Guatemala y de los países andinos se concentraba en las tierras altas del interior, mientras que una proporción importante de la de Venezuela, Chile y gran parte del Río de la Plata vivía en las regiones costeras. Esta diferencia tuvo importantes consecuencias en la economía y también en la vida política de cada país. Los gobiernos de los países que contaban con población y recursos en la costa y que desde hacía años tenían estrechas relaciones comerciales con Europa occidental, gracias a los ingresos aduaneros, pudieron desarrollarse sobre bases financieras más firmes, y asimismo tuvieron mayor estabilidad política que la que a menudo tuvieron los otros países. Pero ni en esto existen sólo dos modelos. En las décadas de 1830 y 1840 en toda la república chilena hubo una relativa estabilidad, mientras que en la región del Río de la Plata sólo reinó el orden en algunas zonas. En Venezuela, el periodo de estabilidad que existió en los prósperos años treinta fue seguido por otro de inestabilidad al caer los precios del café en los años cuarenta.

La herencia colonial de estos países también difería en importantes aspectos. Todos compartían la lengua y las instituciones españolas y todos habían sido gobernados bajo el mismo sistema colonial. Sin embargo, al comenzar la era republicana, el sistema político y sus instituciones, aunque tenían raíces españolas, no fueron los mismos para todos. La Iglesia mexicana, debido a la importancia política y económica que tuvo México durante casi tres siglos de dominio español, había desarrollado una preponderancia institucional y económica que no se podía comparar a la de las otras regiones, tales como Venezuela y el Río de la Plata, que se habían desarrollado más tardíamente. En México, varias generaciones de españoles y de criollos ricos habían dotado a los conventos y a las fundaciones piadosas con recursos económicos, con lo cual la Iglesia se convirtió en un elemento importante de la economía nacional. Debido en parte a esta razón, en México el poder y la riqueza de la Iglesia se convirtieron en una cuestión importante antes de que en otras partes se convirtiera en significante. En México, la lucha por desmantelar el poder de la Iglesia se alargó durante décadas y tuvo una intensidad notable. En cambio, en la región del Río de la Plata y en Venezuela la Iglesia tenía raíces menos profundas y el poder y los privilegios de la Iglesia colonial se pudieron reducir con relativa facilidad.

Asimismo, las guerras de independencia afectaron a estos países de diferente manera. En México y, en menor medida, en Perú, el cuerpo de oficiales criollos, instruidos y socializados en la carrera militar por los españoles en vísperas de la independencia, continuó básicamente intacto después de la independencia. A consecuencia de ello, en México y en Perú los militares profesionales, como grupo de intereses más o menos coherente, jugaron un papel importante en la vida política. En México, los jefes militares frecuentemente intervinieron en el proceso político para defender los privilegios especiales (fueros) que había disfrutado su cuerpo bajo el dominio español. En Perú, el fuero militar fue una cuestión de importancia menor. Pero, aun así, la política de los militares, como grupo corporativo, también pesó en la política general de la nación. Y los jefes militares gobernaron Perú durante la mayor parte del siglo XIX. En los otros países, la organización militar de finales del periodo colonial fue liquidada en las guerras de independencia, aunque con resultados diferentes. El importante grupo de oficiales criollos revolucionarios que lograron la independencia de Venezuela (y que jugaron un papel importante en la liberación de Nueva Granada, Ecuador, Perú y también Bolivia) reservó un lugar privilegiado para los héroes de la independencia, igual al que en México disfrutaban los militares adiestrados por los españoles. Sin embargo, en Venezuela los héroes de la independencia nunca lograron actuar efectivamente como un grupo de presión, aunque, como en Perú, algunos jefes militares fueron figuras dominantes de la vida política. En Nueva Granada y en Chile, los líderes militares de la independencia quedaron rápidamente subordinados a los intereses de una élite política civil, y después de 1830 raramente actuaron como grupo corporativo. En Argentina los militares de carrera quedaron derrotados en los conflictos que mantuvieron con los grupos de la milicia local. Así pues, es difícil generalizar sobre el papel que los militares jugaron en la vida política.

Además de los problemas inherentes a la heterogeneidad de los países de América Latina, también resulta difícil generalizar debido a la ausencia de investigaciones sistemáticas sobre la política de los años que siguieron a la independencia. Con la excepción de algunas contribuciones notables en la historia de México y Argentina, se han hecho pocos análisis siguiendo las líneas actuales de investigación histórica. Algunos de los mejores trabajos aún se encuentran en los primeros niveles de investigación histórica, esto es: en el estudio de las ideas expresadas por las élites en documentos impresos. Se han hecho pocos análisis del funcionamiento real del proceso político o de sus conexiones sociales, y la mayoría de los trabajos existentes se ocupan de la vida política nacional a través principalmente de describir las actividades desarrolladas por los políticos en la capital de la nación. Con la excepción de algún trabajo disperso efectuado en Argentina y México, hay pocos estudios que se ocupen del proceso político a nivel local, o de los grupos e intereses en juego que había en los marcos locales, o de sus conexiones con la política nacional. Así pues, por el momento sólo se cuenta con una visión distorsionada del proceso político, ya que básicamente se le percibe a través de unos pocos miembros de la élite política que lucharon para apoderarse del estado nacional. Además, hay que recordar que en este periodo la mayoría de los estados nacionales eran extraordinariamente débiles. Disponían de ingresos muy limitados y en muchos casos los ejércitos nacionales apenas eran más poderosos que las fuerzas que se podían reunir ad hoc en las distintas provincias. En la mayor parte de los países, las provincias estaban de hecho controladas por propietarios y comerciantes locales que a menudo se hallaban al margen de la política nacional. La mayoría de los que participaban en política pertenecían a los sectores altos de la sociedad, pero no todos los miembros de la clase más alta participaban en la política nacional.

El aspecto más importante de la historia política de Hispanoamérica en este periodo quizá sea lo difícil que fue establecer nuevos estados una vez conseguida su separación de España. Los estados, en la mayoría de los países hispanoamericanos, no pudieron restablecer completamente la autoridad que la corona española mantuvo hasta 1808. Se crearon sistemas constitucionales formales, la mayoría de los cuales fueron constituidos para transferir el poder a través de elecciones y garantizar las libertades individuales. Pero estas disposiciones constitucionales formales frecuentemente se convirtieron en letra muerta, ya que ningún grupo político creía que sus adversarios fueran a cumplirlas. Los que detentaron el poder se apartaron de los principios constitucionales, y a menudo reprimieron duramente a la oposición a fin de retener el gobierno en sus manos. Los que estaban en la oposición creían, generalmente de forma acertada, que nunca llegarían a obtener el poder del Estado a partir de los medios establecidos por la constitución, porque los que estaban en el gobierno controlaban las elecciones. Por ello, los políticos de la oposición, tanto los militares como los civiles, esperaban y se aprovechaban de los momentos de mayor debilidad del gobierno para desplazar al grupo en el poder. Frecuentemente los gobiernos fueron incapaces de resistir estas rebeliones, a menudo porque su débil situación financiera no les permitía mantener a las fuerzas militares o ganarse el apoyo de suficiente clientela para comprar la alianza de los rebeldes potenciales. Las élites políticas sólo contadas veces estuvieron lo suficientemente unidas para poder evitar que sus países cayeran en frecuentes golpes de Estado, rebeliones o guerras civiles.

Otro conjunto de cuestiones tiene que ver con la desintegración —en algunos aspectos de forma gradual y en otros rápida— de las instituciones coloniales españolas, ya fueran políticas, sociales o económicas. En términos políticos, el cambio no consistió sólo en el paso de monarquía a república, sino en el paso de unas estructuras de control centralizadas al colapso, o aflojamiento, de estas estructuras a menudo bajo la forma de sistemas federales. Junto con el debilitamiento del poder central quedó minado el poder de los grupos corporativos y las distinciones de castas que habían existido en la sociedad colonial y que habían jugado un papel importante en el control social.

La desorganización y la desintegración de las estructuras coloniales no sólo fueron consecuencia de las guerras de independencia y de los conflictos sociales posteriores, sino también de la ideología liberal dominante. Aunque sobre ciertas cuestiones hubo grandes desacuerdos entre la élite política, hablando en términos amplios se puede decir que aceptaron de forma generalizada muchos aspectos de la concepción liberal individualista de la sociedad y de la economía y (en grado menor) de los ideales liberales de igualdad jurídica. Se asociaron las ideas sociales y económicas liberales con los países occidentales más poderosos y más avanzados económicamente. De aquí que la mayoría de la élite política hispanoamericana atribuyese los logros económicos de Gran Bretaña y los Estados Unidos a su adhesión a los principios liberales, mientras que imputaba el atraso económico de Hispanoamérica al dominio de las instituciones y de la política españolas. Además, la Revolución francesa, a pesar de la violencia que alcanzó, sirvió, al menos en parte, para legitimar la idea liberal de igualdad jurídica. Por todo ello, los políticos procedieron, con algunas interrupciones y retrocesos, a abolir o a debilitar las estructuras coloniales de las corporaciones y las castas que eran las que más en contradicción estaban con los principios liberales.

En las primeras décadas de la independencia, las diferencias existentes entre las castas se abolieron jurídicamente, pero no siempre en la práctica o en la realidad en el uso social. Simultáneamente, se tomaron las primeras medidas para abolir la esclavitud, proceso que quedó concluido por lo general a mediados del decenio de 1850. Al principio de la independencia, las élites también propusieron, aunque no la llevaron a cabo inmediatamente, la división de las tierras comunales de los indios en parcelas individuales. La propiedad comunal se consideraba incompatible con la concepción liberal individualista de la sociedad, así como con los principios económicos liberales que mantenían que sólo el interés en la propiedad individual y el libre juego de los factores económicos (como la tierra y el trabajo de los indígenas) en el mercado podían dar paso a una productividad mayor.

Aunque las élites hispanoamericanas a menudo afirmaban que el reparto de las tierras de los indígenas se hacía en su propio interés, eran muy conscientes de que estas tierras una vez parceladas caerían en manos de los terratenientes criollos. En algunos lugares, la apropiación de las tierras de los indios se debió a la necesidad, o al deseo, de que hubiera una mayor movilización de la tierra y de la fuerza de trabajo para producir materias primas para la exportación. Aunque los primeros pasos hacia la destrucción de las comunidades indias se dieron a principios de este periodo, el proceso no culminó hasta después de 1850 cuando las economías hispanoamericanas se integraron más en la economía internacional.

Debido a la interacción de la ideología liberal y de la realidad económica, algunos grupos corporativos que habían dominado la sociedad colonial —sobre todo los cuerpos de comerciantes, de empresarios mineros y de los gremios de artesanos— desaparecieron. Los cuerpos de comerciantes y mineros se vieron afectados sin duda por el colapso del Estado español del cual dependían, por la emigración de sus miembros que eran españoles y por el hecho de que, de modo considerable, el capital y el empresariado inglés, o de otros países extranjeros, reemplazaron al capital y a los negocios españoles. Los gremios de artesanos acaso se debilitaron tanto por las presiones de las manufacturas importadas sobre los productos artesanales como por la animadversión ideológica que había hacia la organización gremial.

La Iglesia y el ejército —las dos mayores corporaciones que habían existido durante el periodo colonial— continuaron siendo importantes, aunque no dominantes, si bien sus estructuras fueron también sacudidas durante los años de la independencia. La Iglesia quedó debilitada temporalmente por el hecho de que parte del clero, y de modo especial la jerarquía eclesiástica, sostuvo la causa realista y debido al continuado conflicto que se abrió entre los nuevos estados y el papado acerca del derecho de nombrar obispos. A más largo plazo su debilitamiento se debió también a que los nuevos gobiernos le requisaron recursos económicos y a la disminución del número de vocaciones religiosas, ya que a los criollos de los sectores sociales más altos se les abrieron carreras alternativas. La profesión militar también decayó en algunas áreas debido a que los gobiernos republicanos no pudieron mantener unas fuerzas militares muy numerosas y a que los civiles se opusieron a la creación de extensos ejércitos permanentes. Sin embargo, tanto la Iglesia como el cuerpo militar continuaron siendo instituciones de gran peso a las que los nuevos estados tuvieron que enfrentarse.

Los fueros eclesiástico y militar —esto es, los privilegios jurídicos que disfrutaban los clérigos y los oficiales militares— desaparecieron ante el peso del principio liberal de igualdad ante la ley y también porque limitaban la autoridad del Estado. Además, la Iglesia obstruía de diferentes formas la implantación de la economía liberal: las fiestas religiosas impedían incrementar la productividad y los mismos clérigos eran considerados como «no productivos». El diezmo, que se extraía de la producción agraria, reducía los beneficios de la tierra y con ello se obstruía el desarrollo agrícola. Se consideraba que los censos que detentaba la Iglesia sobre la propiedad privada impedían la libre circulación de ésta en el mercado. De igual manera, se pensaba que las propiedades que la Iglesia tenía en manos muertas restringían la libre circulación de la propiedad y, de acuerdo con las concepciones liberales, no se trabajaban de forma productiva, siendo en este punto similares a las tierras comunales de los indios. Por lo tanto, muchos políticos advirtieron que el poder y los privilegios de la Iglesia constituían una importante traba al crecimiento económico. Finalmente, también consideraban que el atrincherado poder de la Iglesia y del ejército ponía en peligro el control de los civiles sobre el Estado secular.

Los intentos de implantar tanto sistemas políticos republicanos como principios individualistas en términos jurídicos y económicos se complementaron con el esfuerzo de crear sistemas educativos que incluirían las masas populares y propagarían conocimientos prácticos. Las élites políticas temían que la ignorancia de la gente, así como su falta de experiencia en el autogobierno, imposibilitara la creación de gobiernos republicanos. Urgía implantar escuelas primarias en todos los municipios, de modo que la gente pudiera prepararse para ejercer sus funciones de ciudadanos. A l mismo tiempo, aunque esta intención se formulaba de modo menos explícito, la educación primaria bajo el control del Estado, y no de la Iglesia, serviría para inculcar lealtad a los nuevos gobiernos cuya legitimidad era, en el mejor de los casos, incierta. Además, la educación básica era necesaria para que cada individuo se comportara de modo responsable en un sistema social individualista y para aprovechar al máximo su capacitación en una economía libre. En todos los grupos políticos también había quien pretendía trasformar la educación superior que recibían los hijos de la élite, sustrayéndoles del estudio de las fórmulas escolásticas e impulsándoles al conocimiento experimental de las ciencias naturales con el deseo de crear una nueva élite empresarial con un sentido más práctico.

Varios de estos cambios ideológicos e institucionales tenían sus raíces en el periodo colonial, particularmente en el periodo del reformismo borbónico. Algunos investigadores han relacionado la descentralización de las estructuras políticas de la primera etapa de la república con la introducción del sistema de intendencias efectuada en el periodo colonial. Durante el gobierno de los últimos Borbones en América se produjeron asimismo algunos cambios sustanciales en el sistema de castas, que tendieron a aumentar la incorporación de las castas previamente discriminadas. Algunos funcionarios borbónicos en la segunda mitad del siglo XVII también abogaron por el abandono de la política de los Austrias de mantener las comunidades indígenas aisladas de la sociedad española e impulsaron la integración de los indios en la sociedad. Los últimos años del periodo borbónico presenciaron la desintegración de muchas comunidades indígenas. Por otro lado, los Borbones atacaron con una serie de medidas los privilegios jurídicos de la Iglesia e intentaron reducir su interferencia en la economía. Finalmente, después de 1780 también se dieron los primeros pasos para establecer escuelas primarias públicas e implantar la instrucción empírica y científica en la escuela secundaria.

Pero si bien la liberalización que tuvo lugar en Hispanoamérica en el siglo XIX pudo tener alguna raíz en el siglo anterior, ello se aceleró y amplió con la independencia. El proceso tuvo tres fases. Al iniciarse la independencia, las élites hispanoamericanas, valorando con gran optimismo las posibilidades políticas y económicas de las nuevas naciones, emprendieron un considerable número de reformas políticas, jurídicas, sociales, económicas, fiscales y educativas. En algunas regiones, sobre todo en el Río de la Plata, Nueva Granada y Venezuela, este periodo reformista se desarrolló entre 1810 y 1827; en Bolivia tuvo lugar en la década de 1820; en México y Guatemala culminó en los primeros años de la de 1830. Sin embargo, en casi todos lados, esta ola reformista fue seguida de un periodo de pesimismo y de conservadurismo debido a las crisis económicas, los rebrotes de inestabilidad política y, en algunos lugares, las reacciones sociales contra las reformas. Este conservadurismo, que interrumpió los intentos de efectuar cambios institucionales, dominó Hispanoamérica hasta mediados de la década de 1840. Finalmente, en cierto número de países, desde mediados de esta década hasta la de 1860, una nueva generación, llena de optimismo y empujada por circunstancias económicas más favorables, reemprendió el proceso de liberalización con renovado vigor.

En muchos aspectos, los cambios institucionales del periodo fueron más formales que reales. Las nuevas repúblicas a menudo no cumplieron con los ideales constitucionalistas que proporcionaron; Mientras se mantenía la ficción de una sociedad individualista de miembros considerados iguales, la élite, así como otros sectores sociales, de hecho vivía de acuerdo con las normas establecidas por las relaciones de patrón-cliente propias de las sociedades en las que había una gran diferenciación social y económica. Los ataques efectuados contra los privilegios eclesiásticos y militares apenas debilitaron la influencia política de la Iglesia o el poder de los militares. Los legisladores proyectaron muchas más escuelas que las que realmente se construyeron en los pueblos, y la reorientación hacia enseñanzas prácticas de los jóvenes de la élite resultó ser un sueño. Sin embargo, se creyó en las nuevas formas, las cuales algo influyeron en las actitudes y en los comportamientos.

Por último, no se puede dejar de mencionar —porque fueron muy importantes— las consecuencias políticas que en los años de 1810 a 1870 tuvieron la vinculación —y la dependencia— económica de la región con el más desarrollado mundo atlántico. En principio, los graves desequilibrios que había en los intercambios y la consiguiente constricción monetaria y económica que tuvieron que soportar las naciones hispanoamericanas, así como el incremento de la deuda exterior de sus gobiernos, fueron importantes factores desestabilizadores de los nuevos gobiernos. Estos problemas actuaron conjuntamente creando la atmósfera conservadora que dominó desde los últimos años de la década de 1820 hasta mediados de la de 1840. El crecimiento de las economías de exportación y la expansión del comercio que se produjo a partir de mediados de la década de 1840 impulsaron una nueva oleada de entusiasmo liberal en varios países. Los efectos políticos del aumento de la integración en la economía internacional variaron de un país a otro. Chile, gracias a sus exportaciones y a la notable preeminencia del puerto de Valparaíso en la navegación por la costa del Pacífico, alcanzó tal prosperidad que ya en los años de 1830 ésta ayudó a crear la unidad nacional y un Estado estable. En otros lugares, las economías que en el periodo colonial estaban más o menos integradas quedaron destrozadas por el impacto de las fuerzas económicas exteriores. Por ejemplo, a finales del periodo colonial la mayor parte del territorio que actualmente constituye Argentina estaba entrelazado económicamente por el comercio de plata existente entre Potosí y Buenos Aires. Una vez implantada la independencia, estos vitales vínculos económicos desaparecieron, ya que Potosí quedó desvinculada de Buenos Aires y a la vez decayó como centro minero. Además, Buenos Aires, como se convirtió en exportadora de productos derivados de la ganadería y en importadora de manufacturas extranjeras, quedó desconectada de las provincias interiores que no tuvieron la oportunidad de exportar debido a los costes del transporte y a que sólo podían ofrecer, compitiendo con las manufactureras extranjeras, productos de poco valor a Buenos Aires. De igual manera, en Nueva Granada, al mejorar tras la independencia las comunicaciones con las naciones atlánticas más desarrolladas —mientras el transporte interior permanecía atrasado—, se desarticuló la economía interregional que se había desarrollado en el periodo colonial. El comercio de tejidos de algodón desde Socorro, en la parte oriental del país, a la zona aurífera de Antioquia, en el oeste, disminuyó cuando el oro antioqueño se utilizó cada vez más para comprar tejidos extranjeros. En algunos países hispanoamericanos, algunas regiones comerciaron más con el mundo exterior que con las otras provincias, lo cual debilitó los lazos políticos.

Las élites hispanoamericanas tuvieron que afrontar el problema fundamental y perenne de construir sistemas políticos que ejercieran una autoridad efectiva y duradera. Al construir los nuevos estados, los líderes hispanoamericanos recibieron la influencia de una serie de elementos contradictorios que intentaron hacer compatibles de alguna manera. A pesar de la hostilidad que manifestaron contra el dominio español durante la lucha por la independencia, apenas pudieron escapar a la tradición política española de la que habían bebido. Pero, inevitablemente, fueron muy influenciados por los ejemplos políticos francés e inglés, tanto directamente como por medio del liberalismo español, así como por el modelo de los Estados Unidos. Los principales acontecimientos políticos, particularmente los de Francia —desde la Revolución francesa hasta las revoluciones de 1830 y 1848—, hicieron pensar a la élite sobre cuáles eran los modelos políticos más convenientes. Los pensadores políticos europeos más significativos, desde Montesquieu y Rousseau a Constant, Bentham y Tocqueville, influenciaron profundamente sus ideas sobre la estructura de las instituciones políticas y el funcionamiento del proceso político. Uno de los problemas con que se enfrentó la élite fue el de cómo reconciliar la cultura política española con los modelos políticos inglés, francés y estadounidense. Además, este problema tuvo que resolverse en un contexto económico que en muchos lugares fue extremadamente desfavorable para el mantenimiento de estados estables.

El primer problema, y el más duradero, fue el de reinstaurar la autoridad legítima, ahora sin la presencia del rey. Tras el derrocamiento de la corona española como símbolo de autoridad, ¿se podía encontrar un sustituto adecuado? Además, estaba el hecho de cómo se concebía la autoridad del rey español. Desde principios del siglo XVI, los monarcas españoles habían dominado las Cortes, la nobleza, la Iglesia y otros detentores potenciales del poder de la sociedad española. Por lo tanto, los conceptos de gobierno representativo y, más aún, de soberanía popular estaban, en el mejor de los casos, débilmente desarrollados en España, y el poder se concentraba en manos del monarca. El poder del rey se concebía como virtualmente absoluto y no restringido. ¿Podrían o deberían los nuevos gobiernos de Hispanoamérica constituirse sobre la base del autoritarismo tradicional español? ¿O debería la élite hispanoamericana abandonar su tradición política por los modelos liberal-constitucionales que se elaboraron en Inglaterra, los Estados Unidos de Norteamérica y, muy brevemente, en la Revolución francesa? Por último, estaba la cuestión de controlar a los grupos corporativos más fuertes de la sociedad hispanoamericana: la Iglesia y el ejército. En el sistema español, estaba el rey que podía exigir lealtad y obediencia a estos organismos. En ausencia del rey, ¿serían capaces los nuevos estados de ejercer una autoridad tan efectiva sobre ellos?

En los primeros años tras la independencia no se resolvió ninguna de estas cuestiones. Los primeros gobiernos (1810-1813) apelaron al principio de la soberanía popular, pero también reconocieron la autoridad del cautivo Fernando VII. Sólo se tuvo que afrontar el problema de representar adecuadamente el principio de autoridad cuando finalmente se rompió con Fernando VIL En cualquier caso, en la primera fase de la independencia, la autoridad de las diferentes juntas y de los gobiernos provisionales, a pesar de mantener su lealtad formal a Fernando VII, en el mejor de los casos era incompleta. En Buenos Aires y Santiago los grupos contrarios recurrieron al golpe de Estado, mientras que en el Río de la Plata, Nueva Granada y Venezuela, ante el intento de las capitales coloniales de controlar las provincias, estallaron guerras civiles. En este periodo de desórdenes se planteó en seguida la necesidad de controlar las corporaciones existentes. La milicia jugó un papel importante en la caída del poder español, sobre todo en Buenos Aires y también, aunque en menor grado, en Caracas, Bogotá y Santiago. La milicia provincial continuó siendo una fuerza política importante, haciendo y deshaciendo gobiernos —un papel que fue fortalecido por la expansión de la milicia al emprender la lucha contra los diversos centros de poder español—. En este periodo, la cuestión fundamental era controlar a los militares de modo directo; la cuestión de los fueros militares aún no se había planteado.

Para la supervivencia de los nuevos gobiernos era muy importante tanto controlar la Iglesia como obtener su apoyo. Los primeros líderes criollos fueron condescendientes con la Iglesia, alterando generalmente poco su status como religión oficial. Aunque los gobiernos recién constituidos abolieron de forma casi invariable la Inquisición, ello no se sintió como un ataque a la Iglesia per se, sino simplemente como la abolición de una institución cuyos excesos no estaban de acuerdo con los estados occidentales después de la Ilustración. Al mantenerse la tradicional protección del Estado sobre la Iglesia, los políticos criollos reclamaron el ejercicio del patronazgo, sobre todo en lo referente al derecho de presentar (de hecho, de nombrar) los religiosos que debían ocupar cargos eclesiásticos. Los nuevos gobiernos reclamaron este derecho ostentado por los reyes españoles, alegando que era inherente a la soberanía. La autoridad papal y las jerarquías eclesiásticas locales rechazaron, con la misma firmeza, estas reclamaciones, arguyendo que el patronazgo sólo fue concedido a la corona española. En términos generales, los nuevos gobiernos sólo en parte consiguieron controlar a la Iglesia y usar su influencia para sostener al Estado. Mientras que gran parte del bajo clero se sentía inclinado por los nuevos gobiernos autónomos, la jerarquía eclesiástica, con algunas excepciones, fue contraria a las nuevas repúblicas hispanoamericanas. En Venezuela, los ataques clericales a la nueva república pesaron en parte en su caída en 1812. En otros países, la élite criolla tuvo más éxito en atraerse a la Iglesia a la causa de la independencia, si bien la cuestión del control del Estado sobre los nombramientos para ocupar los cargos eclesiásticos quedó sin resolver.

Mientras que por un lado los primeros líderes criollos buscaron mantener la continuidad a través del reconocimiento de Fernando VII como cabeza simbólica del gobierno e intentando perpetuar la tradicional relación del Estado con la Iglesia, por otro las ideas políticas de los nuevos gobiernos representaron una clara ruptura con el pasado. Todo lo referente a los nuevos gobiernos llevaba el sello de la influencia del racionalismo ilustrado, y la mayoría de los gobiernos se construyeron sobre los modelos republicanos de los Estados Unidos y de la Revolución francesa. Casi todos los líderes revolucionarios, con la excepción de los del Río de la Plata, se apresuraron a escribir constituciones, expresando así la creencia de que el Estado debía estar sujeto a una constitución escrita. Implícita o explícitamente estas constituciones se basaron en la idea del contrato social. Las primeras constituciones (las de Venezuela, Nueva Granada y Chile son de 1811-1812) se proclamaron fundamentándose en la soberanía popular, considerando la ley como expresión del «deseo general» —aunque éste se interpretó generalmente como el voto de la mayoría—. El deseo general, por descontado, se ejercería a través del gobierno representativo. Casi todas estas primeras constituciones reconocieron la existencia de derechos naturales inalienables (libertad, igualdad ante la ley, seguridad, propiedad); algunas establecieron la libertad de prensa y también en algunos casos se intentó implantar los juicios con jurado. La gran mayoría quiso proteger estos derechos mediante la división de poderes y haciendo que el ejecutivo fuera más débil que el legislativo.[1]

En Venezuela, Nueva Granada y Chile los primeros experimentos de constitucionalismo liberal fracasaron, destruidos por las luchas que estallaron entré las facciones de la élite y entre las regiones rivales, y el poder cayó en manos de un dictador supremo. Poco después, en cada uno de estos países, el gobierno criollo fue aniquilado por las fuerzas españolas. Críticos posteriores, parafraseando a Simón Bolívar en 1819, han subrayado que los presupuestos ilustrados que guiaron a los primeros líderes criollos (el excesivo optimismo que tenían en la naturaleza humana, la excesiva fe en la capacidad de las leyes y las constituciones de moldear el comportamiento de los hombres, y el no tener en cuenta cuánto influyeron la tradición española y la historia colonial española en el comportamiento político) fueron la causa de su fracaso. Los principios liberal-constitucionales (incluyendo sobre todo la separación de poderes y el control parlamentario sobre el ejecutivo) quedaron eclipsados por la tradición política española (en la que la autoridad se concentraba en manos de la corona) y la realidad existente entonces en Hispanoamérica. Según esta interpretación, al adoptar instituciones inspiradas en las ideas de la Ilustración y en modelos extranjeros, los líderes criollos cavaron su propio fracaso político. Estas instituciones extrañas inevitablemente condujeron a un rápido colapso.

Aunque esta interpretación no deja de ser valiosa, la creación de estas instituciones puede que se debiera a algo más que a la influencia de modelos extranjeros. El establecimiento de poderes ejecutivos débiles, restringidos por la constitución, además de copiar fórmulas extranjeras también puede expresar una reacción local contra el dominio de los gobernantes coloniales. De la misma manera, la adopción de la estructura federal —que generalmente se ha atribuido a la influencia de la constitución de los Estados Unidos— también fue resultado de la realidad política existente. En Nueva Granada y en Venezuela, en 1810-1811, y en México en 1822-1824, las diferentes provincias desarrollaron gobiernos autónomos que se resistieron tenazmente a aceptar un poder centralizador.[2] Por otro lado, en Chile, en 1826, existió temporalmente el federalismo en parte debido a que el gobierno central se derrumbó en 1824-1825.

A partir de 1815 hubo una tendencia general a crear gobiernos con ejecutivos fuertes y que ejercían un control centralizado sobre la administración provincial. Este fenómeno estuvo en parte fomentado por la movilización que hubo que hacer para defenderse de las fuerzas realistas españolas en el campo de batalla. Por otro lado, muchos líderes criollos también creyeron que se necesitaba tener un gobierno más fuerte, más centralizado, para ganarse la confianza de las potencias europeas, para poder obtener préstamos, así como para lograr el reconocimiento diplomático. Además, se pensaba asimismo que, tras haber conseguido la independencia de España, los gobiernos hispanoamericanos debían ser fuertes por si tenían que defenderse de la intervención de otros países. La atmósfera reaccionaria y antirrepublicana de la Restauración fomentó este miedo y también hizo que los líderes hispanoamericanos adoptaran corrientes ideológicas más conservadoras que las que habían seguido antes de 1815.

Pero la tendencia de que aumentara el poder del ejecutivo y la centralización todavía continuó después de las guerras de emancipación, después que la independencia hispanoamericana hubiera sido reconocida por la mayoría de las potencias y hasta después de la revolución francesa de 1830.

La centralización se acentuó sobre todo entre 1826 y 1845. Además, las condiciones locales que existieron antes de 1825 y que continuaron existiendo hasta la década de 1840 jugaron un papel importante en el proceso de centralización. Al iniciarse la independencia había una atmósfera política optimista que estimuló las formulaciones constitucionales utópicas de 1811-1812. Sin embargo, después de 1825, los continuos desórdenes políticos y el comienzo de la crisis económica crearon una atmósfera muy pesimista sobre el orden social y las perspectivas económicas y políticas de Hispanoamérica. Durante el periodo 1820-1845 los líderes políticos frecuentemente expresaron su temor por la inminencia (o la existencia) de la anarquía. Por ello, en estas décadas la gran preocupación fue lograr el orden político.

Sin embargo, no se estaba de acuerdo sobre cómo se podía conseguir. Algunos, en especial los que habían seguido estudios universitarios, miraban las diferentes formas constitucionales europeas como el medio de conseguir la estabilidad. Otros, la mayor parte de los cuales se encontraban entre los militares y los menos cultivados, preferían prescindir de tales cursilerías constitucionales y defendían el uso de la fuerza, si no del terror, como medio de mantener el orden.

El deseo, aparecido después de 1815, de establecer un Estado constitucional más fuerte se observa, por ejemplo, en el intento patente sobre todo en Argentina (1814-1818) y Chile (1818) —si bien duró relativamente poco— de establecer monarquías constitucionales con príncipes europeos. En muchos casos, los que proponían la monarquía buscaron llegar a un acuerdo con las monarquías reaccionarias de la Europa posnapoleónica. Tanto en Argentina como en Chile las propuestas monárquicas se hicieron con la esperanza de obtener el reconocimiento de su independencia y, si era posible, la protección ante un ataque externo. El monarquismo de 1814-1819 también reflejaba la convicción, por lo menos de algunos líderes, de que la monarquía constitucional podría ser la base para lograr la estabilidad interna. El general Manuel Belgrano, al argumentar a favor de una monarquía constitucional en el Congreso de Tucumán en 1816, subrayaba tanto el desorden interno de la región del Río de Plata como la atmósfera política que existía en Europa; según él, en términos políticos era aconsejable adoptar el sistema monárquico y a la vez en términos diplomáticos era prudente hacerlo así.

Después de 1819, cuando la idea de la monarquía constitucional había perdido séquito en el Río de la Plata, esta fórmula política como medio para lograr la estabilidad sólo fue defendida con fuerza en México. Allí, ya en 1830, Lucas Alamán comunicó a los ingleses que, dado el desorden crónico que había en México, la idea de importar a un príncipe europeo estaba ganando adeptos. Tal proposición fue discutida públicamente en México en los años de 1840, aunque sus defensores aún eran muy pocos. Finalmente, entre 1864 y 1867, el único ensayo efectivo de que un príncipe europeo gobernara se llevó a término cuando los conservadores mexicanos, de acuerdo con Napoleón III, coronaron al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. Sin embargo, tal como había ocurrido en los casos anteriores, la estabilidad política interna no fue el único objetivo perseguido. Para los conservadores mexicanos, la monarquía (respaldada por los franceses) era la última posibilidad de recuperar su fuerza política. Tanto para los conservadores mexicanos como para Napoleón III, el intento resultó un fracaso vergonzoso; cuando Maximiliano fue ejecutado en 1867, el conservadurismo mexicano como partido político murió con él.

La idea de establecer una monarquía constitucional nunca tuvo verdadero éxito en Hispanoamérica. En la primera etapa (1810-1830) resultó difícil encontrar un candidato europeo que fuera aceptado por la mayoría. A causa de la intransigencia de Fernando VII, fue imposible que hubiera un candidato directamente vinculado con la monarquía española. Por otra parte, era difícil encontrar a alguien que fuera aceptado tanto por Francia como por Inglaterra —un prerrequisito necesario para que la medida resultara eficaz como estratagema diplomática—. Incluso si se hubiera encontrado un candidato aceptado por las potencias europeas, hubiera sido una solución artificial (tal como más tarde demostró el caso de Maximiliano), faltando como faltaba la legitimidad que se suponía que debía ser la clave del éxito de la monarquía. Los intentos de imponer una monarquía con un candidato del país también fracasaron por razones parecidas. La propuesta de Belgrano de entronizar a algún descendiente del Inca pudo presentarse con visos de legitimidad, pero, dado el desprecio criollo por los indios, el proyecto era claramente absurdo. Tampoco resultó viable la solución de entronizar un monarca criollo, como lo demostró el caso del general Agustín Iturbide en México en 1821-1822. La élite no podía aceptar el dominio monárquico o imperial de alguien que no fuera reconocido como un hombre de extracción superior a la de los demás. Sin embargo, quizá la causa más importante del fracaso monárquico fuera que la idea de la monarquía perdió mucho de su atractivo después de las revoluciones norteamericana y francesa. Mientras que en toda Hispanoamérica se admiraba la solidez de la monarquía constitucional inglesa, como sistema la monarquía significaba un resto del pasado. En el optimismo de los primeros años de la independencia, la mayoría de las élites criollas prefirieron el republicanismo, el sistema que parecía representar el futuro. En los primeros momentos, la erección de repúblicas también ayudó a justificar el rompimiento con España. Más tarde, cuando el optimismo y el entusiasmo revolucionario empezó a disminuir, la forma republicana establecida fue generando su propia inercia institucional. Por lo tanto, después de 1820 la mayoría de los intentos de consolidar el poder central fueron de carácter republicano, al menos formalmente.

En el periodo de 1819 a 1845 se implantaron dos tipos de constituciones: la de las repúblicas centralizadas parecidas a la constitución española de Cádiz de 1812 y la del Estado napoleónico que defendía Simón Bolívar. La del primer tipo, que fue la más extendida, tendía a contar con un amplio apoyo entre las élites civiles y en particular entre los abogados y los que tenían estudios universitarios, mientras que el modelo napoleónico-bolivariano era defendido sobre todo por los militares.

La impronta de la constitución de Cádiz es evidente en la mayoría de las constituciones nacidas en los años 1820 y 1830: en la de Gran Colombia (1821), en las de Nueva Granada (1830 y 1832) y en la de Venezuela (1830); en las de Perú, de 1823 y 1828; en la constitución argentina de 1826, en la de Uruguay de 1830, en la chilena de 1828. La constitución mexicana de 1824 estaba asimismo muy influenciada por la constitución española, pero al tener una estructura federal también tenía grandes diferencias con aquélla. La mayoría de las constituciones crearon consejos de Estado para aconsejar al presidente; la mayoría establecieron un ejecutivo que sólo tenía veto suspensivo; la mayoría implantaron el principio de responsabilidad ministerial exigiendo al menos a los ministros que firmaran conjuntamente todos los decretos. Muchas siguieron la constitución de Cádiz al intentar defender el poder del legislativo instituyendo un comité permanente del Congreso para que actuara cuando no hubiera sesiones. Todas, a excepción de la constitución mexicana, crearon funcionarios provinciales designados desde el poder central (que recibieron el nombre de intendentes, prefectos o gobernadores según los casos), aunque muchas veces el presidente tenía que elegirlos de entre los propuestos por los organismos provinciales. Por otro lado, casi todas estas constituciones crearon variantes de la Diputación Provincial española, un organismo cuyos miembros eran elegidos y que ayudaba al intendente o al gobernador a impulsar la educación y el desarrollo económico, y a imponer y recaudar los impuestos. A l igual que en España, las presumibles funciones de estos cuerpos eran esencialmente consultivas y administrativas, y no legislativas. Sin embargo, en México estas diputaciones provinciales rápidamente se convirtieron en un cuerpo legislativo provincial. En Nueva Granada esta evolución fue más lenta y más difícil, ya que hasta la década de 1840 sus decretos tenían que ser aprobados por la legislatura nacional. En otros países, como Perú y Uruguay, estos cuerpos murieron o nunca llegaron a tener importancia. Así pues, siguiendo el modelo de la constitución española de 1812, en diferentes países la élite criolla estableció un sistema centralista con los adornos del constitucionalismo.

Las élites hispanoamericanas seguramente se sintieron atraídas por la constitución española de 1812 porque significaba el intento de hacer esencialmente lo que ellos trataban de hacer: introducir los ideales liberales y constitucionales anglofranceses en la estructura política española. Sin embargo, hubo una diferencia notable entre los redactores de la constitución de Cádiz y la de los autores de las constituciones hispanoamericanas de unos años después. En Cádiz, los liberales españoles querían delimitar el poder de un rey absolutista, convirtiéndole en un monarca constitucional. En cambio, en Hispanoamérica se recurrió al mismo modelo constitucional para fortalecer, más que debilitar, la autoridad central tal como ya se había establecido previamente en las primeras cartas hispanoamericanas. Además, la mayoría de las constituciones hispanoamericanas añadieron un componente importante al modelo gaditano al permitir que sus presidentes disfrutaran de poderes extraordinarios cuando existiera una amenaza de ataque exterior o hubiera disturbios internos. Esta disposición, que transgredía los límites formales del constitucionalismo, se puso en funcionamiento muchas veces en Hispanoamérica y frecuentemente sirvió para anular las libertades tan solemnemente proclamadas en las constituciones.

En algunos países que optaron por el modelo gaditano no se aceptó unánimemente la existencia de un poder centralizador; algunos individuos de la élite política continuaron defendiendo la estructura federal. En Colombia en 1821, en Chile hasta finales de la década de 1820, y en México y en Argentina a lo largo del periodo, varias figuras políticas importantes defendieron el federalismo debido a los antagonismos regionales existentes o a la desconfianza que había en las provincias hacia la capital, pero también porque consideraban la estructura federal como una barrera frente a la tiranía. Sin embargo, en muchos países los federalistas fueron vencidos por los que temían que el sistema federal llevara (o hubiera llevado ya) a la anarquía. Generalmente los que defendían un Estado centralista hubieran querido admitir la deseabilidad teórica del federalismo desde el punto de vista de los principios constitucionales liberales, pero al mismo tiempo sostenían que el sistema era «demasiado perfecto», impracticable en Hispanoamérica. Los argumentos centralistas sostenían que el dominio español, al mantener a la gente en la ignorancia y al no haberle permitido adquirir experiencia política, no le había preparado para adoptar un tipo de gobierno democrático y republicano tan extremo. Para poder hacer elecciones amplias a nivel local, las masas populares no tenían suficiente instrucción y responsabilidad cívica (virtud cívica). Además, no había suficientes hombres competentes para ocupar todos los cargos provinciales que se requerían. Finalmente, el sistema con su multiplicación de puestos oficiales implicó unos costes que las repúblicas hispanoamericanas no podían sufragar. Además del riesgo de caer en la anarquía que seguramente seguiría a la adopción del sistema federal, los centralistas argumentaban que se debía sacrificar un poco de libertad para poder tener orden. Las libertades cívicas, proseguían, serían adecuadamente protegidas por la división de poderes, la alternancia en los cargos y otras limitaciones que a nivel nacional establecía la constitución según el modelo gaditano.

La desconfianza en la capacidad política de la gente se refleja en el hecho de que casi todas las constituciones, centralistas de los años 1820 y 1830 establecieron el derecho a participar en la vida política en base a la propiedad. Sin embargo, tal como sucedió en otros casos, es difícil descubrir hasta qué punto las restricciones en el sufragio que se establecieron a partir de la propiedad respondían a una corriente conservadora hispanoamericana o si se habían adoptado imitando los modelos europeos. Diferentes constituciones europeas, así como las teorías de prominentes constitucionalistas como Benjamín Constant, establecían el mismo tipo de restricciones para votar —la propiedad— que las adoptadas en toda Hispanoamérica.

En Hispanoamérica hubo algunas excepciones a la tendencia general a la centralización que caracterizó el periodo de 1820 y 1830. Pero estas excepciones a veces eran más bien anomalías temporales, tal como ocurrió en el caso de la constitución federalista chilena de 1826-1828. En otros casos se debieron a la peculiaridad de la historia política local. Por ejemplo, dado que la independencia se produjo bastante tarde en México (1821) y en Perú (1824), estos países empezaron la secuencia de la evolución constitucional con posterioridad a otras regiones. Por esto, la primera constitución peruana (1823) —que estableció un poder ejecutivo débil, dominado por el poder legislativo y plural— se correspondía a las constituciones anteriores de Venezuela, Nueva Granada y Chile (1811), mientras que la constitución mexicana de 1824 recreaba la estructura federal de las constituciones de Venezuela y de Nueva Granada de 1811. Pero tanto México como Perú pronto siguieron la tendencia general de incrementar el poder del ejecutivo y la centralización. La constitución peruana de 1823, con su ejecutivo plural, fue derribada casi inmediatamente, y desde entonces Perú pasó a manos de los caudillos militares que actuaron mediante un fuerte régimen presidencialista. En México la constitución federal fue recortada de facto en 1830-1832 y fue sustituida por un sistema centralizador de 1836 a 1846. Argentina, que constituye el caso más excepcional, refleja otro tipo de peculiaridad local. En el Río de la Plata, los intentos de implantar un sistema centralizado culminaron en la constitución de 1826. Sin embargo, el sistema centralista se derrumbó casi inmediatamente, ya que los caudillos provinciales y sus seguidores locales se independizaron de Buenos Aires, independencia que quedó ratificada en el Pacto Federal de 1831. Durante las décadas de 1830 y 1840, Juan Manuel de Rosas fue capaz de influir, desde Buenos Aires, en la dirección política de las otras provincias, pero detentó estos poderes de modo informal y no fueron recogidos en un sistema constitucional.

Entre 1820 y 1845, mientras estas constituciones que se parecían a la de Cádiz satisfacían a muchos de los políticos que habían estudiado en la universidad, algunos individuos importantes de la élite política —sobre todo militares— creían que este modelo no era lo suficientemente fuerte para asegurar un gobierno estable en Hispanoamérica. Los hombres que pensaban así, entre los cuales, Simón Bolívar era el más destacado, compartían muchas de las ideas de los que defendían el modelo gaditano. Coincidían sobre el peligro de la anarquía y sobre el hecho de que a la población hispanoamericana le faltaba la experiencia política y la virtud cívica requeridas para sustentar una república liberal hecha y derecha. Pero las conclusiones que extraían de estas premisas eran distintas. Los civiles que defendían la constitución gaditana consideraban que mientras no se pudiera confiar en la población había una élite lo suficientemente amplia e ilustrada como para establecer repúblicas centralizadas. Fernando de Peñalver —un centralista venezolano— lo expresó así a los delegados en la convención constitucional colombiana de 1821: «No veo virtudes en los pueblos, aunque veo ilustración en el Congreso».[3] En particular, estos republicanos centralistas creían, junto con sus compañeros federalistas, que la alternación en el poder era un medio para protegerse de la tiranía. En cambio, Bolívar y otros jefes militares ni tan sólo confiaban en la élite para mantener la vida política en orden y de modo ilustrado. Por consiguiente, trataban de establecer una república más paternalista, en realidad una monarquía constitucional con apariencia de república. Si bien las propuestas constitucionales de Bolívar establecían la existencia de elecciones populares, la mayor parte del poder quedaba en manos de hombres que, una vez ocupaban un cargo, no estaban sujetos a las elecciones —sobre todo había un presidente vitalicio y un senado hereditario o vitalicio—. Bolívar esperaba que ello aportaría la consolidación y la continuidad que ayudarían a dar estabilidad a las nuevas repúblicas.

Para Bolívar y para otros individuos de las mismas inclinaciones, los modelos constitucionales más atrayentes eran la monarquía constitucional británica y las constituciones consulares napoleónicas de 1799 y 1802 (que en parte procedían del modelo inglés). Generalmente, las soluciones constitucionales que sustentaban establecían una permanencia muy larga de los presidentes (ocho o diez años, o, en el caso de los últimos proyectos constitucionales de Bolívar, de por vida) así como de los diferentes cuerpos legislativos, uño de los cuales tendría miembros vitalicios o hereditarios. Un ejemplo temprano de un plan constitucional que seguía este modelo fue el propuesto por Bolívar en 1819 en el Congreso de Angostura, que establecía un senado hereditario inspirado en la Cámara de los Lores inglesa y un presidente fuerte. Mientras que Bolívar en el plan de Angostura seguía el modelo británico, en la constitución boliviana de 1826 estuvo más influenciado por las constituciones napoleónicas. El presidente de hecho sería un cónsul que dispondría de poderes para designar a un vicepresidente —que sería quien le sucedería— y a los secretarios de Estado. El presidente no sería responsable de los actos de su administración; sólo el vicepresidente y los secretarios de Estado podrían ser procesados. El presidente, además de los extensos poderes que tenía para designar estos cargos, disfrutaba de plena autoridad para aplazar o convocar los cuerpos legislativos. El sistema, además, estaba asegurado por una cámara de censores (uno de los tres cuerpos legislativos), nombrados de por vida, cuyos deberes consistían básicamente en promover y proteger el ejercicio de la virtud cívica (salvaguardar la libertad de prensa y vigilar el abuso de autoridad fueron dos de sus tareas).

Durante las décadas de 1830 y 1840, el modelo napoleónico-bolivariano volvió a aparecer en manos de varios generales que habían servido bajo las órdenes de Bolívar y que claramente estaban influenciados por él. En 1837 el general Andrés Santa Cruz, tras haber unificado temporalmente Perú y Bolivia en una confederación, promulgó una constitución en la que el poder ejecutivo estaba encabezado por un protector que ocupaba el cargo por un período de diez años, y que establecía un senado vitalicio, cuyos miembros eran nombrados por el protector. En 1843, en Ecuador el general Juan José Flores —otro antiguo subordinado de Bolívar— proclamó una constitución parecida que en este caso establecía un presidente que ocupaba el cargo ocho años y el ya consabido senado vitalicio. Una versión modificada del mismo modelo constitucional fue implantada en México en 1836 por los conservadores.

Las constituciones basadas en el modelo napoleónico-bolivariano tuvieron una vida corta. En Bolivia y Perú, Bolívar sólo tuvo un éxito temporal en 1826 al implantar su constitución; los gobiernos que erigió cayeron y sus constituciones fueron prácticamente abandonadas tan pronto como él se iba de estos países. Cuando Bolívar intentó imponer sus ideas en la República de Colombia entre 1826 y 1830, se encontró con tal oposición entre la élite de civiles que pensó en la necesidad de establecer un poder dictatorial; la dictadura dio lugar a que los miembros más jóvenes de la élite civil de Bogotá atentaran contra su vida (septiembre de 1828), y Bolívar pronto tuvo que admitir su fracaso; dimitió de su cargo, a la vez que su empresa se disolvía en torno suyo. Las versiones de Santa Cruz y de Flores también tuvieron una vida muy corta que en ninguno de los dos casos excedió de dos años. Santa Cruz fue derribado por una intervención extranjera desde Chile junto con una revuelta interna.

El modelo bolivariano fracasó en todos lados en parte porque para muchos componentes de la élite civil se parecía demasiado a la monarquía. Además, el sistema de Bolívar, al establecer un presidente y un senado vitalicios, violaba uno de los principios más apreciados por los liberales que habían estudiado en la universidad: la alternación en los cargos como medio de evitar la tiranía. Los civiles también temieron que los jefes militares monopolizaran la presidencia. Ya fuera por cuestión de principios o por su propio interés, las constituciones bolivarianas fueron ardorosamente combatidas por los liberales instruidos, dirigidos en Perú por el cura Francisco Javier Luna Pizarro y en Colombia por el general Francisco de Paula Santander y un grupo de jóvenes abogados.

Aunque en los años 1826-1830 Bolívar y muchos de los que habían estudiado en la universidad eran enemigos mortales, sus diferentes concepciones sobre la forma de gobierno procedían de un mismo cuerpo de pensamiento político, sobre todo de las doctrinas de Benjamín Constant, que circulaban ampliamente en una traducción castellana publicada en España en tiempos de la revolución liberal de 1820. De estas teorías, los liberales concedían mayor relieve que Bolívar a las libertades individuales establecidas por Constant (juicios con jurado, libertad de prensa, inviolabilidad de la propiedad, restricciones sobre los militares). En cambio, Bolívar concedió mayor peso a los elementos estabilizadores señalados por Constant, sobre todo respecto a la división de poderes. Constant consideraba la monarquía constitucional como el punto de equilibrio que moderaba los conflictos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bolívar adoptó este principio tanto al dar gran relieve al presidente (monarca constitucional) y a la actuación de los ministros como al poner en manos de los censores el poder moderador. Esta concepción constantiana del poder moderador también se dio en la constitución centralista mexicana de 1836, conocida como la de las Siete Leyes.

La influencia general que tuvo Constant en los años de 1820 y 1830 indica que las ideas constitucionales moderadas europeas predominaron entre los intelectuales hispanoamericanos. Tanto en la prensa chilena de la década de 1820, como en la convención constitucional uruguaya de 1830 y en las bibliotecas de los políticos de Nueva Granada en los años de 1840, los tres autores más presentes eran Montesquieu, Constant y Bentham. Rousseau, que había sido de gran ayuda para justificar el establecimiento de los gobiernos revolucionarios entre 1810 y 1815, perdió relevancia a partir de 1820. Lo que más interesaba a la élite política eran las obras que trataban de cómo se debía gobernar en la práctica y no las que desarrollaban lo abstracto, es decir, los tratados teóricos sobre las bases de la soberanía. Maquiavelo ocupaba un lugar preeminente en las bibliotecas de este período. Pero los autores constitucionalistas también eran consultados como orientación. La élite civil se fijó en el Curso de Política de Constant por su utilidad a la hora de redactar las constituciones. De Bentham leyeron no tanto sus primeros escritos sino los que constituían una guía de legislación y jurisprudencia (los tratados sobre legislación civil y penal, sobre pruebas judiciales o sobre las leyes penales, y los ensayos sobre las tácticas políticas y los sofismas parlamentarios). Otras muchas obras que atrajeron a las élites fueron las que servían de guías de la conducta del gobierno constitucional; por ejemplo, la obra de Cottu sobre la administración de la justicia penal en Inglaterra y el espíritu del gobierno inglés, la de Filangieri sobre legislación, la de Beccaria y Dumont sobre los castigos penales, la de Guizot sobre la pena de muerte, la de Say sobre economía política. Después de 1835, la Democracia en América de Tocqueville se sumó a las obras de Montesquieu, Constant y Bentham como una obra fundamental muy leída, sobre el modo de gobernar constitucionalmente. En las décadas de 1830 y 1840 los que tenían inclinaciones conservadoras leían también a Chateaubriand, Burke y Cousin.[4]

Hay que destacar que en el ideario de los políticos entre 1820 y 1845 no se encuentran vestigios del pensamiento radical europeo (de ambos extremos) del momento. En las bibliotecas y en las discusiones políticas sólo aparecen de forma muy ocasional los absolutistas Maistre y Bonald. Al mismo tiempo, los escritos socialistas franceses influyeron muy poco en quienes dominaron la vida política antes de 1845. El argentino Esteban Echeverría, que sobre todo seguía los escritos saint-simonianos, constituye el caso más notable de influencia socialista en los años de 1830. Pero en realidad Echeverría pertenecía a una generación más joven que aún no luchaba por el poder.

Así pues, entre 1820 y 1845, el constitucionalismo liberal moderado europeo constituía la base intelectual de todos los líderes que habían recibido educación universitaria, fueran del grupo político que fueran, exaltados, moderados o conservadores. Desde luego, hubo algunos puntos de desacuerdo con las autoridades en política de esta lista de la primera época del siglo XIX. Bentham y Destutt de Tracy eran más leídos que aceptados. Ambos eran duramente atacados por los conservadores a causa de su filosofía «materialista», es decir, sensacionalista. Pero incluso los conservadores que más objeciones ponían al materialismo de Bentham eran liberales constitucionalistas ortodoxos. Joaquín Mosquera, un destacado antibenthamista de Nueva Granada, atacó el utilitarismo inglés porque negaba la doctrina de los derechos naturales. Otro antiutilitarista notable fue el peruano José María de Pando, uno de los pocos intelectuales políticos hispanoamericanos influidos por el ultraconservadurismo de Bonald y Maistre. Sin embargo, en su formulación constitucional tampoco Pando apelaba por el absolutismo, sino por una decorosa monarquía constitucional constantiana, que estableciera la libertad de prensa y los juicios con jurados.[5] Así pues, incluso en un periodo de marcado conservadurismo social y político, las ideas liberal-constitucionales continuaban predominando entre la élite que había estudiado en la universidad.

Pero, a pesar de que las ideas constitucionales estaban asimiladas intelectualmente por los universitarios, las reglas constitucionales a menudo no fueron observadas en la práctica. Por otro lado, tampoco todos los que participaban en la vida política aceptaban estas ideas. Las constituciones y las leyes fueron redactadas por hombres que tenían estudios universitarios, que ocupaban la mayoría de los asientos en las cámaras y que detentaban cargos en los ministerios. Pero ellos no eran los únicos actores políticos, si bien generalmente fueron los más relacionados con los aspectos formales del manejo del Estado. Algunos papeles políticos importantes, incluyendo el poder supremo, también fueron desempeñados por otros individuos (oficiales militares, caudillos regionales, comerciantes y propietarios) que a menudo sabían bien poco de las ideas liberal-constitucionales, lo cual no les importaba mucho. En cambio, para los políticos intelectuales las formas de la vida política, es decir, las ideas corporizadas en leyes y constituciones, eran muy importantes. Se preocupaban de estas ideas y de sus presumibles consecuencias. También de que estas ideas e instituciones les dieran respetabilidad política tanto en su propia estimación como ante la mirada de Europa. Pero para los que habían asumido las formas políticas europeas, sin conocerlas directamente por no haber viajado o no haber recibido educación universitaria, este tipo de consideraciones tenían mucha menos importancia. Los oficiales militares a menudo entraban en la vida política a fin de proteger su reputación, a veces para proteger a los militares como grupo de intereses y de vez en cuando para representar intereses sociales más amplios. Los caudillos regionales debían satisfacer a las oligarquías locales de propietarios que a menudo eran la base de su poder. El interés principal de los grandes propietarios era contar con el apoyo o la benevolente neutralidad de los funcionarios locales en sus disputas sobre la propiedad de la tierra. Los comerciantes se preocupaban más de que la reglamentación comercial les fuera favorable (o al menos de que les permitiera hacer previsiones) que de la forma de gobierno. Así pues, mientras que la ideología política y las instituciones que la representaban eran esenciales para los políticos con estudios superiores, para muchos otros habrían podido tener poca importancia.

Esta falta de interés por los principios constitucionales fue picantemente expresada por Diego Portales, un comerciante y figura política dominante en el Chile de los años treinta. En 1834, Portales, que entonces era gobernador de Valparaíso, con cierta rabia rechazó el argumento de Mariano Egaña, un jurista conservador, de que no podía obtener el arresto de un opositor sin tener una orden judicial (Egaña encolerizó de nuevo a Portales al enviarle un libro sobre el habeas corpus).[6]

En resumen, de seguir el criterio del jurisperito Egaña, frente a la amenaza de un individuo para derribar la autoridad, el gobierno debe cruzarse de brazos mientras, como dice él, no sea sorprendido in fraganti… Con los hombres de ley no puede uno entenderse; y así ¡para qué, carajo! sirven las constituciones y papeles si son incapaces de poner remedio a un mal que se sabe existe… En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanciones, el libertinaje, el pleito eterno… Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. Maldita ley, entonces, si no deja al brazo del Gobierno proceder libremente en el momento oportuno.

Los políticos con formación universitaria que habían defendido los principios constitucionales a menudo también traicionaban estos principios cuando ejercían el poder. Por ejemplo, Vicente Rocafuerte —un líder de la oposición liberal en México en la década de 1820 y en Ecuador hasta 1834—, una vez en el poder, al enfrentarse a una rebelión armada en Ecuador en 1835 declaró que «sólo el terror» podía reducir a los rebeldes y «conservar la primera de todas las leyes, esto es la tranquilidad pública».

La única suerte que tengo es que tiembla. Si fuere necesario, yo sabré convertirme en un Sila para salvar mi patria de la anarquía que pretende devorarla. Verdadero amante de las luces y de la civilización, consiento en pasar por tirano.[7]

Y, consecuente con sus palabras, hizo fusilar a docenas de rebeldes.

La frecuente violación de los principios constitucionales en Hispanoamérica durante el siglo XIX se ha interpretado de varias maneras. Una interpretación considera que el constitucionalismo necesariamente tenía que ser letra muerta porque no tenía ningún tipo de relación con las tradiciones políticas españolas.[8] Sin embargo, hay quien señala que, al menos en algunos casos, la violación de los principios constitucionales era inherente a la tarea de la élite educada. Su intento de derribar las instituciones sociales, económicas y políticas españolas e implantar otras nuevas basadas en los modelos inglés y francés y otros también extranjeros fue, de hecho, revolucionario.[9] Por consiguiente, no sorprende que al intentar introducir estos cambios recurrieran frecuentemente a medidas violentas.

A menudo, no se consiguió incorporar la autoridad en las instituciones formales establecidas en muchas constituciones hispanoamericanas. La autoridad, que más bien se encarnaba en personas concretas, estuvo en manos de líderes fuertes que tendían a ponerse por encima de las leyes y las constituciones. Estos líderes por lo general eran y son considerados caudillos, es decir, hombres cuya fuerza personal les permitía obtener la lealtad de un importante número de seguidores a los cuales movilizaba para enfrentarse a la autoridad constituida o para hacerse con el poder por medio de la violencia o la amenaza de violencia.

El término “caudillo” se refiere a cualquier tipo de líder preeminente, y se usó en este sentido de 1810 a 1870. La mayoría de los caudillos, sobre todo en las primeras décadas de este periodo, eran líderes militares que habían alcanzado renombre durante las guerras de la independencia. Pero el término también se aplicó en estos años a otro tipo de líderes. En la década de 1820, el general peruano Agustín Gamarra —él mismo era claramente un caudillo— lo usó para referirse al liderazgo político de un obispo.[10] Actualmente, cuando se explican las características del siglo XIX, al término se le da un contenido normalmente más restringido que el que le daban los coetáneos. Ahora, al referirse a un caudillo se piensa generalmente en alguien que usó la violencia o la amenaza de violencia para fines políticos, ya se tratara de un oficial profesional dirigiendo unidades del ejército regular, de un oficial de la milicia provincial, o de un civil a caballo dirigiendo a la milicia o a fuerzas irregulares en la lucha política. También se usa en sentido más amplio para aludir a un jefe esencialmente civil que ejerció una represión violenta, como fueron los casos del doctor Francia en Paraguay y de Diego Portales en Chile.

Hasta 1840, la mayoría de los hombres que consideramos caudillos eran individuos que antes de empezar su carrera política tenían algún logro militar, ya fuera como soldados de la independencia o como jefes de la milicia provincial, como fue el caso de Juan Manuel de Rosas, que se hizo famoso luchando contra los indios. Después de los años cuarenta, cuando los generales de la independencia fueron desapareciendo de escena, su papel de líderes militares en las luchas políticas internas fue asumido en parte por hombres que habían empezado su carrera política como civiles —esto es, abogados, periodistas, comerciantes y propietarios— y que fueron empujados al liderazgo militar debido a la violencia política de aquel entonces.

Entre el caudillo y sus seguidores existían lazos de lealtad personal. ¿Cuál era la base de esta vinculación personal? ¿Por qué la gente seguía a los caudillos? Los escritos del siglo XIX sobre este fenómeno, y también gran parte de los del siglo XX, subrayan la importancia de la personalidad del caudillo. Según el estereotipo, se trataba de un hombre con un gran magnetismo personal que dominaba a sus inferiores por el peso de su voluntad. En el clásico retrato del caudillo del siglo XIX, la descripción del líder provincial Facundo Quiroga hecha en 1845 por Domingo Faustino Sarmiento, éste le describió diciendo: «Si yo fuera a la calle y dijera al primer hombre que encontrara: “¡Sígueme!”, me seguiría sin ninguna clase de duda». Los seguidores del caudillo lo eran tanto porque éste les atraía como porque les intimidaba. El caudillo, también según lo estereotipado, era un hombre de coraje que podía mandar a otros a emprender acciones de valor porque él mismo daba ejemplo de bravura y audacia. Frecuentemente se le describía también como «telúrico», fundamentado en la tierra, en lo básico. Aunque perteneciera a la clase alta a menudo cultivaba un estilo popular a fin de que sus seguidores se identificaran personalmente con él. Tanto de José Antonio Páez de Venezuela como de Juan Manuel de Rosas de Buenos Aires se dice que, para demostrar su virilidad y para identificarse con sus seguidores, ellos mismos participaron con su séquito de vaqueros en las proezas de jinetería. Mientras que muchos caudillos adoptaron un toque popular, otros se comportaban con gran pompa, lo cual tanto podía servir para imponerse a la población como para gratificar al líder mismo. El caudillo se caracterizaba por su personalidad autoritaria. Por su rudeza e, incluso quizá más, por su impredecibilidad, el caudillo a menudo atemorizaba tanto a sus seguidores como a sus enemigos.

Muchos trabajos recientes, si bien no niegan las características de la personalidad del caudillo, tienden a plantear de otra manera la red de las relaciones existentes entre los líderes y sus seguidores. En esta cuestión, el caudillismo se contempla como un sistema social estructurado sobre bases de dependencia mutua entre el jefe y su grupo. Se han establecido varios tipos de relación entre patrón y cliente. Comúnmente se ve al caudillo como un gratificador de sus seguidores en recompensa a sus leales servicios.[11] Pero las interpretaciones más sofisticadas han apuntado otro tipo de relación patrón-cliente según la cual el caudillo mismo era el cliente de ricos patrones que lo «creaban y controlaban» como un instrumento de sus propios deseos políticos y/o económicos.[12] Incluso en este caso hay una relación de dependencia mutua en que ni los clientes del caudillo ni sus ricos patrones controlan completamente esta relación. La mayoría de los trabajos que plantean el caudillismo como una relación patrón-cliente contemplan al caudillo como una figura que emerge de algún rincón regional y que la red que le sostiene se compone de los propietarios locales. Pero no todos los caudillos surgieron de la oscuridad provincial. Como base de su poder muchos contaban con el apoyo de los oficiales del ejército nacional o con ciertos grupos de estos oficiales. Algunos de los caudillos más poderosos, como el general Antonio López de Santa Anna de México, contaban a la vez con el apoyo de algunas oligarquías regionales y con el cuerpo de oficiales. Por último, se puede decir que los lazos caudillistas de patrón-cliente a menudo formaban elaboradas pirámides en las que los caciques locales, con sus seguidores personales, prometían lealtad a los jefes regionales, quienes a cambio concedían al menos un apoyo temporal y condicional a los caudillos o a otros líderes que operaban a nivel nacional.

En términos de clases sociales, frecuentemente se contempla al caudillo como a alguien que asciende socialmente, un hombre de orígenes relativamente modestos cuya ansia de poder en parte es impulsada por el deseo de riqueza y de status social. Tal concepción por supuesto concuerda con la idea del caudillo que a la vez es el cliente de ricos patrones y el patrón de sus seguidores. Se pueden encontrar muchos casos de caudillos que de alguna manera se avienen con esta descripción, pero hay muchos otros (tales como Simón Bolívar y el general Tomás Cipriano de Mosquera en Colombia) que nacieron en el seno de la clase alta. Este tipo de hombres eran más difíciles de controlar y se les tenía como especialmente impredecibles, y por ello atemorizaban a los sectores sociales más altos.

Puesto que los caudillos ascendían al poder por métodos violentos, la legitimidad de su poder siempre estaba en entredicho. Por lo tanto, sabiendo que él también podía ser derrocado por un contrincante, a menudo gobernaba, ya fuera a nivel local o nacional, con cierta inseguridad. Debido a que a su régimen le faltaba de facto legitimidad constitucional y que con frecuencia tenía que afrontar la oposición de otros caudillos, muchas veces se encontraba obligado a gobernar por medio de la violencia con poca o ninguna consideración a los preciosismos constitucionales. Era bastante frecuente que sus actos fueran arbitrarios. La impredecibilidad del caudillo aumentaba por el hecho de que gobernaba según su criterio personal. Para el caudillo, la cuestión fundamental era la lealtad personal. Los que le eran leales podían esperar su ayuda, pero a los que eran sospechosos de serle desleales les esperaba una venganza terrible. Por otro lado, el caudillo podía establecer alianzas sorprendentes, debido, otra vez, a sus relaciones personales. Como que la ideología importaba poco a la mayoría de los caudillos, no tuvieron ningún inconveniente en apoyar causas bastante distintas y contradictorias. En el Río de la Plata, los caudillos se identificaron de modo cambiante como unitaristas o federalistas, acaso sin comprender bien lo que querían decir estos términos, usándolos más bien como una manera de distinguir a amigos de enemigos. En México, el general Santa Anna se alineó también de modo variable tras los liberales o los conservadores según viera el monto de sus fuerzas relativas. En Nueva Granada, el general José María Obando enarboló la bandera del federalismo en una rebelión organizada para autodefenderse del proceso (según él, persecución) que quería hacerle el gobierno nacional, pero en 1853 se consideró incapaz de gobernar como presidente de un gobierno federalista. Por otro lado, el general Tomás Cipriano de Mosquera, el gran rival de Obando, pasó sin grandes dificultades del fuerte centralismo de los años de 1840 al federalismo igualmente vigoroso de la década de 1850, según le dictó su ambición.

A menudo, el liderazgo personalista de los caudillos se expresó en revueltas contra los gobiernos constituidos, pero en algunos casos el caudillo usó su autoridad para reforzar las jóvenes e inexpertas estructuras gubernamentales. En Chile las revueltas caudillistas y la toma del poder caracterizaron la época de la Patria Vieja (1810-1814) y la década de 1820. Pero, después de 1830, el gobierno implantado gracias a la autoridad personal del general Joaquín Prieto y de su ministro Diego Portales finalmente fortaleció las instituciones de gobierno. Ya por 1851 los gobiernos chilenos podían sostener su autoridad sin el apoyo del liderazgo carismático. En Nueva Granada la autoridad personal del general Francisco de Paula Santander en la década de 1830 y del general Tomás Cipriano de Mosquera en la de 1840 ayudaron a sostener el gobierno constitucional, el cual en estos años sólo fue amenazado por una rebelión caudillesca. En Venezuela, la autoridad del general José Antonio Páez (1830-1848) y en la provincia de Buenos Aires la de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) sirvieron para mantener el orden público. Sin embargo, en muchos países de Hispanoamérica durante la mayor parte del período ningún caudillo fue capaz de dominar la situación y se produjo una serie interminable de guerras civiles o golpes de Estado para decidir quién gobernaría. Este modelo fue muy importante sobre todo en Bolivia, Perú (1823-1845) y en gran parte de la historia de la región del Río de la Plata en los años anteriores a 1860.

Los orígenes del caudillismo han sido objeto de muchas especulaciones, pero no de investigaciones sistemáticas. Si bien aquí no se puede hacer una relación completa de las hipótesis que existen sobre el caudillo, sí se pueden esbozar algunas de las principales. Muchas interpretaciones subrayan el peso de las guerras de independencia, y según una de ellas la lucha por la independencia elevó a los héroes militares al status y al poder, mientras que las élites civiles y las instituciones de gobierno que controlaban se debilitaron. La emergencia del caudillo puede verse así como consecuencia de una «militarización» de la política entre 1810 y 1825.[13] Esta interpretación vale para las regiones que padecieron prolongados periodos de conflictividad violenta durante la lucha por la independencia, sobre todo de forma notable para Venezuela, Nueva Granada, el Río de la Plata y México. Pero en algunas regiones tales como Centroamérica, donde en el proceso de ganar la independencia sólo hubo pequeños conflictos militares, también surgieron caudillos en el periodo de la postindependencia. Este fenómeno y la continuación de la política caudillesca durante décadas después de la lucha por la independencia sugieren que para encontrar los orígenes del caudillismo hay que buscar otros causantes que la militarización de la época de la independencia. Las guerras de independencia sin duda afectaron las formas que los líderes personalistas tomaron, pero el caudillismo tiene raíces más profundas: fue el resultado de fuerzas más arraigadas.[14]

La clase alta criolla fue la que más se benefició de la independencia de América Latina. A fines del periodo colonial la mayoría de sus miembros poseían tierras, algunos habían entrado en el cuerpo eclesiástico y unos pocos estaban inmersos en el comercio internacional a gran escala. Por otro lado, algunos ocupaban puestos en la administración, que normalmente eran de bajo nivel, como abogados, recaudadores de impuestos o administradores provinciales de segundo rango. Con la independencia a los criollos se les multiplicaron las oportunidades de hacer una carrera en la administración y en la política, no sólo porque desbancaron a los españoles de los cargos más altos, sino debido también al carácter de los gobiernos republicanos que se establecieron. Allí donde el sistema colonial sólo había necesitado un número relativamente pequeño de jueces, funcionarios provinciales, oficiales militares y recaudadores, las nuevas repúblicas necesitaron éstos y muchos más empleados, ya que se crearon unos sistemas judiciales más complejos; se tuvo que buscar legisladores nacionales, normalmente organizados en dos cámaras, y frecuentemente también legisladores provinciales; además hubo que distribuir los cargos más altos de secretario y subsecretario de gabinete, de los consejos de Estado y, al menos, unos cuantos puestos diplomáticos.

Las nuevas oportunidades políticas que se abrieron dieron lugar a una gran movilidad territorial de los criollos. Los individuos de provincias que fueron a la capital como diputados a menudo se quedaron allí para que sus hijos estudiaran, para disfrutar del ambiente cultural y para ascender en su carrera política. La gente de provincias también envió a sus hijos a las capitales para que se educasen en las mejores escuelas y universidades; no necesariamente esperaban que se dedicaran a la política, si bien el paso por estas instituciones les proporcionaba tanto la preparación educacional como los contactos necesarios para seguir su profesión. Los que se iban a estudiar a las ciudades raramente volvían a sus regiones de origen. Esta tendencia de converger en las capitales dio lugar a una consecuencia inesperada: al drenar sus élites profesionales minó el desarrollo de las provincias.

Mientras que los hombres de la clase alta con ambición que habían nacido en provincias —o en cualquier otro punto relativamente obscuro— emprendieron la carrera política, en algunos sitios las familias más ricas y tradicionalmente de más prestigio no participaron en la vida política. En algunos casos no hubo posibilidad de elegir porque los ricos y con posición fueron desplazados por los militares que controlaban los instrumentos de ejercer la violencia. En otros casos, los hombres más ricos se apartaron de la política voluntariamente, quizá por prudencia, quizá porque el desorden había desacreditado la política, o por no gustarles los individuos pertenecientes a los grupos sociales que ahora eran activos políticamente. Sin embargo, a menudo los hombres ricos se movían detrás del escenario, dirigiendo o, al menos, influenciando a los caudillos militares que tanto parecían dominar la vida política.[15] La no participación abierta en esta actividad de los individuos más ricos de la clase alta quizás era más evidente en Argentina que en ninguna otra parte, y también en México si bien en menor medida. No obstante, no se trataba ni mucho menos de un fenómeno universal. En Chile, Colombia y Venezuela las familias más ricas y aposentadas fueron bastante prominentes en política a lo largo de la mayor parte del periodo.

A excepción de los criollos, pocos se beneficiaron de las conquistas políticas de la independencia. Los criollos eran reacios a compartir el poder con los mestizos y los otros sectores sociales inferiores según había establecido el orden colonial. Algunos mestizos y mulatos adquirieron importancia política durante la lucha por la independencia debido al valor que demostraron siendo jefes de guerrilla o de otras fuerzas militares. Pero la llegada de estos pocos individuos preocupó a los criollos. Simón Bolívar, por ejemplo, manifestaba mucha preocupación ante una amenazante «pardocracia» (constituida por los que tenían piel oscura). Por ello, la élite criolla eliminaba casi sistemáticamente de los altos cargos (así aparece ahora visto retrospectivamente) a los individuos pertenecientes a las castas, sobre todo a los mulatos. Los dos oficiales mulatos de mayor rango de Venezuela y Nueva Granada, los generales Manuel Piar y José Padilla, fueron fusilados por unos delitos que en caso de ser blancos posiblemente hubieran sido perdonados. En México, Vicente Guerrero, el líder insurgente de piel oscura, fue detestado por la clase alta que lo consideraba vulgar, ignorante y, en general, incapaz. Cuando ya había sido derribado de la presidencia, fue fusilado por sus opositores.

Aunque la élite resolvió el problema que para ella representaba la presencia de unos pocos oficiales mulatos preeminentes eliminándolos con algunas ejecuciones, tuvo que afrontar la cuestión mucho más problemática de distribuir el poder entre los criollos civiles y los militares. Tulio Halperín Donghi ha subrayado el hecho de que la lucha por la independencia, y en el Río de la Plata la de la consolidación de la nación, colocó en un lugar preeminente a los militares más que a las élites civiles que habían dominado en el régimen colonial (funcionarios civiles y alto clero), el poder de las cuales sufrió cierta decadencia. No sólo ocurrió que las filas del ejército se engrosaron a causa de la guerra, sino que la estructura de la administración civil se debilitó porque los gobiernos carecían de recursos. Que en muchas partes los gobiernos dieran prioridad al pago del ejército, dejando a los burócratas civiles con una retribución reducida, ejemplifica la situación existente. La posición de la Iglesia también se debilitó a causa de la oposición papal a la independencia de Hispanoamérica, lo cual comprometió políticamente a la jerarquía eclesiástica, y por el conflicto planteado por la cuestión de si la elección de los obispos pertenecía a las respectivas naciones o bien al papa. Hasta 1827 no se designaron nuevos obispos. Además, la Iglesia sufrió la pérdida de sus recursos financieros que se le requisaron en tiempo de guerra. Paralelamente a la decadencia de la burocracia civil y eclesiástica, según la apreciación de Halperín, los comerciantes urbanos perdieron poder y posición, sobre todo en la medida en que el comercio cayó bajo el control de los extranjeros, mientras que los propietarios adquirieron mayor poder. Así pues, según Halperín, en este periodo se produjo a la vez una militarización y una ruralización del poder.[16] El siguiente planteamiento sugerirá que esta tesis de la militarización y la ruralización, aunque es correcta, no debe ser considerada como absoluta, sino como un cambio de grado respecto al orden colonial.

Entre 1810 y 1830, y en muchos sitios hasta mucho más tarde, la militarización de la vida política fue un hecho que los políticos civiles no pudieron evitar. AI principio la élite civil estuvo dispuesta a aceptar la necesidad del gobierno militar, sobre todo mientras la independencia aún no estaba asegurada. Sin embargo, a finales de la década de 1820 la independencia parecía un hecho real y en todas partes de Hispanoamérica la gente empezó a irritarse por el dominio de los militares y por las dimensiones excesivas de los ejércitos. Por ello, los últimos años de la década de 1820 y los primeros de la de 1830 se caracterizaron por los esfuerzos realizados por los civiles tanto para reducir el número de los oficiales en activo como para contrarrestar al ejército creando milicias provinciales. Estos años también se caracterizaron, lógicamente, por la existencia de una gran hostilidad mutua entre los militares y los políticos civiles.

Los esfuerzos de los civiles para controlar a los militares tuvieron un notable éxito en Chile, donde Diego Portales, fuertemente respaldado por la aristocracia de Santiago, creó milicias con oficiales pertenecientes a la clase alta como contrapeso al ejército existente e impulsó a los hijos de las buenas familias a emprender la carrera militar dentro del ejército regular. En Venezuela, en los años treinta, algunos de los héroes de la independencia se rebelaron en contra de la pérdida de privilegios militares y de la reducción del ejército, pero estos levantamientos fueron rápidamente aplastados por el general Páez, presidente venezolano, con la ayuda de la clase alta. En Argentina, las milicias de provincia bajo el mando de Juan Manuel de Rosas lograron desmantelar los restos del ejército de la independencia que se había debilitado al intentar conquistar la Banda Oriental. En Nueva Granada el problema de controlar a los militares se resolvió en parte al descomponerse la república de la Gran Colombia, ya que la mayoría de los oficiales que creaban problemas, al ser venezolanos, regresaron a su país después de 1831. Muchos de los oficiales de más alta graduación de Nueva Granada que se quedaron estaban estrechamente relacionados con la élite civil. Mientras que algunos oficiales apoyaron al general José María Obando en la rebelión que asoló al país de 1839 a 1841, ellos tomaron las armas para defender un movimiento político general, que contaba con el apoyo de civiles y militares, y no en defensa de los intereses corporativos de los militares. En todos estos países la reducción del ejército se vio facilitada por el hecho de que básicamente se habían creado ad hoc para ganar la independencia, y de que muchos de los oficiales de mayor rango pertenecían a familias de propietarios de la clase alta con lo cual su posición social se debía sólo en parte a su carrera militar y por lo tanto no se oponían a retirarse del servicio activo. Para los que no procedían de la clase alta el retiro se les hizo atractivo con la adquisición de grandes propiedades que recibieron como gratificación por sus servicios.

Sin embargo, en México los oficiales que encabezaban el ejército regular eran soldados profesionales, hombres que procedían del ejército español existente en la colonia. Debido a la peculiaridad de la independencia mexicana en la que el ejército realista, en vez de ser derrotado por los insurgentes, dirigió la ruptura final con España, la jerarquía militar de estos criollos profesionales hasta entonces al servicio de España se mantuvo sin cambios, detentando un gran poder. Y más que en ningún otro país se consideró la carrera militar como fuente de status y al ejército como a un grupo corporativo. A consecuencia de ello, en México el ejército nacional mantuvo fuertemente su sentido corporativo y hasta los años cincuenta lo defendió acérrimamente. Pero las actividades políticas de los oficiales militares mexicanos no se limitaron a defender los privilegios del ejército; en muchas ocasiones actuaron como agentes políticos en representación de los intereses de una facción y no los de todos los oficiales como grupo. En Perú y Bolivia lo que quedó de los oficiales al servicio de España se integró al ejército republicano, y también se consideró a la carrera militar como fuente de status. En estos países los oficiales jugaron asimismo un papel dominante en la vida política, pero sólo en raras ocasiones defendieron los intereses del grupo y en cambio generalmente persiguieron intereses individuales.

El hecho de recortar el poder del ejército regular donde fue posible no implicó necesariamente la expulsión de los militares de la política. Incluso en casi todos los países donde la élite civil pudo imponer su dominio sobre los militares, se nombraba a generales para dirigir el Estado. Los civiles pensaban que sólo un general prestigioso infundiría el suficiente miedo para prevenir las revueltas de soldados o los movimientos regionales que se oponían a la autoridad nacional. Por esto en Chile, donde una feliz combinación de unidad de la clase alta y de prosperidad económica permitió a la élite civil levantar un Estado fuerte y dominar al ejército, durante las dos críticas primeras décadas dos generales fueron presidentes de un gobierno relativamente estable. También en Venezuela el gobierno de la oligarquía civil de los años treinta y cuarenta fue o encabezada o reforzada por el general José Antonio Páez y su lugarteniente y sucesor el general Carlos Soublette. En estos países, las relaciones entre civiles y militares apenas crearon problemas. En los otros países, en los que el control de los civiles era mucho más incierto, las élites consideraron necesario recurrir a los líderes militares, de quienes desconfiaban, al pensar que sus países aún no estaban preparados para un verdadero gobierno civil. Por ello, en México una serie sucesiva de políticos civiles de diferentes tendencias intentaron utilizar al realista general Santa Anna en beneficio propio, pero sólo lo lograron en parte. En Perú, Francisco Javier Luna Pizarro, el líder de la facción liberal, a pesar de no gustarle nada la preeminencia de los militares en la vida política, reconocía que eran indispensables y preparó la elección de varios de ellos que pensaba que podría controlar.

Los líderes militares también fueron importantes para imponer orden allí donde el Estado era tan débil que el poder político estaba fragmentado y era descentralizado. En Argentina, la destrucción del ejército nacional dejó el país en manos de caudillos locales, a quienes las élites provinciales intentaban utilizar como instrumentos de control pero que no siempre resultaban controlables. En Venezuela, también los caudillos con base local salieron a la palestra, sobre todo a finales de los años cuarenta después de que se acabara el sistema presidido por el general Páez. En México, a pesar de que el ejército conservó la superioridad militar hasta que fue aniquilado en la guerra de 1846, algunos caudillos provinciales (como Juan Álvarez en la región que actualmente es el estado de Guerrero) predominaban a nivel local; al igual que sucedió en Venezuela, el número y el poder de estos amos regionales aumentó en los años cincuenta al debilitarse el gobierno central a causa de la guerra. En Nueva Granada, la adopción del sistema federal en los años cincuenta también comportó que los caudillos regionales ganaran, relativamente, más poder.

Así pues, la militarización de la política presentó dos formas básicas. En México y Perú los caudillos tenían su base de apoyo en las unidades del ejército regular y, combinando la ambición individual con el interés corporativo y la instigación de la clase alta civil, intentaron controlar el gobierno nacional. En el segundo modelo, del que las fragmentadas provincias de Río de la Plata ofrecen el mejor ejemplo, lo característico era el caudillo que como punto de apoyo tenía a la milicia local y el respaldo de los propietarios y los comerciantes de la región. En este caso la principal función del caudillo, a los ojos de sus sustentadores de la clase alta, era conservar el orden en la región y defender a la provincia de la desorganización. Sin embargo, era infrecuente que la región sirviera al caudillo y a quienes le apoyaban como base para lograr el control del poder central. En la mayoría de los países existían combinaciones variables de caudillos con base en el ejército y caudillos con base regional, dependiendo en parte su importancia del grado en que el gobierno central pudiera sostener un ejército nacional lo suficientemente fuerte como para dominar a las provincias.

A pesar de que la fuerza armada —tanto si estaba en manos del ejército nacional como de los caudillos locales— a menudo decidía quién poseía el gobierno nacional o provincial, esto no quiere decir que necesariamente estos militares, fueran nacionales o provinciales, dictaran qué debían hacer los políticos o la política a seguir, incluso en aquellos países en que sus intervenciones eran más evidentes. Los caudillos militares, ya fueran generales en el ejército regular o figuras locales, a menudo tomaban el poder a requerimiento de los civiles o aliados con ellos y, aún más frecuentemente, una vez en el poder dependían de los consejos de los civiles y delegaban en ellos el gobierno real. Que el general de Nueva Granada Tomás Cipriano de Mosquera tomara sus propias decisiones políticas y moviera él mismo las palancas del gobierno es un caso excepcional.

A menudo se describe a los caudillos como aliados de —o como creados y controlados por— los grandes propietarios cuyos recursos económicos y peones constituyen la base esencial de la acción militar del caudillo. Es verdad que esto era corriente, sobre todo a nivel provincial, si bien se debería añadir que los comerciantes también formaban parte de estas élites de poder locales. Pero esta élite económica no constituía el único grupo de civiles vinculado a los caudillos. A menudo éstos estaban aliados con los mismos abogados-políticos que habían estudiado en la universidad y que frecuentemente se quejaban de la intervención de los caudillos militares en la política. Estos ex universitarios se vincularon, tanto a nivel local como nacional, a los líderes militares de mayores posibilidades, y los manipularon. Con frecuencia estos hombres instruidos se convirtieron en secretarios de cuyos consejos los caudillos dependían mucho. A veces la manipulación se hacía desde lejos; desde las capitales los políticos intelectuales influenciaban a la vez a los caudillos provinciales y nacionales escribiendo regularmente artículos en los periódicos y dando consejos en las cartas.[17] Finalmente, cuando un caudillo estaba en el poder se debía dirigir a los que habían seguido estudios universitarios tanto para administrar el gobierno como para defender su política en la prensa. Así pues, los caudillos y los políticos se vinculaban en una relación simbiótica caracterizada por la sospecha y una dependencia mutua.[18] Los ex universitarios a menudo necesitaban a los caudillos para llevarles al poder; los caudillos necesitaban los conocimientos intelectuales y administrativos de los civiles que habían estudiado. El carácter de la relación entre caudillos y políticos intelectuales variaba mucho, dependiendo, desde luego, de la posición social y los medios económicos que ambos tenían. Un rico y respetado Lucas Alamán bien podía dar lecciones como si fuera un maestro incluso al poderoso caudillo Santa Anna en México (o lo mismo un Egaña con Portales en Chile); los hombres sin recursos y más oscuros bien podían adoptar una actitud más obsequiosa y modificar bastante sus principios políticos.

Por lo tanto, si bien los caudillos en muchos lugares decidían quién ejercería el poder, sería un error considerar que monopolizaban el poder o que las élites urbanas no contaban nada para ellos. También sería erróneo dar a entender que los grandes propietarios dominaban completamente la política de entonces. Es verdad que algunos hacendados podían influir en las elecciones en su región o buscar el apoyo para los caudillos provinciales o nacionales. Pero esto no significa que los propietarios usaran siempre este poder; y mucho menos se puede creer que los propietarios como clase utilizaran esta facultad de una forma coordinada. La mayoría de los hacendados simplemente querían que se les dejara sin molestar. Generalmente no necesitaban los servicios del Estado; si necesitaban ayuda de las autoridades provinciales, quizá por una disputa sobre la tierra, normalmente la podían obtener por medio de su propia preeminencia local sin recurrir a la capital de la nación. En general, para la mayoría de los propietarios, la política nacional significaba simplemente problemas —requisas de ganado y préstamos forzosos en tiempos de guerra civil, y retórica, agitación e inseguridad en los otros momentos—. Incluso aquellos propietarios que se interesaban por la política nacional pensaban bastante poco en su curso. En la medida en que vivían en sus haciendas, estaban apartados de los centros donde acontecían los sucesos públicos y su relación con ellos necesariamente tenía que ser pasiva. La información sobre lo que ocurría en la capital era escasa y poco frecuente. En cualquier caso, para la instrucción y la dirección política, los propietarios tenían que depender normalmente de los periódicos y la correspondencia de los políticos profesionales que residían en la capital. En cambio, a los políticos de las ciudades les podía faltar la influencia de los propietarios locales y a menudo se encontraban en graves apuros económicos. Pero como vivían en el centro neurálgico del país y su modo de vida dependía en gran manera de la influencia que tenían en el gobierno, estaban bien colocados para —y tenían interés en— configurar el curso de la política nacional. Así pues, los miembros de la élite intelectual probablemente tenían, de varias maneras —como vendedores de influencias, como periodistas, como profesores de los hijos de la élite y como funcionarios del gobierno—, a pesar de su relativa pobreza, un poder a nivel estatal más efectivo que los propietarios.

Sin embargo, la validez de tal tipo de generalizaciones varía mucho, dependiendo del país. En Buenos Aires, que en estos años en cierta manera era a la vez una provincia y una nación, los grandes propietarios estaban lo suficientemente concentrados regionalmente para que su influencia pesara de forma decisiva, mientras que su agente, Rosas, expulsó efectivamente a la élite intelectual del escenario. En un sistema político mucho más fragmentado geográficamente, como era el caso de Nueva Granada, los propietarios estaban dispersos y la mayoría muy aislados. Por ello, la élite intelectual jugó un papel mucho más importante en la organización y movilización política a nivel nacional. En gran parte parece que esto también ocurrió así en México y Venezuela.

Si bien en muchos sitios las élites urbanas influyeron de forma dominante en la política nacional, cabe preguntarse cuánto poder les confirió ello en realidad. Los gobiernos nacionales eran débiles y su control sobre las provincias era, en el mejor de los casos, incompleto. Por ello las élites urbanas dirigían un aparato cuyas decisiones a menudo podían frustrarse a nivel provincial por los propietarios y comerciantes locales importantes. Y, desde luego, muchas cuestiones de importancia local fueron planteadas por las élites provinciales sin que el gobierno nacional interviniera de forma significativa. En este sentido se puede decir que el poder estaba ruralizado.

Muchos, si no la mayoría, de los conflictos políticos que hubo en Hispanoamérica en este periodo que siguió a la independencia se produjeron simplemente por decidir quién controlaría el Estado y sus recursos. Sin embargo, hubo algunas cuestiones importantes de política que tuvieron un carácter y un significado variantes según los países. Entre 1810 y 1845 la cuestión de si el Estado debía ser centralista o federalista dio lugar a violentos conflictos en México, Centroamérica y en la región del Río de la Plata. En Chile y en Nueva Granada sólo fue importante durante un tiempo —en Chile en la década de 1820 y en Nueva Granada entre 1838 y 1842—. Además, allí donde apareció, el dilema del centralismo o federalismo no siempre tuvo la misma naturaleza u origen. En el Río de la Plata la causa federalista en algunos lugares estaba relacionada con los intereses económicos de la región. Por otro lado, en México y en Chile, parece que aquéllos tuvieron, al menos en este periodo, menos importancia en la aparición y desarrollo del federalismo. En estos países más bien parece que el federalismo representaba tanto los deseos regionales de autonomía política como la convicción de que el sistema federal era el mejor medio de proteger las libertades individuales del poder del Estado. En Nueva Granada, a finales de los años treinta, el federalismo simplemente fue la bandera levantada en un momento oportuno por el partido excluido del poder para justificar sus intentos de recuperar el control del Estado por medio de las armas. En Perú y Bolivia, la cuestión principal acaso no fuera tanto la defensa de los intereses regionales como quién dominaría el Estado. En el Río de la Plata, mientras que el federalismo a veces pudo haber representado los intereses económicos de la región, el enfrentamiento entre federalistas y unitaristas también puede describirse como una serie de luchas locales para decidir qué caudillos (y fracciones de las oligarquías locales) controlarían cada provincia.

El conflicto federalismo-centralismo en muchos lugares tendió a quedar sumergido entre 1835 y 1845. Las fuerzas del centralismo habían triunfado definitivamente en Chile en 1831 y temporalmente en México (1836-1846) y en Nueva Granada (1841-1849). En el Río de la Plata, mientras que el federalismo se mantuvo formalmente hasta después de 1831, Juan Manuel Rosas se dedicó a centralizar el poder dentro de la estructura federalista. Así pues, el federalismo, ya sea debido a la represión o a cualquier otro medio, tendió a retroceder durante un tiempo.

Sin embargo, entre 1845 y 1870 se produjo una segunda ola federalista en México, Nueva Granada, Venezuela y, más débilmente, en Perú. Pero en estos años el federalismo suscitaba conflictos menos acalorados que la cuestión del status de la Iglesia. En Nueva Granada y en Venezuela en las décadas de 1850 y 1860 se estableció entre los partidos un consenso a favor del federalismo. En Nueva Granada, los liberales de los años cincuenta apoyaron el federalismo sin convicción, mientras que los conservadores, que anteriormente tendieron hacia el centralismo, abrazaron el federalismo por oportunismo. Al haber perdido el control del gobierno central, decidieron que el sistema federal les permitiría conservar mejor su dominio en las regiones donde las fuerzas conservadoras eran superiores. A diferencia de los fuertes sentimientos y profundos compromisos que suscitaban las cuestiones relacionadas con la Iglesia, el conflicto entre centralismo y federalismo tendió a ser más retórico y táctico.

Si bien en la cuestión de la forma política hubo algunas diferencias de un país a otro —tal como muestra la cuestión federalista—, en la conflictividad política la cuestión subyacente fue más o menos común a todos ellos. Esta cuestión era el deseo de algunos políticos —que en su mayor parte habían estudiado en la universidad— de modernizar Hispanoamérica. Sobre todo entre los políticos intelectuales había la creencia compartida de que las instituciones y los valores españoles eran responsables del atraso hispanoamericano; querían remodelar su sociedad al máximo, en la línea de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos.

Tal como se ha dicho antes, algunos aspectos del proceso de modernización tenían raíces en el programa de racionalización administrativa, económica, fiscal y educativa emprendida por los Borbones. Al iniciar este programa de racionalización, los Borbones pusieron la supremacía del poder secular por encima del eclesiástico y sobre todo intentaron reducir los privilegios jurídicos y las exenciones de impuestos del clero y poner los recursos económicos de la Iglesia al servicio del Estado. Los Borbones también pensaron sustraer la enseñanza universitaria de los planteamientos escolásticos y orientarla hacia la enseñanza de las ciencias naturales que se consideraban de utilidad práctica.

Además de las reformas que ya persiguieron los Borbones, los republicanos del siglo XIX también pretendieron objetivos que en la mayoría de los casos se desarrollaron poco bajo los Borbones, esto es: la implantación del individualismo liberal inglés y francés en las instituciones y en el comportamiento social, económico y político. La creación de una sociedad liberal individualista significaba, en términos políticos, establecer la igualdad jurídica y la supremacía del Estado secular. También implicaba garantizar la libertad de pensamiento. Todos estos objetivos —la supremacía del Estado, la igualdad ante la ley y la libertad de pensamiento— exigían liquidar las organizaciones corporativas que habían dominado la sociedad colonial, sobre todo la Iglesia y el ejército. Estos dos cuerpos obstruían la supremacía del Estado; sus privilegios impedían el ejercicio de la igualdad ante la ley, y el control que ejercían sobre sus miembros impedía la libertad de pensamiento. La creación de una sociedad liberal individualista significaba, en términos económicos, el establecimiento del mercado libre. Para que éste se constituyera era necesario que se abolieran los privilegios monopolizadores creados durante el periodo colonial, tanto si estaban en manos del gobierno como en manos privadas. Por la misma razón tenían que desaparecer las tierras de las comunidades indias para obligar a los indios a actuar como propietarios individuales bajo las leyes del libre mercado. Se decía que para que los recursos económicos de la nación fueran totalmente productivos había que liquidar la propiedad de manos muertas de la Iglesia y liberar la propiedad privada del peso de las cargas perpetuas a fin de que pudieran circular libremente en el mercado.

Muchos aspectos de este programa reformista contaban con el apoyo general de la élite intelectual, si bien había distintas opiniones sobre cómo se debían llevar a término. Con la excepción de la región del Río de la Plata y también, durante un tiempo, de la de Venezuela, se tendió al consenso en materia de política económica. Entre 1820 y 1845 la mayoría de los que más tarde fueron conocidos como conservadores y liberales profesaban los principios económicos liberales manchesterianos, pero todos ellos cambiaron de política cuando la situación lo exigió. En el periodo de finales de la década de 1820 y principios de la de 1830, cuando la invasión de productos ingleses había ocasionado un gran desequilibrio comercial, la escasez de medios y la consiguiente contracción económica, la protección de la manufactura local contó con defensores tanto entre los liberales (por ejemplo, el gobernador de Zacatecas Francisco García) como entre hombres que más tarde fueron calificados de conservadores (Lucas Alamán, en México, o Alejandro Osorio en Nueva Granada). Al mismo tiempo, algunos individuos de ambas líneas políticas continuaron defendiendo decididamente los principios librecambistas.

Esta tendencia a un consenso en materia económica entre los grupos políticos, tan evidente entre 1825 y 1845, se hizo aún más fuerte después de 1845, cuando la mayor parte de Hispanoamérica se incorporó más estrechamente al sistema comercial atlántico. En los años treinta habían habido motivos para estar en desacuerdo. Por un lado, el serio desequilibrio de la balanza comercial con Inglaterra y Francia dio pie al argumento de proteger la industria del país, mientras que, por otro, la hegemonía de la teoría económica liberal daba fuerza a la heroica —aunque acaso equivocada— adhesión (si es que no estaba mal orientada) a los principios del libre comercio. Sin embargo, después de 1845, la realidad y la teoría ya no estuvieron tan claramente enfrentadas y hubo tendencia a apoyarse mutuamente. La creciente demanda europea y norteamericana de materias primas hispanoamericanas permitió que la mayoría de estos países pudieran equilibrar su comercio con el exterior, por lo que parecía justificada la fe económica liberal en el libre comercio. Por consiguiente, de 1845 a 1870, en la mayoría de los países prácticamente hubo unanimidad al menos en los aspectos comerciales del liberalismo económico. (México, en donde los intereses industriales presionaron en favor del proteccionismo, fue al respecto un caso excepcional).

Venezuela fue un país donde durante un tiempo no hubo acuerdo sobre los principios económicos a seguir, lo cual produjo serios conflictos políticos. Los cafetaleros que para expandir la producción se habían endeudado en los años de precios altos (en los años treinta), se vieron incapaces de pagar cuando a finales de la década descendió la demanda. A lo largo de los años cuarenta, los cafetaleros hicieron campañas en contra de la legislación liberal de 1834 que había librado la tasa de intereses de las restricciones coloniales sobre la usura, y también en contra de las leyes posteriores que facilitaban la venta de las propiedades de los deudores. Los cafetaleros también se apartaron de los principios económicos liberales al pedir al gobierno que ayudara al sector agrícola destrozado. Esta reacción de los cafetaleros en contra de los efectos del liberalismo económico proporcionó gran parte de la fuerza para formar el Partido Liberal de Venezuela, que en casi todos los otros aspectos era convencionalmente liberal. La consecuencia previsible de ello fue que el grupo conservador presidido por los generales Páez y Soublette apoyó decididamente los principios del liberalismo económico para defender los intereses de los acreedores.

Al igual que ocurrió con la política económica, la política fiscal no fue por lo general una cuestión de partidos o grupos. Todos los partidos políticos coincidieron en condenar el sistema impositivo de los españoles por ser irracional y no liberal, y emprendieron su reforma durante el periodo optimista de los años veinte. Cuando los impuestos directos que se introdujeron en estos años y durante los primeros de 1830 toparon con la resistencia popular y no lograron obtener ingresos adecuados, casi todos los componentes de la élite política estuvieron de acuerdo en abandonarlos y volver a las rentas antiguas y acostumbradas. En una atmósfera de crisis fiscal, los partidos estuvieron de acuerdo en posponer la reforma para una ocasión más oportuna. En el período de optimismo que siguió a 1845, cuando se volvió a intentar la abolición de los impuestos tradicionales que entraban en contradicción con los principios económicos liberales, estas reformas no provocaron ningún conflicto mayor.

Si la élite política de los diferentes partidos generalmente estuvo de acuerdo sobre los principios económicos a seguir, lo mismo sucedió en lo referente a la política social concerniente a la esclavitud y a las comunidades indias. En la década de 1820, en la mayoría de los países, las élites, en un estallido de entusiasmo revolucionario, con más o menos unanimidad hicieron pasos en el campo legislativo para abolir eventualmente la esclavitud. Pero posteriormente, en los años treinta y cuarenta, todos los partidos prudentemente refrenaron las prisas para terminarla e incluso tomaron algunas decisiones para retardar su fin. Los gobiernos conservadores generalmente emprendieron acciones para mantener la esclavitud, mientras que, por otro lado, no existió una crítica seria de los liberales al respecto. Es más, Tomas Lander, el ideólogo liberal más importante de Venezuela de los años treinta y cuarenta, defendió la esclavitud.

A finales de los años cuarenta la actitud hacia la esclavitud cambió cuando algunos de los miembros de la generación más joven, que entonces entraba en la vida política, atacaron la institución movidos por sus ideales de igualdad social. Esta nueva generación política jugó un papel importante en la abolición de la esclavitud en Nueva Granada en 1850, en Ecuador en 1852, en Argentina en 1853 y en Venezuela y Perú en 1854. Sin embargo, en general todos los partidos reconocieron que había llegado el momento de la abolición. Cuando los liberales jóvenes plantearon decididamente la cuestión, los conservadores opusieron escasa resistencia a la abolición y algunos de ellos incluso la apoyaron.[19]

En las actitudes respecto a la propiedad comunal de las comunidades indígenas se puede observar una tendencia similar al consenso. Desde los años veinte hubo el acuerdo general de que las propiedades deberían repartirse entre los indios. Casi todos los miembros de la élite consideraban que la propiedad comunal estaba en contradicción con los principios económicos liberales, porque se suponía que la propiedad colectiva no podía activar los intereses individuales. También se creía que de esta manera los indios se integrarían más en la sociedad, en términos de igualdad —al menos teórica o formalmente—, algo que no podía hacerse si vivían apartados en comunidades gobernadas por principios distintos a los del resto de la sociedad. La élite reconocía implícitamente la improbabilidad de que tal incorporación se diera en términos de igualdad; durante los años veinte y treinta las leyes que regían el reparto de las tierras de los indios ponían trabas a la libertad de éstos a vender sus propiedades para así protegerlos de la explotación. Sin embargo, había la idea de que el objetivo de convertir a los indios en propietarios privados y de integrarlos en la sociedad dominante era buena. Al iniciarse este proceso de liquidación de la propiedad comunal pocas voces se manifestaron en contra. En Nueva Granada, sólo en la década de 1840, unos pocos miembros de la élite expresaron su inquietud sobre los posibles males que ello podía acarrear a los indios. Y sólo en los años sesenta un número más crecido, tanto de liberales como de conservadores, reconoció los nefastos resultados de esta reforma que privó a los indios de su tierra y los redujo a una miseria mayor.[20]

Así pues, varios aspectos de los proyectos de reedificar la sociedad y la economía hispanoamericanas bajo los principios liberales no provocaron conflictos entre la élite política. Estos intentos de reforma liberal dividieron a la élite básicamente cuando se refirieron al poder y los privilegios de la Iglesia. Y lo hicieron frecuentemente. Para los liberales doctrinarios la Iglesia constituía el principal obstáculo para la modernización económica, social y política. El control que ejercía sobre una parte importante de la propiedad agraria perjudicaba la situación económica del Estado, que necesitaba desesperadamente ingresos. Los censos sobre la propiedad, se decía, oprimían la agricultura y hacían más difícil la circulación de las propiedades en el mercado. Los privilegios jurídicos de la Iglesia tanto minaban la autoridad del Estado como se oponían al principio de la igualdad ante la ley. El status de que gozaba como grupo corporativo especial hacía que el clero se identificara más con la Iglesia que con la nación. La disciplina religiosa negaba al clero el derecho a pensar libremente, y éste a su vez, según los liberales, pretendía controlar la forma de pensar de la población al condenar libros que consideraba perjudiciales para la moral y la fe. El control que la Iglesia tenía sobre las instituciones religiosas también amenazaba la libertad de pensar e impedía la introducción de los nuevos conocimientos científicos. La oposición de la Iglesia a la tolerancia religiosa impedía la inmigración de los europeos no católicos, cuya habilidad y capital se necesitaban urgentemente para levantar una economía moderna.[21]

La Iglesia, para oponerse a los intentos liberales de debilitar su poder y limitar sus privilegios, contaba con varios aliados. El clero podía movilizar a las clases populares urbanas en contra de la tolerancia religiosa y de la inmigración extranjera. Si los liberales intentaron acabar con los privilegios jurídicos (los fueros) eclesiásticos, el clero a menudo pudo contar con el apoyo de los militares de carrera, cuyos propios privilegios generalmente se encontraban a su vez en peligro. Los intentos de apropiarse de los recursos económicos de la Iglesia irritaron a menudo a una parte de la clase alta que veía en estas medidas un asalto a la propiedad en general. Se ha dicho que, al menos en las primeras décadas del periodo republicano, los grandes propietarios tendían a apoyar a la Iglesia porque se encontraban atados a las instituciones eclesiásticas por deudas.[22] Fuera cierto o no, está bien claro que una gran parte de la clase alta defendió a la Iglesia en contra de los liberales básicamente porque vio en ella un instrumento indispensable de control social.

Sería engañoso dar la impresión de que la cuestión del status y el poder de la Iglesia se planteó a la vez en todas partes. En esto, al igual que en otros aspectos, cada país tuvo su propio ritmo. En los años veinte en Buenos Aires y en Montevideo en los treinta, los políticos liberales secularizadores pudieron reducir sustancialmente el poder y el privilegio de la Iglesia sin gran resistencia por parte del clero. En cambio, en México y en Guatemala, se creó un gran conflicto cuando los liberales emprendieron un ataque frontal a los intereses de la Iglesia en los años treinta; los reformadores liberales fueron derrotados y muchos de los cambios que perseguían quedaron pendientes durante décadas. En todos los otros países, el problema tuvo una dimensión menor. En Nueva Granada, la utilización de obras de Bentham y de Tracy como libros de texto motivó en las décadas de 1820 y 1830 fuertes denuncias del clero y de sus defensores políticos, pero hasta los años cincuenta no hubo un conflicto frontal con los poderes y el status de la Iglesia. En Perú y en Chile, donde los sectores liberales eran débiles, éstos evitaron aún más la confrontación con la Iglesia a principios de la era republicana, posponiendo el intento de limitar en serio los poderes y privilegios de ésta hasta los años cincuenta.

Entre 1830 y 1845 en algunas zonas de Hispanoamérica predominó una relativa estabilidad política, sobre todo en Chile, Venezuela y Buenos Aires y también, aunque en menor grado, en Nueva Granada y Ecuador, donde la autoridad nacional sólo fue puesta en cuestión violentamente en alguna ocasión. Sin embargo, después de 1845 el consenso de la élite empezó a fracturarse. En los años cuarenta apareció una nueva generación de políticos que se enfrentó a las personas y a la política de los que habían ocupado el poder desde finales de la década de 1820. La mayoría de los países hispanoamericanos habían sido gobernados por la misma generación que había logrado la independencia. En México, Perú, Venezuela y Nueva Granada, el poder presidencial parecía ser monopolio de los héroes militares de la independencia, con una élite civil, perteneciente a su misma generación, que colaboraba en la organización política y en la administración. Los hombres que habían nacido al empezar la independencia, sobre todo los civiles, se preguntaron cuándo llegaría su momento. Tulio Halperín Donghi ha sugerido que la penuria fiscal que sufrieron la mayoría de los gobiernos hispanoamericanos limitó su capacidad de incorporar a la generación más joven en los cargos públicos.[23] Fuera por la razón que fuese, el hecho es que en los años cuarenta la joven generación empezó, en muchos lugares de forma bastante consciente, a oponerse al sistema político existente que en algunos sitios —hay que decirlo— había perdido su voluntad o habilidad de dominar. En Venezuela en 1844, el general Carlos Soublette, que normalmente gobernó en nombre de la oligarquía venezolana, toleró la movilización de la oposición de los estudiantes (incluidos dos de sus hijos) y apenas buscó apoyo para defender el sistema existente. En México, la desastrosa derrota ante los Estados Unidos (1846-1848) minó la autoridad de los políticos en activo e insufló en la nueva generación la urgencia de tomar medidas radicales para crear un Estado fuerte y moderno. En Nueva Granada, en 1848-1849, el partido del gobierno se dividió, lo que abrió pasó al ascenso de la nueva generación. En Chile, el sistema portaleño también comenzó a mostrar signos de desgaste cuando individuos del equipo gubernamental empezaron a ponerse en contra del presidente Manuel Montt, lo que impulsó una serie de revueltas liberales en los años cincuenta.

Aunque la dinámica del periodo se puede entender como el resultado de la presión de una nueva generación dentro de la clase alta, el enfrentamiento también tuvo carácter de lucha de clases en varios lugares. Los historiadores del periodo mexicano llamado de la Reforma (1855-1876) consideran que muchos de los protagonistas liberales de aquella lucha fueron una «nueva» generación no sólo por su edad sino también por su origen social. La composición de la nueva generación de liberales que emergió en los años cuarenta se define como formada mayoritariamente por hombres ambiciosos de provincia que se pudieron promover socialmente gracias a la expansión de la educación secundaria a partir de los primeros años de la independencia.[24] Se puede hacer una generalización similar para el caso de Nueva Granada y, en menor grado, para el de Perú y Chile. Estos jóvenes de la clase alta provinciana tenían motivos para oponerse al monopolio del poder ejercido por los grupos existentes y para querer destruir lo que quedaba de las instituciones coloniales que tendían a bloquear la movilidad social.

Entre 1845 y 1860, junto a los jóvenes instruidos de las provincias, empezó también a figurar otro grupo social: el de los artesanos urbanos. En Nueva Granada y en menor medida en México, Perú y Chile, este grupo se alió temporalmente con los políticos jóvenes de la clase alta. Aunque durante un tiempo actuaron conjuntamente, parece que los dos grupos se movían por razones bastante distintas e incluso contradictorias entre sí. Uno de los factores que desde mediados de los años cuarenta dio fuerza a los jóvenes de la clase alta fue la expansión del comercio exterior hispanoamericano. La creciente demanda europea de productos y materias primas tropicales de Hispanoamérica creó un nuevo ambiente de optimismo entre la clase alta, impulsando una voluntad de regeneración política y de cambios institucionales. En cambio, para los artesanos significó la llegada masiva de productos de consumo que amenazó con hundirlos. Perjudicados por el aumento de las importaciones que se produjo entre 1845 y 1855, durante algún tiempo estuvieron paradójicamente aliados con los jóvenes políticos de la clase alta, la mayoría de los cuales creía fervientemente en el libre comercio y la expansión del comercio exterior.

La naciente generación política de la clase alta, que buscaba desarrollar su propia identidad política frente a la generación anterior, fue receptiva de las nuevas influencias europeas que tenían poco atractivo para los políticos maduros y establecidos. El impacto de estas nuevas influencias externas junto con las tensiones intergeneracionales ayudó a polarizar las ideas políticas en el periodo que transcurrió de mediados de la década de 1840 hasta 1870, es decir, hasta que la nueva generación se asentó firmemente en el poder.

Los sucesos políticos y las corrientes ideológicas de Europa que influyeron en la nueva generación fueron distintos según las características de la política local. En gran parte de Hispanoamérica, los poderes y los privilegios de la Iglesia continuaban siendo un problema central y sin resolver. Por ello, la agitación que se produjo en Francia a raíz de la cuestión religiosa en los años treinta y cuarenta repercutió en algunos de estos países a partir de 1845, sobre todo en México, Nueva Granada, Chile y Perú. Los ataques que Michelet y Quinet hicieron en los años cuarenta al papel de la Iglesia en la educación superior y su libro que atacaba a los jesuitas ejercieron un gran impacto sobre jóvenes demócratas como Francisco Bilbao (1823-1865) en Chile, y en Nueva Granada también sirvió para estimular la oposición a los jesuitas entre la generación más joven.

En Buenos Aires y Montevideo, en donde muchos de los poderes y privilegios de la Iglesia ya habían sido destruidos antes de 1835, las controversias político-religiosas de Europa tuvieron poca repercusión entre los jóvenes intelectuales. La Joven Italia de Mazzini, sin embargo, tuvo una gran influencia entre la juventud disidente del Río de la Plata; Esteban de Echeverría, uno de sus líderes intelectuales, proclamó la Joven Argentina. Echeverría y su grupo también se interesaron por el socialismo francés, sobre todo por el saint-simonismo. No ocurrió igual en otros países de Hispanoamérica, al menos hasta la revolución europea de 1848.

La efervescencia del tema Iglesia-Estado que existió entre 1845 y 1870 en algunas repúblicas hispanoamericanas y el nuevo y más ferviente interés con que los políticos se acercaron a él procedía en parte de la influencia de Lamennais. Su crítica a la Iglesia como organismo político enfocado en el dinero, el poder y las dignidades, así como su invocación al cristianismo primitivo, popular y extraeclesiástico, influyeron en muchos hombres de la nueva generación. Les dio argumentos con los que atacar a la Iglesia establecida como parte del viejo y opresivo orden, mientras que se adherían a una cristiandad más pura y democrática. Su insistencia en la separación entre religión y política, y después entre Iglesia y Estado, encontró eco en México, Nueva Granada y Chile. Su espíritu fuertemente democrático —con su apoyo a la ampliación del sufragio— también impulsó el entusiasmo democrático de la nueva generación, así como su llamada a la descentralización administrativa reforzó la corriente federalista en Hispanoamérica. La influencia de Lamennais, quizá más que ninguna otra, desmarca la generación de los años cuarenta de su predecesora, que prácticamente la ignoró. Sin duda, Lamennais, al igual que Mazzini, tuvo un atractivo especial para la generación más joven por simbolizar la rebelión contra la autoridad establecida.

La revolución europea de 1848 hizo que se llamara la atención y cristalizaran las ideas socialistas en Hispanoamérica. Poco después de que empezaran las revoluciones europeas, los jóvenes políticos aspirantes, influenciados por el ejemplo europeo, comenzaron a acercarse a las clases bajas urbanas —sobre todo a los artesanos, más bien que a los más pobres— para movilizarlas políticamente. En algunos lugares esta movilización ya había empezado antes de la revolución de 1848; quizás el caso más notable es el protagonizado por Antonio Leocadio Guzmán en Venezuela a mediados de los años cuarenta. También hubo algún precedente en Nueva Granada en los años treinta. Pero no puede dudarse de que las revoluciones de 1848 estimularon nuevos intentos de movilizar a la clase trabajadora de las ciudades. En Nueva Granada los ambiciosos estudiantes universitarios liberales y los profesionales jóvenes convirtieron una sociedad de artesanos —constituida en 1848 para pedir la reducción de los impuestos sobre los productos manufacturados— en un organismo político. Reconstituida como la Sociedad Democrática, la organización de los artesanos ayudó a los liberales a tomar el poder en 1849, tras lo que se establecieron delegaciones en todo el país para apoyar a la nueva administración. El gobierno liberal de Nueva Granada hizo un gesto hacia los planteamientos socialistas al decretar la creación de talleres-escuela para artesanos inspirados en los Talleres Nacionales Franceses, y los jóvenes liberales adoptaron la retórica del asociacionismo y el cristianismo democrático.

Sin embargo, en general, la nueva generación fue más individualista y liberal que socialista.[25] Su principal contribución a la sociedad de artesanos fue una serie de charlas, no bien recibidas, sobre las virtudes de la economía política liberal. La inherente incompatibilidad entre los jóvenes radicales de clase alta y los artesanos de Bogotá se hizo evidente cuando el nuevo gobierno liberal no estableció aranceles aduaneros que protegieran los productos artesanales. La revolución de militares y artesanos aliados que se produjo en 1854 derribó el gobierno liberal, forzando a los jóvenes radicales a aliarse con los conservadores a fin de aplastar el gobierno ya demasiado popular que se había establecido en nombre de los artesanos de Bogotá. Aunque muchos de los líderes de los artesanos fueron desterrados a la mortífera selva panameña, los artesanos continuaron siendo una fuerza política en las décadas siguientes.

En Perú, donde se constituyó la Sociedad del Progreso en 1849, y en Chile, donde en 1850 se formó la Sociedad de la Igualdad, los jóvenes políticos aspirantes hicieron esfuerzos similares para movilizar a los trabajadores urbanos. Al igual que en Nueva Granada, las sociedades igualitarias de Perú y Chile intentaron de manera paternalista ilustrar a las masas a fin de movilizarlas. En este proceso, en Chile se publicó el periódico El Amigo del Pueblo, en el que se dio a conocer por entregas Les Paroles d’un croyant de Lamennais. Tanto en Perú como en Chile, los jóvenes agitadores impulsaron levantamientos populares en los años cincuenta. Aunque muchos de ellos predicaban la identificación con las masas, los jóvenes miembros de la clase alta que crearon estas sociedades nunca pudieron pasar de una retórica importada a una comprensión efectiva de los intereses de la clase trabajadora. Mientras intentaban atraerse a los artesanos defendiendo el proyecto de organizar talleres según el modelo establecido en Francia en 1848, otros puntos de su programa reflejaban el interés de los jóvenes universitarios en constituir un ambiente político que favoreciera su propio ascenso. La Sociedad del Progreso en el Perú, por ejemplo, al igual que sus congéneres de Nueva Granada, insistía sobre todo en la necesidad de efectuar reformas políticas que permitieran la creación de un gobierno controlado por los civiles, reformas que incluían la reducción del ejército y el fortalecimiento de la guardia nacional que tenía base local. El grupo peruano también buscaba alentar la inmigración europea, un intento que no podía encantar a sus supuestos aliados de la clase obrera.

La revolución de 1848 fue bien recibida en Nueva Granada, Perú y Chile, donde la nueva generación tuvo que luchar contra grupos establecidos de las élites; así, la revolución democrática atrajo a los jóvenes como un medio de cambio político. En el Río de la Plata, sin embargo, la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, al igual que los regímenes de los caudillos menores que había en las provincias, había disfrutado de un amplio apoyo de las clases populares. Por lo tanto, en el Río de la Plata los políticos intelectuales más jóvenes tendieron a tener una visión más negativa de la revolución democrática. En los años cuarenta, en su exilio chileno, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, incluso antes de que estallaran las revoluciones europeas, manifestaron su creencia de que la soberanía popular en manos de la gente ignorante inevitablemente conducía a la dictadura. Mientras Francisco Bilbao y otros miembros de la joven generación de chilenos atacaron el gobierno de Portales por elitista, sus coetáneos argentinos residentes en Chile lo defendieron por ser un gobierno de una minoría ilustrada, lo cual era mucho mejor que la tiranía creada en Argentina por una mayoría bárbara. La revolución de 1848, con la consiguiente elección de Luis Napoleón, sirvió para que Sarmiento y Alberdi se reafirmaran en su desconfianza a la democracia, al menos en aquellos países donde había una gran mayoría de gente analfabeta. Así pues, si bien en algunos países de Hispanoamérica la nueva generación tendió hacia la retórica democrática (no necesariamente hacía la práctica democrática), incluso después de que hubieran ascendido al poder en el periodo de los años cincuenta a los setenta, por el contrario en Argentina, tras el derrocamiento de Rosas en 1852, la nueva élite intelectual dominante se inclinó hacia unas actitudes más conservadoras en cuanto a la democracia política.

La nueva generación de políticos liberales que emergió en los años cuarenta en muchos aspectos perseguía lo mismo que sus progenitores políticos, los reformadores liberales de los años veinte. Pero ellos lo hicieron con un nuevo espíritu e intensidad, creyendo que la primera generación de liberales había fracasado en su misión de liberalizar la sociedad hispanoamericana. Al igual que los liberales de los años veinte, los reformadores de 1845-1870 defendían sobre todo concepciones individualistas del Estado, la sociedad y la economía. Al igual que sus predecesores, fueron constitucionalistas libertarios, en teoría si no en la práctica. Pero tendieron a ser más absolutos en su individualismo y más fervientes en su retórica liberadora. No sólo reclamaron las libertades individuales sino también la libertad de conciencia, prensa, educación y comercio —en Nueva Granada hasta el punto de autorizar una libertad absoluta en la compra de armas—. No sólo pidieron el sistema judicial de tribunales y la abolición de la pena de muerte, sino también que la constitución reconociera el derecho a la insurrección. Para salvaguardar estas libertades individuales, los liberales de México, Nueva Granada y Venezuela se impusieron el ideal del federalismo tomando a los Estados Unidos como modelo, y restablecieron los planes de 1825-1835 para limitar el tamaño del ejército y para establecer cuerpos de guardias nacionales formados por civiles.

En la política económica y social, los reformistas de mediados de siglo también insistieron en el individualismo liberal y en el ideal de la igualdad ante la ley, objetivos que consideraron que sus predecesores habían dejado comprometidos. Buscaron racionalizar la economía de sus países de acuerdo a las concepciones liberales decimonónicas. Ello comportaba abolir los impuestos que constreñían las actividades y que pervivían desde el periodo colonial, tales como la alcabala, el diezmo y los monopolios gubernamentales. En los años cincuenta, al menos, se opusieron de forma bastante dogmática a la intervención del gobierno en la economía ya fuera mediante empresas públicas, otorgando privilegios monopolísticos a empresas privadas o bien decretando tarifas aduaneras proteccionistas. Su defensa de la igualdad ante la ley significó eliminar los privilegios jurídicos de la Iglesia y el ejército. También persiguieron completar la igualdad jurídica, así como las concepciones sociales individualistas, a través de la abolición de la esclavitud y de la incorporación de las comunidades indias en la sociedad dominante y capitalista. La nueva generación de reformistas reconoció que estos objetivos ya se los plantearon los liberales de los años veinte, pero creía que aquella generación sólo había dado los primeros pasos hacia la necesaria eliminación de las estructuras coloniales. Se concibieron a sí mismos llevando adelante una revolución política, económica y social que traería la culminación del movimiento que se había iniciado en 1810, pero que había sido traicionado en los años treinta.

Aunque los liberales de 1845-1870 se veían a sí mismos como continuadores de la obra de los reformadores de 1810-1825, el contenido y el espíritu de sus objetivos eran distintos en algunos aspectos. En primer lugar, el poder y los privilegios de la Iglesia se plantearon ahora como una cuestión mucho más crucial. El tema de las relaciones entre Iglesia y Estado se había ya planteado en el primer periodo pero, a excepción de México y Guatemala, no había dado mucho de qué hablar. Entre 1845 y 1870 la cuestión del poder y los privilegios de la Iglesia estalló en una guerra a gran escala, sobre todo en México, Nueva Granada y Ecuador, mientras que en Perú y Chile la Iglesia, por primera vez, se convirtió en un tema fundamental. En segundo lugar, en la generación de 1845-1870 el individualismo liberal en algunos lugares —como Nueva Granada y Chile— fue acompañado de la retórica del socialismo asociativo francés, aunque esta tendencia no sobrevivió a los años cincuenta. En tercer lugar, también debido a la influencia del socialismo francés y a la revolución de 1848 —excepto en Argentina—, se insistió mucho más sobre el ideal de la democracia social que en las generaciones anteriores. Además de la insistencia sobre la democracia social, hubo una especie de fervor revolucionario que no había caracterizado el primer periodo de la reforma. Se puede decir que lo que caracterizó a los reformadores de 1810-1825 fue su intención de racionalizar —con un fresco espíritu benthamista— el sistema que habían heredado. En cambio, la generación de 1845-1870 —al menos en Nueva Granada, Perú y Chile— se concibió a sí misma como realizadora de una revolución. O, tal como Echeverría prefería decir en Río de la Plata, de una «regeneración».

De la misma manera que el liberalismo desarrolló un mayor fervor a mediados de los años cuarenta, el conservadurismo también se desarrolló de forma más articulada en este periodo. En la década de 1830, las fuerzas políticas conservadoras de Hispanoamérica habían actuado sin una doctrina marcada. Tres de los más famosos constructores de un orden conservador de esta época —Rosas en Buenos Aires, Portales en Chile y el general José Antonio Páez en Venezuela— habían actuado sin una filosofía política formal. De alguna manera, al contar con el apoyo del orden social establecido y al no haber una oposición política importante, no necesitaron una doctrina. Para Portales, el arte de gobernar era esencialmente una cuestión práctica de contrarrestar, si no de reprimir, las fuerzas amenazantes sin que hubiera ninguna necesidad de apelar a teorías sociales o políticas más amplias.

En los años treinta el conservadurismo del mexicano Lucas Alamán residía esencialmente en la defensa de su clase: veía las luchas políticas de la década como una batalla entre «los hombres de propiedad y respetabilidad» —cuya situación social garantizaba un uso responsable del poder— y un grupo de ambiciosos hombres de clase baja que se querían beneficiar «a costa de la nación». En cambio, en los años cuarenta Alamán pasó a sustentar un conservadurismo más explícito parecido al de Edmund Burke, de quien había recibido influencia. Ahora Alamán criticaba explícitamente la tendencia liberal de basar el pensamiento y la acción política sobre principios abstractos, subrayando que las instituciones políticas debían ser el resultado de la larga experiencia histórica de un pueblo concreto. No se podía construir una política eficaz con sólo una concepción política y tampoco «procedía de teorías de legisladores especulativos, que pretenden sujetar al género humano a los principios imaginarios que quieren hacer pasar como oráculos de incontrastable verdad». Debía construirse sobre «el resultado del saber y de la experiencia» de siglos. La autoridad debía basarse en la tradición. Las teorías liberales, al destruir las bases tradicionales del respeto a la autoridad, no dejaron a las autoridades gubernamentales «otro medio que la fuerza para hacerse obedecer». Alamán, al igual que otros conservadores mexicanos, terminó por defender la implantación de una monarquía constitucional.[26]

Mientras que Alamán consideraba la tradición burkeana y a los hombres de propiedad como la base del orden político, el eclesiástico Bartolomé Herrera, líder teórico del conservadurismo peruano, se inspiró en el pensamiento tradicional español al intentar establecer —de forma mucho más sistemática— la teoría conservadora de la autoridad. Siguiendo las doctrinas escolásticas españolas de los siglos XVI y XVII, Herrera negó la teoría liberal de la soberanía popular basada en el contrato social, manteniendo que el origen de la soberanía se encontraba en la «razón divina», actuando a través de la ley natural. La soberanía tenía que emanar de los principios eternos y por lo tanto no se podía basar sobre la voluntad popular, que era variable y por ello a menudo errónea. Según Herrera, la gente no tenía ni «la capacidad ni el derecho de hacer las leyes». Los principios sobre los que se debía basar la ley sólo podían ser percibidos por «los entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental».[27]

Alamán y Herrera fueron ejemplos primerizos y extremos de conservadurismo. A finales de la década de 1840 se les sumaron hombres que antes se habían considerado ellos mismos liberales moderados, pero que luego empezaron a redefinirse como conservadores. La revolución europea de 1848 pesó mucho en este cambio. Primero fue recibida con entusiasmo, no sólo por los jóvenes sino también por los liberales moderados de la generación más vieja, que al principio la vieron como un triunfo del ideal republicano. Pero, a medida que en Francia empezó a desarrollarse la revolución socialista, los moderados hispanoamericanos hicieron marcha atrás, temiendo el impacto que la insurrección europea pudiera tener en trastornar los sectores más bajos de la sociedad en sus respectivos países. En México, donde la rebelión india ya no preocupaba, Luis Gonzaga Cuevas, un típico moderado que abrazó después un conservadurismo extremo, condenó la revolución europea como un ataque a la propiedad, que consideraba el verdadero fundamento de la sociedad. Si México seguía las «absurdas doctrinas» de 1848, Cuevas temía que la reducida clase ilustrada fuera incapaz de reprimir los desastres populares resultantes. En el contexto de este inminente levantamiento, Cuevas, Bernardo Couto y otros mexicanos moderados estaban particularmente preocupados por la intensificación del anticlericalismo en México, ya que la Iglesia más que nunca aparecía indispensable como baluarte frente al desorden social. Por lo tanto, después de 1848 muchos mexicanos moderados se adhirieron, con un reducido número de monárquicos militantes, a un conservadurismo militante y proclerical.[28]

En otros países hispanoamericanos, los componentes del conservadurismo no fueron los mismos. En Nueva Granada los conservadores no temían la revuelta de los campesinos sino la movilización de los artesanos de Bogotá y de los sectores populares de Cali. En Perú y Chile, la insurrección urbana también era una amenaza más real que la de los campesinos. Por otro lado, fuera de México, no hubo un movimiento monárquico que sirviera de espina dorsal del conservadurismo. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el conservadurismo de mediados de siglo de otros lugares de Hispanoamérica tenía muchas de las mismas características que el movimiento mexicano. En su mayor parte, los conservadores fueron hombres que anteriormente se habían autodefinido como moderados y que reaccionaron con horror no sólo ante los sucesos de París sino todavía más ante la vociferante retórica socialista de los jóvenes de sus respectivos países, y que se identificaron con la Iglesia por ser el más sólido fundamento para defender el orden social.

En general, los conservadores, teniendo a menudo al escritor clerical español Jaime Balmes como fuente de inspiración, concebían a la Iglesia como una institución central tanto para dar estabilidad a la sociedad como para conferir autoridad al Estado. Sin embargo, no todos los conservadores concebían sus relaciones políticas con la Iglesia de la misma manera. Según Herrera, la Iglesia era parte integral del Estado y de la sociedad. Otros líderes conservadores, en cambio, parece que tenían una idea más instrumental de la Iglesia: la veían como una institución que era útil como elemento cohesivo de la sociedad o como un medio de movilización política. Alamán, cuya religiosidad no se puede poner en duda, insinuó este tipo de concepto de utilidad social de la Iglesia en 1853, cuando escribió a Santa Anna que la religión católica, «aun cuando no la tuviéramos por divina, la consideramos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos cuando todos los demás han sido rotos».[29] Mariano Ospina Rodríguez, uno de los fundadores del partido conservador de Nueva Granada, es un exponente aún más claro de esta concepción instrumental de la Iglesia: veía la religión como una fuerza de movilización política. En 1852 al escribir a su camarada conservador José Eusebio Caro, Ospina repasó fríamente las opciones de los conservadores para escoger «banderas» bajo las que organizar la resistencia al gobierno liberal-radical. La libertad política, dijo, era una cuestión en la que los conservadores inteligentes creían, pero no servía para cohesionar porque las masas conservadoras no la entendían. La seguridad personal y de la propiedad también eran principios importantes para los conservadores pero, desafortunadamente, sólo movían a la gente a actuar prudentemente y no a luchar. «La única bandería conservadora que tiene vida y muestra resolución y vigor —concluía— es la que obra por sentimientos religiosos»[30].

Debido a esta tendencia de utilizar la religión como fuente de soporte político, si no de arma política, los conservadores pusieron a la Iglesia en el centro de la discusión política al mismo grado que los liberales, que querían reducir el poder y los privilegios eclesiásticos. Esto ocurrió relativamente pronto en México cuando el gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832), a fin de fortalecer la débil posición política de su régimen, adoptó una actitud evidentemente proeclesiástica. A consecuencia de ello, la cuestión del poder y los privilegios de la Iglesia, que hasta entonces había jugado un papel poco importante en la política mexicana, se introdujo en el campo de la lucha política. Casi inmediatamente después de la caída de Bustamante, los que se habían opuesto a él emprendieron un ataque frontal a los privilegios eclesiásticos. En Nueva Granada la cuestión religiosa también estuvo más o menos adormecida desde los años veinte hasta que en 1842-1844 los conservadores hicieron que los jesuitas se instalaran en el país para que educaran en la aceptación a la generación más joven y potencialmente rebelde. El evidente propósito político de esta decisión fue percibido por la generación de estudiantes de los años cuarenta, que una vez en el poder en 1849 rápidamente presionó para lograr la expulsión de los jesuitas en 1850, lo cual llevó a una confrontación con la jerarquía eclesiástica de Nueva Granada.

Esto no quiere decir que la utilización que hicieron los conservadores de la Iglesia como aliada política fuera el único motivo para atacar el poder eclesiástico. En México, sobre todo, la penuria fiscal de los gobiernos estatales en la década de 1820 y del gobierno nacional en las décadas siguientes indujo tanto a los civiles como a los militares a fijarse en la considerable riqueza de la Iglesia. La presión fiscal y la apropiación de bienes de la Iglesia, sobre todo en tiempos de conflictividad interna o de guerra con las potencias extranjeras, inflamaron en México la cuestión meramente política de los privilegios eclesiásticos. En Nueva Granada, la nacionalización de bienes de la Iglesia también tuvo lugar en tiempos de guerra civil, en 1861. En otros países la cuestión de la propiedad de la Iglesia nunca se convirtió en un problema tan importante.

Aunque los conservadores y la jerarquía eclesiástica, a medida que su posición política se debilitaba, tendieron de forma natural a acercarse mutuamente, los intereses de unos y otros no eran exactamente los mismos. De vez en cuando los líderes eclesiásticos intentaron inútilmente deshacerse de los conservadores debido a que esta vinculación política a veces infligía a la Iglesia ataques políticos que de otro modo hubiera podido evitar.

Mientras que la utilización que los conservadores hacían de la Iglesia como arma política era responsable en parte de los ataques que recibía la Iglesia a mediados de siglo, también las actitudes dentro de la misma Iglesia tuvieron un peso importante en los resultados. Bajo Pío IX la Iglesia católica romana, a partir de 1848, se volvió más y más terca en su oposición al liberalismo, y el papa estimuló —y a veces ordenó— una intransigencia similar a los prelados hispanoamericanos. En México, en el calor de la revuelta dirigida por el clero de Puebla en contra del gobierno (1855), el arzobispo de México reprendió a los rebeldes e intentó reconciliarlos con el gobierno; sin embargo, cuando el papa denunció la constitución liberal de 1857 el arzobispo adoptó, consecuentemente, una posición intransigente, expulsando de la Iglesia a todos los que habían aceptado la nueva constitución. Debido en parte a la intransigente posición adoptada por el papa y la curia, la confrontación —en los países en que la cuestión del status de la Iglesia había estallado entre 1845 y 1870, como México y Nueva Granada— fue muy dura y violenta. En cambio, allí donde, hasta después de 1870, el liberalismo fue demasiado débil para dar origen a esta cuestión —como en el caso de Bolivia— el proceso de liberalización, cuando finalmente se llevó a cabo, fue relativamente suave y pacífico.

Sin embargo, la intensidad del conflicto entre Iglesia y Estado también dependía de la personalidad de los líderes civiles y eclesiásticos. En México, la dura resistencia del obispo Munguía de Michoacán a la autoridad civil, en 1851, jugó un papel importante en el origen de la intensa lucha civil-eclesiástica de los años cincuenta. En Nueva Granada, el arzobispo Mosquera adoptó una actitud inquebrantable similar, espoleando así la polarización. En Perú, por otro lado, el arzobispo Goyeneche adoptó una posición conciliadora y pudo evitar conflictos importantes. Sin embargo, también se debe decir que el prelado peruano no tuvo que afrontar el mismo tipo de reto que las autoridades mexicanas y de Nueva Granada. En estos dos países un amplio movimiento político apoyó a la posición liberal: en Perú, las fuerzas liberales eran mucho más débiles y pudieron ser controladas por el general Ramón Castilla, un fuerte líder centromoderado.

En México y en Nueva Granada, las cuestiones que afectaban al status de la Iglesia fueron cruciales entre 1845 y 1870; en ambos países la abolición de los privilegios jurídicos de los religiosos, la nacionalización y venta de sus bienes, la prohibición de las órdenes religiosas y la secularización del registro de nacimientos, matrimonios y defunciones se convirtieron en el foco de la disputa política. Sin embargo, en los otros países, el conflicto fue menos importante, o bien se discutió y/o se planteó en otro momento. En Perú los privilegios eclesiásticos fueron abolidos en 1851, pero los liberales no fueron capaces de llevar a cabo un asalto total, como sucedió en cambio en México o en Nueva Granada. En Centroamérica el ataque empezó antes (1829-1838), y fue derrotado, al menos en Guatemala, donde los gobiernos conservadores proeclesiásticos dominaron hasta 1870. En Ecuador la Iglesia no se convirtió en fuente de conflictos importantes hasta finales de la década de 1860, cuando Gabriel García Moreno estableció un sistema tan extremadamente proclerical que finalmente provocó un contraataque liberal. En Bolivia, y también —con algunas excepciones— en Chile, las cuestiones eclesiásticas se mantuvieron más o menos en suspenso hasta después de 1870. Por otro lado, en Buenos Aires, Uruguay y Venezuela, la Iglesia era más débil y las influencias secularizadoras más fuertes, de manera que los privilegios eclesiásticos y las órdenes religiosas fueron abolidos o reducidos fácilmente y más pronto (antes de 1840).

Aparte de la cuestión eclesiástica —que fue una importante fuente de divisiones en México, Guatemala, Nueva Granada, Ecuador y, en menor grado, en Perú—, sobre otras materias había tanto consenso como conflicto entre los grupos contendientes. Sin embargo, las élites políticas se dividieron en facciones con una identidad más o menos clara. Antes de 1870, el grado en que los grupos se podían llamar partidos variaba de una región a otra. En los países en los que dominaban violentos caudillos políticos, como ocurría en las Provincias Unidas de Río de la Plata, Bolivia o Perú, no había lugar para que se desarrollaran los partidos cuya finalidad era ganar las elecciones. En los otros países es una cuestión de definición.

En ningún país de América Latina, antes de la década de 1850 —y raramente después—, hubo organizaciones políticas que movilizaran a las masas. Si la existencia de partidos requiere que haya una constancia política durante mucho tiempo, entonces sólo unos cuantos países tuvieron partidos con anterioridad a los años cuarenta. En Chile, a pesar de los compromisos cambiantes de individuos, a finales de la década de 1820 se pueden ver dos agrupaciones políticas generales (los conservadores —«pelucones», «estanqueros» y los O’Higginistas— frente a los liberales —«pipiolos», federalistas y populares—), si bien ninguna de ellas existía como grupo coherente, organizado y disciplinado. En Nueva Granada y Uruguay hacia finales de los años treinta se habían desarrollado más o menos consistentemente dos grupos, si bien carecían de definición ideológica.

En las repúblicas en que las elecciones jugaban un papel importante en la vida política, los partidos entendidos como grupos políticos organizados con el propósito de ganar las elecciones se desarrollaron bastante temprano. Dado que la mayoría de los cargos políticos eran ocupados mediante elecciones indirectas, era importante lograr el apoyo de ciertos electores previamente elegidos. Por ello, era corriente distribuir listas impresas de electores para movilizar a los votantes de cada partido. Ya ocurrió así en 1825 en Nueva Granada, en 1826 en México y en 1830 en Uruguay al tener lugar las primeras elecciones en el país. En Nueva Granada, en 1836-1838, los nombres en las listas fueron designados por juntas informales, pero conocidas públicamente, en ambos partidos.[31] Los periódicos eran otro importante medio de movilizar las fuerzas políticas, e hicieron posible un cierto grado de coherencia. Mediante los periódicos de las capitales, los líderes políticos pudieron dar a conocer su línea política a sus seguidores de provincias. En Venezuela, durante los años cuarenta, los periódicos, al igual que los agentes políticos enviados desde Caracas, jugaron un papel muy importante en lograr el apoyo de las provincias.[32] Durante toda la década de 1840, la dirección de los partidos fue informal, derivando a menudo de camarillas parlamentarias o de periodistas y otros individuos políticamente activos en la capital de la nación. Aunque los medios de organización eran informales, en todo caso hacían la función de unificar los partidos. Sin embargo, no fue sino hasta principios de la década de 1840 que en algunos países los candidatos para ocupar los cargos nacionales fueron elegidos por convenciones de los partidos con delegados que formalmente representaban a todas las provincias.

Si se define a los grupos políticos de la época o como partidos o como simple facciones, en todo caso cabe preguntarse sobre qué base se formaban, y de qué modo la gente se adhería a un grupo o a otro. Una respuesta cínica, pero no equivocada, a la primera pregunta sería que las facciones o partidos se formaban principalmente para lograr el control del gobierno y los cargos que ponía a su disposición. Si se aboga por este punto de vista, ello no quiere decir necesariamente que un individuo eligiera su partido de forma accidental. Los individuos se adherían a los líderes o grupos políticos que con más probabilidad les iban a recompensar. Esto implicaba vincularse a líderes o grupos con quienes compartían un origen regional u otro tipo de conexión personal. Hay cierta razón en contemplar la política hispanoamericana de este periodo de esta manera, porque hay muchos grupos políticos que parecen tener como eje de su existencia este tipo de vinculación personal, más que una consistencia ideológica. Se encuentra esto particularmente en los grupos formados en torno a los caudillos o de otros líderes políticos dominantes (por ejemplo, en México los jalapeños y los veracruzanos que apoyaban a Santa Anna, independientemente de su ideología, y en Nueva Granada los caucanos que se articularon en torno del general Mosquera, etc.). Estas redes regionales, o de otro tipo de asociación personal, también fueron importantes para cimentar grupos políticos conformados por convicciones ideológicas. Por ejemplo, en Nueva Granada los radicales de 1850-1880 no sólo compartieron las ideas liberales sino también una experiencia generacional (estudiaron juntos en la universidad en los años cuarenta) y un origen regional común (principalmente procedían de la parte oriental del país).

En el pasado, la mayor parte de los intentos de analizar sociológicamente las divisiones existentes entre las élites políticas han planteado la cuestión en términos de clase y de función económica. Parece que muchos han tomado a México como modelo a partir del cual se extrapola. La mayoría de las fuentes sobre la vida política mexicana, incluyendo las obras más o menos coetáneas de los sucesos (por ejemplo, la historia de Alamán), han descrito las luchas políticas de los años 1820-1850 como la oposición de los grandes terratenientes, la jerarquía eclesiástica y los militares de carrera de alto rango a los individuos de extracción menos respetable que estaban en ascenso socialmente. La descripción varía un poco según el analista y el momento político que se analiza. A veces se incluye en la alianza conservadora a los funcionarios del gobierno, los ricos comerciantes y los financieros. Diferentes autores colocan en las coaliciones liberales a los profesionales y a los intelectuales jóvenes, sobre todo de provincias, a los oficiales militares de bajo rango, a los pequeños comerciantes, a los artesanos y a la pequeña burguesía en general. Con algunas variaciones particulares en estas categorías, se ha aceptado de forma general la validez del análisis de clase de la política mexicana de este periodo, si bien las descripciones más sofisticadas también han introducido variables regionales.[33]

En general, los relatos de la vida política hispanoamericana en el siglo XIX a menudo no tienen en cuenta los inconvenientes que se derivan de estas afirmaciones sobre México. En la formulación más común se agrupa a propietarios, militares y clero en la coalición conservadora, mientras que se engloba a profesionales y comerciantes en el bloque liberal. Posiblemente se pone a los comerciantes y a los profesionales en el mismo saco frente a los propietarios y al clero debido a la tendencia de aplicar las categorías europeas de burguesía y aristocracia a Hispanoamérica. La contraposición entre la burguesía urbana y los propietarios rurales también ha sido exagerada por el hecho de que, en el Río de la Plata, la mayoría de los analistas —siguiendo el poderoso ejemplo de la dicotomía establecida por Domingo Faustino Sarmiento entre civilización y barbarie— han puesto de relieve la existencia del conflicto entre ciudad y campo.

Esta clase de afirmaciones se están ahora poniendo cada vez más en duda.[34] En primer lugar, son falsas en la medida que comportan que en cada uno de estos grupos sociales había unanimidad. Además, hay otro tipo de razones para no admitir prima facie este tipo de consideraciones generales. La utilización de categorías como propietario, comerciante o profesional para dividir los grupos de interés no es plausible debido a que los individuos de las clases altas en el siglo XIX (en términos sociológicos) carecían de la «especificidad de función» que está implícita en este tipo de caracterización. Un solo individuo podía ser a la vez un gran propietario, un comerciante y, posiblemente, también un abogado o un oficial militar. Y aunque una sola persona no ejerciese todas estas funciones, alguien de su familia generalmente reunía las características que aquél no tenía. Por lo tanto, a menudo es artificial diferenciar políticamente a la gente según su ocupación.

Además, incluso si se pudiera dividir netamente a los miembros de la clase alta en grupos según su función económica, resultaría aún imposible verlos separados en grupos de intereses económicos enfrentados. En economías que se basan en la exportación de materias primas agrícolas y en la importación de bienes de consumo para uso de los que producen las materias primas había una coincidencia natural de intereses entre el propietario-productor, el comerciante y el abogado que, ya fuera actuando de forma privada o desde un puesto público, servía los intereses tanto de los propietarios como de los comerciantes. En este sistema, había desde luego conflictos temporales entre individuos que eran propietarios y los comerciantes-prestamistas. Pero, a excepción de lo que ocurrió en Venezuela en los años cuarenta, estas disputas no adquirieron el carácter de conflicto sistemático como para llegar a ser cuestión política. En general, prevaleció la solidaridad entre una clase alta urbana-rural. Parece que ello fue así incluso en el Río de la Plata (haciendo por lo tanto insostenible allí la concepción del conflicto ciudad-campo), porque en Buenos Aires los intereses de los comerciantes y los productores de cueros y carne salada estaban estrechamente entretejidos y a menudo se trataba de los mismos individuos.

Estudios recientes sobre diferentes regiones de Hispanoamérica han llegado a la conclusión de que los propietarios, los comerciantes y los profesionales figuraban de forma prominente en la mayoría de los grupos políticos. ¿Qué se puede decir entonces sobre las características de la diferenciación social de los grupos políticos enfrentados? En primer lugar, no se puede esperar encontrar una sola explicación, o grupo de explicaciones, o de diferencias, común a todos los países de Hispanoamérica que tenían unas geografías, unas configuraciones étnicas, unas características económicas y unas tradiciones coloniales tan distintas. Sin embargo, se pueden establecer modelos aplicables al menos a algunos países.

Si dividir a los grupos según su función económica no se justifica, en cambio en varios países se pueden apreciar divisiones políticas en las que la distribución del poder y el status (por encima de las delimitaciones profesionales) juega un papel importante. En México, Nueva Granada y Perú la aplicación política de los miembros de la élite corresponde estrechamente a su ubicación social, esto es, a su relación con las estructuras del poder económico y político y de prestigio social. Esta relación estaba en parte determinada por el origen regional, así como también por las circunstancias de nacimiento y de conexiones sociales en las regiones concretas.

Un individuo se inclinaba a ser conservador si, en términos sociales, ocupaba una ubicación central. Esta posición podía deberse a factores de tipo institucional. A menudo los conservadores habían nacido y crecido en ciudades que habían sido importantes centros administrativos o bien ciudades universitarias durante el periodo colonial. Estas poblaciones se caracterizaban por tener un ethos más aristocrático, una jerarquía social más rígida que las ciudades provinciales de menor importancia. A menudo el ambiente conservador de estos centros administrativos coloniales se reforzó por el hecho de que en la primera mitad del siglo XIX se encontraban en un estado de estancamiento o decadencia económica. Sin embargo, los jóvenes que crecieron en ellos tenían ventajas para entrar en la élite política debido tanto a los lazos sociales que tenían con la jerarquía civil y eclesiástica como a la posibilidad de acceso a los centros de educación superior que eran canales que llevaban al poder. En cambio, la ubicación central podía ser por el poderío económico. Los conservadores también solían proceder de ciudades en las que el poder económico estaba concentrado. O bien pertenecían a familias de propietarios importantes o a otras que también eran económicamente poderosas, tales como las familias de comerciantes o empresarios.

Los liberales solían ocupar una ubicación social más periférica. A menudo procedían de ciudades provinciales que durante el periodo colonial habían tenido menor importancia económica, administrativa o cultural y en las que la estratificación social era menos pronunciada. Con frecuencia tenían menos posibilidades de acceder a la enseñanza superior, que constituía una vía para entrar a formar parte de la élite política, tanto a través del aprendizaje formal como a través de los contactos sociales que proporcionaba. Como jóvenes que se trasladaban de las provincias a los centros culturales, a menudo virtualmente sin dinero, se incorporaron parcial o difícilmente en la élite. Los individuos de esta clase que pasaron a formar parte de la élite política gracias a su talento, valor y suerte, más que a su nacimiento, es probable que se inclinaran por las ideas liberales de la igualdad ante la ley y la capacidad individual y que no tuvieran ningún interés en proteger las estructuras coloniales del poder, el privilegio y el prestigio.

En el bando liberal había también comerciantes y propietarios de posición social secundaria, aunque generalmente se les notaba menos que a los individuos de las profesiones liberales debido a que una identidad política muy acentuada podía poner en peligro a sus actividades económicas. Los típicos comerciantes de ubicación periférica podían ser detallistas de las provincias con poco capital que se enfrentaban a mercados reducidos y que para los suministros de mercancías y crédito dependían de los grandes comerciantes que vivían en los centros comerciales. Estos hombres se deberían ver a sí mismos luchando para acabar con la estructura comercial oligopolista (por el control que ejercían del comercio y el crédito). Sin embargo, su liberalismo podía ser motivado tanto por su perspectiva de oportunidad social como por su papel económico. A menudo estos comerciantes de provincia estaban en una situación peor que los provincianos que iban a los centros culturales a estudiar leyes; eran individuos a quienes la situación económica de sus familias no les permitía tal lujo; así pues, aclamaban el ideal de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, algunos de estos comerciantes marginales podían ser conservadores o bien hostiles a cualquier actividad política. Los propietarios con una posición secundaria poseían tierras relativamente marginales, debido tanto a sus dimensiones modestas como por estar distantes de los mercados urbanos y ello, por la misma razón, les confería menor distinción social que a los que poseían tierras localizadas en zonas más favorables. Podían estar vinculados a la agricultura de exportación, y por lo tanto estaban más expuestos a las fluctuaciones del mercado mundial. Estos individuos, al igual que los comerciantes de segundo rango, podían estar conectados, si bien no necesariamente, con las fuerzas políticas liberales.

Muchos hombres se comportaron de manera distinta a los modelos expuestos aquí. Sobre todo los profesionales que emergían socialmente, ya procedieran de la capital o de las provincias, a menudo eran captados por las filas conservadoras, donde servían como agentes políticos (periodistas, legisladores, etc.). También hay que decir que el liberalismo era más fuerte en aquellas provincias que, habiendo sido centros coloniales de poca categoría, habían llegado a ser más importantes en la política o la economía de la república. Se trataba de provincias que podían aspirar a luchar por el poder y la influencia política, y no de regiones insignificantes a nivel demográfico y económico. Así, en México el liberalismo fue una fuerza dominante en los estados como Zacatecas, Michoacán o Jalisco; era menos importante en la escasamente poblada región del lejano norte, que estaba más alejada de la política nacional y en donde unos cuantos grandes propietarios podían dominar la vida política. Igualmente en Nueva Granada, el liberalismo era fuerte en Socorro, que podía competir con Bogotá; las provincias como Pasto, el Chocó o Riochacha, que se encontraban fuera de la arena política nacional, eran gobernadas por unas pocas familias fuertemente atrincheradas que prefirieron a los conservadores más que a los liberales.

Es difícil identificar estrictamente el carácter social de las alineaciones políticas en el México de los años 1830 y 1840, debido a que había tantas corrientes políticas opuestas, que la gente cambiaba de facción y que las alianzas entre las facciones se modificaban. Sin embargo, es posible distinguir, para estos años, cuatro tendencias cuya fuerza creció y se debilitó repetidas veces. En un extremo del espectro político se encontraban los que en los años treinta adoptaron una posición centralista y proeclesiástica y a finales de los años cuarenta se identificaron abiertamente como conservadores. Una gran parte de los individuos que se identificaban abiertamente como conservadores procedían del centro del país: de la clase alta de la Ciudad de México, el centro de todo acontecimiento; de Puebla, una ciudad importante tanto por ser un centro industrial como por ser un centro administrativo y docente eclesiástico; de Orizaba, que estaba muy vinculada a Puebla. Campeche, en el Yucatán —que no ocupaba geográficamente una posición central en el siglo XIX y que durante el periodo colonial sólo fue una población de importancia local que además a principios de siglo se había estancado—, fue otra ciudad de la que salieron importantes miembros de la élite conservadora. Lucas Alamán, a quien se reconoce como la figura central del conservadurismo mexicano, era el hijo de un rico minero de Guanajuato cuya familia a la vez estaba estrechamente vinculada con la administración española. Otros conservadores prominentes como Antonio de Haro y Tamariz y Esteban de Antuñano tenían relación con el desarrollo industrial de Puebla. Había algunos militares de alto rango, que sobre todo habían iniciado su carrera militar en el ejército español, que a menudo se aliaron con los civiles conservadores. Mientras que éstos apoyaban el sistema centralista porque pensaban que aseguraba mejor el orden, para los militares defender el centralismo era un simple requisito para obtener apoyo presupuestario para mantener un gran ejército nacional y para lograr el predominio de este ejército.

En el otro extremo político se encontraban los federalistas de los años veinte y treinta, o los puros de los años cuarenta, que perseguían un programa de igualdad ante la ley y la destrucción de los privilegios eclesiásticos y militares. Los líderes del grupo solían ser individuos que habían estudiado derecho o medicina, si bien debido a las exigencias de la guerra civil algunos se encontraron, de modo accidental, con carreras militares. Los liberales puros procedían sobre todo de las provincias que rodeaban el área conservadora y centralista en un arco que iba de San Luis Potosí en el norte, y a través de Guanajuato y Zacatecas en el noroeste y Jalisco y Michoacán en el oeste, hasta Guerrero y Oaxaca en el sur. La posición de las provincias fuera de las estructuras centrales de poder y privilegios heredados del periodo colonial generalmente las predisponía a destruir o debilitar estas estructuras. Sobre todo en las provincias al norte y al oeste de la Ciudad de México, los pequeños propietarios creaban un ambiente de cierto igualitarismo social, que contrastaba con el estilo señorial de la aristocracia del centro, y apoyaban los ataques que las élites provinciales liberales hacían al control centralista y a los privilegios eclesiásticos.[35]

Entre los dos polos del conservadurismo y del liberalismo del panorama político mexicano, había dos grupos que a menudo accedían al poder aliándose con uno de los extremos. Los liberales moderados se reunían en torno a Manuel Gómez Pedraza formando uno de estos partidos intermedios u oscilantes. Aunque liberales por sus principios, los moderados compartían con los conservadores su aversión por todo lo que oliera demasiado a clase baja. Se aliaron, alternativamente, con los conservadores —cuyo centralismo autoritario detestaban— y con los liberales radicales —cuyas tendencias populistas no compartían—. En los años cuarenta, algunos de estos liberales se pasaron a las filas conservadoras, amparándose y uniéndose detrás de la Iglesia en oposición al anticlericalismo de los «puros». Los orígenes sociales de los moderados suelen ser más heterogéneos que los de los miembros pertenecientes a los partidos extremos; procedían tanto de los mismos elementos provinciales que formaban la espina dorsal del liberalismo de los puros como de la aristocracia que caracterizaba el conservadurismo centralista y proclerical. La otra facción intermediaria estaba encabezada por el general Antonio López de Santa Anna, que contaba con el apoyo de tres sectores: sus seguidores locales de Jalapa y Veracruz, los «agiotistas» (especuladores con bonos del Estado) y ciertos militares cuyos intereses a menudo representaba.

En Nueva Granada, el modelo de división política era sociológicamente similar al mexicano, si bien algo más simple. Hacia finales de la década de 1830 había dos partidos, opuestos más por el interés de controlar el gobierno que por motivos ideológicos. El partido que acabó por llamarse conservador a finales de los años cuarenta era fuerte sobre todo en Bogotá, Popayán, Cartagena y Tunja. Todos habían sido centros administrativos civiles y eclesiásticos durante el periodo colonial. En estas ciudades también vivían criollos enriquecidos con las minas de oro o el comercio, o que poseían grandes propiedades cultivadas por indios o esclavos negros. Por lo tanto, todas ellas estaban dominadas por una jerarquía social encabezada por administradores civiles o eclesiásticos a la que apoyaban los propietarios. Como centros en los que se concentraba la riqueza y el prestigio, contaban con muchos conventos y fundaciones piadosas. Esto significaba que poseían las escuelas secundarias más importantes, porque en 1821 las propiedades de los conventos con pocos religiosos se utilizaron para financiar los colegios y las universidades. Hasta mediados de siglo Bogotá, Cartagena y Popayán albergaron las tres únicas universidades del país y Tunja tenía la escuela secundaria mejor dotada. Los gobiernos que estuvieron en el poder de 1837 hasta fines de los años cuarenta (finalmente conocidos como conservadores) reforzaron las instituciones educacionales de estas ciudades al establecer normas que impedían que otras ciudades pudieran dar el título en medicina o en leyes. Por lo tanto, los jóvenes que crecían en estas favorecidas ciudades podían obtener sus diplomas universitarios para la vida política de forma mucho más fácil que los que vivían en ciudades más pequeñas y con menos centros educativos. El gobierno justificaba esta restricción alegando que un exceso de abogados jóvenes sin empleo haría aumentar la demanda de cargos públicos, lo cual provocaría una situación inestable.[36]

La fuerza del liberalismo era más evidente en la región de Socorro, en el puerto caribeño de Santa Marta y en el valle del Magdalena. La región de Socorro a finales del periodo colonial tenía cierta importancia económica como proveedora de tejidos de algodón —manufacturados a domicilio— para otras partes del virreinato. Pero Socorro no era un centro administrativo —ni civil ni eclesiástico— importante, y por lo tanto no tenía una jerarquía social compleja o grandes instituciones tradicionales. Era una sociedad de propietarios pequeños e independientes con una estructura mucho menos aristocrática que los centros administrativos. El puerto de Santa Marta en el periodo colonial tuvo relativamente poca importancia porque el comercio exterior se concentraba monopolísticamente en Cartagena, el núcleo administrativo, militar y eclesiástico de la costa caribeña. Sin embargo, a partir de 1820, bajo un sistema de libre comercio, Santa Marta se convirtió en la principal entrada de las importaciones de Nueva Granada, desplazando a la declinante Cartagena. Santa Marta fue la sede de un grupo de nuevos y enérgicos comerciantes totalmente vinculados a los beneficios del libre comercio. En el valle del Magdalena, al igual que en Socorro, los comerciantes y agricultores pidieron al gobierno la abolición del monopolio del tabaco, que restringía las oportunidades de ganancia individual y limitaba la producción de un producto de exportación potencialmente importante, mientras los que ocupaban el poder defendían su existencia alegando necesidades fiscales. En estas provincias, o no existían centros educativos o no reunían las condiciones exigidas por el gobierno; los jóvenes que querían obtener el título de abogado, si sus padres podían pagarlo, debían ir a estudiar a las poblaciones que los tenían, normalmente a la capital. Uno de los primeros objetivos de la élite liberal emergente una vez logró el poder en 1849 fue abolir las limitaciones que había sobre la educación secundaria.

Sin embargo, Nueva Granada, la provincia minera de Antioquia —que producía oro—, no cuadra bien en esta dicotomía que contrapone los centros administrativos conservadores y las provincias liberales. Antioquia, al igual que Socorro y otras provincias liberales, carecía de un establecimiento eclesiástico extenso y, por lo tanto, de los bienes conventuales que se podrían dedicar a la enseñanza secundaria. Como Socorro, se caracterizaba por tener una sociedad relativamente igualitaria comparada con Bogotá o Popayán. Pero, aun así, durante los años cuarenta Antioquia fue un bastión conservador. Aparentemente, a pesar de no haber tenido y conservado una institución colonial, se identificó con el conservadurismo debido al importante poder económico que detentaba. Desde finales del periodo colonial hasta la primera mitad del siglo XIX, sus minas de oro producían la mayor parte de las exportaciones de Nueva Granada. Por lo tanto, los comerciantes antioqueños, más que las élites de otras provincias, poseían una economía próspera que querían proteger. Por ello, se alistaron en la defensa del orden. Al igual que todos los conservadores, apoyaban a la Iglesia católica romana tanto por motivos piadosos como porque ayudaba a apuntalar el orden social.

Este mismo modelo analítico de ubicación social se puede aplicar al Perú, donde puede observarse la división entre los conservadores Pandos, Pardos y Herreras de Lima y los liberales que surgían en las provincias como Luna Pizarro en Arequipa, Benito Laso en Puno y los hermanos Gálvez de Cajamarca. Sin embargo, el modelo no funciona tan bien en otros casos. En Buenos Aires, en las décadas de 1820 y 1830, se puede identificar el poder económico —los ganaderos y propietarios de saladeros— con los conservadores. Pero los conservadores que se agruparon en torno a Juan Manuel de Rosas no estaban más ligados a las instituciones coloniales que sus adversarios. En Buenos Aires, parece que el conflicto se trató esencialmente de una lucha entre los intereses económicos dominantes que preferían actuar prescindiendo de la política (que se pusieron al lado de Rosas como agente del orden) y un grupo de gente instruida que deseaba implantar el sistema liberal según el modelo de los países occidentales. En este sentido fue un enfrentamiento entre la «barbarie» y la «civilización». Algo parecido sucedió en Uruguay durante los mismos años entre una élite intelectual urbana que quería introducir algo parecido al sistema político europeo y los caudillos que tenían lazos rurales y no entendían el constitucionalismo.

Tuvieran las preferencias políticas que tuvieran los miembros de la élite hispanoamericana, sorprende ver la poca confianza que tenían en sus propios países. Las élites, en gran parte descendientes de españoles, de ninguna manera se identificaban con los indios, los negros y mulatos de la clase baja y en cambio se asociaban más a la burguesía europea. Pensando que la mayoría de su población era atrasada e ignorante, la élite creía que sería difícil formar una nación con tal tipo de gente. Debido en parte a este motivo, en casi todos los lugares de Hispanoamérica se impulsó entusiásticamente la inmigración europea; se consideraba que los inmigrantes no sólo contribuirían con sus conocimientos y capitales sino que también europeizarían la sociedad. Además de desconfiar de gran parte de la población, la confianza en sí mismos se vio minada por la crónica inestabilidad política que hubo en todo este periodo con la correspondiente inseguridad de la propiedad durante los años de guerra civil. Esta pérdida de confianza se reflejaba de diversas maneras. Algunos miembros de la élite emigraron a Europa y otros intentaron emigrar sin abandonar el país, buscando la manera de proteger sus propiedades obteniendo la ciudadanía de los Estados Unidos o de algún país extranjero.

Por otro lado, las nuevas naciones perdían confianza en sí mismas al tener que soportar la presión de las potencias extranjeras. En la década de 1830, México, la región del Río de la Plata, Nueva Granada y otras áreas sufrieron el bloqueo inglés y francés. México y Centroamérica tuvieron que padecer el problema adicional de la agresión estadounidense. Estas potencias extranjeras a la vez intimidaban y seducían a las élites. Las facciones de la élite a menudo se sentían tentadas a comprometer la independencia nacional a cambio de obtener la ayuda de una potencia extranjera. Este fue el caso de las élites uruguayas, que buscaron la ayuda del Brasil portugués entre 1817 y 1825 y la de los unitarios argentinos exiliados en Montevideo que a finales de los años treinta no pudieron resistirse a aliarse con los franceses en contra de su enemigo Rosas de Buenos Aires. (Desde luego, los grupos políticos en casi todas partes también recurrían a la ayuda de sus vecinos hispanoamericanos).

A veces, la falta de confianza era tal que las élites querían, de una manera u otra, dejar de ser países independientes. El mexicano Lorenzo Zavala estaba tan impresionado por la fuerza económica y el dinamismo de los Estados Unidos que en 1831 aplaudió la penetración norteamericana en Texas, considerándolo como un preludio de un triunfo general de la libertad en México a través de la colonización yanqui. Poco después, Zavala se trasladó al estado de Texas al confirmarse su independencia de México. En las décadas siguientes las élites de Yucatán, incapaces de obtener una ayuda efectiva del colapsado gobierno mexicano para dominar una sublevación india, intentaron anexionar su provincia a los Estados Unidos. En 1857, cuando los Estados Unidos estaban presionando a Nueva Granada para que se indemnizara la muerte de ciudadanos norteamericanos durante un tumulto, el presidente Mariano Ospina Rodríguez propuso a Washington que los Estados Unidos se anexionaran toda la república de Nueva Granada. Ospina lo justificaba ante la perspectiva de que la inexorable expansión de los Estados Unidos —tal como lo demostraban la guerra con México en 1846-1848 y las intervenciones filibusteras en Nicaragua en la década de 1850— inevitablemente engulliría a Nueva Granada antes o después. Era mejor serlo pronto, sin derramamientos innecesarios de sangre y dinero, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente el dominio estadounidense traería estabilidad y seguridad a la propiedad privada. Una manera distinta de dejar de ser independientes, pero con la misma finalidad, fue la que en estos mismos años persiguieron los conservadores mexicanos al querer entronizar un monarca europeo en su país.

Este frágil sentido de nacionalidad se encontraba mucho en México, por ser el país más amenazado por los Estados Unidos, y en el Río de la Plata, donde las llamadas Provincias Unidas apenas se puede decir que constituyeran una nación antes de 1861. Por otro lado, seguramente era en Chile donde existía el sentimiento más fuerte de nacionalidad; en este país el orgullo nacional se incrementó al haber salido vencedor, en 1839, de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana y se sumó a la notable prosperidad económica y al orden político que reinó entre 1830 y 1850.

La inestabilidad política de Hispanoamérica entre 1810 y 1870 se ha explicado de diferentes maneras. Las interpretaciones se pueden agrupar en dos grandes categorías, si bien dentro de cada una se pueden hacer varias subdivisiones. Una línea interpretativa, que hace unos planteamientos de muy largo alcance, tiende a enfatizar el papel de los modelos culturales e institucionales fuertemente enraizados. La otra, que tiende a observar de forma más detenida los sucesos en el transcurso del tiempo, subraya las consecuencias de las variables sociales y económicas.

La explicación cultural de la inestabilidad hispanoamericana tiene en cuenta varias variables. En los primeros años del siglo XX las interpretaciones tendían a subrayar los elementos psicoculturales más que las instituciones. El peruano Francisco García Calderón, bajo la influencia de Miguel de Unamuno y de otros escritores españoles de principios de siglo, atribuyó la inestabilidad hispanoamericana al individualismo anárquico, intolerante y exclusivista que invadía a la cultura española. Ala vez, García Calderón señalaba el peso de la tradición monárquica que en la era republicana conducía a la dictadura presidencial o que a su vez provocaba la rebelión.[37]

El escritor inglés Cecil Jane, en otro trabajo sobre la inestabilidad política a partir de planteamientos psicoculturales, se remontó también al origen español señalado por García Calderón, si bien subrayó más las contradicciones existentes en la cultura española. Jane vio a los españoles y a los hispanoamericanos como idealistas extremos que buscaban combinar el orden y la libertad individual de formas tan perfectas que la política hispanoamericana se hundió primero en un extremo (el despotismo) y después en el otro (la anarquía), en vez de buscar la estabilidad en el compromiso constitucional de los dos principios confrontados. En los siglos XVI y XVII, según Jane, los Austrias lograron aunar estas dos tendencias opuestas, manteniéndolas en una contradictoria, si bien efectiva, coexistencia. (Los Austrias proclamaron el absolutismo, pero de hecho, gracias a su ineficacia, permitieron mucha libertad). Una vez que ya no hubo más rey, los extremos no encontraron una solución. En el siglo XIX, cuando los conservadores, que personificaban el principio del orden, estaban en el poder se dedicaban a implantar el orden hasta tal punto que inevitablemente provocaban una reacción violenta en defensa de la libertad. De igual manera, cuando los liberales protegían la libertad de los individuos según el modelo liberal occidental, los hispanoamericanos no utilizaban estas libertades con responsabilidad, sino que más bien las llevaban al extremo de la anarquía. La falta de barreras dictatoriales traía el caos individual, que a su vez provocaba el retorno de la dictadura.[38]

Más recientemente, Richard Morse ha vuelto a explicar, si bien de otra manera, la inestabilidad política de Hispanoamérica por medio de elementos culturales. Éste, al igual que García Calderón, explica esta tendencia en el siglo XIX a partir del autoritarismo y el anarquismo. Morse considera que estas dos características eran inherentes al legado español. Pero también cree que el conflicto entre las tradiciones españolas y las ideas liberal-constitucionales importadas a Hispanoamérica del extranjero al producirse la independencia las reforzaba.

Para comprender la vida política hispanoamericana, Morse sitúa la clave explicativa en el Estado patrimonial que existía en España. Señala que en España, a diferencia de otros países europeos, las instituciones feudales fueron débiles; los diferentes grupos de intereses (nobleza, Iglesia, comerciantes, etc.), más que formar núcleos de poder relativamente autónomos, dependieron fuertemente del Estado. Éste estaba corporizado en el poder patrimonial del rey, que no sólo era la fuente de todo patronazgo, sino también el arbitro definitivo de todas las disputas. El gobernante patrimonial, según la tipología weberiana,

es reacio a atarse a la «ley», su dominio toma la forma de una serie de directivas, cada una sustituible… Las decisiones jurídicas a menudo no son consideradas como la aplicación de la «ley», sino como la otorgación de una gracia o privilegio en recompensa de los méritos y no como un precedente vinculante.[39]

Así pues, gobierna de una manera personalista potencialmente arbitraria más que conforme a la ley.

Por ello, la organización del poder dentro del sistema dependía en definitiva del rey. Sin la presencia del rey, el sistema se deshizo. Debido a la falta de una tradición feudal, Hispanoamérica no poseía «una base de relaciones vasalláticas contractuales que capacite a los componentes de un régimen feudal para la vida autónoma». Quizá sea aún más importante el hecho de que la debilidad del feudalismo español contribuyó a la debilidad de las tradiciones parlamentarias. Así pues, con la desaparición del rey,

el colapso de la autoridad superior desató las fuerzas latentes de las oligarquías, de las municipalidades y de las familias extensas en una lucha por el poder y el prestigio en las nuevas y arbitrariamente definidas repúblicas… Al no existir grupos de intereses económicos desarrollados e interactuantes que participaran en el proceso constitucional, los nuevos países quedaron sumergidos alternativamente en regímenes de anarquía y de tiranías personalistas. La contienda para hacerse con el aparato del Estado patrimonial —el imperio original fragmentado— se convirtió en la fuerza motriz de la vida pública en cada uno de los nuevos países.[40]

Según Morse, los líderes políticos hispanoamericanos del siglo XIX trataron constantemente de reconstruir la autoridad patrimonial de la corona española. Pero los caudillos —los jefes políticos personalistas—, si bien en muchos casos pudieron ejercer temporalmente su autoridad carismática, en cambio fueron incapaces de institucionalizar su poder en una «legitimidad suprapersonal» que fuera aceptada por la mayoría. La gran excepción que prueba la regla establecida por Morse es el Chile del siglo XIX; allí, una unida élite de propietarios y comerciantes fue capaz de legitimar un sistema bajo el carismático liderazgo de Diego Portales, en el que un fuerte ejecutivo pudo ejercer con éxito un poder patrimonial parecido al que ejercía la corona española.

Según Morse, la intromisión de las ideas constitucionales occidentales durante el periodo de la independencia fue un factor importante que estorbó la reconstrucción de la autoridad patrimonial sobre las líneas españolas tradicionales. El constitucionalismo liberal anglo-francés —con su énfasis sobre el poder de la ley, la división y separación de poderes, los controles constitucionales sobre la autoridad y la eficacia de las elecciones— se levantó como una contradicción a los valores y formas de vida tradicionales que se encontraban en la esencia de los hispanoamericanos. Debido a que el constitucionalismo liberal estaba mal adaptado a la tradicional cultura política española, los intentos que se hicieron para levantar y mantener regímenes políticos según los principios liberales invariablemente fracasaron. Por otro lado, la autoridad de las ideas constitucionales importadas, si bien era insuficiente para constituir una alternativa viable al modelo político tradicional, a menudo era suficiente para minar la legitimidad de los gobiernos que seguían el modelo tradicional. Así, la inestabilidad política hispanoamericana que existió de 1810 a 1870, según Morse, se veía agravada por la tensión entre los modelos políticos tradicionales —hacia los que los líderes hispanoamericanos tendían instintivamente— y los principios constitucionales que servían para hacer una crítica constante a los que ejercían el poder de la manera tradicional. Según la interpretación de Morse, la estabilidad sólo se podría conseguir cuando se lograra la síntesis entre los dos, de manera que el modelo tradicional dominara y los principios constitucionales quedaran como una fachada. Esto, sostenía, fue lo que ocurrió excepcionalmente en el caso de Chile, donde «se recreó la estructura del Estado patrimonial español haciendo sólo las concesiones mínimas al constitucionalismo anglo-francés según necesitaba la república decimonónica que no había aceptado el sistema monárquico»[41].

