El segundo volumen de esta Historia de América Latina se inicia con una visión de «España y América en los siglos XVI y XVII», debida a J. H. Elliott, y estudia las estructuras políticas y económicas de los imperios español y portugués desde el siglo XVI hasta fines del XVIII, con textos de M. J. Macleod, D. A. Brading, F. Mauro y A. Mansuy-Diniz Silva. Hay, además, una evaluación del papel de la Iglesia a cargo de los profesores Barnadas y Hoornaert. Se trata, en suma, del ámbito tradicional de lo que entre nosotros se entiende por «Historia de América», pero renovado a la luz de las investigaciones y enfoques más recientes.

AA. VV.

América Latina colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII, XVIII

Historia de América Latina - 2

ePub r1.0

Titivillus 27.11.2021

Título original: The Cambridge History of Latin America I. Colonial Latin America

AA. VV., 1984

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres

JOSEP MARIA BARNADAS, Cochabamba, Bolivia

D. A. BRADING, Fellow de la St. Edmund’s House y Lecturer en historia de América Latina, Universidad de Cambridge

J. H. ELLIOTT, Regius Professor en historia moderna, Universidad de Oxford

EDUARDO HOORNAERT, Fortaleza, Brasil

MURDO J. MACLEOD, catedrático de historia, Universidad de Florida en Gainesville

ANDRÉE MANSUY-DINIZ SILVA, Maître-assistant en historia y literatura de Brasil, Universidad de París-III

FRÉDÉRIC MAURO, catedrático de historia de América Latina, Universidad de París-X

Traducción: Antonio Acosta

Coordinación y revisión de CÉSAR YÁÑEZ

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Estos cuatro primeros volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge forman un conjunto muy integrado y se ocupan de los tres siglos de dominación colonial española y portuguesa, desde los primeros contactos entre los amerindios nativos y los europeos, a finales del siglo XV y principios del XVI, hasta la víspera de la independencia, en las postrimerías del XVIII y comienzos del XIX.

El hombre entró por primera vez en el continente americano por el estrecho de Bering, quizá ya en el año 35.000 a. C. Hay algunos indicios de la posible presencia del hombre en lo que actualmente es México ya en el año 20.000 a. C., pero entre los vestigios humanos seguros, los más antiguos —por ejemplo, en Tepexpan, al nordeste de la Ciudad de México y en Lagõa Santa, en el estado brasileño de Minas Gerais— no datan de antes de 9000-8000 a. C. La agricultura en Mesoamérica data de alrededor de 5000 a. C., y la producción de alfarería, de alrededor de 2300 a. C. Los indicios más antiguos de sociedades poseedoras de estructuras políticas y religiosas se encuentran en los yacimientos olmecas de México, sobre todo en La Venta, y en Chavín, distrito de Los Andes, y ambos datan de antes de 1000 a. C. En el año 1500 d. C. ya existían estados con economías y sociedades muy estructuradas, así como con culturas y religiones muy avanzadas: el imperio azteca en México y el imperio inca en los Andes Centrales, además de dominios de caciques más o menos estables y con diversos grados de complejidad en, por ejemplo, todo el Caribe y sus alrededores, y, asimismo, cientos de tribus nómadas o seminómadas en la América del Norte, las regiones meridionales de la América del Sur y en el Brasil. Las investigaciones de la América precolombina han avanzado rápidamente durante los últimos veinte o treinta años, sobre todo en Mesoamérica, pero también en otras partes, y sobre todo en Los Andes. Los arqueólogos han hecho aportaciones considerables a nuestro conocimiento, pero lo mismo cabe decir de los lingüistas y los paleógrafos, de los geógrafos y los botánicos, incluso de los matemáticos y los astrónomos, y, en especial, de los antropólogos, los etnólogos y los etnohistoriadores. En la Historia de América Latina de Cambridge no se intenta presentar una crónica completa de la evolución de las diversas sociedades indígenas de América —aisladas del resto del mundo— durante los dos mil o tres mil años anteriores a la llegada de los europeos. El lugar que correspondería a dicha crónica es otra «Historia de Cambridge». Sin embargo, los cinco capítulos que forman la primera parte del primer volumen, América Latina colonial: La América precolombina y la conquista, estudian los pueblos y las civilizaciones de América en vísperas de la invasión europea.

La expansión de Europa en los siglos XV y XVI y el «descubrimiento» de América por los europeos, aunque no se han omitido, no han recibido atención prioritaria en esta historia de la América Latina colonial. Son temas que tienen un lugar más apropiado en la historia de Europa y, en todo caso, existen muchísimas obras que se ocupan de ellos. Los tres capítulos que constituyen la segunda parte del primer volumen examinan la invasión, el sometimiento y la colonización por los europeos de parte del Nuevo Mundo durante el período que va de 1492 a 1570-1580. Con todo, la perspectiva no es exclusivamente europea, sino que se ha concedido igual importancia al «punto de vista de los sometidos». Asimismo, se presta atención especial a las relaciones de los españoles y los portugueses con los nativos americanos después de la conquista.

El segundo volumen, América Latina colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII, XVIII, examina en cinco capítulos las estructuras políticas y económicas de los imperios español y portugués en América desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. Se examinan las rivalidades entre los imperios y se estudia la integración de la América española y el Brasil en el nuevo sistema económico mundial. El volumen concluye con dos capítulos sobre la Iglesia Católica en la América Latina colonial. Para una crónica más completa de este aspecto, el lector puede consultar la Historia general de la Iglesia en América Latina que CEHILA (Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica) está publicando en once volúmenes bajo la dirección general de Enrique Dussel.

El tercer volumen, América Latina colonial: economía, y el cuarto, América Latina colonial: población, sociedad y cultura, tratan de aspectos de la historia económica y social interna de la América española colonial y del Brasil colonial que han despertado el máximo interés de los investigadores durante los últimos veinte años: por ejemplo, la evolución demográfica, el desarrollo urbano, la minería, la tenencia y la explotación de la tierra, las haciendas y las plantaciones, la organización del trabajo, incluyendo la esclavitud africana, las economías locales y el comercio intercolonial, la estructura social y sus cambios, el papel de las mujeres, la condición de la población indígena. En su mayor parte, la América española y el Brasil se estudian con independencia la una del otro. Tienen historias distintas y, por tanto, historiografías diferentes. El cuarto volumen concluye con un estudio de la vida intelectual y cultural —la literatura y las ideas, la arquitectura y el arte, la música— en la América Latina colonial.

Tal como ha escrito John F. Fairbank, uno de los editores generales de The Cambridge History of China, una «Historia de Cambridge» está en deuda con todos los que han colaborado en su preparación. Este es, sobre todo, el caso de estos cuatro volúmenes sobre la América Latina colonial. Muchos de los historiadores que han aportado capítulos —nueve norteamericanos, ocho europeos continentales (dos de ellos residentes en los Estados Unidos, uno en el Brasil), siete británicos (cuatro residentes en los Estados Unidos, otro en Francia)— también leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, quiero dejar constancia de mi agradecimiento especial a Dauril Alden, J. H. Elliott, Charles Gibson, Murdo J. Macleod, Richard M. Morsey Stuart B. Schwartz. Asimismo, Woodrow Borah, J. S. Cummins, Valerie Fraser, Olivia Harris y Enrique Tandeter hicieron valoraciones críticas de varios capítulos. Lo más importante fueron los consejos y el aliento que durante la planificación y preparación de estos volúmenes me ofreció mi colega John Lynch.

A Patricia Williams, de la Cambridge University Press, le corresponde gran parte del mérito de haber puesto en marcha este proyecto y de haber continuado apoyándolo incluso después de dejar la editorial. Varios editores de la Cambridge University Press han participado en la preparación de la presente obra. Me siento especialmente agradecido a Elizabeth Wetton.

Vaya mi agradecimiento también al profesor Josep Fontana, quien me dio valiosas sugerencias sobre la edición española, a César Yáñez, que ha cuidado de la revisión de las traducciones, y, finalmente, a Gonzalo Pontón, director de Crítica, editorial que ha asumido con entusiasmo el reto de publicar en lengua castellana una obra de estas características.

LESLIE BETHELL

NOTA SOBRE MONEDAS Y MEDIDAS

Varias unidades de valor y medida referidas en el texto de los capítulos del libro no tienen una equivalencia exacta en términos actuales, especialmente cuando existían muchas variaciones locales. Las explicaciones siguientes pueden ser de utilidad.

Peso. El peso de plata mexicano a fines del siglo XVIII era igual al dólar norteamericano.

Real. El peso estaba dividido en 8 reales de plata o 20 reales de cobre (reales de vellón).

Maravedí. El valor del maravedí variaba notoriamente y con frecuencia no era más que una división imaginaria de unidades mayores, ya que durante largos períodos no existió como moneda. Los últimos que circularon, probablemente a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, eran monedas de cobre, generalmente alterados en su valor. Cada maravedí equivalía a 1/34 de real de vellón.

Réis. (sing. real). La menor unidad monetaria portuguesa; existía tínicamente como unidad de cuenta.

Milréis. Equivalía a 1.000 réis. Generalmente se escribía así: 1$000.

Cruzado. El cruzado portugués era igual a 400 réis (480 réis en la primera mitad del siglo XVII). Inicialmente era de oro, después de plata.

Conto. Equivalía a 1.000$000 réis (1.000 milréis).

Fanega. Medida de capacidad para áridos como el cacao, trigo, maíz, etc. Generalmente correspondía a 55 litros, aunque había variaciones locales tanto en la Península como en América; por ejemplo, en México la fanega de maíz oscilaba entre los 55 y 90,8 litros.

Quintal. Generalmente correspondía a 50,8 kilos y estaba compuesto de 4 arrobas españolas o 100 libras. La arroba española pesaba unos 11,5 kilos.

Arroba. La arroba portuguesa pesaba 14,5 kilos.

ABREVIATURAS

AESC
Annales, Économies, Sociétés, Civilizations

HALC
Historia de América Latina de Cambridge

HAHR
Hispanic American Historical Review

JGSWGL
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas

Primera parte
EUROPA Y AMÉRICA:
ESTRUCTURAS POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS

Capítulo 1
ESPAÑA Y AMÉRICA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

LAS ASPIRACIONES METROPOLITANAS

El emperador Carlos V adoptó como emblema las columnas de Hércules decoradas con volutas con el lema: Plus Ultra. Cuando el recurso fue utilizado por primera vez en 1516 obedeció esencialmente a una idea humanística destinada a sugerir que no existirían límites para el poder y los dominios del joven Carlos de Gante; pero de forma creciente, conforme el Nuevo Mundo iba siendo descubierto y sometido a su dominio, el emblema adquirió una suerte de pertinencia geográfica como símbolo del conjunto del imperio.

La conquista española de América creó la posibilidad del primer imperio en la historia humana de verdaderas dimensiones mundiales, como lo percibió Hernán Cortés con la rapidez característica en él cuando escribió a Carlos desde México que estaba al alcance de su poder convertirse en el «monarca del mundo». Para Cortés, impresionado por el poderío de Moctezuma, México constituía un imperio en sí mismo: «se puede intitular de nuevo emperador [de esta tierra], y con título y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee».[1] Sin embargo, para Carlos V y sus consejeros sólo podía existir un imperio en el mundo, el Sacro Imperio Romano; e incluso después de que España y el imperio fueran separados por la abdicación de Carlos en 1556, Felipe II respetó esta convención conservando el título de rey de España y de las Indias. Desde luego, era algo cada vez más evidente que América había añadido una nueva e imperial dimensión al poder del rey de España. Felipe II y sus sucesores podían no ser más que reyes de las Indias oficialmente, pero el gran cronista del Nuevo Mundo, Gonzalo Fernández de Oviedo, ya había escrito sobre «este occidental imperio de estas Indias» en un momento tan temprano como 1527[2] y la reiterada mención, especialmente en el siglo XVII, de la frase «imperio de las Indias» e, incluso, de «emperador de las Indias», era síntoma de la existencia de una conciencia implícita de imperio americano.

Si la frase «imperio de las Indias» tuvo dificultad en ser aceptada generalmente antes de la llegada de los Borbones, fue en parte porque las Indias eran concebidas como constituyentes de un conglomerado mayor conocido como la «monarquía española». En esta agrupación de territorios, adquiridos bien por herencia o por conquista, y que debían obediencia a un solo gobernante, la mayoría de los estados eran iguales, pero algunos eran más iguales que otros. Castilla llegó a disfrutar de una predominancia efectiva en la monarquía y, desde el comienzo, las Indias permanecieron en una relación especial con Castilla. La bula Inter Caetera de Alejandro VI de 1493 confirió el gobierno y la jurisdicción de las nuevas tierras descubiertas, no a los reyes de España, sino a los de Castilla y León. Consiguientemente, las Indias serían consideradas como posesión de Castilla y se gobernarían, en lo que se considerase oportuno, de acuerdo con las leyes e instituciones de aquélla. Ello implicaba que los beneficios de la conquista se reservarían a los castellanos, un principio que Fernando de Aragón burló cuando convino a sus propósitos, pero que dio a Castilla en el siglo XVI, de hecho, el monopolio sobre los cargos de gobierno y el comercio del Nuevo Mundo. Y significó también que a las instituciones parlamentarias y representativas que eran el centro de la vida política de la corona de Aragón no se les permitiera reproducirse en los nuevos territorios americanos.

La íntima asociación de Castilla y las Indias se reflejó en el destino dado por la corona a Juan Rodríguez de Fonseca, del Consejo de Castilla, para llevar los asuntos de Indias en los primeros años de descubrimiento y conquista. El volumen de los negocios, que crecía rápidamente, supuso sin embargo que lo que originalmente comenzó como el trabajo de un administrador muy eficiente y un pequeño grupo de ayudantes, tendría que adoptar pronto una forma institucional. La presión se sintió primero en la organización de los contactos marítimos con La Española y en 1503 se estableció en Sevilla la Casa de la Contratación, una institución de comercio comparable a la Casa da India de Lisboa. Aquélla pronto fue responsable de la organización y control del tráfico de personas, barcos y mercancías entre España y América. Los amplios poderes reguladores conferidos por la corona a los funcionarios de la Casa durante los años siguientes dieron lugar a un modelo de comercio y navegación que duraría un siglo y medio, y que convirtió a Sevilla en el centro comercial del mundo atlántico.

Al canalizar todo el comercio americano a través de Sevilla, la corona buscaba asegurar el máximo grado de control sobre lo que se esperaba que fuese una muy lucrativa empresa, para beneficio de sus propias finanzas y de Castilla, que aspiraba a los derechos monopolísticos sobre las tierras recientemente descubiertas. Únicamente mediante el ejercicio de un control riguroso sobre la navegación podría mantenerse alejados de América a elementos indeseables y el comercio americano, o al menos así se esperaba, podría conservarse en manos propias. El tiempo se encargaría de demostrar, sin embargo, que un comercio controlado podía producir su propia forma de infiltración incontrolada, y que las indudables ventajas del monopolio en el terreno de la organización tenían que ser consideradas frente a las no menos indudables desventajas de poner un enorme poder en manos de unos cuantos funcionarios estratégicamente situados.

A estos funcionarios competía esencialmente la mecánica del comercio con las Indias: el abastecimiento de los fletes, las licencias de pasajeros y el registro de la plata. La política en relación con las Indias era diseñada a un nivel superior; y de nuevo aquí la creciente presión de los negocios forzó los desarrollos institucionales que sustituyeron la informalidad del régimen de Fonseca por un aparato burocrático formalmente constituido. En los primeros años de la colonización, los reyes pedían asesoramiento en relación con las Indias a Fonseca o a algunos de los miembros del Consejo de Castilla; pero en 1523 se estableció un nuevo consejo, el Consejo de Indias. Dada la peculiar estructura de la monarquía española, este desarrollo era lógico. Una organización en forma de consejo, con distintos consejeros responsables para los diferentes estados y provincias de la monarquía era el mejor medio de combinar intereses plurales con un control central unificado. Situándose junto a los Consejos de Castilla y Aragón, el de Indias incorporaba la maquinaria formal para asegurar que los asuntos de los nuevos territorios llegaran regularmente a la atención del monarca, y que sus deseos, en forma de leyes, decretos e instituciones, fueran debidamente transmitidos a sus posesiones americanas.

El gobierno real en América era, por otra parte, un gobierno consultivo, en el sentido de que las decisiones del rey eran adoptadas sobre la base de «consultas» —los documentos que recogían las deliberaciones del Consejo, de las que surgían una serie de recomendaciones— que eran elevadas al rey por el Consejo de Indias. Los consejos tenían lugar teóricamente en presencia de la persona del rey y sólo en 1561 tuvieron su residencia permanente en el palacio real de Madrid, que desde aquel año se convirtió en sede de la corte y capital de la monarquía. De todos los consejos, el de Indias era el que estaba más apartado en el tiempo y en el espacio de su zona de jurisdicción, aunque incluso para algunos no lo estaba aún suficiente. Según sir Francis Bacon, «de Mendoza, que fue virrey del Perú, se afirma que decía: que el gobierno del Perú era el mejor cargo que daba el rey de España, salvo que queda un poco cerca de Madrid».[3] Los funcionarios reales en las Indias, teóricamente a sus anchas en los abiertos espacios de un gran Nuevo Mundo, en la práctica se encontraban a sí mismos atados por cadenas de papel al gobierno central en España. Pluma, tinta y papel eran los instrumentos con los que la corona española respondía a los retos sin precedentes de la distancia implícitos en la posesión de un imperio de dimensiones mundiales.

Inevitablemente este estilo de gobierno mediante papel produjo su propia casta de burócratas. De los 249 consejeros de Indias desde el tiempo de su fundación hasta 1700, todos excepto un puñado de ellos, y éstos más en el siglo XVII que en el XVI, fueron «letrados», hombres adiestrados en leyes en las universidades, aunque los miembros de la nobleza estuvieron fuertemente representados entre los 25 presidentes del Consejo durante el mismo período. Muy pocos de los miembros letrados del Consejo parece que tuvieran alguna experiencia americana; sólo 7 a lo largo de 200 años ocuparon cargos en una de las audiencias americanas antes de su promoción al Consejo.[4] La mayor parte de ellos habían pasado sus carreras en puestos judiciales o fiscales en la misma península, e inevitablemente tendían a ver los problemas de Indias a través del prisma de su experiencia peninsular. Su formación y perspectiva eran legalistas; su pensamiento se expresaba en términos de precedentes, de derechos y de estatus; y se veían a sí mismos como los sublimes guardianes de la autoridad real. Esto condujo a un gobierno cuidadoso más que imaginativo, más inclinado a regular que a innovar, aunque de vez en cuando un destacado presidente como Juan de Ovando (1571-1575) inyectara vida en un sistema naturalmente lento y manifestara dotes de organización creativa que surtían efecto a miles de kilómetros de distancia.

Sin embargo, una vez que los objetivos del gobierno en las Indias estuvieron determinados y su estructura establecida, y esto se puede considerar alcanzado a mediados del siglo XVI, los agudos problemas ocasionados por la distancia tendieron a asegurar que prevaleciera la rutina. Ésta tenía sus propios defectos, pero juzgado por el criterio de su capacidad para mantener un aceptable grado de orden público y el respeto por la autoridad de la corona, al gobierno español de América en los siglos XVI y XVII debe reconocérsele un notable éxito. Tras el colapso de la rebelión pizarrista en los años 1540 y un tumulto conspirativo en la ciudad de México en 1566 en torno a la persona de don Martín Cortés, el hijo del conquistador, no habría más amenazas directas a la autoridad real por parte de una comunidad de colonos que con frecuencia se sentía amargamente resentida por las órdenes de Madrid. Este alto grado de aquiescencia era en parte un reflejo del sentimiento de respeto hacia la corona inculcado de una generación a la siguiente; pero hay que atribuirlo sobre todo el carácter de un sistema, el cual también tenía enorme éxito en su casi obsesiva determinación por impedir la excesiva concentración de poder en un solo lugar. No había necesidad de provocar un desafío a la autoridad real directamente cuando podía organizarse con éxito otra vía indirecta actuando sobre la debilidad de un sistema en el que el poder estaba tan cuidadosamente disperso.

La difusión de la autoridad se basaba en una distribución de obligaciones que reflejaban las distintas manifestaciones del poder real en Indias: administrativa, judicial, financiera y religiosa. Pero con frecuencia las líneas de separación no estaban nítidamente trazadas: diferentes ramas del gobierno se superponían, un único funcionario podía combinar diversos tipos de funciones y había infinitas posibilidades de fricción que sólo tenían visos de poderse resolver, si acaso, por el largo proceso de apelación al Consejo de Indias en Madrid. Pero estas aparentes fuentes de debilidad podrían ser consideradas en cierto modo como la mejor garantía del predominio de las decisiones tomadas en Madrid, puesto que cada agente de autoridad delegada tendía a imponer un freno a los demás, mientras que, al mismo tiempo, a los súbditos del rey en las Indias, oponiendo una autoridad contra otra, se les dejaba suficiente espacio de maniobra en los intersticios del poder.

En los primeros años de la conquista los principales representantes de la corona en las Indias eran los gobernadores. El título de gobernador, normalmente combinado con el de capitán general, fue concedido a algunos de los primeros conquistadores, como Vasco Núñez de Balboa, nombrado gobernador del Dañen en 1510. Al gobernador, como al donatario en los territorios ultramarinos de Portugal, se le concedía el derecho de disponer de los indios y la tierra, lo que era claramente un importante aliciente para emprender posteriores expediciones de conquista. La gobernación era por tanto una institución ideal para extender el gobierno español por las Indias, particularmente en regiones remotas y pobres como Chile, donde las recompensas de la conquista eran, por otra parte, exiguas. Sin embargo, dado que la corona se había manifestado firmemente contraria a la creación de una raza de señores feudales en Indias, los días de la gobernación parecían estar contados. Los nombramientos se hacían por plazos cortos, de tres a ocho años, y terminaron siendo no hereditarios Este principio fue firmemente establecido después de que el nieto de Colón, Luis Colón, fuera por fin inducido, tras largos y complicados trámites legales, a renunciar a la reclamación familiar de una gobernación hereditaria, conservando sólo con este carácter el simple título honorífico de almirante

Pero las gobernaciones no desaparecieron en Indias después de completarse la conquista Habían demostrado su utilidad como institución para administrar y defender regiones periféricas. Por tanto, en lugar de ser abolidas, se las mantuvo; pero como otras instituciones que lograron sobrevivir a la etapa de transición de la conquista, fueron gradualmente burocratizadas. La generación de gobernadores del período posterior a la conquista eran administradores, no conquistadores, y tenían funciones judiciales tanto como administrativas y militares Existieron 35 gobernaciones provinciales en un momento u otro de los siglos XVI y XVII, aunque el número no era constante a causa de las fusiones de algunas y modificaciones de límites. En dicha cifra se incluían Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua en América Central; Cartagena, Antioquía y el Nuevo Reino de Granada, que fue gobernado desde 1604 por los presidentes de la Audiencia de Santa Fe, Popayán, Chile, Paraguay, de la que fue segregado el Río de la Plata en 1617 para formar una gobernación, y en Nueva España, Yucatán, Nueva Vizcaya y Nuevo León Hernando de Soto, que murió en las riberas del río Mississippi en 1542, fue gobernador conjuntamente de Cuba y Florida, como también lo fue Pedro Menéndez de Avilés desde 1567 a 1573, a partir de esta fecha la Florida se convirtió en gobernación independiente. Las Filipinas, cuya conquista se había iniciado en 1564 por su primer gobernador, Miguel López de Legazpi, también fueron gobernación americana, dependiente de Nueva España.

A pesar de la supervivencia de las gobernaciones, éstas no iban a ser la unidad administrativa más importante en Indias, sino el virreinato Colón había ostentado el título de virrey, al igual que su hijo Diego Colón; pero con Diego se transformó en puramente honorífico y se perdió para la familia a la muerte de su viuda En 1535 fue cuando el virreinato fue resucitado como una institución efectiva, al crearse el virreinato de Nueva España y nombrarse a don Antonio de Mendoza primer virrey En 1543 Blasco Núñez Vela fue nombrado virrey de un segundo virreinato, el de Perú Nueva España y Perú, con sus capitales en México y Lima, iban a ser los únicos virreinatos bajo los Austrias. Los Borbones añadieron dos más: el de Nueva Granada en 1717, con su capital en Santa Fe de Bogotá, y el del Río de la Plata, con Buenos Aires como su capital, en 1776.

Las «Leyes Nuevas» de 1542 institucionalizaron el nuevo sistema de gobierno virreinal, «los reinos de Perú y Nueva España serán regidos y gobernados por virreyes que representen nuestra real persona». El virrey, por tanto, era el alter ego del rey, manteniendo la corte en su palacio virreinal y llevando con él algo del aura ceremonial de la monarquía Combinaba en su persona los atributos de gobernador y capitán general y era considerado también, en su papel de presidente de la Audiencia, como el principal representante judicial de la corona. El inmenso prestigio del cargo y las posibilidades lucrativas que parecía ofrecer naturalmente lo hicieron altamente atractivo para las casas de la nobleza castellana. En la práctica, la corona, siempre suspicaz con las ambiciones de los grandes, tendió a reservarlo para los miembros más jóvenes de las grandes familias o para nobles con título de rango medio Don Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España (1535-1549) y uno de los más grandes de aquel virreinato, era el sexto de los 8 hijos del marqués de Mondéjar en su segundo matrimonio y había servido en la corte y en una misión diplomática en Hungría antes de ser elevado a tal distinción en el Nuevo Mundo a la edad de 40 años.

La duración de Mendoza en el cargo fue excepcional, una vez que el sistema se consolidó, lo que un virrey podía esperar permanecer razonablemente en el puesto eran 6 años. Aunque esto no tenía que significar necesariamente el fin de sus funciones virreinales en Indias. De los 25 hombres enviados desde España a servir de virreyes en México entre 1535 y 1700, 9 continuaron como virreyes del Perú. La experiencia adquirida por aquellos virreyes en el gobierno de las Indias debería haberles otorgado un papel enormemente valioso en los más altos consejos de la monarquía a su regreso a España; pero, sorprendentemente, no fue hasta 1621 cuando a un antiguo virrey de Indias, el marqués de Montesclaros (virrey en Nueva España, 1603-1606, y en Perú, 1606-1614), se le dio un puesto en el más alto de los consejos, el Consejo de Estado

Los virreinatos americanos, a pesar de su aparente atractivo, con excesiva frecuencia resultaron ser una fuente de problemas para sus ocupantes, arruinando su salud, o su reputación, o ambas cosas El conde de Monterrey, lejos de hacer fortuna, murió en el cargo en Perú en 1606 y tuvo que ser enterrado a expensas del rey. Don Martín Enríquez de Almansa, virrey de Nueva España de 1568 a 1580, explicaba a su sucesor que, «aunque juzgan en España que el oficio de virrey es acá muy descansado y que en nuevas tierras no debe haber mucho a que acudir, a mí me ha desengañado de esto la experiencia y el trabajo. Y lo mismo hará V S porque yo hallo que sólo el virrey es acá dueño de todas las cosas que allá están repartidas entre muchos»[5].

Uno de los predecesores de Enríquez, don Luis de Velasco (1550-1564), describió su semana de trabajo. Las mañanas de los lunes y jueves estaban dedicadas a recibir delegaciones de indios acompañadas por sus intérpretes y a elaborar una lista de temas para tratar con la Audiencia, con la que se reunía por la tarde Posteriormente, de 8 a 10, despachaba con su secretario asuntos de gobierno. Los martes y viernes asistía a la discusión de los pleitos en la Audiencia por las mañanas y de 1 a 3 atendía a los problemas religiosos y recibía a españoles, algo para lo que tenía que estar dispuesto en cualquier momento de la semana. A continuación se dedicaba a los asuntos financieros con los oficiales de la Hacienda. Los miércoles por la mañana estaban dedicados también a audiencias a indios y por la tarde se ocupaba de los problemas de la Ciudad de México

Y todo el otro tiempo es necesario para ver cartas de prelados, religiosos, alcaldes mayores, corregidores y otras personas particulares que estén puestas para dar avisos, que es un trabajo que no se puede significar. Y cuando vienen navíos o se han de partir, son los trabajos triplicados. Y sobre todo el mayor trabajo es proveer al corregimiento y alcaldías mayores, y buscar las personas que convienen para los cargos y sufrir los conquistadores e hijos de ellos y de las otras personas que traen cédulas y pretenden todos que se les ha de dar de comer, y hay doscientos cargos y dos mil personas que pretenden ser proveídas a ellos.[6]

Pero las cargas de un virrey no terminaban aquí. Sus manos estaban atadas desde el comienzo por las instrucciones que recibía del rey al ser nombrado, y continuaba recibiendo nuevas órdenes desde Madrid, muchas de las cuales eran totalmente inaplicables a la situación en que se encontraba. Don Antonio de Mendoza escribía desesperado que en sus 15 años como virrey de Nueva España se habían producido tres cambios importantes en el sistema de gobierno y que los miembros del Consejo de Indias eran como los médicos que pensaban que no estaban curando al paciente si no lo purgaban y lo hacían sangrar constantemente.[7]7

Mendoza y sus sucesores se encontraban constreñidos a cada momento por el vasto y creciente cuerpo de leyes y decretos promulgados para las Indias, de los que había varios tipos con diferentes grados de solemnidad. La de mayor alcance de todas las órdenes de la corona era la provisión, que llevaba el nombre y los títulos del rey y estaba sellada con el sello de la cancillería. La provisión era, en efecto, una ley general referida a materias de justicia o gobierno; las Leyes Nuevas, que contenían 54 artículos relativos a la organización del gobierno y al tratamiento de los indios, eran de hecho provisiones. El documento más comúnmente usado era la real cédula, encabezada con las simples palabras «El Rey», seguidas por el nombre del destinatario. Comunicaba en la forma de una orden una decisión real basada en una recomendación del Consejo de Indias, y estaba firmada «Yo, el Rey». Además de la provisión y la cédula, estaba también el auto, no dirigido a ningún destinatario en concreto, pero conteniendo decisiones del Consejo de Indias o de las audiencias.

Ya hacia finales del siglo XVI había un enorme cuerpo de leyes y provisiones referidas a las Indias. En 1596, Diego de Encinas publicó una compilación de alrededor de 3.500 de ellas, pero la necesidad de una verdadera codificación se hacía cada vez más evidente. Juan de Solórzano Pereira, un distinguido jurista del Consejo de Indias, realizó este trabajo fundamental en la década de 1630, pero hasta 1681 no apareció publicada la gran Recopilación de las Leyes de Indias, en 4 volúmenes. Las leyes publicadas en aquellos tomos eran más una guía de las intenciones de la corona en Madrid que una indicación de lo que realmente sucedía en América; pero el mero hecho de su existencia forzosamente iba a influir en los cálculos tanto de los gobernadores como de los gobernados, a cada paso de su vida diaria en las Indias. Cada virrey sabía que sus enemigos buscarían usar el incumplimiento de alguna ley o real orden como un cargo contra él. E igualmente sabía que cada una de sus acciones era observada de cerca por los funcionarios que estaban encargados de guardar la ley: los oidores o jueces de la Audiencia.

Durante el siglo XVI se constituyeron 10 audiencias en el Nuevo Mundo. En el virreinato de Nueva España: Santo Domingo (1511), México (1527), Guatemala (1543), Guadalajara (1548). En el virreinato de Perú: Panamá (1538), Lima (1543), Santa Fe de Bogotá (1548), Charcas (1559), Quito (1563), Chile (1563-1573; fundada de nuevo en 1606). Entre todas ellas, estas audiencias sumaban unos 90 cargos en los niveles de presidente, oidores y fiscales. Los 1.000 hombres que los ocuparon durante los dos siglos de gobierno de los Austrias constituyeron la élite de la burocracia de España en América. Los virreyes iban y venían, mientras que los oidores no tenían un límite fijado para su permanencia en el cargo, lo cual proporcionaba un importante elemento de continuidad tanto administrativa como judicial. Al tiempo que se pretendía que las audiencias fuesen los tribunales supremos de justicia en el Nuevo Mundo, buscando la observancia de las leyes en las Indias, también adquirieron ciertas competencias de gobierno, especialmente gracias a las Leyes Nuevas. En particular, las audiencias de México y Lima asumieron las funciones de gobierno en el ínterin entre la salida de un virrey y la llegada del siguiente, mientras que los presidentes de las audiencias menores podían actuar como gobernadores y capitanes generales del área de jurisdicción de su Audiencia. Sus obligaciones de gobierno, tanto en su capacidad directa o consultiva, daban a las audiencias del Nuevo Mundo un grado extra de influencia del que no gozaban las originales de la península, donde los tribunales estaban reducidos a funciones puramente judiciales. Al disfrutar de comunicación directa con el Consejo de Indias, donde podían contar con la atención de sus compañeros letrados, los oidores estaban bien situados para hacer llegar hasta el rey las irregularidades de los virreyes.

Sin embargo, los oidores, como los virreyes, eran cuidadosamente observados por una corona congénitamente suspicaz de los funcionarios nombrados por ella misma. Había normativas estrictas referidas a su estilo de vida y se hacía todo lo posible para preservarlos de la contaminación de su entorno. No podían casarse con ninguna mujer del área de jurisdicción de su Audiencia, ni adquirir tierras o intervenir en el comercio. Este intento de convertirlos en guardianes platónicos, juzgando y gobernando sin la distracción de vínculos locales, estaba condenado al fracaso, no menos porque sus salarios eran frecuentemente inadecuados. Pero, si la corona estableció un ideal imposible, también es cierto que no mostró serias esperanzas de que se realizara. Al contrario, actuó asumiendo que los fallos humanos eran endémicos y legisló contra este desgraciado estado de cosas asegurando que las actividades de los oidores, como las de todos sus funcionarios, estarían sujetas a una cuidadosa observación. Por otra parte, se enviaban jueces independientes para efectuar «visitas», o pesquisas, a áreas concretas o a actividades de determinados grupos de funcionarios, mientras que cada funcionario estaba sujeto a una «residencia» al final de su período en el cargo, que permitía a partes afectadas presentar cargos y exponer sus casos ante el juez que la presidía.

Virreyes, gobernadores y audiencias formaban el nivel superior de la administración secular en las Indias. Las áreas de jurisdicción sobre las que gobernaban estaban divididas en unidades más pequeñas, que recibían diferentes nombres. En Nueva España se conocían bien como alcaldías mayores o corregimientos, y en el resto de las Indias como corregimientos. Algunos de los más importantes alcaldes mayores y corregidores eran nombrados por la corona, y los menos importantes por los virreyes. Se les nombraba por un período limitado y al menos los más importantes no debían ser terratenientes o encomenderos locales. Su área de jurisdicción tenía como base una ciudad, pero se extendía —como ocurría en la misma Castilla— a la zona rural en torno a ella, de manera que los corregimientos eran esencialmente grandes distritos con un centro urbano.

El énfasis del gobierno local en la ciudad era característico de las Indias en su conjunto. Desde el punto de partida de la ley, incluso aquellos colonos españoles de las Indias que vivían en el campo existían solamente en relación a su comunidad urbana. Eran vecinos del asentamiento urbano más próximo, y era la ciudad la que definía su relación con el estado. Esto estaba en la línea de las tradiciones del mundo mediterráneo; y, a pesar de la creciente importancia de la gran propiedad en la América española, los asentamientos rurales nunca alcanzaron la importancia de que disfrutaron en Brasil, aunque aquí también las ciudades gozaron de una influencia preponderante.

Cada ciudad tenía su propio consejo, o cabildo, una corporación que regulaba la vida de sus habitantes y ejercía la supervisión sobre las propiedades públicas —las tierras, bosques y pastos comunales y las calles donde establecerse con los puestos de las ferias— de las que procedían gran parte de sus ingresos. Existían grandes variaciones en la composición y los poderes de los cabildos a lo largo de las ciudades de la América española, y la misma institución del cabildo cambió durante el curso de los siglos en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y a los crecientes apuros financieros de la corona. Esencialmente, de todas formas, los cabildos se componían de funcionarios judiciales (alcaldes, que eran jueces y presidían el cabildo cuando el corregidor no estaba presente) y regidores, que eran responsables del aprovisionamiento y la administración municipal y representaban a la municipalidad en todas aquellas funciones ceremoniales que ocupaban tan sustancial parte de la vida urbana.

Los cabildos, como se podía esperar del modelo de gobierno municipal de la España metropolitana, eran, o se convirtieron pronto, en oligarquías de los más prominentes ciudadanos que se perpetuaban a sí mismas. En los años tempranos de la conquista, los gobernadores y los capitanes nombraban alcaldes y regidores, algunos de ellos de por vida. Donde había elecciones, el derecho de elección tendía a limitarse a los ciudadanos más destacados; y en la medida en que, desde los días de Felipe II, la corona recurrió a la venta pública de cargos, así la balanza entre funcionarios electos y hereditarios se inclinó hacia estos últimos, reduciendo aún más cualquier elemento «popular» que hubiera existido originalmente en la vida municipal. A veces se celebraba un «cabildo abierto», el cual permitía a una más amplia representación de ciudadanos discutir materias de urgente interés, pero los gobiernos de las ciudades eran con mucho corporaciones cerradas que, por su carácter, eran más representativas de los intereses del patriciado urbano que de la generalidad de los ciudadanos.

Un puesto en un cabildo se hacía apetecible en diferente grado de acuerdo con la riqueza de la ciudad, los poderes de sus funcionarios y los beneficios que podían esperarse de él. Debe haber habido muchas ciudades como Popayán, una de las ciudades más típicamente coloniales de la actual Colombia, donde por largos períodos los puestos electivos permanecían sin cubrir. Con el gobernador de Popayán responsable de las principales funciones de gobierno, los deberes del cabildo se reducían sobre todo a elegir oficiales municipales menores. Los beneficios financieros del oficio eran limitados y las obligaciones, fundamentalmente honoríficas, absorbían tiempo.[8]8

Sin embargo, un cabildo no era únicamente una institución de autogobierno local y una corporación en la que se resolvían las rivalidades de las principales familias. También formaba parte de la más amplia estructura de autoridad que alcanzaba por arriba a las audiencias, gobernadores y virreyes, y de allí al Consejo de Indias en Madrid. Era sólo operando dentro de esta estructura y recurriendo a los grupos de presión como estos patriciados urbanos podían esperar ejercer alguna influencia sobre la acción y los decretos del gobierno, ya que no disponían de otras salidas constitucionales. En 1528 la Ciudad de México pidió, sin éxito, a Carlos V un voto en las Cortes de Castilla. Después se efectuaron periódicas sugerencias ya por la representación de las ciudades de Indias en las Cortes castellanas, o por reuniones regionales en las Indias mismas de representantes de las principales ciudades. Pero la corona castellana del siglo XVI se manifestó firmemente en contra de tales peligrosas tendencias constitucionalistas. América había sido conquistada y colonizada en una época en que la tendencia en la España metropolitana caminaba hacia el reforzamiento teórico y práctico de la soberanía real, y las Indias, como territorio virgen, facilitó oportunidades para la afirmación de la presencia del estado hasta un grado que no era posible incluso en Castilla, donde el constitucionalismo, aunque mortalmente herido, no había expirado todavía.

El poder del estado era mayor en las Indias a causa de la extraordinaria concentración de poder eclesiástico en manos de la corona. Ello derivaba originalmente de precedentes ya establecidos en la corona de Granada, junto con los derechos incorporados a la corona de Castilla por las bulas papales que le conferían la responsabilidad de la evangelización de las tierras recientemente descubiertas. Por una bula de 1486 el papado había concedido a la corona el «patronato», o derecho de presentar a todos los obispados y beneficios eclesiásticos en el reino morisco de Granada, que estaba a punto de ser reconquistado. Aunque nada se decía en las bulas de 1493 sobre la presentación, los Reyes Católicos tomaron Granada como modelo y, en 1508, la situación fue regularizada cuando Fernando aseguró para los gobernantes de Castilla a perpetuidad el derecho de organizar la iglesia y presentar los beneficios en sus territorios ultramarinos. Una bula de 1501, ampliada por posteriores de 1510 y 1511, había otorgado a la corona los diezmos recaudados en Indias, de manera que a la nueva iglesia se le había asegurado una dotación permanente, obtenida y administrada en conformidad con los deseos de la corona.

El efecto del patronato fue el de dar a los monarcas de Castilla en su gobierno de las Indias un grado de poder eclesiástico del que no había precedente europeo fuera del reino de Granada. Ello permitió al rey aparecer como el «vicario de Cristo» y disponer los asuntos eclesiásticos en Indias según su propia iniciativa, sin interferencia de Roma. Por supuesto, no se permitió a ningún nuncio papal poner los pies en Indias ni tener ninguna comunicación directa con ellas, y todos los documentos que fuesen en cualquier dirección entre Roma y el Nuevo Mundo necesitaban la aprobación previa del Consejo de Indias antes de permitírseles continuar a su destino. El poder eclesiástico de la corona en Indias era, en efecto, absoluto con derechos teóricos afianzados por un control total del patronazgo.

La Iglesia en Indias fue por naturaleza y origen misional y catequizadora, un hecho que hizo natural el que las órdenes religiosas tomasen la iniciativa en la tarea de evangelización. Pero, una vez que los primeros trabajos pioneros fueron cumplidos, los mendicantes, poderosos como eran, encontraron un desafío a su ascendiente en el clero secular con base en las ciudades y que operaba dentro del esquema de una Iglesia institucional por entonces bien establecida. A fines del siglo XVI se permitió a otras órdenes religiosas unirse a las tres originales de los agustinos, franciscanos y dominicos; y los jesuitas, que fundaron su Provincia de Paraguay en 1607, iban a jugar un papel especialmente importante en el trabajo misional de las áreas más remotas y las regiones de frontera. La misión de frontera llegó a ser una de las instituciones más eficaces de España dentro de los límites del imperio, bien en Paraguay, en el margen oriental de los Andes, o en el norte de México. Pero hacia 1574, cuando la Ordenanza del Patronazgo de la corona estableció unos topes al trabajo del clero regular incorporándolo al control episcopal, se hizo claro que, al menos en las áreas urbanizadas, la heroica época misional había llegado oficialmente a su fin.

Los agentes utilizados por la corona para llevar a la Iglesia misional al redil fueron los obispos, una proporción considerable de los cuales, especialmente en las primeras décadas, pertenecieron ellos mismos al clero regular. La primera diócesis del Nuevo Mundo, la de Santo Domingo, fue fundada en 1504; la primera diócesis en el continente, Santa María de la Antigua del Darién (más tarde transferida a Panamá), en 1513. Hacia 1536 había 14 diócesis; en 1546 Santo Domingo, México y Lima fueron transformados en arzobispados; y hacia 1620 el número total de arzobispados y obispados en la América española era de 34. Los ocupantes de aquellas sedes eran de hecho funcionarios reales que, además de sus obligaciones espirituales, ejercían una influencia importante, directa o indirecta, en la vida civil. La línea divisoria entre Iglesia y estado en la América española nunca estuvo demasiado definida, y los conflictos entre obispos y virreyes fueron un rasgo constante en la vida colonial. Es sintomático que Juan Pérez de la Serna, arzobispo de México desde 1613 a 1624, entrara en conflicto primero con el marqués de Guadalcázar y, más tarde, con su sucesor, el marqués de Gelves, dos virreyes que difícilmente podían haber sido más diferentes en sus temperamentos y políticas.

Los obispos, como los letrados que formaban el personal de las audiencias, eran metropolitanos, más que locales, en sus filiaciones, aunque Felipe III (1598-1621) reconociera las aspiraciones locales hasta el punto de nombrar 31 criollos para obispados americanos. Seleccionando de entre las órdenes religiosas, también mostró preferencia por los agustinos sobre los franciscanos y los dominicos. Los últimos, en particular, habían estado muy fuertemente representados a lo largo del siglo XVI: de 159 ocupantes de obispados en Indias entre 1504 y 1620, 52 fueron dominicos.[9] Esta alta proporción de dominicos, muchos de ellos amigos o seguidores de Las Casas, sugiere una determinación por parte de la corona en el siglo XVI por reforzar su política proindígena tanto como fuera posible contra las presiones ejercidas por encomenderos y colonos. Durante un tiempo, desde luego, la corona nombró obispos como funcionarios «protectores de indios», un experimento que demostró ser insatisfactorio porque, como Juan de Zumárraga, primer obispo de México, desgraciadamente descubrió, las obligaciones del cargo estaban mal definidas y conducían a conflictos interminables de jurisdicción con las autoridades civiles. Pero, si se encontró necesario transferir estas obligaciones a funcionarios civiles, la corona continuó siendo fuertemente dependiente del episcopado para supervisar tanto el bienestar material como el progreso espiritual de la comunidad indígena.

En los primeros años del dominio español, los obispos tuvieron en sus manos un importante instrumento de control, sobre los colonos así como sobre los indios, en los poderes inquisitoriales con que fueron investidos. Un cierto número de desafortunados casos, sin embargo, plantearon la cuestión de si la Inquisición, como un arma para prevenir el judaísmo y la herejía, era un medio apropiado de asegurar la ortodoxia de los indios; y en 1571 estos últimos fueron alejados finalmente de toda jurisdicción inquisitorial y colocados bajo el control directo de los obispos a los que concernían las materias de fe y de moral. Al mismo tiempo, el Santo Oficio comenzó a establecer sus tribunales en el Nuevo Mundo —en Lima (1570), México (1571) y un tercero en Cartagena (1610)— para guardar la fe y la moral de la comunidad colonizadora, bien contra la corrupción por delincuentes sexuales o contra la contaminación por los numerosos conversos que habían conseguido introducirse en América y por los extranjeros que extendían sus peligrosas herejías luteranas. Como era normal, esta Inquisición del Nuevo Mundo, secreta, arrogante e implacable, como su original del Viejo Mundo, entró en conflicto no sólo con el clero secular y regular, sino también con el episcopado. Como en otros terrenos de la iglesia en América, aquí también había demasiadas organizaciones e intereses en competencia como para que se llegara a constituir una institución monolítica.

Es este carácter fragmentado de la autoridad, tanto en la Iglesia como en el estado, una de las más notables características de la América española colonial. Superficialmente, el poder de la corona era absoluto en la Iglesia y el estado; una corriente de órdenes emanaba del Consejo de Indias en Madrid y una masiva burocracia, secular y eclesiástica, se esperaba que las llevara a efecto. Pero en la práctica había tanta disputa por el poder entre los diferentes grupos de intereses —entre virreyes y audiencias, virreyes y obispos, clero secular y clero regular y entre los gobernadores y los gobernados— que las leyes mal recibidas, aunque diferentemente consideradas según la fuente de las que procedían, no eran obedecidas, mientras que la autoridad misma era filtrada, mediatizada y dispersa.

La presencia del estado, por tanto, aunque completamente penetrante, no era del todo directora. Las seguridades de Madrid se disolvían en las ambigüedades de una América donde el «cumplir pero no obedecer» era un lema aceptado y legitimado para no tener en cuenta los deseos de una corona supuestamente mal informada. De hecho, la corona estaba extraordinariamente bien informada, en el sentido de que una vasta cantidad de información escrita fluía atravesando el Atlántico, una información que frecuentemente, sin duda, llegaba con el retraso de un año, pero que reflejaba la gama más amplia posible de puntos de vista, desde los del circulo más íntimo del virrey hasta los de la más humilde comunidad indígena. Un sistema en el que se podían utilizar 49.555 hojas de papel en el curso de la visita de un único virrey del Perú no es uno del que se pueda decir que sufría de escasez de datos[10].

Una administración bien informada en sus territorios ultramarinos llegó a ser, verdaderamente, casi una meta en sí misma para la corona, especialmente en el reinado de Felipe II con sus inclinaciones hacia el gobierno planificado y ordenado Juan de Ovando, uno de los funcionarios que más fielmente reflejo el espíritu del régimen de Felipe II, concluyó después de realizar una visita al Consejo de Indias en 1569-1570 que aún necesitaba bastante información sobre las tierras que gobernaba y durante su relativamente breve paso por la Presidencia del Consejo a principios de la década de 1570 se dispuso a remediar esta deficiencia Detallados cuestionarios se enviaron a los funcionarios de Indias sobre la región y las gentes bajo su jurisdicción (un mecanismo que también fue empleado en Castilla), y las respuestas, conforme iban llegando, eran cuidadosamente ordenadas y resumidas. En 1571 se estableció el cargo de Cronista de las Indias (cronista oficial e historiógrafo de Indias), y el primero que lo ocupo, Juan López de Velasco, produjo sobre la base de las relaciones enviadas por los oficiales una Descripción Universal de las Indias que representa la primera visión estadística comprensiva de las posesiones americanas de España

La profesionalidad por sí misma parece ser siempre un rasgo del gobierno cuando los burócratas toman su control Pero todos los imperialistas necesitan una ideología, bien reconozcan esa necesidad o no. Los castellanos del siglo XVI, imbuidos de un profundo sentido de la necesidad de relacionar sus empresas con un fin moral superior, tuvieron que articular una justificación para su gobierno en el Nuevo Mundo que situara sus acciones en el contexto de un objetivo ordenado con criterios divinos. La plata de las Indias, que la corona quería explotar al máximo para engrosar sus ingresos, fue considerada como un regalo de Dios que permitiría a los reyes de Castilla cumplir sus obligaciones a escala mundial de defender y propagar la fe. El imperio, por tanto, fue ratificado en función de su objetivo, y el imperio en las Indias fue considerado como un encargo sagrado, cuyo carácter fue resumido por el gran jurista del siglo XVII Juan de Solorzano y Pereyra en su Política Indiana (1648). Los indios, escribía, «por ser ellos tan bárbaros necesitan de quien, tomando su gobierno, amparo y enseñanza a su cargo, los redujese a vida humana, civil, sociable, y política, para que con esto se hiciesen capaces de poder recibir la Fe y Religión Cristiana»[11].

Pero ¿con qué derecho podrían los españoles declarar la guerra a los indios, sujetarlos a su dominio y reducirlos a una «vida humana, civil, sociable y política»? Aunque la cuestión jurídica del derecho de Castilla a someter a los indios podría parecer claramente resuelta por las bulas papales de donación, la confrontación entre los europeos y los numerosos y muy diversos pueblos de las Indias provocaron un cúmulo de problemas, tanto morales como jurídicos, tan nuevos y complejos que no era posible resolverlos sumariamente por medio de una plumada papal. En principio, la doctrina de compelle eos intrare —«Anda por los caminos y setos, y oblígalos a venir» (San Lucas XIV, 23)— podría parecer justificación suficiente para una reducción forzada de los paganos a la cristiandad Pero no hacia falta un alto grado de sensibilidad moral para apreciar que había algo de burlesco en el hecho de enfrentarse a los indios, antes de atraerlos a una batalla, con la lectura del «requerimiento», el documento redactado en 1513 por el jurista Palacios Rubios, que brevemente exponía la historia del mundo desde Adán y apelaba a los indígenas que lo oían, que no conocían ni una palabra de castellano, a someterse a la autoridad de la iglesia y de los reyes de Castilla

El malestar sobre el requerimiento surgió junto con la mas generalizada preocupación sobre el mal tratamiento de los indios una vez que se sometían o eran conquistados, hasta el extremo de provocar un intenso y amplio debate a lo largo de la primera mitad del siglo XVI sobre la cuestión de los títulos de la conquista y el sometimiento de los indios. El debate se desarrollo en los conventos y las universidades de Castilla, pero sus repercusiones se sintieron tanto en la corte como en las Indias, gobernadas con una legislación diseñada sobre la base de los argumentos del bando vencedor

A la vista de la vitalidad del pensamiento aristotélico y tomista en la vida intelectual del siglo XVI español, era inevitable que todas las quejas sobre el gobierno en Indias fueran sometidas a una crítica escolástica. Ya en 1510 el dominico escocés John Major había mantenido sobre bases aristotélicas que la infidelidad era una causa insuficiente para privar a comunidades paganas del derecho de propiedad y jurisdicción, que les pertenecían por ley natural Esta doctrina aristotélica se encontraba en el corazón de la gran sene de lecciones, la Relectio de Indis, pronunciada por el dominico español Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca en 1539. Si la autoridad civil era inherente a todas las comunidades en virtud de la razón y de la ley natural, ni el papa ni el emperador podían reclamar justificadamente el dominio temporal en el mundo dominando y anulando los derechos legítimos de las comunidades no cristianas. De un atrevido golpe, Vitoria había socavado la justificación del gobierno español en Indias sobre la base de la donación papal. Del mismo modo, rechazó los títulos basados en los pretendidos derechos de descubrimiento y en el rechazo de los indígenas a aceptar la fe.

En estas circunstancias no es sorprendente que una áspera amonestación se dirigiera en noviembre de 1539 contra «aquellos teólogos que han cuestionado, mediante sermones o lecciones, nuestro derecho a las Indias». Los argumentos de Vitoria sólo podían suponer un grave apuro para el emperador en el momento en que otros estados europeos estaban desafiando las pretensiones de Castilla al exclusivo dominio americano. Sin embargo, no fue tan lejos como para dejar a su soberano sin una hoja de higuera con que cubrir su desnudez. Él estaba preparado para admitir que el papa, en virtud de una autoridad reguladora, podía encargar a un príncipe cristiano la misión de la evangelización y que esta carga involucraba a sus colegas cristianos. Pero ello no implicaba ninguna atadura sobre los indios en sí mismos, y se correspondía con la no autorización para la guerra o conquista. ¿Cómo, entonces, podía justificarse el dominio español de las Indias que, después de todo, era ya un hecho consumado? Las respuestas de Vitoria, aunque razonadas de manera impresionante, no eran totalmente cómodas. Si, como él sostenía, había una ley de las naciones, un jus gentium, que se refería a toda la humanidad, los españoles tenían el derecho de comerciar con los indios y predicarles el evangelio, y los indios estaban obligados a recibirlos de manera pacífica. Si no lo hacían así, entonces los españoles tenían una causa justa para la guerra. Mientras que esta doctrina podía quizá ser justificación adecuada para los españoles en sus relaciones con los indios, les era menos útil en sus relaciones con otros poderes europeos. Si existía verdaderamente una comunidad mundial en la que todos los pueblos tenían libertad de movimiento y comercio, no parecía claro por qué a otros europeos, aparte de los españoles, se les prohibiría rigurosamente poner sus pies en las Indias. No es sorprendente, por tanto, que posteriores apologistas españoles del imperio prefirieran volver al argumento del primer descubrimiento, reforzado por las pretensiones de la misión de cristianización y civilización confiada formalmente a Castilla.

Los argumentos de Vitoria, como él mismo aceptó, habían sido desmentidos por los hechos desde hacía largo tiempo y permanecieron en un nivel de abstracción teórica que inevitablemente redujo el impacto de su mensaje radical. Pero ilustran la dificultad inherente a la formulación de cualquier teoría coherente de imperio, y sugiere por qué la corona española tendió a caer en una serie de actitudes y respuestas más que a proporcionar una ideología de claro corte imperialista. En tanto que el dominio de España sobre las Indias estuvo, a todos los efectos, fuera del alcance de cualquier desafío por parte de sus rivales europeos, los hechos hablaron más alto que las palabras, aunque ello no evitó la aparición de una clara actitud defensiva frente a la opinión pública internacional; una actitud sugerida por la sustitución oficial en 1573 de la palabra «conquista» por «pacificación».

Sin embargo, en la más bien dudosa justificación de los títulos castellanos sobre las Indias elaborada por Vitoria había ciertos argumentos que podían ser utilizados por la corona. En particular, él sugirió la idea de un posible derecho de tutela sobre los indios si llegaba a demostrarse que eran seres irracionales que necesitaban ser guiados. Pero ¿qué tipo de control tutelar habría que ejercer sobre ellos y, sobre todo, quién debería ejercerlo?

Para Bartolomé de las Casas, empeñado en su amarga campaña contra los malos tratos y la explotación de los indios por los colonos españoles, sólo podía haber una respuesta. La corona, y sólo la corona, tenía jurisdicción sobre los indios en virtud de las bulas de 1493. Esta jurisdicción, que estaba unida a la empresa misionera, no podía ser delegada a otros españoles, ni transferida por medio de encomiendas a individuos particulares. Las Casas, de hecho, estaba defendiendo una forma de reino tutelar, que proveyera las condiciones necesarias para la conversión de los indios, pero que no les privara de los derechos de propiedad y de gobierno por sus propios príncipes, que les pertenecían en virtud de la ley natural.[12]

En las circunstancias de fines de la década de 1530 y de 1540 tales argumentos estaban bien calculados para atraer a la corona. Si el emperador estaba ocupado en un frente con el desafío internacional a su gobierno de las Indias, estaba aún más interesado en el desafío interior representado por los encomenderos como una potencial aristocracia feudal con siervos indios. Los colonos amenazaban al mismo tiempo su propia autoridad y, con su escandaloso tratamiento de los indios, la misión evangelizadora que era la razón de ser del gobierno español. Estaba claro que se estaba abusando cruelmente de los indios no sólo por las violentas denuncias del mismo Las Casas, sino también por las continuas cartas que llegaban desde las Indias: del arzobispo Zumárraga, del virrey Mendoza y del licenciado Vasco de Quiroga, aquel admirador en el Nuevo Mundo de sir Tomás Moro, cuya Utopía le proveyó de un modelo para las comunidades indígenas que establecería en el Valle de México y cerca del lago de Pátzcuaro en su diócesis de Michoacán.

La agitación acerca del bienestar de los indios estaba alcanzando el clímax cuando Carlos V regresó a España después de 2 años de ausencia en 1541. Junto a los informes sobre las luchas entre pizarristas y almagristas en Perú, aquel problema contribuyó a crear un clima en el que un replanteamiento radical de la política real en Indias se convirtió en un asunto de urgencia. Los consejeros de Indias, sospechosos de estar pagados por los encomenderos, no fueron consultados, y el emperador reunió una junta especial para que le aconsejase sobre la cuestión de la encomienda. Fue esta junta la que elaboró las Leyes Nuevas de 20 de noviembre de 1542, leyes que, si se hubieran implantado, habrían realizado los ideales de Las Casas aboliendo todas las formas de servicio personal y transformando a los indios de encomienda en vasallos directos de la corona.

La explosiva reacción de los colonos del Nuevo Mundo forzó una retirada del emperador. Pero la campaña contra las Leyes Nuevas no estaba declarada sólo en las Indias mismas, sino también en la corte, donde el grupo de presión de los encomenderos trabajaba duro para sobornar e influir en los consejeros reales, y donde Cortés y sus amigos organizaron una fuerte oposición al grupo de Las Casas. Sin embargo, ellos necesitaban un publicista eficaz y lo encontraron en el gran estudioso aristotélico Juan Ginés de Sepúlveda, cuyo Democrates Alter, escrito en 1544-1545, circuló manuscrito por los consejos, aunque no llegó a conseguir un permiso de publicación. En su tratado, Sepúlveda planteaba la cuestión que era fundamental para todo el problema del gobierno de América: la de la capacidad racional de los indios. John Major había mantenido en 1510 que vivían como bestias y que, consecuentemente, de acuerdo con los principios aristotélicos, su inferioridad natural los condenaba a la servidumbre. Fue esta línea de razonamiento la que continuó Sepúlveda, aunque con una dificultad mayor que el pensador escocés, porque el descubrimiento de las civilizaciones mexicana y andina había revelado la existencia de pueblos con una capacidad de organización social y política impresionante, incluso a los ojos de los europeos. No obstante, Sepúlveda, a una distancia suficiente en Castilla, hizo todo lo que pudo para no dejarse impresionar. Estaba claro que los indios eran gente naturalmente inferior a los españoles y como tales estaban correctamente sujetos al régimen español.

Sepúlveda no argumentaba en favor de la esclavitud de los indios, sino por una forma de estricto control paternalista de sus propios intereses. Era un argumento en favor del tutelaje, ejercido, sin embargo, por los encomenderos y no por la corona. El Democrates Alter defendía, de hecho, el gobierno de una aristocracia natural emanada de la comunidad de colonos y que, como tal, sería antitética a las autoridades reales. Igualmente era un anatema para Las Casas, quien se apresuró a regresar a España desde su diócesis mexicana de Chiapas en 1547, en un desesperado intento de apuntalar la política antiencomendero que veía arruinarse a su alrededor. En abril de 1550, la corona respondió a la tormenta de protestas desencadenada por Las Casas y sus compañeros de orden, suspendiendo temporalmente todas las expediciones de conquista al Nuevo Mundo, y convocando una reunión especial de teólogos y consejeros para considerar la cuestión de la conquista y la conversión de los indios en su conjunto. En el gran debate que tuvo lugar en Valladolid en agosto de 1550 entre Las Casas y Sepúlveda, el obispo de Chiapas, de 76 años, se embarcó en una lectura pública de 5 días de su nuevo tratado En defensa de los indios, en el curso del cual refutaba la teoría de Sepúlveda de la misión civilizadora de España.[13]

Aunque el debate Sepúlveda-Las Casas tenía que ver superficialmente con la justicia de la conquista militar, lo que reflejaba realmente eran dos visiones fundamentalmente opuestas de los pueblos nativos de América. Dentro del esquema aristotélico en el que el debate se desarrolló, la prueba de «bestialidad» o «barbarismo» serviría como justificación para la subordinación de los indios a los españoles y esto fue lo que hizo tan importante para Las Casas el probar que los indios no eran ni bestias ni bárbaros. Pero, a pesar de la violencia del desacuerdo, existía una cierta irrealidad en relación con ello, en el sentido de que Las Casas, incluso aunque cuestionó los beneficios recibidos por los indios de los españoles, no dudó realmente de la misión de España en Indias. En lo que discrepaba de Sepúlveda era en el deseo de que la misión se llevara a cabo por medios pacíficos y no de manera coercitiva, y por la corona y los misioneros y no por los colonos.

Los miembros de la junta se encontraban divididos, lo cual no era sorprendente: los juristas aparentemente apoyaban a Sepúlveda y los teólogos lo hacían con Las Casas. Este último podría decirse que «ganó» en el sentido de que la prohibición de publicar Democrates Alter se mantuvo. Las rigurosas nuevas condiciones contenidas en las ordenanzas de 1573 de Felipe II para los procedimientos a seguir en las futuras conquistas en las Indias, pueden ser consideradas también como una expresión de la determinación de la corona de impedir la repetición de las atrocidades que el obispo de Chiapas había venido condenando reiteradamente. Pero la época de la conquista, incluso bajo el eufemismo de pacificación, había tocado a su fin en el momento en que las ordenanzas fueron publicadas; y Las Casas perdió la batalla que más había deseado ganar, la batalla de rescatar a los indios de las garras de los españoles.

Sin embargo, consiguió otra victoria más ambigua, ésta en el tribunal de la opinión pública internacional. La «leyenda negra» de la brutalidad de los españoles era anterior a Las Casas, como también lo era, al menos de alguna forma, a cualquier preocupación europea sobre las noticias procedentes de América. Pero la devastadora denuncia de Las Casas de la conducta de sus compatriotas en Breve relación de la destrucción de las Indias, publicada por primera vez en España en 1552, iba a suponer, junto con la Historia del Nuevo Mundo de Girolamo Benzoni (Venecia, 1565), una reserva de historias de horror que los enemigos europeos de España explotarían en su beneficio. Las traducciones francesa y holandesa aparecieron en 1579 y la primera edición inglesa, en 1583, cuando el antagonismo entre la España de Felipe II y los protestantes del norte alcanzaba su clímax. Los espeluznantes grabados de Theodore de Bry reforzaron la palabra escrita con imágenes visuales de las atrocidades españolas contra indios inocentes, lo cual imprimió un crudo estereotipo del régimen imperial español en las mentes de generaciones de europeos.

Inevitablemente, el ataque a la acción de España en Indias provocó una literatura apologética en respuesta y ayudó a crear aquella sensación de España como una fortaleza sitiada defendiendo los valores cristianos que se convirtió en un elemento importante de la conciencia nacional castellana. Medido por la legislación surgida de las discusiones del Consejo de Indias, el saldo del siglo XVI de España en América resultó notablemente iluminado. Se hicieron enormes esfuerzos para proteger a los indios de las más groseras formas de explotación y hubo un auténtico, aunque erróneo, intento por parte de la corona y de la Iglesia de introducir a los habitantes de las Indias en lo que se asumió automáticamente como un modo de vida más elevado. Pero la distancia entre la intención y la práctica era con demasiada frecuencia desesperadamente grande. Las aspiraciones metropolitanas, derivadas de diferentes grupos de intereses, tendían a ser muy frecuentemente incompatibles entre sí; y una y otra vez las mejores intenciones naufragaban en las rocas de las realidades coloniales.

LAS REALIDADES COLONIALES

Cuando el primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, entregó el gobierno a su sucesor, don Luis de Velasco, en 1550, dejó clara la existencia de una incompatibilidad fundamental entre el deseo de la corona de proteger a los indios y el de incrementar sus ingresos en las Indias. La corona estaba interesada en proteger la llamada «república de los indios», amenazada por las depredaciones de colonos sin escrúpulos que sacaban ventaja de la inocencia de los indios y de su ignorancia de los métodos europeos. Por otra parte, la perenne escasez de dinero de la corona naturalmente la condujo a aumentar al máximo sus ingresos de las Indias por cualquier medio a su alcance. El grueso de aquellas rentas se derivaba directamente de los indios en forma de tributo, o indirectamente en forma de trabajo que producía bienes y servicios que dejaban un dividendo a la corona. En un momento en que el tamaño de la población indígena se reducía de forma catastrófica, el mero intento de conservar las tasas de tributos en los niveles del período inmediato posterior a la conquista significaba una manera de incrementar la dureza sobre las comunidades indígenas, cuando al mismo tiempo se producía también una disminución de la fuerza de trabajo disponible para su distribución Cualquier pretensión, por tanto, de aumentar la contribución indígena sólo podía quebrar aún más la «república de los indios» que parecía claramente condenada a la destrucción como resultado del impacto de la conquista y de la caída de la población

El pago del tributo, en producto o dinero, o en una combinación de los dos, fue obligatorio para los indios bajo la administración española desde la conquista hasta su abolición durante las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX. Pagado bien a la corona o bien a los encomenderos, el tributo ocupaba un lugar central en la vida indígena como una imposición ineludible, severamente discriminatoria puesto que a ella sólo estaban sujetos los indios. En la década de 1550 en Nueva España el tributo tuvo que ser retasado a la vista de la evidente incapacidad de las menguadas comunidades indígenas para pagar sus cuotas, y el mismo proceso tuvo lugar en Perú durante el virreinato de don Francisco de Toledo (1568-1580), aquel austero servidor de un austero real señor. Todos los nobles indígenas, al margen de los caciques y sus hijos primogénitos, perdieron por entonces la exención fiscal y lo mismo ocurrió con otros grupos inferiores en la escala social, que por una u otra razón habían escapado al tributo. El resultado inevitable de esto fue acelerar el proceso de homogeneización que ya se había iniciado en las comunidades indígenas, y socavar aún mas su ya debilitada estructura[14].

La organización de la recaudación del tributo se dejó en manos de un nuevo grupo de funcionarios, los corregidores de indios, que comenzaron a hacer su aparición en las áreas más densamente pobladas de la América española desde la década de 1560 Estos corregidores de indios, con nombramiento sólo por dos o tres años, fueron designados como respuesta de la corona a los encomenderos. Ya fueran peninsulares, salidos del círculo de personas que cada virrey traía consigo de España, o criollos sin tierras o encomiendas de su propiedad, se esperaba que funcionaran como agentes de confianza de la corona en una medida en que los encomenderos, con un interés directo en los indios bajo su cargo, nunca pudieran serlo. Sin embargo, los nuevos corregimientos comenzaron a mostrar muchos de los defectos de las viejas encomiendas junto a otros propios, aparecidos con la nueva institución. Las obligaciones del corregidor de indios incluían no sólo la recaudación del tributo, sino también la administración de justicia y la organización del abastecimiento de mano de obra para obras públicas y particulares Dependiendo de un pequeño salario extraído del tributo indígena, normalmente el corregidor usaba su corta permanencia en el cargo para obtener el máximo del enorme poder con que había sido investido. Poco podía hacerse para impedirle que hiciera sus propias extorsiones pavadas, puesto que él organizaba el tributo y desviaba parte de la fuerza de trabajo hacia empresas de beneficio personal. Donde el encomendero había confiado en las autoridades tradicionales indígenas para hacerse obedecer, el corregidor, que vivía como un señor entre sus indios, disponía de su pequeño ejercito de funcionarios cuyas actividades recortaban y reducían aún más la influencia de los caciques sobre su pueblo.

Por esto, los mismos funcionarios que se pretendía que cuidaran de los intereses de la «república de los indios» se encontraban entre sus más peligrosos enemigos. Pero es el funcionamiento del sistema de mano de obra bajo supervisión de los corregidores lo que más nítidamente revela las contradicciones inherentes a la política indígena de la corona. En teoría los indios vivían de manera segregada en el mundo colonial. A los españoles, excepto los funcionarios reales, no se les permitía vivir entre ellos y, a su vez, a los indígenas no se les permitía residir en las ciudades de españoles, salvo que lo hicieran en barrios especialmente reservados Pero, al tiempo que se realizaban enérgicos intentos para confinarlos en un mundo propio, eran inexorablemente incorporados a un sistema de trabajo y a una economía monetaria europeos Esta era una consecuencia natural de la abolición del sistema de trabajo personal a los encomenderos en 1549. Con la esclavitud prohibida y la encomienda de servicios que tendía a ser reemplazada por la encomienda de tributo, se hacía necesario diseñar métodos alternativos para movilizar la fuerza de trabajo indígena. Los virreyes de la segunda mitad del siglo XVI estimularon hasta donde fueron capaces un sistema de trabajo asalariado, pero con la población indígena disminuyendo rápidamente tuvieron que recurrir a la coerción para salvar del colapso la frágil vida económica de las Indias. La mano de obra forzada no significaba nada nuevo ni en México ni en Perú, había existido antes de la conquista y después de ella, pero fue reorganizada en la década de 1570 sobre una base sistemática, aunque con variaciones regionales inspiradas en anteriores prácticas. Los trabajadores indios reclutados eran arrancados cruelmente de sus comunidades y trasladados a los campos, a las obras públicas o a los obrajes para la producción de ropa de lana y algodón y, sobre todo, a las minas. La corona hizo esfuerzos a comienzos del siglo XVII legislando contra los peores abusos de este sistema de trabajo, aunque sin mucho éxito. El que el despliegue de la mano de obra fuera controlado más estrechamente fue facilitado por la vasta reorganización de la decreciente población indígena que había tenido lugar, tanto en Nueva España como en Perú, durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera década del XVII Bajo la llamada política de las «congregaciones» y «reducciones», los indios dispersos por las áreas rurales habían sido concentrados en asentamientos donde podían ser mas fácilmente controlados y cristianizados.

Hacia comienzos del siglo XVII el viejo estilo de la «república de los indios», basado en estructuras heredadas del período anterior a la conquista, se hallaba en un estado de avanzada desintegración y el supuesto que había regido la política de la corona en relación con los indios en las primeras décadas de la conquista —el de que el viejo orden indígena podía ser preservado sin cambios importantes— había perdido toda su vigencia. Las presiones para incorporar a los indios a la vida y la economía de la nueva sociedad colonial —incluso intentando aún mantenerlos a distancia de los activos colonos del Nuevo Mundo, de los mestizos y de los mulatos— eran sencillamente demasiado poderosas como para poderlas resistir. Los indios que se trasladaban a las ciudades para convertirse en criados y empleados de los españoles eran gradualmente asimilados e hispanizados. Fuera de las ciudades de los españoles, sin embargo, un mundo nuevo estaba en proceso de formación. Paradójicamente, el establecimiento del nuevo corregimiento de indios y de las reducciones dio nueva vitalidad a la «república de los indios», aunque se trataba ahora de una república de un estilo muy diferente a la del período inmediatamente posterior a la conquista. Los indios congregados en asentamientos asimilaron, de hecho, ciertos elementos del cristianismo; se apropiaron de técnicas europeas, de plantas y animales y entraron en la economía monetaria del mundo que les rodeaba. Al mismo tiempo, conservaron muchas de sus características originales, de modo que continuaron siendo comunidades genuinamente indígenas, organizando sus propias vidas bajo la supervisión de los funcionarios reales, pero en gran parte mantuvieron la autonomía de sus instituciones municipales. Las municipalidades indias de mayor éxito desarrollaron sus propias formas de resistencia contra las intrusiones del exterior. Las «cajas de comunidad» les permitían crear reservas financieras para afrontar su tributo y otras obligaciones. Aprendieron cómo asegurar sus tierras con títulos legales y cómo emplear las técnicas para solicitar y presionar que eran esenciales para la supervivencia política en el mundo hispánico. Como resultado, estas comunidades indígenas, que se consolidaron a sí mismas durante el siglo XVII, llegaron a actuar como protección contra el lazo asfixiante de la gran propiedad o de la hacienda, que se estrechó en torno a ellas sin llegar a asfixiarlas.

El desarrollo separado de la «república de los indios», que servía a las necesidades de la república de los españoles sin formar parte de ella, implicaba el desarrollo en la América española de dos mundos, indígena y europeo, unidos entre sí en numerosos puntos, pero manteniendo sus identidades diferentes. Entre ellos, sin pertenecer por completo ni a uno ni a otro, estaban los mestizos, creciendo rápidamente en número y adquiriendo durante el siglo XVII características de casta. Pero, inevitablemente, en esta sociedad tripartita que se encontraba en proceso de constitución era la república de los españoles la que dominaba.

Dentro de la comunidad hispánica, la corona, aunque había triunfado sobre los encomenderos, fue incapaz de impedir el establecimiento de lo que era en la práctica, aunque no de nombre, una nobleza indiana. Esta nobleza se diferenciaba en cuestiones importantes de la de la España metropolitana. Mientras que en Castilla la sociedad estaba dividida en pecheros y aquellos que, en virtud de su status noble, estaban exentos de impuestos, toda la población hispánica en las Indias estaba exenta del pago de impuestos y, por tanto, permanecía en una relación aristocrática con la población india que pagaba tributo. Consecuentemente, la élite entre los criollos[15] —aquellos españoles de sangre nacidos en Indias— no se distinguía por ningún especial privilegio fiscal. Tampoco tenía, a diferencia de su equivalente metropolitana, derechos de jurisdicción sobre vasallos desde el momento en que su intento de transformar las encomiendas en feudos había fracasado. Igualmente le faltaba cualquier sustancial diferenciación titular. La corona era extremadamente ahorrativa en títulos para los criollos; y en 1575 suprimió para los encomenderos ciertos privilegios honoríficos asociados con el status de hidalgo en Castilla, aunque en 1630, bajo la presión de las necesidades fiscales, cambió su política y autorizó a los virreyes a poner a la venta privilegios de hidalguía en las Indias. De manera similar, aquel otro gaje de muchos nobles españoles e hidalgos, su pertenencia a una de las grandes órdenes militares de Santiago, Calatrava o Alcántara, fue bastante inaccesible a los conquistadores y a los colonos de la primera generación. Sólo 16 de ellos llegaron a ser miembros de estas órdenes durante el siglo XVI. En este sentido, sin embargo, también se produjo un cambio importante durante el siglo XVII cuando a 420 criollos se les concedió el ingreso en alguna de dichas órdenes.

La mayor inclinación de la corona a responder en el siglo XVII más que en el XVI a las impacientes demandas de honores por los criollos fue un reflejo obvio de sus acuciantes problemas financieros que, en un ámbito tras otro, la hicieron sacrificar lo que una vez fueron políticas tenazmente mantenidas, en búsqueda del beneficio fiscal inmediato. Pero también reflejaba cambios sociales en el mismo Nuevo Mundo, conforme la élite criolla se fue consolidando a pesar de la poca disposición de la corona a concederle su reconocimiento formal.

Hacia finales del siglo XVI esta élite tenía una composición mixta, basada en la vieja colonización, la nueva riqueza y conexiones de influencias. Los conquistadores —la aristocracia natural de las Indias— parece que tuvieron sorprendentemente poco éxito en resolver el primer desafío que afrontan todas las aristocracias, el establecimiento de una sucesión dinástica. En 1604 Baltasar Dorantes de Carranza decía que había sólo 934 descendientes vivos de los 1.326 conquistadores de México; e incluso si hubiera omitido algunos nombres, está claro que los conquistadores, al menos en lo que se refiere a hijos legítimos, habían sido un grupo de hombres demográficamente desafortunados. De aquellos que sobrepasaron el azar demográfico, muchos cayeron en el siguiente obstáculo. Fue sólo un muy pequeño grupo de entre los conquistadores, salido sobre todo de los capitanes y los hombres a caballo, el que adquirió riquezas y encomiendas importantes. Éstos vivían en las mayores ciudades, como México o Puebla, mientras que sus antiguos compañeros, muchos caídos en los momentos difíciles, llevarían vidas oscuras en pequeños asentamientos lejanos de los centros urbanos.

A este pequeño grupo de conquistadores con éxito se unió un cierto número de colonos tempranos que, por una u otra razón, prosperaron en su nuevo ambiente. Era una ventaja importante, por ejemplo, tener parientes influyentes en la corte, como les sucedía a las familias Ruiz de la Mota, Altamirano y Cervantes Casaus en Nueva España, así como tener acceso a fuentes de patronazgo. Funcionarios reales, y especialmente de la Real Hacienda, con grandes sumas de dinero al menos temporalmente a su disposición, como Alonso de Estrada, Rodrigo de Albornoz y Juan Alonso de Sosa, casaron a sus familias con aquellas de los más prominentes colonos de la Nueva España. Y lo mismo hicieron los miembros de cada nuevo séquito virreinal y los jueces de las audiencias, a pesar de los intentos de la corona de mantenerlos aislados. El virrey saliente de Nueva España en 1590, por ejemplo, informaba a su sucesor que el fiscal de la Audiencia de Guadalajara había casado a su hija sin recibir la licencia real, y que la Audiencia se había volcado en su defensa cuando se intentó privarle de su cargo.[16]

Conforme avanzaba el siglo este núcleo de familias dirigentes asimiló nuevos elementos, especialmente de entre aquellos que habían hecho fortuna en la minería. Alianzas matrimoniales cuidadosamente planeadas, en las que las ricas viudas de los encomenderos jugaban un papel decisivo, produjeron una red de familias interconectadas que recurrieron al sistema castellano del mayorazgo, para impedir una disgregación de la fortuna familiar.

Inevitablemente, la consolidación de las oligarquías locales demostró ser más fácil en ciertas áreas de Indias que en otras. Dependía mucho de la posibilidad biológica de supervivencia de la familia y del grado de riqueza disponible en el área. En un centro provinciano como Popayán, donde las encomiendas eran pobres, las familias terratenientes locales fracasaron en su intento de establecer mayorazgos y se produjo un rápido cambio en el patriciado urbano; aparentemente sólo una de sus veinte familias principales a fines del siglo XVII procedía por línea masculina de la primera generación de colonizadores. En otras partes, sin embargo, y especialmente en los virreinatos de Nueva España y Perú, un grupo de familias destacadas, beneficiándose de estrechas asociaciones tanto con la administración virreinal como con influyentes figuras en la España metropolitana, consiguieron construir una base formidable de poder en sus respectivas regiones.

El proceso por el cual esto se llevó a cabo aún espera ser reconstruido en detalle; pero por lo que respecta a Nueva España, los virreinatos de los dos don Luis de Velasco, padre e hijo, parecen haber sido períodos cruciales. El segundo don Luis tuvo una fuerte vinculación criolla, viviendo en México como niño y joven durante el mandato de su padre de 1550 a 1564. En una merecida carrera, él mismo llegó a ser virrey, entre 1590-1595, y de nuevo entre 1607-1611, volviendo entonces a España donde, con el título de conde de Salinas, fue presidente del Consejo de Indias hasta 1617, año de su muerte. Esta larga y estrecha conexión de los Velasco con la élite criolla parece haberles proporcionado amplias oportunidades de obtener privilegios lucrativos y de consolidar su control de importantes cargos no reservados a españoles. Los vínculos con funcionarios importantes podían influir en pleitos sobre asuntos de trascendencia, especialmente en pleitos por el control de la mercancía más preciada en un país seco, el abastecimiento de agua. La propiedad de tierras de regadío en zonas bien elegidas proporcionaba a los miembros de la élite el monopolio de la provisión de granos a las ciudades, donde ellos y sus parientes ocupaban regimientos y alcaldías y usaban su influencia para controlar el mundo de la política local.

Inevitablemente, los lazos de parentesco e intereses que unían a esta creciente oligarquía criolla con sectores de la administración virreinal, así como con nobles y altos funcionarios de la España metropolitana, hacían potencialmente difícil para Madrid sacar adelante cualquier política consistente que tendiera a entrar en conflicto con los deseos de la oligarquía. El reforzamiento de las oligarquías indianas coincidió, por otra parte, con el debilitamiento del gobierno central en Madrid que siguió a la muerte de Felipe II en 1598; y este debilitamiento, a su vez, dio nuevos ímpetus a la consolidación del poder de aquellas oligarquías que ya estaba teniendo lugar como resultado de las condiciones locales. Para las Indias, como para la misma España, el reinado de Felipe III (1598-1621) fue un período en que la visión del último monarca de una sociedad justa gobernada por un soberano fiel a los intereses de la comunidad en su conjunto fue empañada por el éxito de determinados grupos de intereses en asegurar sus posiciones aventajadas de poder. A este respecto, el virreinato mexicano del marqués de Guadalcázar (1612-1621) fue característico del reinado. El gobierno fue laxo, la corrupción creciente y la colaboración entre los funcionarios reales y un puñado de familias dirigentes condujo al continuo enriquecimiento de unos pocos privilegiados.

Una vez que las oligarquías estuvieron establecidas en las Indias, prácticamente fue imposible que perdieran su posición. Hubo un intento abortado de conseguirlo en Nueva España al comienzo del reinado de Felipe IV, en 1621, por un celoso virrey, el marqués de Gelves, que fue enviado desde España con la específica misión de reformar el sistema. En un corto período tras su llegada a la Ciudad de México, Gelves consiguió enfrentarse con casi todos los sectores influyentes de la comunidad virreinal. Ello era en parte el resultado de su ineptitud, pero reflejaba también la fuerza de los intereses creados que se sentían amenazados por sus proyectos reformadores. Durante el ínterin entre la salida de Guadalcázar y la llegada de Gelves, el gobierno había sido ejercido por la Audiencia bajo la presidencia del doctor Vergara Gaviria. Los jueces, habiendo disfrutado el placer del poder, se mostraron renuentes a abandonarlo. Estaban también profundamente vinculados con los terratenientes locales que controlaban el abastecimiento de grano a la Ciudad de México y que habían forzado la subida del precio del maíz y el trigo hasta niveles artificiales. En un intento de hacer descender los precios, Gelves ineludiblemente se enfrentó a algunos de los sectores más poderosos del virreinato, incluyendo la Audiencia de Vergara Gaviria. Al mismo tiempo, Gelves entró con pie firme en un mundo en el que hasta los ángeles temían pisar —el de las capas altas de la iglesia mexicana—, ganándose también la enemistad de un sector tras otro, incluyendo a Juan Pérez de la Serna, el arzobispo de México. Por otra parte, hizo frente a la comunidad mercantil y al «consulado» de mercaderes de la Ciudad de México, intentando poner freno al comercio de contrabando y obtener un crédito forzoso. Existía siempre una aguda escasez de capital líquido en el virreinato, cuya economía dependía del fluido funcionamiento de un sistema de crédito extraordinariamente elaborado. Al desafiar a los mercaderes y al insistir en que los oficiales reales ingresaran en la Hacienda directamente el dinero de los impuestos y tributos, en lugar de retenerlo por un tiempo para usarlo en operaciones a interés, socavó el sistema de crédito del que dependía la economía minera de México y hundió al virreinato en una crisis económica.[17]

No es, por lo tanto, sorprendente que el conflicto personal entre el virrey y el arzobispo se incrementara hasta una confrontación a gran escala entre Gelves por una parte y por la otra una alianza de funcionarios reales, alto clero y oligarcas locales, cuyas propias rivalidades fueron de repente absorbidas por su furia común contra las actividades de un reformador ultraceloso. El 15 de enero de 1624, después de días de creciente tensión en la Ciudad de México, la multitud manipulada por los antigelvistas atacó el palacio virreinal y obligó al desafortunado Gelves a huir buscando refugio en un convento franciscano. La Audiencia se hizo cargo del gobierno; Madrid envió un nuevo virrey; y aunque, para salvar las apariencias, Gelves fue restaurado en su cargo ceremoniosamente por un día después de la llegada de su sucesor, nada podía alterar el hecho de que un virrey había sido expulsado de su puesto por una poderosa combinación de fuerzas locales determinadas a contradecir la política que había sido instruida desde Madrid.

Aunque se produjo otra revuelta en la Ciudad de México en 1692, provocada por escaseces temporales de trigo y maíz, los tumultos mexicanos de 1624 representaron un desafío más dramático a la autoridad de la corona en Indias que cualquier otro que tuviera que afrontar durante el siglo XVII. Pero, si en otros momentos y en otras partes el drama fue menos espectacular, de hecho actuaban las mismas fuerzas subyacentes. Las oligarquías estaban en proceso de consolidarse a sí mismas a todo lo largo de la geografía indiana, en las áreas más desarrolladas así como en las regiones de frontera, y estaban generando formas eficaces de resistencia a las directrices de un distante gobierno real. El creciente poder y la confianza en sí mismas de estas oligarquías fue uno de los más importantes —aunque no fácilmente documentado— elementos de cambio en lo que fue en realidad una situación en constante transformación. En efecto, la relación entre España y las Indias nunca fue estática, desde el momento original de la conquista hasta la desaparición de los Austrias españoles a la muerte de Carlos II en 1700. Cada sector de la relación tenía su propia dinámica interna, que al mismo tiempo afectaba y era afectada por los acontecimientos que sucedían en el otro. Y la relación tampoco existía en un vacío. Por el contrario, tenía lugar dentro de un esquema más amplio de intereses y rivalidades internacionales, del que no podían distanciarse por un momento ni las aspiraciones de la metrópoli ni las realidades de la vida en el Nuevo Mundo.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LAS INDIAS

Carlos V, tras renunciar a sus títulos terrenales, murió en su retiro español de Yuste en 1558. Al dividir su herencia entre su hermano Fernando, quien le sucedió en el título imperial y las tierras alemanas de los Austrias, y su hijo, Felipe, a quien dejó España, la Italia española, los Países Bajos y las Indias, estaba de hecho reconociendo el fracaso del gran experimento imperial que había dominado la historia de Europa durante la primera mitad del siglo. Al fin había sido derrotado por la multiplicidad de desafíos a los que tuvo que hacer frente: el auge del luteranismo en Alemania, la rivalidad de Francia, la perenne amenaza de los turcos en Europa central y el Mediterráneo y, además, por la escala de la empresa en que se había embarcado. Las distancias eran demasiado largas, los ingresos nunca lo eran suficiente; y cuando la corona española incumplió sus obligaciones con los banqueros en 1557, la bancarrota lo fue de todo el sistema imperial que había comprometido desesperadamente su crédito.

La herencia de Felipe II era, al menos en teoría, más manejable que la de su padre, aunque los Países Bajos estaban tomando rápidamente la apariencia de una expuesta avanzada en la Europa del norte, cada vez más atraída por las doctrinas de Lutero y Calvino. Al comienzo del reinado de Felipe la necesidad más apremiante era la de atrincherarse durante un período en España, donde Castilla mostraba la tensión de sus pesadas contribuciones a las finanzas del emperador. Al dejar los Países Bajos por España en 1559, Felipe II estaba reconociendo las realidades cotidianas: que España iba a ser el corazón de sus dominios, como lo era, dentro de España, Castilla.

En un reinado de aproximadamente 40 años, Felipe II consiguió imponer el sello de su propio carácter al gobierno de la monarquía española. Una profunda preocupación por preservar el orden y mantener la justicia; una concepción austera de las obligaciones de la monarquía, que entendía como una forma de esclavitud; una profunda desconfianza en sus propios ministros y funcionarios, de los que sospechaba, normalmente con buena razón, que anteponían sus propios intereses a los de la corona; una determinación a estar completamente informado sobre cualquier problema imaginable, y una tendencia paralela a perderse en minucias; y una actitud de indecisión congénita que imponía aún mayores retrasos a una maquinaria administrativa naturalmente lenta: estos iban a ser los rasgos fundamentales del régimen de Felipe II. El nuevo rey dio a sus dominios un gobierno firme, aunque la eficacia de las órdenes y los decretos que salían de Madrid y El Escorial disminuía inevitablemente con la distancia y se embotaba con la oposición de los intereses locales en competencia. El monarca tuvo éxito también en salvar a sus dominios de la herejía, con la excepción de los Países Bajos, donde la revuelta estalló en 1566. Al mundo, y con mucho, su poder y autoridad le parecían impresionantes, especialmente después de haber completado la unificación de la península Ibérica en 1580 asegurando su propia sucesión al trono de Portugal. Pero frente a estos logros, deben colocarse las tensiones impuestas a la monarquía, y especialmente a Castilla, por la guerra que apenas remitía.

Las esperanzas de paz que acompañaron a la vuelta de Felipe II a la península en 1559 se quebraron al reavivarse el conflicto con los turcos en el Mediterráneo. La década de 1560 resultó ser difícil y peligrosa conforme España concentraba sus recursos en el frente mediterráneo, para encontrarse envuelta simultáneamente en el norte de Europa en la revuelta de los Países Bajos. Después de la gran victoria naval de España y sus aliados en Lepanto, en 1571, la guerra contra el Islam se aproximaba a las tablas, pero un nuevo frente de batalla se abría en el norte de Europa al encontrarse España desafiada por las fuerzas del protestantismo internacional. Durante los años 1580 la lucha de las provincias del norte de los Países Bajos por conservar su libertad de España se amplió a un vasto conflicto internacional, en el que España, al proclamarse a sí misma defensora de la causa católica, intentó contener y derrotar a los protestantes del norte: los holandeses, los hugonotes y los ingleses isabelinos.

Era inevitable que esta lucha septentrional se extendiera a las aguas del Atlántico, porque era aquí donde España parecía más vulnerable a sus enemigos y donde podían obtenerse las grandes presas. Mientras que el imperio de Carlos V había sido universal, al menos a los ojos de sus apologistas, había sido siempre en esencia un imperio europeo, aunque con una extensión americana de creciente importancia. La monarquía española heredada por su hijo iba, en contraste, a desarrollar las características de un imperio genuinamente trasatlántico, en el sentido de que el poder y las riquezas de la España de Felipe II estaban directamente vinculados a la relación entre la metrópoli y sus posesiones trasatlánticas. Durante la segunda mitad del siglo XVI el control del imperio ultramarino llegó a ser determinante en las relaciones de poder dentro de Europa, y así lo entendieron los enemigos de Felipe II al considerar las ventajas sin par que recibía de su dominio de las Indias. Conforme la interdependencia de España y las Indias llegó a ser más importante, la determinación de los europeos del norte a desafiar el monopolio ibérico del Nuevo Mundo aumentó, y a su vez, tal desafío tuvo sus propias consecuencias para el carácter de la conexión hispanoamericana.

España y Europa vieron a las Indias como un imperio de plata. Antes del descubrimiento de México, las exportaciones de dinero desde las Indias eran exclusivamente de oro, pero en la década de 1520 hizo su aparición la plata. La producción de plata americana en las dos siguientes décadas fue todavía pequeña en relación con la europea: las minas de plata en las tierras patrimoniales de los Habsburgo produjeron casi cuatro veces más que las de las Indias entre 1521 y 1544. A fines de la década de 1540 y en la de 1550, sin embargo, estas proporciones se invirtieron como consecuencia del descubrimiento y temprana explotación de los ricos yacimientos de plata de México y Perú. La gran montaña de plata de Potosí, en Perú, fue descubierta en 1545. Al año siguiente se encontraron también grandes yacimientos en Zacatecas, en el norte de México, y aún mayores en el sur, en Guanajuato. Tras la introducción en México, a mediados de la década de 1550, y en Perú, hacia 1570, del sistema de la amalgama para refinar la plata con azogue, enormes incrementos en la producción llevaron a un extraordinario aumento de las exportaciones de plata a Europa.

La vida económica y financiera de España, y a través de ella, de Europa, se hizo fuertemente dependiente de la llegada regular de las flotas de Indias, con sus nuevos cargamentos de plata. Una vez que la plata llegaba a Sevilla y era registrada en la Casa de Contratación, se destinaba a diversos objetivos. La cuota del rey, unos dos quintos del total de los envíos, procedente de la quinta parte que le correspondía de toda la producción y del resultado de todos los impuestos recaudados en Indias, se destinaba a sus compromisos internos e internacionales, con los que siempre cumplía con retraso.

La contribución de las Indias a la Hacienda real era menos espectacular de lo que las preocupaciones de la época pudieran sugerir. Un miembro del Parlamento inglés en los años 1620 sólo repetía un lugar común cuando se refería a las minas del rey de España en Indias, «que proporcionan combustible para alimentar su vasto y ambicioso deseo de una monarquía universal».[18] En realidad, los ingresos americanos de la corona, aunque eran 4 veces más en los años 1590 que en los de 1560, representaban sólo aproximadamente el 20 por 100 de sus ingresos totales a finales del reinado de Felipe II. Pero este 20 por 100 era, de hecho, crucial para las grandes empresas de los últimos años del monarca: la lucha para suprimir la revuelta de los Países Bajos, la guerra naval contra la Inglaterra de Isabel y la intervención en Francia. Era precisamente porque consistía en capital líquido en forma de plata, y era objeto por tanto de fuerte demanda por los banqueros, por lo que formaba una parte tan atractiva de sus ingresos. Era sobre la base del reforzamiento de los envíos de plata desde América como el rey podía negociar con sus banqueros alemanes y genoveses aquellos grandes «asientos», o contratos, que mantenían a sus ejércitos pagados y ayudaban a pasar los períodos difíciles antes de que una nueva ronda de impuestos volviera a llenar las arcas reales.

El resto de la plata que llegaba a Sevilla pertenecía a propietarios individuales. Parte de ella consistía en envíos de colonos a amigos y familiares. Otra parte era traída por indianos que regresaban, aquellos que habían hecho fortuna en Indias y volvían para llevar una vida de ostentación en la patria. Pero una gran proporción adoptaba la forma de pagos por mercancías que habían sido embarcadas en anteriores flotas a los importantes puertos americanos de Veracruz, Cartagena y Nombre de Dios. En la medida en que dichas mercancías fueran de origen español, los pagos tendrían un destino español. Pero como la misma España se mostró cada vez más incapaz de afrontar las necesidades de un mercado americano en alza, los extranjeros aumentaron su participación en el comercio de Sevilla, y mucha de la plata pasaba automáticamente a las manos de estos comerciantes y productores no españoles. Tanto a través de la participación extranjera en el comercio trasatlántico como del mecanismo de los asientos, la plata «española» se dispersaba por Europa, de forma que cualquier fluctuación importante en las remesas de Indias tenía amplias repercusiones internacionales. Los tiempos de largueza, o dinero fácil, en Sevilla lo eran de confianza internacional en los negocios, pero cuando los sevillanos estornudaban, Europa occidental temblaba.

La segunda mitad del siglo XVI, aunque comenzó con una recesión (1555-1559) y fue marcada por años de desgracia, fue en general un período largo de expansión en el comercio con Indias. Desde los primeros años de la década de 1590 a los de 1620, aunque el comercio no continuó en expansión, permaneció en un alto nivel de actividad, pero desde la década de 1620 tanto el volumen como el valor del comercio comenzaron a descender de manera pronunciada. Hacia 1650 la gran época del comercio atlántico sevillano había terminado, y conforme Cádiz comenzó a sustituir a Sevilla como la salida de Europa hacia América, y cada vez más los barcos extranjeros incursionaban en las aguas hispanoamericana comenzaron a organizarse nuevas pautas de comercio trasatlántico.

Dentro de los límites fluctuantes del comercio oceánico, las relaciones económicas de España con sus posesiones americanas sufrieron importantes cambios. En la primera mitad del siglo XVI las economías de Castilla y de las comunidades de colonos que se extendían por el Nuevo Mundo eran razonablemente complementarias. Castilla y Andalucía eran capaces de abastecer a los colonos con productos agrícolas —aceite, vino y granos— que necesitaban abundantemente y, al mismo tiempo, la demanda creciente en Indias servía como estímulo a ciertas industrias castellanas, sobre todo la textil. Sin embargo, hacia la década de 1540 comenzaban a surgir problemas. En Castilla aumentaban las quejas sobre el alto precio de las manufacturas del reino, particularmente los paños, y aparecía una tendencia a culpar de ello a las exportaciones a Indias. En 1548 y de nuevo en 1552, las Cortes de Castilla urgieron a la corona a prohibir la exportación a América de paños de fabricación propia. La corona resistió con éxito la presión de las Cortes para excluir a los textiles de Castilla de sus propios mercados ultramarinos, pero resulta claro que el contacto con América, aunque inicialmente actuó como animador de ciertos sectores de la industria castellana, también creó problemas a los que la relativamente simple economía castellana tuvo dificultades en dar una respuesta.

No era sólo una cuestión de la capacidad de la industria castellana para aumentar el abastecimiento de una creciente demanda americana, sino también de cómo producir, tanto para el mercado doméstico como para el americano, a unos precios internacionalmente competitivos. Los altos precios que eran el origen de ruidosas quejas entre los consumidores castellanos a mediados del siglo XVI no lo eran sólo en relación a los precios de Castilla a comienzos del siglo, sino también en relación con los de las importaciones extranjeras. No hay una única explicación de la incapacidad de las manufacturas castellanas para ser competitivas internacionalmente, pero un lugar central se debe otorgar al influjo de los metales preciosos de América en una economía sedienta de circulante, un influjo cuyos efectos se sintieron primero en Castilla y Andalucía antes de extenderse por toda Europa en una especie de efecto de onda. Fue, de hecho, un español, Martín de Azpilcueta Navarro, quien primeramente relacionó con claridad, en 1556, el alto coste de la vida con la llegada de metal precioso desde las Indias: «se vee que en Francia, do ay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, vino, paños, manos, y trabajo; y aun en España, el tiempo, que avia menos dinero, por mucho menos se davan las cosas vendibles, las manos y trabajos de los hombres, que después que las Indias descubiertas le cubrieron de oro y plata».[19]

La inflación de los precios que minó la competitividad internacional de España fue un perturbador contrapeso para la cara positiva del imperio: para la manifiesta prosperidad de la creciente ciudad de Sevilla y los ingresos en alza de la corona. Los logros del imperio, sin embargo, fueron más fácilmente observables que sus desventajas, y la apariencia de prosperidad ayudó a ocultar las negativas consecuencias que para Castilla tuvieron los grandes cambios que estaban ocurriendo en el sistema del comercio trasatlántico, durante la segunda mitad del siglo XVI. Hasta el período 1570-1580 los productos agrícolas de Castilla y Andalucía constituyeron las exportaciones dominantes desde Sevilla; pero conforme las Indias comenzaron a desarrollar su producción ganadera y a cultivar cada vez más su propio trigo, la demanda de producción española comenzó a decaer. Su lugar en los cargamentos fue ocupado por bienes manufacturados que encontraron una pronta salida. Algunas de las manufacturas eran de origen peninsular, pero alrededor de 1580 los artículos extranjeros parece que tomaron la delantera sobre los castellanos en los fletes, una clara indicación de la incapacidad de la industria castellana para adaptarse a las nuevas y más sofisticadas exigencias del mercado indiano. Había una creciente demanda entre los colonos de artículos de lujo europeos de cierto tipo que España no producía, así como de sedas y tejidos de alta calidad, según las Indias iban desarrollando su propia producción de textiles baratos.