El análisis de carácter cultural efectuado por Morse merece atención por diferentes razones. Repasando la historia política de Hispanoamérica de los cincuenta años que siguieron a la independencia, uno encuentra que en muchos casos lo que ocurrió se adapta bien a sus apreciaciones. Pero, por otro lado, su interpretación contiene evidentes puntos flojos. En primer lugar, al igual que otros muchos análisis que consideran los elementos culturales como una variable determinante, las interpretaciones de Morse y de sus seguidores tratan estos elementos de una forma excesivamente estática —como si la cultura española, una vez que se cristalizó en algún momento del distante pasado, nunca hubiera sufrido después ningún cambio importante—. En particular, hay la tendencia a infravalorar el grado en que las ideas liberales importadas llegaron a ser profesadas sinceramente por los que estudiaron en la universidad, e incluso a adquirir una legitimidad sustancial. Los ideales liberal-constitucionalistas no lograron alcanzar la hegemonía que disfrutaban en la cultura británica, pero influyeron de manera importante en el pensamiento político y al menos parcialmente se incorporaron en las reglas políticas. La idea constitucionalista de la «no reelección», por ejemplo, fue violada frecuentemente, pero tuvo suficiente fuerza como para desacreditar a los que intentaban seguir en el poder. Por otro lado, a finales del periodo en algunos países este principio era ya un punto real de la constitución.

En segundo lugar, la interpretación cultural de Morse y otros al centrarse en los conceptos de legitimidad y de los valores políticos y sociales tendió a no tener en cuenta el papel de los factores estructurales geográficos, económicos y sociales que desestabilizaban los sistemas políticos o bien permitían su estabilidad. Por ejemplo, en el logro de la estabilidad excepcional chilena entre 1830 y 1850 pesó mucho la singular concentración geográfica de su élite latifundista y mercantil. En estos años, Chile estaba también disfrutando de una prosperidad que era excepcional al observar lo que ocurría en otros países hispanoamericanos. La prosperidad generó unos ingresos que permitieron al gobierno chileno sostenerse frente a diversos intentos de rebelión. Al conocer estas circunstancias, el éxito del sistema portelano de autoritarismo presidencial que se institucionalizó después de la muerte de Portales no debe atribuirse tanto a que armonizara con los valores y las expectativas tradicionales[42] como a que se disponía de los recursos para acabar con los disidentes, algo que las repúblicas económicamente débiles no podían hacer. En algunos casos, ¿no puede decirse que un gobierno es «legítimo» simplemente porque tiene el poder suficiente para mantenerse en el poder?

Contrastando con las interpretaciones culturales, otros análisis subrayan las causas económicas de la inestabilidad política de Hispanoamérica. Una variante de estos análisis, ahora ya algo antiguos, pone de relieve el peso de los conflictos entre regiones y grupos sociales que se generaron por tener intereses distintos en la economía internacional. En el trabajo de Justo Sierra se encuentra implícita una interpretación de este tipo, si bien no está estructurada; este autor sostiene que diferentes revueltas en el México anterior a 1850 se debieron a las maquinaciones de los comerciantes de la costa que se oponían a los cambios introducidos en la política aduanera del gobierno. Un ejemplo aún más claro de este tipo de interpretaciones es el análisis de Miron Burgin sobre la política argentina de este periodo, que enfatiza el conflicto existente entre los diferentes intereses económicos regionales.[43]

Recientemente se ha empezado a dudar de las interpretaciones que subrayan el papel de la conflictividad entre diferentes intereses de grupo regionales. Si bien entre los comerciantes o los propietarios rurales podían haber, a título individual, disputas civiles o privadas por préstamos o contratos, casi nunca se plantearon conflictos políticos entre los comerciantes o los grandes propietarios como grupos, porque en una economía de exportación a largo plazo sus intereses tendían a coincidir. La Venezuela de los años cuarenta es, en este aspecto, excepcional. Si bien en algunos casos se podía discernir que había intereses económicos regionales en conflicto, era improbable que generaran grandes conflictos políticos. En la mayoría de los países hispanoamericanos los transportes estaban tan atrasados y eran tan caros que las regiones apenas formaban parte de la misma economía y había pocas oportunidades de que sus intereses entraran agudamente en conflicto. Hubo conflictos intrarregionales menores cuando diferentes ciudades de la misma región competían por la supremacía como centros portuarios o políticos. Pero estos conflictos intrarregionales era improbable que trastornaran al gobierno nacional.

De hecho, en estas economías desintegradas la inestabilidad más bien se podía deber a la falta de intereses económicos que a la existencia de intereses económicos enfrentados. En diferentes países las regiones que más frecuentemente iniciaron rebeliones en contra del gobierno nacional fueron aquellas cuya localización les hacía difícil o imposible participar efectivamente en el comercio de exportación. En estas regiones, las élites locales, por falta de oportunidades económicas en donde invertir sus energías, se dedicaron a la tarea político-militar. En Nueva Granada, la región del Cauca, atrapada entre dos amenazantes cordilleras casi infranqueables y por lo tanto incapaz de exportar sus productos de una manera eficaz, fue un semillero de rebeliones a lo largo de todo el periodo. El estancamiento económico sin duda jugó un papel importante en las frecuentes rebeliones de Arequipa y Cuzco en contra de las autoridades de Lima. También parte del interior de Argentina responde probablemente a este modelo. En cambio, las regiones que estaban integradas de forma más efectiva en la economía de exportación tendían a ser políticamente más estables. En Argentina, la posibilidad de aprovecharse del comercio exterior hizo sin duda que los comerciantes y los rancheros de Buenos Aires siguieran conjuntamente al duro gobierno de Juan Manuel de Rosas. El darse cuenta de que el progreso de su provincia radicaba en el comercio internacional y que los intentos de dominar al resto del país sólo les habían servido para obstaculizar su progreso económico les impulsó a apoyar a Rosas en su política de atender a la provincia y de renunciar a una política de grandezas. El fuerte apego al orden de la próspera provincia minera de Antioquia, en Nueva Granada, es otro ejemplo de la estrecha relación entre la actividad económica y la estabilidad política.

Varias interpretaciones sustentan que, antes de 1870, la escasa integración en la economía mundial y la falta de una economía nacional integrada retrasaron la aparición de una burguesía dominante que pudiera, aliada con los intereses extranjeros, actuar efectivamente para garantizar el orden y la estabilidad política en Hispanoamérica. Debido al carácter de la economía estancada de la hacienda, los terratenientes no eran suficientemente cohesivos para formar alianzas políticas que pudieran controlar la política de su país. Por lo tanto, los ambiciosos y socialmente emergentes caudillos ocuparon el vacío de poder. Sin embargo, estos caudillos como políticos sólo fueron capaces de satisfacer temporalmente a las bandas armadas que les seguían, de manera que el periodo de su dominio por lo general fue corto.[44]

Las interpretaciones de la inestabilidad que subrayan la falta de una clase fuerte y unida dedicada a sostener al Estado se completan subrayando también la debilidad financiera de los nuevos gobiernos. La falta de fondos les hizo difícil conseguir la fidelidad del ejército, así como captar las élites civiles potencialmente disidentes a través del patronazgo. México, por ejemplo, al igual que otros países hispanoamericanos, estaba sumergido en una inmensa deuda extranjera contraída originariamente en la década de 1820. Los gobiernos mexicanos, según Jan Bazant, tuvieron que escoger entre cobrar impuestos para poder pagar la deuda, alentando así la rebelión interna, o bien no pagar a los prestamistas extranjeros, invitando así a una intervención foránea. Esperando que el Estado se recuperaría de su crónica casi-bancarrota, los dirigentes mexicanos fueron tentados a arrebatar las propiedades de la Iglesia; pero los ataques a la Iglesia también provocaron la rebelión y a veces la caída de los gobiernos.[45]

Tulio Halperín Donghi, en su interpretación de la inestabilidad política, recurre a la vez tanto a la explicación de carácter fiscal como a la que subraya la falta de una clase fuerte que sirviera de apoyo. Halperín atribuye la debilidad financiera de los nuevos estados en parte a las consecuencias de la relación de Hispanoamérica con la economía atlántica. Los agudos desequilibrios mercantiles crearon una escasez de circulante y una contracción económica, debilitando las bases económicas de los gobiernos. Al mismo tiempo, su base social, sobre todo la burguesía urbana, quedó debilitada por la invasión de comerciantes extranjeros que se produjo y por la incapacidad del Estado de pagar a sus funcionarios.[46] Posiblemente Halperín, a partir de la experiencia argentina, exagera el grado en que los comerciantes hispanoamericanos se vieron zarandeados, ya que en muchos lugares el control ejercido por los comerciantes extranjeros sólo fue temporal. Pero la interpretación que subraya la situación comercial de los nuevos países tiene la ventaja de ayudar a esclarecer no sólo la inestabilidad del periodo que transcurrió de 1810 a 1870 —cuando el comercio de la mayoría de ellos era relativamente débil—, sino también la relativamente mayor estabilidad política que hubo en el periodo que siguió a 1870, cuando la creciente demanda europea aumentó en gran medida el volumen de sus exportaciones así como también mejoró sus balanzas comerciales.

Contrastando con la inestabilidad política que caracterizó a la mayor parte de Hispanoamérica entre 1810 y 1870, las décadas que transcurrieron de 1870 a 1910 fueron años de consolidación y centralización política generalmente bajo gobiernos de tipo secular y modernizador pero más o menos autoritarios y no democráticos. En México, la hegemonía liberal implantada por Benito Juárez con la caída del gobierno imperial de Maximiliano en 1867 evolucionó hacia la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911). En Guatemala, el régimen de Justo Rufino Barrios (1871-1885) dio lugar a una combinación parecida de liberalismo formal y de dominio autoritario. En Venezuela, Antonio Guzmán Blanco (1870-1888) fue el correspondiente dictador anticlerical, liberal y modernizador. En Colombia, en los años cincuenta, Rafael Núñez —un hombre con antecedentes liberales que sostuvo su régimen centralista gracias a su alianza con la Iglesia y los conservadores ardientemente proclericales— intentó implantar un orden autoritario. Argentina ofreció otra variante sobre el mismo tema, puesto que, bajo una oligarquía más que un dictador, en la década de 1870 se consolidó políticamente como una nación unificada y disfrutó de un crecimiento económico sin paralelo en Latinoamérica durante las siguientes décadas.

Desde el punto de vista de la historia intelectual y cultural, el porfiriato y los otros regímenes liberales autoritarios son notorios por haberse desvestido de toda la ideología liberal menos los atavíos externos y por haber adoptado un estilo político más práctico y autoritario. Así pues, se puede considerar que estos regímenes retrocedieron a algo que se acercaba mucho a un sistema de gobierno de tradición española, como alega Morse. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones de la era de la consolidación política que se produjo después de 1870 tienden a poner de relieve las bases económicas del nuevo orden. La creciente demanda europea y norteamericana de materias primas latinoamericanas conllevó una afluencia de préstamos e inversiones extranjeras en ferrocarriles, minas y en el sector agrícola de exportación; en el caso de Argentina y Uruguay, también significó la llegada de inmigrantes europeos. Estas inversiones extranjeras, así como los beneficios de las exportaciones que habían aumentado considerablemente y también los ingresos aduaneros proporcionados por las importaciones, en el periodo 1870-1910 suministraron a algunos regímenes los recursos necesarios para cooptar a los posibles opositores en los puestos del gobierno y contentarlos con concesiones o contratos. También les permitió mantener un ejército nacional moderno con el que reprimir a los opositores que no podían ser comprados. Ahora estos gobiernos centrales no sólo eran más fuertes por lo fiscal y, por lo tanto, más capaces de contener a los disidentes, sino que también los miembros de la clase dominante ponían mayor atención en las oportunidades económicas del momento, de manera que la política como forma de actividad económica se hundió en parte. Para los sectores superiores de la sociedad, la nueva era se caracterizaría más bien por la posibilidad de hacer dinero que por la conflictividad política, por el predominio de un serio sentido práctico más que de una cruzada ideológica. Fue una era de «orden y progreso».

Capítulo 3
MÉXICO[1]

El brigadier realista Agustín de Iturbide proclamó la independencia de México el 24 de febrero de 1821 en Iguala, una pequeña ciudad en el corazón del sur, en la tropical «tierra caliente». Iturbide, en su manifiesto «El Plan de Iguala», hizo un llamamiento a favor de la independencia, de la unión de los mexicanos y los españoles y del respeto a la Iglesia católica romana. El sistema de gobierno sería una monarquía constitucional en la que el emperador sería elegido entre los miembros de una familia real europea, preferiblemente la española, «para darnos un monarca ya hecho y nos salve de cometer actos fatales de ambición»; por otro lado, un Congreso elaboraría la constitución nacional. Así, con la primera de las llamadas «tres garantías», Iturbide ganó el apoyo de los viejos guerrilleros que luchaban por la independencia, sobre todo el del general Vicente Guerrero, que por entonces operaba no muy lejos de Iguala. La segunda garantía ofreció seguridad a los españoles nacidos en la península pero que residían en México, y con la tercera buscó atraerse al sector eclesiástico prometiéndoles conservar los privilegios que en España desde hacía poco estaban amenazados por el régimen liberal revolucionario. El ejército tomaría a su cargo la defensa de las tres garantías.

El llamamiento de Iturbide resultó un éxito. En menos de seis meses se apoderó del país, a excepción de la capital y de los puertos de Acapulco y Veracruz. Fue en esta ciudad donde el 30 de julio desembarcó el recién designado capitán general: Juan O’Donojú. Se le había encargado que introdujera las reformas liberales en la Nueva España pero que al mismo tiempo asegurase que la colonia continuara dentro del imperio español. Sin embargo, las instrucciones que había recibido se basaban en la información que se tenía en Madrid sobre hechos ocurridos en la colonia hacía 4 o 5 meses, y advirtió que la situación desde entonces había cambiado mucho. La independencia mexicana se le presentó como un hecho consumado y, deseando huir lo antes posible de la fiebre amarilla que infectaba el puerto, decidió entrevistarse con Iturbide. Se encontraron el 24 de agosto en Córdoba al pie del nevado volcán Citlaltepelt, y firmaron un tratado que reconocía al «Imperio Mexicano» como una nación soberana e independiente. El tratado repetía el manifiesto de Iguala, si bien contenía algunas modificaciones. Según el manifiesto, el trono se ofrecería a Fernando VII, o, si éste rehusaba el ofrecimiento, a un príncipe de una casa real reinante. Se pensaba que al menos habría un príncipe que quisiera aceptar; sin embargo, el texto firmado en Córdoba mencionaba a cuatro candidatos concretos que pertenecían todos a la familia real española, sin que se hiciera referencia a otras dinastías reinantes europeas. Si ninguno de los cuatro príncipes españoles aceptaba el trono, el futuro emperador sería elegido por el Congreso mexicano. Este cambio seguramente no fue fortuito y tuvo graves consecuencias, especialmente por lo que se refiere a la futura carrera de Iturbide. Como que la entrevista de Córdoba sólo duró unas horas, parece cierto que previamente Iturbide había ya preparado cuidadosamente el largo texto y que era bien consciente de las consecuencias de los cambios efectuados en la declaración de Iguala. Por otro lado, O’Donojú, que debería estar cansado de su largo viaje desde España y por su posible enfermedad, pasó por alto la modificación. Firmó el documento con su título constitucional de capitán general y jefe político superior, aunque hasta hoy en México se le conoce como el último virrey español. El brigadier Iturbide firmó como primer jefe del ejército imperial. A los pocos meses ascendió a generalísimo.

La aceptación de la independencia por parte de O’Donojú facilitó la transferencia del poder en la capital. Iturbide entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre tras retrasar su entrada a fin de que coincidiera con su 38.º aniversario. A la mañana siguiente escogió a los treinta y ocho miembros de la junta gubernativa según lo estipulado tanto en el manifiesto de Iguala como en el tratado de Córdoba. Esta junta declaró la independencia de México en un acto formal. Presidida por Iturbide, la junta se componía de bien conocidos eclesiásticos, abogados, jueces, miembros de la nobleza mexicana y unos pocos oficiales, entre ellos Anastasio Bustamante (quien, como Iturbide, antes había sido un oficial realista). Viejos luchadores por la independencia como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria o Guerrero no pertenecían a ella, pero O’Donojú sí, según lo acordado en Córdoba. Se esperaba que ayudaría a Iturbide a efectuar la transición entre el virreinato y un futuro imperio bajo un príncipe español. Pero O’Donojú cayó enfermo y murió a los diez días, antes de poder nombrar los comisionados que deberían haber ido a Madrid a negociar la situación, según lo que también se acordó en Córdoba. El generalísimo Iturbide, como presidente de la junta y regente del imperio, aún hubiera podido enviar emisarios a Madrid, pero no lo hizo.

Desde el principio la actitud española hacia la independencia mexicana fue hostil. Aunque la mayor parte del ejército español estacionado en México juró lealtad a la nueva nación, un grupo de realistas intransigentes se retiraron a San Juan de Ulúa, una fortaleza en una isla frente al puerto de Veracruz, y esperó refuerzos con los que poder reconquistar el país. El gobierno de Madrid no desaprobó su conducta, ya que el 13 de febrero las Cortes españolas rechazaron el tratado de Córdoba. La noticia del rechazo de la independencia de México por parte de la madre patria llegó a la Ciudad de México varios meses más tarde.

La independencia en 1821 no produjo cambios revolucionarios inmediatos en la estructura social y económica del país. El primer y principal efecto fue que el poder político antes ejercido por la burocracia real fue transferido al ejército, es decir, a la coalición de los ejércitos realista de Iturbide y republicano de Guerrero.

El segundo pilar de la nueva nación fue la Iglesia católica romana. Al igual que todas las instituciones coloniales, durante los diez años de guerra había sufrido graves pérdidas tanto en su poder como en sus bienes materiales. Hacia 1822 había diez diócesis, pero sólo había cuatro obispos, y el clero secular de un total de 4.229 miembros había descendido a 3.487. El clero regular masculino descendió de los 3.112 miembros de 1810 a unos 2.000 a fines de 1821, y el número de monasterios pasó de 208 a 153. En suma, el número total de eclesiásticos bajó de 9.439 a 7.500 y el número de parroquias también disminuyó. Los ingresos de la Iglesia, en especial el diezmo, sufrieron una caída sustancial. En el arzobispado de México, los ingresos decimales se redujeron de los 510.081 pesos de 1810 a los 232.948 de 1821, y en la diócesis de Michoacán de 500.000 a 200.000 hacia 1826.

Las cifras de los diezmos reflejan la decadencia económica general que existía. Los datos estadísticos ofrecidos por el monto de las monedas acuñadas indican que la minería decreció a más de la mitad, pasando de una media anual de 22,5 millones de pesos en 1800-1809 a otra de aproximadamente 10 millones de pesos en 1820 y 1822. (En 1821 sólo se acuñaron unos 6 millones de pesos). No se dispone de información certera sobre la agricultura y la manufactura. La producción de cereales pudo haberse recuperado hacia 1820, pero el azúcar de caña y otros sectores agrícolas continuaron estando deprimidos. La producción manufacturera pudo haber disminuido incluso hasta la mitad, y las finanzas públicas se redujeron en una proporción similar. Los ingresos del gobierno ascendieron a más de 9 millones de pesos pero los gastos se elevaron a 13 millones, generándose así, pues, un déficit de 4 millones de pesos. La deuda pública o nacional creció de los 20 millones de pesos de 1808 a los 35 de 1814 y a los 45 de 1822.

El Congreso constitucional se reunió en la capital el 24 de febrero de 1822 para tratar la cuestión de la recesión económica y del déficit presupuestario. Ante la desagradable sorpresa de Iturbide, la mayoría de los diputados eran «borbonistas» —es decir, monárquicos proespañoles— o republicanos. Desde el primer día estuvieron en desacuerdo con él acerca de diferentes cuestiones, y la noticia de que los españoles no habían aceptado el acuerdo de Córdoba llegó mientras las relaciones entre Iturbide y los diputados se deterioraban rápidamente. Hasta este momento, España, la madre patria, con la cual los lazos de amistad y de religión continuaban siendo fuertes, aún era venerada por casi todo el mundo. Pero ahora se sabía que España negaba la libertad a su hija. El resentimiento y la desilusión consiguientes pronto dieron paso a preguntarse por qué México no podía elegir a su propio monarca. España, al rehusar aceptar la realidad de la independencia y al no querer aprovechar la oportunidad de que México quedara en manos de los Borbones, le hizo el juego a Iturbide. En la noche del 18 de mayo de 1822, la guarnición militar local le proclamó emperador con el nombre de Agustín I y a la mañana siguiente, bajo una considerable presión militar y popular, el Congreso aceptó la situación y reconoció la nueva monarquía. Puesto que España no había aceptado el tratado de Córdoba —dijo el diputado Valentín Gómez Farias, un médico y futuro líder político liberal—, México era libre para decidir su propio destino. En ausencia del arzobispo, que declinó ungir al nuevo dirigente, Iturbide fue coronado por el presidente del Congreso el 21 de julio en la magnífica catedral de la capital.

El imperio de Iturbide no perduraría. Desde el principio hubo grandes obstáculos para que sobreviviera. La nobleza mexicana anhelaba un príncipe europeo y miraba con desagrado a Iturbide, el hijo de un comerciante; los hacendados y los comerciantes, la mayoría de los cuales habían nacido en España, esperaban que un príncipe europeo los librara de préstamos forzosos y de otras cargas fiscales; por último, había un fuerte sector de republicanos que incluía a algunos prominentes periodistas, abogados y eclesiásticos progresistas. Uno de ellos era Servando Teresa de Mier que, después de una vida aventurera en Europa y los Estados Unidos, había sido encarcelado en las mazmorras de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Su astuto comandante español lo liberó a finales de mayo, y Servando pronto ocupó un asiento en el Congreso. Propagó sus ideas republicanas con gran fuerza, tanto en la asamblea como en la arena pública.

Por consiguiente, no debe sorprendernos que la caída de Iturbide fuera incluso más rápida que su ascenso. Los borbonistas le culparon de haber violado su promesa de ofrecer el trono a un príncipe europeo. La propia arbitrariedad de Iturbide provocó la expansión de las ideas republicanas, que hasta entonces sólo habían sido profesadas por los intelectuales. Los ambiciosos oficiales del ejército tampoco estaban satisfechos: mientras que podían tolerar un príncipe extranjero, les resultaba en cambio difícil aceptar a uno de su propia clase como emperador; si no se podía conseguir traer a un príncipe extranjero, entonces la solución estaba en la república, que por lo menos era un sistema con el cual podían llegar a ser presidentes. Creció la oposición a Iturbide y, en una atmósfera de libertad de expresión restringida, proliferaron las conspiraciones. El 26 de agosto, justo cinco semanas después de su coronación, Iturbide ya había encarcelado a diecinueve miembros del Congreso y a varios oficiales. El 31 de octubre disolvió el conflictivo Congreso. Su posición se debilitó aún más al querer aplicar una serie de medidas fiscales confiscatorias, ya que los comerciantes que las padecieron —en su mayor parte españoles— buscaron apoyo en los borbonistas.

El puerto de Veracruz era especialmente importante para la seguridad de Iturbide. Estaba situado justo en frente de la fortaleza de San Juan de Ulúa, que permanecía en manos de los españoles[2]. Allí empezó una rebelión con la aquiescencia española, si no con su soporte, y en caso de fallar los líderes rebeldes se podían refugiar en la fortaleza. Desconfiando del ambicioso y joven comandante militar de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, Iturbide lo envió a Jalapa, una ciudad en la zona montañosa a cien kilómetros del puerto, donde le destituyó de su cargo y le ordenó que se presentara en la Ciudad de México. Santa Anna no tenía la más mínima intención de obedecer al emperador. Después de haber galopado toda la noche, volvió a su cuartel a la mañana siguiente y, antes de que la noticia de su destitución llegara a Veracruz, en la noche del mismo día, el 2 de diciembre dé 1822, acusó públicamente a Iturbide de tirano. Proclamó la república y apeló por la reinstauración del Congreso y la formulación de una constitución basada en «la religión, la independencia y la unión», es decir, sobre las mismas bases del manifiesto de Iguala que dijo que habían sido infringidas por el emperador. También hizo un llamamiento al apoyo y a la influencia de los comerciantes españoles locales de Veracruz postulando la paz y el comercio con la madre patria[3].

Sin embargo, a los pocos días Santa Anna cambió de opinión sobre su ligera profesión de fe republicana. En 1822 los republicanos mexicanos casi no usaban el término «república» en su propaganda; en cambio, hablaban de libertad, de nación y de la soberanía del Congreso. Diez años atrás, Hidalgo no proclamó formalmente la independencia, y costó varios años que enraizara la idea de un México no sometido a un rey español. De igual manera ahora la palabra «república» también sonaba demasiado revolucionaria. Así pues, Santa Anna revisó su posición y cuatro días más tarde publicó un manifiesto más moderado y detallado. Este documento probablemente fue redactado por el antiguo ministro de la nueva república de Colombia en México, Miguel de Santa María (natural de Veracruz), que había sido expulsado por Iturbide por participar en una conspiración republicana y estaba entonces en Veracruz esperando un barco que le conduciría a su país. Sin hacer mención a una república, el manifiesto apelaba por la destitución del emperador. «La verdadera libertad de la patria» para los republicanos significaba la república y para los borbonistas y los españoles una monarquía constitucional. De este modo se urgía a los dos bandos a que se unieran para luchar contra Iturbide. La insistencia sobre las garantías de Iguala tenía el mismo propósito; «la independencia» era esencial para los mexicanos, «la unión» lo era para los españoles y «la religión» para ambos. No se sabe si Santa Anna fue sincero respecto a la república o si bien tenía aspiraciones imperiales para sí mismo.

Una circunstancia fortuita ayudó a Santa Anna: un inveterado guerrillero, Guadalupe Victoria, que hacía poco se había escapado de la prisión, que se encontraba casualmente en Veracruz y firmó el manifiesto de Santa Anna el 6 de diciembre de 1822. De este modo Santa Anna, que había sido un oficial realista durante la guerra de la independencia y hasta entonces había apoyado a Iturbide, obtuvo la ayuda de un famoso general insurgente que ya se suponía que tenía inclinaciones republicanas. Unas cuantas semanas más tarde, los generales Bravo y Guerrero, antiguos compañeros de armas de Morelos, se escaparon de la Ciudad de México y de vuelta a su región de origen, la «tierra caliente», manifestaron su apoyo al levantamiento de Veracruz. «No estamos en contra del sistema de gobierno establecido —dijeron—, no intentamos hacernos republicanos; nosotros sólo buscamos nuestra libertad». Sin embargo, tales negaciones parecían confirmar la impresión de que eran republicanos, pero el apoyo lo recibían de los campesinos indios que no sólo eran religiosos sino también monárquicos. Finalmente, la mayoría del ejército, cuyos oficiales —muchos de ellos españoles de nacimiento— habían sido realistas y después apoyaron a Iturbide, sucumbió a la influencia de dos viejos diputados liberales mexicanos en las Cortes españolas, el sacerdote Miguel Ramos Arizpe y José Mariano Michelena. El ejército se «pronunció» en contra de Iturbide. El emperador abdicó el 19 de marzo de 1823 y el Congreso, reunido de nuevo, designó un triunvirato provisional formado por los generales Victoria, Bravo y Negrete, los dos primeros supuestamente republicanos. El 8 de abril el Congreso anuló el manifiesto de Iguala, así como también el tratado de Córdoba, y decretó que México desde entonces era libre de adoptar el sistema constitucional que quisiera. La república era un hecho real.

Así pues, Santa Anna desató un movimiento que produjo la caída del imperio de Iturbide y que terminó por implantar la república. Aunque el nuevo sistema político fue concebido por los intelectuales, fue el ejército el que lo hizo posible y a la vez quien se convirtió en su dueño. La rapidez con que triunfó señaló el camino de futuros levantamientos de oficiales militares desafectos.

Teniendo en cuenta los servicios pasados de Iturbide a la independencia nacional, el Congreso al principio no quiso tratarle con dureza. Se le ofreció una generosa pensión que le permitió residir en Italia. Pero el antiguo emperador no era feliz en el exilio. Engañado por los rumores de apoyo que corrían, regresó en julio de 1824 y desembarcó cerca de Tampico, en la costa del golfo de México, desconociendo que durante su ausencia el Congreso le había declarado traidor. Fue arrestado y ejecutado a los pocos días de su regreso.

La incapacidad de Iturbide de poner orden en el Tesoro fue una causa importante de su caída. El triunvirato se dedicó a la tarea de recuperar la confianza pública y de mejorar la atmósfera para poder obtener dos empréstitos en el mercado de Londres: a principios de 1824 se firmó uno de 16 millones de pesos con la casa Goldschmitt and Company y unos meses después otra cantidad parecida con Barclay and Company[4]. De este modo México asumía una carga de 32 millones de pesos en deuda extranjera, pero debido al bajo precio contratado y a las deducciones de los banqueros en realidad sólo recibió 10 millones. El gobierno esperaba utilizar este dinero para hacer mejoras a largo plazo, pero cuando llegó fue rápidamente absorbido por los gastos corrientes tales como el pago de los salarios de los empleados públicos, sobre todo el de los militares. Sin embargo, estos préstamos parece que fueron un factor estabilizador en los primeros años de la república, y la deuda extranjera contraída en 1823-1824 no parece excesiva[5]. Como que el interés británico en los recursos minerales del país era un hecho evidente, México miraba el futuro con optimismo. Entre 1823 y 1827 los ingleses invirtieron más de 12 millones de pesos en las empresas mineras mexicanas, en especial en las compañías argentíferas. Así púes, en total se inyectaron más de 20 millones de pesos en la enferma economía.

Lucas Alamán, que desde abril de 1823 era ministro del Interior y de Asuntos Extranjeros (uno de los cuatro miembros del gabinete), fue la persona que más contribuyó a llevar capital a México. Alamán, hijo de una familia minera mexicana que había adquirido un título de nobleza español, un poco antes de la caída de Iturbide del poder acababa de llegar de una larga estancia en Europa. Como marqués de San Clemente que era, quizá soñó con llegar a ser ministro en la corte de un rey Borbón en México, pero después del imperio de Iturbide no hubo ningún otro intento de ofrecer el trono a un príncipe europeo. Al contrario, significó el final de importantes planes monárquicos que tardarían muchos años a volver a discutirse. Alamán se puso entonces al servicio del gobierno republicano.

Como que ahora la república se consideraba lo apropiado y los principios monárquicos se consideraban casi una traición, se adoptaron nuevas etiquetas. Los antiguos sostenedores de un imperio mexicano dirigido por un príncipe europeo se convirtieron en republicanos centralistas que abogaban por un régimen fuerte y centralizado, una reminiscencia del virreinato. La mayoría de los republicanos que se opusieron a Iturbide se convirtieron en federalistas y abogaban por una federación de estados según el modelo de los Estados Unidos. La vieja destructiva batalla entre realistas e independentistas, que en 1821 se habían convertido respectivamente en borbonistas y republicanos y que se aliaron temporalmente para derrocar a Iturbide, reapareció en 1823 con lemas diferentes. Tras la abdicación de Iturbide el poder pasó, por un corto tiempo, a manos de los borbonistas, pero después una serie inesperada de sucesos ayudaron a la causa republicana. Culpando a los borbonistas de haber derrocado a Iturbide, los antiguos seguidores del emperador se unieron ahora a los republicanos y las elecciones para el nuevo Congreso constitucional dio la mayoría a los federalistas.

El Congreso constitucional se reunió en noviembre de 1823, y casi un año más tarde adoptó una constitución federal que se parecía mucho a la de los Estados Unidos. La constitución mexicana de 1824 dividió al país en 19 estados, que debían elegir sus gobernadores y sus legislaturas, y en cuatro territorios que estarían bajo la jurisdicción del Congreso nacional. Se estableció la división de poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, pero la constitución mexicana difirió del modelo del norte en un punto importante, ya que solemnemente declaró que «La religión de la nación mexicana es y será siempre la Católica, Apostólica y Romana. La nación la protege con leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra»[6]. De las tres garantías del manifiesto de Iguala sólo se mantenían dos: la independencia y la religión. La tercera, la unión con los españoles —que implicaba la existencia de una monarquía con un príncipe europeo—, había sido sustituida por la república federal.

A diferencia de la constitución insurgente de Apatzingán de 1814, que especificaba que la ley sería la misma para todos, la de 1824 no mencionaba la igualdad ante la ley. Esta omisión ciertamente no pretendía salvaguardar los intereses de la reducida —o, más bien, de la insignificante— nobleza mexicana, que sólo comprendía a unas pocas familias. Su significado era mucho mayor, porque permitía la pervivencia de los fueros o inmunidades legales y exenciones que los religiosos y los militares disfrutaban ante la ley civil. Estas leyes existían desde antes de la independencia, pero entonces tanto la Iglesia como el ejército estaban sometidos a la autoridad real de la cual dependía la obediencia civil a las leyes y que no había sido seriamente cuestionada durante tres siglos. Al desaparecer la autoridad real suprema y al no existir una nobleza o una burguesía fuerte, el vacío fue ocupado por los héroes populares del ejército victorioso. Liberado de las restricciones regias, el ejército se convirtió en el árbitro del poder de la nueva nación. Ya fuera federal o centralista, un general sería el presidente de la república.

México también adoptó la práctica estadounidense de elegir a un presidente y a un vicepresidente. Los dos jefes del ejecutivo podían pertenecer a partidos políticos diferentes u opuestos, con el peligro obvio de que la rivalidad continuara existiendo entre ellos mientras ocuparan los cargos respectivos. El primer presidente fue un federalista liberal, el general Guadalupe Victoria, un hombre de orígenes oscuros, y el vicepresidente un conservador centralista, el general Nicolás Bravo, un rico propietario. Ambos habían luchado por la independencia en la guerrilla, pero en 1824 pertenecían a dos grupos hostiles. Aún no había partidos políticos, pero los dos grupos recurrían a las sociedades masónicas como medio de organizar sus actividades y propaganda. Los centralistas tendían a ser masones del rito escocés, mientras que los federalistas, con el apoyo del ministro en la nueva república, Joel R. Poinsett —estadounidense—, eran miembros de la masonería de rito yorkino. Las logias fueron la base sobre la que un cuarto de siglo después se erigirían los partidos conservador y liberal.

El presidente Victoria intentó mantener en su gabinete un equilibrio entre los centralistas y los federalistas con la esperanza de aparentar unidad en el gobierno nacional. Sin embargo, ya en 1825 Lucas Alamán, el más capaz de los ministros procentralistas, rápidamente fue obligado a abandonar el cargo debido a los ataques federalistas. Al año siguiente, después de una larga y dura campaña electoral, los federalistas obtuvieron una importante mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. La tensión aumentó en enero de 1827 al descubrirse una conspiración para restaurar el dominio español. España era el único país importante que no había reconocido la independencia mexicana, y al haber aún muchos ricos comerciantes españoles residentes en la nueva república, y como además había otros españoles que conservaban sus puestos en la burocracia gubernamental, no fue difícil incitar el odio popular contra todo lo español. El nacionalismo mexicano se convirtió en un arma conveniente y eficaz que los federalistas usaron para atacar a los centralistas de quienes de forma muy extendida se pensaba que estaban a favor de España. En su ofensiva, en la que usaron la religión como contrapartida del nacionalismo, los centralistas se vengaron de la destitución de Alamán con una campaña en contra del ministro norteamericano Poinsett, que era protestante. Como que el bien intencionado pero ineficaz presidente Victoria fue incapaz de controlar a los federalistas, que eran más agresivos, Bravo, el líder centralista y vicepresidente, finalmente recurrió a la insurrección en contra del gobierno. Bravo pronto fue derrotado por el general Guerrero, un antiguo compañero de armas, y se le envió al exilio. Habían luchado en contra de los españoles uno al lado del otro bajo la dirección de Morelos, pero Guerrero escogió la causa federalista, lo que le permitió controlar su «tierra caliente» nativa.

La principal consecuencia política fue la próxima elección presidencial programada para 1828. La revuelta de Bravo había echado a perder las oportunidades de los centralistas que ni siquiera pudieron presentar un candidato. Entonces los federalistas se dividieron en moderados y radicales. Los centralistas o conservadores siguieron al candidato moderado, el general Manuel Gómez Pedraza, ministro de Guerra del gabinete de Victoria y antiguo oficial realista y más tarde seguidor de Iturbide. Su oponente era el general Guerrero, que nominalmente era el líder de los federalistas pero que muchos creían el hombre de paja del periodista liberal, y más tarde senador por Yucatán, Lorenzo Zavala. Gómez Pedraza fue elegido presidente y el general Anastasio Bustamante vicepresidente, pero Guerrero se negó a aceptar el resultado y Zavala, en su nombre, organizó una revolución que triunfó en la capital en diciembre de 1828. A continuación sólo hubo meras formalidades. Guerrero fue debidamente «elegido» en enero de 1829 y recibió el cargo de manos de Victoria el 1 de abril. A los cuatro años ya se había roto el orden constitucional.

Guerrero, un héroe popular de la guerra contra España, era un símbolo de la resistencia mexicana a todo lo español. Pronto se decretó la expulsión de los españoles que aún vivían en la república[7] y se empezó a preparar la resistencia a una invasión española que se esperaba desde hacía tiempo. Zavala, ministro de Hacienda de Guerrero, encontró el Tesoro casi vacío, y buscó la manera de aumentar los ingresos. Obtuvo algunos fondos al vender los bienes de la Iglesia nacionalizados por las autoridades coloniales y también decretó un impuesto progresivo que fue el único intento de este género que existió en este periodo de la historia de México. Sus acciones en contra de la propiedad eclesiástica y su bien conocida amistad con Poinsett le hicieron impopular ante la Iglesia, y sus intentos de reforma social, con los que buscaba el apoyo de las clases sociales más bajas, le reportaron el odio de todos los sectores de propietarios.

A finales de julio de 1829 tuvo lugar la tan largamente esperada invasión de tropas españolas y sirvió para calmar el conflicto político entre los partidos, puesto que la nación se congregó a la llamada de la unión. El general Santa Anna corrió desde su cuartel general de Veracruz a Tampico, donde habían desembarcado los invasores, y rápidamente los aplastó. En un instante se convirtió en un héroe de guerra y el país disfrutó de la alegría de la victoria. Pero la euforia fue breve y, al haber desaparecido la amenaza exterior, el grupo católico y conservador renovó su campaña contra la administración de Guerrero. Aún no se atrevían a tocar al presidente, que aún era un héroe de la independencia y ahora había salvado a la nación de la agresión española. Los objetivos fueron, en cambio, el protestante Poinsett y el demócrata Zavala. Los ataques en contra suyo fueron tan fuertes que Zavala fue obligado a renunciar el 2 de noviembre y Poinsett, una víctima fácil y propicia, abandonó México poco después.

Privado del apoyo de Zavala y de Poinsett, al poco tiempo Guerrero perdió el cargo, cuando el vicepresidente Bustamante se levantó con la ayuda del general Bravo, que ya había regresado de su reciente exilio. Guerrero se retiró, sin ser molestado, a su hacienda del sur, lejos del control de gobierno central. El 1 de enero de 1830, Bustamante, actuando como presidente, formó su gabinete. A diferencia de los gobiernos de 1823 a 1827 —que habían tratado de mantener un difícil equilibrio entre federalistas y centralistas— y del régimen de Guerrero —de inclinaciones populistas—, fue abiertamente conservador. Alamán, quien otra vez ocupó el puesto clave de ministro del Interior y de Asuntos Exteriores, fue el líder del gabinete. Inmediatamente puso en práctica su programa político: se reprimió a la oposición después de varios años de libertad plena; por primera vez desde la caída de Iturbide el gobierno central intentó contener a los estados, en varios de los cuales se estaban extendiendo nuevas ideas liberales; se salvaguardaron los derechos de propiedad, cuyo origen podía ser trazado hasta la conquista española, y se confirmaron los privilegios de la Iglesia. Alamán evidentemente tenía pensado establecer un acuerdo con España y con la Santa Sede.

Algunas de estas y otras medidas no gustaron a Guerrero, y por ello se levantó de nuevo en el sur a la cabeza de un grupo de guerrilleros. El general Bravo permaneció leal a Bustamante y a Alamán, y fue designado para dirigir el ejército en contra de Guerrero, que fue capturado en enero de 1831 y ejecutado a las pocas semanas por orden del gobierno central.

El cruel trato que se dio a Guerrero tiene una explicación. Bravo fue derrotado en 1827 pero simplemente se le exilió, al igual que en otros casos parecidos. Por lo tanto, hay que preguntarse por qué en el caso de Guerrero el gobierno decidió aplicar la última pena. La razón está en que Zavala, según escribió años más tarde, advirtió que era un mestizo y que la oposición a su presidencia provenía de los grandes propietarios, los generales, los clérigos y los españoles residentes en México. Esta gente no podía olvidar la guerra de la independencia con su amenaza de subversión social y racial. A pesar de su pasado revolucionario, el rico criollo Bravo pertenecía a este «club de caballeros», al igual que el culto criollo Zavala a pesar de su radicalismo. Por esto la ejecución de Guerrero fue una advertencia para que los hombres considerados tanto social cómo étnicamente inferiores no soñaran con ser presidentes.

No todo lo que hizo el gobierno conservador de Bustamante resultó negativo o reaccionario. La economía y las finanzas del país mejoraron a consecuencia de una serie de medidas. Desde finales de 1827, cuando empezó a emerger el conflicto, México había sido incapaz de pagar los intereses de los dos empréstitos extranjeros firmados en Londres. Ahora acordó con los detentores de bonos que la deuda atrasada, que sobrepasaba la cifra de 4 millones de pesos, sería capitalizada. Así pues, se restauró la confianza al precio de incrementar el capital de la deuda, pero seguramente no había otra solución posible. Las minas de plata continuaban en decadencia debido a la sobreexpansión de los años anteriores y a las disturbios militares y civiles. Por entonces no se podía hacer gran cosa para reanimar el sector, y Alamán atendió a otras esferas de la economía. Por ejemplo, creó un banco gubernamental para que financiara la introducción de máquinas de hilar y tejer algodón y prohibió la importación de algodón de Inglaterra. Con las altas tarifas proteccionistas existentes se proveería de fondos al banco y se prestaría el dinero a los comerciantes y financieros mexicanos y extranjeros que quisieran convertirse en manufactureros. Se encargaron las máquinas a los Estados Unidos y las primeras fábricas de hilar algodón empezaron a funcionar en 1833. El gobierno Bustamante-Alamán entonces ya no estaba en el poder, pero Alamán había puesto las bases de la revolución industrial en el sector textil que, una vez iniciada, continuó creciendo mientras iban cambiando los gobiernos. Como resultado de estas iniciativas, una década más tarde México contaba con unas 50 factorías que podían proveer a la población de tejidos de algodón baratos. La industria era especialmente importante en la ciudad tradicionalmente textil de Puebla y en el estado algodonero de Veracruz, donde la fuerza hidráulica era abundante. La dimensión del crecimiento puede observarse en las siguientes cifras: en 1838 las factorías hilaron 63.000 libras de hilo y en 1844 más de 10.000.000 de libras; en 1837 tejieron 45.000 piezas de tejido y en 1845, 656.500. Después el crecimiento fue más lento. Alamán no se preocupó sólo de la industria textil, pero no pudo alcanzar resultados tan espectaculares, por ejemplo, en la agricultura, la cual tuvo que reconocer, aunque él mismo era un devoto católico, que se veía seriamente obstaculizada por el diezmo eclesiástico.

Bustamente no era lo suficientemente fuerte como para imponer una república permanentemente centralizada, y pronto surgieron los grupos políticos rivales. Francisco García, el gobernador del estado minero de Zacatecas, había organizado cuidadosamente una milicia civil muy poderosa y desafió al régimen proclerical de la capital. Su amigo Valentín Gómez Farías, que era senador y había apoyado anteriormente a Iturbide, sugirió que el Estado patrocinara un concurso de ensayos sobre los derechos respectivos de la Iglesia y el Estado sobre la propiedad. El vencedor, José María Luis Mora, un pobre profesor de teología, en la exposición que hizo en diciembre de 1831, justificó el desmantelamiento de la propiedad eclesiástica y así puso las bases teóricas de la ideología y el movimiento liberal y anticlerical. El momento era propicio para hacerlo. Con la derrota de Guerrero y Zavala, los derechos de la propiedad privada habían quedado definitivamente salvaguardados. Por ello, no existía el peligro real de que un ataque a la propiedad de la Iglesia se convirtiera en un asalto radical sobre toda la propiedad en general. La esencia del liberalismo radicaba precisamente en la destrucción de la propiedad de la Iglesia y, a la vez, en el fortalecimiento de la propiedad privada.

Mora era más un teórico que un hombre de acción, y le tocó a Gómez Farías organizar la oposición contra Bustamante. Como que la milicia de voluntarios de Zacatecas era tan sólo una fuerza local, necesitaba disponer de un aliado en el ejército profesional. El general Santa Anna se había rebelado contra Bustamante en enero de 1832; su ideología era poco clara, pero ante la gente estaba estrechamente relacionado con Guerrero a quien había apoyado decididamente. Por ello ahora se le presentaba la oportunidad de beneficiarse de la ejecución de Guerrero, que había sido una medida muy impopular. Además, como que él aún era un héroe nacional —tras alcanzar la gloria por haber aplastado la invasión española de 1829—, podía intentar ocupar el lugar de Guerrero como figura popular favorita. La campaña liberal de Gómez Farías combinada con la revuelta militar de Santa Anna obligó a Bustamante a despachar a Alamán y a su ministro de Guerra, José Antonio Fació, los dos hombres que casi todo el mundo pensaba que habían sido los responsables de la muerte de Guerrero. Estos cambios en el gabinete no fueron suficientes, y a finales de 1832 Bustamante tuvo que aceptar la derrota. Gómez Farías, como nuevo ministro de Hacienda en la administración interina que era, controló el gobierno de la capital. A Zavala, que había regresado a México después de haber pasado más de dos años en los Estados Unidos, no se le ofreció un puesto en el gabinete; su tono populista fue sustituido ahora por el anticlericalismo de la clase media, y tuvo que contentarse con el cargo de gobernador del estado de México. En marzo de 1833 Santa Anna fue elegido presidente y Gómez Farías vicepresidente, empezando formalmente su mandato el 1 de abril. Gómez Farías estaba ansioso de emprender reformas liberales y Santa Anna prefirió dejar, por el momento, el ejercicio del poder a su vicepresidente, mientras él continuaba en su estado de Veracruz esperando la reacción de la opinión pública.

Libre de las limitaciones presidenciales, Gómez Farías inició un amplio programa de reformas, sobre todo en lo concerniente a la Iglesia. Se derogó la obligación según la ley civil de pagar diezmos y su pago se volvió totalmente voluntario. También se acabó con la fuerza civil de los votos monásticos y se permitió que los frailes y las monjas salieran de los monasterios o conventos si querían. Asimismo, se declararon nulas y se abolieron todas las transferencias de bienes inmuebles pertenecientes al clero regular efectuadas desde la independencia. Mientras que la primera ley afectaba principalmente a los obispos y a los canónigos, cuyos ingresos procedían sobre todo del cobro de los diezmos, las dos últimas se hicieron pensando que provocarían la eventual desaparición de las órdenes regulares. La destrucción de los bienes monásticos ya se discutía en el Congreso, y se declaró ilegal la venta de tales propiedades para evitar que la Iglesia las vendiera a gente de confianza y así evadiera la desamortización. Pero aun así, los liberales no pudieron acabar con los bienes amortizados hasta bastantes años después.

Gómez Farías, su gabinete y el Congreso liberal intentaron reducir el tamaño del ejército, y no pasó mucho tiempo antes de que los jóvenes oficiales militares imploraran a Santa Anna que interviniera. Al final, cuando varios oficiales y sus tropas se rebelaron en mayo de 1834 y cuando la rebelión se expandió, decidió abandonar su hacienda y asumir la autoridad presidencial en la capital. Las consecuencias de esta decisión pronto se hicieron patentes. Las reformas se dejaron de lado y en enero de 1835 Gómez Farías fue expulsado de su cargo de vicepresidente. Dos meses más tarde, un nuevo Congreso aprobó una moción para modificar la constitución de 1824 a fin de implantar una república centralista. Santa Anna, sabiendo que Zacatecas era el bastión del federalismo, invadió el estado, derrotó a su milicia y depuso al gobernador García. El 23 de octubre de 1835 el Congreso elaboró una constitución centralista provisional según la cual los estados serían sustituidos por departamentos y sus gobernadores serían designados desde entonces por el presidente de la república.

Sin embargo, Santa Anna no estableció de forma total un régimen fuerte y centralizado. Poco después de la derrota de Zacatecas, en el norte se produjeron unas complicaciones imprevistas, tanto para México como para Santa Anna, y de lo más inoportunas. La provincia de Texas se negó a aceptar el centralismo y finalmente se levantó en armas. Después de que los colonos hubieran expulsado a las tropas mexicanas norteñas, Santa Anna decidió dirigir en persona lo que él consideraba una simple expedición punitiva. Antes de salir de la Ciudad de México, dijo a los ministros francés e inglés que si veía que los Estados Unidos estaban ayudando a los rebeldes «podía continuar con su ejército hasta Washington y enarbolar la bandera mexicana en el Capitolio»[8]. Santa Anna logró tomar San Antonio a principios de marzo de 1836, pero fue derrotado y hecho prisionero al mes siguiente. Entonces los tejanos ya habían declarado su independencia. El vicepresidente de la nueva república tejana no era otro que el liberal yucateco Lorenzo Zavala, pero murió diez meses más tarde. Santa Anna, siendo prisionero de los tejanos, firmó un tratado que garantizaba la independencia de Texas y reconocía a Río Grande como frontera entre ambos países. Después se le dejó en libertad y en febrero de 1837 volvió a México, pero cayó en desgracia ya que entretanto el gobierno mexicano no había aceptado el tratado y se negó a renunciar a sus derechos sobre la antigua provincia.

En cierta manera México logró contrarrestar su derrota en el norte con un triunfo en el frente diplomático europeo, ya que España y la Santa Sede finalmente reconocieron la independencia de la nación a finales de 1836. Por las mismas fechas el Congreso aprobó una constitución centralista muy detallada. Con la esperanza de dar al país la estabilidad que tanto necesitaba se alargó el mandato presidencial de cuatro a ocho años y durante un tiempo pareció que se conseguiría un periodo de paz. Las esperanzas fueron prematuras. Bustamante había vuelto a ocupar su cargo como nuevo presidente, pero los conservadores que recordaban su régimen fuerte de 1830-1832 quedaron desilusionados. Los dos principales defensores del centralismo, Santa Anna y Alamán, habían quedado desacreditados, y Bustamante sin su apoyo o presión mostraba una inclinación creciente hacia los federalistas que pretendían que se reimplantara la constitución de 1824. Un político conservador advirtió al presidente que el clero y los ricos se podrían sentir empujados a «entregarse a los brazos del general Santa Anna».

La invasión francesa de Veracruz acaecida en 1838, con el objeto de lograr una compensación adecuada por los daños sufridos por un francés, dio a Santa Anna la oportunidad de volver a ganarse la estima popular. Avanzó sobre Veracruz y su brava conducta le convirtió de nuevo en un héroe nacional. Al año siguiente fue nombrado presidente interino mientras Bustamante salía de la capital para enfrentarse a los federalistas rebeldes. Sin embargo, un mes más tarde devolvió el cargo a su legítimo detentor y se retiró a sus propiedades esperando que se produjeran sucesos favorables. No tuvo que esperar mucho. El apoyo popular a Bustamante estaba disminuyendo y en julio de 1840 fue capturado por el ejército federalista. Éste llamo a Gómez Farías —que al regresar de su exilio había entrado y salido de la prisión— e implantaron una república federal. El levantamiento quedó aplastado después de varios días de luchas callejeras, y Bustamante fue liberado. Como reacción al caos creciente, el escritor José María Gutiérrez Estrada propuso que para solucionar los problemas de México se estableciera una monarquía con un príncipe europeo. Gutiérrez Estrada, al igual que Zavala, era natural de Yucatán, si bien tomó un camino distinto al que emprendió éste. Mientras Yucatán, estimulado por el éxito de Texas, estaba luchando contra el centralismo mexicano, pensó que la república centralista era demasiado débil para imponer el orden. Aunque sólo unos pocos compartían la opinión monárquica de Gutiérrez Estrada, era evidente que Bustamante había perdido el apoyo tanto de los federalistas radicales como de los conservadores extremistas. Santa Anna también estaba descontento con la constitución de 1836, que había introducido un curioso «poder conservador supremo» para limitar el poder del presidente. Por último, Yucatán declaró su independencia y Bustamante no fue capaz de volverlo a hacer entrar en la república, ni por medio de negociaciones ni por medio de las armas. El incremento de los impuestos, los aranceles y los precios sólo sirvió para que el descontento se extendiera aún más. El país estaba a punto de iniciar una nueva revolución.

Así pues, en agosto de 1841 el general Mariano Paredes Arrillaga, comandante de Guadalajara, exigió la destitución de Bustamante y que un nuevo Congreso modificara la constitución de 1836. Pronto recibió el apoyo del ejército, y Santa Anna actuó como intermediario convirtiéndose en presidente provisional en octubre de 1841. Se sabía que el general Paredes, que también había sido un oficial realista, era conservador y que la nueva situación era el resultado de una revuelta centralista contra el centralismo. Sin embargo, Santa Anna era demasiado hábil para dejarse atar por cualquier partido. Necesitaba fondos para reconquistar Texas y Yucatán así como para su ostensión, y sólo la Iglesia se los podía proporcionar. Como medio de presionar a la Iglesia ofreció la cartera de Hacienda a Francisco García, el antiguo gobernador de Zacatecas que él mismo había destituido en 1835. Las elecciones al nuevo Congreso fueron lo suficientemente libres como para dar una mayoría de diputados federalista o liberales, muchos de los cuales eran jóvenes y destacarían en los años siguientes. En 1842 trabajaron sobre una nueva constitución a la sombra de la presidencia de Santa Anna e hicieron dos borradores. En ambos se reconocía que la religión católica romana era la única permitida y para no molestar a Santa Anna hablaban de departamentos y no de estados. Sin embargo, en el segundo se incluía la declaración de los derechos humanos o «garantías»; en concreto, se especificaba que la ley sería la misma para todos y que no habría tribunales especiales. En otras palabras, ello quería decir que se aboliría la inmunidad ante la ley civil y que se terminaría con los monopolios gubernamentales. Además, la educación sería gratuita.

En diciembre de 1842 el ejército disolvió el Congreso cuando estaba discutiendo las reformas constitucionales y, en ausencia de Santa Anna, el presidente Bravo nombró un comité de propietarios, eclesiásticos, oficiales del ejército y abogados conservadores que unos meses después elaboró una constitución aceptable para Santa Anna. En el documento, centralista y conservador, no se hacía referencia a los derechos humanos, sobre todo a la igualdad. Los poderes presidenciales se vieron acrecentados por la omisión del «poder conservador supremo» introducido en la constitución de 1836. Pero el poder del presidente no podía ser absoluto porque, si bien los autores de la nueva constitución querían un jefe de Estado fuerte, en cambio no querían un déspota.

El nuevo Congreso resultó sólo un poco más tratable que el disuelto, y cuando las extorsiones fiscales de Santa Anna se volvieron insoportables, el general Paredes, conocido por su honestidad en las cuestiones fiscales, se rebeló en Guadalajara. La Cámara de Diputados en la capital mostró simpatía por este movimiento y otras unidades del ejército pronto le apoyaron. Santa Anna fue destituido a finales de 1844, fue encarcelado y después se le mandó al exilio hasta su muerte. El Congreso eligió al general José Joaquín Herrera, reputado moderado, como presidente.

La última secuencia de revueltas políticas en la capital discurrieron teniendo como trasfondo las deterioradas relaciones entre México y los Estados Unidos. En 1843 Gran Bretaña y Francia arreglaron una tregua entre México y Texas, pero ésta no llevó al reconocimiento de la independencia de Texas por parte de los mexicanos. Por el contrario, insistiendo que Texas era aún parte de México, Santa Anna anunció que su anexión por parte de los Estados Unidos, que era propulsada por muchos norteamericanos, equivaldría a declarar la guerra.

La anexión fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en febrero de 1845 y a partir de aquí el ritmo de los acontecimientos se hizo más rápido. La opinión pública mexicana, tanto la conservadora como la liberal, estaba enfurecidamente en contra de los agresivos políticos de Washington, pero el nuevo presidente, el general Herrera, pronto vio que el estado financiero y militar del país no le permitía oponer resistencia y que no llegaría apoyo de Europa. Por ello intentó negociar un acuerdo. Dada la atmósfera existente, los mexicanos vieron tal intento como una traición. En diciembre de 1845, el general Paredes se rebeló con el pretexto de que «el territorio de la república se iba a disgregar, manchando para siempre el honor nacional con una infamia perpetua al consentir el reparto con el pérfido gobierno de los Estados Unidos»[9]. Pidió la destitución de Herrera y otro Congreso extraordinario elaboró una nueva constitución. Las unidades del ejército en la capital siguieron el llamamiento, Herrera dimitió y Paredes se convirtió en presidente a principios de enero de 1846. Por entonces, la constitución de 1843 estaba en vigor y, buscando la manera de cambiarla, Paredes, un católico conservador, naturalmente no pensaba en una república liberal. Dio un indicio de sus ideas cuando dijo: «Buscamos un poder fuerte y estable que pueda proteger a la sociedad; pero para gobernarla no queremos ni la dictadura despótica de un soldado ni el yugo degradante de un orador»[10]. Pronto se hizo evidente que pensaba en el sistema monárquico y, bajo su protección, Lucas Alemán resucitó públicamente la idea central del Plan de Iguala de Iturbide, de implantar una monarquía en México con un príncipe europeo en el trono. Dada la situación internacional, la monarquía podría ser un baluarte frente al expansionismo norteamericano, pero entonces cualquier hombre instruido pensaba que la monarquía tenía que mantenerse sobre una nobleza fuerte y numerosa. Sin embargo, Alamán, miembro de una de las pocas familias nobles mexicanas, pasó por alto esta precondición del sistema monárquico, si bien es posible que esperara que el proyecto fuera apoyado por los ejércitos europeos. También parece que olvidó el hecho de que el grupo dominante mexicano, el ejército, era republicano.

En todo caso, no hubo tiempo para importar un príncipe europeo y obtener así ayuda contra los Estados Unidos. Las hostilidades estallaron en abril de 1846 y, en dos o tres meses, el ejército estadounidense derrotó a las fuerzas mexicanas y ocupó parte del norte de México. La inhabilidad de Paredes para defender al país y sus simpatías monárquicas desplazaron la opinión pública al otro extremo; se pensó que quizás el viejo federalista Gómez Farías y el otrora héroe nacional Santa Anna, conocidos los dos por su odio a los Estados Unidos, podrían ser más eficaces. Santa Anna en su exilio cubano había previsto esta posible reacción ya en abril, cuando escribió a Gómez Farías, que estaba exiliado en Nueva Orleans. Como si entre ellos no hubiera ocurrido nada, Santa Anna con su verborrea acostumbrada sugirió que podrían trabajar conjuntamente, que el ejército y la gente debían unirse y que él ahora aceptaba el principio de la libertad. Posiblemente pensando que el ejército necesitaba, a Santa Anna y que lo podría controlar, Gómez Farías aceptó. Tácitamente se entendía que Santa Anna volvería a ser presidente y Gómez Farías vicepresidente.

Gómez Farías se dirigió hacia México y a principios de agosto, gracias a la ayuda recibida de las unidades del ejército encabezadas por el general José Mariano Salas, se ocupó la capital y se restauró la constitución de 1824. El gobierno de los Estados Unidos entonces permitió que Santa Anna cruzara el bloqueo y desembarcara en Veracruz, creyendo quizá que con la caída del extremadamente antinorteamericano Paredes la guerra se terminaría o que Santa Anna firmaría la paz en términos favorables para los Estados Unidos, o bien que hundiría aún más en el caos al ya caótico México. El 16 de septiembre de 1846, los dos héroes, Santa Anna y Gómez Farías, desfilaron juntos por las calles de la capital en un carruaje abierto y su relación quedó formalizada en diciembre cuando el Congreso nombró a Santa Anna presidente y a Gómez Farías, vicepresidente.

Santa Anna pronto se marchó para dirigir al ejército y Gómez Farías, a fin de poder cubrir las urgentes necesidades del ejército, nacionalizó propiedades de la Iglesia hasta un valor de 15 millones de pesos, lo que aproximadamente suponía una décima parte de la riqueza total que ésta detentaba. Como no había tiempo para valorarlos, ordenó la confiscación inmediata y la venta de bienes eclesiásticos estimados en 10 millones de pesos. La Iglesia protestó y hacia finales de febrero de 1847 en la capital empezó una revuelta militar reaccionaria. Santa Anna regresó el 21 de marzo y una semana más tarde repudió los dos decretos confiscatorios, pero antes las autoridades eclesiásticas le habían prometido que le garantizarían un préstamo de un millón y medio de pesos. Santa Anna había evidentemente aprendido a utilizar a los liberales para chantajear a la Iglesia. Los religiosos se quejaron, sabiendo que el préstamo probablemente nunca les sería reintegrado. Ellos no disponían de suficiente dinero en metálico, pero el gobierno lo obtuvo vendiendo a los comerciantes bonos a corto plazo con descuento con la garantía de que la Iglesia los redimiría. Como que Gómez Farías se resistió a ser destituido, el 1 de abril se abolió la vicepresidencia. La segunda sociedad de los dos dirigentes políticos del periodo se terminó para siempre.

El 9 de marzo, mientras la capital del país se sumergía en la guerra civil, el ejército estadounidense bajo la dirección del general Winsfield Scott desembarcó cerca de Veracruz, y el puerto se rindió el 29 de marzo. Las fuerzas invasoras entraron en Puebla en mayo y, a pesar de varios actos de heroísmo de los habitantes de la ciudad, la capital fue ocupada el 15 de septiembre. Al día siguiente Santa Anna dimitió como presidente (pero no como comandante en jefe) y salió del país. La resistencia mexicana se terminó y el ejército de los Estados Unidos no avanzó más. En la capital se estableció una junta municipal constituida por prominentes liberales entre los cuales se encontraba Miguel Lerdo (que pocos años después sería famoso), mientra se esperaba la constitución de un gobierno mexicano que pudiera empezar a negociar la paz. Con el general Herrera que dirigía lo que quedaba del ejército, en el territorio no ocupado de Toluca y Querétaro se formó un nuevo gobierno presidido por Manuel de la Peña y Peña, el jefe máximo del Tribunal Supremo. Los liberales antinorteamericanos como Gómez Farías y, entre la nueva generación emergente, Melchor Ocampo, que también sería famoso años más tarde, no participaron en el nuevo gobierno. La derrota generalmente se atribuyó a la incompetencia y traición de Santa Anna. Algunos mexicanos culparon al «coloso del norte». En 1848 quince figuras prominentes escribieron: «La república mexicana con la que la naturaleza ha sido pródiga y dispone de multitud de elementos que hacen grande y feliz a una nación, entre otras desgracias de menor importancia tiene la muy grande de ser vecina de un pueblo fuerte y enérgico»[11]. Sin embargo, no todo el mundo buscaba una víctima. Un escritor se quejó «del dominio inicuo y vergonzoso que los norteamericanos nos han impuesto», pero, añadía, «lo triste de ello es que el castigo ha sido merecido»[12].

Los Estados Unidos hicieron todo lo posible para acortar el sufrimiento y la humillación de los mexicanos. Se constituyó el nuevo gobierno, se negoció el tratado de paz y finalmente se firmó el 2 de febrero de 1848. México perdió lo que en realidad ya había perdido: Texas, Nuevo México y California. Los negociadores mexicanos consiguieron obtener la devolución de territorios que los Estados Unidos creían que habían ocupado sólidamente, como por ejemplo la Baja California. Incluso así, las provincias perdidas constituían cerca de la mitad del territorio mexicano, aunque sólo contaban con un 1 o un 2 por 100 de la población total y por entonces sólo se conocían unos pocos de sus recursos naturales. Por lo tanto, su pérdida no destrozó la economía mexicana y a cambio recibió una indemnización de 15 millones de dólares. Comprensiblemente, algunos sectores de la sociedad mexicana consideraron que el tratado era vergonzoso y que sus firmantes eran unos traidores; algunos querían sostener una guerra de guerrillas contra los invasores. Pero prevaleció la razón. Finalmente, un reticente Congreso ratificó el tratado el 30 de mayo y las fuerzas ocupantes se marcharon poco después ante la alegría contradictoria de los terratenientes mexicanos que por entonces estaban amenazados por una revolución social.

En 1829, el diplomático estadounidense Poinsett sintetizó la situación del campo mexicano en los siguientes términos:

Por lo tanto aquí falta esta parte de la comunidad que constituye la fuerza de cada nación: el campesinado libre. Los indios aún no pueden ser considerados en este término. Son laboriosos, pacientes y sumisos, pero lamentablemente son ignorantes. Lentamente están emergiendo del infeliz estado en el que estaban reducidos… Ahora siete octavas partes de la población vive en míseras chozas sin la más mínima comodidad. Sólo tienen unos pocos y toscos petates para sentarse y dormir, su alimento consta de maíz, chiles y leguminosas, y sus vestidos son miserablemente bastos y escasos. No es que los bajos salarios no les permitan ganarse una subsistencia más confortable a pesar de los numerosos festivales anuales, sino que se gastan su dinero o lo dan a la Iglesia católica… Todas estas miserias se podrían remediar en gran manera por medio de la educación[13].

La condición de los indios mexicanos continuaba siendo la misma en 1847. En las zonas rurales había las haciendas —que se pueden describir como grandes empresas, establecimientos o propiedades agrícolas— y los pueblos indios con tierras comunales. En las haciendas los trabajadores a menudo estaban ligados a la propiedad por el peonaje o servicio por deudas, una herencia del periodo colonial. El peón con deudas no podía irse hasta haberlas pagado. En otras palabras, los trabajadores rurales eran comprados y vendidos por el precio de una deuda. Si un peón con deudas huía, podía ser capturado, se le podía hacer volver y se le podía castigar. Este tipo de peonaje era típico del centro de México. En la aislada península del Yucatán y en el escasamente poblado norte aún existía legalmente la servidumbre.

Melchor Ocampo fue el primer hacendado liberal que escribió sobre la delicada cuestión del sistema laboral del México rural. En un corto artículo publicado en 1844, condenó el peonaje no sólo por ser inmoral sino porque no conducía al progreso. Ocampo señaló que había cancelado todas las deudas de sus peones cuatro veces. Si un peón endeudado huía de su propiedad, quizá para ir a trabajar con otro hacendado que pagaba mejor, lo reclamaba sólo si era culpable de delitos penales. Terminaba exhortando a los peones a no pedir dinero prestado y a los patrones a prestar sólo en casos de emergencia.

Investigaciones recientes han mostrado que no todos los trabajadores rurales debían dinero a sus patrones. En algunas haciendas, por lo menos, un número considerable de trabajadores no tenían nada e incluso había casos en que la hacienda debía dinero a alguno de ellos. Los peones generalmente obtendrían dinero de su cuenta para comprar en el almacén de la hacienda. Finalmente, algunos hacendados no se molestaban en denunciar los fugitivos con deudas a las autoridades o no lograban que regresaran[14]. Incluso si no debían nada, los peones no eran completamente libres de abandonar su empleo cuando quisieran. Las leyes sobre la vagancia, heredadas también del periodo colonial, hacían difícil a los peones sin tierra dar vueltas por el país buscando otro trabajo u otro mejor. Era más seguro vincularse a una hacienda y estar siempre allí. Curiosamente, para el peón resultaba ventajoso obtener prestado todo lo que podía y trabajar lo menos posible porque así no se le despediría nunca. Esta fue otra de las características del sistema que Ocampo específicamente criticó.

Los indios que vivían en los pueblos estaban mejor porque podían trabajar como temporeros en las haciendas vecinas. Se trataba de una buena solución, porque pocos campesinos tenían suficiente tierra para poderse mantener durante todo el año con lo que ésta producía. Eran hombres libres, pero, por otro lado, si su cosecha era mala se morían de hambre. Una ventaja del peonaje era que los peones podían tomar prestado maíz del hacendado.

Hubo otros grupos de población rural que se han de diferenciar de los peones y los campesinos residentes en pueblos. Había ocupantes de tierras, rentistas, arrendatarios y aparceros que vivían en los límites de la hacienda, generalmente en pequeñas parcelas. Como que sólo en raras ocasiones podían pagar una renta en metálico, a menudo eran forzados a pagar con su propio trabajo o el de su hijo, y si se resistía se le confiscaba sus animales, o quizás unas cuantas cabezas de ganado. También podían, por descontado, ser expulsados, pero probablemente era raro que sucediera porque al propietario le convenía que estuvieran allí como peones potenciales. Obviamente, el hacendado era el señor de su territorio. Las diferencias sociales y étnicas parece que eran aceptadas por todos y los peones, los campesinos y los arrendatarios no parece que se resintieran de su estado inferior. Se limitaban a protestar por los abusos de los poderosos, de quienes era difícil, si no imposible, obtener una reparación a través de los canales normales.

En el Yucatán pervivía una situación especial. Los hacendados locales se dedicaban a cultivar henequén con gran éxito a fin de exportarlo, y tenía pocos lazos con el México central[15]. Lógicamente el Yucatán abrazó el federalismo y en 1839 se rebeló en contra de México con la ayuda de los soldados mayas, convirtiéndose en un Estado independiente. En 1840, el viajante norteamericano John L. Stephens encontró a los peones indios sumisos y humildes. Dos años más tarde, en su segunda visita, advirtió:

Es una cuestión trascendental para la gente del país saber qué consecuencias tendrá el hecho de que [los mayas] se encuentren a sí mismos, después de siglos de servidumbre, una vez más en posesión de armas y siendo cada vez más conscientes del peso de su fuerza física, pero la respuesta nadie la puede predecir[16].

Los presentimientos de Stephens quedaron confirmados cinco años después. A cambio de servir como soldados, los blancos habían prometido a los indios abolir, o al menos reducir, los impuestos parroquiales, abolir el impuesto de capitación que pagaban todos los indios adultos y otorgarles el derecho de utilizar libremente las tierras públicas y comunales. No se cumplió ninguna de estas promesas y los mayas se rebelaron en el verano de 1847 con el deseo de exterminar o al menos expulsar a la población blanca. La revuelta pronto se convirtió en una guerra a gran escala, conocida desde entonces como guerra de Castas. México acababa de ser derrotado por los Estados Unidos y era incapaz, aunque hubiese querido hacerlo, de enviar el ejército a Yucatán para suprimir la revuelta. En la cruel guerra que siguió, los indios casi consiguieron echar a sus enemigos al mar. Desesperados, los blancos llegaron a ofrecer Yucatán a Inglaterra, a los Estados Unidos o, incluso, a cualquier país que quisiera protegerles.

Mientras Yucatán estaba angustiado por esta guerra racial, las tribus indias, forzadas a desplazarse hacia el sur a causa de la invasión de los Estados Unidos, invadieron las regiones del norte de México apenas poblado, quemando haciendas, pueblos y minas, y matando indiscriminadamente a sus habitantes. El gobierno mexicano de nuevo era demasiado débil para impedir estas incursiones.

La revuelta social y étnica tuvo un carácter distinto en el México central. Allí los indios no formaban un grupo compacto y lingüístico y no estaban en clara mayoría, como ocurría en el caso de los mayas en Yucatán. Sin embargo, los desertores del ejército, los fugitivos de la justicia, los vagabundos y otros individuos semejantes, aprovechándose de la derrota militar mexicana y del caos que siguió, organizaron bandas armadas que empezaron a aterrorizar la zona rural. Al menos en un distrito, en las montañas de los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, se desarrolló un movimiento revolucionario agrario. La llamada rebelión de Sierra Gorda quería dar tierra libre a los arrendatarios y a los peones de las haciendas, pero los rebeldes no fueron lo suficientemente fuertes para atacar a las ciudades y se tuvieron que contentar con quemar haciendas. La clase dirigente mexicana, desmoralizada, amargada y dividida veía cómo lo que quedaba de lo que antes había sido su gran país empezaba a caer en pedazos.

Pero la situación empezó a mejorar lentamente. En 1849, R. S. Ripley, que escribió sobre la historia de la guerra norteamericana, comentaba que

El efecto de la guerra sobre México ha sido y continuará siendo muy beneficioso. La primera buena muestra es que el prestigio del ejército… ha desaparecido del todo. Que así ha sucedido lo prueba la comparativa quietud que ahora existe en México desde que se firmó la paz y por la estabilidad al menos aparente del gobierno regido por principios republicanos[17].

Sin embargo, la principal explicación de la mejora residía en la indemnización de la guerra. El gobierno de liberales moderados que presidía Herrera no tenía ingresos y sin duda hubiera sucumbido si no hubiera recibido 3 millones de pesos a cuenta de la indemnización. Con este dinero pudo comprar equipo militar al ejército norteamericano, restablecer el orden social en el México central y enviar refuerzos al norte del país y al Yucatán. Después de varios años de lucha en el Yucatán, en la que los terratenientes locales habían buscado el apoyo de sus peones y también pagaron a mercenarios estadounidenses, la insurrección de los mayas gradualmente se fue apaciguando. Los criollos yucatecos salvaron su piel y sus propiedades, pero perdieron para siempre toda esperanza de independizarse de México. Por otro lado, la población del Yucatán había quedado reducida casi a la mitad[18].

Continuaron los pagos de la indemnización y México pudo poner sus finanzas en orden. En 1846, el principal capítulo de la deuda pública extranjera quedó fijado, después de prolongadas negociaciones con Londres, en 51 millones de pesos. Entonces estalló la guerra y dejaron de pagarse los intereses, pero en un gesto amistoso hacia México el comité londinense de tenedores de bonos sacrificó los atrasos y acordó reducir la tasa de interés anual del 5 al 3 por 100. Después, los razonables pagos se fueron pagando puntualmente hasta 1854. Parece que la economía en conjunto mejoró. A partir de las tablas de acuñación de monedas y de la minería de plata y oro —la principal industria—, se observa una recuperación. De un promedio anual de producción de más de 20 millones de pesos que había antes de la guerra de la independencia y que en 1822 había caído a 10 millones de pesos, se produjo después un aumento gradual, alcanzando de nuevo en 1848-1850 —cuando ya se cobraba la indemnización— casi los 20 millones de pesos anuales. A continuación, en 1854, se redujo a 16 millones de pesos y de nuevo aumentó en la década de 1858-1867 hasta alcanzar los 17.800.000 pesos.

Los últimos meses de 1850 presenciaron la celebración de nuevas elecciones presidenciales en México. El favorito de Herrera era su propio ministro de la Guerra, el general Mariano Arista, un liberal moderado. Otros grupos apoyaban a sus propios candidatos y, aunque Arista no tenía la mayoría, aseguraba un mando rector. A principios de enero de 1851 la Cámara de Diputados le eligió presidente, mientras que las delegaciones de ocho estados le votaron frente a cinco que preferían al general Bravo. Esta fue la primera ocasión desde la independencia en que un presidente no sólo pudo terminar el periodo de su mandato —si bien éste no fue completo—, sino también entregar el cargo a un sucesor elegido legalmente. Sin embargo, el proceso constitucional pronto iba a romperse de nuevo.

Como que la subversión social amenazaba el orden establecido, los liberales y los conservadores estaban deseosos de unirse para la defensa mutua. El conservador y antinorteamericano Alamán incluso se quejó de que se hubiera ido el odiado ejército de ocupación protestante porque protegía sus propiedades y las de todo el mundo contra los bandidos y rebeldes. Mora, el oráculo liberal, desde Europa había escrito a sus amigos mexicanos diciendo que las revueltas indias debían ser rigurosamente suprimidas. Pero una vez desapareció el peligro inminente, la oposición conservadora al régimen liberal moderado se intensificó de nuevo. Más de un tercio de los votos de las elecciones de principios de 1851 fueron para el conservador Bravo. Además, las perspectivas financieras del nuevo gobierno no eran nada prometedoras; los fondos de la indemnización de los Estados Unidos casi habían desaparecido; los ingresos del gobierno habían descendido debido a que el contrabando aumentaba porque resultaba más fácil gracias a que la frontera con los Estados Unidos ahora estaba más próxima; se redujo el tamaño del ejército, pero los gastos militares todavía eran enormes debido a las nuevas invasiones indias en el norte de México (y los oficiales dimitidos se pasaron a la oposición). En 1851 el déficit presupuestario ascendía a 13 millones de pesos[19]. El gobierno del general Arista pronto fue atacado por los conservadores, los liberales radicales y los seguidores de Santa Anna. No tenía demasiada importancia que algunos prominentes conservadores hubieran tenido en el pasado posiciones monárquicas, ni que algunos liberales radicales hubieran colaborado con los ocupantes, ni, por supuesto, que Santa Anna fuera un inepto que bordeó la traición. La marea avanzaba en contra de los liberales moderados que, según el sentir popular, habían traicionado a la nación al haber firmado el tratado de paz y por «vender» la mitad de su territorio; eran los responsables del desastre existente.

En julio de 1852, en Guadalajara, José M. Blancarte, un antiguo coronel de la guardia nacional, depuso al gobernador del estado, Jesús López Portillo, un liberal moderado, y de nuevo una revuelta militar se extendió por los otros estados. Al principio no estaba claro quién se había rebelado, si los conservadores, los liberales o ambos a la vez, y tampoco por qué motivo lo habían hecho. Cuando la situación se aclaró unos pocos meses después, se vio que todo el mundo quería que Santa Anna volviera. Arista dimitió y los militares, creyéndose incapaces para mandar, acordaron llamar al antiguo dictador que entonces vivía en Colombia. El 17 de marzo de 1853, el Congreso eligió debidamente a Santa Anna como presidente, y el gobierno le pidió que regresara.

Alamán en una carta explicó a Santa Anna cuál era el programa conservador: soporte pleno a la Iglesia, un ejército fuerte, la abolición del federalismo, un ejecutivo fuerte sujeto a ciertos principios y responsabilidades. Sin embargo, no dejaba claro quién vigilaría a Santa Anna. Quizá veía la nueva presidencia de Santa Anna como un paso hacía una monarquía borbónica. No sólo los conservadores habían renovado su actividad. Cuando Santa Anna desembarcó en Veracruz, fue recibido por Miguel Lerdo de Tejada, que había sido enviado como representante de los liberales radicales. En 1848, Lerdo ya había manifestado que la Iglesia y el ejército habían provocado la ruina de México. Santa Anna le pidió que escribiera sus ideas y Lerdo respondió con una larga carta en la que insistía en sus anteriores críticas y terminaba proponiendo varias mejoras materiales que la república necesitaba mucho.

Santa Anna tomó posesión de la presidencia el 20 de abril de 1853. En esta ocasión contaba con un apoyo más amplio que en 1846, cuando sólo los liberales radicales organizados en grupos políticos le habían pedido que volviera. Ahora tanto los conservadores como los liberales se inclinaban por su liderazgo, cada uno de ellos convencidos de que le podrían atraer a su bando. Formó un gabinete mixto con el conservador Alamán en el Ministerio de Asuntos Interiores y Exteriores y el liberal independiente Antonio de Haro y Tamariz como ministro de Hacienda. Este último era un elemento particularmente importante, considerando el uso que previamente había hecho Santa Anna de los liberales para chantajear a la Iglesia. Lerdo de Tejada fue secretario del nuevo Ministerio de Fomento e hizo mucho para que se construyeran las líneas telegráficas, esenciales para el progreso en el montañoso territorio mexicano. Se suspendió la constitución de 1824, pero no se proclamó ninguna otra en su lugar. Santa Anna hubiera podido reinstaurar la constitución centralista de 1843 pero, aunque era conservadora, limitaba severamente el poder del presidente. Entre otras cosas, por ejemplo, prohibía que el presidente vendiera, diera, intercambiara o hipotecara cualquier parte del territorio nacional. Por razones que entonces sólo él conocía, estas limitaciones no le gustaban. Por lo tanto, gobernó sin una constitución.

Durante los primeros meses de su gobierno, Santa Anna perdió a dos de sus más hábiles ministros: Alamán murió en junio y Haro dimitió en agosto tras haber fallado en su intento de cubrir el déficit presupuestario de 17 millones de pesos con la emisión de bonos garantizados con las propiedades de la Iglesia. El clero protestó vehementemente contra la política de Haro, y Santa Anna tuvo que buscar otros medios de encontrar dinero. En marzo, unas pocas semanas antes de que éste se convirtiera en presidente, los Estados Unidos se apropiaron de lo que ahora es una parte de Arizona. México no tenía ninguna fuerza para expulsar a los invasores, y fue invitada a venderla a los Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo a finales de 1853. Del precio de venta establecido en 10 millones de pesos, México iba a recibir inmediatamente 7 millones[20].

El régimen de Santa Anna se fue volviendo cada vez más reaccionario y autocrático. Amaba la fastuosidad y la pompa del cargo, pero despreciaba el trabajo administrativo cotidiano. Durante sus diversos anteriores periodos como jefe de Estado, resolvió esta cuestión dejando la tarea presidencial en manos del vicepresidente civil, reservando los asuntos del ejército y la gloria para sí mismo. En 1853, con el país dividido en dos partidos hostiles y una vez más al borde de la desintegración, se encontró con que debía cargar con todo el peso de la presidencia. Sin embargo, lo embelleció con tal variedad de títulos y prerrogativas que se convirtió de hecho en un monarca a excepción del nombre. La ejecución de Iturbide significó que nunca podría asumir el título de emperador, pero en cambio obtuvo un mayor poder real que el que Iturbide nunca hubiera podido imaginar. En diciembre de 1853 obtuvo el derecho de poder nombrar a su sucesor, y cuando más tarde se abrió el sobre sellado se vio que contenía el nombre del hijo de Iturbide. Para apoyar su autoridad y prestigio, y quizá también para tranquilizar su conciencia, Santa Anna hizo todo lo que pudo para aparecer como el heredero del hombre a cuya caída tanto había contribuido. Por ejemplo, en noviembre de 1853 dio a conocer que recompensaba póstumamente a Iturbide con el título de libertador e hizo poner su retrato en los edificios del gobierno.

De acuerdo con su posición reaccionaria, también favoreció mucho a la Iglesia; permitió el regreso de los jesuitas y abolió la ley de 1833 que había anulado el reconocimiento civil de los votos monásticos. Limitó la libertad de prensa y envió a varios liberales a prisión y al exilio. Pero fue demasiado lejos. En febrero de 1854, varios oficiales del ejército del sur conducidos por el coronel F. Villareal se sublevaron y el 1 de marzo, en Ayutla, los revolucionarios elaboraron un programa que fue modificado diez días después en Acapulco. Sus principales puntos eran: la destitución de Santa Anna, la elección de un presidente provisional por parte de los representantes nombrados por el comandante en jefe del ejército revolucionario, y la convocatoria de un Congreso extraordinario para elaborar una nueva constitución. Llamamientos parecidos se habían hecho antes y en otros sitios pero con escaso resultado. Este manifiesto de Ayutla-Acapulco no mencionaba las demandas liberales ya conocidas y nadie podía sospechar que de este pronunciamiento militar con escasos objetivos pudiera nacer el México liberal. En Acapulco, el oscuro coronel que había propulsado la insurrección de Ayutla fue sustituido por el coronel retirado Ignacio Comonfort, un rico comerciante y propietario, amigo del general Juan Álvarez, el cacique del siempre revoltoso sur.

Álvarez había heredado el control sobre la «tierra caliente» de Guerrero, quien a su vez había heredado el prestigio de Morelos. Todos habían luchado juntos en la guerra de la independencia. El poder de Álvarez, que era un hacendado, se basaba en el apoyo de los indios cuyas tierras protegía. Formó su ejército con los indios y su apoyo fue suficiente para asegurarle el control sobre la costa del Pacífico por más de una generación. El área bajo su control fue desmembrada del estado de México para formar el nuevo estado de Guerrero. No tenía otra mayor ambición y en la medida en que el gobierno central, fuera liberal o conservador, no se interceptó en su dominio, su relación con él fue buena. Es cierto que Santa Anna no le había gustado porque eligió a Alamán al formar gabinete, y éste era considerado el autor de la ejecución de Guerrero, pero como que este ministro conservador murió pronto, las relaciones entre Santa Anna y Álvarez mejoraron.

Sin embargo, el envejecido dictador cometió un error, quizá porque ya no confiaba más en Álvarez o simplemente porque quería continuar con su plan de centralizar la administración. Fuera por la razón que fuera, destituyó a algunos oficiales del ejército y a algunos funcionarios civiles de la costa del Pacífico que se reunieron en torno a Álvarez. Fue en su hacienda donde se planeó la revolución. La estrategia era unificar a la nación en contra de Santa Anna y por este motivo el programa sólo contenía puntos generales. La única indicación de que la revolución podía tener carácter liberal era la presencia de Comonfort, un liberal moderado. Álvarez asumió el liderazgo pero, al igual que había sucedido con Guerrero, no se sabía cuál era su punto de vista sobre las cuestiones nacionales básicas. La revuelta se extendió irresistiblemente y en agosto de 1855 Santa Anna abandonó la presidencia y se embarcó hacia el exilio. El gobierno revolucionario confiscó sus bienes, que habían llegado a valer la enorme suma de un millón de pesos[21]. Pronto se le olvidó y no se le permitió volver al país hasta 1874 cuando el entonces presidente, Sebastián Lerdo, le permitió regresar a la Ciudad de México donde murió dos años más tarde.

Como que la capital estaba en manos de los soldados indios de Álvarez, no debe sorprender que fuera elegido presidente por los representantes que él había elegido de entre los líderes de la insurrección y de los intelectuales liberales que habían salido de la cárcel y regresado del exilio. Bravo había muerto hacía poco y él era el único héroe sobreviviente de la guerra de la independencia, y por lo tanto su elección simbolizaba la tradición revolucionaria de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Sin embargo, Álvarez no había buscado la presidencia: tenía 65 años y en la capital no se sentía en su casa. Debía también estar resentido del modo en que tanto los conservadores como los liberales moderados, que temían una nueva guerra racial y de clases, le habían tratado a él y a sus indios. Quizá de forma instintiva recordaban la corriente democrática de la rebelión de Morelos y la vinculación de Guerrero con el radical Zavala. Álvarez tenía ahora la oportunidad de castigar a los grupos dominantes y vengar la muerte de Guerrero, pero sus objetivos puede que se limitaran a fortalecer su control sobre el sur al ampliar el estado de Guerrero y al colocar las fronteras del estado más cerca de la capital. Fueran los que fueran sus deseos, no tuvo en cuenta los consejos de Comonfort y, con una excepción, formó un gabinete con los liberales radicales, o puros, como se les llamaba. Reservó el Ministerio de la Guerra a Comonfort que, como moderado, podía haber esperado estar juntos a la cabeza del ejército. Álvarez confió la cartera de Asuntos Exteriores a Melchor Ocampo y nombró a Benito Juárez para el Ministerio de Justicia, a Guillermo Prieto al frente del Tesoro, a Miguel Lerdo de Tejada para el Ministerio de Fomento y a Ponciano Arriaga para el Ministerio del Interior.

Estos cinco ministros pertenecían a una nueva generación y no tenían ningún vínculo con los fallos de los gobiernos liberales anteriores. Todos, excepto uno, habían nacido durante la guerra de la independencia y sólo podían recordar un México independiente en perpetuo desorden. Aunque soñaban con un régimen tranquilo basado en la ley, ninguno de ellos era un pensador o un teórico sistemático. Ello probablemente no era ningún problema porque Mora ya había elaborado el programa liberal hacía muchos años. Con la excepción de Lerdo, todos compartían una cosa en común: todos habían sido perseguidos por Santa Anna.

Antes ya se ha mencionado a Ocampo y Lerdo. Ocampo, bien como gobernador del estado de Michoacán bien como ciudadano, se había hecho famoso por atacar las altas tasas parroquiales, que eran una de las principales causas del endeudamiento de los peones de las haciendas. Como tanto las tarifas de nacimientos como las de defunciones eran altas, los trabajadores de las haciendas se gastaban gran parte de su dinero en bautizos y funerales. En la mayoría de los casos, el hacendado los pagaba y después lo cargaba en las cuentas de los peones. La cuota para los matrimonios también era tan alta que muchas parejas no se casaban. Al golpear en la raíz del problema, Ocampo inevitablemente atrajo el odio de cientos de curas de parroquia cuya manutención dependía de estas imposiciones, mientras que la alta clerecía, obispos y canónigos, básicamente vivían de los ingresos de los diezmos (cuyo pago era voluntario desde 1833). No es sorprendente que Ocampo se hubiera exiliado de México poco después de que Santa Anna obtuviera su última presidencia. En Nueva Orleans, donde se reunieron los liberales, Ocampo se hizo amigo de Benito Juárez —el único indio del grupo—, que había sido gobernador de Oaxaca y que se había tenido que exiliar por haberse opuesto a Santa Anna en la guerra mexicano-estadounidense. Bajo la influencia de Ocampo, Juárez se convirtió en un liberal radical. En noviembre de 1855, Juárez como ministro de Justicia promulgó una ley que restringió la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos a las cuestiones religiosas. También propuso arrancar algunos privilegios a los militares. Pensando quizá que ya había hecho demasiados cambios irreversibles, o impulsado quizá por la tormenta de protestas que levantó la llamada «Ley Juárez», Álvarez nombró a Comonfort como presidente sustituto a principios de diciembre y dimitió unos días después. Aunque su presidencia fue corta —sólo dos meses—, fue decisiva para el futuro del país.

Comonfort nombró un gabinete de liberales moderados, pero ya era demasiado tarde. En diferentes partes del país, se habían rebelado grupos de seglares, oficiales del ejército y curas bajo el grito de religión y fueros. Un grupo armado pidió la anulación de la Ley Juárez, la destitución de Comonfort y la reimplantación de la constitución conservadora de 1843. En enero de 1856, tomaron la ciudad de Puebla y allí establecieron un gobierno. Comonfort, aunque era moderado, tenía que terminar con el levantamiento y a finales de marzo logró la rendición de Puebla. El obispo de esta ciudad, Labastida, intentó desvincularse de los rebeldes, pero Comonfort culpó a la Iglesia de los hechos y decretó el embargo de las propiedades de la diócesis hasta que hubiera sufragado los gastos de la campaña. Considerando que no se tenía que culpar a la Iglesia por la insurrección, Labastida rehusó pagar la indemnización, de modo que el gobierno le expulsó y confiscó las propiedades. De una manera u otra, los bienes de la Iglesia habían servido para financiar la rebelión contra el gobierno y la respuesta debía ser la confiscación. Pero ante la violenta reacción producida por el decreto confiscatorio de Puebla, parece necesario tratar de hacer un análisis diferente e indirecto que puede parecer menos anticlerical. Esta probablemente fue la razón que había detrás de la ley desamortizadora que Lerdo de Tejada, entonces ministro de Hacienda, puso en marcha a finales de junio de 1856.

También se ha mencionado ya a Lerdo de Tejada, el liberal radical que desde el consejo municipal de la capital «colaboró» con la ocupación armada de Estados Unidos y después con el reaccionario Santa Anna en el Ministerio de Fomento. Había sido pesimista en cuanto a la capacidad de México para realizar una revolución liberal; creía que ésta debería ser impuesta desde arriba o desde fuera. Pero, finalmente, en 1856 tuvo la oportunidad de llevar a cabo un programa de anticlericalismo radical. La principal característica de la llamada «Ley Lerdo» fue que la Iglesia debía vender todas sus propiedades urbanas y rurales a quienes las tenían arrendadas y establecidas a un precio que las hiciera atractivas a los compradores. Si éstos no las querían comprar, el gobierno las vendería en subasta pública. Las órdenes regulares fueron las instituciones religiosas más afectadas por la ley. Los monasterios poseían grandes propiedades en el campo y también casas en las ciudades, y los conventos eran propietarios de las mejores fincas urbanas. El alto clero no se vio muy afectado porque su riqueza tenía otra naturaleza, y los curas párrocos tampoco lo fueron directamente porque las parroquias generalmente no poseían otra propiedad que la casa parroquial[22]. Sin embargo, en los pueblos había hermandades y cofradías dedicadas a propósitos piadosos y muchas poseían tierras o bienes que ahora serían desamortizados, perjudicando a la vez a sus habitantes y a los párrocos. A primera vista la ley no parecía confiscatoria, porque la Iglesia cobraría en plazos iguales a las antiguas rentas o un precio global equivalente a la renta capitalizada. Pero, de hecho, había una trampa. Según la ley, en el futuro la Iglesia no podría adquirir o poseer propiedades. Por lo tanto, la Iglesia no tendría protección y se enfrentaría a un despojo gradual. Como consecuencia, las autoridades eclesiásticas protestaron y se negaron a cumplir la ley.

Como defensores de la propiedad privada, los liberales también quisieron terminar con las propiedades de las instituciones civiles. Esto sobre todo afectó a las comunidades indias, la mayoría de las cuales aún tenían una gran propiedad. Estas comunidades poseían diferentes tipos de propiedad, incluyendo los pastos comunales, o ejidos, que no debían desamortizarse porque Lerdo consideraba que eran esenciales para las comunidades. Sin embargo, en la práctica, se vendieron partes de los ejidos a pesar de las protestas de los campesinos.

La Ley Lerdo entró en efecto inmediatamente. Como que en la mayoría de los casos la Iglesia se negaba a vender, funcionarios del gobierno firmaban las escrituras de ventas a los antiguos arrendatarios o establecidos. Muchos arrendatarios devotos se abstuvieron de reclamar la propiedad, que entonces era comprada por los ricos especuladores, algunos de los cuales eran conocidos financieros especializados en hacer préstamos al gobierno y que por lo tanto eran grandes tenedores de bonos del gobierno. Aunque previamente podían haber estado vinculados a los gobiernos conservadores, sus inversiones en las propiedades eclesiásticas desamortizadas les convertían de hecho en aliados de los liberales. Los arrendatarios leales a la Iglesia no aceptaban a los nuevos propietarios y continuaban pagando sus rentas a sus antiguos propietarios, esperando el día en que los bienes serían devueltos a la Iglesia. A los pocos meses de haberse aplicado la ley se hizo evidente esta situación confusa y compleja respecto a las propiedades desamortizadas y se vio claramente que no se podía permitir que durara indefinidamente.

Mientras Lerdo se estaba ocupando de los bienes de la Iglesia, su colega José María Iglesias, el nuevo ministro de Justicia, estaba trabajando en una ley para limitar los aranceles parroquiales. En general, la «Ley Iglesias» del 11 de abril de 1857 estableció como válidos los aranceles que se pagaban en el periodo colonial o al principio de la independencia de México, los cuales evidentemente eran muy bajos. Prohibió que se cobraran a los pobres, que fueron definidos como las personas que ganaban lo mínimo para vivir. Como que la mayoría de los parroquianos eran pobres, ello significaba el final de los ricos curatos. La ley establecía severas multas a aquellos párrocos que cobraban los servicios prestados a los pobres o que se negaban a bautizarles, casarles o enterrarles sin pagar nada. La Iglesia también condenó esta ley como ilegal e inmoral, y se negó a cumplirla.

Mientras tanto, en el Congreso unos 150 diputados, la mayoría liberales procedentes de los grupos profesionales —abogados, funcionarios del gobierno o periodistas— debatían la nueva constitución. Entre los miembros de la generación más antigua estaba Valentín Gómez Farías, que tras la muerte de Mora en París en 1850 era el patriarca del liberalismo mexicano y ahora tenía 75 años. En 1856 las cuestiones y los problemas eran distintos de los que Ocampo tuvo en 1842 y aún más distintos de los que Gómez Farías afrontó en 1833. La guerra con los Estados Unidos indudablemente había dejado una huella profunda en la mente de la mayoría de los liberales. Por ejemplo, en 1848 Ocampo calificó la lucha entre los estados y el gobierno central federal como una «anarquía sistemática»[23]. Llegó a la conclusión de que la federación, tal como existía en México desde la adopción de la constitución de 1824, había favorecido la independencia de Texas y la secesión temporal de Yucatán, y que por lo tanto había sido causa de la derrota y la desmembración del país. Debía haberse acordado de la opinión de Servando Teresa de Mier que consideraba que México necesitaba un gobierno central fuerte en la primera fase de su independencia. Quizá después de todo el centralismo fuera el camino correcto, pero no si significaba el dominio del ejército y la Iglesia. Ahora que había un gobierno liberal en el poder era recomendable fortalecerlo, sobre todo teniendo en cuenta que la proximidad de la frontera norteamericana debilitaba el control del México central sobre los estados del norte, haciendo posible que en el futuro el país sufriera otra desmembración. Por lo tanto los liberales se convirtieron en tan centralistas como sus rivales conservadores, si bien de palabra continuaban con el federalismo con el que el liberalismo había estado tan identificado durante tanto tiempo. La nueva constitución, aprobada el 5 de febrero de 1857 tras un año de discusiones, conservó la estructura federal pero, significativamente, mientras que el título oficial del documento de 1824 había sido el de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ahora se le llamaba Constitución Política de la República Mexicana.

Ahora que el federalismo había perdido su significado, la Iglesia se convirtió en el principal problema entre los liberales y los conservadores. Partiendo de los principios radicales de los proyectos constitucionales de 1842, e incluso más de los de la constitución de 1824, en 1856 los liberales deseaban introducir la libertad de cultos o, en otras palabras, la tolerancia religiosa. La propuesta resultó ser demasiado avanzada. La población mexicana estaba básicamente constituida por campesinos fieles a su Iglesia y, aunque la clase ilustrada podía ser tan liberal como su homologa europea, no podía ponerse en contra de la masa de campesinos que eran instigados por los curas. El ministro del Interior ya advirtió al Congreso de que «los indios están excitados y por esta razón es muy peligroso introducir un nuevo elemento que podría ser exagerado por los enemigos del progreso a fin de ahogarnos en una anarquía auténticamente terrorífica»[24]. La propuesta fue retirada pero, a la vez, se omitió la tradicional afirmación de que México era una nación católica romana, dejando así un curioso agujero en la constitución. Sin embargo, sin preocuparles alterar la imagen, sagrada para la gente corriente, de un México católico, los delegados incluyeron en la constitución todas las otras medidas anticlericales, especialmente los conceptos básicos de la Ley Juárez (1855) y de la Ley Lerdo (1856).

Los liberales eran tan antimilitaristas como anticlericales. Sin embargo, en este punto se dieron cuenta de que debían actuar con cuidado porque el general Comonfort, el presidente y comandante en jefe del ejército, ya estaba dando muestras de impaciencia ante el Congreso. Aquí los diputados liberales se limitaron a abolir los privilegios judiciales del ejército, confirmando por lo tanto lo que ya había establecido la Ley Juárez.

Finalmente, la nueva constitución reconocía la plena libertad a todos los ciudadanos. Por primera vez desde la constitución de Apatzingán en 1814, todos los mexicanos, por pobres que fueran (si bien excluyendo a los vagabundos y a los criminales), disfrutaban del derecho de votar y de ser elegidos; también se declararon los derechos humanos, incluso el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada. En la prohibición de la propiedad territorial corporativa, la constitución era menos clara que la Ley Lerdo. Lerdo había excluido a los ejidos o pastos comunales, pero en cambio la constitución no lo decía, lo cual implicaba que podían ser desamortizados. Su desamortización, en efecto, se emprendió sobre la base de la nueva constitución, pero debió suspenderse a causa de la oposición de los indios campesinos. Los liberales no podían mantener una lucha en dos frentes: contra la Iglesia y contra los campesinos indios. Por lo que se refiere a la Iglesia, buscaron aislarla ganando aliados en todos los niveles sociales. Consiguieron hacerlo en los centros urbanos donde las clases media y alta se aprovecharon de la desamortización de los bienes de las corporaciones. En las áreas rurales, donde la Iglesia era tradicionalmente fuerte, no pudieron aislarla pero abrieron una brecha en el campo sólidamente conservador al permitir que los grandes propietarios compraran haciendas que habían pertenecido a los religiosos. Irónicamente, en el campo fueron los ricos y no los pobres los que tendieron a apoyar a los liberales.

Muchos liberales consideraron la constitución de 1857 como la realización de los sueños de toda su vida. Ahora podían adoptar una actitud más conciliadora en algunas cuestiones. Por ejemplo, un sutil cambio de la opinión pública hizo que el gobierno volviera a abrir en la capital el convento de los franciscanos que había sido cerrado unos meses antes debido a que allí se conspiraba. Además, con la dimisión de Lerdo a principios de año, la desamortización se desaceleró. El gobierno quería negociar, y el 1 de mayo de 1857 Comonfort envió al ministro de Justicia a Roma. La Santa Sede parecía dispuesta a aceptar la negociación de la desamortización hasta entonces efectuada, pero pidió que se devolviera a la Iglesia el derecho legal a adquirir y tener propiedades. Incluso la prensa mexicana conservadora sugería en agosto que la desamortización debería reconocerse mediante un acuerdo con Roma.

Parecía obvio que para llegar a un compromiso con la Iglesia y los conservadores habría que anular los artículos más extremos de la constitución. Se creía que Comonfort, que había sido elegido presidente en septiembre con el apoyo reticente de los radicales que preferían a Lerdo, favorecería esta vía como la única posible para evitar la guerra civil. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Los liberales consideraban a Comonfort conservador y los conservadores liberal, y se quedó sin apoyo. En la guerra civil que siguió, los conservadores tomaron la iniciativa. Unidades reaccionarias del ejército de la capital, conducidas por el general Félix Zuloaga, se rebelaron en diciembre de 1857 con el deseo confesado de abolir la constitución. Mientras Comonfort aún detentaba la autoridad, el ejército se apoderó de la ciudad, disolvió el Congreso y arrestó, entre otros, al nuevo presidente del Tribunal Supremo, Benito Juárez. Después de algunas dudas, Comonfort aprobó el programa de Zuloaga. Un mes más tarde, Zuloaga dio el segundo paso: destituyó a Comonfort y asumió la presidencia él mismo. Quizá como venganza contra los ingratos conservadores, Comonfort, en los últimos momentos de su poder, logró liberar a Juárez de la prisión antes de abandonar el país, sin ser molestado por los conservadores y siendo ignorado por los liberales. Esta decisión de liberar a Juárez prestó un gran servicio a la causa liberal, tal como los sucesos futuros lo mostrarían.

Juárez huyó a Querétaro. Desde allí se dirigió a Guanajuato y, alegando que el orden constitucional había sido destruido, se proclamó presidente de la república y formó un gabinete en el que Ocampo era su miembro más distinguido. Como cabeza del Tribunal Supremo —al no adoptarse el cargo de vicepresidente en la constitución de 1857— tenía el derecho constitucional de la sucesión presidencial en ausencia del presidente legalmente electo. Poco después de su llegada a Guanajuato, un residente escribió a un amigo en la Ciudad de México: «Un indio llamado Juárez, que se llama presidente de la república, ha llegado a esta ciudad»[25].

Así, con un presidente conservador en la Ciudad de México y un presidente liberal en Guanajuato, empezó la guerra de los Tres Años. En décadas anteriores, los liberales cuando debían enfrentarse a una contrarrevolución se sometían virtualmente sin resistencia al ejército. Ahora, aún no tenían un ejército, pero contaban con el apoyo de las masas en las ciudades y en algunas zonas rurales, lo que les permitió formar gradualmente un nuevo ejército en el que abogados y periodistas liberales serían oficiales. En cambio, desde la muerte de Alamán, entre los conservadores curiosamente no había civiles instruidos. Los acontecimientos revelarían que el ejército regular y la Iglesia no eran lo suficientemente fuertes para resistir al movimiento liberal. Esto no iba a ser un paseo triunfal, tal como lo habían sido antaño los golpes contrarrevolucionarios de Santa Anna.

Después del segundo golpe de fuerza de Zuloaga, algunos gobernadores estatales le reconocieron como presidente, otros se declararon en contra y algunos modificaron su postura original. En medio de esta confusión, Juárez pudo escapar a Veracruz, cuyo gobernador le había invitado a establecer su gobierno en aquella ciudad. El país pronto se dividió en dos zonas de igual fuerza más o menos. Los estados que rodeaban el Golfo de México estaban bajo control de los liberales, a excepción del exhausto Yucatán que prefirió ser neutral. Los estados del lejano norte también eran liberales. El núcleo central del país era conservador, a excepción de los estados de Michoacán y Zacatecas.

Desde el principio ambos contendientes tuvieron que buscar fuentes para financiar la guerra. Zuloaga, cumpliendo una promesa hecha a la Iglesia, anuló la Ley Lerdo, por lo que la Iglesia recuperó la propiedad sobre sus bienes desamortizados. A cambio, el capítulo metropolitano quedó obligado a prestarle un millón y medio de pesos, pero como las instituciones religiosas disponían de poco numerario, nueve décimas partes de esta cantidad se pagaron en cheques que tenían por garantía las propiedades eclesiásticas. El gobierno conservador vendió estos documentos con descuento a los financieros, que a su vez adquirieron los bienes de la Iglesia porque ésta no pudo redimirlos. Tenía que haber un descuento porque el gobierno liberal había declarado ilegales todos los actos y transacciones del régimen conservador. Por esto el precio se rebajó conforme el riesgo. Después hubo otros préstamos parecidos, incluyendo uno firmado con la casa Rothschild. De esta manera, los que disponían de dinero financiaron a Zuloaga a cargo de la Iglesia, que tuvo que ver cómo se dispersaba su riqueza. Alegando que la Iglesia estaba financiando voluntariamente a Zuloaga, los gobernadores y los jefes militares liberales de algunas áreas aisladas tales como Michoacán y el norte decretaron préstamos forzosos sobre el clero, lo que en términos prácticos equivalía a la confiscación de los bienes de los religiosos. En Veracruz las circunstancias fueron bastante diferentes. Poco después de la llegada de Juárez en mayo de 1858, entró en el puerto un cargamento de rifles a nombre de un capitán francés, José Yves Limantour. El gobierno constitucional por supuesto requisó rápidamente las armas. Como que no las podía pagar con las escasas propiedades de la Iglesia que quedaban en las regiones del Golfo y como no disponía de dinero, el pago se hizo con una propiedad religiosa en la Ciudad de México. Estando la capital en manos de Zuloaga, lo único que podía hacer el régimen liberal era prometer que se les entregaría la propiedad cuando llegara la victoria. El precio establecido por las armas también se acordó respecto al riesgo de los créditos establecidos, y así Limantour y otros importadores extranjeros adquirieron propiedades urbanas en la Ciudad de México por sólo una parte de su valor.

Juárez afrontó una situación crítica en febrero-marzo de 1859 cuando el nuevo presidente conservador y comandante militar Miguel Miramón intentó tomar Veracruz. El intento fracasó, pero casi al mismo tiempo el comandante liberal de la parte occidental de México, Santos Degollado, también fracasó en su proyecto de apoderarse de la Ciudad de México. Después de la derrota de Degollado, más de una docena de oficiales liberales, incluidos varios médicos militares, fueron hechos prisioneros y ejecutados en un suburbio de la capital. El conflicto se estaba haciendo cada vez más cruel y destructivo y ahora casi todo el país era escenario de la guerra. No se veía ninguna salida. El país estaba dividido en dos campos irreconciliables.

Había llegado el momento de que los liberales expusieran sus deseos a la nación. Así, el gobierno constitucional de Veracruz publicó un manifiesto el 7 de julio de 1859. El documento, firmado por el presidente Juárez, Ocampo y Lerdo, dos de los miembros más prominentes del gabinete, culpaba de la guerra a la Iglesia y anunciaba una serie de reformas: la confiscación de los bienes eclesiásticos, tanto de las propiedades inmobiliarias como de los capitales; el pago voluntario de las tasas parroquiales; la separación completa entre Iglesia y Estado; la supresión de los monasterios y la abolición de los noviciados y conventos de monjas. No se proclamó la plena libertad de culto. El manifiesto también reconoció la necesidad de dividir la tierra, pero añadió que la redistribución se efectuaría en el futuro como una consecuencia natural del progreso económico. Por el momento, sólo prometió una ley que terminaría con los obstáculos legales a la división voluntaria de la propiedad rural.

Las leyes específicas para poner en marcha estas reformas se publicaron en las cuatro semanas siguientes. La riqueza confiscada y «nacionalizada», tanto los inmuebles como las hipotecas, se venderían a los compradores de los bienes eclesiásticos conforme a la Ley Lerdo. Lerdo, que como ministro de Hacienda del gobierno en Veracruz esbozó la ley confiscatoria, insistió en la continuidad que había entre la desamortización anterior y la nacionalización de ahora. Los compradores que en las zonas ocupadas por los conservadores habían devuelto las propiedades a la Iglesia, en caso de una victoria liberal las recuperarían y las pagarían al gobierno a largos plazos o en metálico por una parte de su valor. La medida se tomó para atraer a la causa liberal tanto a los antiguos compradores como a otros potenciales, sobre todo a los conservadores que ocupaban la parte central de México donde se concentraban las propiedades eclesiásticas más importantes. En las áreas bajo el control de los liberales ya se habían vendido la mayor parte de las propiedades de la Iglesia y en algunos estados, como Veracruz, la Iglesia siempre había sido pobre. Por ello, el gobierno liberal sólo obtuvo un pequeño ingreso rápido por la venta de los bienes confiscados.

Pero se habían echado los dados. Ahora era una lucha a vida o muerte entre la Iglesia y el viejo ejército, por un lado, y la clase media de profesionales, por otro; era una lucha entre el viejo y el nuevo mundo. Las «reformas» liberales revolucionarias de julio de 1859 llevaron a las pasiones políticas a su punto máximo; la lucha se incrementó y las demandas al Tesoro se hicieron cada vez mayores. Desesperado, el gobierno constitucional permitió a los Estados Unidos, a cambio de dos millones de dólares, el tránsito y el derecho de cruzar el istmo de Tehuantepec y del Río Grande a Arizona hasta el Golfo de California, así como el derecho de emplear sus propias fuerzas militares para proteger a las personas y las propiedades que atravesaran estas zonas. El llamado tratado McLane-Ocampo fue negociado por Melchor Ocampo, que no era amigo de los Estados Unidos, y se firmó el 14 de diciembre de 1859. Un periódico liberal comentó: «¿No sabe el señor Juárez que el partido liberal prefiere caer de nuevo bajo el doble despotismo del ejército y la Iglesia antes que ponerse un yugo extranjero?»[26]. No sabemos si el gobierno liberal era sincero al proponer el tratado o bien si estaba jugando con el tiempo. Fuera lo que fuera, unos meses después el Senado de los Estados Unidos no aceptó el tratado, por lo que los liberales se liberaron de la embarazosa posición en que les había puesto su extrema penuria. De hecho, no se necesitaban los dos millones de dólares. La guerra de propaganda estaba dando sus frutos, y después del segundo intento de Miramón de tomar Veracruz en la primavera de 1860 empezó a declinar la fortuna del ejército conservador. Comenzó a retirarse hacia la capital, donde Miramón intentó obtener dinero. No hizo, aun contando con el permiso del arzobispo, lo que los liberales habían hecho en contra del deseo de la Iglesia; en, agosto confiscó plata labrada de las iglesias para acuñarla, y también oro y otras joyas que fueron empeñadas a los prestamistas. En noviembre, sin crédito y sin fondos, confiscaron 660.000 pesos que habían sido confiados a la legación británica de acuerdo con los ingleses tenedores de bonos que por primera vez desde 1854 iban a recibir parte de los intereses que se les debía. Era demasiado tarde: los liberales se estaban acercando a la capital.

A principios de diciembre de 1860, la victoria era tan clara que el gobierno liberal de Veracruz finalmente decretó la tolerancia religiosa total. Ya no tenía ninguna importancia lo que pudieran pensar los curas que adoctrinaban a los indios. Los liberales habían ganado la guerra. El 22 de diciembre, el comandante militar liberal, el general Jesús González Ortega, que antes había sido periodista en Zacatecas, derrotó a Miramón en la batalla por el control de la Ciudad de México y la ocupó tres días después, el día de Navidad. El presidente Juárez llegó de Veracruz tres semanas más tarde. Con las ciudades en manos de los liberales, y los conservadores desparramados en grupos de guerrillas rurales, México era libre para disfrutar de una campaña política, y la competición para la presidencia empezó así que llegaron el presidente y su gabinete.

Entre los líderes liberales había cuatro presidentes posibles: Melchor Ocampo, Miguel Lerdo, Benito Juárez y González Ortega. Ocampo no buscaba la presidencia. Considerado el heredero de Mora, estaba satisfecho con ser el profeta del liberalismo y, por lo tanto, ayudó a Juárez, su protegido, frente a Lerdo, en quien veía un rival. Juárez podía necesitar tal ayuda porque, a pesar de ser el presidente, algunos le miraban como un segundón comparado con Ocampo y Lerdo. Reservado y no presuntuoso, más tarde se le describió como «no un líder que concibiera e impulsara programas, reformas o ideas. Esta tarea correspondía a los hombres que le rodeaban y él aprobaba o rechazaba su liderazgo»[27]. Como autor de las revolucionarias leyes que afectaban a la riqueza de la Iglesia, Lerdo tenía prestigio y autoridad y era popular entre los liberales radicales. González Ortega a su vez era el héroe nacional, el hombre que había derrotado al ejército conservador. Estos tres hombres —Juárez, Lerdo y González Ortega— eran los candidatos al puesto más alto.

A finales de enero de 1861, parecía que seis estados estaban a favor de Juárez, seis de Lerdo y cinco de González Ortega; no había información de los siete estados restantes. Lerdo ganó en la capital y en otros dos estados, pero murió el 22 de marzo. El prolongado sistema de elección indirecta continuó con los dos candidatos restantes, Juárez y González Ortega; en el recuento final Juárez obtuvo el 57 por 100 de los votos, Lerdo casi el 22 por 100 y González Ortega más del 20 por 100. Parece que en los estados donde hubo elecciones después de la muerte de Lerdo, sus seguidores votaron a Juárez. Una explicación obvia es que los liberales no confiaban en los militares. Los liberales más importantes habían sido civiles: Zavala, Mora, Gómez Farías, Ocampo, Lerdo, Otero y De la Rosa. Ninguno de ellos había sido presidente. El ejército, por naturaleza conservador, no estaba deseoso de compartir el poder con ellos. Con la excepción de la presidencia transitoria de De la Peña, no había habido ningún civil jefe de Estado antes de Juárez. Aunque González Ortega era un buen liberal, era un general y, por lo tanto, no se le tenía confianza.

En junio de 1861, el Congreso declaró a Juárez presidente de México. Tuvo que soportar toda la carga del puesto solo, porque Ocampo hacía poco que había sido capturado y ejecutado por las guerrillas conservadoras, de manera que sólo sobrevivió dos meses a su rival Lerdo. Juárez nunca confió en el ejército, aunque fuera una fuerza liberal y revolucionaria. Mientras estaba en el campo de batalla luchando contra los conservadores, González Ortega fue elegido presidente del Tribunal Supremo por el Congreso (inconstitucionalmente, puesto que debía haber sido elegido directamente) y así pasó a primera línea para la presidencia. La fracción anti-Juárez consideró que, como el presidente de la república era presumiblemente un civil débil, se tenían que tomar algunas medidas en caso de una posible emergencia. En honor a González Ortega, debe decirse que no intentó un golpe de fuerza militar.

Los problemas que Juárez tenía que afrontar le hacían tambalearse cada vez más. La venta de los bienes de la Iglesia confiscados, valorados en cerca de 150 millones de pesos —quizá constituía un quinto de la riqueza total de la nación—, había empezado en enero de 1861. Para atraer a los compradores mexicanos —que como buenos católicos romanos se oponían a la confiscación— y para crearse una amplia base social, el gobierno liberal aceptó todo tipo de documentos, créditos, vales y papeles de la deuda interna en pago, o al menos en parte del pago, de las propiedades eclesiásticas. Por lo tanto, de la venta de bienes confiscados en el Distrito Federal en 1861, que tenían un precio de 16 millones de pesos que era un precio devaluado, el gobierno sólo recibió un millón de pesos en metálico. Además, los financieros de Veracruz —como Limantour y otros— ya habían pagado sus propiedades en productos o en efectivo. Finalmente, el gobierno reconoció como válida la compra de inmuebles eclesiásticos efectuada por la casa Rothschild durante el régimen conservador. El hecho de que las propiedades hubieran sido adquiridas a un precio inferior a su valor y que hubieran sido pagadas por adelantado explica que los ingresos por la confiscación de 1861 hubieran sido tan bajos. Los ingleses tenedores de bonos, que esperaban cobrar los atrasos de sus intereses de lo obtenido con estas ventas, no cobraron nada. También Francia estaba presionado, reclamando el pago de los bonos Jecker emitidos por el gobierno conservador y que hacía poco políticos influyentes habían comprado en Francia. Los extranjeros residentes en México presentaban otro tipo de reclamaciones sobre daños reales o supuestos padecidos durante la guerra civil. Sin embargo, Juárez rehusó reconocer la responsabilidad de los actos del gobierno conservador: él simplemente no tenía dinero. Su gobierno tuvo que suspender todos los pagos en julio. Los acreedores europeos se sintieron engañados y presionaron a sus gobiernos para obtener una indemnización. El 31 de octubre de 1861, Francia, Gran Bretaña y España firmaron en Londres la Convención Tripartita para intervenir militarmente en México. Sus tropas desembarcaron en Veracruz poco después. Sin embargo, pronto quedó claro que Napoleón tenía otros intereses y previsiones para México. Entonces Inglaterra y España se retiraron, dejando la empresa en manos de los franceses.

Estos acontecimientos ofrecieron a los monárquicos mexicanos que vivían en Europa, como por ejemplo Gutiérrez Estrada, la oportunidad que habían estado buscando. La ocupación francesa de México permitiría realizar el sueño de toda su vida de crear un imperio mexicano bajo la protección europea —ahora, Francia—. Se encontró un candidato apropiado para la corona en la persona del archiduque de Austria Maximiliano.

Mientras tanto, las tropas francesas estaban avanzando en México. La invasión dio lugar a sentimientos patrióticos no sólo entre los liberales. Por entonces no se sabía si Francia quería ayudar a los conservadores en contra de los liberales, o si trataba simplemente de subyugar al país. Los dos últimos presidentes conservadores, Zuloaga y Miramón, dudaban. Como generales y antiguos presidentes no estaban entusiasmados con un imperio con un príncipe extranjero. Además, desconfiaban de Francia y querían la independencia del país. La cuestión no era liberalismo frente a conservadurismo, como había sido en 1858-1860, sino la independencia de México frente a la conquista de una potencia extranjera, Ciertamente, en su odio a Juárez la mayoría de los conservadores aceptaron a los franceses como libertadores del yugo liberal, pero otros se decidieron por sumarse a los que estaban luchando contra los invasores. Por ejemplo, Manuel González (el futuro presidente de México en 1880-1884), que había sido un oficial del ejército conservador en 1858-1860, se presentó voluntario y fue aceptado para luchar contra los franceses. Comonfort también fue aceptado por Juárez y moriría en el campo de batalla en 1863.

Las fuerzas francesas fueron temporalmente rechazadas por el general Zaragoza en la batalla de Puebla en mayo de 1862, pero después se reorganizaron y bajo el mariscal Forey se embarcaron en una campaña mayor. Zaragoza murió y Juárez tuvo que nombrar a González Ortega —a quien había dejado sin misión militar— para que dirigiera el ejército oriental. Se rindió en Puebla en mayo de 1863 tras resistir un asedio de dos meses. Los franceses pudieron tomar la capital y desde allí extendieron su dominio a otras partes del país. Deseando continuar la lucha desde el norte, Juárez abandonó la Ciudad de México el 31 de mayo y diez días después establecía su gobierno en San Luis Potosí. Se le juntó González Ortega, que logró huir de los franceses mientras estaban tomando Veracruz.

Los conservadores de la capital —sobre todo Labastida, el antiguo obispo de Puebla que entonces era arzobispo de México— esperaban que los franceses harían como Zuloaga había hecho en 1858, esto es, abolir todas las leyes confiscatorias y devolver los bienes nacionalizados a la Iglesia. Sin embargo Napoleón decidió adoptar un programa liberal y, ante la sorpresa de los dignatarios eclesiásticos, el mariscal Forey reconoció la validez de la nacionalización y venta de las propiedades religiosas. Al aceptar la corona de México en Miramar, su castillo cercano a Trieste, el 10 de abril de 1864, Maximiliano, cuyas inclinaciones liberales eran bien conocidas, se había comprometido a seguir la política francesa respecto a la Iglesia y la nacionalización de sus propiedades. A su llegada a la Ciudad de México en junio, se encontró con que el gobierno republicano de Juárez aún controlaba el norte de México y que las guerrillas republicanas luchaban contra las fuerzas invasoras. Intentó atraer a Juárez a su lado y persuadirle de que se sometiera a su imperio, pero por supuesto no lo consiguió. Sin embargo, logró captar a algunos de los liberales que habían preferido quedarse en la capital bajo la ocupación francesa. Rechazó el apoyo de los conservadores y envió a Miramón, su líder más conocido, al extranjero. Así pudo nombrar un gabinete formado casi totalmente por liberales, entre los cuales había dos antiguos diputados del Congreso Constituyente de 1856-1857, Pedro Escudero y Echanove y José M. Cortés y Esparza. Escudero llegó a ser ministro de Justicia y de Asuntos Religiosos y Cortés, ministro del Interior. Asuntos Exteriores, Fomento y el nuevo Ministerio de Educación Pública también estaban en manos de liberales. El Tesoro estaba administrado directamente por los franceses.

Maximiliano llegó tan lejos como a esbozar una constitución liberal. Conocida como Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, fue firmado por el emperador en el primer aniversario de haber aceptado la corona mexicana. Junto con una «monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico», proclamaba la libertad de cultos como uno de los derechos del hombre. Como el primero y el más importante de estos derechos, «el gobierno del emperador» garantizaba la igualdad ante la ley «a todos los habitantes del imperio»[28], un derecho que sólo se había establecido en la constitución de 1857. También estableció la libertad de trabajo. Mientras que el régimen liberal nunca había promulgado una ley que expresamente prohibiera el peonaje por deudas, Maximiliano sí la decretó el 1 de noviembre de 1865. Se dio a los trabajadores el derecho a dejar su trabajo según su deseo, independientemente de si estaban o no endeudados con su patrón: todas las deudas de más de 10 pesos quedaron canceladas; se limitó el horario laboral y el trabajo de los niños; se prohibió el castigo corporal a los trabajadores; y, para permitir la competencia con las tiendas de las haciendas, se autorizó a los vendedores ambulantes que entraran en las haciendas y ofrecieran sus artículos a los peones. Finalmente, partiendo de la constitución de 1857, Maximiliano devolvió a los poblados indios el derecho a su propiedad y dio tierras comunales a los pueblos que no las tenían.

Es posible que Maximiliano buscara la manera de ganarse el apoyo de la gente pobre mexicana —la gran mayoría de la población—, porque su autoridad hasta entonces dependía completamente de la fuerza del ejército extranjero de ocupación. Pero esto a los ojos de muchos mexicanos era más importante que la cuestión de sus convicciones liberales o conservadoras. En 1858-1860 la batalla había sido entre los liberales mexicanos y los conservadores mexicanos. Ahora la cuestión se encontraba entre México y Francia, entre los republicanos mexicanos y la monarquía extranjera. El gobierno liberal de Juárez vino a representar México y el imperio fue contemplado como instrumento de una potencia extranjera.

La conquista y el imperio casi triunfaron. En los meses finales de 1865, las tropas francesas empujaron a Juárez hasta el Paso del Norte, una ciudad en el Río Grande en la frontera con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Juárez se estaba enfrentando a una seria crisis interna. Su cargo presidencial de 4 años iba a expirar el 1 de diciembre de 1865 y era imposible convocar elecciones cuando los franceses ocupaban la mayor parte del país. Basándose en los poderes extraordinarios que previamente le había conferido el Congreso, Juárez alargó su periodo en el cargo hasta que fuera posible volver a convocar elecciones. Esta acción sin ningún género de duda era inconstitucional y el general González Ortega, el también inconstitucional presidente del Tribunal Supremo, reclamó la presidencia de la república. Parecía que los días de Juárez, e incluso de la república, estaban contados, pero el general ni tenía el nervio ni la fuerza para intentar un golpe militar. Juárez le arrestó y metió en prisión. Por el momento, capeó el temporal.

En 1866 la situación militar se volvió en contra del imperio a consecuencia de la decisión de Napoleón de retirar sus tropas. Empezaron a salir, poniendo de manifiesto la debilidad de la posición de Maximiliano. Durante dos años había intentado atraer a los liberales hacia su campo y muchos de ellos se habían convertido en funcionarios civiles del imperio, pero con las fuerzas francesas a punto de partir tuvo que sustituirlas por un ejército mexicano. Incapaz de encontrar liberales que quisieran luchar y, si era necesario, morir por el imperio, se dirigió a los conservadores. Tras la marcha de los franceses, volvió a estallar una guerra entre los conservadores mexicanos y los liberales mexicanos. Maximiliano nombró un gabinete conservador y dio la bienvenida a Miramón, el comandante más conservador, que había regresado a México. Sin saberlo, los conservadores y el archiduque austríaco habían sellado un pacto de muerte.

El ejército republicano rodeó al tambaleante imperio que retenía el control sobre el centro de México. El ejército oriental avanzó hacia Puebla y el del norte hacia Querétaro, y aquí Maximiliano decidió hacer lo que sería su última intervención. Fue derrotado y capturado prisionero de guerra junto con los generales Miramón y Mejía —este último, un conservador de origen indio—. Tanto durante la guerra civil de 1858-1860 como durante la invasión francesa de 1862-1866, las ejecuciones de prisioneros civiles y militares habían sido un hecho corriente. Si Ocampo había sido fusilado, ¿por qué se debía perdonar la vida a Maximiliano? Su sangre azul no hacía el caso diferente. Tendría el mismo final que Iturbide. Juárez pretendía advertir al mundo que no se podía intentar conquistar México, fuera con el objetivo que fuera. La ejecución de Maximiliano, Mirón y Mejía, por lo tanto, era el final previsible. Fueron juzgados por un tribunal militar, y convictos de crímenes de guerra fueron fusilados el 19 de junio de 1867. Después de haber estado ausente durante más de cuatro años, el presidente Juárez volvió a la capital el 5 de julio de 1867.

Visto retrospectivamente, el segundo imperio mexicano aparece como una tragicomedia llena de errores. Los conservadores se equivocaron de hombre. Necesitaban un rey conservador y fuerte para sostener su causa y no a alguien que sólo pusiera obstáculos en su camino. Habría sido mejor haber conseguido un príncipe español ultracatólico. El intento de Maximiliano de injertar una monarquía liberal y europea en una república latinoamericana dominada por la Iglesia fue una empresa desesperada. Se peleó con Miramón sin conseguir atraer a Juárez. Sus reformas sociales le comportaron conflictos con la clase dominante, sobre todo con los terratenientes. Sus reformas se emprendieron demasiado tarde para darle popularidad entre los pobres. En definitiva, estaba en un país que no le quería, especialmente no como un regalo de un ejército invasor. En resumen, el emperador que había buscado la manera de unir a liberales y conservadores, ricos y pobres, mexicanos y europeos terminó siendo repudiado y abandonado por casi todos.

Al principio, en 1863-1864, algunos mexicanos vieron al imperio como una respuesta a sus problemas y una alternativa razonable e incluso deseable a los casi 50 años de anarquía y guerra civil que había habido antes. Habían perdido la fe en la habilidad de su país para gobernarse a sí mismo. Sólo un europeo de sangre real podría exigir el respeto de todos, parar las ambiciones personales y ser un juez imparcial en sus disputas. ¿No había sido el imperio del Plan de Iguala de 1821, que había insistido en la conveniencia de llevar a un príncipe europeo, la única fuerza capaz de aglutinar a toda la nación? La respuesta, por supuesto, era que lo había logrado, pero que había llegado demasiado tarde. Si se hubiera implantado inmediatamente después de la independencia pudo haber dado alguna estabilidad al nuevo país. Pero ahora México contaba con un grupo de hombres capaces de mandar, tal como pronto lo demostrarían, y fueron estos hombres los que se opusieron y derrotaron al imperio.

Restaurada por Juárez en 1867, la república liberal duró hasta 1876, cuando el general Porfirio Díaz, un héroe de la patriótica guerra contra los franceses, destituyó al presidente civil Sebastián Lerdo, un hermano pequeño de Miguel Lerdo y el sucesor de Juárez una vez éste murió. Recurriendo a algunos componentes de la maquinaria política de su predecesor, Díaz construyó otra nueva con la que pudo retener el poder en sus manos durante 35 años. Dio una estabilidad considerable a México, haciendo posible un desarrollo económico sin precedentes. Sin embargo, controlaba totalmente los cargos políticos, lo que para la mayoría de jóvenes de entonces constituía la gran tiranía del régimen, y fue lo que finalmente provocó su caída en 1911 en lo que fue el primer episodio de la revolución mexicana.

Capítulo 4
LAS REPÚBLICAS CENTROAMERICANAS

El primer medio siglo de independencia nacional fue una época infeliz para las provincias antiguamente pertenecientes al reino de Guatemala: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica[1]. Las tensiones en las estructuras sociales y económicas del último periodo colonial llevaron a encarnizados conflictos políticos y a la guerra civil. Las elevadas expectativas formuladas por los líderes centroamericanos al principio del periodo se desvanecieron pronto ante la dureza de la realidad. El estancamiento económico, el antagonismo entre clases sociales, el desconcierto político y la anarquía sustituyeron a la relativa tranquilidad y estabilidad de la era hispánica. En vez de una nación del istmo próspera e independiente, hacia 1870 emergió un fragmentado y conflictivo mosaico de ciudades-estado autodenominadas «repúblicas». A pesar de todo, pese al decepcionante ritmo de transformación económica y social, se dieron algunos importantes y necesarios pasos en la transición del colonialismo a la moderna dependencia capitalista.

Los historiadores de América Latina pasan a menudo rápidamente sobre la independencia de Centroamérica con la idea de que fue una simple y natural consecuencia de la independencia mexicana. Ciertamente en Centroamérica proliferaron las sangrientas guerras que caracterizaron las luchas por la independencia en México y en la Suramérica hispana. Los criollos centroamericanos no obtuvieron el control del gobierno tras la invasión napoleónica de España en 1808. El dominio peninsular continuó en la ciudad de Guatemala hasta 1821. Y la independencia fue el resultado de una ley y una asamblea de notables que el 15 de septiembre de 1821 aceptó el fait accompli del Plan de Iguala de Agustín de Iturbide. Sin embargo, durante las primeras dos décadas del siglo XIX el reino de Guatemala pasó por una dura experiencia de desequilibrio económico y dislocación social, y una significativa actividad política. Los conflictos de los años inmediatamente anteriores a la independencia están directamente relacionados con los factores que dificultaron la unidad centroamericana durante el medio siglo posterior a 1821.

El periodo 1810-1814, en particular, fue testigo del comienzo de los conflictos políticos en Centroamérica que habrían de durar décadas. Hubo conspiraciones criollas y rebeliones en El Salvador, Nicaragua y Honduras ya en 1811 y 1812 y, a finales de 1813, en la misma capital. Pero el fuerte y eficiente gobierno de José de Bustamante y Guerra, capitán general y presidente de la audiencia de Guatemala (1811-1818), impidió el éxito de estos movimientos. Mientras tanto las Cortes de Cádiz y la Constitución que promulgaron en 1812 proporcionó definición política y argumentos a los emergentes liberales criollos que ya habían comenzado a hacer patentes sus resentimientos económicos y sociales. La Constitución de 1812 establecía la libertad de prensa, elecciones no sólo para los ayuntamientos sino también para las nuevas diputaciones provinciales y la representación de las colonias en España; se abría el camino hacia un gobierno más representativo y procedimientos más democráticos; alentaba el libre comercio y amenazaba los tradicionales fueros y monopolios. Quedaban establecidos los fundamentos políticos del Partido Liberal en Centroamérica y de la mayor parte de su programa durante el resto del siglo[2]. Bustamante no reconoció la Constitución de Cádiz e hizo todo lo posible para retrasar su aplicación. Finalmente, la restauración de Fernando VII en 1814 justificó la autoritaria dictadura de Bustamante y su represión de los liberales. Pero su sucesor en 1818, Carlos Urrutia y Montoya, débil por su edad y enfermedad, primero relajó el gobierno de mano dura y más tarde aceptó el restablecimiento de la Constitución de 1812 tras la revolución de 1820 en España.

La Constitución de 1812 no sólo había alentado y reforzado los argumentos políticos liberales en Centroamérica, sino que también había subrayado la capacidad de los gobiernos locales y provinciales de tomar decisiones autónomas y de levantarse contra el tradicional dominio de la metrópoli —España, México o Guatemala—. Este resentimiento regional y la emergencia del separatismo en Centroamérica puede documentarse en todas las provincias, pero en ningún lugar era tan evidente como en El Salvador. Durante largo tiempo parte integrante de la provincia de Guatemala, El Salvador había crecido en importancia durante el siglo XVIII como principal productor de añil, la más importante exportación del reino. Tras la destrucción de Santiago de Guatemala en 1773 y su traslado en 1776 a un nuevo emplazamiento situado a unos 40 kilómetros, San Salvador se convirtió en la mayor ciudad de Centroamérica y lo siguió siendo hasta bastante después de la proclamación de la independencia. La creación de una intendencia en San Salvador en 1786 proporcionó cierta autonomía administrativa por primera vez y puede considerarse el primer paso hacia el nacionalismo salvadoreño. Siguieron demandas de autonomía religiosa, pues los salvadoreños solicitaban su propio obispo y la separación de la diócesis de Guatemala. Las reformas de Cádiz ofrecieron a los criollos salvadoreños una oportunidad de autogobierno, y, comprensiblemente, San Salvador se convirtió en un semillero del pensamiento y de la actividad liberales.

El resentimiento que los liberales salvadoreños sentían hacia lo que ellos denominaban la «aristocracia» de la ciudad de Guatemala —las familias conservadoras (la mayor parte criollas) que controlaban la tierra, el consulado y el ayuntamiento— se daba igualmente en otros centros provinciales desde Chiapas a Costa Rica. La restauración de la Constitución de 1812 y la convocatoria de elecciones para los ayuntamientos y diputaciones provinciales en 1820 estimuló la actividad política y la renovación del debate político de los años 1811-1814 a través de Centroamérica.

En la propia capital, el diálogo era entre liberales y moderados y se hacía público en las páginas de dos periódicos. El Editor Constitucional, dirigido por el vehemente Pedro Molina, un médico de origen bastardo, independiente de las principales familias y representando a los letrados criollos, desafiaba ahora por primera vez a las instituciones tradicionales y a la continuidad de la dominación española. Le daba réplica El amigo de la Patria, editado por José Cecilio del Valle, que había venido a educarse a la capital procedente de una familia ganadera hondureña y había permanecido allí convirtiéndose en uno de los intelectuales dirigentes de la colonia y un relevante abogado, ampliamente respetado entre la élite criolla. Había crecido en posición e importancia durante los años de Bustamante como un leal servidor de su gobierno, y sus contactos gubernamentales le llevaban a aconsejar moderación y prudencia en lo referente a la independencia. Las familias criollas más destacadas, dirigidas por el clan de Aycinena, sin embargo, apoyaron a los agitadores de Molina, puesto que se sentían incómodos ante la amenaza que para su prestigio y monopolio suponía el anunciado retorno al poder de los liberales españoles. José del Valle, por su parte, tenía el apoyo del gobierno colonial, de los europeos, de los contrarios al libre comercio y de los criollos menos favorecidos. Las elecciones de finales de 1820 no fueron decisivas, aunque el propio Del Valle ganó la elección a la alcaldía de la ciudad de Guatemala.

En febrero de 1821 Iturbide inició su rebelión en México y la noticia del Plan de Iguala en favor de una monarquía independiente se extendió hacia el sur. El nuevo énfasis en la autonomía local entró en juego, pues los ayuntamientos de cada ciudad se encargaron de decidir por su cuenta cuál sería su reacción ante los acontecimientos de México. En Chiapas, los ayuntamientos de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla se declararon separadamente a favor del Plan el 28 de agosto y el 3 y 5 de septiembre respectivamente, uniéndose al México independiente. En Guatemala, el entonces capitán general Gabino Gaínza aceptó el 14 de septiembre el requerimiento de la Diputación Provincial de celebrar un encuentro general entre los representantes de las principales instituciones. Al día siguiente, en una tormentosa sesión, los líderes criollos y peninsulares debatieron la cuestión, mientras fuera una multitud clamaba por la independencia. Finalmente los delegados, incluidos la mayor parte de los moderados dirigidos por José del Valle, votaron a favor de la independencia. De hecho, no cambió nada más. La burocracia española, encabezada por Gaínza, permaneció. Se dejó en manos de la aristocracia guatemalteca el control del gobierno y de la economía. Habiendo escapado del régimen liberal español, la élite criolla ya no necesitaba la alianza con Molina y con los liberales locales más radicales; nacía el Partido Conservador.

Se pretendía que la decisión tomada en la ciudad de Guatemala en favor de la independencia se aplicara en todo el reino, pero la idea de participación local era ahora tan poderosa que cada municipalidad votó separadamente mientras las noticias viajaban hacia el sur. Todos aceptaron la independencia de España, pero hubo diferencias en sus planteamientos sobre el futuro. En San Salvador, el 29 de septiembre, una junta bajo el liderazgo liberal del padre José Matías Delgado proclamó la independencia de El Salvador y obligó a los que favorecían la unión con Guatemala y México a abandonar la ciudad. Otras ciudades salvadoreñas respondieron de manera diferente y los problemas estallaron. En Honduras, mientras tanto, Tegucigalpa aceptaba el liderazgo guatemalteco, mientras que Comayagua insistía en la independencia tanto de Guatemala como de España. De manera similar, en Nicaragua la conservadora Granada prometía su apoyo al gobierno central de Guatemala, mientras que León declaraba la independencia de España y Guatemala, a pesar de que según parece ¡deseaban la unidad con México! Costa Rica, remota y generalmente al margen de las actividades de la capitanía general, se separó de España el 27 de octubre, manteniendo ambigua su posición respecto a Guatemala y México mientras establecía un gobierno provisional completamente independiente del de Nicaragua. Pero casi inmediatamente sus cuatro mayores ciudades comenzaron a disputar, pues San José, Heredia y Alajuela competían en igualdad con Cartago, la sede del poder colonial. Cuando comenzaba su época nacional, Centroamérica se fragmentaba políticamente y se enredaba en una ola de secesiones regionales y locales.

La anexión a México se convirtió en el primer tema que claramente dividió a conservadores y liberales. En general, todos los conservadores de Centroamérica respaldaron la anexión, mientras que los liberales pedían una federación republicana e independiente. Como controlaban el aparato gubernamental en Guatemala y en la mayoría de los otros estados, los conservadores consiguieron bloquear los esfuerzos liberales por impedir la anexión. Un ejército mexicano enviado por Iturbide reforzó la causa anexionista. La violencia prendió en Guatemala y Nicaragua, pero sólo en El Salvador consiguieron dominar los republicanos. A finales de diciembre de 1821, 115 ayuntamientos (104 incondicionalmente y 11 con ciertas estipulaciones) habían acordado su incorporación al imperio mexicano. Otros 32 dejaron la cuestión en manos del gobierno provisional, mientras 21 declaraban que sólo un congreso general podía decidir sobre el tema. Sólo dos ayuntamientos se opusieron completamente a la unión, mientras 67 permanecían a la expectativa. A favor de la anexión estaba también la poderosa influencia del arzobispo Ramón Casáus, que había aceptado la independencia sólo a regañadientes. El 5 de enero de 1822 el gobierno provisional declaró que la anexión era el abrumador deseo del país —expresado a través de los ayuntamientos— y pocos días después Gaínza, que permanecía como jefe de Estado titular, prohibió toda resistencia a la decisión. La junta provisional se autodisolvió y Gaínza supervisó una rápida elección de delegados al nuevo Congreso de México.

Sólo San Salvador y Granada rechazaron abiertamente la anexión, aunque continuaba la división sobre el tema en Costa Rica, donde había también un fuerte sentimiento a favor de la unión con Colombia, y en Honduras, donde continuaba la rivalidad entre Comayagua y Tegucigalpa. Dirigida por Delgado, San Salvador recurrió a las armas para defender su postura. Sus fuerzas, bajo el mando de Manuel José de Arce, derrotaron al ejército guatemalteco de Gaínza cerca de Sonsonate, provocando una sangrienta guerra que continuaría intermitentemente durante décadas y que envenenaría las posibilidades de éxito de una unión centroamericana. La llegada del nuevo capitán general, Vicente Filisola, con seiscientos soldados mexicanos fue decisiva. Filisola tomó posesión el 22 de junio de 1822 e inmediatamente buscó un arreglo negociado. San Salvador entró en estas negociaciones al parecer para ganar tiempo, puesto que en noviembre era ya evidente que la ciudad no se sometería pacíficamente al dominio mexicano. A finales de mes Filisola invadió El Salvador con una fuerza de dos mil hombres. San Salvador buscó frenéticamente una salida a su causa, incluyendo una declaración de anexión a los Estados Unidos. Todo falló, y la ciudad capitulaba el 10 de febrero de 1823. Al mismo tiempo, sin embargo, Granada continuaba resistiendo a los anexionistas en Nicaragua y en abril en Costa Rica tropas antimexicanas procedentes de San José y Alajuela dominaban a las fuerzas proimperiales de Cartago.

El imperio de Iturbide, por supuesto, estaba ya destinado al fracaso. Mientras Filisola sometía a los liberales de El Salvador, en México los liberales se pronunciaban contra el imperio con el Plan de Casa Mata. Tras la llegada de las noticias de la abdicación del emperador, Filisola dijo a la Diputación Provincial de Guatemala que México estaba en situación de anarquía. Las provincias respondieron entusiásticamente a su convocatoria de un congreso centroamericano de acuerdo con el plan del 15 de septiembre de 1821. Siguieron elecciones y el organismo, que comenzó sus sesiones el 24 de junio de 1823, representaba a todos los estados excepto Chiapas, que optó por permanecer con México. Este congreso, quizás el más representativo que se haya reunido jamás a instancias de una autoridad centroamericana, era decididamente más liberal que el gobierno precedente. Gran parte de los conservadores estaban todavía en México, y de todos modos se habían desacreditado con el colapso de la monarquía. Bajo la presidencia del padre Delgado de El Salvador, el 1 de julio de 1823 el congreso declaró a Centroamérica libre e independiente, adoptando el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. Al día siguiente el congreso se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente y comenzó a trabajar en la redacción de una constitución republicana. México reconoció a las Provincias Unidas en agosto, mientras Filisola y su ejército se retiraban.

La nueva república centroamericana comenzó con expresiones bastante ingenuas de unidad y optimismo hacia el futuro tras cerca de dos años de desunión y caos que se achacaban ahora a España, a México y a sus «serviles» partidarios. Pese al repentino giro de los acontecimientos políticos en favor de los liberales, la situación real en Centroamérica no era propicia para que se implantara con éxito el tipo de nación moderna y progresista que los redactores de la Constitución de 1824 imaginaban. Serios problemas económicos y sociales se levantaron en su camino.

Las Provincias Unidas, a pesar de la pérdida de Chiapas y excluyendo Belice, contaban con una población de más de un millón de habitantes[3]. (Véase el cuadro 1.) La mayor parte eran campesinos y peones analfabetos con escasa voz en el futuro del país. Alrededor de un 65 por 100 de la población de Centroamérica eran indios, el 31 por 100 ladinos (mestizos y mulatos) y sólo un 4 por 100 aproximadamente eran blancos. La situación individual de los estados por supuesto difería considerablemente de estas estimaciones. Guatemala tenía mayor porcentaje de indios que cualquier otro Estado, mientras la escasa población de Costa Rica era predominantemente blanca. El Salvador, Nicaragua y Honduras tenían principalmente habitantes ladinos. Había algunos negros, sobre todo en las costas de Honduras y Nicaragua, pero casi todos estaban al margen de la sociedad centroamericana[4].

CUADRO 1

Población estimada de Centroamérica, 1820-1870
(en miles de habitantes)

País | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870
Costa Rica | 63 | 72 | 86 | 101 | 115 | 137
El Salvador | 248 | 271 | 315 | 366 | 424 | 493
Guatemala | 595 | 670 | 751 | 847 | 951 | 1.080
Honduras | 135 | 152 | 178 | 203 | 230 | 265
Nicaragua | 186 | 220 | 242 | 274 | 278 | 337
Centroamérica | 1.227 | 1.385 | 1.572 | 1.791 | 1.998 | 2.312

La economía de Centroamérica había experimentado una considerable transformación en las dos décadas previas a la independencia, lo que añadía cargas adicionales a la nueva república. En resumen, en el siglo XVIII el reino de Guatemala se había convertido en un importante exportador de añil salvadoreño y guatemalteco. Desde las otras provincias no se exportaba mucho más allá del istmo, pero Honduras y Nicaragua, y en menor grado Costa Rica, eran importantes suministradores de ganado y alimentos para las regiones productoras de añil y para el centro administrativo del reino. Una creciente evidencia sugiere que la economía tardocolonial estaba, por tanto, muy unida a la economía internacional y que había una significativa integración en la economía del reino[5].

Sin embargo, el rápido declive de la producción de añil salvadoreño durante las primeras dos décadas del siglo XIX provocó un grave desajuste económico en toda Centroamérica. Plagas de langosta, ataques a los barcos españoles y la competencia de otras áreas productoras de añil con mejor acceso a los mercados europeos contribuyeron a esta significativa reducción de las exportaciones y forzó a los plantadores de El Salvador y Guatemala a cambiar de cultivo y producir alimentos, interrumpiendo como consecuencia sus compras de ganado y grano procedente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Así pues, cuando se cerraba el periodo colonial el reino se estaba haciendo menos interdependiente y menos ligado al mercado internacional. Esto significó una reducción del nivel de vida, en un momento en que los fuertes impuestos y las demandas de crédito del gobierno español durante las guerras napoleónicas suponían cargas adicionales sobre las élites centroamericanas[6].

Comprensiblemente la aristocracia guatemalteca contemplaba la expansión comercial, la eliminación de las restricciones económicas y las nuevas exportaciones, especialmente la cochinilla, como el medio para superar sus graves estrecheces. Algunos ya se habían pasado al contrabando, principalmente desde la Honduras británica, agravándose sus dificultades con el régimen de Bustamante. Al mismo tiempo, se oponían al avance económico de otros elementos de la sociedad y, tras la independencia, el conservadurismo básico de la clase dominante llegó a ser manifiesto. Opuestos a ellos, especialmente en las provincias, estaban los representantes de las profesiones y sectores medios y los burócratas del gobierno que veían en el liberalismo la oportunidad de mayores avances y oportunidades económicas. Ambas facciones representaban sólo un pequeño porcentaje del total de la población; la masa de indios y ladinos estaba al margen de los debates políticos. Pero la dura coyuntura económica no afectó sólo a las élites. Ciertamente, la extensión de la miseria entre los pobres urbanos incrementó las tensiones sociales en la época de la independencia y ayudó a proporcionar soldados para los ejércitos de ambas partes en los conflictos que siguieron.

Los temas que dividían a los liberales y a los conservadores a comienzos del periodo nacional no eran muy diferentes de los que dividían a los españoles de la misma época, y habían sido ampliamente delineados en los debates sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Los conservadores se sentían más seguros con la monarquía, mientras que los liberales eran republicanos. Los Borbones españoles no se habían granjeado suficientemente las simpatías de ninguno de los grupos como para permitir que la monarquía continuara siendo apreciada durante mucho tiempo por los conservadores. Pero incluso después de que la cuestión de monarquía versus república estuviera aparentemente resuelta en 1824, los conservadores centroamericanos mantuvieron un serio escepticismo sobre la habilidad para gobernar de cualquiera que no fuera culto y acaudalado. La institución más importante en el conflicto liberal-conservador era la Iglesia. Los liberales buscaban desestabilizarla y separarla del poder político y económico, mientras que los conservadores la preferían como una defensora de sus privilegios y como un elemento vital tanto para controlar como para asegurar el apoyo de las masas. Los liberales buscaban destruir el control monopolístico de la economía y eliminar los fueros de los conservadores —eclesial, comercial, universidad, etc.—. La enseñanza era un tema claramente vinculado a la controversia sobre la Iglesia, puesto que los liberales favorecían la enseñanza laica, con la educación de las masas como objetivo último, mientras los conservadores defendían un sistema de enseñanza elitista bajo la supervisión de la Iglesia. Los dirigentes de ambos partidos reconocían la necesidad de modernización y de un tratamiento racional de los problemas económicos, como muestra la influencia sobre ambos bandos del utilitarismo de Jeremy Bentham. Pese a que las familias dirigentes de diferentes partes de Centroamérica estaban interconectadas por lazos de familia y matrimonio, las diferentes circunstancias económicas y políticas a nivel local tendieron a dividirlas dentro de las propias líneas conservadoras o liberales. Al principio, había un considerable margen de maniobra política, pero los encarnizados conflictos que atormentaron Centroamérica tras la independencia eliminaron la mayor parte del espacio intermedio y cristalizaron en el abierto enfrentamiento de dos partidos que caracterizaría la política centroamericana durante el resto de la centuria.

Tras la declaración de independencia respecto a México (1 de julio de 1823), los liberales dominaron al principio la Asamblea Nacional Constituyente. Se movieron rápidamente para eliminar los privilegios de clase. El 23 de julio todos los títulos de distinción, realeza o nobleza, incluyendo el uso del «don», fueron abolidos. El mismo decreto incluía reformas anticlericales; los obispos y arzobispos, por ejemplo, fueron privados de cualquier título excepto «padre»[7]. La anulación de todas las leyes del gobierno imperial mexicano y la perentoria destitución de los oficiales españoles y mexicanos contribuyeron pronto al resentimiento contra los liberales. La primera violencia prendió a mediados de septiembre, cuando el capitán Rafael Ariza y Torres encabezó una revuelta, solicitando ostensiblemente el pago de atrasos a los militares. Esto provocó una remodelación del gobierno en favor de intereses más conservadores, pero entonces llegaron tropas liberales procedentes de El Salvador para apoyar al gobierno. Se había evitado la guerra civil, pero los residentes guatemaltecos quedaron fuertemente resentidos por la presencia de los salvadoreños y la hostilidad persistió incluso después de que se fueran las tropas. Esta sublevación —y una revuelta proespañola que el ejército reprimió rápidamente— revelaba las condiciones inestables de Guatemala y la creciente hostilidad hacia la asamblea liberal. Por eso inevitablemente el equilibrio de poderes en la Asamblea comenzó a cambiar, mientras el debate sobre la constitución propuesta continuaba. El documento que finalmente emergió en noviembre de 1824 era un compromiso entre radicales y conservadores, y José del Valle jugó un papel importante en su formulación. Combinaba elementos de la constitución española de 1812 y de la constitución de los Estados Unidos de 1789. Dedicada a la protección de la «libertad, igualdad, seguridad y propiedad» (art. 2), la constitución de 1824 garantizaba al catolicismo el carácter de religión oficial «con exclusión del exercicio público de cualquier otra» (art. 11), prohibía la esclavitud (art. 13), y proporcionaba amplias garantías de las libertades individuales (arts. 152-176). Un complejo sistema de elección indirecta conducía a un Congreso federal unicameral (arts. 23-54). Toda la legislación debía ser aprobada por el Senado —compuesto por dos senadores de cada estado, de los cuales no más de uno podía ser eclesiástico (art. 92)—, aunque el Congreso podía invalidar el veto del Senado con una mayoría de dos tercios, excepto en lo concerniente a impuestos, que requería mayoría de tres cuartos (arts. 76-86). El presidente no tenía derecho de veto y estaba obligado a aplicar la ley una vez hubiera sido aprobada por el Senado (arts. 87-88). El presidente —que era también comandante en jefe de las fuerzas armadas— y el vicepresidente eran elegidos indirectamente por un periodo de cuatro años. El Tribunal Supremo, que tenía de cinco a siete jueces, era también elegido indirectamente por un periodo de dos años, un plazo sorprendente. La constitución establecía una federación de cinco estados autónomos con asambleas, cuya primera obligación sería elaborar constituciones estatales coherentes con la carta federal. Cada estado había de tener también un Consejo representativo, análogo al Senado federal, para aprobar las leyes y aconsejar a los gobernadores del Estado (arts. 177-195). La constitución entró en vigor inmediatamente, incluso antes de que fuera ratificada por el primer Congreso elegido en agosto de 1825[8].

Las primeras elecciones nacionales fueron dominadas por una animosa campaña entre el liberal salvadoreño Manuel José de Arce y el moderado José del Valle, ambos miembros de la junta de gobierno interina. La violencia irrumpió en varios lugares, y el gobierno amenazó con la muerte a los que se opusieran al nuevo sistema constitucional. Cuando en febrero de 1825 se reunió el nuevo Congreso presidido por el guatemalteco doctor Mariano Gálvez, los liberales parecían haber triunfado, y sin embargo la elección a la presidencia de abril favoreció al más moderado José del Valle. A pesar de haber obtenido 41 de los 79 votos electorales realmente emitidos, le faltó uno para la mayoría de 82 votos posibles, y de este modo la elección quedó en manos del Congreso. Arce intrigó no sólo para ganar la presidencia, sino también para crear una plataforma de coalición que, según él, permitiría al gobierno federal gobernar con éxito. Para conseguirlo obtuvo el apoyo de algunos diputados conservadores asegurándoles que no insistiría en la creación de un nuevo obispado para El Salvador. El Congreso eligió a Arce por mayoría de 22 votos contra 5. Valle rehusó aceptar la vicepresidencia, lo mismo que el liberal radical José Francisco Barrundia, con lo que el cargo quedó finalmente en manos del conservador guatemalteco Mariano Beltranena. Por todo ello, la nueva república comenzó su existencia bajo una nube de sospecha de traición al electorado y con los liberales extremistas (la facción de Barrundia) ya desencantados con el presidente liberal, a quien creían vendido a los odiados «serviles» (conservadores).

El gobierno del presidente Arce nunca consiguió verdaderamente un control efectivo de ninguno de los cinco estados que formaban la federación. Cada uno seguía su propio camino. Los gobiernos estatales se organizaron con arreglo a la constitución, pero en varios de ellos había graves desacuerdos entre las facciones liberal y conservadora. Arce había dirigido personalmente las tropas en la pacificación de Nicaragua a principios de 1825, pero la paz que estableció sólo fue un breve interludio en el conflicto entre Granada y León. Costa Rica, bajo la mano firme de Juan Mora, permaneció al margen del gobierno federal y alcanzó un cierto grado de orden y progreso. Graves problemas amenazaban El Salvador, donde la instalación del padre Delgado como obispo encontró la oposición del arzobispo Casáus y del gobierno federal de Arce en la ciudad de Guatemala. Era una opción simbólica que representaba el intenso deseo de los salvadoreños de independizarse de Guatemala. Sin embargo, el problema más urgente afrontado por Arce fue el del gobierno estatal guatemalteco, dominado por las «fiebres» liberales y dirigido por Juan Barrundia. Este gobierno procedía de las filas radicales y continuamente ofendía a los elementos más conservadores del gobierno federal aliados de Arce. Durante el primer año de presidencia de Arce, la desavenencia entre los dos gobiernos se amplió. En abril de 1826 Arce destituyó a Barrundia y en septiembre le puso bajo arresto. El resto del gobierno estatal guatemalteco, bajo el mando del subgobernador Cirilio Flores, huyó primero a San Martín Jilotepeque y más tarde a Quezaltenango, donde la legislatura del Estado proclamó inflamadas leyes liberales, declarando a los hijos de los clérigos herederos de la propiedad de la Iglesia, aboliendo el Consulado y reduciendo el diezmo a la mitad. Estas leyes eran incumplibles, pero sirvieron de base a buena parte de la legislación liberal posterior a 1829. La permanencia de los liberales en Quezaltenango fue breve: en octubre una muchedumbre atacó a Flores, despedazándole literalmente, y el gobierno liberal se derrumbó.

Un nuevo gobierno estatal guatemalteco bajo el mando del conservador Mariano Aycinena cooperaba ahora con el presidente Arce en la conducción de los demás liberales del Estado, pero los liberales salvadoreños se sublevaron para derrocar el gobierno pro-Arce de San Salvador, haciendo estallar una sangrienta guerra civil de tres años. Arce mandaba las fuerzas federales, pero su gobierno dependía tan fuertemente del Estado guatemalteco que Aycinena pronto le suplantó en importancia. Odios y atrocidades caracterizaron a ambas partes en los virulentos conflictos que se extendieron por la mayor parte de Guatemala, El Salvador y Honduras. En este último Estado, Francisco Morazán reunió a los liberales y, tras derrotar a las fuerzas federales en La Trinidad, Honduras (10 de noviembre de 1827), emergió como la principal figura militar liberal. Arce buscó ahora la conciliación, y cuando ésta fracasó renunció a la presidencia en febrero de 1828. El vicepresidente Beltranena asumió el cargo, pero de hecho Aycinena se convirtió en el principal líder frente a los liberales. Su gobierno recurrió en grandes cantidades a préstamos forzosos del clero y de acaudalados ciudadanos del país, incluyendo a comerciantes extranjeros, provocando que estos últimos llegaran a desear una victoria liberal. Las tropas federales obtuvieron una costosa y sangrienta victoria en marzo de 1828 en Chalcuapa, pero poco después la suerte cambió a favor del general Morazán. Tras haber completado su reconquista de Honduras y El Salvador a finales de 1828, invadió Guatemala a principios de 1829, poniendo sitio a la capital en febrero, al tiempo que los liberales restablecían el gobierno estatal en Antigua. La victoria de Morazán en Las Charcas el 15 de marzo fue decisiva, aunque Aycinena no capituló hasta el 12 de abril.

Las consecuencias inmediatas de la guerra civil (1826-1829) fueron una política negativa hacia los líderes conservadores y la promulgación de la legislación liberal. José F. Barrundia presidió la República hasta septiembre de 1830, cuando las urnas elevaron a Morazán a la presidencia. Morazán derrotó a José del Valle que, no habiendo participado en el gobierno Arce-Aycinena de Guatemala, podía ahora retornar a la política, pero fue incapaz de frenar la victoria arrolladora de los liberales. Juan Barrundia fue restituido brevemente como gobernador de Guatemala, pero en 1831 Mariano Gálvez ganó allí la elección. Aunque pertenecía claramente al campo liberal, el doctor Gálvez era menos radical que los Barrundia, y entre ellos surgirían desavenencias en su momento. Morazán tenía también aliados en la administración de los tres estados centrales y los liberales llevaban ventaja en Costa Rica, pero la oposición en todos estos estados pronto comenzó a limitar su efectividad. Las dificultades con El Salvador contribuyeron a la decisión de Morazán de trasladar la capital a San Salvador en 1834.

La elección presidencial de 1834 reflejó el amplio descontento existente respecto a Morazán y su programa, y José del Valle le retó con éxito logrando la reelección. Sin embargo, desgraciadamente para la causa moderada, Valle murió antes de tomar posesión, y Morazán permaneció constitucionalmente como presidente al haber quedado segundo en número de votos. Con José del Valle, al parecer, moría la última esperanza de una línea moderada. La victoria de Morazán, en la forma que se produjo, dejó una amplia amargura y resentimiento entre moderados y conservadores. Su frustración se convirtió en odio, pues su resentimiento contra los liberales se acrecentaba.

El caso del estado de Guatemala es el que mejor ilustra la naturaleza de los conflictos de los años treinta y sus resultados. Gálvez compartía con Morazán la convicción de que Centroamérica podía convertirse en una república moderna y progresista mediante una inteligente legislación social y económica. Con los dirigentes conservadores en el exilio, un periodo de paz y orden parecía asegurado, pues, dotado de extraordinarios poderes para tratar con la oposición, el gobierno de Gálvez se convirtió en el abanderado del programa liberal de Morazán. Convencidos de que el colonialismo español estaba en la raíz de su subdesarrollo, buscaban destruir las instituciones hispánicas y sustituirlas imitando el aparente éxito de los Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, mientras Gálvez obtenía una sustancial aceptación en su programa entre la élite, no consiguió superar la extendida oposición entre las clases más bajas del país.

Las fuentes de oposición fueron varias. La política comercial liberal había dañado seriamente a la industria textil nativa, y las modificaciones tarifarias de Gálvez llegaron demasiado tarde para protegerla. Más grave fue un nuevo impuesto directo de dos pesos por cabeza que contribuyó a una agitación campesina generalizada. En El Salvador tal impuesto provocó una amplia rebelión campesina en 1833, obligando allí a la suspensión de la recaudación, pero Gálvez mantuvo el impuesto en Guatemala. Las duras exigencias de trabajos forzados para construir carreteras y otras obras públicas intensificaron el resentimiento.

Otro aspecto impopular del programa económico liberal era la política que promovía la adquisición privada de tierras públicas o comunales como medio para incrementar la producción y las exportaciones. La expansión de la cochinilla comenzó a incrementar la demanda de tierra y trabajo de indios y ladinos en el centro y este de Guatemala. Además, varias grandes concesiones a los extranjeros crearon bastante intranquilidad. La actividad comercial británica en Belice había reforzado la tradicional desconfianza hacia los extranjeros. Las administraciones coloniales españolas habían tratado duramente a los comerciantes no autorizados, pero desde la independencia la política liberal les acogía favorablemente, provocando el recelo de quienes se consideraban víctimas de la competencia extranjera. La influencia extranjera era evidente en muchos aspectos del programa de Gálvez, pero las concesiones hechas a los madereros de caoba y los proyectos de repoblar el norte y el este con colonos ingleses hicieron que los habitantes de estas regiones consideraran a los liberales más favorables a los intereses extranjeros que a los nacionales. Entre marzo y agosto de 1834 el gobierno guatemalteco cedió casi toda la tierra pública a compañías colonizadoras extranjeras. Como los británicos retenían fuertemente Belice, la Costa de los Mosquitos y las Islas de la Bahía, y como los colonizadores angloamericanos de Texas se deshacían por entonces del dominio mexicano, muchos guatemaltecos comenzaron a dudar del acierto de los esquemas colonizadores de Gálvez. Sin embargo, ignorando o ahogando las peticiones de los habitantes contra los contratos de colonización, Gálvez rechazaba la idea de que los liberales estuvieran vendiendo su país a los europeos. Las revueltas que estallaron en Chiquimula y otras ciudades del este en otoño de 1835 se unieron posiblemente a un alzamiento en El Salvador contra Morazán. Las tropas reprimieron la rebelión, pero los habitantes quedaron resentidos, especialmente tras la llegada del primer contingente de colonos británicos a mediados de 1836.

Otra parte del programa liberal que resultó ofensiva para las masas rurales fue el ataque al clero. El anticlericalismo era especialmente alto desde que la Iglesia había respaldado el régimen conservador de Mariano Aycinena de 1826-1829. El gobierno federal de Morazán exilió a muchos clérigos antiliberales, comenzando por el arzobispo Casáus. Tras la supresión de las órdenes regulares y el establecimiento de la libertad religiosa, el gobierno federal indujo a los gobiernos estatales a continuar el asalto al tradicional poder y privilegio del clero. Entre 1829 y 1831 Guatemala censuró la correspondencia eclesiástica, embargó los fondos de la Iglesia y confiscó las propiedades de los conventos. En 1832 Gálvez suprimió la recaudación del diezmo, eliminó muchas fiestas religiosas, confiscó más propiedades eclesiásticas, estableció el derecho de los eclesiásticos a hacer testamento según su propia voluntad y legitimó el derecho de los hijos de los clérigos a heredar la propiedad de sus padres. Más tarde, la legislatura de Guatemala autorizó el matrimonio civil, legalizó el divorcio y acabó con la supervisión eclesiástica de la educación. En los pueblos indios y ladinos, donde la política de Gálvez irritaba a los aldeanos, los curas despotricaban contra un gobierno que desafiaba su autoridad, atacaba sus sagradas instituciones, traía al país extranjeros protestantes y amenazaba los fundamentos de la sociedad. Estos curas rurales estuvieron en la vanguardia de los alzamientos que sacudieron Guatemala en 1837.

Aún mayor oposición al gobierno liberal provocó el nuevo sistema judicial. Persuadidos de que el sistema hispánico de fueros privados y múltiples cortes era injusto y anticuado, los liberales adoptaron los Códigos de Edward Livingston, que entraron en vigor el 1 de enero de 1837. José F. Barrundia promovió estos Códigos, redactados para Louisiana en 1824, como un moderno recambio del sistema que habían desmontado. El proceso con jurado era la característica esencial del nuevo sistema, y casi inmediatamente se plantearon problemas en el campo, donde el analfabetismo era general y la inamovible estructura de clases hacía el proceso con jurado impracticable. Las masas identificaban los Códigos más con el dominio centralizado de la ciudad de Guatemala, con la influencia extranjera y con el anticlericalismo que con la justicia social. Además, la manera autoritaria con la que los liberales introdujeron estas y otras reformas hicieron poco por mejorar las relaciones entre gobierno y pueblo. La represión militar en Centroamérica no dejó de aumentar desde el duro gobierno de Bustamante, de modo que la conducta de las tropas aumentó la impopularidad de los gobiernos estatal y federal. Pero contribuyó igualmente a aumentar esta impopularidad la insensibilidad de estos gobiernos en sus esfuerzos por desarrollar la economía exportadora, por regular el comportamiento de las gentes —reprimiendo las críticas a su política y persiguiendo a sus enemigos políticos en el exilio—, así como sus medidas confiscatorias.

La epidemia de cólera que asoló el país desde Belice en 1837 llevó a los amenazados y agraviados campesinos del este de Guatemala a una rebelión abierta. En marzo de 1837 el gobierno puso en cuarentena las áreas infectadas y tomó otras medidas sanitarias, indudablemente justificadas pero bastante mal entendidas. Los campesinos, alejados ya del gobierno de Gálvez, temían las vacunas y creyeron a los curas que les decían que lo que los funcionarios sanitarios ponían en el agua era veneno. El resultado fue el pánico y la violencia. Pese a que la mayor insurgencia de 1837 tuvo lugar en San Juan Ostuncalco, en Los Altos, donde los nativos atacaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir los Códigos Livingston, el mayor problema estuvo en la Montaña, región al este de Guatemala. Emergió un líder natural, José Rafael Carrera, que iba a organizar y llevar a los campesinos a la victoria e iba a determinar el destino de Guatemala en los siguientes veinticinco años, hasta su muerte en 1865. Nacido en la capital en 1814, Carrera, un ladino, había servido como tambor en el ejército conservador durante la guerra civil de 1826-1829 y más tarde se trasladó a la Montaña. Allí se dedicó a la cría de cerdos y ganó alguna propiedad después de que un cura rural le casara con una mujer de Mataquescuintla. Carrera inicialmente mandaba una patrulla encargada de hacer cumplir la cuarentena del cólera, pero se volvió contra el gobierno y dirigió sus tropas en ayuda de los campesinos que estaban resistiendo a las fuerzas gubernamentales en Santa Rosa. El liderazgo de Carrera convirtió allí su fracaso en victoria y pronto comandó una banda guerrillera que controlaba la mayor parte del este de Guatemala. La epidemia de cólera limitó la capacidad del gobierno de enviar tropas, mientras los hombres de Carrera crecían en número y efectividad. A finales de junio dio a conocer sus demandas en un manifiesto que reflejaba la influencia conservadora y de los curas que le aconsejaban: 1. abolición de los Códigos Livingston; 2. protección de la vida y de la propiedad; 3. retorno del arzobispo y restauración de las órdenes religiosas; 4. supresión del impuesto por cabeza; 5. amnistía para todos los exiliados desde 1829; y 6. respeto a las órdenes de Carrera bajo pena de muerte a los que no las obedecieran.

Enfrentado a la insurgencia popular, Gálvez formó una coalición de unidad nacional con los conservadores, reminiscencia de la antigua política de Arce. Empujó a los liberales más radicales dirigidos por J. F. Barrundia y Pedro Molina hacia la oposición. Las divisiones entre la élite de la capital fueron explotadas por Carrera, cuyo desordenado ejército extendió el área bajo su control y aterrorizaba a los propietarios, comerciantes y viajeros extranjeros. Los esfuerzos para arreglar la desavenencia entre los liberales acabaron con la renuncia de Gálvez en favor del subgobernador Pedro Valenzuela, que era más aceptable para Barrundia. Pero no sirvió para impedir que la horda de Carrera ocupara la ciudad de Guatemala el 31 de enero de 1838. Éste retiró pronto sus tropas de la capital y volvió a su distrito de Mita, pero sólo después de establecer una alianza con los conservadores.

El poder económico de la aristocracia criolla —grandes terratenientes y comerciantes— había sido erosionado pero no destruido durante el dominio liberal. De hecho, algunos habían adquirido propiedades confiscadas a la Iglesia y en realidad habían ampliado sus posesiones durante los años treinta. Pese a que algunos miembros de esta clase permanecían en el campo liberal, la mayor parte daba ahora soporte a la causa conservadora. En 1833 los conservadores llevaron a cabo una importante ofensiva en la asamblea legislativa guatemalteca y cortejaron al «general» Carrera intentando satisfacer algunas de sus demandas. La Iglesia recuperó su antiguo status; los comandantes militares liberales fueron relevados de sus puestos; se volvió al orden constitucional, lo que permitió a los conservadores ganar las elecciones; los Códigos Livingston fueron derogados en marzo. Estas medidas reflejaban la voluntad popular de la que era portavoz el caudillo de la guerrilla. El preámbulo al decreto del 12 de marzo de 1838, destituyendo a los que ostentaban cargos sin haber sido elegidos, pone de manifiesto la atención que los legisladores prestaban a este deseo al reconocer que «una gran mayoría de las poblaciones del Estado se han armado para resistir a la administración que violaba las garantías y el pacto fundamental», y justificaba la revolución contra Gálvez, «dirigida a restablecer las leyes y la libertad… y exigida por propia conservación contra la tiranía, no sólo [como] legítima, sino consagrada por la razón y la justicia»[9].

Carrera, impaciente con el lento avance de la asamblea legislativa en su desmantelamiento de las reformas liberales, reanudó sus ataques guerrilleros y amenazó con invadir otra vez la capital. Al mismo tiempo, las victorias electorales conservadoras y el nuevo gobierno municipal encabezado por el conservador Mariano Rivera Paz pusieron a la facción de Barrundia en una situación insostenible. Finalmente, Barrundia recurrió a su aliado liberal, Morazán, que le ayudó a mediados de marzo con un millar de soldados salvadoreños. El gobierno de Valenzuela había advertido al caudillo federal de que no invadiera Guatemala, puesto que ello trastornaría el entendimiento con Carrera, que había retornado pacíficamente a Mita. Pero cuando Carrera volvió a la ofensiva, obligó al estado a reclamar la ayuda del gobierno federal.

Morazán emprendió una dura campaña para doblegar y destruir a las fuerzas de Carrera, mientras arrestaba a la dirección conservadora del gobierno de Guatemala. Las guerrillas respondieron con nueva ferocidad. Las atrocidades se multiplicaron en ambos bandos. Y por esta época el gobierno federal se enfrentaba con la oposición conservadora en Nicaragua, Honduras y El Salvador igual que en Guatemala, mientras Costa Rica, ahora bajo el semiconservador dominio de Braulio Carrillo, ignoraba de hecho la federación. El cónsul británico, Frederick Chatfield, que anteriormente había apoyado a Morazán, contemplaba ahora con escepticismo la causa federal y buscaba estrechar los lazos con los nuevos dirigentes conservadores. Cuando el Congreso federal, reconociendo y sintiendo estas presiones, declaraba el 7 de julio de 1838 que los estados eran «cuerpos políticos, soberanos, libres e independientes», Morazán volvió a San Salvador para restablecer allí su autoridad[10]. Para entonces se había debilitado la influencia de Carrera, pero su amenaza no se había eliminado enteramente.

Así pues, a mediados de 1838 la batalla estaba empatada. Carrera era el campeón de la causa conservadora en favor de la autonomía frente a Morazán y los liberales de la federación. En otros estados los conservadores consolidaron su fuerza y organización al aliarse con los caudillos populares emergentes. De este modo el conservadurismo vino a relacionarse estrechamente con la autonomía local y con la ruptura de la federación centroamericana. Con Morazán en El Salvador, los conservadores recuperaron rápidamente el poder en Guatemala, y el 22 de julio Valenzuela entregó el poder ejecutivo a Rivera Paz. El nuevo gobierno emprendió el desmantelamiento del programa liberal. En el interior del país, Carrera controlaba una amplia área una vez más. La repentina contraofensiva en septiembre del general liberal Carlos Salazar, sin embargo, obligó a Carrera a retroceder a la Montaña, y cuando Morazán se unió a la persecución, Carrera ganó tiempo acordando el 23 de diciembre abandonar las armas y reconocer al gobierno de la ciudad de Guatemala a cambio de recuperar su mando militar en el distrito de Mita.

Animado por el aparente colapso de las guerrillas de Carrera, Morazán depuso el 30 de enero de 1839 a Rivera Paz y le sustituyó por el general Salazar. Al mismo tiempo, sin embargo, los conservadores obtuvieron el poder en Honduras y Nicaragua y juntaron sus fuerzas contra los liberales de El Salvador. El nuevo empuje liberal había convencido a Carrera de que no habría paz hasta que Morazán fuera eliminado. El 24 de marzo de 1839 en un pronunciamiento en Mataquescuintla, acusó a Morazán de crueldad hacia el clero y otros guatemaltecos, de destruir el comercio, de confiscar la propiedad privada y de extender el terror por el país. Prometiendo restaurar a Rivera Paz, se alió con los conservadores nicaragüenses y hondureños en contra de Morazán. Al cabo de un mes, Rivera Paz y los conservadores gobernaban de nuevo en Guatemala. Carrera pasó el resto del año acabando con sus otros enemigos de El Salvador y Honduras. Y en enero de 1840 irrumpió en Los Altos, que se había separado de Guatemala en 1838, y allí aplastó a los liberales.

En marzo de 1840 llegó la inevitable confrontación decisiva entre Carrera y Morazán, cuando las fuerzas de Carrera hicieron huir desordenadamente al ejército liberal en la ciudad de Guatemala. Morazán y unos cuantos oficiales suyos lograron escapar y finalmente llegaron a David, en Panamá, pero la federación ya había fracasado. Al cabo de dos años Morazán regresó, reorganizó su ejército en El Salvador con menos apoyo del que esperaba e invadió Costa Rica, donde derribó a Braulio Carrillo. Los sueños de Morazán de revitalizar la federación se esfumaron poco antes de que una insurrección popular se levantara contra él. Después de un juicio muy rápido, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 15 de septiembre de 1842.

La derrota de Morazán y del liberalismo reflejaba tanto el desencanto popular como el de la élite respecto a la política liberal y una búsqueda nostálgica de una restauración de la supuesta tranquilidad de la era hispánica. Es igualmente perceptible una xenofobia prohispánica relacionada vagamente con el nacimiento del nacionalismo en cada uno de los cinco estados. Esta tendencia se hizo más obvia en Guatemala, sede tradicional de la autoridad y la tradición españolas. Sin embargo, aunque los conservadores claramente habían reforzado su posición, no eran todavía dominantes. En un periodo caracterizado por la guerra civil, entre los estados y dentro de ellos, los dueños de Centroamérica en los años cuarenta eran los caudillos locales, entre los que Carrera era el principal. Carrera intentó mantener su dominio en Guatemala enfrentando a los miembros liberales y conservadores de la élite y cambiando gobiernos allí donde no se sometían a su mandato. La Iglesia era la mayor beneficiaria y su principal soporte institucional; los jesuitas y otras órdenes religiosas regresaron a Centroamérica. Sin embargo, los liberales encontraron que Carrera era un aliado potencial contra los conservadores, y en buena medida fueron responsables de su acceso a la presidencia la primera vez, en 1844. Se establecieron algunos controles sobre los privilegios del clero, pero Carrera nunca toleró un retorno completo a la política liberal, por lo que fue inevitable que los liberales intentaran derrocarlo.

En 1848 se produjeron nuevas sublevaciones al este de Guatemala, combinadas con la oposición liberal, para echar a Carrera del gobierno. Los liberales controlaban el Congreso, y el fracaso de Carrera al no poder acabar con los levantamientos en la Montaña le llevó a presentar su dimisión en enero. Los conservadores le convencieron de que la retirara, pero, viendo que los asuntos empeoraban, decidió aceptar las demandas liberales de una nueva asamblea constituyente que convocó para el 15 de agosto. En su discurso de la sesión inaugural pasó revista a los esfuerzos para conseguir la paz en Guatemala, el crecimiento económico que había tenido lugar y al establecimiento de una independencia absoluta en Guatemala en 1847. Anunció entonces su dimisión y se exilió a México, iniciándose al mismo tiempo la crisis que llevaría a su retorno triunfante.

El caos continuaba mientras Carrera lo contemplaba desde Chiapas. Ni uno solo de los cortos gobiernos que le siguieron fue capaz de restaurar el orden ni de proporcionar un gobierno unido. A mediados de septiembre los conservadores tomaron de nuevo, de manera temporal, el control del Congreso guatemalteco, declararon a Carrera héroe nacional y confirmaron la declaración de independencia guatemalteca de 1847. Los liberales, muy divididos entre ellos, como tan a menudo sucedió en este periodo, se enfrentaron a una oposición conservadora unida. El 1 de enero de 1849 el coronel Mariano Paredes tomó el poder como jefe de Estado de compromiso en la ciudad de Guatemala. Paredes, que tenía como asesor al estadista conservador Luis Batres, se opuso al retorno de Carrera públicamente, aunque en privado lo aceptó. El 24 de enero Carrera anunció su decisión de restaurar la paz y el orden en Guatemala. Las fuerzas liberales intentaron impedir su regreso, pero el gobierno de Paredes había minado su eficacia y Carrera tomó Quezaltenango en abril. Poco después el gobierno obtuvo un acuerdo de paz con el caudillo. Paredes permaneció como presidente pero Carrera, nombrado de nuevo teniente general, se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Mientras restauraba el orden, luchó por venganza contra los dirigentes liberales que se habían opuesto a él. La amenaza de la muerte se presentaba a todos los que no huían. De esta manera, los liberales dejaron de jugar un papel importante en la política de Guatemala durante veinte años, aunque algunos permanecieron en el Congreso y en los pequeños cargos.

Tras aplastar la rebelión en la Montaña y marchar hacia El Salvador para ayudar a los conservadores (véase más adelante), Carrera se convirtió de nuevo en presidente de Guatemala (6 de noviembre de 1851) y, a partir de 1854, fue presidente vitalicio, prácticamente un monarca, con autoridad para designar a su sucesor. Muy unido a la Iglesia y a la aristocracia conservadora fue, hasta su muerte (ocurrida en 1865), uno de los caudillos más poderosos del hemisferio. Mantuvo por la fuerza gobiernos favorables en Honduras y El Salvador y además influyó en la política de Nicaragua y Costa Rica.

Ningún Estado centroamericano escapó a la dominación de los caudillos conservadores a mediados del siglo XIX, aunque sólo Guatemala tuvo uno de tanta duración como Carrera. La agitación entre caudillos rivales fue especialmente devastadora en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Con los liberales en confusión, algunos caudillos, especialmente Trinidad Muñoz en Nicaragua y Francisco Dueñas en El Salvador, cambiaron de partido para aprovecharse de las oportunidades y circunstancias locales.

A pesar de que la fuerza liberal se mantuvo en El Salvador, ningún líder que manifestara ideas morazanistas pudo escapar por mucho tiempo de la intervención guatemalteca. Tras la derrota de Morazán en 1840, Carrera colocó a Francisco Malespín, uno de sus oficiales, en el poder. El mando militar de éste le convirtió en el caudillo dominante de El Salvador y en una fuerza política en Nicaragua y Honduras hasta su asesinato en 1846. Además de sus lazos con Carrera y los conservadores, Malespín trabajó junto a Jorge Viteri, el activo obispo de San Salvador, y junto al cónsul británico Frederick Chatfield para que, si bien los liberales mantenían sus cargos políticos y legislativos, los intereses conservadores prevalecieran. Sin embargo, la fuerza del liberalismo de El Salvador llevó a Malespín a cooperar con los liberales y a utilizarlos (como hizo el propio Carrera en los años cuarenta), cosa que a veces le acarreó problemas con sus aliados conservadores.

Mientras tanto, Francisco Ferrera, el aliado de Carrera en Honduras, trabajó para establecer allí un gobierno conservador y también cooperó con Malespín neutralizando a los liberales de El Salvador y Nicaragua. Ferrera, al igual que Carrera, provenía de una familia ladina de clase baja y no estaba conectado con las familias dirigentes. Igual que en el caso de Carrera, el clero favoreció notablemente su subida al poder e influyó en su pensamiento. Ferrera, gran enemigo de los morazanistas y que había gobernado este Estado entre 1833 y 1835, se convirtió en su primer «presidente» en enero de 1841. Aunque fue el caudillo que mandó en el país hasta su muerte en 1848, los liberales tuvieron a Honduras en estado de guerra gran parte del tiempo. Ferrera y Malespín controlaban regularmente a los liberales. El 22 de mayo de 1845 un golpe en Comayagua dio al dirigente liberal Trinidad Cabañas el control del gobierno durante cuarenta días. Cuando volvió a controlar la situación, Ferrera declinó la presidencia en 1847, pero continuó como ministro de la Guerra con el gobierno de Juan Lindo, uno de los caudillos más cultos de este periodo y difícil de clasificar como liberal o conservador.

Lindo había sido el primer presidente de El Salvador (1841-1842) bajo la protección de Malespín y allí se había opuesto a la restauración de la federación de Morazán. Al regresar a su Honduras natal se ganó la protección de Ferrera, aunque no era del agrado de algunos de los conservadores más militaristas. Entre sus actos memorables como presidente de Honduras está la declaración de guerra a Estados Unidos en julio de 1847, apoyando a México. En 1848 convocó una asamblea constituyente que estableció una constitución más conservadora. El conservadurismo ilustrado de Lindo proporcionó a Honduras su primera paz auténtica desde la independencia. Sin embargo, esa paz fue truncada cuando el ministro de Asuntos Exteriores, el general Santos Guardiola, intentó derrocarlo en 1850. La intervención de Trinidad Cabañas con las tropas liberales salvadoreñas y la promesa de ayuda nicaragüense salvaron a Lindo, cuyo conservadurismo estaba más cerca del de José del Vallé que del de Guardiola o Carrera. Decididamente este hecho le llevó al campo liberal y Lindo se unió a Cabañas, en El Salvador, en un esfuerzo para derrotar a Carrera en 1851. Sin embargo, el 27 de febrero de 1851, Carrera obtuvo una victoria decisiva en San José la Arada, cerca de Chiquimula. En 1852 Lindo declinó presentarse a un tercer periodo presidencial y permitió al Congreso que eligiera a Cabañas como sucesor suyo. El liberalismo más militante de Cabañas y sus renovados esfuerzos para establecer la federación centroamericana le costaron casi inmediatamente una invasión, desde Guatemala, de Guardiola apoyado por Carrera, que acabó con la derrota de Cabañas el 6 de julio de 1855. Tras una breve lucha por la presidencia, Guardiola tomó posesión del cargo en febrero de 1856 y lo mantuvo hasta 1862. Su escasamente culto gobierno conservador proporcionó algo de orden pero muy poco progreso a Honduras.

En Costa Rica, tras la ejecución de Morazán en 1842, prevalecieron en general los intereses conservadores, a pesar de que el Estado permaneció sin definir hasta que J. Rafael Mora, conservador de mano dura aunque ilustrado, tomó el poder en 1849 y lo retuvo durante una década. Nicaragua, como contraste, sufrió más que cualquier otro Estado a causa de las guerras civiles de mediados del siglo XIX entre conservadores y liberales. Las luchas oportunistas entre caudillos locales fueron aquí más pronunciadas que en cualquier otro lugar y las continuas intromisiones, especialmente de los liberales, en los asuntos de El Salvador y Honduras, llevaron a un conflicto sangriento y costoso. Mientras los conservadores consolidaban su posición en Granada y sus alrededores, buscaban también alianzas en el extranjero para controlar la persistente fuerza liberal de León. Los conservadores nicaragüenses incluso mostraron la buena voluntad de considerar la reunificación como solución al constante desorden que habían experimentado desde la independencia. Fruto Chamorro, hijo ilegítimo de un inmigrante de Guatemala al final de la era colonial, apareció como el principal caudillo conservador y estableció uno de los clanes conservadores más importantes de Nicaragua. El control liberal de León recibió un duro golpe cuando José Trinidad Muñoz, renunciando a sus anteriores aliados liberales y apoyando al conservador J. L. Sandoval, tomó el poder en 1845. Sandoval y algunos conservadores eran casi continuamente asediados por caudillos liberales apoyados desde El Salvador. En 1847 el obispo Viteri se trasladó a Nicaragua, donde el clima político le era mucho más favorable que el liberal de San Salvador, y poco después Nicaragua consiguió un nuevo concordato con el papa. Cuando Muñoz volvía al campo liberal y se rebeló contra el gobierno en 1851, las fuerzas de Chamorro le derrotaron y exiliaron a El Salvador. El surgimiento de Managua como capital de compromiso entre León y Granada empezó en esta época aproximadamente, cuando varios caciques, entre ellos Chamorro en 1852, establecieron allí sus cuarteles generales temporalmente. En general los conservadores mantuvieron el control a principios de los años cincuenta y siguieron el modelo de toda Centroamérica de resaltar la soberanía estatal. En 1854 Nicaragua fue designada «república», se dio el título de «presidente» al máximo dirigente y se cambió, simbólicamente, la franja superior de la bandera tricolor azul-blanca-azul por una franja amarilla. El lema del nuevo sello de la república era igualmente simbólico: «Libertad, Orden, Trabajo». Una constitución conservadora reemplazó a la carta constitucional liberal de 1838. A pesar de ello, los liberales no quisieron rendirse, y en 1855 los invasores liberales procedentes de El Salvador obtuvieron el control de la parte occidental del país y establecieron nuevamente un gobierno rival en León. Fue entonces, como veremos, cuando la expedición pirata de William Walker llegó a jugar un papel decisivo en el conflicto entre los liberales y los conservadores de Nicaragua.

Desde la independencia de Centroamérica los intereses comerciales de Norteamérica y Europa habían contemplado el istmo en términos de una ruta de tránsito transoceánica. Tanto el gobierno federal como los estatales habían animado los proyectos del canal, pero los esfuerzos de los ingleses, holandeses, norteamericanos y franceses durante las dos décadas posteriores a la independencia no contaron con suficientes recursos y sus ideas estuvieron mal orientadas. Pese a que abrieron grandes espéranos, tuvieron escaso efecto. Sin embargo, Gran Bretaña y los Estados Unidos seguían una activa diplomacia a fin de asegurar sus derechos respectivos en cualquier ruta interoceánica, y de proteger los intereses de sus ciudadanos.

Los intereses económicos de los Estados Unidos en el istmo antes de 1850 eran insignificantes, aunque una serie de agentes norteamericanos realizaron un excelente trabajo protegiendo a los pocos ciudadanos estadounidenses que había allí y, quizá más importante, fueron los portadores directos de las «innovaciones democráticas de la época de Andrew Jackson» en Centroamérica. (Los representantes franceses tuvieron un impacto ideológico similar y fueron notablemente importantes en la revolución guatemalteca de 1848).

Los intereses económicos y territoriales de Gran Bretaña eran más sustanciales. Las colonias británicas de Belice y a lo largo de la Costa de los Mosquitos desde las islas Bahía hasta Costa Rica habían asegurado a Gran Bretaña una mayor participación en el comercio centroamericano, incluso antes de finalizar la era colonial[11]. Durante los primeros años de independencia Belice se convirtió en el principal almacén del comercio centroamericano, mientras que las casas financieras de Londres concedían créditos y préstamos para el desarrollo tanto al gobierno federal como a los estatales. Poco después de la independencia, el gobierno inglés envió a George Alexander Thompson a investigar el comercio y las posibilidades del canal, especialmente en Nicaragua. Inició estrechas relaciones entre los diplomáticos británicos y los dirigentes centroamericanos, en especial los del partido conservador. En 1838 John Baily, un proyectista inglés, supervisó una ruta del canal para el gobierno de Nicaragua que pronto levantó mucho interés en el extranjero, a lo que contribuyó también un reportaje detallado sobre los potenciales del canal preparado por John Lloyd Stephens, un agente de los Estados Unidos. Entre 1834 y 1852 Frederick Chatfield representó al gobierno británico en Centroamérica y trabajó deliberadamente para fomentar y proteger los intereses económicos británicos, al tiempo que trataba de comprometer a su gobierno en planes imperiales más ambiciosos. Aunque no participó activamente en la ruptura de la unión centroamericana, simpatizaba en última instancia con los conservadores y se convirtió en un elemento importante de la intriga y maniobra política de los años cuarenta, al tiempo que buscaba garantías para los obligacionistas británicos y llamaba a la Royal Navy cuando era necesario forzar concesiones. Aliado con los dirigentes conservadores de Guatemala y Costa Rica, jugó un papel importante en el surgimiento de gobiernos conservadores fuertes en esos estados. El secretario personal de Chatfield era Manuel F. Pavón, uno de los asesores más importantes de Carrera. Así pues, mientras los estados medianos buscaban la restauración de la federación liberal, Chatfield trabajaba para oponerse a ella con una liga conservadora o con estados soberanos conservadores separados[12].

Las pretensiones británicas a lo largo de la costa centroamericana habían preocupado a los liberales desde un principio. La colonia de Belice, la desafortunada aventura de colonización de Poyáis de Gregor MacGregor en la costa hondureña en 1823-1824 y los enclaves comerciales británicos a lo largo de la Costa de los Mosquitos en Nicaragua sirvieron para expansionar el comercio, pero también desafiaron la soberanía centroamericana. La persecución británica de esclavos fugitivos de Belice hacia territorio guatemalteco representó un motivo más de irritación para los liberales, que habían abolido la esclavitud inmediatamente después de la independencia.

En 1839 un barco de guerra británico expulsó a las tropas centroamericanas de las islas Bahía y, dos años después, lord Palmerston declaraba que las islas eran territorio británico y que los ciudadanos británicos que se habían instalado allí debían recibir protección. Este último ejemplo de diplomacia de lancha cañonera provocó una tormenta de protestas por toda Centroamérica. Los gobiernos conservadores de mediados de siglo demostraron tener más éxito que sus predecesores, resistiendo la mayoría de las ambiciones territoriales británicas y defendiendo la independencia nacional.

Mientras tanto, se habían desarrollado estrechas relaciones entre Gran Bretaña y el istmo. La empresa comercial de Belice dirigida por Marshal Bennet y John Wright se aprovechó del papel de puerto principal de exportaciones e importaciones de Centroamérica que tenía Belice. Al faltarles puertos propios protegidos de aguas profundas, los centroamericanos, después de la independencia, miraron hacia los comerciantes de Belice para llevar sus productos al mercado y también para suministrarlos con productos manufacturados. En general los comerciantes británicos no se establecieron en Centroamérica en la misma medida que lo habían hecho en varios países latinoamericanos, pero hubo unas cuantas excepciones notables. El más importante de ellos fue Bennet, que estableció, en los años veinte, la casa guatemalteca de William Hall y Carlos Meany como sucursal de su empresa de Belice. En la misma década, George Skinner y Charles Klee establecieron casas mercantiles que han continuado siendo importantes hasta nuestros días. Entre otros que sirvieron los intereses comerciales británicos durante los primeros treinta años de la independencia encontramos a Thomas Manning, John Foster, Jonas Glenton y Walter Bridge en Nicaragua; William Barchard, Richard McNally, Frederick Lesperance, William Kilgour y Robert Parker, que operaron con menor éxito en El Salvador; y Peter y Samuel Shepherd en la Costa de los Mosquitos. Los hermanos Shepherd recibieron una donación de tierra del rey de los mísquitos como pago por unos cuantos cajones de whisky y rollos de calicó lustroso de algodón.

Las importaciones centroamericanas reflejaban sus estrechos lazos con el comercio británico. Ya en 1860 casi el 60 por 100 de las importaciones guatemaltecas llegaban vía la colonia de Belice, mientras que otro 20 por 100 llegaba directamente desde Gran Bretaña. Del 20 por 100 restante, tres cuartas partes llegaban de España. La expansión de la industria textil británica era importante porque constituía el mercado para el añil y la cochinilla salvadoreños y guatemaltecos. Y desde 1825 Gran Bretaña había reducido sus obligaciones en casi la totalidad de las exportaciones principales de Centroamérica: cochinilla, añil, maderas de tinte, caoba y otras maderas preciosas, cueros y caparazones de tortuga. En 1846 todos los productos centroamericanos, excepto el café, entraron en el mercado libre británico. El café, que había pasado a ser más importante que el tabaco en Costa Rica después del colapso de las exportaciones cubanas de café a mitad de los años treinta, pronto recibió también un trato preferencial. Los cuadros 2, 3 y 4 reflejan el grado de expansión del comercio británico durante los treinta primeros años de independencia[13].

Belice quedó como el único puerto británico de alguna importancia, a pesar de los esfuerzos centroamericanos para desarrollar sus propias estaciones. Los puertos que conservaban los centroamericanos —como Izabal, Omoa, Trujillo, San Juan del Norte, Matina— casi nunca albergaban barcos que comerciaran directamente con el mundo exterior. Servían simplemente de muelles para pequeños botes y goletas que navegaban entre Belice y la costa centroamericana. Los esfuerzos para proporcionar un segundo almacén británico en San Juan del Norte que sirviera a Nicaragua y Costa Rica fallaron por regla general durante la primera mitad del siglo. Gran parte de los productos nicaragüenses y costarricenses era enviada por barco desde el puerto de Corinto, que poco a poco fue reemplazando en importancia al puerto colonial de Realejo, o al de Puntarenas, ambos en el Pacífico. Sólo después de haberse construido el ferrocarril de Panamá, en 1865, el comercio de Centroamérica se trasladó hacia el Pacífico.

CUADRO 2

Importaciones a Centroamérica desde Gran Bretaña y Jamaica, 1821-1850
(en miles de libras esterlinas)

Años
Exportaciones
británicas directas
a Centroamérica
Exportaciones
británicas a
Belice
Exportaciones
jamaicanas a
Centroamérica
Totales

1821-1825
6,7
1.455,9
0,0
1.462,6

1826-1830
12,6
2.805,6
0,0
2.818,2

1831-1835
112,3
2.937,6
74,0
3.123,9

1836-1840
40,3
6.328,9
61,2
6.430,4

1841-1845
76,0
4.578,1
56,4
4.710,5

1846-1850
2.376,4
3.961,5
85,4
6.423,3

CUADRO 3

Exportaciones centroamericanas a Gran Bretaña y Jamaica, 1821-1850,
directamente y vía Belice, Perú y Chile
(en miles de libras esterlinas)

Importaciones británicas
desde Centroamérica

Años
Directamente
desde
Centroamérica
vía
Belice
vía Perú
y Chile
Import.
jamaicanas
desde
Centroamérica
Totales

1821-1825
12,8
395,9
3,3
0,0
412,0

1826-1830
23,9
402,7
14,2
0,0
440,8

1831-1835
105,3
1.214,5
51,0
44,9
1.415,7

1836-1840
368,7
2.719,8
129,7
41,4
3.259,6

1841-1845
308,1
4.133,7
435,2
6,9
4.883,9

1846-1850
2.631,7
5.526,7
73,0
2,7
8.234,1

CUADRO 4

Principales exportaciones centroamericanas a Gran Bretaña, 1821-1850
(como porcentaje de la exportación total centroamericana a Gran Bretaña)[*]

| Madera[**] | Cochinilla | Añil | Café
Años | % | % | % | %
1821-1825 | 73,9 | 7,7 | 15,5 | 0,0
1826-1830 | 66,9 | 21,6 | 8,4 | 0,0
1831-1835 | 46,3 | 42,6 | 4,2 | 0,3
1836-1840 | 30,7 | 63,6 | 4,3 | 0,5
1841-1845 | 18,5 | 67,3 | 1,6 | 12,2
1846-1850 | 20,9 | 61,2 | 0,9 | 18,8

Los préstamos reforzaron las deudas del comercio entre Gran Bretaña y Centroamérica. El fracaso de los préstamos de Barclay, Herring y Richardson de 1825 refrenó a los inversores de correr hacia Centroamérica. Sin embargo, una serie de préstamos de las empresas inglesas a los estados centroamericanos creó un laberinto de problemas en torno a la deuda que no fue desenredado hasta el siglo XX. Los liberales animaron tales acuerdos y, aunque los gobiernos conservadores fueron más cautelosos, estas transacciones no terminaron completamente. El gobierno Carrera, por ejemplo, al negociar en 1856 un empréstito con la firma londinense de Isaac y Samuel para redimir su anterior deuda, tuvo que dar como garantía el 50 por 100 de los ingresos aduaneros guatemaltecos para pagar la deuda.

Como ya se ha dicho anteriormente, los liberales también impulsaron los intentos británicos de colonización. Desde Guatemala a Panamá, los gobiernos hicieron proyectos para atraer a inmigrantes europeos, pero los resultados fueron decepcionantes. Unos cuantos ingleses llegaron allí, pero la mayoría de ellos murieron o bien regresaron a su país, o finalmente se establecieron en los núcleos urbanos. Fueron notables los proyectos del gobierno Gálvez en Guatemala[14]. A las pequeñas concesiones hechas a los extranjeros que iban llegando, siguió la otorgación masiva a la Compañía Comercial y Agrícola de la Costa Oriental de Centroamérica, un grupo cuyos orígenes estaban sospechosamente ligados a la empresa Poyáis de Gregor MacGregor. La compañía acordó desarrollar toda la parte oriental del país, es decir, las regiones de Izabal y la Verapaz en el Petén. Desgraciadamente, los ingleses estaban más interesados en explotar la caoba que allí había que en la colonización agrícola. En última instancia, el proyecto sólo levantó los sentimientos antibritánicos entre los residentes de la Guatemala oriental. Se llegó a un acuerdo parecido con la compañía belga para desarrollar el puerto y la región de Santo Tomás que finalmente sustituyó la concesión hecha a los ingleses. Carrera y los conservadores tuvieron grandes dudas acerca de la conveniencia de esta concesión, pero mediante el soborno y la intimidación el gobierno aprobó el contrato con los belgas y trató de lograrlo por todos los medios. Sin embargo, el plan fracasó en 1852 y la región de tierras bajas quedó sin desarrollar. A consecuencia de estos proyectos de colonización mejoró el servicio de transporte marítimo en la costa del Caribe. La compañía inglesa de vapores, la Vera Paz, comunicó el Golfo Dulce con Belice, por lo que aumentó la dependencia comercial de Guatemala con el puerto británico. Más tarde, la compañía belga estableció relaciones con Bélgica, si bien de forma irregular. Hacia 1850 había un servicio de vapores regular, a veces poco fiable, entre Europa y la costa del Caribe.

Si bien la relación de los británicos con el istmo era mayor y hacia 1850, gracias a Chatfield, se les identificaba con la causa de los conservadores, a mediados de siglo los Estados Unidos estaban cada vez más involucrados en la zona y normalmente apoyaban a los liberales. Esto se hizo más evidente después de 1849, con la elección de E. G. Squier como enviado norteamericano en Centroamérica. La rivalidad anglo-norteamericana aumentó y llegó a su punto máximo con la cuestión de la ruta a través del istmo. El descubrimiento de oro en California en 1848 hizo aumentar mucho el interés de los Estados Unidos por el istmo. Cuando los norteamericanos navegaban a través de Nicaragua siguiendo la ruta trazada por Cornelius Vanderbilt, descubrieron que los británicos habían tomado el control del territorio a ambos lados del istmo, en San Juan del Norte (Greytown) y la isla del Tigre en la Bahía de Fonseca. Se evitó la guerra porque mentes serenas acordaron, en el tratado Clayton-Bulwer de 1850, el control bilateral de cualquier canal en un istmo; Gran Bretaña y los Estados Unidos se comprometieron a no «ocupar, o fortificar, o colonizar, asumir, o ejercer cualquier tipo de dominio sobre… cualquier parte de América Central». Si bien el tratado hizo descender la atmósfera de hostilidad creada por Chatfield y Squier, apenas hizo disminuir la rivalidad anglo-estadounidense en Nicaragua, país que entonces padecía la confrontación entre los liberales y los conservadores.

William Walker fue uno de los que cruzaron el istmo en 1850, probablemente por Panamá y no por Nicaragua; era hijo de una austera familia impregnada de la religión protestante de la frontera y de los principios democráticos jacksonianos. Walker fue un estudiante prodigioso; estudió medicina en las universidades de Nashville (más tarde Vanderbilt), Pennsylvania, Edimburgo y Heidelberg antes de abandonar la medicina para estudiar leyes en Nueva Orleans en la Universidad de Louisiana (más tarde Tulane). Sin embargo, casi inmediatamente se dedicó al periodismo y se convirtió en editor del liberal y controvertido periódico de Nueva Orleans Crescent. No obstante, la muerte de su prometida le hizo abandonar Nueva Orleans para empezar de nuevo en California. Allí se dedicó de nuevo al periodismo, pero no logró ni prosperar ni satisfacer su espíritu inquieto. A través de relaciones diversas, primero se puso en contacto con una expedición filibustera en contra de México que fracasó y después aceptó organizar una expedición para apoyar a los liberales nicaragüenses que se encontraban en dificultades.

El grupo de Walker compuesto de 58 hombres desembarcó cerca de Realejo el 16 de junio de 1855 y tuvo un notable éxito al ayudar a los liberales en la consecución de diferentes victorias claves. A pesar de ello, los liberales también sufrieron reveses en la campaña, y la muerte —en el campo de batalla o a causa de enfermedades— de varios líderes liberales imposibilitó que Walker pudiera convertirse rápidamente en el militar liberal dominante de Nicaragua. Granada cayó en sus manos después de una feroz batalla, tras lo cual Walker intentó hacer la paz mediante una coalición con los conservadores colaboracionistas. Aseguró que no atacaría a la Iglesia y ofreció altos cargos a varios conservadores, incluyendo a Patricio Rivas, que se convirtió en el presidente de la república. Algunos liberales quedaron consternados y rompieron con Walker, mientras que muchos conservadores rehusaron sumarse a la coalición. Este fue el origen de la guerra entre los «democráticos» de Walker y los «legitimistas». Los otros gobiernos centroamericanos, ahora todos bajo el mando de gobiernos conservadores, enviaron ayuda a los nicaragüenses y se opusieron a Walker. Rafael Mora se encargó de organizar esta «campaña nacional» en Costa Rica. Rivas, dándose cuenta de lo insostenible que era la situación, finalmente dimitió, siendo sucedido por el mismo Walker. En Nicaragua entraron estadounidenses en grandes cantidades —en su mayoría veteranos de la guerra de México originarios del valle bajo del Missisipi a quienes se les había prometido tierra y otras concesiones— para sumarse a Walker. El Nicaragüense, un periódico bilingüe, más en lengua inglesa que española, proclamó la revolución liberal y el establecimiento de un régimen democrático.

Los nicaragüenses y sus aliados —los costarricenses de Mora, los guatemaltecos dirigidos por Mariano Paredes, los salvadoreños de Gerardo Barrios y los hondureños de Guardiola— pronto fueron superiores en número a las fuerzas de Walker. Primero contuvieron y después hicieron retroceder a los estadounidenses y a lo que quedaba de las tropas liberales, que además de las pérdidas en el campo de batalla sufrieron una epidemia de cólera. Por otro lado, los británicos proporcionaron armas y otros aprovisionamientos a los aliados a través de Costa Rica. El gobierno de Washington vaciló; nunca reconoció el régimen de Walker (aunque el ministro estadounidense en Nicaragua lo había hecho), pero fue lento en actuar. Finalmente llegó la fuerza naval estadounidense y rescató a Walker y a los escasos supervivientes de la expedición. El 1 de mayo de 1857, cuando Walker se rindió, terminó la invasión. Subió a bordo de un barco estadounidense y regresó, siendo recibido en Nueva Orleans como un héroe. Pronto se encargó de una nueva aventura filibustera. Tras haber visto frustrados sus planes varias veces debido a la intervención de oficiales de los Estados Unidos, Walker finalmente logró lanzar una expedición en colaboración con los disgustados residentes británicos de Roatán que se oponían a la soberanía hondureña sobre las islas de la Bahía que los británicos habían reconocido en 1859. Walker esperaba usar Roatán como base de la nueva expedición a Centroamérica y por ello estaba en contacto con Trinidad Cabañas que aún luchaba contra Guardiola en Honduras. Sin embargo, cuando Walker llegó a Roatán, los británicos aún no se habían ido, de modo que Walker atacó directamente Trujillo. Después de un breve triunfo fue capturado a consecuencia de la intervención naval inglesa y fue entregado a las autoridades hondureñas. Tras un breve juicio, Walker cayó ante el pelotón de ejecución el 12 de septiembre de 1860.

El episodio de Walker tuvo largas consecuencias para Centroamérica. El sentimiento antinorteamericano y antibritánico se mantuvo hasta mucho después, originando sospechas y desconfianzas en las relaciones internacionales; también impulsó la xenofobia que los conservadores siempre habían alimentado. La alianza con Walker desacreditó a los liberales y permitió que los conservadores se hicieran fuertes en todos lados, pero sobre todo en Nicaragua. Hacia 1860, los liberales sólo continuaban representando una seria amenaza en El Salvador. Centroamérica, si bien ahora estaba definitivamente dividida en cinco estados soberanos, en todas partes estaba sólidamente gobernada por los conservadores.

Por descontado, los conservadores en general tenían mejores relaciones con Inglaterra y España que con los Estados Unidos o Francia. El reconocimiento español de los estados centroamericanos y el nuevo concordato con Roma fueron unos logros notables de la política exterior de los conservadores. Los viejos problemas con los británicos generalmente se resolvieron amigablemente. Se solucionó el problema de la deuda repartiéndola entre los diversos estados, si bien sólo Costa Rica —con la participación menor— la llegó a pagar toda. Guatemala alcanzó una aparente solución de la cuestión de Belice en 1859 cuando, con el tratado Aycinena-Wyke, reconoció la soberanía británica en aquel territorio a cambio de que los británicos construyeran un camino de carro desde la ciudad de Guatemala hasta el Caribe. Como que los británicos no llegaron a construirlo, cuando más tarde los gobiernos liberales no desearon renegociar el acuerdo, se anuló el tratado. Honduras también resolvió sus disputas territoriales con los británicos hacia 1860, y Nicaragua hizo progresos en la misma dirección, si bien los ingleses no renunciaron a proteger a los indios mísquitos hasta finales de siglo.

El predominio conservador en Centroamérica frenó de alguna manera la tendencia de las exportaciones a aumentar y a que la religión se desarrollara sobre las líneas del capitalismo, que habían sido unas características del periodo liberal. El carácter de la cultura y la política del gobierno conservador reflejan los valores tradicionales hispano-católicos; se volvió a la agricultura de subsistencia y a proteger las tierras comunales de indios y ladinos. Las ciudades crecieron muy poco, si es que crecieron algo, durante la primera mitad de siglo y la vida continuó siendo eminentemente rural. Pero después de las guerras civiles, la vuelta al orden fue inevitablemente acompañada de un aumento de la producción agrícola, y los gobiernos conservadores no pudieron resistir la tentación de obtener más ingresos del comercio extranjero. Las exportaciones aumentaron rápidamente después de 1840 excepto en Honduras, que sólo exportaba animales y alimentos a El Salvador y Guatemala. Se continuó dependiendo de los tintes naturales, al igual que durante el periodo colonial y los años que siguieron a la independencia, siendo El Salvador y Nicaragua los principales productores y exportadores de añil. Guatemala también aumentó ligeramente su producción de añil, pero sobre todo dependía de la exportación de cochinilla. Hacia 1845, el éxito del café en Costa Rica empezó a estimular su producción en los otros puntos de Centroamérica. La tendencia se volvió aún más fuerte después de que en 1856 el descubrimiento de los tintes artificiales pusiera en peligro la elaboración del añil y la cochinilla hasta que finalmente condujo a su ruina. Aunque la exportación de productos tintóreos continuó siendo el principal capítulo de las economías exportadoras de El Salvador y Guatemala, el café se volvió cada vez más importante, especialmente en las tierras altas guatemaltecas. Hacia 1871, cuando finalmente cayó el gobierno conservador de este país, el café constituía casi el 50 por 100 de las exportaciones guatemaltecas. La guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865) hizo posible que Centroamérica participara en una mayor proporción en el mercado algodonero internacional, pero esto sólo fue posible temporalmente. No se dispone de estadísticas fiables para todos los países, pero los cuadros 5, 6 y 7 ilustran el crecimiento que se produjo entre 1850 y 1870[15].

CUADRO 5

Principales exportaciones guatemaltecas, en porcentajes
del total de las exportaciones, 1851-1870

Años
Valor de las exportaciones
(en millones de dólares)
Cochinilla
%
Algodón
%
Café
%

1851-1855
6,2
78,4
0,0
0,0

1856-1860
7,8
81,1
0,0
0,3

1861-1865
7,4
56,4
8,3
11,3

1866-1870
10,8
46,6
2,0
32,4

FUENTE: R. L. Woodward, Class privilege and economic development: the Consulado de Comercio of Guatemala, 1793-1871, Chapel Hill, N. C., 1966, pp. 58-63.

CUADRO 6

Principales exportaciones nicaragüenses, en porcentajes
del total de las exportaciones, 1841-1871

Años
Valor de las
exportaciones
(en miles
de dólares)
Añil
%
Metales
preciosos
%
Cueros
%
Algodón
%
Caucho
%
Maderas
%
Café
%

1841
167,8
83,1
0,0
14,8
0,0
0,0
1,5
0,4

1851
1.010,0
7,9
39,6
1,2
0,0
0,0
15,8
3,0

1864
1.112,4
8,6
9,1
17,2
47,9
8,8
2,0
1,2

1865
1.155,0
16,9
12,3
8,9
47,1
4,6
2,5
2,6

1867
893,9
44,8
11,4
9,5
9,4
12,6
2,7
4,9

1870
930,3
27,0
17,9
18,0
1,7
15,7
9,7
5,4

1871
1.424,7
26,6
13,0
7,1
5,0
18,3
8,1
8,7

FUENTE: A. Lanuza Matamoros, «Estructuras socioeconómicas, poder y estado en Nicaragua (1821-1875)», tesis inédita, Universidad de Costa Rica, 1976, pp. 126-204.

CUADRO 7

Principales exportaciones salvadoreñas, 1864-1874
(en millones de dólares)

Añil

Café

Años
Valor del
total
de las
exportaciones
Valor
% del total de las exportaciones
Valor
% del total de las exportaciones

1864
1,7
1,13
67,4
0,08
4,8

1866
2,4
1,59
65,1
0,20
8,1

1870
?
2,62
?
0,66
?

1874
3,8
1,70
44,8
1,33
35,0

FUENTES: Mario Flores Macal, Orígenes de las formas de dominación en El Salvador, San José, 1977, pp. 147-163; David Browning, El Salvador. Landscape and Society, Oxford, 1971, p. 162.

Después de 1850, Gran Bretaña continuó siendo el principal proveedor de las importaciones, a pesar de que la importancia de Belice disminuyó mucho al desarrollarse el comercio en el Pacífico después de 1855. De 1850 a 1870, las importaciones de Guatemala, según el valor aduanero, procedían de los países señalados en el cuadro 8 (véase más adelante). Tal como también muestra el cuadro 8, entre los estados centroamericanos había muy poco comercio. Las carreteras llevaban desde las ciudades y las regiones exportadoras a los puertos, mientras que los caminos interestatales eran intransitables. La interdependencia económica que había empezado a emerger al final del periodo colonial había desaparecido hacia 1870. Los diferentes estados se separaban cada vez más entre sí. Por último, si bien la intervención extranjera en el istmo no fue muy importante si la comparamos con otras regiones de Latinoamérica, sin embargo tuvo mucha importancia para los estados centroamericanos y preparó el camino para una dominación extranjera aún más importante que se produjo cuando los liberales volvieron al poder.

La restauración del orden lograda hacia 1860 en la mayor parte de Centroamérica y la aparición del café como el principal producto de exportación coincidieron con el resurgimiento de los esfuerzos liberales para controlar la mayor parte de los estados centroamericanos. Entre los miembros más jóvenes de las élites, especialmente los relacionados con la producción de café, había inquietud y una conciencia general cada vez mayor de que, a pesar del modesto aumento de las exportaciones y del crecimiento económico, Centroamérica estaba muy rezagada respecto a la economía de la Europa occidental y los Estados Unidos. Este resurgimiento liberal apareció primero en El Salvador. Gerardo Barrios, originalmente un morazanista, había servido a los gobiernos conservadores y había cooperado con Carrera y Mora contra Walker, pero después de alcanzar el poder en El Salvador en 1859 sus sentimientos liberales volvieron a emerger y simbólicamente ordenó que se trasladaran los restos mortales de Morazán a El Salvador para enterrarlo con honores estatales. A continuación se hicieron reformas económicas, políticas y educativas a la vez que evitaba cuidadosamente atacar a la Iglesia y diplomáticamente aseguraba su amistad a Carrera, de Guatemala. Carrera observó con sospechas y congregó un ejército en la frontera. Cuando en 1863 emergió el inevitable anticlericalismo, Carrera invadió El Salvador, pero Barrios le rechazó en Coatepeque. Entonces Barrios se dirigió a Nicaragua a fin de acabar con el dominio conservador allí, pero fue derrotado. Carrera, al invadir por segunda vez El Salvador en octubre de 1863, acabó con el régimen de Barrios; éste fue sustituido por Francisco Dueñas, un conservador más seguro. Barrios fracasó en su intento de volver al poder dos años después, pero incluso bajo el mando de Dueñas se conservaron muchas de las reformas liberales.

CUADRO 8

Procedencia de las importaciones guatemaltecas, 1850-1870[*]
(porcentaje del total)

Gran Bretaña | 61
Belice | 6
Francia | 17
Alemania | 5
España y Cuba | 4
Estados Unidos | 3
Bélgica | 2
Otros | 2
TOTAL | 100

La muerte de Carrera en 1865 abrió nuevas esperanzas a los liberales en toda la región. Vicente Cerna continuó la sucesión en Guatemala de gobiernos conservadores hasta que la reforma de Miguel García Granados y de Justo Rufino Barrios le derrocó en 1871. Mientras tanto, los liberales hondureños acabaron con el gobierno de los conservadores en aquel país y ayudaron a los liberales salvadoreños a derribar a Dueñas en el mismo año. En Nicaragua los conservadores continuaron en el poder hasta 1893, pero en cambio poco después de 1860 se empezó a desarrollar una tendencia hacia la política económica liberal. La transición de Costa Rica al dominio liberal fue en cierta manera más pacífica, pero el modelo no fue muy distinto. Mora fue derribado en 1859 y a continuación la familia Montealegre —moderados que habían jugado un papel muy importante en el desarrollo del cultivo del café— dominó durante una década. Aunque políticamente conservadores, durante los años sesenta empezaron a aparecer algunas tendencias liberales en la política educativa, eclesiástica y económica. Sin embargo, el general Tomás Guardia llevó la reforma liberal más claramente a Costa Rica al establecer una dictadura liberal en este país en 1870.

La reforma liberal de los años sesenta en Centroamérica fue un reto para las élites criollas que habían establecido regímenes neohispánicos. Después de las destructivas guerras civiles y de la experiencia política, las familias más importantes del último periodo colonial lograron restaurar su hegemonía económica y social. Al mismo tiempo, la colaboración de los caudillos populares impulsó el proceso de participación de los ladinos en el gobierno, de manera que en Centroamérica hacia 1870 la élite blanca ya no monopolizaba los cargos más altos del gobierno. Por otro lado, los conservadores no consiguieron proporcionar el progreso y la expansión de las economías orientadas hacia la exportación en el nivel que exigían tanto la élite como las clases medias. A pesar de que se restauró gran parte de la estructura institucional de la era colonial, en este periodo se desarrollaron dos nuevas instituciones características: el caudillismo y la soberanía de la gran propiedad, que sobrevivirían en Centroamérica hasta mucho después de que el partido conservador dejara de ser una fuerza.

Capítulo 5
VENEZUELA, COLOMBIA Y ECUADOR

En el momento de la independencia, las necesidades militares y diplomáticas hicieron que el virreinato de Nueva Granada, la Capitanía general de Venezuela y la Audiencia de Quito formaran una república, la República de la Gran Colombia. Esas necesidades no duraron, y la transitoriedad de esta república ya se hizo evidente antes de la muerte de Bolívar ocurrida en diciembre de 1830. Las viejas divisiones establecidas por el imperio español no siempre eran claras ni tampoco eran siempre consistentes en todas las ramas de la administración, pero en general tenían en su favor el sentido común y los sentimientos de los habitantes. Para el gobierno de Bogotá las distancias eran demasiado grandes y la identidad provincial resultó demasiado fuerte para que la gran república pudiera durar una vez conseguida la victoria final sobre las fuerzas españolas. No existían lazos económicos fuertes entre las tres provincias. Ya a finales del periodo colonial no sólo sus élites, sino también gran parte de su gente, sentían identidades distintas. Tal como demostraron los tempranos federalismos de los años de la «Patria Boba», este tipo de lealtad se sentía más fácilmente respecto a alguna pequeña área que respecto a la república que iba a emerger en 1830, pero también hubo quienes apoyaron estas unidades espaciales mayores que contaban con la tradición del imperio y otros factores con cierta lógica de geografía administrativa. Los soldados rasos de las llanuras venezolanas manifestaron ya en 1816 lo que pensaban del general Santander al llamar «reinoso futudo»[1] a este natural de Cúcuta educado en Bogotá. El general Santander respondía con la misma moneda a esta desconfianza, ya que tanto al ser vicepresidente como cuando más tarde se puso en contra de Bolívar muchas de sus acciones y declaraciones anticiparon la separación de Nueva Granada. La frontera del sur aún era más confusa, pero entre Popayán y Quito, en algún lugar, también existía una línea fronteriza. La apariencia de la Gran Colombia ciertamente había resultado impresionante; impresionó al señor Canning, impresionó a los primeros emisarios que envió, e impresionó a los que compraron bonos colombianos en los primeros años de la década de 1820.

Gran Colombia fue reconocida como tal; Jorge IV finalmente recibió a «los pequeños hombres amarillos» —su descripción de los enviados de la nueva república—, si bien no firmaría un tratado que contuviera la palabra «república» en inglés. A pesar de que el Foreign Office se había entusiasmado ante la que aparentemente parecía destinada a ser la primera nación de América Latina, al cabo de cinco años contemplaba sin inmutarse su descomposición. La Royal Navy incluso participó un poco en ella. El colapso de esta construcción política fue acompañado de una crisis financiera y económica, situación que a menudo se repetiría en la historia posterior de los nuevos estados que se crearon tras esta ruptura. En 1826 no sólo cayó el crédito de la Gran Colombia. Para los extranjeros y también para los naturales de este territorio —muchos de ellos se creyeron también los malos cálculos de los primeros momentos republicanos, y quizá con más razón— se hizo cada vez más evidente que se habían sobrestimado con exceso los recursos económicos y fiscales. Gran Colombia había mantenido su guerra de liberación y de una manera u otra había proporcionado hombres y recursos a los ejércitos de Bolívar en el sur. Se hizo el esfuerzo para lograr la unidad y se hallaron los recursos necesarios en un momento excepcional y de forma irrepetible. Durante algún tiempo, unos cuantos utópicos, algunos cuantos más oficiales bolivarianos y algunos federalistas que se oponían a las nuevas autoridades centrales sintieron nostalgia de la unión. Sin embargo, en 1830, quienes tenían una visión realista del momento fueron los generales José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander y Juan José Flores, que emergieron como los respectivos dirigentes de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.

Las tres repúblicas que se crearon tenían algunas características en común. Estaban poco pobladas; la población total de Gran Colombia no llegaba a los tres millones de habitantes: Nueva Granada quizá tenía 1.100.000, Venezuela unos 900.000, y Ecuador 500.000. Las tres eran muy diversas racialmente, diversas en ellas mismas y diferentes la una de las otras. En las tres la población era fundamentalmente rural —ninguna ciudad alcanzaba los 40.000 habitantes— y a lo largo del siglo XIX tanto su población total como la población urbana iban a crecer sólo muy lentamente. Las comunicaciones tanto entre las repúblicas como dentro de ellas mismas eran difíciles y caras. La población de Nueva Granada y de Ecuador, que sobre todo se concentraba en las tierras altas, vivía en un gran aislamiento; la navegación costera y fluvial presentaba muchos problemas antes de que aparecieran los barcos de vapor, y la navegación a vapor no resultó en sí misma una panacea, ya que para ser rentable dependía del volumen de la carga. En estas economías nacionales, que en grado distinto habían quedado dislocadas y descapitalizadas por las guerras, pocos productos se transportaban lejos y los que lo hacían durante mucho tiempo lo hicieron en trenes de mulas sin posibilidad de impulsar grandes mejoras. El tráfico rodado sólo existía para distancias cortas y esto aún en pocos lugares. Había pocos hombres que viajaran, al igual que se desplazaban pocos productos (las guerras debieron dar lugar a un movimiento mayor que el que existía antes, pero en la mayor parte de las zonas la movilidad disminuyó al llegar la paz y restablecerse los limitados circuitos del intercambio local). Pocos hombres tenían los medios, el incentivo o la libertad para trasladarse de un sitio a otro, y a menudo cambiar de lugar resultaba poco saludable. El modelo de asentamiento respondía a dictados bien conocidos. Casi nadie había viajado a Europa o a los Estados Unidos; el general Santander no habría ido de viaje si no se hubiera tenido que exiliar, y las circunstancias todavía no habían obligado a los generales Páez y Flores a hacerlo. Las fortunas eran modestas. Para los niveles coloniales, los mantuanos de Caracas quizá fueran ricos, y Bolívar fue uno de los más ricos entre ellos. Ningún otro grupo en Gran Colombia había alcanzado tal grado de riqueza y la mayoría de las fortunas sufrieron merma en las guerras. La nobleza colonial en estas partes fue muy poco numerosa, y fuera de ella pocos habían sido lo suficientemente ricos como para verse abordados por la administración para que compraran títulos. La vida republicana empezó en una atmósfera de austeridad republicana. En ello no había nada consciente ni puritano, aunque algunos convirtieron la pobreza y el provincianismo en una virtud, y trataron de presentarla como un logro político. Simplemente era así porque era todo lo que aquellas economías se podían permitir.

Al producirse la independencia, la economía de Nueva Granada, la república más poblada de las tres, era la menos dinámica. Nueva Granada disponía de minas: los depósitos auríferos de Popayán y el Choco explotados con esclavos, las pocas minas importantes y la pléyade de esparcidos placeres de Antioquia, que en su mayoría se explotaban con mano de obra libre, y las minas argentíferas de Santa Ana en Tolima que absorbían muchos capitales. Los metales preciosos fueron el producto de exportación más constante y confiable de la república hasta que fue superado por el café en el último cuarto de siglo; por otro lado, su control sobre una parte sustancial de su producción es un componente que explica el liderazgo comercial de la provincia de Antioquia. La minería colombiana no fue muy afectada por la guerra, aunque naturalmente su actividad quedó interrumpida. Tampoco se desarrolló mucho en el medio siglo siguiente. Las inversiones extranjeras que se hicieron en Tolima y en Antioquia sólo proporcionaron beneficios descorazonadores. La emancipación de los esclavos y las guerras civiles interrumpieron la actividad minera del sur del país. No se produjeron nuevos descubrimientos que modificaran sustancialmente la participación del oro y de la plata en las exportaciones de la república, participación que en este periodo continuó siendo importante, manteniéndose en un nivel más constante que el de las nuevas exportaciones, pero que a la vez siempre fue desalentador.

La colonia de Nueva Granada casi no había exportado nada más que oro y plata. El entusiasmo por la botánica de la España borbónica dio lugar a descubrimientos que parecían prometedores, como el de la quina y el del «té de Bogotá», y desde la costa norte se exportaron pequeñas cantidades de algodón, tabaco y plantas tintóreas, y cantidades aún más pequeñas de otros productos tropicales. El recién creado consulado de Cartagena y las embrionarias publicaciones periódicas de Bogotá en los últimos años del poder colonial especularon sobre esta posible diversificación. Hacia 1830 se había logrado muy poco.

La situación de Venezuela, que había sido la colonia española de más éxito agrícola, era distinta. El cacao venezolano era el mejor del mundo y era el principal producto de exportación de la provincia hacia Europa y México. A finales del siglo XVIII empezaron a producirse cambios en el cultivo del café, que ofrecía mejores beneficios a cambio de una inversión menor. Este cambio se intensificó durante las dos décadas de guerra que siguieron a 1810 y, aunque la esclavitud no desapareció y se continuó cultivando cacao, entonces ya predominaban el cultivo del café, la aparcería y la utilización de mano de obra libre. En este primer ciclo del café los cultivos estaban localizados en las colinas de la región central. También se exportaba algodón, tabaco y cueros y se enviaban a las islas del Caribe mulas y caballos. Al principio, las provincias andinas occidentales estaban bastante aisladas y su aislamiento no desapareció hasta las décadas de 1870 y 1880 cuando el cultivo del café se recuperó de la caída sufrida a mediados de siglo. En comparación con Nueva Granada, Venezuela tenía una economía exportadora más fuerte y más diversificada. La zona costera de Ecuador también cultivaba cacao y, aunque no era de tan buena calidad como el de Venezuela, lo producía en mayor cantidad. Exceptuando los sombreros, sus otros productos de exportación —sobre todo tejidos de los obrajes de las tierras altas y maderas— se dirigían solamente hacia las regiones vecinas. En estos años ni Venezuela ni Ecuador explotaban minas de importancia.

El agente sueco Cari August Gosselman ofreció datos de su viaje de 1837-1838 que permiten comparar brevemente el valor de las exportaciones de las tres repúblicas (véase el cuadro 1). Estas cifras son muy pequeñas en términos absolutos. (El valor de las exportaciones de Ecuador, según el tipo de conversión convencional, equivalía al ingreso anual del terrateniente inglés más rico de la época, el duque de Sutherland: 200.000 libras). Estas cifras se refieren, desde luego, solamente a un sector de la economía, pero este sector era el agente del crecimiento y del cambio, y el gobierno, para mantener el orden y la estabilidad, dependía cada vez más de los ingresos de las aduanas.

CUADRO 1

Exportaciones (en miles de pesos)

Año
País
Producto
Valor

1837
Venezuela
Café
1.660

Cacao
875

Algodón
616

TOTAL
4.944

1836
Nueva Granada
Algodón
199

Tabaco
191

Monedas de oro
1.579

(+ 1.000 exportadas
clandestinamente)

TOTAL
2.828

1836
Ecuador
Cacao
690

Sombreros
100

TOTAL
1.000

Sin embargo, no era un apoyo muy sólido. Ni Colombia, ni Venezuela ni Ecuador llegaron a tener una economía exportadora estable en el siglo XIX. Por otro lado, tampoco atrajeron mucho a los inversores extranjeros. Las tres repúblicas, a veces juntas y en otros momentos separadamente, sufrieron el impacto de la fluctuación de los precios y de las depresiones, y los debilitados gobiernos afrontaron un creciente malestar social cuando los precios descendían, los productores quebraban y los comerciantes dejaban de hacer importaciones. Los cafetaleros venezolanos, por ejemplo, tomaban dinero a préstamo a un tipo de interés que había subido muy por encima del nivel corriente en el periodo colonial. En la década de 1830, al competir entre sí para obtener mano de obra y al descender los precios como consecuencia de la crisis estadounidense de 1837-1838, el costo de producción subió y cayeron en las garras de las draconianas condiciones establecidas en los contratos con los acreedores, según la ley 10 de 1834, que había abolido las viejas restricciones coloniales sobre la libertad de contratación, la usura y los censos irredimibles.

La proliferación de escritos polémicos a que dio lugar esta crisis facilita su seguimiento y ver el de sus repercusiones políticas en la década de 1840; casos similares pueden percibirse en otros momentos y en otros sitios. Durante el resto del siglo el café continuó siendo el principal producto de exportación, lo cual hizo que Venezuela se colocara como tercer exportador de este producto tras Brasil y Java. El precio de los demás productos de exportación también estaba sujeto a variaciones bruscas, particularmente agudas en los últimos años de la década de 1850. El segundo ciclo de la exportación de café, que se basó en su cultivo en el territorio andino, dobló el volumen de producción, pero ésta aún estaba sujeta a este tipo de fluctuaciones.

El tabaco era el primer producto agrario de exportación de Colombia. Durante el periodo colonial fue un monopolio de la corona y después estuvo bajo el control del gobierno hasta finales de la década de 1840; el gobierno estimuló tanto el aumento de la participación del sector privado —el monopolio resultaba caro de mantener— como el incremento de su exportación. El tabaco de Ambalena encontró mercados, particularmente el alemán, y durante un cuarto de siglo fue el elemento clave de las exportaciones colombianas. Los comerciantes intentaron desarrollar otras exportaciones. Se exportaron quinas cuando su mercado, tan poco estable, era bueno; por otro lado, el algodón gozó de un corto periodo de demanda durante la guerra civil estadounidense; en cambio, se perdió dinero al intentar cultivar índigo. A finales de la década de 1870 los sectores de exportación cayeron en una larga crisis. No resultaron más inmunes a las fluctuaciones que los venezolanos, pero en cambio esta crisis fue de una totalidad sin precedentes: el tabaco decayó debido a que se agotaron las escasas tierras adecuadas y a que la producción de las Indias Orientales se apoderó del mercado alemán; por otro lado, las quinas colombianas se hicieron invendibles en un mercado abastecido por Ceilán. Durante un tiempo, Colombia sólo pudo vender el producto de sus minas. Entonces el país se dedicó al cultivo del café, que había empezado a plantarse bastante en los años de 1860, pero a finales de siglo la recuperación aún parecía muy incierta.

La fortuna del Ecuador siguió dependiendo del cacao, que representaba de la mitad a las tres cuartas partes del total de las exportaciones. A lo largo del siglo Ecuador fue el principal exportador mundial de este producto, y las fluctuaciones de su comercio exterior fueron mucho menos graves que las sufridas por sus antiguos socios gran-colombianos. El cacao dio lugar a la preponderancia comercial y financiera de la costa y a un aumento continuo del peso demográfico de esta zona debido a un crecimiento natural más rápido y las emigraciones procedentes de la sierra. Por entonces la zona costera también producía la mayor parte de los sombreros.

Quien haya leído con atención a los geógrafos coetáneos y a los viajeros más pacientes y más comprensivos como Agustín Codazzi, Felipe Pérez, Manuel Villavicencio, o como Karl Appun, Isaac Holton y Friedrich Hassaurek, pronto puede percibir la existencia de otro tipo de economía que en cambio no está presente en las cifras del comercio exterior, y observar así otro tipo de actividades económicas. Gran parte de la producción artesanal se mostró capaz de resistir la intensa competencia de los productos importados que hubo tras la independencia. Este tipo de importaciones no eran nuevas después de todo. Ni en Ecuador ni en Colombia la producción de tejidos se arruinó tan deprisa o tan completamente como los proteccionistas de los años treinta predijeron. Los productos locales de mejor calidad, tales como las sillas de montar de Chocontá, continuaron vendiéndose en las tres repúblicas. Los artesanos desde luego protestaron por las tarifas aduaneras más bajas que había a mediados de siglo, pero no todos se vieron igualmente o muy afectados por ellas. Algunas actividades se expandieron, como fue el caso de la sombrerería colombiana. El elevado coste del transporte y los gustos particulares continuaron pesando. Aquí sólo se puede poner de manifiesto que había una gran variedad de economías locales interactuando, pero el solo hecho de tener conciencia de esta variedad ya tiene consecuencias importantes, porque ayuda a entender cómo la política, o las crisis, tenían un impacto distinto según los sitios; también pone en evidencia que existía actividad y oportunidad empresarial en zonas de las que los informes consulares no daban noticias, actividad que quizá era pequeña en escala pero que a menudo resultó fundamental para el desarrollo posterior. Asimismo, ello permite no caer en las connotaciones engañosas que emergen de la noción demasiado vaga de economía de subsistencia, o de la imagen convencional de la vida rural que sólo ve hacendados y peones, plantadores y esclavos, curas doctrineros y comunidades indias junto a los adustos jinetes que galopaban por las llanuras y que por algún proceso telúrico se convertían en caudillos ocasionales.

Para la gran masa de la población rural de estas tres repúblicas la vida no era uniforme y de ninguna manera era estática. En estos años se produjeron grandes cambios, que de modo directo y evidente fueron originados por los nuevos cultivos para la exportación. En Venezuela el café tuvo los efectos liberalizadores que más tarde también tuvo en Colombia. Durante el periodo colonial el cacao se cultivó con esclavos. Algunas fincas cafetaleras tenían esclavos, pero la mayoría se trabajaban por medio del sistema de aparcería y con mano de obra temporal. Los trabajadores se sentían atraídos por las nuevas áreas y escapaban de los viejos controles a cambio de las oportunidades e incertezas que ofrecía el mercado de mano de obra libre. En Colombia el tabaco jugó el mismo papel para unos cuantos, lo cual tuvo consecuencias de largo alcance. Este primer desarrollo importante de la zona tropical llevó la navegación a vapor al Magdalena y aportó a los colombianos su primera experiencia de comercio directo con Europa. El cacao que se cultivaba en la zona costera fue progresivamente alterando el equilibrio de Ecuador.

Resultaría bastante anacrónico suponer que algún líder de la independencia de América Latina luchó por imponer un sistema igualitario en el campo; al prometer a la tropa que se les daría algo de tierra no se pensaba en darles mucho y, además, de hecho no se les dio. Sin embargo, tampoco se puede decir que el viejo orden sobreviviera casi intacto, aparte de los efectos del reclutamiento y de los estragos físicos y fiscales. No se abolió completamente la esclavitud, aunque ésta quedó minada por la incorporación de los negros en el ejército, por la abolición de la trata y por su emancipación decretada por el Congreso de Cúcuta. Si bien en Ecuador la esclavitud no fue importante, su peso en ciertas tareas en Venezuela y Colombia fue mayor de lo que el número de esclavos sugiere (42.000 y 45.000 en cada uno de estos países hacia 1830). Pero en ninguna de estas repúblicas se empezó una nueva actividad basada en la esclavitud y en varias zonas la vieja autoridad nunca se pudo volver a restablecer. La legislación de los primeros momentos de Gran Colombia intentó incorporar las comunidades indias en la corriente del progreso republicano, pero pronto se abandonaron los planes de hacerlo debido a la resistencia de los indios y a los muchos inconvenientes de carácter político y fiscal. Ante las interferencias del gobierno, los indios quizás eran ahora menos dóciles que antes y también estaban menos sujetos al control eclesiástico de lo que lo habían estado a finales del periodo colonial. El poder de la Iglesia, que nunca había sido total, se debilitó. La influencia de la Iglesia seguía aquí el modelo de los antiguos establecimientos que se habían creado en las regiones más templadas, en las ciudades más viejas de las zonas altas y en las áreas donde había más indios. En Venezuela la Iglesia en conjunto no era fuerte, sus diócesis no eran ricas y ejercía poco control sobre los pardos, los esclavos y los libertos. Las misiones del este fueron destruidas y los territorios occidentales, que eran más clericales, pesaron poco en las cuestiones nacionales. La mayor parte de la Venezuela rural no llegó a ser controlada por esta institución. En Nueva Granada su poder también fue reducido: la Colombia mestiza ofreció diferentes muestras de su hostilidad en contra de la Iglesia durante la época colonial. Sólo una pequeña parte de la zona tropical había sido catequizada (Tolima, el valle del Cauca y las costas del Pacífico y del Atlántico nunca fueron sometidas al mismo grado de control eclesiástico que las tierras altas de Boyacá, Cundinamarca y Pasto). Se pueden establecer diferencias parecidas en Ecuador, donde el autoritarismo teocrático de García Moreno no llegó a ser aceptado por todo el mundo. Se habla mucho del dominio que en la vida rural ejercían el hacendado y el cura, pero tal idea no tiene en cuenta que en muchas zonas el poder de ambos se había debilitado y que en otras nunca había existido o que se encontraba con limitaciones naturales (como sucedía en los llanos de Venezuela, en las poblaciones diseminadas del valle del Magdalena, en las llanuras ganaderas de Tolima, en el valle del Cauca, o en la relativa libertad de la costa ecuatoriana). La esclavitud, como ya se ha dicho, estaba en decadencia. Ahora se empieza a percibir que la estructura rural, aparte del sistema esclavista, era demasiado compleja y variada como para poder resumirse en una palabra tan simple como peonaje.

La imagen de que la población rural estaba constituida mayoritariamente por mano de obra servil no solamente ignora la existencia de las comunidades indias y de pequeños asentamientos independientes, sino que también olvida muchas otras actividades no agrícolas tales como las manufacturas artesanales, la minería, la ganadería, la cría de caballos y mulas, y las empresas de los arrieros (una actividad esencial que fue el inicio de muchas famosas fortunas locales). El peón no era el mismo tipo de persona en un lugar que en otro, ni tampoco necesariamente se dedicaba al mismo tipo de actividad durante todo el año. Los autores decimonónicos, que en los cuadros de costumbres escribieron sobre las costumbres locales, se deleitaron distinguiendo entre un tipo y otro y describiendo todos sus hábitos y actividades. Ahora los historiadores están empezando a hacer lo mismo. Así no sólo se ganará en conocer lo pintoresco, sino que ayudará a explicar la paradoja de cómo tales sociedades pretendidamente tan estáticas y tan estratificadas fueron tan difíciles de controlar.

En el siglo XIX las tres repúblicas o se veían como políticamente inestables, o —desde un punto de vista optimista— como recién salidas de la inestabilidad. Los tres países padecieron frecuentes guerras civiles y los tres terminaron el siglo en guerra. Gran parte de los escritos coetáneos locales se lamentaban de estas desafortunadas circunstancias y se avergonzaban de estas luchas locales, sobre todo al recordar las gestas más gloriosas de las primeras luchas —no tan diferentes pero que tenían enemigos distintos—. La mayoría de los comentarios extranjeros fueron cortantes e impacientes con estas «revolucioncitas», atribuyéndolas a la vanagloria, al militarismo malentendido, a las ambiciones de cargos, a la ausencia de una monarquía constitucional, a la mezcla de razas, o a la incurable frivolidad de la mente latina. Gran parte de la historiografía tradicional se ha preocupado por el curso de estas revoluciones, por el largo fracaso de estas naciones para emerger como naciones-estado coherentes, pero de todas formas no se ha avanzado mucho en el análisis de las causas de la inestabilidad o en la evaluación de su importancia y extensión. La cuestión del orden público era uno de los temas más complejos. Pocos diplomáticos o viajeros extranjeros lo examinaron con detalle y pocos militares o políticos del país fueron capaces en sus propios escritos de huir de los argumentos partidistas o del deseo de encontrar una causa única. Se ha exagerado en todo. El poder estatal aun en tiempos de prosperidad era limitado. A veces se ha dado demasiada importancia a la incidencia que los acontecimientos aparentemente nacionales tuvieron en el desarrollo local; por ello, a menudo se ha exagerado el carácter catastrófico de estas crisis. Del mismo modo, se ha confundido la lucha irregular con la barbarie y la brutalidad, la bancarrota del gobierno con la ruina universal, la participación de negros e indios con la guerra racial. El criterio valorativo ha sido claramente europeo. Ello no quiere decir que este punto de vista no haya sido compartido por muchos suramericanos, ni tampoco que el desorden fuera algo que se pudiera ignorar fácilmente.

Los nuevos gobiernos fueron republicanos y se sometieron al principio republicano de gobernarse por medio de un sistema representativo. Nueva Granada proclamó el sufragio universal masculino en 1853, Venezuela en 1853 y Ecuador en 1861, a pesar de que en cada caso se exigía saber leer y escribir para poder votar. Sin embargo, estas disposiciones de mediados de siglo no fueron en todas partes ni efectivas ni irreversibles. Las elecciones fueron una fuente importante de legitimidad y no se las puede dejar de lado aun con sus muchas imperfecciones e irregularidades. Las elecciones tenían que ser «hechas» por los gobiernos, y cada una de las tres repúblicas empezó su vida independiente bajo el dominio de algún grupo restringido. Páez y sus amigos controlaron Venezuela excluyendo a muchos oficiales bolivarianos y a otros patriotas de mérito. El general Santander, que fue el primero que en Nueva Granada vio que las nuevas vías hacia el poder consistían en la construcción continua de la máquina electoral y el periodismo partidista, tuvo enemigos tanto eclesiásticos como laicos y militares, pero mantuvo a sus enemigos a raya. El general Flores ni siquiera era ecuatoriano, y el color de muchos de sus soldados no era igual al de la gente de la sierra. Los tres se ganaron su reputación en la guerra de independencia, pero ello no quiere decir que no tuvieran rivales o que no se les discutiera su poder.

Ninguna institución de peso les apoyó. Durante la guerra, tanto los recursos como la hegemonía de la Iglesia se habían debilitado. Ciertas sedes quedaron, y permanecieron, vacantes y la organización eclesiástica sufrió un colapso parcial. Las tres repúblicas continuaron siendo católicas y solicitaron heredar el patronato de la Corona española, pero dificultades diplomáticas hicieron que Roma no reconociera a los nuevos estados hasta la década de 1840. Además, el catolicismo republicano era un catolicismo algo distinto. El general Páez, al expulsar al arzobispo de Caracas en 1835, demostró lo poco que pesaba en Venezuela el apoyo de la Iglesia. Igualmente, las actitudes y la conducta del general Santander apenas pretendían atraer la opinión de los eclesiásticos. Los políticos colombianos y ecuatorianos no podían dejar de lado el peso de la Iglesia porque podía ser de gran ayuda para sus amigos y una peligrosa oposición para sus enemigos. Pero, por otro lado, como entre la Iglesia y estos gobiernos de la postindependencia había un gran número de fuertes fricciones, tampoco podía ser considerada como un pilar del orden. Su influencia variaba de una región a otra, pasando de ser importantísima a ser insignificante. Además, la Iglesia no disponía de una estructura jerárquica fuerte con la que poder ejercer una acción decisiva a nivel nacional. El obispo aún era casi un soberano en su diócesis, y por ello los sentimientos religiosos de Pasto o Medellín no eran controlados por Bogotá.

Estas repúblicas habían sido territorios del imperio español en los que la burocracia colonial no había sido muy fuerte. Los sustitutos republicanos que les siguieron también fueron moderados. Sólo se crearon tres o cuatro ministerios —Hacienda, Guerra y Marina, Interior y Relaciones Exteriores— y a menudo una misma persona presidía un par de ellos. No había un gran número de cargos públicos y el patronato, por lo tanto, era limitado. Algunos cargos resultaban poco atractivos y a los gobiernos les costó encontrar personas que quisieran ser jueces provinciales, alcaldes o incluso gobernadores provinciales. Sólo algunos puestos fueron espectacular o corruptamente remunerados, sobre todo en la Venezuela de los hermanos Monagas y de Guzmán Blanco. La mayoría no lo fueron. Muchos de estos gobiernos fueron notoriamente honestos y austeros: los de Páez (1831-1835, 1839-1843) y el de Soublette (1834-1837) en Venezuela, el de Herrán (1841-1845) y el de Mariano Ospina (1857-1861) en Nueva Granada, o el de Vicente Rocafuerte (1835-1839) en Ecuador apenas se vieron afectados por el escándalo financiero. Pero la economía y la probidad no necesariamente se vieron recompensadas con el apoyo político. En los primeros años de vida de estas repúblicas, el número de individuos empleados directamente por el gobierno, o bien directa o inmediatamente influidos por su actuación, continuó siendo muy pequeño, si se incluye al ejército.

La razón de que ocurriera así era evidente, y era la misma en todos estos países. Los gobiernos apenas tenían ingresos y, por lo tanto, no podían gastar. Los sobrios cálculos del escandinavo Cari August Gosselman para mediados de la década de 1830 (véase el cuadro 2), años que no fueron de euforia pero tampoco de crisis, sirven de nuevo para medir y comparar.

CUADRO 2

Ingresos estatales

Año
País
Procedencia
Valor
(en miles
de pesos)

1837
Venezuela
Derechos de importación
968

Derechos de exportación
168

Otros (incluyendo una contribución
extraordinaria de 221.000 pesos
impuesta en las aduanas)
463

TOTAL
1.599

1836
Colombia
Aduanas
907

Monopolio del tabaco
237

Monopolio de la sal
225

Otros
654

TOTAL
2.023

1836
Ecuador
Aduanas
202

«Cédulas personales»
(el tributo indio)
184

Otros
194

TOTAL
580

Al principio los patriotas pensaron que la introducción de un sistema de impuestos más avanzado, la apertura de sus puertos y la implantación de tarifas fiscales sabiamente calculadas les proporcionarían unos recursos mucho mayores que la vieja rutina de las retrógradas y opresivas contribuciones coloniales. Soñaron con la revisión del catastro, con la contribución directa. Sin embargo, hacia finales de la década de 1820 la naturaleza del sistema fiscal existente y las demandas sin fin de la guerra les forzó a volver a un sistema muy parecido al viejo y que sólo pudo ser abandonado paulatinamente por los estados que sucedieron a la Gran Colombia. Tuvieron ideas fiscales imaginativas e incluso osaron empezar a implantarlas —abolir el monopolio del tabaco fue un riesgo que se tomó conscientemente—, pero el problema no tenía solución. Cada tipo de ingreso tenía un techo. Con la crisis de 1826 se acabó el crédito extranjero, y aunque se hicieron esfuerzos para recuperarlo no se pudo dedicar mucha atención a esta cuestión en la mayor parte de estos años tan duros. Ni Colombia ni Ecuador lograron obtener de nuevo préstamos en los cincuenta años que siguieron a 1830, si bien en Venezuela Guzmán Blanco vio como un éxito personal la reanudación de los préstamos en la década de 1860. Cada gobierno tuvo su grupo de financieros, los agiotistas; eran expertos en préstamos a corto plazo y en el manejo de la alucinante variedad de la deuda interna que estos gobiernos pronto emitieron. El mercado financiero interior, sin embargo, era rudimentario; sólo se podía disponer de pequeñas sumas para cortos periodos de tiempo y a un interés elevado. En Venezuela, Guzmán Blanco en la década de 1870 logró reformar y sofisticar estos arreglos con la Compañía de Crédito, y en la misma década se fundaron los primeros bancos colombianos que lograron sobrevivir, si bien a lo largo del siglo los gobiernos periódicamente sufrieron graves emergencias fiscales. Todos buscaron nuevos recursos, nuevos arbitrios. Tanto en Venezuela como en Colombia se sacrificó la riqueza de la Iglesia (a finales del siglo XIX Eloy Alfaro hizo lo mismo en el Ecuador), pero la Iglesia no era tan rica y lo que se logró en aquellos duros tiempos fue decepcionante. Sólo los ingresos obtenidos en las aduanas eran capaces de crecer rápidamente y las tres repúblicas cada vez dependieron más y más de ellos. En la década de 1860, por ejemplo, constituían más de los dos tercios de los ingresos de Colombia. Se intentó fomentar los monopolios de la sal y del alcohol, se experimentó con el impuesto sobre la tierra y muchas otras novedades, y se desplegó un gran esfuerzo e ingenio para lograr un ajustamiento, pero sólo durante los años de guerra —que se hubieran podido evitar si el gobierno hubiera contado con mayores recursos— se establecieron fuertes medidas. Sin embargo, incluso estas medidas, tras su draconiana apariencia, escondían muchos compromisos con víctimas que simplemente no podían pagar.

No debe sorprender que estos gobiernos trataran de mantener los gastos al mínimo —aquí el modo de hacer europeo del laissez-faire coincidió con la necesidad, lo que dio lugar a que algunos liberales locales pensaran que sus microscópicas administraciones representaban la vanguardia del progreso—. Un gasto importante que seriamente se intentó recortar fue el de las fuerzas armadas. Estos países dejaron virtualmente de tener marina de guerra. Las fortalezas, que se consideraban un símbolo antirrepublicano, fueron cayendo en ruinas y algunas incluso fueron demolidas. Después de 1830 en todas partes el ejército permanente quedó reducido a pequeños cuerpos de veteranos, suficientes para guardar los arsenales y para el reclutamiento en caso de emergencia, pero que en época de paz supusieran una carga lo más pequeña posible para el tesoro. Las circunstancias políticas de la disolución de la Gran Colombia favorecieron la reducción del ejército. El general Páez estableció su dominio en Venezuela con las fuerzas que tenía directamente bajo su mando y gracias a los acuerdos a que llegó con algunos individuos poderosos localmente. Muchos oficiales bolivarianos que estaban fuera de Venezuela quedaron excluidos. En Nueva Granada había un gran número de oficiales venezolanos de esta filiación y también tropa venezolana. Intentaron imponerse localmente en el país vecino, pero no lo lograron, y el gobierno de Bogotá se sintió muy aliviado cuando se marcharon. El general Flores y algunos militares que en parte eran venezolanos se establecieron en Ecuador. Sin embargo, en todas partes, a mediados de la década de 1830, el número de soldados era escaso y, como sólo unas pocas unidades conservaron todos sus efectivos, incluso había menos de lo que se decía oficialmente. Venezuela contaba con 800 soldados de infantería y 200 de caballería. Nueva Granada tenía cuatro batallones de infantería, uno de artillería y tres de caballería, resultando así un total comparativamente importante de 3.300 hombres; sin embargo, a mediados de siglo durante mucho tiempo se hicieron esfuerzos consistentes e intermitentemente exitosos para hacer bajar este contingente y su número llegó a ser inferior a 1.000. Ecuador por entonces disponía oficialmente de 720 soldados de infantería y 370 de caballería. En resumen, la antigua Gran Colombia, sumando las fuerzas de todo su territorio, no llegaba a tener 5.000 hombres armados. Pero incluso siendo pocos se llevaban una parte importante del presupuesto de cada república. Gosselman calculó que en Ecuador la partida ascendía a 510.000 pesos, mientras que estimaba los ingresos en 580.000; en Nueva Granada el ejército absorbía 818.000 pesos de un presupuesto de 2.517.000 y en Venezuela 481.000 de otro de 1.599.000. Que esta proporción fuera tan grande no quiere decir que predominaran las consideraciones militares. Simplemente ello respondía a las características de la vida política: para conservar algunos enclaves fue necesario mantener cierto número de tropa, y los gobiernos tenían que hacer un mínimo de gastos. Incluso los pequeños ejércitos eran caros y a la tropa, a diferencia de los otros funcionarios, se la tenía que pagar o si no inevitable y rápidamente se convertía en una amenaza para la vecindad y para sus amos.

La causa de los disturbios y de la «militarización» —que muchos denunciaron de pasada, pero que pocos se preocuparon de explicar— no se debió fundamentalmente a estos pequeños cuerpos militares o a los oficiales. La mayor parte de las guarniciones fueron normalmente leales a los gobiernos que los empleaba; si bien los cuartelazos o el golpe de mano no eran desconocidos (con uno de ellos empezó la rebelión «reformista» de Caracas en 1835 y también el general Meló estableció así un corto gobierno militar colombiano en Bogotá en 1854), no constituyeron una característica de esta región. Los conflictos y las guerras civiles tuvieron causas mucho más amplias y mucho menos simples; no consistieron en lo que estas minúsculas guarniciones hacían, sino en lo que —cuando las circunstancias se volvían adversas— no podían controlar.

Durante el período colonial había habido cierta actividad política —intrigas burocráticas y del cabildo, enfrentamientos entre los eclesiásticos—, pero la independencia dio lugar a un tipo de vida política nuevo en intensidad, en extensión, en métodos y en todo tipo de consecuencias. La política republicana no tenía en su conjunto precedente. El cambio de estilo se puede ver con claridad en las notas y apuntes del Diario de Santa Fe escrito por el bogotano José María Caballero; lo que había sido una colección de observaciones sueltas de acontecimientos y de fenómenos naturales, de pronto, en 1810, se convirtió en un diario político. Hacia 1830 todo el territorio que formó Gran Colombia había ya tenido diferentes tipos de elecciones —para el Congreso, para las asambleas constituyentes, para asambleas de padres de familia— y ya conocía partidos y facciones y su prensa. También conocía ya las tácticas electorales de disolver asambleas, de intimidar a la prensa y de proscribir a los opositores políticos. Estas maniobras las conocían tanto los militares como los civiles.

La participación en las elecciones estaba restringida. Se limitó el sufragio, y algunas elecciones fueron indirectas. Sin embargo, hay muchas pruebas que ponen en evidencia que la participación informal era más amplia que aquélla y que la opinión pública, el estado de opinión que preocupaba a los gobiernos, no estaba tan limitada a los ciudadanos que disfrutaban del derecho constitucional de votar, o a los que se preocupaban por votar. La correspondencia del colombiano Tomás Cipriano de Mosquera, que fue tres veces presidente (1845-1849, 1863-1864 y 1866-1867), gran general y aristócrata de Popayán, con su factótum político el general Ramón Espina, tuvo mucho interés en ganarse a la opinión popular y en esto Mosquera sólo estaba siguiendo el ejemplo establecido por la fons et origo de la práctica política local: los delegados británicos en la Gran Colombia se sorprendieron de los ademanes democráticos que usaba Santander, que en las elecciones llevaba la popular ruana e iba de copas por las tabernas. Los electores de la clase superior que a menudo eran miedosos seguían por prudencia la opinión popular de su localidad. La opinión pública colombiana, dividida desde los primeros días de la nueva república, nunca fue fácil de controlar desde Bogotá. Por ejemplo, los medios que Santander empleó —su energía como corresponsal y como anónimo, aunque conocido por todos, periodista semioficial de la Gaceta, su control sobre la administración y su buena voluntad de usarlo para fines del partido— para lograr el regreso del candidato que él apoyaba como sucesor suyo en las elecciones de 1836, resultaron infructuosos. José Ignacio de Márquez, el vencedor civil, contó con el apoyo suficiente para ganar pero no para gobernar. Tenía poco prestigio y recibía básicamente el apoyo de las tierras centrales. Le faltó suficiente opinión nacional.

En Venezuela, la posición de José Antonio Páez fue algo más segura y logró mantener su reinado republicano hasta principios de 1848. Pero si fue así se debió a algo más que a su conocida relación con el alto llano y, por otro lado, también tuvo oponentes. Muchos elementos contribuyeron al dominio de Páez. El prestigio militar que le rodeaba y también su habilidad para reunir hombres armados en momentos de emergencia, que corría paralela a su prestigio, ciertamente fueron elementos importantes, tal como se vio en 1835 y en 1846. Pero también lo fue el arte de Páez en lograr compromisos políticos, como se puede ver en sus relaciones con sus rivales, los generales Santiago Mariño y José Tadeo Monagas. No sólo Páez tenía prestigio militar, ya que también otros podían levantar tropas. Comparado con sus sucesores, el gobierno de Páez resultó llevadero: aunque la «república conservadora» de 1830-1848 hizo que algunos de sus oponentes tuvieran que exiliarse después de 1835, por otro lado la alianza del general Páez y de sus amigos con los comerciantes de Caracas parecía pesar poco al país mientras la prosperidad de la década de 1830 se iba acabando. Las exportaciones venezolanas se recuperaron rápidamente de la guerra y el optimismo duró hasta que los precios cayeron al repercutir en el país la crisis estadounidense de 1837-1838. Después de esto, una fuerte y virulenta oposición valoró de forma distinta esta alianza mostrando cuáles eran los límites del poder y del prestigio de Páez. Los intereses de los comerciantes y de los propietarios de Caracas fueron distintos desde el periodo colonial, lo cual hizo que hubiera divisiones más fáciles de explotar que en ningún otro lugar de la Gran Colombia. La caída de los precios de los productos de exportación acentuó este conflicto latente y provocó que en estos años surgiera una oposición de propietarios (que se identificaba con la causa liberal y que parecía dispuesta a llevar sus doctrinas hasta el extremo) en contra de los comerciantes que apoyaban al gobierno. En esta oposición había dos periodistas de gran ingenio, el ideólogo Tomás Lander (en su testamento estableció que su cuerpo fuera momificado como el de Bentham) y el versátil y bien conectado demagogo Antonio Leocadio Guzmán. Las campañas de Lander y de Guzmán repercutieron tanto fuera como dentro de la clase política reconocida oficialmente como tal. Encontraron lectores en las provincias y éstos a su vez contaron con gente que les escuchaba. La reputación de Guzmán atraía a multitudes: gran número de artesanos y de otros individuos más difíciles de definir. El gobierno ya no podía controlar las elecciones para asegurarse una sucesión estable: en 1844 el diplomático suizo conde de Adlercreutz, quien como coronel mercenario bolivariano tenía experiencia de primera mano en cómo hacer elecciones, informó a su gobierno que los liberales habían ganado las elecciones provinciales directas y que el partido oligárquico sólo había logrado que para el Congreso Nacional hubiera elecciones indirectas; incluso entonces, sólo había conseguido obtener resultados mediocres. En una situación de crisis económica, de desorden creciente, Páez perdió «la adhesión y la simpatía de las masas».

Los viajeros de la Europa de Guizot y de Louis Napoleón, de Palmerston y de Franz Joseph quedaron sorprendidos por lo mucho que se hablaba de política nacional incluso en reuniones humildes y en lugares remotos —y no sin consecuencias en la vida política local—. No concedieron mucha importancia ni a este tipo de vida política que carecía de instituciones formales y permanentes (fuera de unos pocos clubs políticos esparcidos en las ciudades y de algunas organizaciones políticas que no disponían ni de prensa ni de una estrecha red de corresponsales) ni a este tipo de sociedad sin educación y analfabeta. Sobrestimaron el control político que ejercían los propietarios; los poderosos frecuentemente iban adquiriendo tierras, pero no todos los terratenientes ejercían poder. Minusvaloraron el número de hombres que no dependían de ningún amo. Tampoco entendieron cómo las rivalidades y antipatías locales, que a menudo tenían su origen en los tiempos coloniales, se enredaban en la nueva política republicana. Incluso en el caso de que una sólida élite controlara firmemente la sociedad (lo que en muchas partes del país no era verdad), esta élite hubiera encontrado razones para pelearse entre sí. Las bien conocidas rivalidades que existían entre ciudad y ciudad, entre provincia y provincia, a menudo se reproducían a unos niveles menos claros de discernir en las veredas, los distritos del humilde municipio.

Las revoluciones y las revolucioncitas deben observarse en este contexto. En un breve examen como el que se hace aquí es imposible hacer un recuento detallado de todas sus causas y cursos. En 1835, en Venezuela hubo la revuelta de las «reformas», que fue un intento de los bolivarianos excluidos en contra del gobierno prematuramente civil del doctor José María Vargas que se puso bajo la protección de Páez; en 1846 se produjeron extensas revueltas y en 1848 el mismo Páez luchó sin éxito para no ser sustituido por José Tadeo Monagas, el candidato que él mismo había nominado. La década siguiente, en la que gobernó la familia Monagas, no fue pacífica y culminó en la guerra federal de 1859-1863. Guzmán Blanco no consolidó su poder hasta después de otras luchas acaecidas en 1868 y 1870. En Nueva Granada, en 1839 se produjo un estallido de desafección religiosa en Pasto, en el sur, que en otras regiones evolucionó hacia declaraciones federalistas, la llamada guerra de los Supremos, de 1839 a 1842. El gobierno conservador y centralista de Pedro Alcántara Herrán que ganó la guerra vio a sus políticas y a su gente abandonadas a finales de la década de 1840 por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Los conservadores volvieron a perder el poder en las elecciones de 1849; dos años más tarde se levantaron sin éxito en contra del gobierno liberal del general José Hilario López, tras el cual ellos veían la figura aun menos tranquilizadora del popular general José María Obando. En la confusa y contradictoria agitación de estudiantes, de artesanos y de los negros del valle del Cauca vieron el espectro del socialismo. Obando, que era un hombre valiente pero un político miedoso, se retiró del escenario en favor del régimen militar de corta duración del general José María Meló, que a su vez fue derribado por las fuerzas reclutadas y dirigidas por hombres de buena posición de diferentes ideologías en la corta guerra de 1854. El gobierno conservador que entonces ganó las elecciones —el sufragio universal fue también contrarrevolución en Nueva Granada— fue después expulsado por un levantamiento liberal-federalista dirigido por el general Mosquera que duró de 1859 a 1862. Al igual que Venezuela, Colombia adoptó una constitución extremadamente federal, pero aquí no se pudo recurrir a un Guzmán Blanco. Ambos países conocieron algunas revueltas locales; en 1876-1877 los colombianos pasaron por una guerra civil importante, y lo mismo ocurrió en 1885. Que la supremacía de Guzmán Blanco en Venezuela (de 1870 a 1888) fuera tan larga parece indicar que se resolvieron algunos problemas geopolíticos, pero la hegemonía del general Joaquín Crespo, de 1892 a 1898, no fue del todo tranquila. Él mismo murió en una batalla y, al igual que en Colombia, el siglo terminó en Venezuela con una guerra civil.

La existencia en Ecuador de una numerosa población india en la sierra —que constituía un mundo aparte que sólo a veces se interesaba en la política de los blancos y de los cholos— puede llevar a uno a pensar que la vida política estaba marcada por la pasividad. Esta no sería una conclusión acertada. La gente de la sierra no fue siempre pasiva. Flores aplastó varias revueltas antes de su destitución en 1845. La oposición de las provincias era fuerte, con lo cual cualquier hegemonía tenía una duración y unas posibilidades limitadas. La prensa compensó el hecho de que tenía una existencia más precaria y menos lectores que la colombiana o la venezolana siendo extremadamente virulenta; el periodismo ecuatoriano construyó una tradición de violencia —incitó a la violencia desde la masacre que sufrieron los que trabajaban en El Quiteño Libre, en 1833— que alcanzó su cénit con Gabriel García Moreno y su adversario Juan Montalvo. Debe subrayarse aquí que García Moreno mantuvo una intensa actividad militar, además de política. Flores no legó a Ecuador una tradición pretoriana tranquila.

Estas guerras compartían ciertas características en común, lo cual no quiere decir que todas fueran iguales. Tendían a coincidir con momentos de dificultad económica —que a veces respondían a crisis que zarandeaban la economía mundial, pero otras veces se trataba sólo de coyunturas particularmente desafortunadas a nivel local—, siendo entonces más graves. Los problemas económicos coyunturales debilitaban los ingresos del gobierno, y los gobiernos pobres fueron menos capaces de satisfacer y de entusiasmar a quienes les apoyaban y de oponerse a sus enemigos. La endémica desafección de las provincias se volvía más intensa cuando los necesitados gobiernos recortaban los gastos y cubrían sólo sus necesidades más perentorias. Otros aspectos económicos incidieron de modo general en la tendencia al malestar. Los cultivos nuevos, o las nuevas actividades orientadas hacia la exportación (tales como el boom del cuero de la década de 1850 en los llanos venezolanos, o la recolección de quina en la de 1870 en Santander, Colombia), llevaron a mucha gente hasta estas áreas e hizo que dependieran de un mercado fluctuante. «Volver a la economía de subsistencia» no era tan fácil como parece indicar esta corta frase. Por ejemplo, cuando el precio del café descendió a finales de la década de 1830 no sólo fue el plantador venezolano quien perdió, sino que la situación también la padeció la mano de obra que ahora no tenía ni trabajo ni salario, que quizá vivía en un entorno que no le era familiar y que tenía que aguantar por lo menos una estación antes de volver a esa economía de subsistencia. Aunque este tipo de gente no mostraron mucha tendencia a rebelarse, algunos se sumaron a las revueltas. La angustia, el malestar y la miseria de esta clase, y no la pobreza secular que había en las oprimidas tierras altas de Boyacá y Pichincha, crearon un clima en que podía prender una revolución. De hecho, en estas zonas no habían fuerzas del orden.

En estas guerras, la relación existente entre recursos y territorio es otra característica común entre ellas. Era difícil terminar rápidamente con las revueltas, incluso cuando empezaban siendo de pequeña dimensión. Los gobiernos se volvían aún más impopulares cuando reclutaban hombres. Las tres repúblicas tenían un sistema de milicia, pero no se podía confiar en ellas para organizar un ejército que sirviera fuera o lejos; en zonas de rebelión de ninguna manera se podía confiar en ellas. El reclutamiento era un procedimiento violento e impopular. La gente más pacífica huía y se escondía, pero otros se resistían peligrosamente, y así la revolución podía extenderse. La deserción era tan corriente que el viajero francés Holinsky señaló que en Ecuador parecía que los comandantes de uno y otro bando lanzaban con prisas a la tropa a la batalla por miedo a quedarse sin soldados. De hecho, generalmente era imposible desplazarlos deprisa. Fue muy difícil aprovisionar a ejércitos concentrados; tenían que dispersarse para poder sobrevivir, ya que en todas partes el excedente local era limitado. Tenían que maniobrar según los recursos y según el clima, tenían que ajustarse a las reservas existentes y no podían exponer a los soldados a cambios más bruscos de lo que podían soportar. Sólo de vez en cuando los gobiernos pudieron contar con un apoyo entusiasta, y en conjunto confiaron en pequeños contingentes de hombres, formados con trabajo por sus veteranos, que se desplazaban con cuidado. Los rebeldes confiaban más en los voluntarios, en el élan de la causa y de la perspectiva de botín, y en la guerrilla local. Los líderes tenían que entender las peculiaridades de la guerra local tanto a nivel político como a nivel psicológico; tenían que saber lo que cada región podía producir o proporcionar en cuanto a recursos y hombres; tenían que saber cómo provocar el entusiasmo de cada población. La multiplicación de los cargos más altos no respondía tanto a un reflejo del infantil gusto «latino» por los títulos como a la necesidad de neutralizar las susceptibilidades locales.

Es difícil aislar de entre los casos al caudillo típico. La mayoría era gente de cierto nivel social, si bien pocas veces había una relación directa entre propiedad y habilidad en levantar una tropa (incluso llaneros como Páez y Monagas debían su capacidad de movilizar hombres más a su prestigio que a su propiedad). Líderes «populares» como José María Obando y Ezequiel Zamora, por ejemplo, se les encuentra ahora mejor conectados socialmente de lo que sus románticos admiradores habían hecho suponer; tanto Zamora como Obando poseían unos cuantos esclavos. Algunos de ellos ganaron su fama en las luchas por la independencia; muchos veteranos de estas guerras, en la década de 1860, aún podían y querían tomar las armas. El carácter y el origen de su talento político y militar es muy variado. Zamora comenzó siendo un comerciante y un prestamista de provincia, y su extraordinaria ambición militar empezó como oficial de la milicia; después dio rienda suelta a su inclinación de combatir y dirigir la oposición contra Páez en 1846. Recurrió a la guerrilla, pero fue algo más que un jefe de guerrilla: su acción maestra, la batalla de Santa Inés, fue una maniobra muy sofisticada de emboscadas atrincheradas. Quizá su idea de lo que era excederse fue muy amplia, pero fue muy duro con los que la sobrepasaban; una vez venció, fue un modelo de humanidad. Su fama de reformador igualitarista descansaba en poco más que en su extraordinario don de gentes, en su habilidad de estar bien con todas las clases sociales, a la vez que su influencia militar procedía de su habilidad en los campos de batalla. No era un llanero y tampoco intentó llegar a serlo; no era el representante de una región en particular; ganó batallas hasta que murió en la de San Carlos en 1860.

José María Obando, el soldado y político más popular que hubo en Colombia en el siglo pasado, aunque de nacimiento ilegítimo estaba relacionado con las buenas familias de Popayán, pero su fama en el sur provenía primero de luchar en defensa de la corona española y después de suavizar las consecuencias de la ocupación patriota. Poseía algo de tierra en el valle de Patía, una zona ganadera que siempre le proporcionó más o menos un centenar de jinetes. A finales de la década de 1820 se opuso a Bolívar y fue vicepresidente en 1831-1832; no sólo adquirió notoriedad como uno de los acusados de haber asesinado a Antonio José de Sucre, el más fiel teniente de Bolívar (que al haber ordenado el saqueo de Pasto en 1822 no fue muy llorado en el sur), sino que también ganó fama y popularidad por haber sido uno de los que consolidaron la nueva república antes de que Santander volviera del exilio. La historia posterior de Obando —la reapertura del cargo por la muerte de Sucre, la guerra civil, su exilio y pobreza, su regreso y su elección como presidente, su caída y su desgracia, su alianza con su viejo enemigo Mosquera y su muerte en una escaramuza poco antes de la victoria de 1861— tiene un tono trágico que hizo que durante su vida se le denominara «el Edipo americano». Obando, con sus dotes militares y su distinguida presencia militar, reunía un gran atractivo ante la gente, aumentado por la historia de su persecución y por su exclusión de la aristocracia de Popayán. Su influencia no sólo se dejaba sentir en Pasto y en otras partes del Cauca sino también en la costa caribeña y entre los artesanos de Bogotá, que fueron su más firme apoyo durante su breve presidencia de 1853-2854. Pero Obando fue mejor mártir que político, y no logró convertir su ascendencia en poder. La gran fama con que contó se debió a sentimientos y apegos, más por su prestigio que por cualquier programa político.

Las vidas de otros militares —y no muchos de ellos pueden ser considerados simplemente como soldados— no se ajustan a ninguna tipología determinada. Los hermanos Monagas y los Sotillo eran llaneros que estuvieron en estrecho contacto con el «bajo llano», la parte oriental de los llanos venezolanos. El mariscal Falcón procedía de una familia de propietarios de cerca de Coro, en cuya ciudad este hombre educado y culto se hizo primero famoso por ser un agresivo señorito. Guzmán Blanco era hijo del periodista caraqueño Antonio Leocadio Guzmán, y su madre pertenecía a una familia aristocrática. El paciente, preocupado y lleno de sentido común general Herrán, que fue presidente de Nueva Granada de 1841 a 1845, era de origen social modesto; tuvo una larga carrera militar (en parte pasada forzosamente en el campo realista), pero en cambio pensaba como un civil. Gabriel García Moreno, que luchó durante años y que mientras estuvo en el poder —de 1861 a 1875— fue más propenso a ejecutar a sus opositores que el general más duro de Nueva Granada, era hijo de un comerciante de Guayaquil y había estudiado para cura (tomó incluso las órdenes menores). Tomás Cipriano Mosquera descendía de una familia señorial de Popayán y tuvo una carrera de soldado nada pesada junto a Bolívar —que era amigo de su padre— a finales de la lucha por la independencia. Su atracción por el poder puede tener algo que ver con este background, pero en cambio no puede explicar su errática carrera política posterior, ni su ascenso y caída militar; en la mayor parte de su vida su familia le miró alarmada y con desaprobación.

Estos líderes no configuraron una casta diferenciada y autoconsciente. No todos se consideraron militares antes que nada, y algunos miraron la guerra civil con tanto disgusto como cualquier civil: Falcón y Herrán fueron ejemplos elocuentes de estos hombres de armas amantes de la paz. Por debajo de este nivel de mando tampoco hubo más coincidencia, ya que cada población respondía de su propia manera cuando se rompía el orden. En algunas poblaciones hubo líderes de segundo grado que se ganaron fama de brutos, fama revestida de miedo al conflicto racial o a que se repitieran las atrocidades pasadas. En Venezuela hubo «el indio Rangel» y «el indio Espinosa», de 1846 a 1859, y el clan Sotillo en la zona oriental; en Colombia, el «bandido» Sarria —aliado de Obando—, el cacique Guainas de los indios páez de Tierradentro, y el general mulato David Peña de Cali, que en una famosa ocasión hizo que las mujeres conservadoras de buena familia barrieran las calles de la ciudad. Los indios de la sierra ecuatoriana no siempre fueron víctimas pasivas o simples espectadores de los problemas de los otros. Algunos de ellos lucharon de forma sanguinaria y en alguna guerra en algunas regiones hubo «vendettas» criminales —la región de Barquisimeto en la guerra federal venezolana constituye un buen ejemplo de ello—. Estas guerras confirmaron e intensificaron los antagonismos locales, ya que los participantes siguieron ciertos modelos inevitables: lo que se había perdido en una guerra se podía vengar en la siguiente.

Resulta fácil exagerar la intensidad y la extensión del desorden, y también es fácil exagerar la violencia de estos conflictos. Por razones logísticas, si no por otras, al igual que en todas las guerras transcurrieron largos periodos en que no pasaron muchas cosas. Los ejércitos fueron relativamente pequeños y la mayor parte de los movimientos fueron defensivos. Hubo muchas bajas en el campo de batalla y aún más debido a las enfermedades y a la falta de adaptación, pero las masacres y las ejecuciones fueron bastante más raras de lo que los observadores extranjeros dedujeron del carácter irregular que tuvo gran parte de la guerra. Parece que estas conclusiones a menudo las sacaron del miedo que tenían a la violencia de la gente de razas mezcladas y de la frisson que sintieron al ver las tropas armadas con lanzas y machetes. Confundieron esta forma de luchar «suramericana» con lo que pasó en Argentina y en México, donde la situación y los hechos fueron muy distintos (como también lo fueron en España). El colombiano José María Samper se quejó de que «Rosas es nuestro símbolo; Santa Anna, Belzú; y se toma a Monagas y a los otros personajes terribles como casos generales». De entre éstos sólo Monagas representaba a estas tres repúblicas y resultaba terrible sólo por su corrupción. No hay datos fiables sobre cuántos murieron en estas guerras y cierto tipo de escritores criollos progresistas tendieron a exagerar las cifras; uno sospecha que don José Avellanos con su manuscrito Cincuenta años de malgobierno, figura de Nostromo de Joseph de Conrad, dibujó el pasado de la República de Costaguana más negro y sangriento de lo que realmente fue. Estos autores escribieron avergonzados y desilusionados, y a menudo tenían un bagaje cosmopolita que no siempre les permitía entender lo que estaba pasando. Muy pocos no fueron partidistas —como siempre y como en todos lados, las «medidas enérgicas» de un lado eran atrocidades en el otro—. Se debe también distinguir un conflicto de otro, y recordar que las consecuencias de cada guerra eran más duras en unas provincias que en otras: a veces los gobiernos debían decir que el orden público estaba alterado en todo el territorio nacional cuando en realidad no era así.

Incluso las guerras cortas destruyeron bienes, sobre todo ganado. Las importantes, como la guerra federal de Venezuela y la lucha entre Mosquera y Mariano Ospina Rodríguez en Colombia, fueron proporcionalmente más destructivas, ya que tanto el gobierno como los rebeldes impusieron exacciones de emergencia; los ejércitos cada vez tuvieron menos recursos, se abandonó la agricultura y el comercio quedó interrumpido. Las guerras más duras, por descontado, tuvieron fuertes consecuencias económicas directas, pero todas las guerras pusieron término a la anhelada estabilidad: las obras públicas quedaron abandonadas, se tuvieron que olvidar los proyectos de poner a la administración sobre una sólida base financiera, se perdió el crédito y la reputación, los tipos de interés subieron, los especuladores ahogaban a los empresarios cuando uno y otro no eran la misma persona. En tales condiciones, los gobiernos (que se encontraban tan atrapados por procurar su supervivencia) no se podían preocupar por una continuidad más cara. Los que se quejaron más fueron los que en estas repúblicas querían poner el tipo de gobierno que no podían mantener.

Las guerras tuvieron, además, otros efectos. Tal como se ha dicho, confirmaron e intensificaron, y a veces incluso crearon, antagonismos que las políticas más pacíficas también sentían. La movilización militar se trataba también de alguna manera de una movilización política; los que seguían a un líder en la guerra también podían mantenerse vinculados a él en tiempos de paz. Las guerras produjeron héroes para los partidos políticos; no había que ser un votante letrado para admirar a Obando o a Zamora. Asimismo, decidieron ciertas cuestiones importantes —aspecto que se escapa a aquellos que no sienten curiosidad por saber para qué se luchó en estas guerras—. La guerra federal no tuvo de ningún modo en la sociedad venezolana el efecto nivelador que sus apologistas insinúan, pero acabó con el conservadurismo venezolano, ya que después de ella, de una manera u otra, Venezuela fue liberal. En Colombia, después de que Mosquera venciera en la guerra civil de 1859-1862, hubo más de dos décadas de experiencia federal, controlada predominantemente por los liberales. Ciertos problemas entre el Estado y la Iglesia se definieron. Muchos implicados se comprometieron profundamente con la causa del federalismo que respetaba las peculiaridades y necesidades locales y evitaba los gobiernos poco dispuestos o incapaces de cumplir sus promesas; el gobierno central se restablecía cuando encontraba los medios para ofrecer alguna cosa. La cínica afirmación de Antonio Leocadio Guzmán de que sus amigos llamaban federal a su causa liberal porque sus oponentes eran centralistas, y de que las cosas hubieran ido igual de la otra manera, no debe tomarse muy en serio, como tampoco muchas otras cosas que dijo. El equilibrio de intereses y de regiones sólo podía encontrarse, a veces, mediante una guerra. Estas cuestiones políticas no eran en ningún lugar simples peleas para el control de los cargos oficiales.

Belford Wilson, que pasó a vivir a Caracas en 1843 después de haber tenido algún contratiempo en Perú, escribió: «Gracias a Dios, en este bien ordenado país, un diplomático puede vivir sin interesarse por la política local». Pero también aquí pronto tuvo problemas, lo cual no es sorprendente ya que de forma bastante manifiesta se puso al lado de un grupo en la política local que, según él, tan poco le interesaba. Se estaban formando los partidos, surgieron cuestiones que dividieron a la opinión pública, los intereses buscaron expresarse políticamente, las corrientes liberal y conservadora se hicieron visibles. Lo que llevaba a un hombre, a una familia o a un distrito a una u otra corriente o facción no estaba definido mecánicamente: no se puede decir que los comerciantes fueran liberales o que los terratenientes fueran conservadores. Todas estas generalidades tan burdas son demasiado fáciles de refutar, y para llegar a entender los alineamientos hay que analizar las regiones, las familias, los sucesos, incluso los talentos y las preferencias. Igualmente, las divisiones drásticas, tales como establecer el antagonismo entre comerciantes y terratenientes en la Venezuela de los años cuarenta, se emborronan al estudiarse desde más cerca o no se mantienen en pie durante mucho tiempo a medida que se resuelve la cuestión. Los partidos, sin embargo, existieron, y aunque no se puede negar que un análisis siguiendo los métodos de sir Lewis Namier contribuiría mucho a entender también estas estructuras, también es cierto que se le escaparía mucho de lo que estaba pasando. El control sobre la tierra no se podía convertir tan fácilmente en control político sobre la vecindad o en influencia política nacional. La política urbana podía resultar ingobernable y las cuestiones aireadas en las mayores ciudades tenían resonancia en las pequeñas; los artesanos de Mompox estaban tan preocupados por sus intereses como los de Bogotá, y adoptaron la misma ideología democrática.

En las memorias de aquellos tiempos (como las del cada vez más sobrio Salvador Camacho Roldán y las del aristócrata radical siempre excitable Francisco de Paula Borda, que al final de sus días creía en las conspiraciones y en los envenenamientos de los jesuitas) abundan los ejemplos de defensores de la ideología liberal y de su evolución. En 1877, Enrique Cortés, un comerciante colombiano que había viajado mucho y que era un liberal moderado, señaló cuáles habían sido, según él, los logros de su partido: la abolición de las manos muertas y la supresión de los conventos, el fin del encarcelamiento por deudas, de los castigos degradantes, del trabajo forzado y de la pena de muerte; la libertad completa de la prensa y la libertad de los municipios. Los liberales menos escépticos habrían hecho listas más largas y habrían incluido el libre comercio, la expulsión de los jesuitas, el establecimiento del federalismo y la separación total entre Iglesia y Estado, pero Cortés no era un fanático y tenía sus dudas sobre cuánto tiempo duraría todo ello. Tampoco se hizo muchas ilusiones sobre la importancia trascendental de las cuestiones que apuntó, ya que veía a nueve partes de la población en las tinieblas y a una en la luz. Sin embargo, las vio como medidas valiosas logradas por su partido, y más tarde las puso de relieve ante la reacción conservadora de 1885.

El pensamiento conservador no se basó de ninguna manera en antiguas ideas del periodo colonial. En Colombia, Mariano Ospina Rodríguez, en su Memoria como ministro del Interior a principios de la década de 1840, esgrimió argumentos conservadores de forma impresionantemente moderna. En Colombia, la tradición de pensamiento conservador propio (a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, donde el conservadurismo tuvo que reaparecer disfrazado de aires liberal-positivistas) no sólo persistió, sino que triunfó. Los gobiernos liberales de los años sesenta y setenta estuvieron sujetos a constantes críticas de los conservadores —tanto por parte de la prensa como del clero— y del estado de Antioquia (que era pacífico, relativamente próspero, gobernado fuertemente, católico y conservador). En 1882-1885, el liberalismo tuvo que asumir las consecuencias del colapso de la república federal, radical y librecambista, una crisis en la que los «independientes» y los conservadores se mostraron más pragmáticos. El siglo terminó en la república bajo el dominio filosófico y político de Rafael Núñez (que fue presidente en 1880-1882 y en 1884-1894) y de Miguel Antonio Caro (que fue presidente en 1894-1898), quienes conjuntamente aportaron un amplio surtido de argumentos conservadores, ya que eran unos polemistas y unos políticos formidables. Colombia fue oficial y constitucionalmente una isla conservadora entre las confusiones liberales de Cipriano Castro de Venezuela (1899-1908) y el radicalismo de la era dominado por la figura de Eloy Alfaro en Ecuador (1895-1912). Las diferencias ideológicas eran agudas. En la diócesis de Pasto se necesitaba tener un espíritu fuerte para profesar ideas liberales incluso cuando había un gobierno liberal. Por otro lado, los católicos en Antioquia, en los Andes venezolanos e incluso en la sierra ecuatoriana de vez en cuando tuvieron que padecer la política secularizadora de su gobierno y respondieron como era de prever.

¿Qué modelo político existió finalmente en cada república después de casi medio siglo de vida política independiente? Guzmán Blanco logró establecer en Venezuela un gobierno teóricamente federal pero que en la práctica cada vez era más centralista, ya que el subsidio fiscal, las juntas de fomento y el consejo federal pusieron a las provincias bajo un control cada vez más fuerte. Guzmán tuvo detrás suyo la derrota tanto de los conservadores como de sus rivales militares; además, después de que se recuperó la exportación de café y se superaron los niveles anteriores, también contó con los medios para realizar su programa político. No se puede dejar de decir que las experiencias de los años cincuenta y sesenta tuvieron unas consecuencias políticas y culturales menos positivas que el hipotético efecto nivelador: se dejó poco espacio para que se expresara la oposición y aún menos para las discusiones ideológicas. La debilitada Iglesia aún tuvo que soportar más humillaciones. La práctica de adular al árbitro del momento, que ya fue visible en tiempos de Páez, aún se enraizó más. Páez, los hermanos Monagas, Guzmán Blanco, Crespo, Castro —o sea, los sucesivos dominadores de Venezuela—, a pesar de las diferencias regionales, de origen de clase o de gustos que había entre ellos, no representaron a estas regiones o clases cuando estuvieron en el poder, fuera de algún favoritismo que tuvieron con sus familiares. Estaban en un punto medio entre los civiles y los militares y (aunque el gobierno nacional aún no intervenía en muchos aspectos de la vida regional) concentraban más poder que en Nueva Granada o Ecuador. Entre status social y poder político aún hubo menos correlación. De hecho, la clase alta caraqueña nunca asimiló a Páez, que pasó mucho tiempo en sus propiedades de Maracay y en otras partes, estableciendo una costumbre que muchos de sus sucesores siguieron. Sólo uno de ellos, Guzmán Blanco, pudo pretender ser un aristócrata, pero, cuando no vivía en París, evitaba cualquier asimilación exaltándose por encima de todo el mundo.

La vida política de Nueva Granada discurrió de otra manera. En todo el siglo ninguna corriente acabó con la otra, ni estuvo a punto de hacerlo. Bogotá ocupaba una buena posición defensiva para resistir los ataques de las provincias —a las provincias les resultaba difícil ponerse de acuerdo entre ellas en contra de la capital y lanzar un ataque simultáneo, y además ésta contaba en sus alrededores con una población densa, y fácil de reclutar—, pero el gobierno nacional careció de los recursos que cualquier gobierno central efectivo requería. La constitución de 1886 se adelantó dos décadas al avance de la economía. De la independencia —que en Nueva Granada dejó la estructura social relativamente intacta— no emergió ninguna figura que tuviera el prestigio militar y político de Páez. El general Santander, que quizá fue igual a Páez en el arte de la política, si bien le superó al aplicarlo, fue una figura más controvertida y no tuvo gran reputación militar. No pudo pretender ponerse por encima de los partidos. Colombia fue gobernada por hombres que lograron establecer coaliciones entre provincias distintas, hacer elecciones, dirigir el Congreso, pagar a los veteranos y mantener a todo el mundo en un estado de expectación moderadamente descontenta. Pocos lograron mantenerse mucho tiempo en el poder: Santander en 1836 ya lo había perdido, Mosquera de hecho nunca logró establecer una ascendencia duradera, los civiles Murillo Toro y Rafael Núñez sólo conservaron su influencia durante el tiempo que la tuvieron al hacer escaso uso de ella; ambos tuvieron tacto y fueron discretos. El debate ideológico fue particularmente incisivo y amplio; en ningún otro sitio de América Latina los sucesos de 1848 tuvieron seguidores e imitadores tan ardientes como entre los políticos, los artesanos, los estudiantes e incluso los soldados de la pobre y aislada Nueva Granada. En ningún otro sitio los principios federalistas se expresaron tan bien como en la constitución de Río Negro de 1863, con su comercio libre de armas y sus cuidadosas disposiciones para que el gobierno federal no interfiriera en las guerras de los estados soberanos. El poeta y diplomático chileno José Antonio Soffia, al informar de la vida política colombiana cuando este periodo de radicalismo se estaba acabando, señaló cómo los dos «grandes partidos doctrinales» cada vez se habían polarizado más: «Aquí todo se ha discutido con vehemencia y pasión». Para un chileno, la política colombiana parecía desordenada, sobreexaltada, peligrosa, en manos de la clase más baja (la gente de posición alta, con algunas excepciones notables, no intervenía, del mismo modo que los orígenes modestos de muchos oficiales hacían que el ejército fuera una carrera poco atractiva para los nacidos en el seno de familias acomodadas). Soffia describe una atmósfera de rivalidades y reconoce que detrás de estos excesos había cuestiones de principios. Estaba presenciando la decadencia de medio siglo de liberalismo y el retorno del conservadurismo con todo su renovado vigor. Núñez pensó que disponía de una receta para la «paz científica»: un gobierno centralizado, el acercamiento a la Iglesia, un ejército más fuerte, un sufragio más restringido… El estallido de dos guerras más después de 1885, a pesar de que la receta en parte fuera la correcta, muestra de nuevo que las pretensiones superaban los recursos. La solución no se buscó en la autocracia sino en una nueva coalición que se fortaleció con el apoyo de la Iglesia. La mayor parte de las características de la vida política colombiana —el carácter federal de gran parte de ella, el uso intenso de la prensa, las elecciones incesantes, la carrera abierta a los talentos legal-periodístico-congresionales— no cambiaron. También es significativo que Núñez pudiera convertir los viejos estados soberanos en departamentos, pero no logró su deseo de modificar aún más el mapa administrativo del país. La constitución de 1886 no resultó tan centralista como aparentaba. El partido liberal continuó aliado al viejo federalismo hasta después de haberse acabado el siglo.

El comienzo de la vida política en Ecuador, el «Estado del sur de Colombia» como se le llamó al principio, fue visiblemente más pretoriano. Juan José Flores se casó con una mujer perteneciente a la aristocracia de Quito y se hizo famoso por sus astutas intrigas, pero nunca desconfió de sus veteranos y de otros venezolanos tales como el despiadado coronel negro Juan Otamendi. No tardó en manifestarse la oposición al «odioso extranjero» conducida en parte por el coronel benthamista inglés Francis Hall, quien hasta su violenta muerte fue uno de los dirigentes del grupo de intelectuales liberales que se reunían en torno al periódico El Quiteño Libre. Tampoco fue fácil mantener la disciplina militar: Flores tuvo que enfrentarse a varios motines y, a finales de 1833, la rebelión del coronel Mena en Guayaquil dio lugar a una larga guerra de guerrillas —la guerra de los chihuahuas—[2] en las provincias costeras de Guayas y Manabí. Flores apoyó militarmente al gobierno victorioso del guayaquileño cosmopolita Vicente Rocafuerte y volvió a la presidencia en 1845, cuando se produjo un movimiento general de protesta contra la administración que intentó poner un impuesto de capitación de tres pesos. Algunos de los presidentes posteriores gobernaron a la manera de Flores; este es el caso de José María Urbina, uno de sus antiguos ayudantes de campo, que gobernó en 1852 a 1860 basando en parte su poder en los tauras, un grupo de esclavos libertos reclutados en la región de este nombre; y también el de Ignacio Veintemilla, la figura dominante de finales de los años setenta y principios de los ochenta que claramente confiaba en sus «tres mil fusiles de retrocarga». El motín y el cuartelazo fueron mucho más corrientes en la política ecuatoriana que en la venezolana o colombiana, donde este tipo de casos a nivel nacional son escasos. En Ecuador también fue mucho más normal que en los otros dos países el uso de medidas extremas en contra de los opositores al régimen, fueran soldados o civiles. Rocafuerte al igual que Flores, García Moreno al igual que Veintemilla fusilaron o exiliaron a sus enemigos; García Moreno ordenó flagelaciones notables, y durante el gobierno de Veintemilla el arzobispo de Quito fue envenenado con estricnina bebida del cáliz mientras celebraba misa. Una forma particularmente dura de exilio fue enviar a los opositores a Brasil a través de los ríos Napo y Amazonas. Estas características de la contienda en Ecuador quizá deban su origen al peso de los veteranos de las luchas por la independencia, muchos de los cuales eran extranjeros, y a la escala relativamente en miniatura de la vida política del país. La población india de la sierra, no toda tan oprimida como los que vivían cerca de Quito, continuó siendo un mundo aparte, excluida de hecho de la vida política en la que de todas maneras tenía muy poco interés en intervenir —pagando el tributo, los indios generalmente quedaban eximidos de ser reclutados—. La población mezclada (los «montuvio») de las regiones costeras fue más activa, y en las dos últimas décadas del siglo fue movilizada por el radical Alfaro.

En la política ecuatoriana, las divisiones ideológicas se resolvieron en un tono más personal; también reflejaron diferencias locales. Rocafuerte fue uno de los primeros liberales más prominentes de Hispanoamérica. Flores, relacionado por matrimonio con las familias más importantes, constructor de un enorme y destartalado palacio en Quito, se volvió cada vez más conservador. Urbina y Veintemilla fueron militares radicales, imitando, según decían sus enemigos, los ejemplos de Nueva Granada. García Moreno se hizo internacionalmente famoso por su clericalismo extremo, pero su energía reformadora no le hizo popular ante todo el clero. Los sentimientos liberales de Guayaquil contrastaban, desde los primeros días de la república, con el conservadurismo de Quito. Durante mucho tiempo estas fricciones quedaron aminoradas gracias a que las comunicaciones eran tan espantosas. Por otro lado, Ecuador sufrió bastantes más complicaciones diplomáticas que Colombia o Venezuela: Perú codiciaba la madera y los astilleros de Guayaquil, y el presidente Castilla en 1860 intentó invadirlo. El gobierno peruano ayudó y confortó a los exiliados ecuatorianos. La frontera con Colombia también presentó problemas, ya que no coincidía con la que había tenido la audiencia de Quito. Hubo varias invasiones y contrainvasiones en las que Ecuador generalmente salió perdiendo. Estos problemas comportaron grandes tensiones en los escasos recursos, y lo mismo supuso la alarma causada por los planes del general Flores de emprender, después de su marcha en 1845, una expedición de reconquista respaldada por los españoles. Ecuador a veces tenía razón de sentirse amenazado en su propia existencia. En la carrera de García Moreno se puede ver con claridad lo limitado que era el poder del Estado, ya que tuvo que dedicar gran parte de su energía a sobrevivir frente a sus enemigos internos y externos. El desespero político le llevó a acercarse a Francia a fin de establecer un protectorado (no fue el único hombre de Estado acosado de la región y de su tiempo que abrigó tal tipo de idea).

Los observadores extranjeros —sobre todo los del estilo del altanero y desagradecido alpinista inglés Whymper o del pesimista norteamericano Hassaurek, en Ecuador— fueron demasiado propensos a generalizar a partir de sus observaciones y a presentar un panorama de inestabilidad política y de paralización social. Bajo estos gobiernos poco favorecidos por la suerte tuvieron lugar importantes cambios sociales y políticos que la historiografía local, que en principio no se preocupaba de los fracasos nacionales, ahora pone al descubierto. Se puede ver que algunas economías y regímenes locales —como, por ejemplo, el gobierno conservador de Antioquia o el de Dalla Costa en Guayana— alcanzaron algunos éxitos, y puede establecerse una nueva escala de valor menos preocupada con los casos raros de progreso flamante como un ferrocarril y capaz, en cambio, de ver la importancia de una carretera más corta, de una mejora de un camino de mulas, de un esfuerzo de escolarización local, así como de poner de relieve las diferencias que había en el mantenimiento de la ley y el orden de una región a otra.

Los coetáneos se dieron cuenta de la importancia de estas diferencias y cambios, e incluso a veces parecieron tontos al entusiasmarse por lo que los extranjeros veían como poco importante. También fueron muy perceptivos ante los cambios de costumbres. En el siglo XIX no hubo ningún tipo de emigración masiva a ninguna de estas tres repúblicas, pero hubo por lo menos una importante emigración de un pequeño número de extranjeros que en su mayor parte eran comerciantes pero entre los que también había algún ingeniero, artesanos y doctores. Todos ellos no sólo llevaron sus conocimientos específicos sino también diferentes pautas de comportamiento, gustos y modas. Tras la rivalidad que primero existió con los comerciantes locales, los que superaron la desilusión de los años finales de la década de 1820 frecuentemente se naturalizaron en todo excepto ante la ley. En Venezuela los alemanes, e incluso unos cuantos ingleses en Nueva Granada, se casaron con criollas y a los ojos de los enviados, diplomáticos, deseosos de evitar el trabajo a que daban lugar las reclamaciones sin fin que resultaron de las guerras civiles, no se distinguían de los naturales del país en su hacer político y social. Ahora, más criollos salieron al extranjero y más fueron enviados a estudiar fuera del país. Algunos volvieron no sólo con el prestigio del viajero y del que vestía a la moda sino que también llegaron con una concienciación nueva de sus propias peculiaridades y de las desventajas nacionales y a veces de sus méritos y buena fortuna. El colombiano Medardo Rivas descubrió su apasionado republicanismo tropical cuando vio cómo los europeos se reían de los haitianos. La mayoría de los viajeros quedaron abrumados por la dimensión y la riqueza de Londres, pero se horrorizaron también de la pobreza masiva y la prostitución que había en las ciudades europeas, fenómeno que aún no era tan presente en su sociedad.

Los observadores extranjeros, en quienes se ha confiado tanto en el pasado, por penetrantes que fueran no pudieron percatarse de la rapidez de los cambios operados a nivel local, ya que sus estancias eran generalmente cortas. Sin embargo, los cambios de costumbres y de actitudes a menudo pueden encontrarse descritos en los escritos costumbristas locales. Las de Bogotá y sus alrededores fueron compiladas por José María Cordóvez Moure (1835-1918), un historiador cuya memoria para los detalles significantes llega a ser genial; escribió Memorias de Santa Fe y Bogotá, una obra de «historiografía tradicional» que todavía sobrepasa en su utilidad a la gran mayoría de escritos posteriores.

Ni Venezuela, ni Colombia y tampoco Ecuador lograron en el siglo XIX lo que don José Avellanos hubiera llamado «un lugar propio en el conjunto de naciones». Un pionero en la estadística, el cura colombiano Federico C. Aguilar, en 1884 en su obra Colombia en presencia de las repúblicas hispanoamericanas, dio a conocer la debilidad de Colombia: poca importación y exportación per cápita, de lo que resultaba unos magros ingresos para el gobierno; pocas millas de ferrocarril que resultaron caras de construir; poco movimiento en los puertos; pocas escuelas. El contraste con Argentina, Chile y Uruguay es del todo visible, y la diferencia iba en aumento. Sólo en cuanto al número de periódicos que se publicaban el padre Aguilar encontró que Colombia iba en primer lugar. Los sucesores de la Gran Colombia atrajeron poca inversión extranjera a sus países. Las garantías que Guzmán Blanco ofreció llevaron algunas a Venezuela pero a un precio muy alto. Las ventajas comparativas de estas «destartaladas repúblicas del norte», según una frase chilena, eran inciertas y nada atrayentes.

Esto hizo, y ha hecho, que se contemple con lástima la historia nacional formal de la primera mitad del siglo XIX de cada uno de estos países, como si hubieran sido años de fracaso según los índices de progreso de la época. Esta visión tan simple debe dejar paso a un estudio más profundo de cómo se superaron las desventajas del clima y de la topografía, de cómo se consiguió que las crisis no fueran totales, o de cómo cada ciclo dejó algo tras de sí. También debe ponerse de manifiesto que los reiterados hábitos de establecer un rígido juicio Victoriano y de observar poco más que la jerarquía del comercio internacional no son apropiados para ofrecer una imagen de la historia de estos países. En su Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas (1816), José María Samper se quejaba de que «¡El mundo europeo se ha esforzado más en estudiar nuestros volcanes que nuestra sociedad; conoce nuestros insectos mejor que nuestra literatura, al cocodrilo de nuestros ríos mejor que los actos de nuestros gobernantes, y se ha enterado mucho mejor de cómo se corta la quina o de cómo se curan los cueros en Buenos Aires que de la vitalidad de nuestra joven democracia!». La protesta continúa siendo válida.

Capítulo 6
PERÚ Y BOLIVIA[1]

El 28 de julio de 1821 el general argentino José de San Martín proclamó la ruptura formal de los lazos coloniales del Perú respecto a España y dio paso a la organización política de esta nueva república. La campaña militar de 1824 de Bolívar, que destruyó al ejército imperial del Perú, completó el proceso de la independencia peruana. Sin embargo, a pesar de las guerras de independencia, el orden político, social y económico del Perú colonial continuó en muchos aspectos intacto. El proceso de independencia traduce el comportamiento de una minoría, profundamente débil, de españoles y criollos que intentaron mantener sus viejos privilegios bajo el nuevo manto liberal; había una ausencia total de representación popular en cualquiera de las decisiones tomadas respecto a la organización política y económica del Perú independiente. La vulnerabilidad real de la clase dominante —que no era hegemónica (incapaz como fue de agrupar detrás suyo, a nivel nacional, a la masa de indios y negros)— hizo posible que sucesivos caudillos militares ascendieran al poder en el medio siglo que siguió a la independencia.

Según la Guía de Forasteros publicada en 1828, el Perú contaba con una población de un millón y cuarto de habitantes en el momento de la independencia:

Departamento | Habitantes
Arequipa | 136.812
Ayacucho | 159.608
Cuzco | 216.382
Junín | 200.839
La Libertad | 230.970
Lima | 148.112
Puno | 156.000
TOTAL | 1.248.723

La economía peruana de exportación había empezado a declinar durante los últimos años del periodo colonial, situación que se agravó durante los múltiples conflictos militares que acompañaron las campañas por la independencia. Los esclavos, que habían constituido la fuerza de trabajo fundamental en la zona costera, fueron coercitivamente reclutados tanto en las filas del ejército patriota como en las del ejército realista, con lo que las plantaciones costeras de azúcar y algodón perdieron uno de sus principales factores de producción. A la vez, la discontinuidad en el abastecimiento del mercurio, la abolición de la mita (el método dominante de la organización de la fuerza de trabajo india en las minas), los destrozos producidos por la guerra, todo condujo a la notable decadencia de la industria minera de la plata peruana. La producción de Cerro de Pasco, que tenía el mayor yacimiento minero de entonces, se reanimó en la década de 1830 y pasó de los 95.261 marcos de 1830 a los 219.378 de 1832 y a 307.213 en 1840. Sin embargo, la producción nacional de plata nunca alcanzó el nivel del periodo colonial y ahora se exportaba en forma de monedas, lo cual hizo disminuir enormemente la existencia de metálico en el mismo Perú. Durante las dos primeras décadas que siguieron a la independencia, la economía peruana, por lo tanto, estaba básicamente organizada en torno a las haciendas —en gran medida autosuficientes— y las comunidades indias. Los excedentes eran insignificantes y servían para abastecer de modo irregular los mercados locales. Se mantenía una relación muy débil con el mercado internacional —principalmente con Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y Chile— a través de la exportación de pequeñas cantidades de azúcar, algodón, cacao, quinina (que se producía sobre todo en Bolivia pero que se exportaba a través de los puertos sureños del Perú), cobre, estaño y salitre[2]. En la segunda mitad de la década de 1830, respondiendo a la creciente demanda de la industria textil inglesa, empezaron a exportarse significativas cantidades de lana, primero de alpaca y después de oveja (y en menor grado de vicuña y llama), desde el sur del Perú[3]. Dado el estancamiento productivo de la economía peruana, al menos hasta los últimos años de la década de 1830, fue necesario exportar circulante monetario de manera masiva para pagar las importaciones inglesas. En 1825, las monedas de plata representaron el 90 por 100 del total de las exportaciones peruanas, y en 1840 cerca del 82 por 100[4].

Con la independencia, el Perú abrió sus puertos a todas las potencias del mundo y en especial a Gran Bretaña. Si bien las relaciones comerciales entre Europa y el Perú se habían emprendido en los últimos treinta años del siglo XVIII a través del puerto de Buenos Aires, ahora la introducción de las mercancías británicas en el Perú seguía fundamentalmente la ruta del estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente, lo que convirtió al puerto chileno de Valparaíso en el nexo estratégico de este comercio. En este sentido, los puertos peruanos fueron comercialmente dependientes de Valparaíso, hasta que Santa Cruz en 1836 trato de corregir esta situación, premiando a las embarcaciones que arribasen directamente a El Callao. Sin embargo, la caída de Santa Cruz y la derrota de la Confederación Peruano-Boliviana puso término a esta experiencia. Hasta 1826 las mercancías que llegaban al Callao, vía el estrecho de Magallanes, emprendían una travesía que duraba un total de 102 días: 90 hasta Valparaíso y 12 más desde este puerto hasta El Callao. En cambio, la tradicional ruta colonial, por Panamá, exigía un total de 125 días, no tanto por la travesía marítima en sí, sino por la larga demora impuesta por el transbordo por tierra en Panamá. En 1840, cuando la navegación a vapor hizo su aparición en las aguas del Pacífico, el tiempo de la travesía entre Europa y el Perú se redujo a 45 días. A la vez, la reducción de los costos del transporte hizo económicamente más ventajoso el aprovisionamiento de los mercados urbanos del litoral costeño con productos agrícolas, principalmente cereales y frutos, provenientes de Chile. De este modo la sierra quedó desarticulada de la economía del litoral peruano.

En la primera mitad del siglo XIX los tres países con los que el Perú mantuvo un mayor intercambio comercial fueron, en orden de importancia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, pero el comercio con el primero era, de lejos, el más significativo. Hacia 1824 existían ya en el Perú cerca de 36 casas comerciales inglesas: 20 en Lima y 16 en Arequipa[5]. Las exportaciones inglesas al Perú aumentaron paulatinamente de valor desde las 86.329 libras esterlinas de 1821 a las 559.766 de 1825 para caer a 199.086 libras en 1826, pero en 1830 alcanzaron la cifra de 368.469 libras esterlinas[6]. Entre 1820 y 1830, los tejidos sumaron cerca del 95 por 100 del valor de las exportaciones británicas. Pero este porcentaje inmediatamente después declinó sensiblemente hasta constituir, como promedio, el 50 por 100 del total de las importaciones durante el resto del siglo XIX. De hecho, la inundación masiva de puertos y mercados con telas inglesas no hacía más que continuar de manera mucho más profunda un proceso que se había iniciado con la apertura del puerto de Buenos Aires. Es decir, ahora, los débiles y segmentados mercados del Perú fueron captados en una escala mucho mayor para la producción inglesa, quebrando la producción de artesanías y obrajes nativos cuya obsolescencia tecnológica les impedía competir con éxito con las telas importadas desde Inglaterra. Por otra parte, la disminución de la importación de telas que se empezó a manifestar desde 1830 indica que el mercado peruano era muy restringido, a consecuencia del carácter fundamentalmente autosuficiente de la economía familiar, particularmente en el caso de la población indígena.

El primer ministro de Hacienda, Hipólito Unanue, manifestó:

A mi llegada al Ministerio, la tesorería estaba sin fondos. Los cultivos, a treinta leguas alrededor de la capital, no eran sino un vasto y triste desierto; el enemigo ocupaba las minas; El Callao, en su poder, impedía todo comercio; los recursos de los habitantes habían sido agotados por múltiples impuestos, y ellos habían sido reducidos al hambre por el sitio cerrado que acaban de sufrir; no se veía en todo sitio sino miseria y desolación.

Tres años más tarde, en 1825, el ministro declaraba:

Durante todo el tiempo que la patria luchó con éxito desigual, para ganar su independencia, yo fui llamado tres veces a llenar el puesto de ministro de Finanzas. Las dos primeras veces aún quedaban algunas ruinas para reparar el edificio. Pero ahora incluso estas ruinas han desaparecido[7].

Por otro lado, además del pago de la deuda externa de 26 millones de pesos, el nuevo Estado peruano tenía que recaudar cada año unos 5.000.000 de pesos para financiar el gasto corriente, básicamente para pagar a la burocracia civil, y sobre todo a los militares. Antes de 1845 Perú no tenía propiamente presupuesto, y no se conoce con exactitud el monto del gasto público. Sin embargo, las memorias de Morales y Ugalde [1827] y de José María de Pando [1831] dan a entender que el peso de los gastos militares era considerable. En 1827 constituía el 48 por 100 del total del gasto; y en 1831 su peso había ascendido al 59 por 100)[8]. De vez en cuando el gobierno recurría a recortes en la burocracia junto con la congelación de los salarios. Otras veces, se encontraba un alivio temporal recurriendo a préstamos voluntarios o forzosos de los comerciantes extranjeros y del país, o simplemente mediante la confiscación de múltiples recursos locales. Sin embargo, a medio plazo, fueron los recursos derivados del tributo de los indios, de las rentas de las aduanas y de los empréstitos extranjeros lo que permitió al gobierno financiar estos gastos.

El 27 de agosto de 1821 San Martín, después de declarar peruanos a los indios, procedió a abolir el tributo colonial. Pero la insolvencia del Estado peruano no permitió mantener esta generosidad por mucho tiempo. Su restablecimiento, 11 de agosto de 1826, se impuso por la necesidad de sustentar las finanzas de la república sobre la extorsión de la población indígena y como resultado de la política social que prontamente adoptara el Estado peruano. «La experiencia de los siglos había demostrado que la tasa de los indígenas había sido fijada con prudencia y con perspicacia —dijo en 1830 el ministro de Hacienda José María de Pando— y puesto que ella está profundamente arraigada por la costumbre, tan poderosa en el espíritu de las gentes, toda innovación sería peligrosa»[9]. De esta manera, por consiguiente, el viejo tributo colonial volvió a convertirse, hasta su cancelación definitiva por Castilla en 1854, en uno de los principales soportes del Tesoro. Como concesión a la nueva era liberal, el tributo colonial pasó a llamarse en adelante «contribución» indígena.

La recaudación de la «contribución» hizo necesario dividir a la población indígena en tres categorías fiscales: a) indios originarios, que tenían acceso a la tierra; b) indios forasteros, con acceso a menor cantidad de tierra, y c) indios sin tierra. Los primeros pagaban entre 5 y 9 pesos anuales, mientras que los dos últimos pagaban un impuesto que oscilaba entre 5 y 2,5 pesos anuales. A la contribución indígena, finalmente, se agregó hasta su desaparición en 1840 la de las «castas», es decir, el impuesto que debían pagar los otros estamentos no indios de la sociedad y cuyo monto ascendía a 5 pesos y al 4 por 100 del producto neto de sus propiedades. El monto global de la contribución indígena ascendía a 1.039.331 pesos, mientras que la de las castas llegaba a 431.787 pesos[10]. Dada la inestabilidad política y administrativa del Estado peruano es posible esperar discordancias bastante grandes entre el ingreso estimado por concepto de contribución y el monto efectivamente recaudado. Pero no cabe duda, pese a todo, que tuvo un considerable impacto en los ingresos fiscales. Por ejemplo, en 1829, en los cálculos de Pando, de un total de 7.962.720 pesos a que ascendían los ingresos totales, 945.468 correspondían a la contribución; entre-1839 y 1845, la contribución indígena produjo 1.757.296 pesos anuales, mientras que el monto de los ingresos totales del Estado alcanzó un promedio de 4.500.000 pesos. Por otro lado, la contribución india en 1846 sólo produjo 830.826 pesos[11].

La imposición del tributo indígena había ido ligada históricamente a la propiedad de la tierra, y esta conexión a través de un proceso bastante irregular también se desgastó después de la independencia. La ideología liberal que animó la independencia, en efecto, era opuesta al mantenimiento de instituciones que trabasen la irrestricta circulación de los bienes y las personas en el mercado. Por ello, la existencia misma de la comunidad de indígenas quedó amenazada por el decreto de Bolívar del 8 de abril de 1824 al declarar que los indios tenían el derecho de propiedad sobre sus tierras y por consiguiente el derecho de alienar las tierras a terceros. El propósito implícito de esta decisión era crear una clase de prósperos pequeños propietarios independientes. Sin embargo, los resultados fueron diferentes. Muy pronto las autoridades percibieron las amenazas que se cernían sobre la población indígena como resultado de esta decisión, razón por la cual postergaron su aplicación hasta 1850. Sin embargo, se había abierto una brecha irreversible en el dique que protegía a la comunidad indígena de la hacienda, y así se preparó el camino para la expansión de los grandes latifundios para cuando nuevas fuerzas dinamizaran el conjunto de la economía rural.

En lo concerniente a la política aduanera, los gobiernos peruanos tuvieron que conciliar múltiples intereses. En primer lugar, existía la presión de los intereses británicos para establecer el libre comercio. Por otro lado, había la presión de los débiles productores nativos, que demandaban el establecimiento de una política proteccionista y la contención de la avalancha de telas inglesas que amenazaba con arruinarles. Finalmente, las necesidades financieras del propio gobierno, para el cual las rentas de las aduanas representaban una importante fuente de ingresos. Una vez más, la extrema vulnerabilidad política del gobierno peruano tampoco le permitió seguir una política coherente en este campo. Su ambivalencia es visible en los múltiples reglamentos de comercio que se promulgaron (seis entre 1821 y 1836).

Está bien claro que hasta 1833 las intenciones del gobierno peruano fueron proteccionistas. La ley provisional de 1821 impuso un arancel del 40 por 100, y la ley de 1826 del 80 por 100, sobre los tejidos extranjeros importados. La tercera ley (junio de 1828), conocida como «ley de prohibiciones», prohibió la importación de mercancías perjudiciales a la producción nativa por un periodo de 10 meses, si bien es evidente que esta prohibición careció de vigencia práctica. Pero ni la voluntad de un Estado precario, ni los deseos de los productores nativos —que eran política y económicamente débiles— pudieron imponerse frente a la presión conjugada de los intereses británicos y las necesidades financieras del Estado. Con la ley de 1833, el gobierno peruano empezó a adoptar una política aduanera más liberal; redujo el impuesto sobre los tejidos importados al 45 por 100. Esta tendencia hacia la liberalización continuó con la ley de 1836 y se mantuvo durante la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839), que redujo el arancel sobre los tejidos importados a un simple 20 por 100.

Ello representó una victoria para los comerciantes ingleses que comerciaban con el Perú, cuya influencia se evidencia en el hecho de que la reglamentación de 1836 no hacía sino sancionar las propuestas formuladas por la comunidad mercantil británica[12]. Es igualmente significativo que el Tratado de Amistad, de Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el Perú se firmara al año siguiente. El reglamento de 1836 también reflejaba la búsqueda de relaciones directas con Europa, lo que significaba vencer la hegemonía del puerto de Valparaíso. La sensible reducción de los derechos de aduana y diversas medidas administrativas tomadas por Santa Cruz (sobre todo la declaración de Arica, Cobija, El Callao y Paita como puertos libres) y la imposición de derechos suplementarios a las mercancías que tocaran otros puertos del litoral del Pacífico antes de llegar a El Callao, estuvieron orientadas a este fin[13].

La derrota de Santa Cruz en 1839 y el colapso de la Confederación fueron sentidos como un duro golpe a los intereses comerciales de Europa y de los Estados Unidos[14], pero los posteriores reglamentos de comercio no modificaron las tarifas establecidas en 1836. El proceso que aceleró la expansión comercial británica, vía la masiva importación de textiles, al mismo tiempo hizo que por un lado la renta de las aduanas fuera uno de los sustentos del gasto público, y por otro que completara la ruina de la producción nativa.

Cuando se inició la ruptura del sistema colonial, los inversores ingleses participaron del entusiasmo de los productores y los comerciantes porque percibieron la posibilidad de invertir sus capitales en la explotación de los legendarios yacimientos de metales preciosos. En los años inmediatamente posteriores a la independencia se crearon cinco compañías con el propósito específico de dedicarse a esta actividad: la Chilean and Peruvian Association; Potosí, La Paz and Peruvian Mining Association; Pasco Peruvian Mining Company; Peruvian Trading and Mining Company, y la Anglo-Peruvian Mining Association. Las cuatro primeras contaban con un capital de 1.000.000 de libras esterlinas y la última con 600.000[15]. Sin embargo, muy pronto las ilusiones se desvanecieron y esta movilización de capitales incluso provocó una de las primeras crisis del capitalismo financiero inglés en el siglo XIX. Las razones de este desastre fueron varias, pero la principal fue la ausencia de un mecanismo que permitiera la movilización de la fuerza de trabajo nativa a estos centros mineros. Fue necesario esperar hasta 1890, con la constitución de la Peruvian Corporation, para que los ingleses reiniciaran la inversión directa de sus capitales.

Hasta la guerra con Chile en 1879 la exportación del capital normalmente se realizó bajo préstamos a largo plazo al gobierno peruano. El primero fue decidido por San Martín en 1822. Sus enviados especiales Juan García del Río y el general Diego de Paroissien obtuvieron de la casa Thomas Kinder un empréstito por 1.200.000 libras esterlinas. Se fijó un interés del 6 por 100, una comisión del 2 por 100, el precio de los bonos al 75 por 100 y un plazo de amortización de 30 años. La garantía de este empréstito estuvo constituida por las rentas de las aduanas y de la producción de plata. Dos años más tarde, Bolívar comisionó a Juan Parish para levantar un nuevo empréstito por 616.000 libras esterlinas, con un interés del 6 por 100 y un precio del 78 por 100. De este monto, la suma efectivamente recibida por el Perú fue solamente de 200.385 libras esterlinas[16], aunque quedaba obligado a devolver el monto del empréstito nominal. Estos empréstitos se gastaron básicamente en el mantenimiento del ejército extranjero que colaboró en las campañas por la independencia. El estancamiento de la economía peruana no permitió al gobierno atender la deuda exterior a partir de 1825.

Las fuentes externas pronto se desvanecieron y el gobierno peruano pasó a depender de los préstamos internos para financiar su gasto que no quedaba cubierto con la contribución indígena y las rentas de las aduanas. En 1845, la deuda interna fue evaluada en 6.846.344 pesos[17], pero incluía los bonos contraídos por el gobierno español de los ricos comerciantes limeños y que fueron reconocidos por el nuevo régimen.

La estructura social del Perú en el periodo inmediato a la independencia reflejaba la segmentación de la economía peruana. Más que hablar de una sociedad nacional es más correcto hablar de sociedades regionales articuladas en torno a la gran hacienda, que era la unidad productiva fundamental y que sólo tenía una capacidad limitada para sustentar a la población del área. Políticamente, el hacendado, de manera directa o en alianza con algún caudillo local, ejerció de forma indisputada el poder político de cada región, desarrollando un conjunto de lazos típicamente clientelísticos para asegurarse la lealtad de sus subordinados. Si bien eran poderosos dentro de cada región, en cambio carecieron de la fuerza suficiente para generar y consolidar una hegemonía política a nivel nacional. El gobierno de Lima logró imponer su autoridad apoyando o estableciendo alianzas con los poderosos de cada región, sin necesariamente representar sus intereses. Hasta el advenimiento de Manuel Pardo, las fuentes del poder de cada caudillo-presidente eran, en sentido estricto, las armas de sus huestes. También aquí, el problema era que estas huestes eran muchas y divididas en función de la lealtad personal impuesta por cada caudillo militar. Como ningún presidente tuvo la capacidad de establecer una obediencia general o de forjar un consenso que permitiera una relativa estabilidad a su gobierno, de ello resultó una aguda y continua competencia por acceder al poder y expoliar los recursos del Estado.

Después de que Simón Bolívar se fuera del Perú en septiembre de 1826, el país cayó en un periodo de confusión y anarquía política. A pesar de los esfuerzos que hicieron tanto los elementos conservadores como los liberales de la aristocracia peruana para dar una estructura institucional y política a la nueva nación —que se refleja en la promulgación de seis constituciones desde 1823 a 1839— no pudieron lograr suficiente apoyo social y las fuentes del poder político continuaron en manos de los caudillos regionales. Los grupos de intereses, el regionalismo y la lealtad personal se convirtieron en los factores claves del poder político y, en este contexto, los hombres de acción apoyados por sus seguidores armados dominaron el gobierno del país durante una década. Antes de que se constituyera la Confederación Peruano-Boliviana en 1836, en diez años el Perú tuvo ocho presidentes, pero sólo uno de ellos, el autoritario y rudo general Agustín Gamarra, logró terminar el plazo cuatrienal de su cargo. Sin embargo, después de su salida, y por un periodo de casi dos años, las conspiraciones y los levantamientos permitieron a diferentes caudillos militares hacerse cargo de la presidencia para ser desposeídos al cabo de sólo algunas semanas por medios violentos. A principios de 1835, un joven comandante de la guarnición de El Callao, Felipe Salaverry, se lanzó a su propia conquista del poder que terminó con éxito. Pareció que bajo la dura mano de Salaverry se conseguía cierto grado de estabilidad política, pero exactamente un año después de su acceso al poder murió en un tiroteo durante una rebelión. El general Andrés Santa Cruz, un político capaz y mañoso, fue el siguiente presidente de Bolivia (1829-1839), quien, gracias a su alianza con algunos caudillos del sur del Perú, no sólo logró asegurar su control sobre la mayor parte del Perú, sino que en octubre de 1836 proclamó la Confederación Peruano-Boliviana.

El proyecto de Santa Cruz gozó de cierta aceptación en el Perú. Los intereses sureños, que tenían lazos comerciales históricos con Bolivia y se resentían del dominio de Lima sobre el país, en efecto dieron la bienvenida a la Confederación y la apoyaron activamente. Sin embargo, encontró oponentes tanto en Lima como en La Paz. La élite de la primera se resentía profundamente de la división de su país, ya que el sur del Perú se convirtió en un estado separado dentro de la Confederación. Por su parte, los bolivianos desaprobaban que Santa Cruz hubiera elegido Lima como sede del gobierno de la Confederación. Pero la amenaza principal le llegó a la Confederación de fuera, en especial de Chile, si bien Rosas, el dictador argentino, también hizo evidente su desagrado. El gobierno chileno, cuyos mandatarios entrevieron la Confederación como la mayor amenaza a su independencia y a su hegemonía militar y comercial en el Pacífico, declaró la guerra en diciembre de 1836 y a continuación lo hizo el gobierno argentino en mayo de 1837. Tras el fracaso de la invasión de 1837, los chilenos hicieron un segundo intento en julio de 1838, contando esta vez con el activo apoyo y participación de un gran contingente de exiliados peruanos, entre los que sobresalían los generales Agustín Gamarra y Ramón Castilla. En el Perú mismo una gran parte de la élite limeña, que nunca había podido aceptar la pérdida de independencia de su país, apoyaron activamente a la fuerza expedicionaria. Los liberales, que siempre se habían opuesto al plan político de Santa Cruz y a su duro mandato, y los seguidores del desafortunado Salaverry respondieron entusiasmados a la proclama de Gamarra y Castilla en la que anunciaban su intención de restablecer la autonomía del Perú. En enero de 1839, el ejército de Santa Cruz fue aplastado en la batalla de Yungay y la Confederación se desmoronó.

Después de que las fuerzas chilenas abandonaran el Perú en octubre de 1839, Gamarra de nuevo fue presidente e introdujo una constitución conservadora. Sin embargo, el nuevo presidente pronto se embarcó en una invasión a Bolivia, donde fue derrotado y muerto en Ingavi en noviembre de 1841. De nuevo el Perú cayó en el caos político. Cuando las tropas bolivianas lo invadieron desde el sur, los ecuatorianos expresaron con claridad sus intenciones de hacer lo mismo desde el norte. Las fuerzas que se mandaron a combatir a los invasores ignoraron la autoridad del gobierno de Lima y estalló una nueva guerra civil. Después de que fuera derribado el sucesor constitucional de Gamarra, tres generales pasaron a ser los mandatarios supremos del Perú, y el desorden político sólo terminó cuando en julio de 1844 Ramón Castilla derrotó al general Vivanco, convirtiéndose así en el nuevo hombre fuerte del país. Castilla dominó la vida política e institucional del Perú hasta su muerte, acaecida en 1868.

Desde los comienzos de la década de 1840 hasta los inicios de la guerra con Chile en 1879, la vida económica y política del Perú descansó, de una manera u otra, sobre la explotación del guano de las islas. La ausencia de lluvias sobre el litoral peruano permitía que el guano almacenado sobre las islas no perdiera su contenido químico. Evidencias arqueológicas y las crónicas de José de Acosta, Pedro Cieza de León y Agustín de Zárate indican la utilización del guano en la agricultura precolombina. Al igual que en el periodo colonial, la agricultura de la costa siguió haciendo uso del guano para elevar la rentabilidad de la tierra, pero en ningún momento el guano ingresó, al menos de manera significativa, en el comercio de exportación colonial. Fueron los profundos cambios que se produjeron en la agricultura inglesa del siglo XIX lo que dio un nuevo empuje a la explotación del guano. El empleo creciente de fertilizantes fue una de las innovaciones introducidas por la técnica agrícola inglesa con el objeto de aumentar su productividad y hacer frente a las exigencias derivadas de la industrialización británica. El empleo del abono peruano, limitado al comienzo, se volvió cada vez más importante hasta la depresión de la economía británica y europea que se produjo después de 1873, pero el agotamiento de los mejores depósitos de guano, la aguda competencia presentada por los abonos sintéticos, y la captura de los yacimientos por el ejército chileno durante la guerra, pusieron término al boom del guano peruano.

Además del guano, durante este periodo Perú exportó cobre, lana de alpaca, y de oveja, algodón, azúcar y salitre, así como también pequeñas cantidades de estaño, cacao, café y quinina. La exportación de metales preciosos, especialmente de plata, no está anotada en los datos comerciales de los países sobre los cuales se calcula el comercio exterior del Perú —Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y Chile—. Sin embargo, la producción de plata, de la que la mina del Cerro de Pasco procuraba más de la mitad, permaneció estable entre 300.000 y medio millón de marcos anuales a lo largo del periodo de 1840-1879[18]. Sin embargo, el guano conservó su absoluta supremacía en las exportaciones peruanas y fue en gran medida responsable del promedio de la tasa de crecimiento anual de las exportaciones que fue del 4,5 por 100 entre 1840 y 1852, y del 5,2 por 100 entre 1852 y 1878[19].

Las estimaciones sobre el volumen del guano exportado y sobre el rendimiento producido por su venta son bastante precarias a consecuencia de la ausencia de registros contables coherentes y de la desorganización de la administración pública. Después de crecer ininterrumpidamente hasta casi 100.000 toneladas en 1849, se ha calculado que las exportaciones de guano durante el periodo que va de 1850 a 1878 fluctuaron desde un poco menos de 200.000 toneladas hasta 700.000 por año[20]. J. M. Rodríguez, uno de los editores de los Anales de la Hacienda Pública, estimó que durante el conjunto del periodo guanero se exportaron cerca de 10.804.033 toneladas de guano[21]. Si se toma un precio promedio de 10 libras esterlinas por tonelada, resulta que el rendimiento bruto producido por la venta oscila alrededor de 100 millones de libras esterlinas. Es importante advertir que el guano no era de propiedad privada de empresas o familias, fueran extranjeras o del país; desde el principio perteneció al Estado peruano. Por consiguiente el Perú tuvo los capitales indispensables para iniciar el restablecimiento de su economía, para diversificar su aparato productivo y para generar un crecimiento más estable. Sin embargo, aunque el guano en ciertos momentos tuvo impacto sobre ciertos sectores de la economía, el balance definitivo resultó totalmente negativo.

Cualquier análisis de los flujos sobre la rentabilidad de los valores del guano debe considerar la participación de los trabajadores, de los comerciantes nativos y del Estado. En relación a los primeros, los trabajadores, su incidencia en los cálculos sobre los valores rentables carece de toda relevancia. Se estima en mil el número de trabajadores en las islas guaneras, cuyo mantenimiento sólo representaba cerca del 4 por 100 de los costos totales. Entre 1841 y 1849, cuando los contratos de consignación estaban totalmente controlados por casas mercantiles extranjeras —sobre todo por Antony Gibbs and Sons— y el Estado tenía una posición muy débil en las negociaciones, el Estado captó cerca del 33 por 100 del valor del retorno. En los contratos subsiguientes esta participación ascendió a un 65 por 100. Cuando el concurso de los comerciantes del país en la comercialización del guano alcanzó mayor peso, los ingresos retenidos por el Estado y los comerciantes nativos osciló entre el 60 y el 70 por 100 de las ventas finales. Cuando en 1869 Auguste Dreyfus (un comerciante francés apoyado por la Société Générale de París) asumió finalmente el control del comercio monopolístico del guano, la participación del Estado en los ingresos aún fue mucho más importante. En resumen, entre 1840 y 1880, el gobierno peruano percibió cerca de un 60 por 100 de los beneficios del guano, es decir entre 381 y 432 millones de pesos, a los que deben sumarse entre 60 y 80 millones de pesos que recibieron los consignatarios peruanos, cantidad que constituye aproximadamente del 5 al 10 por 100 de los ingresos generados por el guano. En 1846-1847 estos ingresos ascendían aproximadamente al 5 por 100 de todos los ingresos del Estado; en 1869 y 1875 los ingresos del guano ascendieron al 80 por 100 de los ingresos totales. Pero mientras los recursos generados por el guano permitieron que entre 1847 y 1873 los ingresos crecieran unas cinco veces, los gastos se incrementaron unas ocho veces entre las fechas citadas. A fin de responder a la pregunta de por qué los beneficios del guano no tuvieron un efecto positivo en el desarrollo económico del Perú es importante ver cómo se gastaban los ingresos durante la era del guano. Más de la mitad de los beneficios del guano sirvió para aumentar la burocracia civil (29 por 100) y militar (24,5 por 100). También se usaron para extender la red de ferrocarriles (20 por 100), para pagar a extranjeros y a nacionales (8 y 11,5 por 100, respectivamente) y para reducir la carga impositiva de los pobres (7 por 100)[22].

Una de las consecuencias del creciente papel jugado por el guano en los ingresos públicos fue la supresión de la contribución de los indígenas durante el gobierno de Ramón Castilla. En 1854 Castilla, deseoso de ampliar su base política, abolió la carga que pesaba sobre la población india. Sin embargo, para el conjunto de la economía peruana la supresión del tributo condujo a la reducción del excedente agrícola comercializable, lo que conllevó un alza de los precios. Para gran parte de las familias indias la comercialización de este excedente estaba asociada al tributo, ya que sólo su venta en el mercado les permitía obtener el dinero suficiente para hacer frente a esta carga fiscal. Desaparecido el tributo, el excedente y la comercialización perdían sentido, con lo cual las familias campesinas volvieron a una economía básicamente autosuficiente. (Además, al suprimirse el tributo, la clase propietaria quiso cada vez más apropiarse de las parcelas de tierra de los indios, porque así podía seguir controlando el acceso y la disposición de esta fuerza de trabajo; por otro lado, el Estado ya no tuvo más incentivos para proteger a la comunidad india de los asaltos de la hacienda).

Otro de los destinos que tuvieron los recursos generados por el guano fue la abolición de la esclavitud. En 1854, había 25.505 esclavos en el Perú, el 1,3 por 100 de la población total[23]. Su manumisión se efectuó compensando económicamente a los propietarios de los esclavos con 300 pesos por esclavo liberado. El coste de esta operación supuso la transferencia de 7.651.500 pesos del gobierno a manos de los propietarios de esclavos. Por consiguiente, la manumisión puso a disposición de la clase propietaria importantes capitales, que en algunos casos fueron utilizados para financiar el desarrollo de la agricultura del litoral costeño. Pero este mismo desarrollo, asociado a la imposibilidad de movilizar a los campesinos indios de la sierra, hizo necesaria la importación masiva de coolies chinos, dentro de un sistema de esclavitud encubierta, para reemplazar la fuerza de trabajo de los antiguos esclavos. Entre 1850 y 1874, la inmigración china al puerto de El Callao alcanzó la cifra de 87.952 personas; más de una cuarta parte de ellas, 25.303, llegaron durante el bienio de 1871-1872[24].

A través del gasto público, el guano hizo aumentar la demanda interna y tuvo efectos que se dejaron sentir en la economía peruana[25]. Se ha calculado que los salarios se incrementaron en términos reales en una tasa aproximada del 3 por 100 anual durante la era del guano[26]. Sin embargo, pese a estas condiciones, la estructura productiva no tuvo la capacidad de responder al incentivo de la demanda. Se ha atribuido el fracaso de esta demanda a la ausencia de una clase empresarial debido a la destrucción del artesanado, al incremento de los costos y de los precios domésticos que el guano produjo, a la elección de proyectos desafortunados para invertir los capitales y al fracaso de las instituciones tradicionales para crear la estructura necesaria para fortalecer la producción. En lugar de estimular la producción local, la mayor demanda contribuyó a que aumentaran sensiblemente las importaciones. La red ferroviaria (cuya construcción fue financiada también por el guano) no se completó hasta finales del siglo XIX.

Otro de los hechos asociados a la explotación del guano fue el conjunto de préstamos que el gobierno peruano contrató. Estos préstamos fueron de dos tipos. Los primeros se concertaban con los comerciantes del guano; en el fondo eran meros adelantos para ser amortizados, conjuntamente con sus intereses, con el producto de la venta del guano. Los otros fueron más importantes y respondieron a la política de endeudamiento externo puesta en práctica por el Estado peruano entre 1849 y 1872 con la garantía de las ventas del guano. Esta política, dentro de límites razonables, podía haber permitido la movilización externa de capitales para financiar el crecimiento económico. Pero, cuando el pago de la deuda externa debilita o anula la capacidad de acumulación interna, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. En este sentido, la situación peruana, con su endeudamiento externo, tuvo en efecto consecuencias desastrosas. No se trató solamente de un caso en que el gobierno eligió pésimamente los proyectos financieramente viables, sino de un proceso muy claro de parálisis financiera por parte del Estado peruano que hizo que en 1890 los recursos productivos del país pasaran bajo el control y propiedad de los acreedores ingleses de la deuda externa.

En 1822 y en 1824, como ya se ha visto, Perú había obtenido en Londres dos empréstitos por un total de 1.816.000 libras esterlinas. A consecuencia de su insolvencia, dos años más tarde dejó de pagarlos. En 1848 los intereses acumulados ascendían a 2.564.532 libras esterlinas, es decir, que el monto global de la deuda era entonces de 4.380.530 libras esterlinas. Cuando el guano se convirtió en el principal recurso fiscal del Perú, la presión de los tenedores ingleses y de los especuladores financieros asociados a ellos se incrementó con el fin de lograr que los volvieran a pagar. El acuerdo definitivo se hizo el 4 de enero de 1849[27]. La amortización de la deuda consolidada debía comenzar en 1856, para lo cual Antony Gibbs debía depositar en el Banco de Inglaterra la mitad del producto de las ventas del guano. Esta operación, al restablecer la credibilidad financiera del Estado peruano, significó el inicio de una política reiterada de empréstitos externos. El éxito de cada empréstito sucesivo implicaba el retiro de los bonos correspondientes al empréstito anterior, en cuyo canje se absorbía gran parte de los préstamos solicitados. Eran, para decirlo de una manera muy rápida, préstamos para convertir la deuda, es decir, para pagar préstamos anteriores.

El empréstito de 1872 fue un rotundo fracaso. El público sólo suscribió 230.000 libras esterlinas[28]. Las bancarrotas sucesivas del Paraguay, de Bolivia y del Uruguay, que eran los clientes más asiduos del mercado de Londres, terminaron por provocar la desconfianza de los prestamistas londinenses sobre la solvencia de los estados latinoamericanos y empezaron a negarse a aceptar la solicitud de nuevos préstamos. Hacia 1872, pues, el Perú tenía una deuda extranjera de cerca de 35.000.000 de libras esterlinas que producían una carga de amortización anual de 2.500.000 de la misma moneda. Dada la precaria naturaleza de las finanzas del gobierno, fue imposible atender a deuda tan grande, y en 1876 Perú dejó de pagar por segunda vez.

En resumen, esta política de contratar grandes préstamos extranjeros no sirvió para financiar el crecimiento económico interno, sino que más bien acostumbró al Estado a vivir cada vez más dependiente del crédito exterior y ello no podía sino producir resultados nefastos cuando una crisis, como la de 1872, cerrara esta fuente externa de capitales. De esta manera, poco a poco se iban poniendo las bases para el colapso definitivo.

Hemos indicado el efecto que el guano pudo generar en el incremento de la demanda interna a través del gasto público. Igualmente hemos señalado las razones por las cuales el aparato productivo no pudo responder a esta demanda. En cambio, se ve una situación totalmente diferente cuando se observa los sectores económicos orientados al mercado exterior, particularmente la agricultura de la costa norte y central. Desde la década de 1860 las haciendas, debido a una coyuntura externa muy propicia, empezaron un proceso de recuperación y expansión mediante la producción de algodón y azúcar. Desde 1862, la producción azucarera creció a una tasa anual del 28 por 100 y hacia 1879 constituía el 32 por 100 del total de las exportaciones. Sobre todo creció en la zona localizada entre Trujillo y Chiclayo. Esta región en 1877 produjo el 58 por 100 del azúcar exportado y el 68 por 100 un año más tarde. La expansión del algodón iba asociada a la crisis algodonera de los Estados Unidos. En este caso la producción también se concentraba en una región: en 1877 el 14 por 100 del algodón exportado fue embarcado en Piura, el 38 por 100 en el departamento de Lima y el 42 por 100 en Pisco-Ica[29].

La expansión de la agricultura de exportación fue el resultado de una explotación intensiva de la fuerza de trabajo de los coolies chinos y de una importante inyección de capitales. La exportación del algodón, por ejemplo, pasó de las 291 toneladas de 1860 a 3.609 en 1879, y en el mismo periodo las exportaciones de azúcar aumentaron de 610 toneladas a 83.497[30]. Esto no hubiera sido posible sin su conexión, directa o indirecta, con los beneficios derivados de la explotación del guano. En primer lugar, la consolidación de la deuda interna (véase más adelante) canalizó hacia las inversiones agrarias aproximadamente un 50 por 100 de los capitales pagados por el Estado a título de reembolso a sus acreedores internos. La abolición de la esclavitud también permitió que el capital fijo (los esclavos) se convirtiera en capital circulante (la indemnización)[31]. A estos mecanismos deben sumarse los créditos otorgados a la clase propietaria por las casas mercantiles y por las instituciones bancarias, las cuales, a su vez, se habían formado con el excedente generado por el guano. El mejor ejemplo de esta vinculación entre el excedente guanero y el capital agrario es el caso de la hacienda Lurifico en el valle de Jiquetepeque, en la costa norte del Perú[32]. Sin embargo, el desarrollo de la agricultura de exportación de la costa era particularmente precario no sólo por su estrecha dependencia de las fluctuaciones de la demanda internacional, sino también por su subordinación al capital financiero. Se ha señalado que en 1875 el monto de las deudas acumuladas de las haciendas azucareras ascendía a 30 millones de soles, de los cuales 17.500.000 correspondían a las instituciones bancarias[33].

La agricultura de la sierra, en cambio, no fue afectada ni indirectamente por los efectos del guano, aunque la creciente demanda limeña de víveres (así como en la zona minera) contribuyó de alguna manera a la expansión de la ganadería en la sierra central[34]. El guano también tuvo escaso impacto en el desarrollo industrial del Perú. La industria artesanal, como ya se ha visto, se vio duramente afectada a consecuencia de la masiva importación de mercancías europeas. Las calles de Lima fueron el escenario de violentas movilizaciones, como las de 1858, de estos productores[35]. Las fábricas existentes, concentradas básicamente en Lima, se dedicaban a la producción de cerveza, fideos, galletas, chocolates, manteca, es decir, básicamente eran industrias alimentarias. Los propietarios de estas fábricas eran en su mayoría inmigrantes y sus capitales provenían probablemente de ahorros y préstamos. En la sierra, el ensayo industrial más importante fue el establecimiento en 1859 de la fábrica de tejidos Lucre en la hacienda del mismo nombre, en la provincia de Quispicanchis, en la que sus siervos fueron convertidos en asalariados.

A comienzos de la década de 1870, la era del guano estaba concluyendo. Dejó al Perú con una cuantiosa deuda externa que llegaba a los 35 millones de libras esterlinas, que exigía una amortización anual de cerca de 2.500.000 de la misma moneda. El guano había estimulado la demanda interna e incluso había elevado los salarios reales de la población urbana, al mismo tiempo que había permitido la recuperación y la expansión de las haciendas de la costa central y norte. Pero, y esto es lo definitivo, el mercado interno ni se profundizó ni se expandió, y la producción nativa para este mercado tampoco se amplió de manera sensible. Si hay que hablar de la era del guano como de una ocasión perdida, se debe precisamente a la incapacidad que tuvieron los militares —que ejercieron el poder político a lo largo de estos años— y la nueva clase dominante —que emergió durante el periodo guanero— para emprender un proyecto alternativo de crecimiento basado no solamente en la explotación de la riqueza natural del país, sino también en la erradicación del carácter colonial de la economía peruana y en la creación de las bases institucionales que permitieran al país dar una respuesta adecuada a la oportunidad generada por la exportación del guano.

Cuando en 1821 se produjo la independencia del Perú no había una clase dirigente con la autoridad y la legitimidad necesarias para ejercer el control político del naciente Estado peruano. Este vacío político determinó que fueran los militares quienes ejercieran el control. De todos los caudillos militares que lo alcanzaron, Ramón Castilla, un mestizo, fue el más poderoso y uno de los que poseyó mayores facultades políticas y administrativas. Entre 1844 y 1868 ocupó diversos cargos gubernamentales, incluso financieros, y fue dos veces presidente. En la práctica política, su dominio mostró un hacer altamente pragmático y siempre estuvo dispuesto a aceptar un compromiso. En un país tan profundamente dividido por las discordias civiles, Castilla, aunque reprimió firmemente los levantamientos, toleró un cierto grado de crítica hacia su régimen, permitió que el Congreso se reuniera regularmente y sin interferencias e incluso fue tan lejos como nombrar a hombres de posiciones políticas distintas para ocupar puestos claves. También dedicó tiempo y esfuerzos para normalizar las finanzas del país. Pero la ley y el orden fueron sus principales prioridades, y quizá su éxito más destacado fue el de lograr dar al Perú su primera experiencia de gobierno estable entre 1845 y 1851. Cuando concluyó su primera presidencia, fue sustituido por el general José Rufino Echenique, quien, debido a su falta de experiencia política y administrativa, contribuyó mucho a deshacer el trabajo de estabilización política emprendido por Castilla. No pasó mucho tiempo antes de que los liberales se sintieran compelidos a emprender otra revolución que tuvo lugar a principios de 1854, siendo Castilla su líder. En una dura confrontación, las fuerzas revolucionarias ganaron mucho apoyo popular y consiguieron derribar a Echenique. En julio de 1854 Castilla empezó su segundo mandato presidencial, que duró hasta 1862. Sin duda, las medidas mejor conocidas y más importantes que se tomaron durante su administración fueron las ya mencionadas liquidación del tributo indio y abolición de la esclavitud, lo que le otorgó el nombre de Libertador y aumentó su popularidad. Políticamente, su segundo mandato empezó con un debate bastante caluroso sobre la necesidad de tener una nueva constitución. Los liberales ganaron las primeras fases del debate y consiguieron la aprobación de la carta de 1856, que redujo los poderes del ejecutivo en favor del legislativo. Aunque Castilla sólo apoyó ligera y limitadamente a la nueva constitución, hasta 1858 sólo intervino moderadamente pero entonces disolvió el Congreso y organizó las elecciones para una asamblea constituyente más conservadora. En 1860 Perú tuvo aún otra constitución (una que reflejaba mejor que ninguna las propias convicciones políticas de Castilla y que restableció al presidente como poder político dominante). El texto de estas otras dos constituciones, al igual que el famoso debate sobre la naturaleza del Estado entre el conservador Bartolomé Herrera y el liberal Pedro Gálvez que precedió a ambas (1846-1851), es notable por su total falta de relación con la realidad económica y social del Perú de mediados del siglo XIX y sólo tiene interés en cuanto que ilustra la gran distancia que había entre la élite y la nación.

En 1862 el general Miguel San Román sucedió a Castilla en la presidencia, pero murió por causas naturales después de un corto periodo en el cargo. Su sucesor, el vicepresidente y general Juan Antonio Pezet, tuvo que afrontar los difíciles años del conflicto con España, que reclamaba las islas Chincha (1864-1866). Su política conciliadora ante las demandas españolas fue considerada humillante y causó ira y resentimiento entre la élite y los militares. Finalmente, el coronel Mariano Ignacio Prado inició una revuelta armada contra el presidente, que abdicó en noviembre de 1865. Prado ocupó la presidencia y condujo a las fuerzas armadas peruanas a una convincente victoria militar sobre los españoles. Pero aún tenía que consolidar su posición para permanecer como jefe de Estado, y su decisión de reimplantar la constitución de 1856, con el apoyo de los liberales, sólo sirvió para provocar otra guerra civil en la que Castilla encabezó a los que pedían la restauración de la constitución de 1860. El septuagenario Libertador murió de enfermedad en los primeros momentos del conflicto, pero su segundo, el general Pedro Diez Canseco, tomó la dirección del movimiento que triunfó en los primeros meses de 1868. Las victoriosas fuerzas conservadoras reinstauraron la constitución de 1860 y en julio designaron al coronel José Balta como presidente de la república. El mandato de Balta se caracterizó por su ineficacia y corrupción. Fue durante sus cuatro años de gobierno (1868-1872) cuando el sentimiento antimilitar de la élite peruana llegó a su punto más alto; entonces se creó el Partido Civil y uno de sus líderes, Manuel Pardo, alcanzó la presidencia en 1872.

Cuando el guano se constituyó en el más importante recurso fiscal del Estado peruano, no sólo los acreedores externos reanudaron su presión para obtener la amortización de sus préstamos, sino que los acreedores internos también empezaron una pugna por el reconocimiento de sus derechos. Al terminar Castilla su primer mandato en 1851, la deuda interna consolidada ascendía ya a 4.879.608 pesos[36]. El monto total de la deuda, según el propio Castilla, no podía ser más de seis o siete millones. Pero en 1858, bajo el gobierno de Echenique, la deuda reconocida llegó a 23.211.400 pesos (aproximadamente 5 millones de libras esterlinas)[37]. Este gran aumento de la deuda reconocida se debió a la venalidad y corrupción de los funcionarios peruanos. Fueron precisamente estos abusos los que suministraron uno de los pretextos para el estallido de la rebelión de Castilla en 1854. La comisión investigadora formada el año siguiente declaró que más de 12 millones de pesos en bonos de la deuda consolidada en manos de los acreedores internos (comerciantes y propietarios agrarios) eran fraudulentos[38].