En los años posteriores a 1567, cuando los lazos comerciales se establecieron por primera vez entre México y Filipinas, los mercaderes de Perú y Nueva España encontraron cada vez más ventajoso mirar al lejano Oriente, más que a la España metropolitana, para abastecerse de textiles de alta calidad. El rápido crecimiento del comercio oriental, de textiles, porcelana y otros productos de lujo de la China, supuso una desviación traspacífica, vía Acapulco y Manila, de grandes cantidades de plata americana que de otra manera habría tenido un destino trasatlántico. En 1597, por ejemplo, el volumen de la plata enviada desde México a Filipinas excedió del valor del comercio trasatlántico mexicano de aquel año. Los intentos de la corona para restringir el comercio de Filipinas a un galeón al año con destino a Manila y a impedir la reexportación de productos chinos de México a Perú, prohibiendo en 1631 todo comercio entre los dos virreinatos, dio lugar a un contrabando en gran escala: las Indias no podían encerrarse indefinidamente en un sistema exclusivamente hispánico diseñado básicamente para satisfacer los deseos de los mercaderes sevillanos.

Si las economías de Castilla-Andalucía y las Indias se complementaron razonablemente bien hasta aproximadamente los años 1570, en adelante se produjo una divergencia que ninguna cantidad de legislación proteccionista podía evitar por completo. Simplemente las Indias tenían ya menos necesidad económica de la que una vez tuvieron de la España metropolitana; pero España, por otra parte, tenía una gran y creciente necesidad de las Indias. Como si se tratara de una adicción, se había hecho peligrosamente dependiente de las inyecciones regulares de plata americana para mantener el estilo de vida expansivo, acostumbrada al cual había crecido.

Cuando la plata no pudo obtenerse en la forma de pago por productos castellanos, hubo que conseguirla por otros medios: a través de la manipulación de las tasas de aduanas, de la introducción de determinados tipos de impuestos y del recurso de toda una variedad de mecanismos fiscales. La población blanca de las Indias no estaba sujeta a impuestos directos; sin embargo, el impuesto castellano sobre las ventas, la alcabala, fue introducida en Nueva España en 1574 a una tasa del 2 por 100, y en Perú en 1591. Desde las últimas décadas del siglo XVI intentó aumentar igualmente sus ingresos americanos vendiendo tierras, o los títulos de las tierras que ya habían sido ocupadas ilegalmente, una forma de venta conocida como composición de tierras. Por otra parte, conseguía dinero de la legitimación de los mestizos, de donaciones «voluntarias» y de los monopolios. Y tuvo que recurrir a una práctica que iba a tener importantes repercusiones sociales y administrativas: la venta de oficios, que producía un ingreso anual de 38.000 ducados (el salario anual de un virrey de México era de 20.000 ducados, y el de uno del Perú de 30.000). Mientras se trató de oficios administrativos menores o notariales, la práctica no ocasionó gran daño, aunque no se puede decir lo mismo de la venta de los regimientos en las ciudades, que aceleró el proceso por el que el poder municipal se concentró en manos de cerradas oligarquías. Pero ello también implicó la innecesaria multiplicación de los cargos, creándose un gran número de nuevos puestos, especialmente en el siglo XVII, en respuesta más a las necesidades del gobierno que a las de los gobernados. El resultado fue el surgimiento de una enorme y parásita burocracia, que consideraba sus oficios como una inversión rentable. La presencia de otra capa más de intermediarios con sus propios intereses que proteger sólo sirvió para embarazar aún más la aplicación de las órdenes llegadas desde Madrid.

La combinación de un aumento en la producción de las minas con estos nuevos mecanismos para extraer dinero de la población colonizadora produjo un gran incremento en los ingresos americanos de la corona en los últimos años de Felipe II. Si la corona recibía una media de 1 millón de ducados al año de las Indias en la década de 1570, la cifra se estabilizó en 2,5 millones en la de 1590. El incremento, sin embargo, no bastó para salvar a la corona —que ya había incumplido con sus deudas en 1575— de otra bancarrota en 1596. Los gastos absorbieron absolutamente los ingresos de Felipe II, comprometido como estaba con las enormes empresas militares y navales de los últimos años de su reinado.

Para estas empresas se necesitaban cada vez mayores cantidades de plata de las Indias. Pero el hecho de que Felipe II estuviera involucrado en el norte de Europa tuvo también el efecto paradójico de mantener la plata en Indias, plata con la que pagar su defensa contra los ataques de sus enemigos del norte. El contrabando y la piratería habían formado parte siempre de la vida trasatlántica, desde que se estableció la navegación regular entre España y las Indias; y la captura por un corsario francés, en 1523, cerca de las Azores, de parte del botín mexicano enviado a la península por Cortés no fue nada más que un ejemplo, anormalmente espectacular, de los peligros a los que la «carrera de Indias» estaba cada vez más expuesta.[20] Los barcos que salían de Sevilla comenzaron a navegar en convoyes desde la década de 1520, y desde los años 1560 se estableció un sistema regular de flotas. Este sistema, aunque caro, justificaba el desembolso. Durante siglo y medio las flotas del tesoro sólo fueron víctimas de ataques enemigos en tres ocasiones: en 1628, cuando el almirante holandés Piet Heyn capturó la flota en la bahía de Matanzas, cerca de Cuba, y en 1656 y 1657 cuando el almirante Blake la atacó una vez en aguas españolas y otra vez en las proximidades de Canarias.

La defensa de las flotas demostró ser más factible que la defensa de las Indias mismas. El área para ser defendida era sencillamente demasiado extensa y escasamente habitada por españoles. Conforme los enemigos europeos de España identificaron la plata de las Indias como la fuente del poder español, creció su deseo de cortar los vitales lazos trasatlánticos y de establecer sus propias colonias en el Caribe y en la tierra firme americana. Una posible respuesta de los españoles era fundar nuevos asentamientos en regiones que fueran vulnerables a los ataques. Fue el intento de los hugonotes, en 1562, de fundar una colonia en Florida lo que hizo apresurarse a España a fundar su propio asentamiento permanente en San Agustín en 1565. Pero esta política no podía aplicarse uniformemente: cada nueva avanzada planteaba sus propios problemas de abastecimiento y defensa, y sus aislados defensores tenían muchas posibilidades de terminar, acuciados por las necesidades de supervivencia, realizando contrabando con los mismos extranjeros cuyas incursiones se suponía que deberían impedir.

El fracaso de John Hawkins en San Juan de Ulua en 1568 mostró que, como la potencia colonial que era, España gozaba de muy considerables ventajas en las aguas americanas contra las expediciones organizadas por sus rivales europeos. Pero, según se fue desarrollando la ofensiva protestante y, primero los ingleses y después los holandeses, en el siglo XVII, fijaron su atención en las Indias, un imperio español excesivamente extenso comenzó a tomar cada vez más conciencia de su vulnerabilidad. Fue el ataque al Caribe de Drake, en 1585-1586, el que obligó a los españoles a organizar un plan de defensa de las Indias sobre una base sistemática. En 1586, Felipe II envió al ingeniero italiano Juan Bautista Antoneli a revisar las defensas del Caribe. A la luz de su informe, se construyeron elaboradas fortificaciones para la protección de los principales puertos: La Habana, San Juan de Ulúa, Puerto Rico, Portobelo y Cartagena. La eficacia del nuevo sistema de defensa quedó demostrada con la derrota de la expedición de Hawkins-Drake en 1595, pero el coste de la construcción y el mantenimiento de las fortificaciones inevitablemente impusieron una carga muy pesada sobre los ingresos reales en las Indias.

El acceso de Felipe II al trono de Portugal en 1580 representó inicialmente un incremento de la potencia española. Le proporcionó una flota adicional; una nueva costa atlántica, con un puerto de primera categoría en Lisboa; y un nuevo vasto dominio en Brasil. Pero ello fue seguido de la incursión por vez primera de los holandeses en aguas sudamericanas, actuando como transporte de los portugueses; y desde finales del siglo XVI los cargadores holandeses comenzaron a mostrar un malsano interés tanto en el comercio de Brasil como en el del Caribe, adonde se dirigían en busca de sal. La tregua de los doce años de 1609-1621 entre España y las Provincias Unidas tuvo escaso impacto sobre el nuevo interés de los holandeses por las posibilidades de América. Su infiltración en el comercio de Brasil continuó; y en 1615 una expedición holandesa, siguiendo la ruta de Drake a través del estrecho de Magallanes, subió por la costa del Pacífico camino de las Molucas. La aparición de los holandeses en las aguas españolas del Pacífico mostró que una enorme y desprotegida línea de costa no iba a estar en adelante libre de ataques. Hubo que construir fortificaciones en Acapulco, y el príncipe de Esquiladle, virrey del Perú entre 1614 y 1621, se embarcó en un costoso programa de defensa costera, demasiado costoso en un momento en que España comenzaba a estar seriamente preocupada por la deteriorada posición de los Austrias en la Europa central.

En 1617 y 1618 el Consejo de Hacienda de España se quejaba amargamente del descenso de los fondos de la corona en las remesas de plata indiana y culpaba de ello a la retención de grandes cantidades por los virreyes de México y Perú. Mucho de este dinero se estaba usando para mejorar las defensas contra los ataques de los corsarios, y Perú tuvo también que cargar con el peso adicional de destinar 212.000 ducados cada año a la interminable guerra contra los indios araucanos de Chile. Las cifras de las remesas a Sevilla daban origen a las quejas de los ministros Mientras que Felipe II recibía dos millones y medio de ducados al año en la década de 1590, las cifras de los últimos años de Felipe III apenas alcanzaban el millón y, en 1620, cayeron a solo 800.000 ducados[21]21

Los costes de la defensa imperial, por tanto, estaban subiendo en una época en que los ingresos de la corona procedentes de las Indias mermaban, y cuando el comercio de Sevilla, en el que España estaba participando cada vez menos, comenzaba a mostrar signos de estancamiento Consecuentemente, los inicios del siglo XVII aparecen como un período crítico en las relaciones entre España y las Indias. Los tranquilos días de la plata fácil estaban terminándose, y en Castilla surgía una creciente preocupación mas por los costes del imperio que por sus beneficios. En la medida en que los castellanos durante el reinado de Felipe III iniciaron un gran debate acerca de lo que estaban comenzando a percibir como la decadencia de su país, no es sorprendente que se llegara a poner en cuestión el papel de las Indias Después de todo, ¿qué beneficios reportaban las Indias a Castilla? Para Martín González de Cellorigo, que escribía en 1600, las consecuencias sicológicas del imperio habían sido desastrosas para sus habitantes, creando falsas ilusiones de prosperidad y persuadiéndoles a abandonar trabajos que los habrían hecho más neos que todos los tesoros de las Indias[22]

En un momento en que la riqueza de los estados era medida cada vez más por el numero de sus habitantes, surgía igualmente una preocupación creciente por las consecuencias demográficas que tenía para Castilla la emigración a Indias. El mexicano Rodrigo de Vivero y Velasco, que escribía a comienzos de la década de 1630 con conocimiento de primera mano de las condiciones a ambos lados del Atlántico, era uno de los muchos españoles del siglo XVII que lamentaban la alta tasa de emigración a las Indias «Al passo que oy se camina España quedará sin gente y las Yndias podrían correr riesgo de perderse pues se les ba dando mucho mas de lo que cómodamente cabe ni combiene en ellas»[23]. Vivero describía el gran número de pasajeros, que hacían la travesía sin licencia, comprando sus pasajes a los capitanes de los barcos en Sanlúcar, Cádiz o Sevilla, con tanta naturalidad como si estuvieran comprando pan o carne Esta corriente, de emigrantes, quizás a una media de 4.000 al año a lo largo del siglo XVII, ayudó a crear en las Indias una población flotante sin ocupación que constituía una fuente constante de preocupación para las autoridades Pero desde el lado español del Atlántico el problema parecía incluso más seno, porque las Indias, en lugar de producir tesoros para Castilla, le estaban extrayendo la sangre

El sentido de desilusión sobre el valor de las Indias marcaba un profundo contraste con la idea del siglo XVI de que la conquista de América era una señal especial del favor de Dios hacia Castilla. El grado en que habían cambiado las actitudes puede medirse por el hecho de que, en 1631, el principal ministro de la corona, el conde-duque de Olivares (cuyas posesiones familiares en Andalucía exportaban vino a las Indias), se preguntaba en voz alta en una reunión del Consejo de Estado si las grandes conquistas no «han puesto esta monarquía en tan miserable estado que se puede decir con gran fundamento que fuera más poderosa si tuviera menos aquel nuevo mundo»[24]. Una afirmación como ésta, incluso hecha en un momento pasajero de exasperación, sugiere una especie de distanciamiento emocional que puede en sí mismo haber jugado un papel en el cambio de las relaciones entre España y las Indias en el XVII. A ambos lados del Atlántico surgían fuerzas que tiraban en sentido opuesto, un primer debilitamiento de los lazos de natural afinidad entre la metrópoli y sus dominios ultramannos

Y Castilla nunca necesito tanto a las Indias como tras la llegada de Felipe IV al trono en 1621, cuando expiró la tregua con los Países Bajos y España se encontró una vez más sola con la carga de los enormes y pesados compromisos europeos. La nueva intervención de España en un conflicto que amenazaba con extenderse por toda Europa la iba a obligar a incrementar su dependencia de las posesiones americanas Amenazada con el colapso de la economía castellana bajo presiones fiscales de guerra, el régimen del conde-duque de Olivares (1621-1643) se dispuso a explotar y movilizar los recursos de los diferentes estados y provincias de la monarquía española, incluyendo los virreinatos. El desastroso gobierno de Gelves en México constituyó el primer intento de invertir la tendencia de los decrecientes ingresos. Esfuerzos comparables se realizaron también para aumentar las rentas de la corona en Perú. En 1626 Olivares puso en marcha un elaborado sistema para compartir los gastos de la defensa Conocido como la Unión de Armas, según este sistema cada parte de la monarquía garantizaría la contribución de un determinado número de soldados de paga durante un período de quince años. Se acordó en Madrid que no era práctico solicitar soldados de las Indias y, en su lugar, el Consejo de Indias propuso en 1627 que el Perú efectuara una contribución anual de 350.000 ducados y la Nueva España de 250.000, dinero que se dedicaría a la organización de una escuadra naval para la protección de la navegación atlántica

La introducción de la Unión de Armas en Indias demostró ser casi tan difícil como lo fue en la España metropolitana, donde Portugal y los reinos de la corona de Aragón se mostraron más conscientes de los costes que de los beneficios del sistema. El conde de Chinchón, nombrado virrey del Perú en 1627 con el encargo de introducir la Union, encontró buenas razones para incumplirlo, y no fue hasta 1636 cuando el proyecto comenzó a funcionar doblando las alcabalas del 2 al 4 por 100 y con comparables aumentos en las tasas de aduanas En Nueva España se subieron también las alcabalas al 4 por 100 con el mismo propósito en 1639, esta vez para financiar un proyecto que había sido discutido durante largo tiempo en España y en las Indias la creación de una flota especial, la Armada de Barlovento, para vigilar las rutas del Caribe

Las décadas de 1620 y 1630 pueden considerarse, por tanto, como un periodo de nueva e intensificada fiscalización en las Indias, lo mismo que en España y en sus territorios europeos Impuestos aumentados, donaciones y prestamos forzosos, y la venta de derechos, privilegios y cargos, pueden considerarse como los rasgos más destacados de los años de Olivares a ambos lados del Atlántico, cuando el gobierno de Madrid luchaba por sostener su gigantesco esfuerzo militar y por salvar-a Castilla del colapso. Se apelaba a las Indias para soportar los gastos de su propia defensa, mientras simultáneamente también se esperaba que contribuyeran, y cada vez más, a la Hacienda Real.

Pero ¿hasta dónde eran capaces los territorios americanos en estos años de responder a las crecientes demandas de Madrid? Al menos para Nueva España, existen claras indicaciones de que la década de 1620 fue una época de dificultades económicas. En parte esto fue el resultado de los duros esfuerzos de reforma de Gelves, con su desastroso impacto sobre la confianza y el crédito. Pero fue también una época de condiciones climáticas inusualmente malas, reflejadas en una serie de malas cosechas, alta mortalidad en el ganado y, en 1629, una desastrosa inundación en la Ciudad de México causada por el desbordamiento de las aguas del lago Texcoco. Los propietarios de minas, por su parte, informaban del aumento en los problemas de la producción, con escasez en el abastecimiento de mano de obra y el agotamiento de vetas que anteriormente habían sido ricas. Por otro lado, las minas de Zacatecas, que respondían de hasta un tercio del total de la producción de plata mexicana en este período, continuaron produciendo con altos rendimientos hasta mediados de la década de 1630, cuando comenzaron una época de declive que duró 30 años. En las minas de plata de Potosí, en Perú, la producción, aunque nunca alcanzó las cotas logradas a fines del siglo XVI, se mantuvo razonablemente alta hasta los años 1650, ayudada en parte por la disposición de Madrid de dar prioridad a Perú sobre Nueva España en la asignación de las exportaciones de azogue europeo que ayudaba a cubrir el déficit de abastecimiento local desde las minas de Huancavelica.

Mantener las minas en producción, sin embargo, era una operación altamente costosa. Esto era en parte a causa de que la mano de obra era escasa en muchas regiones mineras y porque yacimientos fácilmente accesibles, que habían tenido un alto rendimiento durante el siglo XVI, se encontraban ahora próximos a agotarse. Pero ello reflejaba también el descenso del valor de la plata misma en Europa, donde su abundancia había hecho bajar el valor de un peso de plata con relación al oro. En España, la relación legal oro-plata, que había permanecido en 10,11 a 1 a comienzos del siglo XVI, se desplazó hasta 15,45 a 1 hacia mediados del siglo XVII.[25] Las economías mineras del Nuevo Mundo, por tanto, eran menos remunerativas para los productores que en años anteriores; y mientras que la vida económica de Perú y Nueva España se diversificaba durante el siglo XVII con el desarrollo de la agricultura y la industria locales, la fase de transición por la que estaban pasando los dos virreinatos los hacía altamente vulnerables al tipo de fiscalismo arbitrario al que se encontraron sujetos en los años de Olivares.

Al solicitar grandes donativos, o al apropiarse, como en Perú en 1629, de 1 millón de pesos de la comunidad mercantil, la corona estaba socavando terriblemente la confianza, sacando circulante de regiones donde ya normalmente era escaso y arruinando el sistema de crédito con el que se realizaban las transacciones locales y trasatlánticas. En estas circunstancias, no es extraño que los mercaderes de Indias, viendo su plata sujeta a la apropiación por la corona, bien allí o a su llegada a Sevilla, mostraran una creciente falta de disposición a exponerla a los azares de cruzar el Atlántico. Como resultado, el delicado mecanismo de la carrera de Indias, el vínculo marítimo entre España y el Nuevo Mundo, comenzaba a aproximarse a una ruptura en la década de 1630. Si seguían llegando sumas sustanciales para la corona a Sevilla, sin embargo los particulares se retraían ahora y consecuentemente había menos dinero disponible en la ciudad para invertir en la siguiente flota. En 1640, el año fatal para España cuando Cataluña y Portugal se rebelaron contra el gobierno de Madrid, no llegó flota con metales a Sevilla. Las excesivas demandas fiscales de la corona habían llevado al sistema trasatlántico al punto del colapso.

Durante aquellas décadas centrales del siglo, desde los años 1630 a los 1650, parecía efectivamente como si la monarquía española estuviera al borde de la desintegración. La monarquía era tan extensa, sus líneas de comunicación tan frágiles, sus limitados recursos estaban expuestos a una presión tan intensa como consecuencia de la tensión de la guerra que se estaba librando simultáneamente en varios frentes, que había razones para temer que una parte tras otra se fueran desgajando o que sucumbieran a los ataques de los enemigos. Aunque, bajo Felipe II, el conflicto internacional se había extendido a las aguas del Atlántico, América había permanecido al margen de la lucha. Sin embargo, bajo su nieto las rivalidades europeas adquirieron una dimensión global, en la que el Nuevo Mundo se encontró en la línea frontal de ataque. Los asentamientos ingleses en América del Norte en los años que siguieron a la paz anglo-española de 1604 habían mostrado que las esperanzas de mantener un monopolio ibérico en América eran ilusorias; pero fue la agresividad de los holandeses en los años siguientes al fin de la tregua de los doce años en 1621 la que reveló la verdadera escala del problema de la defensa que ahora tenía que encarar Madrid.

En 1624 una expedición organizada por la recientemente fundada Compañía Holandesa de las Indias Occidentales tomó Bahía, en Brasil. Otra expedición conjunta hispano-portuguesa desalojó a los holandeses al año siguiente, pero ello representó un gran esfuerzo para la maquinaria de guerra española, difícil de repetir en una época en que los recursos estaban fuertemente comprometidos en Europa. En 1630 los holandeses lanzaron su segunda invasión de Brasil y esta vez, aunque Olivares preparó un contraataque, hubo que posponerlo año tras año. Durante la década de 1630, por tanto, los holandeses pudieron consolidar su control sobre las regiones productoras de azúcar en el noreste de Brasil, y la nueva armada finalmente enviada desde Lisboa en 1638 no consiguió nada destacable y se dispersó tras un encuentro sin resultados con la flota holandesa en aguas brasileñas en enero de 1640.

La incapacidad de la corona española para salvar Pernambuco de los holandeses tuvo grandes repercusiones en la península. La unión de las coronas de España y Portugal en 1580 nunca fue popular en este último reino, pero uno de los argumentos a su favor era que ello permitía a los portugueses aprovecharse de los recursos de España para la defensa de sus propios territorios ultramarinos. Este argumento que ya se había revelado sin valor en las Indias Orientales en los primeros años del siglo, lo perdía ahora con lo que había sido el territorio más rentable de Portugal en ultramar, Brasil. Simultáneamente, los mercaderes portugueses, que se habían beneficiado de la unión de las coronas para introducirse en la América española y especialmente en el virreinato del Perú, se encontraron expuestos en los años 1630 a una creciente hostilidad y discriminación por parte de los españoles y los criollos. Hacia 1640, por tanto, se hacía obvio para la comunidad mercantil portuguesa que la unión no ofrecía ya las ventajas que una vez la habían hecho aceptable; y esto a su vez predispuso a muchos de ellos a aceptar los hechos consumados el 1 de diciembre de 1640, cuando el duque de Braganza fue declarado rey de un Portugal independiente.

La secesión de Portugal fue otro golpe para la carrera de Indias, que socavó aún más la confianza de Sevilla y la privó de las inversiones de Lisboa que tanto hacían falta. Además, al tiempo que Brasil se desgajaba de la monarquía, ésta sufría aún más pérdidas en el Caribe. Aquí, una vez más, fueron los holandeses quienes tomaron la iniciativa. En la década de 1620 fueron flotas holandesas las que facilitaron una protección para que ingleses y franceses pudieran dedicarse a ocupar las despobladas o escasamente habitadas islas de las Pequeñas Antillas. En 1634 los holandeses se establecieron ellos mismos en Curaçao, y a comienzos de la década de 1640 el Caribe comenzaba a ser un lago europeo, con Tortuga, Martinica y Guadalupe ocupadas por los franceses, con los ingleses en Barbados, San Cristóbal y Antigua, y con puestos comerciales holandeses establecidos en las islas de la costa venezolana.

Los españoles respondieron lo mejor que pudieron. La Armada de Barlovento entró por fin en acción en 1640, pero no fue tan eficaz como sus defensores habían esperado, en parte porque frecuentemente tuvo que dedicarse a escoltar a los convoyes trasatlánticos. Los propios colonos tuvieron éxito al rechazar algunos ataques, y la tierra firme y las principales islas estaban defendidas satisfactoriamente gracias a las reforzadas fortificaciones. Pero la captura de Jamaica por los ingleses en 1655 fue sintomática del cambio importante que había tenido lugar en el Caribe durante el medio siglo anterior. Las relaciones directas entre España y Jamaica habían cesado virtualmente veinte años antes, en 1634. En efecto, por entonces España estaba concentrando sus recursos cada vez menores y abandonaba avanzadas lejanas que habían llegado a ser prohibitivamente caras. Esta política funcionó en el sentido de que España salió de sus problemas de mediados de siglo con su imperio de las Indias en gran medida intacto. Lo que, sin embargo, se había perdido para siempre era su monopolio del Nuevo Mundo. Este hecho fue tácitamente reconocido en el tratado de paz dé Münster en 1648 que ponía fin a 80 años de guerra con los holandeses, acuerdo que permitió a estos últimos continuar en posesión de los territorios que estaban ocupando aunque se les prohibiera comerciar con las Indias españolas. En 1670 se reconoció en una escala aún mayor en el tratado de Madrid, entre España e Inglaterra, por el que España aceptaba de hecho el argumento inglés de que no era el primer descubrimiento, sino la auténtica ocupación y colonización, lo que proporcionaba el derecho de posesión.

La relación entre España y las Indias experimentó, de este modo, un cambio decisivo como resultado del conflicto internacional desde los años 1620 a 1650. España misma resultó tremendamente debilitada; el Caribe se hizo internacional y se convirtió en una base desde la cual el comercio ilícito podía realizarse a gran escala con la tierra firme americana; y las sociedades coloniales de las Indias se vieron dependientes de sus propios recursos, inclusive en la importante área de la organización militar.

La tarea de defender las Indias de ataques enemigos había recaído tradicionalmente en los encomenderos, de quienes se esperaba que tomaran las armas cuando se divisara una flota en señal de guerra. Pero, como la misma encomienda perdió su eficacia institucional, los encomenderos dejaron de ser una fuerza de defensa eficiente y hacia el siglo XVII la corona encontró más ventajoso apropiarse de una parte de las rentas de sus encomiendas para mantener un cuerpo de hombres pagados. Aunque de España se traían soldados para servir en las guardias virreinales y para las guarniciones de las fortificaciones costeras, las irregularidades y la falta de idoneidad de estas tropas hicieron que los destacamentos tendieran a estar incompletos y los colonos tomaron conciencia de que, en caso de peligro, había poca esperanza de salvación a menos que se salvasen ellos mismos. Las milicias urbanas y las levas voluntarias jugaron, por tanto, un papel cada vez más importante en la defensa de las Indias conforme avanzaba el siglo XVII. El virreinato del Perú, por ejemplo, respondió al ataque del capitán Morgan al istmo de Panamá en 1668-1670 con una movilización general. El fracaso del esquema de Olivares de una Unión de Armas por toda la monarquía había conducido a los colonos de las Indias a desarrollar sus propios mecanismos de defensa.

Así, militar y económicamente los lazos entre las Indias y la España metropolitana casi se habían perdido, al menos temporalmente, por el enorme debilitamiento de España durante las décadas centrales del siglo. Pero al mismo tiempo las Indias seguían sujetas a presiones fiscales intensas y al duro peso del control burocrático español. La combinación en el siglo XVII de abandono y explotación no podía dejar de tener una profunda influencia en el desarrollo de las sociedades americanas. Creó oportunidades para las oligarquías locales, que se aprovecharon de la debilidad de la corona, para consolidar aún más el dominio en sus comunidades adquiriendo por compra, chantaje o usurpación extensas áreas de tierra. Si para Nueva España y, en menor medida, para Perú el siglo XVII fue el de la formación de los latifundios, ello no dejaba de tener relación con el debilitamiento del control real en las Indias. Ni tampoco, para el caso, dejaba de tenerla otro fenómeno permanente en la vida de América Latina, el caciquismo rural. En el contexto político y administrativo del siglo XVII se presentaban innumerables oportunidades para el magistrado local de convertirse en el patrón local.

Latifundismo y caciquismo eran en cierto modo los productos del abandono metropolitano. Un tercer resultado a largo plazo de la época fue el crecimiento del criollismo, el sentimiento de la diferente identidad criolla, que reflejaba esa otra faceta de la vida en las Indias durante el setecientos, la explotación metropolitana. Las relaciones entre los criollos y los recién llegados de la península, los llamados gachupines, nunca habían sido completamente cordiales. Por una parte existía resentimiento y por la otra desprecio. El resentimiento venía de los innumerables pinchazos que los recién llegados de España inevitablemente aplicaban a los colonos con sentimientos ambivalentes acerca de la madre patria. Venía también de las frustraciones de una comunidad mercantil irritada por las restricciones que ejercía Sevilla en su monopolio. Pero sobre todo venía del hecho de que tantos y casi los mejores cargos, en la iglesia y el estado, estuvieran reservados a los españoles.

Las órdenes religiosas, en particular, estaban fuertemente divididas por rivalidades entre peninsulares y criollos. Fue para amortiguar estas rivalidades por lo que el sistema de «alternativa» se adoptó de manera cada vez más general durante el siglo XVII. Bajo este sistema el gobierno provincial de las órdenes religiosas se alternaba entre individuos nacidos en la península y criollos. Pero la misma alternativa podía ser causa de conflictos, como sucedió con los franciscanos peruanos en la década de 1660 cuando los españoles, a los que los criollos excedían en número ampliamente, se aseguraron un decreto papal imponiendo el sistema con el que salvaguardaban su propia posición. La verdad era que cada nueva generación de criollos se sentía un paso más alejada de la España metropolitana y, por tanto, cada vez más reacia a aceptar el tipo de tutelaje implícito en la relación entre la madre patria y sus colonias.

Pero los vínculos de parentesco, intereses y cultura que ligaban a la metrópoli con los colonos de las Indias eran profundos y no fáciles de romper. La cultura urbana desarrollada en América era, y continuó siéndolo, fuertemente dependiente de la española. Aunque la Ciudad de México dispuso de una imprenta en 1535 y otras se establecieron en los siglos XVI y XVII en Lima, La Paz, Puebla y Guatemala, la mayor parte de la producción local se reservaba para libros usados en la evangelización de los indios. Para su cultura los colonos dependían de las imprentas de España; y da idea de la proximidad de los lazos y de la notable velocidad de transmisión el hecho de que en 1607, tres años después de la publicación de la primera parte de Don Quijote, el caballero de La Mancha y su escudero hicieran su primera aparición americana en una fiesta celebrada en Pausa, en Perú.[26]

Mientras que los libros y obras españolas mantenían a los colonos en contacto con las últimas tendencias intelectuales de Madrid, los colegios dominicos y jesuitas que se expandieron por el Nuevo Mundo daban la educación hispánica tradicional. En 1538, el colegio dominico de Santo Domingo alcanzó el rango de universidad, según el modelo de la de Alcalá de Henares. La Ciudad de México y Lima tuvieron sus propias universidades en 1551. Sus estatutos, privilegios y programas de estudios fueron tomados de Salamanca, como Francisco Cervantes de Salazar, profesor de retórica en México, señalaba orgullosamente en 1554, en un diálogo imaginario en el que a un visitante se le mostraban las principales vistas de la ciudad.[27] La educación escolástica al estilo metropolitano que los hijos y nietos de los primeros conquistadores y encomenderos recibían en las universidades indianas era a la vez un símbolo de alta posición social y un indicativo de su participación en una amplia tradición cultural que no conocía frontera atlántica.

Pero, incluso cuando la cultura hispánica buscó reproducirse a sí misma en ultramar, estuvo sujeta a sutiles cambios. Ello sucedió primeramente con el vocabulario de los colonos que pronto incluyó palabras de origen indígena: cacique, canoa, chocolate. Nuevos estilos de sensibilidad lucharon por encontrar vías de expresión a través de formas artísticas y literarias tradicionales; y había un sentimiento creciente de vinculación territorial entre los españoles americanos con respecto a su propio Nuevo Mundo, una vinculación que comenzó a encontrar expresión literaria en obras como la Grandeza Mexicana, el largo poema de Bernardo de Balbuena, publicado en 1604.

Durante el siglo XVII se multiplican los indicios de que los criollos se habían embarcado en la larga búsqueda para establecer su propia identidad. La popularidad del culto a la Virgen de Guadalupe que iba en aumento en Nueva España, por ejemplo, era un medio de proclamar que México era una entidad distinta y separada, sin ir tan lejos como para romper los lazos de lealtad a la corona y a la tierra española. Si se puede encontrar un símbolo que ilustre el recién hallado sentimiento de una comunidad histórica diferenciada en Nueva España es el arco triunfal erigido en la Ciudad de México en 1680 para la entrada del nuevo virrey, el marqués de La Laguna. Por primera vez en un arco de esta clase los dioses y emperadores de los aztecas fueron exhibidos. Una vez que el pasado prehispánico podía ser usado por los descendientes de los conquistadores como un medio de autoidentificación frente a un español metropolitano, es claro que al menos una parte de la sociedad colonial había cruzado una importante divisoria sicológica.

Hacia 1700, por tanto, cuando la dinastía de los Austrias que había gobernado España y las Indias durante casi dos siglos se había extinguido, los Borbones se encontraron con un legado que no se prestaba a una fácil administración. Durante el siglo XVI la corona, a pesar de todos sus fracasos, había conseguido mantener un control notablemente estrecho sobre la nueva sociedad posterior a la conquista que se estaba desarrollando en las Indias. Sin embargo, a fines del reinado de Felipe II, y como sucedía también en la misma España, las tensiones comenzaban a producir sus efectos. Las necesidades financieras de la corona, causadas por sus enormes gastos en la búsqueda de una política exterior inmensamente ambiciosa, la estaban forzando en todos los sitios a compromisos con las comunidades locales y los grupos sociales privilegiados. Y las Indias no fueron una excepción. Allí, como en Castilla o Andalucía, se pusieron a la venta cargos, se arreglaron tácitos acuerdos con las élites locales, y el estado, aunque aún actuaba de manera entrometida, estaba en franca retirada.

Durante el siglo XVII la crisis se agudizó en la metrópoli y si ello ocasionó nuevos intentos de cruda explotación de las Indias para el beneficio de aquélla, también significó mayores oportunidades para las confiadas y firmes oligarquías de América de tornar en su beneficio las desesperadas necesidades del estado. Las restricciones con las que dichas oligarquías operaban seguían siendo las mismas que en el siglo XVI; todo tenía que resolverse oficialmente con referencia a Madrid. Pero, incluso así, existía un margen cada vez mayor para maniobrar independientemente. Una inflada burocracia indiana daba lugar a interminables oportunidades para inclinar las normas y satisfacer las necesidades locales; una corona lejana y en quiebra podía normalmente comprarse cuando interfería demasiado en los detalles de las relaciones entre la élite colonizadora y la población indígena. En las Indias, como en las demás partes de la monarquía española, el siglo XVII fue eminentemente la época de la aristocracia.

El sistema que los Borbones del siglo XVIII encontraron en las posesiones de la América española podría ser descrito, pues, como de autogobierno a la orden del rey. Las oligarquías de las Indias habían alcanzado un nivel de autonomía dentro de un esquema más amplio de gobierno centralizado y dirigido desde Madrid. Era un sistema que no alcanzaba las aspiraciones de Carlos V y Felipe II, pero que aún conservaba a las Indias fuertemente dependientes de la corona española. Reflejando un tácito balance entre la metrópoli y las comunidades de colonos, ofrecía estabilidad más que movimiento, y sus principales víctimas, inevitablemente, eran los indios. Permitió a la América española sobrevivir a las calamidades del siglo XVII e incluso prosperar moderadamente y, a pesar de las depredaciones extranjeras, el imperio americano de España seguía prácticamente intacto cuando el siglo se aproximaba a su final. Quedaba por ver si un sistema tan flexible y cómodo podría sobrevivir a un nuevo tipo de rigor, el rigor de la reforma del siglo XVIII.

Capítulo 2
ESPAÑA Y AMÉRICA: EL COMERCIO
ATLÁNTICO, 1492-1720

España y su imperio americano, el Viejo Mundo y el Nuevo, estaban unidos por el océano Atlántico. Veleros de madera, frágiles según los criterios modernos, hicieron trabajosamente la ruta de ida y vuelta a América año tras año durante más de tres siglos, con asombrosa constancia y regularidad. Estos barcos, los puertos de donde salían y adonde llegaban, el recorrido que seguían, el tiempo que empleaban y la gente que trabajaba o viajaba en ellos, forman un fascinante capítulo de la historia del mar. La «carrera de Indias», como se llamaba a menudo la conexión marítima hispanoamericana y al comercio que transportaba, era también, por supuesto, un factor económico y, en último término, social y cultural de gran importancia. Las flotas traían a Europa maíz, patatas, azúcar y tabaco, así como oro y plata. A su vez, Europa enviaba, al tiempo que gente y manufacturas, trigo, cerdos, ovejas y ganado bovino que afectaron grandemente la dieta y el paisaje americanos. Este comercio atlántico durante los siglos XVI y XVII se estudiará en las siguientes páginas. La propia «carrera» atravesó una serie de ciclos, cortos y largos, que reflejaban y afectaban al mismo tiempo las condiciones socioeconómicas de la madre patria y de las colonias. Además, a medida que las rivalidades imperiales europeas crecieron, especialmente en el Caribe, la carrera fue amenazada, directamente por piratas y corsarios e indirectamente por los esfuerzos de los contrabandistas del norte de Europa, para sustituirla en su papel de proveedor y cliente del imperio hispanoamericano.

La empresa colonial española, o, para ser más precisos, castellana, en el Atlántico siguió a casi un siglo de exploraciones portuguesas de las costas atlánticas orientales. Portugal había iniciado también la colonización en las islas de la plataforma continental europea y africana. El que Castilla llegara al Nuevo Mundo antes que Portugal fue un accidente: se debió a la decisión de Colón de abandonar Lisboa y la corte de Juan II para buscar apoyo en Fernando e Isabel. El descubrimiento y colonización de América por España fue, así pues, parte de una expansión ibérica por el Atlántico llevada a cabo durante los siglos XV y XVI y comandada por los portugueses.[1]

España y Portugal disfrutaban de una gran ventaja sobre las naciones del occidente europeo por la posesión de la costa y los estuarios entre Lisboa y el río Guadalquivir. Allí se encontraron el Mediterráneo y el Atlántico, de igual modo que sus tradiciones marineras y sus técnicas de navegación. Había muchos buenos puertos en Galicia, Asturias y el País Vasco, y algunos construyeron y facilitaron barcos a la carrera, incluido el primer barco de Colón, durante los siglos del comercio de las Indias; pero los vientos predominantes en el noroeste de España eran, durante la mayor parte del año, del suroeste. Desde el principio, Sevilla y los puertos cercanos a la desembocadura del río Guadalquivir, en Andalucía suroccidental, fueron la principal conexión de España con las Indias. Los vientos predominantes en el privilegiado suroeste de la península, sobre todo en los meses de verano, eran mayoritariamente del norte. Las ventajas para un velero que intenta dejar las costas ibéricas con rumbo sur u oeste son evidentes. Además, la parte suroeste del océano ofrecía varios grupos de islas escalonadas adecuadas para reparar y repostar, ya fuera el destino la costa de África y la India o el Caribe. Las Canarias se convirtieron en la parada obligada y preferida de la ruta de las Indias españolas, y las Cabo Verde la parada empleada cuando se navegaba la costa de África o al ir con rumbo este. Las Azores y, en menor medida, Madeira eran más adecuadas para las notas que volvían de América, y los barcos españoles las usaban cuando lo necesitaban y los portugueses lo permitían. Las Canarias llegaron a ser algo así como un laboratorio para la conquista y colonización de Hispanoamérica. Muchas de las técnicas e instituciones de la conquista y colonización y algunas de las nuevas cosechas e industrias se probaban, mejoraban y establecían en Canarias. Ese papel y el de algunas de las otras islas se mantuvo durante los siglos coloniales e incluso continuó después, no sólo como el de estaciones intermedias y laboratorios, sino también como el de colaboradores comerciales y proveedores de inmigrantes a las Indias.

El primer viaje de Colón, la famosa expedición de 1492 con tres carabelas y 87 hombres, siguió una ruta más al norte, hacia el Caribe, que las usadas después. Los tres barcos se lanzaron con rumbo sur-suroeste desde la costa española con el viento tras de sí hasta que llegaron a Canarias, pero entonces la flotilla viró claramente hacia el oeste, con muy poca inclinación hacia el sur hasta el último tercio del viaje. Así llegaron los tres barcos a las Bahamas, que en tiempos coloniales eran más a menudo la salida del Caribe que la entrada a él.

De hecho, Colón se mantuvo demasiado al norte, pero a pesar de ello, gracias a la buena suerte y a su gran habilidad marinera, su primer viaje fue una travesía rápida y, además, su cuarto viaje fue uno de los más rápidos que se hayan hecho nunca a vela en el Atlántico. Sin embargo, las flotas posteriores solían seguir una ruta más al sur, guiadas por los vientos y las mareas. Copiaban la ruta de Colón hasta las Canarias, donde recogían provisiones, géneros de exportación y emigrantes, pero después continuaban hacia el suroeste con los vientos del nordeste tras de sí hasta que alcanzaban los vientos del sureste —si conseguían mantenerse al norte de las terribles zonas de calma chicha—. Impulsados por los vientos del sudeste y ayudados por las corrientes norecuatoriales y del Caribe, los barcos atravesaban una de las entradas del sur, que recorrían las islas entre Trinidad y Guadalupe, hacia el Caribe, deteniéndose a menudo en este segundo grupo de escalas para repostar, cuidar a los enfermos y hacer reparaciones. Entre 1536 y 1650 alrededor del 75 por 100 de los barcos españoles que entraban en el Caribe se pararon en Dominica, Martinica, Guadalupe y las dos islitas de Deseada y María Galante, una medida muy necesaria para cualquier época de la navegación a vela.

Los viajes de vuelta normalmente seguían una ruta más al norte, saliendo del Caribe por los estrechos que hay entre Cuba y Florida y rodeando las Bahamas. La idea era usar la corriente del Golfo y después coger los vientos del oeste del Atlántico Norte. Los viajes de Colón establecieron también el esquema de los regresos. Estas rutas, que serán examinadas más adelante, fueron factores de gran importancia para el crecimiento y la situación de los puertos españoles en las Indias y para el desarrollo o atraso de zonas económicas y productos en las posesiones españolas.

El barco básico de los primeros tiempos de la exploración atlántica fue la carabela. Era pequeña incluso para la época, con un promedio aproximado de 100 toneladas, pero rápida y marinera. A medida que los viajes se hicieron más continuos y creció el volumen del comercio, se le unió un barco mercante mayor, la nao, de aparejos cuadrados. Alrededor de 1550 el galeón se había perfeccionado y pronto reemplazó a la carabela. Era mayor, tenía alrededor de unas 400 toneladas, estaba mucho más pesadamente armado y tenía más espacio de carga. Su casco recordaba el de la galera mediterránea. Aunque al principio lo usaron españoles y portugueses, el versátil galeón fue pronto adoptado por sus rivales del norte, holandeses e ingleses. Hablando en general, hasta 1700 las flotas españolas mantuvieron barcos más pesados, menos manejables y con más castillos que sus rivales del norte. Cuando la nao y el galeón cobraron mayor importancia, la carabela fue relegada al comercio entre España y Canarias y a la navegación costera en el Caribe.

Se ha investigado poco sobre el promedio de duración de los barcos del siglo XVI. Dependía mucho del cuidado y el mantenimiento, que implicaba un laborioso carenado a intervalos determinados. Los barcos de madera se pudrían pronto en los climas húmedos y tropicales y la parte baja era atacada por los gusanos toredo y el gran número de parásitos marinos conocidos por los españoles como barva. Los naufragios provocados por las deficientes cartas náuticas de las costas, las tormentas del Atlántico y los huracanes del Caribe, los piratas y la sobrecarga acortaban la duración de estos navíos. El Nuestra Señora del Pilar, galeón de 640 toneladas, se construyó en La Habana en 1610 e hizo la travesía del Atlántico 18 veces en los siguientes 13 años, siguiendo casi exactamente las rutas de entrada y salida antes descritas. Fue desguazado finalmente en 1623 en Veracruz para aprovechar sus maderos y piezas de metal. Su duración puede ser la típica, o, si acaso, un poco más larga que la media.

Los barcos se construían donde había facilidad para encontrar los materiales necesarios. El complejo de puertos andaluces necesitaba proveerse de grandes troncos y materiales de barco, por ejemplo, pez y cordajes. Muchos de los primeros barcos se construyeron en los puertos del norte de la península, pero a medida que se extendía la decadencia de España esta zona aportaba pocos barcos, o ninguno, y Holanda y las Indias asumieron el control de la construcción. Hacia 1650 España construía menos de un tercio de las flotas de las Indias, mientras que Holanda y las Indias occidentales producían más de un tercio cada una. El período más bajo de la construcción de barcos fueron las décadas de 1650 y 1660. La construcción de barcos en el Caribe decayó especialmente en las décadas de 1670 y 1680. Después, la construcción de barcos en España y el Caribe aumentó lentamente y recuperaron una mayor participación en los barcos de la «carrera».

En las colonias hispanoamericanas, los astilleros funcionaron pronto y primero fueron los de la costa del Pacífico. Guatulco en Nueva España, y Realejo en Nicaragua, tenían acceso a reservas de pino duro, brea para calafatear, también proveniente de los pinos, y algodón, cayuga, pita y cactus para las velas, el cordaje y el calafate. Más tarde Guayaquil, cercana a bosques de maderas duras y con su propio lago de brea, tomó un puesto importante y siguió manteniéndolo durante todo el período colonial. El Caribe fue más lento en el desarrollo de astilleros, pero alrededor de finales del siglo XVI La Habana, Maracaibo y Campeche tenían astilleros reconocidos, con dependencias menores en Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica y los pequeños puertos de la costa norte de Tierra Firme. Alrededor del año 1500, cañones fundidos en bronce que podían ser desplazados con el ejército se instalaron en los barcos. Como Portugal, España importaba cañones de Flandes y del norte de Alemania, y cobre de Amberes. A medida que crecía su interés en el Atlántico, España hizo enormes esfuerzos para aminorar su dependencia de los envíos extranjeros. Se establecieron fundiciones de armas en Medina del Campo, Málaga, Barcelona y, ya demasiado tarde, en 1611, en Sevilla. A pesar de este intento de sustituir la importación, las fundiciones de España nunca llegaron a cubrir sus necesidades y siempre siguió siendo necesario importar del norte de Europa.

Las armas a bordo del barco se llevaban primero en la cubierta superior o en los castillos. Las carabelas eran demasiado pequeñas y ligeras para llevar muchas. Los barcos portugueses de la costa africana en el siglo XV solían llevar unos 15 cañones pequeños. A principios del siglo XVI el hecho de abrir escotillas para los cañones en los cascos de los barcos más el creciente uso del galeón y la nao alteraron todo. Las hileras de cañones en cada cubierta eran cosa normal en los barcos de guerra con ruta oceánica desde 1550. Esta cantidad de cañones ligeros tenía dos finalidades. Facilitaban armamento en caso de batalla en el mar o bombardeo y podían ser desembarcados para expediciones en tierra por zonas desconocidas. Los cañones de Cortés en su marcha sobre Tenochtitlan podrían haber sido considerados anticuados y de segunda clase por los principales fabricantes de armas del norte de Europa, pero cumplieron su cometido. Todos se habían sacado de los barcos y después habían sido colocados en plataformas con ruedas. Esos cañones, sacados de los barcos, eran transportados por mulas u hombres. Los marineros impulsaron los de la expedición de Cortés hasta que los subordinados indios los relevaron.

La palabra más usual para describir las tripulaciones de los barcos de los siglos XVI y XVII es «abigarrada», pero esto nos dice poco, y de hecho los marineros de la época, como grupo social, han sido poco estudiados. Es evidente que la mayoría de la baja marinería pertenecía a las clases sociales más pobres. Muchos de ellos serían delincuentes menores que escapaban de la última escaramuza con la ley yéndose al mar. También se enrolaba a los hombres por fuerza, bien cuando estaban bebidos o cuando tenían deudas, y se encontraban en el mar antes de que supiesen dónde estaban. Otros eran esclavos o delincuentes condenados, forzados a ser marineros contra su voluntad. Muchos de los primeros marineros de la «carrera» atlántica eran probablemente hombres sin trabajo de las riberas de Sevilla, Cádiz, Palos y pueblos más pequeños de esa costa. Uno puede figurarse que el nivel de entusiasmo y profesionalidad que hubiera entre aquellos hombres sería bajo.

La vida en el mar —que se describe más adelante con detalle— era poco atractiva; era sucia, peligrosa y muy insalubre. La comida y las condiciones de vida eran horrendas, de forma que en los viajes más largos los barcos que se retrasaban parecían cementerios cuando atracaban. El escorbuto, resultado de la falta de vitaminas y una dieta inadecuada, aparecía casi inevitablemente tras dos o tres semanas en el mar. Aunque la eficacia de los cítricos no se desconocía del todo a fines del siglo XVII, su uso extendido para protegerse de los devastadores efectos del escorbuto llegó mucho más tarde. La dieta básica de galleta de barco agusanaba, tocino salado de cerdo y agua salada tibia provocaba, notablemente, poco descontento en esta etapa inicial, según podemos inferir de los escasos datos que tenemos, pero el castigo a los pequeños delitos era severo. La pena capital era común y se añadía a los altos niveles de mortandad de los barcos que navegaban por el Atlántico.

La investigación probablemente cambiará en alguna medida el desagradable bosquejo que hemos presentado. Sabemos, por ejemplo, que algunos de los marinos andaluces y portugueses de principios del siglo XVI, y posiblemente algunos del siglo XVII también, provenían de familias de navegantes de los pequeños puertos de la favorecida costa. Esos hombres eran expertos, audaces y animosos. Su experiencia los colocaba frecuentemente en lugares importantes de la tripulación. Los encontramos como pilotos y contramaestres. Los hermanos Pinzón que navegaron con Colón, son los representantes más conocidos de estas familias marineras. Los barcos necesitaban hábiles artesanos. Carpinteros, toneleros para los barriles de vino y agua, herreros, fabricantes de velas y artilleros (los griegos eran reconocidos artilleros en la flota española) podían encontrarse en la mayoría de los grandes barcos.

Parece haberse producido una continua disminución en el número de marineros durante los siglos XVI y XVII. Presumiblemente aquella vida no atraía a muchos que tuvieran alguna posibilidad de elegir. Los artesanos y marineros expertos y hábiles eran aún más escasos y, por supuesto, más imprescindibles. A la vez que crecía el tamaño del barco disminuía la cantidad de marineros y de profesionales por tonelada. Un barco de 600 toneladas llevaba mayor tripulación que uno de 100, pero no mucho mayor. Pero la demanda no llegaba a satisfacerse. Los armadores y patrones que pretendían llegar al Caribe y, dentro de lo posible, volver a España, debían asegurarse de que se embarcara en Sevilla una tripulación completa. Desde luego el más prudente contrataba un número mayor del que se precisaba en principio. Las muertes en el mar eran frecuentes y, aparentemente, inevitables, y se contaba con estas pérdidas. Encontrarse con menos tripulación de la necesaria para manejar el barco era la pesadilla tanto de los armadores como de los marineros. Entonces el bajel, ingobernable, iría dando bandazos a la deriva por el Atlántico hasta que, en el peor de los casos, la tripulación muriese de sed y enfermedades. También llevar una tripulación demasiado numerosa era un desastre de otro tipo. Los marineros ocupaban sitio que podrían haber ocupado pasajeros de pago y consumían reservas que podrían haber comido también pasajeros de pago. Y lo que era peor aún: ellos y sus bultos de provisiones y barriles restaban un valioso espacio de carga en los pequeños barcos de capacidad reducida. Todas estas circunstancias adversas tuvieron amplios efectos en la «carrera» del Atlántico y, por extensión, en el Nuevo Mundo hispánico.

Los oficiales y los pasajeros distinguidos vivían sobre cubierta, durmiendo en los castilletes u otros pequeños habitáculos de la cubierta superior. A proa del palo mayor estaba el fogón, un hornillo de carbón vegetal que se sostenía sobre una superficie metálica, alrededor del cual se amontonaban los hombres una vez al día para recibir comida caliente cuando el tiempo permitía guisar. Los hombres dormían en yacijas o «petates» entre las cubiertas (las hamacas fueron una introducción posterior) lo mejor que podían, rodeados por los barriles de los pasajeros, sus propios y escasos bultos y provisiones, las cureñas de las armas y los rollos de cordaje. El barco cabeceaba y se inclinaba continuamente, y cuando había tormentas la tripulación dormía, literalmente, en los imbornales, pues el mar barría el barco y el agua salía entre las cubiertas. Tanto los hombres como sus ropas permanecían mojados durante días. Abajo estaban las odiadas bombas de achique, que tenían que usarse en los barcos de madera con más o menos frecuencia según las condiciones del calafateado y las junturas. La bodega de carga estaba en medio del barco. A menudo estaba cerrada y fuera del alcance de la tripulación.

Existen unos pocos relatos de viajes en primera persona, pero, por supuesto, es difícil establecer si son representativos. Uno de los más entretenidos es el del fraile dominico Tomás de la Torre, que viajó desde Salamanca a Ciudad Real de Chiapas entre 1544 y 1545 acompañando al obispo Bartolomé de las Casas y a otros frailes a su nueva diócesis. Su viaje hasta Sevilla duró exactamente un mes, ciertamente un preámbulo fatigoso del viaje oceánico para muchos otros emigrantes. Desde Sevilla, los frailes fueron río abajo hastía Sanlúcar de Barrameda, pero tuvieron que esperar alrededor de cinco meses a la flota de Nueva España, una pausa cara e inútil que era también muy común. Ese año la flota consistía en 25 naos y carabelas y 1 galeón. Entre los viajeros distinguidos se contaba la esposa del virrey, con destino a México.

El 10 de julio los barcos cruzaron la barra de Sanlúcar con ciertas dificultades. De la Torre se queja del mucho calor de estos días de verano, mientras estaban detenidos en la barra a la desembocadura del río, y del mareo que aquejó a muchos durante los primeros días en mar abierto. Se avistaron corsarios franceses, pero éstos no se aproximaron. De pronto, De la Torre se queja de la sed provocada por el calor, las galletas y la comida salada. También murmura contra lo incómodo y promiscuo de las condiciones de vida y del sitio para dormir. El 19 de julio los barcos avistan Tenerife, en Canarias, y el día siguiente atracan en La Gomera, donde permanecen diez días para reavituallarse y descansar. Habiéndose hecho a la mar de nuevo el 30 de julio, muchos enfermaron con los temporales, y pronto volvieron las quejas sobre la sed y la comida deficiente. Hacia el 20 de agosto el barco se encontró sin viento y durante otros siete días calurosos y opresivos avanzó poco. Algún tiempo después, avistaron las islas Deseada y María Galante, pero no desembarcaron en ellas por miedo a los indios caribes. El calor, la sed y los vientos inestables continuaron hasta el 3 de septiembre, en que arribaron a San Juan de Puerto Rico. Allí se disgregó la flota; algunos barcos abandonaron porque se habían registrado demasiadas muertes a bordo y otro porque hacía aguas. Doce naos y una carabela continuaron hacia Veracruz.

Se detuvieron en Santo Domingo el 9 de septiembre, exactamente 40 días después de salir de Canarias. Allí abandonaron la flota principal y con un solo barco se encaminaron el 14 de diciembre rumbo a la costa de Campeche. La tripulación y los pasajeros se preocupaban ahora por los piratas franceses porque el barco carecía de armamento y se encontraba solo. Se toparon con la primera tormenta fuerte entre los días 16 y 20 de diciembre y pensaron en abandonar el barco. Finalmente, el 9 de enero de 1545 arribaron a la pequeña villa de Campeche. Pero incluso entonces no acabaron sus penalidades. Mientras navegaban entre Campeche y Tabasco una canoa volcó y 9 frailes se ahogaron en la Laguna de Términos. Una vez en tierra, los supervivientes hallaron el camino igualmente difícil. Tuvieron que cruzar las calurosas e insanas llanuras de Tabasco y afrontar después la tremenda subida de Tabasco a las Tierras Altas de Chiapas. Llegaron a Ciudad Real el 12 de marzo de 1545.

El viaje, incluyendo las largas paradas de Andalucía y las islas, había durado un año y dos meses, aunque parece haber sido bastante normal y, al menos en la parte atlántica, relativamente tranquilo. Lo que parece asombroso hoy día es que un viaje tan largo, arduo y desagradable fuera una experiencia corriente y formara el lazo de unión entre las colonias y la metrópoli.

La regularidad de estos viajes y la precisión de las rutas sigue siendo algo enigmático. A lo largo del siglo XVI se escribieron y publicaron muchos derroteros. En ellos marineros o gente de letras intentaban dar cuerpo a una mezcla de hechos, conocimientos y leyendas para la siguiente generación de navegantes. Quizás el más famoso de ellos fuese el Arte de navegar de Pedro de Medina, que se tradujo al francés y al inglés antes de que terminara el siglo XVI. Este libro parece haber sido ampliamente utilizado.

Sin embargo, los pilotos a menudo hacían poco uso de tales manuales. De hecho, algunos los desdeñaban abiertamente. A pesar de una formación rudimentaria recibida en la Casa de Contratación de Sevilla o en Lisboa, muchos pilotos expertos hacían poco uso de la ayuda escrita o técnica y, como Colón, confiaban primordialmente en la improvisación. Sorprende esto cuando los pequeños errores podían hacerse enormes al cruzar el océano. Y sin embargo, los pilotos de la época rara vez se equivocaban en más de 50 millas a menos que fuese por efecto de una tormenta. «No hay quienes naveguen hoy por la estima», escribe el almirante Morison, «ningún hombre actual, limitado a los instrumentos y medios que estaban a disposición de Colón, podría alcanzar nada parecido a la precisión de sus resultados».[2] De modo que los primeros marineros de la carrera atlántica continúan guardando sus secretos.

De entre los puertos andaluces del bajo Guadalquivir o cercanos a él, Sevilla se convirtió pronto en el principal y siguió siéndolo hasta que Cádiz la reemplazó en el siglo XVIII. A primera vista esto parece desconcertante. Cádiz era un puerto con mucho tráfico antes del descubrimiento de América, tenía una buena bahía y daba al mar. El mismo Colón partió de Palos en su primer viaje, y Huelva, Moguer y Sanlúcar, aunque pequeños, tenían bahías adecuadas, flotas de pesca y carabelas. De hecho, la mayoría de los primeros viajes salieron de estos puertos. La posición de Sevilla como centro de la economía atlántica data de 1503, cuando la Casa de Contratación se estableció allí. Al principio, la Casa era poco más que un almacén real para depositar el dinero del «quinto» real, que venía de las islas, y cualesquiera otros bienes reales o impuestos que se hubieran recaudado en el Nuevo Mundo. Gradualmente, sin embargo, y según lo requerían las exigencias burocráticas, la Casa se dedicó a regular, normalizar y centralizar. Los embarques a las Indias tenían que salir de Sevilla, y las flotas debían volver allí tras una sola parada en Cádiz o Sanlúcar. En la Casa se obtenían las licencias de personas y bienes para las Indias, los impuestos de importación y exportación se pagaban allí y, una vez reunidos los barcos, se les inspeccionaba y autorizaba para la travesía. Después la Casa adquirió aún más funciones. Se convirtió en puerto militar del Atlántico español, astillero, almacén de carga de los barcos y lugar de formación de pilotos y cartógrafos. Fue, en cierto sentido, una universidad del mar, un lugar donde descansaban derroteros, mapas y veteranos retirados de anteriores travesías. Toda esta actividad se centró en Sevilla cuando la corona asumió el control del Atlántico español.

A primera vista Sevilla no era una elección brillante. Era una ciudad de tierra adentro a fa que se accedía remontando muchos kilómetros la corriente de un río lento y tortuoso. El curso del Guadalquivir estaba jalonado por cambiantes barras de arena y barro, de las que no era la más pequeña la última, cercana a Sanlúcar, en la desembocadura del río. Sin embargo, Sevilla, al principio del comercio de Indias, disfrutaba de algunas destacadas ventajas. Por ejemplo, su situación, a 70 millas corriente arriba, era una de ellas: estaba protegida no sólo de las tormentas atlánticas que azotaban el desnudo promontorio de Cádiz, sino también de las incursiones de los piratas y barcos bereberes e ingleses. Además, puesto que los barcos, especialmente las carabelas, eran todavía bastante pequeños en el siglo XVI, la poca profundidad del río no era aún un problema importante. Pero, sobre todo, Sevilla era mejor mercado que Cádiz y los puertos pequeños. Sevilla tenía una clase mercantil bien establecida, una crecida población consumidora y un rico hinterland agrícola para abastecer a los marineros, aprovisionar a los barcos y cubrir las necesidades de los primeros colonos de las islas del Caribe, que desdeñaban el maíz, el frijol y la cazabe nativos y añoraban el trigo, el vino y el aceite andaluces. Sevilla tenía una antigua tradición mercantil y las instituciones financieras adecuadas para respaldarla. Mercaderes del norte de Italia, de Genova, Bolonia y Pisa, se habían establecido en Sevilla poco después de que fuera reconquistada a los moros, y la perspectiva del Nuevo Mundo los atrajo pronto. Los genoveses eran omnipresentes. «De las 28 casas nobles genovesas recogidas en la ley de 1528, 21 estuvieron representadas en Sevilla durante el siglo XVI».[3] Mercaderes holandeses e ingleses también estaban presentes en la ciudad antes de 1520. Sevilla tenía de igual modo un poderoso «consulado» o asociación de mercaderes, que disfrutaba del favor de la corona. Así que no hubo mucha controversia hasta la segunda mitad del siglo XVII sobre qué puertos deberían manejar el comercio de Indias. En España, los puertos del recodo suroeste atlántico se descartaron a sí mismos a causa de los vientos, la historia y la geografía, y entre ellos Sevilla predominó rápida y naturalmente. Cualquier duda sobre su primacía como el puerto de las Indias fue resuelta rápidamente por las tendencias centralizadoras y reguladoras de la Casa de Contratación. En 1668 una especie de compromiso entre Sevilla y Cádiz llevó a cargar y descargar en Sanlúcar. En 1679, es decir, durante los últimos 40 años del período que aquí se trata, Cádiz llegó a ser el principal puerto del comercio de las Indias.

Por otra parte, dos tipos de circunstancias parecidas determinaron la localización de los puertos caribeños en la colonización española. En la época del descubrimiento europeo, la riqueza demográfica, agrícola y minera de lo que iba a convertirse en Hispanoamérica se concentraba en dos áreas: México y los Andes centrales. Como consecuencia, estas dos zonas, con capitales en la Ciudad de México y Lima respectivamente, fueron los centros del imperio colonial español. Lógicamente, era de capital importancia el conectarlos de forma segura y rápida con Sevilla. Así, ambos necesitaban un puerto en el Caribe. México, la antigua Tenochtitlan, estaba conectada a España por Veracruz y su bahía en San Juan de Ulúa, cerca del lugar donde Cortés y su grupo habían desembarcado. Era, desde luego, el punto con bahía más adecuado que había cerca de la Ciudad de México. Lima y su puerto de El Callao se conectaban con el Caribe y Sevilla por el istmo de Panamá. Diversos intentos por parte de grupos interesados de Nicaragua, Guatemala y Tehuantepec en hacerse con el comercio del istmo, o «trajín», fracasaron a pesar de largas campañas. El estrecho istmo de Panamá era el lugar más lógico para comerciar, vía el Caribe, hacia y desde la costa sudamericana del Pacífico.

A pesar de ello, la ruta panameña causó muchos trastornos. La naturaleza del terreno y la proximidad de los dos océanos hacían imposible el ocultar la ciudad principal tierra adentro, como en el caso de México o Bogotá. Lo angosto del istmo hacía de las ciudades allí establecidas presa fácil para los piratas, al contrario de Lima o Santiago de Chile, bien escondidas lejos de la costa del Pacífico. Por eso las ciudades de Panamá, lazo de unión vital del sistema colonial español, eran difíciles de defender, se veían a menudo atacadas y causaban gran preocupación al gobierno imperial. La costa caribeña de Panamá carecía también de buenas bahías. Nombre de Dios, poco más que un pueblo de chozas en una playa descubierta, fue abandonada en 1598 y se fundó un nuevo puerto cerca, en Portobelo. La bahía era algo mejor, pero no era, ni mucho menos, óptima, y probablemente tan insana como Nombre de Dios.

Estos dos puertos, y por añadidura todos los otros puertos de Tierra Firme del Caribe que no estaban aireados por los vientos, eran focos de epidemias tropicales durante la época colonial. Esto impedía su crecimiento y les daba una única vida de temporada, que provenía de la «carrera» y dependía totalmente de ella. Los adormecidos habitantes de pequeños grupos de chozas como Portobelo se despertaban de pronto al llegar las grandes flotas de España. Cuando empezaba la feria, verdaderas ciudades de tiendas de los mercaderes surgían en la playa, los alquileres de los tenderetes y los precios de la comida se elevaban a niveles extraordinarios, la población se duplicaba o triplicaba y los funcionarios reales acudían rápidamente, como moscas a la miel, para recaudar impuestos, controlar las peleas y el juego, o intervenir en ellos, publicar órdenes e inspeccionar la carga y descarga de los barcos. Una vez que éstos habían partido, todo aquel que podía permitírselo abandonaba rápidamente las calurosas, insanas y raquíticas ciudades.

Otros puertos servían a zonas secundarias. Cartagena era el puerto principal de la costa norte de Tierra Firme y del interior de Nueva Granada. Tuvo una importancia considerable durante el apogeo de la «carrera» en el siglo XVI y se convirtió en la base y lugar para repostar la «carrera» de Panamá. Alrededor de 1620, sin embargo, había retrocedido a una posición secundaria. Diversas bahías pequeñas y poco adecuadas casi vacías durante la mayor parte del año comenzaron a funcionar en el golfo de Honduras y cubrieron las tierras altas de la Audiencia de Guatemala.

La propia «carrera» y las características de su ruta dieron lugar a algunos de los puertos isleños. Santo Domingo, la primera ciudad de las Indias, fue, en cierta medida, un caso aparte, aunque debía mucho de su primera vitalidad al comercio con España. La Habana, a pesar de sus relaciones con el interior de Cuba y con otras partes del Caribe, vivió y murió al socaire de la «carrera» durante los años anteriores al desarrollo de su industria de azúcar. Era un último lugar para repostar con su hijuela de San Agustín de la Florida, antes del largo viaje de vuelta a Sevilla. Las flotas de San Juan de Ulúa y Portobelo se reunían allí. El papel de La Habana era más o menos el de servir de islas Canarias del Caribe. Su importancia dentro de la ruta fue reconocida por la corona, que ayudaba a su existencia por medio de diversas subvenciones provenientes de México y otros favores. Estaba bien fortificada, ya que, como Panamá, su importancia y su localización expuesta atraían la atención de los piratas y de las fuerzas extranjeras hostiles.

Mucho más importante que la distancia geográfica entre los puertos era la distancia en el tiempo. Los barcos de vela eran lentos y no podían mantener una velocidad fija en grandes distancias. El promedio de un viaje desde los puertos andaluces a Trinidad en el siglo XVI y principios del XVII duraba alrededor de 32 días. Lo que se olvida con frecuencia hoy en día, es el hecho de que si el destino final de un barco era Veracruz o Nombre de Dios-Portobelo, cuando llegaba a Trinidad no había cubierto ni la mitad del viaje. Un viaje medio hasta Veracruz duraba 75 días y uno al istmo de Panamá, 1 o 2 días más. A causa de la ruta meridional, impuesta por los vientos y las corrientes, la geografía del Caribe, para un barco que viniera de España, aparecía un poco deformada. Trinidad, Puerto Rico, La Española e, incluso, Cartagena, estaban relativamente cerca de España. La Habana se encontraba a una distancia media, Veracruz y Nombre de Dios-Portobelo eran los puertos del lejano Atlántico, y Florida, bastante cercana a España en distancias geográficas y, por supuesto, más cercana que Cartagena y Veracruz, era el punto de destino más alejado de todos para los barcos que venían de España y con ruta por el Caribe.

Sin embargo, los barcos que salían del Caribe hacia Andalucía tenían que enfrentarse a una distinta geografía del tiempo. Ahora Florida era parte del cercano Atlántico, de hecho, era la parte más cercana del Caribe en relación con España. En cuanto a las islas, a causa de las rutas septentrionales de regreso y del régimen de vientos predominantes, La Habana estaba más «cerca» de España que La Española, que, a su vez, estaba más «cerca» que Puerto Rico. Cartagena, que distaba de España sólo unos 50 días, comparados con los 65 de La Habana, estaba mucho más alejada en los viajes de vuelta. Desde Cartagena los barcos tardaban unos 115 días en tocar un puerto español, mientras que desde La Habana, que ahora se acercaba a España, tardaban solamente 65. Veracruz y Nombre de Dios-Portobelo siguieron siendo los puertos principales del lejano Atlántico, tanto para la ida como para la vuelta, pero mientras que los puertos del istmo estaban sólo a 1 o 2 días de distancia de Veracruz si se venía de España, se alejaban más de 10 días para los barcos que volvían a ella.

Por eso, en general, los viajes a América eran más rápidos que los viajes a España. O bien, en el pensamiento de las gentes de la época, América estaba más cerca de España que ésta de aquélla.

Así pues, si México y Panamá eran el lejano Atlántico, ¿qué decir de Perú? Esta zona podría llamarse quizás el remoto Atlántico. Como en el caso de Manila, el distante apéndice e hijuela administrativa de Nueva España, los viajes de ida y vuelta tenían que cruzar dos océanos y un continente. En términos de tiempo, las Filipinas parecían mucho más remotas de lo que la Luna lo es hoy.

Hemos visto cómo los armadores se preocupaban de la magnitud de las tripulaciones. En vista de las limitaciones del tamaño de los barcos y, sobre todo, de la velocidad, se preocupaban mucho más por su peso, volumen, duración y, por ende, de la rentabilidad de las mercancías que llevaban. El vino y el aceite de Sevilla, que aún podían venderse en Cartagena o Santo Domingo después de 50 días aproximadamente, podían perfectamente haberse convertido en vinagre o en un desecho rancio mientras las vasijas pasaban otras dos semanas cociéndose en una bodega húmeda y calurosa a través del Caribe camino de Panamá o Veracruz. El vino y el aceite españoles se necesitaban no sólo para la vida cotidiana (el agua no solía ser potable y la mayoría de la gente lo sabía), sino también para la Iglesia con fines sacramentales, y no era probable que alcanzaran Lima o Santiago de Chile, y mucho menos Manila, en condiciones de ser usados. No es extraño, pues, que las industrias aceiteras y vinícolas de Perú y Chile comenzaran tan pronto y encontraran tan escasa oposición entre los agricultores y los consulados monopolistas de Andalucía. Compárese este hecho con la prohibición de plantar viñedos y olivares en Nueva España y las islas, prohibición que perduró hasta las guerras de independencia de principios del siglo XIX.

Lógicamente, el peso y el volumen eran todavía más importantes que lo durable de las mercancías a la hora de decidir qué lugares de las colonias eran adecuados para que se produjeran determinadas mercancías. La caña de azúcar, un producto voluminoso que necesitaba un detenido proceso de elaboración según los conceptos de la época, podía, si se plantaba en Cuba, por ejemplo, seguir dando beneficios en Sevilla tras un viaje de 70 días, mientras que si crecía en las tierras bajas de México, cerca de Veracruz, después de un viaje hasta Sevilla de 130 días era mucho menos probable que fuera rentable. De hecho, cuanto más lejos de España se hubieran producido las mercancías, más pequeñas en volumen y, por extensión, menos pesadas tenían que ser para dejar beneficios. Así, el Atlántico próximo era más ventajoso que el lejano, y lo que era rentable cuando iba a Europa desde México, lo era menos si se llevaba de Guayaquil o El Callao, en la costa del Pacífico. El último lugar, y el más lejano en esta cadena de tiempo, era Manila, de donde únicamente los productos más ligeros y caros, como sedas de China, especias exóticas y piedras preciosas, podían enviarse a España con alguna posibilidad de beneficios.

Por supuesto, entraban en consideración otras cuestiones. La plata se convirtió en la principal exportación de México y Perú, no sólo porque suponía un alto valor en un volumen reducido y producía por ello beneficios al ser enviada desde el lejano o remoto Atlántico, sino también porque los yacimientos principales y la mano de obra para trabajarlos estaban en México o Perú y no en las islas o en Venezuela. Además, casi todo dependía del momento en que se encontraran la «carrera» y España. Cuando la «carrera» y la economía española eran florecientes, otros cultivos menores —la cochinilla en Oaxaca o el añil en San Salvador— podían prosperar a la sombra del comercio de exportación de la plata. En tiempos más difíciles, sin embargo, cuando eran pocos los barcos que llegaban a Veracruz y llevaban menos artículos de una España en decadencia, los metales y las piedras preciosas cobraron una total importancia, y se eliminaron los productos marginales. Esa exportación agrícola fue casi siempre imposible desde Perú; no podía, ni aún en el mejor momento de la «carrera», llegar a España y seguir produciendo beneficios.

Un factor importante que complicaba la simple relación entre tiempo, peso, volumen y rentabilidad era, por supuesto, el precio. Cuando algunos productos hispanoamericanos como el chocolate, el azúcar o la corteza de quinina para usos medicinales se hacían necesarios o se ponían de moda y aumentaban así de precio, se los podía enviar desde grandes distancias y seguir obteniendo beneficios.

Otro factor era el valor de los bienes que se llevaban a América. Si se sacaban beneficios en el viaje de ida, se toleraba que éstos bajaran, o incluso que hubiera pequeñas pérdidas, en el viaje de vuelta a Europa. El mismo palo de Campeche podía transportarse a Londres casi como lastre si los productos de la primera revolución industrial inglesa se habían vendido bien en la playa durante las ferias anuales de Veracruz o Portobelo. Después, por supuesto, a medida que el tamaño de los barcos y la velocidad crecieron, el equilibrio de esta ecuación se rompió. Los barcos podían cargar más y llegar a los mercados más rápidamente, con lo que el costo de la carga bajó y aumentaron los beneficios.

La dificultad para calcular los beneficios era grande por los problemas existentes en valorar la oferta y la demanda. En los inicios y a mediados del siglo XVI esta cuestión ni siquiera se planteaba. Las colonias aún no habían creado muchos productos alternativos a la importación y los rivales europeos de España todavía no habían empezado a competir en serio como proveedores con Sevilla. Pero una vez que el comercio entre las colonias comenzó a desarrollarse, y una vez que los contrabandistas holandeses e ingleses empezaron a introducirse desde sus centros distribuidores y sus enormes almacenes, como Curaçao y Jamaica, los mercaderes españoles al tener conocimiento, por ejemplo, de que había mucha demanda de ollas y cacerolas en Veracruz, podían llevar una carga allí a toda prisa y 6 u 8 meses más tarde encontrarse al llegar con que el mercado estaba saturado por obra de un colono más rápido o de un negociante extranjero.

Sin embargo, todos estos factores de complicación se desarrollaron lentamente y no fueron de importancia hasta finales del XVI o, en muchos casos, finales del XVII.

Durante la primera fase de la «carrera de Indias» —desde el viaje inicial de Colón hasta el final de las conquistas en Tierra Firme (es decir, los primeros 40 años)— la gente era la carga principal que salía de Europa. Al menos 200.000 personas, posiblemente unas 300.000, fueron al Nuevo Mundo antes de 1600, y quizás un tercio, casi todos españoles, emigró durante las dos primeras décadas. Alrededor de 450.000 se desplazaron durante el siglo XVII. Los primeros emigrantes representaban ampliamente la sociedad española, con alguna excepción significativa. Tanto el extremo más alto como el más bajo de la escala social estaban poco representados: los muy ricos y la alta nobleza, presumiblemente, porque no tenían razones acuciantes para viajar a Indias, y el campesinado porque no podía costearse el viaje o bien porque se le impedía hacerlo. La baja nobleza, los hidalgos, más tarde personificados por Don Quijote, una clase con limitados medios financieros pero de antigua tradición marcial y grandes expectativas, pudo muy bien ser la más abundante, por lo menos en los primeros años de las Antillas y las conquistas. Los muy viejos y los muy jóvenes tampoco se encuentran en las primeras listas de pasajeros. Las circunstancias poco seguras y los largos viajes los mantenían en la península. A medida que se consolidaban las ciudades y la vida se hacía más estable, cada vez con más frecuencia los parientes y los hijos se añadían a los primeros emigrados. Se puede afirmar que las mujeres constituían alrededor del 50 por 100, o más, de la población peninsular, pero eran sólo el 6 por 100, más o menos, de los llegados a las Antillas en la primera época. Según se hacían más seguras las condiciones de vida, llegaron más esposas e hijas. En la década de 1540, en torno al 20 por 100 de los inmigrantes eran mujeres y este porcentaje fue aumentando lentamente a lo largo del siglo. Podemos imaginar que el suroeste de España proporcionaba la mayor parte de los emigrantes. Andalucía occidental y el centro y el sur de Extremadura, especialmente las ciudades principales como Badajoz, Cáceres, Huelva, Córdoba y, sobre todo, Sevilla, enviaban grandes contingentes. Sevilla sola aportó probablemente alrededor del 40 por 100 de todos los emigrantes urbanos del siglo XVI.

Durante los primeros años muchos volvían a España. Después de todo, pasaron 28 años antes de que las noticias sobre el descubrimiento de Tenochtitlan empezaran a cambiar la opinión de la corona acerca de la importancia de sus posesiones en el Nuevo Mundo. Las islas constituyeron una gran desilusión, e incluso tras las conquistas decisivas de Tierra Firme mucha gente volvía a casa. La primera generación de conquistadores de Nueva España y Perú no parecía tener mentalidad de colonos. En general, su idea era la de acumular la suficiente riqueza, bien como botín u obteniendo excedente de los indios, para volver a España y tener allí una vida cómoda, o, quizás, ascender en la escala social comprando tierras, casas o mayorazgos, o incluso, como máxima ambición, un título o un puesto en la administración. Muchos conquistadores murieron en el intento, otros nunca consiguieron lo suficiente como para volver con una mejor situación y se resignaron, como Bernal Díaz del Castillo, a llevar una vida de relativa comodidad y considerable prestigio en algún lugar tranquilo de las tierras recién conquistadas. Pero algunos de los conquistadores lograron trasladar sus riquezas a España y volver. Unos pocos, a menudo jefes como Cortés y Alvarado, cruzaron el océano muchas veces. Las últimas generaciones de emigrantes estaban formadas por más colonos permanentes.

Una vez que había pasado la etapa de la conquista y la burocracia asumió el control que antes habían, tenido los jefes de las huestes, la emigración a las Indias fue, en cierto modo, menos espontánea. Grupos numerosos se desplazaban juntos. Un caso muy típico sería el traslado a Indias de altos cargos civiles o eclesiásticos recién destinados. Tales personas llevaban consigo no sólo a los miembros de su familia, sirvientes y esclavos, sino también un enjambre, a veces en número de 100 o más, de parientes lejanos, socios subordinados, parásitos y amigos. Toda esta gente, subempleada pero ambiciosa y bien relacionada, tenía que ser colocada por el titular del cargo tan pronto como fuera posible una vez que estuviera instalado en Indias, y este hecho influyó seriamente en la estructura económica y social de la colonia.

El principal cargamento que se traía de vuelta durante la primera etapa de la «carrera» era el oro. De forma general, cuando se invadía una nueva zona, se arrebataba a la población aborigen como botín, especialmente a las élites, toda la cantidad de aquel metal que tuvieran acumulada. Esto decidió a los españoles a buscar las fuentes locales de suministro. El lavado de oro en los ríos cercanos empezó y se intensificó a medida que se extendieron las noticias sobre los ríos mejores. Los esclavos indios solían efectuar el trabajo, aunque algunos ríos de Nueva España producían tanto que, aunque de forma reducida, se importaron esclavos negros con los beneficios obtenidos. El lavado de oro se agotó en pocos años y la producción se redujo después a una cantidad mínima o a nada. Raramente duraron estas efímeras fiebres más de diez años en ningún río. Así, la producción de oro en el medio siglo aproximadamente de descubrimiento y conquista pasó por una serie de ciclos interrelacionados, cada uno un poco más largo que el anterior por causa de la suma acumulativa de nuevos territorios, los tesoros de la élite y nuevos ríos. Cuando Santo Domingo empezó a agotarse alrededor de 1510, Puerto Rico, Panamá y Cuba empezaron a producir. Cuando su producción disminuye, hacia 1520, o un poco después, México y Centroamérica entran en escena, y cuando decaen empieza Perú. La producción de oro en el período colonial español alcanzó probablemente su nivel más alto uno o dos años antes de 1550.

Sabemos poco acerca de los niveles de producción. No quedaba mucha cantidad del metal precioso en el Nuevo Mundo, al menos comparada con los porcentajes de plata que después se retenían, pero la nueva burocracia imperial que se estableció en España no había adoptado todavía un sistema regular que ofreciera estadísticas anuales Pierre Chaunu estimó que de 25 a 30 toneladas de oro fueron a España desde las islas durante el primer ciclo México produjo 20 toneladas antes de 1540, y Perú, quizás, más o menos las mismas antes de que el ciclo acabara Aunque estas cantidades distan mucho de ser impresionantes, era tal el valor y el prestigio del oro que tuvo un impacto considerable en el comercio atlántico Chaunu y otros han señalado una breve depresión en el comercio atlántico en la década de 1550 y en España, entre 1550 y 1562 Quizás una pausa dentro de un largo periodo de crecimiento, por otra parte uniforme, sea una mejor perspectiva Esta pausa, la década de los 50, está demasiado cerca del final del ciclo del oro como para ser ignorada Puede explicarse como la mera ruptura entre el debilitamiento de la edad del oro y el inicio del predominio de la edad de la plata Quizás era más bien la pausa entre la época del botín, de recoger las riquezas previamente acumuladas y superficiales, y los siguientes ciclos superpuestos de tributos, encomiendas y minería de plata, empresas que, todas ellas, requerían mucha más organización, inversión y empleo de tiempo y energía

Si el final del ciclo del oro provocó un reajuste total en la economía de las Indias, el alto valor del oro tuvo también sus efectos en España. Aunque las cantidades enviadas a Andalucía parecen escasas, crecieron lenta y tímidamente a lo largo del medio siglo posterior a 1492 Este hecho atrajo la atención, gradualmente, de mercaderes, armadores y, sobre todo, de la corona hacia las Indias, una zona que en la época de Colón y sus sucesores inmediatos había parecido un descubrimiento pobre y de segunda categoría Al principio, la corona había casi confiscado el oro, recolectando hasta los dos tercios de la cantidad que llegaba a España Hacia 1504 se dio cuenta de que la industria del oro podía tener futuro y decidió estimularla. En 1504 se fijó el impuesto real en un quinto, el famoso «quinto real». Con el tiempo se redujo el «quinto» a una décima parte, para promover la producción casi en todas partes y, finalmente, en Perú y Alto Perú en 1736

El oro fue también el estímulo básico para la creación de la primera «carrera» premexicana. Su prestigio impulsó a la corona a establecer un comercio regular y controlado por la administración. Su valor, en comparación con lo compacto y denso de su naturaleza, le permitía obtener un amplio margen de beneficios en Sevilla, incluso en la época de los embarques intermitentes y sin inventariar de las débiles carabelas pobremente diseñadas para el transporte de mercancías

Antes de 1550, el oro desempeño un papel primordial también en la revolución de precios que asoló España y la mayor parte del resto de Europa. Pierre Vilar y otros autores han señalado que la expansión económica europea era anterior al influjo del oro americano y que se basaba principalmente en factores endógenos como la expansión demográfica y económica. Entre las importaciones europeas, las especias podían haber producido un impacto más fuerte en el crecimiento de fines del siglo XV y principios del XVI que el ocasionado por el oro. Sin embargo, aunque el oro americano fue un factor tardío dentro de esta fase de expansión, estaba estrechamente ligado al rápido aumento de precios de la primera mitad del siglo XVI, y esta subida, a su vez, estimuló más tarde el volumen de la circulación monetaria, de los negocios e intercambios

Los cueros eran la compañía fundamental del oro en los viajes de regreso a España. En los 20 años que siguieron a 1492, los cueros se embarcaban hacia España y las cantidades transportadas crecieron uniformemente durante casi un siglo. Los cueros constituían un comercio básico en el siglo XVI, y su uso era mucho más frecuente de lo que es hoy día Aunque España había sido uno de los principales productores de Europa durante muchos años, siempre escaseaba la oferta en el occidente europeo. En muchos lugares, el hombre y su agricultura competían con los animales domésticos por el espacio, reduciendo así la cantidad de ganado bovino que producía la piel necesaria para el cuero

En el Nuevo Mundo, el ganado bovino y los caballos se extendieron por vastas zonas, se multiplicaron rápidamente, encontraron pocos enemigos naturales y escasa competencia. A menudo podían pastar en los campos, antes cultivados y fertilizados, de campesinos muertos o trasladados. De alguna forma, el ganado bovino semisalvaje llenó el hueco demográfico dejado por los indios. A principios del siglo XVI había muy poca demanda de carne. Los españoles y africanos eran escasos en número y los indios aún no se habían acostumbrado a la carne de vacuno. Como consecuencia había pocas matanzas sistemáticas en los enormes rebaños salvajes que aparecieron en las islas mayores, México y Centroamérica poco tiempo después de la conquista. En lugar de ello, se acorralaba, mataba y despellejaba a estos animales cuando era necesario. No se había invertido ningún esfuerzo en alimentarlos, con la posible excepción del trabajo agrícola que habían hecho los indígenas precolombinos. Se gastaba poco en transportes hasta los puertos de las islas, de forma que los cueros, a menudo sólo parcialmente curados o curtidos, podían amortizar el viaje a Europa y además producir beneficios, escasos pero seguros.

El ganado bovino atravesó también por un ciclo demográfico aparentemente inevitable. Las razones no están claras, pero a finales del siglo XVI los colonos se quejaban de que la cabaña ganadera estaba disminuyendo. Quizá se había matado a demasiados animales sin necesidad, para obtener cueros. En algunas zonas los rebaños nómadas pudieron haber provocado presiones malthusianas sobre la tierra, además, a medida que crecían las ciudades hispanas y que la población india que quedaba se acostumbró al sabor de la carne de bovino, renació un suministro de carne organizado, la producción de carne de vacuno salada y secada al sol, y un control más cuidadoso de las matanzas. El resultado fue la decadencia del comercio de cueros.

Los primeros años del descubrimiento y la conquista vieron también el envío de objetos exóticos al Viejo Mundo. Se enviaban a España extraños animales, pájaros y plantas, útiles y curiosos. Del mismo modo, fueron también enviados algunos vestigios de las grandes civilizaciones amerindias, los cuales, se esperaba, serían interesantes para los monarcas u otros personajes. Tocados de plumas, corazas y brazaletes, ornamentos de oro, jade y plata que habían escapado a los cazos de fundición de los conquistadores, se enviaban a la patria y formaron parte de las colecciones reales y de los museos de Europa occidental y central. Códices que no habían sido destruidos o quemados como pruebas de idolatría eran también enviados, aunque algunos cruzaron el Atlántico mucho más tarde. Los objetos exóticos con los que los conquistadores daban pruebas de sus éxitos y nuevas conquistas iban a convertirse en muestras inapreciables para las modernas generaciones de etnohistoriadores, antropólogos e historiadores del arte. Finalmente, las perlas de Margarita y otras pequeñas islas tuvieron cierta importancia en los primeros años, y siguieron pasando a España de modo intermitente durante el período colonial.

La gran era de las flotas españolas siguió a la conquista de los dos núcleos continentales con mayor densidad de población y al comienzo de la explotación de la plata en gran escala. Alcanzó sus mayores cotas alrededor de 20 años después de la mitad del siglo, algo antes en México, después en Perú, y comenzó su lenta decadencia alrededor de la década de 1590, de forma segura en la década de 1620.

Los españoles del continente vivían de los excedentes que obtenían de la sociedad india. Esto se hacía por medio de dos instituciones importantes, la encomienda y los tributos. La encomienda, que, al menos en teoría, era un contrato por el que los indios se confiaban al cuidado temporal y, en cierta manera, espiritual de un español como contrapartida a su trabajo y parte de sus excedentes de producción, se desvirtuó gradualmente como fuerza económica a medida que la corona pudo desplazar la fuerza de trabajo en México y Perú.[4] Tan sólo en regiones periféricas como Paraguay, Tucumán o Caracas antes del cacao y el azúcar, siguió siendo la encomienda un medio para forzar a los indios a ejecutar el trabajo. El tributo o impuesto personal indígena se relacionaba directamente con la encomienda. Pagado en razón de su vasallaje y sometimiento, el tributo lo recolectaban los encomenderos y revertía en ellos o en la corona. Después de que se derogara la obligación de trabajar, el tributo se convirtió en la relación principal entre indios y encomenderos. Los indios que no pertenecían a encomiendas particulares, aquellos que estaban, en palabras de la época, «en la corona», pagaban sus tributos directamente a los funcionarios reales.

Tal sistema funcionó bien en una época en la que gran número de indios proveía de capital a un reducido número de conquistadores, pero empezó a debilitarse cuando decreció la población india, se incrementó la legislación real y la población de españoles y casta o mestizos creció. Uno de los problemas que afectaban tanto a la encomienda como al tributo era cómo hispanizarlos. Al principio Cortés y sus hombres prefirieron continuar el sistema de Moctezuma. Éste incluía algunos artículos, como plumas, obsidiana y pieles de animales salvajes, que tenían una utilidad limitada para los españoles. Estos productos se eliminaron pronto. Pero casi todos los tributos de la preconquista se habían recolectado en especie. ¿Qué se iba a hacer, por ejemplo, con las enormes cantidades de maíz recogidas en los primeros momentos, así como con todos los tejidos y los fríjoles? Una parte se podía comer o usar, pero incluso entonces habría problemas de distribución. Ni siquiera la mayoría de los españoles eran encomenderos, clérigos o funcionarios reales. De ese modo, ni la corona ni los acreedores de España podían esperar recibir sus pagos en mazorcas de maíz enmohecidas en los muelles de Sevilla. De alguna manera, la parte de la corona y las otras porciones de tributo destinadas a España para individuos particulares tenían que transformarse en bienes transportables, preferiblemente plata o monedas, antes de ser embarcadas. La última dificultad estribaba en que el maíz era un alimento básico de los indios, que sólo consumían los españoles cuando no se encontraba trigo o éste era demasiado caro. Esto producía dos problemas: cómo devolver parte del maíz recolectado como tributo a la sociedad india y cómo obligar a ésta a pagar al menos una parte de su tributo en un producto agrícola europeo, como el trigo.

Los españoles usaron muchas fórmulas para hispanizar y convertir en moneda, parcialmente, el tributo, para redistribuirlo y preparar una parte con destino a la carrera de Indias, en beneficio de la corona y de España. Dos de estos mecanismos destacan en particular. Muy pronto, los encomenderos y funcionarios reales pusieron en marcha un sistema de subastas mediante las cuales algunos productos voluminosos del tributo, como maíz, fríjoles y tejidos de algodón, se vendían a los que los necesitaban, a cambio de monedas, plata o, muy raramente, otros productos u objetos que fueran más manejables o necesarios. Este mecanismo tenía varios fines. Distribuía maíz y otros artículos de primera necesidad a españoles, mestizos y castas que no eran encomenderos, clérigos ni funcionarios reales, y devolvía parte de esos artículos básicos, a menudo a través de uno o dos intermediarios, a la sociedad india. Sin embargo había problemas inherentes a él, uno de los cuales era el del acaparamiento. Los encomenderos tendían a retener el maíz justo hasta antes de la siguiente cosecha, esperando así obtener precios más altos. Otro problema era que los funcionarios reales dominaban la mayoría de las subastas, de forma que el caudal monetario que se obtenía iba en primer lugar a los cofres reales y se filtraba a España demasiado rápidamente para el bien de la colonia, desmonetizando el sistema de intercambios nuevamente y reduciéndolo al trueque. Este problema pudo remediarse cuando las minas de plata estaban en expansión, pero se convirtió en un serio impedimento para los intercambios y el comercio en general cuando la producción de plata comenzó a declinar.

El segundo mecanismo era el de los experimentos efectuados por los encomenderos y funcionarios con el tributo. En la primera mitad del siglo XVI las cantidades que recolectaban en especie se redujeron gradualmente y crecieron las cantidades recolectadas en moneda. En un momento determinado, esta tendencia se desarrolló demasiado y el tributo llegó a ser casi enteramente un impuesto en dinero. Sin embargo, la administración retrocedió en su postura y alrededor de finales del siglo XVI el tributo se estableció como un impuesto mixto, aproximadamente la mitad en artículos de consumo básico y la otra mitad en moneda.

Había varias razones para estos reajustes. Está claro que si las monedas podían obtenerse directamente de la sociedad india, la cobertura y extensión de las subastas tributarias se reducirían correlativamente y el dinero podría ir directamente a los cofres reales o a las bolsas de los encomenderos. Al mismo tiempo, si se retirase menos maíz y productos básicos de la sociedad india, menos podría redistribuirse tras el proceso de las subastas. Pero se necesitaba un equilibrio entre moneda y bienes. Si el tributo fuera pagado en su totalidad en moneda, los indios podrían sentir la tentación de irrumpir como comerciantes en los mercados dominados por los españoles y castas, y los alimentos baratos de la agricultura india no llegarían a las ciudades españolas en cantidad suficiente. Si el tributo fuera pagado totalmente en especie, los nuevos comerciantes encontrarían difícil el forzar a los indios a vender sus productos o su mano de obra o a viajar a lejanos lugares de trabajo. Como resultado de estos diferentes experimentos, la encomienda y el tributo se normalizaron. Ello ayudó a revivir al pequeño comercio indio, constituyó un compromiso entre las necesidades de la carrera de Indias y la corona y las nuevas clases dirigentes coloniales, y aportó gran parte del capital inicial que permitiría a algunos encomenderos más previsores desprenderse de su dependencia respecto a una base de población india decreciente. En lo que atañe a nuestro propósito, desempeñó un papel principal en la recaudación de plata y monedas que iban a los ahorros de los particulares y a los cofres reales, y de aquí a los galeones con dirección a España.

Las famosas minas de plata de Nueva España y Perú eran, desde luego, la mayor fuente de plata para los barcos con rumbo a España. El oro había sido una característica de las islas y las tierras bajas, de la primera época y de las conquistas. La plata procedía de las minas de las tierras altas, que al principio estaban vinculadas con grandes poblaciones indias y, en menor medida, con la encomienda. Más tarde, las minas de plata, especialmente las de Potosí en el Alto Perú, estarían más estrechamente conectadas con los equipos de trabajo temporales de los indios (repartimientos o mitas). México dependería más del trabajo libre.

Las minas constituían una gran fuente de impuestos y otros ingresos para la corona. Zacatecas y Guanajuato comenzaron a ser explotadas en 1548 y 1558, y Potosí, algo más lenta en su desarrollo al principio, en 1545. La producción de estas zonas combinadas creció gradualmente durante el siglo XVI, alcanzando enormes sumas. Desde la década de 1570 hasta la década de 1630 Potosí fue probablemente la mina más rica del mundo.

El uso del mercurio como amalgama para separar la plata de la ganga creó una industria subsidiaria. La mortífera mina de Huancavelica en Perú proveía de mercurio a las minas de esa zona y enviaba parte a México por la ruta costera del Pacífico. El otro proveedor de México era Almadén, en Andalucía occidental, y el mercurio constituía gran parte de los cargamentos que partían con rumbo oeste en la carrera a Veracruz a fines del siglo XVI.

Toda la plata que se conseguía no fluía hacia España, como sí ocurría con el oro. La burocracia colonial española y las economías locales necesitaban más plata para pagar sueldos, intercambios financieros y cubrir la circulación monetaria. También había demanda de plata para el comercio intercolonial. El trueque no podía competir con un comercio cada vez más complejo, y la plata y la moneda, destinadas en gran parte a las flotas que se dirigían a España, se introdujeron en el comercio entre México y Perú, México y Guatemala, México y Venezuela y Perú y Chile. Cuando se estableció la conexión entre Acapulco y Manila, después de 1567, hubo un recorte aún mayor de la plata destinada a España. Muchas importaciones orientales que llegaban a México y Perú se pagaban con plata de las minas de Zacatecas, Guanajuato y Potosí. La corona era incapaz de detener estos intercambios coloniales, aunque sin duda la prohibición frenaba su desarrollo.

Tal fue el crecimiento de la producción de plata y el nivel de su envío a Sevilla que su disminución respecto al total embarcado no ocasionó mayores problemas en el siglo XVI. Potosí aumentó su producción hasta la década de 1590, llegando a suponer para esa fecha la mitad o más de toda la plata española. Hasta 1630 su decadencia fue bastante lenta. El volumen total de México creció también durante la mayor parte del siglo, y su decadencia evidente no comenzó hasta la década de 1630.

Alrededor de la década de 1530 la plata sobrepasó al oro en el peso de los cargamentos. Unas 86 toneladas se embarcaron durante esa década, frente a sólo unas 14 toneladas de oro. Entre 1560 y 1570, con la introducción en México del procedimiento de patio o amalgama, la plata se disparó por encima del oro en peso y valor. La producción mexicana fue la principal hasta 1575 aproximadamente y fue desplazada entonces por los dos Perús, que ahora usaban el mercurio de Huancavelica. Las rentas de la corona procedentes de las Indias, compuestas por el quinto real, parte del tributo indio, alcabalas, parte del diezmo eclesiástico y varios impuestos menores y monopolios, creció a lo largo del siglo y en la última década era cuatro veces mayor de lo que había sido en la década de 1560. La plata real podía suponer alrededor de una cuarta parte del total importado. En el siglo XVI casi toda ella fue empleada en pagar primero a los banqueros alemanes y luego a los genoveses. En total, hasta 1600, las flotas habían llevado a España probablemente unas 25.000 toneladas de plata, una cantidad impresionante para ser introducida en una Europa occidental antes hambrienta de plata, en un lapso de tiempo tan reducido. La afluencia de metal precioso causó graves tensiones y dislocaciones en las economías hispanoamericana, española y europea.

En México y Perú el rápido crecimiento de la disponibilidad de dinero antes de 1580 causó, combinado con otros factores, la inflación de los precios. Mientras que el coste de los productos básicos seguía pareciendo bajo a los recién llegados de la península, los que llevaban largo tiempo establecidos en el Nuevo Mundo sintieron el impacto y se quejaban de él. La subida de precios coincidió con el descenso de la población rural india, hechos que no estaban totalmente desconectados, y el resultado fue la escasez de comida y precios más altos para los artículos de primera necesidad en las ciudades españolas en expansión. Muchos ciudadanos se trasladaron al campo para escapar de esta inflación y satisfacer sus necesidades básicas fuera del mundo urbano. Este fue sólo uno de los factores que causaron un vasto reajuste en las colonias españolas entre las décadas de 1580 y 1620.

La oleada de plata llegada a España, que alcanzó su primer máximo hacia la década de 1590 con unos 11 millones de pesos anuales, ocasionó un impacto aún mayor en su destino. Aunque el tesoro americano representaba tan sólo una parte de los ingresos de la corona —quizás alrededor de una quinta parte a fines del siglo XVI— su manera de llegar y su naturaleza le hacían estar dotado de un gran poder de impacto político y psicológico. Llegaba a Sevilla al son de los clarines, en una sola masa brillante y fungible. No llegaba poco a poco, a diferencia de los impuestos castellanos. La corona disponía gracias a él de medios para proyectos espectaculares y cuantiosos pagos en moneda, de manera que atraía la atención de muchos y los celos de las potencias rivales. Llegaron intereses de todo tipo, desde indolentes mercenarios sin empleo hasta sagaces banqueros alemanes y genoveses, impresionados por ese enorme y regular aluvión de dinero, y el impacto psicológico de la llegada anual de plata a Sevilla significaba así más soldados para las campañas de la corona, en una era anterior al establecimiento de ejércitos regulares, y banqueros ansiosos por proporcionar los créditos que financiaran los planes más grandiosos de la monarquía. En la economía europea, la plata fue la base de un sistema monetario que, en su etapa inicial, no estaba respaldado todavía por papel moneda o un sistema de crédito muy perfeccionado. La acuñación de monedas, en su mayoría de plata o cobre, era el medio principal de difundir el circulante, de forma que la plata americana fue mucho más importante de lo que pueda sugerir la mera cantidad embarcada a España.

No carecen de valor las grandes remesas de metal precioso americano por y para individuos particulares. Los envíos privados eran 2,5 y 3 veces mayores que los de la corona a fines del siglo XVI, y algunos llegaban a las arcas reales por medio de impuestos internos, especialmente en el caso de Castilla. Igualmente, en raras ocasiones la corona confiscaba todo el metal precioso a su llegada, prometiendo devolverlo más tarde con intereses. Nada de todo esto era controlado cuidadosamente, incluso teniendo en cuenta las formas de la época. Los gastos excedían con mucho a los ingresos, y ello cada vez más rápidamente, a todo lo largo de los reinados de Carlos V y Felipe II. Las finanzas reales estaban en crisis hacia 1575 y en bancarrota cuando fue anunciada la segunda suspensión de pagos en 1596.

La plata contribuyó también al continuo aumento de los precios, que bajaron un poco después de 1550, aunque siguieron alterando la economía española. El alza de precios comenzó en Andalucía, como era de esperar: allí llegaba el metal precioso y allí se acuñaba gran parte del mismo, poniéndolo en circulación. Durante el siglo XVI, Andalucía introdujo la inflación de los precios en el resto de España, y España en su conjunto la extendió a Francia e Inglaterra. El influjo de la plata afectó incluso a la periferia europea, donde la abundancia de moneda hizo extinguirse el sistema de trueque, produciéndose el inicio del intercambio monetario.

La importación de todo este metal precioso se equilibraba con un creciente comercio español de exportación. La mayor flota y cargamento de todos se mandó al Caribe en 1608. España era un país agrícola y lo esencial de sus exportaciones a las colonias se componía de cereales, vino y aceite de Castilla y Andalucía, alimentos básicos muy deseados por los colonos. Sin embargo, hay que señalar que había aún un considerable equilibrio, si se compara con posteriores momentos, entre materias primas y bienes manufacturados nacionales. De hecho, incluso en el siglo XVI demasiados bienes manufacturados que se exportaban desde Sevilla eran reexportaciones que tenían su origen en Francia y en los Países Bajos, y demasiados de los comerciantes del consulado de Sevilla eran poco más que testaferros de los banqueros genoveses u holandeses y sus casas comerciales. Sin embargo, durante gran parte del siglo XVI, España envió grandes cantidades de manufacturas nacionales a América, incluyendo mobiliario, utensilios de hierro, ropa basta y fina, confeccionada o no, productos alimenticios regionales y artesanías. España casi producía lo suficiente como para pagar el flujo de la plata a mediados de siglo e incluso más tarde.

El crecimiento del sistema de flotas en la segunda mitad del siglo XVI reforzó la confianza en el monopolio mercantil. España y sus grandes consorcios o consulados de mercaderes de Sevilla, Cádiz, Veracruz y Lima se apoyaban en un comercio y un sistema de convoyes basado en la exclusión de los rivales, en una programación rígida y en puertos monopolísticos donde el comercio pudiera ser controlado —siendo los dos más notables Sevilla y Panamá— y en la subordinación de las colonias a las prioridades españolas. Los extranjeros y sus productos no fueron los únicos a los que se intentó excluir. Puertos menores españoles y americanos, como los de Galicia y el Río de la Plata, fueron objeto de rígidas, aunque infructuosas, prohibiciones de participación en el comercio de Indias.

La capacidad y fiabilidad del sistema de flotas estimuló también la creación de nuevas industrias, mercados y rutas en la misma América. La cochinilla, un solido tinte rojo, procedía de varias zonas de Centroamérica, sobre todo de Oaxaca. Su producción y embarque dependían de varias circunstancias que no afectaban a la minería, como el granizo, los vendavales y las plagas de los escarabajos productores del tinte y de los cactus. Como resultado, las cosechas y el total de los envíos fluctuaban ampliamente de año en año. El mayor embarque que se registra antes de fines del siglo XVIII fue en 1587, y se aprecia una sensible disminución después de 1595. El valor de los fletes es una cuestión aparte, por supuesto, porque el precio de la cochinilla fue afectado por una rápida inflación después de 1604. El cargamento de 1587, de 25.000 arrobas, valía sólo 381.150.000 maravedíes, mientras el de 1619, de sólo 8.306 arrobas, tenía casi igual valor, 373.370.000 maravedíes.

El índigo, un tinte vegetal azul, nunca fue tan valioso como la cochinilla. Los azules vegetales se podían encontrar en Europa, el proceso de elaboración era simple comparado con el de la cochinilla, y el índigo se venía importando del lejano Oriente desde hacía tiempo por parte de portugueses y otros; sin embargo se enviaban cantidades mucho mayores tanto desde Veracruz como desde la bahía de Honduras. El tinte se producía en muchas partes de Nueva España, Centroamérica, Venezuela y las islas, pero la fuente principal era la costa del Pacífico de Guatemala y San Salvador. El ciclo de la producción del índigo empezó más lentamente pero se mantuvo mejor que el de la cochinilla, por lo menos en lo que atañe a los fletes hacia Sevilla. En 1614, el mejor año, llegaron a España 280.950 libras. Los precios sufrían grandes oscilaciones según la calidad, la demanda y las partidas que llegaban de zonas rivales fuera de Hispanoamérica. El gran cargamento de 1614, por ejemplo, tuvo un valor de 168.379.900 maravedíes, mientras que un flete mucho menor, dos años antes, fue estimado en 236.625.000 maravedíes.

Otros productos americanos que acompañaban a la plata en su camino hacia Andalucía durante el siglo XVI eran palos de tinte, muchos de los cuales procedían de Campeche, Isla de Términos y Tabasco; palobrasil de las Grandes Antillas; azúcar, en su mayor parte de Santo Domingo antes de la década de 1590; perlas y cueros. En 1589, 143.734 cueros llegaron a España, cantidad no igualada hasta el siglo XVIII.

A fines de siglo algunas mercancías nuevas empezaron a aparecer en los registros. Sedas chinas y damascos, procedentes de Filipinas y Nueva España, se fletaron en cantidades pequeñas pero muy valiosas durante la década de 1580 y alcanzaron niveles considerables en la segunda década del siglo XVIII. Después decayeron también. Se importaba de vez en cuando algodón, casi siempre para hacer velas de barcos, y trenzado de pita para calafatear las junturas. Durante los últimos 30 años del siglo XVI y los primeros 20 del siglo XVII, se fletaba en notable cantidad, desde Veracruz, Campeche y bahía de Honduras, zarzaparrilla, una raíz medicinal que se consideraba un remedio para multitud de enfermedades. También se mencionan en los registros artículos como jengibre, ámbar, tabaco, que tan importante iba a ser en el siglo XVIII, y bálsamo. Apenas aparecen todavía el chocolate y la vainilla, especia que solía acompañarlo. Tendrían que esperar el cambio de los gustos europeos en el siglo XVII, siendo populares sólo en el Nuevo Mundo.

La plata y las flotas estimularon también el crecimiento de una industria naval en la costa del Pacífico y en el Caribe. En general, la economía de Nueva España se amplió más rápidamente que la de Perú y, desde la época de Cortés, una pequeña flota de barcos llevaba productos de Centroamérica, como esclavos indios, pez, tinte y algodón, a Guayaquil y El Callao. México reexportaba también cantidades imprecisas aún, pero probablemente considerables, de sedas chinas a fines del siglo XVI. A su vez, Perú mandaba plata, en parte para las flotas destinadas a España y en parte para pagar a los comerciantes de México y Manila. La plata peruana siempre tuvo escasa consideración, aunque en términos relativos, por supuesto. Cuando se acuñaba moneda allí, a menudo estaba falta de peso, devaluada por aleaciones, reacuñada y recortada. Pero la plata tenía el valor suficiente como para crear un sistema secundario de flotas por sí misma. Una vez al año se la trasladaba en una flota protegida desde El Callao a Panamá; y desde allí, en recuas de mulas, atravesaba el istmo hasta Nombre de Dios, pasando luego a Portobelo, para reunirse con las flotas que iban a Sevilla.

Bastante antes de que terminara el siglo, Perú enviaba también vino, aceitunas y aceite de oliva a Panamá y Nueva España, para preocupación de los comerciantes y funcionarios reales de la madre patria, que se esforzaban denodadamente en controlar este comercio. Al verse incapaces de hacerlo, prohibieron formalmente la exportación de vino y aceite peruanos a Panamá en 1614 y a Nueva España en 1620. En general, todo el comercio entre México y Perú se prohibió en 1631 y no renacería oficialmente hasta el siglo XVIII. Las prohibiciones no surtieron efecto, pero pueden haber contribuido a reducir la cantidad y la frecuencia de los envíos a mediados del siglo XVII.

También florecieron rutas interiores más cortas a lo largo de la costa del Pacífico después de la mitad del siglo. Guayaquil enviaba maderas y pez a El Callao; Chile enviaba trigo; Guatemala intercambiaba su cacao, un producto casi básico para los indios mexicanos, por tejidos y plata de México.

Los envíos de plata favorecieron también el comercio caribeño. Aparte del tráfico de comestibles que se desarrolló en lugares como Caracas y Costa Rica que, en parte, se llevaba a cabo para aprovisionar a la carrera de Indias, había un volumen de negocios considerable entre Veracruz y La Habana. La Habana, importante puerto de la carrera y donde había una guarnición militar, se abastecía de cereales, tejidos, armas y subsidios monetarios desde México. Por otra parte, había también un importante comercio de azúcar entre las islas y las tierras altas del interior mesoamericano.

Sin embargo, muchos de estos productos eran meros acompañantes en el comercio de la plata. La carrera, con sus dos troncos principales que se extendían hacia Veracruz y el istmo de Panamá, y regreso, vivió y murió gracias a la plata y los productos españoles y europeos que se reexpedían para pagarla.

Las remesas oficiales de plata a España parecen haber tocado techo en 1595. Se mantuvieron bastante bien, aunque en un nivel más bajo, hasta 1619 y después fueron decayendo uniformemente, a pesar de alguna buena flota ocasional, hasta que el comercio se hizo escaso e intermitente en las décadas de 1640 y 1650. Excepto una corta reactivación en la década de 1670, la tendencia a la baja en las importaciones oficiales siguió hasta fines del siglo. Otra cosa era, por supuesto, el metal precioso no oficial, propiedad de particulares. El año de 1595 fue también uno de los mejores en cuanto al valor de todos los bienes remitidos a España, aunque debe recordarse que el valor se mantenía más que el volumen, porque a medida que la plata se iba haciendo más escasa su precio crecía rápidamente. El oro y la plata alcanzaron los precios más altos del siglo entre 1660 y 1680. El envío de más valor de los siglos XVI y XVII llegó en la flota de 1624, aunque la cantidad de metal que traía era menos de la mitad del de 1595.

El volumen y el valor de los otros artículos que se enviaban a España llegaron a su punto oficial más alto algo después que la plata, probablemente sobre 1618 o 1619, pero cuando se produjo la decadencia los cargamentos secundarios descendieron con más rapidez que la plata. De hecho, la necesitada corona parece haber reservado espacio para la plata y excluido otros productos cuando las flotas eran pequeñas e intermitentes. Así pues, cargamentos como los de cochinilla, añil o azúcar se restringieron de manera importante.

Las exportaciones desde el complejo de puertos de Sevilla hacia América, la mayoría de las cuales se pagaban en plata, estaban en agitada correspondencia con las importaciones de metales preciosos, de manera que no es sorprendente encontrar que la exportación oficial de productos españoles y europeos alcanza su máximo hacia la misma época. El año más importante para las exportaciones legales españolas antes del siglo XVIII, tanto en volumen como en variedad, fue 1608. En adelante, aunque en general se mantuvieron mejor que las importaciones desde América, el tamaño de las flotas, la regularidad de los envíos y el valor de los productos decayeron rápidamente.

De esta forma, el comercio atlántico tuvo una serie de momentos buenos en los años comprendidos entre 1580 y 1620. Evidentemente estas eran décadas de cambio y reajuste en España y sus colonias. Medio siglo de crecimiento se había detenido, manteniéndose en tono menor durante unos pocos años, antes de deslizarse hacia abajo a mediados de siglo. Había muchos factores diferentes pero interrelacionados en juego.

La década de 1570 fue crucial para la población indígena de Nueva España que había venido disminuyendo desde el primer momento del contacto. Ahora, en la década de 1570, una serie terrible de epidemias asoló la zona reduciendo su número a una pequeña parte de lo que había sido en la época de la conquista. La producción y el comercio resultaron afectados de diversas formas: decayeron las prestaciones de servicios y el pago de los tributos; subieron los precios; hubo que retener más plata en el Nuevo Mundo para pagar los precios más altos, de forma que llegaba menos a España. Sin embargo, los efectos del descenso en el abastecimiento de la mano de obra sobre las economías de plantación, sobre el azúcar, la cochinilla y el añil, no resultan aún suficientemente claros. El azúcar en las islas ya había llegado a depender de los esclavos negros. Presumiblemente los otros dos productos también sufrieron el impacto, aunque nunca necesitaron tanto trabajo intensivo como el azúcar. Es seguro que ambos vieron reducida drásticamente su producción después de la década de 1620 y probablemente incluso antes. Los turnos de mano de obra, o mita, abastecían a Potosí suficientemente y, en México, un uso creciente de la fuerza de trabajo libre y de esclavos completó las necesidades.

No obstante, las minas de plata se hallaban sumidas en su propia crisis. La producción comenzó a descender: en Potosí, después de 1592, una caída que duró mucho más de un siglo, y en Nueva España, aproximadamente desde 1630 hasta casi finales del siglo XVII. Una de las causas de este fenómeno era la dificultad de disponer fácilmente de suministros de mercurio. Las minas de Huancavelica, por su parte, iniciaron el descenso de su producción alrededor de 1595. El mercurio de Almadén comenzó a escasear cuando el sistema de flotas empezó a debilitarse, a comienzos de la década de 1630. En el norte de Nueva España algunas de las más importantes vetas comenzaron a trabajarse aproximadamente por la misma época. Además, a medida que desaparecía la población indígena, el precio de los alimentos subía y costaba más mantener a los mineros. Y el descenso del número de indios forzó a la población no indígena a retener más metal precioso en el Nuevo Mundo para pagar los precios más altos, justo en el momento en que la producción minera estaba disminuyendo.

Al tiempo que las colonias empezaban a enviar menos a España, también necesitaban menos en retorno y la madre patria se mostraba cada vez más incapaz de enviar los bienes que los colonos deseaban comprar. El volumen de la sustitución de importaciones durante estas cruciales décadas probablemente se ha sobreestimado, pero México, Perú y Chile llegaron a autoabastecerse de granos y, en cierta medida, de vino, aceite, artículos de hierro y madera y muebles. Los españoles no podían seguir contando con la población indígena para abastecerse de productos básicos y las estancias y haciendas de los españoles comenzaron a llenar este vacío. Esta reducción de la dependencia con respecto a España coincidió con la decadencia de la metrópoli. A medida que decaía su industria, sus exportaciones consistían cada vez más en materias primas y productos sin elaborar y menos en bienes manufacturados. Y precisamente las materias primas y los productos alimenticios eran los más perecederos en el largo viaje atlántico y los que menos se necesitaban en las colonias.

La decadencia de España a fines del siglo XVI y en el XVII ha sido objeto de largas discusiones. La débil clase dirigente no renunció a ninguna de sus extravagantes ambiciones, los impuestos aumentaron sin cesar en Castilla, la industria y la agricultura se arruinaron ante la vigorosa competencia extranjera y, alrededor de la década de 1620 o incluso antes, las flotas y los cargamentos que salían de Sevilla eran controlados por comerciantes extranjeros y transportaban productos de la misma procedencia. Para complicar aún más las perspectivas del triste siglo XVII, España se vio afectada por una serie de violentas plagas, pérdidas de cosechas y hambrunas prolongadas. Su cohesión política fue sacudida por revueltas en la periferia y una suma de derrotas en el mar y en los campos de batalla de Europa debilitaron su prestigio y pusieron en discusión su poderío. El metal precioso de Indias, reducido en su cantidad y con llegadas esporádicas, se filtraba rápidamente hacia las economías en expansión del noroeste de Europa. No es de extrañar, pues, que el sistema de flotas, tan próspero y regular hasta la década de 1620, se viniera abajo tan rápidamente. Hacia mediados del siglo las flotas eran una sombra de lo que habían sido antes: salían a destiempo, eran incapaces de mantener su ritmo anual, estaban compuestas por barcos viejos e inseguros, construidos muchos en el extranjero, y con frecuencia se posponía su salida por la mera razón de que los cargamentos eran insuficientes o de escaso valor, por lo que no merecía la pena llevarlos a América. Por otra parte, las grandes ferias de Portobelo y Jalapa también decayeron y muchos puertos tropicales de las Indias se convirtieron en ciudades fantasmas.

En todo ello la corona y su Casa de Contratación jugaron un papel negativo, siendo especialmente perniciosas las confiscaciones de los cargamentos de plata indiana. Estas injerencias comenzaron muy pronto en el siglo XVI cuando, en varias ocasiones, Carlos V se apropió de las riquezas de particulares llegadas de América para pagar a los ejércitos o a sus acreedores. En la mayoría de los casos estas confiscaciones fueron pagadas en «juros», o libramientos anuales garantizados por la Real Hacienda. Después de 1600 estos procedimientos eran comunes y no se limitaban a las remesas de metales. Al cabo de algunos años toda la carga que llegaba a Sevilla se confiscaba y se prometía su pago con «juros», evidentemente devaluados, de una tesorería obviamente en bancarrota.

Sin duda, estas intromisiones del estado afectaron al comercio y a la productividad en general. Podemos imaginar cuánto desanimaría la expectativa de una confiscación a los comerciantes de las colonias. Muchos, de buen o mal grado, renunciaron a reinvertir o a desarrollar sus medios productivos y se transformaron en rentistas o en propietarios de tierras. Otros todavía intentaron progresar financieramente a pesar de los tiempos adversos, se volvieron hacia el comercio interior hispanoamericano o al trato con los contrabandistas nacionales o extranjeros.

A mediados del siglo XVII se habla de la construcción de una independencia y autosuficiencia hispanoamericana. Evidentemente se había producido una importante sustitución de las importaciones, especialmente en el caso de los productos de alimentación; pero estos indicios de autoabastecimiento debieron restringirse a ámbitos locales, dando lugar a algunos tipos de autarquías regionales, porque no hay muchas evidencias de crecimiento en el comercio interregional indiano después de la tercera década del siglo XVII.

De hecho, al observar el problema, se encuentran pruebas de decadencia en el comercio hasta una o dos décadas antes de terminar el siglo. Los fletes peruanos a Panamá, Realejo y Acapulco disminuyeron considerablemente cuando la plata de Potosí fue menos abundante. Muchos eran ilegales y ello exigía costes adicionales para los contrabandistas. Durante varios años, en torno a mediados de siglo, no existen signos de actividad mercantil por barco entre México y Perú (habría que señalar que algunos estudiosos distinguen un aumento en la navegación local de cabotaje). El comercio de Filipinas decayó también a medida que los envíos de los galeones de Manila se espaciaban y se hacían menos rentables, si hemos de creer a los observadores de mediados del siglo. También se vieron afectados los fletes entre las islas del Caribe. La Habana, que había comerciado mucho con Cartagena, Honduras, Santo Domingo, Yucatán y Veracruz en los primeros años del siglo XVII, se desconectó prácticamente de todos aquellos lugares, excepto de Veracruz, en las décadas de 1650 y 1660. Todos habían llegado a ser autosuficientes en cuanto a alimentos de primera necesidad, incluyendo el azúcar, y no tenían mucho que intercambiar. Incluso desapareció el recuerdo de este comercio que una vez había sido vigoroso. Cuando se reanudó, a finales de siglo, quienes lo realizaban pensaban que estaban iniciando nuevas rutas e intercambios.

Desde luego, había excepciones, pero incluso cuando se encuentran nuevos comercios florecientes éstos tienden a reforzar la impresión de una cuasi interrupción de los intercambios en el tercer cuarto del siglo XVII. El cacao es un buen ejemplo. Cuando se extinguieron los indios y los arbustos de cacao en Centroamérica, las poblaciones indígenas del centro de México que consumían chocolate, que seguían siendo considerables, tuvieron que abastecerse en otro lugar más lejano. Guayaquil comenzó a enviar semillas de cacao a México a fines del siglo XVI, pero este comercio fue prohibido por una corona celosa y por el consulado de Sevilla, que lo consideraban como un subterfugio para introducir vino y aceite peruanos, y lo era en realidad en algunas ocasiones. Pero no acabó aquí esta cuestión. El cacao de Guayaquil se llevaba de contrabando a Realejo y Sonsonate, en Centroamérica, donde se le daba el carácter de producto local, y se enviaba a Puebla y Ciudad de México. Mas, por razones aún desconocidas, el cacao de Guayaquil sufrió a su vez una caída de precios a mitad del siglo XVII de la que no comenzó a recobrarse hasta fines de la década de 1680.

Caracas se benefició de las dificultades de Centroamérica y Guayaquil. Obligada por la decadencia del sistema de flotas a abandonar su papel de proveedor de trigo de los navíos en Cartagena y Portobelo, la región comenzó a mandar cacao silvestre a Veracruz en la década de 1620. El comercio registró un crecimiento uniforme hasta alrededor de 1660 y después cayó drásticamente hasta 1670, sin que volviera a alcanzar los niveles anteriores hasta 1680. Después de esta fecha, las exportaciones se reanudaron, creciendo rápidamente hasta bien avanzado el siglo XVIII.

Otros dos hechos apagaron el comercio interregional en las colonias después de 1630 aproximadamente. Uno fue la piratería. Los Chaunu han tratado de demostrar que tuvo pocos efectos en el desarrollo de la carrera. Con excepción de los famosos, aunque escasos, años en que holandeses o ingleses capturaron toda la flota con el tesoro —como hizo el almirante Piet Heyn en la bahía de Matanzas, cerca de La Habana, en 1628— la carrera tenía la suficiente envergadura y el suficiente armamento como para luchar contra las mejores armadas o, incluso, ignorarlas. Otros estudiosos llegan a la conclusión de que los Chaunu han subestimado las pérdidas, pero, en todo caso, los efectos de la piratería sobre la navegación costera fueron mucho más graves. Barcos piratas aislados o en pequeñas flotas de dos o tres, que evitaban los galeones y las principales ciudades fortificadas, hacían estragos en las pequeñas e inermes canoas, lanchas y carabelas y, con frecuencia, incendiaban ciudades secundarias como Trujillo, Campeche o Río de la Hacha. Apenas hay relato de viaje por el mar Caribe que no haga mención de, al menos, un ataque pirata. La Armada de Barlovento, flota de barcos de guerra cuya misión era proteger el Caribe español, resultó ser menos que inútil. No podía abarcar una zona tan amplia, no contaba con tripulación suficiente, estaba compuesta de viejas carracas y nunca se encontraba donde era necesaria. Aunque los piratas nunca fueron una seria amenaza en el Pacífico, su presencia inhibió el comercio español de cabotaje a todo lo largo del camino desde Valparaíso a Acapulco durante el siglo XVII.

El impacto de los piratas fue cambiar el comercio desde las bodegas de los barcos a los lomos de las mulas. Antes de la mecanización y de que existieran caminos apisonados, el transporte por tierra era, lógicamente, más lento y más costoso. Las rutas terrestres en el continente americano planteaban problemas adicionales. Si las recuas seguían caminos de montaña, las roturas, el tiempo, la duración de los viajes y los costes del transporte se incrementaban notablemente. Por otra parte, si las recuas de mulas transitaban las rutas de las tierras bajas, con pocas excepciones como la costa de Perú o el área que rodeaba a Buenos Aires, se encontraban en la zona húmeda tropical, de manera que el atravesarla sólo era posible en la estación seca que apenas existía en algunos lugares como Tabasco. Se diría que el comercio interregional debió decaer y ralentizarse, restringiéndose a las rutas interiores más cortas. Esto es, desde luego, lo que afirmaba la gente de la época.

El otro factor que sofocó el comercio interregional a mediados de siglo fue la falta de circulante. Las colonias venían sufriendo una fuerte escasez monetaria con severos resultados. Los sistemas comerciales locales eran demasiado pequeños como para desarrollar sofisticados mecanismos de cambio y crédito. El comercio, de hecho, estaba respaldado por un tipo de moneda de plata que era generalmente aceptado, y sin tal respaldo inevitablemente decaía porque tenía que usar voluminosos sustitutos, como semillas de cacao o cántaros de vino o, incluso, regresar al antiguo trueque que era difícil de mantener a largas distancias.

No podemos asegurar cuáles fueron los destinos de la plata producida en México y Perú durante 1640 y 1680. Aunque el comercio oficial trasatlántico había descendido en intensidad, la corona seguía recaudando sus impuestos y rentas con sorprendente eficacia, dadas las condiciones de la época, y bien pudiera ser que una mayor proporción de plata de lo que se piensa estuviera siendo canalizada hacia España. A principios de siglo se retenían grandes cantidades de plata en el Nuevo Mundo, pero estos remanentes de moneda habían desaparecido hacia 1650, excepto quizás en México central. Por otra parte, parece poco probable que se dirigiera hacia Filipinas mucha más plata de la que salía antes, y probablemente menos. El comercio local por mar, salvo la ruta Caracas-Veracruz y quizás el de cabotaje desde Guayaquil a Santiago de Chile, estaba en decadencia.

Parte del problema estriba en la larga historia de fraude y falsificación en Perú. La moneda peruana había sido sospechosa desde la conquista y, a medida que escaseaban los suministros de plata del sur, se fue depreciando cada vez más. Esto alarmó a la corona que necesitaba la plata, y por medio de sus autoridades coloniales cometió la insensatez de recurrir a una serie de resellos, revaluaciones, devaluaciones, retiradas de moneda y, finalmente, reacuñación de las sospechosas «macacas» y moneda recortada, que en la década de 1650 destruyó la confianza de los comerciantes en la moneda. El dinero mexicano permaneció relativamente bien controlado y acuñado, y esto condujo al ineluctable funcionamiento de la ley de Gresham. Los mexicanos almacenaban buena moneda, la enviaban a España o la reservaban sólo para los negocios más lucrativos. Los mercados locales estaban abiertos a las devaluadas y recortadas monedas peruanas en las que no confiaba nadie. Los comerciantes criollos tuvieron que afrontar algunos graves problemas después de 1630. La carrera de Indias venía sufriendo un proceso de desprestigio y decadencia durante, al menos, 30 o 40 años. Cuando la flota lograba salir, su llegada a Sevilla podía atraer a una ávida corona en bancarrota que confiscaba los cargamentos y premiaba años de esfuerzos con «juros» casi sin valor. Muchos otros complejos comerciales estaban también a punto de extinguirse, asolados por los piratas o forzados a restringirse a una escala muy reducida. La autosuficiencia local era en muchos casos una especie de autarquía en lo relativo a alimentos básicos y tejidos. Esta situación no dejaba mucho con lo que comerciar entre las regiones autárquicas.

Para el terrateniente que seguía interesado en la agricultura comercial y para el comerciante que seguía soñando con un comercio a larga distancia, la solución eran los extranjeros. Pero antes de que se presentara esta solución, los impacientes criollos tuvieron que esperar a que los acontecimientos encajaran con sus expectativas. El contrabando no se extendió hasta que las últimas naciones que llegaron al Caribe realizaron toda una serie de experimentos y transiciones propios. El contrabando necesitó casi un siglo para desarrollarse como el medio básico de comercio en el Caribe y en el Río de la Plata. Varios obstáculos se le interpusieron. Los principales fueron la guerra y la piratería. El contrabando y la piratería son normalmente excluyentes entre sí, porque hasta los contrabandistas deben tener una mínima confianza con su contrapartida en la costa.

El período que transcurre entre 1620 y la década de 1680 fue el gran momento de la piratería caribeña, de los ataques navales europeos a las posesiones españolas, del no peace beyond the line. Las potencias extranjeras no permitieron a España disfrutar en exclusividad de su nuevo imperio. En un momento tan temprano como 1521, corsarios que actuaban entre las islas Canarias habían empezado a desvalijar a los barcos rezagados de los que iban a América y, según crecían los rumores de la riqueza que llegaba a Sevilla, los piratas y corsarios de Europa occidental se hicieron más numerosos. Las incursiones esporádicas, pero destructivas y temerarias, de los primeros corsarios franceses y, después, de los héroes de la época isabelina inglesa, Hawkins, Drake y Raleigh, causaron gran preocupación a la corona española, pero ésta respondió, dada la época, de forma rápida y efectiva. El experto naval y adelantado de Felipe II, Pedro Menéndez de Aviles, fue designado responsable, en 1575, de la organización de dos pequeñas flotas en el Caribe, una en Cartagena para proteger el istmo y otra en Santo Domingo para salvaguardar la seguridad de las flotas que se dirigían, con rumbo este, hacia España. Estas escuadras suplementarias funcionaron bien hasta que la carrera entró en decadencia. Eran mucho más eficaces que la errante flota defensiva del siglo XVII, la inepta Armada de Barlovento. Por esta época España inició también la construcción de importantes fortificaciones en Indias. Entre 1580 y 1620, bajo la dirección de los ingenieros militares italianos Juan Bautista Antoneli, padre e hijo, se construyeron poco a poco sólidas defensas en varios puertos relevantes, como La Habana, San Juan y Veracruz. El coste de estas flotas y fuertes era, desde luego, alto y las ciudades más pequeñas, desprotegidas y menos estratégicas se quejaban, entonces, de recibir una mayor y más dura atención por parte de los piratas. En cualquier caso, hasta la década de 1620, e incluso un poco más tarde, la defensa española de sus flotas y posesiones fue razonablemente buena.

Los primeros que desafiaron el poder español con seriedad fueron los holandeses. A fines del siglo XVI eran la única nación europea con el suficiente poderío en el mar como para poderse enfrentar a España y Portugal en el Nuevo Mundo y en las Indias Orientales. La flota naval holandesa era la mayor de Europa, doblando el tamaño de la inglesa en la década de 1560. La prolongada guerra de independencia holandesa contra España (1568-1648) les proporcionó un incentivo extra a sus ataques. Después de 1590, cuando empezaron a surgir los primeros problemas en la carrera de Indias, llegaron al Caribe barcos holandeses en número considerable. Se produjeron ataques en el mar y a las ciudades, pero esta no era la principal razón por la que los holandeses estaban allí. Ellos esperaban capturar la flota y, aunque este segundo objetivo se contradecía directamente con el primero, esperaban comerciar con cueros, azúcar, chocolate y tintes. Durante años tuvieron cierto éxito comerciando clandestinamente con Venezuela y las islas de mayor importancia. E igualmente se sintieron atraídos por las grandes llanuras de sal de la costa de Tierra Firme. La sal que obtenían, combinada con las pesquerías de Terranova, les permitió dominar el comercio europeo del bacalao salado y el arenque, ambos elementos básicos de la dieta cotidiana.

Parte de esta actividad se extinguió con el siglo XVI. Durante la tregua de los Doce Años de la guerra hispano-holandesa, entre 1609 y 1621, los holandeses retiraron la mayor parte de sus barcos del Caribe. Los ingleses, por su parte, no tan numerosos, también firmaron un «alto el fuego» con España. Pero tan pronto como terminaron las treguas, se renovaron las hostilidades en el Caribe y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales (fundada en 1621), una alianza que permitía a los privados y poderosos intereses mercantiles unirse al apoyo entusiasta y al soporte militar del estado, supuso una nueva y amenazadora iniciativa. Consiguió un gran éxito en 1628, gracias al almirante Piet Heyn, y envió un gran número de barcos, al menos 80 en un año, para arrasar la navegación española, saquear pequeños puertos y comerciar aquí y allá, si era posible.

Sin embargo, para muchos en Holanda e Inglaterra comenzaba a ser evidente que sería imposible hundir el imperio español, aunque estuviera en decadencia, por medio de la piratería y de ataques a la carrera. Sir Francis Drake, de alguna forma, represento el modelo de una estrategia alternativa: la de capturar puertos vitales estrangulando el sistema comercial español. Él, que durante tantos años había odiado profundamente a España, se había dado cuenta de que el sistema de comercio monopolístico de las Indias dependía de unos pocos cuellos de botella estratégicos y de que al menos dos de ellos, el istmo de Panamá y La Habana, eran bastante vulnerables a un ataque por mar. Pero sin contar con el apoyo pleno de la reina Isabel, con menos organización que los españoles y sin una base en la zona, logró poco más que lucrativos ataques por sorpresa y ocupaciones temporales. Así, saqueó Panamá en 1572, pero se fue con la mitad del oro que había ido a buscar; tomó Santo Domingo en 1585 y de nuevo salió con una cantidad decepcionante; abandonó su ocupación de Cartagena al año siguiente, antes de conseguir el rescate a causa de la fiebre que aquejaba a su tripulación; y tuvo que regresar a Inglaterra después de pasar por el istmo y La Habana e incendiar la pequeña San Agustín de Florida en un arrebato de ira, a causa de la escasez en los abastecimientos y las muertes en su tripulación. En 1596 murió frente a las costas de Panamá, casi avistando Portobelo, incapaz de llevar a cabo su sueño de estrangular el sistema comercial español apropiándose de sus puntos estratégicos. Sir Francis tenía la imaginación, pero no los medios. Medio siglo más tarde, Oliver Cromwell, que no odiaba menos a España, hizo revivir el plan de Drake. Una expedición enorme para la época, con 2.500 hombres a bordo, zarpó en 1655 para conquistar Santo Domingo y, después, si era posible, La Habana. Fue derrotado dos veces ante las murallas de Santo Domingo e, intentando evitar la total desgracia y regresar a la patria con un premio de consolación, ocupó la isla menor de Jamaica, donde vivían un pequeño puñado de españoles y esclavos. Casi como en un último recurso, Inglaterra, como Holanda y Francia, había capturado pequeños espacios de territorio en el Caribe que España no había considerado necesario ocupar de manera efectiva. Durante las décadas de 1630 y 1640 los holandeses habían ocupado Curaçao y establecido enclaves comerciales en las islas de Venezuela. Los franceses habían ocupado Guadalupe, Martinica y algunos puertos en la costa noroeste de La Española. Y ahora los ingleses se establecían en Barbados y Jamaica, así como en Antigua. Y la piratería no había llegado a su fin. Una larga y dura lucha se mantuvo en Jamaica, por ejemplo, entre el partido de los piratas apoyados por algunos de los primeros gobernadores y plantadores, que querían cultivar azúcar y añil en las islas y no tener competencia desde el continente, y el partido de los comerciantes que querían relacionarse mediante el contrabando con las ciudades españolas de Cuba, Nueva España y Centroamérica. Durante unos 30 años después de la ocupación inglesa de 1655, la época del auge de Port Royal y de Henry Morgan, el bando de piratas y plantadores consiguió mantener su influencia, y los mercaderes españoles de las tierras cercanas a Jamaica, que estaban ansiosos de comerciar con los ingleses, tuvieron que esperar a mejores días.

Había toda una serie de razones logísticas y geopolíticas que explican por qué los rivales de España no tomaron una parte mayor de su imperio en el siglo XVII y por qué la piratería y el saqueo siguieron siendo preferibles al comercio de contrabando.

El primer obstáculo para los que llegaron más tarde era la geografía humana y epidemiológica del Caribe. Los españoles se habían establecido allí primero y habían conseguido aclimatarse, y esto no era cosa de poca importancia. Las principales ciudades, tales como Ciudad de México, Puebla y Bogotá, se encontraban tierra adentro, prácticamente inaccesibles al tipo de ejércitos que los europeos podían enviar a través del Atlántico en los pequeños barcos de la época. Sobre todo, la población colonial de las Américas vivía en su mayor parte fuera de las zonas de las peligrosas enfermedades tropicales, y visitaban los puertos como Veracruz, Portobelo o La Guaira sólo cuando era necesario. Los europeos que se arriesgaban a vivir en los trópicos morían en grandes cantidades, y especialmente los recién llegados de Europa. De hecho, según la opinión de la época, se suponía que los recién llegados caían enfermos, para sufrir un proceso de aclimatación en los primeros meses de estancia. Sólo si el inmigrante sobrevivía a sus primeros, aparentemente inevitables, brotes de malaria, disentería u otras enfermedades tropicales, podía tener esperanzas de prosperar en el Caribe. Los estrategas españoles lo sabían y se aprovechaban de ello. Drake evacuó Cartagena en lugar de esperar a ver satisfechas todas sus solicitudes de rescate, porque mientras más tiempo permaneciera en la ciudad mayor número de sus marineros enfermos morirían de malaria y disentería. Penn y Venables, los jefes de la expedición de Cromwell de 1655, fracasaron en la toma de Santo Domingo en parte por su propia incompetencia, pero también porque fueron tan inocentes como para acampar durante el largo asedio de la ciudad en los pantanos que la rodeaban para regocijo de los defensores españoles, que sabían lo que les sucedería si prolongaban su estancia allí. En poco más de una semana, la disentería y la fiebre comenzaron a diezmar a los atacantes y los supervivientes se vieron obligados a partir. Otros muchos miembros de la misma expedición iban a morir después de la ocupación de Jamaica antes de completar su aclimatación.

Había otros factores que impedían el desarrollo del comercio extensivo de contrabando con el imperio español. Los holandeses y, en menor medida, los ingleses fueron capaces de hacer descender muchos precios españoles desde fines del siglo XVI hasta casi las guerras de independencia, pero se enfrentaban con graves problemas de oferta y demanda, almacenamiento y transporte de mercancías voluminosas. Si la Casa de Contratación de Sevilla tenía problemas para estimar las necesidades de los mercados de Portobelo, Veracruz y Lima con seis meses de antelación, ¿qué decir de los comerciantes de Amsterdam, excluidos legalmente de la información de los negocios coloniales y que dependían a menudo de rumores subrepticios recogidos en oscuras playas por piratas, contrabandistas o renegados españoles? Tampoco podían esperar los intrusos establecer un almacén en el Nuevo Mundo mientras no tuvieran claro que la demanda y los precios se decantarían en su favor. No tuvieron almacenes en las islas antes de la década de 1630, y no se les ocurrió la idea de usar las islas capturadas para este propósito hasta mucho más tarde, cuando ya había terminado el enfrentamiento entre piratas y comerciantes. Tampoco podían los recién llegados producir y proveer en cantidad, lo que habría disminuido los costes y reducido las pérdidas potenciales. Se enfrentaban con el mismo inconveniente de los barcos pequeños con poco espacio de carga que tenían los españoles, aunque los holandeses, en especial, tenían mejores barcos y sus exportaciones venían de una Europa que estaba empezando a reorganizarse para las primeras etapas de la revolución industrial. Aún faltaba tiempo para que aparecieran la producción en masa y la distribución rápida a los mercados Solía ser mucho más fácil recibir artículos del Nuevo Mundo y mandar de vuelta allí los productos del norte vía Sevilla, donde la bancarrota de España y el colapso de su agricultura, industria y comercio permitían al extranjero hacerse con todo el negocio y el comercio

La piratería, el arruinar los puertos y capturar las islas, sobre todo, reflejaban la mentalidad de la época Compañías privilegiadas como la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la Compagme de Commerce de Colbert habían sido el principio, y el cacao de contrabando holandés se enviaba de Venezuela a Amsterdam en grandes cantidades, pero el no peace beyond the line había durado demasiado como para desaparecer rápidamente. No se comerciaba con el enemigo si se tenía la fuerza suficiente para arrebatarle sus bienes y asolar sus flotas y ciudades «La guerra y el comercio seguían siendo los vecinos más cercanos», ha escrito el profesor A. P Thornton, «y aquellos que los veían como enemigos naturales pensaban de forma demasiado radical para su propia época»[5].

Sin embargo, a finales de la década de 1680 varias alteraciones significativas prepararon el camino del cambio hacia la era del contrabando o imperialismo informal. En Jamaica la clase comerciante ganó su larga lucha contra los piratas y sus protectores, los plantadores más proteccionistas. El gobernador Lynch, un converso al partido del comercio, sustituyó al famoso Henry Morgan como gobernador de Jamaica en 1681. El duque de Albemarle, que ocupó brevemente el gobierno (1687-1688), representó una cierta vuelta a la política anterior y se inclinaba más hacia los plantadores proteccionistas y sus aliados piratas. Pero a la muerte de Albemarle el gobierno inglés ordenó rápidamente un giro hacia el fomento del comercio pacífico y el abastecimiento de esclavos africanos. La confianza mutua no se estableció de un día a otro, pero alrededor de 1690 la gran época de la piratería había pasado. A medida que los comerciantes criollos españoles se iban convenciendo de que los gobernantes extranjeros de las islas eran sinceros en sus esfuerzos por capturar y eliminar a los piratas que quedaban, creció su confianza, así como su interés en comerciar con los enemigos de España

De este modo, Barbados, Curaçao, St. Kitts, Jamaica —y finalmente (1685) Santo Domingo (el tercio occidental de La Española)—, que habían sido capturadas como trofeos de consolación que España no echaba mucho de menos, y que se habían usado durante muchos años como plantaciones y nidos de piratas y sólo incidentalmente como reserva y almacén de esclavos, se convirtieron, con cierta sorpresa por parte de sus colonos y de la administración local, en una solución parcial a los problemas que habían ido retrasando el desarrollo de un contrabando vigoroso problemas de oferta y demanda, peso, volumen de las mercancías, distancia y rentabilidad. Especialmente Jamaica y Curasao llegaron a ser grandes almacenes donde podían mantenerse los productos y los esclavos hasta que los precios y la demanda en las colonias españolas fueran fuertes Estaban cerca del mercado y podían obtener de él noticias bastante precisas. Los barcos pequeños, tan limitados en la larga carrera del Atlántico por razones de tiempo y espacio de carga, podían entregar mercancías de Jamaica en Veracruz o de Curaçao en Cartagena sin grandes costes adicionales.

Los rivales imperiales de España irrumpieron también en otro terreno del comercio americano del siglo XVII: era el comercio de esclavos africanos, que se necesitaban principalmente como población sustitutiva en las islas y costas tropicales donde se había aniquilado la población india. España había manejado su propio comercio de esclavos en el siglo XVI. No tenía establecimientos, factorías ni colonias en la costa esclavista de África, pero podía hacer contratos con agencias privadas que se surtían en los mercados portugueses y holandeses. La oferta resultaba adecuada a la limitada demanda, aunque algunas regiones se quejaban de escasez de vez en cuando, y la anexión de Portugal por parte de Felipe II ayudó a asegurar un fácil acceso a las fuentes. Hasta la rebelión portuguesa de 1640 los concesionarios portugueses proveían a las colonias de la mayor parte de los esclavos que necesitaban, pero desde 1640 ya no pudieron utilizarse más como proveedores. Sin embargo, la demanda era baja entonces, y las colonias, aletargadas, con poca moneda, no podían permitirse comprar mucho. El «asiento», o sistema de arrendamiento contractual, se dejó de utilizar durante unos veinte años, otro signo de la debilidad de España y de la decadencia de la producción

En 1663 se revitalizó el sistema del asiento. Al principio avanzó lentamente en manos de inexpertos prestamistas de la corona, los banqueros genoveses y los comerciantes Grillo y Lomelín. El período del asiento de Grillo duró hasta 1678. Su principal fuente de aprovisionamiento parece haber sido Curaçao, donde el precio era más bajo que en las islas inglesas, y su destino más frecuente eran Portobelo, Veracruz y La Habana Entre 1685 y 1689, tras unos años más de intentar funcionar sin un asiento, la corona española se lo concedió de mala gana a la firma holandesa de los Coyman. Los orígenes de esta empresa no están claros, pero podía haber sido una tapadera de un grupo con intereses más amplios. De cualquier modo, durante algún tiempo los Coyman resultaron ser el clavo ardiendo, y la corona española no tenía otro lugar adonde acudir para abastecerse. Estos barcos holandeses de esclavos de Curaçao transportaban gran cantidad de mercancía prohibida, y, como en otras cosas, fueron los pioneros de la nueva lera del contrabando

Los franceses le daban menos importancia al contrabando, aunque también participaban en él, y antes de 1702 y de la alianza formal franco-española se dedicaron con más ahínco a dominar el comercio legal que partía de Cádiz y Sevilla. Por lo que sabemos, parece que el capital y las mercancías francesas constituían más de la mitad del total de la «carrera» a fines del siglo XVII, cuando funcionaba Esto dejó a los ingleses como los principales rivales de los holandeses y en condiciones desfavorables Pese a contar con sus piratas, envidiaban a los holandeses su entrada en el mercado colonial español Podían observar que algunas regiones padecían restricciones de mano de obra y parecían dispuestas a pagar un buen precio por los esclavos quizá la creciente necesidad de esclavos pudiera ser usada como un medio para introducirse. El gobernador Lynch, astutamente, deseaba usar la maniobra de los esclavos y publicó una proclama en 1683 invitando a los barcos españoles a ir a Jamaica, garantizándoles la total protección y una recepción cordial. Su invitación, para su pesar, fue prematura. Todavía quedaba mucho recelo hacia los piratas y había demasiados pocos esclavos. Poco tiempo después empezó el «asiento» de los Coyman.

Hacia la década de 1690 había cambiado mucho la situación, y los barcos de esclavos ingleses llegaban en mayor número desde la costa de África. La propia Jamaica absorbía más esclavos, y los franceses empezaban sus fuertes importaciones a Santo Domingo, que se iba a convertir en la más grande de todas las colonias azucareras. Parte de esta nueva provisión de africanos pasaba subrepticiamente a las colonias españolas, inclusive las islas principales, acompañada, debemos suponer, por algunos productos de la industria inglesa. Aunque había que guardar las apariencias, los registros españoles de lugares como los pequeños puertos de la bahía de Honduras muestran que eran superficiales e insuficientes. Los funcionarios españoles, a todos los niveles, estaban involucrados en el juego.

Tras la muerte del último y patético Austria español, los borbones franceses llegaron al trono de España y comenzó la alianza hispano-francesa. El asiento se le concedió a la Compañía de la Guinea Francesa en 1702, y durante unos 11 años Francia no sólo dominó la carrera legal, incluso aportando los barcos de guerra necesarios para protegerla, sino que irrumpió en el comercio de esclavos e intervino en buena medida en el contrabando del Pacífico y el Caribe.

Cuando terminó la Guerra de Sucesión española en 1713, también los ingleses obtuvieron concesiones. Mediante el tratado de paz obtuvieron un derecho limitado a comerciar con esclavos legalmente. Un barco perteneciente a la Compañía del Mar del Sur fue autorizado a vender esclavos en las ferias anuales que se llevaban a cabo cuando llegaban las flotas de España. Estos derechos, que para todos los que estaban involucrados eran una forma de iniciar la penetración, se ampliaron más en 1716, cuando se acordó que el barco anual podía ir a Cartagena y Portobelo incluso los años en que no había ni flota ni feria, que resultaron ser la mayoría. Los ingleses, argumentando que había que cuidar a los esclavos antes de venderlos, construyeron pronto un barracón en Portobelo, que casi en seguida se convirtió en almacén. El contrabando podía entrar ahora libremente, y los ingleses apenas se molestaban en esconderlo. Y esto no sólo ocurría en los puertos mencionados. En Buenos Aires, donde comerciantes portugueses, holandeses y franceses habían sido los pioneros de un comercio de contrabando clandestino con Potosí y Lima, la Compañía del Mar del Sur construyó una gran factoría o enclave comercial, aunque casi no había comercio de esclavos allí en aquella época.

Todas estas innovaciones juntas: la presencia de Jamaica y Curasao como almacenes y reservas de esclavos y el esclavo africano como vía de entrada involuntaria en el mercado colonial español, sentaron las bases para una solución a los problemas del comercio directo entre las colonias españolas y el noroeste de Europa. Sin embargo, los cambios en esta zona, especialmente en Inglaterra, pueden haber desempeñado un papel igualmente importante.

Entre 1660 y 1689 los fletes ingleses crecieron rápidamente en cantidad y tonelaje. Gran parte de este crecimiento se registró en los grandes barcos oceánicos más que en los pequeños bajeles costeros. Es especialmente notable el crecimiento, en número y tonelaje, de los que iban a las Indias Occidentales y a América. Su cantidad se duplicó entre 1663 y 1686. Aunque este crecimiento se hizo un poco más lento posteriormente, la reorientación del comercio inglés continuó. El país se encontraba en una rápida evolución desde el interés central en el comercio con el continente europeo hacia un comercio oceánico con Oriente, el Ártico y las Américas. Igualmente era notable el crecimiento del negocio inglés de reexportación, que estaba sobrepasando a Holanda en su papel inicial de intermediario entre Europa y el mundo colonial.

A medida que aumentaban el volumen y el tonelaje y que crecían las ventajas del comercio a gran escala, bajaban los costes del transporte en los viajes largos. Mercancías inglesas que no amortizaban el transporte hasta Jamaica en la década de 1660 podían hacerlo ya alrededor de 1700. Por supuesto, las mercancías resultaban baratas y más abundantes cuando se cargaba también la cubierta de los buques. Se había resuelto parte del problema de equilibrar peso, volumen, espacio de carga y tiempo en relación con la rentabilidad. Ahora los comerciantes de las ciudades coloniales españolas podían reinvertir más en la agricultura de exportación y en la minería y vender sus mercancías a las naciones en expansión del norte de Europa.

Los años comprendidos entre 1680 y 1720 en Hispanoamérica han sido poco estudiados y presentan varios aspectos desconcertantes y paradójicos. En España, el reinado de Carlos II fue débil, pero estudios recientes nos muestran de forma convincente que la peor época de la depresión tuvo lugar a mediados de siglo. Después, las regiones de la periferia empezaron a recobrarse lenta pero significativamente. Las zonas del centro y el sur, es decir, las dos Castillas, Andalucía y Extremadura, que habían sido las más ligadas a las colonias, tuvieron una recuperación más lenta por causa de las epidemias de 1676-1685 y de una rápida inflación que duró hasta 1686 aproximadamente. Después las áreas centrales llevaron a cabo una lenta expansión hasta finales de siglo.

La historia de la «carrera» en estos años es complicada. Sabemos que continuó la reducción del número de barcos y de su tonelaje, que por esta época partían de Cádiz y regresaban allí en su mayor parte. El metal precioso registrado siguió también decayendo, salvo en la década de 1670, en la que se observa una mínima recuperación, hasta bien entrado el siglo XVIII. Los envíos de metal precioso ilegal, sin embargo, parecen haber aumentado, lentamente después de 1670, cayeron durante un corto espacio de tiempo a principios de la década de 1680, y después se aceleraron otra vez hasta finales de siglo. Los consulados pagaban con largueza «indultos» y otros sobornos a la indigente corona, y ésta, a su vez, se veía obligada a hacer la vista gorda en las inspecciones de los barcos que llegaban y a descuidar la persecución de mercaderes que abiertamente eran culpables de fraude y contrabando. Gran parte de la información proviene de cónsules extranjeros residentes en el sur de España, fuente muy diferente de la que se ha usado en estudios de años anteriores, y esto crea un problema de comparación. Sin embargo, el aumento de la cantidad de metal precioso americano enviado a España parece generalmente aceptado y necesitaría un nuevo examen y explicación. Evidentemente las flotas, en decadencia, ponían especial énfasis en los metales preciosos, excluyendo así, sin duda, otros cargamentos. También puede haber tenido un papel en este proceso el relanzamiento de la minería de plata y mercurio en el Nuevo Mundo a fines del siglo XVII.

La recuperación se notó más en la década de 1690, pero el comercio legal volvió a recaer entre 1700 y 1720, años dominados por la guerra de Sucesión española, antes de recuperarse de nuevo bajo la forma de un sistema más libre y diferente de barcos con licencias durante la mayor parte del siglo. Tal fue la situación de debilidad durante la guerra que los barcos tenían que zarpar de Cádiz bajo la protección francesa. No hubo ninguna feria en Portobelo entre 1708 y 1722 y las flotas que llegaban esporádicamente a Nueva España eran más pequeñas que las de la década de 1690. Además, en los antiguos centros del imperio se registraron muchos signos de tensión durante este período de veinte años. Revueltas, una nueva escasez de moneda, cosechas fallidas y hambres dominaron el panorama del sur de México y Centroamérica.

Sin embargo, parece evidente que había comenzado una nueva época de expansión. España estaba haciendo denodados esfuerzos, algunos prácticos, la mayoría ilusorios, por reformar su armada y su comercio marítimo y por hacer revivir los astilleros. Cádiz, puerto de aguas profundas, reemplazó definitivamente a Sevilla. Los «avisos», o barcos-correo, empezaron a navegar con mayor frecuencia, acercando de ese modo la oferta y la demanda.

Aparecieron comerciantes extranjeros en pequeñas ciudades coloniales donde hacía un siglo que no se veían. La producción de plata volvía a aumentar en Nueva España y pronto reviviría en Perú. Las exportaciones de cacao de Venezuela a Nueva España, España y Curasao alcanzaron nuevos máximos. Creció el comercio entre México y Perú, México y Filipinas y Perú y Buenos Aires. La Habana estableció rutas a muchos puertos del Caribe. Nuevas regiones cobraron importancia. Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, mejor provistas de esclavos ahora, se convirtieron en islas de plantación que comerciaban el azúcar con los extranjeros y con la metrópoli. El contrabando extranjero era el principal vehículo del comercio en casi todas partes, aunque también prosperaba el comercio ilegal con España.

Hacia 1720, la escena estaba preparada para un nuevo período de expansión, aunque en gran medida esta situación tenía su origen en intercambios ilegales con la madre patria y en el comercio con potencias rivales de España. Hispanoamérica había resurgido después de casi medio siglo de aislamiento parcial y había reorientado sus productos y mercados, especialmente en áreas antes periféricas como Cuba, Venezuela y Buenos Aires. El intento de España por desprenderse de su atraso y su letargo y recuperar su comercio colonial de los contrabandistas extranjeros llenaría gran parte de la historia del siglo XVIII.

La conexión atlántica entre España y sus colonias americanas fue a la vez un resultado fundamental de la expansión de Europa y una manera de reforzarla. También fue al mismo tiempo un resultado y un refuerzo del mercantilismo monopolístico. Las colonias justificaban su existencia como bases de las cuales extraer los productos que se deseaban, y otros rivales que pudieran hacerlo a su vez tenían que ser excluidos dentro de lo posible. Estos planteamientos dieron lugar a una Hispanoamérica dependiente, monocultural, orientada a la exportación, y estas características han perdurado desde los mejores días del comercio de Sevilla hasta el presente. Las excepciones temporales a esta dependencia estaban, y están, causadas por factores extraños a Hispanoamérica. La carrera fue el fundamento de esta dependencia de la exportación durante los dos primeros siglos de mandato español y sus necesidades imponían una estructura de comunicación en Hispanoamérica por la cual todas las rutas principales se encaminaban desde las ciudades, plantaciones y minas hasta el puerto de mar. Las áreas productivas dentro de cada masa continental colonial no necesitaban estar conectadas entre sí. De hecho, esto se evitaba. Sólo había un comercio interregional limitado, los monoproductores de materias primas teman poco que intercambiarse mutuamente, y aun en la actualidad muchas naciones latinoamericanas disfrutan de mejores comunicaciones con Europa y Norteamérica que con sus vecinos.

La carrera provocó un profundo impacto en la economía europea. El oro y la plata americanos causaron, al menos, parte de la revolución de los precios europeos. La creación de un mercado americano ayudó a desarrollar las bancas genovesa y holandesa, las minas de Idria, la industria textil de Flandes y el movimiento de una fuerza de trabajo francesa que emigró hacia el sur atravesando los Pirineos. Este mercado, a diferencia de los del lejano Oriente, demandaba principalmente productos de consumo europeos y contribuyó de este modo a la movilización de las fuerzas de producción tradicionales dentro de Europa. Tras la pausa, crisis o reajuste del siglo XVII, las exportaciones de metal precioso de América a Europa, especialmente después de que se revitalizara Potosí, ayudaron a regenerar el comercio europeo. Además, en esta fase, Europa hizo grandes inversiones en las plantaciones intensivas, su creación capitalista ultramarina por excelencia. Los estudios de plantaciones de azúcar concretas nos muestran cómo casi todo en ellas se ordenaba desde el Viejo Mundo: fuerza de trabajo, maquinaria, gestión, incluso hasta parte de la comida. Toda la empresa, en grado mucho mayor que la hacienda o incluso que la mina de plata, se dominaba desde el centro europeo.

Una cuestión fundamental que viene dada por el influjo del metal precioso americano es: ¿Cuál fue su papel en la creación de un sistema mundial europeo? Muchos autores han creído que la plata americana, en sí misma resultado de la inicial expansión de Europa, proporcionó más tarde la fuerza o el lubricante para la transmisión de una estructura capitalista de imposición europea a gran parte del mundo. Lo que aún nos queda por explicar de forma satisfactoria es cómo se llevó esto a cabo. La plata llegaba a Sevilla o Cádiz desde América y pasaba a Europa occidental. En el siglo XVII España, con palabras de Wallerstein, actuaba poco más que como «cinta transportadora». Por esta época, también, gran parte del metal precioso iba a Amsterdam, y sirvió para costear en buena medida la expansión holandesa en Oriente. Así pues, en general, el metal precioso americano contribuyó a financiar la penetración europea en el mundo oriental. Desde luego, el metal precioso americano desembocaba allí en grandes cantidades. Esa era, según la frase de Braudel, la «necrópolis» de la plata americana. No toda llegó allí a través de la carrera y los mercados de Europa occidental. En parte lo hizo directamente, por medio del galeón de Manila. Otras cantidades, cuyos totales exactos no se conocerán jamás, fluía al Brasil por obra de los mercaderes portugueses de Lima y de la base de contrabando de la Colonia do Sacramento, y de allí, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, hasta la India. Pero una buena parte de la plata salía por Europa para pagar las especias orientales, los ejércitos y los sobornos a la población del este. Quedan por desvelar todavía los detalles concretos acerca de cómo Europa usó el metal precioso extraído de su lejano oeste para abrir nuevas zonas en el este, pero la carrera de Indias, en un sentido más general, fue una parte decisiva del complejo de factores que aportaron el nacimiento del capitalismo, la revolución industrial y la hegemonía de Europa en todo el mundo.

Capítulo 3
LA ESPAÑA DE LOS BORBONES
Y SU IMPERIO AMERICANO

EL ESTADO BORBÓNICO

Si la decadencia de España iba a proporcionar a los estudiosos de cuestiones políticas, desde Montesquieu a Macaulay, una ocasión idónea para desarrollar la ironía liberal, sus consecuencias prácticas seguían acosando a los hombres de estado de la época borbónica que se esforzaban en levantar el desvencijado patrimonio transmitido por los últimos Austrias. No puede haber dudas, desde luego, sobre el estado de postración absoluta en que se encontraba el país a fines del siglo XVII. El reinado de Carlos II «el Hechizado» (1664-1700) resultó ser un desastre total, una desnuda crónica de derrotas militares, la bancarrota real, regresión intelectual y el hambre por doquier. Hacia 1700, la población había descendido por lo menos un millón de personas por debajo de su nivel en la época de Felipe II. La única salvedad a esta imagen de decadencia general que ofrece la investigación más reciente es que la crisis alcanzó su punto más bajo durante la década de 1680. Fue por aquellos años, al tiempo que una serie de malas cosechas llevaban el hambre a Castilla, cuando se dieron los primeros pasos para resolver los problemas financieros de la monarquía, rechazando la pesada carga de deudas heredada de reinados anteriores. Al mismo tiempo, se detuvo la progresiva inflación causada por la devaluación repetida de la moneda, mediante una vuelta al oro y la plata como patrones de valor. Entonces hay evidencias que indican la existencia de signos de rehabilitación económica en Cataluña y Valencia bastante antes del advenimiento de la nueva dinastía. Sin embargo, nada de esto debería hacer olvidar el hecho de que España había perdido sus industrias y se limitaba a exportar productos agrícolas como pago de las manufacturas extranjeras. En cuanto al comercio colonial, Cádiz actuaba como mero lugar de paso en el intercambio de metal precioso americano por mercancías europeas.

Aunque las condiciones de la economía puedan parecer desesperadas, era el debilitamiento de la corona lo que amenazaba la supervivencia del país. Derrotado por Francia en su lucha por lograr el dominio de Europa, el estado Habsburgo fue presa entonces de pugnas internas. Con el acceso al trono de Carlos II, casi un imbécil, la aristocracia territorial extendía su jurisdicción señorial sobre distritos y ciudades enteras, y dominó los consejos centrales de la monarquía. Los famosos «tercios», que habían sido las primeras tropas de Europa, se rebajaron a milicias locales reclutadas y mandadas por la nobleza. Por entonces, la prestigiosa élite de los letrados, en los que habían confiado los Reyes Católicos y sus sucesores para gobernar el reino, había degenerado en una mera noblesse de robe que se formaba en seis «colegiales mayores». Las cortes del reino de Aragón se habían resistido con éxito al establecimiento de impuestos en la escala que había demostrado ser tan ruinosa para Castilla. En toda la península, tanto la recaudación de impuestos como la provisión de armas y vituallas al ejército se arrendaban a contratistas particulares, entre los más destacados de los cuales se encontraban varios comerciantes extranjeros. En resumen, mientras que en el resto de Europa continental el absolutismo dinástico estaba basando su nuevo poder en un ejército permanente y un control fiscal, en España la monarquía había sufrido una pérdida progresiva de autoridad.

El precio de una corona debilitada fue la guerra civil, la invasión extranjera y la partición del patrimonio dinástico, porque la muerte, largamente esperada, de Carlos II en 1700 provocó una guerra general europea, cuyo premio principal era la sucesión al trono de España. La elección por las Cortes de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, obtuvo un amplio apoyo en Castilla, donde sus tropas francesas fueron bien recibidas. Pero el contendiente Habsburgo, el archiduque Carlos de Austria, contaba con el respaldo de Gran Bretaña, Holanda, Portugal, las provincias de Cataluña y Valencia y una parte considerable de la aristocracia castellana, la cual temía que la nueva dinastía la desposeyera de su poder. En el conflicto civil consiguiente, la península sirvió de campo de batalla, con Madrid tomada y vuelta a tomar por las fuerzas en contienda antes de que las tropas francesas aseguraran la victoria final borbónica.

El papel relativamente pasivo que desempeñó España en la guerra que decidía su destino se hizo patente en el tratado de paz, firmado en 1713 en Utrecht, ya que, como compensación a su renuncia al trono español, el emperador de Austria recibió los Países Bajos, Milán, Cerdeña y Nápoles. El rey de Saboya se quedó con Sicilia. Y, lo que era peor, Gran Bretaña retuvo Gibraltar y Menorca y obtuvo el «asiento» durante un período de 30 años. Por esta cláusula, Gran Bretaña gozaba de un derecho monopolístico de introducir esclavos africanos por todo el imperio español y, además, se aseguraba el derecho al envío de un barco anual con 500 toneladas de mercancías para comerciar con las colonias de España en el Nuevo Mundo. Finalmente se cedió a Portugal, fiel aliada de Gran Bretaña, Sacramento, un asentamiento en la ribera oriental del Río de la Plata, con una situación ideal para el contrabando. Si el tratado arrebataba a España sus posesiones europeas, que habían estado complicando a la monarquía en continuas campañas, la brecha abierta en su monopolio del comercio colonial iba a revelarse como causa importante de conflictos futuros.

La entronización de Felipe V bajo la amenaza de una guerra civil e invasión extranjera permitió a los consejeros franceses sentar las bases de un estado absolutista con notable rapidez. Las insurrecciones de Cataluña y Valencia facilitaron la abolición de sus privilegios. En adelante, con excepción de Navarra y las Provincias Vascongadas, toda España estuvo en gran medida sujeta al mismo nivel de impuestos y leyes. Y, lo que era igualmente importante, Felipe siguió el ejemplo de su abuelo y excluyó a la aristocracia de los altos consejos del estado. Aunque los grandes fueron eventualmente confirmados en la posesión de sus tierras y en su jurisdicción privada, no influirían más en las direcciones del gobierno de la corona. En el mismo sentido, la creación de secretarías de estado redujo el papel de los consejos tradicionales a funciones de asesoramiento y judiciales. En fecha tan temprana como 1704, el viejo sistema de «tercios» armados con picas se sustituyó por regimientos al estilo francés, equipados con mosquetes y bayonetas, mientras que otras reformas marcaron el inicio de un nuevo ejército: un cuerpo de guardias reales con servicio en Madrid, unidades distintas de artillería e ingenieros y la formación de una clase de oficiales de carrera. Para financiar esta fuerza, los expertos fiscales formados en el extranjero consiguieron duplicar los ingresos desde apenas 5 millones de pesos a 11,5 millones hacia 1711, hazaña llevada a cabo en gran medida por una meticulosa inspección de las cuentas, una reducción de cargos en la Administración, el desconocimiento de las deudas anteriores y la incorporación del reino de Aragón a un sistema fiscal común. Con la llegada de Isabel Farnesio de Parma, segunda esposa de Felipe, languideció considerablemente el proceso de reforma. Además, Isabel gastó los recursos de la nueva monarquía, tan laboriosamente conseguidos, en aventuras dinásticas, conquistando feudos para sus dos hijos. Como resultado de los Pactos de Familia con los borbones franceses, firmados en 1733 y 1743, se modificó parcialmente la Paz de Utrecht. Todavía tiene que estimarse el precio pagado por España en estas guerras. En una fecha tan tardía como 1737, el embajador inglés, sir Benjamin Keene, describía al país como «carente de amigos extranjeros y de alianzas, desorganizado en sus finanzas, cuyo ejército está en malas condiciones, su marina, si ello fuera posible, en peores, y sin ningún ministro de peso».[1] La subida al trono de Fernando VI (1746-1759) marcó el abandono de la ambición dinástica en favor de una política de paz en el exterior y de atrincheramiento interior. El fin del período del «asiento» inglés en 1748 seguido de un tratado de límites con Portugal (1750), que estableció las fronteras entre los virreinatos de Perú y Brasil, eliminó fuentes potenciales de fricciones internacionales. Sin embargo, sólo con la llegada de Carlos III (1759-1788) dispuso España, por fin, de un monarca comprometido activamente con un completo programa de reformas. Aunque la renovación por parte de Carlos III del Pacto de Familia en 1761 supuso para España una derrota en las últimas etapas de la Guerra de los Siete Años, el resto de su reinado estuvo marcado por un notable aumento de la prosperidad, tanto en la península como en las colonias, y durante una breve época España volvió a ser considerada una potencia europea.

Aunque las ambiciones y la personalidad de los monarcas borbónicos influyó sin duda en las directrices de la política, era, sin embargo, la élite ministerial la que introdujo lo equivalente a una revolución administrativa. De hecho, sigue debatiéndose la cuestión de si la historia de estos años habría de escribirse en términos de reyes o de ministros. En particular, queda aún por establecer claramente el papel de José de Patino (1727-1736) y el del marqués de la Ensenada (1743-1754) como secretarios de Estado. El conde de Floridablanca (1776-1792) y los otros ministros de Carlos III trabajaron sobre la tarea desarrollada por aquellos hombres. Pero aún no podemos caracterizar, de forma definida, a esta élite administrativa. Aunque algunos aristócratas seguían alcanzando altos cargos —el conde de Aranda es un ejemplo—, la mayoría de los ministros eran gente principal venida a menos o del común. Es sorprendente el hecho de que en el reinado de Carlos III la mayoría de los ministros nombrados después de 1766 fueran «manteístas», letrados que no habían podido entrar en los socialmente prestigiosos «colegios mayores» de Valladolid, Salamanca y Alcalá. En contraste con la Inglaterra contemporánea o con la España de los Austrias, los Borbones confiaban en una nobleza funcionarial, concediendo títulos a sus servidores de confianza, tanto en calidad de recompensa como para reforzar su autoridad.

Aunque se acostumbra a considerar la «ilustración» española como parte de la ilustración europea, debe recordarse que la mayoría de sus figuras principales eran funcionarios, que participaban activamente en el gobierno de su país. No parece extraño que Jean Sarrailh definiera su enfoque como dirigiste et utilitaire. Acosados por el recuerdo de la gloria pasada y la visión de la reciente decadencia de España, afligidos por el patente contraste entre la creciente prosperidad y el poder de Francia e Inglaterra y el debilitamiento y empobrecimiento de la península, alarmados por la inercia de la sociedad española, todos estos hombres buscaban una solución en la corona. El estado absolutista fue el instrumento esencial de la reforma. Como consecuencia de ello, resultaban profundamente sospechosos los intereses provinciales o los privilegios corporativos. De forma que si, bajo los Austria, Mariana pudo debatir la justicia del tiranicidio y Suárez insistió en la base contractual del gobierno, en el Siglo de las Luces se prohibieron sus trabajos por subversivos. Por contra, la teoría del derecho divino de los reyes se convirtió en la virtual ortodoxia de los círculos oficiales. En resumen, los seguidores del despotismo ilustrado no olvidaban el origen de su poder.

Si bien con el nuevo énfasis en la autoridad real la aristocracia fue simplemente excluida de los consejos de Estado, por contra, se atacó severamente a la Iglesia. La tradición regalista del derecho canónico, con su insistencia en los derechos de la iglesia nacional frente a las demandas de la monarquía papal y su afirmación del papel eclesiástico del rey como vicario de Cristo, obtuvo una señalada victoria en el concordato de 1753, en el que el papado cedía a la corona el derecho de nombramiento de todos los beneficios clericales de España. Y, lo que es igualmente importante, la tradición erasmista, que había sido tan influyente, reverdeció de nuevo en la facción de la iglesia conocida como jansenismo. En 1767 se expulsó de los dominios españoles a la orden jesuita, principal bastión de la Contrarreforma y defensora a ultranza del papado. En general, se consideraba a las órdenes religiosas más como una carga de la sociedad, que como fortalezas espirituales. Tras toda esta actitud se encontraba la influencia de Francia, una perturbadora mezcla del galicanismo y el jansenismo del siglo XVII.

Sin embargo, la principal preocupación de la élite administrativa era el gran problema del progreso económico. ¿Cómo iba España a recobrar su antigua prosperidad? Se impuso como respuesta preferida la promoción de la ciencia y el conocimiento pragmático. El gobierno llevó a cabo un censo nacional que compilaba un amplio cuerpo de estadísticas relacionadas con todos los aspectos de la vida económica. Más concretamente, se construyeron canales y carreteras para abrir nuevas rutas al comercio. Y, del mismo modo que en el siglo XVII Francia e Inglaterra, enfrentadas a la hegemonía comercial de Holanda, habían utilizado medidas proteccionistas para defender y promover su navegación, industria y comercio, ahora los ministros de la dinastía borbónica en España intentaron conscientemente aplicar el mismo tipo de medidas para librar a la península de su dependencia de las manufacturas del norte de Europa.

El punto de partida para cualquier interpretación del mercantilismo español del siglo XVIII es la Theórica y práctica de comercio y de marina, un extenso tratado que vio la luz por primera vez en 1724 y que luego se publicó con sanción oficial en 1742 y de nuevo en 1757. Su autor, Jerónimo de Ustáriz, un subordinado protegido de Patino, aceptaba «la decadencia y aniquilación en esta monarchuia», simplemente, como «un castigo de nuestra negligencia y ceguedad en las disposiciones del comercio». Eran las onerosas tarifas e impuestos interiores los que habían destruido la industria interna y habían hecho depender a la península de las manufacturas importadas del exterior. El remedio podría venir solamente de un riguroso estudio y aplicación de «esta nueva máxima de estado», o, como lo expresó en otra parte, «la nueva política» de Francia, Inglaterra y Holanda, países cuyo comercio había aumentado a expensas de España. Aunque, evidentemente, estaba relacionado con los «arbitristas», los patrocinadores españoles de la reforma en el siglo anterior, Ustáriz buscó una guía práctica en el Comerce d’Hollande, de Huet, del que se había procurado una traducción española, en las tarifas francesas de 1664-1667 y en las leyes de navegación inglesas. En particular, glorificaba a Colbert considerándolo como «el más zeloso y diestro, que se ha conocido en Europa para el adelantamiento de la Navegación y de los Comercios». Sus recomendaciones eran simples: insistía en que los aranceles debían distinguir siempre entre producto primario y bienes elaborados, en que la mercancía importada debía pagar siempre más cargas que las manufacturas del país y en que debían eliminarse, siempre que fuera posible, los gravámenes interiores. La premisa que subyacía a estas recomendaciones era que una prudente regulación de tarifas liberaría la energía productiva de la industria española. Más categóricamente, abogaba por una activa política de adquisiciones respecto al equipamiento, municiones y uniformes para las fuerzas armadas, de manera que todo este aprovisionamiento viniera de talleres y fundiciones españoles. El fin principal de esto era la creación de una armada fuerte, con sus barcos construidos, armados y equipados en arsenales reales. De forma que para «el establecimiento… de las manufacturas en España, por ser esta la principal provincia en que se han de vincular la restauración de la Monarchuía», un requisito previo esencial era la expansión del poder armado de la corona.[2]

El fracaso del gobierno tanto al intentar cambiar los métodos de producción agrícola, como al desarrollar la industria manufacturera, se ha convertido en objeto de vivos debates. Sin embargo, el gran logro de la nueva dinastía fue la creación de un estado absolutista, burocrático, abocado al principio del engrandecimiento territorial. El renacimiento de la autoridad y de los recursos de la monarquía fue precursor, claramente, del despertar de la economía. De hecho, hay razones que sugieren que gran parte de la renovación económica, por lo menos en su etapa inicial, derivó de las necesidades de las fuerzas armadas y de la corte. El equipamiento de uniformes y municiones para el ejército, la construcción de barcos de guerra en los astilleros, la confianza en las fundiciones de hierro para cañones, la provisión de tejidos lujosos y tapices para la corte y la clara concentración del consumo en Madrid vinculada al incremento de los ingresos, todo este sumario de hechos atestigua el impacto general de los gastos del gobierno. Sin embargo, todavía se conoce poco de la revolución administrativa que había detrás de esta recobrada vitalidad del estado. Pero si la práctica colonial puede servir de orientación, la principal innovación consistía en la confianza en los funcionarios de carrera, militares o civiles, sujetos a una evaluación y promoción reguladas que vivían de sueldos fijos en lugar de gratificaciones o beneficios del cargo.

A la cabeza del nuevo régimen estaban los ministros, los secretarios de Estado, Hacienda, Justicia, Guerra, Armada e Indias, que reemplazaron a los antiguos consejos de los Austria como la principal fuente de la acción ejecutiva. En los primeros años, un ministro poderoso podía reunir en su persona varias de estas funciones, de modo que no está claro cuándo consiguió cada secretaría un cuerpo permanente de funcionarios. A nivel provincial el intendente era la figura clave, el símbolo del orden nuevo. Empleados al principio con fines específicos, fue en 1749 cuando estos funcionarios fueron nombrados en toda España, encargándoseles la responsabilidad de recolectar los impuestos, dirigir el ejército, la promoción de obras públicas y el fomento general de la economía. Con su confianza en una burocracia fiscal asalariada, la monarquía española, en cierta medida, superó con creces la práctica de la Francia contemporánea, donde las ventas de cargos y asientos continuaron dominando el sistema financiero hasta la revolución. El nuevo tipo de funcionario demostró su validez, ciertamente, ya que los ingresos públicos subieron sin pausa desde unos 5 millones de pesos en 1700 hasta alrededor de 18 millones en la década de 1750, para remontarse a partir de entonces a una media de 36 millones de pesos en los años 1785-1790. Es en estas cifras donde encontramos el secreto del resurgir político español.

Como en cualquier estado dinástico, los primeros beneficiarios del presupuesto fueron la familia real y la corte. Si bien no se dispone de una estimación sobre el coste de la construcción de los tres nuevos palacios de Madrid, Aranjuez y La Granja, el total de gastos de la «casa real» en 1787 llegó a 5 millones de pesos, suma equivalente al 15 por 100 del total ingresado. Por el contrario, el tan cacareado programa de obras públicas sólo obtuvo 1,25 millones de pesos. La mayor partida correspondía a las fuerzas armadas, que acaparaban alrededor del 60 por 100 del ingreso público, cifra que, si se incluyeran los gastos de guerra, sin duda aumentaría aún más.

Aunque la formación, expansión y mantenimiento de un ejército y una armada permanentes eran objeto de atención prioritaria para el estado borbónico, aún se dispone de una cantidad notablemente escasa de información acerca de la organización y operatividad de estas fuerzas. Es opinión generalizada que José de Patino, primero como intendente en Cádiz y luego como secretario de Estado, era el principal responsable de la construcción de barcos de guerra en los astilleros reales. Después, la Guerra de los Nueve Años (1739-1748) llevó al marqués de la Ensenada a extender el programa, de forma que en los años 1741-1761 España botó no menos de 54 barcos, armados con 3.688 cañones. Al terminar el reinado de Carlos III, la armada se jactaba de poseer una flota de 66 navíos, apoyados por el acostumbrado acopio de fragatas y paquebotes.

Si el interés en el poder naval surgía de las necesidades estratégicas del imperio, el nivel de las fuerzas terrestres reflejaba la ambición ultramarina de la dinastía. Hacia 1761 el ejército regular contaba con casi 60.000 hombres, divididos en 50.445 infantes, 5.244 soldados de caballería, 1.329 artilleros y 2.758 en tropas destinadas a las guarniciones del Norte de África. El reclutamiento se hacía por el sistema de levas, lo cual evitaba tener que confiar en mercenarios extranjeros cómo los que se encontraban en otros ejércitos de la época. Además, al menos un tercio de los oficiales eran de extracción popular, en muchos casos ascendidos una vez en filas, de manera que sólo los regimientos de la guardia real podían tener pretensiones de prestigio social. Sin embargo, fue la formación de esta oficialidad, que contaba con cierta educación, habituada a la disciplina y dependiente del servicio real para conseguir su medio de vida, lo que proveyó al estado dinástico de sus indispensables agentes de gobierno. Viajeros extranjeros comentan que la más alta autoridad provincial radicaba en los capitanes generales, los jefes de los destacamentos regionales, de quienes dependían los intendentes y otros magistrados civiles.

Si Federico el Grande de Prusia una vez consideró a España como una potencia europea de segunda fila, comparable con Austria y Prusia, fue en parte porque las campañas italianas de Felipe V habían demostrado que se había restablecido lo suficientemente el poder monárquico como para permitirle embarcarse en el engrandecimiento territorial que aquel monarca ilustrado definiera como el principio rector del estado absolutista. Desposeída de sus posesiones europeas por el Tratado de Utrecht, España dependía ahora, sin embargo, de su vasto imperio americano para asegurarse un lugar en el concierto de Europa. En el Nuevo Mundo el estado borbónico demostró tener un éxito notable, tanto a la hora de salvaguardar sus fronteras como al explotar los recursos coloniales. El renacimiento del poder español durante el reinado de Carlos III fue, en gran medida, una consecuencia del florecimiento del comercio con las Indias y del aumento de las rentas que el mismo producía.

LA REVOLUCIÓN EN EL GOBIERNO

Aunque tanto a Alberoni como a Patino se les atribuye la opinión de que la clave del renacimiento de España tendría que encontrarse en el Nuevo Mundo, las aventuras italianas de Isabel Farnesio impidieron a estos hombres de estado efectuar muchos cambios en el imperio americano. De igual modo, aunque José de Campillo y Cossío, secretario del Tesoro, Armada e Indias, compuso un amplio programa de reformas dirigidas a desenmarañar todo el sistema del comercio imperial y el gobierno, la época de su mandato estuvo dominada por los imperativos de la guerra, tanto en Europa como en las Indias. Fue tan sólo en 1754, fecha en la que Julián de Arriaga fue nombrado secretario de la Armada y de Indias, cuando el imperio dispuso por fin de un ministro con experiencia americana (había servido como gobernador en Caracas), sin demasiadas responsabilidades administrativas que distrajeran su atención. Aunque hasta entonces el máximo interés de los círculos ministeriales se había dedicado a Europa, la creación de un nuevo sistema de gobierno y el aprovisionamiento de las guerras italianas habían absorbido prácticamente toda la energía de la élite administrativa.

Esta preocupación por el Viejo Mundo había conducido a un notable deterioro del poder imperial en América. De hecho, durante las primeras décadas del siglo XVIII España no hizo más que rechazar incursiones extranjeras en su territorio y consolidar su posesión sobre fronteras amenazadas. Para entender la magnitud de la tarea hay que retroceder a la descorazonadora década de 1680. Fue en ella cuando los portugueses establecieron la colonia de Sacramento en el estuario del Río de la Plata y los franceses avanzaron hacia el sur desde Canadá para fundar Nueva Orleans. Por la misma época, bucaneros ingleses y franceses se abrieron paso a sangre y fuego por el istmo para atacar las costas del Pacífico. La Ciudad de Panamá, Cartagena, Veracruz y Guayaquil fueron capturadas y saqueadas por estos filibusteros. En Nuevo México, los indios pueblo se rebelaron y expulsaron a colonos y misioneros de una provincia que había estado ocupada de hecho durante casi un siglo. España se había debilitado tanto que durante la Guerra de Sucesión fue necesario pedir la protección de barcos de guerra franceses para que dieran escolta a la flota del Tesoro que regresaba desde Veracruz.

No es menos importante el hecho de que, en cada provincia del imperio, la administración había llegado a estar en manos de un pequeño aparato de poder colonial, compuesto por la élite criolla —letrados, grandes propietarios y eclesiásticos—, unos pocos funcionarios de la península con muchos años de servicio y los grandes mercaderes dedicados a la importación. Prevalecía la venta de cargos en todos los niveles de la administración. La gestión de la acuñación, la recaudación de alcabalas y la misma titularidad de alcaldías mayores y corregimientos (las magistraturas de distrito) se arrendaban a comerciantes de las capitales virreinales y provinciales que controlaban el comercio de importación y la concesión de créditos. Era el elemento clerical, religioso y secular, más que los delegados formales de la corona, el que ejercía la autoridad real en la sociedad, desempeñando el papel de dirigentes intelectuales y espirituales de la élite y de consejeros y guardianes de las masas. Como en las últimas décadas del dominio de los Austrias en España, el poder de la corona para drenar los recursos de la sociedad estaba limitado por la ausencia de sanciones efectivas. Si la nueva dinastía quería obtener beneficio de sus vastas posesiones de ultramar, tendría primero que volver a controlar la administración colonial y crear entonces nuevas instituciones de gobierno. Sólo entonces podría introducir las reformas económicas.

El catalizador del cambio fue la guerra contra Inglaterra. La tardía irrupción de España en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) le acarreó un revés inmediato con la captura inglesa de Manila y La Habana. Además, aunque en el subsiguiente tratado de paz se le restituyeron estos puertos, España tuvo que ceder Florida a Inglaterra y, una vez más, devolver la Colonia do Sacramento a Portugal. La adquisición de Luisiana de manos de Francia fue sólo una pobre compensación por la pérdida en tierra firme de aquella alianza. En este punto los ministros de Carlos III se orientaron hacia el programa de reforma elaborado en el Nuevo sistema de gobierno económico para la América (1743) de Campillo y Cossío, manuscrito que estaba en circulación desde 1743 y que se publicó en 1762 como la segunda parte del Proyecto económico de Bernardo Ward. En él encontraron argumentos para la vuelta a la práctica de visitas generales llevada a cabo anteriormente por los Austrias, a la que seguiría la instauración de intendencias permanentes. El texto contenía también avisos contra el poder excesivo y la riqueza de la Iglesia. Si sus propuestas en el ámbito político consistían a menudo en la aplicación en América de reformas ya introducidas en España, su puesta en marcha resultó tener efectos más drásticos ya que la revolución administrativa del imperio fue iniciada por soldados y funcionarios enviados desde la península. No sorprende que haya sido llamada la reconquista de América.

El primer paso de este programa fue la provisión de una fuerza militar adecuada, como salvaguarda contra ataques extranjeros y levantamientos internos. La caída de La Habana y Manila en 1761 y la virtual eliminación del poder francés en tierra firme marcó la magnitud de la amenaza exterior. Ya restablecida la paz, Alejandro O’Reilly, general en jefe de España, fue enviado a Cuba para inspeccionar las defensas y establecer una milicia local. El año siguiente un inspector general, Juan de Villalba, llegaba a Nueva España, a la cabeza de dos regimientos enviados desde Europa, con el mismo fin de organizar un ejército de reserva de milicias. En 1768 se estableció un regimiento de tropas regulares de servicio permanente en Caracas. Como resultado de esta actividad, un informe oficial de 1771 estimaba que había 42.995 soldados de diferentes categorías a lo largo de Hispanoamérica, con 4.851 hombres en Cuba, 2.884 en Puerto Rico y 4.628 en Buenos Aires. No todas las provincias eran tan afortunadas. La rebelión comunera de 1781 en Nueva Granada sorprendió a las autoridades virreinales con sólo 75 soldados regulares, aparte de la guarnición del puerto de Cartagena. Así mismo, fue sólo tras la rebelión de Túpac Amaru en Perú (1780-1781) cuando la corona envió 2 regimientos para el servicio en aquel virreinato. No cabe explicar aquí la historia del ejército colonial. Bastará con decir que, a fines del siglo, el reclutamiento local y los traslados hacían que una abrumadora mayoría de los alistados fueran americanos nativos y que una buena proporción de la oficialidad, de capitán hacia abajo, fuera criolla. Las cantidades dependían de los recursos locales. Si Nueva España contaba con un ejército de 9.971 hombres, divididos en 4 regimientos de infantería y 2 de dragones, por contra, Perú tenía que arreglárselas con una fuerza de 1.985, y Chile sólo tenía 1.249 hombres, ocupados principalmente en la frontera. Era el círculo de plazas fuertes del Caribe el que seguía demandando soldados de Europa, con una guarnición en el insalubre puerto de Cartagena de 2.759 hombres.

Este interés en la fuerza militar produjo frutos sustanciosos. En 1776 una expedición de 8.500 hombres atravesó el Río de la Plata, recobró Sacramento por tercera y última vez y expulsó a los portugueses de toda la Provincia Oriental, victoria ratificada por el tratado de San Ildefonso (1778). Poco después, durante la guerra-de independencia americana (1779-1783), otro destacamento invadió Pensacola, la franja costera que estaba unida a Luisiana, y esta iniciativa llevó a la subsiguiente cesión inglesa de aquel territorio junto con Florida. Del mismo modo, en Centroamérica se recobró el fuerte de Omoa y se eliminaron por fin los asentamientos ingleses en la costa de los Mosquitos. Por la misma época se efectuaron expediciones en Nueva España para asegurar la posesión efectiva de las provincias norteñas de Sonora, Texas y California. En esta decisión de afianzar las fronteras de su imperio americano desplegó la monarquía borbónica, por fin, una operación expansionista propia de una verdadera potencia colonial.

Junto al reclutamiento de regimientos coloniales mantenidos permanentemente en pie, encontramos la organización de numerosas unidades de milicia. Admitamos que, a veces, estas fuerzas eran más reales sobre el papel que en la práctica, pero a pesar de las críticas y de ocasionales abandonos, hubo oportunidades en las que demostraron su valor. Si el ejército de reserva peruano, en el que se estima que podía haber enrolados 50.000 hombres, raramente se encontraba uniformado, por contra, los 22.277 efectivos que había en Nueva España estaban razonablemente bien armados y eran disciplinados. Por lo demás, en Buenos Aires fue la milicia la que rechazó con éxito las invasiones inglesas de 1806-1807. Igualmente importante era el hecho de que la distribución de cargos militares y privilegios legales se consideraba un medio definitivo para despertar la lealtad de la élite criolla. De hecho, un viajero observó acerca de las clases más altas de Venezuela: «Hoy día codician unos galones con tanta avidez como deseaban antes la tonsura».[3] Además, la existencia de la milicia facilitaba al estado colonial sanciones armadas contra los disturbios populares.

La monarquía reivindicó su poder sobre la Iglesia de forma dramática cuando, en 1767, Carlos III siguió el ejemplo de Portugal y decretó la expulsión de todos los jesuitas de sus dominios. Era, por supuesto, una medida que avisaba a la Iglesia de la necesidad de obediencia absoluta, dado que los jesuitas eran conocidos por su independencia de la autoridad episcopal, su intransigencia acerca del pago de diezmos eclesiásticos, su devoción al papado, su extraordinaria riqueza y su habilidad a la hora de litigar contra la burocracia real. En Paraguay habían establecido un virtual estado dentro del estado, al gobernar a más de 96.000 indios guaraníes, protegidos por su propia milicia armada. Por otra parte, en Sonora y las provincias amazónicas de Quito, la orden dirigía una serie de centros misioneros. Del mismo modo era importante que, en todas las ciudades principales del imperio, los colegios jesuitas educaban a la élite criolla. Además, a diferencia de otras órdenes religiosas, mantenían una relativa armonía entre sus miembros americanos y europeos. En general, los jesuitas ejercían una influencia formidable en la sociedad colonial, influencia apoyada en la riqueza resultante de la eficiente gestión de verdaderas cadenas de haciendas sitas en cada provincia principal. Cuando Carlos III, atendiendo a sus ministros jansenistas, decretó la expulsión, la lealtad de sus súbditos coloniales se conmocionó, a medida que se embarcaban para Italia más de mil jesuitas americanos, la flor y nata de la élite criolla.[4] Después, en 1771, se convocaron concilios eclesiásticos provinciales en Lima y México con la finalidad tanto de estrechar la disciplina clerical, como de enfatizar la autoridad real sobre la Iglesia. Pero aunque se proyectaron cierto número de reformas, no resultó mucho de esta actividad regalista. Se obligó a los religiosos a aceptar una inspección general; se exhortó a los conventos de monjas a introducir las comidas en común; se acabó con la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos sobre las pruebas de propiedad intestada; y las audiencias admitieron apelaciones legales de los mismos tribunales con creciente frecuencia. Más importante que esto fue que, en casos criminales, se desafió el principio básico de la inmunidad clerical frente a cualquier jurisdicción real y, de hecho, algunos clérigos fueron encarcelados. De nuevo se hizo un intento por regular la recolección de los diezmos. Sin embargo, en su conjunto, aunque estas medidas molestaron ciertamente a los eclesiásticos, consiguieron bastante poco en cuanto a transformaciones reales.

De mayor alcance y eficacia fue la reforma radical de la administración civil. En 1776 se estableció un nuevo virreinato con capital en Buenos Aires, que cubría la vasta área que hoy ocupan Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El resultado fue un cambio trascendental del equilibrio geopolítico del continente, puesto que Lima, que ya había visto roto su monopolio comercial por la apertura de la nueva ruta comercial del Cabo de Hornos y que había sido la antigua capital de todo el imperio de Sudamérica, sufrió una severa pérdida de categoría. La inclusión del Alto Perú en el nuevo virreinato, con el fin de proveer a Buenos Aires con los beneficios fiscales de Potosí, preparó el camino de la división política permanente de la zona andina. En otros lugares, el impacto de los cambios fue menos radical. El virreinato de Nueva Granada, creado en 1739 para asegurar la defensa de Cartagena y su costa, se reforzó después con la instalación de un capitán general en Caracas, asistido por un intendente, que era responsable del gobierno de los distritos venezolanos. Finalmente, en el norte de Nueva España se nombró un comandante general como superintendente de las defensas y la administración de toda la región fronteriza, aunque su libertad de acción se veía limitada por la continua dependencia financiera de las remisiones de fondos que llegaban desde la tesorería central de México.

Carlos III, siguiendo la propuesta de Campillo, reactivó también la antigua solución de los Austrias para el mal gobierno colonial, la «visita general». Además, tuvo tanto éxito José de Gálvez como visitador general de Nueva España (1765-1771) que, primero Perú (1776) y después Nueva Granada (1778), se vieron sujetas a una parecida revisión de la maquinaria del gobierno. Por medio del establecimiento del monopolio del tabaco y de una reorganización de la recaudación de la alcabala, Gálvez aseguró un aumento inmediato de las remesas para Madrid. También se avanzó en el incremento de la producción de plata mediante exenciones de impuestos y reducciones en los costes de los materiales del monopolio, como el mercurio y la pólvora. Gálvez supervisó la expulsión de los jesuitas, reprimió brutalmente las revueltas populares contra esta medida y después condujo una expedición para pacificar y colonizar Sonora. La recompensa a este notable despliegue de energía administrativa fue un puesto en el Consejo de Indias, seguido de su nombramiento vitalicio como secretario de Indias (1776-1787). Gálvez fue el principal responsable de la creación del virreinato de Buenos Aires y del envío de su protegido, Juan Antonio de Areche, como visitador general del Perú. Como su protector, el conde de Floridablanca, este pobre abogado malagueño era un manteísta cuyos servicios a la corona se vieron recompensados con el título de marqués de Sonora. Tan dominante como ambicioso, Gálvez llevó a cabo la revolución en el gobierno colonial con una tenacidad obsesiva. Desde la perspectiva de Madrid, los resultados fueron impresionantes. Pero el precio fue la enajenación de la élite criolla. Pues no era un secreto que Gálvez despreciaba la competencia de los españoles americanos. Durante el período de su función llegó a ser famoso tanto por su implacable nepotismo —su hermano y su sobrino lo sucedieron como virreyes de Nueva España— como por su preferencia por los españoles peninsulares, que lo llevaba a excluir a los candidatos criollos de todas las ramas y niveles del gobierno colonial. No sorprende que un crítico de alta posición pudiera profetizar: «Gálvez ha destruido más que ha edificado… su mano destructora va a preparar la mayor revolución en el Imperio Americano».[5]

En ningún lugar fue más evidente el impacto de las nuevas tendencias de la administración que en el cambio de composición de las audiencias, los altos tribunales de justicia, cuyos jueces aconsejaban a los virreyes en todas las cuestiones importantes de estado. El reinado de Felipe V se había caracterizado por perpetuar todos los peores abusos de los últimos Austrias. Entre los años 1687 y 1712 y de nuevo durante la década de 1740, se ponían en venta cargos en las audiencias americanas a cualquier postor cualificado. Como consecuencia de ello, letrados criollos ricos compraban judicaturas en una escala sin precedentes, de manera que hacia la década de 1760 las audiencias de México, Lima y Santiago de Chile tenían una mayoría de españoles americanos, parientes por sangre o por matrimonio de la élite terrateniente de la capital. Durante la década de 1740 esta tendencia alcanzó su punto más alto, cuando, de un total de 66 nombramientos judiciales, se vendieron 39 plazas y alrededor de dos tercios de 36 criollos obtuvieron un cargo mediante su compra.[6] Es cierto que, cuando Arriaga llegó a ministro, se impuso una prohibición virtual a cualquier nuevo nombramiento criollo, pero fue tarea de Gálvez el revocar esta imprevista herencia del abuso cometido en el pasado. En 1776-1777 se decidió a ampliar el número de miembros de la mayoría de las audiencias y después, mediante una verdadera política de traslados, promociones y retiros, a acabar con el predominio criollo. De los 34 nombramientos llevados a cabo en esos dos años, sólo 2 fueron a manos de hispanoamericanos. Al término de su etapa como secretario de Indias los criollos suponían entre un tercio y una cuarta parte de los jueces de las audiencias americanas y esta proporción se mantuvo hasta 1810.

Junto con esta renovación del control peninsular, se registró una renovada insistencia en la promoción entre las audiencias y dentro de ellas, sistema que se había visto interrumpido por la venta de cargos. De nuevo fue norma para los jueces el empezar como alcaldes del crimen o como oidores en tribunales menores, como Guadalajara o Santiago, y trasladarse después a las cortes virreinales de Lima o México. En 1785-1786 se crearon nuevas audiencias en Buenos Aires y Cuzco. Los consejeros legales, tanto de intendentes como de virreyes, se incluían ahora también en la escala de promoción. Igualmente importante fue la creación por Gálvez de un nuevo cargo judicial, el regente para sustituir a los virreyes como presidentes de las audiencias. El sistema se completó con el traslado de los regentes y algunos oidores veteranos al Consejo de Indias, que ahora, por primera vez en su larga historia, venía a tener una alta proporción de miembros con experiencia en el imperio americano. De esta forma, observamos la formación de una verdadera burocracia judicial, cuya autonomía respecto a la sociedad colonial se basaba en su procedencia española.

Pieza central de la revolución en el gobierno fue la introducción de los intendentes, funcionarios que encarnaban todas las ambiciones intervencionistas y ejecutivas del estado borbónico. Para estimar la importancia de esta medida, hay que recordar que en el ámbito del gobierno local las realizaciones de los primeros Borbones habían supuesto más un deterioro que una mejora en relación con el pasado. Desde 1678 las magistraturas de distrito —alcaldes mayores y corregidores— se habían puesto en venta en Madrid. Aunque estos funcionarios seguían encargados de la recolección de los tributos indios, la nueva dinastía había recortado sus sueldos o, en el caso de Nueva España, no se los había aumentado. Como consecuencia, ya que los beneficios de la justicia y otras gratificaciones no cubrían su subsistencia, muchos magistrados se involucraron en el comercio, distribuyendo mercancías y ganado a crédito y adelantando dinero por productos como cochinilla, índigo y algodón. Estos repartimientos mercantiles, ilegales al principio, fueron por fin reconocidos por la corona en 1751, a condición de que la autoridad virreinal estableciera una tarifa de los precios y el valor de los productos distribuidos. Los «repartimientos», que funcionaban en su mayor parte en zonas de población indígena donde los funcionarios solían disfrutar de un virtual monopolio del comercio, provocaron a menudo un gran malestar popular, dado que la mayoría de los corregidores sólo tenían cinco años para amortizar el coste de su cargo y pagar a las grandes casas importadoras de Lima y México que los abastecían de dinero y mercancías. Consiguientemente, la autoridad judicial de la corona se compraba y empleaba de hecho para la salvaguarda y extensión del beneficio mercantil.