En 1850, el gobierno peruano firmó un contrato por 10 años con un conjunto de comerciantes nacionales para la venta del guano en España, Francia, China, las Antillas y los Estados Unidos. Estos comerciantes crearon la Sociedad Consignataria del Guano y trataron de obtener los capitales necesarios para la explotación mediante la emisión de acciones. El resultado fue sin embargo negativo. Un año más tarde, se vieron obligados a restringir su acción al mercado de los Estados Unidos y a limitar la duración de sus contratos a sólo cinco años[39]. Sin embargo, en 1860 y en 1862 con el dinero que habían recibido por la consolidación de la deuda interna, pudieron desplazar a la casa de Antony Gibbs, la consignataria del guano en la Gran Bretaña que era el más importante de todos los mercados europeos. La Compañía Nacional Consignataria agrupaba a los comerciantes limeños más poderosos, beneficiarios muchos de ellos del proceso de consolidación, quienes ahora tenían la posibilidad de multiplicar sus ingresos no sólo vendiendo guano, sino también cobrando onerosos intereses a los préstamos otorgados al gobierno peruano. De esta manera, el capital especulativo y el capital mercantil se alimentaban mutuamente.

El desarrollo del comercio del guano también hizo necesaria la creación de instituciones que facilitaran una rápida movilización del crédito. También aquí la constitución de los primeros directorios y sobre todo la inmediata suscripción de las acciones emitidas no hubieran sido posibles sin el control, por los capitalistas nacionales, de una gran parte de los ingresos producidos por la venta del guano. De esta manera, se produjo una nueva fusión entre el capital comercial y el capital financiero. En septiembre de 1862, por ejemplo, se empezó a organizar el Banco de la Providencia con un capital de 500.000 pesos. El Banco del Perú fue creado en mayo de 1863 con un capital de 10 millones de pesos. Es este banco el que muestra una vinculación más neta con la Compañía Nacional del Guano, pues sus accionistas integraban a la vez la Compañía Guanera. Igualmente el Banco de Lima, constituido en marzo de 1869 con un capital de 3.200.000 soles, contó entre sus accionistas con algunos de los hombres de fortuna más notables del momento. Finalmente, el Banco de Crédito Hipotecario, creado en 1866 con un capital inicial que ascendía a 1.500.000 pesos, se dedicó a la emisión de créditos hipotecarios y a efectuar créditos a largo plazo sobre bienes rústicos y urbanos[40].

Cuando empezó la expansión de la producción algodonera y azucarera en la década de 1860, los capitales del guano y de los bancos encontraron en el sector agrario una nueva posibilidad de inversión. De esta manera, empezó a consolidarse una poderosa oligarquía estrechamente vinculada entre sí. Las fuentes de su riqueza, como se ha visto, se encontraban indistintamente en las finanzas, en el comercio y en la tierra. No hubo, por consiguiente, mayores fisuras internas en este pequeño círculo de poderosos, porque los capitales que controlaban fueron hilvanando al conjunto de sectores cuya prosperidad dependía enteramente de las óptimas condiciones ofrecidas por el mercado internacional. La emergencia de esta oligarquía de comerciantes, financieros y terratenientes muy pronto se expresó en la organización del primer partido político del Perú en sentido moderno. Con la creación del Partido Civil en 1871 contaron con un mecanismo que empezó a interpretar políticamente sus intereses, y en 1872, como consecuencia de su propia fuerza e influencia, pudieron elevar a Manuel Pardo a la presidencia. Gran parte del ideario del civilismo expresó su oposición al gobierno de los militares, quienes de manera virtualmente ininterrumpida desde 1821 habían controlado Perú y orientado la economía del país, sobre todo el destino de los recursos creados por el guano. Las tesis fundamentales del ideario civilista habían empezado a manifestarse entre 1859 y 1863 en la Revista de Lima e incluso habían comenzado a ser aplicadas antes de la subida del civilismo al poder. No era una coincidencia que uno de los principales redactores de la publicación fuera Manuel Pardo. Éste y sus amigos de la Revista de Lima percibieron con mucha nitidez que el destino de Perú no podía seguir por mucho tiempo asociado al guano, un recurso que, aparte del peligro de que se agotara, podía sufrir los efectos de la concurrencia de otros abonos. Constataron, además, cómo se despilfarraba la renta generada por el guano y cómo se utilizaba improductivamente. De aquí, a juicio de Pardo, la necesidad de reorientar la política económica del gobierno utilizando los pocos recursos que aún generaba el guano en la ferroviarización completa del país. Estos ferrocarriles serían los instrumentos que permitirían el fomento de la producción nacional al articular un espacio profundamente desintegrado, al acercar e incrementar los mercados y al permitir una vinculación más eficiente de la economía peruana con el mercado internacional. Convertir guano en ferrocarriles, atraer capitales extranjeros para su financiamiento adicional, he ahí el principal contenido de las tesis de Pardo y de la Revista.

Lo que importa destacar aquí es que la ecuación ferrocarriles-fomento de la producción no se pensaba en términos de un fomento de la producción en función del mercado interno. Los principales ramales ferroviarios proyectados por Balta, y parcialmente construidos durante su gobierno, vinculaban los puertos del litoral con centros productores de materias primas. El ferrocarril del norte buscaba el algodón y el azúcar, el del centro la plata y el cobre, y el del sur las lanas. Por consiguiente, una vez más, se trataba de usar los ferrocarriles como un mecanismo para barrer los obstáculos que impedían que la relativa riqueza del país fuera explotada de forma más eficiente e integrada al mercado internacional. Una geografía accidentada y un sistema de transportes poco competitivo basado en arrieros, les impedía aprovecharse de todas las ventajas y provechos que ofrecían las oportunidades crecientes que brindaba el mercado internacional. Por otro lado, la ferroviarización del país también permitiría el acceso a los mercados del interior de los comerciantes monopolistas, que colocarían sus mercancías a menor costo. Sin embargo, ni en uno ni en otro caso el programa del civilismo implicaba una modificación real de las pautas tradicionales de crecimiento adoptadas por la economía peruana. Se trataba, simple y llanamente, de modernizar los sistemas de transporte para lograr una inserción más eficiente de la economía peruana en el mercado internacional. El problema crucial, en este contexto, es si podían hacer algo distinto. Una política alternativa hubiera implicado remover las bases de sustento del carácter colonial de la economía y sociedad peruanas, abolir las relaciones de producción imperantes en los latifundios costeños y serranos y erradicar el carácter autosuficiente de las economías campesinas para crear las bases de un sólido mercado interno que impulsara desde dentro el crecimiento de los sectores productivos del país. Pero un crecimiento de este tipo significaba algo más que la instalación de líneas férreas. Implicaba la alteración política de un sistema, y este era un reto demasiado grande para un grupo que no tuvo, pese a todo, ni la fuerza para emprenderlo ni el convencimiento de su necesidad.

Cuando Manuel Pardo llegó al poder el 2 de agosto de 1872, después de que las clases populares de Lima desbarataran el intento de los militares de continuar en el poder, encontró un Estado en plena quiebra. Como ya hemos visto, la política de la construcción del ferrocarril había contribuido a incrementar la deuda externa hasta 35 millones de libras esterlinas, cuya sola amortización exigía cerca de dos millones y medio de la misma moneda, una suma equivalente a la totalidad del presupuesto. Además, el pago de los empréstitos de 1870 y de 1872 absorbía la totalidad de las mensualidades que Dreyfus se había comprometido a remitir al Estado en virtud del contrato de 1869, y ello generó un déficit en el presupuesto del orden de 8.500.000 soles. A diferencia de las décadas pasadas, la situación existente en el mercado monetario de Londres hacía imposible que el gobierno peruano pudiera continuar la anterior política de empréstitos, circunstancia que se agravó aún más cuando en 1874 Dreyfus anunció que sólo atendería el pago de las obligaciones anteriores hasta fines de 1875. Los desesperados esfuerzos del gobierno peruano para encontrar un sustituto a Dreyfus a través de acuerdos comerciales firmados en 1876 con la Société Générale de París y la Peruvian Guano fueron finalmente infructuosos. En 1876, una vez más, el Estado peruano hizo bancarrota financiera, encontrándose en la imposibilidad de suscribir nuevos empréstitos externos y de hacer frente al pago de los anteriores.

En estas circunstancias, la política de Pardo se orientó básicamente a reducir el déficit de 8 millones y medio de soles. Una de las medidas que se examinó detenidamente fue la de convertir el salitre de la desértica provincia de Tarapacá en el nuevo recurso que financiara el gasto público. El salitre, sin embargo, a diferencia del guano, era un recurso de propiedad privada de peruanos, chilenos y de algunos otros extranjeros. Para implantar su política, Pardo estableció el monopolio del salitre en 1873 y expropió las salitreras en 1875; sus propietarios recibieron «certificados de salitre» con la garantía de los bancos locales. Estos salitreros transfirieron sus operaciones a Chile, contribuyendo activamente a la propaganda bélica que se desató desde 1878 entre Chile, Perú y Bolivia (véase más adelante)[41]. Mientras, el monopolio proyectado por Pardo no dio los resultados esperados. Al cerrarse el crédito externo y al decrecer la exportación del guano, los bancos y el gobierno tuvieron que recurrir a un incremento sustantivo de la emisión monetaria, proceso que agravó aún más la crisis que se esbozaba desde 1872. Pardo y el civilismo habían llegado al poder sólo para ser testigos impotentes de una de las mayores debacles financieras del Estado peruano a consecuencia del conjunto de medidas políticas adoptadas desde el inicio de la época del guano, y de una crisis que no tuvieron la capacidad ni la oportunidad de corregir.

Desde el punto de vista político, la administración de Pardo se caracterizó por una confrontación creciente y una dura oposición. Su esfuerzo para reducir el gasto público chocó con la fuerte oposición de los civiles que se habían acostumbrado a la generosidad de los anteriores gobiernos, mientras que el numeroso componente militar se resentía del efecto de esta política sobre sus instituciones. La Iglesia se opuso acérrimamente a la política del gobierno de promover la educación secular como función del Estado. No pasó mucho tiempo antes de que los políticos y los militares desafectos recurrieran de nuevo a la práctica tradicional, y en la mitad de su cargo Pardo empezó a hacer frente a las revueltas militares, muchas de las cuales fueron dirigidas por Nicolás de Piérola que luchó vigorosamente contra lo que consideraba como el anticlericalismo del gobierno. La pobre situación de la economía del país no hizo nada en favor de la consolidación del «civilismo». Por lo tanto, en 1876 Pardo, creyendo que la única vía para solucionar los cada vez mayores problemas políticos del Perú —especialmente el malestar civil y militar— era un gobierno fuerte dirigido por un militar, aceptó al general Prado, que apenas podía ser considerado un civilista, como a su sucesor. Poco después de que Prado fuera presidente, se apartó de los civilistas que esperaban influenciarle a él y a su gobierno. Sin embargo, no consiguió atraerse el apoyo de los seguidores de Piérola y su posición se hizo cada vez más inestable. Fueron aplastadas, no sin dificultad, diferentes revueltas organizadas por ambos grupos, y cuando en noviembre de 1878 Pardo fue asesinado en oscuras circunstancias, Perú estuvo a un paso del caos. El ya agudo antagonismo entre los seguidores de Piérola y los civilistas —que hicieron a los primeros moralmente culpables del asesinato de Pardo— se intensificaron y adquirieron características nefastas. La probabilidad de que estallara una confrontación se hizo muy posible y sólo se evitó por sucesos aún más graves.

En febrero de 1879, Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta y dos meses después declaró la guerra a Bolivia y Perú, aliado de Bolivia por el tratado secreto de defensa mutua de 1873. Después de ocupar todo el litoral boliviano, Chile invadió la provincia peruana de Tarapacá a fines de 1879, las provincias de Tacna y Arica a principios de 1880 y la costa norteña en septiembre de 1880. Lima cayó en enero de 1881. Las victorias del ejército y la armada chilenos en la guerra del Pacífico pusieron en su punto más alto tanto a la crisis financiera como a la política del Perú de la década de 1870[42].

La actual república de Bolivia se constituyó como país independiente el 8 de agosto de 1825 sobre el territorio de la colonial Audiencia de Charcas. Ninguno de los nuevos estados de América Latina, excepto quizá el Paraguay bajo Francia, mostró tal grado de aislamiento. Antes de los dramáticos sucesos de 1879, la vinculación de Bolivia con el mundo exterior sólo era posible por el mantenimiento de dos tenues nexos de origen colonial: uno hacia el Atlántico, la ruta tradicional que ligaba Potosí a Buenos Aires, que dejó de tener importancia al independizarse las repúblicas del Río de la Plata y al aumentar el precio del transporte; el otro —probablemente el más importantes de los dos—, hacia el Pacífico, que daba a Bolivia el acceso a Cobija, su único puerto, después de una penosa travesía del desierto de Atacama, mientras que el intercambio a través del puerto peruano de Arica estuvo supeditado a los humores cambiantes que rigieron las relaciones políticas entre el Perú y Bolivia. Además, este aislamiento externo estuvo acompañado de una profunda desarticulación interna. Durante el periodo colonial, el eje de articulación económica del Alto Perú había sido Potosí, puesto que sus yacimientos y sus mercados atraían el comercio de regiones enteras como Cochabamba. Al declinar la producción minera —que empezó incluso antes de las guerras de la independencia pero que se aceleró con ellas—, estos lazos no sólo se rompieron sino que regiones actuales como Beni y Pando, incluso Santa Cruz, se convirtieron en territorios prácticamente encerrados en sí mismos.

Al nacer como república independiente, Bolivia contaba con 1.100.000 habitantes, de los cuales 800.000 eran indios, 200.000 blancos, 100.000 mestizos o cholos, 4.700 negros esclavos y 2.300 negros libres[43]. Seguramente, no más del 20 por 100 hablaba español; el quechua y el aymara eran las lenguas de la inmensa mayoría. La principal ciudad era La Paz, que contaba con 40.000 habitantes, seguida de Cochabamba que tenía 30.000. La economía que sustentaba a esta población atravesaba una profunda crisis. En las primeras décadas del siglo, la producción y la población de Potosí habían decaído mucho. Según Pentland, en 1827 tenía apenas 9.000 habitantes, mientras que a fines del siglo XVIII tuvo cerca de 75.000[44]. Entre 1820 y 1830, la producción de las minas de plata del Alto Perú decayó un 30 por 100, comparada con la de 1810-1820; en la década de 1820, la producción —algo inferior a 200.000 marcos anuales— era menos de la mitad de lo conseguido en la última década del siglo XVIII. Los factores que impidieron la recuperación minera fueron la destrucción, inundación y abandono de las minas durante las guerras, la falta de inversiones, cierta escasez de mano de obra después de la abolición de la mita (aunque debe decirse que la demanda de mano de obra era baja y errática) y el hecho de que tras el periodo colonial el Estado mantuviera el monopolio de la compra de la plata (a precios por debajo de los existentes en el mercado mundial) a través de los Bancos de Rescate, lo que reducía en gran medida los beneficios. Al producirse la independencia —y durante algún tiempo después— la producción minera fue baja y en gran medida se debía al aprovechamiento de desmontes más que a laboreos profundos.

En el sector agrario, las unidades productivas básicas continuaron siendo las haciendas y las comunidades de indios. Los productos más importantes fueron: la quina (para hacer quinina), la coca, el maíz, el trigo y la papa; la quina y la coca eran altamente comercializables fuera de la región, mientras que los otros productos eran básicamente para el consumo local. Pentland indica que en 1826 el valor del comercio anual de coca en la ciudad de La Paz ascendió a 143.600 libras esterlinas, cantidad equivalente a cerca del 50 por 100 del valor de la plata exportada en el mismo año, mientras que el del maíz y el trigo fue de 60.000 libras esterlinas[45].

El sector «industrial» estaba representado por los obrajes, es decir, por los centros de confección de tejidos. Pero a consecuencia de las reformas comerciales establecidas por los Borbones y la libertad de comercio decretada con la independencia, su producción no pudo sostener la competencia de las telas europeas. Pentland cifra el valor de la producción textil en 16.000 libras esterlinas, mientras que en sus años de auge el valor de la producción anual fue de 200.000 libras esterlinas[46].

La presencia de la economía boliviana en el mercado internacional, dada la fragilidad de su estructura productiva, fue muy precaria. En 1826, el valor de las exportaciones bolivianas ascendía a 722.750 libras esterlinas; el oro y la plata constituían su principal rubro de exportación y a continuación, muy lejos, estaban la quina y el estaño. Por otra parte, las importaciones bolivianas en 1826 ascendieron a 637.407 libras esterlinas. Estas mercancías se introducían por el puerto de Buenos Aires (un tercio) y, sobre todo, por el de Arica (dos tercios). De este total, cerca de un 70 por 100 correspondía a las importaciones procedentes de Gran Bretaña, que básicamente consistían en telas. El resto correspondía a las mercancías procedentes de Francia, Alemania y Holanda. También había un comercio muy activo entre el Perú y Bolivia. El primero exportaba sobre todo algodón en rama y los vinos y aguardientes producidos en los valles de Moquegua y Tambo, que ascendían a un valor de 82.000 libras esterlinas. Bolivia, por su lado, exportaba al Perú fundamentalmente productos agrícolas por un valor de 30.640 libras, cubriendo la demanda de los mercados del sur peruano[47]. Estos datos oficiales desde luego pecan por defecto, debido a que había un gran contrabando.

En estas circunstancias, el gobierno boliviano topó con grandes dificultades financieras. En 1825 y 1826, el promedio anual de los ingresos del Estado fue de 400.000 libras esterlinas y en 1827 de 350.500[48]. En los años que siguieron a la independencia, cerca del 60 por 100 de estos ingresos se destinaron a atender los gastos militares, y hasta 1879 se mantuvieron en un nivel del 40-50 por 100[49]. Además, el Estado boliviano independiente empezó debiendo 40.000 libras esterlinas al Perú más otras 140.000, que era lo que quedaba por pagar de 200.000 libras de una recompensa el ejército libertador votada por la Asamblea General en 1825[50].

Es importante subrayar que el gobierno boliviano, en estos primeros momentos, no recurrió al crédito externo para financiar su gasto público. Este hecho constituye una notable diferencia respecto a la práctica establecida por los otros gobiernos de América Latina. En vez de esto, el gobierno de Antonio José de Sucre (1825-1828) procedió a la captación del ahorro interno mediante la emisión de bonos por un valor nominal de 200.000 libras esterlinas, los cuales estaban respaldados con los bienes propiedad del Estado. Éstos se habían adquirido a resultas de la política implantada por Sucre para quebrantar al poder y la influencia del clero regular. Sucre, en uno de los ataques más radicales a la Iglesia que se hizo en América Latina tras la independencia, destruyó gran parte de las comunidades monásticas, mientras que las valiosas propiedades urbanas y rústicas de propiedad directa de las órdenes eclesiásticas, o controladas por ella mediante hipotecas o capellanías (propiedades ofrecidas a la Iglesia para cometidos piadosos), fueron expropiadas por el Estado. A la larga, esta política sirvió para reforzar el poder de los terratenientes y comerciantes del país que pudieron adquirir a precios ínfimos los bonos inicialmente entregados a las tropas y oficiales extranjeros cuando éstos debieron retirarse de Bolivia[51]. Otra fuente importante de financiamiento del gasto público fue el impuesto que pagaban los productores de plata en los Bancos de Rescate. Su monto inicialmente equivalió al 10 por 100 del valor de la producción, pero luego fue sucesivamente rebajado al 8,5 y al 5 por 100 a fin de alentar la actividad minera[52]. Al igual que en los otros países latinoamericanos, los impuestos al movimiento interno y externo de mercancías también fueron una importante fuente de ingresos del Estado boliviano. Sin embargo, en el caso de Bolivia la recaudación de los derechos aduaneros no era fácil por el hecho de compartir con el Perú el control de la aduana de Arica; incluso en su mejor momento sólo un tercio del comercio exterior boliviano pasaba por Cobija. El Estado boliviano contó además con otras dos fuentes de ingreso: los diezmos y los derechos derivados de la acuñación de monedas.

Pero ni los ingresos de las aduanas, ni de los diezmos, ni de los impuestos a la producción minera, ni de la confiscación de los bienes de las órdenes eclesiásticas fueron suficientes para sostener el gasto público. Por esto, tanto en Bolivia como en Perú, fue indispensable restablecer en 1826 el tributo (abolido por Bolívar en 1825) al que teóricamente todos los hombres indígenas entre los 18 y los 50 años estaban sujetos durante el periodo colonial. El tributo había sido sustituido por la contribución directa, un impuesto directo general sobre la propiedad urbana y rústica y sobre los ingresos individuales. Para los indios suponía sólo 3 pesos al año, menos de la mitad de lo que habían pagado antes. Muy pronto el gobierno se dio cuenta del efecto pernicioso que ello tenía en los ingresos fiscales. Como consecuencia, el 2 de agosto de 1826, Sucre firmó el decreto que restablecía el tributo, decisión que sancionaba el retorno a la estructura fiscal que, al igual que en el periodo colonial, dividía a la sociedad boliviana en varios estratos con finalidad impositiva. A pesar de las diversas vicisitudes que se sucedieron, tal como veremos, el tributo continuó existiendo hasta 1882[53].

«Estoy persuadido —anunciaba proféticamente Sucre en una carta a Bolívar— que el terreno sobre el que trabajamos es fango y arena; que sobre tal base ningún edificio puede subsistir…»[54]. La historia política de Bolivia hasta la guerra con Chile en 1879 registra una cadena inacabable de «cuartelazos», «golpes» y «contragolpes» como medio expeditivo para llegar al poder y saquear los magros recursos del Estado, emprendidos por ambiciosos caudillos militares con la complicidad de algunos «doctores de Chuquisaca». En este contexto de inestabilidad política, incluso de anarquía, el gobierno de Andrés Santa Cruz (1829-1839) constituyó una notable excepción.

Santa Cruz, un mestizo que se pasó muy tardíamente a las filas de los rebeldes pero que, al intervenir en las batallas decisivas por la emancipación y al contar con el favor de Bolívar, muy pronto se convirtió en uno de los candidatos más firmes para liderar los destinos de la Bolivia independiente. Es a Santa Cruz a quien Bolivia debe el primer intento de lograr una organización eficiente tanto del gobierno como de la economía, y también la búsqueda de nuevas salidas para romper el aislamiento externo de Bolivia. La apertura del puerto de Cobija permitió que los mercados del sur boliviano fueran abastecidos desde el exterior con mercancías, las cuales a lomos de mulas y luego de una penosa travesía a lo largo del desierto de Atacama llegaban hasta Potosí, Chuquisaca, Tupiza y Tarija. Dada la fragmentación interna del espacio boliviano y la ausencia casi absoluta de adecuadas vías de transporte interno, fue indispensable consolidar el puerto de Arica como centro abastecedor de las provincias del norte boliviano y como puerto de salida de las exportaciones bolivianas. Pero, a pesar de estos logros, sobre todo se recuerda a Santa Cruz como el ejecutor frustrado de la unidad andina entre el Perú y Bolivia.

Como se dijo antes, durante el periodo colonial Perú y Bolivia fueron espacios estrechamente ligados por la economía, la política y los hombres. Su separación, al igual que las de otras regiones hispanoamericanas, fue el resultado de las vicisitudes de las luchas por la emancipación. Bolivia al final consiguió consolidar su precaria nacionalidad en gran parte debido a los múltiples conflictos que tuvo con sus vecinos. Sin embargo, no se trató de un proceso ni claro ni lineal. Mal acomodados a una temprana ruptura que ni la geografía ni la economía justificaban, los caudillos de ambos países en los años de la postindependencia siempre avisoraron su fortalecimiento interno a costa de los recursos del otro país y también invocaron al compañerismo nacido en campañas militares anteriores para obtener del gobernante del país vecino, en el que muchas veces se encontraban exiliados, el auxilio militar necesario para reconquistar el poder o por lo menos para intentarlo. Esta «ayuda», o la necesidad de «salvar» del caos a uno de estos países, fue a menudo el pretexto para las expediciones militares emprendidas desde el Perú hacia Bolivia, o viceversa. La frontera —como diría Mariano Melgarejo, que fue presidente unos años después— era simplemente una «línea imaginaria», y las relaciones entre Bolivia y el Perú inevitablemente se establecían en un clima de hostilidad y de sospecha mutua. Si a estos factores se añaden las dificultades inherentes al acceso compartido al puerto de Arica y la inundación desde 1830[55] del mercado peruano de moneda boliviana devaluada, no es extraño que las políticas internas del Perú y de Bolivia reflejaran las tensiones existentes entre ambos países.

Sin embargo, la amenaza que suponía el creciente poderío económico y naval de Chile persuadió a Santa Cruz —que durante un corto periodo fue presidente del Perú en la década de 1820— de buscar una alianza estable con el Perú a fin de defenderse mutuamente y de resolver sus dificultades económicas. El pretexto de la expedición militar a Perú (junio de 1835) fue, una vez más, la necesidad de defender a un caudillo, Orbegoso, quien había sido depuesto por el inquieto Salaverry. Pero la razón de esta intervención de Santa Cruz no se limitaba a ayudar al amigo caído. En la justificación de sus actos que escribió desde su exilio ecuatoriano, Santa Cruz dijo que la intervención en los asuntos peruanos fue una cuestión de vida o muerte para Bolivia[56].

Una vez alcanzada la victoria, Santa Cruz se quedó en el Perú para dar forma definitiva a la nueva organización política que haría posible la federación de Perú y Bolivia, mediante la creación de tres estados (el Norperuano, el Surperuano y Bolivia) bajo el liderazgo único de Santa Cruz como Protector. De esta manera, y frente al peligro potencial que representaba Chile, el 28 de octubre de 1836 nació la Confederación Peruano-Boliviana como un intento tardío y parcial de hacer realidad los sueños de Bolívar. Tras el fracaso de esta experiencia, se tendría que esperar hasta 1873, de nuevo frente a la amenaza de Chile, para que se repitiera un ensayo similar, esta vez en términos estrictamente militares.

La fusión del Perú y de Bolivia rompía el equilibrio de fuerzas existentes entre los países que emergieron del colapso del sistema colonial, lo que inevitablemente se percibió como una seria amenaza a sus intereses. Así lo comprendieron rápidamente Argentina y, sobre todo, Chile. «Unidos, estos dos estados serán siempre más [poderosos] que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias», escribió Portales el 10 de septiembre de 1836[57], y el 26 de diciembre del mismo año declaró la guerra a la Confederación por «amenazar la independencia de otras naciones americanas». Cuatro meses más tarde, el 9 de mayo de 1837, Argentina, bajo el pretexto de reclamaciones fronterizas, emprendió una iniciativa similar.

La respuesta militar de Chile frente a la emergencia de la Confederación fue decidida no sólo por temor a la nueva coalición de fuerzas, sino también en respuesta a las medidas tomadas por Santa Cruz para fortalecer el desarrollo comercial de los puertos del litoral peruano. Valparaíso había adquirido ya una superioridad económica muy grande al convertirse en el principal nexo comercial entre el Pacífico Sur y Europa; para contrarrestar este desarrollo, Santa Cruz declaró puertos libres a Arica, Cobija, El Callao y Paita, al mismo tiempo que impuso derechos adicionales a aquellas mercancías que hubieran sido desembarcadas previamente en otros puertos. Esta era una medida orientada directamente contra los intereses comerciales chilenos y que sólo se podía resolver por las armas. Después de una primera campaña (1837) favorable a las tropas de la Confederación, el 20 de enero de 1839 en Yungay, un pueblo de la sierra norte del Perú, el ejército chileno dirigido por Bulnes y apoyado por tropas y oficiales peruanos deshizo el frágil edificio de la Confederación. Santa Cruz se refugió primero en Guayaquil y después, en 1843, se exilió a Europa.

La Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839) —que tuvo una breve existencia que fue objeto de frecuentes asedios externos e internos— será recordada como una promesa inconclusa. La Confederación no sólo sufrió los embates externos de Chile y Argentina, sino que desde el principio fue combatida desde dentro. Fue atacada por los asediados intereses mercantiles bolivianos y por muchos soldados que creyeron que en esta aventura tenían todas las de perder; por otro lado, a los peruanos desde luego no les gustó la idea de ser «protegidos» por un boliviano. Los peruanos del norte, sobre todo, no creyeron que tuvieran un destino parejo con los habitantes andinos del lejano sur. En todo caso para Bolivia, la derrota de Santa Cruz en Yungay seguida del desastre sufrido en Ingavi por la expedición de Agustín Gamarra en noviembre de 1841 —un intento peruano de imponer su hegemonía sobre Bolivia— pusieron término definitivo a toda aspiración de restituir las vinculaciones del pasado, y consolidaron la independencia de Bolivia hasta entonces aún en suspenso.

En los años que siguieron al colapso de la Confederación y a la desaparición de Santa Cruz del panorama político, los regímenes bolivianos fueron demasiado precarios como para poder forjar una política consistente, y las diferencias entre ellos radicaron en el estilo personal de cada caudillo y en su capacidad de captar la lealtad de sus huestes mediante la distribución de prebendas. Así, mientras que la imaginación del aristocrático José Ballivián (1841-1847) le permitió, por ejemplo, impulsar la exploración del oriente boliviano en busca de una mejor salida hacia el Pacífico y reordenar el sistema educativo con la ayuda de una élite de intelectuales argentinos deportados por Rosas, ninguno de estos intentos contó con el tiempo o los recursos para desarrollarse. Tras la renuncia forzada de Ballivián y después del fugaz regreso al poder del caudillo sureño José Miguel Velasco —que había sido presidente en 1828-1829 y en 1839-1841, entre las presidencias de Santa Cruz y Ballivián— que a menudo hacía de árbitro en los conflictos entre los líderes norteños, Manuel Isidoro Belzú (1848-1855) inició un gobierno de carácter distinto, por lo menos externamente. El suyo fue un gobierno que de manera explícita buscó sustentarse en el respaldo de los grupos artesanales urbanos —especialmente de los empobrecidos artesanos de los obrajes— y de las masas rurales, a la vez que alentó la producción propia, elevando las tarifas de importación y restableciendo el monopolio estatal sobre la cascarilla peruana. Belzú, que se decía lector de Proudhon y de Saint-Simon, se dirigía a sus seguidores con discursos como éste:

Camaradas: una turba insensata de aristócratas han venido a ser los árbitros de vuestras riquezas y vuestro destino. Os explotan sin cesar. Os trasquilan día y noche. Se reparten las tierras, los honores, los empleos, las dignidades, dejándoos tan sólo la miseria, la ignorancia, el trabajo. ¿No sois iguales a los demás bolivianos? ¿Esta igualdad no es el resultado de la igualdad del género humano? ¿Por qué tan sólo ellos disfrutan de tan pingües heredades, de vajillas de plata, de casas, de granjas, y no vosotros? Compañeros: la propiedad privada es la fuente principal de la mayor parte de los delitos y crímenes de Bolivia. Es la causa de la lucha permanente entre bolivianos. Es el principio del actual egoísmo dominante. No más propiedad, no más propietarios. La tierra sea para todos. Basta de explotación del hombre por el hombre. ¿Qué razón hay para que sólo los ballivianistas no más ocupen elevadas posiciones sociales? Amigos: la propiedad, en expresión de un gran filósofo, es la explotación del débil por el fuerte; la comunidad de bienes, la del fuerte por el débil. Haceos justicia con vuestras propias manos, ya que la injusticia de los hombres y de los tiempos os lo niegan[58].

Es muy difícil en realidad saber hasta qué punto su adhesión a la causa de los pobres traducía un legítimo compromiso o era la expresión del más crudo oportunismo, derivado de la necesidad de ampliar la base de sus seguidores frente a la proliferación de rivales. A causa del empeoramiento continuo de la economía, ciertamente existía una considerable masa pauperizada y propensa a responder a la llamada demagógica de cualquier caudillo. Se ha calculado que sólo en la década que va de 1840 a 1849 se produjeron en Bolivia 65 intentos de golpe de Estado. Este no era el clima más propicio para intentar resolver los urgentes problemas que afectaban a la economía y a la sociedad bolivianas.

En la primera mitad del siglo que siguió a la independencia, la economía boliviana se basó en la agricultura y en la ganadería y las estructuras agrarias mantuvieron su carácter colonial; es decir, las haciendas y las comunidades de indígenas eran aún, y en gran medida son todavía, las unidades productivas donde trabajaban y vivían los indios que constituían el núcleo de la población rural. Hasta 1866 la comunidad, o por lo menos el uso de sus parcelas de cultivo por parte de la población indígena, fue garantizada por las autoridades al igual que habían hecho los españoles. A diferencia del periodo colonial, tal política ahora no obedecía a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo nativa que era indispensable para el funcionamiento de la minería, sino más bien de garantizar que el Estado dispusiera de manera constante de los recursos indispensables para hacer frente a sus gastos corrientes y mantener el orden en el campo. Tributario y comunero constituían, en efecto, una unidad indisociable. Hasta la década de 1860, cerca del 40 por 100 de los ingresos de la república provenían precisamente del tributo pagado por los indios.

José María Dalence en su Bosquejo Estadístico de Bolivia publicado en 1851 calculó que sobre una población total de 1.381.856 habitantes en 1846, la población indígena era de 710.666 individuos (51,4 por 100). De éstos, el 82 por 100 vivía en los departamentos del altiplano andino, especialmente en La Paz, Potosí y Oruro, mientras que, por ejemplo, Cochabamba sólo concentraba el 6 por 100. Las razones históricas de esta disparidad son bien conocidas. Mientras que la pobreza del altiplano comportó que los hacendados no quisieran cultivar la región, con lo cual no necesitaron la mano de obra india que permanecía en las comunidades, la pronta conversión de Cochabamba en el granero de Potosí hizo que los hacendados se apropiaran de las tierras vacías y las ocupadas por los indios al mismo tiempo que incorporaban en su explotación a quienes regresaban o escapaban de la mita. De esta manera, ya en 1793 mestizos y blancos constituían el 50 por 100 de la población de la región. Pero además de esta distribución regional de la población indígena, las estimaciones de 1838 revelan profundas modificaciones en su composición. Primero debe recordarse que el total de la población tributaria ascendió de 58.571 en 1770 a 124.312 en 1838 (y a 133.905 en 1858 y 143.357 en 1877). Este incremento tuvo lugar sobre todo en los departamentos de La Paz y Potosí. Importa destacar que a mediados del siglo XIX entre los campesinos indios se había producido una mayor diferenciación social, proceso que se reflejaba en un acceso desigual a las parcelas de tierra y también en una participación desigual en el pago del tributo. Mientras que los originarios (nativos de la comunidad con el mayor grado de acceso a la tierra) que pagaban tributo pasaron de 19.853 a 33.308 entre 1770 y 1838, el volumen de forasteros (llegados de fuera, con menos tierras) y de agregados (como los forasteros, pero con menos o sin tierra) que pagaban tributo creció, conjuntamente, de 35.400 a 66.930. Al lado de ellos se dio también el incremento notable de los yanaconas (indios sin tierras atados a una hacienda por un servicio personal), quienes de un total de 1.866 en 1770 pasaron a 22.227 en 1838. Además, la nueva categoría de vagos, es decir, de trabajadores migrantes en los cocales de los Yungas, sumaban un total de 2.117 tributarios en 1838[59].

De forma generalizada se ha sostenido que Bolivia en el siglo XIX habría sido el escenario de una expansión importante de las haciendas a costa de las tierras y de los hombres de las comunidades. Sin embargo, un análisis de los padrones de tributarios revela que, entre 1838 y 1877, la población tributaria de las comunidades iba aumentando, mientras que en las haciendas pasaba exactamente lo contrario. En los cinco departamentos de Bolivia, las comunidades controlaron el 68 por 100 de los tributarios en 1838, el 73 por 100 en 1858 y el 75 por 100 en 1877. En cambio, el volumen de tributarios en las haciendas decreció persistentemente en este periodo: 29 por 100 en 1838, 25 por 100 en 1858 y 23 por 100 en 1877. Además, el aumento del número de forasteros no parece haber afectado este proceso. Por ejemplo, en 1838, cuando forasteros y agregados representaban el 53 por 100 del total de los que pagaban tributo, el 79 por 100 de ellos residía en las comunidades. Finalmente, entre 1838 y 1877, contrariamente a lo que se dice tradicionalmente, las haciendas y las comunidades crecieron juntas, en vez de que las primeras se expandieran a expensas de las últimas[60].

La razón de esta notable estabilidad de la estructura agraria de Bolivia debe buscarse en la economía. La decadencia de ciudades como Potosí, Sucre y Cochabamba, asociada al magro incremento de la población de La Paz y Oruro, no permitió una elevación significativa de la demanda interna necesaria para movilizar de manera efectiva los factores de producción. Además, tampoco el mercado externo pudo jugar un rol compensatorio porque en la década de 1840 la quinina boliviana perdió acceso al mercado europeo a consecuencia de la competencia de la producción colombiana. Es cierto que en las décadas de 1860 y 1870, el renacimiento de la economía minera implicó la ampliación del mercado interno, pero su demanda, como veremos luego, fue satisfecha a través de otros mecanismos. Lo que ocurrió en la economía peruana a consecuencia de la expansión del algodón y del azúcar durante las décadas de 1860 y 1870 fue muy distinto.

Esta estabilidad de la comunidad indígena, sin embargo, no significa que en diversos momentos del siglo XIX los gobiernos no intentaran suprimir su existencia corporativa e intentaran establecer una república de pequeños propietarios de acuerdo con el ideario liberal. Tales amenazas contra la comunidad de indígenas, como sabemos, empezaron con el propio Bolívar. Pero en Bolivia se recuerda sobre todo a Mariano Melgarejo (1864-1871) como al autor del mayor asalto a la propiedad de los indios. Las crecientes necesidades fiscales de un gobierno constantemente involucrado en la actividad militar para mantenerse en el poder, junto con la necesidad de recompensar el apoyo de familiares y clientes, fueron los principales motivos de la decisión de Melgarejo de vender las tierras de las comunidades indias. El decreto del 20 de mayo de 1866 declaró propietarios a los indígenas que poseían terrenos del Estado a condición de que pagaran una cantidad entre 25 y 100 pesos al registrar sus títulos individuales. Quienes no lo hicieran en el plazo de 60 días quedarían privados de la propiedad y sus tierras serían subastadas públicamente[61]. El alcance de este decreto quedó aún más claro en septiembre de 1868, cuando la Asamblea Nacional Constituyente declaró las tierras de la comunidad de propiedad del Estado, al mismo tiempo que cancelaba el tributo indígena[62].

El ministro Lastre en su informe a la Cámara Legislativa declaró que entre el 20 de marzo de 1866 y el 31 de diciembre de 1869 se subastaron las tierras de 216 comunidades o fracciones de ellas en el departamento de Mejillones (provincias de Omasuyos, Pacajes e Ingavi, Sicasica y Muñecas); de 109 en La Paz (Yungas, La Unión, Larecaja, Caupolicán y Cercado); de 15 en Tapacarí, Cochabamba; de 12 en Yamparaes, Chuquisaca; de 4 en Tarara; de 3 en Oruro; y de 1 en Potosí[63]. El valor de las ventas se elevó a 164.172 libras esterlinas, de las cuales 130.144 se pagaron en bonos del gobierno depreciados y el resto en metálico. En 1870, las ventas ascendieron a la suma total de 67.637 libras esterlinas[64]. La abolición del tributo, junto con la disolución de las tierras de la comunidad, estuvo desprovista de toda significación. La contribución indígena fue sustituida por la contribución personal de 4 bolivianos y el establecimiento del impuesto sobre la tierra. La primera equivalía a los 5 pesos que los indios sin tierra habían pagado siempre, mientras que la contribución predial reemplazaba ahora al antiguo tributo que habían pagado los indios con tierra[65].

Es evidente que la compra de estas tierras con bonos del gobierno depreciados no podía resolver las dificultades financieras del Estado boliviano. En cambio, fue un mecanismo que permitió que sus acreedores convirtieran estos títulos en capital al mismo tiempo que consolidaban su posición en el sector agrícola. Un estudio sobre Pacajes entre 1866 y 1879 señala que los beneficiarios de estas ventas fueron, además de los terratenientes tradicionales que ampliaron los límites de sus haciendas, propietarios medios, comerciantes, e incluso caciques indios y mestizos, que de este modo se integraron en la élite local y regional. Todos ellos, en conjunto, todavía no percibían la tierra como un medio de producción, sino más bien como fuente de una renta estable y como reserva negociable en la obtención de capital para hacer pequeñas y medianas inversiones en el sector minero[66].

Otra consecuencia de este proceso de despojo fue la protesta indígena masiva en los levantamientos de 1869, 1870 y 1871. La población campesina participó activamente en el derrocamiento de Melgarejo a principios de 1871. A consecuencia de ello, el 31 de julio de 1871 la Asamblea Constituyente declaró nulas todas las ventas, adjudicaciones y enajenaciones de tierras comunales y al mismo tiempo prometió otorgar a los indígenas el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Sin embargo, esto no significó ni el restablecimiento de la propiedad comunal ni la transformación del indio en un jornalero sin tierra. Se ha afirmado que las tierras no volvieron a poder de los indios, punto de vista que ahora se discute a partir de las evidencias obtenidas en cuatro pueblos de Pacajes donde los indios reconquistaron sus tierras en 1871[67]. Sin embargo, ¿hasta qué punto el caso de Pacajes —un centro tradicional de revueltas indígenas— fue la excepción y no la regla? En cuanto al tributo, éste fue suprimido del presupuesto nacional, pero los indios no quedaron exentos de pagarlo; en adelante, su recaudación fue confiada a la administración departamental hasta su abolición en 1882[68].

Es evidente que todavía son indispensables investigaciones más completas para evaluar los resultados de la política agraria de Melgarejo y de la rectificación emprendida por Morales (1871-1872). Cabe sólo añadir, en este contexto, que el 5 de octubre de 1874 se promulgó la «ley de ex vinculación» que explícitamente negaba la existencia jurídica de las comunidades indias libres y al mismo tiempo declaró que los comunitarios tendrían en adelante el derecho de propiedad absoluta sobre las posesiones hasta entonces usufructuadas por ellos[69]. Aunque de momento no contamos con los estudios necesarios para medir el alcance de este nuevo ataque contra la propiedad indígena, todo parece indicar que esta medida eliminó los obstáculos legales que frenaban la expansión del latifundio boliviano. Sin embargo, para que ello se produjera no bastaba la autorización de la ley. Era indispensable la acción de aquello que los bolivianos llamaban las fuerzas del «progreso», es decir, de la minería, el mercado internacional y los ferrocarriles.

El crecimiento de la economía boliviana desde la segunda mitad del siglo XIX está asociado al renacimiento de la actividad minera. Como en la época colonial, este fue el sector que permitió a la economía boliviana una inserción más profunda en el mercado internacional. Después de medio siglo de estancamiento, entre los años 1850-1873 se produjo una lenta recuperación de la minería. Este proceso se caracterizó por la aparición de un nuevo grupo minero y más tarde por la intervención del capital extranjero —facilitada por la nueva tecnología, especialmente las bombas accionadas por máquinas de vapor, y la caída de los precios internacionales del mercurio—. A mediados y a finales de la década de 1870, la producción de plata presentó un impresionante desarrollo. Bolivia de nuevo se convirtió en uno de los mayores productores de plata del mundo.

Sin embargo, el resurgimiento de la minería boliviana en la segunda mitad del siglo XIX no pudo, a diferencia de Potosí en el siglo XVI, articular al conjunto de la economía boliviana. Ante el escaso volumen de la fuerza de trabajo en la minería —Huanchaca, por ejemplo, empleaba sólo 1.567 trabajadores en 1877[70]—, ante las dificultades internas de transporte y dada la orientación económica posterior impuesta por el trazado de las líneas de ferrocarril, la minería boliviana no pudo (por lo menos en este momento) contribuir al desarrollo de la agricultura. Al contrario, facilitó la expansión de las exportaciones chilenas de trigo y harina, proceso que a su vez convirtió a Cochabamba y a Chayanta, tradicionales zonas de agricultura comercial, en áreas con una economía de subsistencia.

Esta incapacidad de la minería boliviana de estimular el desarrollo de la agricultura interna explica también por qué la población indígena pudo conservar sus parcelas durante tanto tiempo. Pero a su vez, al igual que en el caso del Perú de la era del guano, la recuperación de la minería minó la importancia del tributo indígena en el financiamiento del gasto público. Mientras que entre 1827 y 1866 el tributo representó en promedio el 37 por 100 del total del ingreso anual, en 1886 los ingresos generados por la recaudación del tributo de los indios representaba solamente el 10 por 100 del total anual[71]. Sin embargo, a partir de la década de 1860, los «baroneses de la plata» iniciaron un ataque más profundo y más exitoso contra la propiedad y la cultura de la población indígena, esta vez en nombre del progreso y de la erradicación de los obstáculos a la civilización.

Hacia 1860, los principales yacimientos mineros del altiplano estaban concentrados en manos de una nueva élite procedente sobre todo de los comerciantes y hacendados de Cochabamba. Por ejemplo, la familia Aramayo controlaba las empresas Real Socavón de Potosí, Antequera y Carguaicollo. Aniceto Arce era el jefe de la compañía Huanchaca, mientras que Gregorio Pacheco era el propietario de los más importantes intereses mineros de Guadalupe. Pero estos propietarios, a su vez, dependían estrechamente del capital extranjero que controlaba la comercialización y proporcionaba los inputs. Esta dependencia terminó en una subordinación completa en los momentos de crisis. En este sentido, el caso de Huanchaca ilustra un proceso más general.

En la década de 1850, la explotación de Huanchaca permitió cubrir sus costos e incluso generó pequeñas ganancias. Sin embargo, su tasa de crecimiento era modesta. Su insuficiente capacidad de refinamiento no le permitía aprovechar al máximo la abundante producción de Pulacayo; su futuro desarrollo dependía de la mejora de la comunicación entre las minas y el centro de refinamiento y también del incremento de la capacidad de este último. Para ello fue necesario recurrir al capital extranjero, cuyo influjo se reflejó en la creación de la Bolivian Huanchaca Company en 1873. Esta compañía se constituyó con un capital de 562.500 libras esterlinas repartido en tres mil acciones. El control ejercido por el capital extranjero se puso inmediatamente de manifiesto por la composición de su consejo directivo integrado por los chilenos Joaquín Dorado, Melchor Concha y Toro, Luis Warny, Hermann Fisher y Aniceto Arce, el único boliviano, quien controlaba el 33 por 100 de las acciones. En este momento la participación del capital extranjero era poco importante, pero la reorganización de la compañía en 1877 permitió el ingreso de capital inglés, francés y alemán. En la década de 1880 el predominio del primero era absoluto.

La penetración inglesa en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina, tuvo lugar de dos maneras. La primera se dio en la coyuntura de la independencia, mediante la exportación de mercancías y el rápido control de los mercados. La segunda, más tardía, mediante la exportación de capitales, principalmente bajo la forma de inversiones directas o préstamos. Aquí es importante subrayar un hecho específico. La rápida saturación del mercado y la precariedad de la economía boliviana durante la primera mitad del siglo XIX hicieron de Bolivia un país poco atractivo para los intereses británicos. No fue hasta 1869 que el gobierno boliviano, a través de Jorge E. Church, logró obtener un empréstito en Londres de 1.700.000 libras esterlinas que fue rescindido poco después. Con anterioridad se habían suscrito pequeños préstamos de 187.500 y 255.549 libras esterlinas en Perú (1865) y Chile (1868) respectivamente. Debido a ello, a diferencia del Perú, en 1879 Bolivia tenía una deuda externa de sólo 283.333 libras esterlinas[72]. Había pocos súbditos británicos residiendo en Bolivia. Según Stephen St. John, el enviado inglés, incluso en noviembre de 1875 Bolivia era «uno de los países menos interesantes del mundo»[73]. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX la situación empezó a cambiar radicalmente. Una de las señales de este cambio fue la expansión del comercio exterior. Entre 1869 y 1871, por ejemplo, bajo la apertura económica de Melgarejo, las exportaciones inglesas a Bolivia pasaron de 8.000 a 24.000 libras esterlinas, mientras que las exportaciones de Bolivia a Gran Bretaña ascendieron de 127.000 a 169.000 libras en los mismos años[74]. El examen de los principales productos que alimentaron este comercio —ya no se trataba sólo de plata— revela la penetración creciente del capital extranjero, especialmente inglés y chileno, no sólo en el altiplano sino también en la costa del Pacífico.

Desde 1840 compañías chilenas, inglesas y francesas empezaron a explorar y a asentarse en el litoral boliviano (la provincia de Atacama) con el propósito de explotar el cobre y, sobre todo, los principales depósitos de guano. Entre 1857 y 1866 se descubrieron los yacimientos salitreros de la región de Mejillones, en la parte sur de Atacama, que se explotaron con capital chileno e inglés y se exportó como fertilizante al mercado europeo en expansión. Desde 1868, el puerto de Antofagasta, cuya población, como la de Cobija, era en más del 90 por 100 chilena, se convirtió en el puerto principal del litoral boliviano.

La explotación del salitre por el capital extranjero hizo que extensas zonas del desierto de Atacama se incorporaran al comercio internacional. En 1869, la empresa más importante que operaba en el área era Melbourne Clark and Co., propiedad de los ingleses William Gíbbs, George Smith, Melbourne Clark y de los chilenos Agustín Edwards y Francisco Puelma. Ella sirvió de base para la formación de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta en 1872, una compañía chileno-británica registrada en Valparaíso que recibió del gobierno boliviano concesiones generosas. En 1879 comenzó una nueva etapa en la expansión del capital extranjero en la región de Atacama al descubrirse y explotarse las minas de plata de Caracoles, vinculadas con el mundo exterior a través del puerto de Mejillones. Las inversiones realizadas hasta 1872 sumaron cerca de 2 millones de libras esterlinas, figurando entre los inversionistas los ingleses Gibbs, Smith, Simpson y los chilenos Edwards, Concha y Toro, Napoleón Pero y Dorado, es decir, quienes ya controlaban el comercio y la explotación del salitre de la región[75]. Los residentes en Caracoles eran casi 10.000, que en su gran mayoría, de nuevo, eran chilenos.

Para movilizar el crédito y cancelar la usura impuesta por las casas mercantiles, la gran minería auspició la apertura de instituciones bancarias. La creación del Banco Nacional de Bolivia en 1871 respondió a estas necesidades. La concesión para su establecimiento fue otorgada a Napoleón Pero —el fundador de la Compañía Salitrera de Antofagasta—, mientras que los 3 millones de pesos de su capital inicial fueron suscritos por las personas que ya habían adquirido la hegemonía económica de la región[76]. Además de controlar el comercio, el salitre, las minas de plata y la banca, en la década de 1870 este grupo extendió su control hacia los distritos mineros ubicados en el sur de Potosí, primero a través del monopolio de la comercialización y más tarde a través del aprovisionamiento de inputs, hasta alcanzar finalmente la propiedad completa.

Este floreciente desarrollo de los años setenta se interrumpió bruscamente cuando el gobierno boliviano el 14 de febrero de 1878 decidió imponer un impuesto retroactivo de 10 centavos por cada quintal de salitre extraído entre los paralelos 23 y 234 Sur desde 1874. La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta lo entendió como una clara ruptura del tratado con Chile (1874) en el que el gobierno boliviano se había comprometido a no aumentar los impuestos de las empresas chilenas que operaran en esta área anteriormente disputada, a cambio de la aceptación chilena del paralelo 24 Sur como la frontera entre ambos países. Las autoridades de Antofagasta fueron autorizadas a cobrar 90.000 dólares a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta; diez meses más tarde, ante la negativa del gerente de la Compañía, George Hicks, a pagar la «injusta» e «ilegal» contribución, el prefecto boliviano ordenó el remate de los bienes de la empresa hasta cubrir la cantidad demandada. Después de recibir grandes presiones por parte de la Compañía de Antofagasta, la respuesta chilena fue la ocupación militar de Antofagasta (febrero de 1879) y la declaración de guerra (abril de 1879) que inmediatamente se extendió al Perú, aliado de Bolivia desde 1873 por un tratado secreto (véase más arriba)[77]. En dos meses las fuerzas chilenas ocuparon la provincia boliviana de Atacama. A finales de año, el ejército boliviano había sido completamente derrotado. Bolivia perdió para siempre todo su territorio costero y una sustancial parte de su riqueza. Sin embargo, Chile no tenía la intención de invadir el altiplano; su principal enemigo era Perú, y durante lo que quedaba de la guerra del Pacífico, Bolivia fue un simple espectador. Políticamente, la derrota de Bolivia produjo importantes cambios; sobre todo, puso punto final al dominio del caudillo militar y dio paso al establecimiento de un gobierno oligárquico civil, con la participación directa de la élite minera.

La reorganización del conjunto de la economía boliviana bajo el impulso del sector minero después de 1850 transformó la estructura de clases. El grupo hegemónico lo constituían aquellos individuos vinculados a la minería argentífera de exportación y su política chocó con la de la vieja oligarquía cuyo poder se basaba en el control de la tierra y de la producción artesanal. Pero la nueva élite económica no logró hacerse con el control político directo del Estado o de la política y se vio obligada a patrocinar a varios caudillos con el objeto de ganar influencia sobre el gobierno. Belzú, con sus arrestos populistas, fue sucedido por José María Linares (1857-1861), el primer presidente civil, cuyas principales decisiones estuvieron orientadas a fortalecer el comercio internacional mediante una política más liberal. En 1858 suprimió el estanco de la quina, redujo en un 13 por 100 el impuesto sobre los tocuyos importados (telas bastas de algodón) y empezó a sanear la moneda, aunque no pudo introducir el librecambio en la plata. Su derrocamiento por un golpe de Estado devolvió a los militares el control político, pero éstos en la práctica cada vez se vieron más obligados a tomar un conjunto de medidas en consonancia con el proyecto económico del grupo dominante. De alguna manera ello se hizo ya evidente durante el gobierno de Melgarejo y aún más en el de Agustín Morales (1871-1872) —que en 1872 finalmente decretó la venta libre de la plata—, y en el de Frías (1875-1876), pero sobre todo en el de Adolfo Ballivián (1873-1874), hijo del antiguo presidente, quien de una manera más explícita expresó los intereses del grupo minero con el que estaba vinculado. Sin embargo, estos gobiernos fueron todavía muy inestables debido a las tensiones internas de la clase dominante aún emergente y a las que existían entre la nueva clase dominante y los militares, y también en parte debido a la permanente movilización de las clases populares rurales y urbanas que fueron las víctimas del trastocamiento de la economía tradicional. La guerra fue la ocasión propicia para que la élite civil reemplazara al gobierno militar. Hilarión Daza —el hombre fuerte que estuvo detrás de los presidentes Frías y Ballivián (1872-1876), y que fue él mismo presidente desde mayo de 1876 y el que condujo a Bolivia sin preparación a la guerra y a la desastrosa derrota— fue derribado en diciembre de 1879. Fue reemplazado por el general Narciso Campero, apoyado por la élite minera, que estaba comprometido en la implantación de un gobierno oligárquico civil estable. Fue el principio de una nueva era de la política boliviana que se prolongaría por más de 50 años.

Perú y Bolivia, que desde el lejano pasado y hasta la crisis del sistema colonial habían compartido una historia única, tras su independencia de España siguieron caminos distintos. Las continuas revueltas internas y las querellas entre sus ejército disiparon cualquier intento de reunificación, y al mismo tiempo alimentaron un nacionalismo bastante estrecho pero no por ello menos poderoso. A pesar de todo, su historia discurrió paralela en algunos aspectos. En ambos países los gobiernos fueron inestables. Descansaron sobre los intereses de un reducido grupo criollo que dependía de extorsionar fiscalmente a la masa indígena, a la que al mismo tiempo le negaba cualquier tipo de participación política. En ambos países la economía languideció hasta la aparición del guano en Perú, y el descubrimiento de la plata y el del salitre en Bolivia. Pero en ninguno de estos países se logró establecer una política que utilizara estos recursos para desarrollar el conjunto de la economía. Debido a su aislamiento y a que el renacimiento de su economía fue más tardío, Bolivia, a diferencia de Perú, no sufrió las consecuencias de un imprudente endeudamiento exterior; pero también sus mercados, al igual que los peruanos, fueron captados por los productos extranjeros. El infortunio común que Bolivia y Perú compartieron en 1879 fue el precio que la clase dirigente de cada uno de estos países tuvo que pagar por no haber sido capaz de fortalecer la economía y de dar una mayor cohesión interna a la sociedad durante el primer medio siglo que siguió a la independencia.

Capítulo 7
CHILE

En un banquete celebrado en Valparaíso en 1852, el escritor argentino Juan Bautista Alberdi propuso un brindis por «la excepción honrosa de la América del Sur». En un aspecto muy importante, la historia del siglo XIX chilena fue, realmente, una excepción notable respecto al modelo más común en Hispanoamérica. En los quince años siguientes a la independencia los políticos chilenos forjaron un sistema de gobierno constitucional cuyo resultado fue admirable (según los modelos europeos, así como los de América Latina) por su duración y por su adaptabilidad. Esta acertada consolidación de un Estado nacional efectivo provocó la envidiosa admiración de las repúblicas de Hispanoamérica menos afortunadas, desgarradas y plagadas —como muchas de ellas lo fueron— por repetidas disputas y gobernadas por caudillos. Una buena parte de la explicación del desarrollo inusual de la historia chilena se apoya en lo que puede llamarse de manera más apropiada la «gobernabilidad» del país en el momento de su independencia, especialmente en los aspectos básicos de territorio y población. El territorio nacional efectivo de Chile en 1820 era mucho más pequeño de lo que es hoy en día. Su destacada estrechez —como «una espada suspendida del lado oeste de América»— no cambió por razones orográficas obvias; su longitud, no más de unos 1.125 km, separaba los distritos mineros del desierto alrededor de Copiapó, en el límite norte de asentamiento (27° S), de las tierras verdes y fértiles a lo largo del río Bío-Bío en el sur (37° S) —el área tradicionalmente conocida como la Frontera, más allá de la cual los indios araucanos preservaban obstinadamente su forma de vida independiente—. Los grupos periféricos de población que estaban aún más al sur, en Valdivia y en la densamente boscosa isla de Chiloé (liberada de los españoles sólo en 1826), eran remotos, y constituían insignificantes dependencias de la república; lo mismo podría también decirse poco más tarde sobre el disputado asentamiento en el Estrecho de Magallanes establecido en 1843 y utilizado como colonia penal. Dejando aparte a los araucanos, que serían quizás unos 200.000, la población de Chile era todavía bastante escasa: creció lentamente del millón estimado en el momento de la independencia a 2.076.000 en 1875, según cifras oficiales y posiblemente bajas. Una mayoría abrumadora de chilenos vivía y trabajaba en el tradicional corazón del país, muy cerca o en el mismo valle central que se extiende a más de 480 km al sur de Santiago. Si se le compara con Argentina o México, Perú o Nueva Granada, este era un territorio muy compacto habitado por una población también compacta.

Se trataba en muchos sentidos de una población homogénea. Tanto a nivel étnico como social el pasado colonial había dejado marcas imborrables. Al norte del Bío-Bío, un número reducido de indios sobrevivía en pequeñas comunidades escasas y separadas. Las marcas de negros y mulatos en la comunidad parecen haber desaparecido en dos o tres décadas tras la abolición de la esclavitud (1823). La República de Chile era esencialmente un país donde una minoría criolla de clase alta (con una élite aristocrática en su centro) coexistía con una enorme masa de trabajadores pobres que eran predominantemente mestizos y eminentemente campesinos. Las divisiones sociales y étnicas coincidían. Políticamente, las luchas que siguieron a la independencia reflejaban desacuerdos en el conjunto de la clase alta más que profundos conflictos en el cuerpo social global. Los campesinos pobres permanecieron pasivos durante el periodo y también posteriormente. Esta estructura social relativamente simple no se complicó con punzantes escisiones debidas a intereses económicos de la clase alta o con serias tensiones regionales. Santiago y su rico hinterland dominaban la república. Las provincias lejanas del norte o del sur, tanto si eran desafectas como no, no eran capaces de alterar el equilibrio en su propio favor, como se demostró muy claramente en las guerras civiles de 1851 y 1859. Concepción y el sur sufrieron una frustrante y lenta recuperación a partir de las guerras de independencia. Aunque Concepción, en virtud de su rol como ciudad con guarnición en la frontera, fue capaz de imponer su voluntad a la capital en los agitados años veinte —como hizo en 1823 con el derrocamiento de Bernardo O’Higgins, y nuevamente en 1829—, en cambio en tiempos normales un decidido gobierno central que controlaba el ejército no pudo ser fácilmente doblegado.

En la década de los años veinte, los principios que dividían a los políticos de la clase alta chilena entre las quizá predecibles tendencias de liberales y conservadores fueron sobre todo ideológicos y personales. La figura dominante de aquellos años, el general Ramón Freire, fue un liberal bien intencionado deseoso de evitar el modelo autoritario impuesto por su inmediato predecesor, el libertador O’Higgins. La nueva república se dejó llevar de un improvisado experimento político a otro. La compleja e ingeniosa constitución ideada por Juan Egaña a finales de 1823 cayó en seis meses porque su conservadurismo moral fue rechazado por los liberales que giraban en torno a Freire y que deseaban, como ellos escribieron, «establecer la República sobre las ruinas de la Colonia». La moda de las ideas federales que inundó los círculos políticos poco después se debió menos quizás a las aspiraciones regionales que a las convicciones dogmáticamente radicales de José Miguel Infante, el hombre del momento; esto produjo un proyecto constitucional, numerosas leyes nuevas, una atmósfera de incertidumbre creciente, pequeños desórdenes en algunas ciudades y cierta propensión de una parte del ejército a amotinarse. La «anarquía» del periodo ha sido a menudo exagerada por los historiadores chilenos; fue muy limitada en comparación con la confusión que por entonces reinaba en el otro lado de los Andes. El general Francisco Antonio Pinto, otro liberal, que fue presidente desde 1827 a 1829, por poco tiempo logró organizar un gobierno que mostró signos de solidez y una nueva constitución (1828), la cuarta desde la independencia, que entró en vigor a su debido tiempo. Resultó inadecuada para detener la reacción contra el reformismo liberal, teñido como éste estaba por palabrería antiaristocrática y un cierto grado de anticlericalismo. En septiembre de 1829, con el enérgico apoyo del ejército en Concepción, una coalición tripartita conservadora —los tradicionalistas y proclericales «pelucones», los seguidores del exiliado O’Higgins y un grupo de mentalidad vehemente conocido como los «estanqueros»—[1] inició una revuelta contra el régimen liberal. Freire, que salió quijotescamente en su defensa, fue vencido en abril de 1830 en Lircay, la batalla que terminó con la breve guerra civil e introdujo, durante más de un cuarto de siglo, el gobierno conservador.

La estabilidad política de los años treinta fue, como ha sido sugerido, una de las más remarcables creaciones del siglo XIX latinoamericano. El honor de este éxito se atribuye usualmente a Diego Portales, el comerciante de Valparaíso que más que ningún otro fue el genio organizador de la reacción conservadora. Ciertamente, la tenacidad implacable de Portales fue un factor clave en el mantenimiento ininterrumpido del nuevo régimen, aunque su permanencia en el cargo de primer ministro fue bastante breve. Este factor en sí mismo puede haber impedido la cristalización de la tradición del caudillismo en la política chilena durante algún tiempo, porque, si bien la influencia de Portales fue decisiva, su aversión a las trampas del poder fue bastante genuina. «Si un día… tomé un palo para dar tranquilidad al país —escribió— fue sólo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz»[2]. Sin embargo, sus acciones, tanto en el gobierno como entre bastidores, su estricto énfasis en una administración ordenada, su a veces áspera actitud hacia la derrota de los liberales y, no menos, su insistencia en la dignidad nacional, fijaron el tono de la política oficial de los años futuros.

La obra de los conservadores en los años treinta fue más tarde descrita por críticos del régimen esencialmente como una «reacción colonial». Está bastante claro que fue una reacción al desafortunado, reformismo liberal de los años veinte. Pero es quizá más correcto ver el nuevo sistema político como una fusión pragmática de la tradición del autoritarismo colonial, todavía muy fuerte en Chile, con las formas externas (y algo del espíritu) del constitucionalismo del siglo XIX. La constitución de 1833, cuyo funcionamiento global no fue interrumpido hasta 1891 y que sobrevivió con enmiendas hasta 1925, incluía muchas de las principales obsesiones conservadoras. Era más autoritaria que su malograda predecesora de 1828 y en particular era fuertemente presidencialista. Permitía dos mandatos de cinco años consecutivos, una disposición que, en la práctica, condujo hacia cuatro sucesivas administraciones «decenales», siendo la primera la del candidato de Portales, el general Joaquín Prieto (1831-1841). Los poderes del presidente sobre la justicia, la administración pública y el Congreso eran muy extensos, aunque el cuerpo de legisladores constituía el último obstáculo para el ejecutivo por su derecho a vetar la aprobación del presupuesto, los impuestos y el establecimiento militar. Los poderes de excepción del presidente, en la forma de «facultades extraordinarias» o de localizados estados de sitio, eran altamente conspicuos: además, tales poderes se usaron regularmente y, en un sentido u otro, estuvieron en vigor durante la tercera parte del período comprendido entre 1833 y 1861. El espíritu centralista de la constitución era igualmente notable. Los débiles restos institucionales del federalismo de los años veinte fueron ahora barridos completamente. El intendente de cada provincia fue ahora definido como «el agente natural e inmediato» del presidente y así fue utilizado en la práctica: los intendentes fueron en algún sentido los oficiales clave del régimen; cada intendencia llegó a ser realmente el nexo local del gobierno. La hegemonía de Santiago, todavía bien atrincherada, fue así reforzada a expensas de la iniciativa regional.

Ninguna constitución, especialmente en Hispanoamérica, es eficaz en sí misma. El buen funcionamiento del nuevo sistema político dependía de una serie de técnicas bien probadas utilizadas con persistencia metódica por los gobiernos de este periodo. Algunas eran más obvias que otras. _La represión fue una táctica recurrente durante tres décadas, si bien, en comparación con la actuación represiva de los años 1973-1989 en Chile, no fue muy acusada. A menudo hubo menos penas de muerte que las solicitadas. Las penas corrientes para los detractores políticos fueron la_ encarcelación, el exilio interior (la «relegación») o el destierro exterior por un periodo fijo. El exilio voluntario (a veces bajo pacto) fue bastante común, especialmente en los enfrentamientos de la década de los cincuenta. Menos palpables fueron los medios que los conservadores utilizaron cuidadosamente para inculcar la disciplina social y restaurar la influencia eclesiástica. Hasta 1850 la Iglesia fue un pilar útil del sistema. Además, el incipiente militarismo de los años veinte se frenó con una drástica purga de oficiales liberales y por una amplia reorganización de las milicias del país. A mitad de 1831 la Guardia Nacional contaba con 25.000 hombres. Más adelante dobló su número y fue un contrapeso real para el ejército regular que en tiempos de paz raramente llegaba a más de 3.000 hombres. Dos veces, en los amotinamientos de junio de 1837 y de abril de 1851, las milicias ayudaron a salvar el régimen de un golpe de Estado armado. Por otro lado, encajó perfectamente en el sistema que el gobierno organizó para controlar el proceso electoral.

En todo este periodo la intervención electoral aparece como un tema constante e incluso sobrevivió largo tiempo a las prácticas represivas ya mencionadas. Fue un presidente liberal quien, cuando en 1871 uno de sus ministros le preguntó si Chile alguna vez gozaría de «verdaderas elecciones», respondió cortante: «¡Nunca!»[3]. La ley electoral de 1833 restringió severamente los derechos políticos pero extendió su base lo suficiente como para incluir a artesanos y comerciantes, muchos de los cuales eran soldados rasos de la Guardia Nacional, la cual por lo tanto proporcionaba numerosos votos en cada elección. Aparte de este valioso apoyo, el gobierno recurrió a cualquier clase de métodos —intimidación, arrestos temporales, falsificaciones, soborno— para evitar que los votantes de la oposición ejercieran sus derechos políticos y para asegurar la mayoría para sus propios candidatos. La operación era coordinada por el ministro del Interior, y sus agentes subalternos en las provincias —los intendentes, los gobernadores de departamento y los subdelegados— eran tan expertos como cualquier guardaespaldas del Chicago moderno (y posiblemente más) en «repartir» el voto. No es, pues, sorprendente que siete de las once elecciones convocadas para el Congreso entre 1833 y 1864 (a intervalos regulares de tres años) fueran ganadas sin apenas oposición. Incluso en el clima político más tolerante de las décadas de los sesenta y setenta la oposición no tuvo la oportunidad de conseguir una mayoría en el Congreso. El ejecutivo no cesó de interferir directamente en las elecciones hasta 1890.

En sus primeros años el nuevo sistema conservador se enfrentó y sobrevivió a la última prueba de la guerra. Las relaciones entre Chile y Perú se deterioraron progresivamente a principios de los años treinta. La rivalidad comercial, la activa guerra de tarifas, la imposibilidad de Perú para devolver, el préstamo chileno (era parte del millón de libras conseguido por O’Higgins en Londres en 1822 cuyos plazos Chile no había pagado) no eran en sí mismas causas suficiente para la agresión. Ésta surgió en 1836, cuando el general Andrés Santa Cruz unió a la fuerza Perú y Bolivia en una Confederación. Portales vio la formación de este Estado, potencialmente poderoso, como una amenaza para la independencia de Chile; no es una exageración decir que incitó a su país hacia la guerra. Él fue una de sus primeras víctimas. Disconformes con la situación, con la guerra se reanudaron las conspiraciones liberales y el omnipotente ministro fue asesinado en el motín de un batallón del ejército en junio de 1837. Este hecho parece haber solidificado enormemente el soporte hacia la política de guerra y el régimen en general. La muerte de Portales retrasó pero no desvió el curso de los acontecimientos. La segunda de las dos expediciones armadas chilenas, bajo el mando del general Manuel Bulnes, invadió Perú y derrotó al ejército de Santa Cruz en la batalla de Yungay (enero de 1839). La Confederación se disolvió. La guerra de 1836-1839, fue una muestra de la vitalidad nacional que originó un enérgico rechazo por parte de Gran Bretaña y Francia, pero que inevitablemente realzó el prestigio internacional de Chile. En el interior del país facilitó que el gobierno de Prieto adoptara una actitud más conciliadora hacia la oposición, mientras el victorioso general Bulnes se convirtió en el claro sucesor a la presidencia. Justo antes de las elecciones, Bulnes se prometió a la hija del anterior presidente liberal, Francisco Antonio Pinto, confirmándose así la aparente tendencia hacia una relajación política.

La presidencia del general Bulnes (1841-1851) ha sido a menudo presentada como una «era de buenos sentimientos» y para la mayor parte del periodo esto fue cierto. A principios de los cuarenta, en efecto, el liberalismo estuvo a punto de sucumbir por excesiva magnanimidad. Pero Bulnes, con toda su generosa afabilidad, no hizo nada por minar el entramado autoritario; en ciertos aspectos (la dura Ley de Prensa de 1846, por ejemplo) él lo acrecentó. El resurgimiento del liberalismo como fuerza política hacia finales de su segundo mandato se debió en gran parte a las ambiciones de su primer ministro, Manuel Camilo Vial. Sus seguidores, bien representados en el Congreso, entraron en la oposición activa parlamentaria cuando Vial fue destituido (1849). El intelectual liberal y dirigente del periodo, José Victorino Lastarria, intentó liderar y cohesionar a la nueva oposición. Fuera del parlamentarismo, los jóvenes idealistas Francisco Bilbao y Santiago Arcos, fascinados por la revolución francesa de 1848, trataron de obtener el apoyo de los artesanos de la capital: su Sociedad de la Igualdad, con sus mítines y desfiles, sobrevivió durante gran parte del año 1850, hasta la inevitable imposición de medidas de excepción por parte del gobierno. El principal efecto de esta agitación, tanto de los liberales como de los «igualitarios», fue presionar al partido conservador para que aceptara a Manuel Montt como sucesor de Bulnes.

El presidente Montt (1851-1861) fue el primer civil en gobernar Chile por más de unas cuantas semanas. Su carácter extraño y opaco ha desafiado todos los intentos de hacerle un retrato preciso e histórico. Su talento era innegable, así como lo fue su austera inflexibilidad. («Pura cabeza sin corazón», era la opinión privada de su fanfarrón predecesor). La elección de Montt provocó tres meses de guerra civil generalizada en la cual el desafío al régimen provino no sólo de los liberales sino también, y más seriamente, de las provincias del sur. El líder de la revuelta, el general José María de la Cruz, era de hecho un conservador y primo del ex presidente Bulnes, que le venció en una corta pero sangrienta campaña. De momento el régimen estaba a salvo. Sin embargo, hacia mediados de la década de los cincuenta, la línea autoritaria de Montt provocó tensiones en el seno del conjunto conservador en el gobierno. Éstas finalmente salieron a la luz como resultado de un ruidoso conflicto jurisdiccional entre el gobierno y la Iglesia, la cual estaba ahora resurgiendo como una fuerza independiente en la vida política. En 1857 el grueso del partido conservador desertó y se unió a lo que quedaba de la oposición liberal. Los conservadores que permanecieron leales a Montt fundaron un nuevo Partido Nacional, aunque carecía del apoyo de la mayoría de la clase alta, simpatizante de la naciente Fusión Liberal-Conservadora. Por segunda vez una vigorosa agitación condujo a una renovada represión y, así, a un posterior desafío armado al régimen. La guerra civil de 1859 es recordada principalmente por las tácticas improvisadas llevadas a cabo por el ejército rebelde en las provincias mineras del norte —foco de la guerra—, aunque una vez más el gobierno venció. Sin embargo, esta vez la victoria militar fue seguida de una derrota política. A Montt le fue imposible imponer su propio sucesor. Éste habría sido Antonio Varas, el colaborador más cercano de Montt, y un político de gran talento. José Joaquín Pérez, un anciano aristócrata benevolente y amable, fue elegido en lugar de Varas. Fue un hito decisivo.

Bajo la presidencia de Pérez (1861-1871), el último de los cuatro presidentes «decenales», el sistema político chileno empezó finalmente a liberalizarse. El propio Pérez, en virtud de lo que fue llamado en ese momento «una suprema tolerancia nacida de indiferencia aún más suprema», hizo más que nadie en el f Chile del siglo XIX para consolidar la tradición de un constitucionalismo estable. La represión terminó, aunque no el intervencionismo electoral —los ministros de Pérez se encargaron de ello—. El nuevo presidente, aunque nominalmente Nacional, convocó rápidamente a la Fusión Liberal-Conservadora (1862). Esta alianza entre los antiguos enemigos se mostró como un conjunto gubernamental muy efectivo. Sin embargo, atrajo naturalmente a la oposición no solamente de los Nacionales destituidos (cuya lealtad a Montt y Varas les hizo ganar el nombre de monttvaristas), sino también de los liberales «rojos», o «radicales», fuertemente anticlericales, que en ese momento se dieron a conocer como el Partido Radical. 1 Así, la década de los sesenta vio un panorama ideológico crecientemente diversificado y se permitió que «la nueva política» creciera y prosperara (excepto electoralmente). No obstante, lo que ocurrió fue que las rivalidades internas quedaron de alguna forma amortiguadas en 1865-1866 —cuando las agresivas acciones de un escuadrón español que cruzaba el Pacífico condujo a Chile y a tres repúblicas hermanas a una corta guerra con su antigua metrópoli[4]—. A finales de la década de los sesenta las ideas liberales de reforma constitucional ocuparon la primera línea de la escena política. Estas ideas, dirigidas sobre todo a limitar el poder presidencial, formaron una base común de los cuatro partidos principales. La primera enmienda a la hasta entonces inviolada constitución de 1833 se dio en 1871; significativamente prohibió la inmediata reelección del presidente.

Fue durante el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) cuando se produjo la transición final hacia la política dominada por los liberales. A principios de la década de los setenta las «cuestiones teológicas» (tal como fueron llamadas) empezaron a ser consideradas cuestiones políticas. En realidad, tenían menos que ver con la teología que con la demarcación de las funciones eclesiásticas y seculares en la vida nacional; generaron una gran cantidad de sentimientos, tanto piadosos como impíos. En 1873, una controversia sobre la enseñanza privada trajo consigo la desintegración de la Fusión. Esta disputa opuso a los anticlericales contra los conservadores, a quienes cada vez más se les definía como un partido católico militante en política. Los conservadores pasaron a la oposición y así el camino quedó abierto para una nueva coalición dominante de base liberal. El inteligente Errázuriz dirigió las maniobras necesarias. La Alianza Liberal (1875) fue el tercero de los grandes conjuntos gubernamentales de este periodo, pero el menos estable, ya que varias facciones del poderoso Partido Liberal invariablemente se opusieron o apoyaron al gobierno. La presidencia de Errázuriz también vio posteriores reformas constitucionales; todas ellas tendían a limitar la influencia del ejecutivo. Se diseñaron importantes cambios en el procedimiento electoral (1874) para reducir el intervencionismo oficial, pero en 1876 Errázuriz y la Alianza no tuvieron ninguna dificultad en imponer el nuevo presidente de la forma acostumbrada. Su elección recayó en Aníbal Pinto, hijo del presidente liberal de finales de la década de los veinte.

Si bien la organización de los conservadores en la década de los treinta permanecía todavía intacta, su funcionamiento interno, sin embargo, cambiaba de manera significativa. La política de partidos había evolucionado deprisa desde la época de Pérez; los partidos adquirían formas rudimentarias de organización. Los radicales, con su infraestructura de asambleas locales, fueron, quizás, el primer grupo en idear una estructura definida (aunque flexible). Los conservadores fueron los primeros en celebrar una conferencia nacional (1878). Pero Votar la línea política de un partido no era lo habitual. Cuando en 1876 el diputado radical Ramón Allende (abuelo del futuro presidente) sugirió que las consideraciones del partido deberían pesar más que los principios personales en las votaciones al Congreso, la idea fue recibida con algunas reacciones violentas. Además, a finales de la década de los setenta se hizo evidente que el Congreso en su totalidad aspiraba a un mayor control sobre el ejecutivo del que había intentado o incluso contemplado con anterioridad. La constitución, como hemos visto, era fuertemente presidencialista; pero también era posible, como demostraron los políticos, darle una interpretación «parlamentaria» lógica. A través del constante uso de la interpelación y el voto de censura, los congresistas hicieron que la vida de los ministros del gabinete se volviera tediosa y ardua. Esta fue particularmente la situación durante la presidencia de Aníbal Pinto (1876-1881), que coincidió, como veremos, con algunas crisis paralelas de carácter muy acusado. El hecho de que las instituciones chilenas hubieran sobrevivido a las tempestades de la década de los cincuenta y que se volvieran notablemente más tolerantes era ciertamente causa de orgullo. No obstante, hubo algunos políticos, incluyendo a Pinto, que consideraban estériles las disputas políticas que ahora a menudo monopolizaban la atención en el Congreso en detrimento de asuntos nacionales más urgentes. Otros se preguntaban si la tensión entre el ejecutivo y el legislativo podría llegar a destruir la tradición de estabilidad. En 1881 un diputado conservador exclamó: «Señores de la mayoría, yo os digo, señores ministros: No tiréis tanto de la cuerda, porque podría estallar»[5].

La conexión entre la estabilidad política y el progreso económico nunca está del todo clara. Sin embargo, parece evidente que la considerable expansión comercial que Chile llevó a cabo aproximadamente entre 1820 y 1880 se debió en parte a las condiciones en que se encontraba el país, tanto como a la demanda internacional de lo que Chile producía. De todas formas, la expansión no fue completamente uniforme. Al final de la década de los cincuenta hubo una breve pero seria recesión provocada por la pérdida de algunos mercados extranjeros de trigo y harina, además de dos malas cosechas sucesivas y el agotamiento de la plata en el norte. En otras épocas (especialmente desde finales de la década de los cuarenta hasta mediados de los cincuenta, y de nuevo desde finales de los sesenta hasta principios de los setenta) el crecimiento del comercio fue rápido y Chile disfrutó de condiciones extremadamente favorables… El valor total del comercio exterior del país aumentó de 7.500.000 pesos chilenos en 1825 a 74.000.000 en 1875. Los ingresos del gobierno aumentaron, no obstante, más lentamente, de 2.000.000 de pesos chilenos en 1835 a 16.400.000 en 1875; desde finales de los treinta hasta mediados de los sesenta, los ingresos sobrepasaban el gasto fácilmente[6].

Una comunidad de comerciantes altamente cosmopolita se estableció en Valparaíso en los años posteriores a la independencia, y los gobiernos del periodo vieron en el comercio con las naciones marítimas del Atlántico norte, especialmente Gran Bretaña, uno de los principales estímulos del progreso. En efecto, la estabilidad política de los años treinta vino acompañada por una «estabilidad económica» en gran parte gestionada por el brillante Manuel Rengifo, ministro de Hacienda desde 1830 a 1835 y de nuevo de 1841 a 1844. Rengifo combinó liberalismo con pragmatismo en sus medidas económicas, que incluyeron la simplificación del sistema fiscal y de las leyes arancelarias, la consolidación de la deuda pública y especialmente el establecimiento de «almacenes fiscales» con base permanente en Valparaíso, donde los comerciantes podían almacenar mercancías libres de impuestos mientras esperaban mercados más favorables. Que Valparaíso fuera el puerto dominante de la costa del Pacífico fue fundamental para Rengifo y también para Portales.

El gobierno chileno, que dependía en gran medida de los ingresos procedentes de los impuestos arancelarios, tenía motivos para querer aumentar el tráfico comercial, un objetivo que ciertamente reflejaba el punto de vista de toda la clase alta chilena. Pero otras consideraciones para el desarrollo nacional nunca estuvieron totalmente ausentes en la política oficial. El Estado intervino en muchos ámbitos, incluyendo la mejora de las comunicaciones. La política arancelaria tuvo en cuenta los intereses locales y los de los exportadores. La reforma arancelaria de 1864, a menudo presentada por los historiadores como una medida precipitada hacia el libre comercio, fue en muchos aspectos una aberración temporal de la clásica política económica del siglo XIX que se esforzó (sin mucho éxito) en dar al menos un mínimo de protección a algunas actividades nacionales, así como en desarrollar el comercio al máximo. Sin embargo, parece razonablemente claro, dada la extrema pobreza de la nación y la falta de «espíritu de asociación» de la que tan frecuentemente se lamentaba, entre otros, Manuel Montt, que incluso una mayor dosis de proteccionismo a duras penas podría haber hecho algo para diversificar la actividad económica y desarrollar una base industrial de cualquier magnitud. Las opciones del país en este periodo eran bastante reducidas.

Desde el punto de vista del comercio exterior, la minería fue con gran diferencia el sector más importante de la economía durante el periodo. Los mineros del norte acumularon las mayores fortunas personales y familiares de la época. Las dos provincias poco pobladas de Atacama y Coquimbo —el área a la que ahora se refieren los chilenos como el Norte Chico— fueron las regiones más dinámicas del país; su población (aproximadamente una octava parte del total de la nación en 1865) creció mucho más rápidamente que la de las provincias del valle central en las que predominaban las haciendas; miles de estas personas fueron atraídas hacia los campos mineros —desvencijados, alborotados y ocasionalmente rebeldes— del árido norte. Había allí unos 30.000 mineros en la década de los setenta. Dura, emprendedora, trabajadora, a veces inconstante, profundamente orgullosa, tales eran las características que distinguían esta zona minera. Sus riquezas, laboriosamente extraídas, tuvieron un impacto vital en el resto de la nación, ayudando «a engrandecer las ciudades centrales y a fertilizar los campos del sur», como más tarde diría el presidente Balmaceda[7]. De los tres principales metales extraídos de las minas de Chile en los tiempos coloniales, el oro fue el más perjudicado tras la independencia, pasando de una producción anual media de 1.200 kg en los años veinte a unos 270 kg en los años setenta. En cambio, en el mismo periodo, la producción de plata aumentó de unos 20.000 kg al año a unos 127.000 kg (Dada la persistencia del contrabando, estas cantidades son quizás excesivamente bajas). El cobre, el más provechoso de los tres metales, se producía a un ritmo anual de 2.725 toneladas métricas en los años veinte; su producción creció de forma constante hasta llegar a las 45.600 toneladas métricas en los años setenta, momento en el que Chile suministraba regularmente entre una tercera parte y la mitad de la producción mundial.

La riqueza minera atrajo a numerosos comerciantes, especuladores y exploradores a los desiertos septentrionales. La búsqueda de nuevos filones de mineral era incesante; la zona minera se expandía lentamente hacia el norte adentrándose en el desierto de Atacama y hacia la larga y poco definida frontera con Bolivia. Los importantes descubrimientos de Agua Amarga (1811) y Arqueros (1825) fueron pronto totalmente eclipsados por el sensacional hallazgo de Chañarcillo, al sur de Copiapó, en 1832. Fue el distrito minero más productivo del siglo, una verdadera montaña de plata que produjo al menos 12 millones de pesos chilenos en los primeros diez años y donde a mediados de los años cuarenta había unas cien minas. El descubrimiento de Tres Puntas (1848) fue un nuevo estímulo, aunque menos espectacular. La última «fiebre de la plata» del periodo tuvo lugar en 1870, con la apertura de un nuevo e importante distrito minero en Caracoles, al otro lado de la frontera con Bolivia aunque la casi totalidad de los trabajadores eran chilenos. La minería del cobre dependía menos de una nueva exploración que del trabajo en los filones de mineral de gran calidad ya explotados. Pero también la exploración paciente recogió a veces unos fabulosos frutos, como fue el caso espectacular de José Tomás Urmeneta, quien buscó durante dieciocho años en medio de una pobreza extrema antes de encontrar, en Tamaya, su legendario yacimiento de cobre. Pronto se convirtió en un millonario, uno más entre las varias docenas de hombres riquísimos cuyas fortunas procedían del Norte Chico.

El sector minero chileno se transformó lentamente y sólo en parte a partir del sistema existente a finales del periodo colonial que se había caracterizado por numerosas pequeñas empresas, individuales o familiares, una tecnología sencilla y una actividad marginal con ganancias a corto plazo. Es cierto que, en la década de los sesenta, algunas de las mayores minas —la de Urmeneta en Tamaya, y la de José Ramón Ovalle en Carrizal Alto, por ejemplo— se habían mecanizado mucho, y hay que subrayar que estos dos distritos sumaban un tercio del cobre producido en los años setenta. Pero muchos visitantes dan fe de la persistencia durante este periodo de viejas prácticas y de un gran número de operaciones menores a pequeña escala que seguían dependiendo, no tanto de las máquinas de vapor como de los robustos «barreteros» y «apires» que extraían el mineral y lo trasladaban. En la década de los setenta sólo unas treinta y tres minas en el Norte Chico usaban máquinas de vapor, mientras que las restantes 755 no lo hacían. Más notables fueron las innovaciones en la fundición y refinería del cobre, con hornos de reverbero (según el sistema inglés) que se extendieron de 1830 en adelante. Durante las dos décadas siguientes, en lo que equivalía a una revolución tecnológica menor, se establecieron algunas grandes plantas de fundición en la costa, entre las cuales destacaban las de Guayacán y Tongoy en el Norte Chico y Lirquén y Lota a 500 kilómetros más al sur; éstas fueron las primeras empresas industriales de Chile. También trasformaban minerales peruanos y bolivianos y parcialmente compensaba la dependencia anterior de los productores de las industrias de fundición y refinería del sur de Gales. La insaciable demanda de combustible de los fundidores mermó profundamente los exiguos recursos de madera del Norte Chico y contribuyó al avance del desierto hacia el sur —siendo este tema ecológico poco comentado aunque básico en la historia chilena desde los tiempos coloniales—. La principal alternativa a la madera era el carbón, cuya extracción aumentó a lo largo de la costa al sur de Concepción desde la década de los cuarenta en adelante. En ese momento la producción nacional competía con el carbón de gran calidad importado de Gran Bretaña (a veces de Australia), pero se mantuvo en parte porque se consideró que la mezcla de carbón nacional y extranjero era ideal para las operaciones de fundición.

Entre los empresarios mineros de este periodo sobresalían los chilenos (algunas veces de primera generación). Una o dos de las empresas del cobre eran propiedad británica, pero eran la excepción, aunque los ingenieros extranjeros destacaban en toda la zona minera. Hombres como Urmeneta y un puñado de otros como él fueron auténticos capitalistas por derecho propio y con frecuencia destinaron sus enormes ganancias de forma provechosa, al invertirlas en el transporte y la agricultura, así como en la minería, aunque sin dejar por ello de procurarse un estilo de vida opulento. Muchos otros empresarios mineros de segunda categoría dependían en gran medida de un tipo de intermediarios conocidos como «habilitadores» que compraban su mineral a cambio de créditos y suministros. Este negocio fue el origen de varias grandes fortunas, y constituye un ejemplo famoso la carrera de Agustín Edwards Ossadón, hijo de un médico inglés que se estableció en el Norte Chico justo antes de la independencia. En los años sesenta Edwards era uno de los capitalistas más ricos y activos de Chile. En 1871-1872, en un episodio bien conocido, tranquilamente acaparó y almacenó grandes cantidades de cobre, subió el precio un 50 por 100 y consiguió unas ganancias estimadas en 1.500.000 pesos chilenos. En la época en que Edwards llevó a cabo su audaz empresa, el ciclo de la plata y el cobre del siglo XIX chileno alcanzaba su punto máximo. Las minas de plata todavía mantendrían su alto rendimiento durante dos décadas más, pero con el auge de la producción de Estados Unidos y España «las barras de Chile» se convirtieron en un componente cada vez menos importante en el suministro mundial de cobre; sólo un 6 por 100 de este metal procedía de Chile en la década de los noventa. Por entonces, sin embargo, los desiertos más alejados del norte producían una fuente de riqueza aún mayor; los nitratos, o salitres.

Aunque la minería dominaba el sector de la exportación, era la agricultura la que marcaba la mayoría de las vidas chilenas. Cuatro de cada cinco chilenos vivían en el campo en la década de los sesenta. En éste, como en otros tantos aspectos, el legado colonial fue abrumador. Durante todo el siglo XIX Chile siguió siendo un territorio de grandes haciendas, la propiedad de las cuales confería status social, influencia política (si era deseada) y unos ingresos holgados (menos automáticamente antes de la década de los cincuenta). Esta tradición de terratenientes es una de las claves para entender la historia chilena desde los tiempos coloniales hasta mediados del siglo XX. El número exacto de haciendas mediados del XIX es difícil de precisar. El Registro de los impuestos de 1854 muestra que unos 850 terratenientes recibían alrededor de dos terceras partes de todos los ingresos agrícolas del centro de Chile y que, de éstos, 154 poseían haciendas que ganaban más de 6.000 pesos chilenos al año. (A modo de comparación podría apuntarse que el presidente de la República cobraba un salario de 12.000 pesos chilenos, aumentados a 18.000 en 1861). Las haciendas ocupaban al menos tres cuartas partes de la tierra cultivable; la mayoría incluían grandes extensiones de terreno que quedaban sin cultivar de año en año. Las haciendas eran trabajadas por un grupo residente y fijo de «inquilinos» —arrendatarios— y, cuando era necesario, por peones alquilados temporalmente. Este sistema de trabajo rural, como sabemos, era común (aunque con muchas variaciones) en muchas partes de Hispanoamérica. Cuando Charles Darwin recorrió el campo chileno a mediados de los años treinta, pensó que le recordaba un «sistema feudal». El inquilino chileno estaba vinculado a la hacienda más por la costumbre y la conveniencia que por imposición de la ley o a causa de deudas (se le permitía cultivar su propia pequeña parcela a cambio de prestaciones regulares de trabajo al propietario). Al no existir comunidades rurales tradicionales de tipo europeo, la hacienda se convirtió en el centro único de su lealtad y formó su propio microcosmos. Según escribió un agudo observador en 1851, «cada hacienda en Chile constituye una sociedad aparte, cuyo jefe es el dueño y cuyos súbditos son los inquilinos. El dueño… es un verdadero monarca absoluto en su hacienda»[8]. Para los arrendatarios, la vida era pobre aunque no necesariamente dura; sus métodos agrícolas eran primitivos, su dieta monótona y a veces inadecuada y sus oportunidades para ascender en la escala social muy limitadas. Pero la relativa seguridad de la hacienda contrastaba con la situación apurada de la mayoría de los peones —una masa de indigentes que luchaba en medio de una vida precaria, instalados ilegalmente en tierras marginales, errando por el valle central en busca de trabajo temporero, o en algunos casos se dedicaban al robo de ganado y al bandidaje—. Desde el punto de vista del hacendado, había una abundante mano de obra, así como tierras sin cultivar. Antes de la década de los cincuenta no faltaban ni la una ni la otra, en gran escala.

Si la agricultura era poco productiva y poco provechosa en la primera parte de este periodo, es fácil determinar el porqué. La demanda local quedaba rápidamente cubierta, mientras que los mercados de exportación eran pocos y lejanos. El comercio de grano con Perú durante el siglo XVIII, cuya importancia ha sido probablemente exagerada por los historiadores, nunca fue completamente restablecido debido a las guerras de la independencia y a la rivalidad comercial de la década de los treinta. Sin embargo, entre 1850 y 1880 las perspectivas de los terratenientes mejoraron bastante radicalmente, ya que las haciendas respondieron de inmediato a la apertura de nuevos mercados internacionales. Como único país con importante producción cerealística en la costa pacífica de América, Chile estaba bien situado para obtener ventajas de la repentina demanda provocada por el auge del oro en California y Australia. Las exportaciones de trigo y harina a California ascendieron a alrededor de 6.000 quintales métricos en 1848. Dos años más tarde se embarcaron hacia el norte no menos de 277.000 quintales de trigo y 221.000 de harina. El auge fue efímero —hacia 1855 California era autosuficiente— pero dio altos beneficios mientras duró, y fue la causa de la consolidación de una industria molinera técnicamente moderna en el área de Talca y a lo largo de la Bahía de Talcahuano, así como también en Santiago, aunque más tarde. Hacia 1871 había aproximadamente 130 harineras en Chile. (Al final de este periodo en el medio-oeste de los Estados Unidos y en Europa, se estaban produciendo nuevas mejoras tecnológicas en el sector harinero, pero tardaron más en llegar a Chile). En la década de los cincuenta, Australia constituyó un segundo mercado poco duradero (y algo precario), aunque lucrativo durante algún tiempo. Los propietarios eran conscientes de que la posición geográfica y la buena suerte eran las causas de estos beneficios inesperados; éstos fueron sustanciales, ya que las exportaciones agrícolas quintuplicaron su valor entre 1844 y 1860. Este no fue ni mucho menos el final de la historia. La experiencia ganada en los mercados de California y Australia, combinada con la introducción de mejoras vitales en el transporte, permitió que Chile vendiera en la década de los sesenta grandes cantidades de grano (trigo y cebada) a Inglaterra: 2 millones de quintales se exportaron en 1874, el año de máxima producción. Una vez más, sin embargo, la posición competitiva de Chile en el mercado internacional era más frágil de lo que parecía, y unos años más tarde se debilitó cuando los precios del grano cayeron y aparecieron nuevos países que producían cereales de forma más eficiente.

El auge exportador de mediados de siglo impulsó la introducción de algunos cambios definitivos en la agricultura. Los más visibles, quizá, fueron los numerosos canales de riego que se construyeron, algunos de ellos notables hazañas de ingeniería. (El Canal de las Mercedes, patrocinado por Manuel Montt y otros hacendados en 1854, tardó treinta años en construirse y con el tiempo se extendió 120 km sobre terrenos muy desiguales). Se mejoró la calidad del ganado con la introducción de razas extranjeras. La demanda creciente de fruta y aves, generada por la expansión de las ciudades, benefició en gran medida a las haciendas cercanas y las pequeñas granjas (a menudo especializadas) conocidas como «chacras». Los chilenos habían bebido su propio vino desde los inicios de la época colonial, pero el asentamiento de la gran tradición vitícola que más adelante iba a producir las mejores cosechas del hemisferio occidental no se consolidó hasta la década de los cincuenta, cuando las uvas pinot y cabernet (de origen francés) se cultivaron localmente por primera vez. El gobierno, así como la Sociedad Nacional de Agricultura (con una existencia intermitente desde 1838), intentó mejorar los conocimientos agrícolas. Tales avances, así esbozados, parecen dar una impresión de vitalidad, pero de alguna forma es engañosa. La sociedad rural y los métodos agrícolas tradicionales no fueron drásticamente alterados, aunque parece probable que las transacciones monetarias en el campo estaban más extendidas que antes. Había pocos grandes capitales invertidos en la agricultura (excepto en las obras de irrigación) y, a pesar del entusiasmo de un número de propietarios progresistas, la maquinaria agrícola nunca se importó o utilizó a gran escala. (El uso de los bueyes siguió siendo corriente en Chile hasta la década de 1930). Durante los años prósperos del apogeo exportador, los propietarios tenían reservas de tierra y trabajadores a los que recurrir. La superficie arada en esos años puede haberse triplicado o incluso cuadruplicado. Nuevas familias no vinculadas a las haciendas fueron animadas (y en muchos casos estaban deseosas) a engrosar las filas de los «inquilinos». El sistema laboral se endureció debido a las mayores presiones ejercidas sobre los arrendatarios. Aparte del «inquilinaje» se desarrolló una variedad de prácticas de aparcería, especialmente en la franja costera, para facilitar el auge exportador. El número de minifundios también parece haber crecido. Pero en general fue el sistema de hacienda el sostén básico de la élite de la nación, el que más claramente se afirmó con los cambios de mitad de siglo.

La manufactura que existía en Chile en la época de la independencia y durante dos o tres décadas más tarde estaba en manos de artesanos, en los pequeños talleres de las ciudades. En el campo, la población de las haciendas se autoabastecía de ropa, aunque la creciente importación de tejidos de algodón británicos a la larga tuvo el efecto de reducir la importancia de los tejidos locales. La clase alta, en conjunto, tenía la posibilidad de satisfacer su demanda de bienes manufacturados, incluyendo productos de lujo, del extranjero, y no estaba interesada en promover una revolución industrial. (Los empresarios mineros fueron una excepción parcial, y al final del periodo un creciente número de intelectuales y políticos vieron en la industrialización un posible camino de progreso para el país). De todas formas casi no hay duda de que la expansión de la riqueza nacional después de 1850, aproximadamente, posibilitó la creación de empresas manufactureras; posibilidad que algunas veces se materializó, generalmente en manos de extranjeros, aunque éstos pueden ser quizá considerados como una primera generación de chilenos.

Las primeras empresas industriales importantes, es decir, las fundiciones de cobre y las harineras ya mencionadas, crecieron al compás del auge exportador. Además de éstas, los años sesenta y setenta vieron el aumento de fábricas con producción a pequeña escala en sectores como el textil, el alimentario, el ladrillero y el del vidrio soplado. Hacia los años ochenta había al menos treinta fábricas de cerveza en el país. Por otro lado, el nuevo sector ferroviario y la misma industria minera estimularon la aparición de pequeñas fundiciones y talleres capaces de reparar y en algunos casos incluso de fabricar equipamientos. De hecho, lo que parece haber sido un respetable sector metalúrgico y de construcción de maquinaria se desarrolló a una velocidad sorprendente a principios de los años setenta. Cada vez hay más pruebas para suponer que el inicio de la industria chilena, que a menudo se hace arrancar de la guerra del Pacífico, comenzó diez años antes.

No hace falta decir que la expansión económica producida por la exportación apenas podría haber ocurrido sin mejoras en el transporte y las comunicaciones que fueron también de una importancia obvia en la consolidación política de la nueva nación. El número de barcos que hacían escala en puertos chilenos aumentó más o menos constantemente desde los años treinta en adelante, hasta unos 4.000 al año en la década de los setenta. Dos vapores de 700 toneladas fueron llevados a Chile desde Inglaterra en 1840 por un americano muy emprendedor, William Wheelwright, el fundador de la Pacific Steam Navigation Company (Compañía de Navegación a Vapor del Pacífico, PSNC) de capital británico. El mundo exterior empezó a acercarse. Desde mediados de los años cuarenta viajar a Europa en menos de cuarenta días empezó a ser posible si se hacían las conexiones adecuadas a través del istmo de Panamá. (Los barcos de vela todavía tardaban tres o cuatro meses). En 1868 la ahora bien establecida PSNC (cuyas iniciales más tarde dieron pie a algunos famosos chistes chilenos) abrió un servicio directo entre Valparaíso y Liverpool a través del Estrecho de Magallanes. Mientras tanto, la inevitable llegada del ferrocarril empezó a revolucionar lentamente el sistema de transporte terrestre. En el norte de Chile se instaló la primera línea importante de Latinoamérica. La línea, construida por Wheelwright y terminada en 1851, unió Copiapó con el puerto de Caldera que se encontraba a unos 80 km. Fue financiada por un grupo de ricos mineros y sirvió de modelo para otros ferrocarriles que posteriormente se construyeron en la zona minera. El enlace vital entre Santiago y Valparaíso hubo de esperar algún tiempo más. Esta fue inicialmente una empresa mixta; el gobierno suscribió alrededor de la mitad del capital, pero en 1858, tras agotadores retrasos y dificultades, el Estado compró la parte de la mayoría de los accionistas privados; la conclusión de la línea le fue confiada al fanfarrón empresario norteamericano Henry Meiggs, y los últimos tramos de vía ancha fueron construidos en 1863. Otra empresa mixta patrocinó el tercer ferrocarril principal, que se extendía hacia el sur a través del valle central, una línea de particular interés para los hacendados cerealísticos. El gobierno de Errázuriz se hizo cargo de ésta en 1873, y solamente algunos años más tarde la línea se uniría a otra que por entonces había sido construida hacia el interior desde Talcahuano y que avanzaba hacia el sur y se adentraba en los románticos paisajes de la Araucanía. En 1882 había casi 2.000 km de vías en Chile, la mitad de las cuales eran propiedad del Estado. Éste también financió y consecuentemente adquirió la naciente infraestructura telegráfica, la construcción de la cual comenzó en 1852 —otra empresa del infatigable Wheelwright, a quien se erigió una estatua en Valparaíso—. Veinte años más tarde, los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark unieron Santiago con Buenos Aires; con la construcción del cable submarino brasileño en 1874 Chile estuvo por primera vez en contacto directo con el Viejo Mundo.

El creciente ritmo de la actividad económica durante los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX dejó su marca en las instituciones financieras y comerciales del país. Hasta la década de los cincuenta las principales fuentes de crédito, por ejemplo, habían sido los prestamistas privados o las firmas mercantiles. Esta situación cambió con la aparición de los primeros bancos propiamente dichos —el Banco de Ossa y el Banco de Valparaíso, fundados a mediados de los años cincuenta—, y las operaciones bancarias eran lo bastante extensas como para que fueran reguladas en la importante ley de 1860. La notable Caja de Crédito Hipotecario, creada en 1856, orientó el crédito al campo —en la práctica, principalmente a los grandes terratenientes—. Las sociedades anónimas se hicieron corrientes, aunque complementando más que reemplazando las empresas individuales y familiares y las sociedades que hasta ese momento habían sido las formas más corrientes de organizar los negocios. Las primeras sociedades anónimas fueron las compañías de ferrocarril; a finales de la década de los setenta, unas 150 empresas aproximadamente se habían formado en un momento u otro, predominantemente en la minería, banca, seguros y ferrocarriles. El capitalismo chileno mostró una tendencia marcadamente expansionista en las décadas de los sesenta y de los setenta, invirtiéndose el dinero en los negocios de nitratos en Bolivia y Perú así como en las minas de plata de Caracoles. Desde principios de la década de 1870, en Valparaíso y Santiago operaban bolsas sin control legal, y «la fiebre de Caracoles» abocó a los inversores a un delirio especulativo sin precedentes en la historia de Chile.

El comercio exterior durante este periodo fue en gran parte controlado por docenas de firmas de importación-exportación, con sede en Valparaíso y la capital. Éstas contribuyeron enormemente a la formación de un nuevo mercado de capitales y continuaron influyendo a partir de entonces en el desarrollo del sector público de la economía. Los extranjeros, tanto los residentes como los empleados de paso de firmas con sucursales en Chile, eran particularmente destacados, y los británicos estaban a la cabeza. Este grupo fue fundamental para Chile. Las inversiones de los británicos en el país se concentraron en los bonos del Estado —por una suma de 7 millones de libras esterlinas hacia 1880—, pero Gran Bretaña era la destinataria de entre uno y dos tercios del total de las exportaciones de Chile y la fuente de entre un tercio y la mitad de todas sus importaciones en cualquier año. Las importaciones de Francia también crecieron, reflejando los gustos de la clase alta. Como en los tiempos coloniales, el comercio con Perú continuó, pero fue ensombrecido por los vínculos que ahora se estaban forjando con el Atlántico Norte. La máquina de vapor, los ferrocarriles, los telégrafos, los bancos y las sociedades anónimas: todo jugó su parte a la hora de cimentar la sólida asociación de Chile con la economía internacional que se gestaba en todo el mundo. Los políticos ocasionalmente tildaban a los comerciantes británicos de «nuevos cartagineses» o incluso (en un sentido más popular) de «infieles», pero en general su presencia fue recibida como un elemento vital en lo que se consideró ser, convencidamente, el progreso de la nación.

Sesenta años después de la independencia, Chile era una nación más próspera de lo que había parecido previsible en 1810, y estaba económicamente más integrada que en los tiempos de dominio colonial. Su historia en este sentido contrasta a la fuerza con el evidente estancamiento de algunas de las otras repúblicas hispanoamericanas. Pero la nueva prosperidad no se distribuyó de forma proporcional (todavía menos equitativamente) entre todos los sectores de la población. La riqueza de la clase alta aumentaba de forma sorprendente, y ésta tenía una idea bastante clara de qué hacer con ella. Un viajero norteamericano observó a mitad de los cincuenta que el «gran objetivo de la vida» al enriquecerse era «estimular el capital, saciarse con costosos muebles, accesorios y una vida espléndida»[9]. La desaparición gradual de los hábitos de vida más antiguos, más austeros, supuestamente más virtuosos fue lamentada por escritores de mentalidad tradicional y probablemente sea justo decir que la adopción de estilos de vida europeos más sofisticados puede haber hecho más profundo el abismo psicológico entre ricos y pobres —las modas, que iban desde sombreros hasta carreras de caballos, fueron cambiando visiblemente entre los años veinte y los setenta—; también puede ser una de las claves para entender la liberalización política que se instauró después de 1861. La élite de la sociedad chilena nunca estaba cerrada a los recién llegados. Los nuevos magnates de la minería y las finanzas fueron fácilmente aceptados, como lo fueron los hijos o nietos de inmigrantes triunfadores —aunque el contingente muy alto de apellidos no hispánicos en la clase alta chilena sólo llegó a ser realmente visible a finales de siglo—. (Sólo hubo un apellido inglés en cualquiera de los gabinetes anteriores a 1880). La coherencia subyacente de esta élite abierta y flexible provenía de una serie de intereses económicos —en minas, tierras, bancos y comercio— que coincidían en parte y, a menudo, se entrelazaban. Los mineros o comerciantes que en diferentes circunstancias podían haber formado la vanguardia de una «burguesía conquistadora» fueron desde el comienzo incluidos en los escalones más altos de la jerarquía social, donde prevalecían fundamentalmente puntos de vista y actitudes aristocráticos. La familia y la propiedad eran los valores supremos de la clase alta. No resulta fácil exagerar la importancia de las relaciones familiares en este periodo. Era algo que a menudo se constataba en política. El presidente Bulnes era el yerno de uno de sus predecesores, sobrino de otro y cuñado de uno de sus sucesores. Durante el siglo, después de 1830, la familia Errázuriz dio a la República un arzobispo, tres presidentes y más de 50 congresistas. La propiedad rural integraba más que dividía a la élite; la propiedad era el mayor distintivo del status aristocrático. Estas poderosas fuerzas cohesivas fomentaron la continuidad y estabilidad más que el cambio y la reordenación del desarrollo social de Chile.

Entre la clase alta terrateniente y la clase pobre obrera, una variada y pequeña «franja media» se hacía perceptiblemente más amplia como resultado de la expansión económica. Estaba constituida por propietarios de pequeños negocios y granjas, por un creciente número de oficinistas y empleados, por los miembros subalternos de la burocracia (que incluso en 1880 todavía no eran más de 3.000) y por los artesanos de las ciudades. A estos últimos se referían los chilenos cultos de la época cuando utilizaban el término «clase obrera». En el nivel superior de este grupo se encontraban los aspirantes frustrados a entrar en los mejores círculos que constituían un tipo reconocible, bien descrito en algunas narraciones de la época. A finales de los años cincuenta a estas personas se las conocía como «siúticos», y la tradición atribuye el neologismo, todavía conocido aunque no muy usado, a Lastarria. Los artesanos chilenos, por su parte, nunca estuvieron bien protegidos por la política comercial, pero el crecimiento de las ciudades (y la riqueza de la clase alta) provocaron una demanda de sus servicios y productos locales y muchos oficios y profesiones crecieron al menos de una forma modesta. Estos grupos copiaron la elegancia y los modales de la alta sociedad. Refiriéndose a los «mecánicos y pequeños comerciantes» de Santiago en 1850, un agudo visitante apuntó:

En su vida doméstica no hay ningún tipo de orden, limpieza o pulcritud; pero en público, con los vestidos elegantes que les apasionan, un forastero apenas podría sospechar que el hombre que él conoce envuelto en una vistosa capa, escoltando a una mujer engalanada con sedas y joyas, ocupara en la escala social una posición no más alta que la del hojalatero, carpintero, o vendedor cuyas únicas existencias pueden empaquetarse en una caja pequeña[10].

La expansión de las asociaciones mutualistas en los años posteriores proporcionó un alto grado de seguridad a los artesanos. La primera fue fundada en el sector de la imprenta en 1853 y no duró mucho; pero hacia 1880, gracias a los esfuerzos del constructor y arquitecto Fermín Vivaceta y otros, había 39 sociedades legales de este tipo que anunciaban el posterior surgimiento de los sindicatos.

Un profundo abismo material y psicológico separaba todos los grupos sociales ya mencionados de la gran masa de los trabajadores pobres de la ciudad y del campo cuya condición mejoró sólo marginalmente en este periodo. A pesar del elevado número de familias que ahora se instalaban en las haciendas, los peones del valle central se veían a menudo obligados a buscar trabajo en otras partes. Emigraban a miles hacia barrios superpoblados e insalubres de las principales ciudades. Tanto los «rotos» (trabajadores urbanos) como los peones, se trasladaron en masa a los campos mineros del norte y a las brigadas constructoras del ferrocarril de Chile y también del extranjero. Cuando, a finales de los sesenta, el audaz Henry Meiggs (célebre por su declaración de que antes emplearía a 500 «rotos» chilenos que a mil irlandeses) se embarcó en el grandioso plan ferroviario de Perú, al menos 25.000 chilenos respondieron a su llamada. Este flujo de trabajadores provocó que se debatiera en el Congreso, y hubo propuestas para restringir la emigración, mientras que los terratenientes se quejaban de «la escasez de brazos» en el campo. En realidad, no había tal escasez y esto lo comprobaron aquellos chilenos más despiertos que ahora empezaban a someter a los trabajadores pobres a un examen más riguroso que en el pasado.

Si bien los legisladores chilenos se preocuparon, brevemente, por la emigración, con mayor frecuencia discutieron la idea de que llegaran inmigrantes europeos como medio de «civilizar» a las clases bajas. Entre los pobres pervivían rasgos de xenofobia que se mostraban ocasionalmente, como por ejemplo durante la guerra civil de 1829-1830, pero en general los extranjeros fueron recibidos con los brazos abiertos. «“Extranjero” —dijo una vez Antonio Varas— es una palabra inmoral que debe borrarse del diccionario». El censo de 1875 contabilizó 4.109 británicos, 4.033 alemanes y 2.330 franceses, residentes en Chile, y gente de otras nacionalidades que sumaban un total de casi 15.000, cifra que incluía a 7.000 argentinos. El papel que jugaron los británicos en el comercio ya ha sido tratado, y algunas importantes familias chilenas procedían de este grupo. La industria harinera a la que nos hemos referido anteriormente fue en gran parte establecida por los norteamericanos; éstos y los británicos ayudaron a construir y a poner en marcha la red ferroviaria; una alta proporción de empresarios industriales de los años siguientes procedían del extranjero. A un nivel más modesto, los extranjeros también encontraron un lugar en la clase artesana en expansión, especialmente en aquellas actividades que cubrían la demanda generada por el estilo de vida de los ricos. Estudiosos y científicos europeos como el francés Claude Gay (autor de un famoso informe de 30 volúmenes sobre la historia natural y civil del país) y Amado Pissis (que cartografió la República desde los 28° 10” S a 41° 58” S) contribuyeron mucho a ampliar el conocimiento sobre Chile. El gobierno mantenía una política más o menos sistemática de emplear a esta gente. No hubo el tipo de inmigración en masa deseado, pero a finales de los cuarenta el gobierno exhortó el asentamiento de familias alemanas en los territorios del sur, alrededor de Valdivia y del lago Llanquihue. Hacia 1860 había más de 3.000 alemanes en el sur, duros pioneros que deforestaron los bosques y roturaron tierras para cultivar.

Este renovado interés oficial por el sur significó el principio del fin para el enclave independiente de los indios en la Araucanía, los cuales vivían desdichadamente entre las nuevas zonas de colonización y el corazón del país al norte del Bío-Bío. La supresión del extendido bandidaje que siguió a la independencia en las provincias del sur, completada a mitad de los años treinta, había colocado a los araucanos en una posición más vulnerable; pero durante el siguiente cuarto de siglo casi no se les molestó. Como en los tiempos coloniales, el ejército patrullaba por la frontera mientras el gobierno de Santiago protegía (y subsidiaba) a un número de amigables y dispuestos caciques. La expansión agrícola de los años cincuenta condujo a los colonizadores hacía el área del sur del Bío-Bío causando tensiones con los araucanos. Y los ataques indios que siguieron sobre poblados fronterizos (1859-1860) elevaron la «cuestión araucana» a la categoría de tema político, muy discutido durante los años siguientes. La política adoptada por el gobierno de Pérez fue establecer «líneas» de fortificación, para encerrar a los araucanos en un territorio cada vez más pequeño. Los indios resistieron los embates del ejército chileno en una serie de posteriores asaltos (1868-1871), pero a finales de los sesenta, con el asentamiento extendido más allá de la frontera, las «líneas» se habían acercado inexorablemente. Tras la guerra del Pacífico, se enviaron tropas para «pacificar» y ocupar la estrecha franja de territorio indio que quedaba. La larga y orgullosa historia de la Araucanía concluyó en este patético final. A los indios se les cedió por escrito un territorio juzgado como generoso a los ojos de Santiago, pero el sistema de transacción de tierras que se había practicado en la frontera durante los veinte años anteriores no era un buen presagio. El gobierno luchó en vano por regular las transferencias de tierra en el sur, pero no pudo evitar la formación de nuevos latifundios formados a menudo a través de argucias e intimidaciones. Las medidas tomadas para proteger los intereses de los araucanos contra los propietarios devastadores (grandes y pequeños) no pueden considerarse apropiadas.

El contraste más claro, en el Chile de los años setenta, lo vemos entre ciudad y campo. La civilización —ese término tan a menudo usado para justificar la «pacificación» de la Araucanía— fue quizá más evidente en su emplazamiento urbano. La urbanización chilena del siglo XIX (por supuesto modesta según los modelos del siglo XX) fue esencialmente una historia de dos ciudades: Santiago, que pasó de 70.000 habitantes a mediados de los años treinta a 130.000 en 1875; y Valparaíso, que a finales de nuestro periodo había alcanzado cerca de habitantes. Otras ciudades chilenas quedaron rezagadas. Durante el apogeo minero, es verdad, Copiapó prosperó; Concepción, devastada por el terremoto de 1835, prosperó nuevamente con la expansión del cultivo del trigo y la industria harinera; y entre las somnolientas pequeñas ciudades del valle central, Talca nutrió un sentido del civismo muy desarrollado. Pero ninguno de estos lugares tenía una población de más de 20.000 habitantes en 1875. El predominio de la capital y del principal puerto sostenido por la hegemonía política y comercial fue incontrovertible. Tal como muestran los dibujos y grabados coetáneos, Santiago mantuvo una apariencia absolutamente colonial hasta 1850, pero el apogeo exportador de mitad de siglo rápidamente dejó su marca. Hacia 1857 Andrés Bello, normalmente moderado, escribió que «el progreso en los últimos cinco años se puede llamar fabuloso. Surgen por todas partes… edificios magníficos; ver el paseo de la Alameda en ciertos días del año le hace a uno imaginarse en una de las grandes ciudades europeas»[11]. En el año 1857 se inauguró el refinado Teatro Municipal y se introdujeron los tranvías tirados por caballos y las farolas de gas en las calles. Los estilos arquitectónicos cambiaron, prefiriéndose los modelos franceses (o incluso ingleses) para las nuevas mansiones aristocráticas que ahora se construían. El programa inusualmente activo llevado a cabo por Benjamín Vicuña Mackenna, el casi legendario intendente de principios de los años setenta, dotó a la capital de avenidas, parques, plazas y el soberbio disparate urbano del Cerro de Santa Lucía, que todavía hoy deleita a los santiaguinos. Valparaíso, la primera ciudad chilena en organizar una brigada de bomberos (1851), conoció mejoras similares aunque divulgadas de una manera menos ostentosa. Su barrio de negocios despedía una atmósfera ligeramente británica. Ambas, capital y puerto (y otras ciudades más tarde), pronto dispusieron de una prensa respetable que prosperó con particular energía en el clima político más liberal después de 1861. El decano de la prensa de los chilenos, El Mercurio, fundado en Valparaíso en 1827 (y diario desde 1829) es todavía hoy el periódico más antiguo en lengua española del mundo.

La enseñanza progresó más lentamente de lo que muchos chilenos hubieran deseado a pesar de los óptimos esfuerzos de presidentes como Montt, cuyo obsesivo interés por el tema era compartido por su gran amigo argentino Sarmiento. El analfabetismo descendió gradualmente, hasta un 77 por 100 en 1875, momento en el cual el 17 por 100 de la población en edad escolar recibía educación primaria. Hacia 1879, también, había unos 27 liceos públicos (2 para chicas) y un mayor número de escuelas privadas que ofrecían enseñanza de segundo grado, junto con el prestigioso Instituto Nacional donde tantos líderes de la República estudiaron la enseñanza secundaria (y durante muchos años gran parte de su educación superior). Los estudios superiores (y especialmente la preparación profesional, en la cual las mujeres fueron admitidas según el decreto de 1877) fueron estimulados en gran parte por la fundación en 1843 de la Universidad de Chile. Imitando al Instituí de France, fue en sus primeros años un centro de discusión y supervisión más que una institución de enseñanza, pero su nivel era alto. El marcado interés por la vida intelectual y cultural que ahora se hizo notable le debió mucho al primer rector de la universidad, el eminente estudioso venezolano Andrés Bello, que pasó los últimos treinta y seis años de su larga vida en Chile. Poeta, gramático, filósofo, pedagogo, jurista, historiador, infatigable servidor público y senador, Bello tenía un genio paciente y polifacético que dio lugar a un numeroso grupo de devotos alumnos y discípulos. Es imposible en el espacio de este capítulo revisar el panorama cultural del periodo; pero un aspecto bastante singular merece ser mencionado. Este fue el protagonismo concedido a la historia, una primacía estimulada por la universidad y (en menor grado) por el propio gobierno. El resultado, entre 1850 y 1900 más o menos, fue el magnífico florecimiento de la narrativa histórica representado sobre todo en los trabajos de Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui, Ramón Sotomayor Valdés y Benjamín Vicuña Mackenna. De estos cuatro, Barros Arana fue el más diligente y erudito, Vicuña Mackenna el más lírico y claro. Todos pueden ser leídos con provecho.

Es posible que esta preferencia chilena por la historia reflejara y reforzara el aumento de la conciencia nacional. El patriotismo, ciertamente, nunca es fácil de evaluar. Se puede poner en duda si, antes de los años setenta, existía un claro sentido de chilenidad en las zonas rurales. La gente de las ciudades, en cambio, respondió ardientemente a las celebraciones de la victoria; el «dieciocho», la fiesta nacional, aunque a menudo pretexto para una indulgencia alcohólica prolongada, era un acontecimiento popular innegable; y tanto iniciativas privadas como públicas dieron fe de que las estatuas fueron erigidas a los héroes de la independencia y otras figuras nacionales comenzando por el general Freire en 1856. (Portales y O’Higgins tuvieron sus monumentos en 1860 y 1872 respectivamente). Los chilenos cultos se inclinaban a ver su país como superior a otros de Hispanoamérica —y es duro resistirse a la conclusión de que en ciertos aspectos tenían razón—. «Nosotros nos hemos salvado del naufragio común», escribió el joven político conservador Carlos Walker Martínez[12]. Chile como «república modelo», como un ejemplo para las tierras «tropicales» ingobernables fue un tema recurrente en discursos y editoriales. «Tengo tan pobre idea de los gobiernos de las Repúblicas hermanas —observó Antonio Varas en 1864— que… siento que nos veamos en la necesidad de hacer causa común con ellos»[13]. Tales opiniones coincidían a menudo con los puntos de vista extranjeros sobre Chile, especialmente europeos. (En abril de 1880 incluso The Times usó la frase «república modelo»). El halago europeo complacía profundamente a los chilenos cultos, muchos de los cuales creían que Gran Bretaña y Francia (en particular) estaban dirigiendo el mundo hacia una vía de progreso que a su debido tiempo Chile seguiría: «El porvenir nuestro es el presente de Europa»[14].

La crisis múltiple de mediados de la década de los setenta sacudió la confianza y el optimismo. Aquélla arrancó del colapso en 1873 de la bonanza especulativa provocada por el auge de la plata de Caracoles. Las dificultades económicas que aumentaron a partir de este momento, derivadas en parte de la grave recesión internacional que comenzó ese año (fue el principio de la «gran depresión» que siguió al largo boom de mediados de la era victoriana), también reflejaban un problema fundamental: con la aparición en la economía mundial de unos productores nuevos y más eficaces tanto de trigo como de cobre, Chile estaba siendo ahora desplazado de sus mercados de exportación más importantes. Las fuentes de la prosperidad se estaban quedando secas. Los precios del cobre, que aumentaron temporalmente a causa de la guerra franco-prusiana (como lo habían hecho con la guerra de Crimea), cayeron en picado. El valor de las exportaciones de plata se redujo a la mitad en cuatro años, aunque la causa a menudo atribuida a este hecho —la adopción del patrón oro por Alemania y otras naciones— puede haber sido exagerada por los historiadores. Por si fuera poco, un alarmante e inesperado ciclo de inundaciones y sequías en el valle central causó tres cosechas seguidas desastrosas. Un brusco aumento del coste de la vida hundió a miles de los chilenos más pobres en la miseria y casi en la indigencia. Había síntomas preocupantes de malestar social. El peso, estable durante tanto tiempo, empezó a depreciarse, cayendo el cambio de 46 antiguos peniques en 1872 a 33 en 1879. (Es bastante curioso señalar que en este ambiente de desesperación las esperanzas oficiales fueron temporalmente animadas por un estafador franco-americano que afirmaba poder convertir el cobre en oro; fue agasajado e incluso una polka llevó su nombre). Temiendo que los bancos ahora casi insolventes fueran asediados por las solicitudes de reintegros, la administración de Pinto tomó la drástica medida de declarar la inconvertibilidad del papel-moneda (julio de 1878), que así se convirtió de curso legal obligatorio; este fue el principio de un siglo de inflación. En sus esfuerzos por solucionar el agudo dilema fiscal (hecho todavía más acentuado por la necesidad de cubrir la deuda nacional, que había aumentado de forma alarmantemente rápida durante los últimos años), el gobierno recurrió primero a recortar el gasto público; la Guardia Nacional, por ejemplo, fue reducida a 7.000 hombres. Como la recesión se acentuó, muchos chilenos lúcidos, al advertir la fuerte dependencia de su país de la exportación, abogaron por una mayor dosis de proteccionismo hacia el incipiente sector industrial (esto se consiguió en parte con la reforma de aranceles de 1878) y también por la imposición de nuevos impuestos a los ricos. Esta última medida, según el cónsul general británico, fue bien vista «por todos excepto por aquellos cuyos bolsillos se verían afectados por ella y que para desgracia de su país entonces componen en gran parte su cuerpo de legisladores»[15]. De hecho, el Congreso de 1878-1879 acordó, después de largas discusiones, recaudar pequeños impuestos sobre la herencia y la propiedad. Éstos tuvieron poco efecto sobre la crisis, de la cual Chile se salvó no por improvisación fiscal sino a sangre y fuego.

Las amenazantes tensiones internacionales de los años setenta derivaban de largas disputas sobre sus fronteras con Argentina y Bolivia. Ninguna frontera había sido delimitada con precisión durante los tiempos coloniales. La presencia chilena en el Estrecho de Magallanes, después de 1843, había suscitado la cuestión sobre la propiedad de la Patagonia que los argentinos consideraban suya. Chile, en efecto, abandonó todas sus reivindicaciones excepto sobre una fracción de este territorio, enorme pero desolado, en el Acuerdo de Fierro-Sarratea en 1878; el acuerdo fue aceptado por el Congreso a pesar de la presión de una multitud furiosa que protestaba frente al edificio y de un discurso enérgico de un airado anterior ministro del Exterior que se lamentaba de que Chile entonces sería «una pobre república» en lugar de convertirse en «un gran imperio». El acuerdo alejó el peligro de guerra con Argentina; había habido considerables amenazas a ambos lados de los Andes. El problema con Bolivia era más difícil ya que, mientras unos pocos intereses vitales habían estado en juego en la Patagonia, este no era el caso en el desierto de Atacama, uno de los escenarios principales de la expansión económica chilena. En la década de los sesenta, en el litoral boliviano, los empresarios chilenos José Santos Ossa y Francisco Puelma habían sido pioneros en la extracción de nitratos, fertilizante que cada vez se pedía más en el extranjero. (El capitalismo chileno destacaba en el negocio del nitrato en el desierto peruano, más al norte; pero el gobierno peruano nacionalizó la industria en 1875). En Atacama, gracias a las generosas concesiones de Bolivia, la poderosa Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chileno-británica en la que un número de líderes políticos chilenos tenían acciones, estaba a punto de constituir un Estado dentro del Estado. La mayoría de la población del litoral era chilena. Tal estado de cosas es siempre potencialmente explosivo. En 1874, en un intento de establecer la frontera definitiva, Chile acordó fijarla en los 24° S a cambio de la promesa boliviana de posponer veinticinco años la imposición de contribuciones en las empresas chilenas de nitratos. El impuesto adicional sobre la exportación, de diez centavos por quintal, exigido de repente por los bolivianos en 1878, fue claramente un abuso de confianza. (Si las concesiones originales bolivianas fueron imprudentes o no es otro asunto). La negativa de la Compañía de Salitres a pagar el impuesto provocó amenazas de confiscación. Para impedirla, un pequeño ejército chileno ocupó Antofagasta (febrero de 1879) y continuó para controlar el litoral. El conflicto cobró rápidamente proporciones más graves. Perú entró en el conflicto en virtud del tratado secreto de alianza con Bolivia, acordado seis años antes. Chile declaró la guerra a ambos países en abril de 1879.

La guerra del Pacífico fue considerada en aquel momento (por algunos) como un ejemplo de saqueo cínicamente premeditado con el objetivo de redimir a Chile de su apurada economía apoderándose de la riqueza mineral de los desiertos del norte. Otros detectaron la mano invisible de las naciones más poderosas y los intereses extranjeros tan involucrados en los negocios del nitrato. El secretario de Estado norteamericano, el egregio James G. Blaine, incluso manifestó más tarde que era «una guerra inglesa contra Perú, con Chile como instrumento», un veredicto que es difícil de sostener según la evidencia existente[16]. Sin embargo, debemos decir que los políticos chilenos (especialmente aquellos que tenían o habían tenido acciones en empresas de nitratos) se daban cuenta de las ventajas que podían derivarse del control de los desiertos e igualmente de la situación económica extrema del país en 1879. En la medida en que había habido una «predisposición pública a la guerra» durante los meses anteriores, ésta había estado principalmente dirigida contra Argentina. Sin embargo, puede muy bien ser cierto que la impaciencia con que fue recibido el comienzo de las hostilidades, en general, fue en cierta manera la salida de los sentimientos de frustración reprimidos que se habían acumulado durante los años de recesión. (La acción de Chile de febrero de 1879 podría ser plausiblemente descrita como precipitada). Pero ni Chile ni sus enemigos estaban preparados para la guerra. Sus ejércitos eran pequeños y escasamente equipados. Chile había recortado sus fuerzas militares durante la recesión, mientras que los ejércitos peruano y boliviano estaban claramente sobrecargados de mandos. En el mar, Chile y Perú (Bolivia no tenía marina) estaban, quizá, más igualados, y el dominio del mar era la clave de la guerra. Al final, la mayor coherencia nacional de Chile y la presencia de un gobierno tradicionalmente más estable marcaron probablemente la diferencia esencial. En diversos momentos durante estos años de gran peligro, tanto Bolivia como Perú se vieron afectados por levantamientos políticos serios. En Chile, en cambio, las elecciones al Congreso y la presidencia se celebraron de la forma habitual. Los gabinetes cambiaron sin gran estruendo, aunque la activa vida política no cesó. Ni los conservadores ni los liberales descontentos dirigidos por Vicuña Mackenna (que había intentado sin éxito ser elegido presidente en 1876) fueron invitados a entrar en el gabinete, y por ello censuraron duramente las numerosas vacilaciones y fallos del gobierno durante la guerra.

Los primeros meses, ocupados en la lucha por el dominio naval, constituyeron un periodo calamitoso para Chile, pero también proporcionaron el incidente más memorable de la guerra. El 21 de mayo de 1879, cerca de Iquique, la deteriorada corbeta de madera Esmeralda fue atacada por el acorazado peruano Huáscar. Aunque la corbeta estaba condenada desde el principio, el comandante chileno, el capitán Arturo Prat, rehusó arriar la bandera. Él mismo murió en una operación de abordaje sin esperanza al chocar el Huáscar contra su velero que, tras varios golpes, se hundió. El heroico sacrificio de Prat le convirtió en un «santo secular» sin par en la admiración de sus compatriotas. Cinco meses más tarde, cerca del Cabo Angamos, la flota chilena acorraló al Huáscar y le obligó a rendirse. Esta victoria dio a Chile el dominio del mar e hizo posible que emprendiera una ofensiva por tierra. Poco después de la batalla de Angamos, un ejército expedicionario invadió la provincia del desierto peruano de Tarapacá, obligando al enemigo a retirarse a Tacna y Arica en el norte. A principios de 1880 un ejército de 12.000 hombres dirigido por el general Manuel Baquedano llevó a cabo también la conquista de estas provincias, en una campaña en el desierto que culminó con las feroces batallas de Campo de la Alianza y el Morro de Arica (mayo-junio de 1880). Por esta época las potencias europeas habían discutido la posibilidad de intervenir para detener el conflicto, pero la sugerencia fue rechazada enérgicamente por Bismarck. Sin embargo, los Estados Unidos consiguieron que los beligerantes entablaran conversaciones a bordo de un crucero cerca de Arica en octubre de 1880. La conferencia fracasó. El gobierno chileno, ahora al mando de todas las principales zonas productoras de nitratos, casi habría preferido firmar la paz, pero la opinión pública pedía la humillación de Perú, con gritos estridentes de «¡A Lima!». A finales de los años ochenta un ejército de más de 26.000 hombres, una vez más bajo las órdenes de Baquedano, desembarcó en el centro de la costa peruana. Las batallas extremadamente sangrientas de Chorrillos y Miraflores (enero de 1881) abrieron las puertas de Lima. La guerra continuó en el interior de Perú durante dos años más con guerrillas resistiendo al ejército de ocupación, pero nada podía disfrazar el hecho de que Chile había conseguido la victoria. Un nuevo gobierno peruano aceptó finalmente, en el Tratado de Ancón (octubre de 1883), la mayoría de las inflexibles condiciones de paz. Tarapacá fue entregada a perpetuidad y Chile obtuvo la posesión temporal de Tacna y Arica —sobre la que se desarrolló una larga disputa diplomática no resuelta hasta 1929—. Los últimos soldados chilenos abandonaron Perú en agosto de 1884. Una tregua con Bolivia (abril de 1884) permitió a Chile mantener el control de Atacama hasta la negociación del restablecimiento completo de la paz, que no se materializó hasta 1904.

La victoria en la guerra del Pacífico dio a Chile un gran prestigio internacional. Los chilenos experimentaron la tentación de mostrarse arrogantes y recuperaron el optimismo tan seriamente dañado por la crisis de la década anterior al descubrir que, tal como Vicuña Mackenna característicamente dijo, «en el alma del chileno, bajo la burda túnica del soldado oculta bajo el rudo poncho de telar indígena, suele latir el heroísmo sublime de los héroes de la antigüedad»[17]. En cada chileno parecía haber un soldado. Con la conquista del litoral boliviano y de las provincias del sur de Perú, Chile engrandeció su territorio nacional en una tercera parte. La propiedad de los campos de nitratos significó que la riqueza del país aumentara enormemente de la noche a la mañana —y en el momento oportuno, dado el aparente agotamiento, a mediados de los años setenta, de los recursos de la prosperidad chilena—. Ya que el nitrato sustituyó al cobre y a la plata, el progreso material llevado a cabo en los cincuenta años anteriores a la guerra comenzó a parecer modesto en comparación con el apogeo de los años ochenta. Estas repentinas ganancias nacionales deben valorarse cuidadosamente y tratarse juiciosamente. Para Chile, el modelo de república de Latinoamérica, las victorias de la paz habían de ser, quizá, menos seguras que las de la guerra.

Segunda parte
BRASIL

Capítulo 8
LAS REPÚBLICAS DEL RÍO DE LA PLATA

Argentina se independizó en la segunda década del siglo XIX con pocos de los elementos considerados esenciales en un Estado latinoamericano. Tenía minerales pero no minas, tierra pero poca mano de obra, comercio pero escasas mercancías. La economía de Buenos Aires emergió de su pasado colonial no como productora, sino como un simple centro mercantil. Los comerciantes en la capital no obtenían sus beneficios de la exportación de los productos nacionales, sino de la importación de bienes de consumo para un mercado que se extendía desde el Atlántico hasta los Andes, a cambio de metales preciosos que se producían en Potosí. El hinterland de la ciudad, si bien tenía sus chacras y estancias, estaba poco desarrollado. En el momento de la independencia, los productos agrícolas sólo suponían el 20 por 100 del total de las exportaciones de Buenos Aires; el otro 80 por 100 provenía de la plata. Hasta alrededor del periodo 1815-1820, la explotación agraria continuó siendo una actividad secundaria, las fincas ganaderas eran poco numerosas y de pequeñas dimensiones. Por otro lado, la agricultura estaba confinada a unas cuantas explotaciones en las afueras de las ciudades y apenas producía lo necesario para el mercado urbano.

La independencia alteró esta forma de economía primitiva. En primer lugar, los extranjeros desplazaron a los comerciantes de Buenos Aires. Los británicos, con los recursos, capital, flota y contactos con Europa de que disponían, asumieron el papel mercantil que previamente habían ejercido los españoles. La incapacidad de competir con los recién llegados hizo que los comerciantes locales buscaran otra salida en la agricultura y la ganadería. La provincia de Buenos Aires, hasta entonces pobre vecino de zonas ricas en pastos, se aprovechó de la mala fortuna de sus rivales. En los años que siguieron a 1813, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes fueron devastadas por la guerra de independencia al mismo tiempo que la Banda Oriental, otra zona rica en pastos que quedó arruinada por la revolución, la contrarrevolución y la invasión portuguesa de 1816. Buenos Aires aprovechó la ocasión y los que poseían capital consiguieron buenos dividendos con la ganadería. Los pastos se extendieron a expensas de la agricultura, la provincia aumentó la exportación de productos ganaderos y pronto tuvo que depender de la importación de grano. Con el tiempo, el comercio de la provincia con el interior disminuyó. La actividad comercial había dependido siempre de la habilidad del interior en conseguir plata vendiendo productos al sector minero. Pero la competencia de las importaciones británicas deprimió las industrias rurales y artesanales del interior en un momento en que la guerra y la secesión estaban eliminando los mercados establecidos en Chile y el Alto Perú. La coyuntura creada por la competencia británica, los estragos de la guerra y la decadencia del interior dejaron incapacitada a la economía tradicional de Buenos Aires para sustentar a la clase dominante. Esto hizo que dicho grupo empezara a diversificar sus intereses, a adquirir estancias y a poner las bases de una economía rural. La tierra abundaba, el suelo era rico y fértil, y normalmente el suministro de agua era bueno en las pampas. El mayor peligro residía en la frontera, y ésta estaba peligrosamente cerca. Los indios pampas que vivían justo al sur y al oeste del río Salado eran los indios más violentos de las llanuras. Irremediablemente salvajes, vivían y luchaban a caballo convirtiéndose en un enemigo móvil y evasivo, que manejaba la lanza y la bola con depurada técnica en sus veloces incursiones contra poblados, estancias, propiedades y personas. A partir de 1815, la expansión de la estancia se convirtió para el indio en una tragedia. Los colonos empezaron a ocupar sus terrenos de caza al sur del río Salado y, en represalia, los indios intensificaron sus ataques y extendieron sus saqueos. En ocasiones se sumaban a éstos los gauchos nómadas, los desertores del ejército, los delincuentes que huían de la justicia y los refugiados que huían de conflictos sociales o políticos, a los que se recurrió en las guerras civiles que tuvieron lugar por aquel tiempo, tanto por un bando como por otro. Los nuevos estancieros querían la ley y el orden en las pampas, y la paz en la frontera; también querían asegurar su propiedad.

A partir de 1822, Bernardino Rivadavia, ministro progresista del gobierno provincial de Martín Rodríguez, introdujo el sistema enfitéutico. Las tierras públicas se arrendaron (su venta estaba prohibida) a particulares y a corporaciones por 20 años a un precio fijo y extremadamente bajo; el solicitante simplemente había de medir y pedir la zona escogida. Esto convirtió la tierra en productiva, especialmente las vastas reservas que se extendían al sur de la frontera, al mismo tiempo que satisfacía la avidez de tierras de las familias adineradas. Este sistema contribuyó al latifundio y a la concentración de tierras. No existía ninguna limitación en cuanto a la cantidad de tierra que se podía arrendar y el arrendatario tenía plena libertad para vender sus derechos o subarrendar las tierras; las comisiones que determinaban el valor de las propiedades y que administraban su distribución estaban en manos de los estancieros. Entre 1824 y 1827, se hicieron varias concesiones extensísimas: algunas personas llegaron a recibir más de 10 leguas cuadradas (26.936 hectáreas) cada una. Hacia 1828 se habían concedido casi 1.000 leguas cuadradas (más de 2,6 millones de hectáreas) a 112 particulares y compañías, de los cuales diez recibieron 52.611 hectáreas cada uno. En la década de 1830, se habían transferido unos 8,5 millones de hectáreas de tierras públicas a 500 particulares, muchos de los cuales pertenecían a familias adineradas de la capital, como los Anchorena, los Santa Coloma, los Alzaga y los Sáenz Valiente, todos ellos miembros de la oligarquía terrateniente argentina.

En la expansión de la ganadería, el crecimiento más bien fue extensivo que intensivo, puesto que era la tierra y no el capital lo que abundaba y aún no existían innovaciones técnicas que modernizaran la producción o que mejoraran el ganado. Lo que importaba era el número de reses y el tamaño de las propiedades, pero llegó un momento en que la presión sobre los pastos y la falta de nuevas enfiteusis llevó al sector ganadero al límite de su expansión. Los estancieros se adentraron más y más en el sur, hacia territorio indio en busca de tierra barata sin ocupar. La acción del gobierno era necesaria para ocupar y proteger el nuevo territorio. Aunque Rivadavia se había ocupado de conceder tierras, poco había hecho para mantener el orden en el campo o para llevar la paz a la frontera. Juan Manuel de Rosas, uno de los pioneros de la frontera sur, propietario de grandes extensiones y con muchos peones a su servicio, comandante de milicias capaz de parlamentar con los indios y asustar a los políticos, y gobernador de Buenos Aires desde 1829, defendió una política de expansión y colonización y dio los primeros pasos para mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra. Organizó y encabezó la Campaña del Desierto de 1833 hacia el Río Colorado y el Río Negro con el objeto de contener la agresión india, ampliar la frontera e imponer una paz perdurable. Rosas recurrió tanto a la diplomacia como a la fuerza, a las recompensas como a los castigos. Uno de los éxitos de Rosas fue añadir a Buenos Aires miles de kilómetros cuadrados de tierra, no desérticos, sino atravesados por grandes ríos. Los beneficios fueron instantáneos. El gobierno provincial transfirió grandes extensiones de las nuevas tierras a particulares en los años que siguieron a 1833, especialmente a los oficiales veteranos de la expedición. A medida que los colonos se adentraban hacia el sur, una vez más usurpaban el territorio de caza de los indios. No obstante, ahora, en la década de los cuarenta, los indios veían a los colonos con más respeto en parte por la fama militar de Rosas y también por la política pacificadora de subsidios.

Rosas también introdujo importantes modificaciones permanentes en la estructura legal de la propiedad. Existían tres maneras de adquirir tierras: por arrendamiento, compra o concesión. La enfiteusis había trascendido su sentido inicial. Había facilitado la explotación y la concentración de tierras, aunque el Estado se había beneficiado poco, porque la renta que se pagaba por ella era ínfima. Por este motivo, Rosas decidió vender la tierra pública al contado, cargando una contribución específica cuando fuera necesario. Las leyes de los años 1836-1838 que dispusieron la venta de tierras pusieron grandes extensiones en el mercado. La mayor parte de las tierras pasaron a manos de los más ricos, de los más poderosos y los más favorecidos; los nombres de los grandes compradores fueron casi idénticos a los de los grandes arrendatarios enfitéuticos como Anchorena, Díaz Vélez, Alzaga y Arana. Hacia 1840, 3.436 leguas cuadradas (9.255.209 hectáreas) de la provincia estaban en manos de 293 personas. No obstante, no había prisa para comprar tierra; es más, muchos compradores potenciales desistieron de hacerlo debido a la recesión económica —tal como sucedió durante el bloqueo francés de 1838-1840— o a la inseguridad política del momento. Por consiguiente, como alternativa a vender tierra, Rosas empezó a donarla. Hizo generosas concesiones de tierra a los partidarios del régimen, a los militares que participaron en guerras o aplastaron rebeliones, a los funcionarios y a los favoritos. La tierra se convirtió casi en moneda de cambio y a veces sirvió para pagar pensiones y salarios. Era la fuente fundamental del patronazgo y cuando era confiscada significaba un terrible castigo.

En la década de los años cuarenta, las vastas llanuras de Buenos Aires estaban repartidas entre las bien proveídas estancias y albergaban alrededor de 3 millones de cabezas de ganado que constituían la riqueza fundamental de la provincia y la base de la economía exportadora. Era ganado de clase inferior, criado en campo abierto al cuidado de unos cuantos vaqueros, pero proporcionaba cuero y carne salada que era lo que el mercado pedía.

La estancia vendía sus productos fuera y dentro de Buenos Aires, pero la infraestructura de la provincia era incluso más primitiva que las propiedades a las cuales servía. Era un país sin caminos ni puentes, donde sólo había rastros en las rutas principales. Casi todo se hacía y se suministraba a caballo, y los caballos eran un producto de la estancia tan importante como el ganado. Los caballos transportaban a los gauchos a través de las llanuras y a los ejércitos al campo de batalla. Los pescadores pescaban a caballo en los ríos e incluso los mendigos mendigaban a caballo. Pero los carros de bueyes eran el principal medio de transportar mercancías. Los carros se construían en los talleres de Tucumán y los conducían tenaces carreteros que operaban sobre todo en las rutas principales que atravesaban Argentina, una desde Buenos Aires a Chile, pasando por San Luis y Mendoza, y otra desde Buenos Aires hasta Bolivia, vía Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. Normalmente se viajaba en caravanas de 14 carretas, cada una de las cuales era tirada por seis bueyes, más tres de repuesto, avanzando despacio a través de las pampas y colinas en viajes que duraban semanas y meses. Los gastos de transporte eran elevados —20 libras esterlinas la tonelada incluyendo los impuestos de cada provincia— y el transporte significaba el 40 o incluso el 50 por 100 del coste inicial. El ganado era mucho más fácil de transportar que las mercancías, y expertos vaqueros lo conducían con rapidez de los ranchos a su punto de destino.

El principal mercado de las estancias eran los saladeros, unos grandes establecimientos donde se sacrificaba el ganado, se extraía el sebo, se salaba y se secaba la carne y se preparaba el cuero para la exportación. Los saladeros empezaron a abrirse en Buenos Aires en 1810, desapareciendo en 1817 debido a la escasez de carne en la ciudad, y volvieron a funcionar a partir de 1819, proliferando en las vías de acceso al sur de la ciudad. Hacia mediados de la década de 1820, existían unos 20 saladeros que sacrificaban más animales que los mataderos de la ciudad y exportaban cueros a Europa y tasajo a Cuba y Brasil. Los saladeros eran la única innovación técnica en la economía ganadera. En la década de los cuarenta, mientras que los saladeros de Buenos Aires y alrededores seguían siendo 20, su producción en cambio había aumentado enormemente, sacrificándose de 200 a 400 animales diarios por saladero durante la temporada. El saladero constituía una inversión considerable en local, máquinas de vapor y equipamiento de todo tipo; la mayoría pertenecían a sociedades más que a particulares, y muchos extranjeros tenían capital en esta industria. Los saladeros —dirigidos por expertos, suministrados por las estancias y protegidos por el gobierno— eran parte integral del sistema estanciero. La exportación de carne salada pasó de 113.404 quintales en 1835 a 198.046 en 1841, y a 431.873 en 1851.

El Estado favorecía a los ganaderos a expensas de los pequeños chacareros, y el país básicamente dependía del grano importado. En un periodo de escasez de capital, de poca tecnología y de falta de mano de obra era realista sacar provecho de los recursos naturales del país, dedicarse a la ganadería y promover las exportaciones con más garantía de éxito incluso si esto significaba desviar recursos de actividades respetables pero menos rentables. La política económica de Rivadavia se centró en subvencionar la inmigración y en confiar en la fertilidad del suelo y en las fuerzas del mercado. Pero los planes de colonización agraria de los años veinte fracasaron por falta de capital, organización y seguridad, lo que contrastaba con la gran expansión y el dinamismo interno de las estancias. En cualquier caso, la agricultura estaba sujeta a determinados obstáculos y requería un tratamiento especial. La mano de obra era escasa y cara, los métodos eran primitivos y los rendimientos bajos. El alto coste del transporte forzó a los campesinos a trasladarse más cerca de las ciudades, donde los precios de la tierra eran más elevados; por otro lado, siempre se tenía que competir con el grano extranjero. Así pues, la agricultura necesitaba capital y protección. Los gobiernos dudaban al respecto porque temían causar el encarecimiento de los alimentos y perder el apoyo popular. Desde la independencia hasta 1825, y a pesar de las quejas de los chacareros, prevaleció una política de aranceles bajos favorables al consumidor y a la exportación. Pero los chacareros no fueron los únicos que criticaron el libre comercio.

Las provincias del litoral y del interior se diferenciaban de la de Buenos Aires por varias cosas. En primer lugar, eran menos prósperas. Las guerras civiles que siguieron a la guerra de independencia perjudicaron la economía del litoral —Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes— retrasando su desenrollo. Cuando al final empezaron a recuperarse se encontraron con un Buenos Aires dominante decidido a monopolizar el comercio, la navegación y las aduanas y a dictar una política de libre comercio. Por lo tanto, las negociaciones para conseguir un pacto federal entre las provincias estuvieron marcadas por duros debates en torno a la política económica. En el transcurso de 1830 Pedro Ferré, representante de Corrientes y líder del movimiento proteccionista del litoral, exigió no sólo la nacionalización de los ingresos procedentes de las aduanas y la libre navegación de los ríos, sino también la revisión de la política arancelaria de la provincia de Buenos Aires. José María Rojas y Patrón, delegado de Buenos Aires, contestó que la protección perjudicaba al consumidor sin ayudar realmente al productor; si las industrias nacionales no eran competitivas ni capaces de cubrir las necesidades de la nación, no existía protección alguna que las salvase. La ganadería dependía de la tierra barata, del dinero barato y de la constante demanda de cuero por parte de los mercados extranjeros. El proteccionismo aumentaría los precios y los costes y dañaría la exportación, y por lo tanto toda la población sufriría en beneficio de una pequeña minoría que no tenía contacto con la economía ganadera. Ferré rechazó tales argumentos, censuró la libre competencia, exigió protección para las industrias del país frente a los productos extranjeros de más bajo coste de producción y pidió la apertura de nuevos puertos además del de Buenos Aires, lo que reduciría la distancia y el coste de los transportes a las provincias. Sólo de esta manera se desarrollaría la economía del litoral y del interior, se protegerían las inversiones existentes y se reduciría el desempleo. Buenos Aires no cedió, y el Pacto del Litoral (1831) se firmó sin Corrientes, si bien se adheriría más tarde a él. El hecho de que Corrientes tomara la delantera en pedir protección no fue una casualidad. Aparte de estancias ganaderas, poseía un sector agrario vital que producía algodón, tabaco y otros productos subtropicales, cuya expansión necesitaba ser protegida de la competencia paraguaya y aún más de la brasileña. Pero durante el primer gobierno de Rosas (1829-1832), la política fiscal se orientó primordialmente a servir a la ganadería de Buenos Aires. Los cambios propuestos en 1831 —reducción de impuestos sobre la sal y el transporte del ganado a la ciudad— sólo iban a proteger a la industria de los saladeros que decían que estaba sufriendo la competencia de Montevideo y de Río Grande do Sul. En 1833, se redujo el impuesto sobre el cuero y se suprimió el arancel sobre la sal que se transportaba desde las provincias del sur en buques nacionales. Pero la agricultura porteña, los productos del litoral y las industrias del interior no recibieron ningún tratamiento especial.

La economía del interior —el medio oeste y el oeste— en cierta medida se mantuvo aislada del impacto directo de la independencia, sufriendo menos que el litoral la devastación y las guerras. Es cierto que durante unos cuantos años la frontera noroeste fue una zona de conflictos bélicos y que los vínculos tradicionales con los mercados del Alto Perú y Chile se rompieron temporalmente. No obstante, a partir de 1817 la economía chilena volvió a funcionar de nuevo, estimulada por un comercio exterior más activo. El oeste de Argentina se incorporó al mercado transandino exportando mulas a la zona minera, ganado a los saladeros y a los mercados de las ciudades junto con otros productos andinos tales como fruta y vino. Estos mercados fueron oportunos, puesto que después de la independencia la competencia de los vinos europeos cerró virtualmente el mercado de la costa oriental a los de Mendoza. Salta tenía poco más que una economía de subsistencia, aunque criaba mulas para exportarlas fuera de la provincia. Tucumán continuó produciendo arroz y tabaco y elaborando azúcar y aguardiente, así como cuero. Pero los productos de la provincia tenían un alto coste de producción y estaban demasiado lejos de los mercados para competir, por ejemplo, con el azúcar brasileño. La minería andina estaba fuera de la economía. El oro, la plata, el cobre y el hierro de La Rioja, y el oro, la plata y el plomo de San Juan eran bienes inactivos. El sueño de Rivadavia de desarrollar la minería con capital británico nunca se llevó a cabo. La lejanía de las minas, la escasez de mano de obra, la tecnología deficiente y la total falta de medios de transporte hasta la costa hicieron que la explotación minera argentina resultara cara y no garantizara una explotación rentable. Por tanto, las «industrias del interior» se reducían a poco más que a los cereales, el vino y los tejidos, que en opinión de Buenos Aires no valía la pena proteger.

Sin embargo, en Buenos Aires también existía un interés proteccionista, expresado a veces en la asamblea y otras en los debates públicos, que exigía medidas para salvaguardar tanto la industria nacional como la agricultura. Estas opiniones reflejaban tanto la ansiedad de ciertas actividades manufactureras como un latente y hondo resentimiento hacia los extranjeros y además cierto federalismo; al respecto debe tenerse en cuenta que estas opiniones representaban diferentes minorías e intereses de grupo y que por lo tanto no significaban un nacionalismo económico. Buenos Aires poseía un pequeño sector industrial formado por manufactureros textiles, plateros, guarnicioneros y herreros que cubrían las pequeñas necesidades locales y en ocasiones las demandas del Estado. De hecho, la guerra mantuvo a muchos de ellos ocupados con pedidos de uniformes, equipos y material bélico. En 1831, Buenos Aires tenía 94 talleres de curtidos, 83 carpinterías, 47 forjas y 42 plateros. Básicamente eran industrias artesanas, aunque ya empezaba a vislumbrarse el surgimiento del sistema fabril. Algunas manufacturas empleaban varios trabajadores en un mismo local y ya existía algún tipo de especialización en el trabajo y se utilizaban máquinas en la fabricación de tejidos, sombreros, muebles y otros productos. Sólo unas cuantas de estas empresas podían competir en calidad y precio con los productos importados y constantemente presionaban para que el Estado interviniera en su favor. En enero de 1836, por ejemplo, los zapateros de Buenos Aires pidieron al gobierno que prohibiese la entrada de zapatos extranjeros, ya que no podían competir con los productores extranjeros a quienes el bajo costo de producción, las materias primas más baratas, la abundante mano de obra y el uso de maquinaria moderna les proporcionaba una ventaja arrolladora. Por su parte, los estancieros, incluyendo tanto a Rosas como a Anchorena, preferían el libre comercio al proteccionismo por razones de interés económico y porque favorecía al sector ganadero orientado a la exportación. Los que se oponían por principio al intervencionismo del Estado también apoyaron el libre comercio argumentando que la industria únicamente prosperaría cuando estuviera preparada para hacerlo y que no valía la pena proteger a los fabricantes nacionales que no pudieran competir en precio y calidad con los productos importados. Pedro de Angelis, uno de los portavoces más ilustrados del régimen de Rosas y que a la vez era historiador y periodista, atacó duramente la idea de proteger a la industria vinícola comarcal y a la industria del calzado porteña, porque el proteccionismo dispararía los precios perjudicando a todos los consumidores, al mismo tiempo que desviaría mano de obra hacia la industria que sería mejor empleada en el sector agrario.

Sin embargo, la preocupación por la adversa balanza de pagos mantuvo con vida al grupo proteccionista y a su debido tiempo Rosas intervino. En la ley de aduanas de diciembre de 1835, introdujo impuestos más elevados sobre las importaciones. Partiendo del impuesto básico situado en un 17 por 100, el arancel se incrementó protegiendo más a los productores más vulnerables hasta llegar a prohibir un gran número de artículos tales como los tejidos, la maquinaria y el trigo —en este último caso según cuál fuera el precio del nacional—. De esta forma, Rosas ayudó claramente a la producción manufacturera y a la agricultura.

¿Por qué lo hizo? ¿Creía realmente que Argentina podía llegar a industrializarse? ¿Estaba convencido de que su régimen podía acabar con su dependencia de las importaciones, resistir la competencia exterior y soportar un costo de vida más alto? ¿O actuaba bajo la coacción política, buscando ampliar la base social de su gobierno? En 1835-1836 no parecía que hubiera ninguna razón para que Rosas necesitara el apoyo de los sectores popular e intermedio de la sociedad. El régimen se apoyaba firmemente en los estancieros, que continuaban siendo el grupo dominante de la provincia y, a su vez, los aliados más fieles del gobierno. Parece que el objetivo de Rosas fue mantener la estructura económica existente, protegiendo al mismo tiempo a aquellos grupos minoritarios más indefensos dentro del sistema. Por lo tanto, los aranceles de 1835 se introdujeron para paliar las tensiones de los sectores agrícola e industrial sin dañar el sector ganadero de exportación. Al mismo tiempo, la ley tuvo un fuerte contenido interprovincial, ya que se intentó dar más credibilidad a la política federalista mostrando una actitud proteccionista no sólo ante Buenos Aires sino también ante las provincias.

En la práctica, las industrias nacionales, tanto la porteña como la de provincias, no respondieron como era de esperar a la protección brindada por la ley arancelaria y el bloqueo francés. Incluso bajo las mejores condiciones, cuando hubieran podido aprovecharse de la subida de los precios producida por la escasez, los fabricantes no fueron capaces de satisfacer las necesidades del país. Si las industrias existentes no supieron crecer, difícilmente quedaron incentivos para arriesgar el poco capital que había en nuevas empresas. El gobierno no podía continuar cargando todo el peso a los consumidores, y Rosas empezó a cuestionarse el proteccionismo. En 1838 los impuestos sobre las importaciones se redujeron un tercio para minimizar los efectos del bloqueo francés (véase más adelante). Entonces, argumentando la necesidad de buscar nuevos ingresos y atendiendo a la escasez de ciertos artículos, Rosas decidió (31 de diciembre de 1841) permitir la entrada a una larga lista de productos antes prohibidos. El argumento en favor del libre comercio demostró su validez: la producción nacional no fue capaz de aprovechar la protección brindada por el gobierno y los aranceles sólo causaron escasez y precios altos, siendo los consumidores y el tesoro público las principales víctimas. Parece ser que el mismo Rosas perdió la fe en el proteccionismo que, mientras estrangulaba al sector más fuerte de la economía, artificialmente apoyaba al sector más débil. Muy pocos se lo agradecieron. Por lo tanto, la industria se quedó al margen de la vida económica, relegada exclusivamente a los talleres artesanales. Cuando el inglés Charles Mansfield visitó el Río de la Plata en 1852-1853, viajó como un embajador publicitario de los productos británicos: el poncho de algodón blanco que llevaba, aunque comprado en Corrientes, se había confeccionado en Manchester y sus espuelas plateadas compradas en Buenos Aires se habían fabricado en Birmingham. La tendencia hacia la economía agropecuaria reflejaba tanto la estructura social como las condiciones económicas. La clase alta prefería los productos importados, mientras que el resto de la población no formaba un mercado de consumo suficiente para impulsar la industrialización. En el Buenos Aires de Rosas existían pocas libertades, pero el libre comercio era una de ellas.

Buenos Aires vivía del comercio exterior y sus estancias en expansión dependían de los mercados exteriores. En los primeros años que siguieron a la independencia se produjo un gran desequilibrio comercial porque, mientras decaía la exportación de metales preciosos, aumentaba la importación de bienes de consumo, y la exportación de los derivados del sector ganadero tardó dos décadas en equilibrar la balanza de pagos. En 1829 y en 1832, las importaciones todavía rebasaban las exportaciones; así pues, la forma de cubrir la diferencia era exportar moneda. De ello resultó que en el país faltara dinero en metálico, problema que se subsanó emitiendo más papel moneda que nunca. Las letras de cambio libradas al cambio de Londres eran el instrumento de crédito del comercio internacional y los comerciantes británicos llegaron a dominar el mercado financiero de Buenos Aires. El intercambio principal consistía en tejidos ingleses a cambio de cueros argentinos, un comercio que se mantuvo constante si bien sin un cambio espectacular excepto durante los años del bloqueo, en 1838-1839 y en 1845-1846, cuando sufrió una caída en picado. Desde 1822 hasta 1837, las exportaciones de Buenos Aires aumentaron su valor de 700.000 libras a 1 millón; de 1837 a 1851 lo doblaron hasta llegar a 2 millones anuales. El cuero constituía la mayor parte de estas exportaciones. En la década de 1830, desde Buenos Aires se exportó una media anual de 798.564 cueros y de 2.303.910 en la de 1840. En 1836 el cuero representaba el 68,4 por 100 del valor total de las exportaciones de Buenos Aires y en 1851 supuso el 64,9 por 100. Si añadimos a este producto la carne salada y otros derivados del ganado, en este caso la industria ganadera en 1855 constituía el 82,8 por 100 del total de las exportaciones. La causa principal del crecimiento de las exportaciones fue la incorporación de más tierras en el sistema, especialmente la expansión de la frontera sur a partir de la Campaña del Desierto de 1835. La provincia de Buenos Aires producía alrededor de los dos tercios del total de los cueros que se exportaban desde las provincias del litoral. Otra causa, aunque secundaria, fue el bloqueo de Buenos Aires por las potencias extranjeras que, al paralizar temporalmente el envío de cueros, hizo aumentar las reservas de ganado permitiendo de esta forma que el ganado se multiplicara en las pampas.

Mientras tanto, las importaciones que entraban en Buenos Aires pasaron de un total de 1.500.000 libras esterlinas en 1825 a 2.100.000 en 1850, un aumento que probablemente fue más importante en cantidad que en valor debido a la caída de los precios de los productos manufacturados europeos. El ahorro era escaso y existía poco capital acumulado. La importación de productos de lujo y de consumo absorbía el capital excedente que de otra forma se podría haber invertido. Pianos, relojes, joyas y piedras preciosas constituían el 10 por 100 de las importaciones anuales. Los productos de consumo y lujo tales como muebles, ropa y zapatos para el mercado de calidad suponían el 32 por 100. De esta manera, casi la mitad de las importaciones eran productos manufacturados que cubrían la demanda de calidad superior. Las materias primas industriales, tales como carbón, hierro y otros metales, sumaban sólo el 3 por 100 de las importaciones, lo que indica el escaso grado de industrialización, la ausencia de tecnología y el bajo nivel del empleo artesano.

Argentina ya empezaba a desarrollar unos lazos económicos más estrechos con Gran Bretaña. En los primeros años de la república los cargueros británicos transportaron un 60 por 100 de las mercancías que entraban y salían de Buenos Aires. Hacia mediados de siglo y con una competencia creciente, la flota británica en Buenos Aires cargaba el 25 por 100 del total. La mayor parte del comercio se dirigía a Gran Bretaña (322 buques y el 22,8 por 100 del tonelaje en 1849-1851) y a los Estados Unidos (253 buques y el 21,6 por 100), aunque una porción considerable del comercio (33 por 100) todavía se destinaba a países menos desarrollados como Cuba, Brasil, Italia y España. En la primera mitad del siglo XIX, el valor del comercio británico en Argentina no ascendió espectacularmente. En el periodo comprendido entre 1822 y 1825, la media anual de las exportaciones estuvo entre las 700.000 y 800.000 libras esterlinas, y en 1850 el valor de las exportaciones británicas a Argentina se situó en 900.000 libras esterlinas. A pesar de la creciente competencia, en 1837, el valor total de las exportaciones británicas al Río de la Plata superaba el de todos los otros países extranjeros juntos; en 1850 aún se mantenía esta diferencia respecto a los demás competidores. Argentina se apoyaba en la manufactura, el transporte y los mercados británicos, pero todavía no dependía del capital y la tecnología británica, tomaba por sí misma sus decisiones económicas y su independencia nunca se puso en duda. A mediados de siglo la balanza comercial se estaba equilibrando, ya que el mercado británico consumía más materias primas argentinas.

La estructura social era simple y de dimensión reducida. Argentina era una tierra llena de ganado pero sin apenas habitantes, y con 2,59 millones de kilómetros cuadrados de territorio en 1820 contenía un tercio de la población del Londres de entonces. Con todo, Argentina, en los cincuenta años que siguieron a la independencia, conoció un crecimiento demográfico constante; se pasó de los 507.951 habitantes de 1816 a los 570.000 de 1825, 1.180.000 en 1857 y 1.736.923 en 1869. En los treinta años que transcurrieron de 1825 a 1857, la población se dobló. Este crecimiento se debió esencialmente a la caída de la tasa de mortalidad en un momento en que las condiciones económicas mejoraron, no surgieron epidemias de importancia y los brotes de cólera y de fiebre amarilla todavía estaban por llegar. En este periodo, la inmigración fue moderada, pero una vez terminó el bloqueo llegaron a Buenos Aires vascos, franceses, canarios, italianos y británicos. El incremento más notable de la población se registró en las provincias del litoral, que pasaron de representar un 36 por 100 del total en 1800, al 48,8 por 100 en 1869. Buenos Aires y Córdoba sumaban más de un tercio del total de la población. Buenos Aires era una ciudad insalubre y pestilente, sin comodidades, sin alcantarillas y sin suministro de agua. Pero aún así sus habitantes crecían en número, pasando de 55.416 en 1822 a 177.787 en 1869, mientras la población global de la capital y la provincia conjuntamente pasó de 118.646 a 495.107 en este mismo periodo.

La propiedad agraria era la base de la sociedad. Las grandes estancias concedían status e imponían subordinación. Los estancieros o sus clientes controlaban la administración, la cámara de representantes, el gobierno local y la milicia. La polarización de la sociedad era absoluta. Existía una clase alta formada por los terratenientes y sus asociados, y una clase baja que comprendía al resto de la población, aunque, a decir verdad, algunas delimitaciones sociales eran difusas. El comercio era importante económicamente y respetado socialmente. Además, el comercio hizo que se amasaran las primeras fortunas, como las de las familias Anchorena, Alzaga y Santa Coloma. Pero la élite urbana de principios del siglo XIX no adquirió una identidad propia ni se convirtió en una clase media independiente. Enfrentados a la insistente competencia británica en los años que siguieron a la independencia, los hombres de negocios locales empezaron a desviar su capital hacia la tierra y sin abandonar sus ocupaciones en la ciudad se convirtieron en estancieros, identificándoseles como una nueva aristocracia. Nadie llenó este sector de clase media que había quedado vacío. La función empresarial fue ejercida por extranjeros; los empresarios británicos pronto dominaron las actividades comerciales, mientras que los inmigrantes europeos emprendían ocupaciones artesanales, complementando el papel de los artesanos locales. Pero mientras que los comerciantes criollos ascendieron socialmente convirtiéndose en una aristocracia terrateniente, los artesanos y los manufactureros se fundieron claramente con los sectores sociales más bajos, marcados por su actividad manual que a menudo ejercía también la gente de color.

Si en las ciudades había pocas perspectivas de que emergiera una clase media nativa, aún era menos probable que ésta se formase en el área rural, donde un abismo separaba a los terratenientes de los braceros sin tierra. No obstante, la homogeneidad de la clase terrateniente no era absoluta. Algunos estancieros eran propietarios de extensiones inmensas y otros poseían propiedades relativamente modestas. Los primeros a menudo eran capitalistas de origen urbano, con algunos estudios, que aspiraban a un nivel de vida más alto. Los otros más bien eran descendientes de antiguos moradores de aquellas tierras, culturalmente se diferenciaban poco del gaucho y eran analfabetos e indiferentes a las comodidades materiales y apenas invertían en mejoras. Con todo, y a pesar de las diferencias en la renta, la cultura y el estilo de vida, los estancieros, si los comparamos con los peones de sus propiedades y los gauchos de las pampas, formaban una unidad. Entre la clase terrateniente existía un importante sentimiento de solidaridad y cohesión de grupo. El mismo Rosas era el centro de un amplio grupo de parientes, basado en la tierra. Estaba rodeado de una tupida red económica y política que abarcaba diputados, abogados, funcionarios y militares, que también poseían tierras y estaban emparentados entre ellos o con su líder. Rosas utilizó su extenso patronazgo para unir aún más esta pequeña oligarquía. Los Anchorena, en concreto, llegaron a ampliar sus propiedades rurales y urbanas gracias a la ayuda directa de Rosas, beneficiándose de sus alegados servicios al Estado.

Al final del periodo colonial, las pampas estaban habitadas por ganado salvaje, indios indómitos y gauchos rebeldes. Los gauchos eran el resultado de la mezcla de razas; se ha discutido sobre sus componentes raciales, pero no hay duda alguna de que en el litoral existían tres etnias: indios, blancos y negros. Por simple definición, el gaucho era un hombre libre a caballo, aunque sus contemporáneos y los historiadores más tarde utilizaron el término en un sentido más amplio, refiriéndose a la gente del campo en general. Muchos pobladores del campo, sin embargo, no eran gauchos ni peones; eran familias independientes que vivían en pequeños chacras o ranchos, o que se ganaban la vida en una pulpería o una población. Precisando aún más, se puede distinguir entre los habitantes sedentarios del campo —que trabajaban sus tierras o las del patrón— y los gauchos puros, que eran nómadas e independientes, sin vínculos con la tierra. Afinando aún más las definiciones, el gaucho malo se identificaría como aquel que vivía violentamente y en la casi delincuencia, y a quien el Estado consideraba delincuente. Tanto si era bueno como si era malo, el gaucho clásico preservaba su libertad desvinculado de toda institución formal; era indiferente al gobierno y a sus agentes y también a la religión y a la Iglesia. No pretendía apoderarse de tierras: la caza, el juego y las peleas eran su vida. La vida nómada del gaucho tenía muchas implicaciones sociales: le impedía tener un empleo u ocupación fijo y las ideas de propiedad, industria o vivienda le eran ajenas, como también lo era el concepto de familia. Los sectores sociales más altos disfrutaban de la estabilidad familiar, y estos lazos de parentesco les hacían más fuertes y poderosos. Los sectores sociales bajos eran mucho más débiles institucionalmente. Esto reflejaba en parte la división ciudad-campo en dos culturas diferentes; también era una de las características de la estructura social. Las uniones entre gauchos y peones eran temporales y las familias resultantes no mantenían lazos profundos. El matrimonio era una excepción, y la madre soltera era la que formaba el núcleo de la familia rural, ya que ella era el único de los progenitores siempre presente. Incluso cuando el padre no llevaba una vida de gaucho nómada, se empleaba donde le contrataban, o se reclutaba como soldado o montonero.

Los grupos dominantes en el campo habían impuesto tradicionalmente una forma de coerción sobre los que ellos llamaban «mozos, vagos y mal entretenidos», esto es: vagabundos sin patrón ni empleo, vagos que se sentaban en grupos cantando y tocando la guitarra, bebiendo mate o licor y jugando, y que parecía que nunca trabajaban. Esta clase era vista como mano de obra potencial y era objeto de una fuerte represión por parte de los terratenientes —expediciones punitivas, encarcelamientos, reclutamientos para proteger la frontera india, castigos corporales y otras penas—. La legislación tildaba a los vagos y mal entretenidos de delincuentes por definición, y a la vagancia de delito. Aplicadas rigurosamente por los jueces de paz, las leyes de antivagancia tenían el objetivo de imponer el orden y la disciplina en el campo, de facilitar una reserva de mano de obra para los hacendados y para proporcionar reclutas al ejército. La milicia se convirtió de hecho en una prisión abierta a la que se conducía a la parte más miserable de la población rural. Para el gaucho, los años que siguieron a la independencia fueron incluso más duros que los anteriores. La concentración de la propiedad impidió que la mayoría de la gente adquiriera tierra, mientras que la expansión de las estancias hizo que aumentara la demanda de mano de obra. Durante el periodo colonial, la existencia de prácticas consuetudinarias en las pampas permitió al gaucho acceder al ganado cimarrón de los pastos sin dueño. Pero estas formas tradicionales desaparecieron cuando se establecieron y dotaron las estancias, cuando proliferó la propiedad privada en los llanos y los terratenientes se adueñaron del ganado. Las leyes republicanas, tanto las de Rivadavia como las de Rosas, atacaron el vagabundeo y movilizaron a la población rural. Se obligó a la gente a que llevase documentación personal y certificado de empleo; si se encontraba a un peón fuera de su estancia sin permiso, se le reclutaba o se le asignaba un trabajo público. De esta forma, el gaucho pasó de ser un nómada libre a ser un peón de estancia.

Este tipo de sociedad primitiva no estaba preparada para un sistema constitucional o para participar en la vida política. La estancia dominaba la vida social y económica del país erigiéndose como modelo de gobierno. Los estancieros gobernaban sus dominios con su autoridad personal, exigiendo obediencia incondicional. Configuraban una clase poderosa y cohesionada que no tenía rival. Argentina aún no poseía un sector medio de comerciantes o de industriales y tampoco tenía muchos campesinos. La clase popular, mucho más numerosa, tenía una composición heterogénea y estaba dividida en grupos distintos: los peones de las estancias, los obreros asalariados, los pequeños campesinos o arrendatarios, los gauchos marginales y los delincuentes. La subordinación de los sectores más bajos de la sociedad, sus parcas expectativas y su aislamiento en las inmensas llanuras impidieron conjuntamente que apareciera un movimiento político autónomo desde abajo. Por otra parte, eran los elementos ideales para las movilizaciones militares y les era fácil convertirse en montoneros (los grupos guerrilleros de las llanuras). No luchaban por conflictos de clase, sino por conflictos sectoriales e internos de los grupos dominantes, esto es: por disputas entre propietarios o entre familias poderosas, por oponerse al gobierno existente, o por enfrentamientos entre provincias vecinas. En una situación de equilibrio entre facciones, los líderes acudían a las personas a su servicio para reunir el máximo número de hombres para inclinar la balanza a su favor. No obstante, la utilización de fuerzas populares no perseguía objetivos populares. La estancia podía movilizar a sus peones para el trabajo o para la guerra, y un jefe regional podía a su vez recurrir a los estancieros clientes suyos. Además, los enfrentamientos dentro de la propia oligarquía se daban en una situación demográfica peculiar en la que una población relativamente pequeña apenas poblaba las llanuras. Mientras que en la cúpula de la sociedad los lazos de parentesco eran estrechos, entre los miembros de las clases populares, especialmente en las zonas rurales, el contacto era escaso en parte debido a las grandes distancias que separaban a los núcleos rurales y por el hecho de que los peones estaban atados a la tierra e inmovilizados por las reglas de la estancia. En pocas palabras, se reclutaba, se mandaba y se manipulaba a la gente, pero no se la politizaba. ¿De qué forma se conseguía?

La relación entre patrón y cliente era el vínculo fundamental. El propietario quería mano de obra, lealtad y servicio tanto en tiempos de guerra como de paz. El peón necesitaba medios de subsistencia y seguridad. Así pues, el estanciero se erigía en protector, poseyendo la suficiente fuerza para defender a los que estuvieran a su servicio de los indios merodeadores, de los sargentos reclutadores y de los grupos rivales. El estanciero también era un proveedor que desarrollaba y protegía los recursos locales y que proporcionaba empleo, sustento y albergue. Al suministrar lo necesario y al explotar los recursos, el hacendado reclutaba una peonada. Esta primitiva estructura política, basada en el poder individual, erigida sobre la lealtad personal y cimentada por la autoridad del patrón y la dependencia del peón, fue finalmente incorporada al Estado y llegó a ser el modelo del caudillismo. Mediante alianzas individuales se construía una pirámide social en la que los patrones a su vez se convertían en clientes de otros más poderosos y así todos eran clientes de un superpatrón que se encontraba en la cima del poder. De esta forma, el caudillo local desde su base rural, apoyado por sus estancieros clientes y sus subordinados, podía conquistar el Estado para sí mismo, para su familia y su región. Como representante de un grupo, clase o provincia, reproduciría el personalismo y el patronazgo en el que se había formado y crecido. El caudillismo era el reflejo de la sociedad y los caudillos sus criaturas.

El caudillo era en primera instancia un guerrero, un hombre capaz de mandar y defender; durante las guerras de liberación, las guerras civiles y las nacionales, el caudillo era el hombre fuerte que pudo reclutar tropas, dirigir los recursos disponibles y proteger a su gente. En el caudillo se conjugaban el poder militar y la autoridad personal. No obstante, el caudillo no sólo respondía a las necesidades militares sino también a las presiones civiles. A menudo era el agente de una gran familia que de hecho constituía una dinastía gobernante; a veces era el representante de los intereses económicos de una región que requería un defensor contra las otras regiones o contra el poder central, y en algunas ocasiones era el que conseguía convertir un interés particular —la estancia orientada a la exportación, por ejemplo— en un interés nacional. Disponiendo de los recursos del Estado, el caudillo se convirtió entonces en el distribuidor del patronazgo, repartiéndose el botín con su clientela y consiguiendo aún más favores de ellos; al conceder servicios y tierras, el caudillo, el superpatrón, se redimía de sus promesas manteniendo a sus seguidores en un estado de peonaje político.

Los orígenes y la trayectoria de los caudillos argentinos también se ceñían a estos prototipos. Provenían, en la mayoría de los casos, de familias que habían sido ricas y poderosas desde la época colonial. En su gran mayoría eran propietarios de tierra y bastantes ocupaban cargos militares. Los mismos caudillos se ocupaban de preservar esta herencia. De los 18 caudillos que gobernaban en las distintas provincias argentinas entre 1810 y 1870, 13 eran grandes terratenientes, 1 poseía una propiedad mediana y 1 era propietario de un astillero. Todos ellos tenían cargos militares, en el ejército o en la milicia, y de 12 que tenían edad suficiente para haber participado en las guerras de independencia, 9 lo habían hecho. La riqueza era un requisito esencial; 15 caudillos eran inmensamente ricos y 2 lo eran medianamente. Virtualmente, todos poseían cierta educación. Sus expectativas políticas no fueron buenas; nueve murieron de forma violenta y tres lo hicieron en el exilio. Existieron pocos casos de movilidad social en la carrera de caudillo. Sin lugar a dudas, la revolución de la independencia permitió a los criollos un mayor acceso a la política, la burocracia y el comercio, pero la estructura social basada sobre la tierra, la riqueza, el prestigio y la educación no se alteró. De acuerdo con el criterio de riqueza, sólo dos de los 18 caudillos (Estanislao López y Félix Aldao) pasaron de una riqueza media a otra mayor. El resto siguió la tradición de su familia en cuanto a riqueza y prestigio, incrementando, eso sí, su patrimonio. La trayectoria que siguieron es bien conocida: de estancieros a caudillos a través del ejército.

1820 fue un año de anarquía. La independencia de España no culminó en la unidad nacional, sino en un desmembramiento general. Después de una década de conflictos entre Buenos Aires y las provincias, entre el gobierno central y los intereses regionales, entre los unitarios y los federalistas, el esquema de organización política del Río de la Plata se desmoronó. Proliferaron las repúblicas independientes por todo el país y cuando Buenos Aires trató de someterlas éstas se resistieron. Los caudillos de las provincias —Estanislao López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos— dirigieron a sus fuerzas irregulares de gauchos y de temibles montoneros a luchar contra la capital. El 1 de febrero de 1820 derrotaron a las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, destruyendo cualquier rastro de centralismo. Sólo el gobierno provincial de Buenos Aires sobrevivió, aunque también hostigado por la anarquía, mientras que las personas y las propiedades quedaron a merced de los pequeños caudillos, los gauchos y los indios. Buenos Aires buscó protección en la zona rural. Mientras tanto, dos de sus líderes, Martín Rodríguez y Manuel Dorrego, intentaron hacer frente a la situación desesperadamente, pidiendo a los estancieros del sur que fueran en su ayuda con las milicias rurales. Su respuesta fue inmediata, incluyendo la de Rosas, que veía el peligro que corrían sus propios intereses si la anarquía del momento no cesaba. Con el apoyo de los estancieros, Rodríguez consiguió ser elegido gobernador en septiembre de 1820, pactando la paz con los caudillos.

La política del gobierno de Rodríguez procedía de las ideas del primer ministro, Bernardino Rivadavia, un hombre culto, liberal y burócrata. Aspiraba a la modernización de Argentina a través de la liberalización económica, la inversión extranjera y la inmigración. Aplicó el sistema de enfiteusis —el arrendamiento de las tierras del Estado— para hacer productiva la riqueza natural de Argentina. Pensaba que las instituciones liberales y una nueva infraestructura serian la base para la modernización que daría paso a una gran Argentina unificada, sin divisiones políticas ni económicas. Este era el plan de Rivadavia, un plan ilustrado, desarrollista y unitario. De hecho fue más un sueño que un proyecto, porque algunas de sus ideas eran impracticables y otras eran demasiado revolucionarias para su tiempo. Rosas y sus asociados rechazaron totalmente el modelo por estar fuera de lugar; ellos defendían una economía más primitiva —la cría de ganado para exportar cueros y carne salada— que ofrecía dividendos inmediatos y además estaba en armonía con la tradición del país. Las innovaciones del nuevo régimen les alarmaron. El 7 de febrero de 1826 Rivadavia fue nombrado presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata; tenía una constitución unitaria y muchas ideas. En marzo la ciudad de Buenos Aires fue declarada capital de la nación y federalizada. El 12 de septiembre, Rivadavia llevó al Congreso su propuesta de dividir en dos la zona no federalizada de la provincia de Buenos Aires, creando las provincias de Paraná en el norte y la del Salado en el sur. Estas medidas afectaban directamente los intereses de los estancieros. La federalización de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores amputaba la mejor parte de la provincia y una gran parte de su población. También implicaba la nacionalización de los ingresos del puerto que suponían un 75 por 100 de la renta provincial, lo que a su vez suscitó el temor de que el siguiente paso fuera aumentar los otros recursos fiscales gravando las tierras o los ingresos. Para los terratenientes, que consideraban a Buenos Aires, a su hinterland, a su puerto y a su provincia como una sola cosa, estas mediados anunciaban la división y el desastre.

La política de Rivadavia perjudicaba a demasiados grupos de interés para poder tener éxito. Sus opositores políticos inmediatos, los federalistas, tildaron su política unitaria de poco democrática y de estar influenciada por el federalismo de los Estados Unidos, y defendieron una solución federal para la cuestión de la organización nacional. Los estancieros veían a Rivadavia como un peligro que amenazaba sus privilegios económicos y fiscales y como un intelectual que no se preocupaba de la seguridad rural y que, mientras promovía el progreso urbano a la manera europea, dejaba que los indios salvajes merodearan por las llanuras. Se opusieron a la inmigración por considerarla costosa, innecesaria y probablemente subversiva, ya que acarrearía la lucha por la tierra y la mano de obra, encareciendo a ambas. La política anticlerical del régimen, seguida principalmente para recortar el poder temporal de la Iglesia, para extender la libertad religiosa y para acercar a Argentina a las tendencias y expectativas extranjeras, no sólo fue un anatema para el clero sino también para todos aquellos que defendían los valores conservadores, y sirvió para unir a los federalistas, a los estancieros y al clero bajo el estandarte de religión o muerte. Rosas y los Anchorena tomaron las riendas para organizar la resistencia contra los planes de Rivadavia. Hasta entonces Rosas no había pertenecido al partido federal ni había estado relacionado con su líder Manuel Dorrego. Pero en la segunda mitad de 1826, a la cabeza de un grupo de amigos, parientes y clientes, se alió al partido que más tarde absorbería y destruiría. Se unió a los federalistas no por razones ideológicas, porque no tenía un ideario concreto, sino porque la política unitaria suponía una amenaza para sus planes de hegemonía agraria.

Rivadavia cedió ante la fuerza conjunta de sus oponentes y dejó la presidencia el 27 de julio de 1827. De hecho, Rivadavia no contaba con una base de apoyo real porque representaba a intelectuales, funcionarios y políticos de carrera, es decir, a un grupo que no conformaba por sí mismo un sector social. Por otro lado, Rosas contaba con una poderosa base específica: la de los estancieros que poseían los principales recursos del país además de una fuerza paramilitar considerable. Pero Rosas no era quien gobernaba sino los federalistas, y el 12 de agosto de 1827 Manuel Dorrego fue elegido gobernador. La popularidad de Dorrego, su independencia y su negativa a aceptar consejos alertó a Rosas y a sus seguidores, porque experiencias anteriores habían demostrado el peligro que suponía la divergencia entre aquellos que gobernaban en las estancias y los que lo hacían en Buenos Aires. Dorrego fue derrocado el 1 de diciembre de 1828, aunque no por sus aliados sino por los unitarios —cuando el general Juan Lavalle dirigió una coalición de los militares que habían regresado de la guerra con Brasil, de políticos profesionales, de comerciantes y de intelectuales—. La revolución de diciembre se hizo en nombre de los principios liberales en contra del conservadurismo rural, el caudillismo y el provincialismo, y fue un intento de restaurar el sistema de Rivadavia. Pero Lavalle, al ordenar la ejecución de Dorrego —un hombre moderado y pacífico—, dio un pretexto a sus enemigos para intervenir. Esta cruel sentencia fue criticada por todos los sectores, especialmente por el pueblo; se tachó a los unitarios de asesinos y se agravó la anarquía del momento. También dejó el camino libre para que Rosas dirigiera el Partido Federal. Respaldado por sus aliados estancieros y sus ordas rurales. Rosas se apoderó del poder que estaba en manos de Lavalle y de los unitarios y fue elegido gobernador por una agradecida asamblea el 6 de diciembre de 1829. No se trataba de una elección ordinaria, porque se otorgaron al nuevo gobernador poderes dictatoriales y el mandato judicial de restaurar el orden.

¿Cómo se puede explicar la hegemonía de Rosas? En parte, Rosas fue un producto de las circunstancias. Representó la llegada al poder de un nuevo grupo de interés económico, el de los estancieros. La élite clásica de la revolución de 1810 fueron los comerciantes y los funcionarios. La lucha por la independencia había generado un grupo de hombres que hicieron una «carrera de la revolución» —políticos profesionales, funcionarios públicos, nuevos grupos de militares, en definitiva hombres que servían al Estado y cobraban un sueldo de él—. Los comerciantes de Buenos Aires, que emergieron del periodo colonial como el grupo de interés más importante, al principio fueron poderosos aliados de la nueva élite. No obstante, a partir de 1820, muchas familias de comerciantes empezaron a buscar otras salidas e invirtieron en tierras, en ganado y en saladeros. Esta oligarquía terrateniente procedente del comercio y con raíces en la sociedad urbana sería el grupo social dominante en el futuro. Sin embargo, por el momento no poseía el poder ejecutivo del Estado, resultando que aquellos que tenían el poder económico no gobernaban y que en cambio los que gobernaban no tenían base económica. Inevitablemente, los terratenientes empezaron a buscar el control político directo. Al derrotar a Rivadavia y a Lavalle en 1827-1829, no sólo derrocaron a los unitarios sino a la clase gobernante existente —los políticos— y se hicieron con el gobierno mediante Rosas.

Por lo tanto, las condiciones existentes crearon a Rosas. Era la síntesis de la sociedad y la economía agrarias, y cuando los intereses de este sector coincidieron con los de los federalistas de la capital, Rosas se dispuso a representar y dirigir la alianza. Rosas poseía las cualidades específicas para hacerlo; sus orígenes, su carrera y su control sobre los acontecimientos le convertían en una figura de peso incluso antes de que fuera nombrado gobernador, dejando sin otra alternativa a los estancieros. Su carrera personal fue extraordinaria, sin responder precisamente al modelo del comerciante convertido en terrateniente que caracterizaba a tantos de sus seguidores. Rosas empezó en la estancia, aprendió el negocio desde abajo, acumuló capital en el sector rural y prosperó desde allí. Fue un pionero de la expansión agraria y de la cría de ganado, empezando algunos años antes de la gran marcha hacia el sur que se dio a partir de 1820. Rosas era un terrateniente no absentista que vivía en la estancia y estaba involucrado en las tareas del campo. Por ello entró en contacto directo con los gauchos, delincuentes, indios y otros habitantes de las pampas, en parte para emplearlos en sus tierras y en parte para movilizarlos como milicia. Rosas era tanto estanciero como comandante de milicia, y había acumulado más experiencia militar que cualquier otro de los de su clase. No tenía rival en reunir tropas, en entrenar y controlar la milicia, y en capacidad para desplegar unidades no sólo en la frontera sino en las operaciones urbanas. La dimensión militar de la temprana carrera de Rosas fue lo que le dio ventaja sobre sus oponentes. Ésta culminó en la guerra de guerrillas de 1829 cuando reunió, controló y dirigió las anárquicas fuerzas populares en un ejército irregular que derrotó a las fuerzas profesionales de Lavalle. Por lo tanto, Rosas se creó a sí mismo.

Rosas dividía la sociedad entre los que mandaban y los que obedecían. El orden le obsesionaba, y la virtud que más admiraba en las personas era la subordinación. Si había algo que Rosas aborreciera más que la democracia, era el liberalismo. La razón de que Rosas detestara a los unitarios no se debía a que éstos deseaban una Argentina unida, sino más bien a que eran liberales que creían en los valores seculares del humanismo y el progreso. Rosas los identificaba como masones e intelectuales, como a subversivos que minaban el orden y la tradición, y los responsabilizaba especialmente de los asesinatos políticos que brutalizaron la vida pública argentina de 1828 a 1835. Las doctrinas constitucionales de los dos partidos no le interesaban y nunca fue un verdadero federalista. Pensaba y gobernaba como un centralista, defendiendo la hegemonía de Buenos Aires. Rosas acabó con la división tradicional entre federalistas y unitarios, haciendo que ambas categorías se quedaran virtualmente sin significado. Las sustituyó por rosismo y antirosismo.

¿Qué era el rosismo? El poder del rosismo se basaba en la estancia, que a la vez era el centro de los recursos económicos y un sistema de control social. Durante el mandato de Rosas, continuó y se completó el dominio de la economía a través de la estancia. Al comienzo de su régimen, una parte importante del territorio que constituía la provincia de Buenos Aires aún estaba controlada por los indios. Incluso dentro de la frontera, al norte del Salado, existían grandes zonas sin ocupar por los blancos. Rosas defendió una política de poblamiento y expansión territorial. La Campaña del Desierto de 1833 añadió a la provincia de Buenos Aires miles de kilómetros cuadrados al sur del río Negro, además de nuevas riquezas y la seguridad y confianza derivadas de la gran victoria sobre los indios. Las tierras del sur y la no ocupada ni cedida en enfiteusis del norte dieron al Estado una gran reserva de tierras que podían ser vendidas o regaladas. El mismo Rosas fue uno de los primeros beneficiados de este gran reparto. La ley del 6 de junio de 1834 le concedió la propiedad absoluta de la isla Choele-Choel en reconocimiento por su intervención en la Campaña del Desierto. Además, se le concedió la posibilidad de cambiar la isla por 60 leguas cuadradas de tierra pública a su elección. También fueron recompensados sus seguidores. La ley del 30 de septiembre de 1834 otorgó tierras hasta un máximo de 50 leguas cuadradas a los oficiales que habían participado en la Campaña del Desierto; por otro lado, la ley del 25 de abril de 1835 concedió tierras hasta un máximo de 16 leguas cuadradas a los soldados que participaron en la División de los Andes durante la misma campaña. Por ley del 9 de noviembre de 1839, se recompensó con tierras a los militares que en 1839 sofocaron la rebelión del sur; los generales recibieron 6 leguas cuadradas, los coroneles 5, los oficiales sin nombramiento media legua y un soldado raso un cuarto de legua cuadrada. También se recompensó a los civiles por su lealtad.

Los «boletos de premios en tierras», o certificaciones de tierras como recompensa por los servicios militares prestados, fueron uno de los principales instrumentos para repartir tierra. El gobierno de Rosas emitió 8.500 de estos boletos, aunque sus beneficiarios no siempre los utilizaron. Sin lugar a dudas, este fue un buen recurso de este gobierno falto de dinero para pagar salarios, concesiones y pensiones. Pero en este reparto también había un elemento político; puesto que la tierra era la fuente más importante del patronazgo, fue un arma de Rosas y un sistema que aseguraba el bienestar de sus seguidores. Rosas era el gran patrón y los estancieros sus clientes. En este sentido, el rosismo fue menos una ideología que un interés de grupo, un grupo por cierto bastante exclusivo. Fuera de los estancieros, no existía un sector preparado para explotar dichas concesiones. Los certificados de menos de una legua cuadrada de extensión en manos de soldados y funcionarios de poca categoría de hecho no servían para nada cuando en la estructura agraria existente la dimensión media de la propiedad era de 8 leguas. En cambio, estas mismas concesiones en manos de los que ya poseían propiedades o que tenían el dinero para adquirirlas a bajo precio significaban un poderoso instrumento para concentrar tierras. Más del 90 por 100 de los certificados de tierra ofrecidos a los soldados y a los civiles acabaron en manos de los terratenientes o de los que se iban introduciendo en la propiedad agraria.

Por lo tanto, el régimen de Rosas tendía a favorecer la gran concentración de la propiedad en manos de unos pocos. En 1830, 980 propietarios ocupaban 5.516 leguas cuadradas de tierra en la provincia de Buenos Aires; de éstos, 60 monopolizaban casi 4.000 leguas cuadradas, es decir, el 76,36 por 100 de aquélla. En el periodo de 1830-1852, la tierra ocupada ascendió hasta 6.100 leguas cuadradas con 782 propietarios. De éstos, 382 concentraban el 82 por 100 de las propiedades de más de una legua cuadrada, mientras que 200 propietarios, o sea el 28 por 100, concentraban el 60 por 100 de las estancias con más de 10 leguas cuadradas. Existían 74 propiedades con más de 15 leguas cuadradas (40.404 hectáreas) y 42 propiedades con más de 20 leguas cuadradas (53.872 hectáreas). Mientras tanto, las pequeñas propiedades sólo representaban el 1 por 100 de la tierra explotada. De entre las 80 personas más o menos que eran miembros de la Cámara de Representantes en los años 1835-1852, el 60 por 100 eran propietarios o ejercían ocupaciones relacionadas con la tierra. Esta fue la asamblea que hizo que Rosas llegara al poder y que continuó apoyándole. Hasta cierto punto pudieron controlar la línea política. Así, negaron decididamente a Rosas el permiso para aumentar la contribución directa —un impuesto sobre el capital y la tierra— y siempre se opusieron a que obtuviera ingresos a expensas de los estancieros. En 1850, cuando los ingresos alcanzaron los 62 millones de pesos, procedentes principalmente de los impuestos aduaneros, la contribución directa sólo aportaba el 3 por 100 del total, y la mayor parte de este porcentaje venía más bien del comercio que de la tierra. La administración también estaba dominada por los terratenientes. Juan N. Terrero, el consejero económico de Rosas, poseía 42 leguas cuadradas y dejó una fortuna de 53 millones de pesos. Ángel Pacheco, el principal general de Rosas, poseía 75 leguas cuadradas de tierra. Felipe Arana, ministro de Asuntos Exteriores, poseía 42. Incluso Vicente López, poeta, diputado y presidente del Tribunal Superior, tenía una propiedad de 12 leguas cuadradas. Pero los terratenientes más importantes de la provincia eran los Anchorena, primos de Rosas y sus consejeros más allegados; sus diferentes posesiones totalizaban 306 leguas cuadradas (824.241 hectáreas). En cuanto a Rosas, cabe decir que, en 1830, de entre un grupo de unos 17 propietarios que tenían propiedades de más de 50 leguas cuadradas (134.680 hectáreas), ocupaba la décima posición, poseyendo 70 leguas cuadradas, es decir, 188.552 hectáreas. Hacia 1852, según la estimación oficial de sus propiedades, Rosas había acumulado 136 leguas cuadradas (366.329 hectáreas).

La estancia dio a Rosas el dinero para la guerra, la alianza de sus colegas estancieros y los medios para reclutar un ejército de peones, gauchos y vagabundos. Rosas sabía cómo manipular el descontento de las masas y ponerlas en contra de sus enemigos de manera que no provocaran ningún cambio básico en la estructura social. Si bien Rosas se identificaba culturalmente con los gauchos, no formaba parte de éstos socialmente y tampoco les representaba políticamente. El centro de sus fuerzas eran sus propios peones y sus subordinados, que más que apoyarle estaban a su servicio y cuya relación era más clientelar que de alianza. Rosas, en 1829, en 1833 o en 1835, cuando necesitó emprender una acción decisiva, reclutó a los gauchos de la zona rural y a las clases populares de las ciudades. Estos eran los únicos hombres disponibles, y entonces eran útiles fuera de la estancia. Pero el régimen agrario corriente era muy diferente: el empleo era obligatorio y la estancia era una prisión; el reclutamiento para ir a la frontera india era sólo una alternativa del momento. Las fuerzas gauchas sólo existieron mientras Rosas las necesitó. A partir de 1845, una vez que controló el aparato del Estado, la burocracia, la policía y sobre todo el ejército regular, no quiso ni necesitó las fuerzas populares del campo. Rosas se apresuró a reclutar, equipar, armar y purgar un ejército regular, destacamentos del cual se utilizaron contra el campo para reunir las levas. Teniendo en sus manos los principales medios de coacción, Rosas ya no dependió más de las fuerzas irregulares de las zonas rurales. Por otro lado, la milicia gaucha era una fuerza «popular» sólo en el sentido de que se componía de peones rurales. No siempre eran voluntarios a favor de una causa, ni estaban politizados. El hecho de que pertenecieran a una organización militar no daba a los peones ni poder ni representatividad, ya que la rígida estructura de la estancia se levantaba sobre la milicia en la que los estancieros eran los comandantes, los capataces eran los oficiales y los peones eran los soldados. Estas tropas no entraban en relación directa con Rosas; eran movilizadas por su propio patrón en concreto, lo cual significaba que Rosas recibía el apoyo directamente de los estancieros que dirigían a sus peones conscriptos y no de grupos de gauchos libres; era un servicio que el Estado pagaba a los estancieros. La provincia era gobernada por una alianza informal de estancieros, de comandantes de la milicia y de jueces de paz.

La dureza del régimen rural reflejaba el vacío de las pampas, la gran escasez de población y la búsqueda constante de mano de obra en una época de expansión de la estancia. La supervivencia de la esclavitud en Argentina es otra prueba de la escasez de mano de obra. El mismo Rosas poseía esclavos y no cuestionaba su lugar en la estructura social. A pesar de la revolución de mayo, de las declaraciones de 1810 y de las subsiguientes esperanzas de emancipación social y política, la esclavitud se mantuvo en Argentina hasta finales de la década de 1830, alimentada por un comercio ilegal de esclavos que el gobierno toleraba abiertamente. Al final del periodo colonial, el Río de la Plata, con una población total de 400.000 habitantes, contaba con 30.000 esclavos. La incidencia de la esclavitud era más notable en las ciudades, especialmente en Buenos Aires. En 1810, en Buenos Aires en un total de 40.398 habitantes existían 11.837 negros y mulatos que constituían el 29,3 por 100 de la población; la mayoría de negros eran esclavos. Su número disminuyó durante las guerras de independencia, cuando se les ofreció la emancipación a cambio de servir en el ejército, aunque este servicio a menudo conducía a la muerte. En 1822, de los 55.416 habitantes que tenía la ciudad de Buenos Aires, 13.685, es decir, el 24,7 por 100, eran negros o mulatos; de éstos, 6.611, o sea el 48,3 por 100, eran esclavos. En 1838, de una población total de 62.957 habitantes los no blancos ascendían a 14.928 personas, es decir al 23,71 por 100. Los índices de mortalidad eran más altos entre los negros que entre los blancos y mucho más altos entre los mulatos y los negros libres que entre los esclavos. Así, de 1822 a 1838, el número de habitantes no blancos se mantuvo, ya que sus filas se alimentaron de gente de fuera. Rosas fue el responsable del resurgimiento de la trata negrera. Su decreto de 15 de octubre de 1831 permitió la venta de esclavos importados como sirvientes por los extranjeros; por otro lado, hasta la década de 1830 se mantuvo el comercio ilegal de esclavos procedentes de Brasil, Uruguay y África. No fue hasta 1839, cuando Rosas necesitó el apoyo de los británicos contra los franceses, que se firmó un tratado general contra el comercio de esclavos. Hacia 1843, según datos británicos, no había más de 300 esclavos en las provincias argentinas; los esclavos que se alistaron en el ejército federalista consiguieron la libertad como recompensa al servicio prestado, especialmente si pertenecían a amos unitarios. Cuando se abolió definitivamente la esclavitud con la constitución de 1853, quedaban pocos esclavos. Mientras tanto, Rosas tenía muchos negros empleados y muchos más a su servicio político. Daba la impresión de estar libre de prejuicios raciales, aunque por otro lado no les promovía socialmente. Ocupaban los puestos más bajos: hacían de mozos, carreteros, mensajeros, cocheros y lavanderas, así como también trabajaban en el servicio doméstico. Constituían el apoyo popular de Rosas y eran parte de sus seguidores «populares». Desempeñaban un papel militar en Buenos Aires y en las provincias en donde formaban una unidad de la milicia, la «negrada federal»; eran soldados negros con camisas rojas, muchos de los cuales habían sido esclavos en el pasado. Pero en un último análisis, la demagogia de Rosas respecto a negros y mulatos no alteró la posición de éstos en la sociedad.

La hegemonía de los terratenientes, la degradación de los gauchos, la dependencia de los peones: todo esto constituyó la herencia de Rosas. Durante varias generaciones, Argentina arrastró el estigma de una estratificación social extrema. La sociedad se formó en un rígido molde al que la modernización económica y el cambio político se tuvieron que adaptar más tarde. El Estado de Rosas era la estancia en mayúsculas. Todo el sistema social se basaba sobre la relación patrón-peón. Parecía que era la única alternativa a la anarquía.

Rosas gobernó con poder absoluto de 1829 a 1832. Después de un interregno durante el cual la inestabilidad de Buenos Aires y la insubordinación de las provincias amenazaron con instaurar la anarquía, Rosas volvió a ocupar el cargo con sus propias condiciones en mayo de 1835, gobernando durante los siguientes 17 años con poder ilimitado y total. La Cámara de Representantes, que oficialmente se «elegía», continuó siendo una criatura del gobernador. Estaba compuesta de 44 diputados, la mitad de los cuales se renovaban anualmente mediante elecciones. Pero sólo una minoría del electorado participaba en ellas, y los jueces de paz eran los encargados de hacer llegar estos votos al régimen. La asamblea, al carecer de función legislativa y al no ejercer ningún tipo de control financiero, quedaba reducida a ejercer un papel de relaciones públicas a favor de audiencias propias y extrañas y a ser un eco adulador de las iniciativas del gobernador. Además de controlar la Cámara de Representantes, Rosas dominaba el poder judicial. No sólo hacía las leyes, sino que las interpretaba, cambiaba y aplicaba. Sin lugar a dudas la maquinaria de la justicia continuaba funcionando. Los jueces de paz, los jueces civiles y penales, el juez de apelación y el Tribunal Supremo dieron legitimidad institucional al régimen. Pero la ley no gobernaba. La intervención arbitraria del ejecutivo socavaba la independencia del poder judicial. Rosas se ocupaba de muchos casos, leía las pruebas, examinaba los informes de la policía y sentado en su despacho sentenciaba, escribiendo en el expediente «fusiladle», «multadle», «encarceladle», «al ejército». Rosas también controlaba el aparato burocrático. Una de sus primeras y más intransigentes medidas fue purgar la antigua administración; esta era la forma más simple de deshacerse de los enemigos políticos y de recompensar a sus colaboradores, todo lo cual era inherente a la organización de la sociedad sobre las relaciones patrón-cliente. La nueva administración no era excesivamente grande, y algunos de los antiguos puestos se dejaron sin ocupar como parte de las medidas de recorte que el gobierno se vio obligado a hacer. No obstante, se reservaron todo tipo de nombramientos para los clientes políticos y federalistas; otros méritos contaban poco.

La propaganda fue un ingrediente esencial del rosismo: unas cuantas consignas simples e impactantes que sustituyeron a la ideología impregnaron a la administración y fueron implacablemente inculcadas al pueblo. Se obligó a la gente a que llevara un tipo determinado de vestido y a que utilizara el rojo como color federal. El simbolismo era una forma de coerción y de conformidad. La adopción de un aspecto y un lenguaje federales sustituyó a las pruebas de ortodoxia y los juramentos de lealtad. La uniformidad federal constituía una medida de presión casi totalitaria mediante la cual se forzaba a la gente a abandonar una actitud pasiva y apolítica y a aceptar un compromiso específico para demostrar cuál era su posición. La Iglesia era una aliada dispuesta, exceptuando a los jesuitas que fueron readmitidos y reexpulsados. Se paseaban retratos de Rosas por las calles de forma triunfal y se colocaban en el altar de las principales iglesias. Los sermones glorificaban al dictador y exaltaban la causa federal. El clero se convirtió en una fuerza auxiliar del régimen y predicaba que oponerse a Rosas era un pecado. La ortodoxia política se expresaba tanto con palabras como con hechos, y las imprentas de Buenos Aires se mantuvieron ocupadas editando periódicos en español y otras lenguas con noticias oficiales y propaganda para que circulasen no sólo en el país sino en el extranjero. Pero la sanción decisiva era el ejercicio de la fuerza, controlada por Rosas y aplicada por los militares y la policía.

Estrictamente hablando, el régimen no era una dictadura militar: era un régimen civil que empleaba militares sumisos. La institución militar estaba formada por el ejército y la milicia que servía no sólo para defender al país sino para ocuparlo, y no sólo para proteger a la población sino para controlarla. El ejército de Rosas —formado por peones, vagabundos y delincuentes, mandado por soldados profesionales y mantenido con el botín y las requisas de las estancias— era una dura carga para el resto de la población. Aunque no era eficaz, era numeroso —quizás unos 20.000 hombres— y activo, que constantemente se involucraba en guerras exteriores, en conflictos interprovinciales o de defensa interna. Pero mientras que la guerra y los gastos de la guerra significaban la miseria para muchos, otros se enriquecían con ello. El gasto de defensa constituía un mercado seguro para ciertas industrias, aparte de empleo para los que trabajaban en ellas: la casi constante demanda de uniformes, armas y equipamiento ayudaba a mantener a algunos pequeños talleres y a manufacturas artesanas que en otras circunstancias estarían en decadencia. El mercado militar favoreció sobre todo a unos cuantos terratenientes. Propietarios como los Anchorena tenían desde hacía tiempo grandes contratos para suministrar ganado a los fuertes de la frontera; ahora los ejércitos de otros frentes se convertían en consumidores ávidos y en clientes fijos. No obstante, el ejército y sus compromisos aumentaban a la vez que los ingresos del Estado se reducían, y por lo tanto algo se tenía que sacrificar. Cuando el bloqueo francés se endureció a partir de abril de 1838, no sólo los trabajadores fueron despedidos y padecieron las consecuencias de la rápida inflación, sino que el gobierno vio cómo los aranceles aduaneros —su ingreso básico— caían en picado. Enfrentados a un gran déficit presupuestario, inmediatamente se hicieron recortes drásticos del gasto público. La mayoría recayeron en la educación, los servicios sociales y en el bienestar en general. Prácticamente se cerró la Universidad de Buenos Aires. Cuando se tuvo que demostrar cuáles eran las prioridades, Rosas ni tan siquiera simuló que gobernaba «popularmente».

El contraste que existía entre el gasto militar y el social reflejaba tanto las circunstancias como los valores. Los enemigos internos, los conflictos con otras provincias y con las potencias extranjeras, además de la obligación de socorrer a sus aliados en el interior, todo esto hizo que Rosas mantuviera un presupuesto de defensa alto. Algunas de las decisiones le fueron impuestas, otras vinieron dadas por las preferencias, aunque otras reflejaban una indiferencia general hacia el bienestar. En cualquier caso, las consecuencias se tradujeron en un retraso en los aspectos sociales. En la década de 1840, el ministro de Gobernación —o del Interior— recibió una media entre el 6 y el 7 por 100 del presupuesto del Estado, y su mayor parte se dedicaba a la policía y al gasto político y no a los servicios sociales. Por otro lado, defensa tenía una prioridad absoluta. En 1836, el presupuesto militar fue de 4 millones de pesos, es decir, el 27 por 100 del total, y durante el bloqueo francés osciló entre los 23,8 millones de pesos (el 49 por 100) en 1840 hasta los 29,6 millones (71,11 por 100) en 1841. Durante el resto del régimen, el presupuesto de defensa nunca estuvo por debajo de los 15 millones de pesos, o sea, el 49 por 100.

Este fue el sistema de gobierno absoluto que mantuvo a Rosas en el poder por más de dos décadas. La mayoría de la gente obedecía, algunos con entusiasmo, otros por inercia y muchos por miedo. Pero se impuso algo más que una tiranía arbitraria. El gobierno de Rosas respondió a condiciones inherentes a la sociedad argentina, en la que los hombres habían vivido demasiado tiempo sin un poder común que les mantuviera temerosos. Rosas acabó con un estado natural en el que la vida podía ser brutal y corta. Ofreció una solución a la inseguridad y prometió la paz a condición de que se le otorgara el poder absoluto, el único antídoto contra la anarquía total. Rosas utilizó el aparato burocrático, el ejército y la policía para ejercer su soberanía, pero aun así existió cierta oposición. Existía una oposición ideológica interna por parte de los unitarios y los jóvenes reformistas que llegó a su punto álgido en la conspiración abortada de 1839 y que continuó operando durante todo el régimen desde su base de Montevideo. Los terratenientes del sur de la provincia constituían un segundo foco de oposición interna, cuyo resentimiento no se debía a cuestiones ideológicas sino a un simple interés económico. Agobiados por las exigencias que se les hacía de hombres y de recursos para la frontera india, sufrieron de forma especial las consecuencias del bloqueo francés que impidió que ellos pudieran exportar, de lo cual culparon a Rosas. Pero su rebelión de 1839 no sincronizó con la conspiración política, así que también fueron aplastados. Por último, existía una oposición exterior al régimen, en parte de otras provincias y en parte de potencias extranjeras. Si esta oposición externa se sumaba a la interna, Rosas correría un gran peligro. Por ello, Rosas se reservaba otro medio de coacción: el terror.

Rosas recurrió al terror como instrumento de gobierno para eliminar a los enemigos, para castigar a los disidentes, para mantener en alerta a los que dudaban y también para controlar a sus seguidores. El terror no era una simple serie de episodios sino que se aplicaba de acuerdo a las circunstancias. Era intrínseco al sistema de Rosas, era el sello distintivo del régimen y su castigo final. Al ordenar ejecuciones sin juicio en virtud de los poderes extraordinarios de que disfrutaba, el mismo Rosas era el autor del terror. Pero el agente especial del terrorismo era la Sociedad Popular Restauradora, un club político y una organización parapolicial. La Sociedad disponía de un brazo armado, que se conocía comúnmente como mazorca. Estos eran los auténticos terroristas reclutados entre la policía, la milicia, degolladores y delincuentes profesionales, que formaban escuadrones armados que salían para cumplir misiones, matando, saqueando y amenazando. Aunque la mazorca era obra de Rosas, era más terrorista que su creador: como muchos de tantos escuadrones de la muerte, la mazorca adquirió una semiautonomía que Rosas consideraba necesaria para poder gobernar. La crueldad tuvo su cronología. La incidencia del terrorismo estaba en relación con las presiones que sufría el régimen, llegando a su cota más alta en el periodo de 1839 a 1842 cuando la intervención francesa, la rebelión interna y la invasión unitaria amenazaron con destruir el Estado creado por Rosas, lo que inevitablemente produjo violentas contramedidas. Rosas nunca practicó el asesinato en masa; el crimen selectivo era suficiente para infundir el miedo. El terrorismo del periodo 1839-1842 no fue lo corriente sino más bien una manifestación extraordinaria de una regla general, esto es: que el terrorismo existía para imponer la sumisión a la política del gobierno en tiempos de peligro nacional.

Este sistema dio a Rosas la hegemonía sobre Buenos Aires por más de veinte años. Pero no pudo aplicar la misma estrategia en toda Argentina. En primer lugar, no gobernaba «Argentina». Las trece provincias se gobernaban a sí mismas independientemente, aunque estaban agrupadas en la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Rosas aceptó este hecho y prefirió regirse por el poder informal de las relaciones interprovinciales en vez de hacerlo por una constitución escrita. No quiso preparar una constitución para Argentina, argumentando que, antes de que llegara el momento oportuno para la organización nacional, las provincias tenían que organizarse a sí mismas, y que el progreso de las partes debía anteceder a la organización del todo, y que el primer paso era derrotar a los unitarios. No obstante, incluso sin una unión formal, se forzó a las provincias a delegar ciertos intereses comunes al gobierno de Buenos Aires, principalmente la defensa y la política exterior, y también un elemento de jurisdicción legal que capacitaba a Rosas para acusar a sus enemigos como criminales federales. Como consecuencia, Rosas ejercía sobre las provincias un control de facto que él consideraba necesario por diversas razones: en parte para evitar la subversión e impedir que se infiltrara la anarquía, en parte para asegurar una buena base para la política económica y exterior y en parte también para conseguir una dimensión nacional para su régimen. Para imponer su voluntad, tenía que utilizar de algún modo la fuerza, ya que las provincias no le aceptaban voluntariamente. En el litoral y en el sur, se consideraba a Rosas un caudillo que servía a los intereses locales de Buenos Aires; en estas regiones no se consiguió fácilmente la lealtad de los hacendados y el servicio de sus peones. En muchas de las provincias del interior, el partido federal tenía unas raíces económicas más débiles y una base social más pequeña que en Buenos Aires; en las zonas remotas de la Confederación, Rosas no pudo aplicar instantáneamente su dominio autocrático, ni regular la utilización del terror. En consecuencia, la unificación de Argentina significó la conquista de Argentina por Buenos Aires. El federalismo dio paso al rosismo, que consistió en un sistema de control informal desde el centro, cosa que Rosas consiguió con paciencia y ejerció con persistencia.

El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 entre las provincias del litoral —Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y, más tarde, Corrientes— inauguró una década de estabilidad relativa en el este, aunque esto no ocultaba la hegemonía de Buenos Aires, su control de los aranceles y de la navegación fluvial y su indiferencia por los intereses económicos de las otras provincias. Rosas empezó a extender su poder en el litoral en los años 1835-1840. Primero, Pascual de Echagüe, el gobernador de Entre Ríos, se distanció de la influencia del poderoso Estanislao López sometiéndose a Rosas incondicionalmente. Después, Corrientes, resentida por su subordinación económica, declaró la guerra a la nueva metrópoli; pero la derrota y muerte del gobernador Berón de Astrada en Pago Largo (31 de marzo de 1839) también puso a Corrientes bajo el dominio de Buenos Aires. Ahora sólo quedaba Santa Fe. Su gobernador, Estanislao López, era el más poderoso de los caudillos provinciales con experiencia en la política de la Confederación y contaba con tanta fama como Rosas. Pero Rosas supo esperar, y en 1838 López murió. La posterior elección de Domingo Cullen, independiente y anti-rosista, provocó una pequeña crisis, que se resolvió con el triunfo de Juan Pablo López, primero un protegido y entonces ya un satélite de Rosas. Consecuentemente, en cada una de las provincias del este Rosas consiguió imponer gradualmente a gobernadores aliados, dependientes o débiles. No obstante, en Uruguay, un Estado independiente desde 1828, el éxito no fue tan fácil. Su aliado, el presidente Manuel Oribe, fue derrocado en junio de 1838 por el caudillo rival Fructuoso Rivera, apoyado por el general Lavalle y aclamado por los unitarios emigrados. Este fue un reto serio.

Rosas no podía permitir que hubiera rescoldos porque había el riesgo de que éstos se sumaran a conflictos internacionales. El gobierno francés sabía poco de Rosas, pero no le gustaba lo que veía. Ansiosa de extender su comercio y poder en el Río de la Plata e irritada por una disputa con Rosas sobre el status de sus ciudadanos bajo su jurisdicción, Francia autorizó a sus fuerzas navales a que iniciaran el bloqueo de Buenos Aires; éste comenzó el 28 de marzo de 1838 y a continuación los franceses se aliaron con los enemigos de Rosas que estaban en Uruguay. El bloqueo francés, que duró hasta el 29 de octubre de 1840, perjudicó al régimen de diversas formas. Hizo que se estancara la economía y dejó al gobierno sin los tan vitales ingresos aduaneros; también hizo que se desestabilizara el sistema federal, animando a los disidentes del litoral y del interior; por otro lado, provocó que Rosas gobernara con una autocracia aún mayor. Pero el bloqueo francés contó con escasa fuerza militar para ser decisivo. Se esperaba que el general Lavalle, ayudado por los franceses y por otras unidades de Montevideo, desembarcaría en el puerto de Buenos Aires para apoyar a los dos núcleos rebeldes —los conspiradores de la capital y los terratenientes del sur— que allí había. De hecho, ambos movimientos no lograron sincronizar. Lavalle no condujo sus fuerzas a Buenos Aires sino a Entre Ríos, prometiendo liberar a la Confederación del tirano y ofrecer la autonomía a las provincias. Pero su alianza con los franceses, a los que muchos consideraban agresores de la Confederación, le dejó sin apoyo en Entre Ríos. Entonces se dirigió a Corrientes, donde el gobernador Pedro Ferré le aceptó y se levantó en contra de Rosas. Pero Corrientes estaba muy lejos de Buenos Aires y cuando el ejército de Lavalle estuvo más cerca le faltó dinero, armas y quizá convicción. Los franceses le dieron apoyo naval y armas, pero no podían proporcionarle la fuerza militar. El 5 de agosto de 1841, Lavalle entró en la provincia de Buenos Aires y finalmente se presentó la ocasión de atacar a Rosas. En este momento, su percepción de la situación o su osadía le falló. Se detuvo a esperar un refuerzo francés que no llegó y perdió la ventaja que le daba el elemento sorpresa. El 5 de septiembre, ante la consternación de sus aliados y el desconcierto de los historiadores, se retiró hacia Santa Fe, y el ejército, ya desmoralizado por el fracaso y las deserciones, empezó su larga retirada hacia el norte.

La expedición libertadora, humillada en Buenos Aires, tuvo cierto grado de éxito en otros sitios. Su mera existencia puso en pie de guerra a los enemigos de Rosas del interior del país. Desde abril de 1840, la Coalición del Norte organizada por el gobernador de Tucumán, Marco Avellaneda, que incluía a Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, se lanzó al campo de batalla bajo la dirección del general Aráoz de La Madrid junto con Lavalle, y de nuevo amenazaron a Rosas desde el interior. En conjunto, 1840 fue un año peligroso para Rosas. Pero sobrevivió, y a principios de 1841 empezó a bajar la marea. Los caudillos federales dominaron Cuyo en el lejano oeste y empezaron a devolver golpe por golpe. Oribe, el ex presidente de Uruguay, también luchó sangrientamente al lado de Rosas. El 28 de noviembre de 1840 derrotó al ejército libertador de Lavalle en Quebracho Herrado y concluyó la conquista de Córdoba. Al año siguiente destruyó lo que quedaba de la Coalición del Norte, primero a las exhaustas fuerzas de Lavalle en Famaillá (19 de septiembre de 1841) y después a las de La Madrid en Rodeo del Medio (24 de septiembre de 1841). Fueron unas guerras crueles, y los generales de Rosas agotaron al enemigo tanto con el terror como en el campo de batalla. El mismo Lavalle fue muerto en Jujuy el 8 de octubre de 1841 mientras se dirigía a Bolivia. Sin embargo, la destrucción de las fuerzas unitarias del interior, más que paralizar, provocó a las provincias del litoral. Su rebelión fue un fracaso más por causa de su propia desunión que por la fuerza de Oribe, quien les obligó a desistir y a dejar las armas en diciembre de 1841. En febrero de 1843 Oribe dominaba todo el litoral. Rivera y los emigrados se tuvieron que encerrar en Montevideo, mientras Oribe y los rosistas se instalaban en la ladera del Cerrito. En el río, la flota de Buenos Aires, completando el cerco de los unitarios, destruyó la fuerza naval de Montevideo, bloqueó la ciudad y aguardó la victoria. Pero el sitio de Montevideo duró 9 años.

La intervención inglesa lo complicó todo. En el curso de 1843, la fuerza naval inglesa rompió el bloqueo de Montevideo y permitió que los defensores de la plaza se pudieran abastecer de provisiones y reclutas. La acción fue crucial para salvar a la ciudad, prolongar la guerra y obligar a Rosas a sostener un largo y doloroso sitio. Además de defender la independencia de Uruguay, Inglaterra también buscaba la manera de abrir los ríos a la libre navegación, y por ello se consideraba a Rosas como una amenaza a lo primero y un obstáculo a la segundo. En septiembre de 1845 las fuerzas navales anglo-francesas sitiaron Buenos Aires y en noviembre una expedición conjunta se abrió paso por el río Paraná escoltando una flota mercante para que inaugurase el comercio directo con el interior. Pero la expedición no encontró ni acogedores clientes ni prometedores mercados, y en cambio se encontraron con impuestos aduaneros, sospechas locales, contrabando y el problema de regresar por el río. El bloqueo no resultó más exitoso que la expedición y se convirtió en un arma lenta y tosca que hirió al comercio más que al enemigo. La primitiva economía argentina se hizo prácticamente invulnerable a la presión exterior. Pudo replegarse a una economía de subsistencia y después enderezarse, esperando —mientras sus recursos ganaderos se iban multiplicando— que el comercio reprimido se reabriera. En cuanto a los ingleses, ellos simplemente bloquearon su propio comercio. Mientras tanto, Rosas ganó una gran credibilidad por la intervención de 1843-1846. Su desafío, determinación y éxito final le colocaron en lo más alto del panteón de los patriotas argentinos. Argentina se aglutinó en torno a Rosas y, cuando desapareció el peligro y los ingleses volvieron en busca de paz y del comercio, se encontraron con un régimen más fuerte que nunca, con una economía floreciente y con el inicio de una edad de oro. Pero las apariencias fueron decepcionantes.

Rosas sometió el interior por medio de una diplomacia y un ejército implacables, y estableció una soberanía informal pero perdurable. Pero no pudo aplicar los mismos métodos al litoral, donde las quejas económicas que se esgrimían coincidían con los intereses extranjeros. Estas provincias exigían el derecho de poder comerciar por los ríos Paraná y Uruguay, querían beneficiarse de los ingresos aduaneros y pedían la autonomía local. Con la ayuda extranjera se podían convertir en el talón de Aquiles de Rosas. Los ingleses parlamentaron con los caudillos de Entre Ríos, Corrientes y Paraguay para coaligarse en contra de Buenos Aires, pero el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, era demasiado precavido para arriesgar el futuro sin contar con un ejército poderoso. Si los ingleses no lo podían proporcionar, Brasil sí.

Brasil tenía sus propios asuntos pendientes con Rosas. Decidido a evitar que los satélites de Buenos Aires se atrincheraran en Uruguay y el litoral y ansioso de asegurar la libre navegación por el complejo fluvial desde el Matto Grosso hasta el mar, Brasil estaba preparado para oponerse al «imperialismo de Rosas», impulsado por su propio imperialismo. En Entre Ríos encontró un aliado. Urquiza, al igual que Rosas, era un caudillo rural, propietario de grandes propiedades, jefe de un feudo personal de varios cientos de kilómetros cuadrados con miles de reses y ovejas y propietario de cuatro saladeros. En la década de 1840 hizo una gran fortuna al proveer al Montevideo asediado, al importar productos manufacturados y al exportar oro a Europa. Sus ambiciones particulares coincidían fácilmente con el interés provincial, y como político estaba ansioso de desplazar a Rosas e iniciar una reorganización constitucional en Argentina. Además, tenía un mayor respeto por la educación, la cultura y la libertad que su rival, y entre los emigrados intelectuales que se encontraban en Montevideo gozaba de mayores simpatías. Por consiguiente, diferentes sectores de la oposición se unieron en la persona de Urquiza que quedó a la cabeza de los intereses regionales, de los exiliados liberales y de los patriotas uruguayos, todos aliados, que contaban con el suficiente dinero y las fuerzas navales brasileñas para inclinar la balanza en contra de Rosas. Así, el dictador encontró oposición tanto en el interior como en el exterior, en este caso de la Triple Alianza formada por Entre Ríos, Brasil y Montevideo que entró en acción en mayo de 1851.

Buenos Aires era la beneficiaría del rosismo, pero ahora el entusiasmo había desaparecido. Se había esperado que Rosas garantizaría la paz y la seguridad; esto era lo que justificaba al régimen. Pero después de tantos conflictos y de tanto gasto, Rosas aún quería hacer la guerra incluso después de 1850, persiguiendo implacablemente sus objetivos en Uruguay y Paraguay, buscando siempre más y más victorias. Ahora su ejército era débil y desorganizado y no se podía confiar en sus oficiales. Con sus métodos terroristas y la despolitización que impuso a Buenos Aires, había destruido todo lo que había habido de apoyo popular. Y cuando, a principios de 1852, las fuerzas invasoras de la Triple Alianza avanzaron, sus tropas huyeron y la gente no se levantó a su favor ni en las ciudades ni en el campo. El 3 de febrero fue derrotado en Monte Caseros: cabalgó solo desde el campo de batalla, se refugió en la casa del encargado de negocios británico, embarcó en un barco inglés y navegó rumbo a Inglaterra y al exilio.

Rosas fue aniquilado por una derrota militar, pero por otro lado la estructura económica y los vínculos internacionales en los que se apoyaba su sistema estaban empezando a transformarse. La ganadería fue la actividad preferida del régimen de Rosas. Requería una inversión relativamente baja en tierra y tecnología, y si se practicaba a gran escala en grandes unidades capaces de afrontar las fluctuaciones del mercado dejaba unos altos beneficios. Las inversiones se debían concentrar sobre el ganado y, por consiguiente, se tenía que disponer de tierra abundante, barata y segura. Pero la cría de ganado proporcionaba una serie muy corta de productos para la exportación, consistentes sobre todo en cueros y carne salada cuya demanda internacional no iba a crecer. El mercado de los cueros no era muy dinámico incluso cuando el mercado europeo empezó a sustituir el inglés, y la demanda de carne salada, limitada a los enclaves esclavistas de Brasil y Cuba, más bien tendía a reducirse que a aumentar. Por lo tanto, la economía durante la época de Rosas se enfrentó a un estancamiento real y a su futura decadencia. Mientras tanto, a mediados de la década de 1840, otras áreas de América del Sur comenzaron a competir con ella. Los saladeros de Río Grande do Sul empezaron a socavar la posición de los de Buenos Aires. Por otro lado, dentro de la Confederación la balanza ya no era tan favorable a Buenos Aires. Desde 1843 las provincias del litoral gozaron de un periodo de paz mientras Rosas concentraba su ejército en el campo de batalla de Uruguay. Los recursos ganaderos se multiplicaron: Entre Ríos, con 6 millones de reses, 2 millones de ovejas y 17 saladeros, era una nueva fuerza económica. La competencia aún no era muy importante, ya que Entre Ríos sólo exportaba el 10 por 100 de la carne salada que exportaba Buenos Aires, pero tenía implicaciones políticas. Los estancieros de Entre Ríos y Corrientes, que se aprovecharon del bloqueo de Buenos Aires, no estaban dispuestos a soportar para siempre el control ejercido por su metrópoli. ¿Por qué tenían que aguantar el monopolio comercial de Buenos Aires? ¿No deberían evitar pasar por su aduana y ganar el acceso directo a los mercados exteriores? Para responder a estos retos la economía de Buenos Aires tenía que diversificarse y mejorar. Las mejoras llegaron en forma de una actividad alternativa. La cría de ovejas ya empezaba a amenazar el predominio de la estancia de reses. Fue sobre la exportación de lana que Argentina iba a desarrollar sus vínculos con el mercado mundial y su capacidad productora interna y a acumular capital. Por ello, Rosas se había convertido en un anacronismo, en un legado de otra era.

La «merinización» de Buenos Aires, es decir, la creación de una gran economía ovina y lanera, empezó en la década de 1840 y pronto originó la lucha por nueva tierra. La expansión de la industria textil europea, que proporcionó un mercado seguro, constituyó el estímulo externo. Las circunstancias internas también eran favorables y consistían en buen suelo y ganado local capaz de ser mejorado. En 1810 la provincia tenía de 2 a 3 millones de ovejas, pero eran de mala calidad y ocupaban las tierras marginales. Hacia 1852 su número aumentó hasta 15 millones de cabezas y en 1865 a 40 millones. La exportación de lana pasó de las 337,7 toneladas de 1829 a las 1.609,6 toneladas de 1840 y a 7.681 en 1850. A partir de entonces se aceleró la producción: de las 17.316,9 toneladas que se producían en 1860 se pasó a 65.704,2 en 1870. En 1822 la lana representaba el 0,94 por 100 del valor total de las exportaciones de Buenos Aires y los cueros el 64,86 por 100; en 1836, el 7,6 y el 68,4 por 100 respectivamente; en 1851, el 10,3 y el 64,9 por 100; en 1861, el 35,9 y el 33,5 por 100 y en 1865 el 46,2 y el 27,2 por 100 respectivamente.

En los primeros años tras la independencia, los estancieros se interesaron poco en mejorar la cría de ovejas. De ella en cambio se ocuparon algunos ingleses, sobre todo John Harratt y Peter Sheridan; desde la década de 1820 empezaron a comprar ovejas merinas españolas, a proteger y a refinar las crías mejoradas y a enviar lana a Liverpool favorecidos por la casi abolición en Inglaterra de los aranceles sobre la lana importada. El creciente interés en la cría de ovejas se puso de manifiesto en 1836-1838 al importarse ovejas merinas de Europa y los Estados Unidos, mientras paralelamente se cruzaban las ovejas de las pampas con las de raza sajona. Para mejorar la calidad de las ovejas se necesitaba no sólo importar crías europeas sino también introducir nuevas formas de producción —mejorar la hierba de las pampas, alambrar los campos, construir galpones para esquilar y almacenar la lana, y abrir pozos—. A su vez, todas estas actividades aumentaban la demanda de mano de obra. El gaucho fue gradualmente reemplazado por los pastores. Llegaron inmigrantes, ya como asalariados, como asociados que participaron en los beneficios o como granjeros arrendatarios. Sobre todo los irlandeses eran bien recibidos como pastores, pero también llegaron vascos y gallegos; y mientras no fue una inmigración masiva supuso mano de obra, conocimientos prácticos y beneficios. A menudo a los recién llegados se les daba una participación mediante contratos de cinco años, recibiendo un tercio de las nuevas ovejas y un tercio de la lana a cambio de cuidar el rebaño y de pagar los gastos. Un inmigrante en unos cuantos años podía ganar lo suficiente para comprar la participación en medio rebaño y al final del contrato ya tenía suficientes ovejas y dinero para instalarse por su cuenta. En las pampas entre Buenos Aires y el río Salado las ovejas empezaron a empujar a las reses fuera del territorio; a partir de los años cuarenta, estancia tras estancia fue pasando a manos de los criadores de ovejas. Las estancias de reses desde luego sobrevivieron, ya fuera como explotaciones mixtas o sobre tierras bajas y marginales cuyos pastos no eran apropiados para las ovejas. En general, las tierras de la parte norte de la provincia que habían estado ocupadas por más tiempo fueron las más adecuadas para las ovejas, mientras que las nuevas tierras del sur eran más apropiadas para criar reses. El mismo Rosas siempre estimuló la cría, si no la mejora, de ovejas en sus propias estancias.

Las grandes compras de tierras que hacían los extranjeros, la multiplicación del número de ovejas y la tendencia a consumir productos más sofisticados eran signos de la nueva Argentina. La ciudad de Buenos Aires estaba creciendo y mejorando, a la vez que las calles pavimentadas, el transporte público y el suministro de gas embellecían el entorno. Cerca de las ciudades aumentaba el acotamiento de tierras para uso agrícola y hortícola, de manera que diez años después de la caída de Rosas toda la tierra comprendida en un radio de unos 25 a 33 km en torno a Buenos Aires estaba subdividida y acotada como chacras o huertos; estas propiedades eran cultivadas por inmigrantes italianos, vascos, franceses, ingleses y alemanes y aprovisionaban al siempre creciente mercado urbano. Los ferrocarriles empezaron a conectar el interior de la provincia con la capital, y una flota de barcos de vapor comunicaba diariamente los diferentes puertos fluviales con el gran centro mercantil. Cada dos o tres días llegaban y marchaban vapores que navegaban por el océano. Entre 1860 y 1880, se dobló el valor total de las importaciones que procedían de Europa, consistentes en tejidos, herramientas y maquinaria de Gran Bretaña y en productos de lujo del continente. Por otro lado, el comercio con el extranjero estaba dominado por los productos habituales, esto es: lana, cueros y carne salada que constituían más del 90 por 100 del valor total de las exportaciones.

Las actividades económicas de cada una de las tres principales regiones eran, naturalmente, diferentes. Buenos Aires mantenía su dominio a pesar de los obstáculos que comportaron las guerras civiles y exteriores, las exacciones estatales y las incursiones de los indios de la frontera. El litoral estaba algo rezagado: su crecimiento era débil pero su futuro era prometedor. Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, aún tenía tierras vacías: se empezaban a hacer planes para la colonización agrícola que ofrecían una vida dura para los inmigrantes y grandes beneficios a los empresarios que compraron tierra para venderla a los colonos. Rosario era entonces un activo puerto fluvial que tendía a crecer más. Entre Ríos, donde Urquiza era el mayor propietario, contaba con una asentada prosperidad al tener ricas estancias ganaderas, explotaciones ovinas y vínculos comerciales con Brasil y Uruguay. Entonces los extranjeros se dirigían más frecuentemente que antes a los mercados del interior remontando los ríos. Incluso Corrientes, que en parte tenía estancias y en parte plantaciones de tabaco y en donde en ciertas fiestas se bebía cerveza inglesa, por fin empezaba a superar el estadio de una economía de subsistencia. Por otro lado, el interior era la región menos desarrollada de Argentina, ya que su producción sufría tanto las consecuencias de estar lejos de la costa este como de la competencia de los baratos productos europeos. La pobreza y la tendencia a concentrar la tierra útil en grandes propiedades expulsaron a los pobres de la tierra y los forzaron a caer en manos de los caudillos, quienes, mientras Buenos Aires y el litoral estaban entrando ya en una nueva era, aún miraban hacia el pasado.

La derrota de Rosas no destruyó las estructuras existentes. La hegemonía de la oligarquía agraria sobrevivió. El dominio de Buenos Aires prosiguió y los conflictos interprovinciales simplemente entraron en una nueva fase. Las provincias confirieron a Urquiza, el triunfador de Caseros, el título de Director Provisional de la Confederación Argentina y le otorgaron un papel nacional; él a cambio decretó la nacionalización de las aduanas y la libre navegación del Paraná y el Uruguay. Pero Buenos Aires se separó, rehusando ponerse a merced de las otras provincias, algunas de las cuales eran poco más que desiertos, y se mantuvo alejada del Congreso Constituyente que Urquiza convocó. La constitución, aprobada el 1 de mayo de 1853, recibió diferentes influencias: la de las anteriores constituciones argentinas, el ejemplo de la de los Estados Unidos y las amargas lecciones del pasado conflicto. Pero quizá la influencia más fuerte la constituyó el pensamiento político de Juan Bautista Alberdi, que aconsejó mantener en equilibrio el poder central y los derechos provinciales y emprender un programa de inmigración, educación y modernización. Se elaboró una constitución para una república federal en la que se reconocían las libertades clásicas y los derechos civiles; el poder estaba dividido entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Parlamento tenía dos cámaras: un Senado formado por los representantes de cada parlamento provincial que elegía dos miembros, y una Cámara de Diputados elegida mediante sufragio masculino en una votación pública. La constitución, mientras aseguraba el autogobierno de las provincias, confería una autoridad contrarrestante al gobierno federal. El presidente, que era elegido por un colegio electoral por el término de 6 años, disfrutaba de fuertes poderes ejecutivos: podía establecer sus propios proyectos de ley, y nombrar y cesar a los ministros sin intervención del Congreso. El presidente también tenía la facultad de poder intervenir en cualquier provincia a fin de preservar el gobierno republicano frente al desorden interno o un ataque extranjero; para ello podía destituir la administración local e imponer funcionarios federales. Los temas económicos de la constitución también se dirigieron hacia los problemas federales. Se suprimieron los aranceles interprovinciales. Los ingresos aduaneros de Buenos Aires se tenían que nacionalizar y no continuar siendo de propiedad exclusiva de la provincia de Buenos Aires, lo cual fue uno de los motivos de la resistencia porteña. Urquiza fue elegido presidente por seis años, pero no mandó sobre un Estado nacional. No existía un sentido de identidad nacional, o no era lo suficientemente fuerte como para vencer las lealtades provinciales y personales. Si bien las provincias aceptaron la constitución de 1853, continuaron siendo gobernadas por caudillos, aunque se les llamara gobernadores, y la Confederación fue esencialmente una red de lealtades personales al presidente.

Argentina estaba ahora dividida en dos estados, uno en manos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires dirigido por su gobernador (desde 1860, Bartolomé Mitre) y el Partido Liberal, y el otro el de la Confederación Argentina formada por 13 provincias gobernada por Urquiza y el Partido Federal. Mientras en el pasado las provincias habían rehusado aceptar la dominación de Buenos Aires, ahora Buenos Aires se negaba a cooperar con las provincias o a obedecer una constitución que consideraba que era la fachada del caudillismo. Y no se pudo forzar a Buenos Aires a que formara parte de la Confederación en contra de sus deseos porque era poderosa, rica, y su aduana aún era la fuente de ingresos principal de Argentina, el centro del comercio extranjero y de propiedad de la provincia. La Confederación estableció su capital en Paraná, en Entre Ríos, donde Urquiza, fueran los que fueran sus sentimientos constitucionales, gobernaba como un caudillo del viejo estilo, si bien ahora también tenía el dominio sobre el litoral y el interior. Como primer presidente, Urquiza firmó los tratados comerciales con Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y abrió los ríos Paraná y Uruguay a la libre navegación para el comercio extranjero. En tiempos normales casi el 70 por 100 de las importaciones que llegaban a Buenos Aires se dirigían después a las provincias. Ahora la Confederación se quería independizar de Buenos Aires y comerciar directamente con el mundo exterior y convertir a Rosario en un nuevo enclave mercantil. Urquiza estaba personalmente vinculado a actividades mercantiles con Europa en unos proyectos para establecer casas de importación y exportación en Rosario y en la captación de capital extranjero. Pero los barcos extranjeros no respondieron a esta nueva propuesta y continuaron descargando en Buenos Aires, debido a que Rosario aún no constituía un mercado o un centro mercantil lo suficientemente grande para justificar un viaje de otros cinco días. En 1857 se ofreció un nuevo estímulo al establecer una tarifa diferencial con la esperanza de inclinar al comercio europeo a no pasar por Buenos Aires, pero incluso con esta medida, que sólo duró hasta 1859, no se pudo vencer la realidad de la vida económica. Por lo tanto, la guerra comercial dio paso al conflicto bélico.

Hacia 1859 ambos bandos estaban preparados para pasar una nueva prueba combatiendo. El ejército de Urquiza derrotó al de Mitre en la batalla de Cepeda, pero Buenos Aires sólo aceptó integrarse en la Confederación con gran resistencia. Aún tenía reservas de dinero y soldados, y en 1861 volvió a plantar cara. Ambos contendientes se enfrentaron en la batalla de Pavón, un choque que si no se interpretó como una victoria de Mitre, al menos sí como una derrota de la Confederación, que se mostró incapaz de imponer su voluntad sobre la recalcitrante provincia. Urquiza abandonó el campo de batalla aparentemente convencido de que si la Confederación no ganaba pronto, no ganaría nunca. Se fue con sus tropas a Entre Ríos para salvaguardar al menos sus intereses provinciales y dejó a la Confederación debilitada y desorientada. Mientras tanto, Mitre avanzó en diferentes frentes. Envió sus columnas militares en apoyo de los regímenes liberales de las provincias del litoral y el interior. Desde su posición de fuerza, negoció con Urquiza y le persuadió de que voluntariamente desmantelara la Confederación. También presionó a los políticos de su propia provincia de Buenos Aires para que aceptaran su programa de reorganización nacional y de actuar mediante negociaciones más que por medio de la fuerza.

El resultado final fue un compromiso entre el unitarismo y el federalismo. Mitre aceptó la constitución de 1853, con su tendencia al centralismo y el poder presidencial, y fue proclamado líder tanto nacional como provincial. Así pues, en 1861 se aceptó el concepto de una federación que si bien representaba el interior, en Buenos Aires estaba su centro. Por ello, en octubre de 1862, Mitre, un porteño héroe del sitio de Montevideo, fue elegido primer presidente constitucional de toda la nación. Ahora se había logrado la unión de las provincias y por primera vez Argentina fue llamada Argentina y no por una torpe circunlocución.

La oportunidad de reorganizar la nación después de 1862 se hubiera podido malograr si el poder no hubiera estado en manos de dos distinguidos presidentes, Bartolomé Mitre (1862-1868) y Domingo F. Sarmiento (1868-1874), ambos intelectuales y hombres de letras así como también políticos y hombres de Estado. Los dos habían dedicado gran parte de su vida al ideal de una Argentina más grande; ahora ambos persiguieron tres objetivos: la unidad nacional, las instituciones liberales y la modernización. Al combatir contra la federación, Mitre no sólo había luchado por una provincia en particular sino contra la fragmentación y el caudillismo. Quería colocar y mantener a Buenos Aires a la cabeza de una Argentina unida, y después de 1862 continuó luchando, porque los caudillos no mueren sin luchar. En 1863, y de nuevo en 1866-1868, Mitre tuvo que aplastar rebeliones en el interior. La ocasión política de estas insurrecciones fue la resistencia de los caudillos al nuevo orden. Pero las causas más profundas se debían a la deprimida economía del interior, al empobrecimiento de las provincias y a su inhabilidad para mantener su población ocupada o con vida. La falta de trabajo y de alimentos llevó a la gente del campo a la condición de montoneros para vivir del bandidaje y el botín. Una fuerza de este tipo apoyaba a Ángel Vicente Peñaloza, «El Chacho», el caudillo de la salvaje y remota La Rioja, donde una escuela era suficiente para toda la provincia pero donde el caudillo se ocupaba personalmente del bienestar de sus seguidores. Cuando El Chacho se levantó en 1863, Mitre permitió a Sarmiento, gobernador de San Juan, y a un procónsul federal del interior, que emprendieran una guerra a muerte contra los rebeldes, y las fuerzas de Sarmiento, defendiendo la civilización contra la barbarie, mataron a sus prisioneros y expusieron la cabeza de El Chacho en una pértiga. En 1866-1867, Felipe Varela, el antiguo oficial de El Chacho, invadió el oeste de Argentina desde Chile y levantó otra montonera, pero también fue derrotado y sus seguidores fueron aplastados sin piedad por el ejército nacional. Se entreveía el final de la montonera, pero antes de que fuera extinguida emprendió más ataques repentinos. Urquiza, reconciliado ahora con el Estado central, se separó de los movimientos provinciales que se suponía que defendía pero que ahora desaprobaba, y tuvo su propio papel en la defensa de la nueva Argentina. Pero al final cayó víctima del sistema que una vez había representado; fue asesinado en su propia estancia por orden de un caudillo rival y antiguo protegido suyo, en abril de 1870. Su asesino, Ricardo López Jordán, mantuvo vivo el espíritu de la rebelión en Entre Ríos y el culto al caudillismo hasta 1876. Entre tanto, Sarmiento, que se definía porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires, como presidente y continuando la obra de Mitre, defendió la unidad nacional con la espada y la pluma y fue más despiadado si cabe con los rebeldes.

A pesar de las tradiciones provinciales y de la resistencia de los caudillos, el poder central y la organización nacional sobrevivieron y se consolidaron. Se contó con la ayuda de las instituciones de ámbito argentino: la prensa, el servicio postal, el Banco Nacional, el sistema ferroviario. Sobre todo dos cuerpos promovieron la identidad y la unidad nacionales: el sistema judicial federal y el ejército nacional. Mediante la ley de 1862 se estableció un poder judicial nacional y en 1865-1868 se elaboró el código civil argentino. El Tribunal Supremo y los diferentes tribunales inferiores completaban la estructura del Estado moderno. El Tribunal Supremo tenía poder para declarar inconstitucional cualquier ley o derecho, nacional o provincial, en conflicto con la ley suprema, y así se convirtió en el intérprete de la constitución, aunque no tenía competencia para resolver los conflictos entre los poderes. El ejecutivo tenía el derecho de intervenir en las provincias, un derecho que cada vez fue más efectivo cuando contó con el apoyo del ejército nacional. Por decreto del 26 de enero de 1864 el gobierno creó un ejército permanente de 6.000 hombres distribuidos entre artillería, infantería y caballería. En 1869 se creó la academia militar y empezó la formación de un cuerpo profesional de oficiales. La ley de reclutamiento del 21 de septiembre de 1872 estableció el reclutamiento nacional. Esta fue la estructura institucional del nuevo ejército. Pero éste recibió un ímpetu más efectivo en sus operaciones durante las rebeliones de los caudillos y la guerra de Paraguay, cuando aumentó en número y adquirió experiencia. El ejército confería al presidente un poder real y le permitió extender el alcance del poder ejecutivo hasta los puntos más alejados de Argentina. Las oligarquías locales se hicieron gradualmente cómplices suyos y a cambio de su colaboración se les ofreció un sitio en la clase dominante nacional.

Los principios políticos que animaron las presidencias de Mitre y Sarmiento fueron los del liberalismo clásico. Mitre dirigió un partido liberal y después de Pavón su estrategia de reorganización nacional no sólo descansó en la extensión del poder federal sino también en la proliferación de gobiernos liberales en las provincias que fueron instrumentos de unión voluntaria. El liberalismo representaba a la aristocracia intelectual, la de los supervivientes y los herederos de la generación de 1837, libres ahora para poder aplicar sus ideas, para promocionar el progreso político y material, el poder de la ley, la educación primaria y secundaria, disipar el barbarismo que Sarmiento aborrecía y hacer del pobre gaucho un hombre útil. Pero la élite liberal ofrecía poco a las clases populares: a los gauchos y peones, que estaban al margen de la sociedad política, les daba su status para servir y su función en el trabajo. Nada les representaba, a excepción del poema épico Martín Fierro que lamentaba la desaparición de un noble pasado. La única oposición reconocida por el Partido Liberal era la de los federalistas, seguidores de Urquiza y de la tradición, que claramente pertenecían a la nación política. Los liberales se dividieron en dos grupos durante la presidencia de Mitre: los autonomistas, que se incorporaron a los federalistas (que se quedaron sin jefe tras la muerte de Urquiza), y los nacionalistas, que continuaron preservando los principios mitristas. Mientras tanto, el liberalismo en las provincias, al igual que el federalismo, a menudo era simplemente otro nombre del caudillismo, y a los jefes de los partidos políticos pronto se les llamó «caudillos».

Modernización quería decir crecimiento a través de las exportaciones del sector agrario, inversiones en la nueva infraestructura e inmigración. Algo de capital local se invirtió en el sector primario, en estancias ganaderas, granjas ovinas y fincas azucareras. Pero las inversiones dependían esencialmente de la llegada de capital extranjero, sobre todo de Gran Bretaña. Hasta principios de la década de 1870, el comercio británico con Argentina consistió sobre todo en tejidos, y las inversiones inglesas se hicieron sólo en el comercio y en las estancias. Pero desde 1860 empezaron a mostrarse nuevas tendencias. En primer lugar, en 1861-1865 se organizaron diversas sociedades anónimas. Fueron creadas por empresarios británicos con capital británico y se orientaron a los ferrocarriles y a la banca. El 1 de enero de 1863 se abrió en Buenos Aires la primera sucursal del Banco de Londres y del Río de la Plata, y en 1866 entró en activo la de Rosario. A partir de este momento, el hierro y el acero, las herramientas y las máquinas y el carbón tuvieron cada vez más peso entre los productos importados de Inglaterra. En la segunda fase se hicieron inversiones para fomentar el desarrollo; el gobierno argentino las promocionaba y las promovían los ingleses que querían que mejorara el mercado para sus productos. En 1860, Barings negoció un préstamo de 2,5 millones de libras esterlinas en Londres de acuerdo con el gobierno argentino. Este fue el comienzo de un flujo constante de capital desde Gran Bretaña a Argentina, la mayor parte del cual se aplicó a la infraestructura, tanto en forma de inversión directa como de préstamos al Estado. Se tuvo que esperar hasta después de la década de 1870 para que llegaran aún mayores inversiones extranjeras, cuando los bancos, las fábricas y los servicios públicos se convirtieron en los principales sectores de inversión. Pero antes ya se había hecho una gran inversión en el ferrocarril que fue esencial para el crecimiento económico, transportando productos agrícolas del vasto hinterland de Buenos Aires y productos importados.

En 1857 se inauguró el primer tramo que consistía en 9,6 kilómetros desde Buenos Aires hacia el oeste y fue construido por capital privado. Durante la década de 1860 los Ferrocarriles del Norte y del Sur empezaron a expandirse desde Buenos Aires; en 1870 el Ferrocarril Central de Argentina conectaba Rosario y Córdoba, y se introdujo en las grandes llanuras centrales. El gobierno contrató la construcción de esta línea con el capital inglés, garantizando unos beneficios mínimos y cediéndoles las tierras lindantes —concesiones necesarias para atraer las inversiones a este territorio vacío, cuyo valor radicaba en las previsiones futuras más que en la actividad del momento—. En veinte años en Argentina se tendieron más de 2.000 kilómetros de raíles. Mientras tanto, las comunicaciones con el mundo exterior iban mejorando, a medida que los vapores sustituían a los barcos de vela. La Real Compañía de Correos inició su servicio regular en 1853, Lamport y Holt en 1863 y la Compañía del Pacífico de Navegación a Vapor en 1868. El viaje de Inglaterra al Río de la Plata se redujo a 22 días en un barco rápido. Los barcos de vapor también conectaban los puertos fluviales, y hacia 1860 existían unas cuantas líneas. Era urgente mejorar los muelles y los puertos e instalar la comunicación telegráfica con Europa, todo lo cual pronto se realizaría gracias a los capitales y la tecnología extranjeros.

La nueva Argentina también necesitaba gente. En el periodo 1852-1870, el crecimiento del poder federal y de la hegemonía de Buenos Aires no se debió simplemente a un proceso constitucional o militar, sino que también respondía a fuerzas demográficas y económicas. La población de Argentina creció más de prisa después de 1852: de los 935.000 habitantes, en 1869 pasó a 1.736.923. La balanza a favor de la población costera aún se inclinó más. La provincia de Buenos Aires contenía el 28 por 100 de la población total de 1869, mientras el litoral concentraba el 48,8 por 100 del total. La ciudad de Buenos Aires pasó de tener 90.076 habitantes en 1854 a tener 177.787 en 1869, de los cuales 89.661 eran argentinos y 88.126 extranjeros. Ahora la inmigración alimentaba significativamente el crecimiento de la población. Después de 1852 la Confederación hizo un esfuerzo especial para atraer inmigrantes de Europa. La constitución de 1853 de hecho dio a los extranjeros todos los derechos de los argentinos, pero no sus obligaciones. En los años 1856-1870, el gobierno provincial de Santa Fe hizo entrar a familias europeas que fueron las pioneras de la «cerealización» de las pampas. Después de 1862, la inmigración se convirtió en un componente de la política nacional; en Europa se abrieron oficinas para atraerla, pero el gobierno no financió el precio del viaje ni de la instalación, dejándolo al libre juego de las fuerzas económicas. A partir de finales de la década de 1850, cerca de 15.000 inmigrantes entraban anualmente en Argentina.

Sarmiento y otros, influenciados por el modelo norteamericano de expansión de la frontera, predicaron las virtudes de la agricultura y de las pequeñas explotaciones agrarias, la importancia del asentamiento de los inmigrantes en el campo, la necesidad de proporcionar tierras para colonizarlas y de cortar la especulación y el latifundismo. Sin embargo, las cosas no salieron así. Para el gobierno, la tierra era un recurso de valor, que podía venderse para beneficio fiscal. La ganadería bovina y ovina era la principal actividad del país. Los estancieros, que formaban un poderoso grupo de intereses vinculados a los principales comerciantes de la ciudad, consideraban el acceso a la tierra como un factor vital para poder criar el ganado, y por ello la especulación en tierras —ya fuera comprando tierras públicas para venderlas más tarde con gran beneficio, ya fuera para dividirlas y subarrendarlas— era un negocio demasiado lucrativo para que cesara. Por lo tanto, hacia la década de 1880, la mayor parte de la tierra pública de la provincia de Buenos Aires había sido transferida por medio de una serie de leyes a manos de los latifundistas y los especuladores; y lo mismo ocurrió en otras provincias. No hay duda de que en las décadas que siguieron a 1850 —a medida que las pampas se iban ocupando, que la tierra se iba convirtiendo en un bien escaso y caro, que la cría de ovejas comportó la subdivisión de la propiedad y que llegaban los nuevos propietarios desplazando a los anteriores—, hubo la tendencia de que las explotaciones fueran más pequeñas. Pero esto tan sólo significó el paso del superlatifundismo al simple latifundismo.

Uruguay, tras la independencia, poseía una economía ganadera, un comercio exterior, un puerto internacional y una constitución liberal. Estas ventajas activas primero se malgastaron y después fueron saqueadas. Los uruguayos empezaron a luchar entre sí para controlar los recursos de su país. Hubo un duro enfrentamiento para disponer de tierra, puesto que los estancieros más viejos querían conservar sus propiedades y los recién llegados luchaban para poder acceder a ella. Los hombres se pusieron bajo las órdenes de los caudillos locales y éstos bajo las de los caudillos más importantes, formando los bandos de los dos candidatos al poder, los «colorados» y los «blancos». El resultado fue la Guerra Grande, que empezó como un conflicto entre los dos caudillos más importantes —Manuel Oribe (blanco) y Fructuoso Rivera (colorado)— para controlar Uruguay y que tras la caída de Oribe en octubre de 1838 se convirtió en una guerra internacional.

La larga duración del conflicto, la presencia de los colorados en la ciudad sitiada de Montevideo y de los blancos en el área rural circundante, pusieron de manifiesto las hasta entonces ocultas diferencias ideológicas de los dos partidos. Se identificó a los colorados como al partido urbano que recibía las ideas liberales y extranjeras, que acogía a los inmigrantes europeos y que contaban con el apoyo brasileño. Se aliaron con los exiliados liberales de Buenos Aires en contra de Rosas y de su lugarteniente Oribe y dieron la bienvenida a la intervención primero de Francia (1838-1842) y después a la de Gran Bretaña y Francia (1843-1850), cuando los intereses extranjeros coincidieron con las necesidades de los colorados. Por lo tanto, Montevideo era colorada; demográficamente era una ciudad europea, ya que de sus 31.000 habitantes sólo 11.000 eran uruguayos. Los comerciantes europeos dominaban su comercio, los préstamos europeos apuntalaban sus finanzas (a costa de los ingresos aduaneros) y las ideas europeas impulsaban su política. Pero los colorados también representaban intereses económicos y no únicamente ideas. No sólo contaban con el apoyo de la gente joven que anhelaba la libertad y las reformas, sino también con el de los inmigrantes que esperaban que se les concediera tierra, de los exiliados argentinos que utilizaban Montevideo como base para regresar a su país, de los capitalistas que poseían las aduanas y veían el bloqueo de Buenos Aires como un buen negocio, y también de los comerciantes que se beneficiaban del libre acceso de Montevideo al comercio y a la navegación del Río de la Plata. El propio Rivera, más que un constitucionalista, era esencialmente un caudillo que buscaba el poder. Se trataba de una alianza de intereses.

Por otro lado, la zona rural era blanca. El partido de los blancos era el partido de los estancieros, el partido de la autoridad y la tradición. Se enorgullecía de oponerse a la intervención extranjera, de defender el «americanismo» y de su alianza con la Argentina de Rosas. Éste les apoyaba militar y económicamente; su caudillo era Oribe, que a pesar de su nacionalismo ante el intervencionismo europeo muchos consideraban como la mano de su amo. Las fuerzas conjuntas de Rosas y Oribe fueron suficientes, si no para triunfar, al menos para resistir la alianza rival, y el sitio de Montevideo se prolongó del 16 de febrero de 1843 hasta la paz que finalmente firmaron los uruguayos el 8 de octubre de 1851.

En este episodio ambos partidos se desilusionaron de la intervención extranjera: Rivera por la incapacidad del tándem anglo-francés de destruir a Rosas, y Oribe por la vulnerabilidad de Rosas ante la rebelión de Urquiza; por otro lado, ambos partidos se molestaron por la descarada explotación a que sus respectivos aliados sometieron a Uruguay. Estimulados por Urquiza, los partidos rivales hicieron las paces en octubre de 1851 y estuvieron de acuerdo en que no había ni vencido ni vencedor. Así pues, se sumaron a la rebelión contra Rosas pero en una posición subordinada en relación a los aliados más poderosos, sobre todo Brasil. Entonces Uruguay hizo un tratado muy desfavorable con Brasil: cedió derechos territoriales, hipotecó las aduanas y permitió el libre movimiento (es decir, sin imposición de impuestos) del ganado de Uruguay a Brasil; todo ello a cambio de un subsidio mensual, el único fondo del que dispuso el tesoro uruguayo.

La Guerra Grande dejó a Uruguay postrada y empobrecida, a su ganadería y saladeros arruinados, a su gobierno muy endeudado con los prestamistas nacionales y extranjeros, y a su población reducida. Las fortunas privadas disminuyeron y la masa de la población se quedó sin nada. Además, por todo el país se cernía la sombra amenazadora de Brasil. La guerra produjo una pérdida de población y la falta de gente probablemente fue durante muchos años el principal problema de Uruguay. La población descendió de los 140.000 habitantes que había en 1840 a los 132.000 de 1852; la de Montevideo, de 40.000 habitantes descendió a 34.000. Mucha gente, sobre todo los inmigrantes europeos, tuvieron que abandonar las áreas rurales para encontrar seguridad y medios para sobrevivir en otros puntos más prósperos del Río de la Plata o Brasil, dejando un vacío de mano de obra que retrasó la recuperación. Mientras que la estructura de la propiedad no cambió, las estancias a menudo cambiaron de manos. Muchos propietarios nativos se refugiaron en Montevideo; sus tierras quedaron abandonadas o fueron saqueadas, perdieron su ganado y sus cosas de valor, y sus propietarios se vieron en la necesidad de venderlas baratas a los recién llegados. En la década de 1850, los brasileños entraron en riada desde Río Grande do Sul en un Uruguay vacío, comprando centenares de estancias, seguidos por los ingleses y otros europeos. Los extranjeros ya dominaban entonces el sector urbano: en 1853, de los 2.200 comerciantes y artesanos que había, 1.700 (casi el 80 por 100) eran extranjeros. Ahora la composición de la aristocracia rural también cambió en la medida que se incorporaban cada vez más extranjeros. Seguros con sus títulos de propiedad y protegidos por el gobierno, los recién llegados no participaron activamente en la vida política de Uruguay. Por otro lado, lo que quedaba de la vieja clase estanciera era políticamente homogénea porque los blancos, habiendo controlado el área rural durante nueve años, ahora constituían la mayoría y ya no había más enfrentamientos por la tierra entre los colorados y los blancos. Por lo tanto, la Guerra Grande contribuyó a la pacificación del campo. Sin embargo, la clase popular rural lo pasó mal. La guerra acentuó su pobreza y su forma de vida nómada porque algunos fueron obligados a hacerse soldados y otros desertaron del ejército; después de la guerra vieron con desagrado el ser peones y prefirieron llevar una vida marginal como vaqueros o ladrones de ganado.

Las consecuencias económicas de la guerra también fueron terribles. La producción y exportación de cueros, charque y lana constituía la base de la economía de Uruguay. La matanza indiscriminada de animales, el gran consumo de ganado que hicieron los ejércitos combatientes y las flotas europeas, junto con los grandes asaltos que sufrían los rebaños de las estancias por parte de los brasileños desde Río Grande do Sul, diezmaron las manadas uruguayas. Las cabezas de ganado descendieron de 6 millones que había en 1843 a 2 millones en 1852, y muchas de las que quedaron, salvajes y de mala estampa, no se las podía vender en el mercado extranjero. Los saladeros padecieron la falta de reses y por otro lado el ganado existente tuvo que competir con el brasileño; de los 42 establecimientos que existían en 1842, en 1854 no quedaban más de 3 o 4. El incipiente sector ovino, que en la década de 1830 había empezado a mejorar la calidad de sus lanas gracias a los animales importados, se estancó. Los perros salvajes, que atacaban a las reses jóvenes y que en el campo se convirtieron en una plaga, fueron los únicos animales que aumentaron en número durante la guerra.

Para el tesoro, las consecuencias de la guerra duraron hasta mucho después de la paz. Todos los recursos del Estado estaban hipotecados, tanto a capitalistas privados que habían financiado la causa de los colorados como a los gobiernos de Francia y Brasil. En la década de 1850, el subsidio mensual que recibía de Brasil era el único ingreso del gobierno uruguayo, y por esta razón las aduanas continuaron estando hipotecadas. Brasil se convirtió en la metrópoli informal y Uruguay en una especie de satélite y en víctima de la penetración económica, de la dependencia financiera y la subordinación política, porque Uruguay soportó no sólo la presión por el subsidio sino también el legado de los tratados de 1851, un ejército brasileño de 5.000 hombres (hasta 1855) y una quinta columna brasileña bajo la forma de centenares de estancieros cuya presencia convirtió al norte de Uruguay en casi dependiente de Río Grande do Sul. Uruguay estaba frente al peligro real de perder su independencia en un momento en que Argentina, la rival tradicional de Brasil en el Río de la Plata, estaba atrapada en una extenuante guerra civil.

Fueron años de anarquía, aislamiento y nomadismo en Uruguay; fue una época de inseguridad hobbesiana. Falto de recursos y de infraestructura, el Estado era demasiado débil para garantizar la vida y las propiedades de su población. A medida que declinaba la autoridad del Estado, la gente tuvo que defenderse por ella misma, lo que condujo a una relación de autoridad y subordinación personal característica de las sociedades más primitivas. Ahora predominaban el caudillismo y el sistema clientelar más crudo.

¿Cómo pudo Uruguay sobrevivir como nación y mantener su tejido social cohesionado después de la Guerra Grande? Al final, la desesperanza de su posición forzó a los estancieros y a los comerciantes a buscar la paz, a persuadir a los partidos políticos a que pusieran fin a su destructiva lucha y hacer que el crecimiento económico sustituyera al conflicto. De aquí procede la política de fusión, en la que los partidos acordaron subordinar su diferencia a un objetivo común y crear un solo movimiento impulsado por el ideal de la paz, el progreso y la recuperación económica. La fusión fue acompañada de una política de pactos entre caudillos rivales para llevar la estabilidad al campo. El 11 de noviembre de 1855 Oribe firmó el Pacto de la Unión con Venancio Flores, el más ilustrado de los líderes colorados. Así pues, a pesar de que las periódicas revoluciones parecían llevar la anarquía y amenazar la fusión, de hecho el periodo que siguió a 1852 fue de relativa calma en el campo. Esta fue la estructura política en que empezó la recuperación económica que coincidió con una década de paz externa, de una gran demanda europea y de buenos precios para los productos ganaderos durante la guerra de Crimea.

La primera mejora se dio en la demografía. La población casi se dobló: de los 132.000 habitantes de 1852 se pasó a los 221.248 de 1860. Montevideo creció de 34.000 a 57.911 habitantes. Los extranjeros pasaron de constituir el 21,6 por 100 de la población a sumar el 35 por 100 y en Montevideo constituían el 48 por 100 de la población. El comercio creció a medida que la demanda interna de productos importados aumentaba. Montevideo se benefició de la libre navegación de los ríos y de la impotencia de Buenos Aires para importar y exportar productos en cantidades crecientes no sólo para sí misma sino también para el resto del litoral y para Río Grande do Sul. Se incrementó el número de barcos extranjeros; los empresarios extranjeros, entre ellos el brasileño barón de Mauá, extendieron su influencia y adquirieron, entre otros bienes, bonos del Estado procedentes de la deuda de guerra; por otro lado, se fundaron bancos controlados por extranjeros.

En el campo, en seis años (1852-1858), la cría de reses dobló el número de cabezas de ganado de 2 a 4 millones, y de 1859 a 1862 se pasó de los 4 a los 8 millones de cabezas; en estos años se importó ganado, por ejemplo, de las razas Durham (1858) y Hereford (1864) con las que se empezó a mejorar los rebaños uruguayos. Las ovejas, muy mejoradas, pasaron del millón que había en 1852 a los 3 millones de 1860. Un creciente número de saladeros procesaban los animales procedentes de las estancias: en 1858 fueron 160.000 cabezas de ganado y 500.000 en 1862, y la exportación de cuero y tasajo fue subiendo. El precio de la tierra aumentó en más del 200 por 100 en la segunda mitad de los años cincuenta. Pero en la medida en que esta economía primitiva se expandía ciegamente, pronto llegó al límite inevitable de la producción y de los compradores.

Los mercados que consumían cueros y tasajo no eran dinámicos, tal como había ya observado Argentina. Sobre todo el del tasajo, constituido por las economías esclavistas de Brasil y Cuba, era limitado y como que la producción era superior a la demanda los precios disminuyeron. La paz interna y la abundancia rural, por lo tanto, generaron sus propios problemas y dieron a conocer los límites de la economía. Cuando la depresión siguió a la expansión, los riesgos de la revolución aparecieron menos intimidantes. La base económica era tan estrecha que parecía que había muy poco en juego, y la principal justificación para la fusión y la estabilidad perdió su peso. Sólo una dimensión nueva podía cambiar las cosas y ello ocurriría en la década siguiente (1860-1870) al expansionarse la producción ovina. Así pues, mientras en 1862 la prosperidad de Uruguay tan duramente ganada concluía en una crisis de sobreproducción, se pusieron en cuestión los presupuestos fusionistas y de nuevo apareció el conflicto político.

En Uruguay, el Estado era, al igual que en tiempos de la Inglaterra pre-Tudor, más débil que sus ciudadanos más poderosos. La constitución de 1830, con su presidente, sus ministros, sus congresos y sus derechos civiles, era una fachada. En las elecciones de 1860, Montevideo, con sus 60.000 habitantes, sólo tenía 1.500 personas inscritas en el registro civil y sólo 662 votaron. Al carecer de una base popular o de clase media, al no tener ingresos y al no disponer de un ejército poderoso, el gobierno no estaba en posición de resistir el reto de los caudillos si éstos tenían más caballos, más espadas, más lanzas y quizá más dinero de los habilitadores extranjeros. Sólo cuando el Estado tuvo fusiles y artillería, un sistema de transportes, telégrafos, ferrocarriles, carreteras y puentes (esto es, a partir aproximadamente de 1875), sólo entonces pudo afirmarse y triunfar sobre estos poderosos súbditos. Mientras tanto, como que no poseía ingresos independientes, el Estado dependía de los buenos deseos de los caudillos que disponían de los medios para sustentar al gobierno o para derrocarle. En estas circunstancias, la fusión se deshizo y volvió a estallar la guerra civil. El presidente Bernardo F. Berro (1860-1864) hizo un valiente intento de mantener el constitucionalismo, pero era imposible gobernar en el vacío político, ignorar el endémico caudillismo y la política de facciones. Al mismo tiempo, su defensa de los intereses nacionales, sobre todo contra Brasil, conllevó el peligro de una intervención que no fue capaz de parar.

Los brasileños residentes en Uruguay ascendían a casi 20.000 individuos (sin contar a los que no estaban registrados), que formaban del 10 al 15 por 100 de la población; ocupaban el 30 por 100 del territorio uruguayo y poseían las mejores estancias del país. Desde el momento en que echaron raíces en el país y empezaron a extender su lengua y costumbres, se convirtieron en un poderoso grupo, dos elementos del cual preocupaban en particular a las autoridades uruguayas: la concentración de sus estancias en la frontera norte y su tendencia a llamar al gobierno de su país ante cualquier presión de que fueran objeto en Uruguay. El gobierno brasileño tenía sus propios motivos para hacerles caso —la obtención de más territorio agrícola en la zona templada, el deseo de controlar las vías de comunicación fluvial con sus provincias interiores y la necesidad de aplacar a los aliados inmediatos de los residentes brasileños, los magnates de Río Grande do Sul, una provincia periférica con inclinaciones separatistas—. Por su parte, el gobierno del presidente Berro intentó controlar a los inmigrantes brasileños e impuso su propia ley y orden en los territorios de la frontera. Se tuvieron que emprender diferentes medidas para preservar la soberanía uruguaya. Se empezó a colonizar la zona fronteriza con uruguayos con la idea de que se debía poblar para defenderla. Se buscó limitar el uso de esclavos en las estancias «brasileñas». En Uruguay la abolición de la esclavitud era lenta pero segura: un proceso de 25 años (1825-1853) que comprendía la abolición de la trata de esclavos, la emancipación de los esclavos al regresar del servicio militar y la gradual introducción de la legislación liberal así lo evidenciaba. El gobierno emprendió medidas para liberar a los esclavos y a los semiesclavos que los estancieros brasileños habían ido introduciendo desde Río Grande do Sul y que se creía que constituían una fuente de mano de obra ventajosamente barata. Los uruguayos también se negaron a renovar el tratado de comercio de 1851 a fin de gravar el paso de ganado desde Uruguay a Brasil y por lo tanto también a los saladeros rivales. Finalmente, se implantó un impuesto directo más alto sobre toda la tierra y el ganado de Uruguay y se obligó a los estancieros brasileños a pagar también la carga impositiva que ya pagaba el resto de los propietarios. Los barones ganaderos y los saladeristas de Río Grande do Sul se opusieron a esta campaña porque arremetía en contra de sus intereses y de los de sus aliados y clientes que se habían establecido en Uruguay. Exigieron al gobierno de Río de Janeiro que interviniera para que en Uruguay se constituyera un gobierno más complaciente. El apoyo brasileño a la revolución de Venancio Flores de 1863 fue en parte una respuesta a la política del gobierno de Berro.

Mientras tanto, Uruguay también estaba bajo la presión de Argentina. Berro se mantuvo estrictamente neutral durante la guerra civil argentina de 1861, aunque él y sus colegas oribistas políticamente eran «federalistas» y más inclinados a apoyar a Urquiza que a Mitre. Por otro lado, Venancio Flores luchó en Pavón a favor de Mitre y defendió abiertamente su causa. Mitre y los colorados, por lo tanto, estaban vinculados por la pasada alianza y el interés del momento. El nuevo presidente argentino prefería obviamente un régimen uruguayo aliado de la unidad argentina que otro que prefiriera el federalismo. Si bien Argentina no pudo incluir a Uruguay en su reconstrucción nacional, al menos podía crear un Uruguay satélite y acabar con un foco de infección federalista.

Cogido entre los deseos expansionistas de Brasil y las amenazantes, aunque inciertas, intenciones de Argentina, el gobierno de Berro intentó establecer un equilibrio de poder en el Río de la Plata forjando una alianza con Paraguay, otra nación amenazada por los dos gigantes, y propuso un tratado de amistad, comercio y navegación para salvar la independencia de ambos. Pero Paraguay no reaccionó favorablemente hasta finales de 1864 cuando ya era demasiado tarde.

En un mundo de depredadores, Berro era demasiado honesto. No tuvo la fuerza suficiente para enfrentarse a Argentina y Brasil y tampoco contaba con una base lo suficientemente fuerte en su país para oponerse a su aliado Venancio Flores, el caudillo del Partido Colorado. El 19 de abril de 1863, Venancio Flores invadió Uruguay desde Argentina. El apoyo local no fue importante. A los liberales colorados no les gustaba apoyar al caudillismo y Berro recordaba que habían existido gobiernos dedicados a la causa nacional que no contaron con apoyo. Pero Flores tenía otras cartas con las que jugar. Contaba con el apoyo del presidente Mitre, con la ayuda de la fuerza naval argentina para pasar hombres y armas a través del río Uruguay y con fondos de los simpatizantes de Buenos Aires. También estaba sostenido por los estancieros fronterizos de Río Grande do Sul y a través de ellos esperaba conseguir el apoyo del emperador de Brasil. En 1864 la revolución de Venancio Flores convirtió un episodio en un conflicto mucho más amplio.

Tanto Brasil como Argentina se preocupaban por lo que ocurría en los países vecinos más pequeños. Tanto un país como otro tenían una discusión fronteriza pendiente con Paraguay y también cada uno tenía sus propios intereses. Brasil quería que la navegación del río Paraguay fuera libre, de manera que Mato Grosso tuviera una salida segura al mar. La seguridad regional también presuponía un Uruguay complaciente, cuyos puertos y recursos serían una ventaja o una amenaza para sus vecinos. A medida que Brasil iba presionando más sobre el gobierno blanco de Uruguay, éste de forma cada vez más urgente buscaba apoyo en cualquier lugar. En 1864 Paraguay ya estaba a punto para responder.

Para intervenir más efectivamente en Uruguay, Brasil necesitaba que Argentina estuviera de su parte. Mitre estaba dispuesto a hacerlo porque él también tenía diferencias con sus vecinos más pequeños. En Argentina, para completar la victoria de la unión y del liberalismo, era necesario destruir el poder de Paraguay que constituía un ejemplo fuerte y quizá contagioso de las fuerzas centrífugas y conservadoras que atraía a los caudillos federales. Argentina también quería un Uruguay estable, amigable y preferentemente liberal, y pretendía conseguirlo con Flores. En septiembre de 1864, las fuerzas brasileñas entraron en Uruguay en apoyo de Flores. En febrero de 1865, Montevideo se rindió y Flores se instaló en el poder. Era subordinado pero no un satélite, debido a que se había aliado tanto con Argentina como con Brasil, que eran rivales más que aliados. Esta fue la triple alianza. Por lo que se refiere a Paraguay, no tenía aliados y estaba reducida a un verdadero aislamiento.

Después de la independencia, Paraguay, atrapado en un callejón sin salida al final del sistema fluvial y molestado por un lado por Argentina y por otro por Brasil, retrocedió hasta prácticamente una economía de subsistencia. Pero Paraguay era resultado tanto de la política como del medio ambiente. Esta sociedad simple, polarizada entre una clase dominante y un campesinado dócil, estuvo bajo la dirección de una serie de dictadores que impusieron o heredaron el aislamiento político y económico. El más importante de todos fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, un abogado y filósofo criollo, que fue nombrado Dictador para cinco años por un Congreso en 1814, y luego Dictador Supremo vitalicio por otro en 1816, tras lo cual gobernó el país hasta su muerte en 1840, sin Congreso y sin prensa de ningún tipo, pero con un ejército que le protegía y un sistema de espías que le informaba. Se le aceptó porque pareció ser el único líder capaz de defender la independencia de Paraguay, y para desarrollar esta función pidió poderes absolutos. Este tipo de gobierno fue continuado por Carlos Antonio López, otro abogado, que gobernó primero como un cónsul adjunto y a partir de 1844 como un dictador hasta que murió en 1862. López pasó gran parte de su tiempo instalando, promocionando y recompensando a su propia familia, reservando el mejor premio, su sucesión, a su hijo Francisco Solano López. La larga duración de estos reinados y las características dinásticas de estos mandatarios autoritarios convirtieron al gobierno de Paraguay en una casi monarquía.

Francia aumentó el alejamiento impuesto por la naturaleza y mantuvo a Paraguay bajo su control aunque no en total aislamiento, acordonado del mundo exterior en una posición de defensa permanente ante los peligros que le rodeaban. Su política era una respuesta a la de Buenos Aires, que se negaba a aceptar la independencia de Paraguay o a tratarla de otra manera que no fuera la de una provincia rebelde; Buenos Aires intentó cortar el tránsito del río y estrangular la economía de Paraguay al negarle la libre navegación por el río Paraná, que era su salida natural. Como una humillación más, los caudillos de la parte inferior del río también asaltaban el comercio paraguayo, acosándole, confiscándole y poniéndole contribuciones. Para salvar a Paraguay de una nueva dependencia, Francia no permitió las asociaciones. Pero en cambio aceptó a los extranjeros que podían servir al país y permitió el comercio, aunque controlado, en los dos ríos. La exportación de yerba, tabaco y maderas duras se efectuaba a través de Pilar hasta Argentina y desde Ytapúa a Brasil, a cambio de la importación de armas y de otras manufacturas, si bien todo el comercio estaba fuertemente supervisado y tasado por el gobierno. Aparte de esto, Paraguay mantuvo una autosuficiencia económica y una sumisión al monopolio gubernamental. Sus principales productos eran la yerba mate y la madera, si bien Francia también impulsó una producción más diversificada de tabaco, azúcar y cueros. Se asignaba a los agricultores una cuota de producción de granos y algodón que tenían que cubrir a fin de poderlas intercambiar por los productos importados. El Estado no sólo controlaba la actividad de las estancias de propiedad privada sino que también participaba directamente en la producción de sus extensas tierras que habían sido de la corona o de los jesuitas, o bien se habían confiscado a la Iglesia o a los opositores políticos, o que procedían del rescate de tierras vírgenes. Estas tierras de propiedad pública o bien se arrendaban a los campesinos o bien se administraban directamente mediante capataces que a menudo empleaban a esclavos. Unas 50 de este tipo de «estancias del Estado» fueron eficientes unidades de producción que producían para la exportación, aprovisionaban al ejército y proporcionaban comida a los pobres en tiempos de necesidad. Pero a falta de estímulos externos, la economía se encontraba sólo un poco por encima del nivel del estancamiento y el nivel de vida era muy primitivo.

La sociedad paraguaya adquirió una forma muy peculiar. La vieja aristocracia colonial fue destruida por Francia. La clase empresarial española quedó deshecha por las contribuciones, el aislamiento y la persecución. Los que quedaron se convirtieron en estancieros buscando refugio, si es que lo había. La confiscación de propiedades y al no permitirse la libre exportación de sus productos impidieron que se desarrollara una agricultura comercial y privaron a Paraguay del tipo de estancieros que había en el resto de países suramericanos. Cuando trataron de reaccionar en la conspiración de 1820, Francia los aplastó en un reinado de terror en el que los ejecutó, encarceló y los hizo desaparecer. La muerte de la clase dirigente no significó que las clases populares avanzaran. De hecho, el Estado y sus escasos funcionarios sustituyeron a la élite tradicional, tanto a la rural como a la mercantil. Francia no llegó al poder como un líder de la revolución social, como el salvador del campesinado indio en contra de la aristocracia terrateniente. La masa de la población, los afables y dóciles guaranís —chacareros desorganizados y campesinos apolíticos—, fueron espectadores pasivos de la dictadura de Francia. Continuaron viviendo y trabajando en una posición subordinada, mientras que los agentes del gobierno se apropiaban del trabajo de los indios en Misiones. La esclavitud se mantuvo hasta después del régimen de Francia, y los «esclavos del Estado» trabajaban en las estancias del gobierno y en las obras públicas, aunque la ley de 1842 acabó con la trata y decretó que los niños hijos de esclavos que habían nacido después de 1842 serían liberados al alcanzar la edad de 25 años (se les llamó «libertos»). Según el censo de 1846, en una población de 238.862 habitantes había 17.212 «pardos», de los que 7.893 eran esclavos y 523 libertos.

El sucesor de Francia modificó esta política en algunos puntos importantes. Carlos Antonio López, un mestizo gordo cuya papada colgaba sobre su pecho, causaba mala impresión entre los extranjeros pero no entre los paraguayos. También fue un dictador pero más benevolente que Francia. También disfrutó de un poder absoluto, si bien lo usó para liberar a prisioneros políticos, implantó un mínimo sistema educativo, organizó un sistema judicial y autorizó la prensa. También favoreció el control estatal de la tierra y la economía, pero ello significó que su propia familia ejerciera el control. Sin embargo, se alejó del sistema de Francia en dos aspectos fundamentales: puso fin al aislamiento de Paraguay e introdujo los rudimentos de la modernización. Ya en la década de 1840 permitió que se instalaran algunos comerciantes, artesanos y médicos extranjeros. Después de 1852, tras la caída de Rosas y la apertura de los ríos, López empezó a importar tecnología en gran escala. Para la obtención de técnicas y equipo necesarios para crear una moderna infraestructura tanto en la industria como en los transportes y en el equipamiento militar, se dirigió a Europa y sobre todo a Gran Bretaña. Envió a su hijo Francisco Solano López como director de la delegación compradora de armamento terrestre y naval y contratadora de técnicos. El grupo visitó Inglaterra, Francia y España en 1853-1854. En Londres, López firmó un contrato con la firma de construcción naval y de ingeniería A. Blythe y Cia., de Limehouse, para que le suministrara productos y personal, convirtiéndose Paraguay pronto en uno de sus principales clientes. Se encargó un barco de guerra, se compró equipo y armas, se contrataron ingenieros y técnicos y se acordó que enseñasen a aprendices paraguayos. Un equipo completo de técnicos ingleses junto con consejeros militares y médicos fueron contratados a Paraguay; totalizaban un conjunto de unos 200 individuos, incluyendo al capacitado joven ingeniero William K. Whytehead que organizó el primer programa de modernización de América del Sur. Se utilizó maquinaria y equipo británico para construir un astillero con un muelle nuevo y un dique seco donde se podían construir y reparar barcos de vapor; la obra quedó terminada en 1860. En 1856 se fundó un arsenal con capacidad para hacer cañones y pertrechos navales. En unos pocos años se instalaron fábricas, una fundición de hierro y un sistema telegráfico. En 1850 empezó a construirse el ferrocarril que comunicaba Asunción y Villa Rica y se inauguró una marina mercante estatal con barcos de vapor construidos en Paraguay. Toda la operación fue el resultado de la decisión paraguaya, de la ingenuidad británica y del trabajo de los guaranís. La obra tuvo algunas características particulares. En primer lugar, su realización no significó que hubiera una afluencia continua de capitales hacia Paraguay. El gobierno costeó directamente la operación, pagando en metálico tanto el caro equipo como los altos salarios del personal; por lo tanto, la realización del plan no comportó dependencia pero a la vez tampoco le dio permanencia. En segundo lugar, se trató básicamente de contratos militares más que de una obra modernizadora en un sentido a largo plazo; se creó la nueva infraestructura con finalidad militar y no para impulsar el desarrollo. En tercer lugar, la estructura social prácticamente no cambió. En cierto sentido, el gobierno paraguayo importó una clase media entera: ingenieros, arquitectos, médicos, maestros, comerciantes y artesanos. En la década de 1860, los extranjeros reunían casi la mitad de las licencias mercantiles del país, pero apenas dejaron huella en la sociedad paraguaya.

La modernización dependía de —y buscaba la manera de conseguir— la seguridad regional de Paraguay. López quiso establecer canales mercantiles más amplios que los que Francia había autorizado. Permitió que todos los países comerciaran río abajo si se conseguía persuadir a Buenos Aires y a los caudillos del litoral a que accedieran a ello. Se logró sólo a medias. Las fronteras con Argentina y Brasil aún se debían establecer y continuó siendo una fuente de fricción. Además, a López le resultó difícil avanzar en contra de Rosas, quien contemplaba a Paraguay como una provincia errante y reducida a su uso del sistema fluvial. La alianza con Corrientes y con Brasil tuvo poco éxito. Rosas replicó con el bloqueo y López respondió con la guerra en 1845. Esta decisión fue prematura, puesto que Paraguay aún no poseía una fuerza militar independiente y sólo pudo hacer la guerra como instrumento de Brasil. Fueron estas humillantes experiencias lo que impulsó a López a modernizar su país. La caída de Rosas, en la que Paraguay no jugó ningún papel fuera del hecho de ser una aliada formal de Brasil, le permitió romper su aislamiento. La Confederación Argentina declaró libre la navegación de los ríos en 1853. Los países americanos y europeos firmaron tratados con López entre 1852 y 1860 y la red fluvial fue abierta a los barcos extranjeros. El nuevo comercio no comportó la liberación incondicional de la economía paraguaya. En algunos sectores comportó una penetración de productos de otros países que perjudicó la producción local que hasta entonces había quedado protegida por el aislamiento. En los años de Francia, el algodón se cultivaba mucho para el consumo interno, pero después de 1852 las manufacturas extranjeras penetraron río arriba y la gente ya no pagó más los 75 céntimos por yarda por los tejidos nacionales cuando pudo comprar los importados por 10. Incluso la madera de pino norteamericana se vendía en Corrientes compitiendo con la madera local.

El Congreso había conferido a López el derecho a nombrar un sucesor temporal y antes de morir, el 10 de septiembre de 1862, nombró a su propio hijo. El caudillismo hereditario, un fenómeno nuevo en América del Sur, fue la aportación de Paraguay al laboratorio político. En esta sucesión no hubo nada temporal. Francisco Solano López fue educado como un heredero real; dentro de los límites de su magro y excéntrico talento, fue educado para ejercer el poder y toda su formación fue pensada para convertirle en el líder militar de un nuevo Paraguay. No sólo admiraba la tecnología británica sino también las ideas imperiales de Napoleón III, y regresó de su viaje a Europa con un gran proyecto. Soñó con un imperio suramericano, gobernado desde Asunción y dirigido por López II; para ello colaboró estrechamente con su padre en la construcción de la estructura militar y de su base industrial. Cuando le sucedió en el gobierno decidió proyectar esta nueva fuerza al exterior y convertir a Paraguay en guardián del equilibrio político del Río de la Plata. El ejército del doctor Francia había absorbido una gran parte del presupuesto pero no contaba con más de 1.500 soldados en Asunción y quizá la misma cantidad en las fronteras. Francisco Solano López aumentó el ejército hasta 28.000 individuos y creó una amenazadora y primitiva parodia de un Estado militar.

López II continuó la política de intervención estatal, de controlar la economía y de monopolizar la yerba y su exportación, contrastando con la política del liberalismo económico que existía en Buenos Aires, donde se le atacaba y burlaba en la prensa argentina. Por su parte, él criticaba fieramente a Buenos Aires, en parte para autodefenderse y en parte por motivos ideológicos. En su opinión, Paraguay a través del benevolente despotismo había alcanzado el orden, el progreso material y la fuerza militar. Por otro lado, en Argentina el nuevo régimen estaba buscando la manera de modernizar a la nación siguiendo un modelo liberal. Pero los federalistas y los primitivos caudillos argentinos que aún vivían miraban a Paraguay como al último bastión de la autonomía y la tradición frente al centralismo y la revolución liberal. Por lo tanto, dos modelos rivales competían por la supremacía en el Río de la Plata, en un conflicto de alternativas mortal: el constitucionalismo contra el absolutismo, el liberalismo contra la tradición, Mitre contra López. Y cada bando temía ser contagiado por el otro.

Mientras López se resistía al avance de los principios liberales y al dominio económico de Argentina, también tuvo que hacer frente a la expansión de la influencia y el poder de Brasil hacia el sur, hacia el Río de la Plata. La política de Paraguay frente a Brasil fue una prueba de habilidad política. Aunque el trato del doctor Francia con su gigantesco vecino generalmente había sido amistoso y los brasileños habían apoyado a Carlos Antonio López frente a Rosas, posteriormente las relaciones empeoraron. La controversia fronteriza convenció a Carlos Antonio López de que Brasil amenazaba la seguridad del país y de que las reclamaciones de la libre navegación y del territorio fronterizo disputado sólo eran una parte de una maniobra más amplia. López se negó a llegar a un acuerdo sobre las fronteras y otras cuestiones, tanto con Brasil como con Argentina; a la vez, era reacio a emprender la iniciativa militar que era la única alternativa. Francisco Solano López tenía además otras convicciones importantes: despreciaba a los brasileños casi con intensidad racial y creía que la reorganización de Argentina fracasaría. Por lo tanto, estaba deseoso de llevar las premisas de su padre hasta su conclusión lógica: la guerra contra Buenos Aires y Brasil en defensa de los intereses nacionales y de los valores tradicionales de Paraguay. Creyó que la ocasión había llegado. Si se le amenazaba con alianzas, él también contaba con aliados potenciales en los caudillos rurales de Argentina y en los blancos de Uruguay. Por otra parte, ¿estaban unidos sus enemigos? Una guerra contra Paraguay de ninguna manera era popular en Argentina. Muchos la veían como una acción iliberal cuyos resultados aumentarían el poder del Estado, incrementarían el ejército nacional y, mientras enriquecerían a los proveedores del Estado, crearían cargas intolerables a la población. Además, se contemplaba a Brasil como un aliado odioso porque mucha gente consideraba que verter sangre argentina y gastar dinero argentino en apoyo de las ambiciones imperialistas de un Estado esclavista era la mayor de las locuras. Por lo tanto, la guerra provocaría la división. Por otro lado, la guerra daría a los caudillos provinciales, oponiéndose a Buenos Aires y defendiendo los intereses regionalistas, la oportunidad de volver a una Argentina más primitiva. Sin embargo López, aunque tenía la superioridad militar, no supo explotar las divisiones internas de Argentina, o las que había entre Argentina y Brasil, y malgastó imprudentemente sus recursos.

Paraguay fue víctima de Argentina, Brasil y de su propio gobernante, aunque fue la actitud de este último lo que le permitió cumplir su papel de agresora. Las exigencias de López sobre Brasil y Argentina de que informaran de sus intenciones fueron ignoradas. Entonces lanzó un ultimátum a Brasil para que no invadiera Uruguay, que fue desoído. Cuando Brasil invadió Uruguay, López rompió sus relaciones con este país en noviembre de 1864, capturó un vapor brasileño que se encontraba en Asunción e invadió el Mato Grosso. Este fue el primer error estratégico de los muchos que cometió: hubiera podido atacar a Brasil en Uruguay, pero no en el corazón de su propio territorio. En enero de 1865, López pidió autorización a Argentina para cruzar Misiones a fin de poder llegar a Brasil. No se la dieron, y en marzo López declaró la guerra a Argentina e invadió Corrientes. Esto permitió a Mitre llevar adelante la alianza con Brasil sin provocar un desastre político en el país. Por lo tanto, Mitre declaró la guerra a Paraguay, sumándose a Brasil y al gobierno uruguayo de Flores. Ahora los disidentes argentinos se encontraban sin líderes porque Urquiza se comprometió en la guerra y se convirtió en uno de los principales proveedores del ejército argentino. El objetivo manifiesto de la triple alianza era simplemente la obtención de la libre navegación por los ríos y aplastar al tirano López; se presentó la guerra como una cruzada que defendía la civilización y la libertad. Pero esto era simple propaganda. El tratado de alianza contenía cláusulas secretas que establecían que Brasil se anexionaría el territorio disputado del norte de Paraguay mientras que Argentina se quedaría con las regiones del este y del oeste de Paraguay; también se acordó que la guerra no cesaría hasta la destrucción total del gobierno paraguayo. Los aliados decidieron básicamente acabar con los focos de atracción que un Paraguay fuerte podía ejercer sobre las regiones periféricas.

Para Paraguay fue una guerra de supervivencia. Cualquier guerra contra los dos grandes vecinos había de causar debilidad y constituir una dura prueba para su poco desarrollada economía. López necesitaba una victoria rápida y, si no podía ganar rápidamente, probablemente no ganaría. Con una táctica de defensa, Paraguay era virtualmente inexpugnable excepto en el suroeste y en el río Paraguay. Pero en cambio lo que hizo López fue dar golpes sin criterio y malgastó sus fuerzas. Su flota fue prácticamente destruida en la batalla de Riachuelo poco después de empezar la guerra (junio de 1865) y las fuerzas militares y navales brasileñas pudieron penetrar río arriba hasta el corazón de Paraguay. La situación se deterioró terriblemente para los paraguayos. El bloqueo aliado cortó la llegada de alimentos. Sus soldados eran muertos brutalmente, en muchos casos —incluidos los asesores extranjeros— por el enloquecido López que creía que estaba rodeado de conspiradores además del enemigo. El horror se terminó cuando López murió en la batalla de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870.

Fue un resultado calamitoso para Paraguay. La valoración tradicional que considera que hubo un millón de muertos es un mito gratuito. La verdad fue de por sí ya lo suficientemente amarga. Perdió la mitad de su población, que descendió de las 406.646 personas que había en 1864 a las 231.000 de 1872. La mayoría de los supervivientes fueron mujeres, niños y ancianos. El país, que durante tanto tiempo había estado aislado e intacto, fue desgarrado y devastado. Se produjo, además, un hecho irónico. Aunque Paraguay logró desarrollar una versión en miniatura de la economía de importación-exportación característica de otras regiones del Río de la Plata, no consiguió en cambio mantener el proceso de modernización que ella había iniciado y que pasó a ser monopolizado por Argentina y Uruguay. En términos de territorio, Paraguay también fue perdedora, si bien la rivalidad entre Argentina y Brasil evitó que el desmembramiento fuera mayor. Se la obligó a entregar el territorio del noreste del río Paraguay a Brasil y por otro lado a dar a Argentina el territorio de Misiones entre los ríos Paraná y Uruguay y también tierra más al oeste. El país se desintegró políticamente. La era de los grandes dictadores se había acabado y no había nada para llenar el vacío; los opositores exiliados volvieron y Paraguay empezó un periodo de golpes, de cambio de caudillos y de constituciones impracticables. La versión paraguaya de desarrollo, por lo tanto, fue un desperdicio de esfuerzos, dinero y vidas. Si probó algo, probó que era imposible crear una Prusia en América del Sur.

Los otros países del Río de la Plata pudieron evitar las peores consecuencias de la guerra. Para Uruguay, la década de 1860 fue un periodo de crecimiento económico. Sin embargo, es verdad que las perspectivas políticas no fueron prometedoras. El gobierno de los años de guerra de Venancio Flores no fue estable; era una dictadura que terminó con la fusión y dio a los colorados el monopolio del poder, provocando la inevitable oposición de los blancos y de otros grupos. Uruguay se dividió en bandos contendientes y Flores y Berro fueron asesinados el mismo día, el 19 de febrero de 1868. Cuando se desintegró el gobierno y Uruguay se deslizó irremediablemente hacia el desorden y el caudillismo, la economía y la sociedad disfrutaron de gran autonomía y se produjeron grandes transformaciones. Pero, si bien la anarquía política no evitó automáticamente el crecimiento económico, el cambio económico tampoco restableció inmediatamente el equilibrio político. Entre la fase de crecimiento de 1860-1868 y la retardada estabilización de 1875 ciertamente transcurrió un largo lapso de tiempo.

La población de Uruguay pasó de los 221.000 habitantes que tenía en 1860 a los 385.000 de 1868. Montevideo aún creció más deprisa, pasando de los 58.000 habitantes a los 126.000. En el periodo de 1860-1868 llegaron unos 50.000 inmigrantes a Uruguay, básicamente italianos y españoles. La expansión comercial, la creciente industria de la construcción, el número de barcos cada vez mayor que cruzaban el Atlántico y la actividad de los astilleros costeros y fluviales, convirtieron a Montevideo en un lugar en expansión y en un foco de inmigración. Los extranjeros pasaron de ser el 48 por 100 del total de la población en 1860, a ser el 60 por 100 en 1868. Mientras tanto, el aumento del sector ovino en el campo atrajo a colonos de muchos países. La nueva población impulsó la importación y exportación de productos. Las importaciones crecieron de los 8,2 millones de pesos de 1860 a los 15 millones de 1870, y las exportaciones de los 5,4 millones de pesos de 1860 pasaron a los 12 millones en 1870. La lana, el nuevo producto que los almacenistas llevaban desde los centros de producción rural para exportarla a Europa, también impulsó el comercio de Montevideo. El puerto fue un punto de aprovisionamiento de los ejércitos aliados en la guerra paraguaya, y desde entonces se convirtió en un centro mercantil permanente cuyo régimen de comercio libre impulsó el comercio de tránsito, permitiéndole rivalizar con Buenos Aires como centro de distribución en el Río de la Plata.

En la producción de lana tuvieron lugar grandes y repentinas transformaciones. Entre 1860 y 1868, el número de ovejas aumentó de 3 millones de cabezas a 16 o 17 millones. En parte se debió a causas internas tales como las condiciones favorables para la cría de ovejas en Uruguay, el paso de la ganadería bovina a la ovina a medida que el precio del charque fue descendiendo, el aumento del número de explotaciones de dimensiones medias para las cuales la cría de ovejas constituía una inversión mejor, y la influencia de los inmigrantes extranjeros como criadores e impulsores de mejorar la raza de las ovejas. También hubo factores externos que impulsaron el desarrollo de la producción de lana, como la fuerte demanda para las industrias textiles de Gran Bretaña, Francia y Bélgica y la desaparición del algodón como fibra que competía con la lana durante los años de la guerra civil norteamericana. La cría de ovejas, especialmente en el caso de las especies mejoradas, exigía no sólo más mano de obra sino también un trabajo más sedentario así como la desaparición del caudillismo y las revoluciones. La producción de ovejas permitió, si no la constitución de una clase media rural, al menos la aparición de propiedades y estancias ovejeras más pequeñas que permitían que los inmigrantes pudieran prosperar más fácilmente que en el sector bovino, como ocurría en Argentina. Así pues, se diversificó la estructura de la sociedad agraria y se introdujo una alternativa a las grandes estancias de reses. En 1862, la lana constituía el 10,6 por 100 del total de las exportaciones, mientras que los cueros formaban el 32,9 y el charque el 11,5 por 100 de éstas. En 1872, la lana constituía el 24,4 por 100.

Ahora Uruguay producía tres productos básicos: lana, cueros y charque. Los mercados también se diversificaron: los cueros iban principalmente a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, el charque a Brasil y Cuba, y la lana a Francia y a Bélgica. Si era una economía dependiente, no lo era de un solo producto o de un solo mercado. Esta diversificación fue la clave de la futura prosperidad de Uruguay. Las condiciones económicas eran lo suficientemente propicias para atraer al capital extranjero. Hasta entonces había predominado la influencia del barón de Mauá, el financiero brasileño que en 1857 estableció el Banco de Mauá. Pero entonces ya empezó a entrar capital inglés. A finales de 1863, en Montevideo se abrió una sucursal del Banco de Londres y del Río de la Plata. Entre 1861 y 1865, con capital británico y alemán se estableció la compañía de extracto de carne Liebig en Fray Bentos. Fue la primera inversión extranjera en la industria cárnica; ésta se aprovechó del exceso de producción cárnica, de los precios bajos y de la barata mano de obra, y a su vez —al producir un extracto de carne que el mercado europeo aceptaba, al menos para sus soldados— constituyó una solución al problema de las ventas limitadas que padecían Brasil y Cuba. En 1864-1865, se empezó a prestar capital británico al Estado, y a principios de la década de 1870 los negocios británicos se introdujeron también en los ferrocarriles, acabando finalmente por apoderarse de ellos.

Esta tendencia fue momentáneamente paralizada por la crisis de 1868 y la guerra civil de 1870. En parte la crisis fue provocada por la gran sequía de 1869-1870 que diezmó salvajemente a las manadas de reses y los rebaños de ovejas. Pero también pesaron otros factores, tales como la inestabilidad monetaria, el gran exceso de importaciones —provocado por el aumento de la población y el consumo suntuario de la clase alta— y la mucho más baja exportación de productos debido a la caída de los precios internacionales y de la decadencia de la producción de las estancias que no podían aún beneficiarse de las mejoras y la modernización. En 1870 Uruguay importó bienes por valor de 15 millones de pesos y exportó productos por valor de sólo 12 millones de pesos. Entre 1864 y 1868 las importaciones sobrepasaron las exportaciones por un valor de 18 millones de pesos. Hacia 1875 lo peor había pasado. Ahora Uruguay estaba inclinada hacia la modernización y el desarrollo. Ante las perspectivas de mejoras, los comerciantes y los estancieros querían paz y un gobierno fuerte. Se estaba acercando el momento para implantar un Estado y un ejército nacional fuertes.

El modelo de desarrollo de Argentina difería del de Uruguay en tres puntos: que se inició antes, que su escala era mucho mayor y que contaba con una base política más firme. A mediados de la década de 1860, la guerra de Paraguay coincidió con la inestabilidad monetaria y una crisis europea que descompusieron la economía argentina. Se contrajeron los mercados que consumían productos bovinos y lana y la producción decayó; incluso la cría de ovejas sufrió la depresión. Las causas internas de la crisis radicaban en la tierra y derivaban del excesivo crecimiento de los rebaños sobre un área relativamente restringida de pastos buenos adecuados para la cría de ovejas. El exceso de ganado coincidió con una severa sequía que fue un nuevo golpe para los propietarios de reses y ovejas. La política gubernamental no sirvió de nada. La ley de noviembre de 1864 que decretó la venta de todas las tierras públicas disponibles estableció unos precios demasiado altos y acabó por agravar la crisis rural. Así pues, a continuación de un periodo de expansión y de hambre de tierras llegó la crisis.

La recuperación fue rápida, pero la experiencia dio lugar a que se replantearan los problemas y proyectos argentinos. Los preocupados estancieros empezaron a plantear la necesidad de diversificar la producción agraria, modernizar los métodos e invertir mayores capitales. También se habló de combinar la agricultura y la ganadería, invirtiendo el capital urbano en el sector rural, incorporando nuevas tierras y estableciendo granjas modelo. Las ideas innovadoras de esta clase fueron características del grupo de los estancieros que en 1866 fundaron la Sociedad Rural Argentina como un centro de debate y desarrollo. Creció la tendencia proteccionista. Uno de los proyectos más notables de la Sociedad, si bien fracasó, fue el de levantar la primera fábrica textil del país con la esperanza de desarrollar una industria textil nacional que consumiría su propia materia prima y que la liberaría de su dependencia de los mercados y de las importaciones extranjeras. Cómo solucionar la cuestión de la mano de obra rural se convirtió en un tema cada vez más importante. A menudo se había atribuido la inseguridad, el empobrecimiento y el bajo status de los peones a Rosas y a sus exacciones militares, pero no había ningún signo de que la situación hubiera mejorado desde 1852 y, por otro lado, las exigencias de la guerra paraguaya volvieron a azotar las pampas. La necesidad de más gente era un problema urgente que se quería resolver. Una inmigración en masa, que empezó como una campaña para ocupar el desierto, acabó por hacer crecer a las ciudades. Argentina había llegado al final de una era de su historia y estaba empezando otra.

Capítulo 9
BRASIL (1822-1850)

En 1822, en el momento de independizarse de Portugal, Brasil tenía entre cuatro y cinco millones de habitantes (si se incluye a los indígenas brasileños que quizá sumaban 800.000). Esta población relativamente pequeña se encontraba diseminada por un vasto territorio de unos cinco millones de km², si bien se hallaba muy concentrada en una franja de 320 km de ancho desde la costa atlántica con una longitud que comprendía desde las provincias del noreste (que tenían del 40 al 45 por 100 de la población total) hasta Río de Janeiro, São Paulo y el sur. Minas Gerais, que en la primera mitad del siglo XVIII había sido el foco del ciclo del oro, era la única provincia del interior del país que tenía una población importante; contaba con el 20 por 100 de la población brasileña, aunque la mayoría se hallaba en el sur de la provincia, lindando con la de Río. Algunas de las provincias del interior, como Mato Grosso, tenían menos de 40.000 habitantes. La población era eminentemente rural. La ciudad más grande era Río de Janeiro, la capital, que contaba con unos 100.000 habitantes. Salvador (Bahía), la antigua capital de Brasil, con sus 60.000 habitantes era la segunda ciudad más poblada. La mitad de las capitales de provincia no tenían más de 10.000 habitantes. Las condiciones sanitarias eran muy deficientes y la esperanza de vida muy baja. El nivel general de la educación, por la que la política colonial portuguesa nunca tuvo un interés prioritario, era también bajo. Aún en 1872, cuando se dispuso de las primeras cifras oficiales, sólo una quinta parte de la población libre no era analfabeta.

En 1822, menos de la tercera parte de la población era blanca. La gran mayoría era negra o mulata y al menos el 30 por 100 eran esclavos. La mejor estimación del número total de esclavos es probablemente la de 1823[1] que contabilizó 1.147.515. Tres cuartas partes de los esclavos se concentraban en sólo cinco de las ocho provincias existentes —Maranhão, Pernambuco, Bahía, Minas Gerais y Río de Janeiro—, donde en muchas zonas constituían la mayoría de la población. Además de proporcionar a Brasil la mano de obra adicional que se necesitaba en los periodos de expansión económica, el comercio transatlántico de esclavos desde África era esencial, como siempre lo había sido, para reponer la población existente de esclavos, ya que ésta no se reproducía a sí misma. La importación anual de esclavos a Brasil pasó de 15.000-20.000 a principios de siglo a 30.000 en los primeros años de la década de 1820.

Los esclavos se encontraban en todas las zonas rurales de Brasil, empleados en la ganadería, en la producción de cereales, en el cultivo de productos alimentarios para el consumo local y en la agricultura de subsistencia. Minas Gerais, con una economía predominantemente ganadera y de pequeña lavoura desde el fin del ciclo aurífero a mediados del siglo XVIII, era la provincia con mayor número de esclavos: 170.000 en 1819. En gran parte, los esclavos también se empleaban como sirvientes domésticos en las ciudades de Río, Salvador y Recife, así como en todas las poblaciones desde Belém y São Luís en el norte hasta Porto Alegre y Pelotas en el sur. Los escravos de ganho urbanos trabajaban, por ejemplo, como estibadores y cargadores en los muelles, aguadores, basureros, transportadores de personas, o como albañiles, carpinteros, prostitutas y también como mendigos. Las casas de religiosos y los hospitales poseían esclavos; el gobierno tenía y alquilaba esclavos para la construcción y el mantenimiento de las obras públicas. Los esclavos fueron abundantes y baratos hasta que en 1830 el comercio de esclavos de África a Brasil fue declarado ilegal y se hicieron los primeros esfuerzos serios para terminar con él. Que la esclavitud fuera un elemento tan esencial y característico de la vida económica y social, rural y urbana, de Brasil, se explica en parte por la existencia de una «frontera abierta» que proporcionaba abundante tierra gratuita o barata y por la falta de brazos. Sin embargo, como en casi todas las sociedades esclavistas de las Américas, la mayoría de esclavos en Brasil se concentraban en la plantación agrícola de monocultivo orientada a la exportación (grande lavoura).

Brasil había perdido su casi monopolio del suministro mundial del azúcar a mediados del siglo XVII, pero el azúcar continuó siendo el principal producto agrícola comercializable durante todo el periodo colonial. La desorganización económica producida por la Revolución francesa y las guerras napoleónicas dieron un nuevo impulso al cultivo de la caña de azúcar en Brasil, no sólo en el noreste —en la zona de Mata en Pernambuco y en el Recôncavo en Bahía, donde se producía azúcar desde la década de 1530— sino también en la región de Campos en la provincia de Río de Janeiro y más tarde en la provincia de São Paulo. Cuando Brasil se independizó, el azúcar constituía el 40 por 100 del valor de las exportaciones brasileñas. El algodón, que se cultivaba principalmente en Maranhão y en menor medida en Pernambuco, le seguía con el 20 por 100, aunque la participación de Brasil en las importaciones británicas de algodón en rama había ahora disminuido. La exportación de café de la provincia de Río pasó de 160 arrobas en 1792 a 318.032 en 1817 y a 539.000 en 1820, y constituía casi otro 20 por 100 del valor de las exportaciones brasileñas. El resto consistía principalmente en cuero, tabaco y cacao.

Desde la llegada de la corte portuguesa y la apertura de los puertos de Brasil al comercio extranjero en 1808, tanto las exportaciones como las importaciones estaban en manos de comerciantes extranjeros —especialmente británicos pero también franceses, alemanes, norteamericanos y portugueses—. Gran Bretaña era ahora el principal aliado comercial de Brasil. El sistema de preferir los productos de las propias colonias excluía el azúcar y el café, pero no el algodón, del mercado británico. No obstante, los comerciantes británicos embarcaban una gran cantidad de productos brasileños para el mercado europeo. Por su parte, Gran Bretaña proporcionaba la mayor parte de los productos manufacturados —especialmente tejidos de algodón, de lana y de lino, y herramientas— que Brasil importaba. La mayor parte de los portugueses quedaron relegados al comercio al por menor de productos extranjeros y al comercio doméstico de productos brasileños. De este modo, mientras que el sector productivo de la economía brasileña estaba casi completamente en manos de los brasileños, los extranjeros controlaban el sector comercial.

En las áreas de agricultura de exportación —el noreste, Río de Janeiro y parte de São Paulo—, se desarrollaron oligarquías rurales basadas en las plantaciones y la mano de obra esclava. Esto sucedió particularmente en los viejos centros de exportación como en Mata de Pernambuco, Recôncavo de Bahía y los valles fluviales de alrededor de São Luis en Maranhão. En estos puntos se encontraba la clásica sociedad de amos y esclavos. En otras partes, la sociedad era más compleja. Hay que tener en cuenta que la población libre de Brasil era dos veces más numerosa que la población esclava y que sólo unos cuantos hombres libres eran plantadores o estancieiros. En las vastas áreas ganaderas del interior del noreste (desde el norte de Minas Gerais al sur de Maranhão), de Río Grande do Sul, en las zonas de frontera entre el norte y el oeste, y en la periferia de las zonas de plantación de todo Brasil, existía un estrato intermedio importante de pequeños propietarios y ganaderos, arrendatarios y colonos que disfrutaban de distintos grados de independencia. En Minas había un importante número de esclavos, pero no se concentraban en plantaciones, como se ha señalado más arriba, y en 1823 ya existían tantos negros libres y mulatos como esclavos. En algunas provincias del norte, tales como Ceará y Piauí (o como en Santa Catarina en el sur), los esclavos no representaban más del 10 por 100 de la población. En Pará, los esclavos representaban el 30 por 100 de la población, aunque había una gran proporción de indígenas y una clase comercial y terrateniente no muy arraigada. Por supuesto, en las ciudades la estratificación social era aún más compleja. Un gran número de pequeños comerciantes, oficiales de bajo rango, artesanos, empleados y jornaleros llenaban el espacio existente entre la alta burocracia, los grandes comerciantes y los capitalistas por un lado y los esclavos por otro. Y, entre la población urbana esclava, como hemos visto, la diversidad de ocupaciones era extraordinaria.

El centro-sur de Brasil (Minas Gerais, Espirito Santo, Río de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Río Grande do Sul) había logrado cierta integración económica desde el boom del oro que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVIII. El crecimiento del puerto de Río y la expansión de la producción de azúcar y café en esta zona durante la última década del siglo XVIII y las dos primeras del siglo XIX habían estrechado aún más los lazos económicos de Río con los de Minas Gerais y las provincias del sur. Minas Gerais surtía al mercado de Río con carne, judías y productos lácteos. Río Grande do Sul proporcionaba trigo y charque (carne seca) para la alimentación de los esclavos y la gente libre pero pobre. En la famosa feria de Sorocaba, en São Paulo, se llevaba a cabo un comercio rentable de mulas y ganado de Río Grande a São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Bahía y su satélite Sergipe, Pernambuco y las provincias vecinas de Alagoas, Paraíba, Río Grande do Norte y Ceará y el norte (Maranhão, Piauí y Pará, que entonces incluía la Amazonía actual) constituían mundos separados entre sí y del centro-sur, ya que disponían de su propia economía de exportación así como de subsistencia. Sin embargo, no estaban totalmente aisladas. Existía un comercio interregional, como por ejemplo el de ganado establecido entre Bahía y el centro-sur y el de charque desde Río Grande do Sul hasta puntos tan al norte como Bahía y Pernambuco. Las comunicaciones por tierra sobre viejos caminos, cañadas y senderos de mulas eran en extremo precarias. Las provincias se comunicaban sobre todo por vía marítima y a través de los principales ríos, tales como el São Francisco, que unía Minas Gerais al noreste, el Amazonas, que cruzaba los lluviosos bosques del norte, y el Paraná en la frontera sur-occidental. Antes de la navegación a vapor, se tardaba menos en viajar de Maranhão a Lisboa que a Río de Janeiro. Incluso si había vientos favorables se podía tardar tres semanas para ir navegando de Recife a Río.

En 1822, en Brasil no existía unidad económica y tampoco ningún sentimiento profundo de identidad nacional. La unidad mantenida durante la transición de colonia portuguesa a imperio independiente fue política —y precaria—. Una década más tarde, esta unidad se vio seriamente amenazada cuando finalmente la alianza de fuerzas que había conducido a Brasil a la independencia de Portugal se desintegró.

La independencia que Brasil logró en 1822 fue incompleta. La presencia de un príncipe portugués dispuesto a asumir la dirección del movimiento de independencia de Portugal fue un factor crucial para asegurar la transición tranquila hacia la independencia, la estabilidad política y social, y la unidad nacional[2]. Al mismo tiempo, muchos líderes políticos brasileños dudaban seriamente de la autenticidad del compromiso del emperador con el constitucionalismo y, aún más, de su voluntad de querer romper todos los lazos familiares y dinásticos con el anterior gobierno colonial. Aunque distintas, estas dos preocupaciones estaban interconectadas y se reforzaban mutuamente, ya que la élite brasileña y las clases populares relacionaban las sospechosas convicciones absolutistas de Pedro I con la protección de los intereses portugueses que aún existían en Brasil, y claro que temían la recolonización. El reinado de Pedro I fue un periodo de constantes tensiones y conflictos políticos que culminaron en su abdicación en abril de 1831.

La Asamblea Constituyente fue el escenario de los primeros enfrentamientos entre la élite política brasileña y Pedro I, menos de un año después de la declaración de independencia, pero antes, debería recordarse, las tropas portuguesas habían sido removidas de Bahía, el norte y la provincia Cisplatina. La Asamblea fue convocada por primera vez por el príncipe regente el 3 de junio de 1822, pero no se inauguró oficialmente hasta el 3 de mayo de 1823. Allí se discutió vigorosamente, y a veces violentamente, la futura organización del nuevo Estado brasileño. Aunque muchos de los que criticaron más abiertamente los acuerdos de 1822 —como Joaquim Gonçalves Ledo que huyó a Buenos Aires y Cipriano Barata que estuvo encarcelado hasta poco antes de la abdicación de Pedro I— fueron excluidos, los liberales, tanto «moderados» como «extremos», intentaron limitar los poderes del joven emperador, especialmente sus poderes para vetar las leyes y disolver la legislatura. Durante cierto tiempo, José Bonifácio de Andrada e Silva, el patriarca de la independencia de Brasil, que después de la independencia continuó siendo consejero y primer ministro, opinó al igual que el emperador que se debía implantar un gobierno fuerte. Al mismo tiempo, trató de evitar que Dom Pedro sólo tuviera en cuenta a la facción «portuguesa» para gobernar en un momento en que el absolutismo se estaba reimplantando en Francia, en España y en el mismo Portugal, donde el experimento liberal había terminado en mayo de 1823. La dimisión de José Bonifácio el 16 de julio de 1823 es, por tanto, un episodio importante en la polarización política que se produjo en Brasil inmediatamente después de la independencia.

Durante la segunda mitad de 1823, la oposición al emperador se volvió cada vez más encarnizada tanto en la Asamblea Constituyente como en la prensa. Finalmente, el 12 de noviembre de 1823, la Asamblea fue disuelta por la fuerza y, entre otros, José Bonifácio y sus jóvenes colegas más liberales Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva y Martin Francisco Riveiro de Andrada fueron arrestados y deportados a Francia[3]. Inmediatamente, el mismo Dom Pedro estableció un Consejo de Estado que rápidamente redactó una constitución. Incluía un Senado (de 50 miembros) y una Cámara de Diputados (de 100 miembros). El emperador elegiría a los senadores de una lista de tres candidatos escogidos en provincias y el cargo sería vitalicio. Los diputados serían elegidos por cuatro años mediante un sistema indirecto, primero por los votantes y después por los electores, en un sufragio restringido. Para ser votante era necesario tener unos ingresos netos anuales de 100 milréis (en 1830 eran unas 10 libras esterlinas) que podían proceder tanto de la renta de sus propiedades como de su trabajo; para ser candidato se debía tener unos ingresos mínimos de 200 milréis. (Para ser diputado se requería unos ingresos de 400 milréis y para ser senador de 800 milréis). La constitución confirmó el Consejo de Estado cuyos diez integrantes eran elegidos por el emperador en cargos también vitalicios. El emperador disfrutaba del derecho de veto sobre la promulgación de leyes. Nombraba tanto a los ministros, que eran responsables ante él, como a los jueces de la Corte Suprema. Su «poder moderador», basado en el pouvoir royal de Benjamín Constant, servía para resolver los conflictos entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y le permitía sobre todo disolver la Cámara y convocar elecciones. Hubo, finalmente, un alto grado de centralización política: el emperador nombraba a los presidentes provinciales, y los Conselhos Gerais de Provincia y las cámaras municipais, aunque elegidos (los Conselhos por sistema indirecto y las cámaras por sistema directo), sólo tenían poderes limitados. Las decisiones de los Conselhos Gerais habían de ser aprobadas por la Cámara de Diputados. Finalmente, la religión católica fue declarada la religión del Estado y el emperador, como jefe de Estado, nombraba a los obispos y repartía los beneficios eclesiásticos.

La arbitraria disolución de la Asamblea Constituyente en noviembre de 1823, seguida de la promulgación de una nueva constitución en marzo de 1824 puso un brusco final a la luna de miel entre Dom Pedro y una fracción importante de la clase dominante brasileña, no solamente en el centro-sur donde el movimiento de independencia se había originado, sino también en el noreste. Cuando la noticia de la disolución llegó a Bahía, el 12 de diciembre de 1823, hubo disturbios antiportugueses y amenazas de secesión. En marzo de 1824, hubo una revuelta armada en Pernambuco encabezada por el sacerdote radical Frei Caneca y por Manuel Carvalho Paes de Andrade. Recibió apoyo de Río Grande do Norte, Paraíba y Ceará, obtuvo partidarios de todo el noreste, incluida Bahía, y condujo a la proclamación de una república independiente, la Confederación del Ecuador. Según Caneca, la constitución de Dom Pedro I no definía «con claridad cuál era el territorio del imperio y por ello dejaba abierta la posibilidad que en un futuro se volviera a unir con Portugal»; «no era liberal, sino totalmente contraria a los principios de libertad, de independencia y a los derechos de Brasil, además de sernos otorgada por una persona que no tiene el poder para hacerlo»; el Senado era «una nueva aristocracia y un nuevo opresor del pueblo»; el poder de arbitrar —«una invención maquiavélica»— era «la llave maestra para oprimir a la nación brasileña y realmente estrangulaba la libertad del pueblo». Por último, Caneca consideraba que el centralismo constitucional era particularmente perjudicial a la libertad política de Brasil puesto que despojaba a las provincias de su autonomía y las aislaba, dependiendo cada una totalmente del ejecutivo central, quedando sujetas a una especie de «despotismo asiático»[4]. La rebelión de 1824 fue derrotada por las tropas imperiales después de 6 meses. La dureza con que un tribunal militar, anticonstitucional y creado ex profeso, trató a los rebeldes después de su derrota sólo sirvió para separar aún más al emperador de la oposición liberal, tanto moderada como radical. El mismo Frei Caneca, al igual que muchos otros por todo el noreste, y algunos en Río de Janeiro, pagaron con sus vidas, por sus ideas. El 13 de enero de 1825 Caneca era fusilado por un pelotón de ejecución en Recife.

Además de sus autocráticos métodos de gobierno y su escandalosa vida privada (en la que, antes y después de la muerte de su esposa Leopoldina en diciembre de 1826, su amante Domitila de Castro Canto, la marquesa de Santos, jugó un papel importante), la estrecha asociación de Pedro I con la comunidad portuguesa de Río —burócratas portugueses (que habían llegado a Río con la corte en 1808, casados con las hijas de los terratenientes y comerciantes locales, que adquirieron propiedades y optaron por quedarse en 1821) así como comerciantes portugueses— y sus gabinetes «portugueses» eran ahora fuente de creciente preocupación. En particular, existía resentimiento por la influencia ejercida por el «gabinete secreto» compuesto por sus amigos portugueses, entre quienes se hallaba su conocido compañero de juergas, Francisco Gomes de Silva, o Chalaba. Es significativo que el 50 por 100 de sus ministros fueran burócratas, civiles o militares, y que muchos de los ministros del primeiro reinado estuvieran más vinculados que en cualquier otro momento del imperio a actividades comerciales[5].

Las negociaciones para el reconocimiento de la independencia de Brasil por parte de Portugal reforzaron la opinión de que Dom Pedro anteponía las consideraciones dinásticas a los intereses nacionales de Brasil. Por el tratado de 29 de agosto de 1825 —el que sir Charles Stuart, jefe de una misión británica a Brasil, había negociado en representación de Portugal— Brasil se comprometió a pagarle a Portugal una compensación de 2 millones de libras, de las que 1.400.000 se destinaban a un préstamo portugués emitido en Londres en 1823 para cubrir el costo de la campaña de restauración de la autoridad portuguesa en Brasil. Más aún, el tratado dejaba deliberadamente abierto el tema de la sucesión. Pedro I no abdicó expresamente de sus derechos de sucesión al trono portugués, lo que dio la impresión a muchos brasileños que existía un acuerdo familiar. Esto justificaba el temor que después de la muerte de Dom João, Dom Pedro fuera rey de Portugal, con lo que automáticamente Brasil y Portugal se unirían, surgiendo entonces la posibilidad de que Brasil fuera reducido de nuevo a la categoría de colonia[6].

Brasil tenía que pagar un precio por la ayuda británica para obtener tanto el pronto reconocimiento internacional de su independencia como el de Portugal, pero Dom Pedro fue muy criticado por haberlo pagado tan alto, aunque se podría argumentar que no había tenido otra elección posible. Brasil tenía, en particular, obligaciones claras aunque no escritas de llegar a algún arreglo con Gran Bretaña sobre el tema del comercio de esclavos. A lo largo de todas las negociaciones diplomáticas mantenidas desde 1822 había un acuerdo implícito: la abolición a cambio del reconocimiento. En cualquier caso, una vez Portugal y Brasil se separaron formalmente, la mayor parte del comercio de esclavos en Brasil pasó a ser ilegal, o así lo entendía George Canning, el secretario de Asuntos Exteriores británico. Portugal, cuyos territorios al sur del ecuador, principalmente Angola, suministraban al mercado brasileño una proporción creciente de esclavos, estaba comprometido con Gran Bretaña a no exportar esclavos a ningún territorio no portugués del otro lado del Atlántico, acuerdo que Gran Bretaña estaba decidida a hacer cumplir incluso por la fuerza si era necesario. Después de algunas difíciles negociaciones (dirigidas de la parte británica primero por Stuart, y después por Robert Gordon, el ministro británico en Río de quien Dom Pedro se refería como «este maleducado y obstinado escocés»), el 23 de noviembre de 1826 se firmó un tratado por el cual todo el comercio de esclavos de Brasil se declararía ilegal tres años después de su ratificación. (El tratado fue inmediatamente ratificado por el emperador a bordo de un barco de guerra brasileño que salía del puerto de Río en dirección a Río Grande do Sul; por su lado, Gran Bretaña lo ratificó el 13 de marzo de 1827).

A pesar de los esfuerzos que hizo Canning por presentar la abolición del comercio de esclavos en tres años como el corolario necesario de la independencia, debido a las obligaciones impuestas por los tratados portugueses ante los que Brasil no tenía otra alternativa más que aceptarlos —«un compromiso positivo más que… un requerimiento de nuestra parte o una derrota incondicional de él [del emperador]»—, la mayoría de los brasileños vio el tratado como un gran sacrificio de los intereses nacionales de Brasil ante la insistencia de una poderosa nación extranjera. El mismo Robert Gordon no dudaba de que habían «cedido a nuestra solicitud en contra del punto de vista y deseos de todo un imperio» y de que era «impopular al máximo»[7]. Además, el emperador había sido convencido de que no tuviera en cuenta la opinión de la Cámara de Diputados que se reunió por primera vez en mayo de 1826 y debatió dos proyectos de ley para la abolición gradual del comercio de esclavos: el de José Clemente Pereira (Río de Janeiro) que establecía la abolición el 31 de diciembre de 1840, y el de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (São Paulo) que la preveía para cuando hubieran transcurrido 6 años. Cuando la Cámara se reunió de nuevo en mayo de 1827 la abolición era un fait accompli, pero la gran mayoría de los diputados, incluso los de opinión más ilustrada, creyeron que sería un desastre, no sólo para la agricultura sino también para el comercio, la navegación y los ingresos del gobierno. Hasta que Brasil no pudiese atraer inmigrantes europeos en abundancia —«el pobre, el infeliz, el industrioso de Europa», tal como los llamara José Bonifácio—, la agricultura brasileña, esencialmente la agricultura de plantación a gran escala, no encontraría una alternativa a la mano de obra esclava. Los pocos intentos de promocionar la inmigración europea —principalmente de alemanes y suizos— que hubo desde 1808 habían sido frustrantes, y las consideraciones estratégicas y militares continuaban siendo más importantes que las económicas. De los 10.000 europeos que llegaron a Brasil entre 1823 y 1830, más de 6.000 acabaron por establecerse en la provincia de Río Grande do Sul en la frontera sureña.

A la lista cada vez más larga de lo que muchos brasileños miraban como los errores de Dom Pedro, se debía añadir su política impopular, costosa y al final sin éxito en el Río de la Plata. La Banda Oriental, fuente de conflictos entre España y Portugal durante más de cien años, había sido ocupada por tropas portuguesas en 1817 en la lucha contra Artigas durante la guerra de independencia de Hispanoamérica, y fue incorporada a Brasil en 1821 con el nombre de Provincia Cisplatina. El gobierno de Buenos Aires, que había heredado la reivindicación española del territorio, estaba determinado a reconquistarla. Aprovechándose de la existencia de una rebelión encabezada por Lavalleja que había encontrado por lo menos amplio apoyo fuera de Montevideo, el Congreso de Buenos Aires anunció el 25 de octubre de 1825 la incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello equivalía a declarar la guerra a Brasil, y seis semanas más tarde el emperador se vio obligado a seguir el juego. La guerra fue un desastre para Brasil; las tropas imperiales fueron derrotadas. De la guerra marítima hay que decir que ambas flotas estaban dirigidas por británicos —la de Argentina por el almirante Brown y la de Brasil por el almirante Norton— y que muchos de los marineros eran ingleses. Al final, en octubre de 1828, y en gran parte debido a la mediación de la diplomacia británica, la Banda Oriental fue reconocida por Argentina y Brasil como el Estado tapón de Uruguay.

El esfuerzo desplegado durante la guerra fue muy importante y supuso una carga adicional a las ya agotadas finanzas nacionales. También condujo a un gran incremento del reclutamiento militar que posiblemente fue una de las medidas gubernamentales más odiadas del siglo XIX en Brasil. En efecto, las medidas fueron tan impopulares que el emperador decidió contratar tropas extranjeras para completar el reclutamiento nacional. La decisión resultó desastrosa, ya que no sólo no evitó la derrota sino que además produjo un motín de varios miles de mercenarios irlandeses y alemanes en Río de Janeiro en junio de 1828. Durante dos días la ciudad estuvo a merced de las tropas y el gobierno tuvo que humillarse y pedir ayuda a unidades navales británicas y francesas. Una última consecuencia negativa de la guerra fue que interrumpió el suministro de mulas y ganado de Río Grande do Sul a São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Las fuerte subida de los precios de las mulas y del ganado a finales de la década tuvo un efecto negativo en la economía de las tres provincias[8]. Por su parte, los hacendados de Río Grande do Sul estaban descontentos por la falta de compensación adecuada a sus esfuerzos durante la guerra; y ello se sumó a la lista de agravios que en 1835 justificaría su rebelión contra el gobierno central.

Sería equivocado pensar que Dom Pedro no contaba con ningún apoyo fuera del pequeño círculo «portugués». La monarquía como institución tenía una gran aceptación popular y estaba considerada por la mayoría de la élite nacional como un poderoso instrumento de unidad nacional y de estabilidad social. Además, Pedro I, que como héroe de la independencia aún podía contar con alguna simpatía, era el único miembro de la casa de Braganza apropiado para gobernar Brasil. No toda la élite nacional estaba en contra del emperador: algunos fueron cooptados como ministros, senadores, consejeros del Estado; otros fueron conquistados con títulos honoríficos. Entre 1825 y 1826, Pedro concedió 104 títulos nobiliarios (la mayoría bardo y visconde) que constituían más de dos terceras partes de los títulos otorgados durante el primeiro reinado[9]. Entre los brasileños que apoyaban a Pedro había absolutistas acérrimos y muchos dudaban de oponerse a él en caso de que el sistema monárquico mismo se viera amenazado. Sin embargo, no hay duda de que al final de la década de 1820 la brecha existente entre Dom Pedro y la mayoría de sus súbditos se estaba ensanchando. La no participación en el poder de los grupos dominantes de Minas Gerais y de São Paulo y de algunos sectores de Río de Janeiro combinada con el odio popular a los portugueses y el descontento militar acabaron por derribarlo.

Las dificultades económicas y financieras también jugaron su papel. Las exportaciones de café de Río se triplicaron entre 1822 y 1823, pero los precios de la mayoría de las principales exportaciones del país —algodón, cueros, cacao, tabaco y café— cayeron constantemente durante toda la década de 1820. El pequeño incremento del 1,7 por 100 del precio del azúcar, producto que aún constituía entre el 30 y el 40 por 100 de las exportaciones brasileñas, no fue suficiente para compensar las pérdidas sufridas en otros productos[10]. El tratado comercial anglo-brasileño de agosto de 1827 —la segunda factura presentada por Gran Bretaña en pago de los servicios prestados durante la época de la independencia— confirmó todos los privilegios otorgados al comercio británico en 1810, incluyendo un arancel máximo por 15 por 100 sobre las importaciones de productos británicos y el derecho británico de nombrar jueces conservators para mediar en casos que afectaran a comerciantes británicos establecidos en Brasil, pero sin ofrecer reciprocidad a cambio. Para proteger la producción de las Antillas, Gran Bretaña impuso un arancel ad valorem hasta del 180 por 100 sobre el azúcar brasileño y otro del 300 por 100 sobre el café brasileño.

Al poner unos aranceles sobre los productos ingleses de sólo el 15 por 100 (aplicados en 1828 sobre todas las importaciones) no solamente se obstaculizó el desarrollo de las manufacturas brasileñas sino que también se impuso un tope a los ingresos gubernamentales, con lo cual aumentaron los problemas del gobierno brasileño para organizar las finanzas del Estado sobre una base sólida. Dos años después de su independencia, Brasil emitió su primer empréstito, de 3 millones de libras, en Londres para indemnizar a los portugueses, y en 1829 hizo el segundo por valor de 400.000 libras a fin de poder pagar los intereses del primero. Mientras que en 1824 el empréstito fue negociado al 80 por 100, el segundo lo fue al 52 por 100, lo que muestra lo mal que se hallaba la economía del país a los ojos de los banqueros británicos. El Banco de Brasil, creado en 1808 por Dom João, tenía dificultades desde 1821 cuando el rey lo vació de los metales preciosos y de las joyas de la corona antes de regresar a Portugal. Dom Pedro recurrió a la medida de emitir grandes cantidades de monedas de cobre, lo cual incrementó la inflación y abrió paso a la multiplicación de las falsificaciones. De 1822 a 1829 la circulación de dinero aumentó un 10 por 100 anual, haciendo subir el coste de la vida, sobre todo en las grandes ciudades. La invasión de monedas de cobre falsificadas, especialmente en Bahía, comportó el caos del mercado monetario y obligó al gobierno a intentar sustituir las monedas por billetes en 1827. Sin embargo, ni los billetes del Banco de Brasil ni los billetes del tesoro eran bien recibidos fuera de Río y fueron sometidos a unos descuentos (agios) que en 1829 llegaron al 43 por 100 en São Paulo[11]. Finalmente el banco cerró en 1829. El valor de cambio de los milréis, entre 1822 y 1830, descendió casi un 8 por 100 anual respecto de la libra esterlina. Aunque fue beneficioso para el sector exportador, esta devaluación fue responsable del incremento de los precios de los productos importados[12].

El descontento popular urbano fue otro elemento explosivo que se sumó a la profunda crisis política de Brasil. La independencia había creado expectativas de mejora, por vagas que fueran. Cuando estas expectativas no se materializaron, y cuando además las condiciones de vida empeoraron, creció la frustración. En estas circunstancias, esta frustración encontró un blanco fácil en los portugueses, en particular en aquellos que controlaban el sector comercial, y también en el emperador que parecía que aún no se había apartado de sus anteriores compatriotas. Tanto en Río como en otras ciudades costeras se pidió varias veces que se expulsara a los portugueses del país.

La crisis de la monarquía absoluta en Francia fue un factor que influyó en la conversión de la oposición en rebelión abierta. La revolución de julio de 1830 y la caída de Carlos X tuvieron profundas repercusiones en Brasil y fueron objeto de discusión incluso en el Consejo de Estado. El mismo Dom Pedro después de una visita a Minas Gerais, en febrero de 1831, hizo una proclama en contra del partido desorganizador que atacaba a su persona y a su gobierno, valiéndose de lo que había ocurrido en Francia. A mediados de marzo, cuando el emperador volvía a Río, estalló lo que se ha venido en llamar las «Noites das Garrafadas» (Noches de los botellazos) en las que, durante cinco días y cinco noches, se entablaron luchas callejeras entre quienes le apoyaban, en su mayoría portugueses, y sus opositores. Dom Pedro reunió un grupo de ministros para formar un gabinete liberal «brasileño», pero el 5 de abril, mientras ejercía su poder bajo un régimen constitucional, lo reemplazó de golpe por otro más a su gusto, más reaccionario, más «portugués». Esta decisión causó inmediatamente lo que resultó ser la crisis final del primer imperio.

En la mañana del 6 de abril la gente se empezó a reunir en diferentes lugares públicos de la capital y, avanzada la tarde, unas tres o cuatro mil personas se concentraron en el Campo de Sant’Anna, el tradicional lugar de encuentro desde los turbulentos sucesos políticos de 1821 y 1822. Se envió una delegación de jueces de paz al emperador para forzarle a reimplantar el anterior gabinete «brasileño», pero se negó a hacerlo. Más de 20 diputados se habían unido a la multitud y, alrededor de las 9 de la noche, el general Francisco de Lima e Silva, jefe de la guarnición de Río, trató de convencer al monarca de que hiciera concesiones. Al mismo tiempo, dos cuerpos de artillería y un batallón de granaderos se unieron a las clases populares y poco después lo hacía el propio batallón del emperador bajo la dirección de un hermano de Lima e Silva. Aunque los oficiales brasileños, con muy pocas excepciones, no simpatizaban con las ideas radicales, quisieron unirse al movimiento en contra del emperador porque deseaban la destitución de los oficiales portugueses. Por otro lado, la tropa, constituida fundamentalmente por mulatos, compartía la frustración, el descontento —y los prejuicios de nacimiento— de los sectores más bajos de la población urbana de la cual procedía en gran parte. Además, su situación a menudo era peor porque los soldados sufrían frecuentes atrasos en el cobro de la paga y por la dura disciplina impuesta en los cuarteles.

En las primeras horas del 7 de abril, encontrándose sin el apoyo militar, poco dispuesto a claudicar ante la presión popular (se dice que comentó: «Lo haré todo por el pueblo, pero nada a través del pueblo»), y quizá más interesado en asegurar el trono portugués para su hija, Dom Pedro en un impulso abdicó del trono brasileño a favor de su hijo de cinco años, Pedro. La noticia llegó al Campo de Sant’Anna en medio de un intenso júbilo y Pedro II fue inmediatamente proclamado emperador por la multitud. El cuerpo legislativo, aunque no en sesión oficial, actuó rápidamente y nombró una regencia provisional formada por tres miembros: el general Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, un senador liberal de São Paulo, y José Joaquim Carneiro de Campos, el marqués de Caravelas, un político conservador que anteriormente había sido ministro de Justicia[13]. El día de su abdicación, Dom Pedro, su familia, incluyendo su hija de 12 años la reina de Portugal, y sus allegados se embarcaron en el barco del rey de Gran Bretaña, el Warspite, que estaba anclado en la bahía de Río. (La armada inglesa parecía estar siempre a mano cuando la realeza portuguesa o brasileña tenía que cruzar el Atlántico). El 13 de abril, el Warspite zarpó hacia Europa.

Los sucesos del 5 al 7 de abril de 1831, en los que sólo murió una persona, y en ese caso por accidente, cambiaron la vida política del país. En un corto discurso no oficial pronunciado a bordo del Warspite que se refería a su decisión de abandonar Brasil, Dom Pedro, según el relato de un oficial naval inglés, dijo: «Los brasileños no gustan de mí; me miran como a un portugués». Sin duda era verdad. La abdicación de Pedro I —el príncipe portugués que llevó a Brasil a la independencia en 1822— en favor de su hijo, que había nacido en Brasil, constituyó una nacionalização do trono y significó la conclusión del proceso de independencia. No fue hasta 1831 cuando Brasil cortó sus últimos lazos con Portugal. En adelante, Brasil perteneció a los brasileños —o, al menos, a la clase dominante brasileña.

La abdicación de Dom Pedro sacudió a todo el imperio. Cuando las noticias de la capital llegaron a las provincias —y en el caso de las provincias más alejadas, tales como Goiás, las noticias de Río podían tardar tres meses en llegar hasta su capital y aún más en llegar al interior—, se produjeron una serie de disturbios populares y de levantamientos militares. En su mayoría fueron urbanos, y si tuvieron un componente ideológico éste fue radical o al menos nativista, pero no republicano. Algunos fueron restauracionistas. A mediados de 1832 se habían calmado o bien habían sido reprimidos. Sin embargo, una rebelión surgida a raíz de la abdicación, la guerra de los Cabanos en Pernambuco, fue rural, restauracionista y perduró hasta 1835.

En la propia Río la crisis de la abdicación fue seguida de cinco levantamientos. Excepto el último (abril de 1832), que fue restauracionista, todos fueron esencialmente antiportugueses, iniciados por las tropas y a menudo contaron con el apoyo popular. Uno detrás de otro, un batallón de la armada, el cuerpo de policía, la artillería y dos fortalezas se alzaron en armas guiados por algunos agitadores radicales tales como el mayor Frías de Vasconcelos y el revolucionario siempre en acción Cipriano Barata. En julio de 1831, casi toda la guarnición de Río se levantó en armas y se congregó en el Campo de Sant’Anna, al igual que sucedió el 6 de abril, en donde se le unieron meramente las clases populares. Durante diez días atemorizaron la ciudad. Las peticiones eran casi todas ellas de naturaleza antiportuguesa: la deportación de 89 portugueses, la destitución de docenas de otros que ocupaban cargos públicos y la prohibición de inmigración de portugueses durante 10 años. En la segunda ciudad más importante de Brasil, Salvador, las manifestaciones populares habían empezado ya el 4 de abril, al llegar la noticia de las Noites das Garrafadas. Durante los dos años siguientes, se registraron al menos seis levantamientos de tropa e povo. Las peticiones más corrientes eran la destitución de las autoridades, normalmente el jefe militar, y la deportación de los comerciantes y de los oficiales portugueses. En Bahía hubo una petición adicional: la adopción de una estructura federal, muestra del resentimiento que sentía la anterior capital por la concentración de poder en Río. En Recife, la tercera ciudad en importancia, las cosas no fueron muy distintas. Un día después de la llegada de la noticia de la abdicación, las tropas y las clases populares organizaron manifestaciones tomando como objetivo principal al grupo absolutista Coluna do Trono e do Altar, cuyos miembros y simpatizantes habían controlado el gobierno municipal desde la derrota de la revuelta de 1824. Los manifestantes exigieron la dimisión del jefe militar, de los jueces y de varios oficiales de cuya lealtad a la causa nacional se sospechaba. En septiembre de 1831 estalló una insurrección más seria. Esta vez también se unieron algunos esclavos, ya que parece ser que interpretaron la abdicación como el fin de la esclavitud. Constituye un buen ejemplo, típico de este periodo, de una movilización popular sin cabecilla y sin peticiones claramente definidas. La multitud gritaba viva Pedro II y viva Brasil, y fora los Colanas, los marinheiros (portugueses) y los jefes militares. La ciudad fue totalmente ocupada y se saquearon alrededor de 42 tiendas y 25 tabernas. Muchos rebeldes se emborracharon y pasaron la noche en los barrios bajos donde más tarde se encontraron la mayoría de los bienes saqueados. El gobierno tuvo que recurrir a la milicia y a armar a los civiles para aplastar la insurrección. Estudiantes de la escuela de derecho de Olinda también ayudaron voluntariamente. Al final, resultaron muertos cerca de 100 rebeldes y 30 soldados y civiles leales; se hicieron más de 1.000 arrestos. En noviembre, tuvo lugar otro levantamiento en el que se hizo una lista de portugueses que tenían que ser deportados; además se pidió que todos los portugueses solteros, a excepción de los artesanos y los capitalistas, fueran expulsados del país y que todos los portugueses fueran desarmados.

En abril de 1832 estalló una rebelión restauracionista en Recife como la que tuvo lugar en Río. Fue dirigida por un batallón de la milicia formado casi exclusivamente con portugueses. Fue fácilmente derrotada, pero a continuación se produjo el levantamiento popular más curioso de los primeros años de la década de 1830, conocido como la guerra de los Cabanos. Fue la primera rebelión que tuvo lugar en un área rural, y la que tuvo un mayor impacto sobre la sociedad. Duró de 1832 a 1835 y en ella participaron pequeños terratenientes, campesinos, indios, esclavos y, sobre todo al principio, algunos senhores de engenho. Se localizó entre la periferia de la rica zona azucarera Mata de Pernambuco y el norte de la vecina provincia de Alagoas. Su líder principal fue Vicente Ferreira de Paula, hijo de un predicador, que había sido sargento antes de desertar del ejército. Él mismo se proclamó capitán general de las fuerzas restauracionistas. Apoyado por los comerciantes portugueses de Recife y por políticos de Río, todos ellos partidarios de la restauración de Pedro I, los cabanos lucharon en guerra de guerrillas durante tres años, escondiéndose de las tropas del gobierno en los espesos bosques de la región. Al final, el gobierno se dio cuenta de que eran necesarios otros medios, además de la fuerza, para derrotarles y pidió ayuda al obispo de Olinda. Éste logró convencer a muchos cabanos de que Pedro I ya había muerto (lo que ciertamente ocurrió en septiembre de 1834), de que Pedro II era el legítimo emperador y de que ellos estaban viviendo en el pecado. Algunos se entregaron, pero los últimos en resistir, en su mayoría esclavos, fueron abatidos en el bosque «como ciervos», de uno en uno. El jefe pudo escapar y organizó una comunidad con sus antiguos partidarios, donde vivió hasta que fue arrestado en 1850. En un informe al gobernador de Alagoas (7 de julio de 1834), el coronel Joaquim de Sousa, jefe de las tropas gubernamentales, describió sus impresiones sobre las condiciones físicas y psicológicas en las que habían vivido los rebeldes. Después de que las tropas del gobierno destruyeran todas las plantaciones de mandioca de los rebeldes, la alimentación de éstos quedó reducida a frutos silvestres, lagartos, serpientes, insectos y miel. Los cabanos habían dudado de entregarse por miedo a ser torturados y desollados vivos por los irreligiosos constitucionalistas, o a ser asesinados por sus propios líderes. Incapaces de expresar de manera clara la verdadera naturaleza de su movimiento, estas heroicas guerrillas lucharon por su religión, el emperador y contra lo que ellos denominaban los carbunários jacubinos. Irónicamente, al final fueron derrotados por el mismo individuo que en 1824 había proclamado la Confederación del Ecuador y que ahora era el presidente de la provincia, Manuel Carvalho Paes de Andrade.

La guerra de los Cabanos de Pernambuco, sin embargo, fue una reacción única a la abdicación de Pedro I. En casi todas las otras provincias —y de las 18 provincias sólo Piauí y Santa Catarina no sufrieron disturbios de ningún tipo—, las manifestaciones populares fueron urbanas y antiportuguesas, similares a las de Río, variando tan sólo en intensidad de acuerdo con el tamaño de la ciudad y el peso de la presencia portuguesa en el gobierno y en el comercio. En general, el orden público se alteró menos en Minas y en las provincias del sur de São Paulo, Santa Catarina y Río Grande do Sul, que carecían de centros urbanos y de puerto importantes.