Una vez más, fue José de Gálvez el responsable de la mejora radical de este erróneo sistema de gobierno. En 1768, con la colaboración del virrey Croix de Nueva España, presentó una propuesta para la total supresión tanto de los alcaldes mayores como de los repartimientos y su sustitución por intendentes. Su argumento era que los magistrados de distrito oprimían a los indios y defraudaban a la corona el dinero de los tributos. La premisa implícita en esta propuesta, que se elaboró en un debate posterior, era que si los indios se veían libres del monopolio forzoso de los alcaldes mayores y los corregidores entrarían libremente en el mercado como productores y trabajadores. Sus opositores, sin embargo, sostenían que sin «repartimentos de comercio» los indios volverían a una economía de subsistencia o, simplemente, incumplirían cualquier obligación de crédito. De todas formas, las provincias ultramarinas del imperio estaban demasiado atrasadas como para garantizar la intervención de intendentes, que iban a resultar costosos e inefectivos. A pesar de la introducción de un intendente en Cuba, en 1763, no se logró ningún progreso hasta que Gálvez no fue secretario de Indias. El momento clave de la reforma llegó en la década de 1780 y comenzó en 1782 con el nombramiento de 8 intendentes en el virreinato de La Plata, seguido, dos años más tarde, por otros 8 en Perú y coronándose con el establecimiento en 1786 de 12 intendencias en Nueva España. Además, se asignaron 5 de estos funcionarios a Centroamérica, 3 a Cuba, 2 a Chile y 1 a Caracas, mientras que quedaban fuera Nueva Granada y Quito.

Los intendentes, reclutados entre militares y oficiales de Hacienda, y peninsulares en su inmensa mayoría, lograron un moderado éxito, sin llegar a alcanzar las expectativas de los reformadores en ningún sentido, ya que la introducción de un rango de gobernadores provinciales no corrigió las deficiencias del gobierno local. A nivel de distrito, los alcaldes mayores y los corregidores fueron sustituidos por subdelegados, que vivirían del 5 por 100 de los tributos y de los beneficios proporcionados por la administración de justicia. El resultado fue que, o bien estos funcionarios se seleccionaban entre la élite local, o bien se veían obligados a dedicarse al comercio, aunque las grandes casas importadoras ya no ofrecieran apoyo financiero. En las capitales de provincia fue donde la reforma tuvo un impacto mayor, porque aquí los intendentes desarrollaron su máxima actividad, pavimentando las calles, construyendo puentes y cárceles y reprimiendo desórdenes populares. Asistido por un consejero legal y por funcionarios del Tesoro, el intendente era la prueba viva del nuevo vigor ejecutivo de la monarquía. La administración colonial, liberada de su anterior dependencia respecto al crédito mercantil, se reforzó enormemente con el nombramiento de burócratas de carrera, que mantenían su independencia respecto a la sociedad que gobernaban en razón de su origen peninsular.

En las capitales de Lima, Buenos Aires y México, Gálvez instaló «superintendentes subdelegados de Real Hacienda», funcionarios que relevaron a los virreyes de toda responsabilidad en cuestiones de Hacienda. Además, se estableció una Junta Central de Hacienda para supervisar la actividad de los intendentes y para revisar cualquier cuestión que surgiera en la recaudación de las rentas. Habría que destacar que el nombramiento de superintendentes se pensó como medio de reducir los poderes de los virreyes, que Gálvez consideraba demasiado amplios. Su idea era la de establecer un sistema tripartito, en el que los regentes encabezarían el apartado judicial, los superintendentes la Hacienda y a los intendentes, y los virreyes conservarían la administración civil y la militar. Pero una serie de disputas sobre temas de ingresos fiscales llevó a la abolición del cargo de superintendente en 1787 tras la muerte de Gálvez. El prestigio de los virreyes era demasiado grande como para limitarlo tan fácilmente. Además, la extraordinaria expansión de todas las ramas del gobierno, junto a la nueva confianza en el ejército, sirvió para aumentar la autoridad efectiva del alter ego del rey. El hecho de que la mayoría de los virreyes posteriores a Fernando VI fueran funcionarios de la carrera militar es un ejemplo ilustrativo de la nueva naturaleza del estado colonial.

Si los intendentes habían resultado ser menos efectivos de lo que se esperaba fue en parte porque el sistema de rentas se había reformado ampliamente antes de su llegada. Las innovaciones clave fueron el nombramiento de una burocracia fiscal asalariada y el establecimiento de nuevos monopolios de la corona. Hasta entonces, la recaudación de los impuestos internos, las alcabalas, se había concedido a cambio de una suma anual contratada a los consulados, las asociaciones mercantiles y sus delegados provinciales. Las tesorerías, sitas en los puertos o en los campamentos mineros, sólo administraban los derechos de aduana y el diezmo establecido sobre la producción de plata. Pero en 1754 las alcabalas de Ciudad de México se confiaron a funcionarios asalariados y en 1776 se extendió por toda la colonia el mismo sistema de administración directa. A partir de entonces todas las ciudades principales se beneficiaron de un director local y contador de alcabalas, asistido por un grupo de alguaciles. El mismo sistema se introdujo en Perú durante la «visita» de Areche y después se extendió por todo el imperio. La otra gran innovación tuvo lugar en 1768 con la creación del monopolio del tabaco en Nueva España. La zona de plantación se delimitó con estricta precisión, y todos los cultivadores estaban obligados a vender su producto al monopolio que manufacturaba los cigarros en sus factorías y, al mismo tiempo, los distribuía por medio de una red de vendedores y sus ayudantes en las principales ciudades. En su mejor momento, el monopolio del tabaco en Nueva España produjo unos ingresos de casi 8 millones de pesos, empleando una fuerza de trabajo de más de 17.000 hombres y dejando unos beneficios netos de casi 4 millones de pesos. Además, aunque en otras provincias del imperio las cifras nunca alcanzaron tales niveles —en Perú el monopolio sólo vendía tabaco—, representaron, desde luego, una fuente básica de ingresos adicionales. Por ello, fue tan sólo en lo tocante a un más riguroso escrutinio y recaudación de los tributos de los indios, cuyo incremento sobrepasó, fácilmente, cualquier expansión de población, donde los intendentes y sus subdelegados desempeñaron un importante papel.

En efecto, el nombramiento de una burocracia asalariada, respaldada por un considerable ejército de guardias, permitió a la monarquía española recoger una extraordinaria cosecha fiscal como consecuencia de la expansión de la actividad económica producida por sus reformas en el comercio y su fomento de las exportaciones coloniales. Una vez más, fue Nueva España la que marcó la senda, con unos ingresos en la Hacienda que ascendieron a lo largo del siglo de 3 a 20 millones de pesos, y cuyo aumento se concentró, principalmente, en los años 1765-1782, cuando el total de la estimación anual saltó de 6 a 19,5 millones de pesos. Es significativo que el tributo indígena tan sólo constituyera alrededor de 1 millón de pesos de esta enorme suma, comparado con los 4,5 millones provenientes del diezmo de la plata, impuestos sobre la acuñación y monopolio del mercurio, y los 4 millones de beneficio provenientes del monopolio del tabaco. En total, una vez deducidos los cargos fijos y los costes del monopolio, quedaban alrededor de 14 millones de pesos, de los cuales 4 millones se retenían para el mantenimiento del gobierno y para los costes militares de la frontera del norte. Los 10 millones restantes se enviaban afuera, bien para financiar las plazas fuertes y guarniciones del Caribe, Filipinas y Norteamérica, o para remitirlos directamente a Madrid. Ninguna otra colonia era tan provechosa para su metrópoli como Nueva España. Hacia 1789 los totales recibidos de Perú sumaban no más de 4,5 millones de pesos, con 1,2 millones de pesos aportados por la industria minera de la plata, seguidos de cerca por los 920.000 pesos de los tributos de los indios. Por contra, en Nueva Granada las rentas de aduana, 1,3 millones, eran el principal concepto de un presupuesto total de 4,7 millones, de los que 953.000 pesos correspondían al monopolio del tabaco, mientras que los tributos indios suponían la ridícula suma de 166.000. De forma parecida, a pesar de la aún numerosa población indígena del Alto Perú, la mayoría de los ingresos fiscales en el virreinato de La Plata —un total de 3,5 millones— derivaban de la industria minera y de las tasas de aduana. Claramente, en la mayoría de las zonas del imperio era la economía de exportación la que ofrecía las mayores rentas a la corona.

En estas estimaciones de los ingresos anuales debe encontrarse el verdadero significado de los cambios en el gobierno colonial. En efecto, la revolución administrativa creó un nuevo estado absolutista, basado, como en el caso de Europa, en un ejército permanente y una burocracia profesional. Este estado se consagraba, tanto como sus equivalentes del Viejo Mundo, al principio del engrandecimiento territorial, si bien a expensas, principalmente, de los portugueses en Sudamérica y de las tribus indias nómadas en Norteamérica. Pero se diferenció de sus modelos europeos en que no consiguió formar ninguna auténtica alianza, fundada en intereses comunes, con los sectores dirigentes de la sociedad colonial. La influencia de la Iglesia, hasta entonces el principal baluarte de la corona, fue atacada. Se debilitó el poder económico de las grandes casas importadoras. Y si los nuevos ejércitos facilitaron la sanción armada contra los disturbios populares, los títulos y privilegios ofrecidos por la carrera militar eran un pobre sustituto de cualquier auténtica participación en los beneficios económicos o en el poder. En resumen, el precio de la reforma fue la alienación de la élite criolla. Sin embargo, juzgada desde la perspectiva de Madrid, sus compensaciones fueron considerables. Si bien, como veremos, el renacimiento económico de la península no se correspondió de ningún modo con las oportunidades que ofrecía el crecimiento del comercio colonial, la revolución administrativa permitió a la corona cosechar un notable provecho fiscal. Una vez más es Nueva España la que ofrece la mejor indicación del cambio. Mientras que en los años 1766-1778 sólo llegaron a la cuenta del rey 3,94 millones de pesos de un total de 11,93 millones de pesos exportados legalmente desde Nueva España, en el período de 1779-1791 no menos de 8,3 millones de pesos de un total de 17,2 millones conformaban la suma remitida a las colonias del Caribe o a Madrid. Por esta época, hasta un 15 por 100 del presupuesto anual de la corona provenía de las colonias, dejando a un lado las cantidades recaudadas en las aduanas de Cádiz. Es en estas cifras, más que en las dudosas pretensiones de la industria peninsular y las exportaciones, donde descubrimos la verdadera base del renacimiento de la monarquía. En último término, el beneficio fiscal del imperio y el monopolio comercial eran más importantes para el estado español que los retornos comerciales para su economía.

LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO COLONIAL

El renacimiento de la economía colonial, tanto como el de la peninsular, derivaba de la aplicación de medidas mercantilistas. El texto que las respaldaba para ello era el Nuevo sistema de gobierno económico para la América (1743) de Campillo. El punto de partida de su análisis era una comparación directa entre los altos beneficios que llegaban a Gran Bretaña y Francia desde sus islas azucareras caribeñas, con las ridículas rentas del vasto imperio continental de España. Para remediar este lamentable estado de cosas abogaba por la introducción de un «gobierno económico», término con el que claramente quería referirse a las doctrinas y medidas asociadas al mercantilismo de Colbert. En particular, clamaba por el fin del monopolio comercial de Cádiz y del sistema de flotas periódicas. En América la tierra sería distribuida a los indios y se iba a fomentar tanto la minería de plata como la agricultura. Más que nada, Campillo consideraba a las colonias como un gran mercado sin explotar para la industria española: su población, especialmente los indios, era el tesoro de la monarquía. Pero, para aumentar la demanda colonial de manufacturas españolas, era necesario incorporar a los indígenas a la sociedad, eliminando los dañinos monopolios y reformando el vigente sistema de gobierno. Era necesario también destruir la industria colonial. En su texto, Campillo afirmó con mucho énfasis la supremacía de los intereses públicos sobre el beneficio privado, distinción encarnada en el contraste que establecía entre comercio «político» y comercio «mercantil».

Si la reforma avanzaba lentamente era porque la guerra de Sucesión y la subsiguiente paz de Utrecht dejaron el imperio a merced de la navegación extranjera y del contrabando. En efecto, durante la primera mitad del siglo XVIII, España estuvo inmersa en una batalla desesperada para recobrar el control del comercio colonial. El contrabando era moneda corriente, mientras que las grandes casas importadoras de México y Lima seguían buscando el restringir la afluencia de mercancías de la península para salvaguardar sus beneficios monopolísticos. Si España quería obtener beneficios de sus posesiones americanas, primero era necesario desbancar a las manufacturas extranjeras y al contrabando de su papel preeminente en el comercio atlántico, y después desalojar a la alianza mercantil de su posición dominante en las colonias.

Al principio, la conducta comercial de España fue lamentable. En 1689 se estimó que de las 27.000 toneladas de mercancía enviadas legalmente a Hispanoamérica, sólo 1.500 tenían su origen en la península. La mayor parte de las exportaciones de Cádiz consistían en productos manufacturados que se embarcaban desde Francia, Inglaterra y Holanda. Incluso el rendimiento fiscal de las tasas de aduana se rebajaba a causa de la alta incidencia del comercio de contrabando en el Caribe y desde Sacramento. Con la guerra de Sucesión se derrumbaron las últimas barreras contra los intercambios con potencias, ya que en 1704 el embajador Amelot obtuvo permiso para que los barcos mercantes franceses entraran en el Pacífico y comerciaran libremente con Perú y Chile. En el período 1701-1724 por lo menos 153 navíos comerciales franceses visitaron estas costas y sólo en 1716 alrededor de 16 barcos llevaron tal abundancia de mercancía europea que los mercados estuvieron saturados durante años.

Enfrentadas con este abierto desafío al monopolio comercial español, las autoridades de Madrid intentaron desesperadamente restaurar el antiguo sistema de flotas periódicas que zarpaban de Cádiz, con las ferias comerciales de Portobelo y Veracruz como los únicos puntos legales de entrada para la mercancía importada. Para Sudamérica esta decisión representaba la prolongación del cierre de la ruta del cabo de Hornos y una severa restricción de las llegadas a Buenos Aires. En cuanto a Nueva España, el antiguo sistema nunca había llegado a interrumpirse del todo, ya que en los significativos años que van de 1699 a 1713 al menos cinco convoyes habían llegado a Veracruz. Además, el traslado de la feria en 1720 a Jalapa trajo consigo el que las transacciones pudieran realizarse en una agradable ciudad de montaña, justo sobre el puerto. Por contra, sólo una flota salió para Tierra Firme y la correspondiente feria de Portobelo resultó desastrosa para los comerciantes de Lima que adquirieron productos allí, debido a la influencia de las baratas mercancías francesas.

Aunque la presión diplomática aseguró eventualmente la exclusión de los barcos franceses de los puertos coloniales, no había forma de escapar de los comerciantes ingleses, puesto que la Compañía del Mar del Sur disfrutaba del derecho, obtenido en el tratado de Utrecht, a enviar un buque anual a Hispanoamérica. Dado que los productos que transportaba obviaban tanto las tasas aduaneras de Cádiz como los impuestos interiores que gravaban a los envíos de convoyes oficiales, la Compañía podía rebajar con facilidad los altos precios de los monopolistas españoles. En consecuencia, el navío inglés perjudicó de hecho las ferias comerciales que tuvieron lugar en Portobelo en 1722 y 1731 y en Jalapa en 1723 y 1732. De hecho, en la última feria de Portobelo cerca de la mitad de los 9 millones de pesos enviados desde Lima fueron a parar directamente a las arcas de la Compañía de los Mares del Sur. Los armadores que habían acompañado a la flota o se arruinaron o se vieron obligados a permanecer en las colonias durante años, esperando compradores para sus costosos productos. Precisamente fue este desastre comercial lo que llevó a la supresión de la flota de Tierra Firme. Además, el volumen de la mercancía vendida en Jalapa en 1736 estaba claramente por debajo de los niveles anteriores.[7] No fue casualidad, por tanto, que surgieran las hostilidades de los intentos españoles por impedir el contrabando inglés.

La Guerra de los Nueve Años (1739-1748) supuso un cambio en el desarrollo del comercio colonial. La destrucción de Portobelo llevada a cabo por Vernon acabó con las posibles esperanzas de hacer revivir la flota de Tierra Firme. Y, desde entonces, todo el comercio legal con las islas del Caribe y con Sudamérica se hizo con «registros», barcos aislados que zarpaban con licencia desde Cádiz. Tan importante como esto fue que se abriera la ruta del cabo de Hornos y se permitiera a más barcos desembarcar en Buenos Aires. Con la fuerte caída de los precios, el comercio europeo con todo el virreinato peruano creció, incorporándose Chile y la zona del Río de la Plata al comercio directo con España. De hecho, puesto que la flota inglesa no tuvo demasiado éxito en su bloqueo, los años de la guerra fueron testigos de cierta expansión. El otro gran beneficio que trajo consigo la guerra fue el fin del comercio autorizado con otras potencias. Por el tratado de paz de 1750 la Compañía de los Mares del Sur renunciaba al «asiento» y al derecho a un mercante anual a cambio del pago de 100.000 libras. Por lo menos, después de cuatro décadas, España había recobrado el ejercicio sin restricciones de su monopolio comercial sobre el imperio americano.

Un elemento importante del renacimiento del comercio español durante las décadas de mediados de siglo lo aportó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que Patino había establecido en 1728 con derechos exclusivos de comercio entre San Sebastián y Venezuela. Autorizada a contar con guardacostas para acabar con el contrabando, en 1729 la Compañía estaba equipada con no menos de ocho barcos de guerra y levantó un pequeño ejército tras la ruptura de hostilidades con Gran Bretaña. A partir de entonces, la curva de exportaciones subió notablemente, con embarques de cacao que se multiplicaron por más de tres entre los años 1711-1720 y la década de 1760. Además, mientras que en la primera época la mayor parte del cacao se destinaba a Nueva España, en la última década la península recogía el 68 por 100 de todos los embarques. Aunque el monopolio ejercido por la Compañía se fue haciendo cada vez más pesado para la población venezolana, la corona no abrió la colonia a otros mercaderes hasta 1780, y después, cinco años más tarde, disolvió la Compañía. El éxito de esta empresa vasca llevó a los ministros a patrocinar toda una serie de otras compañías, de entre las cuales las más importantes fueron la Compañía de La Habana (1740), creada para manejar la exportación de-tabaco de Cuba, y la Compañía de Barcelona (1755), para comerciar con las restantes islas caribeñas. Pero como a ninguna de ellas se le aseguró un monopolio comercial, decayeron pronto.

Si para Sudamérica y el Caribe la década de 1740 suponía el inicio de una nueva época, por contraposición, en Nueva España los definidos intereses de los consulados, las asociaciones mercantiles de Cádiz y México, prevalecieron sobre la corona a la hora de restablecer el sistema de flotas. Y, en consecuencia, seis grandes convoyes zarparon para Veracruz en los años 1757-1776. Pero aunque el renovado sistema hizo sentirse seguros a los comerciantes de la península, la parte del león de los beneficios, según afirmaban los críticos, fue a manos de los «almaceneros», los grandes comerciantes de importación de Ciudad de México. En la feria de Jalapa eran éstos, a menudo con más de 100.000 pesos para gastar, quienes dominaban las transacciones, puesto que los armadores de Cádiz, enfrentados a los gastos de almacenamiento y a la prohibición de actuar en el interior de la colonia, estaban en clara desventaja, con más motivos para vender que los «almaceneros» para comprar. Cualquiera que fuese el balance de beneficios, el sistema, desde luego, iba en detrimento tanto de los productores españoles como de los consumidores mexicanos, ya que el volumen de las mercancías estaba limitado por el interés en los altos precios. Este renacimiento del sistema de flotas para Nueva España —con mucho la más próspera de las colonias— demuestra la naturaleza y el poder de los definidos intereses contra los que tenía que luchar la élite administrativa. Aunque se había expulsado por fin a los extranjeros que mantenían el contrabando en los puertos coloniales, la expansión posterior del comercio español dependía ahora del enfrentamiento directo entre las grandes casas de comercio de México y los armadores de Cádiz.

El catalizador del cambio fue, una vez más, la guerra con Gran Bretaña, cuando la tardía intervención de España en la Guerra de los Siete Años trajo consigo la captura de Manila y La Habana, al tiempo que la ocupación inglesa de La Habana producía un notable aumento de las exportaciones cubanas. La necesidad de una reforma, administrativa y comercial, era desde luego evidente. En consecuencia, en 1765 a las islas del Caribe se les dio vía libre para comerciar con los nueve puertos principales de la península. Al mismo tiempo la absurda práctica de estimar las tasas aduaneras por el volumen cúbico de la mercancía, conocido como «palmeo», se sustituyó por una tasa ad valorem del 6 por 100, que se imponía a todos los productos de exportación. El éxito de estas medidas hizo posible la promulgación en 1778 del famoso decreto de «libre comercio», el cual finalmente abolió el embudo que significaba Cádiz y el sistema de flotas. Desde entonces el comercio entre los puertos principales del imperio y la península comenzó a efectuarse por medio de buques mercantes aislados. Las pocas restricciones que se establecieron para Nueva España se eliminaron en 1789 y el monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas se abolió en 1780, al mismo tiempo que se rebajaron las tasas aduaneras de Cádiz y se dio preferencia a las manufacturas españolas.

El periodo comprendido entre la declaración del «comercio libre» y la apertura del bloqueo naval inglés resultó ser una breve edad de oro para el comercio colonial. En una década se triplicaron las exportaciones registradas. Una vez que concluyó la guerra de la independencia norteamericana (1779-1783), insólitas cantidades de mercancía europea inundaron los puertos coloniales. Sólo en el año 1786 no menos de 16 barcos llegaron a El Callao llevando productos por valor de 22 millones de pesos, en una época en la que la compra anual del Perú era de poco más de 5 millones de pesos. El resultado a corto plazo de este flujo fue, por supuesto, una crisis comercial. Por todo el imperio los precios se derrumbaron y decrecieron los beneficios a medida que los mercados se saturaban con las importaciones. Muchos comerciantes se arruinaron y otros consiguieron cortar sus pérdidas retirándose del comercio transatlántico y prefiriendo invertir su capital en la agricultura y la minería. El metal precioso desapareció de la circulación local a medida que se exportaban grandes sumas para financiar la corriente creciente de importaciones europeas. No es sorprendente que los consulados, de Chile a México, clamaran a la corona para que limitase el flujo de mercancías mediante la vuelta al antiguo sistema de entradas restringidas; la ruina amenazaba a sus miembros. Pero los virreyes que se ocupaban del asunto, en especial Teodore de Croix en Perú y el conde de Revillagigedo en Nueva España, desoyeron estas llamadas. Haciéndose eco de la opinión de Campillo, insistían en que los intereses públicos no debían confundirse con los beneficios particulares de un puñado de comerciantes. Según ellos, la expansión del comercio había rendido grandes beneficios tanto al consumidor colonial como a los industriales españoles. Además, en el caso de México, si los antiguos almaceneros invertían ahora su capital en la minería y en la compra de cargos, ello era sólo para bien, tanto más cuanto su papel en el comercio lo había recogido una nueva generación de comerciantes, hombres que se contentaban con un beneficio relativamente reducido a cambio de una mayor agilidad en las ventas de los productos. En general, las estadísticas coinciden en demostrar que el aumento del valor de las importaciones iba estrechamente unido a la curva ascendente de la producción de plata. No se puede dudar de que estos años dan muestras de un extraordinario florecimiento de las exportaciones coloniales. El rápido crecimiento de Buenos Aires es un testimonio de la eficacia de la nueva política.

Pocas cosas impresionan más a la posteridad que la conciencia del éxito, y los funcionarios de Carlos III no dudaban en jactarse de sus logros. A lo largo de una memoria sobre la exportación de harina de México a Cuba, el fiscal de la Real Hacienda, Ramón de Posada, después de referirse al antiguo esplendor de España y su posterior decadencia, exclamaba: «Estaba reservado a la superior sabiduría y augusta protección de Carlos III el iniciar la espléndida empresa de recobrar esa antigua felicidad». Pero si la desafortunada experiencia del mundo hispánico a principios del siglo XIX hizo que los historiadores de la época tomaran estas pretensiones al pie de la letra, la reciente investigación ha modificado sensiblemente la imagen tradicional. Sobre todo, se pone en cuestión el papel de la península en el conjunto del sistema comercial que aquí se considera. En su notable examen del comercio registrado entre Cádiz y América durante los años 1717-1778, Antonio García-Baquero González encuentra que, mientras la Armada Real se construía en astilleros españoles, por contra, la flota mercante que zarpaba de Cádiz se componía principalmente de navíos comprados en el exterior. Aunque eran de propiedad local, sólo el 22 por 100 de los barcos se construía en España, y otro 4,2 por 100 procedía de sus regiones coloniales. Al mismo tiempo, parece que la mayoría de los comerciantes de Cádiz eran poco más que agentes comisionados de los mercaderes extranjeros que residían en la ciudad. El censo de 1751 confeccionado a raíz de la instrucción del marqués de la Ensenada recogía 162 comerciantes extranjeros frente a 218 nativos. Los españoles sólo reunían el 18 por 100 del ingreso declarado por la comunidad mercantil, predominando claramente los franceses con un 42 por 100 del total. Además, mientras que más de una quinta parte de los comerciantes extranjeros disfrutaban de ingresos que oscilaban entre 7.000 y 42.000 pesos al año, sólo dos españoles figuraban en este grupo. Y aún se puede encontrar una confirmación añadida del limitado nivel de sus operaciones financieras en sus mismas inversiones, que consistían sobre todo en casas y propiedades en Cádiz.

Si los monopolistas de Cádiz venían a ser meros intermediarios que trabajaban a comisión, no debe resultar sorprendente saber que en la misma época la contribución de la industria española a las exportaciones coloniales era ridícula. Es verdad que, en cuanto al volumen, la producción peninsular representaba el 45 por 100 de los cargamentos que se embarcaban hacia América, pero consistía, esencialmente, en vino, aceite, aguardiente y otros productos agrícolas. Si consideramos su valor, la aportación metropolitana se desploma de forma impresionante. Según el más generoso de los cálculos, los productos españoles embarcados en la flota de 1757 con rumbo a Nueva España suponían el 16 por 100 del valor total del cargamento. En resumen, en cuanto al comercio colonial, España figuraba como exportador de productos del sector primario con poca importancia en lo que respecta a productos elaborados.[8] Por otra parte, sabemos que durante los años 1749-1751 las factorías reales de Guadalajara y San Fernando, que producían paños de lana de calidad, no exportaron más de 12 toneladas, de una producción estimada en más de 10.000.

¿Y los años posteriores a 1778? Desde luego, se publicaron estadísticas que indicaban que alrededor del 45 por 100 de las exportaciones a las colonias procedía de la península. La naciente industria textil del algodón de Cataluña, con maquinaria comprada a Inglaterra, competía de forma efectiva en los mercados americanos. De hecho, esta era una industria cuyo crecimiento, en gran medida, se derivaba del comercio colonial. Los proyectos de Ustáriz y Campillo dieron en este aspecto buen resultado. Pero debe señalarse que en fecha tan tardía como 1788 Cádiz seguía manteniendo el 72 por 100 de todos los embarques del imperio americano, y que si Barcelona había hecho aumentar el valor de sus exportaciones desde tan sólo 430.000 pesos antes del «comercio libre» hasta 2,79 millones de pesos en 1792, seguía aportando sólo el 16 por 100 de todas las exportaciones coloniales. No quiere ello decir que haya que restar importancia a los mercados americanos, puesto que en Barcelona, como en el resto de España, el comercio con Europa dependía del vino y de otros productos agrícolas. La cuestión es que si los productos de algodón catalanes se embarcaban directamente de Barcelona a las colonias, ¿cómo era posible que Cádiz registrara alrededor del 45 por 100 de sus exportaciones, medidas en valor, como producción española? De hecho, existen evidencias de un extenso contrabando y de simple reexportación.[9] Puesto que el grueso de las exportaciones registradas, estimadas en valor, consistía en textiles, se deduce por lo que sabemos de la industria española que una abrumadora proporción de estos productos venían del exterior. Y de hecho, incluso del algodón catalán y la seda de Valencia se puede afirmar que se trataba de productos franceses llevando un estampado español.

Al otro lado del Atlántico, el énfasis puesto en el crecimiento dirigido a la exportación parece menos necesitado de revisión. Desde luego, los datos son parciales y se agrupan en torno a los últimos años del siglo; sin embargo no se puede dudar de que en el siglo XVIII se registra una notable expansión del comercio trasatlántico con Europa. Provincias como Chile y Venezuela, hasta entonces descuidadas y aisladas, se pusieron en contacto directo con España por medio de la apertura de nuevas rutas comerciales. Al mismo tiempo, las industrias mineras situadas en la cordillera de Sierra Madre y en los Andes experimentaron una extraordinaria recuperación. Hay que resaltar la base tradicional de la expansión del comercio trasatlántico. En los años 1717-1778 el metal precioso seguía representando el 77,6 por 100 del valor estimado de los embarques del Nuevo Mundo registrados en Cádiz, siendo el resto de los cargamentos tabaco, cacao, azúcar, índigo y cochinilla. Con la promulgación del «comercio libre» se aceleró la dinámica de la actividad económica y las costas e islas del Caribe produjeron una cosecha mayor aún de productos tropicales Todavía en la década de 1790 los embarques de metal precioso seguían formando el 60 por 100 del valor de las exportaciones coloniales a la península, si bien este cálculo no incluye el dinero enviado con destino a la Hacienda Real.

En esta época la provincia principal dentro del imperio americano era Nueva España, con un promedio de exportaciones registradas que superaron los 11 millones de pesos en los años 1796-1820 La plata suponía el 75,4 por 100 de este valor y la cochinilla el 12,4 por 100, mientras el azúcar aportaba el resto La zona andina se caracterizó por una confianza similar en el metal precioso para financiar su comercio exterior, con una producción general de más de 9 millones de pesos que salían directamente de los puertos de Lima y Buenos Aires Aunque este segundo puerto, en su condición de capital virreinal, pudo jactarse de unas exportaciones por valor de 5 millones de pesos en 1796, sólo una quinta parte provenía de las «estancias» de la Pampa en forma de pieles, carne curada y cuernos, el resto consistía en moneda enviada desde la ceca de Potosí En Chile la situación era muy parecida, con una aportación de oro y plata por valor de 856.000 pesos de unas exportaciones totales valoradas en 1 millón, frente a 120.000 pesos aportados por el cobre Más lejos hacia el norte, en Colombia, el oro cubría el 90 por 100 de las exportaciones, cuyo valor era de 2 millones En Centroamérica, sin embargo, los embarques de índigo de Guatemala suponían 1,2 millones de pesos, cantidad parecida al 1,4 millones de pesos producidos por la cochinilla mexicana y muy superior a los 250.000 pesos en que se estimaba el producto anual de las minas de plata de Honduras Aparte de los productos tintóreos, era el crecimiento del azúcar, el cacao y el tabaco lo que podía desafiar al predominio del metal precioso en el comercio atlántico español Hacia la década de 1790 el valor de las exportaciones de Venezuela había subido a más de 3 millones de pesos, distribuidos entre cacao, índigo y café Pero el centro del gran éxito de estos últimos años fue Cuba, donde junto con el tradicional cultivo del tabaco la producción de azúcar se extendió de forma impresionante tras la revolución de Santo Domingo (1789-1792). Si al principio de la década de 1790 sus exportaciones se valoraban en más de 3 millones de pesos, hacia los años 1815-1819 alcanzaron un promedio de 11 millones, un total igual a las exportaciones de plata de Nueva España.

Finalmente, es preciso hacer un último comentario. A mediados del siglo XVIII, Campillo había señalado a las islas azucareras del Caribe como la medida de la capacidad comercial del imperio español Y por el momento carecemos de una panorámica general del comercio colonial, tarea que hacen más difícil los frecuentes bloqueos acaecidos en tiempo de guerra y que interrumpían el ritmo regular de los envíos. Si nos basamos en la comparación internacional, quizá será útil recordar que en los años 1783-1787 Gran Bretaña importo productos de sus Indias occidentales por valor de 3.471.637 libras al año, cantidad equivalente a 17,3 millones de pesos. De modo parecido, hacia 1789 las exportaciones de azúcar, algodón y café de Santo Domingo se valoraron en 27 millones de pesos, y otra fuente estimó el valor total de la producción embarcada desde las Indias occidentales francesas en 30,5 millones de pesos Estas cifras nos ofrecen una perspectiva de los logros borbónicos Aunque se reúnan las estadísticas disponibles de todas las provincias del imperio español en el Nuevo Mundo, el total superior de las exportaciones a principios de la década de 1790 no excede los 34 millones de pesos, pudiéndose encontrar la confirmación de esta cifra en una balanza comercial contemporánea de 1792, que se describe como el mejor año conocido para el comercio español (véase cuadro 1).

CUADRO 1

Balanza comercial española en 1792
(millones de pesos)

| Exportaciones |  | Importaciones |  | Déficit
I | La península | 19,84 |  | 35,74 | 15,9
II | Comercio con las colonias |  |  |  |
| Productos nacionales | 11,15 | Metal precioso | 21,01 |
| Productos extranjeros | 10,32 | Producción | 15,91 |
| Total | 21,47 | Total | 36,92 | 15,45

FUENTE José Canga Arguelles, Diccionario de Hacienda, 2 vols, Madrid, 1833, I, pp 639-645.

El generalizar a partir del comercio de un año en una época de violentas fluctuaciones podría fácilmente conducir a error. Además, el cuadro no consigue aclarar la relación entre la península y el comercio colonial, aunque debe presuponerse que una gran proporción de las importaciones españolas se reembarcaron a las colonias y que el déficit de la península en cuanto al comercio exterior se satisfacía con el envío de metal precioso americano. Pero no esta clara la proporción en que el comercio colonial subsidiaba la balanza de pagos de España. Al mismo tiempo, el cuadro omite cualquier llegada de metal precioso procedente del Nuevo Mundo a la cuenta del rey, lo que equivale a decir que no considera los beneficios fiscales del imperio. Si lo comparamos con comportamientos anteriores, la reactivación borbónica fue, desde luego, considerable, pero si se juzga a escala internacional, la expansión comercial parece mucho menos llamativa

LAS ECONOMÍAS DE EXPORTACIÓN

Mientras que la península sólo recogía un modesto beneficio de la recuperación del comercio atlántico, muchas colonias americanas estaban naciendo de nuevo. Para hacer más concreta nuestra visión de los logros borbónicos, es necesario remitirse al pasado. Desde un punto de vista comparativo, la monarquía de los Austrias en el Nuevo Mundo aparece como un estado levantado con éxito sobre las bases edificadas por la confederación azteca y el imperio inca. Parece irrefutable que fueron la mano de obra libre y el tributo de los indios lo que permitió a los encomenderos y a los misioneros crear un equivalente ultramarino de la sociedad española en poco más de una generación. Lo que hay que resaltar es que la experiencia política prehispánica siguió influyendo sobre la organización de la sociedad colonial hasta bien entrado el siglo XVII. La confianza inca en los equipos de trabajo frente a la preferencia azteca por los tributos marcó de modo decisivo la política virreinal. Si Potosí actuó como un imán respecto a toda la economía imperial fue, en gran medida, porque el virrey Toledo emplazó una enorme emigración anual de más de 13.000 indios para trabajar en las minas de la Gran Montaña. El fracaso de la industria minera mexicana en su ansia de emular a su rival andino prueba que, aparte la importancia de la tecnología española, el agente decisivo de la rápida expansión de la producción fue la enorme cantidad de trabajo aportado por la mita. En resumen, el precedente inca le permitió a Toledo movilizar al campesinado al servicio de la economía de exportación. Por contraposición, en Nueva España se reclutaban los grupos de trabajo en las localidades cercanas a cada mina, lo que dio como resultado el que la mayor parte de la industria tuviera que depender de trabajadores libres y esclavos africanos. El eje central del sistema comercial de los Austrias fue la restauración de una economía dirigida en las tierras altas andinas.

Hacia el siglo XVIII, sin embargo, el equilibrio regional de la actividad comercial se había desviado desde las zonas nucleares de las culturas mesoamericanas y andinas hacia áreas fronterizas que habían sido habitadas antes por tribus nómadas, o hacia las costas tropicales y las islas del Caribe y del Pacífico. Las regiones que registraron un rápido crecimiento de población y de producción fueron las pampas del Río de la Plata, las zonas de haciendas del centro de Chile, los valles cercanos a Caracas, las plantaciones de Cuba, y las minas y haciendas de México, al norte del río Lerma. La fuerza de trabajo la formaban trabajadores asalariados libres reclutados en las «castas» o en la comunidad criolla o, alternativamente, esclavos importados de África. Al contrario que en la época de los Austrias, cuando la corona facilitaba la oferta de trabajo, eran ahora los comerciantes y los empresarios quienes adelantaban el dinero necesario para la compra de esclavos o para el pago de los salarios. La antigua economía dirigida sobrevivió sólo en la mita de Potosí y en los denigrantes «repartimientos de comercio», donde se empleaba la autoridad real para obligar al campesino indio al consumo o a la producción de mercancías. Incluso aquí se podría argumentar que el elemento clave era el adelanto de dinero por parte de los comerciantes que respaldaban a los magistrados.

Insistir en el cambio de la localización regional de la producción para la exportación podría sugerir que la eliminación de todas las barreras legales al comercio entre los puertos principales de la península y el imperio americano desempeñó un papel decisivo en la apertura de nuevas líneas mercantiles. Pero sería falso suponer que la mera llegada de mercancías de Europa pudo estimular la agricultura o la minería locales. Como demostró claramente la experiencia británica después de la independencia norteamericana, la mayor disponibilidad de las manufacturas en los puertos americanos no conllevaba por sí sola una similar oferta de las exportaciones. Aunque los estadistas borbónicos se apresuraron a recibir la expansión del comercio atlántico tras el «comercio libre» como la consecuencia de las medidas de la corona, la burocracia aquí, como en otros sitios, simplemente sacó provecho del esfuerzo y la ingenuidad de otros hombres. El agente decisivo que había detrás del crecimiento de la época borbónica era una élite empresarial compuesta por comerciantes, plantadores y mineros. Fue un número relativamente reducido de hombres de negocios coloniales, en parte emigrantes de la península, en parte criollos, el que se aprovechó de las oportunidades que ofrecía la apertura de nuevas rutas comerciales y los beneficios fiscales que proporcionaba la corona. Estos hombres adoptaron prontamente nueva tecnología donde se demostró conveniente y no dudaron en invertir grandes sumas de capital en empresas que, a veces, necesitaron años para rendir beneficios. La aparición de esta élite es aún más de resaltar si nos detenemos a considerar que en la península la clase comerciante se limitaba, en su mayoría, a actuar como intermediaria de los comerciantes extranjeros y no suponía una amenaza a la hegemonía de la aristocracia terrateniente. Por el contrario, en el Nuevo Mundo, los comerciantes apoyaron el desarrollo de las minas y de las plantaciones y, a veces, invirtieron capital en la producción para la exportación.

La obra maestra de la era borbónica fue, sin duda, la industria de la minería de plata mexicana.[10] Ya en la década de 1690 fue superada la depresión de mediados del siglo XVII a medida que la acuñación alcanzaba su cota anterior de más de 5 millones de pesos. Después la producción creció uniformemente hasta llegar a 24 millones de pesos hacia 1798, habiéndose registrado el aumento más rápido en la década de 1770 debido a los nuevos descubrimientos y a los incentivos fiscales. Al cuadruplicar su producción en el curso de un siglo, la industria mexicana llegó a representar el 67 por 100 de toda la plata americana y Guanajuato, el centro principal, igualó la producción de todo el virreinato, tanto de Perú como de La Plata.

La corona española desempeñó un papel crucial a la hora de promover este llamativo resurgimiento. La dependencia por parte de los molinos de refinado mexicanos de la mina real de Almadén comportaba el que sin una profunda renovación de este antiguo yacimiento (donde, de hecho, la producción se remontó desde apenas 2.000 cwt a más de 18.000 cwt) la industria se habría quedado paralizada. Muy importante fue el hecho de que el visitador general José de Gálvez redujo a la mitad el precio de este indispensable ingrediente y aumentó la oferta de pólvora, otro monopolio real, rebajando su precio en cerca de una cuarta parte. Al mismo tiempo, inició una política de garantizar exenciones de impuestos y ofrecer reducciones para la renovación o iniciación de nuevas empresas de alto riesgo, que requerían una gran inversión de capital. Mientras fue ministro de Indias, Gálvez estableció un tribunal de minería con jurisdicción sobre cualquier litigio dentro de la actividad. Se introdujo un nuevo código en la ley de minería y se hizo responsable al tribunal de un banco financiero que patrocinaba la inversión y las renovaciones. Este conjunto de reformas institucionales se coronó en 1792 con la fundación de un colegio de minas formado en parte por mineralogistas traídos de Europa. El magnífico palacio neoclásico que albergó la corte y su colegio da idea de la crucial importancia de la minería de plata mexicana dentro del imperio borbónico.

Sin embargo, las medidas gubernamentales no ofrecen, en absoluto, una explicación suficiente de la bonanza de la plata en el siglo XVIII en Nueva España. Por esta época la población de la colonia estaba creciendo, de forma que no había mucha dificultad a la hora de reclutar la fuerza de trabajo asalariada. De hecho, los trabajadores mineros mexicanos, en su mayor parte mestizos, mulatos, criollos pobres e indios emigrantes, formaban una aristocracia laboral libre, bien pagada, de gran movilidad y a menudo hereditaria, que en la mayoría de los campamentos obtenía una parte del metal además de su salario cotidiano. Pero el elemento decisivo de la expansión hay que buscarlo en la actividad y colaboración de los comerciantes-capitalistas y los mineros, que hacían alarde de habilidad y tenacidad aplicadas a aventuras que, en ocasiones, requerían años de inversiones antes de que surgiera la riqueza. La industria se apoyaba en una elaborada cadena de crédito que iba de los bancos de plata y los comerciantes financieros de la Ciudad de México a los comerciantes locales y a los refinadores de los campamentos principales que, a su vez, respaldaban a los verdaderos mineros. La tendencia que encontramos a lo largo del siglo es la del crecimiento de las minas individuales, mientras que en los campamentos más pequeños toda una veta era dominada por una gran empresa.

La escala de las operaciones y el tiempo que se dedicaba a ellas eran a menudo extraordinarios. Al famoso conde de Regla le llevó más de 20 años el obtener beneficios de sus inversiones en la Veta Vizcaína en Real del Monte, debido a la necesidad de abrir una entrada de drenaje a 2.634 m por debajo de la veta. Con los enormes beneficios que se produjeron, Regla compró una cadena de haciendas y, por el precio de casi medio millón de pesos, construyó el gran molino para el refinado que aún permanece como monumento en su honor. Sin embargo, la mayor empresa, con mucho, era la Valenciana en Guanajuato que en la década de 1790 empleaba a más de 3.000 trabajadores. Con 4 pozos y multitud de túneles que se entrecruzaban a partir de la veta, la Valenciana parecía una ciudad subterránea. El pozo central, octogonal, con una circunferencia de 29 m y una profundidad de más de 548 m, era una construcción de piedra, asistida por norias tiradas por 8 mulas, que costó más de 1 millón de pesos. En cuanto a su fuerza de trabajo y a su inversión, pocas empresas podía haber en Europa que se igualaran a la Valenciana.

El hecho de que los incentivos gubernamentales no eran suficientes para reactivar una industria enferma lo demuestra el ejemplo de Perú, porque en las tierras altas andinas el resurgir de la minería fue lento y limitado. Hasta la década de 1730 no empezó a recuperarse la industria de la depresión del siglo anterior. Pero desde un punto más bajo de alrededor de 3 millones de pesos, la producción sólo superó los 10 millones de pesos en la década de 1790, cantidad que se mantuvo sólo brevemente y que incluye los dos virreinatos de Perú y La Plata. La base de esta reactivación fue la creación de nuevos campamentos, como Cerro del Pasco, que dependían de trabajadores asalariados, y de la supervivencia de Potosí, con el subsidio laboral de la mita. La corona llevó a cabo casi las mismas medidas que en México —se redujo el precio del mercurio, se envió, una misión técnica y se establecieron una asociación y un tribunal de minería—, pero ciertos elementos claves no llegaron a materializarse. La incapacidad de la administración de Huancavelica para ampliar la producción —de hecho, ésta declinó a partir de 1780— impuso severos límites a la cantidad de mercurio que llegaba a la industria andina, puesto que Nueva España siempre disfrutó de derechos preferenciales acerca de todas las importaciones de Europa. Al mismo tiempo, la mayoría de las minas siguieron siendo pequeñas, y empleaban sólo un puñado de trabajadores, a lo que se añade que la industria andina se quedó atrás respecto a su rival del norte en cuanto a la aplicación de la tecnología disponible. Tras esta respuesta limitada a las nuevas oportunidades de beneficio creadas por la iniciativa gubernamental se encuentra el déficit del capital destinado a la inversión. Los grandes comerciantes de Lima habían perdido su posición predominante en el comercio sudamericano y carecían de los recursos necesarios para emular a sus equivalentes de México. Sus rivales de Buenos Aires no hicieron intentos de invertir en la industria andina. De esta manera, aunque alrededor de fines del siglo XVIII las minas del alto y bajo Perú produjeron tanta plata como en el reinado de Felipe II, la recuperación no se derivó de ninguna concentración de capital o de trabajo, sino más bien de los nuevos descubrimientos y de la mera supervivencia de pasados logros. Al mismo tiempo, el metal precioso quedó como la única exportación de alguna importancia y el poder de compra generado por la industria aún mantuvo una amplia cobertura del comercio interregional.

Aparte de las plantaciones tropicales en las que trabajaban esclavos, el restante comercio de exportación dependía del capital mercantil que financiaban diversos productores, desde campesinos indios y pequeños propietarios mestizos hasta mineros chilenos y estancieros de las pampas argentinas. La producción de cochinilla del sur de México-se promovía por medio de «repartimientos de comercio», que, en este caso, equivalían simplemente al dinero desembolsado por el funcionario del distrito con medio año de antelación respecto de la cosecha. Aunque la gran casa importadora de la Ciudad de México se retiró de estas operaciones después de que los «repartimientos» fueran prohibidos por el Código de Intendencia del año 1786, los comerciantes locales de Oaxaca y Veracruz siguieron empleando su dinero en este comercio. La misma dominación mercantil se puede observar en el comercio del índigo de Centroamérica, donde los comerciantes de la ciudad de Guatemala concedían créditos tanto a pequeños propietarios como a grandes terratenientes con el resultado de que, por medio de adelantos, los comerciantes se veían envueltos directamente en la producción para la exportación. Como consecuencia, en Centroamérica los dos tintes se obtenían, principalmente, gracias a la colaboración de pequeños propietarios del capital comercial, con o sin la intervención de la corona.

En el cono sur, en Chile y a lo largo del Río de la Plata, los comerciantes de Buenos Aires y Santiago financiaban a los estancieros de las pampas y a los mineros del norte de Chile. Tanto gauchos como mineros recibían un salario, aun cuando la mayoría de sus ropas y bebidas provenían, a menudo, de almacenes administrados por sus patrones. Es difícil señalar una causa definitiva para el crecimiento de la exportación en estas regiones, a no ser la simple apertura de rutas comerciales por el Río de la Plata y el Cabo de Hornos, combinada con un crecimiento de la población suficiente como para aportar la fuerza de trabajo. Una expansión tal fue importante para la economía local, aun cuando no tuviera mucho peso en el mercado internacional. La exportación de cueros de Buenos Aires subió rápidamente de alrededor de 150.000 a mediados de siglo a casi 1 millón a finales, al tiempo que los precios aumentaron de 6 a 20 reales el quintal. La industria minera de Chile fue, en gran medida, creación del siglo XVIII, habiendo crecido el valor global de su oro, plata y cobre de una media de 425.000 pesos en la década de 1770 hasta casi 1 millón de pesos hacia la década de 1790.

Las otras corrientes principales del comercio de exportación de Hispanoamérica consistían en productos tropicales del Caribe y oro colombiano. La fuerza de trabajo de todas estas zonas se surtía de la importación de esclavos de África. En Colombia los placeres de oro de Popayán y Antioquia estaban a cargo de mineros que daban trabajo a relativamente pocas cuadrillas de esclavos, financiados por comerciantes locales. La acuñación en Bogotá subió de 302.000 pesos en 1701 a más de 1 millón de pesos hacia principios de la década de 1790, a lo que hay que unir un aumento de la acuñación de Popayán desde una media de 423.000 pesos en los años anteriores a 1770 hasta cerca de 1 millón de pesos hacia 1800. A pesar del fracaso de la corona al introducir las intendencias en Nueva Granada, su comercio ultramarino igualó en valor a la producción de exportación del cono sur.[11] Aún mayor éxito consiguió la vecina Venezuela, donde la producción de cacao fue progresando a lo largo del siglo a medida que las exportaciones anuales subieron desde menos de 15.000 fanegas en los años 1711-1720 hasta más de 80.000 fanegas hacia la década de 1790. Las plantaciones de cacao pertenecían a las grandes familias de Caracas que formaron una aristocracia de plantadores. La fuerza de trabajo consistía en esclavos africanos que a fin de siglo suponían, aproximadamente, el 15 por 100 de la población total. Los largos años de olvido anteriores al establecimiento de la Compañía de Caracas habían permitido el desarrollo de una extensa población nativa, mulatos, mestizos e «isleños» de Canarias. Más allá de los valles montañosos de la costa se extendían las grandes llanuras del interior de las que procedían la carne seca y las 30.000 mulas enviadas por mar a las islas del Caribe.

El ave fénix de la última época borbónica fue Cuba, porque, aunque la isla había producido azúcar y tabaco desde el siglo XVI, fue tan sólo tras la ocupación inglesa de La Habana cuando se propuso seriamente emular el modelo de producción que se seguía en las posesiones francesas e inglesas. La corona intervino decisivamente al promover la industria del azúcar a través de una creciente importación de esclavos, generosas concesiones de tierras a los plantadores y un permiso para importar harina barata de los Estados Unidos. Entre 1759 y 1789, el número de ingenios azucareros aumentó de 89 a 277 y en el mismo período se triplicó la producción. Pero entonces, con la revolución de Santo Domingo y la subsiguiente destrucción de sus plantaciones, la industria cubana entró en una época de rápida expansión y cambios técnicos, y tanto la producción como los precios se elevaron. La aristocracia de los plantadores y los comerciantes de La Habana eran, si es posible, más emprendedores que sus colegas mexicanos y, atentos a las innovaciones técnicas, adoptaron el vapor para sus ingenios y plantones de caña tahitianos para sus plantaciones. En último término, sin embargo, el boom dependió de la compra masiva de esclavos africanos, cuyo número subió de casi 86.000 en 1792 a unos 286.000 en 1827, con un promedio de llegadas anuales, a partir de 1800, de 6.670. Si Cuba no participó en la insurgencia después de 1810 fue, en gran medida, porque el elemento servil por aquel entonces suponía casi un tercio de la población total. En una generación, Cuba había creado un sistema económico y una sociedad que se parecían más a Brasil que al resto de Hispanoamérica. Los pequeños propietarios seguían dominando el cultivo del tabaco, pero se encontraban, cada vez más, a merced de los grandes plantadores que disfrutaban del apoyo de la administración colonial. Los retornos eran notablemente altos. Aunque las exportaciones se evaluaron en alrededor de 5 millones de pesos en la década de 1790, en la década siguiente llegaron a los 11 millones y como resultado igualaron el comercio ultramarino registrado de Nueva España. Para entonces, La Habana se había convertido en la segunda ciudad de Hispanoamérica con más de 70.000 habitantes.

A pesar de lo impresionante y rápido de la transformación económica producida en Hispanoamérica a raíz de la importación de esclavos o de la inversión en los profundos pozos mineros, la base tecnológica de este desarrollo siguió siendo totalmente tradicional. La compra de unas pocas máquinas de vapor no produjo una revolución industrial. Aquí puede ser ilustrativa una comparación entre las dos grandes industrias coloniales. Así, a pesar de haber surgido grandes empresas capitalistas, tanto la minería como el cultivo del azúcar permanecieron anclados en una etapa de producción en la cual el músculo humano era la principal fuente de energía, bien para la extracción del metal o para el cultivo de la caña de azúcar. Además, a pesar de que había a veces notables concentraciones de energía humana, todas las empresas, minas e ingenios, se regían por casi el mismo tipo de costos. Como ha comentado el profesor Moreno Fraginals, los grandes ingenios azucareros cubanos no eran más que ampliaciones cuantitativas de los anteriores tipos pequeños. De modo parecido, en Nueva España un gran ingenio de refinado se limitaba a agrupar gran número de molinos de trituración o «arrastres», bajo un solo techo. En ambos casos el aumento de la escala de operaciones produjo escasos cambios cualitativos, si es que produjo alguno. Otra cuestión es si la organización de la producción se hizo más eficiente. Un estudio de las plantaciones de azúcar en Morelos descubrió que, entre el siglo XVI y finales del XVIII, hubo un aumento de hasta cuatro veces en la productividad, calculada según la relación existente entre el producto y el número de trabajadores y animales de carga empleados. Casi el mismo tipo de mejora tuvo lugar en los embarques del Atlántico Norte durante este período. Sin ningún cambio significativo en la tecnología marítima, una continua mejora de la organización permitía a tripulaciones más reducidas maniobrar mayores cargamentos y perder mucho menos tiempo en el puerto.[12] Un proceso parecido ocurrió, sin duda, en la minería de plata mexicana, donde la unificación de vetas enteras bajo una sola dirección hizo el drenaje menos azaroso. Las mejoras en el refinado se extendieron de un campamento a otro. Sin embargo, el cultivo del azúcar y la minería de plata dependían de una repetición aparentemente infinita de las unidades de producción, sin que se llegara a ninguna reducción significativa de los costos por medio de innovaciones técnicas o por un aumento de la escala de producción.

Parece apropiado hacer un último comentario. Hacia 1789 la producción embarcada de la colonia francesa de Santo Domingo casi igualaba el valor de las exportaciones de todo el imperio español en el Nuevo Mundo. Este sorprendente hecho se derivaba de haber traído una población de más de 450.000 esclavos, la mayoría de los cuales eran hombres jóvenes importados directamente de África. Evidentemente, toda la colonia estaba adaptada a la producción destinada a Europa. Resulta claro que si las ganancias de la exportación de los 14,5 millones de habitantes de Hispanoamérica excedía apenas el valor del producto de una sola isla del Caribe era porque la mayoría de su población encontraba ocupación y sustento en la economía doméstica.

LA ECONOMÍA INTERIOR

El valor estratégico y el crecido beneficio del comercio atlántico llamó la atención tanto de estadistas contemporáneos como de historiadores posteriores. Por contra, las monótonas transacciones del mercado interno americano pasaron virtualmente desapercibidas, con el resultado de que ciclos enteros de actividad económica, tanto industrial como agrícola, se sumieron en el olvido. Pero todas las evidencias de que disponemos afirman la existencia de un vigoroso círculo de intercambios que, en su extremo más bajo, consistían en relaciones basadas en el trueque dentro de los pueblos o entre ellos; al nivel medio, se centraban en la demanda urbana de alimentos; y en sus líneas más rentables incluían la distribución interregional y a larga distancia de manufacturas, ganado y cosechas tropicales. Bastante antes de la época del apogeo borbónico, varias provincias fronterizas se vieron incorporadas a la producción por la demanda del mercado ejercida desde las capitales virreinales en todo el Nuevo Mundo. En particular, la aparición de una industria textil colonial atestigua la fuerza de la reactivación económica interna que precedió a la época de crecimiento dirigido a la exportación. Lo que han reconocido sin lugar a dudas las recientes investigaciones es que la clave de este crecimiento económico y esta prosperidad fue el aumento de la población. El siglo XVIII experimentó una significativa, aunque limitada y desigual, recuperación de la población india en Mesoamérica y, en menor medida, en las tierras altas andinas, junto con un crecimiento explosivo de la población hispanoamericana, criollos y castas, en todo el hemisferio, especialmente en zonas antes consideradas periféricas como Venezuela, Nueva Granada, Chile, Argentina y México, al norte del río Lerma. Se ha estimado que hacia 1800 el imperio americano poseía una población de 14,5 millones de personas, frente a una población de España de 10,5 millones.[13]

El grueso de esta población colonial encontraba empleo y sostén en la agricultura. En el siglo XVIII muchos pueblos indios, probablemente la mayoría, seguían teniendo tierras suficientes como para mantener a sus habitantes. Este era el caso, desde luego, de Oaxaca, Yucatán, las tierras altas de Michoacán, grandes zonas de Puebla, Huancavelica, Jauja y los alrededores del lago Titicaca, por nombrar solamente provincias cuyos datos están disponibles. La mayor parte de las comunidades indias producían el grueso de sus propios alimentos y tejidos. Su intercambio de productos se extendía raramente más allá de la localidad y la producción para el mercado era limitada, aunque la tendencia de los pueblos indios a permanecer atrincherados en su economía campesina local había sido desafiada y parcialmente rota por las demandas de la corona de tributos y servicios de trabajo, por la invasión de las tierras comunales por los latifundios y por los infamantes «repartimientos de comercio».

En contraste, los latifundios estaban dirigidos desde el principio a la economía de mercado y, en particular, a la producción para las ciudades. La mayor parte de las plantaciones, ciertamente, proveían la demanda europea, aunque tanto en Perú como en Nueva España la industria azucarera también abastecía el mercado interno. Sin embargo, las estancias ganaderas se dedicaban ampliamente a los mercados domésticos: sólo las pieles de Argentina se enviaban a Europa en cantidad considerable. Y con excepción de las haciendas extensivas de ovejas de la «puna» andina, se localizaban en su mayoría en zonas fronterizas, a cientos de kilómetros de sus mercados. Así, cada año más de 40.000 mulas eran llevadas desde sus pastizales de las pampas argentinas a la feria comercial de Salta y, de allí, distribuidas por las tierras altas andinas. De forma parecida, los grandes rebaños de Coahuila y Nuevo León proporcionaban carneros a la Ciudad de México (más de 278.000 carneros al año hacia 1790) y lana para los obrajes de Querétaro. Chile enviaba sebo y cuernos a Lima, y Venezuela embarcaba 30.000 mulas a través del Caribe. En estas zonas fronterizas la fuerza de trabajo, gauchos, llaneros o vaqueros, eran trabajadores libres atraídos por salarios pagados tanto en moneda como en especie, y, de modo diferente a los esclavos africanos de las plantaciones azucareras, formaban por sí mismos un significativo mercado para la producción de la industria colonial. Las haciendas, que producían cereales y otros alimentos básicos para la red de capitales de provincia, campamentos mineros y puertos, distribuían mercancías voluminosas y de bajo precio que encontraban una limitación en su salida al mercado por el coste del transporte. En tanto que la expansión de la economía de exportación hizo crecer la población urbana impuso también el cultivo intensivo de alimentos básicos. Al mismo tiempo, el sector doméstico mantenía su propio ritmo de producción con precios que fluctuaban según las variaciones estacionales y anuales de la oferta, lo que, a corto plazo, al menos, tuvo poca relación con cualquier cambio de la economía internacional.

La tendencia de las haciendas era a depender de un pequeño núcleo de peones residentes y contratar trabajo estacional de los pueblos vecinos o de los mismos aparceros de la propiedad. En México se ha visto que muchos propietarios ofrecían una considerable parte de sus tierras a colonos a cambio de rentas, pagadas bien en dinero, en especie o en prestaciones de trabajo. Por contra, en Chile los antiguos colonos se convirtieron en «inquilinos», una aparcería de servicio que conllevaba la obligación de abastecer al señor con trabajo. De forma parecida, en Perú a los yanaconas, o peones residentes, se les pagaba, principalmente, con el alquiler de tierras para el cultivo de subsistencia. Sólo en Nueva España se mantenía un equilibrio entre peones, a veces vinculados a la hacienda por deudas, y los aparceros, que pagaban una renta y aportaban trabajo estacional.

El desarrollo del latifundio fue acompañado, de esta forma, por la aparición de un nuevo campesinado compuesto de mestizos, mulatos, españoles pobres e indios aculturados. El grado de subordinación al señor variaba de provincia a provincia. Desde luego, en muchas partes de México, a lo largo de la costa peruana y en la frontera chilena, los primeros que ocuparon pequeñas granjas fueron comprados y reducidos a la condición de colonos y aparceros. Sin embargo, incluso en estas zonas sobrevivieron reducidos núcleos de pequeños propietarios, de forma que tanto el valle de Putaendo en Chile como el Bajío en México albergaban verdaderos enjambres de minifundios. En otras partes, en Antioquia y Santander de Nueva Granada la mayor parte del campo la ocupaban pequeños propietarios, y casi lo mismo ocurría en Arequipa, Perú o Costa Rica, en Centroamérica, o en los distritos cultivadores de tabaco de Cuba. Este nuevo campesinado a veces competía con el latifundio, y a veces se veía obligado a depender de él en sus operaciones. Pero por todo el imperio fue el mismo grupo social el responsable en mayor medida del aumento demográfico y del crecimiento económico de las regiones fronterizas que jugó un papel tan importante en el resurgimiento borbónico.

Junto con este diverso esquema de producción en el campo, había una cantidad considerable de actividad industrial, tanto rural como urbana. Para empezar, la mayor parte de los pueblos indios estaban acostumbrados a hilar y tejer su propia ropa, bien fuera de lana en las tierras altas andinas o de algodón en Mesoamérica. También fabricaban su propia loza. Por supuesto, en el otro extremo de la escala social, la élite hispánica ostentaba ropajes importados del otro lado del Atlántico, bebía vino y aguardiente españoles y comía en porcelana hecha en China y Europa. Pero había también un gran número de familias, residentes en las ciudades principales, en los campamentos mineros y en las regiones fronterizas, que dependían de la industria colonial para proveerse de vestidos y otros artículos de uso doméstico. En fecha tan temprana como el siglo XVI se habían establecido grandes talleres, llamados «obrajes», para responder a la demanda de ropas baratas, y este mercado doméstico floreció por la simple razón de que obviaba el coste del embarque trasatlántico. Además de estas empresas, sin embargo, surgió también una cierta cantidad de manufacturas caseras, especialmente para ropa de algodón, que también proveía el mercado urbano.

Pero aún carecemos de evidencias que nos muestren una visión completa de la estructura y los ciclos de la industria y el comercio coloniales durante el siglo XVIII. La cuestión es ciertamente complicada, ya que debe tenerse en cuenta el profundo impacto del comercio atlántico y también registrar los cambios decisivos acaecidos en el equilibrio del intercambio regional dentro del imperio americano. El punto de partida de cualquier análisis radica en las décadas de mediados del siglo XVII, en las que la crisis de la producción de plata y el fracaso del sistema de flotas de Sevilla provocó la expansión de una economía doméstica que suplía las necesidades de la creciente población hispánica y las castas. Según todos los indicios, el siglo XVII fue la edad de oro de los «obrajes» de Puebla y Quito, la época en la que sus finos tejidos de lana tuvieron una amplia distribución por todo el imperio. Incluso en este momento, sin embargo, existían marcadas diferencias entre las dos industrias, ya que, mientras en Puebla los «obrajes» se situaban en la ciudad y funcionaban con una fuerza de trabajo compuesta por esclavos africanos, delincuentes sentenciados y aprendices retenidos a través de peonaje endeudado, en Quito los «obrajes» se localizaban todos en el campo, construidos en las grandes estancias de ovejas o en los pueblos indios, con una fuerza de trabajo reclutada entre los peones de la propiedad o manejados por una mita del pueblo para cumplir con la obligación del tributo.

La vitalidad de esta economía americana se demuestra después con el crecimiento de las exportaciones de Chile y Venezuela. Desde la década de 1680 los hacendados del centro de Chile empezaron a embarcar considerables cantidades de trigo a Lima, con un volumen estimado que pasa de 11.556 fanegas en 1693 a 87.702 fanegas en 1734, suponiendo esta última cantidad el 72 por 100 de todas las exportaciones. De forma parecida, los embarques de cacao de Venezuela empezaron en la década de 1660, con unos cargamentos anuales que subieron de 6.758 fanegas a 14.848 fanegas en la década 1711-1720, absorbiendo Nueva España hasta 10.000 fanegas de estas exportaciones. En resumen, la postración de España, combinada con el firme crecimiento de la población colonial, permitió la aparición de una economía claramente americana, basada en el intercambio interregional y a larga distancia de alimentos, metal precioso y manufacturas, y con Ciudad de México y Lima actuando como los centros predominantes de esta red comercial. En este momento se estableció el modelo para el siglo XVIII. En Sudamérica, los tejidos venían de Quito; el aguardiente y el azúcar, de los valles semitropicales cercanos a Cuzco; las mulas, de las pampas argentinas; el mercurio, de Huancavelica, y el metal precioso, que suponía la fuente principal de este vasto mercado, de Potosí. Casi el mismo tipo de intercambio se llevaba a cabo en Nueva España, donde «tierra adentro», la parte interior del norte, aportaba metal precioso, carne, pieles y lana a cambio de tejidos y productos tropicales.

Sin embargo, hay que destacar que el flujo del comercio interno cambió decisivamente durante la época borbónica. En la primera mitad del siglo XVIII, la competencia renovada, tanto de Europa como de otros centros coloniales, socavó la prosperidad de la industria textil de Puebla y Quito, hasta el punto de que sus «obrajes» dejaron de funcionar. En Sudamérica, la apertura de las nuevas rutas marítimas del cabo de Hornos redujo drásticamente los precios de los tejidos importados. Al mismo tiempo se abrieron nuevos «obrajes» en el campo en Cajamarca y Cuzco, con una fuerza de trabajo reclutada bien por los propietarios o por los corregidores como medio de recaudar los tributos. El éxito de estos establecimientos sobre los de Quito se debió presumiblemente a su mayor proximidad respecto a sus mercados. Casi la misma sustitución tuvo lugar en Nueva España, donde la industria de Puebla fue aniquilada por la competencia de Querétaro, que a causa de su ubicación, en el límite del Bajío, estaba mejor situada para comprar su lana a las grandes estancias de Coahuila y Nuevo León y abastecer su mercado en las ciudades mineras del norte. Hacia 1790 Querétaro, con una población de más de 30.000 habitantes, se había convertido en un destacado centro manufacturero, puesto que la industria textil empleaba, al menos, a 3.300 trabajadores, divididos en 18 obrajes que producían tejidos finos de lana, ponchos y mantas, y 327 trapiches, que tejían principalmente otros más ordinarios de algodón. El auge de estos nuevos centros llevó a Quito y Puebla a buscar mercados alternativos o a dedicarse a nuevos tipos de manufacturas. Hacia la década de 1780 Quito había pasado de producir tejidos de calidad para Lima a tejer lanas bastas para el mercado de Nueva Granada. Por contra, Puebla logró rehacer, en cierta medida, su prosperidad especializándose en los finos «rebozos» o chales, prendas de algodón con un bonito aspecto sedoso.[14] En este momento, la industria estaba dominada por un pequeño grupo de comerciantes que compraban el algodón en Veracruz, lo manufacturaban a través de una crecida clase de tejedores independientes, y enviaban después el tejido terminado a vender en la Ciudad de México. Se estima que, en los años 1790-1805, Puebla abastecía a la capital anualmente con más de 1 millón de libras de tejido.

Las transformaciones en el intercambio regional de productos agrícolas fueron menos impresionantes o pronunciadas que en los textiles. Una vez más, Puebla se vio afectada, al reducirse la salida de su harina de forma drástica a causa de la competencia del Bajío en los mercados de la Ciudad de México y de los Estados Unidos en Cuba. Por la misma época, el cacao de Venezuela se desvió de Nueva España, de forma que las exportaciones anuales, que habían aumentado considerablemente, rebasando las 80.000 fanegas, se destinaron, casi exclusivamente, a la península hacia la década de 1790. Pero este cambio en la dirección del comercio supuso una oportunidad para la provincia costera de Guayaquil, que copó entonces el mercado mexicano, con una producción global que subió de 34.000 fanegas en 1765 a más de 150.000 en 1809. De forma parecida, la concentración del cultivo de tabaco en Veracruz facilitó un mercado a Cuba para responder a las demandas del mercado mexicano. En el cono sur se impuso el comercio atlántico sobre el modelo interno de intercambio sin grandes alteraciones aparentes, ya que, aunque el metal precioso constituyó pronto el valor principal de las exportaciones, en Chile siguieron aumentando en volumen los embarques de trigo y sebo a Lima, a pesar de una caída de la curva de precios. En el Río de la Plata el notable aumento de la exportación de cueros no hizo que disminuyera en ningún modo la cría de mulas para las tierras altas andinas.

CUADRO 2

Valor de la producción anual de Nueva España hacia 1810
(millones de pesos)

Agricultura | 106.285 | (56)
Manufacturas | 55.386 | (29)
Minería | 28.451 | (15)
TOTAL | 190.122 | (100)

Es una tarea arriesgada establecer la balanza entre los sectores trasatlántico y americano de la economía colonial. La secretaría del consulado de Veracruz proporcionaba unas estimaciones, que han sido revisadas recientemente, del valor total de la producción mexicana, desglosadas por sectores.[15]

Estas cifras deben manejarse con precaución, ya que son tan sólo meras extrapolaciones de un supuesto consumo mínimo y no expresan en ningún sentido el valor de las mercancías que penetraban de hecho en el mercado. Puede adelantarse una afirmación general: mientras que las plantaciones tropicales, con su fuerza de trabajo esclava, originaban una demanda relativamente escasa de productos locales, por contra, el sector minero proporcionaba un extenso mercado tanto para la agricultura como para la industria doméstica. Por tomar un caso bien conocido, en Guanajuato, que tenía alrededor de 55.000 habitantes hacia la década de 1790, la mitad de la población laboral, aproximadamente, estaba empleada en las minas y en los ingenios de refinados. La otra mitad la formaban artesanos y sirvientes. A menos de dos jornadas de camino estaba la ciudad de Querétaro, donde la industria textil y la fábrica del monopolio de tabaco mantenían a un número igualmente grande de trabajadores y artesanos. Ambas ciudades representaban un mercado valioso para la agricultura local. Sin la exportación de plata, gran parte de este intercambio entre la ciudad y el campo y entre regiones y ciudades hubiera desaparecido, llevando consigo una despoblación parcial de los centros urbanos en favor de la agricultura. Queda por ver si el cambio hacia los tejidos de calidad que habría seguido a cualquier declive del intercambio atlántico de plata por tejidos europeos podría haber compensado la pérdida de un mercado masivo orientado hacia los tipos más baratos de textiles y alimentos. Evidentemente, el sector de exportación originó altos beneficios y posibilitó la acumulación de capital en una escala inimaginable en la economía doméstica, gran parte del cual se invirtió subsecuentemente en la compra y desarrollo de tierras que se mantuvieron gracias a la producción para el mercado doméstico.

Aunque algunos historiadores se han hecho eco de las quejas de la época, en el sentido de que el flujo de importaciones que siguió al «comercio libre» dejó al continente desprovisto de circulación monetaria, debe hacerse hincapié en que sin ningún aumento de los fletes de metal precioso a Europa la producción minera se habría desplomado inevitablemente como consecuencia de la inflación provocada por una superabundancia de plata. Por tanto, la época borbónica constituyó un período relativamente breve de equilibrio entre los sectores exterior e interior de la economía, en el cual, aunque la curva creciente de la producción de plata ayudó desde luego a financiar el renacimiento del poder militar de la corona y permitió a las colonias importar gran cantidad de tejidos finos de Europa, también creó una notable proporción de empleo que, a su vez, constituyó un activo mercado para la industria doméstica y la agricultura. De hecho, fue la existencia de esta compleja y variada economía interna la que permitió la aparición de una sociedad colonial igualmente compleja y definida.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL IMPERIO

En 1788 el conde de Floridablanca, primer ministro durante más de una década, había presentado un informe general en el que celebraba el éxito de las armas españolas en la reciente guerra contra Gran Bretaña. En él saludaba la expansión, multiplicándose por tres el comercio colonial y doblándose los ingresos aduaneros que siguieron a la declaración del «comercio libre». El crédito público se encontraba en un nivel tan alto que las deudas contraídas durante la guerra de independencia norteamericana se habían consolidado por el nuevo banco de San Carlos mediante la emisión de «vales», bonos que circularon con valor nominal. El programa de obras públicas, especialmente la construcción de carreteras y canales, era un especial motivo de orgullo. Esta imagen de un gobierno ilustrado, fuerte, que promovía activamente la prosperidad de sus súbditos, tanto en la península como en América, no disminuyó con la llegada al trono de Carlos IV (1788-1808), ya que, con Floridablanca primero y luego con el conde de Aranda como guías del rey, no se evidenció ningún cambio hasta 1792. A decir verdad, se detectó una cierta pérdida en la dinámica ejecutiva en la administración colonial tras la muerte de Gálvez, cuando, en 1787, el ministerio de Indias se dividió primero en dos y luego se abolió virtualmente, quedando distribuidas sus funciones entre los demás ministerios, y dejando sólo al Consejo de Indias como responsable exclusivo del imperio americano. Pero a nivel de la administración colonial, los mandatos del conde de Revillagigedo como virrey de Nueva España (1789-1794) y de fray Francisco Gil de Taboada y Lemos como virrey de Perú (1790-1796) señalaron el apogeo del despotismo ilustrado en el imperio americano.

Pero el renacimiento borbónico de la monarquía española había dependido siempre de la protección prestada por el equilibrio de poderes en Europa. A pesar de lo efectivos que pudieran ser en las guerras fronterizas o en acciones auxiliares, ni la flota española ni el ejército español eran rivales para sus principales contrincantes en el Viejo Mundo. En 1793 la corona, imprudentemente, se unió a la coalición continental contra el régimen revolucionario de Francia, sólo para sufrir una flagrante derrota directa cuando las tropas francesas atravesaron los Pirineos. A fines de 1795, España se vio forzada a firmar la paz, y obligada tanto a renovar la tradicional alianza como a ceder Santo Domingo. Las consecuencias de este revés fueron incalculables, puesto que la flota inglesa impuso entonces un riguroso bloqueo naval. Sólo en 1798, 186 barcos que zarparon de Cádiz fueron obstaculizados. En adelante, aparte de la breve, pero inestimable, paz de Amiens (1802-1804), se suspendió todo comercio entre España y el imperio hasta que la invasión francesa de 1808 levantó el asedio de sus puertos. Al verse frente a las capturas de sus barcos o frente a años de inactividad, muchas, si no la mayoría, de las principales casas comerciales de Cádiz se vieron forzadas a cerrar. Al mismo tiempo la crisis comercial conllevó un drástico descenso de las rentas, de forma que, ya con el presupuesto anual alterado por los altos costes de la guerra contra Francia, el Tesoro se encontró rápidamente hundido en las deudas. A medida que la cantidad de «vales» en circulación crecía sin pausa, se colapso el crédito público. Cualquier esperanza de una recuperación inmediata se apagó con la derrota y destrucción de la flota española en el cabo San Vicente (1798) y Trafalgar (1805). La pérdida de Trinidad en favor de Gran Bretaña y la cesión de Luisiana a Napoleón confirmaron de nuevo la impotencia de España. Además, estos años de humillación internacional estuvieron acompañados de un marcado deterioro de la calidad del gobierno interno. Desde 1792, Manuel Godoy, exguardia y favorito de la reina, presidía como primer ministro un régimen caracterizado principalmente por la incompetencia y la corrupción. Figuras señeras de la antigua élite administrativa como Floridablanca y Jovellanos fueron marginadas. No sorprende que muchos ilustrados saludaran el advenimiento de José Bonaparte como un medio de conseguir la reforma.

Para el imperio americano la imposición del bloqueo inglés ofreció una humillante prueba de la incapacidad de España para proteger los intereses de sus súbditos coloniales. En México la producción de plata se desplomó cuando las reservas de mercurio disminuyeron y varias minas se vieron obligadas a suspender sus actividades. Sin embargo, las reservas de Almadén crecieron rápidamente, de forma que, con la paz de Amiens (1802), más de 80.000 cwt de mercurio se enviaron urgentemente a Veracruz, lo que fue suficiente para garantizar la producción durante cuatro años. Si el impacto del bloqueo fue menos severo de lo que podía haberse pensado, fue, en gran medida, porque en 1797 se concedió un permiso a los barcos neutrales para que llegaran a los puertos coloniales, concesión que fue renovada en los años 1805-1807. Durante este período el contrabando fue moneda corriente. Aunque los productos franceses fueron eliminados efectivamente del Atlántico, ahora las mercancías inglesas fluían hacia Hispanoamérica, bien como contrabando desde las Indias occidentales o mediante la intervención de comerciantes americanos. Al mismo tiempo, Cuba disfrutó de un derecho excepcional a asociarse directamente con los Estados Unidos, exportando azúcar a cambio de harina y otros productos. Y, de nuevo, las mismas restricciones impuestas por el bloqueo supusieron una cierta medida de protección para las manufacturas coloniales, que en algunas provincias disfrutaron de un brillante ocaso antes de su eclipse final. Este éxito de las colonias a la hora de mantener su prosperidad a pesar de la ruptura comercial con la metrópoli puso en entredicho, evidentemente, el valor de la relación imperial. Si Gran Bretaña había reemplazado ahora a Francia como la principal fuente de las importaciones de Hispanoamérica, ¿por qué tenían que embarcarse sus productos al Nuevo Mundo a través del puerto de Cádiz, tan sólo para beneficiar fiscalmente a la corona? Los estancieros de Buenos Aires y los plantadores de Venezuela se dispusieron a conseguir el acceso directo a los mercados mundiales.

Además, hay que recordar que la revolución gubernamental llevada a cabo por Gálvez y sus ayudantes había provocado una serie de levantamientos populares. En Nueva España, el establecimiento del monopolio del tabaco, la formación de la milicia y, lo que es más importante, la expulsión de los jesuitas produjeron tumultos urbanos y abiertas revueltas. Sólo la pronta llegada de regimientos veteranos de la península permitió a Gálvez reprimir el movimiento con una severidad sin precedentes. En 1780-1781, la aplicación de las similares medidas —una recaudación de alcabalas más eficiente, una rigurosa supervisión de los pagos de tributos y la restricción del cultivo del tabaco— fue el detonante de revueltas por toda Nueva Granada y las tierras altas andinas. En el sur de Perú, José Gabriel Condorcanqui, un cacique local, tomó el nombre de Túpac Amaru, último emperador inca, como medio de reunir en torno a sí al campesinado indio frente al régimen colonial. Tan sólo la vigorosa defensa organizada por su obispo criollo salvó a Cuzco del asalto y posterior captura. Se necesitaron fuerzas expedicionarias de Lima y Buenos Aires para sofocar la rebelión, que se extendía desde Cuzco hasta La Paz. Por el contrario, en Nueva Granada el levantamiento «comunero» fue evitado por la hábil negociación del arzobispo y virrey interino, Antonio Caballero y Góngora, que anuló los decretos fiscales más impopulares y garantizó la amnistía a los jefes del movimiento. La base común de todas estas rebeliones populares era el resentimiento contra los nuevos impuestos decretados por el estado borbónico. Pero mientras que en México los criollos ricos cooperaron con Gálvez para derrotar a los rebeldes, en Perú varios caciques ayudaron a Túpac Amaru en su aventura y en Nueva Granada los dignatarios locales consintieron verse envueltos en la revuelta para así controlar mejor el resultado. En resumen, independientemente del grado de movilización popular, fue la implicación y el liderazgo de la élite criolla el agente decisivo.

La tradicional lealtad hacia la corona se deterioró con el ataque borbónico a la Iglesia, al ir seguida la expulsión de los jesuitas de una serie de medidas tendentes a acabar con la jurisdicción y autonomía eclesiásticas. El Código de Intendentes contenía cláusulas que concedían la recaudación del diezmo a «juntas» controladas por funcionarios reales, y esta innovación dio lugar a tal revuelo de protestas clericales que tuvo que suprimirse. En 1795 la corona suspendió la inmunidad total respecto a los tribunales civiles de que, hasta entonces, había disfrutado el clero y decretó que, en caso de delitos graves, los clérigos podían ser juzgados por magistrados reales. Significativamente, el obispo de Michoacán, en 1799, avisó a la corona que ataques similares a los privilegios eclesiásticos en Francia habían debilitado tanto la influencia de la Iglesia como para permitir a los filósofos llevar adelante, sin trabas, sus planes de cambiar la sociedad. Recordando a Montesquieu, declaraba que si se socavaba el poder de la nobleza y la Iglesia, se ponía en peligro el destino de la monarquía. Decidido y con urgente necesidad de ingresos, Godoy introdujo en 1804 la consolidación del decreto de desamortización, por el cual todas las propiedades eclesiásticas tenían que venderse y los frutos tenían que depositarse en la Real Hacienda, que, en adelante, se responsabilizaría de los pagos de intereses sobre el capital. A pesar del coro de protestas que se levantó de todas las instituciones dirigentes de Nueva España, el virrey José de Iturrigaray, un venal protegido de Godoy, se apresuró a llevar a cabo una medida que significaba un fuerte golpe no solamente para la Iglesia, cuyos ingresos se veían amenazados, sino también para la clase terrateniente, en cuyas posesiones había invertido mucho capital eclesiástico en forma de censos y capellanías.

La campaña contra la jurisdicción y propiedades eclesiásticas no debe considerarse como un mero ataque a las instituciones corporativas que se habían enriquecido demasiado o que habían adquirido privilegios irregularmente. El ataque a la Iglesia marcó la inminente abdicación de la autoridad tradicional de la corona. Los clérigos de todo el imperio siempre habían predicado la obediencia a la monarquía como un mandato divino. Su residencia en El Escorial, a la vez monasterio, palacio y sepulcro, había revestido a los Reyes Católicos de un aura sagrada. Pero la dinastía borbónica fue disipando lentamente el capital político y moral legado por sus predecesores de la casa de los Austrias. Aunque el derecho divino de los reyes era aún otorgado cuidadosamente, la doctrina estaba, cada vez más, desarraigada de su marco natural, la teología escolástica y la sensibilidad barroca. A fines del siglo XVIII nadie leía las obras de Suárez y Vitoria: el mundo hispánico buscaba su inspiración ahora en Francia, aunque tanto en la Francia de Bossuet y Port Royal como en la de Montesquieu y Raynal. El ciclo de la arquitectura barroca que había predominado en las ciudades e iglesias de Hispanoamérica desde fines del siglo XVI tuvo un brusco final en la década de 1790 con la promulgación del neoclásico como único estilo aceptable. De un soplo las glorias pasadas se convirtieron en una incomodidad anticuada. Los mismos clérigos estaban tan afectados por el nuevo clima de opinión como sus oponentes. Mientras que en las primeras décadas del período borbónico seguían floreciendo los ejercicios devotos y las celebraciones litúrgicas, más tarde se dirigió preferentemente la atención hacia la moralidad práctica, las buenas obras y la educación. En resumen, la élite administrativa que siguió los planteamientos del despotismo ilustrado socavó las instituciones y la cultura que habían reverenciado a la monarquía como un mandamiento del cielo.

Vista desde el contexto de la posición española dentro del concierto europeo, la revolución gubernamental y la expansión de la economía de exportación fue una desesperada acción de retaguardia, ideada aceleradamente en Madrid, primero, para alejar la expropiación inglesa de las posesiones ultramarinas de España y después para explotar sus recursos con el fin de reforzar la monarquía. Aunque las medidas tuvieron un éxito aparente, su precio fue la alienación permanente de la élite criolla. Sin embargo, la antigua constitución, mucho más poderosa por no estar escrita, que había supuesto consultas sobre los impuestos y una consonancia de intereses entre el rey y el pueblo, quedó destrozada por la nueva dependencia de los decretos ejecutivos y de la sanción militar. La tendencia a usar en Madrid los términos metrópoli y colonias resultó incómoda para unos territorios que habían sido considerados antes los reinos ultramarinos de una monarquía cristiana universal. Para muchos hispanoamericanos la prosperidad económica de estos años, amañada con tanta frecuencia por los burócratas peninsulares para beneficio de los comerciantes «gachupines», no compensaba su exclusión del funcionariado público. Al mismo tiempo, el establecimiento de las principales instituciones de la monarquía absolutista en las principales provincias facilitó a la élite criolla una maquinaria de estado suficiente como para asegurar una futura independencia. Cuando en 1807 el virrey Iturrigaray reunió un ejército de más de 15.000 hombres en las colinas de Veracruz para prevenir un ataque inglés, reunió una fuerza reclutada en Nueva España, dirigida, en gran medida, por oficiales criollos y totalmente financiada con ingresos recogidos en la colonia. De modo parecido, fue la milicia urbana más que la guarnición regular la que repelió la invasión inglesa de Buenos Aires en 1806-1807. La reconquista de América había alienado al aparato político colonial, aunque reforzó su posición económica y lo dotó de un ejército y una burocracia. Con las lealtades tradicionales bastante desgastadas y el ejemplo de las Trece Colonias ante sí, no sorprende que, cuando llegó la noticia de la abdicación de Carlos IV, la élite criolla aspirara a hacerse oír en el gobierno de sus países.

Lejos de ser la culminación natural de 300 años de desarrollo colonial, el final de la época borbónica fue un frágil equilibrio que fue fácilmente destrozado por los cambios en las relaciones de poder europeas. Una vez más, la península sirvió de campo de batalla para los ejércitos enfrentados de franceses e ingleses. Pero mientras que en la guerra de Sucesión la sociedad colonial había permanecido adormecida e indiferente, en 1808, cuando las bayonetas francesas proclamaron a José Bonaparte rey de España, la élite criolla de la mayor parte de las provincias del imperio exigió «juntas» representativas que ofrecieran una base legal para el gobierno. Los acontecimientos de Europa facilitaron así la ocasión más que la causa de la revolución política de América. Dos años después, cuando se reunieron las Cortes en Cádiz con el fin de elaborar una constitución para toda la monarquía, las provincias ultramarinas o bien pidieron una inmediata autonomía o iniciaron decididas revueltas.

Capítulo 4
PORTUGAL Y BRASIL: ESTRUCTURAS
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL
IMPERIO, 1580-1750[*]

Portugal en el siglo XVI era, ante todo, usando la terminología de João Lucio de Azevedo, una «monarquía agraria». La tierra, su principal activo, estaba dividida en su mayor parte en grandes propiedades señoriales. El mismo rey era un terrateniente, unus inter pares. Podía revocar las concesiones de tierras hechas en el pasado. Además, las tierras cedidas por él podían ser heredadas sólo por el primogénito legítimo. Estas medidas mantenían la cohesión de las grandes propiedades y aseguraban la obediencia hacia el rey de sus dueños titulares.

Al mismo tiempo Portugal ha sido llamada también una «monarquía marítima». Dotada de una costa oceánica relativamente extensa, Portugal había hecho uso del mar a fines de la Edad Media tanto para el comercio costero como para viajes a larga distancia. La pesca era una señalada fuente de recursos y se extendía más allá de las aguas europeas hasta Terranova. Las marismas salinas de Aveiro, Lisboa y Setúbal abastecían no sólo las necesidades portuguesas, sino las de los barcos que iban desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa y el Báltico. De este modo Portugal podía mantener una mayor población que si hubiera dependido solamente de su agricultura y de la exportación de maíz. Después de los grandes descubrimientos del siglo XV, las colonias insulares del Atlántico —Madeira y las Azores— y las estaciones comerciales de Marruecos, las islas de Cabo Verde y la costa de Guinea enviaban a Portugal productos como madera, azúcar y vino, que eran reexportados a Europa. Entonces, el oro de Guinea, las especias de la India y, primero, el palobrasil y, más tarde, el azúcar de Brasil transformaron la economía portuguesa.

La estructura económica y social creada por estos avances estaba dominada por el rey-comerciante que poseía el monopolio del comercio. Según las circunstancias, se lo reservaba para sí o lo arrendaba, concediendo licencias a portugueses particulares o a comerciantes extranjeros (contratadores) a los que controlaba de cerca. Hacia el siglo XIV estaba representado por agentes en Amberes y a lo largo de todo su imperio marítimo en expansión. Muchos comerciantes extranjeros, especialmente españoles, italianos y alemanes, se establecieron en Lisboa. Los españoles eran predominantemente cristianos nuevos que habían llegado a Portugal cuando los judíos y los moros fueron expulsados de España en 1492, y esto fue un acontecimiento afortunado para Portugal, ya que durante dos siglos conformaron la columna vertebral de la clase comerciante portuguesa en Europa y ultramar. Los grandes terratenientes se interesaban más por la expansión colonial porque necesitaban tierras para sus hijos menores, aunque no dudaban en dedicarse al comercio. En ultramar, primero en las islas del Atlántico y después en Brasil, los hijos menores, propietarios titulares de sesmarias (concesiones de tierras) o incluso de capitanias (capitanías) se convirtieron en productores y exportadores de productos agrícolas, en particular de azúcar.

La estructura social de Portugal era diferente a cualquier otra de Europa no sólo a causa del papel principal que desempeñaba el rey en la economía y de la carencia de una «burguesía nacional» en el sentido generalmente aceptado de la expresión, sino también porque, como ha señalado Albert Silbert, Portugal no había experimentado el sistema feudal. Aparte del hecho de que la propiedad de la corona era una parte del poder económico de la nobleza media y alta mucho más importante que cualquier herencia patrimonial, el rey nunca había renunciado a sus derechos y potestades (direitos reais) en el ámbito de la justicia. La organización del servicio militar no se fundamentaba en el vínculo feudal: siempre había sido general y remunerado. La corona portuguesa resultaba reforzada también por su papel cultural y religioso. El rey, por ejemplo, disfrutaba de considerables poderes de patronazgo (padroado real), es decir, el derecho a nombrar candidatos para los beneficios eclesiásticos y a someterlos, si eran clérigos, a la aprobación del obispo, o, si eran obispos, a la aprobación del papa, al menos en sus posesiones de ultramar. Además, el rey tuvo una participación destacada en la «Reconquista» y, tras la muerte del rey don Sebastián en Alcazarquivir en 1578, el mito del rey cruzado que se había sacrificado por la fe se convirtió en un poderoso elemento del carisma inherente a la monarquía.

La posición financiera de la corona portuguesa era también relativamente fuerte. El rey obtenía sus rentas de dos fuentes, la tradicional y la colonial, y esta última, desde luego, creció considerablemente en los siglos XV y XVI. Durante las primeras décadas del siglo XVI los ingresos provenientes del comercio colonial representaron entre un 65 y un 70 por 100 de los totales del estado. A su vez, el comercio colonial estimulaba la agricultura y la economía de las ciudades y zonas costeras de Portugal, con lo que hacía crecer nuevamente el ingreso fiscal de la corona. En las primeras décadas de la colonización, Brasil representó una contribución insignificante en la renta real (menos de un 2 por 100, comparado con el 26 o 27 por 100 de la India). Pero con el comienzo del gran ciclo del azúcar en las décadas de 1570 y 1580 Brasil, y especialmente Bahía y Pernambuco, se convirtió, y siguió siéndolo, en una de las piezas clave del imperio portugués.[1]

PORTUGAL Y BRASIL, 1580-1695

Cualquier descripción de la administración del imperio portugués, incluido Brasil, desde finales del siglo XVI a finales del XVII se complica por el hecho de que Portugal estuvo unida a España formando una monarquía dual durante la primera mitad de este período. En 1580, Felipe II de España, sobrino de João III (1521-1557), se convirtió en Felipe I de Portugal. Le sucedieron Felipe III (Felipe II de Portugal) en 1598 y Felipe IV (Felipe III de Portugal) en 1621. No fue sino hasta 1640 que los portugueses se rebelaron con éxito contra el gobierno de los Austrias y proclamaron al duque de Braganza João IV. Durante la unión de las dos monarquías, los Austrias españoles respetaron totalmente las promesas hechas en Thomar en 1581 de conceder una considerable autonomía portuguesa y mantener los dos imperios como entidades separadas. Se reservaron los cargos públicos para los portugueses, dentro del país y en ultramar. El rey estaba representado en Lisboa a veces por un «gobernador» y a veces por un virrey. Los asuntos importantes, sin embargo, se remitían a Madrid, donde se veían en el Consejo de Portugal (que se reunía en las mismas ocasiones que la Junta da Fazenda de Portugal). Y al menos desde 1631 una de las tres secretarías de Estado pertenecientes al Consejo llevaba el nombre de «Secretaría de Estado para la India y los territorios conquistados». Además, una comisión de juristas compuesta para reformar el sistema legal redactó un nuevo código para Portugal, las Ordenações filipinas, promulgadas en 1603.

En Lisboa había un Consejo de Estado, sin poderes administrativos claramente definidos, y los reyes españoles mantuvieron el sistema de dos secretarías de Estado, una para el reino y otra para la India, es decir, para las colonias, a pesar de diversos conflictos de jurisdicción, hasta la creación del Conselho da India en 1604. Con la misma orientación conservaron la Mesa da Consciencia e Ordens, que era al mismo tiempo tribunal y consejo para asuntos religiosos, y era responsable de administrar los nombramientos eclesiásticos y las propiedades de las órdenes militares en las colonias y en la metrópoli. Igualmente fueron respetados el Desembargo do Paço, tribunal supremo del reino y del imperio, que en algunas ocasiones aconsejaba al rey en asuntos políticos, económicos y judiciales, y la corte de apelación, la Casa de Suplicação.

En la época de Felipe I (Felipe II de España), en 1591, los 4 vedores da Fazenda (asistentes del Tesoro) se reemplazaron por un Conselho da Fazenda, compuesto por un vedor da Fazenda que presidía a 4 consejeros (2 de ellos letrados) y 4 secretarios. Uno de los secretarios era responsable de los asuntos coloniales, que ocupaban un lugar importante en las deliberaciones del consejo. Sus reuniones eran frecuentes, todas las mañanas y también dos veces a la semana por la tarde. Además, de 1623 en adelante se dedicó una tarde más a la semana únicamente a los asuntos coloniales. Desde 1604 el recién creado Conselho da India recibió poderes sobre todos los asuntos de ultramar, con excepción de los temas concernientes a Madeira, las Azores y las plazas fuertes de Marruecos. Se encargaba del nombramiento y las comunicaciones con los funcionarios coloniales. Sin embargo, era el Conselho da Fazenda el que entendía en expediciones navales, la compra y venta de pimienta y la recaudación de los ingresos reales, de hecho, todos los asuntos económicos. El Conselho da India, por tanto, sólo contaba con poderes limitados Como creación del rey español, era mirado con reticencia por los portugueses y, a causa de rivalidades con la Mesa da Consciencia, desapareció en 1614

Tras la restauración, João IV conservó la mayoría de las instituciones administrativas que estaban en funcionamiento a su llegada al trono y ratificó las Ordenares filipinas. Sin embargo, en el ámbito de las finanzas, el rey volvió al sistema anterior de vedores da Fazenda, mientras que el Conselho da Fazenda parece haberse mantenido tan sólo como tribunal. Se mantuvo una sola Secretaria de Estado, pero, inspirándose en el Conselho da India (1604-1614), el rey creó en 1642 un Conselho Ultramarino (Consejo de Ultramar). Lo componían un presidente, el vedor da Fazenda da repartição da India, varios consejeros, un abogado y un secretario Desde noviembre de 1645 el consejo se reunía los lunes, martes y miércoles para discutir los negocios de la India, los jueves y viernes para los de Brasil, y los sábados para los asuntos de las demás colonias, aunque Madeira y las Azores estaban fuera de su jurisdicción Hubo inevitables conflictos de jurisdicción entre el Consejo de Ultramar y los otros consejos

En la Lisboa del siglo XVI los principales organismos gubernamentales, aparte de la aduana (alfandega), relacionados básicamente con temas fiscales eran la Casa da India y la Casa da Guine e da Mina. Situadas en la orilla del río en la parte oeste del actual Terreiro do Paço, ocupaban la planta baja del palacio real Ambas estaban bajo el control del mismo director y de 3 tesoreros, uno para las especias, otro para la renta de las especias y un tercero para los demás negocios. Cinco secretarios se repartían el trabajo administrativo —3 para la Casa da India y 2 para la Casa da Guiñé— Las Casas recolectaban ciertas tasas, ratificaban los contratos con comerciantes y exploradores en nombre del rey, organizaban la flota, supervisaban la carga y descarga de los navios y actuaban en lugar del rey en todas las tareas necesarias para el desarrollo de las colonias Un factor estaba en contacto con factores de todas las estaciones comerciales portuguesas del mundo Por medio de ellos llevaba a cabo los negocios del «rey-comerciante» y por ellos conocía las mercancías que el rey y sus súbditos tenían a su disposición y los métodos de pago que podían usarse Por último llevaba un registro de todos los barcos portugueses que habían zarpado de Lisboa y de los cargamentos y pasajeros que transportaban Durante la unión con España, el factor fue reemplazado por un provedor y las dos Casas se fusionaron en una sola Casa da India, que desde 1591 en adelante estuvo bajo la autondad del Conselho da Fazenda En el siglo XVII el papel fiscal de la Casa se hizo relativamente mas importante Al margen de la Casa da India, el Armazem (o Armazens, almacenes o depósitos) da Guine e Indias se encargaba de los asuntos náuticos, como la construcción y equipamiento de barcos, el adiestramiento de pilotos y la edición de cartas de navegación, cuyos originales se guardaban en el mismo almacén Los astilleros navales estaban sometidos a su autoridad. Las tripulaciones de los barcos del rey eran procuradas por el provedor dos Armazens, pero tenían que registrarse en la Casa. Los gastos propios de los Armazens, como la compra de material o el establecimiento de las cuentas, lo facilitaba el tesorero de la Casa

Los territorios coloniales eran tierras pertenecientes a la corona o a los beneficiarios de la corona. En Brasil, donde el gobierno real se había establecido en 1549, el primer gobernador, Tomé de Sousa (1549-1553), ejercía su autoridad sobre las zonas colonizadas del país desde Salvador da Bahía y estaba representado en cada capitanía bien por un capitán donatorio o, si la capitanía había sido rescatada por la monarquía, por un capitán general (a veces, un gobernador). Los poderes del gobernador de Brasil (llamado a veces gobernador general) se habían definido en los regimientos (instrucciones permanentes) de 1549 Como sus equivalentes españoles, podían estar sujetos a una inspección («visita») durante el período de su mandato y a una inspección final («residencia») al acabar el mismo. El gobernador general, proveniente siempre de la nobleza portuguesa, pero, al menos desde 1640, con alguna experiencia administrativa, permanecía en su cargo una media de 6 años y medio en el siglo XVI, 3 años y medio en el siglo XVII y poco menos de 6 años en el siglo XVIII. Muchos capitanes generales, la mayoría de los cuales eran oficiales del ejército, pasaban 20 o, incluso, 30 años en Brasil, cambiando de un cargo a otro.