Una coalición heterogénea de fuerzas políticas y sociales provocó la caída del primer imperio en 1831. Los principales beneficiarios de la abdicación de Dom Pedro I, los cuales le sucedieron en el ejercicio del poder político bajo una regencia tripartita, fueron aquellos sectores de la clase dominante brasileña que habían apoyado la independencia de Portugal en 1822, pero que se habían opuesto de modo creciente al absolutismo, a la extrema centralización del poder y también a la política y a las inclinaciones proportuguesas del emperador en la década que siguió a la independencia. Estos liberales brasileños se autodenominaban moderados para distinguirse de los liberales extremos o radicales (exaltados o farroupilhas), algunos de los cuales, como Cipriano Barata y Borges da Fonseca, eran republicanos. Inspirada en la organización social y política de tradición masónica, que tanta influencia había tenido en los tiempos de la independencia, la Sociedade Defensora da Liberdade e Independencia Nacional se estableció primero en São Paulo y después, en mayo de 1831, en Río. La mayoría de políticos liberales y sus más influyentes seguidores se afiliaron a ellas y pronto se generalizaron Defensoras en otras provincias a lo largo de todo el país. (Algo menos cohesionadas fueron las Sociedades Federáis organizadas por los radicales en algunas de las provincias a finales de 1831. La Sociedade Conservadora da Constituição Brasileira, más tarde Sociedad Militar, fue establecida en 1832 por absolutistas y «restauracionistas» [caramurus] en la burocracia, el ejército y el comercio, muchos de ellos, aunque no todos, de origen portugués). Muchos moderados procedían de Minas Gerais, São Paulo y Río. Entre ellos también era importante la presencia de sacerdotes y de algunos graduados de la Universidad de Coimbra. En términos sociales, la mayoría eran terratenientes y propietarios de esclavos. Los principales dirigentes del grupo eran entonces Bernardo Pereira de Vasconcelos, un magistrado mineiro educado en Coimbra, Diogo Feijó, un sacerdote de São Paulo, y Evaristo de Veiga, un impresor y librero de Río de Janeiro, que desde 1817 publicaba la Aurora Fluminense, el periódico liberal más importante. Influenciados por las ideas francesas y norteamericanas, abogaban por la implantación de principios liberales descentralizadores en la constitución pero siempre dentro del marco de un sistema monárquico. Algunos se inclinaban por un federalismo de tipo norteamericano. No obstante, puesto que la mayoría de ellos estaban vinculados a Río o a la economía de Río, defendían la unidad nacional y la reforma del sistema político existente, no para destruirlo sino para poder participar en él, e incluso para dominarlo. Por otra parte, el consenso de la élite sobre la necesidad de preservar la esclavitud en Brasil, impuso, tal como siempre lo había hecho, limitaciones al liberalismo brasileño. Los liberales no intentaron cambiar el tratado de 1826 referente al comercio de esclavos. Por el contrario, aprovechando que el comercio de esclavos brasileño estaba virtualmente paralizado debido a la saturación de esclavos creada tras varios años de una notable e inusual importación —en previsión del fin de la esclavitud—, y ante la incertidumbre existente en los círculos comerciales por las decisiones que los gobiernos británico y brasileño pudieran adoptar, una ley de 7 de noviembre de 1831 impuso fuertes penas a quienes se encontrara culpables de la importación ilegal de esclavos a Brasil y declaró libres a todos los esclavos que entraran en Brasil. Sin embargo, pocos creían que la ley se cumpliría una vez reviviese la demanda de esclavos (tal como ciertamente ocurrió a mediados de la década de 1830); era uma lei para inglês ver. Entre algunos miembros de las tradicionales oligarquías rurales —en favor de la esclavitud pero sin fuertes lazos económicos con Río como, por ejemplo, los Cavalcanti de Pernambuco, quienes tenían un representante en el gabinete brasileño destituido por Dom Pedro el 5 de abril, Holanda Cavalcanti de Albuquerque— el liberalismo era identificado con las formas de dominio local. Holanda defendía la división del imperio en dos o tres países, una propuesta que adelantó en 1832 y nuevamente en 1835. La lucha por el poder provincial representada por los Cavalcanti y la lucha contra el gobierno absoluto, mejor representada por los liberales de extracción urbana como Evaristo da Veiga y el mineiro Teófilo Ottoni, constituyeron juntos la principal fuerza que apoyó las reformas liberales que fueron puestas en práctica entre 1831 y 1835.

Liberales comprometidos, como Teófilo Ottoni, se desilusionaron al ver que las primeras medidas de la regencia no se dirigieron contra los elementos absolutistas de la sociedad, sino contra los antiguos aliados del 7 de abril, principalmente los soldados. A los liberales no les había gustado nunca el ejército; se le veía como un instrumento del absolutismo. De hecho, los paulistas habían ya sugerido en 1830 la creación de la Guardia Nacional para que se hiciera cargo de la seguridad interior. Después de la abdicación, a los liberales aún les gustó menos el ejército, pero por una razón opuesta: aparentemente el ejército se había convertido en instrumento del radicalismo popular. Se tramitó ahora precipitadamente en la legislatura de 1831 un proyecto de ley para crear la Guardia Nacional como una medida contra el malestar militar y popular. Mientras se discutía el proyecto de ley, la regencia reclutaba electores (personas con unos ingresos mínimos de 200 milréis anuales) en Río de Janeiro para constituir la guardia municipal, que se encargaría de vigilar la ciudad. El ministro de Justicia, Diogo Feijó, también distribuyó armas a unos 3.000 electores. La Sociedade Defensora de Río ofreció sus servicios para patrullar por la ciudad. Después de la revuelta popular-militar que tuvo lugar en Río en julio de 1831, la Sociedade Defensora de São Paulo reunió rápidamente a casi dos mil voluntarios para ir en rescate del gobierno central en caso de necesidad. De Minas Gerais también llegó apoyo. Después de haberse sofocado la rebelión, una proclama de la regencia pidió a la gente de Río que guardara la calma. El gobierno había tomado medidas contra los «anarquistas»: «las armas están en poder de los ciudadanos que tienen un interés en el orden público».

Dada su importancia en aquel momento y el papel que jugó durante todo el periodo del imperio, la creación de la Guardia Nacional merece algún comentario. La ley brasileña de agosto de 1831 fue una copia de la ley francesa del mismo año que tenía como filosofía básica la idea burguesa de confiar la defensa del país a sus ciudadanos propietarios. En Brasil, al mismo tiempo, fue un medio para arrancar del control del gobierno los instrumentos de coerción y también un medio para protegerse de las «clases peligrosas». Sin embargo, como los oficiales serían elegidos con requisitos de ingresos relativamente bajos (200 milréis en las cuatro ciudades más grandes y 100 milréis en el resto del país) y sin discriminación racial, la Guardia Brasileña representó entonces un importante avance democrático en relación con las milicias coloniales y las ordenanças que reemplazó. Fue puesta, además, bajo la jurisdicción del ministro de Justicia, y no del ministro de Guerra, al nivel nacional, y localmente bajo los jueces de paz. La misión de la Guardia, definida en el primer artículo de la ley como de «defensa de la Constitución, la Libertad, la Independencia y la Integridad del imperio», era en la práctica una función de policía: patrullar las calles, proteger los edificios públicos, transportar a los prisioneros y preservar el orden en general. En casos especiales, podía salir del municipio como una unidad militarizada bajo el mando del ejército para combatir rebeliones o incluso ayudar a proteger las fronteras de Brasil. Aclamada por los liberales como la milicia de los ciudadanos, la Guardia Nacional jugó un importante papel en sus primeros años como contrapeso y sustituto de un ejército regular desorganizado por la indisciplina y la rebelión abierta de sus soldados, y que había sido deliberadamente reducido por Feijó a una fuerza simbólica de 6.000 hombres. (Por ejemplo, en 1832 se licenció a toda la guarnición de Río y se concentró a sus oficiales en un batallón). Las transformaciones que cambiaron profundamente la naturaleza de la Guardia serán examinadas más adelante.

El ataque a los viejos magistrados (predominantemente portugueses), considerados, junto al ejército, como uno de los mayores pilares del viejo sistema y frecuentemente acusados de arbitrariedad y corrupción, fue una medida liberal menos ambigua. Durante el reinado de Pedro I ya se habían iniciado cambios de carácter liberal en la estructura judicial. En 1827, en cada parroquia (freguesia) se introdujeron los jueces de paz (juízes de paz), magistrados elegidos localmente, a quienes se adjudicaron muchas funciones administrativas, judiciales y policiales (a expensas de los juízes de fora nombrados y controlados desde la administración central). En 1830, un código criminal liberal, muy influenciado por el utilitarismo de Bentham, se implantó, entre otras cosas, para proteger a la oposición política de las intervenciones arbitrarias del gobierno, en particular de actuaciones como la del tribunal militar que había perseguido a los rebeldes de Pernambuco después de 1824. Pero sólo después de la abdicación fructificaron plenamente estas medidas liberales tras la promulgación, en 1832, del Código de Procedimiento Criminal que fortaleció los poderes judiciales y policiales de los jueces de paz. Ahora tenían poder para arrestar y juzgar delitos menores. Sugerían también a las cámaras municipales los nombres de los ciudadanos que ellos deseaban se nombrasen como inspectores de cuadra (inspetores de quarteirão), y junto con los sacerdotes locales y el presidente de la cámara, confeccionaban la lista de los jurados. Además, el código creó una nueva categoría de jueces profesionales de distrito (juiz municipal) que eran nombrados por el presidente provincial de entre una lista preparada por la cámara local. Finalmente, el código introdujo el sistema de jurados y habeas corpus, copiado de las prácticas y la legislación de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Como en el caso de la Guardia Nacional, los liberales tenían grandes esperanzas que el electo juez de paz y el sistema de jurados se confirmaran como importantes instrumentos de protección de las libertades individuales.

En tercer lugar, arremetieron contra los aspectos de la constitución de 1824 que se consideraban incompatibles con el sistema liberal. La ley de la regencia (1831) había ya despojado a los regentes de varios de los poderes constitucionales del emperador, especialmente aquellos relacionados con el poder de arbitrar. Los regentes no podían disolver la Cámara de Diputados, conceder amnistías, otorgar títulos honoríficos, suspender las garantías de libertad individual, ni declarar la guerra. Dependían casi completamente del Parlamento, excepto para nombrar ministros, senadores y presidentes provinciales. Ciertamente no hubo otro periodo en la historia brasileña en que la electa asamblea legislativa fuese tan influyente. No obstante, surgieron muchas dificultades cuando la constitución misma llegó a ser el blanco del movimiento reformista. Más controvertidos fueron los ataques dirigidos contra el poder moderador, el Consejo de Estado y el nombramiento de senadores vitalicios, y los intentos de incrementar el poder de las instituciones provinciales. El Senado objetó fuertemente la mayoría de estas reformas y luchó encarnizadamente contra la Cámara de Diputados durante casi tres años. Finalmente, se acordó preparar un proyecto de ley que dio como resultado la Ley Adicional de agosto de 1834. El poder moderador quedó intacto (aunque no se ejerció durante la regencia) y lo mismo ocurrió, tal como cabía esperarse, con el Senado. Por otro lado, se abolió el Consejo de Estado, y aunque se continuó nombrando los presidentes provinciales, se confirió a las asambleas provinciales unos poderes más amplios que los de los antiguos Conselhos Gerais. Más aún, se acordó un sistema de rentas compartidas entre el gobierno central y las provincias que se aplicó por primera vez en el año fiscal de 1836-1837. En un esfuerzo ulterior por republicanizar el país, la ley estableció una regencia de elección popular para reemplazar la regencia permanente de tres hombres establecida en 1831. Diogo Feijó, el sacerdote liberal paulista y ministro de Justicia, fue elegido regente en abril y asumió el cargo en octubre de 1835.

Una sucesión de gabinetes liberales, en los que se destacaron Antonio Paulino Limpo de Abreu, Manuel Alves Branco y Holanda Cavalcanti, gobernó Brasil durante los dos años siguientes (1835-1837). Puede decirse que, con la Ley Adicional de agosto de 1834 y la elección de Feijó como regente en abril de 1835, concluía el mayor empuje de las reformas del movimiento liberal. Dos aspectos de la lucha liberal —antiabsolutismo y anticentralismo— habían recibido en parte satisfacción. Las demandas más radicales, tales como el republicanismo y el federalismo, habían sido derrotadas. Se trató de una victoria casi completa de los moderados, tanto sobre los radicales como sobre los absolutistas. Esta victoria se reforzó en septiembre de 1834 con la muerte de Pedro I en Portugal, ya que se eliminaba la raison d’étre de los restauracionistas. La división de fuerzas políticas entre moderados, caramurus y ferroupilhas llegaba así a su final. Y surgieron nuevas alineaciones políticas, en parte como consecuencia del cumplimiento de las reformas liberales.

El trasplante de las ideas e instituciones liberales en Brasil no dio los frutos esperados. Las reformas de 1831-1834 apenas habían sido puestas en práctica cuando surgieron la decepción y la desilusión. La opinión del anterior regente, el senador Vergueiro de São Paulo, que había sido un decidido partidario de las reformas liberales («colocamos nuestra organización política delante de nuestra organización social»)[14], refleja el sentimiento de quizá la mayoría de la clase política brasileña, especialmente de aquellos que asumieron el poder nacional después de la caída de Pedro I.

Si antes de 1831 los instrumentos de la ley y el orden estaban en las manos opresivas del gobierno central, ahora lo estaban en las del poder local. En las áreas rurales, los electos jueces de paz dependían de los jefes locales, y ellos mismos, en su mayoría, eran miembros de las familias locales dominantes. En las grandes ciudades se eligieron menos individuos que proviniesen de una posición social prominente, pero su carrera futura aún dependía de los poderosos. Era bien conocido, por ejemplo, que algunos jueces de paz protegían a falsificadores de moneda y a comerciantes de esclavos. La misma ignorancia que tenían de la ley fue un obstáculo adicional para el ejercicio de sus deberes. En su famosa comedia O juiz de Paz na Roga, escrita en 1833, Martins Pena describe a un guardia que apela a sus derechos constitucionales en contra de una amenaza ilegal de arresto, ante lo que el juez de paz replica aboliendo la constitución. Además, los jueces de paz estaban continuamente involucrados en conflictos con magistrados profesionales, jefes de la Guardia Nacional, sacerdotes e incluso con las cámaras municipales. No podían servir de intermediarios en los conflictos entre los caciques locales, ni tampoco en los existentes entre los caciques y el gobierno central; pertenecían a facciones locales y, como podían también influenciar en el proceso electoral, se convirtieron más bien en agentes de los enfrentamientos que en agentes de paz locales. En cuanto a los miembros de los jurados, aunque normalmente los ricos intentaban no formar parte de ellos, casi nunca pedían sentencias duras por miedo a las represalias. Los jurados, aún más que los jueces de paz, fueron responsables del enorme aumento de la impunidad, tal como lo reconocían tanto liberales como conservadores. Esto no sólo ocurría en los crímenes comunes (incluyendo a los involucrados en la entonces ilegal trata de esclavos), sino también en los delitos políticos, tales como rebeliones, conspiraciones, sediciones, cuyos dirigentes frecuentemente eran absueltos o bien recibían sentencias benévolas. Ocurría no sólo cuando los poderosos eran conducidos a los tribunales (lo que ocurría muy raramente), sino también cuando lo eran los menos poderosos, a quienes no les faltaban conexiones con los poderosos. En todas partes, la mayoría de la gente consideraba los delitos contra los esclavos —y las mujeres— como asuntos privados.

Tal como hemos visto, cuando se fundó, la Guardia Nacional era relativamente democrática. Los hacendados se resistieron en cierta manera a formar parte de dicha organización por miedo a ser derrotados por individuos socialmente inferiores a ellos en las elecciones para ocupar los puestos más altos. Sin embargo, sin ellos no se hubiera podido preservar el orden, que era la principal función de la Guardia. Antes de que hubiera transcurrido un año de su creación, mediante un decreto de octubre de 1832, el gobierno dobló la cantidad de ingresos requerida —400 milréis en las ciudades más grandes y 200 milréis en las otras— para acceder a los puestos de oficiales. Más tarde, la Guardia cayó bajo la influencia de las nuevas asambleas provinciales. Según la interpretación que hicieron de la Ley Adicional (1834), se arrogaron la supremacía sobre los más altos cargos de la Guardia. Entonces, el utilizar dicho poder como un medio político, como un instrumento de patronazgo, resultó tentador y casi todas las asambleas provinciales desvirtuaron la ley e introdujeron algún tipo de control sobre el nombramiento de oficiales. En São Paulo, por ejemplo, las elecciones habían desaparecido en 1836. La noción de una milicia de ciudadanos no podía funcionar en una sociedad muy desigual y estratificada y la Guardia Nacional se adaptó rápidamente a la realidad social.

Algunos de los mayores problemas surgieron de la propia Ley Adicional. Era, como se ha dicho, una medida de compromiso. Se rechazaron las propuestas más radicales tales como el derecho de las asambleas a elegir a los presidentes provinciales y a imponer derechos de importación. Bernardo Vasconcelos, el autor del proyecto, entonces liberal, ya había advertido que llevar el federalismo tan lejos como lo habían llevado los Estados Unidos provocaría la anarquía y resultaría desastroso para la unidad de Brasil. Pero la Ley, moderada como era, dio a las asambleas el control sobre los asuntos provinciales y municipales. De mayor importancia, les autorizó nombrar a los funcionarios públicos. Dada la poca claridad de la redacción de la Ley, este poder vino a ser un punto de fricción entre las asambleas y el gobierno central. Así, resultó que aquéllas empezaron a ejercer el control sobre casi todos los empleos públicos de toda la provincia, incluyendo a los juizes de direito —jueces de distrito (comarca)— quienes evidentemente habían quedado bajo el control del poder central. Algunas asambleas también crearon y nombraron alcaldes locales, transfiriéndoles el poder de los jueces de paz. Los únicos funcionarios que no sufrieron injerencias fueron los jueces de la corte de apelación (desembargadores), el personal del ejército y la marina, y los propios presidentes provinciales. Sin embargo, podían nombrar al vicepresidente, quien a menudo tenía la oportunidad de ejercer el poder, ya que el presidente estaba con frecuencia ausente porque acudía al Parlamento nacional en Río. Las medidas adoptadas por los liberales —que llegaron al poder en 1831— y la descentralización política efectuada después de 1834 alentaron y facilitaron una intensificación de la lucha por el poder entre las facciones de las oligarquías rurales provinciales. Y esto abrió el camino a conflictos más amplios, profundos y peligrosos para el orden establecido que cualquiera de los ocurridos como consecuencia inmediata de la crisis de 1831. Al mismo tiempo, la frágil unidad política del imperio estaba seriamente amenazada. En 1835, estallaron revueltas provinciales en el extremo norte y en el extremo sur del país, esto es, en Pará y en Río Grande do Sul, a las que siguieron las revueltas de Bahía (en 1837) y Maranhão (en 1838). Significativamente, las rebeliones más radicales y violentas de la historia de Brasil tuvieron lugar tras la implantación de las reformas liberales y en especial de la Ley Adicional de 1834, y las cuatro mencionadas más arriba simplemente fueron los disturbios provinciales más importantes de todos los que se produjeron, si bien es verdad que tuvieron raíces más profundas. La variedad de los conflictos y tensiones que se produjeron es un reflejo de las distintas estructuras sociales y raciales existentes en cada provincia. Sin embargo, todos fueron movimientos federalistas y algunos, entre los que estaban los más serios y prolongados, fueron secesionistas o al menos tenían connotaciones inequívocas de separatismo.

Pará fue el escenario de la primera de estas grandes revueltas provinciales de la década de 1830. Llegó a conocerse como el cabanagem (de los cabernos, tal como con anterioridad se había llamado a los rebeldes de Pernambuco —véase más arriba—). La provincia tenía algo menos de 150.000 habitantes, el 30 por 100 de los cuales eran esclavos. También había entre la población muchos indios libres y mestizos, llamados tapuios, muchos de los cuales vivían a lo largo de los grandes ríos de la cuenca del Amazonas. Pará no tenía una arraigada oligarquía de terratenientes, y en general su estructura social era más flexible que la que, por ejemplo, tenían las provincias del noreste. La capital, Belém, era una ciudad pequeña con cerca de 12.000 habitantes, pero era sin embargo un centro comercial importante debido a su localización en la desembocadura del Amazonas. Era el principal puerto para la modesta producción de tabaco, cacao, caucho y arroz de la provincia. Había muchos comerciantes portugueses así como también unos cuantos ingleses y franceses. Desde la abdicación, la provincia y la capital habían estado plagadas de conflictos entre facciones de liberales brasileños y restauracionistas portugueses. En 1833 el consejo provincial se negó a aceptar un nuevo presidente nombrado por la regencia, arguyendo que era pro-caramuru. Algo más tarde, en el mismo año, estalló un conflicto entre las dos facciones en el que se produjeron cerca de 95 víctimas. Muchos portugueses fueron asesinados y otros huyeron de la provincia. Un nuevo presidente liberal logró mantener una especie de gobierno hasta enero de 1835, cuando un extremista mató al presidente y al jefe militar, y así empezó la revuelta. El liderazgo de los rebeldes incluía a jueces de paz, oficiales de la Guardia Nacional y del ejército, sacerdotes y un seringueiro (colector de caucho). Uno de los líderes fue nombrado presidente y se proclamó la independencia de Pará.

El nuevo presidente —un general octogenario nacido en Portugal designado por los regentes de Río de Janeiro— tardó sesenta días en llegar y lo hizo con sólo 120 hombres que había reclutado en Maranhão. Eventualmente se le permitió ocupar la presidencia y el presidente rebelde se retiró. Pero la tregua fue corta. En agosto de 1835, el ejército rebelde —cuyos jefes y soldados eran en su mayoría negros y tapuios— atacó la ciudad. Después de nueve días de lucha puerta a puerta, en la que se dijo que 180 blancos habían sido asesinados, ni siquiera el apoyo de los veleros británicos y portugueses estacionados en el puerto pudo salvar al presidente. Abandonó Belém y se refugió en un barco de guerra brasileño. Allí fue perseguido por unas 5.000 personas entre portugueses y brasileños, siendo la mayoría de ellos «propietarios, comerciantes y ciudadanos de primera clase», tal como los describió el presidente.

El presidente rebelde murió en la batalla. Fue sustituido por Eduardo Angelim, un cearense de 21 años y uno de los más extraordinarios líderes populares del periodo. Angelim intentó organizar un nuevo gobierno, creando nuevas unidades militares y nombrando nuevos oficiales (generalmente promocionados desde la tropa). Un sacerdote, uno de los pocos rebeldes que sabía escribir con alguna soltura, fue el secretario del presidente. La guerra se extendió al interior de la provincia y Amazonas arriba. Los rebeldes asaltaron ciudades y granjas para obtener comida, armas y objetos de valor, refugiándose después en el bosque. Pocas ciudades pudieron mantenerlos a distancia.

El bloqueo naval de la desembocadura del Amazonas y la desorganización total de la producción en toda la provincia pronto debilitaron la posición de los rebeldes en la capital. En abril de 1836, cuando el general Andreia, el nuevo presidente oficial, llegó con nuevas tropas, municiones y barcos, Angelim decidió abandonar la ciudad con 5.000 seguidores, dejando tras de sí una población formada casi exclusivamente de mujeres y, sorprendentemente, 95.000 milréis del tesoro provincial en manos del obispo. El general Andreia llevó a cabo una cruel campaña represiva. Arrestó en masa a los rebeldes, dio órdenes de fusilar en el acto a quienes opusieran resistencia, militarizó a la provincia entera mediante la creación de un cuerpo auxiliar y congregó a los mayores de 10 años que no tenían propiedades u ocupación en cuerpos de trabajadores, obligándoles a trabajar en empleos privados por un pequeño salario o en obras públicas. La crueldad y la violencia fueron generalizadas en los dos bandos contendientes. Algunas personas llevaban orgullosamente rosarios hechos con las orejas de los cabanos muertos. Alrededor de 4.000 cabanos murieron en las prisiones, los barcos o los hospitales. En octubre de 1836, Angelim fue arrestado, sin resistencia, por el mismo oficial que el año anterior había aplastado a los cabanos de Pernambuco. El coronel Joaquim de Sousa quedó impresionado por la pobreza, la dignidad y la honestidad del líder rebelde. Los últimos cabanos, muchos de ellos armados con arcos y flechas, se entregaron cuando se otorgó una amnistía general en 1840. El balance del número de muertos en la rebelión se estimó en personas, es decir, el 20 por 100 de la población total de la provincia, que se repartieron de forma más o menos igual entre los rebeldes y los no rebeldes. Belém, la capital, quedó casi totalmente destruida y la economía destrozada.

Los cabanos nunca presentaron un conjunto sistemático de exigencias, ni tampoco organizaron programa de gobierno alguno. Simplemente pronunciaron lemas y gritos de guerra en contra de los extranjeros, portugueses y masones, y en favor de la religión católica, Pedro II, los brasileños, Pará y la libertad. La secesión de la provincia, proclamada otra vez en 1836, no fue una demanda central. Un aspecto sorprendente es el hecho que, a pesar de la existencia de un importante número de esclavos entre los cabanos, no se abolió la esclavitud y Angelim aplastó una rebelión de esclavos. El cabanagem fue una explosión de odio, largamente reprimido, de los indios y los caboclo (mestizos) contra el poder colonial y sus representantes, los blancos, ricos y poderosos en general, liberada por la movilización política del periodo de la regencia y provocada por los conflictos entre las clases altas de la población. Fue un movimiento popular, pero no de la clase de gente que querían los liberales. Evaristo da Veiga se refirió a los cabanos en los términos más despectivos —gentalha, crápula, massas brutas— y señaló que Pará más bien parecía ser parte de Hispanoamérica que de Brasil[15].

La segunda rebelión, cronológicamente, fue de naturaleza muy distinta. Conocida con el nombre de Farroupilha —un término usado para caracterizar a los radicales después de la abdicación de Pedro I—, tuvo lugar en el sur de la provincia de Río Grande do Sul. La provincia tenía una población de cerca de 100.000 habitantes y la capital, Porto Alegre, tenía, en 1830, una población de unas 12.000 a 15.000 personas. Como en Pará, los esclavos constituían más o menos el 30 por 100 de la población total. Pero Río Grande do Sul tenía una estructura social muy diferente del resto de Brasil. Las circunstancias históricas de la formación de la provincia habían conducido a la fusión del status militar con la propiedad de la tierra, y la clase dominante militarizada ejercía un control casi total sobre los grupos subordinados de la sociedad. Además, la provincia había experimentado una importante transformación económica durante la segunda década del siglo, al pasar de la producción agrícola a la ganadera. A lo largo de la costa también se había desarrollado la industria del charque. En 1817, la ocupación de la Banda Oriental había dado un gran impulso a los estancieiros. No sólo compraron tierra en la que vino a ser la Provincia Cisplatina sino que también transfirieron una gran cantidad de ganado a Brasil. La pérdida de la Banda Oriental en 1828 fue un duro golpe, aunque el contrabando regular de ganado a través de la frontera no se detuvo. En efecto, las relaciones económicas y políticas entre los estancieiros de Río Grande do Sul, de Uruguay y de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes fueron un factor importante en la revolución de 1835. Formaron un poderoso grupo de caudillos a la búsqueda de una organización política que se adaptara mejor a sus intereses.

El inicio de la revuelta no fue muy distinto del que tuvo el movimiento de los cabanos, en el sentido que también giró alrededor de la reacción de los liberales locales contra la formación, en 1833, de una Sociedade Militar caramuru y contra un presidente nombrado por la regencia. El presidente, que sospechaba de la existencia de planes secesionistas entre los jefes locales, fue derrocado en septiembre de 1835. Bajo el siguiente presidente, un rico estancieiro, las facciones unieron sus fuerzas y estalló la guerra abierta en febrero de 1836. En septiembre los farroupilhas proclamaron la independencia de la provincia bajo un gobierno republicano, aunque no pudieron obtener el control de la capital. En 1839, con la ayuda de una pequeña fuerza naval organizada por el revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, invadieron la provincia vecina de Santa Catarina, donde también se proclamó una república de escasa duración. La lucha duró 10 años, hasta que en marzo de 1845 se acordó un armisticio.

Un buen número de estancieiros, principalmente los que tenían la base de su poder y sus estancias en la región limítrofe con Argentina y Uruguay, intervinieron en la guerra luchando contra las fuerzas del gobierno central. Pero los industriales del charque permanecieron junto al gobierno, así como una parte de los estancieiros. Aunque no entraremos aquí en el debate clásico sobre si los farroupilhas querían o no en realidad separarse de Brasil, es importante destacar cuáles fueron los factores que favorecieron y estuvieron en contra de la secesión. En primer lugar, hay que señalar que había algunas diferencias entre estancieiros y charqueadores. Estos últimos dependían del mercado brasileño para la venta de sus productos; en cambio, los primeros podían pasar sin él, ya que contaban con las charqueadas uruguayas. Por otro lado, los charqueadores de Río Grande dependían de los estancieiros para obtener la materia prima. Desde el punto de vista del gobierno central, tanto los estancieiros como los charqueadores eran esenciales para Brasil. La provincia de Río Grande do Sul tenía una gran importancia estratégica debido a la amenaza constante que suponía Argentina. Aquí había una compleja red de intereses económicos y políticos que involucraba los impuestos del charque y sus productos afines —tanto para el mercado interno como para el externo—, los impuestos del ganado al cruzar las fronteras internacionales, el valor de alimentar la población esclava en otras provincias, y consideraciones estratégicas. Tal parece que la secesión era un plan viable para los estancieiros en la medida en que pudiesen asegurar un arreglo —posiblemente una fusión política— con Uruguay junto, quizá, con algunas provincias argentinas. El jefe de la rebelión, el coronel Bento Gonçalves, estancieiro y masón, tenía al parecer planes definitivos para establecer una federación con Uruguay y Argentina a través de sus contactos con Lavalleja y Rosas. Pero esto era un proyecto arriesgado, dada la naturaleza volátil de la política en el área del Río de la Plata. El segundo líder más importante de los farroupilhas, Bento Manuel, otro coronel y estancieiro, cambió de bando tres veces durante la contienda: empezó en el lado de los rebeldes, se pasó al lado del gobierno, regresó después con los rebeldes y terminó la campaña al lado otra vez del gobierno. Al final, a los estancieiros les compensó tener un gobierno que protegiera en especial el charque y sus productos afines de modo que Río Grande do Sul pudiese competir con buen éxito con Argentina y Uruguay.

En 1845 la contienda llegó a su fin debido a estas ambigüedades y a algunas concesiones hechas por el gobierno central, tales como el arancel del 25 por 100 sobre el charque extranjero introducido en 1840, junto con el cansancio de la gente y la decadencia de la industria ganadera a causa de la larga guerra. El fracaso de los rebeldes en otras provincias —Pará, Bahía y por aquel entonces Minas Gerais y São Paulo (véase más adelante)— impidió a los gauchos incluso la implantación de una federación brasileña.

La tercera rebelión importante tuvo lugar en Bahía y fue llamada Sabina a consecuencia del nombre de su líder, el doctor Sabino Barroso. Fue una repetición en mayor escala de los levantamientos urbanos de los primeros años de la década, si bien contenía una dimensión nueva: una fuerte tendencia federalista, si no secesionista. Varios de sus líderes habían participado en las rebeliones anteriores. La revuelta empezó el 6 de noviembre de 1837 en los cuarteles de Salvador y contó con el inmediato apoyo de casi toda la guarnición de la capital. Solamente la Guardia Nacional y la armada permanecieron leales al gobierno, pero no era suficientes para luchar contra el ejército y las fuerzas policiales que, a excepción de los oficiales, se sumaron en masse a la rebelión. Al día siguiente la ciudad fue tomada; el presidente provincial huyó sin que disparase un tiro. La cámara municipal fue convocada y proclamó a Bahía como «un Estado libre e independiente».

Lo que pasó luego fue una réplica casi perfecta de la guerra de independencia: la capital fue sitiada por los magnates del azúcar de Recôncavo, ayudados desde el mar por la armada imperial. El interior de la provincia, a excepción de Recôncavo, guardó la calma, frustrándose así las esperanzas de los rebeldes de extender la lucha hacia las áreas rurales tal como había ocurrido en Pará. Completamente rodeados, la derrota de los rebeldes era sólo cuestión de tiempo. El 13 de marzo de 1838 una batalla final de tres días tuvo lugar en la capital, cuya lucha se efectuó, como en Belém, puerta a puerta. El ejército rebelde, que contaba con una fuerza de 5.000 hombres, fue derrotado por un ejército con más experiencia formado por 4.000 hombres. Murieron en total alrededor de 1.200 rebeldes y 600 leales. La amnistía de 1840 salvó la vida de siete jefes que habían sido sentenciados a muerte.

El apoyo de algunos individuos importantes de la comunidad de negociantes y de intelectuales de Salvador dio a la Sabinada una base más amplia que los levantamientos anteriores en Bahía, más estrictamente populares. Sabino Barroso era periodista y profesor de la prestigiosa Escuela de Medicina, una de las dos que tenía el imperio. Pero fuera de las tendencias federales y republicanas, no existe mayor información sobre los planes rebeldes. La inicial separación de Río parece haber causado la pérdida de apoyo, ya que la decisión fue más tarde modificada: la secesión se limitaría a la duración de la regencia. La revolución tampoco se benefició del potencial revolucionario de la población esclava, quizá debido al recuerdo del pánico que causó la rebelión de esclavos de Bahía de 1835 (véase más adelante). En 1837-1838 se organizó un batallón de negros, pero no hubo una movilización general de esclavos ni se abolió la esclavitud. El sentimiento antiportugués, tan dominante en anteriores movimientos, se había evaporado ahora y apenas se dejó oír. La élite de terratenientes y comerciantes tuvo miedo de unirse a los sectores populares y a los intelectuales urbanos en la separación de la provincia del resto del Brasil, por mucho que la idea hubiese sido atractiva para algunos de ellos. La oposición a la rebelión fue organizada por el jefe de policía de Salvador, quien además era vástago de una poderosa familia de senhores de engenho de Recôncavo.

La última revuelta que estalló en este periodo fue parecida a la cabanagem, aunque sin su profundidad y violencia. Su campo de batalla fue el sur de la provincia de Maranhão, cerca de la frontera con Piauí. En su mayor parte, el área estaba habitada por pequeños granjeros y ganaderos. Al norte bordeaba los ricos valles de los ríos Mearim, Itapicuru y Pindare, dominados por una fuerte oligarquía de plantadores y esclavistas que producían arroz y algodón. La población de la provincia era entonces de unos 200.000 habitantes, de los cuales más del 50 por 100 eran esclavos, el mayor porcentaje de Brasil. São Luís, la capital, era una ciudad de cerca de 30.000 habitantes con un fuerte sector de negociantes portugueses.

La revuelta en Maranhão se conoció con el nombre de Balaiada porque uno de sus jefes se apodaba «balaio» (el cestero). Fue la revuelta más directamente vinculada a las reformas liberales, particularmente la Ley Adicional de 1834. Como en otras provincias, dos facciones se disputaban la supremacía local: los liberales, llamados bentevis, por el nombre de un periódico liberal, y los conservadores, llamados cabanos. El presidente conservador, aprovechando los poderes otorgados a las asambleas provinciales por la Ley Adicional, logró que se aprobase una ley creando los prefeitos (alcaldes) al nivel municipal y transfiriéndoles a ellos la mayoría de los poderes de los jueces de paz. Otra ley provincial le autorizaba nombrar oficiales de la Guardia Nacional. Estas medidas significaban el desalojo del poder que gozaban los bentevis, y no fue sorprendente que ellos emprendieran una rencorosa campaña contra el presidente y las nuevas leyes en sus periódicos de la capital. La situación era tensa cuando un incidente trivial hizo estallar la rebelión. Un vaquero cafuso (mezcla de indio y negro), Raimundo Gomes, al servicio de un sacerdote bentevis, que también era un rico plantador, atacó una cárcel local para liberar a su hermano y a algunos de los suyos que habían sido arrestados sin justificación por el sub-prefeito, un cabano enemigo del sacerdote. Llegaron numerosos simpatizantes de varias de las regiones y, en diciembre de 1838, Gomes se encontró líder de la rebelión. Balaio se adhirió más tarde para vengar el honor de su hija violada por un capitán de la policía. Un tercer líder, Cosme, un negro que se autodenominaba Dom Cosme, Tutor y Emperador de las Libertades Bentevi, emprendió una revuelta paralela a la cabeza de 3.000 esclavos fugitivos.

Los balaios movilizaron unos 11.000 hombres y en agosto de 1839 ocuparon Caxias, la segunda ciudad en importancia de la provincia, que también era un baluarte liberal. Allí se organizó un gobierno provisional y se formuló una serie de peticiones incluyendo el rechazo de las dos leyes provinciales y la expulsión de los portugueses de la provincia. El gobierno central envió una tropa formada por 8.000 hombres reclutados en varias provincias al mando del coronel Luís Alves de Lima. La columna vertebral del movimiento se rompió rápidamente en parte por las divisiones internas entre los balaios libres y los esclavos. El coronel Lima les enfrentó uno a otro con buenos resultados: Cosme arrestó a Gomes, por lo que entonces contó con la oposición de otros jefes balaios. A mediados de 1840 la rebelión había sido sofocada. Una amnistía fue seguidamente concedida, a excepción de Dom Cosme quien fue colgado en 1842. Luís Alves de Lima ganó el primero de una larga serie de títulos nobiliarios: el de barón de Caxias.

Las exigencias de los balaios se confinaron a los límites de la lucha entre bentevis y cabanos: revocación de la ley de los prefeitos y de los cambios en la Guardia Nacional; a esto añadían las tradicionales medidas antiportuguesas, una amnistía y paga para las tropas rebeldes. La proclamación de un jefe balaio, un semianalfabeto, concluía con «vivas» a la religión católica, a la constitución, a Pedro II, a los jueces de paz y a la «Sagrada Causa de la Libertad». No se incluía ningún punto de carácter social o económico. A pesar del carácter popular de la mayoría de los jefes y de las tropas, la Balaiada no pudo escaparse de los juegos ideológicos y políticos de un conflicto de sectores medios y altos. Quizá estuvo mejor articulada que la Cabanagem, pero fue producto de una estructura social menos polarizada. Muchos balaios eran pequeños granjeros, vaqueros y artesanos; algunos eran ricos terratenientes. Una de las proclamas hacía mención a la necesidad de salvar «nuestras familias y propiedades». Esta fue probablemente una de las razones por las que nunca existieron buenas relaciones entre los balaios libres y los esclavos. Pero los rebeldes también permanecieron aislados de los liberales de extracción urbana que habían creado la atmósfera de revuelta. Los bentevis de São Luís, temiendo tanto una reacción conservadora como la violencia del elemento popular de la rebelión, se retiraron tan pronto como la acción empezó. Sólo en Pará los radicalismos urbano y rural marcharon juntos. La división entre los desamparados, libres o esclavos, pobres rurales y pobres urbanos, fue lo que dio fuerza a los grupos dominantes y frecuentemente les salvó de sus propias divisiones.

La desilusión por la manera como en realidad habían funcionado las reformas liberales de 1831-1834 y la oleada de rebeliones que azotó al país —tanto directa como indirectamente consecuencia de la Ley Adicional de 1834 en particular, que provocó inestabilidad y amenazó tanto el orden interno como la unidad del país— abrieron el camino para una nueva alineación de las fuerzas políticas y para la formación de los dos partidos —el conservador y el liberal— que dominarían la política durante el segundo imperio.

Al principio, la reacción conservadora fue bastante general entre los miembros de la élite nacional. Ya en 1835, la Aurora Fluminense de Evaristo da Veiga, así como O Sete de Abril de Vasconcelos, empezaron a criticar las reformas liberales. Aliados de la época entonces, discreparían más tarde respecto de la intensidad y las dimensiones de la reacción, el regreso al orden, a la autoridad y a un ejecutivo central más fuerte. Mientras la posición de Vasconcelos se volvió más radicalmente conservadora, Evaristo permaneció en un término medio, luchando no tanto por obtener grandes cambios, sino más bien por reajustar las leyes liberales. Evaristo sostenía que la rápida transición del absolutismo a la libertad había relajado el entramado social: «vemos anarquía por todo el imperio». Brasil estaba en peligro de caer en el tipo de inestabilidad política endémica de las antiguas colonias españolas y esto posiblemente podría conducir a la fragmentación política. También consideraba que el exceso de medidas progresistas había provocado una reacción de la opinión pública y sostenía que Vasconcelos había observado pronto —demasiado pronto— este cambio y había decidido convertirse en el adalid de la reacción. Muchos apoyarían evidentemente un «regresso corto y racional», pero creía que Vasconcelos había «exagerado las dimensiones de una idea justa»[16].

El pesimismo también había empezado a afectar al regente recientemente elegido, Diogo Feijó, uno de los baluartes de los moderados. Estaba convencido de que la secesión de Río Grande do Sul era inevitable y de que posiblemente pronto le siguiera Pernambuco. En 1836, en la Fala do Throno (discurso del trono) se refirió a la creciente y generalizada indiferencia hacia las autoridades y advirtió que las instituciones básicas del país estaban amenazadas. Aún era más notable la creciente inquietud en la asamblea legislativa que había aprobado la Ley Adicional de 1834. Bajo el liderazgo de Vasconcelos, surgió un fuerte grupo de oposición que pronto pasó a ser la mayoría y constituyó el núcleo del futuro Partido Conservador. En 1837, la muerte de Evaristo da Veiga dejó a Feijó sin su mayor apoyo en el Parlamento y en la prensa. Incapaz de negociar con la oposición en el Congreso, entre otras cosas por su propio carácter autoritario, y bajo presión por no tratar con suficiente energía a los farroupilhas en Río Grande do Sul, entre cuyos líderes se encontraba un primo suyo, Feijó dimitió en septiembre de 1837. Entregó el gobierno al recientemente nombrado ministro del imperio (de Asuntos Interiores), Araújo Lima (el futuro marqués de Olinda), un senador conservador, antiguo presidente de la Cámara y un senhor de engenho de Pernambuco. Hubo nuevas elecciones para el cargo de regente y los resultados mostraron que la nueva tendencia conservadora se daba a escala nacional. Araújo Lima ganó en 15 de las 18 provincias, incluyendo Minas Gerais, São Paulo y Río Grande do Sul, y obtuvo el 45 por 100 del total de los votos. (En cambio, en 1835, Feijó sólo obtuvo el 30 por 100 de los votos y sólo ganó en ocho provincias). Las elecciones a la nueva asamblea legislativa habían ya apuntado en la misma dirección: todos los jefes de la oposición a Feijó fueron reelegidos. Significativamente, en la asamblea legislativa el número de magistrados, más inclinados hacia el conservatismo que otros sectores, subió del 24 al 39 por 100, mientras que el número de sacerdotes, la mayoría de ellos liberales, descendió del 23 al 12 por 100[17].

En 1838, Holanda Cavalcanti fue el oponente de Araújo Lima en las elecciones a regente (y en 1835 lo había sido de Feijó). Tanto Araújo Lima como Holanda Cavalcanti eran miembros de la oligarquía azucarera de Pernambuco. Pero Araújo Lima se había educado en Coimbra y había estado involucrado en la política nacional desde la independencia. Había viajado a diferentes países europeos y había asistido a un curso de derecho en Francia. Holanda, en cambio, no había seguido estudios superiores y a menudo prefería atender los asuntos de su engenho que estar en Río. Sus posiciones respecto de la organización política del país eran muy diferentes. Mientras Holanda era conocido por defender la máxima descentralización, e incluso el secesionismo, Lima, un centralista convencido, había votado en contra de la Ley Adicional y desde el principio había sido un firme defensor del regresso.

El grupo moderado se había dividido. La mayoría de los magistrados y burócratas y parte de la clase terrateniente, particularmente los hacendados de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco, se habían inclinado claramente a la derecha, dejando atrás —como núcleo de lo que sería el Partido Liberal— a sectores de orientación más urbana, a unos pocos sacerdotes y a muchos terratenientes de áreas menos tradicionales como las de São Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul. Al grupo disidente regressionista se unió lo que quedaba de los caramurus, muchos de ellos atrincherados en la burocracia y en el Senado, y los tradicionales defensores de los caramurus, los comerciantes portugueses de las principales ciudades. Araújo Lima en 1838 constituyó un gobierno que reflejaba la mayoría conservadora de la cámara, y otorgó dos carteras (Imperio y Justicia) a Vasconcelos, un magistrado educado en Coimbra, un mineiro sin conexiones con hacendados, a quien también se reconoció como líder del gabinete. Le acompañaban en el gobierno Miguel Calmon do Pin e Almeida (futuro marqués de Abrantes), un senhor de engenho de Bahía, también formado en Coimbra; Regó Barros, un oficial del ejército graduado en Alemania, y Maciel Monteiro, un doctor educado en Inglaterra, ambos vinculados a la oligarquía de Pernambuco; José da Costa Carvalho (futuro marqués de Montealegre), el antiguo regente; y Joaquim José Rodrigues Tórres (futuro vizconde de Itaboraí), educado en Coimbra y vinculado a los plantadores de café de Río de Janeiro. Se trató de una alianza de magistrados y plantadores de azúcar y café, con estudios superiores (la mayor parte los habían seguido en Europa, sobre todo en Coimbra) y con una considerable experiencia en el gobierno.

La base de la nueva alianza fueron Vasconcelos y Paulino José Soares de Sousa (el futuro vizconde del Uruguai), otro magistrado que había iniciado su formación en Coimbra y que tenía lazos familiares con Rodrigues Tórres (sus respectivas esposas eran hermanas). Vasconcelos y Paulino fueron también los principales redactores de la legislación que al final reformó las anteriores leyes liberales. Su premisa básica era que el país no estaba preparado para las avanzadas medidas liberales adoptadas después de 1831. Los acontecimientos probaban que el orden social y la unidad nacional no se podían mantener sin un fortalecimiento del gobierno central. Pero mientras Paulino siempre subrayaba los aspectos políticos y administrativos de los problemas nacionales, Vasconcelos aún era más profundo. O Sete de Abril, que se publicaba bajo la influencia de éste, exponía la necesidad de que existiera un gobierno apoyado por la classe conservadora, definida como una alianza de terratenientes, capitalistas, comerciantes, industriales y gentes de las artes y ciencias, quienes «en los cambios repentinos lo tienen todo por perder y nada por ganar»[18]. Esta clase, según O Sete, quería el progreso pero con orden. O Chronista, el periódico de un talentoso periodista mulato y protegido de Vasconcelos, Justiniano José da Rocha, estaba de acuerdo con esta idea y la comparaba con el concepto de «país legal» de Guizot[19]. La Aurora, que reapareció con un nuevo editor en 1838, contraatacaba, pero olvidaba que el mismo Evaristo había escrito en 1838 que el partido moderado representaba «progreso en orden». En un análisis largo y agudo de la filosofía política de Vasconcelos, la Aurora le describía como un seguidor del utilitarismo de Bentham, un partidario sólo de la moralidad de los intereses, en el principio según el cual el único motor de la acción humana era el interés material y que lo único que la constriñe era el miedo de que estos intereses pudieran ser perjudicados[20]. Aquí la Aurora probablemente estuvo cerca de concretar el propósito de Vasconcelos: encontrar sólidos intereses materiales en los cuales basar la monarquía y todo el sistema político.

La dificultad, a finales de la década de 1830 y comienzos de la de 1840, era que en general no existía consenso entre las clases conservadoras sobre el marco institucional más adecuado a sus intereses, en parte porque dichos intereses no coincidían del todo, en parte porque muchos de sus miembros, más terratenientes que comerciantes, no estaban preparados para pensar en términos de dominio a través de la mediación del Estado. En 1843, J. J. da Rocha aún argüía que la monarquía no tenía sólidas raíces en Brasil. Era un producto de la razón, y de la importancia que se daba al papel de la monarquía en el mantenimiento del orden. Era aún necesario convencer a los terratenientes y comerciantes, la aristocracia de la tierra y de la riqueza, de que uno de sus principales intereses era apoyarla y ser apoyada por ella[21]. Debido a la falta de una percepción común por parte de los grupos dominantes, el regresso estuvo lejos de recibir un apoyo unánime en los últimos años de la década de 1830 y principios de la de 1840. Además de los plantadores de azúcar del noreste, especialmente Bahía, la coalición conservadora, en sus comienzos, dependía fuertemente de un grupo de magistrados y burócratas y de los plantadores de café de Río. La coincidencia de un nuevo ciclo económico basado en el café con el área geográfica en la cual se localizaba el centro político y administrativo del país fue, como veremos, un factor básico en el éxito eventual del proceso político de recentralización.

La primera ley regresionista fue la interpretação de la Ley Adicional de mayo de 1840. Se la presentó como una «interpretación»; pero en realidad, en lo concerniente al nombramiento y remoción de los empleados públicos y a la definición de su jurisdicción, redujo sustancialmente el poder de las asambleas provinciales. En estas circunstancias, como último recurso, la minoría liberal de la Cámara decidió conceder prematuramente la mayoría de edad (maioridade) al emperador como medio de evitar la introducción de más medidas regresionistas. La mayoría de edad era una idea ampliamente aceptada, que había sido varias veces mencionada desde 1835 como un medio de reforzar la legitimidad del gobierno central. Aunque era una medida más propia de los conservadores, el oportunismo político condujo a los liberales a adelantarla. El «coup d’état parlamentario» del 28 de julio de 1840, que acabó con la regencia de Araújo Lima e inició el segundo imperio, fue apoyado por liberales, burócratas, el ejército y la Guardia Nacional, la población de Río y, por último pero no de menos importancia, por el mismo emperador que contaba con 15 años de edad. El gabinete de maioridade liberal que se formó inmediatamente incluyó a dos hermanos Andrada (Antonio Carlos y Martim Francisco), dos hermanos Cavalcanti de Albuquerque (Holanda y Francisco de Paula), Antonio Paulino Limpo de Abreu, futuro vizconde de Abaeté, un mineiro liberal, y Aureliano Coutinho, un cortesano con una gran influencia personal sobre el joven emperador. Dada la falta de experiencia y de liderazgo de Pedro II, pronto estallaron los conflictos en el gabinete que condujeron a su colapso a finales de marzo de 1841. El nuevo gabinete conservador mantuvo al influyente Aureliano e introdujo a Paulino Soares de Sousa como ministro de Justicia, a Miguel Calmon, un senhor de engenho de Bahía, a Araújo Viana, el tutor de Pedro II, a Vilela Barbosa, un oficial del ejército, y a José Clemente Pereira, un magistrado nacido en Portugal, los dos últimos bien conocidos por ser antiguos partidarios de Pedro I. (Además, desde enero de 1843 a febrero de 1844, el gabinete incluyó a Paulino Rodrigues Torres y a Honorio Hermeto Carneiro Leão —futuro marqués de Paraná—, un joven magistrado formado en Coimbra y un político de Minas Gerais que era, como Rodrigues Torres, un fazendeiro de Río). Ayudado desde el Senado por Vasconcelos, Paulino hizo aprobar deprisa en el Parlamento una ley restableciendo el Consejo de Estado (noviembre de 1841) y la reforma del Código de Procedimiento Criminal (diciembre de 1841).

La reforma del Código fue el logro principal del regresso. Restableció en manos del gobierno central todo el control sobre la estructura administrativa y judicial del imperio. Todos los jueces, desde el desembargador (juez de la corte suprema) pasando por el juiz de direito (juez de distrito) hasta el juiz municipal (juez de condado), serían nombrados por el ministro de Justicia. En particular, se aumentaron los poderes de los jueces de distrito. Solamente los juízes de paz locales permanecieron independientes del poder central. Pero de esto también se ocupó el Código: la nueva ley creó chefes de policía en todas las capitales de provincias —que serían nombrados por el ministro de Justicia—. A nivel de municipio y parroquia, los jefes de policía estaban representados por delegados y subdelegados, que eran civiles nombrados por el presidente provincial de entre sus recomendados. La mayoría de las atribuciones judiciales y policíacas de los jueces de paz fueron transferidas a los delegados y subdelegados, dejando sin poder a jueces electos, que también perdieron en favor de estos oficiales de justicia la tarea de organizar la lista de los jurados y de nombrar a los inspectores de zona. Solamente permaneció bajo su responsabilidad la confección de las listas electorales. A través de los jefes de policía, el ministro podía controlar aún el nombramiento de los guardias de las cárceles de todo el país, y era él quien decidía sus salarios. Además, los requisitos para ser jurados se hicieron más duros: tenían que saber escribir y ganar 400 milréis en las mayores ciudades y 200 milréis en las demás, con lo que se doblaron las cuotas anteriormente necesarias. Significativamente, si los ingresos provenían del comercio o la industria, el requisito exigía nuevamente el doble, 800 y 400 milréis, una indicación adicional de que los terratenientes y burócratas eran los más favorecidos. Otra medida centralizadora adicional fue que el ministro del Imperio nombraba a los vicepresidentes de las provincias. Previamente las asambleas provinciales confeccionaban una lista con seis nombres, y el gobierno central se limitaba a establecer el orden por el cual ellos deberían servir. Como una última indicación del carácter del regresso cabe decir que el nuevo código requirió que cada persona que viajara dentro del propio imperio llevase un pasaporte si quería evitarse los interrogatorios y las posibles expulsiones de un municipio por parte del delegado local. Solamente la Guardia Nacional sobrevivió a esta embestida contra las medidas liberales de 1831-1834, aunque su lealtad había sido a menudo incierta cuando el gobierno central intentó —en el caso de Río Grande do Sul, aún lo estaba intentando— aplastar las rebeliones provinciales. Sin embargo, como veremos, sólo se trataba de un respiro temporal. Y ahora el gobierno empezó a ampliar una vez más el tamaño del ejército.

Este paquete de medidas, que pretendía recentralizar el poder político, incluyó la restauración del ejercicio del «poder moderador» que había sido suspendido durante la regencia. El 1 de mayo de 1842, en una decisiva jugada, el gobierno conservador disolvió, aún antes de que se reuniera, la asamblea elegida en octubre de 1840 durante el corto interregno liberal y convocó nuevas elecciones. Los liberales temían que el partido conservador, aprovechándose de la juventud del emperador y de la legislación reciente, que había aumentado considerablemente el patronazgo y control del gobierno, se atrincherara en el poder y se les excluyera permanentemente. Ahora sólo les quedaba la rebelión abierta. En mayo de 1842 se produjo la insurrección de São Paulo, y en junio tuvo lugar la de Minas Gerais; la rebelión se extendió también a algunas zonas del valle de Paraíba en la provincia de Río de Janeiro. Los principales jefes liberales de São Paulo y Minas Gerais, incluidos Feijó y Vergueiro en la primera provincia y Limpo de Abreu y Teófilo Ottoni en la segunda, estuvieron implicados en estos movimientos. Tobías de Aguiar y Pinto Coelho, que fueron nombrados presidentes revolucionarios de São Paulo y de Minas Gerais respectivamente, eran unos de los hombres más ricos de sus provincias. Aguiar se había enriquecido con el comercio de mulas de Sorocaba, el centro de la rebelión, donde su familia había obtenido grandes beneficios con el remate de impuestos durante el periodo colonial y los primeros años del imperio; también era coronel de la Guardia Nacional y había sido presidente de la provincia durante el gobierno liberal de 1840. Pinto Coelho había hecho su fortuna en las minas de oro y recientemente había vendido una empresa minera por 112.500 libras a los británicos. En Río de Janeiro, Joaquim José de Sousa Breves, el jefe de la rebelión, era indudablemente el hombre más rico de la provincia. Se decía que poseía más de 6.000 esclavos y más de 30 fazendas, donde cosechaba entre 100.000 y 200.000 arrobas de café al año. También era bien conocido por su directa participación en el comercio ilegal de esclavos. Se había enfrentado a los presidentes conservadores de la provincia, especialmente a Paulino Soares de Sousa, por sus intentos periódicos de poner fin a la evasión de impuestos sobre el café y al comercio de esclavos.

Respecto al liderazgo, las revueltas de 1842 fueron similares a la rebelión farroupilha que continuaba en Río Grande do Sul, pero sus causas eran diferentes. Los paulistas y los mineros luchaban principalmente contra las nuevas leyes impuestas por el regresso y contra el gabinete conservador de Río. São Paulo protestaba también en contra de una ley del gobierno de principios de 1842 que había prohibido el comercio de mulas con los gauchos rebeldes, pero esto no parece haber sido una causa principal de la rebelión, aunque pudo haber sido la razón por la que Tobías de Aguiar se sumara a ella. En São Paulo se aludió a la secesión, pero la idea no pareció tener un gran atractivo. En primer lugar, el noreste de la provincia formaba parte del valle de Paraíba y su economía cafetera estaba muy vinculada al puerto de Río. Además, el espíritu y la capacidad de lucha de los bandeirantes parece haber desaparecido; a diferencia de los militarizados gaúchos estancieiros, los fazendeiros paulistas fueron derrotados fácilmente por las débiles tropas del ejército central. En Minas Gerais, cuya Zona da Mata también formaba parte de la economía cafetera brasileña, no se habló para nada de secesión. Por lo que concierne a Breves, la idea no tenía sentido, dado que sus fazendas estaban en el mismo corazón de la zona cafetera de Río.

Las rebeliones liberales de 1842 muestran la diversidad de puntos de vista en la clase terrateniente de la época respecto de la organización política del país. Terratenientes de las tres provincias se adhirieron, pero no lo hicieron de forma unánime. Hubo terratenientes en ambos bandos (también la Guardia Nacional se dividió). En São Paulo, Vergueiro, por ejemplo, era un revolucionario y Costa Carvalho era el presidente realista de la provincia. En el valle de Paraíba, a Breves se opusieron otros plantadores de café, que apoyaban al gobierno central. El entonces presidente de la provincia de Río de Janeiro era Honorio Hermeto, un fazendeiro cafetalero en la provincia, quien al año siguiente —tal como hemos visto— se uniría a un fortalecido gabinete conservador. Minas Gerais, que no contaba con un sector de exportación tan fuerte como Río o São Paulo, tenía una red bastante importante de pequeñas poblaciones desarrolladas en la época del ciclo del oro. Allí se encontraba el origen del más auténtico liberalismo burgués, muy bien representado por Teófilo Ottoni. Pero incluso estas poblaciones, al igual que los terratenientes de la provincia, se dividieron durante la revuelta.

La insurrección duró un mes en São Paulo y dos meses en Minas Gerais antes de haber sido finalmente aplastada. A lo largo de las décadas siguientes hasta la caída del imperio en 1889, el Partido Liberal sacó su mayor fuerza de São Paulo y de Minas Gerais junto con Río Grande do Sul. São Paulo y Minas Gerais —que no tenían fuertes razones para separarse— y Río Grande do Sul —tras el fracaso de su intento de secesión— aceptaron la unidad del país establecida en el momento de la independencia y que se mantuvo a pesar de los desórdenes de la década de 1830. No pudieron disputar la supremacía de Río de Janeiro en la política nacional. Lo más que los liberales de São Paulo y de Minas Gerais podían hacer era quizá prevenir una desmesurada centralización del poder.

Al visitar Brasil en 1842 y 1843, el conde de Suzannet señaló que Río Grande do Sul se había ya separado, que São Paulo pronto le seguiría y que «la unidad de Brasil es sólo aparente. Todas las provincias buscan la independencia. Una república al estilo de la de Estados Unidos, este es el sueño por cuya realización luchan»[22]. Tres años después del comienzo del segundo imperio, esta era la impresión que daba el país a un visitante, si éste fuera poco comprensivo. Después de todo, las predicciones del conde estuvieron erradas. Factores tanto políticos como económicos acabaron por dar un resultado diferente. Del lado político, la continua influencia de Aureliano sobre el emperador ayudó a efectuar otro cambio de gobierno. A principios de 1844, los liberales regresaron al poder. Se confirió la amnistía a los rebeldes paulistas y mineiros, quienes pronto regresaron a la Cámara y a los puestos ministeriales. Se eliminó así el miedo a que los conservadores ejercieran un monopolio permanente del poder y empezó a esbozarse un sistema basado en la rotación periódica del poder entre los dos partidos o coaliciones. Más importante aún, los liberales, una vez en el poder, encontraron útil conservar las leyes regresionistas de 1840-1841 para hacer valer la ley y el orden, ejercer el patronazgo y ganar las elecciones. Antes de las primeras elecciones legislativas convocadas por el nuevo gobierno, cambiaron a casi la mitad de los juízes de direito del país y a varios comandantes de la Guardia Nacional. Desde 1844 a 1848, el quinquenio liberal, Brasil fue gobernado por una sucesión de gobiernos liberales —cuyos miembros más eminentes fueron una vez más Alves Branco, Limpo de Abreu y Holanda Calvalcanti, junto con José Carlos Pereira de Almeida Torres (vizconde de Macaé) y Francisco de Paula Sousa e Meló—. Para decepción de los liberales más consistentes tales como Teófilo Ottoni, no se hizo ningún intento serio para anular lo que se había hecho en el regresso. Disgustado, el revolucionario mineiro abandonó la política nacional y regresó a Minas, después de obtener del gobierno liberal una licencia de cuarenta años de duración para fomentar la navegación por el río Mucuri.

Al mismo tiempo, durante las décadas de 1830 y 1840 el rápido crecimiento del sector cafetero centrado en Río apuntaló la unidad política y la estabilidad del imperio. Esto no sólo consolidó la autoridad política de los fazendeiros del café de Río —quienes junto con los burócratas y magistrados constituían la piedra angular del Partido Conservador—, sino que, particularmente después de la reforma arancelaria de 1844, fortaleció las finanzas del Estado brasileño. El gabinete conservador dirigido por el vizconde de Olinda (Araújo Lima), que ascendió al poder en septiembre de 1844, al igual que los gabinetes de 1841 y 1843, incluyó otros tres ministros —de seis— vinculados a los intereses cafeteros de la provincia de Río de Janeiro. Después de sobrevivir a una última rebelión liberal de provincia —la Praieira en Pernambuco—, continuó completando el proceso de centralización política y aún encontró la fuerza suficiente para abordar uno de los problemas más complejos, insolubles y apremiantes: el comercio de esclavos y las relaciones con Gran Bretaña.

Durante las décadas de 1830 y 1840, tres productos —el algodón, el azúcar y el café— siguen representando el 75-80 por 100 de las exportaciones de Brasil. Sin embargo, por primera vez el café era el responsable del modesto pero firme crecimiento global de la economía brasileña. La dramática expansión de la producción y de la exportación del café fue la característica más importante de la historia económica de Brasil en este periodo. Respondiendo al aumento de la demanda de Europa occidental y de los Estados Unidos —donde el gusto por el café se había desarrollado en los centros urbanos en expansión, especialmente entre la clase media urbana—, el café se extendió por las tierras altas vírgenes de los valles del río Paraíba, el que fluye paralelo a la costa a unos 112 km tierra adentro de Río de Janeiro, por la mayor parte en la provincia de Río pero incluyendo también el sureste de la provincia de Minas Gerais y el noreste de la región de la provincia de São Paulo. La calidad del suelo, la altitud y el clima resultaron ser excepcionalmente buenos para el cultivo del arbusto del café en el valle del Paraíba. El valor de la tierra se elevó, las propiedades se consolidaron y el modelo de las grandes plantaciones (fazendas), ya tan familiar en las zonas azucareras, se reprodujo en la nueva y expansiva región cafetera del sureste de Brasil.

En el momento de la independencia, el café ya se había establecido como el tercer cultivo comercial en importancia de Brasil. Durante el quinquenio de 1831-1835, no sólo superó al algodón sino también al azúcar, convirtiéndose en el principal producto de exportación del país, representando el 40 por 100 del total de los ingresos de las exportaciones brasileñas a finales de la década, y casi el 50 por 100 en 1850 (véase el cuadro 1). Se había iniciado un nuevo ciclo de exportación que duraría más de un siglo. En esta primera etapa, casi todo el café se cultivaba en el valle del Paraíba (el 80 por 100 en la provincia de Río de Janeiro) y se exportaba en cantidades crecientes desde el puerto de Río (véase el cuadro 2). Sin embargo, al final de la década de 1840, el café ya se estaba extendiendo hacia el oeste paulista, desde Campiñas a Río Claro, desplazando al azúcar y al mismo tiempo, a pesar de las dificultades del transporte a través de la Serra do Mar, convirtiendo a Santos en un puerto importante. En 1836-1837, por ejemplo, Campiñas exportaba, a través de Santos, 153.000 arrobas de azúcar y sólo 5.000 arrobas de café. En 1850-1851, Campiñas exportaba, por primera vez, más café que azúcar. Y en 1854-1855 se exportaron 313.000 arrobas de café y solamente 12.000 de azúcar[23].

CUADRO 1

Valor de las principales exportaciones brasileñas en relación con el valor total
de las exportaciones, 1821-1850 (en porcentajes)

| Azúcar | Algodón | Café | (1) + (2) | Cueros |
| (1) | (2) | (3) | + (3) | (4) | Otros[*]
1821-1830 | 30,1 | 20,6 | 18,4 | 69,1 | 13,6 | 17,3
1831-1840 | 24,0 | 10,8 | 43,8 | 78,6 | 7,9 | 13,5
1841-1850 | 26,7 | 7,5 | 41,4 | 75,6 | 8,5 | 15,9

FUENTE: Anuario Estatístico do Brasil, Río de Janeiro, 1939-1940, p. 1.380.

CUADRO 2

Exportaciones de café desde Río de Janeiro (en arrobas)

1792 | 160 | 1835 | 3.237.190
1817 | 318.032 | 1840-1841 | 4.982.221
1820 | 539.000 | 1845-1846 | 6.720.221
1826 | 1.304.450 | 1849-1850 | 5.706.833
1830 | 1.958.925 | 1851-1852 | 9.673.842

FUENTE: Stanley J. Stein, Vassouras, a Brazilian coffee county, 1850-1900, Cambridge, Mass., 1957, p. 53.

La participación de Brasil en la producción mundial de café pasó de un poco menos del 20 por 100 en la década de 1820-1830 al 30 por 100 en la de 1830, y a más del 40 por 100 en la década de 1840, cuando para entonces Brasil era, con gran diferencia, el principal productor de café en el mundo. La mayor parte del café brasileño se exportaba a Europa, especialmente a Alemania, los Países Bajos y Escandinavia, y a los Estados Unidos, que era el mercado más importante. Gran Bretaña, que en cualquier caso prefería el té, importaba café de sus colonias en el Caribe, Centroamérica y Asia del sur, y los derechos preferenciales que favorecían la producción de las colonias excluían prácticamente el café brasileño del mercado británico. Las exportaciones de café eran en gran medida responsables del constante crecimiento de los ingresos que producían las exportaciones brasileñas: de un promedio de 3,8 millones de libras esterlinas anuales en 1822-1831 se pasó a los 4,5 millones de libras anuales en 1832-1841. A pesar de la caída internacional de los precios del café, el aumento de la producción fue suficiente para que Brasil ganara más de un millón de libras en la década de 1840 que en la de 1830 (véase el cuadro 3). Los beneficios totales de las exportaciones alcanzaron un promedio de 5,9 millones de libras anuales en 1842-1851 (y, de forma más dramática, 10,9 millones de libras en 1852-1861)[24]. Ante el crecimiento de la población de Brasil durante este periodo (llegó a los 7 millones en 1850), esto no fue todavía suficiente sino para producir sólo un modesto aumento del ingreso per cápita incluso en el sureste. En el noreste (donde, a excepción del azúcar a finales de la década de 1840, los sectores de exportación crecieron más lentamente, se estancaron o incluso disminuyeron) la renta per cápita probablemente disminuyó.

El auge del azúcar brasileño que siguió a la desorganización del mercado mundial a causa de la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, y particularmente el final repentino de la hegemonía azucarera de Santo Domingo, fue de corta existencia. Desde mediados de la década de 1820 hasta mediados de la de 1840, la producción de azúcar siguió aumentando aunque de una manera relativamente lenta, tanto en las tradicionales regiones azucareras del noreste, Bahía y Pernambuco como en São Paulo y los alrededores de Campos en la provincia de Río de Janeiro. Durante los años 1831-1840, la producción total aumentó un 50 por 100 respecto de 1821-1830. Sin embargo, en este periodo, los precios internacionales del azúcar, al igual que los de la mayoría de los productos básicos, cayeron y el aumento de la producción no fue suficiente para mantener el nivel existente del valor de las exportaciones. Tras la bonanza de las exportaciones de café, el porcentaje del azúcar en el total de las exportaciones bajó de un 30,1 por 100 en 1821-1830 a un 24 por 100 en 1831-1840; entonces se elevó un poco hasta el 26,7 por 100 en las décadas siguientes (véase el cuadro 1).

CUADRO 3

Exportaciones de café brasileño, 1821-1850

Año
Miles de
sacos
de 60 kilos
Miles de
libras
esterlinas
Valor por saco
(en libras
esterlinas)
Café exportado
como porcentaje
del total de las
exportaciones

1821
129
704
5,50
16,3

1822
186
789
4,24
19,6

1823
226
878
3,89
20,1

1824
274
704
2,57
18,3

1825
224
623
2,78
13,5

1826
318
690
2,17
20,8

1827
430
774
1,80
21,1

1828
452
659
1,46
15,9

1829
459
705
1,54
20,9

1830
480
663
1,38
19,8

Década
3.178
7.189
2,26
18,4

1831
549
964
1,76
28,6

1832
717
1.832
2,56
39,2

1833
560
1.383
2,47
42,4

1833-1834
1.121
2.775
2,47
49,3

1834-1835
970
2.435
2,51
45,7

1835-1836
1.052
2.555
2,43
37,7

1836-1837
910
2.237
2,46
40,9

1837-1838
1.149
2.197
1,91
53,2

1838-1839
1.333
2.494
1,87
51,3

1839-1840
1.383
2.657
1,92
46,7

Década
9.744
21.529
2,21
43,8

1840-1841
1.239
2.300
1,86
42,7

1841-1842
1.363
2.311
1,69
46,8

1842-1843
1.444
1.909
1,32
41,6

1843-1844
1.541
1.933
1,25
41,0

1844-1845
1.525
1.838
1,20
37,2

1845-1846
1.723
2.259
1,31
39,7

1846-1847
2.387
2.465
1,03
41,9

1847-1848
2.340
2.936
1,25
43,4

1848-1849
2.106
2.242
1,06
38,2

1849-1850
1.453
2.462
1,69
41,5

Década
17.121
22.655
1,32
41,4

FUENTE: Affonso de E. Taunay, Pequeña Historia do café no Brasil, Río de Janeiro, 1945, p. 547.

En la década de 1830, Brasil, produciendo entre el 10 y el 15 por 100 de todo el azúcar del mundo, se consolidó como el tercer mayor exportador de azúcar, después de las Indias Orientales británicas y Cuba. Pero en tiempos de rápida expansión de la demanda mundial, Brasil tuvo que afrontar la competencia creciente del azúcar de caña cubano (que se exportaba principalmente a los Estados Unidos, en donde Louisiana expandía asimismo su producción) y del azúcar de remolacha europeo, y gradualmente fue perdiendo peso en el mercado internacional. La industria brasileña, basada en tierra y mano de obra baratas, estaba técnicamente atrasada y disponía de un capital limitado para modernizarse. Los costes del transporte, tanto interior como transoceánico, eran también relativamente altos. Al igual que sucedía con el café, el azúcar brasileño estaba prácticamente excluido de Inglaterra, uno de los mercados más grandes, porque el producido en sus colonias tenía preferencia; hasta que los derechos de importación no se fueron igualando gradualmente después de 1846, el azúcar brasileño estuvo sujeto a un impuesto de 63 chelines por cada cwt (1 cwt, equivalente a un quintal no métrico), mientras que el de las Indias Occidentales británicas, de las Indias Orientales británicas y de Mauricio pagaba 46 chelines por la misma cantidad. La Europa continental era la principal consumidora del azúcar brasileño; la mayor parte era transportado en barcos ingleses directamente a los puertos europeos o a Londres para ser reexportado.

En relación al algodón, por primera vez desde su auge inicial durante el último cuarto del siglo XVIII, su producción y exportación sufrieron una decadencia absoluta en las décadas de 1830 y 1840 (recuperándose sólo durante los años de la guerra civil norteamericana). El principal mercado extranjero era, naturalmente, Gran Bretaña. No existía un sistema de preferencia colonial en el caso del algodón, pero la preferencia por el algodón más barato de los Estados Unidos era responsable de la caída de la participación brasileña en las importaciones británicas de algodón en rama del 20 por 100 de 1801-1810 al 13 por 100 en 1821-1830, y sólo al 3 por 100 en 1841-1850. Como resultado, la participación del algodón en el total de las exportaciones brasileñas descendió del 20,6 por 100 en 1821-1830 al 10,8 por 100 en 1831-1840, y al 7,5 en 1841-1850 (véase más arriba el cuadro 1).

En noviembre de 1822, José Bonifácio dijo al cónsul general británico Henry Chamberlain: «No somos tan absurdos como para pensar en convertirnos ya en manufactureros, por lo que compraremos vuestras manufacturas y os venderemos nuestros productos»[25]. En los años siguientes a la independencia, Gran Bretaña, tal como hemos visto, constituía un mercado mucho menos importante para las exportaciones brasileñas que la Europa continental. Ya en 1838, también los Estados Unidos eran un mercado exportador casi tan importante como Gran Bretaña. En ese año, sin embargo, Gran Bretaña surtió el 41 por 100 de las importaciones brasileñas, comparado con el 8 por 100 de los Estados Unidos. A finales de la década de 1840, casi la mitad de las importaciones de Brasil procedían de Gran Bretaña (Francia, Estados Unidos y Portugal introducían cada uno de ellos un 10 por 100). Los tejidos de algodón constituían más de la mitad de las importaciones británicas y éstas, sumadas a los de lana y lino, ascendían al 75 por 100 del total. El 25 por 100 restante lo cubrían un conjunto de artículos de consumo de todo tipo desde herramientas, cerámica y cristal a sombreros, paraguas e instrumentos musicales. Durante los años de 1830 y 1840 los precios de los productos manufacturados descendieron incluso más deprisa que los precios de los productos básicos. Así pues, el valor real de las exportaciones brasileñas (de todas formas en aumento gracias principalmente al café), en términos de la capacidad importadora de Brasil, se incrementó. Es notoriamente difícil estimar las cifras del comercio en este periodo, pero se ha calculado que, excepto en tres años (1831, 1837 y 1842), el mercado brasileño representaba para las manufacturas británicas entre 2 y 3 millones de libras anuales durante estas dos décadas, llegando hasta 3,5 millones en 1851. En la mayoría de los años, las exportaciones británicas a Brasil fueron apenas ligeramente inferiores, y en algunos años superiores, a las exportaciones británicas a toda Hispanoamérica[26]. Aunque importaba apenas entre el 5 y el 7 por 100 del total de las exportaciones británicas —lo que representaba sólo un cuarto del valor de las exportaciones británicas a Europa y una tercera parte de las exportaciones a los Estados Unidos—, Brasil era el tercer mayor mercado individual para Gran Bretaña, después de Estados Unidos y Alemania.

Bajo el tratado comercial anglo-brasileño de 1827, como por el tratado anglo-portugués de 1810, el arancel máximo para las mercancías de importación británicas, de suyo ya baratas, era del 15 por 100 ad valorem. Este fue un factor importante en el fracaso de Brasil para desarrollar su propio sector manufacturero durante la residencia de Dom João en Río (1808-1821) y en el periodo que siguió a la independencia. Río de Janeiro (que en 1850 tenía 200.000 habitantes) y otras ciudades brasileñas estaban llenas de establecimientos de artesanos que producían jabón, velas, hilo de algodón, vestidos, sombreros, rapé, cigarros, muebles y herramientas, pero las primeras fábricas textiles y de procesar alimentos, que serían la base del inicio industrial de Brasil, no aparecieron hasta después de 1840. En efecto, no hubo ningún crecimiento significante hasta la década de 1870. Otros factores, sin embargo, además de la importación de productos ingleses baratos durante la primera mitad del siglo XIX explican la industrialización tardía de Brasil: falta de combustible para la industria, sobre todo de carbón; pobres comunicaciones (no había ni carreteras, ni canales ni ferrocarriles, sólo navegación costera y fluvial); escasez de capital, tanto nacional como extranjero, y un sistema bancario rudimentario; anticuada legislación mercantil que obstaculizaba la creación de sociedades anónimas; un mercado de trabajo dominado por la esclavitud; bajos niveles educativos y la casi total ausencia de preparación científica o técnica; el tamaño pequeño del mercado para productos manufacturados en una sociedad en la que la mayoría de la gente era esclava o pobre con una capacidad de compra muy limitada; la autosuficiencia de muchas plantaciones; la ausencia de un mercado nacional (sólo había mercados locales y regionales ligeramente articulados); el predominio de las ideas del laissez-faire tanto entre los terratenientes como entre los comerciantes brasileños de las ciudades costeras; y la incapacidad del gobierno para estimular de algún modo el crecimiento de la industria.

Una consecuencia más directa del arancel máximo del 15 por 100 sobre las importaciones británicas (en realidad sobre todas las importaciones por los tratados de nación más favorecida con sus otros socios comerciales) fue el límite severo que impuso en los ingresos del gobierno brasileño, el 80 por 100 de los cuales provenían de las aduanas en la década de 1840 (véase el cuadro 4). En este periodo —un periodo de guerras internas y externas—, los gastos del gobierno fueron en promedio un 40 por 100 superiores a los ingresos. Por tanto, el volumen del papel moneda circulante aumentó. Y en 1839 y en 1843 se concertaron nuevos préstamos en Londres.

CUADRO 4

Impuestos aduaneros e ingresos totales del gobierno, 1830-1850

Años
Participación de la
aduana de Río en el
total de los ingresos
aduaneros (en %)
Participación de los
ingresos aduaneros en
el total de los ingresos
del gobierno brasileño (en %)

1830-1831
44
47

1831-1832
54
42

1832-1833
55
57

1833-1834
55
59

1834-1835
53
50

1835-1836
53
59

1836-1837
53
77

1837-1838
54
74

1838-1839
55
78

1839-1840
57
78

1840-1841
58
84

1841-1842
60
82

1842-1843
56
80

1843-1844
54
79

1844-1845
50
78

1845-1846
51
80

1846-1847
49
78

1847-1848
49
78

1848-1849
54
79

1849-1850
49
81

1850-1851
50
82

FUENTE: Amaro Cavalcanti, Resenha financeira do ex-Império do Brasil em 1889, Río de Janeiro, 1900, p. 330.

Así, el tratado comercial anglo-brasileño —que, como el tratado contra la trata en 1826, había sido negociado durante un periodo de debilidad y dependencia de Brasil respecto de Gran Bretaña después de su declaración de independencia de Portugal y de las negociaciones para su reconocimiento— resultó cada vez más molesto para los brasileños. Irritó en particular a los conservadores que detentaron el poder, como hemos visto, en 1837-1840 y en 1841-1844. En primer lugar, se quejaban de los privilegios extraterritoriales que otorgaban a los ingleses, sobre todo el derecho de nombrar jueces conservators, que consideraban incompatible con la soberanía brasileña. En segundo lugar, en gran medida se hacía responsable, con razón, al tratado de las considerables dificultades financieras de Brasil. Y en la década de 1840, algunos círculos dieron señales de reconocer que, al otorgarse protección a la industria doméstica, unas mayores tarifas aduaneras podían ser un instrumento de cambio económico así como una valiosa fuente de ingresos. Ciertamente, los bajos aranceles que pesaban sobre las manufacturas inglesas contrastaban muy desfavorablemente con las tasas casi prohibitivas que existían sobre los productos brasileños que se introducían en el mercado británico. Mientras Inglaterra no modificara su política comercial y redujera las tasas que recaían sobre el azúcar y el café brasileños, Brasil con toda razón buscaba la manera de aumentar los aranceles sobre las manufacturas británicas. Un primer intento de revisar el tratado de 1827 y de establecer mayor equilibrio en las relaciones comerciales anglo-brasileñas —la misión de Barbacena de 1836 a Londres— había fracasado. De todas maneras, el tratado expiraba en noviembre de 1842, o al menos así se creía, al cabo de 15 años de haberse ratificado. (Gran Bretaña apeló a un artículo del tratado según el cual éste estaría vigente hasta noviembre de 1844). En todo Brasil se pensaba que el tratado no debería renovarse si antes no se revisaba a fondo.

Existía entonces en Gran Bretaña una presión creciente en favor del libre comercio y, en particular, en favor de la reducción de los aranceles sobre alimentos importados. En el caso del azúcar había un factor que complicaba las cosas: la esclavitud. El azúcar brasileño, al igual que el cubano, era cultivado por esclavos. Quienes tenían intereses en las Indias Occidentales podían defender la preferencia por los productos procedentes de las colonias con argumentos más respetables que el propio interés económico. El abandono de la discriminación fiscal que pesaba sobre el azúcar cultivado por esclavos, además de provocar la ruina de las Indias Occidentales, estimularía la producción y con ello la demanda de esclavos, tanto en Brasil como en Cuba, y ello entorpecería los esfuerzos británicos de conseguir la abolición de la trata de esclavos y de la esclavitud en todo el mundo. A finales de 1841 el gobierno británico decidió presentar propuestas para un nuevo tratado comercial anglo-brasileño similar al que existía (es decir, con tarifas favorables para las manufacturas británicas), si bien introducía algunas novedades importantes y sorprendentes. Gran Bretaña reduciría las tasas de importación sobre el azúcar brasileño; a cambio, Brasil, además de cumplir con los compromisos adquiridos en los tratados existentes de suprimir el comercio de esclavos, declararía la libertad de todos los hijos nacidos de madres esclavas en una fecha temprana (sujeta a negociación) y consideraría la emancipación de todos los esclavos lo antes posible.

Una misión especial que estuvo en Brasil en 1842 a cargó de Henry Ellis encontró tanto la prensa como la opinión pública en Río «absurdamente violentos e impertinentes» en su oposición a «esclavizar a Brasil con tratados». Ellis no tardó mucho en darse cuenta de que su principal objetivo, es decir, persuadir al gobierno brasileño para que emprendiera las medidas necesarias a fin de que se aboliera la esclavitud en Brasil «en un momento no muy lejano», estaba «fuera de cuestión»[27]. Si Brasil no cedía en la cuestión de la esclavitud, Gran Bretaña no cedería en la del azúcar. Y sin esto último no se renovaría el tratado comercial. Cuando consultó a los comerciantes ingleses en Río, Ellis descubrió para su sorpresa que ellos ya no concedían gran importancia ni a sus privilegios judiciales en Brasil ni a la tarifa preferencial del 15 por 100. Es verdad que habían sido útiles en el pasado, cuando Gran Bretaña empezaba a penetrar en el mercado brasileño pero, siempre que no hubiese ninguna discriminación positiva contra las mercancías británicas, la superioridad económica de Gran Bretaña sobre sus rivales más próximos aseguraba la continuación de la preeminencia británica en Brasil. Sin embargo, Ellis no pudo siquiera conseguir un tratado que simplemente garantizara que los comerciantes británicos y sus productos recibirían igual tratamiento que los de las otras naciones. A cambio del status de nación más favorecida para las manufacturas británicas, los negociadores brasileños pedían que el azúcar, el café, el tabaco y también otros productos agrícolas brasileños pudieran introducirse en Gran Bretaña con una carga fiscal no superior al 10 por 100 de la que pesaba sobre los producidos en las colonias inglesas y, en los casos que fuera posible, en los mismos términos. Respecto de la abolición de la esclavitud, el ministro de Asuntos Exteriores, el conservador Honorio Hermeto Carneiro Leão, dejó bien claro que este «era un tema para el futuro y no para el presente». Las negociaciones se rompieron en marzo de 1843 generando en Brasil una nueva corriente de rencor hacia Gran Bretaña. Se reanudaron en Londres más tarde, a finales de año, pero fracasaron de nuevo. Así pues, ante la insistencia de Brasil, el tratado de 1827 concluyó en noviembre de 1844.

Existía cierta preocupación en los círculos manufactureros y comerciales británicos por las consecuencias que podía acarrear al comercio inglés el no haber conseguido sustituir el tratado de 1827 al menos con un tratado de nación más favorecida. En diciembre de 1843, anticipando el final del tratado, el gobierno conservador de Brasil nombró una comisión arancelaria para que preparara las nuevas tasas que pesarían sobre los productos importados y le dio instrucciones que revelaban un nuevo intento de proteger las industrias del país ante la competencia extranjera. Se impondrían las tarifas más altas (60 por 100) a los artículos que se elaboraran o pudieran elaborarse en el país. Por otro lado, la maquinaria que requería la naciente industria textil quedaría libre de cualquier tipo de impuesto (Decreto del 17 de mayo de 1843). En febrero de 1844, los liberales volvieron a subir al poder. El ministro de Hacienda, Manuel Alves Branco, en agosto de 1844 dio a conocer las nuevas tarifas que eran algo menos proteccionistas. Sólo el tabaco y los productos afines fueron gravados con un 60 por 100. A los tejidos e hilados de algodón sólo se les gravó con un 20 por 100, lo cual tenía escasos o nulos efectos sobre las importaciones británicas (Decreto del 12 de agosto de 1844). Las industrias nacionales, sin embargo, continuaban beneficiándose de la libre importación de maquinaria y de materias primas y de que sus empleados quedaran exentos del servicio militar (Decreto del 8 de agosto de 1846). A finales de la década, en otro esfuerzo para diversificar la economía, el gobierno empezó a prestar dinero a industriales tales como Irineu E. de Sousa, el futuro barón de Mauá, quien se convertiría en el empresario más dinámico del imperio (Decreto del 2 de octubre de 1848). Estas medidas, por limitadas que fueran, indicaban una ampliación de la acción del Estado y un intento de diversificar e incrementar la actividad económica brasileña. Sin embargo, el principal objetivo que se persiguió con el aumento de la mayoría de las tarifas del 15 al 20 por 100, o hasta el 30 por 100 en 1844, fue más fiscal que proteccionista. Los ingresos del gobierno aumentaron un 33 por 100 de 1842-1843 a 1844-1845, y en 1852-1853 eran el doble de lo que habían sido en 1842-1843[28].

Para el gobierno conservador de Gran Bretaña la conclusión del tratado de 1827 en 1844 tuvo una ventaja. El tratado establecía que el azúcar brasileño se beneficiaría de cualquier reducción de las tasas que hubiesen sobre el azúcar extranjero que entrase en el mercado británico. Sir Robert Peel —quien ya había reducido en dos ocasiones las tasas sobre el café de 15 d. por libra, en caso del café extranjero, y 6 d. por libra en el de procedencia colonial, a 6 d. y 4 d. respectivamente (un ejemplo de inconsistencia británica: si se hacía con el café, ¿por qué no con el azúcar?)— rebajó ahora las tasas sobre el azúcar cultivado en el extranjero por mano de obra libre (de Java, por ejemplo) a 34 s. por cwt, mientras dejaba en 63 s. la tasa para el azúcar proveniente de plantaciones esclavistas. Un año después, el arancel sobre el azúcar de las colonias se redujo a 14 s. por cwt y el extranjero «libre» a 23 s. por cwt. Sin embargo, en 1846, tras la revocación de las Leyes de Cereales y la caída del gobierno de Peel, el primer ministro whig lord John Russell propuso reducir las diferencias existentes a favor del azúcar de las colonias en 5 años (más tarde prolongados a 8 años) hasta la equiparación final de las tasas sobre el azúcar «de todas las clases, de cualquier tipo de cultivo o cualquiera que fuera el lugar de donde se importara». (Las tasas sobre el café también se igualarían en 1851). Así pues, la discriminación inglesa respecto al azúcar brasileño —y también al café— fue desapareciendo gradualmente en los años que siguieron a 1846. La Ley de las Tasas del Azúcar estimuló sin duda la industria azucarera brasileña, sobre todo en el noreste. La producción de Pernambuco, por ejemplo, pasó de 42.000 toneladas en 1844-1845 a 51.000 en 1846-1847, y a 73.000 en 1848-1849[29]. El peso del azúcar dentro del total de las exportaciones pasó del 22 por 100 en 1841-1845 al 28 por 100 en 1846-1850. Las exportaciones de café también continuaron aumentando; en 1846-1850 eran un 40 por 100 más altas que en 1842-1845, pero en el caso del café la reducción de las tasas sobre las importaciones británicas sólo tuvo un impacto marginal en la producción brasileña. Tal como habían temido algunos abolicionistas británicos, la demanda brasileña de esclavos se intensificó a finales de los años cuarenta, aunque existían varias razones para ello además de la desaparición de las tasas discriminatorias que pesaban sobre el azúcar cultivado por esclavos que entraba en el mercado británico. Y el gobierno whig, en el que lord Palmerston era el secretario de Asuntos Exteriores, al haber abandonado (tal como lo expresara) la política de «coerción fiscal», no tenía la más mínima intención de abandonar la batalla para terminar con la trata por medio de la «coerción física».

El tema de la trata de esclavos brasileños, que continuó existiendo después de que fuera declarada ilegal en 1826 por el tratado con Inglaterra (desde marzo de 1830) y por la legislación brasileña (noviembre de 1831), dominó las relaciones entre Brasil y Gran Bretaña durante las duras décadas de 1830 y 1840. En 1831, y durante varios años después, muy pocos esclavos se importaron en realidad en Brasil sobre todo debido a que, en anticipación a la abolición de la trata, se habían introducido 175.000 durante el tiempo que medió entre 1827 y 1830. (Para la introducción de esclavos en Brasil desde 1831, véase el cuadro 5.) Se produjo una disminución temporal de la demanda que se reflejó en los bajos precios. El fin de la trata legal coincidió sin embargo con la rápida expansión del café a lo largo del valle del Paraíba. Desde el principio, las fazendas cafeteras funcionaron con esclavos, la mayoría importados de África. Los esclavos limpiaban los bosques, plantaban los arbustos, recolectaban y procesaban los granos, mantenían la plantación y servían en la Casa Grande. Además, a pesar de que existía la mano de obra esclava, la tasa de mortalidad de los esclavos era tan alta en Brasil que exigía una reposición regular desde el otro lado del Atlántico. «América —escribió el emigrado francés Charles Auguste Taunay en su Manual do Agricultor Brazileiro (1839)— devora a los negros. Si la importación continua no los estuviera renovando, la raza pronto desaparecería de entre nosotros»[30]. En Brasil, por consiguiente, la demanda de esclavos especialmente en las regiones cafetaleras del centro-sur pronto se reanimó, los precios subieron y el comercio de esclavos brasileño de 1830 se reorganizó gradualmente sobre bases ilegales y altamente beneficiosas.

CUADRO 5

Importación de esclavos en Brasil, 1831-1855

Año | Esclavos | Año | Esclavos
1831 | 138 | 1844 | 22.849
1832 | 116 | 1845 | 19.453
1833 | 1.233 | 1846 | 50.324
1834 | 749 | 1847 | 56.152
1835 | 745 | 1848 | 60.000
1836 | 4.966 | 1849 | 54.061
1837 | 35.209 | 1850 | 22.856
1838 | 40.256 | 1851 | 3.287
1839 | 42.182 | 1852 | 800
1840 | 20.796 | 1853 | —
1841 | 13.804 | 1854 | —
1842 | 17.435 | 1855 | 90
1843 | 19.095 |  |

FUENTE: Memorandum del Foreign Office, 4 de agosto de 1864, en Leslie Bethell, The abolition of the Brazilian slave trade, Cambridge, 1970, pp. 388-393, Apéndice: estimación de los esclavos introducidos en Brasil, 1831-1855.

Los gobiernos brasileños que se sucedieron en el periodo de la regencia no quisieron o no pudieron llevar a término la ley antitrata de 1831. Fueron en su mayoría débiles y tuvieron una vida corta, sin los adecuados recursos financieros, militares o navales y preocupados por cuestiones políticas y constitucionales y por las varias revueltas provinciales que amenazaron con acabar con la unidad y la estabilidad del país. En todo caso, la aplicación de la ley a nivel local estaba en manos de los electos jueces de paz y oficiales de la Guardia Nacional, casi todos a merced de los sobornos, mientras la mayoría de ellos eran terratenientes o estaban estrechamente vinculados, familiarmente o por interés, con la clase terrateniente que estaba interesada en el renacimiento y expansión del comercio ilegal de esclavos. Fuera de raras excepciones, hacían la vista gorda frente a los desembarcos ilegales de esclavos. Cuando se capturaba a un negrero se le llevaba ante un jurado local e invariablemente se le absolvía. Una vez se marchaban de la costa los esclavos introducidos ilegalmente estaban fuera del alcance de la ley; los fazendeiros de café y los senhores de engenho ejercían prácticamente una autoridad suprema en sus propiedades.

Sólo durante un corto periodo de tiempo, en 1835, hubo una reacción visible en contra de la trata. Ocurrió tras la insurrección más importante de los males (negros musulmanes) —la insurrección urbana de esclavos más seria del siglo XIX—, que tuvo lugar en Bahía el 24 y 25 de enero de 1835. Fue fácilmente reprimida pero con gran violencia. Murieron unos cuarenta negros, entre esclavos y libres. Cientos de ellos fueron perseguidos y castigados. Se sentenció a muerte a dieciocho, de los cuales cinco fueron efectivamente ejecutados. Otras sentencias dispusieron deportaciones a África, trabajos forzados y castigos corporales (algunos esclavos fueron castigados con 1.000 latigazos). Como consecuencia de los sucesos de Bahía, en 1835 se tomó una medida drástica: todos los esclavos que mataran o hirieran gravemente a sus dueños o capataces serían castigados con la muerte. Se modificó la norma del código penal que establecía que cuando hubiera sentencia de muerte el veredicto de los miembros del jurado debía ser unánime; a partir de entonces bastaba una mayoría de dos tercios y la sentencia se aplicaba inmediatamente, sin apelación. De este modo, rápidamente se reforzó la seguridad interna y la dominación blanca. Aun así, la revuelta de esclavos en Bahía, junto con la amenaza de revueltas similares en otros sitios, sirvió para recordar a los brasileños blancos el peligro inherente de la importación anual, legal o ilegalmente, de miles de esclavos africanos. Según el editor liberal Evaristo da Veiga, cada nuevo esclavo que entraba en el país era un barril de pólvora que se sumaba a la mina brasileña[31]. Incluso cuando el miedo a la rebelión esclava disminuyó, el temor a la «africanización» persistió.

No obstante, la trata ilegal se estableció gradualmente a mediados de la década de 1830 con escasa o ninguna interferencia de las autoridades brasileñas locales a lo largo de la costa, hasta que alcanzó y sobrepasó el nivel que tuvo en 1826. A finales de 1836 los precios de los esclavos estaban descendiendo por primera vez desde hacía cinco años. El gobierno conservador de septiembre de 1837 encabezado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, que había denunciado el tratado de 1826 y la ley de 1831, resistió la creciente demanda de los municipios de Río de Janeiro, Minas Gerais y São Paulo de revocar la legislación antitrata, pero no hizo ningún esfuerzo para hacerla cumplir. Y la mayor parte de las limitadas medidas antitrata que habían adoptado los gobiernos liberales fueron abandonadas. Incluso ministros conocidos por su oposición a la trata veían cuán poco se podía hacer para instituir procedimientos en contra de los que estaban implicados en ella ya que, tal como dijo el ministro de Asuntos Exteriores brasileño al encargado británico en febrero de 1838, «se puede predecir, dada la experiencia, que no se encontrará ningún tribunal de justicia que sentencie en su contra»[32]. Durante los años 1837-1839 se introdujeron ilegalmente al menos 35.000 esclavos, y probablemente hasta 45.000 anualmente en Brasil, procedentes en su mayoría del Congo, Angola y Mozambique. El 80-90 por 100 de ellos eran desembarcados en la costa al norte y al sur de Río de Janeiro entre Campos y Santos y en la misma capital, destinándose la mayoría de ellos a las fazendas cafeteras del valle del Paraíba.

Los gobiernos brasileños tanto anteriores como posteriores a 1837 no sólo resistieron la persistente presión de la legación británica en Río (que prácticamente hacía el papel de una asociación abolicionista en Brasil) para que se introdujera y aplicara una legislación antitrata más efectiva, sino que también se negaron a conceder a Gran Bretaña los poderes que necesitaba si la marina británica, en particular el escuadrón del África Occidental, iba a suprimir la trata en alta mar. En 1831 Brasil había acordado que el tratado anglo-brasileño de 1817 —bajo el cual los barcos de la marina británica podían visitar, buscar y, cuando sus sospechas fuesen confirmadas, detener barcos involucrados en el comercio ilegal de esclavos entre África y Brasil (en este momento sólo al norte del ecuador)— podía aplicarse a toda la trata brasileña ahora que también era ilegal al sur del ecuador. Ello regiría durante quince años a partir de marzo de 1830. Los barcos brasileños capturados serían enviados para ser adjudicados ante comisiones mixtas en Sierra Leona o en Río de Janeiro. Sin embargo, al tratado de 1817 le faltaban las cláusulas de «equipo» y de «ruptura», que eran vitales para la eficacia del escuadrón del África Occidental. Es decir, que los barcos equipados para la trata de esclavos pero sin tener a bordo esclavos no podían ser visitados, registrados ni capturados, y los barcos de esclavos condenados por la comisión mixta, para evitar que reincidieran en la trata, no podían ser destruidos. Todas las negociaciones que se hicieron con Brasil para reforzar el tratado —y se mantuvieron año tras otro— fracasaron. Pero, incluso si se hubiera llegado a un acuerdo y si a consecuencia de ello las operaciones antitrata de los barcos de guerra británicos hubieran estado menos limitadas, el escuadrón de África Occidental en los años de 1830 carecía del contingente necesario —y, debería decirse, de la rapidez— para evitar el crecimiento de la trata brasileña. Al mismo tiempo, una fuerza policiaca marítima más fuerte habría sido igualmente infructuosa.

En 1839, el gobierno whig de Gran Bretaña, y de forma más particular el secretario de Asuntos Exteriores, lord Palmerston, adoptó medidas más drásticas para frenar la trata de esclavos brasileña que estaba ahora creciendo en una proporción alarmante. Aquéllas incluyeron: la llamada Acta Palmerston que de forma unilateral extendió los poderes de la marina británica a interceptar barcos negreros que enarbolaran la bandera portuguesa, tuvieran o no tuvieran esclavos a bordo, y enviarlos ante los tribunales del vicealmirantazgo británico para confiscarlos; la confirmación del fallo de los comisionados mixtos británicos, tanto en Río como en Freetown, de que según lo establecido en el tratado de 1817 junto con lo acordado en el tratado de 1826 permitía a los cruceros británicos registrar y capturar los barcos brasileños que intentaran comerciar con esclavos; el fortalecimiento de los escuadrones del África Occidental y del Cabo que aún detentaban la mayor responsabilidad en la supresión de la trata; la decisión de permitir a los barcos de guerra británicos encargados de patrullar contra la trata que navegaran las costas, penetraran en las aguas y ríos africanos y sitiaran puntos estratégicos de la costa africana. (En este periodo el escuadrón de Suramérica también se hizo más activo, pero había relativamente pocos barcos disponibles para patrullar en la costa brasileña, los cuales debían tratar de evitar interferencias innecesarias con el comercio legal costero y dar alguna muestra de respeto hacía la soberanía brasileña en aguas territoriales brasileñas. Pero aun así no siempre se pudieron evitar los choques con las autoridades locales brasileñas). En parte como resultado de estas medidas británicas —y un notable aumento del número de barcos negreros capturados por la marina inglesa— la introducción de esclavos en Brasil en los tres años transcurridos desde mediados de 1839 hasta mediados de 1842 descendió a menos de la mitad de su nivel anterior (véase el cuadro 5 más arriba). Los esfuerzos algo más decididos que emprendieron algunas autoridades brasileñas para restringir la trata durante el interregno liberal (de julio de 1840 a marzo de 1841) pudieron haber contribuido a su decadencia relativa. Fue más significativa la superabundancia temporal en el mercado tras la numerosa importación de esclavos a finales de la década de 1830.

En marzo de 1841, debido a esta reducción en la importación de esclavos que se dio a principios de la década de 1840 y al reconocimiento, al menos por parte de algunas personas, de que la trata, es más, la misma esclavitud, estaba a la larga condenada, el gobierno conservador (un gobierno que, como hemos visto, estaba estrechamente vinculado a los intereses cafeteros de la provincia de Río) empezó a preocuparse por fuentes alternativas de mano de obra. La asignación presupuestaria para la inmigración europea se había agotado en 1830, y durante la regencia no se hizo casi nada para promover la inmigración. En los años de 1830 llegaron incluso menos inmigrantes —de hecho no llegó ninguno en la primera mitad de la década— que en los de 1820 (véase el cuadro 6). Los que llegaban no habían hecho un viaje tan largo para trabajar junto a los esclavos africanos en las plantaciones de azúcar o de café. En 1841-1842 se hizo una nueva asignación presupuestaria para la inmigración, pero ello no fue suficiente. El problema fundamental era cómo conservar esta mano de obra libre, de inmigrantes, en las plantaciones cafeteras brasileñas organizadas sobre bases esclavistas cuanto, en primer lugar, se podía disponer gratuitamente de grandes extensiones de tierras públicas (es decir, cómo prevenir que los inmigrantes se convirtieran en propietarios por el simple hecho de ocupar tierras públicas). En segundo lugar, existía competencia por la mano de obra escasa en las regiones periféricas del café.

CUADRO 6

Inmigrantes europeos que entraron en Brasil, 1820-1855

Año | Inmigrantes | Año | Inmigrantes
1820 | 1.790 | 1838 | 396
1821 | 0 | 1839 | 389
1822 | 0 | 1840 | 269
1823 | 0 | 1841 | 555
1824 | 468 | 1842 | 5.568
1825 | 909 | 1843 | 694
1826 | 828 | 1844 | 0
1827 | 1.088 | 1845 | 2.364
1828 | 2.060 | 1846 | 435
1829 | 2.412 | 1847 | 2.350
1830 | 117 | 1848 | 28
1831 | 0 | 1849 | 40
1832 | 0 | 1850 | 2.072
1833 | 0 | 1851 | 4.425
1834 | 0 | 1852 | 2.731
1835 | 0 | 1853 | 10.935
1836 | 1.280 | 1854 | 18.646
1837 | 604 | 1855 | 11.798

FUENTE: Tabla configurada a partir de diferentes fuentes por George P. Browne, «Government immigration polity in imperial Brazil, 1822-1870», tesis doctoral sin publicar, Universidad Católica de América, 1972, p. 328.

En agosto de 1842 se presentó al Consejo de Estado un proyecto esbozado por Vasconcelos siguiendo el modelo que planificó G. Wakefield para la colonización de Australia y que fue publicado por primera vez en A letter from Sydney (1829). Su propósito era doble. En primer lugar, la propiedad de la tierra sería regulada y regularizada. El sistema de sesmarias (donaciones reales de tierras públicas) había concluido en 1822-1823 y no se había reemplazado. Por ello, los títulos privados de tierra, siempre confusos, presentaban ahora una situación caótica que socavaba la autoridad del gobierno central y provocaba conflictos y actos violentos a nivel local. Las sesmarias (la mayoría de las cuales se habían extendido más allá de sus límites legales originales) se revalidarían y se legalizarían los posses (las posesiones, grandes y pequeñas, de colonos). Se medirían las propiedades, se registrarían y algunas veces se reducirían de tamaño, todo ello a cargo de los propietarios. En segundo lugar, el proyecto de Vasconcelos quería promover la inmigración de trabalhadores pobres, mogos e robustos y a la vez atarlos a las plantaciones de café. A partir de entonces las tierras públicas sólo se venderían y esto se haría a unos precios deliberadamente calculados por encima del valor de mercado. Si la tierra se debía comprar y era cara, así se postulaba el argumento, los inmigrantes (quienes ya tenían que pagar parte del costo de su transporte) se verían obligados a trabajar unos años antes de poder adquirir su propia parcela. Y los ingresos obtenidos con la venta de las tierras públicas, junto con el impuesto anual sobre la tierra, procurarían los fondos necesarios para poder subvencionar la importación de fuerza de trabajo libre.

Sobre estas bases, Rodrigues Torres presentó un proyecto de ley ante la Cámara en junio de 1843. «Nosotros queremos —dijo— prevenir que los trabajadores libres que llegan a Brasil de todas partes del mundo, en vez de trabajar por lo menos algún tiempo para los terratenientes, tengan inmediato acceso a las tierras de la corona»[33]. El documento fue firmemente apoyado por los representantes de los cultivadores de café del valle del Paraíba, los principales beneficiados. Pero los diputados de otras provincias no estaban convencidos de la urgente necesidad de inmigrantes europeos y eran reticentes a pagar el precio que costaría la iniciativa para el beneficio en gran parte de la provincia de Río. La reacción fue particularmente fuerte entre los diputados mineiros y paulistas. En Minas Gerais y en São Paulo había muchos posseiros, propietarios de vastas y no legalizadas extensiones de tierras. Se oponían al registro de estas tierras y a su costo. Y el impuesto sobre la tierra provocó alborotadas protestas. Algunos diputados predecían una guerra civil si se aprobaba el proyecto de ley. Sin embargo, el 16 de septiembre de 1843 la Cámara, donde los conservadores tenían la gran mayoría, lo aprobó con algunas pequeñas enmiendas y lo envió al Senado. Pero aquí permaneció durante todo el quinqüênio liberal hasta que al final de la década otro gabinete conservador, que incluía a Rodrigues Torres, consiguió convertirlo en ley, si bien sólo tras haber introducido importantes modificaciones.

Entretanto, el comercio de esclavos se había vuelto a reanimar una vez más después de varios años de escasa actividad. Y en marzo de 1845, con el informe previo del subcomité de Asuntos Exteriores del Consejo de Estado (formado por tres notables conservadores, el marqués de Monte Alegre —José da Costa Carvalho—, Vasconcelos y Honorio) y después de una sesión plenaria del Consejo presidida por el joven emperador, el gobierno brasileño, quince años después de 1830, decidió acabar con el tratado de 1817 dirigido contra la trata bajo el cual la marina inglesa ejercía el derecho de registrar y las comisiones mixtas anglobrasileñas el de juzgar a los barcos brasileños capturados. No se trataba tan sólo de liberar la trata de la interferencia británica en beneficio de los intereses de los plantadores de café brasileños. (Los brasileños insistieron —aunque no de forma muy convincente— en que dejándolo en sus manos ellos podrían suprimir y suprimirían la trata). Al perseguir a los negreros, los británicos se habían comportado arrogante y hasta violentamente. La continuación de la trata estaba ahora relacionada, en la opinión pública, con la soberanía nacional así como con la supervivencia económica. El tratado —y cualquier intento de negociar un nuevo tratado— era en extremo impopular. Ya en octubre de 1842 Justiniano José da Rocha había escrito en O Brasil: «Si hoy existe en el país una idea generalizada y sumamente popular es la de que Inglaterra es nuestra enemiga más traidora y persistente»[34].

El gobierno conservador de Londres no pensaba de ninguna manera abandonar la batalla contra la trata brasileña. El primer ministro Peel y el secretario de Asuntos Exteriores lord Aberdeen ya habían sido atacados por Palmerston por haber permitido que la trata se recuperara después de 1842. Y al haber fracasado en renovar o sustituir el tratado comercial de 1827 (véase más arriba) no podían permitirse un segundo retroceso ante la presión de Brasil, un débil y hasta antiguo Estado dependiente, especialmente desde que poniéndole «al margen del único medio represivo que hasta entonces ha resultado eficaz» estaba destinado a incrementar el comercio de esclavos. Por otro lado, no se veía del todo mal la ocasión de rehusar el tratado de 1817 que siempre había sido insatisfactorio y había dado lugar a interminables disputas, una vez probado que era posible encontrar una alternativa igual y preferiblemente más efectiva. Ahora el tratado de 1826 se mantenía en plena vigencia pero carecía de cualquier provisión específica para registrar y capturar. Sin embargo, su primer artículo establecía que la trata brasileña debía ser «considerada y tratada como piratería». Y fue en la palabra piratería que los ingleses encontraron lo que necesitaban. En agosto de 1845 la Ley sobre la Trata de Esclavos, conocida en Brasil como o bill Aberdeen, autorizaba a la marina británica a tratar a los barcos negreros brasileños como a barcos piratas y a enviarlos para su condena a los tribunales del vicealmirantazgo británico.

La Ley Aberdeen se basaba en una interpretación del tratado de 1826 que era y continuaba siendo controvertido incluso en Inglaterra. (Richard Burton en sus Explorations of the Highlands of the Brazil [1869] lo calificó como «uno de los más grandes insultos que los fuertes han infligido a los más débiles»). Según informó el embajador británico, las noticias de la aprobación de la ley produjeron de forma inevitable en Río «un estado de excitación general… discusiones, virulencia e injurias en la prensa»[35]. Palmerston, que volvió a ocupar el Ministerio de Asuntos Exteriores en junio de 1826, no se destacaba por ser sensible a las opiniones extranjeras. La Ley Aberdeen era, según él, menos drástica que lo que reclamaban las circunstancias. Además, Palmerston era susceptible de ser acusado por los críticos internos del gobierno de que la Ley de Aranceles del Azúcar, introducida por los whighs, destruiría todo el buen trabajo de la Ley Aberdeen. Si el comercio de esclavos brasileño seguía creciendo, advertía Palmerston, Gran Bretaña recurriría a «medidas de coerción aún más duras»[36].

Los cinco años entre 1845 y 1850 fueron los de mayor éxito, en toda su existencia, para los escuadrones de África Occidental y del Cabo. Más de 400 barcos dedicados exclusivamente a la trata brasileña fueron capturados y sus capitanes enviados a los tribunales del vicealmirantazgo (la mitad de ellos a Santa Helena y el resto a Sierra Leona y al cabo de Buena Esperanza). Pero aun así el comercio de esclavos creció. Efectivamente, en los años finales de la década de 1840, con una demanda alta, y por lo tanto precios altos, dicho comercio sobrepasó todos los niveles anteriores: en 1846-1849 entraron en Brasil al menos entre 50.000 y 60.000 esclavos cada año (véase el cuadro 5 más arriba). Dos tercios desembarcaron a lo largo de una franja costera de 320 km al norte y al sur de Río, el resto lo hizo en la misma capital —donde aún era posible presenciar abiertamente subastas de esclavos recién introducidos—, en Bahía y Pernambuco y, un emplazamiento novedoso, al sur de Santos, en especial cerca de Paranaguá. El comercio estaba más bien organizado que nunca. Por primera vez, se emplearon barcos de vapor —sus máquinas eran «las mejores que se podían hacer en Inglaterra»—. El comercio se había convertido en un gran negocio y comerciantes como Manuel Pinto da Fonseca y José Bernardino de Sá, que diez años antes estaban empleados en pequeños almacenes de provisiones, dirigían ahora unos impresionantes recursos financieros y ejercían una influencia política considerable. «Son los nababs de Brasil», escribió un oficial naval británico. «Forman la clase deslumbrante de los millonarios arribistas»[37]. En enero de 1847, James Hudson, el embajador inglés, informó que el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, el barón de Cairú, había dicho:

[Fonseca] y docenas de otros negreros de menor importancia van a la Corte, se sientan en las mesas de los ciudadanos más ricos y más respetables, ocupan asientos en la Cámara como nuestros representantes e incluso tienen voz en el Consejo de Estado. Su vigilancia, audacia y perseverancia van en aumento, a aquellos que no se atreven a aplastar, los compran… con tal tipo de hombres, ¿qué voy a hacer?, ¿qué puedo hacer?[38]

Entre 1844 y 1848 ningún gobierno liberal brasileño tuvo suficiente fuerza ni estuvo en el poder bastante tiempo como para concebir, y mucho menos para contar con el apoyo del Parlamento, y llevar a la práctica nuevas medidas antitrata. Los líderes políticos más clarividentes estaban molestos por las dimensiones que había alcanzado entonces la trata, si bien en algunos casos estaban ante todo preocupados por las consecuencias que podría tener para la sociedad brasileña la continua introducción de «milhares de defensores das instituições de Haití». También eran conscientes de que un país cuya bandera no era respetada en alta mar y algunas de cuyas leyes habían sido impuestas por agentes extranjeros apenas podía considerarse como plenamente independiente y soberano. Sin embargo, la mayoría de los políticos brasileños del Consejo de Estado, el Senado y la Cámara estaban en favor del comercio de esclavos (y en algunos casos indirectamente vinculados como plantadores y propietarios de esclavos) o, más aún, ante su importancia para la economía brasileña, preferían dejar las cosas como estaban. En 1848 la última de las administraciones liberales, dirigida por Francisco de Paula Sousa e Meló, adoptó finalmente la idea de presentar ante la Cámara una nueva legislación, pero la discusión de un proyecto de ley para modificar la ley de 1831 se pospuso hasta la siguiente sesión que no empezó hasta enero de 1850. Resolver el más espinoso de todos los problemas brasileños quedó en manos del gobierno conservador que pasó a ocupar el poder en septiembre de 1848.

A finales de la década de 1840 existía en Gran Bretaña una creciente oposición —principalmente entre los manufactureros y los comerciantes del norte y los defensores del libre comercio, pero también entre los abolicionistas— al autonombramiento de Gran Bretaña como la policía mundial en contra de la trata. El sistema de la supresión era costoso; pesaba negativamente en las relaciones políticas, y por ello en las relaciones comerciales, por ejemplo, con Brasil; y había fracasado. En palabras de William Hutt, miembro del Parlamento por Gaterhead, Gran Bretaña debería «dejar a una autoridad superior el gobierno moral del mundo». Incluso The Times se preguntaba en octubre de 1849 si «la diferencia entre lo que el comercio de esclavos es y lo que podría ser si se retirara nuestra escuadra vale lo que nos cuesta tener a la escuadra donde está»[39]. Sin embargo, tanto los líderes whig como los «peelistas» —Palmerston, Peel, Aberdeen y Russell— estaban decididos a oponerse a cualquier intento de debilitar, y mucho más de desmantelar, el sistema creado para suprimir la trata basado en el poderío naval inglés. Lo que necesitaban urgentemente los defensores de la coerción era una señal de buen éxito, y cuál mejor que la supresión final de la trata brasileña. En 1849 se rumoreaba que Palmerston estaba preparando medidas más extremas, y por primera vez en la costa atlántica brasileña. La década terminó sin que se hubiera solucionado el problema del comercio de esclavos, pero cada vez se hacía más evidente, tanto en Brasil como en Gran Bretaña, que la solución no podía tardar mucho.

En septiembre de 1848, tras cuatro años y medio de gobierno liberal, el emperador Dom Pedro II invitó a Pedro de Araújo Lima, vizconde de Olinda, el antiguo regente (1837-1840), a constituir un gabinete conservador. Casi inmediatamente después de volver al poder, los conservadores tuvieron que afrontar una revuelta liberal armada en las provincias, tal como ya había sucedido en 1841-1842. Esta vez el conflicto no empezó en São Paulo y Minas Gerais, estrechamente vinculadas ahora al gobierno central de Río, sino en Pernambuco. La que resultó ser la última insurrección provincial importante de este periodo estalló allí a finales de 1848. Conocida como la Praieira (de Rúa da Praia, donde se publicaba un periódico liberal), el movimiento presentó algunos rasgos comunes a las revueltas provinciales anteriores, pero también otros que eran específicos de Pernambuco.

A primera vista, la estructura socioeconómica de Pernambuco no era muy diferente de la de Bahía, por ejemplo. En ambos casos se trataba de un gran centro urbano rodeado de un cinturón azucarero controlado por una rica oligarquía de plantadores. En la periferia de esta franja, y más allá, había una gran variedad de plantadores menos importantes, granjeros y estancieros menores. Sin embargo, la tradición de lucha política en las dos provincias era muy distinta. En Bahía, el conservador Recôncavo siempre pudo controlar el radicalismo urbano de la capital, mientras que el vasto interior permanecía tranquilo. En Pernambuco, desde las rebeliones de 1817 y 1824, tanto los radicales de las ciudades como la clase de plantadores en su conjunto habían participado en la política provincial. Incluso los pobres de las zonas rurales de la periferia se habían movilizado en la guerra de los Cabanos (1832-1835). La división de las fuerzas políticas entre liberales y conservadores a finales de la década de 1830 y comienzos de la de 1840 dio lugar a complejas alianzas en Pernambuco. La oligarquía azucarera de la zona de Mata se dividió, con el eminente clan Cavalcanti a la cabeza del ala liberal con la unión de periodistas y agitadores urbanos y de terratenientes en la periferia de Mata.

En 1844, con la caída del gobierno conservador en Río, la liberal Praia subió al poder en Pernambuco. Utilizando la legislación introducida por los conservadores, los presidentes de Praia hicieron cambios tajantes en la policía y en la Guardia Nacional, sustituyendo a los conservadores por sus allegados. Cuando otro cambio en la política nacional —la formación del gabinete conservador de Araújo Lima, que era pernambucano— llevó de nuevo a los conservadores al poder en Pernambuco en 1848, éstos intentaron desmantelar las bases políticas instituidas por los praieiros. Fue esto lo que en noviembre de 1848 dio lugar a la rebelión armada liberal, si bien la situación era tensa desde junio (cuando tuvieron lugar los motines antiportugueses que estallaron en Recife con el balance de 5 portugueses muertos y otros 40 heridos). La mayor parte de la lucha se desarrolló en la periferia del sur de la Mata y en la llamada «Mata seca», al norte de Recife. La base del reclutamiento y del aprovisionamiento de las tropas liberales la constituían 20 engenhos de caña. En febrero de 1849 los ejércitos norteño y sureño de los rebeldes —unos 2.500 hombres— juntaron sus fuerzas para atacar Recife. Sin embargo, no consiguieron ganarse el apoyo de la población urbana y fueron derrotados, quedando 500 muertos en las calles. Durante algún tiempo la lucha continuó en el interior y bandas guerrilleras sobrevivieron hasta principios de 1850, protegidas por los plantadores, aunque no constituyeron una amenaza seria para el gobierno.

Las exigencias más radicales de los rebeldes —federalismo, abolición del poder moderador, la expulsión de los portugueses, la nacionalización del comercio al por menor y, una novedad, el sufragio universal— fueron formuladas por líderes urbanos, en particular Borges da Fonseca, el viejo contrincante republicano de Pedro I. Sin embargo, a pesar del gran impacto que tuvo la Revolución francesa de 1848, la idea de un gobierno republicano no se encontraba entre las exigencias. Y, de nuevo, la esclavitud continuaba sin tocarse. A pesar de la intensa agitación urbana existente, la lucha acabó quedando básicamente limitada a una disputa entre sectores de la clase terrateniente. Las razones de esta división no están muy claras. Desde luego había resentimiento en contra del pequeño grupo de familias que controlaban las fértiles tierras de la Mata húmeda, aunque los mismos Cavalcanti controlaban un tercio de los engenhos en esta área. La Ley británica de los Aranceles sobre el Azúcar (1846) también pudo ser un factor de peso. Mientras que como consecuencia directa de la ley, la producción de azúcar en Pernambuco aumentó en un 70 por 100 en 1844/1845 y en 1848/1849, tal como hemos visto, los precios descendieron de 78 dólares norteamericanos por tonelada a 64. Los más ricos y mejor establecidos productores de azúcar estaban evidentemente mejor preparados para afrontar los problemas de la sobreproducción. Los productores más pequeños y los que habían dejado de cultivar algodón o de criar ganado a cambio de plantar caña atraídos por el aumento inicial de los precios serían los que saldrían más mal parados. La expansión de la producción de azúcar también provocó que los grandes terratenientes usurparan tierra a los plantadores más pequeños, a los ocupantes de tierra y a los campesinos, lo que hizo que éstos se inclinaran hacia los praieiros.

La derrota de la Praieira liberal en 1848-1849, quizá junto con la derrota de los liberales en toda Europa en estos mismos años, reforzó al gobierno conservador de Río de Janeiro y consolidó el poder conservador en todo Brasil. En las elecciones a diputados de 1849 los conservadores arrasaron y los liberales sólo ganaron un escaño. En 1850 los conservadores dieron el toque final al proceso de centralización que habían iniciado en 1837; la Guardia Nacional quedó bajo el fuerte control del gobierno central. Se eliminó el principio electivo establecido en 1831. A partir de ahora los oficiales serían designados por los presidentes provinciales o directamente por el gobierno central y a su vez ellos nombrarían a sus funcionarios no comisionados[40]. Además, a los oficiales se les exigía tener unos ingresos iguales a los de los electores (que ahora estaban en los 400 milréis, cerca de 46 libras esterlinas), y por su nombramiento tenían que pagar una cantidad igual al salario de un mes de un rango equivalente en el ejército. Ello en la práctica limitaba el acceso al cuerpo de oficiales a una minoría entre los hombres de la Guardia. A primera vista, esta medida podía interpretarse como una acción en contra de los caciques locales. Pero sería más acertado considerarla, al igual que otras leyes centralizadoras, como un compromiso entre el gobierno central y los terratenientes. Por un lado, indicaba que el gobierno no era capaz de mantener el orden en el interior sin ayuda de los terratenientes; por otro lado, revelaba la incapacidad de éstos de resolver sus disputas sin el arbitraje del gobierno. La reforma representó un paso más hacia la cooptación de los sectores dirigentes en el sistema político a cambio del reconocimiento y la legitimación de su poder social.

El gobierno brasileño que ascendió al poder en septiembre de 1848 resultó ser con gran diferencia al más fuerte desde la independencia, sobre todo a partir de octubre de 1849 cuando el marqués de Monte Alegre reemplazó a Olinda como presidente del Consejo de Ministros. Al igual que los gobiernos conservadores de 1837-1840 y, aún más de 1841-1844, representó una alianza entre, por una parte, funcionarios y magistrados del Estado y, por otra, terratenientes, sobre todo fazendeiros de café en la provincia de Río de Janeiro. Sus miembros más destacados eran Paulino Soares de Sousa (Asuntos Exteriores) y Joaquim José Rodrigues Torres (Hacienda) junto con Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso de Cámara (Justicia), que había nacido en Angola, hijo de un juez, y que por su matrimonio había entrado a formar parte de una rica familia «capitalista» en Río. En el Consejo de Estado el gobierno contaba con el poderoso apoyo de, entre otros, Bernardo Pereira de Vasconcelos (hasta su muerte a causa de la fiebre amarilla en 1850) y Honorio Hermeto Carneiro Leão.

Todos estos hombres, a excepción de Eusébio de Queiroz, habían sido miembros eminentes de los anteriores gobiernos conservadores que desafiando a Gran Bretaña habían permitido que se desarrollara el comercio ilegal de esclavos. Pero este gobierno, hasta cierto punto al igual que el último gobierno liberal, parecía dispuesto a abordar resueltamente el más insoluble de los problemas. Aparte de España y de su colonia Cuba, Brasil estaba ahora internacionalmente aislada en este asunto. Dentro de poco la agricultura brasileña debería adaptarse al final de la trata. Si los brasileños no querían que Gran Bretaña pusiese freno a la trata —y había muestras que ésta estaba más decidida que nunca a hacerlo, incluso si ello significaba transferir sus operaciones navales contra el comercio de esclavos a la costa brasileña— algún día tendrían que suprimirla ellos mismos. Además, ningún gobierno brasileño que se autoestimase, y con aspiraciones de autoridad, podía permitir que continuara tamaño desacato a la ley. Había una consideración adicional: Brasil estaba cada vez más preocupada por la situación de la estratégica región del Río de la Plata donde, se pensaba, la independencia de Uruguay y la integridad territorial del imperio se encontraban amenazados por Juan Manuel de Rosas. En caso de guerra con Buenos Aires —y se estaba preparando el terreno para una alianza con la facción anti-Rosas en Uruguay y con el general Urquiza en Entre Ríos—, Brasil necesitaría al menos la neutralidad benevolente de Gran Bretaña, la que sólo podría obtenerse tras un acuerdo en el tema del comercio de esclavos. Así pues, por una serie de razones, los mayores intereses del Estado brasileño estaban empezando a exigir que se emprendiera alguna medida en contra de la trata brasileña. Hacia finales de 1849 el ministro de Justicia advirtió al jefe de la policía de Río que se preparaban nuevas medidas para terminar con el comercio de esclavos, que se presentarían ante la Cámara al año siguiente.

Casi al mismo tiempo, cierto número de barcos ingleses del escuadrón suramericano se dirigieron del Río de la Plata a la costa brasileña específicamente encargados de la trata. En términos del número de esclavos capturados, el mes de enero de 1850 fue el mes de mayores éxitos que la marina británica obtuvo en el lado brasileño del Atlántico. Antes de que el gobierno brasileño pudiera emprender cualquier acto —en mayo, en su Relatório a la Cámara, Eusébio de Queiroz prometió presentar una propuesta de ley—, Gran Bretaña inició lo que sería un paso decisivo para la supresión del comercio de esclavos brasileño. El 22 de abril de 1850 (un mes después de que 154 miembros de la Cámara de los Comunes —casi el doble de los que hubo en un debate similar en 1848— votaran en contra de que continuaran los esfuerzos ingleses para suprimir la trata extranjera por la fuerza), el Foreign Office comunicó al Almirantazgo que bajo la Ley Aberdeen de 1845 los barcos británicos de guerra no tenían necesidad de limitar sus operaciones antitrata a alta mar: podían penetrar en las aguas territoriales brasileñas e incluso en los puertos brasileños. El 22 de junio el contralmirante Reynolds, comandante del escuadrón suramericano, instruyó convenientemente a sus barcos. Hubo una serie de incidentes a lo largo de la costa brasileña, de los cuales el más grave fue el intercambio de disparos entre el buque de guerra británico Cormorant (capitán Schomberg) y el fuerte de Paranaguá.

Cuando las noticias del incidente de Paranaguá llegaron a Río provocaron una gran crisis política. Se habló de guerra. Pero Brasil no contaba con medios morales ni materiales para resistir esta descarada violación de su soberanía. Además, si las «hostilidades» inglesas continuaban y se extendían paralizarían el comercio, perjudicarían la economía, minarían las finanzas del Estado, inflamarían a los esclavos, amenazarían la estabilidad y la unidad interna y debilitarían la posición de Brasil en su próxima confrontación con Rosas. (Se exageró la magnitud de la reciente acción naval y el grado de premeditación del plan). El 11 de julio una reunión del Consejo de Estado decidió que el gobierno brasileño no tenía otra elección posible que la de aceptar la necesidad de sus propios planes para desmantelar la trata incluso aunque pudiera parecer, y de hecho así ocurría, una capitulación ante la agresión británica. Ahora era demasiado tarde para poder actuar espontáneamente. El 12 de julio Eusébio de Queiroz presentó finalmente a la Cámara su proyecto para fortalecer la ley de 1831, en particular con el establecimiento de tribunales marítimos especiales para solventar casos relacionados con la trata, la cual fue declarada equivalente a la piratería. Pasó rápidamente por la Cámara y el Senado y se convirtió en ley el 4 de septiembre de 1850. El emperador, que ahora tenía 25 años de edad y empezaba a jugar un papel más decisivo en el gobierno, en el último minuto se opuso a un intento de última hora de los conservadores más reaccionarios de obligarle a un cambio de ministerio.

La tarea del gobierno brasileño se vio de alguna manera facilitada por el hecho de que el comercio de esclavos en la segunda mitad de los años cincuenta estaba considerablemente debilitado debido a los esfuerzos de los escuadrones surafricano y suramericano, pero sobre todo a causa de la nueva superabundancia de esclavos tras unos años de fuertes importaciones. Sólo entre enero y junio entraron unos 8.000 esclavos en el tramo de costa entre Campos y Santos, la cifra más baja en cinco años. La aparente insaciable demanda de esclavos de los plantadores de café estaba, sin embargo, temporalmente satisfecha. Eusébio de Queiroz, el ministro responsable de las leyes de 1850, señaló que muchos propietarios se habían endeudado mucho e incluso que en algunos casos habían hipotecado sus tierras a los traficantes de esclavos más importantes. Éstos, la mayoría de los cuales eran extranjeros y, peor aún, portugueses, eran ahora también causa de resentimiento debido a su riqueza ostentosa y a su influencia política. La ley de 1850 estaba deliberadamente dirigida más contra los que transportaban, importaban y vendían esclavos que contra los que los compraban ilegalmente. Y fue rápida y eficazmente impuesta por los presidentes provinciales, los jefes de policía provinciales, los delegados de los condados, los jueces de distrito y de los condados, la Guardia Nacional, el ejército, la marina y las cortes especiales de justicia. En 1851 sólo hubo 9 desembarcos de esclavos en Brasil (con un total de 3.287 esclavos) y sólo dos de éstos —los dos tuvieron lugar en Bahía— acaecieron en los últimos cuatro meses del año. Sólo habría otros tres desembarcos conocidos (dos en 1852 y uno en 1855). El comercio de esclavos brasileño se había terminado por completo (véase el cuadro 5 más arriba).

Aún más sorprendente, la trata no pudo recuperarse, a diferencia de lo sucedido en los años de 1830 cuando, una vez se absorbió el exceso de importaciones, el mercado se recuperó y los precios empezaron a elevarse ofreciendo a los traficantes de esclavos perspectivas de enormes beneficios. El precio de los esclavos en los municipios cafeteros de Río de Janeiro casi se dobló entre 1852 y 1854, pero todos los intentos de restablecer el comercio (aún se hizo un intento en 1856) fracasaron. Por supuesto que los británicos reclamaban que, así como su marina había sido en primer lugar la responsable de acabar con el comercio —«el logro que recuerdo con el placer más grande y puro fue el de forzar a los brasileños a terminar con su comercio de esclavos al poner en práctica la Ley Aberdeen de 1845», escribió Palmerston en 1864[41]—, la amenaza permanente de una renovación de hostilidades navales en aguas brasileñas aseguró su clausura final. (La Ley Aberdeen, la «espada de Damocles», no fue realmente revocada hasta 1869). Quizá fuera aún más significativo el hecho de que por primera vez desde la independencia un gobierno de Río de Janeiro tuvo la autoridad y la fuerza suficiente para imponer su deseo en todo el país.

El problema del futuro aprovisionamiento de mano de obra para los cafetales brasileños, planteado por el fin de la trata transatlántica, se solucionó en parte a corto plazo, con el comercio interno de esclavos y, finalmente, con la inmigración europa. Ya en 1847, impulsado por el gobierno liberal del momento, Nicolau Vergueiro había sido el primer terrateniente brasileño en experimentar el sistema de parceria, importando primero colonos (trabajadores por contrato, en realidad peones endeudados) alemanes y después portugueses para que trabajaran en sus plantaciones —recién convertidas de caña a café— en Limeira (São Paulo). En agosto de 1850 el gobierno conservador revivió el proyecto de ley de tierras (e inmigración) de 1843 que había recibido la oposición de los mineiros y los paulistas y había sido bloqueado en el Senado durante el periodo de dominio liberal. En esta ocasión fue rápidamente aprobado por las dos cámaras y se convirtió en ley el 18 de septiembre de 1850 —dos semanas después de que se aprobara la nueva ley antitrata—. Se introdujeron cambios para eliminar algunos de sus aspectos más controvertidos y para adaptarla a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, se rebajó el impuesto sobre la tierra. Pero aún así algunos diputados consideraron que la ley era muy perjudicial para la clase terrateniente; un diputado mineiro incluso le encontró un tono comunista. En todo caso, la nueva ley resultó prácticamente inaplicable; su principal objetivo, la regularización de los títulos de propiedad mediante la delimitación y el registro, se frustró en gran medida. Sin embargo, la ley indica el interés creciente del gobierno en el problema del aprovisionamiento a largo plazo de mano de obra. Y el número de inmigrantes europeos que llegaron a Brasil sí aumentó, si bien lentamente, después de 1850 (véase el cuadro 6 más arriba).

El gobierno conservador también se preocupó por el futuro desarrollo económico de Brasil. Manuel de Jesús Valdetaro, el presidente de la provincia de Río de Janeiro, escribió al ministro del Imperio en mayo de 1848: Brasil ha pagado íntegramente su «tributo de sangre a los campos del desorden civil», y ahora «cansado de luchar y de perseguir reformas políticas, [el país] parece concentrar la mejor parte de su energía en la explotación de los abundantes recursos de su suelo y en el desarrollo de sus intereses materiales»[42]. En junio de 1850 Brasil promulgó su primer Código de Comercio que reunía y actualizaba una serie de leyes y de regulaciones que procedían del periodo colonial. En el Código era de particular importancia la definición que se hacía de los diferentes tipos de sociedades mercantiles y la regulación de sus operaciones. La reglamentación llegó en el momento oportuno porque a los pocos meses se liberarían importantes sumas de dinero del comercio de esclavos. Por primera vez el país experimentó una fiebre de actividad mercantil y especulativa, particularmente en Río de Janeiro. Mientras que en los anteriores veinte años el gobierno sólo había autorizado 17 empresas, en los próximos diez años su número ascendió a 155; e incluían bancos, compañías de navegación a vapor, ferrocarriles, compañías colonizadoras, empresas mineras y compañías de transportes urbanos[43]. A pesar de la naturaleza especulativa de muchas de estas iniciativas, ellas indican un nuevo ambiente en el país: el paso del predominio de los asuntos políticos a los proyectos económicos. El fin de la trata, la ley de tierras y de inmigración o el Código de Comercio fueron pasos hacia la modernización capitalista ya que todos eran intentos de introducir y organizar un mercado para la movilización de la fuerza de trabajo, de la tierra y del capital. Pronto llegaría también el capital inglés para ser invertido en ferrocarriles y en transporte urbano y se establecerían bancos ingleses que forjarían nuevos lazos con las economías capitalistas externas.

En los primeros años de la década de 1850, casi treinta años después de la independencia, Brasil disfrutaba de estabilidad política, de paz interna desde el norte hasta el sur y de una cierta prosperidad basada principalmente en la exportación de café. En cuanto a las relaciones externas, Gran Bretaña había quedado satisfecha en el tema de la trata y Rosas había sido derrotado en febrero de 1852. Un Estado —por lo menos un sistema de dominio político que funcionaba— había sido creado. La clase dominante había llegado a un acuerdo relativo sobre temas fundamentales; durante los 10 años siguientes los liberales y conservadores estuvieron juntos al servicio de las mismas administraciones (el periodo es conocido como el de la Conciliação). La unidad nacional se había mantenido a pesar de los momentos difíciles. Pero ¿se había forjado una nación? La respuesta no es fácil.

En una población total de 7,5 millones de personas, incluyendo a los indios[44], entre el 25 y el 30 por 100 aún eran esclavos y un porcentaje aún más alto, en realidad la aplastante mayoría, eran, usando una expresión de entonces, ciudadanos no activos, esto es: brasileños que no gozaban ni de los derechos legales, ni del nivel de instrucción ni de educación, ni de las condiciones socioeconómicas que les podían permitir participar en la vida política del país. Los factores que probablemente habían contribuido más al desarrollo de un sentido de identidad nacional fueron los sentimientos antiportugueses y antibritánicos. El primero caló en la mayor parte de las protestas sociales y políticas de la regencia y era aún importante durante la rebelión de la Praieira; el segundo se hizo predominante después de 1839, cuando Gran Bretaña lanzó su cruzada internacional de suprimir la trata. Cuando el conde de Suzannet visitó Río de Janeiro a principios de los años cuarenta, se sorprendió del odio generalizado contra los extranjeros, sobre todo contra los portugueses y los británicos, y por la facilidad con que se les culpaba de los males del país. Otro francés que se estableció como comerciante en Río de Janeiro a principios de los años cincuenta, Charles Expilly, hizo una observación parecida. A su llegada, un alemán que había vivido en la ciudad durante algún tiempo, le aconsejó a Expilly que sólo hiciera alabanzas de lo que allí viera a fin de evitar que se le considerase como un enemigo del país. «Ce sentiment d’un inintelligent patriotisme est poussé à l’excés au Brésil», concluyó[45]. Pero era aún predominantemente un sentimiento negativo, limitado a ciertos sectores de la población. Aún dejando de lado las diferencias regionales y las profundas divisiones raciales y sociales, había todavía en Brasil muy poca comunicación entre las provincias, muy poca integración económica, muy poca participación en el gobierno del país para que se hubiera desarrollado un sentimiento positivo de identidad nacional.

Capítulo 10
BRASIL (1850-1870)

A principios de la década de 1850 la población brasileña sobrepasaba los siete millones y medio de habitantes. Éstos se concentraban, como siempre, a lo largo de la costa oriental. El 40 por 100 vivían en las tres provincias del sureste —Río de Janeiro, Minas Gerais y São Paulo— y en la ciudad de Río de Janeiro, que contaba con 180.000 residentes. El noreste, la principal área de colonización durante la época colonial, aún contenía un 44 por 100 de la población total. Los esclavos negros y los mulatos probablemente sumaban entre dos y dos millones y medio, esto es: constituían entre un cuarto y un tercio de la población. En 1872, cuando se realizó el primer censo nacional, la población total de Brasil había llegado a los 10 millones. Mientras en el noreste el número de habitantes había descendido hasta el 40 por 100, en Río de Janeiro había aumentado hasta 275.000. Veinte años después de que se aboliera la trata, el número de esclavos había disminuido a un millón y medio (el 15 por 100) y en su mayor parte vivían en las provincias de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. El rápido incremento de la producción de café, junto a la relativa caída de la producción de azúcar, explican el avance de la población regional que tuvo lugar entre 1850 y 1870. Los comerciantes de Río de Janeiro prosperaron y el comercio del café vinculó a los plantadores a la economía internacional. Sin embargo, los trabajadores (ya fueran esclavos o asalariados, tanto del campo como de la ciudad), no se beneficiaron mucho de la expansión. Los plantadores y comerciantes combinaron sutilmente la fuerza con la benevolencia para mantener la dependencia de los trabajadores. El gobierno imperial, que respondía a los intereses de clase de los plantadores y de los comerciantes, fue un instrumento de éstos para mantener el control político y social. En estos veinte años, los líderes políticos también consiguieron captar a los que antes se habían opuesto al poder central, buscando, a veces de mala gana, un punto de equilibrio entre el conservadurismo y la reforma. Ello dio paso a la estabilidad política, pero la lealtad a una región específica, cuyos límites se definían por el producto de exportación que se cultivaba en ella, continuó siendo fuerte.

A principios de la década de 1850, la producción de azúcar siguió jugando un papel importante en la economía brasileña y, si bien era inferior a la de café, fácilmente sobrepasó en valor al algodón, los cueros, el tabaco y a otros productos. Las exportaciones de azúcar aumentaron un 50 por 100 entre 1841-1845 y 1871-1875 (véase el cuadro 1). Pero mientras la producción mundial de azúcar se cuadriplicó, la participación de Brasil en el mercado mundial descendió aproximadamente entre un 5 y un 10 por 100. Todas las regiones de Brasil producían azúcar para el consumo interior pero, aparte de una pequeña área alrededor de Campos de la provincia de Río de Janeiro, casi todo el azúcar que se exportaba procedía de la estrecha franja costera, de unos 80 a 160 km de anchura, de las provincias del noreste, especialmente Bahía y Pernambuco. Los coetáneos a menudo atribuyeron el relativo estancamiento de la producción de azúcar en el noreste a la atrasada tecnología que había. Ciertamente, la producción de azúcar de Brasil parecía anticuada en comparación con los niveles internacionales de la época. Cada dos o tres años los esclavos usaban la azada para desenterrar la vieja caña y plantar vástagos nuevos en el profundo suelo arcilloso. Al correr del tiempo los plantadores enviaban a los esclavos a trabajar tierras nuevas y abandonaban las viejas, ya que la abundancia de tierra hacía que no tuviera mucho sentido abonar el suelo. Una vez al año los esclavos cortaban la caña madura y la amontonaban en haces para transportarla en carretas de bueyes o mulas al ingenio; allí, los rodillos de metal o recubiertos de metal prensaban la caña para extraerle el jugo. En 1854 el 80 por 100 de los molinos de la provincia de Pernambuco funcionaban con bueyes o caballos, el 19 por 100 utilizaba la fuerza hidráulica y sólo un 1 por 100 empleaba la máquina de vapor; en cambio, en 1860, el 70 por 100 de los ingenios cubanos usaban la fuerza del vapor.

CUADRO 1

Principales exportaciones de Brasil, 1841-1880 (por décadas)

1841-1850

1851-1860

1861-1870

1871-1880

Producto
Valor (en miles de libras esterlinas)
%
Valor (en miles de libras esterlinas)
%
Valor (en miles de libras esterlinas)
%
Valor (en miles de libras esterlinas)
%

Café
22.655
46,99
49.741
53,67
68.004
50,38
112.954
59,49

Azúcar
14.576
30,23
21.638
23,35
18.308
13,56
23.540
12,40

Algodón
4.103
8,51
6.350
6,85
27.293
20,22
19.070
10,04

Cueros
4.679
9,70
7.368
7,95
8.958
6,64
11.106
5,85

Tabaco
974
2,02
2.679
2,89
4.567
3,38
6.870
3,61

Caucho
214
0,44
2.282
2,46
4.649
3,44
10.957
5,77

Cacao
537
1,11
1.033
1,11
1.388
1,03
2.438
1,28

Mate
477
0,99
1.583
1,71
1.817
1,35
2.945
1,55

Total de las
principales
exportaciones
48.215
99,99
92.674
99,99
134.984
100,00
189.880
99,99

FUENTE: Brasil, Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, Anuario Estatístico do Brasil, Año 5 (1939-1940), p. 1.381.

Después, el jugo de la caña se hervía en unos hondos calderos para quitar el agua. Para la hoguera se utilizaba madera, lo que contribuyó a la deforestación. Cuando el azúcar empezaba a cristalizar, los trabajadores vertían el jarabe en unos moldes cónicos de arcilla donde la oscura melaza se escurría, quedando el azúcar húmedo en bruto. Finalmente, se refinaba en Europa y en Norteamérica.

Que no se hubiera adoptado la tecnología más moderna se debía a la experiencia y a razones sólidas. Las mejoras tecnológicas no permitían superar la ventaja que para la caña cubana y los remolacheros europeos suponía la proximidad a los mercados. Algunos propietarios de ingenios de Bahía que emprendieron la modernización de sus instalaciones —João Mauricio Wanderley, más tarde barón de Cotegipe, era el más importante de ellos— después casi no consiguieron beneficios. Otros, debido a la abundancia de tierra y de recursos forestales, no hicieron inversiones para modernizar la agricultura. Los campos de caña podían extenderse por tierras vírgenes, con lo cual tenía sentido no fertilizar los campos viejos. Los capitales se invertían en otras actividades menos arriesgadas en otras partes, con lo cual el precio del dinero subió. Además, las prácticas tradicionales proporcionaban unos sustanciosos ingresos a los pocos grandes plantadores que había, y así éstos mantenían su dominio social y político.

Al igual que durante el periodo colonial, los plantadores de azúcar brasileño se podían dividir en dos categorías principales. Por un lado estaban los propietarios de molinos y tierras, y por otro los que poseían solamente tierra. Los primeros, los llamados senhores de engenho, tenían mayor importancia económica y social que los cultivadores de caña (labradores), pero lograron persuadir a estos últimos para compartir su punto de vista en contraposición al de los arrendatarios, de los asalariados y de los esclavos. Los lavradores suministraban la caña a los senhores de engenho a cambio de dinero o de la mitad del azúcar producido. A menudo los lavradores que habían pedido prestado a los senhores de engenho perdían sus tierras y se veían reducidos a la condición de arrendatarios. Entre los mismos senhores de engenho existían profundas diferencias, destacándose unos pocos que de hecho constituían la oligarquía. Se ha calculado que en un municipio de la provincia de Pernambuco el 15 por 100 de los propietarios de ingenios poseían el 70 por 100 de las plantaciones. Nueve familias interrelacionadas entre sí poseían casi todas las propiedades. Henrique Marques Lins, sus hijos y sus yernos poseían treinta plantaciones y no sorprende que él y su clan ocuparan los cargos políticos más importantes de la localidad. En 1863 un periodista afirmó que el municipio era un «feudo» de Lins y todas las demás familias eran simples esclavos[1].

En la década de 1830, el café había sobrepasado al azúcar como principal producto de exportación, y hacia 1850 constituía casi la mitad del valor de las exportaciones brasileñas (véase el cuadro 1 más arriba). El cultivo del café se extendió por el valle del Paraíba y a mediados de siglo había desplazado al azúcar en la región que se encontraba al oeste de la ciudad de São Paulo. De los 9,7 millones de sacos (de unos 60 kg cada uno) de café exportados en la década de 1830 se pasó a 26,3 millones de sacos en 1850 y a 28,8 millones en la década siguiente. Sin embargo, es importante recordar que desde otras regiones tropicales o subtropicales se exportaban mercancías que eran mucho más productivas que el café. Por ejemplo, el algodón exportado desde el sur de Estados Unidos en la década de 1850 proporcionaba cinco veces más ingresos que el café brasileño.

Los hijos de los primeros pioneros (que habían creado sus fincas talando los bosques vírgenes del valle del Paraíba) continuaron deforestando tanto en las propiedades heredadas como en otros sitios. Aunque algunos historiadores han mantenido que estos plantadores preferían el status y el poder al beneficio económico, las aportaciones más recientes sugieren que la mayor parte de ellos eran puros hombres de negocios que sopesaban detenidamente los riesgos y las ventajas de cada inversión. Hacia 1870 cualquier observador agudo podía advertir los primeros síntomas de estancamiento en el valle del Paraíba. Éstos consistían en una población esclava vieja, la no sustitución de los viejos cafetos y la preferencia por invertir en cualquier cosa menos en la fertilización de los desgastados suelos. A mediados de siglo muchos propietarios fueron atraídos al centrooeste de la provincia de São Paulo. Allí, las colinas no eran tan empinadas y además el terreno suavemente ondulado aseguraba un buen drenaje y un sol que caía inclinado sobre los cafetales. Usando aún los mismos métodos de cultivo, los plantadores encontraron los suelos rojizos de São Paulo más fértiles que los del valle del Paraíba. La tierra parecía extenderse indefinidamente hacia el oeste. Aunque al principio el coste del transporte por este territorio hasta el mar se comía los beneficios de las plantaciones situadas más allá de una cierta distancia de la costa, los plantadores confiaron en que la construcción del ferrocarril permitiría al final superar esta barrera, como efectivamente ocurrió en 1868. A pesar de todo, hasta 1870 la mayor parte de la producción de café se encontraba en el valle del Paraíba, es decir, en la provincia de Río de Janeiro y en el noreste de la de São Paulo.

En el centro de una fazenda de café se levantaba la casa del propietario, enfrente de las viviendas de los esclavos y de los cobertizos de procesado. Estas construcciones de adobe y madera se levantaban sólidamente alrededor de grandes patios de tierra batida o de ladrillo que servían para secar el café. En la época de la cosecha (julio-noviembre), los esclavos recogían los rojizos frutos de los cafetos en enormes cestas y los llevaban colina abajo hasta esos patios. Allí esparcían las bayas para que el sol las secara y al anochecer las recogían con el rastrillo para protegerlas del rocío. Cuando el fruto se ennegrecía un mortero hidráulico de madera removía las cáscaras secas y desenvainaba los granos verdes de café. Mediante laboriosos métodos manuales, los esclavos separaban los granos manchados e imperfectos y metían los buenos en sacos para ser transportados.

Desde la época colonial, al igual que en otras áreas colonizadas, las tierras públicas habían pasado a manos privadas a través de las donaciones de tierra por parte de la corona y de prácticas legales y consuetudinarias por parte de grandes y pequeños ocupantes. Los que practicaban una agricultura de subsistencia pronto descubrieron que los agricultores más poderosos y ricos les disputaban sus derechos, y ante las tentadoras ofertas económicas algunos cedieron y se fueron a otro lugar. Por todo ello, a menudo la propiedad de una y otra finca se sobreponían, incluso en el caso de las concesiones reales. Ni los funcionarios públicos ni los propietarios medían ni registraban las propiedades sistemáticamente. La ley sobre la tierra de 1850, al exigir que en el futuro se vendieran (en vez de donarse) todas las tierras públicas y que quienes quisieran confirmar sus títulos de propiedad registraran sus propiedades, auguraba el fin de esa caótica situación. Muchos propietarios hicieron un primer depósito formal conforme mandaba la ley, pero además hicieron reclamaciones presentando una lista con los nombres de sus vecinos colindantes; no se midieron sus tierras y tampoco se resolvieron sus conflictos, y pronto se olvidaron las provisiones adicionales de la ley. Incluso en la actualidad los títulos de propiedad continúan siendo confusos.

En este período, de entre los productos de exportación brasileños sólo el algodón, además del café y el azúcar, fue importante. Aunque la fibra larga propia del algodón brasileño se exportaba bastante a finales del siglo XIX, su exportación descendió constantemente después que la invención de la desmontadora de algodón permitió el uso del de fibra más corta, variedad que se cultivaba en abundancia en el sur de Estados Unidos de Norteamérica. La mayor parte del algodón se producía en las regiones menos húmedas y un poco más altas del noreste, situadas entre los 48 y 160 km desde la costa. En 1863-1864, Pernambuco era la principal exportadora de algodón; proporcionaba el 30 por 100 del total, mientras que Maranhão con el 21 por 100 la seguía en posición. Otras provincias del noreste —especialmente Alagoas y Paraíba— suministraban un 45 por 100. Debido a la guerra civil estadounidense, Brasil disfrutó de un repentino y efímero aumento de las exportaciones de algodón (véase el cuadro 1 más arriba). De los 21 millones de libras de algodón exportados en 1860-1861, se pasó a 92 millones cinco años más tarde y a niveles un poco más altos a principios de la década de 1870. Incluso algunas áreas productoras de café de la provincia de São Paulo cultivaron algodón de fibra corta durante cierto tiempo.

Al final de la guerra civil estadounidense algunos suristas emigraron a Brasil con la esperanza de establecer plantaciones algodoneras con mano de obra esclava. Pero en Brasil eran los pequeños propietarios quienes se dedicaban al cultivo del algodón; su procesado requería una inversión de capital menor que el azúcar o el café. En São Paulo lo plantaron en las áreas menos fértiles junto con judías y maíz en el mismo campo. Siguiendo los usos del noreste, antes de plantar quemaban los arbustos para matar las plagas y abonar rápidamente, aunque antieconómicamente, el suelo. Aunque los grandes plantadores usaban arados y otro tipo de maquinaria agrícola, la mayoría continuaba utilizando la azada tal como se hacía en el cultivo de cereales y del café. El laborioso proceso de cultivar y escardar se realizaba más con azadas que con instrumentos tirados por caballos y además se ejecutaba con menos frecuencia de lo que recomendaban los agricultores expertos. Cuando los precios empezaron a descender, muchos productores marginales abandonaron su cultivo. Sin embargo, mientras tanto, el crecimiento de la industria textil brasileña proporcionó un mercado interno nuevo al algodón.

El tabaco, que en la época colonial fue uno de los principales productos de exportación, en el periodo de 1850-1870 solamente representa el 3 por 100 de los ingresos proporcionados por las exportaciones brasileñas. Predominaba en la región de Cachoeira, en la bahía de Salvador. Al igual que el algodón, el tabaco se cultivaba en extensiones relativamente pequeñas y por familias de agricultores con pocos esclavos. Las hojas se recogían una por una a medida que maduraban y se colgaban al aire libre para que se secaran. En Salvador se fabricaban los cigarros y allí y en Río de Janeiro se preparaba rapé. El tabaco que se cultivaba en Minas Gerais, normalmente enrollado en cuerda, se podía comprar por pies para utilizarlo en la confección de cigarrillos liados a mano.

En la región del Amazonas, los indios y sus descendientes de razas entremezcladas, llamados caboclos, recogían cacao de los árboles que crecían de forma silvestre en los bosques y lo vendían a pequeños empresarios. Ya en la década de 1860, los terratenientes, utilizando mano de obra esclava, empezaron a plantarlo al sur de Bahía. Los trabajadores abrían las blandas cáscaras de los grandes frutos maduros de color amarillo o verde, escurrían el espeso licor blanco que envolvía las semillas de color marrón, y las dejaban secar al sol o en elevados secaderos. La elaboración del chocolate se realizaba en Europa.

El caucho brasileño empezó a tener importancia a partir del descubrimiento del proceso de vulcanización en 1839. Las exportaciones, que en 1840 eran de 388 toneladas, pasaron a ser de 1.447 diez años más tarde, 2.673 en 1860 y 5.602 toneladas en 1870, justo antes de que empezara el verdadero boom del caucho. En los lluviosos bosques de la Amazonia, los caboclos sangraban los árboles silvestres del caucho y endurecían el látex sobre una hoguera formando grandes bolas. Los comerciantes ambulantes les vendían utensilios y alimentos a cambio de esta goma y a menudo se los ofrecían a crédito con un interés muy alto. Los propietarios que necesitaban trabajadores fijos para sus fincas agrícolas se resentían de la movilidad de que gozaban los recolectores del caucho, sin percibir aún las posibilidades de enriquecimiento que más tarde traería su comercio.

En las provincias sureñas de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, los caboclos también recogían mate de los arbustos silvestres. Recogían las hojas y los vástagos tiernos, los tostaban en cestas a fuego lento y después usaban primitivos morteros de madera para machacar las hojas hasta convertirlas en un polvo basto. Después de ser empaquetado, el mate se exportaba a los países vecinos del sur. Parte del mate no se tostaba sino que solamente se secaba y las hojas se vendían para hacer infusión en el mismo Brasil. A pesar del aumento de las exportaciones de mate, cacao y caucho, éstas en conjunto no representaban más del 6 por 100 de las exportaciones de Brasil entre 1851 y 1870.

En Brasil se criaba ganado tanto para hacer cueros (que en gran parte se exportaban) como para obtener carne que principalmente se consumía en el país. Los observadores extranjeros diferenciaban tres regiones ganaderas, cada una de ellas con un carácter propio. En el noreste, en el árido sertão, lejos de la húmeda franja costera, y aún más hacia el oeste que las áreas algodoneras, la ganadería constituía la principal ocupación desde el siglo XVI. Aunque la región cuenta con una cantidad de lluvia suficiente, ésta suele caer en forma de chaparrones torrenciales, lo que hace que en la mayor parte del tiempo la tierra no esté suficientemente húmeda para la agricultura excepto a pequeña escala. De vez en cuando hay sequías que abrasan la tierra haciéndola inhóspita incluso para el ganado. La población mestiza, relativamente nómada, vestía sus características chaparreras de piel, sombrero y chaqueta para protegerse de los cactus y otras plantas espinosas. La región suministraba ganado a la zona azucarera tanto en forma de carne fresca como en bueyes que movían los ingenios o tiraban de las pesadas carretas cargadas de caña o de cajas de azúcar.

Los ondulados cerrados de Minas Gerais eran otra región en la que la ganadería era el principal componente de su economía. En el siglo XVIII esta tierra de hierba y torcidos árboles dispersos había proporcionado carne a los yacimientos de oro y diamantes y a las turbulentas ciudades que se esparcían por la región minera. En el siglo XIX, los ganaderos prefirieron proporcionar carne fresca a Río de Janeiro, una ciudad que estaba creciendo rápidamente en extensión y en riqueza debido a la exportación de café. Ver cómo el ganado era conducido desde las escarpas hasta los pastos frescos de las tierras bajas se volvió una escena corriente en las carreteras cercanas a la ciudad.

Sin embargo, fue en la provincia de Río Grande do Sul donde en el siglo XIX la ganadería brasileña fue más próspera. Los prados llanos del sur favorecieron especialmente esta actividad, aunque los recursos de la provincia no pudieron competir con las pampas más fértiles de Uruguay y Argentina. Después de una tentativa temprana de cultivar trigo, los primeros colonizadores (contrariamente a los inmigrantes europeos más recientes) se dedicaron a la ganadería. Hacia 1863-1864, Río Grande do Sul proporcionaba casi siete décimas partes del cuero que se producía en Brasil. También producía tasajo —es decir, carne de vaca salada— que vendían para el consumo a las plantaciones de café y de azúcar del norte. En los saladeros, los esclavos empapaban la carne en salmuera y la secaban al sol. Así podía durar meses e incluso años.

Además de la carne, los brasileños obtenían proteínas de la mezcla de alubias y arroz o de alubias y maíz. Una harina gruesa de mandioca hecha de raíces de casaba también proporcionaba calorías diariamente. El tocino ocasionalmente enriquecía la dieta. La población local, a excepción de la carne de vaca seca de Río Grande do Sul y de la harina de trigo y el bacalao que se traían de fuera, se abastecía de los productores vecinos. Los plantadores, en las épocas en que no se cosechaba, utilizaban sin duda el excedente de mano de obra para producir alimentos; por otro lado, los pequeños propietarios y campesinos vendían sus excedentes a los plantadores o a los habitantes de la ciudad. Los participantes en la expansión de la economía cafetalera, tanto rurales como urbanos, obtenían muchos de sus alimentos de las regiones agrícolas de Minas Gerais. Los asentamientos de emigrantes de Río Grande do Sul también producían suficientes alubias y maíz para vender fuera de la provincia. Brasil incrementó las importaciones de algunos alimentos para abastecer los centros urbanos y las plantaciones. Sin embargo, generalmente lo normal era el autoconsumo local. Ciertamente había muchos más brasileños que trabajaban en la producción de alimentos para el consumo interior que en el cultivo de productos para la exportación.

A pesar de que en todas las regiones de Brasil cada una de las actividades agrícolas descansaba en parte sobre la mano de obra esclava (este era el caso de la cría de ganado, la producción de cereales, e incluso la recolección de caucho y de mate; por otro lado, por descontado, los esclavos trabajaban como artesanos y como sirvientes domésticos), eran la producción de azúcar y de café —las principales actividades mercantiles— las que en mayor medida creaban la fuerte dependencia de Brasil respecto a los esclavos negros. El principal problema de los propietarios de esclavos, en todas partes, era cómo conseguir de la mejor manera posible que el esclavo hiciera lo que el amo quería. Dado que la respuesta a esta pregunta variaba, la esclavitud conocía diferentes tipos de relaciones de trabajo. La mayoría de los esclavos rurales trabajaban en brigadas organizados muy estrictamente bajo el ojo vigilante de un capataz que no dudaba en utilizar el látigo, el cepo u otros castigos para obtener dieciséis, o incluso dieciocho, horas diarias de trabajo de los que estaban bajo sus órdenes. El hecho de que durante siglos hubiera habido esclavos en exceso y baratos hizo que la mayoría de los plantadores no dedicaran suficiente atención al bienestar de sus esclavos en cuanto a comida, vestido y habitación. En cambio, otros propietarios de esclavos, ya fuera debido a un impulso caritativo o a un sentido del negocio, se dieron cuenta de que se podía ejercer un control riguroso combinando la práctica de una severa disciplina para los más recalcitrantes y de los beneficios paternalistas para los dóciles y complacientes. Por ejemplo, el plantador de Paraíba Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, barón de Patí do Alferes, en su Memoria (1847) sobre cómo organizar una finca cafetalera, expuso elaboradas instrucciones de cómo tratar a los esclavos. Sugería que el fin del plantador a través de sus atenciones al esclavo era asegurarse de su obediencia. Sin embargo, cuando esta técnica fallaba no dudaba en «dejar sus espaldas en carne viva»[2]. La benevolencia sólo tenía sentido en la medida en que el propietario podía ejercer la mayor fuerza posible.

También en otras actividades, los esclavos encontraron una yuxtaposición similar de medios para controlarlos. Pues, incluso en las plantaciones, no todos se dedicaban a plantar y a cosechar café y azúcar o al procesado de estos productos. También trabajaban en una gran variedad de actividades artesanales que se necesitaban para el funcionamiento de una hacienda grande. Como había pocas ciudades y estaban muy distantes entre sí, un gran número de grandes plantadores preferían a menudo mantener esclavos especializados para reparar sus equipos, para construir sus almacenes, para hacer la ropa de los esclavos o incluso para decorar su casa en la plantación. Los pequeños propietarios iban a las plantaciones para alquilar estos esclavos especializados. Los esclavos también se ocupaban del servicio doméstico y su número aumentó a medida que se incrementaron los beneficios de los plantadores debido a las exportaciones. Tener una casa impresionante, frecuentemente llena de invitados y centro de la vida social y política, requería una numerosa servidumbre. Por otro lado, al declinar la economía de exportación, como por ejemplo en la provincia de Minas Gerais, también se liberó un número importante de esclavos para el servicio doméstico, así como para la producción de alimentos. Los esclavos domésticos y los artesanos gozaban de mejores condiciones de vida que los esclavos que trabajaban en el campo; tenían mejores ropas, quizás incluso zapatos, y a menudo la misma comida que sus amos. También podían adquirir ciertas maneras educadas al hablar, e incluso algunas veces podían aprender a leer y tenían mayor posibilidad que los esclavos que trabajaban en el campo de ser liberados por sus leales servicios. Sin embargo, la proximidad de sus amos reducía el espacio que podían llamar propio y hacía que sus movimientos fueran observados con facilidad. Incluso se ha dicho que la violencia hizo más por el reconocimiento de la humanidad de un esclavo que todo el paternalismo.

No todos los plantadores proveyeron la alimentación de sus esclavos de la misma manera y esta diferencia tuvo implicaciones en las relaciones entre amo y esclavo. Unos prefirieron alimentar a sus esclavos directamente, mientras otros les permitían abastecerse de tierras donde cultivar productos alimenticios. Los primeros consideraban que era mejor que los esclavos se dedicaran exclusivamente a la principal tarea —la producción de café y azúcar— y compraran los alimentos a los pequeños propietarios y colonos que operaban en el intersticio del sistema, o a los empleados libres que trabajaban las tierras de los plantadores. Los fazendeiros cafetaleros del valle del Paraíba tenían a menudo esclavos produciendo alimentos en cafetales nuevos donde las alubias y el maíz, plantados entre los cafetos, se beneficiaban del frecuente cuidado mientras recibían mucho sol. Otros, especialmente los que tenían los cafetales en su fase más productiva, preferían librarse de la responsabilidad de alimentar a sus esclavos y probablemente notaron que los esclavos trabajaban más a gusto seis días a la semana si el séptimo podían dedicarlo a abastecerse a sí mismos y a su familia. Desde el punto de vista de un esclavo podemos suponer que algunos preferían la seguridad de ser alimentados por sus amos, mientras a otros les gustaba la relativa libertad de tener sus propias parcelas a pesar de la fatiga incesante y de la gran incertidumbre y ansiedad por los resultados.

Los esfuerzos para controlar a los esclavos —tanto mediante el uso de la fuerza como de la benevolencia— no tuvieron el mismo éxito en todas partes. La multiplicidad de técnicas dirigidas a este fin pone de relieve lo difícil que es conseguir que la voluntad de un hombre determine la acción de otro. La respuesta de los esclavos a estos intentos no consistió sólo ni principalmente en rebelarse sino también en hacer mal lo que les mandaban, o trabajar despacio y sin cuidado. Incluso la obediencia podía ir acompañada de una manera de actuar que reflejaba la existencia de otra voluntad. Los jongos o cancioncillas de los esclavos recordadas por ex esclavos revelan una clara conciencia de su situación[3]. Y además, el asesinato de un amo ocurría con la suficiente frecuencia como para que los propietarios de esclavos les tuvieran miedo. Otra respuesta era la huida. Los periódicos de ciudades como Río de Janeiro, Salvador y Recife contenían decenas de anuncios sobre esclavos evadidos. A menudo los huidos unían su fuerza en los bosques para formar pequeños quilombos, o comunidades cimarronas, donde veinte o más fugitivos cultivaban mandioca y maíz, sobreviviendo meses e incluso años. Realizaban incursiones a las plantaciones para conseguir provisiones complementarias y algunas veces mostraban tener una considerable perspicacia política al escoger sus objetivos.

Los esclavos también consiguieron crear sus propias familias y forjar otros vínculos sociales entre esclavo y libre, elaborando un sistema de entendimiento compartido que pasaría a la siguiente generación. Muchos documentos revelan la compra de la libertad de un padre, de una madre, de un marido o de un amante. Testamentos de libertos dan a conocer las fuertes relaciones emocionales que tenían con sus antiguos compañeros de esclavitud. Cartas sueltas entre esclavos de plantaciones distantes plasman de una manera conmovedora la angustia producida por la separación y la constante falta de cariño. Los esclavos transmitieron su cultura no sólo en la vida familiar cotidiana sino también en las prácticas rituales tradicionales (a pesar de los cambios que ellos pudieron haber introducido). En danzas festivas especiales o batuques, los participiantes aprendían los secretos de tocar los tambores (y de hacerlos) y también una serie de creencias heredadas. Hoy en día, en Brasil, la vitalidad de las prácticas religiosas que derivan de las recordadas de África muestra que existe un esfuerzo continuo por crear y salvaguardar su patrimonio cultural.

Así, los esclavos encontraron algunas posibilidades de independencia, pero además los límites entre ellos y los trabajadores libres no eran claros. Algunos historiadores creen que en las parcelas en las que plantaban sus provisiones hay indicios de una economía campesina. Algunos esclavos vendían algunas veces sus excedentes de producción directamente a los amos, pero otras a los almacenistas locales, quienes tampoco dudaban en comprar pequeñas cantidades de café «robado». Así, los esclavos, bienes muebles en sí mismos, pudieron poseer algunas propiedades y cambiarlas por dinero. Además, algunos plantadores daban dinero como incentivo por cada cesta de café recolectada a partir de un mínimo. De esta manera la distinción entre trabajo esclavo y trabajo asalariado tendió a hacerse más difusa. Es más, había posibilidades reales de que un esclavo pudiera pasar de la esclavitud a la libertad. De esta manera, incidentemente, la cultura de los esclavos llegó a ser la cultura de los libres pobres.

En el siglo XIX, la frecuencia con la que los propietarios de esclavos brasileños concedían la libertad a ciertos esclavos sorprendía a los visitantes extranjeros. La elevada tasa de interés, junto con la larga demora en la recuperación del coste de la cría de niños esclavos hasta la edad de trabajar, animó la liberación de los niños al nacer, especialmente de las niñas, que no podían venderse por un buen precio ni una vez criadas. La necesidad de trabajadores libres para realizar los requisitos de ciertos trabajos, tales como la supervisión de los esclavos, animó aún más esta práctica. Quizás aún más importante, la manumisión de hombres adultos incluso servía como un medio más por el cual se animaba al buen comportamiento a través del ejemplo de unos pocos que habían sido recompensados por su excepcional obediencia y lealtad. La esperanza en una posible libertad también podía haber reducido el número de esclavos que escapaban, mataban a sus amos o, desesperados, se suicidaban. Algunas veces los propietarios garantizaban la libertad con la condición de obtener un servicio continuo y fiel por un número específico de años. La sociedad valoraba la manumisión y recompensaba con elogios la generosidad de los plantadores que garantizaban la libertad. A menudo se argumentaba en base a la ley que un esclavo que podía pagar su precio debería ser liberado por derecho. Los libertos negros no amenazaban el orden social, puesto que él y ella podían fácilmente ser absorbidos en cualquiera de los muchos grupos inferiores de la estructura social. En 1872, los libertos negros y mulatos sumaban el 74 por 100 de todos los negros y mulatos, el 44 por 100 de la población total. Sin embargo, hay evidencias de que la manumisión disminuyó una vez que ya no se pudieron obtener más esclavos africanos.

La costumbre de la manumisión ocasional establecida de muchos años no minaba la institución de la esclavitud mientras se pudo comprar más esclavos. Durante las décadas de 1830 y 1840 los esclavos fueron importados de África, a pesar de que era ilegal, a un ritmo sin precedentes; la mayoría de ellos eran destinados a las fazendas de café del valle del Paraíba. El comercio transatlántico de esclavos finalizó en 1850-1851, pero a continuación creció la trata interna de esclavos. En 1850, la deportación de los comerciantes portugueses más importantes dejó el camino libre a otros comerciantes de esclavos en las ciudades de Río y Santos para continuar como intermediarios, vendiendo esclavos traídos del noreste. Los plantadores de azúcar del noreste, que cada vez tenían menos influencia en el mercado mundial, empezaron a vender esclavos al sur, a las florecientes regiones cafetaleras. En los años siguientes a 1852, el número anual de esclavos que llegaban al puerto de Río de Janeiro procedentes de otras provincias era por término medio de 3.370[4]. Otros fueron suministrados por vía terrestre. Aunque la cantidad es pequeña comparada con los 41.400 de promedio anual importados de África entre 1845 y 1850, ayudaron a nutrir la demanda aún insaciable de trabajadores en las plantaciones de café. Entre 1864 y 1874, el número de esclavos en la región del noreste, principalmente productora de azúcar, disminuyó de 774.000 (el 45 por 100 de los esclavos brasileños) a 435.687 (el 28 por 100), mientras que la región cafetalera aumentó su población esclava de 645.000 (el 43 por 100) a 809.575 (el 56 por 100); y la provincia de São Paulo más que dobló su número de esclavos: de 80.000 pasó a tener 174.622.

Sin embargo, la institución entró en un largo periodo de decadencia en la década de 1850. Al terminarse el comercio transatlántico de esclavos descendió el número total de los que había. El hecho de que desde muy pronto se hubiera dependido de la llegada de los esclavos de África era la causa de que hubiera una fuerte desproporción entre el número de esclavos y esclavas existente, ya que solamente una tercera parte de los esclavos transportados a Brasil fueron mujeres. Debido en parte a la práctica de dar la libertad a las niñas, el número de mujeres embarazadas entre las esclavas nacidas en Brasil fue relativamente bajo. La alta tasa de interés que indujo a manumitir a las niñas también hizo que no fuera conveniente cuidar de las mujeres embarazadas o los niños recién nacidos. Sin duda, el trabajo y las condiciones de vida duras también indican una mortalidad elevada de hombres y mujeres. Una ropa pobre, una casa inadecuada y una comida insuficiente (la mayoría de escasa calidad), así como un exceso de trabajo, explican en gran parte el descenso de la población esclava. Las epidemias de fiebre amarilla, de viruela y de cólera que marcaron la década de 1850 incidieron especialmente en los ya debilitados esclavos. No existe ninguna cifra fiable sobre el número de esclavos en 1850, pero se ha estimado que debían ser entre dos y dos millones y medio. Hacia 1864, Agostinho Marques Perdigão Malheiro, un cuidadoso estudioso de la esclavitud, dio una cifra de solamente 1.715.000 y el censo oficial de 1872 (que no incluye los niños nacidos después de septiembre de 1871) la de 1.510.806.

Mientras tanto, a medida que los esclavos se concentraban más en algunas regiones, las élites empezaron a dividirse sobre la cuestión de la esclavitud. En 1872, el porcentaje de esclavos entre los trabajadores agrícolas de las zonas azucareras de Pernambuco alcanzaba sólo el 14 por 100, mientras que en las zonas cafetaleras de la provincia de Río de Janeiro alcanzaba el 46 por 100. Los terratenientes del noreste quedaron lentamente mucho menos vinculados a la esclavitud a medida que vendieron sus esclavos y cada vez se inclinaron más por la mano de obra libre, pero dependiente. Mientras tanto, a finales de la década de 1860, cuando estaba a punto de terminarse el ferrocarril sobre los riscos de São Paulo y cuando los ricos fazendeiros cafetaleros adquirieron tierras en el oeste y organizaron compañías de ferrocarril para unirlas a la línea principal, se dieron cuenta que a menos de que no adoptaran un nuevo sistema de mano de obra se frustrarían las esperanzas que habían depositado en el futuro. Finalmente, aunque los saladeros del sur de Brasil utilizaban esclavos, nadie en la región, y mucho menos los ganaderos, dependía particularmente de la esclavitud. Solamente en la provincia de Río de Janeiro, así como en las regiones habitadas desde más antiguo de la de São Paulo, en la parte alta del Paraíba y en algunas partes de la provincia de Minas Gerais, aún se dependía mucho de la esclavitud y se quería que continuara siendo el sistema de mano de obra predominante en Brasil. Sin embargo, los esclavos ahora estaban más inquietos debido a que muchos de ellos habían nacido en Brasil, a que a menudo eran mulatos, y a que parecía que la promesa de manumisión iba disminuyendo.

Incluso antes de que en Brasil finalizara la trata de negros africanos se había intentado sustituir los esclavos por trabajadores que venían contratados desde Europa. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (1778-1859) había adquirido una buena porción de su fortuna con un negocio de importación de esclavos en Santos en las décadas de 1830-1840. También había invertido en varias plantaciones en las tierras altas paulistas y había proporcionado esclavos importados a sus vecinos además de usarlos en sus propias fincas. En 1847, persuadió al gobierno imperial y al provincial para que emitieran préstamos sin interés con los que pagó reclutadores que viajaron a Alemania y a Suiza que estaban asoladas por el hambre de la patata. Los primeros trabajadores contratados fueron a trabajar a su propia plantación, donde los instaló en chozas de cañas y barro y les dio arbustos de café para que los plantaran, cultivaran y recolectaran sus frutos bajo un sistema de partición de cosecha. Los plantadores vecinos pronto empezaron a tomar a su servicio a trabajadores inmigrantes a través de su firma. También otros comerciantes de Santos siguieron su ejemplo con éxito. Pero al cabo de unos años se abandonó el experimento porque los inmigrantes, a quienes se les censuró la correspondencia, se les bloqueó su salida de la plantación y se les incrementó sus deudas a consecuencia de la manipulación de las cuentas que hacían los plantadores, no quisieron someterse a este tipo de disciplina que se parecía a la que sufrían los esclavos. En 1856, un grupo de trabajadores suizos de una de las fincas de Vergueiro, alarmados por las amenazas de muerte que recibió su portavoz, Thomas Davatz, se armaron mientras esperaban que se hiciera una investigación oficial sobre la acusación que habían presentado de que Vergueiro les había estafado. Sin embargo, éste alegó que preparaban una rebelión con la ayuda de los esclavos y que recibían instrucciones de un «comunista» suizo que vivía en São Paulo[5]. El incidente mostró lo difícil que era ejercer el control sobre los europeos libres con maneras heredadas del sistema esclavista. La facilidad que había para comprar esclavos procedentes del noreste y el hecho de que hubiera brasileños libres disponibles para trabajar y que fueran más dóciles paralizaron el proyecto de otros intentos similares y pospusieron por otros treinta años las tentativas serias de atraer agricultores europeos.

La relación entre los patronos rurales y los trabajadores libres nacidos en Brasil se parecía mucho a la esclavitud. Por ejemplo, entre estos trabajadores estaba el agregado que sobre todo existía en la zona azucarera del noreste y en las regiones cafetaleras de Río de Janeiro y São Paulo. Un agregado dependía de alguna otra persona, especialmente en cuanto a la casa o espacio donde vivía. Podía tratarse de un miembro de la familia —padre, madre, hermano o hermana respetable— que necesitaba una fuente de ingresos independiente; sin embargo, más a menudo un agregado era un trabajador agrícola pobre o una madre soltera, a veces un liberto, a quien los propietarios garantizaban el derecho a cultivar productos de subsistencia en alguna parcela marginal de la propiedad. A cambio, el agregado ofrecía servicios ocasionales y sobre todo lealtad. Para los hombres, a menudo podía significar participar armado en las disputas electorales o en contra de los propietarios vecinos rivales. Las demandas de seguridad de los agregados continuaban siendo débiles y los propietarios podían expulsarlos sin vacilar. Por otro lado, los agregados también eran libres de irse si encontraban otro protector y a veces los propietarios se lamentaban de que los agregados les abandonasen por otros «sin dar la menor satisfacción»[6]. En la ciudad, la aportación de los agregados a la economía familiar generalmente se parecía a la de un aprendiz o criado doméstico. Tanto en la ciudad como en el campo, la protección del patrón por un lado y la lealtad y el servicio por otro caracterizaban la relación. Sin embargo, el pago ocasional en metálico del trabajo o de los excedentes de cultivo y la incertidumbre de la vinculación a un propietario en particular revelan la penetración parcial de la retribución monetaria y la existencia de unas relaciones sociales cada vez más fluidas.

En el área del noreste, productora de algodón y alimentos, situada entre la región costera productora de azúcar y el interior ganadero, los propietarios —poseedores de extensiones más pequeñas que en la costa— normalmente recurrían casi exclusivamente a los agregados y para el trabajo confiaban más en ellos que en los esclavos. A finales de 1874, cuando un importante número de campesinos se levantó —aparentemente sin jefe— en una breve revuelta llamada la «Quebra Quilos» en contra del pago de nuevos impuestos sobre los granos y los vegetales (irrumpieron en el mercado, agrediendo a los comerciantes locales que se habían aprovechado de la introducción del sistema métrico para alterar los precios), los condescendientes propietarios del interior no fueron atacados, y tampoco lo fueron las notarías que guardaban escrituras de propiedad agraria. Es más, los agregados de la región costera azucarera, bajo el liderazgo de los propietarios de ingenios, acabaron con la revuelta. El peso psicológico de la dependencia variaba mucho de una región a otra.

Tanto si eran agregados como si eran jornaleros asalariados, recibían una compensación mínima por su trabajo. Los salarios rurales de este periodo no han sido estudiados sistemáticamente, pero la evidencia sugiere que apenas alcanzaban para asegurar la subsistencia. Muchos trabajadores libres vivían al margen de la economía de mercado, en la mayor miseria, descalzos, enfermizos y desnutridos. Los pequeños propietarios —algunos de los cuales también trabajaban a tiempo parcial por dinero— lo pasaban un poco mejor. Obtener tierra fue mucho más difícil después de la aprobación de la ley agraria de 1850 que intentó acabar con las ocupaciones de tierra. Los que ocuparon tierras lo hicieron de forma insegura, colocados precariamente entre las propiedades de los ricos. Tuvieron que aliarse con los poderosos y brindar respeto a cambio de seguridad y protección.

Un plantador brasileño recurría astutamente a la fuerza o a las promesas de recompensa o protección, para manipular tanto a sus trabajadores —libres o esclavos— como a sus vecinos dependientes. Con una atención esmerada a su honor y status social —que a veces exigía gastos conspicuos o una generosidad ostentosa— intentó, con éxito total, legitimizar la deferencia que recibía de otros que se encontraban en una situación inferior en la escala social. Algunas veces los esfuerzos realizados por los plantadores para reforzar y mantener su autoridad dentro del sistema social independiente de la fazenda han inducido a error a los observadores, negándoles racionalidad económica. Probablemente la mayoría de los plantadores no encontraron ninguna tensión entre las reglas del señor paternalista y las del emprendedor capitalista. Entendieron la compleja estructura interna de la economía de exportación de Brasil y se preocuparon de sus beneficios y pérdidas frente a los intermediarios brasileños y las casas de exportación. Eran conscientes del papel de Brasil en la división internacional del trabajo y seguían con atención los precios mundiales. También se preocuparon del conjunto de la economía brasileña —el desarrollo del ferrocarril, la expansión del sistema bancario, el nivel de las importaciones y exportaciones, incluso del comienzo de la manufactura—, siendo parte vital de sus intereses.

Antes del ferrocarril, las mulas fueron el principal medio de transporte tanto de mercancías como de personas. Los arrieros, contratados por los propietarios, conducían el café a través del valle del Paraíba hasta las pequeñas ciudades de la costa donde era embarcado hacia Río de Janeiro en pequeñas embarcaciones; o bien conducían sus recuas directamente a Río de Janeiro, donde los animales ensuciaban las ya inmundas calles. Una mula podía transportar dos sacos de café de 60 kilos cada uno por los escarpados caminos hasta la costa. Para llegar hasta allí, las mulas habían de pasar por zonas escarpadas, descendiendo a veces 760 metros en 8 km. Las fuertes precipitaciones sobre los escarpados hizo que todo el mundo se quejara de la incapacidad del gobierno para mejorar las carreteras de montaña, aparte de poner unas pocas piedras grandes y planas en las curvas más pronunciadas. A menudo las mulas se hundían en las ciénagas, el café se mojaba y el descenso se retrasaba varias horas hasta que se podían sacar las mulas de allí. En el terreno más llano del noreste, las lentas carretas de bueyes transportaban las pesadas cajas de azúcar hacia la costa, mientras sus ejes chirriaban.

Los arrieros, que a menudo eran comerciantes independientes, compraban las mulas —que habían sido llevadas desde Río Grande do Sul— en la feria de ganado que se celebraba en el sur de la provincia de São Paulo. Además de transportar los productos de exportación, los arrieros unían las ciudades interiores hasta el norte, conectando la rica zona cafetalera de São Paulo y Río de Janeiro con la zona productora de Bahía y Pernambuco y, aún más lejos, con Piauí, Maranhão y Pará. Algunos compraron tierra y se convirtieron en plantadores. Mientras las ciudades portuarias orientaban su comercio marítimo más hacia Europa que entre ellas, sus hinterlands estaban interconectados por una red de rutas muleras.

Los plantadores de café del valle del Paraíba estaban muy interesados en la construcción de carreteras, pero disponían de recursos limitados. Los principales senderos de mulas que atravesaban la región habían sido abiertos por los primeros plantadores y después algunos grandes propietarios abrieron suscripciones para hacer mejoras o buscaron subsidios del gobierno para construir puentes. Sin embargo, sobre todo se preocuparon de asegurar el acceso de su propia fazenda a las principales rutas. La primera carretera para vehículos rodados que cruzó los escarpados del sur unió Río de Janeiro y el refugio veraniego de la familia real en Petrópolis. En la década de 1850, una compañía de diligencias privadas amplió esta ruta hasta la región cafetalera y sobre el macadán circularon carruajes tirados por caballos. Una carretera peor unía Santos y São Paulo, donde las recuas fueron el sistema de transporte corriente hasta que fueron sustituidas por el ferrocarril.

El mayor obstáculo para la construcción del ferrocarril en Brasil fue la falta de capital. A pesar de la prosperidad de los productores de café, en este periodo no tenían suficiente capital ni para financiar ellos mismos su construcción ni para atraer inversores extranjeros, quienes estaban más interesados en expansionar la red ferroviaria de otros países, sobre todo Estados Unidos. Sólo en 1852, cuando el gobierno brasileño garantizó unos beneficios al capital invertido, los inversores vieron perspectivas atractivas en Brasil. Sin embargo, a pesar de estas garantías, el primer proyecto para conectar el puerto de Río y el valle del Paraíba a través de los escarpados no atrajo a los especuladores extranjeros. Los plantadores de café se lanzaron a la empresa (el ferrocarril de Dom Pedro II), pero la mitad de la inversión fue financiada con dinero del erario público. No obstante, la compañía fracasó y el gobierno asumió todos los gastos de la construcción de la línea. Su primera fase se completó en 1858 y los raíles alcanzaron el río Paraíba a principios de la década de 1860. En 1868, la construcción del ferrocarril de São Paulo, una línea corta mucho más rentable que conectaba el puerto de Santos con las llanuras del otro lado de la cordillera costera de São Paulo, a largo plazo resultó ser aún más importante para la exportación de café. Apoyándose sobre una serie de niveles inclinados, este ferrocarril de propiedad británica superó las mayores dificultades técnicas y abrió el camino para la generalización de las líneas férreas brasileñas en los nuevos distritos productores de café de la provincia de São Paulo. También durante las décadas de 1850 y 1860, los inversores británicos construyeron otros ferrocarriles en el noreste, destacando las líneas Recife-São Francisco, el del Great Western de Brasil y el de Bahía y São Francisco, impulsando inconscientemente a los plantadores de azúcar a que abrieran nuevos campos de cultivo en lugar de fertilizar los antiguos. En Brasil se demoró por mucho tiempo la construcción de redes ferroviarias que conectaran las principales ciudades entre sí en vez de aquellas líneas que unían las regiones rurales a un puerto. Con su fuerte inversión en rutas concretas, los ferrocarriles tendieron a encerrar a cada región en sí misma, debilitándose los lazos con el interior que los arrieros habían establecido con su comercio.

Los plantadores brasileños controlaban la producción, pero los hombres de negocios británicos y norteamericanos predominaban en el comercio de exportación, tanto del café de Río de Janeiro y Santos como del azúcar de Recife y Bahía. Desde mediados de la década de 1840 hasta finales de la de 1880, las 20 principales firmas exportadoras de Río de Janeiro —que controlaban las cuatro quintas partes de las exportaciones de café— eran todas propiedad de extranjeros. Phipps Brothers (inglesa), Maxwell, Wright y Cia. (norteamericana) y Edward Johnston y Cia. (inglesa) dominaban la exportación de café. Las casas brasileñas y portuguesas más importantes iban bastante más atrás. Las firmas exportadoras británicas aún controlaban mejor el comercio del azúcar, quizá porque la mayor parte de las exportaciones del azúcar de Brasil iba a Gran Bretaña.

Entre los plantadores y los exportadores había una serie de intermediarios, la mayoría de los cuales eran brasileños o portugueses. Por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, cien o doscientos agentes comerciales cafetaleros (comissários) vinculaban la plantación con el comercio internacional. El agente almacenaba el café cuando llegaba a la ciudad, tanto si lo hacía en mulas como por ferrocarril. Como agente comercial del plantador, intentaba que el café tuviera el mejor precio posible, obteniendo él un porcentaje de su valor. Además, el agente comercial compraba buey atasajado, granos o harina de mandioca para alimentar a los esclavos, herramientas y otros instrumentos para descascarillar el café, e incluso sacos para guardarlo. A medida que los plantadores de café se enriquecieron, el agente también les proporcionaba objetos de lujo, vestidos y sombreros de París, vino y mantequilla, cristal y porcelana china, pianos y libros.

De entre todas estas actividades, que incluyen la entrega de esclavos, la principal actividad del agente comercial era procurar créditos. Fabricantes extranjeros y comerciantes locales le suministraban mercancías y esclavos a crédito que luego él transfería a los plantadores. Éstos liquidaban sus cuentas con sus agentes comerciales durante la cosecha, pero cuando ésta era mala confiaban en que retrasara el cobro de la cuenta hasta el año siguiente. Algunas veces los agentes convertían los préstamos a corto plazo en hipotecas. Para los plantadores, los agentes eran imprescindibles para asegurarse el financiamiento mientras esperaban la siguiente cosecha y también para periodos más largos.

Aunque los plantadores de café se quejaban algunas veces del trato que recibían de sus agentes, lo hacían pocas veces por una simple razón: los plantadores y los agentes eran a menudo parientes y aún más a menudo socios, y algunas veces una misma persona ejercía las dos funciones. Los historiadores, basándose en casos aislados, empezaron por suponer que entre los comerciantes y los plantadores había hostilidad, pero investigaciones recientes han demostrado que una sexta parte de los socios de estas firmas comerciales eran plantadores de café del interior; es más, han demostrado que muchos otros comerciantes, aunque vivían en la ciudad, eran propietarios de plantaciones[7]. Otros se casaron con las hijas de los plantadores y así sus hijos se convertían en plantadores y agentes comerciales. Los plantadores se unieron a los comerciantes, e incluso a algunos extranjeros, en las sociedades comerciales de Recife, Bahía y Río, presionando conjuntamente para proteger sus mismos intereses en el comercio de exportación. Cuando los agentes comerciales se peleaban con los plantadores, lo hacían más a menudo con los menos importantes que con los verdaderamente ricos. Tomemos un ejemplo para demostrar la alianza del comercio y la tierra. Antonio Clemente Pinto (1795-1869) llegó sin un real a Río procedente de Portugal siendo aún un niño para emplearse como chico de los recados. Gracias al duro trabajo y a su perspicacia y suerte en los negocios, triunfó en el mundo de los negocios primero como traficante de esclavos y más tarde como agente comercial cafetalero. Después compró tierra y hacia 1850 ya era uno de los principales terratenientes de la provincia de Río de Janeiro, recibiendo el título de barón de Nova Friburgo en 1857. Prestó dinero a otros plantadores e invirtió en el ferrocarril. Su casa en el elegante barrio de Catete de la ciudad de Río, decorada de forma muy elaborada por arquitectos y diseñadores inmigrantes, más tarde pasó a ser el palacio presidencial brasileño. El patrimonio de Pinto se valoró en casi 800.000 libras esterlinas (más de 3,5 millones de dólares) al cambio de entonces. Dejó 14 fazendas de café, más de 2.000 esclavos, su firma comercial y varios inmuebles urbanos, uno de los cuales almacenaba unas 1.500 botellas de vino importado.

Sólo un paso separaba el corretaje de la banca. El capital procedente de los beneficios obtenidos del café se prestaba de un plantador a otro: a miembros de la familia, a vecinos de confianza, o con la calculada esperanza de extinguir una deuda sobre propiedades que se apetecían. Como socios de casas comerciales que concedían créditos comerciales, los plantadores se habían acostumbrado a calcular los riesgos y a estimar las irregularidades del mercado monetario. Hacia la década de 1850, los plantadores se sumaron a los agentes comerciales cafetaleros como los mayores inversores de diferentes bancos. Los inversores depositaban fondos que previamente habían prestado a los traficantes de esclavos. Casi todos estos bancos se dedicaban a los préstamos comerciales, sobre todo a favor de agentes comerciales que retenían las obligaciones de los plantadores como fianza. Algunos bancos estaban también autorizados a emitir moneda, especialmente entre 1857 y 1860, cuando se liberalizó la ley bancada por poco tiempo. La opinión financiera atribuyó la crisis financiera de 1864, que provocó la quiebra de varias importantes firmas bancarias, tanto al efecto prolongado de esta liberalización como a su posterior supresión. Tres bancos británicos fundados en 1862 se salvaron de la crisis y llegaron a prosperar. No fue hasta la siguiente década, cuando se modificó la legislación y se hizo más fácil recuperar los préstamos morosos, que los bancos hipotecarios empezaron a prestar dinero directamente a los plantadores. No obstante, como no existían sólidos títulos de propiedad sobre la tierra, los esclavos siempre fueron importantes como fianza; si los esclavos envejecían y no podían ser reemplazados, los plantadores aún tenían más dificultades para obtener fondos para la modernización o expansión a largo plazo. No era la esclavitud, sino su prometido fin lo que parecía amenazar la prosperidad exportadora.

El crédito financiaba las importaciones, que en su mayor parte procedían de Gran Bretaña. Al final de la década de 1840, los británicos suministraban la mitad de los productos importados por Brasil; Estados Unidos, el segundo mayor proveedor, sólo proporcionaba una décima parte de ellos. Hacia 1875, los franceses habían suplantado a los estadounidenses, pero los británicos todavía ocupaban la primera posición. Entre 1850 y 1870, el 70 por 100 de las importaciones británicas consistía en tejidos y la mitad del 30 por 100 restante la formaban otros bienes de consumo. Solamente un 15 por 100 eran bienes de capital y materias primas —ferretería y otros utensilios de hierro, carbón, cemento y maquinaria—. La mayoría de las importaciones llegaban a Río de Janeiro (el 54 por 100 entre 1845 y 1849); las de Bahía (19 por 100) y Recife (14 por 100) estaban muy por debajo. Los extranjeros, sobre todo los británicos, poseían la mayor parte de las firmas importadoras. Las firmas extranjeras vendían a los mayoristas o, aún más a menudo, a los detallistas y, a través de los comissários, a los propios terratenientes. Ellos aseguraban que los esclavos de las plantaciones se vistieran con tejidos de algodón británico y manejaran azadas británicas.

Cualquier medida dirigida a restringir las importaciones —como los aranceles proteccionistas que pedían los que querían ser fabricantes— topaba con la firme oposición de los políticos que querían mantener el precio de las importaciones bajo y así disminuir el coste de los productos de exportación. Por otro lado, tanto los plantadores como los comerciantes querían que ciertas funciones gubernamentales que requerían rentas públicas se cumplieran de una manera eficaz, prefiriendo que estas rentas procedieran de aranceles sobre las importaciones más que de ningún otro recurso. En el tercer cuarto del siglo XIX los impuestos sobre los productos importados sumaban el 60 por 100 de los ingresos del gobierno, mientras que sólo el 16 por 100 procedía de los impuestos sobre las exportaciones. En 1844, el gobierno se liberó de la limitación de la tarifa aduanera del 15 por 100 acordada en el tratado anglo-brasileño de 1827. El nuevo arancel se elevó en general al 30 por 100 y en algunos casos al 60 por 100. Aunque básicamente respondía a un propósito fiscal, tuvo un moderado efecto proteccionista y durante algún tiempo ayudó a los artesanos tradicionales a resistir el abultado flujo de manufacturas importadas. Sin embargo, el ministro de Hacienda del nuevo gobierno conservador de 1848, Joaquim José Rodrigues Torres, el futuro vizconde de Itaboraí (1802-1872), que también era plantador de café, nombró una comisión para estudiar y revisar el arancel. El informe publicado en 1853 defendía entusiásticamente las virtudes del libre comercio. Sus autores, citando a gran número de autoridades en la materia, principalmente británicas, se mostraron muy adictos al principio de que los gobiernos no debían restringir el comercio internacional. Según ellos, Brasil debía concentrarse en lo que hacía mejor: producir café. Sin embargo, la necesidad de ingresos por parte del gobierno retrasó las medidas potenciadoras del libre comercio hasta el arancel de 1857 y el aún más liberal de 1860, que redujeron mucho los derechos aduaneros. Los costos de la guerra paraguaya (1864-1870), que exigieron ingresos adicionales, provocaron la subida de los aranceles, pero sin un propósito proteccionista.

En cualquier caso, la mayoría de las manufacturas eran talleres artesanales. Operarios especializados y no especializados trabajaban en grupos de 10 a 20 personas en pequeños establecimientos confeccionando sombreros, zapatos, sillas de montar, encuadernaciones, cuerdas y muebles. También trabajaban en fábricas de cerveza y de rapé, preparaban aceite vegetal o enlataban alimentos. El jabón y las velas se producían asimismo localmente. Hacia 1861, capitalistas brasileños o extranjeros habían establecido diez fundiciones, aunque su número decreció posteriormente a media que se hizo más fácil importar maquinaria y piezas de repuesto. Al tiempo que las comunicaciones con el interior mejoraron, los tejidos hechos allí con telares manuales empezaron a ser antieconómicos debido a la competencia de los tejidos importados. Por encima de todo, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos impedía el desarrollo económico: la existencia de la esclavitud y la gran desigualdad en la distribución de la riqueza que se daba entre los libres restringían considerablemente el mercado de bienes de consumo.

No obstante, en la década de 1840 se establecieron en Brasil dos fábricas de tejidos de algodón que prosperaron a mediados de siglo gracias a la protección arancelaria. En 1850 una de las fábricas de las inmediaciones de Río de Janeiro, al pie de la sierra de Orgãos, tenía 50 telares, 2.012 husos y empleaba a 116 trabajadores. En 1861, una fábrica de Bahía poseía 4.160 husos y 135 telares. Hacia 1866 un total de 9 fábricas de algodón, 5 de ellas en Bahía, producían cada vez más cantidad de tejidos, con un total de 800 trabajadores, 350 telares y 14.000 husos. Casi todas funcionaban con energía hidráulica. Hacia 1875, había 30 fábricas, una tercera parte de ellas en Bahía y el resto en Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Sin embargo, solamente producían una parte muy pequeña del consumo brasileño.

Al final de la década de 1860, la guerra de Paraguay estimuló mucho la industria. El suministro al gobierno de material para la guerra lo hizo directamente, pero otros dos factores también contribuyeron a ello: la inflación provocada por el déficit gubernamental y la protección involuntaria provocada por el aumento generalizado de los aranceles que se hizo para poder pagar el esfuerzo bélico. Sin embargo, los hombres de negocios se lamentaban de que el gobierno prefiriera comprar, por ejemplo, uniformes importados de bajísima calidad antes que fomentar el desarrollo de las fábricas brasileñas.

Antes de la guerra, cierto empresario descolló sobre todo por la variedad de sus inversiones y por el esplendor de su actividad empresarial, así como por el éxito de sus negocios. Irineu Evangelista de Sousa, barón y más tarde vizconde de Mauá (1813-1889), nacido en Río Grande do Sul, empezó a trabajar a los 13 años como mozo de un importador británico de Río de Janeiro. Un tío le había proporcionado la colocación, pero después de esto confió principalmente en su propia habilidad tanto empresarial como política. A los 20 años era socio de la firma y a los 24 era su único director. Animado por el arancel de 1844 e influido por su temprana visita a las ciudades industriales de Inglaterra, estableció una fundición de hierro para abastecer al gobierno de cañerías para drenar una zona pantanosa de la ciudad de Río. Hacia 1850 empleaba a 300 trabajadores. Después de este establecimiento, Mauá construyó un imperio comercial. Pronto pujó con éxito para abastecer de gas a Río, y fabricó las cañerías y las lámparas necesarias. Posteriormente, compró y amplió un astillero donde llegó a construir 72 barcos pequeños, la mayoría de ellos de vapor. Fundó una compañía naviera para navegar por el Amazonas y una firma de remolcadores en Río Grande do Sul. Hacia 1857, había más que doblado el número de sus trabajadores hasta la cantidad de 667, incluyendo a 85 esclavos de su propiedad, a 70 alquilados y a 300 extranjeros.

La reducción de aranceles que se efectuó en 1857 obligó a Mauá a competir con los productos extranjeros, y entonces prestó más atención a sus actividades bancarias y a otros tipos de inversiones. Desde 1840 era socio de un banco comercial de Manchester junto con su socio británico. En 1851 fundó su primer banco en Brasil; otro banco de Mauá no sólo abrió sucursales por todo el sur de Brasil sino también en Uruguay y Argentina. Concibió los bancos vinculados a la construcción del ferrocarril, sector en el que también invirtió grandes sumas de dinero. Es más, construyó el primer ferrocarril de Brasil (1854), que sólo tenía 14 kilómetros de recorrido y que además no llevaba a ninguna parte, pero, como él mismo dijo, sirvió como muestra de lo que era el ferrocarril y para qué servía[8]. Más importante fue la fuerte inversión de Mauá en el ferrocarril de São Paulo y sus arriesgados grandes anticipos al contratista cuya quiebra socavó seriamente su propia posición financiera. La crisis que arruinó a varios bancos comerciales en Río en 1864 agotó aún más los recursos de Mauá. Su simultáneo compromiso político en Uruguay como jefe financiero de un gobierno inestable lo llevó a la ruina; la siguiente crisis financiera de Brasil (1875) le llevó finalmente a una previsible quiebra.

En todas sus actividades, Mauá era en cierta manera un cliente del gobierno dominado por los terratenientes, y como todos los clientes se encontró con que sus intereses eran sacrificados cuando convenía al patrón. Sin embargo, el hecho de que el gobierno no prolongara los crédito a este Mauá asediado no procedió de la hostilidad de la clase señorial respecto a su actividad comercial, como algunos han aducido, sino a la habilidad de los plantadores para usar el sistema para defender sus intereses económicos con más perspicacia que él.

Las decisiones económicas se tomaban cada vez más en las ciudades portuarias. Su clase media y alta la constituían los agentes cafetaleros y otros comerciantes, los banqueros, los industriales incipientes, los directores de compañías de seguros, los agentes de líneas navieras y los funcionarios altos y bajos, junto con los tenderos, los hosteleros, los abogados, los doctores y los maestros. Sus empleados o esclavos —estibadores, criados, albañiles, aguadores, costureras, marineros, contables, oficinistas— completaban la sociedad urbana. Hacia 1872, la ciudad de Río de Janeiro tenía una población de más de un cuarto de millón de habitantes y Recife y Salvador tenían más de cien mil cada una. No eran grandes ciudades según las pautas internacionales, pero comparadas con otras ciudades de Brasil o con ellas mismas hacía unos años parecían enormes.

Los esclavos realizaban gran parte del trabajo en estos centros urbanos en expansión. Eran ellos los que llevaban las sillas de mano gracias a las cuales se desplazaban las señoras elegantes. En el puerto cargaban los sacos de café en los barcos anclados. También los transportaban hasta los almacenes; se decía que su pesada carga destrozaba las caderas y las rodillas de un hombre en 10 años. Los viajeros extranjeros hacían a menudo observaciones del extendido uso de esclavos en los talleres artesanales. Una ciudad como Recife o Salvador, y mucho más el centro metropolitano de Río de Janeiro, necesitaba una serie interminable de artesanos como plateros, carpinteros, albañiles, pintores, zapateros, que tanto eran esclavos como gente libre. Los esclavos domésticos, principalmente las mujeres, no sólo eran empleados por la clase alta sino también por la clase media para ir a buscar agua o para llevar la compra del mercado, para lavar la ropa en los lavaderos públicos o para vaciar la basura y los orinales en la playa.

Dos costumbres acercaban la esclavitud urbana al trabajo asalariado. A menudo los esclavos no trabajaban para sus propietarios, sino que lo hacían para alguna otra persona que los alquilaba. La práctica flexibilizó el trabajo esclavo de una manera que a menudo los teóricos posteriores han ignorado. En este caso el patrón tenía solamente un nexo monetario con sus trabajadores y prefería contratar otro trabajador que gastar esfuerzos o recursos extraordinarios en ejercer una autoridad personal mediante la fuerza o los favores. Algunos esclavos se autoalquilaban dando a cambio a su amo una cantidad fija al mes. Estos esclavos encontraban su propio trabajo, contratando su especulación o su fuerza lo mejor que podían, guardándose toda cantidad por encima de lo que el amo les pedía. Se buscaban su propio alojamiento, se ocupaban de todas sus necesidades y a veces incluso contrataban a otros —esclavos o libres— para que trabajaran para ellos.

Al incrementarse la demanda de esclavos debido a la expansión del sector cafetalero, los esclavos urbanos disminuyeron en número y en proporción respecto a la población total urbana. Docenas de propietarios de esclavos urbanos, tentados por los altos precios que pagaban los plantadores, vendieron sus esclavos para que trabajaran en las plantaciones, acudiendo a trabajadores libres para abastecer sus necesidades de mano de obra. En Río de Janeiro en 1870 había 30.000 criadas, de las cuales solamente el 43 por 100 eran esclavas[9]. Los esclavos también fueron sustituidos por trabajadores asalariados en la manufactura algodonera. Los trabajadores de las fábricas de algodón eran mayoritariamente mujeres y niños libres, «procedentes —decía un contemporáneo— de las clases más pobres, y algunos de la más profunda miseria»[10]. Al mismo tiempo, inmigrantes expulsados de Portugal por la falta de trabajo pero poco dispuestos a trabajar en los cafetales en las duras condiciones propias de la esclavitud, buscaban trabajo en las ciudades de Brasil. Algo más de 300.000 inmigrantes llegaron durante los 30 años que transcurrieron de 1846 a 1875 (unos 10.000 por año); la mitad de ellos eran portugueses (véase el cuadro 2). Hacia 1872, había más inmigrantes portugueses en Río de Janeiro que esclavos.

CUADRO 2

Inmigrantes en Brasil, 1846-1875

Años | Portugueses | Alemanes | Italianos | Otros | Total
1846-1850 | 256 | 2.143 | 5 | 2.399 | 4.925
1851-1855 | 25.883 | 5.213 |  | 7.936 | 39.078
1856-1860 | 43.112 | 13.707 |  | 25.813 | 82.669
1861-1865 | 25.386 | 7.124 | 3.023 | 15.354 | 50.970
1866-1870 | 24.776 | 5.648 | 1.900 | 13.689 | 46.601
1871-1875 | 32.688 | 5.224 | 4.610 | 37.716 | 81.314
TOTAL | 152.101 | 39.058 | 9.533 | 102.907 | 305.557

FUENTE: Imre Ferenczi, comp., International Migrations, ed. Walter F. Willcox, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1929, pp. 549-550.

La ciudad ofrecía oportunidades que no existían en las zonas rurales tanto para los esclavos como para los libres. Las ciudades, a cambio de una mayor despersonalización de las relaciones humanas, permitían una mayor movilidad social y una mayor tolerancia de costumbres. Los negros podían fácilmente crear y transmitir sus costumbres, lengua, música, tradiciones familiares, en definitiva: su cultura. Las criadas, aunque muy controladas, podían disfrutar de momentos de libertad durante la rutina cotidiana; se movían por la ciudad con más familiaridad y con menos limitaciones que sus dueñas, acorraladas por los hábitos coercitivos de una celosa sociedad patriarcal. No obstante, las relaciones entre trabajadores y patronos, tanto si se trataba de esclavos como de personas libres, de brasileños o de portugueses, giraban en torno a los favores otorgados a cambio de lealtad. Los valores de una sociedad jerárquica aún impregnaban la vida urbana. Por ejemplo, los propietarios de talleres o los comerciantes de la ciudad vivían en el mismo lugar que trabajaban y cerca de sus empleados: los trabajadores dormían en la trastienda y el patrón y su familia en el piso superior. Incluso el fabricante, al igual que el paternalista plantador, proporcionaba comida, ropa y alojamiento además de enseñar el oficio. Los patronos controlaban el uso del tiempo libre que tenían los trabajadores, observando sus idas y venidas, sus amistades fortuitas, en resumen, toda su conducta. Los trabajadores a menudo no percibían ningún salario, sino que simplemente tenían las necesidades diarias cubiertas y quizá se les daba una bonificación en metálico al final del año que dependía de su buena conducta (de este modo, se acortaba la brecha entre el esclavo y la persona libre). Si bien en las ciudades los trabajadores libres eran menos maltratados que los esclavos, en cambio estaban continuamente amenazados con el despido, que no sólo significaba perder el salario sino también, y sobre todo, el alojamiento y la protección. La falta de alternativas en las ciudades transformó de hecho tales amenazas en una violencia enmascarada. Incluso cuando la esclavitud disminuyó en las ciudades, el salario en metálico solamente sustituyó muy lentamente las obligaciones de dependencia. A pesar de que cada vez menos habitantes de las ciudades defendían el mantenimiento de la esclavitud, los esclavos continuaron formando parte del escenario urbano hasta que se abolió la esclavitud en 1888.

En 1870, los terratenientes aún ejercían un fuerte control en la mayoría de las decisiones políticas, si bien con el crecimiento de las ciudades emergieron grupos ajenos e incluso hostiles a los hacendados. Naturalmente, si la pretendida dicotomía entre comerciantes y terratenientes se reconoce más como una creación de los historiadores que como una realidad en el pasado y se hace constar que de existir sólo ocasionalmente llevó a un conflicto de intereses, se puede decir que los terratenientes y los comerciantes conjuntamente jugaron el papel dominante en el sistema político. Hasta 1870, los manufactureros no formaron una importante o independiente fuerza política y muchos de ellos eran también comerciantes dedicados al comercio de exportación-importación. Los no propietarios, libres o esclavos, aunque desde luego eran la inmensa mayoría, influían poco en el gobierno exceptuando los largos procesos de resistencia pasiva. Algunos historiadores han alegado que una clase burócrato-política fue el contrapeso de los hacendados, pero la mayoría de los políticos y los burócratas simultáneamente poseían tierra o estaban conectados a los intereses de los terratenientes por lazos familiares. Otros, a través de sus lazos con los intereses de los comerciantes y financieros, tenían esencialmente los mismos intereses que los hacendados. Incluso los propietarios que consideraban que no recibían del sistema la parte de beneficios que les correspondía estaban contentos de ceder a los sectores más ricos el poder a fin de que mantuvieran el orden social —tan esencial para seguir controlando los esclavos y las clases más bajas— y la estabilidad política que los escritores brasileños no paraban de contrastar con los disturbios pretendidamente endémicos de Hispanoamérica. Los valores que justificaban la jerarquización social también reforzaban la autoridad de los acaudalados dentro del sistema político.

En Brasil reinaba un monarca constitucional. El consejo de ministros era responsable ante él y ante el Parlamento, que constaba de un Senado formado por poco más de cincuenta miembros y de una Cámara de Diputados con alrededor de 120. El emperador con la ayuda de un Consejo de Estado nombraba a los senadores de entre los tres candidatos más votados de cada provincia. El cargo de senador era vitalicio. Los diputados eran elegidos mediante unas elecciones indirectas realizadas por lo menos cada cuatro años. En 1831, Pedro II (1825-1891), entonces un niño, había sucedido en el trono a su padre Pedro 1 (1798-1834) cuando éste abdicó. Hacia 1850 —tenía él entonces 25 años ya— no confiaba en la reducida camarilla de consejeros que habían guiado sus primeros pasos como gobernante, pero él, mucho más sensible que su padre a la realidad del poder económico y político de Brasil, aún ejercía con gran cautela los poderes que la constitución de 1824 le otorgaba.

Era útil para juzgar las disputas entre los miembros de la clase dominante. A pesar de sus muchas órdenes dirigidas a los miembros del consejo de ministros generalmente abogando por reformas moderadas, sólo hicieron caso de sus consejos ocasionalmente. Nunca fue capaz de —y raramente deseó— imponer cambios básicos que pudieran amenazar los intereses de los acaudalados que le apoyaban. Nunca intentó desacreditar su cargo con actos inmorales o frívolos. El juicioso Pedro II, a menudo un hombre lúgubre, se ocupaba de los detalles minuciosos del gobierno, no porque manejara un vasto poder, sino porque tenía tan poco. Sin embargo, debido a que siempre se metía en detalles, se le culpó del fracaso de Brasil para acometer cambios importantes.

La presencia del emperador era muy visible. La nación invariablemente elegía representantes al Parlamento que apoyaban al consejo de ministros. Esto era así a pesar de que aparentemente existían las medidas liberales que protegían los derechos políticos de la oposición, mantenían la libertad de prensa e intentaban asegurar el recuento honesto de los votos. Solamente el emperador, despidiendo a un primer ministro y nombrando a un miembro de la oposición, podía dar a otro partido el control de la maquinaria del gobierno. Haciéndolo, Pedro II no amenazaba a ningún grupo social dominante ni a ningún interés económico, dado que tanto el Partido Conservador como el Liberal contaban virtualmente con el apoyo del mismo electorado en términos sociales y económicos —y en algunos casos alternándose el apoyo de los mismos votantes—. Más bien respondía a las necesidades del momento, acelerando o restringiendo pequeños cambios en la dirección esperada por los líderes políticos y burocráticos en contacto próximo con los asuntos regionales.

Un Consejo de Estado, compuesto de doce políticos experimentados, nombrados de por vida por el emperador, le aconsejaba en el ejercicio de su «poder moderador». Por costumbre, el emperador, al elegirlos, contaba con las propuestas del primer ministro. El emperador se dirigía al Consejo para que le aconsejara en el ejercicio de su derecho de nombrar y destituir a los ministros. Cada consejo de ministros tenía que ganarse la confianza de la asamblea legislativa, o si no pedir al emperador que disolviera el Parlamento y convocara nuevas elecciones, cosa que él hacía después de consultar con los miembros del Consejo de Estado. El emperador tenía que aprobar las leyes y normalmente debía consultar al Consejo de Estado antes de firmarlas. El Consejo de Estado también actuaba como Tribunal de Justicia en los casos referentes a disputas entre secciones del gobierno y en los pleitos contra el gobierno; además, revisaba la constitucionalidad de las leyes y decretos.

El primer ministro, llamado presidente del consejo de ministros, escogía a los miembros de su gabinete con cuidado para equilibrar las ambiciones políticas confrontadas, las fuerzas regionales y las habilidades y contactos parlamentarios[11]. El consejo de ministros dirigía la política del gobierno. Trazaba el presupuesto para someterlo a la aprobación del Parlamento y, en la práctica, presentaba propuestas legislativas para que fueran discutidas. Más importante aún: nombraba a los demás funcionarios de la administración, y también nombraba, aunque bajo algunas restricciones, a todos los jueces y obispos y concedía la mayoría de los ascensos militares.

El nombramiento de los presidentes de cada provincia constituía la decisión más importante. Aunque responsables de llevar a cabo las órdenes mandadas por el consejo de ministros y asegurar el cumplimiento de las leyes del imperio, en realidad la principal función de los presidentes provinciales era conseguir resultados electorales favorables al consejo de ministros. El instrumento más importante para realizar esta tarea era el patronazgo. Los presidentes provinciales distribuían cargos como recompensa a la lealtad política pasada o futura. El consejo de ministros confiaba mucho en los presidentes para la información política y el buen juicio. Sin embargo, a pesar de su importante papel, los presidentes tenían un periodo de mandato muy corto. Estaban sometidos a la voluntad del primer ministro, quien, en la constante remodelación de la burocracia nacional, trasladaba los presidentes de provincia a provincia, llevándolos a Río para cubrir puestos claves, promocionándolos al consejo de ministros, o relegándolos a sinecuras menores cuando les consideraba inadecuados. Un número importante de presidentes estaban a la vez en el Parlamento, y por esta razón partían de su capital provincial a Río de Janeiro al comienzo de cada periodo de sesiones, dejando la administración cotidiana de la provincia en manos del vicepresidente.

Los principales agentes de los presidentes provinciales tanto para hacer cumplir la ley como para recoger la información política eran los jefes provinciales de policía y sus delegados, también nombrados por el gobierno central. Los subdelegados e inspectores de barrio (inspetores de quarteirão) —25 casas componían un barrio— llevaban la autoridad del gobierno central, al menos teóricamente, a cada localidad. Sin embargo, aparte del jefe, los oficiales de policía no recibían salario del gobierno sino que sus ingresos derivaban de sus actividades privadas ordinarias. Entonces, en las zonas rurales la mayoría eran propietarios que querían el cargo para ejercer una autoridad adicional especialmente sobre sus rivales locales. Henrique Marques Lins, el rico plantador de caña pernambucano, consiguió el cargo de delegado de policía para uno de sus yernos y colocó a un cuñado como subdelegado. Otros tres oficiales de policía de este municipio eran propietarios de 9 plantaciones. En las ciudades, los presidentes preferían abogados y jueces para estos cargos, pero a veces encontraban ventajoso nombrar a oficiales militares. Al confiar en ciudadanos normales el cumplimiento de sus órdenes, el gobierno dejaba abierta una vía de comunicación y reconocía el poder y la importancia de los magnates locales.

De la misma manera que desde antiguo el rey portugués gobernaba básicamente como un juez, la separación entre la autoridad judicial y la aplicación de la ley o las funciones policiales era confusa. Desde la aprobación de la controvertida ley de 1841, los delegados de policía locales tenían poderes judiciales. No sólo presentaban cargos sino que también reunían pruebas, escuchaban a los testimonios y presentaban al juez municipal —también nombrado por el gobierno central— una relación escrita de su investigación en la que se basaba el juez para su veredicto. Los jueces de paz, elegidos localmente, quienes en el pasado habían tenido autoridad policial, ahora sólo importaban para organizar las listas electorales. Para los ciudadanos ordinarios, los delegados de policía eran ahora el centro de la autoridad. La clemencia podía suavizar la severidad de la ley, especialmente para los que se conformaban políticamente; pero no cabe ninguna duda de que tal benevolencia podía ser negada.

A diferencia de los delegados de policía, los jueces —que compartían una educación común en una de las dos escuelas de derecho (a menudo empezaban en una y acababan en otra)— esperaban ascender dentro de una jerarquía profesional. Aunque podían tener tierras, esclavos o negocios, recibían un salario del gobierno y soportaban traslados frecuentes de un sitio a otro. Los jueces de los distritos (juízes de direito) tenían el cargo de por vida, pero normalmente estaban en una localidad solamente por cuatro años. Al final del periodo podían ser reasignados para otro mandato o ser «promocionados» a un juzgado de rango superior pero no siempre a un lugar más atractivo. Al finalizar el segundo mandato se enfrentaban, de nuevo, a la posibilidad de un cambio. En cualquier caso, un juez de distrito podía perder su posición para ser nombrado jefe de policía; después de servir en tal cargo, incluso por un breve periodo, volvía al estrado pero no necesariamente a su previa colocación. También podía quedarse sin plaza, percibiendo su salario mientras esperaba una plaza vacante. Los jueces de distrito procedían del grupo de los jueces municipales. Estos últimos podían ser trasladados a cualquier lugar aún más rápidamente, y durante las elecciones sus desplazamientos se parecían a los movimientos de una complicada partida de ajedrez.

Todos los funcionarios públicos que deseaban conservar sus cargos se ocupaban de que ganara las elecciones el partido entonces en el poder en Río de Janeiro. Las elecciones eran indirectas y el sufragio restringido. Además de darse por sentado que las mujeres y los esclavos estaban excluidos de las elecciones, la ley impedía la participación de los hombres menores de 25 años, los mendigos, los vagabundos y el servicio doméstico, así como a todos aquellos cuyas rentas procedentes de la propiedad no alcanzaran los 200 réis por año. Se discutía mucho cómo definir la renta y cómo probarla, pero cualquiera podía votar si su nombre aparecía en la lista de votantes. Este hecho —así como la decisión de si un votante potencial era realmente la persona nombrada— dependía por entero de la junta electoral. Un votante potencial, si precisaba acreditar sus ingresos o su identidad, sólo necesitaba presentar el informe jurado de tres testimonios para probar su caso; por otro lado, a su vez, las declaraciones en contra fácilmente podían hacer que se le denegara el derecho a votar. Si había testimonios opuestos —como, desde luego, había a menudo— la junta electoral decidía de acuerdo a su criterio. Desde 1846, los miembros de la junta dependían de los resultados de las elecciones previas. La votación era solamente para electores (a excepción de la elección de los concejales del municipio que eran elegidos directamente). Los electores se reunían en los colegios de los distritos electorales para elegir a los diputados al Parlamento, a los miembros de las asambleas provinciales y para nombrar a los senadores cuando había una vacante. El elector más votado de cada parroquia era el juez de paz y presidía la junta electoral en las siguientes elecciones; los demás miembros de la junta eran también electores.

El proceso electoral ofrecía amplias oportunidades tanto al gobierno local como a las oligarquías locales para poder presionar a los votantes. Los ciudadanos no votaban en secreto. Como muchos eran analfabetos depositaban en la urna la lista de candidatos a electores que les daba el patrón local. El delegado de policía mantenía el orden durante las elecciones; algunas veces significaba mantener alejados a los «perturbadores» —es decir, a los votantes de la oposición— de los lugares de votación. El juez municipal o el presidente provincial podían anular las elecciones, si se dudaba que hubieran sido limpias. Los mismos electores, como los potentados locales en general, tenían mucho que ganar si apoyaban al candidato del gobierno y mucho que perder si no salía elegido. Como consecuencia, invariablemente, las elecciones parlamentarias daban una mayoría favorable al gabinete ministerial entonces en el poder; algunas veces el apoyo al gobierno en la Cámara de Diputados era casi unánime. En 1855, la creación de distritos electorales de un solo miembro en vez de a escala provincial permitió que las minorías ganaran alguna representación en el Parlamento, ya que a partir de entonces el gobierno no pudo controlar plenamente todas las áreas; sin embargo, esta apertura se cerró otra vez al cambiarse la ley electoral en 1860 (véase más adelante).

Un político que aspirara a ser importante a nivel nacional, quizá ser primer ministro, demostraba su fuerza recompensando a sus seguidores con la ayuda de los oficiales locales. La columna vertebral del sistema político la constituía una articulada columna de patronazgo, puesto que los miembros del gabinete, o los que ellos nombraban directamente, podían designar individuos para cualquier cargo local —judicial, policial, educativo o de recaudador de impuestos[12]—. En última instancia, el patronazgo enlazaba la corte y la aldea conectando incluso a los agregados a un sistema nacional de obligaciones personales. A través del proceso político, los potentados locales defendían una estructura social clientelar y paternalista y la proyectaban a la generación siguiente. Un propietario de esclavos, o su hijo, también participaba en esta red para obtener cargos burocráticos, sinecuras, beneficios para su familia o para el vasto entramado de dependientes y clientes que cada miembro de la familia llevaba consigo. El Estado, por cierto, no era simplemente el «comité ejecutivo» de los económicamente poderosos, primeramente porque estos últimos no estaban de acuerdo ellos mismos sobre determinados fines y medios, y en segundo lugar porque la salvaguarda de todo el sistema requería acciones que lesionaban los intereses de los grupos poderosos. Pero el Estado reforzaba la hegemonía de los acaudalados al reproducir él mismo el orden paternalista de deferencia y favores.

Para mantener y consolidar la unidad nacional, el imperio recurrió a los conocimientos políticos y administrativos de un grupo relativamente pequeño de hombres de procedencia, educación y experiencia similares. Investigaciones recientes han demostrado que de aquellos ministros del gabinete cuyos antecedentes sociales se han podido identificar en los diccionarios biográficos, el 54 por 100 estaban vinculados a los intereses de los terratenientes y otro 14 por 100 a los de los comerciantes. El 72 por 100 se había graduado en derecho, ya sea en el caso de la primera generación en la Universidad de Coimbra, en Portugal, o en las facultades de derecho de Recife y São Paulo en Brasil[13]. Para entrar en dichas facultades, los candidatos necesitaban haber cursado unos estudios secundarios muy caros y también tener conexiones con hombres influyentes. Otro camino para llegar a formar parte de la élite política era a través de la academia militar, más abierta a la talentosa juventud de procedencia más modesta; pero este camino fue menos corriente después de 1850. Después de la graduación, el aspirante a político buscaba plaza en los más diversos lugares geográficos, ampliando sus contactos a la vez que estaba cada vez obligado a recompensar el patronazgo de los más experimentados, de los individuos más influyentes. Pasando de fiscal a los juzgados de condado y de distrito, y después a las presidencias provinciales, el ambulante candidato demostraba sus habilidades administrativas y su lealtad política. Las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado le llevaban finalmente al círculo del cual se elegía a los ministros. A medida que los hacendados esclavistas participaban activamente en todos los niveles políticos, incluso los más altos, forjaban lazos a través de los límites provinciales y regionales. Su unidad política fundamental se fue consolidando a mediados del siglo XIX, a pesar de las lealtades particulares que surgían de la especialización en diferentes productos de exportación y de la creciente orientación hacia las ciudades portuarias que el ferrocarril impulsaba. Lo que expresaba simbólicamente esta unidad era la lealtad común a la corona.

Por supuesto aún surgían una serie de desacuerdos. A pesar de que había mucha razón al decir que «nada se parecía más a un conservador que un liberal en el poder», aparecieron algunas diferencias, aunque sólo se debieran a que los liberales no ejercían el poder tan a menudo. Algunos líderes políticos de la época —una minoría— daban un poco más de énfasis a la libertad individual que al orden público y preferían una autonomía local o provincial a un gobierno centralizado. A pesar de que existían estas divisiones, que emergían en ciertos momentos, el alineamiento político de los individuos variaba tanto a lo largo del tiempo que uno sospecha que eran actitudes meramente retóricas que se adaptaban a lo que les resultaba políticamente más ventajoso en un momento determinado, más que a firmes convicciones. Ciertamente, ninguna de estas divisiones ponía en duda la legitimidad del sistema en su conjunto. Los políticos de Río Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais y de las ciudades, tendían a identificarse con el Partido Liberal más a menudo que aquellos procedentes del rico valle cafetalero del Paraíba, pero se pueden encontrar numerosos ejemplos de lo contrario. Los que por diversos motivos deseaban impulsar el fin de la esclavitud eran normalmente liberales, pero en realidad los conservadores presentaron algunas leyes emancipadoras y los liberales se dividieron al respecto dado que entre ellos, al igual que entre los conservadores, había propietarios de esclavos.

Hablar de partidos resulta fuera de lugar, porque los grupos parlamentarios no tenían unidad y no dependían de un electorado disciplinado ni representaban ideologías definidas. Algunos líderes importantes abandonaron a los liberales para unirse a los conservadores y viceversa. En los distritos, se adoptaban las etiquetas de los partidos sin mucha lógica y gran parte de las luchas locales ocurrían dentro de, y no entre, lo que se llamaban partidos. Las facciones que había en los pueblos, entrelazadas con las familias y los viejos lazos entre patronos y clientes, competían por la victoria electoral para obtener los cargos del poder local. Ninguna política filosófica en particular distinguía un grupo de otro. Sus representantes, una vez en el Parlamento, formaban alianzas inestables entre sí. Sin embargo, los coetáneos seguían pensando en los liberales y en los conservadores como si fueran iguales que sus homónimos británicos del siglo XIX.

Desde 1853 hasta 1868, la política nacional se caracterizó por buscar el acuerdo, por su miedo a las contiendas de partido y por su intento de desviar las peticiones reformistas extremas. La sucesión de los gabinetes muestra con claridad que un político de éxito a lo sumo sólo podía defender un cambio gradual y comedido. Las reformas aceptables debían ser concedidas por los de arriba y nunca ser el resultado de las demandas de los de abajo. Basada como estaba en la esclavitud, la sociedad aparecía a los contemporáneos como intrínsecamente inestable; las medidas paternalistas combinadas con la firmeza servían para convertirla en estable.

Para 1837, cuando el café ya daba a la nación un nuevo centro económico, hubo la tendencia de alejarse del liberalismo de las décadas anteriores y también una reacción hacia la restauración del poder del gobierno central. Este proceso culminó en 1841 al instituirse el nombramiento por el gobierno central de los delegados de policía investidos de un amplio poder judicial, medida que se convirtió en la piedra de toque de las posteriores diferencias entre los liberales y los conservadores. Las frustradas revueltas liberales de 1842 y 1848 fueron impulsadas por los que consideraron que la autonomía provincial excesiva y las libertades individuales amenazaban el orden social con la anarquía. El triunfo de los conservadores en las elecciones de 1849 —solamente un liberal obtuvo un escaño en al Parlamento— sentó las bases para fortalecer aún más la tendencia conservadora del gabinete nombrado en septiembre de 1849 y liderado por el conocido conservador y anteriormente regente Pedro de Araújo Lima, vizconde de Olinda (1793-1870). Paulino José Soares de Sousa, que más tarde sería vizconde de Uruguai (1807-1866) y su cuñado Joaquim José Rodrigues Torres, más tarde vizconde de Itaboraí[14], se unieron a Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Cámara (1812-1868) en el gobierno. Los tres tenían fuertes lazos —ya directamente, o a través de su matrimonio— con los plantadores de café de Río de Janeiro que poseían esclavos. Conocidos con el nombre de Saquaremas (por el nombre de la fazenda donde se reunían), eran partidarios de un gobierno central fuerte que contaban con poder dominar, ellos o sus amigos. El fuerte control ejercido por el gabinete conservador permitió aprobar y poner en vigor unas medidas que anteriormente habían sido demasiado controvertidas para ser abordadas, en especial la supresión del comercio internacional de esclavos y la ley agraria de 1850. El gabinete, en 1850, también propuso al Parlamento un código comercial que había sido debatido durante quince años. Se codificaron de nuevos las actividades mercantiles en lo referente a socios, contratos y bancarrotas y se creó también un tribunal mercantil para juzgar los pleitos comerciales, medidas que permitieron a las empresas en Brasil conectarse con la economía internacional. Poco después, el Parlamento autorizó al gobierno a garantizar los intereses del capital invertido en la construcción del ferrocarril, medida que apoyaba los esfuerzos de los plantadores por vincular más firmemente Brasil a los mercados exteriores. La creación del semioficial Banco de Brasil incrementó el control del gobierno sobre la moneda, al sustituir los bancos de emisión regionales que eran de propiedad privada. Itaboraí también hizo tentativas para bajar los aranceles de las importaciones. Finalmente, la reforma de la Guardia Nacional en 1850, al suprimir la elección de sus oficiales, puso a este cuerpo bajo el fuerte control del gobierno central. De este modo, este gabinete de ministros completó el proceso de centralización del poder, poniéndolo en manos de un gobierno ahora firmemente controlado por los plantadores de café de Río de Janeiro.

Una vez el gobierno central estuvo sólidamente establecido, fue posible conciliar las facciones políticas opuestas garantizando a los liberales conformados un espacio dentro del sistema. En 1853, el conservador Honorio Hermeto Carneiro Leão, vizconde y posteriormente marqués de Paraná (1801-1856), presidió un gobierno de conciliación (conciliação), que incluía, por ejemplo, como ministro de Guerra desde 1855, al distinguido Antonio Paulino Limpo de Abreu, vizconde de Abaeté (1798-1883), que había sido jefe de la revuelta liberal de Minas Gerais de 1842, y a Luís Alves de Lima e Silva, marqués y futuro duque de Caxias (1803-1880), que debía su prestigio principalmente a sus hazañas militares de represión de las revueltas regionales. Eusébio, Itaboraí y Uruguai fueron excluidos. El relativamente joven João Mauricio Wanderley, futuro barón de Cotegipe (1815-1889), que trató de modernizar su ingenio azucarero, también creía que el camino para preservar el viejo orden generalmente era el de modificarlo. José María Paranhos, futuro vizconde de Río Branco (1817-1880), y Luis Pedreira do Couto Ferraz, vizconde de Bom Retiro (1818-1886), que habían sido liberales, ahora podían contarse como conservadores progresistas. José Tomás Nabuco de Araújo (1813-1878), aunque en este momento se le consideraba conservador, ya se inclinaba hacia el Partido Liberal que más tarde dirigió. Profundamente comprometido con las libertades individuales y un poco anticlerical, dudaba del valor de la monarquía y estaba a favor de la emancipación gradual de los esclavos, a la vez que sentía que Brasil sólo podría cambiar lentamente si se evitaba el destructivo desorden de la revolución social.

Una de las medidas más importantes del gabinete de la conciliação fue la creación en 1855 de los distritos electorales de un solo miembro. Al dar a los liberales una oportunidad para elegir algunos miembros del Parlamento, condujo a los liberales hacia una participación pacífica y de nuevo les dio la posibilidad de obtener el poder. Una considerable minoría de liberales fueron elegidos en 1856 gracias a esta ley. En respuesta a su presencia, el nuevo gabinete dirigido por Olinda nombró como ministro de Hacienda al líder liberal Bernardo de Sousa Franco (1805-1875). Él impulsó los bajos aranceles ya propuestos por su predecesor conservador en 1851, combinando de este modo sus predisposiciones ideológicas con el apoyo de los intereses de los hacendados orientados hacia la exportación. Su proyecto preferido fue la reforma de la ley bancada que creaba bancos de emisión y que por lo tanto aumentaba la moneda circulante. Sobre este asunto, los plantadores estaban divididos, como también lo estaban los comerciantes, dependiendo su posición de sus circunstancias personales según fueran deudores o acreedores. Sin embargo, la medida resultó de corta duración. Eusébio, Itaboraí y Uruguai (los Saquaremas) la atacaron en el Senado. En el gabinete remodelado de 1858, Sousa Franco fue reemplazado por el periodista Francisco de Sales Torres Homen, más tarde vizconde de Inhomirim (1822-1876).

El nombramiento de Inhomirim señaló una nueva confirmación del conservadurismo. Anteriormente había sido liberal, incluso un crítico duro del emperador, y había colaborado en las revueltas liberales de 1842, lo que provocó su exilio. Desde entonces, había madurado y había intentado regresar a la corriente principal de la vida política nacional. A través de un periódico que editó, defendió ardientemente la política moderadamente conservadora del gabinete de conciliação. Entonces, la política bancaria de Sousa Franco provocó su ira y empezó a ser su principal crítico tanto en la prensa como en el Parlamento. Inhomirim, como ministro de Hacienda, anuló las medidas de Sousa Franco. También se opuso a los esfuerzos realizados por Mauá para crear compañías anónimas no reguladas. Por último, empezó a trabajar en una ley de sociedades muy restringida que, cuando fue aprobada en 1860, obligó a toda nueva compañía a obtener primero la aprobación del gobierno. El siguiente gabinete conservador de 1859-1861 no sólo hizo aceptar esta restrictiva ley de asociación, sino que también invirtió la dirección de la reforma electoral al ampliar la representación de los distritos electorales a tres candidatos en vez del único que hasta entonces se elegía en cada distrito. De este modo los caciques regionales ganaron fuerza frente a las facciones locales, y la representación de los intereses locales y los puntos de vista minoritarios se volvió más difícil.

Las elecciones de diciembre de 1860 detuvieron la tendencia conservadora. Los conservadores de centro, descontentos con estas retrógradas medidas, se unieron a los liberales que, desde su victoria parcial de 1856, podían ejercer un modesto patronazgo. La campaña fue una de las más duras, especialmente en la ciudad de Río, plantel de la opinión disidente y foco de atención nacional. Uno de los viejos líderes liberales, Teófilo Ottoni (1807-1869), un veterano de las luchas de 1842 en Minas Garais, adoptó como símbolo un pañuelo blanco cuando hacía campaña en las parroquias de Río ante la fuerte aclamación de las clases populares urbanas. El resultado de las elecciones, mientras continuaba la mayoría conservadora en el Parlamento, también dio escaños a varios ardientes liberales. Treinta años más tarde Joaquim Nabuco, el primer gran historiador del imperio, escribió que las elecciones de 1860 cambiaron la tendencia conservadora iniciada en 1837 y marcaron el giro hacia un reformismo que culminaría en la expulsión de la monarquía en 1889. Sin embargo, en aquel momento el acuerdo continuaba caracterizando la política al nivel del consejo de ministros.

Las elecciones de 1860 dividieron tanto al Partido Conservador como al Liberal. Los más progresistas de entre los conservadores se unieron con algunos liberales para formar una liga parlamentaria. La Liga Progresista, como se la llamaba a veces, intentó revocar la legislación de diciembre de 1841 y suprimir los poderes judiciales de las autoridades policiales. Los Saquaremas aún creían que tal medida amenazaba el orden que ellos habían creado tan cuidadosamente, mientras que en el otro extremo algunos liberales consideraban estas medidas demasiado moderadas. Veían tal reforma meramente como el primer paso hacia la revisión total de la constitución, la cual acabaría, o al menos restringiría, el «poder moderador» del emperador, exigiría a los senadores presentarse como candidatos en las elecciones a intervalos regulares, permitiría que los presidentes provinciales fuesen electos en lugar de nombrados y convocaría elecciones directas a diputados. Ninguna de estas trascendentales reformas progresó en la década de 1860.

Esta nueva división parlamentaria llevó al gabinete conservador nombrado en 1861 a un pronto fracaso. El apoyo de la Liga para una moción de censura fue crucial, pero cuando un miembro de la Liga —el antes conservador Zacarías de Gões e Vasconcelos (1815-1877)— fue nombrado primer ministro, proponiendo solamente cambios modestos a la ley de 1841, los liberales le abandonaron y también se vio forzado a dimitir. Un gabinete de compromiso, incapacitado para moverse hacia ninguna dirección, probó no ser más fuerte, pero por falta de alternativa consiguió mantenerse hasta verse obligado a convocar nuevas elecciones en 1863.

El nuevo Parlamento, reunido en enero de 1844, reflejaba dos cambios en este periodo. La Liga Progresista había redactado un programa moderado de reforma que excluía, específicamente, alteraciones importantes en la constitución pero que abogaba por la separación del poder judicial de la autoridad policial. Mientras tanto, los líderes conservadores habían decidido que las disposiciones de la ley de 1841 ya no eran una condición necesaria para su propia supervivencia o para la estabilidad del imperio. Cuando estas dos tendencias empezaron a ser claras, los liberales puros se encontraron aislados. El centro había vuelto a emerger victorioso y de nuevo Zacarías fue primer ministro.

Zacarías, procedente de una familia rica de Bahía, había sido elegido diputado al Parlamento en 1850 por los conservadores, uniéndose pronto al gabinete de Itaboraí. Sin embargo, como estudiante y más tarde como profesor de la escuela de derecho de Recife, Zacarías había estado muy influido por las obras de John Stuart Mili y Jeremy Bentham. Cada vez más creía que el individuo debía ser protegido del control del Estado, y empezó a oponerse a la ley de 1841, y en 1860 publicó una punzante crítica sobre el «poder moderador» del emperador. Pero no cuestionaba la organización general del gobierno, si bien deseaba reformas cautelosas, y más tarde se convirtió en un firme defensor de las prerrogativas de la Iglesia. Orador mordaz, tenía un don especial para hacerse enemigos con su sarcasmo y su mofa cruel. Los liberales de Río Grande do Sul se apresuraron a atacarle cuando pareció carecer de vigor para defender los objetivos diplomáticos brasileños en Uruguay. Cayó después de siete meses en el poder, cuando Brasil se lanzó a la guerra primero contra Uruguay y después contra Paraguay.

La guerra de Paraguay, un conflicto internacional importante, además de evitar que Zacarías iniciara las reformas moderadas, tuvo otros efectos. Puso en evidencia la contradicción existente entre, por un lado, la fachada de las educadas peleas entre la élite política y, por otro, la realidad de explotación a la que se enfrentaba la mayoría de los brasileños. También exacerbó las tensiones existentes entre los militares brasileños. Pero al agudizar las divisiones internas de Brasil hizo avanzar la causa de la reforma, especialmente en lo que se refería a la esclavitud. Zacarías estaría en el centro de la última tormenta cuando de nuevo volvió a ser primer ministro en 1866. Sin embargo, al principio de la guerra desvió la atención de los cambios internos.

Las intervenciones, primero de los portugueses y después de los brasileños, en la Banda Oriental del Río de la Plata (Uruguay) tenían una larga historia. Los portugueses se establecieron en Colonia do Sacramento en 1680 y sólo se fueron de allí en 1776. El ejército portugués reconquistó la región en 1816 y, desde 1821 hasta la creación del Estado independiente de Uruguay en 1828, el área fue una provincia brasileña. Durante las décadas de 1830 y 1840, los brasileños, ocupados en asegurarse su propia unidad, no fueron capaces de oponerse a la expansiva influencia del caudillo argentino Juan Manuel de Rosas[15]. Los ganaderos de Río Grande do Sul habían extendido sus rebaños y tierras a ambos lados de la frontera; frecuentemente llevaban los terneros a los mejores pastos de Uruguay y los devolvían después a Río Grande do Sul para sacrificarlos. Habiendo renunciado en 1845, después de 10 años de lucha, a crear un Estado independiente, se dirigieron al gobierno central para que protegiera sus intereses en Uruguay. La facción saquarema, conservadora y centralista, que desde 1848 detentaba el poder en Río, aceptó cooperar con agrado. El vizconde de Uruguai, como ministro de Asuntos Exteriores, también esperaba obtener la libre navegación de los barcos brasileños por el río Paraguay hasta la provincia de Mato Grosso. Con el objetivo de reafirmar la influencia brasileña en el sur, en 1851 Brasil se alió con una fracción uruguaya opuesta a la influencia de Rosas y —con José Urquiza, un antiguo e incansable caudillo del noreste de Argentina— envió tropas brasileñas bajo el mando de Caxias para hacer un intento (pronto triunfante) de derrocar a Rosas e instalar en su lugar un gobierno cosmopolita, progresista y de orientación europea en Buenos Aires.

Sin embargo, Uruguay continuaba envuelta en una lucha interna. Y cualquiera que fuera el gobierno en el poder en Montevideo tenía que enfrentarse al menos con 20.000 residentes brasileños poseedores de unas 400 propiedades cuyas tierras sumaban casi un tercio el territorio nacional. La permanente guerra civil entre blancos y colorados, los dos «partidos» uruguayos, supuso que muchos brasileños se quejaran e insistieran en presentar demandas monetarias a los sucesivos gobiernos uruguayos. Además, los brasileños querían trasladar el ganado de un estado a otro o conducirlo al mercado de Río Grande do Sul a través de la frontera sin pagar aranceles. Todos los gobiernos uruguayos consideraban estos ingresos necesarios para financiar los costes del mantenimiento del orden. Entre tanto, la firma de Mauá había llegado a ser, de hecho, el banco oficial de Uruguay. Mientras los ganaderos brasileños de esta zona culpaban a Mauá de las tasas que el gobierno exigía para poder saldar las deudas con él, éste veía excesivas sus reclamaciones por daños que amenazaban con forzar al gobierno a no poder cumplir con su obligación. Además, los uruguayos, habiendo abolido la esclavitud en 1853, amenazaban con liberar a los esclavos brasileños introducidos en el país. El choque fue inevitable.

Algunos liberales brasileños que formaban parte de la Liga Progresista a mediados de la década de 1860 tenían deudas políticas en Río Grande do Sul. Así pues, estaban dispuestos a empujar las demandas de los brasileños contra Uruguay. Una manera de hacer esto era apoyando a la fracción entonces en la oposición —los colorados—, ya que ellos buscaban, con el apoyo de Argentina, derrocar al gobierno blanco. Mientras tanto, los blancos —que se percataban de la amenaza que suponía para ellos Argentina y Brasil— buscaban la alianza con el dictador de Paraguay, Francisco Solano López.

López, a quien los paraguayos de habla guaraní eran intensamente leales, había heredado de su padre el liderazgo de una nación que había permanecido durante mucho tiempo aislada del resto del mundo. Sentía la amenaza de invasión de las fuerzas brasileñas y argentinas y temía tener que renunciar para siempre al disputado territorio que Paraguay reclamaba en ambas fronteras. No sólo respondió de muy buena gana a las peticiones de ayuda de algunos uruguayos, sino que además no manifestó sus intenciones con suficiente claridad para hacer entender a los líderes brasileños y argentinos que consideraba que una amenaza al Uruguay también lo era a Paraguay y a él mismo. Sin embargo, cuando en junio de 1864 los ministros argentino y brasileño se encontraron en Montevideo para resolver lo que ellos pensaban que sería la solución a las luchas internas uruguayas, convinieron informalmente en actuar decididamente en caso de que Paraguay corriera en ayuda de los blancos derrotados.

Los términos de este acuerdo llevaban precisamente a lo que se intentaba evitar. Con esta acción de Brasil y Argentina, López vio confirmadas sus sospechas de que estos dos países planeaban repartirse Paraguay. Cuando el acuerdo no se mantuvo en Uruguay, las tropas brasileñas penetraron en Uruguay (septiembre de 1864) para apoyar el reclamo de Brasil para que se pagaran los daños y perjuicios a los ciudadanos brasileños y para instalar a los colorados en el poder. Paraguay respondió con el secuestro de los barcos brasileños que estaban en el río Paraguay y la invasión del territorio brasileño. Calculando erróneamente el apoyo de Urquiza en el noreste de Argentina, López ordenó a sus tropas entrar en territorio argentino y entonces entró en guerra también con este país.

Las cláusulas secretas del tratado firmado en mayo de 1865 por Brasil, Argentina y Uruguay disponían, entre otras cosas, la transferencia de los territorios paraguayos disputados a Argentina y Brasil, así como la apertura de los ríos paraguayos al comercio internacional y también la destitución de López. Cuando estas disposiciones se filtraron a la prensa, se levantó una protesta internacional, pero los aliados no abandonaron sus reclamaciones.

Algunos historiadores han presentado la guerra como el resultado de los locos proyectos del melógamo tirano de Paraguay. En realidad fue el resultado de la paulatina escalada de conflictos de intereses, complicada por una serie de cálculos equivocados pero comprensibles por todos lados. No era irracional que López temiera el desmembramiento de Paraguay y la desaparición de su nación, que entendía que dependía del equilibrio de poderes en la región. No supo calcular acertadamente su propia fuerza y sobrestimó el apoyo que podía recibir de Urquiza, ya que dudaba de que el caudillo argentino hubiera hecho las paces con Buenos Aires en 1862. Los líderes de Buenos Aires temían muy razonablemente la ascensión de Urquiza en el noreste en alianza con López y los blancos de Uruguay. El temor de López a Brasil fue animado por las agresivas declaraciones beligerantes de algunos parlamentarios brasileños y los planes contingentes de los diplomáticos brasileños. Creía que había dejado claro su idea de que la intervención brasileña en Uruguay significaba la guerra. Brasil quería que los colorados estuvieran en el poder en Uruguay para fomentar los intereses de sus ciudadanos y afirmar su propio poder en la región. Los brasileños no creían que López en realidad entraría en guerra, pero estaban seguros de que, si lo hacía, Brasil ganaría fácilmente y así se eliminaría la fastidiosa cuestión fronteriza mientras se garantizaría la libre navegación por el río Paraguay. La obstinación de todos provocó la guerra.

Desde el comienzo, la guerra les fue mal a los paraguayos. Las tropas brasileñas, habiendo instalado un gobierno sumiso en Montevideo, se trasladaron rápidamente al frente de Paraguay. En septiembre de 1865, los brasileños habían desalojado las tropas extranjeras de Río Grande do Sul. Pero Brasil, ansioso por establecer su hegemonía en la región, desdeñó los esfuerzos paraguayos de hacer la paz. Los paraguayos lucharon con más fuerza cuando el escenario de la guerra se trasladó a su propio territorio. En septiembre de 1866, las tropas aliadas sufrieron una gran derrota de Curupaití. El general y presidente argentino Bartolomé Mitre, que había ejercido una vaga dirección sobre las tropas aliadas, ahora dirigió su atención a la oposición interna argentina, donde la guerra había resultado impopular, especialmente entre los caudillos provinciales. Brasil continuó solo, insistiendo tercamente en derribar al propio López, y la guerra se alargó otros cuatro trágicos años.

La guerra puso de manifiesto las diferentes tensiones que había en la sociedad brasileña. La determinación de Brasil de continuar la guerra con Paraguay —una vez que las tropas paraguayas habían sido expulsadas del territorio brasileño— y de derribar y matar al propio López provocó una profunda inquietud nacional. Los líderes brasileños justificaron su acción sobre la base de que debían civilizar a aquel bárbaro país y librar a los paraguayos de la tiranía. Habitualmente ridiculizaban la herencia racial de Paraguay y aludían al concepto de supremacía de la raza blanca. Quizá los políticos brasileños dudaban del grado de su propia «civilización» y temían la despectiva comparación que podían recibir de las naciones europeas con las que ellos tanto se identificaban. Los brasileños estaban rodeados de esclavos, pero cada vez se sentían más afligidos y angustiados ante su esclavitud. El ansia feroz de guerra por parte de Brasil parece que fue una manera de resolver su propia inseguridad.

Una ópera estrenada justo al terminar la guerra revela indirectamente algunas de estas contradicciones raciales. Antonio Carlos Gomes (1836-1896) basó su ópera en la novela de José de Alencar (1829-1877) O Guaraní. La novela y la ópera, ambientadas en el siglo XVI, alababan al noble salvaje y el mestizaje racial entre portugueses e indios, pero no se referían a las raíces africanas del grueso de la población brasileña. La búsqueda de una mitología que encajara temas brasileños con formas europeas —la ópera tenía un libretto en italiano y se estrenó primero en La Scala— refleja no solamente el divorcio entre las clases alta y baja sino también la alienación de la intelligentsia de su país que tenía un 79 por 100 de la población libre adulta analfabeta. Incluso Antonio de Castro Alves (1847-1871), normalmente recordado por su emotiva denuncia del comercio de esclavos incluida en su primer libro de poemas en 1870, dotó a sus protagonistas negros de cualidades «blancas», incluso alterando su fisonomía para hacerlos gratos como personajes heroicos; los esclavos no luchaban en contra de sus amos físicos sino en contra de unas fuerzas vagas, siniestras e impersonales. La alta cultura europeizada en esta economía de exportación revelaba una desgana comprensible a confrontar las consecuencias demoledoras de una realidad marcada por la opresión personal presenciada diariamente en la plantación o en las calles de la ciudad.

La guerra paraguaya provocó conflictos dentro de las fuerzas armadas brasileñas. En 1831 los hacendados tomaron medidas para asegurarse su dominio sobre los agentes de la fuerza pública y así crearon una Guardia Nacional de la que eran oficiales. En 1850, el gabinete conservador, como medida centralizadora, hizo que los cargos de oficial de la Guardia Nacional fueran nombrados en vez de ser electos, pero esos nombramientos siguieron estando en manos casi exclusivamente de los grandes plantadores. Típico fue el caso de Henrique Marques Lins, el rico plantador de azúcar del noreste, que dirigió la Guardia Nacional de su municipio, formada por 15 capitanes, 8 de los cuales poseían en conjunto 16 plantaciones. Sin embargo, el cuerpo de oficiales del ejército regular también fue reestructurado y profesionalizado hasta cierto punto. Aquellos que no tenían recursos para financiarse la costosa enseñanza secundaria necesaria para entrar en la escuela de derecho, o que no contaban con los contactos necesarios, pudieron hacerse militares, estudiando en las academias militares y ascendiendo en el escalafón por su propio mérito. De este modo se puso la semilla de la hostilidad de clase que de alguna manera existió entre los oficiales militares y los políticos civiles, si bien de hecho no estalló hasta la década de 1880 y aun más tarde.

En el periodo anterior a la guerra paraguaya, normalmente los oficiales de más alta graduación del ejército procedían de —o tenían fuertes lazos con— las familias de la élite. Por ejemplo, Caxias era hermano de un líder financiero del imperio y él mismo fue un activo líder político conservador, elegido para el Senado en 1845 y que sirvió en tres gabinetes, dos veces como primer ministro. Como líder político defendía los intereses de la clase terrateniente y propietaria de esclavos. Sin embargo, los jóvenes oficiales intermedios, especialmente aquellos que lograron un rápido ascenso durante la guerra, no compartían la cómoda familiaridad de Caxias con los poderosos.

Puesto que incluso los oficiales de la Guardia Nacional reconocían que de ordinario no eran apropiados para el liderazgo en los combates reales, en tiempos de emergencia nacional era corriente suspender a tales oficiales por un periodo determinado y nombrar a oficiales del ejército en su lugar. Durante la guerra paraguaya, sobre todo al principio, no había suficientes oficiales y los jefes de la Guardia Nacional, cuya experiencia se limitaba a ostentar el elegante uniforme los domingos, se encontraron de repente al mando de las tropas en combate. Sin embargo, como que la guerra continuó, el porcentaje de tropas dirigidas por la Guardia Nacional pasó del 74 por 100 en 1866 al 44 por 100 en 1869. En consecuencia, los cuerpos de oficiales del ejército regular aumentaron. No es ninguna sorpresa que los oficiales del ejército vieran confirmados todos sus prejuicios acerca de sus colegas de la Guardia Nacional durante la guerra. Después de ésta, el gabinete de Río Branco acabó con todo servicio obligatorio en la Guardia Nacional, convirtió en meramente honoríficos a los oficiales de la Guardia dejándoles sin autoridad de mando y les negó el derecho de reclutar soldados del ejército o ejercer funciones policiales. Los terratenientes lo aceptaron, en parte porque agradecieron la oportunidad de dejar en manos de otros el hacer la guerra y en parte porque advirtieron que su autoridad local permanecía intacta y que su poder nacional no dependía del control directo de la fuerza militar.

Por último, la guerra con Paraguay exacerbó la disensión política partidista y provocó la vuelta al poder de los conservadores (en 1868) y contribuyó a la descomposición de la centrista Liga Progresista. Cuando Zacarías, el cauteloso reformador progresista, cayó del poder a mediados de 1864, fue sustituido por el también progresista Francisco José Furtado (1818-1879), que sin embargo era menos dado a las reformas que Zacarías. Sin embargo, él no fue un político tan inteligente. Al nombrar al conservador vizconde de Río Branco como emisario a Montevideo, apartó a los liberales del Parlamento. Entonces, cuando las tropas paraguayas invadieron el territorio brasileño, lo lógico hubiera sido que Caxias dirigiera las fuerzas brasileñas. Pero, como defensor decidido y frecuente de la ley de 1841 establecida por el Partido Conservador, él parecía ante los liberales la personificación de todo a lo que ellos se oponían. Sin embargo, el gobierno de Furtado se acercó a él en este periodo de crisis. Respondió que, puesto que dependería principalmente de las tropas de la Guardia Nacional de Río Grande do Sul, el presidente provincial no podía ser el titular que había sido nombrado para llevar a cabo la voluntad política de los liberal-progresistas. El ministro de la Guerra estuvo de acuerdo, pero los miembros liberales del Parlamento se enfurecieron cuando percibieron que se respetaban las inclinaciones conservadoras de Caxias, y Furtado vaciló. El ministro de la Guerra dimitió y Furtado escogió a un enemigo personal de Caxias muy conocido para desempeñar esa cartera. No debe sorprender, por lo tanto, que ahora Caxias se negara completamente a dirigir la tentativa militar brasileña. La controversia provocó la caída del gabinete Furtado en mayo de 1865 y el siguiente, que aún tenía una composición progresista-liberal, decidió prescindir de Caxias.

Al principio, a las tropas brasileñas les fue bastante bien sin él, y en octubre de 1865 parecía que López se encaminaba hacia una derrota temprana. Dos generales y un almirante muy identificados con los liberales dirigían las tropas brasileñas. Pero la derrota de Curupaití (septiembre de 1866) cambió las cosas. La necesidad de una dirección brasileña fuertemente unificada se hizo aún más evidente. Mientras tanto, el gabinete progresista de Río se dividió acerca de la vieja cuestión de revocar la ley de 1841; a consecuencia de ello, Zacarías fue nombrado de nuevo primer ministro en agosto de 1866.

En este momento Zacarías demostró una habilidad política genuina al ganarse el apoyo de Caxias mientras no perdía el de los liberales. Sorprendentemente, hizo una propuesta radical a los liberales: el avance hacia la emancipación de los esclavos. En el discurso de la corona, que Zacarías esbozó para entregar en mayo de 1867, hizo que el emperador anunciara que tan pronto como acabara la guerra se tomarían medidas con este propósito. Otro tipo de consideraciones, además de la táctica política, conducían a la misma decisión. Algunos líderes temían que las presiones británicas para la abolición de la esclavitud se sumaran a levantamientos de esclavos[16]. Algunos sectores de la nueva élite cafetalera, especialmente los plantadores de São Paulo, cada vez dudaban más de si los esclavos continuarían cubriendo sus necesidades de mano de obra. Por otro lado, había algunos signos de oposición a la esclavitud por parte de la creciente clase media urbana. Al favorecer la emancipación, Zacarías ganó el firme apoyo de muchos liberales a pesar de que nombró a Caxias como único comandante de las fuerzas militares brasileñas. Sin embargo, una vez que Caxias logró poner orden en lo concerniente al frente de guerra y empezó a ganar batallas a principios de 1868, los conservadores consideraron que deberían ser los principales beneficiarios. Intrigaron para provocar una ruptura entre Caxias y el primer ministro. Aunque sus esfuerzos resultaron al principio infructuosos, Zacarías dimitió a mitad de año a causa de que el emperador, asesorado por el Consejo de Estado, eligió al entonces antiliberal Inhomirim como senador. Sin embargo, tanto los coetáneos como los comentaristas posteriores han discrepado sobre los motivos de su dimisión. Para el historiador Joaquim Nabuco, la elección de Inhomirim como senador sólo fue un pretexto para la dimisión de Zacarías; el motivo real fue la hostilidad de Caxias al gabinete. Con la importancia que posteriormente adquirieron las relaciones entre civiles y militares en Brasil, esta interpretación ganó adeptos. Pero hay muchas más pruebas, incluyendo los discursos del propio Zacarías, que dan a entender que Zacarías dimitió porque creyó que los miembros conservadores del Consejo de Estado se oponían a la rapidez con que él estaba impulsando el fin de la esclavitud[17]. Incluso el moderado Zacarías había ido demasiado lejos y demasiado aprisa; se debía frenar. La selección del sucesor de Zacarías confirmó esta idea.

En 1868, Zacarías fue sustituido como primer ministro por Itaboraí, el plantador de café y superconservador saquarema. Otros miembros del nuevo gabinete fueron Paulino José Soares de Souza Filho (1834-1901) —un hijo del vizconde de Uruguai—, así como Cotegipe —el entonces nuevo líder de los conservadores de Bahía—, Río Branco y el novelista y político José de Alencar. El Consejo de Estado, al poner toda su fuerza detrás de la reacción conservadora, apoyó la convocatoria de nuevas elecciones que hizo Itaboraí cuando el grupo liberal se negó a apoyarle. Como siempre, el gobierno no tuvo ningún problema para obtener una gran victoria.

A consecuencia de estos sucesos, los liberal-progresistas como Furtado y Zacarías en el Parlamento se sumaron a los liberales como Nabuco de Araújo e incluso a los liberales radicales como Teófilo Ottoni para organizar el Club Reforma bajo la dirección de Nabuco. En mayo de 1869 se publicó un manifiesto exigiendo una reforma radical de la constitución. Pidieron la abolición de la ley de 1841 que otorgaba poderes judiciales a la policía, una mayor autonomía para el poder judicial, la abolición de la Guardia Nacional y el reclutamiento obligatorio en el ejército, la duración limitada del cargo de senador, la reducción del poder del Consejo de Estado y la emancipación gradual de los esclavos. Sin embargo, a pesar de la bravatada de sus últimas palabras: «¡Reforma o Revolución!»[18], el documento fue cauteloso. En noviembre del mismo año otro grupo publicó un manifiesto radical que, además de presentar estos mismos objetivos y otros por los que los liberales habían estado luchando desde hacía tiempo, exigía un sistema electoral directo y la extensión del sufragio, la elegibilidad de los presidentes provinciales y de los oficiales de la policía, el fin del poder moderador del emperador y del Consejo de Estado, y la abolición inmediata de la esclavitud. Algunos de los firmantes de este documento firmaron también en diciembre del año siguiente el manifiesto republicano de Río de Janeiro que exigía poner fin al imperio.

Cuando se terminó la guerra con Paraguay con la muerte de Solano López en marzo de 1870 y frente a las crecientes críticas que recibía el gabinete de Itaboraí por parte de una nueva generación reformista de jóvenes políticos, intelectuales, hombres de negocios y plantadores progresistas, los líderes más inteligentes del bando conservador advirtieron que había llegado el momento de hacer concesiones importantes a fin de evitar una oposición más seria. Incluso Itaboraí aceptó la propuesta de terminar con la subasta pública de esclavos. El miedo a que un gabinete liberal pudiera algún día utilizar la ley de 1841 para elegir un Parlamento del todo liberal persuadió a los conservadores de las ventajas de revocarla. El emperador, como siempre, se puso al lado de la reforma. En marzo de 1871, después de un gabinete interino que duró cinco meses, el vizconde de Río Branco fue nombrado primer ministro. El haber empezado su carrera política como liberal, su participación en el gabinete de la conciliação, su experiencia como diplomático durante la guerra con Paraguay, todo era un buen augurio para hacer una reforma moderada. Sin embargo, pocos estaban preparados para la serie de medidas de gran alcance que Río Branco emprendió rápidamente una después de otra con una impresionante habilidad política. Separó las funciones policiales de las judiciales, y a la vez fortaleció el cargo de juez, deshaciendo finalmente, por lo tanto, la ley de 1841. Recortó los poderes de la Guardia Nacional, ya que a partir de entonces la policía —y, cuando fuera insuficiente, el ejército— se encargaría de mantener el orden público. Y lo más importante de todo: persuadió al Consejo de Estado para que cambiara radicalmente y apoyara su intento de hacer aprobar la ley del «Vientre Libre» (1871), que daría la libertad a todos los niños nacidos de madre esclava y establecería unos fondos para la emancipación de los adultos. Aunque todavía no se desposeía a los plantadores de su propiedad actual, intentó persuadir a los esclavos de que la continua obediencia les podía proporcionar la libertad. Con estas medidas, Río Branco, un primer ministro conservador, frente a la oposición saquarema —el ala derecha de su propio partido—, satisfizo a la mayoría de los liberales. Gracias a su prudente y desinteresada habilidad política, desarmó a los críticos del imperio, posponiendo un cambio más radical hasta el final de la siguiente década. De nuevo los líderes políticos brasileños buscaron, y encontraron, una solución intermedia esencial para el mantenimiento del orden en un jerárquico, si bien potencialmente inestable, sistema social basado en la esclavitud.

Gran parte de las energías intelectuales de estas dos décadas se ocuparon de la naturaleza del Estado y del ejercicio correcto del poder político. En un país donde la mayor aspiración de los hombres con estudios superiores era emprender una brillante carrera de abogado o de juez, los juristas encabezaban la élite intelectual. El mismo vizconde de Uruguai, retirándose de la actividad política y diplomática en 1857, se dedicó a preparar dos magistrales estudios de la jurisprudencia brasileña: Ensaio sobre o direito administrativo (1862) y Estados prácticos sobre a administrando das provincias no Brasil (1865). Su decidida defensa de los puntos de vista conservadores influenciaron sin duda a muchos individuos de las siguientes generaciones de estudiantes de leyes, funcionarios y políticos. En cierta manera, el tratado sobre el derecho público y la constitución brasileña publicado en 1857 por José Antonio Pimenta Bueno, marqués de São Vicente (1803-1878), se caracterizó por su mayor énfasis sobre la libertad individual, pero también sostuvo la virtud esencial del sistema de gobierno brasileño. Ambos autores captaron la importancia del esfuerzo de construir un régimen estable que se logró en Brasil a mediados de siglo y los dos meramente defendieron refinamientos menores. Más o menos el mismo carácter tuvo el estudio de las leyes esclavistas escrito por Agostinho Marques Perdigão Malheiro, Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social, que se publicó en 1866 y 1867.

Una serie de juristas se ocuparon de la elaboración de un nuevo código civil para sustituir el heredado de Portugal. Candido Mendes de Almeida (1818-1881) publicó en 1870 su masivo y erudito trabajo sobre el existente Código Filipino (en funcionamiento desde 1603), que constituyó la base —principalmente sus notas a pie de página referentes a los cambios producidos por la ley y la costumbre— para la elaboración del nuevo código. El liberal Nabuco de Araújo esbozó un código; aunque cuando murió, en 1879, era incompleto, su versión fue la base de discusión hasta que se promulgó el nuevo código en 1916.

El sistema constitucional también sufrió una serie de brillantes ataques, el más importante de los cuales se debió a la pluma de Zacarías que en 1860 publicó su libro-panfleto sobre la naturaleza y los límites del poder moderador. Poniéndose por encima de los partidos políticos, el liberal Aureliano Cándido Tavares Bastos (1839-1875) planteó muchos de los principales problemas, sobre todo el regionalismo; puso la base para la posible emergencia del federalismo como la principal fuerza de la vida política brasileña. Sin embargo, a pesar de sus intentos de reforma, Zacarías, Bastos y otros como ellos continuaron aceptando la estructura del sistema imperial, si bien trataron de modificarla. Siendo esencialmente moderados, buscaron la manera de llegar al consenso en la clase dominante a fin de mantener una sociedad esclavista.

La estabilidad —que interesaba tanto a los conservadores como a los liberales— básicamente surgió no de las instituciones políticas, sino de las relaciones sociales basadas en la prestación de un servicio leal a cambio de protección y favores. De la misma manera que Pedro II representó el papel de padre para toda la nación, así lo hicieron los senhores de engenho, los fazendeiros cafetaleros y los industriales con sus trabajadores. A su vez, los padres reales mantuvieron su autoridad sobre sus esposas e hijos, de la misma manera que la ejercían sobre sus parientes, sirvientes, agregados y esclavos. Y, en cada caso, una benevolente protección encubrió una prepotencia clara. En la vida política, un elaborado sistema de patronazgo hizo posible que aquellos que apoyaban firmemente la estructura existente obtuvieran beneficios —sobre todo el de la autoridad—. Los favores no sólo permitían ganar la conformidad de los que se esperaba que obedecieran, sino que satisfacían la susceptibilidad de aquellos individuos que ejercían la autoridad. La expansión del comercio exterior basada en la exportación de café en este periodo aumentó los recursos del Estado y le permitió cumplir de verdad con su papel paternal. Así pues, el Estado simultáneamente mantuvo su legitimidad y la del orden social jerárquico. Para muchos brasileños que aún aprecian la jerarquía social, estas dos décadas (1850-1870) fueron una edad de oro en la que el gobierno fue liberal a la vez que estable.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

Abreviaturas

ESC | Estudios Sociales Centroamericanos
HAHR | Hispanic American Historical Review
HM | Historia Mexicana
JIAS | Journal of Inter-American Studies and World Affairs
JLAS | Journal of Latin American Studies
LARR | Latin American Research Review
TA | The Americas

1. Economía y sociedad

El libro de Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein, eds., Latin America. A guide to economic history 1830-1930, Berkeley, 1977, es una recopilación de fuentes secundarias que se refiere sobre todo a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. El de Ciro F. C. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Historia económica de América Latina, 2 vols., Barcelona, 1979, es una historia económica general de América Latina que incluye un valioso capítulo (vol. II, cap. 4) sobre el periodo de la postindependencia. Son también interesantes los trabajos de Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, 1969, caps. 3 y 4, y The aftermath of revolution in Latin America, Nueva York, 1973, sobre todo el capítulo 2.

Hay algunas obras importantes sobre las relaciones comerciales y financieras existentes entre los nuevos países hispanoamericanos e Inglaterra en el periodo que siguió a la independencia; por ejemplo: D. C. M. Platt, Latin America and British trade, 1806-1914, Londres, 1973; Leland H. Jenks, The migration of British capital to 1875, Nueva York, 1927, y reimpreso en Londres, 1971, y J. Fred Rippy, British investments in Latin America, 1822-1949, Minneapolis, 1959. Sergio Villalobos R., en El comercio y la crisis colonial, un mito de la Independencia, Santiago, 1968, analiza el caso de Chile —desde una perspectiva que no es exclusivamente chilena—, llevando al extremo el escepticismo de Platt sobre el impacto que en realidad tuvo la apertura comercial que acompañó a la emancipación política.

Para este periodo, predominan sobre todo los estudios de ámbito nacional y regional. Ello en parte se explica por el hecho de que los estudios generales sobre la dependencia o la reacción a la dependencia, tan abundantes en los últimos diez años, concentraron su atención en el periodo colonial o bien en los años que siguieron a 1870. Este es el caso, por ejemplo, de Stanley y Barbara Stein, The colonial heritage of Latin America, Nueva York, 1970, o de Marcello Carmagnani, Formación y crisis de un sistema feudal. América Latina del siglo XVI a nuestros días, México, 1976.

El trabajo de Charles C. Griffin, «Economic and social aspects of the era of Spanish American independence», HAHR, 29/2 (1949), pp. 170-187, es un estudio pionero sobre el impacto de las guerras de independencia en la economía y la sociedad de Hispanoamérica, trabajo que fue publicado, revisado y ampliado en Los temas sociales y económicos en la época de la Independencia, Caracas, 1962. El impacto de la crisis política y militar en la sociedad rural ha sido estudiado, en el caso de Venezuela, por Germán Carrera Damas en Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1800-1830), Caracas, 1964, y para el de Paraguay por L. S. de Touron, N. de la Torre y J. G. Rodríguez, La revolución agraria artiguista, Montevideo, 1969, libro del que hay una versión resumida titulada Artigas y su revolución agraria, 1811-1820, México, 1978. Su impacto sobre el conjunto de la sociedad es estudiado en el caso de México por Luis Villoro en La revolución de independencia: ensayo de interpretación histórica, México, 1953; en el de Colombia —de forma más arbitraria— en los importantes apartados de Indalecio Lievano Aguirre en Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, 4 vols., Bogotá, 1966; en el de Argentina por Tulio Halperín Donghi, Politics, economics and society in Argentina in the revolutionary period, Londres, 1975. R. A. Humphreys, ed., en British consular reports on the trade and politics of Latin America, 1824-1826, Londres, 1940, indica con gran detalle la situación de los diferentes puertos y refleja el impacto que tuvo sobre ellos y sobre los nuevos países generalmente mientras aún se nota la reciente crisis política y militar. La obra de Jonathan C. Brown, A socioeconomic history of Argentina 1776-1860, Londres, 1979, intenta trazar el desarrollo social y económico de este país bajo el doble impacto de la crisis comercial y la político-militar.

Las obras más importantes sobre el nuevo orden económico y social y la reconstrucción política que se impuso tras la independencia, de nuevo se refieren a países concretos. David Bushnell, The Santander Regime in Gran Colombia, Newark, Delaware, 1954, es un estudio ejemplar de las dificultades administrativas del nuevo Estado para encarar el problema que de ningún modo era exclusivo de Colombia. Mirón Burgin, en The economic aspects of Argentine federalism, 1820-1852, Cambridge, Mass., 1946, vuelve a plantear temas ya tratados, si bien de forma impresionista pero sagaz, por Juan Álvarez en su Estudio sobre las guerras civiles argentinas, Buenos Aires, 1914. Otro trabajo también impresionista pero mejor efectuado sobre Chile se debe a Francisco Encina: Nuestra inferioridad económica, Santiago, 1911, libro que ha tenido gran influencia dentro y fuera del país. Hay pocos estudios sobre los cambios sociales acaecidos durante el segundo cuarto del siglo XIX. Hay que mencionar el de John V. Lombardi, The decline and abolition of negro slavery in Venezuela, 1820-1854, Westport, Conn., 1971, y para el caso de México el de Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), México, 1973. Para Cuba, tanto el libro de Franklin W. Knight, Slave society in Cuba during the nineteenth century, Madison, 1970, como el de Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, La Habana, 1964, se centran en este periodo. La extensa bibliografía de viajes aparecida durante este periodo ha sido recogida por Bernard Naylor. Merece especial mención la obra de H. G. Ward, Mexico in 1827, 2 vols., Londres, 1828 (hay trad. cast.: México en 1827, México, 1981); se trata de un estudio sistemático hecho por un observador bien informado y agudo, aunque no desinteresado. A ella deben añadirse los análisis críticos hechos por autores locales, como es el caso de la excelente Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba, La Habana, 1832, de José Antonio Saco, o del Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, México, 1842, de Mariano Otero. Sobre el periodo posterior a 1850 hay más trabajos pero son más dispersos y heterogéneos. Merecen atención unos cuantos estudios sobre países concretos que tienen un interés relevante para la historia de toda América Latina. El libro sobre la formación del grupo dominante durante el boom exportador, de Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en Perú, Lima, 1974, es sin duda una excepción, así como lo fue la experiencia peruana en aquel tiempo. El impacto del nuevo orden tal como lo percibió el campesinado es el tema de El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850-1876), México, 1974, de T. G. Powell, que ofrece una visión menos negativa que la usual sobre las relaciones entre el campesinado y los primeros exponentes del liberalismo, y de Chilean rural society from the Spanish Conquest to 1930, Londres, 1975, de Arnold J. Bauer. Otro aspecto de las reformas liberales, el referente a la desamortización eclesiástica, ha sido estudiado por Jan Bazant, Alienation of Church wealth in Mexico. Social and economic aspects of the liberal revolution, 1856-1875, Cambridge, 1971. Frank Safford, en The ideal of the practical: Colombia’s struggle to form a technical elite, Austin, Texas, 1976, ofrece un sutil panorama del reformismo que se aleja de los puntos de vista corrientes sobre el liberalismo. H. S. Ferns, en Britain and Argentina in the XIXth Century, Oxford, 1960, presenta un estudio convincente del paso a la era del ferrocarril en un país en el que éste quizá tuvo un impacto superior que en otros. Durante este periodo se publicaron exhaustivas descripciones de las características geográficas y socioeconómicas de los nuevos países, que se sumaron al estudio pionero de Agostino Codazzi publicado en 1842 bajo el título Resumen de la geografía de Venezuela. En Colombia, la «Comisión Geográfica», dirigida por Codazzi, editó el trabajo de Manuel Ancizar Peregrinación de Alpha por la provincia del Norte de la Nueva Granada, en 1850y 1851, Bogotá, 1853. Perú cuenta con la monumental obra del geógrafo italiano Antonio Raimondi, El Perú, 3 vols., Lima, 1874-1880; Chile, con la incluso más ambiciosa Historia física y política de Chile, París-Santiago, 1844-1871, obra del botánico francés Claude Gay, y de la que resultan de particular interés los dos volúmenes sobre La agricultura publicados en 1861 y 1865; y Argentina cuenta con la Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, 3 vols., París, 1860-1873, obra de Jean-Antoine-Victor Martin de Moussy.

Para cada país hispanoamericano, véanse los apartados 3-8 siguientes.

2. Política, ideología y sociedad

Tulio Halperín Donghi ofrece muchas imaginativas percepciones sobre el periodo de la postindependencia en los capítulos 3 y 4 de su Historia contemporánea de América Latina, Madrid, 1969, y en The aftermath of revolution in Latin America, Nueva York, 1973.

No existe ningún libro que trate la historia constitucional de todos los estados de Hispanoamérica. Nettie Lee Benson ha escrito una obra importante sobre los inicios del constitucionalismo en México: La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, 1955; más reciente es el trabajo de Mario Rodríguez sobre Centroamérica titulado The Cádiz experiment in Central America, 1808-1826, Berkeley, 1978. El de David Bushnell, The Santander Regime in Gran Colombia, Newark, Delaware, 1954, es un estudio modelo sobre el primer gobierno y la formación política de un Estado hispanoamericano.

Se puede encontrar una visión general de la ideología de la élite del siglo XIX en Leopoldo Zea, The Latin American Mind, Norman, Oklahoma, 1949. Hay estudios sobre países concretos que a la vez iluminan en general a toda Hispanoamérica; tal es la obra de Simón Collier, Ideas and politics of Chilean independence, 1808-1833, Cambridge, 1967; la de Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, 1964, y la de Charles Hale, Mexican liberalism in the age of Mora, 1821-1853, New Haven, 1968 (hay trad. cast.: El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, 1972). Véase también el interesante artículo de Hale «The reconstruction of nineteenth-century politics in Spanish America: a case for the history of ideas», LARR, 8/2 (1973), pp. 53-73.

La polarización política de mediados del siglo XIX es estudiada, en el caso mexicano, por Hale en Mexican liberalism y por Moisés González Navarro, Anatomía del poder en México, 1848-1853, México, 1977; este último es un trabajo rico en sugerentes detalles. Sobre Colombia existe el trabajo de Robert L. Gilmore, «Nueva Granada’s socialist mirage», HAHR, 36/2 (1956), pp. 190-210; el de Germán Colmenares, Partidos políticos y clases sociales, Bogotá, 1968, y el de J. León Helguera, «Antecedentes sociales de la revolución de 1851 en el sur de Colombia (1848-1851)», Anuario Colombiano de Historia Social y de Cultura, 5 (1970), pp. 53-63. Para el caso chileno hay que ver el relato contemporáneo de Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de la jornada del 20 de abril de 1851: una batalla en las calles de Santiago, Santiago, 1878, y la reciente monografía de Luis Alberto Romero, La Sociedad de la Igualdad. Los artesanos de Santiago de Chile y sus primeras experiencias políticas, 1820-1851, Buenos Aires, 1978.

Hay una serie de buenos trabajos sobre los aspectos sociales y económicos de las posiciones políticas: Tulio Halperín Donghi, Politics, economics and society in Argentina in the revolutionary period, Cambridge, 1975; Mirón Burgin, Economic aspects of Argentine Federalism, 1820-1852, Cambridge, Mass., 1946; François Chevalier, «Conservateurs et libéraux au Mexique: essai de sociologie et géografie politiques de l’Independance à l’intervention française», Cahiers d’Histoire Mondiale, 8 (1964), pp. 457-474; David A. Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, 1973. Frank Safford, en «Bases of political alignment in early republican Spanish America», en Richard Graham y Peter H. Smith, eds., New Approaches to Latin American history, Austin, Texas, 1974, pp. 71-111, hace una aproximación crítica a este tema.

Sobre las cuestiones de la política hispanoamericana que atañen a la Iglesia, J. Lloyd Mecham ofrece una visión país por país en Church and State in Latin America, Chapel Hill, N. C., 1934, 1966; la primera edición contiene algún material del siglo XIX que no se incluye en la segunda. Hay trabajos más recientes que examinan el papel de la Iglesia en la economía y en la política, como el de Michael P. Costeloe, Church wealth in Mexico, Cambridge, 1967, y el de Jan Bazant, Alienation of Church wealth in Mexico. Social and economic aspects of the liberal revolution, 1856-1875, Cambridge, 1971. El análisis más general de Arnold Bauer, «The Church and Spanish American agrarian structure 1765-1865», TA, 28/1 (1971), desarrolla lúcidamente algunas de las ideas tratadas en el libro de Bazant.

Hay muchas obras sobre el caudillismo, sobre todo si se tienen en cuenta las biografías de los caudillos. Para muchos de ellos véanse los ensayos bibliográficos sobre los diferentes países durante estos años. Para una visión general del fenómeno, consúltense: Charles E. Chapman, «The age of caudillos: a chapter in Hispanic American history», HAHR, 12/3 (1932), pp. 281-300; Hugh M. Hamill, Jr., ed., Dictatorship in Spanish America, Nueva York, 1965; Robert L. Gilmore, Caudillism and militarism in Venezuela, 1810-1910, Athens, Ohio, 1964; Eric R. Wolf y Edward C. Hansen, «Caudillo politics: a structural analysis», Comparative Studies in Society and History, 9/2 (1967), pp. 168-179; Fernando Díaz Díaz, Caudillos y caciques, México, 1972; y Malcolm Deas, «Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia», Revista de Occidente, 63 (1973), pp. 118-140. Una de las contribuciones más útiles es el análisis que Roger Haigh ha hecho sobre un caso concreto, el de Martín Güemes en la provincia de Salta en Argentina: «The creation and control of a caudillo», HAHR, 44/4 (1964), pp. 481-490. La mayoría de los trabajos sobre la inestabilidad política del periodo que siguió a la independencia también tienen algo que decir sobre el caudillismo. Los dos trabajos clásicos son el de Francisco García Calderón, Latin America: its rise and progress, Nueva York, 1913, y el de L. Cecil Jane, Liberty and despotism in Spanish America, Londres, 1929. Las contribuciones recientes más importantes son los dos artículos de Richard M. Morse, «Toward a theory of Spanish American government», Journal of the History of Ideas, 15 (1954), pp. 71-93, y «The heritage of Latin America», en Louis Hartz, ed., The founding of new societies, Nueva York, 1964, pp. 123-177.

Para los países hispanoamericanos en concreto, véanse los ensayos bibliográficos de los apartados 3-8 de este mismo volumen.

3. México

La Historia documental de México, 2 vols., México, 1964, de Ernesto de la Torre Villar et al., eds., es una colección de documentos importante. F. Tena Ramírez, ed., Leyes fundamentales de México 1808-1973, México, 1973, 5.a ed. revis., reproduce todas las constituciones y sus borradores así como las principales leyes y decretos. Para los aspectos económicos y sociales del periodo entre 1800 y 1852, aproximadamente, debe consultarse la Colección de documentos para la historia del comercio exterior de México en dos series: serie I en 7 vols. (México, 1958-1962) y serie II en 4 vols. (México, 1965-1967), de L. Chávez Orozco, ed.; cubre muchos más campos que los indicados en el título. Sobre la era de Juárez se puede encontrar documentación en J. L. Tamayo, ed., Benito Juárez, documentos, discursos y correspondencia, 14 vols., México, 1964-1970, y Secretaría de la Presidencia, ed., La administración pública en la época de Juárez, 3 vols., México, 1973. Sobre las relaciones internacionales consúltese L. Díaz, ed., Versión francesa de México. Informes diplomáticos 1853-1867, 4 vols., México, 1963-1967, y L. Díaz, ed., Versión francesa de México 1851-1867. Informes económicos (informes consulares), 2 vols., México, 1974.

Hay diversas obras generales que contemplan detenidamente la historia mexicana del periodo de la postindependencia. Los trabajos más importantes entre los más antiguos son el de Lucas Alamán, Historia de México, 1808-1849, 5 vols., México, 1942-1948, 2.ª ed., vol. V, y el de Vicente Riva Palacio, ed., México a través de los siglos, México, 1889 (México, 1958, ed. facsímil), vols. IV y V; Francisco de Paula Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867, 4 vols., México, 1871-1872; 1974. Más recientemente Luis González y González, ed., Historia general de México, 4 vols., El Colegio de México, México, 1976, vol. III (1821-1910), y Jan Bazant, A concise history of Mexico from Hidalgo to Cárdenas, Cambridge, 1977 (hay trad. cast.: Breve historia de México de Hidalgo a Cárdenas [1808-1940], México, 1980), los caps. 2 y 3 ofrecen valiosas síntesis. Aún resulta útil la obra de Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940.

En el apartado de los aspectos particulares hay que señalar la obra de Charles A. Hale, Mexican liberalism in the age of Mora 1821-1853, New Haven, 1968, que es esencial para el estudio de las ideas. J. Bazant, Historia de la deuda exterior de México, 1823-1946, México, 1968, sustituye al viejo libro de Edgar Turlington Mexico and her foreign creditors, Nueva York, 1930. Michael Costeloe, en Church and State in independent Mexico. A study of the patronage debate 1821-1857, Londres, 1978, hace un excelente estudio sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. R. W. Randal, Real del Monte, a British mining venture in Mexico, Austin, Texas, 1972, es uno de los pocos libros sobre la minería. Robert A. Potash, El Banco de Avío de México 1821-1846, México, 1959, es esencial para la historia de la industria y la banca estatal. Sobre el contexto de la guerra de castas en Yucatán existen tres buenos artículos de Howard F. Cline: «The “Aurora Yucateca” and the spirit of enterprise in Yucatán, 1821-1847», HAHR, 27 (1947), pp. 30-60; «The sugar episode in Yucatán, 1825-1850», Inter American Economic Affairs, 1/4 (1948), pp. 79-100; y «The henequén episode in Yucatán», Inter-American Economic Affairs, 2/2 (1948), pp. 30-51. Véanse también: Moisés González Navarro, Raza y Tierra, México, 1970, y N. Reed, The Cast War of Yucatán, Stanford, 1964 (hay trad. cast.: La guerra de castas de Yucatán, Biblioteca Era, México, 1987). Sobre la estructura agraria y la historia de la hacienda, véanse: Charles H. Harris III, A Mexican family empire. The latifundio of the Sánchez Navarros 1765-1867, Austin, Texas, 1975; J. Bazant, Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de vida rural en San Luis Potosí, 1600-1910, México, 1975, una parte resumida del cual ha sido publicada en inglés en K. Duncan e I. Rutledge, Land and labour in Latin America. Essays on the development of agrarian capitalism in the 19th and 20th centuries, Cambridge, 1977; Herbert J. Nickel en Soziale Morphologie der mexikanischen Hacienda, Wiesbaden, 1978, ha hecho uno de los mejores estudios sobre la hacienda publicados hasta ahora; y David A. Brading, Haciendas and ranchos in the Mexican Bajío, Cambridge, 1978. Finalmente, sobre la difícil cuestión de la riqueza de la Iglesia y su liquidación, véanse M. P. Costeloe, Church wealth in Mexico, Cambridge, 1967, y J. Bazant, Alienation of church wealth in Mexico. Social and economic aspects of the liberal revolution 1856-1875, Cambridge, 1971 (hay trad. cast.: Los bienes de la Iglesia en México, México, 1977, 2.ª ed. rev.). Charles R. Berry, The Reform in Oaxaca, 1856-1876. A micro-history of the liberal revolution, Lincoln, Nebraska, 1981, es un estudio regional detallado sobre este tema. Existen dos conjuntos de artículos sobre aspectos de la historia económica y social de México durante el siglo XIX publicados por Ciro F. S. Cardoso: Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XIX, México, 1978, y México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social, México, 1980.

Entre las descripciones coetáneas del periodo 1821-1835, se encuentran la de J. Poinsett, Notes on Mexico, Londres, 1825 (hay trad. cast.: Notas sobre México, México, 1950; 1973) y la de H. G. Ward, Mexico in 1827, 2 vols., Londres, 1828 (hay trad. cast.: México en 1827, México, 1981). Günther Kahle, en Militar und Staatsbildung in den Anfangen der Unabhangigkeit Mexikos, Colonia, 1969, presenta una obra pionera sobre la formación del ejército mexicano que se consiguió con la amalgama de los guerrilleros de la independencia y los antiguos oficiales realistas. Michael P. Costeloe, en La primera república federal de México, 1824-1835, México, 1975, hace un estudio de los partidos políticos a partir de periódicos y folletos. También hay que mencionar el libro de Romeo Flores Caballero, Contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México, 1973; el de H. D. Sims, La expulsión de los españoles en México, 1821-1828, México, 1974, que contiene valiosos datos estadísticos; y el de Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú, México, 1978, para los difíciles primeros años del México independiente.

La independencia de Texas y la guerra mexicano-estadounidense ha recibido gran atención de los historiadores estadounidenses y mexicanos, tanto entonces como ahora. Véanse: R. S. Ripley, The war with Mexico, 2 vols., Nueva York, 1849, 1970 reimp.; R. Alcaraz et al., The other side: or notes for the history of the war between Mexico and the United States (trad. y ed. de A. C. Ramsey, Nueva York, 1850), en que 15 prominentes mexicanos describen la guerra; Carlos E. Castañeda, ed. y trad., en The Mexican side of the Texan revolution 1836, Washington, D. C., 1971, recoge las declaraciones de 5 personalidades mexicanas —incluido Santa Anna— que participaron en ella; J. F. Ramírez, Mexico during the war with the United Sates, ed. por W. V. Scholes, trad. de E. B. Sherr, Columbia, Mo., 1950; G. M. Brack, Mexico views Manifest Destiny 1821-1846. An essay on the origins of the Mexican War, Albuquerque, N. M., 1975, es una obra bien documentada elaborada con periódicos y folletos mexicanos; Charles H. Brown, en Agents of Manifest Destiny. The lives and times of the Filibusters, Chapel Hill, N. C., 1980, hace un estudio muy útil de estos aventureros.

Para el periodo posterior a 1848 existen dos estudios sobre los últimos años de Santa Anna; el de F. Díaz D., Caudillos y caciques, México, 1972, y el de M. González Navarro, Anatomía del poder en México 1848-1853, México, 1977. Sobre la política liberal, véase la obra de W. V. Scholes, Mexican politics during the Juárez Régime 1855-1872, Columbia, Mo., 1969, y la de Richard N. Sinkin, The Mexican Reform, 1855-1876. A study in liberal nation-building, Austin, Texas, 1979; sobre la intervención francesa existe la obra de J. A. Dabbs, The French Army in Mexico 1861-1867, a study in military government, La Haya, 1963, y sobre el imperio el de Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna, Napoleón III and Mexico. American triumph over monarchy, Chapel Hill, N. C., 1971.

Existen unas cuantas biografías de políticos importantes: W. S. Robertson, Iturbide of Mexico, Durham, N. C., 1952, que se basa sobre todo en material de archivo (véase también las Memoirs of Agustín de Iturbide, Washington, D. C., 1971); J. E. Rodríguez O., The emergence of Spanish America. Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism 1808-1832, Berkeley, 1975 (hay trad. cast.: El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808-1832, México, 1980) hace la biografía de este liberal ecuatoriano que tomó parte en la lucha por la república mexicana; Wildrid H. Callcott, Santa Anna, Norman, Oklahoma, 1936, y O. L. Jones, Jr., Santa Anna, Nueva York, 1968 (que debería leerse conjuntamente con la obra de A. F. Crawford, ed., The Eagle. The autobiography of Santa Anna, Austin, Texas, 1967); Thomas E. Cotner, The military and political career of José Joaquín de Herrera 1792-1854, Austin, Texas, 1949; Frank A. Knapp, The life of Sebastián Lerdo de Tejada 1823-1899, Austin, Texas, 1951, y C. G. Blázquez, Miguel Lerdo de Tejada, México, 1978. I. E. Cadenhead Jr. es el autor de Benito Juárez, Nueva York, 1973 —que en gran medida sustituye la más antigua y voluminosa biografía hecha por R. Roeder, Juárez and his Mexico, 2 vols., Nueva York, 1947—, y de Jesús González Ortega and Mexican national politics, Christian University Press, Texas, 1972. Joan Haslip, en The crown of Mexico. Maximilian and his Empress Carlota, Nueva York, 1971, ofrece una detallada biografía, tanto personal como política, de estas dos trágicas figuras.

4. Las repúblicas centroamericanas

Si se compara la publicación de Lázaro Lamadrid, «A survey of the historiography of Guatemala since 1821. Part 1; The nineteenth century», TA, 8/2 (1951), pp. 189-202, con la de W. J. Griffith, «The historiography of Central America since 1830», HAHR, 40/4 (1960), pp. 548-569, y con la de Griffith, «Central America», en C. C. Griffith, ed., Latin America, a guide to the historical literature, Austin, 1971, pp. 403-421, se puede observar el rápido aumento de publicaciones históricas que se ha producido a mediados del siglo XX. El trabajo bibliográfico que aquí se presenta se refiere a trabajos publicados después de la recopilación hecha por Griffith, de modo que será conveniente utilizarlo junto con las guías mencionadas anteriormente y con el extenso trabajo bibliográfico de R. L. Woodward, Jr., Central America, a nation divided, Nueva York, 1985, pp. 278-312, así como con los apartados correspondientes del Handbook of Latin American Studies. Véase también R. L. Woodward, «La historiografía centroamericana moderna desde 1960», Anuario de Estudios Centroamericanos, 13 (Costa Rica, 1987), pp. 43-65.

Aunque hay algunos antiguos trabajos que continúan siendo útiles, el de Woodward, Central America, y el de Ciro Cardoso y Héctor Pérez, Centroamérica y la economía occidental (1520-1930), San José, 1977, incorporan muchos estudios recientes sobre los primeros cincuenta años que siguieron a la independencia, sobre todo en lo referente a historia económica y social. Edelberto Torres Rivas, Interpretación del desarrollo social centroamericano, San José, 1971, ha inspirado diversos trabajos de investigación recientes en las ciencias sociales centroamericanas. Hay pocos estudios recientes sobre países concretos a excepción del de Alastair White, El Salvador, Nueva York, 1973; el de Narda Dobson, A history of Belize, Londres, 1973; el de O. N. Bolland, The formation of a colonial society: Belize from conquest to crown colony, Baltimore, 1977; y el de David Luna, Manual de historia económica, San Salvador, 1971. Como obras de referencia, aunque de escaso valor, también sirven los libros del Historical Dictionary publicados en Metuchen, N. J.: Philip Flemion, El Salvador, 1972; H. K. Meyer, Nicaragua, 1972, y Honduras, 1976; R. E. Moore, Guatemala, 1973, ed. rev.; y Theodore Creedman, Costa Rica, 1977. También resultan útiles los primeros volúmenes del World Bibliographical Series: R. L. Woodward, Belize, 1980, Nicaragua, 1983, y El Salvador, 1988, y Woodman Franklin, Guatemala, 1981, Clio Press, Oxford.

Varios trabajos recientes se refieren a aspectos concretos del periodo de la postindependencia: D. R. Radell, Historical geography of Western Nicaragua: the spheres of influence in León, Granada and Managua, 1519-1965, Berkeley, 1969; David Browning, El Salvador, landscape and society, Oxford, 1971; Alberto Sáenz M., Historia agrícola de Costa Rica, San José, 1970; Carolyn Hall, El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica, San José, 1976; Constantino Láscaris, Historia de las ideas en Centroamérica, San José, 1970; Carlos González, Historia de la educación en Guatemala, Guatemala, 1970; Otto Olivera, La literatura en publicaciones periódicas de Guatemala: siglo XIX, Nueva Orleans, 1974; Arturo Castillo, Historia de la moneda de Honduras, Tegucigalpa, 1974; Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, San José, 1975; Cleto González Víquez, Capítulos de un libro sobre historia financiera de Costa Rica, San José, 1977; y R. L. Woodward, Jr., Privilegio de clases y el desarrollo económico: el consulado de comercio de Guatemala, 1793-1871, San José, 1981, que contiene extensos apéndices documentales que no se incluyeron en la edición en inglés de 1966. Entre los artículos más importantes que han abierto nuevos campos, han aplicado metodología nueva y han aparecido recientemente en publicaciones de Centroamérica se encuentran el de Ciro Cardoso, «La formación de la hacienda cafetalera en Costa Rica (siglo XIX)», ESC, 2/6 (1973), pp. 22-50; Carlos Araya, «La minería y sus relaciones con la acumulación de capital y la clase dirigente de Costa Rica, 1821-1841», ESC, 2/5 (1973), pp. 31-64, y «La minería en Costa Rica, 1821-1843», Revista Historia, 1/2 (Costa Rica, 1976), pp. 83-125; Héctor Pérez, «Economía y sociedad en Honduras durante el siglo XIX. Las estructuras demográficas», ESC, 2/6 (1973), pp. 51-82; Guillermo Molina, «Estructura productiva e historia demográfica (Economía y desarrollo en Honduras)», Anuario de Estudios Centroamericanos, 3 (1977), pp. 215-224. R. L. Woodward, Jr., ha reseñado los trabajos demográficos sobre el periodo en «Crecimiento de población en Centroamérica durante la primera mitad del siglo de la independencia nacional», Mesoamérica, 1/1 (1980), pp. 219-231. Thomas Schoonover, aunque en «Central American commerce and maritime activity in the nineteenth century: sources for a quantitative approach», LARR, 13/2 (1978), pp. 157-169, presenta algunos de los trabajos ya realizados, ofrece alguna orientación en este campo.

Entre los trabajos recientes sobre la llegada de la independencia en Centroamérica el más importante es el de Mario Rodríguez, The Cádiz Experiment in Central America, 1808-1826, Berkeley, 1978. Mientras la obra de Louis Bumgartner, José del Valle of Central America, Durham, N. C., 1963, continúa siendo el estudio principal sobre esta importante figura política, la de Ramón López, José Cecilio del Valle, Fouché de Centro América, Guatemala, 1968, ofrece algunas nuevas aportaciones y la de Rafael H. Valle, Pensamiento vivo de José Cecilio del Valle, San José, 1971, es una excelente antología de sus escritos y síntesis de sus ideas. Andrés Townsend trata el papel de la Primera Asamblea Constituyente Centroamericana en Las Provincias Unidas de Centroamérica: fundación de la República, San José, 1973, que es una notable ampliación del libro que con el mismo título publicó en 1958. Hay dos artículos que revisan el periodo de la Federación: Philip Flemion, «States’ rights and partisan politics: Manuel José Arce and the struggle for Central American Union», HAHR, 53/4 (1973), pp. 600-618, y el de Mauricio Domínguez, «El Obispado de San Salvador: foco de desavenencia político-religiosa», Anuario de Estudios Centroamericanos, I (1974), pp. 87-133. Las Memorias de Francisco Morazán —escritas tras su derrota en 1840, publicadas en París en 1870 y reimpresas en Tegucigalpa en 1971— y una selección de sus papeles personales han sido editadas por W. J. Griffith, «The personal archive of Francisco Morazán», Philological and Documentary Studies, II, Publicación 12, Middle American Research Institute, Tulane University, Nueva Orleans, 1977, pp. 197-286. Sobre el periodo de la postindependencia, el libro de T. L. Karnes, The failure of unión: Central America 1824-1975, Center for Latin American Studies, Arizona State University, Tempe, 1976, ed. rev., es idéntico a su anterior trabajo, y el de Alberto Herrarte, El federalismo en Centroamérica, San José, 1972, es un resumen de su Unión de Centroamérica, Guatemala, 1964. F. D. Parker, en Travels in Central America, 1821-1840, Gainsville, Florida, 1970, se refiere a algunos penetrantes relatos de viajes de este periodo. Los artículos sobre Guatemala de Mario Rodríguez, Miriam Williford, R. L. Woodward, Jr., y W. J. Griffith publicados en Applied Enlightenment: 19th-century liberalism, Publicación 23, Middle American Research Institute, Tulane University, Nueva Orleans, 1972, muestran los importantes avances que se están efectuando en la investigación. El de Griffith en este mismo volumen, «Attituds toward foreign colonization: the evolution of nineteenth-century Guatemalan immigration», divulga las ideas ya expuestas en su Empires in the wilderness, Chapel Hill, N. C., 1966. Véase también el de Williford, «The educational reforms of Dr. Mariano Gálvez», JLAS, 10/3 (1968), pp. 461-473. Para la historia diplomática del periodo, además de la excelente obra de Mario Rodríguez Palmerstonian diplomat in Central America: Frederick Chatfield, Esq., Tucson, Arizona, 1964, se cuenta con la de R. A. Humphreys, «Anglo-American rivalries in Central America», en Tradition and revolt in Latin America, Londres, 1969, pp. 154-155; David Waddell, «Great Britain and the Bay Islands, 1821-1861», The Historical Journal, 2/1 (1959), pp. 59-77; C. L. Stansifer, «Ephraim George Squier: diversos aspectos de su carrera en Centroamérica», Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, 20/98 (1968); Cyril Alien, France in Central America, Nueva York, 1966, que se concentra sobre el agente del canal Félix Belly; y Andrés Vega Bolaños, Los atentados del superintendente de Belice, Managua, 1971, que se centra en las actividades británicas de 1840-1842. José Ramírez, en José Marcoleta: padre de la diplomacia nicaragüense, 2 vols., Managua, 1975, describe la carrera de uno de los primeros diplomáticos nicaragüenses. Chester Zelaya y L. F. Sibaja se ocuparon de la adquisición costarricense de Guanascaste en La anexión del partido de Nicoya, San José, 1974. Zelaya también ha aclarado la carrera de J. F. Osejo en El Bachiller Osejo, 2 vols., San José, 1971. Algunos autores han puesto en cuestión la tradicional condena liberal de Rafael Carrera; Luis Beltranena lo ha hecho en Fundación de la República de Guatemala, Guatemala, 1971; Keith Miceli en «Rafael Carrera: defender and promoter of peasant interests in Guatemala, 1837-1848», TA, 31/1 (1974), pp. 72-95, y R. L. Woodward en «Liberalism, conservatism and the response of the peasants of La Montaña to the goverment of Guatemala, 1821-1850», Plantation Society in the Americas, 1/1 (1979), pp. 109-130. Véase también el libro de Pedro Tobar Cruz, Los montañeses: la facción de los Lucios y otros acontecimientos históricos de 1846 a 1851, Guatemala, 1971. Se ha reeditado una importante memoria de este periodo en el libro de Francisco Ortega Cuarenta años (1838-1878) de historia de Nicaragua, Managua, 1974.

La rivalidad anglo-norteamericana en el proyecto de abrir una ruta transoceánica y el episodio de William Walker continúan atrayendo a los historiadores. Enrique Guier en William Walker, San José, 1971, no ofrece nada nuevo pero es un trabajo competente; por otro lado, el de Frederick Rosengarten, Freebooters Must Die!, Wayne, Pennsilvania, 1976, combina un relato vivo con diversas ilustraciones y mapas de aquel tiempo. Más profesionales son los trabajos de David Folkman, The Nicaragua route, Salt Lake City, 1972, el de R. E. May, The Southern dream of a Caribbean empire, 1854-1861, Baton Rouge, 1973, y el de Germán Tjarks et al., «La epidemia del cólera de 1856 en el Valle Central: análisis y consecuencias demográficas», Revista de Historia, 263 (Costa Rica, 1976), pp. 81-129. Alejandro Bolaños ha empezado a publicar una serie de obras sobre el periodo de Walker basadas en la ingente cantidad de material que ha ido recogiendo. De los primeros volúmenes publicados el más interesante quizá sea El filibustero Cliton Rollins, Masaya, Nic., 1976, donde identifica a Rollins —supuestamente un socio de Walker— con el pseudónimo de H. C. Parkhrust y considera ficticios sus relatos de Walker.

Para terminar con el periodo, Wayne Clergern, autor de British Honduras: colonial dead end, Baton Rouge, 1967, otorga un papel transitorio a la administración de Vicente Cerna en «Transition from conservatism to liberalism in Guatemala, 1865-1981», en William S. Coker, ed., Hispanic-American Essays in honour of Max Leon Moorhead, Pensacola, Florida, 1979, también publicado en español en Revista del Pensamiento Centroamericano, 31/151 (1976), pp. 60-65. Existen algunos estudios sobre las principales personalidades de Costa Rica y El Salvador de estos años: Carlos Meléndez, Dr. José María Montealegre, San José, 1968 e Italo López, Gerardo Barrios y su tiempo, 2 vols., San Salvador, 1965. Finalmente, se han reimpreso valiosas publicaciones del periodo: Francisco Lainfiesta, Apuntamientos para la historia de Guatemala, periodo de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885, Guatemala, 1975, y Pablo Levy, Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua, Managua, 1976.

5. Venezuela, Colombia y Ecuador

a) Obras generales

Para Gran Colombia, véanse las obras: D. Bushnell, The Santander Régime in Gran Colombia, Newark, N. J., 1954; J. M. Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia en la América meridional, 8 vols., Bogotá, 1942-1950; R. M. Baralt y R. Díaz, Resumen de la historia de Venezuela desde el año de 1797 hasta el de 1830, 2 vols., Bruges, 1939. Sobre su fracaso también resultan muy útiles las dos obras de C. Parra-Pérez: Mariño y la independencia de Venezuela, 4 vols., Madrid, 1954-1960, vol. IV, y La monarquía en la Gran Colombia, Madrid, 1957. Hay algunos valiosos relatos para toda el área: C. A. Gosselman, Informes sobre los estados sudamericanos en los años de 1837 y 1838, Estocolmo, 1962, y M. M. Lisboa, barón de Japura, Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, Caracas, 1954, que narra un viaje efectuado en 1852-1853. Es útil la serie de estudios constitucionales del coetáneo J. Arosemena, Estudios constitucionales sobre los gobiernos de la América Latina, 2 vols., París, 1978.

b) Venezuela

Resulta indispensable la obra de J. V. Lombardi et al., Venezuelan History: a comprehensive working bibliography, Boston, Mass., 1977. Las siguientes colecciones de documentos también cubren bien el periodo: R. Grases y M. Pérez Vila, eds., Pensamiento político venezolano del siglo XIX, 15 vols., Caracas, 1960-1962; T. E. Carrillo Batalla, compilador, Historia de las finanzas públicas en Venezuela, 10 vols., Caracas, 1969-1973; Las fuerzas armadas de Venezuela en el siglo XIX, 12 vols. hasta la actualidad, Caracas, 1963; C. Gómez R., ed., Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1829-1860). Enajenación y arrendamiento de tierras baldías, Caracas, 1971; R. J. Velásquez (introd.), Decretos del poder ejecutivo de Venezuela por el Despacho del Interior y Justicia, 1831-1842, Caracas, 1973; A. L. Guzmán, Causa célebre por su iniquidad de la supuesta conspiración del redactor de «El Venezolano» Antonio L. Guzmán en 1846, 6 vols., Caracas, 1884.

Las memorias y los diarios de coetáneos no son tan abundantes como en Colombia, pero véanse: J. A. Páez, Autobiografía, 2 vols., Caracas, 1973; J. M. de Rojas, Tiempo perdido, Caracas, 1967; W. Dupuy, ed., Sir Robert Kerr Porter’s Caracas Diary, 1825-1842, Caracas, 1966; L. Level de Goda, Historia contemporánea de Venezuela política y militar, 1858-1886, Caracas, 1976; C. Parra-Pérez, ed., La cartera del Coronel Conde de Adlercreutz, París, 1928. Resulta de gran interés la obra de B. Bruni Celli, comp., José María Vargas - obras completas, 7 vols. en 10, Caracas, 1958-1966; en cambio, la de J. A. Cova, ed., Archivo del Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, 5 vols., Caracas, 1957-1960, resulta confusa y decepcionante; el libro de R. R. Castellanos V., Guzmán Blanco íntimo, Caracas, 1969, contiene parte del material de un gran archivo que se ha conservado; véase también su Páez, proscrito y peregrino, Caracas, 1976.

Los trabajos biográficos más útiles son el de C. Parra-Pérez, Mariño y las guerras civiles, 3 vols., Madrid, 1958-1960, y el de R. Díaz Sánchez, Guzmán. Elipse de una ambición de poder, 2 vols., Caracas, 1968; en ambos casos tanto las vidas como la época están bien documentadas. La obra de F. Brito Figueroa Tiempo de Ezequiel Zamora, Caracas, 1975, dio lugar a la escrupulosamente investigada respuesta, irónica y subestimada, de A. Rodríguez Ezequiel Zamora, Caracas, 1977; los primeros estudios sobre esta figura hechos por M. Landaeta Rosales y L. Villanueva (ambos reimpresos en Caracas en 1975) aún vale la pena leerlos, al igual que el de J. R. Pachano, Biografía del Mariscal Juan C. Falcón, Caracas, 1960. Véase también el libro de J. A. de Armas Chitty, Fermín Toro y su época, Caracas, 1966, y el de R. A. Rondón Márquez, Guzmán Blanco, «el Autócrata Civilizador», 2 vols., Caracas, 1944.

De las obras más antiguas, el libro de F. González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela, 15 vols., 1954, contiene mucha información que no se encuentra en otros; tanto la de J. Gil Fortoul, Historia constitucional de Venezuela, 3 vols., Caracas, 1967, como la de E. González, Historia de Venezuela, t. III: 1830-1858, Buenos Aires, 1944, son lúcidas. La obra de J. S. Rodríguez Contribución al estudio de la guerra federal en Venezuela, 2 vols., Caracas, 1960, y la de L. Alvarado, Historia de la revolución federal en Venezuela, vol. 5 de las Obras Completas, 8 vols., Caracas, 1953-1958, aún resultan indispensables. De entre los «positivistas», el más destacado es L. Valenilla Lanz, de quien se han publicado dos tomos de una nueva edición de sus trabajos. Los escritos de P. M. Arcaya aún son valiosos.

Se puede seguir la evolución de la historiografía venezolana en la obra compilada por G. Carrera Damas, Historia de la historiografía Venezolana. Textos para su estudio, Caracas, 1961. John V. Lombardi ha escrito recientemente una historia general: Venezuela, Oxford, 1982.

Los ensayos de M. Pérez Vila, R. P. Matthews, B. A. Frankel, M. B. Floyd y N. Harwich en M. Izard et al., Política y economía en Venezuela, 1810-1967, Caracas, 1976, son una introducción a la historiografía reciente sobre el siglo XIX venezolano. La mejor síntesis corta sobre el siglo XIX de un solo autor es la de J. A. de Armas Chitty, La vida política de Caracas en el siglo XIX, Caracas, 1976. El libro de M. V. Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana, Caracas, 1973, es una guía de los partidos y las facciones que incluye alguna referencia a la actividad política en provincias; por otro lado, la obra de M. Watters, A history of the Church in Venezuela 1810-1930, Nueva York, 1933, continúa siendo la obra de referencia obligada para este tema. Entre las monografías y artículos recientes están: el de J. V. Lombardi, The decline and abolition of negro slavery in Venezuela, 1820-1854, Westport, Conn., 1971, que resulta útil más allá del tema específico que trata; el de R. P. Matthews, Violencia rural en Venezuela, 1840-1858, antecedentes socioeconómicos de la Guerra Federal, Caracas, 1977, aclara más cosas sobre los Llanos que sobre la guerra federal; el de R. L. Gilmore, Caudillism and militarism in Venezuela, 1810-1910, Athens, Ohio, 1964, no queda claro en qué tema se centra. Véanse también B. A. Frankel, Venezuela y los Estados Unidos, 1810-1888, Caracas, 1977; R. W. Butler, «The origins of the Liberal Party in Venezuela, 1830-1848», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Texas, 1972; L. F. Snow, Jr., «The Páez Years Venezuelan Economic Legislation, 1830-1846», tesis doctoral sin publicar, Universidad de North Carolina, 1970; G. E. Cari, First among equals: Great Britain and Venezuela, 1810-1910, Ann Arbor, 1980; J. V. Lombardi y J. A. Hanson, «The first Venezuelan coffee cycle, 1830-1855», Agricultural History, 44 (1970); D. Bushnell, «La evolución del derecho de sufragio en Venezuela», Boletín Histórico, 39 (1972); A. Lemmo B., La educación en Venezuela en 1870, Caracas, 1961.

La más famosa de las geografías aparecidas tras la implantación de la república es la de A. Codazzi, Resumen de la geografía de Venezuela (Venezuela en 1841), 3 vols., Caracas, 1940. Hay algunos libros importantes de viajes que describen al país de estos años: K. F. Appun, En los trópicos, Caracas, 1961; E. B. Eastwick, Venezuela or Sketches of Life in a South American Republic, Londres, 1868; P. Rostí, Memorias de un viaje por América, Caracas, 1968. Una lista completa se debe a A. M. I. Ganzenmuller de Blay, Contribución a la bibliografía de viajes y exploraciones de Venezuela, Caracas, 1964.

Las pinturas de Antón Goering han sido reproducidas en Venezuela de hace un siglo, Caracas, 1960; la número 52 dice más sobre el ejército que lo que se podría decir con palabras.

Existen las siguientes compilaciones estadísticas: M. Izard, Series estadísticas para la historia de Venezuela, Mérida, 1970; A. A. Moreno, comp., Las estadísticas de las provincias en la época de Páez, Caracas, 1973; M. Landaeta Rosales, Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela, 2 vols., Caracas, 1889, 1963; R. Veloz, Economía y finanzas de Venezuela, 1830-1944, Caracas, 1945.

c) Colombia

Desgraciadamente no existe un libro equivalente al de J. V. Lombardi y su equipo bibliográfico sobre la historia venezolana. La obra del primer bibliógrafo colombiano I. Laverde Amaya, Apuntes sobre bibliografía colombiana con muestras escogidas en prosa y verso, Bogotá, 1882, aún es una guía válida para los historiadores de este periodo. Las siguientes obras son fácilmente accesibles: Giraldo Jaramillo, Bibliografía de bibliografías colombianas, 2.ª ed. corregida y actualizada por R. Pérez Ortiz, Bogotá, 1960; al mismo autor se debe Bibliografía colombiana de viajes, Bogotá, 1957; S. Bernal, Guía bibliográfica de Colombia de interés para el antropólogo, Bogotá, 1970, que resulta imprescindible para la historia local; H. H. Orjuela, Fuentes generales para el estudio de la literatura colombiana, guía bibliográfica, Bogotá, 1968; E. Ortega Ricaurte, Bibliografía académica, 1902-1952, Bogotá, 1953; M. G. Romero et al., Papeles bibliográficos para el estudio de la historia de Colombia, Bogotá, 1961.

Sobre todo son interesantes los archivos personales publicados que siguen: R. Cortázar, comp., Cartas y mensajes del General Francisco de Paula Santander, 10 vols., Bogotá, 1953-1956, y Correspondencia dirigida al general Francisco de Paula Santander, 14 vols., Bogotá, 1964-1967; L. A. Cuervo, comp., Epistolario del doctor Rufino Cuervo, 3 vols., Bogotá, 1918-1922; J. L. Helguera y R. H. Davis, eds., Archivo epistolar del General Mosquera, hasta ahora 3 vols., Bogotá, 1966; H. Rodríguez Plata, José María Obando, 4 vols., Bogotá, 1973; E. Lamaitre, introd., Epistolario de Rafael Núñez con Miguel Antonio Caro, Bogotá, 1977; G. Hernández de Alba, ed., Epistolario de Rufino José Cuervo con Luis María Lleras y otros amigos y familiares, Bogotá, 1970; G. Hernández de Alba et al., comps., Archivo epistolar del General Domingo Caycedo, 3 vols., Bogotá, 1943-1947.

Las obras de S. Camacho Roldán, Escritos varios, 3 vols., Bogotá, 1892-1895; de M. Samper, Escritos político-económicos, 4 vols., Bogotá, 1925-1927, y de R. Núñez, La reforma política en Colombia, 1 vols., Bogotá, 1946-1950, son aportaciones fundamentales sobre la Colombia decimonónica. Un aislado informe diplomático de gran sensibilidad está inserto en el trabajo de R. Donoso, «José Antonio Soffia en Bogotá», Thesaurus, 31/1 (Bogotá, 1976).

Respecto a las memorias, véanse: J. M. Restrepo, Autobiografía, Bogotá, 1957, y Diario político y militar, 4 vols., Bogotá, 1854; J. M. Cordóvez Moure, Reminiscencias de Santa Fé y Bogotá, ed. E. Mújica, Madrid, 1962; F. de P. Borda, Conversaciones con mis hijos, 3 vols., Bogotá, 1974; A. Parra, Memorias, Bogotá, 1912; S. Camacho Roldán, Memorias, 2 vols., Bogotá, 1945; J. M. Samper, Historia de un alma, Bogotá, 1971; J. M. Obando, Apuntamientos para la historia, 2 vols., Bogotá, 1945; J. Posada Gutiérrez, Memorias histórico-políticas, 4 vols., Bogotá, 1929. Para relatos actuales sobre la guerra civil, consúltense: A Cuervo, Cómo se evapora un ejército, Bogotá, 1953; M. Briceño, La revolución, 1876-1877; recuerdos para la historia, Bogotá, 1947; J. M. Vargas Valdés, A mi paso por la tierra, Bogotá, 1938; V. Ortiz, Historia de la revolución del 17 de abril de 1854, Bogotá, 1972.

Existen las siguientes biografías: C. Cuervo Márquez, Vida del doctor José Ignacio Márquez, 2 vols., Bogotá, 1917; E. Posada y P. M. Ibáñez, Vida de Herrón, Bogotá, 1903; E. Gómez Barrientos, Don Mariano Ospina y su época, 2 vols., Medellín, 1911-1915, continuado como Veinticinco años a través del Estado de Antioquia, 2 vols., Medellín, 1918; A. y R. Cuervo, Vida de don Rufino Cuervo y noticias de su época, 2 vols., París, 1892; J. M. Arboleda Llorente, Vida del Ilmo. Señor Manuel José Mosquera, Arzobispo de Santa Fé de Bogotá, 2 vols., Bogotá, 1957; A. J. Lemos Guzmán, Obando, Popayán, 1959; I. Lievano Aguirre, Rafael Núñez, Bogotá, 1944; G. Otero Muñoz, La vida azarosa de Rafael Núñez, Bogotá, 1951.

De entre los libros antiguos, el de G. Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, 6 vols., Bogotá, 1918-1935, es el más completo pero desafortunadamente sólo cubre hasta 1861. Para las últimas décadas del siglo, el libro de E. Rodríguez Piñere, El Olimpo Radical 1864-1884, Bogotá, 1950, resulta indispensable.

Sobre este tema existe el claro y magníficamente documentado estudio de J. L. Helguera, «The first Mosquera administration in New Granada, 1845-1899», tesis doctoral sin publicar, Universidad de North Carolina, 1958. Para mediados de siglo, véase el libro de G. Colmenares, Poder político y clases sociales, Bogotá, 1965, y sobre la historia intelectual el de J. Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, 1964. Para una introducción a las luchas entre partidos hay que ver el trabajo de J. L. Helguera, «Liberalism versus conservatism in Colombia, 1849-1885», en F. B. Píke, ed., Latin American History: Select Problems, Nueva York, 1969.

En historia económica, la obra fundamental continúa siendo la de L. Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, 1810-1930, Medellín, 1955, que debe preferirse al no siempre fiable trabajo de W. P. McGreevey, An economic history of Colombia, 1845-1930, Cambridge, 1971. Véanse también J. A. Ocampo, ed., Historia económica de Colombia, Bogotá, 1987, y del mismo autor, Colombia y la economía mundial, 1830-1910, Bogotá, 1984. Las aportaciones de E. Safford son imprescindibles: The ideal of the practical, Austin, Texas, 1975, que explora varios temas a partir de las consideraciones extraídas del estudio de la educación técnica; su tesis doctoral sin publicar, «Commerce and enterprise in Central Colombia, 1821-1870», Universidad de Columbia, 1965, y los ensayos de su Aspectos del siglo XIX en Colombia, Medellín, 1977. Véanse también las de J. P. Harrison, «The Colombian tobáceo industry from goverment monopoly to free trade, 1778-1876», tesis doctoral sin publicar, Universidad de California, 1951; R. C. Beyer, «The Colombian coffee industry; origin and major trends, 1740-1941», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Minnesota, 1947; J. J. Parson, Antiqueño colonization in Western Colombia, Berkeley, 1968; y R. Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920, Bogotá, 1977. Sobre los transportes, véase el trabajo de R. L. Gilmore y J. P. Harrison, «Juan Bernardo Elbers and the introduction of steam navigation on the Magdalena River», HAHR, 28 (1948); H. Horna, «Francisco Javier Cisneros: a pioneer on transportation and economic development in Colombia», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Vanderbilt, 1970. El libro de J. Friede, El indio en la lucha por la tierra, Bogotá, 1944, y el de O. Fals Borda, El hombre y la tierra en Boyacá, Bogotá, 1975, se ocupan de aspectos del desarrollo agrario de las tierras altas del sur y el centro, respectivamente. La obra de V. Restrepo, Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia, Bogotá, 1882, aún es la mejor fuente sobre la minería desde el periodo republicano hasta la fecha de publicación del libro. Para las comunidades indias, véase el trabajo de A. García, Legislación indigenista de Colombia, México, 1952.

Para referencias generales consúltese A. Pardo Pardo, Geografía económica y humana de Colombia, Bogotá, 1972. El libro de M. Urrutia y M. Arrubla, Compendio de estadísticas de Colombia, Bogotá, 1970, contiene algunas series de población, salarios, precios, comercio exterior, tabaco, café y elecciones presidenciales.

Para la geografía del siglo XIX se cuenta con los informes de A. Codazzi que han sido publicados por la Comisión Corográfica: Geografía física y política de las provincias de la Nueva Granada, 4 vols., Bogotá, 1957-1958; el libro de F. Pérez, Geografía general de los Estados Unidos de Colombia, Bogotá, 1883, también procede de la misma fuente y el de M. Ancízar, Peregrinación de Alpha, Bogotá, 1956, de los mismos viajes. La obra de R. Gutiérrez, Monografías, 2 vols., Bogotá, 1920-1921, contiene material muy útil de la década de 1880.

Otros relatos valiosos son los de J. Stewart, Bogotá en 1836-1837, Nueva York, 1838; I. Holton, New Granada: twenty months in the Andes, Nueva York, 1857; E. Rothlisberger, El Dorado, Bogotá, 1963; F. Von Schenk, Viajes por Antioquia en el año 1880, Bogotá, 1952; A. Hettner, Viajes por los Andes Colombianos, 1882-1884, Bogotá, 1976.

La serie de acuarelas reproducidas en Album de la Comisión Corográfica -suplemento de «Hojas de cultura popular colombiana», son una extraordinaria colección de tipos, escenas y actividades de mediados del siglo XIX.

d) Ecuador

Los problemas de la historiografía ecuatoriana han sido señalados por A. Szászdi, «The historiography of the Republic of Ecuador», HAHR, 44/4 (1964); también lo ha sido en un trabajo corto y aún más corta bibliografía hecho por J. Maiguashca en la obra de E. Florescano, ed., La historia económica de América Latina, 2 vols., México, 1972, y en el de M. T. Hamerley, «Quantifying the nineteenth century: the ministry reports and gazettes of Ecuador as quantitative sources», LARR, 13/2 (1978). La Bibliografía científica del Ecuador de C. M. Larrea, Madrid, 1952, contiene 9300 trabajos, pero muchos de los de las secciones de historia son prácticamente inencontrables.

Como introducción sirven tres libros cortos: el manual de G. Cevallos García, Historia de Ecuador, Cuenca, 1967; O. E. Reyes, Breve historia general del Ecuador, 2 vols., Quito, 1942; y E. Ayala, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, 1978.

La obra de I. Robalino Dávila, Orígenes del Ecuador de hoy, edición coleccionable, 6 vols. hasta la fecha, Puebla, México, 1966, consiste en una serie de bien documentados estudios político-biográficos que abarcan desde los ascendentes de Flores hasta la carrera de Alfaro; la tendencia conservadora se hace cada vez más patente y el volumen sobre García Moreno es mucho mejor que el de Alfaro. La serie aún constituye el esfuerzo más ambicioso de la historiografía tradicional, y es mucho menos partisan que la de J. L. R. [J. M. Le Gouhir y Rodas], Historia de la república del Ecuador, 3 vols., Quito, 1920-1938, un trabajo de un jesuita que aún resulta útil por su documentación. J. Tobar Donoso, Monografías históricas, Quito, 1937, y su La iglesia ecuatoriana en el siglo XIX: de 1809 a 1845, también son valiosas. Un número de la revista Cultura, vol. II, núm. 6 (enero-abril de 1980) que publica el Banco Central del Ecuador, Quito, está totalmente dedicado a «El Ecuador en 1830: ideología, economía, política».

Sobre Flores, véase M. J. Van Aken, King of the Nights. Juan José Flores and Ecuador 1824-1864, Berkeley, 1989. Todavía falta un buen estudio de las actividades de Rocafuerte en Ecuador. Sobre García Moreno, véase el vol. VI de Robalino Dávila, Orígenes, y R. Patee, Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo, México, 1962. Sobre Montalvo, véase el libro de O. E. Reyes, Vida de Juan Montalvo, Quito, 1943. Los años de Veintemilla fueron objeto de una enérgica defensa por parte de la nieta de éste: Marieta Veintemilla, Páginas del Ecuador, Lima, 1890, que fue contestada por el hijo de Flores: A Flores, Para la Historia del Ecuador, 2 vols., Quito, 1891. Sobre Alfaro, véase F. Guarderas, El viejo de Montecristi: biografía de Alfaro, Quito, 1953; A. Pareja Diez-Canseco, La hoguera bárbara (vida de Eloy Alfaro), México, 1944. Sobre la Iglesia a finales del siglo XIX, véase el libro de F. González Suárez, Memorias íntimas, Guayaquil-Quito, n. d., que contiene un ensayo introductorio de H. Rodríguez Castelo.

La relación de los escritos de García Moreno se encuentra en la biografía que ha escrito sobre él Robalino Dávila; W. Loor, en Cartas de García Moreno, 4 vols., Quito, 1953-1955, ha publicado más cartas de éste que nadie, pero ni mucho menos las ha publicado todas. Las Obras escogidas de E. Alfaro, 2 vols., Guayaquil, 1959, permiten captar su pensamiento.

Hay pocas monografías recientes. La más importante es la de M. T. Hamerley, Historia social y económica de la antigua Provincia de Guayaquil, 1763-1842, Guayaquil, 1973.

Se encuentra información interesante de la historia de la sierra en la obra del Comité Inter-americano de Desarrollo Agrícola (CIDA) dirigida por R. Baraona, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola - Ecuador, Washington, D. C., 1965, y en el libro de A. Rubio Orbe, Legislación indigenista del Ecuador, México, 1954.

La bibliografía de C. M. Larrea ofrece una relación de viajeros y de estudios geográficos. La Geografía de la república del Ecuador de M. Villavicencio, Nueva York, 1858, fue la primera síntesis de la geografía del país. De los observadores extranjeros, los dos más accesibles y que dan mayor información son F. Hassaurek, Four years among Spanish-Americans, Nueva York, 1867, y A. Holinsky, L’Equateur - Scénes de la vie Américaine, París, 1861.

6. Perú y Bolivia

Para todo el periodo que abarca desde la independencia hasta la guerra del Pacífico, la gran obra de Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, 10 vols., Lima, 1962-1964, constituye sin duda el libro de referencia más importante. Sus primeros trabajos, Perú, problema y posibilidad, Lima, 1931, y La multitud, la ciudad y el campo, Lima, 1947, no sólo mantienen su frescura sino que fueron responsables de los primeros estudios sobre la historia peruana. Además de los trabajos ya clásicos de Basadre, otra obra sobre este periodo escrita por Emilio Romero, Historia económica del Perú, Buenos Aires, 1949, contiene información que aún resulta útil. Más recientemente, Ernesto Yepes del Castillo, Perú 1820-1920. Un siglo de desarrollo capitalista, Lima, 1972, ha ofrecido una visión global del siglo XIX, mientras que Julio Cotler, en Clases, estado y nación en el Perú, Lima, 1978, define y explica la persistencia del carácter colonial en la sociedad y el Estado peruanos después de 1821. El libro de Frederick B. Pike, The modern history of Perú, Londres, 1967, es una útil historia general en inglés. Heraclio Bonilla en Un siglo a la deriva, Lima, 1980, caps. I y II, y Shane Hunt en Price and quantum estimates of Peruvian exports 1830-1962, Woodrow Wilson School, Discussion Paper 33, Princeton, 1973, han propuesto la división del siglo XIX en periodos económicos a partir de la actividad exportadora del país.

Los años entre 1821 y 1840 fueron decisivos en el proceso de rompimiento con el sistema colonial y de creación de un nuevo orden nacional. Para este periodo véase el importante libro de Paul Gootenberg, Between Silver and Guano. Commercial Policy and the State in Postindependence Perú, Princeton University Press, Princeton, 1989. Heraclio Bonilla, en Gran Bretaña y el Perú. Los mecanismos de un control económico, Lima, 1977, examina las condiciones y los efectos de la presencia británica en el Perú postindependiente. Las particulares características económicas y sociales de la región andina han sido tratadas por John F. Wibel, «The evolution of a regional community within the Spanish empire and the Peruvian nation: Arequipa, 1780-1845», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Stanford, 1975, y por Alberto Flores Galindo, Arequipa y el sur Andino, siglo XVIII-XX, Lima, 1977. Las relaciones entre las comunidades y las haciendas y el proceso de descomposición y de recuperación de éstas durante este periodo son el tema del estudio de Christine Hünefeldt, Lucha por la tierra y protesta indígena, Bonn, 1982. Dos trabajos generales, uno sobre el ejército y otro sobre la Iglesia, contienen información útil sobre este periodo: el de Víctor Villanueva, Ejército peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista, Lima, 1973, y el de Jeffrey Klaiber, Religión and Revolution in Perú, 1824-1976, Notre Dame, Indiana, 1976. Sobre la Confederación Peruano-Boliviana (es decir, sobre el intento fallido de unificar los dos países), resultan interesantes los trabajos siguientes: L. C. Kendall, «Andrés Santa Cruz and the Peru-Bolivian Confederation», HAHR, 16 (1936), pp. 29-48; Robert Burr, By reason or forcé. Chile and the balancing of power in South America, 1830-1905, Berkeley, 1965; Carlos Ortiz de Zevallos Paz Soldán, Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839, 2 vols., Lima, 1972-1974.

Jonathan Levin, con The export economies. Their pattern of development in historical perspective, Cambridge, Mass., 1960, inició el moderno debate sobre el impacto del boom del guano en la economía peruana. La tesis de Levin de que el guano dio lugar en Perú a una típica economía de enclave fue cuestionada por Hunt en «Growth and guano in nineteenth century Perú», en Roberto Cortés Conde y Shane Hunt, eds., Latin American Economies. Growth and the Export Sector 1880-1930, Holmes & Meier, Nueva York, 1985, pp. 255-318. Por otro lado, William M. Mathew, en «Anglo-Peruvian commercial and financial relations, 1820-1865», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Londres, 1964, y en «Perú and the British guano market, 1840-1870», Economic History Review, 2.ª serie, 23 (1970), a partir de la documentación privada de Anthony Gibbs e Hijos ha mostrado la mecánica con la que se vendía el guano, señalando la gran independencia que para ello gozaba el gobierno peruano. Véanse también de W. M. Mathew, «The imperialism of free trade, Perú 1821-1870», Economic History Review, 2.ª serie, 21 (1968); «The first Anglo-Peruvian debt and its settlement, 1822-1849», JLAS, 2/1 (1970); «Foreign contractors and the Peruvian government at the outset of the guano trade», HAHR, 52/4 (1972); «A primitive export sector: guano production in mid-nineteenth century Perú», JLAS, 9/1 (1977); «Anthony Gibbs and Sons, the guano trade and the Peruvian government 1842-1861», en D. C. M. Platt, ed., Bussiness imperialism 1840-1930, Oxford, 1977; y The House of Gibbs and the Peruvian guano monopoly, Londres, 1981.

Juan Maiguashca ha estudiado la actitud de la clase dirigente frente a la política que se debía seguir con los recursos generados por el guano y el proceso por el que la crisis internacional de 1872 afectó las finanzas peruanas en «A reinterpretation of the Guano age, 1840-1880», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Oxford, 1967. Véase también al respecto R. Miller y R. Greenhill, «The Peruvian government and the nitrate trade, 1873-1879», JLAS, 41 (1973). Heraclio Bonilla, en Guano y burguesía en el Perú, Lima, 1974, ha analizado el colapso de la economía peruana en el periodo del guano en términos de las características de la clase dirigente y de los límites del mercado interno. Alfonso Quirós, en «La consolidación de la deuda interna», tesis de licenciatura sin publicar, Universidad Católica de Lima, 1980, ha puesto en cuestión la idea de que «la consolidación de la deuda interna», es decir, el reparto fraudulento de los créditos del guano entre un gran número de acreedores locales del Estado, era la causa de la recuperación económica de la élite peruana. La aportación del guano al crecimiento del capital productivo en la agricultura de exportación ha sido estudiada por los siguientes autores: Pablo Macera, en «Las plantaciones azucareras andinas, 1821-1875», Trabajos de Historia, 4 (Lima, 1977); Manuel Burga, De la encomienda a la hacienda capitalista, Lima, 1974; Juan R. Engelsen, «Social aspects of agricultural expansión in coastal Perú, 1825-1878», tesis doctoral sin publicar, Universidad de California, Los Ángeles, 1977. A diferencia de la agricultura costera, el sector agrario de la sierra andina creció independientemente de los efectos del guano. La razón de por qué ocurrió así ha sido estudiada por Florencia E. Mallon, The defense of community in Peru’s Central Highlands. Peasant struggle and capitalist transition, 1860-1949, Princeton, 1982; Nelson Manrique, El desarrollo del mercado interno en la sierra central, Lima, 1978, y por Martha Giraldo y Ana Lizia Franch, «Hacienda y gamonalismo, 1850-1920», tesis de máster sin publicar, Universidad Católica de Lima, 1979. Otros cambios emanados de los efectos del guano fueron la movilización del capital y la creación del sistema bancario, la importación masiva de trabajadores chinos, y la construcción de la red ferroviaria peruana. Sobre los bancos, el libro de Carlos Camprubí Alcázar, Historia de los bancos del Perú, 1860-1879, Lima, 1957, vol. I, aún resulta útil. Sobre los coolies chinos, el trabajo pionero de Watt Stewart, Chinese bondage in Peru. A history of the Chinese coolie in Peru, 1849-1874, Durham, N. C., 1951, puede complementarse con el trabajo más reciente, si bien más general, de Arnold J. Meagher, «The introduction of Chinese laborers to Latin America: the coolie trade, 1847-1874», tesis doctoral sin publicar, Universidad de California en Davis, 1975. Sobre el ferrocarril aún no se ha efectuado ningún estudio. El único trabajo de cierta importancia es la biografía que Watt Stewart ha hecho sobre el contratista estadounidense que abrió las primeras líneas: Henry Meiggs: a Yankee Pizarro, Durham, N. C., 1946. Ahora se sabe bien que el guano produjo a la vez riqueza y miseria. El gigantesco incremento de los precios en las ciudades como Lima a principios de la década de 1870 dio lugar a uno de los primeros levantamientos en masa. Su composición y objetivos son el tema del cuidadoso estudio de Margarita Giesecke, Masas urbanas y rebelión en la historia: el golpe de estado, Lima 1872, Lima, 1978.

La historia demográfica de este periodo ha sido prácticamente ignorada. Aunque se está llevando a cabo alguna investigación sobre la región del Cuzco, la única obra de referencia de fácil acceso es la de George Kubler, The indian caste of Perú 1795-1940, Washington, D. C., 1950.

Se puede encontrar una interesante discusión sobre la política de este periodo y especialmente sobre el papel del Estado en el trabajo de Ronald H. Berg y Frederick Stirton Weaver, «Towards a reinterpretation of political change in Perú during the first century of independence», JLAS, 20/1 (1978), pp. 69-83, y Stephen M. Gorman, «The State, elite and exports in nineteenth century Perú», JLAS, 21/3 (1979), pp. 395-418.

Sobre la guerra contra Chile se han escrito muchos libros de calidad heterogénea. Henri Favre fue el primer especialista que puso de manifiesto la necesidad de analizar el conflicto desde una nueva perspectiva en «Remarques sur la lutte des classes au Pérou pendant la Guerre du Pacifique», en Litérature et société au Pérou du XIX siècle a nos jours, Grenoble, 1975. La guerra también fue el episodio propicio para estudiar problemas tales como la cuestión de la identidad nacional y de la tradición colonial en el Perú moderno. Heraclio Bonilla, en «The War of the Pacific and the national and colonial problem in Perú», Past and Present, 81 (1978), estableció las bases para reexaminar ambos problemas. El mejor trabajo que ha aparecido desde entonces ha sido el de Nelson Manrique, Campesinado y nación: la sierra central durante la Guerra del Pacífico, Lima, 1981.

La bibliografía sobre la historia de Bolivia entre 1825 y 1879 desgraciadamente aún es escasa. Entre las obras generales que cubren todo el periodo están la de Herbert S. Klein, Bolivia. The evolution of a multi-ethnic society, Oxford, 1982; la de J. Valerie Fifer, Bolivia: land location and politics since 1825, Cambridge, 1972, y la de Luis Peñaloza, Historia económica de Bolivia, 2 vols., La Paz, 1946-1947. Estudios Bolivianos en homenaje a Gunner Mendoza L., La Paz, 1978, es una interesante colección de ensayos sobre diferentes aspectos de la historia boliviana.

La transición de colonia a república ha sido el tema de estudio de William F. Lofstrom, «The promise and problem of reform: attempted social and economic change in the first years of Bolivian independence», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Cornell, 1972; de Charles Arnade, The emergence of the Republic of Bolivia, Gainsville, 1957, y de Alberto Crespo et al., La vida cotidiana en La Paz durante la Guerra de la Independencia, La Paz, 1975. J. B. Pentland describió la situación de los recursos del país en el momento de producirse la independencia en «Report on Bolivia 1827», que ha sido publicado por J. Valerie Fifer, ed., Royal Historical Society, London, Camden Miscellany, 35 (1974). Hay una versión más completa en español: J. B. Pentland, Informe sobre Bolivia, 1827, Potosí, 1975, que constituye una colección única e indispensable de datos demográficos y económicos sobre Bolivia a mediados del siglo XIX. Fernando Cajías, en La provincia de Atacama, 1825-1842, La Paz, 1975, escribió un valioso estudio regional. Sobre la supervivencia del sistema tributario indio, véase la obra de Nicolás Sánchez-Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, 1978. Alfonso Crespo es el autor del trabajo más importante sobre Santa Cruz, quien dirigió la vida política boliviana en el periodo que siguió a la independencia: Santa Cruz, el cóndor indio, México, 1944. Véase también: Óscar de Santa Cruz, ed., El General Santa Cruz, Gran Mariscal de Zepita y el Gran Perú, La Paz, 1924. Manuel Carrasco, en José Ballivián, 1805-1852, Buenos Aires, 1960, escribió la biografía del tercero de los primeros presidentes en importancia (después de Sucre y Santa Cruz). Una interesante reflexión sobre la política boliviana de este periodo la ofrece James Dunkerley en «Reassessing Caudillism in Bolivia, 1825-1879», Bulletin of Latin American Research, 1/1 (1981). Las complicadas relaciones existentes entre Inglaterra y Bolivia en estos años han sido descritas, de forma bastante dura, por Roberto Querejazu C. en Bolivia y los ingleses, La Paz, 1973. Antonio Mitre ha hecho una importante aportación sobre la minería en el siglo XIX en Los Patriarcas de La Plata, IEP, Lima, 1981, y en El Monedero de los Andes, HISBOL, La Paz, 1986. Sobre la supervivencia de las comunidades indias durante el siglo XIX son importantes los trabajos de Erwin P. Grieshaber, «Survival of Indian communities in nineteenth century Bolivia», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Carolina del Norte, 1977, y «Survival of Indian communities in nineteenth century Bolivia: a regional comparison», JLAS, 12/2 (1980), pp. 223-269. El libro de Luis Antezana, El feudalismo de Melgarejo y la reforma agraria, La Paz, 1970, es una monografía útil sobre la política de Melgarejo. Las relaciones entre las haciendas y las comunidades en el altiplano han sido examinadas en un importante artículo por Silvia Rivera C., «La expansión del latifundio en el altiplano boliviano», Avances, 2 (1978), pp. 95-118, mientras que la trayectoria de las comunidades de indígenas en el siglo XIX ha sido estudiada por Tristan Platt en Estado Boliviano y Ayllu Andino, IEP, Lima, 1982, y Erick D. Langer, Economic Change and Rural Resistence in Southern Bolivia, Stanford University Press, Stanford, 1988.

7. Chile

En Chile los historiadores tradicionales tendieron a interesarse menos en el periodo de la postindependencia que en la época colonial y las guerras de la independencia. Aunque investigaciones recientes han permitido llenar algunas de las lagunas que había, aún queda por hacer mucho trabajo de base (especialmente sobre los temas económicos y sociales). Un artículo de Simón Collier, «The historiography of the “Portalian” period in Chile (1830-1891)», HAHR, 57 (1977), pp. 660-690, ofrece información general sobre los trabajos publicados hasta mediados de la década de 1970.

La descripción más amplia sobre todo el periodo se debe a Francisco Antonio Encina, Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891, 20 vols., Santiago, 1942-1952, vols. IX-XVII. A este amplio y particular trabajo de carácter conservador no le han faltado críticas. Cuando se consulte es instructivo leer los relevantes pasajes del tenaz ataque que le hizo Ricardo Donoso en Francisco A. Encina, simulador, 2 vols., Santiago, 1969-1970. Los años que van de la independencia hasta 1833 los ha cubierto Diego Barros Arana con gran detalle en Historia general de Chile, 16 vols., Santiago, 1884-1902, vols. XI-XVI. Hay trabajos sobre periodos presidenciales concretos: Ramón Sotomayor Valdés, Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto, 4 vols., Santiago, 1900-1904; Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile 1841-1851, 2 vols., Santiago, 1905-1906; Alberto Edwards, El gobierno de don Manuel Montt, Santiago, 1932; de las administraciones entre 1841 y 1876 se ocupó Agustín Edwards en Cuatro presidentes de Chile, 2 vols., Valparaíso, 1932. El relato clásico de la guerra del Pacífico se debe a Gonzalo Bulnes, La guerra del Pacífico, 3 vols., Santiago, 1911-1919. Poco antes de que terminara la guerra se reunieron numerosos documentos sobre ella, como un gesto de orgullo nacional, en la obra de Pascual Ahumada, ed., Guerra del Pacífico: recopilación completa de todos los documentos oficiales, correspondencias y demás publicaciones referentes a la guerra, 9 vols., Valparaíso, 1884-1890. Aparte de este libro, se han publicado pocas colecciones de documentos de este periodo, a diferencia de las que en cambio se tienen para el periodo colonial y de la guerra de la independencia. Sin embargo, los debates parlamentarios están publicados en Sesiones del Congreso Nacional, desde 1846 en adelante. Los documentos y ciertos debates del Congreso anteriores a la fecha indicada han sido recopilados en el libro de Valentín Letelier, ed., Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile, 1811-1845, 37 vols., Santiago, 1887-1908.

Sobre la política de este periodo, debe recomendarse el estimulante trabajo de Alberto Edwards, La fronda aristocrática, Santiago, 1972, por su aguda perspicacia; las batallas ideológicas de entonces han sido relatadas por el decano de los historiadores chilenos de mediados del siglo XX, Ricardo Donoso, en Las ideas políticas de Chile, Buenos Aires, 1975; Gabriel Marcella ha planteado una prometedora linea de investigación en «The structure of politics in nineteenth century Spanish America: the Chilean oligarchy, 1833-1891», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Notre Dame, 1973. Hay una serie de buenos trabajos cortos que llevan el tema a la historia económica y social: Sergio Villalobos R., Fernando Silva V., Osvaldo Silva G. y Patricio Estellé M., Historia de Chile, 4 vols., Santiago, 1974-1976, vols. III-IV, obra de Sergio Villalobos R. y Fernando Silva V.; Brian Loveman, Chile, the legacy of Hispanic capitalism, Nueva York, 1979, pp. 116-196; y Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, 1955, pp. 31-75. Luis Vitale ofrece una perspectiva distinta del periodo, hasta 1859, en Interpretación marxista de la historia de Chile, 3 vols., Santiago, 1967-1971, vol. III.

No hay ningún estudio satisfactorio que cubra la historia económica del siglo XIX chileno, y para conocer las investigaciones existentes se debe consultar el trabajo de Sergio Villalobos R., «La historiografía económica de Chile: sus comienzos», Historia, 10 (Santiago, 1971), pp. 7-56, y el de Carmen Carióla y Osvaldo Sunkel, «Chile», en Roberto Cortes Conde y Stanley J. Stein, eds. Latin America. A guide to economic history 1830-1930, Berkeley, 1977, pp. 275-363. Markos Mamalakis trata el periodo de 1840 a 1930 de un solo trazo en The growth and structure of the Chilean economy, New Haven, 1976, pp. 3-85. José Gabriel Palma hace una valiosa prospección en la historia económica del periodo en «Growth and structure of Chilean manufacturing industry from 1830 to 1935», tesis doctoral sin publicar, Oxford, 1979. El tema de la agricultura, olvidado por mucho tiempo, ha sido tratado por Arnold J. Bauer en un excelente trabajo en Chilean rural society from the Spanish Conquest to 1930, Cambridge, 1975, que, a pesar del título, se centra sobre todo en este periodo. La ideología de los propietarios rurales ha sido estudiada por Gonzalo Izquierdo en Un estudio de las ideologías chilenas: La Sociedad de Agricultura en el siglo XIX, Santiago, 1968. Aún se necesita saber más de la minería del cobre y la plata, pero L. R. Pederson, en The mining industry of the Norte Chico, Chile, Evanston, 111., 1966, pp. 160-229, hace una buena introducción al tema. Véase también Pierre Vayssiére, Un siècle de capitalisme minier au Chili, 1830-1930, París, 1980. La historia de los nitratos hasta el final de la guerra del Pacífico se puede seguir en la obra ya clásica de Óscar Bermúdez, Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico, Santiago, 1963, y en los trabajos de Thomas-F. O’Brien, «Chilean elites and foreign investors; Chilean nitrate policy 1880-1882», JLAS, II/I (1979), pp. 101-121, y The Nitrate Industry and Chile’s critical transition 1870-1891, Nueva York, 1982. Véase también su artículo «The Antofagasta company: a case study in peripheral capitalism», HAHR, 60/1 (1980). La política arancelaria de los primeros años de este periodo ha sido estudiada por John L. Rector, «Merchants, trade and commercial policy in Chile, 1810-1840», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Indiana, 1976, pp. 88-112, y la de los últimos en el de William F. Sater, «Economic nationalism and tax reform in late nineteenth century Chile», TA, 33 (1976), pp. 311-335. Sobre el comercio exterior de esta época debe recomendarse el trabajo de Eduardo Cavieres F., Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880, Valparaíso, 1988. La obra clásica sobre el desarrollo y decadencia de la marina mercante es la de Claudio Vélliz, Historia de la marina mercante de Chile, Santiago, 1961. La construcción de la red ferroviaria y su contexto económico quedan bien cubiertos por Robert B. Oppenheimer en «Chilean transportation development: the railroads and socioeconomic change in the Central Valley», tesis doctoral sin publicar, Universidad de California en Los Ángeles, 1976, mientras que el trabajo de John Whaley, «Transportation in Chile’s Bío-Bío región, 1850-1915», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Indiana, 1974, interesa sobre todo por las cuestiones regionales. La mejor descripción de los problemas monetarios anteriores a 1878 se debe a Pierre Vayssiérre, «Au Chili: de l’économie coloniale à l’inflation», Cahiers des Amériques Latines, 5 (1970), pp. 5-31. Aún no existe ningún trabajo detallado sobre la recesión de 1858-1861, pero la crisis de los años 1870, que fue más importante, ha sido tratada por William E. Sater en «Chile and the world depression of the 1870s», JLAS, II/I (1979), pp. 67-99, y por Luis Ortega en «Change and Crisis in Chile’s economy and society, 1865-1879», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Londres, 1979, que también presenta valiosas evidencias sobre el tema del crecimiento industrial en este periodo.

La historia social, incluso entendiéndola en términos amplios, aún no ha sido objeto de muchos estudios, y en este campo existen grandes lagunas. Debe recomendarse el trabajo de Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, Santiago, 1985. El libro de Bauer, Chilean rural society, contiene información muy valiosa sobre las clases trabajadoras rurales. Los artesanos han sido estudiados, hasta 1850, por Luis Alberto Romero en La Sociedad de la Igualdad. Los artesanos de Santiago de Chile y sus primeras experiencias políticas, Instituto Torcuato di Telia, Buenos Aires, 1978. Hay que hacer, urgentemente, trabajos sistemáticos sobre las clases populares urbanas, los mineros del norte y sobre la élite. La magnífica investigación de Jean-Pierre Blancpain, Les allemands au Chili, 1816-1945, Colonia, 1974, ofrece una buena descripción de la llegada de los alemanes al sur a partir de 1850. John Mayo, en British merchants and Chilean development 1851-1886, Boulder, Colorado, 1987, analiza aspectos de la presencia inglesa que en este periodo fue muy importante. Véase también su artículo «Before the nitrate era: British commission houses and the Chilean economy, 1851-1880», JLAS, II/2 (1979), pp. 263-303. La decadencia y caída de los núcleos araucanos ha sido bien tratada por Jacques Rossignol en «Chiliens et Indiens Araucans au milieu du XIXe siècle», Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, 20 (1973), pp. 69-98, así como también en el libro de José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, Santiago, 1985. Véase el trabajo más antiguo de Tomás Guevara, Historia de la civilización de la Araucanía, 3 vols., Santiago, 1900-1902, vol. III, que sigue su historia hasta la década de 1880. Véase también el artículo de Leonardo León S., «Alianzas militares entre los indios araucanos y los grupos indios de las pampas: la rebelión araucana de 1867-1872 en Argentina y Chile», Nueva Historia, 1/1 (Londres, 1981), pp. 3-49.

El estado de la historia urbana, por lo que se refiere a este periodo, en general resulta deficiente. Sobre Santiago, las dos obras de René León Echaiz, Historia de Santiago, 2 vols., Santiago, 1975, y Nuñohue, Buenos Aires, 1972 —que trata de los suburbios orientales—, pueden consultarse como una introducción útil, pero poco más. Los avances de la educación han sido sintetizados de forma muy útil por Fernando Campos Harriet en Desarrollo educacional 1810-1960, Santiago, 1960. Sobre «el uso de la historia», véase Alien Woll en A functional past. The uses of history in nineteenth century Chile, Eaton Rouge, 1982. Recientemente no ha aparecido ninguna investigación detallada sobre el papel de la Iglesia católica, y el estudio de la masonería no ha avanzado desde que se publicó el relato básico de Benjamín Oviedo, La masonería en Chile, Santiago, 1929, escrito desde el punto de vista masón. Los trabajos sobre demografía histórica del siglo XIX aún están en sus comienzos, pero cabe esperar que se desarrollen en el futuro: Robert McCaa, en «Chilean social and demographic history: sources, issues and methods», LARR, 13/2 (1978), pp. 104-126, ofrece un panorama inteligente sobre esta cuestión. Ann Hagerman Johnson ha hecho un buen estudio de un caso en «The impact of market agriculture on family and household structure in nineteenth-century Chile», HAHR, 58 (1978), pp. 625-648.

La situación internacional de Chile y el desarrollo de su diplomacia se sigue mejor que en ningún otro trabajo en el libro de Robert N. Burr, By reason or forcé. Chile and the balancing of power in South America, 1830-1905, Berkeley, 1965, y en el relato general de Mario Barros, Historia diplomática de Chile, 1541-1938, Barcelona, 1970, pp. 63-440.