La autoridad del gobernador general fue disminuyendo gradualmente a medida que en las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del XVII los portugueses penetraron en el interior de Brasil y se extendieron hacia los extremos norte y sur de la colonia, bastante mas allá de la línea de Tordesillas, y a medida que desde Lisboa se imponían cambios sucesivos en las estructuras administrativas de la colonia[2]. Los portugueses, por ejemplo, con la ayuda española, se extendieron hacia el norte en la década de 1580 desde Pernambuco hasta Paraíba a costa de los franceses y de los indios —y más tarde hacia Ceará— En 1614-1615 expulsaron de Maranhão a una expedición francesa mandada por Sieur de la Ravardiere que había llegado allí en 1612 Después los portugueses llegaron hasta Pará y fundaron Belem en la desembocadura del Amazonas en 1616, aunque durante más de una década la ocupación del bajo Amazonas siguieron disputándosela franceses, ingleses, holandeses y españoles. Las capitanías del sur —Espirito Santo, Rio de Janeiro y Sao Vicente— se separaron dos veces de Bahía (1572-1578 y 1608-1613) y tuvieron una administración aparte. E incluso, en 1621 se formó un Estado do Maranhão formado por las recién establecidas capitanías de la corona de Ceara, Maranhão y Pará y cierto número de pequeñas capitanías privadas con su propio gobernador general que residía en São Luis do Maranhão Había fundadas razones geográficas para esta división de Brasil era más fácil viajar desde São Luís o Belém a Lisboa que desde Bahía. El resto de Brasil, las capitanías de la corona desde Rio Grande do Norte hasta São Vicente en el sur y las restantes capitanías privadas, se llamaba ahora el Estado do Brasil.

En 1652 se reunió el Estado do Maranhão con el Estado do Brasil, pero se separaron una vez más 2 años después, y en 1656 Ceará se transfirió permanentemente al Estado do Brasil En 1715 Piauí se convirtió en una capitanía de la corona dentro del Estado do Maranhão, y en 1737 la capital se traslado de São Luís a Belem Dentro del Estado do Brasil, tras haberse recuperado Pernambuco de manos de los holandeses en 1654 (ver más adelante), el nuevo capitán general estuvo interesado en afirmar su autonomía en relación al gobernador general en Bahía Además, surgió un conflicto entre Salvador de Sá, que había sido nombrado gobernador y capitán general de las capitanías del sur, y el gobernador general, al tener que decidir cuál de ellos tenía autoridad sobre la capitanía de Espirito Santo. Primero se había nombrado un virrey en 1640-1641, pero el cargo había desaparecido después. Volvió a aparecer en 1663 en la persona de D. Vasco de Mascarenhas, conde de Óbidos, sobrino del rey. Éste exigió que ningún decreto real se ejecutara en ninguna capitanía sin que hubiera pasado primero por él, y envió un regimento a todos los capitanes generales en el que redefinía sus obligaciones y les recordaba que estaban subordinados a Bahía y a ninguna otra autoridad. Había también un recuerdo para los gobernadores de Pernambuco y Río de Janeiro de los límites exactos de sus poderes. El gobernador de Río se sometió, al menos sobre el papel, pero el gobernador de Pernambuco no lo hizo. A finales del siglo XVII y principios del XVIII hubo un proceso de reagrupamiento de capitanías: las de mediana envergadura se convirtieron en capitanías subordinadas y se colocó a sus capitanes generales bajo la autoridad de sus colegas más importantes, quienes recibieron el título de «gobernador y capitán general» y administraron una capitanía general (Río 1698, São Paulo 1709, Pernambuco 1715). El cargo de gobernador general en Bahía parece haber subido de forma permanente al rango de virrey desde 1720 en adelante, pero, aunque el virrey disfrutó de honorarios más altos desde entonces, perdió su poder sobre la administración interna de las capitanías generales, cuyos titulares trataban directamente con Lisboa. En teoría siguieron siendo subordinados, pero de hecho el virrey podía intervenir tan sólo en su propia capitanía general.

Los originales capitanes donatarios de Brasil estaban asistidos, en asuntos de justicia, por ouvidores (jueces de la corona) y en 1549 llegó a Bahía, con el primer gobernador, un ouvidor-geral. En 1558 el régimen español decidió establecer en Bahía una Relação (alto tribunal de apelación) similar a la Relação do Porto, responsable del norte de Portugal, y la Relação da India. Sin embargo los magistrados que habían sido enviados a establecerse allí se desviaron de su ruta por causa de los vientos y las corrientes y su barco llegó finalmente a Santo Domingo. La corona no pudo llevar a cabo sus planes para el establecimiento del tribunal hasta 1609. Después éste se suprimió en 1626, en parte como medida económica durante la guerra holandesa (ver más abajo), y no se reinstauró hasta 1652. Durante el siglo siguiente fue el único alto tribunal de Brasil. Siguiendo la división administrativa de Brasil en dos estados de 1621, el Estado do Maranhão había seguido estando directamente bajo la responsabilidad de la Casa de Suplicação de Lisboa. La Relação da Bahía la presidía el gobernador general y estaba compuesta por un canciller, tres desembargadores dos agravos (jueces del alto tribunal), el ouvidor-geral, el provedor-mor dos defuntos e residuos, responsable de administrar las propiedades de las personas fallecidas, y dos desembargadores extravagantes (jueces extraordinarios). Estos jueces extraordinarios estaban asistidos por seis secretarios, un médico, un capellán, un portero y un tesorero (guarda mor) encargado de recaudar las multas. Los ouvidores siguieron actuando como jueces de primera instancia en las capitanías, y a menudo eran también provedores de Fazenda, responsables de la administración financiera y de la recaudación de las rentas de la corona.

La organización municipal de Salvador (Bahía) puede considerarse típica de la administración urbana de Brasil. El primer consejo municipal se creó en 1549, cuando se fundó la ciudad. La mesa de vereaçao se componía de tres vereadores (consejeros), dos juizes ordinarios (magistrados electos) y un procurador da cidade, elegido anualmente por un período de tres años, como en Portugal. Tras la Restauración (1640), al menos en Bahía, los artesanos de la ciudad estaban representados por dos procuradores dos mesteres y un juiz do povo. En 1696 se suprimió el sistema electivo y eran los jueces de la Relação los responsables de escoger los funcionarios municipales para los cargos trianuales. La presidencia del consejo municipal ya no era detentada por cada uno de los vereadores por turno, sino por un magistrado profesional de la corona, el juiz de fora (el juez de fuera). Se abolió el nombramiento de jueces ordinarios y, desde entonces, el senado da câmara se compuso de juiz de fora, tres vereadores y el procurador. Además, el secretario, o escrivão da câmara, asistía y tenía voz en las consultas. Aunque la corona pagaba a todos estos funcionarios, mantenían su autonomía con respecto al virrey. El juiz do povo y los dos procuradores dos mesteres, siempre objeto de sospecha, fueron al fin suprimidos por el rey a petición de los vereadores en 1713. Parece que los vereadores se reclutaban invariablemente entre los senhores de engenho (propietarios de ingenios de azúcar). Sin embargo, se cambiaba a menudo a los titulares de los cargos, lo que marca una importante diferencia respecto a los regidores de Hispanoamérica, cuyas responsabilidades resultaban ser vitalicias y más o menos hereditarias.

Durante largos períodos de la segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII, gran parte de Europa estuvo en guerra. Portugal y su imperio estaban al principio relativamente seguros, incluso tras la unión con España, aunque sus navíos fueron atacados por corsarios bereberes en el triángulo Lisboa-Madeira-Azores desde la década de 1570 a la de 1590 y, de forma cada vez más frecuente, por piratas holandeses, ingleses y franceses hacia el fin de siglo. Sin embargo, con el final de la tregua de los Doce Años (1609-1621), durante la larga lucha entre las Provincias Unidas y España, la recién fundada Compañía Holandesa de las Indias Occidentales consideró el imperio portugués como un objetivo principal de sus operaciones militares y navales. Salvador da Bahía fue capturado en 1624 y, en marzo de 1625, Salvador de Sá y Piet Heyn libraron una batalla a las puertas de Espirito Santo. Una flota coaligada española y portuguesa y una fuerza expedicionaria mandada por D. Fadrique de Toledo recobraron Bahía en el siguiente mes de mayo. De marzo a junio de 1627, se produjeron ataques de Piet Heyn a las costas brasileñas después de que la flota portuguesa fuera hundida en el golfo de Vizcaya. Y, en 1628, el propio Piet Heyn capturó la flota española con la plata en el mar del Caribe. La toma de Recife por la Compañía Holandesa en 1630 marcó una nueva etapa del conflicto. Fue el preludio de la conquista y ocupación durante un cuarto de siglo de todo el nordeste brasileño desde el río São Francisco hasta Maranhão, incluyendo Pernambuco, una de las capitanías más importantes en cuanto a la producción de azúcar. En 1637 los holandeses ocuparon también São Jorge da Mina en la costa oeste africana. Y una gran flota portuguesa que bajo el mando del conde Da Torre zarpó hacia Brasil en 1638 fue derrotada por los holandeses en Itamaracá en 1640.

Portugal y Holanda firmaron la paz en 1641, tras la restauración de los Braganza, pero la guerra continuó en África y Brasil: los holandeses tomaron Luanda en agosto y Sergipe y Maranhão en noviembre. En 1642, Maranhão se sublevó contra los holandeses y, en 1644, éstos se vieron obligados a retirarse. En junio de 1645, los plantadores de Pernambuco se rebelaron contra los holandeses, pero en septiembre un escuadrón al mando de Serrão de Paiva fue destrozado en Tamandaré. En 1647, Van Schoppe ocupó brevemente la isla de Itaparica y los holandeses derrotaron a una expedición portuguesa en Angola. Por fin, el año 1648 fue difícil, pero, de hecho, decisivo: dos flotas portuguesas, mandadas por Villa-Pouca y Salvador de Sá, habían salido para Brasil en 1647. Mientras, España había reconocido finalmente la independencia de las Provincias Unidas y la flota de Witte de With había llegado a Recife. Sin embargo, en abril de 1648, cerca de Recife, la primera batalla de los Guararapes supuso una victoria para los portugueses. Cuatro meses después, Salvador de Sá recuperó Luanda, Benguela y São Tomé en África. En 1649, Francisco Barreto consiguió otra victoria en la segunda batalla de los Guararapes. Los holandeses fueron cada vez perdiendo más el control sobre el área de Pernambuco y, en 1654, cayeron las últimas plazas fuertes holandesas. Brasil estaba otra vez por entero bajo el dominio portugués. Holanda y Portugal firmaron la paz en 1661 y las hostilidades fueron cesando gradualmente. Y, finalmente, también España resolvió sus diferencias con Portugal y reconoció la restauración de los Braganza.

Medio siglo de guerra —y más de un siglo de piratería— había cargado de fuertes tensiones la administración y, especialmente, la defensa del imperio portugués en Asia, África y América, y había dejado exhaustos sus recursos. Se construyeron y reconstruyeron fortificaciones; se reorganizó la Armada do Mar Oceano, la flota de alta mar, en 1633; se crearon flotas de defensa costera; hubo que aprovisionar escuadrones navales y ejércitos en varios continentes; los astilleros de la armada funcionaban a toda máquina; se reclutaron tropas y tripulaciones navales; incluso se enrolaba a extranjeros, aunque ciertas zonas tradicionalmente superpobladas, como la región entre el Duero y el Miño, las Azores, Madeira e incluso la misma Lisboa, aportaban la mayor parte de los reclutados. Sólo la guerra de Pernambuco costó 500.000 cruzados al año, y el aumento de los impuestos y de las tasas por todo el imperio no consiguió ofrecer a la corona los ingresos que necesitaba. Hubo que recurrir a otras medidas para conseguir fondos, incluyendo préstamos, voluntarios o por la fuerza.

Cartas marinas y libros de bitácora conservados desde los siglos XVI y XVII indican cómo la mayoría de las rutas atlánticas directas entre Europa y América habían sido descubiertas por los portugueses en épocas tempranas. Estaban determinadas por factores hidrológicos y climáticos, basados en los vientos tropicales y en los dominantes del oeste en las zonas templadas del norte y del sur. Se calculaba la latitud con ayuda del astrolabio, el cuadrante y otros instrumentos que medían la altura del Sol o de una estrella en relación al horizonte o al polo, corregida según la estación del año a partir de unas tablas que habían formulado los cosmógrafos del rey João II. Sin embargo, la navegación de los siglos XVI y XVII no era, ni mucho menos, fiable. Y los viajes eran largos y azarosos: por ejemplo, se tardaba de 10 a 14 semanas en llegar de Lisboa a Bahía. Además, el viaje era incómodo para los pasajeros, que eran acomodados junto con la carga y los cañones. La comida era mala y en deficientes condiciones, mientras que eran frecuentes las tormentas y los naufragios. Las islas de Madeira y Azores servían de escalas: las primeras, en el camino de ida antes de la difícil travesía del Atlántico donde se encontraban las zonas de calma ecuatoriales, y las segundas antes de la última parte del viaje a Lisboa, donde piratas y corsarios se encontraban al acecho.

Aunque los navíos que se ocupaban del comercio atlántico portugués eran, por supuesto, barcos de alta navegación, desde luego no eran tan grandes como los dedicados al tráfico de las Indias Orientales. La carabela y el navío, construidos para llevar cargamentos pesados, pero más lentos y más pequeños, eran los buques más comúnmente usados. Durante la unión con España, los galeones portugueses, al parecer, se diseñaban a veces imitando los gigantescos modelos de los galeones españoles; uno de ellos era el Padre Eterno, que desplazaba 2.000 toneladas y estaba armado con 114 cañones. Se construyó en Brasil —en la bahía de Guanabara (Río de Janeiro)— y visitó Lisboa por primera vez en 1665. El aumento de la envergadura de los barcos fue un fenómeno general en la época, como han demostrado Pierre y Huguette Chaunu en su investigación sobre el comercio atlántico de Sevilla.

La restricción del comercio colonial portugués a los nacionales no excluyó los permisos a barcos extranjeros ni el uso de éstos, así como la inversión por parte de los extranjeros en las empresas coloniales portuguesas. Portugal nunca dispuso de una flota mercante lo suficientemente grande como para dominar, en particular, el voluminoso comercio del azúcar brasileño. A la Mesa do Bem Commun dos Mercadores (Corporación de los Comerciantes de Lisboa) no le era posible mantener un estricto monopolio del comercio colonial. Los barcos holandeses que operaban bajo licencia portuguesa predominaban en el comercio brasileño desde una fecha temprana, del mismo modo que los barcos ingleses. Desde finales de la Edad Media, los ingleses habían mantenido una relación especial con Portugal, importando especias, sal, fruta y vino y exportando tejidos, siendo la balanza comercial favorable a Inglaterra. Los comerciantes ingleses ya estaban bien establecidos con privilegios especiales en Lisboa cuando el desarrollo de la economía colonial portuguesa transformó completamente el comercio inglés con Portugal. En una fecha tan temprana como 1595, el valor de las importaciones de azúcar inglesas ya era mucho mayor que el de las importaciones de especias. Tras la unión con España en 1580, que tenía un concepto más cerrado del imperio, se impusieron embargos esporádicos a los fletes holandeses e ingleses en el comercio colonial, lo que contribuyó a aumentar el nivel del comercio ilegal. Entonces se concedían permisos más fácilmente a los comerciantes españoles que a los de otras nacionalidades. Sin embargo, los portugueses temieron que los españoles les arrebataran su comercio con Brasil, en un momento en el que los holandeses ya se habían apropiado parcialmente del tráfico de las Indias Orientales y el comercio con los países del norte se había reducido mucho por causa de los impuestos sobre la sal, por lo que los intentos españoles para penetrar en el sistema comercial portugués se vieron así ampliamente rechazados. Al mismo tiempo, los propios portugueses se aprovecharon de la relajación de los límites o fronteras políticos entre los dos imperios. En particular los contratos para el comercio de esclavos a hispanoamérica abrieron nuevos mercados a los comerciantes portugueses. En general, los comerciantes portugueses, a menudo cristianos nuevos, se establecieron en Lima, Potosí, Cartagena y Ciudad de México, así como en Sevilla. Y, sobre todo, Buenos Aires se convirtió, de hecho, en una factoría portuguesa para el comercio ilegal con Perú. La plata de Potosí llegó a ser moneda corriente en Brasil durante este período. Mientras tanto, el alemán Conrat Rott, actuando como cónsul tanto de alemanes como de flamencos, protegía los intereses holandeses en Lisboa. Durante la primera década del siglo XVII el número de barcos holandeses presentes en el comercio de Brasil se duplicó con creces y se estima que durante la tregua de los Doce Años (1609-1621) una cantidad que oscila entre la mitad y los dos tercios de los barcos eran holandeses.

La extensión de las hostilidades entre Holanda y España al imperio portugués después de 1621 condujo no sólo a la pérdida del noreste de Brasil y de su comercio, sino que también, especialmente después de 1640, cuando se intensificaron las actividades particulares de los holandeses, desbarató gravemente el comercio portugués con el resto de Brasil. Los recursos navales portugueses —ocho galeones, parte de la flota hispano-portuguesa, navegando en las costas de Brasil— fueron totalmente inadecuados para la protección del comercio del azúcar. Aumentaron las pérdidas de la marina mercante: se perdieron 108 barcos en 1647 y 141 en 1648, es decir, 249 barcos de un total de 300: el 83 por 100 en dos años. El rey tomó una serie de medidas desesperadas, como mandar la flota real de Tagus a Brasil; encargar barcos en Francia; pedir préstamos a los cristianos nuevos para comprar barcos en Holanda; invitar a los extranjeros a enviar navíos a Brasil; prohibir la construcción de barcos pequeños e incluso, en 1648, prohibir el transporte de azúcar mientras los holandeses siguieran siendo una potencia en el mar. Finalmente, por iniciativa del jesuita padre Antonio Vieira, se hizo revivir la tan debatida idea de la compañía de comercio monopolística y el 10 de marzo de 1649 la corona aprobó los estatutos de una Companhia Geral do Comercio. Por primera vez se limitarían los embarques entre Lisboa y Brasil a un sistema de flota (frota) y se la dotaría de unos adecuados navíos de escolta. La compañía mantendría 36 galeones para la protección del comercio marítimo.

El capital para la fundación de la compañía provenía de las propiedades de cristianos nuevos condenados por la Inquisición y de contribuciones de los comerciantes lisboetas. La administración de la compañía se confió a una junta de diputados, elegidos por un período de tres años entre los comerciantes que hubiesen contribuido, al menos, con 5.000 cruzados. La cantidad total suscrita fue de 1.255.000 cruzados (1 cruzado = 400 réis), que, cuando llegó el momento, demostró ser insuficiente. El coste de un convoy (formado a partir de los 36 galeones) lo cubrían las primas pagadas por las pérdidas: 600 réis por cajón de azúcar o tabaco para asegurar los barcos y 1.400 réis por arroba de azúcar blanca para asegurar la carga. Estas primas tenían que pagarse a los agentes de la compañía en las aduanas del reino de Portugal cuando los navíos volvían. La compañía tenía otras fuentes de ingresos en el transporte en barcos de guerra de ciertas mercancías, particularmente las cuatro sobre las que tenía monopolio: vino, harina, aceite y bacalao. En resumen, la compañía disfrutaba de un número considerable de privilegios y exenciones.

Mientras tanto, los tratados angloportugueses de 1642 y 1654, además de reafirmar y extender el status especial de la factoría inglesa en Lisboa, habían concedido amplios privilegios a los comerciantes ingleses en el comercio colonial portugués y, así, se daba preferencia a los ingleses si la compañía necesitaba barcos adicionales. Por otra parte, se reestablecieron relaciones comerciales normales con los holandeses en 1661, con los franceses en 1667 y con los españoles en 1668.

La compañía fue bien recibida y sus primeros pasos fueron prometedores. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se oyeran críticas acerca de que el capital de la compañía era judío, de que no conseguía mantener los 36 galeones estipulados en su acta de constitución y de que no proveía a los brasileños de los cuatro productos alimenticios para los que se estableció el monopolio. Entre 1662 y 1664 se fue transformando, gradualmente, en una compañía estatal, administrada por una Junta do Comercio, que en última instancia dependía de la autoridad del Conselho da Fazenda. Sin embargo, siguió pagando dividendos a los socios. A medida que las hostilidades y la acción de los corsarios y los piratas desaparecieron del Atlántico, la compañía funcionó con más eficiencia y las frotas con escolta salían regularmente de Río hacia finales de marzo, recogían los barcos de azúcar de Bahía en abril y llegaban, sanos y salvos, a Lisboa en julio o agosto. En 1678 se estableció una compañía comercial aparte para Maranhão.

Aunque la Companhia Geral do Comercio fue abolida por el rey João V en 1720, se mantuvo el sistema de frota. En el siglo XVIII había flotas separadas para cada uno de los cinco puertos coloniales, aunque, a menudo, zarpaban de Portugal juntas y dos, o más, volvían juntas. Además, uno o dos navíos supuestamente veloces, capaces de eludir su captura, salían anualmente de Lisboa hacia los puertos principales como despachos (naus de aviso) o barcos de carga con licencia prioritaria (naus de licença). São Luís y Belém estaban abastecidos irregularmente con uno o dos barcos al año hasta que el cacao creó un comercio mayor. El sistema de flotas fue abolido en 1765-1766.[3]

El comercio entre Portugal, el resto del imperio portugués y Brasil estaba dominado de este a oeste por los esclavos y de oeste a este por el azúcar. Los comerciantes utilizaban dos regiones de África como lugares de abastecimiento de esclavos. La primera era África occidental, donde se usaba el término general de «sudaneses» para referirse a varias tribus, como los wolof, los mandingo, los songhai, los mossi, los hausa y los peul. En general, los hombres de estas tribus eran robustos, solían ser pastores, y, a veces, eran de religión islámica; de este modo, tenían tendencia a ser independientes y proclives a la rebelión. La otra región era África central y ecuatorial, donde los hombres de las tribus bantúes eran más pequeños, más sumisos, de religión animista y, en su mayoría, agricultores sedentarios. En el siglo XVI y principios del XVII la mayor parte de los esclavos eran «sudaneses»; hacia el siglo XVIII la mayoría eran bantúes. Desde mediados del siglo XVII también hubo contingentes de bantúes procedentes de Mozambique, en África oriental.

El comercio de esclavos estaba abierto a todos los portugueses mediante el pago de un derecho. La recaudación de los derechos se arrendaba por medio de un «asiento» (contrato) a un «contratador», que entregaba las avencas (conciertos) a los traficantes. De ser un simple contrato, el «asiento» se convirtió, hacia finales del siglo XVII, en un acuerdo de derecho público internacional. Aunque había «asientos» para proveer de esclavos a Hispanoamérica, no existían para Brasil, excepto, tal vez, al final del período colonial en Maranhão. El asiento representaba simplemente un permiso para el embarque de esclavos desde África: hay ejemplos para Angola que datan de 1573 y para Cabo Verde, de 1582 o 1583. La compra se llevaba a cabo por medio de intermediarios; en Guinea éstos eran tangosmaus o lançados (aventureros que vivían como los nativos) y en Angola, pombeiros (africanos que ya eran esclavos de plantadores blancos y que iban al interior en busca de esclavos).

Las condiciones en los barcos de esclavos o tumbeiros (literalmente «coche de muerto») eran horribles. Iban sobrecargados, con unos 500 esclavos amontonados en una sola carabela. La duración del viaje variaba, con un promedio de 35 días desde Angola a Pernambuco, 40 días a Bahía y hasta 50 días a Río. Los desgraciados africanos estaban tan apiñados que las epidemias hacían su aparición y muchos —a veces hasta la mitad de la cantidad total— morían. A su llegada a Brasil se les daba tiempo a los supervivientes para recobrarse y se les cuidaba para aumentar su valor; después se les subastaba. Debido a la gran tasa de mortalidad y a los peligros del viaje, no había muchos beneficios para los transportistas, especialmente cuando el precio de los esclavos era bajo. En 1612, por ejemplo, un esclavo, en buenas condiciones y menor de 25 años, podía comprarse en Brasil por 28.000 réis. Sin embargo, ya había costado 4.000 en derechos y 9.600 en transporte, además de su precio de compra en África, sin contar la proporción de los que habían muerto en el viaje.

La cantidad de africanos que fueron transportados a Brasil no es fácil de calcular, ya que la burocracia portuguesa no estaba tan altamente organizada como la española y el comercio de esclavos estaba sujeto a escaso control. La información está desperdigada en diversos archivos, y no se conoce bien el papel de Brasil en el comercio de esclavos durante el siglo XVI.

Al principio, se autorizaba a los senhores de engenhos (propietarios de ingenios particulares) a traer sus propios esclavos de África, y en 1559 un decreto real limitó la cantidad de cada contingente a 120. Hacia 1570 parece que había de 2.000 a 3.000 esclavos negros en Brasil, y desde entonces su número aumentó rápidamente. En 1575, Angola exportó 12.000 peças, 4.000 de los cuales murieron en el viaje. Entre 1580 y 1590 había, según el padre Anchieta, 10.000 esclavos negros en Pernambuco y 3.000 en Bahía. Sin embargo, otros dos observadores contemporáneos manejaban cifras diferentes. En opinión de Fernão Cardim sólo había 2.000 esclavos negros en Pernambuco y 3.000-4.000 en Bahía, mientras que, según Gabriel Soares de Sousa, había 4.000-5.000 y 4.000 respectivamente. Se estima que la cantidad de esclavos negros que vivían en Brasil hacia 1600 debe haber rondado los 13.000-15.000, distribuidos en unos 130 engenhos, cuya fuerza de trabajo se compondría ya de un 70 por 100 de negros. Durante la primera mitad del siglo XVII se importaron, aproximadamente, 4.000 esclavos por año. Entre 1650 y 1670 esta cifra aumentó a 7.000 u 8.000 por año y después disminuyó. Según Philip Curtin, en proporción, Brasil representaba el 41,8 por 100 del total de esclavos importados a América entre 1601 y 1700, mientras que, por ejemplo, Hispanoamérica se llevaba el 21,8 por 100, las colonias inglesas el 19,7 por 100 y las colonias francesas, el 11,6 por 100[4].

Hacia finales del siglo XVI, el azúcar había dejado de ser un producto medicinal de oferta limitada para convertirse en alimento, y, durante un siglo, desde 1570-1680, Brasil fue, con mucho, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo[5]. Hasta la crisis de la década de 1680 la tendencia secular de la producción de azúcar brasileño fue en alza, lo cual es particularmente notable, ya que el Brasil holandés se excluye de esta consideración Además, frente al modelo general de la depresión del siglo XVII, la abundancia y el crecimiento de la producción no afectó al movimiento de los precios del azúcar, que también estaba en alza, así como el precio de los esclavos. La crisis del siglo XVII no afectó seriamente a Brasil hasta alrededor de finales de siglo

El ciclo del azúcar brasileño, que duró un siglo, puede dividirse en distintas fases

a) un período de expansión, más o menos desde 1570 a 1600, a medida que crecía el numero de ingenios se produjo un crecimiento correspondiente en la producción y la exportación, y se distingue, junto a la lenta subida del precio del azúcar gravada con impuestos, un movimiento más rápido de los precios en el mercado Ubre,

b) un mantenimiento de la producción a un alto nivel (15.000-20.000 toneladas por año de unos 200 ingenios en la década de 1620) hasta 1625 aproximadamente, los precios cayeron un poco en la década de 1610 durante la tregua de los Doce Años, pero aumentaron otra vez cuando la guerra se reanudó, los ataques holandeses interrumpieron los embarques atlánticos portugueses y se decretaron impuestos mas altos para pagar los gastos de defensa,

c) una nueva fase de crecimiento que duró hasta poco antes de 1640;

d) una caída de la producción y exportación hacia 1640-1660 que siguió a la ocupación holandesa de Pernambuco y a la subsiguiente reorganización de la industria azucarera por parte de los portugueses, sin embargo, los precios continuaron subiendo a consecuencia de la guerra, y de los distintos impuestos adicionales con que se gravaron los productos brasileños, incluido el azúcar,

e) una recuperación del crecimiento en la década de 1660 que siguió a la creación de la Companhia Geral do Comercio y al sistema de frota, al fin de la guerra y la reactivación de la producción de Pernambuco,

f) los inicios de una depresión hacia 1680 al tiempo que caían los precios en los mercados azucareros internacionales durante las décadas de 1670 y 1680 en gran medida como resultado del aumento de la producción en las Antillas (Los precios del azúcar cayeron de 3.800 réis por arroba en 1654 a 1.300 en 1685). Como en períodos anteriores de dificultades comerciales, los senhores de engenhos, tanto en las capitanías del nordeste como en las más marginales del sur, produjeron menos, dejaron de comprar esclavos y encaminaron la fuerza de trabajo a otros cultivos comerciales menos vulnerables a las recesiones del comercio internacional, a la cría de ganado y a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, parece que, a pesar de estas vicisitudes y aunque ni a los mismos productores de azúcar les iba demasiado bien, los comerciantes siguieron obteniendo beneficios.

El azúcar que se procesaba en los engenhos brasileños se exportaba en su mayor parte a Europa, y los envíos se hacían en nombre de los senhores de engenhos, los lavradores (cultivadores de caña de azúcar), o los comerciantes-exportadores Hasta 1640 cada barco transportaba entre 200 y 600 cestos, pero después de esta fecha los barcos fueron mayores y por tanto debió haber crecido también el número de cestos. La parada en Lisboa era a menudo parte de un viaje circular los barcos que habían venido de África con esclavos volvían con azúcar. El coste del transporte (o frete) era elevado. Y durante el período de los convoyes, existían también las tasas de avaria, impuestas para pagar la protección de los barcos.

Además del comercio legal a través de Lisboa que llevaban a cabo los comerciantes portugueses y los extranjeros con licencia del rey, había un dinámico comercio de contrabando manejado por los ingleses, los españoles (a través de las Cananas), los franceses (vía La Rochelle) y, por fin, los holandeses, los cuales, como hemos visto, se llevaban la parte del león del tráfico ilegal Amsterdam se convirtió en el depósito para azúcar y los barcos holandeses mantuvieron abastecido el mercado por medio de una combinación entre la actividad de los corsarios, el contrabando y la obtención de licencias. Los archivos de Amsterdam están llenos de negocios de azúcar que, al igual que los de palo de Brasil, se cotizaban en la Bolsa. El azúcar tenía distintas procedencias las islas del este del Atlántico, Brasil y Centroamérica, y si no estaba ya refinado, se refinaba en el lugar antes de reexportarla al norte de Europa. Este tráfico alcanzó su cénit entre 1630 y 1654, cuando el azúcar de Pernambuco, ocupado entonces por los holandeses, se transportaba directamente a las Provincias Unidas. Hacia 1650, el proceso de refinado del azúcar absorbía gran cantidad del capital holandés disponible Una cuarta parte de las tasas de aduana recaudadas se pagaban con azúcar y 100 barcos se dedicaban permanentemente a su transporte. Los judíos, particularmente los portugueses, tuvieron un papel importante en esta industria, aunque la opinión pública, a menudo, estaba a favor de que se les prohibiera participar en ella. Hacia 1665, hubo signos de decadencia como resultado de los esfuerzos hechos por Colbert para crear una industria francesa del azúcar No había refinerías en Portugal en el siglo XVII. La metrópoli dejo en manos del mismo Brasil la tarea de retinar el azúcar, de hecho, una orden real de 1559 había prohibido formalmente el refinado de azúcar en Lisboa.

Entre los productos del comercio atlántico, el tabaco era el más importante. En la primera mitad del siglo XVII la política portuguesa era la de restringir el cultivo del tabaco en el país y en las islas del Atlántico con el fin de fomentar la producción brasileña. En 1674, se estableció una Junta do Tabaco para supervisar el comercio del tabaco y se intentó infructuosamente que todos los impuestos fueran recaudados por un arrendador de impuestos nombrado por el rey. A medida que creció el comercio de esclavos a Brasil, el tabaco brasileño y el ron fueron los productos que se usaban principalmente para el intercambio por esclavos en las costas de África. Por otra parte, la importancia del algodón había decrecido durante el siglo XVII. Antonil ni siquiera lo menciona en su Cultura e Opulancia do Brasil (Lisboa, 1711). Y ya a finales del siglo XVI los costes del transporte del algodón en rama a Lisboa igualaban los costes de producción, probablemente alrededor de 2.000 milréis por arroba.

A Brasil se importaban muchos más productos, además de esclavos y marfil de África. Numerosos barcos que viajaban a Europa desde Asia se detenían en Bahía en el siglo XVII y especialmente en el XVIII, llevando sedas y otros artículos de lujo. De Europa, por supuesto, venían todas las manufacturas, entre las que se encontraban herramientas, útiles para el ingenio (en particular utensilios de cobre), armas y tejidos, en su mayor parte hechos en Francia o Inglaterra, a las que Lisboa servía de simple intermediario. También llegaban ciertos alimentos, como carne salada, que, del mismo modo que los cueros y la plata, venía del Río de la Plata, pescado salado y vinos, especialmente de Oporto y Madeira, de los que se decía que mejoraban con el viaje. Por último, había cereales, particularmente trigo, que les recordaba su hogar a los colonos portugueses. También la sal ocupó un lugar importante en el comercio atlántico; no sólo era esencial para la dieta de hombres y animales, sino que también resultaba indispensable a la hora de conservar el pescado y la carne. La producción de sal era importante para Portugal, y se podía disponer de ella también en las islas de Cabo Verde, Guinea y Angola. Los indios de Brasil usaban una sal vegetal y a lo largo del río San Francisco el ganado encontraba un suelo salino que podía lamer. Los colonos crearon salinas en Maranhão, entre el Rio Grande y Ceará y entre Paraíba y el Rio Grande, pero la producción era insuficiente y Brasil se vio obligado a importar sal. En 1632, el abastecimiento de sal de Brasil pasó a ser controlado por el estado, monopolio que no terminó hasta 1821. En 1665 y de nuevo en 1690-1691, se llevaron a cabo intentos de prohibir la producción de sal en Brasil, con el fin de evitar la competencia con la sal que se importaba de Portugal.

PORTUGAL Y BRASIL HACIA 1695-1750

La crisis de la industria del azúcar en Brasil en la década de 1680 tras un siglo de crecimiento y prosperidad inició una crisis económica en Portugal. Los ingresos del comercio colonial disminuyeron tanto que Portugal ya no era capaz de comprar en el exterior (especialmente en Inglaterra) las manufacturas destinadas tanto a la metrópoli como a las colonias. Este hecho explica la política económica del conde Ericeira, primer ministro de Pedro II (1683-1706), que intentó proteger y fomentar la industria portuguesa como sustituto de las importaciones, al tiempo que también, en 1688, devaluaba la moneda. Para conseguir los pesos de plata españoles en los mercados hispanoamericanos creó una compañía por acciones que llevara a cabo el comercio de esclavos en la costa de Guinea, y el peso de plata contribuyó, en cierta medida, a la recuperación del déficit de la balanza del comercio exterior portugués. Ericeira se suicidó en 1692 y su sucesor, el marqués de Fronteira, no tuvo mucho tiempo para continuar su política, antes de que la economía lusobrasileña comenzara a recuperarse. Parte de la explicación de esto fue el aumento de la demanda y unos precios ligeramente superiores para los productos agrícolas de Brasil, sobre todo el azúcar, pero también el algodón y los cueros, así como para el aceite de oliva y el vino del mismo Portugal. Las exportaciones de azúcar de Brasil registraron una subida temporal a fines del siglo aunque la tendencia a largo plazo era entonces a la baja. Según Antonil, entre 1688 y 1706 el precio del azúcar blanco subió primero de 800 o 900 réis a 2.400 réis por arroba, para bajar más tarde a 1.600 réis. Para otras fuentes, el precio del azúcar blanco puede haber oscilado entre 1.200 y 1.400 réis entre 1688 y 1743. Sin embargo, fue el oro lo que transformó la economía lusobrasileña e inició una nueva era. La crisis económica había estimulado la búsqueda de oro en el interior de Brasil. Las expediciones de bandeirantes que empezaron con la de Fernão Dias Pais en 1674 se hicieron más numerosas y decididas. Finalmente, en 1695 en Rio das Velhas, entre las actuales Ouro Préto y Diamantina, tuvo lugar el primer hallazgo significativo de oro, siguiéndole, durante los siguientes 40 años, otros en Minas Gerais, Bahía, Goiás y Mato Grosso.

Durante el largo reinado de D. João V (1706-1750) se expandió la producción de oro en Brasil y su exportación a Portugal: creció 5 veces entre 1700 y 1720, mantuvo el aumento de 1720 a 1735, experimentó una subida impresionante a finales de la década de 1730 y otra más modesta de 1740 a 1755, momento en el que empezó a decaer, aunque al principio sólo lentamente.[6]

El descubrimiento de las minas de diamantes en Cerro Frió, al norte de Minas, merece ser mencionado igualmente. Muy pronto su producción fue suficiente como para provocar una bajada del valor de los diamantes de un 75 por 100 en el mercado internacional. En total se extrajeron alrededor de 615 kg durante el siglo XVIII, debiendo añadirse a esta cifra los diamantes de las minas de Bahía, Mato Grosso y Goiás, que, en su conjunto, constituyeron un elemento importante en la balanza comercial de Portugal.

En efecto, la exportación de tal cantidad de oro y diamantes permitió que Portugal la equilibrara a corto plazo. También trajo consigo el abandono de los intentos iniciales de industrialización —y de modernización y diversificación de la agricultura— con perjudiciales consecuencias a largo plazo. La reorganización de la economía lusobrasileña en torno al oro en la primera mitad del siglo XVIII reforzó también los lazos de unión entre Portugal e Inglaterra. El tratado de Methuen (1703) reafirmó una relación comercial ya claramente definida, en la cual los portugueses aportaban vino y aceite de oliva y los ingleses, tejidos, otros productos manufacturados y trigo. El cuadro 1 muestra que el vino constituía entre el 70 y el 90 por 100 de las exportaciones inglesas a Portugal. El cuadro 2 revela un enorme y creciente desequilibrio comercial que se decantaba a favor de Inglaterra, compensado en parte por medio de la salida de oro y diamantes. Es un hecho irrefutable también que una gran proporción del oro brasileño que entraba en Europa era importado clandestinamente por los ingleses. Por otra parte, el comercio entre Lisboa y las Trece Colonias de Norteamérica tampoco era despreciable. Brea, arroz, tabaco y madera eran productos americanos que los portugueses necesitaban. Mientras que Lisboa servía por su parte de puerto de reavituallamiento en la ruta de Londres a las Antillas británicas. Existía un comercio libre entre las Trece Colonias, Madeira y Porto Santo, puesto que las islas portuguesas, que de hecho pertenecían geográficamente a África, no estaban sujetas a los términos de las Leyes de Navegación. Se enviaba sal a Terranova desde las islas portuguesas de Maio y Boavista del grupo de las de Cabo Verde, necesitándose en 1713, 120 naves para su transporte. En general, se puede afirmar que toda la mercancía portuguesa que se exportaba desde Portugal iba en barcos ingleses.

CUADRO 1

Comercio entre Portugal e Inglaterra: 1700-1750
(Promedios anuales)

Vinos portugueses
Tejidos ingleses

Años
Exportado a
Inglaterra
(en miles
de libras)
% de
exportaciones
portuguesas
a Inglaterra
Exportado
a Portugal
(en miles
de libras)
% de
exportaciones
inglesas a
Portugal

1701-1705
173
71
430
71

1706-1710
170
71
463
71

1711-1715
217
86
488
77

1716-1720
288
83
555
80

1721-1725
326
84
620
76

1726-1730
302
84
729
80

1731-1735
287
88
744
73

1736-1740
263
87
871
75

1741-1745
367
86
882
79

1746-1750
275
85
848
76

TOTAL
2.668

6.630

FUENTE: H. E. S. Fisher, The Portugal Trade 1700-1770, Londres, 1971, Apéndice I, pp. 142-143, «The Trade between England and Portugal, 1697-1773».

CUADRO 2

Balanza comercial entre Portugal e Inglaterra: 1701-1750
(Valor anual medio en miles de libras)

Años
Exportaciones
Portugal-Inglaterra
Importaciones
Inglaterra-Portugal
Saldo

1701-1705
242
610
–368

1706-1710
240
652
–412

1711-1715
252
638
–386

1716-1720
349
695
–346

1721-1725
387
811
–424

1726-1730
359
914
–555

1731-1735
326
1.024
–698

1736-1740
301
1.164
–863

1741-1745
429
1.115
–686

1746-1750
324
1.114
–790

TOTAL
3.209
8.737

FUENTE: Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics (1697-1808), Oxford, 1960, pp. 17-18.

CUADRO 3

Importaciones de esclavos a Brasil

Países de origen |  |  |
Años | Costa da Mina | Angola | Total
1701-1710 | 83.700 | 70.000 | 153.700
1711-1720 | 83.700 | 55.300 | 139.000
1721-1730 | 79.200 | 67.100 | 146.300
1731-1740 | 56.800 | 109.300 | 166.100
1741-1750 | 55.000 | 130.100 | 185.100
TOTAL | 358.400 | 431.800 | 790.200

FUENTE: Philip Curtin, The Atlantic Trade, Madison, 1969, p. 207.

El ciclo del oro brasileño tuvo un efecto importante en otro aspecto del comercio atlántico: el comercio de esclavos de África. La demanda de trabajo en las zonas de producción de oro mantuvo el nivel del comercio de esclavos a pesar de la depresión registrada en las regiones azucareras. El cuadro 3 muestra que la cantidad de esclavos que se importaron a Brasil creció de hecho desde 1720 e incluso más después de 1730. Angola era el principal proveedor de esclavos para Brasil, como lo había sido desde su reconquista por los portugueses en 1648. Esta parte del comercio de esclavos, pagada directamente con productos brasileños (principalmente tabaco y ron), y por lo tanto fuera del tráfico triangular entre Europa, África y Brasil, parece haber crecido en el curso del siglo XVIII. El «Tratado de Asiento» firmado por Inglaterra y España en 1713 dio a los ingleses la idea de firmar otro tratado parecido con Portugal. Los comisionados por el comercio y las plantaciones, sin embargo, se negaron, basándose en que la participación de Inglaterra en el comercio de esclavos brasileño sólo serviría para aumentar el número de esclavos que llegaba a Brasil y que, por lo tanto, provocaría una disminución de su precio y del precio del azúcar que producían. Se corría el riesgo de que el azúcar brasileño llegara a ser un rival peligroso para el azúcar de las Antillas británicas, que, junto con el azúcar de la colonia francesa de Santo Domingo, dominaba entonces el mercado internacional.

La crisis económica de la década de 1680, el fin del ciclo del azúcar y el comienzo del ciclo del oro dieron un nuevo ímpetu a la expansión de la frontera brasileña. Brasil estaba dejando de ser un archipiélago costero, y estaba a punto de convertirse en un subcontinente. En particular, el lejano oeste se abrió y se colonizo durante la época del oro y esto se refleja en la principal reorganización de la administración colonial en 1720 Minas Gerais se separo de la capitanía general de Río de Janeiro para formar una nueva capitanía, en 1744 se creó la capitanía de Goiás y en 1748 la capitanía de Mato Grosso, ambas a partir de la capitanía general de São Paulo En el sur, Salvador de Sá, a quien el rey había concedido en 1658 las capitanías de Espirito Santo, Río de Janeiro y São Vicente, como medio de desarrollar el sur de Brasil y, tal vez, de volver a abrir la ruta clandestina de la plata que venía de Potosí por Buenos Aires, de la que, a principios del siglo XVII, el comercio portugués había obtenido grandes beneficios Pero la idea no se llevó a cabo En 1680, los portugueses habían fundado la Colonia do Sacramento en la margen oriental del Río de la Plata como lugar de depósito para el comercio de contrabando con Buenos Aires, que por entonces se estaba convirtiendo en uno de los principales puertos de Hispanoamérica Era un destacamento vulnerable, que había sido capturado dos veces por los españoles antes de que se ratificara la posesión portuguesa en el tratado de Utrecht (1713), e incluso entonces continuó sujeto a constantes ataques Situado sólo a 15 millas de Buenos Aires por el estuario, Colonia do Sacramento estaba a cientos de millas de Río y de los otros puertos principales brasileños. En términos de días de navegación estaba a menos de 1 día de viaje de Buenos Aires, pero a 7 días de Santa Catarina y a no menos de 14 de Río de Janeiro. Para compensar esta circunstancia, se hubiera necesitado una población adecuada, así como una fuerte defensa, sin embargo, hasta 1718 no se enviaron allí familias de colonos Y, probablemente, la población total de Colonia do Sacramento nunca superó los 3.000 habitantes.

Sin embargo, los portugueses habían empezado a ocupar los vastos territorios que los separaban de Colônia y el Río de la Plata Hacia finales del siglo XVII, la costa de Santa Catarina había sido ocupada desde el mar en tres puntos São Francisco do Sul, en el norte (1653), Laguna, en el sur (1684) y Nossa Senhora do Desterro, en mitad de la isla de Santa Catarina, frente al continente, y en 1738 se abrió una ruta por tierra de São Paulo a Laguna En el siglo XVIII la costa sería poblada por colonos procedentes de las Azores en condiciones parecidas a las de los indentured servants de las Antillas francesa e inglesa, existiendo hacia 1749 un total de 4.197 habitantes Durante la primera mitad del siglo XVIII los portugueses ocuparon también las zonas al sur de Santa Catarina. En 1737, se fundó la ciudad de Rio Grande a la entrada de la Lagóa dos Patos La administración de la parte sur de Brasil se reorganizó entonces y Santa Catarina y Rio Grande de São Pedro se separaron de São Paulo para convertirse en subcapitanías dependientes de la capitanía general de Río de Janeiro.

La decisión portuguesa de instalarse en las tierras del sur fue una consecuencia directa del conflicto hispano-portugués en el Río de la Plata, que volvió a surgir en 1723. Desde 1716, las relaciones se habían hecho tensas y los gobernadores de Buenos Aires y de Colônia do Sacramento se vigilaban de cerca e intentaban fundar puestos y asentamientos en otros puntos de la margen izquierda del estuario para asegurarse su propio comercio de carne, pieles y brea, y para contener la expansión de su enemigo En 1723, António Pedro de Vasconcelos, gobernador de Colonia (1721-1749), respaldado por el gobernador de Río, Aires de Saldanha de Albuquerque, preparó una pequeña expedición de 150 hombres mandada por Manuel de Freitas de Fonseca y estableció una colonia en Montevideo, río abajo desde Colônia, pero al año siguiente tuvieron que abandonar el puerto debido a la carencia de recursos Los españoles se establecieron rápidamente allí y fundaron la ciudad portuaria de Montevideo en 1726. Su presencia hizo muy difícil la comunicación para los portugueses entre Colônia y Laguna, Santos y Río. Las consecuencias a largo plazo serían decisivas, ya que, a pesar de que tanto el descubrimiento en su ongen (1513) como el primer asentamiento permanente (1680) fueran portugueses, la «Banda Oriental» estuvo poblada desde entonces por una población formada mayontanamente de españoles y, en lugar de una provincia «cisplatina» brasileña, se convirtió en el estado hispanoparlante de Uruguay.

Hacia 1729, sin embargo, la paz entre España y Portugal parecía haberse conseguido. D. José, el príncipe heredero de Portugal, se había casado con la infanta de España, Mariana Vitoria, y el príncipe de Asturias, futuro Fernando VI de España, se había casado con la infanta de Portugal, D Mana Barbara de Braganza, hija de João V Pero entonces, en 1735, un sórdido incidente debido a los ayudantes del embajador portugués en España, Pedro Alvares Cabral, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas, fue un acontecimiento sin consecuencias militares en Europa, pero proporcionó un buen pretexto para que el statu quo del Río de la Plata resultara alterado El gobernador de Buenos Aires atacó Colônia, Antonio Pedro de Vasconcelos resistió desde octubre de 1735 hasta septiembre de 1737 y tan sólo un armisticio firmado en París salvó a los portugueses Desde entonces los dos países se decidieron a resolver sus diferencias Sin embargo, las disputas continuarían durante 13 años más y no finalizaron hasta el remado de Fernando VI de España (1746-1759), y solo temporalmente. Para facilitar la reconciliación, José de Carvajal y Lencastre, presidente del Consejo de Indias y principal ministro de España, renovó el ofrecimiento de su gobierno de intercambiar una zona de equivalente territorio por la Colônia do Sacramento Carvajal tenía buenas razones para esta oferta desde su punto de vista el puesto comercial de Colônia era responsable de que España perdiera mucha plata peruana. Y, si se quería desarrollar la economía del Río de la Plata, había que eliminar la competencia portuguesa. Por otro lado, también había que evitar un conflicto con Portugal, puesto que ello convertiría, automáticamente, a Inglaterra en enemiga de España.

Del lado portugués había muchos que también querían la paz Alexandre de Gusmão, consejero real durante mucho tiempo y diplomático experto, había nacido en Santos y conocía bien Brasil Aunque reconocía todas las ventajas que podían derivar de la paz con España, quería más que simplemente la solución del problema de Colônia, deseaba una solución definitiva para todas las disputas fronterizas entre Portugal y España que tomara en consideración las posesiones de facto de ambas potencias en Sudamérica Aunque no creía que Colônia tuviera futuro bajo Portugal (opinión no compartida por los comerciantes de Lisboa), seguía pensando que se podría conseguir un beneficio de su cesión. Según su punto de vista, el futuro de Brasil se identificaría con el Amazonas, región poco conocida todavía pero considerada generalmente, en concordancia con las creencias preconcebidas de la época, la más rica potencialmente, simplemente porque era la más cálida. Al contrario que las tierras nevadas del Canadá francés, la vasta región del Amazonas se creía que contenía metales preciosos, plantas raras y animales exóticos En el sur, Rio Grande de São Pedro tenía todas las ventajas además del potencial económico y ninguno de los inconvenientes de Colônia do Sacramento y la margen izquierda del Río de la Plata. El derecho de Portugal a los territorios al este de Uruguay, así como su derecho a los territorios del alto Amazonas y, por ende, Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso, eran dudosos y su confirmación podía intercambiarse por Colônia do Sacramento.

Para Carvajal esto suponía pagar un alto precio. Además, el territorio reclamado por Gusmão incluía las prósperas Siete Misiones de los jesuitas, y él sabía que la Compañía de Jesús se opondría a la cesión de este territorio a los portugueses. Sin embargo, el ansia de llegar a un acuerdo era tan fuerte en Madrid que las condiciones portuguesas, sujetas a una pequeña concesión en la zona amazónica y a la total renuncia a cualquier reclamación en las Filipinas, fueron aceptadas, finalmente, por Fernando VI.

El Tratado de Madrid (1750), firmado después de tres arduos años de negociaciones, fue el acuerdo más importante sobre posesiones de ultramar, firmado por portugueses y españoles, desde el Tratado de Tordesillas (1494). Los dos países abandonaron por fin el principio subyacente de Tordesillas, que ya no tenía nada que ver con la realidad, y adoptaron el del uti possidetis, es decir, «cada una de las partes retiene lo que ha ocupado», aunque cuatro artículos claves constituían la excepción Según los artículos XIII y XV, Portugal renunciaba a cualquier reclamación sobre Colonia y reconocía la supremacía española en el Río de la Plata, y, según los artículos XIV y XVI, España abandonaba todo el territorio al este del río Uruguay y prometía evacuar las Siete Misiones. Las fronteras de las posesiones españolas y portuguesas —sujetas a una definición precisa tanto en el Amazonas como en el sur por una comisión mixta— se trazaron en el famoso «Mapa de las Cortes». El Tratado de Madrid, el «Tratado de Límites», concedió a Portugal la soberanía sobre vastas zonas (más de la mitad) de Sudamérica y dio a Brasil la forma que, básicamente, ha mantenido hasta el presente[7].

Los años que van de 1580 a 1750 fueron decisivos para el desarrollo de Brasil. Primero el azúcar y después el oro, junto con el tabaco, el algodón, la ganadería y los diamantes, lo habían conformado y finalmente le habían dado carta de naturaleza en el imperio portugués. El sistema imperial portugués, que se había basado originariamente en África y Oriente, llegó a tener sus bases esenciales en Brasil y el Atlántico, y fue Brasil el que facilitó a Portugal el equilibrio de su balanza de pagos con el exterior También fue Brasil el que dio a Portugal los medios y la autoridad para defenderse de España, tanto en la península como en Sudamérica, y para reforzar la especial relación existente entre Lisboa y Londres. Finalmente, fue Brasil el que, cada vez más, proporcionó a Portugal la posibilidad de mantener su influencia política —y cultural— en Europa, posición notable para un país tan pequeño, tan atrasado y tan pobre

En 1750 llegó al trono D. José I y llevó al poder al marqués de Pombal, quien iba a desempeñar un papel predominante en Portugal y en su imperio durante más de un cuarto de siglo. Al mismo tiempo, la producción de oro en Brasil y, por ende, los ingresos de la corona portuguesa, alcanzaron su punto más alto para emprender después un acusado descenso. Era el principio de una nueva era del mundo lusobrasileño.

Capítulo 5
PORTUGAL Y BRASIL:
LA REORGANIZACIÓN IMPERIAL,
1750-1808[*]

Hacia 1738, el embajador portugués en París, D. Luís da Cunha, escribió que «para mantener Portugal, el rey necesita la riqueza de Brasil más que la del mismo Portugal».[1] Con la carencia y la poca diversidad de sus recursos naturales y sus manufacturas, su limitada población y su escaso poder militar y naval, Portugal no podría haber sobrevivido si se hubiera visto reducido sólo a su territorio europeo, cuando durante dos siglos y medio la corona portuguesa y gran parte de la población obtuvieron sus principales ingresos de la explotación comercial de los recursos de sus territorios ultramarinos. Hacia mediados del siglo XVIII, Brasil era, con mucho, el más importante de ellos. Una breve panorámica del imperio portugués muestra lo acertado de la afirmación de D. Luís da Cunha a la llegada al trono de D. José I en 1750 y ayuda a explicar la política que se adoptó con relación a Brasil durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Hacia el este del cabo de Buena Esperanza, el Estado da India, que comprendía todas las posesiones portuguesas desde la costa oriental de África hasta Macao y Timor y que se controlaba desde Goa en la costa occidental de la India, había sufrido rebeliones locales y guerras, así como incursiones de otras potencias coloniales europeas. Los portugueses habían perdido hacía tiempo su monopolio del comercio y de los embarques en Oriente y la presencia portuguesa se limitaba allí a unos pocos puertos y enclaves comerciales. El Estado da India estaba, así pues, debilitado territorialmente, y también económicamente. Se enfrentaba con una competencia de Inglaterra, Holanda y Francia a la hora de importar productos de Oriente (especias, sedas, tejidos de algodón, porcelana, muebles y diamantes) y había abandonado prácticamente las importaciones de Mozambique (marfil, esclavos, oro) en manos de comerciantes indios de Surat, con el resultado de que la corona portuguesa había estado durante algún tiempo ganando menos de lo que se gastaba en el mantenimiento y defensa de esas conquistas que, en estos lugares, eran todo lo que quedaba de un pasado glorioso.

Varias colonias portuguesas de la costa occidental de África habían sido atacadas repetidamente por extranjeros o bien habían sido escenario de sublevaciones locales, especialmente en las islas de Cabo Verde y en Angola. Brasil había sufrido dos guerras civiles (la guerra de las Emboabas, en las minas de oro del Rio das Mortes, 1708-1709, y la guerra de los Mascates, en Recite, 1710-1711) y dos ataques españoles a la avanzada de Colonia do Sacramento en la desembocadura del Río de la Plata (1706 y 1736). Sin embargo, en esta parte occidental del imperio, especialmente en Angola y Brasil, se verificaba una extensión territorial importante.

Además, desde el punto de vista económico, mientras que Angola y los territorios del golfo de Guinea se consideraban cada vez más como reservas de esclavos, de Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás venía oro, y del Serró do Frió, diamantes; de Grao Pará e Maranhão venían café y cacao, que se añadían a las exportaciones tradicionales de Brasil: azúcar, tabaco, palo de brasil, maderas, productos medicinales y especias, aceite y barbas de ballenas. Todos los años las frotas (flotas) de Bahía, Pernambuco, Río de Janeiro y Maranhão desembarcaban cargamentos de azúcar y tabaco en Lisboa, por donde tenía que pasar todo el comercio del imperio. Sólo una pequeña parte se destinaba al mercado de la metrópoli: el resto formaba la mayor parte de las exportaciones de Portugal, junto con vinos de Oporto y aceite, a los grandes mercados de Europa, donde se cambiaban por productos manufacturados y grano que volvía entonces a Brasil vía Lisboa, donde sólo se descargaban mercaderías esenciales para la metrópoli y para el resto del imperio. Crecientes cantidades de oro de Brasil llegaban también a los centros del comercio extranjero, especialmente a Londres, como un medio oficial de equilibrar el déficit comercial, pero también como resultado del contrabando y el fraude que eran comunes en Brasil, el Río de la Plata e, incluso, en el mismo puerto de Lisboa. Gracias a sus productos y a su comercio, Brasil se había convertido de esta manera, hacia mediados del siglo XVIII, no sólo en un elemento importante para la riqueza de la metrópoli sino también en una de las principales fuentes de ingresos del gobierno. Esto se logró mediante un complejo sistema fiscal que abarcaba impuestos sobre la producción, consumo, circulación interna, importaciones y exportaciones, además de cargas especiales temporales. Sin embargo, es imposible hacer una estimación exacta de la proporción de los ingresos totales de Portugal, a mediados de siglo, provenientes de Brasil.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX —los reinados de D. José I (1750-1777), D. María I (1777-1792) y el príncipe regente D. João (1792-1816)— la política colonial portuguesa estuvo en las manos de tres hombres notables: Sebastião José de Carvalho e Meló, más conocido como el marqués de Pombal (1699-1782), representante de la pequeña nobleza que había sido enviado extraordinario en Londres y luego en Viena (1738-1749) antes de entrar al servicio de D. José I como secretario de Estado para Asuntos Exteriores y Guerra y más tarde como secretario del Interior y presidente de la Real Hacienda (Erario Regio) —de hecho, como un primer ministro a cargo de los asuntos más importantes del imperio desde 1750 a 1777—; Martinho de Mello e Castro (1716-1795), hijo de un gobernador de Mozambique y nieto del conde de Galveas, virrey de Brasil, que fue representante portugués en La Haya y Londres (1751-1770) y después secretario de Estado para la Armada y los Territorios de Ultramar (1770-1795); D. Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812), hijo de un gobernador de Angola y embajador en Madrid, que fue representante portugués en Turín (1778-1796) y después secretario de Estado para la Armada y los Territorios de Ultramar (1796-1801), presidente de la Real Hacienda (1801-1803) y, por fin, secretario de Estado para la Guerra y Asuntos Exteriores (1808-1812). Los tres eran estrangeirados, es decir, hombres que habían adquirido gran experiencia en las cortes más avanzadas de Europa y tenían ardientes deseos de trasladar a su país los beneficios de sus experiencias en el extranjero para elevarlo al nivel de aquellas naciones, que eran, en el momento, las más desarrolladas intelectual y económicamente. Los tres eran de noble cuna, aunque procedían de distintos niveles de la aristocracia; todos pertenecían a familias vinculadas, en el pasado o en el presente, con la administración colonial; todos habían estudiado derecho en la Universidad de Coimbra, y su política se basaba en una firme creencia en el poder absoluto del rey, apoyado por un gobierno «ilustrado». En lo que concernía a la política colonial, sus fines eran idénticos: creían que Brasil tenía una importancia vital para la supervivencia de la metrópoli, y, por tanto, querían extender su territorio tanto como fuera posible, fortalecer sus estructuras administrativas, judiciales y militares, reforzando el poder absoluto de la monarquía, y asegurarse de que la economía brasileña se desarrollara estrictamente dentro de la estructura del pacto colonial, o, dicho en otras palabras, para el exclusivo beneficio de la metrópoli. Su intención era mantener la unidad interna del enorme territorio de Brasil y, sobre todo, la unidad del imperio como un todo, lo cual se logró con el establecimiento de la corte portuguesa en Río de Janeiro en 1808.

CAMBIOS TERRITORIALES EN BRASIL

El último hecho importante del reinado de D. João V había sido el Tratado de Madrid (1750) que, al reemplazar todos los tratados anteriores, desde Tordesillas en 1494 a Utrecht en 1713, había intentado delimitar las fronteras de las posesiones españolas y portuguesas en América, África y Asia sobre las bases de la ocupación de hecho. Hubo una única excepción: Portugal renunció a cualquier reivindicación sobre Colonia do Sacramento, mientras que, a cambio, España cedía una zona en la ribera izquierda del río Uruguay ocupada por jesuitas e indios agrupados en aldeias (el llamado territorio de las Siete Misiones) que España se comprometía a evacuar lo más pronto posible. Aunque se alcanzó un acuerdo sobre las fronteras, el intercambio de territorios fue abiertamente criticado por muchos, tanto en Madrid como en Lisboa, así como en Sudamérica. Pombal —el secretario para la Guerra y Asuntos Exteriores de D. José I— tuvo que llevar a efecto un tratado que él no había negociado ni aprobado. Dudaba si el territorio de las Siete Misiones se cedería de verdad y resolvió no entregar Colonia hasta que las Siete Misiones no hubieran sido totalmente evacuadas. A su vez, los españoles tenían buenas razones para sospechar que los portugueses no abandonarían, de hecho, sus reivindicaciones sobre Colonia, centro del contrabando de plata e importante estratégicamente para el control del Río de la Plata. Por lo tanto, las negociaciones acerca de la aplicación del tratado transcurrieron en una atmósfera de desconfianza mutua, y lo mismo ocurrió con el trabajo de dos comisiones mixtas de ingenieros, matemáticos, cosmógrafos, cartógrafos y otros expertos que debían llevar a cabo una investigación en el interior de Brasil para marcar las fronteras. De hecho, la comisión del norte nunca inició sus trabajos y la comisión del sur sufrió un sinfín de retrasos y disputas. Mientras tanto, en el territorio de las Siete Misiones, los jesuítas españoles y los indios guaraníes se negaron a obedecer la orden de desalojarlo y en 1754 se rebelaron abiertamente contra las tropas del rey de España. La guerra de los guaraníes terminó en 1756 con la destrucción de la resistencia organizada, aunque la paz no se reestableció en la región. Las sospechas mutuas se hicieron más profundas, las discusiones fueron haciéndose cada vez más hostiles y se evidenció que el Tratado de Madrid no se podía poner en cumplimiento. El 12 de febrero de 1761, mediante otro tratado firmado en El Pardo, aquél se anuló.

Las disputas territoriales entre Portugal y España continuaron durante otros 16 años antes de que se alcanzara un nuevo compromiso. El Tratado de San Ildefonso (1 de octubre de 1777) fue menos favorable para Portugal que los dos tratados anteriores, pues su única ventaja era retener su soberanía sobre el Rio Grande de São Pedro y la isla de Santa Catarina, mientras que perdía Colonia do Sacramento, así como el territorio de las Siete Misiones. Siguieron al tratado nuevos intentos por determinar las fronteras, tanto al norte como al sur, pero los progresos fueron lentos a causa de que ambos gobiernos seguían esperando extenderse secretamente. La noticia de que España había invadido Portugal en 1801 produjo otro chispazo bélico en la parte sur de los territorios americanos, cuando los españoles intentaron, sin éxito, establecerse al sur de Mato Grosso, y los portugueses invadieron el territorio de las Siete Misiones, logrando una conquista que confirmaría más tarde el silencio del Tratado de Badajoz (1801).

Mientras seguían las operaciones militares en la parte sur de Brasil durante todo el reinado de D. José I, Pombal, siguiendo la política iniciada por su predecesor, Marco Antonio de Azevedo Coutinho, aprovechaba las ventajas de Portugal en las zonas claves del norte y el oeste, vastas regiones aún no exploradas totalmente: el Estado do Maranhão, lindante con las colonias francesas, holandesas y españolas, al norte del Amazonas, y la capitanía de Mato Grosso, creada en 1748 y que se creía iba a ser «la llave y la muralla» del interior de Brasil en la parte peruana.[2] Antes de que las comisiones mixtas hispano-portuguesas empezaran a trabajar en las fronteras, era claramente necesario recoger la más completa información geográfica para fomentar nuevos descubrimientos, o, incluso, para tomar posesión de territorios que aún no habían sido ocupados por las otras potencias; en otras palabras, había que demostrar la soberanía de la corona portuguesa en una zona tan amplia como fuera posible. Para lograrlo, los portugueses reforzaron sus defensas aumentando la red de plazas fuertes en el río Amazonas y sus principales afluentes, y fomentando la ocupación de zonas que aún estaban desiertas o cuya población había sido diezmada por epidemias. Esto se llevó a cabo, principalmente, instalando colonos portugueses de zonas con exceso de mano de obra, los famosos casais de las Azores y Madeira. Se les dio ayuda material y se esperaba de ellos que trabajaran sin ayuda de esclavos. De esta forma, se restauraron o crearon las plazas fuertes de Gurupa, Macapá, São José de Rio Negro, São Joaquim, São Gabriel, São José de Marabitanas, Tabatinga, Bragança y Principe da Beira, así como la nueva capital de Mato Grosso, Vila Bela, en la margen oriental del río Guaporé.

Sin embargo, estas medidas relativamente simples no proporcionaron una solución adecuada al problema de cómo colonizar regiones tan vastas. En particular, esto se hacía más patente en la cuenca del Amazonas, donde una reducida población de origen portugués, en su mayoría pobre, vivía entre una numerosa población india, parte de la cual seguía estando en libertad fuera de la influencia del poder colonizador, mientras que el resto llevaba una existencia desgraciada, bien en las aldeias de los jesuitas y de otros misioneros, o bien en la esclavitud —desafiando las leyes— al servicio de colonos particulares. Pombal, ayudado por su hermanastro, Francisco Xavier de Mendoza Furtado, gobernador y capitán general del Estado do Grao Pará e Maranhão, puso en práctica una serie de medidas respecto a los indios. Según Pombal:

La única forma de dominar una nación bárbara es civilizarla y establecer lazos entre conquistados y conquistadores, que vivirán en sociedad bajo las mismas leyes, como un solo pueblo, sin distinciones; si nos comportamos allí [en Brasil] con estos pobres indios como los romanos se comportaron aquí [en Portugal], no pasará mucho tiempo antes de que en Pará haya tantos portugueses como hay actualmente nativos viviendo en la selva —exactamente como nosotros mismos hemos vivido en determinadas épocas—.[3]

El propio Mendonça Furtado deseaba introducir casáis de las Azores en los pueblos de los indios xingú y tapajós para fomentar una activa relación entre los dos grupos, lo cual estaba prohibido en la Constitución de las misiones jesuitas, y no dudaba en defender que los matrimonios entre hombres blancos y muchachas indias, lejos de considerarse vergonzosos, deberían convertirse en fuente de honor y privilegio, puesto que esta era la única forma de «poblar este vasto estado y demostrar a la población local que los honramos y estimamos y la más adecuada para convertir en verdadero amor la enemistad que sienten, de forma natural contra nosotros, como consecuencia del injusto trato y el desdén del que los hemos hecho objeto y de darnos un fin común. Sin esto», concluía, «no es posible que este vasto país sobreviva y prospere».[4] Los intereses del estado se hacen evidentes en estas afirmaciones, así como la hostilidad soterrada del gobierno portugués hacia los jesuitas y su misión de convertir y educar a los indios. Sin embargo, no debemos dudar de la sinceridad de los hombres «ilustrados», ansiosos por salvar a sus hermanos de la «oscuridad de la barbarie» y por establecer con ellos una nueva relación, ni desdeñar el significado y la consistencia de la legislación promulgada entre 1755 y 1758, dirigida a darles dignidad a los indios, a liberarlos y educarlos y a integrarlos en la sociedad portuguesa. Las aldeias se convirtieron en parroquias (paróquias) bajo jurisdicción del clero secular. Las mayores se elevaron a la categoría de vilas, con su propia administración local y con nombre portugués en lugar de tupí: más de 70 vilas se crearon de esta manera, con nombres como Alenquer, Barcelos, Borba, Chaves, etc., que recordaban a nombres de ciudades portuguesas.

En la mitad sur del país se produjeron intentos parecidos de anticiparse a los invasores extranjeros por medio de un programa de colonización, aunque este programa se planteó de forma diferente. Las defensas de Rio Grande de São Pedro y la isla de Santa Catarina se reforzaron y se facilitó activamente que casáis de las Azores y emigrantes de otras partes de Brasil se establecieran allí. En la capitanía de São Paulo, Pombal deseaba mantener la soberanía portuguesa en los territorios occidentales estableciendo colonias cada 10 leguas, civilizando a los indios y enseñándolos a trabajar, en otras palabras, creando «colonias de vilas y aldeias, dotadas de jueces, regidores y cabildos [cámaras], siguiendo el modelo de las que fundara Francisco Xavier de Mendonça Furtado en Pará».[5]

Al fin, Pombal completó la reorganización administrativa de Brasil que había comenzado durante el reinado de D. João V. La idea era dar forma a una estructura política y administrativa que sirviera a las necesidades geográficas y estratégicas nacidas del Tratado de Madrid y a las nuevas realidades económicas y a los problemas de comunicaciones surgidos de la continua explotación y colonización del interior de Brasil. Esencialmente, las medidas eran de dos tipos: primero, se establecieron nuevas capitanías en territorios que eran demasiado vastos y demasiado difíciles de administrar directamente, y, en segundo lugar, fueron recuperadas por la corona las pequeñas capitanías que quedaban nominalmente en manos particulares pero, a menudo, abandonadas por sus donatários.

Las vicisitudes del Estado de Maranhão ofrecen un buen ejemplo del tipo de reorganización que se llevó a cabo. El Estado estaba compuesto de tres capitanías de la corona (Pará, Maranhão y Piauí) y seis pequeñas capitanías particulares (Cabo do Norte, Ilha Grande o Marajó, Xingú, Cametá, Caeté y Cumá en la periferia del delta del Amazonas), pero después de 1751 su estructura se alteró radicalmente al recibir el título de Estado do Grao Pará e Maranhão. Con ello se reconocía oficialmente la importancia estratégica y la mayor fuerza económica de Para. El Estado se dividió en dos gobiernos, con un gobernador y capitán general residiendo, permanentemente, en Belém do Para, la capital desde 1737, y un gobernador subordinado que vivía en la antigua capital, São Luís do Maranhão. Entre 1752 y 1754 las seis pequeñas capitanías les fueron retiradas a sus donatarios y fueron incorporadas al Estado, mientras que en 1755 la parte occidental de la enorme capitanía de Pará pasó a constituir una nueva capitanía, São José do Rio Negro, subordinada a la del Para, así como la capitanía de Piauí era subordinada a la de Maranhão.

El Estado do Brasil se reorganizó de manera parecida a partir de 1752. Las últimas pequeñas capitanías particulares fueron rescatadas de manos de sus dueños e incorporadas a las capitanías de la corona más cercanas: Itamaricá a Pernambuco; Itaparica, Paraguagu, Ilhéus y Porto Seguro a Bahía; Campos dos Goitacazes a Río de Janeiro e Itanhaém a São Paulo. La capitanía de São Paulo, que estaba subordinada a la de Río de Janeiro, volvió a su primera categoría de capitanía general (1765). Finalmente, la sede del gobierno se trasladó en 1763 de Bahía (donde había estado establecida desde 1549) a Río de Janeiro. Esto fue una consecuencia lógica del desplazamiento de los centros de gravedad económicos, políticos y estratégicos del Estado do Brasil, que había ido registrándose desde finales del siglo XVII, desde el nordeste (Bahía y Pernambuco) hacia el centro (Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro) y el sur (Isla de Santa Catarina, Rio Grande de São Pedro, y Colonia do Sacramento). Por último, el deseo del gobierno de Lisboa de unificar todos sus territorios sudamericanos primó sobre cualquier consideración acerca de las peculiaridades de la inmensa área del valle del Amazonas. Se disolvió el Estado do Grao Pará e Maranhão en 1774. Sus capitanías se transformaron entonces en capitanías generales (Pará y Maranhão) y capitanías subordinadas (Sao José do Rio Negro y Piauí) y se integraron en un solo y reforzado Estado do Brasil.

LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El proceso de simplificación de las divisiones administrativas de Brasil no se acompañó de una simplificación paralela de la maquinaria administrativa del gobierno, ni en la metrópoli ni en la colonia. Tampoco se hizo ninguna concesión a la autonomía local. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, y a medida que crecía la dependencia de la metrópoli hacia su colonia más rica, la administración del imperio devino cada vez más compleja y la autoridad política se centralizó y se reforzó aún más.

En Portugal, el nuevo gobierno de D. José I, pronto dominado por Pombal, reaccionó contra el debilitamiento de la autoridad real acaecido durante los últimos años de D. João V y tomó diversas medidas destinadas a restablecer el respeto por la autoridad del estado y a eliminar las disputas que obstaculizaban el buen funcionamiento del gobierno, así como a sofocar las críticas hacia el rey y sus ministros. Se eliminó a los particulares, facciones o instituciones acusados, o simplemente sospechosos, de criticar el poder del estado. La Mesa do Bem Comun dos Mercadores (corporación de los comerciantes de Lisboa) que se atrevió a protestar contra la creación de una compañía comercial para Grão Pará e Maranhão fue abolida de un golpe en 1755; se acusó a familias aristocráticas de complots contra el rey y se las ejecutó o encarceló de por vida (por ejemplo, el juicio de los Távoras y el duque de Aveiro en 1759); otros nobles, altos funcionarios civiles, magistrados y clérigos sospechosos o acusados de conspiración, críticas, mala administración o corrupción fueron encarcelados o enviados al exilio; y los jesuitas, a quienes se acusó de traicionar los principios y fines básicos de su misión, de acumular riquezas excesivas, de establecer un estado dentro del estado, de obstruir la puesta en marcha del Tratado de Madrid, de deslealtad, incluso de traición, fueron expulsados en 1759 de Brasil y de todo el imperio portugués.[6]

Durante los reinados de D. José I, D. Maria I y el príncipe regente D. João hubo una larga campaña, que no alcanzó un completo éxito, por racionalizar y reforzar la maquinaria del gobierno en lo que concernía a Brasil. En fecha tan temprana como 1736, la creación de tres secretarías de Estado (Interior, Armada y Territorios de Ultramar, y Guerra y Asuntos Exteriores) había supuesto un acercamiento en esta dirección, pero fue Pombal el principal responsable de que el sistema funcionara y de dar control efectivo al ministerio de Armada y Territorios de Ultramar sobre los otros organismos metropolitanos que compartían la responsabilidad de los asuntos coloniales. Esta institución más alta, bajo el directo control del rey, nombraba los principales funcionarios: el virrey, los gobernadores de las capitanías, los funcionarios financieros y judiciales, los cargos más altos del ejército y de la Iglesia. También supervisaba la política general y dictaba órdenes sobre la economía y la administración de justicia, así como sobre los asuntos de las misiones. Sin embargo, algunos asuntos específicos siguieron funcionando a través de los canales tradicionales de los consejos y organizaciones establecidos, como el Conselho Ultramarino, la Mesa da Consciência e Ordens, el Conselho da Fanzenda, la Junta do Tabaco. Por tanto, la intrincada red de autoridad y funciones sobrepuestas tan características del antiguo régimen no desaparecieron. Incluso se combinó con la creación de nuevas corporaciones administrativas establecidas para resolver los diversos problemas que, de una u otra forma, surgían en torno a los asuntos coloniales. Algunas de las corporaciones más importantes eran las siguientes. La Junta do Comercio (Junta del Comercio, 1755) tenía como propósito original el fomento y la regulación del comercio y entendía de todo lo concerniente al comercio y la navegación, incluidas la organización de flotas con rumbo a Brasil y la prevención del contrabando. Esta junta era esencial para la política de Pombal referente al desarrollo industrial de la metrópoli. Era un símbolo de la estrecha alianza entre los grandes comerciantes relacionados con el estanco del tabaco y el gobierno central, y adquirió poderes cada vez mayores hasta que, en 1788, fue elevado a la categoría de tribunal real con el título de Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegaçôes destes Reino y seus Domínios. La Real Hacienda (Erário Regio, 1761) tenía todo el control de las transacciones financieras de la metrópoli y sus colonias, y el mismo Pombal fue su primer presidente. Recogió casi todas las funciones de la antigua Casa dos Contos, destruida por el terremoto del 1 de noviembre de 1755. La Real Hacienda rompió con la tradición de dos maneras: por su función centralizadora (importante desde el punto de vista político) y por la introducción de técnicas que aún no eran comunes en la contabilidad pública, como la teneduría de libros de doble entrada y el tratamiento sistemático de los distintos tipos de ingresos y envíos. La Hacienda estaba dividida en cuatro departamentos (Contadorias), cada uno responsable de parte del imperio; la administración de las finanzas de Brasil se dividió así en dos Contadorias, basadas en las dos principales divisiones judiciales (Bahía y Río de Janeiro). El Consejo de Hacienda (Conselho da Fazenda) se reformó en 1761, cuando se creó el Erario Regio. Su misión era tomar medidas respecto a las disputas existentes acerca de la recaudación de los ingresos de la corona, y siguió controlando los Armazens da Guiñé e India, sus astilleros navales asociados y la Casa da India, cuya función se había reducido a la de una aduana. En 1790, el Conselho da Fazenda fue absorbido por el Erario Regio. La jurisdicción del Ministerio de Asuntos Financieros (Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 1788) cubría todos los aspectos económicos del imperio, y el hecho de que el secretario de Estado fuera de jure el presidente del Erario Regio aseguraba que las 2 corporaciones funcionaran muy unidas. El Consejo del Almirantazgo (Conselho do Almirantado, 1795) era responsable de la armada y, por ende, de organizar convoyes para la flota mercante y una escuadra permanente para proteger la costa brasileña.

En Brasil, siguiendo la transferencia de la sede del gobierno de Bahía a Río de Janeiro en 1763, era costumbre que el gobernador general recibiera patentes designándolo como «Vice Rei e Capitão General do Mar e Terra do Estado do Brasil». A quien ostentaba este cargo se le daban poderes tan grandes que el poder absoluto del soberano, con autoridad sobre todas las capitanías, parecía haberse delegado en él. En la práctica, su única autoridad verdadera, como antes, se refería a la capitanía en la que vivía —antes Bahía, ahora Río de Janeiro—. Sólo estaban bajo su control los gobernadores de las capitanías subordinadas de Río de Janeiro: todos los gobernadores de capitanías generales dependían directamente del Ministerio de la Armada y de los Territorios de Ultramar, en Lisboa, ante el que eran responsables y del que recibían sus órdenes. Sólo en caso de emergencia podía el virrey requerir ayuda militar de ellos.

Los cabildos (Câmaras) representaban un importante sector de la población natural de Brasil y suponían una fuente de conflictos en potencia con Lisboa. Sin embargo, el sistema estaba entonces tan considerablemente centralizado que las cámaras de las capitales de capitanía se veían privadas incluso de uno de sus poderes esenciales: en ausencia del virrey o el gobernador, el cabildo había sido en principio responsable de la administración interina de los asuntos públicos, pero en 1770 Pombal retiró esta prerrogativa en favor de un gobierno provisional de tres miembros: el obispo o deán, el presidente del Tribunal de Apelación (Chanceler da Relação), y el oficial de mayor graduación del ejército —pudiendo sustituir el juez de la corona del Cabildo (Ouvidor da Câmara) al obispo o al Chanceler tan sólo en el caso de que ninguno de los dos estuviera disponible.

La creación del Erario Regio en Lisboa produjo una reforma importante que afectaba a los poderes de los Provedores da Fazenda, los principales administradores de la Hacienda local. Desde 1767, la Hacienda de cada capitanía principal fue administrada por una Junta da Fazenda, organismo colegiado de 5 o 6 miembros, incluido el provedor, con el gobernador como presidente. Estas juntas, que eran independientes entre sí, controlaban la recaudación y la distribución de los ingresos reales y sólo tenían que rendir cuentas al inspector general del Erario Regio en Lisboa, puesto que el cargo de Provedor-mor da Fazenda fue abolido en 1770. La creación de estas Juntas da Fazenda fue, de este modo, el medio por el que las reformas que se intentaban conseguir en Portugal se extendieron a Brasil. Los provedores perdieron también parte de sus poderes a través de la creación de organismos especializados; por ejemplo, la tarea de comprobar la calidad del azúcar y el tabaco que fue absorbida en 1751 en Bahía, Recife, Río de Janeiro y São Luís do Maranhão por las Mesas de Inspecção de Açúcar e Tabaco, y la gestión de los almacenes de municiones y astilleros, que fue concedida a un intendente naval (Intendente da Marinha e Armazéns Reais), en Bahía, Río de Janeiro y Recife. Habría que mencionar también una campaña para eliminar la corrupción y el soborno y elevar el nivel de la administración: los derechos y deberes de los distintos cargos se definieron y se introdujeron salarios fijos, acabando así con el sistema tradicional de gratificaciones pagadas tanto en dinero como en especie. Sin embargo, puesto que los magnates locales y los negociantes estaban estrechamente relacionados con la administración de la Hacienda, bien porque fuesen asentistas (contratadores), detentaran ciertos cargos o ejercieran ciertas funciones, como formar parte de la Junta da Fazenda, esta reforma resultó ser en su mayor parte ineficaz.

La primera medida judicial llevada a cabo por el nuevo gobierno de D. José I fue establecer en 1751 una segunda Relação (Alto Tribunal de Apelación) en Río de Janeiro, con el propósito de activar los trámites de la justicia para la población que vivía en el sur, lejos de la Relação de Bahía. Estaba compuesta de 10 desembargadores (jueces del alto tribunal), incluidos el ouvidor do Cível y el ouvidor do Crime, y estaba presidida por el gobernador. La Relação de Río de Janeiro tenía jurisdicción sobre los 13 distritos (comarcas) de las capitanías de sur y del interior, y, como la Relação de Bahía, poseía poderes tanto judiciales como administrativos. El intento de acelerar los procedimientos judiciales estuvo respaldado por la creación, primero en Pará y Pernambuco (1758), y después en todo Brasil (1765), de juntas de justicia (Juntas de justiça) compuestas por uno o dos ouvidores, el juez de distrito de la corona (juiz de fora) y el gobernador de la capitanía. Pombal introdujo también una legislación tendente a reducir la corrupción en el sistema judicial. Al fijar los estipendios de magistrados y funcionarios de justicia en las distintas comarcas de Brasil, junto con los de los magistrados de las Relações de Bahía y Río de Janeiro (1754), se alivió la opresión sufrida por los querellantes y los prisioneros. Otra innovación importante fue el abandono del derecho romano en favor del derecho natural e internacional, y que no se permitió a los magistrados seculares basar sus decisiones en la legislación canónica. A partir de entonces, «en los asuntos temporales bajo su jurisdicción», sólo pudieron seguir «las leyes patrias y las leyes subsidiarias, junto con las costumbres recomendables y las prácticas legítimamente establecidas» (Lei da Boa Razão, 1769). Esta modernización de los conceptos judiciales podría compararse con otras decisiones tomadas durante el ministerio de Pombal, como la libertad garantizada a los indios en Brasil (1755 y 1759), la abolición de la esclavitud africana en Portugal (1761 y 1773), la abolición de la discriminación entre «cristianos viejos» y «cristianos nuevos» (1768 y 1773), la conversión de la Inquisición en un tribunal dependiente del gobierno (1769), e incluso la reforma de la Universidad de Coimbra (1772). Estas reformas deben considerarse como un intento por liberar a Portugal del oscurantismo y de colocarla entre las naciones más ilustradas de Europa.

El Tratado de Madrid centró su atención en la necesidad de defender las fronteras de Brasil y condujo, como hemos visto, a la construcción y reparación de plazas fuertes en el norte y en el sur. El gobierno de D. José I se dedicó también a los problemas de la organización militar en general, empezando con el reclutamiento de tropas regulares en el Portugal metropolitano (tropas de linha, tropas regulares o tropas pagas). Ya desde el principio del período de expansión ultramarina, Portugal había adoptado de hecho la costumbre de enviar a las colonias regimientos compuestos en su mayoría por delincuentes, vagos y otros elementos considerados indeseables en el país. Estos regimientos se reforzaban con el alistamiento más o menos forzoso de personal local, a menudo de similar calaña. Como resultado, surgían problemas no sólo por la carencia de disciplina en los regimientos, sino por las perturbaciones que causaban frecuentemente en la comunidad, lo que provocaba quejas de los gobernadores.

Los principales esfuerzos para reformar el ejército tuvieron lugar en la década de 1760, como consecuencia de las severas derrotas militares acaecidas más o menos simultáneamente en distintas partes del imperio portugués. Durante la Guerra de los Siete Años, no sólo las tropas españolas invadieron el noroeste de Portugal sino que desde Buenos Aires los españoles tomaron Colonia do Sacramento (octubre de 1762) y atacaron con éxito la capitanía de Rio Grande de São Pedro (abril de 1763). Estas derrotas resultaron particularmente severas a causa de la falta casi total de resistencia de las tropas portuguesas, su indisciplina y el número excesivo de deserciones. Para remediar esta situación, Pombal acudió a su tradicional aliada, Inglaterra, que inmediatamente mandó refuerzos a Portugal bajo el mando de uno de los oficiales más prestigiosos de la época, el conde de Schaumburg-Lippe. Fue él, junto con los oficiales ingleses y alemanes que lo acompañaban, quien se hizo cargo de las tropas portuguesas, carentes de organización y entrenamiento, mal equipadas y peor pagadas. Sus reformas, que sólo afectaron a Portugal, abarcaron toda la organización del ejército, desde el reclutamiento y el equipamiento hasta las tácticas. Este trabajo iba a ser coronado algunos años después, cuando las reformas del sistema de educación que Pombal había promovido empezaron a rendir sus frutos; en otras palabras, cuando los jóvenes hidalgos portugueses, educados en el Real Colegio de Nobles de Lisboa (inaugurado en 1766) y después en la Universidad de Coimbra (reformada en 1772), hubieron adquirido el bagaje intelectual de matemáticas, física y arte militar considerado indispensable para la preparación de los oficiales. Sin embargo, el cuadro de oficiales portugueses nunca fue suficiente, como se puede comprobar por la presencia permanente de oficiales extranjeros —alemanes, ingleses, franceses y otros— en los regimientos y escuadras portugueses, en la metrópoli así como en las colonias, desde el reinado de D. José I al de D. João VI.

En Brasil, Pombal, preocupado por la protección de las amenazadas capitanías del sur, envió en 1767 a Río de Janeiro tres de los mejores (y recientemente reformados) regimientos portugueses, así como dos especialistas militares, el general austríaco J. H. Böhm (quien había sido ayudante del conde de Lippe en Portugal y a quien se había concedido el título de inspector general de las tropas de Brasil), y el general sueco J. Funk (quien había llegado a Portugal desde Inglaterra en 1764), a quien se encomendó la tarea de reforzar las fortificaciones de Río. El general Böhm, que estaba acostumbrado a tratar con tropas europeas en condiciones europeas, no tomó en cuenta suficientemente las condiciones sociales e incluso climáticas de Brasil, y sus rígidos métodos dieron a veces calamitosos resultados que fueron severamente condenados por el marqués de Lavradio, virrey de Brasil, bajo cuyas órdenes se encontraba (1769-1779). Uno de los errores más graves que se le reprocharon fue el no haber comprendido la excepcional importancia de las tropas reclutadas en la propia colonia, las únicas capaces de resolver el problema portugués de defender un imperio infinitamente mayor que el mismo Portugal, desperdigado por todo el mundo. Una fuerza de esta clase había sido planeada desde los inicios del primer gobierno general (regimento de Tomé de Souza, 1548) dividida en dos tipos: el primero, la milicia permanente (tropas auxiliares o, desde 1796, milicias) que se reclutaban sin salario y con oficiales del mismo tipo que a veces recibían instrucción de oficiales de los regimientos portugueses, y el segundo, tropas de reserva, conocidas como ordenanças, que incluían el resto de la población masculina disponible y cuya actividad en tiempos de paz se limitaba a ejercicios ocasionales. Las milicias eran solicitadas frecuentemente para defender su territorio, mientras que los corpos de ordenanças eran más importantes a la hora de mantener el orden, apoyando la acción de la administración civil. Puesto que sus oficiales eran escogidos por los gobernadores de las capitanías de listas compuestas por los Senados das Câmaras, según criterios de jerarquía social, de hecho ellos reforzaban esta jerarquía social, basada en la riqueza y la propiedad de la tierra.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los distintos ministros a cargo de la política colonial urgieron a los gobernadores de las capitanías brasileñas a reducir la cantidad de exenciones y privilegios a los que podía recurrir gran parte de la población masculina para evitar el servicio militar, así como a organizar y ejercitar las tropas necesarias para complementar los regimientos portugueses de la tropa paga. Además, las capitanías tenían que estar prestas a ayudarse en caso de un ataque desde el exterior, y desde 1757 este fue uno de los puntos esenciales en las directivas de Pombal. Estas instrucciones, que derivaban directamente del Tratado de Madrid, se incorporaron a lo que, algunos años después, iba a llamarse «el sistema fundamental que hoy día gobierna la administración política, militar y civil de toda la América portuguesa, adaptado a cada capitanía de este continente, según su situación y circunstancias» y que se recordaría constantemente en las últimas décadas del siglo XVIII.[7]

LA REORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Un balance de la economía portuguesa a mediados del siglo XVIII revela la desastrosa situación a la que, paradójicamente, el oro y los diamantes brasileños habían llevado al imperio durante los 50 años anteriores. Prisionera de las cláusulas del famoso Tratado de Methuen de 1703, Portugal había abandonado poco a poco sus florecientes manufacturas en favor de una vuelta a la viticultura y a la exportación de vino y aceite de oliva. Se encontró cada vez más dependiente del mundo exterior y, sobre todo, de Inglaterra, su principal socio en el comercio y proveedor de bienes manufacturados, y tradicional garante de su independencia política. Si se hubieran invertido en un esfuerzo más general en pro del desarrollo, el oro y los diamantes brasileños podrían haber estimulado una mejor explotación de los recursos naturales, la agricultura y la minería de Portugal, y, más aún, las manufacturas que se necesitaban para satisfacer el aumento de la demanda de Brasil, nacida del crecimiento de la población y de la mayor riqueza. En vez de esto, se usaron para gastos suntuarios y, sobre todo, como medio fácil de financiar el déficit, que empeoraba cada vez más, de la balanza de pagos. Al mismo tiempo, el oro brasileño, tanto clandestino como legal, era uno de los factores del propio crecimiento industrial y comercial de Inglaterra. Hacia finales del reinado de D. João V este ambiente de facilidad y la falsa euforia de un largo período de paz ya estaban empezando a evaporarse y los signos de la crisis se hacían más y más evidentes, y durante el reinado de D. José I la crisis se acentuó. Lisboa fue destruida por un terremoto y un incendio el 1 de noviembre de 1755 y su reconstrucción fue muy dispendiosa. Dos guerras costosas con España en las fronteras del sur de Brasil durante el tercer cuarto de siglo causaron nuevos daños en los recursos de Portugal. Y al mismo tiempo, los ingresos que la corona recibía de Brasil disminuyeron sensiblemente desde la década de 1750 a la de 1770, en gran medida por una caída del 50 por 100 en la producción de la minería de oro y diamantes.[8]

La política económica con Pombal

Pombal, que se había formado con las ideas de los pensadores mercantilistas ingleses de la primera mitad del siglo XVIII y estaba impresionado por la riqueza y el poderío de Inglaterra que había podido observar de cerca durante varios años, era sin duda el político de su época más consciente del grave desequilibrio de la economía portuguesa y de sus causas. Toda la política de Pombal se basaba en dos preocupaciones principales: aumentar los ingresos de la corona fomentando el comercio, especialmente con Brasil, y, a toda costa, reducir el déficit de la balanza global del comercio, y a partir de aquí reducir la dependencia económica de Portugal respecto a Inglaterra. Pombal, pragmático, encontró las armas de su política en el tradicional arsenal de las ideas mercantilistas, pero las hizo más amplias y efectivas, adaptándolas a los cambios de las condiciones y tendencias económicas.

Puesto que el azúcar, el tabaco, el oro y los diamantes, principales productos de Brasil, tenían un papel crucial en la balanza total del comercio y en los ingresos de la corona, Pombal dirigió su atención en primer lugar a ellos cuando intentó estimular la economía mediante la introducción de medidas fiscales que controlaran la producción, los precios y los costos de transporte. En cuanto al oro, Pombal abandonó el impuesto personal que había sido obligatorio desde 1734 y volvió al sistema de tomar forzosamente el 20 por 100 del polvo de oro fundido en las Intendências do Ouro y las Casas de Fundição (alvará del 3 de diciembre de 1750 y regimento del 4 de marzo de 1751). Simultáneamente prohibió el uso del oro en polvo como moneda, así como su traslado desde la zona minera. Estas medidas tenían tres fines: iban a repartir la carga fiscal más cabalmente, hacer más efectiva la represión del contrabando y aumentar la producción para cumplir con la obligación de pagar a la Real Hacienda una cuota anual (100 arrobas de oro, alrededor de 1.400 kg). En cuanto a los diamantes, la abundancia era tal que había provocado una caída de los precios en los mercados europeos, y, a pesar de la imposición de severas penas, la minería daba lugar a un contrabando desenfrenado. Puesto que las tasas se pagaban a la corona en forma de un impuesto personal aplicado a cada esclavo empleado, según un sistema de asiento (contrato) obligatorio desde 1739, se cambió la administración del contrato en 1753 para mantener los precios y estabilizar el mercado. Desde entonces la minería y el comercio de diamantes se separaron en dos contratos bajo el estricto control de la corona. El éxito inicial de este nuevo sistema fue efímero y de hecho el gobierno perdió ingresos. Por tanto, en 1771 Pombal acabó con el sistema de «contrato», estableciendo una inspección general para los diamantes. Ésta dependía tan sólo del Erario Regio y su función era administrar directamente el monopolio real de la minería y la venta de diamantes.

En vista de que el azúcar y el tabaco tenían tantos impuestos que dejaban de ser competitivos con estos mismos productos provenientes de las colonias inglesas, francesas y holandesas, se dieron los pasos para aligerar las tasas de exportación y reducir las cargas de los fletes (regimento da Alfândega do Tabaco del 16 de enero de 1751 y decreto del 27 de enero de 1751). Se establecieron oficinas de inspección en Bahía, Recife, Río de Janeiro y São Luís do Maranhão para controlar la calidad y el precio de estos dos productos (las Mesas de Inspecção do Açúcar e Tabaco, establecida por el alvará del 1 de abril de 1751). También se intentó desarrollar el cultivo de estos productos en nuevas zonas (por ejemplo, tabaco en los alrededores de Río de Janeiro y azúcar en la cuenca del Amazonas). Pombal prestó una atención especial al tabaco, cuya exportación al extranjero era particularmente rentable, como se evidencia por una reglamentación posterior destinada a fomentar el cultivo, acondicionamiento y comercio del tabaco (alvará del 15 de julio de 1775).

Estaba claro que si estas industrias iban a ser estimuladas harían falta más esclavos, y se hicieron varios intentos para canalizar el comercio de esclavos hacia Brasil: se prohibió totalmente la exportación de esclavos africanos fuera de las colonias portuguesas en 1751, se les dio la libertad a los esclavos enviados a Portugal en 1761, y a estas dos medidas siguió, en 1773, lógicamente, la total abolición de la esclavitud en Portugal.

Finalmente, el deseo de obtener beneficios de todos los productos de Brasil y de acabar con el contrabando (que había alcanzado grandes proporciones durante el reinado de D. João V) condujo a un fortalecimiento del sistema de flotas en el cual los navíos que iban entre puertos brasileños y portugueses zarpaban en fechas fijas (alvarás de 28 de noviembre de 1753 y de 25 de enero de 1755). Los comissários volantes, comerciantes itinerantes a pequeña escala, que ejercían su actividad entre Portugal y Brasil y que eran difíciles de controlar, fueron eliminados (alvará de 6 de diciembre de 1755).

La supresión de los comissários volantes se correspondía con la política de Pombal de crear un sector comercial altamente estructurado, del que se iba a apartar a los pequeños y medianos comerciantes en favor de los poseedores de grandes capitales y se iban a fomentar las compañías comerciales monopolísticas creadas sobre el modelo de las inglesas (especialmente la Compañía Británica de la India Oriental), holandesas y españolas. Se constituyó una compañía en 1753 para aumentar el comercio con China y con la costa de la India. Era la Companhia de Comércio do Oriente, cuyo principal accionista era Feliciano Velho Oldemberg, uno de los comerciantes más importantes de Lisboa, muy conocido como asentista de tabaco y como el hombre que introdujo a los emigrantes de las Azores en Brasil. En 1755 fue abolida (decreto de 30 de septiembre de 1755) la Mesa do Bem Comun dos mercadores (la corporación de los comerciantes lisboetas) y se creó (decreto de 30 de septiembre de 1755 y estatutos de 12 de diciembre de 1755) la Junta do Comercio. Durante la misma década se establecieron varias compañías comerciales para Brasil, la metrópoli y Mozambique.

Está claro, a partir de la constitución de las grandes compañías, que Pombal quería atraer a los poseedores de grandes capitales. Se garantizaban importantes privilegios sociales a los accionistas: a los nobles se les ofrecían garantías de que no perderían su status; a la gente del estado llano —funcionarios del gobierno, comerciantes metropolitanos y coloniales, terratenientes coloniales— que compraban cierto número de acciones, se les daba acceso a las órdenes militares y se les ofrecía la oportunidad de ennoblecerse; y a los extranjeros se les aseguraba la participación en los mismos términos que a los nacionales. Las nuevas compañías tenían objetivos mucho más amplios que las compañías comerciales anteriores. Iban a fomentar la construcción de barcos así como la navegación y a desarrollar grandes zonas de Brasil, mejorando los métodos tradicionales de producción e introduciendo nuevos cultivos. Pombal esperaba también que, mediante estas compañías, podría controlar toda la actividad económica, evitar el exceso de producción, establecer los precios según la competencia internacional de los mercados europeos, garantizar la calidad de los productos y, finalmente, conseguir un mejor equilibrio entre las importaciones de manufacturas y la manera de pagarlas.