La Oficina Central de Estadística fue fundada ya en 1843, y el gobierno, a partir de unos años después, frecuentemente recogió información estadística en el Anuario estadístico que se publica desde 1861 hasta hoy en día. Las estadísticas comerciales se publican desde 1844, y los censos se publicaron en 1854, 1865 y 1875. El material estadístico de este periodo, sin embargo, ha de utilizarse con precaución. Para una lista detallada de las publicaciones del gobierno chileno véase el libro de Rosa Mesa, ed., Latin American serial documents. N.º 7, Chile, Nueva York, 1973. Markos Mamalakis, ed., en «Historical statistics of Chile, 1840-1965», 4 vols., mimeografiado del «Economic Growth Centre» de la Universidad de Yale, ofrece material útil.

Además de los apoyos bibliográficos corrientes, deben indicarse aquí dos fuentes chilenas. Las publicaciones aparecidas en aquellos años están sistemáticamente recogidas en el trabajo de Ramón Briseño, ed., Estadística bibliográfica de la literatura chilena, 3 vols., Santiago, 1965-1966. Los dos volúmenes originales de Briseño fueron publicados en 1862 y 1879. El vol. III contiene adiciones y enmiendas, obra de Raúl Silva Castro. Recientemente la revista Historia, de Santiago, ha hecho un trabajo valiosísimo al confeccionar un detallado registro de todo lo que se publica sobre la historia chilena. En el «Fichero bibliográfico» de dicha publicación se ofrece su relación. Las primeras bibliografías de este tipo han sido reimpresas por Horacio Aránguiz Donoso, ed., en Bibliografía histórica (1959-1967), Santiago, 1970. Los «ficheros» posteriores han sido editados en Historia, en casi todos sus números.

8. Las repúblicas del Río de la Plata

Se puede obtener una idea de la bibliografía de la Argentina en el siglo XIX en los trabajos de Joseph R. Barager, «The historiography of the Río de la Plata area since 1930», HAHR, 39 (1959), pp. 588-642, y de James R. Scobie, Argentina. A city and a nation, Nueva York, 1964, pp. 248-274. Julio O. Chiappini ha hecho la específica Bibliografía sobre Rosas, Rosario, 1973.

Ciertos documentos públicos han sido reproducidos en varias recopilaciones. Los informes de la política formal del ejecutivo se encuentran en el libro de H. Mabragaña, Los Mensajes, 1810-1910, 6 vols., Buenos Aires, 1910; la mejor versión sobre los de los gobernadores de Buenos Aires se debe al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Mensajes de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires 1822-1849, 2 vols., La Plata, 1976. Los textos legislativos, constitucionales e interprovinciales básicos se pueden encontrar en la recopilación de Emilio Ravignani, ed., Asambleas constituyentes argentinas, 6 vols., Buenos Aires, 1937-1939. El mayor número de documentación sobre Rosas se encuentra en la de Adolfo Saldías, ed., Papeles de Rosas, 2 vols., La Plata, 1904-1907, que puede complementarse con tres buenas recopilaciones de su pensamiento y de su actividad política: Andrés M. Carretero, El pensamiento político de Juan M. de Rosas, Buenos Aires, 1970; Arturo Enrique Sampay, Las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, 1972, y Juan Carlos Nicolau, ed., Correspondencia inédita entre Juan Manuel de Rosas y Manuel José García, Tandil, 1989. La oposición a Rosas se encuentra documentada en el libro de Gregorio F. Rodríguez, ed., Contribución histórica y documental, 3 vols., Buenos Aires, 1921-1922, y Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La campaña libertadora del general Lavalle (1838-1842), La Plata, 1944. Entre otras colecciones sobresale la ingente obra de las tres figuras más eminentes de la política y las letras argentinas, empezando con Juan B. Alberdi y sus Obras completas, 8 vols., Buenos Aires, 1876-1886, y sus Escritos póstumos, 16 vols., Buenos Aires, 1895-1901. La de Bartolomé Mitre se encuentra en Archivo del General Mitre: documentos y correspondencia, 28 vols., Buenos Aires, 1911-1914, que se complementa con la Correspondencia literaria, histórica y política del General Bartolomé Mitre, 3 vols., Buenos Aires, 1912, y la Correspondencia Mitre-Elizalde en Documentos para la historia argentina, 26 (Buenos Aires, 1960). La de Domingo F. Sarmiento, Obras completas, 52 vols., Santiago, 1887-1902, es una fuente indispensable para la historia argentina, junto con Sarmiento-Mitre: correspondencia, 1846-1868, Buenos Aires, 1911, Facundo, La Plata, 1938, y Epistolario entre Sarmiento y Posse, 1845-1888, 2 vols., Buenos Aires, 1946-1947.

Hay numerosas fuentes narrativas, y las siguientes no son más que una breve selección. La de sir Woodbine Parish, Buenos Ayres and the Provinces of the Río de la Plata, Londres, 1952 —que se publicó por primera vez en 1838— es una narración objetiva y erudita hecha por el antiguo encargado de asuntos británicos. William MacCann, en Two thousand miles’ ride through the Argentine provinces, 2 vols., Londres, 1853, da vida a la economía y a la gente de la pampa. Una de las primeras aproximaciones cuantitativas se debe a Víctor Martin de Moussy, Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, 3 vols., París, 1860-1864. Thomas Joseph Hutchinson, en Buenos Ayres and Argentine gleanings, Londres, 1865, ofrece un relato menos cuidado, obra del cónsul inglés en Rosario, que lleva la historia hasta 1862-1863. El libro de Wilfred Latham, The States of the River Plate, Londres, 1868, es una versión ampliada del libro publicado por primera vez en 1866, y escrito en «la casa de campo» del autor, una gran estancia ovejera.

Las historias generales están encabezadas por la de la Academia Nacional de la Historia, Historia de la nación Argentina, 10 vols., Buenos Aires, 1939-1950, y su secuela, Historia argentina contemporánea, 1862-1930, Buenos Aires, 1963. A continuación vienen los trabajos colectivos, de calidad desigual. El de Tulio Halperín Donghi, Argentina: de la revolución de independencia a la confederación rosista, Buenos Aires, 1972, analíticamente es superior, así como también lo es su magistral trabajo introductorio en Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1846-1880), Caracas, 1980, una selección de textos de los principales escritores de la era de construcción nacional en Argentina. Haydée Gorostegui de Torres, en Argentina: la organización nacional, Buenos Aires, 1972, ofrece una visión equilibrada del periodo 1852-1874. David Bushnell, Reform and Reaction in the Platine Provinces 1810-1852, Gainsville, 1983, describe el programa del liberalismo.

Para la historia económica puede empezarse con el libro de Jonnathan C. Brown, A socioeconomic history of Argentina, 1776-1860, Cambridge, 1979, que combina la síntesis con la investigación original y la orientación cronológica. El de Mirón Burgin, The economic aspects of Argentine federalism 1820-1852, Cambridge, Mass., 1946, aún no ha sido superado ni en datos ni en interpretación. Juan Carlos Nicolau, La reforma económico-financiera en la provincia de Buenos Aires (1821-1825), Buenos Aires, 1988, y Rosas y García, 1829-1835. La economía bonaerense, Buenos Aires, 1980, se centran en la política financiera y fiscal. Sobre las bases institucionales de la propiedad existe la obra de Miguel A. Cárcano, Evolución histórica del régimen de la tierra pública, 1810-1916, Buenos Aires, 1972, que se publicó por primera vez en 1917. Jacinto Oddone ofrece más detalles sobre la compra y la concentración de tierras en La burguesía terrateniente argentina, Buenos Aires, 1956, pero para datos más precisos véase el artículo de Andrés M. Carretero, «Contribución al conocimiento de la propiedad rural en la provincia de Buenos Aires para 1830», Boletín del Instituto de Historia Argentina «Doctor Emilio Ravignani», 2.ª serie, 13/22-23 (1970), pp. 246-292, y La propiedad de la tierra en época de Rosas, Buenos Aires, 1972. La ganadería puede estudiarse en la obra de Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, 1961, y los saladeros en las de Alfredo J. Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Buenos Aires, 1956, y La ganadería y la industria de salazón de carnes en el periodo 1810-1862, Buenos Aires, 1971. Algunos aspectos del primer desarrollo industrial son tratados por José M. Mariluz Urquijo, Estado e industria 1810-1862, Buenos Aires, 1956, en una colección de textos; por Juan Carlos Nicolau, Antecedentes para la historia de la industria argentina, Buenos Aires, 1968, y en Industria argentina y aduanas, 1835-1854, Buenos Aires, 1975; y por Clifton Kroeber, The growth of the shipping industry in the Río de la Plata región, 1794-1860, Madison, 1957. El comercio exterior y sus participantes son estudiados en un útil artículo y dos libros importantes: Juan Carlos Nicolau, «Movimiento marítimo exterior del puerto de Buenos Aires (1810-1854)», Nuestra Historia, 12 (1973), pp. 351-361; H. S. Ferns, Britain and Argentina in the nineteenth century, Oxford, 1960; Vera Bliss Reber, British merchant houses in Buenos Aires, 1810-1880, Cambridge, Mass., 1979. Para el ciclo de la lana y la economía en transición, véase el libro de José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económicos en la Argentina 1860-1880, Buenos Aires, 1971, y un artículo importante: Hilda Sabato, «Wool Trade and Commercial Networks in Buenos Aires 1840s to 1880s», JLAS, 15/1 (1983), pp. 49-81.

Las cuestiones demográficas están bien descritas por Ernesto J. A. Maeder en Evolución demográfica argentina de 1810 a 1869, Buenos Aires, 1969, mientras que los cambios acaecidos en un periodo más corto han sido medidos por Susana R. Frías, César A. García Belsunce et al., en Buenos Aires: su gente, 1800-1830, Buenos Aires, 1976, basándose en censos de la ciudad de Buenos Aires. Debe complementarse con el trabajo de George Reid Andrews, The Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800-1900, Madison, 1980. Sobre la inmigración, véase el libro de Juan Antonio Oddone, La emigración europea al Río de la Plata, Montevideo, 1966. Juan Carlos Korol y Hilda Sabato presentan una nueva investigación sobre la vida y el trabajo de los irlandeses en Cómo fue la inmigración irlandesa en la Argentina, Buenos Aires, 1981. El grupo social más poderoso ha sido estudiado por María Sáenz Quesada en Los estancieros, Buenos Aires, 1980. Los gauchos, los peones y los vagabundos han sido colocados en su contexto por Ricardo Rodríguez Molas en su Historia social del gaucho, Buenos Aires, 1986, y Richard W. Slatta, Gauchos and the Vanishing Frontier, Lincoln, Nebraska, 1983. Rubén H. Zorrilla, en Extracción social de los caudillos 1810-1870, Buenos Aires, 1972, discute las bases sociales del caudillismo, y José Carlos Chiaramonte, «Legalidad constitucional o caudillismo: el problema del orden social y el surgimiento de los estados autónomos del litoral argentino en la primera mitad del siglo XIX», Desarrollo Económico, 26, 102 (1986), pp. 175-196, sugiere una nueva aproximación al caudillismo, Mark D. Szuchmann, Order, Family and Community in Buenos Aires 1810-1860, Stanford, Calif., 1988, estudia la historia de la familia en un contexto político.

La historia política puede dividirse en tres periodos: el de Rivadavia, el de Rosas y el de la organización nacional. Sobre el primero, Ricardo Piccirilli ha hecho una investigación erudita: Rivadavia y su tiempo, 3 vols., Buenos Aires, 1960, y Sergio Bagú ha escrito una convincente interpretación con documentos en El plan económico del grupo de Rivadaviano 1811-1827, Rosario, 1966. La ingente bibliografía que existe sobre Rosas es más un estorbo que una ayuda. La Historia de la Confederación Argentina: Rosas y su época, 9 vols., Buenos Aires, 1958, de Adolfo Saldías —que se publicó por primera vez en 1881-1887 a partir de las fuentes oficiales de Rosas—, es una crónica útil de los sucesos. Rosas; controvertida historiografía, Buenos Aires, 1972, de Roberto Etchepareborda, es una visión moderna de los «problemas». Enrique M. Barba, en Cómo llegó Rosas al poder, Buenos Aires, 1972, explica su conquista del poder. Entre los historiadores rosistas, Carlos Ibarguren con su Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo, Buenos Aires, 1961, que se publicó por primera vez en 1930, ofrece una bien documentada biografía política; y Julio Irazusta, en Vida política de Juan Manuel de Rosas, a través de su correspondencia, 8 vols., Buenos Aires, 1970, ofrece muchos detalles y documentación. Ernesto H. Celsia, en Rosas, aportes para su historia, 2 vols., Buenos Aires, 1968, hace una buena investigación, si bien hostil a Rosas. Benito Díaz, en Juzgados de paz de campaña de la provincia de Buenos Aires (1821-1854), La Plata, 1959, estudia una institución vital del régimen. Sobre el bloqueo extranjero y otras formas de intervención, véanse John F. Cady, Foreign intervention in the Río de la Plata 1838-1850, Filadelfia, 1929, y Néstor S. Colli, La política francesa en el Río de la Plata: Rosas y el bloqueo de 1838-1840, Buenos Aires, 1963, así como el trabajo de Ferns ya citado. El contexto internacional de la caída de Rosas es analizado por el historiador rosista José María Rosa en La caída de Rosas: el Imperio de Brasil y la Confederación Argentina (1843-1851), Buenos Aires, 1968. Para una historia reciente de Rosas, la base de su poder y su política, véase John Lynch, Argentine dictator: Juan Manuel de Rosas 1829-1852, Oxford, 1981 (hay trad. cast.: Juan Manuel de Rosas 1829-1852, Buenos Aires, 1984).

En el periodo de la organización nacional, Urquiza es la figura de la transición; sobre él, véase el libro de Beatriz Bosch, Urquiza y su tiempo, Buenos Aires, 1971. La obra de James R. Scobie, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, 1852-1862, Buenos Aires, 1964, está sustituyendo los más viejos trabajos sobre la década que siguió a Rosas. El gran estadista constitucional ha atraído a numerosos biógrafos, entre los que destaca Jorge M. Mayer con su Alberdi y su tiempo, Buenos Aires, 1963. Sarmiento ha sido estudiado por José S. Campobassi, Sarmiento y su época, 2 vols., Buenos Aires, 1975.

La historia uruguaya del siglo XIX cuenta con la reputada obra de historia y documentación política de Eduardo Acevedo, Anales históricos del Uruguay, vols. 2 y 3, Montevideo, 1933, que para mediados de siglo debe completarse con la de Juan E. Pivel Devoto, El fin de la Guerra Grande, Montevideo, 1953. José Pedro Barrán hace un excelente análisis económico, social y político en Apogeo y crisis del Uruguay pastoral y caudillesco, 1838-1875, Historia Uruguaya, 4, Montevideo, 1974. Sobre la estructura rural, véase José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Historia rural del Uruguay moderno. Tomo I (1851-1867), Montevideo, 1967, un trabajo especializado básico. Juan Antonio Oddone, Economía y sociedad en el Uruguay liberal 1852-1904. Antología de textos, Montevideo, 1967, es una colección de documentos precedida de una buena introducción. Para un análisis de la estructura social, véase el libro de Carlos M. Rama, Historia social del pueblo uruguayo, Montevideo, 1972.

Para comprender la historia del Paraguay del siglo XIX la mejor aproximación es la de John Hoyt Williams, The rise and fall of the Paraguayan Republic, 1800-1870, Austin, 1979, que es a la vez un trabajo de investigación y de interpretación. Richard Alan White, Paraguay’s autonomous revolution 1810-1840, Albuquerque, Nuevo México, 1978, ofrece una nueva, si bien parcial, visión de Francia. Para una valoración tradicional, véase la de Julio César Chaves, El supremo dictador. Biografía de José Gaspar de Francia, Madrid, 1964. El mismo historiador ha escrito una historia del sucesor de Francia, El Presidente López. Vida y gobierno de Don Carlos, Buenos Aires, 1968; véase también Juan F. Pérez Acosta, Don Carlos Antonio López, «Obrero Máximo», Buenos Aires, 1948. Para la historia demográfica de este periodo, véanse John Hoyt Williams, «Observations on the Paraguayan Census of 1846», HAHR, 56 (1976), pp. 424-437, y «Foreign Técnicos and the modernization of Paraguay, 1840-1870», JLAS, 19/2 (1977), pp. 233-257. Esta última cuestión ha sido estudiada con más detalle por Josefina Pía, The British in Paraguay (1850-1870), Londres, 1976. Sobre la guerra de Paraguay, aún vale la pena leer el libro de Pelham Horton Box, The origins of Paraguayan War, Urbana, 111., 1929, pero debe complementarse con el de Efraím Cardozo, Vísperas de la guerra del Paraguay, Buenos Aires, 1962. Del mismo autor es Hace cien años, 8 vols., Asunción, 1967-1972, una útil crónica de sucesos basada en los periódicos paraguayos coetáneos. Para una historia de la guerra en inglés, véase Charles Kolinski, Independence or death. The story of the Paraguayan War, Gainsville, Florida, 1965, aunque la de Ramón J. Cárcano, Guerra del Paraguay, 3 vols., Buenos Aires, 1938-1940, aún es un libro de referencia útil. John Hoyt Williams ha hecho un experto repaso de la bibliografía sobre el Paraguay en «Paraguayan historical resources. Part Four. A selective Paraguayan Bibliography», TA, 34 (1978), pp. 1-20.

9. Brasil (1822-1850)

Dos volúmenes de la Historia geral da civilizando brasileira, ed. Sérgio Buarque de Holanda, cubren el periodo 1822-1848: tomo II, O Brasil monárquico: vol. I: O processo de emancipando, São Paulo, 1962, y el vol. 2: Dispersão e Unidade, São Paulo, 1964. La única historia general en inglés, buena y bien organizada, si bien algo superficial y ahora algo anticuada es la de C. H. Haring, Empire in Brazil. A New World experiment with monarchy, Cambridge, Mass., 1958. Aún es útil el trabajo de Stanley J. Stein, «The historiography of Brazil, 1808-1889», HAHR, 40/2 (1960), pp. 234-278. Para el periodo 1822-1831 está Tobías do Regó Monteiro, Historia do império: O primeiro reinado, Río de Janeiro, 1939, que continúa siendo el relato más detallado de los sucesos políticos. Una narración coetánea indispensable es la de John Armitage, History of Brazil from the arrival of the Braganza family in 1808 to the abdication of Dom Pedro the first in 1831, 2 vols., Londres, 1836. Otros relatos importantes del siglo XIX son: João Manuel Pereira da Silva, Historia do Brasil de 1831 a 1840, Río de Janeiro, 1878; Manuel Duarte Moreira de Azevedo, Historia Patria: O Brasil de 1831 a 1840, Río de Janeiro, 1884, y Heinrich Handelmann, Geschichte von Brasilien, Berlín, 1860 (hay trad. portuguesa: Historia do Brasil, Río de Janeiro, 1931).

El capítulo «Brazil» de Nícia Vilela Luz, en Stanley J. Stein y Roberto Cortés Conde, eds., Latin America. A guide to economic history, 1830-1930, Berkeley, 1977, pp. 163-272, es una guía útil sobre las fuentes secundarias de la historia económica brasileña. Hay dos buenas historias económicas generales del Brasil, ahora ya clásicas, que se refieren a este periodo: Caio Prado Júnior, Historia económica do Brasil, São Paulo, 1959, y Celso Furtado, Formando económica do Brasil, Río de Janeiro, 1959 (hay trad. ingl.: The Economic growth of Brazil. A survey from colonial to modern times, Berkeley, 1963). El trabajo reciente más extenso —y provocativo— sobre la historia económica de Brasil después de la independencia es el de Nathaniel H. Leff, Underdevelopment and development in Brazil, vol. I: Economic structures and change 1822-1947; vol II: Reassessing the obstacles to economic development, Londres, 1982. Sobre el inicio del boom del café, véanse: Stanley J. Stein, Vassouras. A Brazilian coffee county, 1850-1900, Cambridge, Mass., 1957; Warren Dean, Rio Claro. A Brazilian plantation system, 1820-1920, Stanford, 1976, y el libro aún útil de Affonso d’Escragnolle Taunay, Historia do café, 15 vols., Río de Janeiro, 1939-1943. Sobre el azúcar, véanse María Teresa Schorer Petrone, A Lavoura Canavieira em São Paulo: expansão e declínio, 1765-1861, São Paulo, 1968, y Peter L. Eisenberg, The sugar industry in Pernambuco: modernisation without change, 1840-1910, Berkeley, 1974. Sobre el impacto de la política preferencial británica hacia el imperio, sobre todo en lo concerniente a los aranceles del azúcar, hay dos puntos de vista distintos: el de Paulo Nogueira Batista, Jr., «Política tarifária británica e evolução das exportares brasileñas na primeira metade do século XIX», Revista Brasileira de Economía, 34/2 (1980), pp. 203-239, y el de Roberta M. Delson, «Sugar production for the nineteenth-century British market: rethinking the roles of Brazil and the British West Indies», en A. Graves y B. Albert, eds., Crisis and change in the International sugar economy, 1860-1914, Norwich, 1984. El mejor trabajo sobre las relaciones comerciales y financieras (y también diplomáticas y políticas) anglo-brasileñas durante la primera mitad del siglo XIX es el de Alan K. Manchester, British preeminence in Brazil. Its rise and decline, Durham, N. C., 1933. El fracaso de la industrialización brasileña después de la independencia es examinado por Nícia Vilela Luz en los primeros capítulos de A luía pela industrialização no Brasil, São Paulo, 1961. Sobre la historia financiera del periodo, véase el libro de Carlos Manuel Pelaez y Wilson Suzigan, Historia monetária do Brazil, Río de Janeiro, 1976. Sobre los ingresos y los gastos del gobierno en concreto aún resultan indispensables las obras de Liberato de Castro Carreira, O orgamento do império desde a sua fundação, Río de Janeiro, 1883, e Historia financeira e orgamentária do império do Brasil, Río de Janeiro, 1889. Véase también la de Amaro Cavalcanti, Resenha financeira do ex-império do Brasil em 1889, Río de Janeiro, 1890. Una monografía reciente que apunta nuevos campos, examinando el comercio interior y sobre todo la organización del aprovisionamiento de alimentos de Río de Janeiro, se debe a Alcir Lenharo, As tropas da moderação (O abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-1842), São Paulo, 1979.

El estudio más amplio del sistema político del imperio es la tesis doctoral de José Murilo de Carvalho, «Elite and state building in imperial Brazil», Universidad de Stanford, 1974. La primera parte, revisada y ampliada, ha sido publicada en A construção da ordem. A elite política imperial, Río de Janeiro, 1980; véase también del mismo autor su artículo «Political elites and state building: the case of nineteenth-century Brazil», Comparative Studies in Society and History, 24/3 (1982). Otras dos importantes aportaciones recientes son la de Fernando Uricoechea, The patrimonial foundations of the Brazilian bureaucratic state, Berkeley, 1980, que analiza especialmente la Guardia Nacional, y la de Thomas Flory, Judge and jury in imperial Brazil, 1808-1871. Social control and political stability in the new state, Austin, Texas, 1981, que analiza el papel político y administrativo de los jueces. Sobre la Guardia Nacional, véase también Jeanne Berrance de Castro, A milicia cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850, São Paulo, 1977. No hay ningún estudio sobre el ejército en este periodo, pero véanse los primeros capítulos de la tesis doctoral sin publicar de John H. Schulz, «The Brazilian army in politics, 1850-1894», Princeton University, 1973. João Camilo de Oliveira Torres, A democracia coroada (teoría política do império do Brasil), Río de Janeiro, 1957, continúa siendo útil para la historia política del imperio. Como obra de referencia es indispensable Organizações e programas ministeriais. Regime parlamentar no império, Arquivo Nacional, Río de Janeiro, 1962. La legislación electoral del periodo puede encontrarse en Francisco Belisário Soares de Souza, O sistema eleitoral no império, 1892, Senado Federal, Brasilia, 1979. También son de utilidad los trabajos de José Honorio Rodrigues, ed., O Parlamento e a evolução nacional, 8 vols., Senado Federal, Brasilia, 1972, que cubre el periodo 1826-1840; José Honorio Rodrigues, ed., Atas do Conselho de Estado, 14 vols., Senado Federal, Brasilia, 1973, y Tavares de Lyra, Instituições políticas do Império, Senado Federal, Brasilia, 1979.

Existen algunas biografías sobre los políticos importantes de este periodo, sobre todo las escritas por Octávio Tarquínio de Sousa: José Bonifácio, Río de Janeiro, 1945; A vida de D. Pedro I, 3 vols., Río de Janeiro, 1952; Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo, Río de Janeiro, 1937; Evaristo da Veiga, São Paulo, 1939, y Diogo Antonio Feijó (1784-1843), Río de Janeiro, 1942, reeditadas como los volúmenes 1-7 de la Historia dos fundadores do Império do Brasil, 10 vols., Río de Janeiro, 1957-1958.

Un excelente y bien documentado estudio de la movilidad política al principió de la regencia es el de Augustin Wernet, Sociedades políticas (1831-1832), São Paulo, 1978.

Sobre las revueltas provinciales de los años 1830 y 1840 hay que mencionar diferentes libros además de las diversas historias regionales en la Historia geral da civilizando brasileira, II, 2, y de los capítulos 3 y 4 de Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil, São Paulo, 1933. El mejor estudio existente sobre la guerra de los Cabanos es el de Manuel Correira de Andrade, A Guerra dos Cabanos, Río de Janeiro, 1965, que en parte está sintetizado en «The social and ethnic significance of the War of the Cabanos», en Ronald H. Chilcote, ed., Protest and resistance in Angola and Brazil: comparative studies, Berkeley, 1972. Un estudio reciente de Dirceu Lindoso, A utopia armada. Rebeliões de pobres ñas Matas do Tombo Real, Río de Janeiro, 1983, subraya los aspectos ideológicos y culturales de la guerra. Véase también el libro de Manuel Correia de Andrade, Movimentos Nativistas em Pernambuco: Setembrizada e Novembrada, Recife, 1971, para las revueltas más pequeñas de Pernambuco durante la regencia. Astolfo Serra, A Sabinada (A República Bahiana de 1837), Río de Janeiro, 1938, continúa siendo el mejor estudio de estos movimientos. Sobre la Sabinada, véase también de F. W. O. Morton, «The Conservative revolution of independence: economy, society and politics in Bahía, 1790-1840», tesis doctoral sin publicar, Oxford, 1974, cap. XI. Aunque muy desorganizada, la obra de Domingos Antonio Rayol, Motins políticos ou historia dos principáis acontecimentos políticos da Provincia do Pará desde o ano de 1821 até 1835, 3 vols., Belém, 1970, es aún el mejor estudio sobre el Cabanagem. El estudio mejor documentado sobre la Farroupilha es el de Alfredo Varela, Historia da Grande Revolução, 6 vols., Porto Alegre, 1925. También es útil la obra de Walter Spalding, A revolução Farroupilha. Historia popular do Grande Decenio, São Paulo, 1939. En un estudio reciente, Spencer L. Leitman ha destacado las raíces económicas de la rebelión: «Socio-economic roots of the Ragamuffin War: a chapter in early Brazilian history», tesis doctoral, Universidad de Texas en Austin, 1972, publicada como Raízes sócio-económicas da Guerra dos Farrapos, Río de Janeiro, 1979. El único trabajo reciente sobre las revueltas liberales de Minas Gerais y São Paulo se debe a Victor M. Filler, «Liberalism in imperial Brazil: the regional rebellions of 1842», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Stanford, 1976. Para el punto de vista de un participante, véase José Antonio Marinho, Historia do movimento político que no ano de 1842 teve lugar na provincia de Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete, 1939. Aparte de la Farroupilha, la Praieira es la rebelión mejor estudiada de este periodo. Hay dos trabajos recientes importantes: Izabel Andrade Marson, Movimento Praieiro, 1842-1849; impresa, ideología e poder político, São Paulo, 1980, que subraya los aspectos ideológicos y Nancy Priscilla Naro, «The 1848 Praieira revolt in Brazil», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Chicago, 1981, que analiza los aspectos políticos y económicos de la revuelta.

Se puede encontrar información útil sobre la población de Brasil, así como sobre la esclavitud y la inmigración de las décadas posteriores a la independencia en T. W. Merrick y D. Graham, Population and economic development in Brazil, 1808 to the present, Baltimore, 1979. Véase también la obra de Maria Luisa Marcílio, «Evolução da população brasileira a través dos censos até 1872», Anais de Historia, 6 (1974), pp. 115-137. El mejor estudio de la inmigración antes de la llegada masiva de europeos se debe a George P. Brown, «Government immigration policy in imperial Brazil 1822-1870», tesis doctoral sin publicar, Universidad Católica de América, 1972. La crítica de un colono suizo-alemán a la política sobre el trabajo libre del senador Vergueiro, que dice mucho del São Paulo rural de mediados del siglo XIX, se encuentra en Thomas Davatz, Memorias de un colono no Brasil (1850) (publicado con una introducción de Sérgio Buarque de Holanda), São Paulo, 1941. La política agraria, y sobre todo los orígenes de la ley de 1850, ha sido analizada por Warren Dean, «Latifundia and land policy in nineteenth-century Brazil», HAHR, 51/4 (1971), pp. 606-625; José Murilo de Carvalho, «A modernização frustrada: a política de térras no Império», Revista Brasileira de Historia, 1/1 (1981), y Emilia Viotti da Costa, «Política de Terras no Brasil e nos Estados Unidos», en Da Monarquía à república: momentos decisivos, São Paulo, 1977. Más general es la obra de Ruy Cirne Lima, Pequeña Historia Territorial do Brasil. Sesmarias e Terras Devolutas, Porto Alegre, 1954, que continúa siendo útil. Sobre el crecimiento urbano de este periodo, véanse los trabajos de Richard Morse, Emilia Viotti da Costa, Eulália Maria Lahmeyer Lobo y Kátia M. de Queirós Mattoso citados en el ensayo bibliográfico 10, que viene a continuación. La bibliografía sobre la esclavitud en el Brasil del siglo XIX también se analiza en el apartado bibliográfico 10. Además, existe la tesis doctoral sin publicar sobre la esclavitud urbana en Río de Janeiro durante la primera mitad de siglo de Mary C. Karasch, «Slave life in Río de Janeiro, 1808-1850», Universidad de Wisconsin, 1971. Otra tesis doctoral importante es la de João José Reis, «Slave rebellion in Brazil. The African Muslim uprising in Bahía, 1835», Universidad de Minnesota, 1983 y su Rebelião escrava no Brasil, São Paulo, 1986. El tema de la trata de esclavos en las relaciones anglo-brasileñas y la abolición final de la trata en 1850-1851 son analizadas por Leslie Bethell en The abolition of the Brazilian slave trade. Britain, Brazil and the slave trade question, 1807-1869, Cambridge, 1970. La mejor historia diplomática del periodo es aún la de João Pandiá Calógeras, A política esterna do império, 3 vols., São Paulo, 1927-1933, vol. II: Oprimeiro reinado, vol. III: Da regéncia a queda de Rosas.

Los relatos de varios viajeros, científicos y artistas europeos que visitaron el país (por ejemplo, Maria Graham, Auguste de Saint Hilaire, Jean Baptiste Debret, Johan-Moritz Rugendas o Alcide d’Orbigny) constituyen una importante fuente para la historia social brasileña del periodo que siguió a la independencia. Bernard Naylor ha hecho un listado de este tipo de obras en Accounts of nineteenth-century South America, Londres, 1969. Véase también el libro de Gilberto Freyre, Sobrados e mucambos. Decadencia do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano, 3 vols., Río de Janeiro, 1951 (hay trad. ingl.: The mansions and the shanties: the making of modern Brazil, Nueva York, 1963, que es una continuación en el siglo XIX de la más famosa obra The masters and the slaves); y su «Social life in Brazil in the middle of the nineteenth century», HAHR, 5/4 (1922), pp. 597-630. Un trabajo pionero que usa bien los registros judiciales es el de Patricia Ann Aufderheide, «Order and violence: Social deviance and social control in Brazil, 1790-1840», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Minnesota, 1976.

10. Brasil (1850-1870)

Es esencial el Manual bibliográfico de estudos brasileiros, Río de Janeiro, 1949; aunque irregular en cuanto a su cobertura, por sus comentarios y sus ensayos bibliográficos constituye una base a partir de la cual el historiador puede empezar y pasar a usar el Handbook of Latin American Studies. Aún resulta útil el trabajo de Stanley J. Stein, «The historiography of Brazil, 1808-1889», HAHR, 40/2 (1960), pp. 234-278. Entre otros trabajos orientativos a los que puede recurrir el investigador del Brasil del siglo XIX, merece una especial atención el espléndido Atlas do império do Brasil, Río de Janeiro, 1868, de Cándido Mendes de Almeida.

Dos amplios estudios interpretativos sobre la historia brasileña —que sobre todo se ocupan de las circunstancias sociales y políticas de mediados de siglo— son el de Raymundo Faoro, Os donos do poder, Porto Alegre y São Paulo, 1975, y el de Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil, Río de Janeiro, 1975. Los dos se han dedicado a establecer las conexiones entre la estructura social y las instituciones y acontecimientos políticos. Ambos están muy influenciados por la tipología weberiana, si bien el esquema de Fernandes también contiene cierta cantidad de pensamiento marxista. Menos ambicioso y más mecánicamente marxista es Nelson Werneck Sodré en Historia da burguesía brasileira, Río de Janeiro, 1964. La Historia económica do Brasil de Caio Prado Júnior, São Paulo, 1959, no es tan rígida como la obra de Sodré en las interpretaciones económicas de la sociedad y la política.

El primer historiador que escribió sobre el imperio, y que aún pesa mucho en la interpretación del periodo, fue Joaquim Nabuco, cuya biografía sobre su padre, Um estadista do império, São Paulo y Río de Janeiro, 1936 —publicada por primera vez en 1897-1900— se ocupa, de forma cronológica, de los políticos y de los sucesos políticos sin olvidarse del gran marco social en el que aquéllos actuaron. El punto de vista conservador y proimperio de Nabuco puede contraponerse a la postura crítica que en 1909 adoptó Euclides da Cunha en À margem da historia, Oporto, 1913; Da Cunha percibió mucho mejor que Nabuco la incapacidad del imperio para cambiar. Por otro lado, José María dos Santos, en A política geral do Brasil, São Paulo, 1930, defiende al imperio quitando importancia al papel del emperador y poniendo de relieve cómo el sistema se resintió del humor cambiante de las élites sociales y económicas.

Otro trabajo sobre historia política, que en este caso se dedica al tema de la legislación concerniente a la esclavitud y a la trata negrera, es el de Paula Beiguelman, Formação política do Brasil, I: Teoría e ação no pensamento abolicionista, São Paulo, 1967. C. H. Haring ha elaborado el único relato cronológico de todo este periodo en inglés, Empire in Brazil, Cambridge, Mass., 1958. Basado como estaba, cuando se escribió, sobre las lecturas fundamentales del periodo, puede servir para observar cómo cambió la comprensión del imperio en los siguientes diez o quince años, cuando se le contrasta con los diferentes trabajos contenidos en el libro de Sérgio Buarque de Holanda, ed., Historia geral da civilização brasileira, tomo II: O Brasil monárquico, vols. 3, 4 y 5, São Paulo, 1967-1972.

Dos investigadores brasileños —uno de ciencias políticas y el otro sociólogo— han hecho unos impresionantes y detallados trabajos sobre la vida política del Brasil decimonónico: José Murilo de Carvalho utilizó diccionarios biográficos y alguna fuente impresa para reconstruir un retrato complejo de la élite política en su A construção da ordem, Río de Janeiro, 1980; Fernando Uricoechea recurrió a fuentes manuscritas para explorar los valores y las relaciones sociales desplegados por la Guardia Nacional en su O minotauro imperial, São Paulo, 1978. Una descripción menos sofisticada —pero sin embargo de gran utilidad— de las instituciones políticas durante el imperio se debe a João Camilo de Oliveira Torres, A democracia cornada, Río de Janeiro, 1957. El Consejo de Estado —en parte con función legislativa, en parte tribunal— ha sido hábilmente estudiado por José Honorio Rodrigues en O Conselho de Estado: o quinto poder?, Brasilia, 1978. Aunque la mayor parte del trabajo de Thomas Flory Judge and jury in imperial Brazil, Austin, Texas, 1981, se refiere al periodo anterior a 1850, el capítulo final (pp. 181-200) es un buen análisis de los cambios sufridos por los magistrados en el sistema social, político y económico de Brasil hasta 1871. También es provocativo el artículo de Eul-Soo Pang y Ron L. Seckinger, «The Mandarins of Imperial Brazil», Comparative studies in Society and History, 14/2 (1972), pp. 215-244. No hay ningún buen estudio sobre los presidentes provinciales que de forma tan importante configuraron el curso de la historia política del imperio, y el único estudio electoral existente se publicó por primera vez en 1872: Francisco Belisário Soares de Souza, O sistema eleitoral no império, Senado Federal, Brasilia, 1979. Richard Graham, Patronage and Politics in Nineteenth-Century Brazil, Stanford, 1990, ofrece un análisis del sistema político general.

De las diversas biografías existentes sobre el emperador Pedro II, continúa siendo la mejor la de Heitor Lyra, Historia de Dom Pedro II, 1825-1891, 3 vols., Belo Horizonte y São Paulo, 1977, 2.ª ed. rev. Mary W. Williams hizo un relato novelado en su Dom Pedro the Magnanimous, Chapel Hill, 1937. Del triunvirato formado por Eusébio, Itaboraí y Uruguai, que definieron lo que se puede llamar la extrema derecha de mediados de siglo, sólo el último cuenta con una buena biografía: José Antonio Soares de Souza, A vida do visconde do Uruguai (1807-1866) (Paulino José Soares de Souza), São Paulo, 1944. Los conservadores más creativos de la centro-derecha —Río Branco y Cotegipe— han sido más afortunados; véanse, por ejemplo, el trabajo de José Wanderley Pinho, Cotegipe e seu tempo: primeira phase, 1815-1867, São Paulo, 1937, que desafortunadamente no fue terminado por el autor; José María da Silva Paranhos, segundo barón de Río Branco, O visconde do Río Branco, Río de Janeiro, 1943; y para una interpretación más interesante, véase el libro de Lidia Besouchet, José Mª. Paranhos, visconde do Río Branco. Ensaio histórico-biográfico, Río de Janeiro, 1945. En la centro-izquierda se encontraba Nabuco de Araújo, cuya biografía escrita por su hijo Joaquim Nabuco ya ha sido mencionada anteriormente. Teófilo Ottoni defendió las medidas más reformistas del periodo; véase Paulo Pinhero Chagas, Teófilo Ottoni, ministro do povo, Río de Janeiro, 1956, 2.ª ed. rev.

Junto con los debates parlamentarios, en el siglo XIX los panfletos constituyen el principal vehículo del discurso político. Muchos de ellos se han vuelto a editar. Véase, por ejemplo, Raymundo Magalhães Júnior, Tres pampletários do segundo reinado: Francisco de Sales Torres Homem e o «Libelo do povo»; Justiniano José Da Rocha e «Ação, reação, transação»; Antonio Ferreira Vianna e «A conferencia dos divinos», São Paulo, 1956.

La bibliografía sobre la guerra de Paraguay aún no es satisfactoria, a excepción de lo concerniente a los aspectos militares. John Hoyt Williams, en The rise and fall of the Paraguayan Republic, 1800-1870, Austin, Texas, 1979, ofrece el marco apropiado, mientras que Pelham Horton Box, en The origins of the Paraguayan War, Urbana, 1930, analiza sus causas inmediatas. El punto de vista paraguayo es hábilmente presentado por Efraím Cardozo, El imperio del Brasil y el Río de la Plata, Buenos Aires, 1961. La mejor historia militar de la guerra se debe a Augusto Tasso Fragoso, Historia da guerra entre a Tríplice Alianga e o Paraguai, 5 vols., Río de Janeiro, 1956-1960. El papel de los militares brasileños es comentado provocativamente por Nelson Werneck Sodré en Historia militar do Brasil, Río de Janeiro, 1965.

El estudio de la historia económica del Brasil de este periodo debe empezarse con el capítulo sobre Brasil de Nícia Villela Luz, publicado en Stanley J. Stein y Roberto Cortés Conde, eds., Latin America: a guide to economic history, 1830-1930, Berkeley, 1977, pp. 163-272. Celso Furtado presenta una panorámica general en The economic growth of Brazil: a survey from colonial to modern times, traducido por Ricardo W. de Aguiar y Eric Charles Drysdale, Berkeley, 1963. El conocimiento que Furtado tiene de la teoría económica keynesiana alumbra más que ensombrece su ejercicio. Una perspectiva marxista distinta puede encontrarse en el estudio de Caio Prado Júnior, ya mencionado. Más antiguo, pero aún útil, es el libro de J. F. Normano, Brazil, a study of economic types, Chapel Hill, N. C., 1935. Nathaniel H. Leff, Underdevelopment and development in Brazil, 2 vols., Londres, 1982, es algo tendencioso, pero lleno de datos útiles.

Algunos aspectos concretos de la economía no han sido estudiados con suficiente detalle. Sobre la economía azucarera es notable el trabajo de Peter L. Eisenberg, The sugar industry in Pernambuco: modernization without change, 1840-1910, Berkeley, 1974, aunque Eul-Soo Pang aporta un punto de vista alternativo en «Modernization and slavocracy in nineteenth-century Brazil», Journal of Interdisciplinary History, 9/4 (1979), pp. 667-668. La obra clásica respecto al café, que incluye la transcripción de muchos documentos, es la Historia do café preparada en 15 vols. por Affonso d’Escragnolle Taunay, Río de Janeiro, 1939-1943. Se dice que se pagó al autor por palabra escrita y que escribió tantas como pudo; afortunadamente, también escribió un resumen titulado Pequeña historia do café no Brasil (1727-1937), Río de Janeiro, 1945. Un trabajo más vivo e incluso más breve se debe a Odilon Nogueira de Matos, Café e ferrovias: a evolução ferroviaria de São Paulo e o desenvolvimento da cultura cafeeira, São Paulo, 1974. Sobre el café, véanse también los libros de Richard Graham, Stanley J. Stein, Warren Dean y Emilia Viotti da Costa que se citarán más adelante. El comercio cafetalero lo ha analizado Joseph Sweigart, Coffee factorage and the emergence of a Brazilian capital market, 1850-1888, Nueva York, 1987. Contrastando con las muchas obras escritas sobre el café y el azúcar, hay relativamente pocas dedicadas a otros productos agrarios o bien a la cría de ganado. Aún son útiles, a pesar de que se publicaron hace más de un siglo, los trabajos de Sebastião Ferreira Soares, el primer estadístico brasileño, especialmente sus Notas estatísticas sobre a produção agrícola e a carestía dos géneros alimenticios no Imperio do Brasil, Río de Janeiro, 1977. Veáse también el capítulo sobre la economía de Río Grande do Sul en José Hildebrando Decanal y Sergius Gonzaga, eds., R. S: Economía & política, Porto Alegre, 1979, y la primera parte del libro de Barbara Weinstein The Amazon rubber boom, 1850-1920, Stanford, 1983. Véase también el trabajo de Alice Canabrava sobre el corto periodo de la producción algodonera de la provincia de São Paulo, Desenvolvimento da cultura do algodón na provincia de São Paulo, São Paulo, 1951.

Existen algunos trabajos sobre el sistema de transportes en Brasil durante el siglo XIX. Casi folklórico, pero con algunos datos de interés sobre las recuas, es el de José Alípio Goulart, Tropas e tropeiros na formação do Brasil, Río de Janeiro, 1961. Mucho más detallado, y a veces incluso erudito, es el de José B. Sousa sobre las carretas de bueyes, Ciclo do carro de bois no Brasil, São Paulo, 1958. Los primeros pasos del ferrocarril brasileño los trata Richard Graham en Britain and the onset of modernization in Brazil, 1850-1914, Cambridge, 1968. Subsecuentemente se han publicado los trabajos de Odilon Nogueira de Matos, ya mencionado, y el de Robert H. Mattoon, Jr., «Railroads, coffee, and the growth of big business in São Paulo, Brazil», HAHR, 57/2 (1977), pp. 273-295.

Richard Graham, en Britain and the onset of modernization, también se ocupa del control que ejercían los extranjeros sobre los negocios de importación y exportación. Ana Célia Castro, en As empresas estrangeiras no Brasil, 1860-1913, Río de Janeiro, 1979, presenta un breve resumen de las inversiones extranjeras. Para situar este comercio y estas inversiones en un contexto más amplio, consúltese D. C. M. Platt, Latin America and British trade, 1806-1914, Nueva York, 1972, así como los dos artículos de Irving Stone, «British long-term investment in Latin America, 1865-1913», Business History Review, 42/3 (1968), pp. 311-339, y «La distribuzione geográfica degli investimenti inglesi nell’America Latina (1825-1913)», Storia Contemporánea, 2/3 (1971), pp. 495-518. Estos trabajos sugieren la necesidad de revisar el libro de J. Fred Rippy, British investment in Latin America, 1822-1949, Minneapolis, 1959.

Los primeros pasos de la moderna industria brasileña están íntimamente relacionados a la figura de Mauá. Desgraciadamente aún no se ha escrito ninguna historia satisfactoria sobre su vida. Anyda Marchant, en Viscount Mauá and the empire of Brazil, Berkeley, 1965, no busca explicar su triunfo ni su fracaso empresarial, y atribuye los problemas de Mauá a —tal como él dijo— enemistades personales. Al omitir las notas, su profesionalidad no fue más allá que la de Alberto de Faria, en Mauá: Ireneo Evangelista de Souza, bardo e visconde de Mauá, São Paulo, 1946. El mejor estudio sobre la industria textil —en realidad una colección de provocativos ensayos— se debe a Stanley J. Stein, The Brazilian cotton manufacture: textile enterprise in an underdeveloped area, 1850-1950, Cambridge, Mass., 1957.

La esclavitud conformó la vida brasileña tanto en las ciudades como en el campo. Por consiguiente, ha sido objeto de muchos estudios. Robert Conrad, en Brazilian slavery, Boston, Mass., 1977, ofrece una útil bibliografía. Leslie Bethell es el autor de la obra más importante sobre el final de la trata, The abolition of the Brazilian slave trade, Cambridge, 1970. Para la abolición de la esclavitud deben consultarse los trabajos de Robert Conrad, The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888, Berkeley, 1977; Robert Brent Toplin, The abolition of slavery in Brazil, Nueva York, 1972, y sobre todo el de Emilia Viotti da Costa, Da senzala a colonia, São Paulo, 1966, la obra más importante sobre la esclavitud y su abolición en São Paulo. Todos los trabajos sobre la esclavitud brasileña responden de alguna manera u otra al punto de vista de Gilberto Freyre sobre el sistema de plantación tal como lo expresa, por ejemplo, en su obra The mansions and the shanties, traducida por Harriet de Onis, Nueva York, 1963. En duro contraste a su favorable punto de vista sobre las paternalistas relaciones entre amo y esclavo, está la brillante obra de Stanley J. Stein, Vassouras. A Brazilian coffee county, 1850-1900, Cambridge, Mass., 1957. Un planteamiento similar, centrado en una región que se dedicó al café sólo más tarde, es el de Warren Dean, Rio Claro. A Brazilian plantation system, 1820-1920, Stanford, 1976. Véase también el artículo de Amilcar Martins Filho y Roberto B. Martins, «Slavery in a non-export economy: Nineteenth century Minas Gerais revisited», HAHR, 63/3 (1983), pp. 537-568, y los comentarios sobre él, pp. 569-590. Para conocer los diferentes planteamientos sobre el tema, véase el trabajo de Richard Graham, «Brazilian slavery reexamined: a review article», Journal of Social History, 3/4 (1970), pp. 431-453. María Sylvia de Carvalho Franco señala la importancia de los hombres libres en la sociedad esclava en su Homens livres na ordem escravocrata, São Paulo, 1974/ Robert W. Sienes ha hecho un impresionante análisis cuantitativo en «The demography and economics of Brazilian slavery, 1850-1888», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Stanford, 1975.

Las cuestiones de población, vida urbana y propiedad de la tierra no han recibido la atención que se merecen. Maria Luisa Marcílio ofrece las diferentes estimaciones que se hicieron de la población brasileña a mediados del siglo XIX en «Evolução da populção brasileira a través dos censos até 1872», Anais de Historia, 6 (1974), pp. 115-137. Richard Morse plantea estimulantes sugerencias al observar la relación entre los pueblos, la propiedad rural y las ciudades en su «Cities and society in nineteenth-century Latin America: the illustrative case of Brazil», en Richard Schaedel, Jorge Hardoy y Nora Scott Kinzer, eds., Urbanization in the Americas from its beginnings to the present day, La Haya, 1978. Véase también Emilia Viotti da Costa, «Urbanizado no Brasil no século XIX», en Da monarquía à república: momentos decisivos, São Paulo, 1971. Eulália Maria Lahmeyer Lobo, en Historia do Rio do Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financiero), 2 vols., Río de Janeiro, 1978, aporta rica información estadística sobre la ciudad de Río de Janeiro. Sandra Lauderdale Graham analiza el asentamiento urbano y los valores culturales de los sirvientes domésticos en House and Street: the domestic world of servants and masters in nineteenth-century Rio de Janeiro, Cambridge, 1988. Kátia M. de Queirós Mattoso estudia la vida social y económica de Salvador (Bahía) en Bahía: a cidade do Salvador e seu mercado no século XIX, São Paulo, 1978. Sobre la ley agraria de 1850, véanse los trabajos de Warren Dean, José Murilo de Carvalho y Emilia Viotti da Costa citados en el ensayo bibliográfico número 9.

La historia de la literatura de este periodo está bien recogida en el relevante trabajo de Antonio Cándido de Mello e Souza, Formando da literatura brasileira, 2 vols., São Paulo, 1959. Es muy precavido a la hora de establecer conexiones entre la sociedad y las tendencias literarias. José Guilherme Merquior, De Anchieta a Euclides: breve historia da literatura brasileira, I, Río de Janeiro, 1977, se inclina más hacia la crítica literaria. Un corto libro de referencia es el de Alfredo Bosi, Historia concisa da literatura brasileira, São Paulo, 1970, mientras que muchos más detalles pueden encontrarse en el libro de Afrânio Coutinho, ed., A literatura no Brasil, vol I, tomo 2: Romantismo, Río de Janeiro, 1968. Sobre José de Alencar, el novelista brasileño más famoso de mediados de siglo —que también era político— se han escrito varias biografías; véase, por ejemplo, la de Raimundo Magalhães Júnior, José de Alencar e sua época, Río de Janeiro, 1977.

La filosofía y la música son otras manifestaciones que permiten entrar en el ethos del siglo XIX. El libro de João Cruz Costa, A history of ideas in Brazil, traducido por Suzette Macedo, Berkeley, 1964, como el de Antonio Cándido, relaciona la vida intelectual con los cambios sociales y económicos. Las ideas de los pensadores políticos las expone Nelson Saldanha en O pensamento político no Brasil, Río de Janeiro, 1979. Finalmente, Gerard Béhague, Music in Latin America, an introduction, Englewood Cliffs, N. J., 1979, hace importantes observaciones sobre Antonio Carlos Gomes, el compositor cuya obra II Guarany conmovió al mundo operístico en los años 1870.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abaeté, vizconde de, véase Limpo de Abreu

Aberdeen, 4.º conde de, 368, 370

Aberdeen, ley (1845), 367-370, 373, 374

Abrantes, marqués de, véase Calmon du Pin e Almeida

Acapulco (México), 105, 129

Acosta, José de, 211

Adalbert, príncipe de Prusia, 377 n. 44

Adlercreutz, conde de, 189

Agua Amarga (Chile), 248

Aguiar, Rafael Tobías de, 350

Aguilar, Federico C., 201

Agustín I, emperador de México, véase Iturbide

Alagoas (Brasil), 323, 333, 382

Alajuel (Costa Rica), 148, 149

Alamán, Lucas, 53, 71, 74, 83, 84, 85, 93, 110, 112, 114, 115, 117, 120, 126, 128, 129;

carrera política (1823-1853), 110-117 passim, 120, 126-129; Historia de México, 89

Alberdi, Juan Bautista, 81, 238, 295

Aldao, Félix, 278

Alemania, 7, 181, 314

y Argentina: inmigrantes en, 294, 327-328

y Bolivia, 224, 234

y Brasil, 321, 354; inmigrantes en, 326, 375, 377, 389, 399

y Chile: inmigrantes en, 35, 256, 257

y Venezuela: inmigrantes en, 200

Alencar, José Martiniano de, 413, 416

Alfaro, Eloy, 186, 196, 199

Alto Perú, véase Bolivia

Álvarez, Juan, 69, 129-130, 131

Alves Branco, Manuel, 337, 352, 360

Alzaga, familia (Argentina), 265, 266, 274

Allende, Ramón, 246

Amazonas, río/región (Brasil), 323, 339, 340, 376 n. 44-377 n. 44, 383, 397

Ambalena (Colombia), 180

América Central, véase Centroamérica

América española, véase Hispanoamérica

Amigo de la Patria, El, 147

Amunátegui, Miguel Luis, 259

Ancón, tratado de (1883), 263

Anchorena, familia (Argentina), 265, 266, 271, 274, 275, 280, 283, 286

Anchorena, Tomás Manuel de, 66 n. 15

Andrada e Silva, José Bonifácio de, 323-324, 356

Andrada Machado e Silva, Antonio Carlos

Ribeiro de, 349

Andrada, Martim Francisco Ribeiro de, 324, 349

Andreia, general, 340-341

Angamos (Chile), 262

Angelim, Eduardo, 340-341

Angelis, Pedro de, 271

Angola, 326, 364, 372

Angostura (Venezuela): congreso de (1819), 57

Antequera (Bolivia), 234

Antigua (Guatemala), 155

Antioquia (Colombia), 27, 28, 48, 95, 178, 196, 200

Antofagasta (Chile), 222, 235, 236, 261

Antuñano, Esteban de, 93

Appun, Karl, 181

Araguaia, río (Brasil), 376 n. 44-377 n. 44

Aramayo, familia (Bolivia), 234

Arana, familia (Argentina), 266

Arana, Felipe, 283

Araucanía (Chile), 238-239, 253, 257

Araújo Lima, Pedro de (futuro marqués/vizconde de Olinda), 346, 348, 352, 370, 371, 372, 406, 407

Arce, Aniceto, 234, 235

Arce, Manuel José de, 148, 153-154

Arcos, Santiago, 244

Arequipa (Perú): después de la independencia, 95, 101, 202, 203

Argentina, 52-56 passim, 256, 264-300, 314-315

constituciones: 1826, 296, 300; 1853, 54, 56, 284, 294-295, 296, 300

economía, 32-33, 37-38, 264-274, 292-295, 298-299, 314-315, véase también expansionismo

esclavitud, 22, 38, 284-285

expansionismo, 15, 16-17, 37, 38, 314

ferrocarriles, 30-32, 37, 299

Iglesia, 280, 286

indios, 37, 264, 265, 282

inmigrantes europeos, 37, 274, 275, 293, 294, 300, 315, 328

latifundios, 265-267, 269, 282-285, 300

militares, posición de los, 69, 283-285, 286

población y estructura social, 22, 23, 25, 26, 69, 273-279, 280

transportes y comunicaciones, 267, 269, 294, 299, véase también ferrocarriles

y Bolivia, 210, 227-228, 270

y Brasil, 269, 273, 284, 294, 327, 341-342, 373, 397, 410-412

y Chile, 256, 260, 261, 270, 295

y Gran Bretaña, 271-274 passim, 284, 290-291, 294, 296, 299-301 passim

y Paraguay, 307, 309-312

y Paraguay, guerra del (1864-1870), 311-312, 314-315, 410-411

y Peruano-Boliviana, confederación (1836-1839), 210, 227-228

y Uruguay, 294, 301, 305-307

Argentina, Confederación (1853-1861), 295-297, 310

Arica (Chile), 208, 222-228 passim, 262, 263

Arista, Mariano, 126-127

Ariza y Torres, Rafael, 152

Arizona (EE.UU.), 128

Arqueros (Chile), 248

Arriaga, Ponciano, 130

Asunción (Paraguay), 309, 310, 311

Atacama, desierto (Chile), 223, 226, 235, 236, 247, 248, 261, 263

Aureliano, véase Coutinho

Aurora Fluminense, 334, 345, 348

Australia, 35, 37, 249, 251

Avellaneda, Marco, 290

Ayacucho (Perú), 205

Aycinena, clan (Centroamérica), 147

Aycinena, Mariano, 154-155, 156

Aycinena-Wyke, tratado (1859), 170

Bahía (Brasil): 1822-c. 1850, 320-325 passim, 329, 332, 347-348, 354, 363, 369, 370; revuelta de los esclavos (1835), 343, 363; rebelión de Sabina (1837-1838), 339-340, 343; c. 1850-1870, 378, 382, 392-396 passim, 402 n. 11, 409, véase también Salvador (Bahía)

Bahía, islas, 156, 164, 165, 170

Baily, John, 164

Baja California (México), 122

Balaio, 344

balaios, revuelta (1838-1840), 344-345

Balmaceda, José Manuel, 248

Balmes, Jaime, 85

Balta, José, 34, 218, 220

Ballivián, Adolfo, 237

Ballivián, José, 228

Banda Oriental, véase Uruguay

Baquedano, Manuel, 262, 263

Barata de Almeida, Cipriano, 324, 332, 334

Barbosa, Francisco Vilela, marqués de Paranaguá, 349

Barclay and Company, 110

Barclay, Herring y Richardson, firma, 167

Barchard, William, 165

Barings, firma, 299

Barquisimeto, región (Venezuela), 193

Barranquilla (Colombia), 39

Barrios, Gerardo, 169, 173

Barrios, Justo Rufino, 103, 174

Barros Arana, Diego, 259

Barros, Regó, 347

Barroso, Sabino, 343

Barrundia, José Francisco, 153-159 passim

Barrundia, Juan, 154, 155

Bates, Henry Walter, 377 n. 44

Batres, Luis, 161

Bazant, Jan, 102

Belém (Brasil), 321, 339-341

Bélgica, 168, 173; véase también Países Bajos

Belgrano, Manuel, 52

Belice, 156, 157, 164-167 passim, 170, 171, 173; véase también Honduras Británica

Beltranena, Mariano, 153, 154

Belzú, Manuel Isidoro, 229-230, 236

Bello, Andrés, 257, 258

Beni, región (Bolivia), 223

Bennet, Marshal, 165

Bentham, Jeremy, influencia en Latinoamérica, 49, 58-59, 77, 152, 198, 336, 347-348, 409

Berón de Astrada, 289

Berro, Bernardo F., 305, 306, 313

Bilbao, Francisco, 79, 81, 244

Bío-Bío, río (Chile), 238

Bismarck, Otto von, 262, 377 n. 44

Blaine, James G., 261

Blancerte, José M., 127

Blyte, A., y Cía., 309

Bogotá (Colombia): siglo XVIII, lucha por la independencia, 178; 1819-1830, 57-58; después de 1830, 39, 80, 84, 93, 94, 187, 196, 197-198, 201

Bolívar, Simón: antecedentes, 63-64, 177-178;

y la independencia hispanoamericana. 51, 66, 207, 209; constituciones, 54, 56-57

Bolivia (antes Alto Perú), 57, 58, 204, 223-238

bancos, 235-236

deuda exterior, 234

economía, 33, 203, 223-225, 229-237; véase también industria minera

Iglesia, 225

indios, 230-233, 234

industria minera, 11-15 passim, 36, 223-225, 232-235, 236, 248, 249

militares, posición de los, 68

población y estructura social, 23, 27, 223, 229-230, 236-237; véase también indios

y Argentina, 211, 227-228, 270

y Chile, 211, 227, 228, 233-236 passim, 253, 260, 261; véase también Pacífico, guerra del

y Perú: Confederación Peruano-Boliviana, 211, 223-228 passim, 234; véase también Pacífico, guerra del

Bom Retiro, vizconde de, véase Couto Ferraz

Bonald, L. G. A., 59

Borda, Francisco de Paula, 196

Boyacá (Colombia), 182, 191

Brasil

1822-c.1850, 320-377; algodón, 321, 328, 354, 380; azúcar, 321-322, 328, 354-356, 360-362, 371-372; café, 321, 328, 354, 380; economía, 15, 17, 321-323, 328-329, 352-361, 375-376, véase también algodón, azúcar, café; Guardia Nacional, 335-336, 338, 349, 372; indios, 320, 322, 376 n. 44; inmigrantes: europeos, 326, 365-367, 375, 377, 389, 399; portugueses, 321, 325-326, 328-334 passim, 339, 340, 341, 344-345, 346, 371, 374, 375, 393, 394, 395, 399; ley y orden, 335-336, 338-339, 348-349; población y estructura social, 320-323, 339, 341-342, 344, 354, 370, 376, véase también inmigrantes, indios, esclavos; y Argentina, 269, 273, 294, 327, 341-342, 372, 397, 409-413, 321, 328, 352-354, 355, 356, 361, 380; y Gran Bretaña, 322, 326-331 passim, 334, 340, 352-362, 364-365, 367-371, 373-375, 396; y Paraguay, 307, 309; y Uruguay, 291, 300-307 passim, 327, 341-342, 373, 410

c. 1850-1870, 199, 253, 378-418; algodón, 380, 381, 396; azúcar, 379-381, 393; café, 380, 381, 393-395; economía, 378-384, 391-400, véase también algodón, azúcar, café, expansionismo; esclavitud, 362, 378, 384-389, 398, 400, 416; expansionismo, 15, 17, 383-384; ferrocarriles, 392-393; Guardia Nacional, 413-414, 416; Iglesia, 404 n. 12; indios, 382; inmigrantes: europeos, 365, 377, 388-390, 393, 394, 398-399, de Estados Unidos, 382; población y estructura social, 378, 389-391, 399-400, véase también inmigrantes, indios, esclavitud; sistemas político y administrativo, 400; transportes y comunicaciones, 391-393; y Paraguay, guerra del, 310-313, 395, 396, 410-417; y Uruguay, 301-306 passim, 397, 410-412

Bráulio Muñiz, João, 331 n. 13

Bravo, Nicolás, 106, 109-114 passim, 118, 126, 130

Bridge, Walter, 496

Brown, almirante, 328

Buenos Aires, ciudad (Argentina): siglo XVIII, 284; lucha por la independencia, 278; después de la independencia, 40, 41, 224, 253, 264, 268, 279, 294, 299, 300, 310; población, 28, 39, 274, 284-285, 300

Buenos Aires, provincia, 48-49, 56, 71-72, 95, 264-300

bloqueo europeo (1838-1840, 1845), 266, 271, 272, 286-291 passim, 301

economía, 37, 264-274 passim, 292, 295,

véase también expansionismo

esclavitud, 37, 284-285

expansionismo, 25, 37, 262-270 passim, 272, 292-294

ferrocarriles, 30-31, 294

población y estructura social, 265, 266, 275, 280-286, 300; véase también esclavitud

separación del resto de Argentina (1853-1861), 295-297

y Estados Unidos, 273, 293

y Gran Bretaña, 264, 265, 272, 273, 274, 293, 294; véase también Argentina

Bulnes, Manuel, 228, 243-244, 254-255

Burgin, Mirón, 101

Burke, Edmund, 59, 83

Burton, Richard, 368

Bustamame, Anastasio, 85, 106, 113-118 passim

Bustamante y Guerra, José de, 144

Caballero, José María, 187

Cabanagem, revuelta (1835-1836), véase Para, 1822-c.1870

cabanos, guerra de los (1832-1835), 331, 332-333, 370

Cabañas, Trinidad, 161, 162, 169

Cachoeira (Brasil), 382

Cádiz (España): Constitución de (1812), 53-54, 56, 145, 147, 151

Cairú, barón de, 369

Cajamarca (Perú), 95

Caldera (Chile), 253

Cali (Colombia), 84, 193

California, 35, 122, 168, 251

Calmon du Pin e Almeida, Miguel (futuro marqués de Abrantes), 347, 349

Callao, El (Perú): después de la independencia, 203, 204-205, 208, 210, 214, 228

Camacho Roldan, Salvador, 196

Campeche (México), 93

Campero, Narciso, 237

Campiñas (Brasil), 354

Campo de la Alianza (Perú), batalla de (1880), 262

Campos (Campos de Goitacazes, Brasil), 354, 364, 374, 379

Canadá, 35

canarios, inmigrantes: en Argentina, 274

Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino, 325

Canning, George, 175, 325-326

Caracas (Venezuela): después de la independencia, 28, 39, 178, 184, 187, 188, 195, 196

Caracoles (Bolivia), 235, 248, 253

Caravelas, marqués de, véase Carneiro de Campos

Carguaicollo (Bolivia), 234

Carlos X, rey de Francia, 330

Carneiro de Campos, José Joaquim, marqués de Caravelas, 331

Carneiro Leão, Honorio Hermeto (futuro marqués de Paraná), 349, 351, 360, 372, 407

Caro, José Eusebio, 85

Caro, Miguel Antonio, 196

Carrera, José Rafael, 157, 164 passim, 168, 173

Carrillo, Braulio, 159, 160

Carrizal Alto (Chile), 248

Cartagena (Colombia): después de la independencia, 93, 94

Cartago (Costa Rica), 148, 149

Casáus, Ramón, arzobispo, 148, 154, 156

Castas, guerra de las (1847), 125

Castelnau, Francis, conde de, 377 n. 44

Castilla, Ramón, 87, 199, 207, 211, 212, 213, 217-218, 219

Castro, Cipriano, 196

Castro Alves, Antonio de, 413

Castro Canto, Domitila de, marquesa de Santos, 325

Catamarca (Argentina), 290

Cauca, calle (Colombia), 28, 101, 182, 190, 192

Caupolicán (Bolivia), 232

Cavalcanti, familia (Brasil), 334, 370, 371

Cavalcanti de Albuquerque, Francisco de Paula, 349

Cavalcanti de Albuquerque, Holanda, 334, 337, 346, 349, 352

Caxias (Brasil), 344-345

Caxias, barón/duque de, véase Lima e Silva

Ceará (Brasil), 344-345

Centroamérica

antes de la independencia, véase Guatemala, reino de

después de la independencia, 144-174; constitución (1824), 148, 153-154; deuda exterior, 29, 165, 167, 170; economía, 15, 16, 39, 150, 163-168, 170-173, 174; esclavitud, 22, 38; Iglesia, 151, 156-157; población y estructura social, 22, 24, 39, 149-150; poder político, 151-152; y Estados Unidos, 155, 156, 163-164, 168-171, 173; y Europa, 163, 164, 170, 173, véase también Gran Bretaña; y Gran Bretaña, 156, 159, 163-174 passim; y México, 144, 147, 148-149

véase también Costa Rica; Chiapas; Guatemala; Honduras; Nicaragua; El Salvador

Cepeda (Argentina), 278, 296

Cercado (Bolivia), 232

Cerdeña, 7

Cerna, Vicente, 173

Cerro Cora, batalla de (1870), 312

Cerro de Pasco (Perú), 15, 203, 212

Cieza de León, Pedro, 211

Cisplatine, provincia, véase Uruguay Ciudad Real (México), 147

Clark, Juan y Mateo, 253

Clark, Melbourne, 235

Clark, Melbourne and Co., 235

Clayton-Bulwer, tratado (1850), 168

Coatepeque (El Salvador), 173

Cobija (Chile), 208, 223, 226, 227, 228, 235

Cochabamba (Bolivia), 27, 28, 223, 230-234 passim

Codazzi, Agustín, 181

Coelho da Cunha, José Feliciano Pinto, 349-350

Coimbra (Portugal), Universidad de, 333-334, 346-347, 405

Colombia: antes de 1819, véase Nueva Granada, virreinato de; 1819-1830, véase Gran

Colombia; después de 1830, véase Nueva

Granada, después de 1830 (futura Colombia)

Colônia do Sacramento (Uruguay), 410

Colorado, río (Argentina), 266

Comayagua (Honduras), 148, 162

Comitán (México), 147

Comonfort, Ignacio, 129-131 passim, 134, 135, 140

Concepción (Chile), 239, 240, 249, 257

Concha y Toro, Melchor, 234, 235

Conrad, Joseph, 194

Constant, Benjamín, influencia en Latinoamérica, 49, 55, 58-59, 234

Constitución (Chile), 35

Copiapó (Chile), 35, 238, 248, 253, 257

Coquimbo (Chile), 35, 247

Córdoba (Argentina), 267, 274, 290, 299

Córdoba (México), tratado (1821), 106-107, 108, 111

Cordóvez Moure, José María, 201

Corinto (Nicaragua), 166

Coro (Venezuela), 193

Corrientes, provincia (Argentina), 264, 269, 272, 288-294 passim, 309, 310, 312, 342

Cortés, Enrique, 196

Cortés y Esparza, José M., 140

Cosme, Dom, 344-345

Costa Carvalho, José da (futuro marqués de Monte Alegre), 331 n. 13, 347, 351, 367, 372

Costa de los Mosquitos (Centroamérica), 156, 164, 165, 166-167, 170

Costa Rica: siglos XVIII y XIX, 150; lucha por la independencia, 147-148; después de la independencia, 148-149, 150, 153, 154, 155, 159-160 passim, 169, 170, 171, 174

Cotegipe, barón de, véase Wanderley, João Mauricio

Cottu, Charles, 59

Cousin, Víctor, 59

Coutinho, Aureliano de Sousa e Oliveira, 349, 351

Couto, Bernardo, 84

Couto Ferraz, Luis Pedreira do, vizconde de Bom Retiro, 407

Crespo, general Joaquín, 190, 197

Cuba

azúcar, 19, 21, 33, 354-355, 378

Diez Años, guerra de los (1868-1878), 32, 33, 38

esclavitud, 20-21, 37-38

estructura social, 27-28

ferrocarril, 20-21

Cúcuta (Colombia), 175; Congreso de (1821), 23, 56, 182

Cuevas, Luis Gonzaga, 84

Cullen, Domingo, 289

Cundinamarca (Colombia), 182

Curupaití, batalla de (1866), 412, 415

Cuyo (Argentina), 290

Cuzco (Perú), 101, 202

Chacho, El (Peñaloza, Ángel Vicente), 297

Chalcuapa (El Salvador), 154

Chamberlain, Henry, 356

Chamorro, Fruto, 163

Chaflarcillo (Chile), 12, 248

Chateaubriand, François-René de, influencia en Latinoamérica, 59

Chatener, Maurice du, 15

Chatfield, Frederick, 159, 161, 164, 168, 169

Chayanta (Bolivia), 233

Chiapas (México), 147, 149, 161; véase también Centroamérica; Guatemala, reino de Chiclayo (Perú), 216

Chile

lucha por la independencia, 50-51, 56, 64

después de la independencia, 51-54 passim, 58, 60-61, 64, 80, 99, 100, 238-263; agricultura, 34-36, 249-250, 259; bancos, 254; constituciones: 1828, 54, 240, 241; 1833, 241, 243, 245; economía, 32, 167, 246-255, 259-260, véase también agricultura, expansionismo, industria minera; educación, 258-259; esclavitud, 22, 38, 239; expansionismo, 15, 16, 17; ferrocarril, 31, 35, 253, 254; indios, 238-239, 257; industria minera, 11-15 passim, 35, 36, 247-250, 259; inmigrantes europeos, 35, 256-257; militares, posición de los, 68, 69, 241; población y estructura social, 22, 28, 239, 249-250, 254-258, véase también esclavitud, indios, inmigrantes; transportes y comunicaciones, 251-252, 253, véase también ferrocarril; y Argentina, 256, 260, 261, 270, 295; y Bolivia, 210, 227-228, 233-236 passim, 254, 260-261, véase también Pacífico, guerra del; y Gran Bretaña, 34, 243, 246, 249, 251-257 passim, 259, 261; y Perú, 222, 223, 227-228, 243, 250, 254, 261, véase también Pacífico, guerra del

Chilean and Peruvian Association, 208-209

Chiloé, islas (Chile), 238

Chincha, islas (Perú), 218

chinos: en Cuba, 38; en Perú, 38, 214, 216

Chiquimula (Guatemala), 156, 162

Chocó, provincia (Colombia), 92, 178

Choele-Choel, islas (Argentina), 282

Chorillos, batalla de (1881), 262

Christie, William, 415 n. 16

Chuquisaca (Bolivia), futuro Sucre, 226, 232

Church, George, E., 234

Dalence, José María, 230

Darwin, Charles, 250

Davatz, Thomas, 390

David (Panamá), 160

Daza, Hilarión, 237

Degollado, Santos, 136

Delgado, José Matías, 147, 148, 149, 153

Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, influencia en Latinoamérica, 59, 60

Díaz, Porfirio, 39, 103, 142-143

Díaz Vélez, familia (Argentina), 266

Diez Canseco, Pedro, 218

Dorado Bros., firma, 235

Dorado, Joaquín, 234

Dorrego, Manuel, 279, 280, 281

Dreyfus, Auguste, 34, 212, 221

Dueñas, Francisco, 161, 173

Dumont, P. E. L., 59

Ecuador

después de la independencia, 57, 61, 176, 183-184, 187, 190-201 passim; agricultura, 18, 179-182 passim; economía, 176-181 passim, 185-186, 191, véase también agricultura; esclavitud, 181; Iglesia, 182, 184; militares, posición de los, 186-187, 191-192; población y estructura social, 23, 24, 177, 181-183, 199-200; y Perú, 199, 210

véase también Gran Colombia; Guayaquil; Quito

Echagüe, Pascual de, 289

Echenique, José Rufino, 217, 219

Echeverría, Esteban, 59, 79, 83

Editor Constitucional, El, 147

Edward, Johnston y Cía., 393

Edwards Ossandón, Agustín, 235, 249-250

Egaña, Juan, 239

Egaña, Mariano, 60

El Salvador: siglos XVIII y XIX, 150, 151; lucha

por la independencia, 145, 147, 148; después

de la independencia, 148-149, 150, 152-156

passim, 169-174 passim; véase también Centroamérica; Guatemala, reino de Ellis, Henry, 359

Entre Ríos, provincia de (Argentina), 264, 269, 278, 288-298 passim, 341, 373

Errázuriz, familia (Chile), 255

Errázuriz Zañartu, Federico, 245-246, 253, 255

Escandinavia, 354

Escudero y Echánove, Pedro, 141

España

e Hispanoamérica: después de la independencia, 7, 18; Argentina, 273, 293, véase también vascos, inmigrantes; Centroamérica, 165, 170, 173; Guatemala, reino de, 144-145, 147-148; México: hacia la independencia, 105-107, después de la independencia, 107-108, 109, 112-113, 117, 139; Perú, 218; Uruguay, 312-313

sistemas políticos, influencia en Hispanoamérica, 48-56, 97-100

Espina, Ramón, 188

«Espinosa, el indo», 193

Espirito Santo (Brasil), 322, 377 n. 44

Estados Unidos

e Hispanoamérica: después de la independencia, 6-7, 35-36, 37, 96-97, Guerra civil norteamericana, efectos (1861-1865), 172; Argentina, 273, 279, 293, 295; Brasil, 321-322, 334, 351, 353, 356, 357, 393, 395, inmigrantes en, 382; Centroamérica, 155, 156, 163-164, 168-171, 173; Chile, 250, 256, 262; México, 96-97, 111, 116, 118-122, 125, 126, 128, 136-138; Perú, 203, 204, 208, 211, 219

sistemas político y judicial, influencia en Latinoamérica, 48-51 passim, 111, 155, 156, 279, 295, 334, 351

Eusebio, véase Queiroz Coutinho Matoso da Câmara

Expilly, Charles, 377

Facio, José Antonio, 115

Falcón, Marshal, 193, 194

Famaillá (Argentina), 290

Farroupilha, revuelta (1835-1845), 339, 341-343, 346

Feijó, Diogo Antonio, 334-337 passim, 346-347, 350

Fernando VII, rey de España: después de 1808, 53

Ferré, Pedro, 269, 290

Ferreira de Paula, Vincente, 333

Ferrera, Francisco, 162

Fierro-Sarratea, acuerdo (1878), 260

Filangieri, Gaetano, 59

Filisola, Vicente, 149

Fisher, Hermann, 234

Florence, Hércules, 377 n. 44

Flores, Cirilio, 154

Flores, Juan José, 58, 176, 178, 184, 187, 190-191, 198, 199

Flores, Venancio, 303-306 passim, 311, 312

Fonseca, Antonio Borges da, 334, 371

Forey, Marshal, 140

Foster, John, 165

Francia

e Hispanoamérica: después c. 1830, 8, 38; Argentina, 266-267, 271, 286-291 passim, 295-296, 300, 301-302, inmigrantes en, 274, 294; Bolivia, 224, 234, 235; Centroamérica, 163, 164, 170-171, 173; Chile, 243, 254, 256, 259; Ecuador, 200; México, 31, 117, 139-143; Perú, 203, 204, 211, 212; Uruguay, 301, 302-303, 313

política y filosofía, influencia en Latinoamérica, 48-49, 57-58, 78-81, 330, 335; Ilustración, 50, 58-59; Revolución (1848), 79-84 passim, 244, 371; Revolución francesa (1789), 50

y Brasil, 322, 328, 330, 335, 356, 371, 377, 394-395; inmigrantes, 377

Francia, doctor José Gaspar Rodríguez de, 62, 307-311 passim

Fray Bentos (Uruguay), 299

Freirá, Ramón, 238-239, 259

Frías, Tomas, 237

Furtado, Francisco José, 414, 416

Gaínza, Gabino, 147, 148

Gálvez, doctor Mariano, 153-159 passim

Gálvez, hermanos, 95

Gálvez, Pedro, 218

Gamarra, Agustín, 62, 210, 211, 228

García, Francisco, 74, 115, 116

García Calderón, Francisco, 98

García del Río, Juan, 209

García Granados, Miguel, 174

García Moreno, Gabriel, 87, 182, 190, 192-193, 198-200

Garibaldi, Giuseppe, 342

Gay, Claude, 257

Gibbs, Antony, and Sons, firma, 34, 213, 215, 219, 235

Gibbs, William, 235

Glenton, Jonas, 165

Goiás (Brasil), 331, 336 n. 44

Góis e Vasconcelos, Zacarías de, 409, 410, 414-416, 418

Goldschmitt and Company, 110

Gomes, Antonio Carlos, 413

Gomes, Raimundo, 344-345

Gomes Farías, Valentín, 108, 114-116, 117, 120-121, 122, 133

Gómez Pedraza, Manuel, 93, 112-113

Gonçalvez, Bento, 342

Gonçalvez Lêdo, Joaquim, 323

González, Manuel, 140

González Ortega, Jesús, 136-141

Gordon, Robert, 326

Gosselman, Carl August, 179, 185, 187

Goyeneche y Barrera, arzobispo José Sebastián, 87

Gran Bretaña

e Hispanoamérica: después de c. 1830, 4-10

passim, 29, 30; Argentina, 262, 263, 271-275 passim, 284, 291-296, 299, 301, 302; Bolivia, 224, 234-236; Centroamérica, 156, 159, 163-174 passim; Chile, 35, 243, 246, 249, 251-256 passim, 259, 261; Gran Colombia, república, 175-176; México, 8-9, 109-110, 125, 137, 139; Nueva Granada, 200; Paraguay, 308-309; Perú, 33-34, 203-209 passim, 211, 215, 219, 221; Uruguay, 291-292, 301, 302, 313, 314

sistemas políticos, influencia en Hispanoamérica, 49-50, 57, 58, 59

y Brasil: 1822-c. 1850, 322, 326-331 passim, 334, 340, 353-362, 364-365, 367-369, 372-374, 396; 1850-1870, 393, 394, 397, 415, véase también Portugal

Gran Colombia, república, 22, 54, 58, 175-176; véase también Cúcuta, congreso de Granada (Nicaragua), 147, 148-149, 153, 162, 163, 168

Greytown (San Juan del Norte) (Nicaragua), 166, 168

Guadalajara (México): después de la independencia, 119, 120, 127

Guadalupe, minas (Bolivia), 233

Guainas, cacique, 193

Guanajuato (México), 93, 125, 135

guaranís, indios, 308, 309

Guardia, Tomás, 174

Guardiola, Santos, 162, 169

Guatemala: siglos XVIII y XIX, 150-151; lucha por la independencia, 144-148 passim; después de la independencia, 39, 148, 149, 150, 152-174 passim; véase también Centroamérica; Guatemala, reino de Guatemala, ciudad: lucha por la independencia, 144-148 passim; después de la independencia, 156-161 passim, 170

Guatemala, reino de (Centroamérica), 152-174 passim siglos XVIII y XIX, 150-151; lucha por la independencia, 144-148; véase también Costa Rica; Chiapas; Guatemala; Honduras; Nicaragua; El Salvador

Guayacán (Chile), 249

Guayana (Venezuela), 200

Guayaquil (Ecuador), 39, 193, 198, 199, 228

Guayas (Ecuador), 198

Guerrero (México), 69, 93, 129, 130

Guerrero, Vicente, 67, 105, 106, 107, 108, 112-114, 115, 128, 129

Guizot, F. P. G., 58, 348

Gutiérrez Estrada, José María, 117, 118, 139

Guzmán, Antonio Leocadio, 103, 184, 185, 190, 192, 196, 201

Habana, La (Cuba): siglo XIX, 19, 20, 30

Halperín Donghi, Tulio, 78, 103

Hall, Basil, 6

Hall, Francis, 198

Hall, William, 165

Haro y Tamariz, Antonio de, 93, 127, 128

Harratt, John, 293

Hassaurek, Friedrich, 181, 200

Heredia (Costa Rica), 147

Hernández, José: Martin Fierro, 298

Herrán, Pedro Alcántara, 184, 190, 193

Herrera, Bartolomé, 83-84, 85, 218

Herrera, familia (Perú), 95

Herrera, José Joaquín, 120, 122, 125, 126

Hicks, George, 236

Hispanoamérica

después de la independencia: caudillos, 62-66, 69-72, 277-279; economía, 4-21, 28-41; esclavitud, 22, 37-39, 75; ferrocarril, 30-32; Iglesia, 42, 45-46, 47, 49-50, 67, 76-77, 78-79, 82, 84-88; indios, 23-25, 38-39, 45, 47, 75-76; militares, posición de los, 42-44, 46, 49, 67-71; población, estructura social, 21-30, véase también esclavitud, indios; política, ideologías y sociedad, 42-49, hacia c. 1845, 48-77, c. 1845-1870, 78-104; política, inestabilidad, 96-103; político, sistema, 48-62; políticos, partidos y facciones, 87-95; vida cultura: educación, 46-47; véase también países individuales

Holnisky, A., 191

Holton, Isaac, 181

Honduras: siglos XVIII y XIX, 150, 151; lucha por la independencia, 144, 147; después de la independencia, 30, 148, 150, 154, 159-163 passim, 165, 169, 170, 173

Honduras Británica, 165; véase también Belice

Honorio, véase Carneiro Leão

Huanchaca (Bolivia), 233-234

Hudson, James, 369

Hutt, William, 370

Iglesias, José María, 132

Iglesias, ley (1857), 132-133

Iguala, plan de (1821), 105, 106, 110, 120, 142; influencia en Centroamérica, 144, 147

Infante, José Miguel, 239

Ingavi (Bolivia), 211, 228, 232

Inglaterra, véase Gran Bretaña

Inhomirim, vizconde de, véase Torres Homen

Iquique (Chile), 262

Irlanda: inmigrantes y mercenarios de, 37, 293, 327-328

Isaac y Samuel, firma, 167

Islay (Perú), 203 n. 3

Itaboraí, vizconde de, véase Rodrigues Torres, Joaquim José

Italia: inmigrantes: en Argentina, 273, 294, en Brasil, 399, en Uruguay, 313; misioneros

en Brasil, 377 n. 44; política, influencia en Hispanoamérica, 79-80

Itapicuru, río (Brasil), 344

Iturbide, Agustín de (Agustín I, emperador de México), 25, 53, 105-107, 108-110, 128; y Centroamérica, independencia, 144, 147, 148

Izabal (Guatemala), 166, 168

Jalapa (México), 93, 108

Jalisco (México), 92, 93

Jamaica, 166

Jane, Lionel Cecil, 97

jesuitas: en Hispanoamérica, 79-80, 86, 160, 196, 286; en México, 128-129

Jiquetepeque, valle (Perú), 25

Jorge IV, rey de Gran Bretaña, 176

José Bonifácio, véase Andrada e Silva

Juan VI, rey de Portugal: como príncipe regente (1792-1816), 329; como rey (1816-1826), 326, 357

Juárez, Benito, 103, 130-131, 134-143 passim

Juárez, ley (1855), 131, 133

Jujuy (Argentina), 267, 290

Junín (Perú), 202

Kilgour, William, 165

Kinder, Thomas, 209

Klee, Charles, 165

La Cruz, José María de, 244

La Libertad (Perú), 202

La Madrid, Aráoz de, 290

La Paz (Bolivia), 210, 223, 224, 229-232 passim

La Rioja (Argentina), 270, 290, 297

La Trinidad (Honduras), 154

La Unión (Bolivia), 232

Labastida, obispo (futuro arzobispo), 131, 140

Lamennais, H. F. R. de, 79, 80

Lamport y Holt, firma, 299

Lander, Tomás, 75, 189

Langsdorff, Count Georg Heinrich von, 377 n. 44

Larecaja (Bolivia), 232

Las Charcas (Guatemala), 155

Laso, Benito, 95

Lastarria, José Victorino, 244, 255

Lavalle, Juan, 280, 281, 289-290

Lavalleja, Juan Antonio, 327, 342

León (Nicaragua), 154, 162, 163

Leopoldina, princesa (esposa de Dom Pedro I), 325

Lerdo, ley (1856), 39, 131-137 passim

Lerdo, Sebastián, 129, 142-143

Lerdo de Tejada, Miguel, 122, 127, 129-130, 131-132, 134-139 passim

Lesperance, Frederick, 165

Liebig Co., 314

Lima (Perú): siglos XVIII y XIX, 209; después de la independencia, 28, 95, 204, 210-211, 215-217, 219, 221, 222, 262-263; población, 39, 202

Lima e Silva, Francisco de, 330, 331

Lima e Silva, Luís Alves de (barón/duque de Caxias), 344, 407, 410, 414, 415-416

Limantour, José Yves, 136, 139

Limeira (Brasil), 375

Limpo de Abreu, Antonio Paulino (futuro vizconde de Abaeté), 337, 349, 350, 352, 407-408

Linares, José María, 236

Lindo, Juan, 161-162

Lins, familia (Brasil), 380-381

Lins, Henrique Marques, 380-381, 402, 413

Lircay (Chile), 240

Lirquén (Chile), 249

Livingston, Edward, códigos de, 157, 158, 159

López, Carlos Antonio, 307-311 passim

López, Estanislao, 278-279, 289

López, Francisco Solano, 307-313 passim, 411-413, 415, 416

López, José Hilario, 190

López, Juan Pablo, 289

López, Vicente Fidel, 283

López Jordán, Ricardo, 297

López Portillo, Jesús, 127

Los Altos (Guatemala), 157, 160

Lota (Chile), 249

Louisiana (Estados Unidos), 356

Lucro, hacienda (Perú), 216-217

Lurifico, hacienda (Perú), 216

Llanquihue, lago (Chile), 257

Macaé, vizconde de, véase Pereira de Almeida

Torres

Magallanes, estrecho de, 204, 238, 253, 260

Magdalena, valle (Colombia), 410-411

Maistre, J. M., conde, 59

Malespín, Francisco, 161, 162

Manabí (Ecuador), 198

Managua (Nicaragua), 163

Manning, Thomas, 165

Mansfield, Charles, 272

Manuel Bento, 342

Maquiavelo, Niccolò, influencia en Latinoamérica, 59

Maracay (Venezuela), 197

Maranhão (Brasil): 1822-c.1850, 320, 321, 322, 340, 377 n. 44; Bahía, revuelta de (1838-1840), 339, 344-345; 1850-1870, 382, 383

Maria da Glória (Maria II), reina de Portugal, 326 n. 6, 331

Márquez, José Ignacio de, 188

Martius, C. F. P. von, 377 n. 44

Mataquescuintla (Guatemala), 157, 159

Matina (Costa Rica), 166

Mato Grosso (Brasil): después de 1822, 306, 311, 320, 376 n. 44-377 n. 44, 410

Mauá, barón, vizconde de, véase Sousa, Irineu

E. de Maximiliano, archiduque de Austria, emperador de México, 53, 103, 139, 140-143

Maxwell, Wright y Cía, 393

mayas, 124, 125

Mazzini, Giuseppe, 79

McGregor, Gregor, 165, 168

McLane-Ocampo, tratado (1859), 137

McNally, Richard, 165

Meany, Carlos, 165

Mearim, río (Brasil), 344

Medellín (Colombia), 28, 184

Meiggs, Henry, 31, 253, 256

Mejía, general, 142

Mejillones (Chile), 232, 235

Melgarejo, Mariano, 227, 231-235 passim, 327

Meló, José María, 187, 190

Mena, coronel, 198

Mendes de Almeida, Cándido, 418

Mendoza (Argentina), 266, 270

Mercurio, El, 198

México

independencia, declaración de (1821), 105-106; después de la independencia, 54, 56, 84, 105, 143; constituciones: 1824, 54, 55, 56, 111, 121, 128, 1836, 56, 57, 117, 118, 119, 1843, 117-119, 128, 131, 1857, 132-135; deuda exterior, 101, 109-110, 114, 125; economía, véase expansionismo, industria minera, industria textil; esclavitud, 22, 37-38; expansionismo, 15; ferrocarriles, 31; Iglesia, 85-87, 106, 114-117, 121, 130-138; imperio: 1821-1823, 53-54, 105, 110, 1864-1867, 53, 140-142, y Europa, 31, 107-108, 109, 112-113, 117, 139-143, véase también Gran Bretaña; indios, 123, 125, 126; industria minera, 11-15 passim; industria textil, 26-28, 114; militares, posición de los, 68-69; partidos o facciones políticas, 90, 92, 93-94; población y estructura social, 22-28 passim, 38, 122-123, véase también esclavitud, indios; Tres Años, guerra de los (1858-1860), 32, 134-138; y Centroamérica, 145, 147, 148-149; Estados Unidos, 96-97, 111, 116, 118-122, 125, 126, 128, 132, 133, 137-138; guerra en (1846-1848), 120-123, 133, 162; y Gran Bretaña, 8-9, 109-110, 125, 137, 139

México, Ciudad de: lucha por la independencia, 105; después de la independencia, 39, 40, 92-93, 121, 129, 140; Tres Años, guerra de los (1858-1860), 134-138

Michelena, Mariano José, 110

Michelet, Jules, 79

Michoacán (México), 92, 93, 130, 135, 136; obispado, 107

Mier, fray Servando Teresa de, 108, 133

Miers, John, 14, 15

Miguel, hermano de Pedro I del Brasil (Pedro IV de Portugal), 326 n. 6

militares, posición de los, véase Hispanoamérica; países individuales

Mill, John Stuart, influencia en Brasil, 409

Minas Gerais (Brasil): 1822-c. 1850, 15, 320-323 passim, 327, 328, 329, 330, 333-334, 335, 342, 346, 349-354 passim, 363, 367, 370, 377 n. 44; c. 1850-1870, 378, 382-385 passim, 389, 396, 402 n. 11, 406

Miraflores, batalla (1881), 262

Miramón, Miguel, 136, 137, 140-143 passim

Misiones (Argentina), 311, 312

Mitre, Bartolomé, 295-299, 306, 310, 412

Molina, Pedro, 147, 158

Moliendo (Perú), 203 n. 3

Mompox (Venezuela), 195

Monagas, familia (Venezuela), 184, 190, 193

Monagas, José Tadeo, 184, 188, 189, 191, 192, 194, 196-197

Montalvo, Juan, 190

Monte Alegre, marqués de, véase Costa Carvalho

Monte Caseros (Argentina), 292

Montealegre, familia (Costa Rica), 174

Monteiro, Maciel, 348

Montesquieu, barón de, 49, 58

Montevideo (Uruguay): después de la independencia, 41, 270, 287-292 passim, 301, 302, 304, 313, 314, 411, 412; población, 39, 300, 301, 303, 312-313

Montt, Manuel, 78, 244-245, 247, 251, 258

Moquegua, valle (Perú), 224

Mora, José María Luis, 114-115, 126, 130, 132-133

Mora, Juan, 154

Mora, Rafael, 169, 173, 174

Morales, Agustín, 233, 237

Morales y Ugalde, José, 206

Morazán, Francisco, 154-162 passim, 173

Moret, ley (1870), 38

Morse, Richard, M., 98-100

Mosquera, Joaquín, 59, 87

Mucuri, río (Brasil), 352

Munguía, Clemente de Jesús, obispo, 84 n. 27, 87

Muñoz, José Trinidad, 161, 163

Nabuco, Joaquim, 409, 416

Nabuco de Araújo, José Tomás, 407, 416, 417

Napoleón III, emperador de Francia, 53, 139, 140, 142, 310

Natterer, Johann, 377 n. 44

Negrete, general, 110

Negro, río (Argentina), 266

Negro, río (Brasil), 376 n. 44-377 n. 44

Nicaragua: siglos XVIII y XIX, 150, 151; lucha por la independencia, 147; después de la independencia, 148-149, 153, 159-166 passim, 168-174 passim; véase también Centroamérica; Guatemala, reino de

Niterói (Brasil), 324 n. 3

Norte Chico (Chile), 14, 22, 31, 34, 36, 247-250

Norton, almirante, 328

Nova Friburgo, barón de, véase Pinto, Antonio Clemente

Nueva España, véase México

Nueva Granada, virreinato de lucha por la independencia, 51

después de 1830 (futura Colombia), 50-51, 53, 54, 56, 58, 59, 64-65, 73, 80, 81, 92-97 passim, 176-201 passim; agricultura, 18, 178-182 passim; economía, 175-186 passim, 191, véase también agricultura, industria minera; esclavitud, 22, 37, 181; Iglesia, 86, 87, 182, 184; industria minera, 11, 14, 178; militares, posición de los, 68, 69, 186-187, 190-191; población y estructura social, 23, 27-28, 176, 181-183, 200-201, véase también esclavitud

véase tambiénGran Colombia

Nueva Orleans (Estados Unidos), 169, 170

Nuevo México (Estados Unidos), 122

Núñez, Rafael, 103, 195, 197-198

O’Donojú, Juan, 105-107

O’Higgins, Bernardo, 238, 239, 243, 258

Oaxaca (México), 93, 130

Ocampo, Melchor, 122, 123-124, 129-130, 133, 135-136 passim, 142

Olinda (Brasil), obispo de, 333

Olinda, marqués/vizconde de, véase Araújo

Lima, Pedro de Omasuyos (Bolivia), 231

Omoa (Honduras), 166

Oribe, Manuel, 289, 290-291, 300-301, 303

Orizaba (México), 93

Oruro (Bolivia), 230, 231-232

Osorio, Alejandro, 74

Ospina Rodríguez, Mariano, 85, 96, 185, 194, 196

Otamendi, Juan, 198

Ottoni, Teófilo, 334, 350, 351, 352, 408, 416

Ovalle, José Ramón, 248

Pacajes (Bolivia), 231, 232-233

Pacific Steam Navigation Co., 253, 299

Pacífico, guerra del (1879-1883), 34, 36, 211, 222, 236, 237, 261-263

Pacto del litoral (1831), 270

Pacheco, Ángel, 283

Pacheco, Gregorio, 234

Padilla, José, 67

Paes de Andrade, Manuel Carvalho, 325, 333

Páez, José Antonio, 25, 53, 65, 68, 69, 83, 176, 178, 184-189 passim, 191, 192

Pago Largo (Argentina), 289

Países Bajos, 354; véase también Bélgica

Paita (Perú), 208, 228

Palmerston, vizconde (3.º), 165, 361, 365, 367-371 passim, 374

Pampa, indios de la, 38, 265

Panamá, 165-169 passim, 204

Pando, familia (Perú), 95

Pando, José María de, 59, 206, 207

Pando, región (Bolivia), 223

Pará (Brasil): 1822-c. 1870, 322, 376 n. 44, 383; Cabanagem, revuelta (1835-1836), 339-341, 342, 345, 376 n. 44; véase también Amazonas, río/región

Paraguay

después de la independencia, 30, 267, 291, 307-313; esclavos, 37, 308; indios, 307-309, 310; y Argentina, 269, 307, 308, 309-313; y Brasil, 307-313 passim, 410-413

véase tambiénParaguay, guerra de; Río de la Plata

Paraguay, guerra de (1864-1870), 32, 298, 306-307, 311-312 passim, 410-417

Paraguay, río, 306, 312, 377 n. 44, 410, 412

Paraíba (Brasil), 324, 325, 382

Paraíba, río, valle (Brasil): 1822-c. 1850, 349-354 passim, 361, 364, 366, 387; c. 1850-1879, 380, 386, 388, 389, 391, 392, 406

Paraná (Argentina), 279, 296

Paraná (Brasil), 383

Paraná, marqués de, véase Carneiro Leão

Paraná, río, 291, 295, 296, 307, 322

Paranaguá (Brasil), 368, 373

Paranhos, José María (futuro vizconde de Rio Branco), 407, 414, 415

Pardo, familia (Perú), 95

Pardo, Manuel, 218-222

Paredes Arrillaga, Mariano, 118-121 passim, 161, 169

Parish, Juan, 209

Parker, Robert, 165

Paroissien, Diego de, 209

Paso del Norte (Estados Unidos), 141

Pasto (Colombia), 92, 182, 184, 190, 192, 196

Patagonia (Argentina), 260

Patí do Alferes, barón de, véase Peixoto de Lacerda Werneck

Patía, valle (Colombia), 192

Paula Sousa e Meló, Francisco de, 352, 369

Paulino, véase Soares de Sousa

Pavón (Argentina), 297, 298, 306

Pavón, Manuel F., 164.

Pedro I, Dom, emperador de Brasil (Pedro IV, rey de Portugal): 1822-1831, 323-331, 336; abdicación (1831), 330-334; muerte (1834), 333, 337

Pedro II, Dom, emperador de Brasil, 324 n. 3, 331, 349, 359, 367, 370, 373, 400-402, 415,416

Peixoto de Lacerda Werneck, Francisco, barón do Patí do Alferes, 385

Pelotas (Brasil), 321

Pena, Luis Carlos Martins, 337

Pentland, John Barclay, 223, 224

Peña, David, 193

Peña y Peña, Manuel de la, 122

Peñaloza, Ángel Vicente (El Chacho), 297

Peñalver, Fernando de, 56

Perdigão Malheiro, Agostinho Marques, 389, 417

Pereira de Almeida Tôrres, José Carlos (vizconde de Macaé), 352

Pereira, José Clemente, 349

Pérez, Felipe, 180

Pérez, José Joaquín, 244, 257

Pernambuco (Brasil): 1822-c. 1850, 321, 322, 323, 325, 331-335 passim, 345, 346, 347, 352, 354, 368, 370-372, cabanos, guerra de los (1832-1835), 331, 333-334, 370, Praieira, revuelta (1848-1849), 370-372; c. 1850-1870, 379-382 passim, 388, 392, 402 n. 11, 403

Peró, Napoleón, 235-236

Perú

después de la independencia, 53, 56, 57, 59, 80, 81, 82, 95, 200-223, 237; bancos, 319; deuda exterior, 204, 214-215, 216, 221; economía, 18, 19, 32, 203-209, 211-217, 218-222, véase también industria minera, tráfico de guano; esclavitud, 22, 37, 213-214; ferrocarril, 31, 34, 203 n. 3, 214, 215, 220, 256; indios, 206-209, 213; industria minera, 11-15 passim, 203, 208, 249; militares, posición de los, 68-70; población y estructura social, 22-25 passim, 38, 39, 202, 209-210, 214, 215, véase también esclavitud, indios; tráfico de guano, 33-35, 211-222 passim; y Bolivia, 211, 223-228 passim, 234, véase también Pacífico, guerra del; y Centroamérica, 166-167; y Chile, 203, 204, 210, 211, 221, 222-227, 228, 243, 250, 253, 261, véase también Pacífico, guerra del; y Ecuador, 199, 210; y Estados Unidos, 203, 204, 208, 211, 219; y Gran Bretaña, 33-35, 203-210 passim, 211, 215, 221

Peruano-Boliviana, confederación (1836-1839), 57-58, 208, 211, 227-228, 243

Petén, El (Guatemala), 168

Petrópolis (Brasil), 392

Pezet, Juan Antonio, 218

Phipps Bros, firma, 393

Piar, Manuel, 67

Piauí (Brasil): 1822-c. 1879, 322, 323, 333, 376, n. 44, 392

Pichincha (Ecuador), 191

Piérola, Nicolás de, 222

Pilar (Paraguay), 307

Pimenta Bueno, José Antonio, vizconde, marqués de São Vicente, 415 n. 16, 417

Pindare, río (Brasil), 344

Pinto, Aníbal, 245-246, 260

Pinto, Antonio Clemente (futuro barón de Nova Friburgo), 394

Pinto, Francisco Antonio, 239, 243

Pinto da Fonseca, Manuel, 369

Pío I, papa, 86-87

Pisco-Ica (Perú), 216

Pissis, Amado, 257

Piura (Perú), 216

Pizarro, Francisco Javier Luna, 58, 69, 95

Poinsett, Joel R., 112, 113, 123

Popayán (Colombia), 93, 94, 175, 178, 187, 192, 193

Portales, Diego, 60-61, 62, 65, 68, 83, 227-228, 239-240, 243, 347, 359

Porto Alegre (Brasil), 321, 341

Portugal

y Brasil, después de 1822, 322, 323-331, 356; inmigrantes en, 322, 325-326, 328-334 passim, 339, 340, 341, 344-345, 346, 371, 374, 375, 393, 394, 399

y Uruguay, 410

Potosí (Bolivia), 48, 223, 229-234 passim, 264

poyais, colonización: 1823-1824, 164, 168

Prado, Mariano Ignacio, 218, 222

Praieira, revuelta (1848-1849), 370-372

Prat, Arturo, 262

Prieto, Guillermo, 129

Prieto, Joaquín, 64, 240, 242

Proudhon, P. J., 229

Puebla (México): después de la independencia, 86, 92, 114, 121, 140, 141

Puelma, Francisco, 235, 261

Pulacayo (Bolivia), 234

Puno (Perú), 95, 202

Puntarenas (Costa Rica), 166

Quebracho Herrado (Argentina), 290

Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, Eusebio de, 373, 374-375, 407, 408, 409

Querétaro (México), 122, 124, 135, 141

Quezaltenango (Guatemala), 154, 160

Quinet, Edgar, 79

Quiroga, Facundo, 63

Quispicanchis, provincia de (Perú), 217

Quiteño Libre, El, 190, 198

Quito (Ecuador): después de la independencia, 39, 175, 198, 199

Ramírez, Francisco, 278

Ramos Arizpe, José Miguel, 110

«Rangel, el indio», 193

Real del Monte, compañía, 13

Realejo (Nicaragua), 166, 169

Recife (Brasil): 1822-c. 1850, 321, 322, 325, 332-333, 371; c. 1850-1870, 393, 394-395, 397, 398, 405, 409

Recôncavo (Bahía, Brasil), 321, 322, 343, 370

Rengifo, Manuel, 247

Reynolds, Real Almirante, 373

Riachulo, batalla de (1865), 312

Rio Branco, vizconde de, véase Paranhos, José María

Rio Claro (Brasil), 353

Río de Janeiro (Brasil): 1822-c.1850, ciudad, 322, 326-333 passim, 350, 353, 354, 357, 358, 364, 368, población, 320, 321, 357; provincia, 320-323 passim, 325, 327, 328, 333-336 passim, 346-354 passim, 363, 366, 372-375 passim, véase también Paraíba; c. 1850-1870: ciudad, 253, 382, 383, 388, 391-399 passim, 402 n. 11, 406

Río de la Plata, Provincias Unidas del, véase Argentina

Río de la Plata, región: expansionismo, 15, 16-17; estructura social, 22, 23, 25, 27, 28, 69, véase también Argentina, Paraguay, Uruguay.

Rio Grande do Norte (Brasil), 323, 325

Rio Grande do Sul (Brasil): 1822-c.1850, 270, 292, 322, 323, 326, 327-328, 333, 345, 346 passim, 351, Farroupilha, revuelta (1835-1845), 339, 341-343, 345; c. 1850-1870, 301-306 passim, 383, 384, 392, 396, 406, 410-415 passim

Riochacha (Colombia), 92

Ripley, R. S., 125

Riva Palacio, Vicente, 25

Rivadavia, Bernardino, 264, 265, 267, 270, 276, 279-280, 281

Rivas, Medardo, 200

Rivas, Patricio, 169

Rivera, Fructuoso, 289, 291, 301, 302

Rivera Paz, Mariano, 158, 159-160

Roatán (Centroamérica), 169

Robertson, J.  P. y W.  P., 6

Rocafuerte, Vicente, 61, 185, 198, 199

Rocha, Justiniano José da, 347, 348, 367

Rodeo del Medio (Argentina), 290

Rodrigues Torres, Joaquim José (futuro vizconde de Itaboraí), 347, 367, 372, 395, 406-409 passim, 415, 416

Rodríguez, J. M., 212

Rodríguez, Martín, 263, 278

Rojas y Patrón, José María, 269

Rosario (Argentina), 294, 295, 299

Rosas, Juan Manuel de, 56, 66 n. 15, 71, 73, 81, 83, 95, 266-267, 269, 271-273, 276, 279-290, 294, 342; personalidad, 62, 63, 275; y Paraguay, 309; y Peruano-Boliviana, confederación, 210; y Uruguay, 289-292, 301-302, 373, 409-410

Rousseau, Jean-Jacques, influencia en Latinoamérica, 136, 139

Sá, José Bernardino de, 369

Sabinada, revuelta (1837-1838), 339, 342-343

Sáenz Valiente, familia (Argentina), 266

Saint-Simón, C. H., conde de, influencia en

Hispanoamérica, 59, 79, 229

Salado, provincia de (Argentina), 279

Salado, río (Argentina), 265

Salas, José Mariano, 121

Salaverry, Felipe, 210, 211, 227

Salazar, Carlos, 159

Salta (Argentina), 267, 270, 290

Salvador (Bahía, Brasil): 1822-c. 1850, 320, 321, 332, 343; c. 1850-1870, 382, 397, 398

Samper, José María, 194, 200-201

San Antonio (Texas), 116

San José (Costa Rica), 147-149

San José la Arada (Guatemala), 162

San Juan (Argentina), 270, 297

San Juan de Ulúa, isla (México), 106, 108

San Juan del Norte (Nicaragua), 165, 168

San Juan Ostuncalco (Guatemala), 157

San Luis (Argentina), 267

San Luis Potosí (México), 93, 124, 140

San Martín Jilotepeque (Guatemala), 155

San Martín, José de, 206, 209

San Román, Miguel, 218

San Salvador (El Salvador), 147-149 passim, 155, 159, 163, 173

Sánchez-Albornoz, Nicolás, 27

Sandoval, J. L., 163

Santa Ana (Colombia), 178

Santa Anna, Antonio López de, 64, 69, 70, 85, 93, 108-109, 110, 113, 115-122 passim, 126-130

Santa Catarina (Brasil), 322, 323, 333, 342, 383

Santa Coloma, familia (Argentina), 266, 274

Santa Cruz (Bolivia), 223

Santa Cruz, Andrés, 57, 204, 208, 211, 226, 228, 243

Santa Fe, provincia de (Argentina), 37, 264, 269, 278, 288, 289, 290, 294, 300

Santa Fe de Bogotá, véase Bogotá

Santa María, Miguel, 109

Santa Marta (Colombia), 94

Santa Rosa (Guatemala), 157

Santander (Colombia), 191

Santander, Francisco de Paula, 57, 64, 175, 176, 178, 184, 187-188, 197

Santiago (Argentina), 266

Santiago (Chile): después de la independencia, 28, 35, 39, 68, 239, 241, 250, 253-257 passim; desarrollo de la construcción, 257

Santiago de Guatemala, 145, 147

Santo Tomás (Guatemala), 168

Santos (Brasil), 353, 364, 368, 374, 388, 389, 392, 393

Santos, marquesa de, véase Castro Canto

Santos Ossa, José, 260-261

São Francisco, río (Brasil), 322

São Luis (Maranhão, Brasil): 1822-c. 1870, 321, 322, 344, 345

São Paulo (Brasil): 1822-c. 1850: ciudad, 320, provincia, 320-323 passim, 328, 329, 330, 333-335, 338, 342, 346, 350-354 passim, 363, 367, 370, 375; c. 1850-1870: ciudad, 389, 392, 405, provincia, 378, 380, 382, 388, 389, 392-393, 396, 397, 402 n. 11, 406, 415

São Vicente, vizconde/marqués de, véase Pimenta Bueno

Sarmiento, Domingo Faustino, 63, 81, 89, 257, 296-300 passim

Sarria, bandido, 193

Say, J. B., 58

Schomberg, capitán, 373

Sergipe (Brasil), 323

Serra do Mar (Brasil), 353

Sete de abril, O, 345, 347

Shepherd, Peter, 165

Shepherd, Samuel, 165

Sheridan, Peter, 293

Sicasica (Bolivia), 232

Sierra Gorda, rebelión (1840), 125

Sierra, Justo, 101

Skinner, George, 235

Soares de Sousa, Paulino José, 416

Socorro (Colombia), 48, 92, 94-95

Soffia, José Antonio, 198

Sorocaba (Brasil), 323, 328 n. 8, 350

Sotillo, familia (Venezuela), 193

Sotomayor Valdés, Ramón, 259

Soublette, Carlos, 69, 78, 184

Sousa, Irineu Evangelista de (futuro barón-vizconde de Mauá), 304, 314, 360, 396-397, 408, 411

Sousa, Joaquim de, 333, 341

Sousa Breves, Joaquim José de, 350, 351

Sousa Franco, Bernardo de, 407-408

Spix, J. B. von, 377 n. 44

Spruce, Richard, 377 n. 44

Squier, E. G., 168, 169

Stephens, John Lloyd, 16, 124, 164

Stuart, sir Charles, 325, 326

Sucre (Bolivia), 231; véase también Chuquisaca

Sucre, Antonio José de, 192, 225-226

suizos, inmigrantes, 327, 389

Suzanner, conde de, 351, 377

Tacna (Perú), 222, 262, 263

Talca (Chile), 251, 258

Talcahuano (Chile), 251, 253

Tamaya (Chile), 248

Tambo, valle (Perú), 225

Tampico (México), 110, 113

Tapacarí (Bolivia), 232

Tarapacá, provincia (Chile), 221, 222, 262

Tarata (Bolivia), 232

Tarija (Bolivia), 226

Taunay, Charles Auguste, 361-363

Tegucigalpa (Honduras), 147, 148

Terrero, Juan N., 282-283

Texas (Estados Unidos): alrededor de 1845, 96, 116-120 passim, 156; anexión por Estados Unidos (1845), 120, 122, 133

Thompson, George Alexander, 164

Tierradentro (Colombia), 193

Tigre, isla (Nicaragua), 168

Tocqueville, Alexis de, 49, 58

Tolima (Colombia), 176, 182

Toluca (México), 122

Tomé (Chile), 35

Tongoy (Chile), 249

Toro, Murillo, 197

Tôrres Homen, Francisco de Sales (futuro vizconde de Inhomirim), 408, 415-416

Tucumán (Argentina), 267, 270, 290; congreso de (1816-1817), 53

Tunja (Colombia), 94

Tupiza (Bolivia), 226

Tuxtla (México), 147

Unamuno, Miguel de, 97

Unanue, Hipólito, 206

Urbina, José María, 198, 199

Urmeneta, José Tomás, 248, 249

Urquiza, Justo José de, 291, 294-299 passim, 301, 306, 312, 373, 410, 411

Urrutia y Montoya, Carlos, 145

Uruguai, vizconde de, véase Soares de Sousa, Paulino José

Uruguay (Banda Oriental)

lucha por la independencia, 328

después de la independencia, 33, 53, 58, 262, 267, 301-306, 312-315, esclavitud, 38, 284, 305; Guerra Grande, 289-292, 300-302; inmigrantes, 300-305 passim, 312-313; y Argentina, 301-306, 312-315; y Brasil, 291, 301-307 passim, 327, 341-342, 373, 410-412; y Paraguay, guerra de, 306-307, 310-313, 314, 410

véase tambiénMontevideo; Rio de la Plata

Uruguay, río, 291, 295, 296, 306

Valdetaro, Manuel de Jesús, 375

Valdivia (Chile), 238, 257

Valenzuela, Pedro, 158, 159

Valparaíso (Chile), 31, 35, 36, 39, 203, 208, 228, 235, 238, 245 n. 4, 246-247, 253, 254, 258

Valle, José Cecilio del, 147, 148, 153, 154, 155

Vanderbilt, Cornelius, 169

Varas, Antonio, 244, 256, 259

Várela, Felipe, 297

Vargas, doctor José María, 189

Vasconcelos, Bernardo Pereira de, 334, 338, 345, 347-348, 363, 365-367, 368, 372

Vasconcelos, Frias de, 332

vascos, inmigrantes: en Argentina, 37, 274, 293, 294

Veiga, Evaristo da, 334, 341, 346, 347, 363

Veintemilla, Ignacio, 198, 199

Velasco, José Miguel, 229

Venezuela

lucha por la independencia, 51

después de la independencia, 50-51, 54, 74, 176, 183-185, 187-197 passim, 200-201; agricultura, 18-20, 178-179, 181; economía, 32, 33, 178-180, 181-182, 184-186, 191; esclavitud, 22, 37, 181; Iglesia, 182, 184; militares, posición de los, 68, 69, 70, 186-187, 190-191; población y estructura social, 22, 25, 27, 28, 176, 181-183, 200-201.

véase tambiénGran Colombia

Veracruz (México): lucha por la independencia, 105; después de la independencia, 93, 106, 108-109, 114, 117, 121, 135-140 passim

Verapaz, El (Guatemala), 168

Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos, 327, 331, 337, 350, 375, 389

Vial, Manuel Camilo, 244

Viana, Cándido José de Araújo, 349-350

Victoria, Guadalupe, 106, 109-113 passim

Vicuña Mackenna, Benjamín, 258, 259, 262, 263

Villa Rica (Paraguay), 309

Villareal, F., 128

Villavicencio, Manuel, 181

Viteri, obispo Jorge, 161, 163

Vivaceta, Fermín, 255

Vivanco, general, 211

Wakefield, E. G., 366

Walker, William, 163, 168-171

Walker Martínez, Carlos, 259

Wallace, Alfred Russell, 377 n. 44

Wanderley, João Mauricio (futuro barón de Cotegipe) 379, 407, 416

Ward, sir H. G., 9-10, 11

Warny, Luis, 234

Wheelwright, William, 31, 253

Whymper, Edward, 200

Whytehead, William K., 308

Wilson, Belford, 195

Wright, John, 165

Yampares (Bolivia), 232

Ytapúa (Paraguay), 307

Yucatán (México): rebeldes contra México (1839), 117, 118, 123-125, 133; después de 1839, 97, 123, 125, 135

Yungas (Bolivia), 230, 231

Yungay (Perú), 211, 228, 243

Zacarías, véase Góis e Vasconcelos

Zacatecas (México), 12, 92, 93, 114, 115, 116, 135, 137

Zamora, Ezequiel, 191, 192

Zaragoza, general, 140

Zarate, Agustín de, 211

Zavala, Lorenzo, 95-96, 113-117 passim

Zuloaga, Félix, 134, 135-137, 140

ÍNDICE DE MAPAS

Hispanoamérica en 1830

Territorios mexicanos cedidos a Estados Unidos

Centroamérica en 1855

Colombia, Venezuela y Ecuador en 1830

Perú y Bolivia después de la independencia

Chile en el siglo XIX

Las repúblicas del Río de la Plata, 1820-1870

Brasil en 1830

ÍNDICE DE CUADROS

Población estimada de Centroamérica, 1820-1870 150

Importaciones a Centroamérica desde Gran Bretaña y Jamaica, 1821-1850

Exportaciones centroamericanas a Gran Bretaña y Jamaica, 1821-1850, directamente y vía Belice, Perú y Chile

Principales exportaciones centroamericanas a Gran Bretaña, 1821-1850

Principales exportaciones guatemaltecas, en porcentajes del total de las exportaciones, 1851-1870

Principales exportaciones nicaragüenses, en porcentajes del total de las exportaciones, 1841-1871

Principales exportaciones salvadoreñas, 1864-1874

Procedencia de las importaciones guatemaltecas, 1850-1870

Exportaciones

Ingresos estatales

Valor de las principales exportaciones brasileñas en relación con el valor total de las exportaciones, 1821-1850

Exportaciones de café desde Río de Janeiro

Exportaciones de café brasileño, 1821-1850

Impuestos aduaneros e ingresos totales del gobierno, 1830-1850

Importación de esclavos en Brasil, 1831-1855

Inmigrantes europeos que entraron en Brasil, 1820-1855

Principales exportaciones de Brasil, 1841-1880

Inmigrantes en Brasil, 1846-1875

Notas

[1] J.  P. y W.  P. Robertson, Letters on Paraguay, Londres, 1838, I, pp. 358-359. <<

[2] Samuel Haigh, Sketches of Buenos Aires, Chile and Peru, Londres, 1831, p. VII. <<

[3] Para las cifras de las exportaciones inglesas a América Latina en 1820-1850, véase D. C. Platt, Latin America and British trade, 1806-1914, Londres, 1973, p. 31. Si estas conclusiones —a las que se llega tras examinar las cifras propuestas por el profesor Platt— permiten o no concluir con él que las cifras de las tres décadas posteriores a la independencia no están «totalmente en desacuerdo» con «las estimaciones hechas del comercio colonial» depende en último término de si se considera que un comercio que se ha doblado constituye un cambio significativo. Desde luego, este cambio puede parecer insignificante si se lo compara con el que sobrevendrá a partir de la segunda mitad del siglo XIX. <<

[4] H. G. Ward, Mexico in 1827, Londres, 1828, I, p. 328. <<

[5] Los precios de las exportaciones inglesas, en los años referidos, se basan en los valores reales declarados en las exportaciones a Buenos Aires, en Public Record Office, Londres, Aduanas, serie 6. Para los precios de los cueros rioplatenses, véase T. Halperín-Donghi, «La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires», Desarrollo económico, Buenos Aires, 1963, p. 65. Para los precios del café venezolano, véase Miguel Izard, Series estadísticas para la historia de Venezuela, Mérida, 1970, pp. 161-163. Para los del azúcar y el tabaco, véase M. G. Mulhall, Dictionary of statistics, Londres, 1892, pp. 471-474. <<

[6] Luis Peftaloza, Historia económica de Bolivia, La Paz, 1953-1954,1, p. 208; II, p. 101. <<

[7] Robert W. Randall, Real del Monte, a British mining venture in Mexico, Austin, Texas, 1972, pp. 81, 100-108 y 54-56. <<

[8] John Miers, Travels in Chile and La Plata, Londres, 1826, II, pp. 382-385. <<

[9] John Fisher, Minas y mineros en el Perú colonial, 1776-1824, Lima, 1977, p. 101. <<

[10] Maurice du Chatenet, «Estado actual de la industria minera en el Cerro de Pasco», Anales de la Escuela de Construcciones Civiles y de Minas, 1.ª serie, I (Lima, 1880), p. 119. <<

[11] Informe del cónsul británico en Valparaíso, Charles R. Nugent, 17 de marzo de 1825, en R. A. Humphreys, ed., British consular reports on the trade and politics of Latin America, Londres, 1940, pp. 96 y ss. <<

[12] John L. Stephens, Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan, New Brunswick, N. J., 1949, I, pp. 300-301. <<

[13] Sobre el sur de Brasil, véase Fernando H. Cardoso, Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul, São Paulo, 1962. Sobre la región del Río de la Plata, véase Alfredo J. Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Buenos Aires, 1956. <<

[14] Jean Piel, «The place of the peasantry in the national life of Peru in the nineteenth century», Past and Present, 46 (1970), pp. 108-136. <<

[15] Sobre Venezuela, véase John V. Lombardi, The decline and abolition of negro slavery in Venezuela, 1820-1854, Westport, Conn., 1971, passim. Sobre Ecuador, véase Michael T. Hamerly, Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763-1842, Guayaquil, 1973, pp. 106 y ss. <<

[16] Izard, Series estadísticas, pp. 191-193. <<

[17] Franklin W. Knight, Slave society in Cuba during the nineteenth century, Madison, 1970, pp. 22 (tabla 1) y 86 (tabla 8). Para más cuestiones sobre la industria azucarera cubana y la esclavitud, véase Thomas, HALC, V, capítulo 5. <<

[18] Un excelente análisis de este proceso se debe a Manuel Moreno Fraginals, El ingenio: el complejo económico-social cubano del azúcar, vol. I: 1760-1860, La Habana, 1964. <<

[19] Nicolás Sánchez-Albornoz, «Tributo abolido, tributo impuesto. Invariantes socioeconómicas en la época republicana», Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, 1978, pp. 187-218. <<

[20] John M. Tutino, «Hacienda social relations in Mexico: the Chalco region in the era of Independence», Hispanic American Historical Review, 55/3 (1975), pp. 496-528. <<

[21] Manuel Burga, De la encomienda a la hacienda capitalista. El valle de Jiquetepeque del siglo XVI al XX, Lima, 1976, pp. 148 y ss. <<

[22] Para un sugerente examen de estos cambios en Santiago de Chile, véase Luis Alberto Romero, La Sociedad de la Igualdad. Los artesanos de Santiago de Chile y sus primeras experiencias políticas, 1820-1851, Buenos Aires, 1978, pp. 11-29. <<

[23] Jan Bazant, «Evolución de la industria textil poblana», Historia Mexicana, 13 (México, 1964), p. 4. <<

[24] Nicolás Sánchez-Albornoz, La población de América Latina desde los tiempos precolombinos al año 2000, Madrid, 19772, pp. 127 y ss. <<

[25] Para Honduras, véase D. C. M. Platt, «British bondholders in nineteenth-century Latin America. Injury and remedy», Inter-American Economic Affairs, 14/3 (1960). Sobre Paraguay, véase H. G. Warren, Paraguay and the Triple Alliance. The post-war decade, 1869-1878, Austin, 1978, pp. 129 y ss. <<

[26] Los trabajos posteriores no han superado el de H. S. Ferns, Britain and Argentina in the XIXth Century, Oxford, 1960, pp. 342 y ss. <<

[27] Margarita Urias Hermosillo, «Manuel Escandón, de las diligencias al ferrocarril, 1833-1862», en Ciro F. S. Cardoso, ed., Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XIX, México, 1978, p. 52. <<

[28] Sobre las exportaciones de Hispanoamérica, véase F. Martin, The Statesman’s Yearbook, Londres, 1874, passim. <<

[29] Según las cifras presentadas por Shane Hunt en Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú, Lima, 1974, p. 144. Pueden verse más aspectos del impacto del guano en la economía peruana en Bonilla, HALC, VI, capítulo 6. <<

[30] Para más información sobre la economía chilena antes de la guerra del Pacífico, véase Collier, HALC, VI, capítulo 7. <<

[31] Para las cifras relativas a la población de estas ciudades en este periodo, véase Richard M. Morse, Las ciudades latinoamericanas, II: Desarrollo histórico, México, 1973, passim. <<

[32] María Dolores Morales, «El primer fraccionamiento de la Ciudad de México, 1840-1899», en Cardoso, Formación y desarrollo, op. cit.; James R. Scobie, Buenos Aires, plaza to suburb, 1870-1910, Nueva York, 1974. <<

[1] Simon Collier, Ideas and politics of Chilean independence, 1808-1833, Cambridge, 1967, pp. 140, 154, 177-178 y passim; Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia, 4 vols., Bogotá, 1951, I, pp. 122-129, 144-147, 151-157, 189-190, 246-250, 261-262, 273 y 294-303; II, pp. 97-106; Ulises Picón Rivas, Índice constitucional de Venezuela, Caracas, 1944, pp. 9-15. <<

[2] Sobre México, véase en particular Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, 1955, pp. 85 y ss. <<

[3] Colombia, Congreso General, 1821, Congreso de Cúcuta, 1821: libro de actas, Bogotá, 1971, p. 60. <<

[4] Collier, Ideas and politics, pp. 171-176; Juan E. Pivel Devoto, Historia de los partidos y de las ideas políticas en el Uruguay, II: La definición de los bandos (1829-1838) (el único volumen publicado), Montevideo, 1956, p. 53; lista de libros de mortuoria, Archivo Nacional de Colombia, Sección República, Notaría 2.ª, 1840, tomo 43, fols. 57r-58r; 1851, tomo 264, fols. 759r-763v; 1852, tomo 269, fols. 26r-29v; Notaría 3.ª, 1848, tomo 435, fols. 534v-536r. Véase también Charles A. Hale, Mexican liberalism in the age of Mora, 1821-1853, New Haven, 1968, pp. 55-60, 76, 149-154 y passim. Para fuentes conservadoras extremas de los años cuarenta, véase Bartolomé Herrera, Escritos y discursos, 2 vols., Lima, 1929, I, pp. 95-96. <<

[5] José María de Pando, Pensamientos y apuntes sobre moral y política, Cádiz, 1837, pp. 3-5, 14-22, 62 y 100-111. <<

[6] Raúl Silva Castro, ed., Ideas y confesiones de Portales, Santiago de Chile, 1954, pp. 57-58. <<

[7] Citado en Richard Pattee, Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo, Quito, 1941, p. 56. <<

[8] Glen Dealy, «La tradición de la democracia monista en América Latina», Estudios Andinos, 4/1 (1974-1975), pp. 159-201. <<

[9] Véase Ralph Lee Woodward, «Social revolution in Guatemala: the Carrera revolt», en Applied enlightenment: 19th century liberalism, Middle American Research Institute, Publication 23, Tulane University, Nueva Orleans, 1972, pp. 49-53 y passim. Véase también el trabajo de Hale sobre las contradicciones entre los objetivos del constitucionalismo de los liberales —que implicaban poderes limitados para el gobierno— y su deseo de derrocar las barreras corporativas al individualismo —que requerían un Estado fuerte—: «José María Luis Mora and the structure of Mexican liberalism», Hispanic American Historical Review, 45/2 (1965), pp. 196-227. <<

[10] Gran Mariscal Agustín Gamarra, Epistolario, ed. Alberto Tauro, Lima, 1952, pp. 47, 148 y 209. <<

[11] Eric R. Wolf y Edward C. Hansen, «Caudillo politics: a structural analysis», Comparative Studies in Society and History, 9/2 (1967), pp. 168-179. <<

[12] Roger M. Haigh, «The creation and control of a caudillo», Hispanic American Historical Review, 44/4 (1964), pp. 481-490. Véase también Robert L. Gilmore, Caudillism and militarism in Venezuela, 1810-1910, Athens, Ohio, 1964, para un trabajo con buena información. <<

[13] Por ejemplo, Asher Christensen, The evolution of Latin American government, Nueva York, 1951, y, en una versión mucho más elaborada, Tulio Halperín Donghi, The aftermath of revolution in Latin America, Nueva York, 1973, pp. 1-43. <<

[14] Para un análisis más extenso sobre este punto, véanse más adelante pp. 97-103, en el apartado sobre las interpretaciones de la inestabilidad política de Hispanoamérica después de la independencia. <<

[15] Haigh, «The creation of a caudillo», pp. 481-490. El caso de Haigh se refiere a la provincia interior norteña de Salta, en Argentina. Un argumento similar se podría argüir sobre la influencia de Tomás Manuel de Anchorena y otros magnates en tierras sobre Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. <<

[16] Halperín, The aftermath of revolution, pp. 1-43. <<

[17] Gilmore, Caudillism, pp. 54-56; Flora Tristán y Moscozo, Peregrinaciones de una paria, Lima, 1946, pp. 261-262; Venezuela, Presidencia, Pensamiento político venezolano del siglo XIX: textos para su estudio, 15 vols., Caracas, 1960-1962, XI, pp. 320-333. <<

[18] Pivel Devoto, Historia de los partidos y de las ideas políticas, pp. 9-21, 67; ídem. Historia de los partidos políticos en el Uruguay, 2 vols., Montevideo, 1942, I, pp. 57-59. <<

[19] Véase Halperín Donghi, HALC, VI, capítulo 1. <<

[20] Ibidem. <<

[21] Véase, por ejemplo, José María Luis Mora, El clero, la educación y la libertad, México, 1949, pp. 43-61; idem, El clero, el Estado y la economía nacional, México, 1959, pp. 22 y 27-34. <<

[22] Michael P. Costeloe, Church wealth in Mexico: a study of the «Juzgado de Capellanías» in the archbishopric of Mexico, 1800-1856, Cambridge, 1967, p. 28. <<

[23] Halperín Donghi, The aftermath of revolution, pp. 127-129. <<

[24] Justo Sierra, The political evolution of the Mexican people, Austin, Texas, 1969, p. 204; Moisés González Navarro, Anatomía del poder en México, 1848-1853, México, 1977, pp. 442-443. <<

[25] Véase Robert L. Gilmore, «Nueva Granada’s Socialist Mirage», Hispanic American Historical Review, 36/2 (1956), pp. 190-211. <<

[26] José C. Valadés, Alamán: estadista e historiador, México, 1938, p. 367; Moisés González Navarro, El pensamiento político de Lucas Alamán, México, 1952, pp. 59, 86, 116-118 y 123-128. <<

[27] Herrera, Escritos y discursos, I, pp. 63-150; las citas del texto en pp. 131 y 137. Argumentos similares esgrimieron en México el clérigo Clemente de Jesús Munguía, en su Del derecho natural, 1849, y J. J. Pesado en 1857. Véanse González Navarro, Anatomía del poder, pp. 371-375, y Walter V. Scholes, Mexican politics during the Juárez regime, 1855-1872, Columbia, Missouri, 1969, pp. 18-19. <<

[28] González Navarro, Anatomía del poder, pp. 29-35; Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, París-México, 1906, pp. 55, 166-167, 174, 287-289 y 332. <<

[29] Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, IV, p. 808. Un punto de vista similar de la religión como protectora de la propiedad fue expuesto también por el periódico conservador Ómnibus en 1852 (González Navarro, Anatomía del poder, p. 110). <<

[30] Mariano Ospina Rodríguez a José Eusebio Caro, Medellín, 22 de junio de 1852, en José Eusebio Caro, Epistolario, Bogotá, 1953, pp. 348-352; la cita se encuentra en la p. 350. <<

[31] «El sufragante parroquial», Bogotá, 1825; Michael P. Costeloe, La primera república federal de México (1824-1835), pp. 73-78; Pivel Devoto, Historia de los partidos políticos, I, p. 37; «Presidente para 1837. El General Ciudadano José María Obando», Constitucional de Cundinamarca, 15 de mayo de 1836; El Argos, Bogotá, 15 de abril de 1838; La Bandera Nacional, Bogotá, 6 de mayo de 1838. <<

[32] Pensamiento político venezolano, XI, pp. 320-333. <<

[33] Lucas Alamán, Historia de Méjico, 5 vols., México, 1849-1852, V, pp. 823-824 y 850-851; Sierra, Political evolution, pp. 185-186, 203-205 y 226; Costeloe, La primera república federal, pp. 74-85, 169, 185-187, 276 y 342; François Chevalier, «Conservateurs et libéraux au Mexique: essai de sociologie et géographie politiques de l’Indépendance à l’intervention française», Cahiers d’Histoire Mondiale, 8 (1964), pp. 457-474. <<

[34] El argumento que sigue se ha desarrollado más extensamente en Frank Safford, «Bases of political alignment in early republican Spanish America», en Richard Graham y Peter H. Smith, eds., New approaches to Latin American history, Austin, 1974, pp. 71-111. <<

[35] David A. Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, 1973, pp. 207-221; Chevalier, «Conservateurs et libéraux», pp. 457-474. <<

[36] Frank Safford, The ideal of the practical: Colombia’s struggle to form a technical elite, Austin, Texas, 1976, pp. 107-135. <<

[37] Francisco García Calderón, Latin America: its rise and progress, Nueva York, 1913. Hace poco, el investigador norteamericano Glen Dealy no sólo ha vuelto a esgrimir el tema del individualismo anarquista español para explicar el fenómeno del caudillismo, sino que afirma que el constitucionalismo liberal, con su énfasis sobre la tolerancia, en Hispanoamérica quedó condenado a causa de que entraba en conflicto con la tradición «monista» del catolicismo español que exigía una sociedad unificada y no pluralista. Dealy, «La tradición de la democracia monista», pp. 159-201, y The public man: an interpretation of Latin American and other Catholic countries, Amherst, Mass., 1977. <<

[38] Lionel Cecil Jane, Liberty and despotism in Spanish America, Londres, 1929. <<

[39] Richard M. Morse, «The heritage of Latin America», en Louis Hartz, The founding of new societies, Nueva York, 1964, p. 157. <<

[40] Ibidem, p. 162. <<

[41] Ibidem, pp. 163-164. <<

[42] Véase la aplicación que hace Francisco José Moreno de las interpretaciones de Morse para el caso del Chile de Portales en Legitimacy and stability in Latin America: a study of Chilean political culture, Nueva York, 1969, pp. 91-127. <<

[43] Sierra, Political evolution of the Mexican people, pp. 213, 218-219, 222 y 229-230; Miron Burgin, Economic aspects of Argentine federalism, Cambridge, 1946. <<

[44] Wolf y Hansen, «Caudillo politics», pp. 168-179. Para un planteamiento más largo sobre los caudillos, véase más arriba pp. 62-65. <<

[45] Jan Bazant, Alienation of church wealth in Mexico, Cambridge, 1971, tal como más ampliamente se puede ver en el artículo de Stephen R. Niblo y Laurens B. Perry, «Recent additions to nineteenth-century Mexican historiography», Latin America Research Review, 13/3 (1978), pp. 13-15. <<

[46] Halperín, The aftermath of revolution, pp. 1-43. <<

[1] El autor y el editor quieren agradecer la ayuda prestada por el profesor Michael P. Costeloe, de la Universidad de Bristol, en la preparación final de este capítulo. <<

[2] Los españoles de San Juan de Ulúa no capitularon hasta 1825. <<

[3] C. M. Bustamante reprodujo la proclamación en su Diario Histórico de México, 1: 1822-1823, Zacatecas, 1896, pp. 16-17. <<

[4] A lo largo de todo el período estudiado en este capítulo, un peso equivalía a un dolar norteamericano. <<

[5] En este momento había una deuda pública interna de 45 millones de pesos. <<

[6] Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1973, México, 1973, p. 168. <<

[7] La expulsión de ciertos grupos de españoles ya se había decretado en 1827. <<

[8] W. H. Callcott, Santa Anna, the story of an enigma who once was Mexico, Hamden, Conn., 1964, p. 126. <<

[9] T. E. Cotner, The military and political career of José Joaquín Herrera, 1792-1854, Austin, Texas, 1949, p. 146. <<

[10] J. F. Ramírez, Mexico during the war with the United States, ed. W. V. Scholes (trad. de E. B. Scherr), Columbia, Miss., 1950, p. 38. <<

[11] Ramón Alcaraz et al., Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, México, 1848. <<

[12] Ramírez, Mexico during the war, p. 161. <<

[13] Diplomatic correspondence of the United States concerning the Independence of the Latin-American Nations, William R. Manning, ed., Nueva York, 1925, III, pp. 1.673-1.676 (reproducido en Lewis Hanke, ed., History of Latin American civilization, II: The modern age, Londres, 1967, pp. 22-26). <<

[14] Véase J. Bazant, Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de vida rural en San Luis Potosí, 1600-1910, México, 1975, pp. 103-108; A concise history of Mexico from Hidalgo to Cárdenas, 1805-1940, Cambridge, 1977, pp. 64-66 y 88-89; «Landlord, labourer and tenant in San Luis Potosí, northern Mexico, 1822-1910», en Kenneth Duncan e Ian Rutledge, eds., Land and labour in Latin America, Cambridge, 1977, pp. 59-82. <<

[15] Howard Cline, «The henequén episode in Yucatán», Interamerican Economic Affairs, 2/2 (1948), pp. 30-51. <<

[16] John Lloyd Stephens, Incidents of travel in Yucatán, Norman, Oklahoma, 1962, 11, p. 214. <<

[17] R. S. Ripley, The war with Mexico (1849), Nueva York, 1970, II, p. 64. <<

[18] La población en 1837 era de 582.173 habitantes y en 1862 de 320.212. <<

[19] En el período de 1821-1867 los gastos del gobierno fueron de un promedio anual de 17,5 millones de dólares, mientras que el promedio de los ingresos fue de 10 millones. <<

[20] Al territorio en cuestión, en México se le llama La Mesilla; en los Estados Unidos, la transacción es conocida como la «compra Gadsden». <<

[21] Robert A. Potash, «Testamentos de Santa Anna», Historia Mexicana, 13/3 (1964), pp. 428-440. <<

[22] Los curas párrocos, desde luego, tenían tierras propias, pero éstas no estaban afectadas por la ley. <<

[23] Moisés González Navarro, Anatomía del poder en México (1848-1853), México, 1977, p. 378. <<

[24] Francisco Zarco, Historia del Congreso Constituyente (1856-1857), México, 19562, p. 630. <<

[25] Ralph Roeder, Juárez and his México, 2 vols., Nueva York, 1947, I, p. 161. <<

[26] Walter V. Scholes, Mexican politics during the Juárez regime, 1855-1872, Columbia, Miss., 1969², p. 36. <<

[27] Frank Averill Knapp, Jr., The Life of Sebastián de Tejada, 1823-1889, Austin, Texas, 1951, p. 157. <<

[28] Ramírez, Leyes fundamentales de México, pp. 670-680. <<

[1] Chiapas, una provincia del reino de Guatemala, se unió a México al llegar la independencia. Panamá era una provincia del virreinato de Nueva Granada que se convirtió en parte de la República de la Gran Colombia. <<

[2] Mario Rodríguez, The Cádiz experiment in Central America, 1808-1826, Berkeley, 1978. <<

[3] Las actuales estimaciones de la población varían ampliamente y son dudosamente fiables. Las estimaciones del cuadro 1 reflejan un análisis de estas estimaciones junto con los datos demográficos coloniales y de finales del siglo XIX, y un crecimiento estimado del 1,3 por 100 durante los primeros cincuenta años de independencia, tomando en consideración algunas variaciones provocadas por desastres, epidemias y otras circunstancias locales. <<

[4] No existen estadísticas fiables sobre la composición racial de la población, pero para el conjunto de la región, véanse las estimaciones de Severo Martínez Peláez, La patria del criollo, ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, Guatemala, 1971, pp. 397-398. Martínez Peláez dice que Nicaragua era en un 84 por 100 ladina al final del periodo colonial. Alejandro Marroquín, Apreciación sociológica de la independencia, San Salvador, 1964, pp. 25-28, ha calculado los siguientes porcentajes para El Salvador en 1807 (excluyendo Sonsonate y Ahuachapán, que formaban parte de Guatemala): españoles, 0,86 por 100; criollos, 2 por 100; ladinos, 53,07 por 100; negros y mulatos, 0,1 por 100; indios, 43,07 por 100. Es probable que la composición racial de la población centroamericana no variara demasiado durante el periodo, a pesar de que el proceso de mestizaje ciertamente continuó. Es probable también que, en lo concerniente a la inmigración europea, el porcentaje de blancos en Centroamérica creciera muy lentamente durante el periodo 1821-1870. <<

[5] Véase Alberto Lanuza Matamoros, «Estructuras socioeconómicas, poder y estado en Nicaragua (1821-1875)», tesis no publicada, Universidad de Costa Rica en San José, 1976, pp. 83-89. <<

[6] R. L. Woodward, Jr., Class privilege and economic development: the Consulado de Comercio of Guatemala, 1793-1871, Chapel Hill, N. C., 1966, pp. 39-41; R. S. Smith, «Indigo production and trade in colonial Guatemala», Hispanic American Historical Review, 39/2 (1959), p. 183; Miles Wortman, «Government revenue and economic trends in Central America, 1787-1819», Hispanic American Historical Review, 55/2 (1975), pp. 262-264. <<

[7] La terminología colonial también fue rechazada: «audiencia» y «ayuntamiento» se convirtieron respectivamente en «cortes territoriales» y «municipalidades». Más tarde (21 de agosto de 1823) fueron abolidos otros símbolos, formas ceremoniales y vestigios aristocráticos. El «Dios, Unión, Libertad», reemplazó al «Dios guarde a Ud. muchos años» como despedida oficial en la correspondencia (4 de agosto de 1823). Alejandro Marure, Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro-América desde el año 1821 hasta el de 1842, Guatemala, 18952, pp. 11-12; Isidro Menéndez, comp., Recopilación de las leyes del Salvador en Centro América, San Salvador, 1956², I, pp. 20 y 126. <<

[8] «Constitución federal de 1824», en Ricardo Gallardo, Las constituciones de la República Federal de Centro-América, Madrid, 1958, II, pp. 703-738. <<

[9] Boletín Oficial (Guatemala), n.º 111 (17 de marzo de 1838), pp. 474-477. <<

[10] Manuel Pineda de Mont, comp., Recopilación de las leyes de Guatemala, Guatemala, 1869, I, p. 69. <<

[11] Troy S. Floyd, The Anglo-Spanish struggle for Mosquitia, Albuquerque, N. M., 1967. <<

[12] Véase Mario Rodríguez, A Palmerstonian diplomat in Central America: Frederick Chatfield, Esq., Tucson, Ariz., 1964. <<

[13] Los cuadros 2, 3 y 4 están basados en datos compilados de los archivos de aduanas de la Public Record Office, de Londres, por Roben A. Naylor, «Tables of Commercial Statistics, 1821-1851» y «British commercial relations with Central America, 1821-1851», tesis doctoral inédita, Tulane University, Nueva Orleans, 1958, pp. 310-369. Los cuadros están basados en «valores oficiales». Los cuadros de Naylor también proporcionan, en muchos casos, «valores declarados» (generalmente más bajos) y volúmenes en toneladas, libras u otras unidades de medida apropiadas para cada artículo. Naturalmente, los cuadros 2, 3 y 4 sólo indican las importaciones y exportaciones entre Centroamérica y Gran Bretaña e incluyen los productos de Belice y otros territorios británicos de la costa este centroamericana. Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Centro-América y la economía occidental (1520-1930), San José, Costa Rica, 1977, pp. 324-325, han compilado dos cuadros estadísticos basados en los datos de Naylor que presentan las importaciones y exportaciones anuales entre Gran Bretaña y Centroamérica. Desgraciadamente hay algunos errores importantes en sus cuadros, especialmente en el que trata de las exportaciones británicas a Centroamérica, donde Cardoso y Pérez han incluido erróneamente todas las exportaciones británicas de los productos de las colonias inglesas y extranjeras a Jamaica como importaciones centroamericanas. Además, hay algunos errores matemáticos o tipográficos en los totales. <<

[*] Total de las exportaciones centroamericanas a Gran Bretaña según el cuadro 3. <<

[**] Caoba, madera nicaragua, palo brasil, troncos, cedro, palo santo y fustete. No se incluyen otros productos forestales. La mayor parte de esta madera llegaba a Gran Bretaña desde Belice o la Costa de los Mosquitos y, por lo tanto, no constituye una parte importante del comercio con las repúblicas centroamericanas. <<

[14] William J. Griffith, Empires in the wilderness: foreign colonization and development in Guatemala, 1834-1844, Chapel Hill, N. C., 1965, trata esta cuestión en detalle. <<

[15] Por el momento, para la mayor parte de este periodo, sólo se han recopilado fragmentarias y a veces no fiables estadísticas comerciales referentes a Centroamérica. El trabajo de Thomas Schoonover, «Central American commerce and maritime activity in the nineteenth century: sources for a quantitative approach», Latín American Research Review, 13/2 (1978), pp. 157-169, sirve de guía para encontrar algún material de este tipo. <<

[*] Datos elaborados a partir de las cifras publicadas en la Gazeta de Guatemala, 1851-1871. <<

[1] Habitante maldito del «Nuevo Reino de Granada». <<

[2] Se llamó así porque el líder de la oposición a Flores, Vicente Rocafuerte, había vivido en México; después de esto, el chihuahua entró en el folklore ecuatoriano significando una figura de fuegos artificiales que huye cuando se la enciende por detrás. <<

[1] El editor quiere agradecer la ayuda recibida del doctor Rory Miller, del doctor Luis Ortega y del doctor James Dunkerley en la preparación final de este capítulo. <<

[2] Shane Hunt, Price and quantum estimates of Peruvian exports, 1830-1962, Princeton, Woodrow Wilson School, Discussion Paper, núm. 33 (1973), pp. 57-58. Para las estimaciones sobre las exportaciones peruanas (excluida la plata) a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Chile en el periodo 1825-1840, véase Hunt, Price and quantum estimates, p. 38. <<

[3] Las exportaciones de lana alcanzaron su cénit en las décadas de 1860 y 1870 cuando Islay era, después de El Callao, el segundo puerto peruano en importancia. Sin embargo, como puerto, Islay nunca logró crear su propia vida económica. Su crecimiento estaba estrechamente relacionado con el desarrollo económico del interior de la zona sur del país. Por esta razón, la construcción del ferrocarril de Puno a Arequipa y el emplazamiento del final de la línea en Moliendo en 1874 hizo que Islay declinara de repente y completamente. Su población, calculada en 1.154 habitantes en 1862, cayó a 400 en 1874. Desde entonces, Moliendo fue el principal puerto de entrada de la parte sur del Perú y hacia 1878 tenía casi 3.000 habitantes. Véase Heraclio Bolilla, Gran Bretaña y el Perú, Lima, 1977, pp. 105-107. <<

[4] Ibid., p. 96. Para estimaciones de las exportaciones peruanas a Gran Bretaña en 1825, 1839 y 1840, véase William Mathew, «Anglo-Peruvian commercial and financial relations, 1820-1865», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Londres, 1964, p. 77. <<

[5] R. A. Humphreys, British Consular Reports on the Trade and Politics of Latín America, 1824-1826, Londres, 1940, pp. 126-127 <<

[6] Heraclio Bonilla, Lía del Río y Pilar Ortiz de Zevallos, «Comercio libre y crisis de la economía andina», Histórica, 2/1 (Lima, 1978), p. 3. <<

[7] Hipólito Unanue, Obras científicas y literarias, Barcelona, 1914, II, pp. 361 y 370. <<

[8] Emilio Romero, Historia económica del Perú, Buenos Aires, 1949, p. 318; Emilio Dancuart, ed., Anales de la hacienda del Perú, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, aranceles, presupuestos, cuentas y contratos que constituyen la legislación e historia fiscal de la República, Lima, 1902-1926, II, pp. 154-171 (a partir de ahora citado como Anales). <<

[9] Anales, II, pp. 154-171. <<

[10] Anales, II, pp. 49-50. <<

[11] Anales, III, pp. 54-55; IV, pp. 36-37. <<

[12] William Mathew, «The Imperialism of Free Trade, Perú 1820-1870», Economic History Review, Londres, 2.ª serie, 21 (1968), p. 566. <<

[13] Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, 1962-1964s, II, p. 566. <<

[14] Public Record Office, Londres, Foreign Office 61/93, Cope a Wilson, 12 de octubre de 1842. <<

[15] Henry English, A general guide to the companies formed for working foreign mines, Londres, 1825, pp. 8-51. <<

[16] Anales, 1, p. 50. <<

[17] Anales, IV, p. 46. <<

[18] Hunt, Price and quantum estimates, pp. 57-58. <<

[19] Ibid., p. 67. <<

[20] Ibid., pp. 38-39 y 43-46. <<

[21] J. M. Rodríguez, Estudios económicos y financieros y ojeada sobre la Hacienda Pública del Perú y la necesidad de su reforma, Lima, 1895, pp. 317-319. <<

[22] Shane Hunt, «Growth and guano in nineteenth century Perú», en Roberto Cortés Conde y Shane Hunt, The Latin American Economies. Growth and the Export Sector 1880-1930, W, Holmes & Meier, Nueva York, 1985, pp. 271, 272, 273 y 275. <<

[23] Nils Jacobsen, The development of Peru’s slave population and its significance for Coastal agriculture, Berkeley, manuscrito inédito, sin fecha, p. 82. <<

[24] H. B. H. Martinet, L’Agriculture au Pérou, Lima, 1876, p. 32. <<

[25] Hunt, «Growth and guano», passim, cf. Jonathan Levin, The export economies: their pattern of development in historical perspective, Cambridge, Mass., 1959, que explicó el fracaso del guano en promover el desarrollo en términos de la repatriación de los ingresos del guano bajo la forma de ganancias. <<

[26] Hunt, «Growth and guano», p. 279. <<

[27] Parliamentary Papers, Londres, 1854, LXIX, pp. 124-126. <<

[28] Anales, IX, pp. 35-36. <<

[29] Hunt, «Growth and guano», p. 267. <<

[30] Hunt, Price and quantum estimates, pp. 38-39 y 43-46. <<

[31] Pablo Macera, «Las plantaciones azucareras andinas, 1821-1875», en Trabajos de Historia, Lima, 1977. <<

[32] Manuel Burga, De la encomienda a la hacienda capitalista, Lima, 1976, pp. 174-178. <<

[33] Hunt, «Growth and guano», p. 268. <<

[34] Nelson Manrique, El desarrollo del mercado interno en la sierra central, Universidad Agraria (mimeografiado), Lima, 1978, pp. 68-69. <<

[35] Jorge Basadre, Historia del Perú, III, p. 1.291. <<

[36] Anales, IV, p. 5. <<

[37] José Echenique, Memorias para la Historia del Perú (1808-1878), Lima, 1952, vol. II, p. 199. <<

[38] Anales, V, p. 46. <<

[39] Anales, V, pp. 27-28. <<

[40] Carlos Camprubí, Historia de los Bancos del Perú, Lima, 1957, I, pp. 39-40, 61-64 y 85. <<

[41] Véase también Collier, HALC, VI, capítulo 7. <<

[42] Para una discusión del impacto de la guerra del Pacífico en Perú, véase Heraclio Bonilla, «The War of the Pacific and the national and colonial problem in Perú», Past and Present, 81 (noviembre de 1978), pp. 92-118. <<

[43] J. B. Pentland, Informe sobre Bolivia, 1827, Potosí, 1975, pp. 40-42. <<

[44] Ibid., p. 58. <<

[45] Ibid., p. 99. <<

[46] Ibid., p. 100. <<

[47] Ibid., pp. 104, 121 y 124. <<

[48] Ibid., p. 139; William L. Lofstrom, «The promise and problem of reform. Attempted social and economic change in the first years of Bolivian independence», tesis sin publicar, Universidad de Cornell, 1972, p. 456. <<

[49] En 1827 el ejército comprendía 2.291 reclutas bolivianos y 2.253 soldados colombianos que acompañaron al Libertador, Antonio José de Sucre. Véase Roberto Querejazu C., Bolivia y los ingleses. La Paz, 1973, pp. 148-149. En 1828 Sucre mantenía una fuerza de 2.700 hombres que se consideraba grande en los niveles de entonces. Sobre el tamaño del ejército boliviano en el periodo anterior a la guerra del Pacífico —nunca más de 5.000 hombres, muy a menudo menos de la mitad de este número— y sobre su costo —nunca menos del 40 por 100 de los ingresos nacionales y bajo Melgarejo hasta el 70 por 100—, véase James Dunkerley, «Reassessing Caudillismo in Bolivia, 1825-1879», Bulletin of Latín American Research, 1/1 (1981), pp. 16-17. <<

[50] J. B. Pentland, Informe sobre Bolivia, p. 141. <<

[51] Lofstrom, «The promise and problem of reform», pp. 469-470, 259-260 y 509-512. <<

[52] Fernando Cajías, La Provincia de Atacama (1825-1842), La Paz, 1975, p. 218. <<

[53] Lofstrom, «Promise and problem of reform», p. 404; Nicolás Sánchez-Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, 1978, pp. 191 y 214. <<

[54] Citado por Alcides Arguedas, Historia general de Bolivia, 1809-1821, La Paz, 1922, p. 65. <<

[55] La moneda rebajada conocida como «peso feble» fue emitida por primera vez por Santa Cruz en 1830; en 1830-1834 representaba el 14 por 100 y en 1850-1859 el 85 por 100 de la emisión. Véase Dunkerley, «Reassessing caudillismo», p. 18. <<

[56] «El General Santa Cruz explica su conducta pública y los móviles de su política en la presidencia de Bolivia y en el Protectorado de la Confederación Perú-Boliviana», Quito, 1840, en Óscar de Santa Cruz, ed., El General Santa Cruz, La Paz, 1924, p. 74. <<

[57] Citado por Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, 1963, I, p. 401. <<

[58] Citado por Querejazu, Bolivia y los ingleses, pp. 285-286. <<

[59] Erwin P. Grieshaber, «Survival of Indian communities in nineteenth century Bolivia», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Carolina del Norte, 1977, pp. 79-80, 108 y 132-137. <<

[60] Ibid., pp. 116, 131, 154 y 291-293. <<

[61] Sánchez-Albornoz, Indios y tributos, p. 207. <<

[62] Luís Antezana, El feudalismo de Melgarejo y la reforma agraria, La Paz, 1970, p. 39. <<

[63] Sánchez-Albornoz, Indios y tributos, pp. 207-208. <<

[64] Luis Peñaloza, Historia económica de Bolivia, La Paz, 1954, I, p. 294. <<

[65] Sánchez-Albornoz, Indios y tributos, pp. 208-209. <<

[66] Silvia Rivera, «La expansión del latifundio en el altiplano boliviano», Avances, 2 (La Paz, 1978), pp. 95-118. <<

[67] Peñaloza, Historia económica, pp. 298-299; Grieshaber, «Survival of Indian communities», p. 200. <<

[68] Sánchez-Albornoz, Indios y tributos, pp. 210-211. <<

[69] Ramiro Condarco Morales, Zarate, el temible «Willka», La Paz, 1965, p. 46. <<

[70] Grieshaber, «Survival of Indian communities», pp. 192-193 y 222. <<

[71] Ibid., p. 221. <<

[72] Sobre estos préstamos y la deuda externa de Bolivia, véase Peñaloza, Historia económica, II, pp. 344, 403, 405, 409 y 416. <<

[73] Citado por Querejazu, Bolivia y los ingleses, p. 362. <<

[74] Ibid., p. 349. <<

[75] Véase Antonio Mitre, Los Patriarcas de la Plata, IEP, Lima, 1981, p. 94. <<

[76] Ibid., pp. 95-97. <<

[77] Para una discusión más detallada de la cuestión del salitre y los orígenes de la guerra del Pacífico, véase Collier, HALC, VI, capítulo 7. <<

[1] En 1824 el estanco, o monopolio estatal del tabaco, fue arrendado por la firma comercial de Portales, Cea y Cía., de Valparaíso, la cual se comprometió a hacerse cargo del préstamo de un millón de libras obtenido en Londres por el gobierno de O’Higgins dos arios antes. La empresa quebró y en 1826 el contrato fue rescindido, ocasionando gran malestar. El grupo estanquero se componía de hombres asociados para esta malograda aventura; su líder era Diego Portales. <<

[2] Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz, eds., Epistolario de D. Diego Portales, 3 vols., Santiago, 1937, I, p. 352. <<

[3] Abdón Cifuentes, Memorias, 2 vols., Santiago, 1936, II, p. 69. <<

[4] Esta corta lucha tuvo lugar en el mar. Sin embargo, antes de retirarse del Pacífico los españoles sometieron a Valparaíso a un bombardeo devastador (marzo de 1866). <<

[5] Cristián Zegers, Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno, Santiago, 1969, p. 119. Diez años más tarde, en la crisis política de 1891, la «cuerda» se rompió. <<

[6] El peso chileno (?) mantuvo un valor más o menos constante durante la mayor parte del periodo, alcanzando un valor aproximado de 45 d. (peniques antiguos) o ligeramente menos de 1 dólar norteamericano, excepto durante la guerra civil norteamericana en que su valor ascendió ligeramente. <<

[7] Roberto Hernández, Juan Godoy o el descubrimiento de Chañarcillo, 2 vols., Valparaíso, 1932, II, p. 560. <<

[8] «Atropos», «El inquilino en Chile», Revista del Pacífico, 5 (1861), p. 94. <<

[9] Mrs. C. B. Merwin, Three Years in Chile, Nueva York, 1863, p. 95. <<

[10] Teniente J. M. Gilliss, U. S. N., The United States Naval Astronomical Expedition to the Southern hemisphere during the years 1849-50-51-52, vol. I: Chile, Washington, 1855, p. 219. <<

[11] Domingo Amunátegui Solar, La democracia en Chile, Santiago, 1946, p. 132. <<

[12] Carlos Walker Martínez, Portales, París, 1879, p. 452. <<

[13] Antonio Varas, Correspondencia, 5 vols., Santiago, 1918-1929, V, p. 48. <<

[14] Editorial, El Mercurio, 18 de septiembre de 1844. <<

[15] Cónsul general Packenham al marqués de Salisbury, Santiago, 24 de febrero de 1879, Public Record Office, Londres, F. O. 16/203. <<

[16] Sobre estos puntos, véanse V. G. Kiernan, «Foreign interests in the War of the Pacific», Hispanic American Historical Review, 35 (1955), pp. 14-36, y John Mayo, «La Compañía de Salitres de Antofagasta y la Guerra del Pacífico», Historia, 14 (Santiago, 1979), pp. 71-102. <<

[17] Eugenio Orrego Vicuña, Vicuña Mackenna, vida y trabajos, Santiago, 1951³, p. 376. <<

[1] «Memória Estatística do Império», de fecha y autor desconocido, publicado en Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, LVIII, I (1959), pp. 91-99. La población total, según esta fuente, era de 3.960.866 habitantes. <<

[2] Sobre la independencia de Brasil, véase Bethell, HALC, V, capítulo 6. <<

[3] José Bonifácio volvió a Brasil en julio de 1829 pero, tras haber sido diputado por Bahía y después de la abdicación de Pedro I en 1831, siendo tutor del joven Dom Pedro, fue arrestado en 1833 y confinado a la isla de Paquetá en la bahía de Guanabara. Murió en Niterói en 1838. <<

[4] Freí Caneca, Ensaiospolíticos, Río de Janeiro, 1976, pp. 67-75. <<

[5] José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem; a elite política imperial, Río de Janeiro, 1980, p. 87. <<

[6] João VI murió en marzo de 1826 y Dom Pedro quedó enredado en los problemas de la sucesión dinástica de Portugal. El 2 de mayo renunció de mala gana al trono portugués en favor de su hija de siete años. María da Gloria se casó con su tío, el hermano menor de Pedro I, Dom Miguel, que fue designado regente. Cuando en 1828 Dom Miguel disolvió las Cortes y restableció el gobierno absolutista, con él mismo en el trono, Pedro se obsesionó con la idea de defender el derecho de su hija al trono portugués. En 1828 Maria da Gloria se reunió con su padre en Brasil. Después de la abdicación de Dom Pedro al trono brasileño en abril de 1831 volvieron juntos a Portugal, donde Dom Pedro logró su objetivo antes de morir en septiembre de 1834. <<

[7] Citas de Leslie Bethell, The abolition of the Brazilian slave trade, Cambridge, 1970, pp. 54-55 y 62. <<

[8] El número de mulas y de ganado congregado en la feria de Sorocaba en São Paulo descendió de 30.474 cabezas en 1822 a 21.817 en 1829, y el precio de las mulas ascendió de los 14.000 $ de 1820 a los 60.000 de 1829. María Theresa Schorer Petrone, O Barão de Iguape, São Paulo, 1976, pp. 21-28. <<

[9] R. J. Barman, «A New-World nobility: the role of titles in imperial Brazil», University of British Columbio Hispanic Studies (1974), p. 43. <<

[10] Carlos Manuel Peláez y Wilson Suzigan, Historia monetaria do Brasil: análise da política, comportamento e instituições monetárias, Río de Janeiro, 1976, p. 51. <<

[11] Véase Petrone, O Bardo de Iguape, p. 16. <<

[12] Para la historia financiera de este periodo, véase Peláez y Suzigan, Historia monetaria, pp. 47-57. <<

[13] Los dos últimos fueron sustituidos el 17 de junio por el diputado José da Costa Carvalho (el futuro marqués de Monte Alegre) y por el diputado João Bráulio Muniz. <<

[14] Discurso en el Senado, 12 de julio de 1841. Citado en la obra del vizconde de Uruguai, Ensaio sobre o Direito Administrativo, Río de Janeiro, 1960, p. 504. <<

[15] Aurora Fluminense, 1 de enero y 11 de noviembre de 1835. <<

[16] Aurora Fluminense, 6 de abril, 12 de agosto y 4 de septiembre de 1835. <<

[17] Carvalho, A Construyo, p. 83. <<

[18] O Sete de Abril, 19 de noviembre de 1838. «Capitalistas» en el vocabulario de entonces eran los hombres de finanzas o grandes propietarios urbanos. <<

[19] Citado en O Sete de Abril, 7 de diciembre de 1838. <<

[20] Aurora Fluminense, 23 de julio y 17 de octubre de 1838. <<

[21] O Brasil, 19, 21, 23 y 26 de septiembre de 1843. <<

[22] Conde de Suzannet, O Brasil em 1845, Río de Janeiro, 1957, p. 87. <<

[23] María Theresa Schorer Petrone, A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio, 1765-1861, São Paulo, 1968, p. 166. <<

[*] Tabaco, cacao, caucho, mate, etc. <<

[24] Nathaniel H. Leff, Underdevelopment and development in Brazil, 2 vols., Londres, 1982, I, p. 80. <<

[25] Citado en C. K. Webster, ed., Britain and the independence of Latin America, 1812-1830. Select documents from the Foreign Office archives, 2 vols., Londres, 1938,1, p. 215. <<

[26] D. C. M. Platt, Latin America and British trade, 1806-1914, Londres, 1972, p. 30. <<

[27] Citas en Bethell, The Abolition, p. 232. <<

[28] Amaro Cavalcanti, Resenha financeira do ex-Império do Brasil em 1889, Río de Janeiro, 1900, p. 328. <<

[29] David Albert Denslow, Jr., «Sugar production in Northeastern Brazil and Cuba, 1858-1908», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Yale, 1974, p. 9. <<

[30] Citado en Stanley J. Stein, Vassouras. A Brazilian coffee county, 1850-1900, Cambridge, Mass., 1957, p. 227. <<

[31] Aurora Fluminense, 20 y 27 de marzo y 4 de abril de 1835. <<

[32] Citado en Bethell, The Abolition, p. 84. <<

[33] Citado en Warren Dean, «Latifundia and land policy in nineteenth-century Brazil», Hispanic American Historical Review, 51 (noviembre de 1971), p. 614. <<

[34] O Brasil, 1 de octubre de 1842. <<

[35] Citado en Bethell, The Abolition, p. 265. <<

[36] Ibid., p. 295. <<

[37] Ibid., p. 289. <<

[38] Ibid., p. 290. <<

[39] The Times, 24 de octubre de 1849. <<

[40] A la vez, un decreto del 6 de septiembre de 1850 reguló la promoción en el ejército a partir del mérito y la duración del servicio. Según John Schulz («The Brazilian army in politics, 1850-1894», tesis doctoral sin publicar, Universidad de Princeton, 1973, pp. 53-58), el eliminar la promoción a partir de la influencia personal y el status fue un paso crucial en la profesionalización del ejército. <<

[41] Citado en Bethell, The Abolition, p. 360. <<

[42] Citado en Thomas Flory, Judge and jury in Imperial Brazil 1808-1871, Austin, Texas, 1981, p. 181. <<

[43] Liberato de Castro Carreira, Historia financeira e orgamentária do império do Brasil, Río de Janeiro, 1889, pp. 378-379. <<

[44] Cerca de la costa, la mayoría de las tribus indias vivían en la pobreza y rozaban la extinción. En el Amazonas y en sus principales afluentes, sobre todo el río Negro, el periodo de decadencia económica que existió durante la primera mitad del siglo XIX fue un respiro para las tribus sobrevivientes, con la mayoría de las cuales se había iniciado el contacto en el siglo XVIII; ahora se las molestaba menos. Sin embargo, dos tribus recién pacificadas participaron en el Cabanagem, la revuelta provincial que estalló en Pará en 1835: los mura del lado de los rebeldes, los mundurucú del lado de las autoridades. En la cuenca del Tocantins-Araguaía y en el interior en Maranhão y Piauí este fue un periodo de expansión de la frontera. Algunas tribus de habla gê aceptaron el contacto pacífico: los appinagé, los cherente y los krahd en el Tocantins; los timbira del este en Maranhão; y algunos grupos de los norteños kayapó en el bajo Araguaia. Los chavante se replegaron hacia el oeste y cada vez se hicieron más hostiles y en Goiás hubo ataques de los evasivos canoeiros. Algunos grupos de los bororo del Mato Grosso central se enfrentaron con los colonos, pero otras tribus fueron generalmente pacíficas, por ejemplo los terena y los guató del Paraguay, los apiaká del Arinos, los sobrevivientes kayapó y guaran del sur del Brasil o los karajá del Araguaia cerca de Bananal. En octubre de 1831, se abolieron las leyes que autorizaban la esclavización de los llamados botocudo de Espirito Santo y del este de Minas Gerais y los kaingang. Pero muchos de estos indios continuaron resistiendo. Otros correspondieron al buen trato que recibieron del anteriormente oficial francés Guy de Marliére, en el río Doce.

Después del desastroso fracaso de los directores seculares de Pombal a finales del siglo XVIII, el catequismo de los misioneros se contempló de nuevo como una respuesta a los problemas de los indios. Sin embargo, en términos generales los misioneros capuchinos italianos que llegaron en la década de 1840, sobre todo después de la legislación sobre los indios de 1845, fracasaron patéticamente, incapaces de superar los rigores del Brasil central y de la Amazonia y se comunicaron con los indios peor que sus predecesores, los jesuitas y franciscanos, en el periodo colonial.

Fue en este periodo cuando los naturalistas y científicos europeos no portugueses vieron por primera vez a los indios brasileños. Los más importantes fueron: Johann Baptist von Spix y Cari Friedrich Philip von Martius, que pusieron las bases de la antropología brasileña; Georg Heinrich von Langsdorff, que acompañado de Hércules Florence estuvo en el Mato Grosso, en 1825-1829; el austríaco Johann Natterer, que hizo colecciones etnográficas del Amazonas y los altos del río Negro, en 1828-1835; el príncipe Adalbert de Prussia (acompañado del conde Bismarck) en el Xingu, en 1842-1843; Francis, conde de Castelnau, en el Araguaia-Tocantins y el alto Amazonas en la década de 1840; Henry Walter Bates y Alfred Russell Wallace, que llegaron al Amazonas en 1848; y Richard Spruce, que llegó en 1849.

Los autores agradecen al doctor John Hemming la información que les ha facilitado para escribir esta nota. <<

[45] Charles Expilly, Le Brésil teI qu’il est, París, 1862, p. 34. <<

[1] Citado por Peter L. Eisenberg, The sugar industry in Pernambuco: modernization without change, 1840-1910, Berkeley, 1974, pp. 138-139. <<

[2] Francisco Peixoto de Lacerda, barón de Patí do Alferes, Memória sobre a fundação de uma fazenda na provincia do Rio de Janeiro, sua administração, e épochas em que devem fazer as plantações, suas colheitas, etc., etc., Río de Janeiro, 1847; ibid, en Bernardo Ribeiro de Carvalho, Fazenda Monte Alegre, 31 de marzo de 1856, Papeles Werneck, Arquivo Nacional, Río de Janeiro, Seção de Arquivos Particulares, Códice 112, vol. 3, Copiador 1, fl. 352. <<

[3] Véase Stanley J. Stein, Vassouras. A Brazilian coffee county, 1850-1900, Cambridge, Mass., 1957, pp. 208-209. <<

[4] No hay acuerdo sobre su número. Cf. Robert Conrad, The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888, Berkeley, 1972, p. 289, junto con Sebastião Ferreira Soares, Notas estatístiticas sobre a produção agrícola e carestía dos géneros alimenticios no império do Brasil, edición facsímil, Río de Janeiro, 1977, pp. 135-136; Eisenberg, Sugar industry, p. 156 n., y Herbert D. Klein, The middle passage: comparative studies in the Atlantic slave trade, Princeton, 1978, p. 97. <<

[5] Citado en Warren Dean, Rio Claro. A Brazilian plantation system, 1820-1920, Stanford, 1976, p. 102. Véase también el anuncio de un «colono huido», en Correio Mercantil, 10 de diciembre de 1857, p. 3. <<

[6] Véase la cita en Eisenberg, Sugar industry, p. 148. <<

[7] Joseph E. Sweigart, Coffee factorage and the emergence of a Brazilian capital market, 1850-1888, Nueva York, 1987, pp. 66-98. <<

[8] Citado por Alberto de Faria, Mauá — Ireneo Evangelista de Souza, bardo e visconde le de Mauá, 1813-1889, São Paulo, 1933, p. 165. <<

[9] Sandra Lauderdale Graham, House and Street: The domestic world of servants and masters in nineteenth-century Rio de Janeiro, Cambridge, 1988, p. 8. <<

[10] Citado por Stanley J. Stein, The Brazilian cotton manufacture: textile enterprise in an underdeveloped area, 1850-1950, Cambridge, Mass., 1957, p. 54. <<

[11] José Murilo de Carvalho ha demostrado cómo en el periodo de 1853-1871 el 26 por 100 de los miembros del consejo de ministros procedía de Bahía y Pernambuco, otro 26 por 100 de la ciudad y provincia de Río de Janeiro, un 18 por 100 de Minas Gerais y São Paulo, un 24 por 100 de otras provincias y el 6 por 100 restante procedía del extranjero, presumiblemente de Portugal (A construido da ordem: A elite política imperial, Río de Janeiro, 1980, p. 104). <<

[12] Entre los cargos que se ocupaban mediante el patronazgo político estaban los de la Iglesia. Siguiendo los precedentes del periodo colonial, el gobierno proponía al Vaticano los nombres de los que podrían ocupar el arzobispado de Bahía y los ocho obispados. Los curas parroquiales eran nombrados de forma parecida a los obispos, y su promoción o traslado dependía del acuerdo político. Aunque la Iglesia podía pedir fidelidad por sí misma, se engranaba a otras instituciones bajo la estructura del patronazgo. El Estado recogía y se quedaba el diezmo y pagaba solamente un salario modesto a los religiosos. Otros clérigos ordenados buscaban empleo como capellanes en las fazendas o en hermandades ricas de las ciudades. Los patronos, tanto si eran privados como si eran públicos, esperaban deferencia de parte de los clérigos como de sus otros clientes. Si bien anteriormente los eclesiásticos se habían comprometido en rebeliones, a mediados de siglo predicaban el orden y obediencia a la autoridad constituida. Solamente en la década de 1870, algunos sacerdotes cuestionaron si esta autoridad residía en el emperador o en el papa. <<

[13] Carvalho, Construido da ordem, pp. 68 y 87. <<

[14] Para simplificar, toda segunda y posterior referencia a un individuo llevará su título aun si fue adquirido más tarde. <<

[15] La política de las repúblicas del Río de la Plata y el origen de la guerra de Paraguay están tratados en detalle por Lynch en HALC, VI, capítulo 8. <<

[16] William Christie, el ministro británico en Brasil, a principios de la década de 1860 hizo ruidosas advertencias a Brasil para que emprendiera una serie de medidas para terminar con la esclavitud. En 1863 mandó que barcos británicos capturaran a varios barcos brasileños que estaban fuera del puerto de Río de Janeiro, ostensiblemente como represalia porque los brasileños no cumplieron algunas de sus demandas menores pero evidentemente como indicación de que los británicos estaban dispuestos a usar la fuerza en la cuestión de la esclavitud. El gobierno brasileño aprendió la lección. En 1867, por ejemplo, José Antonio Pimenta Bueno, vizconde de São Vicente, al someterse a la propuesta del Consejo de Estado para liberar a los niños de madre esclava, puso de manifiesto la necesidad de evitar «la presión británica». Véanse Richard Graham, «Os fundamentos da ruptura de relações diplomáticas entre o Brasil e a Grâ-Bretanha em 1863: “A questão Christie”», Revista de Historia, 24: 49 y 50 (1962), pp. 117-138 y 379-402; y Richard Graham, «Causes for the abolition of negro slavery in Brazil: an interpretative essay», Hispanic American Historical Review, 46/2 (1966), pp. 130-131. <<

[17] Brasil, Congresso, Senado, Annaes, 15 y 18 de julio de 1870, pp. 94-142. <<

[18] Américo Brasiliense de Almeida Mello, ed., Os programas dos partidos e o 2.º imperio. Primeira parte: exposição de principios, São Paulo, 1878, p. 42. <<