Tres compañías comerciales monopolísticas se crearon para Brasil: la Companhia Geral do Comércio do Grão Pará e Maranhão (1755-1778) se estableció, en primer lugar, como medio para poder introducir esclavos africanos en la cuenca del Amazonas para sustituir la mano de obra indígena después que fuera abolida la esclavitud de los indios (1755-1758); en segundo término, para contribuir al desarrollo agrícola de una región potencialmente rica mediante la compra y transporte de los productos tradicionales y nuevos y, por fin, para controlar y regular las importaciones de manufacturas procedentes de Portugal, mediante un monopolio de comercio y navegación. Su cometido fue de gran importancia para el desarrollo del cultivo del arroz y del algodón, para el aumento de la producción de madera y tintes, así como para la producción de carnes (curada y salada) y pieles. La Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba (1759-1779) siguió de cerca el modelo de la de Grao Pará e Maranhão. Ayudaría a remediar la escasez de mano de obra agrícola mediante la importación de grandes cantidades dé esclavos africanos y contribuiría a un renacimiento de la producción y exportación de azúcar. También se esperaba que aumentaran las exportaciones de piel, tabaco y productos nuevos como el cacao. Así como en el caso de la compañía de Maranhão, se confió más tarde en que desarrollara el mercado colonial para las manufacturas portuguesas. Finalmente, la Companhia de Pesca da Baleia das Costas do Brasil (1765-1801) ocupó el lugar del estanco arrendado. Aumentó la cantidad y calidad de ballenas capturadas y de la consiguiente extracción de aceite y barbas, gracias a una fuerte inversión de capital en esclavos y equipo (barcos y herramientas) para las nuevas zonas de pesca. También fomentó la obtención de esperma de ballena que hasta entonces no había tenido precedentes en Brasil.

Durante el período 1753-1765 el comercio colonial se había reorganizado considerablemente: se controlaron los embarques, se concentró el capital, se reforzaron los monopolios. La mayor parte del comercio colonial brasileño en los puertos de Belém do Pará, São Luís do Maranhão y Pernambuco estuvo monopolizado desde entonces por las flotas de las compañías de Grao Pará e Maranhão, y de Pernambuco y Paraíba. La conservación del sistema de frotas —que en la práctica servían entonces solamente a Bahía y Río de Janeiro— ya no era tan importante. En cualquier caso, la experiencia de más de 10 años había evidenciado una vez más los inconvenientes de este rígido y siempre controvertido sistema: el fracaso a la hora de establecer programas adecuados de embarque en Portugal y Brasil, el deterioro de artículos perecederos como el azúcar y el tabaco a consecuencia de mantenerlos en depósito excesivo tiempo, el problema subsiguiente de venderlos a precios compensadores y de conseguir los pagos sin retraso y por último el contrabando. Todos los esfuerzos que la Junta do Comercio realizó para reformar el sistema de flotas resultaron fallidos. De forma que, en 1765, con una maniobra que ilustra el pragmatismo de Pombal, las flotas fueron abolidas. Naves con licencia podían zarpar de y hacia los puertos de Bahía, Río de Janeiro y todos los demás puertos donde las compañías no tenían derechos exclusivos, y en los años siguientes se levantó también la prohibición del comercio costero entre los puertos de Brasil.

Los historiadores suelen fechar el inicio de la política «industrial» de Pombal en los años 1769-1770, dando a entender que hasta entonces el ministro había descuidado las manufacturas. De hecho, las observaciones de Pombal, incluso antes de que accediera al gobierno de D. José I en 1750, revelan que entendía perfectamente que un gran número de prósperos talleres a escala reducida tenían que ser fomentados en igual medida que las manufacturas a gran escala, como la famosa manufactura de seda de Lisboa (Real Fábrica das Sedas). La política industrial de Pombal se basaba en dos elementos fundamentales: 1. obtener materias primas de Portugal y las colonias, y 2. mantener y desarrollar pequeñas unidades manufactureras cuyos productos pudieran integrarse en el trabajo de unidades mayores que asumirían los procesos finales. La organización encargada de promover el desarrollo industrial mediante el reclutamiento de maestros artesanos extranjeros, la creación de talleres, fábricas y unidades productivas mayores y la garantía de privilegios de manufactura y venta era la Junta do Comercio. Creada en 1755, se le concedió responsabilidad sobre la Real Fábrica das Sedas de Lisboa, entonces con dificultades financieras. Esto indica claramente el destino que se daba, al menos, a parte de su producto, ya que, entre los miembros de la junta, había también representantes de la compañía de Grao Pará y Maranhão y, algunos años después, de la compañía de Pernambuco y Paraíba. Durante la década de 1760 una serie de acontecimientos negativos —los costes de la guerra en Europa y el sur de Brasil, la continuada decadencia de las exportaciones de azúcar de Brasil, el inicio de la decadencia de la producción de oro brasileño, la consecuente reducción de los ingresos provenientes de los diezmos, el quinto y otros impuestos y tasas— alteraron profundamente las bases de la estructura económica del imperio portugués. Entonces se hizo más necesario que nunca reducir el déficit de la balanza comercial, especialmente estimulando la producción de manufacturas portuguesas que compitieran con los productos ingleses y franceses en Portugal, Brasil y otras colonias. La Junta do Comercio puso en marcha por medio de préstamos la política de sustitución de importaciones, que Pombal había planeado a partir de la creación de fábricas y talleres. En los años 1765-1766, y continuando hasta principios del siglo XIX, se crearon fábricas que producían algodón, lino, productos de madera y seda, sombreros, artículos de piel, lozas, vajilla de estaño, cristalería, tapices, relojes, botones, hebillas de metal, peines de marfil y otros muchos artículos de lujo, en gran parte debido a la iniciativa «privada». Los años 1769-1770 no representan, como se acepta generalmente, el punto de partida de la política «industrial» de Pombal, pero vieron la culminación de una iniciativa oficial que ofreció ayuda a unas pocas fábricas grandes, tanto reorganizadas como de nueva creación, e impuso diversas medidas proteccionistas. Las manufacturas portuguesas tenían estrechos lazos con las compañías comerciales brasileñas, que les aportaban las materias primas, por ejemplo para teñir y tejer, y luego transportaban los productos acabados a Brasil.

Mientras que en las capitanías del norte y del nordeste de Brasil las grandes compañías comerciales ayudaban a fomentar la producción y exportación de los artículos tradicionales (cacao en Para, azúcar en Pernambuco), y a introducir nuevos cultivos de exportación (algodón en Maranhão, arroz y café en Maranhão y Para),[9] en las capitanías del centro y del sur las autoridades intentaban con cierto éxito estimular la agricultura tradicional (azúcar y tabaco). Contaron con el apoyo de Pombal, especialmente empeñado, después de 1765, en diversificar la agricultura y aclimatar productos que pudiesen encontrar nuevas salidas en la metrópoli (política de sustitución de importaciones) y en el mercado europeo (política de expansión comercial). El dinámico virrey, segundo marqués de Lavradio (1769-1779), respaldó activamente la tarea. Se les ofreció a los plantadores semillas y plantones traídos de la metrópoli o seleccionados en el territorio, y se garantizaron ventas provechosas, siendo a veces la misma corona el principal comprador. Aunque con buenas intenciones y principios, esta política no siempre funcionó en la práctica, por causa de la deficiencia de la iniciativa privada y de la escasez de la Hacienda Real: hubo tanto éxitos como fracasos. El tabaco fue un fracaso comercial: la calidad inferior producida en las capitanías de Río de Janeiro y São Paulo sólo podía ser comercializada localmente o en África. También fracasaron el algodón y la seda que sólo se produjeron en cantidades insignificantes. El cáñamo, con fuerte demanda para cordajes de barco y para el que Portugal dependía enteramente de las importaciones del extranjero, fracasó también como cultivo. Se hicieron repetidos intentos para cultivarlo en la capitanía de Rio Grande de São Pedro, pero no resultó, aun cuando el clima parecía ser favorable. La cochinilla, un tinte cuyo principal proveedor en Europa era Nueva España, sólo tuvo un éxito parcial en Rio Grande de São Pedro y en la isla de Santa Catarina. Sin embargo, se registraron varios éxitos significativos. Por ejemplo, aumentó considerablemente la producción de azúcar en la región de Campos de Goitacazes, al nordeste de Río de Janeiro. Entre 1769 y 1778, el número de engenhos se duplicó, la producción de azúcar aumentó en un 235 por 100 y la de cachaça (ron) en un 100 por 100. El trigo, ya cultivado en la capitanía de São Paulo, se introdujo sin dificultad en Rio Grande de São Pedro, y los primeros éxitos de la década de 1770-1780 fueron el preludio del provechoso desarrollo de este cereal. Finalmente, bajo el gobierno del marqués de Lavradio, el arroz y el índigo, que rendían razonables beneficios ya desde la década de 1750 en la capitanía de Río de Janeiro, fueron protegidos con el fin de ofrecer a plantadores y comerciantes un incentivo que los inclinara a su producción. La exportación de estos productos a la metrópoli empezó entonces en cantidades progresivamente crecientes.

Tenemos aún insuficiente información de fuentes portuguesas para hacer una evaluación global de la política económica seguida en la época de Pombal, especialmente debido a que las estadísticas disponibles están falseadas por el contrabando. Pero las estadísticas inglesas revelan una tendencia favorable en la balanza comercial de Portugal con Inglaterra.

CUADRO 1

Balanza comercial de Portugal con Inglaterra: 1751-1775
(Valor medio anual en miles de libras)

Años
Exportaciones
Portugal-Inglaterra
Importaciones
Inglaterra-Portugal
Saldo

1751-1755
272
1.098
–826

1756-1760
257
1.301
–1.044

1761-1765
312
964
–652

1766-1770
356
595
–239

1771-1775
365
613
–248

TOTAL
1.562
4.571

FUENTE: Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics (1697-1808), Oxford, 1960, pp. 17-18.

El déficit de Portugal en los inicios del período parece muy grande, pero podemos ver que 25 años más tarde se había reducido aproximadamente en un 70 por 100, habiendo aumentado las exportaciones por encima del 34 por 100 y disminuido las importaciones aproximadamente el 44 por 100. La acusada contracción de las importaciones de bienes manufacturados, más apreciable después de 1765, prueba el éxito de la política conjunta de Portugal de sustituir la importación de manufacturas y de las grandes compañías coloniales. Por ejemplo, el 78 por 100 de las manufacturas importadas a Brasil por la Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba entre 1760 y 1777 procedían de la Real Fábrica das Sedas de Lisboa, que administraba varios centros donde se producían muy diferentes artículos (sedas y diversos tejidos, botones, sombreros, peines, relojes, etc.).[10]

La política económica después de Pombal

La muerte de D. José I en 1777 trajo consigo algunos importantes cambios políticos. Al acceso al trono de D. María I le siguió inmediatamente la caída de Pombal (quien de hecho se retiró por propia voluntad), provocada por una poderosa reacción —conocida como la Viradeira— a 27 años de tiranía: los presos políticos fueron liberados y rehabilitados, se permitió a los exiliados políticos que volvieran a Portugal: un aire de libertad recorrió el país. Sin embargo, la mayoría de los que habían desempeñado cargos importantes en el gobierno en la época de Pombal siguieron en el poder. Martinho de Mello e Castro, por ejemplo, había sido secretario de Estado para la Marina y los Territorios de Ultramar y siguió siéndolo hasta su muerte en 1795. La política económica continuó las mismas líneas maestras. Hubo muy pocas medidas que se enfrentaran directamente con la política de Pombal, y afectaron en su mayor parte a las dos compañías que comerciaban con Brasil. Ya desde su creación habían resultado impopulares entre los comerciantes de Lisboa y Brasil y los terratenientes, que se quejaban de la política de precios, especialmente respecto a los esclavos, y de los limitados logros conseguidos después de 2 décadas. La Companhia Geral do Comércio de Grão Pará y Maranhão fue suprimida en 1778 y la de Pernambuco y Paraíba, en 1779. Se estableció el comercio libre entre Portugal y el norte de Brasil. En 1777 se transfirió el control de las fábricas de Portugal de la Junta do Comercio a un organismo especialmente creado a tal efecto, la Junta de Administração das Fábricas do Reino, pero 10 años más tarde (1788) se volvió a la fórmula de Pombal, con una sola Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegações. Por otra parte, no sólo se llevó a cabo la política de sustitución de importaciones y de expansión del comercio con notable continuidad a lo largo del reinado de D. Maria I y la regencia de facto de su hijo, D. João, después de 1792, sino que también se reafirmó el principio del pacto colonial en diversas ocasiones, tanto por obra de Martinho de Mello e Castro como por su sucesor, D. Rodrigo de Souza Coutinho.

En la metrópoli siempre se dio preferencia a la empresa privada, de forma que se establecieron nuevas fábricas y la gestión de las manufacturas de lana de Fundão, Covilhã y Portalegre se concedió a particulares (1788). Los esfuerzos del propio estado se concentraron particularmente en estimular la manufactura de seda. Finalmente, las nuevas tarifas proteccionistas favorecieron la entrada en las colonias de productos manufacturados en Portugal (1794 y 1797).

En Brasil siguió fomentándose el desarrollo y producción de géneros tradicionales y nuevos, y la política económica iniciada por Pombal se benefició de dos importantes cambios geopolíticos. El primero ocurrió tras 1777, cuando la guerra de independencia norteamericana forzó a Inglaterra a buscar nuevas fuentes de materias primas para su industria en rápido desarrollo, especialmente algodón y tintes, y el segundo tuvo lugar después de 1789, cuando la revolución francesa y la subida al poder de Napoleón provocaron la revolución de Santo Domingo (y la destrucción de la principal industria azucarera del mundo) y la guerra en el continente europeo. Como consecuencia, Portugal encontró otras salidas provechosas en el mercado internacional para sus productos coloniales, como azúcar (de Pernambuco, Bahía y, cada vez más, Río de Janeiro), algodón (de Maranhão, pero también ahora de Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro), tabaco, índigo, cochinilla y cacao, y, naturalmente, la demanda hizo subir los precios. Además, la producción de arroz se estaba extendiendo rápidamente en Río de Janeiro, así como en Pará y Maranhão, lo que permitió, hacía 1781, la autosuficiencia de la metrópoli. El arroz, como el índigo, fue objeto de medidas proteccionistas muy importantes entre 1777 y 1783. El cultivo de café, que en su mayoría se destinaba al consumo local, se extendió por Brasil durante el siglo XVIII. Su producción se concentraba ahora en las capitanías de Río de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo y Minas Gerais, donde las condiciones climáticas eran casi perfectas, y, hacia fines de siglo, las exportaciones a la metrópoli y a otros mercados europeos, especialmente las de Río de Janeiro, fueron creciendo en importancia.

Mientras tanto las distintas formas ilícitas de comercio (contrabando de oro dentro y fuera de Brasil, exportaciones de productos coloniales e importaciones de manufacturas extranjeras ilegales) estaban socavando toda la política económica de Portugal durante los difíciles años de la recuperación, pero no eran los únicos problemas que ofrecía Brasil a un gobierno más deseoso que nunca de preservar sus prerrogativas. Existía la preocupación de que estaban proliferando pequeños talleres que producían toda clase de tejidos de lujo y de bordados de oro y plata. Esta producción local no sólo competía con industrias parecidas de la metrópoli, sino que a largo plazo amenazaba engendrar en las colonias más ricas de Portugal un deseo de independencia económica y política. La existencia de estos problemas llevó a Martinho de Mello e Castro a publicar simultáneamente en 1785 dos alvarás, uno de los cuales estaba destinado a reforzar las medidas contra las formas de fraude y contrabando, mientras que el otro ordenaba que cerraran todos los talleres y fábricas de Brasil que produjeran tejidos diferentes a los paños bastos de algodón que servían para la ropa de los esclavos, o como embalaje de los productos de exportación. De hecho, el segundo de estos alvarás puede no haber producido el impacto que algunos historiadores le reconocen. Pero es cierto, aun así, que la política «pombalina» adoptada por Mello e Castro reafirmó la dependencia política y económica de Brasil respecto a la metrópoli, de acuerdo con los principios del sistema colonial mercantilista. Hasta que se trasladó la corte de los Braganza a Río de Janeiro en 1808, el pacto colonial nunca fue puesto en cuestión por el gobierno que, incluso tras la independencia de los Estados Unidos de América y Santo Domingo, o después de los intentos de rebelión en Brasil en 1789 y 1798, nunca admitió la posibilidad de perder el control del poder. Sin embargo, puede detectarse la influencia progresiva de un espíritu más liberal, particularmente en la actitud del sucesor de Mello e Castro, D. Rodrigo de Souza Coutinho, quien formuló argumentos algo diferentes para mantener los lazos entre Portugal y Brasil. Estos argumentos ya no se basaban en la autoridad de los principios mercantilistas clásicos, sino que se inspiraban en el «mercantilismo influenciado por la Ilustración, mercantilismo ilustrado»[11], y una nueva visión del imperio portugués.

Los primeros intentos de reformar el sistema educativo portugués se habían iniciado a instancia de Pombal, y continuaron durante el reinado de D. Maria I. Produjeron rápidamente una generación de hombres con una nueva mentalidad filosófica, científica o técnica, que unieron sus fuerzas a las de una generación anterior de hombres «ilustrados» en un intento de introducir la reforma y el progreso en Portugal. Además de las instituciones tradicionales como la Universidad de Coimbra, que fue reformada en 1772, diversos organismos aportaron una poderosa contribución a este movimiento. Curiosamente, fue en Brasil donde se creó la primera academia científica del imperio portugués. Fue la Academia Científica de Río de Janeiro que se fundó para estimular el estudio de las ciencias naturales, la física, la química y la agricultura, y, por ende, para desarrollar o mejorar los productos de Brasil. Como otra institución que apareció unos años más tarde (la Sociedade Literária, 1786-1794), la Academia Científica no duró mucho tiempo (1772-1779) pero ayudó a promover la difusión de nuevos productos para la exportación. En Lisboa, la Academia Real das Sciencias, fundada en 1779, tuvo un papel importante al despertar el interés público por el estudio de temas conectados con la economía y la industria. Los tres primeros volúmenes de las famosas Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa para o adiantamento da Agricultura, das Artes e da Industria em Portugal e suas Conquistas se publicaron como una serie de artículos entre 1789 y 1791. Incluían diversos estudios relativos a Brasil que ilustran la persistencia del mercantilismo colonial, combinado con un deseo de mejora. Había monografías sobre la pesca de la ballena, algodón, precios del azúcar, materias primas que aún necesitaban ser explotadas y sectores de la economía que necesitaban desarrollarse. Una descripción «física y económica» de la región de Ilhéus (Bahía) contenía incluso un detallado plan de desarrollo. La Academia de la Ciencia se dedicó a estimular la agricultura, pero como parte de una corriente agraria que ponía énfasis en el desarrollo agrícola más que como resultado de una verdadera influencia fisiocrática.[12] Sin embargo, no dejaba de interesarse por la metalurgia, particularmente al facilitar a dos jóvenes brasileños formados en la Universidad de Coimbra que hicieran un largo viaje a Europa para estudiar los establecimientos metalúrgicos más importantes e informarse de las teorías científicas del momento. Como cuerpo científico, la Academia no podía intervenir directamente en la política económica, de forma que, en el mejor de los casos, no representaba más que un grupo de presión, como podríamos decir hoy día. Sin embargo, algunos de sus miembros desempeñaron más tarde importantes cargos en el gobierno o en la administración y tuvieron posibilidades de elaborar la política. Por ejemplo, los especialistas en mineralogía y metalurgia enviados a Europa por la Academia accedieron a puestos muy influyentes y de gran responsabilidad, uno como inspector general de las minas de oro y diamantes de Brasil (Manuel Ferreira da Câmara) y el otro como inspector general de las minas de Portugal (José Bonifacio de Andrada e Silva).

Pero, evidentemente, era en el propio gobierno donde se hallaban los hombres ilustrados, capaces de formular políticas globales, de influir sobre las decisiones del monarca y de modelar el destino de la nación. El más importante de estos hombres, especialmente en lo que se refiere a Brasil, fue sin duda el sucesor de Martinho de Mello e Castro, D. Rodrigo de Souza Coutinho. Primero, como secretario de Estado para la Armada y los Territorios de Ultramar (1796-1801), y más tarde, como presidente del Erário Régio (1801-1803), Souza Coutinho mantuvo una correspondencia casi diaria con el príncipe regente. Estas cartas, y las que escribió a los virreyes, gobernadores y otros funcionarios de Brasil, religiosos y civiles, muestran con suficiente evidencia las amplias miras de sus proyectos y, en particular, de sus persistentes esfuerzos para consolidar la posición preeminente de Brasil en el imperio portugués. Se mostró incansable en el interés por promover el progreso en todos los aspectos de la vida brasileña, especialmente en el sector económico. Algunos de sus proyectos continuaban el trabajo de sus predecesores (por ejemplo, los intentos de introducir cultivos, como el cáñamo, y de desarrollar otros, como el de la canela, el de la pimienta, el de la cochinilla). Pero algunos proyectos eran extremadamente originales; por ejemplo, intentó llevar a cabo una revisión catastral del territorio; también quiso introducir el arado tirado por bueyes y popularizar la agricultura «científica» entre los terratenientes brasileños mediante la distribución de folletos gratuitos sobre técnicas agrícolas, impresos en Lisboa y especialmente escritos en portugués o traducidos a este idioma por el erudito brasileño Frei Mariano da Conceicão Veloso. Asimismo, D. Rodrigo de Souza Coutinho quiso extender el uso de las máquinas de limpiar y descascarillar el algodón y el café, y de la nueva tecnología relacionada con la producción de azúcar; proteger los bosques mediante el estricto control de las talas; fomentar la búsqueda de salitre; aumentar la productividad de las minas de hierro de São Paulo, para desarrollar allí la naciente industria del hierro y del acero y extender estos esfuerzos a las capitanías de Río de Janeiro y Minas Gerais; promover el establecimiento de bancos que ofrecieran créditos y descuentos a la agricultura y el comercio, así como compañías de seguros; promover la libre circulación de productos dentro del Brasil; establecer barcos correo regulares con ruta entre Portugal y Brasil. Sus ideas más importantes aparecen en un largo informe sobre «el aprovechamiento de los dominios de Su Majestad en América» que llevó ante el gobierno y el Consejo de Estado en 1798, dos años después de haber sido nombrado secretario de Estado para los Territorios de Ultramar.[13]

Dejando a un lado, por el momento, los aspectos políticos de este importante documento, consideremos la propuesta económica, que se basaba en las propias ideas del ministro y en los distintos informes de sus colaboradores. A riesgo de invadir un dominio reservado en teoría al presidente del Erario Regio, que tenía la exclusiva responsabilidad de administrar la Real Hacienda en el imperio, Souza Coutinho estimó su deber sugerir formas de remediar el lamentable estado de las finanzas reales. No sólo propuso vías para reformar su administración, sino también para modificar la propia política fiscal. Sugirió que en cada capitanía la Junta da Fazenda debería administrar directamente todos los impuestos. En otras palabras, el «pernicioso» sistema de arrendar los impuestos (contratos) debería ser abolido, experiencia que ya se había llevado a cabo con éxito en Minas Gerais. Se debía mejorar el sistema de teneduría de libros, preparar presupuestos y hacer balances anuales; y se estudiaría un plan para sustituir el diezmo por un impuesto sobre la tierra proporcional a los ingresos netos de ésta. A continuación, se aboliría la moneda local y la circulación del oro en polvo a favor del papel moneda. Las monedas con el mismo valor de las que circulaban en la metrópoli, sin embargo, podían seguir siendo utilizadas. Se establecerían 1 o 2 cecas en las capitanías de Minas Gerais y Goiás, mientras que las de Río de Janeiro y Bahía serían cerradas. Se abrirían los districtos diamantinos y los criaderos se explotarían libremente. Sin embargo, los diamantes se venderían sólo a representantes autorizados de la corona. El impuesto del 20 por 100 sobre el oro (quinto do ouro) se reduciría al 10 por 100; el impuesto sobre la sal se eliminaría totalmente; todas las tasas sobre importaciones y exportaciones se reducirían en un 4 por 100 y se introduciría un sistema preferencial para los productos procedentes de la metrópoli: un 2 por 100 para los artículos manufacturados y una completa exención para el hierro, acero, vinos y aceite. Las tasas que se pagaban por los esclavos negros se suprimirían en todo Brasil, menos en los puertos, donde serían reducidas. Las tasas especiales de importación (entradas) sobre los esclavos negros y diversos productos (hierro, acero, cobre, oro en polvo, aceite y vinos) serían eliminadas en la capitanía de Minas Gerais. Para compensar la pérdida de ingresos consiguiente a todos estos cambios, sería necesario introducir un impuesto sobre el papel sellado, ya obligatorio en la metrópoli, junto con impuestos moderados sobre las casas de las ciudades costeras y todas las tiendas, posadas y bodegones. También habría un pequeño impuesto personal sobre todos los esclavos. Se introduciría un servicio postal en el interior de Brasil, cuyo beneficio iría a la Real Hacienda; y, finalmente, se crearían loterías, como en la metrópoli.

Para Souza Coutinho, influenciado por Adam Smith, la riqueza de las naciones se basaba en «los productos de la tierra, los salarios de los trabajadores agrícolas y de los artesanos, y de los ingresos del capital acumulado que se usaba bien para mejorar la tierra y hacerla productiva, bien para aumentar la mano de obra, y sólo en nuestra época se ha ocultado esta indiscutible verdad con las sutilezas de la secta de los Economistas», en otras palabras, fisiócratas. Así fue como, dentro de la estructura de una economía preliberal, Souza Coutinho ideó una reforma del sistema fiscal de tal índole que afectaría no sólo a Brasil sino a todo el imperio: al aligerar la presión fiscal, esperaba, por supuesto, estimular la actividad económica en Brasil, pero también en Portugal, puesto que cualquier aumento en la producción de las colonias mejoraría su comercio. De hecho, estaba en cuestión la prosperidad de todo el imperio, ya que cualquier aumento de los ingresos del estado se derivaba del aumento de los ingresos de los ciudadanos.

Como es bien conocido, el gobierno del príncipe regente D. João nunca se distinguió por tomar decisiones rápidas; además, existía una considerable oposición contra un programa audaz que amenazaba la pesada maquinaria administrativa y los arraigados intereses de una poderosa oligarquía financiera. Por tanto, no debe sorprendernos que muchas de las medidas presentadas por D. Rodrigo de Souza Coutinho en su informe de 1798 sólo se realizaran lentamente, y que otras muchas se pospusieran indefinidamente. Sin embargo, el ministro consiguió extinguir el asiento de los impuestos de la sal en 1801. El asiento del impuesto sobre la pesca de la ballena se suprimió, parcialmente en mayo de 1798 y completamente en 1801. La reducción planeada de las tarifas de aduana y la introducción de nuevos impuestos fueron modificados para adaptarse a las conveniencias locales y a las necesidades de la Real Hacienda.

Souza Coutinho estaba especialmente preocupado por la decadencia de la producción de oro. Sabemos que la reglamentación referente a los distintos niveles de producción y la recaudación del «quinto» no habían cambiado desde la época de Pombal, a pesar de la agitación social provocada por el injusto impuesto compensatorio (la derrama), especialmente en Minas Gerais en 1789, donde fracasó una conjura para la independencia (la Inconfidência Mineira).[14] Por fin, en 1803, se hicieron esfuerzos para revivir esta industria básica según las líneas sugeridas por el ministro y sus consejeros: se crearían oficinas de cambio para el oro en polvo en cada una de las capitanías referidas; la ceca de Río de Janeiro se transferiría a Minas Gerais y la de Bahía a Goiás; y se crearía una junta para administrar las minas y la acuñación de moneda. Esta junta se compondría, principalmente, de mineralogistas (propietarios de minas con experiencia o técnicos experimentados), y la presencia de tales expertos trabajando al lado de funcionarios civiles muestra que existía un espíritu nuevo, que se reflejaba también en el plano de crear escuelas locales de mineralogía y metalurgia según el modelo de las escuelas alemanas. Se esperaba que el progreso tecnológico resolvería las dificultades que experimentaba la producción de oro desde 1765. Para facilitar los esfuerzos de los propietarios de las minas se redujo el «quinto» a un impuesto del 10 por 100. En cuanto a los diamantes, se abandonó el opresivo sistema de aislar totalmente las zonas que contenían depósitos de diamantes (criaderos): se volvió a abrir el Districto Diamantino, se autorizó allí la prospección de oro y se adoptó un nuevo método para repartir y explotar las concesiones. Se aconsejó a los mineros que formaran sociedades o compañías con el fin de aumentar sus beneficios. Sin embargo, la venta de diamantes siguió siendo prerrogativa exclusiva de la corona: se inspeccionaban y compraban las piedras en el principal centro diamantífero (Arraial do Tijuco) por una Junta da Fazenda creada especialmente para tal propósito; o bien, en zonas demasiado alejadas de este centro, en las oficinas de cambio que se habían establecido para ocuparse del oro en polvo.

No hay duda acerca de que la morosidad con la que fueron aplicadas estas medidas a menudo redujo sus consecuencias. Las reformas llegaron demasiado tarde. Sin embargo, eran necesarias y ayudaron a preparar el camino para los cambios que iba a experimentar el imperio después de 1808.

Se puede formar una idea justa del éxito de la política económica de los sucesores de Pombal al examinar el comercio de Portugal con Inglaterra, como se hizo respecto a la época de Pombal, usando como base los datos ingleses que llegan en serie continua hasta el año 1800. Sin embargo, vale la pena completarlos con las fuentes portuguesas de la balanza comercial de las que también tenemos una serie continua desde el año 1796.[15] Esta serie es particularmente interesante porque abarca todo el comercio de exportación de Portugal, no sólo con países extranjeros, sino con cada una de las colonias. Las cifras nos permiten evaluar la estructura interna de la economía del imperio portugués y cerciorarnos de los esfuerzos llevados a cabo para reorganizarla. Nos referimos, por tanto, a los datos ingleses para el período 1776-1795, y a los datos portugueses para el período 1796-1807.

El cuadro 2 nos muestra que, entre 1776 y 1795, se registró la misma tendencia en el comercio anglo-portugués ya observada en la época de Pombal (ver cuadro 1 en p. 170).

CUADRO 2

Balanza comercial con Inglaterra: 1776-1795
(Valor anual medio en miles de libras)

Años
Exportaciones
Portugal-Inglaterra
Importaciones
Inglaterra-Portugal
Saldo

1776-1780
381
525
–144

1781-1785
340
622
–282

1786-1790
597
622
–25

1791-1795
724
594
+130

TOTAL
2.042
2.363

FUENTE: Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics (1697-1808), pp. 17-18.

Entre 1776 y 1795 las exportaciones de Portugal a Inglaterra aumentaron en un 90 por 100, mientras que las importaciones de Inglaterra aumentaron sólo un 13 por 100. Durante el período 1791-1795 se dio el primer vuelco espectacular de la balanza comercial a favor de Portugal: la balanza que había sido antes negativa, mostraba ahora un gran superávit. Beneficiándose de las tendencias internacionales que favorecían su comercio, Portugal había logrado con éxito extender su comercio por medio de la promoción de sus productos coloniales. El algodón brasileño, por ejemplo, estaba teniendo un papel cada vez más importante en las importaciones portuguesas: entre 1781 y 1792 el volumen total del algodón brasileño exportado anualmente de Portugal a Inglaterra subió de 300.000 libras a 7.700.000 libras, mientras que en el mismo período Francia importó también alrededor de 1.376.000 libras de algodón por año.[16]

Para el mismo período 1776-1795, las fuentes portuguesas sólo nos ofrecen dos balanzas comerciales completas, una para 1776 y otra para 1777 (ver cuadro 3). Ellas indican que estaba teniendo lugar un cambio radical en la estructura económica del imperio portugués, observación que se confirma con los datos posteriores a 1796.

CUADRO 3

Balanza comercial portuguesa: 1776-1777
(Valor en milréis)

Años | Portugal-Colonias | Portugal-Países extranjeros
1776 | +1.177.159 | –1.795.390
1777 | +545.329 | –1.492.427

FUENTE: Fernando A. Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), p. 289.

El cuadro 3 nos muestra los inicios del cambio desde que el déficit del comercio portugués con otros países se redujo en casi un 17 por 100, mientras que el superávit que favorecía a la metrópoli en su comercio con las colonias disminuye en casi un 54 por 100. Esta última cifra es particularmente importante, ya que muestra claramente que las colonias tendían a mejorar su posición económica frente a la metrópoli, y veremos después cómo la posición dominante de Brasil —de la que tenemos datos precisos después de 1796— preparaba el camino para su independencia económica y política.

Sin exagerar, el período 1796-1807 parece haber sido una nueva edad de oro del comercio portugués. En su trato con países extranjeros, Portugal disfrutó de un constante superávit de su balanza comercial, salvo en 1797 y 1799. El valor anual medio de las exportaciones creció casi en un 4 por 100 y las importaciones sólo un 2,6 por 100, como muestra el cuadro 4.

Después de 1798, el comercio de Portugal con Inglaterra siempre se mostró favorable a Portugal, y desde 1800 hubo, incluso, algunas mejoras significativas, como podemos ver en el cuadro 5.

Si comparamos el cuadro 4 con el 5, podemos ver que las exportaciones a Portugal procedentes de Inglaterra representaban el 34 por 100 del valor total de sus importaciones de los países extranjeros, y que las exportaciones de Portugal a Inglaterra representaban el 39 por 100 del valor total de todas sus exportaciones a países extranjeros. Esto demuestra claramente que aunque Inglaterra seguía siendo uno de los principales socios comerciales de Portugal, ya no era el socio casi exclusivo que había sido durante tanto tiempo. Portugal mantenía relaciones comerciales regulares con unos 15 países, y el volumen de negocios realizados anualmente con Hamburgo, Rusia, España y Francia, por ejemplo, pone en evidencia una interesante diversificación.[17]

CUADRO 4

Balanza comercial de Portugal con
los países extranjeros: 1796-1807
(Valor en milréis)

Exportaciones
Importaciones

Años
Portugal-Países
extranjeros
Países extranjeros-
Portugal
Saldo

1796
16.013.356
12.652.771
+3.360.585

1797
11.822.970
14.498.399
–2.675.429

1798
15.053.960
14.729.238
+324.722

1799
17.688.107
19.755.284
–2.067.177

1800
20.684.802
20.031.347
+653.455

1801
25.103.785
19.337.425
+5.766.360

1802
21.405.349
17.942.240
+3.463.109

1803
21.528.379
15.068.304
+6.460.075

1804
21.060.962
17.841.034
+3.219.928

1805
22.654.204
19.656.685
+2.997.519

1806
23.255.505
16.440.921
+6.814.584

1807
20.999.506
13.896.318
+7.103.188

TOTAL
237.270.885
201.869.966

FUENTE: Novais, Portugal e Brasil, pp. 320 y 322.

CUADRO 5

Balanza comercial de Portugal con Inglaterra: 1796-1807
(Valor en milréis)

| Exportaciones | Importaciones |
Años | Portugal-Inglaterra | Inglaterra-Portugal | Saldo
1796 | 4.887.076 | 4.951.737 | –64.661
1797 | 3.979.976 | 4.627.613 | –647.637
1798 | 6.828.261 | 6.661.419 | +166.842
1799 | 9.058.217 | 8.835.649 | +222.568
1800 | 6.702.836 | 2.911.061 | +3.791.775
1801 | 9.651.014 | 4.879.357 | +4.771.657
1802 | 8.472.170 | 6.693.774 | +1.778.396
1803 | 10.514.250 | 5.587.493 | +4.926.757
1804 | 7.462.492 | 5.764.885 | +1.697.607
1805 | 8.865.210 | 5.837.705 | +3.027.505
1806 | 6.587.150 | 8.201.116 | +1.613.966
1807 | 7.971.196 | 5.422.272 | +2.548.924
TOTAL | 92.593.814 | 68.760.115

FUENTE: Novais, Portugal e Brasil, pp. 356 y 358.

Un análisis de las balanzas comerciales de Portugal desde 1796 hasta 1807 ofrece también una información muy detallada sobre la estructura económica del imperio portugués —tanto considerado en sus relaciones internas como en sus relaciones con los países extranjeros.

Si observamos el conjunto de las relaciones comerciales de Portugal con sus colonias, Portugal muestra un déficit en la balanza comercial en la mayoría de los años, como podemos ver en el cuadro 6.

Las importaciones oriundas de las colonias, así pues, crecieron anualmente en un promedio aproximado del 10 por 100. Por otra parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones de Portugal a las colonias, que había alcanzado un promedio del 17 por 100 al año hasta fines de 1799, decayó después de este año por debajo del 3 por 100 al año, una indicación de la creciente importancia del comercio de contrabando de manufacturas inglesas. Al final del período, la balanza comercial muestra un superávit global del 10,6 por 100 a favor de las colonias, que confirma ampliamente la tendencia evidente de las cifras de 1776 y 1777, cuando había empezado a decaer el superávit a favor de la metrópoli.

CUADRO 6

Balanza comercial de Portugal con sus colonias: 1796-1807
(Valor en milréis)

| Exportaciones | Importaciones |
Años | Portugal-Colonias | Colonias-Portugal | Saldo
1796 | 7.527.648 | 13.414.265 | –5.886.617
1797 | 9.651.734 | 5.519.870 | +4.131.864
1798 | 12.418.654 | 12.802.090 | –383.436
1799 | 20.458.608 | 15.169.305 | +5.289.303
1800 | 13.521.110 | 14.850.936 | –1.329.826
1801 | 13.133.542 | 17.527.723 | –4.394.181
1802 | 12.800.313 | 12.966.553 | –166.240
1803 | 12.741.308 | 14.193.353 | –1.452.045
1804 | 14.905.960 | 13.579.874 | +1.326.086
1805 | 12.245.019 | 15.843.481 | –3.598.462
1806 | 11.313.313 | 16.103.966 | –4.789.653
1807 | 10.348.602 | 16.968.810 | –6.620.208
TOTAL | 151.065.811 | 168.940.226 |

FUENTE: Novais, Portugal e Brasil, pp. 310 y 312.

Estas balanzas del comercio nos permiten también determinar el lugar exacto que ocupaba Brasil en el volumen total del comercio de Portugal: Brasil representaba más del 83 por 100 del valor total de los productos importados por Portugal de sus colonias, y el 78,5 por 100 de las exportaciones de Portugal a sus colonias.[18] Más sorprendentes todavía son los respectivos porcentajes de cada parte del imperio portugués dentro del valor total de las exportaciones portuguesas a países extranjeros (100 por 100): productos de la metrópoli, 27,43 por 100; productos de Brasil, 60,76 por 100; productos de otras colonias, 2,95 por 100; reexportaciones, 8,86 por 100.[19]

Así pues, a pesar de cierta reactivación del comercio portugués con sus colonias de Asia, que en tiempos anteriores habían sido su principal fuente de riqueza, la abrumadora preponderancia de Brasil está clara, tanto si consideramos la estructura interna de la economía de Portugal, como la externa. El comercio internacional de Portugal debía su balance positivo a la exportación de productos brasileños.

A fines del siglo XVIII, cuando ya se había roto la unión de Inglaterra y Francia con varias de sus colonias americanas, surgió la cuestión de la dependencia de Brasil respecto a Portugal. En el preámbulo del informe «sobre el aprovechamiento de los dominios de Su Majestad en América», cuyos aspectos económicos han sido examinados más arriba, D. Rodrigo de Souza Coutinho (a cargo de los asuntos coloniales desde 1796) exponía sus ideas sobre el sistema político que, según él, permitiría a Portugal mantener su imperio de ultramar. Declarando a priori que «la feliz posición de Portugal» como intermediario entre el norte y el sur de Europa hacía la unión de las colonias portuguesas con la metrópoli «tan natural como artificial era la unión de las otras colonias, que se hicieron independientes de la madre patria», el ministro defendía «el inviolable y sacrosanto principio de unidad, base de la monarquía, que debe mantenerse celosamente de forma que los portugueses, donde quiera que hayan nacido, puedan considerarse a sí mismos únicamente portugueses». Llegaba después a establecer su corolario: era importante reforzar los lazos comerciales entre la metrópoli y sus colonias, sobre todo Brasil, «la mayor de todas las posesiones que los europeos hayan establecido fuera de su continente, no en razón de lo que es en el presente, sino por lo que puede ser si conseguimos aprovechar todas las ventajas que ofrecen su envergadura, situación y fertilidad». Para asegurar la defensa de Brasil respecto a sus vecinos, D. Rodrigo recomendaba que se dividiese de nuevo en dos grandes regiones, dependiendo cada una de un centro militar, Belém do Pará en el norte y Río de Janeiro en el sur, según un plan geopolítico que permitiría a Portugal, «gradual e imperceptiblemente, extenderse hasta las verdaderas fronteras naturales de nuestras posesiones de Sudamérica, en otras palabras, la margen norte del Río de la Plata», el viejo sueño expansionista que ninguno de los tres tratados fronterizos firmados con España desde 1750 había podido disipar.[20]

Unos años después, se revivió otro viejo sueño por obra de ciertos estadistas ansiosos por conservar la integridad del imperio portugués y la independencia de sus gobernantes respecto a la creciente presión francesa: el mismo sueño del antiguo diplomático D. Luís da Cunha, cuando, en 1738, ideaba que el rey de Portugal establecería su corte en Brasil y asumiría un día el título de Emperador de Occidente.[21] Poco después de la ruptura de la Paz de Amiens (1802), Souza Coutinho y otros consejeros, apreciando «los nuevos riesgos e inminentes peligros» que amenazaban a la monarquía portuguesa, decidieron en último término que el príncipe regente debía trasladarse a Brasil.[22] Sin embargo, el sueño no se hizo realidad hasta que Francia invadió Portugal. El 28 de noviembre de 1807, bajo la protección de una escuadra inglesa, la familia real y parte de la corte dejaban Portugal camino de Brasil.

Así pues, la reorganización del imperio, que había ido progresando desde 1750, llegó a su conclusión lógica por medio de la presión de fuerzas exteriores. Elemento económico más importante del imperio portugués, Brasil se convirtió en su centro político desde 1808 hasta 1821, cuando el ex príncipe regente, D. João VI, rey de Portugal y Brasil desde 1816, tuvo que regresar a Lisboa.

El paso dado en 1807 había sido decisivo, pero no de la manera que Souza Coutinho había imaginado. En vez de servir como base para la «completa reintegración de la monarquía», Brasil inició la desintegración del imperio portugués al proclamar su independencia en 1822.

Segunda parte
LA IGLESIA EN AMÉRICA

Capítulo 6
LA IGLESIA CATÓLICA EN LA
HISPANOAMÉRICA COLONIAL

EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL NUEVO MUNDO

Para entender el establecimiento y la organización de la Iglesia católica en América es necesario, en primer lugar, considerar las condiciones en que se encontraba la península Ibérica en ese momento. A fines de la Edad Media, los reinos ibéricos habían sufrido una experiencia decisiva: la reconquista de los antiguos territorios cristianos de manos del invasor árabe. Simplificaríamos mucho si identificáramos la Reconquista directamente con el modelo general de la cruzada, pero, como ésta; tenía la misma mezcla de empresa laica y de objetivo religioso. También existía la idea de que la fe podía y debía propagarse con medios militares. Incluso es posible argumentar, con Américo Castro, que los castellanos que participaron en la Reconquista habían absorbido algunas ideas y creencias —sobre todo el mesianismo religioso— de sus adversarios musulmanes. Dentro de sus territorios los gobernantes de los reinos hispánicos habían practicado durante muchos siglos una relativa tolerancia hacia sus súbditos no cristianos. Sin embargo, desde principios del siglo XV en adelante se aprecia una creciente insistencia en la asimilación de estos elementos no cristianos en el seno de la cristiandad. En 1492, los judíos españoles tuvieron que escoger entre el bautismo o la expulsión de los dominios de Fernando e Isabel. Los moros se enfrentaron con la misma disyuntiva en Castilla en 1520, y en Aragón en 1526. Para entonces, ya se estaba bastante lejos de la actitud misionera defendida en el siglo XIII por personas como Ramón Llull; el naciente estado moderno requería, al menos, la apariencia de una uniformidad de creencias. Al mismo tiempo ganaban aceptación cada vez más las ideas propugnadas por juristas italianos, desde el siglo XIV, acerca de la justificación civil de la comunidad política, por la cual la autoridad estatal tenía que controlar todas las fuerzas de la sociedad, incluida la eclesiástica. Naturalmente, tales modelos de sociedad no dejaban lugar para una teocracia, es decir, para el «agustinismo político»; no dejaban lugar, particularmente, a la opinión de que el papa era dominus orbis.

En el siglo XV, en ausencia de una poderosa clase burguesa, las propias coronas de Portugal y Castilla tomaron la iniciativa de la expansión de sus dominios más allá de la península: la primera, en Madeira, las Azores y en la costa occidental de África; la segunda, en las islas Canarias. Estos fueron los lugares donde se ensayaron soluciones a problemas que la conquista de América traería consigo más tarde. ¿Qué era la ocupación legítima? ¿Cómo iban a tratar los conquistadores a los conquistados? ¿Qué obligación misionera tenían los monarcas y cuáles eran sus derechos de patronato?

En la época de la primera llegada de Colón a las Antillas, el papado había estado interviniendo durante más de medio siglo en las expediciones de exploración y conquista tanto de Portugal como de Castilla. En las bulas Romanus Pontifex del papa Nicolás V (1455) y Cum dudum affligebant de Calixto III (1456), por ejemplo, el papado centraba su interés en los problemas humanos y religiosos de las poblaciones conquistadas, al mismo tiempo que confería legitimidad a las conquistas. En el caso de las Indias españolas, las bulas Inter caetera (1493) y Eximiae devotionis (1493 y 1501) de Alejandro VI, Universalis ecclesiae (1508) de Julio II y Exponi novis (1523) de Adriano VI, otorgadas a la corona castellana, determinaron la estructura esencial del trabajo de evangelización católica en América.

A cambio de la legitimación de los derechos que reivindicaban sobre un continente sólo conquistado o explorado parcialmente, los Reyes Católicos estaban obligados a promover la conversión de los habitantes de las tierras recién descubiertas y a proteger y mantener a la iglesia militante bajo el Patronato Real. La corona de Castilla asumió el control de la vida de la Iglesia en un grado desconocido en Europa (excepto en la recién conquistada Granada). La política eclesiástica se convirtió en un aspecto más de la política colonial, coordinada a partir de 1524 por el Consejo de Indias. La corona se reservaba el derecho de presentar candidatos para los nombramientos eclesiásticos en todos los niveles y se responsabilizaba de pagar los salarios y de construir y dotar catedrales, iglesias, monasterios y hospitales con los diezmos de la producción agrícola y ganadera. La corona también se reservaba el derecho de autorizar el traslado del personal eclesiástico a las Indias, y en 1538 ordenó explícitamente que todas las comunicaciones entre Roma y las Indias tendrían que llevarse al Consejo para su aprobación (el pase regio o exequatur). Y, mientras, por un lado en 1560, Felipe II fracasó en su intento de tener dos patriarcados, con poderes soberanos, creados para América, en 1568 Pío V no consiguió su intento de enviar nuncios papales a las Indias. La Iglesia de América tenía asignada una misión práctica: activar la sumisión y la europeización de los indios y predicar la lealtad a la corona de Castilla. Cualquier resistencia por parte de la Iglesia al cumplimiento de esta función se consideraba un problema político y como tal era tratado.

Este compromiso era conveniente para el Estado, pero no está tan claro que lo fuera también para la Iglesia. ¿Por qué tenía la Iglesia que dejarse atar de pies y manos a los intereses del poder secular de la corona española? Había muchas razones, entre las que destacamos las siguientes: la preocupación de los mundanos papas renacentistas, especialmente Alejandro VI, el papa Borja de Valencia, por el engrandecimiento familiar, la política europea y, después de 1517, la ola creciente de protestantismo; la carencia de medios de Roma para organizar y financiar la propagación de la fe en el Nuevo Mundo sin disponer de ayudas políticas; el celo chauvinista de muchos eclesiásticos españoles que reconocían que el rey de España tenía, en cualquier caso, mucho más que ofrecerles que el papa de la lejana Roma. Bajo el Patronato Real, los clérigos disfrutaron de un notable grado de tolerancia que les permitía ser oídos en todas las causas del gobierno. Sin embargo, comparando las ocasiones que las autoridades eclesiásticas tenían en la metrópoli y en América para discutir el sistema en el que trabajaban, el número de veces que tomaron iniciativas en este sentido fue insignificante.

El primer escenario de los conflictos de conciencia sufridos por las autoridades fueron las Antillas. En 1509 el rey Fernando había legalizado la encomienda, el sistema por el que los indios se repartían entre los colonos, quienes podían ejercer derechos sobre ellos prácticamente de por vida, aunque no fuesen, de hecho, oficialmente esclavos. En diciembre de 1511 el fraile dominico Antonio de Montesinos denunciaba a los colonos desde el púlpito: «Estáis todos en pecado mortal», decía, «y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes víctimas». Con estos dicterios se preparaba el terreno para la primera batalla entre el Evangelio y el colonialismo, una lucha que iba a ser la piedra de toque de la vida de la Iglesia en América. La primera reacción del Estado fue aprobar las Leyes de Burgos en 1512, que inauguraron una serie de intentos por parte de las autoridades para mediar entre estos dos intereses incompatibles. Dos años más tarde, Bartolomé de las Casas, fraile dominico, párroco y encomendero en Cuba, empezó su gran defensa de los indios que duraría hasta su muerte en 1566. Este primer escenario (caribeño) del colonialismo castellano en América sirvió para poner de relieve una contradicción esencial: si las bulas papales hacían de la conversión de los nativos la justificación de la soberanía española, justamente las personas encargadas de esta tarea se veían obligadas a censurar los fines económicos y sociales de la empresa colonial.

Las dos décadas posteriores a 1519 representaban la fase decisiva de la dominación castellana de América. Desde su base de las Antillas, los españoles conquistaron México y Centroamérica y después se dirigieron al sur desde Panamá y Venezuela, a través del Pacífico, para conquistar el imperio inca. Los conquistadores entraban en un mundo desconocido. La expansión territorial significó el descubrimiento de sociedades complejas, organizadas según unos sistemas totalmente ajenos a los de Europa. Además, sus estructuras religiosas estaban arraigadas funcionalmente en la vida de aquellas sociedades. Sólo después de que se hubo abierto tan espectacularmente el horizonte geográfico y humano se dio cuenta la Iglesia de la labor evangelizadora que se le pedía en el Nuevo Mundo. Los mismos conquistadores estaban llevados, en parte, por el fervor religioso al realizar sus hazañas. Estaban convencidos de que al subyugar unas poblaciones, desconocidas hasta entonces, servían por igual a la cristiandad y a su monarca como vasallos; a su fe, como misioneros; y a sí mismos, como hombres de honor. Una vez que se hubo establecido la autoridad española, entraron en escena las órdenes misioneras para evangelizar los pueblos conquistados. A su vez, los frailes estaban respaldados por la espada represiva de la autoridad. De este modo, primero vino la conquista militar y política, a la que siguió después la conquista «espiritual». Tanto la Iglesia como el estado se vieron necesitados de unos servicios que se prestaban mutuamente.

Durante la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del XVI la península Ibérica fue escenario de movimientos reformistas de gran intensidad. Los propios Reyes Católicos estaban determinados a reformar el episcopado mediante una selección más rigurosa de los candidatos y un uso más estricto del patronato. Los hombres que eligieron para obispos estaban profundamente versados en teología y observaban celosamente la disciplina de la Iglesia: los prototipos fueron Alfonso Carrillo, Hernando de Acuña y Pedro González de Mendoza. Más tarde, Hernando de Talavera, Diego de Deza y, sobre todo, Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal de Toledo y confesor de Isabel, conformaron el ideal del episcopado español. También se intento restaurar la convocatoria de sínodos diocesanos, como los de Aranda de Duero en 1473 y Sevilla en 1478, así como insuflar nueva vida a la práctica cristiana. En el siglo XVI, en medio de los primeros signos del cisma luterano, encontramos una de las mayores figuras de la tradición reformista del catolicismo español: Juan de Ávila, profesor de teología, místico, predicador, director espiritual y consejero. Los vientos de la reforma y de la restauración de la primitiva obediencia llegaron también a los monasterios, afectando especialmente a los de las órdenes dominicana y franciscana.

En el ámbito de la actividad misionera en América, las ideas reformistas de la península ya habían confluido con las corrientes del milenarismo y del utopismo. Para muchos, el Nuevo Mundo era la oportunidad ofrecida por la Providencia para establecer el verdadero «reino evangélico» o «pura cristiandad». Marcel Bataillon ha detectado evidentes signos de joaquinismo (del místico del siglo XII Joaquín de Fiore) entre los primeros franciscanos de México. John Leddy Phelan ha destacado las influencias milenaristas en los trabajos del franciscano Jerónimo de Mendieta, por ejemplo.[1] Hombres como fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, don Vasco de Quiroga, fray Julián Garcés y el mismo fray Bartolomé de las Casas estaban profundamente influidos por el espíritu humanístico de Erasmo y por la Utopía de Tomás Moro.

Los jesuitas, creados en 1540, eran en sí el fruto del ideal reformista. También lo fue su intervención en América. Estaban desembarazados de la carga del pasado. Soñaban con implantar un cristianismo libre de los errores que desfiguraban la fe en Europa. Su impulso utópico floreció plenamente en el siglo XVII, con lo que ellos llamaron las «reducciones indias» (especialmente en Paraguay). Su deferencia hacia Roma y su marcada estructura jerárquica se ajustaban también al modelo de cristianismo decretado en el Concilio de Trento (1545-1563).[2]

Se acostumbra a afirmar que la reforma tridentina no tuvo ninguna influencia en América porque la Iglesia de las Indias no tomó parte en ella, pero esta es una conclusión demasiado esquemática. En último término, parece posible señalar cierto número de aspectos del catolicismo de América en los que el Concilio de Trento tuvo un papel que, directa o indirectamente, resultaría decisivo. Incluso, aunque ningún canon de los adoptados allí pueda considerarse específicamente destinado a las condiciones americanas, el espíritu de Trento es observable en muchas de las formas de la Iglesia que se estaba organizando en Hispanoamérica.[3]

Desde luego, la evangelización de las Indias se vio afectada en sentido negativo por las tendencias que ratificó el Concilio. Así, la liturgia siguió siendo en latín, con lo que se restringía el acceso de los fieles a la palabra de Dios. El Concilio mostró una evidente hipersensibilidad en cuanto a la ortodoxia teológica. Se consolidaron las estructuras eclesiásticas, y se dejó la vida de la Iglesia ampliamente en manos de los clérigos, situación agravada en América por el complejo de superioridad racial que determinaba la conducta de la mayoría de los colonos, laicos o clérigos.

Al mismo tiempo, la reacción del Concilio de Trento ante la secesión protestante en Europa promovió o intensificó toda una serie de prácticas que diferenciaban claramente a la Iglesia católica del protestantismo. Aunque no existían entonces protestantes en América, las procesiones, la veneración a los santos, las devociones a las ánimas del purgatorio y las indulgencias, por ejemplo, eran características destacadas del cristianismo en la Indias. En cierta medida se exaltaban los cargos externos e institucionales sobre la experiencia personal.

Así, la Iglesia del Nuevo Mundo fue el producto de la fusión de dos corrientes. Una fue el traslado de las características de la Iglesia de la península Ibérica en la era de los descubrimientos; la otra fue la ratificación de estas características por parte del Concilio de Trento. Siguiendo las líneas maestras establecidas por el Concilio de Trento, un decreto real, la «Ordenanza del Patronazgo» (1574), reafirmó la autoridad episcopal. El obispo se convirtió en pieza esencial de la vida eclesiástica de cada diócesis. No sólo el clero secular, sino también el regular, a través de la parroquia o de la doctrina, fueron gradualmente sometidos a la autoridad del obispo local.

Y no se puede negar que Trento y las tradiciones reformistas que hemos visto, con sus precedentes en la península Ibérica, contribuyeron a producir un tipo de obispos diferente a los prelados de la Edad Media y el Renacimiento. Hispanoamérica puede presentar un distinguido grupo de hombres firmemente dedicados a extender el evangelio en las circunstancias menos propicias. Eran pobres, devotos, de sólida formación teológica, conscientes de sus deberes y poco inclinados a dejarse impresionar por el poder civil. No es casual que las circunstancias coloniales hicieran mostrarse a la mayoría de ellos como defensores de los indios: Antonio de Valdivieso en Nicaragua, Juan del Valle en Popayán, Pedro de la Pena en Quito, Alfonso Toribio de Mogrovejo en Lima y Domingo de Santo Tomás en La Plata son sólo algunos de los muchos nombres que merecen mencionarse aquí.[4]

Finalmente, al Concilio de Trento se debe la tradición conciliar y sinodal que se desarrolló en América. Se celebraron allí 11 concilios provinciales entre 1551 y 1629, la mayoría en Lima y Ciudad de México, pero también 2 en La Plata (Chuquisaca) y Santo Domingo. No se convocó ninguno durante el siglo y medio siguiente, lo cual es una evidencia de que la Iglesia estaba entonces bien establecida. El número de sínodos diocesanos celebrados fue mayor incluso: hay evidencias de que se reunieron más de 25 sólo entre 1555 y 1631. La importancia de los sínodos es al mismo tiempo mayor y menor que la de los concilios. Menor, porque solían aplicar la legislación decidida al nivel provincial correspondiente. Mayor, porque tomaban decisiones sobre un área específica y porque una gran parte del clero responsable de aplicar tales decisiones tomaba parte en ellos.

La Iglesia, como institución, en Hispanoamérica como en España, funcionaba a través de sus obispados. Las diócesis se establecían como consecuencia de las conquistas militares o, ya muy avanzado el período colonial, del crecimiento de la importancia económica de ciertas regiones. La primera diócesis, Santo Domingo, se creó en 1504; hacia mediados del siglo XVI, como muestra el cuadro 1, existían ya casi la mitad de las diócesis, al tiempo que la ocupación básica del territorio efectivamente colonizado por España ya había tenido lugar en esa fecha. No sólo se establecieron relativamente pocas diócesis después de 1600, sino que ninguna constituyó un centro principal de la organización eclesiástica. La única excepción, relativa, fue Buenos Aires, sede fundada en 1620.

CUADRO 1

Fundación de obispados en Hispanoamérica

| 1504-1550 | 22 |
Siglo XVI |  |  | 31
| 1551-1600 | 9 |
Siglo XVII |  |  | 5
Siglo XVIII |  |  | 6
Siglo XIX |  |  | 3

¿Qué significado tenía un obispado en la sociedad colonial? En sí mismo constituía un centro administrativo autónomo: sacramentalización, nombramientos, función judicial de la Iglesia, etc. También era responsable del trabajo misionero, de la legislación sinodal y de la formación de los seminaristas. En relación con la autoridad civil, presentaba candidatos para los nombramientos, actuaba junto con la estructura administrativa civil en todos los niveles y estaba encargado de ejecutar las leyes que emanaban de las autoridades políticas —el Consejo de Indias, el virrey y la Audiencia—. Respecto a esto, la multiplicación de las diócesis representó la proliferación de centros de actividad e iniciativa eclesiásticas y de responsabilidad para la empresa colonizadora de Castilla. En cada diócesis, el obispo trabajaba en estrecha relación con el capítulo catedralicio, que asumía la administración en caso de una vacante prolongada; esto ocurría a menudo en las sedes americanas por causa de muerte o traslado del prelado. Otro órgano central de la diócesis era el seminario, con su doble función en potencia, como colegio-albergue para estudiantes universitarios de humanidades y teología y como seminario para la formación del clero.

A nivel local, la pieza clave de la organización de la Iglesia era la parroquia, institución procedente de Europa, donde ya había sufrido una larga evolución desde su origen en la antigua Roma. El Concilio de Trento ratificó su papel como célula básica de la vida católica. La parroquia arraigó en América junto al episcopado: con éste, representa a la Iglesia fuera de los muros de los conventos (incluso cuando, como ocurría a menudo, las propias parroquias se confiaban a los frailes). La parroquia tuvo que adaptarse a las condiciones americanas: los misioneros —en su inmensa mayoría miembros de las órdenes religiosas— crearon «doctrinas» para la evangelización, mientras que el clero secular fundó parroquias para los españoles. Las primeras eran, en su mayor parte, rurales, las últimas, totalmente urbanas. Las «doctrinas» incorporaban la tarea evangelizadora y civilizadora, tareas entre las que se incluía el enseñar la doctrina cristiana a adultos y menores, restringir algunos sacramentos, vigilar ciertas prácticas idolátricas y reprimirlas, organizar la vida social de los conversos, y otras actividades parecidas. Las parroquias asumieron el trabajo de trasplantar y conservar la fe de la comunidad española.[5]

Se acepta generalmente la extraordinaria importancia de las órdenes religiosas a la hora de llevar el cristianismo a Hispanoamérica. Para ello ha habido razones muy concretas; por ejemplo: el mayor celo misionero y la mayor manejabilidad de una cantidad concreta de trabajadores. En cambio, la gran masa del clero secular era moral e intelectualmente decadente y su trabajo era difícil de coordinar. Desde la primera década del siglo XVI los Reyes Católicos tenían una política clara respecto a América. Decidieron tratar con los monjes como tales: los monjes eran medievales por naturaleza y poco aptos para servir como pastores de congregaciones. También resolvieron arreglárselas sin los servicios de las órdenes militares, que predominaban en los territorios peninsulares que habían sido reconquistados a los moros. En su lugar, recurrieron a los servicios de las órdenes mendicantes, producto acabado de la nueva civilización urbana de finales de la Edad Media y del Renacimiento. Y entre los frailes prefirieron aquellos que fuesen «reformados» u «observantes»: no sólo se disponía de ellos para la aventura de predicar el evangelio, sino que carecían de pretensiones señoriales, tenían el voto de pobreza y se mostraban deseosos de obtener conversiones.

Hablar de los mendicantes en la evangelización de América es hablar de las cuatro grandes órdenes —franciscanos, los primeros en llegar a México (1524) y Perú (1534), dominicos, agustinos y mercedarios—, cuya labor era visible en la estructura de cualquier ciudad de la Hispanoamérica colonial. Cada orden tejía rápidamente gran cantidad de lazos a todos los niveles de la sociedad local —órdenes terceras, cofradías, legados testamentarios, arriendos del patrimonio conventual, capellanías, escuelas, familias cuyos hijos profesaban en la orden, culto en el templo, festividades patronales. A estas cuatro órdenes se les sumaron pronto los jesuitas (1568-1572): habían sido fundados recientemente en Europa, pero tenían una enorme movilidad. Sin exagerar, puede decirse que la mayor parte de la carga que suponía el cristianizar América recayó en estas cinco órdenes religiosas. Constituyeron la reserva estratégica de la Iglesia, facilitando hombres para el trabajo misionero en la frontera cada vez que se abrían nuevas zonas de colonización. En el caso de los jesuitas, a la evangelización se unía su importante contribución en el campo de la educación.

Con una más tardía aparición en escena, hay otro grupo de órdenes de diversas características, pero ampliamente dedicadas a cuidar de los enfermos y necesitados en las ciudades. Su simple existencia atestigua las nuevas necesidades de una sociedad colonial que iba adquiriendo complejidad. Los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios estuvieron presentes en América desde 1602 y se extendieron notablemente, tanto por Nueva España como por Perú. También aparecieron los hipolitanos (desde 1594 en adelante), los antoninos (desde 1628) y los betlemitas (desde 1655), todas órdenes fundadas en suelo americano, en Nueva España. Tan sólo los betlemitas tuvieron cierta difusión en el continente.

Otras órdenes se ocuparon de una tarea pastoral parecida —los carmelitas, Jerónimos, trinitarios y mínimos— aunque estaban representadas sólo por grupos reducidos en unas pocas ciudades. Pero aun así, Felipe III les ordenó que regresaran a España porque no tenían autorización real para estar en América. Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo XVII los capuchinos arraigaron profundamente en varias misiones de Venezuela (Cumaná, Llanos de Caracas, Guayana y Maracaibo). Por la misma época los oratorianos fundaron casas en Panamá, Lima, Cuzco y, a finales del siglo XVIII, en Chuquisaca.[6] A causa de su carácter excepcional, podría mencionarse aquí la limitada presencia de los benedictinos de Montserrat. Se encuentran en Lima desde 1592 y en Ciudad de México desde 1602. Pero se limitaron a fomentar el culto de la Virgen negra de Montserrat, a quien debían su advocación, y a la colecta de ofrendas para su monasterio. Ello contrasta evidentemente con lo que ocurría en Brasil, donde iban a desarrollar una sólida tarea pastoral, educativa y cultural.

En los primeros tiempos de la colonización castellana de América, los sacerdotes tomaban la decisión de viajar al Nuevo Mundo de forma individual y espontánea. A medida que pasó el tiempo, sin embargo, tomó cuerpo todo un conjunto de trámites, que era, en cierta medida, resultado de la progresiva reglamentación del «pase a Indias» por parte de la corona. En su mayoría, los seculares siguieron actuando individualmente durante todo el período colonial; en cambio, los regulares desde la segunda mitad del siglo XVI en adelante operaban dentro de una estructura organizada para reemplazar las vacantes en el ámbito misional. El lado americano de la empresa de dotar de personal a las misiones se basaba (él mismo) en una misión: envío de uno o más representantes de la orden en América para encontrar hermanos de religión en Europa que quisieran viajar a las Indias y trabajar allí. Estos procuradores temporales generalmente estaban comisionados para encargarse también de otros negocios relativos a la provincia que les había confiado la responsabilidad del reclutamiento. Hacían una visita a las respectivas casas de la orden en Europa en un viaje de propaganda, con permiso previo del superior general y de los respectivos provinciales, quienes concederían el permiso para la migración una vez que quienes lo desearan hubieran solicitado debidamente su partida.

En el otro extremo del sistema de reclutamiento, en Europa, estaba el comisario general, vicario general de la orden o procurador para las Indias. En el caso de los franciscanos y agustinos, los comisarios generales tenían poderes verdaderos, eran intermediarios entre la curia de Roma y las respectivas provincias de América. Al mismo tiempo, actuaban como eslabones principales entre las provincias americanas de sus órdenes y los órganos centrales del estado castellano. Los vicarios generales de los jesuitas, por el contrario, eran meros ejecutores o agentes de las peticiones que venían de las Indias. En cualquier caso, uno u otro funcionario eran el eslabón esencial para obtener cualquier permiso que se necesitara, bien del Consejo de Indias o de la Casa de Contratación de Sevilla o Cádiz.[7]

El envío de misioneros a América era en último término cuestión de política imperial. En consecuencia, por ejemplo, dependió de la corona que las órdenes religiosas pudieran enrolar cofrades «extranjeros», con toda la compleja variedad que tal término connota. Si en principio los eclesiásticos estaban sujetos a los mismos requisitos que los seglares, en la práctica había más variantes. Por ejemplo, desde principios del siglo XVII en adelante, los jesuitas lograron cada vez más permisos, con lo que podían enviar a sus sacerdotes a América desde cualquier parte de los dominios asociados con la corona de Castilla, e incluso desde los dominios presentes y pasados del Sacro Imperio Romano. Así, entre los jesuitas que iban a América encontramos flamencos, napolitanos, sicilianos, milaneses, bávaros, bohemios, austríacos y otros no españoles. A veces, sin embargo, conseguían incluir a estas personas camuflando sus verdaderas identidades con apellidos castellanizados. En cambio, en las otras órdenes que trabajaban en América, parece que el reclutamiento de extrapeninsulares fue mucho más raro, quizá porque su estructura estaba orientada más localmente, o tal vez porque estaban inspiradas por un nacionalismo más patente.[8]

Tan pronto como se ratificaba la decisión de los misioneros, éstos viajaban a Sevilla —más tarde a Cádiz— o al Puerto de Santa María, a Jerez de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda, donde esperaban la autorización de la Casa de Contratación para embarcar. También tenían que esperar el barco que iba a transportarlos al Nuevo Mundo. Este período de espera podía durar casi un año, pero finalmente, cuando la corona había pagado el billete de su travesía trasatlántica y los costes de su manutención, los misioneros se hacían a la mar bajo el mando del procurador que había viajado a Europa a reclutarlos. Una vez llegados a puerto —y esto era algo que no se podía garantizar, pues tanto los naufragios como la captura por parte de piratas eran riesgos muy reales—, se dividían entre las casas religiosas de la provincia en cuestión. De esta forma se incorporaban a la gran maquinaria político-eclesiástica de América: se habían convertido en nuevos misioneros bajo el patronato de la corona de Castilla. El engranaje había funcionado perfectamente.[9]

Desde la segunda mitad del siglo XVII encontramos una variante al menos en lo que concierne a los franciscanos. En la península Ibérica se fundaron colegios misioneros con la intención de formar jóvenes que desde el principio de su carrera religiosa planeaban trabajar en América o África. Un ejemplo era el célebre colegio de Escornalbou, fundado en 1686 por el gran misionero de Nueva España Antoni Llinás.

No tenemos estadísticas generales sobre el ritmo y volumen de estas expediciones para reclutar misioneros, pero sabemos que variaban según la época, según la orden, e incluso, según las diferentes provincias o divisiones dentro de una orden. A veces, la expedición era para una sola provincia; otras veces, conducida por un procurador o por varios, reclutaba personal para más de una provincia. Había provincias que enviaban una expedición de reclutamiento cada 3 o 5 años; en otros casos, la búsqueda de reclutas se hacía esporádicamente, siendo en ocasiones innecesaria a medida que las provincias americanas de las órdenes se iban criollizando.

La necesidad de un clero reclutado localmente se reconoció desde fecha temprana. Sin embargo, aunque los criollos se sumaban cada vez más a los peninsulares, la Iglesia siguió contando con una presencia blanca abrumadora durante el período colonial. Algunos intentos iniciales de crear un clero nativo (indio) para Nueva España —por ejemplo, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, y dirigido por los franciscanos para educar a los hijos de la aristocracia indígena— produjeron tan magros resultados que parecían justificar cualquier opinión derrotista al respecto. La mayoría de los frailes misioneros y de los prelados diocesanos, profundamente etnocéntricos, adoptaron una posición absolutamente negativa acerca de la cuestión de la aptitud de los indios para el sacerdocio católico.

De esta forma se excluyó virtualmente a los indios de las sagradas órdenes, aunque los cánones otorgados por los concilios provinciales y los sínodos diocesanos nunca llegaron, gracias a la influencia del Concilio de Trento, a una negativa total y explícita de su ordenación. Los mestizos (mitad españoles, mitad indios) estaban, de cualquier modo, en la mayoría de los casos excluidos de la ordenación, por causa del impedimento que representaba su nacimiento ilegítimo. En 1576, el papa Gregorio XIII otorgó a los candidatos mestizos una dispensa de este impedimento, teniendo en cuenta «la gran carencia de sacerdotes que sepan la lengua indígena»; sin embargo, en la práctica, persistió la exclusión y la vía que había abierto el papa siguió sin usarse. Ni la política general de la Congregación para la Propagación de la Fe en Roma, a partir de 1622, ni la condena de la continua exclusión de los indios y mestizos pronunciada por el Colegio de Cardenales en 1631, lograron nada para cambiar la situación. Sólo en la segunda mitad del siglo XVIII, siguiendo una serie de directrices reales, podemos identificar cantidades significativas de sacerdotes indios o mestizos en muchos obispados, siendo algunos, incluso, canónigos de las catedrales. Con más frecuencia, sin embargo, constituían una especie de clero de «segunda clase», relegado a remotas parroquias rurales y que contaba con escasas perspectivas de promoción.[10]

Las órdenes religiosas femeninas nacieron, al menos en muchos casos, en suelo americano y no parecen ser un traslado de la metrópoli sino un producto local autónomo. Se producen auténticas refundaciones de órdenes, sin filiación jurídica, tan sólo con inspiración espiritual, de las casas de la península. Todas las órdenes femeninas de Hispanoamérica —clarisas, agustinas, carmelitas— fueron de vida monástica, contemplativa y no eran ni misioneras ni educadoras. Su función misionera en lo que concierne a las «repúblicas de los indios» fue insignificante. Puesto que se fundaron en América, el personal de las órdenes femeninas era, en su inmensa mayoría, criollo y, en menor medida, mestizo. Los conventos para mujeres tuvieron un papel educativo y caritativo de considerable importancia para las hijas del sector criollo de la sociedad. Preparaban a las muchachas para la vida matrimonial y acogían como miembros permanentes a las que no querían, o no podían, casarse. Sin embargo, las mujeres indias no se aceptaban como iguales en la vida de los conventos. Se admitía en ellos a algunas nativas, pero constituían un nivel más bajo que se dedicaba a las labores manuales dentro del convento. Era más probable encontrar indias y mestizas como «beatas», un tipo algo inferior de vida religiosa que apareció primero en Nueva España, poco después de la conquista española, y que sirvió para evangelizar a las mujeres y elevar su nivel cultural o para resolver problemas sociales. Algunas jóvenes criollas y mestizas entraban en la vida religiosa fuera de las órdenes establecidas, aunque en algunos casos pertenecían a la Orden Tercera (franciscanas). Hacían de su casa un convento, donde podían dedicarse a la oración y a formas más o menos extremas de penitencia; a veces, también, a obras de caridad. Dos de las mujeres americanas que alcanzaron la canonización oficial pertenecen a esta categoría: Santa Rosa de Lima (1586-1617) y Santa Mariana de Jesús (1618-1645). Ambas se corresponden con un tipo ibérico de devoción sin conexión con los problemas específicos de la cristiandad colonial americana.[11]

Finalmente, sería útil destacar algunas individualidades representativas del primer siglo de evangelización, siempre que tengamos presente que no pueden representar todo el amplio espectro del primer cristianismo en América. Vamos a centrarnos en cuatro personalidades del episcopado hispanoamericano en su momento inicial, misionero. Aunque sus circunstancias eran distintas, teman una ejemplaridad en común: haber asumido con plena conciencia la misión de arraigar una Iglesia cristiana en América, a pesar de la ineludible servidumbre colonial.

Bartolomé de las Casas, fraile dominico (1484-1566), fue obispo de Chiapas de modo efectivo durante sólo un año (1545-1546); su obra fue otra: tomar conciencia de la realidad de América en 1514. Desde entonces dedicó el medio siglo restante de su vida a la defensa de los indios, luchando contra la forma que estaba adquiriendo el sistema colonial. Lo combatió como sacerdote, como fraile, como obispo, como consejero en la corte, como polemista, como historiador y como representante de los indios. Se alió con la corona para anular los privilegios de los colonos; influyó sobre la conciencia de los frailes para que no absolvieran a los encomenderos; propagó por escrito su propia visión de cómo debían ser las Indias; profetizó la destrucción de España como castigo de las crueldades que había infligido a los inocentes indios. Es cierto que condescendió con la importación de africanos como esclavos para evitar la esclavitud de los nativos americanos. Algunos asertos de sus panfletos e historias eran, sin duda, exagerados. Sin embargo, su grandeza —que permanece intacta incluso para sus detractores— radica en la forma en que denunció y se disoció a sí mismo del proceso histórico del que formaba parte. En la medida en que la acción de Las Casas se fundó en sus convicciones de cristiano, fraile y obispo, su figura pertenece a la corriente liberadora de la Iglesia.[12]

Vasco de Quiroga (1470-1565) llegó primero a América como sacerdote, pero con un cargo laico, el de «oidor» de la Audiencia de México, donde no tardó en percibir la degradación de los indios en la sociedad urbana colonial. En 1532 fundó para ellos el Hospital de la Santa Fe, en las afueras de la capital, institución que combinaba funciones benéficas, sanitarias, educativas y catequísticas. Su experiencia de México se repetiría en Michoacán, de donde fue nombrado obispo en 1538. Modelados en ideas platónicas, humanísticas y evangélicas, los hospitales hicieron revivir en el contexto del sistema colonial la fraternidad de la comunidad indígena que el mismo sistema había destruido: los residentes disfrutaban, entre otras cosas, de la propiedad comunal, trabajo colectivo, instrucción religiosa y profesional, igualdad de nivel económico y administración comunitaria de lo que producían. Para abastecer de trabajadores a la evangelización, fundó el seminario de San Nicolás al amparo de la catedral de Pátzcuaro, del que ya se habían ordenado más de 200 sacerdotes hacia 1576. Quiroga representa el origen de las tendencias indigenistas sin opresión, destinadas a liberar a los indios de la explotación de los encomenderos. También puso en práctica una alternativa misionera que no dependía ni de la servidumbre económica ni de la castellanización.[13]

Domingo de Santo Tomás, fraile dominico (1499-1570), es un ejemplo típico de teólogo y misionero mendicante. Tenía una dilatada experiencia en Perú, a donde llegó en 1540. En Lima se convirtió en profesor de teología, especialista en cuestiones relativas a los indígenas, y en corresponsal e informante de Las Casas. Fue a España en 1555 como delegado de los indios y permaneció allí hasta 1561, durante las interminables y tortuosas negociaciones entre los colonos, los indios y la corona sobre la perpetuidad de las encomiendas. Antes había recorrido la sierra peruana y partes de Charcas, buscando votos favorables y recogiendo fondos para que los indios pudieran «comprar» su libertad de la encomienda, en una atmósfera cargada de tensiones. Durante su período de residencia en España publicó la primera gramática en lengua quechua (1560). Causó una profunda impresión en la corte y en 1562 fue nombrado para ocupar la sede de La Plata, sucediendo a Tomás de San Martín, su hermano de religión y en la defensa de los derechos de los indios. Como tal prelado asistió al Segundo Concilio Peruano de 1567.

Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606) se educó en las universidades de Valladolid y Salamanca. Trabajó en la Inquisición de Granada hasta que Felipe II lo eligió, nada menos, para el arzobispado de Lima (1580). En el cuarto de siglo de su gobierno sobre la Iglesia peruana llevó a cabo una inmensa tarea de organización. Se hicieron varios concilios provinciales peruanos bajo su presidencia —el Tercero en 1582, el Cuarto en 1591 y el Quinto en 1601—, además de los 10 primeros sínodos diocesanos de Lima (1582, 1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1602 y 1604). Efectuó la visita pastoral de su enorme archidiócesis en los años 1581 y 1582, 1584-1588, 1593, 1601 y 1605-1606. Sin duda, en Mogrovejo se reunían varias de las características principales del modelo episcopal trídentino, entre las que estaba su conciencia de que no podía delegarse la responsabilidad de lo que ocurriera bajo su jurisdicción. Ello lo llevó a enfrentarse repetidamente con los virreyes y la Audiencia, e incluso con el mismo Felipe II, por el «delito» de informar directamente al papa de la situación de la Iglesia en las Indias.[14]

CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA

Hacia la primera mitad del siglo XVII, la Iglesia en todos sus aspectos (secular y regular, clerical y laico) se había trasplantado de la península a las colonias americanas. Después de 1620, por ejemplo, no se crearon nuevos obispados hasta 1777. Las consignas en todos los sentidos eran estabilización y consolidación. La Iglesia, en efecto, vivía entonces de las rentas procedentes del esfuerzo que había hecho en el siglo XVI.

Sólo en un área específica se puede hablar de crecimiento: la fundación de universidades. Si tenemos en cuenta que sólo dos universidades estatales (Ciudad de México y Lima) y tres privadas (Santo Domingo, Quito y Bogotá) se habían establecido en el siglo XVI, la extensión de la educación superior en el siglo XVII fue decisiva. Y fueron las órdenes religiosas fas que, en mayor medida, tomaron sobre sí esta responsabilidad. Los jesuitas establecieron universidades en Santiago de Chile, Córdoba, La Plata, Cuzco, Quito, Bogotá y Mérida (Yucatán); los dominicos, en Santiago de Chile, Quito y Guatemala; los franciscanos, en Cuzco. En cambio, en el siglo XVIII la mayoría de las universidades —Santiago de Chile, Caracas, Mérida (Maracaibo), La Habana, Guadalajara, León (Nicaragua)— fueron fundadas por el episcopado. Desde luego, una parte significativa de estas llamadas universidades no eran, en realidad, más que instituciones para la formación del clero; la mayor parte proporcionaban instrucción únicamente en filosofía y teología; sólo unas pocas poseían cátedras de cánones o derecho civil; menos aún tenían cátedras de lenguas clásicas o indígenas; y las universidades que ofrecían instrucción en el campo de la medicina o de las ciencias naturales fueron pocas, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII. En una universidad tan grande como la de México, los juristas y teólogos tenían una abrumadora preponderancia: en fecha tan tardía como 1793 la universidad tenía 172 profesores de derecho, 124 de teología y sólo 12 de medicina. Las universidades coloniales hispanoamericanas consiguieron escasos resultados en el sentido del aprendizaje y la investigación originales y contribuyeron poco al debate crítico sobre los problemas de la sociedad. Como la Iglesia que las respaldaba, su función social fue la de conferir legitimidad al sistema colonial. Sin embargo, cada uno de estos centros académicos fomentó una relativa actividad intelectual en su respectiva zona y sentó las bases para cierto tipo de tradición local de pensamiento.[15]

Otro fenómeno del siglo XVII fue el endurecimiento de las actitudes adoptadas respecto a las prácticas religiosas indígenas en las zonas centrales del dominio colonial. Hasta cierto punto se podría decir que si en el siglo anterior había dominado el ideal de la Iglesia local y el cultivo de cierto diálogo intercultural y la prédica del evangelio, en el siglo XVII se vio con preocupación que las religiones paganas habían sobrevivido y que seguían afectando las vidas de los nativos de mil formas distintas. Existe una gran cantidad de datos que evidencian lo que podría considerarse un fracaso parcial de los métodos de evangelización empleados. Podría pensarse en buena lógica que la conclusión sería embarcarse en una nueva campaña misionera para acabar con este creciente sincretismo; la realidad fue muy diferente. La época de los grandes misioneros fue quedando atrás y la reemplazó una pastoral conservadora y rutinaria. Se tomó la decisión de destruir todo lo que pudiera poner en evidencia errores pasados.

Esta concepción se hizo especialmente evidente en las diversas campañas para extirpar la idolatría en los Andes durante la primera mitad del siglo XVII. El descubrimiento, aparentemente casual, de que persistían ciertas prácticas paganas desató una lucha a muerte, concebida según el método inquisitorial: se predicaba sistemáticamente contra la idolatría en todos los pueblos; los sospechosos de ella eran denunciados a las autoridades, y bien se «reconciliaban» o se les condenaba como contumaces. La consecuencia era el encarcelamiento, la destrucción física de cualquier símbolo considerado idolátrico y el severo castigo de los llamados hechiceros. Los indios quedaron aterrorizados y se impuso una dualidad esquizofrénica en sus vidas. Exteriormente eran cristianos, mientras que en su interior seguían observando las creencias religiosas indígenas, cada vez más devaluadas y desorganizadas. Es difícil exagerar el impacto de esta revolución misionera. Desde luego parece cierto que la alienación indígena respecto al mundo de los colonos, tan a menudo destacada como una de las principales características de su actitud en relación con los blancos, resultó reforzada a partir de estos sucesos.[16]

Al igual que en España, el instrumento de la lucha contra la disidencia religiosa fue la Inquisición, establecida por Fernando e Isabel. Se trasladó a América hacia 1519 y en adelante funcionó a través de los tribunales de Lima (fundado en 1570), Ciudad de México (fundado en 1571) y Cartagena (fundado en 1610). Sin embargo, la Inquisición no tenía, estrictamente hablando, ninguna jurisdicción sobre los indios. Su función principal era suprimir el judaísmo o el protestantismo, así como la brujería y las desviaciones sexuales.

Cuando los judíos que se negaron a bautizarse fueron expulsados de España en 1492, algunos se refugiaron en Portugal, aunque ni allí tuvieron seguridad durante mucho tiempo. Llegaron a las colonias de Castilla bien directamente, bajo las más sorprendentes y diversas apariencias, o indirectamente a través de Brasil. Esto llevó a la sociedad colonial hispanoamericana a considerar los términos «portugués» y «judío» idénticos en su significado. Parece que muchos judíos se integraron pacíficamente con los colonos y que nunca atrajeron sobre sí la atención, como lo demuestra el hecho de que sólo un número reducido de casos fue entablado contra ellos por parte de la Inquisición. Otros se mantuvieron en un estado de criptojudaísmo. De los criptojudíos que cayeron en manos de la Inquisición, quizás los más notorios fueron los del grupo capitaneado por Luis de Carvajal en Pánuco. El «auto de fe» de 1596 afectó a 80 herejes, de los cuales 25 eran judaizantes. Nueve parientes de Carvajal murieron quemados; a él se le conmutó la sentencia por la de expulsión de las Indias. Los anales de la Inquisición abundan en casos aislados de portugueses acusados de ser judaizantes, especialmente en las ciudades portuarias como Veracruz, Cartagena, Buenos Aires y Lima, y en grandes centros comerciales como Potosí. Sin embargo, a menudo la práctica clandestina de la religión judía no podía probarse. En períodos en los que crecía el enfrentamiento con los conversos —particularmente cuando Portugal recobró su independencia de Castilla (1640-1667)— el simple hecho de ser portugués era suficiente para atraerse las sospechas. Una forma de discriminación sufrida por los portugueses por parte de las autoridades coloniales, era el ser multados con «composiciones», pagos en dinero que tenían que hacer efectivos repetidamente para regularizar su residencia, presumiblemente ilegal, en las colonias. La corona española recurría con regularidad a esta exacción para cubrir sus frecuentes crisis financieras.

En vista de la sangrienta represión infligida por la Inquisición española a cualquiera que se pensase que tuviera la menor inclinación o simpatía hacia las doctrinas luteranas o protestantes, no sorprende, en absoluto, que no haya ninguna presencia significativa de protestantes en los dominios españoles de ultramar. Casi todos los casos que llegaron a la Inquisición se refieren a extranjeros —ingleses, franceses, holandeses, belgas y alemanes—. No está claro, de hecho, si el motivo verdadero del juicio era religioso más que político, como, por ejemplo, en los juicios celebrados en el siglo XVI en Nueva España, donde casi todos los acusados eran marinos o piratas de los barcos de Gaspard de Coligny, Jean Ribault, John Hawkins, Francis Drake y otros similares. Fuera de estos casos, hubo brotes efímeros de protestantismo en Venezuela bajo los Welser, en 1528-1546, y en el istmo de Panamá en la época de la colonia escocesa, en 1698-1700.

La Inquisición en Hispanoamérica hizo valer su autoridad contra los negros, esclavos o libres, castigándolos tanto por prácticas supersticiosas como por cualquier inclinación al levantamiento. Por ello, puede asegurarse que los esclavos llegaron a la conclusión de que al practicar lo que recordaban de la religión africana, manteniéndose tras una fachada de conformidad con el catolicismo, conservaban vivas tanto la esperanza de liberación como la afirmación de identidad que se les negaba en la sociedad colonial. En cuanto al clero, la evangelización de los esclavos negros era una preocupación marginal, aunque hubo notables excepciones, como los obispos Pedro de Carranza, de Buenos Aires, y Julián de Cortázar y Torres, de Tucumán, y los dos héroes de Cartagena, el gran puerto de llegada de esclavos, los jesuitas Alonso de Sandoval y Pedro Claver. Había numerosas cofradías compuestas exclusivamente por negros, y ellas ofrecían oportunidades para formas de expresión religiosa donde podían desarrollarse prácticas sincréticas.

El proceso de consolidación de las instituciones eclesiásticas coloniales, que, como se ha apuntado, caracterizó el siglo XVII, se correspondió a su vez con un importante cambio material: esta fue la época en que se formaron los patrimonios de las órdenes religiosas y de las parroquias seculares. En su origen, había dos formas básicas de propiedad: dinero y bienes inmuebles. El origen más frecuente de esta riqueza de la Iglesia ya desde el siglo XVI eran los legados de colonos. Al morir, un colono legaba una suma de dinero a un convento determinado a cambio de servicios espirituales que éste le prestaría: capellanías de misas por el difunto, bien como dote para las hijas que aún no se hubieran casado o cualquier otra forma de legado. Si éste consistía en dinero, el beneficiario lo invertía, generalmente, en «censos» (la forma más usual de crédito de la época). Si el legado era una propiedad, el beneficiario la trabajaba directamente o la arrendaba a un tercero, como se hacía en el caso de muchas haciendas, propiedades urbanas y minas. El carácter institucional de las órdenes religiosas explica el proceso acumulativo de su patrimonio, que casi siempre crecía y raramente disminuía. En tales circunstancias, no es de extrañar que todas las órdenes religiosas, e incluso cada convento, llegaran a convertirse en un considerable poder financiero y económico. El caso de los jesuitas es bien conocido a raíz de su expulsión de las Indias en 1767 y de la incautación de sus bienes temporales por el estado. Modernos estudios sobre las haciendas de los jesuitas[17] esclarecen su gestión de negocios (que incluían la mano de obra esclava), y han contribuido a dar la impresión de que la Compañía de Jesús era una institución inmensamente poderosa. Pero en este sentido no constituía una excepción entre las órdenes religiosas.

La Iglesia secular disfrutaba también de un patrimonio agrario de origen similar, el de los frailes. Además, recaudaba diezmos de los blancos y los mestizos e, incluso, en cierta medida de los indios, lo cual suponía una forma de impuesto del que se nutría la nómina episcopal, capitular y parroquial. La suma así recogida variaba mucho de una diócesis a otra, según la densidad de población de la región y el grado de prosperidad económica: en la década de 1620-1630, por ejemplo, el fruto del diezmo podía variar entre 60.000 y menos de 10.000 pesos, según el obispado. La cantidad producida por el diezmo se convirtió en un importante factor a la hora de establecer la jerarquía de las sedes episcopales. Con el tiempo, la recaudación de diezmos se arrendó a seglares por una suma fija de dinero. En muchos lugares el volumen de legados recibidos y de inversiones realizadas dio lugar a que los obispados funcionaran como instituciones financieras. Empezaron administrando los réditos de los bienes inmuebles para sostener las obras piadosas (juzgados de capellanías) y terminaron practicando el crédito y la inversión de capital en la Hispanoamérica colonial.[18]

Otra manifestación del estancamiento en que se encontraba la Iglesia en el siglo XVII es el cierre de perspectivas y la consiguiente canalización de energías hacia múltiples disputas internas, ampliamente recogida en la historiografía eclesiástica: pleitos sobre cuestiones fundamentales o fútiles de jurisdicción entre obispos y el poder civil; pleitos entre obispos y órdenes religiosas (recuérdese el pleito de Cárdenas con los jesuitas en Paraguay o el de Palafox con los jesuitas y franciscanos en Puebla); pleitos entre conventos por supuestos prestigios o en defensa de sus respectivas clientelas; pleitos dentro de una misma orden entre criollos y peninsulares por sus controvertidos derechos sobre el gobierno de la orden, que tuvieron que zanjarse en Madrid o Roma, a menudo con la artificial «alternativa» o alternancia de unos y otros en los cargos de dirección de cada jurisdicción. Acaso sea esta una de las características más reveladoras de la religiosidad clerical barroca en América.[19]

Mientras en el siglo XVII la administración central eclesiástica aparece dormitando por encima del conservadurismo pastoral, una trascendental ampliación del frente misionero se estaba llevando a cabo, gracias a los religiosos (especialmente jesuitas y franciscanos), mejor dotados para no quedar atrapados en el círculo vicioso de la inercia y la entropía. En realidad, el esfuerzo misionero regular nunca se había interrumpido por completo, aunque a menudo no tuviera éxito o careciera de continuidad. Los jesuitas fueron la última gran orden religiosa que hizo su aparición en América; por esta misma razón disfrutó de las mejores perspectivas al situarse en aquella sociedad. Así, por ejemplo, desde el principio mostró graves reticencias a hacerse cargo de «doctrinas» en la zona central del dominio colonial y las pocas que aceptaron finalmente, como Juli (junto al lago Titicaca), lo hizo con importantes restricciones. Dos tipos de problemas interesaban a los jesuitas: los comunitarios derivados de la vida de pocos religiosos fuera de sus conventos, y los éticos, a causa de la dependencia patronal de las peliagudas relaciones con los encomenderos.

Las reducciones jesuíticas, que datan de la primera década del siglo XVII, representaban una clara alternativa a los métodos existentes de evangelización pastoral, y marcaron una ruptura de los conceptos que habían prevalecido desde el período de experimentación misionera en la primera mitad del siglo XVI y una vuelta al mundo de Las Casas y Quiroga.[20] Los jesuitas tienen el mérito histórico de haber puesto en práctica, en gran escala, un modelo evangelizador alternativo al de la predicación colonizadora y castellanizante, correa de transmisión del mecanismo de integración. Las reducciones proclamaban con intransigencia la necesidad de construir una sociedad paralela a la de los colonos, sin intervención de éstos ni del sistema administrativo que tutelaba sus intereses. Al negarse a servir de instrumento para abastecer de mano de obra a los colonos, podía plantear la evangelización en términos integrales: no sólo en doctrina, sino reforzar la práctica social india en sus componentes económico, urbano, lúdico y ecológico. Podemos alcanzar una idea aproximada de las proporciones del «sagrado experimento» a lo largo de América examinando el cuadro 2.

CUADRO 2

Reducciones jesuíticas en América

Área misional
Año inicial
N.º de
centros
Indios
reducidos
(1767)

Paraguay
1607
40
c. 130.000

Moxos
1682
15
18.500

Mainas
1700
32
19.200

Los Llanos y Casanare
1659
36
?

Tarahumara, Sonora y Sinaloa
1614
40
c. 40.000

California
1695
19
c. 22.000

El carácter objetivamente utópico del sistema de reducciones se puso de manifiesto en su múltiple conflictividad (con potencias coloniales competidoras de Castilla, con la autoridad civil, con los colonos, con la iglesia diocesana, etc.). Como principio básico, la evangelización por el sistema de reducciones adoptó la creencia de que «hay que hacer antes hombres que cristianos»; pero debe reconocerse también que el sistema estaba condenado a la contradicción de quedarse corto, cuando se exige del mundo colonial cristiano que le permita «al indio ser hombre, hombre libre, sin injusticia y sin explotación», según formula Bartomeu Meliá. La aludida conflictividad culminará en la expulsión de sus responsables durante la escalada regalista del siglo XVIII.

También existe un ciclo franciscano. La orden contaba con una tradición misional y doctrinaría que arrancaba de la época antillana; en Nueva España consiguió notables resultados, si recordamos la labor de Zumárraga, Sahagún o Motolinía. La orden también había pasado por un proceso de criollización, que amortiguó su ardor evangelizador. Siendo la orden que tenía más misioneros, desde mediados del siglo XVII tuvo que volver a depender del voluntariado metropolitano para atender los antiguos y los nuevos campos de evangelización.

CUADRO 3

Colegios franciscanos en Hispanoamérica

Colegio
Año de
fundación
Misiones atendidas por el colegio

Querétaro
1683
Zacatecas, Nayarit, Texas

Ciudad de México
1731
Tamaulipas, Tarahumara, California

Ocopa
1734
Huallaga, Ucayali, Urubamba, Apolobamba

Chillán
1754
Araucanía, Chiloé

Tarija
1755
Chiriguano

Moquegua
1795
Santa Ana del Cuzco, Karabaya, Apolobamba

Tarata
1795
Yuracarés, Guarayos

El renacimiento del impulso misionero franciscano adoptó una forma reformista desde el principio. En 1683 el fraile mallorquín Antoni Llinás dirigió un grupo de franciscanos españoles que transformaron el convento de Querétaro en el primer Colegio Apostólico de Propaganda Fide, cuyo propósito explícito era la labor misionera. Fue el principio de toda una cadena de colegios similares establecidos en América, como puede verse en el cuadro 3.[21] De igual modo que los jesuitas se habían inspirado en cierta medida en los franciscanos de Nueva España en el siglo XVI, a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII los franciscanos adoptaron muchos de los métodos misionales de los jesuitas. Ello los llevó repetidamente a entrar en conflicto con los colonos, por ejemplo, entre los chiriguano. Tras la partida de los jesuitas en 1767, los franciscanos ampliaron su responsabilidad y asumieron, y algunas veces extendieron, muchas de las misiones jesuitas, a menudo en colaboración con otras órdenes: California (compartida con los dominicos), Los Llanos de Orinoco (aunque los dominicos asumieron las misiones de Casanare), Chiriguano y algunas de las de Paraguay (donde otras fueron recogidas por dominicos y mercedarios). En cualquier caso, al final del período colonial, los franciscanos tenían la parte del león en la labor misionera de la Iglesia, desde el sur de Chile hasta California, Arizona y Nuevo México.

LOS EFECTOS DEL NUEVO REGALISMO EN LA IGLESIA A FINES DEL SIGLO XVIII

Un intenso conflicto ideológico, con profundas repercusiones políticas y eclesiásticas, tuvo lugar en la América del siglo XVIII, del mismo modo que en la España contemporánea. Ya hemos visto que como resultado de una serie de concesiones pontificias la corona ejercía el patronato sobre la Iglesia en Hispanoamérica desde el siglo XVI. Durante el siglo XVII se escribieron ambiciosos tratados teóricos que defendían el regalismo, entre otros, los escritos por Juan de Solórzano Pereira, Pedro Frasso y Juan Luis López. Con la llegada de los Borbones franceses, el regalismo se reforzó considerablemente con el galicanismo. Los tratados del siglo XVIII de Álvarez de Airen, Rivadeneyra y Manuel José de Ayala, por ejemplo, sostenían la opinión de que el patronato eclesiástico era una prerrogativa inalienable de la soberanía, consecuencia del derecho divino de los reyes. Al mismo tiempo, el galicanismo era reformista y de carácter ilustrado, amante de la erudición crítica y profundamente interesado por la educación en todos los niveles. Su proyecto arranca de hombres tales como Mabillon, Bossuet, Fleury, Alexandre y Van Espen, y de la mano de Feijóo, Barbadinho, Macanaz, Mayans y otros. Adopta una voz americana con Toribio Rodríguez de Mendoza en Lima, José Pérez Calama en México y Quito, Espejo y Santa Cruz también en Quito, Moreno y Escanden en Bogotá, José Antonio de San Alberto en Córdoba, en Tucumán y La Plata, y Fabián y Fuero y Manuel Abad y Queipo en Nueva España, por mencionar sólo unos pocos.[22]

Los regalistas reformadores ilustrados veían a los jesuitas como el obstáculo decisivo para una más completa confirmación del poder estatal sobre la Iglesia. Los jesuitas tenían amplios poderes en el campo de la educación y, de forma más general, en la orientación de las conciencias. La «doctrina» jesuítica llegó en cierto momento a convertirse en sinónimo de presunta deslealtad hacia la corona y hacia los derechos que ahora reclamaba: se ha alegado la doctrina tomista sobre los orígenes populares de la soberanía, presentada por ejemplo por Francisco Suárez (1548-1619) y Juan de Mariana (1536-1624), como una causa de tal sospecha; pero la tradición escolástica era común a toda la Iglesia. Si los jesuitas llegaron a ser odiados por la clase gobernante en la época del despotismo ilustrado, hay que buscar los motivos en otra parte. Una posible explicación sería la compacta estructura jerárquica de la Compañía, que, desde su fundación, la había hecho casi impermeable a la manipulación desde Madrid. De todas las órdenes, los jesuitas eran los más independientes de la autoridad episcopal, los más devotos del papado, los más resistentes a la burocracia real. Los jesuitas eran, al menos, tan poderosos en la metrópoli como en las colonias, de forma que el asunto del llamado «estado jesuítico» paraguayo —en el que sus detractores insistían continuamente— no era más que un pretexto político. Los políticos españoles no hacían más que recoger los vientos dominantes en Francia, Portugal y Austria. Por encima de esto, debe observarse también que, cuando el gobierno español tuvo la oportunidad de desmantelar el sólido patrimonio socioeconómico que los jesuitas habían construido —haciendas, colegios y misiones—, aquellos sectores de la sociedad y el clero cuyo interés se veía beneficiado no necesitaron imitar a nadie para expresar sus deseos, acumulados desde hacía mucho tiempo.

La campaña antijesuítica estaba declarada de forma clara desde mediados del siglo XVIII. Cualquier táctica imaginable fue desplegada contra ellos. Finalmente, Carlos III, atendiendo a sus ministros jansenistas, descargó todo el peso de sus recelos y sospechas en la Pragmática Sanción de 27 de febrero de 1767, por la que, siguiendo el ejemplo de Portugal (1759), expulsaba a todos los miembros de la orden de sus dominios, tanto en Europa como en América. No pudo evitarse que las consecuencias fueran calamitosas, a pesar de la incuestionable determinación del estado y de muchos obispos para llenar el hueco dejado por los jesuitas. Las universidades, colegios y misiones se vieron privados de más de 2.500 padres que formaban parte de su personal, la mayoría criollo, cosmopolitas, bien cualificados, disciplinados y eficientes. En realidad, la derrota de los jesuitas fue la derrota de una de las fuerzas de la Iglesia que mejor podía luchar contra las aspiraciones autoritarias del nuevo regalismo. Sin los jesuitas, la Iglesia se quedaba prácticamente indefensa ante el estado e ingresaba desarmada a la etapa preindependentista.

La ofensiva regalista, desembarazada ya de la Compañía de Jesús, buscaba ahora colocar el aparato eclesiástico bajo un control estatal aún más rígido. Carlos III prohibió primero la enseñanza y luego la defensa pública de la «doctrina jesuítica». En 1768-1769, convocó una serie de concilios provinciales «para exterminar las doctrinas relajadas y nuevas, sustituyendo las antiguas y sanas». Cuatro concilios, los primeros desde hacía más de siglo y medio, tuvieron lugar entre 1771-1774, pero los resultados distaron mucho de ser brillantes. El concilio de México no se mostró muy deferente con el monarca y, de hecho, pidió al papa que convirtiera a todos los jesuitas en parte del clero secular. En Bogotá los procedimientos fueron tan ambiguos que las decisiones no fueron concluyentes y tuvo que invalidarse. En Lima el concilio se ocupó de la reforma del clero, pero al denunciar la «doctrina jesuítica», como se le había pedido, no logró exteriorizar toda la pasión que la autoridad civil esperaba, por lo que Madrid se desinteresó de aprobar o ratificar las determinaciones acordadas por los prelados en el concilio. Por último, en La Plata el concilio se convirtió en campo de batalla donde se enfrentaron el obispo local, que comandaba la corriente de aceptación de la demanda real, y el de Buenos Aires, que la desoía. Lo que la asamblea de La Plata originó, en realidad, fue una de las primeras manifestaciones de una característica esencial de la conducta democrática: el reconocimiento de que las decisiones de la mayoría vinculaban a la minoría.[23]

Durante las dos últimas décadas de gobierno colonial español, la Iglesia (especialmente el alto clero, predominantemente español) se mostró más dependiente y subordinada respecto al estado de lo que pudo haberlo sido antes. En la rebelión de los comuneros contra los impuestos en las provincias de El Socorro, Tunja, Sogamoso, Pamplona y Los Llanos de Nueva Granada en marzo de 1780, los protagonistas fueron los criollos (aunque, como en otros lugares, utilizaron a mestizos e indios para defender sus intereses). El representante de la autoridad colonial que tuvo que enfrentarse a la crisis fue el arzobispo Caballero y Góngora, de Bogotá. Su estrategia constituyó una obra maestra de maquiavelismo: aparentó aceptar las demandas de los insurgentes, cuando éstos llevaban las de ganar; denunció los acuerdos firmados y descargó la represión cuando contó con la fuerza militar suficiente para ello.[24] Al mismo tiempo, Perú estaba sacudida por la más profunda conmoción jamás registrada en la sociedad andina: miles de indios y mestizos se rebelaron contra los abusos coloniales, antiguos y recientes. En agosto de 1780, la zona central de la Audiencia de Charcas (Alto Perú) —Chayanta, Yampara, Purqu y Aullagas— se levantó en armas abiertamente; en noviembre de 1780 lo hicieron las regiones de Cuzco, Arequipa, Huamanga y Puno; y en marzo de 1781, las de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. ¿De qué lado estaba la Iglesia? Los pocos sacerdotes que lucharon o simpatizaron con los rebeldes lo hicieron por necesidad. En cambio, del lado contrario el aparato clerical identifica su destino intuitivamente con el de la minoría blanca y se deja manipular por el poder civil como instrumento de «pacificación» (es decir, sometimiento) de los no blancos. La tajante división entre los dos bandos aporta una nueva evidencia de que la Iglesia estaba allí para servir al estado colonial más que a los indios. Se ha especulado con las supuestas simpatías tupamaristas del obispo criollo de Cuzco, Juan Manuel de Moscoso y Peralta; sin embargo, nunca las tuvo, tan sólo existió una conspiración entre un canónigo local y dos funcionarios reales, Benito de la Mata Linares y Jorge de Escobedo. Si tales simpatías existieron entre el bajo clero o entre los misioneros, la indoctrinación del aparato eclesiástico habría bastado para ocultar con éxito tales sentimientos.

Pero hacia 1808-1810, la lealtad del bajo clero, predominantemente criollo, hacia la corona es menos segura. Aquél se resentía cada vez más del virtual monopolio de los altos cargos eclesiásticos por parte de los «peninsulares». Muchos de sus privilegios, especialmente el «fuero eclesiástico», que les daba inmunidad frente a la jurisdicción civil, estaban amenazados, y una serie de medidas que culminaron en la consolidación del decreto de amortización de 26 de diciembre de 1804 intentaron (sólo con limitado éxito, hay que decirlo) apropiarse las tierras y el capital pertenecientes a las fundaciones y capellanías religiosas. Los párrocos dependían de estos ingresos y legados para complementar sus bajos sueldos. Para el vasto ejército de clérigos que no se beneficiaban del patronato real (se estima que representaban cuatro quintas partes del clero secular en Nueva España a finales del siglo XVIII), así como para gran número del clero reguiar, eran la única fuente de ingresos. El bajo clero tuvo un papel destacado en algunas revoluciones independentistas, siendo las más notables las de Hidalgo y Morelos en México (1810-1815). Aunque el rechazo de la autoridad tradicional de la corona en Hispanoamérica durante la segunda y tercera décadas del siglo XIX puso en cuestión, inevitablemente, la autoridad de la Iglesia, tan íntimamente ligadas estaban ambas, que la última, por supuesto, sobrevivió a las guerras de independencia. Pero también lo hizo el concepto del «patronato». Los gobiernos de las nuevas repúblicas estaban tan decididos como lo había estado la corona española a controlar la Iglesia católica mediante la reivindicación y el ejercicio del derecho de nombramiento de cargos eclesiásticos y, al mismo tiempo, a restringir su poder y privilegios y a reducir sus propiedades. La relación entre Iglesia y Estado fue un tema de discusión política central en la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas a lo largo del siglo XIX.

Capítulo 7
LA IGLESIA CATÓLICA EN EL
BRASIL COLONIAL[*]

La historia de la Iglesia en Brasil ha estado abierta tradicionalmente a dos interpretaciones. Estas interpretaciones son irreconciliables, porque representan las opiniones de dos sectores de la sociedad que estuvieron en permanente conflicto desde el establecimiento allí de la Iglesia cristiana. La primera interpretación nace de la actitud del colonizador inicial. Se puede resumir en las palabras del rey João III al dirigirse a Tomé de Souza, primer gobernador general de Brasil: «La razón principal que me ha llevado a colonizar Brasil es la de convertir a sus pobladores a nuestra santa fe católica».[1] Según esta opinión, la colonización europea de Brasil estaba motivada sobre todo por imperativos espirituales, puesto que se dirigía a la conversión de los indios, a la expansión de la Iglesia y a la divulgación de la verdadera fe entre quienes estaban en el oscurantismo. La segunda interpretación puede atribuirse a quienes sufrieron las consecuencias de la demanda de mano de obra por parte de los colonos europeos; fueron principalmente indios, africanos importados como esclavos y sus descendientes, nacidos en la esclavitud en Brasil. Según el cronista Claude d’Abbeville, un indio, llamado Momboré-uaçu, dijo a los colonizadores franceses de Maranhão en 1612: «Los portugueses mandaron venir a sus sacerdotes, quienes llegaron y levantaron cruces y empezaron a enseñar a nuestra gente y a bautizarlos. Después los portugueses dijeron que ni ellos ni sus sacerdotes podían vivir sin esclavos que los sirvieran y trabajaran para ellos».[2] Esta opinión hace coincidir evangelización con explotación y esclavitud.

El proceso de evangelización en el Brasil colonial, que abarca tres siglos, se desarrolló en cinco momentos o ciclos, que se correspondieron con cinco zonas de colonización: el cinturón costero (especialmente en el nordeste); su hinterland; Maranhão y Pará (el Amazonas); Minas Gerais y el oeste; y São Paulo y el sur. La actividad misional fue llevada a cabo por cuatro órdenes religiosas —jesuitas, franciscanos, carmelitas y benedictinos— bajo los auspicios del Padroado Real (Patronato Real) de Lisboa, y dos órdenes más —capuchinos y oratorianos—, que dependían de la Propaganda Fide de Roma, fundada en 1622 para centralizar la tarea misional de la Iglesia católica y neutralizar al Padroado de Portugal y al «Patronato» de España. En el Diálogo sobre a conversão do gentio (1556), que fue el primer tratado surgido de la experiencia misional brasileña, el jesuita Manuel de Nóbrega defendía la postura de que la conversión de los indios sólo era posible después de que hubieran sido sojuzgados. Así se le daba un aire de legitimidad a la colaboración entre soldados y misioneros. Las religiones indias eran consideradas como idolatría. Los misioneros buscaban exorcizar todo vestigio de lo que podía tomarse como idolatría, ignorancia, superstición o desviación de la «santa fe católica». Sufriendo a menudo circunstancias adversas, los misioneros entraban en contacto con los indios para persuadirlos a abandonar sus prácticas equívocas. Más tarde el famoso jesuita Antonio Vieira (1608-1697) explicó en numerosos escritos su punto de vista sobre la colonización de Brasil, según el cual el proceso de colonización era parte de los designios generales de Dios para permitir a todos los pueblos del mundo conocer la verdadera fe. Siguiendo a Vieira, la evangelización era imposible sin la colonización. Por esta razón el descubrimiento y conquista de las Indias se veían como obra del mismo Dios, e incluso fueron considerados como el mayor acontecimiento de la historia de la salvación después de la creación del mundo y de la venida de Cristo.

Fue durante el reinado de João III (1521-1557) cuando Portugal se interesó por Brasil como un posible emplazamiento adecuado para la producción de azúcar. Sin embargo, puesto que la caña de azúcar sólo podía cultivarse en la húmeda zona costera tropical, el auge colonial del azúcar se limitó principalmente al cinturón costero nororiental entre Natal y Salvador, con centros menores en la zona que rodeaba Vitória, Río de Janeiro, São Vicente y Santos en el sur, y São Luís do Maranhão en el norte. El azúcar siguió siendo el principal cultivo de la historia del Brasil colonial, y las demandas de la producción azucarera llevaron al establecimiento de un sistema de trabajo basado en la esclavitud, primero de indios y luego de africanos. Las profundas tradiciones del catolicismo portugués impregnaron toda la ideología del capitalismo en Brasil. Sin embargo, las prácticas religiosas se enlazaron con la estructura de la familia patriarcal de las grandes plantaciones de azúcar y se centraron en la capilla, el oratorio particular y la devoción a los santos. Ellos, generalmente, no requirieron la presencia de sacerdotes misioneros. Las órdenes religiosas centraron su actividad en la conversión de los indios y, si puede decirse, a transformar su modo de vida y de trabajo para ajustados a las nuevas prioridades de la colonización portuguesa.

Desde el principio los jesuitas fueron los más activos en las zonas costeras. Los seis primeros llegaron a Salvador da Bahía con el gobernador Tomé de Souza en 1549, menos de una década después de la fundación de la Compañía y más de dos décadas antes de que hicieran su aparición en México.[3] Las experiencias de Manuel de Nóbrega (1517-1570) y José de Anchieta (1534-1597) en el cinturón costero brasileño precedieron a las de Mateo Ricci (1551-1610) en Macao y Roberto de Nóbili (1577-1656) en Goa. El crecimiento de la comunidad jesuítica en Brasil fue rápido, y el número de jesuitas brasileños de nacimiento creció uniformemente hasta la súbita expulsión de la orden en 1759 (véase cuadro 1).

CUADRO 1

Los jesuitas en Brasil[4]

1549 | 6 | jesuitas | todos extranjeros |
1574 | 110 | » | 14 % | brasileños
1610 | 165 | » | 17 % | »
1654 | 170 | » | 34 % | »
1698 | 304 | » | 37 % | »
1732 | 362 | » | 45 % | »
1757 | 474 | » | 44 % | »

Los jesuitas organizaron su actividad misional uniendo sus colegios, que estaban situados en la costa, a pueblos indios y colonias misioneras (aldeias). Los colegios formaban a los misioneros para el servicio en los pueblos, al menos en una etapa inicial. La red de colonias misioneras empezó en 1553 en la zona que rodeaba Salvador da Bahía promovida por el tercer gobernador general, Mem de Sá, pero con el rápido descenso de la población india,[5] y el crecimiento de la demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar, los jesuitas empezaron en seguida a establecer sus misiones lejos de los centros de colonización para proteger a los indios del sistema de esclavitud. Este fue el caso en el hinterland nororiental y en el Amazonas. En el cinturón costero los jesuitas, como otras órdenes, empezaron a dedicarse más exclusivamente a la población blanca de las ciudades y a sus esclavos negros.

Nunca hubo ninguna actividad misional dirigida específicamente a los negros. Para ser más precisos, el esclavo africano era considerado como perteneciente por derecho a una familia patriarcal, a cuya cabeza estaba un ama blanco. La enseñanza del cristianismo se llevó a cabo en portugués desde el principio y, en este sentido, contrastaba con los métodos de instrucción a que estaban sometidos los indios y que se llevaba a cabo en una especie de lingua franca tupí inventada por los jesuitas especialmente para el caso. Los mismos jesuitas dependían de esclavos negros, no sólo en sus colegios, sino también en sus territorios (fazendas) y en las colonias misioneras (aldeamentos). Los que se atrevían a criticar este estado de cosas, como Gonçalo Leite (1545-1603) y Miguel García (1550-1614), eran rápidamente repatriados.[6]

Los franciscanos operaron también a través de un sistema tripartito que reunía conventos en la costa, propiedades de tierra y colonias misioneras en el interior. De hecho, todas las órdenes dependientes del Padreado poseían fazendas, puesto que eran un medio para obtener cierto nivel de independencia económica dentro del sistema colonial portugués. Tras su llegada en 1585, la orden de los franciscanos se desplegó por el cinturón costero desde Olinda, concentrándose sobre todo en la franja entre Paraíba y Alagoas, pero con conventos también en Salvador, Espirito Santo y Río de Janeiro. Las actividades de los franciscanos fueron menos dinámicas que las de los jesuitas, y, desde luego, menos radicales, dedicándose principalmente a ofrecer «orientación espiritual» a los habitantes de Olinda, Igaracu, Itamaracá, Goiana, Salvador, Río de Janeiro, São Vicente y Santos. Rara vez intervinieron los franciscanos en el debate acerca de la libertad de los indios. Por el contrario, a menudo apoyaron la «guerra justa» contra los indios, por ejemplo, durante la campaña contra los caetés en 1560. Además, de forma ocasional, asumieron la responsabilidad de administrar colonias que el gobierno había confiscado a los jesuitas, como ocurrió en Paraíba en 1585. Durante la segunda mitad del siglo XVIII el número de frailes franciscanos en Brasil era superior a los 1.000. Pero después de 1767, su presencia, así como su importancia, disminuyó, como la de todas las órdenes religiosas en Brasil.

Los carmelitas, que llegaron a Brasil en 1580, establecieron de modo similar fazendas y aldeamentos. También poseían un número considerable de esclavos africanos. La orden se extendió hacia el norte desde su base de Olinda a través de Pemambuco, Paraíba, Maranhão, Pará y el Amazonas, donde administró una importante red de colonias misioneras durante la primera parte del siglo XVIII. Más hacia el sur, se registró una activa presencia carmelita en Bahía, Río de Janeiro, Santos, Santa Catarina, São Paulo y Minas Gerais.

Los benedictinos llegaron a Bahía en 1581. Desde allí se extendieron a Río de Janeiro (1585), Olinda (1592), Paraíba (1596) y São Paulo (1598). En el sur llegaron hasta São Vicente (1643), Santos y Sorocaba (1660) y Jundiaí (1668). La ocupación holandesa del nordeste (1630-1654) tuvo un efecto desastroso para la orden, pero a mediados del siglo XVIII había alrededor de 200 monjes benedictinos en Brasil, y a partir de entonces su número empezó a disminuir. La orden benedictina no administró muchas colonias misioneras, encontrándose el eje de su actividad en los monasterios y en las propiedades territoriales. Para su supervivencia, la orden dependía de una gran cantidad de esclavos, que fueron llamados esclavos de los santos.

El acceso al hinterland tras el cinturón azucarero se abrió en el siglo XVII a través de los ríos navegables, el São Francisco y sus afluentes, el Parnaíba y Paranaíba, y una de las causas, no la menor, fue la demanda de mano de obra india. Cuatro órdenes religiosas —capuchinos, oratorianos, jesuitas y franciscanos— participaron en las expediciones que partieron de Pemambuco y Bahía y facilitaron misioneros para los indios. Los capuchinos, franceses o, más concretamente, bretones, antes de 1698 y de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Portugal y Francia, e italianos desde 1705, tuvieron una activa presencia desde 1646 en el interior de Pemambuco. Establecieron gradualmente hospitales en Olinda (1649), Recite (1659) y Río de Janeiro (1653) parafinanciarla tarea con los indios. Los capuchinos eran misioneros apostólicos, es decir, dependían directamente de la Propaganda Fide de Roma, y se oponían a los misioneros «reales», cuyo sostén procedía del Padroado de Lisboa. Los capuchinos italianos, en particular, usaban el sistema de misiones ambulantes recomendado por el Concilio de Trento, que era bien recibido por la gente. Los misioneros más destacados del período bretón fueron Martín y Bernardo de Nantes, y los del período italiano, Apolonio de Todi, Clemente de Adorno, Carlos José de Spezia y Aníbal de Genova. La oposición a la esclavitud india mostrada por Martín de Nantes lo enfrentó con los grandes terratenientes de la zona. Los oratorianos, que también estuvieron presentes activamente en Pernambuco desde 1669, eran portugueses. Asumieron el control de cuatro pueblos que, antes de la ocupación holandesa, habían estado bajo la responsabilidad de jesuitas y franciscanos. El movimiento misional oratoriano, sin embargo, tuvo una corta existencia. Desde 1700 se dedicaron principalmente a ofrecer ayuda espiritual a los colonos blancos y a sus esclavos, puesto que los indios casi habían desaparecido del interior de Pernambuco. Los franciscanos operaban también en el interior, en el valle del río São Francisco. En 1657, el rey cedió a la orden la responsabilidad sobre las nuevas misiones situadas entre Bahía y Paraíba. Finalmente, también se registra la presencia jesuita en el interior. De hecho, fue la primera orden que penetró allí, pues durante la década de 1650 ya había un colegio jesuita en las márgenes del bajo São Francisco, frente a Penedo. En sus colonias del interior tuvieron excelentes misioneros, como Jacob Roland, José Coelho, João de Barros, Antonio de Oliveira y Luís Vicêncio Mamiani, que desarrollaron planes para construir pueblos lejos de las ciudades, plantaciones e ingenios. La proximidad de las colonias misioneras a los centros de colonización había sido responsable de la eliminación de gran parte de la población india en el cinturón costero. En el interior, los indios sobrevivieron mejor a causa de la abundancia de tierra desocupada.

En el Estado de Maranhão, que incluía toda la región amazónica, los misioneros eran, de hecho, capellanes militares, al menos al principio. La ciudad de São Luís do Maranhão fue tomada a los franceses en 1615 por una expedición que contaba con dos carmelitas. Inmediatamente después, expediciones militares establecieron un puesto destacado en Belém (1616) y empezaron a penetrar en el vasto sistema fluvial del Amazonas, construyendo fuertes en Gurupá, Pauxis (la actual Óbidos), Tapajós (la actual Santarém), São José do Rio Negro (la actual Manaus), así como otros en las cabeceras de los ríos Negro, Branco, Solimoes y Madeira. Los misioneros acompañaban a las expediciones militares e intentaban agrupar a los indios que encontraban en colonias misioneras, sin violencia siempre que fuera posible. La mayoría de las modernas municipalidades de la región amazónica datan de esa época, de las colonias que solían situarse en las confluencias de los ríos o en zonas ricas en hierbas, especias y otros productos vegetales naturales —zarzaparrilla, clavo, canela, cacao, índigo, caucho, goma, diferentes tipos de aceite y tubérculos, todos los cuales eran conocidos y usados por los indios.

Hubo tres órdenes religiosas predominantes en la región amazónica: los carmelitas (desde 1615), franciscanos (desde 1617) y jesuitas (desde 1638). De nuevo, aquí los más activos fueron los jesuitas. Desde el principio, los misioneros entraron en conflicto con los colonos portugueses que dependían de los esclavos indios, ya que el Estado de Maranhão era más pobre que el Estado do Brasil y por tanto no tenía tan fácil acceso a la mano de obra africana. Los jesuitas pudieron eventualmente disfrutar de un considerable poder administrativo e influencia sobre la economía regional, que se basaba en el cultivo de productos agrícolas naturales, cosechados no por mano de obra esclava como tal, sino por un tipo de trabajo forzado propio de la zona y conocido como repartição, que fue descrito por el cronista jesuita João Daniel. Hubo varios períodos de conflicto entre colonos y jesuitas acerca del uso de mano de obra india; en Maranhão uno de ellos condujo a la expulsión de Antonio Vieira en 1661. Entre 1667 y 1678 hubo nuevos conflictos y enfrentamientos sociales en Belém do Para, seguidos por un período de relativa calma que duró hasta que Portugal, durante el reinado de José I (1750-1777), se embarcó en una política respecto a Maranhão y Pará que la llevó a enfrentarse con los misioneros y cuya consecuencia fue la expulsión de 155 jesuitas de la región en 1759, junto con 474 de Brasil.

Los carmelitas tuvieron un importante papel en sus misiones de las márgenes de los ríos Negro y Solimóes durante la primera mitad del siglo XVIII. Ciertos aspectos de sus actividades requieren una más amplia investigación: por ejemplo, su papel en las disputas fronterizas entre Portugal y España, su supuesta participación en la «Guerra de Ajuricaba» (1723-1727) y su actitud hacia la mano de obra forzosa de los indios. Tres ramas diferentes de franciscanos portugueses fueron enviadas por el rey a la región amazónica: la Piedad (Piedade) en 1683; Nuestra Señora de la Concepción (Conceiçao) en 1706; y San Antonio (Santo Antonio) en 1717. Los Hermanos de la Merced (Mercedários), de origen español, participaron también en la actividad misional del Amazonas desde su gran convento de Belém. El rey gastó importantes sumas de dinero para establecer estas misiones, que se distribuyeron después de 1693 de la siguiente forma: los jesuitas en la margen norte del Amazonas; franciscanos y Hermanos de la Merced en la margen sur; carmelitas en el alto Amazonas, sobre la colonia de São José do Rio Negro (la actual Manaus).

El norte de Brasil fue el gran campo de la actividad misional. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII unos 50.000 indios estaban recogidos en aldeias, la mayoría de ellas bajo el control de los jesuitas y franciscanos. Sin embargo, en la década de 1750, no sólo se expulsó a los jesuitas, sino que, bajo la legislación de Pombal (1755-1758), aplicada primero en Maranhão y Pará y luego en el resto de Brasil, las aldeias fueron transformadas en parroquias, los párrocos sustituyeron a los misioneros, el tupí fue reemplazado por el portugués, y los mismos misioneros fueron limitados a ejercer su labor evangélica en tribus aún no asimiladas.[7]

La actividad misional en las zonas mineras de oro y diamantes —los actuales estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso do Sul— durante la primera mitad del siglo XVIII fue la única que estaba restringida al clero secular. Ello se debía a una política específica desarrollada por la corona. Tenía que mantenerse un estricto control sobre la exportación de oro y diamantes a Portugal y sobre cualquier comercio oficial, y era necesario erradicar el contrabando de forma efectiva. Ello explica suficientemente la prohibición de la entrada de misioneros en Minas (1711) y el rechazo de los jesuitas que se habían establecido en Ribeirão do Carmo (hoy Mariana) en 1721. El estado portugués recelaba de la independencia de las órdenes religiosas. Por esta razón, la actividad misional de la época minera se limitaba al clero secular y a organizaciones laicas, las llamadas «órdenes terciarias». Por tanto, la zona minera estaba caracterizada por las iglesias y no por los conventos. Los jesuitas no tenían una orden terciaria, lo que explica por qué la influencia jesuítica, más radical y menos tradicionalista, fue mínima en las áreas mineras.

En el sur, tanto jesuitas como franciscanos tenían una presencia activa en la zona de São Vicente a mediados del siglo XVI. Ahí los sacerdotes seculares fundaron la primera Casa de Misericordia de Brasil, una organización de asistencia social que se extendería por todo el país. La fundación de un colegio jesuita en São Paulo de Piritininga en enero de 1554 marcó el principio de una expansión hacia el interior. El colegio, construido en las márgenes del río Tietê estaba bien alejado de la costa, donde los indios eran esclavizados y obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar. Muchas colonias de indios se construyeron en las cercanías del vecindario de São Paulo y se intentó por parte de los jesuitas crear algo parecido a sus misiones de Paraguay. En los conflictos que siguieron, los benedictinos, cuyo monasterio se había construido con el dinero de un cazador de esclavos, Fernão Dias Paes Leme, se decantaron del lado de los colonos y los jesuitas del de los indios. Los franciscanos y carmelitas aparecieron más tarde y se pusieron del lado de los colonos. A principios del siglo XVII, São Paulo era una ciudad pobre, con una población compuesta de europeos e indios que hablaba principalmente tupí. No había productos de exportación, y las únicas actividades económicas eran la agricultura de subsistencia, algo de ganadería y el comercio de esclavos indios. El conflicto entre colonos y jesuitas se hizo público y los últimos fueron expulsados en 1640, para volver sólo en 1653 bajo la condición de no mezclarse en asuntos indios y limitarse a su papel pastoral.

Los capellanes acompañaron a muchas de las grandes expediciones para la caza de esclavos de los bandeirantes, incluyendo la dirigida por Antonio Raposo Tavares, que se dirigió hacia el oeste y el sur desde São Paulo. Sin embargo, fueron jesuitas españoles, de Asunción, quienes desarrollaron la principal actividad misional en la región entre São Paulo y el Río de la Plata a principios y mediados del siglo XVI y, de nuevo, a finales del siglo XVII y principios del XVIII[8].

Las órdenes regulares cuyos miembros eran europeos, o al menos europeos en cuanto a su orientación cultural, fueron responsables de que se abrieran sucesivas zonas para la evangelización. Recibían apoyo financiero del Padroado, pero intentaron ser más independientes mediante la creación de sus propias fuentes de ingresos en forma de granjas, plantaciones, ranchos ganaderos, ingenios y esclavos, a menudo obtenidos mediante donaciones, herencias o promesas de los fieles. Las propiedades religiosas ocupaban un espacio considerable de las ciudades, donde el «patrimonio de los santos» solía constituir parte del núcleo original de la colonia, así como de su interior. La riqueza de las órdenes religiosas de Brasil se manifestaba en la magnitud de sus conventos y monasterios, y en la suntuosidad de sus iglesias barrocas, ricamente ornamentadas con oro. El clero se dedicaba, en gran medida, a asuntos económicos, a comprar y vender y a usar el interés de los préstamos en su provecho. Los espaciosos corredores de algunos conventos eran algo parecido a salas de bancos. Sólo una minoría de sacerdotes se comprometió de verdad con las tareas misionales. En 1765, por ejemplo, había 89 sacerdotes carmelitas distribuidos en cinco casas de religión en la Amazonia. De ellos, sólo 8 vivían y trabajaban como «vicarios de los ríos Negro y Solimões ocupados en el servicio de la Iglesia y de Su Majestad el rey».[9] Desde finales del siglo XVIII el número del clero regular disminuyó, pero las propiedades de las órdenes religiosas, excepto las de los jesuitas y, en menor medida, los mercedarios, permanecieron intactas. En un informe de 1870, se descubrió que los benedictinos, con sólo 41 monjes en 11 monasterios, poseían 7 ingenios, más 40 plantaciones, 230 casas y 1.265 esclavos; los carmelitas, con 49 frailes en 14 conventos, poseían más de 40 plantaciones, 136 edificios y 1.050 esclavos; los franciscanos, sin embargo, con 85 frailes en 25 conventos, sólo poseían 40 esclavos.[10]

La organización de la Iglesia secular en Brasil recaía en el Padroado Real. El derecho de patronato se lo había cedido el papado a la corona portuguesa, con la condición de que el rey fomentaría y protegería activamente los derechos y la organización de la Iglesia en cualquier tierra que se descubriera. De este modo, fue a través de los intermediarios del Padroado y del diezmo real (contribución del 10 por 100 sobre lo que produjera la tierra) como se financió la expansión del catolicismo en Brasil. El estado portugués disponía también de otros medios para controlar a la Iglesia. La Mesa de Consciência e Ordens, por ejemplo, nombraba todos los cargos eclesiásticos en el imperio portugués. A causa de la preponderancia del Padroado, la influencia de Roma en Brasil fue modesta. Las ordenanzas emanadas del Concilio de Trento no llegaron a aplicarse en el país hasta el siglo XIX.

La organización de diócesis y parroquias fue lenta y su influencia en la práctica católica de Brasil, mínima durante mucho tiempo. Entre 1551 y 1676, sólo hubo una diócesis en Brasil, en Salvador da Bahia. En 1676-1677, se crearon tres más, en Pernambuco, Río de Janeiro (que era responsable de Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás, así como de São Paulo), y São Luís do Maranhão. La última dependía directamente de Lisboa. Durante la primera mitad del siglo XVIII se crearon tres nuevas diócesis en Pará (1719), dependiente también de Lisboa, Mariana (1745) y São Paulo (1745). El nacimiento de estas diócesis corresponde a la apertura del interior y su incorporación al sistema colonial. Después, el número de diócesis siguió siendo el mismo hasta la independencia, en 1822. Las diócesis, los obispados y las parroquias permanecían vacantes durante largos períodos. Pocos obispos llevaban a cabo las visitas pastorales recomendadas por el Concilio de Trento, en alguna medida debido a las distancias que implicaban y a los peligros del viaje.[11] Por lo tanto, la práctica del catolicismo no se vio afectada en forma importante por la jerarquía eclesiástica. Un sínodo se reunió en Salvador en 1707, y las Primeras Constituciones del Arzobispado de Bahia fue la única pieza de legislación eclesiástica publicada en Brasil durante el período colonial.

El clero secular se dedicaba a administrar los sacramentos, como el bautismo, el matrimonio, la confesión anual de Pascua, los ritos funerarios y la misa del domingo. Estos sacramentos se administraban a toda la población, no sólo a aquellos grupos que los aceptaban libremente. En otras palabras, se consideraban obligatorios. Parte del clero secular se ocupaba de las capillas de diferentes hermandades en las ciudades, mientras que la otra parte cuidaba las parroquias de las ciudades del interior del país. Las parroquias se organizaron, particularmente tras la legislación de Pombal de 1755, para que coincidieran con las antiguas colonias misioneras indias, campamentos de bandeirantes, ingenios y propiedades territoriales. El párroco, generalmente, realizaba visitas regulares a las distintas capillas existentes en su amplio territorio. Viajaba a lomos de caballo o, a veces, en hamacas transportadas por esclavos, para administrar los sacramentos a la población. Los rezos se reservaban normalmente a los misioneros del clero regular, mientras que los párrocos se ocupaban de problemas de disciplina y administración de los sacramentos. El clero secular se dividía en alto clero, donde se incluían el arzobispo, obispos y otros dignatarios, que eran pagados con el dinero del Padroado, y el bajo clero, que incluía a los párrocos y capellanes, quienes vivían más cercanos al pueblo y compartían sus privaciones. La literatura acerca del clero secular de Brasil durante los primeros tres siglos es escasa. Hay varias lagunas en nuestro conocimiento de la vida del clero, su observancia de la regla del celibato, su implicación en las rivalidades políticas y los conflictos populares, y de sus recursos financieros y su situación en general. Puesto que muchos de sus miembros eran mestizos, eran víctima de los prejuicios raciales y culturales, y ello ha reducido la conservación de registros de sus actividades.

Los laicos se infiltraban en la Iglesia brasileña a través de las hermandades, cofradías y órdenes terciarias que Brasil había heredado de Portugal y que florecieron especialmente en Minas Gerais. Las hermandades se correspondían con las características raciales, sociales e ideológicas de los diferentes estratos de la sociedad. Había hermandades de negros (Rosario, São Benedito, Santa Ingenia), de mestizos (Concerno, Amparo, Livramento, Patrocinio) y de blancos (Santíssimo Sacramento, São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, Santa Casa de Misericordia). Había hermandades de terratenientes, comerciantes, soldados, artesanos y esclavos. Las hermandades revelaban sus particulares personalidades y aspiraciones durante sus festividades, procesiones y mediante las promesas que hacían. No hay duda acerca de que la tradición católica de Brasil descansaba en sus características.

Para entender el proceso por el cual se desarrolló una sociedad cristiana en Brasil es importante tener en cuenta los problemas a los que se enfrentaba Portugal al asumir su tarea colonial en América. Había enemigos externos e internos, de los que el Brasil católico se tenía que defender. Otros estados europeos, especialmente Francia, Holanda e Inglaterra, competían con Portugal por la hegemonía del Atlántico sur. Durante este largo período de rivalidad, el catolicismo ayudó a definir la política portuguesa, que se consideraba ortodoxa e incluso apostólica, mientras que los designios de los competidores de Portugal se calificaban de heréticos, depravados e impuros, porque esos competidores eran protestantes. El pasaporte de entrada a la colonia era de tipo religioso: sólo a los católicos se les permitía entrar. Los sacerdotes que deseaban ir a Brasil eran sometidos a un cuidadoso examen: ningún clérigo salía de Portugal sin la autorización explícita del rey, la que se concedía tras una entrevista personal y un juramento de lealtad. Se pedía a los misioneros que se reunieran en Lisboa y eran transportados exclusivamente en barcos portugueses. Las mismas formalidades se requerían a los misioneros extranjeros. Los obispos que residían en Brasil no podían intercambiar correspondencia directamente con Roma, y en la práctica no hacían nunca la tradicional visita pastoral al Vaticano a causa de la distancia y de los costes. Prácticamente no había comunicación entre Roma y la Iglesia de Brasil. Todo tenía que pasar por Lisboa, siguiendo la política portuguesa de monopolizar el comercio y la comunicación con su colonia.

En el mismo imperio portugués había cristianos nuevos (judíos que se habían convertido por la fuerza, y sus descendientes) contra los que se dirigía una legislación discriminatoria.[12] Además, aunque la Inquisición nunca se estableció permanentemente en Brasil, se pusieron en práctica medidas represivas por parte de funcionarios itinerantes de la Inquisición en ciudades donde se pensaba que podía haber probabilidades de peligro: Salvador, Olinda, Río de Janeiro, Belém. Los sospechosos eran llevados a Portugal para ser juzgados ante el tribunal del Santo Oficio. Sin embargo, las autoridades portuguesas preferían generalmente métodos de manipulación en vez de la represión directa, y para ello confiaban en gran medida en las instituciones eclesiásticas. El catolicismo era la única religión oficial de Brasil y la devoción religiosa, prácticamente obligatoria. La «devoción forzosa», como la llamó Antonio Vieira, era útil al estado portugués porque controlaba la acumulación de capital en manos de la burguesía local y canalizaba el dinero hacia inocuos despliegues de ostentación religiosa. Las juntas de gobierno de muchas irmandades, o cofradías, de ciudades brasileñas se convertían más o menos en entidades burocráticas cuya función era obtener dinero de la clase terrateniente o comercial con fines religiosos. Un producto típico de esta clase de actividad fue el famoso Triunfo Eucarístico celebrado en Ouro Prêto en 1733. Por otra parte, la Santa Casa de Misericordia, que existía en todas las ciudades principales, era al mismo tiempo capellanía, hospital, orfelinato, albergue para muchachas casaderas, escuela de medicina, farmacia, cementerio, casa de artistas, así como propietaria de edificios, plantaciones e ingenios. Podría decirse también que era el primer banco de la ciudad, que ofrecía un interés del 6 por 100.

La Iglesia fue un agente del control social en el Brasil colonial en una importante sene de formas Tomemos, por ejemplo, el papel de los conventos de monjas, que estaban financiados por el Padroado. Muchos terratenientes aspiraban a mantener a sus hijas en un convento, puesto que su matrimonio amenazaba la integridad de sus propiedades. Según una investigación realizada en el archivo del Convento de Desterro en Salvador, el 77 por 100 de las hijas de 53 familias de Bahía durante el periodo 1680-1797 entraron en el convento, el 8 por 100 permaneció en su casa sin casarse y sólo el 14 por 100 se casó Existió incluso el caso de un fidalgo, José Pires de Carvalho, que se las ingenió para colocar sus seis hijas en el convento. La división social entre libres y esclavos llegaba intacta a estos conventos En Desterro en 1764, por ejemplo, cada monja blanca, de velo negro, era servida por dos o más monjas de velo blanco, las cuales eran de hecho esclavas negras.[13]

A la Iglesia se le pedía que creara un clima general de aceptación de la esclavitud Una justificación teológica de la esclavitud aparece, por ejemplo, en Antonio Vieira, quien comparaba África con el infierno, donde el negro era esclavo en cuerpo y alma, y a Brasil con el purgatorio, donde el alma del negro se liberaba a través del bautismo y estaba dispuesta a entrar en el cielo después de la muerte. Los jesuitas pusieron en práctica esta teoría de la transmigración del alma al participar en el comercio de esclavos Además de este ardid teológico, la enseñanza de la moral servía también a los intereses de quienes poseían esclavos a los esclavos se les imbuía la idea de la resignación, y los amos aprendían los beneficios que podían obtener de la candad y el paternalismo. El sistema por el que se daban los sacramentos regulaba y legitimaba también la institución de la esclavitud: antes de embarcar para Brasil, los esclavos recién comprados tenían que ser bautizados. En cuanto al matrimonio, los lazos conyugales establecidos en África se rompían sin dudar y los esclavos eran condenados, en teoría, a una vida de celibato en Brasil[14]. Debe destacarse que, salvo en casos de sacerdotes o laicos particulares, los esclavos no encontraron apoyo ni defensa de sus derechos dentro de la Iglesia

Los jesuitas, aunque la defendían y se beneficiaban de la esclavitud africana, lograron mantener, y fueron casi los únicos, cierto grado de independencia respecto al estado y, en su logrado intento de crear un modelo eclesiástico alternativo, llegaron a desafiar, en cierta medida, al sistema colonial En una sociedad donde la educación no recibía ningún estímulo por parte del estado, donde la devoción religiosa tenía prioridad sobre la educación y donde no había imprenta, universidad ni libre circulación de libros, los jesuitas lograron crear una importante red educativa mediante sus colegios-seminarios, misiones y pueblos. Los colegios formaban a los candidatos que querían entrar en la Compañía de Jesús, al clero secular e, incluso, enseñaban oficios laicos En el siglo XVI se fundaron cinco colegios en Salvador, Río de Janeiro, Ohnda, São Paulo y Vitória. El siglo XVIII fue testigo de la creación de tres más en Recife, São Luís do Maranhão y Belém do Pará. Una segunda iniciativa de los jesuitas fue la creación de seminarios más pequeños en Belém da Cachoeira (1686), Aquiraz (1727) y Paranaguá (1729). Finalmente, los jesuitas fueron los responsables de la creación de seis seminarios tridentinos o diocesanos en São Paulo (1746), Salvador (1747), Paraíba y Mañana (1748), Belém do Pará (1749) y São Luís do Maranhão (1752). Otros dos seminarios diocesanos se fundaron, aparentemente sin influencia jesuita, en Río de Janeiro (1740) y Olinda (1800). Además de esto, los jesuitas dedicaron considerable tiempo y energía a la tarea de catequizar a los indios. Para ello idearon métodos de enseñanza que incluían vocabularios y gramáticas de tupí. En lo referente a los africanos, el jesuita Pedro Días publicó una Introducción al Idioma de Angola en 1697.

Luís dos Santos Vilhena, cronista de Bahía a fines del siglo XVIII, relata cómo la corona gastó 26 veces más en la catedral de Salvador que en las misiones del interior, y 20 veces más en los sacerdotes que cuidaban espiritualmente de los colonos que en los misioneros[15]. Sin embargo, los jesuitas lograron, particularmente en la Amazonia, entre 1652 y 1759, dar buen uso a sus propios recursos financieros adquiridos en sus ranchos ganaderos, sus plantaciones de azúcar, algodón y cacao y su control del comercio de productos forestales Crearon una economía independiente del estado y con ello exasperaron los ánimos de quienes en el Estado do Maranhão, así como en el Estado do Brasil, estaban cada vez más resentidos contra el poder temporal de las misiones. Al mismo tiempo, entre los jesuitas había crecido durante el siglo XVII cierto número de sinceros defensores de los indios, como João Felipe Bettendorff, Pedro de Pedrosa y, sobre todo, Antonio Vieira. Ya que las plantaciones e ingenios azucareros estaban situados lejos de las ciudades, las misiones hacían resaltar toda una sene de problemas relacionados con el colonialismo. Por tanto, se convirtieron en subversivas para el sistema, y ello culminó con la famosa expulsión de los jesuitas en 1759 Hubo, por supuesto, otros factores que contribuyeron a ello, como la ideología de la Ilustración, el absolutismo de la monarquía portuguesa, así como ciertos abusos financieros de que se acusaba a las misiones. Sin embargo, no puede dudarse que la alianza entre la Iglesia y el estado fue puesta en cuestión e incluso contestada por los jesuitas, y que por ello tuvieron que pagar su precio[16].

Sin embargo, a largo plazo las actividades de las organizaciones religiosas populares quizá constituyeran un reto más efectivo al sistema colonial que el de los jesuitas. Tales organizaciones eran de las más diversas clases los quilombos, comunidades de esclavos fugitivos, que desempeñaron un papel evangelizador tan importante en vastas zonas de Brasil, ya que la religión más comúnmente practicada en los quilombos era el catolicismo, los cultos clandestinos de ongen africano o indio, en los que se mantenían antiguas formas de devoción y organización religiosas anteriores a la colonización europea, las hermandades de negros en las ciudades, las festividades, bien en la celebración del carnaval o en los días de los santos, los movimientos religiosos de las clases más pobres formados en torno a «beatas» (mujeres que escogían el celibato y, por ello, la libertad en una sociedad machista sin entrar en un convento) y, por supuesto, las peregrinaciones religiosas y las visitas a templos. Estas manifestaciones de las creencias religiosas populares requerían una considerable capacidad de organización, buena cantidad de discreción, ingenio y, sobre todo, esa cualidad particularmente brasileña que es la improvisación. Nunca fueron abiertamente subversivas, al menos, a nivel religioso. Sin embargo, tales prácticas significaban que el catolicismo impuesto por los colonizadores iba siendo redefinido por el pueblo brasileño, impregnado de una fuerte voluntad de resistencia. El hecho de que nunca consiguiera crear un modelo alternativo para el desarrollo de la Iglesia en Brasil puede atribuirse, entre otras cosas, a la desgana o la incapacidad de la jerarquía que se correspondiera con la acción popular.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

1. España y América en los siglos XVI y XVII

Además de los estudios genéricos de Domínguez Ortiz, Elliott y Lynch mencionados en HALC, I, ensayo bibliográfico 6, hay cierto número de estudios más especializados en el gobierno y la sociedad españoles que deben ser tenidos en cuenta por cualquiera que esté interesado en seguir la relación entre España y las posesiones americanas en los siglos XVI y XVII. El mejor relato breve sobre el reinado de Carlos V es el de H. G. Koenigsberger, «The empire of Charles V in Europe», en el vol. II de The New Cambridge Modern History, Cambridge, 1958 (hay traducción castellana: «El imperio de Carlos V en Europa», Madrid, 1970-1976). Hay dos biografías de Felipe II: Peter Pierson, Philip II of Spain, Londres, 1975 (hay traducción castellana: Felipe II de España, Madrid, 1984) y Geoffrey Parker, Philip II, Boston y Toronto, 1978 (hay traducción castellana: Felipe II, Barcelona, 1978). Pero, sin duda, el mejor estudio de la era de Felipe II es el de Ferdinad Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 vols., 2.ª ed., París, 1966 (hay traducción castellana: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México-Buenos Aires; 1953), que es especialmente útil para ver el cambio del centro de gravedad del poder español desde el Mediterráneo al Atlántico en el curso del reinado de Felipe II. I. A. A. Thompson, War and government in Habsburg Spain, 1560-1620, Londres, 1976 (hay traducción castellana: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, 1981), es una obra pionera en la investigación de la organización bélica de España y en las tensiones provocadas por los gastos de guerra en el sistema administrativo español. Para este período existe la obra reciente de H. Kamen, Golden Age Spain, Londres, 1988.

Los problemas relacionados con la decadencia de España se discuten en J. H. Elliott, «The decline of Spain» (hay traducción castellana: «La decadencia española», Madrid, 1973) y «Self-perception and decline in seventeenth-century Spain», en Past and Present, 19 (1961) y 74 (1977), respectivamente, que fueron recogidos junto a otros en Crisis en Europa, 1560-1660, Londres, 1981; de este tema Pierre Vilar tiene un brillante tratamiento en «Le Temps du Quichotte», Europe, 34 (1956) (hay traducción castellana: «El tiempo del Quijote», Madrid, 1966). El reinado de Carlos II, el período menos conocido de la historia de España bajo los Habsburgo, lo estudia Henry Kamen en Spain in the later seventeenth century, Londres, 1980 (hay traducción castellana: La España de Carlos II, Barcelona, 1983), mientras R. A. Stradling sigue las vicisitudes del poderío español en Europe and the decline of Spain, Londres, 1981 (hay traducción castellana: Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720, Madrid, 1981), y Felipe IV y el Gobierno de España 1621-1665, Madrid, 1989. El volumen II de John Lynch, Spain under the Habsburgs, 2 vols, 2.ª ed., Oxford, 1981 (hay traducción castellana: España bajo los Austrias, Barcelona, 1972), tiene el gran mérito de relacionar la historia de la España del siglo XVII con la de Hispanoamérica, pero hay una acuciante necesidad de un estudio sistemático y global de esta relación en los siglos XVI y XVII, tomados en su totalidad. Pierre y Huguette Chaunu, Séville et l’Atlantique, 8 vols., París, 1958-1959, lo hace en una escala grandiosa en cuanto a la relación comercial, pero otros muchos aspectos de la relación, tanto en un nivel personal como institucional, apenas han empezado a explorarse. Una indicación de las posibilidades la sugiere la incompleta, y en algunos aspectos fallida, obra de Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de Las Casas, 2 vols., Sevilla, 1953-1960, que estudia minuciosamente la política de la corona hacia los indios entre 1516 y 1523 y el papel de sus consejeros y funcionarios a la hora de formular y poner en práctica tales medidas, pero que está distorsionada por su obsesiva actitud contraria a Fernando el Católico y sus hombres. Para el reinado de Felipe II, el título de José Miranda, España y Nueva España en la época de Felipe II, México, 1962, promete mucho, pero el libro consiste en dos secciones separadas, una sobre España y la otra sobre Nueva España, y aunque cada una constituye un excelente trabajo en sí misma, nunca se llega a conectarlas.

En vista de la escasez de estudios que examinen el desarrollo simultáneo de la metrópoli y las colonias, las siguientes sugerencias bibliográficas incluyen libros sobre España e Hispanoamérica.

H. G. Koenigsberger, The practice of empire, Ithaca, 1969 (hay traducción castellana: La práctica del Imperio, Madrid, 1989); y The Government of Sicily under Philip of Spain. A study in the practice of Empire, Londres, 1951, aunque se dedica al gobierno de Sicilia bajo Felipe II, trata de temas de importancia general para la comprensión de la práctica administrativa española. El órgano más importante para la administración del Nuevo Mundo español era el Consejo de Indias, cuya composición e historia institucional se examinan en detalle en la obra clásica de Ernesto Scháfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias, 2 vols., Sevilla, 1935-1947, a la que puede añadirse el volumen de artículos de D. Ramos y otros, El Consejo de las Indias en el siglo XVI, Valladolid, 1970, y Le Sécrétariat d’Étatetle Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), París, 1972. Aspectos de la administración financiera se discuten en Ismael Sánchez Bella, La organización financiera de las Indias, siglo XVI, Sevilla, 1968.

Hoy disponemos de una espléndida cantidad de documentación para el estudio de los virreyes de México y Perú durante el período Habsburgo gracias a Lewis Hanke y C. Rodríguez, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria, Biblioteca de Autores Españoles, vols. 233-237, Madrid, 1976-1978, para México, y vols. 280-285, Madrid, 1978-1980, para Perú. Cierto número de virreyes tienen estudios individuales, entre los que destacamos: Arthur S. Aiton, Antonio de Mendoza, first viceroy of New Spain, Durham, N. C., 1927; Roberto Levillier, Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú, 2 vols., Buenos Aires, 1935-1940; María Justina Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España 1550-1564, Sevilla, 1978.

El mejor estudio de una audiencia es J. H. Parry, The Audiencia of New Galicia in the sixteenth century, Cambridge, 1948, pero, en general, se conoce muy poco sobre los jueces y funcionarios españoles en las Indias. Peggy F. Liss, Mexico under Spain, 1521-1556, Chicago, 1975, además de sintetizar un complicado período de la historia de México, muestra cómo la corona impuso gradualmente su autoridad sobre la sociedad de los conquistadores. Richard L. Kagan, Students and society in early modern Spain, Baltimore, 1974, es un estudio pionero del bagaje educacional de los hombres que administraron España y América, pero muy pocos de éstos son conocidos como personalidades individuales. Ello hace más valioso el estudio de John Leddy Phelan, The kingdom of Quito in the seventeenth century, Madison, 1967, que examina el contraste entre los ideales y la práctica de la burocracia española a través de la carrera del Dr. Antonio de Morga, presidente de la audiencia de Quito desde 1615 hasta 1636. Otra vía de acercamiento a estos jueces y funcionarios la constituyen sus propios escritos, entre los cuales Alonso de Zorita, The lords of New Spain, traducido y editado por Benjamin Keen, Londres, 1965, y Juan de Matienzo, Gobierno del Perú, editado por Guillermo Lohmann Villena, París y Lima, 1967, son especialmente reveladores.

Otros estudios útiles sobre diferentes aspectos de la administración colonial española son Guillermo Lohmann Villena, El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias, Madrid, 1957, y J. H. Parry, The sale of public office in the Spanish Indies under the Habsburgs, Berkeley, 1953, tema también considerado por Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, From impotence to authority. The Spanish crown and the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, Mo., 1977. También es recomendable ver F. Muro Romero, Las presidencias gobernaciones en Indias, siglo XVI, Sevilla, 1975; J. A. Ramírez, La lucha de los alcaldes por el gobierno de la provincia, Caracas, 1975. Para una discusión más completa de la literatura sobre desarrollo urbano y administración municipal, ver HALC, III, ensayo bibliográfico 1, y para la Iglesia, ver HALC, II, ensayo bibliográfico 6.

El trato de los indios por parte de los españoles fue una fuente de controversias para los contemporáneos, y ha seguido siéndolo desde entonces. Como demostró Sverker Arnoldsson en su La leyenda negra. Estudios sobre sus orígenes, Goteburgo, 1960, la «leyenda negra» de la crueldad española era anterior a la conquista de América, pero los informes sobre las masacres y el maltrato a los indios hicieron mucho para determinar la imagen de España en la conciencia europea. Ello, a su vez, originó una «leyenda blanca» surgida de España y sus partidarios. Charles Gibson examina ambas en su antología The black legend: AntiSpanish altitudes in the Old World and the New, Nueva York, 1971.

La teoría y la práctica españolas en lo que concierne al trato de los pueblos indígenas de América han sido fuente de intenso estudio y han encendido un debate en la historiografía desde hace 50 años, debate centrado particularmente, aunque no exclusivamente, en la controvertida figura de Bartolomé de Las Casas. La bibliografía sobre Las Casas es hoy día enorme, como puede verse en la selección de títulos al final de la obra de Juan Friede y Benjamín Keen, Bartolomé de Las Casas in history, DeKalb, 1971, una selección de artículos sobre diferentes aspectos de su carrera y de su reputación. Una figura central en la controversia de Las Casas ha sido Lewis Hanke, quien ha hecho más que cualquier otro por acercar los logros y aspiraciones de Las Casas al mundo angloparlante, y cuyos The Spanish struggle for justice in the conquest of America, Filadelfia, 1949 (hay traducción castellana: La lucha por la justicia en la conquista de América, Madrid, 1988) y Aristotle and the American Indians, Londres, 1959, han revivido el debate del siglo XVI para los lectores del XX. El gran hispanista francés Marcel Bataillon, cuyo monumental estudio de la influencia de Erasmo en España, Erasmo y España. Estudio sobre la historia espiritual del siglo XVI, 2 vols., México, 1950, tiene también importantes implicaciones para la América del siglo XVI, escribió varios artículos, cuidadosamente argumentados, sobre Las Casas y sus escritos, que se recogieron en un solo volumen, Etudes sur Bartolomé de Las Casas, París, 1965. Entre la ingente bibliografía, otros dos libros, además de la obra de Giménez Fernández (B. de Las Casas), merecen especial mención: Juan Friede, Bartolomé de Las Casas; precursor del anticolonialismo, su lucha y su derrota, México, 1974, que dedica su atención al contexto en el que se desenvolvía Las Casas, y Ángel Losada, Fray Bartolomé de Las Casas a la luz de la moderna crítica histórica, Madrid, 1970. Una reciente biografía que tiene en cuenta la investigación moderna es Philippe-Ignace André-Vicent, Bartolomé de Las Casas. Prophète du Nouveau Monde, París, 1980. La expansión de la influencia lascasiana se ha comenzado a estudiar con J. Pérez Fernández, Bartolomé de Las Casas en el Perú. El espíritu lascasiano en la primera evangelización del imperio incaico, 1531-1573, Cuzco, 1988. Ángel Losada también se dedicó a estudiar y editar las obras del rival de Las Casas, Sepúlveda. Sin embargo, Las Casas y Sepúlveda son sólo dos de los muchos españoles del siglo XVI, unos bien conocidos y apenas conocidos otros, que discutieron la capacidad y status de los indios y el trato que merecían. Las obras de algunas de estas figuras tan sólo ahora están llegando a ser accesibles para el estudioso, gracias a los esfuerzos de especialistas como Ernest J. Burrus, The writings of Alonso de la Vera Cruz, 5 vols., Roma, St. Louis y Tucson. Otros documentos contemporáneos de gran interés han sido publicados por José A. Llaguno en La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano [1585], México, 1963. Joseph Höffner, Christentum und Menschenwürde. Das Anliegen der Spanischen Kolonialethik im goldenen Zeitalter, Tréveris, 1947, sigue siendo una útil panorámica de las teorías españolas del siglo XVI sobre los indios, pero los textos originales y los estudios que han aparecido en los últimos años sugieren la necesidad de una nueva síntesis.

Uno de los problemas principales en el estudio de la controversia acerca de los indios es ver qué efectos tuvo la teoría, si es que tuvo alguno, sobre la práctica colonial; y en este aspecto, una obra como la de Juan A. y Judith E. Villamarin, Indian labor in mainland colonial Spanish America, Delaware, 1975, sirve de saludable recordatorio del abismo que separaba los ideales de la realidad. La efectividad o no de la teoría y la legislación sobre la conducta en las Indias y la cuestión general de la relación entre la sociedad de los colonos y la «república de los indios» necesitan aún mucho estudio en un nivel local, como el llevado a cabo por Juan Friede en su Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de indios, Popayán, 1961, o Eugene E. Korth, Spanish policy in colonial Chile. The struggle for social justice, 1535-1700, Stanford, 1968.

Sobre la unión marítima entre España y las Indias, la «carrera de Indias», y el comercio colonial, ver HALC, II, ensayo bibliográfico 2.

Los problemas de la guerra, defensa e impuestos deben aparecer en cualquier intento por fijar el cambio de relaciones entre España y las Indias a fines del siglo XVI y en el siglo XVII. A. P. Newton, The European nations in the West Indies, 1493-1688, Londres, 1933; reimpresión 1966, sigue siendo una útil panorámica de las incursiones de los europeos en el mundo colonial español. Podría complementarse con Kenneth R. Andrews, The Spanish Caribbean, Trade andplunder, 1580-1630, New Haven y Londres, 1978, y del mismo autor la excelente revaloración de Drake’s voyages, Londres, 1967. Peter Gerhard, Pirates on the West Coast of New Spain, 1575-1742, Glendale, 1960, examina el creciente riesgo que representaba la piratería en el Pacífico. Para las reacciones ante estos ataques sigue teniendo valor Roland D. Hussey, «Spanish reaction to foreign aggression in the Caribbean to about 1680», HAHR, 9 (1929), pp. 286-302. La defensa del istmo de Panamá la examina Guillermo Céspedes del Castillo, «La defensa militar del istmo de Panamá a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII», Anuario de Estudios Americanos, 9 (1952), pp. 235-275. Mientras Günter Kahle, «Die Encomienda als militärische Institution im kolonialen Hispanoamerika», JGSWGL, 2 (1965), pp. 88-105, muestra la decadencia y el fin del papel militar del encomendero. Exámenes detallados de problemas de defensa en un nivel local, y también de las consecuencias de los ataques enemigos, pueden encontrarse en J. A. Calderón Quijano, Historia de las fortificaciones en Nueva España, Sevilla, 1957, 2.ª ed. 1984; Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico, 1600-1650, Sevilla, 1974; Frank Moya Pons, Historia colonial de Santo Domingo, 3.ª ed., Santiago, República Dominicana, 1977, y La Española en el siglo XVI, 3.ª ed., Santo Domingo, 1988; y C. R. Boxer, Salvador de Sá and the struggle for Brazil and Angola, 1602-1688, Londres, 1952; F. Castillo Meléndez, Defensa de la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XVII, Sevilla, 1986; R. Segovia Salas, Las Fortificaciones de Cartagena de Indias. Estrategia e historia, Cartagena, 1982. El esquema de Olivares para la Unión de Armas se discute brevemente en J. H. Elliott, The revolt of the Catalans, Cambridge, 1963, cap. 7 (hay traducción castellana: La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España, Madrid, 1977), mientras Fred Bonner examina los intentos por introducirla en Perú en «La Unión de Armas en el Perú. Aspectos político-legales», Anuario de Estudios Americanos, 24 (1967), pp. 1.133-1.171, aunque el esquema aún precisa un tratamiento global. Para la introducción de la alcabala en las Indias, Robert S. Smith, «Sales taxes in New Spain, 1575-1770», HAHR, 28 (1948), pp. 2-37, es fundamental.

El siglo XVII es el peor conocido y el menos estudiado de todos los siglos de la historia hispanoamericana. Gracias a la obra pionera de Woodrow Borah, New Spain’s century of depression, Berkeley y Los Angeles, 1951, se tiende a hacer hincapié en los aspectos más sombríos del siglo, a expensas de sus características más creativas y formativas. La tesis de Borah es examinada a la luz de la investigación más reciente por P. J. Bakewell en su introducción a la traducción española, El siglo de la depresión en Nueva España, México, 1975. J. I. Israel, Race, class and politics in colonial Mexico, 1610-1670, Oxford, 1975, estudia algunos procesos vigentes en la sociedad mexicana del siglo XVII, al igual que José F. de la Peña, Oligarquía y propiedad en Nueva España, 1550-1624, México, 1983, que examina el importante tema de la consolidación de una minoría, basándose en una rica y nueva documentación. Un importante aspecto de la cuestión criolla se analiza en A. Tibesar, «The Alternativa: a study in Spanish-Creole relations in seventeenth-century Peru», The Americas, II (1955), pp. 229-283; pero, en general, se ha hecho una labor mayor para Nueva España que para Perú acerca de la formación de una sociedad colonial con crecientes señas de identidad. Irving A. Leonard, Baroque times in Old Mexico, Ann Arbor, 1959 (hay traducción castellana: La época barroca en el México colonial, México, 1975), y Jacques Lafaye, Quetzalcóatl and Guadalupe. The formation of Mexican national consciousness, 1531-1831, Chicago, 1976 (hay traducción castellana: Quetzalcóalt y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México, México D. F., 1977), son magníficas contribuciones recientes a un tema de fundamental importancia para entender la eventual ruptura con España.

Otros títulos importantes en este sentido son: Magnus Mörner, Estado, razas y cambio en la Hispanoamérica colonial, México, 1974; Mario Góngora, Encomenderos y estancieros: estudio acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la conquista, 1580-1660, Santiago de Chile, 1970; André Saint Lu, Condition coloniale et conscience creóle au Guatemala, París, 1970; F. Muro Romero, «La reforma del pacto colonial en Indias. Notas sobre instituciones de gobierno y sociedad en el siglo XVII», en Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Stuttgart, 19 (1982); y Néstor Meza Villalobos, La conciencia política chilena durante la monarquía, Santiago de Chile, 1956.

2. España y América: el comercio atlántico, 1492-1720

A pesar de la gran cantidad de literatura reciente, la historia de la navegación oceánica y el comercio españoles e hispanoamericanos anteriores a 1720 es muy desigual en su disponibilidad y nivel de sofisticación. Algunos aspectos, etapas y episodios son bien conocidos; otros, como las conexiones entre ciertas áreas específicas y la «carrera», apenas han sido estudiados. Aunque algunos, como las dimensiones y significación del contrabando, nunca puedan ser conocidos con toda precisión. El tema ha sufrido también una escisión entre romanticismo y estadísticas. Algunos escritores han hecho hincapié en los tesoros, piratas, huracanes, galeones y heroísmos en el mar Caribe. La otra escuela ha contado los barcos, las tripulaciones, las travesías, los precios, los cargamentos, hasta el punto que los gráficos y tablas han reducido toda la épica a banalidad.

La literatura sobre la expansión de Europa es inmensa y hay muchas vías de acercamiento. Una de las panorámicas más imaginativas y completas es Pierre Chaunu, L’expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, París, 1969 (hay traducción castellana: La expansión europea (siglos XIII al XV), Madrid, 1972), buen ejemplo del interés del autor por la economía y geografía. Otra panorámica general, más relacionada con hombres y acontecimientos, es Boies Penrose, Travel and discovery in the Renaissance, 1420-1620, Cambridge, Mass., 1952. Carlo Cipolla en su ameno Guns, sails and empires: technological innovation and the early phases of European expansion, 1400-1700, Nueva York, 1966, resume lo que sabemos del papel de las ventajas materiales en el avance ultramarino de Europa. John H. Parry, Europe and a wider world, 1415-1715, Londres, 1949 (hay traducción castellana: Europa y la expansión del mundo, México, D. F., 1952), explica las primeras rutas, barcos, arte de navegar y comercios.

Las exploraciones portuguesas han ocasionado una enorme cantidad de estudios especializados, como puede apreciarse viendo la bibliografía de la excelente panorámica de Bailey W. Diffie y George D. Winius, Foundations of the Portuguese empire, 1415-1580, Minneapolis, 1977, y el importante trabajo de J. Magalhães Godinho, Os descobrimentos e a economia mundial, 2.ª ed., Lisboa, 1983-1984. Los escritos portugueses de la época del descubrimiento están catalogados y brevemente comentados en Joaquim Barradas de Carvalho, «A Literatura portuguesa de viagems (século XV, XVI, XVII)», Revista de Historia, São Paulo, 40/81 (1970), pp. 51-74.

La biografía sobre Colón de Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea; a life of Christopher Columbus, 2 vols., Boston, 1942, es el relato generalmente aceptado. También J. Heer, Colomb, París, 1981; y J. Manzano, Nueva luz sobre las capitulaciones de Santa Fe, Madrid, 1985. También de S. E. Monison, The European discovery of America, 2 vols., New York, 1971, 1974, especialmente el volumen II sobre los viajes del sur, contiene gran riqueza de materiales sobre los primeros viajes del descubrimiento, barcos, tripulaciones, métodos de navegación y vida en el mar. (Ver especialmente cap. 8. «The mariner’s day»). Sobre este tema ver Carl O. Sauer, The Early Spanish Main, Berkeley, 1966; y D. Ramos, Audacia, negocio y política en los viajes españoles de descubrimiento y rescate, Valladolid, 1981.

Se han publicado dos manuales de navegación de la época: Pedro de Medina, Libro de Cosmographía, publicado en 1538, traducido a muchos idiomas y soberbiamente editado y traducido en una edición moderna y facsimilar como A navigator’s universe: the Libro de Cosmographía of 1538, por Úrsula Lamb, Chicago, 1972; y Diego García de Palacio, Instrucción náutica para navegar, que apareció en México en 1587 y en Madrid en edición facsimilar en 1944.

Para el trasfondo español del siglo XVI, ver HALC, II, ensayo bibliográfico 1, y, especialmente, las obras de Fernand Braudel, John H. Elliott y John Lynch.

El mejor análisis sucinto de la preeminencia del suroeste ibérico y del papel desempeñado por las islas intermedias, es de Pierre Chaunu, en su Conquête et exploitation des nouveaux mondes (XVIe siècle), París, 1969 (hay traducción castellana: Conquista y exploración de los nuevos mundos (siglo XVI), Madrid, 1973). John H. Parry, The Spanish seaborne empire, New York, 1966 (hay traducción castellana: El imperio español de ultramar, Madrid, 1970), es un ajustado y claramente expuesto relato de los mismos determinantes. El mapa de la pág. 40 es elocuente. El capítulo 2 explica cómo Sevilla llegó a ser el puerto americano, en los contextos español y andaluz. También contiene la historia inicial de la Casa de Contratación y mucho más sobre la historia de las Indias. La importancia inicial y continuada de las Canarias se refleja en Francisco Morales Padrón, El comercio canario-americano (siglos XVI, XVII y XVIII), Sevilla, 1955. Una obra más reciente es Felipe Fernández-Armesto, The Canary Island after the Conquest. The making of a colonial society in the early sixteenth century, Nueva York, 1982. Hay muchos relatos de viajes. El de Tomás de la Torre, divertido aunque incisivo, se ha publicado varias veces, más recientemente como Desde Salamanca, España, hasta Ciudad Real, Chiapas; diario de viaje, 1544-1545, México, 1945.

La línea marítima entre España y el Nuevo Mundo hasta mediados del siglo XVII ha sido examinada extensa e intensamente por Pierre y Huguette Chaunu. Su grandioso Séville et l’Atlantique, 1504-1650, 13 vols., en 8, París 1955-1960, es la única fuente indispensable para la carrera. El volumen VIII, «Construction Graphique», es enormemente informativo por su impacto visual al tratar de vientos, corrientes, viajes, distancias en tiempo, barcos, movimientos globales de barcos, cargamentos y orígenes y destinos de cargamentos. El volumen VIII: 1 estudia la evolución de los tipos de barcos, la navegación, una vez más y en profundidad las razones del complejo portuario andaluz y su predominio, las islas intermedias y el papel de la carrera en el desarrollo de cada área de Hispanoamérica. El volumen VIII: 2, que de hecho son dos volúmenes, comenta los macromovimientos, los grandes ciclos del comercio atlántico español y la inflación de los precios. En toda la obra, y de muy diversas formas, los autores comentan los determinantes de la envergadura y velocidad de los barcos, la longitud de los viajes, y el peso, volumen y aprovechamiento de los cargamentos.

Estos determinantes los comenta de forma más compacta L. Denoix en «Caractéristiques des navires de l’époque des grandes découvertes», en Ve Colloque d’Histoire Maritime, París, 1966. Otro texto básico sobre España, la carrera e Hispanoamérica es Clarence H. Haring, Trade and navigation between Spain and the Indies in the time of the Habsburgs, Cambridge, Mass., 1918; reimpresión Gloucester, Mass., 1964 (hay traducción castellana: Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgo, México D. F., 1939). Obras de J. Everaert, Antonio García-Baquero González, Lutgardo García Fuentes, Henry Kamen y Michel Morineau, que continúan la historia de la carrera tras 1650 hasta su declive a fines del siglo XVIII, se comentan más adelante.

Otros aspectos de Sevilla y la carrera mencionados en este capítulo pueden encontrarse en Ruth Pike, Enterprise and Adventure: the Genoese in Seville and the opening of the New World, Ithaca, 1966, que puede exagerar su importancia, y en la obra de un contemporáneo, Joseph de Veitia Linaje, Norte de la contratación de las Indias Occidentales, publicada en Sevilla en 1672 y reimpresa en Buenos Aires en 1945. Una traducción inglesa fue publicada por el capitán John Stevens en 1702, republicada en facsímil en 1977. Las leyes que gobernaban el primer sistema de flotas se encuentran en el volumen IV de Diego Encinas, Cedulario Indiano, 4 vols. [publicado en 1596], facsímil, Madrid, 1945.

Acerca del período insular del descubrimiento y de la colonización y para el ciclo del oro, ver, además de los Chaunu, los trabajos de Carl O. Sauer y Kenneth R. Andrews citados en HALC, III, ensayo bibliográfico 4.

Para la inicial emigración española al Nuevo Mundo, ver la obra de Peter Boyd-Bowman y Magnus Mörner citada en HALC, IV, ensayo bibliográfico 1.

El comercio de esclavos en los indios nicaragüenses es estudiado por David R. Radell en «The Indian slave trade and population of Nicaragua during the sixteenth century», en The Native Population of the Americas in 1492, William M. Denevan, ed., Madrid, 1976, pp. 67-76. William L. Sherman en Forced native labor in sixteenth century Central America, Lincoln, Nebraska, 1979, disiente de Radell, y del presente autor, en cuanto a la envergadura del comercio y a las cifras que se manejan. Otros estudios de esta materia son A. Jara, Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la guerra del Arauco y la esclavitud de los indios, Santiago, 1981; y J. A. Cole, The Potosi mita, 1573-1700. Compulsory Indian Labor in the Andes, Standford, 1985.

Los siguientes ofrecen un estudio general de la encomienda y el tributo: Lesley Byrd Simpson, Exploitation of land in Central Mexico in the sixteenth century, Berkeley y Los Ángeles, 1952; Silvio Zavala, La Encomienda indiana, Madrid, 1945; y José Miranda, El tributo indígena en la Nueva España, México, 1951. Ver también HALC, III, ensayos bibliográficos 3 y 4. Sobre el colapso de la población india, ver HALC, IV, ensayo bibliográfico 1, y sobre la minería de plata, HALC, III, ensayo bibliográfico 2.

Woodrow Borah y Sherburne Cook empezaron a estudiar la inflación de los precios en México en su Price trends of some basic commodities in Central Mexico, 1531-1570, Berkeley y Los Ángeles, 1958, mientras el clásico de Earl J. Hamilton, American treasure and the price revolution in Spain, 1501-1650, Cambridge, Mass., 1934 (hay traducción castellana: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, 1975), hacía lo propio respecto a España. Un moderno estudio del metal precioso americano y de la revolución de precios es Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia (1450-1900), Barcelona, 1969.

La cochinilla como producto del comercio atlántico es el tema de Raymond L. Lee, «American cochineal in European commerce, 1526-1625», Journal of Modern History [JMH], 23 (1951), pp. 205-224. Para el índigo, ver Mario Rubio Sánchez, Historia del añil o xiquilite en Centro América, 2 vols., San Salvador, 1976, 1978. Para las perlas, ver Enrique Otte, Las perlas del Caribe, Caracas, 1977. El trabajo de los Chaunu tiene mucha información sobre estos y otros cargamentos menores. Un estudio reciente es el de Ross Hassing, Trade, tribute and transportation. The sixteenth-century political economy of the Valley of Mexico, Jorman, 1985.

Woodrow Borah estudió los primeros lazos existentes entre México y Perú en Early colonial trade between Mexico and Peru, Berkeley y Los Ángeles, 1954, Para el pequeño comercio de Venezuela con Cartagena y el mucho mayor comercio de cacao con Veracruz, ver los dos libros de Eduardo Arcila Farías, Economía colonial de Venezuela, México, 1956, y Comercio entre Venezuela y México en los siglos XVI y XVII, México, 1950. Para el tráfico entre Argentina y Chile colonial, ver Sergio Villalobos, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, Buenos Aires, 1965. Los modelos comerciales de La Habana se describen en detalle en Levi Marrero, Cuba, economía y sociedad, 8 vols., hasta ahora, San Juan, P. R., y Madrid, 1972-1980. William Lytle Schurz, The Manila Galleon, Nueva York, 1959, es una historia clásica de la línea filipina. Pierre Chaunu, Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles); introduction méthodologique et indices, París, 1960, destaca lo económico y cuantificable en este comercio.

Para la defensa de los indios frente a las incursiones de los nordeuropeos, ver HALC, II, ensayo bibliográfico 1.

Para la literatura sobre el comercio de esclavos a Hispanoamérica, ver HALC, IV, ensayo bibliográfico 5. La obra clásica es Georges Scelle, La Traite négrière aux Indes de Castille, 2 vols., París, 1906. El desarrollo del contrabando en sus diversos aspectos puede seguirse en Curtis Nettels, «England and the Spanish American trade, 1680-1715», JMH, 3 (1931), pp. 1-32; A. P. Thornton, «Spanish slave-ships in the English West Indies, 1660-1685», HAHR, 35 (1955), pp. 374-385; Sergio Villalobos R., «Contrabando francés en el Pacífico, 1700-1724», Revista de Historia de América, 51 (1961), pp. 49-80; y Vera Lee Brown, «Contraband trade as a factor in the decline of Spain’s empire in América», HAHR, 8 (1928), pp. 178-189. Es interesante que haya pocas obras recientes sobre el tema del contrabando. Esta y otras tendencias de este período en el Caribe han sido diestramente resumidas en los primeros capítulos de Geoffrey J. Walker, Spanish politics and imperial trade, 1700-1789, Londres, 1979 (hay traducción castellana: Política española y comercio colonial, 1700-1789, Barcelona, 1979).

John H. Elliott examinó «The decline of Spain», en Crisis in Europe, 1560-1660, Trevor Aston, ed., Nueva York, 1967 (hay traducción española; «La decadencia española», Madrid, 1973). Si hubo una decadencia correlativa o casual en las colonias o si no hubo ninguna ha sido objeto de debates. Para puntos de vista contrarios, véase, por ejemplo, Woodrow Borah, New Spain’s century of depression, Berkeley y Los Ángeles, 1951, y el vol. II de John Lynch, Spain under the Habsburgs, 2 vols., 2.ª ed., Oxford, 1981 (hay traducción castellana: España bajo los Austrias, Barcelona, 1972). Pierre y Huguette Chaunu, Séville et l’Atlantique, muestran de forma concluyente que la carrera declinó desde la década de 1620 hasta mediados del siglo o quizá más adelante. Otros autores que han participado en este debate son: A. Domínguez Ortiz, Crisis y decadencia en la España de los Austria, Barcelona, 1973; J. P. Le Flem y otros, La frustración de un imperio, Barcelona, 1984; R. Trevor Davis, La decadencia española, 1621-1700, Barcelona, 1972; R. A. Stradling, Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720, Madrid, 1983.

Dos autores, usando diferentes informes consulares e interpretaciones, han encontrado una llamativa subida en las importaciones españolas de metal precioso americano desde 1670 aproximadamente hasta finales del siglo. Son J. Everaert, De internationale en koloniale Handel der Vlaamse Firma’s te Cadiz, 1670-1700, Brujas, 1973, especialmente página 395, y Michel Morineau, «D’Amsterdam à Séville: de quelle realité l’histoire des prix est-elle le miroir?», AESC, 23 (1968), pp. 178-205, y especialmente páginas 196-197. Henry Kamen comenta los hallazgos de estos escritores y las etapas de la recuperación demográfica, económica y comercial de España en Spain in the Later Seventeenth Century, 1665-1700, Londres y Nueva York, 1980 (hay traducción castellana: La España de Carlos II, Barcelona, 1981). La decadencia de la carrera oficial a niveles aún más bajos, 1650-1700, y su efímero intento de recuperación son tratados en Lutgardo García Fuentes, El comercio Español con América, 1650-1700, Sevilla, 1980. Quienes deseen seguir la carrera más lejos en el tiempo deben leer Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, 1717-1778, el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, 2 vols., Sevilla, 1976, y Carlos Martínez Shaw, Cataluña en la carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona 1981.

Los cambios en la navegación y los modelos comerciales ingleses se encuentran en Ralph Davis, The rise of the English shipping industry in the 17th and 18th Centuries, Londres, 1962, en The rise of the Atlantic economies, Ithaca, 1973 (hay traducción castellana: La Europa atlántica. Desde los descubrimientos hasta la industrialización, Madrid, 1976), del mismo autor, y en sus dos artículos sobre el comercio inglés con el extranjero entre 1660 y 1775 en The growth of English overseas trade in the 17th and 18th centuries, W. E. Minchington, ed., Londres, 1969.

Las teorías sobre el papel de la carrera española en la historia europea y americana son numerosas y no pueden anotarse aquí. Para algunas de éstas con impacto de largo plazo son sugerentes los siguientes: Stanley J. y Barbara H. Stein, The colonial heritage of Latín America: essays in economic dependence in perspective, Nueva York, 1970 (hay traducción castellana: La herencia colonial de América Latina, México, D. F., 17 ediciones en 1987, primera en 1970), y el sorprendente Immanuel Wallerstein, The Modern World System, 2 vols. hasta ahora, Nueva York y Londres, 1976 y 1980 (hay traducción castellana: El moderno sistema mundial, Madrid, 1979 y 1984). La última obra magna de Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, 3 vols., París, 1979 (hay traducción castellana: Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII, Madrid, 1984), es larga, repetitiva y desorganizada, pero tiene muchos pasajes excelentes, incluidas varias discusiones acerca de las amplias y mundiales implicaciones de la carrera y del metal precioso de la América colonial.

3. La España borbónica y su imperio americano

Para España a principios del período borbónico está John Lynch, Spain under the Habsburgs, 2 vols., 2.ª ed., Oxford, 1981 (hay traducción castellana: España bajo los Austrias, Barcelona, 1972), y dos trabajos de Henry Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century, Londres, 1980 (hay traducción castellana: La España de Carlos II, Barcelona, 1981), y The War of Succession in Spain, 1700-1715, Londres, 1969. Los mejores relatos genéricos sobre el siglo XVIII son Gonzalo Anes, El antiguo régimen: los Borbones, en Historia de España, Alfaguara IV, Madrid, 1975, y Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1976. El impacto de la Ilustración se estudia en Richard Herr, The eighteenth-century revolution in Spain, Princeton, 1958 (hay traducción castellana: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1964); Luis Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, 1953; y Jean Sarrailh, L’Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, París, 1954 (hay traducción castellana: La España ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII, México, D. F., 1957). Sobre el jansenismo, ver Joël Saugnieux, Le Jansénisme espagnol du XVIIIe siècle, ses composants et ses sources, Oviedo, 1975. Para la economía, Jordi Nadal y Gabriel Tortella, eds., Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico de la España contemporánea, Barcelona, 1974; Gonzalo Anes, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970; y David R. Ringrose, Transportation and economic stagnation in Spain 1750-1850, Durham, N. C., 1970 (hay traducción castellana: Los transportes y el estancamiento económico de España, Madrid, 1972), y sus «Perspectives on the economy of eighteenth century Spain», en Historia Ibérica (1973), I, pp. 59-102. El comercio con el imperio americano lo tratan Geoffrey J. Walker, Spanish politics and imperial trade 1707-1789, Londres, 1979 (hay traducción castellana: Política española y comercio colonial, 1707-1789, Barcelona, 1979); y Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico 1717-1778, 2 vols., Sevilla, 1976, y su Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla, 1972. Ver también Barbara H. y Stanley J. Stein, «Concepts and realities of Spanish economic growth 1759-1789», Historia Ibérica, I (1973), pp. 103-119.

Para la revolución del sistema de gobierno, ver la primera parte de D. A. Brading, Miners and merchants in Bourbon Mexico 1763-1810, Cambridge, 1971 (hay traducción castellana: Mineros y comerciantes en el México borbónico, México, D. F., 1975). Otros estudios son Luis Navarro García, Intendencias de Indias, Sevilla, 1959; John Lynch, Spanish colonial administration 1782-1810. The intendentant system in the viceroyalty of the Río de la Plata, Londres, 1958 (hay traducción castellana: Administración colonial española (1782-1810). El sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, 1962), J. R. Fisher, Government and society in colonial Peru. The intendentant system 1784-1814, Londres, 1970 (hay traducción castellana: Gobierno y sociedad en el Perú colonial. El régimen de las intendencias, 1784-1814, Lima, 1981) y Magnus Mörner, La reorganización imperial de Hispanoamérica (1760-1810), Tunja, 1979. Para su influjo en Nueva Granada, ver John Leddy Phelan, The people and the king, the Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, 1978. Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires, Sevilla, 1956, sigue siendo de utilidad. Sobre la participación criolla en las audiencias, ver Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, From impotence to authority. The Spanish crown and the American audiencias 1787-1808, Columbia, Miss., 1977. La campaña contra la Iglesia está tratada en Nancy M. Farriss, Crown and clergy in colonial México 1759-1821. The crisis of ecclesiastical privilege, Londres, 1968. Sobre los asuntos militares disponemos de múltiples libros: Christon I. Archer, The army in Bourbon Mexico, 1760-1810, Albuquerque, 1977; Leon G. Campbell, The military and society in colonial Peru (1750-1810), Filadelfia, 1978; y Allan J. Kuethe, Military reform and society in New Granada, 1773-1808, Gainesville, 1978; J. P. Merino Navarro, La armada española en el siglo XVIII, Madrid, 1981; L. McAlister, The «fuero militar» in New Spain (1784-1800), Gainesville, 1957; Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército de América, Sevilla, 1983.

Para la economía colonial, el punto de partida debe ser siempre Alexander von Humbolt, Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne, 2 vols., París, 1807-1811, y Voyages aux régions equinoxiales de Nouveau Continent faits en 1799, 1801, 1802, 1803 et 1804, París, 1807. Ambas obras presentan gran cantidad de información y han sido traducidas al inglés y al castellano. Para México, E. Arcila Farías, El siglo ilustrado en América. Reformas económicas del siglo XVII en Nueva España, Caracas, 1955. Brian R. Hamnett, Politics and trade in southern Mexico 1750-1821, Cambridge, 1971, abarca los repartimientos de comercio, y D. A. Brading, Miners and merchants in Bourbon Mexico (hay traducción castellana: Mineros y comerciantes en el México borbónico, México, D. F., 1975), la economía de exportación. Manfred Kossok, El virreinato del Río de la Plata: su estructura económicosocial, Buenos Aires, 1972; Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícola en México, 1708-1810, México, D. F., 1969; Eric Van Young, Hacienda and market in the eighteenth century Mexico: the rural economy of Guadalajara región, 1675-1820, Los Ángeles, 1981; y Enrique Zandeter y Nathan Wachtel, Precios y producción agraria. Potosí y Charcos en el siglo XVIII, Buenos Aires, 1983.

Para Cuba, además del Voyage de Humbolt, ver Manuel Moreno Fraginals, The sugar mill. The socioeconomic complex of sugar in Cuba 1760-1860, Nueva York, 1976 (edición en castellano: El ingenio: complejo económico-social cubano del azúcar, La Habana, 1978), pero ver también Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Comercio exterior de Veracruz 1778-1821, Sevilla, 1978. Para Centroamérica, consultar Robert S. Smith, «Indigo production and trade in colonial Guatemala», HAHR, 39 (1959), pp. 181-211; y Troy S. Floyd, «Bourbon palliatives and the Central America mining industry 1765-1800», The Americas, 18 (1961), pp. 103-125, y su «The Indigo merchant: promoter of Central America economic development 1700-1808», Business History Review, 39 (1965), pp. 466-488. Para Venezuela, E. Arcila Farías, Comercio entre Venezuela y México en los siglos XVII y XVIII, México, 1950, es importante. Para Colombia, ver John Leddy Phelan, The people and the king. The Comunero revolution in Colombia, 1781, y A. D. Macfarlane, «Economic change in the viceroyalty of New Granada with special reference to overseas trade 1739-1810», tesis doctoral, Universidad de Londres, 1977. Sobre Ecuador, la costa está tratada en Michael T. Hammerly, Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil 1763-1842, Guayaquil, 1973.

Sobre la minería de plata en Perú, J. R. Fisher, Silver mines and silver miners in colonial Peru 1776-1824, Liverpool, 1977 (hay traducción castellana: Minas y mineros en el Perú colonial, 1776-1824, Lima, 1977), ofrece la serie principal de producción. Para un punto de vista comparativo ver D. A. Brading y Harry E. Cross, «Colonial silver mining: Mexico and Peru», HAHR, 52 (1972), pp. 545-579. Una buena visión de conjunto sobre México y Perú, se encuentra en la obra compilada por Nils Jacobsen y Hans-Jünger Puhle (eds.), The economies of Mexico and Peru during the late colonial period, 1760-1810, Berlín, 1986. Para un comentario más completo de la literatura sobre la minería en el siglo XVIII, ver HALC III, ensayo bibliográfico 2. Para Chile, la mejor introducción es Marcello Carmagnani, Les Mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili 1680-1830, París, 1973. Igualmente importantes son Sergio Villalobos, El comercio y la crisis colonial, Santiago de Chile, 1968; y Mario Góngora, Origen de los inquilinos de Chile central, Santiago de Chile, 1960. Para el Río de la Plata, el capítulo introductorio de Tulio Halperin-Donghi, Politics, economies and society in Argentina in the revolutionary period, Cambridge, 1975, es inapreciable, así como Guerra y Finanzas en los orígenes del estado argentino, Buenos Aires, 1982; un complemento es Susan Midgen Socolow, The merchants of Buenos Aires 1778-1810. Family and commerce, Cambridge, 1978. Para la literatura sobre el crecimiento de la población en el siglo XVIII, ver HALC, IV, ensayo bibliográfico 1. De modo parecido, sobre el crecimiento urbano, HALC, III, ensayo 1; sobre agricultura HALC, III, ensayos 3 y 4, y para la economía interna, incluidos los obrajes, HALC, III, ensayo 5.

4. Portugal y Brasil: estructuras políticas y económicas del imperio

Las siguientes historias de Portugal son indispensables: en inglés, H. V. Livermore, A new history of Portugal, Londres, 1966; en portugués, A. de Oliveira Marques, História do Portugal, 2 vols., Lisboa, 1972-1973 (hay traducción castellana: Historia de Portugal, México, D. F., 1979); y J. Verissimo Serrão, Historia de Portugal, 5 vols., Lisboa, 1980; en francés, A. A. Bourdon, Histoire de Portugal, París, 1970, breve pero muy buena, y Y. Bottineau, Le Portugal et sa vocation maritime. Histoire et civilisation d’une nation, París, 1977, escrita con estilo y sutileza, manteniendo el equilibrio entre estructuras subyacentes y acontecimientos. De reciente traducción al castellano encontramos S. G. Payne, Breve historia de Portugal, Madrid, 1987. Debe hacerse mención también del muy útil Diccionário de história de Portugal, ed. Joel Serrão, 4 vols., Lisboa, 1961-1971; de la gran Historia de Portugal, 8 vols., Barcelona, 1929-1935, de Damião Peres, y los volúmenes I y V de Fortunato de Almeida, Historia de Portugal, Coimbra, 1922-1931, que son una descripción de las instituciones portuguesas y su desarrollo. A. Silbert, Le Portugal méditerranéen à la fin de l’Ancien Régime, 2 vols., París, 1966, es muy útil para el estudio de las estructuras agrarias y sociales. Acerca del imperio portugués, el punto de partida podría estar en C. R. Boxer, The Portuguese seaborne empire 1415-1825, Londres, 1973, y Four centuries of Portuguese expansion 1415-1825: a succint survey, Johannesburgo, 1965. V. Malgalhães Godinho, L’Économie de l’empire portugais aux XVe et XVIe siècles, París, 1969, es la versión ampliada de la obra en portugués Os descobrimentos e a economia mundial, 2 vols., Lisboa, 1963-1965, 2.ª ed., 4 vols., 1983. Ver también las contribuciones de V. Malgalhães Godinho a la New Cambridge Modern History: «Portugal and her empire», NCMH, V, pp. 384-397, y «Portugal and her empire 1680-1720», NCMH, VI (1970), pp. 509-540. F. Mauro, Le Portugal et l’Atlantique au XVIIe siècle 1570-1670. Étude économique, París, 1960, 2.ª ed., 1983, es fundamental y tiene una adecuada bibliografía a la que se puede hacer referencia. Ver también V. Malgalhães Godinho, «Le Portugal: les flottes du sucre et les flottes de l’or (1670-1770)», AESC, abril-junio (1950), pp. 184-197, reimpreso en Ensaios, II, Lisboa, 1968, pp. 293-315. Para material complementario, ver B. T. Duncan, Atlantic Islands… in the XVIIth Century, Chicago, 1972. João Lucio de Azevedo, Épocas de Portugal económico, 2.ª ed., Lisboa, 1973, sigue siendo muy útil. Para Brasil, F. Mauro, Le Brésil du XVe à la fin du XVIIIe siècle, París, 1977, actualiza el tema y aporta información bibliográfica. Ver también la breve Histoire du Brésil, 2.ª ed., París, 1978, de F. Mauro.

Hay también cierto número de monografías esenciales para la comprensión del papel de Portugal en América y sus repercusiones en el Viejo Mundo. En castellano, para la primera etapa portuguesa en América, ver Jaime Cortesáo, Brasil, libro I, vol. XXVI de Historia de América y de los pueblos americanos, dirigida por A. Ballesteros, Barcelona, 1956. Para la política atlántica de Portugal, ver C. R. Boxer, Salvador de Sá and the struggle for Brazil and Angola 1602-1686, 2.ª ed., Westport, 1975, y The Golden Age of Brazil, 1695-1750, Berkeley, 1962; y Dauril Alden, Royal government in colonial Brazil, Berkeley, 1968, una gran parte del cual se dedica a asuntos de diplomacia y de guerra. Sobre las influencias económicas portuguesas en España, ver J. C. Boyajián, Portuguese Bankers at the Court of Spain, Rutgers, 1983. Para un estudio de la administración portuguesa en América, ver Stuart B. Schwartz, Sovereignity and society in colonial Brazil: the judges of the High Court of Bahia, 1586-1750, Berkeley, 1974; también J. N. Joyce, «Spanish influence on Portuguese administration: a study of the Conselho da Fazenda and Habsburg Brazil», Universidad del Sur de California, tesis doctoral, 1974. Sobre la economía política portuguesa y el papel desempeñado en ella por Brasil, J. B. de Macedo, Problemas de historia da industria Portuguesa no seculo XVIII, Lisboa, 1963, es importante. También la nueva edición de V. M. Godinho, Ensaios II. Sobre historia de Portugal, Lisboa, 1978. Una importante contribución reciente es Carl Hanson, Economy and society in Baroque Portugal, 1668-1703, Minneapolis, 1981. Sobre la diplomacia portuguesa en América, las siguientes obras deben consultarse: A. P. Canabrava, O comércio português no Río da Prata 1580-1640, São Paulo, 1944; Luis Ferrand de Almeida, A diplomacia portuguesa e os limites meridionais do Brasil, I, 1493-1700, Coimbra, 1957; J. Cortesão, Raposo Tavares e aformacão territorial do Brasil, Río de Janeiro, 1958; y J. Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, 8 vols., Río de Janeiro, 1950-1959. Para el norte, ver H. C. Palmatory, The river of the Amazonas. Its discovery and early exploration 1500-1743, Nueva York, 1965; y Mario Meireles, Historia do Maranhão, São Luís, 1960.

Acerca de cuestiones náuticas, ver las diversas publicaciones de los distintos congresos portugueses, como el Congresso da Historia da Expansão Portuguesa no Mundo, Congresso do Mundo Português, Congresso dos Descobrimentos Henriquinos; también A. Marques Esparteiro, Galeotas e bergantins reais, Lisboa, 1965; N. Steensgaard, Carracks, caravans and companies, Copenhague, 1973, de la que ha aparecido una nueva edición con el título: The Asian trade revolution of the seventeenth century. The East India companies and the decline of the caravan trade, Chicago, 1974; Sousa Viterbo, Travalhos náuticos dos Portugueses nos seculos XVI e XVII, Lisboa, 1900; H. Leitão y J. V. Lopes, Diccionário da linguagem de Marinha Antiga e Actual, 2.ª ed., Lisboa, 1974; Fontoura da Costa, A marinharia dos Descobrimentos, Lisboa, 1933; la obra de Virginia Rau sobre los comerciantes extranjeros en Lisboa, por ejemplo, «Os mercadores e banqueiros estrangeiros em Portugal no tempo de D. João III (1521-1587)» en Estudios de Historia Económica, Lisboa, 1961, pp. 35-62; finalmente, todos los estudios que han aparecido en las publicaciones de la Junta de Investigações Científicas do Ultramar, particularmente los del Centro de Estudos de Cartografía Antiga, Secção de Coimbra e Secção de Lisboa.

Sobre las exportaciones de Brasil, especialmente azúcar y oro, ver HALC, III, ensayos bibliográficos 6 y 7.

Sobre el comercio de esclavos hacia Brasil destacamos las siguientes obras: M. Goulart, Escravidao africana no Brasil, São Paulo, 1950; G. Scelle, Histoire politique de la traite négriére aux Indes de Castille, 2 vols., París, 1906; Philip Curtin, The Atlantic slave trade, Madison, 1969; H. S. Klein, «The Portuguese slave trade from Angola in the 18th century», Journal of Economic History, 33/4 (1972), pp. 894-917, y The Middle Passage. Comparative studies in the Atlantic slave trade, Princeton, 1978; E. G. Peralta Rivera, Les Mécanismes du commerce esclavagiste XVIIe siècle, tesis del 3.er ciclo EHESS, París, 1977; P. Verger, Flux et reflux de la traite des nègres entre le golfe du Bénin et Bahia de Todos os Santos du XVIIe au XIXe siècle, París, 1968, y «Mouvements de navires entre Bahia et le Golfe de Bénin XVIIe XIXe siècles», Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, París, 55 (1968), pp. 5-36; E. Vila Vilar, Hispano-América y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, Sevilla, 1977; finalmente, K. Polanyi, Dahomey and the slave trade: an analysis of an archaic economy, Washington, 1966.

Acerca del dinero, ver Teixeira de Aragão, Descripção geral e historica das moedas cunhadas em nome dos reis de Portugal, 3 vols., Lisboa, 1874-1880; y, entre otros, N. S. da Costa, Historia das moedas do Brasil, Porto Alegre, 1973. Sobre las guerras en el mar, Botelho de Sousa, Subsidios para a historia das guerras da Restauração no Mar e no Alem Mar, I, Lisboa, 1940; y W. J. van Hoboken, Witte de With in Brazilie 1648-1649, Amsterdam, 1955. Para las instituciones, Marcelo Caetano, Do Conselho Ultramarino ao Conselho do Imperio colonial, Lisboa, 1943; Regimento das Casas das Indias e Minas, Damião Peres, ed., Coimbra, 1947; Gustavo de Freitas, A Companhia Geral do Comércio do Brasil, São Paulo, 1951.

Para las relaciones, exteriores, las dos obras clásicas son E. Prestage, The diplomatic relations of Portugal with France, England and Holland from 1640 to 1668, Watford, 1925; y E. Brasão, A Restauração. Relações diplomáticas de Portugal de 1640 á 1668, Lisboa, 1939. Ver también Charles Verlinden, Les Origines de la civilisation atlantique, París, 1966, y F. Mauro, Études économiques sur l’expansion portugaise 1500-1900, París, 1970. Para España y el imperio español, ver las obras de E. J. Hamilton, P. y H. Chaunu, y otros, citadas en HALC, I, ensayo bibliográfico 6, y HALC, II, ensayos bibliográficos 1 y 2. En lo que concierne a Francia, no hay obras globales, sólo capítulos o artículos en diversas publicaciones. Ver en particular los numerosos artículos de J. Soares de Azevedo sobre el comercio francés en Lisboa. I. S. Revah, Le Cardinal de Richelieu et la Restauration de Portugal, Lisboa, 1950, merece mencionarse también.

Sobre las relaciones de Portugal con Inglaterra disponemos de muchas obras: V. M. Shillington y A. B. Wallis Chapman, The commercial relations of England and Portugal, Londres, 1908; reimpreso en Nueva York, 1970, es la obra general; Sir Richard Lodge, «The English factory at Lisbon», Transactions of the Royal Historical Society, 4.ª ser., 16 (1933), pp. 210-247; A. R. Walford, The British factory in Lisbon, Lisboa, 1940; Alan K. Manchester, British preeminence in Brazil, itsrise and decline, Chapel Hill, 1933; R. Davis, «English foreign trade 1660-1700», Economic History Review, VII (1954), pp. 150-166, y «English foreign trade, 1700-1774», EconHR, XV (1962), pp. 285-303; Elizabeth Boody Schumpeter, English overseas trade statistics (1697-1808), Oxford, 1960; H. E. S. Fisher, The Portugal trade: a study of Anglo-Portuguese commerce 1700-1770, Londres, 1971; A. D. Francis, The Methuens and Portugal 1691-1708, Cambridge, 1966; S. Sideri, Trade and Power: informal colonialism in Anglo-Portuguese relations, Rotterdam, 1970; C. R. Boxer, «Brazilian gold and British traders in the first half of the eighteenth century», HAHR, 49/3 (1969), pp 454-472; y, más recientemente, Virgilio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o comercio anglo-português (uma contribuição aos estudos de economia atlántica no seculo XVIII, São Paulo, 1979.

En lo que concierne a los holandeses, su comercio con Portugal puede estudiarse en J. Nanninga Uitterdijk, Een Kamper Handelshuiste Lisabon 1572-1597, Zwolle, 1904; A. E. Christensen, Dutch trade to the Baltic about 1600, La Haya, 1941; y N. W. Posthumus, Inquiry into the history of prices in Holland, Leiden, 1946. Para los aspectos diplomáticos y políticos de la presencia holandesa en Brasil, ver C. R. Boxer, The Dutch in Brazil, 2.ª ed., Hamden, 1973; P. Agostinho, «A politica Vieira e a entrega de Pernambuco», Espiral (enero-marzo 1965), pp. 122-134; C. R. Boxer, «Portuguese and Dutch colonial rivalry», Studia, 2 (1958), pp. 7-42; V. Rau, «A embaixada de Tristão de Mendoça Furtado e os arquivos holandeses», Anais da Academia Portuguesa de Historia, 2.ª ser., 8 (1958), pp. 93-160; G. D. Winius, «India or Brazil. Priority for imperial survival during de wars of the Restoration», Journal of the American-Portuguese Cultural Society, 1/4-5 (1967), pp. 34-42. Finalmente, merece mencionarse A. Wiznitzer, Jews in Colonial Brazil, Nueva York, 1960.

5. Portugal y Brasil: la reorganización imperial, 1750-1808

Para un acercamiento genérico al imperio portugués durante el período 1750-1808 hay dos obras fundamentales de C. R. Boxer, The Portuguese seaborne empire, 1415-1815, Londres, 1969, capítulos VI-VII, y The GoldenAge of Brazil 1695-1750. Growing pains of a colonial society, Berkeley, 1962, último capítulo. Manuales útiles son A. H. Oliveira Marques, História de Portugal desde os tempos mais remotos até ao governo do Sr. Marcelo Caetano, 2 vols., Lisboa. 1972 (hay traducción castellana: Historia de Portugal, México, D. F., 1983), I, capítulos VIII y IX; y História geral da civilazação Brasileira, ed., Sergio Buarque de Holanda, São Paulo, 1960,1: A época colonial, 2 vols., 1960, y II: O Brasil monárquico, I, O processo de emancipação, 1962. También hay ciertos estudios de reinados concretos que, a pesar de las limitaciones de la época y el género, merecen mencionarse: Simão José da Luz Soriano, História do reinado de El-Rei D. José a da administrado do Marquès de Pombal, 2 vols., Lisboa, 1867; João Lucio d’Azevedo, O Marqués de Pombal esua época 2.ª ed., Lisboa, 1922; un primer estudio crítico, Alfredo Duarte Rodrigues, O Marquês de Pombal e os seus biógrafos, Lisboa, 1947, que resume la literatura anterior; Caetano Beirao, Dona Maria I (1777-1792), 4.ª ed., Lisboa, 1944, que sigue siendo, desafortunadamente, la mejor obra sobre los años posteriores a Pombal; y Angelo Pereira, D. João VI Principe e Rei, 4 vols., Lisboa, 1953-1957, I: A retirada da familia real para o Brasil (1807). Más recientemente, hay varias obras excelentes basadas en investigaciones muy importantes en archivos. Dauril Alden, Royal government in colonial Brazil, with special reference to the administration of the Marquis of Lavradio, viceroy, 1769-1779, Berkeley, 1968, se dedica en particular a la estructura del poder real en Brasil en la época de Pombal y a las actividades de un administrador ilustrado, y, más generalmente, a la historia política, militar y económica de las capitanías del sur. Kenneth R. Maxwell, Conflicts and conspiracies: Brazil and Portugal 1750-1808, Cambridge, 1973, representa una nueva contribución al estudio de las tensiones entre la metrópoli y la colonia y de los primeros movimientos tendentes a la independencia brasileña, especialmente en 1789. Fernando A. Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), São Paulo, 1979, nos ofrece una importante panorámica del colonialismo mercantilista y de las medidas económicas del gobierno portugués a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Como Golden Age de Boxer para el período anterior, estos tres últimos análisis son un hito en la historiografía de Brasil.

Más específicamente, sobre la redefinición territorial de Brasil, J. Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid (1750), 10 vols., Río de Janeiro, 1952-1963, ofrece una completa documentación acerca del Tratado de Madrid, sus antecedentes y algunas de sus consecuencias, junto con su comentario, polémico a veces. Alden, Royal government, ya citado, págs. 59-275, hace un análisis extremadamente lúcido e imparcial del mismo tema, dedicándose especialmente a todas las negociaciones y operaciones militares entre el Tratado de Madrid y el Tratado de San Ildefonso (1778) e incluso después. Sobre la ocupación, defensa y colonialización de la región amazónica y la política del gobierno hacia los indios, los documentos fundamentales se publicaron en Marcos Carneiro de Mendonça, A Amazônia na era pombalina (correspondência inédita do Governador e Capitão General do Estado do Grão Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 1751-1759, 3 vols., Río de Janeiro, 1963; ver también João Lucio de Azevedo, Os Jesuitas no Grão Pará, Lisboa, 1901, y «Política de Pombal relativa ao Brasil», en Novas Epanáforas. Estudos de história e literatura, Lisboa (1932), pp. 7-62; más recientemente, Manuel Nunes Dias, «Política pombalina na colonização da Amazonia 1755-1777», Studia, 23 (1968), pp. 7-32, junto con su exhaustivo estudio de uno de los instrumentos de la política de Pombal, la compañía comercial de Grao Pará e Maranhao (ver más abajo). Entre las obras de Arthur Cezar Ferreira Reis, ver especialmente A política de Portugal no valle amazônico, Belém, 1940.

Carecemos de un buen estudio general sobre la reorganización de las instituciones políticas. Esta es una gran laguna en la historiografía portuguesa y no hay más alternativa que recurrir a las fuentes. El mejor estudio general es el capítulo acerca de la administración, justicia y ejército en Caio Prado Júnior, Formação do Brasil contemporâneo: Colônia, 8.ª ed., São Paulo, 1965, traducido por Suzette Macedo, The colonial background of modern Brazil, Berkeley, 1967. Ver también las obras de Alden y Maxwell citadas antes. A pesar de sus muchas omisiones en lo que atañe a la descripción y análisis de las estructuras administrativas, el Diccionário de História de Portugal, Joel Serrao, ed., 4 vols., Lisboa, 1961-1971, tiene su utilidad. También están los artículos de Marcelo Caetano, «As Reformas pombalinas e postpombalinas respeitantes ao Ultramar. O novo espirito em que sao concebidas», História da expansão Portuguesa no mundo, 3 vols., Lisboa, 1940, vol. III, pp. 251-260; y José Gonçalo de Santa Ritta, «Organiçação da administração ultramarina no século XVIII», Congresso do mundo Português, Lisboa, 1940, vol. VIII, pp. 123-153.

Debe subrayarse la importancia fundamental de los textos legales y de los decretos, de los que tanto uso se ha hecho en este capítulo. En ausencia de una edición completa, es necesario recurrir a recopilaciones como: Collecção das Leys, Decretos e Alvaros que comprehende o feliz Reinado del Rey Fidelissimo D. José I Nosso Senhor, desde o ano de 1750 até o de 1777, 4 vols., Lisboa, 1777, y Antonio Delgado da Silva, Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilaçao das Ordenações. Legislação de 1756 a 1820, 6 vols., Lisboa, 1830-1835.

Sobre la reorganización de la economía, además de consultar las fuentes manuscritas, es indispensable acudir a los relatos contemporáneos, entre los cuales, ver especialmente los siguientes: Memorias Económicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa para o adiantamento da Agricultura, das Artes e da Industria em Portugal esuas Conquistas, 5 vols., Lisboa, 1789-1815, analizado por Abílio Carlos d’Ascensão Diniz Silva, «La Formulation d’une politique de développement économique au Portugal à la fin du XVIIIe siècle». Memoria para el diploma en Ciencias Económicas, Universidad de París I, 1969; Obras Económicas de J. J. da Cunha de Azevedo Coutinho (1794-1804), editado por Sergio Buarque de Holanda, São Paulo, 1966; Jacome Ratton, Recordaçoens de… sobre ocurrencias do seu tempo em Portugal… de Maio 1744 a Setembro de 1810, Londres, 1813; Dom Rodrigo de Souza Coutinho, discursos, memorándums, informes y cartas, publicados por el Marqués de Funchal, O conde de Linhares, Dom Rodrigo Domingos Antonio de Souza Coutinho, Lisboa, 1908; y Marcos Carneiro de Mendonça, o Intendente Câmara, Manoel Ferreira da Câmara Bethencourt e Sá, Intendente Geral das Minas e os Diamantes, 1764-1835, Río de Janeiro, 1933; Adrien Balbi, Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve, 2 vols., París, 1822; José Accursio das Neves, Noções históricas, económicas e administrativas sobre a produção e manufactura das sedas em Portugal…, Lisboa, 1827, y Variedades sobre objectos relativos as artes, commercio e maufacturas, 2 vols., Lisboa, 1814-1817.

Entre los estudios de historia económica que datan de la primera mitad del siglo XX no deben olvidarse dos clásicos: João Lucio de Azevedo, Epocas de Portugal económico, 2.ª ed., Lisboa, 1973; y Roberto C. Simonsen, História econômica do Brasil 1500-1820, 6.ª ed., São Paulo, 1969.

Entre las obras recientes que tratan de todo el período, dos estudios bien documentados han sido una contribución fundamental: la obra pionera de historia cuantitativa, Vitorino Magalháes Godinho, Prix et monnaies au Portugal 1750-1850, París, 1955; y Kenneth R. Maxwell, Conflicts and conspiracies, citado antes.

Además de éstos, es necesario recurrir a libros que tratan de temas específicos y de períodos específicos, de los cuales la época de Pombal es, con mucho, la más estudiada, notablemente por Jorge Borges de Macedo, A situação económica no tempo de Pombal, 1951; 2.ª ed., Lisboa, 1982, obra sugerente y bien documentada, y por el vizconde de Carnaxide, O Brasil na administração pombalina (Economia e política externa), São Paulo, 1940, un estudio controvertido. Ver también J. Borges de Macedo, «Portugal a e economía “pombalina”. Temas e hipótesis", Revista de História, São Paulo, 19 (1954), pp. 81-99. Sobre el sistema de flotas, ver V. Magalhães Godinho, «Portugal, as frotas do açucar e as frotas do ouro 1670-1770», Ensaios, II, Lisboa (1968), pp. 293-315, original en francés en AESC (1950), pp. 184-197. Ver también Eulalia María Lahmeyer Lobo, «As frotas do Brasil», JGSWGL, 4 (1967), pp. 465-488; Albert-Alain Bourdon, «Le Marquis de Pombal et la réorganisation des flottes de commerce entre le Portugal et le Brésil (1753-1766)», Universidad de Lisboa, Revista da Facultade de Letras, 3.ª ser., 6 (1962), pp. 182-197; y especialmente Virgilio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o comércio anglo-português. Uma contribução aos estudos de economia atlântica no século XVIII, São Paulo, 1979. Para el período posterior a Pombal, tenemos hoy día Fernando A. Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, citado arriba, así como José Jobson de A. Amida, O Brasil no comercio colonial, São Paulo, 1980, que es un detallado análisis de la balanza comercial de los últimos años del período.

Sobre compañías comerciales y monopolios, además de los exhaustivos estudios de Manuel Nunes Dias, Fomento e mercantilismo. A Companhia Geral do Comércio do Grao Pará e Maranhão (1755-1778), São Paulo, 1971; y José Ribeiro Júnior, Colonização e monopólio no Nordeste Brasileiro. A Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba (1759-1780), São Paulo, 1976; ver el artículo de Jorge Borges de Macedo, «Companhias commerciais», en Diccionário de História de Portugal, I, pp. 637-644, que ofrece una síntesis y una buena bibliografía, y dos incisivos estudios de Myriam Ellis: O monopolio do sal nos Estados do Brasil (1631-1801), Universidad de São Paulo, 1955, y A Baleia no Brasil colonial, São Paulo, 1969. Para el comercio de esclavos, ver las obras citadas en HALC, II, ensayo bibliográfico 4, y, más particularmente para fines del siglo XVIII, António Carreira, As companhias pombalinas de Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco e Paraíba, 2.ª ed., Lisboa, 1983. Una obra fundamental es la de Stuart B. Schwartz, Sugar plantations in the formation of a Brazilian society (Bahia 1550-1835), Cambridge, 1985.

Sobre la política industrial, Jorge Borges de Macedo, Problemas de historia da industria portuguesa no século XVIII, 1963; 2.ª ed., Lisboa, 1982; y el análisis de Fernando A. Nováis, «A Proibição das manufacturas no Brasil e a política econômica portuguesa do fim do século XVIII», Revista de História, São Paulo, XXXIII, 67 (1966), pp. 145-166. Acerca de la política de desarrollar productos coloniales tradicionales y nuevos, ver HALC III, ensayo bibliográfico 8.

El comercio internacional de Portugal, especialmente con Inglaterra, ha sido objeto de varios buenos análisis, como H. E. S. Fisher, The Portugal trade. A study of Anglo-Portuguese commerce, 1700-1770, Londres, 1971, cuyas estadísticas pueden complementarse, para los años 1770-1808, con las de E. B. Schumpeter, English overseas trade statistics 1697-1808, Oxford, 1962, pp. 17-18; ver también Sandro Sideri, Trade and power. Informal colonialism in Anglo-Portuguese relations, Rotterdam, 1970; y el estudio reciente de Virgilio Noya Pinto, O Ouro brasileiro e o comercio anglo-português, citado arriba. Por referencia, José de Almada, A aliança inglesa. Subsidios para o seu estado, 2 vols., Lisboa, 1946. Las consecuencias a corto y largo plazo del famoso Tratado de Methuen han sido fuente de violentas controversias. Ver el sólido estudio de A. D. Francis, The Methuens and Portugal 1691-1708, Cambridge, 1966; y la panorámica de Jorge Borges de Macedo, «Methuen», en Diccionário de história de Portugal, III, pp. 49-55. Sobre el comercio franco-portugués, que se ha estudiado menos intensivamente, Vitorino Magalhães Godinho, Prix et monnaies, citado arriba, pp. 321-371, y Frédéric Mauro, «L’Empire portugais et le commerce francoportugais au milieu du XVIIIe siècle», en sus Études économiques sur l’expansion portugaise, París, 1970, pp. 81-95. Para el final del período, Jorge Borges de Macedo, O bloqueio continental. Economia e guerra peninsular, Lisboa, 1962.

En lo que atañe a historia cuantitativa, además de las obras de Malgalhães Godinho, Nováis y Arruda, hay tres conferencias publicadas en L’Histoire quantitative du Brésil de 1800 à 1930, Colloques Internationaux du C. N. R. S., París, 11-15 octubre 1971, París, 1973: Fernando A. Novais, «Notas para o estudo do Brasil no comercio internacional do fim do século XVIII e início do século XIX (1796-1808)», pp. 59-75; Harold B. Johnson, Jr., «Money and prices in Rio de Janeiro (1760-1820)», pp. 39-57; y Kátia M. de Queirós Mattoso, «Os preços na Bahia de 1750 a 1930», pp. 167-182. Queirós Mattoso ha escrito también «Conjoncture et société au Brésil à la fin du XVIIIe siècle», Cahiers des Amériques Latines, 5 (1970), pp. 33-53. Mientras que Johnson es autor también de «A preliminary enquiry into money, prices and wages 1763-1823», en The colonial roots of modern Brazil, editado por Dauril/Alden, Berkerley, 1972.

En cuanto a Pombal, la mayoría de las obras ya mencionadas tienen algo que decir. Ver también Francisco José Calazans Falcon, A Época pombalina (Política económica e Monarquía ilustrada), São Paulo, 1982. Cierto número de valiosas publicaciones aparecieron con ocasión del doscientos aniversario de la muerte de Pombal en 1982, especialmente: O Marqués de Pombal e o seu tempo, editado por el Instituto de História e Teoría das Ideias, IV (1982); Como interpretar Pombal? No bicentenário da sua morte, editado por Brotéria, Lisboa, 1983; y Joaquim Veríssimo Serrão, O Marqués de Pombal: o homem, o diplomata e o estadista, Lisboa, 1982. Martinho de Mello e Castro no ha sido objeto de ninguna monografía, pero don Rodrigo de Souza Coutinho está siendo estudiado actualmente por Andrée Mansuy Diniz-Silva.

6. La Iglesia católica en la Hispanoamérica colonial

La historiografía de la Iglesia en la Hispanoamérica colonial, está en un estado mucho más primitivo que la historiografía de la Hispanoamérica colonial en general. Sólo en los últimos años ha salido de su inveterado atraso y promete ofrecer un futuro mucho mejor.

Cierto número de historias de la Iglesia mundial incluyen capítulos, con óptica más o menos generosa, dedicados a Hispanoamérica: los volúmenes XVI al XIX de la Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’à nos jours, París, 1948-1960, editada por Agustín Fliche y otros; los volúmenes V al VIII de Hubert Jedin, Manual de historia de la Iglesia, Barcelona, 1974-1978; el volumen III de The Christian centuries: a new history of the Catholic Church, editado por Louis-Jacques Rogier, R. Aubert y M. D. Knowles, Londres, 1964, y los volúmenes II y IV de la Historia de la Iglesia católica, Madrid, 1954-1963, de Bernardino Llorca, Ricardo García Villoslada y Francisco Javier Montalbán. Desde el punto de vista protestante, tenemos K. S. Latourette, A history of the expansión of Christianity, Nueva York y Londres, 1938-1953. El estudioso puede acudir también a los volúmenes II, III y IV de Simo Delacroix, Histoire universelle des missions catholiques, París, 1956-1959.

También hay cierto número de obras enfocadas específicamente hacia Latinoamérica: Leandro Tormo Sanz, Historia de la Iglesia en América Latina, volúmenes I y III, Madrid, 1962-1963; A. Ybot León, La Iglesia y los eclesiásticos en la empresa de Indias, 2 vols., Barcelona, 1954-1963; y León Lopétegui, Félix Zubillaga y Antonio de Egaña, Historia de la Iglesia en la América española desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX, 2 vols., Madrid, 1965-1966, se limitan al período colonial, aunque en algunos casos lo amplían hasta cubrir el período de las guerras de independencia. Para esta parte, Richard Pattee, El Catolicismo contemporáneo hispanoamericano, Buenos Aires, 1951, nos ofrece la cronología más extensa. Enrique D. Dussel, Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona, 1967, que se convirtió, ampliada, en Historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona, 1972, muestra una marcada preferencia por el siglo XX. C. R. Boxer, The Church Militant and Iberian Expansión, 1440-1770, Baltimore, 1978, trata, selectivamente, de un número de problemas históricos e incluye Asia y África, así como Latinoamérica. Hans Jürgen Prien, Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika, Gotinga, 1978, es la única obra que se puede considerar global. Sin embargo, merece mención el ambicioso proyecto que la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina ha estado promoviendo desde 1973: la publicación simultáneamente en español (Salamanca), portugués (Petrópolis) e inglés (Nueva York), de 11 volúmenes de una Historia General de la Iglesia en América Latina, con E. D. Dussel como editor general. La historia eclesiástica de Latinoamérica carece de una obra bibliográfica básica de referencia o de una revista histórica. Cualquiera que desee aventurarse en este piélago tiene que consultar las revistas generales, como la Revue d’Histoire Ecclesiastique, Lovaina, el Índice Histórico Español, Barcelona, la Hispanic American Historical Review, Durham, North Carolina, y la Revista de Historia de América, México; y la más reciente publicación de Cuadernos para la historia de la evangelización en América Latina, Cuzco (1986-1988).

Hay cierto número de estudios dedicados a la historia de la Iglesia en países concretos, pero, desgraciadamente, varían en cuanto a calidad y fuentes de información. Entre ellos destacan Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 6 vols., El Paso, México, 1921-1928; Rubén Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perú, 5 vols., Lima y Burgos, 1953-1962; Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, 8 vols. hasta ahora, Buenos Aires, 1966-1971; C. Silva Cotapos, Historia Eclesiástica de Chile, Santiago, 1925; y José María Vargas, Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato Español, Quito, 1962.

También hay historias de las órdenes religiosas que trabajaron en las colonias americanas de España. Aquí, también la calidad historiográfica es desigual, oscilando entre obras críticas irreprochables, como las series mexicana, peruana y brasileña de Monumenta Historica Societatis Jesu, de un lado, y la literatura de edificación y apología para gloria de sí mismas. Destacan M. I. Pérez Alonso, La Compañía de Jesús en México; cuatro siglos de labor cultural, 1572-1972, México, 1975; Serafina Leite, Historia da Companhia de Jesús no Brasil, 10 vols., Río de Janeiro y Lisboa, 1938-1950; Juan Manuel Pacheco, Los Jesuitas en Colombia, Bogotá, 1959-1962, con dos volúmenes hasta ahora; Alberto E. Arizas, Los Dominicos en Venezuela, Bogotá, 1971; Avencio Villarejo, Los Agustinos en el Perú, 1548-1965, Lima, 1965; Andrés Mulé, La Orden de la Merced en la conquista del Perú, Chile y Tucumán, 1618-1804, Buenos Aires, 1958; E. de Palacio y J. Brunet, Los Mercedarios en Boliva, La Paz, 1976. Con esta misma orientación apologética, los últimos años las órdenes religiosas españolas han venido celebrando congresos para conmemorar el V centenario, algunos resultados son: Los Dominicos y el Nuevo Mundo, Actas del I Congreso Internacional. Sevilla 20-21 de abril de 1987, Madrid, 1988; Los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI). Actas del II Congreso Internacional, La Rábida, 21-26 de septiembre de 1987, Madrid, 1988.

Por razones fácilmente comprensibles, la evangelización se ha convertido en un tema muy atractivo. Robert Ricard, La conquête spirituelle du Mexique: essai sur l’apostolat et les méthodes missionnaires des Ordres Mendiants en Nouvelle Espagne, de 1523 à 1572, París, 1933, inauguró un amplio campo de investigación relacionado con el traslado del cristianismo de Europa a América. Otro aspecto del fenómeno fue analizado por John Leddy Phelan, The Millennial kingdom of the Franciscans in the New World, Berkeley, 1956. Otra obra que abre caminos es Fernando de Armas Medina, La Cristianización del Perú, 1532-1600, Sevilla, 1953, en la que hay mucha información importante acerca de la organización y la práctica eclesiásticas. Johann Specker, Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Konzilien und Synoden, Schöneck-Beckenried, 1953, sistematiza las primeras ordenaciones conciliares latinoamericanas. Ver también Pedro Borges, Métodos misionales en la cristianización de América, Madrid, 1950, y del mismo autor, Misión y civilización en América, Madrid, 1988, además de E. D. Dussel, El episcopado hispanoamericano, defensor y evangelizador del indio 1504-1620, 9 vols., Cuernavaca, 1964,1971, y Les Évêques hispanoamericains, defenseurs et évangelisateurs de l’indien 1503-1620, Wiesbaden, 1970.

Sobre Bartolomé de las Casas y la significación cultural, teológica y religiosa de las controversias que rodearon su vida, ver las obras citadas en HALC, II, ensayo bibliográfico 1. La bibliografía de que disponemos acerca de las reducciones jesuitas es formidable y reflejan una polémica secular. Ver, por ejemplo, Magnus Mörrer, The political and economic activities of the Jesuits in the Plata region: the Habsburg era, Estocolmo, 1953, Bartomeu Melía, La creation d’un langage chrétien dans les reductions des Guarani au Paraguay, Estrasburgo, 1969, y entre los artículos de Melía, «Las reducciones jesuíticas del Paraguay: un espacio para una utopía colonial», Estudios Paraguayos, 6 (1978), pp. 156-168. Más recientemente Ouis Necker, Indiens Guaranis et chamanes franciscaines: les premières réductions du Paraguay, 1580-1800, París, 1979, ha demostrado la continuidad entre los esfuerzos misionales franciscanos y la aplicación general de su método por parte de los jesuitas. Consultar también, E. Maeder, y A. Bolsi, «La población de las misiones guaraníes entre 1702 y 1767», en Estudios Paraguayos, vol., II, I, Asunción, 1974; J. Bautista, La economía colonial, Asunción, 1986, y A. Ruiz de Montoya, Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias de Paraguay, Uruguay y Tape, Bilbao, 1982.

Para la creciente literatura sobre los conventos de monjas, ver HALC, TV, ensayo bibliográfico 4.

El reciente interés hacia la exploración etnohistórica ha producido algún efecto en la imagen que percibimos de la asimilación religiosa de la población india. Trabajos como los de Pierre Duviols, La Lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial: l’extirpation de l’idolatrie entre 1532 et 1600, Lima y París, 1971; Nathan Wachtel, La vision des vaincus: les indiens du Pérou devant la conquéte espagnole, París, 1971 (hay traducción inglesa, 1977; y castellana: La visión de los vencidos: los indios del Perú ante la conquista española, Madrid, 1976), y Jacques Lafaye, Quetzalcoatl et Guadalupe, París, 1974 (hay traducción inglesa, 1977; y catellana: Quetzalcoalt y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional de México, México, D. R, 1976), han iluminado zonas oscuras y descuidadas de la historia de una población nativa que fue cristianizada oficialmente, pero que se rebeló durante siglos contra su adoctrinamiento. Una aportación reciente es la de A. Flores Galindo, Buscado un inca, Lima, 1987.

Sobre la Inquisición, Henry Kamen, The Spanish Inquisition, Londres, 1976 (hay traducción castellana: La Inquisición española, Madrid, 1974), es un reciente estudio general, mientras que Richard E. Creenleaf examina la Inquisición mexicana en Zumárraga and the Mexican Inquisition 1536-1543, Washington, D. C, 1961, y The Mexican Inquisition in the sixteenth Century, Alburquerque, 1969 (hay traducción castellana: Zumárraga y la Inquisición en el siglo XVI, Madrid, 1985). Siguen siendo útiles los estudios de J. T. Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, Santiago de Chile, 1905, ed. facsimilar, México, 1987, y La Inquisición en Cartagena de Indias, 3.ª ed., Cartagena, 1981.

Acerca del Patronato Real y su fuente, las bulas papales de donación, debemos considerar como clásicas las obras de Manuel Giménez Fernández, por ejemplo sus Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias, Sevilla, 1943; y las de Alfonso García Gallo, por ejemplo, su estudio «Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias», en el Anuario de Historia del Derecho Español, volúmenes 27 y 28 (1957-1958). Ver también los importantes estudios de Pedro de Leturia, recogidos en el volumen I de sus Relaciones entre la Santa Sede y Hispanoamérica, 3 vols., Roma y Caracas, 1959; y la obra de su discípulo, Antonio de Egaña, La teoría del Regio Vicariato español de Indias, Roma, 1958; para el siglo XVII, y también, por lo que concierne al desarrollo regalista y galicanista en el siglo XVIII, Alberto de La Hera, El regalismo borbónico, Madrid, 1963.

Una importante monografía sobre la Iglesia en el último periodo del México colonial, y especialmente la lucha de la corona contra el fuero eclesiástico, es la de Nancy Farris, Crown an Clergy in Colonial México 1759-1821. The Crisis of Ecclesiastical Privilege, Londres, 1968. La mejor visión de conjunto de las relaciones entre el estado y la iglesia sigue siendo el estudio de William Eugene Shiels, King and Church: the rise and fall of the Patronato Real, Chicago, 1961.

7. La Iglesia católica en el Brasil colonial

Se han publicado dos volúmenes de la Historia da Igreja no Brasil, Petrópolis, 1977-1980, la programación total está prevista en cinco tomos. Ésta contiene dos estudios sobre el periodo colonial: E. Hoornaert, «A Evangelização e a cristiandade durante o primeiro período colonial» (1977), y R. Azzi, «A Instituição eclesiástica durante o primeiro período colonial» (1977). Igualmente importante es el estudio global y bien documentado de Hans-Jürgen Prien, Die Geschichte des Christentunts in Lateinamerika, Gotinga, 1978 (hay traducción castellana La historia del cristianismo en América Latina, Salamanca, 1985).

Ciertas fuentes son de particular importancia para la comprensión de los temas básicos de la historia de la Iglesia en Brasil entre 1500 y 1800. Claude d’Abbeville, Histoire de la mission des Peres Capucins de l’Île de Maragnon et terres circonvoisines [París, 1614], Río de Janeiro, 1975; João Daniel, «Tesouro descoberto do máximo rio Amazonas, 1757-1776», Anais da Biblioteca Nacional, 2 vols., Río de Janeiro, 1976; Miguel García, «Carta ao Pe. Geral Aquiviva, da Bahia, sobre graus e ressaibos da Universidade do Colegio da Bahia; sobre a liberdade dos indios, de que era defensor, tornando-se-lhe intoleráveis as confissões dos moradores, 1583», extractos en Sarafim Leite, Historia da Companhia de Jesus no Brasil, 10 vols., Río de Janeiro, 1938-1950 (en adelante citada como HCJB), I, p. 98; II, pp. 227 y 440; Gonçalo Leite, «Carta ao Pe. Geral contra homicidas e roubadores da liberdade dos indios do Brasil» [Lisboa, 1586], extractos en HCJB, II, p. 229; Martin de Nantes, «Relation succinte de la mission du Père Martin de Nantes, prédicateur capucin, missionaire apostolique dans le Brésil, parmi les indiens appellés Cariris [Quimper, 1705]», Río de Janeiro, 1979; Manuel de Nóbrega, «Diálogo sobre a conversão do Gentío, 1556-1557», en Serafim Leite, Monumentae Brasiliae, 4 vols., Roma, 1956-1960 (en adelante citado como MB), II, pp. 317-344; Don Sebastião Monteiro da Vide, «Constituicóes primeiras do Arcebispado da Bahia, propostas e aceitas em o Sinodo diocesano que o dito Senhor celebrou em 12 de junho de 1707 [Lisboa, 1719, Coimbra, 1720]», São Paulo, 1853; Antonio Vieira, «Informacao que por ordem do Conselho Ultramarino deu sobre as coisas do Maranhão ao mesmo Conselho o Padre Antonio Vieira [Lisboa, 1678]», en Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (en adelante citada como RIHGB), 72/1 (1910), p. 72; y «Regulamento das aldeias do Pará e Maranhão ou “Visita” do P. António Vieira», HCJB, IV, pp. 106-124.

En cuanto al proceso de evangelización, el movimiento misional jesuita ha sido recordado por Serafim Leite en HCJB y MB, ya citados. Para las actividades misionales de las otras tres órdenes religiosas sólo tenemos estudios parciales. Para los franciscanos, V. Willeke, Missões franciscanas no Brasil, Petrópolis, 1974; para los carmelitas, A. Prat, Notas históricas sobre as missões carmelitas, Recife, 1940; y M. M. Wenners, «O Estabelecimento das missões carmelitanas no Rio Negro e no Solimões 1695-1711», en V.º Coloquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1965; para los capuchinos, N. Membro, Storia dell’Attivitá Missionária dei Minori Capucini nei Brasile 1538-1889, Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum, Roma, 1958; para los benedictinos; J. G. de Luna, Os monges benedictinos no Brasil, Río de Janeiro, 1974; para los oratorianos, A. Rupert, «A ação missionáira do Oratório no Brasil e a Propaganda», en S. C de Propaganda Fide Memoria Rerum, 1622-1972, Roma, 1972, II, pp. 1.121-1.130.

La expulsión de los jesuitas se comenta, aunque parcialmente tan sólo, en la obra de Serafim Leite. La cuestión, con una referencia particular a su impacto en Grao Pará y Maranhão, se discute en D. Alden, «Economic aspects of the expulsión of the Jesuits from Brazil. A preliminary report», en Conflict and Continuity in Brazilian Society, editado por Herny H. Keith y S. F. Edwards, Columbia, Carolina del Sur, 1969, pp. 25-65.

Sobre la Iglesia en sí, además de História da Igreja no Brasil, ya citada: P. F. da Silveira Camargo, História eclesiástica do Brasil, Petrópolis, 1955; F. de Macedo, O Brasil religioso, Salvador, 1920; M. Barbosa, A Igreja no Brasil, Río de Janeiro, 1945; y J. C. de Macedo Soares, «Fontes da história da Igreja Católica no Brasil», RIHGB, 220 (1952), pp. 7-338 merecen ser reseñados.

El Padroado ha sido estudiado por Ch. de Witte en «Les bulles pontifiales et l’expansion portugaise au XVe siècle», Revue d’Histoire Écclésiastique, 48 (1953), pp. 683-718. Un buen examen de los efectos del Padroado en las finanzas eclesiásticas es O. de Oliveira, Os dízimos eclesiásticos do Brasil no períodos da colonia e do imperio, Belo Horizonte, Minas Gerais, 1964. Sin embargo, el mejor estudio sigue siendo la famosa «Introducción» en Candido Mendes de Almeida, Direito Civil Eclesiástico Brasileiro, Imprensa Oficial, Río de Janeiro, 1860-1873. Sobre el tema específico de la represión cultural en Brasil, ver E. Frieiro, O diabo na livraria do Cônego, Belo Horizonte, 1957.

Para la cuestión de los cristianos nuevos en Portugal, el estudioso debe consultar A. Saraiva, Inquisição e cristãos-novos, Oporto, 1969. Para Brasil, ver A. Novinsky, Cristãos-novos na Bahía, São Paulo, 1972. Un excelente análisis de la mentalidad colonial brasilera a partir de los documentos de la Inquisición es: Laura de Mello e Souza, O diabo e a Terra de Santa Cruz, São Paulo, 1986. Un estudio escrito a principios de siglo muestra como funcionaba el sistema de represión, incluso contra los misioneros: Barão de Studart, «O Padre Martín de Nantes e o Coronel Dias d’Avila», Revista da Academia Cearense, 7 (1902), pp. 41-55.

La política india de la Iglesia ha sido estudiada globalmente por John Hemming en Red gold, the conquest of the Brazilian Indians, Londres, 1978, mientras que la política de la Iglesia respecto a los negros se menciona en varios puntos del voluminoso estudio de Pierre Verger, Flux et re flux de la traite des nègres entre le golfe de Benin et Bahia de Todos os Santos du 17e au 19e siècle, París, 1968. Ver también A. J. Saraiva, «Le Père Antoine Vieira SJ et la question de l’esclavage des noirs au 17e siècle», AESC (1967), X, 1.289-1.309.

La vida y el pensamiento de Antonio Vieira, el jesuita más famoso de este período, han sido objeto de dos interesantes estudios: M. Haubert, L’Eglise et la défense des «sauvages», Bruselas, 1964, y R. Cantel, Prophétisme et messianisme dans l’oeuvre d’António Vieira, París, 1960. El lúcido artículo de José Honorio Rodrigues, «Vieira, doutrinador do colonialismo português» se ha reimpreso en su História e historiografia, Petrópolis, 1970, pp. 34-55.

Hay una o dos buenas monografías sobre las hermandades religiosas, como las de F. Teixeira de Salles, Associações religiosas no circlo de ouro, Belo Horizonte, 1953. También, J. Scarano, Devoção e escravidão: a Irmandade de N. S. do Rosario dos Pretos no Distrito Diamantino no século 18, São Paulo, 1976. Sobre la Santa Casa de Misericordia tenemos el estudio de C. B. Ott, A Santa Casa de Misericordia da cidade do Salvador, Río de Janeiro, 1960, y A. J. R. Russell-Wood, Fidalgos and philanthropists, Londres, 1968.

El papel social y económico de los conventos fue el tema de un estudio de Wanderley Pinho titulado «Costumes monásticos na Bahía», Revistado Instituto Histórico da Bahia, 25 (1918). Ver también Susan Soeiro, «The Social and Economic Role of the Convent: Women and nuns in Colonial Bahia, 1677-1800», HAHR, 54 (1974), pp. 209-232.

Finalmente, para la dimensión religiosa, incluida la misionera, de los movimientos populares durante el período colonial, ver E. Hoornaert, Formação do catolicismo brasileiro 1500-1800, Petrópolis, 1974.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Acapulco, 33, 35, 64, 71

Acuña, Hernando de, 188

Adorno, Clemente de, misionero, 212

Adriano VI, papa, 186

África, 91, 133, portuguesa, 148, 150, 186; véase también cada uno de los países

agricultura, 116, 118; de exportación, 169

agustinos, 14, 191, 193, 195

Alagoas, 211

Albermarle, Christopher Monck, duque de, 78

Alberoni, Giulio, cardenal, 91

alcabala, 92, 100

Alcalá, 42, 88

Alcazarquivir, 128

aldeias, véase jesuitas

alemanes, 31,49, 137

Alejandro VI, papa, 5, 186

algodón: exportación, 107, 108, 118, 143, 171, 177; producción, 107, 119, 120, 168, 169

almacenes, 77, 78, 80, 81

Almadén, minas, 64, 70, 111, 123

Altamirano, familia, 25

Amazonas, río, 131, 148, 155, 212, 213

Amberes, 49, 127

Amelot de la Houssaye, Abraham Nicholas, 103

Amiens, paz de, 123, 182

Amsterdam, 77, 83, 141

Anchieta, padre José de, 139, 210

Andalucía, 31, 32, 58

Andes: minas, 107, 108, 112; población, 117

Andrada e Silva, José Bonifacio de, 173

Angola, 134, 139, 142, 145, 151, 219

Aníbal de Genova, misionero, 212

animales exóticos, 61

Antigua, 40, 76

Antillas, 145, 146; misiones en, 187; comercio en, 67, 140, 145; véase también Caribe

Antioquia, 114, 118

Antoneli, Juan Bautista, 35, 75

Antonil, padre João, 142, 143

antoninos, hermanos, 192

añil, véase índigo

Apolonio de Todi, misionero, 212

Aquiraz, 219

Aragón, 86, 87; Corona de, 5

Aranda, conde de, 88, 122

Aranjuez, 90

araucanos, 35

Areche, Juan Antonio de, 97, 100

Arequipa, 118, 206

Argentina, 96, 117; exportaciones de, 117, 119

Armada do Mar Oceano, 134

Arraial do Tijuco, 176

Amaga, Julián de, 92, 97

arroz, 169, 171

asiento, tratado de, 87, 104, 145

Asunción, 214

Atlánticas, islas: portuguesas, 46, 128, 136; véase también Azores, Cabo Verde, Madeira, Sao Tomé

Atlántico: comercio, 108,115,119,121; cargamentos, 56, 59, 81, 141; defensas, 37, 73, 74, 134; España, «carrera», 34, 45, 73, 79, 81; sistema de flotas, 34, 40, 67, 72, 81, 104; pasajeros, 36, 51, 58; Portugal, flotas, 130, 133, 134, 151, 166, 167: esclavos, 138, 139, 145; viajes, 46, 51, 55, 131, 134; vientos, 46, 55; véase también barcos

Atlántico Sur, 217

Aveiro, 127

Ávila, Juan de, 188

Azevedo, Joáo Lucio, 127

Azevedo Coutinho, Marco Antonio de, 155

Azores, 46, 127, 129, 130, 134, 136, 166;

asentamiento portugués en las, 186

Azpilcueta Navarro, Martín de, 32

aztecas, 43, 109

azúcar: exportaciones, 57, 67, 108, 119, 127, 128, 136-138, 145, 148, 151; producción, 117, 140-141, 145, 165-166, 169, 171, 209, 210; véase también plantaciones

bacalao, comercio del, 137, 142

Bacon, sir Francis, 6

Badajoz, tratado de, 155

Bahamas, 46

Bahía, 39, 143; esclavos, 139; gobierno, 131, 132, 158, 160, 216; comercio, 128, 134, 138, 142, 166, 167; misiones, 211, 212, 218; véase también Salvador de Bahía

Bajío, El, 118

Balboa, Vasco Núñez de, 7

Balbuena, Bernardo de, 43

bálsamo, 68

ballenas y productos derivados de, 151, 167

Banco de San Carlos, 122

Banda Oriental, 147

bandeirantes, 143, 214, 216

banqueros europeos, 31, 65 ss., 79

Barbados, 40, 76, 78

Barcelona, 107; Compañía de, 104

barcos, 46, 55, 67, 103, 140; armamento para, 49, 134; condiciones de vida en los, 50, 51, 52; construcción de, 48-49; Nuestra Señora del Pilar, 48; Padre Eterno, 136; para el Atlántico, 136; tipos, 48-50; tripulación, 49-50; véase también Atlántico, comercio; navegación

Bataillon, Marcel, 188

Belem da Cachoeira, 219

Belem do Para, 131, 138, 158, 167, 181, 212; misiones en, 213, 219

benedictinos, 192, 209, 211, 214, 215

Benguela, 134

Bernardo de Nantes, misionero, 212

betlemitas, 192

Bettendorff, João Felipe, 219

Blake, Robert, 35

Boavista, 145

Bogotá, 54, 198, 205

Böhm, J. H., 163

Bolivia, 96

Bonaparte, José, 123, 126

Braganza, casa de, 40, 133, 134, 172

Braganza, María Barbara, infanta, 147

Branco, río, 212

Brasil: administración judicial, 132, 161-162: reformas, 161, 165, 172-173, 175; crecimiento económico, 100, 114-115, 148, 163, 171 ss.; exportaciones, 35, 100, 127, 136 ss., 142-143, 145, 148, 151, 180-181; fronteras, 87, 131, 133-134, 145, 152, 213; gobierno, 128, 146, 151 ss., 156, 159, 208-209; importaciones, 141 ss.: sustitución de importaciones, 168; independencia, 182, 215; ingresos, 128, 151 ss.; misiones, 208, 211, 215, 219-220; monarquía en, 130-131, 152, 172, 182; producción de azúcar, 140, 145, 165-166, 209; producción de tabaco, 141-143, 209-210; véase también capitanías, Iglesia, población

Braudel, Fernand, 83

brea, 49, 68

Buenos Aires: comercio, 80, 103, 104, 106, 108, 113-114, 124, 137; gobierno, 8, 95, 146 ss., 190; soldados, 94, 95, 124, 126

Burgos, leyes de, 187

Caballero y Góngora, Antonio, 124, 206

caballos, 61

Cabo Verde, islas de, 46, 127, 142, 151

Cabral, Pedro Álvarez, 147

cacao: exportación, 68, 78, 104, 108, 119, 120, 151, 171; producción, 72, 169; véase también plantaciones

caciquismo, 41

Cádiz, 85, 123; comercio, 101, 104-105, 106, 107; comparada con el puerto de Sevilla, 31, 53 ss., 81; misiones procedentes de, 193

caeté, 211

café, exportación de, 108, 151, 169, 171

Cajamarca, 120

California, 95, 203

Calixto III, papa, 186

Callao, 54, 68, 105

Campeche, 67, 73

Campillo y Cossío, José del, 91, 94, 102, 105, 107, 108

Campos de Goitacazes, 169

Canarias, islas, 46, 74, 141, 186; isleños, 114

cáñamo, producción de, 169

capitanías, 128, 131, 132, 146, 158, 160-164

capuchinos, 192, 209, 211-212

Caracas, 72, 92, 94, 96, 99, 110, 198

Cardim, Fernão, 139

Caribe, territorios del, 76-77, 101, 102; comercio, 68, 72, 74, 75, 78; conquista, 101, 102, 187; productos, 108, 113; puertos, 54-55; véase también Antillas

Carlos V, emperador, 3, 19, 28, 71

Carlos II, rey de España, 28, 81, 85, 86

Carlos III, rey de España, 87, 95-96, 205

carne de bovino, 61, 108, 114

carmelitas: en el Brasil, 209, 214-215; en

Hispanoamérica, 192; orden femenina, 195; y los indios, 212, 213

Carranza, Pedro de, 200

Carrillo, Alfonso, 188

Cartagena, 15, 31, 55, 56, 72, 74, 76, 137, 199, 200; guarnición, 35, 92, 94, 96

Carvajal, Luis de, 199

Carvajal y Lencastre, José de, 147, 148

Casa de la Contratación, 5, 30, 52, 54, 71, 193

Casanare, 204

Castilla, 5, 25, 31, 32, 85; colonizadores

castellanos, 45, 46, 187; misiones castellanas, 186, 192 ss.

Castro, Américo, 185

Cataluña, 85 ss, 107

Ceará, 131, 142

Cerro de Pasco, 112

Cerro Frío, 143

Cervantes Casaus, familia, 25

Cervantes de Salazar, Francisco, 42

Cisneros, Francisco Jiménez de, 188

ciudades, hispanoamericanas, 12-13, 23-24, 61, misiones brasileñas, 212, 213

claretianos, 195

Claver, Pedro, 200

clima, 38, 55

Coahuila, 117, 120

coca, cultivo de, 119

Cochabamba, 206

cochinilla, exportación de, 57, 67, 107, 113, 169, 171

Coimbra, 152, 163, 173

Colbert, Jean-Baptiste, 141

Colombia, 108, 114, véase también Nueva Granada

Colón, Cristóbal, 8, 45, viajes de, 46, 48

Colón, Diego, 8

Colón, Luis, 8

Colônia do Sacramento, 83, 86, 92, 94, 95, 102, 146-148, 151, 153, 162

colonos europeos, 59, 76-77, en Brasil, 208: y los indios, 213, en Hispanoamérica, 33, 34: y los indios, 19-20

comercio, véase Atlántico, comercio, contrabando, factorías, cada uno de los territorios

Compañía de Barcelona, 104

Compañía de La Habana, 104

Compañía de las Indias Orientales, 166

Compañía de los Mares del Sur, 80, 103, 104

Compañía Francesa de Guinea, 80

Compañía Guipuzcoana de Caracas, Real, 104-105

Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, 39, 75, 133

compañías comerciales, 137, 138, 140, 166-167, 170, 171

comuneros, revuelta de los, 94, 206

Condorcanqui, José Gabriel (Túpac Amaru), 94, 124

contrabando, 35, 45, 58, 71, 74, 76, 78-82, 83, 102, 104, 123, 141, 151, 153, 165, 166, 169, 172, 180, 212

conventos, 96, 195, 211, 218

Córdoba, 198

corsarios, 34, 35, 45, 74, 133, 136

Cortázar y Torres, Julián de, 200

Cortés, Hernán, 49, 62, cartas de, 3

Cortés, Martín, 7

Cortes de Cádiz, 126

Cortes de Castilla, 13, 32

Covilhã, 171

Coyman, 79

crédito, 27, 39, 113, 114, eclesiástico, 200, 201,215

cría de ovejas, 117, 119

criollos, 42, 74, 78, 194, 195; criollismo, 41 ss., élite criolla, 24, 95, 97-98, 125-126; población, 116

cristianos nuevos, 128, 137, 217

Croix, Teodore de, virrey, 98, 105

Cromwell, Oliver, 76

Cuba, comercio, 104, 105, 108, 120, 123;

crecimiento económico, 110, 114-115, 118, gobierno, 94, 98; véase también La Habana

cuernos, comercio de, 108, 117

cuero y pieles, comercio de, 61, 67, 108, 114, 117,119,120, 143

Cunha, Luís da, 150, 181

Curaçao, 40, 76, 78, 79

Curtin, Philip, 139

Cuzco (Cusco), 98, 192, 198, 206, comercio, 119-120, resistencia, 124, 206

Chaunu, Pierre y Huguette, 60, 72, 136

Chile, 94, 99, agricultura, 70, 110, 118, comercio, 103, 104, 108, 118, 119, 120, minería, 113, 114, población, 117

China, comercio con, 33, 68, 166

Chinchón, conde de, 37

Chinguano, 204

chocolate, 68, 72

Chuquisaca, 192, 206

Daniel, João, 213

derroteros, 52

Desterro, Nossa Senhora do, 146, 218

Deza, Diego de, 188

diamantes, véase minería

Diamantina, 143

Días, Pedro, 219

Días Paes Leme, Fernão, 143, 214

dieta, 61, 142

diezmo, 168, 201, 215, en plata, 100

Dominica, 48

dominicos, 14, 15, 188, 191, 203, 204, enseñanza, 42, 198

Dorantes de Carranza, Baltasar, 25

Drake, sir Francis, 35, 74, 75, 76

drogas, véase coca

educación en Hispanoamérica, 190, 218-219, véase también universidades

Emboabas, guerra de las, 151

emigración europea: a Brasil, 134, 166, a Hispanoamérica, 36, 41-42, 58, 59, 114

Encinas, Diego de, 10

encomienda, 25, 26; y la Corona, 41, 62, 63, 187; abolición del servicio personal, 23

enfermedades epidémicas, 69-70; en el mar, 50-51, 139; tropicales, 77

Enríquez de Almansa, Martín, 9

Ensenada, marqués de la, 88, 91, 106

Erasmo, 188

Enceira, conde de, 142

esclavitud: en Brasil, 146, esclavos africanos, 59, 136, 138-140, 145, 151, 209, 210; limitaciones a la esclavitud, 166, 196, esclavos indios, 167; y la Iglesia, 210-211, 213, 214, 218 en Hispanoamérica, 115, 117; esclavos africanos, 78, 110, 114 ss., 119, 139; esclavos indios, 187, 200; véase también trabajo; plantaciones

Escobedo, Jorge de, 206

Escorial, El, 125

Escornalbou, colegio de, 194

España: crecimiento económico, 35, 39, 73, 80, 82, 85-86; manufacturas, 66, 106-107, política de los Borbones, 80, 85 ss., 90, 92, 122, 124 ss., 204; política de los Habsburgos, 85, 86, 89-90, 97, 109, 129, política expansionista, 3, 30, 122 ss., 187; unión con Portugal, 35, 39, 129 ss., 133, 147, véase Francia, Holanda, Inglaterra

especias, comercio de, 60, 127, 136, 151

Espíritu Santo, 131, 133, 211

Esquilache, príncipe de, virrey del Perú, 35

Estados Unidos, 114, 120

estancias, 113, 118, 120, 124

europeos, véase colonos

Extremadura, 58

factorías, 107; comerciales, 130, véase también almacenes

Fadrique de Toledo, don, 133

Farnesio, Isabel, 87

Felipe I, rey de Portugal (II de España), 129

Felipe II, rey de España, 3, 16, 27, 28-30, 31, 34, 85, 129, 186, 197

Felipe III, rey de España, 14, 192

Felipe IV, rey de España, 27, 37

Felipe V, rey de España, 86, 87, 97

ferias comerciales, 55, 57, 71, 80, 103, 104, 117

Fernando el Católico, rey de Aragón, 5, 13, 188

Fernando VI, rey de España, 87, 100, 147, 148

Ferrara da Câmara, Manuel, 173

Filipinas, 8, 73, 101; comercio con, 33, 68, 72, 82; véase también Manila

Flandes, 49, 137

Florida, 8, 34, 56, 94, 95

Floridablanca, conde de, 88, 97, 122, 123

Fonseca, Juan Rodríguez de, 5, 6

Francia en Brasil, 208, 211; relaciones con España, 40, 76, 79-80, 82, 86, 88-89, 92, 94, 102 ss., 108, 122, 123, 125; relaciones con Portugal, 137, 138, 140, 181, 182, 211, véase también corsarios; piratería

franciscanos: en Brasil, 209, 210-211, en Hispanoamérica, 14, 42, 188, 191, 193-195, 203-204, 210-211; enseñanza, 198; orden femenina, 195

Frasso, Pedro, 204

Freitas de Fonseca, Manuel de, 147

Fronteira, marqués de, 142

fuertes, 35, 75, 155, 162

Fundão, 171

Funk, J., 163

Gálvez, José de, 96, 97, 98, 99, 111, 122, 124

Garcés, Julián, 188

García, Miguel, 210

García-Baquero González, Antonio, 106

Gelves, marqués de, 14, 27, 28, 37, 38

Genova, banqueros naturales de, 31, 65 ss., 79

Goa, 150, 210

Godoy, Manuel, 123, 124, 125

Goiana, 211

Goiás, 143, 146, 148, 151, 213

Grão Pará, 151; Companhia Geral do Comércio do, 167-168, 171

Gregorio XIII, papa, 194

Guadalajara, 107, 198

Guadalcázar, marqués de, 14, 27

Guadalquivir, río, 46, 53

Guadalupe, 40, 48, 76

Guanabara, 136

Guanajuato, 121, minas de, 30, 64, 111, 112

Guaporé, río, 155

guaranís, indios, 96

Guararapes, batalla de los, 134

Guatemala, 42, 54, 55, 198; comercio de índigo, 67, 108

Guayaquil, 68, 72, 92, 120

«guerra de Ajuricaba» (1723-1727), 213

guerra de Independencia de los Estados Unidos, 95, 105, 122, 171

guerra de Independencia española, 126

guerra de los Nueve Años, 91, 103

guerra de los Siete Años, 87, 94, 162

guerra de Sucesión española, 80, 81, 92, 102, 126

«guerras justas», 211

Guinea, 127, 139, 142

Gurapá, 212

Gusmão, Alexandre de, 147, 148

haciendas, 24, 70, 117, 118, 200, 205

harina, 115, 120, 137

Hawkins, sir John, 35, 74

hermanos de la Merced, 213

hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, 192

Heyn, Piet, 34, 75, 133

Hidalgo, revuelta del cura, 207

hipolitanos, 192

Hispanoamérica: comercio, 31-33, 66-68, 70, 78, 82, 89, 102-104, 109, 116, 117, 119, 120-121, 122; conquista, 17; control real, 5, 15; crecimiento económico, 30-31; culturas indígenas, 42 ss.; gobierno, 10-12, 33, 92, 94, 96, 98, 125, 126, 129; importaciones, 118: sustitución de importaciones, 32-33, 49, 58; ingresos, 21-22, 33-34, 37, 100 ss.; véase también Iglesia, población, virreinatos

Holanda: en Brasil, 35, 39, 131, 133-134, 136-137, 211-212; comercio, 136 ss., 141; comercio de esclavos, 79; relaciones con España, 29, 31, 34, 40, 49, 75, 86, 134: comercio, 89; relaciones con Portugal, 132-134: comercio, 136 ss., 141

Honduras, exportación de plata, 108

Honduras, golfo de, 55, 68

Hornos, cabo de, 96, 103, 113, 119

Huamanga, 206

Huancavelica, minas de, 38, 64, 65, 70, 113, 117,119

Huelva, 53

Huet de Coetlizan, J. B. C. R., 89

Igaraçu, 211

Iglesia: en Brasil, 208-209, 214-215, 216: relaciones con los indios, 209, 212 ss., 218; clero, 190, 191, 192-193, 194, 195, 216-217; clero indio, 194-195; control papal, 13-14, 18, 186, 187, 215,217 en Hispanoamérica, 31, 189-190, 195, 197, 201; concilios, 96, 189, 197, 205; control de la Corona, 27, 88, 124 ss., 185, 204; control episcopal, 14 ss., 187, 190, 196 ss.; Inquisición, 15, 137, 198-200, 217; véase también misioneros; órdenes religiosas

imprenta, 42

impuestos, 24, 176; sobre la explotación agraria, 175; sobre las ventas, 33; véase también diezmo; tributo

incas, 109-110

India, comercio con, 127, 129-130, 150, 166

Indias, 5, 188; Consejo de, 15, 97, 98, 122, 186, 193; relaciones con España, 16, 28, 35, 38, 41, 43-44; intercambios comerciales con, 31

índigo, 57, 67, 108, 113, 169, 171

indios: brasileños, 155-156, 211; hispanoamericanos, 61; aculturación, 23-24, 98-99, 118, 196; desestructuración, 16-17; política respecto de, 19 ss., 118, 196-197; resistencia, 124; véase también esclavitud; Iglesia; población

Inglaterra: en América, 39, 95, 131; comercio, 79, 81, 102, 103, 108, 114, 123; comercio de esclavos, 86, 139, 145; relaciones con España, 34, 35, 40, 74 ss., 79, 87, 92, 94, 105, 122-123, 125-126, 147; relaciones comerciales con Portugal, 136, 137, 143 ss., 148, 151, 170 ss., 176

Isla de Términos, 67

Islam, 29, 138, 185

Italia, 96, 212; mercaderes italianos, 54; véase también Genova

Itamaracá, 133,211

Itaparica, isla de, 134

Iturrigaray, José de, virrey de Nueva España, 125, 126

Jalapa, 71, 103, 104

Jamaica, los británicos en, 40, 76-77; comercio en, 78, 79

jansenismo, 88, 96, 205

Jauja, 117

jengibre, 68

Jerez de la Frontera, 193

Jerónimos, 192

jesuitas, aldeias, 152, 154, 155, 156, 209 en Brasil, 156, 209, 212, 218, 219; enseñanza, 210, 212, 218; esclavitud, 210, 212, 214, 218; expulsión, 95, 159, 213, 219 en Hispanoamérica, 14, 148, 191-192, 193, 196, 200-201, 202, 209-210; expulsión, 95-96, 204-205; reducciones, 188, 202-203

João III, rey de Portugal, 208, 209

João IV, rey de Portugal, 129, 130

José I, rey de Portugal, 147, 148, 159, 161, 162, 170, 213

judíos, 128, 185 en Brasil, 141 en Hispanoamérica, 199; véase también cristianos nuevos

Juli, 202

Julio II, papa, 186

Jundiaí, 211

Keene, sir Benjamin, 87

La Española, 56, 76; véase también Santo Domingo

La Granja, 90

La Habana, 35, 49, 94, 198; captura de, 94, 105, 114; comercio, 55, 56, 68, 72, 82; población, 115

La Laguna, marqués de, 43

lana, 117, 171; industria de la, 118 ss., 121

La Paz, 42, 124, 206

La Plata, 86, 92, 99, 101, 104, 110, 112, 135, 142, 146, 151, 190, 197, 205, 214

La Rochelle, 141

Las Casas, fray Bartolomé de, 15, 18-19, 51, 187, 188, 196, 197

Lavradio, marqués de, 163, 169

Leite, Goçalo, 210

León, 198

Lepanto, batalla de, 29

Lerma, río, 110, 117

leyes de navegación, 145

«leyes nuevas» de 1542, 9, 10, 19

Lima, 15, 42, 192, 197, 199; comercio, 54, 108, 117, 119, 120, 124; gobierno, 14, 96, 97, 99, 124, 189, 197, 198, 205; mercaderes, 98, 102, 103, 113, 137

Lisboa, 127, 134, 160, 164, 168; comercio, 141-142, 151; mercaderes, 128, 134, 137, 159; navegación, 130, 137, 145

López, Juan Luis, 204

López de Legazpi, Miguel, 8

López de Velasco, Juan, 16

Luanda, 134

Luisiana, 94, 95, 123

Lynch, sir Thomas, 78, 79

Llanos de Nueva Granada, Los, 206

Llanos de Orinoco, Los, 203

Llinàs, Antoni, 194, 203

Llull, Ramón, 185

Macao, 210

Madeira, 46, 127, 129, 130, 134, 142, 145; colonización portuguesa de, 186

Madeira, río, 212

madera, producción de, 48-49, 151; véase también índigo; palobrasil

Madrid, 86, 87, 90

Madrid, tratado de (1750), 40, 148, 152, 154, 159, 162, 164

Maio, 145

maíz, 62

Major, John, 17

Manaus, 213

Manila, 56, 57, 64, 94, 105; galeones, 33,72 83

mapas, 53

Maranhão: comercio, 142, 166-169,171; gobierno, 131, 132, 139, 155, 158; holandeses y franceses en, 131, 133; misiones, 208, 211, 212, 213, 219

Margarita, isla, 62

Maria I, reina de Portugal, 171, 172

Mariana, 214, 215, 219

Mariana, Juan de, 88, 204

Mariana Vitoria, infanta, 147

Mariano de Conceição Veloso, frei, 174

Marruecos, 127, 129

Martín de Nantes, misionero, 212

Martinica, 40, 76

Mascarenhas, Vasco de, 132

Mascates, guerra de los (1710-1711), 151

Mata Linares, Benito de la, 206

Matanzas, bahía de, 34, 72

Mato Grosso, 143, 146, 148, 151, 155, 213

matrimonio, 25-26, 156

Medina, Pedro de, 52

Melià, Bartomeu, 203

Mello e Castro, Martinho, 152, 171 ss.

Mendieta, Gerónimo de, 188

Mendonça Furtado, Francisco Xavier de, 155, 156

Mendoza, Antonio de, 8-10, 19, 21

Mendoza, Pedro González de, 188

Menéndez de Avilés, Pedro, 8, 74

mercaderes, 40, 68, 74, 78, 81, 83, 113-114, 115, 136 ss., 159, 166; consulados, 67, 104; italianos, 128

mercedarios, 191, 204, 215

mercurio, producción de, 38, 64, 65, 70, 81, 100, 113, 119, 123

Mérida, 198

mestizos, 23, 24, 114, 118, 194-195, 216

metales preciosos, 16, 38-39, 59, 85; acuñación, 108, 114: reformas de, 176; comercio de plata, 30, 57, 64, 73, 81, 83, 119, 121-122, 137, 142, 147; tributos en plata, 63

Methuen, tratados de (1763), 143, 164

mexicas, véase aztecas

México: comercio, 54, 68, 70, 82, 98, 100, 103, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 169; crecimiento económico, 38-39, 109-110, 119-120; gobierno, 14, 27, 94, 97, 98, 122; ingresos, 33-34, 96, 99, 100, 101; minería, 27, 30, 64, 70, 73, 110 ss., 116, 123; misiones, 192, 209; población, 25, 117; resistencia india, 28, 124, 206

México, Ciudad de, 13, 15, 42, 192, 198; comercio, 27-28, 72, 102, 104, 112, 117, 119, 120, 137; véase también Tenochtitlan

Michoacán, 19, 117

milicias, 41, 86, 94, 95, 124, 126, 162, 163, 212

Minas Gerais, 143, 146, 151, 174, 176; misiones, 208, 211, 213, 214, 216

minería, 27, 34, 38, 107; diamantes, 143, 150, 164, 165, 176, 213; diezmo, 100; oro, 83, 113, 114, 143, 145, 149, 150, 164, 165, 213; plata, 30, 38, 61, 64, 65, 71, 82, 83, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 123: tecnología, 108, 111, 115-116, trabajo en la, 23, 64, 70, 110, 112, 114, 124, 145; misiones, 214

mínimos, 192

Miño, 134

misioneros, 42, 203; en Brasil, 186, 208 ss., 211 ss., 215, 219; dotación de, 192 ss.; función de los, 13-14, 214; viajes, 51-52, 217

Moctezuma, 62

Moguer, 53

Momboré-uaçu, 208

Monterrey, conde de, 9

Montesclaros, marqués de, 9

Montesinos, Antonio de, 187

Montevideo, 147

Montserrat, 192

More, sir Thomas, 19, 188

Morelos, 115

Morelos, revuelta del cura, 207

Moreno Fraginals, Manuel, 115

Morgan, Henry, 41, 76, 78

Morison, almirante Samuel Eliot, 52

moros de España, 128, 185

Mortes, río das, 151

Moscoso y Peralta, Juan Manuel de, 206

Mosquitos, costa de los, 95

Mozambique, 138, 150

mulas, 114, 117, 119, 120; como medio de transporte, 68, 73

mulatos, 23, 114, 118

Münster, paz de, 40

musulmanes, véase Islam

Navarra, 86

navegación, 52-53

Negro, río, 212-213

Nicaragua, 54

Nicolás V, papa, 186

Nóbili, Roberto de, 210

Nóbrega, Manoel da, 209, 210

Nombre de Dios, 31, 55, 56, 68

Nossa Senhora do Desterro, 146, 218

Nueva España, véase México

Nueva Granada, 55, 96, 99, 101, 114, 117, 120; revuelta de, 94, 124, 206

Nueva Orleans, 92

Nuevo León, 117, 120

Nuevo México, 92

Núñez Vela, Blasco, 8

Oaxaca, 57, 67

Óbidos, 212

obrajes, véase talleres

Olinda, 211, 217,218, 219

oliva, aceite de, 56, 68; europeo, 137, 151, 164

Olivares, Gaspar de Guzmán, conde-duque de, 36, 37, 38, 39, 41

Omoa, 95

Oporto, 142, 151

oratorianos, 192, 209, 211, 212

órdenes militares, 25, 191

órdenes religiosas, hermandades laicas, 216, 217, 219-220; mendicantes, 14, 191-192; mujeres en las, 195; riqueza, 200, 215; terciarias, 191, 195, 214, 216; véase también conventos; misioneros; y cada una de las órdenes

O’Reilly, Alejandro, 94

oro, comercio del, 59 ss., 69, 108, 127, 150, 165, 172; véase también metales preciosos; minería

Oruro, 206

Ouro Prêto, 143, 217

Ovando, Juan de, 7, 16

Oviedo, Gonzalo Fernández de, 3

Pacífico, 35, 68, 80, 92, 103, 110

Paiva, Serrão de, 134

palobrasil, 67, 127, 151

Palos, 53

pampas, 110, 113

Pamplona, 206

Panamá, 76, 192; comercio, 54, 67, 71

Panamá, ciudad de, 68, 92

Pánuco, 199

Pará, 155; gobierno, 11, 156, 158, 161; misiones, 208, 211, 213

Paraguay, misiones, 95, 188, 201, 204, 205

Paraíba: comercio, 142, 167, 168, 171; misiones, 211, 212

Paranaguá, 219

Paranaíba, río, 211

Parnaíba, río, 211

Patino, José de, 88, 89, 91, 104

Patos, Lagõa dos, 146

Pátzcuaro, 196

Pauxis (Óbidos), 212

Pedro II, rey de Portugal, 142

Pedresa, Pedro de, 219

Pena, Pedro de la, 189

Penedo, 212

Penn, sir William, 77

Pensacola, 95

Pérez de la Serna, Juan, 14

perlas, 62, 67

Pernambuco: comercio, 128, 141, 167-169, 171: de esclavos, 139; gobierno, 131, 132, 161, 215; holandeses en, 39, 133, 134; misiones, 211, 212

Perú: comercio, 54, 68, 70, 71, 82, 104, 105, 117, 119, 137; gobierno, 87, 96, 97, 122; ingresos, 33-34, 38, 100, 147; minería, 30, 65, 73; misiones, 192, 197; propiedad agraria, 117-118; resistencia india, 94, 124, 206; véase también incas; Lima

Phelan, John Leddy, 188

Piauí, 131, 158

pilotos, 50, 52, 53

Pinzón, hermanos, 50

Pío V, papa, 186

piratería, 45, 54, 72-74, 75-76, 78, 133, 136

Pires de Carvalho, José, 218

pizarrísta, revuelta, 19

plantaciones, 76, 78; azúcar, 82, 108, 110, 114, 115, 145, 169, 209: molinos de, 115, esclavos, 70, 80, 139; cacao, 114

plata, véase metales preciosos; minería

población: de Brasil, 146, 210, 214-215: indios, 210; casta, 62, 110, 116, 119; de Hispanoamérica, 25, 117, 119; indios, 62, 64, 69-70, 72, 79, 116; esclavos africanos, 114, 115, 139

pólvora, 111

Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello, marqués de, 148, 151, 155, 156, 159, 160, 163, 168-169, 170, 171, 213, 216;

política, 165 ss.; reformas, 162

Popayán, 12, 13, 114

Portalegre, 171

Portobelo, 35, 55, 56, 57, 68, 72, 80, 82, 103

Porto Santo, 145

Portugal, 86, 154, 219; crecimiento económico, 127-128, 137, 142-143, 178-180;

manufacturas, 168-170; política expansionista, 45-46, 127-128, 159, 164; unión con España, 35, 39, 40, 129-130, 133, 147; véase también Francia; Holanda; Inglaterra.

Posada, Ramón de, 106

Potosí, minas de, 30, 38, 64, 65, 70, 71, 83, 96, 108, 110, 112, 119, 137

precios, fluctuaciones en los, 32, 60, 70, 77, 142-143

protestantismo, 29, 34, 186, 189, 200

Provincias Vascongadas, 87, 104

Puebla, 42, 72, 117, 119, 120, 201

pueblo, indios, 92

Puerto de Santa María, 193

Puerto Rico, 56, españoles en, 35, 94

puna, 117

Puno, 206

Putaendo, valle de, 118

quechua, lengua, 197

Querétaro, 203; industria lanera, 117, 120, 121

Quiroga, Vasco de, 19, 188, 196

Quito, 95, 99, 119, 120, 197, 198

Raleigh, sir Walter, 74

Rapôso Tavares, Antonio, 214

Ravardière, Sieur de, 131

Real del Monte, 112

Realejo, 71

Recife, 133, 134, 151, 211, 218

Regla, conde de, 112

religiones, 195, 198-199, 200, 209, 219-220

Revillagigedo, conde de, 105, 122

Ribeirão do Carmo (Mariana), 214

Ricci, Mateo, 210

Rio das Velhas, 143

Río de Janeiro, 132, 138, 139, 152, 158, 160, 169, 215, gobierno, 131, 146; misiones, 211, 218, 219

Río de la Hacha, 73

Río de la Plata, véase La Plata

Rio Grande de São Pedro, 146, 148, 154, 156, 162, 169

Rio Grande do Norte, 131

Rio Grande do Sul, 142

ron, 141, 169

Rott, Conrat, 137

Ruiz de la Mota, familia, 25

Sá, Mem de, 210

Sá, Salvador de, 131, 133, 146

Sacramento, véase Colônia do Sacramento

Sahagún, fray Bernardino de, 203

Saint Kitts, 78

sal, 75, 127; producción de, 142, 145

Salamanca, 17, 42, 88

Saldanha de Albuquerque, Aires de, 146

Salta, feria de, 117

Salvador de Bahia, 131, 132, 133, 209, 211, 216, 217-219

San Agustín, 35, 55, 76

San Cristóbal, 40

San Fernando, 107

San Ildefonso, tratado de, 95, 154

San Juan de Dios, orden de, 192

San Juan de Ulúa, 35, 54, 55

Sanlúcar de Barrameda, 51, 53, 54, 193

San Martín, Tomás de, 197

San Salvador, 57, 67

San Sebastián, 104

San Vicente, cabo, 123

Sandoval, Alonso de, 200

Santa Casa de Misericordia, 217

Santa Catarina, 146, 154, 156, 169, 211

Santa Mariana de Jesús, 195

Santo Domingo, 14, 42, 55, 74, 76 ss., 80, 132, 190, 198; comercio, 67, 108, 116, 145, 171; perdida por España, 122, revuelta de, 114, 171

Santo Tomás, Domingo de, 189, 197

Santos, 147,211

Santos Vilhena, Luis dos, 219

São Francisco, río, 133, 142, 211, 212

São Francisco do Sul, 146

São Jorge da Mina, 133

São José do Rio Negro (Manaus), 158, 212, 213

São Luis do Maranhão, 131, 138, 158, 212, 215, 218, 219; perdido por Francia, 212; comercio, 167

São Paulo, 132, 146, 158, 172, 215; misiones, 208,211

São Paulo de Piritininga, 214

São Tomé, isla de, 134

São Vicente, 131; misiones, 211

Sarrailh, Jean, 88

Schaumburg-Lippe, conde de, 162

Sebastián, rey de Portugal, 128

sebo, comercio de, 117, 119, 120

seda portuguesa, 168,169,171

Sergipe, isla de, 134

Serró do Frió, 151

Setúbal, 127

Sevilla, 58, 188; comercio, 30-31, 68, 71, 119, 137; misiones procedentes de, 51, 193; puerto comparado con el de Cádiz, 31, 53-54, 82

Sicilia, 86

Sierra Madre, 107

Silben, Albert, 128

Smith, Adam, 175

Soares de Sousa, Gabriel, 139

sociedades científicas, 173

Socorro, El, 206

Sogamoso, 206

Solimões, rio, 212, 213

Solórzano y Pereira, Juan de, 10, 16, 204

Sonora, 95, 97

Sonsonate, 72

Sorocaba, 211

Soto, Hernando de, 8

Souza, Tomé de, 131, 163, 208, 209

Souza Coutinho, Rodrigo de, 152, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 182

Spezia, Carlos José de, misionero, 212

Suárez, Francisco de, 88, 125

tabaco: exportaciones, 104, 108, 137, 151; monopolio, 100, 160; producción, 115, 120, 141, 165-166, 169

Tabasco, 67, 73

Taboada y Lemos, Francisco Gil de, 122

Tagus, rio, 137

Tahití, 115

Talavera, Hernando de, 188

talleres (obrajes), 23,118-121, 168-169, 172

Tamandaré, 134

Tapajós (Santarem), 212

tapajós, indios, 156

Tehuantepec, 54

Tejas, 95

Tenochtitlan, 49, 58

Terranova, 75, 127

Terreiro do Paco, 130

Texcoco, lago, 38

Thomar, acuerdo de, 129

Thornton, A. P., 78

tierra: adquisición por conquista, 33, 41; aparcería, 118; véase también agricultura; estancias; plantaciones

Tierra Firme, 55, 75, 103

Tietê, río, 214

Titicaca, lago, 117

Toledo, Francisco de, 22, 110

Tordesillas, 147

Tordesillas, tratado de, 131, 148

Toribio de Mogrovejo, Alfonso, 189,197

Torre, conde da, 133

Torre, Tomás de la, 51

Tortuga, 40

trabajo, 23, 112 ss., 117-118, 124, 145, 214, en las islas del Atlántico, 155, 156, forzado, 24, 213; libre, 64, 70; migrante, 110, 111, 112; repartimiento (mita), 64, 110; servicio de, 110: abolición, 23; véase también encomienda; esclavitud; minería; plantaciones: talleres

Trafalgar, batalla de, 123

transporte, 68, 73

tratados anglo-portugueses de 1642 y 1654, 137

Trece Colonias (América del Norte), 126, 143,145

tregua de los Doce años (1609-1621), 35, 39, 75, 133, 137, 140

Trento, concilio de, 188-189, 191, 194, 212, 215, 216

tributo, 22-23, 24, 62-64, 98-99, 109-110; en especie, 62

trigo: exportación, 68, 72, 119, 120; producción, 169

Trinidad, 48, 56; perdida por España, 123

trinitarios, 192

Trujillo, 73

Tunja, revuelta de, 206

Túpac Amaru, 94, 124

tupamarismo, 206

tupí, 210, 213, 214, 219

Unión de Armas, 39, 41

universidades, 42, 197-198

Uruguay, 96, 147

Uruguay, río, 148, 152

Ustáriz, Hilaire, 107

Ustáriz, Jerónimo de, 89

Utrecht, tratado de, 86, 102, 103, 145-146

vainilla, 68

Valdivieso, Antonio de, 189

Valencia, 85, 86, 107

Valenciana, mina, 112

Valladolid, 88

Valle, Juan del, 189

Vasconcelos, Antonio Pedro de, 146, 147

Velasco, Luis de (padre e hijo), 9, 21, 26

Velho Oldemberg, Feliciano, 166

Venables, Roben, 77

Venezuela: comercio, 82, 104, 124; gobierno, 95, 96, 117; misiones, 192, 200; véase también Llanos

Veracruz, 92; comercio, 31, 57, 67, 68, 72, 104, 113, 120, 121, 123; puerto, 48, 54, 56, 57

Vergara Gaviria, doctor, 27

Vernon, Edward, 103

Veta Vizcaína, mina, 112

Vieira, Antonio, 137, 209, 213, 217, 218

Vila Bela, 155

Vilar, Pierre, 60

Villalba, Juan de, 94

Villa-Pouca, 134

vino, 56; europeo, 53, 137, 143, 151, 164

Virgen de Guadalupe, 43

virreinatos, 8 ss., 26-28, 96-97; salario, 33

Vitoria, 218

Vitoria, Francisco de, 17-18, 125

Vivero y Velasco, Rodrigo de, 36

Vizcaya, golfo de, 133

Wallerstein, Immanuel, 83

Ward, Bernardo, 94

Welser, familia, 200

Westfalia, tratado de, 40

With, Witte de, 134

xingú, indios, 156

Yucatán, 117, 198

Zacatecas, mina, 30, 38, 64, 65

zarzaparrilla, 68, 212

Zumárraga, fray Juan de, obispo de México, 15, 19, 188

ÍNDICE DE MAPAS

Virreinatos y audiencias en los siglos XVI y XVII

España y América: rutas marítimas

Hispanoamérica c. 1790

Principales rutas comerciales portuguesas, siglos XVI al XVIII

Brasil antes y después del Tratado de Madrid, 1750

Los territorios cedidos a cambio: las Siete Misiones y Colonia do Sacramento

Sistemas defensivos del norte y oeste de la Amazonia y el Mato Grosso.

Notas

[1] Hernán Cortés, Cartas y documentos, ed. Mario Hernández Sánchez-Barba, México, 1963, p. 33. <<

[2] Sumario de la Natural Historia de las Indias, ed. José Miranda, México, 1950, p. 272. <<

[3] The works of Francis Bacon, J. Spedding, ed., Londres, 1859, vol. VII, pp. 130-131. 4. <<

[4] Ver J. L. Phelan, The kingdom of Quito in the seventeenth century, Madison, 1967, p. 135. <<

[5] Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria, Lewis Hanke, ed. Biblioteca de Autores Españoles, CCLXXIII, Madrid, 1976, vol I, p 203. <<

[6] Ibid., pp. 128-129. <<

[7] Ibid., p. 58. <<

[8] Ver Peter Marzahl, «Creoles and government: the cabildo of Popayán», Hispanic American Historical Review, 54 (1974), pp. 636-656. <<

[9] Ver Enrique Dussel, Les Evêques hispano-americaines, Wiesbaden, 1970, para una visión estadística de los obispos americanos durante el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. <<

[10] Ver Lewis Hanke, «El visitador licenciado Alonso Fernandez de Bonilla y el virrey del Perú, el conde del Villar», en Memoria del II Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 1975, vol II, p 28. <<

[11] Libro I, cap IX, p 119. <<

[12] Para Las Casas y sus escritos sobre el tratamiento a los indios, ver Elliott, HALC, I, cap. 6. <<

[13] Bartolomé de las Casas, En defensa de los indios, Sevilla, 1985. <<

[14] Para un tratamiento más amplio sobre el tributo indígena, ver Gibson, HALC, IV, cap. 6. <<

[15] Aunque el término «criollo» es utilizado normalmente en la literatura histórica actual para describir a los colonos de los siglos XVI y XVII, no parece haber sido de uso común en la época. Los colonos nacidos en Indias hablaban de sí mismos como «españoles» y así eran nombrados en los documentos oficiales. Es de destacar, sin embargo, que el renegado dominico inglés Thomas Gage, que viajó ampliamente por México y Guatemala entre 1625 y 1637, se refiere en diversas ocasiones a los «criollos» o a la «facción criolla». Ver Thomas Gage’s Travels in the New World, ed. J. Eric S. Thompson, Norman, Oklahoma, 1958, pp. 150 y 127. Sobre esta cuestión, ver Lockhart, HALC, IV, cap. 3. <<

[16] Los virreyes…, vol. I, p. 281. <<

[17] Para un tratamiento más extenso de la minería en México y Perú, ver Bakewell, HALC, III, cap. 2. <<

[18] L. F. Stock, Proceedings and Debates of the British Parliaments respecting North America, Washington, D. C., 1924, vol. I, p. 62. <<

[19] Martín de Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios, XII, 51, Madrid, 1965, pp. 74-75. <<

[20] Para una descripción completa de la «carrera de Indias», ver MacLeod, HALC, II, cap. 2. <<

[21] J. H. Elliott, The revolt of the Catalans, Cambridge, 1963, pp 189-190 (Hay trad cat. La revolta catalana, Barcelona, 2.ª ed., 1989, y cast. La rebelión de los catalanes, Madrid, 1986). <<

[22] Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España, Valladolid, 1600, p. 15 v. <<

[23] Du Japon et du bon gouvernement de l’Espagne el des Indes, trad y ed Juliette Monbeig, Paris, 1972, p. 93. <<

[24] Archivo General de Simancas, Estado, legajo 2 332, Consulta de 7 de septiembre de 1631. <<

[25] Earl J. Hamilton, American Treasure and the Pnce Revolution in Spain, 1501-1650, Cambridge, Mass., 1934, p. 71. (Hay trad. cast.: Ariel, Barcelona, 1975). <<

[26] Véase F. Rodríguez Marín, Estudios Cervantinos, Madrid, 1947, pp. 573-596. <<

[27] México en 1554 y Túmulo Imperial, ed. Edmundo O’Gorman, Ciudad de México, 1963, 22 (diálogo primero). <<

[1] La historia de la conquista y colonización españolas de América se relata en Elliott, HALC, vol. I, cap. 6, y la historia de la colonización portuguesa de Brasil, en Johnson, HALC, vol. I, cap. 8. <<

[2] Samuel Eliot Morison, The European discovery of America: the southern voyages, 1492-1616, Nueva York, 1974, pp. 176-177. <<

[3] Ruth Pike, Enterprise and adventure: the Genoese in Seville and the opening of the New World, Ithaca, Nueva York, 1966, p. 2. <<

[4] Para una explicación y tratamiento detallados del sistema de la encomienda, ver Mac Leod, HALC, III, cap. 5 y Gibson, HALC, IV, cap. 6. <<

[5] A. P. Thornton, «Spanish slave-ships in the English West Indies, 1660-1685», HAHR, 35/3 (1955), pp. 384-555. <<

[1] Citado en Jean O. Maclachlan, Trade and peace with old Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940, p. 101. <<

[2] Gerónimo de Ustáriz, Theórica y práctica de comercio y de marina, 3.ª ed., Madrid, 1757; notas tomadas de las páginas 4, 46, 96, 238. <<

[3] F. Depons, Travels in South America during the years 1801-1804, 2 vols., Londres, 1807, vol. I, p. 301. <<

[4] Para una discusión de la expulsión de los jesuitas de Brasil, ver Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, cap. 5. <<

[5] Citado en D. A. Brading, Miners and merchants in Bourbon México, 1763-1810, Cambridge, 1971, p. 39. <<

[6] Mark S. Burkholder y D. S. Chandler, From impotence to authority: the Spanish crown and the American audiencias 1687-1808, Colombia, Miss., 1977, pp. 104-108, 157, 170, 196. <<

[7] Geoffrey J. Walker, Spanish politics and imperial trade 1707-1789, Londres, 1979, passim. <<

[8] Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico 1717-1778, 2 vols., Sevilla, 1976, vol. I, pp. 235-237, 309, 319, 326-330, 489-495. 9. <<

[9] Barbara H. Stein y Stanley J. Stein, «Concepts and realities of Spanish economic growth 1759-1789», Historia Ibérica (1973), pp. 103-200. <<

[10] Para una más amplia discusión sobre la minería en Hispanoamérica en el siglo XVIII, vea Bakewell, HALC, III, cap. 2. <<

[11] Para estas cifras, ver A. J. Macfarlane, «Economic and political change in the viceroyalty of New Granada with special reference to overseas trade 1739-1810», tesis doctoral, Universidad de Londres, 1977. <<

[12] Manuel Moreno Fraginals, The sugar mill, the socio-economic complex of sugar in Cuba 1760-1860, Nueva York, 1976, p. 40; Ward Barret, The sugar hacienda of the Marqueses del Valle, Mineápolis, 1970, pp. 66-70 y 99-101; Douglass C. North, «Sources of productivity change in ocean shipping 1660-1850», Journal of Political Economy, 76 (1968), pp. 953-967. <<

[13] Para una discusión completa sobre la población de la América hispánica y el final del período colonial, véase Sánchez Albornoz, HALC, IV, cap. 1. <<

[14] G. P. C. Thomson, «Economy and society in Puebla de los Angeles 1800-1850», tesis doctoral, Universidad de Oxford, 1978; Robson B. Tyrer, «The demographic and economic history of the Audiencia of Quito: Indian population and the textile industry 1600-1800», tesis doctoral, Universidad de California, Berkeley, 1976. <<

[15] José María Quirós, Memoria de estatuto, idea de la riqueza que daban la masa circulante de Nueva España sus naturales producciones, Veracruz, 1817. Ver también Fernando Rosenzweig Hernández, «La economía novo-hispánica al comenzar del siglo XIX», Ciencias políticas y sociales, 9 (1963), pp. 455-493. <<

[*] Capítulo reducido y reorganizado en parte por el editor. <<

[1] Para una discusión sobre la colonización temprana de Brasil, 1500-1580, ver Johnson, HALC, I, cap. 8. <<

[2] Para una discusión sobre la expansión territorial de Brasil desde finales del siglo XVI, ver Schwartz, HALC, III, cap 6, y Hemming, HALC, IV, cap 7 <<

[3] Para más referencias al sistema de flotas en el siglo XVIII, ver Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, cap. 5, y Alden, HALC, III, cap. 8. <<

[4] Philip Curtm, The Atlantic slave trade. A census, Madison, 1969, cuadro 34, p 119, para una discusión mas amplia sobre el comercio de esclavos a Brasil en el período colonial, ver Marcilio, HALC, IV, cap 2 y Alden, HALC, III, cap 8. <<

[5] Para un debate detallado sobre la industria brasileña del azúcar desde fines del siglo XVI a fines del XVII, ver Schwartz, HALC, III, cap 6. <<

[6] Para una discusión completa sobre la producción de oro, ver Rusell-Wood, HALC, III, cap. 7. Ver, en particular, el cuadro 1, basado en Virgilio Noya Pinto, O Ouro brasileiro e o comercio anglo-portugués, São Paulo, 1979, p. 114. Para cifras más detalladas sobre exportaciones de oro, ver Michel Morineau, «Or brésilien et gazettes hollandaises», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 25 (enero-marzo, 1978), pp. 15, 16 y 18. <<

[7] Para un debate mas amplio sobre el Tratado de Madrid, ver Mansuy-Diniz Silva, HALC, vol II, cap 5. <<

[*] Capítulo reducido y en parte reorganizado por el editor. <<

[1] Instruções inéditas de D. Luís da Cunha a Marco António de Azevedo Coutinho, Pedro de Azevedo y Antonio Baião, eds., Academia das Sciencias de Lisboa, Coimbra, 1930, p. 218. <<

[2] Ver las instrucciones reales dadas en 1749 al gobernador de Mato Grosso, y en 1751 al gobernador del Estado del Grào Pará e Maranhão, en Marcos Carneiro de Mendonça, A Amazonia na era pombalina, 3 vols., Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Río de Janeiro, 1963, vol. I, pp. 15-24 y 26-38. <<

[3] Pombal a Mendonça Furtado, Lisboa, 15 de mayo de 1753, en Carneiro de Mendonça, A Amazonia na era pombalina, vol. I, pp. 390-391. <<

[4] Mendonça Furtado a Pombal, Pará, 11 de octubre de 1753, en Carneiro de Mendonça, A Amazonia na era pombalina, vol. I, p. 414. <<

[5] Pombal a D. Luís Antonio de Souza, gobernador de São Paulo, 22 de junio de 1766, MS del Archivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Conselho Ultramarino, Códice 423 (Sao Paulo), «Estado Político n.º 7». <<

[6] Para una discusión más amplia sobre la expulsión de los jesuitas de Brasil, ver Alden, HALC, III, cap. 8. <<

[7] Ver, por ejemplo, las instrucciones a los gobernadores de las capitanías de Mato Grosso (13 de agosto de 1771), Goiás (1 de octubre de 1771), São Paulo (29 de noviembre de 1772 y 24 de enero de 1775), Minas Gerais (24 de enero de 1775), publicadas por Marcos Carneiro de Mendonça, «O Pensamento da metropole portuguesa em relacão ao Brasil», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n.º 257 (1962), pp. 52-55, así como las instrucciones al gobernador de Minas Gerais (29 de enero de 1788), MS de la Biblioteca Nacional, Lisboa, Colecão Pombalina, Códice 643, f. 168. <<

[8] Para la minería de oro y diamantes en el siglo XVIII, ver Russell-Wood, HALC, III, cap. 7. <<

[9] Para una completa discusión del renacimiento agrícola de Brasil en la segunda mitad del siglo XVIII, ver Alden, HALC, III, cap. 8. <<

[10] Porcentaje calculado en Kenneth R. Maxwell, Conflicts and conspiracies: Brazil and Portugal 1750-1808, Cambridge, 1973, p. 261, cuadro 3. Respecto a la Real Fábrica das Sedas, ver J. Borges de Macedo, Problemas de historia da industria portuguesa na sáculo XVIII, Lisboa, 1963, pp. 152-153. <<

[11] La expresión aparece en Fernando Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), São Paulo, 1979, p. 230 <<

[12] La cuestión es controvertida ver especialmente Magalhães Godinho, Prix et monnaies, p. 284, y Albert Silbert, Le Problème agraire portugais au temps des premières Cortès libérales 1821-1823, París, 1968, p. 22. Aquí acepto las conclusiones de Abího Carlos d’Ascensão Diniz Silva, «La Formulation d’une politique de développement économique au Portugal à la fin du XVIIIe siècle», memoria para el diploma en Sciences Économiques, Universidad de París-I, 1969, pp. 44-45 y 56-57, cuyas opiniones dependen del análisis de las Memorias Económicas, y en las observaciones de Joseph A. Schumpeter, History of economic analysis, 6.ª ed., Londres, 1967, pp. 157-158. <<

[13] Publicado por Marcos Carneiro de Mendonça, O Intendente Câmara, Manuel Ferreira da Camara Bethencourt e Sá, Intendente Geral das Minas e Diamantes 1764-1835, Río de Janeiro, 1933, pp. 268-290. <<

[14] Para la discusión de la «Inconfidencia Mineira», ver Alden, HALC, III, cap. 8. <<

[15] Mencionadas y usadas por primera vez por Adrien Balbi en su famoso Essai statistique sur le royaume de Portugal et d’Algarve, 2 vols., París, 1822, vol. I, pp. 401-445, estas balanzas comerciales se han usado más recientemente y por varios historiadores, especialmente Magalhães Godinho, Borges de Macedo, Silbert y, sobre todo, Fernando Novais, Portugal e Brasil, pp. 285-296 y 306-391 (gráficas y cuadros), así como por José Jobson de A. Arruda, O Brasil no comércio colonial, São Paulo, 1980. <<

[16] Para los datos ingleses, ver Maxwell, Conflicts and conspiracies, p. 255, y para los datos franceses, Magalhães Godinho, Prix et monnaies, p. 361. <<

[17] Balbi, Essai statistique, vol. I, pp. 431-442 <<

[18] Novais, Portugal e Brasil, p. 290. Ver también Alden, HALC, III, cap. 8, cuadro 11, «Brazilian exports to Portugal 1796 and 1806», y cuadro 13, «Balance of Trade between Portugal and leading Brazilian captaincies, 1796-1806». <<

[19] Novais, Portugal e Brasil, pp. 292-293. Ver también Alden, HALC, III, cap. 8, cuadro 12, «Origins of exports from Portugal to Europe, Barbary and United States, 1789, 1796, 1806». <<

[20] Memorándum de D. Rodrigo de Souza Coutinho, ver la nota 13. <<

[21] Instruções inéditas de D. Luís da Cunha a Marco António de Azevedo Coutinho, p. 211. <<

[22] D. Rodrigo de Souza Coutinho al Príncipe regente D. João, 16 de agosto de 1803, en Angelo Pereira, D João VI Principe e Rei, 4 vols., Lisboa, 1953-1957, vol. I, pp. 127-136. Totalmente rechazada en su época por el gobierno portugués, esta hipótesis fue analizada en todas sus consecuencias un año más tarde por el almirante británico Donald Campbell en un importante informe destinado al Foreign Office: ver Andrée Mansuy-Diniz Silva, «L’Impérialisme britannique et les relations coloniales entre le Portugal et le Brésil: un rapport de l’Amiral Campbell au Foreign Office (14 août 1804)», Cahiers des Amériques Latines, 9-10 (1974), pp. 138, 147-148, 152 y 186-189; también Maxwell, Conflicts and conspiracies, pp. 233-239. <<

[1] Marcel Bataillon, «Evangélisme et millénarisme au Nouveau Monde», en Courants religieux et humanisme a la fin du XVe et au début du XVIe siècles, París, 1959, pp. 25-50; J. L. Phelan, The millennial kingdom of the Franciscans in the New World, Berkeley, 1956. <<

[2] Ver M. Bataillon, «D’Erasme à la Compagnie de Jésus: protestation et intégration dans la Réforme catholique au XVIe siècle», Archives de la Sociologie des Religions, 1967, pp. 57-81. <<

[3] Sobre este punto ver, por ejemplo, Juan Villegas, Aplicación del Concilio de Trento en Hispanoamérica, 1564-1600: provincia eclesiástica del Perú, Montevideo, 1975. <<

[4] Ver E. D. Dussel, Les Évêques hispanoaméricains, défenseurs et évangelisateurs de l’indien, Wiesbaden, 1970. <<

[5] Ver Constantino Bayle, El clero secular y la evangelización de América, Madrid, 1950; Pedro Borges, Métodos misionales en la cristianización de América, Madrid, 196 <<

[6] Constantino Bayle, «Órdenes religiosas, no misioneras, en Indias», Missionalia Hispanica, 1 (1944), pp. 517-558. <<

[7] Luis Arroyo, «Comisarios generales de Indias», Archivo Ibero-Americano, 12 (1952), pp. 129-172, 258-296 y 429-473; Félix Zubillaga, «El Procurador de la Compañía de Jesús en la corte de España (1570)», Archivum Historicum Societatis Iesus, 15 (1947), pp. 1-55; idem., «El Procurador de las Indias occidentales de la Compañía de Jesús (1574); etapas históricas de su erección», Archivum Historicum Societatis Iesus, 22 (1953), pp. 367-417; Q. Fernández, «El Vicario General de Indias: una controversia jurisdiccional entre el General Andrés de Fivizzano (1592-1598) y el provincial de Castilla fray Gabriel de Goldárez (1592-1596)», Miscellanea Ordinis S. Agustini Historica, 41 (1978), pp. 25-63. <<

[8] Ver Lázaro de Aspurz, La aportación extranjera a las misiones del Patronato Regio, Madrid, 1946. <<

[9] Pedro Borges, «Trámites para la organización de las expediciones misioneras a América (1780)», Archivo Ibero-Americano, 26 (1960), pp. 405-472. <<

[10] Werner Promper, Priesternot in Lateinamerika, Lovaina, 1965, pp 107-117, Juan Álvarez Mejía, «La cuestión del clero indígena en la época colonial», Revista Javeriana, 44 (1955), pp. 224-231, 245; (1956), pp. 57-67, 209-219, Juan B. Olaechea Labayen, «Sacerdotes indios de América del Sur en el siglo XVIII», Revista de Indias, 29 (1969), pp 371-391, idem., «La Ilustración y el clero mestizo en América», Missionalia Hispanica, 33 (1976), pp 165-179, Guillermo Figuera, La Formación del clero indígena en la historia eclesiástica de América, 1500-1810, Caracas, 1965. <<

[11] Fidel de Lejarza, «Expansión de las clarisas en América y Extremo Oriente», Archivo Ibero-Americano, n.º 14 (1954-1955), pp. 131-190, 265-310, 393-455, y n.º 15 (1955-1956), pp. 5-85; Josefina Munel de la Torre, «Conventos de monjas en Nueva España, Oaxaca y Guadalajara», Arte en América y Filipinas, 2 vols, 1949, pp. 91-96; Aurelio Espinosa Pólit, Santa Mariana de Jesús, hija de la Compañía de Jesús, Quito, 1957. <<

[12] Sobre Las Casas, ver también Elliott, HALC, I, cap. 6, y II, cap. 1. <<

[13] Fintan B. Warren, Vasco de Quiroga and his Pueblo Hospitals of Santa Fe, Washington, D. C., 1963; M. Bataillon, «Utopia e colonização», Revista de Historia, 100 (1974), pp. 387-398, y «Don Vasco de Quiroga, utopien», Moreana, 15 (1967), pp. 385-394. <<

[14] Vicente Rodríguez Valencia, Santo Toribio de Mogrovejo, organizador y apóstol de Sur-América, 2 vols., Madrid. 1956-1957. <<

[15] Águeda María Rodríguez Cruz, Historia de las universidades hispanoamericanas; período hispánico, 2 vols., Bogotá, 1973; John Tate Lanning, Academic culture in the Spanish colonies, Nueva York, 1940; y Francisco Esteve Barba, Cultura Virreinal, Barcelona, 1965. <<

[16] L. Millones, «Introducción al estudio de las idolatrías», Aportes, 4 (1967), pp. 47-82; Pierre Duviols, La Lutte contre les religions autochthones dans le Pérou colonial: l’extirpation de l’idolâtrie, Lima y París, 1971. <<

[17] Por ejemplo, Germán Colmenares, Haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII, Bogotá, 1969; Pablo Macera, Instrucciones para haciendas de Jesuitas en el Perú, Lima, 1965; Herman W. Konrad, A Jesuit hacienda in colonial Mexico Santa Lucía, 1576-1767, Stanford, 1980. <<

[18] Ver, por ejemplo, Michael P. Costeloe, Church wealth in Mexico, Cambridge, 1967. <<

[19] A. Tibesar, «The Alternativa: a study in Spanish-Creole relations in seventeenth-century Peru», The Americas, II (1955), pp. 229-283. <<

[20] Ver A. Echanove, «Origen y evolución de la idea jesuítica de reducción», Missionalia Hispanica, 12 (1955), pp. 95-144, y 13 (1956), pp. 497-540; X. Albó, «Jesuitas y culturas indígenas», América indígena, 26 (1966), pp. 249-308 y 395-445. <<

[21] Isidro Félix de Espinosa, Crónica de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España, 2.ª ed., Washington, 1964; Félix Saiz Díez, Los Colegios de Propaganda Fide en Hispano-América, Madrid, 1969. <<

[22] Mario Góngora, «Estudios sobre el galicanismo y la ilustración católica en América española», Revista Chilena de Historia y Geografía, 125 (1957), pp. 5-60; idem., Studies in the colonial history of Spanish America, Cambridge, 1975, pp. 194-205. <<

[23] A. Soria-Vasco, «Le Concile Provincial de Charcas de 1774 et les Déclarations des Droits de l’Homme», L’Année Catholique, 15 (1971), p. 511. <<

[24] John L. Phelan ha examinado el papel del arzobispo Caballero y Góngora en la supresión de los comuneros de Nueva Granada en The people and the king. The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, 1978. <<

[*] Revisado y reducido por el editor. <<

[1] Citado en E. Hoornaert, «A evangelização e a cristandade durante o primeiro período colonial», en História da Igreja no Brasil, Petrópolis, 1977, p. 24. <<

[2] Claude d’Abbeville, Histoire de la mission des Peres capucins de l’Île de Maragnon et terres circonvoisines [París, 1614], Río de Janeiro, 1975. <<

[3] Sobre la llegada de los jesuitas a Brasil y sus actividades hasta 1580, ver Johnson, HALC, I, cap. 8. <<

[4] E. Hoornaert, «A evangelização», p. 46. <<

[5] Sobre la caída de la población indígena, ver Marcílio, HALC, IV, cap. 2. <<

[6] Serafim Leite, Historia da Companhia de Jesús no Brasil, 10 vols., Río de Janeiro, 1938-1950, vol. II, pp. 227, 229. <<

[7] Ver Hemming, HALC, IV, cap. 7. <<

[8] Ver Schwartz, HALC, III, cap. 6, y Hemming, HALC, IV, cap. 7 <<

[9] A. Prat, Notas históricas sobre as missões carmelitas, Recife, 1940, p. 139. <<

[10] H. Fragoso, «A igreja na formação do estado liberal: 1840-1875», Historia da Igreja no Brasil, Petrópolis, 1980, p. 201. <<

[11] Sobre los primeros obispos en el Brasil colonial, ver Johnson, HALC, I, cap. 8. <<

[12] Sobre los cristianos nuevos en la sociedad brasileña colonial, ver Schwartz, HALC, III, cap. 6. <<

[13] Ver Susan Soeiro, «The social and economic role of the convent women and nuns in colonial Bahia, 1677-1800», HAHR, 54 (1974), pp 209-232. <<

[14] El papa Gregorio XIII decretó en 1585 que los matrimonios africanos podían ser anulados (Legislación canónica, Código de 1917, Canon 1 125, Documento VI del Apéndice). <<

[15] Citado en E. Hoornaert, «A evangelização», p. 36. <<

[16] Para una más amplia discusión sobre las razones de la expulsión de los jesuitas de Brasil, ver Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, cap. 5, y Alden, HALC, III, cap. 8. <<